© Libro N°
13428. Sobre Algunas Causas De La
Quiebra De La Democracia Participativa. Muñoz, Blanca. Emancipación.
Enero 25 de 2025
Título Original: ©
Sobre Algunas Causas De La Quiebra De La Democracia Participativa. Blanca
Muñoz
Versión Original: © Sobre Algunas Causas De La Quiebra De La
Democracia Participativa. Blanca Muñoz
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SOBRE ALGUNAS CAUSAS DE LA
QUIEBRA DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
Blanca Muñoz
Sobre Algunas Causas De La Quiebra De La Democracia Participativa
Blanca
Muñoz
Blanca
Muñoz
Fuente:
NOMADAS.9 | REVISTA CRITICA DE
CIENCIAS SOCI ALES Y JURIDICAS | ISSN 1578-6730
INDICE
INTRODUCCIÓN
PRINCIPIOS
DE LA DEMOCRACIA: ¿PUEDE SER DEMOCRÁTICA LA DEMOCRACIA? LOS BLOQUEAMIENTOS DEL
ORDEN DEMOCRÁTICO
SOBRE
ALGUNOS PROCESOS DE BLOQUEAMIENTO DE LA DEMOCRACIA PARTICI-PATIVA
LA
DEMOCRACIA POST-MODERNA Y SUS EFECTOS
HACIA LA
CREACIÓN DE NUEVOS DERECHOS DE PARTICIPACIÓN: EL DILEMA ENTRE DEMOCRACIA
POSTMODERNA O DEMOCRACIA PARTICIPATIVA NOTAS
INTRODUCCIÓN
La democracia ha sido el mayor
logro que ha creado el ser hu-mano cuando se ha hecho consciente de su
situación en la Histo-ria. Al establecer una comunidad en donde prevaleciera la
cooperación frente a la competición se ha tratado de ayudar en la instauración
de una realidad en la que la injusticia no fuese la organización del mundo.
Desde Pericles, en el siglo V antes de Cristo, hasta nuestros días la lucha por
tratar de construir una comunidad organizada sobre la razón ha sido el deseo de
los individuos más sensibles y buenos de nuestra especie -en el sig-nificado
dado por Rousseau, Kant, Lessing y tantos otros autores de la tradición que han
defendido la bondad natural del género humano-. Sin embargo, el ideal de una
sociedad que armonice lo biológico y lo cultural, ha encontrado obstáculos tan
poderosos que el itinerario histórico desde las primeras concepciones de la
democracia no ha sido sino el relato inquietante de sus fracasos.
En efecto, precisar qué se
entiende bajo el concepto de demo-cracia, será plantear un conjunto de
interrogantes entre los que se superpone un problema central que se resume en
la pregunta: ¿qué hace que una democracia sea democracia, y no, su contra-rio,
un régimen demagógico?
Nos encontramos así con la
primera dificultad para precisar las pretensiones racionales a partir de las
que determinar qué condi-ciones son las que certifican el que un modelo social,
político y cultural sea superior y más perfecto que otro. En este sentido, es
conveniente replantear qué se entiende como esas pretensiones racionales sin
las que no es posible hablar de una sociedad más
2
cercana a
la imparcialidad y a la ecuanimidad que al abuso y a la injusticia (1).
Si repasamos históricamente los
requisitos que una sociedad debe cumplir para ser considerada democrática, será
previo fijar dos condiciones:
a) La certeza en la
legitimidad de su sistema de poder.
b) Y la equidad
en su ordenamiento normativo del que la legali-dad de su sistema jurídico es su
máxima creación.
Decir democracia, por tanto,
conduce necesariamente a referirse y mencionar otro concepto: el de poder y
dominación. Ambos conceptos articulan en su interior el tema de temas del
análisis social y político: el tema del control colectivo (2).
Fue Max Weber, sin duda, quien
analizó de una manera más pormenorizada el concepto de legitimidad en relación
a los tipos de sociedades históricamente desarrolladas. La tricotomía entre
"legitimidad tradicional", "legitimidad carismática" y
"legitimi-dad legal-racional", se ha vuelto un tópico de manual
universita-rio de primeros cursos de Ciencias Sociales. Pero, su validez sigue
siendo incuestionable. En este sentido, el concepto de legi-timidad aporta una
aclaración que se plantea dos aspectos. En primer lugar, en cuanto que
establece específicamente la cone-xión entre principios organizativos y
principios normativos de la sociedad. Con ello, la legitimidad se instituye en
el momento en el que los mecanismos de dominación sociales se corresponden con
unas creencias determinadas por el carácter de cada sistema de poder (3).
En el caso de la legitimidad
tradicional, la creencia en el carácter sagrado de la jerarquía y de los grupos
sociales que forman tal jerarquía, justifica la arbitrariedad y la desigualdad.
Lo sagrado, en cuanto certeza tradicional heredada, no requiere ser acredita-do
mediante criterios objetivos. Y lo mismo ocurre cuando la
3
legitimidad
de una sociedad se plantea desde la legitimidad ca-rismática.
El carisma sustituye cualquier
referencia a la ecuanimidad. Al contrario, el jefe carismático consolida su
poder mediante accio-nes llenas de parcialidad y capricho. La arbitrariedad
pasa a ser el fundamento de la dominación carismática. El patrimonialis-mo, el
nepotismo y la humillación resumen las características de los sistemas en los
que el Jefe -el Führer o el Duce- impone sus deseos personales sobre las
necesidades de la comunidad (4).
Como se observa, podemos
referirnos a los requisitos de la de-mocracia en sentido negativo frente a las
legitimidades tradicio-nales y carismáticas. Así, la democracia desarrolla su
legitimi-dad en oposición al capricho del líder o a la arbitrariedad de la
tradición. En ambos casos, la validez normativa se edifica en las ambiciones
personales o privadas de un clan o de un grupo mi-noritario. Frente a esto,
para Weber, la legitimidad legal-racional hace prevalecer los principios
vinculantes entre orden organiza-tivo y orden normativo. El carácter veritativo
de la legitimidad va a provenir en la subordinación del poder a las
pretensiones racionales de justicia en una sociedad cooperativa.
A partir de las observaciones
anteriores, es posible fijar las con-diciones para diferenciar una sociedad
democrática de otra que no lo es. Será necesario no obstante aludir, antes de
situar los requisitos de la legitimidad democrática, al tema esencial que
enmarca el análisis social y político: el tema del poder y de la autoridad como
cuestión preliminar a la hora de reflexionar so-bre qué debería considerarse en
los inicios de un nuevo milenio como la estructuración de una sociedad
cooperativa.
Históricamente, el tema del poder
ha elaborado unas teorías con las que podríamos afirmar que es posible entender
cada época histórica en sus diferentes concepciones al respecto del
signifi-cado que puede definirse como de dominación social. Desde
4
este
punto de vista, para el pensamiento griego clásico serán las formas de gobierno
y su clasificación las que explican y organi-zan el poder social. Aristóteles,
en su "La Política", taxonomiza-rá "las formas puras" de
"las formas impuras" (5). La monar-quía, en cuanto forma pura de
gobierno del mejor ciudadano, se deteriora al convertirse en tiranía cuando un
solo individuo go-bierna, en y para, su interés. Y lo mismo ocurre con la
aristocra-cia o gobierno de "los mejores", cuando unos pocos rigen en
su provecho y finalmente se consolida la oligarquía en cuanto el gobierno sólo
actúa en beneficio de los más ricos. Pero estas formas de gobierno
"orientales", -como consideraban los clási-cos-, no tienen el
significado dramático que presenta la degrada-ción de "la politeia",
(entendida como administración de la co-munidad -la polis- encauzada al bien
común), cuando deviene en "democracia" -definida en cuanto mando y
dominio del pueblo inculto-, o ya en su forma más denigrada en cuanto
"demagogia" considerada como gobierno del demagogo que actúa y
utiliza la ignorancia, las supersticiones y los prejuicio del pueblo en su
propio y tiránico beneficio.
El demagogo, en suma, se
convierte en el temor fundamental de los filósofos clásicos. En "El
Político", Platón reflexionará con amargura sobre la corrupción del
gobernante, cuando ya en su "República" ha percibido el inmenso
problema del envilecimien-to del poder político. Sólo con la ley, "no
manchada por el de-seo" -como afirmará Aristóteles- se podrá erigir una
sociedad no sometida al arbitrio de los poderosos. "Las Leyes", el
último gran diálogo de Platón, será el testamento de ese ideal de un orden normativo
garante de la racionalidad y honradez social (6).
Pero con el pensamiento de los
griegos clásicos (nuestros autén-ticos contemporáneos) ya se ha localizado e
introducido el pro-blema central de la política: la corrupción que el demagogo
pre-senta como virtud. Será este tema el que retome Maquiavelo
5
siglos
después en "El Príncipe". Obra de aclaración política fun-damental,
después de unos siglos medievales en donde el con-cepto de jerarquía agrupa el
análisis tomista del poder.
En la "Summa
Theologica" de Tomás de Aquino se plantea es-pecíficamente la
extrapolación del orden de lo sagrado al orden de lo político. La
extravagancia, pero también la singularidad de unificar "el orden
divino" con "el orden mundano", nos posibili-tará analizar cómo
se instauran y edifican las ideologías justifi-cadoras de la dominación
colectiva. Análisis necesario, siglos después, para comprender el
funcionamiento de los mecanismos de las representaciones que el poder crea
sobre sí mismo.
Ahora bien, al referirnos a
Maquiavelo nos hemos introducido en la investigación política que nos lleva a
la Modernidad. Des-de el Renacimiento, la dilucidación de las condiciones que
de-ben regir una sociedad justa nos sitúa directamente en la necesi-dad de
formular unos derechos que van a desembocar en las grandes revoluciones de los
siglos XVII y XVIII. Y en estas condiciones, los contractualistas ingleses
-Hobbes y Locke-asientan los derechos económicos para la naciente burguesía. Y,
a la par, con la Ilustración y el impacto definitivo de la Revolu-ción Francesa
de 1789, los derechos políticos serán reivindica-dos y defendidos para unos
minoritarios sectores de propietarios burgueses. Mas, como afirmó Hegel, la
libertad se ha iniciado y, cada vez, el número de individuos emancipados se va
ampliando hasta convertirse en un acontecimiento imparable (7).
Somos hijos, pues, de grandes
convulsiones y revoluciones his-tóricas. Desde la revolución inglesa de 1688
("La Gloriosa Re-volución") hasta las revoluciones obreras y
sufragistas, pasando lógicamente por la Revolución Francesa y la primera Declara-ción
de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1791, las so-ciedades occidentales
han logrado desarrollar una compleja y matizada reflexión en relación al
control del poder y de sus ac-tuaciones (8).
6
No es
éste el lugar, no obstante, para agradecer las contribucio-nes de Montesquieu,
Rousseau, Voltaire, Kant, Hegel y todas aquellas reflexiones ilustradas que
desembocarán siglos después en las obras de Marx y Weber, pero es evidente que
la preocu-pación por señalar cómo el poder actúa y cómo se corrompe, sigue
siendo y centrando el hilo conductor de las fundamentales teorías sociológicas,
económicas y políticas inspiradas en los griegos clásicos del siglo V de
Pericles. Sin embargo en esta situación desembocamos en el siglo XX. Un siglo
en el que el problema de la democracia se hace más dramático y conflictivo, si
cabe, que en siglos anteriores.
PRINCIPIOS DE LA DEMOCRACIA:
¿PUEDE SER DEMOCRÁTICA LA
DEMOCRACIA?
No existe un modelo y unas
concepciones de democracia -y de cómo debe de ser ésta- sin ponerle "unos
apellidos" adecuados. Y así hay que hablar de "democracia
liberal", de "democracia protectora" o de "democracia
plural". Esos "apellidos" nos remi-ten entonces a las diferentes
formulaciones que, a lo largo del siglo XX, han entrado en disputa sobre cuáles
han de ser las condiciones de un sistema que se autodefine como democrático
frente a lo que no lo es (9).
Es determinante, por tanto,
establecer los principios que han caracterizado los fundamentos sobre los que
se edificar el orden normativo y organizativo de una sociedad que desarrolla
una esfera pública participativa para todos los ciudadanos. En este sentido, la
participación pasa a ser el principio de principios de una ordenación armónica
de la sociedad. Pero cuando decimos participación, en concreto a qué estamos
haciendo referencia.
Solventar esta cuestión nos lleva
a replantear las condiciones a partir de las que es posible organizar una
democracia fuerte fren-
7
te a una
democracia débil. Para matizar esta distinción nada me-jor que la reflexión de
Benjamin Barber cuando afirma:
"La política participativa
se ocupa de las disputas públicas y de los conflictos de interés sometiéndolos
a un proceso sin fin de deliberación, decisión y acción. Cada paso en el
proceso consti-tuye una parte flexible de unos procedimientos continuos,
arrai-gados en las condiciones históricas concretas y en las realidades
sociales y económicas. En lugar de buscar una base indepen-diente prepolítica o
un plan racional inmutable, la democracia fuerte se apoya en la participación
en una comunidad de resolu-ción dinámica de problemas, que crea fines públicos
donde antes no existían por medio de su propia actividad y de su propia
exis-tencia como punto focal en la búsqueda de soluciones mutualis-tas. En
tales comunidades los fines públicos no se extrapolan desde absolutos ni se
'descubren' en un 'consenso oculto' pre-existente. Son literalmente forjados
mediante el acto de partici-pación pública, creados mediante la deliberación
común, la ac-ción común y el efecto de esta acción y esta deliberación, que
cambian de forma y dirección cuando se someten a estos proce-sos
deliberativos."(10)
En consecuencia, el carácter
democrático de una sociedad se asienta y reafirma cuando se definen tres
requisitos previos en cuanto mecanismos fundamentales de la sociedad:
a) La
distribución del poder mediante una política participativa.
b) La
acción política entendida como correctivo ante la de-sigualdad.
c) Y la garantía del
consenso mediante deliberación pública.
En estos requisitos estarían
implícitos un conjunto de disposi-ciones legales e institucionales encaminados
a reducir privile-gios y posiciones favorecidas por la pertenencia a grupos de
poder, ya que el gran problema de la democracia débil estaría en su capacidad
para producir desigualdades en relación a la distri-
8
bución de
los recursos sociales y económicos. En estas condi-ciones, la democracia fuerte
frente a la democracia débil sería aquélla en la que la esfera pública de los
ciudadanos tiene capa-cidad de acción, recibiendo una información veraz y, a la
vez, potenciándose sus ámbitos de cooperación y colaboración so-cial. Nada más
alejados de estos requisitos que el modelo elitista de democracia representado
fundamentalmente por el elitismo competitivo de Schumpeter (11).
Entramos entonces en el debate
central de la democracia: la de-mocracia como soberanía popular o la democracia
como go-bierno de grupos políticos rivales. Este debate ha constituido la
disputa determinante de la visión social enfrentada a la visión tecnocrática de
la política. Será central, pues, situar este debate en su términos teóricos.
En la visión tecnocrática de la
democracia dos procesos se eri-gen como los ámbitos de actuación a partir de
los que se autode-finen como "control democrático":
- Elecciones
regulares.
- Competencia entre
partidos.
La política se describe de este
modo simplemente como un asunto de lucha competitiva entre partidos y como
disputa entre líderes políticos. Considerada así la democracia, se asienta el
sentido débil de participación, ya que se está ante una disputa de élites
competitivas que tratan de legitimar su poder a partir de rivalizar en función
de la defensa de sus intereses. Esta visión tecnocrática lleva implícito un
profundo menosprecio a los ciu-dadanos. Tanto Schumpeter como los defensores de
este tipo de liderazgo social desdeñan la soberanía cívica a la que identifican
con dependencia y sumisión. En consecuencia, esta perspectiva de la democracia
explicará el poder como una distribución mi-noritaria de privilegios y con ello
reaparece en la democracia moderna el gran temor de los clásicos: la corrupción
como for-
9
ma de
gobierno. De nuevo, el demagogo -tan temido por los filósofos y teóricos
clásicos- como "príncipe maquiavélico" re-aparece debilitando todas
las defensas que una democracia pue-de utilizar en su protección. La
contradicción de la democracia débil (incluso más soterrada que en los
regímenes dictatoriales) proviene del desamparo que los ciudadanos sienten ante
un po-der que establece las condiciones de participación social; pero que, a la
par, utiliza todos los cauces posibles para bloquear y obstaculizar la
participación en iguales condiciones y requisitos. Como se puede observar,
"la cosa pública" queda neutralizada y resquebrajada, desde los
mismos fundamentos que la democra-cia implica desde el momento en el que la
competición por el liderazgo político cerrará el resto de estructuras y cauces
de par-ticipación. Pero al mismo tiempo el desdén hacia la esfera públi-ca
requerirá negar la capacidad racional de los ciudadanos (12). En este sentido,
los defensores de la democracia débil argumen-tarán con un gran despliegue de
argumentos en favor de una minorías que frente a las mayorías
"indiferentes" se hacen cargo de las responsabilidades de organizar
las voluntades generales. Un texto de Schumpeter es sumamente representativo de
esto:
"En particular, subsiste
todavía la necesidad práctica de atribuir a la voluntad del individuo una
independencia y calidad racional que son completamente irreales. Si pretendemos
sostener que la voluntad de los ciudadanos constituyese per se un factor
político que estamos obligados a respetar, primero es preciso que exista esta
voluntad. Es decir, tiene que ser algo más que un haz inde-terminado de vagos
impulsos que se muevan en torno a los tópi-cos dados y a impresiones erróneas.
Todo el mundo tendría que saber de un modo preciso lo que quiere defender.
[...] Y todo esto tendría que realizarlo el ciudadano medio por sí mismo e
independientemente de la presión de los grupos y de la propa-ganda, pues las
voliciones y las conclusiones que se imponen al electorado no pueden tenerse
como datos últimos del proceso democrático."(13)
10
La
dificultad, pues, del elitismo competitivo, encabezado por el análisis de
Schumpeter, para asignar responsabilidad política a la soberanía popular, va a
provenir preferentemente de su defen-sa de un gobierno de minorías selectas que
salvaguardan la li-bertad. Pero en esta salvaguardia se hace básico imponer
unas restricciones al funcionamiento y organización de la democra-cia. Estas
limitaciones van a conducir a otras de las formulacio-nes más representativas
de la democracia débil: la teoría de Friedrich A. von Hayek sobre la necesidad
de la democracia legal.
En "Derecho, legislación y
libertad. Una nueva formulación de los principios liberales de justicia y de la
economía política", volumen II: El espejismo de la justicia social, Hayek
reflexiona sobre lo que deben de ser los fundamentos de la política como
defensa de la libertad (14). Entendiendo, sin embargo, por
"li-bertad" la distribución de la renta dentro de los principios
eco-nómicos del libre mercado. De este modo, la libertad queda identificada con
el papel del liberalismo económico que desde Adam Smith identifica el bien
común en relación con las limita-ciones que se imponen al Estado en materia
económica. Y con esta enunciación, una sociedad "genuinamente
liberal" será aquélla cuya red de intercambios económicos no encuentre
tra-bas de ningún orden cultural o social. En estas condiciones, el Estado
mínimo se constituye en la forma política que tiene que prevalecer frente a las
mayorías sociales a las que se minusvalo-ran considerándolas incapaces de
alcanzar sus propios fines e intereses personales. Otra vez el matiz despectivo
hacia la po-blación emerge en contra de las posibilidad de llegar a una
de-mocracia participativa. Por consiguiente, Hayek defenderá la legalidad
frente a la legitimidad, abriéndose uno de los proble-mas más acuciantes de la
democracia débil: el apoyo a los gru-pos y agentes de gobierno minoritario
frente al ámbito público de participación de las mayorías a las que se tachan
de incohe-rentes e irracionales (15).
11
En
consecuencia, ley, libertad y justicia se contraponen en las teorías de la
democracia defensoras del Estado mínimo. Y como resultado de ello, el
intercambio competitivo se justifica con las mismas argumentaciones con las que
Schumpeter apelaba a las élites competitivas en su alabanza de la democracia
tecnocrática. En ambos casos -Schumpeter y Hayek- subyacen la justificación de
las instituciones políticas al servicio de los grupos de presión, de influencia
y de interés. Pero con ello el equilibrio democráti-co queda vulnerado en sus
fundamentos éticos y políticos.
En suma, qué se puede decir ante
cómo saber si una democracia es democrática. Esta pregunta, sin duda, ha estado
en el origen de la reflexión sobre las instituciones y procesos
representativos, situándose como punto de partida desde la que reconstruir unos
criterios que nos garanticen la legitimidad -y la legalidad- de la distribución
y control de los aspectos representativos del poder y de la dominación pública.
La regulación, entonces, de la
democracia participativa pasa por determinar las esferas en las que la
democracia que aspirar a ser participativa tiene que estructurarse y, así,
tales esferas podrían enunciarse desde los aspectos siguientes:
- Participación efectiva de los
ciudadanos en la toma de decisio-nes.
- El principio de autonomía y de
posibilidades en iguales condi-ciones para todos los individuos que componen
una sociedad.
- Defensa y protección frente al
uso arbitrario de las institucio-nes y de la legalidad por parte del poder.
- Derecho al principio de
independencia intelectual e informati-va frente a utilizaciones persuasivas de
la opinión y comunica-ción.
Estos aspectos que estarían
fijados en cualquier Declaración de Derechos, sin embargo deben de ser
adecuados a las transforma-
12
ciones
operadas en la actualidad por la sociedad post-industrial contemporánea.
Precisamente de la consolidación de la sociedad post-industrial, mal denominada
como "sociedad de masas", se extiende un fenómeno que pone en crisis
los requisitos señala-dos como determinantes a la hora de definir una
democracia considerada como democracia. Nos referimos al papel del ciu-dadano
en ámbitos de actuación cada vez más restringidos (16). La toma de decisiones ha pasado
a ser considerada un mero asunto que sólo interesa a unos escasos y
restringidos sectores. De aquí que la participación queda reducida a una
cuestión teó-rica y no de tipo práctico; es decir, la sociedad civil se va a ver
desbordada por la sociedad política y la sociedad empresarial. Los ciudadanos
votan en tiempo de elecciones políticas; pero de ningún modo tomarán decisiones
en sus lugares de trabajo, e incluso en la paradójica y fundamental relación de
los ciudada-nos con los medios de comunicación de masas en los que éstos quedan
reducidos a ser tipificados en lugar de ciudadanos como receptores-consumidores
(17). El debilitamiento del orden de-mocrático, sin duda, va a centrarse no
sólo en la neutralización de las medidas redistributivas económicas de carácter
social cuanto, también, en las estrategias ideológicas que imprimen a la
democracia contemporánea un giro drástico hacia la pérdida del principio de
autonomía y de independencia intelectual y ética. En definitiva en la presente
"era del vacío": el debilitamiento del orden democrático se va a
constituir en un problema esencial de la supervivencia de una sociedad anclada
en sus sistemas de apuntalados privilegios minoritarios.
LOS BLOQUEAMIENTOS DEL ORDEN
DEMOCRÁTICO
Desde sus primeras enunciaciones
se entiende por democrático el sistema que cumple fundamentalmente tres
condiciones: uni-
13
versalidad,
participación e información veraz. Definiendo estas tres condiciones, hay que
entender por universalidad la capaci-dad que todo individuo tiene al acceso a
unos derechos garanti-zados por la comunidad por el simple hecho de ser sujeto
racio-nal. Aquí se formulaba uno de los principios esenciales que ga-rantizaban
para Weber la imparcialidad burocrática: la imperso-nalidad. Es decir, la
participación en igualdad de todos los ciu-dadanos a unas opciones y bienes
sociales en los que la neutrali-dad de las decisiones se corresponde con el
principio de ecua-nimidad. De este modo, la universalidad de los derechos de
los ciudadanos en la esfera pública conlleva unas obligaciones que garanticen
que éstos no se encuentran sometidos al capricho ni a los deseos de los
gobernantes.
Conjuntamente con la
universalidad de derechos y obligaciones, la participación aparece como una
reciprocidad de los indivi-duos hacia la comunidad (18). Participar, entonces,
no significa simplemente estar inscrito en un censo electoral cuanto, todo lo contrario,
colaborar en el control democrático de aquellas insti-tuciones en las que se
hace una toma efectiva de decisiones. Desde esta perspectiva, la participación
no puede restringirse a ser un proceso de concurrencia en unas urnas en las que
compi-ten los partidos políticos. La participación, pues, no tiene que
entenderse sólo como meramente un proceso político, sino que también los
procesos económicos, sociales y culturales son par-tes básicas de la
intervención de los ciudadanos en la adminis-tración de la sociedad.
Pero no podrían protegerse las
dos condiciones anteriores sin la garantía de una información veraz. La
información -en cuanto explicación y aclaración de causas- obliga a la absoluta
defensa del principio de autonomía de la conciencia de los ciudadanos. En
consecuencia, la búsqueda de una sociedad en la que las re-laciones colectivas
se establecen como libres e iguales aseguran
14
que el
principio de autonomía protege la capacidad de acción y razonamiento reflexivo
y consciente de los individuos.
Ahora bien, desde los orígenes
históricos de la aparición de la sociedad, un fenómeno atraviesa la vida
pública y privada: el control del uso y distribución de los recursos. Nos
adentramos en el problema central de toda colectividad; esto es, la ordena-ción
de los medios que permiten un desenvolvimiento físico y psíquico de la
comunidad en su conjunto. Sin embargo, es en esta cuestión en donde se presenta
la polarización de los ideales políticos de democracia.
En efecto, la contraposición de
las diferentes interpretaciones entre ley, libertad y democracia diferencia los
significados, a menudo contrapuestos, de lo que debe entenderse por
legitimi-dad social. Con ello, se desplaza el problema del control y dis-tribución
de los recursos sociales hacia el tema de su organiza-ción (19). La
controversia entre Neoliberalismo y democracia deliberativa es similar al
debate entre lo público y lo privado como disposición y funcionamiento de las
instituciones repre-sentativas. En consecuencia, para los defensores del modelo
neoliberal, la democracia debe organizar los recursos y su distri-bución
mediante un intercambio competitivo en el que las únicas instituciones que
quedan justificadas son aquellas que apoyan el desenvolvimiento sin trabas del
mercado. El "Estado mínimo" no tiene un cometido de establecer la
dinámica de la democracia participativa, sino que, al contrario, su acción se
debe centrar en despejar los obstáculos que el tráfico mercantil encuentre en
su desenvolvimiento. Tanto para Friedrich August von Hayek y Robert Nozick como
ya se ha comentado con anterioridad, la democracia en una sociedad de libre
mercado tendrá que organi-zarse como democracia legal, definida como
"provisión de nor-mas que faciliten a los individuos la persecución de sus
propio interés". Pero con ello se entra en una especie de Estado preso-
15
cial muy
semejante del descrito en el famoso libro de Hobbes "Leviatán".
La "democracia legal" y
el "Estado mínimo" desplazan hacia los representantes políticos el
gobierno de la sociedad (20). La ma-yoría de los ciudadanos será percibida como
amenazadora y arbitraria. Y de una manera similar a los planteamientos de los
teóricos de la democracia elitista tales como Pareto y Mosca, los defensores de
la democracia legal restringen la participación colectiva encauzándola hacia
una igualdad ante la ley que no es, desde luego, una igualdad ante las
posibilidades y recursos que un sistema económico de libre mercado establece.
De este mo-do, se asiste a la aparición de nuevas y sofisticadas formas de
desigualdad y diferenciación económica, políticas, social y cul-tural. Y, en
consecuencia, a la formación y acción de unos blo-queamientos que obstaculizan
el desarrollo de la democracia.
Por tanto, la democracia, en su
sentido de democracia débil, se edifica desde el mismo momento en el que se
desvían los fines políticos del el interés colectivo hacia el interés privado.
El bien común que constituyó el punto de inflexión de la reflexión teóri-ca de
los autores clásicos de la democracia -Montesquieu, Kant, Rousseau, entre
otros- queda así limitado a un funcionamiento de restricciones legales en
beneficio de un gobierno de los agen-tes -partidos, instituciones, grupos de
interés- frente a un go-bierno de los ciudadanos. En estas condiciones, la ley
de hierro de las oligarquías formulada por Robert Michels se generaliza, pero
ya no sólo referida a los partidos políticos cuanto como la estructura
específica de las sociedades post-industriales de ma-sas (21). Las
restricciones legales, (defendidas en su momento por Hayek y Nozick), pasan
ahora a constituirse en barreras in-superables para un desarrollo real y
objetivo de los ciudadanos.
El triunfo, por tanto, de la
democracia legal como democracia débil implica que la única organización
posible de la ciudadanía será la que gire sobre el libre mercado y sus
demandas. En esta
16
dinámica
la legitimidad experimenta una férrea regulación legal que intensifica la
sensación de indefensión de los ciudadanos. Las grandes corporaciones
transnacionales determinan las reglas del "libre mercado" (22). Pero
éste va a ser el camino de uno de los bloqueamientos de la democracia más
poderosos: la desregu-larización; es decir: la desorganización de la democracia
partici-pativa a través de procesos industriales y tecnológicos altamente
desarrollados.
Pues bien, a continuación
centraremos nuestro estudio en cómo los principios de universalidad,
participación e información ve-raz, son obstruidos mediante un conjunto de
estrategias con las que la democracia legal erosiona los fundamentos de la
ordena-ción democrática de la sociedad. En suma, el intercambio com-petitivo se
superpone en la distribución de recursos y oportuni-dades y, asimismo,
intensificará sus acciones de desgaste y en-torpecimiento de la participación
objetiva y ecuánime de los ciudadanos.
SOBRE ALGUNOS PROCESOS DE
BLOQUEAMIENTO DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
Al referirnos a la
desorganización de la democracia participativa se nos podría argumentar que, a
la inversa, es la democracia participativa la que desordena el principio de
intercambio com-petitivo. Este tópico llega a su máximo esplendor con los
defen-sores del Neocorporativismo. Este planteamiento que sigue en la línea de
Hayek y Nozick, se va a centrar en una defensa a ul-tranza de un tipo de
"libre mercado" que busca su expansión económica por todo el planeta
mediante decisiones de grupos de presión, influencia e interés en gran medida
ajenas a los intere-ses de la ciudadanía. En este sentido, las instituciones
políticas representativas se trasladan a procesos de toma de decisión
eco-nómica, y con ello los principios de universalidad y participa-
17
ción van
a quedar quebrados drásticamente. Un ejemplo en esta dirección lo aporta, sin
duda, el siguiente texto de Wolfgang Streeck y Philippe C. Schmitter:
"Así, las comunidades pueden
socavar los mercados facilitando la connivencia informal y apoyando situaciones
clientelares, mientras que la competición del mercado puede descomponer los
vínculos de la comunidad y erosionar las orientaciones co-munes de valor.[...]
El gobierno de interés privado,
al proporcionar una conexión institucionalizada íntima entre las autoridades
públicas y grupos específicos de la sociedad civil, puede hacer una
significativa contribución a la solución de ambos tipos de problemas. Al con-vertir
la regulación de conducta en un asunto de autointerés or-ganizado de los grupos
afectados, deja la legitimación de la in-tervención regulatoria a los
representantes del grupo, quienes, en lugar de tener que invocar valores y
obligaciones amplias y ge-nerales socialmente, pueden recurrir a las más
tangibles normas y percepciones de interés específicas del grupo. El ejemplo
más conocido, pero en absoluto el único, es el de los líderes de un sindicato y
la asociación de empresarios que defienden un acuerdo industrial como viable y
equitativo para sus respectivos integrantes en el que cada parte utiliza
argumentos diferentes y apela a valores comunes muy distintos."(23)
Por tanto, las alianzas
corporativas actúan en la dirección del desarrollo de unos intereses
organizados en ámbitos muy aleja-dos del control de los ciudadanos. El
clientelismo va a gravitar sobre la distribución de los recursos, y
especialmente sobre la disposición de las oportunidades y su acceso al conjunto
de in-dividuos. La limitación, pues, de la igualdad a los recursos de la
sociedad significa el triunfo de lo privado frente a lo público y, sobre todo,
la vulneración del principio esencial de un orden democrático: la confianza en
la legitimidad del poder. Aparece así el problema irresuelto del control de los
grupos de poder que
18
actúan
sin ningún tipo de revisión por parte de los ciudadanos. El resultado de estos
grupos no será sino el incremento de la injusticia y la desigualdad, ya que los
grupos de poder y de pre-sión sin ningún tipo de inspección social se erigen en
despiada-dos "leviatanes" hobbesianos en los que el uso del
"poder por el poder" acabará generando una sociedad en la que la ley
de los más fuertes se imponga sobre la ley de los más justos.
El principio de universalidad,
pues, según el cual todos los indi-viduos tienen iguales derechos a la
participación por el simple hecho de su autonomía personal como sujetos
racionales, queda neutralizado ante las finalidades de una economía que protege
a los fuertes frente a los débiles, y a los egoístas e inhumanos frente a los
principios de justicia y equidad. En estas condicio-nes, la democracia se
bloqueará drásticamente mediante la par-cialidad y las irregularidades.
La consecuencia de la alteración
de los fundamentos del acceso a los bienes sociales -trabajo, salud y
educación- y a las oportu-nidades vitales -participación, decisión y
asociación- significa la quiebra de las condiciones objetivas que hacen de un
sistema político un sistema democrático. La toma de decisiones, esen-cialmente,
acabará indicando que las cuestiones públicas se de-baten en círculos
minoritarios con poderosos intereses particula-res. El secreto se convierte en
lo privativo de una sociedad en la que prevalecen las decisiones que asignan
privilegios y prerro-gativas a "los pocos frente a los muchos". Y así
la separación entre Estado y sociedad civil se consolidad con otra separación
más férrea sin cabe, la total disociación entre sociedad civil, sociedad
política y grupos económicos (24). Esta división radi-cal implicará, a la vez,
la desarticulación general de la participa-ción ciudadana en las
determinaciones de los intereses del inter-cambio económico competitivo global.
La participación de los
ciudadanos en las decisiones del poder se constituye en la contradicción
esencial cuando se privatizan y
19
particularizan
los accesos a los bienes y oportunidades públicas. Es en este aspecto en donde
la democracia participativa va a recibir un ataque frontal por parte de poderes
minoritarios. Y así los procesos políticos se irán independizando de sus bases
socia-les, dándose prioridad a una regularización muy limitada y al
ocultamiento de sus decisiones ante los ciudadanos. Como se observa, las
condiciones para una participación efectiva de los individuos mediante medidas
redistributivas y reequilibradoras de situaciones de discriminación y
desigualdad pasan a conver-tirse en el inconveniente central para los
defensores de la demo-cracia débil. En la democracia legal, la participación se
entiende desde la limitación del Estado y la incentivación de la iniciativa
individual en el mercado. Pero de ningún modo la participación política y
social debe interferir en el proceso de acumulación privada de una economía
corporativa como la que se ha edifica-do desde las décadas de los años setenta
y ochenta del siglo XX. Será en este punto en donde se pone en marcha una
estrategia que mantenga el orden económico pero que, a la vez, dé la im-presión
de un consentimiento amplio por parte de los ciudada-nos. Aparece entonces el
bloqueamiento del tercer principio de la democracia participativa: la
viabilidad y el acceso a una in-formación veraz (25). Esto pasará a ser el gran
problema para el advenimiento de una democracia auténticamente participativa.
En efecto, las estrategias
desplegadas por los grupos de poder, presión e influencia para neutralizar los
principios de participa-ción social, convierten al principio de universalidad
para todos los individuos en principio de parcialidad según la clase, el
gé-nero o la étnia; asimismo el principio de información veraz se transforma en
unos procedimientos "para fabricar" en direccio-nes prefijadas la
Opinión pública. El ciudadano deviene enton-ces en mero receptor pasivo, y lo
que debería ser una Opinión pública sometida a los criterios de objetividad
veraz se transmu-ta en el uso de unos medios tecnológicos de comunicación
redu-cidos a ser simples portavoces de una concepción de la realidad
20
que
impide y altera el conocimiento de las causas que originan el rumbo de los
acontecimientos históricos. Pero, lo más grave, pondrán ponen en circulación
una cosmovisión social en la que lo banal, lo cínico y lo falsificado
contribuyen a embotar y en-torpecer, como afirma Chomsky, los criterios y
juicios de la ciu-dadanía indefensa en su perplejidad (26). Es el auge y
culmina-ción de lo que se podría denominar como "el triunfo de la
demo-cracia post-moderna".
LA DEMOCRACIA POST-MODERNA Y SUS
EFECTOS
Hay un acuerdo común en una serie
de politólogos y sociólogos actuales según el cual nos encontramos en la época
de la Post-Modernidad. Esta consideración se comprueba cuando compro-bamos el
triunfo de la banalización entendida como forma polí-tica, cultural y social.
Ahora bien, esa trivialidad que afecta fun-damentalmente al ámbito de la
comunicación y de la Opinión pública, como veremos más adelante con mayor
detalle, también se ha extendido hacia la esfera de las instituciones
representati-vas. De este modo, los procesos de toma de decisión se ven
in-mersos asimismo en una superficialidad que desplaza hacia el espacio de lo
privado lo que ha sido, y sigue siendo, terreno y esfera de lo público; (27);
es decir, desde la década de los años setenta del siglo XX se produce un
reajuste del capitalismo en su conjunto y ello se notará de forma preferente en
los procesos de la democracia social. Cronológicamente, la década de los años
sesenta se distinguió por significar un cambio de valores y de estilos de vida sin
precedentes. Las rebeliones juveniles y estu-diantiles reflejaron el ambiente
general de sublevación frente a una sociedad sumida en nuevas guerras
coloniales en Indochina. En estas condiciones, la respuesta de los grupos de
poder será una ofensiva radical en contra del Estado keynesiano y un apoyo
incondicional a todas las ideologías que mantienen la tesis de la
21
sobrecarga
del Estado a causa de las aspiraciones de la ciudada-nía (28). Daniel Bell será
de los primeros sociólogos en abogar por un fin de las ideologías precisamente
en el momento en el que la ideología llega a su máximo apogeo con el triunfo de
las nuevas industrias de la Comunicación (29). Veamos por tanto de una forma
más pormenorizada esta argumentación.
En efecto, con la teoría
sociológica neoconservadora del "fin de las ideologías" se va a
comenzar una etapa histórica que llega hasta nuestros días y que aclama no sólo
la conclusión de las ideologías cuanto, sobre todo, del final de la Historia.
La llegada de la Post-Modernidad se presenta a sí misma como la liquida-ción de
la memoria histórica, y a partir de aquí la ficción susti-tuye el relato
objetivo y el análisis documentado. Con ello, la democracia deja de ser el
gobierno del pueblo -pueblo converti-do en masa- y la participación se modifica
deviniendo en com-petición. Estamos ante el paso del capitalismo industrial en
capi-talismo de monopolios, y de éste se pasará irremisiblemente a la fase de
culminación del capitalismo tardío.
Para comprender estas
modificaciones, se hace previa la exposi-ción de lo que se ha denominado como
Teoría de la Crisis. Se-gún este planteamiento encabezado por Jürgen Habermas y
Claus Offe, se asiste al dominio de un nuevo tipo de acumula-ción capitalista
en el que el Estado se ha hecho parte esencial del Mercado hasta el punto que
regula y despeja los problemas que pueden actuar en la corrección las leyes de
oferta y demanda. Con ello, los beneficios quedarán en poder de intereses
particu-lares, mientras que las quiebras empresariales y las pérdidas serán
asumidas de modo inequívoco por el Estado en forma de subsidios, asistencia
social o impuestos públicos (30). De esta forma, el capitalismo tardío lleva a
cabo la mutación determi-nante de la economía de oferta en economía de demanda.
El temor que desde 1929 se había tenido a las crisis de sobrepro-ducción y que
condujo al crack de la Bolsa de Nueva York, se
22
supera
mediante la incentivación de la demanda de un consumo que asienta la sociedad
industrial en un postindustrialismo que crea nuevas formas de producción
tayloristas y serializadas. Pe-ro en este postindustrialismo se hace necesaria
la despolitización de los ciudadanos que quedan clasificados como segmento de
consumidores. El reforzamiento y consolidación de la Industria de la
Comunicación y de la Cultura para Masas asegura definiti-vamente el control de
la economía por intereses particulares; mas, al mismo tiempo ese control
requerirá, como elemento in-trínseco, el final de las ideologías valoradas como
imágenes y representaciones intelectuales y creativas que buscan llegar a una
nueva realidad y a una nueva organización de la sociedad. Esto es precisamente
lo que se tratará de evitar por todos los medios posibles. En un primer
momento, la tesis del final de las ideologías, y su continuadora teórica: la
Post-Modernidad y sus defensores, harán todo lo posible para justificar
ideológicamente la nueva situación de acumulación capitalista post-industrial.
La Post-Modernidad, por
consiguiente, no puede interpretarse sin referirse primordialmente a la
modificación de los funda-mentos intelectuales que habían prevalecido en la
definición del concepto de democracia desde su moderno planteamiento por el
pensamiento ilustrado del siglo XVIII. En efecto, para los clási-cos del
pensamiento político y social de la Modernidad, la de-mocracia participativa
nacía del impulso y fomento del desarro-llo y capacidades humanas. Para ello,
la publicación de una obra tan monumental como la Enciclopedia edificaba unos
principios que garantizaban la prosperidad y desarrollo social. Estos
prin-cipios se resumían en los siguientes:
- El impulso a un modelo de
racionalidad causal capaz de pro-porcionar un conocimiento que condujese a una
sociedad civili-zada y cooperativa.
- En esa
búsqueda de una sociedad cooperativa la educación significará el proyecto de un
perfeccionamiento de las facultades
23
y
aptitudes humanas en la dirección de un desarrollo ético de los ciudadanos.
- Como
resultado de los dos principios anteriores el progreso intensifica la expansión
de la prosperidad colectiva y el incre-mento de las posibilidades de bienestar
individual y colectivo.
- La
Historia, por tanto, se interpreta como un recorrido en el tiempo en el que la
humanidad, (pese a sus avances, pero tam-bién sus retrocesos, -los corsi y
ricorsi de Juan Bautista Vico en su "Ciencia Nueva"-) (31) marcha
hacia un ascenso en la mejora de una ciudadanía que deviene en cosmopolita en
una realidad humana y social en paz perpetua.
Kant, Montesquieu, Rousseau,
Mill, pero asimismo Lessing o Condorcet resuenan en sus consideraciones
esenciales sobre los límites del poder y el carácter central que la libertad y
la justicia tienen en un orden democrático de voluntad general. Sin embar-go,
las cuestiones éticas van a ser relegadas en unas relaciones de producción
capitalistas en las que niños y mujeres formarán parte del proletariado
"sin Historia" que se desarrolla a lo largo de todo el siglo XIX. Las
obras de Dickens, Balzac o Zola nos describen la neutralización de los ideales
ilustrados. Democracia y capitalismo se van a constituir en el gran dilema al
que se llega en un crispado siglo XX. Y en esa crispación, la herencia teórica
clásica de la Modernidad se hace molesta e inoportuna. El deba-te que la
Post-Modernidad emprende en contra de los postulados de la Modernidad, va a
convertirse, en último termino, en la controversia esencial sobre cómo
establecer una distribución restringida del poder y una limitación del consenso
(32). Se lle-ga entonces a las modificaciones de los ideales de la Moderni-dad
transmutados en postulados de la Post-Modernidad. Y de este modo las
modificaciones no dejarán de ser:
- Se
transforma la razón crítica en razón cínica con lo que se debilitan las esferas
públicas de la ciudadanía al socavarse los
24
criterios
de cooperación. El modelo hobbesiano de una "guerra de todos contra
todos" explotará un tipo de hedonismo en el que la rivalidad en la
búsqueda de riqueza y éxito alienta "un narci-sismo autista" en el
que el deseo encierra a los individuos en un Yo cerrado y competitivo.
- La banalización, entonces,
seduce a esas personalidades narci-sistas de manera que la superficialidad
desarrolla una crisis inte-lectual y de creatividad sin precedentes. El Arte se
hace Moda, y el Pensamiento se convierte en una Opinión Pública encauzada y
dirigida por las industrias del consumo cultural e intelectual. Es como
afirmaba Gilles Lipovetsky, una era de vacío pero de va-cío programado por las
multinacionales del ocio y del entrete-nimiento (33).
- En estas condiciones no es
extraño que se debilite la historici-dad, tal y como preveía Fredrich Jameson
en su "El Posmoder-nismo, o la lógica cultural del capitalismo
avanzado" (34). La Historia, según Fukuyama, en su antihegeliano "El fin
de la His-toria y el último hombre" (35) ha terminado en "una
democracia liberal sin contradicciones", estamos entonces en "el
mejor de los mundo posibles", como tan optimistamente saludaba Leib-niz.
Pero el "final de la Historia" de Fukuyama lejos de posibili-tar los ideales
de justicia y de libertad de los clásicos, se con-vierte en el culto a la
eficacia de una economía neoliberal que desplaza todos los procesos políticos,
sociales y culturales a la regulación de las leyes de oferta y demanda.
Estamos, desde luego, en un final pero éste no es el de la Historia sino el
agota-miento de una lógica social e ideológica que desvaloriza lo hu-mano y
revaloriza los beneficios mercantiles.
- Mas si hay una
estructura que queda vulnerada, ésta no deja de ser sino esencialmente la
democracia participativa que queda escondida y enmascarada tras una democracia
mediática en la que los falsos debates -como los denominaba Pierre Bourdieu-,
el "pensamiento basura" (o "fast thinking") y la crónica de
es-
25
cándalos
y sucesos sustituyen al modelo de Opinión Pública ilustrada tan defendida como
control sobre las estructuras del poder por Montesquieu (36). La cultura de los
simulacros y pas-tiches se impone sobre la reflexión y el pensamiento
documen-tado, tachando a éstos ideológica y engañosamente de
"elitistas", en una estrategia en la que se falsifican los criterios
racionales mediante la repetición publicitaria y propagandística de eslógans
que convierten todas las esferas de la existencia en objetos de compra y venta.
Y en esta estrategia de la confusión, la política en las democracias
competitivas será objeto de las ansias de ne-gocio de la empresas
publicitarias. De este modo, el político "se construye" como si de un
cantante de éxito o de un actor cine-matográfico se tratase, y su programa de
gobierno se fabricará así con frases manidas, falsas dramatizaciones en mítines
masi-vos o proclamas y arengas que recuerdan el análisis que Platón dedicó a
los astutos oradores sofísticos en su tan actual y aclara-dor diálogo "El
Político".
En definitiva, la democracia
postmoderna resulta de la apoteosis de la disolución de lo político, lo
cultural y lo social. En esta apoteosis se deifican con entusiasmo las causas
de la desorgani-zación colectiva. Las tensiones y la desorientación colectiva
serán el objeto de los telefilmes televisivos y de los programas de
entretenimiento. La inseguridad y la indefensión del ciuda-dano se dramatiza en
una y mil películas oscarizadas conjunta-mente con unas relaciones
interpersonales y entre hombre-mujer sometidas a un sadomasoquismo de consumo
para masas (37). La vida privada, en suma, desplaza la actividad pública con
una exacerbación de lo instintivo, la "cultura de la marihuana", la
moda y el sexo, confirmando la frase de Foucault que constataba cómo la
sexualidad en cuanto consumo dirigido, había suplanta-do el ámbito de la
conciencia y de los sentimientos.
Sin fatalismo ni apocaliptismo se
podría afirmar que la sociedad postmoderna radicaliza los privilegios del
habitus de clase -en
26
terminología
de "La distinción" de Bourdieu- (38). Las nuevas desigualdades
surgidas en el reino de la lógica del consumo pla-nificado opera como un
permanente proceso de diferenciación social. La indiferencia hacia los otros
que demuestra la persona-lidad narcisista se complementa con la sumisión a las
novedades que "estén a la moda". Pero con ello, la desorientación y
la de-silusión colectivas facilitan las posibilidades de un tipo de
acu-mulación económica que se mueve en los márgenes de la demo-cracia a través
de clientelismos, informaciones privilegiadas o concentración de poder y
privilegio en grupos cada vez más mi-noritarios y corrompidos. Lo vemos esto en
países desarrollados y subdesarrollados. Las facciones minoritarias del poder
econó-mico, político y cultural de las sociedades post-industriales, -ya
postmodernas-, concentrarán sus prerrogativas frente a unas ma-yorías a las que
se las ha debilitado sus sistemas educativos, adaptando a éstos al
funcionamiento de los medios de comuni-cación masivos para que ninguna
contradicción pueda posibilitar una réplica social a los criterios del
marketing o de la política entendida como promoción publicitaria.
Así y como consecuencia, la
rentabilidad y la eficacia finalmen-te conducen a una crisis cultural sin
precedentes, aunque con un antecedente claro en la formación en los años
treinta del siglo pasado de unos tipos de personalidades autoritarias -tal y como
constató Adorno en su indispensable libro sobre la medición de la personalidad
de Escala F o Autoritaria cuando analizó las ac-titudes de insatisfacción y
frustración que permitían tal tipo de comportamiento individual y masivo- (39).
La democracia postmoderna, en
conclusión, ya no es sólo una democracia débil cuanto que se puede afirmar que
se trata de una forma de neutralización férrea de las instituciones
represen-tativas. Se trataría entonces de una contención aplastante de los procesos
de toma de decisiones por parte de los ciudadanos. Los acuerdos corporativos y
las estrategias políticas centradas en
27
arreglos
organizacionales desplazan la legitimidad democrática hacia el grave problema
de la legitimidad del Estado. De esta forma, la distribución desigual de los
efectos de la crisis econó-mica internacional se dirige e impone a quienes han
quedado "desenganchados" de las mercancías de consumo en la era de la
Post-Modernidad, -como comentó desenfadadamente en una conferencia restringida
un famoso economista haciendo referen-cia a quienes no disfrutaban de correo
electrónico en las socie-dades subdesarrolladas y empobrecidas-.
En esa desconexión, los márgenes
que llevan a la marginalidad cada vez tienen más borrosas las fronteras. Pero
no sólo en un Tercer Mundo devastado (40), también en el Primer y Segundo
Mundos las desigualdades indican que el culto al hedonismo post-moderno
igualmente es un producto de minorías cada vez más atrincheradas en sus
estrategias de indiferencia hacia la realidad histórica a la que Fukuyama hará,
de nuevo, referencia teórica con su "desdramatización neoliberal del
espectáculo" de la pobreza, la ignorancia y de la indefensión.
HACIA LA CREACIÓN DE NUEVOS
DERECHOS DE PARTICIPACIÓN: EL DILEMA ENTRE DEMOCRACIA POSTMODERNA O DEMOCRACIA
PARTICIPATIVA
Es un hecho objetivo que los
fundamentos de la creación de la democracia participativa tuvieron su punto de
inflexión desde el mismo momento en el que se defienden unos derechos
políticos, sociales y culturales iguales para todos los ciudadanos. Frente a
los caprichos y prerrogativas del poder, la participación de los ciudadanos se
formula en las transformaciones que la Moderni-dad trajo como consecuencia de
las grandes revoluciones que desde el siglo XVII se han venido sucediendo, como
una asocia-ción libre en igualdad de opciones para decidir las condiciones
adecuadas para ser gobernados. Este concepto de autonomía
28
implícitamente
conlleva la concepción según la cual los sujetos pueden decidir y razonar de
una manera consciente y reflexiva.
Sin embargo, como ya se ha
comentado, nunca como en nues-tros días en el modelo de democracia post-moderna
al que nos hemos referido, las posibilidades de neutralización del pensa-miento
-fundamentado de manera racional- se han hecho tan evidentes. La obstaculización
de la capacidad reflexiva de los ciudadanos se convierte, en consecuencia, en
uno de los proble-mas centrales del gobierno de la mayoría. Con ello, el
debilita-miento de la democracia supone asimismo el debilitamiento de las
facultades de comprensión por parte de la ciudadanía (41). No se trata, desde
luego, de los tópicos que las viejas teorías elitistas difundían sobre "la
decadencia social por influjo de la llegada de las masas". Tanto los
Conservadurismos como los Neoconservadurismos, (en sus diferentes versiones de
derechas y de izquierdas), culpan a la población de ser la causante del
debilitamiento de la democracia y de lo político. Esta cínica ex-plicación, no
obstante, del deterioro de la autoridad política y de las condiciones de libertad
e igualdad de la ciudadanía, reflejaría el triunfo rotundo de la ideología de
la Post-Modernidad, en cuanto ideario de unas minorías interesadas en mantener
la de-mocracia débil como modelo de comunidad neutralizadora de las
posibilidades de acceso a los procesos colectivos de decisión económica y
política.
Por tanto, para atenuar los
principios de autonomía, participa-ción e información asistimos actualmente en
las democracias occidentales a una acción directa y manipuladora para operar y
tratar de neutralizar la democracia participativa mediante la uti-lización de
unas estrategias que reducen la presencia de los ciu-dadanos en las
instituciones y organismos públicos. Entre estas estrategias podríamos
finalmente considerar las siguientes:
29
- El
rebajamiento de las instituciones representativas mediante arreglos
corporativos que favorecen a los grupos de presión do-minantes.
- El deterioro
de los sistemas educativos a partir de la divulga-ción de la trivialidad y la
difusión de valores y códigos de con-ducta mediante los mensajes de unos medios
de comunicación de masas en los que la brutalidad se convierte en un
comporta-miento común y habitual. La población infantil y juvenil, en este
punto, será precisamente el sujeto colectivo que asimile y repro-duzca tales
contenidos de una forma acrítica e imitativas.
- La
incentivación de unas psicologías colectivas en las que los prejuicios, tópicos
y estereotipos se hacen usuales. Y con ello el desprecio a quienes se
consideran "débiles" -mujeres, niños, sujetos excluidos, etc.,- hace
aparecer una violencia social que no es más que la lógica consecuencia de esa
irracionalidad di-vulgada tan poderosamente por los mass-media.
- Como resultado
de todo lo anterior, el orden democrático legi-timo y participativo se va
sustituyendo paulatinamente por un orden represivo y de un sutil control
subyacente que convierte a los ciudadanos en competidores en una sociedad en la
que la organización hobbesiana de la estructura social hace que la lu-cha
exacerbada domine todas las esferas de la existencia.
Como se observa, se hace esencial
una nueva reflexión sobre la reivindicación y defensa de un conjunto de nuevos
derechos que ya no se refieran sólo a lo político o social. Se trataría
entonces de la adopción de una nueva Carta de Derechos Culturales en la que el
derecho a la propia autonomía intelectual ante los impac-tos persuasivos de los
canales tecnológicos de comunicación; o, a la par, la posibilidad de una
auténtica pluralidad informativa
(42) en la que
el poder de las coorporaciones mediáticas empre-sariales no ejerza su labor de
bloqueamiento del conocimiento objetivo de los hechos por parte de los
ciudadanos nos sitúa, en
30
suma, en
la búsqueda de la salvaguardia de las garantías de una democracia en la que su
punto de partida sea el respeto a la con-ciencia autónoma y racional. Es en
este punto en donde se ten-drán que debatir los fundamentos de la democracia
fuerte -la participativa- frente a democracia débil -la legal-, y que no deja
de ser un reflejo de la era postmoderna-. La solución de esta dramática
contraposición resulta ser el problema central e inelu-dible de nuestras
sociedades.
En conclusión, ya no estaríamos
en "las promesas incumplidas" de la democracia, cuanto en una quiebra
de las instituciones re-presentativas a causa de la intervención de los
procesos interna-cionales de acumulación pero no sólo en los países en
desarrollo sino, también, en los países desarrollados. En estas condiciones, no
es posible no volver a recordar las aportaciones más relevan-tes de la Teoría
Crítica, que con la Escuela de Frankfurt, (desde la década de los años treinta
del siglo XX), avisaba de la forma-ción de un tipo de industrias dirigidas
directamente a la concien-cia (43). La industria de la conciencia, nunca como
ahora, se está constituyendo en el peligro más acuciante de la entrada en un
nuevo siglo y en un nuevo milenio. Pero no sólo el análisis sobre cómo la
educación y la cultura son bloqueadas en sus ideales de progreso y civilización
colectivos, también la Teoría Crítica avisó sobre un nuevo tipo de personalidad
autoritaria centrada en una racionalidad instrumental que convierte a los otros
individuos en medios para sus propios fines y objetivos. La personalidad F -o
personalidad Autoritaria- no fue simplemente el modelo de individuo dominante
en los sistemas de la Europa de los años treinta. Al contrario, este tipo
psicológico y social cuya pauta central de conducta es el hecho de humillarse
ante los que cree "los poderosos" y humillar a los que considera
"los débiles", renace cuando, otra vez, se fomentan sistemas de
creencias y de acción en los que prevalece "la ley del más fuer-te"
(44). Se hace imprescindible, en consecuencia, un retorno y un replanteamiento
de los temas centrales del pensamiento críti-
31
co,
partiendo de una evidencia constatable y fundamental: sin el análisisracional
que aclare los dilemas del presente, no es posi-ble la edificación de una
democracia real, legítima y justa. Esta firme convicción, en definitiva, tiene
que sustentar, y seguir for-taleciendo, el significado y los principios
clásicos -pero asimis-mo contemporáneos e imperecederos-, que fundamentan y
esta-blecen los permanentes ideales democráticos de alcanzar, por fin, una
sociedad pacificada, solidaria y cooperativa que a través de la participación,
el conocimiento y la educación restituya la autoconsciencia tanto en lo
individual como en lo colectivo. ■
BLANCA MUÑOZ es Profesora de Teoría
Social y Política y Sociología de la Cultura de Masas en la Universidad Carlos
III de Madrid. Es autora de diferentes entradas en la Terminolo-gía
Científico-Social (1988, 1991: R. Reyes [Dir.]) y en el Diccionario
Crítico de Ciencias Sociales (1999: R. Reyes [dir.]), así como, entre
otras publicaciones, de: (1989) Cultura y comunicación: Introducción a
las teorías contemporáneas; (1995) Teoría de la Pseudocultura:
Estudios de sociología de la cultura y de la comunicación de masas; (1997) Whos
Mas-ter's voice?: The development of Popular Music in Thirtern Cultures
32
NOTAS
(1) Habermas, J.:
Problemas de legitimación en el capitalismo tardío. Buenos Aires, Amorrortu,
1986, págs. 168-171.
(2) Lenski, G.: Poder
y privilegio. Buenos Aires, Paidós, 1969. págs. 57-85.
(3) Weber,M.:Economía
y Sociedad.México,Fondo de Cultura Económi-ca,1983, págs. 170-214.
(4) Lenski, G., o.
cit., págs. 155-201.
(5) Aristóteles:
Política. Madrid, Espasa-Calpe, 1978.págs. 169-215.
(6) Platón: Obras
Completas. Madrid, Aguilar, 1981. págs. 1267-1521.
(7) Hegel, G.W.F.: La
Razón en la Historia. Madrid, Seminarios y Ediciones, 1972. págs. 189-233.
(8) Macpherson, C.B.:
La democracia liberal y su época. Madrid, Alianza, 1977. págs. 86-95.
(9) Held, D.: Modelos
de democracia. Madrid, Alianza Universidad, 1992. págs. 15-27.
(10) Barber, B.:
"Un marco conceptual: política de la participación", en Ägui-la, R.
del/Vallespín, F. (comp.): La democracia en sus textos Madrid, Alian-za, 1998.
pág. 291.
(11) Schumpeter, J.A.:
Capitalismo, socialismo y democracia. Barcelona, Folio, 1996. págs. 469-503.
Tomo II.
(12) Macpherson, C.B.:
La Teoría Política del individualismo posesivo. Bar-celona, Fontanella, 1970.
págs. 197-204.
(13) Schumpeter, J.A,
o. cit., pág. 321.
(14) Hayek, F.A. von:
Derecho, legislación y libertad. Un a nueva formula-ción de los principios
liberales de la justicia y de la economía política. Volu-men II: "El
espejismo de la justicia social". Madrid, Unión Editorial, 1982. págs. 211
y sigs.
(15) Hayek, F.A. von,
o. cit., págs. 15-26.
(16) Keane,J.:Democracia
y sociedad civil. Madrid, Alianza Universidad, 1992. págs. 250-287.
(17) Mattelart, A.:La
mundialización de la comunicación. Barcelona, Paidós, 1998.págs. 41-55.
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