© Libro N° 13088. La Democracia Como Agravio.
García Linera, Álvaro. Emancipación. Octubre 19 de 2024
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La Democracia Como Agravio. Álvaro García Linera
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Como Agravio. Álvaro García Linera
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Emancipación:
Guillermo Molina Miranda
LA DEMOCRACIA COMO AGRAVIO
Álvaro García Linera
La
Democracia Como Agravio
Álvaro
García Linera
LA
DEMOCRACIA
COMO
AGRAVIO
LA DEMOCRACIA COMO AGRAVIO
ÁLVARO GARCÍA LINERA
Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales
Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais
CLACSO Secretaría Ejecutiva
Karina Batthyány - Directora Ejecutiva
María Fernanda Pampín - Directora de Publicaciones
Equipo Editorial
Lucas Sablich - Coordinador Editorial
Solange Victory y Marcela Alemandi - Producción Editorial
María Clara Diez - Diagramación y diseño de tapa García Linera, Álvaro
La democracia como agravio / Álvaro García Linera; prólogo de Julián
Rebón. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO; Facultad
de Ciencias Sociales - UBA, 2024.
Libro digital, PDF
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-813-730-8
1. Democracia. I. Rebón, Julián,
prolog. II. Título. CDD 306.2
CC BY-NC-ND 4.0
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Este libro se realizó con el apoyo de la carrera de Sociología de la
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
NOTA EDITORIAL
Un mundo que atraviesa un tiempo de intensas trans-formaciones requiere
ser pensado en sus asuntos más acuciantes: las múltiples formas en que se
ejerce la vio-lencia, el incesante aumento de la desigualdad, los daños al
ambiente y a los seres que habitan la Tierra, la viola-ción de los derechos
humanos, la militarización de los territorios o el impacto de una pandemia
sobre el tejido social, especialmente en sus sectores más vulnerables.
Lejos de documentar el pesimismo, aspiramos a cons-truir herramientas
teóricas para transformar las situa-ciones de injusticia en un ejercicio
incesante que liga la teoría con la práctica.
El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales pone a disposición de
las y los lectores una nueva colección de textos breves con los cuales
esperamos contribuir a enta-blar diálogos tanto en torno a nuevos y viejos
interrogantes, como a la búsqueda de respuestas originales a los proble-mas de
nuestro tiempo.
La biblioteca Masa Crítica reúne a intelectuales que, desde una
diversidad de perspectivas y tradiciones teó-ricas, han contribuido a la forja
del pensamiento crítico enlazando reflexiones sobre tópicos y dilemas de
nuestro presente histórico.
Índice
Presentación
por Julián Rebón 11
La democracia como agravio 23
Los límites de la democracia liberal 37
La igualdad y sus múltiples agraviados 67
Democracia compuesta 89
Bibliografía 100
PRESENTACIÓN
JULIÁN REBÓN*
* Doctor en Ciencias Sociales.
Investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas
(CONICET), Argentina, en el Instituto Gino Germani de la Universidad de
Buenos Aires (UBA). Profesor titular de la ca-rrera de Sociología de la UBA.
La democracia como agravio de Álvaro García Linera representa un
estimulante ensayo sobre las tensiones y malestares que corroen está for-ma
política en los tiempos actuales y reafirma la pertinencia de considerar a su
autor como uno de los grandes pensadores que provocan y animan el debate
político latinoamericano de nuestra época.
Su actividad intelectual personifica la doble condición que enhebra su
biografía: por un lado, la lucha por transformar una sociedad injusta y, por el
otro, aquella disputa por construir más y mejor conocimiento sobre la misma.
Álvaro, como pocas personalidades de nuestro tiempo, articula en su trayectoria
la praxis y la teoría emancipatorias. Se destaca como un beligeran-te de muchas
batallas, de experiencias que van desde la lucha guerrillera a ocupar lugares
desta-cados en la política institucional. En este marco, ha sido vicepresidente
del Estado Plurinacional de Bolivia y “copiloto” de Evo Morales en el gran
proceso de transformación de dicho país. Pero también es un reconocido
cientista social y ensa-yista político, autor de numerosos textos de refe-rencia,
muchos de los cuales pueden consultarse en la biblioteca de CLACSO en acceso
abierto.
Inspirado en la tradición intelectual fundada por Marx, pero siempre
abierto a otras pers-pectivas de la teoría social, nutrido por distin-tas
disciplinas de las ciencias sociales según el tema a abordar y con una sólida
estructuración lógica heredada de sus estudios en matemáticas, Álvaro nos
brinda análisis que combinan realis-mo y perspectiva crítica. En sus textos
centra su atención, entre otros tópicos, en el Estado, el capitalismo, la
democracia, la comunidad y los movimientos sociales. Y, por supuesto,
alimen-tado por la reflexión sobre las experiencias de las luchas plebeyas –en
muchos casos con base en la reflexividad de su propia participación en ellas–,
analiza con rigor las potencias y debili-dades de los procesos de cambio y
emancipa-ción. Como muchos intelectuales de nuestra historia, tuvo que
enfrentar cárcel y exilio por ser consecuente con sus determinaciones mora-les.
Sus textos condensan con lucidez la historia de las gestas plebeyas, desde la
pasión de quien lucha, pero también desde la reflexión serena de quien sabe que
tiene que conocer más y mejor para resolver los obstáculos que enfrenta. En
este sentido, el texto que aquí presentamos no constituye una excepción.
Una versión preliminar del texto de este nue-vo libro de la colección
Masa Crítica fue presen-tado en noviembre de 2023 como conferencia inaugural de
las XV Jornadas de la Carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales
de la Universidad de Buenos Aires, denomina-das “40 años de democracia. Aportes
y desafíos de la sociología para comprender y transformar nuestro tiempo”.1 El
contexto histórico-político de estas jornadas fue paradójico. Por un lado,
tuvieron lugar en el año de las celebraciones por el aniversario del período
democrático ins-titucional más prolongado de la Argentina. Por el otro, se
desarrollaron pocos días antes de un ballottage presidencial en el que una de
las opciones electorales estaba encarnada por una propuesta signada por el
hipercapitalismo en lo económico y el autoritarismo en lo político, mu-chos de
cuyos postulados y promesas entraban en tensión, cuando no en franca
contradicción, con consensos democráticos alcanzados hasta entonces.
Finalmente, dos semanas después de la conferencia, esta propuesta,
personificada
_____________
1 La conferencia original puede verse en: https://www.
youtube.com/watch?v=M2hr_7pkofI&t=65s
por Javier Milei, se impuso en las elecciones, lo que reforzó la
pertinencia y urgencia de las re-flexiones de García Linera.
La conferencia-ensayo es un género central en el repertorio
político-académico de Álva-ro García Linera. A través de esta modalidad
discursiva, el autor apela a la reflexión libre pero no por eso menos nutrida
en las inves-tigaciones disponibles. Recurre a la relectura de los clásicos,
pero también a las discusiones teórico-académicas actuales, haciendo gala de
una permanente actualización bibliográfica. No reflexiona en abstracto, por el
contrario, el calor de los debates políticos de la coyuntura es lo que suele
animar y dar aire a su reflexión, aun-que su mirada siempre involucre una
perspecti-va de mediana y larga duración. Y lo hace de un modo que combina el
análisis riguroso con la vocación pedagógica del profesor que comparte diversas
ejemplificaciones para facilitar la lec-tura de un público más amplio. La
apelación al ensayo es, de este modo, una forma de expresar su doble condición
de político y cientista social; de intelectual, en el sentido cabal del
concepto.
El texto aborda los “tiempos infértiles” para la democracia, en
particular en su acepción liberal, es decir, la forma dominante en la cual los
procesos de democratización se institucio-nalizaron en la mayor parte del
mundo.
En sintonía con su producción más recien-te, aborda la recesión
democrática desde una perspectiva regional y global en el marco de la crisis
del ciclo de acumulación y dominación signado por el maridaje entre
neoliberalismo y democracia liberal (Cf. García Linera, 2023). Recordemos que,
en conjunto con la disolu-ción de la Unión Soviética y la expansión del
neoliberalismo, la democracia liberal, con sus particularidades nacionales, se
expandió como nunca en la historia sin otros regímenes que la desafiaran competitivamente.
Su consolidación representó una reducción de la demodiversidad, pero también un
repliegue de los autoritarismos
militares, especialmente en nuestra región.
La hipótesis desarrollada por el texto pos-tula que el debilitamiento
del apego a la demo-cracia representativa liberal reviste un carác-ter
estructural, producto de la crisis del ciclo histórico marcado por el
neoliberalismo. Este proceso desarticula el horizonte predictivo que ordena la
vida y las esperanzas de la po-blación. En un tiempo liminal, en el cual reina la
incertidumbre, el malestar con la democracia se expresa de diversas formas como
pérdida de legitimidad, crecimiento de formas autoritarias y erosión de la
representatividad de los partidos tradicionales.
En contraposición al fetichismo democráti-co de las oligarquías
institucionales, pero tam-bién de la defensa acrítica y celebratoria domi-nante
a la que recurren parte de las izquierdas y el progresismo ante las amenazas
autoritarias y los retrocesos históricos, aquí se presenta un análisis con un
fuerte contenido crítico. La de-mocracia liberal es conceptualizada aquí como
una forma de dominación a partir de desagre-gar los obstáculos epistémicos que
la sustentan, la falacia de la igualdad que encubre los distin-tos mecanismos
que producen la desigualdad a través de los cuales funciona, así como la
ten-dencia a su oligarquización.
El debilitamiento de la democracia en las últimas décadas se nutre de
procesos que son vividos como agravios por distintos grupos de la estructura
social y política. Estos van desde la pérdida de condiciones de vida o la
imposibili-dad de mejoras por parte de la plebe, a la amena-za de privilegios
de sectores de la población por procesos de igualación. Se alimenta tanto de
los que no soportan más desigualdad y exclusión, como de aquellos que sienten
la amenaza de ser “igualados” a quienes perciben como inferiores socialmente.
Entre estos encontramos a quienes viven como amenazas las crisis de
desigualda-des estamentales –mujeres, pueblos originarios, afroamericanos–
desarrolladas con fuerza en tiempos recientes de nuestra región o, incluso,
procesos muy acotados de recomposición de las clases subalternas. Y también,
como siempre en la historia, el declive democrático se sustenta en el agravio
que sienten los autoritarios ante su existencia. En tiempos de crisis en los
cuales el “todo o nada” o la radicalidad política se escri-be con la mano
derecha de la historia, sectores de las clases dominantes buscan en la
reversión de la democracia el medio para disciplinar a las clases subalternas y
restablecer el orden y el ho-rizonte perdidos.
Las reflexiones críticas sobre la democracia mínima liberal no le quita
la valoración al logro histórico que esta representa frente a las dicta-duras y
dinastías, más bien la considera la base para su profundización. Esta habilita
mejores condiciones de lucha para las clases populares y sus múltiples espacios
de experimentación de-mocrática de carácter asociativo, que animan la política
de las calles tan habitual en la América latina reciente. Política de las
calles que desbor-da, enfrenta y en ocasiones complementa a la democracia
institucional. La democracia liberal misma, es también resultante de los
procesos de ampliación impulsados por las clases “meneste-rosas” y otros grupos
sociales subalternizados.
Álvaro, como buen intelectual en tiempos li-minales, consciente de la
potencia performativa de la intervención en los momentos de crisis, postula en
voz alta la necesidad de construir una “democracia compuesta” que se nutra de
la forma liberal pero la amplíe con base en múl-tiples procesos de
democratización que anidan en la sociedad.
Este ensayo, de afán provocativo, segura-mente disparará en el lector
atento, interrogan-tes de diverso tipo: ¿Si los agraviados son he-terogéneos en
su condición, las amenazas a la democracia liberal son también diversas en su
composición política? ¿Son los movimientos sociales, dada su composición
compleja y va-riada, como lo muestra la historia reciente de nuestra región,
necesariamente un elemento democratizador? ¿Cuál sería el diseño institu-cional
que permitiría configurar una democra-cia compuesta que articulara distintas
formas de participación sin producir una “estatización” de la sociedad civil?
¿Qué modelo de acumulación podría sustentar una democracia de este tipo?
El texto, más que concluir certezas, tiene la riqueza de potenciar la
reflexión, de interro-gar el presente e invitar, para quien se sienta
convocado, a una agenda de investigación e intervención. El desafío que propone
radica en desbloquear teórica y prácticamente aquello que anida en muchas de
las luchas populares. El autor nos advierte que una mayor democra-tización no
será el resultado de la astucia de una decisión gubernamental ni de la
discusión intelectual, más allá de la importancia de estas acciones, sino de la
insurgencia democrática de la sociedad, de las luchas que se escriben en tiempo
presente y de la posibilidad de tradu-cir a partir de ellas los agravios en
esperanzas plebeyas.
Buenos Aires, febrero de 2024.
Bibliografía
• García Linera, Álvaro
(2023). La comunidad ilusoria. Una reflexión sobre el Estado, lo público, lo
común, la protesta ciudadana y la esperanza en tiempos de in-certidumbre
mundial. Buenos Aires: Sudamericana.
La democracia como agravio
LA DEMOCRACIA LIBERAL ERA EL ÚNICO MODELO POSIBLE…
Son tiempos infértiles para la democracia. Al menos para la democracia
liberal tal como la co-nocimos hasta ahora. Todas las mediciones que
periódicamente se hacen sobre las “lealtades” democráticas en varios
continentes muestran una creciente desafección de la ciudadanía. El número de
países con gobiernos llamados “poco democráticos” o autoritarios ha aumentado
en la última década (EIU, 2020; Our World In Data, 2022; The Economist, 2023).
Algunas investiga-ciones hablan de una “recesión democrática” en los últimos
seis años, que incluye a los países anteriormente considerados con “democracias
saludables” (International IDEA, 2023; Repucci y Slipowitz, 2021). Los
estandartes de la demo-cracia liberal sólida, como Estados Unidos y Eu-ropa, no
solo están asediados por el crecimiento continuo de fuerzas políticas
iliberales, sino que además sus propias instituciones, antes pulcras y
estables, ahora son objeto de escarnio y vio-lencia, como sucedió durante el
asalto al Capi-tolio de los Estados Unidos en 2021. El “paraí-so” al que hace
referencia el representante de asuntos exteriores de la Unión Europea (Ayuso,
2022) al hablar del Occidente blanco, católico y liberal, cada vez se parece
más al quinto círculo infernal de Dante, hundido en el fango del odio y la
polarización.
Incluso el mando del mundo, antes previsi-blemente con Estados Unidos a
la cabeza, hoy pa-rece confuso y en riesgo frente al ascenso de un “asiatismo”
no liberal capaz de realizar en cuatro décadas proezas de industrialización y
movilidad social ascendente que en Occidente tardaron dos siglos en alcanzarse
(World Bank, 2021).
El propio debate académico en las universi-dades del Norte respecto al
estado de la demo-cracia también está atravesado por un pesimis-mo
desenfrenado. Ya no se trata solo del per-petuo debate sobre la “crisis de
representación” de las democracias modernas. Hoy los títulos de las
investigaciones son cada vez más catas-tróficos. Desde el “desencanto
democrático” de Przeworsky (2022), la “regresión democrá-tica” de Piketty y
Cagé (2023), cómo “mueren las democracias” de Levitsky y Ziblatt (2018), el
“fin del siglo democrático” de Mounk y Foa (2018), la “crisis del capitalismo
democrático” de Wolf (2023), hasta el “fin de las democracias” de Runciman
(2019) o, más lúgubre aún, el “fin de los tiempos” de Turchin (2023), todas
hacen gala de un apesadumbrado balance del estado actual de la democracia
global. El mismo debate sobre el populismo, en la mayoría de los casos, es
tratado como una anomalía (Rosanvallon, 2020) o una degradación de algún modelo
de democracia que solo existe –y ha existido– en las cabezas de algunos
escritores.
¿Y es que cuál es la “verdadera democracia” desde la que se pueden medir
los sistemas de gobierno? Está claro que no se trata de la Atenas antigua en la
que la democracia directa se com-binaba con el sorteo de los cargos de gobierno
(Manin, 2018). ¿Es entonces la de Francia, don-de el presidente gobierna por
decreto sin tener en cuenta al parlamento a la hora de tomar de-cisiones
estructurales, como las que involucran al sistema de jubilación? (France 24,
2023). ¿O la de Alemania, donde el presidente ha sido elegi-do por tan solo el
19,4 % de las personas con de-recho a votar? ¿O la de Canadá, donde
comba-tientes nazis de la Segunda Guerra Mundial son homenajeados por un
parlamento de pie? (BBC News Mundo, 2023) ¿O la de Estados Unidos, donde el
presidente no es elegido directamente por los votantes y la censura de medios
de co-municación extranjeros se mueve en función de las guerras en las que este
país se involucra?
No hay pues una verdadera de-mocracia en la cual mirarse de manera
inequívoca. Lo que hay son democracias múltiples, di-versas, que tienen en
común la búsqueda del ejercicio de la so-beranía por parte del pueblo y la
ilusión respecto a que cada una de ellas es la mejor forma de esa soberanía.
Cada práctica democrática concretamente existente, en este sentido,
construye intelec-tualmente su propia legitimación narrativa como universal en
una pugna discursiva de fuerzas políticas desplegadas de la que cierta academia
dominante debería asumirse parte, a la par que debería abandonar el pensamiento
mágico que pretende ajustar la realidad a sus “verdades” imaginadas.
Así, llegamos a una primera conclusión so-bre la democracia: hoy en día,
este concepto ha adquirido el rango de un valor social normativo y prescriptivo
en la constitución de los poderes públicos. Cualquier enunciación discursiva
so-bre el campo político, para adquirir legitimidad y reconocimiento social,
debe referirse de algu-na manera a la “democracia” como bien sustan-tivo de la
interacción colectiva. Pero, a la vez, los contenidos atribuidos a esta son
fruto de una competencia de significaciones dirimida en las últimas décadas en
múltiples libros, confe-rencias, investigaciones y debates. Es decir, no existe
una “verdadera” y concluyente definición de democracia, en un sentido
transhistórico y objetivo. Lo que se entiende por democracia en un momento dado
es siempre un producto pro-visional de intersubjetivaciones entre distintas
correlaciones de fuerzas de la acción comunica-tiva e institucional, pero –no
lo olvidemos– de acciones comunicativas en las que los poderes de enunciación
no están distribuidos de forma igualitaria entre los concurrentes a la
produc-ción de la definición. Dado que la distribución de la capacidad para
nombrar las cosas es siem-pre desigual, existen, en un momento dado, definiciones
dominantes, consideradas válidas, y definiciones subalternas, consideradas
ilegí-timas. Y, a la vez, se produce una homología entre la definición
dominante de democracia y las condiciones de existencia de las clases
domi-nantes de la sociedad.
La validez de una definición, su rango de verdad es, así, una
contingencia histórica re-sultante de la estructura de fuerzas discursivas,
organizativas y económicas dentro del campo político y del campo intelectual.
Lo que hoy es considerado como la definición aceptable y mo-ralmente superior
de una categoría es probable que mañana sea tomado como irrelevante y
sustituido por otro sentido hasta entonces con-siderado marginal.
En teoría social, las “verdades”, las eviden-cias, las legitimidades son
arbitrariedades cul-turales resultantes de la trayectoria histórica de la
estructura y el funcionamiento de las luchas del campo intelectual, de sus
procesos de acu-mulación, verificación y competencia interna, que han
consagrado cierto modo de entender, investigar y nombrar el mundo. Cuando se
tra-ta de categorías que afectan o son utilizadas dentro del campo político, la
construcción del régimen de validez del concepto combinará una arbitrariedad
cultural con una arbitrariedad política, en correspondencia, a su vez, con las
fuerzas del campo económico.
Así, la fuerza apodíctica que durante varias décadas tuvo la definición
liberal de democracia se sostuvo, más que en la lógica argumental de sus
defensores ideológicos, en la lógica prácti-ca de una existencia institucional
fusionada a la arrolladora expansión del libre comercio y la globalización. Con
el derrumbe de la Unión So-viética y el desplazamiento de la economía es-tatal
planificada, la potencia triunfante impulsó el llamado Consenso de Washington
que, en lo sustancial, afirmaba que el libre comercio, con su correlato de
democracia liberal, era el único destino inevitable de la humanidad que todos
los países, tarde o temprano, tendrían que abra-zar. Cualquier otro debate
sobre otras formas de democracia distintas a la liberal no pasaba de ser una marginal
excentricidad académica. Ha-bía que leer a Dahl o Rawls y dejar en el baúl de
los arcaísmos a Marx o Gramsci.
Ya sea en su versión minimalista, como método competitivo “mediante el
cual unos individuos adquieren el poder de decidir” (Schumpeter, 1983, p. 343),
o en su lectura proce-dimental, como conjunto de reglas para la solu-ción
pacífica de conflictos (Bobbio, 1986, p. 136), la democracia liberal se
presentaba como un perfecto mercado autorregulado, solo que en versión
política. Cualquier asociación política podía ofertar sus propuestas y disputar
perió-dicamente las preferencias del voto, que dirimía quiénes eran ganadores y
quiénes perdedores. Los votantes escogían del escaparate de ofertas variadas la
que les resultara de su preferencia, entregaban su voto y, a cambio, el partido
mayo-ritariamente elegido ejecutaba sus propuestas. Había una compraventa de productos
políticos en la que todos recibían lo que querían. Y fun-cionó, con
fluctuaciones normales y regulables: mientras la economía se estabilizaba, los
mer-cados se ensanchaban gracias a las privatiza-ciones de lo público y el
“goteo” de la riqueza salpicaba a la gran mayoría de los “perdedores”. Era solo
cuestión de tiempo para que también ellos fueran parte de los “ganadores”.
Incluso el propio orden político global podía ser visto como una extensión de
este mercado. El libre co-mercio intensificaría la interdependencia de los
mercados de todos los países, de las cadenas de suministros, reduciría al
mínimo los riesgos de conflicto y garantizaría así la seguridad global. Y, como
parte de ella, la natural supremacía mi-litar norteamericana.
PERO, DE PRONTO, EL MUNDO CAMBIÓ
La orgía privatizadora global devino en resaca. El crecimiento
económico, que durante veintio-cho años tuvo un promedio mundial del 3,1 %,
entre 2010 y 2022 nuevamente cayó a un escaso crecimiento del 2,7 %. El Banco
Mundial calcu-la que entre 2023 y 2030 la situación empeorará aún más, pues el
crecimiento caerá a un 2,2 % en promedio (World Bank, 2023). Hemos entrado en
una nueva década perdida.
Paralelamente, las desigualdades se han profundizado obscenamente, lo
que redunda en mayor malestar social. Las clases medias se es-tancaron y, en
algunos lugares, se redujeron. El libre comercio convirtió ciudades
industriales de Occidente en basureros y a sus clases tra-bajadoras en
emprendedores precarizados. Los mercados comenzaron a devorarse a sí mismos y
tuvieron que ampararse en el denostado Esta-do para salvarse. Primero, los
bancos en 2008; luego, las bolsas de valores y las empresas en 2020; finalmente,
la supremacía geopolítica nor-teamericana desde 2021. No han pasado ni
cua-renta años del “fin de la historia” y el Estado ya está de regreso. El
orden liberal ha comenzado a corroerse y, desde el 2018, las leyes del mercado
que reinaban en las economías más desarrolla-das iniciaron una lenta y
vergonzosa retirada. Desde entonces, están siendo sustituidas por guerras de
aranceles, entre Estados Unidos y China primero (Bown, 2023); luego, entre
Esta-dos Unidos y Europa y, como lamenta el FMI, ahora en el mundo entero. Las
restricciones al libre comercio que durante décadas apenas al-canzaban a
doscientas por año, de tipo marginal y en países asimismo marginales, en 2022
han saltado a más de dos mil quinientas, en sectores de gran consumo y a la
cabeza de las economías occidentales más grandes (IMF, 2023, p. 77). El
proteccionismo industrial ha sustituido la efi-ciencia de los proveedores. La
Unión Europea, en 2021 y 2022, ha destinado más del 3 % de su producto bruto
anual a subvencionar y prote-ger a su industria continental (Criscuolo et al.,
2023). Estados Unidos ha decidido subvencionar con US$400.000 millones sus
autos eléctricos, su industria de microprocesadores y todo lo que tenga que ver
con la “seguridad nacional” (The White House, 2023). Europa ha lanzado al
basurero la ley de la oferta y la demanda para su consumo energético al
subvencionarlo con €651.000 millones en el último año y medio (Sgaravatti,
Tagliapietra Trasi y Zachmann, 2023). El libre mercado ha dado lugar al
mer-cado de amigos, las cadenas de valor globales a las cadenas de valor
seguras o, en el lenguaje de Von der Leyen (2023), “sin riesgo”. El mercado
global ha devenido mercado geofragmentado y la utopía del mercado autorregulado
se hin-ca ante la evidencia del mercado estatalmente producido.
Si este caos reina en la economía, en el mercado político triunfa la
sensación de apo-calipsis. No es casual que en la última década se haya pasado
del debate del emergente po-pulismo, considerado como una extraña enfer-medad
transitoria de la democracia, al horror de la muerte de las democracias.
Ciertamente, la democracia liberal está en un mal momento. Ya no es una
excepcionalidad latinoamericana el surgimiento de líderes que rechazan
consen-sos con los opositores, que plantean desconocer las viejas instituciones
y que echan la culpa de todos los males que agobian al común de los ciudadanos
a una minoría pervertida de ricos, mentirosos y abusivos que deben ser
castiga-dos. El hecho de que este discurso reclute masi-vamente adeptos en
muchos países, comenzan-do por Estados Unidos, Italia, Francia, Hungría, Brasil
o España, y por largos períodos de tiem-po, es una demostración fáctica de que
no es-tamos ante una desviación circunstancial ni un arrebato puntual de
enceguecimiento político. La democracia liberal-representativa, nacida de las
revoluciones francesa y norteamericana del siglo XVIII, está en decadencia.
Esta crisis es el final de una deriva natural e inevitable producto de la
propia democracia liberal, en el corazón de cuya vinculación prostituida con la
economía de libre mercado se halla la fuente del problema.
Los límites de la democracia liberal
La democracia liberal funciona como un conjun-to socialmente aceptado de
normas y valores que enmarcan las disputas políticas en momentos en que la
economía tiene un crecimiento estable, hay un mínimo de avances en el bienestar
colec-tivo y, sobre todo, cuando el horizonte predictivo de las clases
sociales, dominantes y dominadas, tiene un rumbo imaginado. Todo ello permite
que las élites políticas compitan, disientan y lu-chen, pero siempre dentro del
espacio de expec-tativas estructurales compartidas: capitalismo de Estado entre
los años 1940 y 1970; neoliberalismo entre 1980 y 2005. Si a ello sumamos la
capacidad que tiene la democracia liberal de subsumir, de manera retorcida y
luego recortada, las institu-ciones de derechos jurídicos, políticos y sociales
conquistados por la acción colectiva de las clases plebeyas –es decir, el
llamado Estado de derecho (libertad de asociación, de opinión, igualdad ante la
ley, derecho al voto, etc.)–, está claro que, bajo dichas condiciones, es
posible una tolerancia moral entre gobernantes y gobernados, que se legitiman
mutuamente a través de la democracia liberal. Tales son los tiempos en que la
democra-cia liberal se presenta al sentido común como la mejor forma de
gobierno posible.
Pero cuando la expansión económica tropie-za, cuando los recursos a
distribuir con cuenta-gotas se secan, cuando la necesidad de recortar derechos
sociales se requiere para mantener el equilibrio fiscal –como viene sucediendo
du-rante la última década en las principales de-mocracias–, todas las
perversiones internas y los límites que engendra el liberalismo explo-
tan y, desde el interior del mismo individuo, estallan otros “pue-blos”,
otros vínculos de sociabi-lidad activa que desenmascaran los límites de la
autosuficiencia del solitario ciudadano liberal.
Veamos estos límites interiores.
PRIMER LÍMITE. LA DEMOCRACIA LIBERAL COMO OBSTÁCULO EPISTEMOLÓGICO
El liberalismo político construye un tipo de “pueblo” sujeto a
prerrogativas: es el individuo aislado, que se hace a sí mismo; el portador de
preferencias personales susceptibles de ser ho-mogeneizadas y contabilizadas
por el voto, en lo que Marey (2011) ha denominado la “demo-cracia agregativa”.
No es un individuo delibera-tivo que construye opinión en el debate públi-co,
ni un ciudadano dependiente de todos los demás, sino un solitario consumidor
que elije ofertas políticas, como quien elige tamaños o texturas de ropa. Ese
“pueblo” individualizado, agregado uno al lado de otro, en su irreductible
individualidad, como un saco de papas, existe en tanto el mundo funciona tal
como los indivi-duos esperan que funcione.
Pero, a pesar de la utopía liberal del indivi-duo que se produce a sí
mismo, siempre existen otros “pueblos” subyacentes dentro de la ciu-dadanía
liberal. Son los sindicatos, los gremios, las comunidades, las asociaciones
laborales, te-rritoriales y funcionales que públicamente no son visibles pero
que unifican territorialmente criterios colectivos, que regulan asuntos
co-munes locales, que protegen o defienden coti-dianamente a sus miembros de la
arbitrariedad gubernamental, de las burocracias extorsivas o de la patronal
explotadora. Las personas siempre y en todos los países del mundo están
organizadas de maneras múltiples y comple-mentarias. Cada individuo es un
integrante, de manera simultánea, de numerosos agregados sociales,
tradicionales y modernos. Es decir, es un ser social que en cada uno de los
mi-crocosmos en que interactúa ha aprendido a hablar, a juzgar, a comprender la
señalética del mundo, a usar el dinero o la computadora, las leyes o el arado,
a influir y a actuar en corres-pondencia con lo que los demás esperan de él. Un
individuo sin sociedad, tal como imaginaba Margaret Thatcher, es solo un
amasijo inútil de “huesos y tendones” sin función alguna, no una nación. Todo
individuo es siempre la con-densación de la historia de la humanidad en su
cuerpo actuante. Es un pedazo comprimido de toda la sociedad y de toda su
historia. El propio dinero ante el que se arrodilla el sujeto liberal, por sí
mismo, es solo un papel pintado sin valor alguno. Pero como vínculo entre
per-sonas que comprenden la semántica colectiva del valor de las cosas, es la
mismísima medida de la riqueza contemporánea.
Estas formas subyacentes de asociatividad, modernas y tradicionales, que
constituyen ma-neras contingentes y moleculares de “pueblo” real que delibera,
que construye preferencias políticas, que alienta protagonismos colectivos, no
existen para el liberalismo político, para el que resultan irrelevantes. Pero
están ahí. Pue-den ser opacadas temporalmente por la retó-rica bulliciosa del
individualismo propietarista, elector y consumista que supuestamente se debe a
sí mismo. Sin embargo, cuando la eco-nomía se estanca, cuando la
autosuficiencia se desploma ante la evidencia del desempleo, la masiva
precariedad laboral, la injusticia y la desigualdad escandalosa, esas
asociaciones prácticas saltan a la palestra pública, se arti-culan, se fusionan
con otras, para hacer valer como indignación y movilización el sufrimien-to
soportado, para hacer oír su voz y, llegado el caso, para sustituir los
imaginarios y las narra-tivas de vida en común, de porvenir, por enci-ma o en
contra de las narrativas, ahora fallidas, de las élites poderosas gobernantes.
Surgen así los movimientos sociales, los levantamientos populares, los
estallidos. Se trata de maneras plebeyas de politización colectiva, de
democra-tización de la palabra y la acción. Los asuntos públicos, anteriormente
monopolizados por las burocracias y las élites efectivas, se vuelven ahora de
dominio popular. Todos se sienten convocados a opinar, a proponer y a actuar.
Es el momento democrático de la plebe en acción que reorganiza el
sentido del mundo, que alumbra nuevos posibles de la vida en co-mún. El orden
social de lo deci-ble, de lo posible y lo inaceptable se transforma y, de
mediar actos electorales o revoluciones, el or-den estatal y la administración
de la riqueza económica pública se transforma.
Pero la democracia liberal no puede com-prender esta realidad. Hay una
ceguera episte-mológica para dar cuenta de esta reverberación molecular de la
sociedad, de su visibilización cíclica. Peor aún, hay un obstáculo cognitivo
para comprender las formas de fusión activa de esas moléculas colectivas. Por
eso, cuan-do se hacen presentes, no se atina más que a descalificarlas como
fruto de algún desorden mental o una conspiración. La ideología liberal no es
un conocimiento del mundo sino una fe, una creencia, y todo lo que esté fuera
de tal credo parece no existir o ser una herejía a pur-gar, un salvajismo a
disciplinar. Que luego es-tos colectivos populares que salen a las calles sean
calificados como “alienígenas”, según la escabrosa declaración de la esposa del
expresi-dente chileno Sebastián Piñera al preguntarse por el origen de los
cientos de miles de jóvenes durante el estallido de 2019, muestra hasta qué
punto el ideologema liberal es, sobre todo, un prejuicio respecto al mundo.
Así, imposibilitada de comprender esta rea-lidad de la composición
molecular de la vida social, la democracia liberal está condenada a ser
rebasada por los hechos en tiempos de cri-sis sin que pueda dar una solución al
desborde. Por cansancio, coacción o soborno, podrá apa-ciguar o asfixiar
temporalmente la ebullición colectiva, pero no podrá darle solución, lo que
creará las condiciones de nuevos estallidos que pondrán más en duda la propia
pertinencia histórica de esa forma de democracia.
SEGUNDO LÍMITE. LA IGUALDAD COMO FALACIA
La democracia liberal funciona como un mer-cado de oferentes y
demandantes. Cualquier persona tiene derecho a organizarse, a plantear
propuestas de organización de la vida en común; igualmente, todo ciudadano
posee la facultad de hacer conocer sus iniciativas y de competir electoralmente
o, simplemente, de esperar la presentación de ofertas y optar por una de ellas.
La igualdad de oportunidades para hacer políti-ca es una condición universal de
la ciudadanía moderna. Nada impide que unos puedan agru-parse y otros no; que
puedan ser electos y otros no. La democracia liberal se enorgullece de su apego
a la igualdad política de los ciudadanos. Sin embargo, esto no siempre fue así.
En los inicios del régimen liberal, solo los propietarios votaban y los que
carecían de dicha propiedad inmueble no lo podían hacer. De la misma ma-nera,
las mujeres solo adquirieron el derecho al voto a mediados del siglo XX,
incluso en las de-mocracias más antiguas. En América Latina, en todos los
Estados nacientes, los indios, mayoría demográfica, no votaron hasta bien entrado
el siglo XX. En todos los casos, no propietarios, mujeres, indios o jóvenes de
18 años conquis-taron el derecho al voto ante la propia institu-cionalidad
liberal únicamente a base de largas movilizaciones e insurrecciones.
Además de ello, la igualdad que exhibe el liberalismo es la igualdad
abstracta de asociar-se y contender, mas no la igualdad material o real de
competir en condiciones similares. Estas condiciones materiales de
participación política están brutalmente jerarquizadas por pertenen-cia étnica
y de clase. Un campesino de la Puna de apellido indígena, que apenas ha llegado
al bachillerato porque debía trabajar con la familia para poder comer y que
pronuncia con dificul-tad el castellano, porque su lengua materna es el
quechua, no está en las mismas condiciones de competir, de ser tomando en
cuenta por la “opinión pública”, que un conocido empresario educado en las
mejores universidades extranje-ras que habla tres idiomas y desplaza el cuerpo
y el tono de voz con la autoridad de quien se sabe reconocido, admirado e
influyente entre los poderosos del país. Los dos son, en teoría, iguales en
derechos, pero, sin embargo, abismal-mente desiguales en las condiciones
materiales de ejercicio de tales derechos. El primero traslu-cirá en las dudas
de su voz, en el ligero encorva-miento de su cuerpo y en las fallas sintácticas
de su discurso el origen social subalterno de donde proviene, lo que reafirmará
en el acto la propia subalternidad de su oferta política. La dificultad para
abarcar con solvencia todos los temas del orden público delatará su secular
distancia his-tórica con respecto a esos asuntos de Estado, al igual que su
familia y su clase social. En cambio, el político o empresario de familia con
trayec-toria estatal podrá transitar con soltura de un tema gubernamental a
otro; la aceptable dicción de sus frases, el aplomo del cuerpo, su propio color
claro de piel y la elegancia ante el público corporalizarán la larga adhesión
de su clase so-cial al poder y transmitirán la seguridad que se está ante un
“hombre de Estado”, no ante un in-truso. Las clases dominantes históricamente
se adhieren al Estado en la misma medida en que el Estado reconoce
“naturalmente” a los suyos en un vínculo casi endogámico.
Si analizamos, por su parte, las posibilida-des de despliegue práctico
en el mercado polí-tico en términos de una “libre” competencia, el obrero del
conurbano o el campesino de la Puna podrá hablar de sus propuestas con sus
allega-dos del barrio y el trabajo; podrá ser invitado a una radio local para
dirigirse a algunos cientos de oyentes; incluso, tal vez, el hijo lo ayudará a
elaborar un Tik Tok de campaña que podrá ser visto por otros miles antes de
quedar sepulta-do por una avalancha de otros Tik Tok mejor elaborados, más
emotivos e impactantes de los oponentes. En tanto que el empresario o político
de prosapia, alentado por poderosas corporacio-nes, podrá ser acogido en los
noticieros estelares de las más importantes cadenas noticiosas para mostrarse encantador
ante millones de especta-dores. Su foto, retocada, abrirá la nota central de
los periódicos. Las asociaciones más influyentes del país lo invitarán a
magníficos cócteles para admirar y comentar la sapiencia del candidato y las
redes sociales serán bombardeadas cada minuto por atractivas producciones
audiovisua-les perfectamente segmentadas por clase social, barrio, oficio,
preferencia musical y tiempo de ocio, que lograrán en el día decenas de
visuali-zaciones y likes. Al final, que una candidatura se imponga no es fruto
de las brillantes ideas que propone, sino un resultado natural de la colu-sión
estructural del dinero y el poder político.
La “igualdad de oportunidades” en realidad encubre la abismal diferencia
entre quienes pueden comprar millones de “oportu-nidades” con dinero y aquellos
que solo tienen una única opor-tunidad resultante de su propia existencia.
Sin embargo, esta complicidad estructural entre el poder económico y el
poder político no es fatal ni irreversible. En ciertos momentos
extraordinarios, como los grandes estallidos so-ciales, el afecto político de
la clase dominante y el dinero tiene obstáculos para validarse. Como en las
crisis económicas el sistema de creencias dominante se fractura y debilita, hay
posibili-dades de que otros criterios de legitimidad ple-beyos –como la
denuncia de las injusticias, la demanda de reconocimiento de lo popular o la
distribución de la riqueza– puedan sobreponer-se a la lógica mercantil del
ámbito político, para dar lugar a la irrupción de liderazgos con capa-cidad de
aglutinación de lealtades colectivas y victorias electorales. Es lo que sucedió
con Evo Morales en Bolivia o Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil. En todos los
casos, estos resultados excepcionales en la historia política no son fru-to de
la eficacia de la igualdad liberal, sino del desbordamiento de su igualdad
ilusoria y de la instauración de un tipo de paridad plebeya emergente de un
nuevo principio de igualdad a partir de la acción colectiva y de la revuelta.
Por eso no es de extrañar que las grandes trans-formaciones políticas ocurran
primeramente en los hechos colectivos, en los imaginarios populares y los
comportamientos prácticos, y que solo después se validen electoralmente. Un
indio como presidente de Bolivia fue una ima-gen que se desarrolló primero en
el horizonte predictivo de una población sublevada y has-tiada con un
empresario que hablaba mejor el inglés que el español y que había entregado los
recursos públicos al capital extranjero. Como ya adelantó Gramsci, las
hegemonías son ini-cialmente culturales y políticas. Luego devie-nen políticas
y electorales (Gramsci, 2023, C.1., S. 44, pp. 52-53).
La igualdad demoliberal es falaz, pues las condiciones materiales de
acceso y desempeño en el mercado político están desigualmente dis-tribuidas. Es
como una cancha de futbol incli-nada sesenta grados: con respecto a sí misma,
es plana, “igual para todos”; pero en relación con el horizonte y el centro de
gravedad, está estrepitosamente inclinada. No importa cómo se desempeñen los
jugadores, la pelota nunca llegará con fuerza al arco de arriba,
inevitable-mente caerá en el arco que se ubica abajo.
Pero hay otro principio de igualdad que la democracia liberal demandará
que se le reco-nozca: el del intercambio de bienes políticos en el mercado de
preferencias electorales. En el mercado de bienes, oferente y compra-dor
intercambian mercancías portadoras de un valor mensurable e igual.
Independiente-mente de si ese valor está determinado por el tiempo de trabajo
socialmente necesario para producirlo (escuela marxista) o por la utilidad
marginal que le asigna el comprador (escue-la neoclásica), para acceder al
producto del otro –un teléfono en algunos casos, dinero en otros…–, ambos deben
entregar un valor similar en términos del intercambio. Aunque las mercancías
sean de diferente valor de uso, tienen algo en común –el valor-precio– y una igualdad
fundamental –la magnitud de valor intercambiada–. De ahí que Marx dijera que el
capitalismo supone la igualdad como un “pre-juicio popular” (Marx, 1981, p.
1029). Pero en el mercado político las cosas no funcionan así. Lo que se
intercambia son cosas inconmensu-rables entre sí. En términos formales, el
votan-te entrega el voto y el oferente, una promesa, sin existir nada en común
que las iguale. Esto empeora si tomamos en cuenta el contenido social de cada
uno de estos flujos: el votante cede su soberanía, es decir, la facultad de
deci-dir sobre los asuntos comunes, en tanto que el elector le entrega el
monopolio de la decisión. Se trata de objetos políticos imposibles de ser
igualados. El intercambio ha transcurrido sin que nada en común circule, sin
que se valide ningún tipo de igualdad ni abstracta ni concre-ta entre los
oferentes. De hecho, se trata de un intercambio en términos de desigualdad
abso-luta, pues mientras el votante entrega el único momento o “pase” para
decidir sobre asuntos políticos que le otorga la democracia liberal, a cambio
solo obtiene el monopolio de la facul-tad de decisión por parte de un otro que
no es él. En los hechos, esto es una expropiación de la soberanía política. Más
que un acto de fe, implica una capitulación del votante frente al votado. Ya no
estamos ni siquiera ante un mer-cado político propiamente dicho, que supon-dría
el intercambio de algún tipo de igualdad, real o abstracta. Por el contrario,
aquí el flujo es solo de abajo hacia arriba y opera como un robo, en este caso,
de la soberanía política has-ta que, en cuatro o cinco años, por un instante se
le devuelva al sujeto su facultad de decisión soberana y se repita el ritual de
expropiación.
El envilecimiento del intercambio puede ser aún más atroz si, como
sucede en sociedades con elevados índices de pobreza, de la liturgia que simula
el intercambio de bienes políticos solo queda una venta de soberanía a cambio
de comida o dinero, que ratifica sin sonrojo ni ar-tilugio alguno que en la
democracia liberal solo los ricos pueden gobernar.
Así, cuando se llega al último refugio de la igualdad simulada por la
democracia liberal, el recuento en el que cada persona “vale” un voto y nada
más, la igualdad ya ha quedado total-mente triturada por la desigualdad
intrínseca en la conformación material de las élites polí-ticas competidoras,
por la inexistencia de un intercambio de bienes conmensurables y por el
clientelismo político. Cuando en tiempos de pasividad social se suman los
votos, lo que se adiciona no son genuinas voluntades políti-cas, sino
preferencias castradas, tornadas im-potentes previamente ante el poder del
dinero y de las élites políticas tradicionales. Y lo que queda es una
aritmética de estafas eficientes.
La “voluntad general” constitui-da de esta manera pasiva es solo una
aritmética de abdicaciones políticas ante los altares de los candidatos.
¿Significa esto que no sirve votar en las elecciones o que la
representación es siempre una expropiación de voluntades? No, ni mucho menos.
La votación para elegir gobernantes forma parte de la experiencia popular del
he-cho democrático, a pesar de que muchas veces lo que se obtiene es más
sufrimiento o decep-ción. Incluso en los escasos momentos de efer-vescencia en
los que la sociedad individuada se fusiona en una comunidad deliberante y
prota-gónica de su destino, gran parte de la energía popular constituyente se
canalizará a través de la votación. La votación es, por tanto, una conquista
democrática de las luchas sociales y cualquier reforma o ampliación de la
democra-cia debe pasar ineludiblemente por la recupe-ración de la elección como
modo de renovar gobernantes. Igualmente, la representación es parte de la
experiencia cotidiana de cualquier forma organizativa popular. Un sindicato,
una comunidad, una asamblea barrial, incluso una revuelta de democracia directa
siempre des-pliega distintas formas de representación local o general de la
voluntad colectiva. Pero, a dife-rencia del sistema electoral liberal, en estas
ex-periencias el poder soberano de la gente nunca se entrega de manera
irreversible y a plazo fijo para que el representante se apropie de él de
manera personal. En estas otras múltiples for-mas flexibles de representación
plebeyas, el re-presentado guarda para sí el poder de impug-nar, de desacatar
e, incluso, de revocar el mero poder agregativo que posee el representante, por
lo que la representación o las múltiples formas de representación son también
parte del acervo colectivo de la sociedad organizada y en acción colectiva.
Lo que sí significa es que, cuando las cla-ses populares concurren a la
votación sin debate público participativo, sin una movi-lización que amplíe en
la experiencia colec-tiva el campo de transformaciones posibles, sin horizontes
compartidos de reformas que aumenten derechos, sin el entusiasmo movi-lizado de
las clases populares por aumentar la igualdad material o defenderla, sin el
con-trol de su poder representado, lo más proba-ble es que se consume una nueva
estafa. Esa forma envilecida de la transacción política es el fundamento
material de lo que O’Donnell, Iazzetta y Quiroga (2011) llamaban la demo-cracia
delegativa. Y, como se ve, no es una excepcionalidad latinoamericana, sino un
desenlace ineludible de cualquier experiencia democrático-liberal del mundo.
Solo la acción colectiva y el protagonismo social pueden des-montar la caja de
pasivización electoral que significa la democracia liberal y ampliar los
espacios de democratización de la política. Y –nuevamente– si esto sucede, no
es por la de-mocracia liberal, sino a pesar de ella.
TERCER LÍMITE. LA TENDENCIA CRECIENTE A LA OLIGARQUIZACIÓN DEL PODER
Si, como reitera Schumpeter, la democracia es la competencia entre
grupos de individuos por la adquisición del derecho a decidir sobre el resto,
es por demás evidente que la demo-cracia en cualquiera de sus variantes
liberales excluye el gobierno directo del pueblo. Ya sea cualquier definición
que se tome –“selección de gobernantes”, “poliarquía” (Dahl, 1993,
pp. 262-270), “gobierno para el
pueblo”, etcé-tera–, el punto de partida es la imposibilidad de que el pueblo o
demos se autogobierne. Y a partir de ahí, se hacen malabarismos para que el
gobierno sobre el pueblo sea electo, que sea a través de representantes, que la
elección sea transparente, competitiva, que el gobernante sea sometido a
restricciones, etcétera.
Ciertamente, el liberalismo político enu-mera muchos argumentos para
descartar el autogobierno del pueblo: desde que es impo-sible reunir a millones
de deliberantes de un país en una gran asamblea, que la gente por lo general no
se interesa por los asuntos públicos, que hay temas demasiado especializados
que requieren de expertos y burocracias eficientes, hasta que la voluntad
mayoritaria puede inter-ferir en las libertades individuales (Constant, 2008).
Pero lo que son problemas y dificultades temporales que deberían ser resueltos
con más democracia u otras formas complementarias de democracia, para el
liberalismo son la virtud para justificar los dispositivos de expropiación de
las facultades populares, esto es, de desde-mocratización estructural. “¿Que no
se pueden reunir millones de personas para deliberar…? Entonces erijamos pocos
representantes para que ellos deliberen en nombre de la mayoría”, responde
triunfante el liberal. No importa que en ocasiones recurrentes millones de
personas sean capaces de reunirse para hacer oír su voz, su protesta o su
decisión sobre algún tema, o que sea posible representar voluntades colec-tivas
sin que el representante monopolice la toma de decisiones sobre los asuntos que
afec-tan a todos. Incluso hoy, los celulares, además de selfies, pueden
intercomunicar opiniones y deliberaciones de millones de ciudadanos en torno a
un tema relevante que afectará la vida de todos los miembros de la sociedad.
¿Que las personas por lo general no se in-volucran en los asuntos
públicos? Por supuesto. Muchas veces esa apatía surge de la impotencia sentida
frente a unas élites políticas insensibles que deciden más preocupadas por el
monto de los sobornos que podrán recibir de los podero-sos que por la opinión
de los ciudadanos. Por otra parte, cuando la ciudadanía sí se involucra y sale
a las calles a manifestar su posición, suele recibir a cambio represión
policial y los insul-tos presidenciales, como recientemente sucedió cuando el
presidente francés calificó a su pue-blo movilizado de “flojo”.
¿Que hay asuntos demasiado especializados y que se requiere cierta
agilidad decisional de los gobiernos? Ciertamente, pero, ¿quién puede
garantizar que las decisiones que tomen las éli-tes profesionales serán las que
el pueblo desea o necesita? La profundidad de la actual crisis eco-nómica
mundial, con su rosario de sufrimientos colectivos, es una comprobación fáctica
de que las decisiones de burocracias y élites altamente profesionalizadas no
necesariamente conducen a resultados satisfactorios para las mayorías. En
particular, los grandes asuntos de Estado, como el uso de los recursos
naturales, la estabilidad laboral, la seguridad social, la educación o las
políticas industriales, que van a afectar radi-calmente la vida de todos los
ciudadanos y de las futuras generaciones, deberían ser objeto de grandes
debates públicos, lo más masivos posi-ble, para tomar una decisión sobre el
curso de las corrientes mayoritarias de ese debate.
¿Que las decisiones colectivas pueden afectar la intimidad individual?
Solo de manera excepcio-nal, cuando tales decisiones implican políticas de
justicia redistributiva en relación con la propiedad privada en los casos en
que esta es brutalmente ofensiva para la mayoría de las personas. Pero el resto
de las libertades individuales, de expresar sus opiniones, de asociarse, de
igualdad ante la ley, etcétera, no tiene por qué ser restringidas.
Así, las dificultades que podrían resolverse con formas enriquecidas de
democracia y parti-cipación social, con la composición de nuevas y variadas
instituciones democráticas populares, representativas y directas, son asumidas
por la democracia liberal como justificación para des-democratizar sus propias
formas institucionales y concentrar autoritariamente las decisiones en élites
especializadas que deciden el destino de la mayoría.
Con excepción de los momentos de efer-vescencia social en los que la
represen-tación electoral puede adquirir grados de transparencia inmediata con
respecto al sentimiento popular, la “voluntad gene-ral” que emana de esta ruta
procedimental del demoliberalismo es una ficción política.
La suma aritmética de prefe-rencias individuales no es una voluntad
política colectivamen-te construida, pues si lo fuera, Taylor Swift con sus
3.900 millo-nes de visualizaciones y likes de-bería ser la presidenta del mundo
o, al menos, la secretaria general de la ONU.
El liberalismo político suplanta la interac-ción política deliberativa
del pueblo, la real “vo-luntad general”, por los likes del voto. El resulta-do
final será la consagración de una voluntad de los poderosos bajo la ritualidad
de la consulta a las mayorías menesterosas.
La democracia liberal, mediante la sistemá-tica concentración de
decisiones políticas en pocas manos, es, en definitiva, un algoritmo de
oligarquización espectacularizada del poder po-lítico. Prioriza a las élites
por encima del demos, la representación por encima de la participa-ción, la
especialización por encima de la deli-beración. Y no se trata de una desviación
del espíritu democratizante, sino de una elección premeditada de monopolización
de decisiones en los representantes, aún más, en el Ejecuti-vo. De allí, el
orgullo desenfrenado con el que enrostran su definición de democracia como
se-lección de élites que toman decisiones.
La “ley de hierro” de Michels (2015) respec-to a la inevitable
oligarquización de las formas políticas partidarias y sindicales, en realidad,
es un corolario de la ley de hierro de la inevitable oligarquización del Estado
democrático-liberal. Ciertamente, hay momentos en que esta ten-dencia es revertida
con el desplazamiento radi-cal de élites políticas gubernamentales e incluso la
modificación clasista y étnica de los grupos gobernantes. Pero eso sucede en
momentos de grandes sublevaciones y revoluciones sociales que modifican las
estructuras del Estado, las instituciones y la composición social de los
go-bernantes. No es la democracia representativa la que promueve esta
democratización de los sujetos en el poder político, sino precisamente su
desborde por otras formas de democratiza-ción plebeyas. Sin embargo, la
adopción de un tipo restringido de democracia representativa y el consiguiente
enfriamiento del protagonis-mo social insurgente, más pronto o más tarde,
llevará inexcusablemente al mismo camino de monopolización de las funciones de
decisión del Estado. Podrá haber entre los nuevos gober-nantes más indígenas,
más mujeres o represen-tantes de procedencia indígena o campesina –lo que,
desde ya, es un gran avance democrático–, pero, de volver sin más al
democratismo libe-ral, dejando de lado las formas de protagonismo democrático
plebeyo, se retornará al monopolio del poder; puede que sea con otro color de
piel y otros hábitos culturales, pero seguirá siendo monopolio al fin.
Se dirá que la democracia liberal ha per-mitido los grandes avances de
derechos de las sociedades modernas. Pero, como nos recuerda T. S. Marshall,
para Europa y Estados Unidos, los derechos de igualdad jurídica en el siglo XVIII,
de igualdad política en el siglo XIX y de derechos sociales en el siglo XX han
correspon-dido a oleadas de movilizaciones, revoluciones y luchas colectivas,
es decir, de formas plebe-yas de democratización (Marshall y Bottomore, 1998).
En América Latina, cada uno de estos de-rechos ha estado precedido de
estallidos socia-les, luchas sindicales e incluso insurrecciones populares para
poder consagrarse. La propia democracia liberal, tal como la conocemos hoy, con
su derecho al voto universal o a la asocia-ción, han sido arrancadas en
conflagraciones sociales contra gobiernos dictatoriales e inclu-so frente a
gobiernos liberales. La democracia liberal permite mejores condiciones para la
ac-ción colectiva plebeya, pero, también, la propia acción colectiva plebeya es
la que permite el surgimiento de la democracia liberal. Y, como sucedió en gran
parte de Europa, la democracia liberal, y muchos de los avances sociales en el siglo
XX, fueron la manera de contener la in-fluencia de la Revolución soviética en
el movi-miento social europeo.
Que de la ineludible oligarquización de la política, con el tiempo, se
pase a la privatiza-ción de los bienes públicos no es una falla, sino una etapa
lógica de la consolidación de la pro-pia democracia liberal. La propia
jibarización de la soberanía estatal para dar paso a la sobe-ranía de los
mercados globales muestra hasta qué punto la liturgia liberal de la
representa-ción agregativa es cada vez más una impostura teatralizada en el
altar de un decisionismo po-lítico de los flujos transfronterizos del capital y
las mercancías. Por eso, cuando en los años ochenta del siglo XX se consolida
el matrimo-nio del modo de acumulación de libre mercado con el modo de
dominación de la democracia liberal, lo que resulta es una natural
homolo-gación de las prácticas sociales similares que tienden a seguir
empoderando a los más po-derosos. De ahí que, como lo han demostrado Elsässer,
Hense y Schäfer para Estados Unidos y Europa, es una regla irresistible de la
demo-cracia liberal el contubernio de intereses econó-micos entre las élites
empresariales y políticas al momento de la aprobación congresal de le-yes
(Elsässer, Hense y Schäfer, 2018; Elsässer y Schäfer , 2023).
La igualdad y sus múltiples agraviados
Roto el pacto social del Estado social debido a la crisis económica
mundial de los años setenta del siglo pasado, todas las experiencias de
pri-vatización de empresas públicas, de recursos naturales, de desmantelamiento
de derechos laborales, de reducción impositiva a los ricos, de transferencia de
dinero público a empresas privadas que asolaron gran parte del mundo han venido
de la mano de regímenes políticos democrático-representativos, incluidos los de
reciente data de Europa del Este y Rusia.
En América Latina, la apropiación priva-da de lo público no formaba
parte de los re-clamos democráticos por los que la gente se movilizó contra las
dictaduras. Los múltiples movimientos de derechos humanos, los diver-sos
movimientos obreros, vecinales, juveniles y campesinos que reconquistaron las
libertades democráticas en los años ochenta pelearon por su derecho a
organizarse y opinar sin ser encar-celados o asesinados, por su derecho a
protestar contra el abuso patronal sin correr el riesgo de ser luego desaparecidos,
por su derecho a mejo-rar colectivamente sus condiciones de vida. Que estos
reclamos luego se materializaran bajo la forma de un tipo de democracia
representativa era una posibilidad, pero no era ni la única ni la exclusiva
forma política de su realización. Sin embargo, la oleada global neoliberal
venía ya con un ímpetu arrollador. El estatismo desarro-llista no tenía ya
herramientas para remontar la crisis de la deuda y la inflación. Los organismos
internacionales de crédito y los gobiernos más poderosos entonaban la misma
balada de pri-vatización y recorte del Estado social, en tanto que las
izquierdas solo atinaban a arroparse en el pasado estatista, tal vez ahora más
extendido; en realidad, carecían de un proyecto de futuro. El neoliberalismo se
presentó como el futuro y, con la caída de la Unión Soviética, como el úni-co
camino posible. Libre mercado y democracia liberal eran el glorioso destino
final del progre-so de la humanidad.
EL AGRAVIO A LA PLEBE
Cuarenta años después, los datos expresan elocuentemente esta gran
estafa. Entre 1977 y 2022, el salario de un trabajador medio es-tadounidense
creció en total 15 %; en cambio, el de los directores ejecutivos, un 1209 %. La
diferencia entre los ingresos de ambos, que en 1980 era de 30 veces en favor
del ejecutivo, en 2022 pasó a ser 344 veces (Bivens y Kandra, 2023). Hoy, el 10
% de los norteamericanos po-seen el 76 % de la riqueza, y el 50 % pobre, solo
el 1 % (Deaton, 2023). Para Europa, Piketty ha mostrado que el 10 % de la
población más rica ha pasado de controlar el 28 % de la renta na-cional en 1980
a ser propietaria del 36 % en 2020 (Piketty, 2019, p. 48). En América Latina,
en el mismo periodo, las cosas han sido peores: entre 1980 y 2005 no solo la
desigualdad, ya para entonces escandalosa, ha pasado del 0,5 al 0,52 en la
escala de Gini, sino que, además, la pobreza pasó del 34 al 45 % de la
población. El resultado económico de la fusión del neoli-beralismo con la
democracia liberal no ha sido afortunado.
Sin embargo, se dirá que, en los últimos treinta años, en el mundo la
pobreza se ha redu-cido drásticamente del 36 % al 9 % entre 1990 y 2020 (World
Bank, 2022). Si bien esto es cierto, su principal causa es el crecimiento de
China, que no es precisamente un modelo de democra-cia liberal. Entre 1980 y
2020, China ha sacado a 800 millones de sus habitantes de la pobre-za (World
Bank y DRC, 2022), en lo que fue la reducción de la miseria más rápida y
numerosa que registra la historia humana.
Con estas cifras, la democracia liberal no tiene mucho de que
enorgullecerse en cuanto a bienestar económico de los ciudadanos que se cobijan
en ella. Si tuviera que resaltar algún emblema, sería la reducción de los
impuestos a los ricos y la brutal contracción de la propiedad pública. En el
primer caso, pasó, en Europa, del 70 % en los años setenta al 48 % en 2020, y,
en Estados Unidos, del 72 % al 35 % (Piketty, 2019, p. 652). En cuanto a la
propiedad pública, fue de moverse entre el 15 al 30 % del capital total en los
años setenta del siglo XX, a fluctuar entre el 0 y 5 % en la década del 2020
(p. 726).
No resulta extraño, por tanto, que en los úl-timos años el malestar
social y la desafección por la democracia se expanda por el mundo entero. ¿Si
la democracia no llega a los bol-sillos, por qué habría de reclamarse un apego
popular a ella? La gente no come ni mejora sus derechos sociales con la
proclama de los “valo-res” liberales, más aún cuando sus defensores
occidentales los pisotean cuando de negocios y cálculos geopolíticos se trata;
por ejemplo, financiando golpes de Estado para contener al supuesto “comunismo”,
como en Chile con Pi-nochet, o apoyándose en monarquías absolu-tas, como Arabia
Saudita para contener a Irán, entre otros casos.
El desencanto con la democracia liberal tiene, por tanto, un fundamento
material. Ella no ha podido, y quizá nunca podrá, democrati-zar la riqueza. Al
contrario, fomenta su mayor concentración hasta un punto tal que rompe los
márgenes sociales de tolerancia moral ha-cia las desigualdades. El retroceso de
la adhe-sión democrática no es un problema de “falta de conciencia” de los
pueblos, ni de errores pe-dagógicos, ni mucho menos de derivas autori-tarias.
Si fuera así, el problema del desapego se resolvería con propaganda y sermones.
Es un tema de bienestar, de economía, de igualdad material y social. Si la
democracia liberal no resuelve los temas que agobian a las socieda-des, es
inevitable que las personas asuman la democracia como un agravio y busquen otras
opciones de organización política que les de-vuelvan la esperanza en mejores
condiciones de vida.
Si nos fijamos con atención en las medi-ciones de lealtad democrática,
los momentos de mayor apego y confianza en ella son cuan-do está asociada a los
avances en materia de igualdad, cuando se amplían derechos, cuando se
redistribuye la riqueza, cuando mejora la sa-lud y la educación públicas,
etcétera. Entonces es cuando la gente ve que la democracia toca sus bolsillos,
abre las puertas de las fábricas y del reconocimiento, como sucedió durante la
primera oleada progresista latinoamerica-na entre los años 2004 y 2015. Durante
esos años, la economía creció por encima del 3,1 %, la desigualdad se redujo
del 0,52 al 0,46 en la escala de Gini, la pobreza se contrajo del 45 al 29 %
(CEPAL, 2018). Setenta millones de lati-noamericanos salieron de la pobreza. Las
clases sociales de ingresos medios crecieron del 21 al 34 %, el consumo popular
aumentó, el ahorro mejoró y, con todo ello, también el respaldo a la
democracia. Pero todos estos avances no fueron el resultado directo de la
vigencia de la demo-cracia representativa, sino de otras democracias que
empujaron e impusieron en las calles, en las revueltas, en los debates públicos
y, luego, en las urnas, esas reformas. Ellas crearon la agenda de igualdad en
los imaginarios colecti-vos, lo que luego dio paso a la emergencia de liderazgos
y partidos con la suficiente legitimi-dad como para ganar elecciones y cumplir
esas disponibilidades.
Las agendas de igualdad siempre son de-mocratizaciones plebeyas que
cambian el sen-tido común de las sociedades y predisponen a cambios políticos
institucionales. Son estas democracias plebeyas, de mujeres, de indíge-nas, de
pobladores, de obreros y jóvenes, las que alumbran otros cursos de acción
posibles que luego crean nuevas mayorías electorales para su realización
gubernamental. El progre-sismo fue eso: un movimiento que, al mejorar las
condiciones de vida de las mayorías, retri-buyó exitosamente las expectativas
que sobre él habían depositado las clases menesterosas. El ciclo virtuoso de
reformas por la igualdad sería tanto más duradero y profundo cuanto más las
diversas formas de acción colectiva, es decir, de institutos democráticos
plebeyos em-pujaran, guiaran o disciplinaran a los gobier-nos
nacional-populares electos. Pero cuando esas mejoras materiales se detuvieron
o, peor, retrocedieron, la frustración y la decepción se apoderaron de los
sentimientos colectivos.
Durante más de una década, la gente había asociado bienestar y
participación con demo-cracia y Estado redistribuidor; si ese bienestar y esa
participación se detenían o, peor aún, se comprimían dramáticamente, democracia
y Estado no podían menos que hundirse en la escala de valores de una parte significativa
de las clases subalternas.
La gente apoya a las izquierdas y los progre-sismos porque ha
experimentado en carne pro-pia el maltrato y el empobrecimiento neolibe-ral.
Pero si el progresismo que llega al gobierno prometiendo bienestar y protección
no cumple lo que prometió o empeora las condiciones de vida de las clases
populares, lo que se produ-ce inicialmente es un colapso cognitivo de las
adhesiones y esperanzas. El estupor se apodera de todo, las creencias se
diluyen, el desánimo y la desafección inundan todo. Los humildes se sienten
traicionados y, luego, buscan no solo aferrarse a cualquier solución nueva que
les de-vuelva la certidumbre imaginaria de un porve-nir, sino, además, algunos
quieren sancionar a quienes los defraudaron.
El apoyo de sectores populares a soluciones de derecha autoritaria y en
ocasiones, antidemocráti-ca, será la vía para exteriorizar ese enojo colectivo.
No es que el pueblo se haya vuelto neoliberal ni que anhele perder los
derechos conquista-dos a lo largo de siglos, pero si la democracia y el
progresismo no significan avances en términos de igualdad material y social, la
búsqueda de otras opciones in-dividualistas y autoritarias está servida.
El abandono de la agen-da plebeya de la democracia como igualdad ha de
engendrar monstruos que amenazarán con devorar a la sociedad. Ya sea por la
vía de la oligarquización del poder, de la con-centración de la riqueza
o del fracaso progre-sista, la pasión por la desigualdad y el autori-tarismo
emergerán de las entrañas de la propia democracia liberal y de su empleo como
mera selección competitiva de élites.
EL AGRAVIO A LOS PRIVILEGIOS
En ocasiones, paradójicamente, la propia apli-cación de la
democratización económica tam-bién engendrará tendencias autoritarias, como si
la igualdad tuviera un costo social que se debe asumir. A diferencia de las
anteriores desdemocratizaciones liberales, en este caso es la propia ampliación
sustantiva de la de-mocracia, o lo que Rancière (2011) denomina “la parte de
los que no tienen parte”, la que generará reacciones mezquinas de defensa de
privilegios y de minorías, proporcionalmente hablando.
Un ejemplo de ello son las derivaciones polí-ticas de lo que Milanović
denomina la “curva de elefantes”, esto es, la modificación mundial de los
ingresos. En las últimas décadas, las econo-mías de bajos ingresos y densamente
pobladas han tenido un incremento de los ingresos de sus clases menos
favorecidas mayor –en términos proporcionales– que los incrementos en los
ingresos de las clases medias de las economías desarrolladas. Esta situación se
debe fundamen-talmente al crecimiento de China y la India. En tanto que, en
contraparte, el 10 % más rico de las economías “avanzadas” han visto
disminui-das sus rentas. Las mediciones globales com-prueban que las clases
populares y medias de las economías occidentales que durante un si-glo ocuparon
la posición media alta y alta de los ingresos mundiales ahora están
retrocediendo. Si se considera que cero representa un momen-to de igualdad
absoluta, en la que todos los ha-bitantes del mundo tienen los mismos ingresos,
y cien simboliza la situación hipotética en la que una sola persona concentra
todos los ingre-sos, por ejemplo, un ciudadano pobre de Nor-teamérica que en
1988 ocupaba el percentil 74 (alto) de los ingresos mundiales, en 2018 ocupa el
percentil 67. De la misma manera, un italiano de ingresos medios ha visto caer
su posición 20 puntos durante el mismo periodo. En general, se evidencia un
declive en el rango global de riqueza de los sectores medios y pobres de los
países occidentales. En contraparte, un ciudada-no medio chino, que en 1988
ocupaba el percen-til 35 (bajo) de la riqueza mundial, ha alcanzado el
percentil global 70 en 2018 (Milanović, 2023).
Así, pareciera que las clases medias y bajas de Occidente están siendo
gradualmente despla-zadas en su jerarquía mundial y en el acceso a bienes
globales (eventos culturales, vacaciones, innovaciones tecnológicas, etc.), por
una nue-va clase media global proveniente de los paí-ses asiáticos. A medida
que ciertos consumos globales se están volviendo inaccesibles para estas clases
populares y medias occidentales, la sensación de “pérdida” se acrecienta y da
pie a un espacio de disponibilidad para el crecimien-to de discursos de odio,
patrioteristas y antimi-grantes. Los avances en igualdad, en este caso global,
generan un contramovimiento antiigua-litario, en esta ocasión en el llamado
Occidente. De aquí que no sea extraño que las narrativas polarizantes, antiigualitarias
e incluso iliberales recluten muchísimos adeptos.
A una escala mucho más reducida, lo que ha acontecido en Bolivia durante
el golpe de Estado del 2019 tiene sus semejanzas. Desde la llegada de Evo
Morales al gobierno entre 2006 y 2019, cerca de un 30 % la población,
mayoritariamente indígena, pasó de la pobre-za a percibir ingresos medios. El
salario mí-nimo se multiplicó por cinco, el crecimiento económico se estabilizó
en torno a un 4,5 % anual y la desigualdad paso de 0,58 a 0,41 en la escala de
Gini (UDAPE, 2019). Sin embargo, desde inicios del gobierno, sectores de clase
media tradicional, vinculados a profesiones li-berales y a la antigua
administración pública, se posicionaron desde una irreductible oposi-ción
política y, con el tiempo, asumieron un antagonismo cultural militante a todo
lo que el gobierno de indígenas representaba. Pese a que en catorce años no
habían sido objeto de ninguna temida expropiación de bienes, ha-bían mejorado
gradualmente sus ingresos sa-lariales y hasta había aumentado su capacidad de
consumo y ahorro, en 2019 salieron a las calles, realizaron paros y protestas,
quemaron ánforas electorales, apoyaron el nombramien-to de una presidenta sin
sesión en el Congreso, legitimaron la masacre cometida por militares y policías
en contra de humildes pobladores que defendían al gobierno democrático y hasta
rezaron alrededor de cuarteles militares para que los uniformados instaurasen
una dictadu-ra militar.
Esta politización desdemocratizadora en-tre las clases medias
tradicionales bolivianas acontece por la pérdida de reconocimientos, de
exclusividades, de cargos y contrataciones esta-tales anteriormente asequibles
de manera “na-turalizada” por origen social, abolengo y lealtad étnica. Estos
son bienes y recursos que ahora están a disposición de muchas más personas,
procedentes de orígenes sociales e identidades étnicas diferentes, como las
naciones indígenas. La instauración de un Estado plurinacional ha significado
un raudo ascenso socioeconómico de sectores indígena populares y ha
posibilita-do la eliminación de la designación por origen social en la
totalidad de las jerarquías de la bu-rocracia estatal que, además, debido a las
políti-cas de nacionalización, ahora controla cerca del 35 % del PIB nacional.
El Estado ha trastocado los títulos de legitimación para optar a un pues-to
laboral (ministerios, diputaciones, sistema de justicia, embajadas, empresas
públicas, etcéte-ra) o la adjudicación de obras públicas. Si antes contaban un
apellido de origen extranjero, re-des de amistad endogámicas, un título de
pos-grado, el color de piel blanqueado (el capital ét-nico); ahora cuenta
muchísimo más la filiación a un sindicato obrero o campesino, saber hablar debe
continuar. Pero aymara o quechua o moverse en las redes de lealtad étnica de
las comunidades indígenas.
El ascenso económico de sectores populares e indígenas, con la
consiguiente devaluación de la etnicidad criollo-mestiza para acceder a
re-conocimientos, contrataciones y nombramien-tos públicos, ha significado un
avance extraor-dinario de la igualdad social. Esto es algo que estos avances de
justicia social y democratización económica también han desper-tado odios
viscerales y resenti-mientos morales de unas clases medias tradicionales que
viven esta ampliación de derechos co-lectivos como una expropiación imperdonable
de su estatus so-cial, de sus privilegios de sangre y color de piel heredados
de sus padres y abuelos. Para ellas, la igual-dad es un agravio al orden
naturalizado de la sociedad y su rebelión es el alarido político de los
frustrados (Turchin, 2023).
Nos encontramos, entonces, con que la de-mocracia entendida como
igualdad también tiene sus costos políticos y polarizaciones. Aun cuando se
produce una mejora en los ingresos económicos de las clases medias y altas, el
re-troceso en sus jerarquías y antiguos privilegios debido a políticas de
igualdad produce en ellas sensaciones de “pérdida” y desquiciamiento del orden
moral de la sociedad por intrusión de sectores “igualados”. Sin embargo, a
diferencia de las derivas autoritarias y monopólicas que fomenta la democracia
liberal, estas últimas son fruto de la propia expansión sustantiva de la
de-mocracia, de logros en justicia social y pueden ser atenuadas con aún más
políticas democrati-zadoras aplicadas esta vez sobre los recursos de las élites
más enriquecidas, impuestos progresi-vos sobre las fortunas, redistribución de
la gran propiedad, entre otras opciones. Además, los hechos relevantes de estos
avances en la igual-dad no vienen precisamente de las instituciones
democrático-liberales. En el caso de los avances recientes en materia de
igualdad global, estos vinieron de la mano de un sistema político de partido
único adherido a un Estado productor (China). En el caso de la igualdad en
Bolivia, esta se produjo a partir de una insurrección indígena que permitió
ocupar y transformar el aparato de Estado.
EL AGRAVIO A LOS AUTORITARIOS
Finalmente, hay que considerar el agravio que las políticas democráticas
igualitarias represen-tan para las élites liberales. En tiempos de crisis
económica y de legitimación política de nuevos sujetos sociales es natural que
los consensos po-líticos se fragmenten y que las viejas élites polí-ticas
diverjan sobre las maneras de mantener la dominación social. Una parte de las
derechas se radicalizará (Mudde, 2021) y buscará retornar al viejo orden, solo
que ahora, para ello, en vez de la seducción, hará uso de la sanción, el
castigo o la venganza hacia quienes considera que son los maliciosos
responsables de este desorden no solo económico sino también moral: sindicatos
“ambiciosos”, migrantes que “arrebatan” em-pleos, mujeres que “exageran” en sus
derechos, indígenas “igualados”, un Estado que roba a los emprendedores,
comunistas que encarnan al demonio en la tierra, etcétera. Sin comprender que
el debilitamiento del proyecto neoliberal es el resultado de sus propios
límites, buscarán en el disciplinamiento feroz de los díscolos la llave para
que la sociedad pueda retornar al or-den y a los viejos valores morales. Se
trata de derechas autoritarias, cada vez más antidemo-cráticas y racistas,
claramente fascistizadas, que buscan canalizar el miedo social a la ausencia de
futuro hacia la venganza y el castigo y reem-plazan el convencimiento por la
imposición que es propia de los proyectos decadentes. Añoran la vieja
estabilidad del mercado, aborrecen los derechos cristalizados en el Estado, les
indigna la igualdad porque consideran que eso destruye las jerarquías sagradas
de la empresa, la familia y la servidumbre individual. Son melancólicos de un
imaginado e idílico pasado mercantil en el que los capaces tenían lo suyo y los
fracasados, el desprecio merecido de la marginalidad. Pero, si antes creían que
la autoridad del mercado era fruto del convencimiento y de su superioridad
histórica sobre el Estado, ahora consideran que hay que imponerla, a palos si
es necesario. Creen que la democracia ha premiado a una mayoría incompetente e
ignorante a la que, por salud pública, hay que hacer entrar a la fuerza a las
virtudes del individualismo, el mercado y la ley del más fuerte. La democracia
les parece un exce-so; los derechos, un exabrupto; y la igualdad, un insulto.
Por eso, cuando pueden, asaltan los par-lamentos, como en Estados Unidos o
Brasil. Si es necesario, están dispuestos a masacres y golpes de Estado, como
en Bolivia. No son demócratas por convicción, sino por utilidad táctica.
Por todo ello, estas derechas antidemocrá-ticas y antiigualitarias no
son una excrecencia parasitaria de la democracia liberal, sino la desembocadura
inevitable de las aberrantes in-justicias que se acumulan en el tiempo.
Democracia compuesta
El debilitamiento del apego democrático de las sociedades no es, por
tanto, un tema transitorio sino estructural. La abstención electoral, la
co-rrosión de los mecanismos representativos en la toma de decisiones, el apoyo
a otros regíme-nes de gobierno no democráticos y el respaldo a propuestas
autoritarias son los síntomas de un declive histórico institucional de la forma
do-minante de la democracia, a saber, la democra-cia representativa liberal
que, por sí misma, no puede subsanar esa pendiente porque emerge de sus propias
cualidades intrínsecas. Lo peor es que este marchitamiento demoliberal amena-za
con devaluar también otras formas democrá-ticas alternativas existentes.
Es lógico: si a las autoridades electas no les importa el sufrimiento
económico o social de los votantes, ¿por qué ellos habrían de confiar en la
importancia de su voto o la eficacia bené-vola de la autoridad? No tienen
motivo alguno para hacerlo. Si las dificultades de la vida diaria no merman o
incluso se agravan con cada nueva votación, ¿por qué los votantes habrían de
tener entusiasmo por participar en las elec-ciones? Si la selección de
autoridades es reite-rativamente una mera competencia por cargos públicos de un
puñado de allegados, ¿por qué el vecino desempleado habría de defender las
anquilosadas instituciones representativas?
Esa es la fuente del problema. Cuando la de-mocracia abandona la misión
de la igualdad y se concentra mezquinamente en los “principios y valores”, tal
como lo hace contemporáneamente la democracia representativa liberal, se mutila
el ideario democrático de la sociedad que ve cómo solo unos diminutos grupos
que viven de la rosca política se benefician con los mentados “valores y
principios”.
En la memoria popular, la “democracia ver-dadera”, como la llamaba Marx
(1982, p. 344), fue y debiera ser una creciente mejora de las condiciones de
vida de las mayorías, de su in-fluencia diaria en los asuntos comunes y la
seguridad de saber que a sus hijos les iría me-jor todavía. Fue y debiera ser
un horizonte predictivo de bienestar y protagonismo social.
Democracia, en los momentos de lealtad hacia ella por parte de las
mayorías populares, fue po-der comer mejor que la semana pasada sin que otros
comieran peor; fue tener una remunera-ción laboral mejor que el mes an-terior
sin que otros acapararan fortunas para los cien años veni-deros; fue recibir
una educación y salud mejores que el año ante-rior; fue comprobar que su traba-jo
y su derecho eran similares a los de los demás; fue saber que su preocupación,
su dignidad y su voz cotidiana contaban a la hora de definir el destino
colectivo. Es decir, fue la ruta de la igualdad.
Y está claro que para alcanzar ese mínimo de convivialidad gratificante,
la democracia repre-sentativa ya no basta.
¿Significa esto que hay que arrojar la demo-cracia representativa al
basurero de la historia? No, en absoluto. La democracia representativa liberal
forma parte de los artefactos políticos que las sociedades contemporáneas han
creado para organizar la vida en común. Es una con-quista histórica frente a
las dictaduras y las di-nastías. En ella está amalgamada la historia de las
libertades individuales básicas de las perso-nas para asociarse sin coacción,
para pensar lo que quieran sin miedo a ser exterminadas, para poder participar
regularmente en la elección de autoridades. Y esa es la base mínima
indispen-sable de cualquier otra forma de gobierno que supere con más
democratización a la democra-cia representativa.
Pero, a la vez, está claro que la misión de la igualdad material, pilar
de la adhesión demo-crática de las mayorías sociales, no emerge del
igualitarismo formal y decorativo que impulsa la democracia liberal. La demanda
de igualdad sustantiva viene de otros tipos de familias de-mocráticas plebeyas.
Viene de la comunidad agraria que pone límite a la propiedad indivi-dual y
continuamente atempera las diferencias redistribuyendo la riqueza concentrada.
Vie-ne de los sindicatos laborales que en la pugna salario-ganancia buscan
acortar las diferencias entre lo que se apropia el patrón y lo que queda para
los trabajadores, además de democratizar la toma de decisiones y la propiedad
de la em-presa. La igualdad viene de los movimientos so-ciales disruptivos que
siempre son portadores de horizontes universales, ya sea para recupe-rar la
propiedad común de recursos naturales o empresas estratégicas, o para para
ampliar un nuevo derecho, un reconocimiento o una redistribución de la riqueza
social. Se trata de otras formas políticas de democracia, porque la gente
participa, delibera, toma determinados asuntos que la afectan en sus manos para
re-solverlos; incluso de modos flexibles de repre-sentación sin delegación del
poder, pero que se organizan en torno a principios igualitarios de
democratización de recursos materiales o de reconocimientos.
Igualmente, el protagonismo político de la sociedad, en el que la gente
de a pie es reconocida cotidianamente como portadora de ideas, de
preocupaciones y soluciones a los temas que la afectan, no viene del voto
mercadeado cada cinco años a cambio del posterior silen-cio sepulcral propio de
la democracia liberal. Las personas no son números que solo sirven para ser
recontados en cada elección nacional, son seres vivos que producen
continuamente ideas, que desean ser tomados en cuenta tantas veces como los gobernantes
quieren decidir los asuntos medulares de la vida en común. Y ello siempre viene
de la mano de las múltiples es-tructuras moleculares de la sociedad; viene de
la mano de sus demandas movilizadas, de sus asambleas barriales, de sus marchas
de protesta, de sus levantamientos, estallidos e insurreccio-nes. Todas ellas
son maneras de protagonismo plebeyo de la sociedad que, bajo formas
con-tingentes de democracia directa y democracia representativa no
autonomizada, sin mucho es-fuerzo, pueden ser complementadas y canaliza-das
mediante formas de codecisión gubernativa y protagonismo comunicativo
institucional a través de las plataformas tecnológicas de infor-mación,
consulta, cabildeo y decisión.
Para recuperar las confianzas colectivas, la democracia necesita
democratizarse con las múltiples formas de participación de la plebe en acción.
No se trata de especular ociosamen-te con recetas normativas de lo que
“debiera” ser la democracia. Ese es un impotente y vano ejercicio mental. Solo
se trata de desbloquear lo existente, de liberar la energía constituyente y gubernativa
de las múltiples formas de demo-cratización plebeyas, directas y
representativas existentes frente a nuestros ojos. Se trata de una operación de
coexistencia decisional de coges-tión y codeterminación gubernativa de varias
formas democráticas, incluida la democracia liberal, y de otras que podrán
emerger con el tiempo. Es decir, se trata de dar paso a la demo-cracia como
cogobierno compuesto por múlti-ples democracias.
Con ello, se desbloquea una realidad multi-democrática de las sociedades
que, hasta aho-ra, para manifestarse frente a un minimalismo demoliberal
atrincherado en sus feudos oligar-quizados, ha tenido que irrumpir como
levanta-miento o estallido social. Además, la misión de la igualdad como
práctica democrática sustantiva dejará de ser una retórica abstracta, o una
mera buena intención pasajera, para sostenerse en el propio impulso de la
sociedad en la gestión de las cosas comunes que ha heredado, que tiene y desea
tener mañana en su vida en común.
No se trata de estatizar la acción colectiva y los movimientos sociales.
Esa sería la muerte de estas formas de democratización plebeyas. La fuerza de
estas experiencias democráticas radica en que surgen por fuera del Estado. A
veces contra el propio Estado. Pero, tal como la historia de las luchas
sociales demuestra a lo largo de estos siglos, estas expresiones de
aso-ciatividad no estatal siempre han inscripto en el propio ordenamiento
estatal de leyes, decretos, presupuestos e instituciones, los breves e
inten-sos momentos de sus victorias y los largos y re-currentes momentos de sus
derrotas. Ahora lo que se trata es de inscribir estas pulsiones igua-litarias y
democratizadoras de la autonomía de lo social como parte de la continua
democra-tización de las decisiones gubernamentales. Y como el Estado es la
cristalización de lo común de una sociedad, solo que por monopolios con efecto
vinculante, de lo que se trata es de cons-truir institucionalidades
gubernativas, flexibles y sensibles, capaces de articular estas múltiples
formas de deliberación y decisión social al me-nos en la codecisión de los
temas centrales que afectan la vida material del conjunto de la so-ciedad. Se
trata de andar por un camino donde la autodeterminación social se mira en lo
que esta tiene de antagonismo hacia el Estado, pero también en su tensionada
complementariedad y codeterminación gubernativa.
Y está claro que esta composición igualita-rista de democracias no será
fruto de una astu-cia gubernamental: como siempre, será, en caso de darse, una
obra de la propia acción colectiva y protagónica de la sociedad. En otras
palabras, la salvación de la democracia no vendrá de la mano de quienes hacen
de ella un negocio po-lítico de oligarquías. El renacimiento democrá-tico, como
siempre, será una obra de la propia insurgencia democrática de la sociedad,
espe-cialmente de sus clases menesterosas.
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La democracia liberal está
en crisis. Su debilitamiento no es un tema transitorio sino estructural,
producto del vínculo esencial entre esta forma dominante de representación y la
economía de libre mercado. El creciente respaldo popular a propuestas autoritarias
de ultraderecha es solo el síntoma más saliente de este retroceso histórico
institucional. Frente a tal horizonte, este provocador ensayo de Álvaro García
Linera nos invita a recuperar y potenciar las formas democráticas alternativas
que anidan en las múltiples luchas e insurgencias populares de nuestro presente
y nuestra historia para imaginar otros tipos de familias democráticas plebeyas
que reorganicen el sentido del mundo.
La biblioteca Masa Crítica
pone a disposición de las y los lectores un conjunto de textos esenciales para
interpretar las nervaduras del presente y desplegar las capacidades colectivas
para transformarlo.
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