Libro N° 8156. La Capacidad Política De La Clase Obrera. Proudhon, Pierre-Joseph.

 

© Libro N° 8156. La Capacidad Política De La Clase Obrera. Proudhon, Pierre-Joseph. Emancipación. Enero 9 de 2021.

Título original: ©  La Capacidad Política De La Clase Obrera. Pierre-Joseph Proudhon

 

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LA CAPACIDAD POLÍTICA DE LA CLASE OBRERA

Pierre-Joseph Proudhon  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Capacidad Política De La Clase Obrera

Pierre-Joseph Proudhon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indice

 

Presentación por Chantal López y Omar Cortés.

 

Nota introductoria por Gustavo Chandey.

 

Respuesta de Proudhon a algunos obreros de París y Ruán.

 

Capítulo 1.

 

Capítulo 2.

 

Capítulo 3.

 

Capítulo 4.

 

Capítulo 5.

 

Capítulo 6.

 

Capítulo 7.

 

Capítulo 8.

 

Capítulo 9.

 

Capítulo 10.

 

Capítulo 11.

 

Capítulo 12.

 

Capítulo 13.

 

Capítulo 14.

 

Capítulo 15.

 

Capítulo 16.

 

Apéndice.

 

Manifiesto de los Sesenta obreros del Sena.

 

Carta de Amiens.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indice

 

La obra que aquí publicamos, La capacidad política de la clase obrera, escrita en 1864, constituye una obra póstuma del gran teórico libertario francés Pierre-Joseph Proudhon. En ella, podemos leer al Proudhon maduro, al Proudhon sumamente preocupado en combatir las, a la sazón, predominantes tendencias centralizadoras, autoritarias, monopólicas, en un mundo que avanzaba a agigantados pasos hacia concepciones totalizantes en las que la conformación de un omnímodo poder central parecía ser inevitable.

 

Proudhon bien se percataba de ese desarrollo, de ahí que buscase de manera desesperada intentar frenarlo. Sus conceptos, materializados en la visión teórica de su idea central del derecho económico, constituíase en la más clara manifestación de su actividad en pro del fortalecimiento de alternativas vivas para todo individuo y grupo social.

 

No debemos pasar por alto el importante hecho de que este libro, La capacidad política de la clase obrera, lo escribe motivado por una consulta que le hicieron un grupo de obreros, a quienes responde intentando clarificar conceptos e iluminar caminos y senderos.

 

Es por esta razón que esta obra en mucho rebasa los estrechos marcos de un escrito político circunscrito en los parámetros de lo que podríamos llamar activismo obrerista. Básicamente, y aunque cause extrañeza, esta obra más que política, es una obra jurídica, una obra en la que Proudhon da rienda suelta a su interpretación del derecho económico en cuanto orden garante de la justicia económica.

 

Tres son los pilares de ese derecho económico que Proudhon expone:

 

1. El mutualismo, base incuestionable e insustituible del concepto mismo del derecho económico;

 

2. La confederación, manifestación política de ese mismo mutualismo;

 

3. La autogestión, garantía consubstancial del funcionamiento práctico, en la sociedad viva, del ideal mutualista.

 

Así, en la medida en que un grupo social es capaz de alcanzar la conciencia de sí y para sí, (léase: capaz de autogestionarse), la permanencia del derecho económico, y por tanto, de la justicia económica, quedará plenamente garantizada.

 

Considerando a la clase obrera, como él mismo aquí lo apunta, la personificación del Paracleto o advocatus, esto es, de ese personaje mítico que según algunas corrientes cristianas-milenaristas, deberá venir a continuar la tarea de la redención que Jesucristo no pudo terminar, Proudhon pone un máximo empeño en demostrar la plena posibilidad de que la clase obrera sea capaz de conjugar en sí misma esa loable tarea de la redención de las sociedades humanas contemporáneas.

 

La riqueza de esta obra es palpable, ya que sus análisis abarcan aspectos jurídicos, económicos y sociales.

 

Para los tiempos actuales, la lectura de esta obra se vuelve imprescindible, ya que nos permite comprender, no obstante haber sido escrita hace ya casi un siglo y medio, el entorno bajo el cual vivimos y, particularmente en México, donde se ha instaurado, en cuanto alternativa a la carencia de oportunidades de empleo, la promoción de los changarros (es decir del autoempleo mediante el fomento a la creación de pequeños comercios, industrias familiares y pequeñas empresas prestadoras de servicios), la tesis del derecho económico y su indiscutible pilar, el mutualismo, vuelven a tener vigencia en cuanto posibilidad viva en la sociedad contemporánea.

 

Es de esperar, que todo aquel que lea esta edición virtual, extraiga de tal lectura elementos que le ayuden a comprender mejor una posibilidad de desarrollo, capaz de desbaratar el perverso camino hacia el totalitarismo globalizante.

 

Chantal López y Omar Cortés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras introductorias

 

He recibido de Proudhon, algunos días antes de su muerte, la tarea de efectuar, sobre esta obra dejada por él en pruebas y a la cual daba una importancia particular, el trabajo de revisión minucioso que hacía con su editor para cada una de sus publicaciones. No tengo necesidad de decir que me he entregado a esa obra con todo el cuidado que me exigía el recuerdo de su amistad y el respeto a su talento. Cada una de las líneas de este libro ha sido cotejada por Dentu y por mí con el texto manuscrito y las correcciones indicadas sobre las galeras por el mismo Proudhon. Así el lector tendrá a la vista el propio texto del autor, salvo el último capítulo, la Conclusión, que él quería -de acuerdo con su costumbre- redactar a último momento, después de haber leído en pruebas de páginas todo su libro. Esa parte debía formar, según su intención, de doce a quince páginas, que no hubiesen sido sin duda las menos elocuentes de la obra. Esas páginas ¡válgame Dios!, soy yo el que ha tenido que escribirlas y no sabría decir la turbación que me embarga el tener que decírselo al lector. He sido encargado expresamente por Proudhon -que no ha cesado de ocuparse de su libro hasta los últimos momentos- de ese trabajo, recibiendo al efecto de él, en una conversación decisiva de varias horas, las recomendaciones a las cuales me he ajustado estrictamente, de acuerdo con notas tomadas en su presencia. Espero que el público lector sea indulgente conmigo por una colaboración impuesta tan tristemente a mi amistad y de la que comprendo más que nadie toda la insuficiencia.

 

Gustavo Chaudey

 

Mayo de 1865.

 

 

 

 

 

 

 

El autor contesta a algunos obreros de París y de Ruán que le habían consultado sobre las elecciones.

 

Ciudadanos y amigos:

 

Ustedes me han inspirado esta obra y, por ello, les pertenece.

 

Me preguntaban hace diez meses qué pensaba del manifiesto electoral publicado por sesenta obreros del departamento del Sena (*). Deseaban, sobre todo, saber si después de haberse decidido en las elecciones de 1863 por el voto negativo, debían seguir en la misma línea de conducta o si, en razón de las circunstancias, podían apoyar con sus votos y su influencia la candidatura de un compañero digno de su confianza.

 

Sobre el pensamiento mismo del manifiesto no podía ser dudosa mi opinión, expresada con toda franqueza al acusar recibo de su carta. Mucho me he alegrado ciertamente de ver despertar el socialismo: ¿quién tenía en Francia más derecho a alegrarse que yo? No lo duden; estaba también de acuerdo con ustedes y con los Sesenta en que la clase obrera no está representada y tiene derecho a estarlo: ¿cómo no había de ser ésta mi manera de ver y de pensar? ¿La representación de la clase obrera -si fuese posible que la hubiera- no sería acaso hoy, como en 1848, bajo el punto de vista político y económico, la consagración oficial del socialismo? Pero de aquí a tomar parte en elecciones que hubieran comprometido la conciencia, los principios y el porvenir de la democracia, no se los he ocultado, ciudadanos, había un abismo. Y puedo añadir ahora que esa reserva que ustedes recibieron perfectamente, ha tenido después la sanción de la experiencia (1).

 

¿Cuál es hoy la situación de la democracia francesa, en otro tiempo tan arrogante y pura, que creyendo a algunos ambiciosos se ha imaginado de improviso que mediante un falso juramento iba a marchar de victoria en victoria? ¿Qué conquista hemos obtenido? ¿Qué nueva idea ha revelado nuestra política? ¿Qué triunfo ha venido después de dieciocho meses a señalar la energía de nuestros abogados ni a recompensar su oratoria? Hemos sido testigos de sus perpetuas derrotas, de sus debilidades. Engañados por su vano parlamentarismo, los hemos visto derrotados en casi todas las cuestiones por los oradores del gobierno. Y cuando no hace mucho, acusados ante los tribunales por delito de asociación y de reunión, se han tenido que explicar a la vez ante el país y ante el poder, ¿no se han confundido por esa misma legalidad a qué nos convidaban y de qué se hacían intérpretes? ¡Qué defensa más miserable! Después de tantos y tan ruidosos debates, ¿podemos negar al fin que en el fondo no tienen nuestros representantes otras ideas, otras tendencias ni otra política que la política, las tendencias y las ideas del gobierno?

 

Así, gracias a ellos; le sucede a la joven democracia lo que al viejo liberalismo, con el que se pretende que está en consorcio: el mundo empieza a separarse de ambos. La verdad, la libertad, el derecho no están más en uno que en otro partido. Se trata, pues, de revelar al mundo, Con testimonios auténticos, el verdadero pensamiento del pueblo; de legitimar sus aspiraciones de cambio y su derecho a la soberanía. ¿El sufragio universal es una verdad o una ficción? Se ha pensado en restringirlo nuevamente y es indudable que, fuera de los trabajadores, muy pocos lo toman en serio.

 

Se trata de manifestar a la democracia obrera -puesto que ha dado sus votos a hombres que no la representan, por carecer de la suficiente conciencia de sí misma y de su idea- bajo qué condiciones entra un partido en la vida política; cómo habiendo perdido las clases superiores de una nación el sentido y la dirección del movimiento, toca a las inferiores apoderarse de esa dirección y darle sentido; cómo, por fin, un pueblo que es incapaz de regenerarse por medio de la sustitución en el poder de unas clases por otras, está condenado a muerte. Se trata de hacer comprender a la plebe francesa que, si en 1869 tiene aún la peregrina idea de ir a ganar por cuenta de sus patronos otra batalla como la que les ganó en 1863, puede muy bien quedar aplazada su emancipación para dentro de medio siglo.

 

Porque, no lo duden, amigos míos: esa protesta mediante boletas en blanco, tan poco comprendida y tan mal recibida, de que el público, sin embargo, se preocupa siempre y el mundo político practica en todas partes; esa declaración de absoluta incompatibilidad entre un sistema vetusto y nuestras más caras aspiraciones; ese estoico veto, al fin lanzado por nosotros contra presuntuosas candidaturas, eran nada menos que el anuncio de un nuevo orden de cosas, nuestra toma de posesión como partido del derecho y de la libertad, el acto solemne de nuestra entrada en la vida política y la notificación al viejo mundo de su próxima e inevitable caída.

 

Les había prometido, ciudadanos, explicarme acerca de estas cosas; cumplo hoy mi palabra. No juzguen el libro por su extensión; hubiera podido reducirlo a cuarenta páginas. No encontrarán en él más que una idea: la Idea de la nueva democracia. Pero he creído útil presentar esta idea en una serie de ejemplos, a fin de que amigos y enemigos sepan de una vez lo que queremos y con quién tienen que entendérselas.

 

Reciban, ciudadanos y amigos, mi fraternal saludo.

 

P. J. Proudhon.

 

 

 

Notas

 

(*) Véase el Apéndice.

 

1) Proudhon imagina que el triunfo de la oposición, lejos de desagradar al gobierno, le resulta al contrario secretamente simpático. ¿No es en efecto el mejor expediente para disciplinar las fuerzas revolucionarias y evitar los peores desórdenes aceptar en el Cuerpo Legislativo una oposición cuyas manifestaciones no podrían ser peligrosas? Proudhon, en un trabajo suyo titulado, Los demócratas juramentados y los refractarios, pone en boca de la oposición esta sugestión dirigida al gobierno: Vuestra prudencia, Señor, sabrá comprender nuestra reserva y tener cuenta del sacrificio de esta fiel oposición. Nosotros hacemos algo mucho mejor en este momento que prestar juramento a vuestra Majestad; nosotros le damos seguridad de librarlo de molestias, restricciones y anomalías que paralizan el sufragio universal. (pág. 73).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1

 

La cuestión de las candidaturas de obreros, resuelta negativamente por las elecciones de 1863 y 1864, implica la de la capacidad política de los obreros mismos o, para servirme de una expresión más genérica, del pueblo. El pueblo, a quien la revolución de 1848 ha dado la facultad de votar, ¿es o, no capaz de juzgar en política? ¿Es capaz de formarse, sobre las cuestiones que interesan a la colectividad social, una opinión en armonía con su condición, su porvenir y sus intereses? ¿Es capaz de pronunciar, en consecuencia, sobre las mismas cuestiones sometidas a su arbitraje directo o indirecto, un fallo motivado? ¿Es capaz de constituir un centro de acción que sea la fiel expresión de sus ideas, sus miras y sus esperanzas y esté encargado de procurar la ejecución de sus designios?

 

Si lo es, conviene que el pueblo, en la primera ocasión que se le presente, dé prueba de esta capacidad. Primero, emitiendo un principio verdaderamente suyo, que resuma y sintetice todas sus ideas, como han hecho en todos los tiempos los fundadores de sociedades, y han tratado de hacer últimamente los autores del manifiesto. Segundo, manifestando la admisión de ese principio por medio de la conformidad de sus votos. Tercero -en el caso de hacerse representar en los consejos del país-, eligiendo por delegados a hombres que sepan expresar su pensamiento y sostener su derecho; hombres que le representen en cuerpo y alma y de quienes pueda decir sin riesgo de ser desmentido: Estos son los huesos de mis huesos y la carne de mi carne.

 

Si no ha de hacer esto, obrará cuerdamente encerrándose en su secular mutismo y, retrayéndose de las urnas, prestará un verdadero servicio a la sociedad y al gobierno. Renunciando a los poderes que le ha conferido el sufragio universal, probando así su buena disposición a sacrificarse por el orden público, hará algo más honroso y más útil que votar -a la manera de la mayor parte de los hombres de la burguesía- por ilustres empíricos que se vanaglorian de dirigir por medio de fórmulas perfectamente arbitrarias una sociedad que no conocen. Porque si el pueblo no tiene la inteligencia de su propia idea o después de haberla adquirido obra como si no la tuviese, carece de derecho para tomar la palabra. Deje en buena hora que los negros y los blancos voten unos contra otros y, como el asno de la fábula, conténtese con llevar su albarda.

 

Tal es la inevitable cuestión suscitada por las candidaturas de la clase obrera, cuestión a la cual es absolutamente indispensable contestar: el pueblo, ¿es o no capaz? Los Sesenta (1), preciso es felicitarles por ello, se han declarado valientemente por la afirmativa. Mas ¡qué oposición no han levantado, ya en los pretendidos órganos de la democracia, ya entre los candidatos, ya entre sus mismos camaradas! Lo más triste aquí ha sido la actitud de las mismas masas obreras en ocasión tan decisiva. Se ha publicado un contramanifiesto (2) en que ochenta obreros han protestado contra los Sesenta, diciendo que éstos no eran de modo alguno la expresión del pensamiento del pueblo, acusándolos de haber suscitado inoportunamente una cuestión social cuando no se trataba sino de una cuestión política, de sembrar la división cuando era preciso predicar la concordia y de restablecer la distinción de castas cuando más convenía refundirlas todas en una, y terminando con que, por el momento, sólo se debía pensar en la conquista de la libertad. Mientras no tengamos la libertad, decían, no pensemos más que en conquistarla. Descarto que esos obreros, como ciudadanos y como trabajadores, valiesen tanto como los otros; de seguro no tenían ni su originalidad ni su arrojo. Por las consideraciones en que se fundaban, pudo fácilmente verse que no hacían sino repetir las lecciones de La Presse, Le Temps y Le Siecle. Así no les faltaron las felicitaciones de Girardin y consortes.

 

El pueblo francés tiene accesos de una humildad sin igual. Susceptible y vanidoso al máximo, cuando le da por presentarse moderado, llega hasta la bajeza. ¿De qué nace sino que esa masa, tan celosa de su soberanía y tan ardiente para el ejercicio de sus derechos electorales, masa a cuyo rededor se arremolinan tantos candidatos de frac negro, que son sus cortesanos de un día, sienta tanta repugnancia a presentar sus hombres? ¡Cómo!, existen en la democracia, y no en pequeño número, personas instruidas, tan aptas para manejar la pluma como la palabra, entendidas en los negocios, veinte veces más capaces, y sobre todo más dignas de representarla que los abogados, los periodistas, los escritores, los intrigantes y los charlatanes a quienes prodiga sus votos, y ... ¡los rechaza!, ¡y no los quiere por sus mandatarios! ¡La democracia sintiendo aversión por los candidatos verdaderamente demócratas! ¡La democracia cifrando su orgullo en darse por jefes individuos que tengan cierto tinte aristocrático! ¿Piensa, de esa manera, ennoblecerse? Si el pueblo está maduro para ejercer la soberanía, ¿de qué nace que se oculte constantemente detrás de sus ex tutores, que no lo protegen ya ni lo representan?, ¿por qué se humilla ante los que le dan un salario y puesto en el trance de manifestar su opinión y dar muestras de voluntad, no acierta sino a seguir la huella de sus antiguos patronos y repetir sus maxlmas?

 

Todo esto, preciso es confesarlo, crearía contra la emancipación del proletariado una enojosa prevención, sino se explicase por la novedad de la situación misma. La clase trabajadora ha vivido, desde el origen de las sociedades, bajo la dependencia de los poderosos en un estado de inferioridad intelectual y moral del que conserva todavía una profunda conciencia. Sólo ayer, que la revolución de 1789 vino a romper esta jerarquía, adquirió -viéndose aislada- el conocimiento de sí misma. Pero es aún en ella muy poderoso el instinto de deferencia por las clases altas; es singularmente falsa y exagerada la opinión que se forma de lo que se llama capacidad; magnifica la importancia de quienes fueron en otro tiempo sus amos y se han reservado el privilegio de las profesiones llamadas liberales, nombre que sería ya hora de extirpar. Añádase a esto ese fermento de envidia que se apodera del hombre del pueblo contra aquellos de sus iguales que aspiran a elevarse sobre su clase; ¿cómo maravillarse de que el pueblo haya conservado sus hábitos de sumisión aun después de transformadas su conciencia, las necesidades de su vida y las ideas fundamentales que lo dirigen? Sucede con las costumbres lo que con el lenguaje: no cambian con la fe, la ley y el derecho. Permaneceremos aún largo tiempo siendo los unos para con los otros señores y muy humildes servidores. ¿Obsta esto para que no haya ya ni servidores ni señores?

 

Busquemos en las ideas y en los hechos, fuera de las adoraciones, genuflexiones y supersticiones vulgares, lo que hayamos de pensar de la capacidad y de la idoneidad política de la clase obrera comparada con la burguesa, y de su futuro advenimiento al poder público.

 

Observemos ante todo que, tratándose del ciudadano, se toma la palabra capacidad bajo dos puntos de vista diferentes: existe la capacidad legal y la capacidad real.

 

La primera nace de la ley y supone la segunda. No sería posible admitir que el legislador reconociese derechos a ciudadanos naturalmente incapaces. Antes de 1848, por ejemplo, para ejercer el derecho electoral era preciso pagar 200 francos de contribución directa. Suponíase, por lo tanto, que la propiedad era una garantía de la capacidad real: así los contribuyentes de 200 francos eran tenidos por los verdaderos interventores del gobierno y por los árbitros soberanos de su política. Esto no era sino una ficción de la ley, puesto que nada probaba que entre los electores no los hubiese -y muchos- realmente incapaces a pesar de su cuota, ni nada autorizaba tampoco a creer que fuera de ese círculo, entre tantos millones de ciudadanos sujetos a un simple impuesto personal, no hubiese una multitud de respetables capacidades.

 

En 1848 se ha trastrocado el sistema de 1830: se ha establecido sin condición alguna el sufragio universal y directo. Por esta simple reforma, todo varón mayor de 21 años, nacido y residente en Francia, se ha encontrado facultado por la ley de la capacidad política. Se ha supuesto que el derecho electoral -y hasta cierto punto la capacidad política- es inherente a la cualidad de varón y de ciudadano. Pero esto no es tampoco más que una ficción. ¿Cómo habría de poder ser la facultad electoral una prerrogativa de la raza, de la edad, del sexo, ni del domicilío, mejor o con más razón que de la propiedad? La dignidad de elector, en nuestra sociedad democrática, equivale a la de noble en el mundo feudal. ¿Cómo había de ser otorgada a todos, sin excepción ni distinción, cuando la de noble no pertenecía más que a un corto número? ¿No es ésta la ocasión de decir que toda dignidad que pasa a ser común deja de ser dignidad y aquello que pertenece a todo el mundo no pertenece a nadie? La misma experiencia nos lo ha dicho: cuanto más se ha multiplicado el derecho electoral, tanto más ha perdido de su antigua importancia. Lo evidencia el hecho de haberse abstenido de votar, en 1857, 36 electores por ciento; en 1863, 25. Y la verdad es que nuestros 10.000.000 de electores se han mostrado desde 1848 inferiores en inteligencia y en carácter a los 300.000 censatarios de la monarquía de julio.

 

Así, querámoslo o no, desde el momento en que nos proponemos tratar como historiadores y como filósofos la capacidad política, debemos salir del terreno de las ficciones y llegamos a la capacidad real, única de que hablaremos en adelante.

 

Para que en un sujeto, individuo, corporación o colectividad haya capacidad política, se requieren tres condiciones fundamentales:

 

1° Que el sujeto tenga conciencia de sí mismo, de su dignidad, de su valor, del puesto que ocupa en la sociedad, del papel que desempeña, de las funciones a que tiene derecho a aspirar, de los intereses que representa o personifica.

 

2° Que, como resultado de esa conciencia plena de sí mismo, afirme su idea, es decir, que conozca la ley de su ser, sepa expresarla por la palabra y explicarla por la razón, no sólo en su principio sino también en todas sus consecuencias.

 

3° Que de esta idea -sentada como profesión de fe- pueda, según lo exijan las circunstancias, sacar siempre conclusiones prácticas.

 

Nótese bien que en todo esto no puede haber cuestión de grado. Ciertos hombres sienten más enérgicamente que otros, tienen de sí mismos una conciencia más o menos viva, apresan la idea y son más o menos felices y firmes en exponerla, o están dotados de una fuerza de ejecución que no alcanzan casi nunca las inteligencias más despiertas. Esas diferencias de intensidad en la conciencia, la idea y su aplicación, constituyen grados de capacidad, pero no crean la capacidad misma. Así, todo individuo que cree en Jesucristo, afirma su doctrina por medio de la profesión de la fe y practica su religión; es cristiano y, como tal, capaz de la salvación eterna, pero todo esto no impide que entre los cristianos haya doctores y mentecatos, ascetas y mediocres.

 

De la misma manera, ser capaz en política no es estar dotado de una aptitud particular para entender en los negocios de estado ni para ejercer tal o cual empleo público, ni lo es tampoco demostrar por la ciudad un celo más o menos ardiente. Todo esto es cuestión de oficio y de talento; no es esto lo que constituye en el ciudadano -muchas veces silencioso, moderado y ajeno a los empleos- la capacidad política. Poseer la capacidad política es tener conciencia de sí mismo como individuo de una colectividad, afirmar la idea que de ella resulta y procurar su realización. Es capaz todo el que reúne estas tres condiciones. Así nosotros nos sentimos todos franceses y como tales creemos en una constitución y en un destino especial de nuestro país, en vista de los cuales favorecemos con nuestros votos y nuestros sufragios la política que nos parece servir mejor nuestra opinión e interpretar mejor nuestro sentimiento. El patriotismo puede ser en cada uno de nosotros más o menos ardiente, pero su naturaleza es la misma y su ausencia, una monstruosidad. En tres palabras: tenemos conciencia, idea, y trabajamos por realizarla.

 

El problema de la capacidad política en la clase obrera -del mismo modo que en la burguesía y en otras épocas en la nobleza- se reduce, por lo tanto, a lo siguiente: a) si la clase obrera, bajo el punto de vista de sus relaciones con la sociedad y el estado, ha adquirido conciencia de sí misma; si como ser colectivo, moral y libre, se distingue de la clase burguesa; si separa de sus intereses los suyos, si aspira a no confundirse con ella; b) si posee una idea, es decir, si se la ha formado de su constitución propia; si conoce las leyes, condiciones y fórmulas de su existencia; si prevé su destino, su fin; si se comprende a sí misma en sus relaciones con el estado, la nación y el orden humano; e) si de esta idea se halla en condiciones de deducir, para la organización de la sociedad, conclusiones prácticas que le sean propias, y si, en el caso que el poder viniera a dar en sus manos, porque cayera o se retirara la burguesía, podría crear y desarrollar un nuevo orden político.

 

En esto consiste la capacidad política, no en otra cosa. Hablamos aquí, bien entendido, de esa capacidad real, colectiva, que es obra de la naturaleza y de la sociedad y que resulta del conocimiento del espíritu humano; de esa capacidad que, salvadas las desigualdades del talento y la conciencia, es la misma en todos los individuos y no puede llegar a ser el privilegio de nadie; de esa capacidad que vemos en todas las comunidades religiosas, sectas, corporaciones, castas, partidos, estados, nacionalidades; capacidad que el legislador no puede crear, pero que está obligado a buscar y no puede menos de suponer en todos los casos.

 

Conforme a esa definición de la capacidad, respondo en lo que concierne a las clases obreras:

 

Sobre el segundo punto: Sí, las clases obreras poseen una conciencia de sí mismas y podemos hasta señalar la fecha de tan fausto acontecimiento, 1848.

 

Sobre el segundo punto: Sí, las clases obreras poseen una idea que corresponde a la conciencia que tienen de sí mismas y forma perfecto contraste con la idea de la burguesía; sólo que esta idea no les ha sido aún revelada sino de una manera incompleta, ni la han seguido en todas sus consecuencias, ni la han fomentado.

 

Sobre el tercer punto, relativo a las condiciones políticas deductibles de su idea: No, las clases obreras, aunque seguras de sí mismas y semiilustradas sobre los principios que constituyen su nuevo credo, no han llegado aún a deducir de esos principios una práctica general acorde, una política a ellos acomodada. Lo testimonia el haber votado en común con la burguesía y las preocupaciones políticas de todo género a que ceden y obedecen.

 

Hablando en lenguaje más llano, diremos que las clases obreras no han hecho hasta aquí sino nacer a la vida política; que si por la iniciativa que han comenzado a tomar y por su fuerza numérica, han podido modificar el orden político y agitar la economía social, en cambio, por el caos intelectual de que son presa -y sobre todo por el romanticismo gubernativo que han recibido de una clase burguesa in extremis- lejos de haber logrado su preponderancia, han retardado su emancipación y han comprometido, hasta cierto punto, su futura suerte.

 

Notas

 

(1) Esos sesenta de que habla Proudhon, son los obreros que en las elecciones generales de 1864, célebres por la derrota que sufrió el gobierno en París, publicaron un manifiesto en que se decidieron a presentar candidatos propios, fundándose en que los de la oposición no representaban ni podían representar las ideas ni las aspiraciones de su clase. Su manifiesto, de indudable importancia, inspiró a Proudhon este libro, que es una de sus obras póstumas.

 

(2) Al Manifiesto de los Sesenta respondió en el diario El Siglo (29 de febrero de 1864) el Manifiesto de los Ochenta, rechazando las candidaturas obreras. Los Ochenta proclamaban que el Manifiesto de los Sesenta no representaba más que la opinión de un pequeño número y que, como en mayo de 1863, las candidaturas obreras serían rechazadas en 1864. Las castas -decían- deben desaparecer ante los principios, y las candidaturas vendrían a plantear en mala hora una cuestión social, cuando de lo que se trataba era de una cuestión política. Por el momento no había que pensar sino en conquistar la libertad, y terminaban declarando que como obreros de la oposición se consideraban suficientemente representados por hombres honestos e instruidos.

 

Sin duda ese manifiesto fue propuesto y concebido bajo inspiración extraña a los obreros que lo firmaron. Los Ochenta, que nos son desconocidos, salvo uno o dos, no eran como los Sesenta un grupo de militantes vinculados por un pensamiento común. Sin duda se reunieron para los fines exclusivos de ese manifiesto de protesta contra el principio de las candidaturas de clase.

 

 

Capítulo 2

 

A fin de quitar de hecho a las clases obreras la capacidad que les ha sido reconocida de derecho, por el sufragio universal, los diarios políticos, sobre todo los de la oposición democrática, han recurrido a una de las más groseras confusiones. Apenas se había publicado el Manifiesto de los Sesenta cuando toda la prensa se alzó contra la pretensión de los obreros a hacerse representar como clase (1). Recordóse con tono doctoral, y afectando gran celo por los oráculos de la revolución, que desde 1789 habían dejado de existir las castas; que la idea de las candidaturas de obreros tendía a resucitarlas; que si se admite en la representación nacional al simple artesano, como se admite al ingeniero, al hombre de ciencia, al abogado, al periodista, es sólo bajo la condición de que el obrero sea en la legislatura, al par de sus colegas, expresión de la sociedad, no de su clase. De otro modo la candidatura de ese obrero provocaría la discordia y tendría un carácter retrógrado; sería atentatoria contra las libertades y los derechos de 1789 y subvertiría el derecho, el orden y la paz pública por la desconfianza, la alarma y las iras que levantaría en la burguesía. Faltó poco para que el Manifiesto de los Sesenta -que por su idea y sus conclusiones tendía efectivamente a desorganizar la oposición- no fuese tratado de intriga policial y de contrarrevolucionario.

 

Los autores del manifiesto habían previsto esa objeción de sus adversarios y protestado de antemano contra la calumnia, pero su justificación dejaba mucho que desear. Si afirmaban la distinción de las dos clases, sublevaban contra sí a los políticos del partido y se sentían perdidos. Si la negaban, ¿a qué entonces una candidatura de obreros?, se les decía; dilema al que deseo yo ahora contestar.

 

Tomando por argumento el desagrado de la burguesía, los adversarios del manifiesto se contradecían sin advertirlo y reconocían implícitamente una verdad profunda que habría debido ser proclamada en el manifiesto mismo. Se reconoce en nuestros días la existencia de una clase burguesa, aunque ya no haya nobleza ni sea el clero más que una categoría de funcionarios, pues sino, ¿en qué descansaría el sistema orleanista? ¿Qué serían la monarquía y la política constitucionales? ¿A qué vendría esa hostilidad de ciertas gentes hacia el sufragio universal? No se quiere reconocer, sin embargo, a la clase obrera como correlativa de la clase burguesa; ¿habrá quien me explique esta inconsecuencia?

 

Nuestros publicistas de la oposición no han visto, a pesar de su amor y respeto por las ideas de 1789, que lo que ha creado la distinción enteramente nueva, y hasta desconocida de burguesía y proletariado -precisamente cuando desaparecían las categorías de nobleza, clero y estado llano- ha sido justamente el derecho inaugurado en el mismo 1789. No han visto que antes de 1789 el obrero era parte de la corporación y de la casa del maestro como la mujer, el hijo y el criado lo eran de la familia, y que entonces no se habría admitido sin gran repugnancia una clase de obreros y otra de capitalistas, por suponerse a la una contenida en la otra. Pero después de 1789, roto el haz de los gremios -sin haberse establecido por eso la igualdad de fortuna ni de condición entre obreros y maestros, ni haberse hecho ni previsto nada para la mejor distribución de los capitales, la organización de la industria ni los derechos de los trabajadores- surgió natural y espontáneamente la distinción entre la clase de los maestros, poseedores de los instrumentos de trabajo, capitalistas y grandes propietarios, y la de los simples obreros asalariados.

 

Negar hoy esa distinción de ambas clases sería algo más que negar la escisión que la produjo, y que no fue, después de todo, sino una de las mayores iniquidades; sería negar la independencia industrial, política y civil del obrero, única compensación que ha obtenido; sería decir que no han sido creados para él, como para el hombre de la burguesía, la libertad y la igualdad de 1789; sería negar que la clase obrera -que vive bajo condiciones completamente nuevas-, sea susceptible de conciencia y de iniciativa propias, y declararla privada, por la misma naturaleza, de capacidad política. Ahora bien, conviene sobre todo afirmar la verdad de esta distinción porque sólo de ella reciben todo su valor las candidaturas de los obreros, y sin ella carecerían de sentido.

 

¿No es acaso cierto, a despecho de la revolución de 1789 o precisamente a consecuencia de esa misma revolución, que la sociedad francesa, antes compuesta de tres castas, desde la noche del 4 de agosto está dividida en dos, una que vive exclusivamente de su trabajo y en la que cada familia de cuatro personas debe ajustarse a un salario anual que no llega a 1.250 francos -supongo que 1.250 francos es aproximadamente la suma media, para cada familia, de la renta o producto total de la nación- y otra que vive de otra cosa que de su trabajo, cuando trabaja; que vive de la renta, de sus propiedades, de sus capitales, de sus dotaciones, de sus pensiones, de sus subvenciones, de sus acciones, de sus sueldos, de sus honores y de sus beneficios? ¿No existen acaso -desde el punto de vista de la distribución de los capitales, los trabajos, los privilegios y los productos- dos categorías de ciudadanos llamados vulgarmente clase burguesa y plebe, capitalistas y asalariados? ¿No es verdad que esas dos categorías de ciudadanos, en otro tiempo unidas y casi confundidas por el lazo feudal del patrono, están hoy profundamente separadas y no tienen entre sí más relaciones que las determinadas por el capítulo 3°, título 8°, libro 3°, artículos del 1.779 al 1.799 del Código Civil, relativos al contrato de arrendamientos de obras y servicios? Nuestra política, nuestra economía pública, nuestra organización industrial, nuestra historia contemporánea, nuestra misma literatura descansan sobre esa distinción inevitable que no pueden negar ya sino la mala fe y una necia hipocresía.

 

Siendo obvia y flagrante la división de la sociedad moderna en dos clases, la una de trabajadores asalariados, la otra de propietarios-capitalistas-empresarios, debía lógicamente suceder lo que no puede sorprender a nadie, y es preguntarse si esa distinción era casual o necesaria; si cabía dentro de los verdaderos términos de la revolución; si se la podía legitimar en derecho del mismo modo que se la podía consignar como hecho. En una palabra, si por una aplicación sana de las reglas de la justicia y de la economía, no sería mejor destruir una división tan peligrosa, uniendo las dos clases en una y estableciendo entre las dos un perfecto nivel y un completo equilibrio.

 

Esta cuestión, que no es nueva para los filósofos, debía surgir entre las clases obreras el día en que una revolución las pusiese -por el sufragio universal- al nivel de las clases burguesas, medio por el que no podían menos de observar el contraste que existía entre su estado social y su soberanía política. Entonces, y sólo entonces, sentada esta importante cuestión económica y social, podían las clases obreras llegar a adquirir la conciencia de sí mismas y decirse, como en el Apocalipsis, que el que reina debe tener las ventajas del reinado, presentar sus candidatos a la diputación y sus pretensiones al gobierno. Así es como los trabajadores han empezado hace dieciséis años a elevarse a la capacidad política; así es como la democracia francesa se distingue de todas las democracias anteriores: no es otra cosa lo que se ha llamado socialismo.

 

¿Qué han hecho y dicho sobre esto los Sesenta? Ahí está su manifiesto explícándolo. Se han colocado en la situación que les crearon los acontecimientos y el derecho público, y han dicho lo que rebosaba de su conciencia de obreros. Convencidos por su parte de que la cuestión puede y debe ser resuelta afirmativamente, han hecho observar con moderación, pero con firmeza, que si se ha tenido olvidada esta cuestión hace mucho tiempo, ha llegado la hora de ponerla de nuevo en el orden del día. Al efecto, y sin examinar si su proposición era la manera más segura de reivindicar su derecho ni si estaba en armonía con su idea, han presentado, como señal de haber entrado nuevamente en el juego, la candidatura de uno de ellos que -por su carácter de obrero y, sobre todo, por serlo- creyeron que podía representar mejor que nadie a la clase obrera.

 

Este hecho, unido a tantos otros de la misma índole, verificados en el período de dieciséis años, demuestra en las clases obreras una revelación, hasta entonces sin ejemplo, de su conciencia de cuerpo; prueba que más de la mitad de la nación francesa ha entrado en la escena política, llevando consigo una idea que tarde o temprano transformará de arriba a abajo la sociedad y el gobierno. ¡Y porque una sesentena de hombres han tratado de hacerse intérpretes de esa conciencia y de esa idea, se los acusa de que aspiran al restablecimiento de las castas! ¡Y se los elimina de la representación nacional como retrógrados que profesan opiniones peligrosas y se llega hasta a denunciar su manifiesto como una excitación al odio entre ciudadanos! ¡Y los periódicos fulminan anatemas y estalla el descontento de la pretendida oposición democrática, y se provocan contramanifiestos, y se pregunta con afectado desdén si los Sesenta pretenden conocer y defender sus intereses y sus derechos mejor que Pelletan, J. Simón, E. Olliver, Marie y Julio Favre! Surge en el seno de la nación un hecho social de incalculable alcance: el advenimiento a la vida política de la clase más numerosa y más pobre, despreciada hasta hoy por no haber tenido conciencia de sí misma. Y los testigos y heraldos de este hecho, todos de la clase obrera, son denunciados a la inquina de la burguesía como perturbadores, como facciosos, como delincuentes.

 

El principio que acabamos de sentar -y esto aumenta la importancia del acontecimiento-, el principio de lo necesario que es para toda colectividad humana, casta, corporación o raza que tenga conciencia de sí misma, ya para constituirse en estado, ya para tener participación en el gobierno de la sociedad de que forma parte y elevarse a la vida política, puede ser considerado como una ley general aplicable a la historia de todos los pueblos. Durante mucho tiempo el pueblo romano, no teniendo conciencia de sí mismo, formó la clientela de los patricios, que lo gobernaban por las reglas del derecho familiar. Cuando reclamó ser admitido al matrimonio, a los sacrificios y a los honores; cuando tuvo sus tribunos armados del veto para detener las resoluciones del Senado; cuando logró que se le comunicaran las antiguas y misteriosas fórmulas; cuando, finalmente, hubo que concederle la propiedad repartiéndose las tierras conquistadas, y el ager publicus, fue por haber llegado a la plena conciencia de sí mismo y, gracias a la manifestación de esa conciencia, haberse creído igual al patriciado. La desgracia fue no haber sabido elevarse de la conciencia de sí mismo a una ley nueva, cosa que después logró el cristianismo.

 

Un fenómeno análogo acaba de suceder en Rusia. Sería incurrir en un grave error imaginarse que el úkase por el cual el zar Alejandro (2) otorga la libertad, la propiedad y el ejercicio de los derechos cívicos a veintitrés millones de labradores ha sido un puro antojo, un acto de mera gracia. Ese suceso estaba hace mucho tiempo previsto: el zar Nicolás, de tan terrible memoria, había encargado a su heredero que lo llevara a cabo. El principio de esa emancipación se hallaba en la conciencia de los labradores, quienes sin despojarse de sus hábitos patriarcales ni manifestar odio ni envidia hacia sus señores, pedían, sin embargo, garantías más poderosas de las que hasta entonces habían tenido. Era, además, interés del imperio admitirlos a la vida política.

 

En Inglaterra se está verificando un movimiento parecido. Allí también las clases obreras, a ejemplo de las de Francia, han llegado a adquirir la conciencia de su posición, de su derecho y de su destino. Se valoran, se organizan, se preparan para el trabajo industrial y no tardarán en reivindicar sus derechos políticos por medio del decisivo establecimiento del sufragio universal. Según un escritor, que tengo a la vista, la población obrera de Inglaterra, usando de una facultad que le asegura la ley inglesa -y que los legisladores franceses han creído recientemente un deber introducir entre nosotros (3)-, la de coligarse, está organizada y regimentada en número de seis millones. ¡Nuestras asociaciones de obreros no llegan a contar cien mil individuos! ... ¡Qué raza la de esos anglosajones! Son tenaces, indomables, van siempre hacia su meta de una manera lenta, pero segura. Si no se les puede conceder siempre el mérito de la imaginación, se les puede pocas veces negar la prioridad de realización en las grandes cuestiones económicas y sociales (4).

 

La historia de la burguesía francesa, desde hace cien años, revela la misma ley, aunque bajo otro punto de vista y en un sentido inverso. Ya en los principios del feudalismo, las poblaciones urbanas, industriosas y mercantiles, llegaron casi a la subconsciencia; de ahí el establecimiento de las municipalidades. Mientras la burguesía se enfrentó a las dos primeras órdenes del estado, el clero y la nobleza, esa conciencia permaneció viva y enérgica: la clase burguesa se distinguía de las demás, se definía, se sentía y se afirmaba por su oposición a las clases privilegiadas o nobles. La convocatoria de los Estados Generales de 1789, donde no figuró sino en tercera línea, decidió la victoria en su favor. Desde ese instante, clero y nobleza no fueron políticamente nada; el tercer Estado -según la feliz expresión de Sieyes- lo fue todo. Pero, nótese bien: desde el momento en que la burguesía ha pasado a serIo todo, y no ha existido ya fuera de ella casta ni clase que la defina, ha empezado a perder el sentimiento de sí misma, oscureciéndose su conciencia hasta el punto de estar hoy próxima a extinguirse. Me limito a consignar un hecho, sin que pretenda levantar sobre él una teoría.

 

¿Qué es la burguesía después de 1789? ¿Cuál es su significación? ¿Qué vale su existencia? ¿Cuál es su destino en la humanidad? ¿Qué representa? ¿Qué hay en el fondo de esa conciencia equívoca, semiliberal, semifeudal? Mientras la clase obrera -pobre, ignorante, sin influencia, sin crédito- se presenta, se afirma y habla de su emancipación, de su porvenir y de reformas sociales que han de cambiar su condición, la burguesía -que es rica, que posee, sabe y puede- nada tiene que decir de sí misma y no parece tener destino, ni papel en la historia, ni pensamiento, ni voluntad. Sucesivamente revolucionaria y conservadora, republicana, legitimista, doctrinaria, centrista; enamorada hoy de las formas representativas y parlamentarias y mañana llegando a no entenderlas; ignorando a esta altura cuál es su sistema y a qué gobierno dar su preferencia; no estimando del poder sino el provecho que le procure, ni queriéndolo sino por el miedo que tiene a lo desconocido y el deseo de mantener sus privilegios; no buscando en los empleos sino un nuevo campo y nuevos medios de beneficio; ávida de distinciones y de sueldos; tan llena de desdén por la clase proletaria como pudo estarlo por ella la antigua nobleza, la burguesía ha perdido todo su carácter. Ha dejado de ser una clase poderosa por el número, el trabajo y el genio, una clase que quiere y piensa, una clase que produce y raciocina, una clase que manda y gobierna, para pasar a ser una minoría traficante, especuladora y egoísta; una turba.

 

Luego de dieciséis años de tan triste estado, diríase que vuelve en sí y recobra su antiguo conocimiento: quisiera definirse de nuevo, afirmarse, restablecer su influencia. Telum imbelle sine ictu (5). No hay ya energía en su conciencia, no hay ya autoridad en su pensamiento, no arde ya su corazón, no hay ya en ella más que la impotencia de la senectud y el frío de la muerte. Y nótese bien lo que voy a subrayar. ¿A quién debe la burguesía contemporánea ese esfuerzo sobre sí misma, esas demostraciones de vano liberalismo, ese falso renacimiento en que nos haría tal vez creer la oposición legal, si no se conociera su vicio originario? ¿A quién hay que atribuir esa luz de razón y de sentido moral, que no ilumina ni es ya posible que vuelva a la vida el mundo burgués? Sólo a las manifestaciones de esa joven conciencia, que niega el nuevo feudalismo; sólo a la afirmación de esa masa de obreros, que ha tomado decididamente la delantera a sus antiguos patronos; sólo a la reivindicación de esos trabajadores, a quienes ineptos aprendices de brujo niegan la capacidad, precisamente cuando acaban de recibir de ellos su mandato político.

 

Sépalo o no la burguesía, su papel ha concluido; no irá ya más lejos, ni es posible que renazca. ¡Entregue al menos su alma en paz! El advenimiento del proletariado no tendrá por resultado eliminarla reemplazándola en su preponderancia política y en sus privilegios, propiedades y goces, ni obligándola a vivir condenada a recibir un salario (6). La actual distinción -por otra parte, perfectamente establecida- entre la clase obrera y la burguesía, es un simple accidente revolucionario. Ambas deben recíprocamente absorberse en una conciencia superior y el día en que la clase obrera, constituida en mayoría, se haya apoderado del poder y proclamado la reforma económica y social, será el día de la fusión definitiva. No es sobre viejos sino sobre nuevos datos como deben en adelante definirse, establecer su independencia y constituir su vida política las clases que no vivieron durante mucho tiempo sino de su antagonismo.

 

 

 

Notas

 

(1) Los diarios reaccionarios y católicos denuncian al socialismo y acusan a la revolución. El Constitucional evoca el espectro rojo. Los liberales y demócratas repiten una vez más que ya no hay castas ni clases. Le Temps aguza el ingenio y distingue entre candidaturas obreras y candidaturas de obreros.

 

(2) El zar Alejandro, por úkase del 19 de febrero de 1861, pronuncia la liberación de los siervos.

 

(3) La ley del 25 de mayo de 1864 acababa de transformar la legislación de 1849, que prohibía las uniones obreras en Francia.

 

(4) Dos siglos hacía que en Inglaterra se conocían las asociaciones que en Francia fueron llamadas sindicatos, pero es sólo en el transcurso del siglo XIX que la vida de esas uniones obreras (trade-unions) adquiere importancia, debiendo sostener verdaderas luchas para que se llegara a reconocerlas. Las leyes de 1799 y 1800 prohibían bajo severas penas hasta las ententes o coaliciones transitorias entre trabajadores, sea que tuvieran por objeto interrumpir el trabajo o sostener cualquier reivindicación. Recién en 1825 la coalición deja de ser un delito. En el momento agitado por que atraviesa Inglaterra entonces, las uniones se incorporan a los movimientos avanzados como el cartismo y actúan y se desarrollan bajo la forma de sociedades secretas. Más adelante la institución se generaliza para asegurar a sus adherentes una mayor fuerza en la discusión de los contratos del trabajo, proporcionándoles socorros en caso de accidentes o desocupación, por medio de un sistema de seguros mutuos, transformándose así en un poderoso instrumento de lucha por la constitución de un fondo de reserva. Esas organizaciones trataban de establecer tarifas de salarios, reglamentaban la admisión a los oficios, el aprendizaje y la duración de las jornadas de trabajo. -Cf. Sidney y B. Webb: Historia del tradeunionismo, trad. franc. Metin, París, 1897. - Bry: Historia económica e industrial de Inglaterra, 1900. -De Rousiers: El tradeunionismo en Inglaterra, 1897.

 

(5) Rasgo de debilidad y de impotencia.

 

(6) También Marx y Engels prevén que llegará un momento en que por la marcha de las cosas, las diferencias de clases desaparecerán, y que entonces le sucederá una asociación donde el libre desenvolvimiento de cada uno será la condición del libre desenvolvimiento de todos. Manifiesto Comunista, trad. de C. Andler, t. I, página 55).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3

 

En el número 1° de la Asociación, Boletín Internacional de las sociedades cooperativas, leo lo siguiente:

 

Nada queda por decir sobre la colectividad considerada como fuerza económica. Es ya una verdad conocida que diez, veinte o cien obreros que trabajen y hagan confluir a un mismo fin su trabajo y sus diversos talentos producen más y mejor que diez, veinte o cien obreros que trabajen aisladamente. Pero, una cuestión más nueva y actualmente de más interés es si un grupo de obreros formado espontáneamente puede constituirse por sí mismo y sacar de su propio seno, y por sus propios recursos, la fuerza inicial que pone en movimiento el taller y la fuerza directiva que regulariza su actividad y atiende al beneficio mercantil de sus productos.

 

En otros términos, el problema económico que hoy está sobre el tapete y se trata de examinar con especial cuidado, discutir bajo todas sus fases y dilucidar a fondo es si las clases obreras, hoy ya con derechos políticos reconocidos, pueden pretender la autonomía en el trabajo y aspirar a las ventajas de la asociación como las clases que disponen de los capitales.

 

Somos de los que creen que el problema debe ser resuelto afirmativamente. Creemos que las clases obreras pueden también formar grupos libres, disponer en común sus fuerzas, adoptar el contrato de sociedad, constituir asociaciones cuya base sea el trabajo y vivir de su autonomía industrial y comercial. Llegamos a creer que sin aguardar a las reformas legislativas que más o menos tarde han de completar sus libertades civiles, pueden ya desde hoy aprovechar y aplicar las leyes vigentes (1).

 

Si son ciertas mis noticias, los pasajes que se acaban de leer no son una vana fraseología de abogado sino el pensamiento colectivo de los cien fundadores del periódico La Asociación, debatido y formulado en consejo pleno.

 

Después de este pensamiento inteligente, permítaseme a mí, simple observador, añadir como corolario que para la democracia obrera es importante, al mismo tiempo que reconoce y declara su derecho y desarrolla su fuerza, que consigne también su idea y presente su cuerpo de doctrina, a fin de que el mundo sepa que los que poseen por sí mismos el derecho y el poder tienen también el saber por el sólo hecho de su práctica inteligente y progresiva. Tal es el objeto que me he propuesto en este libro. He querido dar a la emancipación de las clases obreras la sanción de la ciencia, no porque trate de imponer a nadie mis fórmulas sino porque estoy convencido que si bien la ciencia no se improvisa -y menos la que tiene por objeto las manifestaciones espontáneas y los actos reflexivos de las masas- no por eso necesita menos de golpes de vista sintéticos, incesantemente renovados, que por su carácter personal no comprometan ningún interés ni ningún principio.

 

A la manifestación de la conciencia sucede, en los grupos humanos, la revelación de la idea. Esta sucesión está indicada por la naturaleza y explicada por la psicología. La inteligencia en el ser pensante tiene por base y condición primera el sentimiento. Para conocerse el hombre, es indispensable que se sienta. De ahí el celo con que el poder persigue y coarta las reuniones populares, las asambleas, las asociaciones, todo la que puede despertar en las clases proletarias la conciencia de sí mismas. Se quiere impedir que reflexionen y concilien y para eso se emplea el medio más eficaz, que es el de impedir que se sientan. Pertenecerán de este modo a la familia, como los caballos, los carneros y los perros; no se conocerán como clase y a duras penas como raza. Si permanecen impenetrables a la idea, como no les llegue de afuera alguna revelación, se podrá prolongar indefinidamente su servidumbre.

 

En Francia, el pueblo -teniendo la misma sangre y dignidad que la burguesía, la misma religión, las mismas ideas y las mismas costumbres y no diferenciándose sino por la relación económica que indican las palabras capital y salario- se encontró en 1789 en pie al mismo tiempo que la burguesía. El incendio de la casa de Reveillon y otros muchos actos de desenfrenada violencia demuestran que el pueblo tuvo el presentimiento que la revolución sería más en provecho de la burguesía que en el suyo propio. De esa sospecha harto justificada nacieron -al lado de los fuldenses, los constitucionales, los girondinos, los jacobinos, partidos todos de la burguesía- los partidos o sectas populares conocidos como sans-culottes, maratistas, hebertistas y babuvistas, partidos que han adquirido una terrible celebridad en la historia, pero que del 92 al 96 tuvieron el mérito de dar a la conciencia popular un sacudimiento tal, que no le ha permitido volver a caer en letargo.

 

Empezó entonces la obra de represión contra el pueblo. Como no cabía ya sofocar su sentimiento, se trató de contenerle por medio de una severa disciplina, de un poder fuerte, de la guerra, del trabajo, de la exclusión de los derechos políticos, de la ignorancia o -a falta de ésta, de la que se avergonzaban- de una instrucción primaria que no inspirase inquietud. Robespierre y sus jacobinos, la facción termidoriana, el Directorio, el Consulado y todos los gobiernos que hasta nuestros días se han ido sucediendo han hecho de la vigilancia del pueblo y del statu quo de las clases obreras el objeto de sus constantes preocupaciones. El señor Guizot, relativamente, se había manifestado liberal: las dos asambleas de la República fueron resueltamente oscurantistas. ¡Conspiración insensata! Una vez despierta su conciencia, el pueblo no tenía ya más que abrir los ojos y aguzar los oídos para adquirir su idea: iba a recibirla de sus propios adversarios.

 

Los primeros que plantearon la cuestión social no fueron, por cierto, obreros; fueron hombres de ciencia, filósofos, literatos, economistas, ingenieros, militares, antiguos magistrados, representantes del pueblo, negociantes, fabricantes, propietarios, hombres que pusieron de relieve las anomalías de la nueva sociedad y llegaron a proponer las más atrevidas reformas. Citaremos a Sismondi, Saint-Simon, Fourier, Enfantin y su escuela, Pedro Leroux, Considerant, Justo Muiron, Hipólito Renaud, Baudet-Dulary , Eugenio Buret, Cabet, Luis Blanc, las señoras Rolland, Flora Tristán y otros. Durante muchos años, la burguesía conservadora se hizo la ilusión de que los obreros serían sordos a la prédica de todos esos innovadores, pero el año 1848 vino a probarle cuánto se engañaba.

 

El socialismo (2) moderno ha tenido numerosas escuelas; no está constituido como secta o iglesia. Las clases obreras no se han entregado a merced de nadie: Cabet, el dictador de los Icarianos, ha tenido de ello en Nauvoo una tristísima prueba. Han seguido su propia inspiración y es probable que no renuncien en adelante a su propia iniciativa. Esta es la garantía de su éxito. Una revolución social como la de 1789, continuada por la democracia obrera, es una transformación que se cumple espontáneamente en todas y cada una de las partes del cuerpo político. Es un sistema que sustituye a otro sistema, un organismo nuevo que reemplaza a una organización decrépita. Mas esta sustitución ni se hace en un instante, ni se verifica por mandato de un maestro armado de su teoría, ni bajo la palabra dictada por ningún iluminado. Una revolución verdaderamente orgánica, por más que tenga sus mensajeros y sus ejecutores, no es obra de nadie en particular. Es una idea que se presenta por de pronto elemental y asoma como un germen, sin presentar nada de notable y aun pareciendo tomada de la sabiduría popular, pero que luego, de improviso, toma un desarrollo imprevisto y llena el mundo con sus instituciones.

 

La historia está llena de esos ejemplos. Nada más sencillo en un principio que la idea romana: un patriciado, clientelas, la propiedad. Derivó de allí todo el sistema de la República, su política, sus agitaciones, su historia. Y se observa la misma sencillez en la idea imperial: el patriciado puesto definitivamente al nivel de la plebe, los poderes reunidos en manos de un emperador que explota el mundo en provecho del pueblo y está bajo la espada de los pretorianos. Salieron también de allí la jerarquía y la centralización imperiales. El cristianismo empieza del mismo modo: unidad y universalidad de la religión, fundada en la unidad de Dios y del Imperio; unión íntima de la religión y de la moral; la caridad establecida como acto de fe y como deber; el presunto autor de esta idea declarado Hijo de Dios y Redentor; ésta es toda la idea cristiana. En 1789, la revolución toma también por base única el derecho del hombre. Por ese derecho, la nación se hace soberana, la monarquía pasa a ser una función pública, la nobleza queda abolida, la religión es una opinión ad libitum. Sabemos qué desarrollo han recibido a su vez la religión de Cristo y el derecho del hombre.

 

Otro tanto sucede con la idea obrera en el siglo XIX: no tendría legitimidad, autenticidad, ni sería nada si se presentase bajo otras condiciones.

 

¿Qué ha sucedido? El pueblo había adquirido conciencia de sí mismo, se sentía; el alboroto hecho a su alrededor, y por su causa, había despertado su inteligencia. Vino luego una revolución burguesa a conferirle el goce de los derechos políticos. Puesto entonces en el trance de desarrollar su pensamiento sin ayuda de intérpretes, ha seguido la lógica de su situación. Por de pronto, presentándose como clase ya separada de la burguesía, el pueblo ha tratado de volver contra ella sus propias máximas: se ha hecho su imitador. Aleccionado después por el fracaso, y renunciando a su primera hipótesis, busca su salvación en una idea original. Se han establecido así en la clase trabajadora dos corrientes de opinión y esto la tiene aún hoy confusa. Pero tal es la marcha de las evoluciones políticas: es la marcha del espíritu humano y de la ciencia. Se cede a la preocupación y a la rutina, para llegar de un modo más seguro a la verdad. Es ridículo que los adversarios de la emancipación de las clases obreras hayan querido sacar partido de esas divisiones, como si éstas no fuesen la condición del progreso y la vida misma de la especie humana.

 

El sistema del Luxemburgo, en el fondo, es el mismo que los de Cabet, R. Owen, los PP. Moravos, Campanella, Moro, Platón, los primeros cristíanos: sistema comunista, gubernativo, dictatorial, autoritario, doctrinario. Parte de que el individuo está esencialmente subordinado a la colectividad; que sólo de ésta recibe su derecho y su vida; que el ciudadano pertenece al estado, como el hijo a la familia; que está en poder, en posesión, in manu, del estado y le debe en todo sumisión y obediencia.

 

En virtud de ese principio fundamental de la soberanía colectiva y de la sumisión del individuo, la escuela del Luxemburgo tiende en la teoría y en la práctica a referirlo todo al estado -o a la comunidad-. El trabajo, la industria, la propiedad, el comercio, la instrucción pública y la riqueza, del mismo modo que la legislación, la justicia, la policía, las obras públicas, la diplomacia y la guerra, todo se entrega al estado, para que luego sea repartido y distribuido, en nombre de la comunidad, a cada ciudadano, individuo de la gran familia, según su aptitud y sus necesidades.

 

Decía hace poco que el primer movimiento y la primera idea de la democracia trabajadora, al buscar su ley y constituirse como antítesis de la burguesia, había debido ser el de volver contra ella sus máximas: esto es lo que resalta a primera vista del examen del sistema comunista.

 

¿Cuál es el principio fundamental de la sociedad antigua, menestral o feudal, revolucionaria o de derecho divino? La autoridad, tanto se la haga bajar del cielo, tanto se la deduzca -como Rousseau (3)- de la colectividad. Así han hablado y obrado a su vez los comunistas. Lo hacen depender todo del derecho de la colectividad, de la soberanía del pueblo; su noción del poder o del estado es absolutamente la misma que la de sus antiguos maestros. Llámese el estado imperio, monarquía, República, democracia o comunidad, la cosa evidentemente es siempre la misma. Para los seguidores de esta escuela, el derecho del hombre y del ciudadano deriva de la soberanía del pueblo: de ella emana hasta la misma libertad. Los comunistas del Luxemburgo, los de Icaria y todos los demás pueden, tranquila la conciencia, prestar juramento a Napoleón III; su profesión de fe está de acuerdo en principio con la Constitución de 1852: es mucho menos liberal que la Constitución del Imperio.

 

Pasemos ahora del orden político al orden económico. En la sociedad antigua, el individuo noble o burgués, ¿a quién debía su rango, sus propiedades, sus privilegios, sus dotaciones y sus prerrogativas? A la ley; en definitiva al soberano. En lo relativo a la propiedad, por ejemplo, se hubiera podido muy bien -primero bajo el régimen del derecho romano, luego bajo el sistema feudal y por último bajo la inspiración de las ideas de 1789- alegar razones de conveniencia, de oportunidad, de transición, de orden público, de costumbres domésticas, de industria y hasta de progreso; la propiedad permanecía siendo una concesión del estado, único propietario natural de la tierra, como representante de la comunidad nacional. Lo mismo hicieron los comunistas: para ellos también, el individuo debía al estado sus bienes, sus facultades, sus funciones, sus honores, hasta su talento. No hubo diferencia sino en la aplicación. Por razón o por necesidad, el antiguo estado se había desprendido de más o menos facultades; una multitud de familias, nobles o burguesas, había salido de la indivisión primitiva y formado pequeñas soberanías en el seno de la sociedad. El objeto del comunismo fue hacer entrar nuevamente en el estado todos esos fragmentos de su patrimonio. La revolución democrática y social, en el sistema del Luxemburgo, no había de ser en principio sino una restauración o, lo que es lo mismo, un retroceso.

 

Así, al modo de un ejército que ha tomado los cañones al enemigo, el comunismo no hizo más que volver contra el ejército de los propietarios su propia artillería. Siempre el esclavo ha remedado al amo y el demócrata se disfraza de autócrata. Ya veremos más pruebas de esta afirmación.

 

Como medio de realización, independientemente de la fuerza pública que aún no podía disponer, el partido del Luxemburgo afirmaba y ensalzaba la asociación. La idea de asociación no es nueva en el mundo económico; los estados de derecho divino, tanto los antiguos como los modernos, son los que han fundado las más poderosas asociaciones y nos han dado su teoría. Nuestra legislación de la burguesía, el código civil como el de comercio, reconocen de ella muchos géneros y especies. ¿Qué han añadido a lo que ya se conocía los teóricos del Luxemburgo? La asociación ha sido unas veces para ellos una simple comunidad de bienes y ganancias; algunas, una simple participación o cooperación o bien una sociedad colectiva o en comandita; otras, las más, han entendido, por asociaciones obreras, formidables y numerosas compañías de trabajadores comanditadas y dirigidas por el estado, que atraigan la masa de la clase obrera, monopolicen los trabajos y las empresas, invadan toda propiedad, toda función pública, toda industria, todo cultivo, todo comercio, produzcan el vacío en los establecimientos y empresas particulares y aplasten por fin y trituren a su alrededor toda acción individual, toda vida, toda libertad, ni más ni menos que como lo están hoy haciendo las grandes compañías anónimas.

 

Así, en la mente de los hombres del Luxemburgo, el patrimonio público debía acabar con toda propiedad; la asociación debía destruir todas las asociaciones particulares o refundirlas en una sola; la concurrencia, vuelta contra sí misma, debía producir en último término la supresión de la concurrencia; la libertad colectiva debía absorber todas las libertades, tanto las corporativas y las locales como las individuales.

 

Respecto del gobierno, sus garantías y sus formas, la cuestión venía resuelta dentro del mismo orden de ideas. Sobre esto, como sobre la conciencia y el derecho del hombre, nada había tampoco de nuevo; veíase siempre la antigua fórmula, salvo su exageración comunista. El sistema político, según la teoría del Luxemburgo (4), podía ser definido en los siguientes términos: una democracia compacta fundada en apariencia sobre la dictadura de las masas, pero donde las masas no tienen más que la oportunidad de consolidar la servidumbre universal, según las fórmulas y máximas tomadas del antiguo absolutismo:

 

Indivisión del poder.

 

Centralización absorbente.

 

Destrucción sistemática de todo pensamiento individual, corporativo y local, considerado como elemento de discordia.

 

Policía inquisitorial.

 

Abolición o al menos restricción de la familia, y con mayor razón de la herencia.

 

El sufragio universal organizado de manera que sirva de perpetua sanción a esa tiranía anónima, por medio de la preponderancia de las medianías o nulidades, siempre en mayoría sobre los ciudadanos capaces y los caracteres independientes, considerados como sospechosos y naturalmente en escaso número. La escuela del Luxemburgo lo ha dicho en alta voz: está contra la aristocracia de las capacidades.

 

Entre los partidarios del comunismo hay quienes, menos intolerantes, no proscriben de una manera absoluta la propiedad, la libertad industrial, ni el talento independiente y de iniciativa; que no prohíben, al menos por leyes expresas, los grupos ni las reuniones formadas por la naturaleza de las cosas, ni las especulaciones y fortunas particulares, ni aun la concurrencia a las sociedades obreras subvencionadas por el estado. Mas combaten esas peligrosas influencias por medios tortuosos y las desalientan con triquiñuelas, vejámenes, tasas y una multitud de medios auxiliares que tienen por modelo los de los antiguos gobiernos y autorizan la moral del estado:

 

Contribución progresiva.

 

Contribución sobre las sucesiones.

 

Contribución sobre el capital.

 

Contribución sobre la renta.

 

Contribución suntuaria.

 

Contribución sobre las industrias libres.

 

Y en cambio:

 

Franquicias a las asociaciones.

 

Socorros a las asociaciones.

 

Estímulos y subvenciones a las asociaciones.

 

Montepíos para los inválidos del trabajo, individuos de las asociaciones, etc., etc.

 

Es éste, como se ve y como hemos dicho ya, el antiguo sistema del privilegio, vuelto contra sus beneficiarios; la explotación aristocrática y el despotismo aplicados en beneficio del pueblo; el estado servidor convertido en vaca lechera de los obreros y apacentado en las praderas y pastos de los propietarios. En resumen, un simple cambio de lugar del antiguo favoritismo: las clases altas precipitadas abajo y las bajas impulsadas arriba. En cuanto a las ideas, a las libertades, a la justicia, a la ciencia, nada.

 

En ese solo punto se separa el comunismo del sistema del estado burgués; éste afirma la familia, al paso que aquél tiende a abolirla. Ahora bien, ¿por qué se ha declarado el comunismo contra el matrimonio y se inclina con Platón y las primeras sectas cristianas al amor libre? Porque el matrimonio, es decir, la familia, es la fortaleza de la libertad individual; porque la libertad es el escollo del estado y, para consolidarle y librarle de toda oposición, de todo estorbo y de toda traba, el comunismo no ha visto otro medio que entregarle, además de todo lo nombrado, también las mujeres y los niños. Esto es lo que se llama también emancipación de la mujer. Hasta en sus extravíos se ve que el comunismo carece de invención y está condenado a la copia. ¿Se le presenta una dificultad? No la resuelve, la corta.

 

Tal es en compendio el sistema del Luxemburgo, sistema que -no nos sorprende- debe conservar numerosos partidarios, por lo mismo que está reducido a una mera falsificación y represalia del pueblo sustituido a los derechos, favores, privilegios y empleos de la burguesía. Es un sistema que tiene analogías y modelos en los despotismos, las aristocracias, los patriciados, los sacerdocios, las comunidades, los hospitales, los hospicios, los cuarteles y las cárceles de todos los siglos.

 

La contradicción de este sistema es por lo tanto flagrante. Esta es la razón por la que no ha podido jamás generalizarse ni establecerse. Ha caído con estrépito al menor ensayo.

 

Supóngase por un momento el poder en manos de los comunistas, las asociaciones obreras organizadas, la contribución persiguiendo a las clases respetadas hoy por el fisco y a proporción el resto. Ha de quedar muy pronto arruinada toda individualidad que posea algo; el estado, señor y árbitro de todo. ¿Y después? ¿No es obvio que la comunidad, con el peso de los muchos infelices cuya fortuna habrá destruido o confiscado, con la carga de todo el trabajo antes confiado a manos libres y con menos fuerzas recogidas que eliminadas, no ha de poder llenar ni la cuarta parte de su tarea, y el déficit y el hambre han de traer antes de quince días una revolución general donde se habrá de empezar todo de nuevo, y para empezar no se podrá menos que proceder a una restauración?

 

Tal es el absurdo antediluviano que hace treinta siglos se ha arrastrado a través de las sociedades, y ha seducido a los mejores talentos y a los más ilustres reformadores: Minos, Licurgo, Pitágoras, Platón, los cristianos y sus fundadores de órdenes, y más tarde Campanella, Moro, Babeuf, Roberto Owen, los Moravos.

 

Dos cosas tenemos, sin embargo, que consignar en pro del comunismo: la primera es que, como primera hipótesis, el comunismo era indispensable para que brotase la verdadera idea; la segunda, que en lugar de dividir y separar -como el sistema burgués- la política y la economía y hacer de ella dos órdenes de ideas distintas y contrarias, ha afirmado la identidad de sus principios, y aun ensayado si podía verificar su síntesis. Insistiremos sobre esto en los capítulos siguientes.

 

 

 

Notas

 

(1) Ese sistema fue el propuesto por la Comisión del Luxemburgo, instituida durante la revolución de febrero de 1848. El lunes 28 de febrero, por la tarde, se presentó a la Municipalidad (Hotel de Ville) una delegación de cuarenta obreros mecánicos y entregó, en nombre de millares de compañeros, Una petición solicitando la creación de un Ministerio del Progreso y del Trabajo y la designación de Luis Blanc para ocupar ese cargo. El Consejo de Ministros entró a deliberar o, mejor, asistió a un debate en el que se sostuvieron dos ideas opuestas: una por Blanc y otra por Lamartine. Este último consiguió imponer sus ideas preconizando la instalación de una Comisión Gubernamental para los Trabajadores, que debía reunirse en el Luxemburgo y que sería presidida por Luis Blanc. El obrero Albert fue designado vicepresidente. Firmado el decreto, que fue leído a los peticionantes, éste anunciaba:

 

Considerando que la revolución hecha por el pueblo debe ser hecha para él; que es tiempo de poner término a los prolongados e inicuos sufrimientos de los trabajadores; que la cuestión del trabajo es de una importancia suprema; que no existe ni más alta ni más digna preocupación para un gobierno republicano; qae corresponde sobre todo a Francia el estudiar ardientemente y resolver un problema planteado a todas las naciones industrializadas de Europa, etcétera ...

 

Esa Comisión fue recibida en el Palacio del Luxemburgo el 1° de marzo. Estaba compuesta de casi 500 miembros; participaban de ella economistas de todas las escuelas, patronos y obreros. El 20 de marzo, Luis Blanc expuso su programa al Comité de la Comisión, asistiendo a la sesión Le Play, Wolowski y Duveiyrier. Decía en sustancia: la revolución francesa ha asegurado el triunfo del dejad hacer, dejad pasar del individualismo, del antagonismo de los intereses y de la competencia, que al fin termina en el aplastamiento de los más débiles. Ese régimen estimula vivamente el interés personal y ese estimulante es de un carácter funesto. Sólo el principio de asociación puede evitar todos esos males. Es necesario, pues, previo entendimiento con el patronato, rescatar las fábricas y confiarlas a los obreros, que producirán en acuerdo armónico con sus directores electivos, de quienes serán los iguales. Las entradas se aplicarán al pago de los salarios, idénticos para todos, a la renta del capital y a los gastos de mantenimiento, etc. Después de haber realizado la asociación en un taller, se federarían todos los talleres de una industria y luego todas las industrias. El ejemplo de una creación semejante, viniendo del estado-tutor, se generalizaría en forma irresistible.

 

(2) Los términos socialismo y socialista eran entonces de uso corriente y su creación databa apenas de treinta años más o menos. ¿En qué momento preciso fueron empleados por primera vez? El punto es muy controvertido y la investigación, delicada. Nosotros no podemos hacer nada mejor que exponer las conclusiones de Gabriel Deville, entresacadas del capítulo Origen de la palabra socialismo y socialista, que se encuentra en la obra de Alejandro Zévaes sobre El Socialismo en 1912, París, Marcel Riviére (1912). Pedro Leroux, en la Huelga de Samarez (1863), pretende, de buena fe evidentemente, haber creado la palabra socialista hacia 1833. Por otra parte, Luis Reybaud en sus Estudios sobre los reformadores contemporáneos o socialistas modernos (1840) afirma que la palabra socialista no existía antes de 1835 y declara haber recogido esa palabra en Inglaterra, donde se la atribuían a los partidarios de Owen desde 1833. Resulta de los muy minuciosos estudios de Deville, que esa palabra --efectivamente empleada por Leroux hacia 1834 (lo que arruinaría las pretensiones de Reybarud)- no se aplicaba siempre en forma correcta de acuerdo a su primer uso. Deville señala también que en un periódico suizo, El Sembrador, publicación religiosa, política y filosófica, aparece por primera vez la palabra, que debe ser atribuida al autor de un artículo titulado Catolicismo y Protestantismo, que no es otro que el célebre pastor helvético Alejandro Vinet. Este trabajo apareció el 23 de noviembre de 1831 y aquélla es la primera aparición actualmente conocida.

 

(3) En la teoría de J. J. Rousseau, que es la de Robespierre y de los jacobinos, el Contrato Social es una ficción de legista, imaginada para justificar de un modo distinto la conocida justificación por el derecho divino, la autoridad paternal o la necesidad social de la formación del estado y de las relaciones entre el gobierno y los individuos. Esta teoría, tomada de los calvinistas, era en 1764 un progreso, ya que la misma tenía por objeto referir a una ley razonable lo que hasta entonces se había aceptado como una ley religiosa o natural. En el sistema federativo, el contrato social es algo más que una ficción: es un pacto positivo, efectivo, que ha sido realmente propuesto, discutido, votado, adoptado, y que se modifica regularmente a voluntad de los contratantes. Entre el contrato federativo y el de Rousseau y el del 93, hay toda la distancia que va de la realidad a la hipótesis. (Nota de P. J. Proudhon).

 

(4) Una gran crisis trajo la revo1ución de 1848 en Francia, y el gobierno, no pudiendo resistir a las exigencias de los trabajadores, había resuelto la constitución de una Comisión, llamada del Luxemburgo, que debía encargarse de resolver la desocupación y dar satisfacción al derecho al trabajo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4

 

Lo que importa destacar en los movimientos populares es su perfecta espontaneidad. ¿Obedece el pueblo a una excitación o sugestión exterior, o bien a una inspiración, intuición o concepción natural? Por grande que sea el cuidado con que se precise este aspecto en el estudio de las revoluciones, no lo será nunca bastante. A no dudarlo, las ideas que en todas las épocas han agitado a las masas surgieron antes en el cerebro de algún pensador. En materia de ideas, de opiniones, de creencias y de errores, la prioridad no ha pertenecido nunca ni es posible que pertenezca hoy, a las muchedumbres. La prioridad en todo acto del espíritu pertenece al individuo: nos lo indica la relación de los términos. Mas, ni todo pensamiento que surge en el individuo se apodera después de los pueblos ni las ideas que los arrastran son todas justas y útiles. Afirmamos precisamente que lo más importante, sobre todo para el historiador filósofo, es observar cómo el pueblo se apega a ciertas ideas con preferencia a otras, las generaliza, las desarrolla a su modo y las convierte en instituciones y costumbres que sigue tradicionalmente, mientras no caigan en manos de legisladores y magistrados que harán de ellas a su vez artículos de ley y reglas para los tribunales.

 

Sucede con la idea de reciprocidad lo que con la de comunidad: es tan antigua como el estado social. Algunas inteligencias meramente especulativas entrevieron algunas veces su fuerza orgánica y su alcance revolucionario, pero hasta el año 1848 jamás había tenido aquélla la importancia ni representado el papel que hoy parece decididamente próxima a hacer. En esto ha quedado muy por detrás de la idea comunista, que -después de haber brillado bastante en la antigüedad y en la Edad Media, gracias a la elocuencia de los sofistas, al fanatismo de los sectarios y al poder de los conventos- ha estado en nuestros días próxima a tomar nueva fuerza e incremento.

 

El principio de reciprocidad o mutualidad ha sido formulado por primera vez -con cierta elevación filosófica y una verdadera intención reformadora- en esa famosa máxima que han repetido todos los sabios y que a su ejemplo pusieron nuestras Constituciones del año II y III en la Declaración de los derechos y deberes del hombre y del ciudadano:

 

No hagas a los demás lo que no quieras para ti. Haz constantemente a los demás el bien que de ellos quisieras recibir.

 

Este principio -digamos de doble filo-, admirado de edad en edad y jamás contradicho, grabado -dice el redactor de la Constitución del año III- en todos los corazones por la naturaleza, supone que el individuo a quien va dirigido es libre y tiene el discernimiento del bien y del mal o posee en sí la justicia. Tanto la libertad como la justicia nos levantan muy por encima de la idea de autoridad, colectiva o de derecho divino, en la que acabamos de ver asentado el sistema del Luxemburgo.

 

Hasta aquí esta bella máxima no ha sido para los pueblos, según el lenguaje de los teólogos moralistas, sino una especie de consejo. Por la importancia que hoy recibe y por la manera como las clases obreras piden que se la aplique, tiende a llegar a ser precepto, a tomar un carácter decididamente obligatorio, a ganar fuerza de ley.

 

Consignemos el progreso verificado a este fin en las clases obreras. Leo en el manifiesto de los Sesenta:

 

El sufragio universal nos ha hecho políticamente mayores de edad, pero falta aún que nos emancipemos socialmente. La libertad que el Estado Llano (1) supo conquistar con tanto vigor se debe hacer extensiva en Francia a todos los ciudadanos. La igualdad de derecho político implica necesariamente la de derecho social.

 

Observemos este razonamiento: Sin la igualdad social, la igualdad política no es más que una vana palabra; el sufragio universal, una contradicción. Se deja a un lado el silogismo y se razona por vía de asimilación: igualdad política -igualdad social. Ese giro dialéctico es nuevo; sobreentiende, por lo demás, como primer principio, la libertad del individuo.

 

La burguesía, nuestra hermana primogénita en el camino de la emancipación, hubo en 1789 de absorber la nobleza y destruir injustos privilegios. Trátase ahora para nosotros, no de destruir los derechos de que gozan justamente las clases medias, sino de conquistar la misma libertad de acción.

 

Y más abajo:

 

No se nos acuse de soñar con leyes agrarias, igualdad quimérica que pondría a cada individuo en el lecho de Procusto, ni con repartos de propiedad, maximum, impuesto forzoso, etcétera. No; es tiempo ya de acabar con esas calumnias propagadas por nuestros enemigos y adoptadas por los ignorantes. La libertad, el crédito, la solídaridad; éstos son nuestros sueños.

 

Y por conclusión:

 

El día en que esos sueños se realicen, no habrá más burgueses ni proletarios, patronos ni obreros.

 

Toda esta redacción es un poco ambigua. En 1789 no se ha despojado a la nobleza de sus bienes; las confiscaciones verificadas más tarde fueron un hecho de guerra. No se hizo sino abolir ciertos privilegios incompatibles con la libertad y el derecho que la nobleza se había injustamente arrogado, abolición que produjo la absorción de la nobleza misma. No hay ahora razón para que digamos que el proletariado no pretende despojar a la burguesía de sus bienes adquiridos, ni de ninguno de los derechos de que goza justamente; no se quiere sino realizar -bajo los nombres perfectamente jurídicos y legales de libertad de trabajo, crédito y solidaridad- ciertas reformas cuyo resultado será abolir ... ¿qué? los derechos, privilegios y demás beneficios de que la burguesía goza de una manera exclusiva, y por este medio hacer que no haya burguesía ni proletariado, es decir, absorberla.

 

Es decir, lo que ha hecho la burguesía con la nobleza en la revolución de 1789: eso mismo hará el proletariado con la burguesía en la nueva revolución; y puesto que en 1789 no hubo injusticias, en la nueva revolución que ha tomado a su primogénita por modelo, no las habrá tampoco.

 

Dicho esto, el Manifiesto desarrolla su pensamiento con progresiva energía.

 

No estamos representados, nosotros que nos negamos a creer que la miseria sea de institución divina. La caridad, virtud cristiana, ha demostrado y reconocido radicalmente su impotencia como institución social. En los tiempos de la soberanía del pueblo y del sufragio universal, no puede ser ya ni clientes, ni asistidos; queremos ser iguales. Rechazamos la limosna, queremos la justicia.

 

¿Qué decís de esa declaración? Queremos para nosotros lo que habéis hecho para vosotros, hombres de la burguesía, nuestros primogénitos. ¿Es esto claro?

 

Aleccionados por la experiencia, no aborrecemos a los hombres; queremos cambiar las cosas.

 

Esto es tan decisivo como radical. ¡Y la pretendida oposición democrática ha perseguido candidaturas precedidas de semejante profesión de fe! ...

 

Así los Sesenta -por su dialéctica como por sus ideas- salen de la vieja rutina comunista y del centrismo. No quieren privilegios ni derechos exclusivos; han abandonado esa igualdad materialista que ponía al hombre en un lecho de Procusto; proclaman la libertad de trabajar, condenada por el Luxemburgo en la cuestión del trabajo a destajo; admiten la concurrencia, aunque igualmente condenada por el Luxemburgo como despojadora; proclaman a la vez la solidaridad y la responsabilidad; no quieren más clientelas ni jerarquías. Quieren, sí, la igualdad de la dignidad, agente incesante de nivelación económica y social; rechazan la limosna y todas las instituciones de beneficencia; piden en su lugar la justicia.

 

Los más de ellos son individuos de sociedades de crédito mutuo y de socorros mutuos que, según sabemos por ellos mismos, funcionan oscuramente en la capital en número de treinta y cinco; gerentes de sociedades industriales fundadas en el principio de coparticipación, reconocido por el Código, y en el de reciprocidad, sociedades de las cuales ha sido desterrado el comunismo.

 

Bajo el punto de vista de la jurisdicción, los mismos obreros piden tribunales de obreros y tribunales de maestros que se complementen, se controlen y se equilibren los unos a los otros; sindicatos ejecutivos y sindicatos periciales; en suma, una completa reorganización de la industria bajo la jurisdicción de todos los que la componen.

 

Afirman que el sufragio universal es su regla suprema. Uno de sus primeros y más poderosos efectos ha de ser, según ellos, reconstituir sobre nuevas relaciones los grupos naturales del trabajo, es decir, las corporaciones obreras. Esa palabra corporaciones es uno de los principales motivos de cargo contra los Sesenta, pero no nos asusta. Hagamos como ellos; no juzguemos sobre palabras, consideremos las cosas.

 

Creo que hemos dicho lo bastante como para demostrar que las clases obreras han entrado de una manera nueva y original en la idea mutualista, que se la han apropiado, que la han profundizado, que la aplican con reflexión, que prevén todo su desarrollo, en una palabra, que han hecho de ella su fe y su nueva religión. Nada hay más auténtico que ese movimiento, muy débil aún, pero destinado a absorber, no sólo a una nobleza de algunos centenares de miles de almas sino también a una burguesía que se cuenta por millones, y, por añadidura, a regenerar la sociedad cristiana entera.

 

Veamos ahora la idea en sí misma.

 

La palabra mutual, mutualidad, mutuo, -que tiene por sinónimo recíproco y reciprocidad-, viene del latín mutuum, que significa préstamo (de cosa fungible) y, en un sentido más lato, cambio. Es sabido que en el préstamo de cosa fungible, el objeto prestado es consumido por el mutuatario, que no devuelve sino su equivalente, ya en la misma especie, ya bajo cualquier otra forma. Supóngase que el mutuante pase a ser a su vez mutuatario, y se tendrá un préstamo mutuo, y por consecuencia, un cambio. Tal es el lazo lógico que ha hecho que se dé el mismo nombre a dos operaciones distintas. Nada más elemental que esta noción, por lo tanto, no insistiré más en su parte lógica y gramatical. Lo que nos interesa es saber cómo sobre esa idea de mutualidad, de reciprocidad y de cambio, de justicia -sustituida a las de autoridad, comunidad o caridad-, se ha construido en política y en economía un sistema de relaciones que tiende nada menos que a cambiar de arriba a abajo el orden social.

 

¿Con qué título y bajo qué influencia la idea de mutualidad se ha apoderado de los ánimos?

 

Hemos visto anteriormente cómo entiende la escuela del Luxemburgo la relación del hombre y del ciudadano con la sociedad y con el estado (2); según ella, esa relación es de subordinación. De aquí la organización autoritaria y comunista.

 

A este concepto autoritario viene a oponerse el de los partidarios de la libertad individual, según los cuales, la sociedad no debe ser considerada como una jerarquía de funciones y facultades sino como un sistema de equilibrio entre fuerzas libres, en el que cada una está segura de gozar de los mismos derechos bajo la condición de cumplir los mismos deberes, y de obtener las mismas ventajas a cambio de los mismos servicios. Por consecuencia, sistema esencialmente igualitario y liberal, que excluye toda excepción de fortunas, de rangos y de clases. Ahora bien, he aquí cómo razonan y discurren esos adversarios de la autoridad o liberales.

 

Sostienen que siendo la naturaleza humana en el universo la más alta expresión, por no decir la encarnación de la justicia universal, el hombre y ciudadano debe su derecho directamente a la dignidad de su naturaleza, así como más tarde deberá su bienestar directamente a su trabajo personal y el buen uso de sus facultades, al libre ejercicio de sus talentos y de sus virtudes. Dicen, por lo tanto, que el estado no es otra cosa que el resultado de la unión libremente formada entre personas iguales, independientes y dotadas todas del sentimiento de justicia; que así no representa sino grupos de libertades e intereses; que todo debate entre el poder y tal o cual ciudadano se reduce a un debate entre ciudadanos; que, por consecuencia, no hay en la sociedad otra prerrogativa que la libertad, ni otra supremacía que la del derecho. Ha pasado ya el tiempo -afirman- de la autoridad y de la caridad; queremos en su lugar la justicia.

 

De esas premisas -radicalmente contrarias a las del Luxemburgo- deducen una organización basada sobre la más vasta escala del principio mutualista. Servicio por servicio -postulan-, producto por producto, préstamo por préstamo, seguro por seguro, crédito por crédito, caución por caución, garantía por garantía; tal es la ley. Es el antiguo talión -ojo por ojo, diente por diente, vida por vida- vuelto en cierto modo del revés y trasladado del derecho criminal y de las atroces prácticas de la vendetta al derecho económico, a las obras del trabajo y a los buenos oficios de la libre fraternidad. De aquí todas las instituciones del mutualismo: seguros mutuos, crédito mutuo, socorros mutuos, enseñanza mutua y garantías recíprocas de venta, cambio, trabajo, buena calidad y justo precio de las mercancías. De todo esto pretende hacer el mutualismo -con ayuda de ciertas instituciones- un principio de estado, una ley de estado y más, una especie de religión de estado, de una práctica tan fácil como ventajosa para los ciudadanos, pues no exige policía, ni represión ni compresión ni puede llegar a ser para nadie causa de decepción ni de ruina.

 

Aquí el trabajador no es ya un siervo del estado perdido en el océano de la comunidad; es el hombre libre y realmente soberano que obra por su propia iniciativa y bajo su responsabilidad personal, seguro de obtener de sus productos y servicios un precio justo, suficientemente remunerador, y de encontrar en sus conciudadanos la más perfecta lealtad y las más completas garantías. El estado, el gobierno, no es tampoco un soberano; la autoridad no es ya la antítesis de la libertad. Estado, gobierno, poder, autoridad, son expresiones que sirven para designar bajo otro punto de vista la libertad misma, fórmulas generales tomadas de la antigua lengua, por las que se designa en ciertos casos la suma, la unión, la identidad y la solidaridad de los intereses particulares.

 

Así las cosas, no hay ya por qué preguntar -como en el sistema burgués o en el del Luxemburgo- si el estado, el gobierno o la comunidad deben dominar al individuo o estarle subordinados; si el príncipe es más que el ciudadano o el ciudadano más que el príncipe; si la autoridad es señora de la libertad o si es por lo contrario su servidora: cuestiones todas faltas de sentido. Gobierno, autoridad, estado, comunidad y corporaciones, clases, compañías, ciudades, familias, ciudadanos; en dos palabras, grupos e individuos, personas morales y personas reales, todas son iguales ante la ley, única que, ya por órgano de éste, ya por ministerio de aquél, reina, juzga y gobierna. Despotes ho nomos.

 

Quien dice mutualidad dice partición de la tierra, división de propíedades, independencia del trabajo, separación de industrias, especialidad de funciones, responsabilidad individual y colectiva, según se trabaje individualmente o por grupos; reducción al mínimo de los gastos generales, supresión del parasitismo y de la miseria. Quien por lo contrario dice comunidad, jerarquía, indivisión, dice centralización, multiplicidad de resortes, complicación de máquinas, subordinación de voluntades, pérdida de fuerzas, desarrollo de funciones improductivas, aumento indefinido de gastos generales y, por consecuencia, creación de parasitismo y aumento de la miseria.

 

 

 

Notas

 

(1) O Tercer Estado, o burguesia. Ambas expresiones sinónimas.

 

(2) Sólo la superstición política se imagina hoy que la vida social necesita del estado para mantenerse en cohesión, cuando en realidad es el estado el que debe su cohesión a la vida social. -Carlos Marx, Cit. por Franz Mehring. (Cap. III de Carlos Marx, historia de su vida. F Mehring, Berlín. Marzo 1918.)

 

La sociedad que organice la producción sobre las bases de la asociación líbre e igualitaria de los productores transportará a su verdadero sitio la máquina del estado, es decir, a un museo de antigûedades, junto a la rueca y el hacha de bronce. (Engels, Los orígenes de la sociedad.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 5

 

La idea de mutualismo conduce a consecuencias prodigiosas, entre ellas a la de la unidad social del género humano. El mesianismo judío había tenido este sueño, mas ninguna de las cuatro grandes monarquías anunciadas por Daniel pudo realizar el programa. En todas partes el estado era tanto más débil cuanto más extenso; el fin de la conquista romana fue la señal de la gran disolución. Los mismos emperadores, dividiéndose entre sí la púrpura, se adelantaron al restablecimiento de las nacionalidades. La Iglesia no fue tampoco más feliz de lo que lo habían sido Ciro, Alejandro y los Césares: el catolicismo evangélico no abraza ni siquiera la mitad de la población del globo. Ahora bien, lo que no han podido ni el poder de los grandes imperios ni el celo de la religión tiende a conseguirlo la lógica del mutualismo; y como esta lógica procede de abajo a arriba, empezando por las clases explotadas y tomando la sociedad al revés, se puede prever y esperar que lo consiga.

 

Toda sociedad se forma, se reforma o se transforma por medio de una idea. Así se ha visto en la historia, y se ve aún en nuestros días, la idea de paternidad, fundando las antiguas aristocracias y monarquías: patriarcado o despotismo oriental, patriciado romano, zarismo ruso, y a la fraternidad pitagórica produciendo las Repúblicas de Creta, de Esparta, de Crotona y otras. Conocemos -por haberlas practicado- la autocracia pretoriana, la teocracia papal, el feudalismo, el constitucionalismo de la burguesía. ¿Y por qué no habíamos de nombrar aquí la atracción pasional de Fourier, el sacerdocio andrógino de Enfantin, el idealismo epicúreo de nuestros románticos, el despotismo de Comte, la anarquía malthusiana o la libertad negativa de los economistas? Todas estas ideas aspiran a hacerse predominantes; su pretensión a la omniarquía no se pone en duda.

 

Mas, para fundar esa nueva e indefectible unidad, falta un principio necesario, universal, absoluto, inmanente, anterior y superior a toda constitución social, tan inseparable de ella que para derribarla baste alejarla de él. Encontramos este principio en la idea de mutualidad, que no es sino la de una justicia bilateral aplicable a todas las relaciones humanas en todas las circunstancias de la vida.

 

Es un hecho evidente que la justicia ha permanecido hasta aquí extraña e indiferente a una multitud de cosas que reclaman su intervención. La religión, la política, la misma metafísica, la han relegado al segundo o al tercer rango. Cada pueblo al darse una divinidad protectora ha nombrado al poder, la riqueza, el amor, el valor, la elocuencia, la poesía o la belleza; no ha entrado en el pensamiento de ninguno que el derecho fuese el más grande y el más poderoso de los dioses y hasta superior al destino. La justicia es hija o a lo sumo esposa, pero esposa repudiada de Júpiter; un simple atributo del omnipotente Jehová.

 

En el origen de las sociedades esto era natural. Bajo la influencia de la imaginación y de la sensibilidad, el hombre afirma, ante todo, los seres que le rodean; mucho tiempo después recién concibe las ideas y aun entre éstas ve en primer lugar las más concretas, las más completas, las más individualizadas, y sólo últimamente las más universales y las más sencillas, que son a la vez las más abstractas. El niño empieza por respetar a su padre y a su madre; de ahí se eleva a la concepción del patriarca, del pontífice, del rey o del zar; desprende poco a poco de esas figuras la idea de autoridad y necesita hasta treinta siglos para concebir la sociedad, es decir, la gran familia de que forma parte, como la encarnación del derecho.

 

Sin embargo, es claro que, cualquiera sea el principio en que la sociedad descanse y cualquiera sea el nombre que dé a su autoridad soberana, no subsistirá sino por la justicia. Suprimida la justicia, la sociedad se corrompe, el estado sucumbe. Faltándole la justicia, el más paternal de los gobiernos no pasa de ser una odiosa e insoportable tiranía: tal ha sido, hasta las reformas empezadas por Alejandro II, el poder de los zares. Otro tanto sucede con toda idea tomada como base de una constitución social: no puede vivir sin el derecho ni separada del derecho, siendo así que el derecho subsiste por sí mismo y, rigurosamente hablando, no necesita del apoyo de ninguna otra idea.

 

Ahora bien, si la justicia está necesariamente contenida en todo sistema político y es su condición suprema, no puede menos de ser la fórmula misma de la sociedad, el mayor de los dioses, la más alta de las religiones como culto, la teología por excelencia como estudio. Da sello a la ciencia y al arte; toda verdad, como toda belleza, que se saliese de ella o contra ella estuviese sería por lo mismo ilusión y mentira.

 

Una religión concebida sin justicia sería una monstruosidad; un Dios injusto es el sinónimo de Satanás, de Ariman, el genio del mal; una revelación, aun cuando viniese acompañada de milagros, si no tuviese por objeto el perfeccionamiento del hombre por medio de la justicia, debería ser atribuida -nos lo enseña la misma Iglesia- al espíritu de las tinieblas; un amor sin respeto es impudicia; todo arte, todo ideal, que se supusieran emancipados de la moral y de la justicia deberían ser declarados arte de corrupción, ideal de ignominia.

 

Examínese ahora el conjunto de las ideas humanas, recórrase el dominio de la ciencia sagrada y profana y no se encontrará otra idea como la de justicia. Esa justicia es precisamente la que proclaman e invocan hoy bajo el nombre de mutualidad los hombres de la democracia obrera, en su intuición espontánea aunque oscura. Ése es el orden nuevo que, según la tradición popular, está llamado a establecer la revolución francesa, reuniendo a todos los pueblos en una confederación de confederaciones. La religión del porvenir, que debe venir a completar el Evangelio, no es más que la religión de la justicia.

 

Jesús, a ejemplo de Moisés, ha hablado una vez del principio de mutualidad y especialmente del mutuum: no ha vuelto luego a recordarlo. No era posible que hiciesen más ni el uno ni el otro.

 

En tiempo de Moisés, no podía apoderarse del pueblo hebreo sino una idea afectiva, la autoridad paterna o el patriarcado, nacido de la autoridad del Altísimo, padre celestial de Israel. Por esto la ley mosaica -aunque amante de la Justicia- la subordina en su aplicación a la autoridad paterna, real y pontifical, al culto de Jehová.

 

En tiempo de Jesús, el sacerdocio, la monarquía y la aristocracia habían cometido abusos; el pueblo, sin embargo, no se había elevado a la espiritualidad de la justicia, como lo declara el mismo apóstol. A la autoridad paterna y sacerdotal -que había caído en la prevaricación y el paganismo- sustituyó Jesús por la caridad fraternal; fundó la cofradía evangélica, la Iglesia.

 

Pero el mismo Jesús ha anunciado que tras él vendrá un tercer personaje, el Paracleto, en latín advocatus, el abogado o el hombre del derecho, el justiciero. Ese Paracleto, cuya llegada ha sido esperada de siglo en siglo, primero por los apóstoles y luego por sus sacerdotes; ese personaje sobre el cual se han contado tantas leyendas fantásticas, ¿por qué no había de poder decir yo que se manifiesta hoy en el movimiento regenerador del moderno proletariado? La misma razón que hizo comprender hace más de dieciocho siglos al profeta de Nazareth que la caridad por él predicada no era la última palabra del Evangelio, ilumina hoy a nuestra democracia, cuando hablando por boca de los Sesenta nos dice: Rechazamos la limosna; queremos la justicia.

 

Siento detener por tanto tiempo al lector en cuestiones un poco arduas. Pero, lo repito, se trata de una revolución que corre por las venas del pueblo, de la revolución más profunda y decisiva que haya podido verse en ningún tiempo, de una revolución sobre la que no podría divagar ni exagerar sin verguenza, cuando por desgracia nuestra inteligencia se vuelve poco seria. Los que tengan necesidad de que se les divierta cuando se les habla de sus más grandes intereses, conténtense con leer todos los días, de sobremesa, diez de mis páginas; tomen luego su folletín o váyanse al teatro de la Comedia. Yo por mi parte declaro que es tan imposible jugar con la justicia como me lo sería gastar bromas sobre la miseria y el crimen. Si alguna vez tomase mi exposición un tinte satírico, no será debido a mi voluntad; atribúyase a mi indignación de hombre honrado.

 

Después de haber seguido tan de cerca como nos ha sido posible el nacimiento de la idea mutualista, conviene examinar su naturaleza y su alcance. Si no soy tan breve como quisiera, procuraré al menos ser claro y concluyente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 6

 

Las clases obreras nos han confiado su secreto. Sabemos por ellas mismas que después de haberse detenido un momento, el año 1848, en las ideas de vida en común, de trabajo en común, de estado-familia, o estado-servidor, se han decidido por fin a abandonar esta utopía. Por otra parte, también están contra el sistema de justo medio político y anarquía económica de la burguesía, y su pensamiento está muy concentrado en un principio único, igualmente aplicable -a su modo de ver- a la organización del Estado que a la legislación de los intereses: el principio de mutualidad o de reciprocidad.

 

Hecha pública esta idea, no tenemos ya necesidad de preguntar nada a las clases obreras acerca de sus ideas sobre el porvenir. Su práctica no ha hecho en los últimos seis meses grandes adelantos y en cuanto a su doctrina podemos, con ayuda de la lógica, conocerla tan bien como ellas mismas. Tan bien y aun mejor que ellas podemos, por medio de la razón, interrogar la conciencia universal, discutir sus tendencias y revelar a los ojos de las masas su destino. Podemos hacer más, y es -si se extraviaran- hacerles observar sus contradicciones o inconsecuencias y, por lo tanto, sus faltas. Luego, aplicando su idea a cada cuestión política, económica o social, trazarles -si no lo tuviesen- un plan de conducta o un formulario. Les indicaremos así anticipadamente las condiciones de sus triunfos y las causas de sus derrotas; escribiremos de antemano, bajo la forma de una deducción didáctica, su historia. Nos lo permite hoy el estado de la civilización. La humanidad se empieza a conocer y a poseer lo bastante para calcular su existencia en un largo período: motivo precioso de consuelo para los que se afligen de la brevedad de la vida, y quisieran saber por lo menos cómo irá el mundo algunos centenares de años después de su muerte.

 

Volvamos a tomar, pues, esa idea de mutualidad y veamos lo que -por la fuerza de los acontecimientos y de acuerdo con la lógica- se dispone a hacer la democracia obrera.

 

Empecemos por observar que hay dos modos de mutualidad: se puede volver mal por mal, como se puede volver bien por bien. Se puede volver riesgo por riesgo, probabilidad por probabilidad, concurrencia por concurrencia, indiferencia por indiferencia, limosna por limosna. Considero las sociedades de socorros mutuos, tal como existen hoy, como simples transiciones al régimen mutualista. Pertenecen aún a la categoría de las fundaciones benéficas; son verdaderos recargos que debe imponerse el trabajador si desea no verse expuesto al abandono en los casos de enfermedad o de falta de trabajo. Pongo en la misma línea las casas de empeño, las loterías de beneficencia, las cajas de ahorros, los seguros de vida, las maternidades, los asilos, los orfanatos, los hospitales, los hospicios, las inclusas, las casas para ciegos e inválidos, los albergues públicos. Se puede ver ya -por lo que ha hecho e intentado hacer la caridad cristiana- cuál es la tarea de la mutualidad moderna. Es posible que esos establecimientos no desaparezcan tan pronto, dado que es profundo el malestar social y son lentas las transformaciones que tienen por objeto la mejora de masas tan numerosas y tan pobres. Pero esas instituciones no son más que monumentos de miseria, y nos lo ha dicho el manifiesto de los Sesenta: Rechazamos la limosna, queremos la justicia.

 

La verdadera mutualidad es la que da, promete y asegura servicio por servicio, valor por valor, crédito por crédito, garantía por garantía. La que sustituye en todo la caridad por el derecho riguroso, descarta toda veleidad y toda posibilidad de espectación, reduce a su más simple expresión todo elemento aleatorio y hace comunes los riesgos, tendiendo sistemáticamente a organizar el principio de la justicia en una serie de deberes positivos y de garantías materiales.

 

Precisemos nuestro pensamiento con ejemplos. Empiezo por el más conocido y el más sencillo.

 

Todo el mundo ha oído hablar de las compañías de seguros contra incendios, contra el granizo, la epizootia, los riesgos marítimos, etcétera. Lo que no es tan sabido es que esas compañías realizan en general muy grandes beneficios: las hay que reparten a sus accionistas el 50 y hasta el 150 por ciento del capital desembolsado.

 

La razón de esto es fácil de comprender.

 

Una sociedad de seguros no necesita de capital: no tiene ni trabajo alguno que hacer, ni mercancía que comprar, ni mano de obra que pagar. Unos cuantos propietarios, en tan gran número como se quiera -cuantos más sean, mejor- se obligan los unos a los otros, cada uno a prorrata de los valores que quiere hacer asegurar, a cubrirse recíprocamente las pérdidas que hayan sufrido por fuerza mayor o caso fortuito; y esto es lo que se llama seguro mutuo. En este sistema se calcula la prima pagadera por cada asociado a fin de cada año o en períodos todavía más largos, según son más o menos raros y de poca o mucha importancia los siniestros. Es por lo tanto variable y no proporciona beneficios a nadie.

 

Otras veces se reúnen unos cuantos capitalistas y se ofrecen a reembolsar a los particulares, mediante una prima anual de x por ciento, el importe de las pérdidas eventuales que experimenten en sus propiedades, a causa de un incendio, el granizo, de naufragios, de la epizootia, en una palabra, del siniestro que haya sido objeto del seguro. Esto es lo que se llama seguro a prima fija. (Manual del especulador de Bolsa, por P. J. Proudhon y J. Duchéne. París, 1867. Garnier Hermanos.)

 

Ahora bien, como ninguno está obligado a asegurar gratuitamente, y la oferta y la demanda es la ley del mundo comercial, se comprende que las compañías se pongan de acuerdo y se aseguren entre sí, calculando sus riesgos y sus primas, de manera que, quedando las pérdidas cubiertas por lo menos dos veces por los beneficios, puedan doblar y triplicar el capItal.

 

¿Cómo es entonces que el seguro mutuo no ha reemplazado hace mucho tiempo los demás seguros? ¡Ah! Es porque hay muy pocos particulares que quieran ocuparse de los intereses que son comunes a todos pero a nadie en particular. Es porque el Gobierno -que podría tomar la iniciativa- se niega a tomarla, como si no tuviese ingerencia en este problema porque -aduce- es cosa de economía política y no de gobierno. Hablemos más claro: es porque hacerlo sería atentar contra las compañías de parásitos, grandes señores que viven holgadamente del tributo que les pagan los asegurados. Es porque los ensayos que hasta aquí se han hecho del seguro mutuo -ya sin la sanción del estado y en demasiado pequeña escala, ya por el estado mismo, pero con miras de favorecer a sus laderos- han concluido por fastidiar, de modo y de manera que la institución ha quedado verdaderamente en proyecto. El seguro mutuo abandonado por la autoridad pública, a la que correspondía realizarlo, no es aún más que una idea.

 

Cuando el espíritu de iniciativa y el sentimiento de colectividad que dormitan en Francia hayan tomado vuelo, el segundo será un contrato entre los ciudadanos, una asociación cuyos beneficios serán para todos los asegurados y no para algunos capitalistas, y no consistirán sino en la reducción de la prima del seguro. Esa idea se ha manifestado ya en el público y en las Cámaras bajo la forma de seguros por el estado (1). (Ibid.)

 

Lo que se puede temer aquí, como siempre, es que el gobierno -bajo pretexto de utilidad pública- cree un gran monopolio, como lo ha hecho con los ferrocarriles, el gas, los ómnibus. Ese monopolio utilizado tal vez para dotar a más de uno de sus fieles servidores, cuyos largos servicios no permitiese recompensar la penuria del Tesoro. Así en el régimen de mutua insolidaridad en que vivimos, vamos de la explotación de las compañías a la explotación por el gobierno, todo por no saber entendernos y por preferir el enriquecimiento por el privilegio a la garantía contra el despojo y el pauperismo.

 

Estos hechos son perfectamente conocidos y no tengo la pretensión de descubrir nada nuevo a mis lectores. ¿Qué piden, pues, los partidarios de la mutualidad?

 

Reconocen -con los economistas de la escuela puramente liberal- que la libertad es la primera de las fuerzas económicas y que debe confiársele todo lo que pueda hacer por sí sola. Pero, donde no pueda llegar la libertad, mandan el buen sentido, la justicia y el interés general, que intervenga la fuerza colectiva, que no es en este caso sino la mutualidad misma. Los servicios públicos, por ejemplo, han sido precisamente creados para esa clase de necesidades y no tienen otro objeto que satisfacerlas. Entienden por lo tanto que su principio -admitido por todo el mundo en cuanto teoría, pero hasta ahora descartado de la práctica por el descuido o la negligencia de los gobiernos- es preciso que reciba al fin plena y entera aplicación. Denuncian en el sistema contrario tres males que desean hacer desaparecer en cuanto lleguen al poder:

 

1° La violación de un principio de derecho público y economlco.

 

2° El sacrificio bajo forma de prima de una parte de la fortuna pública.

 

3° La creación y el sostén de un parasitismo corruptor por medio de esa misma prima.

 

No está aquí todo. La iniquidad atrae la iniquidad. Es un hecho que nos sería difícil probar porque no hemos examinado los libros de las compañías, pero que todo nos mueve a considerar como cierto, pues -en materia de seguros como en materia de impuestos- los pequeños socios pagan por los grandes. Los siniestros, en efecto, son proporcionalmente más raros en los pequeños cuartos, los pequeños ajuares y las pequeñas industrias que en las grandes fábricas y en los vastos almacenes. Esto no impide que la prima, con ayuda de ciertos accesorios, sea más elevada para los seguros de la primera categoría que para los de la segunda.

 

Otro abuso cometen aún las compañías. Forman entre sí, para el arreglo de las primas, una especie de junta de buena y cordial inteligencia, que no es otra cosa que una coalición de las prohibidas ayer por la ley y autorizadas hoy por una resolución del cuerpo legislativo. Así, mientras una compañía de seguros mutuos no cobraría más de 15 céntimos por 1.000 francos, las que trabajan a prima fija no cobran menos de 40.

 

Mas, ¿a qué hablar de mutualidad? Se nos asegura que las compañías constituidas sobre este principio aspiran mucho menos a la reducción de las primas que a entrar en el monopolio. Se aspira a hacer capital. Y la voluntaria inercia de las compañías de seguros mutuos sostiene las a prima fija.

 

La prima de seguros, dicen los mutualistas, no es, bajo las actuales condiciones, sino un tributo que paga el país a la insolidaridad. Llegará el día en que sólo la posibilidad de semejantes especulaciones será imputada como prevaricación y delito a todo gobierno que desprecie la protección de los intereses generales.

 

 

 

Notas

 

(1) No hace muchos años M. Perron, jefe de sección del Ministerio de Estado, organizó un sistema completo de seguros mutuos y lo presentó al público bajo la protección del gobierno. Grandes rumores levantó entre las compañías. Ignoro lo que sucedió: no sé si fue porque el gobierno le retiró su protección o porque no fue la nueva administración bastante hábil o porque le salieron al encuentro las intrigas de las demás compañías; lo cierto es que se abandonó el nuevo sistema, se liquidó y no se volvió a hablar del asunto. (N. de Proudhon).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 7

 

Lo que acabamos de decir del seguro puede servir de modelo para una crítica general del mundo económico. Se encuentra en él efectivamente violada la justicia por el desprecio del principio de la reciprocidad; abandonados los derechos sociales por la incuria del gobierno; defraudada la fortuna pública por la prima; desiguales, y por lo tanto inicuas, las transacciones, donde se suele ver al pequeño sacrificado al grande y al pobre pagando más que el rico; creados muchos monopolios y aniquilada la concurrencia; desarrollados paralelamente el parasitismo y la miseria.

 

Se han esforzado nuestros filántropos hipócritas en indagar las causas del pauperismo y del crimen y no las han encontrado sin duda por demasiado sencillas. Redúcense estas causas a una sola: la violación general del derecho económico. El remedio no era más difícil de descubrir: regreso al derecho económico por medio de la observancia de la ley de reciprocidad. No me cansaré de llamar sobre este punto la atención del lector, hasta dejarle plena y enteramente convencido.

 

Hace poco, hablando del seguro, hemos citado la ley -tan a menudo invocada- de la oferta y la demanda. A cada nueva reforma que se pide, la economía conservadora y malthusiana no deja de oponer esa suprema ley; es su gran caballo de batalla, su última palabra. Sometámosla, pues, a la crítica y probemos que no todo en esta famosa ley es igualmente respetable ni infalible.

 

Se designa por oferta y demanda la discusión entre dos particulares -uno vendedor y otro comprador- sobre el precio de una mercancía, de un servicio, de un inmueble o de cualquier otro valor.

 

La economía política enseña y demuestra que el precio exacto de un producto es una cantidad indeterminada que varía de minuto en minuto y que, no pudiendo ser determinado, es siempre más o menos arbitrario y, por lo tanto, una verdadera ficción, una cosa convencional.

 

El vendedor dice: Mi mercancía vale 6 francos y por consiguiente te la ofrezco en esta suma. No, contesta el comprador; tu mercancía no vale más de 4 francos y la demando a este precio, tú verás ahora si te conviene entregármela.

 

Es posible que ambos interlocutores procedan de buena fe; respetando entonces cada cual su palabra, se separan sin contratar, a menos que por consideraciones particulares, y como se dice vulgarmente, partan la diferencia y fijen el precio del artículo en 5 francos.

 

Pero la mayoría de las veces, comprador y vendedor son dos pillos que tratan de engañarse mutuamente. El vendedor, que sabe perfectamente cuánto cuesta de mano de obra su mercancía y conoce tal vez el uso a que está destinada, dice que vale, por ejemplo, 5 francos 50 céntimos. Pero se guarda bien de decirlo y pide, en cambio, 6 francos y aún más, que es lo que se llama pedir más de lo justo. Por su parte el comprador, que conoce la necesidad que tiene del objeto y calcula para sus adentros el precio del artículo, se dice que puede valer hasta 5 francos. Pero disimula y finge no querer dar más de 4 francos, que es lo que se llama rebajar.

 

Si ambos fuesen sinceros, llegarían pronto a entenderse. Diría el uno al otro: Dime lo que entiendes por precio justo y yo haré otro tanto. Hecho esto, se separarían sin cerrar trato sólo en el caso de que no llegasen a convencerse del error de cada uno respecto a la estimación de la mercancía. En ningún caso tratarían de perjudicarse, ni el vendedor contando con la necesidad del comprador ni el comprador aprovechando la necesidad del vendedor. Semejante cálculo, formulado de palabra con el acento de la buena fe, es desleal y tan deshonroso como la mentira. No es por lo tanto cierto que la ley de la oferta y la demanda sea absolutamente irrefragable cuando va casi siempre manchada de un doble engaño.

 

A fin de evitar esa ignominia -insoportable para todo noble carácter- se niegan ciertos comerciantes y fabricantes al debate de la oferta y la demanda, pues no pueden mentir ni soportan que se trate de engañarlos. Venden a precio fijo, a tomarlo o a dejarlo. Que se presente en su casa un niño o un hombre hecho y derecho: todos serán tratados de la misma manera; el precio fijo protege a todo el mundo.

 

Es verdad que la venta a precio fijo supone mejor fe y es mucho más digna que la venta al regateo. Supóngase que todos los negociantes y productores hiciesen lo mismo: tendríamos la mutualidad en la oferta y la demanda. Sin duda alguna, el que vende a precio fijo puede también engañarse sobre el valor de la mercancía, pero al fijarlo ha considerado por un lado la concurrencia y por otro la libertad de los compradores. No es posible vender por largo tiempo ninguna mercancía a más del justo precio: si sucede eso, es porque el consumidor no es libre. La moral pública y la regularidad de las transacciones ganarían si se generalizase la venta a precio fijo; los negocios irían mejor para todo el mundo. No se harían tan grandes y rápidas fortunas, pero habría menos quiebras y bancarrotas, menos hombres arruinados y desesperados. Un país donde no se vendiesen las cosas sino por lo que valen, sin especulación, habría resuelto el doble problema del valor y de la igualdad.

 

En este campo, como en el del seguro, la conciencia pública reclama una garantía, una mejor definición teórica y un cambio en las prácticas del comercio. Desgraciadamente, no cabe obtener ese cambio sino por medio de una iniciativa superior a toda individualidad, pues el mundo rebosa de gente que cuando se trata de iluminar la ciencia o de frenar el mercantilismo acusa de utopía al pensamiento, y cuando se denuncia el fraude o el egoísmo, se queja de que se atenta contra su libertad.

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 8

 

Antes de la revolución de 1789, la sociedad y el gobierno -constituidos sobre el principio de autoridad- tenían una forma jerárquica. La misma Iglesia -a despecho de los sentimientos de igualdad democrática de que está esmaltado el Evangelio- había reconocido esa escala de condiciones y de fortunas, fuera de la cual no se concebía sino la nada. En el sacerdocio como en el estado, en el orden económico como en el político, reinaba sin oposición una ley que se consideraba como la expresión de la justicia misma: la ley de la subordinación universal. No se levantaba contra ella ni una sola protesta -tan racional y hasta divina parecía- y no creaba, sin embargo, felicidad. La penuria era general: el obrero de la ciudad como el bracero del campo, reducidos a un salario mínimo, se quejaban de la dureza del maestro, del noble o del clérigo. El maestro a su vez, a pesar de sus derechos y de su monopolio, se quejaba del impuesto, de las usurpaciones de sus cofrades, de los curiales y de los curas. El noble se arruinaba y teniendo sus bienes empeñados o vendidos, no encontraba otro recurso que su propia prostitución o el favor del príncipe. Cada cual buscaba y solicitaba mejorar su mala suerte, ya por medio del aumento de sueldos y salarios, ya por el de los beneficios. Este pedía la reducción del precio de un arriendo que aquél encontraba todavía insuficiente; los más favorecidos, los curas beneficiados y los negociantes, eran los más descontentos. En breves palabras, la situación era intolerable; tanto, que acabó por una revolución.

 

Después de 1789, la sociedad ha sufrido un cambio inmenso y sin embargo la situación no parece mejor. Hoy más que nunca piden todos buen alojamiento, mejor alimentación, vestimenta digna y mucho menos trabajo. Los obreros se organizan (1) y se declaran en huelga para que se les reduzca las horas de trabajo y se les aumente los salarios. Los maestros, obligados -según se dice- a ceder por ese lado, buscan economías en la producción a expensas de la calidad de los productos. Hasta los parásitos se quejan de que sus prebendas no les alcanzan para cubrir las necesidades de la vida.

 

Para asegurarse la disminución de trabajo -a la que ante todo aspiran-, mantener su salario en alza y perpetuarse en un cómodo statuo quo, los obreros no se limitan a organizarse contra sus maestros; se organizan en ciertos puntos contra la concurrencia de los trabajadores de afuera, a quienes prohíben la entrada en sus ciudades; se combinan contra el uso de las máquinas y se ponen en guardia contra la admisión de nuevos aprendices, vigilando a los amos, intimidándolos y cohibiéndolos por medio de una policía oculta e inquebrantable.

 

Los maestros, por su parte, no quedan debiendo nada a los trabajadores. Es la lucha del capital contra el salario, lucha en que la victoria está guardada, no para los grandes batallones sino para las grandes bolsas. ¿Quién resistirá por más tiempo la huelga: la caja del amo o el estómago del obrero? A la hora en que escribo, la guerra es tan viva en ciertos puntos de Gran Bretaña, que se teme que el libre cambio --concedido e inventado para el triunfo del capitalismo inglés- se vuelva contra Inglaterra misma, cuyo pueblo, cuya organización y cuyos medios distan de tener la flexibilidad que los distingue en Francia.

 

Convendría, no obstante, salir del paso, buscar remedio a un mal tan grave. ¿Qué dirá la ciencia, la ciencia oficial? Afortunadamente nada: nos aburre con su eterna ley de la oferta y la demanda, ley falaz en los términos en que se la formula; ley inmoral, útil solamente para asegurar la victoria del fuerte contra el débil.

 

Y la mutualidad, de que nos hemos servido ya para reformar los seguros y hacer una corrección feliz en la ley de la oferta y la demanda, ¿no puede tampoco decirnos nada?; ¿cómo aplicarla al trabajo y al salario?

 

En las zonas forestadas, cuando a la entrada del invierno se realiza la poda de los montes, los labradores se reúnen y van juntos al bosque. Unos derriban los árboles, otros forman los haces de leña, algunos cortan duelas, los niños y las mujeres recogen las astillas; finalmente, hechos los lotes, se pasa al sorteo. Hay aquí trabajo en común, hasta asociación, si se quiere, pero no aplicación de la mutualidad al trabajo y al salario.

 

Un incendio acaba de devorar un pueblo. Todo el mundo se ha sacrificado para conjurar el desastre; se han salvado algunos muebles, algunas provisiones, ganado, aperos. Es necesario, ante todo, reedificar las casas. Los habitantes se unen y se reparten el trabajo. Unos abren cimientos, otros se encargan de la albañilería, algunos de la carpintería. Poniendo todos el hombro al trabajo, la obra adelanta rápidamente y cada familia recobra su casa. Por haber trabajado todos para todos y por haber sido recíproca la asistencia, se ve ya cierto carácter de mutualidad en la tarea. Pero ese mutualismo no ha podido existir sino bajo una condición: la reunión de todos los esfuerzos y la fusión de todos los intereses, pero por un tiempo determinado y de suerte que tenemos más una asociación temporal que una mutualidad.

 

Para que haya mutualidad perfecta es preciso que cada productor, contrayendo una obligación formal y determinada para los demás -que por su parte contraerán otra igual para con él-, conserve su plena independencia de acción, su completa libertad de conducta y su personalidad integra, puesto que, según la etimología, la mutualidad consiste más en el cambio de los servicios y de los productos que en la reunión de las fuerzas y en la comunidad de los trabajos.

 

La reunión de las fuerzas, del mismo modo que la separacion de las industrias, es un poderoso medio económico. No lo son menos, en ciertos casos, la asociación y la comunidad. Mas nada de todo esto es aún mutualismo ni podría resolver el problema del trabajo libre y del salario justo. Es precisamente ese problema -una aplicación esencial de la mutualidad- el que debemos tratar en este momento.

 

Para llegar a nuestro objetivo, hemos de recorrer un camino bastante largo y servirnos de más de una idea.

 

1.- Desde 1789, Francia es una democracia. Todos los ciudadanos son iguales ante la ley civil, política y económica. La antigua jerarquía ha sido arrasada, el principio de autoridad se ha desvanecido ante la declaración de los derechos del hombre y el sufragio universal. Todos poseemos el derecho de propiedad, el de industria, el de concurrencia; últimamente se nos ha dado el de coalición y el de huelga. Esa adquisición de nuevos derechos que habría podido pasar en otros tiempos por una rebelión, ese progreso democrático, es un primer paso hacia la constitución mutualista de la nación. Nada ya de discriminaciones, nada ya de privilegios de raza ni de clase, nada ya de preocupaciones de rango; nada, por fin, que se oponga a la libertad de contratación entre todos los ciudadanos, todos ya iguales. La igualdad de las personas es condición fundamental de la igualdad de las fortunas, que no puede surgir sino de la mutualidad, de la libertad misma.

 

No es, empero, menos obvio que esa ecuación política tampoco nos da el medio de descifrar el enigma. ¿Qué relación hay, por ejemplo, entre el derecho electoral y la determinación justa del salario?, ¿entre la igualdad ante la ley y el equilibrio de los servicios y los productos?

 

2.- Una de las primeras ideas que haya concebido la Francia democrática ha sido la de una tarifa. Las leyes de maximum son esencialmente revolucionarias. Así lo quiere el instinto del pueblo y ese instinto no deja de tener un lado eminentemente jurídico y reflexivo. Hace mucho tiempo que he preguntado por primera vez -sin que nadie me haya respondido- ¿cuáÍ es el justo precio de un par de zuecos?, ¿cuánto vale el jornal de un carretero?, ¿cuánto el de un cantero, el de un veterinario, el de un tonelero, el de una costurera, el de una oficial cervecero, el de un comisionista, el de un músico, el de una bailarina, el de un peón, el de un mozo de cuerda? Porque es evidente que si lo supiésemos, tendríamos decidida la cuestión del trabajo y de los salarios: nada más fácil entonces que hacer justicia, brindando bienestar y seguridad para todos. ¿Cuánto, por la misma razón, deberían costarnos el médico, el notario, el magistrado, el profesor, el general, el sacerdote? ¿Cuánto deberíamos dar a un príncipe, a un artista, a un compositor de música? ¿Cuánto es justo que el capitalista --suponiendo que exista- gane sobre el salario del obrero? ¿Cuánto habrá que concederle por sus derechos de maestro?

 

La oferta y la demanda, contesta imperturbablemente el economista de la escuela inglesa, el discípulo de A. Smith, Ricardo y Malthus. ¿No es esto irritante hasta la brutalidad? Todo oficio debe producir al menos lo necesario para cubrir las necesidades del que lo ejerce; si no es así, se lo abandona y no sin razón. Aquí tenemos ya para el salario, y para el trabajo, un primer límite, un minimum, más acá del cual no es posible retroceder. No hay oferta ni demanda que valga: es indispensable poder vivir trabajando, como decían en 1834 los obreros lioneses. Si se puede mejorar ese minimum, tanto mejor; no envidiemos al obrero el bien que logre por medio del trabajo. Mas en una sociedad en que las industrias son una desmembración de otras, y los precios de los objetos ejercen unos sobre otros una constante influencia, es claro que no puede ir muy lejos el alza. Cada uno combate la ambición de su prójimo, viendo que el alza del salario para éste es necesariamente una pérdida para aquél, cualquiera sea la buena voluntad que tengamos todos. Nuestra cuestión equivale, pues, a decir: encontrado el minimum de los gastos necesarios para la vida del obrero, y suponiendo posible semejante determinación, búsquese la norma del salario o la condición de aumento del bienestar general.

 

Dejemos, pues, a un lado el maximum, los aranceles, los reglamentos y todo el aparato de 1793; no se trata ya de eso. La revolución, democratizándonos, nos ha lanzado por las vías de la democracia industrial, primero e importante paso. Ha surgido de ahí una segunda idea: la determinación de los trabajos y de los salarios. En otro tiempo esta idea habría sido escandalosa, pero hoy es muy lógica y legítima; no la abandonemos.

 

3.- Para apreciar equitativamente el jornal de un trabajador, es preciso saber de qué se compone, qué cantidades entran en la formación del precio y si no hay en él elementos extraños, valores negativos.

 

En otros términos, ¿qué entendemos comprar y qué debemos lealmente pagar por el jornal de un obrero, de cualquiera que nos preste un servicio?

 

Lo que entendemos pagar a la persona de quien reclamamos un servicio, lo que entendemos exclusivamente adquirir, es el servicio mismo, ni más ni menos.

 

En la práctica, sin embargo, las cosas no son tan claras. Hay circunstancias en que pagamos, sobre el valor del servicio obtenido, un tanto por el rango, el nacimiento, la nobleza, los títulos, los honores, las dignidades, la fama del funcionario. Así un magistrado de audiencia cobra un sueldo de 4.000 francos, mientras un presidente cobra 15.000. Un jefe de sección en un ministerio gana 15.000 francos y un ministro, 100.000. Así los sacristanes de las parroquias rurales cobran 850 francos, al paso que los obispos reciben por lo menos 20.000. Un primer actor del teatro francés o de la Opera exige por año 100.000 francos de sueldo fijo y no sé cuántos gajes, y su suplente no tendrá por mes sino 300. ¿Cuál es la razón de esas diferencias? La dignidad, el título, el rango, no sé qué de metafísico y de ideal que, lejos de poder ser pagado, repugna que sea materia de venta.

 

Mientras aumenta la renta de unos por la fama que se les fomenta, otros -los más- ven reducir a la nada su salario por el desprecio que se hace de sus servicios y el estado de indignidad en que sistemáticamente se les tiene. Unos son el reverso de la medalla de los otros. La aristocracia supone la servidumbre: para aquélla la opulencia; para ésta, las privaciones. En todo tiempo se ha negado al esclavo el derecho a sus propios productos. Así fue con el siervo feudal, de quien el señor tomaba hasta cinco días de trabajo por semana, dejándole sólo uno -pues el domingo estaba consagrado a Dios- para atender a su sustento. La libertad del obrero para disponer de su trabajo y de los productos de su trabajo data sólo de 1789. ¿Acaso se cree que no hay aún entre nosotros trabajo servil? No diré que haya trabajo absolutamente gratuito -¿quién se había de atrever a exigirlo?- ¡pero sí trabajo pagado por debajo de las necesidades primordiales de la vida y del simple respeto de la humanidad! Los que sobre este punto abriguen todavía alguna duda no tienen más que abrir el libro de Pedro Vincard (2). Nuestras fábricas, nuestros talleres, nuestras manufacturas, nuestras villas y nuestras ciudades rebosan de gente que vive con menos de 60 céntimos diarios; se dice que algunos no llegan a tener ni 25. La descripción de esas miserias es una vergüenza para la humanidad y revela la profunda mala fe de nuestra época.

 

Se me alegará que en todo esto no se trata sino de excepciones más o menos felices o infelices; que las naciones tienen a honra y gloria pagar bien a sus reyes, a sus príncipes, a sus magistrados, a sus grandes funcionarios, a sus talentos ilustres; que no es racional asimilar al vulgo de los industriales y de los braceros.

 

Pero al ir bajando la escala social, se observará con sorpresa que en todas las profesiones los hombres se juzgan del mismo modo. El médico y el abogado, el zapatero y la modista, cobran su popularidad y hay gentes que cotizan hasta su probidad, como la cocinera que por un salario mejor prometía renunciar a la sisa. ¿Qué hombre hay que no se estime en algo más que sus pares ni se imagine honrarlos, aun trabajando para ellos lucrativamente? Siempre que se trata de fijar el salario, si es el mismo productor el que lo fija, aparecen dos partes: la del personaje, quia nominor leo (3) y la del obrero. Hay en Francia cien cirujanos a quienes no habría inmutado extraer la bala del pie de Garibaldi, mas para un herido ilustre hacía falta un médico célebre. Garibaldi ha parecido con esto diez veces más heroico y el Dr. Nélaton, diez veces más hábil. Para cada uno el hecho ha sido un reclamo: así va el mundo económico.

 

Ya, pues, que estamos en plena democracia, ya que gozamos todos de los mismos derechos, ya que la ley nos dispensa a todos favor y consideración iguales, pienso que cuando nos ocupemos de negocios, debemos prescindir de toda preferencia y poniendo recíprocamente a precio nuestros servicios, no tomar en cuenta sino el valor intrínseco del trabajo.

 

La utilidad es equivalente a la utilidad.

 

La función, equivalente a la función.

 

El servicio, al servicio.

 

El jornal de trabajo, al jornal.

 

Y por lo tanto el producto no puede sino quedar pagado por un producto que haya costado otro tanto de fatiga y de gasto.

 

Si en semejantes tratos hubiese que hacer alguna gracia, no sería por cierto a los trabajos brillantes, agradables y honoríficos que todo el mundo codicia, sino -como ha dicho Fourier (4)- a esos trabajos penosos que chocan con nuestra delicadeza y repugnan al amor propio. A un ricacho le da el capricho de tomarme por ayuda de cámara; y no quiero -me diré yo- necios oficios, propios tan sólo de necios. Los cuidados que se dispensan a las personas son, más que trabajos de utilidad, actos caritativos que ponen al que los ejerce por encima del que los recibe. Como yo no quiero que se me humille, no me resignaré a prestar mis servicios si no me paga el 50 por ciento de su renta el que desee que yo sea su criado. Sin esto salimos de la fraternidad, de la igualdad, de la mutualidad y hasta de la moral y de la justicia. No somos ya demócratas; somos una sociedad de criados y de aristócratas.

 

Pero no es cierto -se me dirá- que se equivalgan las funciones, ni los servicios, ni los jornales de trabajo. Sobre este punto la conciencia universal protesta y declara que sería inicua vuestra mutualidad. Querámoslo o no, es pues, indispensable que nos atengamos a la ley de la oferta y la demanda, modificada -en lo que tiene de feroz y de falsa- por la educación y la filantropía.

 

Me avergonzaría que se afirmara que los industriales, los funcionarios, los científicos, los negociantes, los obreros, los labradores -todos los que trabajan y producen- son unos hacia otros como animales de género diferente y de especie desigual, entre los que no cabe comparación posible. ¿Qué es la dignidad de la bestia de carga comparada con la del hombre? ¿Qué medida común hay entre la servidumbre de aquélla y la noble y libre acción de ésta? Así arguyen los que sostienen la teoría de la desigualdad. A sus ojos, no habría entre un hombre y otro menos distancia que entre un hombre y un caballo. Deducen, por tanto, que no sólo son inconmensurables los productos del trabajo humano sino que hasta los hombres mismos -por más que se haya dicho en contrario- son desiguales en dignidad y en derechos y que cuanto tienda a nivelarlos queda destruido por la naturaleza de las cosas. En eso -falsean-, en esa desigualdad de las personas, está el origen de las diferencias de rango, condición y fortuna.

 

El que, por interés y vanidad aborrece la verdad es siempre fácil que se pague de frases. Pascal, buscando la filosofía de la historia, concebía la humanidad como un solo individuo que no moría jamás, acumulaba en él todos los conocimientos y realizaba sucesivamente todas las ideas y todos los progresos. Así se representaba Pascal la unidad y la identidad de nuestra especie, y se elevaba desde ella a los más altos pensamientos sobre el desarrollo de la civilización, el gobierno de la providencia y la solidaridad de los estados y de las razas. La misma concepción es aplicable a la economía política. La sociedad debe ser considerada como un gigante de mil brazos que ejerce todas las industrias y produce toda la riqueza. La animan una sola conciencia, un solo pensamiento y una sola voluntad, y en el encadenamiento de sus trabajos se revela la unidad y la identidad de su persona. Cualquiera sea lo que emprenda, ese ser prodigioso permanece siempre el mismo, tan admirable y tan digno en la ejecución de los más pequeños pormenores como en sus más maravillosas concepciones. En todas las circunstancias de su vida, es igual a sí mismo y se puede muy bien decir que con cada uno de sus actos compensa el otro.

 

Se insiste diciendo que aun cuando se concediese la misma dignidad moral a cada uno de los individuos que componen la sociedad, de acuerdo con sus facultades, no serían menos desiguales entre sí y que esto basta para echar abajo la democracia a cuyas leyes se pretende someterlos.

 

Sin duda alguna, los individuos son desiguales en capacidad como son iguales en dignidad. ¿Qué se debe deducir de esto? Una sola cosa: que concordes sobre nuestra igualdad, tenemos que considerar la medida de nuestras desigualdades.

 

Así, dejando respetuosamente a un lado la personalidad humana -que declaramos inviolable-, el ser moral y las cosas de la conciencia, tenemos que estudiar al hombre de acción, al trabajador, en sus posibilidades y en sus obras. Descubrimos al primer golpe de vista un hecho importante: que si bien la capacidad varía de hombre a hombre, esas diferencias no son, sin embargo, infinitas; quedan dentro de límites bastante reducidos. Así como en física no podemos llegar ni al frío ni al calor extremos y nuestras medidas termométricas oscilan a no muy grandes distancias de una media muy impropiamente llamada cero, es también imposible fijar el límite negativo o superlativo de la inteligencia y de la fuerza, ya en el hombre y los seres irracionales, ya en el Creador y el mundo. Todo lo que podemos hacer es -para la inteligencia, por ejemplo- marcar grados, necesariamente arbitrarios, por encima y por debajo de un punto convencional y fijo que llamaremos sentido común. Para la fuerza, convenir también en una unidad métrica -verbigracia la fuerza de un caballo- y contar enseguida de cuantas unidades y fracciones de esa unidad de fuerza es capaz cada uno de nosotros.

 

Como en el termómetro, tendremos, pues, para la inteligencia y para la fuerza, términos extremos y uno medio. El medio es el punto al que se acercará la mayor parte de los hombres; los extremos, aquellos a los que se elevará o descenderá una minoría. He dicho hace poco que la distancia entre los términos extremos es bastante corta; efectivamente, un hombre que reuniese la fuerza de dos o tres hombres medios sería un Hércules y el que tuviese la inteligencia de cuatro sería un semidios. A esos límites que tiene el desarrollo de las facultades humanas, hay que añadir las condiciones de la vida y de la naturaleza. La duración máxima de la existencia es de setenta a ochenta años, de los que debemos deducir un período de infancia, otro de plenitud y uno final de decrepitud y retiro. El día es para todos de veinticuatro horas, de las que pueden emplearse en el trabajo sólo de nueve a dieciocho, según las circunstancias. Cada semana tiene su día de descanso, y por más que el año tenga trescientos sesenta y cinco días, no se puede contar para el trabajo con mucho más de trescientos. Es decir, que si hay desigualdad en las facultades industriales, no por eso se desnivela el conjunto: sucede como con los campos, que a pesar de la desigualdad de sus espigas, presentan al horizonte una superficie lisa.

 

En virtud de estas consideraciones podemos definir el jornal de trabajo diciendo que es -en toda profesión e industria- lo que puede dar en servicio o producir en valor un hombre de fuerza, inteligencia y edad medias, conocedor de su oficio, en un período de doce a quince horas para las cosas en que puede apreciarse por días el trabajo, y en el de una semana, un mes, una estación o un año, para las que reclamen un espacio de tiempo más considerable.

 

El niño, la mujer, el anciano, el hombre enfermizo o de complexión débil, no llegan generalmente al término medio válido; su jornal de trabajo no será más que una fracción del oficial, normal y legal que se haya tomado por unidad de valor. Otro tanto digo del jornal del trabajador que sólo se dedica a uno de los pormenores de su oficio, dado que su servicio -puramente mecánico- exige menos inteligencia que rutina y no es comparable al de un verdadero industrial.

 

En cambio, y recíprocamente, el obrero superior -que concibe, ejecuta más rápidamente y hace más y mejor trabajo que otro- no puede dejar de recibir mayor salario y ganar uno, dos, tres o más jornales de trabajo. Con más motivo aún el que a esa superioridad de ejecución uniese el genio de la dirección y el poder del mando, pues pasaría todavía más la común medida. De este modo, quedan respetados los derechos de la fuerza, del talento y hasta del carácter, del mismo modo que los del trabajo: si la justicia no hace discriminación de personas, no olvida tampoco ninguna capacidad.

 

¡Y bien! yo sostengo que no hay nada más fácil que arreglar todas esas cuentas, equilibrar todos esos valores y hacer justicia a todas esas desigualdades; que es tan fácil como pagar una suma de cien francos con piezas de cuarenta, de diez y de cinco en oro; de cinco, de dos, de uno, y de cincuenta y de veinticinco céntimos en plata; de diez, de cinco, de dos y de un céntimo en moneda de cobre. Siendo todas esas cantidades fracciones las unas de las otras, se las puede representar, completar, saldar y suplir recíprocamente; es operación de la más simple aritmética.

 

Mas para que se verifique esa operación, es indispensable que haya buena fe en la apreciación de los trabajos, servicios y productos; es necesario que la sociedad trabajadora llegue a tal grado de moralidad, industria y economía, que se sometan todos a la Justicia y que esta se les haga sin consideración a las pretensiones de la vanidad y de la personalidad, sin consideración alguna tampoco a los títulos, categorías, preferencias, distinciones honoríficas, celebridad ni valores de mera opinión. Deben considerarse aquí sólo la utilidad y la calidad del producto, el trabajo y los gastos que éste ocasione.

 

Esa medición -afirmo y repito- es eminentemente práctica y tenemos el deber de buscarla con todas nuestras fuerzas: excluye el fraude, el agio, el charlatanismo, el favoritismo, la explotación, la opresión. Preciso es, sin embargo, comprender que no puede ser considerada ni tratada como un negocio doméstico, una virtud de familia ni un acto privado. El avalúo de los trabajos, la medida de los valores, es el problema fundamental de la sociedad, problema que sólo pueden resolver la voluntad social y el poder colectivo. Respecto de esto, forzoso es decirlo, no han llenado su fin ni la ciencia ni el poder ni la Iglesia. ¿Qué digo? La inconmensurabilidad de los productos ha sido erigida en dogma; la mutualidad, declarada utopía y exagerada la desigualdad, a fin de perpetuar con la insolidaridad general la penuria de las masas y la mentira.

 

Toca ahora a la democracia obrera tomar a su cargo la cuestión. Declare su pensamiento y bajo el poder de su opinión fuerza será que obre el estado, órgano de la sociedad. Porque conviene que la clase obrera lo sepa: si satisfecha con mantener agitados sus talleres, hostigar a los burgueses y postularse en elecciones inútiles, permanece indiferente acerca de los principios de la economía política -que son los de la revolución-, falta a sus deberes y será una día condenada por el tribunal de la historia.

 

La cuestión de los trabajos y de los salarios nos conduce a la del comercio y la especulación con la que cerraremos este capítulo.

 

En casi todos los pueblos, el comercio ha sido objeto de desconfianza y de menosprecio. El patricio o noble que se entregaba al comercio se desprestigiaba. Estaban prohibidas al clero las operaciones mercantiles y en el siglo XVII hubo un inmenso escándalo cuando se descubrieron las especulaciones y los beneficios de los jesuitas. Los reverendos padres se habían asegurado -entre otros tráficos- el monopolio de la quina. ¿De qué proviene esa condenación tan antigua, que no han podido levantar ni las costumbres modernas ni las máximas económicas? De la deslealtad que en todos los tiempos ha parecido inherente al crédito, deslealtad de la que han desesperado de expurgarlo tanto los moralistas y los teólogos como los hombres de estado. La fe púnica o cartaginesa fue caracterizada en la antigüedad de infame. ¿Qué era, sin embargo, la fe púnica? Lo mismo que la fe griega, la fe ática, la fe corintia, la fe marsellesa, la fe judaica: era la fe comercial.

 

Para que el comercio fuera leal y sin tacha, sería preciso -independientemente de la mutua apreciación de los servicios y de los productos de que hemos hablado en el anterior artículo- que el transporte, la distribución y el cambio de mercancías se hicieran lo más accesible posible y con la mayor ventaja para todo el mundo. Para esto convendría que todos los productores, negociantes, empresarios de transportes, comisionistas y consumidores -provistos recíprocamente de datos y debidamente respaldados en todo lo relativo a importaciones, materias primas, existencias, calidades, peso, valor útil, gastos de transporte, de conservación, etc.- se obligasen a dar y a recibir lo que hubiesen convenido a determinados precios y condiciones. Se deberían publicar constantemente estadísticas sobre el estado de las cosechas, la mano de obra, los salarios, los riesgos y siniestros, la abundancia y la escasez de brazos, la importancia de las demandas y el movimiento de los mercados, etcétera, etcétera. Supongamos, por ejemplo, que de los cálculos más detallados y exactos, realizados a lo largo de muchos años, resultase que el precio medio de utilidad del trigo fuese en promedio anual de 18 francos por hectolitro: variaría el precio de venta de 19 a 20 francos y daría al labrador un beneficio neto de 5,30 a 10 por ciento. Si la cosecha fuese mala y hubiese un décimo de déficit, debería aumentar el precio en una cantidad proporcional, tanto a fin de que la pérdida no pesase toda sobre el labrador como para evitar que el público se resintiese de esa alza exorbitante, pues bastante es ya que padezca a causa de la escasez de grano. En buena economía política, como en buena justicia, no es admisible que la penuria de todos se convierta en el manantial de riqueza de unos pocos. Si por lo contrario hubiese abundancia de trigo, debería disminuir el precio en una proporción análoga, para evitar que el envilecimiento del precio de los cereales fuese para el labrador una causa de déficit, y para que el público pudiese aprovechar tan buena fortuna, para ese año o para los ulteriores; el sobrante no consumido debería ser, naturalmente, objeto de ahorro. En ambos casos se ve cómo la producción y el consumo -garantizándose mutuamente y a justo precio uno la colocación y otro la compra del trigo- se regularizarían admirablemente; cómo la abundancia y la escasez, distribuyéndose por igual sobre la masa de la población, por medio de una estadística inteligente y de una buena policía económica, no llevarían para nadie ni exagerados beneficios ni excesivos déficit; sería éste uno de los más bellos y fecundos resultados de la mutualidad.

 

Pero es evidente que tan preciosa institución no podría ser sino obra de la voluntad general y justamente contra esa voluntad levantarán la voz los liberales de la economía política, so pretexto de gubernamentalismo. A destruir una extorsión organizada, inatacable e invencible por medio de la protesta filosófica y de la justicia privada, prefieren, apuntalar el mercantilismo. ¿Puede encontrarse acaso la perfección en este mundo y no es bastante rica la libertad para pagar sus orglas?

 

En la Bolsa como en el mercado, en los tribunales como en las plazas, resuenan quejas contra la especulación. ¿Y qué es en sí la especulación? Un apologista suyo nos lo decía no hace mucho: es el arte de prever, en una sociedad entregada al comercio anárquico, las oscilaciones de los valores y aprovechar por medio de compras y ventas oportunas el alza y la baja. ¿En qué podría ser inmoral ese género de operaciones que, preciso es reconocerlo, exige una gran capacidad, una prudencia consumada y una multitud de conocimientos? Dada la situación social en que vivimos, el papel de agiotista es tan honroso como el de héroe; no seré yo el que le eche mi piedra. Pero se me ha de confesar también, en cambio, que si bien dentro de una sociedad en estado de guerra la especulación agiotista no puede ser objeto de recriminaciones, es por lo menos esencialmente improductiva. El que se ha enriquecido por medio de diferencias, no tiene derecho al reconocimiento ni a la estimación de los hombres. Si no ha estafado ni robado a nadie -hablo del agiotista pasado de moda, que no emplea más que su talento previsor y de ningún modo la mentira ni el fraude-, no puede tampoco vanagloriarse de haber creado nada. La conciencia preferiría que hubiese empleado en otra carrera su talento, dejando que los valores siguieran su curso natural, sin sobrecargar la circulación con un tributo del que el público podía haber prescindido. ¿Por qué ese derecho, similar al que se cobra a la puerta de nuestras grandes poblaciones, pero que no tiene como éste por excusa la necesidad de atender a los gastos de una ciudad? Tal es el motivo que en todo tiempo ha hecho odioso al agio, tanto para los economistas como para los moralistas y los hombres de estado. Motivo justo, puesto que está fundado en la conciencia universal, cuyos juicios son absolutos e imprescriptibles y contrarios a los de nuestras atrasadas y transitorias legislaciones.

 

Los que, aprobando el statu quo político y social, afectan tanta severidad hacia los agiotistas, harían bien en mostrarse algo más consecuentes y no detenerse en la mitad del camino. En el estado actual de la sociedad, el comercio, entregado a la más completa anarquía, sin dirección, sin datos, sin punto de mira y sin principio, es esencialmente agiotista. Ni puede dejar de serIo. Debemos, por lo tanto, o condenarlo todo o permitirlo todo o reformarlo todo. Esto es lo que trato de hacer comprender en pocas palabras.

 

Es justo que el particular que haga a su costa y riesgo una vasta operación de comercio que haya de redundar en provecho del público, encuentre en la reventa de sus mercancías una honesta recompensa. Este principio, lo repito, es de toda justicia: la dificultad está sólo en aplicarlo de manera irreprochable. De hecho, todo beneficio realizado en los negocios, si no es debido exclusivamente al agio, está por lo menos infestado de él en mayor o menor escala; imposible de todo punto separarlos. En una sociedad insolidaria, desprovista de garantías, cada cual trabaja para sí, nadie para otro. El beneficio legítimo no se distingue del agio. Trabaja todo el mundo por retirar la mayor prima posible; así caen en el agio el industrial como el comerciante; cae en el agio el hombre de ciencia; cae en el agio el poeta lo mismo que el comerciante, el músico y la bailarina; cae en el agio el médico; caen en el agio el hombre célebre y la cortesana, lo mismo el uno que la otra; y en realidad no dejan de caer en el agio sino los asalariados, los obreros, los funcionarios públicos que cobran sueldo o salario fijos.

 

Convengamos, pues, en que el primero que, separando mentalmente el agio del cambio, el elemento aleatorio del conmutativo y el beneficio de la especulación del beneficio del negocio, dejó para otros las operaciones reales del comercio y se circunscribió a especular sobre simples fluctuaciones, no hizo más que sacar la consecuencia del estado de guerra, egoísmo y mala fe en que todos vivimos. Se erigió, a costas y expensas del público, en censor de los actos mercantiles, poniendo al descubierto, por medio de operaciones ficticias, el espíritu de iniquidad que reina en las operaciones reales. A nosotros nos toca ahora aprovechar la lección, porque tratar de prohibir por una simple medida de policía los juegos de Bolsa y las ventas a plazo se puede considerar como una empresa irrealizable y tan abusiva como el mismo agio.

 

El mutualismo se propone curar esta lepra, no envolviéndola en una red de penas gazmoñas e inútiles, ni tampoco coartando la libertad del comercio -remedio peor que la enfermedad- sino tratando el comercio como el seguro, rodeándole de toda clase de garantías públicas y haciéndole por este medio completamente mutualista. Los partidarios de la mutualidad conocen tan bien como cualquiera la ley de la oferta y de la demanda, y no está en su ánimo violarla. Estadísticas detalladas y renovadas a menudo; informaciones precisas sobre las necesidades generales y las existencias; una descomposición leal de los precios de utilidad; la previsión de toda suerte de eventualidades; la determinación entre productores, comerciantes y consumidores, por medio de un amistoso debate, de un tipo máximo y mínimo de beneficio proporcionado a las dificultades y a los riesgos de los negocios; la organización, por fin, de sociedades reguladoras: tal es poco más o menos el conjunto de medidas por las que piensan disciplinar el mercado. Libertad tan amplia como se quiera, dicen; pero también, y esto es aún de más importancia que la libertad, sinceridad y reciprocidad, luz para todos. Hecho esto, sea la clientela para el más diligente y el más probo. Esta es su divisa. ¿Es creíble que después de algunos años de tal reforma no viésemos enteramente cambiadas nuestras costumbres mercantiles con gran ventaja de todos?

 

 

 

Notas

 

(1) Aun antes de 1848 se habían formalizado entre los obreros numerosas coaliciones. He aquí las principales, señaladas por Audiganne en La población obrera y las industrias en Francia en el movimiento social del siglo XIX, París, Capelle, 1854:

 

Coalición de tallistas en piedra de Burdeos (1831). Coalición de los obreros de la porcelana de Limoges (1833). Coalición de 400 obreros textiles de Sainte-Marie-aux-Mines (Rhin), 1833. Coalición de los hilanderos de Calabre (Aude), en 1837, con motivo de la introducción en la industria de la mula Jenny, nueva máquina de hilar. Coalición de mil quinientos obreros de una compañía hullera (1840). Coalición de los tejedores de lana de Tourcoing (1842). Y coalición de los cordoneros de Mende (1842), de los tejedores de Clermont (1845) y de los obreros de Saint Maló (1846). Por aumento de salarios, la coalición de 200 obreros carpinteros de Rennes, en 1847.

 

Después de 1864, fecha de la Ley Olivier, los obreros aprovecharon ampliamente de la nueva libertad que se les concedía. Casi todos los cuerpos de oficios (corps de metier) se agitaron para obtener satisfacción. Solicitaban esencialmente aumento de salarios nominales, justificados por la elevación de los precios, y sobre todo reducción de las horas de trabajo sin reducción de salarios. La jornada de 10 horas fue la reivindicación más importante de 1864 a 1866. Algunos patronos cedieron, pero la mayoría se resistió y se produjeron numerosas huelgas. Las primeras fueron muy violentas: Desde el 24 de mayo de 1864 hasta el 1° de enero de 1866 los tribunales correccionales juzgaron 85 delitos de atentados a la libertad de trabajo; de 209 prevenidos, 39 fueron puestos en libertad, 147 condenados a menos de un año de prisión y 26 multados. Además 166 procedimientos fueron anulados por falta de gravedad en el delito o pruebas insuficientes. G. Weill: El movimiento social en Francia en el siglo XIX, pág. 75.

 

(2) Hubo dos Vincard, a quienes se ha confundido en las biografías en razón de la identidad de sus apellidos, de su parentesco y de sus ocupaciones análogas. Diversos biógrafos atribuyen al menor -sobrino del primero-- la obra citada por Proudhon, publicada en 1845 y conocida bajo el nombre de Historia del trabajo y de los trabajadores de Francia, pero si se debe dar fe a diversos testimonios dignos de confianza, esta obra es del mayor, o sea del tío, Pedro Vincard ainé (el mayor), como él firmaba. En sus memorias, publicadas en 1878, dice: ... me he atrevido a emprender una obra gigantesca en relación con lo reducido de mi capacidad; una obra que exigía todos los conocimientos y la erudición de un escritor de primer orden. No había reflexionado sobre esas dificultades, deslumbrado por el asunto y por el interés que el mismo debía tener para el pueblo. Había hallado el título, Historia del trabajo y de los trabajadores de Francia ... Sólo faltaba ponerse a la búsqueda de todos aquellos que por su genio, por sus perseverantes trabajos en las ciencias, las artes y la industria, habían enriquecido el mundo con todo lo que hace a su grandeza, su gloria y su potencia impulsora, y hacer salir del olvido a esos héroes del trabajo, presentándolos a todos rodeados de la aureola de sus méritos, es decir, acompañados de la descripción de cada una de sus obras ... La obra, en tres volúmenes, a pesar de sus grandes imperfecciones, tiene un alcance general plausible. Hubo otro trabajo posterior de Pedro Vincard, Los obreros de París (1863), un estudio sobre todas las profesiones de la alimentación, pero sin duda Proudhon debe referirse aquí a la Hístoria, aunque no puede afirmarse esto con entera certidumbre. (Nota de Leroy).

 

El doctor Johann Jacoby de Koemsberg, noble veterano revoluclonario de la socialdemocracia alemana, muerto en marzo de 1877, había pronunciado acertadamente estas palabras ahora célebres: Cuando la posteridad escriba la historia del siglo XIX, la fundación de la más insignificante sociedad obrera tendrá para ella más importancia que la famosa batalla de Sadowa. Citado por Guillaume, Historia de la Internacional, t. IV, pág. 137. Antes de infligir a Francia la derrota del 70, Alemania vence a Austria en 1866, en Sadowa, aldea de Checoslovaquia (Bohemia), (Nota del Editor francés).

 

(3) Locución latina: Porque me llamo león.

 

(4) Fourier ha ejercido una gran influencia sobre el pensamiento de Proudhon. He aquí algunas de sus opiniones, en 1842, sobre el autor de la Teoría de los cuatro movimientos: Seis semanas enteras he estado cautivo de este raro genio y cada vez que pienso en él me hace reír o me espanta. Declaración de Proudhon recogida por J. A. Langlois, en la noticia con que se abre el primer tomo de su Correspondencia, pág. 22: He leído ciertamente a Fourier y he hablado de él más de una vez, pero en suma creo no deberle nada. Mis verdaderos maestros, quiero decir aquellos que han hecho nacer en mí ideas fecundas, son tres: La Biblia primero, Adam Smith luego y, en fin, Hegel. En su Creación del orden en la humanidad (1843), dice Proudhon de Fourier: Genio exclusivo, indisciplinado, solitario, pero dotado de un profundo sentido moral, de una exquisita sensibilidad orgánica y de un prodigioso instinto adivinatorio. Fourier se lanza de un salto y sin análisis y por pura intuición a la investigación de la ley suprema del universo ... él es quien tiene primero la idea universal de la serie, el que tiene conciencia de su trascendencia; él, quien busca su aplicación ... (Nota de Leroy).

 

El segundo trabajo de Proudhon llevaba por título: De la celebración del domingo, donde por haber hecho a Moisés filósofo y socialista, recibí aplausos, dice él mismo en Confesiones de un revolucionario, pág. 120. Este trabajo fue premiado con medalla de bronce. (Nota del editor francés).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 9

 

Las ideas brotan lentamente en el horizonte de la especie humana, sobre todo, las que revelan un progreso en la conciencia. Hubo tiempos en que fue hasta honroso el oficio de ladrón, sinónimo entonces del de héroe. Fueron toda una revolución social las palabras escritas por Moisés en el Decálogo: No robarás; Lo thi-gnob. El robo, en efecto, aparece en cierto momento de la historia -según ha dicho Hobbes- como de derecho natural. El patriarca Jacob es un hábil ratero; lo indica su nombre y lo prueba su conducta. Al dejar Egipto, los israelitas toman a préstamo, para no devolverlos, la batería de cocina, la vajilla de plata, los vestidos de fiesta y lo mejor del ajuar de los egipcios; lo hacen por consejo de Jehová, su Dios. La ley romana autoriza por su parte el fraude fundado en un equívoco: el engañado no tiene derecho a quejarse sino de sí mismo. Ut lingua nun cupavit, dice la ley, ita jus esto.

 

¿No es curioso y útil para demostrar la lentitud de nuestro progreso que el Código Civil, publicado en 1805, haya creído deber proteger a los compradores contra los defectos ocultos de la cosa vendida, también llamados vicios redhibitorios?

 

Art. 1.641.- El vendedor es responsable de los defectos ocultos de la cosa vendida, que la hagan inservible para el uso a que se la destine, o disminuyan de tal modo ese uso que, de haberlos conocido el comprador, no la habría adquirido o lo habría adquirido sólo a más bajo precio.

 

Art. 1.642.- El vendedor no es responsable de los vicios manifiestos de cuya existencia haya podido el comprador convencerse por sí mismo.

 

Por este segundo artículo se aprecia la circunspección del legislador. Era ya de su parte mucho esfuerzo proteger al comprador contra los vicios ocultos, se retracta y retira su garantía apenas esos vicios estén al descubierto. Mas ¿en qué casos se puede decir que un vicio es oculto o manifiesto? ¿A qué esa distinción? Dígase simplemente que el vendedor responde de los defectos de la cosa vendida que la hagan de uso imposible, a menos que el comprador quiera adquirirla a pesar de esos defectos, y así se establezca clara y expresamente en el contrato. Pero he aquí aún otra disposición que está fuera de los límites de mi inteligencia. Después de haber expuesto en el artículo 1.646 las reglas de la acción que nace de los vicios redhibitorios, el redactor del Código añade:

 

Art. 1.649.- No cabe esta acción en las ventas judiciales.

 

¿Qué significa esta excepción? ¡Cómo! ¡La justicia ejecuta a un ciudadano; le pone en venta la casa, el ganado, los muebles; garantiza en su lugar a los compradores la pacifica posesión de los objetos vendidos (art. 1.625) y no garantiza los defectos ocultos de esos mismos objetos, como lo prescribe a todo vendedor por ese mismo artículo! ¡De modo que, cuando el hombre se eleva por medio de nuevas leyes al derecho social, la justicia se atiene al derecho de naturaleza!

 

En 1838, el legislador francés sintió la necesidad de insistir en esa responsabilidad respecto a los vicios ocultos; pero sólo para determinarlos en los caballos, asnos, machos, bueyes y carneros, y multiplicar las dificultades de la acción que corresponde al comprador descontento. Temía la justicia, por lo visto, de haber ido demasiado lejos. Justamente debía la justicia haberse llevado por la idea contraria. Si se quiere moralizar el comercio, impedir los fraudes, garantizar la cantidad, la calidad, la procedencia, el peso, etc., etc., de las mercaderías, granos, caldos, ganado, conviene vigilar no a los compradores sino a los vendedores; exigirles constantemente la responsabilidad; ir a sorprender en sus manos y en su origen el mal o vicio oculto; facilitar contra ellos la acción del comprador, no protegerles contra los reclamos de los demandantes. No se olvide que en materia de tráfico se debe presumir generalmente que el vendedor es el tramposo y el comprador, el engañado. ¿Por qué se ha de obligar al comprador a estar siempre en guardia, cuando el dinero que éste da no tiene vicio oculto? Descárguese sin piedad la mano contra el fraude, y se habrá merecido la fe pública. Mostrándose severo principalmente con la oferta, se será justo con todo el mundo y se habrá entrado en el camino de la reciprocidad.

 

Citemos aún, entre las medidas de garantía comercial que revelan en el estado una tendencia mutualista, la ley del 28 de julio de 1824, relativa a las marcas de fábrica. El autor de esta ley no ha tenido a la vista más que la protección del industrial contra la falsificación y las usurpaciones de título. Mas si el inventor y el fabricante hábil están protegidos por la ley -el uno en la propiedad de su invención y el otro en su buena fama- es consecuente que tengan una responsabilidad igual y pueda serles devuelto, como afectado de un vicio redhibitorio, todo producto que haya salido de sus almacenes y sea considerado de calidad inferior a la de los artículos que cimentaron su buen nombre. ¡Qué de mercaderías darían lugar a reclamaciones si se les aplicase esa regla mutualista! ¡Qué de fabricantes, después de haber presentado a la venta productos de buena calidad, luego de haber asegurado su clientela y destruido toda competencia se abandonan y relajan. A pesar de haber recibido su medalla de estímulo y fomento, merecerían que se les calase el gorro verde (el de los presidiarios en Francia) y se les condenase a las multas y penas más duras! Las pérdidas que ocasionan al público todos esos charlatanes se cuentan anualmente por centenares de millones. Para evitarlas no hay policía que valga; no cesarán sino ante un poder reformador.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 10

 

Uno de los aspectos más extremadamente violados de la ley de mutualidad es el arrendamiento de predios urbanos. Donde está muy aglomerada y condensada la población -como en París, Lyon, Marsella, Burdeos, Tolosa, Lila, Ruán- es difícil, aunque deseable, que cada familia sea propietaria de su casa. Se hace por lo tanto indispensable construir casas y tener habitaciones disponibles. Mas el arrendamiento no es sino una de las mil operaciones que constituyen la sociedad, el comercio humano, y está en consecuencia sometido a las reglas del derecho y hasta a la inspección de la policía.

 

En el departamento del Sena están a la merced de 25 a 30.000 propietarios 1.800.000 almas, distribuidas en una superficie de cerca de 30 millas cuadradas, lo que da por legua cuadrada 60.000 personas. ¿No es ése un hecho exorbitante que debe concentrar toda la atención y todo el celo del poder público? ¿Cómo está alojada esa enorme población, entregada sin defensa al arbitrio de 25.000 especuladores? ¿Qué condiciones se le han procurado de salubridad, de espacio, de comercio, de precio? ¿Es posible que el poder, por un mal entendido respeto a la propiedad o a una pretendida libertad de contratación, la deje abandonada a todos los excesos del monopolio y del agio?

 

¿Quién lo diría? Estamos todavía, respecto a alquileres, en el viejo derecho romano, en ese culto antiguo y tiránico de la propiedad. La ley favorece al propietario y mira con desconfianza al inquilino; no hace iguales a los dos contratantes. En caso de pleito, las presunciones, las garantías, la seguridad, están a favor del propietario.

 

1.- El crédito del propietario es privilegiado según el artículo 2.102 del Código. ¿Por qué?, me tomo la libertad de preguntar. Un inquilino compra a crédito todo el mobiliario de su cuarto. Le van mal los negocios y al cabo del año no ha pagado ni al comerciante de muebles ni al propietario. Tiene éste el derecho de desalojar al inquilino e incautarse de los muebles del cuarto; en cambio, el mueblero no puede reclamar los objetos que ha vendido ni hacer valer su derecho como lo hace el casero. ¿Por qué esa diferencia? Resulta entonces que un propietario de mala fe, poniéndose de acuerdo con un bribón, podría amueblar su casa entera sin gastar un céntimo. ¿Es eso justicia? ¿Hay aquí previsión?

 

2.- Si no hay contrato escrito, se cree al propietario -según el artículo 1.716- sobre su palabra jurada. ¿Por qué no también al inquilino? En el artículo 1.781, a propósito del arrendamiento de obras y servicios, se encuentra la misma distinción:

 

El maestro, dice el Código, debe ser creído sobre su palabra respecto a la cuestión de los salarios, al pago de los del año vencido y al de las sumas dadas a cuenta de los del año corriente.

 

Pregunto de nuevo: ¿qué es lo que puede justificar, después de 1789, esa distinción de personas?

 

3.- Otra desigualdad. Si no se ha hecho -dice el artículo 1.731- una descripción del modo como se han recibido las habitaciones, se entíende que el inquilino las ha recibido en buen estado. ¿Por qué se ha de entender así? ¿Las casas no tienen acaso, como los caballos, los bueyes y las ovejas, sus vicios ocultos y redhibitorios? ¿Quién ignora que no se conocen las ventajas ni los defectos de un cuarto sino seis meses después de habitarlo?

 

4.- Por el artículo 1.754 hay una parte de reparaciones que corren a cargo del inquilino y que el mismo artículo define y enumera. Es verdad que el artículo 1.755 exime al inquilino de esas reparaciones cuando los desperfectos han sido ocasionados por fuerza mayor o vejez del cuarto; pero esta reserva es completamente ilusoria. Hay cosas que no están destinadas a gastarse sino a quebrarse tarde o temprano por el uso que de ellas se hace: los barros, las porcelanas, los espejos, etcétera. Se hace aquí necesaria cierta tolerancia en favor del inquilino. Todo el mundo sabe que una casa desocupada se derrumba mucho más rápidamente que una habitada; ¿será por eso que el Código Civil se ha tomado el trabajo de agravar la responsabilidad del arrendatario?

 

5.- El arrendatario, por el artículo 1.733, responde del incendio, a menos que pruebe que éste se deba a fuerza mayor, a caso fortuito, a vicio de construcción o a propagación desde una casa vecina.

 

Art. 1734.- Si hay muchos inquilinos, son todos solidariamente responsables del incendio, a menos que prueben que el incendio ha empezado en la habitación de uno de ellos, en cuyo caso sólo éste es el responsable. No son tampoco responsables los que prueben que el fuego no ha podido empezar por su respectivo cuarto.

 

De este modo el inquilino, al entrar en posesión de la casa, se convierte en asegurador del inmueble. ¿Qué prima le paga el propietario por el seguro?, pues al fin el incendio es un riesgo inherente a todo objeto combustible, a las casas como a cualquier otro bien. Podría soslayarse esto, si por una cláusula expresa del arrendamiento se prohibiese al inquilino prender fuego en su cuarto; comprenderíase así al menos que fuese responsable del incendio. Mas precisamente se alquilan las casas para que podamos calentarnos y guisar; ¿se concibe que en vista de semejante cláusula haya podido el Código poner el incendio a cargo del inquilino? Este es un contrasentido más.

 

6.- Confiesan todos los economistas que la sociedad tiene un derecho al incremento que adquieren los terrenos valorizados por nuevas construcciones, nuevos barrios, aumento de población. En virtud de ese derecho, la sociedad podría intervenir -al menos de una manera general- en los arrendamientos, y reservando los derechos de la ciudad, proteger a los inquilinos contra las excesivas pretensiones de los propietarios. ¿Por qué no ha hecho nada de esto el legislador? ¿Por qué ese abandono de valores considerables, que no son bajo ningún concepto obra de los propietarios sino exclusivamente del desarrollo de la localidad, producto de la explotación de los inquilinos? Alguien que especulaba sobre la cotización de las nuevas zonas urbanizadas y sobre el favoritismo de la ley, iniciado alguna vez en los proyectos del gobierno, compró -por 30 francos el metro cuadrado- inmensos terrenos, que revendió luego a 200 francos. El hecho se ha divulgado, pero nadie ha dicho nada. ¿Por qué?

 

¿Cabe extrañar, después de esto, que desde quince años a la fecha los alquieres hayan ido en aumento fuera de toda proporción? ¿Que se hayan hecho intolerables los caprichos de los propietarios? Aquí el espacio antes libre, hoy comprendido en el cuerpo de un edificio, se alquila a 3 francos el metro cúbico; en otras partes a 15, 20 y 25 francos. Tal casa produce el 6 por ciento; tal otra el 30 y el 50. Luego el propietario, siguiendo el ejemplo del Código, hace también distinción de oficios y de personas. No se quiere a personas de tal o cual oficio, no se quieren niños, se proscribe a la familia, no se quiere más que matrimonios solos. Así se oye por todas partes gente que se queja de hambre. No se trabaja ya, dicen los obreros y los pequeños contribuyentes, sino para la propiedad y para los impuestos. Quiebras innumerables no pueden ser atribuidas sino a esa anarquía de los alquileres, cuyos indebidos beneficios ascienden anualmente en toda Francia a cerca de mil millones.

 

Bajo un régimen de mutualidad, sin embargo, sería facilísimo regular el arrendamiento sin violar la ley de la oferta y la demanda, y ateniéndose a las prescripciones de la más rigurosa justicia. Bastaría el empleo de tres medios tan irrecusables como infalibles.

 

a) Ley del 3 de Setiembre de 1807 sobre la tasa del interés del dinero. Cuando el autor de esta ley ha dicho en los artículos 1° y 2°:

 

El interés convencional y el interés legal no podrán exceder en negocios útiles del 5 por ciento, en negocios mercantiles del 6, sin que en ningún caso quepa retener los intereses no vencidos ..., no ha querido tratar tan sólo las sumas prestadas o los intereses reembolsables en metálico. Ha comprendido en su definición toda especie de capitales, mercancías y productos, ya en especie, ya en inmuebles, ya en dinero. Así el comerciante, fabricante o labrador que se ha comprometido a entregar dentro de un plazo dado cierta cantidad de mercancías, y faltando a su compromiso haya incurrido en el pago de daños y perjuicios, ha de satisfacer los intereses a razón del 5 o 6 por ciento al año, según sea civil o comercial el negocio. Del mismo modo, el comprador que no haya cubierto a su vencimiento la obligación por él suscripta y pagadera al vencimiento.

 

El dinero no se cita en la ley sino como representante de los demás valores, como medio de expresar los capitales y los productos.

 

Ahora bien, ¿qué es un arrendamiento? Un contrato por el cual una de las partes, llamada arrendador, entrega a la otra, llamada arrendatario, una casa o un huerto por un tiempo dado, mediante un precio convenido, que se paga en dinero. En economía política, esa casa o ese huerto son un valor como otro cualquiera, un capital como otro cualquiera, un producto como otro cualquiera, una mercancía como otra cualquiera. El legislador, sin embargo, no lo ha comprendido en la ley del 3 de setiembre de 1807. Ha dejado a las partes la libertad de fijar la tasa de los alquileres, por más que lógicamente esa determinación fuese una consecuencia de la del interés del dinero. Esta es aún otra gracia, otro privilegio otorgado al propietario. Pero es obvio que nada impide que el legislador vuelva a hacerse cargo de este asunto, declare abolida esta ley especial y diga a los caseros: La tasa del interés del dinero ha sido fijada al 5 por ciento en lo civil y al 6 en lo comercial, para toda clase de ventas, compras, alquileres, préstamos, servicios, cambios, sin distinción de bienes muebles, ni de inmuebles, ni de capitales, ni de mercaderías, ni de productos, ni de metálico. Siendo vosotros los que más os aprovecháis de esa limitación, sufriréis a vuestra vez la ley común: el mismo interés que pagáis a vuestro banquero y a vuestros proveedores se os pagará a vosotros. Reciprocidad es justicia.

 

b) Otro medio de controlar la propiedad urbana sería realizar el derecho de la sociedad sobre el máximo valor que adquieran los terrenos por causas extrañas a la acción de sus propietarios, punto sobre el que no insistiré más.

 

e) Para acabar, finalmente, con el antiguo derecho de propiedad, derecho místico lleno de preocupaciones y de excepciones, propongo que se declare que todo arrendamiento de predio urbano es un acto de comercio. ¿No son acaso comerciantes los que toman una casa, la amueblan y luego la subarrienda por semanas, meses o años, o los que alquilan gabinetes, salas o cuartos? ¿No son también comerciantes esos empresarios que se encargan de edificar casas y luego las alquilan o revenden, del mismo modo que los que venden o alquilan muebles? ¿En qué difieren esas operaciones sobre casas y edificios de las que pone la ley en la categoría de los actos de comercio: empresas de manufacturas, de utensilios, de expedientes, de construcciones, de transportes, de fletes y etcétera, etcétera?

 

De esa asimilación -lógica en el terreno del derecho e incontestable en el de la economía política-, combinada con la aplicación que se hacía al mismo contrato de la ley de 1807 y con el derecho del municipio al mayor valor de los solares, se seguiría:

 

Que toda la legislación relativa a los alquileres debería ser reformada en mejor sentido. No más gracias en beneficio de los propietarios, no más caprichos, no más alzas desenfrenadas que vengan a desolar a las familias y a arruinar a los fabricantes y a los banqueros. La arbitrariedad debería ser desterrada para siempre de un orden de tratos que afecta en el más alto grado la existencia de las masas e importa anualmente para Francia miles de millones. La autoridad debería levantar una minuciosa y exacta estadística de las habitaciones del Imperio, organizar un control más eficaz de la salubridad de las viviendas, disponer las cosas de modo que en el interés de todos pudiesen construirse -en concurrencia con los antiguos propietarios- sociedades de albañiles para la compra de terrenos y la construcción, conservación y arrendamiento de casas y cuartos. No me detendré a dar pormenores sobre esas reformas; me basta haber indicado sus principios y su espíritu.

 

Mas ¿quién puede ignorar que sin una estrepitosa manifestación de la opinión pública, esa gran reforma no saldrá jamás del estado de utopía?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 11

 

Si los hechos no lo demostraran todos los días, no podríamos llegar jamás a creer con cuánta lentitud se va formando la ética humana, con cuánta dificultad llega a distinguir lo justo de lo injusto. La condenación del pillaje y del robo y su prohibición y represión legales no van más allá de tres mil años. Aún hoy -como es fácil ver echando una ojeada sobre los atentados contra la propiedad, enumerados y definidos en el Código Penal- apenas si están comprendidos bajo los nombres de pillaje, robo y estafa sino los más violentos y groseros casos de la usurpación del derecho ajeno. En vano nos ha presentado la antigua sabiduría su adagio mutualista: Haz por los demás lo que tú quieras que por ti hagan; no hagas a los demás lo que no quisieras que te hicieran. No hemos visto en esta máxima sino un consejo de caridad, una fórmula de beneficencia puramente voluntaria que en nada obliga a la conciencia. No hemos marchado sino con ayuda de la policía y del verdugo y, sobre las cosas más importantes de la economía social, somos aún tan salvajes como aquellos mismos hombres que cansados de asesinatos, violencias y rapiñas convinieron en respetar mutuamente sus bienes, sus mujeres y sus vidas y fundaron las primeras sociedades.

 

Cuando hablamos hoy de mutualidad y de instituciones mutualistas, ¿no parece verdaderamente que decimos algo nuevo? Les cuesta trabajo comprendernos, tanto al hombre del pueblo como al burgués, al capitalista como al proletario, al comerciante, al propietario como al arrendatario, al magistrado como al sacerdote, al economista como al jurisconsulto; no comprenden bien nuestros sinónimos; nuestras palabras, siendo para ellos ininteligibles, son palabras perdidas. El seguro mutuo es una idea antigua que se admite sin dificultad, pero sólo como teoría, no como acto de justicia. Se toma sólo como una de las formas de operaciones libres, no como una obligación tal que considere culpables ni al que expende sin contar la insolidaridad de los riesgos y haciendo del peligro general un medio de fortuna, ni al gobierno que lo consiente, ni a la sociedad que lo aprueba. Y si tal es en nuestra época la opinión sobre el seguro mutuo -la más elemental de las mutualidades- ¿qué no será en lo que se refiere a la apreciación de los valores, la lealtad en los contratos, el cambio de servicios y de productos, los arrendatamientos? ¿A quién se podrá hacer entender que el engaño en la oferta y la demanda es un verdadero delito contra la justicia y un atentado contra la propiedad? ¿Cómo convencer al obrero de que así como el maestro no puede rebajar el precio de su trabajo, tampoco puede él exagerarlo? Se contesta con: defiéndete como me defiendo; cada uno para sí; en la guerra como en la guerra; y otras cien máximas conservadas desde los tiempos bárbaros, en que el robo y el despojo eran la recompensa del soldado.

 

¿No es acaso el propietario dueño de su casa? ¿No la ha heredado de su padre o comprado o edificado con sus propias manos? ¿No es tan dueño de derribarla como de levantarla, habitarla con su familia, convertirla en granja, almacén o cuadra; reemplazarla por un jardín o por un juego de bolos? ¿A qué, pues, hablarnos de mutualidad? ¿Qué viene a ser esa manera solapada de reducir y tasar legalmente los alquileres so pretexto de usura, de baratura de los capitales, de derecho social al mayor valor de los terrenos y otros cuentos? La verdadera propiedad lleva consigo el derecho de accesión y el de aluvión, y, por lo tanto, el de apropiarse del mayor valor de los solares, que después de todo no es más que una bendición del cielo sobre el proletariado. Respetemos, pues, la propiedad: no puede aquí invocarse con justicia sino la ley de la oferta y la demanda, en su enérgica y primitiva sencillez; no puede atar al propietario sino su palabra.

 

Esto se dice, sin tomarse siquiera el trabajo de observar que merced a un nuevo privilegio, la ley de la oferta y la demanda es mucho más benévola para el propietario que para el comerciante, el fabricante y el obrero. Se regatea al obrero su salario, al comerciante su mercancía y al fabricante su servicio, sin que falte quien se permita recriminarles, casi como un delito, la exageración de sus precios. Pero, ¿quién se atreve a tanto con el propietario? Si son demasiado duras sus condiciones, se le deja sin hacer observación alguna. Y por parte del estado, ¡qué consideración! ¡qué deferencia! La policía destruye los frutos mal sazonados, la leche aguada, las bebidas de fabricación sospechosa, las carnes corrompidas; tiene leyes contra los acaparadores y los agiotistas; sabe si conviene poner coto a ciertos monopolios. Hace apenas cuarenta años que se ha comenzado a poner algunas trabas a los abusos de la propiedad; pero ¡qué de precauciones para con esa poderosa casta, tratada siempre como noble! ¡Qué de celo por indemnizarla! ¡Qué de propietarios enriquecidos por la expropiación, venturosos de que el estado se haya dignado fijarse en sus patrimonios, como el señor se dignaba antes bajar los ojos sobre la hija de su vasallo!

 

Esas cosas tan repugnantes, propias de una época saturada de egoísmo y de iniquidad, las vamos a encontrar aún mucho más vivas en un servicio tan importante como antiguo, sin que por eso haya sido jamás esclarecido por el derecho.

 

¿Qué lazo de solidaridad, y por consiguiente, qué mutualidad cabe establecer entre el público y el empresario de transportes? Léase desde el artículo 96 al 108 del Código de Comercio y se verá que el legislador, lejos de buscar la justicia, no ha pensado sino en asegurar al expedidor, determinando severamente la garantía o responsabilidad del transportador. Son los dos contratantes como dos mundos aparte, que no se comunican sino con desconfianza y que, después de una relación pasajera, permanecen siempre completamente extraños. Una vez entregado el bulto, el transportador pasa a ser como su propietario: le concierne a él exclusivamente todo lo que se refiere al transporte, a la manera de verificarlo, a sus condiciones y a su duración, así como a todo lo que pueda sucederle en el viaje. Entre el transportador y el expedidor el contrato se reduce a dos palabras: para el primero, una responsabilidad absoluta; para el segundo, el pago del flete. De esto se deduce que, en todo lo relativo a la circulación de los productos, el comercio, la industria y la agricultura están, en términos generales, a merced de las empresas de transportes; no hay tregua ni alivio sino cuando esas empresas luchan entre sí, luchas cuyos gastos termina siempre por pagar el público.

 

Es verdad que el contrato de garantía mutua entre las empresas y el público sería poco menos que impracticable en épocas de guerra, cuando la industria languidece, los viajes rebosan de peligros y los negocios son difíciles. Prefieren entonces empresarios y transportadores, porteadores y cargadores conservar su libertad de acción. Mas en un país como el nuestro, donde hace siglos se han desarrollado tanto los negocios y es tan segura la circulación, ¿se comprende que jamás las empresas hayan podido entenderse con el comercio? He estado durante diez años en la navegación interior y la he visto morir sin que haya llegado jamás a organizarse. Ha sido preciso apelar a las concesiones de ferrocarriles por el estado, al monopolio inherente a ese género de transporte, a la coalición de las compañías y, en fin, al acarreo, para concebir la posibilidad de un pacto equitativo y ventajoso para todos los intereses. Y, sin embargo, nada más sencillo que la idea de ese pacto.

 

Garantizadnos vuestras consignaciones -habrían dicho los empresarios de transportes a los industriales, comerciantes y labradores de las respectivas localidades- y nosotros por nuestra parte:

 

Os garantizamos todos los transportes desde los puntos A, B, G, D, a los puntos X, Y, Z;

 

Os garantizamos esos transportes a grande o pequeña velocidad, ya en un plazo fijo de tantos días, ya en un plazo moral;

 

Os garantizamos que se harán viajes cada dos, tres, cuatro o cinco días;

 

Os garantizamos, por fin, precios fijos para cada clase de cargamentos.

 

Nuestro compromiso será recíproco y por uno o muchos años, pero modificable siempre que salga una invención o una competencia seria que permita ejecutar el servicio a menor precio. En este caso deberá dársenos aviso, para que podamos tomar nuestras medidas y conservar la preferencia.

 

¡Cosa singular! Si en algo cabía que por la sola iniciativa de algunos individuos se estableciese con fuerza y extención el principio de la mutualidad, era evidentemente en el comercio de transportes. Una vez reformado el aparato circulatorio, no podía menos de seguir su impulso todo el sistema. Pero tal es la fatalidad que rige los destinos humanos, que jamás han propuesto ni comprendido las compañías de navegación semejante compromiso, ni es probable que el público hubiese consentido en aceptarlo. El público hacía lo que las compañías: se reservaba su libertad, por amor al agio y a lo imprevisto. Si desde 1840 las compañías de transportes por agua y las empresas terrestres hubiesen seguido ese camino, como no habrían podido menos de ser tomadas por máximum sus tarifas, ni de dar la ley, el país tendría hoy los transportes a 5 céntimos en asientos de primera clase y a 2 en los de segunda, por cabeza y kilómetro; y para las mercancías, de 1 1/2 céntimos a 5, en grande o pequeña velocidad, tanto por agua como por los carriles.

 

En lugar de esto, la navegación ha sido abandonada casi en todas partes, y las compañías de ferrocarriles, aplicando tarifas hechas por legisladores poco celosos, hacen pagar:

 

A los viajeros: 10 céntimos y 5,7 por cabeza y kilómetro;

 

Por las mercancías: 9, 12, 14 y 21 céntimos por kilómetro y tonelada.

 

En años de escasez el trigo, que debería pagar a lo más 2 céntimos, paga 5; las ostras, el pescado fresco y otros artículos que no pueden ir sino a gran velocidad, 55. ¿Se quiere saber por medio de un solo ejemplo, cuál es la influencia de esa tarifa sobre el precio de los comestibles? Mientras en Burdeos y en Macon se vendía corrientemente a 10 céntimos la docena de duraznos, no se los ha pagado jamás en París a menos de 15, 20 y 50 céntimos cada uno.

 

Si con todo, el gobierno de Luis Felipe -producto de las ideas de 1789- no se hubiese dejado infatuar tanto de sus ideas de autoridad y de jerarquía; si desde 1842 se hubiese convencido de que no era sino el representante o el órgano de las relaciones de solidaridad y mutualidad entre los ciudadanos, habría visto en la legislación de los ferrocarriles la ocasión, única, de constituir, junto con el bajo precio de los transportes, la mutualidad industrial y mercantil, o sea fundar el derecho económico (1). Habría visto -cosa que comprende bien hasta el más torpe- que un servicio público, tal como el de los ferrocarriles, no es para usufructo de una clase ni para fortuna de un ejército de accionistas; y por lo tanto, habría organizado el servicio de los transportes, o por la menos lo habría confiado a compañías de trabajadores, con arreglo a los principios de la reciprocidad y la igualdad económicas.

 

¿Quién duda hoy que el pueblo francés habría podido, sin necesidad de compañías anónimas, hacerse de ferrocarriles, y, considerándose a la vez como cargador y porteador, asegurarse para siempre el menor costo en los transportes? Pero al gobierno no le convenían ferrocarriles construidos y explotados según el principio de la reciprocidad, cuyos servicios no demandasen más que sus gastos de explotación y conservación. Ferrocarriles a los que en virtud del conocido axioma de derecho: nadie es siervo de su propia cosa, Res sua nulli servit- no habría habido que reembolsar capital de fundación; cuyas acciones no habrían sido objeto de alzas ni bajas, por la sencilla razón de que no habría habido en ellos ni concesiones ni accionistas. Ferrocarriles, finalmente, que por su bajo costo habrían redundado en provecho de la nación y no habrían creado prebendas para nadie, ni hecho la fortuna de ningún parásito. El producto neto anual de las vías férreas alcanza, aproximadamente, a doscientos millones: dejados al comercio, a la agricultura y a la industria, ¡cuánto no habrían podido contribuir al desarrollo de la riqueza pública! (Véase Manual del especulador de Bolsa, Paris, 1857, Garnier Hermanos, y De las reformas que hay que hacer en los ferrocarriles, obra del mismo autor (2), París 1854). El gobierno y las cámaras de Luis Felipe creyeron que valía más hacerlos pasar al bolsillo de sus amigos banqueros, empresarios y accionistas. El pueblo estaba acostumbrado a pagarlo todo, aun lo que se hacia para él con su propio dinero: ¿qué habría sucedido si de repente se le hubiese demostrado que, estando construidos con su dinero los ferrocarriles, no debía pagar ya y sí tan sólo los gastos corrientes? No se sentía por otra parte dar ese desarrollo a la clase acomodada y menos laboriosa, aumentar por ese medio el número de los partidarios del poder, crear, por fin, intereses decididamente afectos a la autoridad, batida en brecha cada día más por la marea ascendente de los intereses populares. El mismo gobierno actual tan lejos está de haber comprendido su verdadera ley, que después de las guerras de Crimea y Lombardía ha aumentado en un décimo las tarifas de los ferrocarriles, haciéndose, por la más ininteligente de las operaciones fiscales, coparásito de una industria que está destinada por su naturaleza a ser tanto mas productiva para todo el mundo, cuanto que no debe pagar renta a nadie ni producir para nadie beneficios. (3).

 

Millones y millares de millones cuesta todos los años a la nación el desprecio de la ley de mutualidad, la violación del derecho económico (4). ¿Creerá alguien, acaso, que se han construido los ferrocarriles con el dinero de las compañías? No; las compañías no han proporcionado sino la parte más insignificante del capital gastado, como para tener un pretexto para apropiarse de la totalidad de la renta. Según la ley de 1842 (5), corren a cargo del estado las indemnizaciones debidas por los terrenos y edificios que se expropien y también los terraplenes y desmontes, las obras de arte y las estaciones. ¿Qué quedaba por hacer a las compañías? Sólo poner los carriles y el material. ¿Cuál es, sin embargo, la parte del estado en los ingresos? Absolutamente ninguna. ¿Qué digo?, no contento con no percibir nada el estado, garantiza a las compañías un mínimum de beneficio. Así se puede decir que en los ferrocarriles hechos con arreglo a la ley de 1842, el estado, es decir, el país, cubría la mayor parte de los gastos y se retiraba dejando a las compañías las utilidades. Jamás el mercantilismo anárquico había obtenido éxito semejante por culpa de un gobierno. Sosteníamos hace poco que los instrumentos de circulación pública, como creación del país, deben ser entregados al país gratuitamente. El gobierno de 1830 los ha entregado gratuitamente a las compañías, que se los hacen pagar bien caros; no se ha equivocado sino de dirección. La idea de mutualidad es de las más sencillas, pero no ha entrado jamás en el espíritu de las aristocracias ni de las monarquías ni de las teocracias ni de ningún gobierno. En el comercio de transportes es donde habría podido hacer más la iniciativa individual para tan grave reforma. Será, sin embargo, necesaria una revolución económica en todo el país para verificarla en los canales y en los ferrocarriles.

 

 

Notas

 

(1) Duchene (Jorge), colaborador de Proudhon, publicó en 1869 un interesante trabajo titulado Imperialismo industrial y financiero. (Nota del Editor francés).

 

(2) Es decir, Proudhon. Suya es la referencia entre paréntesis.

 

(3) Acordar a los banqueros el monopolio de la explotación de los ferrocarriles es sencillamente restablecer en beneficio de un nuevo feudalismo el derecho de extorsionar al viajero, imponiendo un derecho de peaje que ejercían los antiguos señores ... el más lucrativo de los privilegios. Toussenel: Confusión general a propósito de los nuevos ferrocarriles.

 

(4) Un derecho económico, por oposición al derecho político: es interesante destacar el desenvolvimiento y la evolución sufridos en todas las leyes que han conducido al poder público a regularizar -movido por un interés de solidaridad y de mutualidad- el ejercicio de los derechos individuales en materia de propiedad o de trabajo. El propietario y el empleador no son ya amos absolutos del contrato.

 

(5) Ley del 11 de junio de 1842. Los pasajes a que hace alusión son los siguientes:

 

Art. 3° Las indemnizaciones debidas por terrenos y edificios cuya ocupación sea necesaria al establecimiento de líneas férreas y de sus dependencias serán adelantadas por el estado y reembolsadas al mismo, hasta los dos tercios, por los departamentos y las comunas.

 

Art. 5° Los tercios de indemnización de terrenos y construcciones -de obras de arte y estaciones- serán pagados de los fondos del estado.

 

 

 

Capítulo 12

 

La palabra crédito es uno de esos términos que el uso ha vulgarizado, pero cuyo significado es aún muy ambiguo. El pueblo las toma muchas veces en un sentido que no es el de los negocios ni el de la economía política ni, por lo tanto, el de la mutualidad. Este error procede de que el lenguaje económico no ha sido obra de los sabios, como el de la química y el derecho, sino de prácticos sin formación ni ideología, que han tomado como un acto benévolo lo que no se debia considerar sino una transacción interesada, confundiendo así los conceptos más opuestos y acabando por hablar, más bien que una lengua racional, una especie de germanía (1).

 

Crédito es una palabra latina, credit-us o credit-um, participio pasivo, masculino o neutro, del verbo credo, que significa igualmente creer y confiar. Vender a crédito es una frase de la baja latinidad, como si dijéramos, vender a quien es creído, o vender a confianza, es decir, sobre la promesa que hace el comprador de pagar más tarde. Prestar a crédito, es por la misma razón prestar, no sobre fianza o prenda, sino sobre esperanza de restitución. Crédito es, pues, confianza; no se le dio en un principio otro sentido.

 

Hoy no es ya lo mismo: el crédito no es ya la expresión de la confianza, a pesar de lo que digan los usureros de la época. Es una operación esencialmente mercantil e interesada, por la que ciertos individuos a quienes se da el nombre de capitalistas o comerciantes anticipan sus capitales o mercancías a otros que los necesitan, y se llaman compradores o tomadores. Este anticipo -por más que no vaya acompañado del pago inmediato- no se hace gratuitamente ni sobre una simple palabra, como lo entiende el pueblo; se hace sobre prenda, hipoteca o fianza y mediante una prima que muchas veces se paga por adelantado -reteniéndola desde luego el capitalista- y que se llama interés. Esto es precisamente lo contrario de lo que vulgarmente se entiende por crédito.

 

En principio, el prestamista no tiene confianza en nadie; no la tiene más que en las cosas. Es posible que por amistad adelante fondos a otro de cuya probidad no dude, pero no es esto lo que en el lenguaje de los negocios se llama un crédito. Si el banquero es prudente y lleva con regularidad sus libros, no asentará ese crédito en la cuenta de su amigo; lo asentará en la suya porque ese préstamo no tiene vencimiento fijo y porque otorgando un crédito de esta clase se ha constituido en fianza del deudor. Esto significa que en casos tales no pone verdaderamente su confianza sino en sí mismo.

 

Existen, pues, dos maneras de entender el crédito. El crédito real, que descansa en realidades, es decir, en prendas o en hipotecas; y el crédito personal, cuya garantía de pago descansa única y exclusivamente en la honradez del deudor. El pueblo tiene una decidida tendencia al crédito personal: no entiende de otro modo la mutualidad. Háblese al hombre del pueblo de prendas, de fianzas, de dos o tres firmas, de un efecto de comercio que represente un valor entregado y en todas partes susceptible de descuento; lejos de comprender, tomará esas precauciones por una injuria. Esto no se hace -dirá para sí- entre gentes conocidas. Llevo veinte años de ejercicio en mi profesión -dirá ese obrero-; ahí están los certificados que acreditan mi buena conducta; deseo establecerme y necesito 3.000 francos. ¿Pueden prestármelos? No será poca su sorpresa si le dicen que en los negocios y en un banco mutuo, como en otro cualquiera, la regla es no confiar en el hombre sino en la prenda.

 

A los gerentes y directores de las sociedades de crédito recíproco corresponde formar, desde este punto de vista, la educación del pueblo. Temo ya que por una intempestiva complacencia, y por el mal fundado recelo de faltar a su programa, se hayan prestado algunas a anticipos imprudentes y hayan consentido préstamos aventurados. Importa explicar a los obreros los verdaderos principios y convencerlos bien de que en el terreno del crédito, más que en otro alguno, una cosa es la caridad y otra el derecho; de que no se debe confundir las sociedades mutualistas con las de socorros; en una palabra, de que los negocios no son obra de caridad y de filantropía. Sólo raras veces, y aun con la mayor circunspección, deben las sociedades de obreros permitirse el crédito personal -que sería, en el riguroso sentido de la palabra, el verdadero crédito- so pena de convertirse en establecimientos de beneficencia, de verse muy pronto arruinadas por el favoritismo, los pagarés al descubierto y las garantías morales y de caer en la deshonra.

 

¿A qué llamaremos, pues, crédito recíproco?

 

Las operaciones de crédito se dividen en dos grandes categorías: descuento de valores de comercio, y anticipos o préstamos a la agricultura y a la industria.

 

Cada una de estas operaciones presupone una garantía positiva, una hipoteca real. Así el negociante que necesita dinero se lo procura por medio de letras de cambio o libranzas que gira a cargo de sus deudores y hace endosar por otro negociante o banquero, y aun algunas veces por dos, lo que da a la letra tres y aun cuatro garantías: la del deudor, la del librador y la del endosante o endosantes, todos responsables con su persona y con sus bienes. En los momentos de crisis, no es tampoco raro ver a los negociantes procurándose dinero sobre mercaderías que representan tres y cuatro veces la suma que reciben. Conviene ahora que las clases obreras sepan y entiendan que la mutualidad no les puede dispensar de ninguna de esas garantías, base necesaria del crédito. Se trata de otra cosa.

 

Hemos dicho más arriba no sólo que no se abre crédito sobre simples promesas y sí sobre prendas, garantías e hipotecas, sino también que el crédito es una operación interesada que presupone para el que lo abra remuneración o beneficio, es decir, una verdadera prima análoga a la del seguro, que varía de 2, 3, 4 a 5, 6, 7, 8 y 9 por ciento al año y que es el interés. A ese interés añaden los banqueros una comisión y otros menudos gastos que la elevan a veces en un 1 por ciento. Lo que se trata de reducir por medio de la mutualidad es ese interés y sus accesorios, tanto para los descuentos del comercio como para los préstamos hipotecarios a la agricultura y a la industria.

 

Durante diecisiete años he escrito tanto sobre esa materia del crédito mutuo, que no creo oportuno en estos momentos entrar en largas explicaciones. Bastan algunas palabras.

 

El interés del dinero, cuyo maximum es -por la ley de 3 de septiembre de 1807- de 6 por ciento al año en los negocios mercantiles, y de 5 por ciento en los civiles, es la más grave carga que pesa sobre el trabajo, y para el consumo el tributo menos justificado y más desastroso. Es posible formarse una idea sabiendo que los descuentos mercantiles producen -solamente al Banco de Francia y a sus sucursales- 40 millones de beneficio. En lo que se refiere a los préstamos a la agricultura y a la industria, el importe total de las hipotecas era, en 1857, de 12.000 millones, que representan por lo menos 600 de interés.

 

Ahora bien, en lo que a la circulación y al descuento concierne, es claro que el interés de 6, 7, 8 y 9 por ciento, exigido por los banqueros, es un tributo que pagan graciosamente los negociantes que llevan al descuento sus valores, puesto que del mismo modo que podrían asegurarse los unos a los otros mediante una prima ligerísima -inadmisible para las compañías de seguros- y habrían podido, influyendo en las resoluciones del poder, garantizarse los transportes a un precio inferior de un 60 o un 80 por ciento al de los ferrocarriles, podrían también darse crédito los unos a los otros, con o sin intervención del gobierno, a un interés al que no podría bajar ningún capitalista.

 

Cuando en 1848 se creó, bajo la iniciativa del gobierno provisional y por suscripción de los comerciantes, la Caja de Descuentos, ¿quién impidió que el gobierno, después de haber concedido a este nuevo banco la doble garantía de las obligaciones de la ciudad de París y de los bonos del Tesoro, estipulase que los accionistas de la Caja habían de poder descontar sus efectos sin interés y mediante una simple comisión? Se habría visto pronto a todo el mundo pretendiendo la misma gracia y solicitando acciones, es decir, procurando rescatar por medio de una suscripción voluntaria, pagadera, una sola vez, el tributo pagado uno y otro año a los banqueros. Pero la República de Febrero no había aún salido en 1848 del terreno de la política; no se ocupaba de mutualidad ni de crédito gratuito; y satisfecha con haber puesto en marcha una nueva máquina, renunció toda participación en los beneficios a favor de los accionistas. Hoy el estado ha retirado su garantía, ya del todo inútil, y el capital de la Caja, que era en un principio de 6.666.500 francos por lo que debían aportar los accionistas, es hoy de 20 millones, cotizándose en la Bolsa a 980 francos sus acciones, que son sólo de 500.

 

En cuanto a los préstamos a la agricultura y a la industria, como necesariamente se componen de materias primas, instrumentos de trabajo, ganado, subsistencias y jornales, como por las palabras crédito territorial no se entiende de modo alguno préstamos de tierras, prados, campos, viñas, bosques, casas ni otros inmuebles, sino simples préstamos de trabajo y provisiones; como el metálico no sirve aquí del mismo modo que en el comercio, sino de medio de cambio; como, pues, los referidos préstamos no pueden salir sino de los ahorros de la nación y la única tarea del Crédito Territorial es, por consiguiente, facilitar -a los que necesiten tomar efectos a préstamo- los medios de sacarlos de esos mismos ahorros, operación que tiene más el carácter de una venta a plazo que el de un préstamo hipotecario, es evidente que aun en esto la mutualidad es susceptible de una de sus más bellas aplicaciones, puesto que no se trata sino de dar forma y carácter práctico a lo que en el fondo es ya una realidad, es decir, que los verdaderos prestamistas son los productores. Puesto que por otra parte la materia objeto del préstamo no es el dinero sino materias primas, jornales, herramientas y subsistencias; puesto que al efecto se trata, más que de asegurar un Banco, de crear grandes almacenes y depósitos; puesto que, por fin, no pudiendo hacerse préstamos de esta especie sino bajo el punto de vista de que han de ser reproductivos, son los productores los que por medio de una sindicatura deben organizar la manera de prestarse los unos a los otros, con un costo imposible para los que tienen el manejo del metálico.

 

No nos parecerá nunca bastante extraña la rara fascinación que produce el dinero sobre nuestros rutinarios banqueros y nuestros pretendidos economistas. Cuando en 1848 se trató en la Asamblea republicana de fundar el crédito territorial, salvación de nuestra agricultura, no se pensó sino en crear con la menor cantidad posible de numerario la mayor suma de billetes de crédito, todo como cuando se trató del Banco de Francia. Pero cuanto más se pensó en ello, tantas más dificultades fueron surgiendo. Por de pronto no hubo quien consintiera en prestar sus escudos al rédito de 3 y 3,65 por ciento para que el nuevo establecimiento pudiese volverlos a prestar sobre hipoteca por un plazo de veinte a sesenta años al 5, 5,50 o 6, comprendidos amortización y gastos administrativos. Y luego, aun cuando se hubiese encontrado prestamistas, ¿de qué habría servido? La hipoteca no por esto habría dejado de seguir su marcha; la deuda agraria habría aumentado y se habría hecho cada día de más imposible reembolso; y la institución del crédito territorial habría conducido por fin a una universal expropiación, si se hubiese persistido en prestar al 5 y 6, cuando la tierra no renta sino el 2 por ciento. Contradictoria así, lo mismo para los capitalistas que para la deuda agraria, no pudo menos de ser totalmente abandonada esa bella institución que tantas esperanzas había hecho concebir, y su creación fue objeto de descuento en honor del Gobierno Imperial. La agricultura se ocupa ahora de cosas muy distintas. Recordábamos hace poco que el importe total de las hipotecas asciende a 12.000 millones. Para que el crédito territorial hubiese podido reembolsar o convertir holgadamente tan enorme suma, habría debido reunir en sus cajas, al par del Banco, la tercera parte por lo menos en dinero, o sea 4.000 millones de metálico, que hubiesen garantido los 12.000 millones de billetes. ¿No es eso soberanamente ridículo? Contra esa dificultad han venido, con todo, a estrellarse la habilidad de nuestros hacendistas, la ciencia de nuestros economistas y la esperanza de nuestros agrónomos republicanos. Stupete gentes.

 

Hay, pues, en esto como en todo un triple abuso que destruir, abuso que habría desaparecido hace mucho tiempo sin la necedad de nuestros intrigantes del mundo de los negocios y la complicidad de nuestros gobiernos:

 

La violación cada día más obstinada del derecho económico;

 

La absorción improductiva y cada día creciente, en forma de intereses, de una parte de la riqueza creada todos los años;

 

El desarrollo de un parasitismo desenfrenado y cada día más corruptor.

 

Así, lo que distingue las reformas mutualistas es que son a la vez de derecho estricto y de alta socialibidad. Consisten todas en suprimir los tributos de todas clases que se cobran de los trabajadores, bajo pretextos y por medios que serán un día previstos por las constituciones e imputables a los gobiernos (2).

 

Esa mutualidad que niegan tan ardientemente en nuestros días los favorecedores del privilegio, y que se presenta como el rasgo característico del nuevo Evangelio, no es la que hacía decir a Cristo: Prestad sin esperar nada de vuestros deudores, mutuum date, nihil inde sperantes. Los teólogos modernos -cayendo muy por debajo de la moral de los antiguos- han discutido si, con esas palabras, Cristo había prohibido de una manera absoluta el préstamo a interés, es decir, sobre si había dado un precepto, o no había querido dar más que un consejo. Nos dan, empero, el genuino sentido del Evangelio la distinción que hemos hecho anteriormente entre la ley de caridad y la de justicia, y la explicación que hicimos en el anterior artículo del crédito mutuo, siempre garantido, pero no interesado, y del crédito personal u otorgado sobre una simple promesa.

 

Había venido antes Moisés y dicho a los judíos: No cobrarás interés a tu hermano; sí tan sólo al extranjero. Llevaba principalmente por objeto evitar la confusión y la enajenación de los patrimonios, en su tiempo, como en el nuestro, amenazados por la hipoteca. Con el mismo objeto había dispuesto que las deudas fuesen perdonadas cada cincuenta años. Vino luego Jesús predicando la fraternidad universal, sin distinción de judíos ni gentiles, y generalizando la ley de Moisés, dijo: Prestarás sin interés a tu hermano, sea israelita, sea extranjero. El autor del Evangelio cerraba así la edad del egoísmo y la de las nacionalidades y abría el período del amor, la era de la humanidad. Desarrollaba, con más energía que nunca, el célere principio: Haced por los demás como por vosotros mismos, pero jamás tuvo la idea de organizar económicamente la mutualidad, ni de fundar bancos de crédito recíproco, ni tampoco de imponer a nadie el préstamo de sus ahorros sin indemnización, con el riesgo de perderlos. La proposición anunciada por él se refiere a las comunidades cristianas, y sabemos ya lo que esas comunidades duraron. Ahora damos un paso más: sin volver a la comunidad y caridad evangélicas, afirmamos la mutualidad económica, por la que, sin imponer sacrificio a nadie, lo obtenemos todo a su justo precio; idea sencillísima, a cuyo propósito podemos decir de nosotros mismos lo que decían de Jesús los judíos de su tiempo: No le han comprendido. Et sui eum non comprehenderunt (3).

 

El egoísmo, disfrazado con el falso nombre de libertad, nos ha corrompido y desorganizado completamente. No hay una de nuestras nociones ni de nuestros errores, no hay forma de vicio ni de iniquidad, que no nos arrebate una parte de nuestra mísera subsistencia. Pagamos tributo a la ignorancia, al azar, a la preocupación, al agio, al monopolio, al charlatanismo, al reclamo, al mal gusto, del mismo modo que al sensualismo y a la pereza. Lo pagamos a la crisis, a la paralización de los negocios, a las coaliciones, a la falta de trabajo y, gracias a nuestras rutinarias prácticas, lo pagamos también a la propiedad, a la autoridad, a la religión y a la ciencia misma, que no podemos evidentemente pensar en abolir. Todos estos tributos son superiores a los servicios que nos prestan. En todas partes el derecho económico está violado en sus principios fundamentales y en todas partes esa violación lleva consigo, en nuestro daño, sustracción de riqueza, desarrollo de parasitismo y corrupción de costumbres públicas.

 

 

 

Notas

 

(1) Véase sobre esta cuestión: Organización del crédito y la circulación, París, 1848; Dictamen del ciudadano Thiers, acompañado del discurso pronunciado en la Asamblea Nacional por el ciudadano Proudhon, 31 de julio de 1848; Interés y principal, discusión entre Proudhon y Bastiat; Banco del pueblo, Garnier Hnos., 1849; De la justicia en la revolución y en la iglesia, tercer estudio. (Nota de Proudhon).

 

(2) Una cosa hay que no debemos pasar por alto. Ciertos partidarios de la anarquía económica, que fomentan el feudalismo industrial y mercantil y son encarnizados adversarios de la emancipación de las clases obreras, afectan pedir con interés lo que llaman la libertad de Bancos o la descentralización del crédito, del mismo modo que han pedido y obtenido antes lo que llaman el libre cambio, y están en vísperas de pedir la abolición de la tasa de los intereses. A propósito de esto, no dejan nunca de señalar el crédito mutuo como una institución centralizadora, ni de acusar de nuevo de gubernamentalistas a los partidarios de la revolución económica. ¿Será necesario recordar al lector que todo servicio público, organizado de modo que no cueste nada o casi nada a los consumidores, es tarea propia de la sociedad, que obra por y para sí misma, tarea por lo tanto tan ajena a la centralización como al comunismo? No hay dificultad en que dentro de cada ciudad y de cada provincia sean independientes unos de otros los Bancos públicos, con lo que estará suficientemente descentralizado el crédito. Mas eso de tomar por libertad de crédito la facultad para todo el mundo de emitir papel moneda, así como llamar libertad de préstamo a interés la facultad de elevar el descuento a 7, 8, 9, 10 y más por ciento, es un abuso de lenguaje cometido para encubrir una superchería y es además, en la ciencia, una contradicción. Lo que acabamos de decir del crédito lo repetimos acerca de los seguros, de las obras públicas, etcétera. No confundamos el trabajo colectivo, gratuito por su naturaleza, con los productos de la centralización, los más caros y los peores de todos. (Nota de Proudhon).

 

(3) La teoría del crédito con tendencia a ser gratuito, es decir, a no costar al mutuante más que los gastos de administración -valuados en un 1/2 o un 1/4 por ciento-, ha sido expuesta por primera vez, teóricamente, en un folleto de cuarenta y tres páginas, titulado Organización del crédito y la circulación, por P. J. Proudhon, París, 1848. Otros, entre ellos Mazel ainé (el primogénito), y más recientemente un tal señor Bonnard, parecen haber entrevisto el mismo principio. La prueba empero de que ni uno ni otro, y mucho menos Bonnard, han tenido de ese principio sino una idea superficial y falsa es el hecho de haber concebido ambos la idea de beneficiarlo en su provecho, olvidando que lo que constituye esencialmente la mutualidad es el carácter gratuito del servicio. La caja de Bonnard está hoy muy decaída; no falta, sin embargo, quien diga que el fundador ha hecho una buena fortuna, fortuna cuyo origen, por irreprensible que pueda haber parecido a los ojos de la justicia, no ha sido a buen seguro de reciprocidad.

 

Entre los adversarios del crédito mutuo, no puedo menos de nombrar aquí particularmente a Federico Bastiat. La memoria de este economista, muy honrosa por la mayor parte de sus opiniones, llevará siempre sobre sí, a juicio de todas las personas sensatas, el cargo de mala fe a que se hizo acreedor cuando la discusión pública que sostuvimos los dos en 1849. Reconocía yo de buen grado que en materia de crédito el simple particular no puede sin remuneración alguna desprenderse de sus capitales, del mismo modo que no podría asegurar contra incendios una sola casa sin cobrar una muy gruesa prima; y luego, cuando quería hacer entender a mi contendiente que bajo el régimen del sistema mutuo cabía que sucediera lo contrario, no quería Bastiat oírme, alegando que nada tenía que ver con la mutualidad, y se daba por satisfecho con mis confesiones sobre las consecuencias del crédito que yo llamaba unilateral, a fin de no darle el odioso epíteto de usurario.

 

A propósito de esto, me permitiré una reflexión. A nadie menos que a mi estaría bien criticar a las clases obreras, sobre todo cuando tratan de runir sus esfuerzos en Francia, Alemania e Inglaterra, para asegurar su común emancipación contra toda coalición de los capitalistas, contra toda eventualidad de una guerra extranjera (alusión a la fundación de la Internacional de los Trabajadores). Después de haber indicado, sin embargo, las falsas ideas y las ilusiones de la gente que vive de su trabajo, no puedo menos de hacer observar la timidez de algunos que, temiendo horrorosamente caer en la utopía, se hacen los prudentes siguiendo paso a paso las prácticas de los hombres de la burguesía, y harían de buena gana consistir su mutualismo en que las clases obreras tuviesen sus banqueros, como los tienen, desde los tenderos a los propietarios, todos los contribuyentes. ¡Cómo! ¡Apenas proclamada, se avergonzaría ya la mutualidad de su nombre! ¡Temería dejarse llevar demasiado lejos! ¡Protestaría contra lo que algunos llaman la exageración de sus doctrinas! Tranquilícense los obreros. No están en vísperas de poder hacer una guerra seria al capital con sus Bancos que, puestos en cuenta corriente con el de Francia, pagan a buen precio el dinero que les facilíta y están condenados por lo tanto a hacer pagar caro su crédito. No se fundará a buen seguro en Europa el crédito mutuo ni por medio de desórdenes, ni por medio de insignificantes concurrencias, ni mucho menos por medio de subvenciones filantrópicas o desinteresadas suscripciones. Se necesita para esto, como he dicho más de una vez, toda la fuerza de una voluntad colectiva, franca y resueltamente reformadora. En 1849, el Banco del Pueblo no se dirigió más que a un fin: el de instruir al pueblo en las doctrinas económicas con ejemplos detallados y memorias y cuentas semanales. Esperábamos para realizarlo las elecciones de 1852. Grandes cosas nos guarda sin duda el porvenir, y es sin duda invencible la democracia obrera. Creo, con todo, que hará bien en no consumirse en esfuerzos inútiles y, puesto que ha sabido contarse en 1863, en no perder de vista los pensamientos políticos de 1852. (Nota de Proudhon).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 13

 

He creído obligación consagrar un capítulo especial a esta cuestión, presente hoy en el pensamiento obrero, pero envuelta aún en una oscuridad profunda. Los autores del Manifiesto no encarecen menos que sus camaradas del Luxemburgo la importancia de la asociación, ni dejan de considerarla como un poderoso medio de orden, de ética, de riqueza y de progreso. Mas ni los unos ni los otros han sabido todavía reconocerla y distinguirla; la confunden con la mutualidad y hasta con la comunidad. No ha habido hasta ahora quien -saliéndose de los Códigos Civiles y de los de Comercio, de los que por otra parte no se acuerdan los obreros- haya sabido desentrañar su carácter, útil o nocivo, ni quien haya conocido las modificaciones que sufrirá en el régimen que nos ocupa.

 

En interés de las sociedades obreras que se están desarrollando, trataré de llevar alguna luz sobre el asunto y de llenar en pocas palabras tan importante laguna.

 

Llamo fuerzas económicas a ciertas fórmulas de acción, cuyo efecto es llevar el poder del trabajo mucho más allá de lo que estaría si se le dejase enteramente abandonado a la libertad individual.

 

Así, lo que se llama división del trabajo o separación de las industrias es una fuerza económica. Desde A. Smith acá se ha demostrado mil veces que un determinado número de obreros produce cuatro, diez y hasta veinte veces más trabajo, distribuyéndoselo de una manera sistemática que trabajando cada uno aisladamente y haciendo todos la misma tarea sin entenderse ni combinar sus esfuerzos.

 

Por la misma razón, o más bien por una razón inversa, lo que he sido uno de los primeros en llamar fuerza de colectividad es otra fuerza económica. Está igualmente demostrado que cierto número de obreros ejecutará fácil y brevemente un trabajo que les sería del todo punto imposíble si, en vez de agrupar sus esfuerzos, pretendiesen obrar individualmente.

 

La aplicación de la maquinaria a la industria es otra fuerza económica. Esto no hay ya necesidad de demostrarlo. Como las máquinas realizan mayores esfuerzos, el trabajo resulta más productivo: el aumento de riqueza resultante revela la presencia de otra fuerza económica.

 

La competencia es otra fuerza económica, por la sobreexcitación que produce en los trabajadores.

 

La asociación otra, por la confianza y seguridad que inspira.

 

Y finalmente, el cambio, el crédito, el oro y la plata acuñados, la propiedad misma -que al menos como vía de anticipación puedo nombrar aquí sin escrúpulo- son fuerzas económicas.

 

Pero de todas las fuerzas económicas, la más importante, la mejor, la que une a las combinaciones del trabajo las concepciones del espíritu y la justificación de la conciencia, es la mutualidad, en la que todas las demás se confunden.

 

Por medio de la mutualidad, todas las demás fuerzas económicas entran en el derecho y pasan, por decirlo así, a formar parte integrante del derecho del hombre y del productor. Sin ella permanecen indiferentes al bien como al mal social; no tienen nada de obligatorias; no ofrecen por sí mismas carácter ético. Son conocidos los excesos, por no decir las matanzas, de la división del trabajo y las máquinas, los furores de la competencia, los fraudes del comercio, los despojos del crédito, la prostitución del dinero, la tiranía de la propiedad. Esa crítica está hace tiempo agotada y con la democracia actual, insistir en ella sería perder el tiempo. Predicaríamos a conversos. Sólo la mutualidad, fruto a la vez de la inteligencia y de la conciencia, sólo el pacto bilateral, desconocido por muy largo tiempo, pero hoy ya lazo secreto de unión entre todos los trabajadores, obligan al hombre al mismo tiempo que fecundan su obra. La mutualidad es lo único que no puede ser ofendido ni vencido porque en las sociedades humanas, como en el universo, es a la vez el derecho y la fuerza.

 

La asociación, considerada bajo su más noble aspecto, es sin duda fraternal ¡no quiera Dios que sea yo quien la deshonre a los ojos del pueblo! Pero la asociación, por sí misma y sin una idea de derecho que la domine, no es más que un vínculo fortuito basado sobre un mero sentimiento de necesidad e interés; un contrato libre, siempre susceptible de rescisión; un grupo limitado cuyos individuos, estando asociados sólo para sí mismos, puede decirse que lo están contra todo el mundo. Así lo ha entendido después de todo el legislador, y así debía forzosamente entenderlo.

 

¿De qué se trata, por ejemplo, en nuestras grandes asociaciones de capitalistas, organizados según el espíritu del feudalismo mercantil o industrial? De monopolizar la fabricación, los cambios y los beneficios; de agrupar al efecto, bajo una misma dirección, las más diversas capacidades; de centralizar los oficios; de aglomerar las funciones. En una palabra, de excluir la pequeña industria, matar el pequeño comercio y transformar por ahí en proletarios la parte más numerosa y más digna de interés de la clase media, todo en provecho de los mal llamados organizadores, fundadores, directores, administradores, consejeros y accionistas de esas gigantescas especulaciones. Se ven en París numerosos ejemplos de esa guerra desleal hecha por los grandes a los pequeños capitales: inútil es citarlos. Se ha hablado de una librería que, por la comandita de M. Péreire, había de reemplazar la mayor parte de las librerías actuales: nuevo medio de dominar la prensa y las ideas. No hay quien no aspire al monopolio; hasta la sociedad de literatos, celosa de los beneficios de los libreros, piensa hacerse editora de todos los autores vivos. No tiene límites esa manía de avasallarlo todo: señal inequívoca de la pobreza de los espíritus. He conocido una imprenta que acumulaba, además de la composición y de la impresión, que casi siempre van juntas, el comercio de líbrería al por mayor y al por menor, los útiles de escritorio, la fundición de tipos, la fabricación de prensas, los clisés, la encuadernación, la ebanistería. Tratábase además de crear en ella una escuela para los aprendices y una pequeña academia. Ese establecimiento monstruo se hundió rápidamente bajo la acción del despilfarro, del parasitismo, de la confusión y del hacinamiento, de los gastos generales, de la competencia que provocó, del creciente desequilibrio entre los gastos y las entradas. El feudalismo industrial tiene las mismas tendencias; tendrá el mismo fin.

 

¿De qué se trataba también en las sociedades de obreros por el sistema del Luxemburgo? De suplantar, por medio de la coalición de los trabajadores y las subvenciones del estado, las sociedades de capitalistas, es decir, de hacer también la guerra a la industria y al comercio líbres por medio de la centralización de los negocios, la aglomeración de los obreros y la superioridad de los capitales. En lugar de ciento o doscientos mil industriales con patente que existen hoy en París, habría habido entonces sólo un centenar de grandes asociaciones, representando los diversos ramos de la industria y del comercio, en que los obreros hubiesen sido regimentados y definitivamente avasallados por la razón de estado de la fraternidad, como tienden a serIo ahora por la razón de estado del capital. ¿Qué habrían ganado con esto la libertad, la felicidad pública, la civilización? Absolutamente nada. Habríamos cambiado de cadenas, y -lo que es más triste y manifiesta la esterilidad de los legisladores y reformadores- la idea social no habría adelantado un paso: viviríamos bajo el mismo fatalismo económico.

 

De esa primera y rápida ojeada, tanto sobre las asociaciones comunistas -que han quedado en estado de proyecto- como sobre las sociedades colectivas -en comandita y económicas, tales como las concibió la anarquía mercantil y las pone en práctica el nuevo feudalismo, con la sanción del legislador y la protección del gobierno-, resulta que tanto las unas como las otras han sido fundadas con fines particulares y por intereses egoístas. Nada revela en ellas ni un pensamiento de reforma ni miras superiores de civilización ni el menor celo por el progreso y los destinos generales. Obrando por lo contrario de una manera anárquica al par de los individuos, no pueden ser jamás consideradas sino como pequeñas iglesias organizadas contra la más grande, en cuyo seno y a cuyas expensas viven.

 

Los caracteres generales de esas compañías, reunidos en el Código, demuestran su espíritu estrecho y su corto alcance. Están compuestas -con exclusión de los extranjeros- de un determinado número de personas que vienen naturalmente designadas por sus nombres, profesión, residencia y cualidades y aportan todas un capital más o menos considerable. Están constituidas con un objetivo especial, por un interés exclusivo y por tiempo limitado. ¿Qué hay en todo esto que corresponda a las grandes esperanzas que ha fundado en la asociación la democracia obrera? ¿Con qué derecho se lisonjearía ésta de hacerla producir resultados más humanos? La asociación es una cosa que se define por sí misma y tiene por carácter especial la particularidad ¿Sería posible que dejase de haber, separadas y distintas las unas de las otras, sociedades de carpinteros, de albañiles, de lamparistas, de sombrereros, de sastres, de zapateros, etcétera, etcétera? ¿Entra en la idea de nadie que todas esas sociedades puedan refundirse las unas en las otras y constituir una sociedad general? Se puede desafiar sin temor a la democracia obrera a que se meta en ese laberinto; ¿qué digo? se puede desafiar, no sólo a los trabajadores, sino también a sus consejeros, a la Academia de Ciencias Morales y Políticas, al Cuerpo Legislativo, a la Escuela de Derecho en masa, a que presenten una fórmula de asociación por la cual se unan, confundiendo su acción y sus intereses, dos grupos heterogéneos, tales como los albañiles y los ebanistas. Si las asociaciones son, pues, distintas por la fuerza de las cosas, por la fuerza de las cosas también serán rivales. Serán divergentes sus intereses, y habrá contradicciones y hostilidades. Esto es inevitable.

 

Pero ¿no tenemos acaso, se me dirá, el principio de mutualidad para establecer la armonía entre nuestras asociaciones y hacerlas vivir en paz, sin necesidad de que se refundan las unas en las otras?

 

En buena hora. Ya tenemos aquí la mutualidad presentándose como el Deus ex machina. Veamos, pues, lo que nos dice. Para empezar, consignemos ante todo que la mutualidad no es lo mismo que la asociación; que si ama la reunión de fuerzas, no ama menos la libertad, y rechaza todo capricho como toda intolerancia.

 

Hablábamos hace poco de la división del trabajo. Crea esta fuerza económica tantos focos de independencia como especialidades, hecho que lleva necesariamente consigo la separación de empresas, justo lo contrario de lo que buscan quienes fomentan las asociaciones comunistas y quienes fundan las compañías de capitales. Combinada luego con la ley del agrupamiento natural de la población por regiones, cantones, municipalidades, barrios, calles, la división del trabajo conduce a una consecuencia decisiva: no sólo está llamada cada especialidad industrial a desarrollarse y obrar con plena y entera independencia -bajo las condiciones de mutualidad, responsabilidad y garantía que constituyen la condición general de las sociedades- sino que también están llamados a lo mismo cada uno de los industriales que representan una de las especialidades del trabajo en sus respectivas localidades. Esos industriales en principio deben permanecer libres, pues la división del trabajo, la libertad, la competencia, la igualdad política y social, la dignidad del hombre, no admiten filiales. Dicen los Sesenta en su Manifiesto que no quieren clientelas: en verdad no serían éstas sino el reverso de aquéllas; son unas y otras la misma idea, la misma cosa.

 

Se deduce de ahí que la mutualidad tiene por principio -en lo que a la asociación se refiere- que los hombres no deben asociarse sino en cuanto la requieran las exigencias de la producción, el costo de los productos, las necesidades del consumo y la seguridad de los mismos productores, para aquello en que no sea posible que el público descanse en la industria particular ni que ésta asuma las cargas ni que corra sola los riesgos de la empresa. No une entonces a los hombres ni un pensamiento sistemático ni un cálculo de ambición ni el espíritu de partido; los une tan sólo la fuerza de las cosas y pueden entonces conservar, hasta en el seno de la asociación, su libertad, precisamente porque al asociarse obedecen sólo a la fuerza de las cosas.

 

Ese aspecto de la idea mutualista, tal como resulta de los principios generales sentados en el Manifiesto de los Sesenta, hace conciliables con la nueva democracia las más vivas simpatías de los pequeños propietarios, industriales y comerciantes.

 

¿Se trata de la gran producción manufacturera, extractiva, metalúrgica, maritima? Es obvio que cabe allí la asociación; nadie la pone en duda ¿Se trata de una de esas grandes explotaciones que tienen carácter de servicio público, tales como los ferrocarriles, los muebles, los establecimientos de crédito? He probado más arriba que pugna con la ley de la mutualidad buscar en esos servicios ganancia de ningún género y que, por lo tanto, hay que prestarlos al público por lo que cuesta explotarlos y conservarlos. Aun así es evidente que no serán las compañías privilegiadas, ni las comunidades que protegidas por el estado obran en nombre y por cuenta del estado, las que nos den la mejor garantía de la buena ejecución y menor costo del servicio. No nos puede venir esa garantía sino de socios libres, obligados con el público por el contrato de mutualidad y los unos para con los otros, por el de sociedad.

 

¿Se trata ahora, empero, de esos mil oficios y comercios que tan numerosos son en las ciudades y en los campos? No veo aquí ya la necesidad ni la utilidad de la asociación. La veo tanto menos cuanto que el fruto que de alli pudiéramos prometernos lo conseguimos ya por el conjunto de las garantías mutualistas, seguros mutuos, crédito mutuo, policía de los mercados, etcétera. Más aún: dadas esas garantías, más seguridad tiene el público tratando con un particular que con una compañía.

 

¿Quién no ve, por ejemplo, que el pequeño comercio tiene su razón de ser en la necesidad de las grandes compañías de establecer en todas partes, para comodidad de los consumidores, almacenes o despachos particulares, es decir, sucursales? Ahora bien, bajo el régimen de la mutualidad, somos todos clientes los unos de los otros, sucursalistas los unos de los otros, servidores los unos de los otros. En esto consiste nuestra solidaridad, esa solidaridad que los autores del Manifiesto proclaman junto con la libertad industrial, el derecho al trabajo, la mutualidad del crédito. ¿Qué inconveniente, pues, habían de encontrar en que el mismo hombre que en un sistema de feudo tal como el de las grandes compañias de capitales o el de las comunidades del Luxemburgo estaba condenado a ser de por vida un sucursalista a sueldo, un simple asalariado, viniese a ser en el sistema nuestro -donde el agio no es ya más que una palabra- un comerciante libre? La tarea del comerciante no está reducida a comprar y vender bajo el exclusivo punto de vista del interés privado; también debe irse elevando con el orden social del que forma parte. Ante todo, el comerciante tiene a su cargo la distribución de los productos, cuyas cualidades, fabricación, procedencia y valor debe conocer a fondo. Debe tener siempre a los consumidores de su distrito al corriente de los precios, de los ártículos nuevos, de los riesgos de alza y de las probabilidades de baja. Trabajo continuo que exige inteligencia, celo y honradez y que -lo repito-, dadas las nuevas condiciones en que nos coloca el mutualismo, no necesita de la garantía -sospechosa, por otra parte-, de una de nuestras grandes sociedades. Basta aquí, para tranquilidad del público, la reforma general de las costumbres por medio de los principios. ¿Por qué, pues -me pregunto- habría de desaparecer esa individualidad económica? ¿Para qué habríamos de mezclarnos en eso? Organicemos el derecho y dejemos actuar al comerciante. Sea la mejor clientela para el más diligente y el más honrado.

 

Aquí, si no me engaño, deben encontrarse los elementos de la alianza proclamada y reivindicada por los autores del Manifiesto entre la pequeña burguesía industrial y comercial y las clases obreras.

 

Sin nosotros -dicen con profundo sentimiento de la verdad-, los burgueses no pueden sentar nada sólido, al paso que sin su concurso nuestra emancipación puede tardar muchísimo tiempo. Unámonos, pues, para un fin común: el triunfo de la verdadera democracia.

 

Repitámoslo a su ejemplo. No cabe pensar en destruir posiciones adquiridas; se trata simplemente de ver si, rebajando el alquiler de los capitales y de las habitaciones, facilitando y disminuyendo los descuentos, eliminando el parasitismo, extirpando el agio, sometiendo a una buena policía los depósitos y los mercados, aminorando el precio de los transportes, equilibrando los valores, dando una instrucción superior a las clases obreras, haciendo preponderar definitivamente el trabajo sobre el capital y otorgando a cada parte y a cada talento la justa consideración que merezcan, se restituye al trabajo y a la propiedad lo que el capital indebidamente les usurpa; se aumenta el bienestar general asegurando las subsistencias; se evitan, por la verdad y certidumbre de los contratos, las quiebras y la ruina; se impide la formación de esas fortunas exorbitantes que carecen de fundamento legal y legítimo y llevan consigo el despojo de muchos; se acaba, en una palabra, con todas las anomalías y perturbaciones que ha indicado en todo tiempo la sana crítica como las causas crónicas de la miseria y del proletariado.

 

Pero ¿a qué batallar sobre palabras y perder el tiempo en discusiones inútiles? Lo cierto es que el pueblo, dígase lo que se quiera, tiene fe en la asociación y la reconoce, presiente y anuncia, creyendo, sin embargo, que no hay otra que el contrato de sociedad definido por nuestros códigos. Para ser a la vez fieles a los datos de la ciencia y a las aspiraciones populares, concluyamos, pues, diciendo que la asociación --cuya fórmula han buscado los innovadores contemporáneos, como si nada hubiese dicho sobre esto el legislador, sin que ninguno de ellos haya llegado a definirla-; esa asociación que Fourier, artista místico y profeta, llamaba armonía y anunciaba que había de venir precedida de un período de garantismo (1); esa famosa asociación que debe abrazar la sociedad entera y dejar sin embargo a salvo los derechos de la libertad individual y corporativa; esa asociación que no puede ser, por consiguiente, ni la comunidad o sociedad universal de bienes y ganancias -reconocida por el Código Civil, practicada durante la Edad Media en el campo, generalizada por la secta de los Moravos, identificada con la constitución política o el Estado, y reglamentada de diferentes modos por Platón, Campanella, Moro, Owen, Cabet- ni tampoco las Sociedades de Comercio, colectiva, en comandita, anónima, de cuentas en participación; esa asociación, por fin, que la democracia obrera insiste en invocar como el término de toda servidumbre y la forma superior de la civilización, es y no puede ser menos que la misma mutualidad.

 

La mutualidad, cuyos principales rasgos hemos trazado, ¿no es efectivamente el contrato social por excelencia, un contrato a la vez político y económico, bilateral y conmutativo, que abraza en sus tan sencillos términos al individuo y a la familia, la corporación y la sociedad, la venta y la compra, el crédito, el seguro, el trabajo, la instrucción y la propiedad; las profesiones todas, los contratos todos, los servicios todos, las garantías todas; un contrato que en su alto alcance regenerador excluye todo egoísmo, todo parasitismo, toda arbitrariedad, todo agio, toda disolución social? ¿No es ella verdaderamente esa asociación misteriosa, soñada por los utopistas, desconocida por los filósofos y por los jurisconsultos y definible en dos palabras: contrato de mutuo o de mutualidad? (2).

 

Echemos una última ojeada sobre ese nuevo pacto, tal como desde hoy se presenta en los esbozos imperfectos, pero ricos en esperanzas, que nos presenta la democracia obrera, y notemos sus caracteres esenciales. Por pobre que al principio parezca en su personal, por especial que sea su objeto, por limitada que sea su duración, por modificables y rescindibles que sean sus cláusulas, hay en la asociación mutualista -podemos ya en adelante darle este nombre- una fuerza de desarrollo que tiende invenciblemente a asimilarle e incorporarle todo lo que le rodea, a transformar a su imagen la humanidad y el estado. Esa fuerza de desarrollo la recibe de la alta moralidad y de la fecundidad económica de su principio.

 

Obsérvese que, en virtud del principio que la caracteriza, los cuadros de la asociación están abiertos para todo el que quiera entrar en ellos, después de haber reconocido su espíritu y su objeto. No puede por su naturaleza excluir a nadie; antes bien, es tanto más ventajosa cuanto más grande. Bajo el punto de vista del personal, la asociación mutua es, por su índole, del todo ilimitada, al revés de las demás asociaciones.

 

Otro tanto sucede con su objeto. Una sociedad mutua puede tener por objeto especial la explotación de una industria. Con todo, en virtud del principio de mutualidad, tiende a llevar su sistema de garantía primero a las industrias con que está en inmediato contacto y luego, a las más apartadas. Desde ese punto de vista la asociación mutua es también ilimitada, es decir, de una indefinida fuerza de coalición.

 

¿Hablaré de su duración? Es muy posible que asociados por ese sistema, habiendo salido mal de una empresa, en lo que pueda tener de determinado, de particular, de personal y de especial, se hallen reducidos a rescindir sus pactos. No por esto es menos cierto que -estando fundada su sociedad principalmente en una idea de derecho y para la aplicación económica de esa idea- presenta cierto carácter de perpetuidad, del mismo modo que, según acabamos de ver, presenta un carácter de universalidad que la distingue. El día en que las clases trabajadoras hayan adquirido la clara noción del principio que hoy las agita y tengan íntimamente penetrada de ella su conciencia y la hayan profesado en alta voz, será de todo punto imposible la derogación del régimen que hayan establecido. Sería contradictorio que otra cosa sucediese. La mutualidad, o la sociedad mutua, es la justicia, y en justicia como en religión no se retrocede. El mundo, después de convertido en monoteísta por el Evangelio, no ha pensado jamás en volver al culto de los dioses. Francia no podría hoy tampoco volver al feudalismo, después de haber abolido los rusos la servidumbre. Así sucederá con la nueva reforma. El contrato de mutualidad es por su naturaleza irrevocable, así en las más grandes como en las más pequeñas sociedades. Causas puramente materiales y externas pueden hacer que se rescindan compañías de esta especie en lo que tengan de especial, pero en sí mismas y en su disposición fundamental crean siempre un nuevo orden de cosas y no son susceptibles de ser rescindidas. Hombres que han celebrado un pacto de probidad, de lealtad, de garantía, de honra, no es posible que se separen diciendo: Nos hemos engañado; volvamos a ser embusteros y pillos; saldremos más gananciosos.

 

En la sociedad nuestra -y éste es su último carácter- no es ya indispensable aportar capitales; basta, para ser socio, guardar una lealtad mutua en los contratos.

 

En resumen, según la legislación vigente, la sociedad es un contrato celebrado entre determinadas personas, que se designan por sus nombres, profesiones y cualidades (Código Civil, art. 1.832), para obtener beneficios que se han de repartir entre los socios (ibid). La sociedad está constituida por tiempo determinado (art. 1.865). Todo socio debe aportar dinero, u otros bienes, o su industria (art. 1.833).

 

Otro es el espíritu de la asociación mutua. Por su carácter de mutua admite a todo el mundo y tiende a la universalidad; no se establece para obtener directamente un beneficio sino una garantía; no exige aportes en dinero ni en otros valores, ni siquiera en industria, y sí tan sólo lealtad al pacto de mutualidad; una vez constituida, se generaliza por su propia naturaleza y se hace eterna.

 

La asociación comunista, como instrumento revolucionario y fórmula de gobierno, tiende también a la universalidad y a la perpetuidad, pero no deja nada en propiedad a los asociados, ni su dinero, ni sus demás bienes, ni su trabajo, ni su libertad, ni su talento. Es lo que la hace imposible.

 

Una vez transformadas las generaciones por la ley de la reciprocidad, nada impedirá que se continúen formando sociedades particulares que tengan exclusivamente por objeto la explotación de un ramo de la industria o la ejecución de una empresa y por fin, el beneficio de los que las constituyen. Pero esas sociedades -que podrán conservar sus actuales nombres, sometidas las unas hacia las otras y todas con el público al deber de mutualidad- no serán ya comparables con las de nuestros tiempos. Habrán perdido el carácter egoísta y subversivo que ahora tienen, y conservado las ventajas que les dé su fuerza económica. Serán otras tantas iglesias particulares en el seno de la Iglesia universal, capaces de reproducirla, si quizá llegara a extinguirse.

 

Hubiera querido dar aquí la teoría mutualista y federativa de la propiedad, cuya crítica he publicado hace veinte años, pero lo extenso de la materia me obliga a dejar tan importante estudio para otra ocasión (3).

 

 

 

Notas

 

(1) Fourier traza a su manera la historia antigua y futura de los períodos de la humanidad (sociedad edénica, sociedad salvaje, sociedad patriarcal, sociedad civilizada; garantismo, sociantismo, harmonismo). En este último período la naturaleza se pone a tono con la humanidad. El planeta, que hasta ahora no ha engendrado más que dos creaciones, se tornará fecundo y producirá -¡la imaginación de Fourier es fantástica!- otras dieciséis creaciones sucesivas, donde los seres actuales revestirán nuevas formas ...

 

(2) Los dignos ciudadanos que en estos últimos tiempos han tomado bajo su patronato el desarrollo de las sociedades de obreros -diputados, periodistas, banqueros, abogados, literatos, industriales- comprenderán, así lo espero, que al dar a la palabra mutualidad, tomada como fórmula general de la revolución económica, una decidida preferencia sobre la de asociación, lejos de obrar movido por un vano deseo de gloria personal, lo he hecho en interés de la exactitud científica. La palabra asociación es demasiado especial y demasiado vaga, carece de precisión, habla menos a la inteligencia que al sentimiento, no tiene el carácter de universalidad que en semejantes circunstancias se requiere. Sin contar, como dice uno de los redactores de la Asociación, que existen hoy entre los obreros tres clases de sociedades faltas de un vinculo común: las de producción, las de consumo y las de crédito. Las hay de socorros mutuos, de seguros, de enseñanza, de lectura, de templanza, de canto, etc., a las que hay que añadir las sociedades definidas por el Código: sociedades civiles y comerciales, sociedades universales de bienes y de ganancias o comunidades, sociedades colectivas, en comandita y anónimas. Estas sociedades no se parecen mucho y lo primero que debería hacer un autor que quisiera escribir un tratado sobre la asociación sería buscar un principio por el que cupiese reducir a una sola fórmula esas innumerables asociaciones, principio que por consiguiente sería superior al de la asociación misma.

 

No está aqui todo. Es evidente que las tres cuartas, si no las cuatro quintas partes de una nación como la nuestra, propietarios, labradores, pequeños industriales, literatos, artistas, empleados, no pueden ser considerados como personas que viven en sociedad. Ahora bien, a menos de declararlos desde luego fuera de la reforma, de la revolución, no puede menos de convenirse en que la palabra sociedad, asociación, no llena el objeto de la ciencia y se hace por lo tanto preciso encontrar otra que una a la sencillez y al nervio de la universalidad de todo principio. Hemos hecho observar, por fin, que en la nueva democracia el principio politico ha de ser idéntico y adecuado al económico; ese principio, nombrado y definido hace largo tiempo, no es otro que el federativo, sinónimo de mutualidad o garantía recíproca, que nada tiene de común con el de la asociación. (Nota de Proudhon).

 

(3) Véase ¿Qué es la propiedad? Carta a M. Blanqui: Advertencia a los propietarios, París, 1840, 41 y 42, y Sistema de las contradicciones Económicas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 14

 

Es fácil ahora comprender que lo que constituye el derecho económico de que tantas veces he hablado en mis anteriores obras -es decir, la aplicación de la justicia a la economía política- es el régimen de reciprocidad. Sin instituciones mutuas, libremente formadas por la razón y la experiencia, los hechos económicos no son más que un embrollo de manifestaciones contradictorias, producto del azar, del fraude, de la tiranía y del robo (1).

 

Del derecho económico se desprende inmediatamente el derecho público. Un gobierno es un sistema de garantías; el mismo principio de garantía mutua que asegura a cada uno la instrucción, el trabajo, la libre disposición de sus facultades, el ejercicio de su industria, el goce de su propiedad y el cambio de sus productos y de sus servicios, asegurará igualmente a todos el orden, la justicia, la paz, la igualdad, la templanza del poder, la fidelidad de los funcionarios públicos y la cooperación de todos los ciudadanos.

 

Así, pues, del mismo modo que el territorio ha sido primitivamente dividido por la naturaleza en cierto número de regiones, y luego cada región subdividida de mutuo acuerdo entre los municipios y repartida entre las familias; del mismo modo también que los trabajos y las industrias se han ido recíprocamente deslindando conforme a la ley de división orgánica, y han formado a su vez grupos y cuerpos que todo el mundo ha respetado; asimismo, según el nuevo pacto, la soberanía política, la autoridad civil y la influencia corporativa se van coordinando entre las regiones, distritos, municipalidades y demás categorías, e identificándose por medio de esa coordinación con la libertad misma.

 

A no dudarlo, la vieja ley de unidad y de indivisión queda derogada. En virtud de la adhesión, al menos presunta, de las diversas partes del estado al pacto de unión, el centro político está en todas partes; la cabeza, en ninguna. Cada grupo o variedad de población, cada raza, cada lengua reina sola y señora en su territorio; cada ciudad, garantida por sus vecinas, en el círculo o término que abraza. La unidad viene ya indicada, en el derecho, por la promesa que se hacen unos a otros los diversos grupos soberanos: 1°) de gobernarse por sí mismos mutuamente y tratar con sus vecinos en conformidad a ciertos principios; 2°) de protegerse contra el enemigo exterior y la tiranía interior; y 3°) de concertarse y ligarse en interés de sus respectivas explotaciones y empresas, así como también de ayudarse en sus desgracias. En el gobierno, la unidad está dada por un consejo nacional, constituido por representantes de los diversos estados, que tiene a su cargo velar por el cumplimiento del pacto y la sucesiva mejora de los intereses comunes.

 

Así, en la esfera política, lo que hemos llamado hasta aquí mutualismo o garantismo, toma el nombre de federalismo. En una simple sinonimia tenemos la revolución entera, la revolución política y la económica (2).

 

No me extenderé sobre esa consecuencia final del mutualismo, suficientemente acentuada en el Manifiesto de los Sesenta, a propósito de la reorganización corporativa, de la práctica del sufragio universal y de las libertades provinciales y municipales. Basta afirmar, por razones lógicas y en vista de los hechos, que en la democracia obrera -tal como se ha presentado desde un año acá en sus actos más reflexivos y más auténticos-, la política es el corolario de la economía y las dos se rigen por el mismo método y los mismos principios, de suerte que la República unitaria, la monarquía constitucional y la autocracia centralizadora no tienen con las clases obreras más probabilidades de éxito que la anarquía mercantil y el comunismo icariano.

 

Es indudable que esa concepción aún no ha dado grandes pasos, pero están ya sentadas las bases y echada la semilla y no tardarán en darle incremento la lógica de las masas y el curso natural de los sucesos; está ya desenmarañado el socialismo caótico de 1848. No diré todo lo que lleva consigo; lo que sé y veo es que, embrión ya robusto, está completamente constituido. Nada pueden ya contra él la calumnia ni la ignorancia. Ha resuelto su problema; la revolución democrática y social puede decirse que está asegurada, garantida. No podrá hacerse esperar mucho tiempo su triunfo.

 

La idea mutualista, fuera de la cual no hay para el pueblo mejora ni salvación posibles, no podía dejar de ser objeto de algunos cargos. Dos acusaciones han sido formuladas, parecidas en el fondo y que sólo difieren por ser distintos el punto de vista y el temperamento de sus autores. Por una parte, los antiguos demócratas han abrigado el temor de que en vez de reformar simplemente el sistema político, atacando los abusos, cambiando las formas y renovando las instituciones -como lo había entendido siempre el sistema republicano-, viniese el mutualismo a destruir hasta la unidad, es decir, lo que constituye la vida social, la vida colectiva, lo que da al pueblo su fuerza de cohesión y le asegura el poder y la gloria Por otra parte, la burguesía ha manifestado la misma desconfianza: ha visto en esa mutualidad ilimitada una tendencia a la anarquía, y ha protestado, en nombre de la libertad misma, contra esa ferocidad del derecho individual y ese exorbitante predominio de la personalidad.

 

Algunas personas, forzoso es decirlo, poco prudentes aunque llenas de buenas intenciones, han dado lugar a esos cargos por la vehemencia con que han protestado en estos últimos tiempos contra el desbordamiento del poder central; de suerte que si después de tantos debates y contradicciones, y de tanta fatiga y disgusto, nos queda aún algo de nuestras antiguas opiniones, alguna chispa de nuestro antiguo ardor político, cabe en último análisis interpretarlo a favor del orden contra la libertad. Reina hace doce años en Francia una verdadera fuerza de inercia contra todo movimiento.

 

Se trata, pues, en estos momentos, para la democracia trabajadora -y no tengo necesidad de insistir en la gravedad de la cuestión- de manifestar cómo cree poder realizar el lema de Libertad y orden público que formuló en 1830 la burguesía, y que la democracia de 1848 tradujo con mejor voluntad por las palabras: Unidad y libertad.

 

Vamos aquí a poder contemplar de un golpe, en todo su alto alcance y su gran carácter, esa idea soberana, por la que se acredita de la manera más brillante la capacidad política de las clases trabajadoras.

 

Empecemos por observar que el espíritu humano tiende esencialmente a la unidad. Reconoce esa unidad en todo: en la religión, en la ciencia, en el derecho. La quiere con más razón en la política; la quisiera, si no hubiera en esto contradicción, hasta en la libertad y la filosofía. La unidad es la ley de todo lo que tiene vida y está organizado, de todo lo que siente, ama, goza, cree, lucha, trabaja, y por la lucha como por el trabajo busca el orden y la felicidad. La ausencia de unidad ha sido considerada como el principio del reinado satánico: la anarquía, la disolución, se ha dicho, es la muerte. Por y para la unidad se constituyen las ciudades, se formulan los códigos, se fundan los estados, se consagran las dinastías, obedecen las muchedumbres a príncipes, a asambleas, a pontífices. Por horror a los desgarramientos, consecuencia inevitable de las discordias, persigue la policía de los gobiernos con desconfianza y cólera la investigación filosófica y el altanero análisis, y la negación impía, y al deicida hereje; por esa previsora unidad se resignan algunas veces las naciones a la más detestable tiranía.

 

Procuremos comprender, sin exagerar ni empequeñecer nada, qué es la unidad.

 

Observaremos ante todo que así como no hay libertad sin unidad o, lo que es lo mismo, sin orden, no hay tampoco unidad sin variedad, sin pluralidad, sin divergencia, ni orden sin protesta, contradicción o antagonismo. Esas dos ideas, libertad y unidad u orden, están pegadas la una a la otra como el crédito a la hipoteca, la materia al espíritu, el cuerpo al alma. No cabe separarlas ni absorberlas: es preciso resignarse a vivir con las dos equilibrándolas.

 

No consiste, pues, la cuestión -como pretenden imprudentes sofistas- en discurrir si la libertad saldrá del orden o el orden de la libertad; en especular si podemos contar con ésta para obtener aquél o si la libertad es, por el contrario, la última palabra de la idea organizadora. El orden y la libertad no esperan para surgir ni el concurso ni el permiso el uno de la otra, ni el de nadie; existen indisolublemente unidos desde la eternidad. Se trata solamente de descubrir cuál es, en todo, su respectiva medida y el carácter que les corresponde.

 

Hasta aquí orden y libertad han sido, en el cuerpo político, dos voces provisionales e inexactas, por no decir arbitrarias. La humanidad en su incesante organización y emancipación -términos sinónimos- ha pasado por una serie de hipótesis destinadas a servirle a la vez de transición y de prueba. Quizá no hayamos llegado todavía al fin; mas, aun cuando así sea, es consolador para nosotros y nos basta saber desde ahora que hay en las sociedades un progreso paralelo hacia la libertad y el orden, y que podemos definir y acelerar el que debemos efectuar en estos momentos.

 

¿De qué depende, pues, que se hayan ido aboliendo sucesivamente tantas formas de gobierno, tantos estados, y los haya ido abandonando la conciencia universal hasta el punto de que no haya hoy en la Europa civilizada un hombre que quisiera jurar por ninguna de las constituciones anteriores? ¿De qué procede que la misma monarquía constitucional, tan acariciada por nuestros padres, obra de tres generaciones consecutivas, no tenga ya probabilidades de levantarse en la nuestra y presente en toda Europa visibles muestras de decadencia? De que ninguna forma política ha sido aún la verdadera solución del problema sobre la armonía de la libertad y el orden, tal como conviene a almas racionales. De que la unidad, tal como ha sido concebida por las inteligencias más liberales y por los entendimientos más absolutistas -háyase llamado dogma, fracción, bandera, símbolo de secta, de partido, de iglesia o de raza, artículo de fe o razón de estado-, no ha sido nunca más que una unidad artificial, ficticia, fruto de la coacción y de la violencia, un puro materialismo tan impenetrable para la razón como extraño para la conciencia.

 

Aclarémoslo con algunos ejemplos. Francia constituye una gran unidad: desde los tiempos de Hugo Capeto podemos determinar la fecha de la accesión de cada una de sus provincias. En 1860, Saboya y Niza fueron a su vez anexadas. ¿Qué prueba esto en favor de la unidad francesa? ¿Qué le agregan ni le quitan esos aumentos de territorio ni las conquistas? ¿La unidad política es acaso una cuestión de superficie o de fronteras? Si así fuese, la unidad no estaría sino en la omniarquía del globo: nadie creería en la nacionalidad francesa ni en la inglesa ni en la de ningún otro estado.

 

Pasemos del dominio de la materia al del espíritu. El sufragio universal, tal como lo ha organizado la ley de 1852, es, a no dudarlo, una manifestación unitaria y lo mismo cabe decir del régimen electoral de 1830, del de 1806, del de 1793, etcétera. Y bien, ¿qué significan todas esas fórmulas? ¿En cuál de ellas está el verdadero orden, la verdadera unidad política? Pregúntese más bien cuál es la de más inteligencia y más conciencia, cuál es la que no ha faltado al derecho, a la libertad, al sentido común. Decíamos hace poco que la unidad política no es cuestión de superficie territorial ni de fronteras; no lo es más de voluntad ni de votos. Iré más allá: si no fuese por el respeto debido a las clases trabajadoras, que parecen tener verdadero apego a sus derechos electorales; si no fuese además por las esperanzas que ha despertado hace dos años, ¿quién creería ya en el sufragio universal?

 

Lo que hoy hace falta a las nuevas generaciones es una unidad que sea la expresión del alma social, una unidad espiritual, un orden inteligible que nos una por medio de todas las facultades de nuestra razón y de nuestra conciencia, y nos deje, sin embargo, libre el corazón, libre la voluntad y libre el pensamiento; que no nos arranque ninguna protesta, como nos sucede cuando nos encontramos frente a frente de la verdad y el derecho. ¿Qué digo? Lo que nos hace falta hoy es una unidad que, aumentando todas nuestras libertades, crezca a su vez y se fortifique con esas libertades mismas, tal como lo da a entender la dualidad metafísica que la burguesía tomó por divisa en 1830 : Libertad -Orden.

 

¿Puede la unidad política llenar esas condiciones? Sí, por cierto, con tal de que descanse sobre esos dos cimientos: el derecho y la verdad. Porque no hay sino dos cosas que no engendren servidumbre: la verdad y el derecho.

 

Tomemos por ejemplo el sistema de pesas y medidas.

 

Si un día se estableciese nuestro sistema métrico en todo el globo y se uniese así a todos los productores y negociantes de la tierra para el empleo común de un mismo método de cuenta y avalúo, ¿supondría para nadie la menor traba ni la menor desventaja de esa unidad medio comercial, medio científica? Lejos de eso, todos los pueblos encontrarían en esa unidad, para sus relaciones económicas, una inmensa facilidad y la supresión de un sinnúmero de trabas. Si, a la hora en que escribimos, no ha sido aún realizada en todas partes, con unánime afán, tan útil y radical reforma, ¿podrá creer nadie que proceda de intereses o libertades contrarias? No, sin duda; no se oponen a su establecimiento sino las preocupaciones locales, el amor propio de los pueblos, los celos de estado, las servidumbres de todo género que afligen aún al espíritu humano. Suprímase esa tenaz persistencia en los hábitos menos justificados, ese apego de las masas a la rutina, esa maquiavélica resistencia de todos los poderes a lo que viene del extranjero, y se verá mañana decretado en todo el globo el sistema métrico. El calendario ruso está respecto al sol en un retardo de doce días, ¿por qué no ha adoptado Rusia el calendario gregoriano? ¡Ah! porque el gobierno que lo intentase en el actual estado de los ánimos correría el riesgo de ser considerado como apóstata.

 

Así, la unidad de pesas y medidas podría existir a pesar de la diferencia de nombres, marcas, tipos o efigies, dándose a la vez un paso no sólo hacia la unidad sino también hacia una mayor libertad. Otro tanto cabe decir de la unidad de las ciencias: puede existir, existe de hecho, y aún se nos impone a pesar de la diferencia de lenguas, de métodos y de escuelas y no se concibe siquiera cómo podría dejar de existir; nuevo e importante paso hacia la unidad universal, nuevo y poderoso medio de libertad. Lo mismo se puede decir de la unidad ética, unidad que proclama la razón de todos a pesar de las distinciones de cultos, de hábitos y de instituciones, unidad en que encuentra hoy toda conciencia su emancipación.

 

Tal debe ser, pues, entre los hombres, seres racionales y libres, o por lo menos destinados a serIo, el vínculo social, principio y fundamento de todo orden político; en una palabra, la unidad. Se constituye invisible, impalpable y permeable en todos sentidos para la libertad, como el aire da vida y sostén al viajero alado que lo cruza.

 

Ahora bien, es precisamente esa unidad la que promete darnos la organización mutualista; esa unidad tan libre de toda traba y tan sin excepción, reserva ni intolerancia; ese orden tan fácil, que no cabría imaginar para la libertad otra morada ni otra patria.

 

¿Qué es en efecto la mutualidad? Una fórmula de justicia, hasta aquí menospreciada o reservada por nuestras diferentes categorías legislativas. Una fórmula, en virtud de la cual los individuos de la sociedad -de cualquier rango, fortuna y condición que sean, corporaciones o individuos, familias o ciudades, industriales, labradores o funcionarios públicos- se prometen y garantizan recíprocamente servicio por servicio, crédito por crédito, prenda por prenda, valor por valor, noticia por noticia, buena fe por buena fe, verdad por verdad, libertad por libertad, propiedad por propiedad.

 

He aquí la fórmula radical por la que se propone la democracia reformar el derecho en todos sus ramos o categorías: derecho civil, derecho mercantil, derecho criminal, derecho administrativo, derecho público, derecho de gentes; he aquí cómo entiende fundar el derecho económico.

 

Establecido ese mutualismo, tendremos el vínculo más sutil y más fuerte, el orden más perfecto y menos incómodo que pueda unir a los hombres, la mayor suma de libertad a que puedan aspirar. Convengo en que en un sistema tal la parte de la autoridad sea cada vez más débil; ¿qué importa si la autoridad no tiene nada que hacer? Convengo también en que la caridad sea una virtud cada vez más inútil; ¿tenemos acaso algo que temer del egoísmo? ¿De la falta de qué virtud privada ni social podemos acusar a hombres que se lo prometen recíprocamente todo y, sin concederse jamás nada por nada, se lo garantizan, aseguran y dan todo: instrucción, trabajo, cambio, patrimonio, renta, seguridad, riqueza?

 

Esa, dirá tal vez alguien, no es la fraternidad que se nos había aparecido en sueños, esa fraternidad entrevista por los antiguos reformadores, anunciada por Cristo, prometida por la revolución. ¡Qué seca, qué vulgar es la vuestra! Podrá ser ese ideal del gusto de nuestros dependientes de comercio y tenedores de libros, pero no está a la altura de nuestros antiguos burgueses.

 

Hace ya largo tiempo que por primera vez me dispararon a boca de jarro ese argumento. No me ha probado nunca sino que, en boca de la mayor parte de nuestros agitadores, la proclamación de tales o cuales reformas es sólo un pretexto; que no creen en lo que piden y cuidan muy poco de conseguirlo. Lamentarían que se les demostrase que es posible y se les pusiese en el brete de llevarlo acabo.

 

Hombres que os sentís dominados por el culto de lo ideal y encontráis las cosas de pura utilidad pobres y mezquinas, y con haber dejado a los demás los quehaceres domésticos, creéis haber escogido como María la mejor parte, creedme; ocupaos ante todo de los negocios caseros, Oeconomía: el ideal vendrá después sin buscarle. El ideal es como el amor, si ya no es el amor mismo: como se le dé de comer y de beber, no tarda en ser lozano y florido. Cuanto más se le acaricia, más enflaquece; cuantos menos miramientos se tienen con él, tanto más bellos y magníficos son sus engendros.

 

¡Cómo! porque los hombres de la mutualidad, en vez de vivir acuartelados, quieren para cada uno su casa; porque podrán decir con una certidumbre ya muy difícil en nuestros días: ésta es mi mujer y éstos son mis hijos, en lugar de arrojar a diestro y siniestro su semilla y engendrar sin amor; porque con esas costumbres será la vivienda del hombre más limpia y bella; porque el servicio del estado, reducido a sus más sencillos términos, no podrá ser ya un objeto de ambición ni de sacrificio, ¡iríais a acusar a nuestros conciudadanos de groseros y de individualistas! ¡y a decir que su sociedad no tiene nada de ideal ni de fraternal! ¡Ah! lo sabíamos hace tiempo, y no os vale ya que disfracéis vuestros pensamientos. Necesitáis para esa comunidad, que tan gratuitamente calificáis de laboriosa y democrática, autoridad, distinciones, corrupción, aristocracia, charlatanismo, explotación del hombre por el hombre, del industrial por el artista, y el amor libre. ¡Qué vergüenza! (3)

 

 

 

Notas

 

(1) Véase, Sistema de las contradicciones económicas, dos volúmenes, París, 1849.

 

(2) Véase, El principio federativo, de P. J. Proudhon, París, 1862, Dentu; Madrid, 1868, Durán; y Los demócratas juramentados, del mismo autor, París, Dentu.

 

(3) Lo que más distingue a la falsa unidad es su materialismo. Para un régimen tal, bastaría que al frente del gobierno estuviese un mono. Una vez montada la máquina, obedece todo. Nadie se permite exigir al poder central ni inteligencia ni moralidad ni garantías. Quiere y ordena y manda, y con decir que es la autoridad está dicho todo.

 

A la centralización debió el municipio de París su triunfo después de las jornadas de septiembre; a ella debió Marat el suyo el 31 de mayo. A ella fue debido el triunvirato de Robespierre, Saint-Just y Couthon; gracias a ella fue posible el terror y pudo reinar durante catorce meses. Ella fue la que consolidó la obra del 18 de brumario y ella la que hizo que dos años más tarde faltase poco para que no tomase Cadoudal la revancha. Si la máquina infernal hubiese acabado con Bonaparte, la Restauración de 1814 se habría verificado doce años antes. Merced a la centralización, estuvo en poco que Malet no reemplazase al emperador en París, mientras Napoleón fechaba en Moscú sus decretos. La centralización hizo, en 1814, de la capitulación de París la constitución de la Francia; la centralización, después de haber derribado la dinastía de los Borbones, ha derribado la de los Orleans. Bastaron siete hombres para el golpe de estado del 2 de diciembre. Con la centralización no es ya un hombre, héroe o conspirador, el que manda; no es ya ni Lafayette, ni Danton, ni Marat; no es ya ni siquiera la Convención ni el Directorio, ni el Rey, ni el Emperador; es París, la gran ciudad; es el centro que ha hablado. (Nota de Proudhon).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 15

 

Pero no nos dejemos llevar de digresiones. Debemos explicar la que son la unidad y el orden en una democracia mutualista y hay una objeción muy grave que no dejarán de hacernos nuestros adversarios.

 

Salgamos -dirán- de la teoría y del sentimentalismo. En todo estado debe haber una autoridad y un espíritu de disciplina y de obediencia, sin los que no es posible que subslsta sociedad alguna. Debe haber en el gobierno una fuerza capaz de triunfar sobre toda resistencia y de someter a la voluntad general todas las opiniones. Dispútese cuanto se quiera sobre la naturaleza, el origen y las formas de ese poder: no es ésta la cuestión. Lo que verdadera y únicamente importa es que esté constituido rigurosamente. No hay voluntad humana que pueda mandar a la voluntad humana, ha dicho Bonald, y ha deducido de aquí la necesidad de una institución superior, de un derecho divino. Según J. J. Rousseau, por la contrario, el poder público es una colectividad, o por mejor decir, una fuerza colectiva que se compone de la parte de libertad y de fortuna que le ha sacrificado cada ciudadano en aras de los intereses generales: teoría que constituye el derecho democrático revolucionario. Sígase el sistema que se quiera, siempre se terminará en que el alma de la sociedad política es la autoridad y en que su sanción es la fuerza.

 

Después de todo, así se han constituido en todo tiempo los estados, así gobiernan y así viven. ¿Es acaso por un acto de libre adhesión que se han reunido en paz las muchedumbres y han fundado, bajo el poder de un jefe, esas poderosas unidades en que influye tan poco la obra de las revoluciones? No, esas aglomeraciones han nacido de la necesidad servida por la fuerza. ¿Es acaso por su plena voluntad, por efecto de una persuasión misteriosa o por una convicción imposible de motivar que esas masas se dejan conducir como un rebaño por una idea que no es la suya, pero que sin embargo las domina, por una idea cuyo secreto no conoce nadie? Tampoco; esa facultad de centralización a la que todo el mundo se resigna, aunque murmurando, viene también legitimada por la necesidad servida por la fuerza. Es absurdo rebelarse contra esas grandes leyes, como si pudiéramos cambiarlas y crearnos otra existencia sobre otros principios.

 

¿Qué pretende, pues, el mutualismo y cuáles son sus consecuencias bajo el punto de vista del gobierno? Quiere fundar un orden de cosas en que se aplique al pie de la letra el principio de la soberanía del pueblo, del hombre y del ciudadano; en que cada individuo del estado conserve su independencia, continúe obrando como soberano y se gobierne a sí mismo, limitándose la autoridad superior a entender de los intereses colectivos; en que no haya centralización, aunque sí ciertas cosas comunes. Vayamos hasta el fin: en que reconocida cada parte del estado como soberana, tenga la facultad de salir del grupo y de romper el pacto ad libitum. Porque conviene no engañarse: la federación -para ser lógica y fiel a su principio- debe ir hasta allí, so pena de no ser más que una ilusión, una bravata, una mentira.

 

Es evidente, sin embargo, que esa facultad de separarse, que en principio no puede menos de tener todo pueblo confederado, es en sí contradictoria, no se ha realizado jamás y está desmentida por la práctica de las confederaciones. ¿Quién no sabe que en la primera guerra médica Grecia estuvo a punto de perecer, traicionada por su libertad federal? Acudieron contra el gran rey sólo los atenienses y los espartanos; los demás se negaron a ponerse en marcha. Vencidos los persas, estalló la guerra civil entre los griegos para acabar con esa constitución absurda; mas toda la honra y el provecho de esa guerra redundaron en favor del macedonio. En 1846 (1), cuando la confederación de Suiza estuvo a punto de disolverse por la separación de los cantones católicos (Sonderbund), la mayoría no vaciló en apelar a las armas para reducir a los separatistas. No obró entonces -a pesar de lo que se haya afirmado- en virtud del derecho federal, que tenía positivamente en contra. ¿Cómo los trece cantones protestantes, todos soberanos, podían probar a los once cantones católicos, tan soberanos como ellos, que por el pacto tenían el derecho de forzarlos a conservar la unión, cuando ya no la querían? La palabra federación está reñida con semejantes pretensiones. La mayoría helvética no obró sino en virtud del derecho de conservación nacional: consideró que Suiza, colocada entre dos grandes estados unitarios, no podía, sin riesgo de muerte, admitir una nueva confederación más o menos hostil. Cediendo a la necesidad, y apoyando su derecho en el argumento de la fuerza, proclamó, en nombre y bajo las insignias de su pretendida confederación, la preeminencia del principio de unidad. En estos momentos -y por cierto con causas menos serias que los liberales suizos de 1846, puesto que la libertad americana no corre ningún peligro-, los Estados Unidos del Norte pretenden también retener en la Unión, por la fuerza, a los del Sur, llamándolos traidores y rebeldes, como si la antigua unión fuese una monarquía y Lincoln, un emperador. Es, sin embargo, claro que o la palabra confederación tiene un sentido por el cual los fundadores de la Unión han querido distinguirla decididamente de todos los demás sistemas políticos -en cuyo caso, dejando aparte la cuestión de esclavitud, es injusta la guerra hecha al Sur por el Norte- o bien, bajo las apariencias de la confederación, y esperando ocasión favorable, se ha aspirado secretamente a la formación de un gran imperio. En este caso, los americanos harían bien en borrar de sus programas las palabras libertad política, República, democracia, confederación y hasta Unión. Se empieza a negar ya, al otro lado del Atlántico, el derecho de los estados o, lo que es lo mismo, el principio federativo, signo inequívoco de la próxima transformación de aquella República. Lo más extraño aún es que la democracia europea aplaude este hecho, como si no fuese la abjuración de su principio y la ruina de sus esperanzas (2).

 

Resumamos: una revolución social en el sentido de la mutualídad es una quimera porque, en una sociedad tal, la organización política debería ser el corolario de la económica; ese corolario -que se confiesa debe ser un estado federal- es, considerado en sí mismo, un imposible. De hecho las confederaciones no han sido nunca sino una cosa provisional, estados en períodos de formación; teóricamente son verdaderos contrasentidos. La mutualidad, pues, proponiendo el federalismo como su última palabra, se excluye a sí misma, no es nada.

 

Tal es el argumento decisivo a que tenemos que contestar. Pero debo hacer antes una rectificación histórica.

 

Los adversarios del federalismo suponen gratuitamente que la centralización reúne todas las ventajas que niegan a la federación; que ésta es tan poco viable como es aquélla vital y pujante; que tiene la centralización tanta lógica y fuerza como le faltan a la federación y que tal es la causa de la enorme diferencia que hasta aquí ha caracterizado sus tendencias. Para no omitir nada y poner al igual los dos sistemas, debería yo oponer a la crítica del principio federativo la del principio unitarío, y demostrar si desde el origen de las sociedades no han jugado las confederaciones sino un papel aparentemente secundario; si gracias a la divergencia de sus instituciones no han durado nunca mucho; si parece hasta imposible que puedan fundarse dentro de la verdad de su príncipio. En cambio, los estados de gran centralización no han sido la mayoría de las veces sino inmensos latrocinios, tiranías organizadas, cuyo principal mérito ha consistido desde hace treinta siglos en arrastrar, por decirlo así, los cadáveres de las naciones, como si la providencia se hubiera propuesto castigarlas por sus caprichos federales con siglos de tormento.

 

Asimismo debería demostrar que la historia entera no es más que una serie consecutiva de composición y de descomposición; que tras las confederaciones vienen siempre las aglomeraciones y tras las aglomeraciones, las disoluciones; que el Imperio griego de Alejandro, establecido en Europa y en Asia, no tardó en ser repartido entre sus generales, cosa que fue como diríamos ahora volver a las nacionalidades; que a ese movimiento nacionalista sucedió luego la gran unidad romana, reemplazada a su vez en el siglo V por las confederaciones germánicas e italianas; que hemos visto no hace mucho a Austria pasar de absolutista a federalista, mientras Italia pasaba de la federación al estado unitarío; que si el prímer Imperio -con sus treinta y dos departamentos, sus grandes feudos y sus alianzas- no ha podido sostenerse ante la confederación europea, el segundo -más fuertemente centralizado, aunque mucho menos extenso- está atormentado de cierto espíritu de libertad, mucho más imperioso en las provincias y en los municipios que en los mismos individuos.

 

Esto es lo que hubiera deseado poder desarrollar y que sólo me limíto a apuntar aquí como un recuerdo.

 

Tal es, pues, el enigma que tenemos que descifrar, enigma que interesa tanto a la centralización como a la federación misma.

 

1° ¿A qué se debe que los estados unitarios, monárquicos, aristocráticos o republicanos tiendan constantemente a descomponerse?

 

2° ¿A qué se debe que las confederaciones tiendan por su parte a unificarse?

 

A esto hay que responder antes de juzgar el valor comparativo de los estados unitariós y los confederados. Por lo tanto afirmo, en conformidad a los principíos sentados en el capítulo anterior, que la verdad y el derecho son las bases del orden, sin las que toda centralización es absorbente y toda federación, hipócrita.

 

La causa de que los estados -tanto unítarios como federales- estén sujetos a descomposición y ruina es que, en los primeros, la sociedad carece de toda especie de garantía política y económica, y en los segundos -aun suponiendo que el poder esté perfectamente constituido-, la sociedad no ha tenído jamás garantías económicas, por más que las haya tenído políticas. Ni en Suiza ní en los Estados Unidos hallamos organízada la mutualidad; y sin una serie de instituciones mutualistas, sin derecho económico, la forma política queda impotente y el gobierno es siempre precario, una especie de sepulcro blanqueado, como decía San Pablo.

 

¿Qué hay, pues, que hacer para evitar la disolución de las confederaciones sin dejar de mantener este principio: facultad para todo pueblo, distrito, provincia, en una palabra, todo estado, de entrar y salir de la confederación ad libitum?

 

Obsérvese que jamás se ha ofrecido a hombres libres condición tan ventajosa, ni jamás se ha planteado por publicista alguno, semejante problema. Bonald y Rousseau -el hombre del derecho divino y el de la demagogia- han estado conformes en declarar, después de Cristo, que perecerá todo reino dividido en sí mismo. Mas Cristo hablaba en sentido espiritual y nuestros autores son puros materialistas, partidarios de la autoridad y, por lo tanto, de la servidumbre.

 

Lo que importa para hacer la confederación indestructible es darle ya la sanción que todavía espera, proclamando el derecho económico como base del derecho federativo y de todo orden político.

 

Conviene considerar aquí sobre todo la revolución que se va a verificar en el sistema social por el sólo hecho del mutualismo, del que ya he presentado a la atención del lector algunos ejemplos. Se ha podido apreciar que el principio de mutualidad, al pasar de las relaciones privadas a las colectivas, se traduce en una serie de instituciones cuyo desarrollo es fácil de indicar. Recordemos, para ayudar la memoria, sólo las más notables.

 

A. Funciones económicas.

 

1. Servicio de beneficencia y socorro a personas, transición entre el régimen de caridad instituido por Cristo y el régimen de justicia inaugurado por la revolución: sociedades de asistencia, servicio médico, asilos, casas de maternidad y sanidad, penitenciarías, etcétera. Existe todo esto más o menos, pero sin el nuevo espíritu que pueda hacerlo eficaz y librarlo del parasitismo, la hipocresía, la mendicidad y el despilfarro (3).

 

2. Seguros contra inundaciones, incendios, riesgos de navegación y de ferrocarriles, la epizootia, el granizo, las enfermedades, la vejez y la muerte.

 

3. Crédito, circulación y descuento, bancos, bolsas, etcétera.

 

4. Servicios públicos de transportes por mar, ríos, canales y ferrocarriles; servicios que en nada perjudican a las empresas particulares sino que más bien les sirven de regulador y eje.

 

5. Servicio de depósitos, muebles, mercados y mercuriales; servicio que tiene por objeto asegurar en todo tiempo la mejor distribución de los productos en interés de los productores y de los consumidores, y que es el fin de la especulación mercantil, de los acaparadores, de las condiciones y del agio.

 

6. Servicio de estadística, de publicidad y de anuncios para fijar los precios y determinar los valores. Establecimientos societarios que sirven de reguladores para el comercio al por menor (4).

 

7. Compañías de trabajadores para hacer terraplenes, replanteos de árboles, desmontes, caminos, calzadas, riegos.

 

8. Compañías de trabajadores para construir puentes, acueductos, depósitos de agua, puertos, edificios públicos, etcétera.

 

9. Compañías de trabajadores para la explotación de minas, aguas y bosques.

 

10. Compañías de trabajadores para el servicio de puertos, estaciones, mercados, depósitos, almacenes.

 

11. Sociedad de albañiles para la construcción, conservación y arriendo de casas y el abaratamiento de habitaciones en las ciudades.

 

12. Instrucción pública, científica y profesional.

 

13. Propiedad, revisión de las leyes relativas al derecho, formación, distribución, forma de trasmisión de las propiedades. Reforma y consolidación del sistema alodial.

 

14. Contribuciones.

 

Observaciones.

 

1. Hasta aquí las instituciones o funciones a que damos el nombre de económicas han sido en las sociedades un mero desideratum. No las inventamos, no las creamos por antojo; nos limitamos a determinarlas en virtud de un principio tan sencillo como perentorio. Está efectivamente demostrado que, en un gran número de circunstancias, la iniciativa individual es impotente para realizar lo que la cooperación de todos es capaz de hacer sin esfuerzo y con menos gastos. Para lo que no puede alcanzar la acción privada, es justo y es hasta un derecho y un deber emplear la mutualidad, la fuerza colectiva. Sería absurdo sacrificar a una libertad impotente la riqueza, la felicidad pública. Tal es el principio, el objeto y la razón de las instituciones económicas. Debe, por lo tanto, dejarse a la individualidad todo lo que pueda hacer sin faltar a la ley de justicia, y poner entre las atribuciones de la colectividad todo lo que está fuera de la capacidad del individuo.

 

2. Coloco en la categoría de las funciones o instituciones económicas los establecimientos de caridad, la instrucción pública y el impuesto. La razón de esto viene indicada por la naturaleza de las cosas. La extinción del pauperismo y el alivio de las miserias humanas han sido considerados en todo tiempo como los más arduos problemas de la ciencia. Las miserias sociales afectan las fuentes vivas de la producción, del mismo modo que la indigencia en casa del trabajador, y comprometen directamente la felicidad pública. Es, pues, de una ciencia y de una administración exacta sustraer a la acción y a la influencia del poder público toda esa categoría de establecimientos. Otro tanto se debe decir del impuesto. Sobre este punto, la Revolución de 1789 y todas las constituciones que de ella han emanado, han sentado los verdaderos principios al decir que todas las contribuciones que pide el gobierno han de ser consentidas por la nación y su reparto hecho por las diputaciones provinciales y las municipales. No se paga ya el príncipe a sí mismo sino que paga el país a su mandatario; de donde resulta que lo que llamamos hoy ministerio de Hacienda no entra de modo alguno en las atribuciones del poder. En cuanto a la instrucción pública -que no es otra cosa que el desarrollo de la educación doméstica- o hay que reconocerla como una función económica o rehacerla como función religiosa y negar la familia.

 

3. Por los artículos 4, 7, 8, 9, 10 y 11 de la serie precedente, se puede apreciar cuán importantes son en la nueva democracia las asociaciones de obreros, consideradas como órganos económicos e instituciones mutuas. Tienen por objeto no sólo dar satisfacción a los intereses de la clase obrera sino también cumplir los deseos legítimos de la sociedad, reducidos a sustraer al monopolio de las sociedades por acciones la explotación de los ferrocarriles y las minas; al favoritismo de las concesiones y al capricho de los ingenieros oficiales, las obras de utilidad pública; a las devastaciones del dominio privado, las aguas y los bosques, etcétera. Esas compañías de trabajadores, formadas según las prescripciones del Código Civil y el de Comercio, sometidas a la ley de la competencia -como se ha dicho en el Manifiesto- y responsables de sus actos, están además ligadas -con la sociedad que las emplea- por el deber mutualista, que consiste en prestarle sus servicios con el menor costo.

 

A ese conjunto de funciones económicas hay que añadir otras, llamadas políticas, que son su complemento. Como las anteriores, pueden éstas variar en la definición y el número, pero no es posible que se engañe nadie sobre su carácter.

 

B. Funciones políticas.

 

15. Cuerpo electoral o sufragio universal.

 

16. Poder legislativo.

 

17. Poder Ejecutivo: Administración.

 

18. poder Ejecutivo: Policía, Justicia.

 

19. Poder Ejecutivo: Cultos.

 

20. Poder Ejecutivo: Guerra.

 

Los ministerios de Agricultura, Comercio, Instrucción Pública, Obras Públicas y Hacienda han sido incluidos y refundidos en las funciones económicas.

 

Observaciones.

 

1. Esas funciones llevan el nombre de políticas -en oposición a las anteriores llamadas económicas- porque tienen por objeto no ya las personas y los bienes, la producción, el comercio, la educación, el trabajo, la propiedad, el crédito, sino el estado, el cuerpo social en su unidad y sus relaciones, ya exteriores ya interiores.

 

2. Esas mismas funciones están además subordinadas a las otras y pueden llevar el nombre de subfunciones porque, a despecho de su majestuoso aparato, cumplen un papel mucho menos esencial que las funciones económicas. Antes de legislar, administrar, construir palacios y templos y hacer la guerra, la sociedad trabaja, cultiva, navega, cambia, explota la tierra y los mares. Antes de consagrar reyes e instituir dinastías, el pueblo funda la familia, consagra el matrimonio, edifica ciudades, establece la propiedad y la herencia. En un principio, están las funciones políticas confundidas con las económicas. Nada hay, en efecto, que constituya la especialidad del gobierno y el estado, nada que sea extraño a la economía pública. Y si más tarde la razón general, determinando el organismo gubernativo, ha parecido conferirle una especie de primogenitura, es efecto de una ilusión histórica que no podría ya engañarnos, después de haberse restablecido en su integridad la genealogía social y puesto cada cosa en el lugar que le corresponde. Entre las funciones económicas y las políticas, existe una relación análoga a la que existe en los animales entre las funciones de la vida orgánica y las de la vida de relación. Por éstas se manifiesta el animal exteriormente y llena su misión entre las demás criaturas, mas por las otras existe, y cuanto hace en uso de su libertad de acción no es, verdaderamente, sino un conclusum más o menos meditado de sus facultades primordiales (5).

 

3. Así en la Constitución democrática -tal como es lícito deducirlo de sus ideas más pronunciadas y de sus aspiraciones más auténticas- el orden político y el económico no constituyen sino un solo orden, es decir, un solo sistema establecido sobre un solo principio: la reciprocidad. Así como hemos visto que, por una serie de transacciones mutualístas, se han ido determinando las grandes instituciones económicas y formando ese vasto organismo humanitario, así el aparato gubernativo resulta a su vez no ya de una ambigua convención ficticia -imaginada por la necesidad de la República y tan pronto retirada como establecida- sino de un contrato real, por el que la soberanía de los contratantes, en lugar de quedar absorbida en una majestad central, a la vez personal y mística, sirve de garantía positiva a la libertad de los estados, de los municipios y de los individuos.

 

Tenemos, pues, no ya una soberanía del pueblo en abstracto -como en la Constitución de 1793 y las que le han seguido y en el Contrato Social de Rousseau- sino una soberanía efectiva de las clases trabajadoras, que reinan y gobiernan, primeramente en las juntas de beneficencia, en los tribunales de comercio, en las corporaciones de artes y oficios, en las compañías de trabajadores, en las bolsas, en los mercados, en las academias, en las escuelas, en el comicio agrícola. Y finalmente, en el comicio electoral, en los parlamentos y los consejos de estado, en la guardia nacional y hasta en las iglesias y los templos. Se manifiesta , siempre y en todas partes la misma fuerza de colectividad, en nombre y virtud del principio mutualista, última afirmación del derecho del hombre y del ciudadano.

 

Afirmo aquí que las masas obreras son real, positiva y efectivamente soberanas. ¿Y cómo no lo habían de ser, perteneciéndoles por completo todo el organismo económico: el trabajo, el capital, el crédito, la propiedad, la riqueza? ¿Cómo, siendo dueñas absolutas de las funciones orgánicas, habían de dejarlo de ser, con más motivo, de las de relación? La subordinación al poder productor de la que constituyó en otro tiempo exclusivamente el gobierno, el poder, el estado, aparece clara y manifiesta en la formación del organismo político, que consiste:

 

a) En un Cuerpo Electoral que se reúne espontáneamente, examina los actos del gobierno y revisa y sanciona los suyos propios;

 

b) En una delegación, Cuerpo Legislativo, Cortes o Consejo de Estado, que nombran los grupos federales, y son reelegibles (6);

 

c) En una Comisión Ejecutiva nombrada por los representantes del pueblo de entre ellos mismos, y revocable;

 

d) En un Presidente de esa Comisión, que ella misma nombra, y puede ser también revocado.

 

¿No es ése el sistema de la vieja sociedad vuelto de arriba a abajo; un sistema en que el país lo es decididamente todo; un sistema adonde el que antes se llamaba jefe del estado, soberano, autócrata, monarca, déspota, rey, emperador, zar, kan, sultán, majestad, alteza, no es ya definitivamente más que un caballero particular, el primero, quizá, entre sus conciudadanos por su distinción honorífica, pero el menos peligroso a buen seguro de los funcionarios públicos? Esta vez sí que pueden vanagloriarse de haber resuelto el problema de la garantía política, de la sumisión del gobierno al país, de la subordinación del príncipe al soberano. No volverán a ver jamás ni usurpaciones ni golpes de estado; es ya de todo punto imposible la insurrección del poder contra el pueblo, la coalición de la autoridad y de la burguesía contra la plebe.

 

4. Comprendido esto, vuelvo a la cuestión de la unidad que quedó más arriba planteada: con el derecho federativo, ¿cómo podrá ser duradero el estado? ¿Cómo podrá obrar en conjunto y sostenerse un sistema que tiene por idea fundamental el derecho de cada confederado a separarse de la confederación?

 

La objeción, preciso es confesarlo, era incontestable mientras se hallaban constituidos los pueblos confederados fuera del derecho económico y de la ley de mutualidad; la divergencia de los intereses no podía dejar de producir antes o después divisiones funestas, ni la unidad monárquica dejar de reemplazar el equívoco republicano. Pero ahora está todo cambiado: el orden económico descansa en bases enteramente distintas; el espíritu de los estados no es ya el mismo; la confederación, realizable dentro de la verdad de su principio, es indisoluble. No tiene ya nada que temer la democracia, tan hostil -sobre todo en Francia-, a todo pensamiento de división.

 

No existe ya entre los grupos mutualistas nada de lo que divide a los hombres, a los pueblos, a las corporaciones, a los individuos. No existe ya ni poder soberano, ni centralización política, ni presupuesto de la Casa Real, ni condecoraciones, ni pensiones, ni explotación capitalista, ni dogmatismo, ni espíritu de secta, ni celos de partido, ni preocupaciones de raza, ni rivalidades de corporación, de unidad, de provincia. Puede haber aún diversidad de opiniones, de creencias, de intereses, de costumbres, de industria, de cultura, pero esas diferencias son la base y el objeto del mutualismo y no pueden por consiguiente degenerar en ningún caso en intolerancia de Iglesia, ni en supremacía pontificial, ni en predominio de tal o cual localidad, ni en preponderancia industrial o agrícola. Los conflictos son imposibles; sería preciso destruir la mutualidad para que renaciesen (7).

 

¿De qué podría nacer la rebelión? ¿Qué pretexto tomaría el descontento? En una confederación mutualista, el ciudadano no abdica parte alguna de su libertad, como exige Rousseau para el gobierno de su República. El poder público está sometido al ciudadano que por sí mismo lo ejerce y lo aprovecha y si se quejase de algo, sería de no poder usurparlo y gozarlo exclusivamente. No tiene ya en adelante que sacrificar su fortuna: el estado no le pide, a título de contribución, sino lo estrictamente necesario para pagar los servicios públicos, los que, siendo esencialmente reproductivos en su justa distribución, hacen del impuesto un verdadero cambio (8). Ahora bien, el cambio es aumento de riqueza (9); no es de temer por este lado la disolución.

 

¿Se separarían tal vez los confederados ante los peligros de una guerra civil o extranjera? Pero en confederaciones fundadas sobre el derecho económico y la ley de reciprocidad, no sería posible la guerra civil sino por cuestiones religiosas. Ahora bien, sin tomar en cuenta que los intereses espirituales son muy débiles donde están los demás conciliados y mutuamente garantidos, ¿quién no ve aquí que la mutualidad tiene por corolario la mutua tolerancia, hecho que hace de todo punto improbable el conflicto? En cuanto a una agresión extranjera, ¿qué podría producirla? Cuando las confederaciones reconocen a cada uno de sus estados el derecho de separarse, es obvio que no quieren ni pueden imponerse a las demás naciones. La idea de conquista es, por otra parte, incompatible con su principio. Sólo puede aquí aducirse un caso de guerra extranjera: el de una guerra de principios. Podría suceder que la existencia de una confederación mutualista fuese considerada y declarada por los estados vecinos -sujetos aún al sistema de explotación y centralización- incompatible con su propio principio, del mismo modo que en el año 1792 lo fue, en el manifiesto de Brunswick, la revolución francesa. Mas a esto replico que a una confederación fundada sobre el derecho económico y la ley de reciprocidad no podría acontecerle nada más favorable que esta declaración, tanto para exaltar el sentimiento republicano federativo y mutualista como para acabar con el mundo del monopolio y determinar el triunfo de la democracia trabajadora en toda la superficie del globo.

 

Pero ¿a qué insistir más?

 

El principio de reciprocidad, penetrando en la legislación y las costumbres y creando el derecho económico, renueva de arriba a abajo el derecho civil, el derecho comercial y el administrativo, el derecho público y el de gentes. O más bien, con llegar a esa suprema y fundamental categoría del derecho, el principio mutuo crea la unidad de la ciencia jurídica, hace ver mejor que nunca que el derecho es uno e idéntico; todas sus prescripciones uniformes; todas sus máximas, corolarios las unas de las otras; todas sus leyes, variaciones de la misma ley.

 

El antiguo derecho -que la ciencia de los viejos jurisconsultos había subdividido en tantos ramos especiales como tantos eran los objetos distintos a que se aplicaba-, se distinguía en todas sus partes por su carácter negativo. Mas bien impedía que permitía, mas bien prevenía conflictos que creaba garantías, mas bien reprimía cierto número de violencias y de fraudes que aseguraba contra todo fraude y violencia la creación de la riqueza y la felicidad pública.

 

El nuevo derecho es por lo contrario esencialmente positivo. Su objeto es procurar con seguridad y largueza todo lo que el antiguo se limitaba sólo a permitir, esperándolo todo de la libertad, sin buscar ni las garantías ni los medios de realizarlo, ni declarar si lo aprueba o lo desaprueba. Faltar a la garantía, a la solidaridad social; insistir en las prácticas de la anarquía mercantíl, del disimulo, del monopolio, del agio, será ya en adelante -por el nuevo derecho- un acto tan reprensible como todas las estafas, abusos de confianza, falsificaciones y robos en poblado y en despoblado de que se ha ocupado hasta aquí la ley casi exclusivamente. Hemos ya desarrollado bastante ese carácter positívo del nuevo derecho -las nuevas obligaciones a que da origen y la libertad y riqueza que crea-, cuando hablamos de las cuestiones relativas a los seguros, a la oferta y a la demanda, a la determinación de los precios y de los valores, a la buena fe mercantil, al crédito, a los transportes; en una palabra, a lo que hemos llamado instítuciones o funciones económicas. No tenemos ya necesidad de volver a tocar esta materia.

 

¿Cómo se quiere, pues, que un grupo de trabajadores, después de haber formado parte de una confederación mutualista, renuncie a las ventajas positivas, materiales, palpables y hasta susceptibles de descuento que aquélla le asegura? ¿Cómo había de preferir volver a la nada, al pauperismo tradicional, a la insolidaridad, a la inmoralidad? ¿Después de haber conocido el orden económico, se había de querer hacer aristocracia explotadora y, para la insana satisfacción de algunos, atraer de nuevo la miseria universal? ¿Cómo, pregunto, hombres de corazón que hubiesen conocido el derecho, se habían de declarar contra el derecho, denunciándose al mundo como una turba de ladrones?

 

En cuanto esté proclamada en cualquier punto del globo la reforma mutualista, la confederación llegará a ser una necesidad en todas partes. Y para que exista, no será preciso que los estados que se confederen estén contiguos ni agrupados en un mismo recinto, como lo estamos viendo en Francia, en Italia y en España. Puede muy bien haber confederación entre pueblos separados, disgregados y distantes los unos de los otros; para ello basta que declaren querer unir sus intereses y darse garantías recíprocas, conforme a los principios del derecho económico y de la reciprocidad. Una vez constituida, ya no es posible que la confederación se disuelva porque -lo repito- no surge de un pacto, ni de una profesión de fe, como la profesión de fe mutualista y el pacto federativo.

 

Así, como llevamos ya dicho, tanto en el orden político como en el económico, el principio de reciprocidad es, a no dudarlo, el vínculo más fuerte y más sutil que puede existir entre los hombres.

 

No pueden asegurarles tanta libertad, uniéndolos íntimamente, ni sistemas de gobierno ni comunidades o asociaciones ni religiones ni juramentos.

 

Se nos ha echado en cara que por medio de ese desarrollo del derecho no hacemos más que destruir todo ideal y fomentar el individualismo. ¡Qué calumnia! ¿Dónde podrá la fuerza de colectividad producir mejores resultados? ¿Dónde podrán estar más hermanadas las almas? A cualquiera otra parte que vayamos hemos de tropezar con el materialismo del grupo, la hipocresía de la asociación y las pesadas cadenas del estado. Sólo aquí sentimos en la justicia la verdadera fraternidad. Ella nos penetra, nos anima y nadie puede quejarse ni de que le haga la menor violencia ni de que le aplaste bajo yugo alguno ni de que le imponga la más ligera carga. Es el amor en toda su verdad y en toda su franqueza; el amor que no es perfecto sino en cuanto ha tomado por divisa la máxima de la mutualidad: dar y recibir.

 

 

 

Notas

 

(1) De 1841 a 1847 el grave conflicto del Sonderbund amenazó dislocar la Confederación Suiza. Fue provocado por la decisión del Gran Consejo de Argovia, tomada el 19 de enero de 1841, tendiente a la supresión de los ocho conventos de ese cantón y a la secularización de sus bienes. La Dieta, consultada, se pronunció contra esa medida y declaró terminado el asunto. Pero en 1844, Agustín Keler pidió la expulsión de los jesuitas. La ciudad de Lucerna protestó. Los liberales enviaron contra ella cuerpos armados. Habiendo sido derrotada la expedición en marzo de 1845, el gobierno de Lucerna decidió crear una liga separada, el Sonderbund, integrada por siete cantones y apoyada por Austria, Francia y Cerdeña de acuerdo con un tratado secreto hecho público el 9 de junio de 1846 en el Gran Consejo de Friburgo. Ginebra, a consecuencia de su revolución de 1846, habiendo caído en manos de los radicales y siendo éstos adversarios del Sonderbund, decretó nuevamente la expulsión de los jesuitas. La guerra continuó, después de la capitulación de los separatistas, con alternativas diversas, hasta la constitución de la actual Federación Helvética (Suiza).

 

(2) J. Bryce ha señalado, en su célebre República Americana, que en los Estados Unidos es la tendencia centralizadora la que domina; que después de la guerra de Secesión ha seguido su curso, más rápido y más poderosa que nunca. Bryce agrega (1910), confirmando los pronósticos de Proudhon, que las apariencias actuales sugieren que la tendencia centralizadora continuará prevaleciendo. Idéntica tendencia en la Suiza federalista. (Traduc. franc., Giard y Briére, ed. t. IV, pág. 586 y sig.).

 

(3) Los anhelos de Proudhon se han realizado parcialmente: los servicios de asistencia y socorro público se inspiran cada vez más en las ideas de solidaridad; el castigado por la mala suerte, en las formas solidaristas, es considerado menos como un indigente que como un acreedor. Es un asistido titular con derecho al socorro: el anciano de 70 años y el enfermo, el que está a cargo de un ciudadano bajo banderas, y tiene acción jurisdiccional, pudiendo serle retirado o concedido en acción judicial. En la misma línea de evolución, se debe señalar la ley sobre retiros obreros y campesinos. En cierto modo constituye ésta un ensayo de asistencia mutua, pagada por el obrero, el patrono y el estado, por partes iguales.

 

(4) Numerosas leyes han creado comisiones y servicios cuya misión es precisamente recoger los precios y publicarlos a fin de permitir una discusión entre los interesados: el servicio general de Estadística de Francia -así como de casi todos los paises más importantes del mundo-, que publica mensualmente los índices de los precios, es uno de ellos. Existen también Comisiones Regionales encargadas de establecer y estudiar el costo de la vida.

 

(5) Esta afirmación de la preponderancia de lo económico sobre lo político ocupa un lugar destacado en la historia del materialismo histórico, cuyos primeros elementos se encuentran ya en Saint Simon. Cnf. Proudhon, Sistema de las contradicciones económicas y creación del orden (1845 y 1843), donde escribe entre otras cosas: Las leyes de la economía política son las leyes de la historia; las sociedades se mueven a impulsos de la acción de las leyes económicas y se destruyen cuando se las viola, págs. 453, 468, 483 y 484. Para esta historia, conf. la Introducción de Andler a su edición del Manifiesto Comunista.

 

(6) Si los estados confederados son iguales entre sí, basta una sola asamblea; si de desigual importancia, se restablece el equilibrio creando para la representación federal dos Cámaras o Consejos. Los individuos de la una deben ser nombrados en número igual por los estados, cualesquiera que sean su población y la extensión de su territorio; los de la otra por los mismos estados en proporción a su importancia (véase la Constitución Federal Suiza, donde la dualidad de las Cortes tiene una significación enteramente distinta de la que tiene en las Constituciones de Francia y de Inglaterra). (Nota de Proudhon).

 

(7) Un hecho poco conocido y de los más interesantes pondrá esa verdad en claro. En ciertos pueblos del departamento de Doubs y del distrito de Montbeliard, cuyos vecinos son mitad católicos, mitad protestantes, no es raro que un mismo edificio sirva sucesivamente, en horas distintas, para los dos cultos, sin que haya por una ni otra parte la menor impaciencia. Esas buenas gentes han debido, a no dudarlo, entenderse entre sí y celebrar para el ejercicio de su culto un pacto de tolerancia mutua, pues sólo la mutualidad excluye todo pensamiento de lucha y de conflicto. No se ha oído jamás que en esos pueblos haya pasado ningún vecino de una religión a otra, ni tampoco que se haya entregado a actos de agresión ni de exagerado celo. El arzobispo de Besanzon ha empezado hace algunos años a sembrar la discordia, haciendo edificar para sus ovejas iglesias aparte. Un verdadero amigo de la paz y de la humanidad habría propuesto simplemente agrandar y embellecer la casa de Dios, comprendiendo que esa iglesia-templo no podía menos de ser el más bello monumento levantado por la mano de los hombres a la caridad cristiana. Pero no lo entiende así el arzobispo. En cuanto de él depende, opone religión a religión, iglesia a iglesia, cementerio a cementerio. Así, cuando venga el juicio final, estando ya completamente hecha la separación de los fieles y de los impíos, no tendrá Cristo más que dictar la sentencia. (Nota de Proudhon).

 

(8) Véase, Teoría de la contribución, por P. J. Proudhon, París, 1891, Dentu.

 

(9) Véase, Manual del Bolsista, Introducción, por P. J. Proudhon, París, 1857.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 16

 

Sabemos ya en qué consiste la idea de las clases obreras, tanto desde el punto de vista de los intereses como desde el del gobierno. Completaremos esta exposición diciendo en pocas palabras lo que era en 1789 y lo que ha sido después de la revolución la idea de la burguesía. El lector podrá luego juzgar, con perfecto conocimiento de causa, en qué clase está hoy la capacidad política, si en la clase capitalista o en la democracia trabajadora.

 

En el capítulo II señalamos que la conciencia que de sí misma tiene la burguesía había llegado a su más alto grado de intensidad en 1789, cuando el estado llano, desafiando por boca de Sieyes al antiguo régimen, decía de sí: ¿Qué soy yo? Nada. ¿Qué debo ser? Todo. También destacamos que habiendo llegado, en efecto, la burguesía a serIo todo, y no habiendo ya en el cuerpo social nada que la diferenciase ni distinguiese, había empezado a perder el sentimiento de sí misma y caído en letargo. Hemos hecho también observar que si en 1848, después de la caída de Luis Felipe, parecía haber salido de su somnolencia, había sido gracias al levantamiento de las clases obreras, las que separándose o mejor dicho distinguiéndose de ella por haber adquirido conciencia de sí mismas y de su destino, acababan de entrar en la escena política. Había sido, en una palabra, gracias al terror socialista.

 

Pero hay aún en las capas superiores y medias de esa clase algo más triste que la pérdida de la conciencia y es que -a diferencia de la clase obrera, cuyo ascenso es tan rápido- no entiende ya ni siquiera la idea que en otro tiempo la dirigía, En consecuencia el país y el gobierno, que pueden ser aún considerados como estando bajo su dependencia, viven, por efecto de su profunda nulidad, a merced de la suerte. Ahora bien, lo que constituye la capacidad política no es sólo la conciencia sino también la idea. La burguesía, si supiese aún pensar, quedaría no poco sorprendida al saber que su idea está agotada y es impotente para crear tanto el orden como la libertad misma; en una palabra, que no tiene ya idea.

 

Antes de 1789, la idea de la burguesía era una división de la idea feudal. La nobleza y el clero poseían casi todas las tierras; dominaban en los castillos, en los conventos, en los obispados y en las parroquias; ejercían los derechos señoriales y aun otros; administraban justicia a sus vasallos y hacían la guerra al rey, hasta que, de derrota en derrota, quedaron reducidos -gracias a la coalición de los burgueses con el monarca- a no servirle más que de corte. La burguesía, por su parte, reinaba en el comercio y en la industria; tenía sus corporaciones, sus privilegios, sus franquicias y sus veedurías; se había aliado con la corona para salvarse de la tiranía de los clérigos y de los nobles y había obtenido por este medio contar por algo en el estado. En 1789 quedó abolido todo este sistema. La burguesía -después de haber llegado a serIo todo en política- pudo aumentar indefinidamente sus propiedades, continuando por lo demás en fabricar y traficar como los nobles en comer lo que les quedaba de renta y el clero en cantar sus oficios. Idea no tuvieron nunca ni unos ni otros.

 

Me engaño, sin embargo; he aquí a lo que vino a parar la idea de la burguesía:

 

Dueña del poder por su homogeneidad, sus capitales y su influencia -por nadie disputada- sobre la plebe, no vio más que un medio para consolidar su posición y crearse por los empleos y el presupuesto un nuevo campo de explotación y de fortuna. Sustituida a los derechos del clero, de la nobleza y del rey en los antiguos estados generales, no vio inconveniente en conservarle al estado su forma monárquica, centralizadora y unitaria; procuró tan sólo arrancar del príncipe garantías por medio de lo que se llamó Carta constitucional. En el fondo, era por y para la burguesía que funcionaba la administración, por y para la burguesía que se cobraban las contribuciones, por y para la burguesía que reinaba el rey.

 

Emanaba de ella toda justicia; el gobierno del Rey era su gobierno; creía tener sola el derecho de paz y de guerra, el alza y la baja; y si alguna vez tuvo que reprimir las veleidades políticas de la Corona, fue fácil ver que no tardaba en conformarse con la pérdida de una dinastía.

 

A ese sistema de centralización política era indispensable, sin embargo, según las reglas del equilibrio, darle un contrapeso. No bastaba haber limitado, circunscrito y nivelado el poder real; no bastaba haberlo subordinado a una mayoría parlamentaria y haberlo refrendado por sus propios ministros; se hacía además preciso poner un freno, un límite, a ese inmenso organismo llamado gobierno, si no se quería ser devorado por el monstruo tarde o temprano. Se habían tomado precauciones contra la prerrogativa de la Corona y ¿qué era esa prerrogativa, puramente personal, al lado de la fuerza evolutiva y absorbente del sistema?

 

Aquí se revela, en toda su candidez, el genio de la burguesía.

 

A esta inconmensurable fuerza de centralización se le dieron diversos contrapesos: ante todo, la organización del poder mismo conforme al principio económico de la división del trabajo o separación de industrias; luego, el sistema representativo y la votación de las contribuciones por un Congreso de representantes del pueblo, sistema por el cual nada podía hacer el Poder Ejecutivo sin el referendo de una mayoría legislativa; y, por fin, el sufragio universal. Se había advertido que no había mayoría de la burguesía que estuviese al abrigo de las seducciones del gobierno y se dijo -en serio- que si un ministerio podía arrastrar consigo algunos centenares de ciudadanos de aquella clase, no llegaría jamás a corromper a todo un pueblo. La organización del municipio y la provincia podía también ser uno de los grandes medios de contener constitucionalmente al poder; pero esto no fue más que una esperanza, que no llegó jamás a realizarse.

 

Mas, de todas las trabas puestas a la autoridad, la más poderosa, la única que obra de una manera eficaz y comparte hoy con el absolutismo imperial la omnipotencia de la nación fue -¿habrá quien lo adivine?- la anarquía mercantil e industrial, el lodazal económico, la libertad de la usura y del agio, el Cada uno en su casa y Cada una para sí en lo ideal de su egoísmo, el Dejad hacer, dejad pasar en su más lato sentido, la propiedad en toda la deformidad del antiguo derecho quiritario. En resumen: la negación de toda reciprocidad y garantía, la insolidaridad absoluta, la negación del derecho económico. Esto era verdaderamente lógico: a un principio exorbitante había que oponer otro que no lo fuera menos. Abyssus abyssum invacat. Ahí está el gran secreto del desorden contemporáneo: son dos azotes que se sostienen y se sirven de estribo y que en lugar de paralizarse recíprocamente se prestan, por decirlo así, una sanción amistosa. Han crecido luego los dos cada uno en su esfera. El poder central se ha hecho de día a día más absorbente y opresor; la anarquía económica se ha señalado por un agio sin freno, golpes mercantiles inauditos, espantosas especulaciones de bolsa y una carestía universal y progresiva.

 

El hombre de la burguesía se dedica al negocio de banca, a la industria, a la agricultura, a las artes extractivas, a la navegación, a la comisión, a todo; pero sin entrar jamás en contratos que tengan por objeto disminuir los riesgos, prevenir los azares, fijar los valores o cuando menos impedir sus violentas desviaciones del valor normal, equilibrar, por fin, las ventajas entre compradores y vendedores. Siente horror por todo lo que, dándole una garantía, podría imponerle una obligación; niega la solidaridad económica; mira con repugnancia la mutualidad. Se le propone entrar en una operación conformándose a las reglas del mutualismo y contesta que prefiere quedar libre. Libre, ¿para qué? Libre para -si se ofrece coyuntura- colocar su dinero al mayor interés posible, a riesgo de no encontrar dónde colocarle o de tener que hacerlo sobre una hipoteca ruinosa; para vender sus mercancías con gran beneficio, a riesgo de verse obligado a venderlas con pérdida; para encarecer a su antojo sus productos, a riesgo de envilecerlos él mismo si sobreviene una crisis o llegan a abundar en la plaza; para arrendar sus tierras a un precio exagerado, a riesgo de arruinar a su colono y no poder cobrar su renta; para especular, por fin, sobre el alza y la baja, entregarse al agio, jugar, dictar la ley a los demás y usar y abusar del monopolio, a riesgo de sufrir condiciones más rudas y, después de haber sido el azote de sus camaradas, ser víctima de sus represalias. No está el hombre de la burguesía por las operaciones seguras, si exigen de él cierta reciprocidad. Busca lo aleatorio, por pocas probabilidades de éxito que le presente. Todo es para él ocasión, medio o pretexto de encarnizada concurrencia, sin que jamás distinga lo que es obra del hombre y lo que es resultado de la fuerza de las cosas. No hay nada tan fácil de mutualizar como el seguro y, sin embargo, él prefiere practicarlo por el sistema del monopolio.

 

De esa insolidaridad económica, de esa falta de moralidad en los tratos -tan preconizada por la economía política de la escuela inglesa-, funda la burguesía un principio, una teoría, una doctrina. Para ella, la idea de un derecho económico -complemento y corolario del derecho político y del civil- no ha existido ni existe; es un contrasentido. Cada cual en su casa, cada cual para sí y Dios para todos son sus lemas. La ciencia económica, tal como ella la comprende, no descansa en una noción de dos términos -noción sintética y positiva-, que constituye la ciencia de los intereses a imagen de la misma justicia, sino en nociones elementales, simples y antinómicas que, no pudiendo determinarse por sí mismas ni equilibrarse, hacen de la ciencia una especie de bascula y una contradIcción perpetua. Para la burguesía, por ejemplo, no hay valor verdadero, aunque nos hable sin cesar de la ley de la oferta y la demanda y aunque esos dos términos, oferta y demanda, impliquen cada uno, bajo un punto de vista diferente, la idea de un valor exacto, que se ve que pretenden determinar comprador y vendedor por medio del regateo. A sus ojos, el valor es esencialmente arbitrario, inestable. De la circunstancia de ser el valor variable deduce que es necesariamente falso, y Dios sabe cuánto le sirve para excusar sus faltas de conciencia esa falsedad que imputa a las cosas. Así no se la ve jamás, ni en sus tratos, ni en las reflexiones que éstos le inspiran, preocuparse del equilibrio de los valores, ni del justo precio de las mercancías, ni de la balanza de los servicios, ni del tipo normal del interés, ni del salario; no es ella para caer en esas quimeras. Comprar, si puede, por tres francos lo que vale seis; vender por seis lo que vale tres, a pesar del conocimiento personal que tiene de la situación y de las cosas y a pesar del perjuicio que puede acarrear al prójimo. Esta y no otra es la máxima mercantil que profesa desvergonzadamente. Dígasele después de esto que sus rentas, sus intereses, sus beneficios y todos esos provechos que tan fácil le sería legitimar con sólo cambiar de práctica -y que prefiere, no obstante, sacar por medio de una guerra de emboscadas, astucias y sorpresas del monopolio que le aseguran la superioridad de sus capitales y las irregularidades de su comercio- son desleales y se enoja, cosa que pone aún a salvo su honradez. Se ve por lo menos que está convencida de que los actos, más o menos escabrosos, a que se dedica todos los días, de la mañana a la noche, tienen su legitimidad, puesto que son necesarios; y que no hay por consiguiente en ellos estafa ni robo, salvo los casos determinados por el Código.

 

¿Qué se puede decir de esas exhibiciones académicas, donde se dan premios sobre premios a los jóvenes escritores que se distinguen en la guerra contra el socialismo, justificando doctrinas infames; de esas conferencias y de esos cursos en que se afecta vindicar la propiedad ultrajada? (1) ¿Qué se puede decir de esas misiones malthusianas donde se tiene la jactancia de declarar que se establecen las relaciones debidas entre una economía politica de devoradores de hombres y los eternos principios de la moral y la justicia? ¿Por qué se dispone de los púlpitos, de los sillones de las academias, de los concursos y de las escuelas, se abrigará tal vez la esperanza de alucinar a las masas y engañar la conciencia humana? ¡Sofistas miserables, que no tienen siquiera la facultad de ver que ni les comprenden las masas, preocupadas como están por su miseria, ni tienen nada que enseñar a los que les pagan! ¡Se atreven a hablar de una moral económica, cuando durante cuarenta años han cifrado sus esfuerzos en probar que una cosa es la moral y otra la economía política! ¡Cuando la más clara de sus teorías consiste en rechazar, del terreno de la economía, la intervención del derecho y el llamamiento a la solidaridad humana, que miran como un atentado contra la libertad y la ciencia! Cuál de ellos se atrevería a contestar afirmativamente a esta pregunta: ¿Fuera del derecho económico, basado sobre la obligación de la reciprocidad, existe una ciencia, una verdad económica? Interrógueseles sobre este punto y se verá la que contestan.

 

¿Qué virtud, qué buena fe podrán existir en una sociedad cuya máxima fundamental es que la ciencia económica no tiene nada en común con la justicia, de la cual es del todo independiente? ¿En una sociedad que cree, por consecuencia, que existiendo el orden económico, según se pretende, por sí mismo, no descansa en ninguna base jurídica? ¿Que los hombres pueden prometerse los unos a los otros todo la que les parezca, pero no se deben en realidad nada por el sólo hecho de sus relaciones económicas? ¿Que por lo tanto, teniendo cada cual el derecho de seguir la voz de sus intereses, el amigo puede legal, racional y científicamente arruinar al amigo, el hijo abandonar a su padre y a su madre, el jornalero vender a su maestro? ¿Qué respeto -pregunto- cabe para la propiedad en semejante sistema?, ¿qué fuerza en la asociación?, ¿qué consideraciones para el poder?, ¿qué religión para las leyes?, ¿qué dignidad en el hombre? Un volumen entero podría llenar con las infamias vertidas -al abrigo de su pretendida ciencia- por los mal llamados economistas. Dejo la tarea para escritores jóvenes, pues la posteridad no abandonará la causa.

 

La inmoralidad de las ideas de la burguesía se ha revelado de una manera particular con motivo de la cuestión del libre cambio. No hay en esa clase un solo hombre que no quiera tener a su favor la balanza del comercio y que no se considere perdido si no la alcanza, pero tampoco hay quien no hable destempladamente contra el espantoso monopolio de sus compañeros y no encuentre equitativo que respecto de ellos se ponga término a la protección. Aplaude que se le quiten cargas: ve en ello hasta el interés de la sociedad, pero encuentra justo que se agraven las de sus camaradas. Otro tanto sucede con relación al descuento. ¿Qué negociante, pequeño o grande, no se daría por muy feliz si se le garantizase el descuento de su papel con sólo dos firmas en lugar de tres, y al tIpo fijo de 1/2 por cIento en lugar del 5, 6, 7, 8 y hasta 9, que hoy se le arranca arbitrariamente, cuando menos lo piensa, en los momentos más difíciles? Los partidarios de la reciprocidad se proponen precisamente crear para siempre el descuento fijo y esa regularidad en el crédito. Pero cuidado: el hombre de la burguesía no ha de estar siempre en desgracia; le ha de llegar también su vez. Véasele: después de una serie de campañas afortunadas, se ha hecho con cien mil, con doscientos mil francos. Ve rebosar de oro su caja y al momento lo lleva al Banco. No se le hable ya de descuento a 1/2 por ciento y con dos firmas. Es rico, dueño de la situación; dicta la ley a los banqueros, es banquero él mismo. Impónganse ahora las más duras condiciones a sus concurrentes menos afortunados, ¡que los devore la usura! ... Encontrará así que los negocios van a pedir de boca; se acercará al gobierno y votará por el ministerio.

 

Tal es en los negocios el hombre de la burguesía; tal es también en política. En el fondo no tiene principios; no tiene más que intereses. Ve hoy de una manera, mañana de otra, según la cotización de la Bolsa. Es cortesano del que manda o individuo de la oposición; es humilde pretendiente o detractor encarnizado; grita Viva el Rey o Viva la Liga, según sube o baja la Bolsa, se despachan o se estancan sus mercaderías o si a la intervención de algún elevado personaje, una fuerte contrata del estado, adjudicada a él o a su contrario, viene a salvarle de su ruina o a sumirle en una situación desesperada.

 

Es preciso ver en las obras de economía política publicadas hace treinta años, y en las críticas que de ellas se han hecho, hasta qué punto está degenerada esa infeliz burguesía y en qué abismo cada vez mayor la han precipitado sus hombres de estado, sus representantes, sus oradores, sus profesores, sus académicos, sus sofistas y hasta sus novelistas y dramaturgos. Se han consagrado a destruir en ella, por medio del sentido común, el sentido moral y ha llamado ella sus salvadores a los que han llevado a cabo tan digna obra. Quos vult perdere Jupiter, dementat.

 

Lo que distinguía principalmente a la nación francesa al salir del crisol de la revolución, e hizo de ella durante más de medio siglo la nación modelo, fue ese espíritu de igualdad, esa tendencia a nivelar, que pareció por un momento estar en víspera de refundir toda aristocracia del capital y todo asalariado en una clase única, la que ha sido tan justamente llamada clase media. Con haber añadido a la igualdad de los derechos, a la de las sucesiones y a la de la industria, el omnipotente impulso de las instituciones mutualistas, se habría verificado y completado sin violencia y sin estrépito la revolución económica; el orden, que tanto desea la burguesía, no se habría alterado ni un solo instante.

 

Desde hace veinticinco años, el país ha vivido bajo una influencia y una dirección contrarias. Gracias a la legislación de minas, al privilegio del Banco, y sobre todo a las concesiones de ferrocarriles, ha predominado decididamente el feudalismo capitalista e industrial. De este modo, la clase media se va extinguiendo día a día (2), atacada de frente por el alza de los salarios y el desarrollo de la sociedad anónima; atacada en sus flancos por las contribuciones y la concurrencia de extranjeros, o sea el libre cambio; reemplazada finalmente por la clase de los empleados, la de los industriales y comerciantes de alto rango y la de los asalariados.

 

¿De qué ha venido esa decadencia de la clase media, decadencia que lleva consigo la de la nación y la de la libertad? De las teorías económicas que ha aceptado locamente, de ese falso liberalismo que sigue aún profesando y le ha dado por toda ventaja la centralización administrativa, los ejércitos permanentes, el charlatanismo parlamentario, la concurrencia anárquica, el parasitismo que vive del monopolio, el alza continua del interés del dinero y de los demás capitales, el cosmopolitismo del libre cambio, la carestía universal y, por consecuencia, las coaliciones y las huelgas de las clases obreras. Pero no hay mal tan grave que no tenga remedio: así como la causa es común para los trabajadores de las ciudades y los de los campos, lo es también para la democracia trabajadora y la clase media. ¡Ojalá comprendan la una y la otra que su salvación está en su alianza!

 

Podemos asimismo decir que de ahora en adelante están trocados bajo todo concepto, los papeles entre la democracia trabajadora y la burguesía capitalista, propietaria, jefe de taller y gobernante. No ya a la primera sino a la segunda hay que dar el nombre de masa, de multitud, de muchedumbre. Tomado en conjunto el pueblo trabajador, no es ya ese montón de arena que servía a Napoleón I para definir la sociedad. ¿Qué es la sociedad? decía; y se contestaba: una administración, una policía, tribunales, una Iglesia, un ejército; lo demás, polvo. Rudis indigestaque moles. Hoy la clase trabajadora constituye ya cuerpo; se siente, razona, vota, ¡ay! sin consejo, pero con voluntad propia y desarrolla su idea. La que no piensa ya, la que ha caído en estado de turba y de canalla, es la burguesía. Mientras el pueblo, a impulsos de una conciencia enérgica y gracias al poder de una idea justa, se presenta a la faz del mundo con la fuerza y el brillo de una formación orgánica, reivindicando su lugar en los consejos del país y ofreciendo a la clase media una alianza que dentro de poco será ésta harto feliz en alcanzar, vemos a esa misma alta burguesía, después de haber rodado de catástrofe en catástrofe política y haber llegado al mayor vacío intelectual y moral, confundiéndose en una masa que no tiene ya de humano sino el egoísmo. Buscando salvadores cuando no hay ya salvación para ella, presentando por todo programa una indiferencia cínica y, en vez de aceptar una transformación inevitable, llamando sobre el país y sobre sí misma un nuevo diluvio y rechazando con odio lo que saludó y adoró en 1789: el derecho, la ciencia, el progreso ... ¡la justicia!

 

 

 

Notas

 

(1) Horn, Batbie, Bénard, Garnier, Baudrillart, son los principales doctrinarios de la escuela liberal a los cuales Proudhon alude evidentemente. En su lección de apertura de cursos, Baudrillart, en el Colegio de Francia (1853), celebra la propiedad, la herencia, la desigualdad: Condiciones absolutas de la asociación humana; columnas del templo, muchísimo más fuertes que los que han tratado jamás de destruirlas, dice; y afirma que la libertad de la industria curará todos los males. Garnier expone una doctrina análoga en sus cursos del Ateneo (1843-1844), y también en la Escuela de Puentes y Caminos; en su obra: Del principio de las poblaciones según las ideas de Malthus, celebra las ventajas sociales y providenciales de la desigualdad de las riquezas. Bénard, filósofo, obtiene en 1862 un premio de la Academia Francesa por su obra: De la filosofía en la educación clásica. Batbie sostiene tesis análogas en sus cursos populares de economía política en el anfiteatro de medicina y en la Sorbona, y finalmente Horn, economista y periodista, colaborador del Debate, de la Presse y del Diario de los economistas publica en 1859-61 el Anuario internacional del crédito público. Su merecedor, en 1861, al premio León Faucher; en 1964, El crédito público es también coronado por el Instituto.

 

(2) También Marx, en el Manifiesto Comunista ha previsto la proletarización de la clase media.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manifiesto de los sesenta obreros del Sena.

 

L´Opinion Nationale, febrero 17 de 1864.

 

Le Temps, febrero 18 de 1864.

 

Al redactor:

 

El 31 de mayo de 1863, los trabajadores de París, más preocupados del triunfo de la oposición que de su interés particular, votaron la lista publicada por los diarios. Sin titubear, sin regatear ni poner precio a su concurso, inspirados por su devoción a la libertad, dieron una vez más una prueba irrefutable y brillante de sinceridad. Así fue como la victoria de la oposición resultó tan completa -como ardientemente se la deseaba-, pero ciertamente muchísimo más imponente de lo que muchos se atrevían a esperar.

 

Una candidatura obrera fue propuesta, es verdad; pero fue defendida con una moderación que hubo de ser reconocida por todo el mundo. Para defenderla, sólo se han puesto a la vista consideraciones de orden secundario y de parti pris, frente a una situación excepcional que daba a las elecciones generales un carácter particular; sus defensores se abstuvieron de plantear el vasto problema del pauperismo. Fue con una gran moderación de propaganda y de argumentos que el proletariado trató de manifestarse -el proletariado, esta llaga de la sociedad moderna- como la esclavitud y la servidumbre lo fueron en la antigüedad y en la Edad Media. Los que así obraron habían previsto su derrota, pero creyeron que estaba bien plantar un primer jalón. Una candidatura así les parecía necesaria para afirmar el espíritu profundamente democrático de la gran ciudad.

 

En las próximas elecciones ya no será lo mismo. Con la elección de nueve diputados, la oposición liberal ha obtenido en París una amplia satisfacción. Quienesquiera que fuesen, elegidos en las mismas condiciones, los nuevos elegidos no agregarían nada a la significación del voto del 31 de mayo: cualquiera sea su elocuencia, ella no añadiría nada a la claridad que arroja hoy día la palabra hábil y brillante de la oposición. No hay un punto del programa democrático cuya realización no ansiemos como ella. Y digámoslo de una vez por todas: nosotros empleamos esa palabra, Democracia, en su sentido más radical y más neto.

 

Pero si bien estamos de acuerdo en política, ¿lo estamos en economía social? Las reformas que nosotros deseamos, las instituciones para las que nosotros pedimos libertad de fundar, ¿son aceptadas por todos aquellos que representan en el Parlamento al partido líberal? Allí está la cuestión, el nudo gordiano de la situación.

 

Un hecho demuestra de una manera perentoria y dolorosa las dificultades con que lucha la posición de los obreros.

 

En un país cuya constitución reposa sobre el sufragio universal, donde cada cual invoca y aplaude los principios del 89, estamos oblígados a justificar las candidaturas obreras y a decir claramente, largamente, el cómo, los por qué, para evitar no solamente las acusaciones injustas de los tímídos y de los conservadores recalcitrantes sino también los temores y repugnancias de nuestros amigos.

 

El sufragio universal nos ha hecho mayores de edad políticamente, pero nos resta ahora emanciparnos socialmente. La libertad que el Tercer Estado (1) supo conquistar con tanto vigor y perseverancia debe extenderse en Francia, país democrático, a todos los ciudadanos. Derechos políticos iguales implican necesariamente iguales derechos sociales. Se ha repetido hasta el cansancio que no hay más clases: después de 1789, todos los ciudadanos franceses son iguales ante la ley.

 

Pero a nosotros, que no tenemos otra propiedad que la de nuestros brazos; a nosotros, que sufrimos todos los días las condiciones legítimas o arbitrarias del capital; a nosotros, que vivimos bajo el imperio de leyes excepcionales -como la ley sobre las coaliciones y el articulo 1781- que atentan a nuestros intereses al mismo tiempo que a nuestra dignidad, nos es muy difícil creer en esa afirmación.

 

Nosotros que, en un país donde tenemos el derecho de nombrar diputados, no tenemos siempre los medios para aprender a leer; nosotros que, imposibilitados de reunirnos (2), de asociarnos libremente, vemos negado el derecho de organizarnos para los fines de la instrucción profesional, y transformado ese precioso instrumento del progreso industrial en privilegio del capital, no podemos hacernos esa ilusión.

 

Nuestros hijos pasan sus años juveniles en el ambiente desmoralizante y malsano de las fábricas, o en el aprendizaje, que no es todavía más que un estado vecino a la domesticidad; nuestras mujeres deben dejar forzosamente el hogar en pos de un trabajo excesivo, contrario a su naturaleza y destructor de la familia; nosotros, que no tenemos el derecho de entendernos para defender pacíficamente nuestro salario, para asegurarnos contra la desocupación, afirmamos que la igualdad escrita ante la ley no ha pasado a las costumbres y debe ser realizada en los hechos. Aquellos que, desprovistos de instrucción y de capital, no pueden oponerse por la libertad y la solidaridad a las exigencias egoístas y opresivas, ésos sufren fatalmente la dominación del capital: sus intereses quedan subordinados a otros intereses.

 

Sabemos bien que los intereses no se reglamentan; escapan a la ley; sólo pueden conciliarse por convenciones particulares, movibles y cambiantes como los mismos intereses. Sin libertad concedida a todos, esta conciliación es imposible. Marcharemos a la conquista de nuestros derechos, pacíficamente, legalmente, pero con energía y perseverancia. Nuestra emancipación demostraría inmediatamente los progresos realizados en el espíritu de las clases laboriosas, de esa inmensa multitud que vegeta en lo que se llama el proletariado, y que para servirnos de una expresión más justa llamaremos el asalariado.

 

A aquellos que temen ver organizarse la resistencia, la huelga, apenas nosotros reivindicamos la libertad, les decimos: vosotros no conocéis a los obreros: ellos persiguen un objeto mucho más grande, mucho más fecundo que el de agotar sus fuerzas en luchas cotidianas donde de ambos lados los adversarios no encontrarían en definitiva más que la ruina para unos y la miseria para los otros.

 

El Tercer Estado decía: ¿Qué es el Tercer Estado? ¡Nada! ¿Qué debe ser? ¡Todo! (3). Nosotros no diremos: ¿Qué es el obrero? ¡Nada! ¿Qué debe ser? ¡Todo! Mas nosotros diremos: la burguesía, nuestra hermana mayor en la emancipación, supo en el 89 absorber la nobleza y destruir injustos privilegios; se trata, para nosotros, no de destruir los derechos de que justamente gozan las clases medias sino de conquistar la misma libertad de acción. En Francia, país democrático por excelencia, todo derecho político, toda reforma social, todo instrumento de progreso, no puede continuar siendo privilegio de algunos. Por la fuerza de las cosas, la nación que posee innato el espíritu de igualdad, tiende irresistiblemente a hacer ese espíritu patrimonio de todos.

 

Todo medio de progreso que no puede extenderse, vulgarizarse -de modo que pueda concurrir al bienestar general, descendiendo hasta las últimas categorías de la sociedad-, no es completamente democrático, puesto que constituye un privilegio. La ley debe ser lo suficientemente amplia para que permita a cada cual, aislado o colectivamente, el desarrollo de sus facultades, el empleo de sus fuerzas, de sus economías y de su inteligencia, sin que se le pueda poner otro límite que la libertad ajena, y no su interés.

 

Que no se nos acuse, pues, de soñar con leyes agrarias (4), igualdad quimérica que metería a cada uno sobre un lecho de Procusto, repartición, máximum, impuestos forzosos, etcétera, etcétera. ¡No! Ya es hora de acabar con esas calumnias difundidas por nuestros enemigos y recogidas por los ignorantes. La libertad del trabajo, el crédito, la solidaridad: he ahí nuestros sueños. El día en que se realicen, para gloria y prosperidad de un país que nos es tan querido, no habrá ya más ni burgueses ni proletarios, ni patronos ni obreros. Todos los ciudadanos serán iguales en derechos.

 

Pero, se nos dice, todas esas reformas de las que tenéis necesidad, los diputados elegidos pueden, como vosotros, pedirlas, y aun mejor que vosotros; son los representantes de todos y por todos elegidos.

 

¡Y bien!, respondemos: ¡No!; nosotros no estamos representados y he aquí por qué planteamos esta cuestión de las candidaturas obreras. Sabemos que no se dice candidaturas industriales, comerciales, militares, periodísticas, pero la cosa está ahí aunque la palabra no lo esté. ¿Acaso la gran mayoría del Parlamento no está constituida por grandes propietarios, industriales, comerciantes, generales, periodistas, etcétera, etcétera, que votan silenciosamente o que no hablan más que en las comisiones y solamente sobre aquellos asuntos para los que tienen capacidad y en los que son especialistas?

 

Un número muy restringido toma la palabra sobre cuestiones generales. Ciertamente, nosotros pensamos que los obreros elegidos deberían y podrían defender los intereses generales de la democracia, pero cuando se limitaran a defender los intereses particulares de la clase más numerosa, ¡qué especialidad! Llenarían una laguna en el cuerpo legislativo donde el trabajo manual no está representado. Nosotros, que no tenemos a nuestro servicio ninguno de esos medios, la fortuna, las relaciones, las funciones públicas, estamos forzados a darles a nuestros candidatos una denominación clara y significativa y a llamar a las cosas por su nombre mientras podamos hacerlo.

 

Nosotros no estamos representados, pues en una reunión reciente del Cuerpo Legislativo hubo una manifestación unánime de simpatía en favor de la clase obrera y ninguna voz se levantó para formular, como nosotros lo entendemos, con moderación pero con firmeza, nuestras aspiraciones, nuestros deseos y nuestros derechos.

 

Nosotros no estamos representados, nosotros, que nos rehusamos a creer que la miseria sea de institución divina. La caridad, institución cristiana, ha probado radicalmente y reconocido ella misma su impotencia como institución social.

 

Sin duda, en los buenos tiempos viejos, en los tiempos del derecho divino, cuando, impuestos por Dios, los reyes y los nobles se creían los padres y los hermanos mayores del pueblo, cuando la felicidad y la igualdad eran relegadas al cielo, la caridad tenía que ser una institución divina.

 

En los tiempos de la soberanía del pueblo, del sufragio universal, ella no es ni puede ser más que una virtud privada. ¡Ya!, los vicios y las debilidades de la naturaleza humana dejarán siempre a la fraternidad un vasto campo de acción en que ejercerse; pero la miseria inmerecida, aquella que bajo la forma de enfermedad, de salario insuficiente, de desocupación, aprisiona a la inmensa mayoría de los hombres laboriosos, de buena voluntad, en un círculo fatal donde se debaten en vano: esta miseria, lo certificamos enérgicamente, ¡puede y debe desaparecer! ¿Por qué esta distinción no ha sido hecha por nadie? Nosotros no queremos ser clientes ni asistidos; queremos ser iguales; rechazamos las limosnas; queremos la justicia.

 

No; nosotros no estamos representados porque nadie ha dicho que el espíritu de antagonismo se debilita cada vez más en las clases populares. Aleccionados por la experiencia, nosotros no podemos odiar a los hombres; sólo deseamos cambiar las cosas. Nadie ha dicho que la ley sobre las coaliciones no era más que un espantapájaros, y que en lugar de hacer cesar el mal, no hacía más que perpetuarlo cerrando toda salida al que se cree oprimido.

 

No; nosotros no estamos representados porque, en la cuestión de las cámaras sindicales, una extraña confusión se ha establecido en el espíritu de aquellos que las recomendaban: de acuerdo con ellos, las cámaras sindicales estarían compuestas de patronos y obreros, especies de árbitros profesionales encargados de resolver día a día las cuestiones que surjan. Y lo que nosotros pedimos es una Cámara compuesta exclusivamente de obreros, elegidos por sufragio universal; una Cámara del Trabajo (5), podríamos nosotros decir, por analogía con la Cámara de Comercio; y se nos responde con un tribunal.

 

No; nosotros no estamos representados porque nadie ha hablado del considerable movimiento que se manifiesta en la clase obrera para organizar el crédito. ¿Quién está informado que treinta y cinco sociedades de crédito recíproco funcionan oscuramente en París? Ellas contienen gérmenes fecundos, pero tendrían necesidad, para su completo florecimiento, del sol de la libertad.

 

En principio, pocos demócratas inteligentes desconocen la legitimidad de nuestras reclamaciones y ninguno nos niega el derecho a que nosotros mismos las hagamos valer.

 

La oportunidad, la capacidad de los candidatos, la probable oscuridad de sus nombres, ya que serían elegidos entre los trabajadores que ejercieran su oficio en el momento de la elección (y esto para precisar mejor el sentido de su candidatura): he ahí las cuestiones que se arguyen para concluir que nuestro proyecto es irrealizable y que por otra parte la publicidad nos faltaría.

 

En primer término, nosotros sostenemos que, después de doce años de paciencia, el momento oportuno ha llegado; no podríamos admitir que sea necesario esperar hasta las próximas elecciones generales, es decir, seis años más. Según esos cálculos sería necesario aguantar dieciocho años para que la elección de obreros fuera oportuna -¡veintiún años después de 1848!-. ¿Qué mejores circunscripciones que la 1a. y la 5a. podríamos elegir? Allí, mejor que en ninguna otra, deben hallarse los elementos del éxito.

 

El voto del 31 de mayo ha decidido de un modo incontestable en París la gran cuestión de la libertad. El país está en calma; ¿no es razonable, político, ensayar la potencia de las instituciones libres que deben facilitar la transición entre la vieja sociedad, fundada sobre el asalariado, y la sociedad futura que será fundada sobre el dereeho común? ¿El peligro no está más bien en esperar los momentos de crisis, cuando las pasiones están agitadas por la angustia general?

 

¿El triunfo de las candidaturas obreras no será de un efecto moral inmenso? Probará que nuestras ideas son comprendidas, que nuestros sentimientos de conciliación son apreciados y que por fin no se rehúsa llevar a la práctica lo que se acepta en teoría.

 

¿Sería verdad que los candidatos obreros debieran necesariamente poseer cualidades eminentes de orador y de publicista, que señalan a un hombre a la admiración de sus conciudadanos? No lo creemos. Bastaría con que supieran apelar a la justicia exponiendo con rectitud y claridad las reformas que pedimos. ¿El voto de sus electores no daría, acaso, a sus palabras una autoridad más grande que la que pudiera poseer el más ilustre de los oradores? Surgidas del seno de las masas populares, la significación de esas elecciones sería tanto más manifiesta cuanto más los elegidos hubieran sido la víspera hombres de los más oscuros e ignorados. En fin, ¿el don de la elocuencia, el saber universal, han sido acaso exigidos como condiciones necesarias de los diputados elegidos hasta hoy?

 

En 1848, la elección de obreros consagra por un hecho la igualdad política; en 1864, esta elección consagrará la igualdad social.

 

A menos de negar la evidencia, se debe reconocer que existe una clase especial de ciudadanos que tienen necesidad de una representación directa, puesto que el recinto del Cuerpo Legislativo es el único lugar donde los obreros podrían digna y libremente expresar sus anhelos y reclamar para ellos la parte de derechos de que gozan los otros ciudadanos.

 

Examinemos la situación actual sin amarguras y sin prevención. ¿Qué quiere la burguesía democrática que nosotros no queramos como ella con el mismo ardor? ¿El sufragio universal librado de toda traba? Nosotros lo queremos. ¿La libertad de prensa y de reunión regidas por el derecho común? Nosotros lo queremos. ¿La separación completa de la Iglesia y del Estado; el equilibrio del presupuesto, las franquicias municipales? Nosotros queremos todo eso.

 

Y bien, sin nuestro concurso, la burguesía difícilmente obtendrá o conservará esos derechos, esas libertades, que son la esencia de una sociedad democrática. ¿Qué es la que nosotros queremos más especialmente que ella, o al menos más enérgicamente, por la mismo que estamos en ello más interesados? La instrucción primaria, gratuita y obligatoria, y la libertad de trabajo.

 

La instrucción desarrolla y fortifica el sentimiento de la dignidad personal, es decir, la conciencia de sus derechos y de sus deberes. El que tiene conocimientos apela a la razón y no a la fuerza para realizar sus deseos.

 

Si la libertad de trabajo no viene a servir de contrapeso a la libertad comercial, vamos a presenciar la constitución de una autocracia financiera. Los pequeños burgueses, como los obreros, no serían pronto más que sus servidores. ¿No es evidente hoy día que el crédito, lejos de generalizarse, tiende al contrario a concentrarse en pocas manos? ¿Y el Banco de Francia no daría un ejemplo de flagrante contradicción a todo principio económico? El goza a la vez del monopolio de emitir papel moneda y de la libertad de elevar sin límites la tasa del interés.

 

Sin nosotros, lo repetimos, la burguesía no puede fundar nada sólido; sin su concurso nuestra emancipación puede retardarse mucho tiempo todavía.

 

Unamos nuestros esfuerzos para un fin común: el triunfo de la verdadera democracia.

 

Difundidas por nosotros, apoyadas por ella, las candidaturas obreras serían la prueba viviente de la unión verdadera y durable de los demócratas sin distinción de clase ni de posición. ¿Quedaremos librados a nuestra suerte? ¿Seremos forzados a perseguir aisladamente el triunfo de nuestras ideas? En el interés de todos esperamos que no.

 

Sinteticemos, para evitar malentendidos: la significación esencialmente politica de las candidaturas obreras sería ésta:

 

Fortificar, completándola, la acción de la oposición liberal. Ella ha pedido, en los términos más modestos, las libertades necesarias. Los obreros diputados pedirán las reformas económicas necesarias.

 

Tal es el resumen sincero de las ideas generales emitidas por los obreros en el período electoral que precedió al 31 de mayo. En aquel entonces la candidatura obrera tuvo que vencer numerosas dificultades para producirse. Así fue como se la pudo acusar no sin razón, en parte, de ser tardía. Hoy día el terreno está libre, y como en nuestra opinión la necesidad de las candidaturas obreras ha resultado evidente por lo que ha pasado desde entonces, nosotros no dudamos en tomar la delantera para evitarnos los reproches que se nos han hecho en las últimas elecciones.

 

Planteamos públicamente la cuestión para que, desde el primer día del período electoral, el acuerdo sea más fácil y rápido entre los que participan de nuestra opinión. Nosotros decimos francamente lo que somos y lo que queremos.

 

Ansiamos el gran día de la publicidad y apelamos a los diarios que sufren el monopolio creado por el hecho de la autorización previa (6); pero estamos convencidos que se sentirán honrados en darnos hospitalidad, testimoniando así en favor de la verdadera libertad y facilitándonos los medios de manifestar nuestro pensamiento, aun cuando ellos no participaran del mismo.

 

Esperamos ansiosos el momento de la discusión, el período electoral, el día en que la profesión de fe de los candidatos obreros correrá en manos de todos y estarán prontos para responder a todas las preguntas. Contamos con el concurso de todos aquellos que para entonces estén convencidos de que nuestra causa es la de la igualdad, indisolublemente ligada a la libertad, en una palabra, la causa de la justicia.

 

Han firmado los siguientes obreros:

 

Jun Aubert (mecánico); Baraguet (componedor-tipógrafo, miembro de la Comisión Obrera de delegados a la Exposición Universal de Londres, en 1862); Bouyer; Cohadon (administrador de la Asociación de los Albañiles); Coutant (impresor-litógrafo, miembro de la Internacional; más tarde redactor en la Opinión Nacional); Carrat; Dujardin; Arsenio Kin; Ripert (sombrerero, miembro de la Comisión Obrera de los delegados a la Exposición Universal de Londres); Moret; H. Tolain (grabador, miembro de la Internacional, asistió a varios congresos; fue uno de los candidatos obreros en 1863 y en 1864); Murat (mecánico, miembro de la Internacional); Lagarde (sombrerero, miembro de la C. O. de delegados a la Exposición Universal de Londres); Royanez (peletero, también miembro de dicha comisión); Juan Garnier; Rampillon, Barbier (obrero del marfil, íd., íd.); Revenu; Cuénot; Ch. Limousin (obrero de pasamanos, miembro de la Asociación I. de T.); Luis Aubert; Audoint; Beaumont (obrero del bronce, íd., íd.); Hallereau; Perrachon (obrero del bronce, íd., íd.); Piprel; Rouxell; Rainot; Vallier (obrero en instrumentos de óptica, miembro de la C. O. a la Exposición Universal de Londres); Vanhamme; Vespierre; J. J. Blanc (tipógrafo, uno de los candidatos en 1863, más tarde redactor en la Opinión Nacional); Samson; Camélinat (obrero en bronce, miembro de la A. I. T.; será durante la revolución del 18 de mayo el reorganizador de la Casa de la Moneda. Preparaba un nuevo troquel cuando entraban los versalleses a París ... Los únicos servicios que funcionaron bien durante la Comuna fueron los dirigidos por obreros, todos miembros de la Internacional); Carlos Michel (zapatero, miembro de la C. O. a la Exposición Universal de Londres); Voirin; Langreni, Secretand; Thiercelin; B. Chevrier; Loy; Vilhem; Messerer; Faillot; Flament; Halhen; Barra; Adinet; Camine; Murat (padre); Cheron; Bibal (participará como socialista, hacia fines del Imperio -Napoleón III- en las luchas electorales); Oudin (marmolero, miembro de la C. O. a la Exposición Universal de Londres); Chalon; Morel (broncero, miembro de la Internacional); Delahaye (cerrajero, íd., íd,); Capet; Arblas; Cochu; Mauzon.

 

Confrontar con Le Temps, febrero 24 de 1864, N° 1035. Respuesta de H. Tolain, en nombre de los sesenta, a diversas objeciones.

 

En la Opinión Nacional, donde apareció el documento por primera vez, fue publicado sin título, presentado por Gueroult (7) en cuatro líneas, donde declara que esta comunicación le parecía digna de atención y de la simpatía más seria.

 

Hemos podido encontrar el rastro a una veintena de signatarios; se notará que un cierto número de ellos se adhirió luego a la Asociación Internacional de Trabajadores. Uno de ellos, Camélinat, que fue miembro de la Comuna de París, como delegado de la Casa de la Moneda y tesorero del Partido Socialista. antes de la escisión, se adhirió más tarde al Partido Comunista. Fue elegido miembro de la Cámara en 1885.

 

Mayores informes sobre algunos de los signatarios: Carrat, Ripert, Perrachon, Kin, Coutant, Revenu, J. J. Blanc y Tolain firmaron, en enero de 1863 (ver Opinión Nacional del día 20) un llamado a los obreros solicitando de ellos diez centavos por semana para los obreros del algodón, del Sena Inferior, en huelga. Dujardin, Piprel y Audoint eran miembros del Crédito Recíproco. Cohadon publicó en 1868 una Guía de la Asociacíón para uso del joven obrero, Noirot, ed., París. Para las profesiones de los signatarios, ver Albert Thomas: El Segundo Imperio, página 209. Todos obreros, menos Bibal, maestro.

 

 

Notas

 

(1) José Manuel Sieyés. Perteneció a la Convención francesa durante la revolución; votó la muerte de Luis XVI, a pesar de su condición sacerdotal. Escritor y político, pasó a la historia después de publicar una ardorosa defensa de la clase burguesa: El Tercer Estado, como se decía entonces. (Nota del Editor francés).

 

(2) La ley Olivier, del 25 de mayo de 1864, que anuló la del 14 de junio de 1791, iba a permitir por fin completar el derecho de reunión con su corolario lógico: el de asociación con carácter permanente, desconocido y perseguido hasta entonces. Debe recordarse una circunstancia histórica muy interesante: Marat, el incorruptible amigo del pueblo, fue el único que atacó enérgicamente aquélla ley del 14 de junio, derogada en parte por la ley Olivier en 1864 y definitivamente borrada del Código penal Francés en 1884. Finalmente, en mayo de 1920, fue nuevamente enmendada esa ley, en sentido antiprofesional obrero. (Cit. por M. S. León: Historia de las Corporaciones de Oficios, pág. 659). (Nota del Editor francés).

 

(3) Palabras de Sieyes.

 

(4) Alusión a las célebres leyes agrarias, de distribución de tierras, implantadas por los Gracos, hijos de Cornelia, en 170 d.C., y suprimidas más tarde por el Senado romano.

 

(5) La palabra sindicato aún no era corriente, pero la idea está esbozada en esas Cámaras del Trabajo.

 

(6) Sin depósito en fianza, los periódicos no lograban esa autorización previa, de tal modo que el periodismo vivía amordazado; casi como bajo estado de sitio ... Periodismo dirigido y de invernadero. (Nota del Editor francés).

 

(7) Adolfo Gueroult, publicista y político (1810-1872); saintsimoniano notorio; fundador y director de la Opinión Nacional, diario de la oposición anticlerical y democrática,

 

 

 

 

 

 

Carta de Amiens

 

Orden del día adoptado en el XV Congreso Nacional Corporativo, realizado en Amiéns del 8 al 16 de octubre de 1906 (1).

 

El Congreso confederal de Amiéns confirma el artículo 2°, constitutivo de la C. G. T.

 

La C. G. T. agrupa, al margen de toda escuela política, a todos los trabajadores conscientes de la lucha que hay que sostener para la desaparición del asalariado y el patronato.

 

El Congreso considera que esta declaración es un reconocimiento de la lucha de clases que opone, sobre el terreno económico, la resistencia de los trabajadores a todas las formas de explotación y de opresión, tanto materiales como morales, utilizadas por la clase capitalista contra la clase obrera.

 

El Congreso concreta, por los puntos siguientes, esta afirmación teórica: en la obra reivindicadora cotidiana, el sindicalismo persigue la coordinación de los esfuerzos obreros, el aumento del bienestar de los trabajadores por la realización de las mejoras inmediatas, tales como la disminución de las horas de trabajo, el aumento de los salarios, etcétera.

 

Pero este trabajo no es más que un aspecto de la obra del sindicalismo: prepara la emancipación integral que sólo puede realizarse por la expropiación capitalista; preconiza como medio de acción la huelga general y considera que el sindicato, hoy día grupo de resistencia, será en el porvenir el núcleo de la producción y de la distribución; base de reorganización social.

 

El Congreso declara que esta doble tarea cotidiana y de preparación del futuro se desprende de la situación de asalariados que pesa sobre la clase obrera y que hace para todos los trabajadores, cualesquiera que sean sus opiniones o sus tendencias políticas o filosóficas, un deber el pertenecer al grupo fundamental que representa el sindicato.

 

Como consecuencia, en lo que a los individuos se refiere, el Congreso afirma la entera libertad para el sindicado de participar, fuera del grupo corporativo, en las formas de lucha que correspondan a su concepción filosófica o política, limitándose a pedirle, en reciprocidad, no introducir en el sindicato las opiniones que profesa fuera del mismo.

 

En lo que a las organizaciones se refiere, el Congreso decide que con el objeto de que el sindicalismo alcance el máximo de efecto, la acción económica debe ejercerse directamente contra el patronato, no teniendo las organizaciones confederadas, como asociaciones económicas, por qué preocuparse de partidos o sectas que, afuera y al margen, puedan perseguir en absoluta libertad la transformación social (2).

 

 

 

Notas

 

(1) Et. Martín-Saint Leon: Las dos C. G. T., París (Biblioteca del Museo Social), Librería Plon, pág. 122.

 

(2) La redacción de esta declaración histórica se debe a Víctor Griffuelhes; su tajante precisión y briosa posición de lucha señalan un momento culminante de la táctica obrera. Sin duda ese sistema no es nada nuevo; debía mucho a Proudhon y a los teóricos libertarios y socialistas, confirma Et. Martin-Saint Leon. Obra cit., pág. 11.