© Libro N° 6793.
La Construcción Social De Los
Derechos Y La Cuestión Del Desarrollo. Parte I. Calderón, Fernando. Emancipación. Diciembre
21 de 2019.
Título
original: © La Construcción Social De Los Derechos Y La Cuestión Del
Desarrollo. Parte I. Calderón, Fernando
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Cuestión Del Desarrollo. Parte I. Calderón, Fernando
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LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LOS DERECHOS Y LA CUESTIÓN DEL DESARROLLO
Fernando Calderón
Parte I
La Construcción Social De Los Derechos Y
La Cuestión Del Desarrollo
Calderón, Fernando
La construcción social de los derechos y la cuestión del
desarrollo : antología esencial de Fernando Calderón Gutiérrez / Fernando
Calderón ; prólogo de Alain Touraine. - 1a ed . - Ciudad Autónoma de Buenos
Aires : CLACSO, 2017.
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ISBN 978-987-722-239-5
Análisis Sociológico. 2.
Ensayo Sociológico. I. Touraine, Alain, prolog. II. Título.
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Latinoamericano y Caribeño
Fernando Calderón Gutiérrez
La construcción social de los derechos y la cuestión del
desarrollo
Antología esencial
Prólogo de
Alain Touraine
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Fernando Calderón. La construcción social de los derechos y la
cuestión social del desarrollo. Antología esencial (Buenos Aires: CLACSO, junio
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ISBN 978-987-722-239-5
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Índice
Prólogo 11
Alain Touraine
Primera Parte
Política y desarrollo
Navegar contra el viento O
las perspectivas de América Latina en la era de la
información (2016) 49
Repensando el Desarrollo Humano desde la perspectiva de la
sociología
del actor (2015) 75
Carisma, sociedad y política (2013) 121
Fernando Calderón G. y Daniel Moreno
Los líderes y la sociedad frente al espejo (2013) 161
Fernando Calderón G., Caterina Colombo y Daniel Moreno
Una inflexión histórica.
Cambio político y situación socioinstitucional
en América Latina (2008) 211
Panorama electoral de América Latina. ¿Qué reemplaza al
modelo neoliberal? (2006) 237
Las nuevas condiciones sociales de la democracia (2004) 247
La nueva cuestión social bajo la mirada del desarrollo humano.
Una fundamentación sociológica desde la experiencia
latinoamericana (2000) 257
Modernización y gobernabilidad democrática (1998) 281
Fernando Calderón G. y Norbert Lechner
La pobreza y las nuevas condiciones de desigualdad social (1997) 311
Fernando Calderón G. y Alicia Szmukler
Gobernabilidad, competitividad e integración social (1995) 329
Hacia una perspectiva crítica de la modernidad. Las dimensiones
culturales de la
transformación productiva con equidad (1994) 349
Fernando Calderón G., Martín Hopenhayn y Ernesto Ottone
Segunda Parte
Política y movimientos socioculturales
“Disculpe la molestia, estamos cambiando el país”. Politicidad y
protestas:
los jóvenes en Chile, México y Brasil (2014) 399
Fernando Calderón G. y Alicia Szmukler
Diez tesis sobre el conflicto social en América Latina (2012) 409
Movimientos culturales y la emergencia de una nueva politicidad
(2011) 449
La revelación de los bordes o repensando la portada de San
Lorenzo (2010) 467
Ciudadanía y desarrollo humano (2007) 475
La participación local como factor estratégico de la reforma del
Estado (2005) 513
Ciudadanía activa y desarrollo sostenible (2004) 525
Fernando Calderón G. y Alicia Szmukler
Cultura de igualdad, deliberación y desarrollo humano (2004) 565
América Latina en la era de la información. Cambio estructural,
crisis,
actores sociales, procesos de transformación (2003) 627
Fernando Calderón G. y Manuel Castells
Entre el gobierno de los Diablos y el gobierno de los Ángeles
(2002) 707
Bolivia. Un siglo de luchas sociales (1999) 419
Muralismo y revolución nacional (1998) 747
Diversidad cultural y ciudadanía (1997) 761
¿Todo lo que se termina se acaba? La sociedad y el ciclo
estado-nación (1995) 769
Fernando Calderón G. y Mario R. dos Santos
Hacia un nuevo orden estatal en América Latina. Veinte tesis
sociopolíticas
y un corolario de cierre (1991) 799
Fernando Calderón G. y Mario R. dos Santos
“Esa hoja verde y divina la coca es” (1989) 837
Los movimientos sociales frente a la crisis (1986) 847
Prólogo
Alain Touraine*
Fernando Calderón –sociólogo
boliviano, Ex Secretario Ejecutivo de CLACSO, par-ticipante muy activo
del PNUD (programa de Naciones Unidas para el desarrollo) para va-rios países
del continente, amigo muy cercano de Manuel Castells– es de esos sociólogos,
eco-nomistas o politólogos que no corren el riesgo de encerrase en las
diferencias que separan a unas naciones de las otras en esta región vasta
y diversa.
Desde hace tiempo, él forma parte del pe-queño grupo de
precursores que, antes que los otros, levantaron la bandera de pensar lo
global, lo que obliga a consagrar una reflexión y una formación profesional
permanentes a todos los especialistas, juristas, ecologistas, antropólogos o
especialistas de comunicación que trabajan –algunos desde hace más de me-dio
siglo y la mayoría desde hace dos o tres
École des Hautes Études
en Sciences Sociales, París.
décadas– para construir una imagen comple-ja y coherente del
nuevo tipo social en que vivimos. Este último lleva al mundo entero, empujado
por la globalización, hacia un nue-vo modelo social dominante, y hacia nuevas
combinaciones entre ese modelo central y ti-pos de sociedades más o menos
dependientes, ya sea de los antiguos poderes colonizadores como de los Estados
que sostienen más cla-ramente el nuevo modelo social. Un modelo social que está
claramente conformado de una manera post industrial, tal como lo habíamos
propuesto con cierto éxito Daniel Bell –gran intelectual americano y profesor
de Harvard University– y yo mismo, en la École des Hau-tes Études en París
desde los años 70, todavía en un siglo XX dominado por la Guerra Fría entre los
Estados Unidos y la Unión Soviética, que se desencadenó casi al mismo tiempo
que la victoria de los Aliados sobre el ejército y el régimen hitleriano, y que
ya estaba inscrita en los acuerdos de Yalta.
12 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
Si es desde hace tiempo necesario leer con una atención
particular a los y las que fueron los primeros convencidos de la necesidad de
dar prioridad a la historia global sobre las his-torias nacionales y hasta
regionales, es sola-mente ahora, después de una larga generación de trabajos,
que podemos leer, gracias a gran-des investigadores como Fernando Calderón, los
estudios que combinan una fuerte concien-cia de la necesidad de una sociología
global y un conocimiento profundo de varios países, en particular en el caso de
Fernando Calderón, Bolivia, Argentina y Chile.
Nos hemos acostumbrado a leer y escribir historias nacionales
hasta en el caso de las naciones colonizadas, por la fuerza con que la
identidad nacional de las potencias coloniales, que tendían fuertemente a
acordar un valor universal a sus propias características sociales y culturales,
y que ha marcado la organización de esas naciones y la vida de sus habitantes.
A lo largo de los dos últimos siglos, es la produc-ción industrial, sus
conflictos sociales y las re-formas que provocaron, ya sea por la ley o por las
negociaciones colectivas, así como también por los movimientos revolucionarios,
lo que de-finió más fuertemente a estas sociedades, que parecían en ese
entonces más potentes y que las otras querían imitar. Más concretamente,
las sociedades que se definían por un conflicto social central,
que oponía a asalariados y due-ños de las industrias alrededor de la convicción
compartida por ambos campos de que la creati-vidad humana se manifiesta más
directamente por su capacidad técnica.
El continente americano recibió por su de-pendencia colonial,
ante todo una herencia cultural, primeramente lingüística, de los paí-ses
colonizadores, España y Portugal, pero también, desde la mitad del siglo XIX,
en el caso de Chile y Perú, sufrieron la ocupación del oeste americano. Desde
la fiebre del oro, que condujo en la costa pacífica de América del Sur, un
desarrollo económico del cual Val-paraíso es la ciudad simbólica y del cual
varias ciudades, como Iquique –bastante más al norte que Valparaíso– guardaron
la marca candente de la represión a los primeros movimientos de los mineros del
cobre y de salitre. América La-tina no es solamente un continente colonizado
por los españoles y los portugueses, sino que ha estado durante mucho tiempo,
marcado por la hegemonía británica que duró hasta el breve periodo que separó
las dos guerras mundiales del siglo XX y enseguida por una hegemonía
norteamericana que acabó, en su forma más extrema, incorporando recientemente
México a América del Norte.
Prólogo | Alain Touraine 13
No obstante, no subestimemos la herencia del periodo que fue el
de las grandes expedicio-nes y exploraciones coloniales y que culminó creando
un orden social y político preocupado sobre todo por hacer respetar los
intereses del sistema colonial, pero que, tal como las mis-ma metrópolis
europeas, se inspiraba de una concepción general de la vida social y del
go-biernos más jurídica y política que económica y social. Situación cuya
influencia fue aún más durable, ya que España o Portugal así como en la vecina
Francia, mantuvieron al final del si-glo XIX esta concepción más jurídica y
política que económica y que subordinó los conflictos sociales a los intereses
de la nación, sea ésta la del poder colonizador o, por el contrario, la de los
movimientos de liberación nacional.
Si insisto sobre la importancia dominante de la economía y de la
sociedad industrial en el mundo del siglo XX, es porque la mejor mane-ra de
comprender la naturaleza del nuevo mo-delo social que vemos formarse se
comprende mejor cuando lo comparamos con el modelo industrial. Por la simple
razón que si los diri-gentes económicos se adaptaron fácilmente a la aparición
de un orden que controlan y que utilizan, los movimientos populares, sociales o
políticos aun cuando no son víctimas de una represión masiva, como es el caso
de tantos
países del mundo, o bien se aferran a los mo-delos anteriores
que intentan renovar, o bien se agotan y desaparecen a causa de su incapaci-dad
de comprender el mundo que se substitu-ye al mundo industrial y a crear
movimientos sociales y formas de acción política bastante adaptados a
situaciones nuevas para darles rápidamente una gran influencia en todos los
aspectos de la vida política.
Los países de América Latina fueron moder-nizados y entraron en
la civilización industrial, antes que nada por la llegada masiva de
inmi-grantes, venidos sobre todo de los países medi-terráneos pero también de
Alemania, de Suiza y de Francia, así como del imperio turco antes de la Primera
Guerra Mundial, lo que les dio el nombre de “Turcos” a los Sirios y los
Libaneses que se ampararon del gran comercio y a veces de las industrias
textiles en las dos orillas del Atlántico. Acción completada por la presencia
de otra imagen, más material, de la sociedad industrial, la aparición en varios
países del con-tinente de una economía minera y sobre todo de una clase obrera
de mineros que fue, con los obreros que vinieron más tarde del petróleo, los
actores principales de las luchas sociales indus-triales, cuya resistencia
marcó con sangre mu-chos paisajes, aun si los movimientos obreros fueron a
menudo controlados o utilizados por
14 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
los nacionalismos políticos que reunían alrede-dor de ellos
mismos categorías mucho más di-versas y por lo tanto más potentes. Pero la vida
política de todos los países fue dominada por movimientos más políticos que
sociales y has-ta por una voluntad de participación y de dis-tribución a todos
los ciudadanos más que por los conflictos de clase. Argentina fue el ejemplo
más importante de este “nacional-populismo ” del que Perón se convirtió la
personalidad em-blemática, incluso cuando la oligarquía enrique-cida por la
Pampa, lejos de defender formas de dominación tradicional, estaba fuertemente
in-fluenciada por el racionalismo y el positivismo venidos de la Europa urbana,
y se comprometía con la creación de repúblicas laicas.
En el norte del continente, donde existe y don-de se ha
mantenido una fuerte población india, los prejuicios y los conflictos étnicos
logra-ron inclusive comandar ampliamente la vida política hasta nuestros días,
en particular en América Central y con más fuerza en Guatema-la y en México,
donde el apoyo oficial dado al movimiento indigenista, si bien culminó con la
creación de un admirable museo antropológico en México, no terminó con la
exclusión a me-nudo brutal que han sufrido los indígenas y no ha podido reducir
o hacer desaparecer al acti-vo movimiento neozapatista de Chiapas, cuyo
subcomandante (y por lo tanto no indígena) Marcos fue su
portavoz e inspirador.
Ya que nuestro objetivo es situar la historia de los países
latinoamericanos en el interior de un nuevo modelo de transformaciones
so-ciales y culturales que dominan el mundo de hoy intentemos desde ahora, lo
antes posible, de definir ese nuevo modelo. Para el sociólogo, el cambio más
importante es que el poder ya no pertenezca a los dueños de las fábricas y de
las minas sino a aquellos que son capaces de pro-ducir, difundir y
eventualmente imponer repre-sentaciones, lo que prefiero llamar con un tér-mino
más amplio “interpretaciones ” prácticas y técnicas utilizadas. El poder, en
todo el mun-do, se basa en la dominación y el control de las actitudes, de las
decisiones, de las evaluaciones de la elección del modo de vida. Tal es el
sen-tido sociológico principal de la emergencia de un nuevo tipo de sociedad
que podemos llamar sociedades de comunicación para subrayar que son éstas que
ocupan ahora el lugar central que había pertenecido durante por lo menos dos
si-glos a la fabricación industrial. Transformacio-nes de las cuales es
imposible sobrestimar la importancia. Ya no es la posesión de bienes
ma-teriales, sino de bienes “subjetivos”, de modos de conducta, de
informaciones y de decisiones que definen el poder. Como aquellos que po-
Prólogo | Alain Touraine 15
seen tanto poder sobre los seres humanos no renuncian a su poder
sobre las cosas y los capi-tales. Debemos concluir que la transformación más
importante de las sociedades nuevas con relación a las que precedieron es la
formación de poderes que me veo obligado a nombrar en su totalidad para evitar
el contrasentido que in-troduce aquí la idea de totalitarismo que pode-mos sin
duda aplicar a la sociedad comunista china o a las sociedades djihadistas
sunitas o chiitas, pero que ciertamente no se aplican a los Estados Unidos de
América, incluso cuan-do, después del salvaje atentado de doscientas personas,
acarrearon peligrosas expediciones punitivas. Lo que le interesa sobre todo a
la so-ciología es que frente a estos poderes totales se yerguen
reivindicaciones a su vez más y más “totales ”, animadas por la voluntad de
muchos de ser dueños del sentido de su propia vida y de la de los otros y por
ende de su entorno. La fuerza social que anima a las sociedades del nuevo tipo
ya no son aquellas cuya sede eran los grandes bancos, o luego las grandes
empre-sas que se llamaron fordistas. Esta fuerza es la del conocimiento. Las
instituciones que fueron destinadas a jugar el papel central en las socie-dades
de conocimiento y de comunicación son las universidades de investigación, hoy
en día prácticamente todas situadas en los Estados
Unidos y en el mundo británico, Canadá y Aus-tralia incluidos.
Recientemente la Academia Americana de Ciencias, para lanzar una cam-paña
nacional de defensa y de financiamiento de las universidades públicas de
investigación, recordó con fuerza que hoy no existe una inno-vación técnica
importante que no tenga raíces en la investigación y los descubrimientos de la
ciencia fundamental.
Aquí estamos con la pregunta más difícil: la en-trada en el
mundo en una nueva era, la de la comunicación y de la globalización ¿facilita
la participación de un número mucho más grande de personas a las nuevas
tecnologías o, al con-trario, crea una barrera cada vez más alta entre los
grandes campeones, que viven en un peque-ño número de “ciudades mundiales “ y
la masa de los y las que pueden utilizar esas técnicas únicamente para alcanzar
objetivos que se si-túan a un nivel mucho más bajo, como el robo, la corrupción,
los tráficos ilícitos o inclusive las masacres masivas o los actos de
terrorismo?
Pero la respuesta a esta pregunta podría ser menos difícil de lo
que puede parecer a prime-ra vista. Ya que si el acceso a muchas técnicas es
muy simple, como lo muestra la difusión en todo el mundo de los teléfonos
inteligentes, de Facebook, de Twitter, la creación de un siste-ma de decisiones
económicas, políticas o mi-
16 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
litares supone el control, no solamente de un gran número de
elementos, sino sobre todo de modos de interacción muy diversos, lo que Edgar
Morin dijo claramente en una palabra cuya importancia no ha cesado de crecer:
la complejidad. No es difícil transportar grandes cantidades de drogas o de
armas de México a los Estados Unidos o a Europa, pero las comu-nicaciones, las
informaciones, la penetración de las redes de espionaje suponen el
conoci-miento, el control y la modificación de un nú-mero elevado de códigos de
una complejidad extrema. De la misma manera que, si es posi-ble para un buen
científico ampararse de un resultado importante para el armamiento de su país,
la creación de un sistema de armas es de una complejidad, y por ende de un
costo, extremadamente elevado. Lo más extraordina-rio en la nueva organización
económica es que cada vez es más fácil consumir informaciones y cada vez es más
difícil y costoso construir sis-temas. Si aceptamos esta conclusión, que está
respaldada por la observación de la extrema concentración de los lugares de
concepción de nuevos sistemas, tenemos que reconocer que los que no pertenecen
a los centros de creación más avanzadas están fuertemente dirigidos no hacia
tecnologías más simples sino hacia sis-temas cuya finalidad es de un nivel más
bajo,
sistemas que no toman en cuenta las relaciones siempre complejas
entre conflictos de intere-ses, de las previsiones contradictorias, de los
efectos muy diversos en las opiniones públicas, sobre todo en los países
democráticos. Esta constatación, presentada aquí bajo una forma simplificada,
tiene efectos importantes sobre la formación o la imposibilidad de formar
actores sociales nuevos en las sociedades que pueden alcanzar una concepción
más consciente, más “reflexiva ” de su propia capacidad de creación y de
transformación de ellas mismas, de sus instrumentos, de sus métodos e inclusive
de su entorno. Una tal conclusión merece ser repe-tida bajo una forma más
cercana de nuestras observaciones habituales.
El gran descubrimiento que nos aporta nues-tra entrada en la
sociedad de comunicación globalizada es que en el centro de ese nuevo mundo,
por primera vez, tomamos conciencia de nosotros mismos, seres humanos, no
sola-mente como legisladores y creadores de orden o de la técnica pero
directamente, sin interme-diarios, como creadores de nosotros mismos, de
nuestra conciencia de nosotros mismos como creadores.
Esta expresión parece abstracta; debo enton-ces dar un ejemplo
por lo menos para mos-trar claramente la importancia del giro que se
Prólogo | Alain Touraine 17
produce ante nuestros ojos. El que me apare-ce con más fuerza es
el de las mujeres. Hasta aquí, las mujeres han sido definidas por el lu-gar que
les daba los sistemas de parentesco, por lo tanto los intereses fundamentales
de un sistema social, luego, en las primeras socieda-des modernas, en la época
de lo que se llamó el Renacimiento, sobre todo en Italia, se las defi-nió e
incluso sacralizó como objeto del deseo masculino. Ellas estaban definidas en
función del hombre, sin ser ellas mismas creadoras. Es verdad que más tarde,
unas reformas limitadas quisieron disminuir la desigualdad que conti-nuaba
golpeando a las mujeres, lo que condujo a la idea de la paridad, por lo menos
en algunos países; lo que satisfizo a muchos políticos, pero cuyos efectos
reales siguen siendo limitados. De hecho, como lo recordó recientemente la
excelente socióloga americana Nancy Frazer, los cuidados materiales, el “care”,
que exige una familia y sobre todo las necesidades de los muy jóvenes y de los
muy viejos están a cargo de las mujeres, que por lo tanto están menos
disponible para la reflexión y la acción pública.
La ruptura se hizo solamente cuando acepta-mos definir a la
mujer como una construcción hecha para el hombre en función de sus inte-reses y
sus necesidades, tanto sexuales como políticas o económicas. Es la filósofa
america-
na Judith Butler la que fue más lejos en este camino propiamente
revolucionario en el que ya se había lanzado Simone de Beauvoir dos
generaciones antes.
Prefiero sin embargo seguir a Antoinette Fou-que, que insiste en
reconocer y además reforzar la dualidad de los sexos, a condición de preci-sar
que esta dualidad debe reforzar la comple-jidad de las interacciones entre los
dos sexos y no reservar un espacio inferior a uno de ellos, a menudo al sexo
femenino. Este ejemplo es tan masivo que nos obliga a reconocer que tene-mos
una capacidad creciente de imaginar y de construir las relaciones entre hombres
y muje-res. Lo que nos sugiere también otro ejemplo de cambio cultural. Después
de haber escuchado a los “progresistas ” hacer el elogio del desarro-llo
durable que tiene en cuenta un gran número de aspectos sociales y culturales
del crecimien-to económico, reconocemos hoy que debemos elegir entre una voluntad
de devolver la acción humana a los límites impuestos por un cuadro natural y,
de manera completamente opuesta, escuchar las condiciones de sobrevivencia y de
crecimiento de las sociedades humanas, toman-do en cuenta las amenazas que
pesan de manera cada vez más visible no sólo sobre los seres hu-manos sino
también sobre su entorno climático y de manera más general, biológico.
18 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
El lector puede sorprenderse de ser introdu-cido en el análisis
sociológico por considera-ciones que la desbordan ampliamente. La razón es
simple. El progreso de la tecnología, en par-ticular de la robótica y hasta de
las previsiones de funcionamiento de los sistemas ha creado para muchos una
confianza casi sin límite en los efectos de las innovaciones tecnológicas y del
análisis económico. Para muchas personas, todo ocurre como si las leyes de la
naturaleza fueran a liberar a los seres humanos que deben abandonar sus
creencias y preferencias para someterse a unas leyes naturales que les son
fundamentalmente favorables, ya que hacen que la razón y el orden triunfen
sobre la pasión y el desorden. No es para nada en esta direc-ción que reacciona
hoy, con mucho atraso, la sociología que entiende bien que sólo puede
defenderse contra la acción de la razón, some-tida demasiadas veces a la
voluntad del poder, mostrando que los sistemas sociales y los mis-mos
individuos sean orientados en su acción al igual o más que las leyes de la
naturaleza, por sus consciencia de ser el fin último de su propia acción. Hacen
de ésta una intervención cada vez más voluntaria y calculada sobre las
situaciones en las cuales procura hacer avan-zar la libertad de la mayoría.
Este vigoroso avi-so de las ciencias sociales no nos lleva a querer
considerar nuestras sociedades posindustria-les como
posmodernas, pero al contrario, sí como híper modernas, es decir como teniendo
una intención más directa y más exigente que las otra sociedades de la
libertad, la igualdad y la dignidad de todos los seres humanos. Para decirlo
con palabras que pueden parecer tra-dicionales, la tarea principal de las
ciencias humanas es devolver la centralidad al análisis de la consciencia y la
voluntad de defender los derechos humanos fundamentales, que deben ser colocados
en nuestras sociedades híper modernas encima de todas las leyes, ya que éstas
están cada vez más influenciadas por las exigencias mismas de las tecnologías.
Mientras escribo estas páginas, puede pare-cer paradojal buscar
la presencia de América Latina en las transformaciones culturales que,
estrictamente hablando, han creado la civiliza-ción en la que hemos entrado;
sin embargo es indispensable para identificar la naturaleza de la caída
política y social que vive este continen-te y que acarrea tantos testigos
apremiados a contentarse registrando la serie de sus fraca-sos, de sus
escándalos y de sus decepciones.
Ya que estos fracasos no se deben ni a las de-nominaciones
impuestas ni a coyunturas eco-nómicas desfavorables, tampoco a errores de
gestión. Defiendo la idea de que la crisis de
Prólogo | Alain Touraine 19
América Latina se debe en primer lugar, como la de varios países
europeos, al retraso de la conciencia de su propia condición y, sobre todo, de
sus posibilidades. América Latina, bajo la influencia a la vez de ciertos
intelectuales, y sobre todo de ciertas grandes potencias, en particular de la
Unión Soviética, dio ella misma unos análisis que apuntaban sistemáticamente a
negar su propia capacidad de acción, aunque varios países del continente –y en
particular en Chile– tenían éxitos económicos excepcio-nales. Vimos
desarrollarse la idea de que la no intervención de fuerzas políticas y sociales
era la condición del triunfo económico. Idea que sin embargo había sido negada
de manera casi constante en el pasado por los actores y los analistas de la
modernización y sobre todo de la industrialización, tanto en Gran Bretaña y en
los Estados Unidos como en la Unión Soviética y en China.
No pretendo aquí hacer un elogio general de las ideologías
voluntaristas y condenar la con-fianza muchas veces excesiva que se les da a
los mercados. Quiero proponer una hipótesis más limitada y más concreta
históricamente. Esta hipótesis es que un país, sea cual fuere, para pasar una
etapa, la de la industrialización, a la etapa siguiente, la de las
comunicaciones y de la globalización, debe haberse establecido
sólidamente en las etapas que debió atravesar. Lo que puedo
resumir en dos hipótesis. La pri-mera –la más importante, parecería– es que un
país sólo puede entrar en un mundo globaliza-do si ha logrado a comportarse él
mismo como un Estado nacional, tomando esta expresión en el sentido que Europa
le dio a partir de la Revolución Francesa y de la Independencia americana.
Hipótesis confirmada por la gravedad de la cri-sis actual de la
idea de Estado nacional. Mien-tras que algunos quieran sobrepasarla
comple-tamente en nombre del cosmopolitismo prác-ticamente sin instituciones,
otros, asustados por ese peligro y por el riesgo de sumisión a nuevas
hegemonías, quieren remplazar al Es-tado nacional por un Estado comunitario,
que es en realidad lo opuesto. Y la importancia de este tema se fortaleció por
la debilidad general del Estado nacional en América Latina y los éxitos innombrables
de los regímenes nacio-nales populares que demuestran rápidamente su
incapacidad a combinar las demandas so-ciales con las exigencias de la
competitividad económica.
La otra condición para entrar vigorosamente en la economía
globalizada es evidentemente encontrarse en uno de los ejes de las grandes
actividades de los intercambios internaciona-
20 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
les. Es demasiado fácil recordar aquí que gran-des países se han
enriquecido con la produc-ción y la venta de petróleo y, antes que ellos,
otros, con la explotación masiva de carbón. Los Estados Unidos y Canadá se
esfuerzan para demostrarnos hoy que su independencia económica está asegurada
por el gas de es-quisto, pero los más ecologistas tienen razón al recordar que
el precio de esta independen-cia es aplastador para regiones enteras y que es
inaceptable proponer a la humanidad entera regresar a la violencia a la vez
tecnológica y social de la primera industrialización europea y americana. Entre
los sociólogos latinoameri-canos Fernando Henrique Cardoso, sociólogo antes de
ser Presidente, es el que insistió con más fuerza y convicción sobre la
importancia de esos factores de éxito, y sobre todo, la in-tegración nacional.
Contra los defensores más radicales de la teoría de la dependencia –para los
cuales la política nacional de los Estados latinoamericanos no podían tener
ningún otro papel que el de combatir directamente y completamente la
dependencia respecto de las potencias imperialistas– recordó que si la
dependencia traía indudablemente problemas fundamentales, la defensa o la
creación de la unidad nacional y de otra parte el conflicto de las clases sociales
eran objetivos y dimensio-
nes de acción tan importantes como la lucha contra la
dependencia.
Es porque existen objetivos fundamentales para la acción
política que ésta posee una auto-nomía real, lo que representa una
transforma-ción completa de lo que era tal vez una posi-ción reformista y que
se convierte al contrario lo que podríamos llamar una concepción políti-ca del
desarrollo definida por la convicción de que la acción política tiene objetivos
propios y que la capacidad de crear una acción política es más importante
todavía que una lucha más ideológica que realmente política contra la de-pendencia.
Es ésta misma autonomía de la ac-ción política, más todavía que la
participación en el desarrollo económico moderno, la que tiene efectos más
directos e incluso más de-cisivos sobre la capacidad de un país a través de su
Estado de entrar en una nueva fase de la modernización. La situación actual nos
ofrece, fuera de América Latina, una prueba masiva. La alianza del Tercer Mundo
y de la Unión So-viética en la conferencia de Bandung permitió la formación y
la consolidación de varios Es-tados nacionales, de la Indonesia de Soemako al
Egipto de Nasser y hasta la China de Chou Enlai, vedette de esta conferencia.
Podríamos fácilmente añadir a estos resultados tan impor-tantes el de Pakistán
y sobre todo el de Fidel
Prólogo | Alain Touraine 21
Castro que se proclamó en Cuba como herede-ro de José Marti.
En cambio, los países de la Mesopotamia pe-ro también los del
Sahel africano se revelaron incapaces de construirse una consciencia y una
gestión nacionales. En Irak, los chiitas do-minan el sur, los sunitas el centro
y sobre todo Tikrit, la base de Saddam Hussein, y los kurdos el norte. Mali fue
víctima del levantamiento de los nómadas del norte y Boko Haram en el norte
musulmán de Nigeria se volvió práctica-mente independiente de los intereses
petrolí-feros del delta del Níger. La Republica Centro Africana, tal como
Sudán, explotó y Somalia tal como Eritrea está descompuesta y envía numerosos
refugiados, en particular hacia Ita-lia. No se trata aquí de tomar partido por
los soberanistas, sino al contrario recordar que la consciencia nacional – que
no es el nacionalis-mo, todavía menos el comunitarismo – es un elemento
indispensable de la capacidad de ac-ción de una nación. Los que lo habrían
olvida-do pueden pedirle tanto a los franceses como a los americanos o los
soviéticos que confirmen esta afirmación.
Los temas que vienen de ser evocados aquí, son de una tal
importancia en el mundo entero que debemos acordar desde ahora al menos la
misma importancia a los factores subjetivos
del desarrollo –y en primer lugar a la conscien-cia nacional–
que a los factores objetivos, a la posesión de recursos limitados e incluso al
es-píritu de emprendimiento. No obstante, Amé-rica Latina no tuvo –con alguna
excepción– la voluntad de creación de naciones que habían levantado a Europa en
1848 (la “primavera de los pueblos”) poco después de la caída del régimen nazi
y de las guerras de descoloniza-ción. ¿Cómo no reconocer, leyendo los
desta-cados trabajos de Fernando Calderón, que es la debilidad de lo que los
Europeos llaman hoy la “clase política” que explica de mejor mane-ra los
fracasos actuales del continente? Que basta recordar que las políticas de
inversión no están casi nunca formadas, mientras que los objetivos centrales de
la acción política eran la participación a la vida nacional y la distribución
de las riquezas a una nueva cla-se media. Ya tuve la ocasión aquí de resumir la
historia política del continente, de la revo-lución mexicana al triunfo de los
regímenes autoritarios en Chile, en el Brasil, en Argen-tina y en Uruguay como
la subida y la caída de los regímenes nacionales populares, cuyo modelo más
potente fue el peronismo argen-tino, ya sea en el primer gobierno de Perón o en
el segundo, y más recientemente en las presidencias de los Kirchner.
22 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
La herencia de Cárdenas en México fue me-nos extrema y se
trasformó en la creación de una potente burocracia de Estado, lo que expli-ca
el desarrollo económico importante de Mé-xico que se oponía a la caída de
Argentina, que disponía sin embargo de ventajas excepciona-les desde el inicio.
El Brasil se separó de ma-nera más clara de los dos casos precedentes,
abandonándose, después del vigor de Kubits-chek, a la debilidad de Janio y de
Django antes de caer en una dictadura militar que tomó la forma de una represión
brutal a partir del Acto institucional número cinco. El Brasil le debió a
Cardoso el retorno a una democracia institu-cional sólida que fue completada
por la distri-bución masiva durante las dos presidencias de Lula de ayuda
económica a los pobres, lo que permitió a decenas de millones de ellos entrar
en una pequeña clase media capaz de subsistir. Es algo muy reciente que este
Estado brasilero, asociado a la fuerte industrialización dirigida por São Paulo
y que levantó todo este Estado haya sido sobrepasado por la corrupción
políti-ca apoyada sobre los notables locales regiona-les. Es evidente que no
fue Lula –y todavía me-nos Dilma– quienes introdujeron la corrupción en el
sistema político brasilero: por el contrario, ese sistema fundado sobre la autonomía
de los Estados es lo que destruyó el conjunto de los
intentos hasta ahora exitosos de construcción de un Estado
nacional orientado a la vez hacia el desarrollo económico y la redistribución
so-cial. Al contrario, durante el último cuarto de siglo, la historia económica
del mundo estuvo dominada por la industrialización de la China, nueva fábrica
del mundo, y ahora exportadora de capitales, mientras que los Estados Unidos
eran, más que nunca, la oficina de estudios del mundo y el centro más
importante, de lejos, de la creación de conocimientos fundamentales y por ende
de innovaciones tecnológicas.
América Latina ha sido llevada a la formación acelerada de una
economía de la comunicación globalizada. Los países de la costa Pacífica, Chile
y Perú en primer lugar, aprovecharon el precio elevado de los metales que
vendieron en gran cantidad a la China. Es verdad que hace poco el precio del
cobre bajó fuertemente en los mercados mundiales, pero durante una ge-neración
Chile fue sin duda el mejor alumno del desarrollo mundial y el Perú, que había
su-frido profundamente la violencia política del Sendero Luminoso y de la
corrupción del go-bierno de Fujimori, vivió una transformación profunda. En la
costa atlántica es la exporta-ción de soja hacia la china la que aportó los
recursos más considerables a la Argentina y también al Brasil. El sur del
continente se dejó
Prólogo | Alain Touraine 23
llevar por el desplazamiento del comercio in-ternacional hacia
el Pacífico pero el conjunto del continente se encuentra hoy en una
depen-dencia doble más que en una independencia mejor protegida.
Una de las dos condiciones fundamentales del desarrollo de
América Latina está presen-te: el continente aprovecha la nueva división del
trabajo mundial, pero no logró hasta ahora construir Estados nacionales
fuertes, ya que los regímenes militares fueron más represivos que
industrializadores, con la excepción par-cial de Chile. El análisis que
propongo –en par-ticular gracias a la lectura de Fernando Calde-rón– de la
historia de América Latina concierne al mundo entero: la creación (o al
contario) la impotencia de crear Estados nacionales, es decir actores políticos
centrales, capaces de elaborar estrategias a largo plazo –y eventual-mente de
defender por las armas los intereses de sus países– es el elemento más
importante de lo que llamamos el desarrollo que, en su fase precedente, había
sido analizado en términos casi únicamente económicos.
La creación de Estados nacionales consta de movilizaciones
populares sin las cuales estos Estados corren el riesgo de reducirse a
monar-quías u oligarquías potentes, así se produjo en la época de las grandes
conquistas españolas y
de manera más extrema todavía, portuguesas. ¿Fueron los
levantamientos sociales y políticos que levantaron a América Latina, desde los
paí-ses más comprometidos en la economía mun-dial hasta los países del norte y
de los Caribes? Si, y esos levantamientos alejaron a las oligar-quías
mercantiles generalmente subordinadas a los países industriales más grandes, y
en par-ticular a los Estados Unidos, pero esos levanta-mientos fueron
orientados hacia la creación de nuevas clases medias más que hacia la transfor-mación
de la situación de las poblaciones rura-les desfavorecidas y fueron utilizados
a menu-do por las dictaduras más que por una voluntad de racionalización
económica y de justicia so-cial. Desde este punto de vista tan importante la
situación de América Latina está más próxi-ma de Rusia que de la China, porque
después del periodo de la Perestroika el presidente Elt-sine suprimió el
Partido comunista soviético y abrió la economía a la especulación, pero tuvo
que ceder rápidamente el lugar al nuevo zar Pu-tin quien reconstruyó un Estado
autoritario sin asegurar ni la redistribución social ni la moder-nización
económica. Hay que dejar aquí de lado a Chile, que constituyó una gran
excepción en el continente desde sus inicios en el siglo XIX y la fuerte acción
de Diego Portales, que creó un Estado fuerte al servicio de un comercio inter-
24 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
nacional fundado en las empresas mineras en lugar de la
industrialización y la creación de un mercado interior. Al contrario, la
Argentina e incluso el Brasil fueron dominados por la inmi-gración de origen
europea, y por consecuente por las reivindicaciones sociales más preocu-padas
de crear una nueva clase media que de mejorar la situación de los más
desfavorecidos.
Hemos vivido durante mucho tiempo con la idea de que se formaba
una nueva generación de “Grandes Potencias ”, que un funcionario lla-mó lo
BRICS. Pero ¿qué tenían en común China y Brasil, o Rusia e India? Esta
categoría sigue siendo puramente artificial, estadística. Mien-tras que las
grandes potencias de la historia an-terior pertenecían todas a la misma
civilización y siguieron los mismos procesos fundamenta-les de modernización
basados en orientaciones universalistas y en el monoteísmo, los países del grupo
BRICS, no teniendo ningún elemen-to común, siguieron rápidamente destinos muy
diferentes. La nueva Rusia, sin embargo, here-dera de la gran industrialización
soviética, su-frió una verdadera regresión, particularmente en el ámbito de la
creación científica e indus-trial. La India, que posee una élite científica
destacable, permaneció fragmentada, ya que el sistema de castas, aunque
oficialmente supri-mido, continúa existiendo al mismo tiempo que
las diferencias regionales y la multiplicidad de lenguas y
culturas. Sólo China llegó a ser una gran potencia e incluso, a través del eje
que for-ma con los Estados Unidos, el elemento central de la economía mundial
en formación.
El mundo, al principio del siglo XXI, y sobre todo después del
debilitamiento profundo y du-rable de Europa después de la crisis financiera de
2007-2008 –y más todavía después de la sali-da del Reino Unido de la Unión
Europea– ya no creó ningún modelo general de modernización. El modelo comunista
ya no es un modelo so-cial y cultural sino también un modelo político y
policial. Es hasta extraño ver formarse impe-rios, es decir poderes a la vez
económicos, polí-ticos y culturales de pequeña talla como el Irán de Khomeiny,
y tal vez incluso la Turquía de Er-dogan, mientras que ni Brasil ni Rusia
pueden desempeñar el papel de imperios.
Es un gran descubrimiento de la socióloga a-mericana Saskia
Sassen haber descrito el mundo globalizado actual ya no como una pi-rámide de
naciones y de Estados, sino como un conjunto de ciudades mundiales, de las
cuales algunas constituyen hasta centros de comuni-caciones mundiales tan
importantes como los Estados grandes. Esto es verdad sobre todo en Singapur
pero también y de manera casi idéntica en Hong Kong. Observación que po-
Prólogo | Alain Touraine 25
demos estar tentados de aplicar a América Latina, que se ha
convertido en un continente de grandes megalópolis más que un conjunto de
Estados nacionales modernizadores. Amé-rica Latina es una red formada por San
Pablo, México, Río de Janeiro y Buenos Aires, pero también Bogotá, Lima e
incluso Santiago, cuya conurbación reúne un tercio de la pobla-ción nacional.
Esta transformación es funda-mental. Sobre todo cuando completamos esta
descripción con la evocación de las regiones urbanas y rurales rápidamente vaciadas
de su población por una emigración tanto interior como exterior en dirección de
los Estados Unidos. Los habitantes de Buenos Aires son más porteños que
argentinos, es decir conciu-dadanos de los habitantes de Jujuy y de Salta. Esta
autonomía económica de las megalópolis que ha debilitado aún más a los Estados
nacio-nales, y por consecuente creó los instrumen-tos de la corrupción, que
permiten a unos po-líticos de importancia secundaria imponer sus intereses a
unas regiones que son marginales con relación a los centros principales de la
ac-tividad económica mundial. La corrupción es la manifestación más visible del
declive de los Estados nacionales con relación a las mega-lópolis globalizadas.
Esta observación que se puede aplicar a otras regiones del mundo, en
particular en África, mientras que las grandes ciudades europeas
han sido ante todo capita-les nacionales.
Las guerrillas contribuyeron incluso a de-bilitar la vida
política nacional, sobre todo en los países tenuemente integrados, en
particu-lar Bolivia, naturalmente dividida entre la zona de la Cordillera y las
tierras bajas de las cuales Santa Cruz es la capital económica.
El caso de Chile merece una vez más una aten-ción particular.
Todos los observadores fueron golpeados por la división interna de la Unidad
Popular, a pesar de su lema “un pueblo unido ja-más será vencido”: de un lado
el Partido comu-nista y la central sindical dominante, la CUT, que fueron los
apoyos sólidos de Salvador Allende, y del otro lado la mayoría del Partido
socialis-ta, que era de hecho un partido izquierdista que se habría podido
llamar trotskista en la Europa de aquella época, mucho más cercano de las tesis
revolucionarias, y sobre todo del modelo castrista que de las tradiciones
nacionales. No podemos negar que el presidente Allende haya estado él mismo
fuertemente atraído por la fi-gura y el ejemplo de Fidel Castro que pasó una
larga temporada en Santiago, si bien su propia acción, y sobre todo su último
combate y su muerte se hayan situado dentro del modelo re-volucionario de
origen europeo.
26 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
Pero no es esta constatación que merece la más gran atención; es
más bien la evolución posterior de Chile, y en particular de la mayo-ría que,
después del plebiscito que acabó con el régimen de Pinochet, eligió una
política de re-conciliación en lugar de la revancha y ha mante-nido una parte
del poder impuesto por la dicta-dura militar. ¿No es acaso sorprendente que el
plebiscito perdido por Pinochet no le haya im-pedido terminar su vida sin haber
sido juzgado o condenado y sin siquiera que la constitución que él había
impuesto a su país haya sido aboli-da? Es que una parte de la mayoría
democrática quiso dar prioridad a la consolidación de un de-sarrollo económico
que sólo había comenzado realmente después de 1983. Lo que se llamó en términos
políticos la Concertación fue más una subordinación de la política chilena a
las posi-bilidades ofrecidas por la globalización que la reconciliación de las
víctimas de la dictadura con las instituciones democráticas. Solamen-te el
presidente Ricardo Lagos logró modificar sensiblemente la constitución de
Pinochet pero es el refuerzo de la nueva burguesía chilena, de unos muy ricos
más que simplemente ricos, que fue el resultado principal de este periodo.
Chile eligió no pagar completamente la deuda moral que tenía con los muertos y
los desaparecidos de la dictadura. No podemos contentarnos de
hablar de la complejidad política de éste perio-do y menos
todavía de contentarnos con una ex-plicación puramente nacional de su
evolución. Lo esencial de este periodo es efectivamente la transformación de la
economía mundial, ya que es ésta la que abrió nuevas posibilidades a un Chile
orientado desde siempre hacia la econo-mía internacional. La historia de los
países lati-no-americanos transcurre ahora en dos niveles diferentes: un nivel
nacional del que vengo de indicar la debilidad y un nivel mundial en el cual el
papel principal lo tienen los nuevos imperios que dominan la economía y las
crisis políticas y culturales que destruyen los Estados naciona-les o que se
desarrollan sobre sus ruinas.
Al nivel nacional, el hecho más visible es el debilitamiento o
incluso la desaparición de los movimientos nacionales revolucionarios,
agra-vados por el desarrollo de la corrupción, del clientelismo y de las
manipulaciones de la opi-nión. Formulo esta conclusión, que podemos esperar sea
provisoria, en términos radicales, tanto se habían consolidado durante un largo
periodo la consciencia y los símbolos de un con-tinente proyectado por la
conjunción de luchas sociales internas que podríamos llamar conflic-tos de
clase y un movimiento internacional que se definía a menudo como
antiimperialista y de inspiración más revolucionaria que social. Lo
Prólogo | Alain Touraine 27
que domina la situación actual del continente no es un combate a
la vez social e internacional, un enfrentamiento de ideologías que se apoyan en
campos en lucha por el control del planeta como en la época de la Guerra Fría;
es al con-trario la debilidad de la capacidad de acción na-cional. ¿No fue
acaso la crisis de la Argentina en 2001 el evento más grave? Este país había
alcanzado a inicios del siglo XX un nuevo nivel de riqueza económica comparable
al de los Es-tados Unidos, y Buenos Aires era la capital cul-tural de todo el
continente. Pero rápidamente el país, dominado por el conflicto entre una
polí-tica de integración masiva de los inmigrantes y unas reacciones
nacionalistas militarizadas, sa-crificó su desarrollo económico, a pesar de que
su enriquecimiento durante la Segunda Guerra Mundial, a la gloria mussoliniana
del Presiden-te Perón, a la figura del cual fue asociada la de su mujer Eva,
convertida en un mito nacional. Después de un periodo de ajuste dirigida por el
presidente Frondizi, pero interrumpido por gol-pes de estado militares, el
nuevo gobierno de Perón, pronto remplazado por su nueva esposa Isabel, se lanzó
en un populismo nacional cada vez más influenciado por una juventud
revolu-cionaria nacionalista pero que fue rápidamente vencida y reprimida, a
partir de 1976, por una dictadura militar que recurrió masivamente a
la tortura. Es la derrota de Argentina en una tentativa de
conquista de las Islas Malvinas –en poder de Gran Bretaña– que permitió la
vuelta a la democracia. Pero el presidente Alfonsín, destacado defensor de las
libertades públicas, no logró enderezar la economía, lo que llevó al poder al
peronista Menem cuya política ultra li-beral de dolarización de la economía
nacional, desencadenó la crisis económica que llevó a la quiebra a una gran
parte de la potente clase me-dia argentina.
Si el nuevo presidente Néstor Kirchner llevó una política de
rehabilitación de las víctimas de la dictadura y de apoyo al movimiento
po-pular que le permitió reestablecer el equilibrio político del país, fue la
tendencia dominante tradicional del peronismo a la redistribución más que a la
inversión que condujo bajo la di-rección de su mujer, que le sucedió, a la
Argen-tina a una crisis económica permanente y a la fuga de los capitales.
Ejemplo extremo de una gestión política nacionalista incapaz de hacer frente a
las nuevas exigencias del orden eco-nómico internacional.
A pesar de las diferencias profundas que se-paran a los dos
países y que se basan sobre todo en el papel central de una burguesía
in-dustrializadora en São Paulo, el Brasil pasó por un periodo de
redistribución social exito-
28 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
sa justificada por la extrema desigualdad de la sociedad
brasilera y ampliada por grandes mo-vimientos sociales como el de los sem
terra, los campesinos pobres del noreste, pero que fue detenida por la crisis
del Estado roído por la corrupción.
La tercera gran potencia de continente, Mé-xico, dirigida
durante mucho tiempo de mane-ra autoritaria por el PRI, partido nacido de la
Revolución, vivió una transformación econó-mica y social más sólida, pero una
vez más el sistema político, conducido por la búsqueda de su propio poder hacia
un clientelismo pa-ralizante, se topó con una reacción liberal di-rigida por
los presidentes Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, lo que acabó con una
degra-dación del poder y de la sociedad mexicana, a la vez integrada a la
potencia americana e im-potente frente a una violencia desencadenada por los
traficantes de droga que encontraron en México la influencia que habían perdido
en Colombia. Sean cuales fueran las diferencias que separan todos estos países,
y en particu-lar una Argentina creada por los europeos y un México incapaz, a
pesar de sus declaraciones, de integrar a la población indígena en la vida
urbana moderna, y que condujo al movimiento neozapatista de Chiapas. No son ni
los conflic-tos de clase ni los enfrentamientos internacio-
nales entre “bloques” que dominaron durante este largo periodo
de la vida del continente; es la yuxtaposición de los efectos de la
mundiali-zación económica y de la crisis de cada uno de los Estados nacionales.
Los movimientos cam-pesinos y obreros han perdido su fuerza y son las fuerzas
de descomposición urbana que han desempeñado el papel más importante en la vida
de los Estados nacionales. Conclusión que coincide con la de los analistas de
Europa, hoy en día dominada por el conflicto entre la globa-lización económica
y las identidades naciona-les o más exactamente los nacionalismos auto-ritarios
que se esfuerzan por elevar a la opinión pública contra los inmigrantes y lo
refugiados, presentándolos como una amenaza para las identidades nacionales. En
Europa también la oposición entre la derecha y la izquierda, de-finidas
socialmente y económicamente cede el lugar a la formación de movimientos
xenó-fobos y racistas y a una globalización econó-mica cuyos efectos políticos
contribuyen al remplazo de las viejas socialdemocracias por una derecha
económicamente liberal pero so-bre todo socialmente favorable al incremento de
las desigualdades. Esta conclusión gene-ral está conforme con el principio
general de análisis que ha establecido desde el inicio de éste prólogo: tenemos
que “pensar global”, es
Prólogo | Alain Touraine 29
decir reconocer que la vida y la historia de cada país están hoy
comandadas por los efectos de la globalización económica y sobre todo por la
dificultad creciente de la mayoría de los países de dar una respuesta social y
política eficaces a las exigencias del sistema mundial.
Esta transformación se agravó todavía más con el fracaso de la
desagregación de los movi-mientos que quisieron ser revolucionarios afir-mando
que su acción política era representativa de la situación social de las clases
y de las cate-gorías más desfavorecidas, es decir sometidas a la dominación de
la elite dirigente que buscaba constantemente transformar su propia domi-nación
en una hegemonía a la vez económica, política y cultural.
En el momento en que escribo (finales del 2016), estamos muy
lejos de la lógica antiimperialista y revolucionaria, del “foquismo” de las
guerrillas guevaristas, atraídas por el ejemplo de la revo-lución cultural
maoísta. El populismo de Hugo Chávez, en Venezuela, cuya importancia vino del
doble apoyo de la armada y de los movimientos populares, logró alcanzar el
poder y pudo desa-rrollar a la vez una política de nacionalización
antiamericana y una política de distribución de bienes y servicios a grandes
masas, donde la población no resistió mucho tiempo luego de la muerte de sus
jefe y la profunda descomposición
de la economía nacional, y por consecuente a la imposibilidad
para su sucesor Maduro de formar con Cuba un frente de resistencia a la
hegemonía americana sobre el continente.
La resistencia del presidente socialista ecua-toriano Correa, en
conflicto con las grandes empresas petrolíferas americanas, está tam-bién
debilitada por la crisis del modelo nacional revolucionario que muestra más
claramente to-davía su fracaso en Nicaragua, bien alejado hoy del impulso del
movimiento sandinista de 1979 que fue socavado después de la adopción de una
nueva constitución que reconoce la impor-tancia de los actores privados en la
economía.
Es solamente en Bolivia, y a pesar de las grandes dificultades
internas, que el movimien-to de la revolución castrista ejerce todavía una
influencia considerable. De una parte a causa de la potencia social y política
del movimiento social tradicionalmente apoyado en los mine-ros y que comandó la
acción de los presidentes Paz Estenssoro y Siles Zuazo, de otra parte por las
reacciones populares a la política liberal del presidente Sánchez de Lozada, y
sobre todo de la importancia del movimiento indígena que pedía desde hace
tiempo el reconocimiento de sus derechos políticos hasta obtenerlos tras la
elección de Evo Morales, dirigente aymara del MAS. La nueva constitución dio
los derechos
30 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
políticos a los indígenas lo que representó un éxito único en el
continente.
Los ideólogos indigenistas, tan vigorosos en México nunca
condujeron a un reconoci-miento real de los derechos de los indígenas, que el
mismo movimiento zapatista fue inca-paz de obtener.
La derrota de la corriente revolucionaria ha-bía sido impuesta
tiempo atrás y de manera muy violenta en Guatemala por la CIA, que provocó el
fin el régimen de Árbenz ya en 1954 y que fue confirmado por la represión muy
violenta de los años 1980. Aún si los derechos de los indígenas fueron
reconocidos parcialmente en ese país, la violencia política se volvió endémica.
No obtante, es la evolución de Cuba, su su-misión activa a la
política soviética y a sus consecuencias sobre la economía, sobre todo después
de la caída de la Unión Soviética que marcó de manera más profunda y más
durable el fin del periodo durante el cual el movimien-to comunista, leninista
y estaliniano –y luego maoísta– había adquirido un peso inmenso en el
continente e incluso en los intelectuales y los estudiantes occidentales que
buscaban nuevos símbolos del espíritu revolucionario. Si bien la importancia de
Cuba estuvo directa-mente vinculada a la influencia de la Unión So-viética
sobre los movimientos nacionalistas y
anticoloniales en el mundo entero, ningún mo-vimiento político y
social tuvo tanta influen-cia como el que llevó a Fiel Castro al poder y
ninguna figura estuvo tan cargada de emoción revolucionaria como la de Ernesto
Guevara, que se aproximaba más al modelo maoísta que el mismo Fidel Castro. La
idea revolucionaria encontró un eco considerable en América La-tina ante todo
debido a la influencia directa de Cuba hasta que los golpes de Estado militares
destruyeran los movimientos revolucionarios y sus aliados nacionalistas.
LapolíticaenAméricalatinafuemuchotiem-po análoga a la de los
países de la Europa lati-na, de Francia en particular. En los dos casos la
política – lo que los a los franceses les gus-ta llamar el espíritu republicano
– dominó y hasta marginalizó a los movimientos sociales, y en particular al
sindicalismo obrero. En los dos continentes la “izquierda radical ” fue más
potente y más visible que los movimientos de clase, ya sean campesinos u
obreros. De ahí la importancia de las luchas contra la Iglesia ca-tólica que
tomó una forma extremadamente violenta en varias regiones de México tras la
aniquilación de los movimientos campesinos, y en particular el asesinato de
Zapata. El mo-vimiento obrero fue sin embargo poderoso y libró combates dónde
muchos militantes de
Prólogo | Alain Touraine 31
clase perdieron la vida, pero ya señalé que su potencia sólo fue
importante en las minas, de México a Chile pasando por Bolivia y Perú. La
debilidad relativa de la industrialización dio más influencia política al
radicalismo políti-co que a la acción de clase, tan grande que a menudo los
dirigentes sociales se transforma-ron en modernizadores asociados a la política
americana después de haber llegado al poder en nombre de una Revolución,
palabra que in-dicaba la sumisión de un movimiento social a una fuerza política
más que lo contrario. Y la política misma estuvo sometida con menos frecuencia
a la acción de masa que a la perso-nalidad de líderes que mostraron que la
fuer-za de los símbolos suele ser más grande que la de las masas. Este desfase
entre las luchas so-ciales y el enfrentamiento continental con la dependencia
al capitalismo internacional dio a la figura de Fidel Castro un relieve
profun-damente diferente de la imagen ejemplar de Lenin, y todavía más, de Mao.
América Latina no unió la emoción revolucionaria a la críti-ca racionalista,
como lo hizo el leninismo. La mezcla del rechazo de la esperanza y del
sa-crificio no dio a luz ideas políticas potentes ni en el México de Cárdenas
que fue con todo más cercano de las revoluciones europeas que de los
movimientos dirigidos por Vargas,
por Perón o hasta por Allende. En América Latina los líderes –
que no quiero confundir con los caudillos – siempre fueron más pode-rosos y
sobre todo más movilizadores que los partidos. De ahí la fragilidad de las
maquinas políticas, que nunca fueron capaces de trans-formar en fuerza
regulación de una industria-lización anticapitalista o más exactamente
antiimperialista.
Es difícil imaginar una inversión de la situa-ción más completa
que la que condujo de la emoción provocada por la muerte – resulta ten-tador
decir el mártir – del Che Guevara al des-moronamiento de la figura de Lula que
acom-pañó en 2016 a la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, que había
sido ella misma víc-tima de torturas infligidas por el gobierno mili-tar de su
país. Una interpretación en términos sociopolíticos de este contraste
conduciría a una incongruencia. De la misma manera que la confusión del actor
histórico, político e ideoló-gico al igual que social que hemos llamado la
“clase obrera ” con la masa de los trabajadores precarios o desempleados de
larga duración que constituyen hoy, por ejemplo en Francia, una parte
importante del electorado del Frente Nacional, es a nivel mundial y ya no
nacional que las situaciones se transforman hoy en ac-tores históricos.
32 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
Esta inversión deja a América Latina en el vacío. No entró en el
mundo occidental y la creación del mundo occidental, ni a la crea-ción del
mundo tecnológico y de los conflic-tos sociales en torno al trabajo y al
dinero; no rompió tampoco con la potencia del capitalis-mo para inventar un
mundo obrero como lo hizo Rusia, ni transformó un país campesino como la China
en “la fábrica del mundo “. En fin, no pudo alzar un monumento a la nación, ya
que, por el contrario, distribuyó poder a unos ciudadanos recién llegados y
dejando de lado a los indígenas. No se puso al servicio de ningún dios ni
religión, ni política ni popu-lar. Otras partes del mundo se identificaron al
este o al oeste. Algunos se situaron sobre el eje norte-sur para asegurar el
poder del norte sobre el sur. América Latina merece su extra-ño nombre a que
recuerda más al nombre de sus dueños que al gran proyecto de una ci-vilización.
Fue y es la tierra de las mezclas, de las influencias mutuas, de los
mestizajes, aquella donde lo universal nunca está separa-do de las diferencias
sociales y ni siquiera de las barreras étnicas. Ella dio a luz a muchos hombres
armados que impusieron un orden a poblaciones que resistían más por los lazos
con un pasado particular que por la idea de otro porvenir.
Su más grande creación estuvo gravada en ella desde su
formación, cuando un papa tra-zó la frontera que debía separar las posesiones
portuguesas de las tierras españolas. Pues el Brasil fue lo contrario a la
América española, como un inmenso imperio, contrariamente a los países que se
dividieron las tierras atrave-sadas y recortadas por las cordilleras y las
re-públicas que luchaban sin cesar para redefinir sus fronteras. La Argentina,
situada encima de sus vecinos por la riqueza de la pampa que ali-mentaba al
mundo, nunca quiso ser una “gran potencia ” y se dejó devorar por sus propios
ha-bitantes, mientras que al lado, pero en realidad muy lejos, San Pablo,
creaba por el positivismo y el espíritu emprendedor de su burguesía in-dustrial
lo que casi se convirtió en una nación-continente, extendiéndose casi desde un
océa-no hasta otro o al menos hasta las montañas que prohibían el acceso. En
ese inmenso espa-cio todo lo que está yuxtapuesto o mezclado en las repúblicas
hispánicas parece haber unido a los contrarios: la potencia del capital al
placer de los sentidos, y el espíritu mesiánico a la in-movilidad de las
playas. Tentación única, cons-tantemente hundida para construir una nueva
civilización. País casi sin Estado, mientras que el otro gran país, México, se
convertía más en un Estado revolucionario –expresión contra-
Prólogo | Alain Touraine 33
dictoria– que en una sociedad, más en una tie-rra de
sufrimiento, de muerte y de revuelta que en un control del tiempo y del
espacio.
Las revoluciones latinoamericanas siempre terminaron en
regímenes militares o en buro-cracias asfixiantes. Los levantamientos
popula-res no crearon sociedades que abrieran nuevos horizontes a los pueblos
liberados. Los escla-vos sublevados siempre fueron arrestados por nuevos
dueños, que crearon cada vez una nue-va burguesía de Estado o guerrillas
prontas a encontrar en la droga, en los secuestros, en la corrupción, medios
para enriquecerse que com-partieron hasta con sus adversarios –pues en este
continente ninguna frontera ha separado claramente al ladrón del policía– a lo
permitido de lo prohibido y al orden de la represión. Con-tinente que no estuvo
sometido ni a la ley del capitalismo ni a la de un partido totalitario ni al
capricho de un potente Caudillo. Continente dónde todo está mezclado, donde
todo ha sido posible, donde nada nunca estuvo sólidamente instalado, continente
donde la experiencia vivi-da, donde la violencia y la imaginación siempre
rebasaron la construcción de un orden social o de un poder político. Continente
en el cual las instituciones sociales estuvieron siempre limitadas por la
herencia del pasado o por la construcción de un poder personal.
En un mundo dominado ya no por los Esta-dos nacionales ni los
por los movimientos de-mocráticos, pero sí por imperios, prohibicio-nes,
migraciones y movimientos masivos de refugiados; un mundo cubierto por
comunica-ciones y vigilancias, América Latina es un es-pacio de violencias,
pero también de autono-mía y de manifestaciones religiosas, políticas o
afectivas débilmente organizadas y contro-ladas. Es una zona con una baja
previsibilidad sobre las conductas individuales o colectivas, e incluso una
zona de difícil definición, que re-sulta confusa o incierta en lo que concierne
a las modificaciones sociales o a los proyectos de transformación de las reglas
económicas, sociales o culturales. Es el continente donde la informalidad ha
resistido, para bien o para mal, a un mundo donde la formalidad son los
rasca-cielos, los algoritmos y los informes, pero don-de las favelas y las
infra-construcciones que rodean las grandes aglomeraciones urbanas siguen
existiendo. América Latina es el conti-nente de lo incierto pero también el
continente de lo posible, aquel donde las manifestaciones y las
escenificaciones pueden modificar de ma-nera drástica las reglas de la vida
social e inclu-so del poder político.
Las expresiones que vengo a emplear pueden ser interpretadas de
dos maneras opuestas,
34 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
pero son de hecho complementarias, como lo muestran varios
autores. Por un lado, la mezcla de significaciones diferentes y la resistencia
de la experiencia vivida a reglas e interpretacio-nes generalizadas y
racionales contaron siem-pre con un riesgo importante de ineficacia de la
acción colectiva. El mundo entero se ha impre-sionado por la debilidad de los
movimientos de masas de la Primavera Árabe, especialmente en Egipto, que como
en Túnez, vivió una rápida movilización de masas y la fuerte pero breve preponderancia
de las comunicaciones hori-zontales en lugar de la organización vertical. Esta
observación es todavía más real en Améri-ca Latina, donde los movimientos
sociales y los golpes de Estado militares no han remplazado la elaboración de
una estrategia y la definición de límites ni el tema central mismo del
con-flicto. También hemos podido demostrar que el triunfo del movimiento alter
mundialista y de los foros nacionales que se crearon a raíz del movimiento de
Porto Alegre ha producido pocos resultados durables. Los sentimientos y las
emociones que suscitaron no han tenido efectos a nivel político de gran
amplitud –val-ga el ejemplo de Brasil después de los Juegos Olímpicos. Esta
constatación pesimista debe ser aceptada. Lo que obliga al mismo tiempo a dar
la misma importancia a las estrategias y
a la gestión de los medios, que a la intensidad de los
sentimientos expresados en las plazas de las grandes ciudades.
Nos contentamos demasiado rápido de esta constatación que se ha
utilizado siempre como crítica de los actores de base y de los movi-mientos de
huelga o de los grandes desfiles de masa, cuando lo comparamos a la eficacia de
las campañas de cambio por la legislación. Sin embargo, si nos limitamos a
esbozar tales crí-ticas, subestimamos fuertemente dos efectos importantes de
estos “movimientos de base” que son al mismo tiempo culturales y políti-cos,
sociales y afectivos. Lo más visible son las reuniones de actores formados en
realidades de lo más diversas en torno a objetivos gene-rales e incluso
universales. El significado más importante de estos grupos sociales ha sido el
de rehusar definir al ser humano y a los gru-pos sociales como unos simples
consumidores cuya finalidad última sería únicamente utilita-ria, contrariamente
a lo que ocurrió en la socie-dad industrial. El problema de la personalidad, de
la dignidad y de los derechos de los grupos movilizados ha ampliado y reforzado
de mane-ra notoria la capacidad de acción de las cate-gorías dominadas,
particularmente de aquellas que estaban sometidas a valores y a normas
au-toritarias. Un ejemplo merece ser mencionado
Prólogo | Alain Touraine 35
con una insistencia particular. No existe cate-goría más
masivamente dominada, reprimida y sometida de manera más violenta a todo tipo
de discriminaciones que las mujeres, y la his-toria ha demostrado la débil
participación de éstas en los movimientos de contestación y reivindicación,
incluso cuando su fin explícito era la lucha contra esa negación de derechos y
esta cultura de la dominación masculina. Sin embargo, se observa hoy un aumento
masivo de la participación de las mujeres, sobre todo jóvenes, en los
movimientos de protesta, lo que se asocia en muchos países a una superiori-dad
de las mujeres jóvenes sobre los hombres jóvenes en cuanto a nivel escolar y
por tanto en cuanto a sus capacidades de llevar a cabo reivindicaciones y
proyectos de reformas. Este fenómeno general es visible en América Latina,
especialmente en ciertos países donde desta-can los del Cono Sur, pero también
Bolivia.
Esta observación se debe complementar con la que muestra la
importancia cada vez más importante de las cuestiones que ponen en entredicho
la vida individual, ya sea profe-sional o afectiva, en la creación de actitudes
y de demandas políticas. El campo de la acción colectiva y del debate público
se ha extendido mucho. En particular las ONG, intervienen de manera bastante
más activa que los partidos
tradicionales en estos nuevos terrenos. Come-teríamos un error
de gran amplitud si pensára-mos que los “nuevos movimientos sociales “ se crean
y se manifiestan de la misma manera y a través de las mismas estrategias que el
movi-miento obrero, tal y como sucedió en los pri-meros países
industrializados.
¿En qué lugar del mundo existe un espacio favorable a la
formación de nuevos movimien-tos sociales? En los países industrializados y de
tradición democrática las instituciones políti-cas han integrado de manera
mayoritaria a los representantes o a los defensores de movimien-tos sociales y
los Estados les han incluso reser-vado muchas veces puestos, no de decisión,
pero por lo menos donde a los que toman las decisiones les gusta mostrar que
están a cargo de representar las demandas de los ciudadanos. En los países de
régimen autoritario, los repre-sentantes de los movimientos sociales se han
convertido en los agentes del partido-Estado. En otros países, los dirigentes
de los movimien-tos sociales o intelectuales están entre rejas o en el exilio,
como es el caso de China.
Existe poca esperanza de libertad para aque-llos que quieren al
mismo tiempo ser indepen-dientes del poder y estar presentes en la vida
pública, en particular política. América Latina me parece hoy una de las
regiones más tole-
36 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
rantes en cuanto a aquellos que quieren parti-cipar de la vida
pública y presentar demandas ciudadanas sin ser incorporados a los partidos
políticos o a puestos de poder. La confusión en-tre todos los niveles de la
vida pública que he señalado como característica de este continen-te debe
comprenderse como un elemento favo-rable a la aparición de actores
intermediarios entre la sociedad civil y la política.
En un mundo aún dominado por la idea de un orden a la vez
natural y sagrado, la defensa de los intereses económicos, en particular los de
los trabajadores industriales, es impoten-te para revocar un orden establecido
en el que todo, desde las relaciones familiares al discurso religioso, refuerza
un modelo incapaz de man-tenerse por sí mismo a causa de una eficacia económica
muy limitada. Se trata de la alianza de las clases medias innovadoras,
instruidas, capaces de organizar una acción política y so-bre todo de movilizar
la conciencia nacional y las fuerzas masivas, pero también expuestas a la
transformación rápida de los dirigentes de los movimientos populares en
dirigentes autorita-rios de partidos políticos que ocuparon un espa-cio que
nunca fue definido correctamente entre el poder y la sociedad. En México y
Bolivia, por tratar dos ejemplos muy conocidos, podemos ver que los movimientos
sociales de modelo
leninista y también trotskista han estado cada vez más
subordinados a la acción política, una transición constante entre la acción
social y la acción política que permite una importante ca-pacidad de influencia
política a los movimientos sociales. Es el caso por ejemplo de la Revolu-ción
Boliviana de 1952. También es cierto que los nuevos poderes políticos imponen
recurren-temente su voluntad a la base social que les ha impulsado al poder.
Pero también es verdad que, incluso en Chile, la Unidad Popular ha mostra-do
ser creativa en este espacio intermedio entre el movimiento social y la acción
polític,a y ese fue el caso también de las guerrillas urbanas de la Argentina y
de Uruguay. Hoy en día, aunque el sistema soviético leninista haya
desapareci-do, se observa en América Latina un resurgir de vías entre las
reivindicaciones sociales y los proyectos políticos. Podemos llegar incluso a
pensar que es la globalización que impuso o im-pulsó este giro al que le doy
tanta importancia. Los movimientos sociales, todavía débiles en los países
insuficientemente industrializados, se han reforzado por la globalización, que
ha crea-do en su centro nuevos imperios políticos o re-ligiosos que han puesto
en entredicho el orden económico mundial que, como he precisado, ha debilitado
los poderes locales y regionales, y en consecuencia ha fortalecido la creación
y el po-
Prólogo | Alain Touraine 37
der de estos movimientos sociales y políticos. Es por ello que
hay que dar especial importancia al caso boliviano, como lo hace naturalmente
Fernando Calderón, ya que es en ese país donde se ha formado el movimiento
katarista, al mis-mo tiempo aymara y campesino u obrero, que ha desembocado en
el reconocimiento de varias nacionalidades dentro de la nación boliviana. La
gran reforma constitucional de Evo Morales está considerada dentro del
continente como uno de los acontecimientos más importantes de su historia
social.
Me gustaría desarrollar la mayoría de las ob-servaciones y de
los análisis que acabo de presentar, si bien no escribo este texto para
defender ideas o propuestas personales. Lo he escrito por dos motivos
igualmente impor-tantes, independientemente de mis opiniones personales. El
primero es porque en América Latina, como en el resto del mundo, sólo tie-nen
el poder de palabra los jefes de Estado o los economistas con influencias sobre
las ins-tituciones financieras internacionales. Frente a estos, los ciudadanos
no tienen ninguna po-sibilidad de llamar la atención sobre sus pro-blemas y
proyectos. El mundo de hoy no oye la voz de los grandes movimientos
reivindica-tivos y contestatarios, ni la de los intelectuales que buscan
entender el significado de las pala-
bras poder y dependencia. Hacía tiempo que el monopolio de la
palabra y del poder de acción no habían estado tan controlados por los que el
movimiento americano Occupy llama el 1% de la población, formado por los más
ricos y los más cercanos al poder, y por aquellos que llamamos los
comunicantes, cuya función es la de hacer pasar el mensaje de los poderosos y
no las protestas ni los proyectos de aquellos y aquellas que no tienen ningún
medio directo de acción sobre las decisiones importantes. Esta especie de
representación teatral tiene un tras-fondo impresionante y hace uso de todo
tipo de técnicas, especialmente en materia de imagen y sonido para mantener la
atención del públi-co. Sin embargo, lo que no se ve ni se escucha en este
espectáculo es la voz humana. No se escucha más a la esperanza que a la cólera,
a la denuncia que a la solidaridad.
Las ciencias humanas no pueden darse por satisfechas con los
modelos de explicación y de gestión dominantes, que reducen las con-ductas
humanas a la pura búsqueda racional del interés propio. Hace falta, por encima
de todo, tratar al ser humano como creador de verdad, de justicia y de ideales.
La crítica más severa que se le puede hacer a nuestras
sociedades, instituciones y prácticas es que, en lugar de representar las voces
huma-
38 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
nas, nos impiden escucharlas. Es por ello que, en lugar de
debatir sobre proyectos de refor-mas limitadas y hasta improbables, nuestro
pri-mer objetivo sería hacer escuchar y compren-der los mensajes urgentes y lo
más generales que intentan transmitir aquellos que no tienen la capacidad de
ser escuchados.
Es por eso que Fernando Calderón, primero en la línea en América
Latina, y gracias a un tra-bajo inmenso, una pasión activa por la verdad y
rodeado de amigos y de discípulos ha logrado hacer escuchar las voces de la
verdad y de la justicia en todo el continente, que yo me esfuer-zo por hacer
escuchar mejor su voz, participan-do en el trabajo colectivo que él ha
dirigido.
A la hora de concluir debemos volver a la prioridad de un
análisis global sobre los análi-sis regionales o nacionales. ¿Cuál es entonces
la característica común de la acción colectiva de estas sociedades que han
dejado atrás la so-ciedad industrial, a la vez por la importancia de las
comunicaciones y del poder que ejercen so-bre la gente así como por el éxito
masivo de la globalización? La respuesta a esta pregunta tan general no puede
ser presentada como lo hicie-ron hace un siglo las teorías y las prácticas
le-ninistas que pusieron en el centro del debate la cuestión de la
contradicción –y por ende de la eliminación por la movilización social y por la
guerra civil de la potencia destructora capita-lista– centrada
en la propiedad y en el poder de las minorías dirigentes. Tenemos por lo tanto
que obrar con osadía intelectual y luchar con-tra esta idea, motor de las
contradicciones de la historia. La tarea de los movimientos revo-lucionarios
consistió en destruir las contradic-ciones creadas por el capitalismo y el
imperia-lismo occidental. Al contrario, la de los nuevos movimientos sociales
que se crearon en contra de los regímenes comunistas totalitarios y las
dictaduras nacionalistas fue y será cada vez más crear un espacio para la
libertad y la dig-nidad humana, es decir para la afirmación de derechos humanos
fundamentales. Tras la lla-mada a la violencia liberadora, sigue una exi-gencia
de libertad y de dignidad que se opone a todas las formas de humillación, en
particular a la supresión de la libertad y de los derechos por un partido o por
un dirigente todopoderoso. A lo largo de todo el siglo XX hemos observado la
denuncia y condena de todos los actores socia-les: debían ser destruidos para
que pueda pasar el tren de la historia y de la racionalidad. Tras un largo
periodo de confusión y de impotencia escuchamos formarse un lenguaje opuesto,
el del respeto de los derechos y a la dignidad. Ya no creemos que la violencia
libere, entendimos que, por el contrario, ésta reemplaza a los po-
Prólogo | Alain Touraine 39
deres seniles por el poder de nuevos dirigentes más jóvenes y
más brutales que llevan consi-go en todas partes la guerra y la muerte. Este
cambio general de perspectiva que, como indi-co aquí, no es exclusivo de
América Latina, se nutre de las formas particulares que correspon-den a la
situación económica y social del con-tinente, primeramente de la importancia de
las desigualdades sociales que se han constituido y en segundo lugar de la
debilidad y a menudo de la corrupción de sus Estados.
Pero sería subestimar el trabajo de Fernan-do Calderón limitar
sus estudios de América Latina a ese cuadro geográfico y político. Es por ello
que juzgo necesario para cerrar el aná-lisis sobre la América Latina actual
recordar el significado más general de los trabajos de Fernando Calderón. Es
todavía más necesario recordar que una gran parte de sus trabajos se inscriben
dentro del PNUD y por tanto direc-tamente en la zona de influencia
internacional principal del pensamiento de Amartya Sen, excelente economista y
aún mejor sociólogo. Fernando Calderón ha trabajado también en estrecha
asociación con Manuel Castells, que ha tenido un papel fundamental en la
defini-ción de nuestras sociedades como sistemas de información y de
comunicación, y en el ámbi-to de las formas de acción política, como las
sociedades de redes. Todos los que, como yo mismo, han querido
construir una sociología de actores y movimientos sociales que debe-ría
substituirse a una sociología de sistemas y de sus crisis, encuentran en las
obras ya men-cionadas, como las de Fernando Calderón, las creaciones
intelectuales más importantes de este período de mutaciones sociales y de
rena-cimiento del pensamiento político. Éstas debe-rían ser reconocidas como
partícipes de un ver-dadero cambio en la interpretación, utilizando la palabra
que prefiero, de la vida social, es de-cir de la transformación de las
prácticas de las sociedades contemporáneas que pasan de una sociedad industrial
a un tipo de sociedad don-de la principal fuerza de transformación es la
capacidad y la voluntad de actuar, de crear y de liberarse. La obra de Fernando
Calderón es una de las contribuciones más importantes del pen-samiento
latinoamericano sobre la mutación que nos hace pasar de una cultura intelectual
de la sociedad industrial a una más actual, y es por ello que le doy tanta
importancia y por lo que considero necesario recordar la naturaleza general de
esta mutación del pensamiento so-cial antes de tratar los aspectos particulares
de América Latina.
En América Latina, como en otras partes, sen-timos ya aquel
viento del oeste, pero constata-
40 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
mos también el aumento de las desigualdades: los híper-ricos que
remplazan a los ricos, así como las masacres en masa y la destrucción de las
minorías. Tenemos una sólida confianza en los objetivos de creación y de
liberación que se refuerzan, pero a los que debemos añadir la voluntad de
liberación que debería ser domi-nante, la resistencia a la seducción del dinero
y del placer, a la invasión de la política por la corrupción y el clientelismo
y a la exclusión y el encierro de los más débiles. A la visión po-sitiva y
entusiasta, a la búsqueda de libertad y de dignidad debemos sumarle el coraje
necesa-rio para destruir los privilegios, las mentiras y las ilusiones. Es este
lado oscuro que debemos buscar y encontrar en América Latina, como siendo el
revés de la acción para la libertad.
En estos inmensos imperios, nuevos amos han impuesto su poder
bárbaro en nombre de los sufrimientos de las víctimas de los anti-guos amos y
de todas las fuerzas de liberación que habían acabado con estos últimos,
mien-tras que triunfan los servidores y los espías de los nuevos amos. En
América Latina no son los trabajadores de las grandes propiedades como las
industrias los que han tomado el po-der. Los nuevos dirigentes se han
convertido rápidamente en nuevos ricos, han creado nue-vas burocracias y tribunales
contra los que
son una amenaza para ellos pero el continente no se envolvió con
las mentiras de los nuevos poderes. Los sem terra del Brasil siguen sien-do
pobres y las desigualdades económicas y culturales siguen siendo inmensas,
tanto en Cuba como en México y en Chile. Los latinoa-mericanos de hoy y de
mañana tienen todavía el deber de defender su dignidad ultrajada, sus
identidades despreciadas y sus regiones reducidas a migraciones forzadas.
Porque la violencia se quedó muchas veces en manos de los que siempre ejercieron
el poder, los movimientos populares, impulsados por una juventud que ahora está
educada, deben ser capaces de combinar la afirmación y la pro-tección de los
derechos de la mayoría con la destrucción de los privilegios y la reducción de
las desigualdades.
Durante mucho tiempo la política del conti-nente ha servido a
las clases medias en ascenso social para mantener la masa de trabajadores en la
pobreza y hasta en la miseria. Ésta debe mantener unido lo que durante tanto
tiempo ha sido considerado contradictorio: la libertad y la igualdad, la
pluralidad de creencias y opiniones con el respeto de los derechos
fundamentales, es decir universales. Esperamos de América Latina que muestre al
mundo cómo los movi-mientos de liberación social y cultural pueden
Prólogo | Alain Touraine 41
sobreponerse a los partidos obsesionados por la conquista del
poder, para que los trabajado-res protegidos sean también ciudadanos libres.
Porque América Latina es todavía un continen-te de desigualdades extremas, debe
tener el va-lor de combatir al mismo tiempo a sus antiguos amos y a aquellos
que la dominan en nombre de un mundo unido y abierto. Tal opción no está
asegurada; podemos temer, al contrario, que el mantenimiento en varios países
de una con-cepción de la política exclusivamente redistri-butiva, en lugar de
una gestión de incremento de los recursos, conduzca a un nuevo periodo difícil
que vigorice las fuerzas más conserva-doras o incluso las más autoritarias. Los
soció-logos fueron siempre muy críticos con lo que se llamó el populismo, y más
corrientemente en América Latina, los movimientos naciona-les populares. Los
que adoptaron esta actitud que apruebo, como ya lo dije, pueden basarse en su
realismo y su sabiduría para insistir hoy en la necesidad de reforzar acciones
contra la desigualdad y la injusticia. No habría nada más peligroso que
sacrificar la idea del desarrollo sostenible por la presión de unos intereses
puramente económicos y cortoplacistas; pero nada sería más peligroso que
considerar que el desarrollo económico traerá por si solo la jus-ticia social.
La situación en la que se encuentra el mundo intenta imponernos
una visión de la vida social que corresponde todavía a la hegemonía de las
fuerzas económicas y las políticas dominantes. La función principal de las
ciencias sociales, como lo muestra claramente la obra de Fer-nando Calderón, es
que éstas se introducen en nuestra visión, y por ende en nuestros actos, de
manera directa o indirecta, el conocimiento de las nuevas demandas, de las
nuevas fuerzas que ponen en marcha las demandas de digni-dad, la libertad y la
creatividad que caracteri-zan al mundo de hoy.
Esta observación se aplica a Europa y a los Estados Unidos, pero
tiene una importancia particular en América Latina. En primer lugar porque
órdenes violentos y represivos se insta-laron en vastas partes del mundo,
mientras que en toda América Latina, dirigentes y dominados se encuentran en
una época de debilidad rela-tiva y en consecuencia de cambio probable de las
relaciones de poder. Mantengo la idea, es-pecialmente cuando se trata de
América Latina pero también en Europa o América del Norte –y más indirectamente
en el mundo chino– de la necesidad de construir una nueva visión de los
movimientos sociales, que ya no estén organi-zados alrededor de problemas de la
producción sino alrededor de lo que yo llamo, junto a algu-
42 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
nos otros, la subjetivación, es decir la llamada de grupos
humanos particulares a los derechos humanos fundamentales, universales.
Entra-mos en un mundo que ya no está dominado por los problemas económicos pero
sí por los cul-turales, es decir, ante todo, por los problemas de derechos
humanos. Es cierto que todavía vemos formarse aquí y allá movimientos socia-les
o políticos que llaman a modelos antiguos, que a menudo llamamos
revolucionarios. Pero ya hemos visto tanto en América Latina como en Europa o
en el Medio Oriente el fracaso o la transformación en violencia extrema de
estos movimientos que no quieren seguir más lógica que la de la destrucción de
las fuerzas que con-sideran destructivas. Tenemos al contrario la necesidad
urgente de descubrir en los actores presentes la llamada a la libertad y a la
dignidad de todos. Como ya lo he indicado, la transfor-mación más profunda es
la que consigue reem-plazar un pensamiento de las contradicciones del sistema
capitalista por la afirmación de nuevos objetivos de libertad y de afirmación
de los derechos universales del ser humano: no de-jaré de repetirlo. Esta
transformación permite a los actores sociales contestatarios liberarse de su
sumisión a los nuevos dirigentes políti-cos, y por tanto de someter a la política
misma a exigencias éticas en vez de a una estrategia
de conquista del poder. Es lo que deberíamos traducir en el
lenguaje del pensamiento social como el paso de una sociedad de clases
defini-da en términos económicos a sociedades defini-das como conjuntos de
sujetos humanos y cuya reivindicación fundamental es la defensa de la libertad
y de la dignidad contra cualquier forma de humillación y de dependencia.
Es aquí, en la definición de las orientaciones fundamentales de
los actores sociales, que hay que subrayar con mucha insistencia la natura-leza
de los actores que aparecen en todas las partes del mundo. Indudablemente ya no
po-demos recurrir a nociones que convenían a las sociedades preindustriales,
como lo hacen to-davía demasiado a menudo los franceses que están apegados al
tema de la República que es característico de una país todavía poco
in-dustrializado y comprometido con una lucha propiamente política contra la
Iglesia católica más que las transformaciones sociales lidera-das por un
sindicalismo de clase. Una visión que corresponde a la situación de Francia a
finales del siglo XIX pero sin duda no a lo que transformó ese país, como atoda
la Europa occidental después de la Primera Guerra Mun-dial. No podemos sin
embargo seguir anclados a las categorías de la época industrial, por muy
importantes que hayan sido tanto para el or-
Prólogo | Alain Touraine 43
den político como para el orden económico. Debemos, al mismo
tiempo que pasemos de un análisis nacional a uno global, comprender y valorar
el paso de una acción dominada por categorías económicas a acciones dominadas
por los problemas de la cultura y más preci-samente de la consciencia de uno
mismo. Lo que hace referencia por un lado a lo que acabo de decir sobre la
importancia de los derechos humanos fundamentales pero que nos obliga también a
considerar con mayor atención lo que ocurre en las categorías más excluidas,
explotadas y perseguidas. Sin olvidar la nue-va importancia de los medios que
fabrican la opinión al mismo tiempo que la analizan y la miden. El ejemplo de
los Estados Unidos debe instruirnos. La campaña de Donald Trump no era
concebible ayer en ningún país occidental, ni siquiera en América Latina. Hoy
en día sec-ciones enteras de todas las sociedades se de-rrumban, ya sea en la
riqueza o en la exclusión y la pobreza o en la incertidumbre o la angustia
frente a las amenazas exteriores en el caso de las clases medias que, no hace
mucho tiempo atrás, fueron el impulso de los movimientos to-
talitarios más peligrosos. Este cambio de pers-pectiva es
particularmente importante para las ciencias sociales en América Latina porque
han sido al mismo tiempo destruidas por visio-nes puramente económicas de las
situaciones nacionales y también por formas más o menos extremas o incluso
caricaturales de las catego-rías de la época de las revoluciones industria-les.
Finalmente, cómo no otorgar a las ciencias sociales en América Latina la
importancia que merecen por los temas que tratan y por la ca-lidad de sus
propios trabajos cuando en ese continente, como en los otros, las fuerzas más
potentes tienden a eliminarlas para tratar a los grupos humanos como simples
masas de con-sumidores manipulables.
Quiero ver en esta publicación importante de las obras de
Fernando Calderón una señal importante de la renovación de las ciencias
so-ciales que no se puede separar de la defensa de la democracia, que en ese
continente ha estado siempre expuesta a la violencia de las reaccio-nes
autocráticas o militares. La renovación de las ciencias sociales es una
protección necesa-ria para las democracias siempre en peligro.
“Ahora mismo hablaba
de mi conmigo, y ponía
sobre un pequeño libro un pan tremendo”
Cesar Vallejo, “Ello es el lugar donde me
pongo” en Poemas humanos, 1939.
Primera Parte
Política y desarrollo
Navegar contra el viento…
O las perspectivas de América Latina
en la era de la información*
¿Tendrán chances los diversos y desigua-les procesos de
desarrollo en curso en la región,de lograr transformar los logros y
limi-taciones experimentados en la última década en fuerzas que les permitan
sortear con éxito la crisis y las trasformaciones del capitalismo global y así
expandir e innovar dinámicas de un desarrollo humano de carácter cada vez más
autónomo, incluyente e informacional? ¿Qué condiciones políticas e
institucionales existen para promover y expandir un desarro-llo humano
informacional? ¿Qué actores pue-den impulsarlo y cómo pueden construir re-
El presente texto se basa
en el libro América Lati-na en la era de la información (dos tomos) 2016
(Bue-nos Aires: UNSAM). Este presenta estudios de caso de Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Nicaragua, Panamá, Venezuela y Uruguay,
coordinados por Calderón desde la UNSAM. Además, presenta reflexiones teóricas
sobre la temática, con la participación de Manuel Castells.
gímenes democráticos legítimos y efectivos? En síntesis, ¿cuál
es el nuevo sentido posible del desarrollo?
Para tratar de responder estas preguntas se realizaron 11
estudios nacionales, además de compartir y discutir un mapa cognitivo de la
problemática; se impulsaron cuatro temas de investigación íntimamente
vinculados tan-to por la capacidad de acción de los actores del desarrollo como
por las condiciones es-tructurales y los procesos históricos particu-lares de
cada país. Se estudió las dinámicas del desarrollo económico y su articulación
con el desarrollo humano, por una parte, y se vinculó ambos tipos de desarrollo
con las transformaciones tecno-informacionales y culturales que experimentó
cada país. Asi-mismo, se asumió que la fuerza de las diver-sas orientaciones
políticas y los conflictos socioculturales en cada uno de ellos organi-zaron
las matrices de desarrollo menciona-
50 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
das. El estudio no alcanzó todos los casos latinoamericanos y
del Caribe que ameritan semejante pretensión, pero se avanzó hacia un panorama
relativamente representativo, por cierto incompleto.
Perspectivas conceptuales
La experiencia de la investigación descansóen la críticade tres
perspectivas conceptuales so-bre la política, el desarrollo y la cultura.
La primera perspectiva está vinculada a las teorías
estructurales de desarrollo impulsa-das por la CEPAL y muy particularmente por
los trabajos de Prebisch y Medina Echavarría. En Hacia una teoría de la
transformación, Presbisch no solo realiza una crítica al capita-lismo
periférico sino que también plantea las limitaciones de la ortodoxia neoclásica
para interpretar la realidad y para impulsar políticas viables para el
desarrollo. Enfatiza a lo largo de su obra conceptos clave como “progreso
téc-nico”, “patrones de demanda”, “intercambios desiguales” y “particularidades
del capitalismo latinoamericano”. (Martin Puchet et al: 2016) en su estudio
sobre el caso mexicano hace un balance crítico de esta perspectiva económica de
desarrollo.
Por su parte, Medina Echavarría planteó la cuestión de las
condiciones sociológicas del de-sarrollo económico. Las necesarias conexiones
entre el tipo de institucionalidad y el modelo de desarrollo suponen actores
con capacidad de construir una relación fecunda entre ambas di-námicas. Con
Medina se inicia la Escuela de la Sociología política del desarrollo, que más
ade-lante será desarrollada por variados autores en la región como E. Faletto,
F.H. Cardoso (parti-cularmente su libro Dependencia y desarrollo económico:
2010), A.Gurrieri,J.C. Torrez, J.L. Reyna, Fonseca, entre otrospertenecientes a
toda una generación de sociólogos latinoameri-canos. Para Medina una ética del
desarrollo su-pone a la vez una responsabilidad compartida y una cierta ética
del consumo. Precisamente aquí descansa una de las limitaciones crónicas más
importantes de la región: la debilidad de las elites dirigentes para impulsar
regímenes democráticos que puedan consolidar un desa-rrollo socialmente
incluyente.
La idea movilizadora del desarrollismo cepa-linosupone un
desarrollo “desde dentro” a par-tir de iniciativas de Estado, hacia una
industria-lización sustitutiva y hacia una modernización socialmente
incluyente. Esta perspectiva sigue constituyendo un referente importante para
comprender las nuevas opciones de desarrollo
Navegar contra el viento… 51
en los países de la región. “Vivir con lo nues-tro”, lo denomina
hoy Aldo Ferrer.
En las décadas de los 80 y los 90, los tra-bajos de Fernando
Fajnzylber reactualiza-ron este enfoque estructural de desarrollo, esta vez en
base a una referencia compara-tiva con el sudeste asiático. Su artículo “Del
hueco negro al casillero vacio” fue germinal. Las tesis sobre la Transformación
Productiva con Equidad (TPE) y sobre el papel estraté-gico de la educación y el
conocimiento en la misma TPE empezaron a colocar la gramática del
estructuralismo en la temática de la glo-balización y el informacionalismo. Sin
equi-dad no es posible un desarrollo competitivo y sostenible, argumenta el
enfoque, que una vez más descansa en el progreso técnico y en la educación y el
conocimiento como lla-ves para vivir tiempos modernos. Incluso la CEPAL
promovió un enfoque cultural del desarrollo que planteaba terminar con una
cultura de “negación del otro” y con arcanas estructuras de estratificación de
clase de ori-gen colonial o neo colonial, tan arraigadas en nuestras
sociedades. Se buscó poner acento en asumir un tejido intercultural propio de
las identidades múltiples y dinámicas de la región, promoviendo asimismo una
ciudada-nía activa como principal garantía de la TPE.
Desgraciadamente los aspectos políticos de la TPE no pudieron
estudiarse por barreras y circunstancias políticas limitativas que vivía la
institución y la región. Ya eran los tiempos reinantes del neoliberalismo.
La segunda perspectiva está asociada a los informes sobre
desarrollo humano y política producidos sobre todo en Latinoamérica e
in-fluenciados por la perspectiva conceptual de AmartyaSen y MabulUlHaq. Ambos,
además de promover un enfoque interdisciplinario y empírico del desarrollo,
impulsaron una visión holística, critica, empírica y normativa del mis-mo, en
el que la gente es el objeto y el sujeto del desarrollo.
Los conceptos de “libertad real”, “capacida-des” y
“funcionamientos” son centrales en el pensamiento de Sen, así como los de
“libertad cultural” y “agencia”. Ellos son referencias im-portantes del enfoque
del estudio. Para Sen el desarrollo supone mayor libertad. Su principal aporte
fue vincular la idea de libertad con la idea de capacidad. Ser libre de tener
hambre, de pasar enfermedades, de ausencia de cono-cimiento, de poder hablar en
público, ser par-te de relaciones sociales. De no tener pajcha, se diría en
Cochabamba. En quechua, pajcha significa pobreza, que se comprende como no
tener amigos, no tener lazo social; es de-
52 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
cir, la pobreza está asociada a lo subjetivo, a los vínculos
sociales y familiares y no solo a lo económico. Ser libre entonces, para
desa-rrollar las capacidades y elegir el tipo de vida que se sueña vivir y
además tener el derecho a cambiar. Ser parte de colectividades, en nues-tro
enfoque, por elección personal y optar por lógicas individuales como resultado
de delibe-raciones colectivas.
Aquí vale la pena resaltar la importancia crucial que le da Sen
a la relación entre cultura y desarrollo. Para él las conexiones son múl-tiples
e insoslayables. La cultura, argumenta, es constitutiva del desarrollo,
influencia en el comportamiento económico y produce remu-neración. Está
asociada con la participación política y la solidaridad social y es
fundamen-tal en la formación de valores(Sen, 2004). En breve, es lo que le da
sentido al desarrollo y a la vida misma. Por eso, en sociedades multicul-turales
como las nuestras resulta fundamental fortalecer la idea de interculturalidad y
la con-vivencia entre distintos con planos comunes de igualdad. Y esto está
directamente asociado con el tema del conflicto, el poder y el cambio. Temas
que ninguno de estos autores trabajó directamente y que para nosotros están en
el centro de las disputas por el tipo de desarrollo que se busca.
Precisamente, la tercera perspectiva ana-lítica está ligada a
Alain Touraine y Manuel Castells,dos intelectuales que trabajan esta cuestión
−e históricamente han estado vin-culados al pensamiento del desarrollo en la
región−, y a sus teorías de la acción y del poder que elaboraron desde
distintos án-gulos. En el libro La palabra y la sangre (no traducido del
francés al español sino escrito en español en América Latina y lue-go traducido
al francés), Touraine elabora un balance fundamental para entender los modos de
desarrollo y los cambios socio-políticos en Latinoamérica. Allí, las formas de
poder en el proceso histórico del desa-rrollo están directamente asociadas con
las orientaciones y las prácticas de los actores y el Estado. El concepto de
campo de his-toricidad resultacrucial para comprender la dinámica del conflicto
y el cambio en la actualidad(Touraine: 1973). Su penúltimo texto,Le fin de
sociétés (El fin de las socie-dades), plantea que la ética es el último
re-curso fundacional de un proyecto emancipa-torio frente a una crisis
multiglobal impues-ta por las dinámicas anti-éticas del capital financiero
trasnacional.
Por otra parte, el peso de los tres tomos de La era de la
información(1999)de Manuel
Navegar contra el viento… 53
Castells y, más recientemente, de su libro Co-municación y poder
(2009), fue crucial para la estructuración conceptual y analítica a lo largo
del estudio. La discusión y los seminarios dedi-cados a estas obras fueron
permanentes, pues nos permitían vincular en la globalización, la situación y
las posibilidades de un desarrollo humano informacional en Latinoamérica, y con
ello repensar las preguntas que nos hicimos al inicio del estudio.
En este ámbito, hay dos referencias analíti-cas que deseo
particularmente destacar y que constituyen en realidad antecedentes directos de
nuestro estudio. Por una parte, la discusión que tuvimos a inicios del presente
siglo con un grupo de investigadores de la región sobre el sentido que tenían
para Latinoamérica los cambios en la economía y la política global, tomando
como referencia los tres tomos men-cionados de Castells. El resultado fue un
diálo-go con él y un libro que se organizó sobre una pregunta acerca de si era
sostenible la globali-zación en América Latina (Calderón, 2003). Eran los
tiempos del fin del proceso neoliberal. Hoy habría que preguntarse, una vez
más, si las experiencias neodesarrollistas son soste-nibles frente a las
necesidades de innovación y desarrollo y a los conflictos de poder en un
momento de crisis global generalizada y bajo-
profundos cambios en los escenarios geopolí-ticos mundiales.
Por otra parte, un estudio sobre los modos de desarrollo en la
era de la información, coor-dinado por (Manuel Castells y PekkaHima-nen,2015),
que analiza casos paradigmáticos -China, Sudáfrica, el Silicón Valley en
Estados Unidos, Finlandia y Chile y Costa Rica-, ade-más de un conjunto de
trabajos teóricos sobre el tema, no solo fueron una referencia para nuestro
trabajo sino en alguna medida una con-tinuación de esa aventura.
Conceptualmente hay tres cuestiones que se trató de conjugar en
el presente estudio: el papel central del conflicto social y del poder en el
desarrollo humano, el carácter condicionan-te del desarrollo informacional y el
rol central que juega en ellos la idea cultural de una vida digna.La vida digna
se interpretó como la in-divisibilidad de los derechos humanos y como
fundamento de la libertad y la justicia y en consecuencia del desarrollo
humano. La digni-dad fundamenta la misma idea de libertad real. Ella sería un
sustento de los valores de vida, por lo tanto de sostenibilidad intercultural
del desarrollo. Una hipótesis es que las actuales protestas y movimientos
socioculturales que suceden más o menos a nivel global, al buscar un nuevo
sentido de la política para solucionar
54 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
sus problemas de vida, estarían colocando en el centro del
desarrollo una demanda de dig-nidad y redefiniendo así el campo histórico de lo
posible.
En este ámbito, la idea de innovación es mul-tidimensional y se
refiere a la capacidad crea-tiva de los actores individuales y colectivos en
los distintos aspectos del desarrollo humano informacional, pero a partir de su
constitución esencialmente multicultural.
Como mencionamos en las notas teóricas del libro, el desarrollo
informacional es un proceso de desarrollo que se corresponde con una lógica de
acumulación capitalista una vez que el modelo de desarrollo industrialista
pre-vio entró en crisis. No se trata de la emergen-cia natural o necesaria en
una línea de evolu-ción de las sociedades y sus economías, sino de un “modelo”
que pudo construirse dadas ciertas circunstancias históricas -económi-cas,
políticas, culturales, tecnológicas- espe-cíficas. Cabalmente la disputa, con
todas sus variaciones, por las orientaciones del infor-macionalismo en el
período analizado entre orientaciones “neoliberales” y “neodesarro-llistas”
constituye el campo de historicidad de la época actual.
Vale la pena retomar algunas referencias conceptuales:
El desarrollo informacional motorizó los procesos de
globalización y éstos, a su vez, lo impulsan. El desarrollo informacional se
basa en la producción e interconexión de empresas, personas y organizaciones en
redes que tienen la particularidad de poder actuar en tiempo real desde
cualquier lugar conectado del planeta. Se basa en el uso de las tecnologías de
información y comunica-ción, sin las cuales sería imposible el desa-rrollo
moderno.
No reemplazó al modelo de desarrollo indus-trial, sino que lo
incorporó progresivamente a su lógica. Hoy los procesos de industrialización en
América Latina, para ser sostenibles nece-sitan integrase a la dinámica
informacional. Y ahí precisamente anida uno de los nudos de la cuestión del
desarrollo actual.
Por otro lado, innovar, como argumenta Cas-tells, implica
agregar un nuevo valor a un pro-ducto o servicio o al proceso de producción,
consumo y/o distribución del mismo. La posi-bilidad de generar un nuevo valor
se vincula con la capacidad creativa, que es la fuente que produce nuevo
conocimiento. Aquí radicaría uno de los elementos fundamentales en la
ac-tualización del enfoque de desarrollo humano. La expansión de las
capacidades creativas en el informacionalismo y en sus múltiples dimen-
Navegar contra el viento… 55
siones son las que permiten impulsar un nuevo tipo de desarrollo
humano: el desarrollo huma-no informacional.
La innovación, entonces, no sólo es tecno-lógica; ella se
produce a nivel social, organi-zacional y particularmente cultural. La
innova-ción se vincula, además, a las capacidades so-ciales, culturales,
educacionales, de agencia, de los actores individuales y colectivos, por lo que
resulta fundamental el contexto (polí-tico, institucional, tecnológico,
económico, ecológico, cultural, etc.) en el que la creati-vidad individual y
social se desarrolla, como también la expansión y el manejo de los códi-gos de
modernidad en el sentido elaborado en el textoEducación y conocimiento: eje de
la de la TPE, como de los códigos del informa-cionalismo tratados en las notas
teóricas del libro de permitió esta síntesis y que se refieren a poder navegar
con creatividad los conflictos en las redes.
Asimismo, como la comunicación es central en los procesos
creativos, se vuelve un aspecto clave en las posibilidades de generar
innova-ción en los distintos ámbitos. Y ello tanto en los resultados de dichos
procesos como en los procesos en sí mismos. Sin embargo es en el plano de la
multiculturalidad donde la innova-ción cobra sentido. Un nuevo modo de vida po-
sible y deseable centrado en la dignidad de las personas sería
el que crearía otro tipo de desa-rrollo. Lo que lógicamente vuelve a colocar a
las orientaciones culturales de los actores en el centro de los conflictos de
poder y de creativi-dad humana.
En breve, el triángulo de interacciones en-tre producción
material, bienestar social y organización sociocultural sería el núcleo que
produce desarrollo. Como afirman Castells y Himanen(2014): “La competitividad
de los te-rritorios y firmas pasó a depender fuertemen-te de su habilidad para
seguir las reglas de la economía informacional: creación de valor transformando
información en conocimiento, y luego aplicación del conocimiento a todas las
tareas a ser ejecutadas sobre la base de la capacidad tecnológica y humana
incorporada en el sistema” (p. 29). Se daría una suerte de sinergia entre
informacionalismo y productivi-dad entre países, regiones y firmas, bajo dos
condiciones: cambio organizacional bajo la forma de redes y mejora de la
calidad del tra-bajo humano sobre la base de la educación y la calidad de vida.
Sin embargo este informacio-nalismo se subordinó a un capitalismo finan-ciero
dominante que llevó a la crisis mundial actual y con ello a una crisis
multicultural que redefine el orden y las posibilidades de desa-
56 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
rrollo en la globalización. Este ha sido preci-samente la
coyuntura histórica del estudio que aquí se sintetiza.
Tendencias generales
Inicialmente, se rescata la idea de que en la región las
dinámicas del desarrollo son con-secuencia tanto de los cambios globales en la
era de la información como de conflictos sociales y de orientaciones políticas
deter-minadas. La democracia de ciudadanía sería una condición necesaria del
desarrollo y de la misma reinvención política de la sociedad y sus actores. Se
entiende el desarrollo humano como la conflictiva construcción no de una
so-ciedad perfecta, sino de una sociedad mejor, donde el bienestar conviva con
la dignidad de las personas y las colectividades, y se postula un desarrollo
humano innovador en los distin-tos componentes del desarrollo: competitivi-dad,
sostenibilidad, equidad, institucionalidad e interculturalidad, centrados en la
capacidad de creación y agencia de la misma sociedad, donde la cultura y sus
actores constituyen la mejor energía para avanzar en una sociedad de bienestar
digna.
Orientaciones políticas
diversas. Co-existen en la última década, foco del análi-sis realizado,
orientaciones políticas diver-sas y cambiantes, que van desde opciones de
modernización conservadora, como en el caso de Colombia y Panamá −donde el
desarrollo y el cambio informacional son sobre todo el resultado de la fuerza
del mercado y de valores tradicionales de con-servación de un patrimonio
nacional de las elites en el poder−, hasta orientaciones de neodesarrollismo
comunitario o indígena en Bolivia, donde se busca conjugar lógicas entre un
nuevo poder estatal como eje del desarrollo y la innovación y lógicas
comu-nitarias de pueblos originarios de los An-des y la Amazonía, combinación
por cierto alimentada por conflictos y visiones a me-nudo distintas y a veces
contrapuestas.
Entre ambos extremos se desarrollan una serie de combinaciones
particulares de opciones de reformismo práctico de ca-rácter neodesarrollista y
con fuertes ras-gos nacional-populares como Venezuela, Nicaragua y, de manera
más atenuada, en Argentina y Brasil. También encontramos otras combinaciones de
reformismo prácti-co, de tipo socialdemócrata, que gestionan modelos liberales
como en Chile, Costa
Navegar contra el viento… 57
Rica y en cierta medida Uruguay. Cierta-mente, las orientaciones
políticas han cam-biado en varios casos y los énfasis políticos también. Por
otro lado, es posible recono-cer una tendencia de recesión económica con fuerte
impacto político y social, sobre todo asociada con los precios de las mate-rias
primas de exportación, pero también con el incremento de problemas
institucio-nales y de carácter ético en el conjunto de las orientaciones
políticas del desarrollo estudiadas, que debilitan o dificultan los in-tereses
de las orientaciones mencionadas, además de otros factores claves para supe-rar
barreras y lograr un desarrollo humano informacional incluyente y, sobre todo,
pa-raenfrentar una multicrisis producida por un capitalismo financiero global
que deses-tructura sociedades y regímenes democrá-ticos en todas partes del
mundo.
Los niveles de desarrollo
económico en la región son desiguales como tam-bién los indicadores del
desarrollo huma-no (ver Nota 1). Asimismo, los límites de un desarrollo
informacional son evidentes y generalizados en todas las sociedades y economías
de la región.Sin embargo, la re-gión logró avanzar en la consolidación de un
régimen democrático (los niveles de
legitimidad de la democracia electoral son altos), crecer de
manera sostenida en la última década, mejorar los indicadores de pobreza e
incluso disminuir la desigualdad. No fueron pocos los logros de integración
social, sobre todo bajo las orientaciones neodesarrollistas, y el Estado
recuperó, li-mitadamente, un papel activo en la gestión del desarrollo y la
política(Ver Notas 2, 3 y 4.)Los avances en varios casos de una democracia
participativa y de una mejor convivencia intercultural son evidentes, sin negar
empero las fuertes dificultades en las distintas sociedades para expandir un
pluralismo democrático. En el periodo analizado sobresalen nuevos problemas
vinculados a la vida cotidiana referidos a la inseguridad, la economía
perversa, la co-rrupción, el malestar, la frustración social, la legitimidad
institucional, la contamina-ción ambiental y, sobre todo en algunos países, a
la violación de los derechos hu-manos. También persisten patrones de
des-igualdad territorial y entre campo y ciudad que se han reproducido e
incluso en varios casos amplificado. Todos estos proble-mas son condiciones
duras para cualquier apuesta política democrática que sea reno-vadora del
desarrollo (ver Nota5).
58 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
“Extractivismo
informacional”. Existi-rían avances en la economía tecno-infor-macional, sobre
todo en lo que se denomi-nó preliminarmente como “extractivismo informacional”,
economía extractiva sus-tentada en inversiones novedosas y a ve-ces muy
creativas tecnológicamente para explotar los recursos naturales de
exporta-ción, pero también, en menor medida, de industrias de bienes
secundarios vincula-das al mercado interno, regional o interna-cional. A partir
de esta economía, el Esta-do ha jugado un rol central construyendo en varios
casos una amplia coordinación económica y social, logrando estabilidad en las
cuentas fiscales, inversiones esta-tales amplias y diversificadas, sobre todo
en infraestructura, heterodoxas formas de asociación con nuevos capitales
trans-nacionales para fortalecer tal “extractivis-mo” y complejas ecuaciones
políticas de un nuevo regionalismo latinoamericanis-ta, aunque más político que
económico o socio-cultural.
Redes informacionales de
comunica-ción. La incorporación social al mercado de las TIC es diferenciada a
lo largo de la región, pero constante y creciente, como también lo es la
expansión de industrias y
mercados culturales de comunicación al-tamente monopólicos y de
extraordinario poder cultural, político y económico. El consumo de internet y
otros medios ma-sivos de comunicación tiende a ser gene-ralizado, y es mayor en
a medida que los indicadores de desarrollo humano son más altos. En este
ámbito, el Estado ha jugado un papel fundamental al crear plataformas de uso,
consumo y educación en sistema informacionales de acceso creciente y a veces
priorizando a los sectores más ex-cluidos, como el caso del Plan CEIBAL,
analizado en el caso de Uruguay, y los programas de entrega de computadores
gratuitos en varios países de la región. El Estado mismo se ha modernizado
informa-cionalmente en varios de sus aparatos de gestión burocrática, aunque el
carácter pa-trimonial, corporativo y para-institucional de las relaciones entre
Estado y sociedad sigue siendo central a lo largo y a lo ancho de
Latinoamérica(ver Nota 6).
Bajo desarrollo en
ciencia y tecnología. Las inversiones en ciencia y tecnología son, en general,
muy bajas. Los países con me-nor crecimiento registran aún menor inver-sión en
investigación y más importaciones de alta tecnología y un incremento conside-
Navegar contra el viento… 59
rable del consumo de internet y derivados. El sistema de
innovación es acorde con el patrón y nivel de crecimiento. El resultado es una
baja tasa de inversión en investiga-ción, ciencia y tecnología, y el desarrollo
informacional innovador se canaliza pre-dominantemente hacia la incorporación
de alta tecnología en productos de exporta-ción de origen primario. Sin
embargo, vale la pena subrayar que si bien se ha avanzado en la incorporación
de valor tecnológico local a los productos de exportación, gran parte de este
tipo de contenido continúa siendo importado. Los avances en minería, petróleo,
gas y agricultura han sido extraor-dinarios, pero también hubo una acelerada
destrucción del medioambiente que viene deteriorando la sustentabilidad
ecológica, por cierto muy a menudo afectando terri-torios y lógicas
comunitarias de pueblos originarios en regiones como la Amazonía en Sudamérica
(ver Nota 7).
Concentración, pobreza y
desigualdad. Bajó la pobreza, y también la desigualdad en menor escala, pero se
mantuvieron los niveles de concentración de riqueza. La te-sis de una
complementariedad entre igual-dad y competitividad en el sentido de la TPE supone
que la equidad predispone a la
sostenibilidad de un desarrollo económico siempre y cuando las
capacidades políticas de los actores y el Estado puedan comple-mentar de manera
compleja avances com-binados y pertinentes entre una dinámica y otra. En esta
cuestión, los avances han sido insuficientes pero ya están instalados en el
horizontede las sociedades como tareas pendientes.
El sistema de innovación
es congruen-te con un patrón de crecimiento pre-dominantemente “extrovertido”.
El re-sultado final, sobre todo comparado con el sudeste asiático, es una baja
tasa de inver-sión en investigación y desarrollo. El ingre-so per cápita en
períodos largos no crece y la igualdad en la distribución del ingreso crece
poco. Sin embargo, la disminución de la pobreza, sobre todo la absoluta, ha
sido impresionante prácticamente en toda la re-gión. La cuestión es el tipo, la
cualidad y la sostenibilidad de la inserción de los exclui-dos. Posiblemente
aquí radique uno de los desafíos futuros fundamentales del conjun-to de los
países de la región(ver Nota 8).
Asincronía cultural.
Retomando el con-cepto de “asincronía” de Germani (1966) para explicar los
procesos de cambio esta
60 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
vez a nivel multicultural, es posible con-cluir de los estudios
realizados que los sen-tidos, la dirección y la intensidad del cam-bio cultural
se han complejizado y mues-tran potencialidades de cambio inéditas en la
región. Así, resaltan las experiencias de reconocimiento y construcción
institucio-nal a nivel de las relaciones inter-étnicas y culturales; un ejemplo
en este sentido es Bolivia, donde se creó una nueva Constitu-ción que
transformó el Estado, el sistema político y las lógicas culturales, recono-ciendo
el rol central de los pueblos origi-narios en la conformación del Estado y de
la democracia; asimismo, se impulsaron políticas antidiscriminatorias, pero sin
re-solver la construcción plena y práctica de una interculturalidad plural,
sobre todo en los ámbitos urbanos y en la Amazonía. Es-tos procesos han estado
cruzados por ten-siones y conflictos aun no resueltos, como se destacó en el
estudio del caso boliviano. En el otro extremo están el “modelo de
mo-dernización conservadora” en Colombia y la crisis multicultural mexicana
que, bajo la apariencia de un reconocimiento multicul-tural, finalmente re
significan un modelo mono-cultural históricamente dominante. En medio de estos
casos,existen muy su-
gerentes avances, aunque no suficientes, en la mayoría de los
casos estudiados. En el plano de los derechos humanos se des-tacan logros
institucionales, sobre todo en la Argentina, especialmente en relación a la
memoria y la justicia; en ese mismo país también hubo avances notables en el
re-conocimiento institucional de plenos de-rechos referidos a los migrantes.
Por otro lado, es particularmente notable la búsque-da de construcción de un
proceso de paz en Colombia que posiblemente condicione una apertura democrática
y de cambio en los patrones de desarrollo. Su resultado, sobre todo si es
positivo para la paz, afec-taría no solamente a la región sino a los conflictos
multiculturales a nivel mundial. En el plano de la industria y el mercado
cultural los cambios han sido extraordi-narios en toda la región. Un
relativamente nuevo poder cultural, económico y políti-co de los medios de
comunicación tiende a estar altamente concentrado en todos los países y
constituye además una extraor-dinaria fuerza de la tecno-economía de la
información. Su impacto en el consumo y la vida cotidiana de las personas son
ex-traordinarios. Los sistemas y regímenes políticos predominantes en la región
no
Navegar contra el viento… 61
alcanzan a procesar tal poder, por cierto con dinámicas internas
a menudo con-tradictorias por la presencia de fuerzas y componentes disímiles.
Sin embargo, ellos en gran medida redefinen las agendas po-líticas con sentidos
ambivalentes. O Glo-bo en Brasil, la red Clarín en Argentina o Televisa en
México, son referentes regio-nales y globales. En gran medida su poder está
asociado con la emergencia de una política y un nuevo poder de lo público,
fe-nómeno complementario con el desarrollo de una nueva tecno-sociabilidad que,
entre otros factores, supone no sólo el acceso creciente a los medios de
comunicación masivos vinculados a internet y a la tele-fonía celular, sino muy
particularmente a nuevas formas de acción colectiva e indi-vidual. Como se
mencionó en el estudio La protesta social en América Latina, en su gran mayoría
los conflictos sociales se desplazan para ser gestionados en la red y los
nuevos movimientos socioculturales, como los de estudiantes en Chile en 2011,
en México en 2012 y en Brasil en 2014, ejemplifican la emergencia de una nueva
politicidad, entendida como nuevos senti-dos de la política y como ampliación
del campo de lo posible. El estudio de caso de
la actual situación chilena realizado en el estudio es muy
ilustrativo al respecto.
Desigualdades de género.
Un tema que merece especial interés y que necesita ser estudiado mejor, es el
papel de las relaciones de género en el desarrollo, pues a pesar de importantes
avances en el reconocimiento, la distribución y participación de las muje-res
en el desarrollo en la última década, las situaciones estructurales de
desigualdad persisten y atraviesan al conjunto de los procesos de desarrollo
analizados. El siste-ma patriarcal, tan arraigado en las socieda-des y culturas
latinoamericanas, constituye un límite estructural del desarrollo humano
informacional. Empero, el movimiento fe-minista está buscando redefinir el
espacio público, renovando una democracia más de-liberativa, donde la relación
entre lo público, lo privado, la política y el desarrollo sea con-sociativa.
Este tema es, sin lugar a dudas, la cuestión central de un cambio ético,
político y cultural en la sociedad red emergente.
En síntesis la “asincronía” multicultural en todas sus
dimensiones, aquí ultra sinte-tizadas, constituye la nueva dinámica del cambio
sistémico vinculado a las nuevas formas de poder y, sobre todo, a una nueva
construcción sociocultural de la dignidad
62 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
que, con todas sus complejidades y realida-des, ya emergió en la
región.
Frustración de
expectativas. Posible-mente de no mediar cambios drásticos y positivos de
políticas de desarrollo huma-no informacional incluyentes, estaremos frente a
una creciente y nueva “frustración de expectativas” y a un creciente malestar
social respecto de la política y sus insti-tuciones.El valor agregado del
sector TIC observa en casi todos los casos una tasa de crecimiento promedio
anual mayor que los puestos de trabajo y las remuneracio-nes; si a esto se
agrega el incremento ace-lerado de los consumos de TIC y de me-joría relativa
de los niveles de educación y, con todo ello, mayores aspiraciones y
expectativas de la sociedad, es muy posi-ble que los Estados no tengan, sobre
todo por las condiciones internacionales de recesión, posibilidades de
satisfacerlas. Así, estaremos frente a un creciente ma-lestar social que puede
terminar minando y deslegitimizando los logros y los proce-sos de desarrollo
logrados, alimentando nuevos conflictos y opciones políticas in-éditas.
Cabalmente, las demandas de una nueva politicidad que registran los casos de
Chile, México y Brasil, entre otros paí-
ses, alimentarían esta tendencia (ver Nota 8).Hoy está en juego
una suerte de redefi-nición del campo de historicidad.
La nueva y cambiante
geopolítica. El cambio en el escenario geopolítico global asociado con la
multicrisis en curso ya ha colocado a la región en medio de compli-cadas
ecuaciones económicas, culturales y políticas. Aquí vale la pena resaltar dos
aspectos. Por un lado, el reforzamiento de las relaciones
financiero-comerciales, de inversión en infraestructura y produc-tivas,
especialmente de China, es trans-versal prácticamente a todos los países de la
región. Además se inician o renuevan dinámicas con India, Rusia, África y Asia,
sin dejar de lado el peso estructural de las economías desarrolladas de
occidente, particularmente de Estados Unidos. Hoy el mundo es multipolar y de
nuevo tipo y los latinoamericanos ya estamos navegan-do en él. No se sabe si se
navegará como barco a la deriva o con estrategias y car-tas de navegación hacia
un desarrollo que reduzcan el riesgo y empujen al bienestar. Por otro lado, la
crisis y la restructuración económica global y la emergencia de diver-sos
problemas socio-institucionales en la mayoría de los países, colocan a las
diver-
Navegar contra el viento… 63
sas apuestas de desarrollo, particularmen-te a las políticamente
progresistas, ante la disyuntiva de cómo enfrentar la crisis: si se hace
reinventando ecuaciones políticas y económicas, ampliando y desarrollando una
lógica informacional asociada con in-novaciones productivas, políticas,
institu-cionales y culturales, o rediseñando ajustes socioeconómicos que
supongan costos so-ciales y de gobernabilidad política. Nueva-mente, los temas
de gobernabilidad de la economía, de umbrales mínimos de funcio-namiento de las
instituciones y de niveles o límites de la integración social y cultural, están
en las opciones y escenarios políticos latinoamericanos.
Corolario
En el fondo, la cuestión consiste en cómo se puede mutar de las
diferentes situaciones y procesos de dependencia que predominaron en el pasado
hacia una mayor interdependencia y autonomía. Es decir, se trata de detectar si
hay condiciones, voluntad y posibilidades políticas para promover, a escala
regional y nacional, un desarrollo humano informacional genuino y sostenible.
Finalmente, es posible concluir que
los procesos de desarrollo en curso posibilitan una diversidad
de interacciones que podría promover una mayor autonomía e independen-cia. Ello
supone, empero, incrementar cualita-tivamente la capacidad de agencia de los
acto-res del desarrollo de cada país y de la región en su conjunto.
Todavía no se aprende a navegar plenamen-te contra el viento,
como argumentaba Hirsch-man, pero en eso estamos…
Notas empíricas para la ilustración de tendencias
Las presentes notas sólo ilustran las tenden-cias señaladas.
Para una mayor verificación empírica ver el libro América Latina en la Era de
la Información.
Nota 1
El Cuadro 1 muestra los países bajo análisis agrupados según su
nivel de desarrollo huma-no. Chile y Argentina son los únicos con un grado muy
alto de desarrollo humano. Argen-tina posee la mayor cantidad de años
espera-dos de escolaridad. Chile encabeza el ranking de años promedio de
escolaridad. Asimismo,
64 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
junto con Costa Rica, cuyo nivel de desarrollo humano es alto,
tienen la mayor esperanza de vida al nacer.
En el Informe de Desarrollo Humano 2013 se calculó el IDH
excluyendo los ingresos. Para todos los países, salvo Brasil y Colombia, la
di-ferencia entre el ranking del IDH y el ranking del Ingreso nacional bruto
per cápita (INB) era positiva. La mayor brecha entre ambos ran-kings se observó
en Chile, Costa Rica y Uru-
guay. En los casos de Colombia y Brasil, esta diferencia era
negativa, es decir el INB tenía una mejor clasificación que su nivel de
desa-rrollo humano.
¿Es sostenible la baja de la desigualdad en la región cuando se
evidencian limitacio-nes significativas en los actuales modelos de desarrollo
latinoamericanos bajo un per-sistente contexto económico internacional
desfavorable?
Cuadro 1. Índice de Desarrollo Humano (IDH) y sus componentes,
2013 (INB ajustado por PPP en dólares constantes de 2011)
Fuente: elaboración propia sobre la base de datos del Informe
sobre desarrollo humano 2014.
Navegar contra el viento… 65
Índice de Concentración de GINI. América Latina (promedio
simple);años 1997, 1999, 2002, 2005, 2008, 2010, 2012 y 2013
Fuente: Elaboración propia en base a datos CEPAL (2015).
NOTA 2
La expansión del empleo fue uno de los prin-cipales factores que
incidieron en la mejora en los niveles de distribución del ingreso en la
región durante el período analizado, así como también un eslabón
fundamental en los proce-sos de integración social de los modelos de
de-sarrollo analizados.
66 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
Tasa de desempleo. América Latina y el Caribe 1991-2014
Fuente: CEPAL, 2015.
NOTA 3
Luego de la crisis del final del período neo-liberal, en la
primera década del siglo se re-gistra una baja generalizada en los niveles de
desconfianza en las instituciones polí-
ticas y en el Estado en la región, donde se observan las
particularidades históricas de cada caso. Ahora bien, en los últimos años la
desconfianza vuelve a emerger, ahora bajo los ejes de nuevas demandas sociales
e ins-titucionales.
Navegar contra el viento… 67
Porcentaje de desconfianza en las instituciones políticas y en
el Estado. América Latina y el Caribe 1996-2013
Fuente: CEPAL, 2015.
NOTA 4
Durante el primer decenio del siglo XXI los términos de
intercambio registraron los nive-les más favorables de los últimos 30 años para
las economías de la región. En el último lus-
tro los niveles siguen siendo altos en términos históricos,
aunque registran una tendencia a la baja como consecuencia de los cambios
producidos en los mercados internacionales a partir de la crisis internacional
desatada en el año 2008.
68 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
Índice de términos de intercambio de bienes. (2010=100) América
Latina y el Caribe 1980-2014
Fuente: CEPAL, 2015.
NOTA 5
No sin cierta volatilidad, los niveles de in-versión extranjera
directa durante las segun-da etapa del período analizado (2007-2014) alcanzaron
los registros más altos de las últi-
mas 3 décadas en la región. La mayoría de las inversiones se
volcó directa e indirectamente en proyectos basados en la extracción de
re-cursos naturales, muchas veces bajo formas heterodoxas de asociación
público- privadas.
Navegar contra el viento… 69
Inversión extranjera neta. (millones de dólares) América Latina
y el Caribe 1990-2014
Fuente: CEPAL, 2015
NOTA6
Brasil, México y Argentina concentran el 92% de la inversión que
se hace en América Latina
y el Caribe en investigación y desarrollo (I+D). A pesar de lo
avanzado en la última década, los países de la región se encuentran lejos de
las mejores prácticas internacionales.
70 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
Relación porcentual entre los gastos de investigación y
desarrollo respecto del PBI en países seleccionados. Año 2011
Fuente: “Indicadores de Ciencia y Tecnología. Argentina 2011”,
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, 2013.
Navegar contra el viento… 71
NOTA 7
Los países de la región han logrado sus-tanciales avances en el
acceso a las TIC
en los últimos 15 años, aunque se regis-tran brechas digitales
en relación al gé-nero y al estrato socioeconómico y entre países.
Suscriptores de telefonía celular móvil y usuarios de internet
en América Latina. Cantidad cada 100 habitantes
Fuente: CEPAL, 2015.
72 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
NOTA 8
Contrastando con la figura anterior, en términos de empleo,
desempleo y partici-pación, la región muestra los indicadores más favorables de
los últimos 20 años. Sin embargo, el salario real no ha aumentado
significativamente si se los compara con otros indicadores,
máxime considerando que al 2013 prácticamente la mitad (46%) de la ocupados
urbanos de la región están em-pleados en el sector informal y 1 de cada 10 vive
en hogares en situación de indigencia (CEPAL, 2015).
Salario Medio Real Anual (2000=100). América Latina 1992-2013
Fuente: CEPAL, 2015
Navegar contra el viento… 73
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74 La construcción
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Repensando el Desarrollo Humano
desde la perspectiva de la
sociología del actor* **
Antecedentes
La idea central de este capítulo sostiene que el objetivo actual
del desarrollo humano es tanto la autonomía como la dignidad de las personas.
Desde este punto de partida es posible analizar procesos y desarrollar
políticas. Este objetivo constituiría la principal exigencia de las perso-nas
que buscan nuevos modos de vida que se ex-presen en los ámbitos culturales,
institucionales, socioeconómicos, ecológicos y políticos. La dig-nidad daría un
significado nuevo al desarrollo.
El texto comienza con argumentos concep-tuales y ejemplos
empíricos que apuntan a si-
Este trabajo fue
publicado originalmente en M. Cas-tells y P. Himanen 2008 Repensando el
desarrollo en la era de la información (Santiago de Chile: Fondo de Cultura
Económica).
Agradecemos especialmente
a Fondo de Cultura Económica de Chile la autorización para publicar este
trabajo.
tuar la dignidad en el centro del debate. El ca-pítulo analiza
más adelante los rasgos básicos de este patrón de desarrollo y propone cuatro
temas estratégicos para fortalecer sus pro-puestas: informacionalismo,
medioambiente, inclusión y exclusión social y conflicto social. Propone,
finalmente, la idea de una “agencia de desarrollo humano basada en las
capacidades de los actores socioculturales”. El capítulo cul-mina con un
corolario acerca de la pedagogía de la propuesta.
El argumento se apoya en el enfoque de la sociología del actor y
en los conceptos y ha-llazgos empíricos de informes de desarrollo hu-mano,
especialmente en los informes globales y en algunos informes regionales y
nacionales promovidos por las Naciones Unidas en los cuales el autor ha
participado. Este capítulo se basa también en los debates del grupo que ha
trabajado en el estudio.
76 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
¿Por qué la dignidad?
En las últimas décadas el desarrollo humano ha experimentado
significativos avances en todo el mundo. Han mejorado, especialmente, los
indicadores estadísticos de bienestar en salud, educación e ingresos. Sin
embargo estos logros no siempre han resultado suficientes. Interna-cionalmente,
las desigualdades entre países y entre diferentes grupos sociales han
persistido y en algunos casos se han acentuado, debido sobre todo a los altos
niveles de concentración de ingresos y exclusión social. La situación ac-tual
de cambio e incertidumbre, vinculada a la crisis global, tiende a producir
nuevas desigual-dades incluso en países desarrollados. En 2010, por ejemplo, el
0,6% de la población mundial adulta propietaria de un patrimonio neto de un
millón de dólares o más, poseía el 39,3% de la riqueza mundial, mientras el
69,3% de la pobla-ción mundial adulta, con un patrimonio neto inferior a diez
mil dólares, poseía solo el 3,3% de la riqueza mundial (Credit Suisse Research
Institute, 2012).1
Credit Suisse Research
Institute 2012 Global Wealth Report 2012, en
<https://www.credidt-suis-se.com/ch/en/news-and-expertise/news/economy/
global-trends.articler.html/article/pwp/news-and-
Esto requiere encontrar nuevas perspectivas y políticas que
combinen las opciones naciona-les con la política global, que consideren los
al-tos niveles de interdependencia asimétrica que tienen los fenómenos de
cambio e incertidum-bre. En todo el mundo, las numerosas deman-das de las
protestas sociales están subrayando asuntos de desarrollo vinculados con la
digni-dad, los derechos humanos y la paz, así como la búsqueda de perspectivas
que trascienden las respuestas instrumentales, institucionales y económicas a
los problemas vigentes.
La crisis en sus múltiples dimensiones,2 está provocando el
surgimiento de nuevas deman-das, críticas, conflictos y protestas por digni-dad
y derechos humanos en numerosas socie-dades y culturas. La crisis combina
protestas
expertise/2012/10/en/global-wealth-2012-the
year-in-review.html>.
La crisis financiera, los
problemas de gobernanza democrática y autonomía nacional, los límites de las
opciones de coexistencia multicultural, los cambios geopolíticos en las
estructuras globales de poder, la emergencia del Estado como un agente de posiciona-miento
de las economías nacionales a nivel global, la distancia entre la innovación
científica y tecnológica y los sistemas institucionales y educacionales, y la
crisis medioambiental ligada a un modelo económico basado en el consumo y la
degradación del entorno.
Repensando el Desarrollo Humano desde la perspectiva de la
sociología del actor 77
en el nivel local, nacional, regional y global, las cuales
—además de expresar las quejas— bus-can nuevos modos de vida social y, en
última instancia, cambios políticos y culturales en las experiencias de
desarrollo de los últimos treinta años.
Según Castells (2012: 2-3),3 están emergien-
do conflictos seculares vinculados con la injus-ticia actual,
configurando una rebelión multifa-cética, donde hay humillación provocada por
el cinismo y la arrogancia de los que tienen el po-der —financiero, político o
cultural—, que une a quienes convierten su miedo en agravio y el agravio en la
esperanza de una humanidad me-jor. Una humanidad que habría que reconstruir
casi desde cero, que escapa de la multitud de trampas ideológicas e
institucionales que han conducido una y otra vez a caminos sin salida, que
forja un nuevo sendero al tiempo que lo re-corre. Se trata de la búsqueda de
dignidad en medio del sufrimiento de la humillación, temas recurrentes en la
mayoría de los movimientos.
Hay varios estudios e informes que comple-mentan lo anterior:
Castells, M. 2012
Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age (Cambridge:
Po-lity Press).
Un estudio que se refiere
a la India analiza las protestas por mejor salud y educación, que buscaban
potenciar el desarrollo y que abordaron diversos asuntos relacionados con
derechos humanos, centrándose en las relaciones de género (Patel, 2010).
Levitt y Merry (2010)4
examinan cómo los derechos humanos estaban en el núcleo mismo de la
movilización social en la ciudad de Nueva York y describen en particular el
esfuerzo por enfatizar los derechos huma-nos para combatir la discriminación
sistémi-ca por raza y género. Los autores sostienen que en determinados
contextos los derechos humanos pueden ofrecer recursos políticos relevantes a
movimientos sociales en los Es-tados Unidos. Sin embargo, lo hacen de una
manera difusa, distante del sistema formal de las leyes de derechos humanos.
Este caso describe un fenómeno nuevo en Estados Unidos: la movilización de
campañas de de-rechos humanos por parte de movimientos por la justicia social
que desde hace mucho
Levitt, P. y Merry. S.
2010 “Law from below: Women’s Human Rights and Social Movements in New York
City”, en Law and Society Review 44 (1), pp. 101-
78 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
se apoyaban solamente en las leyes de dere-chos civiles.
Otra investigación ha
analizado los conflic-tos y protestas sociales en torno de derechos sociales y
culturales en 17 países de América Latina y el Caribe (Calderón, 2012).5 Estos
conflictos comparten varios rasgos: platafor-mas de exclusión y desigualdades
crónicas que los ciudadanos cuestionan; racionalida-des prácticas vinculadas
con la reproduc-ción social, que coexisten con demandas de mayor eficacia y
eficiencia a nivel institucio-
nal y con conflictos culturales sistémicos; conflictos cada vez
más presentes en la red y con efectos multiplicadores en los nue-vos escenarios
globales de poder. Hay una mayor complejidad social relacionada con sistemas
políticos y Estados con limitadas capacidades de gestión.
Las protestas de la
“primavera árabe”, de un modo intenso y variado, expresaban críti-cas a las
formas autoritarias de poder, con demandas de paz, dignidad y participación.
Fue decisivo el papel de la juventud y el ac-tivismo en las redes sociales.
Como ha sos-tenido el ciberactivista L. B. Mhenni (2011:
5 Calderón, F. (2012).
31): “La Toila es un instrumento soñado para la democracia
directa, de ciudadanía. Que-remos un mundo sin jefes, donde cada uno pueda
participar en la toma de decisiones, donde cada uno pueda producir cambios en
la realidad”.
El movimiento japonés
antinuclear por la paz, especialmente después del desastre de Fukushima, es
otro ejemplo. Algunos estu-dios recientes muestran que los temores que
generaron los bombardeos de Nagasaki e Hiroshima han influido la experiencia de
la contaminación alimentaria en 50 distintos tipos de manifestantes y
activistas sociales actuales, especialmente en gente joven y mujeres que
fortalecen una opinión públi-ca pacifista. El papel de las tecnologías de
información y comunicación (TIC) ha sido decisivo en estas manifestaciones
(Hiraba-yashi, 2012).
Así, este renovado acercamiento al desarrollo humano en el que
estamos comprometidos se desprende de la siguiente constatación: el ma-lestar
público, las demandas sociales y las pro-testas masivas en todo el mundo están
subra-yando la necesidad de recuperar y reconstruir tanto la dignidad como las
metas individuales y colectivas. Si bien este camino se ha consi-
Repensando el Desarrollo Humano desde la perspectiva de la
sociología del actor 79
derado un elemento de desarrollo humano, se ha tornado más y más
significativo en el con-texto de la crisis global.6 También ha subraya-do la
necesidad de la autonomía de los actores sociales para alcanzar sus metas
personales y colectivas de dignidad.
Otro rasgo distintivo es el desplazamiento de esas demandas a la
sociedad de la informa-ción recurriendo a las distintas redes sociales como
medios para expresar los reclamos y las soluciones propuestas. Se trata de un
tipo muy específico de dignidad fomentada por las co-municaciones globales.7
En este sentido, el enfoque del desarrollo humano, con su marco
holístico, interdiscipli-nario y normativo,8 se podría redefinir en tér-minos
de la subjetividad y el fortalecimiento de los actores individuales y
colectivos como la clave para enfrentar los cambios globales de este momento.
Por otra parte, tendría que fortalecerse en el corto plazo la capacidad de
Para más detalles, ver
PNUD 2000 Human De-velopment Report 2000. Human Rights and Hu-man Development
(Nueva York: Oxford University Press).
Como en el caso de los
más recientes movimientos estudiantiles en Chile.
Como define M.
Ul Haq en Fakuda et al. (2003).
la gente para alcanzar sus metas de autonomía y dignidad.
Este enfoque de capacidades “ve la vida humana como un conjunto
de realizaciones y logros” (funcionamientos) y relaciona la eva-luación de la
calidad de vida con la evaluación de la capacidad de funcionar” (Sen, 2003a:
4).9 Pensamos que estos funcionamientos son par-te de la dignidad de los
individuos.
En este sentido, el concepto de Sen de liber-tad real se
organiza en función de la dignidad y recién allí se refiere al desarrollo de
las capaci-dades de las personas para vivir la vida que va-loran según sus
aspiraciones.10 La innovación, educación y el conocimiento son fundamenta-les
no solo en términos de socialización demo-crática o de productividad, empleo e
igualdad, sino también en la elección de la clase de vida que se desea vivir.
De aquí que la educación con innovación, las opciones mencionadas y el
desarrollo estén estrechamente vinculados, especialmente en un contexto de
rápidos cam-
Sen, Amartya 2003a
“Development as Capability Expansion,” en S. Fakuda-Parr y A. K. Shiva Kumar
(eds.) Readings in Human Development (Oxford: Oxford University Press).
Sen, A. 1999 Development
as Freedom (Nueva York: Anchor Knopf), p. 12.
80 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
bios globales y creciente predominio de la so-ciedad de la
información.11
Tanto la dinámica estructural de la globa-lización como su
crisis actual han situado la cuestión de la dignidad humana y de los de-rechos
humanos, como ejes de una nueva reforma social y política, en el centro de las
demandas sociales y de los desafíos de desa-rrollo, más allá de contextos
nacionales y/o regionales o culturales o de diferentes niveles de desarrollo.
La dignidad, entendida como la estima y el respeto de uno mismo, es esencial
para que los individuos formen una ciudadanía integrada con otros.12
Para más detalles, ver
CEPAL 1992 Educación y co-nocimiento: eje de la transformación productiva con
equidad, Libros de la CEPAL Nº 33 (Santiago de Chile: CEPAL).
En un nivel más
individual que en los ejemplos que siguen, muchos activistas de derechos
humanos en todo el mundo trabajan desde esta perspectiva de dignidad y
conflicto (ver <http://www.cdhrsupport.
org/2012/02/20how-the-human-rigts-movement-has-go-ne-global/> y
<http://monnews.org/?=3929>). Asimismo, los informes del Global Peace
Index (2012) muestran avances y retrocesos en términos de paz y derechos
humanos en todo el mundo. Podemos hallar experien-cias regionales, locales y
urbanas significativas —como en Kerala, Barcelona y Porto Alegre— que se
producen en el contexto de valores de desarrollo humano. Hay
Desde una perspectiva conceptual, uno de los rasgos principales
de las sociedades contemporáneas es una cierta brecha entre las racionalidades
instrumental y simbólica. Esto constituiría una especie de separación entre
cultura, por una parte, y economía por otra. En esta separación, las relaciones
de poder se asocian con la reestructuración económica y la “multi-crisis
global” (Rojas, 2011),13 que simultáneamente se está vol-viendo más disociada y
difusa en medio de la complejidad, el riesgo y el vacío social (Castells, 1997;
Touraine, 1997; Beck, 2006; C. Rojas, 2011).
también importantes experiencias empresariales, es-pecialmente a
escala pequeña y mediana, que muestran prácticas y avances que combinan
desarrollo humano y elementos informacionales. Por otra parte, la valoriza-ción
de la dignidad y los derechos humanos se expresa también en el nivel
institucional por medio de nuevas leyes, constituciones y arreglos
institucionales, a me-nudo asociados con redes de ONGs. Los Millennium
Development Goals, promovidos por Naciones Unidas, y diversas organizaciones
intergubernamentales, han lo-grado importantes acuerdos y políticas que se han
visto limitados por las consecuencias de la crisis.
Así se la ha llamado
debido a las variadas crisis eco-lógicas, financieras, multiculturales y
políticas a nivel global.
Repensando el Desarrollo Humano desde la perspectiva de la
sociología del actor 81
El punto es reintegrar lógica sustantiva y ló-gica instrumental.
Me pregunto por las posibi-lidades de una fructífera articulación entre las
dinámicas del cambio, asociadas con la “tecno-economía de la información”, y
las dinámicas socioculturales, vinculadas con las nuevas demandas de calidad de
vida que surgen de la crisis y el cambio globales. El propósito es explorar las
posibilidades de una nueva histo-ricidad, entendida como la capacidad de una
sociedad de producirse e innovarse a sí misma y de expandir sus mecanismos de
acción y par-ticipación. Un enfoque renovado de desarrollo humano, apropiado
para las nuevas circuns-tancias, puede constituir una referencia impor-tante
para propuestas de políticas relativas a la dignidad de los individuos y sus sociedades.
En este planteamiento, los actores, las personas, las comunidades y los grupos
socioculturales son sujetos y objetos del desarrollo.
Esta perspectiva supone que la multi-crisis global no elimina la
capacidad de acción so-cial, sino que abre otras posibilidades. Impli-ca,
también, que las acciones socioculturales no solo se pueden oponer a las
cambiantes re-laciones de poder, sino que se pueden trans-formar en opciones
para participar en el cam-bio global y dar un significado diferente al
de-sarrollo. Así, la calidad de vida y la dignidad
de las personas se sitúan en la constitución misma de los
objetivos del desarrollo, y ya no los mercados o los estados. La calidad de
vida expresa la necesidad de ser considera-do como poseedor de una renovada
dignidad humana, lo que incluye identidades colecti-vas e individuales, redes
sociales y relacio-nes interculturales compuestas por diversas aspiraciones y
conocimiento específico. La búsqueda activa de dignidad da un significado
renovado en la actualidad a la perspectiva del desarrollo humano.
Esta perspectiva se basa en una teoría cons-tructivista que
sitúa en el centro las subjetivi-dades y las capacidades de las sociedades y de
los actores sociales, por sobre la dinámica de los mercados y de los estados.
Se espera, además, que los mercados y el Estado puedan trabajar para “lo
público” o el bien común, para todas las personas y sus sociedades. En este
sentido, el espacio público se valora como el lugar donde las personas pueden
realizar este tipo de trabajo cooperativo. Pero parece nece-sario observar que
la noción de lo público es compleja y que constantemente cambia y es redefinida
en la actual sociedad de la informa-ción, lo que la vuelve más global.
En este sentido, se supone que las perso-nas son actores que
buscan constantemente el
82 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
cambio y se adaptan a él, pero que no lo hacen en un vacío; lo
hacen, más bien, en escenarios institucionales y económicos específicos y con
el peso de sus respectivas subjetividades, lo que implica el reconocimiento de
la subje-tividad de otros que son diferentes pero igua-les. Solamente si se
potencia la capacidad de acción y la reflexión individual y colectiva es
posible avanzar en el logro de resultados a fa-vor de la democracia y el
desarrollo como un acuerdo colectivo.
En el centro de esta aproximación construc-tivista se colocan la
autonomía y la libertad personales de los actores, que son valores
rela-cionados con la política y el desarrollo. La sub-jetividad, en particular,
se refiere a la dignidad humana, y no es solo un fin en sí misma sino también
una acción. Mejor aún: es una agencia que optimiza intereses particulares, los
cuales al expandirse en el conjunto social, adquieren un carácter colectivo.
Pero los compromisos colectivos permiten también el logro de metas y valores
individuales. En este sentido, la auto-nomía del actor y la búsqueda de
libertad y sus diversas opciones no solo son eficientes sino justas, porque
necesitan y tienden a implicar a la sociedad en su conjunto. La dignidad, como
valor y práctica, permite evaluar los cambios que ocurren o ya han ocurrido,
pero también
debiera entenderse como un valor generador de cambios.
El desarrollo como fortalecimiento de las capacidades de los
actores
Desarrollo significa crear el acceso necesario para fortalecer
las capacidades de los acto-res. En este sentido, la meta de un desarrollo
humano “posible” es conseguir una “sociedad éticamente aceptable”. En otras
palabras, una sociedad en la cual las personas puedan vivir una vida decente y
los actores sean capaces de especificar las injusticias manifiestas
(injusti-cias patentes) como resultado de una delibe-ración pública y como un
método para definir situaciones y opciones (Sen, 1997 y 2000).
La capacidad de una persona para ser un actor se asocia a la
autonomía que tenga para elegir sus metas y lograr resultados coherentes con el
proceso de búsqueda de esos resultados. Esta es la meta inseparable del logro
de una “cultura de solidaridad procesal” (Pizzorno, 1984). Allí reside la
importancia de la idea de la comunicación ciudadana según valores bási-cos
compartidos como los derechos humanos y la dignidad.
Repensando el Desarrollo Humano desde la perspectiva de la
sociología del actor 83
Himanen (2012b: 5) observa: Sen parte del concepto de libertad,
pero no ofrece una ra-zón por la cual las personas debieran ser li-bres. Esta
noción requiere de justificación, la cual es la idea de dignidad, es decir que
to-das las personas son dignas de libertad. Esta es una razón para elevar la
dignidad al valor más fundamental y, en consecuencia, para elevar la noción de
una vida digna a objetivo fundamental. Así, todas las personas tienen derechos
porque son “dignas de derechos” y “valiosas para tener valores”. Una vida digna
significa una vida con dignidad.
La idea de “dignidad” sitúa en el centro del desarrollo la
subjetividad de las personas y se refiere a su capacidad y a la de sus
sociedades para decidir las orientaciones de sus vidas de acuerdo a sus valores
y deseos. La dignidad, en este sentido, no es unívoca y se relaciona
directamente con el patrimonio cultural de las personas y de sus sociedades.
Por otra parte, esta perspectiva de desarrollo también afirma que la formación
de valores y la evolución de la ética social basada en la solidaridad fortalecen
los propósitos del desarrollo y guían la relación entre el mercado y las
instituciones.14
Esta idea se inspira en
el concepto de “libertad real” (Sen, 1999). Ver también Rao y Walton (eds.),
2004.
El reconocimiento de la identidad cultu-ral es una condición de
la dignidad humana y se refiere al pluralismo multicultural de las sociedades
contemporáneas. Tendría que ser incluido como una capacidad relevante para el
desarrollo. Desde una perspectiva cultural sobre el desarrollo humano, la
dignidad se refiere a la necesidad de asegurar y expandir las posibilidades de
las personas de una ma-nera constructiva en función de que escojan el estilo de
vida que prefieran considerando la existencia de otros modos de vida. Por otra
parte, es imposible concebir una acción o una agencia en términos de un actor
único, porque acción y agencia se construyen con otros. La importancia de la
identidad cultural está aso-ciada a la equidad requerida para la realiza-ción de
su dignidad. El ejercicio de identidad cultural por todas las personas puede
condu-cir a una ampliación de la diversidad cultural que les permita contar con
más opciones y un espectro cultural más amplio (UNDP, 2004b). En este enfoque,
dignidad significa prestar atención a la dignidad de todos, lo que
necesa-riamente implica consideraciones de justicia e igualdad. En este
sentido, la agencia de digni-dad también se refiere a una identidad reflexi-va,
lo que supone la capacidad de transformar relaciones de poder.
84 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
La perspectiva de desarrollo humano trata de enfocarse tanto en
la preservación de la herencia cultural como en la libertad de las personas
para expandir las esferas culturales. Sin embargo se debe advertir que la
identidad cultural no es la única relevante para las per-sonas: hay identidades
diferentes, relaciona-das con la religión, la lengua, el gusto musi-cal, las
costumbres alimenticias, etc. Además, según las circunstancias, la identidad no
es un mero descubrimiento que a veces implica una elección: puede dar lugar a
restricciones (Sen, 1999).
El ejercicio de la libertad cultural es un dere-cho sin
limitaciones al reconocimiento de una especificidad humana y es una condición
de so-ciabilidad democrática. Es esencial decidir qué es relevante en el
patrimonio cultural y los di-ferentes grupos a los que puede pertenecer una
persona. En este sentido, es decisivo resistir la imposición de una identidad
por otros, pero no es factible asumir una identidad como propia si no se la ha
construido en relación con otros. Entendemos el interculturalismo como la
coe-xistencia equilibrada entre diferentes personas y como un valor compartido
por cada indivi-duo. Es un modo de vida. Y es un modo de vida particular que es
válido en la medida que aspire a ser universal..
La libertad cultural se refiere entonces a la diversidad
cultural inherente a todas las socie-dades. Destaca también la relevancia de
expan-dir y garantizar las opciones de las personas para elegir el tipo de vida
que deseen vivir con-siderando también estilos de vida alternativos. “La
importancia de la libertad se vincula bien con la necesidad de equidad en la
búsqueda de libertad”, lo que incluye necesariamente las li-bertades de cada
persona.15
Para lograr una genuina libertad cultural deben considerarse las
aspiraciones cultura-les de la gente y se las debe reconocer de una manera
digna y ética. También se debe incluir en una noción comprehensiva de la
libertad cultural la inclusión social, las as-piraciones colectivas, el derecho
a la priva-cidad, la construcción de la identidad y su reconocimiento.16
15 PNUD 2004 Human Development Report 2004: Cultural Liberty in
Today’s Diverse World (Nueva York: Oxford University Press).
Para un análisis exhaustivo de cultura y aspiracio-nes, ver Sen, A.,
en Walton y V. Rao (2004); para un exa-men del papel de la deliberación pública
en la cultura política, ver Calderón, F. y Szmukler, A., en Walton y Rao
(2004).
Repensando el Desarrollo Humano desde la perspectiva de la
sociología del actor 85
Al mismo tiempo, la justicia —apoyada por la diversidad
cultural— tendría que garantizar las aspiraciones individuales de los actores
so-ciales y promover un entorno en el cual pros-peren para todos los derechos
ciudadanos, la igualdad, la participación, el reconocimiento político, la
libertad cultural y condiciones so-cioeconómicas básicas.
Vale la pena analizar en detalle esta idea de dignidad como
fuerza histórica de cambio, como “lugar” de construcción de significado. Según
Touraine,17 el individuo —para estable-
Alain Touraine ha
desarrollado en sus escritos la noción de auto-reproducción de la sociedad,
como núcleo de la tensión entre reproducción y cambios sociales. En Production
de la société (1973: 7), afir-ma que: “las sociedades aprenden a conocerse
socio-lógicamente cuando se reconocen como el producto de su trabajo y de sus
relaciones sociales, cuando lo que parece en principio un conjunto de datos
socia-les, se reconoce como resultado de una acción social, de decisiones o
transacciones, de una dominación o de conflictos”. En Le retour de l’acteur
(1984), Tou-raine analiza el cambio de historicidad que provoca la transición
desde una sociedad industrial hacia una sociedad programada y el surgimiento de
nuevos conflictos sociales sobre todo de naturaleza cultural y global. Los
actores se oponen al totalitarismo y la tortura y también a las
seudo-racionalidades polí-ticas de los poderes fácticos, y al hacer esto pasan
de revolucionarios a libertarios. En Pourrons-nous
cerse como tal— debe luchar contra fuerzas que limitan su
subjetividad, como el mercado, la publicidad, las lógicas fundamentalistas y
las restricciones a la expresión de diversas identi-dades. Si relacionamos esta
perspectiva con el planteamiento de Sen, se podría pensar que la agencia podría
construirse en base a la dignidad.
vivre ensemble? Égaux et différents (1997: 183), Touraine
propone su tesis de la otredad de las socie-dades informacionales y del
conocimiento. Expande también su teoría de la producción de la sociedad en
contextos multiculturales y valora positivamente la perspectiva del desarrollo
humano del PNUD pues introduce una nueva definición de modernidad que enfatiza
la libertad política, la creatividad y la dig-nidad personal. En 2008 Après la
crisis, la cuarta y más significativa conclusión de Touraine, afirma que en una
economía crecientemente global las únicas fuerzas opositoras viables “son los
derechos univer-sales, id est el derecho a la existencia, a la libertad y el
reconocimiento de esas libertades, considerando que las identidades sociales y
culturales están siendo amenazadas por el mundo inhumano de las ganan-cias”.
Desde este punto de vista, la vida social está amenazada y debilitada por el
capitalismo financiero, que es contrario al interés de la población en general.
Touraine, Alain 1973 Production de la societé (París: Seuil); Touraine, Alain
1984 Le retour de l’acteur (Pa-rís: Fayard); Touraine, Alain 1988 La parole et
le sang (París: Editions Odile Jacob); Touraine, Alain 1997
Pourrons-nous vivre ensemble? Égaux et différents (París:
Fayard).
86 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
El actor, entretanto, se asocia con una po-sición social. El
actor, colectivo o individual, puede convertirse en sujeto cuando cuestiona una
lógica alienante que propende a reproducir su posición subordinada en el
sistema social. El actor es una persona o un grupo que, apo-yado en sus
capacidades y en su subjetividad, actúa para lograr sus objetivos mientras
inter-viene para producir cambios en su entorno.
Este planteamiento de desarrollo supone la disposición de
diversos actores para transfor-mar su sociedad y, como tal, se debiera
vincu-lar con la idea de la capacidad de la sociedad para transformarse a sí
misma. El desarrollo, aquí, es en buena medida el resultado de un conflicto
entre fuerzas que disputan su orien-tación. Esta propuesta, por lo tanto,
ofrece una visión del conflicto que no está claramente pre-sente en el enfoque
tradicional del desarrollo humano, en el cual se lo trata en términos de oposición
entre modelos de desarrollo, pero no como oposición en las relaciones de poder,
como una disputa entre actores y/u oposición entre distintas orientaciones
políticas.
El reconocimiento político de la igualdad en-tre diferentes
culturas supone una sociedad de comunicación intercultural. El asunto es cómo
desarrollar actores autónomos y responsables y cómo saber cuáles son las
instituciones clave.
La idea de dignidad y autonomía del actor es por lo tanto
esencial para comprender las po-sibilidades de que la crisis actual mute en una
opción de desarrollo que se apoye en la subje-tividad de las personas. Vale la
pena precisar, pues, en qué consiste la dignidad como fuerza de desarrollo.
Himanen (2012b) ha argumentado que: otra razón por la cual la
dignidad se eleva aquí como nuestro concepto y valor central es que, ade-más de
la libertad y la justicia, es la base fun-damental de los valores de la vida.
En otras palabras, es la raíz de los siguientes conceptos: valor individual (id
est la libertad del individuo para ser un sujeto); valor de comunidad (id est
la oportunidad justa para que el sujeto sea parte de un colectivo), y valores
de vida (id est el res-peto por la vida y la existencia humana como parte de la
humanidad). Aquí el concepto va mucho más allá que la Declaración Universal de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la cual —si bien está dividida entre
valores re-lativos a la vida, la libertad y la justicia— con-cibe la noción de
derechos como el derecho a la vida. En el presente análisis la noción de
dignidad significa adicionalmente el derecho de generaciones futuras a una vida
similarmente digna, lo que incluye necesariamente la noción de un entorno
sustentable (debe destacarse
Repensando el Desarrollo Humano desde la perspectiva de la
sociología del actor 87
aquí que la sustentabilidad ecológica se pre-senta como nuestra
responsabilidad ética para con los derechos de las futuras generaciones a la
posibilidad misma de una vida digna. En un nivel conceptual, esta formulación
no alcanza a comentar otro asunto importante, a saber si la vida distinta a la
humana posee un valor in-trínseco propio. El autor tiene una posición per-sonal
en esta materia, pero respecto del asunto de la sustentabilidad ecológica los
argumentos ofrecidos son más que suficientes). La dignidad es el concepto
fundamental, porque es el funda-mento de los valores y derechos señalados más
arriba, a saber la libertad, la justicia y la vida.
La dignidad está asociada a identidades, as-piraciones y
cuestionamientos; a preguntas, demandas, deseos y ansiedades de individuos y
grupos que procuran integrar sus experien-cias en el espacio público y en el
discurso público, y que intentan que la sociedad en su conjunto reconozca sus
subjetividades y ex-periencias cotidianas como parte fundamental de la vida
social.
La subjetividad, como hemos menciona-do, es particularmente
importante como contraparte de la modernización y la glo-balización. Las
múltiples manifestaciones culturales y subjetivas son ahora una fuerza que se
opone a —y está en tensión con— la
lógica instrumental de la globalización, del mercado y de las
tecno-economías de la in-formación. Resumiendo, la subjetividad se opone en
muchos sentidos a una concentra-ción de poder transnacional.
Sin embargo se debe subrayar la ausencia de garantías, la
incertidumbre predominante en las relaciones de poder y el hecho de que no está
asegurada una agencia de dignidad. Un un-foque renovado de desarrollo humano,
centra-do en la dignidad de las personas, se debe en-tender en el contexto de
un nuevo “campo de historicidad” donde los actores y los grupos de interés
debaten y discuten las opciones dispo-nibles de desarrollo. Estas disputas se
han tor-nado particularmente evidentes en la sociedad conectada en red: actores
locales, nacionales y globales están disputando las orientaciones de la
sociedad según sus preferencias respecto del papel del Estado, el libre mercado
y el de-sarrollo humano.
Dicho lo anterior, la globalización, par-ticularmente por medio
de cambios en los mercados industrial y cultural y en las comu-nicaciones,
también ha tenido un impacto en la expansión de las subjetividades,
estable-ciendo un pluralismo nuevo y más universal, es decir un pluralismo en
la sociedad red. Por otra parte, la subjetividad y las deman-
88 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
das de dignidad son la mejor garantía de una renovación de la
política, la democracia y la ciudadanía.
En la actualidad están emergiendo actores y nuevos movimientos
socioculturales vincu-lados con la expansión de sus propias subjeti-vidades,
que se establecen en relación con los nuevos dominios de la ciencia, la
tecnología, el conocimiento y la sociedad conectada en red. Las demandas de
dignidad constituyen una ten-sión intrínseca al futuro de la propia
globaliza-ción. Precisamente por esta razón, la dignidad, el sujeto y la
globalización no son fenómenos separados. Se producen en relación con una nueva
tensión histórica en cuyo contexto se desarrollan las sociedades
contemporáneas. En un mundo donde la innovación de la demo-cracia es un valor
incontrovertible, el sujeto, la persona o el grupo no construyen su
subjetivi-dad en un vacío o en soledad; lo hacen en me-dio de relaciones
sociales y con otros sujetos distintos de ellos mismos.
La acción colectiva se ha asociado de ma-nera creciente con
demandas u orientaciones individuales. Las personas tratan de reconsti-tuirse
asumiendo la experiencia propia y cons-truyendo su especificidad en oposición a
nue-vas formas de poder, y en esta oposición dan sentido individual a su
existencia colectiva.
Pero las acciones individuales se valoran co-lectivamente como
un bien común.
La libertad cultural, entendida como un bien común, es también
un principio indiscutido de igualdad social. En este sentido, los hombres y las
sociedades intentan redefinir sus fortalezas ante nuevas formas de dominación,
y si aspiran a vivir con dignidad, saben que no pueden ha-cerlo en una sociedad
injusta. La libertad per-sonal y la igualdad colectiva, en consecuencia, pueden
constituir un bien común. Una refuerza a la otra, son las hendíadis de un
desarrollo hu-mano renovado.
La idea de dignidad está ligada a la cons-trucción
intersubjetiva de la coexistencia con iguales. Esta afirmación se asocia con la
tesis sociológica de que las diferentes identidades y orientaciones de los
actores se construyen en relación con los otros. La igualdad y la di-ferencia
son entonces equivalentes y ambas están asociadas al bien común. En términos
más sencillos, esto se vincularía con nuevas experiencias de gestión local o
municipal, con la importancia creciente de las tecnologías de comunicación
horizontal y con las demandas de nuevos actores de dignidad como el centro de
sus preocupaciones.
La idea de dignidad también está vinculada estrechamente con los
conflictos predominan-
Repensando el Desarrollo Humano desde la perspectiva de la
sociología del actor 89
tes en la sociedad conectada en red. Las redes sociales se han
convertido en espacios para la comunicación y los conflictos: la
discrimina-ción y también la búsqueda de reconocimien-to democrático están
presentes e interactúan dinámicamente. En una red social fácilmente se pueden
hallar expresiones de racismo y dis-criminación social, pero también demandas
de participación, emancipación y dignidad. Al mismo tiempo, las personas
experimentan una tensión constante cuando participan en redes sociales. Por una
parte, hay una pérdida de intimidad y privacidad; por otra, hay nume-rosas
oportunidades de interacción fructífera con pares y personas con los más
variados perfiles. Incluso si los espacios privados están atravesados por
poderes políticos, comercia-les o institucionales que tratan de imponer sus
visiones, las redes sociales promueven el conocimiento y el libre intercambio
de ideas y posibilitan la transformación de demandas en verdaderos cambios en
el corazón de las mis-mas redes sociales.
Desde el punto de vista de la democracia, la articulación de
diferentes subjetividades y culturas en una comunidad de ciudadanos ocupa un
lugar central. Precisamente por esto la expansión de la ciudadanía es una
garantía importante de igualdad. Ciudadanía e igualdad
son inseparables, necesitan de permanente re-novación y son por
definición incompletas.
Los nuevos derechos culturales vinculados a la expansión de
subjetividades individuales y colectivas (de religión, etnicidad, género,
sexualidad, migración y ecología, entre otras), que redefinen nuestras
sociedades como esen-cialmente multiculturales, necesitan integrarse con
derechos sociales y políticos para conver-tirse en democráticos. Es muy difícil
expandir las subjetividades y las libertades culturales sin el desarrollo de la
ciudadanía social, sin el de-sarrollo de dignidad y de un bienestar básico de
las personas. La consolidación de condiciones básicas para una vida decente es
fundamental para que las personas puedan desarrollar sus capacidades y
subjetividades y así elegir sus preferencias.
Pero también es imposible pensar la ex-pansión de una ciudadanía
social y el recono-cimiento de los nuevos derechos culturales si no hay un
reconocimiento pleno del estatus político de cada ciudadano individual.
Precisa-mente por esta razón la construcción de una comunidad de ciudadanos es
el área de reco-nocimiento de la expansión de nuevas subjeti-vidades. En una
comunidad de ciudadanos, que también es global de manera creciente, las
dis-tintas especificidades de cada subjetividad se
90 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
redefinen en términos de la condición común de ciudadanía. Las
políticas de inclusión, a su vez, se legitiman por la participación de los
ciu-dadanos en la vida democrática. La comunidad de ciudadanos es por lo tanto
una unidad polí-tica inclusiva que se expresa en la construcción del bien
común. La comunidad de ciudadanos, entonces, por una parte, integra la
diversidad y el pluralismo, pero por otra da a todas esas diversidades un
estatus común: ciudadanía, con derechos y responsabilidades. Se entiende entonces
que todas las personas, independien-temente de sus subjetividades, sean
considera-das ciudadanos.
Parece clave reconocer que hay tensiones y contradicciones entre
la expansión de par-ticularidades subjetivas y el elemento común universal, el
ciudadano. Una esfera pública internacional que garantice la unidad
trascen-diendo las distintas subjetividades también in-fluye en el Estado. De
aquí que en democracia esta integración entre ciudadanos y política esté ligada
a la comunidad política de ciuda-danos. La ciudadanía política es la referencia
universal del pluralismo subjetivo de nuestras sociedades. Los movimientos
sociales y cultu-rales buscan el reconocimiento de sus nuevos derechos de
participación, distribución y re-conocimiento, pero su despliegue está preci-
samente asociado con la comunidad política de ciudadanos. Hoy
existe una curiosa cons-trucción social que vincula el Estado nacional y los
espacios públicos más abiertos e inter-nacionalizados con las demandas y
prácticas ciudadanas que articulan plenamente lo local con lo global.
Dignidad humana y derechos humanos
Como ha reiterado Habermas (2010), la digni-dad humana es una e
indivisible, como lo es cada ser humano en particular. Solo una políti-ca que
busque un progreso sustantivo e integral y cooperación entre los variados
niveles de de-rechos humanos (sociales, políticos, económi-cos, culturales,
etc.) y los diversos tipos de ciu-dadanía, puede aspirar a respetar igualmente
la dignidad de cada persona. Esto supone solida-ridad y cooperación entre
distintos individuos y la asunción de valores comunes.
Los derechos humanos, en este sentido, re-siden en el núcleo de
una comunidad de ciuda-danos, de modo que ella puede exigir respeto por la
dignidad humana. Sin embargo esto es insuficiente si no está asociado al
desarrollo, lo que implica actores y agencias de desarro-
Repensando el Desarrollo Humano desde la perspectiva de la
sociología del actor 91
llo humano que promuevan una política y una economía basada en
las personas. Por esto son complementarios el desarrollo humano y los derechos
humanos.
Según Sen, el desarrollo humano y los de-rechos humanos
comparten una motivación común y se pueden complementar. “El primer paso es
comprender que las evaluaciones del desarrollo humano, si se combinan con una
perspectiva de derechos humanos, pueden indicar los deberes de los demás en la
socie-dad para mejorar el desarrollo humano de uno u otro modo. Y con la
invocación de deberes llega una multitud de inquietudes relacionadas, como las
relacionadas con la transparencia, la responsabilidad y la culpabilidad” (Sen,
2003a: 50, en Fakuda et al.).18
Sen, Amartya 2003b “Human Rights and Human Development”, en S.
Fakuda-Parr y A. K. Shiva Kumar (eds.), Readings in Human Development (Oxford:
Oxford University Press). De un modo semejante, el Human Development Report
2000 argumenta a favor de una fuerte conexión entre desarrollo humano y
dere-chos humanos. Este informe afirma que ambos plantea-mientos comparten un
compromiso fundamental con la promoción de la libertad y la dignidad para
todos. La redefinición de estas últimas nociones está en juego en el contexto
de crisis y cambios provocados por el auge de la sociedad conectada en red.
Aquí se sostiene que la dignidad humana está conectada con los
derechos y una ética y con el tipo de desarrollo económico que los hace
posible. Y esto es lo que está en juego en la crisis global. Las opciones
actuales parecen insuficientes y anticuadas.
La institucionalización de los derechos humanos y el desarrollo
humano debe ser simultánea. La cuestión es conocer, en cual-quier caso
particular, cuáles son los actores de la historicidad y los campos emergentes
de conflicto.
El actor puede ser un “proveedor” de re-conocimiento legal
(auto-contenido), que es auto-determinado: vive, siente, piensa y actúa en
relación con su propio juicio (Habermas, 2010: 12).
En este sentido, el actor puede transformar sus necesidades en
acciones que operen en campos institucionales específicos. La digni-dad es un
estatus de respeto hacia uno mismo y hacia los otros y se puede consolidar
sola-mente con un desarrollo económico que bus-que la inclusión y la
participación social. Solo se puede conseguir una dignidad humana sus-tentable
e innovadora con mejores patrones de desarrollo.
Los derechos humanos se asocian a una comunidad nacional y están
conectados con
92 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
una demanda crecientemente global. Lo global rebasa lo nacional
y apresura la universaliza-ción de los derechos humanos. Esto implica la
búsqueda de un nuevo orden global institucio-nalizado y de un patrón de
desarrollo humano que lo fundamente. Actualmente los conflictos sociales se han
extendido y combinado, a es-cala nacional y global, y en distintos niveles y
dimensiones, así como la violencia social y económica y la ausencia de libertad
y de capa-cidades humanas.
La Red como espacio público
En la actualidad, los movimientos que exigen mayor dignidad y
reconocimiento de dere-chos humanos están vinculados con los proce-sos de
transformación de nuevas tecnologías de comunicación y con la sociedad red.
Hoy, la dinámica de los nuevos conflictos y de los movimientos socioculturales
se expresa y de-sarrolla en las sociedades de la información y pretende
transformar las relaciones de poder tanto dentro como fuera de la red. Este
quizás sea el desafío más significativo de estas nue-vas subjetividades, sencillamente
porque la red es el nuevo lugar para expresar y desarrollar nuevas formas de
poder. La red es entonces el
lugar donde se expresan, entre otras cosas, el sentido de la
acción de nuevos movimientos de “alter-globalización” que conducen a nuevas
formas de sociabilidad y socialización y, como resultado, a la reconstrucción
de las opciones de desarrollo humano.
Hoy las pautas de socialización de las nue-vas generaciones son
diferentes a las del pa-sado. La relación entre educación y empleo es más
compleja y difícil. Ha habido mutaciones y rupturas del monopolio de las
escuelas tradi-cionales por acción de la educación en casa y las nuevas
tecnologías de información y comu-nicación, además de las nuevas subjetividades
culturales.
Los conflictos se relacionan de manera creciente con los usos
socioculturales de estas nuevas tecnologías de información y comunicación. Las
nuevas formas de sociabi-lidad son paradójicas: están abiertas al mun-do de la
red pero su mayor impacto se da en grupos y espacios restringidos, por lo menos
hasta ahora.
La nueva cultura de sociabilidad tecnológica puede alterar tanto
la subjetividad como los pa-trones de conocimiento y la vida cotidiana de
individuos y comunidades. Sin embargo esto no se hace en un vacío, sino en el
contexto de experiencias de relaciones sociales históricas
Repensando el Desarrollo Humano desde la perspectiva de la
sociología del actor 93
concretas. Esta nueva subjetividad es hoy la nueva fuerza de
cambio.
En este sentido, para desarrollar las capa-cidades y habilidades
en el mundo global de la tecno-economía de la información y de las redes
sociales en una sociedad digna, las políti-cas de desarrollo humano necesitan
reducir las brechas informacionales y promover capacida-des de información y
educación que permitan manejar los códigos de cambio informacional y aseguren
de este modo un acceso más equitati-vo a las redes globales de tecnologías de
infor-mación y comunicación. Esta es una condición para que las personas, como
actores autóno-mos, puedan producir y reproducir su dignidad y luchar por ella;
de lo contrario, corren el ries-go de ser excluidas y quedar aisladas.
Estos son los códigos que representan el ma-nejo de habilidades
y capacidades para comu-nicar en la red: adaptabilidad, flexibilidad,
hori-zontalidad, constitución de redes, innovación, articulación,
multiplicación e intercambios; todos ellos son requisitos para la acción
proac-tiva en la sociedad de la información como el principal recurso para la
construcción de una sociedad digna.19
Según la CEPAL (1992), la
educación y el conoci-miento tienen relevancia estratégica para lograr una
Sostenemos que un nuevo tipo de desarrollo humano informacional,
es decir un desarrollo humano vinculado con las nuevas posibilida-des de
intercomunicación tecnológica de ma-nejar las relaciones personales y sociales
y la participación, debiera ser el mejor recurso con que pudieran contar las
sociedades y los indivi-duos para encarar las nuevas formas de poder y
dominación asociadas a los cambios en la glo-balización y a los mapas de poder
emergentes.
Una opción decisiva: dignidad como libertad real
La diferencia principal entre las escuelas de crecimiento
económico y el desarrollo huma-no es que las primeras se ocupan de la
expan-sión de los ingresos —medidos según el PIB—, mientras que el desarrollo
humano se centra en la expansión de todas las opciones de los in-
transformación productiva que aumente también la equidad. Esa
transformación también requiere una pla-taforma común y el uso extensivo de
“códigos de mo-dernidad”, es decir el manejo de abstracciones básicas, de las
operaciones aritméticas elementales y una ade-cuada comprensión de lectura. Hoy
a esto se le deben agregar los códigos informacionales mencionados.
94 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
dividuos, sean éstas económicas, sociales, cul-turales o
políticas. Si bien ingresos más altos pueden generar mayores opciones, la
relación no es automática. El ingreso puede estar distri-buido desigualmente en
una sociedad, de modo tal que las personas de ingresos bajos tendrán sus
oportunidades muy restringidas. Pero la
razón fundamental por la cual el crecimiento del ingreso puede
que no se traduzca en más opciones de desarrollo humano reside en las
prioridades que una sociedad identifica.
Por ello es útil comparar los principales énfasis de las
perspectivas de desarrollo, tal como se esboza en la Tabla 9.1:
Tabla 9.1. Comparación entre distintos énfasis de las
perspectivas de desarrollo
Estado Mercado Persona
Objetivo principal Desarrollo
económico Maximización de
ingreso y Expansión de capacidades y
ganancia de oportunidades para lograr
bienestar
integral
Preocupación primor- Estado Mercados Dignidad
humana
dial
Principio que guía las Participación
de las masas Eficiencia Autonomía, equidad, libertad
acciones y
ciudadanía
Énfasis Apunta a lograr
objetivos Medios para lograr
objetivos Propósitos para lograr obje-
tivos
Identidad cultural Nacional
y popular Cultura de consumo Interculturalismo
Metas de educación, Medios
para modernizar el Aporte al
crecimiento: Inver- Son fines en sí mismos; el
salud y nutrición Estado
y la sociedad sión en capital humano que acceso a ellas es un derecho
contribuya al
crecimiento humano
Rasgos/objetivos del Liderazgo
fuerte El Estado solo debe
promover Democracia
gobierno Integración
nacional el papel de los mercados El Estado es esencial para
Respeto por
derechos hu- promover el desarrollo
hu-
manos
asociados con el mano
mercado, por
ej. derechos de Respeto por los derechos
propiedad
humanos
y la dignidad
Estabilidad
económica
Repensando el Desarrollo Humano desde la perspectiva de la
sociología del actor 95
Estado Mercado Persona
Crecimiento econó- Determinante
para el creci- Un fin en sí mismo Esencial,
pero solo si bene-
mico miento interno El bien de la sociedad está ficia equitativamente a los
individuos
subordinado
al objetivo de
crecimiento Un medio para el desarrollo
humano
Principales directrices Modernización
de la socie- Desregulación y
privatización Expansión de la capacidad
de políticas dad a
través de la educación Mejoras en
eficiencia de agencia de actores e
instituciones
Integración nacional e
indus- Inversión en capital humano
trialización por
sustitución de Dignidad
y ciudadanía como
Estabilidad
macroeconómica
importaciones ejes de desarrollo
Movilización de masas Reducción de desigualdades
Reestructuración
de pre-
supuestos
nacionales;
desarrollo
humano regional
y
local
Promoción
de empleo
Estrategias para erra- Políticas
sociales universales Efecto “derrame” del
creci- Fortalecimiento de los po-
dicar la pobreza Empleo miento bres como actores sociales
Estado de bienestar Inversión en sectores so- Igual participación en la
ciales sociedad
Distribución de riqueza e
Redes de
protección social Acceso a bienes y
servicios
ingresos
Se apunta a
mejorar indica- Orientación de los
beneficios
dores
sociales, especialmen- del crecimiento
hacia los
te la
educación pobres
96 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
Estado Mercado Persona
Indicadores princi- Mejoramiento
de indicadores PIB Índice de desarrollo humano
pales sociales, sobre
todo de edu- Tasa de crecimiento del PIB Índice de pobreza multidi-
cación
Índice de
desarrollo relacio- mensional
nado con el
género Índice de dignidad
Tasa de
inflación
Deuda/PIB
Fuente: Tabla preparada por el autor.
La perspectiva de desarrollo humano que pro-ponemos analiza el
vínculo supuestamente automático entre el crecimiento del ingreso y la
sobredimensión del mercado. Este vínculo depende de la calidad y distribución
del creci-miento económico y se puede crear por medio de políticas públicas
como el aumento del gas-to en servicios sociales y políticas fiscales
re-distributivas. Pero este enfoque también cues-tiona la sobrevaloración de
las masas, la debili-dad de la autodeterminación de las personas y la sobrevaluación
del Estado, identificado con la nación o el pueblo, aunque no niega su rol como
fuerza histórica e ideológica a favor de la justicia social, sobre todo en
países del Sur.
Para impulsar una perspectiva renovada del desarrollo humano,
además de llevar a cabo importantes reformas políticas y económicas, el foco de
atención debiera concentrarse en
primer lugar en la dignidad personal. En se-gundo lugar, puede
advertirse que el desarrollo humano tiene dos aspectos: 1) la formación de
capacidades humanas (salud, conocimiento y habilidades) y; 2) el uso que las
personas dan a sus capacidades (empleo, actividades produc-tivas u ocio). Las
sociedades pueden construir capacidades humanas y asegurar acceso equi-tativo a
opciones de vida. En tercer lugar, es posible hacer una cuidadosa distinción
entre medios y fines: las personas son el fin y el cre-cimiento del PIB es la
manera esencial de ex-pandir las opciones. Pero la naturaleza y distri-bución
del crecimiento económico se debiera medir en términos de cómo enriquecer la
vida de los individuos. En cuarto lugar, el desarrollo humano abarca la
sociedad entera, es univer-sal y no solo nacional y contempla no solo la
economía sino también los aspectos políticos,
Repensando el Desarrollo Humano desde la perspectiva de la
sociología del actor 97
sociales, ecológicos y culturales reciben tanta atención como
los económicos (Ul Haq, 1995).
La democracia está vinculada de varias ma-neras con el tema de
la dignidad: 1) la partici-pación política es una parte integral de la vida en
sociedad, el papel de un ciudadano de un país o de la humanidad siempre está
presente;
尀攀Ā ᜀ Ā ᜀ Ā ᜀ Ā ᜀ Ā ᜀ Ā ᜀ Ā ᜀ Ā ᜀ ऀ Ā Ā Ā ᜀ Ā ᜀ Ā ᜀ Ā ᜀ Ā ᜀ Ā ᜀ Ā ᜀ Ā ᜀ la
democracia es un buen espacio para dis-cutir reclamos y demandas, para
determinar la importancia relativa de diversas capacidades (incluso de la
libertad cultural), la participa-ción en las discusiones debe desempeñar un
papel central en la búsqueda de logros de de-sarrollo y; 3) aunque la
democracia se consi-dere un concepto esencialmente occidental, la historia de
las religiones y las culturas que no son solamente occidentales está llena de
valo-res que se refieren a la dignidad humana, a la tolerancia y a la
reciprocidad, y en este sentido la democracia como valor es mucho más anti-gua
y extensa.
En la actualidad el mundo es próspero y po-bre al mismo tiempo.
La gravedad de las divi-siones y exclusiones amenaza la existencia del propio
sentido de la dignidad humana.
Como ya se ha mencionado, la crítica con-tra la exclusión
vinculada a la globalización se manifiesta en los movimientos de los
“in-dignados” en España y en todas partes en los
luchadores por los derechos humanos y por la paz; movimientos
que desafían una globa-lización que solo concentra poder, y que bus-can una
alter-globalización basada en objeti-vos más emancipatorios (Wieviorka, 2008).
Si bien estos movimientos pelean por nuevas globalizaciones, son también un
fenómeno global tanto por sus inquietudes como por sus miembros. Los activistas
pueden ser de todas partes del mundo y se unen en la red para oponerse a lo que
perciben como graves injusticias globales. Los movimientos anti- y alter-
globalización quizás sean los movimien-tos éticos más globalizados de hoy. Es
esen-cial analizar el centro de sus protestas, que no se refieren a la
globalización en sí sino a la desigualdad humana.
La cuestión decisiva se relaciona, en conse-cuencia, con la
distribución de los beneficios potenciales de la globalización entre países
ricos y países pobres y entre distintos grupos en cualquier sociedad.20 En el
supuesto de
Un análisis de las
tendencias de largo plazo en la distribución del ingreso mundial entre los
países mues-tra que la distancia entre los más ricos y los más po-bres era de
aproximadamente 3 a 1 en 1820, 11 a 1 en 1913, 35 a 1 en 1950, 44 a 1 en 1973,
y 72 a 1 en 1992. Lo más asombroso es que los británicos tenían en 1820 un
98 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
que hay ganancias con la cooperación entre países, es importante
preguntarse si es justa la distribución de beneficios y no meramente si hay
ganancias. En este sentido, las políticas económicas nacionales de los países
ricos y de los países pobres debieran ejecutarse, re-formarse y orientarse
hacia una división in-ternacional más equitativa de los beneficios de la
globalización. Una vez más: “el verdade-ro asunto es la distribución de los
beneficios de la globalización” (Sen, en Sen y Klisberg, 2007: 21).
Una conclusión en distintos informes de de-sarrollo humano es
que para que el desarrollo y la democracia sean sostenibles en sociedades
ingreso de aproximadamente seis veces el de los etío-pes en
1992. Japón, por ejemplo, tenía apenas el 20% del ingreso de Estados Unidos en
1950, pero el 90% en 1992. El sur de Europa ha experimentado una tenden-cia
semejante, con un 26% del ingreso estadounidense en 1950 y el 53% en 1992.
Algunos estados árabes han gozado también de un gran aumento de ingresos. Los
bienes de las tres personas más ricas son mayores que el PIB combinado de todos
los países menos desarrolla-dos. Los bienes de las 200 personas más ricas son
ma-yores que el ingreso combinado del 47% de la población del mundo. Una
contribución anual del 1% de la riqueza de las 200 personas más ricas podría
dar acceso uni-versal a la educación primaria para todos (US$ 7-8.000 millones)
(PNUD, 1999).
culturalmente diversas y estructuralmente he-terogéneas, tendría
que existir un compromiso sobre la gestión de conflictos producido
delibe-rativamente. Así, la gestión de conflictos es ne-cesaria para avanzar en
una cultura de delibe-ración. En estos espacios deliberativos es po-sible crear
acuerdos pragmáticos que promue-van el desarrollo humano. La sociedad, para
desarrollarse, necesita combinar un enfoque pragmático, pluralista y
participativo (PNUD, 2002; PNUD-Bolivia, 2002; PNUD-Chile, 1998; PNUD-Bulgaria;
PNUD-Sao Tomé y Príncipe, 2004; PNUD-Egipto, 2002).
Finalmente, todas estas ideas se refieren al potencial de
actores sociales con posibili-dades de autodeterminación, con capacidad de
representar intereses y demandas y con orientaciones de desarrollo; actores que
tie-nen la capacidad de movilizar a una diversi-dad cultural, en función de un
desarrollo co-mún que requiere de consenso y compromiso. Es difícil pensar un
cambio de orientación sin un acuerdo entre los actores en conflicto.
Pre-cisamente por esto es esencial para la demo-cracia un proceso de renovación
e innovación política. Viene a generar las condiciones polí-ticas para un nuevo
patrón de desarrollo que se apoya en la capacidad y las potencialidades de las
sociedades para la acción; un modelo
Repensando el Desarrollo Humano desde la perspectiva de la
sociología del actor 99
de desarrollo basado en el poder constructivo de la política.
Temas estratégicos
La necesaria renovación de la perspectiva del desarrollo humano
reafirma los rasgos funda-mentales que organizan su teoría y su adapta-ción
histórica, y al mismo tiempo introduce en su análisis y propuestas asuntos
emergen-tes y sucesos actuales, especialmente aque-llos relacionados con
demandas sociales y culturales. Entre los asuntos estratégicos que deseamos
destacar y explorar en este capítulo están los del informacionalismo, el
medioambiente, los patrones de inclusión y exclusión social y nuevos patrones
de con-flicto social.
Informacionalismo
En relación con el informacionalismo,21 Castells analiza cómo se
ha globalizado la
“Informacionismo:
productividad, competitividad, eficiencia, comunicación y poder a partir de la
capaci-dad tecnológica para procesar información y generar conocimiento”
(Castells, 1997: 19).
economía internacional por medio de la transformación de los
sistemas productivos, organizacionales, culturales e instituciona-les, basada
en una revolución tecnológica sustentada en la creación de formas nuevas de
información y comunicación. Con estas transformaciones vinculadas al
informacio-nalismo, el mundo se ha articulado como una unidad en tiempo real y
esto ha cambia-do todas las áreas de la actividad humana. Esta nueva dinámica
se desarrolla desde re-des de intercambio y flujos de comunicación que incluyen
todo lo que aumenta su valor y excluyen todo lo que deja de tener valor; de
esta manera los mercados y las ganancias se transforman en los criterios que
determinan quiénes quedan excluidos o incluidos en las redes globales.
Se puede apreciar que está aumentando la frecuencia de la
tecnología en los hogares (ver Figura 9.1). En el contexto de esta di-námica
informacional, se están expandiendo de manera compleja identidades
multicultu-rales como núcleos de organización social y acción política. También
se están desa-rrollando nuevas identidades individuales “auto-construidas” en
torno de proyectos personales.
100 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
Figura 9.1. Desarrollo global de TIC 2001-2011
Fuente: ITU World Telecommunication/Base de datos de indicadores
TIC.
Las políticas y las reflexiones sobre el desa-rrollo humano son
importantes pero limita-das ante los significativos cambios que ocu-rren a
escala global. El Informe de Desarrollo Humano (IDH) 2001 se centra en el
impacto que los avances tecnológicos tendrían en los países pobres y
subdesarrollados. Sostiene que sin políticas públicas adecuadas ese pro-greso
puede resultar una fuente de exclusión social en lugar de una herramienta de
progre-
so. Para que el desarrollo humano pueda apo-yarse en las nuevas
tecnologías, hay que con-siderar que: 1) la brecha tecnológica no debe seguir
el patrón de la división de ingresos, ya que la tecnología ha sido una
herramien-ta fundamental en el progreso del desarrollo humano; 2) los mercados
carecen de poder suficiente para crear y difundir la tecnología que se requiere
para erradicar la pobreza; 3) los países en desarrollo enfrentan serios
de-safíos en la gestión de los riesgos asociados con las nuevas tecnologías; 4)
la revolución tecnológica y la globalización están creando una era de redes que
cambia la manera en que se crea y difunde la tecnología; 5) todos los países,
incluso los más pobres, deben im-plementar políticas que promuevan la
inno-vación tecnológica y; 6) se requiere de inicia-tivas internacionales y
normas globales más justas para crear adelantos tecnológicos para las
necesidades más urgentes de los pobres (PNUD, 2001).
Estas ideas son importantes pero insuficien-tes. Los desafíos
del cambio global requieren de una renovación intelectual capaz de asociar el
desarrollo humano con la innovación infor-macional y la política multicultural
democráti-ca así como con las necesidades de la teoría de la “sociedad red”.
Repensando el Desarrollo Humano desde la perspectiva de la
sociología del actor 101
En suma, Castells (2012: 22) sostiene que la noción de sociedad
de la información o del conocimiento no es una mera extrapolación tecnológica
de la sociedad industrial, por lo general asimilada a la cultura de la
moderniza-ción occidental. El concepto de sociedad red desplaza el énfasis a la
transformación orga-nizacional y al surgimiento de una estructura social
globalmente interdependiente, con sus procesos de dominación y
contra-dominación. También ayuda a definir los términos del dile-ma fundamental
de nuestro mundo: el predo-minio de los programas de una red global de poder
sin control social o, en su lugar, el surgi-miento de una red de culturas y
redes sociales que interactúan unidas por la creencia común en el valor ético
de redefinir la calidad y la di-rección de la misma globalización.
Por otra parte, el desarrollo humano y el informacional se
pueden complementar uno al otro. Como el desarrollo informacional pro-mueve la
competitividad y el conocimiento, tie-ne un efecto positivo en el desarrollo
humano. Al mismo tiempo, la promoción de la competiti-vidad exige altos niveles
de desarrollo humano, en particular en términos de educación. Tanto el
desarrollo informacional como la competiti-vidad dependen de las capacidades de
los indi-viduos y de la sociedad. En el enfoque de desa-
rrollo humano que proponemos, la competitivi-dad y la equidad se
potencian mutuamente. El enfoque también supone sociedades y actores que
promuevan activamente la interacción en-tre competitividad y desarrollo humano.
En la práctica, para que las estrategias políticas re-sulten sustentables en el
largo plazo tendrán que encarar simultáneamente el desarrollo hu-mano y el
desarrollo informacional.
Una perspectiva renovada del desarrollo hu-mano necesita
comprender los nuevos mapas y conceptos que dan cuenta de las conexiones entre
los procesos de cambio en la sociedad red, el multiculturalismo y el Estado.
El medioambiente
El desarrollo humano está ligado a la degrada-ción ambiental y
al surgimiento del cambio cli-mático. Estos temas presentan un desafío
parti-cular y universal al mismo tiempo debido a la ne-cesidad de renovación
del enfoque de desarrollo humano. El IDH 2011 destaca una suerte de pa-radoja
entre el progreso en el desarrollo huma-no, especialmente en países con altas
tasas de desarrollo, y su enorme impacto en la degrada-ción medioambiental. Es
sencillo: con variantes, más desarrollo significa más contaminación; así se
manifiesta la insostenibilidad de los actuales
102 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
patrones de crecimiento económico en el media-no y largo
plazo.22 La insostenibilidad en el largo plazo resulta obvia para cualquiera,
pero los re-sultados más impactantes se producirían en los países con los más
bajos niveles de desarrollo humano (PNUD, 2011; PNUD, 2007-2008).
Figura 9.2. Amenazas medioambientales y de desigualdad al
desarrollo humano
1,0 Caso base
Países de
Desafío
medioambiental
0,9 muy alto IDH Desastre medioambiental
0,8
DH 0,7 Países de bajo, Caso base
Índice medio
y alto IDH Desafío medioambiental
0,6 Desastre medioambiental
0,5
0,4
0,3
1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050
Fuente: IDH 2011
El habitante promedio de
un país con el más alto ín-dice de desarrollo humano emite cuatro veces más
an-hídrido carbónico y dos veces más metano y óxido ni-troso que las personas
que viven en países con índices bajos, medios y altos, y cerca de 30 veces las
emisiones de una persona de un país de bajo índice de desarrollo
humano (PNUD, 2011: 3).
El IDH 2007-2008 calculó que se necesitaría de nueve planetas
(PNUD, 2007-2008: 3) si todos los habitantes de la tierra generaran la misma
cantidad de gases de efecto invernadero que generan algunos países
desarrollados. Según el PNUD (2011), hay una correlación positiva entre equidad
y desarrollo sostenible: a mayor equidad global mayor sostenibilidad
medioam-biental. Y la equidad no solo se asocia con me-joramientos en el
bienestar, sino con el empo-deramiento de los actores del desarrollo y con la
búsqueda de dignidad personal. La pregunta política que se debe plantear es qué
es posi-ble en las circunstancias actuales. Algunas re-flexiones sobre este
tema:
La necesidad de
diversificar los patrones de desarrollo según las metas y los valores
interculturales relacionados con las comu-nidades y ciudadanos democráticos,
des-tacando la dignidad personal y colectiva como valor central. Esto implica
cambio de estilos de vida y de patrones de consumo y establecer un modo de vida
reintegrado a la naturaleza.
Un debate público global
como recurso cla-ve para el logro de tales metas. La delibera-ción y el diálogo
no solo son valiosos per se para resolver problemas y desarrollar metas,
Repensando el Desarrollo Humano desde la perspectiva de la
sociología del actor 103
sino también para evaluar resultados y par-ticipar en los
procesos de construcción de los mismos.
3. La gestión de esta compleja política ecoló-gica debe ser
flexible pero con metas claras que combinen la sustentabilidad, la equi-dad y
la productividad (Hirschman, 1996).
El papel de la educación
y el conocimiento cultural es estratégico en la propuesta de un marco ecológico
ligado a un renovado enfoque de desarrollo. Este marco se pre-senta tanto en el
espacio intelectual como en el nuevo movimiento por la dignidad, especialmente
entre los jóvenes (PNUD, 2009; Patel, 2010).
Todos los criterios anteriores se deben asociar con el
fortalecimiento de las capacidades de acción de los movimientos ecologistas y
con una creciente legitimidad de la opinión pública internacional favorable a
un desarrollo ecológi-camente sustentable.
Exclusión e inclusión sociales
La exclusión social se entiende respecto a las relaciones
sociales en cuestión y como la falta de derechos básicos y el consiguien-te
deterioro de la dignidad humana. El pleno
goce de esos derechos es un prerrequisito para que se considere
valiosa a una sociedad. Esta perspectiva incluye cuatro puntos: 1) las
limitaciones a la participación y la [falta de respeto social] indican la
ausencia de dere-chos básicos; 2) el énfasis se coloca no en los resultados del
ejercicio de derechos básicos, sino en la igualdad en términos de libertades
para gozar de esos derechos; 3) un reconoci-miento de que las personas tienen
diversas capacidades para aprovechar las oportunida-des disponibles y; 4) el
énfasis se coloca en las metas, no en los medios (así, por ejemplo, los
ingresos se consideran uno de los muchos modos que pueden contribuir a la
inclusión social) (Klasen, 1999).
En el enfoque que proponemos aquí, además de ser un derecho
básico, el trabajo brinda re-conocimiento social; es el núcleo en torno de la
dignidad social vinculada con un sistema de valores inclusivo: los que están
empleados son miembros de una comunidad social y cultural y son reconocidos
como ciudadanos plenos. Entonces, como argumenta Sen (2000), los efectos
adversos de la pérdida de empleo no solo son una pérdida de ingresos, sino
también una pérdida de capacidades, la ruptura de lazos sociales y la disminución
de libertades indivi-duales. El trabajo genera identidad, refuerza
104 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
la dignidad y eleva las capacidades de agencia para la acción
social.
En América Latina, por ejemplo, la desigual-dad y la exclusión
social son los efectos más negativos de las reformas estructurales asocia-das
con experiencias heterogéneas de globali-zación (PNUD, 2004a; Calderón, 2007b).
Como tendencia general, la dinámica económica de las décadas recientes ha sido
excluyente: mu-chos jóvenes han sido excluidos o incluidos de manera
desfavorable (Kostzer, 2008). Si bien en los últimos años ha mejorado la
situación, especialmente por la reducción de la pobreza, América Latina sigue
siendo la región más des-igual del mundo (CEPAL, 2010). La gran mayo-ría de la
gente en distintos países se ubica entre la exclusión y la inclusión
desfavorable.
Necesitamos un cambio de perspectiva para encarar los desafíos
que implica la compleja realidad de la dinámica entre exclusión e in-clusión.
El IDH 1993 (PNUD, 1993) mostró que la dinámica de exclusión del mercado
laboral estaba relacionada directamente con la diná-mica de competitividad
económica y que éstas eran algunos de los principales límites para el
desarrollo.
El enfoque de desarrollo humano destaca la necesidad de un
esfuerzo concertado entre Es-tado y mercado, y sugiere algunos parámetros
que debieran gobernar la relación entre el Es-tado, lo público y
el mercado. Esto requiere de una reflexión acerca del papel del Estado y de los
mercados en términos del desarrollo de las personas. Los mercados son
esenciales para el intercambio de bienes y servicios. Sin embar-go, ¿son
capaces y completamente libres para promover la inclusión social de todos? ¿Qué
tipo de influencia tienen en el desarrollo y la distribución de los ingresos?
Como se muestra en el IDH 1993, los mercados tienen [barreras] y no son ni
automática ni inevitablemente fa-vorables para las personas.23 Entonces,
inclu-so si están operando de manera eficiente, los mercados pueden provocar un
aumento de la pobreza, de la desigualdad y del desempleo. También pueden
ignorar la sustentabilidad medioambiental y toda inquietud intergene-racional.
El enfoque de desarrollo humano no solo necesita que los mercados sean
eficientes, sino que consideren también la equidad y la sustentabilidad. En
este sentido, sostenemos que la ética y la política, por medio de los ac-tores
sociales —individual y colectivamente— intentan influir en los mercados para
que in-corporen el paradigma de desarrollo humano y
PNUD 1993 Human
Development 1993, People’s Participation (Nueva York: Oxford University Press).
Repensando el Desarrollo Humano desde la perspectiva de la
sociología del actor 105
más bien no subordinen el desarrollo humano
a una lógica reificante
del mercado.24 Entre-
tanto el Estado —y especialmente el Estado de bienestar— ha sido
un participante signi-ficativo en muchos procesos históricos, pro-moviendo la
integración social y proveyendo garantías institucionales para la vida pública.
Sin embargo sus acciones con frecuencia se ven perjudicadas por burocracias
ineficientes e intereses económicos dominantes y por una restructuración
financiera que tiende a des-truirlo, como se puede apreciar en Europa
oc-cidental. Solo una ciudadanía compleja, crítica y autónoma puede imponer
límites a la tenden-cia estatal a concentrar el poder o reorientar los mercados
hacia un horizonte inclusivo. En este sentido, los modelos de desarrollo que se
enfocan únicamente en el Estado o en los mer-cados son insuficientes en
términos de desa-rrollo humano.
24 El IDH 1993 sostiene
que los mercados deben ser
favorables para el público. Tres deficiencias del merca-
do deben regularse: 1) deficiencias provocadas por mo-nopolios,
controles de precios e intervención deficien-te del Estado; 2) disparidades
entre las personas que participan en los mercados debido a exclusión racial o
capacidades insuficientes y; 3) externalidades como la contaminación o la
prevención de enfermedades conta-giosas (PNUD).
Si el desarrollo humano no se asocia con in-novación y con la
creación de un estado de lo público en términos del bienestar de la socie-dad,
las limitaciones resultan obvias.
Según Sen, se debe entender la exclusión dentro del contexto más
amplio de las rela-ciones sociales y la pobreza, en términos de falta de
capacidades. De modo semejante, la pobreza no se puede considerar solo como una
carencia de ingresos, sino como “vida empo-brecida”, es decir, desde una
perspectiva rela-cional que toma en cuenta las múltiples dimen-siones de la
pobreza y la exclusión. Según este planteamiento, las personas no solo aprecian
y necesitan los ingresos, sino que aspiran tam-bién a no ser excluidas de las
relaciones socia-les. En consecuencia, en este planteamiento la exclusión
social integra la pobreza de capaci-dades (Sen, 2000). Si la exclusión es parte
de la pobreza, entonces resulta central para la participación en la vida social
y en la interac-ción con los otros. La imposibilidad de partici-pación
constituye una privación. La exclusión también se puede ver, desde una
perspectiva cultural y política, como la imposibilidad de elegir un modo de
vida o los límites para ele-girlo (PNUD, 2004b).
Al mismo tiempo, estar excluido de las relaciones sociales puede
conducir a otras
106 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
privaciones económicas que limitan aún más oportunidades. El
desempleo, por ejemplo, puede generar empobrecimiento en términos económicos,
lo que a su vez puede generar privación: por ejemplo, restringiendo el ac-ceso
al conocimiento y estableciendo así una especie de círculo vicioso en el cual
un tipo de exclusión conduce a otro. En suma, los di-versos tipos de exclusión
(económica, social, educacional, cultural, laboral, etc.) suelen
re-troalimentarse y conducen a la exclusión de la posibilidad de vivir una vida
digna y una ciudadanía plena.
Es necesario considerar el dinamismo que adquiere la exclusión
en un mundo rápidamen-te cambiante. Los procesos de globalización,
informacionalismo y de comunicación en red incorporan permanentemente nuevos
grupos a la interacción económica en un medio cultural y social determinado. En
este sentido la globa-lización presenta tanto riesgos como oportuni-dades, si
bien a las oportunidades solo pueden acceder los que no están excluidos (Sen,
2000). El proceso de globalización se debe pensar en términos de desarrollo
humano.
En este contexto, la crisis, la incertidumbre y el riesgo son
datos de las nuevas condicio-nes de desarrollo en la globalización. Nadie está
totalmente libre de la exclusión. Incluso
los que participan de la economía y la política formales
mantienen relaciones dependientes e incertidumbres dadas las fluctuaciones de
la economía. Esta situación afecta fuertemente las capacidades de agencia de
los individuos y de los actores sociales. Hoy no hay garantías de equidad o de
movilidad social, porque el mun-do está experimentando un riesgo mayor debi-do
al alcance global de la crisis económica. Así pues, la dinámica entre inclusión
y exclusión está inmersa en un contexto de cambio cons-tante, de riesgo e
incertidumbre, problemas que tiene que encarar un enfoque de desarrollo.
A esto se agrega la “inclusión desfavorable” en las economías
desarrolladas, debido al alto riesgo de que conduzca a la exclusión. Por
ejemplo, las demandas de mejores o más justas condiciones de empleo o de una
participación social más igualitaria están vinculadas con una situación de
inclusión desfavorable, no con una de exclusión. Sin embargo, debe quedar en
cla-ro que la inclusión desfavorable y la exclusión no son lo mismo; quien, por
ejemplo, está in-cluido desfavorablemente por las injustas con-diciones
laborales en que trabaja puede estar excluido en otros aspectos de la vida
social.25
Para más referencias, ver
el Anexo Estadístico: el Índice de Pobreza Multidimensional, que muestra la im-
Repensando el Desarrollo Humano desde la perspectiva de la
sociología del actor 107
Sostenemos que están en juego tanto los beneficios como los
costos de la globalización y de la crisis global. En este sentido, no solo la
asignación de costos y recursos, sino tam-bién la orientación política de las
políticas de desarrollo y de la crisis impactan en el equi-librio de poder.26
La noción de inclusión des-favorable es un reflejo de la ambivalencia de los
resultados sociales más relevantes de la crisis global. Por una parte, los
planes de aus-teridad implementados en la Unión Europea, y en menor medida en
los Estados Unidos, han infligido costos significativos a sus ciuda-danos. Por
otra parte, las políticas expansivas de economías emergentes, como en América
Latina y especialmente en Brasil, han ayuda-do a sacar de la pobreza a más 60
millones de personas. En ambas situaciones, la evolución hacia una inclusión
activa requiere de políti-cas consensuadas que promuevan desarrollo y equidad
con énfasis en los grupos excluidos o algo excluidos de la sociedad. Las
políticas deben combinar adicionalmente asuntos glo-bales y locales, como hace
mucho demandan
portancia de la exclusión social en el desarrollo global; y Sen,
A., Temas claves del siglo XXI, pp. 28-30.
Para más detalle, ver el
análisis de Beck (2013) de la crisis del euro y el modelo alemán.
los movimientos alter-globalización. La tasa Tobin constituye,
en este sentido, un ejemplo prometedor de Objetivos de Desarrollo del Mi-lenio
renovados y más ambiciosos.27 En suma, incluso con diferentes “pisos
históricos”, las economías desarrolladas podrían implemen-tar políticas
orientadas a revertir las tenden-cias negativas en términos de degradación
social, y las economías emergentes podrían enfocarse en sostener y expandir sus
logros recientes. Este contexto está contribuyendo a la redefinición de las
relaciones entre los paí-ses y su interdependencia.
Es importante analizar la relación entre la exclusión
socioeconómica y la exclusión po-lítico-cultural. El progreso conseguido por
las economías del Sudeste asiático, cuyo éxito se suele presentar como un
ejemplo a imitar en América Latina, está relacionado con la habi-lidad de sus
gobiernos para evitar la exclusión en el campo de la educación y de las
oportu-nidades sociales básicas, aunque en el campo político se ha limitado la
inclusión, lo cual es quizás el problema más serio de desarrollo hu-mano en esos
países.
Ver el Informe de
Desarrollo Humano 2003.
108 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
Conflictos sociales
Los actuales conflictos sociales están en el centro de los temas
estratégicos y están siendo enteramente redefinidos por los impactos de la
globalización. Aún más, son principalmente el resultado de un conflicto
redistributivo aso-ciado a los impactos de la globalización. Las diversas
dimensiones de la actual crisis global, y especialmente las consecuencias
sociales de algunas políticas económicas que son útiles al capital financiero
global o regional, redefinen el conflicto social. Hoy estamos experimentan-do
un cambio en el sistema político global de toma de decisiones y esto afecta las
diversas matrices del orden social emergente. Vivimos en un mundo multipolar
con economías emer-gentes como China, Rusia, Sudáfrica, India y Brasil. La
crisis multicultural y las limitacio-nes de una convivencia multicultural
adquie-ren muchas formas en Europa y en Estados Unidos, especialmente entre
Occidente y el mundo árabe musulmán. En última instancia, redefinen la crisis
ecológica y las graves difi-cultades de las economías centrales para lo-grar
acuerdos políticos sobre los impactos del cambio climático.
Todas estas crisis, cambios y conflictos tienden a tener efectos
sistémicos y globales.
En América Latina, por ejemplo, un estudio reciente concluyó que
no solo existe el man-tenimiento de extensos e intensos conflictos asociados a
la reproducción social y la inclu-sión, la legitimidad institucional y el orden
multicultural, sino también conflictos que combinan una lógica nacional contra
los es-tados y los poderes internacionales con otra que se basa en lo global en
función de una anti o alter-globalización. Además, la mayoría de las agendas de
poder, opciones de políticas y narrativas de conflicto se producen en un nue-vo
espacio público cada vez más interactivo y tecnológico de redes de comunicación
(C. Rojas, 2011).
Varios estudios han mostrado que en esta época de crisis las
distintas demandas y con-flictos sociales tienden a multiplicarse y
frag-mentarse. Son el resultado de cambios en el proceso de globalización; la
política y las op-ciones clásicas de desarrollo no han sido ca-paces de
procesar y gestionar rápidamente las demandas en la vida cotidiana de la gente.
En términos generales, los cambios pare-cen estar relacionados
con los límites de un patrón cultural de consumo asociado con una reificación
del mercado como núcleo de la vida social: un límite estructural de la
re-producción del entorno a una acelerada di-
Repensando el Desarrollo Humano desde la perspectiva de la
sociología del actor 109
ferenciación social con altos niveles de con-centración de
ingresos, recursos y poder eco-nómico y en última instancia un límite a un
policentrismo social que tiene una capacidad enorme para ser gobernado por las
actuales opciones políticas.
La lógica del conflicto y la acción social se expresa en la
actualidad en una pluralidad de actores, muchos de ellos circunstanciales, que
tienden a moverse hacia redes de información y comunicación. Las redes sociales
se están convirtiendo entonces en lugares donde las personas pueden manifestar
y desarrollar rela-ciones de conflicto y poder y no solo en las so-ciedades de
la información y el conocimiento, sino también en sociedades y economías
indus-triales y precapitalistas.
En un estudio sobre conflictos y movimien-tos recientes en las
redes, centrados en las demandas de dignidad y cambio, Castells ha
caracterizado los movimientos de la siguien-te manera: como conectados y
descentrali-zados en redes de numerosas maneras y de forma flexible; como
construyendo espacios autónomos que vinculan la red con el espa-cio público;
como locales y globales al mismo tiempo; como combinando la búsqueda de nuevos
modos de vida con el uso de un “tiem-po atemporal”; como siendo intercomunicati-
vos entre diferentes partes de la red global; como articulando
el papel de la deliberación política entre la indignación y la exigencia de un
nuevo tipo de sociedad y de política; como en búsqueda de unidad y solidaridad,
y como indicadores de la naturaleza reflexiva de los seres humanos y de su
búsqueda de valores sociales que efectivamente puedan influir en la opinión
pública con consecuencias para el régimen y el sistema político. Lo que estaría
en juego, en última instancia, es la posibilidad de autonomía del sujeto y un
nuevo patrón de desarrollo (Castells, 2012). En general, los in-formes y la
teoría del desarrollo humano han concedido poco espacio al papel estratégico de
los conflictos en el desarrollo. El tema del conflicto, como uno de los mayores
factores de desarrollo, ha surgido más bien en el ni-vel sub-regional o
nacional. La teoría de la agencia social solo asume implícitamente el tremendo
poder que los conflictos tienen en la viabilidad de las estrategias de
desarrollo y cambio.
La definición de desarrollo humano en consonancia con una nueva
era todavía es una tarea pendiente. En el centro de ese cambio se sitúan los
problemas de exclusión y las opciones para una renovada agencia de desarrollo.
110 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
Hacia una agencia de actores de desarrollo humano
Desde una perspectiva de la agencia de los acto-res del
desarrollo humano, el asunto central es la posibilidad de que los excluidos
puedan trans-formar sus necesidades en demandas y acciones e interactuar con la
sociedad y en las esferas ins-titucionales.28 En este sentido, el mejoramiento
de las condiciones de vida y la integración polí-tica de los excluidos son
asuntos democráticos en relación con el Estado y con todos los aspec-tos y
temas estratégicos mencionados.
Por esta razón es muy importante promover la agencia de
inclusión y justicia. La perspecti-va de desarrollo humano plantea la necesidad
de vincular exclusión e inclusión por medio de las nociones de dignidad e
igualdad de dere-chos. Estas nociones se pueden vincular direc-tamente al
ejercicio de una ciudadanía activa (Calderón, 2007a).
La exclusión de la participación política se puede considerar
una privación y una ne-gación de libertades políticas y de derechos civiles.
Como contrapartida, la inclusión po-lítica crea oportunidades para que se
avance
28 Para más
explicaciones, ver PNUD (2009), capítulo I.
en las áreas restantes. Sin embargo, la ciu-dadanía ha adquirido
una dinámica distinta a la que tenía en sociedades clásicas y de-pendientes. La
ciudadanía tiene que encarar las transiciones y conflictos en sociedades
crecientemente policéntricas y cambiantes. Esto produce una explosión de nuevas
nece-sidades y derechos relacionados con un cam-po más amplio que el de la
clásica ciudadanía política y social: el derecho a la educación requiere
vincularse con el derecho al trabajo y redefine también la ciudadanía social.
Los derechos de género, las minorías sexuales, la identidad cultural, los temas
medioambienta-les y el acceso a la sociedad de la informa-ción, entre otros
asuntos, pueden redefinir la acción en nuevas áreas.
El concepto de “agencia de ciudadanía” pue-de ser un recurso
interesante para enfrentar estos temas. Esta agencia tiene el poder de
mo-vilizar las capacidades de los ciudadanos para modificar un contexto
particular y promover mayor equidad en el acceso a la propiedad y los servicios
y mayor libertad de elección, que resultaría en una mayor inclusión social.
Una agencia de ciudadanía podría generar, a través de
condiciones estructurales y políticas específicas, mayor inclusión e igualdad
social. Por otra parte, este tipo de agencia podría pro-
Repensando el Desarrollo Humano desde la perspectiva de la
sociología del actor 111
mover la renovación y la sustentabilidad del desarrollo humano.
Estamos hablando, desde esta perspectiva, de un desarrollo en el
que prevalece la noción de ser humano como actor: una fuerza abierta a la
acción creadora, poseedora de una voluntad y una capacidad para transformar el
desarrollo en términos de su relación con otros, con ellos mismos y con su
entorno. Se trata de un nuevo tipo de coexistencia: ser parte, en última
ins-tancia, de una comunidad de ciudadanos.29
En otras palabras, aumentando el grado de inclusión cultural hay
condiciones para una mayor agencia. Si aquella disminuye, será más difícil que
haya agencia. Una inclusión dismi-nuida o desfavorable produciría una capacidad
limitada de acción o agencia. En suma, agencia e inclusión pueden configurar el
círculo virtuo-so del desarrollo. Esto implica la presencia de mediación
política, ya que solamente la políti-ca puede potenciar una interacción
fructífera entre inclusión social y agencia de ciudadanía. La agencia supone
también la presencia de al-gunas condiciones económicas básicas. Es po-
sible asimismo que los ciudadanos intenten ar-ticular el
reconocimiento de identidades y de derechos políticos, económicos y sociales de
participación en el proceso de toma de deci-siones. Mientras más equitativo y
sinérgico sea el equilibrio entre reconocimiento, distribu-ción y
participación, mayor será la capacidad de operatividad y dignidad humana. En
cam-bio, mientras menor sea el nivel de equilibrio y sinergia, menor será la
capacidad de agencia y mayor la exclusión.
Cada contexto social mostrará entonces di-ferentes situaciones y
relaciones que resulta-rán en distintos equilibrios, incluso dentro de una
misma comunidad o conglomerado social. La determinación de qué es importante en
una agencia de ciudadanía es indispensable para identificar el nivel deseado de
articulación entre reconocimiento, distribución y participación.
Vale la pena observar que no hay una jerar-quía predeterminada
para la articulación entre reconocimiento, distribución y participación. De
hecho, esa articulación varía según proce-sos históricos específicos.30 Un
índice de agen-
Para una perspectiva
comparativa y teorética sobre el desarrollo humano, ver PNUD 2008 Ciudadanía y
desarrollo humano. Cuaderno I de gobernabilidad de-mocrática (Buenos Aires:
Siglo XXI) y PNUD (2004b).
ᜀ Ā ᜀ Ā ᜀ Ā ᜀ Ā ᜀ Ā ᜀ Ā ᜀ Ā ᜀ 䀀 Ā Ā Ā ᜀ Ā ᜀ Ā ᜀ Ā ᜀ Ā ᜀ Ā ᜀ Ā ᜀ Ā ᜀ Para
una discusión sobre cultura, acción pública y deliberación, ver Sen, A. “How
Does Culture Matter?” y Calderón, F. y Szmukler, A. “Political Culture and
Deve-lopment”, en Walton, M. y Rao, V. (2004).
112 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
cia calculado para cuatro ciudades del Merco-sur —Asunción,
Buenos Aires, Montevideo y Río de Janeiro— no solo identificó la fortaleza de
la agencia de ciudadanía y el significativo papel de las mujeres, sino que
también encon-tró diferencias entre las generaciones más jó-venes en términos
de la relevancia atribuida a la distribución y a la participación.31
Si la exclusión y la calidad de la vida co-tidiana constituyen
los desafíos principales para el desarrollo humano, la articulación y
traducción de una agencia de reconocimiento de derechos, y la distribución y
participación necesarias para enfrentar esos desafíos, im-plica que los actores
pueden transformar sus necesidades en demandas y en acciones que modifiquen su
realidad, es decir, que pueden convertirse en actores de su propia
emanci-pación. Pero esto supone también cierta dis-posición subjetiva hacia un
desarrollo eman-cipatorio que permita articular tradición con innovación e
individualización con desarrollo colectivo. En este área es vital, para el
desa-rrollo de sociedades aceptables, un renovado papel del espacio público
como lugar de en-cuentro e intercambio cultural.
Informe de Desarrollo
Humano de Mercosur 2008-2009 (PNUD).
La construcción de esta capacidad operati-va está relacionada
indirectamente con la ca-pacidad de un actor para combinar sus metas (guiadas
por valores) con su identidad y con los problemas o conflictos que implique el
lo-gro de esas metas. El estudio del actor, en par-ticular, determina por lo
menos cuatro áreas de desarrollo:
•• Primero, todo actor busca ciertos tipos de orientación y desde
alguna de estas orienta-ciones vive una experiencia de participación. Los
niveles y formas de la participación de un actor determinan la fortaleza de sus
metas.
•• Segundo, todo actor tiene su propio hori-zonte temporal,
definido en su mayor parte por sus acciones, desde el sistema de rela-ciones de
exclusión-inclusión. Entonces, incluso cuando los actores tienen su propia
continuidad histórica y sus propias expe-riencias, su orientación o motivación
princi-pal se define por puntos de inflexión, crisis y conflictos.
•• Tercero, los actores muestran una evolución heterogénea según
sus diferentes identida-des, los desiguales niveles de desarrollo en términos
de información, conciencia, orga-nización y finanzas personales, sus ciudades o
comunidades.
Repensando el Desarrollo Humano desde la perspectiva de la
sociología del actor 113
•• Cuarto, es importante considerar el impacto de los actores en
las relaciones sociales y en la sociedad, no solo por las acciones aisla-das
sino también por un área de conflicto en la cual los actores involucrados se
modifican a sí mismos para conseguir una meta (Tou-raine, 1984 y 2005).
El actor es primordialmente un ciudadano. Su desarrollo como
persona es inseparable del desarrollo humano. La construcción de su ver-dadera
libertad y dignidad es inseparable de la vida colectiva de su sociedad. Sen
(1998) iden-tifica las condiciones que se requieren para ser un agente y la
relación entre agencia, libertad personal y compromisos colectivos. La libertad
con bienestar es un tipo particular de libertad y por lo tanto se la define
como la capacidad de una persona para lograr muchas cosas y disfru-tar el
bienestar.
Este concepto debe diferenciarse de la liber-tad de ser un
agente, que alude a lo que la perso-na es libre de hacer y a que persigue las
metas o valores que considera relevantes. La faceta de actor de un individuo no
se puede comprender sin considerar sus objetivos, propósitos y obli-gaciones y
su concepción del bien. Mientras que la libertad de bienestar puede lograr
cual-quier cosa determinada, la libertad de agencia
es más general: es la libertad para obtener cual-quier cosa que
la persona, como actor respon-sable, se proponga conseguir.
La libertad implica el reconocimiento de la pluralidad
constitutiva de las sociedades mo-dernas. Esta idea de libertad abarca dos
aspec-tos diferentes: poder y control. En el primer aspecto la libertad de una
persona se puede evaluar sobre la base de su poder para lograr resultados
específicos sin referencia a meca-nismos o procedimientos de control. Al poder
no le importa cómo ocurren las elecciones mientras se obtengan los resultados
deseados. El poder efectivo permite la elección contra-fáctica: las cosas
podrían hacerse de acuerdo al conocimiento que se tiene sobre lo que el
individuo elegiría si realmente tuviera control sobre el resultado. El control,
sin embargo, se refiere a la capacidad de monitorear el proceso y los
mecanismos utilizados. En democracia, es el ejercicio de los derechos y
obligaciones de los ciudadanos. Supone además —como ya se mencionó— una cultura
de solidaridad en los procedimientos.
Estas ideas ayudan a comprender cómo construir una opción
colectiva respetando la autodeterminación de las personas. La capa-cidad de
construcción de una agencia de ciu-dadanía requiere de un proceso deliberativo,
114 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
ya que la agencia debe construirse en relación con otros. Es
imposible, incluso en los más ab-surdos escenarios de soledad, pensar en una
acción aislada. Toda acción individual o colec-tiva, en el nivel real o en el
nivel imaginario, supone la presencia de otros.
Actor y agencia constituyen en este contex-to una suerte de
dialéctica del desarrollo hu-mano. A medida que aumenta la agencia del actor,
éste puede utilizar más capacidades de autodeterminación y generar más opciones
de vida según sus valores y aspiraciones. Pero también los actores pueden
desarrollar, en un nivel subjetivo, un sentido crítico y reflexivo de su propio
accionar, pensándose a sí mismos como una articulación entre innovación y
tra-dición, por una parte, y entre individualidad y colectividad, por otra.
El mundo está experimentando un proceso de cambio peculiar
suscitado por la crisis de la globalización. Procesos globales que trascien-den
la soberanía nacional (Beck, 2006) gene-ran asuntos críticos que afectan la
vida diaria de personas y gobiernos. No todo el mundo ni todas las cosas están
globalizados, pero las redes globales afectan a todos y a todo. La brecha
creciente entre el deterioro ambiental y exclusión que generan los problemas
finan-cieros (globales) y el espacio en el cual estos
problemas se manejan (el Estado-nación), es una fuente de la
actual crisis de desarrollo. Los déficit de eficiencia, legitimidad, identidad
y equidad, que afectan a las instituciones de go-bernabilidad, están reforzando
ahora la necesi-dad de construir áreas multilaterales y globales de gobernanza.
La crisis global tiene algunas características que, por una parte, afectan los
actuales planes políticos y económicos de ac-ción, pero por otra crean nuevas
posibilidades para discutir temas de desarrollo en un nivel a la vez nacional,
regional y global.
Estos desafíos han sido planteados con fre-cuencia por actores
socioculturales y redes sociales no gubernamentales, pero también a través de
las limitaciones que enfrentan la cooperación internacional y los organismos de
crédito —como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional— y también
Naciones Unidas y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Son
instituciones que necesitan cambiar su cultura organizacional para enfren-tar
los cambios y las nuevas relaciones de po-der emergentes.
Como resultado de esta crisis, la sociedad civil y los actores
no gubernamentales desarro-llan mecanismos que defienden los intereses,
necesidades y valores de los ciudadanos y afec-tan la respuesta de los
gobiernos. Hoy existe
Repensando el Desarrollo Humano desde la perspectiva de la
sociología del actor 115
una esfera pública que opera en una arena po-lítica
internacional no sujeta mecánicamente a ningún poder soberano y configurada por
la geometría variable de relaciones entre Estados y actores globales
(movimientos, corporacio-nes multinacionales, religiones, creadores de cultura
y cosmopolitas intelectuales y globa-les). Se forma así una “sociedad civil
global”. Y precisamente en este espacio se puede dar sentido a las experiencias
colectivas de delibe-ración social internacional.
Uno de los problemas que genera la globali-zación y el cambio
político es la complejidad y la transformación de economías y sociedades versus
los límites de la política y de las insti-tuciones del Estado nacional para
procesar los cambios. Las sociedades son cada vez más policéntricas y los
políticos tienen dificultades importantes para decodificarlas y gobernarlas.
Hay escenarios políticos nuevos, pero aún no existen mapas apropiados para
navegar por ellos.32 Se está abriendo el horizonte cultural del cambio
político.
Los cambios que han ocurrido en las dimen-siones de la agencia y
sus relaciones —logros de capacidades, orientaciones, de desarrollo y
32 Para más información,
ver Calderón y Lechner
(1998) y Lechner (2002).
campos de desarrollo— se orientan a la indivi-dualización sin
desconocer nuevas demandas colectivas y el reconocimiento de otros que
provienen cada día más de otras culturas. El multiculturalismo y la
individualización, junto con la redefinición de metas colectivas que hoy son
más socioculturales y prácticas y no polí-ticas en sentido estricto, ya forman
parte del inventario de una nueva agencia de los actores del desarrollo que se
observa en todas partes. Estos cambios en la agencia, en el contexto de la cultura
de la tecno-sociabilidad, están rede-finiendo la solidaridad y las metas
colectivas, pero también están provocando tensiones en-tre lo público y lo
privado, entre lo individual y lo colectivo, entre la tradición y la
innovación. Por otra parte, se advierten discrepancias entre la construcción
personal de la individualización y la construcción de individuos autónomos por
parte de la sociedad. Se está redefiniendo lo so-cial mismo.
Las posibilidades de construir una agencia de desarrollo en el
espacio público debieran estar relacionadas con la renovación de las políticas
públicas, el reconocimiento de condi-ciones estructurales y la subjetividad y
cultura que conllevan estos procesos. Por lo tanto se requiere de una agenda
política para fortalecer capacidades, especialmente que los jóvenes
116 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
comprendan y actúen en sus propios procesos de cambio y
consecuentemente en sus socie-dades. El derecho a la acción política,
entendi-do como un bien colectivo, es tanto un bien so-cial como un bien común.
Como ha afirmado Rawls (1971), un acuerdo social solo es justo cuando,
comparado con otros acuerdos socia-les, las personas que en la sociedad se
encuen-tran en la posición menos ventajosa obtienen una posición mejor. Aquí la
capacidad integra-dora de la política se refiere a la política como un promotor
de poder democrático en el cual los distintos agentes —o actores— intercam-bian
argumentos y propuestas para construir opciones. Una política para y de los
actores tendría que hacerse cargo de la diversidad de subjetividades y
condiciones estructurales. Esto requiere que se tenga en cuenta la nueva
“politicidad”: más local y enfocada en la vida cotidiana, preocupada por
asuntos ambienta-les y culturales, y tendiente a una inclusión social que
integre educación y empleo y lo in-dividual con lo colectivo.
El desarrollo de la capacidad de agencia de los actores del
desarrollo solo sería posi-ble en la esfera pública, entendida como el lugar de
encuentro entre la sociedad y el Es-tado, donde se desarrollen lazos políticos
por medio de la participación pública y donde la
comunicación entre distintos puntos de vista incida en la
evolución de las instituciones po-líticas. El espacio público no solo es un
espa-cio instrumental de encuentros, sino también el patrimonio cultural de
ideas y proyectos de una sociedad que está alimentando continua-mente el debate
público. El desarrollo de una cultura política democrática es decisivo, ya que
permite la acumulación de experiencia e innovación en el desarrollo
democrático. En este sentido, las virtudes y valores de una de-mocracia pluralista
que conectan el sentido público con el bien común constituyen una garantía de
sustentabilidad de la democracia y el desarrollo humano.
Corolario: hacia una pedagogía para renovar la perspectiva
La renovación de la perspectiva presupone, sobre todo, el
mantenimiento y adaptación del terreno para los cambios y desafíos de una
cri-sis multiglobal. Esto descansa en la promoción de una suerte de “cultura de
pedagogía de de-sarrollo humano” y se centra en la renovación de las
capacidades de agencia de actores indi-viduales y colectivos para combinar
espacios locales con espacios globales y áreas históri-
Repensando el Desarrollo Humano desde la perspectiva de la
sociología del actor 117
cas con innovación cultural y tecnológica, en una lógica de
resultados centrada en valores de dignidad y en horizontes subjetivos
abier-tos. Esto implica, por una parte, mantener y fortalecer una reflexión
orientada por valores prácticos de resultados y, por otra, una re-flexión
teórica basada en normas abiertas de desarrollo humano que apunten a lograr
digni-dad como una condición de libertad humana.
La dignidad y la libertad son tanto sustanti-vas como
procedimentales. Sustantivas, por-que están abiertas a varias opciones en
relación con los actores y sus habilidades y destrezas para manejar códigos en
sociedades de riesgo en cambio constante —dados los procesos del
informacionalismo y la globalización—, y sus capacidades de acción y reflexión
en relacio-nes conflictivas en un orden democrático. Pro-cedimentales, porque
implican experiencias deliberativas para elegir opciones y metas en términos de
resultados y porque permiten la op-timización de intereses particulares
asociados con lo público. La deliberación entre diferentes es el modo de
creación e innovación sustanti-va del desarrollo humano. Los acuerdos que
puedan surgir serán más exitosos cuanto más alta sea la contribución de
múltiples actores. La deliberación es un procedimiento óptimo para el
desarrollo humano, porque es legítima
y efectiva para combinar opciones personales y colectivas.
La pedagogía del desarrollo humano sería una nueva manera de
pensar sobre el ambiente y la cultura. Es una manera “ecológica” de pen-sar, en
la cual el actor es parte de la naturaleza y de sus cambios y no se opone a
ella. El actor ni domina ni destruye la naturaleza. La natu-raleza es parte
intrínseca de un renovado de-sarrollo humano. Es necesario cambiar, entre otras
cosas, la manera de pensar las relaciones entre el hombre y la naturaleza. Las
metas de libertad y dignidad no pueden excluir la pre-servación del equilibrio
ecológico. Recuperar ideas filosóficas acerca de la naturaleza, como las
andinas, que buscan una armonía fructífera entre la naturaleza y los seres
humanos, es tam-bién una tarea intelectual pendiente.
Esta nueva pedagogía supone una política pú-blica que busque
confrontar subjetividades y cul-turas, las complejidades de la realidad
contempo-ránea y, desde allí, redefinir las metas del desarro-llo humano con un
espíritu de austeridad y paz.
En conclusión, desde una perspectiva re-novada de desarrollo
humano, la crisis global —más allá de sus diversos componentes y dimensiones—
pone de manifiesto que las ac-tuales opciones económicas y financieras de
desarrollo basadas en patrones culturales de
118 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
consumo, niveles extraordinarios de concen-tración de riqueza,
exclusión social y cultural, pobreza, degradación medioambiental e
insti-tuciones políticas y democráticas debilitadas, tanto en el nivel local
como global, no son sus-tentables en el largo plazo ni una solución a la
crisis. El surgimiento de nuevos conflictos y de demandas centradas en las
subjetividades y en la dignidad de los individuos y las comunida-des, como
nuevas condiciones y dinámicas de la sociedad red y de la economía de la tecno-logía
de la información y de la comunicación, parece tornar evidente la necesidad de
renovar un patrón de desarrollo humano sustentable que se base en la calidad de
vida de la gente, en la paz, el pluralismo cultural y el bien común. Esto
constituiría un nuevo tipo de sociedad de bienestar basada en la dignidad
humana, en la cual los sujetos del desarrollo son las personas, y sus
comunidades expanden y renuevan sus capacidades de agencia, vinculando
creativa-mente el desarrollo humano con el desarrollo informacional y el
multiculturalismo.
Observaciones finales
Hemos sostenido que las actuales demandas y protestas
socioculturales provocadas por la
crisis global están profundamente arraigadas en una reevaluación
de la dignidad de las perso-nas y de diversos grupos multiculturales. Estas
demandas de dignidad y el impacto negativo de la crisis global y la
incertidumbre que genera, requieren de una reingeniería del enfoque de
desarrollo humano, que se profundice y amplíe con las posibilidades que crea el
desarrollo in-formacional. Nuestras observaciones finales en este sentido son
las siguientes:
Primero, el vínculo entre competencias y li-bertades debiera
redefinirse según la subjetivi-dad y la dignidad de las personas. La dignidad
humana se ha convertido, en términos genera-les, en un valor esencial no solo
en los niveles locales y nacionales sino como un bien univer-sal deseable. Las
personas son los actores fun-damentales de este enfoque de desarrollo.
Segundo, las metas del enfoque menciona-do son factibles de
lograr, pero no están ase-guradas debido a los riesgos e incertidumbres
inherentes a nuestras actuales sociedades. En particular, las metas clave son
las siguientes: 1) aumento de la agencia política de los actores del
desarrollo; 2) fortalecimiento de las capa-cidades informacionales para
interactuar con eficiencia en las redes sociales y; 3) conexión de las demandas
de dignidad y derechos huma-nos con un desarrollo informacional inclusivo
Repensando el Desarrollo Humano desde la perspectiva de la
sociología del actor 119
e intercultural. La dignidad es a un tiempo uni-versal e
indivisible en nuestro enfoque.
Tercero, nuestra perspectiva —que está ba-sada en el
reconocimiento de las capacidades de agencia de las personas— considera el
pa-pel que desempeñan los numerosos conflictos sociales sin que importe su
origen (local, na-cional, global, económico o medioambiental). Los
consiguientes conflictos e incertidumbre impactan el espacio principal donde se
define la probabilidad de que este enfoque de desa-rrollo humano forme parte de
un nuevo “cam-po de historicidad”. En este campo de histo-ricidad, tres opciones
principales disputan las orientaciones de la sociedad red y de la
tecno-economía: una centrada en el Estado, otra cen-trada en el mercado y una
tercera centrada en las personas.
Cuarto, nuestro enfoque propone una reno-vada asociación entre
mercados, estados y so-ciedades, en la cual el bienestar de todos se va-lore
como bien público y como una orientación tanto para los mercados como para los
estados.
Finalmente, este reenfoque de desarrollo hu-mano sostiene que
los principales obstáculos para que el desarrollo humano haga avanzar la
dignidad de las personas son la ausencia o las limitaciones de libertad real y
de libertad cultu-ral y la prevalencia, cuando no crecimiento, de las
desigualdades. Existe, en particular, un au-mento significativo de inclusión
desfavorable; personas pobres de las economías emergentes y también de algunas
economías en desarrollo se han convertido en semi-incluidos. Es vital entonces
lograr una asociación genuina entre innovación, inclusión sociocultural y
sustenta-bilidad medioambiental.
En suma, defendemos un desarrollo humano renovado, centrado en
la agencia de los actores socioculturales, que buscan jugar un rol
signifi-cativo en la sociedad de la información por me-dio de la articulación
de innovación, equidad, libertad real y sustentabilidad medioambiental. No
estamos buscando un mundo idílico. Sólo estamos reconociendo que una sociedad
mejor es posible.
Carisma, sociedad y política*
Fernando Calderón G. y Daniel Moreno**
Introducción
La política va más allá que las instituciones, las estructuras
económicas y las cifras estadísti-cas. Sin negar su importancia, en el presente
ensayo se busca indagar en los principales atri-butos y la influencia de los
líderes políticos en algunos procesos históricos y especialmente de aquellos
que experimentan una importante legitimidad carismática.
América latina, con todos sus matices, sería imposible de
entender sin la fuerza de sus líde-res carismáticos, sin embargo, los estudios
so-bre ellos son escasos. De ahí la importancia de profundizar la comprensión
del fenómeno ca-rismático, no sólo como factor histórico sino
Este trabajo fue escrito
junto a Daniel Moreno y fue publicado originalmente en el libro América Latina
¿Del neoliberalismo al desarrollo? 2013 (Buenos Aires: Siglo XXI/PNUD).
Agradecemos la
colaboración de Caterine Colombo.
también sus aspectos teóricos. En este senti-do, éste es un
ensayo experimental y adolece de una seria de limitaciones empíricas y
me-todológicas. No obstante, a juicio de los auto-res, puede constituir un
aporte al momento de entender los procesos de cambio político y los patrones de
desarrollo que se analizaron en el presente libro y además permiten
contextuali-zar el estudio de los liderazgos emergentes y conectores del
próximo Tomo de la colección promovida por el PAPEP.
Las consecuencias de las reformas estructu-rales, del Estado
mínimo y de gobiernos neo-liberales, son un hito fundamental para com-prender
la situación actual en Latinoamérica, con un saldo de crisis e “inflexión
histórica” en numerosos países de la región. Tal cambio produjo diversas
orientaciones políticas de dis-tinto corte ideológico. Sin embargo, lo más
sig-nificativo ha sido la demanda social de retorno del Estado –como actor
central del desarrollo y la política– en casi todos los casos nacionales
122 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
y con ello la instalación, en la mayor parte de los países, de
líderes con rasgos carismáticos, que impulsan políticas neo desarrollistas
desde el poder político. Si se agregan las condiciones económicas
internacionales relativamente fa-vorables sobre todo para Sudamérica, es
posi-ble sugerir el inicio de un nuevo ciclo histórico, y quizás de desarrollo,
que en buena medida descansa en estos líderes, pero también en la consolidación
de una democracia electoral que hasta el momento tiende a reforzar tanto su
legitimidad como la de las fuerzas políticas que los acompañan. La posibilidad
de este neo desarrollismo estaría en el centro del juego po-lítico en la
región.
Desde una perspectiva de mediano plazo la sostenibilidad y
dirección de tales procesos es-tarían fuertemente asociados con los cambios
recientes en las sociedades latinoamericanas y con la sociedad del conocimiento
y la tecno-economía de la información.
Así, el enfoque del presente estudio plantea que en América
Latina existe una cierta cultu-ra política del liderazgo político carismático
y, como tal, tendría un carácter acumulativo y condicionante, pero también,
espacios de liber-tad y renovación. El líder aunque esté condi-cionado
estructuralmente actúa sobre la base de su conocimiento, iniciativas e
intuiciones.
En este sentido, para comprender los actuales procesos políticos
y de desarrollo es importan-te considerar, al menos, algunas referencias
históricas y sociológicas sobre la relación en-tre carisma, instituciones y
sociedad.
Este texto parte de una revisión conceptual breve del carisma y
plantea algunos rasgos clásicos del carisma político latinoamericano tanto de
los líderes históricos de la primera ge-neración nacional popular como de los
actua-les líderes. Estos, como se verá a lo largo del texto, promueven
orientaciones neo desarro-llistas, con fuertes rasgos nacional populares o
populistas y actúan en espacios democráticos que refuerzan su legitimidad. A
continuación, se estudia algunas características de la subje-tividad ciudadana
a partir datos provenientes de encuestas de opinión pública, tratando de
detectar las demandas sociales de este tipo de liderazgo en la región. Aquí se
supone que la demanda por determinado tipo de líderes sur-ge de las condiciones
subjetivas y objetivas de la sociedad, así como de sus experiencias re-cientes
y valoraciones pasadas. Se considera, además, que estos fenómenos estructurales
y cotidianos se dan en sistemas políticos que tie-nen un carácter cada vez más
global.
La hipótesis que organiza el ensayo es la existencia de una
asociación entre carisma,
Carisma, sociedad y política 123
sociedad y política como un rasgo central de los procesos
históricos de buena parte de los países latinoamericanos. Cuando los pisos
ins-titucionales son relativamente débiles, la inte-gración nacional
insuficiente y el tejido social ha sido resquebrajado, el peso de la demanda
subjetiva por líderes carismáticos tiende a ser mayor. A su vez, tales líderes
plantean pro-puestas y realizan prácticas sobre la base de la inclusión y
cohesión socio cultural, mientras generan nuevos mecanismos de legitimidad y
dominio institucional.
Estudiar y reconocer este fenómeno no im-plica necesariamente la
justificación o valora-ción excesiva de los actuales procesos
neode-sarrollistas sino el reconocimiento de que hoy en día marcan el curso
incierto de la historia. Como afirman Cardoso y Faletto: “Sabemos que el curso
concreto de la historia, aunque sea señalado por condiciones dadas, depende en
gran parte de la osadía de quienes se propo-nen actuar en función de fines
históricamente viables.”(Cardoso y Faletto, 166:2011)
1. Reflexión conceptual e histórica
En la teoría sociológica, el análisis de los líde-res políticos
con características de liderazgo
“fuerte” y estratégico, suele referirse al carisma como un rasgo
peculiar de la personalidad de los líderes, que independientemente de su sig-no
ideológico, han jugado un papel relevante en la historia de sus sociedades. Sin
embargo, lo fundamental no es el carisma político per se sino las condiciones
estructurales e históricas particulares que condicionan y posibilitan este tipo
de liderazgo. Más aún, los tipos de líderes carismáticos son muy amplios y
diversos y pue-den tener signos políticos y culturales diferen-tes. Desde papas
Católicos como Juan XXIII, hasta lideres como Otto von Bismark en Ale-mania,
Vladimir Lenin o León Trostky en Rusia, así como líderes democráticos como
Winston Churchill, Franklin Delano Roosevelt en el mundo anglosajón, Nelson Mandela
en Sudá-frica; Juan Domingo Perón, Salvador Allende o Fidel Castro en
Latinoamérica.
En sus orígenes, el carisma se relacionaría con la cultura del
“don” (Marcel Mauss: 1971). A partir de ella, y en situaciones históricas –y
específicas–, una persona dotada de una fuerza psicológica especial o
carismática se transfor-ma en líder, sobre la base de una relación de
in-tercambio con la gente. Para Boudon y Bourri-caud (1980:78) el carisma
“puede ser definido como una relación de poder fuertemente asi-métrica, entre
un guía inspirado y una corte de
124 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
seguidores que reconocen en él, y en su mensa-je, la promesa y
la realización anticipada de un orden nuevo, al cual ellos de adhieren con una
convicción más, o menos, intensa”.
El origen del carisma según Bobbio (1985:219) “se relaciona con
temores colecti-vos de pueblos enteros, con estados de insegu-ridad radical y
de ansia generalizada”. El líder carismático constituye una respuesta a esas
situaciones. “Se le acepta como portavoz de la nueva seguridad fundamental, de
la esperanza, del fin del sufrimiento”. El carisma descansa tanto en las
demandas, valores y aspiraciones de la gente como en los talentos especiales y
pertinentes del líder. Hay una especie de dia-léctica líder-masa. El líder
atrae y asusta, po-see una suerte de gracia, virtud excepcional o don, que a la
vez es un enigma. Crea una idea de comunidad, produce ilusión y es deman-dado o
esperado por la gente. De ahí que este don le otorgue al líder un poder
extraordinario, que hipnotiza, atrae, pero a la vez amenaza. El líder incluye,
protege, se sacrifica. Es un “su-perhombre” que se sacrifica y exige
sacrificios. Transforma a los sujetos pasivos o huérfanos en sujetos activos en
movimiento. En pueblo activo es el nuevo sujeto político. La relación
líder-masa habita en el mundo de las pasiones, a menudo en momentos históricos
de crisis.
En sociedades con procesos rezagados de for-mación de clases
sociales y con fuertes jerar-quías socioculturales muchas veces étnicas, con
Estados-nación inconclusos y con insti-tuciones débiles, como las
latinoamericanas, las condiciones para el surgimiento de líderes con fuertes
rasgos carismáticos que apelen a la movilización del pueblo, en función de un
de-sarrollo inclusivo, son altas. Desarrollismo y populismo, como se analiza
más adelante, han sido una fuerza histórica constante en la histo-ria moderna
de Latinoamérica.
Los cambios promovidos por estos líde-res, dice Bobbio (op.cit.,
220), “son tanto más radicales cuanto más se cuestiona el tipo de legitimación,
el modo de distribución del po-der, el sistema de valores-normas básicas que
inspiran y rigen el comportamiento de la co-lectividad”. En Latinoamérica esto
se ha vin-culado con la idea de Estado-nación-pueblo y la impugnación al Estado
y Nación por su relación con las elites tradicionales y con regí-menes
económicos fracasados, así como con el imperialismo que impide la conformación
de la nación y sojuzga al pueblo, Aricó (1987)
Touraine (1988:161-201).
En el pasado se identificaba como enemigo a las oligarquías terratenientes;
hoy, a los neoliberales. Ambos asociados al poder del imperio.
Carisma, sociedad y política 125
La sociedad reclama un talento afectivo-ra-cional fuera de lo
común. En este contexto, el líder construye su relación con los demás de forma
directa, cara a cara, personalizada: “al hablar a todos habla con cada uno”. Se
cons-truye un espacio de reciprocidad simbólico: “tú me das legitimidad, yo te
doy un destino que es el mío y el de todos”. “Te doy una ilu-sión para
compartirla”. Para Weber: “la domi-nación carismática es de carácter
específica-mente extraordinario y presenta una relación social estrictamente
personal, vinculada con el valor carismático de las cualidades perso-nales y su
confirmación” (Weber 1964: 253). El líder y la gente construyen una comunidad
emocional. Entre ellos hay confianza y hay su-misión. Sin embargo, es
importante mencio-nar que la dominación carismática –como in-dica Weber– no
está desprovista de legalidad ni es necesariamente anti formal. Según Bob-bio
(op. cit., 221): “a pesar de la teórica con-tradicción entre el carácter
personal del caris-ma y el carácter formal de la institución, esta forma de
trasmisión hace que coincidan los dos términos, sumando la fuerza de dos tipos
distintos de autoridad que se relacionan con él: la autoridad legal,
burocrática, y la autori-dad por don excepcional. La institución legí-tima de
esta manera logra tener una potencia
interna de control social y una capacidad de continuidad
elevadísima”. Éste sería el caso, por ejemplo, de los nuevos líderes
carismáti-cos latinoamericanos. La situación adquiere perfiles complejos cuando
se piensa en fenó-menos democráticos, sobre todo si se piensa en la democracia
como un orden conflictivo y políticamente pluralista y no meramente elec-toral
o de democracia de ciuadadanía.
El mismo Weber (1964:215) argumentaba que, en situaciones
específicas, puede haber cierta conciliación entre ambos términos y menciona la
idea de democracia plebiscitaria como “el tipo más importante de democracia de
jefes es, según su sentido genuino, una es-pecie de dominación carismática
oculta bajo la forma de una legitimidad derivada de la volun-tad de los
dominados y sólo por ella perdura-ble”. En su apartado sobre la transformación
anti autoritaria del carisma argumenta que “el principio carismático de
legitimidad interpre-tado según su sentido original de modo auto-ritario, puede
ser reinterpretado en forma anti autoritaria, pues la validez de hecho de la
au-toridad carismática descansa, en realidad, por completo sobre el
reconocimiento, condiciona-do por la “corroboración”, de los dominados, que
ciertamente tiene el carácter de deber fren-te a los calificados y, por tanto
legítimos”. Y,
126 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
más adelante, concluye: “el imperante es ahora jefe libremente
elegido”. Posiblemente aquí ra-dique la explicación de la dinámica de líderes
neodesarrollistas-democráticos de los últimos años en la región.
La comunidad emocional que arropa este tipo de movimientos nace
de la crisis, de si-tuaciones de malestar únicas. Están asocia-das con una
ruptura social, con un quiebre del lazo social y con el desgaste de creencias e
instituciones. A menudo se trata de una respuesta a situaciones de frustración
de ex-pectativas. Cuando todo se desmorona y un pesimismo arraigado busca
salidas extraordi-narias, cuando el miedo y la inseguridad co-tidiana y la
ausencia de proyectos colectivos e individuales de futuro son el centro de la
vida cotidiana, se dan las condiciones para el surgimiento de un líder honrado,
genuino, va-liente, eficaz, que ofrece una conducta consis-tente y un futuro
mejor. Si bien con el carisma se produce una ruptura de continuidad histó-rica,
normalmente busca “encarnarse, como argumentan Boudon y Bourricoud, en un
sis-tema de poder institucionalmente legitimo” (1982: 77). Los mismos autores
mencionan que para que un poder carismático se legiti-me e institucionalice,
debe establecerse en la “comunidad emocional” del movimiento, un
sistema de jerarquías y de prestigio entre los miembros, en el
cual el líder no sólo ocupa la posición más alta, sino que también se
con-vierte en el mecanismo que organiza dichas jerarquías, retribuciones o
castigos. El status en el grupo depende del grado y la intimidad con el Jefe.
La movilidad social y el poder po-lítico particular dependen de la relación con
el líder. Si el líder cae, los movimientos suelen descomponerse,
racionalizarse, o reorgani-zarse bajo la égida de nuevos líderes carismá-ticos.
En este caso entra de lleno la cuestión clave de la sucesión.
“Las condiciones del carisma son una brecha en el tejido de la
sociedad, y el reconocimiento de la autoridad del jefe por quienes se some-ten
a él” (Moscovici, 1993: 568). En la América Latina los nuevos “líderes
carismáticos neode-sarrollistas”, por lo general, han nacido del fra-caso de
las reformas estructurales y como res-puesta a las situaciones de inflexión
histórica. Con ellos retorna el Estado. Más aún, son líde-res que actúan y
promueven la legitimidad del voto, es decir, una democracia electoral que los
legitime constantemente. “Estamos apostando, decía el Presidente Mujica, a
transformaciones dentro del juego de la democracia liberal ¿no? Porque si no,
somos una contradicción con pa-tas” (Alfredo García, 2009:103).
Carisma, sociedad y política 127
Pero ¿Qué es el carisma? ¿Por qué despier-ta pasión y
seguimiento en las multitudes? Si bien es clave diferenciar históricamente
tanto las situaciones como el tipo de liderazgo exis-tente y de usos
instrumentales de la política –cada vez más signados por la relación con los
medios y los publicistas que siempre buscan recrearlo o prefabricarlo–, el
héroe, dice Le Bon (1896), tendrá siempre la estructura de un César ante las
masas: “su brillantez la seduce, su autoridad les infunde respeto y su sable
les atemoriza”. Su poder reside en la subjetividad de las personas.
Existe una relación profunda y compleja en-tre el carisma y el
pasado, o con experiencias particulares del pasado. El líder carismático se
alimenta y reafirma, reconstituyendo, o rein-ventado un pasado perdido. El
pasado recon-figurado se relaciona con la memoria histórica de las sociedades y
su capacidad para ser trans-mitida de diferentes maneras. Hoy en día, los
líderes neodesarrollistas con rasgos populistas como los latinoamericanos
utilizan la idea de retorno al pasado, por lo general asociado con lo mejor de
las experiencias populistas vividas y sus líderes: Zapata y Villa o Cárdenas en
Mé-xico, Perón y Evita en la Argentina, Bolívar o Túpac Katari en Venezuela y
Bolivia, respec-tivamente. En este sentido, se alimentan de
mitos y realidades que han conmovido la me-moria de la gente.
Para Moscovici (1993: 373), “las impresiones del pasado se conservan en la vida
mental de las masas igualmente en forma de rastros amnésicos. En algunas
condiciones favorables, se los puede restituir y revivificar. Se conservan, por
lo demás, tanto mejor cuan-to más antiguos son”. Y esto significaría una forma
de imago, de representaciones figuradas. “La imago puede pues objetivarse tanto
en sen-timientos y conductas como en imágenes” (La-planche y Pontalis, en
Moscovici, 1993: 374). El rito sacrificial de antiguos héroes carismáticos es
recreado por los nuevos líderes: Zapata, Ge-tulio, Allende, el Che, están
presentes en el re-vival de los nuevos líderes como una promesa: se muere o se
triunfa, o, bien, se triunfa y se sigue pelando. La figura paradigmática de
ca-risma exitoso es Fidel Castro que es valorado como un capital moral e
histórico por varios de los líderes actuales. Esto se denomina la “se-ducción
por la nostalgia”, un dato del roman-ticismo latinoamericano. El líder
carismático ofrece el renacimiento sostenido por el deseo de una masa que busca
reconocerse en un pa-sado mejor.
Toda política carismática según Freund (1967: 208) es “una
aventura, no sólo porque corre el riesgo de un fracaso, sino porque in-
128 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
cesantemente está obligada a encontrar un nuevo impulso, a
encontrar otros motivos de entusiasmo para confirmar su poder”. El pro-ceso de
cambio es una razón de vida. La razón carismática, decía Weber, es la
“epifanía” en sí misma.
En las sociedades de la información y de la democracia de lo
público sucede lo mismo aunque de otra manera. Los líderes carismáti-cos se
redefinen en el espacio público que es esencialmente mediático. Parecen ser un
puen-te entre sistemas de representación partidarios obsoletos o limitados,
movilizaciones sociales, encuestas de opinión y el peso de la publicidad
regidos por el rating y el spin (Bosetti define spin como la actividad de
políticos, normal-mente a través de asesores, que consiste en comunicar los
asuntos de modo que favorez-can sus intereses, además de perjudicar al
ad-versario”, citado por Castells 2009: 275). Sobre esta base elaboran una
propuesta mediática capaz de seducir al público. Las actividades y los shows
mediáticos son referencias ineludi-bles de estos nuevos procesos. Quizás por
eso también más efímeros. Desde Chávez, el co-mandante Marcos o Lula en la
política latinoa-mericana, Felipe González en España, Barack Obama en Estados
Unidos, hasta los nuevos líderes en Túnez y otros países árabes, se reco-
nocen este tipo de componentes. En los nuevos líderes
empresariales también se registra este nuevo código del liderazgo. Tal es el
caso de Steve Jobs, que combinaba demandas subjeti-vas personales, semi
religiosas y profanas, con shows mediáticos y promesas de futuro de
au-to-realización mediante el uso y la compra de sus productos. Él mismo se
ofrendó a su sueño.
La sociedad de la información y la comu-nicación está
redefiniendo y complejizando un nuevo tipo de líderes carismáticos. En la
región hay, y probablemente siga habiendo, una combinación de rasgos pasados y
moder-nos, entre líderes de sociedades “semi indus-trializadas”, “cuasi
modernas” y líderes de la sociedad de la información y la comunicación en redes
virtuales. La demanda de comunidad se asocia con la inclusión en la sociedad de
la comunicación y, a través del consumo, espe-cialmente el cultural.
Al mismo tiempo, la relación del líder con las masas ya no tiene
sólo a la plaza como es-cenario fundamental, sino también a los me-dios. Debido
a la mediatización de la política, los líderes –su imagen y su “carisma”–
llegan a todos los ciudadanos, entran en sus casas, en su cotidianidad, en
lugar de limitarse a la even-tualidad del discurso público o la aparición
ma-terial del caudillo. El momento y el espacio en
Carisma, sociedad y política 129
que se materializa el vínculo entre el líder y sus seguidores se
transforma en la sociedad de la información y de la democracia de lo público.
Como señala Castells (2009: 272), “con la creciente centralidad
de la política mediática, la política personalista ha caracterizado el pro-ceso
político en todo el mundo, en detrimento de los partidos estables, las
afinidades ideoló-gicas y las maquinarias políticas”. En realidad los
mecanismos y requerimientos carismáticos están siendo redefinidos a partir de
la política mediática y la demanda de los mercados de opinión pública. Los
mensajes políticos aho-ra se definen en un espacio público que toma en cuenta
tanto el carisma del líder como las características de su audiencia objetivo.
En el centro de esas políticas se encuentran los men-sajes y las imágenes que
proyecta el líder, ela-boradas por los publicistas, que procesan a los
“ciudadanos consumidores”.
Este fenómeno en muchos casos contribuye a limitar la
legitimidad de la democracia tan-to en el plano procedimental como sustanti-vo
y posiblemente a acentuar los niéveles de desconfianza de los mecanismos de
represen-tación política, como partidos o parlamentos. Esta crisis de
legitimidad, por otro lado, favo-rece la expansión de demandas de
participa-ción de una ciudadanía crítica y autónoma y el
surgimiento de nuevos movimientos, como los indignados o los
jóvenes chilenos, que buscan redefinir el orden democrático, y como
conse-cuencia, podrían aparecer o reaparecer nuevos líderes carismáticos.
La crisis de legitimidad institucional y la sensación de
violencia incontrolable, también podría estar incrementando la demanda por
líderes salvadores con personalidades fuertes. La existencia de un líder
carismático, con ca-pacidad de sacrificio y de seducción, de alguna manera
reemplaza la necesidad de institucio-nes complejas y percibidas como poco
con-fiables por las mayorías. En este sentido, cabe volver a preguntarse ¿cómo
es posible que en sociedades cada vez más complejas, como las latinoamericanas,
haya condiciones para nue-vos líderes carismáticos?
En el contexto mencionado, vale la pena precisar algunos
alcances histórico-culturales sobre el peso del carisma político en las
socie-dades de la región.
En términos generales, este fenómeno en Latinoamérica se ha
visto históricamente aso-ciado al “desarrollismo-populismo” y al papel
histórico del Estado. En sistemas de decisio-nes políticas que han oscilado
entre regímenes autoritarios y democracias frágiles, el campo para líderes
carismáticos es fértil. El Estado es
130 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
el referente de poder del líder carismático. Es-tado y líder no
sólo reflejan la dinámica social, también son factores centrales de ella. Pero
no sólo de condiciones políticas emerge el caris-ma sino también de fenómenos
socioeconómi-cos. En efecto, las falencias de los procesos de industrialización
redundaron en una demanda de inclusión social que incrementó, bajo cier-tas
condiciones, una lógica carismática entre sociedad y líderes.
Las condiciones, en buena medida, se refie-ren tanto al peso del
Estado, a las demandas de integración, a las luchas populares contra las
dictaduras, así como a los avances en materia de educación e inclusión en la
“cultura mediá-tica”. En este contexto, quizás el atributo dis-tintivo de
América latina se refiere a que estas sociedades semi modernas, de semi
incluidos y excluidos, vienen demandando la presencia de líderes con rasgos
carismáticos junto con la vigencia de la “democracia electoral”. Esto redundaría
en la convivencia entre la legitimi-dad del régimen carismático y una
democracia electoral con fuertes rasgos presidencialistas.
Ninguno de los actuales líderes carismáticos latinoamericanos,
ni siquiera el más radical en su momento de mayor euforia, ha llegado a
cuestionar la democracia electoral como me-canismo para llegar al poder.
Independiente-
mente de su adscripción a la democracia, todos perciben que no
es posible hacer política fuera de este marco institucional, lo que a su vez
ga-rantiza su permanencia.
La base de las condiciones históricas del carisma puede
relacionarse con la exclusión social y la organización del poder –sustenta-da
por lo general en importantes sistemas de intermediación– pero también con el
carácter de las luchas sociales. El período colonial y el tipo de modernización
posterior que experi-mentó la región, enmarcada en la “dialéctica de la
negación del otro” (Calderón, Hopenhayn y Ottone, 1996), que suponía la
desvalorización del diferente, negro, indio, mujer, pueblos ori-ginarios, migrantes
esclavos y después de po-bres e indigentes, familias enteras expulsadas por
guerras, racismos y crisis económicas en Europa, Asia o el medio oriente,
posiblemente constituya el sustento cultural sobre el cual se instala una
cierta demanda permanente, o casi permanente, por líderes carismáticos. Además
sugiere cierto estilo de hacer política recurren-te en estas sociedades; la
demanda por líderes carismáticos suele asociarse con la inclusión social, el
reconocimiento cultural y a promesas de futuro. Pero también sugiere una
sociedad asentada en relaciones familiares primarias y sobre todo religiosas.
Carisma, sociedad y política 131
Líderes, como Tupak Amaru, que perseguían la restauración del
Imperio Inca, o Tupak Ka-tari que reivindicaban la comunidad Aimara, o el
Cangaceiro que recreaba una “comunidad religiosa originaria” en el Noreste
brasileño, o Simón Bolívar que buscaba asumirse como una “fuerza irrefrenable
de libertad” y como susten-to de la unidad latinoamericana, son antece-dentes
fundamentales de este tipo de demanda política de estas sociedades.
Por otro lado, el carisma no ha ajeno a las experiencias
autoritarias incluso totalitarias que han experimentado buena parte de los
paí-ses del continente. Las experiencias también han sido mixtas –chenkosas en
quechua o en-tremezcladas en castellano– de emancipación, por un lado, y de
feroz represión, por otro. Ya en el siglo XIX el terror producido por tiranos
no estaba desprovisto de legitimidad carismá-tica. Tal es el caso de Melgarejo,
Rosas o Por-firio Díaz tan bien retratados por la literatura como en el libro
de Alejo Carpentier: “El recur-so del método”. O en el siglo XX, el libro Yo,
el supremo de Augusto Roa Bastos referido a Stroessner, a quien no le gustaba
el café con leche. En Paraguay se decía “se toma café o se toma leche, nadie
toma café con leche” en alu-sión a la política amigo-enemigo prevaleciente. La
figura de Trujillo y su poder carismático, tan
bien retratada por Vargas llosa en su libro La fiesta del chivo,
es una referencia importante en el Caribe como también lo fueron François
Duvalier (Papa Doc) en Haití y Juan Vicente Gómez en Venezuela.
El fenómeno es variopinto. Más hacia el sur, cómo ignorar la
fuerza carismática de Arturo Alessandri en Chile, de Battle y Ordoñez en
Uruguay o de militares progresistas como el Coronel Busch, “El Dictador
suicida” –como lo llamó Augusto Céspedes–; Marmaduke Gro-ve, General del
ejército y miembro del partido socialista de Chile; o del Capitán Luis Carlos
Prestes conocido como “El cavaleiro da espe-ranza” y su columna que recorrió
25.000 Km en trece Estados e impulsó la rebelión positivista de los tenientes en
Brasil.
Existe un antecedente definitivo de la actual política
latinoamericana, directamente asocia-do con los lideres nacional populares,
desarro-llistas y populistas de las primeras décadas del siglo XX. La fuerza de
las figuras primigenias del populismo latinoamericano, como Villa y Zapata, son
fundacionales de un estilo y de una cultura política no sólo en México sino
también en el resto de América. Los minuciosos estu-dios sobre Pancho Villa de
Paco Ignacio Taibo II, Alan Knight o Federic Katz son referencias insoslayables
al respecto, al igual que los estu-
132 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
dios sobre Zapata y los campesinos insurgen-tes de John Womack o
Arturo Warman.
En Argentina la figura del General Perón –in-separable de la de
Evita– es un parámetro funda-mental para entender los momentos y las políti-cas
pasadas de la Argentina, así como la polémi-ca actualidad. La cultura política
argentina se ali-menta de las políticas, los mitos, ritos y signos de Perón,
Evita y el peronismo. Constituyen en gran medida el imago político del país. El
peronismo cambió a todos, incluso a quienes lo cuestiona-ban. Daniel James
(1990) y la novela Santa Evita de Tomás Eloy Martínez (1995) reflejan la
com-plejidad del movimiento y sus líderes. En Bolivia, Paz Estenssoro: La
palabra de Paz: un hom-bre, un siglo de Ascarrunz (2008) y sobre todo Don Juan
de Lupe Cajías son esenciales. Lechín constituye una referencia central del
movimiento obrero boliviano y latinoamericano. Al respecto uno de los autores
del presente texto cuenta una anécdota: Don Juan, le pregunté un día ¿Cómo ha
podido mantenerse por más de 50 años como líder de la Central Obrera Boliviana?
Fácil, me respondió, “tengo dos grandes orejas, con ellas he escuchado siempre
a los trabajadores”. El últi-mo en hablar, siempre fue Juan Lechin.
En la lista de líderes carismáticos de la región, aún con
diferencias entre ellos, so-bresalen: Getúlio Vargas y João Goulart en
Brasil; Pedro Aguirre Cerda, Eduardo Frei Montalva y Salvador
Allende en Chile; José Figueras en Costa Rica; Lázaro Cárdenas en México,
Víctor Raúl Haya de la Torre en Perú, Jacobo Arbenz en Guatemala, Augusto César
Sandino en Nicaragua, Jorge Eliécer Gaitán en Colombia y también, Fidel Castro
y el Che Guevara en Cuba. Lo curioso no es que hayan fundado una orientación
política en sus países o su relevancia histórica, sino que a pesar de las
diferencias nacionales, ellos y sus movimientos, se hayan comuni-cado y
conformado una suerte de pan latino americanismo nacional popular, nada ajeno a
movimientos “tercermundistas” de escala global. En efecto, no es casual que un
exi-liado Paz Estenssoro, horas antes de viajar a asumir el mando de la
Revolución bolivia-na, haya almorzado con el General Perón y Evita (Ascarrunz,
2008). Y más adelante haya intercambiado correspondencia con el Presi-dente
Nasser de Egipto. Las anécdotas simi-lares son numerosas.
Ahora bien, lo clave es su impacto en las generaciones políticas
posteriores, particu-larmente en la actual. La política latinoame-ricana, con
todas las diferencias del caso, no puede obviar estas experiencias históricas y
la fuerza de sus líderes. Guste, o no, son un es-
Carisma, sociedad y política 133
pejo político del pasado de referencia para las acciones
futuras.
Vale la pena repasar una serie de caracte-rísticas básicas que
comparten los regímenes populistas o nacional-populares. Un rasgo fundamental
es el papel del Estado como fac-tor de integración nacional, de
industrializa-ción económica basada en el mercado interno y de integración
social a partir de la educa-ción. Su peculiaridad política ha sido el peso del
Poder Ejecutivo, y particularmente de la presidencia para organizar las
relaciones de poder. La formación de una red de empre-sas y corporaciones estatales
en función de los sectores estratégicos de la economía han sido claves en
extracción de recursos natura-les, industrialización, comercialización y las
finanzas. Sobre la base de tales empresas se constituyeron “anillos
burocráticos” de poder. Al respecto, Cardoso y Faletto (2003) hacen un análisis
regional diferenciado por situacio-nes de dependencia, desde la perspectiva del
desarrollo económico.
En el informe “El estado de la ciudadanía” del PNUD se hace
hincapié en este tema y se resalta la importancia crucial que tuvieron los
sistemas de protección social que habrían inau-gurado una etapa de “Estado
social latinoame-ricano” (PNUD 2011:36).
Por otra parte, la instalación, o surgimien-to, de un
“clientelismo burocrático” como sistema de intermediación entre sociedad y
Estado fue central bajo el orden populista. El Estado satisfacía necesidades
colectivas a cambio de legitimidad para el régimen. Si a esto se agrega una
limitada separación entre roles sociales y políticos, en los cuales los
lí-deres políticos –además de líderes sociales– eran autoridades estatales,
queda dibujado el orden social del populismo. Por tal motivo, es posible explicar
el peso central que tuvo el Es-tado, tanto en articular sus alianzas sociales
con sectores empresariales, sectores medios y trabajadores, como el carácter
paraestatal del conflicto social. Desde entonces la mayo-ría de los conflictos
sociales no sólo han sido mediados por el Estado sino que han ocurrido en torno
al Estado.
La fuerza de los movimientos nacional popu-lares descansaba
precisamente en las alianzas que lograron construir sus líderes, que
promo-vieron y legitimaron organizaciones sindicales y sociales de base
–sindicatos obreros, campe-sinos y de sectores medios–, así como meca-nismos de
negociación social. Sin embargo, no todo se explica por los mecanismos
clientela-res entre líderes carismáticos y dirigentes so-ciales subordinados.
También intervienen las
134 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
luchas sociales que crearon una cultura popu-lar de valores,
aspiraciones, creencias y formas de comportamiento solidario que permearon la
calle, la familia, el barrio y la cancha de fut-bol. La sociabilidad populista,
apoyada por la industria cultural de la época, creó una nueva vida cotidiana.
Fenómeno, además estrecha-mente vinculado con avances en términos de ciudadanía
social.
En un análisis comparativo de las expe-riencias argentina y
boliviana, Calderón y dos Santos (1991:94) plantean que: “los regímenes
nacional populares o populistas, inauguran una nueva relación entre democracia
social y política. Por una parte, se dan la universali-zación del sufragio y un
salto cualitativo en el sistema de representación, de intereses específicamente
políticos o sectoriales; por otra, el desarrollo de nuevas prácticas
parti-cipativas, el reconocimiento de identidades sociales otrora postergadas y
la intervención directa de sectores sociales en el ejercicio del poder del
Estado”. Este Estado multifa-cético que buscaba articular la vida social y
económica puede considerarse como un “Estado social latinoamericano”, con todas
las dificultades involucradas en economías atrasadas, poco modernas y
dependientes. De hecho, tales prácticas no fueron el resultado
de ideologías sistemáticas sino de múltiples y variadas
visiones, a menudo confusas, que se expresaban en ideales nacionalistas que,
con frecuencia, redefinían los procesos históricos en curso.
Los avances sociales fueron evidentes, al igual que las
limitaciones de un pluralismo de-mocrático, capaz de reflejar la diversidad
so-ciocultural latinoamericana. Las restricciones para vincular exitosamente la
ciudadanía so-cial con la política fueron una debilidad central del proceso,
que generó no pocas interrogantes sobre la efectividad de estos regímenes para
articular democracia con integración social y desarrollo nacional.
Las interpretaciones desde la sociología política son numerosas
y polémicas. Para Ger-mani (1970), por ejemplo, el fenómeno fue producto de la
participación en la vida políti-ca nacional de masas excluidas en países que
experimentaban procesos tardíos de industria-lización y modernización. Medina
Echavarría (1973), por su parte, señalaba que las dificulta-des para
transformar el cambio político en un nuevo orden institucional que permitiese
una opción de desarrollo solida resultaban eviden-tes. Para Di Tella (1974)
estos procesos se vie-ron influidos por la revolución de expectativas y las
asincronías del proceso de movilización
Carisma, sociedad y política 135
social. Laclau1 (1978), a su vez, distingue dos tipos de
populista uno progresivo y otro regre-sivo, vinculados a las clases dominantes
y do-minadas, respectivamente. José Aricó (1978), realiza una interpretación
analítica en la que vincula el marxismo-leninismo con el pensa-miento de Haya
de la Torre2. Asimismo, Alain Touraine (1978)3, hace un balance crítico de un
proceso de integración social que no se trans-forma en un régimen democrático.
El hecho que se haya y continúe polemizando sobre el carácter de estos
regímenes y sus líderes acen-túa su importancia.
Con estas breves reflexiones históricas y conceptuales que
enmarcan este ensayo, vale la pena detenerse brevemente en las experien-cias
actuales. En particular, un supuesto teóri-co fundamental es que el liderazgo
es una reali-dad relacional, y se construye entre las élites y la sociedad en
el marco de una cultura política
Laclau, E. (1978),
“Política e ideología en la teoría marxista”. En: Capitalismo, fascismo y
populismo. México, DF: Siglo XXI.
Aricó, J. (1977),
“Mariátegui y los orígenes del mar-xismo latinoamericano”. En: Volumen 60 de
Cuadernos de pasado y presente. Ciudad de México..
Touraine, A. (1987), La
parole et la sang. Paris: Odi-le Jacob.
específica. Es decir, los líderes, con rasgos ca-rismáticos
neodesarrollistas y democráticos, surgen por la existencia de condiciones
favo-rables en la subjetividad de las sociedades, que pueden entenderse como
una “demanda” de la sociedad que genera una respuesta por parte de la esfera
política que se traduce en lideraz-gos específicos.
1.1. Carismáticos, neodesarrollistas y democráticos
Es probable que los resultados negativos de las reformas
estructurales, que acentuaban los mecanismos centrales del mercado y del
capi-tal financiero, estén entre las principales cau-sas para la reedición de
“regímenes nacional populares o populistas” y el surgimiento de un carisma de
tipo neodesarrollista y democrático como un eje importante de la política
latinoa-mericana. La aparición de líderes con fuertes rasgos carismáticos,
tiende a destacar, una vez más, el rol fundamental y articulador del Esta-do.
Sin embargo, este proceso tiene lugar en un contexto de crisis económica global
y de pro-cesos políticos nacionales particulares.
Los resultados de las reformas estructurales, implementadas de
forma casi mecánica en casi todos los países, muestran resultados negati-
136 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
vos en múltiples planos: elevadas tasas de des-igualdad y
pobreza, caída de la participación del PIB latinoamericano en el PIB mundial,
lazos sociales y cohesión social debilitados y crisis política, que si bien no
provocó una crisis de la legitimidad de la democracia, sí redundó en obstáculos
a la gobernabilidad y en la pérdi-da de confianza en la mayoría de los partidos
políticos. No obstante, aquellos países que apli-caron de manera más heterodoxa
las reformas y que contaban con cierto grado de legitimidad institucional y
política pudieron posicionarse mejor, en comparación con los demás. Manuel
Castells4, al analizar los procesos de reforma estructural y la inserción
latinoamericana en la sociedad de la información y la tecno econo-mía concluía
que tal inserción había sido más bien pasiva y poco sostenible. La mayoría de
los casos latinoamericanos habría experimen-tado estas dinámicas regresivas.
Un interesante contra ejemplo es el proceso chileno asociado con
los liderazgos de la Con-certación, particularmente, el del Presidente
Calderón, F (2004),
“Prólogo”. En ¿Es sostenible la globalización en América Latina? Debates con
Manuel Castells Vol. I. La globalización y América Latina: asig-naturas
pendientes. Fondo de Cultura Económica: San-tiago de Chile.
Ricardo Lagos. Dichos liderazgos se destacan por haber logrado
con relativo éxito la transi-ción a la democracia y resultados positivos en
varios aspectos del desarrollo humano5.
Un estudio de mitad de la década de 19906, basado en entrevistas
en profundidad realiza-das a intelectuales y líderes políticos, plantea una
serie de consideraciones sobre los límites de la experiencia neoliberal en
América Latina.
Los gobiernos de la
concertación, y el papel del Pre-sidente Lagos, son inseparables del ciclo de
transforma-ción política, el pacto social y los avances económicos, enmarcados
en una economía liberal como la chilena. Los resultados en materia de desarrollo
humano y de institucionalidad democrática reflejan tanto los progre-sos
obtenidos, como las debilidades del proceso histó-rico. Por ejemplo, el Informe
sobre Desarrollo Humano de 1998, advierte que la modernización en curso traía
aparejada un gran malestar social que podría terminar cuestionando la propia
modernización .En realidad los conflictos en curso, sobre todo entre los
jóvenes, responden a esta lógica. En una entrevista realizada a Lagos hace
veinte años, queda clara su posición frente a la crisis, la necesidad plasmar
cambios realistas y su obsesión por construir un horizonte posible y deseable
para su país. Su principal mérito fue colocar a la polí-tica como referente de
la economía.1991 Pensamiento Iberoamericano. Volumen extraordinario
Achard, D y Flores, M.
(1997), Gobernabilidad: un reportaje de América Latina. Fondo de Cultura
Econó-mica: México, DF.
Carisma, sociedad y política 137
Sus autores, Achard y Flores (1997), destacan los siguientes
temas:
–– Los límites de los partidos políticos, sus difi-cultades de
representación y de intermedia-ción con la sociedad y la creciente presencia de
competidores “extra-sistémicos” y la cri-sis de un modelo tradicional.
–– El fortalecimiento de un sistema híper pre-sidencialista,
relacionado con la caída del bloque soviético, la desideologización de los
partidos y los problemas de funcionamiento del Estado de Bienestar.
–– El militante político clásico se habría con-vertido en un
consumidor político pasivo de la política. Fenómeno no ajeno al surgimien-to de
un nuevo caudillismo que adopta un discurso modernizador.
–– Los centros de atención política se habrían desplazado de la
búsqueda de estabilidad y consenso a la búsqueda de efectividad. La
gobernabilidad, en vez del cambio, organiza-ba la política.
En definitiva, se habría generado una erosión de los principios
democráticos de autoridad por la disminución de la confianza ciudada-na en las
instituciones y en los gobernantes,
la sobrecarga del gobierno, intensificación de la competencia
política, y un incremento del provincialismo en política exterior. Achard y
Flores (1997) preveían un creciente malestar y una crisis política basada en el
desencanto y la apatía.
Frente al fracaso o los límites de las políticas de reforma
estructural, se planteó7 el concepto de inflexión histórica como recurso
conceptual para tratar de comprender el cambio de direc-ción política de tales
reformas. Ese punto de in-flexión alude tanto al sentido de la democracia como
al del desarrollo. Este proyecto implicó identificar los diferentes problemas y
procesos que experimentaban los países latinoamerica-nos, así como el análisis
de las nuevas orien-taciones políticas que iban surgiendo: nacional populares,
neo-desarrollismo indigenista, re-formismo práctico y modernización
conserva-dora. Un fenómeno transversal a todos fue el retorno del Estado.
El Estado como articulador de las relacio-nes entre la sociedad
y la economía comenzó a promover en la región y particularmente en Sudamérica
un proyecto neo desarrollista que, además de fomentar la demanda agrega-
Para mayor detalle,
véanse Cuadernos de goberna-bilidad democrática Vols. I y II (PNUD, 2007 y
2008).
138 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
da, negociaba con las transnacionales nue-vos acuerdos
económicos. Todo imbuido en un fuerte discurso latinoamericano
integra-cionista. El discurso neodesarrollista se ha basado en condiciones
nacionales e interna-cionales favorables. Se sustenta en una reno-vada alianza
social entre sectores populares diversos –con ecuaciones diferentes en cada
país–, sectores medios y empresariales so-bre todo de la industria
manufacturera. Esta nueva alianza social estaría vinculada con la construcción
de un mercado interno y regio-nal basado, sobre todo, en bienes manufac-turados
y con un mercado internacional vin-culado a la exportación de bienes primarios
particularmente hacia China. En este ámbito se estarían reconstituyendo
empresas estata-les en varias esferas de la economía, a veces en conjunto con
transnacionales. Además, se estarían generando anillos burocráticos de poder,
por lo general, asociados a sectores medios emergentes, partidos o movimientos
del poder político. Un fenómeno interesante ha sido la aparición de políticas
multicultu-rales, que estarían conformando una nueva institucionalidad, que
promovería el reco-nocimiento de identidades otrora discrimi-nadas, como las de
los pueblos originarios y afro descendientes. Quizás desde la cultura
se haya instalado una lógica más pluralista que en la misma
política.
A partir de políticas sociales masivas, los lo-gros han sido
significativos en toda la región, especialmente en la disminución de la
pobreza. También se ha brindado apoyo a los sectores empresariales informales,
sin modificar estruc-turalmente la desigualdad prevaleciente en la región,
sobre todo aquella referida a la concen-tración de ingresos de los grupos más
podero-sos. En efecto, América Latina sigue siendo el continente más desigual
del mundo8. En este ámbito y en un contexto de cambio global pare-cería que el
mayor desafío, consiste en desarro-llar capacidades políticas y de gestión
empresa-rial que logren una sinergia entre la exportación de recursos primarios
y un proceso de indus-trialización y ampliación y modernización de la
infraestructura pública, fenómenos por cierto asociados con una mejora
cualitativa de la edu-cación, la investigación en ciencia y tecnología y la
innovación productiva que permita compe-tir en los mercados internacionales.
La “multicrisis global”, descrita en el Cua-derno sobre
prospectiva política N°1, y los
Para un análisis
específico de esta óptica neode-sarrollista, ver el Cuaderno N°7 del PAPEP,
particular-mente los casos de Argentina, Bolivia y Brasil.
Carisma, sociedad y política 139
cambios de las relaciones económicas inter-nacionales han
colocado a América Latina, y sobre todo a Sudamérica, en una coyuntura
excepcional. Los resultados en términos de estabilidad política, crecimiento
económico y disminución de la pobreza lo corroboran. El caso paradigmático de
esta experiencia es Brasil. En el presente Cuaderno de pros-pectiva política se
analiza el neo desarro-llismo estatal latinoamericano, con énfasis en los casos
de Argentina, Bolivia y Brasil. El presente texto asume que las políticas y
procesos neodesarrollistas analizados son conducidos por una nueva camada de
“líde-res carismáticos con fuertes rasgos neodesa-rrollistas y populistas” como
los descritos. En este sentido el neodesarrollismo es sobre todo una opción
política promovida por los lideres actuales.
El Estado, pasa a ser un factor esencial en la mediación de los
procesos económicos po-líticos internos con los procesos de cambio y la crisis
global, con una participación relativa-mente activa en los nuevos mapas de
poder po-lítico y económico que se han ido configuran-do. Estos fenómenos se
vinculan con los cam-bios en las relaciones con China, India, Rusia, EE.UU., la
Unión Europea, e incluso África y los países Árabes.
El mapa geopolítico global se está transfor-mando, con distintos
énfasis nacionales pero con un alto componente estatal. En este ámbi-to
sobresale Brasil, tanto por su vocación de poder en la globalización como por
su influen-cia en la región y sobre todo en América del Sur. Brasil se ha
transformado en un parámetro de referencia política.
Hace treinta años, cuando se iniciaba la “modernización neo
liberal”, era prácticamen-te imposible imaginar que un aimara pobre como Evo
Morales o que Lula, un migrante – también pobre– expulsado con su familia del
norte de Brasil por la miseria iban a convertir-se en líderes nacionales y
globales. O que un florista, guerrillero como José “Pepe” Mujica, luego de más
de 10 años de cárcel, sería Pre-sidente de uno de los países con mayor
tradi-ción democrática de la región o que Néstor Kirchner, lideraría la recuperación
Argentina y del peronismo, o que un cura tercermundis-ta, como Fernando Lugo,
buscaría remplazar a Stroessner y cambiar la cultura política au-toritaria en
las elites de ese país. La figura de Rafael Correa que terminó con la
ingoberna-bilidad ecuatoriana también es emblemática, al igual que la del
Presidente Hugo Chávez, militante de la mistificación bolivariana. Este
militar, de origen humilde, ha construido
140 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
alianzas latinoamericanas inéditas, y a la vez con Irán, China y
Rusia. Por último, Ollanta Humala también de origen militar y de una fa-milia
de sectores medios bajos, de ideología indigenista y popular pretende impulsar
un proceso de cambios fuertes con sentido rea-lista en el Perú.
Por lo general, estos líderes no pertenecen al sistema político
tradicional, recuperan una mística popular y, a diferencia, de buena parte de
la tradición de líderes de izquierda pertene-cientes a los sectores medios o
altos son de ori-gen popular. Son outsiders de la política, o al menos de la
que primaba en la década de 1990, al igual que buena parte de sus discursos y
de su proyecto político.
Así, se inicia un nuevo tipo de relación entre líder y sociedad
que privilegia del rol estraté-gico del Estado, la inclusión social, así como
la movilización y participación política de los sectores excluidos de las
respectivas socieda-des. El don de la palabra o del acto logra ser nuevamente
un factor de cohesión social –el gesto en Kirchner abrazado a las masas en la
calle, Evo jugando futbol con mineros a 5000 metros de altura o Mujica
trabajando en su cha-cra–, un recurso mediático notable y la entrega al trabajo
político como un compromiso de fi-nes últimos.
El fallecimiento de Néstor Kirchner, el cán-cer y sus fantasmas
que han acosado a Dilma, Chávez, Lula, Lugo y Cristina, no hacen más que
reafirmar esa ética sacrificial, casi religio-sa, que permite que estos líderes
hayan logra-do constituir una comunidad emocional en sus respectivos países y
reafirmar la búsqueda de sentido histórico de su Nación y de la región.
En el juego político aparecen, por un lado, la aceptación y
valorización de la democracia electoral como recurso para legitimar el poder y
por otro, en mayor o menor medida, una ló-gica de confrontación con los
opositores. Una vez más, el imperialismo, las elites locales an-tinacionales y
neoliberales y los poderes fác-ticos son denunciados como los principales
opositores. En algunos casos, y momentos extremos, la relación se plantea en
términos de amigo-enemigo. Al respecto, es célebre el discurso del Presidente
Chávez ante la Asam-blea General de Naciones Unidas en el que se refiere al
Presidente Bush como “el diablo”. En otros casos, sólo se plantea en términos
de oposición, pero ponderada por un termóme-tro de poder que mide la relación
de fuerzas. Entre estos líderes, adecuados a sus culturas políticas nacionales,
hay prácticas negociado-ras o confrontativas, pero en todos ellos está presente
la búsqueda de un desarrollo nacio-
Carisma, sociedad y política 141
nal inclusivo y de un nuevo posicionamiento de la región en el
mundo.
Otra característica significativa de estos líde-res es su nivel
de secularización que les permite orientarse en un mundo cada vez más
comple-jo. Pepe Mujica, por ejemplo, defiende la idea de un país “agro
inteligente” y suele mencionar las oportunidades de Uruguay en la sociedad del
conocimiento. Lula es un líder global y ha adquirido un sofisticado
conocimiento del sis-tema financiero internacional. Evo Morales en sus
múltiples viajes por el mundo, y con el apo-yo de redes de ONG, ha obtenido una
amplia visión de los cambios y las orientaciones políti-cas internacionales. El
satélite Túpac Katari es tan sólo un ejemplo de su relación con China. Chávez y
su pasión por la geografía política no están desligados de sus osadas alianzas
con China o Irán. En este contexto, la presencia de algunos de estos líderes en
el Foro Social de Porto Alegre y en otras esferas globales vincula sus
posiciones, no ajenas a críticas y confron-taciones políticas, con el
movimiento de “alter globalización”.
La gran interrogante de todos estos pro-cesos políticos es saber
si cuentan con las capacidades para transformar sus metas en resultados. Es
decir, si son capaces de propiciar una democracia más incluyente y
pluralista, al igual que una genuina transfor-mación productiva
vinculada con la tecno economía de la información y la sociedad del
conocimiento. En gran medida esto descan-sa en sus relaciones que construyen
con sus propias sociedades.
2. Las demandas de la sociedad
En esta sección se discuten algunos elemen-tos de la cultura
política latinoamericana que podrían estar asociados con la demanda ciudadana
por liderazgos carismáticos y de-sarrollistas, capaces de posicionar al Estado
en un papel protagónico en la política y en el desarrollo, pero que al mismo
tiempo satisfa-gan la necesidad de representación social. La existencia de
tales elementos, su magnitud y su preponderancia en los distintos contextos
nacionales, determinan la fuerza histórica de estos líderes, así como la
relación que estos establecen con la sociedad en el marco de su proyecto
político. Y es que la clave para la comprensión de los liderazgos pasa por su
práctica comunicativa, entendidas como una demanda de parte de la sociedad que
encuen-tra respuesta concreta en las propuestas y los estilos de hacer política
de estos líderes.
142 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
En buena parte de los países de América La-tina, la fórmula para
el surgimiento de lideraz-gos carismáticos neodesarrolistas pasa por una
demanda ciudadana que combina la necesidad de desarrollo y reducción de las
brechas socia-les con la pronta atención a problemas impe-riosos, como la de la
seguridad ciudadana. Esta demanda se da en el marco de una aceptación casi
universal de los mecanismos democráti-cos como la única posibilidad de acceso
legí-timo al poder; esta aceptación es, en términos políticos, el contexto
mínimo en el que se da la relación entre líderes y sociedad en la región.
Se discuten, a manera de ilustración seis tendencias generales
que son parte de las ac-titudes, opiniones y valores de los ciudadanos que
tienen relación con las preferencias por los liderazgos carismáticos imperantes
en la región. Estos postulados encuentran eviden-cia empírica en la opinión
pública, en las pre-ferencias y actitudes de los ciudadanos. Las tendencias se
basan en datos del Barómetro de las Américas del Proyecto de Opinión Pú-blica
de América Latina (LAPOP) para 20109.
Esta información se
obtiene por medio de encuestas comparables que se realizan sobre muestras
representa-tivas de la población de cada país. Para este proyecto se utilizó
información de 18 países provenientes de 31.671
Ciertamente los diversos procesos nacionales marcan
características particulares y diferen-ciadas de cada caso que en buena medida
y en su complejidad se trataron en los capítulos anteriores. Aquí tan solo se
pretende ilustrar tendencias generales de las relaciones entre sociedad,
política y carisma.
Las instituciones de la
democracia gozan de una preferencia mayoritaria en todos los países de América
Latina. La democracia es vista como el mejor sistema de gobierno y las
percepciones contrarias son, en la mayor parte de los casos, marginales. La
democra-cia se ha consolidado como “the only game in town”, y sus reglas de
juego marcan los lí-mites de lo políticamente posible, al menos a nivel
discursivo.
La preferencia por la democracia en América Latina es alta,
particularmente en países con
entrevistas llevadas a cabo durante el primer trimestre de 2010.
Los países que integran la muestra son: Méxi-co, Guatemala, Honduras, El
Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Venezuela, Bolivia,
Perú, Paraguay, Uruguay, Brasil, Argentina, Chile y Re-pública Dominicana. Para
mayor información sobre el Barómetro de las Américas se recomienda visitar la
pá-gina web de LAPOP (www.lapopsurveys.org).
Carisma, sociedad y política 143
sistemas democráticos consolidados, como Uruguay, Costa Rica o
Argentina. Esta voca-ción democrática de los latinoamericanos es elevada
incluso en los países donde esta pre-ferencia es menos fuerte, como en Perú o
en Honduras10.
La preferencia por la democracia fuertemen-te afianzada entre
los latinoamericanos define la forma en que los líderes pueden acceder al poder
en la región. Incluso el más carismático de los líderes necesita atravesar el
ritual de una elección popular para ejercer el poder de manera legítima, lo
cual, en la práctica, pone ciertos límites al ejercicio del poder y reduce el
riesgo de autoritarismo. Este escenario de institucionalidad democrática
afianzada en la cultura política de los latinoamericanos es fun-damental para
comprender la emergencia de liderazgos carismáticos en América Latina.
Entre los ejemplos de
lealtad a la democracia como régimen entre los latinoamericanos, sobresale el
de la crisis argentina de 2001, en la que los ciudadanos re-clamaban “que se
vayan todos” al mismo tiempo que exigían la persistencia de la democracia como
régimen. Sobre este punto ver, entre otros, (Boidi 2008 ; Palo-mino y Pastrana
2003). Una discusión más general de la capacidad crítica de los ciudadanos
manteniendo su compromiso con la democracia como régimen puede encontrarse en
el trabajo de Pippa Norris (Norris 1999).
Lo anterior implica la existencia de una base de legitimidad de
la democracia como institu-ción difícilmente cuestionable, incluso por el más
popular de los líderes contemporáneos. Además –al menos en su dimensión de
elección popular y decisiones mayoritarias– los regíme-nes democráticos son
favorables para líderes que cuentan con amplio apoyo popular. Esta combinación
de carisma e institucionalidad hace conceptualmente posible el “liderazgo
neo-desarrollista, populista democrático” de la Amé-rica Latina contemporánea.
El Gráfico 1 mues-tra el promedio de acuerdo con la idea de que la democracia,
pese a sus problemas, es la mejor forma de gobierno en cada uno de los países
de la región. (Ver gráfico 1 en pág. siguiente.)
Es necesario reconocer, sin embargo, que el apoyo a la
democracia como mecanismo de selección de autoridades no necesariamen-te
incluye la demanda por una democracia “de calidad”, plural y sustantiva, que
ponga al ciudadano en el centro y que sea capaz de garantizar igualdad en la
diferencia. Hay moti-vos para pensar que la idea de democracia que reconocen y
demandan los latinoamericanos se circunscribe a la dimensión electoral y
par-ticipativa y no contempla necesariamente una responsabilidad central de ciudadanos
iguales, autónomos y políticamente activos.
144 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
Gráfico 1. Apoyo a la democracia en América Lati-na en
perspectiva comparada, 2010
Uruguay 86.2
Costa Rica 80.4
Argentina 79.6
Chile 76.1
Panamá 75.5
Venezuela 74.0
Brasil 73.7
Colombia 72.3
Nicaragua 71.3
Bolivia 70.3
Rep. Dominicana 68.6
Ecuador 68.4
México 66.8
El Salvador 64.1
Paraguay 63.3
Guatemala 62.8
Honduras 62.6
Perú 60.1
0 20 40 60 80 100
Apoyo
a la democracia
95% Intervalo de
confianza (Efecto de diseño incorporado)
La incapacidad para
generar condiciones de vida satisfactorias para los ciudadanos, junto con las
desigualdades en el acceso a los recursos, pueden contribuir de forma
signi-ficativa a la proliferación de dudas sobre la democracia liberal
experimentada y sus ins-tituciones. Situación que favorecería la de-manda de
líderes carismáticos.
Las tendencias populistas de muchos nuevos líde-res
latinoamericanos parecen relacionarse con la incapacidad de las instituciones
democráticas y políticas para resolver las carencias económicas y la
desigualdad. Esto también explica, en parte, el carácter neodesarrollista de
los liderazgos lati-noamericanos contemporáneos, que tienen en la generación de
ingresos, a través de la actividad estatal, uno de sus rasgos más distintivos.
La relación entre nivel socioeconómico y democracia ha sido
documentada en nume-rosos trabajos desde la ciencia política, que señalan que
la democracia como forma de gobierno es más viable en sociedades que han
alcanzado cierto grado de satisfacción de con-diciones básicas para sus
ciudadanos11. En
Fuente: Barómetro de las Américas 2010, por LAPOP.
Sobre este tema ver,
entre otros el trabajo clásico de Lipset (1959). También (Hadenius y Teorell
2005 ; Przeworski, et al. 2000).
Carisma, sociedad y política 145
efecto, las personas miembros de sociedades con niveles de
desarrollo humano más altos tienden a estar más seguros de las ventajas de la
democracia que sus pares de sociedades con mayores necesidades, y esto también
se obser-va en América Latina.
Las brechas en el acceso de los ciudadanos a los beneficios del
desarrollo del país también tienen un efecto importante, y estadísticamen-te
independiente y significativo, sobre el apoyo a la democracia. Las sociedades
con brechas más amplias tienden a mostrar, en promedio, niveles de confianza en
la democracia más ba-jos que las sociedades más igualitarias.
Pero la economía es importante no sola-mente cuando se
consideran indicadores obje-tivos. Las percepciones de los ciudadanos so-bre el
desempeño del gobierno en temas eco-nómicos, particularmente en la lucha contra
la pobreza, tienen un efecto muy claro sobre la legitimidad del régimen
democrático. Tanto la satisfacción con la democracia como el apoyo al régimen
político están condicionados por la idea de que el gobierno está siendo
efectivo en reducir la pobreza12.
El apoyo al régimen
político es un índice com-puesto por el promedio de los valores de 5 variables:
la confianza en que los tribunales garantizan un juicio
Gráfico 2. Relación entre percepción sobre el desempeño
económico del gobierno, la satisfacción con la democracia y el apoyo al régimen
político
65
60
Promedio 55
50
45
40
35
1 Nada 2 3 4 5 6 7 Mucho
¿Hasta qué
punto diría que el gobierno actual combate la pobreza?
Satisfacción
con la democracia Apoyo
al régmen político
Fuente: Barómetro de las Américas 2010, por LAPOP.
justo, la confianza en que los derechos de los ciudada-nos están
garantizados, la idea de que se debe apoyar el sistema político del país, el
orgullo de vivir bajo dicho sistema político y el respeto que le confieren las
instituciones políticas del país. Este índice ha sido trabajado por LAPOP como
“Índice de apoyo al sis-tema” en distintos estudios (Booth y Seligson 2009 ;
Seligson 1983).
146 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
Las variables económicas tienen un efecto claro sobre la
legitimidad misma del régimen político, y no sólo sobre la legitimidad del
lí-der y su ejercicio del poder. La economía y las percepciones sobre ella,
afectan tanto a, lo que en términos weberianos puede deno-minarse, la
“autoridad carismática” del líder, como a la “autoridad racional legal”,
prove-niente de la aplicación de procedimientos institucionales. El “apoyo
difuso” al sistema político (Easton 1975 ; Muller, Jukam y Selig-son 1982)
ocurre en situaciones de bajo de-sarrollo, desigualdad, o cuando los
ciudada-nos no sienten que el gobierno esté haciendo lo suficiente para mejorar
sus condiciones de vida.
La percepción actual de los latinoamerica-nos sobre la economía
tiende a ser positiva. En general los latinoamericanos ven su vida con
optimismo. Los promedios de satisfacción con la vida son más altos en 2010 que
en 2008. No obstante, en los países centroamericanos y México se observa una
caída en la satisfac-ción con la vida durante los últimos dos años, mientras
que los saldos positivos más grandes aparecen en el Cono Sur.
En términos generales, éste es un continente optimista que
tiende a mirar el mundo a través de un filtro positivo, o al menos ésa parecía
ser
la percepción predominante durante el primer semestre de 2010.
Al mismo tiempo, los niveles de satisfacción con la vida mostraban una
ten-dencia positiva.
El sentimiento de satisfacción es mayor que a principios de la
década del 2000. En 2004, solamente 37% de los habitantes de la región
afirmaban estar muy satisfechos con su vida, mientras que seis años después
este porcentaje llega a 43%13. Esta tendencia al incremento en la satisfacción
con la vida parece ser general en la región después del momento de inflexión
que vivió alrededor del año 2000.
Al mismo tiempo, las condiciones econó-micas personales y las
del país son evaluadas favorablemente. En 2010, 17% de los latinoa-mericanos
creía que la situación económica de su país era “buena” o “muy buena”,
mien-tras que en 2004 apenas 6% de la población de la región compartía esa
opinión. Una cuarta parte de la población de la región consideraba en 2010 que
su situación económica personal
Este y los siguientes
porcentajes fueron calcula-dos considerando 11 países de latinoamericanos para
los cuales existe información para 2004 en el banco de datos de LAPOP. Los
países son: México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá,
Colombia, Ecuador, Bolivia y la República Dominicana.
Carisma, sociedad y política 147
era “buena” o “muy buena”, el doble que en 2004, mientras que la
proporción de gente que siente que su situación es mala también se ha reducido
a la mitad.
Este optimismo económico juega un papel importante en la
fortaleza y popularidad de los líderes regionales, particularmente de aquellos
que enfatizan sus rasgos personales como un elemento central de su estilo
político. Si esto es así, uno de los desafíos centrales que enfrentan estos
líderes, y en general las democracias lati-noamericanas, es ser capaces
La demanda por un Estado
activo y con presencia fuerte en la economía es una ex-plicación fundamental
para el surgimiento de líderes con rasgos populistas y carismáti-cos impulsores
de políticas neo-desarrollis-tas basadas en la intervención estatal de la
economía. La debilidad institucional expli-ca en parte la importancia de
algunos meca-nismos para-institucionales, centrados en la relación directa
entre el líder y los grupos sociales, que representan otra dimensión central de
muchos procesos latinoamerica-nos contemporáneos.
Para el latinoamericano promedio, el Estado juega un papel
fundamental en la economía, in-
cluso en aquellos países con mayor prevalencia del mercado y más
integrados a la economía mundial. Se espera que el Estado, y no el sector
privado, asuma la responsabilidad de dinami-zar la economía y de distribuir sus
beneficios entre la población.
A continuación se presentan los promedios nacionales del índice
de estatismo para la re-gión14. Si bien existen diferencias significativas
entre los países de la región, los promedios son altos en todos los países. El
peso de los prome-dios explicaría en buena medida la presencia de líderes
carismáticos que promueven estrate-gias neo-desarrollistas con un alto
protagonis-mo estatal.
El índice de estatismo
está compuesto por prome-dios en la preferencia de los ciudadanos por un papel
protagónico del Estado en cuatro áreas de la economía: propiedad de las
empresas más importantes, asegurar bienestar, crear empleo y reducir
desigualdad.
148 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
Gráfico 3. Promedios comparados del índice de estatismo
Paraguay 82.0
Chile 80.1
Costa Rica 79.4
Uruguay 78.7
Argentina 77.5
Rep. Dominicana 76.4
Nicaragua 74.5
Colombia 74.3
Brasil 73.5
Ecuador 73.0
Guatemala 71.6
Panamá 71.4
Perú 71.3
México 71.3
El Salvador 70.8
Bolivia 70.3
Honduras 69.6
Venezuela 67.5
0 20 40 60 80
Indice de estatismo
95% Intervalo de con anza (Efecto de diseño incorporado)
Fuente: Barómetro de las Américas 2010, por LAPOP.
Esta preferencia por un rol activo del Estado en la economía
parece ser un rasgo distintivo
de América Latina y es consistente con otras fuentes de
información que muestran la centra-lidad del Estado para los latinoamericanos.
Por ejemplo, al comparar la respuesta promedio de la región con los del resto
del mundo a la pre-gunta “Se debería promover la propiedad pri-vada de las
empresas vs. se debería promover la propiedad estatal de las empresas” los
lati-noamericanos se muestran significativamente más favorables a la propiedad
estatal15.
En la misma línea, y abordando el tema desde el estudio de los
conflictos sociales en la región, el informe sobre conflictividad social en
América Latina del PNUD, muestra que el Estado es el interlocutor de la gran
ma-yoría de los conflictos sociales de la región (Calderón 2011b). Éste es un
indicio más de la importancia que tiene el Estado para los la-tinoamericanos.
Una de las causas para que los latinoame-ricanos demanden tanto
del Estado –y lo in-
Los datos provienen de la
Encuesta Mundial de Valores (World Value Surveys), dirigida desde la
uni-versidad de Michigan. Este hallazgo es particularmen-te relevante si se
considera que en la categoría “resto del mundo” se incluyen tanto países
socialistas (como China) como otros países donde la presencia estatal en la
economía históricamente fuerte (como los de Europa oriental).
Carisma, sociedad y política 149
terpelen de manera visible– tiene que ver con las limitaciones
propias de los estados de la región, que deben manejar la creciente
com-plejidad de las sociedades en el marco de la institucionalidad vigente. Si,
como afirma el mencionado informe, el Estado es el principal productor y
receptor de la conflictividad en América Latina (p. 52) se debe a sus
limitacio-nes a la hora de resolver las demandas de la sociedad, como inclusión
e igualdad social. A su vez, si los latinoamericanos esperan tanto del Estado,
como sugieren los promedios del índice de estatismo, es debido precisamente a
la debilidad de la misma sociedad y de la eco-nomía para resolver problemas de
desarrollo o democracia.
En este contexto adquieren relevancia al-gunos mecanismos
para-institucionales como mediadores entre sociedad y Estado, que con-tribuyen
a fortalecer la dimensión personalis-ta de los liderazgos. Ante la debilidad de
las instituciones, la relación entre Estado y orga-nizaciones sociales se mueve
entre lo formal y lo informal, adoptan rasgos de clientelismo y personalismo
que inciden en las relaciones cotidianas e impregnan a las instituciones
for-males. Esta institucionalización de la informa-lidad provocada por
fracasadas políticas so-cioeconómicas en el pasado, es ampliamente
favorable para una relación carismática fecun-da, pero limitada,
entre líder y sociedad.
Uno de los rasgos
centrales del neodesa-rrollismo carismático latinoamericano es la presencia de
líderes “fuertes” y visibles, que encarnan las virtudes y los defectos del
pue-blo, y que representan su mandato de mane-ra directa. Estos liderazgos
suelen tener am-plio respaldo popular, que también podrían generar un potencial
autoritario.
Se trata de actores que buscan hacer confluir eficacia y
eficiencia en los procesos y resulta-dos para resolver los problemas y los
deseos de la gente, y por eso pueden ser denominados “fuertes”. Aunque apoyan
de manera casi uná-nime la democracia como forma de gobierno, muchos
latinoamericanos están dispuestos a aceptar líderes fuertes, capaces de
concentrar poder y de asumir en mano propia la resolución de problemas que las
instituciones formales no parecen ser capaces de solucionar. Si bien no es una
condición necesaria, estos liderazgos fuertes pueden llegar a tener una faceta
auto-ritaria gravitante.
La identificación entre el líder y el pueblo es un elemento
central del liderazgo carismá-tico populista. Tanto por su origen como por
150 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
la construcción de su imagen y su carrera po-lítica, los líderes
suelen ser identificados como un miembro más del colectivo denominado “pueblo”,
y por tanto, de la comunidad afectiva e imaginada del “nosotros”. El líder
asume la representación del pueblo porque es parte de éste, porque es el pueblo
en sí mismo. Lo que hay, entonces, es una reificación del “pueblo” que se
materializa en la imagen del líder.
La percepción de los latinoamericanos sobre el vínculo que
debería tener el presidente con el “pueblo” es contundente. Si bien hay algunas
diferencias, en todos los países de la región se apoya de manera mayoritaria la
idea de que “el Presidente debe cumplir la voluntad del pueblo porque éste
tiene siempre la razón”16. El líder y el pueblo se hacen uno en el mandato que
el primero está obligado a cumplir sin cuestiona-miento, pero también a
interpretarlo dado el carácter de sujeto abstracto del segundo.
Esta identificación carismática entre el líder y el pueblo es
tan importante que permite pen-sar que la emergencia de los liderazgos
caris-máticos en las democracias latinoamericanas
Los promedios nacionales
varían entre los 78 pun-tos en la escala de o a 100 en El Salvador, a 56 en la
Argentina. Los datos para esta variable provienen del Barómetro de las Américas
de 2008.
puede entenderse como una respuesta a la frustración colectiva
que produce el recono-cimiento de que gobernantes y gobernados no son lo mismo.
Este desencanto es uno de los principales traumas que enfrentan las
demo-cracias modernas (Rosanvallon 2009).
Los líderes neodesarrollistas con rasgos ca-rismáticos y
populistas contemporáneos en la región son, en buena medida, actores
mediá-ticos exitosos. Saben cómo funciona la expo-sición de los medios y cómo
usarla para enta-blar un vínculo sustantivo con la población. En efecto, a
través de los medios de comunicación masiva, y por medio de una presencia
constan-te en ellos, los líderes establecen un vínculo sólido con la sociedad.
Los medios de comunicación tienen un lugar central en la
política contemporánea. En Amé-rica Latina, 90% de los ciudadanos consume
no-ticias por radio, TV, prensa o internet al menos algunas veces por semana, y
dos terceras par-tes lo hace todos los días. Este consumo masi-vo de noticias
ha resultado en una especie de “mediatización de la política”, en la que los
ac-tores políticos tienen como principal escenario a los medios. Esta
“democracia de lo público” (Manin 1992) privilegia el escenario mediático sobre
otros estrictamente políticos o represen-tativos que podrían resultar más
favorables
Carisma, sociedad y política 151
para procesos de deliberación, negociación y toma de decisiones.
Esto no implica necesariamente que los lí-deres deban
congraciarse con los medios para movilizar su base social y para ser
ampliamente populares. De hecho, existen liderazgos que se construyen y se
hacen populares en oposición a los medios de comunicación de sus países. Sin
embargo, no dejan de ser actores mediáti-cos que comprenden la dinámica de los
medios y participan en ellos a partir de su lógica y re-glas particulares.
La sensación de amenaza
en una socie-dad puede generar una preferencia entre los ciudadanos por
gobiernos efectivos, que sean capaces de solucionar los problemas urgentes de
la población aunque esto impli-que dejar de lado algunos derechos e
insti-tuciones democráticas básicas. En Améri-ca Latina, la principal fuente de
amenaza percibida por la sociedad es la inseguridad ciudadana, que tiene un
efecto potencial en la preferencia por formas de gobierno menos concertadoras.
Los ciudadanos demandan y apoyan liderazgos fuertes por
distintas razones, como la historia y la tradición política de un país, o por
elementos
circunstanciales, como la sensación de amena-za o el miedo. El
miedo principal de los latinoa-mericanos en la actualidad tiene que ver con el
crimen y la inseguridad ciudadana.
La inseguridad ciudadana se ha convertido en un factor con
efectos significativos sobre las perspectivas de la democracia en la región.
Estudios específicos han demostrado que el crimen y la inseguridad ciudadana
erosionan la legitimidad de la democracia y afectan ne-gativamente al capital
social (Cruz 2008 ; Pe-rez 2012).
El gráfico siguiente muestra los resultados de un análisis de
regresión logística para la pro-babilidad de que una persona prefiera un líder
“de mano dura” frente a uno concertador17.
17 El gráfico de resultados de la regresión logística ilustra
los efectos independientes de las distintas va-riables incorporadas en el
modelo sobre la probabili-dad de que la persona prefiera un líder de mano dura
frente a uno que busque soluciones con la participa-ción de todos. En el
gráfico, si la línea que representa el coeficiente de regresión de cada
variable indepen-diente se cruza con la línea de 0, puede asumirse la
inexistencia de un efecto independiente estadística-mente significativo; por el
contrario, si la totalidad de la línea del coeficiente está a la derecha de 0,
entonces el efecto de la variable es positivo (y negativo si está a la
izquierda).
152 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
Gráfico 4. Resultados de la regresión logística para la
preferencia por un “gobierno de mano dura”
F=54.551
Edad
N =28657
Se siente muy inseguro
Victimización por crimen
Quintiles de riqueza
Usa internet a diario o casi a diario
Nivel educativo
Mujer
Apoyo a la democracia
Percepción sit. eco. nacional
-0.30 -0.20 -0.10 0.00 0.10
95% Intervalo de con anza
Fuente: Barómetro de las Américas por LAPOP.
Tanto la sensación de inseguridad como la vic-timización por
crimen tienen un efecto inde-pendiente sobre la preferencia por un gobierno de
“mano dura”. Además de estas variables, otros factores cuyo efecto sobre la
preferencia por un gobierno de mano dura es significativo son: edad, que tiene
un efecto positivo; y el uso de internet, el nivel educativo, el ser mujer, el
apoyo a la democracia y la percepción de la si-
tuación económica nacional, que tienen efec-tos negativos.
Otra variable con efecto significativo sobre la preferencia por
un gobierno de mano dura es el posicionamiento ideológico de la persona en la
escala “izquierda-derecha”. Una vez que se controla por los efectos de otras
variables, las personas en los extremos izquierdo y dere-cho se muestran más
cercanas a un gobierno de mano dura que las personas que se ubican al centro.
Esta preferencia es aún más eleva-da entre quienes se identifican con el
extremo derecho. El punto de la escala de posiciona-miento ideológico en el que
la probabilidad de preferir un gobierno de mano dura es más baja está en la
centroizquierda18.
Si bien esta relación es
clara en términos estadís-ticos, es importante considerar que, particularmente
en los países de América Central, la idea de la “mano dura” ha sido empleada
frecuentemente como parte de la plataforma electoral de candidatos de derecha o
centro derecha que apuntaban precisamente a la delincuencia y la inseguridad
como los problemas prioritarios. De tal manera que la preferencia por un
gobierno de “mano dura” no necesariamente hace referencia a la preferencia por
formas de gobierno autoritarias, sino posiblemente por un proyecto polí-tico
centrado en la recuperación del orden y el impe-rio de la ley.
Carisma, sociedad y política 153
El hecho de los jóvenes tiendan a ser menos propensos a preferir
un gobierno duro es de gran relevancia a la hora de reflexionar sobre la
sociedad latinoamericana y sus perspectivas futuras. Algo similar sucede con
las mujeres, que también se muestran menos dispuestas a preferir este tipo de
gobierno. Las personas más educadas tienden a preferir gobiernos concertadores,
así como las personas más sa-tisfechas con la situación económica nacional y
quienes apoyan de forma más explícita a la democracia. La relación de estas
opiniones con la edad, el sexo y el nivel educativo, es funda-mental para
pensar en el surgimiento de una nueva politicidad en la región, lo cual nos
lleva a la última hipótesis.
Se advierte la aparición
de, lo que se po-dría denominar una “nueva politicidad”, definida por una
ciudadanía más autóno-ma, que rechaza la política tradicional, capaz de actuar
con poca intermediación política y concentrada en temas, a menudo, vinculados
con el bien común. Este nuevo sentido de lo político es común entre jóve-nes de
clases medias urbanas, con niveles de educación relativamente altos, y se
realiza en red gracias a las nuevas tecnologías, par-ticularmente del internet.
Las tecnologías de la comunicación crean es-pacios en los cuales
los ciudadanos se relacio-nan y generan vínculos sociales y dinámicas
políticas, conocidos como “tecnosociabilidad” (Castells 2001 ; PNUD 2010). El
uso intensivo de las tecnologías de la información y la comu-nicación, sobre
todo de internet y la telefonía celular, ha creado nuevos patrones de
socia-bilidad y politicidad en América Latina, en los cuales los jóvenes tienen
una preponderancia clara (Calderón 2011a ; Moreno 2012).
A inicios de la segunda década del siglo XXI, la cobertura de la
telefonía celular llega a la mayoría de los habitantes de la región. Por
ejemplo, en Argentina ya en 2008 había más líneas de teléfonos celulares que
habitantes (Fundación Telefónica 2009), y una relación de 9 líneas por cada 10
personas no es inusual en la región.
En términos de uso de internet, alrededor de 28% de los
latinoamericanos se conecta de manera diaria o casi diaria. Sin embargo, más de
la mitad de la población de la región no usa nunca la web. Sumados a quienes la
usan rara vez representan dos terceras par-tes de la población. El acceso a las
tecnolo-gías de la información no es homogéneo. Paí-ses con mayor nivel de
desarrollo humano tienen una mayor proporción de usuarios de
154 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
internet que los menos desarrollados, aun-que ésta no es la
regla para la disponibilidad de teléfonos celulares en el hogar. De igual
forma, si bien en la región se advierte un au-mento generalizado de usuarios de
internet y de telefonía celular, existen diferencias im-portantes entre los
países con relación a la tasa de crecimiento de la población usuaria de estos
recursos.
A nivel individual, la edad es un factor de-cisivo para el uso
de las TIC, particularmente de internet; los jóvenes tienden a ser usuarios
mucho más frecuentes de la red. Otros fac-tores importantes para este uso son
el nivel económico y educativo de las personas. Exis-te una brecha en el acceso
a estas tecnolo-gías entre las áreas urbanas y las áreas rura-les, que muestran
condiciones desventajosas frente a las ciudades.
La membresía en la sociedad de la infor-mación (Castells), o la
participación activa en los espacios de tecnosociabilidad, mues-tra
consecuencias relevantes en la forma en que los ciudadanos participan en
política, así como sobre algunas actitudes y valores políti-cos. Por ejemplo,
las masivas demostraciones públicas durante el conflicto de la educación en
Chile de 2011 pusieron de manifiesto la ca-pacidad de las redes sociales para
movilizar a
los ciudadanos. Estas concentraciones fueron informadas a través
de Facebook, Twitter, y mensajes de texto.
Los vínculos y las relaciones de las redes sociales ya no se
remiten a lo virtual, sino que tienen consecuencias en otros ámbitos más
concretos, como la movilización social o la generación y consolidación de
nuevos lideraz-gos. Por tal motivo, la importancia de la inno-vación
tecnológica no pasa desapercibida para muchos de los nuevos líderes de la
región, que buscan generar políticas que aprovechen los desarrollos
tecnológicos para la superación de las condiciones de desigualdad y exclusión
so-cial. Este es un indicio de una nueva politicidad que no está restringida en
la sociedad, sino que se manifiesta y se entiende desde las nuevas élites
políticas. Esto implica una ruptura con las generaciones anteriores y abre
posibilida-des para una democracia más sustantiva, en la que la sociedad
comunicada tiene un papel protagónico.
En términos de sus efectos, el uso frecuen-te de TIC se asocia
estadísticamente con una mayor participación política de los ciudadanos por
medio de canales formales e informales. Una vez que se controla
estadísticamente por otros factores, un uso activo de internet se vin-cula con
una mayor participación en protestas
Carisma, sociedad y política 155
y manifestaciones y con una menor participa-ción electoral.
Asimismo, el uso frecuente de internet tie-ne un efecto positivo
sobre las actitudes de los ciudadanos hacia otros miembros de la socie-dad. La
participación en la sociedad de la infor-mación resulta en una mayor tolerancia
a las minorías. En este sentido, la tecnosociabilidad parece estar cumpliendo
un papel similar al de la educación, ya que expone a las personas a la
diversidad e incrementa su aceptación de lo diferente19.
3. Los desafíos futuros
Los liderazgos carismáticos que se expanden de manera
democrática en el escenario políti-co de los países latinoamericanos en la
primera década del siglo XXI resultan de una intersec-ción múltiple de procesos
y condiciones his-
Ésta es una tendencia,
una relación de tipo estadís-tico que no implica que, necesariamente, una
persona conectada desde un computador sea per se más tole-rante y tenga una
vocación de participación más alta. Lo que este hallazgo muestra es que, una
vez controlado el efecto de otros factores, los ciudadanos miembros de la
sociedad de la información tienen estos rasgos más acentuados que otros
ciudadanos latinoamericanos.
tóricas que vivió la región durante las últimas décadas. La
tradición histórica de líderes con personalidades fuertes para la política en
su tiempo es sin duda un antecedente relevante, pero existen otros de índole
más estructural que son necesarios para la emergencia de estos liderazgos en la
región.
Las reformas estructurales de los 90 y sus consecuencias
sentaron las bases para que se genere una demanda fuerte por un rol activo del
estado en la solución de los problemas de pobreza y desigualdad que si-guen
siendo tan evidentes en el continente latinoamericano. Este es el primer
elemento histórico que condiciona la emergencia de los liderazgos que
consideramos aquí, y que puede entenderse como la necesidad de un estado
reparador de las ausencias, vacíos y traumas colectivos profundizados durante
dos décadas de reforma y minimización es-tatal. Esta sería una de las causas
que expli-carían el componente “neodesarrollista” del liderazgo en cuestión.
El segundo elemento que explicaría la fuer-za de los liderazgos
contemporáneos en Amé-rica Latina es la legitimidad de los regímenes
democráticos como única forma posible de llegar al poder luego de la transición
del auto-ritarismo a la democracia. Esta consolidación
156 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
del régimen democrático, tanto en términos de su funcionamiento
institucional como en la cultura política de los latinoamericanos, resultó
definitiva para circunscribir los meca-nismos y el campo de acción de los
líderes a la arena electoral.
Pero además, es relevante que el tipo de gobierno democrático
universalmente adop-tado en la región sea el presidencialista, que favorece
desde las bases institucionales un go-bierno “personalista”. Bajo el
presidencialismo latinoamericano, la identificación de “pueblo” y “líder” se
hace más fluida y directa. Esta ca-racterística institucional genera una
coinciden-cia entre el carácter personal del carisma y el carácter formal de la
institución.
Por último, las condiciones de bonanza económica que vive la
región y que resultan principalmente de un auge en la exportación de materias
primas es otro elemento que ayu-da a explicar la consolidación de estos
lide-razgos, en tanto posibilita la inversión y redis-tribución de riqueza
desde el estado, las que a su vez son básicas para el vínculo carismático entre
líderes y sociedad. Sin estas condiciones económicas favorables hubiera sido
muy difí-cil, no imposible, plantear un retorno sosteni-ble del Estado como
actor central en la econo-mía y también difícil la capacidad de sostener
un vínculo afectivo entre el líder carismático y la sociedad.
Es importante resaltar que el tipo de “lide-razgo carismático
neodesarrollista democráti-co” que se describe aquí en términos concep-tuales
es solamente eso, un tipo ideal inspira-do en Weber. Un constructo analítico
que bus-ca entender mejor la relación entre la sociedad y política. Por lo
tanto, es muy posible que a la hora de clasificar a los líderes
latinoamerica-nos dentro de esta casilla, el lector informado no encuentre un
líder que pueda considerarse un ejemplo perfecto y que reúna todas las ca-racterísticas.
De todas formas, podrá encontrar en buena parte de los liderazgos actuales
algu-nos de los rasgos descritos en este libro.
En este sentido, parece importante conside-rar algunos desafíos
que los liderazgos caris-máticos democráticos enfrentan en América Latina. Uno
de ellos tiene que ver con la vigen-cia y el fortalecimiento de las
instituciones de-mocráticas; y es que todos ellos llegan al poder por medio de
elecciones reconocidas como limpias y legítimas, por medio de las reglas del
juego democrático. Sin embargo, el hecho mis-mo de que la política se base en
la personali-dad del líder, en su carisma, hace que algunas instituciones que
son importantes en el marco democrático en tanto garantizan los contrape-
Carisma, sociedad y política 157
sos necesarios, puedan pasar a segundo plano y pierdan
relevancia ante esta dimensión per-sonalista de la política. Un peso excesivo
en la dimensión carismática de la política podría afectar negativamente a las
mismas institu-ciones que originalmente hicieron posible el ascenso al poder de
los nuevos líderes latinoa-mericanos, con su efecto renovador sobre los
sistemas políticos de la región. En este sentido, el éxito de políticas
neo-desarrollistas en el lar-go plazo, estarían asociadas con las capacida-des
de una construcción e innovación institu-cional (y económica) sostenible en el
tiempo que vayan más allá de la presencia misma de los líderes que las
provocaron. La cuestión de la sucesión y la sostenibilidad son temas claves al
respecto.
El segundo desafío tiene que ver con la de-pendencia del estilo
de hacer política de los liderazgos carismáticos neo-desarrollistas en relación
a los recursos económicos disponibles en las arcas estatales. Políticas
redistributivas, superación de las brechas en salud y educación, e inversión
estatal productiva dependen todas de la salud de las finanzas públicas y éstas,
a su vez, dependen en buena medida de la diná-mica económica internacional. La
pregunta no parece ser si es que los ingresos de los estados van a sufrir a
consecuencia de cambios en el
comportamiento de la economía internacional situación que
posiblemente se dará, si no por el contrario, saber si una cultura de
innovación, austeridad y previsión ya estan instalada en la región.
Finalmente, la emergencia nuevas formas de sociabilidad y
politicidad, posibilitada por el uso creciente de las tecnologías de la
comu-nicación y la información, presenta un desafío de magnitud para estos
liderazgos en tanto in-corpora actores nuevos, con demandas parti-culares, y
con un nuevo sentido de la política a la dinámica nacional. Los jóvenes de
clases medias urbanas en América Latina han estado dando señales claras de un
mayor involucra-miento político a partir de compromisos y de sistemas de valores
fuertemente arraigados. Esta nueva politicidad trae consigo preguntas sobre el
medio ambiente, sobre la igualdad de género, sobre la participación de los
jóvenes, sobre la educación y sobre nuevas formas de hacer política.
En gran medida los temas y desafíos plan-teados a lo largo del
texto cobran sentido por la presencia de líderes y autoridades nacio-nales y
regionales que aplican, crean y hacen viables las políticas neo-desarrollistas,
u otras, tratadas en este ensayo. Tema tratado en el próximo volumen de esta
serie.
158 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
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Los líderes y la sociedad
frente al espejo*
Fernando Calderón G., Caterina Colombo y Daniel Moreno
1. Introducción
El presente ensayo trata sobre la relación entre la sociedad y
los líderes en América Latina. Se parte del supuesto que la demanda por
determi-nado tipo de líderes proviene de las condicio-nes, subjetivas y
objetivas, de la economía y la sociedad, así como de sus experiencias
recien-tes y valoraciones pasadas. Pero también los líderes al interpelar a sus
sociedades les plan-tean metas y desafíos. Se considera, además, que estos
fenómenos estructurales y cotidianos han adquirido un carácter cada vez más global,
sobre todo aquellos vinculados a la industria cultural y las tecnologías de
comunicación.
Se estaría conformado un espacio público global que conecta a
las diferentes sociedades
Este trabajo fue escrito
junto a Daniel Moreno con la colaboración de Caterina Colombo y fue publicado
originalmente en Huellas del futuro: contrapunto de voces sobre la realidad
política latinoamericana, 2013 (Buenos Aires: Siglo XXI).
nacionales e influye en la conformación de las demandas de
liderazgo. La oferta de determi-nados líderes políticos no sólo responde a las
necesidades políticas de una sociedad en par-ticular sino también a las
características de la crisis y el cambio global en curso, que son
particularmente visibles en los numerosos es-pacios de comunicación de la
sociedad de la información y el conocimiento.
¿Cuando el peso de los lideres, como los que se los entrevista
aquí, es significativamen-te importante? Una primera respuesta hipoté-tica
sería cuando se viven momentos de crisis, cuando los pisos institucionales son
relativa-mente débiles, la integración nacional insufi-ciente y el tejido
social está resquebrajado. En esos momentos el peso y la demanda de líde-res
tiende a ser mayor. Tal sería la situación de la mayoría de los países
latinoamericanos, cuyos liderazgos políticos frecuentemente ha sido y son de
gran relevancia en la conforma-ción de sus sociedades.
162 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
Como se analizó en el Cuaderno 3 de la pre-sente colección del
PAPEP, luego del relativo fracaso de las reformas estructurales, del Es-tado
mínimo y de gobiernos neoliberales, se ha vivido un momento de “inflexión
histórica” que produjo diversas orientaciones políticas. Inflexión que ha
generado particularmente una demanda social de retorno del Estado –como centro
del desarrollo y la política– en casi toda la región y con ello la instalación,
en buena par-te de los países, en el poder político de líderes con rasgos
carismáticos, que impulsan políti-cas neodesarrollistas y actúan en contextos
democráticos. Si se agregan las condiciones económicas internacionales
relativamente fa-vorables, sobre todo para Sudamérica, parecie-ra haberse
iniciado un nuevo ciclo histórico, y quizás de desarrollo que descansa
parcialmen-te en estos líderes, pero también en la consoli-dación de una
democracia electoral que hasta el momento tiende a reforzar su legitimidad y la
de las fuerzas políticas que los acompañan. La posibilidad de este
neodesarrollismo estaría en el centro del juego político en la región.
Desde una perspectiva de mediano plazo, la sostenibilidad y
dirección de tales proce-sos estarían fuertemente asociados con los cambios
recientes de las sociedades latinoa-mericanas y sus vinculaciones con la
sociedad
del conocimiento y la tecno-economía de la información. En este
contexto, la situación y las acciones que impulsan los nuevos líderes, en su
diversidad sociocultural y política, son fundamentales para el desarrollo. Por
esto, las visiones y los roles de un nuevo tipo de líderes políticos, son de la
mayor relevancia para el futuro latinoamericano.
El enfoque de este estudio plantea, además, que en América
Latina la práctica de los lideres oscila entre una cierta cultura política del
lide-razgo carismático y, y una cultura instituciona-lista. Los lideres actúan
sobre la base de sus conocimientos, iniciativas y de sus ideologías, aunque
estén condicionados estructuralmente. De allí que para entender los líderes
“promoto-res y gestores” como aquí se han denominado a los lideres estudiados
en este volumen, sea im-portante considerar, al menos, algunas referen-cias
básicas sobre sus visiones y orientaciones políticos en relación a los
problemas y las op-ciones que sus sociedades están enfrentando.
Bajo este marco, el estudio se plantea por una parte,
interrogantes sobre las capacidades de innovación y profundización de la
política y el desarrollo por parte de estos nuevos líderes latinoamericanos, su
búsqueda de horizontes posibles y su capacidad de transformación ha-cia una
democracia pluralista y de un desarro-
Los líderes y sociedad frente al espejo 163
llo humano innovador e integrador. Y por otra parte,
caracterizar las condiciones y demandas de de la sociedad hacia estos líderes.
Con respecto a la metodología, la investiga-ción se basa en
entrevistas en profundidad y una encuesta, realizadas a 27 líderes
latinoame-ricanos, que ocupan un papel sobresaliente en sus respectivos países.
Desde luego que no han sido incluidos todos los líderes representativos de la
región; sin embargo, los consultados en-tregan valiosos testimonios sobre la
actualidad latinoamericana. También se utilizaron datos del Barómetro de las
Américas de LAPOP para 2010 y 2012, cuyas variables fueron cruzadas para in-cluir
una evaluación comparativa sobre las de-mandas y condiciones sociales de
liderazgo en la región. De igual modo, se realizó una amplia revisión
bibliográfica sobre los temas de estudio.
Este apartado, introductorio a las entrevis-tas, se divide en
tres secciones. En la primera se analiza una serie de entrevistas realizadas a
líderes de la región. Se indaga sobre su capaci-dad política, sus orientaciones
de innovación productiva y tecnológica y transformación so-ciocultural. Es
decir, si son portadores de una nueva praxis política, que produzca resultados
haga sostenible los
cambios en curso o in-cluso promuevan un nuevo paradigma políti-co. En la
segunda sección se presentan datos
de encuestas de opinión pública, se describen los principales
hallazgos, así como las coinci-dencias y los disensos con las entrevistas en
profundidad. Se busca identificar las condi-ciones sociales de demanda de
liderazgos y de estilos de hacer política. Por último, a modo de conclusión, se
presentan reflexiones sobre los principales puntos de encuentro, de
desen-cuentro y sobre los desafíos pendientes para la dirigencia política de la
región.
2. Las voces de los líderes
En esta primera sección se busca analizar la ca-pacidad
reflexiva y de anticipación de una eli-te política latinoamericana que emergió
como respuesta a los límites, o fracasos, de las po-líticas de reformas
estructurales aplicadas en las décadas de 1980 y 1990 y de las diferentes
experiencias sociopolíticas vividas en los últi-mos años.
Sobre la base de una plataforma común de resultados
socio-históricos específicos, las eli-tes entrevistadas para el presente
estudio re-flexionan sobre el papel de la política frente al desarrollo, la
innovación productiva, la equidad y el medio ambiente. Asocian tales temas con
el papel y la participación política de las muje-
164 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
res y de los jóvenes, actores estratégicos en el cambio político
cultural en la región, y sobre los procesos de integración latinoamericana en
un mundo en crisis y de cambio en los mapas globales de poder. Desde el punto
de vista del análisis se indaga sobre las capacidades políti-cas de un grupo
significativo de líderes políticos regionales y que, en buena medida reflejan,
tan-to el pluralismo constitutivo de la democracia en la región como las
circunstancias nacionales o subregionales en las cuales son protagonistas.
2.1. Una plataforma común
A pesar de las diferencias de los diversos pro-cesos nacionales,
como se advierte en el Vol. 3 Cuaderno de Prospectiva Política y en variados
estudios políticos sobre la región, es posible detectar una plataforma común
que no se re-fiere estrictamente a una agregación de temas o casos nacionales
sino a un conjunto de pro-blemas, intersecciones y desafíos sociológicos
comunes que experimentan las sociedades la-tinoamericanas, desde los cuales
reflexionan los lideres entrevistados. Entre los rasgos que sobresalen, cabe
mencionar los siguientes:
–– El fin del ciclo de las reformas estructurales y los
resultados, por lo general negativos en
términos de equidad y crecimiento econó-mico como la inserción
pasiva y dependien-te en la tecno economía de la información y de la sociedad
de conocimiento, constitu-yen un hecho generalizado que explica en buena medida
los cambios políticos opera-dos en el continente1.
–– Las crisis generalizada de los sistemas de representación política,
particularmente de los partidos políticos, debido a la com-plejización
de las sociedades y expansión de mediatización de la política asociadas a las
tecnologías de información y comunica-ción (Castells, 2010) que conviven,
paradó-jicamente con una amplia valorización de la democracia como forma de
vida y con la consolidación de la democracia electoral. Así por ejemplo, el
Informe Latinobaróme-tro 2010 muestra que entre 2001 y 2010 la proporción de
latinoamericanos que con-sidera que “La democracia es preferible a
Esto se ve reflejado en
los hallazgos presentados en el Cuadro Reformas y realidades, incluido en el
informe La Democracia en América Latina: hacia una democra-cia de ciudadanas y
ciudadanos (PNUD, 2004), P. 40 y también en Calderón, F. (2003), Comp. ¿Es
sostenible la globalización en América Latina? Debates con Ma-nuel Castells.
Los líderes y sociedad frente al espejo 165
cualquier otra forma de gobierno” ha pasa-do de 48 a 61%.
–– La recurrencia de condiciones económicas favorables para buena
parte de los países latinoamericanos, vinculadas a un nuevo ci-clo creciente de
exportaciones de materias primas y recursos naturales constituye otro
ingrediente fundamental de esta plataforma de acción política. Como muestran
los datos de CEPAL, América Latina ha crecido entre 2004 y 2011, excepto en
2009, más de 4% en términos reales2.
–– El surgimiento y la expansión de un nuevo ci-clo de conflictos
socioculturales e institucio-nales como de nuevos actores y movimien-tos
referidos al reconocimiento cultural y la dignidad de importantes grupos de
pueblos originarios, afro descendientes entre otros, de cambios en las
relaciones de género, am-bientalistas, empresariales y una multipli-cidad de
actores circunstanciales que con-juntamente con importantes demandas por
trabajo, calidad de vida y seguridad humana de importante actores sindicales y
de la opi-nión pública, en buena medida condiciona-
Datos obtenidos en
CEPALSTAT http://websie. eclac.cl/sisgen/ConsultaIntegradaFlashProc.asp
ron y organizaron el liderazgo estudiado. No es ajeno a esta
expansión la emergencia de un comportamiento ciudadano, sobre todo en los
sectores medios, más activo y mas au-tónomo que en décadas pasadas3.
–– El papel y el nuevo status político de los jó-venes y las
mujeres. En el estudio sobre las protestas sociales4 y en el Informe de De-sarrollo Humano para
MERCOSUR, sobre-salen el peso de dichos actores en la vida democrática de las
sociedades y como tien-den a desplazarse hacia las redes de infor-mación y
comunicación. Las redes cobran cada vez más preponderancia como el espa-cio
donde los movimientos sociales actúan y discuten sus demandas y comparten
expe-riencias y contactos. El ámbito de acción de estas redes es lo social o
cultural, antes que lo estatal. Los movimientos por la dignidad a escala
global, las demandas democráticas de los jóvenes árabes y las formas de comu-
Para mayor detalle véanse
los Vols. 1, 2 y 3de los Cuadernos de Gobernabilidad Democrática (PNUD 2008 y
2009). Y muy especialmente el Volumen 1 Cua-derno de Prospectiva política sobre
Las protestas so-ciales en Latinoamérica.
Para mayor detalle véase
los Vols. 1 y 4 de los Cua-dernos de Gobernabilidad Democrática (PNUD 2009).
166 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
nicación de los estudiantes chilenos, son al-gunos ingredientes
de esta forma diferente de hacer política.
–– En este ámbito, las mujeres jóvenes ten-drían, según el
estudio, sobre el desarrollo humano mencionado, relativamente mayor capacidad
de agencia que sus coetáneos varones. No obstante, cierto distanciamien-to y
apatía con respecto a la política y su capacidad de transformación también se
observa entre los jóvenes. De esta mane-ra, estaría emergiendo una nueva forma,
no sólo de hacer política sino también de comunicación que busca un nuevo
sentido en la política a partir sobre todo de valores culturales. La dignidad
personal y colectiva es la principal demanda.
–– El retorno del Estado, en muchos casos, como actor fundamental
en el desarrollo y la democracia en la región, se vincula con el
fortalecimiento generalizado de regímenes presidencialistas. Este retorno ha
sido un factor concomitante a la formación y expan-sión de los líderes
estudiados.
–– El fortalecimiento de las capacidades po-líticas y estatales
para gestionar la crisis económica global más allá de las orienta-ciones
políticas específicas de cada
país,
constituye otro factor fundamental de esta plataforma. La
valorización y el ma-nejo de la gestión de economía, la esta-bilidad y las
cuentas fiscales empieza se un importante indicador de cambio en la cultura
económica de los líderes políticos latinoamericanos5.
–– El surgimiento de nuevas orientaciones políticas e ideológicas
referidas a Moder-nización conservadora, Reformismo prác-tico, Nacional popular
y Neo-desarrollis-mo indigenista6, constituye una referencia
El Vol. 2 de los
Cuadernos de Gobernabilidad De-mocrática analiza en detalle el desarrollo de
estas ca-pacidades políticas surgidas en el marco de la crisis global.
En términos generales,
estas son las principales características de las orientaciones políticas: i)
Mo-dernización conservadora: modernización del sistema de partidos, retorno y
reforzamiento de la autoridad, reforma institucional para vincular actores y
sistemas, relegitimación de la autoridad sobre la base de valores indiscutibles
y compartidos, orden moral asociado a la expansión del mercado y asociación
ideológica con los Estados Unidos; ii) Reformismo práctico: renova-ción y
recreación del sistema de partidos, orden laico, construcción de alianzas,
búsqueda por el Estado de una gestión institucional que combine crecimiento
eco-nómico con políticas de inclusión, sistema de partidos moderno y relación
pragmática con los Estados Uni-
Los líderes y sociedad frente al espejo 167
interesante para comprender el espacio político plural donde se
mueven estos nue-vos liderazgos. Estas orientaciones no son ni excluyentes ni
cerradas, son dinámicas y buena parte de los países y gobiernos de la región
combina elementos de una o más. Además las predominancias políticas pueden
cambiar en los distintos países. En efecto, hoy en día se observa que las
orientaciones Nacionales populares y el Reformismo práctico han ganado peso y
entre ellas se ha fortalecido una estrategia neo-desarrollista. Por otro lado,
han apa-recido nuevas corrientes, centradas en la calidad de vida, la cultura y
nuevas formas de hacer política. Tal es el caso, principal-
dos. iii) Nacionalismo popular: búsqueda de hegemo-nía política,
papel central del Estado en la organización del desarrollo y la democracia,
movilización de masas, liderazgo carismático legitimado por la democracia,
primacía de la redistribución por sobre la producción y antiimperialismo. iv)
Indigenismo neodesarrollista: participación política ampliada y democracia
delibera-tiva, movimientos sociales e indígenas fuertes, Estado que negocia con
las empresas transnacionales y busca inclusión; orden igualitario y
antiimperialismo modera-do. Para mayor detalle sobre estas orientaciones
políti-cas véase el Vol. 2 de los Cuadernos de Gobernabilidad Democrática
(PNUD, 2009).
mente, del movimiento estudiantil de Chi-le y del movimiento
ciudadano #yosoy132 de México.
–– La opción neo desarrollista se relaciona con la presencia de
líderes carismáticos democráticos con rasgos populistas, pero también pueden
observarse tal liderazgos en algunos casos de la modernización con-servadora.
La ecuación política es diversa. Países como Bolivia, Venezuela Ecuador, y
Nicaragua están bajo la orientación Nacio-nal popular con un estilo más bien
confron-tativo, mientras que en Uruguay, Costa Rica y Brasil predomina un
reformismo práctico, proclive a las negociaciones. Argentina se encontraría en
una situación intermedia. Pero en todos ellos tiende a expandirse un nuevo
desarrollismo estatal y nuevas matri-ces de fuerzas políticas. Además lo hacen
en los marcos de una vocación latinoame-ricanista. Varias de estas opciones son
ana-lizadas con detalle en el Cuaderno 3 de la presente colección.
Un hecho novedoso es que el modelo neo-desa-rrollista, que se
destaca en el presente ensayo, está siendo aplicado precisamente por líderes
como los que se entrevistan aquí. Se trata de “líderes políticos promotores” y
gestores de
168 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
proyectos políticos en curso7. Promueven pro-yectos y
estructuran roles conectores entre el Estado, la economía y la sociedad que más
allá de tratar de aplicar las políticas y tener los atri-butos característicos
de dicho “modelo”, tienen una serie de rasgos sociológicos más o menos comunes:
han reemplazado a los denominados tecnócratas, que estuvieron a cargo de las
re-formas estructurales; privilegian la política por sobre la economía; buscan
tener mayor capa-cidad de agencia; poseen mayor sensibilidad frente a temas
relativos a la multiculturalidad y la inclusión social; muchos provienen de
par-tidos, movimientos sociales y ONG de corte popular; tienen experiencia en
la gestión de conflictos y promueven la participación social. Estos líderes son
los promotores que ejecutan la agencia de los líderes históricos carismáti-
Bobbio señala que los
líderes promotores crean tan-to su papel como el contexto que lo realizan. Este
tipo de líder logra dar consistencia a sus iniciativas y man-tiene una posición
de liderazgo en la institución que ha promovido. Para Bobbio los líderes son:
quienes dentro de un grupo detentan tal posición de poder que influ-ye en forma
determinante en las decisiones de carác-ter estratégico. Poder que se ejerce
activamente y que encuentra una legitimación en correspondencia con las
expectativas del grupo. Bobbio, N. (1986), Diccionario de Política. Siglo XXI:
Editores México, pp. 946 y 949.
cos, son los promotores del neo desarrollismo. No obstante, con
ellos coexisten, por un lado, líderes con similares rasgos de promoción pero
identificados con otras orientaciones po-líticas de diverso tipo, como de la
orientación “modernización-conservadora”. Pero también, por nuevos líderes
jóvenes innovadores, que buscan un nuevo sentido a la política e inten-tan
redefinir el campo del desarrollo
desde la crítica al poder. Varios de estos jóvenes si bien militan en
fuerzas políticas en curso, en su gran
mayoría aspiran una renovación cultural.
Las diferencias subregionales, como se verá a continuación,
constituyen otro factor impor-tante a la hora de valorar estos lideratos. Los
entrevistados de México y Centro América, por su vinculación con EE.UU., por el
impacto que tuvo la crisis y el incremento de la violen-cia asociado con el
narcotráfico, el tráfico de armas y el consumo, tienen una reflexión más
cortoplacista y práctica que sus pares suda-mericanos. Estos, por mejores
condiciones económicas y por una mayor apertura en sus relaciones comerciales y
políticas internacio-nales pueden tener mayor flexibilidad analítica y
planteamientos de más largo plazo.
En síntesis, la pregunta central a la que se intenta dar
respuesta a través de estas entre-vistas en profundidad, se refiere a las
capaci-
Los líderes y sociedad frente al espejo 169
dades y disposiciones de estas elites políticas para enfrentar
la creciente complejización de las sociedades latinoamericanas y los impactos
de la crisis y el cambio global.
Sobre la base de estos antecedentes se han analizado con
especial atención las reflexiones y disposiciones de los líderes entrevistados
con relación a: la valoración de la política para enfrentar problemas complejos
en una lógica de pluralismo democrático; su opinión sobre la presencia de un
pensamiento estratégico para enfrentar, por una parte, problemas asociados a la
innovación productiva, la equidad y el de-terioro del medio ambiente, y por
otra, para la ampliación y el reconocimiento de actores estratégicos para
renovar la política y el desa-rrollo, las mujeres y los jóvenes, como sugieren
diversos estudios realizados por el PNUD.
Por último, se ha indagado las opiniones vertidas sobre el
estado actual de la integra-ción latinoamericana, el rol del Brasil como líder
regional y cómo visualizan el futuro de América Latina.
La selección de los líderes entrevistados bus-có ser
políticamente pluralista y se realizó sobre la base de consultas a expertos de
los diferentes países de la región. En particular, se dio una cier-ta
preponderancia a las mujeres en función de los hallazgos encontrados en los
Informes sobre
Desarrollo Humano para Mercosur, los ensayos sobre movimientos
sociales del PAPEP y el es-tudio sobre los conflictos sociales ya citado. En
este ámbito se destaca la mayor participación creativa de la mujer en la
política8, su capacidad de agencia ciudadana y el creciente peso en el
imaginario político regional de los jóvenes y de la denominada generación de la
“tecno sociabili-dad”. Esta busca lograr una asociación práctica entre
innovación “tecno económica” e inclusión social. Los jóvenes valoran la construcción
de diálogos que se traduzcan en acuerdos concre-tos en función del trabajo, el
medio ambiente y la revitalización de espacios públicos. De igual forma, se
encontró en ellos una vocación que combina preocupaciones globales y cambios
lo-cales. En términos políticos, buscan acuerdos de convivencia
intergeneracionales y el desarrollo de una agencia que promueva una mayor
equi-dad ciudadana9. Por consiguiente, el peso de los jóvenes es un tema
fundamental para la política actual. Por tal motivo, se incluyó a algunos
líde-res jóvenes entre los líderes entrevistados. Este es un tema que se
tendría que investigar más.
Véase el Vol. 4 de los
Cuadernos de Gobernabilidad Democrática (PNUD, 2010).
En efecto, de los 27
entrevistados, 21 son mujeres, y 3 son menores de 30 años.
170 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
Pregunta Categoría
3 2 1 0
Capacidad de la política como mecanismo de Mucha Algo
de Poca Nada de
solución de problemas complejos capacidad capacidad capacidad capacidad
Presencia de un pensamiento estratégico para Muy presente Algo
presente Poco presente Nada presente
avanzar en equidad e innovación
Avances en la sostenibilidad ambiental Mucho avance Algún
avance Poco avance Ningún avance
Avances en materia de participación femenina Mucho avance Algún avance Poco avance Ningún avance
Rol de los jóvenes en el actual proceso y en la Muy Algo Poco Nada
política importante importante importante importante
Evaluación del estado actual de la integración Muy bueno Bueno Regular Malo
regional
Evaluación del rol de Brasil como líder de la región Muy bueno Bueno Regular Malo
Se entrevistaron 27 líderes –en el marco del PAPEP– en
Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, El Salvador,
México, Perú y Uruguay entre fines de 2011 y principios de 2012. No están todos
los líderes que se hubiese deseado entrevistar, pero los consultados marcan
importantes representa-ciones y orientaciones políticas en la región.10
Con el objeto facilitar el análisis, e identificar los
principales consensos y diferencias entre los líderes consultados, se
sistematizaron las
respuestas obtenidas por medio de una tipolo-gía cualitativa con
cuatro categorías ordinales que van desde 3 hasta 0. Donde 3 representa la
opinión más favorable o más positiva y 0 la opi-nión menos favorable o menos
positiva11. Esta tipología permite reflexionar sobre las respues-tas entregadas
y ubicarlas en un contexto socio histórico y analítico más amplio.
Asimismo, en los casos en que fue posible las respuestas fueron
agrupadas de acuerdo con la orientación política de los entrevistados.
Para mayor detalle sobre
la metodología de las en-trevistas, véase el Capítulo 3 del Vol. 2 de los
Cuadernos de Gobernabilidad (PNUD, 2008).
En el anexo se presenta
la tabla con el detalle de la clasificación cualitativa para cada entrevistado.
Los líderes y sociedad frente al espejo 171
Por último, cabe señalar que a lo largo del análisis y a titulo
de ilustración se han inclui-do citas textuales de los líderes entrevista-dos.
Éstas fueron seleccionadas de modo de incluir dirigentes de todos los países y
de las cuatro orientaciones políticas. A continua-ción se describen los
principales hallazgos.
a. Valorización de la política como meca-nismo de solución de
problemas complejos
En cuanto al rol de la política, buena parte de los
entrevistados concuerdan en el reno-vado vigor que ha adquirido en los últimos
años y en su centralidad para promover el crecimiento, la inclusión, así como
la coope-ración e integración regional, el promedio de los puntajes asignados a
cada respuesta es 1,96212.
Aquellos que consideran que la capacidad de la política es alta
se ubican en la orien-tación nacional popular o en la conjunción con el
reformismo pragmático. En particu-lar, se valora muy positivamente que la po-
Para 7 de los líderes la
política tiene mucha capa-cidad (3) para articular y proponer soluciones a los
de-safíos y problemas que enfrenta América Latina; 12 de ellos considera que
tiene capacidad pero debe mejorar
(2); para 6 esta capacidad es baja (1) y para 1, nula (0).
lítica sea la protagonista, por encima de la economía, de los
procesos de corte progre-sista que atraviesan varios países y que se esté dando
paso a formas más participativas de democracia.
“Después de décadas con la economía delegada a tecnócratas y
economistas, que no habían sido votados por nadie, pero que guiaban nuestros
destinos, se ha dado vuelta esa lógica. Es pri-mero la definición política, y a
partir de ahí las cuestiones técnicas o los programas o las cues-tiones
instrumentales”. (Funcionaria del Estado, Argentina).
“Los movimientos sociales y el pueblo están ha-ciendo política,
la política más genuina (…), pero creo que la democracia avanza y las
instituciones avanzan. Y por otro lado, creo que los movimien-tos sociales en
muchos países estén fuertes, en la calle con la gente, y que las instituciones
están consolidándose con el tiempo de la democracia.” (Diputada Federal,
Brasil)
En el resto del ordenamiento hay mayor hete-rogeneidad en las
reflexiones sobre la política. Las falencias que le adjudican a la política son
variadas. Por ejemplo, se menciona que la políti-ca tradicional y parlamentaria
siguen generando desconfianza, y la necesidad de mejorar la trans-
172 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
parencia, fortalecer las instituciones y la demo-cracia
representativa y reposicionar a la política como articuladora del bien común,
entre otros.
“Parte de los problemas que enfrentamos hoy día es que buena
parte de estos conflictos, y dispu-tas entre medioambiente, crecimiento,
conserva-ción, uso razonable, responsable se cree que se resuelve con criterio
técnico no con criterio po-lítico”. (Funcionaria del Poder Ejecutivo, Perú)
Para los entrevistados que señalan que la políti-ca actual tiene
escasas capacidades de resolver los problemas que experimenta América Lati-na,
esto se debe a que no ha podido dotar de contenido a los proyectos de futuro, a
la falta de visión estratégica, al hartazgo de los latinoa-mericanos con la
dirigencia política, al incum-plimiento de promesas y la corrupción.
“…No siempre o difícilmente se cumplen las promesas que se hacen
en campaña o desde los gobiernos. Hay un sentimiento, una percepción casi
generalizada de que la política es un espacio de prebendas y de privilegios, y
muchas veces de corrupción y de impunidad”. (Dirigente polí-tica, México)
“Hoy día tenemos una ciudadanía que en Latino-américa ha
alcanzado otros niveles educaciona-
les, que tiene niveles de expectativa mucho más allá del voto,
que tiene una organización ciuda-dana mucho compleja que la estudiantil y
obrera que es con la que los partidos más o menos están acostumbrados a lidiar.
Mientras la política no se conecte con esa realidad social más compleja es muy
difícil que pueda resolver estos temas de contenido.” (Dirigente política,
Chile)
Por su parte, los líderes jóvenes chilenos consi-deran que la
política actual no tiene capacidad alguna de resolver los problemas y que es
nece-sario un cambio profundo y generacional.
“La gente espera un modelo donde su voz sea es-cuchada, sea
representada, porque no tiene que ver con escaños en el parlamento. Tiene que
ver quizá con una fórmula que permita que la socie-dad civil comunique y que
tenga representantes que expresen esa opinión” (Dirigente movimiento
estudiantil, Chile).
b. Demanda de un pensamiento estratégi-co para avanzar en
equidad e innovación
Este pensamiento se refiere a la necesidad de contar con usinas
de pensamiento estra-tégico de largo plazo en América Latina que permitan
generar innovaciones tecnológicas en un mundo cambiante y crecientemente
interactivo para diversificar los modelos pro-
Los líderes y sociedad frente al espejo 173
ductivos e incorporar mayor valor agregado, que a su vez
promuevan la inclusión social y contribuyan a reducir la desigualdad
prevale-ciente en la región.
La mayoría de los entrevistados considera que el principal
desafío de América Latina si-gue siendo el elevado nivel de desigualdad.
Asi-mismo, expresan la importancia de avanzar en la innovación tecnológica para
profundizar la inserción en la economía mundial y la integra-ción regional. Sin
embargo, no surge espontá-neamente la idea de contar con una estrategia
conjunta, es decir, que la inversión en tecnolo-gía contribuya con la reducción
de la desigual-dad13, en efecto, el promedio de los puntajes a asignados a las
respuestas es 1,167.
Entre aquellos que consideran que el tema está poco presente en
la actual agenda regional predomina el reformismo pragmático, mien-tras que el
entrevistado que afirma que la dis-cusión ni siquiera está planteada pertenece
al movimiento por una mejor calidad de vida.
Al respecto, un dirigente político de Costa Rica comenta la
falta de inversión en investi-
El ordenamiento de las
respuestas muestra que 9 de los entrevistados no menciona el tema; para 4 está
presente en las discusiones regionales (2); para 13 está poco presente (1) y
para 1 no está nada presente (0).
gación y desarrollo y la desventaja que eso re-presenta para
competir, por ejemplo, con los países asiáticos:
“Este continente tiene un gran ingreso medio e invierte menos de
un 1%, 0,7 % en ciencia y tecno-logía, en sistemas educativos que no compiten
en nada, es decir nosotros no sobresalimos en nada en educación y por lo tanto
nada de inscripción de patentes ni nada”.
“Nunca hubo un pensamiento estratégico de cuál es realmente es el
modelo económico, social, o de país que queríamos y que nos sirve. No sé si los
otros países lo tienen pero tiendo a pensar que no.” (Dirigente movimiento
estudiantil, Chile)
“Por supuesto que necesitamos un pensamiento estratégico, como lo
hacen las empresas. Hay que pensar en nuestra región hasta 2050, por lo menos.
En esa dirección están yendo las grandes corporaciones y nosotros estamos muy
atrasa-dos (…) Hemos radicado la competitividad en la infraestructura y muy
poco en la ciencia, la tec-nología, el conocimiento y la calidad educativa.”
(Funcionaria del Poder Ejecutivo, Perú).
“A mí me preocupa que, por ejemplo, las políti-cas de innovación
no hayan llegado a ninguno de los países de manera significativa. Inclusive
países que han hecho esfuerzos notables por abrir el acceso a internet y a las
nuevas tec-
174 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
nologías, están muy lejos de poder invertir lo suficiente en
investigación, desarrollo, ciencia, tecnología, que son los caminos que van a
lle-varte a una posible innovación que permita re-ducir las brechas”. (Ex
Funcionaria del Poder Ejecutivo, Bolivia).
c. Limites y avances en la sostenibilidad ambiental
Si bien se reconoce la importancia de con-servar el medio
ambiente y de adoptar políticas que mitiguen los efectos del calentamiento
glo-bal, las opiniones sobre la prioridad que ocupa el tema en la agenda no son
positivas14, en este caso el puntaje promedio es 1,217.
Los tres dirigentes que visualizan avances pertenecen a 3
orientaciones distintas. Coinci-den en que ha incrementado la preocupación por
el medioambiente y que se están tomando medidas al respecto.
“Mi impresión es que nuestras sociedades le es-tán dando una
relevancia cada vez mayor, y las comunidades, incluso las de muy bajo recursos,
le otorgan una gran prioridad al medioambiente.
Al ordenar las respuestas
de las elites consultadas, se advierte que cuatro no mencionan el tema; 5
sugie-ren que se ha avanzado algo (2) y el resto considera que se ha avanzado
poco (1).
Ha dejado de ser un problema de pequeñas elites con gusto
alternativo a ser un tema sentido como propio.” (Dirigente política, Chile).
“Yo creo que ya existe plena consciencia, no lo voy a decir en
todos, pero por lo menos obje-tivamente ya sabemos que el tema del medio
ambiente es un tema fundamental en el desa-rrollo futuro” (Funcionaria del
Poder Ejecuti-vo, Costa Rica).
Como contraparte, los entrevistados que seña-lan que se ha
avanzado poco, hacen hincapié en la centralidad de los modelos sustentables de
producción, de modificar las estructuras productivas de los países de la región
para salir de la “primarización”, de crear conciencia so-bre el cambio
climático, y sobre la importan-cia que tiene la integración regional para poder
avanzar hacia un mayor cuidado de los recur-sos naturales.
“En el tema ambiental, las políticas pasan por ponernos de
acuerdo regionalmente: manejo de aguas, cambio climático, el tema de los
ecosiste-mas. Es una perspectiva que no llega hasta donde llega Nicaragua,
donde llega Colombia, ahí hay un manejo de perspectiva regional y cuando no se
hace los impactos son terribles.” (Dirigente polí-tica, Costa Rica).
Los líderes y sociedad frente al espejo 175
“Hay un efecto negativo en determinados recur-sos frágiles. Yo
creo que hay procesos de conta-minación que atentan contra la diversidad
cultu-ral y geográfica de nuestros países, pero también medioambiental, hay
procesos de desarrollo eco-nómico que afectan ecosistemas frágiles. El tema
amazónico es dramático y se encuentra en una situación compleja. En este
sentido, necesitamos adquirir plena consciencia y tomar decisiones que
realmente consideren estos temas. (Funcio-naria del Poder Ejecutivo, Perú).
“Cuando decimos queremos volver a ser nueva-mente, nos referimos
a que estamos en un pro-ceso de recuperación –no solamente de nuestros saberes,
de nuestra identidad, de nuestros re-cursos naturales, de nuestra filosofía, de
nuestra espiritualidad– sino de recuperación de todo: de nuestra historia, de
nuestra identidad, de todo”. En la actualidad, nosotros vivimos en la
“socie-dad de la nulidad”, vivimos en el “no tiempo”. Los mayas dicen “vivimos
el no tiempo”, por eso el calendario Maya termina este año. Porque vamos a
empezar a vivir el tiempo, nosotros decimos: estamos acercándonos a la Pacha.
Al equilibrio, a nuestro camino, decimos: los Aimaras tenemos un camino que es
nuestro “sarahui” que es equi-librio, equilibrio consigo mismo, equilibrio con
nuestro entorno, equilibrio con la Madre Tierra, con la Madre Naturaleza.
(Funcionario del Poder Ejecutivo, Bolivia).
d. Reconocimiento y avances en materia de participación femenina
Con relación al rol de la mujer en la vida pú-blica, casi todos
los entrevistados coinciden en la mayor participación femenina y los notables
avances de América Latina, expresados en las presidencias encabezadas por
mujeres en Ar-gentina, Brasil, Chile y Costa Rica, entre otros. También se
valora los atributos que aportan las mujeres a la política y el hecho de que su
peso seguirá creciendo15. En este caso el promedio de los puntajes es 1,840.
“Yo creo que es una de las cosas que hay que re-conocer como
aportes a la democracia, habría sido mayor el déficit democrático si no hubiera
pasado lo que ha pasado con las mujeres. 40% de la población ahorita está
gobernada por una mu-jer sumando a la presidenta de Brasil, Argentina y Costa
Rica. Es importante porque eso simbóli-camente significa que hoy puedes
imaginar como válido un gobierno protagonizado por mujeres, y el hecho de que
hay tantas mujeres presiden-tas está mostrando que hay tantas posibilidades
como opciones de que sea buena o mala presi-
El ordenamiento de las
respuestas indica que 1 de los consultados opina que se avanzado mucho (3); 19
que se ha avanzado (2); 5 que se ha avanzado poco (1) y dos líderes no
mencionan el tema.
176 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
denta e independientemente de su sexo (Ex fun-cionaria del Poder
Ejecutivo, Bolivia).
“La presencia de la mujer en este rol de lideraz-go me parece que
la da un tono diferente, ya que eran minorías han dejado de serlo. El problema
de las mujeres ya no es un problema de minorías. Tanto ha dejado de ser un
problema de minorías que constituyen una parte primordial de la fuerza laboral
en la mayoría de nuestros países, y tanto ha dejado de ser un problema de
minorías que los liderazgos importantes de la región ahora están también
liderados por mujeres: Bachelet en Chi-le, Cristina en Argentina, Dilma en
Brasil”. (Fun-cionario del Poder Ejecutivo, Argentina).
“Creo que esto que ha pasado con la presencia de mujeres en roles
relevantes en la política en Lati-noamérica, es impresionante. Más que la
antesa-la de cambios que van a venir, es el producto de cambios que ya se
produjeron. Se suele creer que la llegada de una mujer –no sé a dónde– va a
cam-biar algo, pero para mí, es más bien el fruto de cambios gigantes que ha
habido en este tiempo, y que más importante es la presencia de la mujer en el
mundo laboral, la autonomía económica.” (Dirigente política, Chile).
“También hay fiscales generales mujeres en Co-lombia, México,
hubo una peruana, ya es una distancia porque eran espacios exclusivamente
reservados para los hombres y ahora tenemos
presidentas de cortes mujeres, fiscales generales mujeres,
presidentas, y vicepresidentas mujeres. Eso da una idea de que los equilibrios
de poder se están modificando”.. (Funcionaria del Poder Judicial, Guatemala)
En este caso no fue posible distinguir la pre-ponderancia de una
orientación política sobre otra en la clasificación de las respuestas.
Para los consultados, los desafíos que persis-ten en cuanto a la
equidad de género se refieren principalmente a la cultura patriarcal y
machis-ta que predomina en la región y a las brechas históricas en
participación parlamentaria, en cargos jerárquicos y salariales. En particular,
se señala que en el ámbito privado las mujeres no han obtenido las mismas
conquistas que en el público16.
Por su parte, los centroamericanos entrevis-tados advierten que
en su región se ha avanza-do menos que en América del Sur, por ejemplo.
“Nosotros no hemos llegado a tanto, como en Ar-gentina, Brasil o
Chile, pero sí hemos avanzado. Creo que hay una cosa cultural durísima todavía
Para mayor detalle, véase
Álmeras, D. y Calderón Magaña, C.; Coords. (2012), Si no se cuenta no cuen-ta.
Información sobre la violencia contra las mujeres. CEPAL: Santiago de Chile.
Los líderes y sociedad frente al espejo 177
en nuestras sociedades” (Funcionaria del Poder Ejecutivo, El
Salvador).
Una senadora uruguaya que evalúa como escasos los avances de la
mujer comenta lo siguiente
“Las mujeres que estamos en política hemos sido invocadas a la
política por el poder patriarcal. Lu-cía es la mujer de Mujica y yo estoy en la
política porque me puso Mujica. Así que el poder patriar-cal está. Dilma está
porque la puso Lula, y Cristi-na está porque era la esposa de Kirchner.”
Al igual que en la pregunta anterior, no es posible relacionar
las opiniones vertidas con la orientación política.
Quienes valoran más favorablemente el rol de los jóvenes,
destacan su renovado interés por participar activamente en la vida política y
en el espacio público
“Por primera vez en mucho tiempo los jóvenes están participando y
militando a favor de algo y no en contra de algo. Y se sienten parte de esta
transformación.” (Funcionario del Poder Ejecuti-vo, Argentina).
e. Valorización de los jóvenes en la política Entre las elites
consultadas prevalece un gran optimismo por la revalorización de la po-lítica
por parte de los jóvenes y el papel que pueden jugar en la promoción de
estrategias innovadoras, por su estrecho vínculo con la informática, las redes
sociales y las nuevas tecnologías17. De hecho, el promedio de los puntajes para
esta pregunta es el más eleva-
do: 2,095.
ᜀ Ā ᜀ Ā ᜀ Ā ᜀ Ā ᜀ Ā ᜀ 尀攀渀搀愀猀栀 尀攀Ā ᜀ Ā ᜀ Ā ᜀ Ā ᜀ Ā ᜀ Ā ᜀ Ā ᜀ Ā ᜀ Ā ᜀ 尀攀渀搀愀猀栀 尀攀Ā ᜀ De
los 21 entrevistados que mencionan el tema, 5 consideran que los jóvenes están
teniendo un rol central en la actual coyuntura (3); 13 evalúan que si bien
están participando (2), no tienen el protagonismo que ameri-tarían y 3, que no
están siendo tomados en cuenta (1).
De igual forma, se hace hincapié en su relación con las nuevas
tecnologías, el uso que hacen de las redes sociales para comunicarse y generar
movimientos políticos.
“Yo creo que los jóvenes son protagonistas en este cambio y en
esta transformación. Prime-ro tocarán vivir un mundo distinto, ellos viven el
mundo de la globalización, nosotros nunca hemos vivido, nunca vivimos en esta
edad, por-que ellos hablan un lenguaje distinto que es su propio lenguaje, y
este lenguaje de las redes sociales, y este lenguaje de la internet, y ese
lenguaje que no tiene no tiene autocensuras y ese lenguaje en tiempo real.”
(Dirigente políti-ca, México)
178 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
“Lo que se construye en Twitter, o en Facebook, alimenta a la
radio y a la televisión y a los diarios y al final genera opinión pública.
Entonces el po-der que tiene Giorgio con su Twitter, el poder que tiene la
Camila, la Camila dice “hoy día hay cace-roleo a las nueve” y hay un caceroleo
a las nue-ve.” (Dirigente movimiento estudiantil, Chile).
Los líderes políticos que evalúan como insu-ficiente o muy
insuficiente la participación o la atención que brinda la política a los
jóve-nes señalan la falta de oportunidades como un problema grave. Tal es el
caso de dos par-lamentarias uruguayas que manifiestan su preocupación por la
cantidad de jóvenes que no estudian ni trabajan y por la renuencia de la
dirigencia política a darle paso a las nue-vas generaciones.
“Lo que yo veo en Uruguay es que la política no tiene jóvenes
porque los viejos echan a los jóve-nes. No es que los jóvenes no se acerquen a
la política, a todo el mundo le interesa la política. A los jóvenes también les
interesa, el problema es que los viejos no quieren que su lugar sea ocupado por
los jóvenes.” (Senadora de la Re-pública, Uruguay).
No obstante, un líder estudiantil chileno señala que si bien
está en su etapa inicial “este movi-
miento llegó para quedarse y llegó para cam-biar las cosas y no
va a saciarse hasta ganar”.
En el mismo sentido argumenta una diputa-da brasileña:
“Yo creo que, así como hoy un eje de desarrollo de Latinoamérica
en torno al Estado, también está el tema de la posibilidad de tener un
desa-rrollo de largo plazo que incluya a los jóvenes”. (Diputada Federal,
Brasil).
f. Valoración positiva y desigual de la inte-gración regional
Con respecto a la creciente visibilidad que está adquiriendo
América Latina y los avances de la integración regional, la mayoría de los
en-trevistados se manifiesta optimista18. El prome-dio de la puntuación
asignada a cada respues-ta, es 1,815.
En términos generales, quienes expresan mayor entusiasmo pueden
clasificarse den-tro de la orientación política nacional y po-pular o en la
intersección entre dicha cate-goría y el reformismo pragmático. Se valora
18 Como refleja el ordenamiento de las respuestas: para 4
entrevistados la integración regional es muy buena (3), para 14, buena (2) y
para el resto, regular (1). Ninguno la evaluó como mala (0).
Los líderes y sociedad frente al espejo 179
muy positivamente la capacidad de diálogo entre los mandatarios,
a pesar de las diferen-cias políticas.
“Es fantástico ver cómo un gobierno como puede ser el de Chile o
el de Colombia, que tie-nen a lo mejor orientaciones políticas distin-tas,
sentados, discutiendo y acordando con los líderes de Argentina, de Brasil, de
Venezuela, de Bolivia. Yo creo que es una época fantásti-ca en ese sentido.
Fantástica. No recuerdo una etapa en donde haya habido tanta sintonía en-tre
los líderes de la región”. (Funcionaria del Estado, Argentina)
“(…) los presidentes ya están diciendo: “ya no vamos a caminar
por los caminos del norte, ya no, caminaremos por los caminos del sur”. En
Unasur se está discutiendo para volver a ca-minar por nuestros propios caminos,
volver a mirar al sur…” (Funcionario del Poder Ejecu-tivo, Bolivia)
Como contraparte, en el segundo y en el tercer grupo –que
perciben la situación como buena y regular, respectivamente– hay líderes de las
cuatro orientaciones políticas: nacional popu-lar, reformismo pragmático,
modernización conservadora y calidad de vida, así como aque-llos pertenecientes
a las orientaciones mixtas.
Las consideraciones sobre los temas pen-dientes para la
consolidación de América Lati-na como un bloque plenamente integrado difie-ren,
sobre todo, de acuerdo con la zona geográ-fica de pertenencia,
independientemente del signo político. Por ejemplo, para los entrevis-tados de
Centroamérica y México, es necesario ir más allá de Mercosur y Unasur e
incorporar las diferencias en cuanto a recursos naturales y estructuras
productivas, entre otros.
“Hay dos Américas Latinas, la Sudamérica, y Cen-troamérica.
Centroamérica no tiene materias pri-mas, no tiene minerales, no tiene cobre, no
tiene es-taño, no tiene petróleo, no tiene extensiones agríco-las para producir
soja, etc. Y una Sudamérica llena de esos recursos” (Dirigente político, Costa
Rica).
Yo creo que Latinoamérica en general está muy partida, es
Sudamérica, Centroamérica, y Améri-ca del Norte. Tenemos esas tres divisiones
que no sólo son geográficas, la relación se ha mejorado pero todavía nos falta
(Funcionaria del Poder Ejecutivo, Guatemala).
En el grupo que valora como regular y crítica el estado de la
integración regional, las opinio-nes también son diversas, aunque sí es posible
identificar discrepancias atribuibles al signo político, además de las
geográficas.
180 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
“Hablar de América Latina en una homogeneiza-ción no corresponde
a la realidad de la región. La región sur de América Latina ha tenido un punto
de apoyo, una palanca en la irrupción protagó-nica de China (…) en comparación
con el peso que ha tenido (…) para países como México en donde las manufacturas
chinas han desplazado del mercado norteamericano a muchas manufac-turas
mexicanas. (…) no veo predecible como región el horizonte de la zona”
(Dirigente polí-tica, México).
En particular, dos de las entrevistadas que pue-den incluirse en
el marco de la modernización conservadora hace énfasis en la necesidad de
fortalecer la institucionalidad y la democracia.
“Para mí el tema de la democracia es sustantivo y es difícil para
los países con fuertes convicciones y valores democráticos negociar con otros
que, si bien responden a gobiernos electos, toman me-didas que los acercan a un
sistema autoritario” (Representante Nacional, Uruguay).
“Nuestra región tiene problemas institucionales muy graves, de
gobierno, de los distintos pode-res del estado, de las distintas instituciones,
no tiene reglas claras, no tiene reglas estables. Por lo tanto creo que tiene
debilidades sumamente preocupantes” (Funcionaria del Poder _Ejecuti-vo, Chile).
Por su parte, los líderes estudiantiles consul-tados que se
identifican con movimientos por la calidad de vida basan sus críticas en la
au-sencia de una identidad latinoamericana y en la dirigencia política.
“Latinoamérica tiene una deuda gigantesca con respecto a su
unidad como continente, como her-mandad, como una cultura latinoamericana”
(Di-rigente movimiento estudiantil, Chile).
“Los líderes de hoy día, líderes me refiero a los presidentes,
están muy marcados por las dictadu-ras de los años 60, 70, 80, en la región. En
cambio generaciones nuevas que venimos sin los miedos de esa confrontación de
ideas creo que es más posible, es más factible” (Dirigente movimiento
estudiantil, Chile).
g. El nuevo rol de Brasil como líder de la región
Para numerosos entrevistados, el surgi-miento de Brasil como
líder regional es prác-ticamente indiscutible. Más aún, se evalúa
favorablemente este hecho y se espera que be-neficie a toda la región, en
promedio el puntaje es 1,88519.
Tres de los entrevistados
evalúan muy positivamen-te (3) el desempeño de Brasil, 17 consideran que este
Los líderes y sociedad frente al espejo 181
Los líderes que manifiestan mayor conformi-dad con el rol que
está jugando Brasil, perte-necen a tres orientaciones políticas (nacional y
popular, reformismo pragmático y moderni-zación conservadora), a diferencia de
la rela-tiva homogeneidad observada en la tendencia anterior.
“Sobre Brasil tenemos una muy buena impresión. Ha sido un país
muy entregado en la relación bilateral con nosotros, nos ha ayudado mucho.”
(Funcionario del Poder Ejecutivo, El Salvador)
“El plan de avance para Brasil es ubicar en el cen-tro de la
política externa la integración general con los países de Sur América y Latino
América. Brasil tiene la vocación de darle prioridad a la po-lítica, la
integración y sobre todo, a la soberanía de los pueblos” (Diputada Federal,
Brasil).
Entre aquellos que valoran positivamente tam-bién se advierte
heterogeneidad en el signo político, aunque cabe destacar que, excepto uno,
todos los líderes nacionales y populares o que se encuentran en la intersección
con el reformismo pragmático se ubican en este se-gundo grupo.
desempeño es positivo (2), 6 como insuficiente (1) y un
entrevistado no hizo mención al tema.
Las reticencias aluden principalmente a que Brasil aún no ha
logrado consolidar su lideraz-go, puesto que es reciente. También se advierte
que al interior del estado brasileño no hay con-senso sobre este incipiente
liderazgo regional.
“Brasil ha tenido siempre una cancillería –Ita-maraty– casi
autónoma de los gobiernos. Y digo ‘casi’ porque con los gobiernos de Lula eso
empezó a cambiar” (Senadora de la República, Uruguay).
“Brasil recién se ha abierto a América Latina, es un proceso
relativamente joven en el cual Brasil ha comenzado no solo a mirar sus vecinos
lati-noamericanos como socios, como aliados, como mercados potenciales sino que
también ha permi-tido que los latinoamericanos empecemos a ver a Brasil como un
espacio de colaboración” (Fun-cionaria del Poder Ejecutivo, Perú).
Tres dirigentes de los seis que no evalúan posi-tivamente el
desempeño de Brasil se incluyen dentro del reformismo pragmático y dos en la
intersección con la modernización conserva-dora. A grandes rasgos, las críticas
aluden a la ambigüedad en el ejercicio del liderazgo, a la falta de una genuina
vocación de guiar a la región y a anteponer los intereses del país, en desmedro
de la integración.
182 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
“Brasil tiene una política exterior vinculada diplo-máticamente a
lo comercial muy sofisticada, Bra-sil no es un hermano de América Latina,
Brasil es un hermano de si mismo utiliza su poder hasta to-dos los límites con
América Latina, con Estados Unidos (…). Ya están empujando a donde pueden
llegar en todo para tener la venia de otros países emergentes (Dirigente
político, Costa Rica).
“Lo que está pasando en Bolivia con el gas es una prueba clara de
que a Brasil no le importa la agen-da de desarrollo sostenible y democrático,
sino el crecimiento de su economía.” (Ex funcionaria del Poder Ejecutivo,
Bolivia).
h. Escenarios futuros: percepciones contra-puestas
Para finalizar se les pidió a los líderes que indicaran cuál era
el mejor y el peor escenario que ellos imaginaban para América Latina, que los
mantenía “despiertos” pensando sobre el futuro de la región.
Las respuestas fueron diversas y, por tal motivo, no pudieron
ser sistematizadas con la tipología empleada previamente. Sin embargo, ha sido
posible identificar algunos puntos en común entre los entrevistados.
La mayoría de los entrevistados, indepen-dientemente de su
afiliación ideológica, o parti-daria, hizo hincapié en la necesidad de avanzar
en la lucha contra la pobreza y, especialmente, contra la
desigualdad, por sus efectos negati-vos en la cohesión social y en la
institucionali-dad democrática, entre otros.
“La pobreza, la desigualdad. Posiblemente en ese tema soy casi
monotemática, a mi me parece que vamos bastante enrumbados a no solucionar ese
problema, Latinoamérica difícilmente va a poder solucionar otros problemas. Vea
que si bien es cierto que me preocupa mucho la pobreza, me preocupa igualmente
la desigualdad, porque creo que la inequidad, cada vez más visible en nuestras
ciudades, hace que el esquema democrático, que el esquema político se
resquebraje” (Funcionaria del Poder Ejecutivo, Costa Rica)
“Realmente, no veo viable la democracia, no veo viable la paz
social, no veo viable la convivencia en un país cuando usted tiene grados muy
altos de inequidad, grados de marginalidad absoluta de grupos de la población.
Eso es lo que nos tiene liquidados a Latinoamérica y la verdad es que eso sólo
se enfrenta con políticas muy serias” (Fun-cionaria del Poder Ejecutivo, Chile)
Al desagregar por orientación ideológica se observan algunas
diferencias en cuanto a los escenarios negativos para la región. Entre aquellos
incluidos en la orientación Nacional popular varios señalaron que el peor
escenario
Los líderes y sociedad frente al espejo 183
para la región sería el final de lo que ellos de-finen como
“proceso histórico de cambio” que atraviesan sus respectivos países, que se
pierda la oportunidad de consolidar los avances que para ellos ha obtenido la
región.
“Me mantiene despierta como preocupación el que no se entienda el
proceso histórico político que se está viviendo, porque realmente es
compli-cado. Tenemos oposiciones y ahí estoy hablando como mujer con una línea
política. Me preocupa que esos procesos por efecto mediático –porque lo cierto
es que los medios de comunicación en este momento no son la mejor fuente de
informa-ción– puedan hacer que existan retrocesos en el proceso histórico.”
(Legisladora Asamblea Legis-lativa Plurinacional, Bolivia).
“Un escenario negativo sería un retroceso en la oleada de
gobiernos progresistas que tenemos ahora en la región. (Diputada Federal,
Brasil)”
Como contraparte, los líderes pertenecientes al reformismo
práctico, a la modernización conservadora o a la intersección entre ambas
orientaciones afirmaron que un escenario ne-gativo para la región sería un
retroceso en la calidad institucional, el predominio de gobier-nos autoritarios
y los perjuicios que esto podría traer a la integración regional.
“Lo que más me preocupa del futuro es que como país, o países de
la región no tengamos la capaci-dad de construir las instituciones, o
fortalecer las instituciones, o transformar las instituciones, y de construir
los mejores caminos para aprovechar y dar cauce al talento de nuestra gente, a
su creati-vidad, a sus sueños, a sus fuerzas, innovación, a nuestra cultura.”
(Dirigente política, México)
“La evolución de un modelo tipo chavista, o sea autocracias con
sistemas centralistas de poder autoritarios que a la larga –en mi concepto–
desa-rrollen un populismo que no supera la pobreza ni respeta la dignidad. Ese
escenario me preocupa, me preocupa un escenario de violencia, me preo-cupa un
escenario en el que el narcotráfico, la vio-lencia, y la inseguridad ciudadana
se impongan” (Dirigente política, Perú).
Asimismo, algunos consultados mostraron gran preocupación por la
creciente influencia del narcotráfico y la inseguridad. Al respecto, una
funcionaria del Poder Judicial de Guate-mala afirma que “el poder de corrupción
que tienen las estructuras vinculadas con el nar-cotráfico y la capacidad de
generar violencia hace que la región esté en las agendas de prác-ticamente de
todos los países.”
“Lo que más me preocupa es el tema del narco-tráfico, porque nos
agrede de una manera y con
184 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
un potencial económico que los países lo máxi-mo que hacen es
estar a la defensiva, o tratar de correr los narcotraficantes para otro lado
pero le caen a otro país (Senadora de la República, Uruguay).
“Lo peor que puede pasar, ya le decía, es que las amenazas a la
consolidación democrática y al desarrollo económico con inclusión se
convier-tan en realidad, que resurjan grupos que quieran resolver todo por la
vía de la violencia, o que el crimen organizado y el narcotráfico se tomen a la
estructura de los estados” (Funcionario del Po-der Ejecutivo, El Salvador).
En síntesis este liderazgo promotor de proyec-tos y resultados,
está enfrentando las comple-jidades de la plataforma socio-histórica que les ha
tocado vivir, valorizando la política como el factor central para enfrentar los
problemas, privilegiando resolver los problemas de equi-dad e innovación
productiva, pero conscientes de que existen limitaciones y desafíos que son muy
difíciles de enfrentar en un mundo de con-tinuos cambios.
Entre las limitaciones se destaca la de-bilidad de pensamientos
estratégicos para construir una posición regional compartida en la cuestión
ambiental y dificultades en los procesos de institucionalización política.
Varios líderes reclamaron mayor pluralismo político, en todos
ellos parece prevalecer la valorización del dialogo como camino de con-vivencia
entre distintos. Si a esto se suman las diferencias de alcance de metas
políticas y desarrollo, por condiciones socio histórico y económico diferente
entre líderes de México y Centroamérica y los de Sudamérica, queda claro que
los resultados proximos serán dife-rentes y que una integración
latinoamericana, que es valorada por todos, queda pendiente para el futuro.
Por último, se destaca un consenso casi ge-neralizado con
respecto papel de las mujeres y los jóvenes como nuevos actores del desarrollo
y la democracia. Se subraya que se ha avanza-do, aunque también se señalaron
múltiples li-mitaciones. Sin embargo, desde el mundo po-lítico pareciera
promoverse su inclusión activa en los juegos del poder, lo cual podría
contri-buir a obtener cambios genuinos.
3. Las voces de la gente
En esta sección se presentan datos sobre las percepciones y
actitudes de los ciudadanos de 18 países de América Latina y el Caribe que
muestran coincidencias importantes con algu-
Los líderes y sociedad frente al espejo 185
nas de las percepciones de las élites, aunque no necesariamente
son las mismas. En este sentido, el capítulo muestra evidencia que complementa
y, a veces, difiere de las actitu-des y opiniones de los líderes promotores
re-cogidas a través de las entrevistas realizadas por el PAPEP. Los datos de
las percepciones ciudadanas provienen de las rondas de en-cuestas de 2010 y
2012 del Barómetro de las Américas de LAPOP20.
La opinión pública es clave para compren-der los procesos
políticos de América Latina, y aporta algunas pautas esclarecedoras sobre la
emergencia de ciertos liderazgos y orienta-ciones políticas. La opinión
pública, entendida como un conjunto de actitudes y percepciones sobre ciertos
temas de interés público y canali-zada por medio de encuestas de opinión y por
los medios de comunicación masiva, es una aproximación útil para comprender las
tenden-cias, las tensiones y las contradicciones exis-tentes en ella.
La información presentada en este capítulo se concentra en
cuatro ejes temáticos que fue-
Para un mayor detalle de
la información de LAPOP, así como para acceder a sus datos y a la forma en la
que se construyen, ver el sitio web de esta organización en
www.lapopsurveys.org.
ron abordados en las entrevistas con las élites. En primer lugar
se presentan resultados sobre las valoraciones sobre capacidades políticas en
la región. Luego se consideran las deman-das por desarrollo con equidad y con
protago-nismo estatal. En tercer lugar se analizan datos sobre el rol de los
jóvenes y las mujeres, en la dinámica política nacional de los países de la
región. Por último, se discuten datos sobre las percepciones ciudadanas en
torno a la integra-ción regional, haciendo énfasis en el liderazgo de Brasil.
3.1. Capacidades políticas en la región
Las capacidades políticas de los gobiernos de la región para
manejar conflictos y para liderar procesos innovadores de desarrollo
innovado-res de los gobiernos de la región, dependen en buena medida de la
confianza que la sociedad deposite en los líderes y en el desempeño de su
gestión. La capacidad de la política para proce-sar conflictos de manera
eficiente tiene que ver fundamentalmente con el margen de maniobra que la
ciudadanía está dispuesta a otorgarles a los principales lideres políticos. En
democra-cias presidencialistas como las latinoamerica-nas, la capacidad de
acción legítima de parte
186 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
del ejecutivo es fundamental para determinar las capacidades
generales que tiene la política en el país. Y esta capacidad de gobierno
depen-de, en buena medida, del respaldo y la satisfac-ción que sienten los
ciudadanos con la política de su país.
Entendidas las cosas de esa manera, puede afirmarse que, durante
la primera mitad del año 2012, las capacidades de la política en la región son
relativamente positivas, vistas desde la sociedad civil; la mayoría de los
paí-ses de la región vive un momento de satisfac-ción ciudadana con la
política. No obstante, existen diferencias importantes en las valo-rizaciones
de las capacidades políticas entre los países de la región. Un solo país
muestra una situación crítica en su valorización de las capacidades políticas
actuales, al menos de acuerdo con las señales encontradas en la opinión
pública.
El indicador del malestar con la política, desarrollado por el
PAPEP, y publicado en el Cuaderno de prospectiva política No. 2, ha demostrado
ser capaz de identificar condi-ciones ciudadanas de malestar que definen el
margen de acción de los actores políticos, en especial el del ejecutivo. El
indicador se com-pone de la evaluación que hacen los ciudada-nos de su
situación económica personal y de
su nivel de aprobación promedio del trabajo del presidente.
La evaluación que hacen los ciudadanos de su situación económica
personal tiene a ser buena en América Latina. Sólo en un pu-ñado de países esta
evaluación era negativa durante el primer trimestre de 2012. Estos se
encuentran todos en Centroamérica y el Caribe: República Dominicana, El
Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, a los que se suma México.
La combinación del auge de exportación de materias primas de los
países latinoame-ricanos con tasas de crecimiento positivas en casi todos los
países de la región genera un sentimiento de cierta bonanza económica entre los
ciudadanos. Esto es más cierto en Sudamérica que en el norte de la región, que
se ha visto más afectado por la crisis econó-mica internacional.
Con respecto a la valoración que hacen los ciudadanos sobre el
trabajo del ejecutivo, que es la segunda variable empleada en el indica-dor de
malestar con la política del PAPEP, las percepciones promedio son también
positi-vas. Solamente cuatro países tienen una valo-ración promedio negativa
del trabajo realiza-do por el ejecutivo: Honduras, Chile, Panamá y Costa Rica.
Los líderes y sociedad frente al espejo 187
Gráfico 1. Percepción promedio de la situación económica
personal por país, 2012*
Brasil 16.4
Ecuador 15.1
Paraguay 14.6
Uruguay 14.3
Argentina 14.3
Costa Rica 11.8
Colombia 10.9
Venezuela 7.6
Panamá 7.1
Chile 2.9
Bolivia 2.5
Perú 2.5
Nicaragua -0.1
Guatemala -4.3
México -4.4
Honduras -5.3
El Salvador -8.1
R. Dominicana -18.0
-20 -10 0 10 20
Percepción situación económica personal
95% Intervalo de con
anza (Efecto de diseño incorporado)
Gráfico 2. Valoración promedio del trabajo del ejecutivo por
país, 2012
Ecuador 36.5
Nicaragua 34.6
Brasil 30.1
Uruguay 25.9
Argentina 24.7
Colombia 24.5
El Salvador 23.5
Venezuela 19.9
México 16.0
Paraguay 14.7
Perú 12.5
Guatemala 12.3
Bolivia 2.6
R. Dominicana 1.9
Costa Rica -2.8
Panamá -4.5
Chile -7.6
Honduras -9.8
-10 0 10 20 30 40
Aprobación del trabajo del presidente
95% Intervalo de con
anza (Efecto de diseño incorporado)
Fuente: Barómetro de las Américas por LAPOP.
La formulación exacta de
la pregunta empleada es: ¿Cómo calificaría en general su situación económica?
¿Diría usted que es muy buena, buena, ni buena ni mala, mala o muy mala? Las
respuestas fueron recodificadas para su presentación en una escala de -100 a
100 en la que “ni buena ni mala” tiene valor de 0.
Fuente: Barómetro de las Américas por LAPOP.
Vale la pena resaltar que si bien los promedios de cuatro países
son negativos, en ninguno de los casos la cifra llega a -10 en una escala que
va des-
188 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
de +100 hasta -10021. Como contraparte, los pro-medios de
aprobación son altos y llegan a más de 30 puntos en Ecuador, Brasil y
Nicaragua.
El único país con promedios negativos tanto en la aprobación del
trabajo del ejecutivo como en la valoración de la situación económica per-sonal
es Honduras. El siguiente gráfico que ilustra el indicador del malestar en la
política para cada país en 2012, junto con sus tenden-cias en relación a 2010,
muestra con claridad esta relación (Gráfico 3).
Los datos muestran capacidades políticas ampliamente
diferenciadas entre los países de América Latina. Un grupo de 9 países, la
mitad de los países considerados, muestran gobiernos fuertes y ciudadanos
relativamente satisfechos con su economía: los gobiernos de Ecuador, Brasil,
Uruguay, Colombia, Argen-tina, Venezuela, Paraguay, Perú y Bolivia no deberían
tener grandes problemas para tomar decisiones legítimas en un clima positivo de
La pregunta fue formulada
de la siguiente manera: Hablando en general acerca del gobierno actual, ¿di-ría
usted que el trabajo que está realizando el Presi-dente (nombre Presidente)
es... Muy bueno, Bueno, Ni bueno, ni malo (regular), Malo, Muy malo (pésimo).
Las respuestas fueron recodificadas para su presenta-ción en una escala de -100
a 100 en la que “ni buen ni malo” tiene valor de 0.
opinión. Cabe resaltar aquí los casos de Perú y Argentina, que
en un plazo de dos años mi-graron de una situación de malestar ciudadano con la
política a una de satisfacción ciudadana.
Gráfico 3. Posición de los países de América Latina en el
indicador de malestar con la política en 2012, y evolución desde 2010
Fuente: Barómetro de las Américas 2012, por LAPOP.
En 8 países se advierte que sus gobiernos tienen cierto margen
de acción, definido ya sea por su capital político o por la percepción de una
econo-mía pujante. En Nicaragua, El Salvador, México, Guatemala y la República
Dominicana, los ciu-
Los líderes y sociedad frente al espejo 189
dadanos están insatisfechos con su economía, y aun así valoran
de forma positiva al gobierno; esto sugiere que los gobiernos tienen cierto
capi-tal político que podrían emplear a su favor.
En el caso de Chile, Panamá y Costa Rica, el ciudadano promedio
reprueba a su gobierno pese a estar personalmente satisfecho con su situación
económica. El margen con el que cuentan los go-biernos en estos casos tiene que
ver más con la estabilidad y la bonanza de sus economías que con sus propios
méritos políticos. Esta es una combinación poco usual, ya que las percepciones
sobre la economía suelen tener un efecto directo sobre la del trabajo del
gobierno y del presidente. La posición de estos países puede estar sugirien-do
problemas de representación política de ca-rácter más bien estructural en
sociedades que han alcanzado cierto nivel de bienestar económico.
Por otro lado, el hecho de que los tres países sean parte de la
orientación política definida como “modernización conservadora” puede es-tar
mostrando una mayor demanda por un mode-lo neo-desarrollista como una tendencia
general en la región. Sin embargo, para poder corroborar alguna de estas
hipótesis de manera conclusiva, es imprescindible monitorear cómo evoluciona la
aprobación presidencial en los tres países.
La casilla de alerta que muestra una situación de malestar
ciudadano con la política tiene un solo
país durante el primer trimestre de 2012. Hondu-ras se ubica
ahí, luego de que su gobierno perdiera los elevados niveles de aprobación que
poseía lue-go de la última elección presidencial. Esta com-binación de
valoración negativa del trabajo del ejecutivo con una percepción también
negativa de la economía de parte de los ciudadanos sugiere la instauración de
un estado de malestar ciudadano con la política, que restringe las capacidades
de acción de parte de los actores políticos y pone una presión adicional a un
marco institucional débil y golpeado por los eventos recientes.
Existe otro dato que refleja la seriedad de la situación
política hondureña en la actualidad que se vincula con la percepción del
principal proble-ma del país. El porcentaje de personas que identi-fica a la
política como la fuente de los principales problemas de su país es bajo en toda
la región, lo que sugiere que la mayoría de los latinoamerica-nos no ve a la
política como un obstáculo a la so-lución de sus problemas. La excepción es
Hondu-ras. Allí, la política es la respuesta más frecuente cuando se pregunta
sobre el principal problema del país, y un tercio de la población comparte esta
idea. Este porcentaje es el doble del país que se ubica en el segundo lugar22.
La pregunta empleada es:
En su opinión ¿cuál es el problema más grave que está enfrentando el país?
190 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
Gráfico 4. Porcentaje de personas que cree que la política es el
principal problema por país, 2012
Honduras 33.7
Costa Rica 16.3
Colombia 16.2
Panamá 16.1
México 15.8
Brasil 15.4
Perú 14.4
Ecuador 13.2
Paraguay 11.3
Chile 9.7
Guatemala 8.1
Bolivia 7.4
R. Dominicana 7.1
Venezuela 6.2
Argentina 6.1
Nicaragua 5.4
Uruguay 3.7
El Salvador 3.0
0 10 20 30 40
Principal problema política
95% Intervalo de con anza (Efecto de diseño incorporado)
Fuente: Barómetro de las Américas por LAPOP.
Se consignan aquí sólo las respuestas relacionadas a la
política.
Además, Honduras es el país de América Latina con los valores
más bajos para dos indicadores relevantes: la preferencia por la democracia
como forma de gobierno y la tolerancia política. Mientras que la ma-yoría de
los ciudadanos están convencidos de las ventajas de la democracia como for-ma
de gobierno, en promedio los hondure-ños muestran un bajo grado de apoyo a esta
idea, así como un bajo nivel de respeto por la participación política de
ciudadanos con posiciones políticas distintas.
En suma, en Honduras se combina una situa-ción de malestar
ciudadano con la política con una percepción explícita de los ciudadanos de que
la política es el principal problema, bajos niveles de tolerancia política y de
preferencia por la democracia. Esto va a contracorriente de lo que sucede en el
resto de la región, don-de no parece instaurarse una sensación de ma-lestar y
los problemas percibidos por la gente son principalmente de orden económico o
de seguridad ciudadana. Las capacidades del sis-tema político hondureño para
manejar conflic-tos están en una situación claramente crítica, sin que existan
elementos sólidos en la opinión pública que puedan actuar como contención de
posibles retrocesos autoritarios.
Los líderes y sociedad frente al espejo 191
3.2. Demandas ciudadanas de desarrollo y de presencia del Estado
Los latinoamericanos demandan un tipo de desa-rrollo con fuerte
presencia estatal, capaz de so-lucionar las brechas sociales en la región y con
énfasis en la seguridad ciudadana. La demanda por la solución de problemas
económicos y de seguridad a veces se cruza con la preferencia por liderazgos
fuertes, con rasgos populistas y en ocasiones autoritarios.
La preocupación por las desigualdades socia-les y, en general,
por los problemas de la econo-mía es grande entre los latinoamericanos. Las
brechas sociales, acentuadas durante las décadas de reformas estructurales, son
importantes para los ciudadanos de América Latina, que sigue sien-do la región
más desigual del mundo. Esta preo-cupación por la desigualdad viene de la mano
por una demanda de mayor participación estatal en la generación y distribución
de ingresos.
La mayoría de los ciudadanos en América Lati-na está de acuerdo
con que los estados promuevan políticas para reducir las desigualdades entre
sus ciudadanos. Esto muestra un interés inobjetable por la reducción de las
condiciones de desigual-dad aún existentes en la región. El gráfico siguien-te
muestra que el promedio de apoyo a la idea de que “El Estado debería implantar
políticas firmes
para reducir la desigualdad de ingresos entre ricos y pobres” es
alto en todos los países de la región.
Gráfico 5. Promedios nacionales de acuerdo con la idea de que el
Estado debería implementar políticas para reducir la desigualdad, 2012
Nicaragua 86.3
R. Dominicana 86.3
Panamá 85.9
Paraguay 85.6
Uruguay 85.4
Argentina 84.4
El Salvador 83.5
Chile 83.3
Brasil 82.0
México 82.0
Colombia 81.1
Costa Rica 78.6
Perú 77.8
Ecuador 76.7
Guatemala 72.9
Bolivia 72.3
Venezuela 71.3
Honduras 68.3
0 20 40 60 80 100
El estado debe tener políticas
rmes para reducir desigualdad
95% Intervalo de con anza (Efecto de diseño incorporado)
Fuente: Barómetro de las Américas por LAPOP.
192 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
La preferencia de los latinoamericanos por la intervención del
Estado en la economía es alta no solamente cuando se considera a las políti-cas
de reducción de las brechas sociales, sino también en otros ámbitos económicos
en los que el Estado puede participar. En efecto, la preferencia de los
latinoamericanos apunta a un Estado fuerte, capaz de proveer servicios, crear
empleos y reducir la desigualdad, ase-gurando el bienestar de la gente. El
gráfico 6 muestra los promedios latinoamericanos de aprobación de estas ideas23
y el gráfico 7 el ín-dice de estatismo por país (Ver gráficos 6 y 7 en páginas
siguientes).
Las preguntas empleadas
son las siguientes: El Estado (gentilicio), en lugar del sector privado,
debería ser el dueño de las empresas e industrias más importantes del país; más
que los individuos debería ser el principal responsable de asegurar el bienestar
de la gente; más que la empresa privada, debería ser el principal responsable
de crear em-pleos; debe implementar políticas firmes para redu-cir la
desigualdad de ingresos entre ricos y pobres; más que el sector privado,
debería ser el principal responsable de proveer los servicios de salud. La
combinación de estos 5 elementos en un promedio con una escala de 0 a 100
conforma el índice de esta-tismo que se usa en este capítulo como medida
com-puesta de la preferencia por un estado protagónico en la economía.
La preferencia por un Estado que sea dueño de las empresas
también es alta, pero menor que en las otras áreas. El dato más relevan-te con
relación a este tema tiene que ver con que la aprobación de la idea del Estado
dueño de empresas es más alta precisamente en los países con una política
económica más liberal (como Panamá, Chile y Paraguay), mientras que en
Venezuela es mucho más baja (el pro-medio es casi 30 puntos más bajo en
Venezuela que en Chile).
La demanda de presencia estatal es alta in-cluso en países
altamente institucionalizados, y considerados desarrollados dentro de la
re-gión, como Uruguay, Brasil y Colombia; es más, en estos países los valores
del índice de estatismo son más altos que en países como Bolivia, Guatemala y
Perú. Este dato es de gran importancia para las circunstancias históricas que
vive la región y explica en buena parte la emergencia de liderazgos fuertes con
rasgos carismáticos, y con una orientación hacia po-líticas de corte nacional
popular. Y es que los ciudadanos parecen estar demandando políti-cas
neodesarrollistas, en las que el Estado es un actor central en la economía y en
la búsque-da de desarrollo y bienestar material para la población.
Los líderes y sociedad frente al espejo 193
Gráfico 6. Promedios latinoamericanos de aprobación a la
intervención estatal en distintas áreas, 2012
84.0
80 78.2 80.2 80.6
60
40
20
0
54.9
Dueño empresas Asegurar
bienestar Red. desigualdad Crear empleos Proveer servicios
95% Intervalo
de con anza (Efecto de diseño incorporado)
Fuente: Barómetro de las Américas por LAPOP.
194 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
Gráfico 7. Promedios latinoamericanos del índice de estatismo,
2012
Nicaragua 87.9
Dominicana 87.5
Paraguay 87.2
Uruguay 85.7
Argentina 84.1
El Salvador 84.1
Panamá 83.3
Colombia 82.0
Chile 81.7
México 80.1
Brasil 79.2
Ecuador 79.2
Costa Rica 78.0
Perú 76.8
Venezuela 76.0
Bolivia 76.0
Guatemala 74.6
Honduras 69.8
0 20 40 60 80 100
Índice de estatismo
95% Intervalo de con anza (Efecto de diseño incorporado)
Fuente: Barómetro de las Américas por LAPOP.
Más allá de una demanda circunstancial, lo an-terior puede estar
sugiriendo que los latinoa-mericanos anhelan mayor presencia estatal en la
economía precisamente en los países en los que ésta es más débil, o al menos en
los que se percibe una ausencia de acción estatal. Al contrario, en los países
en los que la presencia estatal es muy clara, los ciudadanos parecen inclinarse
por un rol más pasivo del Estado. El área de intervención en la que estas
diferen-cias pueden verse de manera más clara es la propiedad de las
principales empresas del país, mientras que las responsabilidades de asegurar
bienestar, proveer servicios, crear empleos y reducir la desigualdad encuentran
mayor con-senso en la región.
La demanda por un rol activo del Estado en la economía es tan
importante para los latinoamericanos que se vincula con la prefe-rencia misma
por la democracia en la región. Los países en los que la preferencia por la
de-mocracia es más sólida son aquellos que de-mandan mayor claridad un Estado
con papel protagónico. Esta relación se da también en el nivel individual: se
observa una correlación positiva entre índice de estatismo y prefe-rencia de
los ciudadanos por la democracia. Estos datos indican que los latinoamericanos
quieren un tipo de democracia específico, en
Los líderes y sociedad frente al espejo 195
el cual el Estado tiene un papel central en la dinámica
económica.
La mayoría de los latinoamericanos identifi-can dos tipos de
problemas como los más im-portantes para sus países: los económicos y los de
seguridad ciudadana. Aproximadamente un tercio de los ciudadanos de los 18
países con-siderados identifica a los problemas económi-cos como los
principales, y otra tercera parte señala a los de seguridad. Siguen muy lejos
los problemas políticos, señalados apenas por el 12% de la población.
No obstante, existen importantes diferen-cias entre los países
con relación a los proble-mas más importantes. Mientras que tres cuar-tas
partes de los nicaragüenses identifican pro-blemas económicos como los más
importantes, apenas 1 de cada 7 brasileros lo hacen. Otros países en los que
los problemas económicos tienen una gran incidencia para sus ciudadanos son
Bolivia, Paraguay, República Dominicana, El Salvador, Perú y Ecuador.
En cuanto a la seguridad, dos terceras partes de los venezolanos
la señala como el principal problema del país, lo mismo que la mitad de los
uruguayos y de los salvadoreños. En contrapar-tida, apenas 8% de los
nicaragüenses cree que los problemas de seguridad son los más impor-tantes en
su país.
En general, los ciudadanos de los países más pobres de la región
tienden a identificar a los problemas económicos como los más impor-tantes. La
seguridad ciudadana parece preocu-par más a ciudadanos de países con niveles de
desarrollo socioeconómico medios, mientras que la política preocupa de manera
notable so-lamente en Honduras, el país que vivió un quie-bre institucional en
el último lustro.
Cabe señalar que tanto las percepciones de inseguridad ciudadana
como las percepciones negativas sobre la economía del país están asociadas con
una preferencia por liderazgos fuertes, incluso autoritarios. Los resultados de
un análisis de regresión logística grafica-dos a continuación, muestran que
tanto la victimización por crimen como la sensación de inseguridad están
vinculadas con la justi-ficación de un golpe de estado hipotético por parte de
los militares24.
La pregunta empleada para
este análisis es la si-guiente: Alguna gente dice que en ciertas
circuns-tancias se justificaría que los militares de este país tomen el poder
por un golpe de Estado. En su opinión se justificaría que hubiera un golpe de
estado de los militares frente a las siguientes circunstancias…? Frente a mucha
delincuencia.
196 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
Gráfico 8. Resultados de la regresión logística para la
justificación de un golpe de Estado de parte de los militares, 2012
Usa internet casi a diario F=93.596
N =25785
Victimización por delincuencia
Se siente muy inseguro
Nivel de educación
Edad
Mujer
Apoyo a la democracia
Percepción sit. eco. nacional
-0.30 -0.20 -0.10 0.00 0.10 0.20
95% Intervalo de con anza (Efecto de diseño incorporado)
Fuente: Barómetro de las Américas por LAPOP.
Además de las variables de inseguridad y crimen, otros factores
que muestran un efecto significa-tivo sobre la preferencia por un gobierno no
de-mocrático son la edad, el uso de internet, el nivel educativo, el apoyo a la
democracia, el hecho de ser mujer y la percepción favorable de la situa-ción
económica nacional. Todos estos factores
tienen efectos negativos sobre la justificación de un golpe de
estado por parte de los militares en un hipotético caso de delincuencia
extrema.
Las personas más educadas están menos dispuestas a justificar un
golpe de Estado, así como las personas más satisfechas con la situa-ción
económica nacional y quienes muestran un apoyo más explícito a la democracia.
Inde-pendientemente de su edad o nivel socioeconó-mico, las personas que usan
internet frecuen-temente son menos propensos a justificar una interrupción
militar del orden institucional que quienes no participan frecuentemente de la
red.
Estos hallazgos reafirman la emergencia de una nueva politicidad
en América Latina, con-formada principalmente por los internautas y las
personas más educadas, aunque también por las mujeres y los más jóvenes. Este
nuevo sentido de la política pasa por un convenci-miento democrático sólido,
pero que parte de un ciudadano autónomo, que tiene capacidad crítica y está
conectado con distintas redes.
3.3. Protagonismo de la mujer y de los jóvenes en las
democracias latinoamericanas
En Latinoamérica, las mujeres y los jóvenes muestran menor
interés en la política que los
Los líderes y sociedad frente al espejo 197
varones y las personas de mayor edad. Sin embargo, las mujeres
son vistas como líderes menos susceptibles a la corrupción. Esto las posiciona
como actores claves para la canali-zación de una nueva forma de hacer política,
que responda las demandas ciudadanas y sea capaz de fortalecer los sistemas
democráticos en la región.
Cuando se pregunta a los latinoamericanos sobre quiénes creen
que son mejores líderes, la gran mayoría de la población rechaza la idea de que
los varones sean mejores líderes. Este es un primer hallazgo importante; casi
tres cuartas partes de la población en la re-gión están en desacuerdo o muy en
desacuer-do con la idea de que los varones sean mejo-res líderes25.
El gráfico siguiente muestra el porcentaje de personas que
están, al menos, de acuerdo con la idea de que los varones son mejores lí-deres
que las mujeres en los países incluidos en este análisis.
La pregunta empleada es
Algunos dicen que en ge-neral, los hombres son mejores líderes políticos que
las mujeres. ¿Está usted muy de acuerdo, de acuer-do, en desacuerdo, o muy en
desacuerdo? Se muestran aquí las opciones “muy de acuerdo” y “de acuerdo”.
Gráfico 9. Porcentaje de personas que aprueba la idea de que los
varones son mejores líderes que las mujeres por país, 2012
R. Dominicana 46.0
Venezuela 32.3
Honduras 29.3
Bolivia 27.0
Paraguay 25.9
Ecuador 25.6
El Salvador 24.8
México 24.1
Chile 23.6
Panamá 23.5
Nicaragua 22.0
Costa Rica 21.4
Argentina 20.3
Guatemala 19.7
Colombia 18.0
Perú 17.3
Brasil 16.6
Uruguay 16.0
0 10 20 30 40 50
Hombres mejores líderes que mujeres
95% Intervalo de con
anza (Efecto de diseño incorporado)
Fuente: Barómetro de las Américas por LAPOP.
198 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
Una cuarta parte de los habitantes de la región sostienen que
los varones son mejores líderes. Los países que tienen actualmente presiden-tas
mujeres están en la parte baja del cuadro. Mientras que casi la mitad de los
dominicanos están convencidos de que esto es así, apenas uno en 6 uruguayos y
brasileros tienen este sesgo machista. Esto muestra la persistencia de una
cultura machista en una fracción impor-tante de la población que menoscaba las
capa-cidades de liderazgo de las mujeres y reprodu-ce condiciones de dominación
masculina que se evidencian también en la política, y parece ser más prevalente
en el Caribe que en el resto de la región.
A pesar de la existencia de esta cultura ma-chista, los
liderazgos políticos de las mujeres son considerados como menos corruptos que
los de los varones. Cuando se pregunta quié-nes son más corruptos como
políticos, si los hombres o las mujeres, alrededor de un ter-cio de los
latinoamericanos afirma que los varones, mientras que sólo el 4% dice que las
mujeres, aunque la mayoría cree que ambos pueden ser corruptos. Este dato es
relevante, puesto que señala que las mujeres tienen una reserva de confiabilidad
que podría alimentar el resto del sistema político en momentos de crisis de
legitimidad.
Pero esta percepción favorable del liderazgo femenino no parece
ser suficiente para generar condiciones de igualdad en la participación
política. De manera consistente con otros es-tudios, distintos factores
muestran que las mu-jeres tienden a adoptar una posición pasiva en la política
con relación a sus conciudadanos varones. Uno de ellos es el interés en la
políti-ca: las mujeres latinoamericanas muestran un interés en la política
significativamente menor, independientemente de su nivel educativo y de otros
factores socioeconómicos, que el que afirman tener los varones. En promedio, el
in-terés de las mujeres en la política es 8 puntos porcentuales menores al de
los varones. Este menor interés de las latinoamericanas en la po-lítica se
observa a nivel regional y en todos los países a nivel individual, excepto en
Honduras y México, donde no hay diferencias estadísti-camente significativas
entre varones y mujeres.
El convencimiento de que se conoce los asuntos importantes del
país, que parece ser una condición del interés y la participación po-líticos,
también muestra variaciones importan-tes en la región. Los varones creen que
saben lo que importa con más frecuencia que las muje-res, independientemente de
su nivel educativo.
La edad también tiene un papel distinto para los varones y para
las mujeres con respecto a
Los líderes y sociedad frente al espejo 199
cuáles son los asuntos más importantes del país. Mientras que
esta seguridad se incrementa con la edad entre los varones, entre las mujeres
no hay diferencias importantes entre los distintos rangos de edad. Es decir,
los varones tienden a ganar confianza de que conocen los asuntos im-portantes
del país a medida que se convierten en ciudadanos maduros pero esto no sucede
entre las mujeres. El gráfico 10 muestra la evolución de los promedios en el
“sentimiento de que se conoce los asuntos importantes del país” para hombres y mujeres, según su edad26 (Gráfico 10).
Es posible proponer distintas explicaciones para esta
participación política diferenciada: desde la preeminencia de una cultura
política machista hasta la falta de confianza de las mu-jeres en sus
capacidades políticas. Pero cual-quier explicación de la menor participación de
las mujeres en la política debe considerar que ésta es un ámbito controlado por
los varones, que se rige por códigos y lógicas masculinas, en el cual las
mujeres tienen a menudo un papel subordinado. Y muy posiblemente esto es lo que
empieza a cambiar en la región.
La pregunta empleada
dice: Usted siente que en-tiende bien los asuntos políticos más importantes del
país. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuer-do con esta frase?
Gráfico 10. Sentimiento de que se conoce los asuntos importantes
del país entre hombres y mujeres, según rangos de edad, 2012
del país 52
Varones
importantes
50
48
más
los asuntos 46
que entiende 44
Mujeres
42
Siente
40
16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66+
Edad
Fuente: Barómetro de las Américas por LAPOP.
Los esfuerzos de inclusión de las mujeres en la política, por
ejemplo por medio de la ins-tauración de cuotas en la representación
par-lamentaria, han logrado conferirle a la política en los países
latinoamericanos mayor presen-cia femenina. Sin embargo, las estructuras
pa-triarcales que garantizan y reproducen el con-trol masculino del poder
estatal distan mucho
200 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
de ser completamente superadas. Esto puede apreciarse todavía en
la opinión pública, tanto en las percepciones sobre participación feme-nina,
como principalmente en las percepcio-nes y actitudes de las mismas mujeres.
Con los jóvenes sucede algo similar, pero sin políticas que
promuevan su participación en la mayoría de los países de la región. Tanto a
nivel de América Latina como cuando se considera a los países de manera
individual, los jóvenes muestran menos interés en la política que los
ciudadanos de mayor edad. En algunos países los jóvenes parecen tener mayor
interés, pero una vez que se introduce el nivel educativo como variable de
control, esta relación desaparece. En otras palabras, lo que define el interés
por la po-lítica es la educación de las personas, que tiende a ser mayor entre
los miembros de las generacio-nes más nuevas. Una vez que se controla por éste
y otros factores, los jóvenes se muestran menos interesados en la política que
los mayores.
Sin embargo, antes que un desinterés gene-ral en la política,
estos datos pueden estar mos-trando es la falta de confianza e interés en la
forma específica en que la política funciona y se practica. Para muchos
jóvenes, los actores y el sistema político en general están devaluados y no
motivan su interés y participación. Pero esto no implica que no participen en
acciones
eminentemente “políticas”; las manifestaciones masivas de
jóvenes demandando mejores con-diciones de educación en Chile, el movimiento
#yosoy132 en México, o las movilizaciones por la paz en Colombia son indicios
de la existencia de jóvenes organizados, conectados a través de las tecnologías
de la comunicación y activamen-te involucrados en acciones políticas que no
pasan por los canales de representación institu-cionales. Esto refleja la
demanda de una nueva politicidad de parte de los jóvenes latinoameri-canos. Y
es aquí donde las mujeres, percibidas como actores políticos menos susceptibles
de volverse corruptas, aparecen como un actor clave en el encausamiento de tal
demanda.
3.4. Escenario internacional e integración regional
Los latinoamericanos están conscientes del carácter
crecientemente multipolar del con-texto internacional en el que viven. Si bien
los Estados Unidos sigue siendo el país con mayor influencia en la región, se
percibe su declive. Brasil es el país que se percibe con una influencia más
positiva y con una imagen gravitante en el cono sur. Al mismo tiempo, se
aprecian condiciones favorables para la inte-gración regional, aunque esta
tendencia pare-
Los líderes y sociedad frente al espejo 201
ce más clara en Sudamérica que hacia el norte de la región.
Alrededor de la mitad de los latinoamerica-nos cree que los
Estados Unidos son el país de mayor influencia en la región. Alrededor de una
tercera parte cree que países asiáticos (China, Japón o la India) son los más
influyentes. Me-nos de 15% identifica a un país latinoamericano como el más
influyente (Gráfico 11).
La mitad de los latinoamericanos identifica a los Estados Unidos
como el país con mayor influencia en la región. Esta percepción tiene su nivel
más alto en Colombia, donde llega al 70% de la población y el más bajo en
Venezuela, donde apenas uno de cada 4 ciudadanos cree que los Estados Unidos es
el país más influyen-te en América Latina.
Sin embargo, la influencia que los latinoamerica-nos predicen
para los Estados Unidos dentro de 10 años es mucho menor. Apenas 30% de la
población de la región cree que en ese lapso Estados Unidos será el país con
más influencia. Este hallazgo su-giere una comprensión dinámica y precisa del
con-texto internacional, bajo la cual los países ganan y pierden su peso
relativo en procesos globales de largo y mediano plazo; los ciudadanos no
tienen una visión estática del contexto internacional, sino que entienden que
éste se transforma, modificando las relaciones de poder entre los países.
Gráfico 11. País con mayor influencia en América Latina en la
actualidad, América Latina, 2012
Otro
México 4.1%
1.5%
Venezuela
5.6%
Brasil
6.6% China / Japón /
India
32.7%
EEUU
49.5%
País con más in uencia en América Latina hoy
Fuente: Barómetro de las Américas por LAPOP.
Brasil tiene la percepción más favorable de los países
considerados. En general los latinoame-ricanos tienden a ver que la influencia
del país sudamericano es positiva en la región. Menos
202 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
positiva es la percepción de la influencia de Ve-
nezuela en la región, que tiene los promedios más bajos.
Lo anterior es consistente con las respues-tas a la pregunta
sobre qué país debería ser considerado como un modelo en la región. Al-rededor
de 10% de los latinoamericanos iden-tifica a Brasil como el país que debería
ser considerado como un modelo para el suyo. Argentina es el país donde esta
cifra es más alta: 30% de los argentinos se fija en Brasil como modelo,
mientras que apenas 1% de los chilenos lo hace. El gráfico siguiente muestra
los porcentajes de personas en cada país que afirman que Brasil debería ser un
modelo para su propia nación27 (Gráfico 12).
Los ciudadanos de los tres socios origina-les de Brasil en el
Mercosur, Argentina, Uru-guay y Paraguay son quienes más piensan en Brasil como
modelo de desarrollo para su país. Los países mesoamericanos, al contra-rio,
tienen ciudadanos más interesados en buscar modelos de desarrollo para su país
fuera de la región.
Gráfico 12. Porcentaje de personas que afirma que Brasil debería
ser considerado como un modelo para su país, 2012
Argentina 29.9
Paraguay 25.1
Uruguay 22.8
Venezuela 15.1
Bolivia 13.4
Perú 10.7
El Salvador 10.2
Colombia 9.0
Ecuador 8.5
R. Dominicana 6.4
México 4.3
Costa Rica 3.2
Nicaragua 3.0
Panamá 1.9
Guatemala 1.2
Chile 1.1
0 10 20 30 40
Brasil modelo para el país
95% Intervalo de con
anza (Efecto de diseño incorporado)
La pregunta empleada es:
En su opinión, ¿cuál de los siguientes países debería ser un modelo para el
desarrollo futuro de nuestro país?
Fuente: Barómetro de las Américas por LAPOP.
Los líderes y sociedad frente al espejo 203
Un caso particular es el de Chile, el país en con el menor
porcentaje de personas que cree que Brasil debería ser su modelo. Dada la
ubicación de Chile en Sudamérica, y considerando su par-ticular asociación con
el Mercosur, este dato parece sorprendente; sin embargo, el nivel de desarrollo
y estabilidad económicos logrados por Chile puede hacer que sus ciudadanos
de-jen de buscar modelos dentro de América Lati-na y se fijen en otras regiones
o construyan un modelo auto referenciado.
Algo similar sucede en Brasil, donde los ciudadanos que se fijan
en otros países de la región, pensando en un modelo de desarrollo son
proporcionalmente los menos. El 73% de los latinoamericanos identifica al
modelo que debería seguir su país fuera de la región. Este porcentaje es alto
en todos los países, pero es el doble en el Brasil que en la Argentina: 89 y
46% respectivamente.
3.5. Visiones y expectativas de futuro
En general los latinoamericanos ven su vida con optimismo. El
sentimiento de satisfacción con la vida propia es más alto que a principios de
la década del 2000. El año 2004, solamente 37% de los habitantes de la región
afirmaban es-tar muy satisfechos con su vida, mientras que
ocho años después este porcentaje llega al 48%. Esta tendencia
al incremento en la satisfacción con la vida parece ser general en la región
des-pués del momento de inflexión que vivió la re-gión alrededor del año 2000.
Al mismo tiempo, las condiciones económi-cas del país son
vistas, en general, de manera positiva. El año 2012 22% de los
latinoameri-canos creían que la situación económica de su país era “buena” o
“muy buena”, mientras que el año 2004 apenas 6% de la población de la re-gión
compartía esa opinión.
Este optimismo es más claro a nivel perso-nal –cuando se
pregunta a los latinoamerica-nos sobre sus percepciones acerca de sus
con-diciones económicas personales o nacionales, que cuando se toma en cuenta
el nivel nacional (cuando el sujeto sobre el cual se consulta es el país). Más
de una cuarta parte de la población de la región consideraba en 2012 que su
situa-ción económica personal era “buena” o “muy buena”, y menos del 20% creía
que era “mala” o “muy mala”. En contraste, el año 2004 sólo 12% de los latinoamericanos
sentían que su si-tuación era buena o muy buena, mientras que 4 de cada 10 la
percibía como mala o muy mala.
En una mirada prospectiva, las dos tenden-cias se hacen
evidentes. Por un lado, entre los latinoamericanos prima una visión optimista
del
204 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
futuro, al menos cuando se trata de la economía. Por otro, las
visiones son más favorables a nivel personal que a nivel nacional. El gráfico
13 mues-tra la valoración prospectiva promedio en cada país, tanto para el
nivel individual como para el nacional28 (Ver gráfico 13 en página siguiente).
En todos los países, la prospectiva que ha-cen los ciudadanos de
su situación económica personal es, en promedio, positiva. Pero cuan-do se hace
referencia al futuro del país, 8 paí-ses tienen valoraciones promedio
negativas; nuevamente, las percepciones negativas pare-cen ser más comunes en
Mesoamérica que en el sur del continente.
Pero las diferencias entre verse a sí mismos de manera optimista
y ver al país con el mismo entusiasmo no son constantes entre los
latinoa-mericanos. Mientras mejores sean las condicio-nes económicas de las
personas, mayor es la propensión a que se sientan optimistas sobre su
Las preguntas empleadas
fueron ¿Considera usted que dentro de 12 meses su situación económica será
mejor, igual o peor que la de ahora? Y ¿Considera us-ted que dentro de 12 meses
la situación económica del país será mejor, igual o peor que la de ahora? Las
escalas fueron recodificadas en un rango de -100 a 100, en el que “igual” tiene
valor de 0. Los datos para estas dos preguntas son de la ronda de encuestas de
LAPOP del año 2010.
futuro personal pero no necesariamente sobre el del país. Es
decir, quienes mejor están tienen menor confianza en que el país estará mejor
en el futuro de la que tienen en sí mismos.
Es un dato relevante que los sectores socioe-conómicos más
favorecidos en la región tengan niveles de optimismo más altos; esto coincide
con otros hallazgos relacionados, por ejemplo, con la legitimidad de las
instituciones o la con-fianza en las instituciones fundamentales de la
democracia en América Latina (Seligson 2008). Pero también sugiere un cierto
desprecio (o al menos un escepticismo serio) de las élites la-tinoamericanas en
relación precisamente a los países que los hicieron ciudadanos privilegia-dos.
Esto es lo que Fernando Calderón llama el Teorema de Almaraz, inspirado por el
desapa-recido intelectual boliviano Sergio Almaraz Paz (Calderón 2012).
En síntesis, los latinoamericanos de la se-gunda década del
Siglo XXI ven el futuro con optimismo, y sienten que podrán cumplir con sus
expectativas y mejorar económicamente en el futuro. Al mismo tiempo viven en
socie-dades con altos niveles de desigualdad y po-breza, por lo tanto, cuando
evalúan el futuro económico para el país, son menos optimistas, particularmente
si es son parte de los grupos más privilegiados.
Los líderes y sociedad frente al espejo 205
Gráfico 13. Prospectiva económica personal y nacional por país,
2010
Uruguay
Paraguay
Brasil
Panamá
Costa Rica
Chile
Bolivia
El Salvador
Perú
Colombia
Honduras
Ecuador
R. Dominicana
México
Venezuela
Nicaragua
Argentina
Guatemala
-40 -20 0 20 40 60
Prospectiva económica personal
Prospectiva económica país
Fuente: Barómetro de las Américas 2010, por LAPOP.
Hacia un balance
integrado: reflexiones finales
En primer lugar, a modo de síntesis, en el siguiente mapa se
describen los principales consensos, bifur-
caciones y desafíos que surgen de analizar las en-trevistas a
las elites y los datos de opinión pública.
206 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
Consensos Bifurcaciones Desafíos
Valoración del presidencialismo y de Contraposición en las formas distintas Se observa un escenario cuyo
los liderazgos personales fuertes o de entender la política, que parecen ir desafío es mantener la sostenibi-
carismáticos como centrales para el de lógicas más institucionales hasta lidad económica con innovación
ejercicio de la política como mecanis- formas más participativas. en
la mayoría de los países que
mo para la solución de problemas actualmente
muestran condiciones
y como de la gestión eficiente de la favorables; un segundo escenario
economía asociada a estos liderazgos en el que las capacidades políticas
se sobreponen
a las deficiencias
económicas, y
otro en el que la efi-
ciencia
económica es insuficiente
para
garantizar la confianza en los
liderazgos
políticos.
Importancia para enfrentar los La
preocupación por resolver asuntos
problemas de la desigualdad y de prácticos
inmediatos es mayor entre
la inseguridad es algo estratégico los líderes centroamericanos, mien-
y fundamental para el desarrollo tras
que la visión estratégica es más
y la vigencia de la democracia en frecuente en Sudamérica.
América Latina. El papel estratégico La falta de atención a temas relacio-
del Estado para abordar ambos
nados a la economía y a
la seguridad
problemas es central tanto para los
ciudadana parece detonar
la tentación
ciudadanos como para las élites
entre algunos ciudadanos
por la posi-
políticas latinoamericanas.
ble aceptación de formas
de gobierno
Entre los líderes hay una conciencia autoritarias en contextos de inseguri-
creciente de vincular la desigualdad dad ciudadana extrema.
con una transformación productiva
aprovechando las ventajas compara-
tivas que de la exportación de bienes
primarios; la demanda por desarrollo
también existe de manera clara en la
sociedad.
Los líderes y sociedad frente al espejo 207
Consensos Bifurcaciones Desafíos
En materia de género existe cierto grado Las élites valoran positivamente el papel El desafío fundamental en torno al tema de
de consenso entre la sociedad y las de los jóvenes como nuevos líderes la participación de las mujeres es superar la
élites en relación a la importancia de la en la región. Sin embargo, los jóvenes vigencia de una cultura patriarcal muy ar-
participación de las mujeres en la políti- parecen manifestar orientaciones vari- raigada en algunos sectores de la
sociedad y
ca. Se reconocen los logros alcanzados, ables y una preferencia por un sentido en buena parte del liderazgo político
regional.
pero es claro que existen todavía falen- de ejercicio de la política distinto al que En cuanto a los jóvenes, el desafío para
cias importantes. existe
actualmente, lo que se manifiesta
la región es
si las distintas orientaciones
Si bien, la mayoría de los ciudadanos a menudo en formas de ejercicio político
políticas
existentes en América Latina
valora los liderazgos femeninos, sub- reactivas y hasta contestatarias. No serán capaces de asimilar y nutrirse
siste una cultura patriarcal entre algunos obstante, hay una valorización de los
de la demanda
de los jóvenes por una
líderes y grupos de la sociedad que jóvenes en términos de su capacidad
nueva forma
de hacer política, o si esta
menoscaba la capacidad de las mujeres estratégica de innovación basada en la
demanda
deberá ser canalizada por
de actuar como líderes. tecnosociabilidad.
propuestas
políticas alternativas.
Se advierte una conciencia explícita En Sudamérica predomina una visión de Un integración regional y o subregional
entre los ciudadanos, y especialmente integración estratégica de largo alcance, con resultados socioeconómicos y
entre los líderes entrevistados, sobre mientras que México y los países cen- culturales compartidos.
la existencia real de una multipolaridad troamericanos parecen más preocupa-
global y fluida que afecta y definirá dos por atender sus demandas inmedi-
aún más en el futuro el desarrollo y la atas, sobre todo en lo que se refiere a la
política latinoamericana. seguridad
ciudadana y el narcotráfico.
El rol de Brasil en la
escena global y su
importancia creciente son
reconocidos
claramente entre las
élites. Sin embargo,
no todos valoran de
manera positiva sus
acciones para promover la
integración re-
gional. Desde el lado de
la sociedad, Bra-
sil aparece como el
modelo para seguir
particularmente en el
cono sur, mientras
que en el resto de la
región se valora más
a China y a EE. UU. como
referentes.
208 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
Los avances sobre varios aspectos de la demo-cracia, el
desarrollo y la integración regional son evidentes pero también limitados y
sobre ellos la sociedad y los mismos líderes evalúan el presente y el futuro.
Saben que los resulta-dos de las acciones actuales tienen consecuen-cias para
el futuro.
En términos generales, la información de las percepciones de los
líderes y de los ciudadanos analizadas en este documento sugiere la
persis-tencia de viejos problemas de la cultura polí-tica latinoamericana,
relativos a la necesidad de combinar proyectos y cambios emancipato-rios, con
legitimidad y eficacia institucional en el marco de una democracia pluralista.
Las ten-siones principales parecen darse entre la nece-sidad de tener una
gestión pública eficaz, capaz de generar condiciones de vida mejor y más igual
para los ciudadanos, y la atención a valo-res relacionados a los principios
democráticos, al medio ambiente, a la inclusión y a la inte-gración regional.
Estas tensiones se canalizan de manera variada en los países de la región,
produciendo orientaciones políticas distintas y a veces novedosas que combinan
demandas ciudadanas y propuestas de las élites en lide-razgos visibles.
La demanda por una presencia estatal fuer-te y activa en
distintos ámbitos de la economía
parece ser una tendencia general en las socie-dades de América
Latina. Los ciudadanos apo-yan liderazgos que reparen las condiciones
his-tóricas de pobreza y desigualdad de la región a través de una acción
prominente del estado. El neodesarrollismo emerge entonces como una opción cada
vez más atractiva para ciudadanos y élites, combinando un fuerte énfasis en la
di-mensión económica de la gestión estatal con una orientación ideológica
estatista, naciona-lista, proclive a la redistribución, pero sin una visión de
sostenibilidad ambiental clara.
A pesar de los avances registrados, las li-mitaciones para
generar condiciones de vida satisfactorias para los ciudadanos, junto con las
desigualdades en el acceso a los recursos, y la excesiva concentración de las
ingresos y las riquezas, pueden contribuir a la prolife-ración de dudas sobre
el funcionamiento del sistema político y sus instituciones. Las ten-dencias
populistas de muchos líderes latinoa-mericanos parecen relacionarse con las
falen-cias de los partidos políticos, parlamentos y otras instituciones
liberales para resolver las brechas entre estado y sociedad, que se ven
reflejadas en términos de privaciones y des-igualdad económica.
También es evidente que en la región existe, en general, un
ambiente optimista compartido
Los líderes y sociedad frente al espejo 209
entre élites y ciudadanos, relacionado con las condiciones
actuales de crecimiento económi-co y también con la emergencia de liderazgos
con rasgos carismáticos y promotores que ali-mentan un vínculo afectivo
importante entre lí-deres y sociedad. Pero esta sensación de satis-facción
presenta del desafío de mantenerse en el futuro, tanto en términos de
representación política como del bienestar económico. Un ma-nejo político
desacertado, sobre todo en cuan-to al reconocimiento del carácter pluralista de
estas sociedades puede generar condiciones de frustración ciudadana incluso en
contextos de bonanza económica. Como contraparte, un desempeño económico
negativo, algo eminen-te bajo condiciones de vulnerabilidad e inter-dependencia
económica internacional, podría resultar en un escenario de desgaste
institucio-nal innecesario.
Ese escenario de expectativas frustradas puede hacer que
reaparezcan tendencias au-toritarias. Ante el fracaso de los mecanismos
institucionales para el ejercicio de la política se convoque a líderes con
fuerte respaldo po-pular a obviar en parte el sistema de contrape-sos que
garantiza el funcionamiento del régi-men democrático pluralista y sustantivo.
Dado que la democracia electoral está sólidamente asentada en América Latina,
es poco probable
que se llegue a retrocesos autoritarios, como un golpe de
estado. Sin embargo, la pérdida de efectividad de los mecanismos de control y
contrapeso republicanos podría, en algunos casos, fortalecer tendencias semi
autoritarias y minar la calidad de la democracia de algunos países del
continente.
Una manera novedosa pero incipiente en la que se plantean las
tensiones entre efectividad y valores en la América Latina contemporánea es a
través del surgimiento de una nueva po-liticidad, un nuevo sentido de hacer
política fuertemente arraigada en valores de equidad, democracia y derechos
humanos. Esta politici-dad busca construir una visión estratégica y de futuro,
con la innovación productiva y la soste-nibilidad ambiental ocupando un papel
central. Los jóvenes serían los principales portadores de esta comprensión
alternativa de la política, y sus recientes manifestaciones políticas en
distintas ciudades del continente dan una indi-cación de su magnitud y alcance
potencial. La valorización de la educación y la membrecía en la sociedad de la
información son otros dos ele-mentos que están fuertemente asociados a es-tas
demandas de una renovación de la política.
La pregunta fundamental es si los lideraz-gos carismáticos y
promotores en la región, con sus acentos neo desarrollistas, podrán
210 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
canalizar la demanda de esta nueva forma de hacer política. Sin
negar la trascendencia histórica de estos liderazgos, persiste la ne-cesidad de
construir un orden institucional legítimo y eficiente como factor fundamental
en la construcción de una democracia sustan-tiva y pluralista. A ciencia cierta
no se sabe cómo evolucionará el proceso político latino-americano y cómo los
líderes actuales podrán impulsar condiciones de bienestar e igualdad que
satisfagan las expectativas ciudadanas y de las propias élites, produciendo una
trans-formación productiva competitiva basada en valores y capaz de competir en
el mundo post crisis y que, por fin, que la región de un salto para adelante en
términos de democracia y desarrollo. Lo que sí se sabe es que la cons-trucción
de tales metas no tiene atajos, es lar-ga, compleja y llena de laberintos.
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gobernabilidad democrática vol. 1(Buenos Aires: Siglo XXII/PNUD).
Una inflexión histórica
Cambio político y situación
socioinstitucional en América Latina* **
Introducción
El presente trabajo busca sintetizar y reflexio-nar sobre las
tendencias sociohistóricas que vive América Latina y que afectan de manera
determinante los escenarios de gobernabilidad democrática.
Luego de un importante periodo de refor-mas estructurales y de
transición democrá-
Este trabajo fue
publicado originalmente en Revista de la CEPAL Nº 96, diciembre de 2008.
Este documento fue
elaborado por Fernando Calderón, con la colaboración de Juan Enrique Vega y
Caterina Colombo. Se agradecen muy espe-cialmente los comentarios y sugerencias
al texto preliminar de Fernando Henrique Cardoso, Manuel Castells y Juan Gabriel
Valdés, y de los colegas del Regional Bureau for Latin America and the
Ca-ribbean, RBLAC. Versiones previas de este trabajo han sido discutidas en
seminarios internos del PA-PEP-PNUD. También se agradece la cooperación de
Diego Achard, Antonio Aranibar, Luis Eduardo Gon-zález, Armando Ortuño, Gerardo
Noto, Eugenia Bó-
tica, América Latina —y particularmente los países estudiados
por el PAPEP—,1 viven el inicio de un nuevo ciclo histórico. La expe-riencia ha
provocado un clima de malestar y desencanto, pero también de importantes
ex-pectativas de cambio y progreso en el marco
veda y Emilio Sampietro. El presente documento ha tomado en
consideración estudios nacionales sobre coyuntura y escenarios de corto plazo
de Argentina, Bolivia, Ecuador, Honduras, Panamá, Perú, Nicara-gua y Uruguay,
así como estudios del Observatorio Regional del PAPEP, una amplia bibliografía
y datos secundarios sobre la temática de estudio. El análisis y las
recomendaciones políticas de este Informe no reflejan necesariamente las
opiniones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), de su
Junta Ejecutiva ni de sus Estados miembros. El Informe es una publicación
independiente prepa-rada por encargo del PNUD.
Gobernabilidad
Democrática en América Lati-na, el cual se enmarca en la estrategia regional
del PNUD sobre gobernabilidad democrática en Améri-ca Latina.
212 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
de un régimen democrático que la sociedad sigue percibiendo como
la forma más acep-table de gobierno. El malestar convive con la generación de
una ciudadanía más autónoma y crítica, una ciudadanía vinculada a nuevos
espacios públicos de participación, conflicto y diálogo.
La idea que organiza este texto argumenta que América Latina
vive un momento de cri-sis, inflexión y cambio político, en el que las
relaciones entre institucionalidad y equidad son fundamentales para la
gobernabilidad de-mocrática futura. En gran medida, de cómo se avance en ambos
planos —enmarcados en contextos económicos internacionales y nacionales
específicos— dependerán las posi-bilidades de que el momento de inflexión se
transforme en una ruta renovadora de la de-mocracia y el desarrollo.
La argumentación, además, sostiene que la crisis y la inflexión
son, ante todo, sociocul-turales. La política y los actores políticos no
estarían en condiciones de resolver los proble-mas políticos institucionales a
menos que sean capaces de gestionar los problemas de la so-ciedad,
particularmente aquellos referidos a la equidad y a la pobreza.
Una pregunta fundamental es cómo cons-truir opciones
político-institucionales que
resuelvan esos problemas. O dicho de otra manera, cómo —en un
contexto de acele-rada globalización— la política y las insti-tuciones de la
democracia procesarán los cambios que vienen experimentando las so-ciedades en
la región.
En este documento se presenta una serie de tendencias
sociohistóricas y reflexiones que pretenden ilustrar y desagregar los
prin-cipales hallazgos de este trabajo. También se plantean perspectivas de
mediano plazo bajo la forma de escenarios básicos, una propues-ta para mejorar
la gobernabilidad en América Latina que contiene algunas pautas básicas sobre
las áreas en las que debe hacerse ma-yor hincapié y, finalmente, se señalan
algunas conclusiones.
I. Problemas y desafíos sociohistóricos
Entre la variedad de problemas y desafíos que viven los
distintos países de la región se han detectado temas que afectan la
gobernabilidad democrática y que constituyen puntos de refe-rencia para los
escenarios políticos de corto y mediano plazo. Al respecto, las principales
ten-dencias observadas son:
Inflexión histórica 213
Las situaciones de crisis
y los riesgos político-institucionales que han venido experimentando buena
parte de los países latinoamericanos problematizan la evo-lución democrática,
están modificando el perfil político de la región y plantean nue-vas formas de
vinculación entre institucio-nes y sociedad.
Más del 30% de las democracias latinoa-mericanas experimentaron
crisis político-institucionales agudas que afectaron las ins-tituciones
centrales de la democracia (Pre-sidencia y Legislatura) durante el presente
siglo.2 En conjunto, estas situaciones de cri-
sis agudas y situaciones de riesgo o de “cuasi crisis” ponen de
manifiesto que la consolida-ción de las democracias latinoamericanas es un
proceso problemático y que su éxito no está asegurado. Asimismo, varios de los
regí-menes democráticos más consolidados están atravesando procesos de
inflexión sociopolí-tica “suave”.3
Un dato empírico clave que incide en la relación entre
instituciones y sociedad está dado por las expectativas insatisfechas de la
población, que combinadas con instituciones públicas frágiles y situaciones
económicas precarias, pueden desencadenar situaciones
Desde el inicio del siglo
XXI, al menos seis países han vivido crisis de esta naturaleza: Paraguay
(2000), Perú (2000), Argentina (2001), Venezuela (2003), Boli-via (2003 y 2005)
y Ecuador (2000 y 2005). De las ocho situaciones de crisis agudas, seis concluyeron
con la caída de los respectivos presidentes (Alberto Fujimo-ri en Perú,
Fernando De la Rúa en Argentina, Gonzalo Sánchez de Losada y Carlos Mesa en
Bolivia, y Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez en Ecuador), ya sea porque la
Legislatura los destituyó o porque renunciaron; una, con participación militar,
culminó con la destitución de Raúl Cubas Grau como presidente de Paraguay e
incluyó el asesinato de un vicepresidente, y la última fue un golpe de Estado
fracasado contra el presiden-te venezolano Hugo Chávez. Hubo otros casos de
cri-sis políticas que se acercaron a situaciones extremas
como las mencionadas, pero sin llegar a un “momento de ruptura”.
Entre estas circunstancias “límite” habría que incluir la de Nicaragua (fines
de 2004 y principios de 2005) y la de Honduras (principios de 2006).
Tal es el caso de
Uruguay. Como afirma Moreira, Uruguay no se encuentra en una situación de
crisis; sin embargo, “la llegada de la izquierda al gobierno marca un punto de
inflexión, que al igual que las cri-sis, significa una excelente ventana de
oportunidad para la búsqueda de un debate público que ponga en común nuestras
distintas visiones y perspectivas sobre el país”. Constanza Moreira, De la
“Suiza de América” al “paisito”: escenarios y prospectivas del Uruguay en la
tercera ola de la democracia, PAPEP-PNUD (Uruguay, 2006).
214 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
de ingobernabilidad.4 Estas situaciones mues-tran las
debilidades y los riesgos que enfren-tan las democracias latinoamericanas y que
probablemente seguirán enfrentando en el futuro. Para contribuir con la
consolidación de la democracia en la región es necesario, entonces, conocer y
entender mejor la natura-leza y las perspectivas de cambio político para buscar
soluciones que avancen en el desarro-llo democrático.
Los problemas
político-institucionales están asociados a los límites de los sis-temas de
representación y a una descon-fianza institucional generalizada, parti-
Luis E. González presenta
un análisis que de-muestra empíricamente la relación entre las fragili-dades
institucionales (índice de efectividad judicial-legal) y las expectativas
insatisfechas (crecimiento del PIB per cápita 1975-2003), comprobando una
asociación moderada pero significativa entre las dos variables. Los seis países
que experimentaron crisis políticas agudas muestran registros negativos en
am-bas variables, mientras que los tres países “consoli-dados” (Chile, Costa
Rica y Uruguay) están en el ex-tremo opuesto. “Las crisis políticas de América
Lati-na en los primeros años del siglo”, en Diego Achard y Luis E. González
(eds.), Política y desarrollo en Honduras, 2006-2009, UNDP-ASDI-AECL-DFID,
Te-gucigalpa, 2006.
cularmente hacia los partidos políticos y los sistemas de
intermediación. El surgi-miento de un ciudadano autónomo, crítico y reflexivo,
las demandas de participación local y de reconocimiento de los movi-mientos
indígenas y de equidad de género son factores que pueden reconfigurar los
mecanismos de representación.
Los problemas institucionales se relacio-nan con la debilidad de
las capacidades de acción política de los diferentes partidos polí-ticos para
representar institucionalmente a la sociedad. Esto se traduce en crisis de
repre-sentación e intermediación política. La con-signa en la Argentina “que se
vayan todos”, la crisis de octubre de 2003 en Bolivia y las demandas de “los
forajidos” en Ecuador, son ejemplos que ilustran el desencanto genera-lizado
con la política y los partidos políticos en la región. En el Informe
Latinobarómetro 2006 se advierte que aunque 58% de los lati-noamericanos
considera que no puede existir democracia sin partidos políticos, sólo 22%
confía en ellos.5
Corporación
Latinobarómetro, Informe Latinobaró-metro 2006 (Santiago de Chile, 2006), en
<www.latino-barometro.org>.
Inflexión histórica 215
América Latina, confianza en las instituciones del Estado (1996,
2000 y 2004). En porcentajes
60%
50% América
Latina
40%
30%
20%
1996 2000 2004
A rgentina B
olivia Bras
il Colom bia
Costa Rica Chile Ec uador El S alvador
Guatem ala Hondu
ras México Nicaragua
P anam á P
ar aguay Perú Urugua y
A mérica Latina
Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de
Latinobarómetro.
En algunos países la crisis de representación se hace más
compleja con las manifestaciones multiculturales, especialmente de los
denomi-nados “pueblos originarios”, dada la histórica incapacidad de los
sistemas institucionales para representarlos. Las demandas de partici-pación y
cambio por parte de los pueblos origi-
narios recorren gran parte de América Latina y están impactando
de forma significativa el sis-tema político, especialmente en Bolivia,
Ecua-dor, Perú y Guatemala.
También se verifica, en muchos de los paí-ses de la región, la
persistencia de los límites institucionales a la participación femenina. La
desigualdad de género es producto de un con-junto de desigualdades culturales y
políticas que se refuerzan mutuamente. Éstas condi-cionan el acceso de las
mujeres a derechos de propiedad, riqueza y educación, limitando su ingreso a
los mercados laborales y, en general, a las esferas de poder. A pesar de los
avan-ces registrados por las mujeres en materia de políticas públicas y
participación política,6
La evidencia empírica
refleja que la participación política de la mujer en los países sujetos a
estudio se ha incrementado, aunque sigue siendo baja. Si bien en Argentina,
Bolivia, Brasil, Ecuador, Honduras, México, Panamá y Perú se han establecido
cuotas que determi-nan un nivel mínimo de representación —entre 20 y 40%— para
las mujeres en las listas partidarias de elec-ciones legislativas, sólo en
Argentina la participación relativa de la mujer en el Parlamento es superior al
30%. De hecho, en los demás países este porcentaje oscila entre 23% (México) y
6% (Honduras). CEPAL, Anuario estadístico de América Latina y el Caribe 2005,
ONU, Santiago, Chile, 2005.
216 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
aún existen importantes límites de los acto-res
político-institucionales para procesar los cambios y las demandas en función de
la equi-dad de género, lo cual afecta negativamente la calidad de la democracia
y la gobernabilidad democrática.
Por último, parece haber una profundiza-ción de las divisiones
regionales subnaciona-les. Se están generando nuevos conflictos y oposiciones
entre lo global, lo local y lo na-cional. Hoy los territorios o regiones buscan
formas propias de legitimidad democrática, autonomía en lo nacional y conexión
directa con la globalización, demandas y aspiraciones que se traducen en
tensiones económicas con manifestaciones políticas y electorales, y en algunos
casos fuertes crisis político-institu-cionales. Este fenómeno se observa
claramen-te en Bolivia (entre el Altiplano y las tierras bajas), cuyas élites
mencionan a los factores regionales como uno de los componentes cen-trales de
la crisis. Pero en muchos otros países se observan fracturas regionales que se
expre-san políticamente (costa-sierra o nortesur). También hay en este plano
tensiones por un nuevo orden institucional emergente.
De distinta manera y con
diferente in-tensidad se ha instalado en el espacio polí-
tico, por una parte, una demanda de mayor participación del
Estado en la gestión del desarrollo y en la expansión de la institu-cionalidad
democrática y, por otra, deman-das de mayor control ciudadano sobre el poder
público.
Buena parte de la población aboga por una nueva relación entre
el Estado y la economía, en la que el Estado genere integración social y
equidad, pero a la vez potencie la economía en el marco de la globalización. De
acuerdo con el Informe Latinobarómetro 2005,7 en pro-medio sólo 31% de los
latinoamericanos en-trevistados considera que las privatizaciones fueron
provechosas. Por su parte, en el Infor-me Latinobarómetro 20068 se indagó sobre
la responsabilidad de la producción de riqueza. Para tal efecto se utilizó una
escala de 1 a 10, en la que 1= el Estado tiene que producir la riqueza y 10=
los privados tienen que producir la riqueza, y se advierte un grado de
estatismo medianamente alto entre los latinoamerica-
Corporación
Latinobarómetro, Informe Latinoba-rómetro 2005, Santiago, Chile, en <www.
latinobaro-metro.org>.
Corporación
Latinobarómetro, Informe Latinoba-rómetro 2006, Santiago, Chile, en <www.
latinobaro-metro.org>.
Inflexión histórica 217
nos, ya que el índice promedio de la región fue de 4.1. En
Argentina, según entrevistas realiza-das a las élites y encuestas de opinión
pública, existe el deseo compartido de que se redefinan las relaciones entre
las empresas y el Estado. Así, 28.5% de los encuestados afirmó que el Es-tado
debe intervenir para garantizar una justa distribución de los beneficios del
crecimiento económico; 45.6% expresó el deseo de que las empresas de servicios
públicos sean reestati-zadas, y 44.7% de que sigan siendo privadas, pero con
mayor control estatal.9 De manera similar, más del 70% de los bolivianos
manifes-tó su deseo de que el Estado tenga mayor par-ticipación en el negocio
del gas.10 En general todos los estudios nacionales realizados res-catan la
idea de fortalecer la estatalidad para fortalecer la gobernabilidad
democrática.
También es probable que esta demanda de mayor intervención
estatal se relacione, por una parte, con las demandas de mayor seguridad social
para los ciudadanos,11 y por
PNUD Argentina, Ronda de
consultas y encuesta de opinión pública, PAPEP-PNUD Argentina, 2005.
PAPEP-PNUD Bolivia.
De acuerdo con datos de
la Organización Mundial de la Salud, la tasa de homicidios por cada 100.000
ha-bitantes en el año 1991 era del 16.7%, mientras que para
otra, con el aumento de acciones anómicas por parte de grupos
sociales excluidos, espe-cialmente de jóvenes, que reflejan los límites de la
cohesión social y cierto grado de frac-tura social.
Por otro lado, se han encontrado deman-das de coordinación entre
la ciudadanía y el Estado a favor de la incorporación de me-canismos para una
mayor participación, así como una consolidación de las instituciones estatales,
con un sentido público y de uni-dad estatal (estatalidad). Entre ambas
ten-dencias se coloca la cuestión de la rendición de cuentas (accountability),
referida a la transparencia, la información y a los meca-nismos de control
ciudadano de las políticas públicas. Las demandas de un Poder Judicial
transparente, autónomo e institucional cons-tituyen un punto de referencia muy
impor-tante para la población. El Índice de Percep-ción de la Corrupción, que
elabora Transpa-rency International, refleja claramente esta situación.
el año 2000 dicha tasa ascendía a 27.5%, en <www.who.
int/violence_injury_prevention/violence/world_report/ en/annex.pdf>.
218 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
América Latina (países seleccionados) Índice de Percepción de la
Corrupción (IPC) 2005. En orden descendente
País Ranking mundial IPC
Chile 21 7.3
Uruguay 32 5.9
Colombia 55 4.0
Brasil 62 3.7
México 65 3.5
Panamá 65 3.5
Perú 65 3.5
Argentina 97 2.8
Honduras 107 2.6
Nicaragua 107 2.6
Bolivia 117 2.5
Ecuador 117 2.5
Guatemala 117 2.5
Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de
Transparency International.
Los problemas de la
desigualdad y la po-breza se ubican en el centro de las tendencias
socioeconómicas y constituyen uno de los fac-tores con mayor incidencia en la
gestación de nuevas opciones políticas y en la gobernabili-dad democrática de
los países estudiados.
Las políticas de reforma estructural que ex-perimentaron los
países de la región han gene-
rado un conjunto de transformaciones socioe-conómicas que
modificaron la conformación de las diferentes sociedades nacionales.
Uno de los cambios más significativos ha sido la creciente
complejización de los proce-sos de diferenciación social, que han afectado la
calidad de las formas de reproducción social.
Si bien los procesos de diferenciación social se han expresado
mediante un incremento de las brechas entre los países en desarrollo y los
países industrializados —y América Latina sigue siendo una de las regiones más
desiguales del mundo, donde incluso se están incrementando las desigualdades y
diferencias entre países—, el principal rasgo de aquéllos radica en que la
mayoría de las brechas al interior han persistido o han aumentado. En buena
parte de los países creció la participación del 20% más rico de la po-blación
en los ingresos de las personas, mientras que la del 20% más pobre se mantuvo
constante o disminuyó.12 También se advierten profundas dis-paridades de
género, territoriales, socioeconómi-cas y étnicas en diversos indicadores
sociales.
13 Entre 1990 y 2005 en
algunos países disminuyó el Coeficiente de Gini (Uruguay, México, Guatemala,
Co-lombia, Honduras y Brasil), en otros países se mantuvo sin variación (Chile,
Nicaragua y Panamá), y en otros aumentó (Argentina, Bolivia y Ecuador). Más
aún, en
Inflexión histórica 219
América Latina (países seleccionados)* Concentración del ingreso
de las personas, 1990 y 2005. En porcentajes
País 20% más pobre
de la población 20% más rico de la
población
1990 2005 Var 1990 2005 Var
Argentina+ 4.1 3.5 -0.6 54.9 57.2 2.3
Bolivia 1.3 1.5 0.2 61.2 64.4 3.2
Brasil 2.1 2.4 0.3 66.8 65.5 -1.3
Chile 3.5 3.7 0.2 60.6 60.4 -0.2
Colombia 3.7 2.9 -0.8 57.8 63.0 5.2
Ecuador+ 4.8 3.8 -1.0 51.9 56.3 4.4
Guatemala++ 2.7 3.7 1.0 62.7 59.3 -3.4
Honduras 2.4 2.4 0.0 65.7 62.4 -3.3
México 3.9 3.7 -0.2 58.7 57.6 -1.1
Nicaragua 2.1 2.5 0.4 61.3 61.7 0.4
Panamá 2.8 2.5 -0.3 60.0 58.2 -1.8
Perú+++ 3.0 3.8 0.8 57.9 55.2 -2.7
Uruguay+ 5.1 4.8 -0.3 51.9 50.7 -1.2
Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de Panorama
social de América Latina 2006, CEPAL, 2007.
Criterio de selección: se
escogieron los países que integran el PAPEP (Argentina, Bolivia, Ecuador,
Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú y Uruguay) y otros que se consideraron
pertinentes para referencia y comparación. + Zonas urbanas.
++ Datos correspondientes a 1990 y 2002.
+++ Datos correspondientes a 1997 y 2003.
2005 solamente Uruguay puede incluirse entre los paí-ses con
baja desigualdad, y gran parte de los países de la región posee niveles de
desigualdad altos o muy altos
(Brasil, Argentina y Honduras). CEPAL, Panorama so-cial de
América Latina 2006, CEPAL-ONU, Santiago, Chile, 2007.
220 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
En materia de género persisten importantes diferencias
salariales —para la misma canti-dad de años de estudios aprobados— entre
varones y mujeres. En promedio, las mujeres ganan aproximadamente un 80% del
salario de los varones. Esta brecha salarial puede generar efectos aún más
negativos, producto del incre-mento de la cantidad de mujeres que son jefas de
hogar.
América Latina (países seleccionados)* Rela-ción de salarios
entre géneros según años de estudios aprobados, 2004 (o año más cercano).
En porcentajes
País 13
y más años Total
de educación
Argentina 2004 76.6 86.6
Bolivia 2002 64.2 74.4
Brasil 2003 61.9 76.7
Chile 2003 69.0 81.7
Colombia 2002 80.0 89.2
Ecuador 2002 72.9 83.7
Guatemala 2002 87.0 82.4
Honduras 2002 68.7 82.8
México 2004 69.6 82.1
Nicaragua 2001 71.9 83.0
Panamá 2002 71.4 82.7
País 13
y más años Total
de educación
Perú 2003 70.8 77.4
Uruguay 2002 66.8 80.8
Fuente: elaboración propia sobre la base de datos del
Anuario estadístico de América Latina y el Caribe 2005,
CEPAL, 2006.
Criterio de selección: se
escogieron los países que integran el PAPEP (Argentina, Bolivia, Ecuador,
Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú y Uruguay) y otros que se consideraron
pertinentes para referencia y comparación.
La diferenciación social también se advierte por medio de las
considerables discrepancias en la proporción de indigentes entre países,
ge-nerando impactos significativos en materia de gobernabilidad: en Bolivia,
Guatemala, Hondu-ras y Nicaragua afecta a más del 30% de la po-blación total,
mientras que en el otro extremo se ubican Chile, Costa Rica y Uruguay, cuyos
niveles de indigencia son inferiores al 10%.13
Sin embargo, no se trata de una pobreza ho-mogénea, sino que
ella misma está diferenciada social y culturalmente, lo que es fácil compro-bar
al observar las diferencias entre los pobres por zona geográfica, género y
origen étnico. En
13 CEPAL, 2007, op. cit.
Inflexión histórica 221
2005, 39.8% de los latinoamericanos se encon-traba por debajo de
la línea de pobreza, pero al considerar exclusivamente las zonas rurales este
porcentaje llegaba hasta el 58.8%.
América Latina (países seleccionados)* Proporción de personas
pobres en zonas rurales y urbanas, 2005
América Latina
Paraguay
Panamá
Nicaragua+
México
Honduras
Guatemala
E cuador
Colombia
Chile
Brasil
Bolivia
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0
Zonas urbanas Zonas rurales
Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de Panorama
social de América Latina 2006, CEPAL, 2007.
Criterio de selección: se
escogieron los países que integran el PAPEP (Argentina, Bolivia, Ecuador,
Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú y Uruguay) y otros que se consideraron
pertinentes para referencia y comparación. Argentina, Perú y Uruguay no
realizan encuestas en las zonas rurales, razón por la que no son incluidos en
este gráfico.
Además —como señalan Mayra Buvinic y Vi-vian Roza— el género y
el origen interactúan entre sí y generan un grado de exclusión social aún
mayor.14 Como consecuencia, los niveles educativos de las mujeres indígenas son
mu-cho menores que los de las mujeres no indíge-nas. Más del 50% de las niñas
indígenas de Bo-livia y Guatemala han abandonado la escuela a los 14 años de
edad.15 Y en Bolivia, Perú y Guatemala las mujeres indígenas tienen ma-yores
probabilidades de obtener empleos de baja remuneración y en el sector
informal.16 A esta interacción negativa se agrega el fac-tor de la zona
geográfica, ya que los pueblos indígenas suelen habitar las zonas rurales que
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Know?, Working Paper, Inter-American Development Bank, Washington, D. C., 2003.
Suzanne Duryea y María
Eugenia Genoni, “Ethni-city, Race and Gender in Latin American Labor Mar-kets”,
en Mayra Buvinic, Jacqueline Mazza y Ruthanne Deutsch (eds.), Social Inclusion
and Economic Deve-lopment in Latin America, IDB/Johns Hopkins Press, Washington,
D. C., 2004.
222 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
presentan niveles de pobreza superiores a los de áreas urbanas.
La gobernabilidad y las políticas públicas relativas a la
pobreza deben tomar en consi-deración la complejidad y la heterogeneidad de la
desigualdad y de la misma pobreza para ser efectivas. La relación entre
gobernabili-dad y desigualdad social también está asocia-da con la subjetividad
de las personas, con la disposición social a cambiar la situación, con la
frustración de expectativas por parte de una población más educada, con el
com-portamiento limitado de las élites, y muy es-pecialmente con la dinámica de
los viejos y nuevos conflictos socioculturales. Enfrentar la cuestión de la
pobreza y la inequidad signi-fica sobre todo potenciar la acción de las
so-ciedades y los Estados para generar políticas que fortalezcan las
capacidades ciudadanas de los más pobres y excluidos. Los mismos pobres y/o
discriminados estarían buscando transformar sus necesidades en demandas que se
expresen en el sistema político y ge-
neren resultados. Lo que estaría en juego en la gestión de la
gobernabilidad democrática es la capacidad de gestión del cambio que ya está en
curso.
Frustración de
expectativas entre la población
Un factor crucial de la relación entre cam-bio
políticoinstitucional y cambio social es una creciente frustración de
expectativas en la población, resultado de los serios proble-mas de desigualdad
y pobreza descritos, su-mado al incremento de los niveles de educa-ción y
acceso a los medios de comunicación tradicionales y nuevos. El resultado son
so-ciedades más expuestas al consumo cultural y con mayor educación, pero sin
los medios para satisfacer las demandas que tal exposi-ción provoca, lo que
conduce a una frustra-ción de expectativas. Probablemente ésta constituye una
de las principales fuentes de conflicto y malestar que afectan a la
goberna-bilidad democrática.
Inflexión histórica 223
América Latina (países seleccionados)* Indicadores de
tecnología. Por cada 100 habitantes
País Líneas
telefónicas y Computadoras personales Usuarios de Internet
teléfonos móviles
1990 2004 1998 2004 1996 2004
Argentina 9.3 58.1 5.5 8.2 0.2 16.1
Bolivia 2.8 27.0 0.8 2.3 0.2 3.9
Brasil 6.5 59.8 3.0 10.7 0.5 12.2
Chile 6.7 83.6 6.3 13.9 0.7 27.9
Colombia 6.5 40.1 3.0 5.5 0.5 8.9
Ecuador 4.8 39.1 1.9 5.5 0.1 4.7
Guatemala 2.1 34.0 0.8 1.8 0.0 6.0
Honduras 1.7 15.7 0.8 1.6 0.0 3.2
México 6.6 53.9 3.7 10.7 0.2 13.4
Nicaragua 1.3 16.8 1.9 3.5 0.1 2.2
Panamá 9.3 38.8 2.7 4.1 0.2 9.5
Perú 2.6 22.1 3.0 9.7 0.3 11.6
Uruguay 13.4 49.4 9.1 13.3 1.9 21.0
América Latina 6.4 50.1 3.4 9.1 0.3 11.9
Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de Panorama
social de América Latina 2006, CEPAL, 2007.
Criterio de selección: se
escogieron los países que integran el PAPEP (Argentina, Bolivia, Ecuador,
Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú y Uruguay) y otros que se consideraron
pertinentes para referencia y comparación.
En este contexto, la ciudadanía ya no se sa-tisface con las
ofertas políticas (percibidas como no cumplidas) ni con las opciones de una
prometedora economía de mercado. Los
ciudadanos tienden a ser más realistas, crí-ticos e informados y
poseen una visión más clara, en términos de su autonomía y libertad de acción.
224 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
Un elemento que coadyuva
a las crisis institucionales se refiere a la debilidad de liderazgo nacional de
las élites dirigentes.
Pareciera que los cambios y las limitacio-nes estructurales de
un liderazgo social y po-lítico, particularmente de los grupos de po-der,
inciden en el bajo perfil institucional de la mayoría de los países de la
región. Por tal motivo, cabe preguntarse qué capacidad po-seen las élites para
articular una visión y una práctica nacional para resolver los problemas
socio-institucionales en los marcos de una go-bernabilidad global.
Por otra parte, la percepción de las élites es de especial
relevancia para explorar la evolu-ción de la gobernabilidad democrática. En las
entrevistas realizadas por el PAPEP a 206 líde-res empresariales, políticos y
sociales, existe un consenso generalizado respecto a que tanto los problemas de
pobreza como los de institu-cionalidad constituyen los principales proble-mas
de la democracia en la región. La informa-ción obtenida por el Observatorio
Regional del PAPEP indica que: a) alrededor de 50% de las élites de Argentina,
Brasil y México consideran que la pobreza y la inequidad son las causas
re-currentes de los problemas de la democracia en la región; b) la mayoría de
las élites euro-peas cree que el principal problema de América
Latina es la mala distribución del ingreso y la pobreza
estructural y; c) las élites de Estados Unidos se encuentran divididas, ya que
un 47% cree que el principal desafío de América Latina son las falencias
institucionales, y el 44% la po-breza y la desigualdad.17
Asimismo, la opinión pública coincide con las élites respecto a
que la pobreza y la des-igualdad afectan el funcionamiento de la de-mocracia en
América Latina. De acuerdo con el Informe Latinobarómetro 2005, según una
escala de 1 (para los más pobres) a 10 (para los más ricos), en promedio los
latinoamericanos se autocalifican con 3.66. En el Informe Latin-obarómetro 2006
se señala que más del
66% de los latinoamericanos considera que los países son
gobernados por unos pocos gru-pos poderosos que sólo buscan su beneficio
propio. Incluso en Ecuador, Nicaragua, Pana-má y Guatemala, menos del 20% de
sus habitan-
Observatorio Regional
PAPEP, Situación actual y perspectivas de América Latina, según élites
político-profesionales de EE.UU., élites europeas y élites de Ar-gentina,
Brasil y México, PAPEP-PNUD, 2006 y 2007.
Inflexión histórica 225
tes cree que se gobierna para beneficiar a toda la población.18
Por su parte, en Argentina las élites están parcialmente
“sintonizadas” con la percepción de los ciudadanos, ya que a diferencia de
éstos, muestran cierta renuencia a valorar la evolu-ción de los años recientes
y priorizar la lucha contra la pobreza.19 En Honduras, el despres-tigio de las
élites afecta particularmente a los jueces (51% de los hondureños no confía en
ellos) y a los diputados del Congreso Nacional (71% de la población desconfía
de ellos).20
Pareciera que orientaciones culturales tradi-cionales de las
élites —referidas a la falta de aus-teridad y de solidaridad y a la escasa
articulación entre fines y medios— persisten en la región y explicarían la
distribución desigual del poder y
Corporación Latinobarómetro, 2006, op. cit.
20 Las mayores discrepancias se observan entre los empresarios, ya
que sólo un 17% de ellos considera que la pobreza es el principal problema del
país, mientras que 30.2% de los argentinos encuestados mencionó el desempleo y
la pobreza como los dos problemas que más afectan al país. PNUD Argentina,
Ronda de consul-tas y encuesta de opinión pública, op. cit.
PNUD Honduras, Honduras: los acuerdos son po-sibles. La experiencia
de la Comisión Política de los Partidos Políticos, Ed. Guaymuras, Tegucigalpa,
2005.
las percepciones de la opinión pública. Sin em-bargo, también se
han descubierto cambios en el patrón de comportamiento de las élites o la
emergencia de nuevas élites con orientaciones culturales diferentes. Un mayor
conocimiento de las élites —los cambios en su composición, sus formas de
socialización y orientaciones— ayudaría a una mejor construcción del mapa
político, que constituye un factor clave para ob-tener un diagnóstico de las
tendencias sobre la gobernabilidad democrática en la región.
En términos generales,
aumentaron los conflictos sociales y su intensidad, pero también se
fragmentaron. Se trata, en al-gunos casos, de conflictos de reacción y
protesta, y en otros, de nuevas fuerzas so-cioculturales que configuran nuevas
opcio-nes políticas. Estos conflictos revelan las dificultades de las
instituciones y del Esta-do para lograr integración, reconocimien-to y progreso
social. De alguna manera, se están gestando nuevos mapas políticos que no
tienen un único referente de orienta-ción sino varios, intensos y limitados.
Por eso se puede calificar a estas sociedades como policéntricas.
Los ciudadanos buscaron otros canales para expresar sus demandas
y su malestar
226 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
con la política, tanto a través de organizacio-nes alternativas
con capacidad de cuestio-namiento y protesta que debilitan al Estado, como de
movilizaciones en las calles. Varias de estas movilizaciones confluyeron en
pro-yectos políticos alternativos como los del Mo-vimiento al Socialismo (MAS)
en Bolivia, o en apoyo a fuerzas progresistas en varios países del continente.
También se observan conduc-tas “anómicas”, sobre todo por parte de los jóvenes
contra un orden que no reconocen ni los integra.
En síntesis, los problemas de institucionali-dad y de inequidad
y pobreza se refuerzan mu-tuamente, además de ser afectados por la si-tuación
social preexistente. Esto marcaría con fuerza los límites de la democracia en
la región y perfilaría escenarios muy difíciles. De allí la importancia crucial
de vincular reforma social con reforma político-institucional para mejorar la
gobernabilidad democrática.
Los espacios de comunicación, sean los tradicionales o las nuevas
redes electró-nicas, son cada vez más fundamentales para entender los espacios
y las agendas de poder y cambio político. El conjunto de los actores políticos
y sociocultura-les participa y toma decisiones en este
ámbito. La gobernabilidad no puede ser entendida fuera de estos
espacios de co-municación.
Un fenómeno de especial relevancia es la mediatización de la
política a través de la te-levisión y, más recientemente, por los medios de
comunicación horizontales: Internet, celu-lares, etc. La arena de expresión o
representa-ción de la política es cada día más mediática. Los medios de
comunicación se caracterizan principalmente por ser los espacios donde se
expresa el poder. En América Latina, de acuer-do con datos del Informe
Latinobarómetro 2006, la televisión y la radio se encuentran entre las instituciones
más confiables: 69% y 64% de los consultados, respectivamente, afir-man confiar
en ellas. Además, la televisión es el medio de información más utilizado: 83%
de los latinoamericanos se informaron por las noticias de la televisión en
2006.21 De he-cho, en las rondas de consultas realizadas a 231 líderes de
América Latina, 65% identificó a los medios de comunicación como uno de los
principales poderes fácticos en la región.22
Corporación
Latinobarómetro, 2006, op. cit.
PNUD, La democracia en
América Latina. Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos, Aguilar,
Altea-Taurus, Alfaguara, Buenos Aires, 2004.
Inflexión histórica 227
Por ejemplo, en Bolivia los medios de comu-nicación, en
particular la televisión, también tienen un creciente impacto en el ejercicio
de la política.23
En Ecuador, durante “La rebelión de los fo-rajidos” (abril de
2005), decenas de miles de familias convocadas por correo electrónico y
telefonía celular ocuparon las calles de Quito, lo que condujo a la renuncia
del presidente Lu-cio Gutiérrez. Por lo general, este espacio me-diático
determina la dinámica de los sistemas de representación política, condiciona la
legi-timidad institucional en la región y plantea la cuestión del surgimiento
de la democracia de lo público. Este es un tema que necesita de ma-yor
investigación y discusión.
II. Escenarios básicos
Las perspectivas económicas de la economía mundial para los
próximos dos años son fa-vorables, aunque se prevé un nivel de creci-miento
menor a partir de 2007. Para América Latina se prevé una tasa de crecimiento
posi-
23 PNUD Bolivia, Informe Nacional de Desarrollo Humano en
Bolivia 2004. Interculturalismo y globa-lización: la Bolivia posible, Plural,
La Paz, 2004.
tiva —que en 2006 será de aproximadamente 5%— y una leve
desaceleración en 2007.24 Esta desaceleración se explica por el menor ritmo de
actividad económica mundial y por el posi-ble aumento del precio del petróleo.
La mode-ración del crecimiento será acompañada por una convergencia regional en
torno a la tasa de crecimiento promedio de América Latina y el Caribe. En este
sentido, es posible clasificar a los países en dos grupos: a) países con tasas
de crecimiento excepcionalmente altas en 2004 (Argentina y Uruguay) que
crecerán a un ritmo más cercano a la media y; b) países con cre-cimiento
inferior al promedio (Bolivia), cuyo crecimiento se acelerará.
La actividad de la economía de la región será impulsada, en gran
parte, por la demanda externa. Al respecto, se espera un incremento de 6.4% en
los términos de intercambio para la región y aumentos aún mayores para los
países exportadores de petróleo, gas y mine-rales metálicos (por ejemplo,
Chile, Venezue-la, Perú y Bolivia). También se espera que los precios del café
y del azúcar se mantengan en
CEPAL, Primer informe sobre proyecciones econó-micas para el PAPEP,
División de Estadística y Proyec-ciones Económicas, Centro de Proyecciones
Económi-cas, Santiago, Chile, 2006.
228 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
los altos niveles actuales, al igual que las re-mesas que
efectúan los emigrantes a sus paí-ses de origen.
Las proyecciones de la economía son relati-vamente positivas
para la región en el mediano plazo. Sin embargo, no se trata por lo general de
un crecimiento con calidad que genere auto-máticamente mayor equidad social o
un creci-miento que pueda articularse adecuadamente con la política y las
instituciones. Entonces cabe preguntarse cómo afectará este creci-miento la
dinámica socio-institucional, cómo promoverán las orientaciones del crecimiento
económico dinámicas de equidad social y cuál será el rol del Estado nacional.
Las diversas fuerzas políticas están plan-teando distintos modos
de integración de las demandas sociales y de la presión popular. En este
contexto es posible visualizar cuatro orientaciones políticas generales y tres
tipos de escenarios.
En relación con las orientaciones, se ha ela-borado una
tipología25 sobre las características políticas predominantes en la región:
Esta tipología de
carácter cualitativo ha sido ela-borada sobre la base de discursos de líderes
políticos, programas partidarios y los resultados electorales.
a. Modernización conservadora: moderniza-ción del sistema de
partidos; retorno y refor-zamiento de la autoridad; reforma institucio-nal para
vincular actores y sistemas; re-legi-timar la autoridad sobre la base de
valores indiscutibles y compartidos; orden moral aso-ciado a la expansión del
mercado; asociación ideológica a Estados Unidos.
b. Reformismo práctico: renovación y recrea-ción del sistema de
partidos; orden laico; construcción de alianzas; el Estado busca una gestión
institucional que combine cre-cimiento económico con políticas de inclu-sión;
sistema de partidos moderno; relación pragmática con Estados Unidos.
c. Nacionalismo popular: busca hegemonía política; Estado
central en la organización del desarrollo y la democracia; moviliza-ción de
masas; liderazgo carismático legi-timado por la democracia; prima la
redis-tribución por sobre la producción; antiim-perialismo.
d. Indigenismo neo-desarrollista: participa-ción política
ampliada y democracia deli-berativa; movimientos sociales e indígenas fuertes;
Estado que negocia con las empre-sas transnacionales y busca inclusión; orden
igualitario; antiimperialismo moderado.
Inflexión histórica 229
Por lo tanto, las preguntas más relevantes se refieren a cómo
estas orientaciones plantean resolver las siguientes cuestiones: ¿Cómo se
gestionan las demandas de la sociedad y cómo se distribuye la riqueza? ¿Cómo se
opera en condiciones de movilización social creciente, particularmente en los
casos de países con im-portantes recursos naturales? ¿Cómo se logra un control
político democrático del conjunto del aparato de Estado? En suma, ¿cómo se
combina crecimiento, transformación institu-cional y distribución del poder?
En relación con los escenarios de gober-nabilidad, en la
situación ideal se lograría un círculo virtuoso entre reformas sociales y
transformaciones institucionales con una alta capacidad de anticipación y de
gestión del conflicto. El resultado sería una goberna-bilidad progresiva y un
dinamismo econó-mico sostenible. En un segundo escenario, de carácter inercial,
persistiría un divorcio entre lo social y lo institucional: se realiza-rían
reformas políticas y sociales mínimas indispensables para mantener una
goberna-bilidad económica mínima; las capacidades de anticipación y gestión de
conflictos serían irregulares. En un tercer escenario, se gene-rarían
explosiones sociales, fragmentación de conflictos y quiebres institucionales
que
pueden llegar incluso a situaciones de caos social, crisis
económica y regresiones demo-cráticas; la capacidad de gestión del conflicto y
de anticipación sería muy baja.
En la realidad los escenarios probables es-tán condicionados por
las capacidades polí-ticas de los actores nacionales para articular los cambios
internos con su participación en el cambio internacional. Probablemente se
si-tuarán entre los tres parámetros mencionados, combinando de diferentes
maneras institucio-nalidad, equidad-pobreza y capacidad de in-novación por
parte de los actores del sistema político, posiblemente con distintos pesos en
cada componente y con trayectorias políticas diversas. Algunos privilegiarán
avances en ins-titucionalidad y buscarán disminuir la pobre-za, mientras que
otros buscarán equidad con escasos avances institucionales, quizás otros
busquen combinaciones sui generis. En fin, se presentarán diversas
combinaciones como resultado de las acciones y las orientaciones políticas
prevalecientes en la región.
Los escenarios se desarrollan en un ámbi-to de cambio y riesgo
constantes. La forma en que los riesgos sean transformados en opor-tunidades y
de cómo se pueda vivir la misma incertidumbre —inherente al cambio moder-no—,
seguramente influirá en la conformación
230 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
de trayectorias políticas que pueda asumir la sociedad en
cuestión. Las bases instituciona-les previas y los avances registrados, en
térmi-nos de equidad y de lucha contra la pobreza, constituyen otros
importantes antecedentes de las trayectorias políticas. En el mismo sen-tido,
la fuerza y la calidad de la participación ciudadana jugarán un rol central en
la calidad del cambio. Donde se potencien a ciudadanos capaces de construir y
optar por alternativas asumiendo riesgos, las oportunidades de una evolución
virtuosa serán mayores. En suma, la calidad de la matriz política lograda
constitui-rá un factor decisivo.
Los escenarios de mediano plazo que se plantean en los
diferentes estudios naciona-les prefiguran las tendencias probables por las
cuales atraviesan los países de la región inclui-dos en el proyecto PAPEP.26
Pautas para una agenda de gobernabilidad democrática
El momento de inflexión histórica que vive América Latina
incluye nuevas posibilidades
26 Para mayor detalle
véase <www.papep.org>.
para combinar la oportunidad económica que vive hoy la región
con el fortalecimiento de la capacidad de los actores políticos y
sociocul-turales para impulsar un nuevo ciclo de demo-cracia y desarrollo en
función de más y mejor equidad social. Las opciones políticas son va-riadas y
el desafío consiste en comprender y actuar sobre los cambios que están
ocurriendo, a partir de las nuevas tendencias que se dan en la sociedad, la
economía y la política. En todos los países está surgiendo una nueva forma de ciudadanía
y nuevas maneras de vinculación entre sociedad y Estado. Parece probable que
suceda una redistribución social del poder. Al-gunos de los temas que pueden
dar lugar a la elaboración de una agenda para la acción son:
Recuperar y fortalecer la
ética políti-ca en función de la equidad y el respeto a las instituciones. Es
necesario promover una cultura política que valore el bien público, pero
asociada con rigurosas políticas de con-trol de la actividad pública. Por lo tanto,
es ne-cesario reforzar el control ciudadano y el de-sarrollo de instituciones
independientes con poderes específicos de investigación judicial, e incluso
permitir la auditoría de organizaciones internacionales (por ejemplo,
Transparency International).
Inflexión histórica 231
Vincular la renovación de la política con los cambios experimentados
por la sociedad (nueva estructura social, nuevos mecanismos de reproducción
intercultural, nuevos patrones de socialización, desarrollo de la sociedad-red,
importancia estratégica de la migración, etc.) y con los nuevos desafíos que
representa la globalización. Esto supone reconstruir la capacidad de gestión
política de la sociedad, fortalecer a los actores políticos y socioculturales,
incrementar la capacidad de análisis autónomo e independiente en los paí-ses
(universidades, centros académicos, etc.) para elaborar propuestas de corto y
media-no plazo, impulsar procesos de deliberación, construir opciones
compartidas, establecer nuevas gramáticas del conflicto y orientar la
renovación en función de resultados que le-gitimen la propia acción política.
Se trata, en definitiva, de agendas enfocadas a gestionar la innovación de la
política. Ningún partido polí-tico posee, individualmente, los recursos para
dirigir los procesos de desarrollo, por lo que la nueva complejidad social
requiere una coordinación policéntrica, una red de nego-ciaciones y acuerdos y
avanzar, sin negar su valor intrínseco, más allá de las demo-cracias puramente
electorales. Los partidos políticos no pueden renovarse sólo desde el
interior del sistema de partidos, sino a par-tir de una nueva
relación establecida entre Estado y sociedad.
Proponer nuevas formas de
represen-tación y participación para recuperar la confianza en el sistema de
partidos y en las instituciones de la democracia. Esto significa incluir los
temas de reconocimiento cultural en el juego institucional. Dicha in-clusión
supone el reconocimiento de formas históricas de autogobierno, y sobre todo el
reconocimiento de la interculturalidad en to-dos los ámbitos de la vida pública
y la gene-ración de mecanismos institucionales (como, por ejemplo, asambleas
indígenas, regionales, etc.) con derechos específicos dentro de la estructura
institucional del Estado. También implica asumir la representación y la
delibe-ración pública como forma de auto-organiza-ción que promueva nuevos
canales de parti-cipación, tanto temáticos como territoriales. Por otra parte,
parece fundamental conectar la participación social y multicultural con los
gobiernos locales y regionales para fortalecer a la sociedad civil local y
regional, y sobre esa base, reforzar la autonomía territorial, mante-niendo el
principio de subsidiariedad y la uni-dad del Estado.
232 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
Esto también involucra el uso de los medios de comunicación
electrónica para el libre ac-ceso a la información pública, como medio de
consulta, interacción y debate, y para asegurar la igualdad de oportunidades,
expandiendo su uso comunitario y favoreciendo a la ciudadanía con la ampliación
de equipamientos y fondos públicos para el ejercicio de la participación
democrática.
Se trata, además, de buscar formas innova-doras de
financiamiento público a las institu-ciones de la sociedad civil para
fortalecer la participación y la ciudadanía. Resulta funda-mental en esta
perspectiva el trabajo coordi-nado entre sociedad civil y Estado en función del
bien común. Sin embargo, la sociedad civil no puede ser confundida con un
partido o con una propuesta de poder; no puede tener una estrategia acabada de
transformación social. Cualquier aspiración de copar el espacio públi-co por un
actor social o cultural o un proyecto político, implica negar el propio espacio
de la diversidad y la libertad, factor imprescindible para que la sociedad
civil misma pueda expan-dirse. Es esencial fortalecer las capacidades de
autonomía de las personas y de la sociedad ci-vil, son el mejor remedio contra
cualquier tipo de hegemonía o absolutismo. El desafío, en-tonces, consiste en
comprender y fomentar la
articulación de los distintos actores, intereses y orientaciones
en nuevos espacios de delibe-ración y participación que generen una nueva
cultura cívica y política y promuevan opciones de democracia y desarrollo.
Aumentar la capacidad de
acción del Es-tado. El mercado y el Estado, en una concep-ción renovada del
desarrollo, pueden actuar de forma concomitante en función de la sociedad y la
provisión de bienes públicos. Esto es lo que actores y orientaciones renovadas
de la política y el desarrollo han manifestado recientemente. La reorganización
e innovación del Estado po-see, al menos, tres aspectos:
–– La inserción en los mercados globales se rige por el paradigma
de competitividad sis-témica; es decir, no por la competitividad de una u otra
empresa, sino por las capaci-dades organizacionales y gerenciales de un país
para articular factores económicos y no económicos. La competitividad implica
un rol coordinador del Estado en los distintos procesos de competitividad
sistémica.
–– El peso del mercado, y sus tendencias dis-gregadoras, otorgan
un rol primordial al Estado como instancia para asegurar la co-hesión social.
La reformulación del Estado
Inflexión histórica 233
de bienestar y de las políticas de desarrollo representan un
paso clave para la viabilidad del desarrollo.
–– El Estado de derecho comprende la acción ciudadana autónoma; en
suma, un Estado democrático capaz de expresar y de cohe-sionar a la comunidad
ciudadana.
Es evidente la necesidad de incrementar la ca-pacidad de acción
de un Estado legítimo capaz de participar en la globalización en nombre de la
sociedad y en relación constante con ella. La capacidad de cohesión social, que
por hoy sólo puede ser ejercida por el Estado, permitirá, de acuerdo con los
intereses de la nación, vincular crecimiento económico, políticas distributivas
y políticas de desarrollo, a fin de mejorar la jus-ticia social y reducir la
pobreza. Es fundamen-tal la regeneración de las instituciones del Es-tado, lo
que supone a la vez el fortalecimiento de una sociedad autónoma del Estado, que
sólo se puede definir en cada país según las situa-ciones históricas
particulares.
En síntesis, parece esencial el fortaleci-miento de la
“estatalidad” —es decir, la capa-cidad y legitimidad del Estado para asumir y
desempeñar efectivamente el rol de agente de desarrollo y de la democracia—, y
puede con-
cebirse desde diferentes ángulos que exceden la función de
asistencia técnica: la integralidad de los programas nacionales, a partir de su
vi-sión agregada e intersectorial; la necesidad de coordinación, a través de
áreas programáticas específicas y de jurisdicciones institucionales; la
“endogeneización” de mecanismos de trans-parencia en la gestión y de
responsabilidad, no sólo por parte del poder político, sino de los actores
privados y organizaciones de la socie-dad civil; la “internalización” de la articulación
público-privada en el desarrollo e implementa-ción de programas y proyectos, y
la adaptación de políticas e instrumentos a las diferentes rea-lidades a nivel
nacional y a los retos de la arti-culación nación-municipios.
Los avances
imprescindibles en el plano de la equidad deben estar asociados con el
fortalecimiento y la renovación de las instituciones de la democracia. Es
impres-cindible el círculo virtuoso entre equidad e ins-titucionalidad, en
función de valores y metas sociales compartidas. La equidad, primero que nada,
supone el reconocimiento práctico de la igualdad entre todos y la eliminación
definiti-va de prácticas estamentales y clientelares, tan comunes en la vida
política de nuestra región. Es importante promover una cultura política
234 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
práctica asociada con mecanismos de sanción institucional
respecto a la discriminación étni-ca, de género, de minorías migrantes y otros
grupos minoritarios. La equidad no solamen-te se refiere a una distribución
desigual, sino también a las demandas y disposiciones de los ciudadanos, no
sólo para reconocer sino para cambiar la situación de inequidad a la cual están
sometidos diversos grupos sociales. En este sentido, el problema estructural de
la po-breza y la desigualdad en América Latina nece-sita ser entendido como un
problema político, por lo tanto está asociado con una política que busque que
los pobres y excluidos transformen sus necesidades en demandas que actúen en el
sistema institucional.
El fortalecimiento de un
ciudadano autónomo y activo. Es de gran importancia fortalecer y legitimar las
prácticas de una ciu-dadanía más activa y autónoma por parte de los ciudadanos.
Buscar que ellos estén más informados y arraiguen mejor su autonomía y
libertad, fortalecer su capacidad de hablar y de ser escuchados. Los partidos
políticos ya no pueden imponerse sin escuchar, gobernar sin convencer, y deben
responder cada vez más a exigencias de verdad, transparencia y respeto
ciudadano. Es fundamental la renovación de
los sistemas de representación y actuación po-lítica, dado el
surgimiento y establecimiento de esta ciudadanía autónoma y activa, y la
apertu-ra de espacios políticos deliberativos.
Los medios de
comunicación y la con-figuración del espacio público. Las socie-dades
latinoamericanas están cada vez más interconectadas. Los ciudadanos se informan
y conforman sus posiciones de interés público a partir de la deliberación que
ocurre en es-pacios abiertos, especialmente en los medios de comunicación y las
nuevas tecnologías de información. Los ciudadanos escuchan y se hacen oír,
además, mediante la opinión públi-ca y su vinculación con los medios de
comuni-cación. Si bien las tendencias al control priva-do de la comunicación
pública son evidentes, parece fundamental que los ciudadanos desa-rrollen
nuevas capacidades tecnológicas que les posibiliten nuevas formas de
participación y comunicación mediante el uso de teléfonos celulares, blogs, Internet,
etc. Las innovacio-nes tecnológicas de la información son pode-rosas fuerzas de
un nuevo tipo de comunica-ción personal, participativa e interactiva. La
comunicación electrónica puede facilitar la deliberación entre distintos, la
formación de opiniones y la difusión de ideas. Parece rele-
Inflexión histórica 235
vante la formulación de propuestas políticas donde se abran
nuevas formas de participa-ción y de control ciudadano sobre la acción de las
instituciones públicas, nuevas propues-tas que se sometan al debate público
usando estos sistemas de comunicación, que tienden a ser cada vez más
persuasivos en la vida co-tidiana. El futuro de la gobernabilidad demo-crática
está vinculado a la transformación de esferas públicas tradicionales en
sistemas de comunicación interactiva. Da la impresión de que la política del escándalo
o la conspiración difícilmente puede tratarse limitando a los medios de
comunicación; lo fundamental es fomentar la deliberación y limitar la
corrup-ción. Resulta esencial aumentar y mejorar el acceso de los medios de
comunicación a las fuentes de información sobre la corrupción para incidir en
su disuasión, y es fundamental un estatuto de protección del periodista, así
como medidas compartidas con los medios para regular sus acciones.
Bibliografía
Arias, Omar y Suzanne Duryea 2003 Social Exclusion Due to Race
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Panorama electoral
de América Latina
¿Qué reemplaza al modelo neoliberal?*
Una coyuntura de inflexión y cambio
La cuestión principal que caracteriza el juego político actual
en América Latina se organiza en torno a la pregunta: ¿qué reemplaza al
“mo-delo neoliberal”?
La región viene atravesando en los últimos años un proceso de
inflexión y cambio, tan-to en términos económicos como políticos. Tales cambios
son producto, por un lado, de reformas estructurales que buscaron la
libe-ralización de la economía y el comercio y la privatización de diversos
servicios públicos, para promover economías de mercado que se insertaran mejor
en los procesos de glo-balización. En la mayoría de los países, estos cambios
no generaron los resultados espera-dos y, más bien, produjeron saldos negativos
Este texto fue publicado
originalmente en la revista Nueva Sociedad, número especial, marzo de 2006.
en términos de pobreza y equidad. Por otro lado, los cambios son
efecto de las reformas democráticas, en las que se avanzó en cuan-to a régimen
político, pero no en términos de mayor participación ciudadana. En varios
casos, se viven crisis político-institucionales que limitan o cuestionan la
misma evolución democrática.
Cuando se mantuvo cierta coherencia entre comportamiento y
propuestas de los actores sociopolíticos, cuando se aplicaron las re-formas de
manera más o menos heterodoxa y cuando las condiciones económicas lo
per-mitieron, se pudo enfrentar mejor las diversas crisis y los resultados en
términos de desa-rrollo y democracia fueron mejores. El caso paradigmático es
Chile. Mientras que, en los casos en que las matrices sociopolíticas eran
incoherentes e inestables, los recursos eco-nómicos insuficientes y las reformas
estruc-turales se aplicaron de manera más o menos ortodoxa, los resultados en
términos de de-
238 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
mocracia y desarrollo fueron precarios ya que hubo crisis
institucionales y sociales muy gra-ves. Ésta es la situación de la mayoría de
los países de la región, que condiciona los ritmos de evolución de la
democracia y el desarrollo en el futuro. Casos típicos serían los de Boli-via o
Ecuador.
Las respuestas para reemplazar al “modelo neoliberal” no pueden
ser homogéneas y de-berían asociarse con los procesos políticos y
socioeconómicos específicos. Las consecuen-cias de dichos cambios se vienen
expresando a través de opciones electorales, de crisis e inestabilidad
política, que implican nuevos problemas y desafíos para la democracia, y de
demandas de cambios en las orientaciones de las políticas nacionales. Da la
impresión de que la región ha entrado en un momento de inflexión histórica respecto
de lo vivido en los últimos 20 años, lo que se expresa tanto en forma de crisis
como de transformaciones políticas. Casi ninguna fuerza política se plan-tea
hoy hacer más de lo mismo para mejorar en el futuro.
En este contexto, han surgido problemas de nuevo tipo que
afectan la dinámica política y electoral en la región. De cómo las distintas
propuestas respondan a los problemas, en las nuevas coyunturas electorales,
dependerá
en gran medida el futuro político de América Latina. En términos
generales, los problemas políticos que enfrenta la región pueden desa-gregarse
en dos grandes categorías altamen-te relacionadas: político-institucionales, y
de equidad y pobreza.
La primera categoría se refiere a la nece-sidad de reconstituir
las instituciones y al re-torno del Estado en los nuevos marcos de la
globalización (y no como el Estado desarro-llista de los años cincuenta). Cómo
pensar un Estado congruente con la globalización es un tema que resulta
fundamental para el futuro. Los problemas institucionales de la región son
históricos y se manifiestan, principalmente, en las crecientes demandas de la
población de un Estado activo y regulador (sólo el 31% de los latinoamericanos
considera que las privatiza-ciones fueron provechosas). Estos problemas
institucionales, relacionados con la debilidad de la capacidad de acción
política de los dife-rentes actores para representar institucional-mente a la
sociedad, se tradujeron en una crisis de representación y de intermediación
política. Por ejemplo, en el Informe Latinobarómetro 2005 se advierte que,
aunque el 54% de los la-tinoamericanos considera que no puede existir
democracia sin partidos políticos, sólo el 19% confía en ellos.
Panorama electoral de América Latina 239
La segunda categoría de problemas que afec-tan a las democracias
latinoamericanas se re-fiere a las cuestiones de pobreza y equidad. Las
sociedades latinoamericanas viven una comple-ja mutación signada por los
procesos de diferen-ciación social, exclusión ampliada e inclusión limitada.
América Latina se “destaca” por ser la segunda región más desigual del mundo,
sólo su-perada por el África subsahariana. Según cifras del Informe de
Desarrollo Humano 2005, el co-eficiente de Gini —índice que mide la desigual-dad—
de la región alcanza el 0,571, mientras que el de los países de la OCDE es de
0,3681. Además, si bien en algunos países (como Uruguay, Méxi-co, Chile,
Guatemala, Colombia y Honduras) el coeficiente de Gini disminuyó entre 1990 y
2002, en la mayoría aumentó. En 2002, solamente Uru-guay puede incluirse entre
los países con bajo nivel de desigualdad, mientras que la mayoría de los países
(como Brasil, Argentina y Honduras) posee niveles de desigualdad altos o muy
altos.2
Para mayor detalle, véase
UNDP, Human Develo-pment Report 2005. International Cooperation at a
Crossroads: Aid, Trade and Security in an Unequal World, Hoeschtetter Printing
Co., Nueva York, 2005.
Para mayor detalle, véase
CEPAL, Objetivos de de-sarrollo del milenio: una mirada desde América Lati-na y
el Caribe, CEPAL, Santiago de Chile, 2005.
Un fenómeno particularmente interesante de América Latina es la
creciente frustración de expectativas o malestar cultural por parte de la
población. En los últimos años hubo no-tables avances en indicadores de
desarrollo humano, como la reducción de la mortalidad infantil y la expansión
de las expectativas de vida; también mejoraron sustantivamente los indicadores
relativos a tecnología y comunica-ción. Pero, como ya se indicó, los rezagos en
materia de pobreza y desigualdad son enor-mes.3 El saldo es una sociedad más
expuesta al consumo cultural (radio, TV, etc.) y con mayor educación, pero sin
los medios para satisfacer las demandas que tal exposición provoca.
Ante este tipo de problemas, la política ha vuelto a las calles
en muchos países: aumentó la protesta social y la cantidad de organizaciones
alternativas. Los ciudadanos buscan diversos canales para expresar su malestar
con la políti-
En este sentido, es
importante señalar que, de acuerdo con el Informe Latinobarómetro 2005, en el
59% de los hogares de la región al menos una persona se ha quedado sin trabajo
en los últimos 12 meses; solo en Argentina y Chile se observan porcentajes inferiores.
Más aún, para el 30% de los habitantes el desempleo es el problema más grave.
Sólo en Chile, Guatemala y México se menciona la delincuencia como el problema
más relevante del país.
240 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
ca, a través de la participación en diferentes or-ganizaciones
con capacidad de cuestionamien-to y protesta y en movilizaciones callejeras. El
16% de los latinoamericanos dice haber firmado una petición, el 13% ha asistido
a manifestacio-nes y el 5% ha bloqueado el tránsito.
Puede decirse, entonces, que los ciudada-nos de América Latina
están “saliendo a la ca-lle” a protestar de múltiples maneras —y no sólo desde
la política— cuando consideran que sus gobernantes no están cumpliendo con los
mandatos para los cuales fueron elegidos o cuando no hay un orden social que
los reco-nozca y los integre.
Sobre la base de este abanico de problemas
político-institucionales y socioeconómicos, las ofertas electorales se
encuentran, por lo gene-ral, altamente ideologizadas y se desarrollan en torno
a tres nuevos ejes de orientación política:
El primero está orientado
por Estados Uni-dos, que marca una pauta en función de su lucha contra el
terrorismo y la lógica de la “guerra preventiva”. Hay coincidencias entre
Washington y varios gobiernos de la región, como Colombia y gran parte de los
países centroamericanos: se articulan pro-puestas centradas en el mercado,
asociadas a valores tradicionales, particularmente los
religiosos, y a la construcción de democra-cias liberales
sólidas.
La segunda orientación
está definida por paí-ses como Chile y Brasil que, junto con sus alia-dos
Argentina y Uruguay, se han embarcado en proyectos de centroizquierda, con
lógicas más laicas e igualitaristas, pero con realismo de mercado desde el
punto de vista económico.
El tercero es el de
Venezuela y su nuevo mo-vimiento bolivariano, con rasgos expansivos a otros
países de la región.
La cuarta oferta es de
carácter indigenista. Integra en su seno tanto orientaciones boli-varianas como
del Mercosur. Bolivia, donde el Movimiento al Socialismo (MAS) se impu-so en
las elecciones, Ecuador, Perú, Guate-mala y, en alguna medida, México serían
los países más sensibles a este tipo de ofertas.
Un desafío de notable envergadura que enfren-ta la región es la
posibilidad de que se instale un proyecto político de centroizquierda, que
pueda promover un nuevo dinamismo entre democracia y desarrollo. Esto, desde
luego, tiene numerosas variantes nacionales, que po-siblemente estarán
determinadas por la capaci-dad política para lograr compromisos consis-tentes
con la democracia, no solo en términos
Panorama electoral de América Latina 241
procedimentales sino también sustantivos. Tal proyecto tendría
empero que promover una modernización económica y cultural social-mente
incluyente, construida desde adentro hacia fuera, y constituirse en un puente
entre los sectores populares y los sectores medios. Esto, a su vez, estaría
asociado a su capacidad para emprender una transformación orientada a resolver
los problemas mencionados. Esta opción se encuentra en la práctica muy
des-dibujada y necesita renovar su liderazgo y sus planteos en el corto y
mediano plazo. Su éxito dependerá de cómo se construyan ofertas con-cretas y de
que éstas se sostengan con el ejem-plo, la consistencia y la coherencia
política. El juego electoral puede contribuir a generar respuestas, pero
también a alimentar ilusiones falsas basadas en el mero marketing electoral.
El panorama electoral de América Latina
Entre fines de 2005 y durante todo 2006 se cele-brarán
elecciones presidenciales en la mayoría de los países de América Latina, lo que
definirá el perfil político de la región para la segunda mitad de la década. En
los procesos electora-les se aprecia cierta tendencia hacia la dualiza-
ción, el empate político o cambios instituciona-les profundos.
Las crisis de confianza, la baja en la credibilidad de los partidos políticos y
los crónicos problemas de pobreza y desigualdad contribuyen a la polarización
de los escenarios. A continuación, se describen brevemente los escenarios
electorales de Bolivia, Brasil, Chile, Honduras y México.
En Bolivia, caso que resaltamos con más detalle por lo novedoso
de su nuevo panorama político, el análisis post electoral permite de-tectar las
siguientes tendencias:
a. Como pocas veces en la historia democrá-tica, una fuerza
política, el MAS, que llevó como candidato al líder de origen indígena Evo
Morales, obtuvo el respaldo de la mayo-ría absoluta de votos válidos,
alcanzando el 54%. Estos resultados lo colocan en una si-tuación privilegiada
para organizar un nue-vo ciclo democrático en el país.
b. El electorado ha diferenciado su voto en las categorías
nacional y departamental, estableciendo de esta manera un control y un
equilibrio entre el poder central y los po-deres regionales. El MAS solo ganó a
nivel departamental en dos de los nueve departa-mentos, mientras que para
presidente se im-puso en cinco de ellos. En los departamentos
242 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
en los que obtuvo un porcentaje más amplio para el cargo de
presidente, particularmente en La Paz y Cochabamba, la población les dio la
mayoría a líderes de la oposición a ni-vel departamental.
Este dato revela un
comportamiento comple-jo y racional por parte del votante boliviano, que provee
un piso para la renovación del sistema político. Bolivia tiene la oportunidad
de recrear un sistema bipartidario, refleja-do en la conformación del Senado:
el MAS obtuvo 13 senadores, al igual que Podemos, el partido que llevó como
candidato a Jorge “Tuto” Quiroga, mientras que el Movimiento Nacional
Revolucionario se quedó con un se-nador. El hecho de que las dos fuerzas
mayo-ritarias hayan alcanzado el 80% de los votos válidos indica, a su vez, la
alta polarización existente en la sociedad boliviana. Cabe, por lo tanto,
analizar la evolución interna de cada una de estas dos fuerzas en cuanto a
lideraz-go, orientaciones y comportamiento.
Algunos de los prefectos
(cargo equivalente a gobernador o jefe de departamento, hasta entonces
designado por el presidente) hicie-ron pública una convocatoria a sus colegas
para conformar un poder departamental, lo que podría convertirse en el eje de
un nuevo
campo de conflicto entre el poder central y los poderes
regionales.
e. Las orientaciones políticas del MAS en lo interno
aparentemente combinarán líneas duras con políticas de negociación. Entre las
líneas duras, sobresalen la nacionaliza-ción de los hidrocarburos, la
conformación de un Concejo pre-Constituyente con fuerte presencia de actores
corporativos, la reali-zación de la Asamblea Constituyente, el re-parto de
tierras de acuerdo con la Ley del Servicio Nacional de la Reforma Agraria (Ley
Inra) en el oriente boliviano y la reo-rientación de la política en materia de
coca a favor del productor campesino. En otras áreas importantes, como el
régimen de au-tonomías, políticas sociales, económicas o sectoriales, es
posible que se abran espacios de negociación. Esto supone, en definitiva, la
búsqueda de la constitución de un Esta-do nacional-popular fuerte,
neocorporativo, con una orientación proclive a la amplia-ción de elites.
En el plano externo, se
reforzarían la coali-ción sudamericana y las vinculaciones polí-ticas con
Argentina, Brasil, Cuba, Uruguay y Venezuela, y se buscaría una mayor
articula-ción con la Unión Europea, particularmente
Panorama electoral de América Latina 243
con España. Aparentemente, habría una dis-posición a negociar y
no a enfrentarse con la administración de Estados Unidos.
Dentro del MAS es posible
detectar múltiples orientaciones y tensiones por razones cor-porativas y de
liderazgos sectoriales. Proba-blemente, una tensión interna que estructu-rará
su dinamismo político estará dada por dos lógicas que se complementaron durante
la campaña, pero que podrían enfrentarse llegado el momento de ejercer el
poder. El análisis de los discursos del presidente (Evo Morales) y del
vicepresidente (Álvaro Gar-cía Linera) revela la diferencia de estilos y la
complementación entre una argumentación pragmática y de confrontación, y una
línea más inclinada a la negociación y la búsqueda de consensos.
Un problema de tensión
política en el cor-to plazo al que habría que prestar especial atención es la
impugnación y el llamado a la renuncia de la Corte Nacional Electoral por parte
del presidente. Probablemente, esta crítica estuvo dirigida a obtener cambios
que favorezcan las aspiraciones políticas con re-lación a la próxima Asamblea
Constituyente.
La coyuntura económica es
favorable a cor-to plazo. El año 2005 se cerró con un cre-
cimiento económico del orden del 3,9% — sustentado en un
crecimiento del 17% de las exportaciones—, una inflación moderada de 5,3% y un
déficit fiscal del 2,8%. Este último dato se asienta tanto en el incremento de
los ingresos tributarios provenientes de la pro-ducción y explotación de los
hidrocarburos (que crecieron un 7,7%) como en el bajo ni-vel de ejecución
presupuestaria en las nueve prefecturas del país. Para 2006, se prevé un
crecimiento del 4%, una inflación menor al 3,4% y un déficit fiscal no mayor al
3%.
j. En relación con el
sistema financiero, es importante señalar que los depósitos ban-carios
continuaron, casi sin interrupciones, una tendencia al alza iniciada a mediados
de 2004 (2.930 millones de dólares en diciem-bre de 2005). Al mismo tiempo, las
reservas internacionales netas alcanzaron un nivel de 2.200 millones de dólares
en diciembre de 2005. Las elecciones presidenciales no afec-taron el nivel de
depósitos del sistema.
En síntesis, la nueva coyuntura política que se abre en Bolivia,
junto con las perspectivas económicas de corto plazo, permite pensar en una
nueva oportunidad de recrear y fortalecer la democracia en el país a partir de
políticas de inclusión y apertura social.
244 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
En Brasil, las elecciones presidenciales se llevarán a cabo en
octubre de 2006. Dado el peso político y económico de este país en Amé-rica
Latina, su importancia resulta singular. La crisis política que afecta al
presidente Luis Iná-cio Lula da Silva a partir del escándalo por el pago de
sobornos no incidirá en la continuidad de su mandato, pero podría reducir sus
proba-bilidades de ser reelegido. Sin embargo, la opo-sición del Partido de la
Socialdemocracia Bra-sileña (PSDB) —liderada por el ex presidente Fernando
Henrique Cardoso— aún no cuenta con un candidato claro. Lula tiene todavía
posi-bilidades de ser reelegido, pero en lo que resta de su mandato tal vez se
vea obligado a liderar un gobierno “a la defensiva”, con baja capaci-dad de
acción. En este contexto, los dos posi-bles escenarios para las elecciones de
2006 (la reelección de Lula o el triunfo de la oposición) dependerán de cómo
finalice el mandato del ac-tual presidente y de quién sea el candidato
es-cogido por el PSDB. Sin embargo, en cualquiera de los dos casos el juego
político brasileño se centrará en una lógica estatal de país que aspira ser una
fuerza en el ámbito internacional.
En Chile, las elecciones presidenciales —lle-vadas a cabo el 11
de diciembre de 2005— se dirimieron en la segunda vuelta del 15 de enero de
2006 entre los candidatos Michelle Bachelet
(de la centroizquierdista Concertación de Par-tidos por la
Democracia) y Sebastián Piñera (de la centroderechista Alianza por Chile).
El triunfo de Bachelet implica el inicio del cuarto período de
gobierno consecutivo de la coalición integrada por el Partido Socialista y la
Democracia Cristiana. Esto le daría una rela-tiva continuidad a las políticas
implementadas por los gobiernos anteriores, puesto que en las elecciones
parlamentarias del 11 de diciembre la Concertación obtuvo la mayoría en las
cáma-ras de Diputados y Senadores.
En Honduras, en las elecciones efectuadas el 27 de noviembre de
2005 resultó ganador el candidato del Partido Liberal, Manuel Zelaya. El
proceso electoral estuvo marcado por un au-mento de la conflictividad social y
por graves acusaciones entre los principales partidos (el Partido Liberal y el
Partido Nacional, que llevó como candidato a Porfirio Lobo). El escenario que
dejó este proceso es de incertidumbre y fragmentación, con un Congreso que
seguirá muy dividido, lo que dificultará la obtención de mayorías favorables al
presidente. Así, se re-fuerza la necesidad de un diálogo constructivo entre los
principales actores para que Hondu-ras no ingrese en una nueva situación de
crisis.
En México, uno de los países más influyen-tes de América Latina,
las elecciones presiden-
Panorama electoral de América Latina 245
ciales se realizarán el 2 de julio de 2006. Las encuestas
indican que el primer lugar de las preferencias es ocupado por el candidato del
Partido de la Revolución Democrática, Andrés Manuel López Obrador, seguido por
Roberto Madrazo, del Partido de la Revolución Insti-tucional, que gobernó el
país durante varias décadas, y por Felipe Calderón, del Partido Acción Nacional
del presidente Vicente Fox. Los niveles de popularidad de López Obrador y de
Madrazo se redujeron ligeramente, mien-tras que el de Calderón está en ascenso.
Sin embargo, aún es prematuro marcar una ten-dencia definitiva.
En Ecuador, las elecciones presidenciales se efectuarán el 15 de
octubre de 2006. El país se encuentra en una situación de creciente crisis, que
alcanza todos los ámbitos de la vida políti-ca, social y cultural del país. Con
relación al pa-norama electoral, si bien el ex presidente Lucio Gutiérrez
—preso por acusaciones de atentar contra la seguridad del Estado— ha
manifesta-do su deseo de ser candidato nuevamente, aún no se sabe quiénes serán
los aspirantes con más chances a la presidencia.
En Perú, las elecciones presidenciales ten-drán lugar el 9 de
abril de 2006. Las encuestas indican que el primer lugar de las preferencias es
ocupado por la candidata de la alianza Uni-
dad Nacional, Lourdes Flores Nano, seguida por Ollanta Humala,
el ex militar que se alzó contra el gobierno de Alberto Fujimori y hoy lidera
el Partido Nacionalista-Unión por el Perú. El tercer candidato es el ex
presidente y líder del APRA, Alan García. Los datos re-flejan un leve descenso
en la popularidad de Flores, a diferencia de la de Humala, que ha crecido
significativamente. Sin embargo, aún ningún candidato se encuentra en
condicio-nes de ganar en primera vuelta y es altamente probable que haya segunda
vuelta electoral. Las encuestas también señalan que, en caso de ballotage,
Lourdes Flores Nano vencería a cualquiera de los candidatos, mientras que
Humala solamente superaría en segunda vuel-ta a Alan García.
Conclusión
Los países de América Latina se encuentran en una etapa de
agotamiento de los ciclos de reformas estructurales y de transición a la
de-mocracia que caracterizaron a la región en las últimas dos décadas. A pesar
de las diferencias entre cada experiencia nacional, existe una se-rie de
problemas y desafíos comunes, asocia-dos sobre todo a temas
político-institucionales
246 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
y de inequidad y pobreza. Es esta combinación la que, entre
otros factores, ha generado un período de inflexión y cambio, y a veces cri-sis
aguda, en los contenidos y en las formas de la democracia y el desarrollo. La
cuestión, la gran cuestión, parecería ser qué modelo reem-plazará al esquema
neoliberal.
Las ofertas políticas varían desde posiciones más conservadoras,
vinculadas a la guerra con-
tra el terrorismo y al libre mercado propuestos por la
administración de EE.UU., hasta posicio-nes más radicales de izquierda
vinculadas al go-bierno de Venezuela. En medio de ellas anidan también
propuestas de centro-izquierda, sobre todo en los países del Mercosur y México.
Es por ello que América Latina, en medio de múlti-ples e inciertos procesos
electorales, ha ingre-sado en un período de fuertes definiciones.
Las nuevas condiciones sociales
de la democracia*
La región vivió un doble proceso de cam-bio. Por un lado, de
transformación de una economía desarrollista centrada en la creación del
mercado interno y en la sustitu-ción de importaciones hacia economías más
abiertas centradas en el mercado de exporta-ción; por el otro, de
transformaciones políti-cas vinculadas a la transición de regímenes
autoritarios a democráticos. Los resultados de tales cambios generaron nuevas
dinámicas sociales que condicionan el futuro. Además ambos procesos estuvieron
influenciados por la globalización y por los rasgos y oportunida-des
específicos de cada
economía y proceso
político nacional.
Si bien hubo resultados diferentes según el país, en general la
región como un todo avanzó en términos de logros democráticos; sin em-
Este texto fue publicado
originalmente en Goberna-bilidad y convivencia democrática en América Latina
2012 (Buenos Aires: Teseo/FLACSO/AECID).
bargo, los saldos económicos y sociales con-dicionan el
desarrollo y la misma democracia. La desigualdad, la pobreza y los límites de
la legitimidad institucional siguen siendo tareas pendientes en la región. En
estos años, a pesar de importantes esfuerzos, América Latina per-dió
relativamente importancia en la economía mundial y en el sistema multilateral
de toma de decisiones.
En algunos casos, los menos, cuando se mantuvo cierta coherencia
entre comporta-miento y propuestas de los actores sociopo-líticos, se aplicó
las reformas de manera más o menos heterodoxa y las condiciones econó-micas lo
permitieron, se pudo enfrentar mejor las diversas crisis y los resultados en
términos de desarrollo y democracia fueron mejores. El caso paradigmático es
Chile.
Sin embargo, en los casos donde las matrices sociopolíticas
fueron inestables, los recursos económicos insuficientes y la aplicación de las
reformas estructurales se dio de manera más o
248 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
menos ortodoxa, los resultados en términos de democracia y
desarrollo no sólo fueron preca-rios, sino que provocaron crisis
institucionales muy graves. Esta es la situación de la mayoría de los países de
la región, y ello condiciona los ritmos de la evolución de la democracia en el
futuro.
Los resultados de los cambios operados, sean más o menos
positivos o negativos, in-corporaron a la región en los procesos de
glo-balización más bien de forma pasiva y depen-diente, de manera tal que dicha
incorporación no estuvo acompañada de procesos de desa-rrollo tecno-económico
ni informacional, los cuales constituyen el eje de la nueva división del
trabajo. Lo antedicho pone de manifiesto el fin del ciclo de transición y
plantea un mo-mento de inflexión. A mi juicio el desafío con-siste en que estos
cambios se asocien con la capacidad de desarrollo de actores políticos y
sociales que puedan promover una innova-ción tecno-económica pertinente y
realista. Consiguientemente, un tema clave no es sólo la necesidad de la
innovación e integración, sino particularmente cómo plantearla. Se tra-ta de un
tema esencialmente político que debe enfrentarse y debatirse, pues de otro
modo, por la misma lógica del cambio, será marcado únicamente externa.
Los diversos resultados posibles dependen de la cohesión social
y de la trama de relacio-nes sociopolíticas de cada país, así como de la
capacidad del conjunto de los países de pro-mover políticas de posicionamiento
a escala internacional.
En esta perspectiva, parece fundamental comprender una
relativamente nueva dinámi-ca de incluidos y excluidos que hoy está en el
centro del devenir tanto de la democracia como del desarrollo en la región.
Quienes es-tán incluidos en el mundo formal de la econo-mía y de la política,
al tiempo de ser depen-dientes, están subordinados a relaciones de las cuales
son parte incierta, pues esas rela-ciones, en el contexto de la transformación
productiva, se hallan sometidas a los puros vaivenes de la economía de mercado.
Preci-samente por esto, su capacidad de acción co-lectiva tiende a debilitarse,
pues por el mismo tipo de inserción se refuerzan comportamien-tos
particularistas, y sólo se fortalece cuando se defiende una individualización
en función del mercado del trabajo y del consumo. Los excluidos, por su parte,
son cada vez más he-terogéneos y, como nunca antes en la historia del
capitalismo, prescindibles en el mercado del trabajo. Ellos pugnan por
integrarse de alguna manera, aunque sea en los márgenes
Las nuevas condiciones sociales de la democracia 249
del sistema, y se refugian en identidades co-munitarias de
diverso tipo. Sin embargo, entre ellos surgen nuevas estrategias de vida y
sub-sistencia que les permiten enfrentar su propia reproducción con creatividad
y valentía. Son los que patentizan con más fuerza la necesi-dad de un estado de
derecho.
Desearía insinuar cuatro temas específi-cos que a mi juicio,
entre otros, son funda-mentales respecto de las nuevas condiciones sociales de
la democracia y el desarrollo. Se trata de condiciones que influyen o pueden
influir en la construcción de opciones de co-hesión social que posibiliten un
mejor mane-jo del cambio señalado. O como diría Medi-na Echabarria: las fuerzas
emergentes que preanuncian la nueva estructura de nuestras sociedades.
La globalización viene
generando asimetrías en los patrones de inclusión y exclusión tanto simbólica
como material
Si bien es posible detectar disposiciones polí-ticas para lograr
mayor inclusión democráti-ca, el funcionamiento de la economía muchas veces
impulsa tendencias hacia una mayor
exclusión. Esto se manifiesta en la precariza-ción del trabajo,
en la distribución regresiva del ingreso y en la segmentación territorial y
residencial, de la calidad de la educación y la salud y de la conectividad
electrónica. Las promesas de interacción a distancia y de libre acceso a la
información, junto con la democra-tización política y la mayor transparencia de
las instituciones, contrastan con la pérdida de cohesión social, el
debilitamiento de los sen-timientos de pertenencia colectiva y la mayor desigualdad
al interior de las sociedades nacio-nales, todos ellos fenómenos que los nuevos
patrones productivos no mitigan e incluso ame-nazan con exacerbar1.
Las paradojas abundan en esta nueva diná-mica entre inclusión y
exclusión. Por ejem-plo, mientras se universaliza el consumo mediático, la
segmentación en la conectivi-dad interactiva produce nuevas brechas en
educación, poder y comunicación; mientras avanza la cobertura escolar, se
segmentan los logros educativos por grupos socioeconómi-cos, con la
consiguiente reproducción inter-generacional de la pobreza; mientras la socie-
Ver de Adolfo Gurrieri y
Pedro Sáinz (2005), La ciudadanía social latinoamericana en los ochenta y
noventa, (UNDP: Santiago de Chile).
250 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
dad de la información mejora la distribución de las imágenes,
empeora la distribución de la riqueza; mientras se crean condiciones para un
mayor espacio político y tecnológico para el multiculturalismo, la penetración
de los grandes emporios mediáticos y los patro-nes de consumo que ellos
transmiten tiende a homogenizar estilos de vida que aparecen como los únicos
posibles.
El vínculo entre inclusión simbólica y mate-rial hoy es difuso,
porque mientras el acceso a recursos materiales es obstaculizado por una
distribución del ingreso que no mejora y, más aún, se agrava en períodos de
recesión con el aumento del desempleo en los grupos de me-nores ingresos, por
otra parte se expande el acceso a bienes simbólicos tales como la edu-cación
formal, la televisión y la información. Esta suerte de desbalance permitiría
presumir que existen más posibilidades de lograr inclu-sión social a partir del
campo simbólico que del económico. La idea de que el uno y el otro eran parte
de un círculo virtuoso se ve desmentida por los datos.
Probablemente América Latina es la región en desarrollo con
mayor brecha entre consu-mo simbólico y material, lo que se comprueba al
contrastar la distribución del ingreso y la di-fusión de bienes culturales
mencionados. Esto
resulta central para pensar el problema de la distancia entre
expectativas de inclusión y la inclusión social efectiva.
Existe mayor
complejización de los sistemas de inclusión y exclusión social
Las nuevas prácticas ciudadanas no se orien-tan tanto como en el
pasado hacia un eje de lucha focal (el Estado, el sistema político o la Nación
como su expresión territorial), sino que se diseminan en una pluralidad de
cam-pos de acción, de espacios de negociación de conflictos, de territorios e
interlocutores. El procesamiento de demandas sociales se des-localizan
espacialmente, sea porque la com-plejidad de las sociedades modernas hace que
se diversifique cada vez más su contenido así como la expresión política de los
actores; sea porque dichas demandas son menos suscep-tibles de ser “agregadas”
con las de los gran-des sindicatos y los partidos políticos, pues hoy se
vinculan más a temas puntuales de la vida cotidiana y/o del mundo simbólico, no
subsumibles en grandes categorías políticas; sea porque muchos grupos locales
se conec-tan a la red para posicionarse primero a es-
Las nuevas condiciones sociales de la democracia 251
cala global y que sea la comunidad global la que presione a los
gobiernos nacionales para que respondan a sus reclamos locales, en una dinámica
local-global-nacional que rompe to-dos los esquemas históricos2.
Además, la creciente diferenciación de los sujetos por su
inserción en nuevos procesos productivos o comunicativos y la mayor
visi-bilidad de la cuestión identitaria, implican que los distintos grupos
sociales y las demandas de inclusión se cruzan cada vez más con el tema de la
afirmación de la diferencia, las políticas de reconocimiento y la promoción de
la di-versidad. Campos de autoafirmación cultural que antes eran de competencia
exclusiva de negociaciones privadas y autorreferencias de los sujetos colectivos,
hoy pasan a ser com-petencia de la sociedad civil. Grupos étnicos y de género,
principalmente, claman por ser reconocidos en su singularidad y por contar con
derechos específicos o por la aplicación a su caso específico de derechos
universales. Discriminación positiva, derecho al autogo-bierno y políticas
diferenciadas en educación son algunos ejemplos que emanan de esta si-tuación.
La sociedad se repiensa ya no entre
En este contexto, hoy es
más clara una oposición local a lo global que una de carácter nacional.
iguales sino entre diferentes. La idea de que la política en la
democracia supone complemen-tariedad entre distintos aparentemente está
agotada. O en todo caso es lo que la política podría rescatar.
En el plano de la acción colectiva, los ac-tores sociales
históricos se fragmentaron, volviéndose más reactivos que proactivos, y padecen
un aislamiento que puede observar-se, por ejemplo, en la pérdida de capacidad
del movimiento obrero para negociar deman-das, en la baja representación de los
partidos políticos y en la proliferación de múltiples y pequeños movimientos
sociales que no logran articular propuestas en torno a una visión de la
sociedad más amplia que aquella restringi-da a la defensa de sus intereses
específicos. Se incrementaron los conflictos y los actores pero se fragmentó su
capacidad acción y dis-minuyó su capacidad de incidir en la orienta-ción del
desarrollo; quizás por eso puede sos-tenerse que se está más frente a
sociedades policéntricas que uni-referenciales. Los siste-mas de partidos
enfrentan serias dificultades para procesar eficazmente la complejización
social descrita y el Estado, con su nuevo rol limitado, profundizó los efectos
negativos de la diferenciación. Todo esto contribuyó a de-bilitar la
representación social y los niveles de
252 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones.
La cuestión es como se reconstituye una nueva idea de unidad o de nación en la
globalización si se quiera.
La migración refuerza los
patrones de exclusión social y acentúa la cultura de la desigualdad
Uno de los temas estratégicos del devenir de la democracia y el
desarrollo en la región está asociado con los movimientos poblacionales o la
migración, incrementados por los procesos de globalización, a nivel nacional,
regional y global. El fenómeno migratorio que existe hoy en América Latina
parece estar más vincula-do a los cambios globales que a los patrones
migratorios asociados con el modelo de susti-tución de importaciones. La
migración afecta la sostenibilidad del desarrollo en el conjunto de loa países
involucrados. Hoy el funciona-miento de varias economías latinoamericanas
serían inexplicables sin las remesas enviadas desde afuera y tampoco sería
explicable la ca-lidad de vida de los países desarrollados sin la presencia de
estos trabajadores. Dichos cam-bios obligan a repensar el tema de la multicul-
turalidad y su vinculación con las instituciones de la
democracia.
Los emigrantes muestran de manera patente la calidad del
multiculturalismo y de la demo-cracia (que por lo general no les reconoce
de-rechos ciudadanos), así como los imaginarios sociales en torno a temas de
empleo, acceso a bienes y servicios y aceptación cultural.
Las migraciones exponen de manera abierta el tema de la
diferencia, la precariedad eco-nómica y social, la desigualdad y la
discrimi-nación racial y xenófoba, planteándose una tensión entre un deseo de
fortalecimiento ciudadano y pluralista y la discriminación re-cién mencionada.
Tal discriminación promue-ve una débil cohesión social, pues al no ser
aceptados por la sociedad que los recibe los emigrantes tenderían a retraerse
sobre su pro-pia cultura. Otros fenómenos asociados son la pérdida de la condición
ciudadana y la consi-guiente reducción de sus derechos, constituye la
estigmatización, la preferencia a emigrantes provenientes de ciertos países en
relación con otros y las identificaciones simplificadoras de las cuales son
objeto y que generan una incom-prensión de su realidad.
Como los conflictos interculturales son cada vez más relevantes
en la organización del poder y el orden de los Estados, las po-
Las nuevas condiciones sociales de la democracia 253
líticas de inclusión social tendrían que tomar en cuenta la
calidad de la trama de relaciones de los emigrantes, pues mientras más puedan
disfrutar de derechos ciudadanos, mejor será el proceso de integración y menor
la discri-minación. Ello requiere, sin embargo, que se discutan valores
democráticos de equidad e igualdad a partir de los cuales se acepte con calidad
de ciudadanos a los emigrantes, pues si prevalece una visión instrumental de
merca-do los resultados en términos de integración serán escasos. Estos temas
son discutidos particularmente en algunos países recepto-res pero no se han
realizado muchos estudios sobre migración, globalización y democracia. El
problema aun analíticamente habita en un hueco negro.
Los procesos de globalización simbólica y cultural pueden
cumplir un rol importante, aunque paradójico, en este contexto, pues aunque
permiten compartir referencias de carácter global, ellas son apropiadas desde
las diversas culturas locales. Este fenómeno hace que el sentimiento de
desarraigo propio de los emigrantes (reforzado por el hecho de no ser
plenamente aceptados en la sociedad receptora), se viva de manera compleja: por
un lado, compartir referencias simbólicas globales los hace parte de una cultura
global
(lo que daría un marco de igualdad simbóli-ca); por el otro, la
necesidad de no perder la propia identidad favorece la recreación de prácticas
culturales por fuera de los territo-rios locales, proceso en el cual se produce
una apropiación de símbolos globalizados desde las propias particularidades en
contex-tos extra-territoriales3.
El fenómeno actual de la migración pone en el tapete de la
discusión el tema de la exclu-sión social y la desigualdad cultural, pues si
bien existen hoy condiciones para ampliar el multiculturalismo (lo que desde ya
ocurre en el plano de los procesos simbólicos globales), los emigrantes deben
recrear sus culturas en so-ciedades donde en su gran mayoría poseen un estatus
pre-ciudadano. En tal sentido, ocupa un lugar central la lucha por el
reconocimiento tanto en el plano cultural como en el de los de-rechos
ciudadanos.
La globalización es leída
desde los ámbitos locales a través de los medios de comunicación, pero la
globalización modificó la comprensión de lo local, espacio que hoy ya no está
atado al territorio sino al sentimiento de pertenencia a una comunidad situada
espacialmente. Hoy la producción de lo local puede ser tanto espacial como
virtual gracias a las tecnologías de información. (Ver Appadurai, 1996. )
254 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
En la sociedad de la
Información la inclusión y la exclusión social adquieren nuevas especificidades
Se vive una época de transición de socieda-des industriales a
sociedades “red”o en la red, de economías del capital físico a eco-nomías del
conocimiento y la información, de sociedades de la producción y el trabajo a
sociedades de la comunicación y el consu-mo, del modelo del Estado-Nación al
modelo global interdependiente. En este contexto de cambio, el uso de las redes
en la configura-ción de nuevos espacios públicos, en la co-municación y el
acceso a la información, en la visibilidad de los actores y en los nuevos
vínculos con otros destaca por su impacto sobre las formas de inclusión social.
La capa-cidad integradora de la red es tan exhaustiva como el potencial de
exclusión para quienes no acceden a ella. La ciudadanía se juega aquí en un
nuevo terreno, en el que la amenaza de exclusión se vuelve más intangible pero
no por ello menos real.
La marcha hacia la sociedad de la informa-ción genera nuevas
formas de inclusión y ex-clusión relacionadas con una nueva división social del
trabajo. Los sectores que mejor se integran son los vinculados a la producción
de
conocimientos (y que incorporan conocimien-to a su producción),
los que tienen sistemas y estructuras flexibles e invierten en tecnología de
información. La globalización sólo incluye a los sectores considerados
económicamente valiosos para la red y los nuevos mercados, agravando la
desigualdad dentro de los propios países, regiones y ciudades. Cada vez más se
tiende a entender la exclusión como exclusión respecto de la sociedad-red, vale
decir, respec-to de la tecnología, el conocimiento y los nue-vos mercados.
Desde un punto de vista positivo, el acceso de diversos actores
en los medios interactivos hoy posible puede ejercer un impulso incluyen-te en
las sociedades latinoamericanas. Abun-dan los ejemplos en los que el uso de
nuevos bienes culturales y comunicacionales permi-tió la conexión horizontal
entre importantes grupos étnicos, entre organizaciones feminis-tas, entre
grupos ecologistas y entre diversas ONGs; todos ellos actores que se movilizan
para plantear demandas particulares y que en-cuentran en la red y en los medios
un espacio de comunicación de las mismas y encuentro con otros interesados en
la defensa de los mismos temas. Lo antedicho demuestra que las nuevas redes de
comunicación horizontal pueden incrementar el protagonismo de suje-
Las nuevas condiciones sociales de la democracia 255
tos anteriormente auto-referentes. Asimismo, se abre una amplia
gama de opciones de acce-so a la información (sobre servicios, derechos y
demandas compartidas), de influencia en la opinión pública (al disponer de
estaciones ra-diales, acceder a redes informatizadas, difundir videocintas), de
fiscalización de la discrimina-ción mediante el uso de Internet que permite
debatir asuntos públicos en “tiempo real”, en-tre otras.
Sin embargo, también en este plano exis-ten asimetrías que
reproducen patrones ex-cluyentes. Así, es preciso discutir ¿cómo con-trarrestar
las asimetrías que emergen cuando unos actores capitalizan tecnología
comu-nicativa para hacerse presentes y otros no? ¿Cómo promover los medios
técnicos idó-neos, y el conocimiento sobre su manejo, que favorezcan un juego
democrático incluyente en la sociedad de la información? ¿Cómo ha-cer frente a
la nueva brecha entre informati-zados y des-informatizados para no ahondar
desigualdades en el plano de las represen-taciones simbólicas que circulan por
la red, pues mientras unas pueden ejercer influencia en la toma de decisiones
políticas, otras por ser “electrónicamente invisibles” pueden ser políticamente
excluidas?
Corolario
En este momento de inflexión y cambio es importante volver a
subrayar la tesis, a par-tir de las experiencias vividas, de innovar la
articulación entre democracia y desarrollo. Tal innovación descansaría en el
potencia-miento de los actores políticos y socioeco-nómicos y en su capacidad
de reconstruir o profundizar, en el marco de una diversidad de actores y
situaciones, la idea de una in-clusión social creciente que garantice mayor
cohesión social. Se trata en definitiva de re-constituir la nación en la globalización,
pero esta vez sustentada en una comunidad políti-ca de ciudadanos.
Ello supone una ciudadanía que combine complementariamente
libertad e igualdad. El régimen político no garantiza por sí mismo una
evolución; son más bien las prácticas y orientaciones de los actores las que
pueden impulsar la profundización democrática. La libertad entendida por Sen
como la capacidad de las personas de optar por el tipo de vida que desean vivir
según sus valores y aspira-ciones y de evaluar y asumir otras opciones. El
concepto se respalda, en la idea de que la diversidad es un valor intrínseco de
la liber-tad y que la igualdad, al tratarse de liberta-
256 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
des diversas, es un producto de esta, ya que la igualdad supone
las libertades de todos. En este sentido, el desarrollo y la democracia de-ben
ser decididos por todos, es decir, por la comunidad de ciudadanos.
Allí, el Estado tendrá que jugar un rol es-tratégico en la
formación de actores autóno-
mos y en la recreación de una conciencia de nación y de región
en la globalización. A su vez política tendrá que potenciarse balancean-do la
relación entre lo económico y lo social, la igualdad y la diferencia, sabiendo
que los cambios toman tiempo y exigen consistencia y sentido de justicia.
La nueva cuestión social bajo
la mirada del desarrollo humano
Una fundamentación sociológica
desde la experiencia latinoamericana* **
Los cambios históricos y económicos de los últimos años han
modificado radicalmente el perfil del continente. La diversa y compleja
reali-dad exige nuevas ideas para encarar esta nueva cuestión social. En
América Latina la construc-ción de consensos tendría que estar normativa-mente
vinculada con un proceso de integración social creciente, tanto en el plano
simbólico como material. Sin equidad no es posible la otredad, ni siquiera la
competitividad económica es sosteni-
ble si siguen creciendo las distancias sociales. Uno de los
rasgos principales de la sociedad
actual parece ser la bifurcación creciente entre una
racionalidad instrumental y otra simbólica.
Visto desde otro ángulo, se trata de una se-paración entre la
economía y la cultura. Asi-
Este trabajo fue
publicado originalmente en la revis-ta Nueva Sociedad Nº166, 2000.
Una versión original y
más extensa de este texto fue presentada en ocasión del congreso “Análisis de
diez años de Desarrollo Humano, límites y potencia-lidades para una estrategia
de desarrollo”, 18-20 de fe-brero de 1999, Bilbao (España).
mismo, las nuevas estructuras de poder, aso-ciadas a la
globalización, están cada vez más concentradas y al mismo tiempo más difusas,
en medio de procesos de complejización y va-cío social.1
La cuestión es saber a partir de qué fenóme-nos en curso es
posible reintegrar una lógica sustantiva con otra instrumental. Habría que
preguntarse sobre la articulación de la dinámi-ca de la modernización y la
dinámica sociocul-tural, a fin de dar historicidad a la nueva lógica del poder.
Por historicidad entendemos la ca-pacidad de una sociedad de producirse y
au-totransformarse, para lo cual debe ampliar sus mecanismos de participación.2
M. Castells, La Era de la
Información. Economía, sociedad y cultura, Alianza, Madrid, 1998; A. Touraine,
Pourrons-nous vivre ensemble? Égaux et différents, 1997; A. Giddens, Modernidad
e identidad del Yo. El Yo y la sociedad en la época contemporánea, 1994.
A. Touraine, La
production de la societé, Seuil, Pa-rís, 1973.
258 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
Una tensión histórica y el retorno a la idea de desarrollo
Las respuestas intelectuales a este reto son va-riadas. Aquí
interesa explorar una posibilidad: la del desarrollo de una subjetivación
multicultural como eje de tal historicidad. Sin embargo, esto implica
considerar que la globalización no elimi-na la capacidad de acción colectiva,
sino que abre nuevas oportunidades. También implica que las acciones sociales
no solo se opongan al nuevo poder, sino que participen reivindicando sus
dere-chos ciudadanos y demandas culturales en busca de una innovación dentro de
la misma sociedad.
Así pues, la subjetividad está en la constitu-ción misma de lo
social, de las comunidades y las personas. En ella se expresa la necesidad de
ser considerado como sujeto portador de una dignidad ciudadana, con identidad
cultural e in-dividual dentro de una red de relaciones socio-culturales plenas
de aspiraciones, percepcio-nes, experiencias y conocimientos colectivos.
Este enfoque supone conjugar las particula-ridades
sociohistóricas de cada región y país con la vocación universal del Desarrollo
Huma-no. En la perspectiva del presente artículo, ello implica vislumbrar un
sistema de actores con capacidad para ampliar sus opciones en busca de una
articulación fecunda entre moderniza-
ción y cultura. El desarrollo se construye nece-sariamente con
otros distintos a uno. Es decir, congrega a actores sociales diferenciados,
pero con capacidad de autodeterminación y repre-sentación de intereses y con
posibilidades de llegar a acuerdos respetando sus diferencias.
Todo esto apuesta a la capacidad construc-tiva de la política y
promueve la idea de una renovación del contrato social al menos en dos
sentidos, como articulador de una nueva cultura política y como potenciador de
acto-res del desarrollo.
Consiguientemente, más allá de los dere-chos a la vida, al
conocimiento y a los ingresos, el Desarrollo Humano da prioridad a la libertad
política, la igualdad, la creatividad y la digni-dad personal. Es decir, al
sujeto. Precisamente desde esta óptica se realiza un balance crítico de la
realidad y de otras opciones en curso. El cuadro adjunto ilustra cuál es el
paradigma del Desarrollo Humano en comparación con el neoliberal y el
desarrollista.
La forma específica de este tipo de oposición estructural entre
modernización y subjetiva-ción en América Latina es una de cambio y
es-tructuración denominada Inflexión Histórica.3
Véase Fernando Calderón,
Movimientos sociales y política en América Latina, Siglo XXI, México, 1996.
La nueva cuestión social bajo la mirada del desarrollo humano 259
Por una parte, se refiere a la concentración de poder mediante
el ajuste estructural, la interna-cionalización de la economía, las
privatizacio-nes, las reformas, etc., y por otra, a la comple-
Cuadro 1. Tipología de ofertas de desarrollo
jización de la sociedad debido a la diferencia-ción social y
funcional y a la fragmentación de la acción colectiva. El saldo es un tremendo
y creciente malestar cultural.
Desarrollista Neoliberal Desarrollo
Humano
Sentido Desarrollo
Económico Maximización del
ingreso Expansión de las opciones y
de capa-
cidades
humanas para alcanzar un
bienestar
total
Foco de preocupación Estado Mercados Sociedad
(lo público)
Principio guía Participación-masas Eficiencia Equidad-ciudadanía
Énfasis Fines Medios Fines
Educación, salud, Medios
para la modernización Inversión
en capital humano, como un Fines en sí
mismos, el acceso a ellos es
nutrición insumo
al crecimiento económico un derecho
humano, calidad de la vida
Gobierno a.
Liderazgo fuerte y carismático a.
Estabilidad política a. Democracia
b. Integración nacional b. El Estado sólo sirve para promover
el b. El Estado es esencial para
promover
mercado el Desarrollo Humano c. Respeto de los
c. Respeto de
los derechos humanos derechos humanos
relacionados
con el mercado
Crecimiento Medio
determinante para el mercado a. Un fin en
sí mismo b. Aceptación de El crecimiento
es esencial pero sola-
interno una disminución del beneficio general mente si beneficia a la gente de una
manera
más equitativa, como un medio
para
el Desarrollo Humano
Prioridades de las a.
Modernización vía educación a.
Desregulación, privatización b. Mejorar a.
Ampliar opciones y oportunidades b.
políticas generales b.
Integración nacional vía sustitución la
eficiencia Reforzar las capacidades
humanas a
de importaciones-mercado
interno c. Inversión en recursos
humanos través de la educación y la
salud
c. Movilización de masas d. Fundamentos macro-econó- micos c. Disminuir las inequidades
fuertes d. Reestructurar los presupuestos
e. Mantener
la estabilidad macro- nacionales para
promover el Desarrollo
económica Humano
e.
Promover el empleo/el medio de vida
260 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
Desarrollista Neoliberal Desarrollo
Humano
Estrategia de la erra- a.
Universalista-pleno empleo a.
Crecimiento (luego reparto de la torta) a.
Fortalecimiento de los pobres como
dicación de la pobreza b.
Asistencialismo paternalista b.
Inversión en los sectores actores
sociales
c. Distribución de
ingresos y riquezas sociales b. Participación. Igualdad de género
c.
c. Provisión
de redes de ayuda Acceso a bienes
d.
Focalización y mejoramiento d.
Crecimiento para los pobres
de
indicadores sociales, principalmente
la educación
Indicadores de éxito Mejoramiento
de indicadores sociales, a. PIB a. Índice de Desarrollo Humano, Índice
principalmente educación b. Crecimiento del PIB de desarrollo relacionado con género,
medida
de fortalecimiento de género,
índice
de pobreza humana b. Indicadores
del
Desarrollo
Humano
Una hipótesis de trabajo
La construcción de la igualdad está asociada con la noción de
libertad personal en sus as-pectos positivos y negativos, pero a la vez su-pone
que ésta es el resultado de un compromi-so social. Al ser productores autónomos
del de-sarrollo y por ende de autoafirmación perma-nente, a nuestro criterio
los diferentes sujetos pueden llegar a constituirse en defensores de todo lo
que transforma las relaciones humanas en medios o en objetos.
La idea de igualdad compleja apela a ese po-der constructivo de
la política. En esta óptica, el Estado se compromete con la competitivi-dad
sistémica, pero su razón de ser se sitúa en
la integración social. El Estado no solo partici-pa en la
distribución de bienes, sino sobre todo en la promoción de ciudadanos y actores
con voz en el reparto. Es decir, la igualdad comple-ja no niega la vigencia ni
de las distancias ni de las diferencias sociales, sino que coloca el én-fasis
en la democratización en la toma de deci-siones. Esta óptica también trabaja la
idea de un Estado descentralizado, donde se operaría una suerte de
socialización del poder a través de la participación activa de los ciudadanos.4
Véase Michael Walzer, Las
esferas de la justicia, México, 1983; véase sobre todo la noción de igualdad en
Alexis de Tocqueville, La democracia en América, entre otros.
La nueva cuestión social bajo la mirada del desarrollo humano 261
Es decir, aquí se está argumentando a favor de la definición de
lo social como una comunidad de ciudadanos.
Por otra parte, el desarrollo es considera-do como un proceso
que enriquece la libertad real de los involucrados en busca de sus pro-pios
valores. En ese marco, la expansión de la capacidad humana es el rasgo central
de tal desarrollo. Esta debe ser entendida como un concepto libertario, pues se
refiere a la igua-lación de capacidades para que una persona pueda decidir la
clase de vida que aspira a lle-var de acuerdo a su orientación valórica.5 Así,
libertad real e igualdad compleja dan signifi-cado al desarrollo en la medida
que inducen y se alimentan de:
–– Un aumento en las capacidades de autoaná-lisis de la sociedad
en su autoconciencia, y también de la conciencia de que los otros y sus
derechos existen, además de la capaci-dad de moverse cada vez más y mejor en un
mundo crecientemente abstracto y ajeno.
–– Un aumento del capital social como ca-pacidad institucional y
de promoción de
una acción colectiva unitaria. Se trata de un incremento de la
capacidad de acumu-lación cultural de una sociedad en el ma-nejo de normas,
redes y lazos sociales de confianza autorreforzantes de la acción colectiva y
que además faciliten el traba-jo unitario.
–– Una mejora de la sociabilidad cotidiana para que los estilos de
vida y las subjetivi-dades allí presentes permitan dar sentido a la trama de
las relaciones humanas que forman a los sujetos y a las instituciones.
En el caso latinoamericano, el potenciamien-to de los sujetos
cobra especial significado a través de la idea de los pactos deliberativos.
Estos promueven el reconocimiento mutuo de los actores. Asimismo, los
procedimientos de relación entre ellos aparecen como formas de comunicación que
establecen normas de reci-procidad e igualdad compleja. Consiguiente-mente, los
pactos son potenciales portadores de una nueva historicidad y una idea de
futuro deseable, y nos invitan a reflexionar sobre no-sotros mismos. En
síntesis, el Desarrollo Hu-mano descansa en el pacto y en la capacidad social
de producirlo.
Amartya Sen, La liberta
individuale como impeg-no sociale, Laterza, 1997.
262 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
Globalización: integración limitada y exclusión ampliada
Entre la gente existe un complejo proceso de diferenciación
social. Comprenderlo es muy importante para realizar propuestas de Desa-rrollo
Humano. La cuestión es que las dinámi-cas seculares de diferenciación han sido
re-definidas por la globalización. Lo social se ha complejizado. Al hacerlo se
viene produciendo una dualización transversal en las sociedades. Se trata de
una integración selectiva de ciertos grupos sociales y una exclusión creciente
de otros. La globalización produce una tensión en-tre las posibilidades de
generar un orden mun-dial más interconectado, en el que los países y regiones
aportan desde sus particularidades, y la desigualdad creciente en el acceso a
ese mundo globalizado por parte de las distintas sociedades. Esa diferenciación
se da incluso en los países desarrollados, en los que coexisten primeros y
terceros mundos. Así, la globaliza-ción trae consigo una desigualdad
estructural mundial que no podrá superar por sí sola.
En el campo de la cultura, la globalización ha implicado la
extensión de la industria y el mercado culturales, lo cual impulsaría, al menos
inicialmente, una tendencia hacia la homogeneización de bienes simbólicos, gus-
tos y aspiraciones de consumo, pero también una contratendencia
hacia la segmentación de mercados, donde la apropiación de esos bienes se
realiza desde la particularidad de las sociedades que se resisten —con mayor o
menor éxito— a ser cooptadas por una única racionalidad mercantil-consumista.
Por otra parte, la globalización ha permitido una cierta conciencia de la
diversidad cultural a través de los medios de comunicación masivos. La
contracara de estos procesos es el desigual acceso a los mercados culturales,
expresado tanto en la generación de una distancia irre-soluble entre
aspiraciones de consumo y la imposibilidad de alcanzarlo.
En el terreno económico y tecnológico, los procesos de
globalización se destacan por tres factores fundamentales: el desarrollo de
tecno-logías de información; los cambios en la pro-ductividad del capital; y
las nuevas condiciones laborales.6 Como es obvio, estos tres factores no pueden
ser enfrentados de la misma manera por los países y regiones. Los dos primeros
im-plican inversión en ciencia y tecnología, lo cual lleva a una desigualdad
visible entre los distin-tos países. Del otro lado, las transformaciones
Véase Manuel Castells,
ob. cit.; véase también In-forme de Desarrollo Humano 1993.
La nueva cuestión social bajo la mirada del desarrollo humano 263
en la producción y sus consecuencias sobre las condiciones
laborales afectan con mayor fuerza a los trabajadores poco calificados y
contribuyen a aumentar la desocupación. Así, la globalización enfrenta una
inequidad que no puede resolver por sí sola.
Como se ha mencionado, la modernización creciente vivida por las
sociedades se expre-sa en una complejización de lo social y en dos fuertes
tendencias: la diferenciación social y funcional. Si bien la primera7 ha
permitido la emergencia de la diversidad, tiene efectos de desestructuración
sobre nuestras sociedades. A nivel socioeconómico se expresa en una cre-ciente
inequidad de la estructura social, en una regresiva distribución del ingreso, y
en mayor pobreza. Todo ello produce exclusión social y mayores desigualdades. A
nivel político, este proceso implica la creciente fragmentación y
debilitamiento de los actores sociales, lo que socava los mecanismos de
representación y participación ciudadana, disolviendo identi-dades colectivas
anteriormente fuertes, impul-sando una tendencia a la reacción inmediatista y
no al planteo de propuestas alternativas de largo plazo, y resquebrajando el
sentimiento de
Véase F. Calderón y N.
Lechner, Modernización y gobernabilidad democrática, PNUD, 1996, mimeo.
pertenencia a la comunidad y a las organizacio-nes sociales.
Los efectos de esta diferenciación en las ciudades son los
cambios en la estructura eco-nómica que vive un fuerte proceso de
terciari-zación, informalización y desindustrialización, que deja sin empleo a
miles de personas. Este panorama entrega una visión negativa del fu-turo
contrastada con las aspiraciones de mo-vilidad social, debido a la
pauperización de la clase media urbana, la desocupación, unida a la
privatización de servicios públicos, la crecien-te marginalidad no solo
económica, y la incapa-cidad de las políticas urbanas de dar respuesta a estos
problemas. En el campo, la diferencia-ción provoca una dualización de la
estructura agraria por los diversos grados de incorpora-ción de tecnología a la
producción, la segmen-tación en el acceso a los mercados y la debili-dad
política y organizativa de los campesinos más pobres. Por lo tanto, la pobreza
debilita más el ejercicio de los derechos ciudadanos y la participación
política y social. Existe enton-ces una contradicción entre una dinámica de
integración política que supone democratiza-ción, y al mismo tiempo, la
exclusión social ge-nerada por el funcionamiento de la economía.
La diferenciación funcional, nacida en la modernización por la
separación y compe-
264 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
tencia de las distintas esferas, produce la sen-sación de una
creciente independencia entre ellas. De esta forma parecen tener lógicas
di-versas y promueven una imagen segmentada de la sociedad. Al haberse perdido
el sentido de interdependencia de las mismas y el de glo-balidad de la
sociedad, también se diluyen los ideales modernos de progreso, libertad,
reali-zación humana e integración. Da la impresión de que la vida cotidiana
misma está impregna-da por un acelerado proceso de diferenciación y especialización.
Así, los procesos de modernización tienen consecuencias
negativas, porque incrementan la pobreza y la exclusión, y se asocian a una
per-cepción pesimista de la desigualdad creciente. Esto genera malestar social,
y lleva a insistir en que uno de los temas centrales de hoy es el de la crisis
de sociabilidad y del tejido social.
La cultura de la desigualdad
La cultura sobre “los otros” distintos de uno tiene un valor muy
importante para el Desarro-llo Humano. Por eso, una pregunta sería ¿cómo
confluyen los valores sobre “el otro” en el lo-gro de metas de Desarrollo
Humano? Como parte de la cultura política, las percepciones
sobre la desigualdad en la región se asocian a las ideas,
sentimientos, valores y actitudes en torno de cuestiones políticas, cuya
interpreta-ción proviene del tipo de comprensión de la historia que tengan los
habitantes de un país. Esa cultura se expresa a través del comporta-miento
ciudadano.8
En este sentido, las ideas de desigualdad en América Latina
están asociadas, por un lado, a la supervivencia de un patrón histórico que
segmenta a la sociedad en fuertes jerarquías y niega al que es considerado
distinto y, por el otro, a las aspiraciones de movilidad social que pudieron
concretarse durante los gobiernos desarrollistas de este siglo. Existen
entonces distintas percepciones sobre la desigualdad. Es posible así mencionar
la coexistencia de al menos tres tipos de culturas sobre la desigual-dad que si
bien se manifiestan de manera su-perpuesta, serán presentadas en forma
separa-da para apreciar mejor sus rasgos. En primer lugar, la desigualdad
vinculada a un origen, luego la ligada a un patrón clientelar y
patri-monialista, y finalmente la relacionada con una concepción neoliberal.
Cf. Gabriel Almond y
Binham Powell, Comparative Politics: System, Process and Policy, Little,
Brownand Co., Boston, 1978.
La nueva cuestión social bajo la mirada del desarrollo humano 265
La cultura de la desigualdad ligada al ori-gen. La percepción de
la desigualdad ligada al origen proviene de una impronta colonial y de casta
que ve el principio de igualdad en la pertenencia a un determinado segmento
étnico, socioeconómico, político y cultural y, como consecuencia de ello,
tiende a ne-gar al otro, al distinto, precisamente por su origen. En América
Latina encuentra sus raí-ces en la conquista y el rechazo al indígena y, más
tarde, al “cabecita negra”, al mestizo, al mulato, es decir, al considerado
inferior por pertenecer a una cultura diferente o ser ex-plotado
económicamente. Esta discrimina-ción no solo es étnica; parece constituir un
patrón de relación extendida a otros grupos poblacionales como las mujeres, los
jóvenes o los homosexuales.
Esa identidad es producto del encuentro conflictivo entre
distintas culturas que, con el tiempo, fue configurando un tejido
intercul-tural complejo. En este contexto se han dado procesos de búsqueda de
igualdad, sin que se haya logrado un reconocimiento pleno. Por el contrario, el
otro casi siempre ha sido negado. Tal negación parte de las elites que,
diferen-ciándose del otro, pasan a considerarlo infe-rior. Por su parte, quien
es rechazado vive la negación de distintas formas, que van desde su
anhelo de integración, renegando de lo suyo para sentirse más
próximo a la sociedad dis-criminadora, hasta una actitud de resistencia y
defensa de la identidad.
En América Latina, la discriminación del otro es un obstáculo
para el fortalecimiento democrático y el ejercicio pleno de derechos ciudadanos
para todos. También es un freno a la libertad real, porque limita la expansión
de las capacidades de varios grupos huma-nos. Sobre esta cultura de la
desigualdad se han construido proyectos políticos autorita-rios y un patrón de
relaciones sociales del mismo carácter en la vida cotidiana.9 Esta percepción
de la desigualdad ha tenido con-secuencias en el ejercicio ciudadano, pues al
negar al otro también se lo priva de pertene-cer a una misma comunidad. Como
sostiene Walzer10, todos los individuos que cohabitan el territorio pueden
participar del mercado, pero no están incluidos como portadores de derechos
ciudadanos. En tal sentido, el ori-
Estas ideas se basan en
F. Calderón, M. Hopenhayn y E. Ottone, Esa esquiva modernidad, Unesco-Nueva
Sociedad, Caracas, 1996.
Michael Walzer, Las
esferas de la justicia. Una de-fensa del pluralismo y la igualdad, Fondo de
Cultura Económica, México, 1983, p. 44.
266 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
gen heredado otorga ciertos derechos dados por esa
pertenencia.11
La cultura de la desigualdad ligada a un patrón
clientelar-patrimonialista. Los regí-menes nacional-populares tendieron a
achicar las brechas generadas por la pertenencia a un cierto sector
socioeconómico y cultural, reco-nociendo, bajo una misma subjetividad
nacio-nal, a los grupos y culturas que convivían en el territorio. Así, la
extensión de derechos ciuda-danos a amplias masas hasta entonces
despro-tegidas, propició un sentimiento de integración y brindó mayor igualdad
de oportunidades.
El pueblo, identificado con la Nación y el Estado, era visto
como homogéneo. De esta manera, lo social y cultural fueron subsumidos
En esa dirección, Bobbio
sostiene: “el estatus de una desigualdad natural o de desigualdad social que
depende del nacimiento en una familia y no en otra, en una región del mundo y
no en otra, es distinto de aquello que depende de las diferentes capacidades,
de la diversidad de los fines a conseguir, de la diferencia del esfuerzo
empleado para conseguirlos. Y la diversi-dad del estatus no puede dejar de
tener una influencia sobre el tratamiento de las unas y de las otras por parte
de los poderes públicos”. N. Bobbio, Derecha e izquier-da. Razones y
significados de una distinción política, Taurus, Madrid, 1995, p. 143.
a lo político. Por tanto, si bien hubo un recono-cimiento del
otro discriminado, se rechazó la expresión de la diversidad en lo político y
cul-tural, negando con ello la complejidad del te-jido identitario mencionado.
Así, el intento de construir una pertenencia nacional a partir del Estado y del
partido impidió la formación de una comunidad política, cultural y socialmente
diferenciada que seguramente hubiese permiti-do avanzar en un camino de
integración, trans-formación y desarrollo nacional.12 Por otra parte, el
contenido corporativo y paternalista de estos regímenes tendía a favorecer a
quie-nes estaban de su lado. Por tanto, el recono-cimiento en lo político y
cultural tampoco fue completo y la igualdad social, aunque amplia-da, se
asociaba al acatamiento de una ideología nacionalista.
Cuando se describe a estos gobiernos, se mencionan las
relaciones clientelares y buro-cráticas entre las instituciones públicas y las
organizaciones de la sociedad civil. A través de éstas, el Estado satisfacía
necesidades socia-les a cambio de lealtades políticas que legiti-maban estos
gobiernos. Si bien los regímenes
F. Calderón y Mario Dos
Santos, Sociedades sin ata-jos. Cultura, política y reestructuración económica
en América Latina, Paidós, Buenos Aires, 1995, p. 208.
La nueva cuestión social bajo la mirada del desarrollo humano 267
populistas cambiaron las sociedades latinoa-mericanas, el
carácter clientelar y la visión ho-mogeneizadora desde el Estado-nación fueron
límites para la integración plena. Desde una perspectiva democrática, no puede
existir una genuina igualdad compleja si no se produce un reconocimiento de la
diversidad, y no se otorga “voz” en el reparto a los diferentes.
La cultura de la desigualdad ligada a una concepción neoliberal.
La cultura de la des-igualdad vinculada a una concepción neolibe-ral apela al
mercado como único y natural dis-tribuidor de oportunidades. Este es reificado
y considerado reconstructor del orden sociopo-lítico y económico. De esa
manera, subordina al Estado, a la sociedad, a los partidos y a la democracia
misma. Sin embargo, el mercado no tiene la capacidad de integrar eficazmente
debido a su escaso o perverso dinamismo. La igualdad de oportunidades dentro
del merca-do no existe por la persistencia de culturas de la desigualdad y el
propio reduccionismo económico que lo acompaña. Ciertamente, el mercado es un
factor clave de integración so-cial, pero no el único. El mercado funciona
so-bre el principio racionalizador de maximizar los beneficios individuales y
promueve una vi-sión de la sociedad carente de una noción más
sustantiva del bien común, transformando a los individuos más en
consumidores que en ciudadanos, y favoreciendo un retraimiento sobre la vida
privada y una concepción egoís-ta sobre el futuro.
Así, la integración social a través del merca-do estaría dada
por el acceso de los distintos individuos al consumo, lo cual pone en
eviden-cia los serios límites del modelo. Por otra par-te, el acceso al mercado
descansa también en las posibilidades individuales para obtener un empleo y
éstas están determinadas a su vez por las habilidades adquiridas, sin que sean
una lla-ve infalible para participar en él. La lógica del mercado invita a los
individuos a actuar de ma-nera egoísta frente a un entorno desfavorable, bajo
el eslogan del sálvese quien pueda, pues el Estado se desentiende de manera
creciente de los servicios sociales. Esta lógica también tiende a debilitar los
lazos sociales y niveles de integración, transfiriendo la búsqueda de una
igualdad de oportunidades a un ámbito abstracto que, como se ha visto, es
incapaz de brindar acceso a toda la población y no asegura un tratamiento
igualitario a quienes sí lo tienen.
En tal sentido, una consecuencia de esta nueva cultura es el
resquebrajamiento de una noción de igualdad de oportunidades asocia-da a las
capacidades adquiridas a través del
268 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
aprendizaje de un oficio. El estancamiento o la incertidumbre de
la movilidad social, la pérdi-da de un sentido social progresivo, que
desa-lienta una visión esperanzadora de futuro, y un proceso regresivo que
pauperiza a los sectores sociales medios, estarían acentuando una sen-sación de
malestar.13
En tal sentido, cada individuo debe resolver su situación como
mejor pueda. Esa mirada individualista tendería también a socavar los lazos
sociales y el propio ejercicio ciudadano. La crisis de la ciudadanía, referida
al derecho a tener derechos también hace tambalear, se-gún sostiene Bobbio, una
razón igualitaria. Los derechos al trabajo, a la salud y a la educación tienden
a poner un número siempre mayor de individuos en perspectivas de ser menos
des-iguales respecto a otros más afortunados por nacimiento y condición
social.14 Es decir, el
La percepción de las
desigualdades como un fenó-meno de injusticia creciente ha sido tratada
reciente-mente por varios autores; véanse , entre otros, Fitoussi y Pierre
Rosanvallon, La nueva era de las desigualda-des, Manantial, Buenos Aires, 1997;
también Amartya Sen, Nuevo examen de la desigualdad, Alianza, Buenos Aires,
1995; véase también el Informe de Desarrollo Humano 1998, Chile.
N. Bobbio, ob. cit., p.
151.
ejercicio de los derechos ciudadanos tiende a contrapesar la
cultura de la desigualdad vin-culada al estatus o al origen. La posibilidad de
constituirse en ciudadano descansa en la garantía de la igualdad para todos,
que el mer-cado no puede ofrecer. Si se debilita este requi-sito, la sensación
de injusticia social ligada a la desafección política resquebraja seriamente el
ejercicio ciudadano15.
El análisis de una cultura de la igualdad fa-vorable al
Desarrollo Humano será tratada más adelante de cara a la idea de pactos
deliberati-vos, pero antes conviene precisar un poco más qué es esto de la vida
cotidiana.
Cambios culturales y vida cotidiana
Vale la pena insistir en la tesis de la reproduc-ción cultural
con relación a los lazos sociales y la vida cotidiana. La modernización de la
socie-dad crea nuevas oportunidades, pero también descompone los lazos sociales
y comunitarios a través de los cuales los individuos aprenden a deliberar,
debatir, tomar decisiones, asumir responsabilidades y construir una cultura de
Cf. Paolo Flores de
Arcais, Modernidad y política. Izquierda, individuo y democracia, Nueva
Sociedad, Caracas, 1996.
La nueva cuestión social bajo la mirada del desarrollo humano 269
solidaridad comunitaria. En el corazón de es-tos temas está la
cuestión de la sociabilidad en la vida cotidiana. Con el propósito de
compren-der mejor esta tesis, plantearemos algunos pro-blemas derivados de la
modernización cultural y retomaremos la idea de la integración social como
sintetizador de los problemas de la socie-dad contemporánea.
La cotidianidad en la encrucijada. Existen dos razones que
justifican la importancia de la vida cotidiana, sostiene A. Giddens.16 En
pri-mer lugar, las rutinas de la vida diaria cons-tituyen lo central de las
actividades sociales. La vida social está organizada en torno a la repetición
de esquemas similares de conduc-ta. Si en la vida de una persona se produce un
cambio importante, tienden a producirse alte-raciones en las rutinas diarias.
Por su parte, Sinclair Lewis preguntaba: “¿Quieres saber quién eres? Cuéntame
qué haces las 24 horas del día”. La vida cotidiana es lo que los hom-bres hacen
y lo que han hecho con ellos. En segundo lugar, el análisis de la vida
cotidiana permite comprender el sentido de las institu-ciones sociales. Todos
los sistemas de poder
A. Giddens, Modernity and
Self-Modernity, Stan-dford University Press, 1991.
dependen de las formas de interacción social en las cuales
estamos inmersos en el curso de nuestra vida diaria.
Por lo general, la vida cotidiana es una cons-trucción
sociocultural, que se sitúa en medio de dos relaciones: la de los macro
procesos y las micro relaciones individuales o colecti-vas en pequeña escala. A
veces todo es ritual, mecánico y mercantil, como en Chile hoy, y otras veces,
lo extraordinario se transforma en monotonía, como en el México de Pancho
Villa. La vida cotidiana se refiere a las prácti-cas concretas de la gente en
condiciones par-ticulares y diferenciadas de vida. Aquí se plan-tea que la vivencia
subjetiva de esa diferencia social, cultural o política cotidiana es o puede
ser una fuerza transformadora de la misma cotidianidad. Quizás precisamente por
esto la nueva dinámica de los actores sociales esté más concentrada en la
recreación cotidiana de las relaciones sociales más que en la toma del poder
estatal. Por eso, para poder ser sos-tenible en el tiempo, un enfoque de
Desarrollo Humano necesita descansar en la subjetividad cotidiana de las
personas, es decir en sus va-lores, aspiraciones, creencias, proyecciones y
rutinas diarias.
La globalización cultural es una dinámica clave que transforma
los patrones de sociabi-
270 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
lidad. La emergencia de una sociedad de redes crecientemente
informatizada tiende a desin-tegrar los mecanismos nacionales de control y
cohesión social. Tendencialmente los ciudada-nos están perdiendo el control
sobre sus vidas, sus economías, su cultura y sus gobiernos. En este sentido se
podría mencionar algunas nue-vas tendencias del dinamismo cultural moder-no por
su fuerte impacto en la cotidianidad de las personas.
La fuerza persuasiva de la globalización de la cultura, asociada
con una expansión del mercado y la industria cultural, tiende a inte-grar
simbólicamente a las sociedades. De esta forma redefine las construcciones
culturales nacionales, homogeneizando y segmentando mercados. El flujo de
imágenes, sonidos y men-sajes creados por los nuevos medios hace pa-tente el
papel que juega la comunicación social en la vida cotidiana. En esta lógica, un
ejemplo importante es el de la publicidad. Basta con pensar en los 175.000
avisos publicitarios que los estadounidenses ven en promedio a lo largo de toda
su vida.17
Así, los procesos culturales en América La-tina viven un nuevo
sincretismo influido por la
producción de los países avanzados. Dado que la
internacionalización simbólica se define en el centro, limita la
autodeterminación cultural de los otros ciudadanos. Por otro lado, somete a las
culturas de la periferia a un brutal bom-bardeo nunca antes apreciado.
Pareciera que ahora se instituye una convivencia entre un cosmopolitismo
globalizante y un localismo vernacular.
Otro aspecto fundamental es la multiplica-ción y renovación de
identidades culturales otrora subordinadas a lógicas estatales y
na-cionalistas. Esta expansión cultural tiende a redefinir los conflictos
sociales. Actualmente, gran parte de ellos está referido a temas de
so-ciabilidad, reproducción cultural e integración social y a las posibilidades
de inserción y re-conocimiento en el plano institucional. Recien-tes informes
del PNUD señalan que en los últi-mos cinco años, más del 70% de los conflictos
mundiales se dan dentro de los países y son de tipo intercultural, étnico y
religioso. Señalan además que hoy es posible diferenciar más de 10.000 culturas
en el mundo.18
Es evidente el papel estratégico que juegan en este momento la
educación, el conocimien-
Informe de Desarrollo
Humano 1998, Mundi Pren-sa, México.
Informe de Desarrollo
Humano 1994 y 1996.
La nueva cuestión social bajo la mirada del desarrollo humano 271
to y las redes de información para la integra-ción social al
mundo moderno. Resulta pues fundamental acceder a estas nuevas formas de
conocer y comunicar. Una vida cotidia-na moderna exige una ciudadanía renovada,
capaz de manejar códigos de incertidumbre propios de la vida actual, y aquellos
que la CEPAL denominó códigos de modernidad.19 Se trata de lograr una expansión
de los nú-cleos de inteligencia mediante el incremento del conocimiento y las
destrezas necesarias para participar en la vida moderna. Por otro lado, ya
nadie es ajeno a los cambios produci-dos por la depredación ecológica que
afectan directamente a la vida cotidiana. Existe, pues, una ruptura creciente
entre la capacidad de control de los procesos nacionales y la lógi-ca global
del deterioro ecológico. Por eso, la ecopolítica plantea nuevos temas como
producto de los impactos sobre el medio am-biente y en muchos sentidos se
observa la emergencia de una conciencia ambientalista mundial que choca con un
sistema de intere-ses particularistas.
Toda modernización modifica la producción social de
oportunidades, las necesidades y los
CEPAL, Educación y
conocimiento: ejes de la trans-formación productiva con equidad, Santiago,
1992.
vínculos entre ellas. Cambia además el modo de vida, el habitus,
la subjetivación, los lazos sociales y los tipos de solidaridad de nuestras
sociedades. La cotidianidad es el espacio don-de se sedimentan esos lazos. Es
también el lu-gar donde la modernización se concreta para las sociedades y las
personas, y donde asienta sus posibilidades de generar futuras acciones
significativas. Lo fundamental radica no solo en reconocer que la modernización
cambia la vida cotidiana de la gente, sino en cómo la transforma desde sus
necesidades materiales y simbólicas.
El mercado, la globalización y la infor-mación cambian la vida
de las personas y debilitan el lazo social al erosionar, entre otras, las
lógicas más sustantivas de valores y costumbres como las de solidaridad,
fami-liaridad, amistad y participación asociativa. Pero, al mismo tiempo, la
modernización amplía oportunidades y permite el acceso, como nunca, a la
universalidad y a las con-diciones materiales para superar problemas de
inequidad y mejorar la calidad de la vida. La dinámica de la modernización no
es uni-direccional. En una sociedad cada vez más globalizada, se esconde la
paradoja de un mundo cada vez más integrado, pero al mis-mo tiempo más
fragmentado.
272 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
¿Se trata de una nueva sociabilidad vir-tual? Si es así, ¿cómo se
combina con los di-versos tiempos culturales que vive la región?; ¿es posible
pensar en un nuevo tipo de vida que supere los problemas de la moderniza-ción
manteniendo y enriqueciendo las inter-culturalidades existentes?; ¿o acaso el
desti-no conduce a un fraccionamiento tribal con múltiples y pequeñas
cotidianidades, unas separadas de otras?
La integración social. La integración social es uno de los
conceptos clásicos de la socio-logía. Se originó a fines del siglo pasado por
las “anomalías”, y la falta de mecanismos de control social, producidos por la
industriali-zación dentro de la sociedad tradicional. Por eso, las distintas
corrientes de la sociología empezaron a preguntarse por las condiciones de
reproducción y creación del orden y la uni-dad social. En América Latina, los
patrones colectivos de regulación fueron impulsados por agentes de control
social interesados en mantener modos específicos de dominación. Al mismo tiempo
reproducían lazos sociales diversos en y de la sociedad. Es obvio, ade-más, que
cualquier forma de integración su-pone relaciones sociales diferenciadas,
con-flictivas y jerárquicas. En todo caso, en buena
parte de esas lecturas predominaba una incli-nación hacia la
autorreproducción del control social. La noción del conflicto era más bien
periférica. Más adelante, la sociología crítica empezó a demostrar la
persistencia de una crisis entre la evolución de las nuevas diná-micas
productivas y de consumo, y la integra-ción social. Touraine ha enfatizado la
idea de que hay un cambio en el tipo de dominación, que ya no se basa tanto en
la explotación del trabajo, sino más bien en la manipulación de la demanda, el
deterioro de las condiciones de vida, el acaparamiento de los recursos y la
capacidad de decisión. Con esto sería otra la lógica de la propuesta y de la
propia integra-ción social.20
Los cambios en la sociedad, la concentra-ción de decisiones que
ellos connotan y par-ticularmente la emergencia de nuevos tipos de protesta en
términos éticos de consumo, étnico-culturales, de género, religiosos,
lo-calistas, etc., parecen indicar que los nuevos conflictos están surgiendo en
los ámbitos de la integración social, la reproducción cul-tural y la
socialización. Quizás por eso, los problemas más significativos de la sociedad
Véase A. Touraine, La
Production..., cit. esp. pp. 113 y 192.
La nueva cuestión social bajo la mirada del desarrollo humano 273
actual se refieren a la calidad de la vida. En este sentido
Habermas argumenta que la cri-sis proviene de las experiencias de cambio de
estructura propios del patrimonio sistémi-co de los grupos sociales y cuando
éstos ven amenazada su identidad. Es decir, una socie-dad estará en crisis de
integración cuando las nuevas generaciones ya no se reconocen en un orden
normativo que antes fue consti-tutivo. Asimismo señala que lo importante es
averiguar cuándo se producen problemas de autogobierno, que es donde se
conectarían la integración social con la sistémica. Para este autor, la
integración social se refiere a los sistemas de instituciones, “en que se
so-cializan sujetos hablantes y actuantes; los sistemas de sociedad aparecen
aquí con el aspecto de un mundo de vida, estructurado por medio de símbolos”,
mientras que la in-tegración sistémica se refiere a rendimientos de
autogobierno específicos de un sistema autorregulado.21 La pregunta es ¿qué
nuevos caminos existen para estos nuevos temas de integración social?
J. Habermas, Problemas de
legitimación en el capi-talismo tardío, Amorrortu, Buenos Aires, 1973.
La fuerza cultural del pacto
¿Cómo vincular los procesos de diferenciación y segregación
descritos con una cultura políti-ca de igualdad? O, expresado de otro modo, ¿es
posible una articulación entre los procesos de cambio y la necesidad de
expandir una cultura de la igualdad? La respuesta es difícil y apunta a la
temática del pacto, que implica que los ac-tores sociales asuman de manera
consensuada y como un valor en sí mismo el reconocimiento universal de la
igualdad, que ante todo supo-ne la ciudadanía. Se trata de institucionalizar colectivamente
un valor común que suponga el derecho a tener derechos, la igualdad en la toma
de decisiones y la ampliación de opciones para que las sociedades decidan su
evolución por sí mismas.
En realidad, se está reflexionando sobre las posibilidades de
justicia social y por tanto de constitución de un proyecto de emancipación
destinado a eliminar las culturas señoriales, clientelares, consumistas y en
general de la negación del otro que predominan en nuestra región. Además se
pretende asumir la búsque-da de la igualdad social como un bien común. Esto
replantea la temática del consenso sobre la base de lo que Pizzorno denominó
“cultura de la solidaridad procesal”, en la cual los ene-
274 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
migos se convertirían en jugadores que aceptan al menos un
método para resolver sus diferen-cias respaldados por la argumentación y la
al-teridad. Aquí radica la posibilidad de compren-der una racionalidad
democrática que va más allá de la lógica meramente instrumental. Esta estaría
fundada en una convicción derivada de consensos obtenidos a través de un debate
provisto de argumentos y, así, la deliberación intersubjetiva entre los actores
permitirá cons-truir una solidaridad procesal. Solo en estos términos cobra
sentido una combinación crea-tiva entre valores culturales y modernización.
Supuestos básicos del pacto. En esta ópti-ca, una dinámica de
participación creativa en la sociedad necesitaría estar acompañada por procesos
de equidad y libertad sociocultural, es decir, por el reconocimiento
instituciona-lizado al derecho a existir decentemente y a ser diferente. En
realidad, la temática del con-senso subraya el peso estratégico de la cultu-ra
política democrática en la búsqueda de la equidad. Aquí son útiles las tesis de
Tocqueville respecto a la democracia como igualación de las condiciones
sociales. Bajo su óptica, todas las ocupaciones, profesiones y dignidades
de-ben ser accesibles a todos. Por tanto, asumir los juegos interculturales
propios y superar
una cultura de la exclusión es una de las bases para enfrentar
creativamente los desafíos del cambio. Del mismo modo parece plausible
pos-tular que un prerrequisito para el logro de una cultura moderna de la
igualdad radica en que los pactos necesarios de desarrollo se hagan en función
de las subjetividades sociocultura-les existentes.
Una política de “solidaridad procesal” re-quiere que los
pobladores de un país deter-minado se reconozcan en primer lugar como
ciudadanos, miembros de una comunidad polí-tica, capaces de ser actores
conscientes de una sociedad moderna, que cada vez se define más por el cambio
constante y la incertidumbre. Sin embargo, proponer pautas de modificación
supone reconocer una serie de trabas, como la persistencia de orientaciones
señoriales o mer-cantiles de hacer política y el clientelismo-bu-rocrático al
que hacíamos mención. También implica reconocer la persistencia de estilos
empresariales carentes de creatividad, de com-portamientos sindicales
monádicos, de cultu-ras políticas conspirativas y especialmente de pautas
culturales imitativas y de recepciones del cambio tecnológico en función de
efectos demostrativos y no del aprovechamiento de las potencialidades de cada
empresa y cada socie-dad nacional.
La nueva cuestión social bajo la mirada del desarrollo humano 275
Gestión progresiva del pacto. En Améri-ca Latina resulta difícil
imaginar una gestión progresiva del cambio sin establecer pactos. Por una
parte, existe la necesidad estatal de compartir responsabilidades en la
fijación de políticas y, por otra, el proceso reabre el de-bate sobre qué
contenido último va a tener la democracia y sobre cuánto se puede avanzar en
las dimensiones que la califican, es decir, la de libertad, estabilidad y
justicia social. Esta segunda vertiente se refiere a la necesidad de ampliar
los canales de participación para que los sectores sociales organizados se
integren a la fijación de políticas. Para aspirar a una de-mocracia que avance
progresivamente, aquí se plantea el problema de los alcances del pacto. Ello
implica una construcción de consenso so-bre metas básicas del orden social no
asegu-radas por el orden democrático o económico.
Ahora bien, ¿cuáles son las modalidades del quehacer político
que permiten ese consenso tomando en cuenta la acumulación de poder y la
coherencia necesarias para transitar ese camino? La privatización de las
decisiones a través de la imposición del proyecto neolibe-ral, donde solo
predomina el cálculo racional de ventajas económicas, fragmenta la trama
so-cial e incrementa la incertidumbre, la desigual-dad y la violencia. En el
otro extremo, no exis-
te, felizmente, de parte de ninguna de las fuer-zas sociales y
políticas, suficiente capacidad para imponer hegemónicamente un proyecto de
desarrollo. En este sentido, cabe recuperar la comprensión de la política como
un sistema de expectativas y reconocimientos recíprocos, donde los
procedimientos no son meramente formales, sino formas comunicativas que fun-dan
normas de reciprocidad. La existencia de los actores sociales organizados para
concurrir a la elaboración de una política de gobierno tie-ne que ver con esta
modalidad. Eso solo se pue-de concebir como una intensificación del
cons-tructivismo simbólico de la política, generador de nuevas identidades e
igualdades sociales.
En la doctrina contractualista se supone que los actores que
pactan están preconstituidos, es decir, no juegan su identidad en el pacto. En
realidad —si la modalidad de hacer política es intercambiar reconocimientos
recíprocos— el pacto es la ocasión para redefinir identidades sociales y
políticas. Implica interacción y reco-nocimiento del otro, es decir, comprender
su libertad e identidad. La política, entonces, ten-dría que hacerse cargo de
la elaboración de esa pluralidad. En nuestra sociedad las relaciones sociales
no están plenamente constituidas. A diferencia de los paradigmas europeo o
nortea-mericano, no se trata de sociedades tan prees-
276 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
tablecidas que admitan regulaciones repitien-do mecanismos y
formas de comportamiento. En ese sentido, es importante que la discusión
permita pensar posibilidades diferentes de “ha-cer política” en los países de
la región.
Las tres dinámicas políticas del pacto. Como mencionamos ya hace
algunos años jun-to a Mario Dos Santos, tal discusión tendría tres dimensiones
relevantes. En primer lugar, el compromiso nacional tiene que ser visto como un
intercambio entre actores sociales y políticos, capaz de movilizar sus
identidades. En segundo lugar, exige reconvenir los cami-nos rupturistas de
transformación social y, ter-cero, acentuar los contenidos éticos de la
de-mocracia. El primer aspecto está relacionado con una tesis sociológica
consistente en que las identidades de los sujetos sociales se cons-truyen y
reconstruyen desde los otros, en rela-ción con ellos y en el contacto cara a
cara. Otro elemento importante es el rechazo a cualquier forma de
autoritarismo. Esto lleva a repensar los frustrados intentos por establecer
sistemas hegemónicos de una clase sobre el resto, de una región sobre el resto,
o de ciertas elites es-tatales sobre partidos y fuerzas sociales y a
re-considerar el campo popular como un proble-ma de articulación. En tercer
lugar, se justifica
una preocupación por la instauración de reglas del juego
político que no determinen una opo-sición de fines últimos como la única
posibili-dad de intercambio entre los sujetos políticos y sociales. El
reconocimiento del otro como alguien legítimo reclama la persistencia de
va-lores y normas éticas en la democracia, pero también una crítica de la
experiencia histórica. Por otra parte, y pese a lo dicho, también se-ría
necesario valorar la negociación como es-pacio de regateo o intercambio de
intereses. Retomando lo dicho antes, las negociaciones económicas y políticas
pueden servir para la integración simbólica. Esto no equivale ni a la anulación
de los conflictos ni a las disoluciones de las identidades sociales y
políticas. Podría implicar, sí, la reconstitución de estas últimas.
Elementos para una reforma de la cultura política.22 Los
planteamientos anteriores colo-can como tema central las posibilidades de una
reforma cultural de la política y ello supone asumir las diferentes gramáticas
del conflicto. Las sociedades tienen que comunicarse expli-citando los
conflictos que viven y contar con
Véase F. Calderón y M.
Dos Santos, Socieda-des sin atajos..., ob. cit.
La nueva cuestión social bajo la mirada del desarrollo humano 277
genuinos canales de representación para que, en la deliberación
y arbitraje, sean contempla-dos todos los intereses, actores y argumentos que
intervienen. En este sentido, es vital la constitución de espacios públicos de
debate y diálogo. Además es importante que los actores que participan en el
debate acudan con la con-ciencia de que éste presupone respetar y hacer
respetar un acuerdo. Por tanto deben asumir un sistema de sanciones para
quienes no res-peten los términos acordados. Todos estos puntos suponen un
consenso previo en torno de algunos meta-valores como el rechazo a la
violencia, la solidaridad social o la adhesión a derechos económicos y
sociales.
Desde una perspectiva pragmática, la rea-lización de pactos
tiene una serie de efectos multiplicadores sobre la política y la econo-mía.
Algunos de ellos reforzarían la estabilidad política y social, particularmente
en momentos de escasez de recursos; pueden reemplazar o disminuir sistemas
clientelares de interme-diación entre la sociedad y el Estado. En este sentido,
también son capaces de estimular la secularización del comportamiento político
y la institucionalización de mecanismos de nego-ciación sobre todo a nivel
local y/o sectorial; pueden fortalecer la participación política en el sistema
de toma de decisiones y consolidar
la legitimidad de las instituciones de represen-tación, en la
medida en que éstas estimulen los procesos participativos y promuevan una
lógica de responsabilidades compartidas; po-tencian una cultura de la
tolerancia, la alteri-dad y el pluralismo orientada al entendimiento como
principal instrumento para resolver con-flictos; fortalecen la capacidad de
acción de los actores sociales con base en la capacidad de diálogo y
comunicación. El conjunto de estos argumentos apunta a la idea de que el pacto
en sí supone una lógica sistémica superior al comportamiento específico de uno
u otro actor involucrado.
Las aspiraciones y el sentido del tiempo
Uno de los rasgos de los tiempos modernos es la incertidumbre
cotidiana asociada con la sobreaceleración de los tiempos históricos. La idea
de un tiempo industrial que fundamentaba la idea del progreso está agotada. Las
utopías de un avance social ascendente y lineal ya no guardan relación con la
fuerza instrumental del cambio. Más aún, el proceso de secularización produjo
una especialización instrumental que debilita la subjetividad de nuestras
sociedades. Precisamente, está superada la noción de pro-
278 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
greso que integra la evolución instrumental y un conjunto de
valores.
Antes de responder en un sentido progresi-vo conviene
preguntarse ¿por qué esta idea de progreso entró en crisis? Para empezar, desde
la perspectiva latinoamericana, el concepto desarrollista de un continuum
social que nos llevaría a un mundo moderno se contradice no solo con los datos
de exclusión y pobreza social crecientes, sino también porque la idea de una
sociedad industrial de consumo es in-viable por razones de mercado y medio
am-biente. Varios informes de Desarrollo Humano han insistido en que no es
posible imaginarse, ni siquiera para los países desarrollados, los actuales
ritmos de consumo y destrucción del medio ambiente. En el mismo sentido, la
idea dependentista de que el cambio implicaría una autonomía en el desarrollo,
ha probado estar errada. El tiempo lineal típico de la sociedad industrial,
medible y predecible, no guarda re-lación con los cambios de la modernización y
la globalización del capital financiero y su fun-cionamiento en un tiempo real,
la revolución tecnológica y las recientes estructuras empre-sariales
descentralizadas y flexibles a escala planetaria, la creciente cultura virtual
y el de-sarrollo de la industria y el mercado cultural global, y los efectos
multiplicadores en todas
las esferas de la actividad humana. Estos ejem-plos marcan
nuevas y complejas pautas de es-tructuración del tiempo histórico.
Según Castells, la emergencia de un nuevo paradigma
informacional y de la sociedad-red provocan una perturbación sistémica en el
orden secuencial de los fenómenos de este contexto. Se estaría conformando una
especie de “tiempo atemporal”, donde también habría una diferenciación
conflictiva, comprendida como la convivencia de distintos impactos de los
tiempos sociales sobre la realización de los fenómenos. A mi juicio, en el
corazón de este entramado anida la cuestión del sentido de la vida social en
estos “tiempos atemporales”.
Desde una perspectiva política, Lechner ha trabajado la idea del
desvanecimiento de la idea de futuro. Por una parte, si bien la política puede
ser considerada como la productora de metas de la sociedad, la política
democrática se basa en acuerdos sobre fines y procedimientos, y así, la
autodeterminación comunitaria apunta a construir el futuro deliberativamente.
Sin em-bargo la aceleración de los tiempos históricos y el trastocamiento de la
dimensión temporal hace que la vida social misma se acelere y des-componga cada
vez más y con ella la estructura temporal que la contenía. Y así, la idea misma
de futuro político también se diluye y solo que-
La nueva cuestión social bajo la mirada del desarrollo humano 279
da un presente omnipotente, esquizofrénico y atemporal.23 La
contracara es que también con ello el horizonte de futuro se desdibuja y todo
se torna coyunturalista y pragmático.
Todo esto acentúa la necesidad de buscar sentido en el uso del
tiempo y de orientarse a su cualificación a partir de los deseos de las mismas
personas. Ya no se trataría de nuevas teológicas sociales, como el comunismo o
la sociedad de consumo, sino de nuevas formas culturales de vivir lo moderno.
Quizás aquí ra-dique el significado del enfoque del Desarrollo Humano. Así se
puede deducir que los concep-tos de tiempo son histórico-culturales. En la
óptica del Desarrollo Humano, el futuro de una sociedad se construye sobre las
aspiraciones de las personas y los actores. Este es un asun-to que solo puede
formularse en la sociedad y sobre el cual la misma sociedad puede escoger
opciones. Incluso la mirada hacia el pasado es reconstruida en el presente y
ella es una recons-trucción temporal. En este sentido, el Desarro-llo Humano se
describe como una proyección de futuro posible y deseable. Es la manera de
preguntarnos por el presente, de interrogarnos quiénes somos y adónde deseamos
ir. Por todo
23 N. Lechner y F.
Calderón, ob. cit.
esto, el supuesto básico es que el futuro ya está prefigurado
por las decisiones que se toman en el presente. Por otra parte, debe quedar
claro que las decisiones de futuro se construyen so-bre la base de diálogos y
acuerdos. Estos, sin embargo, no son inmutables, solo son puntos de referencia
para la acción y precisamente por eso pueden ser revisados. Y con esto el
futuro mismo, felizmente, es solo una posibilidad.
La convivencia de diversos tiempos históri-co-culturales en
Latinoamérica parece mostrar una nueva dimensión temporal que se acelera y se
diferencia gracias al impulso renovador de la cultura virtual. Ya no solo se
trata de la acción en tiempos arcanos de sociedades ay-maras o mayas y de su
sabiduría para vivir con la naturaleza. Tampoco se trata de identificar la
superposición de distintas temporalidades de las culturas, sino de ver cómo
éstas se en-frentan con un imaginario cada vez más mul-tiplicador de conexiones
y dinámicas antes inéditas. Es posible dar ejemplos de algunas conexiones
interesantes. Para empezar los mo-vimientos ecologistas están revalorizando las
culturas precolombinas como fuentes de sa-biduría para la reproducción de la
naturaleza. Luego, pueden encontrarse varios encuentros intertemporales, como
los de los suqakollos en el altiplano boliviano, donde arcanas formas
280 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
de producción agrícola fueron redescubiertas para su uso actual.
Y también está la omnipresencia de lógicas fantasmagóricas del
pasado. El habitus lati-noamericano es como una porosa y antigua pintura que
vive un constante pentimento. Así, viejas frustraciones reaparecen en el
ima-ginario moderno como afirmando que no todo está bien ni resuelto para
emprender el viaje al futuro. En realidad se vive un tiempo pluri-temporal que
la óptica del Desarrollo Humano debe asumir. El multiculturalismo de origen
viene complicando de una manera inimagina-ble cualquier mentalidad lineal. La
superpo-
sición creciente de distintos pisos culturales no se ha reducido
ni integrado a la cultura industrial ni virtual del instante eterno, sino más
bien está conviviendo y expandiéndose con ellas. En las sociedades
latinoamericanas, el futuro depende de las mismas intertempo-ralidades
preexistentes. En este sentido, una lógica de pactos deliberativos y reflexivos
puede ayudar a imaginarnos un porvenir me-jor. Construir imaginarios del futuro
es tam-bién pensar desarrollos posibles acerca de lo que somos o podríamos ser.
En la fuerza de las ideas de hoy ya están vivas las posibilidades de un mañana
mejor.
Modernización
y gobernabilidad democrática*
Fernando Calderón G. y Norbert Lechner
Introducción
El presente texto pretende ofrecer una visión básica de los
problemas de gobernabilidad de-mocrática en los países de América Latina y el
Caribe. El documento consiste de tres partes.
Una breve introducción presenta la idea central del texto.
Entendiendo por gobernabi-lidad la relación entre política y sociedad, los
problemas de la gobernabilidad democrática en nuestros países parecen radicar
en un cierto retraso de la política respecto al dinamismo de los cambios en la
sociedad.
La segunda sección plantea el nuevo contex-to en el cual se
insertan los problemas de go-bernabilidad democrática. Se analizan las gran-des
tendencias que con mayor o menor inten-sidad caracterizan la actual
reorganización de
Este trabajo fue escrito
junto a Norbert Lechner y publi-cado originalmente en Mas allá del mercado y
del Estado: La democracia (La Paz: PLURAL Editores) en el año 1998.
las sociedades en la región así como los efectos de tal
reestructuración sobre la política.
Finalmente, asumiendo la ciudadanía como el principal referente
de la gobernabilidad de-mocrática, la tercera parte hace hincapié en el impacto
que dicho proceso de transformación tiene en la experiencia ciudadana.
Las nuevas condiciones de gobernabilidad
El reciente proceso político latinoamericano y caribeño ha
demostrado que —incluso en si-tuaciones de crisis, cambio económico y fuerte
ajuste social— la democracia goza de una am-plia legitimidad en la región.
Este es el punto de partida: constatamos que a pesar de la
persistencia de patrones históricos políticamente excluyentes, en la región
preva-lece un reconocimiento generalizado del régi-men democrático.
Efectivamente, de múltiples
282 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
maneras y desde distintos procesos históricos, las sociedades
latinoamericanas valorizan la democracia tanto como régimen institucional
cuanto como forma de vida. Sin embargo, no es lo mismo valorizar la democracia
a tener una gobernabilidad democrática.
Múltiples indicadores políticos y resulta-dos de encuestas de
opinión pública mues-tran una serie de problemas y limitaciones en el buen
funcionamiento de la democracia. La demanda de democracia se ve crecientemente
defraudada por una falta de eficiencia y efica-cia. Existe un amplio acuerdo de
que tales de-ficiencias afectan la viabilidad política de las estrategias de
desarrollo y que pueden poner en peligro la legitimidad misma del régimen
democrático. La creciente preocupación por la gobernabilidad ha dado lugar, por
otra par-te, a múltiples iniciativas que —al interior del campo político—
tratan de mejorar la efectivi-dad del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial,
del sistema de partidos políticos y, en general, de la gestión pública. Por
importantes que puedan ser estas reformas, muy difícilmente las deficiencias de
gobernabilidad pueden ser explicadas y resueltas exclusivamente en el cuadro de
la institucionalidad política. Un en-foque restringido al campo institucional
tien-de a perder de vista al conjunto de la sociedad
como el marco de referencia imprescindible de las instituciones.
La gobernabilidad puede ser entendida como un estado de
equilibrio dinámico entre demandas sociales y capacidad de respuesta
gubernamental (Camou, 1995). Más allá de ésta u otras definiciones, conviene
conside-rar el siguiente supuesto: las instituciones democráticas están
insertas en el conjunto de la vida social y, por consiguiente, su
fun-cionamiento depende del modo en que está organizada determinada sociedad. A
partir de esta premisa podemos formular la hipótesis central del análisis: la
gobernabilidad demo-crática concierne la relación entre sistema político y
ciudadanía en el desarrollo social. Ello implica, por una parte, que el sistema
po-lítico y los ciudadanos son co-rresponsables de la gobernabilidad
democrática; aun cuan-do la iniciativa resida en el sistema político, su éxito
exige la cooperación ciudadana. Por otra parte, ello implica que cambios
estructu-rales en el desarrollo de la sociedad modifican tanto el papel de la
política como las expecta-tivas de los ciudadanos, o sea que modifican las
condiciones de gobernabilidad.
En las últimas dos décadas han tenido lugar profundas
transformaciones sociales tanto a nivel mundial como en cada una de las
socieda-
Modernización y gobernabilidad democrática 283
des latinoamericanas. De hecho, en todos los países de la región
observamos una reestruc-turación social más o menos drástica. Una
re-organización de la sociedad de tal envergadura no puede sino afectar también
a la política. A la par con un cambio del entorno social ocurre un cambio de la
propia política. Síntoma de ello son expresiones como la denominada “crisis de
la política” o la insatisfacción acerca de la “calidad de la política”. Es en
este contexto que se insertan los problemas de gobernabilidad. Estos tienen
mucho más que ver con las trans-formaciones sociales en curso que con algunos
notorios déficits institucionales o estilos de gobierno. En general, los
problemas de gober-nabilidad democrática en América Latina resul-tan de la
falta de adecuación de la política y del Estado a los cambios estructurales de
nuestras sociedades. Ellos son, en el fondo, la expresión de un retraso de la
política en relación a las di-námicas de las transformaciones sociales.
En este ámbito cabe destacar desde ya dos tendencias implícitas
de los problemas de go-bernabilidad. Por una parte, los procesos de
modernización desencadenan por doquier tendencias centrífugas que los sistemas
políti-cos, en su forma actual, no logran manejar sa-tisfactoriamente. Vale
decir, la modernización socioeconómica socava la efectividad de las
instancias políticas de regulación y conduc-ción. Ello
significa, por otra parte, que la po-lítica pierde crecientemente su capacidad
de control sobre los procesos de modernización. Corremos el riesgo de una
“modernización sin modernidad”; es decir, un proceso a espaldas o en contra de
la voluntad ciudadana y, por lo mismo, sumamente inestable. La gobernabili-dad
democrática se ve cada vez más afectada tanto por la incapacidad de las
mayorías de participar en la recreación y adecuación de las instituciones sociales,
como por la incapacidad de estas por reconocer los nuevos derechos
in-dividuales y colectivos de los ciudadanos.
Existe no sólo un retraso en las formas de hacer política,
igualmente notorio es el retra-so en las formas de pensar la política.
Preva-lecen concepciones tradicionales e imágenes estáticas acerca de lo que es
y puede hacer la política. Especial preocupación merece, por supuesto, tal
“inmovilismo” por parte de las éli-tes políticas (independientemente de su
signo ideológico). En la medida en que la “clase po-lítica” no logra hacerse
una idea adecuada del nuevo papel de la política, de sus límites y de sus posibilidades,
tampoco está en condicio-nes de respetar las nuevas restricciones, de
dis-cernir los objetivos factibles y de visualizar las oportunidades que se
abren. Ello conduce a esa
284 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
aparente ausencia de alternativas que caracte-riza a nuestra
época. Igual atención merece, por otro lado, similar inercia en la ciudadanía.
Los ciudadanos suelen hacerse ideas y expec-tativas acerca de la política que
no correspon-den a la nueva realidad social. Estamos ante un desajuste poco
percibido, pero muy problemá-tico por cuanto conduce a graves distorsiones a la
hora de evaluar determinado desempeño político, como en el caso de las
elecciones. Más grave aun es otro peligro, el de una demo-cracia que no cumple
lo que, ilusoriamente, se espera de ella, y genera más bien un clima de
frustración que termina por minar la credibili-dad de las instituciones
democráticas. Resulta pues importante tanto para las élites políticas y los
ciudadanos como para las relaciones de confianza entre ellos, elaborar
concepciones actualizadas de la política.
De las ideas anteriores se desprende una conclusión general: una
vez analizados los des-ajustes producidos en la relación entre política y
sociedad, los problemas de gobernabilidad democrática han de ser abordados
primordial-mente como un tipo de ajuste político. Si el proceso de
modernización de América Latina pasó por una fase de ajuste estructural de la
economía, hoy en día está pendiente un ajuste estructural del campo político.
Ello involucra
muy diversos aspectos. Por un lado, las expec-tativas que nos
hacemos acerca de lo que es la democracia y de lo que puede hacer la política.
En este contexto es inevitable revisar la autoi-magen que se hace el ciudadano
de sí mismo y, en general, la propia noción de ciudadanía en las condiciones
actuales. Por el otro, el ajuste se refiere principalmente a los estilos de
hacer política y, en definitiva, a verdaderas “invencio-nes institucionales”
que actualicen los proce-dimientos democráticos. Se trata pues de una “reforma
de la política” en doble sentido: una adecuación de la política al nuevo
contexto a la vez que una modernización llevada a cabo por la política.
El análisis se limita a destacar algunas ten-dencias generales,
sin abordar los rasgos espe-cíficos de cada país. Sin duda, las
particularida-des históricas de un país representan factores cruciales a la
hora de enfocar sus problemas de gobernabilidad. No obstante, cabe advertir que
tales especificidades nacionales se encuentran más y más relativizadas por el
alcance global que tienen ciertas megatendencias. No está de más agregar que
dichas tendencias implican riesgos y oportunidades. A la vez que plantean
amenazas para las jóvenes democracias de la región, también abren nuevas
opciones de de-sarrollo. Por cierto, descifrar las oportunida-
Modernización y gobernabilidad democrática 285
des que se ofrecen exige una nueva mirada. Nos resulta más fácil
apreciar con angustia o nostalgia lo que perdemos (el pasado) cuando se trata
más bien de aprovechar el presente y acomodar los espacios abiertos del futuro.
La reestructuración de la sociedad y sus efectos sobre la
política
Ruptura y persistencia de los patrones históricos
En los procesos de cambio social lo nuevo nun-ca desplaza
completamente a lo viejo; incluso las revoluciones no hacen tabula rasa del
pa-sado. Aun cuando el análisis que sigue hace hincapié en los elementos
novedosos, siempre debe tenerse presente el trasfondo histórico que, según los
países, tendrá mayor o menor gravitación. De hecho, en todos los países
per-sisten patrones tradicionales de dominación. El pasado sigue estando
presente bajo la forma de estructuras (caciquismo, clientelismo), de estilos de
gobierno (populismo) y de imagina-rios colectivos (estatismo, utopías
redencionis-tas) que ya no suelen ser predominantes, pero que conservan una
influencia notable. En algu-
nos casos, el actual proceso de modernización se apoya sobre
tales elementos, configurando formas híbridas, particularmente en el mundo
rural. En otros, las promesas incumplidas de la modernización fomentan una
defensa regresiva de la tradición (fundamentalismo). En general, sin embargo,
un rasgo típico de nuestra época consiste precisamente en que las tradiciones
dejan de ser útiles para enfrentar los desafíos del presente. Las experiencias
adquiridas en el pasado (incluyendo la misma experiencia esco-lar de un adulto)
rápidamente devienen obsole-tas y poco sirven de cara al futuro.
Dicho en otros términos: un rasgo específi-co de la
modernización en América Latina y el Caribe es la celeridad del proceso. En
Europa o Estados Unidos el proceso avanza gradual-mente sobre muchas décadas;
en consecuen-cia, hace uso de formas preindustriales de or-ganización (el
trabajo doméstico de la mujer subvenciona el trabajo asalariado del obrero) y,
por sobre todo, sus efectos disgregadores pueden ser amortiguados por la
continuidad de identidades colectivas y lazos de solidaridad anteriores. En América
Latina, en cambio, la actual estrategia de modernización es impuesta con tal
rapidez y radicalidad que en pocos años arrasa con las tradiciones, destruyendo
los col-chones protectores del tejido social. Además,
286 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
en Estados Unidos y Europa existe una expe-riencia acumulada con
el régimen democrático y, por lo tanto, cierto “sentido común” acerca de sus
méritos y defectos. Esa tradición, capaz de colmar la brecha entre el ideario y
el funcio-namiento real de la institucionalidad democrá-tica, falta en América
Latina. Aquí el régimen tiene un carácter fundacional que aumenta la presión
sobre el cumplimiento de “las prome-sas de la democracia”. Es decir, se suele
exigir de las instituciones democráticas un desarrollo ideal sin concederles el
tiempo necesario para afianzarse en sus rutinas normales.
Entre las características tradicionales de la región cabe
destacar el papel sobresaliente del Estado. Se ha señalado que en América
La-tina, a diferencia de otras regiones, el Estado ha creado a la sociedad. En
efecto, desde las guerras de independencia las luchas en torno a la “cuestión
nacional” y posteriormente a la “cuestión social” hacen del Estado el núcleo
rector que ordena la vida social. El Estado oligárquico decimonónico y el
denominado “Estado de compromiso”, basado en la incor-poración paulatina de las
clases sociales emer-gentes, no sólo representan distintos tipos de Estado,
sino que encarnan diferentes modos de organización social. En ambos casos las
di-ferentes fuerzas sociales se constituyen como
actores por referencia al Estado y estructuran sus relaciones
recíprocas por intermedio del Estado. Vale decir, el Estado es la instancia
central de regulación y conducción de los pro-cesos sociales. Él otorga
reconocimiento y pro-tección, él distribuye beneficios y sacrificios, él marca
el rumbo y el ritmo del desarrollo so-cial. No sorprende pues cierta
“Estadolatría” que toma al Estado como la solución de todos los problemas. Este
proceso que culmina en el Estado desarrollista parece haber concluido. Hoy por
hoy, el ciclo del “modelo Estadocén-trico” parece agotado; el actual proceso de
mo-dernización ya no se apoya tanto en el Estado como sobre el mercado. Sin
embargo, es hora de parar el péndulo, el Estado no es la única solución, pero
tampoco solamente problema. Lentamente se impone la conclusión de que el Estado
es parte del problema y de la solución.
La nueva complejidad social
La modernización se caracteriza primordial-mente por los
procesos de diferenciación. En América Latina, particularmente en los países de
modernización temprana, se observa hace muchas décadas un proceso de
diferenciación social que complejiza a la estructura social. Las clases
sociales fundamentales que en el pasado
Modernización y gobernabilidad democrática 287
aglutinaban y estructuraban a la población en grandes
identidades colectivas se diferencian en múltiples grupos sociales con
subculturas específicas. La multiplicación de espacios más y más autónomos
segmenta los intereses ma-teriales y mina los principios universales que
servían de anclaje a las identidades colectivas. Impulsada por los procesos de
urbanización e industrialización, la diferenciación social di-luye el mundo
señorial de antaño, impulsa la diversidad social y prepara así el terreno para
la pluralidad política. “El pueblo” como suje-to teórico de la democracia se
despliega en una pluralidad de actores. Descubrimos pues en la diferenciación
social el proceso subya-cente al pluralismo de opciones que caracte-riza al
“juego democrático”. Pero se descubre también uno de los procesos subyacentes a
los problemas de gobernabilidad democrática. En la medida en que la
diferenciación social da lu-gar a procesos de disgregación y atomización las
identidades colectivas se disuelven o deri-van en simples “tribus” cohesionadas
más por emociones compartidas (estadios de fútbol, recitales de rock) que por
lazos duraderos. En otros términos, los actores sociales se multi-plican a la
vez que se debilitan. Ello afecta la representación política de los intereses socia-les.
La representatividad presupone actores
representables. Más se debilitan los actores sociales, más
difícil es su representación. La brecha (inevitable) entre representantes
polí-ticos y representados se acentúa, poniendo en entredicho el carácter
representativo del régi-men democrático existente.
En años recientes gana cada vez más pree-minencia otro proceso
característico de la mo-dernización: la diferenciación funcional. Diver-sos
campos de la sociedad van desarrollando racionalidades específicas, acordes a
sus fun-ciones hasta constituir “subsistemas funcio-nales” relativamente
cerrados y autónomos. Estos operan como campos autoreferidos en consonancia con
sus códigos funcionales y, por lo tanto, sólo asimilan señales externas en la
medida en que sean asimilables por la “lógica” interna del subsistema.
Expresión de ello son la relativa “independencia” o impermeabilidad que
muestran, por ejemplo, la economía, el De-recho, la ciencia y la misma
política, cada cual obedeciendo a una lógica específica. El desa-rrollo social
ya no se rige por una racionalidad única sino por una constelación de distintas
racionalidades.
Esta diferenciación funcional incrementa enormemente la
complejidad de nuestras so-ciedades. A pesar de los grandes flujos de
infor-mación la vida social se vuelve más opaca y, por
288 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
lo mismo, más impenetrable a un ordenamien-to deliberado. La
pluralidad de racionalidades funcionales hace aumentar las situaciones de
contingencia (lo que no es necesario ni imposi-ble) que exigen una toma de
decisiones a la vez que la dificultan. En nuestros países ya no exis-te esa
“unidad” de la vida social que presupone el mando jerárquico. La diferenciación
avanza a un punto tal que la sociedad pierde la noción de sí misma en tanto
sociedad. Se desvanecen las representaciones colectivas acerca del “or-den” y,
por lo tanto, los sentimientos de arraigo social y de pertenencia a una
comunidad. De hecho, las grandes ciudades de la región anti-cipan la nueva
característica de nuestras so-ciedades: un espacio sin centro. Digamos más
cautelosamente que a raíz de los procesos de diferenciación, la sociedad
latinoamericana deja de tener un centro único. Estamos en ca-mino hacia una
sociedad policéntrica. Tal des-centramiento permite comprender las razones
estructurales que subyacen a los problemas de gobernabilidad. Durante años las
crecientes dificultades de la acción político-estatal para regular los procesos
sociales eran atribuidas a deficiencias institucionales y a un instrumen-tario
político insuficiente. Ahora visualizamos una reestructuración global de la
sociedad. Pues bien, con el descentramiento del ordena-
miento social también se modifica el lugar de la política, la
cual pierde su centralidad, es decir que la política deja de ser aquel núcleo
central y exclusivo a partir del cual se ordena al con-junto de la sociedad.
Otro rasgo característico de la fase actual de modernización son
los procesos de globali-zación. Ellos han puesto en marcha dinámicas cuyo
alcance todavía no podemos apreciar ple-namente. Sin embargo, ya se vislumbran
dos transformaciones de gran relevancia para la gobernabilidad democrática. En
primer lugar, se observa un redimensionamiento del espa-cio. Basta recordar
algunos fenómenos ilustra-tivos. Así, es notorio el cambio de las escalas. La
política ya no opera exclusivamente a esca-la nacional; cada día adquieren
mayor peso los problemas a escala global-regional y los pro-blemas a escala
local. También es evidente la redefinición de los límites. Si las fronteras
na-cionales se hacen más porosas, por otra parte, los límites entre los grupos
sociales se vuelven más rígidos. Dicho en otros términos: cambian las
distancias. Mientras que las distancias in-ternacionales se acortan para
algunos sectores insertos en los flujos globales, las distancias so-ciales al
interior de cada país aumentan consi-derablemente. En resumen, la brecha entre
los procesos transnacionales (flujos financieros,
Modernización y gobernabilidad democrática 289
informativos, tecnológicos) y el alcance nacio-nal de la gestión
política se profundiza, ponien-do en entredicho el espacio habitual de la
po-lítica: el marco nacional. En consecuencia, el postulado clásico de la
soberanía nacional ha de ser redefinido.
En segundo lugar, observamos un redimen-sionamiento del tiempo.
En años recientes ha tenido lugar una aceleración vertiginosa del tiempo. El
ritmo de vida se hace más y más rá-pido, acelerando la obsolescencia del pasado
inmediato. Según vimos, aun las experiencias aprendidas recientemente pronto
dejan de ser útiles y ese recorte del tiempo útil afecta tam-bién a la
política, que ya no puede recurrir al trasfondo histórico de experiencias
acumu-ladas para enfrentar los retos del presente. A la par con la obsolescencia
del pasado adver-timos un desvanecimiento del futuro. En épo-cas anteriores la
aceleración del tiempo era domesticada por una noción de futuro progre-sivo
(las ideas de progreso técnico o de eman-cipación humana); el futuro
representaba un horizonte de sentido en nombre del cual se in-terpretaba y
justificaba el presente. En cambio, hoy en día la noción misma de futuro se
diluye. Existen proyecciones del presente (planes de inversión, cálculo de
riesgos, etc.), pero no una imagen del futuro. Ello toca directamente a la
concepción moderna de la política, entendida como construcción
deliberada del futuro. Ac-tualmente, la política ya no remite a un hori-zonte
de futuro que permita poner al presente en perspectiva. Con la pérdida de
perspectiva el presente se hace omnipresente. Ello afecta a la política de
diversas maneras. Encerrada en lo inmediato, la política carece de capacidad de
anticipación; le cuesta diferir costos y gratifi-caciones al futuro. Por
consiguiente, todas las demandas y expectativas se vuelcan al presen-te y
buscan satisfacción aquí y ahora. Prevale-ce la simultaneidad, miles de cosas
ocurren al mismo tiempo aquí y en el mundo (“síndrome CNN”). Ello dificulta la
selección de qué mate-rias decidir; distorsiona la relación entre deci-sión y
resultado y, por lo tanto, la responsabi-lidad por una decisión tomada;
incrementa la arritmia entre la toma de decisiones guberna-mental y la toma de
conciencia ciudadana; en fin, provoca una sobrecarga de la política. Todo ello
repercute en la gobernabilidad democráti-ca que ahora depende, entre otros
aspectos, de la capacidad de la política de reconstruir horizontes de futuro.
Sólo entonces nuestros países podrán encauzar los cambios sociales en una
visión estratégica de la modernización.
Existen distintas estrategias de moderniza-ción. A diferencia de
la “estrategia desarrollis-
290 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
ta”, que hacía del Estado el motor del proce-so, la “estrategia
neoliberal” predominante en los últimos tres lustros toma al mercado por el
principio constitutivo de la reorganización social. Al hacer del mercado el
principio orde-nador del proceso, los países latinoamerica-nos impulsan no sólo
una vigorosa expansión de la economía capitalista de mercado, sino también y
por sobre todo la instauración de una verdadera sociedad de mercado. Es decir,
una sociedad donde los criterios propios de la racionalidad de mercado
—competitividad, productividad, rentabilidad, flexibilidad, efi-ciencia—
permean todas las esferas, incluido el ámbito político. La política no sólo ha
de respetar las variables del “equilibrio macro-económico” sino que además, a
la inversa, está condicionada por los criterios del mercado. Dicho en términos
más generales: las orienta-ciones básicas de la vida social (principio de
maximización de beneficios privados) presio-nan sobre las bases normativas de
la vida de-mocrática (orientaciones de bien común).
La sociedad de mercado genera un dinamis-mo social inédito en la
región. La iniciativa pri-vada, liberada de restricciones sociopolíticas,
despliega impresionantes dinámicas de cambio e innovación. La punta del iceberg
es aquel fascinante mundo del consumo que parece en-
carnar de modo visible ese mundo mejor que todos sueñan. El
mercado deviene la gran fuer-za integradora, pero con limitaciones eviden-tes.
El anverso de la moneda es una no menos impactante “precarización” de la vida
social, particularmente del trabajo. Todo se mueve y nada/nadie puede
sustraerse a esa dinámica so peligro de sufrir una exclusión radical. La
competitividad del mercado moldea una nue-va mentalidad de intercambio, donde
todo es transable. El cálculo utilitarista de costos-be-neficios, propio de la
sociedad de mercado, da lugar a una nueva sociabilidad. La competencia sin
tregua fomenta un individualismo negativo, sumamente creativo y ágil en
desarrollar estra-tegias individualistas de éxito a la vez que muy reacio a
todo compromiso colectivo. Entonces las relaciones tradicionales de
reciprocidad se debilitan. Esta des-solidarización tiene su pre-cio: las
ventajas obtenidas individualmente se pagan con una inseguridad generalizada de
to-dos. En la medida en que la cohesión social dis-minuye, aumenta la
incertidumbre. Se hace pa-tente la conclusión: el mercado por sí solo no genera
ni sustenta un orden social. El desorden del mercado indica que el ajuste
económico ha de ser acompañado de reformas sociales y, por sobre todo, de
reformas político-instituciona-les. Así, el mismo avance de la modernización
Modernización y gobernabilidad democrática 291
económica vuelve a replantear la necesidad de la política, pero
una política adecuada a las nuevas condiciones.
En los años ochenta gran parte de los paí-ses latinoamericanos
han iniciado una refor-ma del Estado. Las reformas, generalmente de inspiración
neoliberal, pretendieron despoliti-zar a la economía mediante la privatización
de las empresas públicas, la desregulación de los mercados, la reducción del
crónico déficit fis-cal, la descentralización del aparato estatal y la
autonomía de la política monetaria (Banco Central). Las medidas tuvieron
efectos positi-vos en tanto limitaron el manejo discrecional de la política
económica y estrategias rentis-tas (rent-seeking). En los hechos, las refor-mas
neoliberales sacan la conclusión práctica de la diferenciación funcional de la
sociedad y la consiguiente autonomía relativa de los dis-tintos subsistemas.
Con el neoliberalismo se hace explícito el fin del “primado de la polí-tica”.
Ello no significa, empero, que podamos prescindir de la política. Basta
recordar la llamada “paradoja neoliberal”: una estrategia que apunta
precisamente a desmantelar al Es-tado sólo tiene éxito en aquellos casos en los
que es impulsada por una fuerte intervención política. El protagonismo del
Poder Ejecuti-vo en Chile bajo Pinochet, pero también los
ejemplos de México bajo Salinas, de Argentina bajo Menem o de
Perú bajo Fujimori indican que —incluso en una estrategia neoliberal— los
procesos de modernización exigen una fuerte conducción política. Muy pronto las
limitaciones del anti-estatismo de la primer fase amenazan la gobernabilidad,
obligando a reformas “de segunda generación”.
La reorganización del Estado ha de tener en cuenta al menos tres
elementos. En primer lugar, cabe constatar que la inserción en los mercados
mundiales —meta principal del ajus-te económico— se rige por el “paradigma de
la competitividad sistémica”. Es decir, la inser-ción no depende tanto de la
competitividad de una u otra empresa como de las capacidades organizacionales y
gerenciales de un país para combinar un vasto conjunto de factores (eco-nómicos
y no-económicos) y para articular una diversidad de actores. De la
reorganización ya no sólo de la economía nacional, sino del con-junto de la
sociedad depende la libertad de ac-ción (o sea, el poder) que tenga un país en
el sistema mundial. La competitividad sistémica de un país supone pues a una
“actualización” del Estado nacional como una de las instancias fundamentales en
la coordinación de los diver-sos procesos sociales. De la competitividad
sis-témica se desprende, en segundo lugar, la rele-
292 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
vancia de la integración social. Precisamente la gravitación del
mercado (y sus tendencias dis-gregadoras) otorgan un papel primordial al
Es-tado como instancia responsable de asegurar la cohesión social. Considerando
las crecientes desigualdades sociales en la región y el riesgo de explosiones
violentas, la reformulación del Estado de Bienestar y de las políticas sociales
representa hoy en día un paso crucial para la viabilidad de las nuevas
estrategias de desarro-llo. En tercer lugar, hay que tomar en cuenta la nueva
conciencia ciudadana. Así como la política requiere mayor cooperación de los
ciu-dadanos, éstos a su vez reclaman mayor parti-cipación. Un ejercicio
efectivo de los derechos de ciudadanía presupone ante todo un Estado de
Derecho, pero también un acceso equita-tivo a los servicios públicos y una
burocracia razonablemente eficiente y respetuosa de la dignidad ciudadana.
Exige, en suma, un Estado democrático capaz de expresar y de proteger a la
comunidad de ciudadanos.
En este marco de referencia se sitúa la ac-tual reforma del
Estado. Ella abarca no sólo la redefinición de ámbitos “clásicos” de la
in-tervención estatal, sino igualmente el desarro-llo de un nuevo
instrumentario institucional: entes reguladores y supervisores, comisiones
antimonopólicas, agencias de defensa del con-
sumidor o de fomento a las exportaciones, et-cétera. Es decir,
el Estado se dota de un anillo de instituciones de derecho público que sin ser
estatales, aseguran el fair play en una socie-dad de mercado. Siendo un paso
importante, resulta insuficiente. El economicismo reinante hace perder de vista
la dimensión cultural de la gobernabilidad democrática. Esta depende en buena
parte de la fuerza que tengan las re-presentaciones colectivas acerca del orden
y los sentimientos de pertenencia a una comu-nidad. Al respecto, merece mayor
atención el papel sobresaliente que corresponde al Estado en el ordenamiento
simbólico de la conviven-cia social.
Condicionantes de la acción política
Para completar el mapeo del nuevo contexto de la gobernabilidad
democrática, es menester destacar algunos fenómenos que, siendo de índole
distinta, condicionan de manera impor-tante la acción política.
Un elemento de gran influencia en la gober-nabilidad democrática
es el nuevo clima de incertidumbre. Siempre hubo y habrá incer-tidumbre acerca
de cuestiones básicas de la vida, más ella adquiere una gravitación especial
cuando se debilitan las (reales o imaginarias)
Modernización y gobernabilidad democrática 293
redes de seguridad: desde la protección que brinda el Estado
hasta las religiones, pasando por las grandes ideologías. Uno de los efectos de
las aceleradas transformaciones en curso reside en la erosión de los códigos
interpretati-vos con los cuales estructurábamos la realidad social. De cara a
la súbita desaparición de los paisajes familiares, la gente se siente huérfana
de claves de interpretación que permitan orde-nar los múltiples fenómenos en un
panorama inteligible. A falta de “mapas cognitivos” la rea-lidad deviene
avasalladora y provoca impoten-cia. Por doquier reina la incertidumbre —¿qué
hacer?— pero ella afecta de modo diferente a los distintos sectores sociales.
Están más ex-puestos a la angustia de la incertidumbre (y, por ende, a
reacciones “irracionales”) los gru-pos con menos recursos, menor autoconfianza,
menor inserción en lazos comunitarios. De allí que sectores desclasados y, en
especial, las cla-ses medias empobrecidas sean particularmente propensas a
“soluciones” autoritarias. En esta perspectiva los problemas de gobernabilidad
nos remiten a la democracia entendida como manejo institucional de la
incertidumbre.
La “nueva” incertidumbre tiene que ver con la descolocación de
las coordenadas espacio-temporales. Volvamos una vez más sobre el
desvanecimiento del futuro. Por supuesto,
existen proyectos individuales de futuro —por ejemplo de un
empresario— pero se desvane-ce como horizonte compartido por la sociedad
entera. Este debilitamiento del “tiempo social” hace más evidente la
precariedad de lo existen-te. La celeridad de los cambios sociales socava lo
establecido; todo lo duradero se evapora. Viviendo al instante, ¿cómo realizar
un cálcu-lo racional? La calculabilidad social disminuye también por otras
razones. Al diluirse la noción de futuro (la imagen del país que queremos), también
se diluye el horizonte de sentido en miras del cual se articulaban los diversos
pro-yectos (individuales y colectivos). Se debilita el marco temporal que
permitía sincronizar las temporalidades muy distintas que viven un empresario y
un desocupado, un político o una mujer jefa de hogar. A la diferenciación de
las temporalidades sociales se agrega la diferen-ciación de las dinámicas de
los “subsistemas funcionales”. La política conlleva ritmos y pla-zos diferentes
y difícilmente conmensurables a los ciclos de la economía y la duración
desea-ble del derecho. En otras palabras, vivimos en “sociedades a múltiples
velocidades”, donde la acción política ya no marca la hora para todos.
Paralelamente, según vimos anteriormente, tiene lugar un
redimensionamiento del espa-cio. El marco habitual de la acción política —
294 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
el espacio nacional— queda desbordado tanto por impactos de
proyección global como por condensaciones al nivel local. Es decir, la ac-ción
política entrelaza múltiples escalas y los actores han de jugar simultáneamente
en múl-tiples escenarios. Aumenta entonces el riesgo de acciones erráticas. La
diferenciación espa-cial unida a la temporal genera una compleji-dad que hace
cada vez más difícil diseñar una “agenda política” compartida por todos los
actores. Cada cual ignora qué juego están ju-gando los demás. En el fondo, se
desperfila la “cancha rayada” del juego democrático.
Otro cambio significativo es la nueva rela-ción entre lo público
y lo privado. Las trans-formaciones estructurales han sido acompa-ñadas por un
proceso de privatización de las actitudes y conductas. La gente se retrotrae
del espacio público y se vuelca a lo privado y lo íntimo. Junto con el auge de
tal “cultura del yo” tiene lugar otro tipo de privatización. Se pri-vatizan no
sólo escuelas públicas y hospitales públicos, instancias típicas de una
concepción universalista de la ciudadanía; además, el pro-ceso se extiende a
calles privadas vigiladas por policías privadas. Especialmente en las ciuda-des
se hace patente una contracción drástica del espacio público en tanto espacio
compar-tido. Resulta paradójico que precisamente en
una región con tanta disparidad entre los sec-tores sociales,
las jóvenes democracias vean disminuido el ámbito integrador que represen-ta lo
público. ¿No es el estar-juntos-con-otros, esa comunidad de semejantes, el
espacio pro-piamente político de la democracia? Bien visto, es la interacción
entre ciudadanos en el ámbito público lo que da a la democracia su dinámica
innovadora. Ahora bien, la esfera pública no desaparece, por cierto; cambia de
forma. Hoy en día, el ámbito público se confunde con el es-pacio del mercado;
el intercambio de opiniones e intereses se entremezcla con el intercambio de
bienes y servicios. En efecto, el mercado ha ido adquiriendo un carácter
público. El control de calidad y la atención al cliente, la defensa del
consumidor y la dignidad del usuario re-presentan los nuevos derechos del
ciudadano-consumidor. Es decir, lo privado deja de ser el ámbito reservado del
individuo —en contrapo-sición al poder político— para transformarse en el campo
de las experiencias vitales a partir del cual los individuos evalúan a la
política.
Los límites entre lo público y lo privado se diluyen. Expresión
de ello es el papel predo-minante de la televisión en la vida social. Es bien
sabido que la televisión cambia las for-mas de hacer política, fomentando los
espec-táculos destinados a impactar al ciudadano-
Modernización y gobernabilidad democrática 295
espectador. Este toma el papel de una especie de jurado
permanente, pero pasivo, del “tea-tro político”. En el fondo, reina una
“cultura de la imagen” que desplaza a la palabra como soporte de la
argumentación y decisión políti-cas. Tanto políticos como ciudadanos se for-man
sus opiniones mediante un destello inco-nexo de flashes, imágenes a la vez
fugaces y reiterativas. Esta “videopolítica” condiciona la gobernabilidad
democrática, pues incrementa la volatilidad y la simultaneidad de la agenda
pública. Siendo la televisión quizás el princi-pal mecanismo de integración
simbólica (te-lenovelas, fútbol, pero también los noticieros informativos),
solamente crea una integración espúrea. El problema no radica tanto en la
manipulación del público como en la excesiva reducción de complejidad. Es
decir, la televi-sión (por su “lógica” específica) no fomenta un debate
ciudadano que asuma los comple-jos problemas de gobernabilidad. En el fondo, la
tendencia a la disgregación social aparece reproducida televisivamente en la
fragmenta-ción de las estructuras comunicativas.
Uno de esos complejos problemas de gober-nabilidad democrática
reside en la tendencia a la fragmentación social. Observamos una situación
paradójica. Por una parte, la multi-plicación de los actores sociales en todos
los
países de la región (piensen en la formidable expansión de
organizaciones no gubernamen-tales). El fenómeno representa un éxito de la
democracia en tanto proceso de subjetivación; “la gente” deviene sujetos
—ciudadanos— que intervienen activamente en los asuntos públi-cos. Por otra
parte empero, a la par con la di-ferenciación social y funcional se debilitan
las representaciones colectivas acerca del orden social. Es cada vez más
difícil hacerse una ima-gen de la sociedad en tanto orden colectivo. Pues bien,
al diluirse la noción de “sociedad” se diluye igualmente el sentimiento de
arraigo social. ¿Qué pasa entonces con la ciudadanía que presupone un
sentimiento de pertenencia a una comunidad? Parece que la ciudadanía se asienta
en un espacio local, bien acotado, y prescinde más y más de su dimensión
na-cional. Este proceso podría ser el fenómeno subyacente al denominado
“fortalecimiento de la sociedad civil”. Sin duda, la sociedad civil aflora en
América Latina, pero más como un archipiélago de islas más o menos inconexas
que como un orden colectivo. De ser así, las consecuencias para la
gobernabilidad están a la vista. La difuminación de los grandes clivajes
sociopolíticos en miles de conflictos de baja in-tensidad dificulta la
agregación de intereses en torno a identidades políticas. En una sociedad
296 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
así fragmentada los actores sociales ya no lo-gran hacerse una
idea del desarrollo social en su conjunto y, por lo mismo, tampoco logran
vislumbrar las eventuales interdependencias entre los distintos problemas. De
este modo, la ausencia de una visión global refuerza la defen-sa de intereses
egoístas e inmediatos.
Finalmente cabe llamar la atención sobre un aspecto descuidado
de la gobernabilidad democrática: la erosión de las normas de ci-vilidad. En la
vida cotidiana las diferencias en-tre los individuos son “equilibradas”
mediante las reglas básicas de convivencia. La decencia, el respeto, la
tolerancia, en fin, el “buen tono” permiten establecer un acomodo recíproco aun
en las relaciones fugaces del tránsito callejero, en la oficina pública,
etcétera. En la medida en que la modernización impulsa las diferencias sociales
a la vez que debilita la noción de orden colectivo, esas normas sociales se
desgastan. Cuando la violencia urbana, la corrupción im-pune, la inestabilidad
del empleo y una compe-titividad despiadada son la experiencia diaria de la
gente, entonces los efectos centrífugos de la modernización ya no logran ser
contrarresta-dos por las reglas de trato civilizado. Cada cual se afana como
puede y reina la “ley de la sel-va”. Sin tales normas básicas de reciprocidad
empero, tal vez subsista el régimen democráti-
co, pero no una forma democrática de vida. La experiencia
cotidiana desdice la gobernabili-dad democrática; la democracia aparece como
mera retórica, alejada de la vida real. Así como las “reglas de juego”
democráticas se desvalori-zan cuando no están abrigadas por la decencia y una
disposición general a la cooperación, así a la inversa, las normas de
convivencia social se debilitan cuando la democracia pierde la densidad
simbólica de una “comunidad”. En resumidas cuentas, no hay gobernabilidad
de-mocrática sin cultura cívica.
Sobre este trasfondo se explican las dificul-tades de las
instituciones políticas en todo su alcance. Recordemos —a modo de ilustra-ción—
algunos de los elementos del proceso de modernización que modifican el
funcionamien-to habitual de la institucionalidad democrática. En primer lugar,
cabe resaltar una vez más las restricciones de la política a raíz de la
diferen-ciación funcional de la sociedad. En la medida en que los diversos
campos del sistema social (como por ejemplo la economía) desarrollan una lógica
específica y se transforman en subsis-temas relativamente cerrados y autónomos,
la acción política puede influir sobre otros subsis-temas solamente si respeta
sus lógicas internas. Enfrentamos pues límites estructurales para la
intervención política, que tiene ahora un cam-
Modernización y gobernabilidad democrática 297
po de acción mucho más reducido que lo que proyecta la imagen
tradicional de la política. A su vez, también la política se transforma en un
subsistema más y más autoreferido, que tiende a aislarse de su entorno social.
En este sentido, la percepción ciudadana acerca del distanciamien-to de los
políticos es correcta. La razón empero, no radica tanto en la clase política
(una mayor especialización y profesionalización) como en las restricciones
estructurales que sufre la polí-tica en una sociedad diferenciada.
Por otra parte, la modernización no es un proceso autoregulado
que por sí solo defina el rumbo y el ritmo del desarrollo social. Como bien nos
muestra la experiencia latinoame-ricana, la estrategia de modernización exige
una conducción política. La política no es en ningún caso superflua, como
sugieren algunas voces. Por el contrario, el mismo avance de la modernización
obliga a una reconversión urgente de la acción política. Esta se encuen-tra
retrasada en relación al dinamismo de las transformaciones sociales. Por
consiguiente se trata precisamente de “poner al día” las institu-ciones
políticas, pues sólo así aseguramos una conducción democrática de los cambios
socia-les en marcha.
En este contexto cabe mencionar, en segun-do lugar, la llamada
“crisis de los partidos polí-
ticos”. Al igual que en el caso de la política, tal crisis ha de
ser entendida como un retraso de los partidos, independientemente de su signo
ideológico. Sus doctrinas y estrategias se han vuelto obsoletas a raíz de las
nuevas condicio-nes como, por ejemplo, el redimensionamiento del espacio y del
tiempo. Dificultades simila-res encuentra la labor parlamentaria, más allá de
su debilidad crónica en un régimen presi-dencial. Existe por doquier un fuerte
reclamo popular hacia los partidos políticos y el Par-lamento para que
representen las demandas sociales sin tener en cuenta cuán precaria se ha
vuelto la noción de representación a raíz de la diferenciación y tendencial
fragmentación de la sociedad. Las notorias insuficiencias de las instituciones
representativas refuerzan las tendencias hacia una “democracia delegativa”
(O’Donnell), basada en un decisionismo presi-dencial. Dada la premura y la
complejidad de la agenda pública, las decisiones recaen casi ex-clusivamente en
el Poder Ejecutivo, mientras que los partidos tienden a reducirse a simples
máquinas de ratificación u obstrucción. Mas el protagonismo del Poder Ejecutivo
(sea un lide-razgo carismático o tecno-político) tampoco asegura la conducción.
Ninguna instancia po-lítica tiene, por sí sola, los recursos para dirigir los
procesos sociales. A raíz de la nueva com-
298 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
plejidad social se requiere una coordinación policéntrica, o sea
una red de negociaciones y acuerdos entre actores políticos y sociales. Remite
pues a ese sistema político que, hoy por hoy, se muestra tan poco adecuado a
las nue-vas exigencias. En tales circunstancias crece el peligro de que las
jóvenes democracias de la re-gión degeneren en “democracias electorales”, que
movilizan la adhesión popular al régimen democrático en el ciclo electoral,
pero que se muestran incapaces de asegurar una goberna-bilidad democrática.
La responsabilidad por la reconversión e innovación
institucional no es solamente del gobierno. En el fondo, es materia de una
auto-rreforma del sistema político en su conjunto. Ahora bien, sabemos las
dificultades que sue-len tener las instituciones para renovarse a sí mismas. En
consecuencia, aumenta la corres-ponsabilidad de la ciudadanía. De hecho, los
ciudadanos reclaman una mayor y mejor par-ticipación e incidencia en el proceso
político. Por ahora, sin embargo, las iniciativas quedan limitadas a pequeños
grupos, mientras que la mayoría de los ciudadanos prefiere acomodar-se al
estado de cosas existente, buscando sus beneficios individuales. No hay de qué
sorpren-derse: por qué habrían de referirse a un “bien común” cuando el espacio
común —lo públi-
co— está determinado por intereses privados. Pues bien, cabe
recordar que el ejercicio de los derechos ciudadanos es una empresa colecti-va.
Vale decir, no hay ciudadanía efectiva sin una efectiva comunidad de
ciudadanos.
La gobernabilidad democrática y la construcción de una
ciudadanía autónoma
Nuevos desafíos de la ciudadanía
La gobernabilidad democrática depende tan-to del sistema
político como de la ciudadanía. Por eso, la parte final abordará la
gobernabili-dad democrática desde el punto de vista de la experiencia
ciudadana. Por ser un campo muy diverso, con fuertes connotaciones subjetivas,
las indicaciones serán tentativas.
La experiencia ciudadana refleja la conti-nuidad de patrones
históricos a la vez que los desafíos que plantean las nuevas condiciones. Entre
los nuevos retos se encuentra la multipli-cación y renovación de identidades
culturales que otrora se mantenían sumergidas o subordi-nadas a lógicas
estatales y nacionalistas. Esta expansión cultural tiende a redefinir los
con-flictos sociales. Actualmente buena parte de
Modernización y gobernabilidad democrática 299
los conflictos en la sociedad moderna están re-feridos a temas
de reproducción cultural e inte-gración social y sus posibilidades de inserción
y reconocimiento en el plano institucional. Por ejemplo, recientes informes del
PNUD (1994 y 1996) señalan que en los últimos cinco años, más del 70% de los
conflictos a nivel mundial se dan al interior de los países y además que estos
conflictos son predominantemente de tipo intercultural, principalmente étnicos
y re-ligiosos. Asimismo, se señala que en la actuali-dad es posible determinar
entre 40.000 y 50.000 culturas. Ciertamente, si bien esta situación reafirma la
tendencia universal de la condición ciudadana y de los valores laicos como
única garantía para el reconocimiento institucional de identidades particularistas,
también coloca serios límites a los Estados y ciudadanías na-cionales por el
carácter generalmente monista de estas identidades y por las tendencias a la
desterritorialización de las nuevas identidades selectivas. No existe por
ejemplo sociedad la-tinoamericana o caribeña que no enfrente pro-blemas de
identidad cultural y ciudadanía deri-vados de procesos migratorios.
El papel estratégico de la educación, del co-nocimiento y de las
redes de información cons-tituyen en la actualidad uno de los principales
elementos de integración social al mundo mo-
derno. Solamente un grupo muy reducido de la-tinoamericanos
tienen acceso a redes de infor-mación y al manejo de las nuevas formas de
co-nocimiento. Resulta pues fundamental que una renovación ciudadana busque una
expansión de las nuevas formas de conocer y comunicar. Una ciudadanía moderna
supone el manejo tanto de códigos de incertidumbre congénitos a la vida
moderna, como muy especialmente aquello que la CEPAL (1992) denominó códigos de
modernidad. Se trata de lograr una expan-sión de los núcleos de inteligencia
mediante el incremento del conocimiento de destrezas necesarias para participar
en la vida moderna. Además se sabe del impacto positivo que tiene la educación
sobre las prácticas ciudadanas.
De otra parte, en la actualidad ya nadie es ajeno a los cambios
producidos por la depre-dación ecológica y las crecientes pérdidas de
sustentabilidad de los actuales modelos de crecimiento, consumo económico y
exclusión social. Todos ellos afectan directamente la gobernabilidad global y
nacional y tienden a limitar la acción ciudadana. Existe una rup-tura creciente
entre los procesos nacionales y su capacidad de control respecto de la ló-gica
global del deterioro ecológico. Cabal-mente la ecopolítica plantea nuevos temas
políticos, globales y locales, como productos
300 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
de los impactos ecológicos. En muchos sen-tidos se visualiza la
emergencia de una con-ciencia ambientalista que tiende a expandir derechos
ecológicos a escala mundial, pero que choca con un fuerte sistema de intereses
particularistas. En el caso latinoamericano, tales procesos están fuertemente
vinculados no sólo a la reproducción parcial de modelos de consumo de las
sociedades avanzadas, sino especialmente al círculo perverso entre po-breza y
deterioro del medio ambiente y de los recursos naturales. Estos temas plantean
las necesidades de una renovación ciudadana que compatibilice las
características y el patrimo-nio cultural latinoamericano con una visión global
del desarrollo humano.
Menos evidente que los anteriores aspectos es otro desafío: el
papel del individuo como sujeto de la ciudadanía. Distintos estudios de América
Latina han destacado el peso de la tradición comunitaria y católica-colonial,
es-pecialmente en el mundo rural; una tradición contraria a la idea del
individuo autónomo y racional que subyace a la democracia liberal.
Simultáneamente empero, en el mundo urbano gana presencia un “individualismo
negativo”, típico de una sociedad altamente competitiva. La reflexión de Paolo
Flores de Arcais (1996), aunque condicionada por la situación italiana,
puede contribuir a repensar la relación entre ciudadanía e
individuo.
Para este autor, un hecho político en el mun-do actual es el
fenómeno de la ciudadanía sus-traída, en el cual la representación política de
lo social se degrada. El ciudadano pasa a ser un súbdito o un cliente de una
clase política inamovible y estancada. El ciudadano deja de tener interés en lo
político, en aquello que es vital para la representación y que Claude Lefort
denominó pertenencia democrática, es decir, el estar involucrado en el juego
político del poder. La política en la sociedad moderna pasa a ser una actividad
atrincherada en el monopolio de una corporación política partidaria,
impermea-ble a la diversidad social que presume repre-sentar. En consecuencia,
el ciudadano termina viviendo cada vez más la política como algo aje-no a él y
no se reconoce en sus representantes. Los políticos de oficio son percibidos,
muchas veces injustamente, como una casta autolegiti-mada y autorreferencial,
que se reproduce por cooptación. En todos los países las encuestas de opinión
pública muestran una más o menos notable desafección política y una crítica
recu-rrente hacia los partidos políticos. El ciudada-no deja de interesarse por
la “cosa pública” y prefiere gozar los éxitos privados (consumo) y/o replegarse
a una “tribu” en medio de una
Modernización y gobernabilidad democrática 301
sociedad cada vez más transformada por los efectos de la
tecnología. Castell (1995) coloca precisamente aquí las tensiones actuales de
las sociedades contemporáneas, tensiones entre el ciudadano y el nuevo poder
tecnológico, entre la red de información y el yo. En el fondo, co-rre peligro
de desaparecer el individuo, tritu-rado por los automatismos de la sociedad
mo-derna. Según Flores de Arcais, él es el flanco más débil y desprotegido de
la modernización en curso. En consecuencia, cualquier proyecto político con
pretensiones renovadoras tendría que plantearse la reconstitución del individuo
como tarea primordial. Sólo allí donde existe el individuo puede aflorar la
ciudadanía acorde a la vieja fórmula: una libre asociación de indi-viduos
libres e iguales.
Lo anterior nos remite a otro tema de sin-gular importancia en
la región: la igualdad de oportunidades. En efecto, la igualdad de
opor-tunidades constituye una “condición de posi-bilidad” para el desarrollo
del individuo-ciu-dadano. Sólo entonces existe la posibilidad de compartir algo
—la res publica— en común. La ciudadanía presupone que las instituciones puedan
garantizar a todos, como parte de los derechos individuales, todos los derechos
so-ciales. En consigna, sólo si hay derechos hay ciudadanos. Ello relativiza
los argumentos cul-
turalistas que fundan la construcción de la ciu-dadanía en
atributos diferenciales.
Los límites de la ciudadanía:
demandas, críticas y exclusión social
Altamente motivados por los avances en los procesos de
democratización, de educación y de revalorización de los derechos humanos,
buena parte de la ciudadanía latinoamericana se ha vuelto más consciente de sus
derechos y ha producido una serie de críticas y demandas a los gobiernos que el
sistema político y de par-tidos tiene dificultades para procesar. Tal
explo-sión de demandas y críticas tiende a disminuir los niveles de legitimidad
de la democracia.
Muchas veces, como lo indican varias en-cuestas de opinión
pública, las demandas ciu-dadanas referidas a problemas específicos de la vida
cotidiana, especialmente aquellas aso-ciadas con la pobreza, no pueden ser
satisfe-chas por los Estados como sucedió en el pa-sado, aunque sea en el plano
simbólico. Tales insatisfacciones son reinterpretadas por los ciudadanos no
sólo como indicadores del cos-to social del ajuste o de ineficiencia
institucio-nal, sino también como una suerte de inmora-lidad congénita de la
administración pública y de la clase política. De esta manera las críticas
302 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
a los bajos niveles de eficiencia de los gobier-nos para
resolver problemas se asocian con una crítica ética del “mal gobierno”.
Sin duda, existen fenómenos de inmoralidad pública asociados con
ineficacia burocrática y política: la corrupción, el tráfico de influencias, el
nepotismo y múltiples formas de clientelis-mo. Más sería demasiado simplista
retrotraerse a la trinchera de la moral para enjuiciar los ma-les de la
política. En realidad, en América La-tina sabemos bien que la moral (el
sectarismo de los “puros”) puede producir tanto o más mal que la política. Un
juicio más cauteloso debería tener en cuenta las causas estructurales. Nos
referimos no sólo a los efectos de anterior “es-tatismo”: monopolios estatales,
discrecionali-dad política y, por ende, falta de transparencia. Ellos se
entremezclan con nuevas dinámicas, típicas de la sociedad de mercado:
valoración del “tener” por sobre el “ser”; la apología del dinero como criterio
de éxito social; la presión de consumo y una competitividad descarnada en
desmedro de otros valores. Todo ello con-tribuye a difuminar los límites entre
lo públi-co y lo privado y a minar el ethos del servicio público. En este
contexto, la moral subsiste en tanto principios de la conducta individual, pero
pierde vigencia en tanto normas sociales vincu-lantes para todos.
Seguramente uno de los principales proble-mas de la
consolidación del régimen democrá-tico en nuestras sociedades radica en la
desin-tegración social. Si los procesos de exclusión y de distribución
inequitativa del ingreso con-tinúan creciendo, las condiciones sociales de la
gobernabilidad democrática serán cada vez más difíciles. Conviene examinar con
cierto de-talle esta problemática.
Como ha señalado Wanderley dos Santos, los derechos sociales
están asociados a cierta forma política y cultural de entender la ciuda-danía.
En esta perspectiva sería una falacia es-cindir las políticas sociales de la
cuestión ciu-dadana. Bien visto, es más relevante conside-rar lo que
determinada política social implica en términos de la ciudadanía que analizarla
en función de eficiencia económica o de cualquier otro tipo de ventajas
materiales para sus bene-ficiarios.
El concepto de ciudadanía encuentra sus raíces no solamente en
un código de valores políticos sino en todo un sistema de estratifi-cación
ocupacional, el cual es definido por la norma legal. En otras palabras, son
ciudadanos todos aquellos miembros de la comunidad que se encuentren
localizados en cualquiera de las ocupaciones reconocidas y definidas por la
ley. La extensión de la ciudadanía tiene lugar a tra-
Modernización y gobernabilidad democrática 303
vés de la reglamentación de nuevas profesio-nes y ocupaciones y
mediante la ampliación de derechos asociados a estas profesiones, antes que por
la extensión de valores inherentes al concepto de miembro de una comunidad. La
ciudadanía está imbuida de profesiones y los derechos sociales del ciudadano se
refieren al lugar que ocupa en el proceso productivo se-gún lo reconoce la ley.
Como ya se ha mencionado, la ciudadanía está formada por los
derechos civiles, políti-cos y sociales. Los derechos políticos han de ser
iguales y comunes para todos los ciudada-nos; las diferencias entre los
distintos grupos pueden expresarse en los derechos civiles y sociales.
Diferencias en opiniones y creencias en el caso de los derechos civiles y
diferencias en las necesidades y recursos en el caso de los derechos sociales,
estando dados los umbrales mínimos, las condiciones mínimas de repro-ducción
social de una vida digna. Obviamente esto no quiere decir que los derechos
civiles y sociales no sean comunes para todos sino que las diferencias se
expresan en ellos. Consi-guientemente la institucionalidad política debe
garantizar el ejercicio de estos derechos; pero, ¿existe una garantía para
ello?
La pregunta se sitúa en torno a la capacidad creativa y
operacional de la propia sociedad
y de sus agentes políticos para lograr cierta consistencia entre
lo social y lo institucional. El tema de la ciudadanía social remite
socio-lógicamente al tema de la pobreza y, por lo tanto, la justicia social.
Paradójicamente, a pesar del crecimiento evidente de la miseria y de la pérdida
general de la calidad de vida en muchos aspectos, el debate sobre la pobreza ha
quedado relativamente escindido de la dis-cusión sobre la ciudadanía.
Frecuentemente la pobreza queda reducida a una tasa estadís-tica, sin considerar
que las iniquidades están inscritas en la trama de las relaciones socia-les. En
la cultura política latinoamericana per-siste una fuerte tradición jerárquica
plasmada en un patrón de sociabilidad que obstaculiza la construcción de un
principio de igualdad y de reciprocidad que le dé al otro un estatuto de sujeto
de intereses válidos y de derechos legítimos. La competitividad espúrea que se
basa en la explotación del trabajo humano y en la destrucción de la naturaleza,
está aso-ciada con este patrón, como también lo está la prevalencia de una
cultura autoritaria en las relaciones de trabajo, para no hablar de las
relaciones cotidianas públicas y privadas. Se trata de un imaginario que
entiende a la po-breza como una marca de inferioridad y que desvaloriza el
ejercicio de los derechos indivi-
304 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
duales. En tal marco cultural no puede existir el ciudadano;
carente, indigno, desprotegido, marginal, que debe ser atendido por la
asis-tencia estatal.
La pobreza entendida como la ausencia de derechos económicos y
sociales, constituye el retrato de una sociedad que no logra univer-salizar
derechos y enraizar la ciudadanía en las prácticas sociales. Así, la
comprensión de la pobreza está directamente relacionada con el modo en que los
derechos igualitarios ante la ley son de hecho anulados por el descono-cimiento
cultural del otro como sujeto de de-rechos legítimos. Es por eso que en estas
so-ciedades la pobreza aparece despojada de su dimensión ética.
El tema de la ciudadanía social nos remite a la reforma de las
relaciones entre la sociedad y el Estado. Dicho en otras palabras: la
conquis-ta de la ciudadanía constituye el “plan vital” de la cuestión social.
Ello implica el desarrollo de las políticas que reviertan las inconsistencias
mencionadas y, sobre todo, un tratamiento pú-blico de los conflictos en torno a
la equidad y el modelo de desarrollo. Situando la exclusión so-cial en un
contexto más global, el problema de la integración social vía desempeño
guberna-mental. Más que el éxito de determinadas polí-ticas sectoriales
(políticas sociales, educación,
etcétera) está en juego el perfeccionamiento del régimen
democrático.
En el corazón de todas estas dificultades está la debilidad del
Estado, producto tanto de la inviabilidad histórica de un Estado
patrimo-nialista y corporativo como de una determina-da estrategia de
modernización. Los cambios neoliberales, si bien incrementaron la racio-nalidad
técnica en la economía, debilitaron la disposición humana sobre la realidad
social. A veces, el (necesario) respeto a las especifi-cidades funcionales de
la economía termina en una renuncia a toda acción política y, por ende, la sacralización
de las dinámicas autodestruc-toras del mercado. La retracción drástica de la
intervención estatal tiene consecuencias más allá del proceso económico. La
pretendi-da despolitización de la vida social significa en los hechos entregar
a los ciudadanos a su suerte individual. Las situaciones de abandono y
desamparo —tan extendidas en la región— se acentúan. La experiencia vital del
ciudada-no está marcada por la desprotección. Su cara más visible es la
reformulación de las políticas sociales. Enfocadas primordialmente con un
cálculo costo-eficiencia, las nuevas políticas sociales siguen siendo un
instrumento insufi-ciente no sólo para compensar las disfunciona-lidades del
mercado, sino particularmente para
Modernización y gobernabilidad democrática 305
impulsar la integración social. Vemos, por el contrario, que la
segmentación social aumenta. En la medida en que la sociedad latinoamerica-na
se vuelve cada vez más segmentada (social y territorialmente), desvanece el
sentimiento ciudadano de pertenecer a una comunidad. Basta tomar la ciudad como
criterio de ciuda-danía para percibir cuán poco la convivencia urbana promueve
la vida ciudadana.
Ello nos remite a un aspecto menos tangi-ble, pero quizás más
angustiante del abandono. El Estado no sólo tiene menor capacidad de proteger
la integridad física y cierta seguridad económica, tampoco ofrece una adecuada
pro-tección simbólica. Reducido a administración pública o sector fiscal, el
Estado ya no encarna una idea de orden en el cual todo ciudadano pueda
reconocerse. A falta de tal respaldo, am-putado de su inserción comunitaria, el
ciudada-no se siente extremadamente vulnerable y tien-de a retrotraerse al
refugio de su intimidad. En la “estrategia del caracol” ya no se trata de que
el ciudadano prefiera participar o no participar en política. El problema de
fondo es si la par-ticipación política todavía tiene algún sentido para el
ciudadano.
Terminamos este acápite con un interrogan-te capcioso: ¿puede la
población de nuestras sociedades —o sea, nosotros— llegar a ser ciu-
dadanos? Vale decir, la gobernabilidad demo-crática presupone
ciudadanos, pero ¿qué hace la democracia para formar ciudadanos? No nos
referimos a la educación cívica o educación en derechos humanos, por importante
que sean tales iniciativas. El hecho es que no se intere-sa en política quien
no participa (de una u otra forma) en política. Cabe añadir: no participa en
política quien no dispone de espacio público. Como señalara Hannah Arendt, la
política no es algo intrínseco a la naturaleza humana; es un fenómeno extraño y
sensible que sólo nace de la interacción entre individuos libres e igua-les.
Presupone pues la pluralidad de hombres y mujeres y el espacio entre ellos; ese
espacio en que los individuos abandonan su ámbito priva-do y aparecen a la luz
pública en tanto ciuda-danos. Requiere un espacio público. Un ámbito distinto a
la esfera privada y a la esfera estatal. En suma, los ciudadanos se forman en
el espa-cio público a través de la misma acción políti-ca. Este hecho tan
peculiar no está dado de una vez para siempre; hay momentos de expansión y de
retracción de la ciudadanía. Pues bien, ¿de qué espacio dispone el ciudadano
común?
Como mostramos arriba, el espacio público ha sufrido
transformaciones. En la sociedad la-tinoamericana actual (como en toda sociedad
moderna) la dimensión ciudadana del espacio
306 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
público se encuentra amenazada por el avance del mercado y de la
burocracia. Este avance de la racionalidad formal (técnica) sería muy po-sitivo
si estuviese acompañado por un avance similar en las formas de interacción
ciudada-na. Pero no podemos ponernos a esperar que ellas surjan como el
resultado espontáneo de la modernización; la creación de espacios de
deliberación ciudadana es una producción po-lítica. Cabe esperar que, temprano
o tarde, una renovación institucional recree espacios de ciudadanía. Por ahora,
sin embargo, el ciuda-dano carece de espacios adecuados. Además, las formas
actuales de hacer política poco contribuyen; ni el estilo populista ni el
estilo tecnocrático o la “telepolítica” impulsan la co-municación de los
ciudadanos entre sí. Así las cosas, una vez más, como en otras épocas, la
ciudadanía se conquista creando nuevos espa-cios públicos.
Indicios de renovación
En los países latinoamericanos aparecen una serie de
comportamientos y actitudes novedo-sos que, en parte, constituyen síntomas de
un desajuste entre la modernización y la construc-ción ciudadana y en parte
representan deman-
das de una profunda renovación. En el plano de los indicios se
visualizan dos tendencias que conviene resaltar: la creciente desafección
ciu-dadana y la emergencia de nuevos comporta-mientos colectivos que recrean
nuevas formas de sociabilidad.
Por un lado, según vimos, existe una cre-ciente distancia entre
lo que la política puede dar y lo que los ciudadanos esperan de ella. Tal
desajuste señaliza un deterioro de los patro-nes de corresponsabilidad entre el
ciudadano y el sistema político en la gobernabilidad. Ya señalamos la
precariedad de la política para representar a lo social y su consecuencia: los
ciudadanos ven debilitados los lazos de perte-nencia a la comunidad. Fortalecer
a la comuni-dad política significa reforzar al pluralismo, o sea un campo
público de interacción política que no existe o que está al momento
debilita-do. En su ausencia no hay modo de articular la diversidad social.
Consiguientemente crece la distancia entre lo político institucional y la
ac-ción ciudadana. Así, por ejemplo, en el caso de Chile y de varios países de
la región es posible percibir, como por lo demás lo han demostrado múltiples
encuestas de opinión, una inquietan-te desafección ciudadana respecto de la
políti-ca. Tal actitud, como venimos insistiendo a lo largo del texto, parece
expresar un malestar di-
Modernización y gobernabilidad democrática 307
fuso ante las transformaciones de la sociedad a la vez que una
demanda no menos confusa por una especie de “nueva política”. En el caso de
otros países, como Bolivia, la ausencia o la de-bilidad de espacios
institucionales interactivos conduce nuevamente a la política a las calles, es
decir al conflicto directo. La experiencia en-seña que no bastan reformas
lúcidas si no están acompañadas por la construcción de espacios públicos de
negociación y, por lo tanto, de ac-tores con capacidad autónoma para llegar a
acuerdos institucionalizados.
A pesar de las restricciones que impone la sociedad de mercado a
la acción colectiva, América Latina ha conocido diversos movi-mientos sociales
en estos años. Conviene dife-renciar dos tipos: aquellos que son reactivos a la
modernización en razón de los procesos de exclusión social que ésta produce
(como es el caso de varios movimientos obreros, campe-sinos e indigenistas en
la región) de aquellos de carácter proactivo que aspiran a participar, aun de
modo conflictivo, de la misma dinámica de modernización (como es el caso de
varias acciones colectivas de mujeres, ecológicas, es-téticas y de
conocimiento).
Es menester mencionar igualmente el de-sarrollo de acciones
colectivas que reclaman comportamientos éticos en la política y en la
sociedad. Estos comportamientos están refe-ridos a la ética de
los derechos humanos, a la exigencia de mayor responsabilidad social, al
derecho a la diferencia, a opciones de vida comunitaria de la más variada
índole y, muy particularmente a la idea de que desarrollo y modernización son
un bien común que se construye con “otros”. En estas acciones, con distinto
tono, por lo general “basista”, en realidad lo que se está demandando es la
ne-cesidad de reconstruir una nueva cultura de solidaridad.
Quizás es muy prematuro sacar conclusio-nes de este tipo de
acciones, pero en alguna medida ellas replantean la temática del consen-so
político sobre la base de aquello que Pizzor-no denominó “cultura de
solidaridad procesal”. En general, se ha abandonado la “lógica de la guerra” en
favor de una “lógica de la política” en la cual los adversarios se relacionan
como “jugadores” en el marco de determinadas “re-glas de juego” que van
adaptando acorde a las circunstancias. Semejante consenso básico acerca de los
procedimientos implicaría cuan-do menos un método institucional para resol-ver
las diferencias en función de la argumenta-ción y alteridad.
En América Latina la construcción de con-sensos en el sentido
señalado tendría que
308 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
estar normativamente vinculada a un proce-so de integración
social creciente, tanto en el plano simbólico como en el material. Sin equidad
no es posible la otredad; ni siquiera la competitividad económica es sostenible
si siguen creciendo las distancias sociales. Por el contrario, casos
relativamente exitosos de modernización económica como Chile indi-can
precisamente la relevancia que tiene una vasta red de negociaciones y acuerdos.
En esta óptica, una participación creativa en la sociedad necesitaría estar
acompañada por procesos de equidad y libertad sociocultural, es decir por el
reconocimiento instituciona-lizado del derecho a existir y a ser diferen-te. En
realidad, la necesidad de consensos y acuerdos resalta el peso estratégico de
la cul-tura política democrática en las dinámicas de modernización.
En años recientes se observan múltiples iniciativas por hacer de
lo público un espa-cio de negociación entre actores económicos, sociales y
políticos. Donde existe cierta den-sidad organizativa de la “sociedad civil”,
se van conformando así redes de coordinación horizontal que pueden fomentar una
goberna-bilidad con capacidad de integración social. Tales redes operan muy
satisfactoriamente cuando se trata de temas sectoriales (plan de
desarrollo regional, reforma del sistema de salud, etc.), mas no
incorporan al ciudadano común. La población que puede estar muy afectada por
determinado problema, pero que no representa un interés organizado (lo que
llamamos un “actor representable” en el punto 10), que al margen de ese nuevo
meca-nismo institucional.
Otro tipo de iniciativas proviene del go-bierno local. Varios
municipios han buscado fomentar y canalizar la participación ciuda-dana
mediante referéndums que permiten a los vecinos incidir efectivamente en el
dise-ño de la política municipal. Tales medidas han tenido un eco favorable en
tanto convo-can al ciudadano sobre temas en los cuales está directamente
interesado y afectivamen-te involucrado. Hoy en día, el ámbito del go-bierno
local parece ser en efecto el terreno más fértil para renovar la relación entre
ciu-dadanía e institucionalidad política. Resul-ta mucho más difícil, en
cambio, sacar de esas experiencias locales lecciones válidas para el ámbito
regional o nacional. Incluso la interactividad comunicativa entre ámbitos
locales suele ser escasa y más débil aún la relación entre experiencias locales
y proce-sos globales. Quizás la única excepción sig-nificativa (pero muy débil
en la región) sea
Modernización y gobernabilidad democrática 309
la de los movimientos ecológicos que articu-lan acciones locales
con reacciones globales contra los procesos de degradación de los ecosistemas.
Finalmente, cabe volver sobre una “parado-ja democrática”: la
democracia supone ciertos requisitos que ella no asegura o, en otras pala-bras,
el buen funcionamiento de la democracia depende de cierto tipo de ciudadano que
ella no produce. Nos referimos al hecho de que el régimen democrático —incluso
en una versión elitista o en un enfoque rational choice— pre-supone no sólo
determinadas instituciones y determinados derechos ciudadanos, sino igualmente
cierta virtud cívica. La democracia requiere de ciudadanos activos, bien
informa-dos y con manejo de los códigos del mundo moderno; valientes, pero a la
vez responsa-bles y prudentes; legales y respetuosos de las leyes, tolerantes
con las diferencias legítimas, con sensibilidad moral y autodisciplina social. El
catálogo de los atributos podría alargarse bastante, sin ofrecer una definición
precisa de lo que hace al “verdadero ciudadano”. En au-sencia de un “hombre
nuevo” y de cara a seres humanos más preocupados de su destino indi-vidual que
de los asuntos públicos, la cultura cívica se ha tornado problemática.
Consideran-do las grandes transformaciones en curso y la
consiguiente “crisis de orientación”, ¿qué signi-fica virtud
ciudadana? La publicación de varios libros sobre el tema evidencia una demanda.
De hecho, en los procesos de modernización las orientaciones
egoístas-particularistas tien-den a socavar el sentido comunitario y, por ende,
las bases de la participación ciudadana. Cabe empero preguntarse si ellas están
siendo destruidas por las dinámicas de la moderniza-ción o solamente opacadas
temporalmente.
Además, en América Latina la cultura polí-tica democrática suele
ser débil, aunque sólo fuese porque, a fin de cuentas, una cultura de-mocrática
solamente se desarrolla en democra-cia. Cabe reiterar que democracia y
ciudadanía se forman en un mismo movimiento. Dicho crudamente, nuestras
democracias tendrán el tipo de ciudadano correspondiente al tipo de política
que prevalezca.
En conclusión, la gobernabilidad democrá-tica necesita del
potenciamiento de actores sociales autónomos con capacidad de llegar a acuerdos
institucionales adecuados a la velo-cidad del cambio moderno. Por el momento,
nuestras formas de gobernabilidad no lo pro-ducen, pero eso no quiere decir que
no lo ha-rán. Precisamente en la constatación de este vacío está la demanda de
una renovación de la política.
310 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
Bibliografía
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La pobreza y las nuevas condiciones de desigualdad social*
Fernando Calderón G. y Alicia Szmukler
“La justicia es amor.”
León Felipe
El artículo comprenderá tres acápites. El primero presentará la
complejidad de los procesos de modernización y los consiguien-tes problemas de
desigualdad e inequidad en el marco de una remoción de los fundamen-tos que
sostenían el ejercicio pleno de la ciu-dadanía. Este último punto es retomado
en el segundo acápite que, desde esta perspectiva, debatirá la parcialidad de
las respuestas da-das por las políticas sociales. En el tercero se intentará
problematizar el concepto de pobreza a partir de una crítica a los criterios
metodológicos de medición de la pobreza, orientándose por el vínculo entre
pobreza,
desigualdad y ciudadanía.
Este trabajo se publicó
originalmente en la revista Nueva Sociedad Nº149, mayo-junio de 1997.
El nuevo malestar social
El actual proceso social de modernización ha sido caracterizado
como altamente complejo.1 Tal complejidad se expresaría principalmente a través
de tres aspectos: a) una creciente di-ferenciación social y funcional que
vuelve pro-blemáticos los procesos de cambios sociales;
Véanse, entre otros, R.
Dahrendorf, “Economic Op-portunity, Civil Society and Political Liberty” en
Dis-cussion Paper Nº 58, Unrisd, Ginebra, 1995; G. Germa-ni, “Democracia y
autoritarismo en la sociedad moder-na” en Los límites de la democracia, CLACSO,
Buenos Aires, 1985; A. Giddens, “Affluence, Poverty and the Idea of
Post-scarcity Society” en Discussion Paper Nº 63, Unrisd, Ginebra, 1995; H.
Haferkamp y N. Smelser (eds.), Social Change and Modernity, University of
Ca-lifornia Press, Berkeley, 1992. Para la situación latinoa-mericana puede
consultarse F. Calderón y N. Lechner, “Modernización y gobernabilidad
democrática. Informe para el Programa de Naciones Unidas para el Desarro-llo”,
PNUD, 1996.
312 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
una creciente exclusión y
fragmentación económica y social, y derivado de ésta; e) un alto nivel de
inequidad, expresado en las es-tructuras sociales, que obstaculiza el logro de
niveles de integración social más altos. Junto con este proceso, la crisis del
Estado ha puesto en evidencia la fragilidad sobre la cual descan-saban las
posibilidades de ejercicio de los de-rechos ciudadanos, vinculando
estrechamente tales posibilidades con el tema de la pobreza.
En este marco, una lectura de la pobreza debería vincularse al
análisis de los límites de la ciudadanía y de los obstáculos impuestos por
estructuras económico-sociales altamen-te inequitativas.
En el ámbito económico, como consecuen-cia entre otros factores
de los procesos infla-cionarios y de ajuste estructural, la diferencia-ción
social mencionada se expresa a través de la creciente inequidad de la
estructura reflejada en una regresiva distribución del ingreso, que ha
profundizado los niveles de pobreza gene-rando mayor exclusión social. Una de
las con-secuencias de la inequidad en la distribución del ingreso es la
migración de gran parte de la población; los procesos migratorios toman distintas
direcciones: campo-campo, ciudad-ciudad y campo-ciudad, siendo esta última —
según las estadísticas— la orientación más im-
portante. Sin embargo, los límites estructurales de las ciudades
impiden la absorción plena de los migrantes, acentuando su exclusión social y
económica o integrándolos en términos de una gran injusticia y discriminación
que tam-bién constituyen formas de exclusión y mar-ginalidad. El abismal
crecimiento del número de pobres urbanos registrados por el Programa Regional
de Empleo para América Latina y el Caribe (Prealc), cabalmente puede ser
com-prendido en esta lógica.
A nivel nacional la diferenciación social se expresa en una
creciente distancia entre clases sociales, entre regiones (ricas y pobres),
entre culturas (donde los indígenas son los más ex-cluidos) y de género (donde
mujeres acceden al mercado laboral con un costo muy alto de discriminación
salarial).
En el plano político, uno de los efectos cen-trales de tal
diferenciación ha sido la fragmen-tación de los actores sociales históricos y
las dificultades de los sistemas de partidos de pro-cesar y diferenciar los
procesos de complejiza-ción de lo social; actores que al fragmentarse se han
vuelto más reactivos que proactivos y que atraviesan un fuerte proceso de
aislamien-to y localismo. Esta situación debilita aún más la representación
social y los niveles de parti-cipación ciudadana en los procesos de toma de
La pobreza y las nuevas condiciones de desigualdad social 313
decisiones. Esta tendencia puede observarse, por ejemplo, en la
pérdida de capacidad del movimiento obrero para negociar demandas, en la baja
representación de los partidos polí-ticos y en la proliferación dominante de
múl-tiples y pequeños movimientos sociales que no logran articular propuestas
en torno a una visión de la sociedad más amplia que la restrin-gida a la
defensa de sus intereses específicos.
En el ámbito urbano, los fuertes cambios de la estructura
económica, tales como la des-industrialización y la reconversión industrial
—que han debilitado profundamente los mo-vimientos sindicales—, el aumento de
la po-blación migrante rural a las ciudades en busca de fuentes de trabajo, la
falta de movilidad social ascendente, la terciarización e infor-malización
creciente de la economía urbana y la incapacidad de las políticas urbanas de
cubrir las necesidades de la población de las ciudades, han profundizado la
diferenciación social, segregando y redefiniendo un dualismo crónico urbano.
Entre las consecuencias de este fenómeno es posible mencionar los altos niveles
de inseguridad en la vida cotidiana urbana, reflejados tanto en la incapacidad
de gran parte de la población de acceder a bie-nes y servicios hoy
privatizados, como en la creciente desconfianza hacia el “otro” a quien
se desconoce y en el temor al desempleo; por otra parte, la
pauperización de los sectores medios urbanos en varios países de América Latina
ejemplifica también otro de los efectos de los procesos de modernización en
términos de diferenciación social.
A nivel rural, dicha diferenciación ha im-pactado fuertemente la
estructura agraria. Tal estructura tendría hoy un carácter dual,2 pues por un
lado se encuentran los empresarios agrí-colas y, por otro, los campesinos. Sin
embargo, al interior de estos dos grupos existe una alta segmentación: entre
los primeros, están desde quienes han incorporado alta tecnología hasta
latifundistas propios de relaciones precapita-listas de producción. Entre los
campesinos se encuentran desde quienes han podido imple-mentar una cierta
tecnificación en sus sistemas productivos hasta quienes, constituyendo la gran
mayoría, son semi asalariados o asalaria-dos sin tierras y tienen inmensas
dificultades para acceder al mercado. Tal diferenciación económico-productiva
se expresa en los pla-nos social y político: mientras que los campesi-
Cf. F. Calderón, M.
Chiriboga y F. Piñero, Moderni-zación democrática e incluyente de la
agricultura en América Latina y el Caribe, Documento Nº 18, IICA, San José de
Costa Rica, 1992, p. 55.
314 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
nos que poseen mayores ventajas en términos productivos tienen
una cierta organización y pueden defender y negociar sus intereses, la
capacidad de organización de los campesinos más débiles en términos económicos
y produc-tivos es sumamente frágil, viéndose impedidos de ejercer presión
social para hacer escuchar sus demandas. Es decir, los campesinos más pobres en
términos económicos son también los más vulnerables en términos de
representa-ción social y política, en términos de represen-tación ciudadana.
Por su parte, la crisis del Estado de bien-estar periférico o
del Estado corporativo-pa-trimonialista latinoamericano profundizó los efectos
perversos de la diferenciación social ante la necesidad de enfrentar cambios en
su funcionamiento y estructura, aceptando sus límites como instancia
integradora. De acuer-do a una lógica neoliberal, el mercado habría sustituido
al Estado en su rol integrador. Así, la incapacidad actual del Estado de
bienestar pe-riférico de dar respuesta a la reestructuración de la economía
mundial ha otorgado un papel protagónico al mercado “en la organización de las
relaciones sociales en desmedro del Esta-do y de los regímenes políticos. El
problema es que en nuestros países el mercado, por su insuficiente dinamismo,
no puede ser un eficaz
integrador social”.3 El mercado es incapaz de representar,
coordinar y/o brindar un imagi-nario social común, generando un vacío en la
población que apela a una lógica individualista para “salvarse”, y socavando
los lazos de soli-daridad social.4 El rol preponderante que viene
F. Calderón y M. dos
Santos, Hacia un nuevo orden estatal en América Latina, CLACSO, Buenos Aires,
1991, p. 32.
Tal erosión del lazo
social provoca una “des-soli-darización [que] tiene su precio: las ventajas
obtenidas individualmente se pagan con una inseguridad generali-zada de todos”
(F. Calderón y N. Lechner, ob. cit., p. 9.). Lechner, además, apunta que “La experiencia
latinoa-mericana pone en evidencia que el mercado por sí solo no genera ni
sustenta un orden social. Por el contra-rio, acentúa las desigualdades
sociales, fomenta la ex-clusión y generaliza las tendencias de desintegración.
Las dinámicas desintegradoras del mercado hacen pa-tente sus limitaciones como
instancia coordinadora. […] Además, la función coordinadora del mercado no
cumple las otras dos dimensiones típicas de la coordi-nación política: la
representación y la conducción. […] La dimensión simbólica de la coordinación
pone en entredicho al postulado neoliberal del ‘individualismo radical’ como
única conducta racional. Como indican los puntos anteriores, no hay
coordinación social sin que los individuos junto con maximizar sus beneficios egoístas
también se orienten por cierto bien común” (N. Lechner, “Tres formas de
coordinación social. Un esquema”, 1996, p. 5, mimeo).
La pobreza y las nuevas condiciones de desigualdad social 315
cumpliendo el mercado debilita aún más los mecanismos de
representación política y social de las demandas de los ciudadanos que al
mis-mo tiempo se retrotraen cada vez con mayor fuerza al ámbito privado,
alejándose de las or-ganizaciones sociales politizadas u orientadas a la
actividad partidaria, al tiempo que aumenta la importancia de su rol en tanto
consumido-res, al menos en el plano simbólico, en desme-dro de su papel de
ciudadanos. Este panorama tiene también un efecto sobre las políticas públicas
que en algunos casos tienden a dismi-nuir, así como sobre la efectividad de las
redes sociales de solidaridad, debilitando el propio régimen democrático. Este
fenómeno latinoa-mericano también se da en otras partes; así, en Estados
Unidos, por ejemplo, el desarraigo de-mocrático y los procesos de
empobrecimiento se asocian a una continua y amplia erosión del compromiso
cívico y el capital social.5 La diso-ciación entre acción individual (desde la
visión del mercado) y acción colectiva (desde la pers-pectiva estatal) debería
reducirse en función de una reformulación del Estado en términos de la
orientación de sus valores y de la aten-
Al respecto, véase R.
Putnam, “Bowling Alone: Anterica’s Declining Social Capital” en Journal of
De-mocracy 6/1, 1/1995.
ción a la cuestión social. El Estado de bienestar había estado
asociado a la institucionalización de lo social (y en tal sentido a la
extensión de la ciudadanía) y a valores tales como progreso, igualdad e
integración, entendidos sobre todo desde el punto de vista económico. Hoy sería
necesaria una reformulación de esas orienta-ciones ante el fracaso del mercado
como meca-nismo integrador, subrayando la necesidad de mantener valores morales
como la solidaridad y la defensa de la equidad y la igualdad.
Por otra parte, los procesos de diferencia-ción funcional se
expresan en la creciente autonomía de los distintos campos de la socie-dad como
la economía, la justicia, la ciencia y la política, que funcionan, en
apariencia, cada vez más independientemente, dificultando una visión integral
del orden social. Es así como, por ejemplo, las políticas sociales se formulan
desde una perspectiva tecnocrática sin consi-derar la debilidad e inequidad de
la estructura económica y social de los países como raíz de la pobreza; de este
modo, las políticas quedan transformadas en un fin y no en un medio. Cada campo
parece tener su propia lógica sin vincu-larse entre sí bajo una racionalidad
única. En el plano del imaginario social nacional esta di-ferenciación tiene un
alto costo en términos de
316 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
sentimiento de pertenencia a una comunidad6, lo que también
conduce a un retraimiento ha-cia lo privado así como a un debilitamiento de los
lazos sociales de solidaridad, como ya ha sido mencionado.
La idea que se propone aquí es que los proce-sos de
diferenciación social y funcional queda-rían vinculados a crecientes niveles de
exclu-sión y pobreza, los cuales aumentan la percep-ción de la desigualdad como
un fenómeno que en lugar de disminuir se va profundizando, en un contexto de
debilitamiento del ejercicio ciu-dadano como efecto de los mismos procesos de
exclusión social.
El tema de la percepción de las desigualda-des como un fenómeno
de injusticia crecien-
te ha sido trabajado recientemente por varios
7
autores . En primer lugar, las desigualdades estructurales,
referidas por ejemplo a la distri-
Schnapper plantea que la
construcción nacional implica a la vez una noción de comunidad asociada con una
noción de relaciones sociales diferenciadas. D. Schnapper, La communauté de
citoyens. Sur l’idée moderne de nation, Gallimard, París, 1994.
Véase, entre otros, A.
Sen, Nuevo examen de la des-igualdad, Alianza, Madrid, 1995; J. Fitoussi y P.
Rosan-vallon, La nueva era de las desigualdades, Manantial, Buenos Aires, 1997.
bución del ingreso, el acceso a la educación y la salud, a
bienes y servicios básicos, etc., han aumentado; pero, al mismo tiempo, han
surgi-do nuevas desigualdades que serían producto de diferenciaciones al
interior de un mismo sector o campo social, por ejemplo profesio-nal, que hasta
no hace mucho eran aceptadas porque existía una movilidad social ascenden-te
que “planteaba” un horizonte de superación de esas diferencias. Empero, hoy dos
perso-nas con iguales capacidades no tienen iguales oportunidades y, lo que es
peor, tampoco tie-nen una perspectiva de obtener tal igualdad. Las nuevas
desigualdades intra-categoriales ponen así en cuestionamiento otro tema de
importancia central: el de la identidad. La per-cepción de este tipo de
desigualdades como un fenómeno social creciente erosiona fuer-temente el
sentimiento de pertenencia y las identidades sociales, produciendo exclusión.8
En realidad, lo que está en juego es la ruptura de los procesos de integración
social propios de las sociedades dependientes y del modelo de integración
nacional.
El problema central que alimenta este tipo de percepción es el
aumento del desempleo y
Para un análisis de esta
temática, véase J. Fitoussi y P. Rosanvallon, ob. cit., 1997.
La pobreza y las nuevas condiciones de desigualdad social 317
la precarización laboral, lo que provoca una fuerte desigualdad
en los ingresos de personas que tienen iguales capacidades, así como la
percepción de que factores externos a las capa-cidades laborales en sí mismas
(como contac-tos, buena fortuna, etc.) cumplen un rol clave en la obtención de
un trabajo. Por otra parte, la ausencia de una movilidad social ascendente
refuerza la percepción de la desigualdad como un fenómeno crecientemente
injusto, aumen-tando el malestar social.
Si bien bajo los regímenes nacional-popu-lares la búsqueda de
construcción nacional implicaba un proyecto socialmente compar-tido, que además
brindaba una posibilidad o una visión de integración y mejora social, hoy los
principios de igualdad —fundamentales para lograr niveles de cohesión social—
se ven fuertemente cuestionados. Los propios procesos de diferenciación,
evidenciada en la alta fragmentación social, han modifica-do las relaciones
sociales: las desigualdades constituirían así indicios de un cambio social de
carácter regresivo, poniéndose en cuestio-namiento también, desde esta
perspectiva, la visión lineal de progreso.
La percepción de la igualdad dependería del ámbito considerado
importante por una socie-dad determinada, ya que la misma puede refe-
rirse a distintos aspectos (igualdad ante la ley, igualdad de
ingresos, de oportunidades, etc.); por tanto, en primer lugar, habría que
pregun-tarse por el tipo de igualdad que reclama una sociedad.9 Sin embargo,
los seres humanos so-mos diferentes, y no sólo por el contexto eco-nómico,
social o cultural en el que nacemos y vivimos sino también por las
características individuales, las cuales incidirían fuertemente en el plano de
las desigualdades. En este con-texto diverso, la idea de igualdad se justifica
en primer lugar en términos de una preocu-pación ética, aun no habiendo
determinado el campo de exigencia de igualdad. Además, la delimitación de un
ámbito de igualdad brin-da la posibilidad de evaluación social, pues quedan
determinados criterios de prioridad. Asimismo, como estos ámbitos pueden ser
di-ferentes según las distintas perspectivas sobre el orden social, el problema
de la diversidad quedaría resuelto.10
Véase A. Sen, ob. cit.,
1995. Este autor destaca que en algún ámbito considerado importante todas la
teo-rías éticas, sociales y políticas han hecho referencia a algún tipo de
igualdad, incluso aunque defiendan la des-igualdad en otros ámbitos.
“Las diferentes
exigencias de igualdad reflejan posturas divergentes con respecto a las cosas
que
318 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
Hoy el problema es que, en la percepción generalizada, la
igualdad no está establecida como exigencia en ningún ámbito, en ninguna utopía
socialmente compartida. Esto refuerza el sentimiento de injusticia frente a
diversas desigualdades, al tiempo que la igualdad (en algún ámbito) no aparece
como proyecto futu-ro, provocando una gran frustración. Este pro-blema queda
ligado al del debilitamiento del ejercicio ciudadano y los procesos crecientes
de fragmentación social y desafección política, contribuyendo a un nuevo y
extraño sentimien-to de malestar social generalizado.
En este contexto se esbozan dos conclu-siones. En primer lugar,
los procesos de di-ferenciación social y funcional producen un grado de
inseguridad muy alto en la pobla-
tienen que ser directamente valoradas en ese contex-to. Muestran
ideas diferentes en cuanto a cómo de-ben evaluarse las ventajas de las
diferentes personas frente a otras. Las libertades, derechos, utilidades,
ingresos, recursos, bienes elementales, satisfacción de necesidades, etc.,
ofrecen diferentes formas de ver las vidas respectivas de la gente, y cada una
de estas perspectivas conduce a una visión correspondiente sobre la igualdad”.
A. Sen, ob. cit., 1995, p. 37. Para este autor, el ámbito de exigencia de
igualdad debe ser el de la libertad y potencialidad de realización de los
proyectos individuales.
ción y un creciente malestar social que se acentúa sobre la base
de un patrón histórico de larga duración que, en América Latina, en-fatiza y
valora más las jerarquías sociales que la igualdad de oportunidades. El “hombre
igual” de Tocqueville en la región desgracia-damente es todavía una utopía. En
tal senti-do, ¿cómo interpretar estos procesos desde la política y qué
respuestas viene dando el Estado a través de las políticas sociales? En segundo
lugar, parece existir una distancia creciente entre, por un lado, la
complejiza-ción de los problemas ya mencionados y el malestar social
consecuente y, por otro, las respuestas parciales desde la política a par-tir
de políticas sociales subordinadas a una visión restringida e instrumental del
creci-miento económico. Parece necesario que la política sea capaz de
reinterpretar este nue-vo malestar social y proponer como meta del desarrollo
—y proyecto futuro— la igualdad y la participación, fenómenos que de alguna
manera han estado presentes en la experien-cia de buena parte de movimientos
populares en América Latina que hoy tienen que recons-tituirse a raíz de los
procesos de diferencia-ción anotados y en un contexto de acumula-ción de poder
democrático.
La pobreza y las nuevas condiciones de desigualdad social 319
Los límites de las políticas sociales
En el contexto de complejización de los proce-sos de
modernización, la creciente exclusión so-cial y los aumentos de los niveles de
pobreza, así como el socavamiento del ejercicio de la ciuda-danía se vinculan a
las grandes inequidades de las estructuras sociales y a la imposibilidad del
Estado de enfrentarlas. Desde la perspectiva in-dividualista/mercantilista
adoptada por el nuevo tipo de Estado, los excluidos serían considera-dos
necesitados, reemplazando esta figura a la del ciudadano, lo que se condice con
un enfoque asistencialista y paternalista que enfatiza una vi-sión privada de
la sociedad y un retraimiento del individuo sobre sí mismo. En cierto sentido,
el actual reconocimiento de la diversidad cultural, tras la defensa de valores
como la tolerancia, el respeto y la apertura hacia el otro, ocultaría el
resquebrajamiento de otros valores como la so-lidaridad y la defensa de algún
tipo de igualdad, reforzando la mencionada perspectiva indivi-dualista que
debilita el lazo social así como el imaginario social común.11
“Los valores sociales
centrales son la tolerancia mucho más que la solidaridad y la imparcialidad
mucho más que la igualdad. La ‘buena sociedad’ es aquella que
Siendo el excluido un necesitado y no un ciudadano en el
contexto de relaciones socia-les desiguales, las políticas sociales localizadas
actúan más como paliativos de los efectos no-civos de las desigualdades
estructurales que atacando las fuentes de tales efectos, es decir, la
estructura económico-social. La “cuestión social” sería vista de manera
fragmentada y no desde una perspectiva más global. Por otra par-te, las
políticas sociales se vuelven un asunto de gobernabilidad pues, aunque
parcialmente, responden a demandas sociales fragmentadas que deberían ser
atendidas al menos en parte para que puedan conservarse niveles mínimos de
gobernabilidad. Empero, la aplicación de políticas sociales se ha dado
generalmente a través de un sistema clientelar y con escasa o nula
participación de los interesados, lo cual no ha contribuido ni a atacar de
manera sustan-tiva la pobreza ni a fortalecer el ejercicio de la ciudadanía, lo
que aliviaría, al menos en parte,
permite la coexistencia pacífica de las diferencias; ya no es
más aquella que asegura la inserción. El principio de ciudadanía no implica más
una exigencia de redis-tribución en este contexto, él se reduce a la confianza
común en la ley civil organizadora de la autonomía”. P. Rosanvallon, La
nouvelle question sociales. Repenser l’Etat-Providence, Seuil, París, 1995, p.
68.
320 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
las inequidades estructurales mencionadas. Sin embargo —como en
un círculo vicioso— esas mismas desigualdades impedirían el pleno ejer-cicio de
la ciudadanía.12
En América Latina, el reconocimiento de de-rechos sociales ha
estado vinculado a los regí-menes nacional-populares que proporcionaron
integración en términos nacionales y de ciuda-danía social vía la
participación, pero con una visión homogeneizadora de la sociedad y con una
lógica clientelista. Por tanto, el reconoci-miento de la ciudadanía política
—que impli-caba la aceptación de la diferencia y la valora-ción de la
diversidad en términos de derechos políticos— quedó rezagado con respecto al de
la ciudadanía social. A esto contribuyeron la
“[…] la sociedad civil
—la ciudadanía— es incom-patible con el privilegio. Esto se mantiene no sólo
[…] dentro de un país dado, donde el privilegio es al mismo tiempo la negación
de la ciudadanía de otros, sino tam-bién internacionalmente. Mientras algunos
sean pobres y la prosperidad en cualquier lugar aparece como una ventaja
injusta. Mientras algunos no tengan derechos de participación social y
política, los derechos de unos pocos no pueden ser si muchos más están
condenados a mantenerse pobres porque viven fuera del mercado mundial,
descritos como legítimos. La inequidad siste-mática […] es incompatible con las
asunciones del Pri-mer Mundo”. R. Dahrendorf, ob. cit., 1995, p. 2.
debilidad del sistema político institucional y la pervivencia de
una cultura política organicista-autoritaria y clientelista, así como la
debilidad del sistema de actores. Así, la política ha pade-cido una incapacidad
de representar lo social que ha repercutido en una mayor fragilidad de los
lazos de pertenencia de la ciudadanía a la comunidad, acentuándose un
sentimiento de “extrañeza” frente a la comunidad política. Desde esta
perspectiva, parece urgente recon-siderar la cuestión de la exclusión social y la
pobreza en términos de ciudadanía. En una región donde los procesos de
diferenciación y exclusión social son complejos y persistentes, la pobreza en
realidad es una condición pre-ciudadana. Parece que América Latina vive una
suerte de paradoja perversa pues, por una parte, se opera un proceso de
democratización y, por otra, como consecuencia de los progra-mas de ajuste
estructural, se produce una gran exclusión ciudadana. Las ideas de exclusión
social y pobreza necesitan abolir la figura del necesitado al cual hay que
darle ayuda y, al contrario, investirlo de derechos y dotarlo de capacidad de
participación política.13
Este tema lleva al de la
crisis de representación po-lítica: en sociedades donde los políticos de oficio
son vistos como una casta, autolegitimada y autorreferen-
La pobreza y las nuevas condiciones de desigualdad social 321
De este modo, el problema concreto de las políticas sociales y
sus efectos sobre la dismi-nución de la pobreza queda contextualizado en un
marco más amplio de relaciones y estruc-turas sociales y de poder que
determinan la situación de exclusión. En general, el fracaso o escaso impacto
de las políticas sociales ha llevado a una revisión de las mismas desde una
perspectiva más bien tecnocrática, acentuando su carácter compensatorio y
complementario de políticas económicas (para aliviar los costos sociales de su
aplicación), distanciándose de la complejidad de los procesos de modernización
mencionados que afectan a las sociedades.
Pareciera que en el largo plazo las políticas sociales no serán
exitosas mientras se desco-nozcan las bases estructurales de la exclusión y la
pobreza, y el ejercicio de la ciudadanía que-de relegado de los procesos de
construcción de una política social que debería fundarse en el reconocimiento
de los límites que impone la es-tructura social. No obstante, es preciso tener
en cuenta que la población más pobre no sólo está
excluida económicamente sino en especial po-lítica y
socialmente, razón por la cual su capa-cidad de ejercer presión sobre los
gobiernos es escasa, realimentándose un círculo vicioso de desigualdad y
pobreza. Así, el problema no pa-rece radicar en las propias políticas sino
sobre todo en los límites de la estructura económico-social, y del sistema
político de las sociedades para integrar a los ciudadanos de manera tal que
puedan ejercer sus derechos con un hori-zonte de integración a la comunidad.
En tal sentido, la experiencia asiática14 consti-tuye un ejemplo
que deja en evidencia la impor-tancia de algunos requisitos sociales y
políticos del crecimiento económico (base fundamental para la disminución de la
pobreza) y la supera-ción de niveles de pobreza. Entre ellos puede mencionarse
fuerte intervención estatal en la orientación del desarrollo económico, a
través de la regulación del funcionamiento del merca-do; atención a los
factores institucionales del desarrollo económico; alta efectividad de la
política industrial con perspectiva de largo pla-
cial, que se reproduce por cooptación, éstos se vuelven cada vez
más incapaces de representar a los ciudada-nos; así, el ciudadano deja de
interesarse por la “cosa pública” y sólo le interesa consumir o replegarse en
una “tribu”, o en la familia, o en sí mismo.
Véase, entre otros, I.
Olmo (comp.), “Beyond the ‘East Asian Miracle’: an Asian View” en Discussion
Pa-pers Series Nº 5, Office of Development Studies, UNDP, New York, 1996; PNUD,
Informe sobre Desarrollo Hu-mano 1996, Madrid, 1996.
322 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
zo; liderazgo político con visión de integración nacional;
compromiso del sector privado con el desarrollo del país; altos niveles de
movilidad social y de cohesión social15 inicial; distribución relativamente
equitativa del ingreso; estructura social igualitaria —basada en la extensión
de la educación básica y el acceso a oportunidades de educación superior, en
una justa distribución de capitales, incluyendo la tierra, y en la creación de
oportunidades para la emergencia de nuevos empresarios—16, y sentido de
identidad nacional.
La movilidad social
“facilita la emergencia de la cla-se media y promueve la participación de los
miembros de la sociedad en el desarrollo económico, reduce las rupturas debidas
a las tensiones y conflictos potencia-les, ayuda a los miembros de la sociedad
a compartir una visión nacional. […] El ‘igualitarismo’ en el Este asiático
significa ‘igualdad de oportunidades’ y debe ser distinguido de la equidad de
la distribución de ingresos y riquezas a través de la redistribución fiscal o
el poder confiscatorio del gobierno, como se ha observado en América Latina”.
I. Olmo, ob. cit., 1996, p. 25.
Tal estructura debe poder
brindar igualdad de opor-tunidades a todos los individuos, lo cual actuaría
como incentivo para la participación en el desarrollo eco-nómico. “[…] tal
estructura social igualitaria aparece —en el caso del Este asiático— contribuyendo
con la sociedad en la elaboración de sistemas de valores que aceptan la
competencia entre los individuos basada en sus propios méritos y conocimientos,
aumentando
La experiencia asiática demuestra —con-trariamente a los
supuestos ideológicos de los programas de ajuste estructural— que la
distribución equitativa del ingreso, la ex-tensión de la educación y la
inversión en re-cursos humanos, la reforma agraria y un alto nivel de empleo,
entre otros, son requisitos previos al desarrollo económico y no conse-cuencias
de éste. No pretende proponerse el traslado de este modelo de desarrollo a
Amé-rica Latina, pero parece importante aprender de sus enseñanzas para relativizar
un mode-lo basado en el mercado, a partir del cual se aplican políticas
sociales paliativas orienta-das a aliviar los altos costos de los progra-mas de
ajuste estructural sin una visión de más largo plazo que considere los
obstáculos de la estructura social al propio crecimien-to económico del país.
Para ser efectivas y sostenibles en el largo plazo, las políticas públicas
deberían orientarse a elevar la ca-pacidad de la gente y a relacionar tal
ca-pacidad con las oportunidades, vinculando de este modo oferta y demanda de
capital humano, disminuyendo el desempleo y vol-viendo más equitativa la
distribución del
la eficiencia de los sistemas económicos”. I. Olmo, ob.
cit., 1996, p. 33.
La pobreza y las nuevas condiciones de desigualdad social 323
ingreso, lo cual revertiría en mayores nive-les de integración
social.17
El Estado y el replanteo de la pobreza y las políticas sociales
De lo dicho hasta aquí se desprende la nece-sidad de
problematizar la visión de la pobreza estableciendo vínculos con el tema de la
ciuda-danía, ligados ambos al de la integración social y la capacidad de la
estructura social de alcan-zar niveles mínimos de equidad.
La noción de pobreza ha cambiado histórica y culturalmente, lo
que ha derivado en distintas apreciaciones de la misma.18 Reconociendo en
primer lugar la pobreza como privación frente a la cual —una vez determinada la
población
PNUD, ob. cit., 1996, p.
61.
Para un análisis del
concepto de pobreza véase, en-tre otros, O. Argüello y R. Franco, “Pobreza:
problemas teóricos y metodológicos” en CEPAL-ILPES-UNICEF, Pobreza, necesidades
básicas y desarrollo, Santiago de Chile, 1982; J. Boltvinik, Pobreza y necesidades
bási-cas. Conceptos y métodos de medición, PNUD, Cara-cas, 1990; D. David, “De
la pauvreté á l’exclusion” en Le Courrier Nº 143, Bruselas, 1994a; A. Sen,
“Development as Capability Expansion” en Journal of Development Planning Nº 19,
1989; A. Sen, ob. cit., 1995.
que la sufre— la sociedad debe tomar medi-das tendientes a
superarla, Sen propone una definición más o menos generalizable cuando plantea
que “la pobreza [puede comprender-se] como el fracaso de las capacidades
básicas para alcanzar determinados niveles mínima-mente aceptables. Los
funcionamientos perti-nentes para este análisis van desde los física-mente
elementales, como estar bien nutrido, o vestido y protegido adecuadamente, o
libre de enfermedades prevenibles, etc., hasta logros sociales más complejos,
tales como participar en la vida de la comunidad, poder aparecer en público sin
avergonzarse, y así sucesivamen-te”. La forma que adquiere cada uno de estos
funcionamientos, así como lo que se considera como privación, varía de una
sociedad a otra. Por tanto, para medir la pobreza debe tomarse en cuenta la
relatividad mencionada del con-cepto, pues las privaciones no son las mismas
para todas las sociedades. Esta visión de la po-breza pretende contrarrestar la
comprensión de la misma en términos de baja utilidad y de bajos ingresos.19
“Si queremos identificar
la pobreza en términos de ingresos, no podemos mirar solamente a los ingresos
(sean éstos altos o bajos) independientemente de la capacidad de funcionar
derivada de esos ingresos. La
324 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
Para medir la pobreza se utilizan diversos métodos20, a partir
de los cuales se intenta comparar los niveles de pobreza entre distin-tos
países, regiones o grupos poblacionales. Sin embargo presentan, por lo general,
una visión estrecha de la pobreza: por un lado, se-paran el grado de
satisfacción de necesidades de los hogares de la estructura de distribución del
ingreso y los servicios públicos, enfrentan-do dificultades para medir el
acceso a bienes y
suficiencia de los ingresos para escapar de la pobreza varía
paramétricamente con las características y las cir-cunstancias personales”. A.
Sen, ob. cit., 1995, p. 127.
Los métodos más
utilizados de medición de pobreza han sido los de Línea de Pobreza (LP) y de
Necesida-des Básicas Insatisfechas (M). Posteriormente se ha aplicado el Método
Integrado de LP y NBI para tener una visión más exacta de los niveles de
pobreza. Los es-tudios sobre desarrollo han utilizado el Producto Inter-no
Bruto (PIB) como indicador principal, agregándose otros indicadores para
completar la visión sobre el de-sarrollo. Un método relativamente nuevo es el
Índice de Desarrollo Humano del PNUD que combina esperanza de vida, educación e
ingresos per cápita, incorporando indicadores no estrictamente económicos en un
instru-mento sencillo de captar, bajo una visión más global del desarrollo.
Empero, insistimos, estos indicadores cobran sentido en el marco de relaciones
de poder es-pecíficas y sólo se pueden explicar y por tanto superar a partir de
interpretaciones teóricas normativas.
servicios públicos, aun en el caso de métodos que lo intentan.
Por otro lado, la mayoría de los estudios que miden la pobreza se ha basado en
los ingresos, entendiéndola como “ingresos ba-jos”, sin tomarse en cuenta las
distancias (pe-queñas o grandes) que separan a las personas de esa línea de
pobreza indicada por un ingreso determinado. Además, la privación no sólo se
refleja en los ingresos, por tanto si únicamen-te éstos son tomados para el
análisis, pueden ignorarse otras variables que evidencien priva-ción, como las
propias capacidades personales para utilizar los ingresos.21
Aún más, los métodos tradicionales de me-dición de la pobreza
—incluso en su aplicación combinada— hacen difícil captar situaciones
“Algunas veces [problemas
como] la edad, la inca-pacidad o la enfermedad, reducen la capacidad de uno
para obtener ingresos y pueden también dificultar la conversión de ingresos en
capacidades. Es frecuente que una alta proporción de pobres en los países
desa-rrollados sufran estos problemas y la extensión de la pobreza en dichos
países se infravalora sustancialmen-te, dado que se sobrevalora los ingresos
obtenidos y los ingresos utilizados en la generación de capacidades. […] Las
desventajas en la utilización de los ingresos pueden agravar sustancialmente el
característico bajo poder adquisitivo de determinadas personas afectadas por
desventajas”. A. Sen, ob. cit., 1995, p. 130.
La pobreza y las nuevas condiciones de desigualdad social 325
coyunturales de pobreza.22 La concepción de la pobreza es más
amplia que sus aspectos es-trictamente económicos y de insatisfacción de
necesidades básicas; ella incluye también la in-capacidad de acceder a bienes,
servicios, dere-chos y actividades que constituyen la base del ejercicio de la
ciudadanía y cuya inaccesibili-dad está marcada muchas veces por problemas
tales como la discriminación étnica y de géne-ro, así como la explotación de
menores. En tal sentido, la superación de la pobreza está liga-da indefectiblemente
al logro de niveles acep-tables de integración y participación social y por
tanto a la equidad de la estructura social.
Hasta la crisis del Estado de bienestar pe-riférico y de la idea
de progreso ascendente, se pensaba que la pobreza sería superada en la medida
en que los países subdesarrollados adoptaran las políticas de crecimiento e
in-dustrialización de los países desarrollados, considerándose que las
necesidades serían sa-tisfechas a través del crecimiento económico. Esta visión
lineal del progreso se ha visto fuer-
“Ellos no rinden cuenta
de los riesgos de la vulnera-bilidad, de los peligros de la precariedad, de la
pobreza coyuntural, de la exasperación de la pobreza que es la miseria y de la
derivación en la exclusión estructural”. D. David, ob. cit., 1994a, p. 42.
temente erosionada por los cambios económi-cos, sociales y
políticos a nivel mundial.23
Las respuestas de los gobiernos en el marco de la aplicación de
programas de ajuste estruc-tural severos han sido políticas sociales más de
tipo compensatorio que orientadas de manera efectiva a superar la pobreza, pues
tal supera-ción requiere la formulación de un proyecto de largo plazo dirigido
a modificar las bases es-tructurales de la misma, “en particular aquellas
ligadas al acceso a los recursos productivos, la valorización de los recursos
humanos, la orga-nización social [y la participación de los sec-tores
interesados] y los lazos de solidaridad”.24
En América Latina los programas de ajuste estructural aplicados
durante los años ochenta tuvieron un muy alto costo social. Si bien se han
recuperado niveles de crecimiento eco-nómico, éstos no han conseguido generar
un nivel de empleo suficiente ni lograr niveles ma-
Una breve síntesis de
este cambio de visión sobre el progreso puede verse en F. Calderón y A.
Szmukler, “El progreso como una forma de vida: ¿se puede medir el progreso?
Apuntes sobre el Desarrollo Humano Soste-nible”, Confama, Medellín, 1995.
D. David, “Les politiques
de lutte contre la pauvre-té dans les pays en développement” en Le Courrier Nº
143, Bruselas, 1994b, p. 60.
326 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
yores de equidad en la distribución del ingre-so. Por otra
parte, algunos grupos se han visto más perjudicados: ha aumentado el porcentaje
de niños y adolescentes trabajadores y la mu-jer es discriminada en el mercado
laboral al tiempo que se elevó el porcentaje de mujeres jefas de hogar.
Simultáneamente, el gasto social —como mecanismo redistribuidor
de ingresos desde el Estado para aliviar niveles de pobreza y des-igualdad— se
ha ido focalizando, logrando una cierta orientación progresiva cuando se
exclu-yen los gastos en seguridad social que en casi todos los países se han
incrementado e inciden de manera regresiva en la distribución global del gasto
social.25
La focalización del gasto social parece haber sido vista como
una tabla de salvación de los gobiernos para aliviar niveles de pobreza con el
objetivo de superar una noción asistencialista de las políticas sociales. La
focalización impli-ca racionalizar el gasto priorizando problemas y poblaciones
específicas con el fin de favore-cer a quienes realmente lo necesitan dada la
escasez de recursos. En tal sentido, se apunta
a determinar correctamente la población-meta así como a promover
la participación de dicha población en la planificación y propuestas de
políticas sociales. Por otra parte, ha intentado ser una respuesta frente a la
segmentación so-cial provocada por los procesos de moderniza-ción y ajuste
estructural en la región.26 Empero, ¿la focalización ha beneficiado
efectivamente a los más pobres de los pobres?; ¿ha sido real-mente un nuevo
tipo de respuesta o se ha tra-tado de una racionalización del asistencialismo
en la medida en que no atacaría de manera di-recta las raíces estructurales de
la pobreza?
A pesar de los esfuerzos de los gobiernos, en lo fundamental los
resultados de la foca-lización no parecen haber redundado en una disminución
eficaz de la pobreza porque las políticas sociales focalizadas tampoco se
orientarían a resolver problemas estructura-les, manteniendo su carácter
compensatorio. La aplicación de políticas focalizadas parece haber servido como
mecanismo de legitima-ción de los programas de ajuste estructural, aliviando
sus altos costos sociales en los gru-pos poblacionales que más los han sufrido.
Esta sería la “otra cara” de la focalización, que
CEPAL, “El gasto social
en América Latina: un exa-men cuantitativo y cualitativo”, en Cuadernos de la
CEPAL Nº 73, Santiago de Chile, 1994.
CEPAL, “Focalización y
pobreza” en Cuadernos de la CEPAL Nº 71, Santiago de Chile, 1995.
La pobreza y las nuevas condiciones de desigualdad social 327
aparecería como respuesta frente a la pobreza de parte de grupos
privilegiados que preferi-rían implementar estas políticas en lugar de revertir
las tendencias regresivas de la distri-bución del ingreso. Otro problema de
este tipo de políticas sería que muchas veces no llegan efectivamente a los
sectores pobres más vul-nerables, generándose una distancia entre efi-ciencia
económica y eficacia social difícil de resolver. Además, a pesar de los
esfuerzos por lograr una mayor participación de los secto-res interesados, en
la práctica la misma habría sido escasa porque, entre otras razones, estos
sectores no tienen capacidad organizativa para ejercer presión.
¿Puede la focalización de las políticas socia-les actuar de
manera efectiva sobre los com-plejos problemas de diferenciación social o se
trata de una aproximación insuficiente desde la política a la complejidad de
los procesos de modernización y a los problemas claves de la estructura social,
como la existencia de altos niveles de inequidad que profundizan los nive-les
de pobreza?
De acuerdo a la CEPAL (1995), entre 1990 y 1994 la lucha contra
la pobreza en la región alcanzó éxitos moderados; si bien algunos paí-ses
obtuvieron más logros que otros, ninguno alcanzó a reducir los niveles de
pobreza de los
años setenta. Los escasos resultados se debe-rían a la desigual
distribución de los costos so-ciales del ajuste y a la falta de modificación de
la distribución del ingreso. Esta situación no sólo ha afectado a los más
pobres de los pobres sino también a sectores medios que se han ido pauperizando
debido a los programas de priva-tización de empresas públicas y al
achicamien-to del aparato estatal.27 Uno de los problemas clave es el de la
desocupación y la precariedad del empleo que afecta principalmente a los más
pobres por su baja calificación y porque la pér-dida de un salario en estos
hogares modifica sustancialmente su situación. Este caso se pro-duce a pesar
del crecimiento del PIB, lo cual desmentiría la afirmación de que a mayor
cre-cimiento económico menor nivel de pobreza, al menos en el plano de la
ocupación laboral; y esto sería así porque la estructura ocupacional se va
modificando, afectándose principalmente a los sectores más desfavorecidos y con
menor nivel de educación.
Estos sectores medios
viven un proceso de paupe-rización, si bien conservan una infraestructura
básica heredada de su situación anterior, pero viendo actual-mente limitado el
acceso a servicios públicos. BID-PNUD, Reforma social y pobreza. Hacia una agenda
integrada de desarrollo, New York, 1993.
328 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
La cuestión es: ¿qué resultados habrá en términos de
sostenibilidad de la propia socie-dad en el largo plazo, de persistir los
proce-sos de diferenciación social y funcional que complejizan la estructura
social?
Esto plantea la necesidad de nuevas trans-formaciones en las
relaciones entre socie-dad, Estado y economía, al menos en tres perspectivas.
En primer lugar, dados los pro-cesos de globalización económica, los Esta-dos
nacionales deberían promover políticas de integración nacional impulsados por
la búsqueda de una competitividad sistémica. En segundo lugar, dadas las
características predominantes de una economía de merca-do, los Estados deberían
promover procesos de integración social eliminando las barreras sociales del
acceso al mercado, impulsando una cultura de solidaridad y coadyuvando a
la constitución de un sistema de actores so-ciales donde los más
excluidos puedan trans-formar sus necesidades en demandas que se expresen e
interactúen en el sistema político de toma de decisiones, asegurando así la
co-hesión social de las naciones. En tercer lugar, el mismo funcionamiento
estatal tendría que subordinarse al funcionamiento del régimen democrático y a
la búsqueda de una política que demande una mayor cooperación y par-ticipación
de los ciudadanos. Ciertamente, esto también supone una nueva lógica
insti-tucional que se construya sobre una red de instituciones de derecho
público que asegu-re también el funcionamiento del mercado, pero que a la vez
permita expandir la repro-ducción y ampliación constante de una cul-tura de la
civilidad como principal garantía y sostenibilidad de su funcionamiento.
Gobernabilidad, competitividad e integración social*
En este artículo se busca fundamentar un enfoque que integre la
gobernabilidad po-lítica, la competitividad económica y la inte-gración social
como variables interdependien-tes. Para ello se examinan las posibilidades de
que la sociedad latinoamericana logre a la vez acrecentar su capacidad de
autogobierno democrático, mejorar su competitividad eco-nómica y enfrentar los
principales problemas de exclusión social y pobreza, ya que de no ha-cerlo la
región tendrá más dificultad para estar presente en el concierto de naciones
democrá-
Publicado originalmente
en la Revista de la CEPAL Nº57, 1995.
El presente artículo es
parte de un estudio en cur-so sobre gobernabilidad, competitividad e
integración social en Bolivia, que realizan CERES-CEDLA en el marco de un
estudio comparativo a nivel regional sobre “Estrategias de gobernabilidad en la
crisis”, impulsado por el programa CLACSO-PNUD-UNESCO. El autor agradece a
Gerardo Berthin y Antonio Vigilante por sus comentarios.
ticas y modernas. Para analizar la evolución de tales variables
con una visión sistémica se pasa revista separadamente a cada una de ellas y
luego se intenta construir un esquema inte-ractivo de sus relaciones
recíprocas, teniendo en cuenta las condiciones económicas y cultu-rales para el
crecimiento de la productividad y la necesidad de una matriz social y política
que dé sentido al conjunto de variables. Este análi-sis muestra la emergencia
de una nueva lógica del conflicto, que ya no se da entre el Estado y los
distintos actores sociales y políticos, sino respecto de la dirección cultural
de la gober-nabilidad, la competitividad y la integración social; ya no está en
tela de juicio la necesidad de la concurrencia simultánea de los factores del
desarrollo, sino sus posibles orientaciones y sesgos políticos y culturales. Se
concluye por último que para encauzar este nuevo tipo de conflictos se requiere
tanto un consenso previo respecto de algunos metavalores que permita a las
partes negociar y confrontar argumentos
330 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
en un lenguaje común, como una reforma polí-tica que incluya un
sistema claro y eficiente de sanciones para las partes que no respeten los
términos convenidos.
I. Una hipótesis experimental
América Latina, en su multiplicidad de expe-riencias, parece
estar viviendo el fin de una coyuntura de ajuste económico con resultados más
bien inciertos, pues nadie está seguro de que las políticas antiinflacionarias
y los proce-sos de ajuste fiscal llevados a cabo constituyan una garantía de
reconversión económica, equi-dad social y consolidación democrática.
Por el contrario, si bien se lograron impor-tantes avances en el
plano de la estabilidad económica e incluso en los niveles de expor-tación, los
resultados en los ámbitos sociales y políticos dejan mucho que desear, ya que
los procesos de inflación y ajuste significaron ma-yor inequidad social y altos
costos políticos en la construcción de la democracia.
Para el análisis de estos procesos parece pertinente buscar un
enfoque integral e inter-dependiente de ellos, pues una visión mera-mente
economicista, politicista o sociologista conlleva fuertes limitaciones para
comprender
la coyuntura vivida y más aún para proponer opciones con miras
al nuevo período que le to-cará vivir a la región. Respetando las
particula-ridades disciplinarias, se intentará realizar aquí un análisis
conceptual de las tres variables in-terdependientes señaladas, las que son
impor-tantes para comprender el desarrollo latinoa-mericano: la gobernabilidad,
la competitividad y la integración social.
Para extraer lo positivo de las particulares experiencias
nacionales es importante conocer las distintas situaciones límites que han
vivido y viven los países de la región: por ejemplo, los efectos políticos y
económicos perversos que sufrió Venezuela como resultado de polí-ticas sociales
fracasadas; o la combinación de complejos factores económicos que en México
afectan la estabilidad económica y agudizan los procesos de exclusión social y
política; o inclu-so el riesgo de que en Chile los avances econó-micos se vean
perjudicados por los conflictos éticos y políticos no resueltos por el proceso
de transición chileno. Es pues en este marco que se formulan las siguientes
reflexiones con-ceptuales, a partir de la experiencia de Bolivia.
¿Es posible que, dadas las tendencias polí-ticas y
socioeconómicas actuales, la sociedad latinoamericana acreciente su capacidad
de autogobierno democrático, eleve considerable-
Gobernabilidad, competitividad e integración social 331
mente su competitividad económica y enfrente de verdad los
principales problemas de exclu-sión social y pobreza? ¿O seguirán las
socieda-des latinoamericanas cumpliendo la profecía “sisífica” que, en sus
momentos de angustia, no dejaba dormir a Bolívar?
Varios estudios a nivel nacional y regional muestran que se ha
avanzado en algunos as-pectos de la gobernabilidad política, un poco también en
materia de competitividad y casi nada en aspectos de la integración social
vin-culados al mejoramiento sustantivo de algunos indicadores básicos de
desarrollo social y so-bre todo a la creación de un sistema de actores sociales
autónomos con capacidad de negociar e influir en la dinámica de la
competitividad y la democratización. Si esta situación persiste, América Latina
no podrá estar presente en el mundo moderno.
Según la hipótesis que orienta este análisis, para comprender la
evolución de estas varia-bles no basta con cierta racionalidad particu-larista;
es imprescindible aplicar una lógica sinérgica y sistémica a la interacción de
ellas. Esto no significa que todo se tenga que hacer de una sola vez; por el
contrario, el enfoque sistémico supone una estrategia, con etapas, procesos,
límites y evaluaciones críticas. Toda acción en alguno de los ámbitos señalados
tiende a afectar a los otros de manera positiva, negativa o
ambigua, de modo que la estrategia también supone cálculos, riesgos y
decisiones.
En este artículo se hace un examen concep-tual de la
gobernabilidad, la competitividad y la integración social, y luego se intenta
construir una especie de “modelo interactivo”, buscando las posibles relaciones
entre estas variables, para plantear por último, de manera prelimi-nar, la
emergencia de una nueva lógica del con-flicto e insinuar la necesidad de una
reforma política en la región.
II. Política y gobernabilidad
Las sociedades contemporáneas enfrentan una hiperaceleración del
tiempo político. En estas circunstancias, se requiere una aproximación política
que reduzca la incertidumbre y busque lo deseable en función de lo posible,
pero ba-sándose en valores que vinculen de manera fe-cunda la democracia, la
reestructuración eco-nómica y la integración social.
Es fundamental, por lo tanto, llegar a un nuevo enfoque de lo
posible, considerando las posibilidades de estructuración, elabora-ción y
sincronización del tiempo de la políti-ca. La búsqueda de lo mejor posible en
todos
332 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
los planos de la vida económica y social es un trabajo con el
tiempo político. Incluye, por ejemplo, superar la pesada carga de la cultura
política latinoamericana, que confunde lo ur-gente con lo necesario, el corto
plazo con un futuro infinito.
En esta perspectiva la política podría enten-derse como un
sistema de relaciones que bus-caría reducir la incertidumbre y mediar entre
intereses contrapuestos a través de un siste-ma de decisiones y autoridad
adecuadamente instrumentado, y democrático. Desde luego, se trata de valores
construidos en oposición a un nuevo poder tecnocrático, consumista e
im-personal, sobre todo en medio de tendencias a la crisis de los sistemas de
representación y acción política. En este ámbito, para que el “go-bierno de la política”
sea efectivo y legítimo es necesario que la sociedad en sus distintos ám-bitos
y niveles conozca sus opciones y las con-secuencias de determinadas acciones
políticas, sociales o económicas, y sobre todo que pueda decidir si tales
consecuencias son deseables o no. Al respecto, hemos supuesto que la bús-queda
de la socialización y transparencia de la política no sólo introducirá
elementos raciona-lizadores y críticos en la política, la economía y la
sociedad, sino también que fortalecerá la responsabilidad social y ética de la
política.
En el corazón de tales dinámicas se halla el tema de la
gobernabilidad. Esta no es sólo un recurso para reducir las tendencias duras de
la incertidumbre, sino también un impulso para pensar, inventar, ponderar y
descubrir lo que es posible, probable y preferible; es una fuerza de lo
político que trabaja con el realismo, pero que no sólo exige capacidad de
adaptación a la realidad, sino que debe ser tomada en cuenta para cambiar esa
realidad con arreglo a valores de libertad y equidad.
La gobernabilidad en este sentido está re-ferida a la capacidad
política de una sociedad y debe ser vista como una construcción de la política,
construcción que supone un conjunto de acciones asociadas a la formación de un
sis-tema de relaciones políticas que implican po-der, mando y autoridad. La
cuestión reside en la forma en que los actores se paran frente al sistema
político. Pero si bien la gobernabilidad en general está referida a la
construcción de un orden, la gobernabilidad democrática está referida a la
construcción de un orden institu-cional, plural, conflictivo y abierto.
El concepto de gobernabilidad no es un con-cepto teórico
desarrollado: más bien ha ser-vido para describir situaciones y coyunturas muy
precisas. En la ciencia política estadouni-dense, la gobernabilidad ha sido
utilizada prin-
Gobernabilidad, competitividad e integración social 333
cipalmente en su acepción más restringida de calidad de la
gestión de gobierno. En sus orí-genes, en los años de la posguerra, el concepto
estuvo asociado a la inestabilidad económica.1 Posteriormente Crozier,
Huntington y Wa-tanaki (1975) desarrollaron el concepto en relación con la
crisis de la política. Para ellos, la
participación política ha generado una disgregación de intereses y un exceso de
de-mandas que el sistema político no es capaz de procesar; en este sentido, la
gobernabilidad sería la capacidad de procesar tales conflic-tos. Estos autores,
sin embargo, no analizan si esa expansión de conflictos no procesables es
resultado de la propia expansión del desa-
rrollo capitalista.
Desde el punto de vista de la sociología crítica, Claus Offe
(1982) ve la gobernabili-dad como un límite de la dinámica capitalista respecto
de la integración social: los proce-sos de acumulación sin regulación política
producen ingobernabilidad, y en el régimen capitalista existiría una tendencia
inercial hacia la ingobernabilidad.
Por ejemplo, véase Denis
(s/f). En su célebre Dic-cionario de ciencia política, Norberto Bobbio (1987)
entiende la gobernabilidad como el resultado de nego-ciaciones entre liberales
y demócratas.
En América Latina el concepto de goberna-bilidad tiene una
trayectoria menos elaborada y diversa y muy a menudo confundida con la noción
de estabilidad política. Sin embargo, ha habido algunos avances. Por ejemplo,
un proyecto del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) sobre
estrate-gias de gobernabilidad en la crisis contrasta la gobernabilidad con la
ingobernabilidad. Esta última se podría producir, de una parte, por el
comportamiento errático de actores econó-micos empresariales que pueden
“romper” los umbrales mínimos del funcionamiento eco-nómico o de la denominada
gobernabilidad sistémica, y de otra parte, por una mayor des-integración y
exclusión social en los sectores populares urbanos. Más recientemente, Ma-rio
dos Santos y Marcela Natalicchio (1993) esclarecen una cierta visión ambigua de
la gobernabilidad, afirmando: “Buen gobierno (governance) quiere decir buen
desempeño gubernamental en el sentido de sensibilidad frente a las demandas y
eficiencia adminis-trativa y gerencial. También transparencia y accountability
(responsabilidad ante la so-ciedad por los actos del gobierno); en cambio,
gobernabilidad es una situación de los siste-mas complejos que supone la
autorreproduc-ción del sistema”.
334 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
Con un enfoque más centrado en los temas del desarrollo, en sus
informes sobre desarro-llo humano el PNUD reclama como condición para tal
desarrollo un pacto o compromiso político directamente asociado a una mayor
participación popular descentralizada (“go-bernamiento”). En un informe
reciente sobre gobernabilidad en América Latina, un grupo de analistas
patrocinado por dicha institución afirma que “la gobernabilidad democrática
precisa la construcción paciente y progresiva de acuerdos mínimos; el esfuerzo para
volver más convergentes los intereses; la creatividad para subordinar lo que
divide a lo que une. En suma, reside en una adecuada organización de la
política y de la participación” (PNUD, 1993 y 1994b).
El Banco Mundial también ha difundido este debate: por ejemplo,
Edgardo Boeninger ha vin-culado la gobernabilidad con la capacidad de los
gobiernos para ejercer autoridad, resolver problemas e implementar políticas,
lo que ade-más implicaría un fortalecimiento institucional público y privado
(Banco Mundial, 1991). Án-gel Flisfisch (1989), en una visión más teórica, ha
relacionado la gobernabilidad con un nuevo tipo de enfoque de la dinámica del
desarrollo económico, esto último fuertemente influido por la noción de
“estrategia de navegación con-
tra el viento”, de Albert Hirschman. También se han realizado en
la región algunos estudios políticos que vinculan la temática electoral con la
gobernabilidad (Trinidade, 1991).
En Bolivia, René Mayorga (1992) ha compi-lado un texto sobre
gobernabilidad centrado en los problemas del régimen democrático.2 La
Vicepresidencia de la República, con la colabo-ración del PNUD, ha elaborado un
programa de gobernabilidad centrado tanto en aspectos de buen gobierno como de
gobernabilidad propia-mente dicha. Posiblemente éste es uno de los proyectos
más novedosos surgidos en la región para modernizar y legitimar el Estado.
Reconociendo la importancia de la concep-tualización de la
gobernabilidad y de los avan-ces y problemas que ella implica, planteamos aquí
que la noción de gobernabilidad está aso-ciada a una capacidad mínima de
gestión efi-caz y eficiente y de autoridad que tendría que tener el Poder
Ejecutivo frente a los otros po-deres del Estado y a la sociedad misma. En un
sentido más amplio, la gobernabilidad supone además la calidad democrática del
gobierno,
Más recientemente, como
resultado de varios de estos esfuerzos, se ha publicado una interesante y
polé-mica compilación titulada Buen gobierno para el desa-rrollo humano
(Toranzo, 1994).
Gobernabilidad, competitividad e integración social 335
por el logro de cierto consenso societal en la formulación de
políticas y la resolución de pro-blemas con miras a avanzar significativamente
en el desarrollo económico y la integración so-cial; en esencia, de lo que se
trata es de elevar la calidad del gobierno mediante el incremento de la
capacidad de autogobierno de la propia sociedad.
Ethos empresarial y
competitividad
La competitividad a la que nos referimos aquí es, en principio,
la que Fernando Fajnzylber (1983) denominó “competitividad auténtica”. Según
este autor, para lograrla sería esencial reforzar la capacidad interna de
creación in-dustrial asociada con una participación cre-ciente de los agentes
de la producción y del conocimiento: en definitiva, se trataría de crear un
núcleo endógeno de crecimiento tecnológi-co. Más adelante, la CEPAL desarrolló
y pro-fundizó estos conceptos (CEPAL, 1990; 1992a y b; 1994a y b). Este enfoque
de la competitivi-dad, sin embargo tiene una limitación: falta en él el
análisis de elementos estatales, políticos e históricos de gobernabilidad y
consenso, ade-más del de las dinámicas culturales. En reali-
dad, la noción de conflicto y comunicación en-tre los actores y
la de ethos empresarial, que son aspectos decisorios de la competitividad y de
la construcción de un núcleo endógeno de desarrollo, están ausentes o reciben
un trata-miento por ahora restringido en el renovado pensamiento cepalino.
En América Latina existe una suerte de cul-tura autorreferida
que provoca el desencuentro y la incomunicación entre los distintos actores
sociales, así como también una fuerte indife-renciación de roles, propia de los
sistemas pa-trimonialistas corporativos que han limitado históricamente las
posibilidades de desarrollo de un ethos empresarial expansivo y de una
competitividad auténtica. La misma lógica del conflicto social ha sido
históricamente distor-sionada y reducida a un conflicto entre el Esta-do y el
trabajo y no a un sistema de relaciones sociales y acciones colectivas diversas
y com-plejas (Calderón y Dos Santos, 1995).
Como lo ha señalado la CEPAL, lo que se ne-cesita es lograr un
crecimiento económico ba-sado en una lógica endógena que promueva la
incorporación de tecnología y el uso renovable de los recursos humanos y no en
el abuso de la fuerza de trabajo y en la explotación indiscri-minada de los
recursos naturales. No obstan-te, yendo más allá de una lógica estrictamente
336 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
económica, la competitividad también depen-de de la capacidad de
gestión empresarial, tan-to para el funcionamiento racional moderno de una
empresa a nivel nacional como para el desarrollo de estrategias de
globalización a ni-vel internacional.3
Michel Porter (1991: 543 y ss.), con una perspectiva
funcionalista y a partir de la em-presa, ha descrito la competitividad como un
proceso dinámico en el cual la innovación es una constante significativa para
la elaboración de nuevos productos, nuevos tipos de mer-cado y nuevos procesos
de producción. Este proceso implica además la conjugación de una serie de
subsistemas vinculados a fuerzas y
Investigaciones recientes
parecen demostrar la importancia de una cierta relación positiva
investiga-ción-desarrollo (ID) entre los países industrializados y los países
en desarrollo. “Los resultados sugieren que mayor será la productividad total
de los factores de un país en desarrollo cuanto mayor sea la masa de capital de
ID de sus contrapartes comerciales —que se utiliza como sustituto de la masa de
conocimientos incorpo-rada en la composición del comercio del país—, cuan-to
más abierto esté el comercio extranjero con países industriales y cuanto más
capacitada esté su fuerza de trabajo” (FMI, 1995, p. 55). En este sentido
parecería
importante explorar el grado de beneficio marginal que puede
producirse en un núcleo endógeno por efectos de la ID extranjera.
objetivos nacionales, instrumentos guberna-mentales, ambientes
competitivos, decisiones estratégicas, aprendizaje constante y sobre todo
capacidad productiva y de apoyo a nivel nacional. Y por ende la búsqueda de
ventajas competitivas. Tales ventajas competitivas su-ponen un conjunto de
condiciones que permi-tirán a una nación desarrollarse sobre la base de sus
factores productivos, mediante motiva-ciones positivas conjuntas en las
relaciones obrero-patronales, competencia interna, incre-mento de calidad de la
demanda y capacidad para crear nuevas empresas. En definitiva, en el enfoque de
Porter la competitividad parece descansar en la calidad del comportamiento
socio-empresarial de una sociedad. Quizás la crítica más sustantiva a tal
visión es el carácter evolucionista y teleológico típico de este tipo de
pensamiento, que ve el conflicto y la histori-cidad sólo como anomalías.
En todo caso, de lo que se trata aquí es de asumir una lógica
más amplia, en la que la cuestión fundamental no sea saber si la econo-mía
funciona a partir de una dinámica estatal o una privada, sino saber si existe
una dinámica empresarial que abarque el conjunto de la so-ciedad; es decir, si
existe un sistema de relacio-nes entre los distintos actores e instituciones
que, sobre la base de argumentos y acciones
Gobernabilidad, competitividad e integración social 337
racionales y con el riesgo y la flexibilidad na-turales del
mundo moderno, tenga metas com-partidas y negociadas, lo que es tan válido para
una empresa como para un partido político. En esta lógica no es posible una
competitividad auténtica a nivel nacional si conviven empre-sas modernas con
partidos tradicionales.
Fajnzylber comenzó a hacer explícita esta lógica al señalar: “La
inserción internacional implica un cambio institucional de gran enver-gadura, a
nivel de empresa, a nivel de las rela-ciones entre empresarios y trabajadores,
entre el gobierno y los empresarios, entre el gobierno y los trabajadores, los
gobiernos regionales, a nivel del sistema político, a nivel de las relacio-nes
de convivencia. Por consiguiente abrir una economía es mucho más que bajar
aranceles. Es introducirse a una nueva forma de funcio-nar económica, social y
políticamente”.4
Sin embargo, es fundamental reforzar este tipo de pensamiento en
una lógica globalizada. Manuel Castells, luego de múltiples estudios, concluye
que emerge una nueva división inter-nacional del trabajo determinada por la
mayor competitividad de las empresas, en la cual las empresas y los Estados, si
no quieren perecer,
4 Citado por Lahera, Ottone
y Rosales, 1995.
tienden a operar en un horizonte internacional de mercados y de
insumos. En este proceso la competitividad y por ende la tecnología,
espe-cialmente de información, determinaría los ni-veles y modos de vida de la
población, la popu-laridad de los gobiernos y la gobernabilidad de las
sociedades. Estaría surgiendo un dinamis-mo societal basado en el papel
estratégico del conocimiento, el aumento de la flexibilidad del sistema y el
paso de grandes empresas centrali-zadas a redes descentralizadas compuestas por
múltiples formas y tamaños de organización. Estas redes constituirán la forma
organizacio-nal emergente en el nuevo orden mundial. Para Castells, las
sociedades estarían fundamental-mente constituidas por flujos de información
entre redes de organizaciones e instituciones. Así, el proceso de transición
histórica hacia la economía informacional estaría dominado por la existencia de
una economía global y redes de información mundial, y por otra parte, de
sociedades civiles nacionalistas, de culturas comunitaristas y de Estados cada
vez más pres-cindibles (Castells, 1988, 1989 y 1995).
Es fundamental entonces la generalización de un amplio ethos
empresarial que disminuya la lógica consumista, rentista y de prebendas de los
empresarios y de buena parte de las so-ciedades latinoamericanas, en virtud de
una
338 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
ética de responsabilidades modernas vincula-das a la expansión
productiva, el mejoramiento de la calidad nacional de la demanda y una
aus-teridad cotidiana coherente con las caracterís-ticas sociales, productivas
y culturales de estos países. Con lo dicho no se pretende imponer un
comportamiento productivista ni distribu-cionista, sino convencer de que el
desarrollo de una competitividad auténtica favorecerá más sólidamente los
intereses particulares y generales en su conjunto. En definitiva, aquí se argumenta
que una expansión productiva fuertemente vinculada al mercado externo sólo
puede descansar en un amplio sentido de cohe-sión y participación nacional. Es
curioso com-probar que a menudo mientras más pobre es un país, más dispendiosas
y consumistas son sus elites sociales y políticas.
IV. Sociedad e integración social
La integración social es uno de los conceptos más clásicos y
ricos de la sociología. Se originó a fines del siglo pasado como consecuencia
de las “anomalías” o distorsiones, sin mecanismos de control social, que llegó
a producir en la so-ciedad tradicional o comunitaria el proceso de
industrialización.
La sociología se empezó a preguntar por las condiciones en que
se reproducen y crean el orden y la unidad societal. Las distintas co-rrientes
sociológicas respondieron según sus propios condicionamientos históricos. Para
los europeos los patrones de integración social es-taban vinculados a los
procesos de institucio-nalización de los conflictos y al desarrollo de nuevas
formas de solidaridad orgánica; para los estadounidenses, al poder de las
instituciones políticas y judiciales y a la fuerza integrativa de una migración
colonizadora; para la Unión Soviética, a la ideología política y participativa
de la revolución de octubre y del partido comu-nista. Para los
latinoamericanos, sobre todo en el período de la posguerra, al papel
articulador e integrador de la hacienda y a la persistencia de un patrón
intrasocietal patrimonialista y de clientela. Más adelante, el populismo o los
regí-menes nacional-populares fueron las formas de organización de la
integración social.
Claro está que estos diversos patrones de re-gulación social
involucraban la acción de agen-tes de control social para la mantención de
modos específicos de dominación, expresados en espacios institucionales y
normativos muy concretos. Pero también reproducían formas de relación social y
lazos sociales diversos. Por lo demás, cualquier forma de integración supo-
Gobernabilidad, competitividad e integración social 339
ne relaciones sociales diferenciadas, conflicti- la integración
social, la reproducción cultural vas y jerárquicas. En todo caso, en buena
parte y la socialización. Quizá precisamente por eso de tales patrones
predominaba una sensación los problemas más significativos de la sociedad de
autorreproducción del control social. contemporánea se refieren a la calidad de
vida. La noción del conflicto interno y su evolu- Un estudio reciente del PNUD
señala que en ción fue periférica. Sólo más adelante la so- los últimos cinco
años más del 70% de los con-ciología crítica empezó a demostrar la persis-
flictos se desarrollaron al interior de los países, tencia de una crisis entre
la evolución de las produciendo en general un mayor deterioro nuevas dinámicas
productivas y de consumo de la cotidianeidad en los distintos planos de y la
integración social. Alain Touraine (1973: la vida social. Tal informe menciona
también 113 y 192) ha hecho hincapié en la idea de un que tiende a disminuir la
importancia de los cambio en el tipo de dominación, por el cual conflictos
entre países; asimismo, afirma que las relaciones tenderían a dejar de basarse
en el debilitamiento de la trama social constituye la explotación del trabajo,
haciéndolo más bien un problema central para todos los países ricos en la
manipulación de la demanda, el deterioro y pobres del mundo, aunque tal
debilitamiento de las condiciones de vida, y el acaparamiento adopta formas y
niveles distintos según el tipo de los recursos y de la capacidad de decisión;
de sociedad de que se trate (PNUD, 1994a). con esto cambiaría la lógica de la
protesta y de En un nivel teórico, Jürgen Habermas (1973) la integración social
misma. piensa que la crisis está asociada a experien-Los conflictos derivados
de cambios en la so- cias de cambio en las estructuras del patrimo-ciedad —como
el proceso de reestructuración nio sistémico de una sociedad y a la percepción
y el incremento de la competitividad, la hipe- de que se amenaza su identidad;
en otras pala-raceleración del tiempo político, los procesos bras, que una
sociedad está en crisis de inte-consiguientes de concentración de decisiones
gración cuando las nuevas generaciones ya no y la emergencia de nuevos tipos de
protesta se reconocen en un orden normativo que an-(por lo demás no tan ajenos
a América Latina) tes tuvo carácter constitutivo. Además, señala ante temas
éticos, de consumo, étnico-cultura- que es importante averiguar en qué momento
les, de género, religiosos, localistas y otros—, se producen problemas de
autogobierno, pues están surgiendo como nunca en los ámbitos de ahí se conecta
la integración social con la sis-
340 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
témica. Para Habermas, la integración social está referida a
sistemas de instituciones “en que se socializan sujetos hablantes y actuantes;
los sistemas de sociedad aparecen aquí con el aspecto de un mundo-de-vida,
estructurado por medio de símbolos”, mientras que la inte-gración sistémica se
refiere a rendimientos de autogobierno específicos de un sistema auto-rregulado
(Habermas, 1973).
En las actuales condiciones sociohistóricas de América Latina,
es posible adecuar la no-ción de integración social a la capacidad de una
sociedad de construir una ciudadanía activa, eliminar las barreras de
discriminación en el mercado y difundir una cultura de solidaridad.
La ciudadanía, si bien es individual, supone una cierta
pertenencia comunitaria a través de la cual el individuo se va desarrollando y
autodeterminando. El individuo es parte de una colectividad política nacional
en la cual recrea su identidad en el ámbito de las insti-tuciones políticas
reconocidas. La ciudadanía también está directamente asociada a la equi-dad
social y por ende al derecho de igualdad de oportunidades, que en las
circunstancias históricas actuales supone una socialización creciente del conocimiento
científico y tec-nológico. En estas condiciones la ciudadanía está vinculada al
autogobierno de la sociedad,
con un ejercicio político electivo y delegativo en el cual las
diferentes clases y grupos cul-turales o regionales necesariamente tienen que
asumirse como ciudadanos para que la democracia realmente funcione. Esta última
supone el reconocimiento de los derechos del “otro”, diferente de uno mismo,
sea éste indi-viduo o grupo, y también supone una autono-mía de los actores
respecto del Estado.
El mercado refleja una relación social que implica igualdad de
oportunidades de trabajo y de producción que hace funcionales los pro-cesos de
competencia y de movilidad social. No implica la persistencia de mecanismos de
discriminación que limitan la capacidad inte-gradora del mercado para construir
tanto una demanda societal idónea como una estructura de la oferta que no sea
distorsionada ni poco competitiva. Los mecanismos de movilidad so-cial tienen
que organizarse en función de las capacidades, esfuerzos e igualdad de
oportuni-dades para competir en los mercados, y contar con canales de movilidad
social abiertos que refuercen la integración. Los ciudadanos tam-bién son
consumidores.
La cultura de la solidaridad está vinculada a la calidad de la
trama social de una determina-da colectividad, a los lazos de reciprocidad
en-tre sus miembros y a la capacidad de enfrentar
Gobernabilidad, competitividad e integración social 341
problemas y metas comunes. En casos como el de Bolivia el papel
de las estructuras familiares diversificadas, las comunidades y las unidades
empresariales en pequeña escala representa im-portantes experiencias
solidarias. La cultura de la solidaridad vincula los intereses particulares con
los públicos y se refiere a la capacidad de las sociedades para conciliar la
competitividad auténtica con una gobernabilidad progresiva. Tal vinculación
supone el logro de un “bien co-mún” de una sociedad. En este proceso la
cues-tión de la pobreza no es una categoría social his-tórica, sino el producto
de relaciones sociales excluyentes. En muchos informes nacionales e
internacionales se suele despojar a la pobreza de su dimensión tanto ética como
sociológica y transformarla en un paisaje estadístico sin pro-ducción de
sentido. Desde el ángulo de la inte-gración social, el problema de la pobreza
es ante todo uno de juicio sobre las relaciones sociales.
En la política latinoamericana existe una fuerte tradición
jerárquica, plasmada en un pa-trón de sociabilidad que limita la construcción
de un principio de equidad que le dé al “otro” distinto de “uno” la condición
de sujeto con in-tereses válidos y derechos legítimos. La com-petitividad
espuria está íntimamente asociada con esa tradición. En realidad, se trata de
un imaginario societal que entiende a la pobreza
como una marca de inferioridad y que desva-loriza el ejercicio
de los derechos individuales. Para tal tradición política el pobre no existe
como ciudadano, sino como una figura plena de atributos inferiores, carente y
desprotegido, que debe ser atendida por la filantropía privada, la tutela
estatal o la cooperación internacional.
La concepción más generalizada de la pobre-za está fuertemente
ligada al modo en que se niegan los derechos en la trama de las relacio-nes
sociales. Y la superación de la pobreza está vinculada por una parte a la
capacidad de la so-ciedad y de los mismos pobres de transformar sus necesidades
en demandas que interactúen en el sistema político y, por otra, a una
expan-sión de la cultura de la solidaridad.
En este sentido, la conquista de la ciudada-nía constituye el
impulso vital hacia la inte-gración social. Envuelve políticas y acciones
societales que cambien progresivamente el panorama social y, sobre todo, un
tratamiento público del problema y su vinculación con el tema de la equidad y
el desarrollo. Todo esto depende en gran parte de que en la trama de los
intereses sociales haya una construcción de espacios públicos en los que el
problema sea legitimado a través del libre debate de lo justo y lo injusto en
una práctica democrática de per-manente negociación.
342 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
La integración social apunta al logro de umbrales mínimos de
reproducción de la po-blación —por ejemplo, los indicadores de de-sarrollo
humano de las Naciones Unidas—, y a la eliminación legal y real de una serie de
ba-rreras y mecanismos de discriminación —por género, edad, etnia, etc.— en el
mercado, en la sociedad y en las instituciones públicas y priva-das. Asimismo,
en un sentido más amplio, la in-tegración social supone una matriz de actores
sociales que interactúan recíprocamente sobre la base de argumentos racionales
y valóricos para lograr concertadamente metas de integra-ción, competitividad y
gobernabilidad. En tal lógica, los fines no podrían estar separados de los
procedimientos.
En este marco debe quedar clara una con-clusión básica: si las
tendencias sociales no son revertidas, los costos serán muy altos tanto en
términos de gobernabilidad como de com-petitividad y desarrollo.
V. El triángulo de desarrollo, con su rectángulo y su punto al
centro
En la perspectiva de las relaciones sinérgicas y sistémicas de
los conceptos de gobernabilidad, competitividad e integración social, se supone
inconcebible que éstos funcionen aisladamen-te, puesto que se
refuerzan entre ellos e inte-ractúan sinérgicamente en sentido positivo o
negativo.
Así, por ejemplo, el logro de un nivel óptimo de gobernabilidad
sólo será posible si con ello se alimenta y condiciona un crecimiento
econó-mico basado en una competitividad auténtica, y si se sustenta en un
sólido consenso construi-do por actores sociales que concertadamente buscan
elevar la calidad de vida de la pobla-ción. En el mismo sentido, la
competitividad será sustentable en la medida en que refuerce la calidad de la
sociedad tanto en términos edu-cativos como de expansión de los mercados de consumo;
en este sentido, la misma integración social constituye una fuerza productiva.
Por último, la integración social no será só-lida si no está
asociada a políticas de gobierno eficaces, coherentes y legítimas, y al
crecimien-to sostenido de la economía. Todo esto supo-ne acrecentar una
capacidad de acción que se adecúe a la evolución de las diferentes
circuns-tancias.
Sin embargo, si bien este triángulo —go-bernabilidad,
competitividad e integración social— es fundamental para alcanzar cierta
capacidad endógena de desarrollo (Gráfico 1), ésta será insuficiente y anómala
si no está
Gobernabilidad, competitividad e integración social 343
inserta en un marco institucional que dé senti-do a las
transformaciones y políticas en curso; éste se representa en el mismo gráfico
por un rectángulo que, en sus vértices y también den-tro de una lógica
sistémica, indica las funcio-nes y características de tal marco.
Gráfico 1. Triángulo de desarrollo (gobernabilidad,
competitividad e integración social), con sus rec-tángulo y su punto al centro
Se supone que un marco institucional no sólo delimita
concertadamente las reglas del juego, sino que también se adecúa a las
característi-cas históricas del cambio socioeconómico y político que atraviesa
actualmente la región como parte de un proceso mundial de globali-
zación económica e hiperaceleración del tiem-po político.
El primer vértice del rectángulo que en el gráfico representa el
marco institucional co-rresponde a un conjunto de normas, derechos y
obligaciones claros en materia de competiti-vidad, gobernabilidad e integración
social. Los empresarios, por ejemplo, tendrán que inter-nalizar los marcos
institucionales con arreglo a los medios posibles y las ventajas reales que les
permitan invertir y desarrollarse, pero ade-cuando tal normatividad a la de los
sectores laborales que vinculan sus demandas salariales con las de capacitación
y con el incremento de la producción.
El segundo vértice se refiere al estableci-miento de patrones de
continuidad del marco institucional, para que exista una especie de
sustentabilidad institucional que garantice a los actores que sus inversiones o
acciones po-líticas y sociales tendrán también continuidad en el tiempo.
El tercer vértice ilustra el establecimiento de un marco
institucional legítimo que busque reducir las incertidumbres producidas por el
comportamiento anémico e inconsistente de una buena parte de los actores
empresariales, políticos e institucionales de las sociedades latinoamericanas.
344 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
El cuarto vértice, por último, se refiere al establecimiento de
patrones culturales e insti-tucionales para el procesamiento de conflictos
entre los distintos actores y grupos sociales, de manera tal que se tienda a
superar progresiva-mente la cultura patrimonialista y de preben-das tanto en la
economía como en la política. Se trata, en definitiva, de la construcción de la
pluralidad política de la democracia.
Cabe afirmar que el marco institucional descrito no es cerrado y
estático, sino que se va haciendo, cambiando y adecuando según las
características internas o externas del de-sarrollo, pero en función de la
constitución o ampliación de un núcleo autorreferido de de-sarrollo que esté
vinculado principalmente al establecimiento y evolución de la capacidad interna
del país. Es decir, abarca una serie de factores de productividad y de
gobernabi-lidad, pero sobre todo una matriz de actores sociales que comparten
una estrategia de in-serción productiva en la reestructuración de la economía y
la cultura internacional a partir de la sostenibilidad institucional del
triángulo de desarrollo.
En el Gráfico 2 se presenta un paradigma posible y deseado
entre, por una parte, el trián-gulo de la gobernabilidad progresiva —que
su-pone una gobernabilidad en relación sinérgica
con la competitividad económica y la integra-ción social— y, por
otra parte, el rectángulo de la institucionalidad que hace normativamente
viable el triángulo mencionado. El punto al centro indica tanto una serie de
condiciones económicas y culturales para el crecimiento de la productividad,
como los requerimientos de una matriz intrasocietal y política que dé senti-do
al conjunto del núcleo.
Gráfico 2. El punto al centro: el desarrollo endógeno
Gobernabilidad, competitividad e integración social 345
VI. Hacia una nueva lógica del conflicto
Ciertamente la propuesta descrita supone una lógica del
conflicto distinta de la que organi-zó el ciclo estatal
patrimonialista-corporativo. En tal ciclo lo central fueron los conflictos
en-tre el Estado y los distintos actores sociales y políticos; la búsqueda de
poder estatal o la re-definición de las relaciones Estado-sociedad fueron las
metas principales de los distintos actores. Así, el carácter paraestatalista de
la acción colectiva —ya se tratara de acciones obreras, empresariales,
campesinas o regio-nales— y el carácter prebendario de las rela-ciones
Estado-sociedad precondicionaron un sistema de actores sociales débiles.
El conflicto, según esta propuesta, supone una disputa entre los
distintos actores por la dirección cultural de la gobernabilidad, la
competitividad y la integración social. Allí ya no está en duda la
simultaneidad inevitable de los factores del desarrollo, sino sus posi-bles
orientaciones y énfasis políticos y cul-turales. Se supone además que esta
misma lógica de transformación se asociaría con la redefinición de las fuerzas
políticas de izquierda y de derecha. La izquierda quizás replantearía sus acciones
desde los vértices
de la integración social y la gobernabilidad y la derecha desde
los de la competitividad y la gobernabilidad.
Sin embargo, no existe una forma mágica para el procesamiento de
los conflictos y la transición de una situación a otra, especial-mente en
momentos de fuerte cambio societal. Es fundamental entonces que los conflictos
tal cual suceden sean expuestos explícitamente, reconocidos y procesados
colectivamente por medio de la negociación.
Para este propósito es importante contar con auténticos canales
de participación activa y representativa de los distintos actores, a fin de que
en la deliberación y en el arbitraje de conflictos se consideren todos los
intereses, actores y argumentos involucrados. Desde luego que esto conlleva la
extensión de los es-pacios públicos de diferentes formas, para que se
materialice esta participación societal en la elaboración de conflictos. En el
caso de los sectores más excluidos y pobres, es impres-cindible que ellos
mismos transformen sus necesidades en demandas expresadas institu-cionalmente,
es decir, que lleguen a ser actores sociales autónomos.
Asimismo, los distintos actores han de acu-dir a las
negociaciones con plena conciencia de que toda negociación presupone la volun-
346 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
tad de las partes de respetar y hacer respetar los acuerdos, y
de que esto envuelve algunas concesiones mutuas respecto de las posiciones
originales de cada actor.
Por último, resulta determinante —sobre todo para el paso de un
tipo de conflicto a otro— un consenso previo respecto de algunos metavalores
que permitan a las partes negociar y confrontar argumentos en un lenguaje
co-mún, en este caso, relacionados con el trián-gulo de la gobernabilidad, la
competitividad y la integración social. Pero también es deter-minante la
elaboración de un sistema claro y eficiente de sanciones para las partes que no
respeten los términos convenidos.5
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Hacia una perspectiva crítica
de la modernidad
Las dimensiones culturales
de la transformación productiva con equidad* **
Fernando Calderón G., Martín Hopenhayn y Ernesto Ottone
Introducción
El presente documento se incorpora al es-fuerzo del debate y la
reflexión que la CEPAL impulsó a partir de 1990 con la propuesta de
transformación productiva con equidad (TPE). Tal propuesta asumió la
iniciativa, en conjun-to con reflexiones provenientes de otros ám-
Este trabajo fue escrito
en coautoría con Ernesto Ottone y Martín Hopenhayn. Integra el libro Educación,
ética y economía en América Latina 1998 (México: CEPAL/JUS).
Los trabajos incluidos en
esta serie tienen como fina-lidad dar a conocer los resultados de las
investigaciones en la CEPAL en forma preliminar, a fin de estimular su análisis
y la formulación de sugerencias para su revisión. Esta publicación no es un documento
oficial, por lo tanto no ha sido sometido a revisión editorial. Se puede
soli-citar directamente a la Secretaría de la Comisión o a la División de
Desarrollo Social de la CEPAL. Los autores son funcionarios de la CEPAL. Las
opiniones expresadas en este documento son de su exclusiva responsabilidad y
pueden no coincidir con las de la Organización.
bitos, de romper la atmósfera de confusión y desánimo
intelectual que reinó en los años ochenta, tanto en los gobiernos como en los
medios académicos, y que respondía a la pro-funda crisis que la región padece
en materia económica y social.
La propuesta de transformación productiva con equidad se planteó
como una construc-ción inductiva, más atenta a las tendencias en curso que a
las declaraciones doctrinarias. Tal propuesta ha seguido consolidándose en
suce-sivas etapas, a través del desarrollo de algunos de sus aspectos
fundamentales. Se han aborda-do, en fases sucesivas, aspectos que contribu-yen
a complementar las políticas económicas y sociales, en vistas a abordar de
manera si-multánea la competitividad y la equidad. Se ha prestado particular
atención, por su carácter central en la articulación entre competitividad y
equidad, a los desafíos y opciones que hoy en día se abren con relación a la
educación y al co-nocimiento. También se ha enriquecido la pro-
350 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
puesta de la TPE con lineamientos de acción en el campo de la
sustentabilidad ambiental, y se han considerado las necesarias vinculacio-nes
entre el desarrollo y las tendencias demo-gráficas de la región.
La propuesta de la TPE no ha dejado de ser una propuesta abierta
al enriquecimiento, tanto en ámbitos específicos del desarrollo económi-co,
como en otros igualmente importantes para fortalecer un planteamiento que se
pretende sistémico. Es así como los temas de las trans-formaciones
institucionales, la modernización del Estado, y la construcción de los acuerdos
y consensos en torno a un crecimiento equitativo se mantienen como “asignaturas
pendientes” al interior de la propuesta.
Se ha planteado, además, al interior de di-cha propuesta, que el
proceso de transforma-ción productiva con equidad debe impulsarse mediante un
amplio consenso de agentes y en un escenario demográfico. Por ende, la
cons-trucción y la extensión de una ciudadanía moderna aparece como un aspecto
esencial de la propuesta, y merece un esfuerzo reflexivo y positivo en sí
mismo.
Cuando nos referimos a ciudadanía mo-derna hacemos referencia a
la existencia de actores sociales con posibilidades de autode-terminación,
capacidad de representación de
intereses y demandas, y en pleno ejercicio de sus derechos
individuales y colectivos, jurídi-camente reconocidos. Sin ello resulta vano
ha-blar de construcción de consenso, de sociedad integrada o de sistemas
democráticos estables.
Al definir la construcción de una ciudadanía moderna en función
de la capacidad de auto-determinación de los agentes del desarrollo, un tema
cada vez más gravitante —en nuestra región y en las otras regiones del planeta—
es la tensión entre identidad cultural y moder-nidad en el proceso de
desarrollo. Se trata, en otros términos, de asumir el reto de conciliar las
particularidades histórico-culturales de las regiones con la vocación
universalista del de-sarrollo y la modernidad.
Como veremos más adelante, esta tensión no sólo atraviesa las
demás regiones en de-sarrollo sino que constituye uno de los ras-gos sociales
más notorios de este fin de si-glo. Tal tensión entre identidades culturales y
modernidad aparece con particular fuerza en las sociedades que experimentan hoy
el llamado poscomunismo, y también se hace sentir, de manera preponderante, en
los paí-ses más industrializados.
Este trabajo plantea, en primera instancia, que la tensión
identidad-modernidad tiene un carácter dinámico. Ni las identidades específi-
Hacia una perspectiva crítica de la modernidad 351
cas, ni el contenido pretendidamente univer-sal de la
modernización son los mismos que hace una generación. Nada se mantiene en
estado puro. Se ha generado, en cambio, un complejo tejido intercultural donde
las iden-tidades culturales y los signos de modernidad se oponen y se fusionan
de múltiples y contra-dictorias formas.
En segunda instancia, el presente trabajo plantea que para que
esos tejidos intercultu-rales sean funcionales a la constitución de sociedades
más equitativas e integradoras, más libres y tolerantes, con mayor capacidad de
autodeterminación, mayor sustentabilidad ambiental y estabilidad democrática,
debe su-perarse lo que aquí hemos llamado la dialéc-tica de la negación del
otro. Dicha dialéctica se halla largamente enraizada en la historia de la
región. Comienza con el momento del descubrimiento, se prolonga con la
conquis-ta, la evangelización y la colonización, y no cede con la transición
hacia los Estados re-publicanos ni tampoco en las dinámicas dis-continuas de
modernización experimentadas por nuestras sociedades. Esta dialéctica de la
negación del otro tiene su fundamento en la negación cultural (de la mujer, del
indio, el negro, el pagano, el mestizo, el campesi-no, el marginal-urbano,
etc.), y constituye el
cimiento en que a su vez se monta una larga tradición de
exclusión socioeconómica y do-minación sociopolítica.
En tercera instancia, las páginas siguientes plantean la
necesidad de asumir nuestro te-jido intercultural como acervo cultural,
acu-mulado por una historia hecha de cruces entre culturas y de síntesis
inéditas entre ellas. Este tejido intercultural, lejos de constituir un
obs-táculo para nuestro “ingreso” a la modernidad, debiera ser nuestro resorte
específico para ser modernos hoy día.
Sobre todo hoy día, que el ser modernos implica precisamente
conjugar una diversi-dad de espacios, tiempos y lenguajes, la úni-ca forma
fecunda de acceder a la modernidad y a los avatares e incertidumbres
tecnológi-cos es a partir del reconocimiento y poten-ciamiento de nuestros
propios tejidos e iden-tidades culturales.
No pretendemos, empero, simplificar el planteamiento al punto de
sostener que basta potenciar nuestras culturas endógenas para constituir una
alternativa de desarrollo. Seme-jante hipótesis resulta tan reduccionista como
aquella que, en distintas fases de nuestra mo-dernización, ha sostenido que las
culturas en-dógenas constituyen el gran obstáculo al desa-rrollo de la región.
352 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
Como ya señalamos, la CEPAL ha lanzado y sometido a
consideración de los países de la región una propuesta de modernidad, en la que
busca potenciar sinérgicamente el progreso técnico, la equidad y la democracia.
Dicha pro-puesta ha querido estar a la altura de los tiem-pos, vale decir,
parte del trastocamiento de los paradigmas modernizadores previos a la gran
crisis de las últimas dos décadas, y del margen de maniobra posible con que
cuentan hoy día las economías de la región en el nuevo esce-nario de globalización
y reestructuración pro-ductiva, financiera y comercial. En esta línea,
esperamos que las reflexiones aquí vertidas puedan enriquecer la propuesta con
las inelu-dibles consideraciones sobre las dimensiones culturales de tal
proceso.
La hipótesis que nos ha movido a llevar a cabo este trabajo es
que la transformación productiva con equidad, como propuesta de desarrollo para
los países de la región, no pue-de prescindir de los principales rasgos
cul-turales de nuestras sociedades. Estos rasgos son la condición de tejido
intercultural como resorte de nuestra forma propia de apertura al mundo; y la
superación de la dialéctica de la negación del otro como exigencia fundamental
para nuestra integración social y para la con-solidación de una cultura
democrática. Sobre
dicha base es posible la construcción de una moderna ciudadanía
en la cual “el sujeto será la voluntad del individuo de ser productor y no
solamente consumidor de su experiencia y de su entorno social” y en donde la
modernidad, además de progreso económico, tecnológico y social, será sobre todo
“exigencia de libertad y defensa contra todo lo que transforma al ser humano en
instrumento o en objeto.1
En el primer acápite del texto se examinará la TPE en una
perspectiva cultural, con espe-cial consideración del vínculo entre
ciudada-nía, desarrollo económico y modernidad.
En el segundo acápite se analizarán los pro-cesos de
internacionalización de la cultura, tanto en el mundo desarrollado como en las
sociedades en desarrollo. Se precisarán, en este marco, algunos problemas
candentes en la relación entre identidad cultural, ciudadanía y el impacto de
los procesos de internacionaliza-ción de la cultura en nuestra región.
En la tercera parte se examinará uno de los problemas más
afincados y persistentes en el proyecto de modernidad en América Latina y el
Caribe, a saber: la dialéctica de la negación del otro. A partir de dicho
análisis, mostrare-
A. Touraine, Critique de
la modernité, París, Fa-yard, 1992, p. 272.
Hacia una perspectiva crítica de la modernidad 353
mos cómo de esta dialéctica se desprenden consecuencias
decisivas en la relación entre élites y masas en nuestra región, y en el patrón
de integración y de exclusión que han seguido nuestras dinámicas de desarrollo.
En la sección cuatro desarrollamos algunas reflexiones en torno
a esa marca cultural que recorre la historia y la geografía de la región y que
denominamos tejido intercultural: tejido que se recompone incesantemente a
través de culturas que interactúan y se modifican en di-cha interacción.2
Hemos querido utilizar la
noción de tejido inter-cultural en lugar de la tradicional noción de mestizaje,
dado que esta última tiene una connotación de razas que hoy día resulta
empíricamente desmentida. Con los avances en la investigación científica, el
concepto mismo de raza aparece ya profundamente cuestionado. En la Universidad
de Stanford, L. L. Cavalli-Sforza ha consagrado décadas a recomponer el árbol
genealógi-co del “hombre moderno”, y recientemente ha llegado a la conclusión
de un origen común a toda la población (véase la entrevista que se le formula
bajo el nombre “La Science et les races”, Le Nouvel Observateur, Nº 1.420,
semana del 23 al 29 de enero de 1992, París). Este hallazgo coincide, además,
con similar conclusión de otras recientes investigaciones científicas que
advier-ten que no habría diferencias genéticas en la historia de la humanidad
que pudieran dar lugar a la noción de raza fundada en singularidades
fisiológicas. La UNESCO re-comienda enérgicamente reemplazar el término “raza”
Nos proponemos mostrar en las páginas que siguen que la
superación de la dialéctica de la negación del otro, así como la plena
aceptación del tejido intercultural, pueden constituir un potencial, y no
necesariamente un obstáculo, a los objetivos del desarrollo en la región.
Finalmente, en un último acápite de con-clusiones esbozaremos
orientaciones de po-líticas que incorporan la dimensión cultural en la agenda
del desarrollo, y que permiten enriquecer, con ello, el carácter sistémico de
la propuesta de la transformación productiva con equidad.
Transformación productiva
con equidad como una perspectiva crítica de acceso a la modernidad
El desarrollo de la democracia en la región plantea el siguiente
desafío: ¿Cómo vincular positivamente una ciudadanía definida en un sentido
secular —vale decir, que privilegie la capacidad de autodeterminación de la
socie-dad y del intercambio racional entre sus ac-
por el de “grupo étnico”, y enfatiza que ninguna prueba
existente de medición de la inteligencia permite dife-renciar entre capacidades
innatas entre grupos étnicos.
354 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
tores— con una dinámica de modernización económica con efectos
sociales incluyentes? ¿Y de qué manera la construcción de la ciuda-danía se
traduce en que los actores sociales recurran a sus acervos culturales e innovar
desde la propia historia?
En este nuevo escenario la propuesta que la CEPAL ha elaborado
para América Latina, conocida como transformación productiva con equidad, puede
llegar a entenderse, en la dimensión cultural, como una perspectiva crítica de
acceso a la modernidad.3 Enten-demos que una perspectiva crítica privile-gia
los siguientes aspectos o valores de la modernidad: el respeto de la diversidad
de valores y culturas; la mayor reciprocidad de
Nos referimos a la
propuesta contenida sobre todo en tres documentos centrales que la CEPAL ha
presentado en los últimos tres años: Transformación productiva con equidad. La
tarea prioritaria del de-sarrollo de América Latina y el Caribe en los años
noventa (LC/G.1601-P), Santiago de Chile, marzo de 1990, Naciones Unidas; y
Equidad y transforma-ción productiva: un enfoque integrado (LC/G 1701
/Rev.l-P), Santiago de Chile, abril de 1992, Naciones Unidas; y CEPAL/OREALC,
Educación y conocimien-to: eje de la transformación productiva con equidad
(LC/G.1702/Rev.2-P), Santiago de Chile, abril de 1992, Naciones Unidas.
derechos en la interrelación entre actores heterogéneos; la
apertura en la visión del mundo hacia nuevos escenarios y desafíos; y el
rescate del progreso técnico como ins-trumento para acrecentar la comunicación
e interconexión global, promover el bienestar general y permitir campos más
amplios de desarrollo de potencialidades.4
Cabe aquí diferenciar
esquemáticamente entre mo-dernidad y modernización para efectos del presente
trabajo. La modernización constituye un proceso his-tórico, afincado en el
cambio de los procesos produc-tivos, de la composición demográfica, de las
pautas de consumo y trabajo, del acceso a bienes y servicios y la
secularización progresiva de la acción colectiva. La modernidad, en cambio,
constituye un proyecto cul-tural en el cual han convivido dos tendencias
fuertes: de una parte, la difusión de valores y actitudes básicos vinculados a
la promoción de la libertad social e indi-vidual, al progreso social, al
desarrollo de potenciali-dades personales, y a una vocación democrática que
lleva a la defensa de la tolerancia y de la diversidad. Por otra parte, la
modernidad tiende a la difusión de una racionalidad formal y de una
racionalidad instru-mental, necesarias para la modernización, pero con un costo
en términos de dosificación” de la vida humana. Una perspectiva crítica de la
modernidad es aquella que, sin dejar de reconocer la importancia de la
racio-nalización, busca subordinarla a los valores modernos asociados a la
democracia, la tolerancia, la libertad y la diversidad.
Hacia una perspectiva crítica de la modernidad 355
Tal como ha sido señalado, enfrentamos una nueva situación
internacional, sumamente cambiante, marcada por una profunda revolu-ción
científica y tecnológica, por la progresiva globalización de los mercados y las
comunica-ciones, y por una competitividad económica basada cada vez más en la
incorporación y la difusión del progreso técnico. Esta situación emergente
cancela cualquier sueño (o pesadi-lla) de desarrollo autárquico para la región,
y la obliga a orientarse hacia una inserción in-ternacional capaz de medirse
con las exigen-cias de un escenario globalizado. Como señala Alain Touraine,
“estamos todos embarcados en la modernidad, lo que es necesario saber es si lo
hacemos como galeote o como viajeros con bagajes, proyectos y memorias”.5
En este sentido, la construcción de la mo-dernidad que plantea
la propuesta de transfor-mación productiva con equidad supone los “ba-gajes,
proyectos y memorias”, vale decir, plan-tea exigencias de protagonismo y de
identidad de la región. Por ello, la propuesta de la CEPAL no incurre en una
reducción de la modernidad a la pura razón instrumental, a la eficacia
pro-ductiva y a la uniformización del consumo.
5 A. Touraine, op. cit., p.
236.
Por cierto, la racionalidad instrumental, la eficacia
productiva, el progreso técnico y la respuesta a las aspiraciones de consumo
son elementos de la modernidad sin los cuales es imposible hablar de una
inserción internacio-nal ventajosa para la región. Pero estos ele-mentos no
bastan para garantizar la incorpo-ración de los otros elementos que plantea la
transformación productiva con equidad, vale decir un mayor nivel de cohesión
social, la sus-tentabilidad ambiental y la existencia de siste-mas democráticos
estables.
Por el contrario, una lectura reduccionista de la modernidad que
no se plantee de mane-ra integrada y complementaria los elementos de equidad,
sustentabilidad y democratiza-ción, tendería a reforzar procesos de
moder-nización incompletos, destinados a producir enormes diferencias entre
élites integradas y modernas, y vastos sectores de la población marginados y
fragmentados. En tal caso, estos últimos sectores serían un fermento natural
para generar reacciones de anti-desarrollo, re-pliegue sobre identidades
particulares y “de-fensismo” cultural.
La modernización “trunca” no sólo se expre-sa en los países en
desarrollo sino que tiende, con diversa intensidad y magnitud, a aparecer en
países desarrollados. Naturalmente su ma-
356 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
yor intensidad se manifiesta en las regiones de menor
desarrollo, donde el fenómeno de la exclusión alcanza a sectores vastos de la
po-blación y donde ésta se liga a situaciones de extrema pobreza masiva.
Es allí donde los procesos de moderniza-ción pueden generar
sociedades escindidas o duales, con élites modernas cerradas frente a masas
excluidas, y donde todo lazo social re-sulta infructuoso. En este contexto, los
exclui-dos conforman comunidades que no se incor-poran a consensos cívicos
nacionales, sino que tienden a atrincherarse en pertenencias tradi-cionales,
locales, regionales, clásicas y/o reli-giosas. Desde allí resisten el
intercambio “ra-cional” con interlocutores que no comulguen con las mismas
creencias, combaten el espíri-tu de la modernidad, y obstaculizan seriamen-te
el logro de la integración social necesaria para potenciar los aspectos más
democráticos de la modernidad.
La propuesta de transformación productiva con equidad busca
vincularse, en términos cul-turales, a un concepto de modernidad en que se
intenta trascender los límites de la raciona-lización instrumental, pero
también se quiere romper el bloque impuesto por particularismos culturales
replegados sobre sí mismos. En este sentido comparte una visión crítica de la
mo-
dernidad: busca conciliar la libertad individual y la
racionalización modernizadora con la per-tenencia comunitaria.6
En esta visión de la modernidad las identida-des particulares no
están destinadas a contra-ponerse a la modernización o transformación
productiva. Por el contrario, pueden ser un fac-tor importante para su
construcción si logran
Por resumirlo nuevamente
con las palabras de Touraine: “Los herederos de la filosofía de las luces
creían que la libertad se liga enteramente a la racio-nalización. Se equivocan
al olvidar que en el hombre coexisten el deseo, la memoria y la pertenencia a
una cultura” (A. Touraine, op. cit., p. 364). Se trata-ría, en esta perspectiva
de la modernidad, de regla-mentar la convivencia de los particularismos y
evitar la radicalización de los conflictos. Michael Walzer, quien utiliza la
metáfora de tribu para referirse a las comunidades particulares, visualiza la
existencia de un puente semántico entre los particularismos tra-dicionales
“tribales” y el universalismo democrático moderno. En su opinión el
“tribalismo” debe estar incluido en el universalismo por ser un elemento co-mún
a toda la especie humana (M. Walzer, “La rinas-cita della tribu”, Micro Mega,
N° 5, 1991, citado por Alessandra Concedada, Attualitá della tribu nelle
scienze sociali tra concetto et metafora, ponencia presentada al “International
Forum on Development Problems. Nation, Tribe and Citizenship. The crisis of the
State in Contemporary Societies”, Roma, 2 al 4 de diciembre de 1992).
Hacia una perspectiva crítica de la modernidad 357
operar como elemento de movilización consen-suada y con vocación
democrática.
¿Cuáles son, en consecuencia, los factores culturales que puedan
servir de cimiento para la construcción de una modernidad compren-dida en estos
términos?
Un primer factor es el convencimiento de que una modernidad
auténtica sólo puede sur-gir de un esfuerzo endógeno, vale decir, mo-vilizando
las energías sociales que hacen que una sociedad se sienta responsable por su
ac-ción y sus resultados. Esta premisa subyace a la propuesta de transformación
productiva con equidad, y la siguiente cita lo ilustra: “Im-pulsar la
transformación productiva y abrir el paso a una mayor equidad social son tareas
que precisan de esfuerzos decididos, persis-tentes e integrales por parte de
gobiernos y sociedades civiles”.7
Esta convicción de la centralidad del esfuer-zo interno, que
pareciera no requerir de una particular reflexión teórica, implica un
despla-zamiento del debate sobre el desarrollo y un cambio del clima
intelectual que lo rodea. Se intenta aquí romper con aquello que José Aricó
llamó “el pensamiento de la queja” y que lo ex-
CEPAL, Transformación
productiva con equidad, op. cit., p. 13.
plicaba del siguiente modo: “Es el pensamiento de lo que América
Latina no puede ser porque alguien nos condena a no ser. Las teorías fue-ron
para argumentar esta especie de sueño, de una Europa que nunca se llegó a
alcanzar. La teoría de la dependencia, la teoría del subde-sarrollo venían a
explicarnos que el centro de nuestros males provenía de otra parte. No de
nuestra capacidad de gobierno, no de nuestra capacidad de administración, no de
nuestro propio desarrollo. No digo que la dependencia no existe, no digo que el
subdesarrollo no exis-ta, estoy hablando del uso ideológico y político de ese
tipo de categorización. Nuestros males estaban colocados afuera”.8 En la
propuesta de la CEPAL se busca, pues, trascender este estig-ma de la queja.
Un segundo factor lo constituye la idea de que tal esfuerzo
requiere de niveles “contables” en materia de conflictos, y de niveles altos de
consenso y estabilidad. Al respecto son escla-recedoras las palabras de
Fernando Fajnzylber: “Si uno pretende insertarse en el mundo, los conflictos
internos, políticos y sociales, tienen
José Aricó (1992), “El
difícil camino de la reforma democrática”, en Lo popular en América Latina,
¿una visión de crisis?, Lima, Centro de Estudios y Promo-ción del Desarrollo
(DESCO), 1992, p. 303.
358 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
que regularse en aras de tener credibilidad y es-tabilidad en
esta inserción. Ello obviamente no ocurría en el período anterior, en que no
sólo la economía estaba cerrada, sino que la sociedad y la política también
eran cerradas”.9
El consenso no niega la existencia de con-flictos, pero plantea
una lógica de resolución institucional que pasa por la negociación y el
compromiso, que excluye la negación del otro, y que siempre busca evitar que se
imponga toda lógica de guerra. La cultura del consenso supo-ne, pues, un cambio
significativo con la cultura política tradicional en la mayor parte de Amé-rica
Latina y el Caribe, pues incluye al menos tres momentos que han sido
problemáticos para la cultura política en la región, a saber:
–– - El reconocimiento de la diversidad y el for-talecimiento de
los actores de la sociedad civil;
–– - La generación de negociaciones con esta-blecimiento de
compromisos; y
–– - La transformación de los acuerdos y compro-misos en
referencias culturales compartidas.
CEPAL, serie
Industrialización y desarrollo tecno-lógico. Informe N° 12 (LC/G.1729),
Santiago de Chile, abril de 1992.
La respuesta de transformación productiva con equidad constata
que en los últimos decenios ningún país de la región ha podido alcanzar
simultáneamente los objetivos de crecimiento económico y equidad social. La
CEPAL propo-ne para los países de la región un tipo de trans-formación
productiva sistémica que apunta a conciliar ambos objetivos del desarrollo. En
dicha propuesta, esta conciliación tiene como eje la incorporación del progreso
técnico en un sistema productivo integrado, se basa en el au-mento intensivo
del valor intelectual agregado y del componente tecnológico en distintos
sec-tores de la producción y de servicios, y requie-re mayor competitividad
internacional por vía de la incorporación del progreso técnico, y no mediante
la reducción de salarios o la depreda-ción de los recursos naturales.
En esta propuesta, la ciudadanía aparece como un valor en que
debieran entroncarse tan-to los imperativos de la democracia como los del
desarrollo.10 Desde esta perspectiva, ciuda-danía y competitividad constituyen
los dos mo-mentos de un círculo virtuoso: “Imaginar que
“La formulación y
aplicación de estrategias y políti-cas económicas habrá de ocurrir en un
contexto demo-crático, pluralista y participativo.” (CEPAL, Transfor-mación
productiva con equidad…, op. cit., p. 15).
Hacia una perspectiva crítica de la modernidad 359
la ciudadanía pueda tener plena vigencia sin un esfuerzo
efectivo en materia de competitividad resulta, en el decenio de 1990, tan
infundado como suponer que la competitividad —necesa-riamente de carácter
sistémico— pueda soste-nerse con rezagos importantes en el ámbito de la
ciudadanía”.11 De este modo, la ciudadanía requiere ser pensada como una fuente
de inte-racción positiva entre democracia y desarrollo.
Al asociar a la ciudadanía a la puesta en vi-gencia de los
derechos políticos y sociales, se establece una relación positiva entre
ciudada-nía, participación política y equidad. Porque la ciudadanía extendida
constituye, bajo este án-gulo, una garantía institucional para la presen-cia de
distintos actores sociales en el sistema de toma de decisiones, y también
constituye un resorte movilizador para la distribución progre-siva de los
logros del crecimiento económico.
Pero además la idea moderna de ciudadanía tiene connotaciones
sociológicas y culturales que conviene explicitar. En primer lugar, se asocia
la ciudadanía moderna con los procesos de secularización individual y grupal,
en virtud de los cuales: i) se constituyen actores (indi-viduos, grupos e
instituciones) que imprimen
CEPAL, Educación y
conocimiento…, op. cit., p.
una cierta racionalidad a sus opciones y com-portamientos; ii)
se institucionalizan los proce-sos de cambio social en función de la expan-sión
de derechos políticos y sociales; y iii) se diferencian progresivamente los
roles y las ins-tituciones conforme a funciones específicas.12
En segundo lugar, la creciente interacción entre distintos
actores culturales y sociales, su-pone y expresa un consenso institucionalizado
sobre la base de relaciones de recíproco reco-nocimiento entre actores
diversos. En este sen-tido la ciudadanía está estrechamente ligada al
reconocimiento del otro como un semejante.13
Véase al respecto el
artículo de Gino Germani, “De-mocracia y autoritarismo en la sociedad moderna”,
Los límites de la democracia, varios autores, Vol. 1, Buenos Aires, CLACSO,
1985. El autor destaca además que en civilizaciones no occidentales la secularización
perma-nece restringida a miembros de las élites, mientras el resto de los
estratos sociales permanece excluido. Asi-mismo, enfatiza la idea de que la
secularización no es condición suficiente de la democratización. De no verse
acompañada por la recreación de valores, la seculariza-ción bien podría impedir
la democracia o ejercer sobre ésta un efecto disolvente. Según Germani, esta
última es la tendencia predominante.
Como veremos más adelante
en este trabajo, este rasgo de la ciudadanía —reconocimiento del otro— plantea
serios problemas en nuestra región cuando se consideran sus principales rasgos
culturales.
360 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
El énfasis en la socialización y la educación en los procesos de
modernización, por ejemplo, no sólo es crucial por las exigencias de aumen-to
productivo que tal modernización implica, sino también para el fortalecimiento
de la cul-tura democrática mediante la difusión de valo-res propios de la
construcción ciudadana.
En tercer lugar, ya no se trataría solamente de comprender la
ciudadanía como la mera satisfacción de derechos avasallados por los regímenes
autoritarios, sino como la plasma-ción de una serie de demandas referidas a la
superación de toda forma de discriminación en el mercado y en el sistema
político de toma de decisiones. Se trataría del logro de una cons-trucción
institucional sólida y renovable, que permita el desarrollo de negociaciones
entre actores e individuos de acuerdo con normas de conducta y con derechos
establecidos. En suma, de una construcción institucional con-vergente con un
desarrollo económico cada vez más incluyente.
La reciente propuesta que la CEPAL formu-la, y en la que se
asigna una importancia pro-gresiva a la educación y a la producción de
conocimientos en la dinámica del crecimiento, coincide con la búsqueda por
compatibilizar el desarrollo económico con la construcción de una ciudadanía
democrática y moderna. El
texto ya citado de la CEPAL advierte que “los estudios
prospectivos muestran que al conver-tirse el conocimiento en el elemento
central del nuevo paradigma productivo, la transforma-ción educativa pasa a ser
un factor fundamen-tal para desarrollar la capacidad de innovación y la
creatividad, a la vez que la integración y la solidaridad, aspectos clave tanto
para el ejerci-cio de la moderna ciudadanía como para alcan-zar altos niveles
de competitividad”.14
Tal es la propuesta implícita en el reciente y citado texto de
la CEPAL, en la que la centrali-dad de la educación y el conocimiento plasma
hoy, en la perspectiva de una modernización integradora, en los siguientes
imperativos: i)
CEPAL, Educación y
conocimiento…, op. cit., p.
Y en el mismo sentido:
“La difusión de valores, la dimensión ética y los comportamientos propios de la
moderna ciudadanía, así como la generación de capa-cidades y destrezas
indispensables para la competitivi-dad internacional (crecientemente basada en
el progre-so técnico), reciben un aporte decisivo de la educación y de la
producción del conocimiento en una sociedad. La reforma del sistema de
producción y difusión del co-nocimiento es, entonces, un instrumento crucial
para enfrentar tanto el desafío en el plano interno, que es la ciudadanía, como
el desafío en el plano externo, que es la competitividad. Se entiende así que
esta dimensión sea central para la propuesta de la CEPAL sobre trans-formación
productiva con equidad” (Ibíd., p. 17).
Hacia una perspectiva crítica de la modernidad 361
democratizar el acceso a los códigos de la mo-dernidad; ii)
democratizar el acceso a una ofer-ta de formación de recursos humanos que se
traduce en elevar, difundir y actualizar los usos de la educación y del
conocimiento; y iii) difun-dir de manera más igualitaria la incorporación del
progreso técnico y del valor intelectual a las actividades productivas.
La centralidad progresiva del conocimiento y la educación para
el desarrollo incide signifi-cativamente en la dinámica de un orden
demo-crático, pues la base material de las democra-cias ya no descansa
exclusivamente en un tipo de economía o de relaciones productivas, sino también
en el acervo y el uso del conocimiento, de la información y de la comunicación.
¿Pero cómo se cruza esta centralidad del co-nocimiento para el
desarrollo en la región, con la citada construcción de ciudadanía y con los
tejidos propios de la cultura viva en América Latina y el Caribe?
La propia CEPAL es consciente de esta de-terminación cultural
cuando advierte: “La edu-cación y el conocimiento son partes insepa-rables de
la identidad cultural de los pueblos. Sobre ellos se asientan la comunidad del
len-guaje y el patrimonio común. A través de ellos se transmiten, forman y
expresan las capacida-des creativas de los individuos y colectividades
La constitución de la
moderna ciudadanía y la elevación de la competitividad internacio-nal suponen
la continuidad de esa comunidad histórica, sobre cuya base solamente pueden los
países aspirar a transformar y enriquecer su identidad”.15
Esto nos coloca en un punto central de nuestras preocupaciones,
a saber, el lugar de las identidades culturales en la dinámica del desarrollo y
en la construcción ciudadana en las sociedades contemporáneas.
Internacionalización de
la cultura y la ciudadanía
Existen fenómenos ligados a la internacionali-zación de la
economía, la política y la cultura que fuerzan a repensar hoy día la dimensión
cultural tanto en sociedades posindustriales
CEPAL, Educación y
conocimiento…, op. cit., pp.
y 126. Y más adelante, en
el mismo documento: “La adquisición de las destrezas necesarias para
desenvol-verse en la sociedad sólo podrá hacerse efectiva me-diante la
revalorización de la propia identidad cultural, lo que proporciona un punto de
partida que permite asimilar de manera selectiva y útil los avances globales de
la ciencia y la tecnología y aprovechar las respuestas que surgen de la propia
acumulación cultural.” (p. 157).
362 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
como en países en desarrollo. De no considerar cuando menos tres
de estos procesos, y en su carácter global, la reflexión quedaría privada de
elementos decisivos:
La reformulación de la
ciudadanía en fun-ción de identidades culturales es un tema de presencia
creciente y concomitante en todas las latitudes. En el mundo industrializado,
so-bre todo en Estados Unidos y Europa Occiden-tal, las migraciones
internacionales aumentan la incidencia de minorías no sólo en el aspecto
demográfico, sino también en un sentido socio-cultural y, en consecuencia,
político.
En el mundo en desarrollo, el impacto de la globalización sobre
las culturas endógenas ejerce un impacto de análoga magnitud. El caso del Islam
es muy ilustrativo: no sólo muestra cómo un factor cultural impacta las
relaciones económicas y políticas, sino también, inversa-mente, cómo en los
propios países islámicos la falta de integración social de la dinámica
modernizadora refuerza la integración cultural por vía de un tradicionalismo
mesiánico.16
Maxime Rodinson hizo
recientemente una reflexión bastante heterodoxa en la cual explica la extensión
del fundamentalismo islámico menos como un retorno a un pasado que nunca fue
tan integrista, y mucho más por el
También en países asiáticos, africanos y de Europa Oriental, la
multiplicidad etnocultural aumenta la conflictividad social, en la medida en
que las sociedades se abren a los mercados mundiales e incorporan valores como
la liber-tad de expresión y de afirmación cultural, con lo cual se intensifican
demandas de afirmación étnico-territorial y religiosa. El factor cultural no
sólo es una variable decisiva al interior de los países, sino que impacta cada
vez más en las relaciones internacionales.17
entramado de crisis y exclusión existente en esos países. Es,
según Rodinson, dicha crisis y exclusión lo que ha llevado a una relectura en
clave mesiánica de los textos sagrados, y a una refundación de una historia
integrista como base de legitimación de los movimientos que buscan una salida
radical-integrista a la crisis (véase M. Rodinson, L’Islam: politique et
croyance, París, Fayard, 1993).
“Así, por ejemplo, la
plasmación de iniciativas de in-tercambio comercial entre Estados Unidos y
Japón está condicionada por las posibilidades de comunicación entre
orientaciones culturales distintas, trasladándose el sentido económico de la
competencia a esferas cultu-rales y políticas. En el mismo sentido […] temas
como la modernización, la democracia y la unificación nacional en Corea están
asociados con el metabolismo cultural de su propia transformación política.”
(F. Calderón, “Proce-sos culturales y estrategias de modernidad en América
Latina”, ponencia presentada al “International Forum on Development Problems.
Nations, Tribe and Citizen-
Hacia una perspectiva crítica de la modernidad 363
Tanto las sociedades
avanzadas como aque-llas en desarrollo enfrentan un problema co-mún, a saber,
que la modernización productiva,
ship. The Crisis of the State in Contemporary Societies”, Roma,
2 al 4 de diciembre de 1992, pp. 3 y 4). Véase tam-bién, al respecto: K. van
Wolferen, “Une nouvelle appro-che de la question japonaise”, Regard froid sur
le Japon, serie, Notes de la Fondation Saint-Simon, París, 1990; M. Cooper, La
recherche d’un consensus, París, Organiza-ción de Cooperación y Desarrollo
Económicos (OCDE), 1982. Un importante análisis histórico sobre la cultura
política y el proteccionismo en Estados Unidos puede encontrarse en S. Lipset y
J. Hayes, “Las raíces sociales del proteccionismo norteamericano”, y Sung-Jo
Han, “The Korean experiment”, Journal of Democracy, Vol. 2, N° 2, Washington,
D.C., 1991. Un llamativo análisis sobre los límites de la construcción
ciudadana en el Japón en relación con los hijos de migrantes japoneses o
corea-nos puede consultarse en T. Miyasima, “Immigration and the redefinition
of ‘citizenship’ in Japan: ‘One people-one nation’ in question”, ponencia
presentada al “Internatio-nal Forum on Development Problems. Nation, Tribe and
Citizenship”, Roma, 2 al 4 de diciembre de 1992. Para el caso de India,
consúltese T. K. de Oommen, “Insiders and outsiders in India: primordial
collectivism and cultural pluralism in nation-building”, International Sociology,
Vol. 1, N° 1, marzo de 1986, pp. 53-74. Para el caso de Eu-ropa Occidental
consúltese J. Habermas, “Cittadinanza e identittá nazionale”, Micro Mega, N° 5,
1991. Véanse además los siguientes textos: G. Quaranta, “Cittadinanza attiva e
rifforma della democrazia”, Democracia diretta, N° 3, 1990; F. Furet, P.
Rosavallon y J. Julliard, La Répu-blique du Centre, París, Calmann-Lévy, 1989.
si aspira a niveles crecientes de competitivi-dad, requiere hoy
de la formación de un núcleo duro de inteligencia. Pero a la vez requieren,
desde su propia aspiración democrática y de desarrollo nacional, que este
núcleo duro no se construya a la manera elitista, sino que forme parte de un
proceso de construcción protago-nizado por el conjunto de la sociedad.
Una construcción democrática del desarro-llo no parece viable
cuando el campo de nego-ciaciones y consensos políticos se restringe a las
élites. La propia delegación política de los gobernados a los gobernantes
obliga a las éli-tes tecnopolíticas, en los escenarios emergen-tes de la
llamada “sociedad comunicacional” y “sociedad del conocimiento”, a movilizar la
capacidad de intervención de los ciudadanos, proveyendo los mecanismos de
información, comunicación y socialización del conocimien-to entre los miembros
de la sociedad.18
Según A. Touraine, lo
específico de una sociedad programada o posindustrial es “introducir grandes
aparatos centralizados de gestión en los dominios más diversos de la vida
social […] El término es inexacto pero indica a las claras que se forman
centros de de-cisión y gestión capaces de producir no sólo sistemas de medios
sino también objetivos de la actividad social, tecnologías de salud, del
consumo o de la información. Esta movilización ofrece muchas oportunidades a
los
364 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
La globalización de la
cultura, resultado de la industria y el mercado cultural, generó una serie de
fenómenos que replantean los proce-sos de construcción nacional. Uno de los
fe-nómenos más acuciantes es la construcción de un tiempo cultural sincrónico
para el con-junto de las sociedades nacionales, donde los hechos y decisiones
en un determinado lugar afectan inmediatamente a otro, generando una
simultaneidad planetaria de la información. En el plano económico, esto implica
la tendencia a la disolución de economías propiamente na-cionales y a la
constitución de una unidad eco-nómica internacionalizada, que funcionará de
manera sincrónica. Tenderían a imponerse, de este modo, políticas económicas
internaciona-lizadas. En la misma línea, la reorganización de los escenarios
culturales y los cruces constan-tes de las identidades exigen preguntarse de
otro modo por los órdenes que sistematizan las relaciones materiales y
simbólicas entre los grupos. Fenómenos especialmente impor-tantes para varias
situaciones serían la deste-rritorialización de identidades culturales, y la
individuos pero implica el riesgo de acrecentar la ca-pacidad de
manipulación de un poder absoluto” (A. Touraine, El retorno del actor, Buenos
Aires, EUDEBA, 1987, p. 143).
tendencia hacia la descentralización de las em-presas
transnacionales.19
La llamada “sociedad programada” o “infor-matizada” implica,
pues, una recomposición radical de las relaciones entre los distintos gru-pos
sociales y de cómo éstos se organizan al interior de la sociedad.
Estos tres procesos llevan a plantear desafíos de construcción
de ciudadanía desde una pers-pectiva cultural. Por una parte, la demanda de
identidad se hace más presente en la medida en que se multiplican las
identidades cultura-les en el seno de la sociedad, y porque las iden-tidades
colectivas se exponen a influencias múltiples por efecto del patrón globalizado
de modernización. Por otra parte, la centralidad del conocimiento en el aumento
de competi-tividad de las economías nacionales reclama una suerte de
“construcción social de inteli-gencia”, vale decir, una capacidad de
asimi-lación y respuesta societal, que permita incor-porar dinámicamente la
producción y difusión del conocimiento a los procesos productivos en todos los
niveles de la economía. Esta ca-
N. García Canclini,
Culturas híbridas: estrategias para entrar y salir de la modernidad, México,
D.F., Editorial Grijalbo, 1990, pp. 288-289.
Hacia una perspectiva crítica de la modernidad 365
pacidad depende, en importante medida, de la síntesis que pueda
proyectarse entre el acervo cultural y la incorporación de nuevas destre-zas y
conocimientos.20
Los procesos referidos resitúan la proble-mática de la
construcción ciudadana moderna en un vértice donde la cultura es fundamental
pero a la vez plantea esta misma construcción en una situación de conflicto. Es
claro, por ejemplo, que existe tensión entre la tradición
La capacidad de respuesta
a los cambios del me-dio constituye un rasgo propio de todas las culturas. Cada
cultura es “una construcción mental que tiene una estructura lógica profunda,
una gramática no in-mediatamente discernible, que gobierna y refuerza los
valores explicitados, y que ofrece reglas alternativas para circunstancias
distintas.” (J. Durston, “Cultura, conocimiento y modernidad: elementos
fundamentales de la lucha indígena”, ponencia presentada al seminario “Pueblo
mapuche y desarrollo: desafíos y propuestas”, Angol, Chile, 14 al 16 de enero
de 1993, p. 6). Y más ade-lante: “Las culturas están constantemente cambiando y
adaptando sus creencias y normas en respuesta a los cambios que ocurren
diariamente en el medio social, económico e intelectual. En este sentido, no
existen culturas tradicionales: no hay ninguna cultura en el mundo que hoy siga
exactamente idéntica a lo que era hace una generación, y ni siquiera a lo que
era el año pa-sado. Una cultura, como un ‘idioma silencioso’, cambia permanentemente
con los cambios en el uso que hacen de ellas las personas.” (Ibíd., p. 7).
cultural y la racionalidad instrumental que ope-ra en las
exigencias de reconversión producti-va y de aumento de la competitividad
interna-cional de las economías nacionales. Los proce-sos de modernización
pueden capitalizar este acervo cultural preexistente, y también pueden
confrontarlo. El caso japonés, por ejemplo, es muy ilustrativo en cuanto a las
relaciones diná-micas entre el acervo cultural y la moderniza-ción acelerada.
La modernidad propia del ciclo industrial ha sido un proceso
histórico limitado, pues no logró la integración plena de la sociedad como
producto de su propia actividad. Pero los límites de la misma son diferentes
según la sociedad desde donde se la vive y desde don-de se la piensa.
En las sociedades avanzadas de Occidente, la construcción
ciudadana ha podido contar con conquistas mucho más amplias que en América
Latina y el Caribe. En los países islá-micos, en cambio, pareciera que los
fracasos en materia de integración social han reforzado el desarrollo de un
neocomunitarismo anti-moderno. En el Sudeste Asiático y en Japón, la
modernización ha tenido un origen elitista, pero resultó socialmente más
incluyente que en nuestra región, y contó con mayor legitimi-dad cultural. No
obstante, en tales regiones la
366 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
modernización exhibe importantes rezagos en los planos de la
ciudadanía y del reconocimien-to de diversas culturas ajenas a las
nacionalida-des dominantes.
Un fenómeno de singular importancia res-pecto a los nuevos
procesos de internaciona-lización de la cultura y de la política lo cons-tituye
la generación de una serie de “culturas antimodernas” en buena parte de los
países en desarrollo. También pueden observarse, empe-ro, rasgos
fundamentalistas en las sociedades industrializadas. La comprensión de estos
fenó-menos nos parece esencial para plantear, desde y para América Latina y el
Caribe, las formas que hoy deben asumir las dinámicas de la mo-dernidad y la
“universalidad” en nuestra región.
Este panorama conflictivo por el que atra-viesan las diferentes
regiones del planeta re-lativiza las expectativas optimistas que identi-ficaron
el fin de la Guerra Fría con una exten-sión generalizada y rápida de la
modernidad y del sistema democrático. Actualmente presen-ciamos una
complejización aún mayor de la re-lación entre modernidad e identidad cultural,
o entre universalidad “moderna” y particularis-mos regionales.
Los diversos conflictos nacionales o interna-cionales que
actualmente desgarran una buena parte del mundo en desarrollo —esa suerte de
sexto continente que ha surgido con el posco-munismo y donde en
menos de tres años han aparecido 17 nuevos estados—,21 comparten un patrón, a
saber: el intento de reforzar, re-fundar o fundar construcciones identitarias
antimodernas.
Estas construcciones responden a una pro-funda decepción
respecto de los procesos de modernización; tales procesos son vistos por un
sector importante, e incluso mayoritario de la población, como inducidos
exógenamente: casi somos una simple entrada “en la historia del otro”.22
Esta percepción de los procesos de moder-nización como procesos
extraños, coincide con la crisis económica de muchos países en desarrollo, y
con la imposibilidad de los Esta-dos de responder a la expectativa de
bienes-tar y progreso general que en algún momento despertaron, y en torno a la
cual lograron una capacidad movilizadora que hoy han perdido.
Tales procesos de modernización en crisis no tuvieron un mismo
principio inspirador. Para ilustrar la diversidad de principios puede
I. Ramonet, “Temps
nouveaux”, Le Monde diploma-tique, Año 40, N° 470, mayo de 1993.
A. Gouffenic, “Femmes,
temps, cultures”, A la recher-che du temps des femmes, París, ACC et Tierce,
1985.
Hacia una perspectiva crítica de la modernidad 367
invocarse la inspiración nacionalista-secular de India, la
socialista-nacional de Argelia, la orientación conservadora prooccidental del
Irán imperial, los diversos modelos de Estado-partidos africanos y los modelos
comunistas del Cáucaso soviético y los Balcanes.
Sin embargo, todos ellos se nutren de las dificultades para
integrarse por vía de la mo-dernización económica y social. Todos ellos
enfrentan con problemas el desafío de cons-truir una síntesis entre cultura
tradicional y modernidad, comparten la constitución de una élite dirigente que
es percibida como escindida de la sociedad, y no han logrado consagrar ca-nales
extendidos de participación democrática.
Las construcciones identitarias antimoder-nas no son patrimonio
del mundo en desarrollo ni del poscomunismo. Tampoco son uniformes en su ataque
a la modernidad: el caso de In-dia muestra que pueden incluso incorporar de
buen grado la racionalidad instrumental de la cual la modernidad es portadora,
cuestionando los aspectos de racionalidad normativa, la de-mocracia, la
secularización y la tolerancia.
Con mayor o menor presencia ellas cruzan todas las sociedades
contemporáneas, cons-tituyendo aquello que se ha denominado el “lado oscuro de
la modernidad”, conformado por la emergencia de nacionalismos xenófo-
bos, de sectas irracionalistas y de neomesia-nismos religiosos.
Estas tendencias pueden, en condiciones de crisis, alcanzar dimensio-nes
insospechadas, en desmedro del pluralis-mo y la tolerancia.
Por eso resulta hoy día de capital impor-tancia considerar la
modernidad como posi-bilidad de síntesis: no como una negación de los
particularismos, sino como la difusión de una mentalidad abierta que permita
alcanzar síntesis enriquecedoras entre tradición y cam-bio, entre apertura al
mundo y afirmación de la identidad propia.
En países de América Latina y el Caribe pue-de también
observarse una tensión conflictiva en la relación entre identidades culturales
y democracia política, si bien en un sentido muy distinto: tensión entre la
voluntad de partidos y empresarios por institucionalizar el sistema po-lítico,
por una parte, y la orientación de cambio cultural y social por parte de
movimientos so-ciales importantes, como son los movimientos éticos,
simbólico-expresivos, regionales, coo-perativos, indígenas, de mujeres, de jóvenes,
de obreros y los localistas urbanos y rurales.
Por cierto, estas tendencias varían de una situación nacional a
otra, y los propios acto-res oscilan en el tiempo entre la búsqueda de
institucionalización política o autoafirmación
368 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
cultural. Pero baste consultar la prolífica lite-ratura sobre
movimientos sociales en América Latina y el Caribe para verificar que éstos no
sólo se hallan comprometidos en luchas de su-pervivencia o por satisfacer las
llamadas nece-sidades “básicas”, sino también en luchas por la producción de
sentido y de formas colecti-vas de producción cultural.23
Esto resignifica la noción de ciudadanía, ubicándola en el cruce
entre los derechos de representación política y los derechos al uso de espacios
públicos para la afirmación de identidades culturales. Las demandas sociales
por mayor participación, información, comuni-cación o publicidad no son ajenas
a las iden-tidades culturales de los sectores populares o excluidos: la cultura
aymara y quechua en el mundo andino, la de los “pelados” en México, o la de los
marginales urbanos en Río de Janeiro y en Caracas.
En la interacción con las fuerzas moderni-zadoras, estas
identidades culturales se redefi-nen incesantemente. Algunos de sus rasgos se
Para una visión
relativamente completa sobre los movimientos sociales en la región, véase A.
Escobar y Sonia Álvarez (comps.), The Making of Social Mo-vements in Latin
America, Nueva York, Westview Press, 1992.
pierden en los anales de la historia y otros so-breviven,
modificándose en su relación con las tendencias más universales a las que se
vincu-lan. Hoy día dicha exposición alcanza grados inéditos de intensidad. Los
procesos de inter-nacionalización, el acceso a la comunicación global, los
cambios en el perfil educativo de la población, las nuevas relaciones
generaciona-les y de sexo, los nuevos patrones de compor-tamiento y consumo:
todo ello genera una ten-dencia imposible de contrastar de diálogo con-flictivo
y quizá de ruptura con la tradición. En este marco se vuelve urgente entender
cómo se están conformando estos nuevos cruces y cuáles son sus potencialidades
para el proceso de desarrollo.
La valorización de la dimensión cultural del desarrollo puede
recrear horizontes que im-pregnen a la política —y a las políticas— con una
potencia movilizadora que convoque y “seduzca” a los actores sociales que se
hallan más replegados sobre su propia identidad. Ten-dencias emergentes en la
percepción social convergen, desde esta mirada, en una mayor “culturización”
del desarrollo y de la política.24
24 El rescate de los nuevos movimientos sociales muestra una
preocupación por la constitución de iden-tidades colectivas, sean regionales o
sectoriales. La
Hacia una perspectiva crítica de la modernidad 369
De lo que se trata entonces es de penetrar en el entramado
cultural que constituye el con-junto de representaciones y autoimágenes que
circulan entre los sujetos, sobre todo aquellos para quienes la ciudadanía es,
hasta ahora, más una carencia que un hecho. Como se verá en las páginas que
siguen, la dialéctica entre “in-tegrados” y “excluidos” en nuestra región tiene
una profunda raigambre cultural que refuerza este patrón de exclusión e
inequidad, y le plan-tea dificultades muy grandes a la construcción de una
ciudadanía moderna.
Sostenemos en las páginas siguientes que los procesos de
exclusión social y degradación o discriminación cultural se refuerzan mutua-
preferencia por los movimientos sociales frente a los partidos
políticos implica el privilegio de nuevas lógi-cas de dinámica social, la
búsqueda de nuevas formas de hacer política y un aterrizaje de la exaltación de
la diversidad. La revaloración de la democracia y del pluralismo apuntan a la
consolidación de una cultura democrática y no sólo de un gobierno electo por
las mayorías […] La reorientación de las ciencias sociales también implica un
cambio en la forma de comprender la realidad social, a partir de la
constatación de la com-plejidad progresiva, la desarticulación creciente y el
po-limorfismo del tejido social. M. Hopenhayn, “El debate posmoderno y la
dimensión cultural del desarrollo”, Imágenes desconocidas: la modernidad en la
encruci-jada posmoderna, Buenos Aires, CLACSO, 1988, p. 67.
mente. El sentimiento o la autoimagen de su-perioridad que han
tenido las élites dominan-tes, y que preservan todavía en gran medida, es fiel
reflejo de esta discriminación. De esta manera, la diversidad cultural en la
región no ha plasmado en una cultura de la tolerancia y del reconocimiento del
otro-distinto como un semejante en derechos, sino todo lo contrario.
La dialéctica de la
negación del otro como imposibilidad de ciudadanía
La relación conflictiva con el otro-distinto-de-sí se remonta al
período de descubrimien-to, conquista y evangelización del continente. Pero no
acaba allí, sino que sobrevive y se transfigura innumerablemente a lo largo de
nuestra historia.
Importa detenerse en este rasgo para ahon-dar en la relación
entre cultura, desarrollo y ciudadanía en la región: la dialéctica de la
ex-clusión, que en modo recurrente atraviesa el iti-nerario modernizador en la
región desde fines de siglo pasado, y la dialéctica de dominación entre las
aletas (políticas y socioeconómicas) y la sociedad toda, tiene un “suelo
histórico” en la dialéctica de la negación que se remonta
370 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
al fenómeno de la conquista y de la evangeli-zación, y se
prolonga por toda nuestra historia bajo la forma de la negación del otro: ese
otro que puede ser mujer, indio, negro, campesino o marginal urbano.25
La negación del otro presenta, en su desa-rrollo histórico,
matices diversos. Esta cons-trucción difiere, por ejemplo, si el encuentro
cultural se realizó sobre la base de sociedades ya complejas, como las andinas
o mayas,26 o si el encuentro se produjo frente a sociedades de
No pretendemos reducir el
patrón de exclusión a una originaria dialéctica de la negación que marca el
inicio de la Conquista de América. Por cierto, la exclu-sión hoy día se explica
por múltiples fenómenos, de carácter sociodemográfico, por las dinámicas (o
insufi-ciencias dinámicas) de acumulación capitalista, etc. Sin embargo, la
negación originaria de la cultura del otro —negación enraizada en los procesos
de conquista, co-lonización y evangelización—, constituye un mástil en torno al
cual se adhiere, con mayor facilidad, el itine-rario de la exclusión que
adviene en las dinámicas de modernización y en los sesgos elitistas de
constitución de nuestras sociedades nacionales.
En tales sociedades la
temática del otro tiene rela-ción con un ethos cultural ya diverso, y los
resultados, en palabras de René Zabaleta, son “sociedades abiga-rradas” (véase
R. Zabaleta, “Forma, clase y multitud en el proletariado minero de Bolivia”, Bolivia
hoy, R. Za-baleta [comp.], México D.F., 1983).
menor complejidad o mayor dispersión, tales como las comunidades
amazónicas, mapuches o caribeñas. Muy distinta ha sido, también, la dinámica de
la negación del otro, cuando tuvo por base la migración esclava del África,
aun-que se superpone con los casos anteriores, ge-nerando escenarios distintos,
como se observa en el caso de Brasil y de buena parte del Cari-be. Los matices
se hacen todavía más comple-jos al considerar las migraciones europeas más
recientes, que se entroncaron con sociedades republicanas constituidas,
tornando más com-pleja la construcción de identidades naciona-les, como en los
casos de Argentina y Uruguay.
Como bien ha subrayado R. Adams para el caso de Guatemala, y que
puede hacerse ex-tensible a buena parte del continente, los pro-cesos de cambio
sociocultural contemplan la transición de sociedades culturalmente
parti-culares, relativamente desestructuradas, hacia la constitución de
culturas nacionales, donde el peso y la evolución siempre irregular de las
relaciones socioculturales impiden que se pre-figuren de manera acabada
sociedades moder-nas integradas.27
Citado por J. Medina
Echavarría, Sociología lati-noamericana, San José, Costa Rica, Editorial
Univer-sitaria Centroamericana (EDUCA), 1980, pp. 119-120.
Hacia una perspectiva crítica de la modernidad 371
La dialéctica de la negación contiene mu-chos pliegues. Desde el
lado del descubridor, el conquistador, el evangelizado el coloniza-dor, el
criollo y finalmente el blanco, la nega-ción parte de un doble movimiento: de
una parte se diferencia al otro respecto de sí mis-mo, y enseguida se le
desvaloriza y se le sitúa jerárquicamente del lado del pecado, el error o la
ignorancia.28
En el pensamiento latinoamericano, e inclu-so en sus ideologías
del progreso y del desa-rrollo, esta jerarquía se perpetúa todavía hoy
28 Esta desvalorización no es, empero, uniforme. Incluso del
lado de la evangelización, la actitud de la Iglesia hacia las culturas no
cristianas o autóctonas alcanzó momentos de comprensión, si bien desde una
jerarquía de valores ya asumida. Valgan las palabras del fraile Bartolomé de
las Casas: “Así, estos indios, total-mente inocentes, no pueden ser acusados
por no entrar en razón con sólo la prédica de las primeras palabras del
Evangelio, pues ellos no entienden al predicador. No están obligados a abandonar
de golpe su religión ancestral, porque no comprenden que esto es lo que les
resulta mejor […] no existe mayor ni más difícil de-cisión para un hombre que
abandonar la religión que ha abrazado”. En este sentido De las Casas “se sitúa
en una suerte de frontera indecible entre la salvación y la negación del otro”
(G. Bravo, “La estructura íntima del pensamiento latinoamericano:
descubrimiento del otro”, Santiago de Chile, inédito, p. 25).
como diferenciación entre el lugar del logos y el lugar del
rito. El otro —indio, autóctono, no occidental— es el sujeto en que se realiza
el rito: la realidad mágica, el folclore, el saber precientífico, la
expresividad espontánea y el arte local. El logos —como dominio de la ra-zón,
del discurso “verdadero”, de la ciencia y del desarrollo— es el dominio del
“blanco” del occidental, en suma, la voz del progreso.29 La síntesis entre “lo
propio y lo universal” que se requiere para constituir una modernidad “au-téntica”
sigue faltando.
Mientras el “otro” (mujer, indio, negro, cam-pesino, marginal)
debe internalizar este logos para acceder al desarrollo y al progreso, el rito
en cambio puede permanecer restringido a las culturas autóctonas y locales, sin
necesidad de ser internalizado por parte de los “portadores” del logos.30 El
colonizador, el evangelizador, y
Véase G. Bravo, op. cit.
“A la visión de los
vencidos se le reconocerá como máximo su dimensión estética e incluso política
—es el caso de Mariátegui respecto al ayllu o comunidad in-caica, en tanto
forma natural de la comunidad—, por la información ‘antropológica’ cuando no
‘folclórica’ que aportan respecto al ‘pasado americano’, por el aporte de sus
‘rituales’ a la gestación de un ‘mestizaje cultural’ y/o ‘religioso’, pero no
se le concederá jamás estatuto de pensamiento.” (G. Bravo, op. cit., p. 8).
372 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
más tarde también el político o el planificador, integran el
rito como forma de “compensación-cooptación” del otro. En el intercambio
cultu-ral, el rito es reconocido a cambio de que se subordine al dominio del
logos. Esto, pese a que históricamente el mundo simbólico de las culturas
autóctonas ha mostrado especial dina-mismo y permeabilidad para combinarse con
el “logos” de la cultura occidental. Ejemplo claro de ello es la producción del
barroco andino en toda la región.
En términos esquemáticos se puede afirmar que el colonizador, el
evangelizador y, en ge-neral, el sujeto de la cultura dominante, le han
respetado a las culturas oprimidas sus prác-ticas de producción y reproducción:
sistemas de cultivos, organización comunitaria, estra-tegias de supervivencia.
En ello se ha podido ver que la racionalidad productiva “autócto-na” no ha
estado necesariamente reñida con la racionalidad instrumental “exógena”.31 Pero
Los análisis de John
Murra acerca de la racionali-dad productiva andina, su organización
multicíclica en varios pisos ecológicos, y su vinculación a procesos de
distribución macrorregionales y no mercantiles, mues-tran la existencia, en la
cultura andina, de un sistema altamente racionalizado de producción que pervive
y se reproduce hoy día (véase J. Murra, Formaciones económicas y políticas del
mundo andino, Lima, Ins-
la cultura dominante se ha resistido, en cam-bio, a reconocer
que en la historia también se han dado formas concretas de enriqueci-miento
mutuo entre los dominios del rito y del logos. Olvida que el “otro” constituye
no sólo una presencia mayoritaria en regiones como el Caribe o el mundo andino,
sino que además ha sido y es una presencia insoslayable en las más diversas
manifestaciones de la cultura y la sociedad.
La negación del otro por parte de las éli-tes políticas y
económicas (las élites asumen su identidad como criolla, casi nunca como
mestiza) tiene, asimismo, otras caras contra-puestas y pendulares. Por un lado
el otro es el extranjero, y la cultura política latinoameri-cana, en sus
versiones más tradicionalistas y autoritarias, ha exhibido con frecuencia esta
resistencia al otro-extranjero: aquello que “amenaza nuestra identidad” desde
fuera, que corroe la nación como un virus que se introdu-ce desde la frontera.
En el extremo opuesto, el propio “criollo” latinoamericano ha negado al
tituto de Estudios Peruanos (IEP), 1975). Para una dis-cusión
sobre la problemática, véase S. Rivera Cusican-qui, “Sendas y senderos de la
ciencia social andina”, Revista autodeterminación, N° 10, La Paz, octubre de
1992, pp. 83-108.
Hacia una perspectiva crítica de la modernidad 373
otro de adentro (al indio, al mestizo) identifi-cándose de
manera crítica y emuladora con lo no autóctono, sea europeo o norteamericano.
Este juego de identificaciones ha sido muy im-portante y eficaz en la
construcción de institu-ciones reales.
Desde el lado del “negado” (indio, negro, esclavo, mujer,
mestizo, campesino, marginal, pobre), el proceso de negación del otro tam-bién
se vive con más de una cara. Por un lado se introyecta como auto negación, es
decir, como cercenamiento de la identidad propia frente a sí misma. Despojado
del asidero que podía dispensarle su propia identidad cultural, y del horizonte
de sentido que dicha identidad le confería a su vida, navega por una orfandad
interminable en medio de un mundo en que no logra reconocerse. Por otro lado se
vive esta negación como una asimilación siempre deseada y siempre frustrada al
mundo de lo “blanco”, al progreso, en fin, a la moderniza-ción. La identidad se
ve de esta manera signa-da por una suerte de promesa incumplida o de proyecto
trunco.
El otro-oprimido aparece siempre al margen de los espacios
sociales en que se formulan y deciden los grandes proyectos colectivos, y en
que se asignan los recursos. Esta falta de ac-ceso define, en importante
medida, la cultura
oprimida.32 También se desarrollan, del lado de este
otro-negado, estrategias de preservación de la diferencia, que se observan
claramente en la música, el arte, la danza, el ritualismo y el sincretismo
religioso, los sistemas de cultivo y de supervivencia, los vínculos
comunitarios y las reivindicaciones de territorio y de uso de la lengua
vernácula.
La negación del otro en la región se ex-plicita de la manera más
clara y sostenida en la discriminación de las etnias indígenas y
afroamericanas. La discriminación étnica contra los negros de las culturas
afroameri-canas no desaparece después de abolida la esclavitud: “La visión del
negro como expli-cación esencial del calamitoso cuadro que presentaban algunas
repúblicas latinoame-ricanas del siglo XIX se fortaleció aún más cuando, al
correr de los años, posteriormen-te a la abolición, quedó claro para el sim-plismo
racista que los negros no constituían
“Se llama cultura
oprimida aquella que carece de instituciones encargadas de la producción de
conoci-mientos y de normas o estrategias para negociar, mo-dificar y adaptar
los proyectos de sociedad de sus por-tadores.” (J. Casmir, Vigencia de la
cultura oprimida”, Cultura y creación intelectual en América Latina, México,
Siglo XXI Editores, 1984, p. 67).
374 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
factor de atraso por ser esclavos, sino por negros”.33
Son escasos los mecanismos de reconoci-miento de viejas y nuevas
dinámicas etnocul-turales, y la irrupción de nuevos movimientos y
movilizaciones indígenas nacen del reclamo por esta carencia. En varios países
del conti-nente los indios son la mayoría, “pero ni su lengua es la oficial, ni
su cultura la dominan-te, ni sus instituciones la base de la organiza-ción
estatal”.34
M. Romero Fraginals
(comp.), África en América Latina, México, Siglo XXI Editores/UNESCO, 1977, p.
El mismo autor señala
que, al quedar como trabaja-dores “libres” y despojados de ese factor de
cohesión sociocultural que fue la esclavitud, “se daba en la rea-lidad una
situación que pura y simplemente vedaba al negro el acceso a los niveles de
cultura y participación social que podrían haberle permitido actuar
eficazmen-te, tanto en el sentido de la adopción mimética de los valores
‘blancos’, como en el de revalorización de los valores ‘negros’ (Ibíd., p. 51).
G. Bonfil Batalla, “La
nueva presencia política de los indios: un reto a la creatividad
latinoamericana”, Cultura y creación intelectual en América Latina, op. cit.,
p. 141. Y en otro texto: “Hay quienes se maravillan ante las ruinas de las
ciudades mayas y sienten por ellas un auténtico orgullo nacional, pero ignoran
que más de un millón de personas hablan y piensan en maya y viven su vida
cotidiana como mayas. Hay quienes —entre la
No es casual que en buena parte de la región los movimientos
indianistas, cada vez más in-tercomunicados entre sí, plantean con fuerza
importantes reformas culturales, reclamando la constitución de estados
pluriétnicos y pluri-nacionales.35
La dialéctica de la negación del otro prece-de a la dialéctica
de la exclusión. La negación no se interrumpe: se transmuta. En la historia
gente ‘culta’— conocen algún fragmento de la antigua filosofía o
poesía náhuatl pero ignoran que en el centro de México existe más de un millón
y medio de hablan-tes de náhuatl. ¿Por qué? Porque el náhuatl sólo lo ha-bla la
cocinera en la cocina, el peón de albañil de una obra en construcción o el
campesino trabajando sus escasos surcos de mala tierra de temporal.” (R.
Staven-hagen, “Resistencia y renacimiento cultural indígena”, Cultura y
creación intelectual en América Latina, op. cit., p. 307).
Véase al respecto la
compilación realizada por G. Bonfil Batalla, Utopía y revolución, México, Nueva
Ima-gen, 1981; y X. Albó, “El retorno del indio”, Revista an-dina, N° 2, Lima,
diciembre de 1991. Para el caso del afroamericanismo en el Caribe francés,
véase J. Casmir, The Caribbean: One and Divisible, serie Cuadernos de la CEPAL,
N° 66 (LC/G.1641-P), Santiago de Chile, no-viembre de 1992; publicación de las
Naciones Unidas. Para un análisis del creole hispano y su evolución, véa-se A.
Quintero, ¡Seis, bomba, danza… sonata… salsa y control! Sociología de la música
del Caribe, San Juan, Puerto Rico, en prensa; y M. Romero Fraginals, op. cit.
Hacia una perspectiva crítica de la modernidad 375
de la región hay continuidad temporal entre la negación y la
exclusión: los descendientes de los negros que fueron esclavos traídos de
Áfri-ca, y de los indios que fueron sometidos por la conquista, son hoy, en su
mayoría, pobres y marginados (aunque no sean los únicos pobres o marginados).
El estigma no se interrumpe ni con las revoluciones de independencia, ni con
las empresas modernizadoras, ni con el Estado de derecho.
Las distancias socioeconómicas, en muchos países de la región,
siguen acompañadas por el color de la piel o por la lengua. Las relaciones de
servidumbre con el personal de servicio en los hogares de clase media o clase
alta, y con los trabajadores agrícolas y fabriles, sobreviven a la supuesta
vocación igualitaria de la moder-nidad, y son la evidencia de que dicha
dinámica es, todavía, un desafío pendiente en la mayoría de nuestras
sociedades. Y si bien existe un cier-to margen de movilidad social de abajo hacia
arriba en un porcentaje de los grupos étnicos, esta movilidad siempre ha sido
lo suficiente-mente exigua como para mantener una estra-tificación social que,
en términos generales, se corresponde con una estratificación étnica.
Esta negación/exclusión del otro entraña un doble rechazo al
sentido más democrático e in-tegrador que pueda pretender la modernidad.
Por un lado, el rechazo por parte de quienes asu-men valores
universalistas de modernización pero no los asocian con las identidades
cultura-les específicas de la región sino, por el contra-rio, subvaloran estas
identidades y emulan a las élites de los países industrializados. Esto
cons-tituye una prolongación de la mentalidad colo-nial y podría expresarse
metafóricamente en el deseo de construir un futuro sin memoria. En las
antípodas de esta sensibilidad, el rechazo a la modernidad se expresa en quienes
la perci-ben como amenaza a las raíces culturales, y se refugian en ideologías
comunitaristas cerradas sobre sí mismas, que resisten los cambios y la apertura
hacia el intercambio global.
Así, la mirada de los primeros, que niega ha-cia dentro, se
complementa y refuerza con esta mirada esencialista que niega hacia fuera. En
ambos casos se muestra una fuerte resistencia a rasgos propiamente modernos,
vale decir, a las dinámicas sociales, las tensiones intercul-turales y la
incertidumbre que caracterizan los procesos de la modernidad. Esta resistencia
suele fundarse en valores rígidos que con fre-cuencia materializan en una
política conspira-tiva y poco democrática.36
Es interesante en este
sentido el caso de las cultu-ras migrantes, internas o fronterizas. Así, por
ejemplo,
376 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
Pero las dinámicas de negación del otro no sólo tienen su origen
en procesos de conquista y colonización, ni la discriminación se remite siempre
a una negación de las etnias indígenas, asiáticas o afroamericanas. En países
como Argentina, la relación conflictiva con el otro encuentra un precedente
igualmente decisivo en las migraciones europeas de fines de siglo XIX y
comienzos del siglo XX, sobre todo en las zonas metropolitanas. Dichas
corrientes mi-gratorias arribaron masivamente a Argentina,
el epíteto de “cabecita negra” fue históricamente usado en
Buenos Aires para hacer referencia, de manera pe-yorativa, a los migrantes del
norte del país o de Bolivia, que formaban parte de la fuerza de trabajo no
especia-lizada de Argentina. Pero esta desvalorización quedó revertida en el
discurso populista a partir de los años cuarenta, y el propio movimiento
político de orienta-ción nacional-popular se forjó reivindicando al “cabe-cita
negra” como auténtico “ciudadano”. En el Caribe, hasta la independencia tenían
mayor participación en la administración pública las personas de tez más clara,
“pero, al surgir la democracia con el principio de ‘cada hombre, un voto’,
resultaba necesario que los parti-dos atrajeran a la masa de la población,
basándose en el principio del Black Power” (R. Rex, “Introducción: las nuevas
naciones y las minorías étnicas, aspectos teóricos y comparados”, Raza y clase
en la sociedad postcolonial, Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura-UNESCO, París, 1978, p. 34).
provenientes de España, Italia, Polonia, Rusia y otros países de
Europa. Su situación los puso en tierra de nadie, entre dos aguas y dos
“pa-trias” en que, tanto al salir como al llegar, de-bieron pagar el precio de
distintos tipos de dis-criminación. En sus países de origen padecie-ron la
guerra, la exclusión socioeconómica, la represión étnica y religiosa, o bien la
violencia política e ideológica. En la “tierra prometida” (Buenos Aires y el
mito de la pampa húmeda) les fueron negados, desde el momento del des-embarco y
por tiempo prolongado, múltiples derechos de ciudadanía política.
Las huellas de esta pérdida de territorio, tan-to en el trauma
de la expulsión como en la pre-cariedad del desembarco, no desaparecieron con
los mecanismos de integración social que gozó la sociedad urbana argentina en
décadas posteriores. La facilidad con que los herederos de los migrantes
despatriados acogieron, déca-das más tarde, discursos políticos caudillescos y
populistas (paradójicamente, en la sociedad más ilustrada de la región), podría
entenderse, en parte, por esta necesidad pendiente de per-tenencia y acogida.
La urgencia de identidad en metrópolis como Buenos Aires, construida sobre la
desidentidad y el drama del terruño perdido, es un tema que late aún bajo la
piel de la gran ciudad en Argentina.
Hacia una perspectiva crítica de la modernidad 377
Esta discriminación a las migraciones euro-peas no eliminó, sino
que complejizó una situa-ción de origen colonial, donde se mantuvo una fuerte
discriminación de las minorías étnicas alejadas de las metrópolis, de los
“cabecitas ne-gras” del norte del país que migraban a la me-trópolis, y de las
corrientes migratorias fronte-rizas. La desvalorización del otro de adentro se
combinó con la negación de derechos de ple-na participación política al
migrante europeo. Esta situación intentó resolverse políticamen-te, con todos
los logros y fracasos posteriores, en un discurso nacional-popular que vino a
co-brar su mayor fuerza movilizadora a partir de la década de 1940.
Por nuestra propia precariedad “sustancial” nos hemos construido
con base en la negación del otro, y esta negación del otro es un cimien-to en
el imaginario latinoamericano: signo, es-tigma, fantasma. La identidad basada
en esta negación siempre es una identidad postergada: el criollo es no-indio,
pero eso lo hace europeo; su compulsión a huir de la diferencia le impi-de ver
la diferencia fuera y dentro de sí, con lo cual niega parte de su propio ser.
En el caso del indio, la diferencia queda también bloqueada en su subjetividad,
pues la padece como agre-sión, privación o avasallamiento. La dialéctica de
integrados y excluidos, tan citada en las su-
cesivas crisis de la modernización, pareciera encontrar su
tronco materno en esta originaria negación del otro.
La compensación cultural nos provee aquí no sólo de una
explicación de los orígenes, sino también de los fantasmas que aún nos
recorren. De la inicial y prolongada imper-meabilidad a esta diferencia étnica
y cultural se abren muchas historias, pero sobre todo truncadas: integración
trunca, modernización trunca, democratización trunca. Obviamente, esta fisura
originaria no basta para explicar el fracaso de otros tantos proyectos. Pero
sin la comprensión de esta diferencia —y de la diferencia dentro de nosotros—
difícilmente podemos deducir de nuestra identidad un pro-yecto de futuro.
Mientras se impone una racionalidad cultu-ral basada en esta
dialéctica de la negación del otro, se impone también la negación del vínculo
social de reciprocidad: el “distinto” queda des-valorizado, satanizado,
reprimido o silenciado. Esta negación de reciprocidades en derechos y en
identidades hace, a su vez, que los sujetos que formulan la discriminación y la
reprodu-cen en la práctica (sean conquistadores, co-lonizadores,
evangelizadores, blancos, ricos, oligarcas, líderes políticos empresariales o sin-dicales,
militares, tecnócratas públicos u ope-
378 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
radores “modernos”), se atribuyen de manera excluyente la
posesión de la verdad, del buen juicio y de la razón correcta. El discriminador
se convierte, así, en juez y parte del proceso de discriminación: lo crea, lo
reproduce y se atri-buye el derecho exclusivo de decidir sobre las jerarquías
establecidas por esta discriminación.
Sin embargo, como rasgo cultural constitu-tivo en la región, la
negación del otro es am-biguo en su desarrollo histórico concreto. Tal
ambigüedad está marcada por la transforma-ción del negador y del negado, cuya
relación es compleja y ambivalente a lo largo del tiempo, y donde la negación
se vincula a rasgos de acep-tación y de adopción de las características del
otro como propias. Un ejemplo clásico de esta ambivalencia está dado por el rol
de la Iglesia Católica en la región, que en distintas fases de la historia
moderna y contemporánea ha dado bases doctrinarias sea a ideologías políticas
antimodernas, elitistas y antiigualitarias, sea a ideologías modernizadoras,
democráticas o tolerantes. Otra ambivalencia la encontramos, durante el siglo
pasado, en la búsqueda de una institucionalidad jurídica fundada en la
reite-ración de constituciones francesas, inglesas y norteamericanas, al tiempo
que en las mayo-rías nacionales padecían una exclusión signifi-cativa en lo
político y en lo cultural.
La tendencia a mirar hacia fuera y la nega-ción de las
identidades autóctonas, por parte de las nuevas élites criollas, muestra que
entre los períodos de colonia e independencia la con-tinuidad es mucho mayor de
lo que habitual-mente se supone. Los mecanismos de negación del otro no
desaparecen con la transición de la colonia a las repúblicas. Si bien los
proce-sos independentistas conllevaron incluso rup-turas geográficas; en lo
económico, cultural y político los elementos de continuidad son más importantes
de lo que generalmente se piensa. Pues más allá de las turbulencias del período
posindependentista, la oligarquía de origen co-lonial continuó, en buena
medida, controlando el Estado y los procesos productivos.
De manera que la restauración conservado-ra fue el resultado de
la creciente hegemonía política y cultural de estas élites sobre las
re-públicas emergentes.37 Llama la atención, por ejemplo, que en países como
Argentina y Chile,
Véase E. Ottone, “La
transformación del Estado de América Latina. Desarrollo histórico y visión de
futuro”, Diversidad para el cambio, varios autores, Caracas, Editorial Nueva
Sociedad, Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional-UNI-TAR/Programa
sobre el Futuro de América Latina-PROFAL, 1987.
Hacia una perspectiva crítica de la modernidad 379
las matanzas y los despojos de la tierra a mapu-ches fueron
emprendidos por élites liberales o conservadoras que prolongaron la
discrimina-ción del período colonial.
Esta tradición excluyente y jerárquica se alimenta con la
constante violación de los de-rechos de las mayorías por parte de caudillos
militares, al calor de las guerras civiles, en las cruzadas de exterminio de
poblaciones indí-genas, con la prolongación solapada de la es-clavitud negra, y
con el uso de mano de obra a muy bajo costo para los trabajos más duros o
degradantes.38
Mientras la construcción jurídica de la ciu-dadanía en la región
ha tendido a emular cons-
Especial consideración
merece, a este respecto, la especificidad de la cuestión colonial en el Caribe
an-glosajón y francés, dado lo difundido del fenómeno de la esclavitud,
asociado a las etnias afroamericanas. En un texto ya aludido, se observa que al
término de las guerras de independencia la cuestión esclavista en las
repúblicas liberales en el Caribe se perpetúa y niega si-multáneamente: como
institución se halla condenada en la legislación y en los principios, como
sistema se ve afectada la esclavitud por la prohibición de la trata, pero como
ordenamiento socioeconómico estructural se halla preservada en lo esencial
mediante providen-cias legislativas, expedientes administrativos y prácti-cas
ilegales más o menos toleradas (véase M. Moreno F., África en América Latina,
op. cit., p. 47).
tituciones concebidas en contextos sociocul-turales muy
distintos, las dictaduras tradicio-nales han incurrido en recurrentes
violaciones de estas constituciones. Los tejidos sociales propios del régimen
de la hacienda, de la plan-tación o de los enclaves mineros, junto a la
per-sistencia de relaciones familiares tradicionales de tipo patriarcal, han
permitido la disociación ciudadana a la que hacemos referencia,39 y esta
disociación no se ha superado plenamente con la transición desde sociedades
oligárquicas ha-cia estructuras productivas más modernas.
En este sentido la transición hacia la mo-dernidad tiene todavía
un largo camino por recorrer. En muchas sociedades de la región, especialmente
en las relaciones de género y en muchos nichos de trabajo (en servicios
domésticos, en las zonas rurales, e incluso en parte del empleo urbano
moderno), las rela-ciones de servidumbre siguen reforzando la reproducción de
un sistema de dominación
“Gamonales, mayorales,
coroneles, capangas, hua-sipungueros, policías bravos, se encargaban de mostrar
cotidianamente, sobre todo en el mundo rural, que para los dueños del poder no
hay límites para el ejercicio de su arbitrariedad y allí está el nudo de la
cuestión, por-que los derechos humanos son, precisamente, el límite a la
arbitrariedad del poder: de toda y cualquier clase de poder.” (W. Ansaldi y F.
Calderón, op. cit., p. 67).
380 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
que se desprende de esta dialéctica de la nega-ción del otro: el
otro como distinto de sí, pero también como inferior a sí. Una cultura de la
servidumbre y la degradación sigue sirviendo como eje cultural de reproducción
de la asi-metría en muchos ámbitos de actividad eco-nómica y de relación
social.40
Esta dialéctica de la negación del otro se extiende en la
historia de la región más allá de la discriminación y represión étnicas,
proyec-tándose muchas veces como discriminación cultural, socioeconómica e
incluso político-ideológica.
Respecto de la discriminación político-ideo-lógica, cabe
destacar que sus efectos en la re-gión se han prolongado hasta la década
pasada,
La discriminación
cultural cobra especial fuerza en las relaciones de género, y esto tiene claras
repercusio-nes en tres esferas. En primer lugar, resalta el caso de la dinámica
ocupacional de las mujeres y la brecha sala-rial que padecen en relación con
los hombres. Se obser-va que, por los efectos de crisis y ajuste, se ha
generado un aumento sin precedentes de la ocupación femenina, sobre todo en
labores donde el patrón de servidumbre persiste; por otra parte, pese a este
incremento de la proporción de PEA femenina, persisten también los al-tos
niveles de discriminación salarial por sexo (véase al respecto CEPAL, Panorama
social de América Latina. Edición 1993 (LC/G.1688), Santiago de Chile, 1993).
y que sobre todo a partir de los años sesenta res-tringieron
considerablemente el campo de los compromisos, los acuerdos y los consensos. La
fuerte ideologización de la política y la lógica de guerra que se generó
entonces, pueden con-siderarse como formas de esta dialéctica de la negación
del otro. Desde posiciones conserva-doras, el adversario político-ideológico
deja de ser un adversario y pasa a transformarse en un enemigo, infiltrado,
“bárbaro de adentro”, pe-ligro moral para la identidad nacional. Desde
posiciones revolucionarias se da un proceso similar, pues el adversario es un
enemigo del pueblo, un mero agente imperialista, y debe ser derrotado o
aniquilado.
Esta dialéctica de la negación del otro se hizo presente en los
dos extremos del arco po-lítico-ideológico: encarnó en discursos y prác-ticas
del lado de la Revolución y la insurgencia de aquellos años, como también en la
doctrina de la seguridad del Estado y en los regímenes militares que la
pusieron en práctica.
Pero la historia contemporánea de la región está hecha de flujos
y reflujos, y las propias de-rrotas en las luchas por expandir la ciudadanía
forjan, a su vez, “utopías de ciudadanía” que hoy día parecen encarnar con más
fuerza en la revalorización de los sistemas democráticos. Como señalaba
poéticamente José Martí, “las
Hacia una perspectiva crítica de la modernidad 381
heridas que tenemos son las libertades que nos faltan”. La
región está poblada por una cultura de luchas por la ciudadanía en que ha
estado muy presente, de uno u otro modo, la lucha por la inclusión del otro en
un sistema de de-rechos compartidos. En el siglo XX, buena par-te del
desarrollo y la construcción del movi-miento obrero y campesino, y del
movimiento femenino, se centraron en la consecución de derechos ciudadanos en
el plano político y en el plano social.41
El origen del movimiento
obrero en la región es-tuvo concentrado en la búsqueda del reconocimiento de
los derechos de la organización sindical, huelga, jornada de 8 horas de
trabajo, seguro social y varias otras leyes laborales. Véase, por ejemplo, J.
Godio, Historia del movimiento obrero latinoamericano, pp. 63-72. Para una
visión más exhaustiva que incluye una revisión de 21 países, véase P. González
Casano-va, Historia del movimiento obrero latinoamerica-no, México, Siglo XXI,
1984. El aporte del movimiento obrero a la ciudadanía moderna fue fundamental.
Los orígenes contemporáneos del movimiento de dere-chos de la mujer, muy a
menudo cercanos al movi-miento obrero, proliferaron en toda la región a
prin-cipios de siglo (piénsese, por ejemplo, que el primer Congreso Femenino
Internacional se realizó en Bue-nos Aires en mayo de 1910). Para una visión
histórica general de la participación femenina en la lucha por la ciudadanía y
los derechos de las mujeres, y un perfil de sus principales líderes, véase “Mujeres
e historia”,
Los llamados regímenes nacional-popu-lares permitieron avances
significativos en materia de ciudadanía política (incluyendo el derecho al voto
a los antes excluidos de este derecho) y en el plano de la ciudadanía social
(acceso a educación, salud, suelos pro-pios y otros derechos sociales básicos).
Sin embargo, la creación de complejos sistemas de intermediación, como el
clientelismo buro-crático, el corporativismo y la constitución de Estados de
tipo prebendalista, mermaron la propia capacidad de construcción ciudadana en
los proyectos nacional-populares, y tendie-ron también a subordinar las
identidades cul-
Revista Isis Internacional, N° 10, diciembre de 1988;
“Precursoras del feminismo en América Latina”, Re-vista Mujer/Fempress, número
especial, Santiago de Chile, Instituto Latinoamericano de Estudios
Trans-nacionales (ILET), 1991. Para un análisis específico, véase C. Salinas,
La mujer proletaria: una historia por contar, Concepción, Chile, Ediciones LAR.
Para un análisis teórico actualizado, véase J. Astelarra, “Recuperar la voz: el
silencio de la ciudadanía”, Re-vista Isis Internacional, N° 17, Santiago de
Chile, 1992. En relación al movimiento campesino, éste ha centrado
históricamente sus demandas en el derecho a la tierra, organización sindical,
educación y voto. Para una visión general, véase A. Warman, “Los cam-pesinos en
el umbral de un nuevo milenio”, Revista
Mexicana de sociología, N° 50, 1988.
382 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
turales y los intereses sociales a la dinámica de un sistema
político con alta concentración de poder.
Los fracasos de estos esfuerzos en la cons-trucción de una
ciudadanía democrática, y el efecto traumático que las dictaduras militares
posteriores dejaron en la región, convergen hoy día en una auténtica
revalorización de la democracia como régimen político y como forma de vida. Por
primera vez las reglas democráticas pasan a ocupar un lugar en el sentido común
de sectores de distintas posi-ciones políticas. Estas reglas ya no figuran, en
la conciencia política de muchos, como meros instrumentos circunstanciales, y
les dota de valor ético en sí mismas. Muchas de las accio-nes de los variados
movimientos sociales en la última década se orientan a la expansión de la
democracia como un sistema de derechos amplios y compartidos. Dicha
reconstrucción de la democracia ha permitido reconstruir una búsqueda de
ciudadanía extendida.
En este contexto, se plantean también de-mandas por mayores
derechos desde distintas colectividades culturales y regionales. Un nue-vo
campo de conflictos ciudadanos, donde la aceptación del otro se prefigura como
un tema medular, entra en la escena de la discusión pú-blica con mayor fuerza.
La lucha por mayor presencia pública por parte de mayorías y
minorías “étnico-cul-turales”, los movimientos de mujeres y sus
reivindicaciones en todos los planos, los mo-vimientos comunitaristas y
localistas, consti-tuyen señales de que la democracia no puede prescindir hoy
de una construcción ciudada-na con su importante “carga cultural”.42 Tan-to más
problemática se hace esta construc-ción de ciudadanía cuanto más tensionadas
están las acciones sociales por tendencias contradictorias.
Pero al mismo tiempo las propias diná-micas de desarrollo
plantean también, hoy más que nunca, el riesgo de consagrar siste-mas
excluyentes en el aspecto socioeconó-mico. Las presiones de la deuda externa y
del ajuste han tenido como efecto una agu-dización de la inequidad y, con ello,
de la exclusión. Las perspectivas de reinserción
Véase, respecto de las
mujeres, el texto compilado por E. Jelin, Ciudadanía e identidad: las mujeres
en los movimientos sociales latinoamericanos, Ginebra, Instituto de
Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social (UNRISD),
1987. Véase, en ge-neral, el texto de F. Calderón y E. Jelin, Clases sociales y
movimientos sociales en América Latina, Buenos Aires, Centro de Estudios de
Estado y Sociedad (CE-DES), 1988.
Hacia una perspectiva crítica de la modernidad 383
internacional y de reconversión productiva no son sencillas y
sus efectos integradores sólo podrán observarse en el mediano o lar-go plazo.
Todo esto lleva, posiblemente, a un des-plazamiento en las
expectativas difundidas de integración social. Tal integración no se busca tan
sólo en el acceso a bienes materia-les; sino que se concibe, cada vez más, como
un equilibrio entre el acceso a bienes mate-riales y el acceso más difundido a
los bienes “simbólicos”. Junto a la demanda de vivien-da, de atención en salud
y de diversificación del consumo, se agrega con especial fuerza la demanda de
información, de conocimien-tos útiles, de transparencia en las decisiones, de
mejor comunicación en la empresa y en la sociedad, y de mecanismos de
representati-vidad política y de visibilidad pública. Este acceso mayor a los
bienes simbólicos se ve estimulado, tanto por los actuales procesos de
democratización, que abren canales de participación pública, como por el
impacto cada vez más profundo de la industria cultu-ral, que integra a la
sociedad por el lado del “consumo simbólico”.
La asincronía entre una tendencia más lenta en los procesos de
integración socioeco-nómica (promovidos por efecto de la transfor-
mación productiva y racionalización social), y una tendencia más
intensiva de integración en el nivel simbólico y cultural (por efecto de la
apertura política democrática y la indus-tria cultural), podrá construir, en
los próxi-mos años, un importante núcleo temático en la lucha por la ciudadanía
en buena parte de las sociedades de la región.
De estos nuevos escenarios se deducen de-safíos e interrogantes
ineludibles en lo que se refiere a la construcción de una ciudadanía “moderna”
y a la eficacia integradora de las nuevas tendencias del desarrollo. Existe
con-ciencia creciente, por ejemplo, que el campo educativo, y sobre todo el de
la educación bá-sica, constituye hoy el lugar desde el cual hay que partir para
revertir esta dialéctica de la ne-gación del otro. La discriminación por acceso
a la educación sigue siendo un factor central de reproducción de la pobreza, y
refuerza la discriminación por etnicidad. Construir un sis-tema educativo más
igualitario, actualizando la educación y elevando sustancialmente su cali-dad
en los establecimientos donde concurren los sectores más pobres, es la herramienta
que permite difundir con mayor profundidad los có-digos de modernidad entre
toda la población.
Esto significa no sólo formar recursos huma-nos en los sectores
más bajos para que puedan
384 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
aumentar su desempeño productivo en la vida adulta, sino también
construir desde los ci-mientos del desarrollo de la vida (en los niños y
jóvenes) una conciencia de sí mismos como partícipes de un proceso colectivo de
desa-rrollo. La educación formal y, de manera más general, la difusión de
conocimientos y destre-zas para asumir los retos de la modernización
productiva, constituye hoy, más que nunca, el punto de inflexión en que la
negación del otro puede revertirse o afincarse. La llamada “socie-dad del conocimiento”
hace que la difusión del conocimiento constituya un eje central para la
construcción de una ciudadanía donde el otro pueda ser un par.43
Si la sociedad del conocimiento desafía a ampliar nuestra
cosmovisión y a abrir nuestra
Entiéndase aquí la
difusión de conocimiento en sentido amplio, a saber: como adquisición de
destrezas productivas, de capacidad crítica, de autovaloración en función del
propio potencial, de conciencia de sí mis-mo como ciudadano, de apertura para
asimilar infor-mación y valores, etc. Este corolario de las reflexiones
precedentes coincide, pues, con los planteamientos del documento de CEPAL,
Educación y conocimiento…, op. cit., en el sentido de que la difusión de la
educación y del conocimiento debe activar “sinérgicamente” tanto la
competitividad como la ciudadanía, difundiendo lo que se ha dado en llamar los
“códigos de modernidad”.
sensibilidad, esta presencia del otro debiera constituir un
activo potenciable. Si en lugar de negar la identidad del otro, la reconocemos
incluso como presente dentro de nosotros, nuestra cosmovisión se expande. El
mundo no se nos derrumba si nos abrimos a la iden-tidad-en-la-diferencia, sino
que se enriquece con nuevos contenidos. Esto significa no sólo ampliar nuestra
percepción del mundo, sino que también se traduce en efectos prácticos, tales
como adecuaciones tecnológicas, cono-cimiento e información sobre tecnologías
dis-ponibles, y asimilación creciente y adecuada de las mismas; o desarrollar
vínculos comu-nitarios que pueden fortalecer la democracia social y enriquecer
los lazos de pertenencia y comunicación.
Revertir la negación o la discriminación del
otro-distinto-de-sí, y reconocer a ese otro como parte de una identidad
colectiva que también nos incluye a nosotros, podría llegar a ser una forma de
transmutar la negación histórica en afirmación hacia el futuro. Ob-viamente, no
es esta una síntesis que advie-ne ni espontánea ni repentinamente, sino que
constituye un proceso conflictivo y poblado de obstáculos. Pero el proceso
mismo es de enriquecimiento cultural y de construcción de una ciudadanía común.
Hacia una perspectiva crítica de la modernidad 385
El tejido intercultural
como fuerza de la modernidad
Otro elemento central que atraviesa el sustra-to cultural de la
región es el que aquí hemos llamado tejido intercultural, o bien sincretis-mo
cultural. No utilizamos aquí el concepto de tejido en su acepción específica o
restringida de cruce inter-étnico, sino en un sentido más general: como
compenetración intercultural o “asimilación activa” de la cultura de la
mo-dernidad desde el acervo histórico-cultural propio. No compartimos aquí
tampoco el con-cepto de mestizaje reivindicado en la tradición populista, a
saber, como identidad basada en una mezcla racial autóctona que, de manera
ambivalente, incorpora y resiste los códigos de Occidente y de la modernidad.44
En las páginas siguientes expresamos, a tra-vés del concepto de
tejido intercultural, tanto la idea de permeabilidad entre culturas como la
idea de coexistencia de distintas tempora-lidades históricas en el presente de
nuestra región. América Latina y el Caribe es, en este sentido, una región con
un tejido específico
En páginas precedentes
hemos citado la literatura reciente que muestra, a partir de investigaciones
cientí-ficas, que no existen “razas” sino grupos étnicos.
porque combina múltiples corrientes cultura-les; porque desde
sus orígenes ha incorpora-do el sincretismo como parte de su dinámica cultural
e “identitaria”, porque coexiste y se mezcla lo moderno con lo no moderno tanto
en su cultura como en su economía; y porque la propia conciencia de la mayoría
de los latinoa-mericanos está poblada de cruces lingüísticos o culturales.
Tanto el indio “puro” que ha logrado defen-der su identidad
recreando sus raíces cultura-les, como el reciente migrante coreano, o el
descendiente de migrante español, italiano o alemán, llevan la “marca” del otro
—sea como oprobio, sea como impulso liberador—, por cuanto construyen día a día
sus identidades es-pecíficas con base en interacciones culturales de base
occidental.45 En América Latina y el Ca-
El concepto de
creolización en el Caribe, por ejem-plo, forma parte no sólo del análisis
histórico-cultural sino del lenguaje cotidiano. Por un lado el creole es el
mestizo de la relación europeo-africano, pero también se asocia históricamente
con un tipo de inserción en el pro-yecto de sociedad de plantación. En Haití,
el mismo tér-mino creole va connotando distintas cosas antes y des-pués del
período colonial (desde el hijo de europeo con africano, hasta sencillamente el
no extranjero): el mismo término que connota el mestizaje, se va “mestizando”
en el tiempo (véase J. Casimir, op. cit., pp. 29-46).
386 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
ribe este concepto de mestizaje como “tejido intercultural” ha
encarnado en múltiples figu-ras y ha recibido distintos nombres: ladiniza-ción,
cimarronería, creolismo, chenko, etc.
Contracara de la negación del otro, al igual que ésta, el
sincretismo o tejido intercultural no es sólo un evento originario: es también
histo-ria presente, y si bien su fuente es el encuentro de culturas distintas
—siempre renovándose, además—, se ramifica hacia todo orden de co-sas. El
migrante campesino que se bate por so-brevivir en las grandes urbes es la
expresión de un sincretismo espacial; las mezclas intercul-turales que genera
la modernidad es también otra figura del sincretismo cultural; la apertura a
los mercados mundiales y la heterogeneidad estructural también tienen una
connotación de tejido intercultural, e incluso la tradición popu-lista
constituye un tejido sincrético en que los rasgos de la modernidad se
entremezclan con culturas políticas premodernas.
La importancia de esta marca cultural ha sido decisiva en los
caminos que la moderni-dad ha asumido, y seguirá asumiendo, en Amé-rica Latina
y el Caribe. Un equívoco profundo subyace al imaginario de la modernidad en la
región. Porque si con tanta frecuencia hemos querido interpretar la modernidad
como su-peración de todo particularismo excluyente o
como una suerte de “occidentalización exhaus-tiva” de nuestra
región, con ello hemos dado la espalda al elemento de la modernidad que más se
relaciona con nosotros mismos: la capaci-dad para integrar dinámicamente la
diversidad cultural en un orden societal compartido.
Es a través de esta modernidad “democra-tizante”, y no mediante
un concepto exclu-yente de modernidad, que puede pensarse la construcción de la
ciudadanía con base en la identidad en el tejido cultural. Lo moderno de la
región reside, precisamente, en que desde el momento en que fue nombrada, se
abrió al mundo. De allí en adelante, su modernidad se define por este
sincretismo, o continua resigni-ficación de identidades culturales.46
Vargas Llosa lo expresa
de manera muy gráfica: “América Latina es lo menos autárquico que existe en el
mundo. Los latinoamericanos hablan sobre todo lenguas de origen europeo, forman
parte de tradiciones étnicas y culturales que tienen, la mayor parte de ellas,
raíces muy profundas en Europa o en otros lugares del mundo como África,
incluso Asia. Todo eso, naturalmente, ha tomado una coloración determinada en
América Latina por efecto del paisa-je, de la experiencia, de una problemática
particular, y eso ha creado unos matices: por ejemplo, el italia-no que se fue
a Argentina hace un siglo y medio es un argentino en que lo italiano está
todavía muy presen-te, pero de todas maneras es muy distinto del italia-
Hacia una perspectiva crítica de la modernidad 387
En este sentido diversas hipótesis sobre la identidad
latinoamericana merecen una con-sideración crítica.47 La primera de ellas es
que las transformaciones tecnológicas económicas que ocurren a escala global
tornan obsoleta la preocupación por las identidades locales, y que si existe
tal cosa como identidad latinoameri-cana, la dinámica de la apertura y la
penetra-ción tecnológica la condena a una progresiva disolución.48 Una segunda
hipótesis cuestio-nable afirma que nuestra región se define por carencia de
identidad y que el problema es, entonces, cómo ser europeos o norteamerica-nos
cabales.49 En el otro extremo, las hipótesis
no de Italia” (entrevista de Sergio Marras, América Latina,
marca registrada, Barcelona, Ediciones B, 1992, p. 104).
Véase al respecto el
trabajo de J. Vergara Estévez y Jorge Iván Vergara, El concepto de identidad y
los debates sobre la identidad cultural latinoamericana, Santiago de Chile,
Cuarto Congreso Chileno de Sociolo-gía, 28 y 29 de agosto de 1992.
Véase J. Nasbitt y
Patricia Aburdene, Megatenden-cias 2000, Bogotá, Editorial Norma, 1990.
La siguiente cita de H.
A. Murena, ensayista argen-tino de los años cincuenta, es elocuente: “En un
tiempo habitábamos en una tierra fecundada por el espíritu, que se llama
Europa, y de pronto fuimos expulsados de ella. Caímos en otra tierra, en una
tierra en bruto; vacía
ultraindianistas e hispanistas también son ex-cluyentes, en la
medida en que desconocen el fenómeno del tejido intercultural como la base de
nuestra identidad histórica.
En contraste con estas posiciones, sean de negación o de
afirmación unilateral, la tesis del sincretismo cultural cuenta con mayor
fun-damento histórico. Desde esta perspectiva la identidad latinoamericana debe
entenderse a partir de la combinación de elementos cultura-les provenientes de
las sociedades amerindias, europeas, africanas y otras.50 El encuentro de
de espíritu, a la que dimos en llamar América” (citado por
Vergara y Vergara, p. 6).
El escritor mexicano
Carlos Fuentes señala que tiene, para América Latina, una “denominación muy
complicada, difícil de pronunciar pero comprensiva por lo pronto, que es
llamarnos indoafro-iberoaméri-ca; creo que incluye todas las tradiciones, todos
los elementos que realmente componen nuestra cultura, nuestra raza, nuestra
personalidad” (entrevista de Sergio Marras, América Latina, marca registrada,
op. cit., p. 34). Por su parte Xavier Albó, retoman-do una proposición del
líder Aymara Takir Mamani, propone denominar a la región ABYA-YALA, palabra
cuna que significa “tierra en plena madurez”. En el mismo texto Albó hace un
balance crítico de la iden-tidad que nombra (véase X. Albó, “Nuestra identidad
a partir del pluralismo de base”, Imágenes descono-cidas…, op. cit.).
388 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
culturas habría producido una síntesis cultural que se evidencia
en producciones estéticas, tales como el llamado barroco latinoamerica-no del
siglo XVIII, o el muralismo del presente siglo. Este tejido intercultural se
expresa tam-bién en la música, los ritos, las fiestas popula-res, las danzas,
el arte, la literatura; y también permea las estrategias productivas y los
meca-nismos de supervivencia.
La negación de esta identidad sincrética por parte de los
criollos constituye a su vez el comienzo de un equívoco en virtud del cual se
ha querido “blanquear” un continente al precio convertido en una imagen
abstracta: “Tarde o temprano aflora a la superficie el verdadero sujeto de la
síntesis que, vestido con ropajes oligárquicos o como peón de hacienda, es el
heredero real de las corrientes culturales que se encontraron, no a través de
libros, sino a través del encuentro carnal de la madre india y del conquistador
europeo”. La síntesis abs-tracta del criollo, no sólo quiere blanquear la piel
sino también la madre violada. Pero para ello tiene que inventarse una historia
que no es real.51
P. Morandé, Cultura y
modernización en América Latina, Pontificia Universidad Católica de Chile,
San-tiago de Chile, 1984, p. 153.
Esta identidad bajo la forma de tejido in-tercultural ha sido
considerada tanto desde el punto de vista de sus limitaciones como de sus
potenciales. Respecto de lo primero, se afirma que dicha identidad nunca ha
sido del todo constituida ni asumida. Tal es la posición que asumen, por
ejemplo, Octavio Paz y Roger Bartra.52 En la metáfora del axolote utilizada por
Bartra, la identidad latinoamericana ten-dría un carácter larvario o trunco,
condenada a no madurar del todo. Como potencialidad, la identidad mestiza
aparece constituyendo un núcleo cultural desde el cual podemos en-trar y salir
de la modernidad con versatilidad, y con el cual podríamos —si asumimos
ple-namente la condición del cultural— tener un acervo desde donde
contrarrestar el sesgo ex-cesivamente instrumental o “deshistorizante” de la
oleadas e ideologías modernizadoras.53
De manera que el tejido intercultural es, al mismo tiempo,
nuestra forma de ser mo-
Véase O. Paz, El
laberinto de la soledad, México, Fondo de Cultura Económica, 1978 (edición
original de 1959); y R. Bartra, La jaula de la melancolía: iden-tidad y
metamorfosis del mexicano, México, Grijal-bo, 1987.
En el primer caso se
ubica N. García Canclini, op. cit., y en el segundo P. Morandé, op. cit.
Hacia una perspectiva crítica de la modernidad 389
dernos y de resistir la modernidad: nuestra condición de
apertura cultural al intercambio con los otros y nuestra manera de incorporar
la modernidad siempre de maneras sincréti-cas. Es, a la vez, identidad y
des-identidad, o identidad y problema de identidad. El reflejo más patente lo
ofrecen las grandes metrópo-lis de la región: Ciudad de México, Río de
Ja-neiro, Caracas y Lima son grandes metáforas de esta historia hecha de
mezclas. Desde sus cruces estilísticos y sus superposiciones ar-quitectónicas,
hasta la imagen de caos y los contrastes que presentan, llevan la marca de una
identidad sincrética, esa presencia ma-siva de lo marginal.
Esto no se explica solamente como efec-to del patrón peculiar de
modernización de las economías nacionales. Son fenómenos en que una y otra vez
se manifiesta, con toda la fuerza insubordinable de la identi-dad, una
condición cultural sincrética. Tan-to en el desarrollo larvario o desigual que
define los mapas y contrastes en las ciuda-des, como en la nueva heterogeneidad
que implica a la vez fragmentación y diversidad, en la que se dan múltiples y
precarias rela-ciones de pertenencia, este tejido intercul-tural resiste la
carga homogeneizadora de la modernización.
Del mismo modo que la relación con el otro, la condición
cultural mentada fuerza a repensar los desafíos de la modernización y de la
construcción de ciudadanía con un pris-ma cultural. ¿Cómo capitalizar, pues, la
ex-periencia que tiene la región en la historia de cruce intercultural, para
convertirla en una “ventaja comparativa” en el nuevo concierto de un modo
interconectado y globalizado?
¿Cómo hacer uso de nuestra larga historia conflictivamente
sincrética para asumir con mayor riqueza este desafío que hoy atravie-san
también las sociedades industrializadas, y que consiste en repensar el
contenido de la ciudadanía a partir de la coexistencia progre-siva de
identidades étnico-culturales distin-tas? Asumir el tejido intercultural propio
es, quizás, hoy día el modo más auténtico de asu-mirse en medio de una
modernidad signada por una diversidad de creciente complejidad “identitaria”.
Esta sensibilidad intercultural cobra espe-cial fuerza con la
expansión de la industria cultural en la región, y aumenta exponencial-mente
cuando dicha industria incorpora el nuevo poder de la tecnología informativa y
comunicativa. Comienzan a borrarse entonces los límites entre lo culto y lo
popular, conviven distintas modas de distintas épocas, y resulta
390 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
cada vez más difícil homologar claramente las clases sociales
con los estratos culturales. Todo ello implica una transformación profun-da de
las relaciones simbólicas entre grupos sociales distintos.54
Estas nuevas formas de cruce cultural no son irrelevantes para
pensar la construcción de ciudadanía y los posibles estilos de moder-nidad.
Potenciar el cruce cultural como un modo de hacer más tenues las fronteras
so-ciales es también un recurso para la construc-ción de la ciudadanía moderna.
En la medida en que la propia dinámica cultural erosione la jerarquía entre lo
“culto” y lo “popular”, lo “alto” y lo “bajo”, lo “ajeno” y lo “propio”, lo
“moderno” y lo “marginal”, la sociedad incre-menta su disposición cultural para
aceptar al otro, asumir su identidad y democratizar su comunicación interna.
“La tendencia
prevaleciente es que todos los sec-tores mezclen en sus gustos objetos de
procedencias antes separadas. No quiero decir que esta circulación más fluida y
compleja haya evaporado las diferencias entre clases. Sólo afirmo que la
reorganización de los escenarios culturales y los cruces constantes de las
identidades exigen preguntarse de otro modo por los órdenes que sistematizan
las relaciones materiales y simbólicas entre los grupos.” (García Canclini, op.
cit., p. 288).
La dimensión cultural en
la propuesta de transformación productiva con equidad
Las sociedades contemporáneas, y entre ellas las de la región,
se ven hoy día confron-tadas a redefiniciones estructurales, donde las
relaciones de información y comunicación pa-san a ocupar un lugar decisivo.55
55 La sociedad japonesa constituiría la forma más avanzada de
sociedad informacional. El sociólogo japonés S. Hayashi señala, a este
respecto, que la so-ciedad informacional se caracterizaría por: i) un alto
nivel de producción y consumo de información en to-das las esferas; ii) un
desarrollo tecnológico asociado al procesamiento de la información; iii) la
valorización social creciente de la información; y iv) el crecimiento acelerado
del valor agregado al producto que contiene información (S. Hayashi, Nihon gata
no joho shakai; The Japanese Model for the Information Society, To-kyo,
University of Tokio Press, 1987). Para un balance conceptual e histórico de la
temática en las sociedades avanzadas, véase M. Castells, “Flows, networks, and
identites. Where are the subjects in the informational society?”, University of
California at Berkeley, ponencia presentada al Coloquio “Leretour du sujet”,
Cérisy-La Salle, junio de 1993. Para una problematización inicial desde la
perspectiva latinoamericana, véase F. Calde-rón y M. Dos Santos, “Cultura
política y sociedad en la Nueva América Latina”, Revista Nueva Sociedad,
Cara-cas, en prensa; y A. Di Filippo, “Revolución informáti-
Hacia una perspectiva crítica de la modernidad 391
Si se considera el itinerario de la región des-de la última
posguerra hasta nuestros días, pue-den observarse transformaciones profundas en
todos los ámbitos, trastocando el sentido de la modernización, de la equidad,
de la ciudadanía, de los conflictos en juego y de los patrones de articulación
entre el Estado y la sociedad. En este contexto, parece inconcebible una
pro-puesta de desarrollo fundada en el rechazo de la modernidad. Se trata, más
bien, de “perfilar sus contenidos de manera de hacerla compati-ble con la
equidad en lo económico-social y con la ciudadanía en lo político e
institucional.56
Cuando la igualdad jurídico-política se ve obstaculizada por la
diversidad de culturas, se produce una fuerte disociación en la cual se hace
difícil conciliar tres requisitos para una modernidad expansiva: la
representación polí-tica de actores y demandas diversas en un mar-
ca, desarrollo económico y competitividad”, ponencia preparada
para la Reunión Regional sobre Gestión de Información, organizada por El Centro
Latinoamerica-no de documentación Económica y Social (CLADES) y la CEPAL,
Santiago de Chile, 17 al 21 de mayo de 1993.
O. Rosales, “Equidad y
transformación productiva: desafío para América Latina”, Revista de economía y
trabajo, año I, N° 1, Santiago de Chile, Programa de Economía del Trabajo
(PET), enero-junio, p. 156.
co institucional; la participación equilibrada y argumentativa
de actores en el sistema de toma de decisiones; y la mayor equidad en los
resul-tados del desarrollo económico. Precisamente, la experiencia de nuestra
región es elocuente para ilustrar esta dificultad.
Las páginas precedentes plantean, para el caso de la región, la
necesidad de incorporar la consideración cultural en un proyecto de de-sarrollo
económico y de construcción de ciu-dadanía moderna y extendida. El peso de las
marcas culturales obliga a esta operación, por más que carezcamos, en
principio, de herra-mientas para abordarlo. Hay, empero, indicios emergentes
que pueden merecer las resisten-cias históricas en esta materia:
–– Procesos de institucionalización democráti-ca que nunca antes
habían ocupado una pro-porción tan grande entre los países de la re-gión, y que
sensibilizan a grandes mayorías hacia los valores de la tolerancia.
–– Experiencias sociales amplias de valoriza-ción del orden y la
estabilidad, a pesar de los costos socialmente regresivos de la crisis y el
ajuste económico.
–– Expansión de una industria cultural que fa-vorece los cruces
socioculturales y da po-
392 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
sibilidades técnicas para que los espacios públicos sean más
permeables a las cultu-ras sumergidas.
–– La propia necesidad de incorporar a los sec-tores excluidos por
el patrón de moderniza-ción vigente, a la esfera de la política y del
intercambio de posiciones, en aras de garan-tizar mayor gobernabilidad,
estabilidad eco-nómica y continuidad institucional.
Son estos algunos de los elementos propicios para superar la
dialéctica de la negación del otro y potenciar el tejido intercultural en la
construcción de ciudadanía. Estos elementos tienen que incorporarse a la actual
propuesta de desarrollo de la CEPAL dada su importancia en la articulación
sistémica de dicha propues-ta: el desarrollo económico requiere, en nues-tra
región y por la historia de nuestra región, de la construcción cultural de
consensos que le garanticen continuidad y dinámica incluyente a dicho
desarrollo económico.
La base cultural de una propuesta de mo-dernidad como la que se
intenta a través de la transformación productiva con equidad reside en la
superación de la dialéctica de la negación del otro, y en el potenciamiento de
nuestro tejido intercultural como resorte particular de la región para acceder
a los
desafíos universalistas de la modernidad. La dimensión cultural
tiene un peso procedi-mental para la propuesta de la TPE (en tanto provee los
fundamentos requeridos para con-sensos amplios); y también aporta un peso
valórico (en el campo de la extensión de la ciudadanía y del vínculo
insoslayable entre identidad y desarrollo).
Pero en la relación entre los rasgos cultu-rales y la viabilidad
de la transformación pro-ductiva también existen interrogantes y pro-blemas
serios. ¿Cómo conciliar los “agentes del desarrollo” supuestos por la propuesta
de la transformación productiva con equidad, con las identidades culturales
reales en la región? ¿Están los agentes del desarrollo (actores eco-nómicos,
sociales y políticos) culturalmente preparados para impulsar dicho proceso?
Para que la vasta gama de actores sociocul-turales en la región
incida significativamen-te en la construcción de un consenso para el
desarrollo, es necesario superar la “mentali-dad rentística” en la generación
de un ethos empresarial moderno, en la conformación de una ética solidaria,
como asimismo en buscar mecanismos de agregación y politización de demandas de
las mayorías.
Un vínculo estratégico podría establecer-se entre la orientación
de los actores por la
Hacia una perspectiva crítica de la modernidad 393
igualdad de derechos y oportunidades, con temas centrales de la
TPE. En esta articula-ción entre la demanda por derechos y reco-nocimientos, y
la demanda por incorporarse a las nuevas dinámicas del desarrollo pro-ductivo,
podrá centrarse la lucha por forta-lecer la incidencia de los actores sociales
en procesos decisorios y en los nuevos rumbos de modernización.
Una cultura de ciudadanía extendida no se construye por decreto
o programa, sino que es el producto de un proceso abierto y de una continua
resignificación de nuestra identidad. La modernidad en América Lati-na y el
Caribe no puede pensarse como la negación de este proceso, sino como su
re-apropiación continua en interacción con los procesos de cambio y
modernización. Los mecanismos de intercambio democrático — esenciales para el
consenso— y de incorpo-ración a la modernidad, tienen que movilizar a su vez mecanismos
de afirmación de identi-dades colectivas para hacer más visibles sus demandas y
potencialidades.
Los consensos democráticos para impulsar un desarrollo sostenido
requieren de fuerza cultural, vale decir, de una conciencia exten-dida respecto
de las identidades culturales asumidas, y de la reciprocidad en derechos y
compromisos. El punto es cómo se potencia esta fuerza cultural,
y qué políticas pueden impulsarla.
Probablemente, esta reversión de los es-tigmas en potencias
culturales requiere algo más que una política sectorial en el campo de la
cultura, de la industria cultural y de la co-municación de masas. Sin duda, la
posibilidad de movilizar estos medios para difundir una cultura de la
tolerancia y de la síntesis intercul-tural tiene que aprovecharse al máximo.
Pero la difusión de estos valores también tiene que ganar “porosidad” en una
gama muy amplia de acciones, rutinas e instituciones que pueblan el tejido social.
En este marco, la necesidad de una fuerza cultural que impulse el consen-so
para una orientación del desarrollo confor-me con los lineamientos de la TPE, y
que a su vez permita incorporar a dicha orientación los valores e identidades
propios de nuestras so-ciedades, debiera contemplar al menos cuatro
requerimientos de alto efecto “sistémico”.
En primer lugar se requiere que la educación y el conocimiento,
motores de la TPE, sean ca-paces de vincular la construcción de una ciu-dadanía
moderna con la difusión de un ethos empresarial hacia el conjunto de la
sociedad, todo ello adaptado a las posibilidades y perfiles culturales y
económicos de cada país.
394 La construcción
social de los derechos y la cuestión del desarrollo
En segundo lugar es necesario avanzar en la construcción de la
ciudadanía extendida mediante políticas que, adaptadas a los dife-rentes
contextos nacionales, promuevan una cultura institucional basada en la
plasmación de contratos, normas de conducta y derechos crecientemente
compartidos por los actores involucrados (instituciones, individuos y
acto-res). Existe entre agentes del desarrollo y ana-listas sociales un
consenso cada vez más gene-ralizado en torno a la idea de que los valores
culturales afectan a las instituciones, y éstas a su vez son decisivas para el
comportamiento de la economía.
De ello debiera deducirse la necesidad de incorporar, desde la
educación básica y a es-cala masiva, tanto una relación creativa con la
racionalidad instrumental y las destrezas pro-ductivas, como una socialización
en valores y comportamientos que fortalezcan el sentido de la ciudadanía y de
la institucionalidad jurídico-democrática. Esta socialización no se
restrin-giría, empero, a la educación básica, sino que podría también
incentivarse en una red de ins-tituciones de capacitación, educación vocacio-nal
y educación de adultos.
En tercer lugar, es impostergable una polí-tica deliberada de
reconocimiento, promoción e integración de los sectores que padecen la
triple exclusión: discriminación cultural (sea por factores
étnicos o por claros rezagos edu-cativos); exclusión socioeconómica; y
margi-nación respecto de los mecanismos de repre-sentación y participación
política.
Tal política debiera permear un conjunto de iniciativas de
integración, tanto en el plano simbólico (mediante la participación creciente
de dichos sectores en el sistema de toma de de-cisiones, sobre todo a escala
local), como en el plano material (mediante la promoción de actividades
productivas, comunitarias y de ca-pacitación, que fortalezcan la competitividad
y la organización entre los sectores excluidos). Este tipo de acciones podría
contar con un im-portante respaldo político mediante la puesta en marcha de
pactos nacionales por la supera-ción de la pobreza.
Independientemente de las orientaciones de política recién
referidas, debe tenerse plena conciencia que toda política cultural tendrá que
integrarse y adecuarse a los cambios de las so-ciedades informatizadas
emergentes. Por ende, la política cultural (o las políticas con impacto
sistémico que atañen también la dimensión cul-tural), deberá promover la máxima
flexibilidad, creatividad y adaptabilidad en torno a los ejes de estas
sociedades emergentes, a saber: la co-municación (vinculada a la industria cultural,
Hacia una perspectiva crítica de la modernidad 395
el mercado cultural y los
“mass-media”); la ges-tión (cada vez más ligada a las redes interacti-vas de
información); y el consumo (adecuado a las necesidades y las pautas culturales
de nues-tras sociedades).
En síntesis, se trata de asumir una visión sistémica de las
relaciones entre economía y cultura, reconocer que los valores y las prácticas
culturales afectan a las instituciones y al comportamiento de los agentes
económicos; y que la dinámica de la economía afecta, a su vez, las
posibilidades de una construcción cultural compatible y afín con los desafíos
de la moder-nidad. Probablemente aquí tiene algo de cierto el proverbio
oriental que reza “iniciar el camino es ya el comienzo de la meta”.
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