BIBLIOTECA EMANCIPACIÓN: Libro N° 14099. La Potencia Plebeya: Acción Colectiva E Identidades Indígenas, Obreras Y Populares En Bolivia. García Linera, Álvaro.

Título Original: © La Potencia Plebeya: Acción Colectiva E Identidades Indígenas, Obreras Y Populares En Bolivia. Álvaro García Linera

Versión Original: © La Potencia Plebeya: Acción Colectiva E Identidades Indígenas, Obreras Y Populares En Bolivia. Álvaro García Linera

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LA POTENCIA PLEBEYA:

Acción Colectiva E Identidades Indígenas, Obreras Y Populares En Bolivia

Álvaro García Linera

LA POTENCIA PLEBEYA:

Acción Colectiva E Identidades Indígenas, Obreras Y Populares En Bolivia

Álvaro García Linera

Sociología y política

Antologías del Pensamiento Social Latinoamericano y Caribeño

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G37

2015\ García Linera, Álvaro

La potencia plebeya : acción colectiva e identidades indígenas, obreras y populares en Bolivia / Álvaro García Linera ; antología y \

\ presentación, Pablo Stefanoni. — México, D. F. : Siglo XXI Editores ; Buenos Aires : CLACSO, 2015.

\530 p. (Sociología y política)

ISBN-13: 978-607-03-0677-8

1. Sindicatos – Bolivia. 2. Sindicalismo – Bolivia. 3. Movimientos laboradores – Bolivia. 4. Indios de América del Sur – Bolivia – Relaciones gubernamentales. 5. Indios de América del Sur – Bo-livia – Política y gobierno. I. Stefanoni, Pablo, prologuista. II. t.

III. Ser

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Primera edición, 2015

isbn 978-607-03-0677-8

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Índice

Álvaro García Linera: pensando Bolivia entre dos siglos..............	\	9
Pablo Stefanoni
ANTOLOGÍA DE ÁLVARO GARCÍA LINERA
I. Marxismo y mundo agrario
Introducción al Cuaderno Kovalevsky (1989)................................	\	31
América (1991)...............................................................................	\	53
II. El Manifiesto comunista y nuestro tiempo
¿Es el Manifiesto comunista un arcaísmo político, un recuerdo
literario? Cuatro tesis sobre su actualidad histórica (1999)..........	\	71
III. Ciudadanía y democracia
Ciudadanía y democracia en Bolivia (1900-1998) (1999)..............	\	173

IV. Movimiento obrero
Los ciclos históricos de la formación de la condición obrera
minera en Bolivia (1825-1999) (2000)............................................	\	197
La muerte de la condición obrera del siglo XX (2000).................	\	211
V. Movimiento indígena
Narrativa colonial y narrativa comunal (1998)..............................	\	251
Autonomías indígenas y Estado multinacional (2004)..................	\	271
VI. Estructuras de los movimientos sociales
Sindicato, multitud y comunidad. Movimientos sociales y
formas de autonomía política en Bolivia (2001)............................	\	347
VII. Crisis estatal y época de revolución
Crisis del Estado y sublevaciones indígeno-plebeyas
en Bolivia (2004).............................................................................	\	423
La lucha por el poder en Bolivia (2005).........................................	\	447
Indianismo y marxismo. El desencuentro de dos razones
revolucionarias (2005)....................................................................	\	477
El Estado en transición. Bloque de poder y punto
de bifurcación (2008)......................................................................	\	501

Bibliografía de Álvaro García Linera............................................. \ 527

ÁLVARO GARCÍA LINERA:

PENSANDO BOLIVIA ENTRE DOS SIGLOS

Pablo Stefanoni¹

Yo me veo como uno de los últimos jacobinos de la

Revolución Francesa y veo a Evo como Robespierre.

Álvaro García Linera

Además de vicepresidente y “copiloto” de Evo Morales, Álvaro García Linera es uno de los intelectuales más destacados de Boli-via, lo cual lo ubica inmediatamente como intérprete del complejo proceso político y social iniciado el 22 de enero de 2006, con la llegada al gobierno del presidente Evo Morales Ayma, el primer indígena en dirigir las riendas de esta nación andino-amazónica, en la que el 62% de sus habitantes se autoidentifica como parte

¹\ Periodista y economista. Ex becario del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (clacso) y la Agencia Sueca de Cooperación Internacional (asdi) (2002). Es coautor, con Hervé do Alto, del libro La revolución de Evo Morales. De la coca al palacio (Buenos Aires, Capital Intelectual, 2006). Actualmente se desempeña como corresponsal en Bolivia del diario Clarín de Argentina y como director de la edición boliviana de Le Monde Diplomatique.

de un pueblo originario, mayoritariamente quechua y aimara.² En efecto, Morales lo convocó en 2005 para acompañarlo en el binomio presidencial (luego de un primer intento de buscar un “empresario nacional”), por considerarlo un “puente” —y un traductor, como a García Linera le gusta presentarse a sí mismo— entre los campesinos e indígenas, y las clases medias urbanas,³ reacias a votar por un campesino formado en la escuela sindical, con un bachillerato de provincia como única credencial educa-tiva, pero más abierta a aceptar a un dirigente cocalero acompa-ñado por “un hombre que sabe”, como rezaba uno de sus afiches de la campaña electoral de 2005.

A más de dos años de su llegada a la vicepresidencia, nadie puede afirmar —con evidencias serias— que García Linera sea el “cerebro” del gobierno, pero ello tampoco puede ocultar que este matemático y sociólogo autodidacta, seguidor entusiasta del sociólogo Pierre Bourdieu (a quien cita a menudo en entrevistas periodísticas y académicas), tiene en la nueva administración bo-liviana un perfil que lo aleja de la intrascendencia que histórica-mente tuvo el cargo de vicepresidente. De hecho, casi no utiliza su despacho en la vicepresidencia, y desempeña sus labores en una oficina más modesta, pero a escasos pasos de la del jefe de Estado, en el Palacio Quemado de La Paz. Son casi inexistentes las reuniones importantes del presidente boliviano en las que no

²\ 琀l censo boliviano, a diferencia de otros, como el ecuatoriano, no utiliza pregun-tas sobre autoidentificación racial sino étnico-cultural. Mientras que las primeras incluyen categorías como “blanco”, “indígena”, “mestizo”, “negro”, etc., las segundas se refieren a la pertenencia a un pueblo originario concreto: aimara, quechua, guaraní, etcétera. Esto implica que no habría contradicción entre el hecho de que más del 60% de los bolivianos se autoidentifique como mestizo (en muchas encuestas) y un porcentaje similar se considere parte de un pueblo nativo en el censo.

³\ 琀l concepto de clase media, aplicado a Bolivia, por momentos oscurece más de lo que aclara. La existencia de “capitales étnicos” hace que se consideren clases medias a los blanco-mestizos (incluso los de bajos ingresos) y se excluya de esta categoría a los sectores “cholos” (indígenas urbanos) que han acumulado impor-tantes capitales económicos, fundamentalmente mediante el comercio informal.

esté sentado García Linera, habitualmente vestido con terno (casi siempre sin corbata) y sobretodo negro.

El actual vicepresidente nació en una familia mestiza de cla-se media en Cochabamba, el 19 de octubre de 1962. Comenzó a interesarse por la política durante la dictadura de Hugo Banzer (1971-1978), y apenas caído este régimen —a los 17 años— sin-tió el efecto del gran bloqueo aimara a La Paz, organizado por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (csutcb), ya fuertemente influenciada por las ideas indianistas, difundidas por el movimiento katarista.⁴ Poco des-pués, su interés por el vínculo entre política y etnicidad continuó en México, a donde se trasladó para cursar una licenciatura en matemáticas en la Universidad Autónoma, “porque creía que las ciencias ‘blandas’ podía aprenderlas yo solo”.⁵ Allí, en el contexto de las campañas de solidaridad con los movimientos armados en Centroamérica, fue atraído por el debate sobre la cuestión étnica (maya) alentado por la guerrilla guatemalteca; y —según recuer-da— inicia el pasaje de una orientación más filosófica y abstracta vinculada al estudio de El capital, de la dialéctica de Hegel y de la

⁴\ 琀l movimiento katarista surgió en los años setenta, promovido por sectores aima-ras urbanos que accedieron a los estudios superiores. Inspirado por las ideas de Fausto Reinaga, se lo considera el primer movimiento indianista contemporáneo en Bolivia. Los kataristas introdujeron una lectura de la historia de Bolivia como el pasaje de la dominación colonial española al colonialismo interno, mantenido por las elites republicanas, y contribuyeron a la construcción de una identidad “india” aimara-quechua. Pese a su importante influencia en los sindicatos cam-pesinos, nunca lograron consolidarse como movimiento político. Luego de su división en torno a la participación política en el Estado “liberal” en los noventa, uno de sus referentes, Víctor Hugo Cárdenas, accedió a la vicepresidencia de Bolivia en una alianza con el Movimiento Nacionalista Revolucionario (mnr) en su etapa neoliberal, bajo el mando de Gonzalo Sánchez de Lozada. Desde ese cargo, promovió el reconocimiento constitucional de Bolivia como un país “pluriétnico y multicultural”. Con todo, el actual proceso de cambio, liderado por Evo Morales, reconoce en el katarismo una de sus matrices político-ideoló-gicas. Para un estudio de esta corriente, véase Silvia Rivera, Oprimidos pero no vencidos. Luchas del campesinado aimara y quechua de Bolivia, 1900-1980, La Paz, hisbol y csutcb, 1986.

⁵\ Pablo Stefanoni, Franklin Ramírez y Maristella Svampa, Las vías de la emanci-pación, México, Ocean Sur, 2009

filosofía de Kant, a una mirada más práctica que, ya en los ochen-ta, conllevará su giro hacia lecturas “más leninistas”.

Un caso poco común en la intelectualidad boliviana, García Linera nunca militó en la izquierda tradicional (históricamente representada por el Partido Obrero Revolucionario y el Partido Comunista de Bolivia), ni en las agrupaciones que heredaron una ideología cristiano-guevarista, como el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (mir), frente a las cuales mostró cierto desprecio. En efecto, sus lecturas de Marx, Lenin, Althusser o Gramsci le servirían de insumos en su polémica contra la “vieja izquierda”, y en su búsqueda de un marxismo adaptado a la realidad andi-na, previamente intentada por el comunista peruano José Carlos Mariátegui. Su regreso a Bolivia, en 1985, coincidió con el rotun-do fracaso del gobierno reformista de la Unidad Democrática Popular (udp) (conformada originalmente por el Movimiento Nacionalista Revolucionario de Izquierda, el Partido Comunis-ta y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria), agobiado por la hiperinflación y las presiones cruzadas de la entonces podero-sa Central Obrera Boliviana (cob) y los sectores empresariales conservadores.

Con el abandono anticipado del poder por la udp, la izquierda desapareció del escenario electoral, a excepción del mir, que so-brevivió, con el costo de convertirse al neoliberalismo. Al tiempo, la hoja de ruta político-intelectual de García Linera se centraba cada vez más en el esfuerzo por articular “dos razones revolu-cionarias” en ese momento en disputa, marxismo e indianismo:⁶

⁶\ 琀l pacto militar-campesino, firmado en los años sesenta entre el movimiento campesino y el presidente militar René Barrientos, contribuyó a aislar a los mi-neros (masacrados por la dictadura) y generó un largo periodo de desconfianza obrera hacia los campesinos, lo cual fue agravado por la supuesta “traición” de los campesinos al guerrillero argentino-cubano Ernesto “Che” Guevara. Estos estigmas fueron revertidos parcialmente con el crecimiento del katarismo y la nueva alianza obrero-campesina, a partir de finales de los años setenta. Desde 2003, son los campesinos quienes se consideran la “vanguardia” del proceso de cambio liderado por Evo Morales.

Ahí comienza una obsesión, que mantuve durante diez años, de rastrear aquello que había dicho Marx sobre el tema [étnico]. Co-menzamos entonces a escudriñar los cuadernos, los textos de Marx sobre los “pueblos sin historia” del año ‘48 y los trabajos de Engels, pero también empezamos a revisar la lectura de los Grundrisse, así como también los textos sobre la India, sobre China, luego las car-tas a Vera Zasúlich,⁷ y luego los manuscritos etnológicos, y también los otros manuscritos, inéditos, que están en Ámsterdam. Viajamos hasta allá a buscar un conjunto de cuadernos que ahí existen sobre América Latina; hay unos ocho o diez cuadernos de Marx sobre América Latina. Comienza una obsesión, con distintas variantes, a fin de encontrar el hilo conductor sobre esa temática indígena des-de el marxismo, y creyendo que era posible que el marxismo pu-diera dar cuenta de la fuerza de tal dimensión, del contenido y del potencial de la demanda étnico-nacional de los pueblos indígenas. Ello implicaba múltiples peleas, en textos menos académicos y más polémicos, con la izquierda boliviana, para la cual no había indios sino obreros, campesinos o clase media. Se trataba de una polémica marginal, porque éramos un grupo de personas que no influíamos en ninguna parte, nos dedicábamos a repartir nuestros panfletos, nuestros textitos, nuestros policopiados de cincuenta páginas, en las marchas, en las minas. Pero ahí se inicia una polémica […]⁸

Entre las polémicas, se encuentra el breve texto “América”, donde García Linera polemiza con José María Aricó en relación con el acercamiento de Marx sobre América Latina, en gran me-dida expresado en su discutido texto sobre Simón Bolívar, pu-blicado en The New American Encyclopedia.⁹

Todo ello se producía en un contexto de contrarreformas neo-liberales, que condujeron a la derrota de la Marcha por la Vida de

⁷\ Proveniente del populismo (narodniki) adhiere posteriormente al marxismo y es parte del Grupo de Emancipación del Trabajo fundado por Georgi Plejánov.

⁸\ Pablo Stefanoni, Franklin Ramírez y Maristella Svampa, Las vías de la emanci-pación, op. cit.

⁹\ “Bolívar y Ponte”, en Cuadernos de Pasado y Presente, No. 30, 1972.

los mineros que, ante el cerco militar organizado por Víctor Paz Estenssoro y el derrumbe internacional de los precios del estaño, produce un repliegue y posterior desbandada, de la cual el mo-vimiento obrero boliviano y la cob no han logrado recuperarse hasta nuestros días, cuando Bolivia vive una nueva “primavera popular”, liderada por campesinos e indígenas, e iniciada con la “guerra del gas” de septiembre y octubre de 2003. Pero la crisis obrera era la expresión de un fenómeno de mayor magnitud: el fin del capitalismo de Estado impulsado por la Revolución Na-cional de 1952, cuya extremaunción en 1985-1986 quedó para-dójicamente a cargo del propio caudillo de ese levantamiento de obreros, campesinos y policías, que nacionalizó las minas, decretó la reforma agraria e impuso el voto universal: el doctor Paz, co-mo era llamado popularmente, transformado en un convencido impulsor de las “reformas estructurales” promovidas por el Con-senso de Washington.

En ese contexto de retroceso obrero, junto con sus teoriza-ciones plasmadas en libros como Las condiciones de la revolución social en Bolivia (basado en su lectura de Lenin) y De demonios escondidos y momentos de revolución.¹⁰ Marx y la revolución en las extremidades del cuerpo capitalista, se produce un acercamiento de García Linera a campesinos ex kataristas, cuyo líder era Felipe Quispe Huanca, y a grupos mineros de base. Todos ellos aposta-ban a una repolitización —y “reinvención”— del mundo popular, mediante la activación de una identidad étnica a menudo oculta detrás de la identidad obrera o campesina, fortalecidas tanto por la izquierda marxista como por el nacionalismo revolucionario, que concebía la bolivianidad como sinónimo de mestizaje. Esta constelación de intelectuales (que incluía a su hermano Raúl Gar-cía Linera y a su esposa e intelectual mexicana Raquel Gutiérrez), campesinos y (ex) obreros da lugar a la experiencia de la Ofensiva Roja de los Ayllus Tupakataristas y a su brazo armado, el ejército

¹⁰\ Álvaro García Linera, De demonios escondidos y momentos de revolución. Marx y la revolución social en las extremidades del cuerpo capitalista La Paz, Ofensiva Roja, 1991.

Guerrillero Tupac Katari (egtk), cuyos “marcos interpretati-vos” de la realidad boliviana —a diferencia del foquismo clásico de matriz guevarista— ponían énfasis en la organización de una gran sublevación indígena, mediante la organización militar y el armamento de las comunidades.¹¹

Pese a su temprano fracaso militar, la actividad del egtk se asentó en un imaginario —como lo indican los nombres de la or-ganización— asociado a la memoria histórica de la rebelión del caudillo aimara Tupac Katari en el siglo XVII, ahogada en sangre por las tropas coloniales españolas,¹² y esta “guerrilla aimara” mostró cierto éxito en la formación de cuadros indígenas. Inclu-so algunos campesinos del norte del lago Titicaca establecieron vínculos con el grupo guerrillero peruano Sendero Luminoso (en sus escuelas de cuadros), pero regresaban decepcionados por la invisibilización de lo indio por parte de ese grupo mesiánico de ideología maoísta pasada por el tamiz de las tesis —por momentos delirantes— del “Presidente Gonzalo”, tal como su líder, Abimael Guzmán, era llamado por los militantes senderistas.

Programáticamente, la Ofensiva Roja defendía el derecho a la autodeterminación —e incluso a su separación del “Estado burgués boliviano”— de las “naciones” aimara y quechua.¹³ No obstante los esfuerzos por articular marxismo e indianismo, tal como lo muestran los propios panfletos del grupo armado, el én-fasis en las posiciones indianistas, con los q’aras¹⁴ como enemigos, o marxistas, que destacan en su análisis la dimensión de clase, era variable en virtud de los autores de cada pronunciamiento. Mien-tras en algunas declaraciones del grupo se hablaba de los partidos de izquierda como portadores de ideologías foráneas “trasplan-

¹¹\ Véase Jaime Iturri Salmón, egtk: la guerrilla aimara en Bolivia, La Paz, Vaca Sagrada, 1992.

¹²\ Véase Sinclair Thomson, Cuando sólo reinasen los indios. La política aimara en la era de la insurgencia, La Paz, Muela del Diablo, 2006.

¹³\ Jaime Iturri Salmón, egtk: la guerrilla aimara en Bolivia, op. cit.

¹⁴\ Término que significa literalmente “desnudo”, y que los indígenas utilizan para referirse a los blanco-mestizos (blancoides) (N. del A.).

tadas de Europa”, Qhanachiri (seudónimo de García Linera)¹⁵ dedica centenares de páginas a hurgar en Marx, Engels o Lenin para encontrar respuestas al problema nacional o comunitario-campesino. De todos modos, la idea del “gobierno indio” aparece en unos y otros. A diferencia de la izquierda clásica, los “egetecos” —como se los llamaba popularmente— otorgan a los campesi-nos un papel revolucionario, y hasta comunista, e imaginan un socialismo basado en el ayllu (estructura comunitaria aimara).¹⁶ Es notable que García Linera mantuviera hasta la actualidad esta idea de luchar para que un indígena llegara a la presidencia de la república, incluso cuando había abandonado su posición so-cialista (al menos en términos ortodoxos, es decir, de cambio del capitalismo por una economía estatizada y plantificada).

Luego de algunos atentados dinamiteros contra torres de al-ta tensión o poliductos, todos los integrantes de la dirección del egtk fueron detenidos. García Linera fue aprehendido el 10 de abril de 1992, en la tranca de Senkata, en la ciudad de El Alto, colindante con La Paz, y posteriormente denunció haber sido torturado por la policía. No obstante, pasada la peor parte de los interrogatorios, comenzó una etapa intelectualmente producti-va, con lecturas de antropología andina, etnohistoria y economía agraria. Sobre la base de El capital de Marx y los textos de los cronistas coloniales, emprende un esfuerzo teórico que se mate-

¹⁵\ “Aquél que clarifica las cosas”, en aimara (N. del A.).

¹⁶\ Dice Felipe Quispe: “A nuestros opresores de siempre les tocará obedecer nues-tras leyes naturales [pero] nuestras leyes naturales y comunitarias no serán para esclavizar ni discriminar a los q’aras blancos extracontinentales, a los mestizos europeizados, etc., sino que nosotros pondremos la ‘ley comunitaria’, de igualdad de derechos para todos los que viven y trabajan con honradez en nuestra patria Qullasuyu (Bolivia). Los aimaras no estamos enfermos con un crudo ‘racismo indio’, no planteamos la lucha de razas de ninguna manera, entiéndanlo bien: aquí nadie está labrando un movimiento racial, nuestros planteamientos no tie-nen nada de irracional y mucho menos tienen ‘rasgos medulares del pensamiento fascista’ europeo, como algunos intrusos doctorcillos esgrimen para tratar de desprestigiar, ensuciar y tergiversar el verdadero ‘Tupakatarismo-Comunitario’ que llama a la lucha de las Naciones Originarias al lado de las banderas de la lucha de clases”. Citado en Pablo Stefanoni, Franklin Ramírez y Maristella Svampa,

Las vías de la emancipación, op. cit.

rializará en el libro Forma valor y forma comunidad, que trabaja el tema del valor de uso, el valor de cambio y las lógicas organizati-vas de la modernidad, para hacer un contrapunto con las lógicas organizativas del mundo andino. De tal reflexión deriva la lógica de la “forma valor como la lógica de la modernidad capitalista”, y “la forma comunidad no como movimiento social, sino como lógica organizativa del mundo andino”. Más de una década des-pués, el autor recuerda:

Como tenía mucho tiempo disponible pude aplicar cierta forma de reflexión antropológica, matemática, y estudiar ciertos espacios sociales. Fueron cinco años de encierro. Creo que es mi libro me-jor logrado por el tiempo que pude dedicarle, por la paciencia que tuvimos en armar las transcripciones, las palabras.¹⁷

Inmediatamente después de su salida de la cárcel, se involucró en el mundo académico, en la Facultad de Sociología de la Uni-versidad Mayor San Andrés. Sus debates sobre el mundo obrero con la izquierda obrerista y con quienes traían a Bolivia las tesis sobre el fin de la clase obrera se tradujeron en dos investigaciones académicas, que se plasmaron en dos libros: Reproletarización, sobre el mundo fabril y sus cambios organizativos y tecnológi-cos, y La condición obrera, sobre esos mismos cambios en torno a la “nueva minería”. Se trata de analizar al nuevo proletariado de microempresas, de empresas fragmentadas, desconcentradas, conformado por mujeres y hombres muy jóvenes, sin derechos, no tomados en cuenta por una entidad sindical matriz, atada a la idea de que los mineros seguían siendo la vanguardia del pueblo boliviano. En sus propias palabras:

Las conclusiones generales son que los obreros no han desapare-cido, incluso aumentaron, pero ha habido una modificación de la estructura material de la condición obrera, de la identidad obrera

¹⁷\ Franklin Ramírez Gallegos y Pablo Stefanoni, “La montée au pouvoir des mouve-ments sociaux en Bolivia”, op. cit.

y de la composición política y cultural de la clase obrera [bolivia-na]; de allí se deriva una explicación de por qué la cob se extingue como movimiento social unificador del país.¹⁸

De todos modos, los años noventa no eran un buen momento para la intelectualidad crítica, ya que la mayoría de los intelectua-les de izquierda fueron cooptados por el “neoliberalismo multi-culturalista” de Gonzalo Sánchez de Lozada,¹⁹ y la recepción de estas obras fue escasa.

En realidad, el salto a la palestra pública de García Linera y otros intelectuales agrupados en torno al grupo Comuna,²⁰ se dio de la mano de la “guerra del agua” de 2000, cuando los habitantes de Cochabamba se levantaron contra el aumento de las tarifas por parte de la empresa Aguas del Tunari (Bechtel), con una vio-lenta pueblada que acabó con la expulsión de la empresa trasna-cional. Pero, aún más importante que eso, la inesperada “guerra del agua” marcó un punto de inflexión, acabando con década y media de derrotas populares y con la ilusión —promovida por los intelectuales neoliberales— del fin de la política de las calles y del triunfo de la democracia representativa (liberal) como el úni-co espacio de la acción política. Poco a poco, un nuevo sentido común nacional-popular, y la revalorización de la acción directa como forma de lucha, recuperaron parte de la legitimidad per-dida. Poco después, los aimaras del altiplano paceño, liderados por Felipe Quispe, bloquearon masivamente La Paz, impidiendo

¹⁸\ Pablo Stefanoni, Franklin Ramírez y Maristella Svampa, Las vías de la emanci-pación, op. cit.

¹⁹\ Bajo el gobierno de Sánchez de Lozada y del vicepresidente Víctor Hugo Cárde-nas —primer aimara en llegar a esa posición— se reconoció constitucionalmente el carácter multicultural y pluricultural de Bolivia.

²⁰\ Grupo político-intelectual conformado por Raquel Gutiérrez, Álvaro García Linera, Luis Tapia, Raúl Prada y Oscar Vega. Sus libros incorporaron elementos teóricos de las “nuevas izquierdas”, de la sociología de los movimientos sociales y de la filosofía crítica para dar cuenta de las nuevas luchas indígenas-populares posteriores al derrumbe de la Central Obrera Boliviana como núcleo hegemó-nico del mundo subalterno boliviano.

incluso el ingreso de alimentos.²¹ En un contexto de nuevas for-mas de lucha, pero sobre todo, de nuevos actores (en su mayoría campesinos e indígenas) poco comprendidos en las ciudades, se fue consolidando el papel de García Linera como sociólogo-intérprete, lo que se reflejó en su presencia cada vez mayor en los medios de comunicación, bajo la figura de moda del “analista”; en efecto, su creciente prestigio intelectual fue haciendo olvidar a la opinión pública su pasado guerrillero.

Si bien hablaba desde el compromiso con los movimientos sociales —un término que fue ganando espacio frente a la ter-minología clasista de antaño—, sus formas y posiciones políticas aparecían moderadas por sofisticados análisis, capaces de “tradu-cir” a las clases medias urbanas la “racionalidad” (cosmovisión, dirían los indianistas) de la Bolivia profunda y tradicionalmente despreciada, completamente opaca para los intelectuales hege-mónicos. En esa época, además del italiano Antonio Negri (cuyos textos utilizó en sus estudios sobre la “composición política de la clase” en sus trabajos sobre el mundo obrero), García Linera hace un “giro sociológico” hacia las teorías de los movimientos sociales, e incorpora la sociología histórica de Charles Tilly y la visión más racionalista de la movilización de recursos, tomando distancia de teóricos como Alain Touraine.

Fue en este momento que surgió el artículo sobre la “forma sindicato”, la “forma comunidad” y —como elemento novedo-so— la “forma multitud”, uno de sus textos más innovadores para entender las transformaciones en las formas de agregación política y social, producto de las reformas neoliberales desde mediados de los años ochenta. Este artículo marca su momentuum autono-mista, con cierta influencia del Negri de la “multitud”, además de su referente más permanente, el francés Pierre Bourdieu, y el boliviano René Zavaleta.²² No obstante, García Linera aclara que

²¹\ La Paz se encuentra en una especie de pozo (hollada), lo que facilita los bloqueos y cercos.

²²\ Sociólogo nacionalista que posteriormente evolucionó hacia el marxismo. Desa-rrolló un profundo análisis político-sociológico de Bolivia como una “sociedad abigarrada”.

utiliza el concepto “multitud” en un sentido diferente al de Negri, quien lo puso de moda, y que se refiere a una “asociación de aso-ciaciones de varias clases e identidades sociales sin una hegemo-nía única en su interior”. Allí, según el vicepresidente boliviano,

[…] pueden sumarse campesinos, regantes, estudiantes, obreros sindicalizados, desocupados, intelectuales, individuos sueltos, y la hegemonía se mueve alrededor de temas, de circunstancias, movi-lizaciones temáticas, autonomía de cada organización en función de sus repertorios, estructuras y sus maneras de cumplimiento; subsiste, sin embargo, una voluntad de acción conjunta en torno a un tema y a liderazgos móviles y temporales.²³

El Movimiento al Socialismo (mas) fue resultado de esta agre-gación de sindicatos campesinos de diverso tipo, herederos de una cultura sindicalista del mundo plebeyo, que históricamente suele hacer política desde el sindicato. En este marco, en 1995 se aprobó la “tesis del instrumento político”, que instruía la con-formación de un “partido” que permitiera a estas organizaciones populares dar un salto a la arena electoral sin necesidad de alian-zas con los partidos legales de entonces (incluyendo los pequeños grupos de izquierda con los cuales los campesinos, sobre todo los cocaleros —núcleo duro del mas— debían aliarse a falta de personería electoral propia).²⁴

De manera sorprendente, el ciclo de movilizaciones iniciado en 2000 tuvo su expresión electoral en 2002: el dirigente cocalero Evo Morales, quien se había embarcado en violentas confronta-ciones con el Estado en defensa del cultivo de la hoja de coca, obtuvo el segundo lugar en las elecciones presidenciales de ese año, a menos de dos puntos de Gonzalo Sánchez de Lozada, que cosechó algo más del 22% de los votos. Pero poco más de un año después, el mandatario —que hablaba castellano con acento es-

²³\ Pablo Stefanoni, Franklin Ramírez y Maristella Svampa, Las vías de la emanci-pación, op. cit.

²⁴\ Véase Pablo Stefanoni y Herve Do Alto, La revolución de Evo Morales, op cit.

tadounidense— fue derribado por una masiva insurrección po-pular, conocida como la “guerra del gas”, que comenzó atacando los planes gubernamentales de exportar gas a México y Estados Unidos por puertos chilenos (país que en la Guerra del Pacífico de 1879 se apoderó de la salida de Bolivia al océano Pacífico), pero que acabó construyendo un nuevo sentido común antineo-liberal y anticolonial.

García Linera comenzó a dividir su tiempo entre la universi-dad, los medios de comunicación —donde empezó a trabajar de forma sistemática, incluso como analista en un popular noticie-ro— y el asesoramiento a los sindicatos campesinos. Ese perfil de intelectual con vínculos con los movimientos sociales (incluso los aimaras más radicales lo respetan por haber estado preso por indianista) atrajo a Evo Morales, a quien comenzó a asesorar de manera más o menos formal. Más tarde, en 2005, en medio de una nueva “guerra del gas”, esta vez en demanda de la naciona-lización de los hidrocarburos, que provocó la caída del gobierno de Carlos Mesa y abrió paso a elecciones anticipadas, su batalla cotidiana “por el sentido común”, como a García Linera le gus-ta definir retrospectivamente su actividad, lo proyectó como el complemento ideal del líder cocalero en su objetivo de atraer a las clases medias urbanas, temerosas del devenir del país en manos de un indígena formado en la escuela del sindicalismo agrario.²⁵

Y el clima nacionalista que vivía el país, junto al fuerte des-prestigio de la derecha —representada electoralmente por el ex presidente Jorge “Tuto” Quiroga— allanó el camino al triunfo electoral del binomio Morales-García Linera el 18 de diciembre de 2005, con un inédito 53,7% de los votos (el mayor porcentaje obtenido por una fórmula presidencial desde la restauración de la democracia en 1982), e inauguró la fase del “sociólogo-vice-presidente”. Continuaba, así, una tradición boliviana —y latinoa-mericana— de intelectuales que pasaron, con éxito desigual, de

²⁵\ 琀n su concepción de un “gobierno de poncho y corbata”, él estaba obligado a usar ese símbolo de la sociedad urbana-moderna, e incluso de la aculturación de los indígenas.

las “armas de la crítica” a la “crítica de las armas” para transfor-mar una realidad, que en el caso boliviano fue moldeada por la incapacidad de sus elites para construir una nación incluyente y un proyecto de país compartido. Al mismo tiempo, su candida-tura vicepresidencial implicó una ruptura definitiva con Felipe Quispe, quien siempre estuvo enfrentado con Morales por una pelea de liderazgos por el control de los sindicatos campesinos, y perdió con el líder cocalero la competencia por ser el “primer presidente indígena de Bolivia”.

Poco tiempo después de ocupar una oficina en el Palacio Que-mado, García Linera sostuvo:

La reflexividad sociológica es decisiva porque si no uno se pierde en el bosque. Es muy fácil perderse y comenzar a actuar intuitiva-mente, rodeado de infinidad de pequeños arbolitos. Creo que bue-na parte del funcionamiento de la administración pública es así, de ahí el esfuerzo por mirar el bosque en su conjunto, pero ésta no es una tarea fácil. Mientras que el académico puede ver en un proce-so relativamente largo la comprensión de la palabra y el saber en sentido colectivo (la conversión mediada del verbo en ideología), en el gobierno vemos la conversión de la palabra en materia po-lítica, en hecho práctico institucional (la conversión del verbo en materia mediante la maquinaria burocrática). Pero es muy bonito lograr esta combinación: un nivel de especificidad inaccesible para el investigador externo y un nivel de generalidad y mirada global imprescindible para orientarte en términos más sistémicos. Hacia allí se dirige mi esfuerzo.²⁶

No obstante, este aterrizaje en la cúpula del poder pondría a prueba las teorías previas de García Linera: ya no se trataba solamente de analizar lo que ocurre, sino de interactuar con un universo popular que, como ya advirtió Antonio Gramsci, con-tiene tendencias disruptivas, pero también conservadoras, fren-

²⁶\ Pablo Stefanoni, “El surgimiento de un neopatriotismo indígena”, entrevista a Álvaro García Linera, en El Viejo Topo, No. 225, 2006.

te al orden vigente. Y esto es especialmente válido para el caso de Bolivia, donde esas tendencias conservadoras —muy visibles en el plano cultural y moral— se combinan con fuertes fidelida-des corporativas, desde las cuales los sectores populares leen el mundo, hacen política y se movilizan en defensa de sus intereses. Además, cuestiones más prosaicas, como el patrimonialismo, los constantes repliegues particularistas y la falta de cuadros político-administrativos, aparecieron como los límites de la original, pero no menos incierta, “revolución democrática cultural”, como des-de el gobierno definieron el nuevo rumbo iniciado por Bolivia en enero de 2006.

Para algunos concluía así una progresiva moderación de las posiciones políticas e ideológicas del ex matemático; para otros, esa moderación es sólo un maquillaje que encubre una radicali-dad nunca abandonada, y para sostener esta perspectiva se basan en declaraciones de García Linera, como las que pronunció en Omasuyos el 20 de septiembre de 2006, cuando dijo, en un dis-curso de barricada, que en esta combativa región aimara cercana al Lago Titicaca “aprendimos a amar y a matar en defensa de la patria y de los recursos naturales”, y recordó sus andanzas con un “fusil bajo el poncho” en sus épocas de guerrillero del egtk.²⁷

No obstante, pese a pasajeras expresiones de radicalidad, el actual vicepresidente defendió en el plano político e intelectual una salida pactada a la crisis entre el bloque indígeno-plebeyo emergente del occidente del país y el bloque oligárquico-empre-sarial hegemónico, en los departamentos del oriente boliviano. Frente a la discusión —bastante opaca— sobre el denominado socialismo del siglo XXI, promovida por el presidente venezolano Hugo Chávez, García Linera sostuvo que en Bolivia sólo puede aspirarse a la consolidación de un capitalismo andino-amazóni-co, como potencialidad y límite de un escenario postneoliberal.

²⁷\ Los Tiempos (Cochabamba), “García Linera llama a defensa armada de la nacio-nalización”, 21 de septiembre de 2006, disponible en http://www.lostiempos. com/noticias/21-09-06/nacional.php.

Sin embargo, más que una “teoría”, el capitalismo andino con-siste en algunas propuestas vinculadas a una articulación entre las formas modernas (capitalistas) y tradicionales de la economía (comunitario-microempresariales), con el Estado como artífice de la potenciación de estas últimas mediante la transferencia de tecnología y recursos. De esta forma, no se aspiraría a modernizar de manera homogeneizante el país (como ocurría en el antiguo desarrollismo latinoamericano), sino a imaginar una “moderni-zación pluralista” que reconozca el abigarramiento boliviano. No obstante, el centro de la política “postneoliberal” pasa en la prác-tica por una recuperación parcial del desarrollismo de los años cincuenta, que en lo económico se basa en la recuperación del control estatal de los hidrocarburos (mediante la nacionalización del 1 de mayo de 2006), que obligó a las empresas transnacionales a firmar nuevos contratos con la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (ypfb) y a pagar mayores impuestos.

Quizás la evolución político-ideológica más significativa de García Linera es su pasaje —con escasas mediaciones— de sus posiciones “autonomistas” a una defensa casi hegeliana del Es-tado, como síntesis de la “voluntad general”. Pero dejemos al propio vicepresidente explicar esta evolución:

En las movilizaciones [desde 2000] había anidado un enorme potencial comunitario, un enorme potencial universalista, un enorme potencial autonómico. Mis momentos de mayor lectura autonomista, autogestionaria y de posibilidad comunista son los momentos anteriores a la movilización social. En los momentos en que comienzan a desplegarse las movilizaciones vemos sus enormes potenciales pero también tenemos muy claras las limi-taciones que van aflorando. Recuerdo que, desde 2002, vamos teniendo una lectura mucho más clara y hablamos del carácter de la revolución, como democrática y descolonizadora. Y dijimos: no vemos aún comunismo. Por doctrina, la posibilidad del comu-nismo la vimos en un fuerte movimiento obrero autoorganizado,

que hoy no existe, y que, en todo caso, podrá volver a emerger en veinte o treinta años.²⁸

Y agrega:

En los años noventa se produjo una reconfiguración total de la condición obrera que desorganizó todo lo anterior y dejó micro núcleos dispersos y fragmentados de identidad y de capacidad au-toorganizativa. En el mundo campesino indígena vimos la enorme vitalidad en términos de transformación política, de conquistas de igualdad, pero la enorme limitación y la ausencia de posibilidades de formas comunitaristas de gestión y producción de la riqueza. Eso lo comenzamos a observar con el tema del agua en Cochabamba en 2000 y, más tarde, en 2003, con las dificultades para el abasteci-miento de garrafas en El Alto.²⁹

Y añade:

Entonces, ¿cómo interpretar todo esto? El horizonte general de la época es comunista. Y ese comunismo se tendrá que construir a par-tir de capacidades autoorganizativas de la sociedad, de procesos de generación y distribución de riqueza comunitaria, autogestionaria. Pero en este momento está claro que no es un horizonte inmediato, el cual se centra en conquista de igualdad, redistribución de rique-za, ampliación de derechos. La igualdad es fundamental porque quiebra una cadena de cinco siglos de desigualdad estructural, ése es el objetivo de la época, hasta donde puede llegar la fuerza social, no porque lo prescribamos así sino porque lo vemos. Más bien, entramos a ver al movimiento con ojos expectantes y deseosos del horizonte comunista. Pero fuimos serios y objetivos, en el sentido

²⁸\ Maristella Svampa y Pablo Stefanoni, “Evo simboliza el quiebre de un imaginario restringido a la subalternidad de los indígenas”, entrevista con Álvaro García Linera, en Observatorio Social de América Latina, No. 22, 2007.

²⁹\ Ibíd. Eso fue todavía más claro en la segunda “guerra del gas”, en junio de 2005, cuando las organizaciones sociales fueron incapaces de resolver el abastecimien-to de garrafas y otros productos básicos a la población movilizada, de modo tal que los bloqueos terminaron debilitando a los propios alteños.

social del término, al señalar los límites del movimiento. Y ahí vino la pelea con varios de los compañeros acerca de qué cosa era posible hacer. Cuando entro al gobierno lo que hago es validar y comenzar a operar estatalmente en función de esa lectura del momento actual. Entonces, ¿dónde queda el comunismo?, ¿qué puede hacerse desde el Estado en función de ese horizonte comunista? Apoyar lo más que se pueda el despliegue de las capacidades organizativas autó-nomas de la sociedad. Hasta ahí llega la posibilidad de lo que puede hacer un Estado de izquierda, un Estado revolucionario. Ampliar la base obrera y la autonomía del mundo obrero, potenciar formas de economía comunitaria allá donde haya redes, articulaciones y proyectos más comunitaristas. Sin controlarlos. No hay un proce-so de cooptación ni de generación desde arriba de comunitarismo. Eso no lo vamos a hacer nunca.³⁰

La selección de textos que presentamos en este volumen pone en evidencia la evolución teórica y política de un intelectual cuyas “agendas de investigación” fueron dictadas, en una primera ins-tancia, por las necesidades de la lucha política (como intelectual militante). Más tarde, y sin perder esta perspectiva, el trabajo de García Linera se inserta de manera más sostenida en el campo académico, con la autonomía y las reglas de juego que éste conlle-va (ya como académico comprometido), para finalmente, recalar en la política institucional, en una nueva y tensa articulación entre praxis política e intelectual.

Por eso este libro tiene varias claves de lectura. Por un lado, es una suerte de biografía intelectual del vicepresidente bolivia-no. Pero, y aún más importante, la selección de artículos ayuda a comprender las mutaciones sociopolíticas (analizadas desde re-gistros teóricos y sociológicos) y el devenir político de Bolivia en el siglo XXI, al tiempo que deja entrever los debates ideológicos que atraviesan la rica historia política nacional. La historia de un país que, parafraseando a James Dunkerley, lleva la rebelión en las venas.

³⁰\ Ibíd.

ANTOLOGÍA DE

ÁLVARO GARCÍA LINERA

I. Marxismo y mundo agrario

INTRODUCCIÓN AL

CUADERNO KOVALEVSKY ¹

En septiembre de 1879, Maksim Kovalevsky, un historiador ru-so, le regaló a Marx su libro titulado Obshchinnoe Zemlevladenie (Posesión comunal de la tierra). Marx, que por esos años venía estudiando materiales sobre la existencia de las comunidades campesinas en particular y, en general, materiales sobre las rela-ciones agrarias, para la redacción del volumen III de El capital, no tardó mucho tiempo en incluir en sus lecturas esta obra de Kovalevsky. Como resultado de su lectura, Marx redactó, entre notas, comentarios y transcripciones, más de ochenta páginas de uno de los cuadernos que, después de su muerte, fueron a parar al Instituto Internacional de Historia Social de Holanda,² con la numeración B140.

Al igual que otros materiales valiosísimos de esos años, que contienen el enriquecimiento del pensamiento de Marx sobre las sociedades agrarias, el Cuaderno Kovalevsky hasta ahora no ha sido publicado en las obras completas de Marx y Engels en alemán y, menos aún, traducido al castellano. La primera pu-

¹\ Texto extraído de Álvaro García Linera, Introducción al Cuaderno Kovalevsky de Karl Marx, La Paz, Ofensiva Roja, 1989.

²\ Sobre el destino de las obras de Marx, véase Karl Marx, Cuadernos etnológicos (extractos escogidos), La Paz, Ofensiva Roja, 1968.

blicación parcial de estas notas de Marx se realizó en ruso, en revistas especializadas que solamente dieron a conocer algunos capítulos.³ Posteriormente, en 1975, el antropólogo Lawrence Krader publicó la mayor parte de este cuaderno en inglés, pero aun así esta publicación es incompleta, porque faltan las notas de Marx sobre los capítulos I y II del libro de Kovalevsky, que según Krader tampoco han sido publicadas, al menos hasta 1975, ni en alemán ni en ruso.

Kovalevsky y Marx

La obra de Kovalevsky está dividida en tres partes. La primera trata acerca de la propiedad en las culturas de caza y pesca en el nuevo mundo, y sobre las formas de control de la tierra de los españoles en las partes conquistadas de América. Lamentable-mente, esta parte, que quizás hubiera sido la de mayor interés para nosotros, no fue publicada por Krader.

La segunda trata de la cuestión de la tierra en la India durante la invasión inglesa y, anteriormente, durante la invasión de otros pueblos asiáticos. La tercera parte trata igualmente de las rela-ciones de propiedad de la tierra en Argelia bajo el dominio de los árabes y luego de los franceses.

De esta obra, Marx ha de tomar principalmente numerosos datos y referencias para comprender mejor la historia de esos pueblos, pero en particular ha de tomar nota favorablemente de una serie de argumentos desarrollados por Kovalevsky, que de algún modo enlazan con posiciones anteriormente sostenidas por Marx. Este es el caso de los argumentos desarrollados por Kovalevsky acerca de la existencia de la “propiedad” comunal de la tierra en los momentos iniciales del surgimiento de la orga-nización social de los hombres, y la asociación comunitaria del trabajo agrícola desde los momentos mismos en que los grupos

³\ La cronología de la historia de la India hecha por Marx fue publicada en ruso en 1947. Los capítulos III-IV fueron publicados en 1958, también en ruso. Y, finalmente, se publicaron los capítulos VIII y IX en 1959.

humanos comenzaron a establecerse permanentemente en zonas fijas. Asimismo, Kovalevsky también desarrolló y mostró clara-mente cómo las acciones de España, Francia e Inglaterra durante la invasión y la colonización de los pueblos americanos, indios y argelinos destruyeron, o al menos hicieron los esfuerzos al alcance de su visión histórica, para desarticular las relaciones comunales ancestrales sobre la tierra a escala social. Marx ya había anticipa-do estas ideas, en particular respecto a la India, desde 1853, en sus artículos periodísticos.

Si bien Marx coincidió con estas apreciaciones de Kovalev sky —y con otras como la posibilidad de la continuidad de la comunidad por caminos propios si no hubiera intervenido la co-lonización, etcétera—, en muchas otras partes somete a crítica las posiciones de Kovalevsky y desarrolla por cuenta propia, y en contraposición a él, sus ideas. Así, por ejemplo, Marx desarrolló —en discrepancia con Kovalevsky, que veía en la “conciencia” una de las causas de la división del clan— el estudio de las condi-ciones materiales objetivas que en realidad llevaron a tal división. Asimismo, Marx rechaza las apreciaciones de Kovalevsky sobre unas supuestas “tendencias” a la individualización de la propie-dad de la tierra comunal y señala, por su parte, el surgimiento de las tendencias a la disolución de la comunidad original, en térmi-nos de la autonomización de la autoridad frente a la comunidad, y a las diversas fuerzas de control de la posesión comunal sobre las tierras que van estableciendo e imponiendo.

En sus notas, Marx también continúa tratando, de una ma-nera novedosa y sumamente enriquecedora, el problema de la distinción entre posesión y propiedad de la tierra. Ya entre 1857 y 1858⁴ intentó precisar, en sucesivas definiciones, el significado de “propiedad” comunal y estatal, y de posesión individual en sociedades agrarias donde supuestamente no existe propiedad

⁴\ Karl Marx, “Formas que preceden a la producción capitalista” (1957-1958), en

Grundrisse: Elementos fundamentales para la crítica de la economía política, Méxi-co, Siglo XXI, 1982. Sobre el estudio detallado de este tema, véase Lawrence Krader, The Asiatic Mode of Production, Amsterdam, Van Gorcum, 1975, caps. III y IV.

privada de la tierra. En los Cuadernos Kovalevsky, esta distinción se hace más tajante, por cuanto Marx da cuenta de la imposibili-dad de aplicar el mismo concepto de “propiedad” usado en Eu-ropa, para estudiar sociedades en donde la tierra no puede ser alienada (vendida). Cambiando sistemáticamente los títulos de Kovalevsky en los que se habla de “propiedad” por “posesión”, Marx prefería hablar de la comunidad como “dueña” de las tie-rras, y de los individuos trabajadores como “poseedores” de ella. Por último, otra de las críticas más sustanciales e importantes de Marx a Kovalevsky será el rechazo continuo del primero al in-tento del segundo de aplicar la teoría del feudalismo europeo al desarrollo histórico de la India. Marx no sólo ironizará con el des-cubrimiento de supuestos “feudalismos” que Kovalevsky querrá ver tras la colonización inglesa y la invasión turca a la India, sino que también se opondrá a sus intentos de aplicar fácilmente los esquemas interpretativos válidos para Europa occidental a una sociedad totalmente distinta, y marcará la necesidad de enten-der, a partir de categorías “indias”, el desarrollo histórico de esa sociedad. Posteriormente trataremos un poco más este punto.

La importancia del Cuaderno Kovalevsky

Las notas de Marx a Kovalevsky, forjadas en el mismo ámbito de preocupaciones y enriquecimiento de su pensamiento de los Cuadernos etnológicos, presentan la misma importancia que ha-bíamos señalado para ellos.

En primer lugar, reafirman y desarrollan la concepción de Marx sobre el contenido “multilineal” de la historia que precede al capitalismo, o mejor, semejante a la de un espacio continuo y orientado, donde el devenir de los pueblos, iniciado en un punto común —la comunidad primordial—, ha avanzado por múltiples y distintos caminos hasta un momento en que el curso de uno de ellos, el desarrollo capitalista, comienza a subordinar al resto de cursos históricos a sus fines, disgregándolos, sometiéndolos e im-poniéndoles su propio devenir. Diversos cursos no capitalistas de la historia ahora son empujados y obligados a ser parte integrante

de un solo devenir histórico capitalista. Pero, mientras se man-tenga esta lucha contra la imposición capitalista, aún no realizada plenamente (existencia de trabajadores comunitarios del campo), y por las propias tendencias de su realización consumada (exis-tencia del proletariado), se abre la posibilidad de continuidad, en condiciones nuevas, de los cursos históricos comunitarios no capitalistas, pero ahora como integrantes impulsores de un nue-vo camino histórico: el comunismo, que representa, en parte, la continuidad de la antigua trayectoria no capitalista, pero también su superación, porque la nueva comunidad estará marcada por las guerras anticapitalistas que ayudaron a derrotar, tanto a las fuerzas capitalistas, como a las antiguas fuerzas internas que la empujaban a su disolución.

Marx, en sus notas, al rechazar frontalmente los intentos de caracterización feudal de la historia socioeconómica de India y Argelia, explícitamente está rechazando, a la vez, no sólo la con-cepción evolucionista de Kovalevsky —heredada de Sir Henry Maine—, sino también todo tipo de visión mecánica y lineal de la Historia, según la cual todos los pueblos del mundo tendrían que recorrer caminos similares a los de Europa. Marx, al no aceptar esta concepción, al burlarse de ella y rechazar el uso de categorías propias del conocimiento de Europa, pero erróneas para el enten-dimiento de otras sociedades cuyo curso histórico es distinto, nos está indicando la imposibilidad del pensamiento revolucionario de encajar o rellenar a la fuerza la realidad en esquemas abstractos. Y nos muestra, en cambio, que todo conocimiento científico de la realidad debe hacer emerger del estudio de sus propias condi-ciones reales, las posibilidades de similitud con otras realidades o sus diferencias.

Esta concepción marxista de la diversidad del desarrollo his-tórico de los pueblos del mundo, y su oposición a trazar caminos progresivos y obligados de historia, ciertamente es ya una con-tinuación de sus ideas expresadas en la redacción de El capital sobre las sociedades agrarias antiguas y, en particular, de los ra-zonamientos desarrollados en los Grundrisse sobre las diversas sociedades que se desarrollaron sobre la base de la comunidad

originaria, como la formación económica social eslava, germánica, asiática, etcétera. En conjunto vemos, pues, en Marx, una concep-ción del desarrollo histórico que difiere antagónicamente de los esquemas linealistas —y en ocasiones con rasgos racistas— con los cuales representantes de la Segunda Internacional caracteriza-ron el desarrollo histórico,⁵ y que luego fueron continuados por Stalin en su famoso texto “Materialismo dialéctico, materialismo histórico” y por todos los manuales de “divulgación” marxista, según los cuales la historia conoce cinco modos de producción progresivos que todos los pueblos habrían tenido que atravesar invariablemente: comunidad primitiva, esclavismo, feudalismo, capitalismo y socialismo.⁶

⁵\ “Los países modernos ya no podrán arreglárselas sin regiones que proporcionen ciertas materias primas y productos tropicales indispensables para la industria y las necesidades de la humanidad […]. Por lo tanto, hasta la sociedad socialista del futuro deberá elaborar su política colonial, reglamentando las relaciones de los países que han alcanzado en la escala de la evolución económica un grado superior al de las razas atrasadas […]. ¿Podemos abandonar la mitad del globo al arbitrio de pueblos que aún no han superado el período de la infancia? […]. La hipótesis de Karl Marx de que ciertos países podrán, al menos parcialmente, obviar el período capitalista en su evolución económica no se ha realizado. Los pueblos primitivos sólo accederán a la civilización pasando por ese calvario. Por lo tanto, nuestro deber consiste en no obstaculizar el desarrollo del capitalismo […]. Nosotros, socialistas libres de todo prejuicio de razas y colores, guarda-mos en nuestro corazón una esperanza ilimitada en el futuro de las razas llama-das inferiores”. Henri Van Kol, Congreso Socialista, 14-20 de agosto de 1904, Ámsterdam, Holanda, citado en Stuart Schram y Hélène Carrère, El marxismo y Asia, Buenos Aires, Siglo XXI, 1965.

⁶\ Joseph Stalin, “Sobre el materialismo dialéctico y el materialismo histórico”, en Cuestiones del leninismo, Pekín, Ediciones en Lenguas Extranjeras, 1977, pp. 849-890. La sucesión progresiva de estos cuatro primeros modos de produc-ción, aun para el caso de Europa, en el que Engels y Kautsky se basaron para generalizarlos, es relativa. En el estudio que Karl Kautsky hizo con los últimos datos históricos después de la muerte de Marx y de Engels —Karl Kautsky, La cuestión agraria (1898), México, Era, 1963—, sobre el campo alemán entre el siglo XV y XVIII, el autor no puede ocultar la existencia, en medio de relacio-nes feudales, de formas comunitarias de trabajo (la marka, que no desapareció totalmente, como se creía después de las invasiones germánicas al Imperio Ro-mano), sino que permanecieron en algunos casos hasta finales del siglo XVIII, configurando en estos casos una relación de subordinación de la comunidad a los llamados señores feudales, muy parecida a la estudiada por Marx en la India y a la cual, como luego veremos, se opuso a denominar como relación feudal

Diametralmente opuesto a estos esquematismos reacciona-rios, el pensamiento revolucionario de Marx avanzó, en cambio, en la comprensión de que la historia social había continuado a partir de un punto común inicial, la comunidad primordial, por múltiples vías de desarrollo, distintas de un pueblo a otro o de un continente a otro. Así, en su concepción, ya en los Grundrisse de 1857, Marx señala cuatro caminos distintos de transformación y desarrollo de la antigua comunidad original: la comunidad eslava; la comunidad germánica; la comunidad asiática o peruana, que luego dio lugar al modo de producción asiático; y la comunidad antigua, de donde surgió la sociedad esclavista europea.⁷

Esta clasificación es inicial, ya que está dada en función del conocimiento restringido que para entonces tenía Marx sobre las sociedades no capitalistas;⁸ y es parcial porque, por ejemplo, está ausente el tipo de sociedad que siguió a la comunidad primordial y antecedió al feudalismo en Japón;⁹ o el carácter de las simili-

de producción. Marx vio una relación similar en la historia económica de los pueblos eslavos (Bulgaria, Rumania, Hungría, Eslovaquia, parte de Yugoslavia, etc.) y también en los pueblos de las alturas alpinas de Suiza, entre otros. Resul-ta entonces que no es exagerado afirmar que el mismo feudalismo, lejos de ser un modo de producción ampliamente difundido, en realidad constituyó una particularidad de la propia historia europea antes del capitalismo.

⁷\ Karl Marx, Grundrisse, op. cit.

⁸\ Como establece Eric Hobsbawm (“Introducción”, en Eric Hobsbawm y Karl Marx, Formaciones económicas precapitalistas, México, Siglo XXI, 2002, p. 20), en la época de Marx la antropología moderna estaba en su infancia, y Lewis Hen-ry Morgan aún no había publicado su obra fundamental, La sociedad primitiva (Madrid/Bogotá, Ayuso y Pluma), que enriqueció mucho el pensamiento de Marx. Con todo, en los años cincuenta del siglo XIX, entre las lecturas de Marx sobre el tema, además de los economistas clásicos y de Filosofía de la historia de Hegel, está también William Prescott, quien escribió sobre la historia de la conquista del Perú y de México; así como Felix Wakefield, Herman Merivale, William Howitt, y otros autores que estudiaron la historia de la colonización. Estas lecturas y sus comentarios están en el “Cuaderno XIV”, en el Instituto Internacional de Historia Social de Ámsterdam y aún no han sido publicados. Sobre esto, véase Enrique Dussel, La producción teórica de Marx (un comentario a los Grundrisse), México, Siglo XXI, 1985.

⁹\ Sobre el señalamiento de esta ausencia y otros puntos sobre la concepción mul-tilineal de Marx, véase Umberto Melotti, Marx y el Tercer Mundo, Buenos Aires, Amorrortu, 2002.

tudes y diferencias entre la comunidad asiática y la comunidad prevaleciente en las regiones andinas durante el imperio incaico. Aunque en los Grundrisse ambas se encuentran, denominadas como “Primera forma de propiedad de la tierra”, y algo similar aparece en el primer tomo de El capital;¹⁰ en el tercer tomo, re-dactado años después, la comunidad asiática es calificada como “forma artificial”,¹¹ por estar constituida, en parte, por disposi-ciones desde el poder central, cosa que no encontró Marx en la India, aunque sí un poco en la comunidad rural rusa. Por estas di-ferencias, y otras que seguramente encontró en las notas de Marx sobre Kovalevsky en relación con América Latina (no publicadas hasta ahora), es que Krader, al hacer un balance de la concepción sobre el desarrollo histórico, ve que para Marx la comunidad pre-colombina en América constituye una vía distinta del desarrollo del modo de producción asiático, diferente al de la India, China, Argelia, Rusia, Medio Oriente y otros países.

Lo importante de todo esto es la metodología usada por Marx al estudiar la historia de los pueblos bajo formas de producción no capitalistas comunitarias, que lejos de encajar la realidad en esquemas preestablecidos —como hacen los pseudomarxistas locales—, lo que hace es desentrañar de esa realidad su cono-cimiento y su caracterización. Y es en esa riqueza desde donde Marx va descifrando la multilinealidad y diversidad de desarrollos históricos diferentes de Europa, América, Asia y África, y ha de encontrar en ello las tendencias comunistas de esas sociedades antiguas que, junto con las tendencias comunistas dentro del ca-pitalismo, y precisamente por ellas, abren la posibilidad y la ne-cesidad de la Revolución Comunista en el mundo.

El marxismo y la comunidad andina

Para nosotros, la importancia de este pensamiento creativo de Marx es fundamental. Y no únicamente para reconocer nuestra

¹⁰\ Karl Marx, El capital. Tomo I, México, Siglo XXI, 1984, p. 107. ¹¹\ Karl Marx, El capital. Tomo III, op. cit., p. 1114.

realidad y nuestro pasado, sino, en primer lugar, para entender las fuerzas comunitarias que —junto a las que ha creado el capi-talismo para negarlo— empujan nuestra sociedad a la posibilidad del socialismo. En este intento de conocimiento no sólo empírico de datos de la realidad precolonial, colonial y republicana, sino también en el entendimiento global de las estructuras sociales de estas épocas, nada se le tiene que agradecer a los supuestos “marxistas” oficiales que han poblado nuestras tierras todos estos años. Lo poco hallado y entendido hasta ahora, en cuanto a datos empíricos sobre la comunidad agrícola en los Andes, se debe más al trabajo de antropólogos e investigadores liberales extranjeros que, pese a su dudosa exposición política, han aportado elemen-tos para la comprensión de la realidad.

El supuesto marxismo, que en realidad no fue más que una caricatura de tercera de él, que desde los años treinta comenzó a aparecer por estas tierras, se apoyaba en bases deformadas. Sus dos vertientes, trotskista y estalinista, a pesar de su supuesto an-tagonismo, en realidad compartieron (y comparten) las mismas deformaciones, tergiversaciones y desconocimiento del marxismo revolucionario. Ambas corrientes, asentadas en la misma con-cepción tecnicista y estática del socialismo, que de marxista no tiene ni el nombre, en el terreno de la concepción de la Historia también compartieron (y comparten) el mismo esquematismo lineal y gradualista canonizado por Stalin, y popularizado por los famosos manuales de economía y filosofía. Así, por ejemplo, atrapados en el dilema de entender una realidad como la incaica, no encontrada en las recetas de los manuales, pero constreñidos a encajarla a como diera lugar dentro de uno de los cinco molde-citos que esos manuales “marxistas” les indicaban, José Antonio Arze, el máximo representante del estalinismo local de los años cuarenta, optó por la definición de “semi-socialismo”,¹² sin tomar

¹²\ José Antonio Arze, “¿Fue socialista o comunista el Imperio de los incas?” (1941), en Waldemar Espinoza (ed.), Los modos de producción en el Imperio de los incas, Lima, Amaru, 1978. Otro autor, Arturo Urquidi, igualmente aferrado al mecanicismo linealista, en su libro Las comunidades indígenas en Bolivia (Co-chabamba, Los Amigos del Libro, 1970), coloca a la comunidad incaica dentro

en cuenta que el socialismo sólo puede darse bajo los términos del control de los trabajadores directos sobre sus condiciones de producción, de vida social y del producto de su trabajo, cosa que en el Imperio Inca no sucedía ya, por la presencia de un Estado burocratizado, y por lo tanto de una clase social diferenciada del trabajador directo, que asumió para sí, tanto el control de parte del excedente producido, como la relación económica política entre las diversas comunidades, etcétera.

Por su parte, el trotskista Liborio Justo, en el mismo límite de sus cinco opciones a elegir, optó por una combinación confusa de dos de ellas: calificó al incario como “esclavismo basado en la propiedad común de la tierra por la clase dominante” (?);¹³ a su vez, Guillermo Lora, del que se puede decir que hasta ahora no ha logrado conocer el marxismo,¹⁴ y mucho menos entenderlo, prefiere rechazar el término “socialista” para las sociedades pre-colombinas, y se limita a usar “precapitalistas”, lo que demuestra su ignorancia y total confusión al respecto, porque mete en un mismo saco diversas formas de sociedad, como la formación eco-nómica eslava, germánica, el modo de producción asiático, etc., con lo que el entendimiento del incario queda peor que antes de haber comenzado.

En general, todos estos calificativos lo que señalan es la inca-pacidad de este marxismo deformado para entender una realidad concreta. Marx, que jamás intentó sacralizar los cinco modos de

de la comunidad primitiva en proceso de transición hacia el esclavismo o el feu-dalismo. Por su parte, Jorge Echazú, en 1983 en su libro Los problemas agrario-campesinos en Bolivia (La Paz, ceub y fao, 1983), habla del incaico como de una variante “andina” de un supuesto modo de producción tributario. Si bien es necesario reconocer en este último autor cierta apertura intelectual, lo del modo de producción tributario (que en realidad ya fue usado por otros autores para estudiar África), es una categoría inconsciente y no marxista, puesto que define las relaciones económicas a partir de la esfera de la distribución y circulación del excedente, cuando en realidad el fundamento de toda relación económica debe ser estudiado en términos del proceso inmediato y global de producción.

¹³\ Liborio Justo, Bolivia, la Revolución derrotada, Buenos Aires, Juárez, 1971.

¹⁴\ Guillermo Lora, “Elementos del marxismo”, en Obras completas, La Paz, Edi-ciones Masas, 1994, p. 42 y ss. Así, por ejemplo, en su clasificación del desarrollo histórico de la sociedad, se limita a copiar, textualmente, los esquemas de Stalin.

producción señalados en su introducción de 1859, en otros textos, como los Grundrisse y luego en El capital, los Cuadernos Kova levsky, los Cuadernos etnológicos, etc., señaló la existencia de otras posibles formas de producción; tal es el caso de la comunidad incaica que, para Marx, ni era esclavismo, ni feudalismo, ni la co-munidad primitiva, ni mucho menos un “semi-socialismo”, sino que fue señalada como una forma de desarrollo-disolución de la comunidad primordial, que da paso a otra formación económico social basada en un nuevo tipo de comunidad, donde se conjugan una elevada división del trabajo, una forma de control comunal de la tierra, asociación para el trabajo junto al trabajo individual, unión de la manufactura y el trabajo agrícola, la existencia de un Estado como personificación de la unidad de las comunidades, pero en cuyo seno han de manifestarse y desarrollarse diferencias sociales y relaciones de dominación, etcétera. Se trata entonces, de un modo de producción estudiado por Marx en los Grun-drisse bajo la denominación inicial de forma comunitaria incaica y luego, en su forma desarrollada, generalizada como modo de producción asiático, que también podría haberse llamado inca, afro-asiático, etcétera.¹⁵ Pero en todo caso se trata, para Marx, de un modo de producción diferente a las tonterías con las que los pseudomarxistas intentaron clasificarlo.

Respecto a la caracterización de la colonia y la república, la suerte de estos autores y otros herederos del esquematismo re-accionario de la III Internacional y de Stalin no es distinta. El pirista José Antonio Arze caracterizó a la colonia como sociedad feudal,¹⁶ de igual forma lo hizo Tristan Marof. Al estudiar los pri-meros años de la república —que, como bien sabemos, no cambió el fundamento de la estructura agrícola heredada de la colonia y que, tan sólo en términos de la distribución del excedente, éste pasó del control de la corona y sus representantes al de los crio-

¹⁵\ Lawrence Krader, “Evolución, revolución y Estado: Marx y el pensamiento et-nológico”, en Eric Hobsbawm (ed.), Historia del marxismo. Tomo II, Barcelona, Bruguera, 1980.

¹⁶\ José Antonio Arze, “¿Fue socialista o comunista el Imperio de los incas?”, op. cit.

llos—, Roberto Alvarado, “sociólogo” del Partido Comunista de Bolivia (pcb), caracterizó esta estructura económica agrícola en términos feudales,¹⁷ al igual que Guillermo Ovando Sáenz.¹⁸. La tesis programática del pcb, redactada en 1986, ratifica esta vi-sión “feudal” de las relaciones de producción en el campo hasta 1952. Por su parte, Guillermo Lora, también incapaz de superar esta religiosa repetición de las “leyes” históricas de manual, pero obligado a diferenciarse parcialmente de los primeros, soluciona el problema sencillamente no estudiándolo y por tanto, no enten-diendo el régimen de la tierra (y en general de la economía entera) en la colonia y en la república; así, sólo habla de “país capitalista atrasado”, donde se “combinan” diversos modos de producción y en el cual predomina el capitalista;¹⁹ en otras partes hablará de la “feudal-burguesía”, aceptando explícitamente la caracterización feudal de la economía agraria, al menos hasta 1952.

Lamentablemente, la superación de este burdo esquema (es-clavismo-feudalismo-capitalismo) en el que se quiere arrinconar a la historia, tampoco ha sido superado por otros autores mu-chísimo más creativos, pero influenciados indirectamente por el esquematismo estaliniano. Ramiro Condarco, al hablar de la vida económica previa a la gran sublevación aimara de 1898, se queda en medio de la caracterización feudal del campo. Hans Dietrich, a pesar de su amplio conocimiento de Marx, queda preso de los prejuicios de los autores locales en los que basa su estudio sobre Bolivia, y también se queda en la misma afirmación que el ante-rior.²⁰ Danilo Paz, que aporta en la comprensión de la diversidad

¹⁷\ Roberto Alvarado, Apuntes para una visión dialéctica de Bolivia, La Paz, Roalva, 1979 (publicación póstuma).

¹⁸\ Guillermo Ovando Sáenz, El problema nacional y colonial de Bolivia, La Paz, Juventud, 1984.

¹⁹\ Guillermo Lora, Tesis de Pulacayo, La Paz, Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, 1978; Historia de los partidos políticos de Bolivia, La Paz, La Colmena, 1987.

²⁰\ Heinz Dietrich, Relaciones de producción en América Latina, México, Cultura Popular, 1978. En la misma caracterización feudal, también encontramos auto-res diversos como Arturo Urquidi, Bolivia y su Reforma Agraria, Cochabamba, umss, 1969; Luis Antezana, Proceso y sentencia a la Reforma Agraria en Bolivia,

de relaciones de producción prevalecientes en el campo hasta 1952, rescata la existencia de relaciones productivas comunales dentro de las comunidades en la hacienda, pero al estudiar la re-lación entre estas dos, hacienda y comunidad, ve relaciones feu-dales entre ellas, por la existencia de renta en trabajo²¹ que, como veremos después, según Marx no es una condición determinante para la caracterización de la producción feudal. Quizá uno de los autores marxistas que con mayor claridad vio el problema de la comunidad agraria para caracterizar el modo de caer en el falso dilema de feudalismo o semifeudalismo fue Zavaleta,²² que señala

La Paz, Puerta del Sol, 1979; Amado Canelas, Mito y realidad de la Reforma Agraria, La Paz/Cochabamba, Los Amigos del Libro, 1966; Jorge Echazú, Los problemas agrario-campesinos de Bolivia, op. cit.; Julio Mantilla, Grupos poster-gados de Bolivia, La Paz, unicef, 1986, p. 295.

\ Sin lugar a dudas, esta discusión abarca también autores de todo el continente, desde José Carlos Mariátegui, Víctor Haya de la Torre, Louis Baudín, etc., hasta autores más recientes. Sobre los aportes de los últimos años, véase: Cuadernos de Pasado y Presente, No. 40: Modos de producción en América Latina, 1973; Roger Bartra et al., Modos de producción en América Latina, México, Cultura Popular, 1979; Andre Gunder Frank, Rodolfo Puiggrós y Ernesto Laclau, América Latina: ¿feudalismo o capitalismo?, México, Quinto Sol; y Roger Bartra et al., El modo de producción asiático, México, Era, 1969.

²¹\ Danilo Paz Ballivian, Estructura agraria en Bolivia, La Paz, Popular, 1983. En su comentario a un capítulo de los Grundrisse de Marx (véase Temas Sociales, No. 11), Paz habla del desarrollo histórico que habría partido de un punto común, la comunidad primitiva, y habría atravesado distintos caminos hasta culminar en el feudalismo; como es claro, esta concepción evolucionista nada tiene de mar-xista. Como Marx ha demostrado en sus estudios sobre Oriente y, en particular, en sus notas sobre Kovalevsky y Maine, la comunidad oriental no “evolucionó” ni tendía a “evolucionar” hacia el feudalismo; e incluso, la colonización árabe y luego inglesa no trajeron consigo la “feudalización de la comunidad”.

²²\ René Zavaleta, Lo nacional popular en Bolivia, México, Siglo XXI, 1986. Un rechazo explícito a la explicación feudal de la colonia y los primeros años de la república ya se encuentra en El poder dual en América Latina, México, Siglo XXI, 1974, p. 79. Entre los pocos autores que rechazan la caracterización feudal de las haciendas en la época de la república está Silvia Rivera, que en su libro Opri-midos pero no vencidos (La Paz, Instituto de Historia Social Boliviana (hisbol) y Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (csutcb), 1984) prefiere hablar de un modo de producción servil-colonial, ca-racterización muy parecida a la de Ciro Flamarion en su estudio sobre los modos de producción en América durante la colonia. Por su parte, Xavier Albó y Josep M. Barnadas en La cara campesina de nuestra historia (La Paz, Unión Nacional

que el acto productivo primario, esto es, el acto fundamental de la economía durante la colonia, parte de la república y parcialmente ahora, está caracterizado por relaciones comunitarias propias, dis-tintas a otras organizaciones económicas tradicionales (feudales, esclavistas, etcétera). Ahora, esas relaciones comunitarias deben ser entendidas y estudiadas por sí mismas, a partir de la caracte-rización general dada por Marx en los Grundrisse, El capital, los Cuadernos etnológicos, etc., y sobre las cuales se han erigido for-mas de distribución del excedente posiblemente similares a las feudales, pero sin alterar la estructura productiva esencial, y por tanto, esas relaciones distributivas pierden el carácter de feudal, para asumir una naturaleza distinta.

Ante esto, las notas de Marx a Kovalevsky son un riquísimo aporte, que echa por tierra las repeticiones mecánicas, los acomo-dos inconsistentes con los que los supuestos marxistas han queri-do “entender” las relaciones agrarias en el país. Y decimos que las notas de Marx son un valiosísimo aporte, porque nos muestran en vivo su metodología al estudiar una sociedad no capitalista comunitaria, en términos generales, caracterizada por Marx en los Grundrisse como muy parecidos a los de la comunidad en el incario; y, por otro, porque Marx estudia aquí las repercusiones y el papel de las invasiones y colonizaciones que esas formas comunitarias asiáticas sufrieron, en especial con los ingleses, y que, bajo condiciones y resultados distintos, pero semejantes en su globalidad, también se dieron acá, en este continente, con la dominación española.

Así, una de las mayores enseñanzas que da este texto es la for-ma marxista de abordar la interpretación del desarrollo histórico de los pueblos comunitarios bajo procesos de colonización y do-minio, no sólo por naciones extranjeras, sino esencialmente por formas de producción distintas. En particular, Marx rechaza que el único camino posible de salida, cuando un pueblo con una for-

de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (unitas), 1984), si bien nos señalan la conservación y subordinación formal de las relaciones comunitarias por la hacienda, en general caracterizan las relaciones agrarias como “feudal-latifundistas”.

ma de producción distinta somete a otro, sea el de la imposición de la forma de producir de los dominantes sobre los dominados, como en Irlanda.²³ En sus notas muestra, como ya lo hizo antes (en los Grundrisse), que los sometedores bien pueden dejar sub-sistir el antiguo modo de producción, sometiéndolo a tributos y ciertos cambios en las relaciones de distribución y control del excedente, como hicieron los romanos, los turcos y los ingleses en sus colonias²⁴ y, como creemos nosotros, sucedió acá, en las comunidades altiplánicas, al menos en algunos casos, hasta el re-mate de las tierras comunales en los años ochenta del siglo XIX, y, en general, hasta la revolución de 1952.

En sus notas a Kovalevsky, Marx aporta nuevas observacio-nes que nos ayudan a descalificar la aplicación directa de la teoría del feudalismo, al menos en la región altiplánica con existencia de comunidades, durante la colonia y parte de la república. Así, Marx señala que la sola existencia de los beneficios en la entrega de tierras a personalidades o jefes militares de las fuerzas invasoras (Ikta en el caso de la India), para que éstos asuman el control de la producción y el cobro de impuestos a los originarios, destinados al nuevo poder estatal, no prueba la existencia de feudalismo, ya que esta forma también existió en Roma. Respecto al argumen-to de que la renta en trabajo sería una condición suficiente para hablar de feudalismo, en sus extractos, Marx toma nota de las diversas formas de pago de tributo o impuestos de los trabaja-dores indios a los colonizadores, que varían del pago en dinero, en especie e incluso en trabajo en tierras estatales y servicios en el caso de Argelia; y, seguidamente, descarta que al conjunto de esta forma de control de la tierra y el trabajo agrícola implanta-do en la India y Argelia pueda llamársele feudalismo. De hecho, ya en El capital, Marx señaló la existencia de ciertas formas de servidumbre e incluso de esclavitud restringida en las forma-

²³\ Karl Marx, “Introducción”, en Grundrisse. Tomo I, op. cit.

²⁴\ Ibíd. Además, Marx también señala aquí la posibilidad del surgimiento de una formación económica social nueva, como fruto de la acción recíproca entre los dominados y los dominantes, como en Germania.

ciones económicas asiáticas. Engels señala también que la renta en trabajo no es una característica fundamental del feudalismo, cuando escribe a Marx:

[…] me complace ver que en cuanto a la historia de la servidumbre de la gleba “estamos de acuerdo”, como se dice en la jerga de los ne-gocios. Sin duda alguna, la servidumbre de la gleba y la servidumbre en general no son una forma específicamente medieval y feudal; la tenemos en todas o casi todas las partes donde los conquistadores obligan a los antiguos habitantes a que cultiven para ellos la tierra: en Tesalia, para poner un ejemplo […].²⁵

Por estas razones, el repartimiento en la época colonial en el continente, en particular el mayorazgo, que hizo de las tierras cul-tivables propiedades indivisibles e inenajenables en manos de los españoles, y la propia encomienda, que impuso el trabajo forzado de la masa indígena en tierras ya ajenas y en servicios personales, no son entonces pruebas irrefutables de feudalismo en Charcas y luego en la república, sino que tienen que ser estudiados, como lo hizo Marx en la India colonial, como formas de apropiación y organización, al menos en regiones con asentamientos comuni-tarios, de una forma productiva esencial, asentada en la relación comunitaria. En otras regiones como en los valles, ya durante la república, ciertamente esto no tiene validez, pero ahí estamos an-te formas de transición en la renta de la tierra como la aparcería, los colonos y la pequeña propiedad individual, que descartan de entrada su caracterización como feudalismo.

Pero quizá lo más significativo que muestra Marx a lo largo de todas sus notas, y que expresa claramente la situación vivida acá, es que en otros modos de producción distintos a la forma asiática, como el feudalismo, la dependencia —esto es, la suje-ción a un señor feudal, la pérdida de libertad— es impuesta a las personas en forma individual. En cambio, en el llamado asiático

²⁵\ “Carta de Engels a Marx”, 22 de diciembre de 1882, en Karl Marx y Friedrich Engels, Correspondencia, México, Cultura Popular, 1978.

o semiasiático, la no libertad o la relación de dependencia, ya sea con el poder estatal o con el poder colonial, personificados en autoridades o en el terrateniente, es comunal.²⁶ En el caso de la mita y el repartimiento, el pago de tributos, la prestación de servicios o la renta en trabajo son relaciones entabladas entre el poder colonial y la comunidad, donde ésta última se adecua y da respuesta a estas exigencias, ciertamente a través de la indi-vidualidad de sus miembros, pero en tanto éstos pertenecen a la comunidad. Es cierto que también han de existir en la colonia formas de dependencia individual en el trabajo agrícola, como el yanaconazgo, aplicable a los “indios vagantes”, que en realidad eran trabajadores que huían de sus comunidades para escapar de las cargas coloniales que sobre ellos pesaban, pero es una re-lación secundaria y pequeña en comparación con la primera; en otros casos, había un pago monetario, pero además, a diferencia de lo señalado por Marx en El capital, este tipo de trabajador no es un “productor independiente” como lo fue en el caso de los siervos frente a los señores feudales en Europa,²⁷ que no sólo trabajaban para su señor, sino también para sí mismos, lo que los “impulsará [a los siervos] a aplicar más intensamente” su fuerza de trabajo abriendo así “la posibilidad de un cierto desarrollo económico”, que, como sabemos, no se dio acá en las haciendas, con el empleo del yanaconazgo en la explotación de la fuerza de trabajo indígena.

Aparte de estas observaciones, en sus notas Marx da otras ideas en su oposición a caracterizar como “feudal” la economía agraria en la India y Argelia colonizadas, que también pueden ser de mucha utilidad para la colonia. En general, muestran la intención de Marx de encontrar en el funcionamiento real de las relaciones económicas comunales, en sus formas de transforma-ción, resistencia y disolución, la llave de la economía agraria en

²⁶\ Karl Marx, El capital. Tomo III, op. cit., p. 1006 y Cuadernos etnológicos (Ex-tractos), op. cit., pp. 43-44. Sobre el tema, véase también Lawrence Krader, The Asiatic Mode of Production, op. cit., p. 149.

²⁷\ Karl Marx, El capital. Tomo III, op. cit., p. 1006 y ss.

formaciones económicas comunitarias sometidas a dominio co-lonial. Marx descarta el uso de la teoría feudal en las economías sustentadas en formas transformadas, y aún por disolución de la comunidad agraria por efecto de la colonización. No da un nombre específico al resultado inicial (hasta la completa disgre-gación de la comunidad) del enfrentamiento entre comunidad-colonización, pero, por los resultados más o menos comunes que de ello surgen, como la existencia de un tipo específico de terratenientes, de burocracia estatal sometedora, la imposición de cierta servidumbre y la lenta disolución de los lazos comuna-les, estas sociedades se asemejan a lo que Marx caracterizó como “semiasiático”²⁸ como es el caso de Rusia en los últimos siglos de su existencia.

En todo caso, se hace necesario un nuevo estudio, a la luz de la totalidad de las observaciones marxistas de la realidad colonial y republicana, ya sea para asentar la validez de la categoría “semia-siático”, o bien para proponer una nueva (colonial, por ejemplo), sin tener miedo de ello; tal como lo hizo Marx a medida que fue comprendiendo la amplitud de la realidad histórica de los pue-blos y la supo aprehender desde un punto de vista científico, por tanto, de clase revolucionario.

Y es que, en estas diferencias, en la clarificación del carácter feudal o semiasiático, comunal o capitalista de las relaciones agra-rias en nuestros países, no existe sólo un problema de nombre o de palabra, sino esencialmente un problema de lucha revolucionaria. Ahí se define el entendimiento, el impulso, el fortalecimiento y las tareas de las fuerzas sociales revolucionarias que se desarrollan dentro de la sociedad agraria; y el ataque y enfrentamiento hacia aquellas fuerzas que constituyen una oposición hacia la revolu-cionarización de la sociedad. La caracterización como “feudal” de las relaciones comunitarias esenciales de la producción cam-pesina, en el caso de Bolivia y de otros países del mundo donde

²⁸\ Véanse Karl Marx, El señor Vogt, México, Juan Pablos, 1977 e “Historia diplomá tica secreta del siglo XVI”, en Cuadernos de Pasado y Presente, No. 87, 1980 y Maximilien Rubel (ed.), Marx y Engels contra Rusia, Buenos Aires, Libera, 1965.

prevalecieron formas transformadas de comunitarismo, incluso en medio de relaciones capitalistas, siempre ha llevado a desco-nocer el papel y las tendencias revolucionarias de las masas comu-narias, que sólo son vistas como residuos feudales que deben dar paso al “pujante capitalismo”; convirtiéndose así, estos teóricos del feudalismo, en pregoneros al servicio del capitalismo, que no sólo niegan el papel revolucionario de la comunidad frente al capitalismo, sino que también le restan al proletariado la fuerza esencial: el campesino comunitario, sin el cual la revolución en países agrarios como el nuestro es imposible.²⁹ En particular, lleva

²⁹\ Ya al referirse a la Revolución Socialista en Francia durante el auge revolucio-nario europeo de 1848- 1850, Marx señaló que el derrocamiento del régimen burgués no podía realizarse “mientras la marcha de la Revolución no se suble-vase contra ese orden, contra la dominación del capital, a la masa de la nación: campesinos y pequeños burgueses”. “Las luchas de clases en Francia de 1848 a 1850”, en Obras escogidas, Buenos Aires, Progreso, 1976. Se trata, en definiti-va, de que sólo con la lucha anticapitalista de las masas trabajadoras del campo, “la Revolución Proletaria obtendrá ese coro sin el cual su solo resulta un canto de cisne en todos los países campesinos”. “El 18 Brumario de Luis Bonaparte” (1852), en Obras escogidas en tres tomos. Tomo I, Moscú, Progreso, 1981.

\ La comprensión marxista del papel anticapitalista de las luchas de las masas trabajadoras del campo en América Latina tiene en José Carlos Mariátegui un excepcional y aislado defensor. Reconociendo la existencia de “socialismo prác-tico en la agricultura y la vida indígena” y que, por tanto, “las comunidades re-presentan un factor natural de socialización de la tierra”, señaló la necesidad de la Revolución Socialista plena en el Perú, dirigida por el proletariado y apoyada en las “tradiciones más antiguas y sólidas” existentes en la comunidad (véan-se Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana; Tesis sobre la cuestión indígena, etc.). La lucidez revolucionaria del pensamiento mariateguista cobra mayor dimensión, no sólo porque no conoció varios de los manuscritos de Marx que apuntalan más firmemente esta posición (Carta a Vera Zasúlich, Cuadernos etnológicos, etc.), sino también porque fue formulado en contra de la corriente reaccionaria y proburguesa que se impuso plenamente en la III Internacional después de la muerte de Lenin.

\ La III Internacional, en el programa aprobado en su VI Congreso de 1928, se-ñalaba que en los países “coloniales, semi-coloniales y dependientes” la tarea principal que tenían que llevar a cabo en el campo era una revolución agraria que barriera las formas feudales y precapitalistas de explotación, y diera paso a las transformaciones burguesas de la sociedad, dejando de lado el impulso de las tendencias comunistas en la lucha proletaria y comunal-agraria en contra del capital. Renegando del marxismo y de las propias indicaciones que Lenin había señalado sobre la posibilidad de la Revolución Socialista con el apoyo del proletariado mundial, la “nueva” Internacional señalaba que “la dictadura del

también a desconocer el significado real de la reforma agraria, el carácter reaccionario de la parcelación de la tierra, y la presencia de las actuales tendencias socialistas revolucionarias en el campo, dadas por la pervivencia transformada de la comunidad.

En contra de esta posición “feudalista”, Marx se preocupó por entender la naturaleza real de las sociedades con relaciones comunitarias extendidas, porque esa particularidad comunitaria, aún sobreviviente en gran escala en medio de la colonización y el capitalismo industrial, constituyó para él la clave y la posibilidad de la revolución socialista en esos países,³⁰ sin que tengan que pasar obligatoriamente por la completa proletarización de la so-ciedad que, en muchos casos, si bien acercó de una nueva forma a la sociedad hacia la posibilidad del comunismo, también la alejó; como en Europa, donde la plena subordinación de la sociedad, in-cluido el campo, al capital ha creado sus propios mecanismos, que también estrangulan ininterrumpidamente las luchas socialistas de las masas proletarias. La vigencia de relaciones comunitarias en formas transformadas a las originales, o en vías de disolución, en escala nacional, son entonces para Marx una nueva fuerza re-volucionaria, que no sólo da al proletariado industrial la posibi-lidad de contar con una fuerza revolucionaria en su lucha contra el capital, sino que también ella misma, la comunidad, le da ya de entrada una fuerza objetiva que, sumada a aquellas que nacen an-tagónicamente dentro del capitalismo, nos señalan la proximidad y la posibilidad de la revolución comunista en nuestros países.

Pero a la vez que Marx tomó nota de esta característica revolu-cionaria de la comunidad campesina, nos señaló también la exis-

proletariado es aquí posible, como regla general, solamente a través de las eta-pas preparatorias, como resultado de todo un período de transformación de la Revolución democrático burguesa”. “VI Congreso de la I. C.”, en Cuadernos de Pasado y Presente, No. 66, 1978.

\ De hecho, se puede decir que es a partir de estos años y de estas resoluciones que todos los partidos comunistas del mundo, con excepciones temporales, han emprendido el camino de convertirse en nuevas fuerzas productivas teóricas, culturales y materiales del capitalismo mundial.

³⁰\ Karl Marx, “Borrador a Vera Zasúlich”, en Cuadernos de Pasado y Presente, No. 90, 1980.

tencia de fuerzas antagónicas, internas y externas, que empujan a la disolución de los lazos comunitarios reales: fuerzas externas, como las relaciones capitalistas que, en el ininterrumpido proce-so de incorporación del campo a sus leyes, buscan estrangular la comunidad o, en otros casos, subordinar formalmente el traba-jo comunitario al capital, transformando las antiguas relaciones asociativas en una caricatura de ellas; y fuerzas internas, como la tendencia al control individual de ciertas tierras, la desigualdad en el control del ganado, la posesión de “indios de servicio” pa-ra el cultivo de las tierras de las autoridades comunarias, antes y en la colonia,³¹ el trabajo individual de parcelas o, finalmente, la propiedad privada, que empujan a la comunidad a su disolución. Consciente de esto, Marx no se dedicó a glorificar la comunidad en su estado actual, ni mucho menos se puso a inventar medi-das caritativas para pedir al estado burgués que “resguardara” la comunidad. Vio, en cambio, que la comunidad ancestral sólo podía desarrollarse y hacer prevalecer sus rasgos colectivistas en la medida en que fuera capaz de promover levantamientos generales en contra del régimen capitalista, esto es, en tanto las masas comunitarias llevaran a cabo una guerra revolucionaria como parte fundamental de la Revolución Socialista de trabaja-dores de la ciudad y el campo, que pusiera fin tanto a las fuerzas individualistas en el interior de la comunidad, como al régimen capitalista, que la acosa por todas partes. Entonces, la comunidad no sólo habrá de conservarse, sino que habrá de recuperar sus condiciones primarias de asociación y control de los productores sobre la producción; y lo mejor de todo, lo hará en condiciones nuevas y superiores, por la existencia de nuevas fuerzas y rique-

³¹\ Véase, por ejemplo, Carlos Sempat Assadourian, “Intercambios en los territorios étnicos entre 1530-1567”, en Olivia Harris, Brooke Larson y Enrique Tandeter (comps.), La participación indígena en los mercados surandinos, La Paz, Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (ceres), 1987. Sobre la relación entre vencedores y vencidos entre las mismas confederaciones de Ayllus y las nuevas jerarquías establecidas en la época precolombina, véase Tristán Platt, “Pensamiento político aymara”, en Xavier Albó (comp.), Raíces de América: el mundo aymara, Madrid, Alianza y Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (unesco), 1988.

zas productivas, y por la presencia mundial del proletariado, que posibilita la incorporación de esas riquezas y su control social, común, comunitario por los trabajadores directos; por tanto, la superación de las antiguas condiciones que por siglos empujaron a la comunidad hacia su lenta disolución.

Estas condiciones revolucionarias, previstas por Marx hace ya cien años, son las que en la actualidad comienzan a despuntar con gigantesca fuerza en la lucha y en los preparativos revolucionarios de comunarios y proletarios del país y el continente.

AMÉRICA¹

Las lecturas y escritos de Marx sobre el continente latinoame-ricano son numerosos. Así mismo, en el Instituto Internacional de Historia Social de Ámsterdam (iisg) es posible encontrarse con numerosos extractos y notas de lectura sobre la América de la época que estamos tratando (1850-1858), aunque también es cierto que no tienen el volumen ni la profundidad que tuvieron los artículos y textos sobre la India, Rusia o España, por ejem-plo. En el iisg se pueden ver varios manuscritos de resúmenes comentados de lecturas de historia de América, realizados por Marx precisamente en estos años;² y es indudable que su publica-ción nos ayudaría muchísimo a entender las razones internas de las ideas y aseveraciones que hallamos en sus escritos conocidos; sin embargo, por ahora es con estos últimos con los que tenemos que conformarnos para escudriñar la imagen que tenía Marx so-bre la realidad latinoamericana.

¹\ Texto extraído de Álvaro García Linera, De demonios escondidos y momentos de revolución. Marx y la revolución social en las extremidades del cuerpo capitalista, La Paz, Ofensiva Roja, 1991.

²\ 琀l cuaderno B-50 contiene lecturas de: William Prescott, History of Conquest of Mexico (1850); Herman Merivale, Lectures on Colonization and Colonies (1841-1842); Felix Wakefield, Colonial Surveying with a View to the Disposal of Waste Land (1849) y Thomas Hodgskin, Inquiry into the Merits of the American Colo-nization Society (1833).

En estos escritos conocidos, los temas tratados son diversos: van desde las repercusiones del descubrimiento de América en el desarrollo industrial y comercial mundial; el comercio británico en el continente, las exportaciones de plata a Asia, la importancia comercial a futuro de los puertos de Centroamérica; hasta temas como la trata de esclavos por Inglaterra y España a Estados Uni-dos, Perú y Cuba; noticias sobre el bloqueo inglés al Río de la Plata y otras regiones; las intrigas diplomáticas rusas; el envío de tropas españolas, etcétera. Lo notorio de todos estos artículos, que son muy numerosos, es su carácter mayoritariamente descrip-tivo o informativo de los acontecimientos. No existe un artículo sobre la particularidad de la estructura económica social, ni una valoración de las fuerzas internas y contradicciones que desgarran las sociedades latinoamericanas, sociedades fundamentalmente agrarias y partícipes de particulares movimientos de formación nacional, etcétera. De entre los artículos conocidos, los que más se acercan a esta temática en esta época, procediendo como una serie de aproximaciones tangenciales, son los que se refieren a la vida de Bolívar y a las luchas de México contra la intervención norteamericana, primero, y francesa, posteriormente.

En el trabajo sobre Bolívar,³ Marx realiza una semblanza sobre su participación en las guerras de independencia en el continente. Una de las cosas que indudablemente llama la atención de este ar-tículo es la profunda animadversión de Marx hacia Bolívar desde 1811: parecería que la intención de Marx es derrumbar el mito de su grandeza y heroicidad. Episodio a episodio, Marx destaca las constantes muestras de cobardía de Bolívar, que abandona a sus tropas, que huye del combate ante sus enemigos, sus indecisiones que prolongan la guerra, etcétera. Combinando en algunos ca-sos tergiversaciones —como no tomar en cuenta la abrumadora superioridad de las tropas enemigas en un momento, como en el caso de la derrota de La Puerta o Arguita; con parcialidades en el conocimiento histórico, como los sucesos de Puerto Cabello o su

³\ Karl Marx, “Bolívar y Ponte”, en Cuadernos de Pasado y Presente, No. 30, 1972, escrito en 1858 y publicado en The New American Encyclopedia.

retirada de Casa de la Misericordia de 1817, etc.—⁴ con verdades —como el abandono de sus tropas en 1814 o el alargamiento de la guerra por la pérdida de tiempo en las apoteósicas entradas con las que Bolívar gustaba hacerse recibir—, Marx va formando una imagen de Bolívar similar a la de un “Napoleón de la derrota”.⁵

En un artículo, Carlos Uribe ha ubicado más de cincuenta errores históricos en el trabajo de Marx,⁶ por lo que, ciertamente, su artículo no es la mejor referencia para conocer con precisión la historia de Bolívar. La pregunta necesaria es, entonces, salvando los errores de las fuentes de Marx, el porqué de los otros errores o mejor, cuál es la imagen del continente que se destila de la des-cripción hecha por Marx de Bolívar, y de la cual los “errores his-tóricos”, heredados o introducidos, son tan sólo el reflejo de un contenido de fondo que es necesario develar. En lo que respecta a Bolívar como personaje, el texto es claro en cuanto a mostrarnos el porqué del enfrentamiento de Marx contra él; porque ve en él una encarnación del bonapartismo, con sus rasgos despóticos⁷ y sus ambiciones militares, que con tanto ardor habían sido criti-cadas por Marx en la Francia de la Segunda República durante la década del cincuenta.⁸

La búsqueda del poder absoluto de Bolívar en sus interven-ciones en Colombia (1821), Perú (1824) y Venezuela (1827); sus ambiciones militares y su propuesta de formar una república fe-deral en todo el continente, claro está, con él como “libertador”,⁹

⁴\ Véanse las notas de Pedro Scarón a la edición de Cuadernos de Pasado y Presente, No. 30, en especial de las pp. 30-75.

⁵\ Karl Marx, “Bolívar y Ponte”, op. cit., p. 85.

⁶\ Carlos Uribe Celis, Bolívar y Marx, dos enfoques polémicos, Bogotá, Tercer Mun-do, 1986.

⁷\ Karl Marx, “Bolívar y Ponte”, op. cit.

⁸\ Karl Marx, “El 18 Brumario de Luis Bonaparte”; véase también New York Daily Tribune, 13 de marzo de 1854. Sobre la “pasión del polemista” que predomina en la crítica de Marx a Napoleón III y la poca atención que le prestó a las trans-formaciones económicas que se operaron bajo esta forma de gobierno, véase Maximilien Rubel, Karl Marx devant le Bonapartisme (Paris, Mouton, 1960), citado en José María Aricó, Marx y América Latina, Madrid, Alianza, 1982.

⁹\ Karl Marx, “Bolívar y Ponte”, op. cit.

fueron vistas por Marx como manifestaciones de un esfuerzo por la total autonomización del poder ejecutivo estatal respecto de la sociedad y por tanto, no podía menos que ver en ello el camino del autoritarismo y del predominio burocrático estatal, coronado por el terror militar. Bolívar representaba todo esto.¹⁰

Es curioso notar que en esta crítica a Bolívar, Marx no repara-ra en valorar el esfuerzo bolivariano por construir una estructura estatal casi continental, y se fijara sólo en criticar las tendencias despóticas de Bolívar. Pero, como ya hemos visto antes y lo va-mos a ver ahora, lo uno y lo otro están ligados al planteamiento marxista de la vitalidad de la sociedad como fundamento de la construcción de la unidad nacional-estatal verdadera.

En la redacción del artículo en cuestión, existe pues una clara asociación entre el papel representado por Bolívar y el de Bona-parte en el Segundo Imperio Francés. La crítica al primero está atravesada por la crítica al segundo, y la redacción del artículo sobre Bolívar debe ser también vista (aunque no únicamente), como fundada en los problemas concretos planteados al curso de la revolución europea por el dominio napoleónico, y como un arma de intervención crítica frente a esta realidad bonapartista francesa.¹¹

Pero así como en Francia la crítica al bonapartismo está liga-da a otras posiciones de Marx sobre la sociedad francesa y deja entrever nuevas apreciaciones sobre ella, la crítica a Bolívar está igualmente asociada a un conjunto de valoraciones y supuestos sobre la sociedad latinoamericana que, como en el primer caso,

¹⁰\ 琀n una carta a Engels, Marx defiende contra Danda, su editor, su presentación de Bolívar como el “canalla más cobarde, brutal y miserable”. “Carta de Marx a Engels”, 14 de noviembre de 1858.

¹¹\ Que la postura crítica de Marx contra Bolívar haya de ser coincidente, en las formas, con las asumidas por los liberales republicanos y los ideales expansio-nistas europeos, que veían en Bolívar un autoritario, un cripto-monárquico y un obstáculo a la expansión europea, no debe hacernos olvidar que la posición de Marx está fundada en una concepción de la vitalidad de las sociedades y del rechazo a la autonomización estatal, que rebasa los estrechos marcos de valo-ración de la intelectualidad burguesa y que, de hecho, realiza la propia crítica radical de los fundamentos de esta última.

ayuda a entender el significado de Bolívar para Marx. A diferen-cia de Francia, esta develación de los supuestos que subyacen es más difícil de aclarar, por la propia particularidad de los textos de Marx de esta época. La tarea de comprender los supuestos que anteceden o que se desprenden de las opiniones de Marx sobre Bolívar, y en general sobre América Latina en estos años, es por ello más una tarea de escudriñamiento en lo subyacente pero no escrito, en los silencios o rodeos a un tema que los presupone, en el rastreo de las raíces de tal o cual concepto, que a la luz de las viejas implicaciones alumbra sobre las nuevas, etcétera. Es pues una tarea compleja el intentar comprender la concepción de Marx sobre la sociedad latinoamericana en estos años. José María Aricó ha hecho notables esfuerzos en este camino, nosotros lo hemos de seguir críticamente en partes de su trayectoria, como marco para intentar reconstruir el pensamiento de Marx en este terreno.

Aricó levanta dos tesis centrales para explicar la posición de Marx sobre América Latina, tanto en términos de su poca aten-ción, como de su significado: en primer lugar, afirma que hay en Marx una recuperación de categorías hegelianas que, si no le ayudan necesariamente a entender la realidad latinoamericana, sí le posibilitan ubicarla en una concepción más global del desa-rrollo histórico;¹² en segundo lugar, y estrechamente ligado a lo primero, sostiene que Marx no llega a comprender la dinámica real de la lucha de clases.

De entrada, Aricó nos ubica en un terreno predefinido: que Marx ignoró nuestra realidad. La recuperación de una forma hegelizante de captar la realidad latinoamericana, ya sea como resultado de un conocimiento parcial o como arranque para él, dio lugar a un nuevo desconocimiento de la realidad latinoame-ricana en cuestión. En uno y en otro caso, y en su resultado, es-tamos en el terreno de la “equivocación”; en este caso de Marx, sus apreciaciones sobre Bolívar fueron por lo tanto erróneas, no logró captar la realidad, etcétera. Aricó nos instala pues, desde

¹²\ Karl Marx, “Formas que preceden a la producción capitalista” (1957-1958), en

Grundrisse, op. cit.

el inicio, en el terreno de la “equivocación” a ser explicada. ¿Es realmente cierto esto? Creemos que no. El terreno en el que Ari-có nos sitúa no es ni el de la realidad ni el de las herramientas de Marx para comprenderla, sino más bien el de la realidad que Aricó cree que es y de las herramientas que Aricó cree son las de Marx. Esto no impide que muchos de los aspectos tomados en cuenta por Aricó en ambos casos sean correctos, pero muchos otros se sustentan en la posición particular de Aricó, que impreg-na su trabajo (y que necesariamente tiene que ser diferenciada de la realidad concreta, y de la concepción de Marx de esta realidad y de sus herramientas, etcétera).

Establecer estas diferencias no significa en ningún momento ocultar los errores en Marx o el dejar de ver sus puntos ciegos, etc., pero de lo que se trata es de ver todo esto en medio del pen-samiento crítico de Marx, que en su agudeza, aún hoy y a pesar de sus errores y parcialidades, sigue alumbrando la comprensión de la realidad latinoamericana, tremendamente conflictiva entre Estado y sociedad. Vayamos pues a los puntos que sustentan cada una de las tesis de Aricó, para hallar en ellas su solidez y recons-truir en esta labor una primera radiografía del pensamiento de Marx y de la realidad que enfrentó.

Para la primera de las tesis, Aricó intenta reconstruir los ar-gumentos que llevan a Marx a apoyarse en categorías hegelianas como medio de la explicación de la realidad. Según él, Marx veía que un pueblo podía devenir nación a condición de que “exista una estructura económica-social que lo posibilite y una fuerza social capaz de hegemonizar todo el proceso”, dos condiciones que no encuentra en América Latina, vista más bien como “un inmenso territorio vacío”, cuyos pobladores autóctonos eran considerados como “tribus sumergidas aún en el estado natural del salvajismo y la incultura”, y cuya estructura social se basaba en la presencia “ordenadora y despótica de un poder rector”.

Vayamos punto por punto. En lo que respecta a la primera evaluación sobre los conceptos que, según Aricó, son necesarios para Marx para que un conglomerado social devenga nación, como lo hemos visto a lo largo de todo nuestro estudio, son par-

ciales. La existencia de “una estructura económica-social que lo posibilite” es un elemento necesario para Marx, a condición de que abandonemos la ambigüedad con que la establece Aricó al referirse al “posibilite”. ¿Cuál es esta estructura que posibilita la construcción nacional en Marx? En el caso de Europa, ciertamen-te una estructura social en impulso creciente a su forma capita-lista contemporánea. Pero no sólo ella, y aquí viene la capacidad de Marx, que supo captar la realidad completa por encima de esquemas previos; él vio la posibilidad de constitución nacional aun a partir de estructuras económicas precapitalistas: el caso de Turquía, China o los pueblos eslavos del Imperio Otomano, en los que predominaba un régimen económico caracterizado en al-gunos casos por Marx como asiático, pero que poseían una gran vitalidad social para emprender, en algunos casos, la reconstruc-ción de la autonomía nacional, o para su surgimiento, en otros. Es cierto que en ambos intervienen consideraciones sobre las fuerzas sociales impulsoras o la existencia de una historia previa de autonomía nacional, etc., pero lo que importa acá es que Marx no se ciñe a una sola forma de la estructura social, la base para la constitución de la autonomía nacional.

Seguidamente, Aricó señala que para Marx la estructura social de los pueblos autóctonos estaba ubicada en el “estado natural del salvajismo y la incultura”. Pero esto, más que una concepción de Marx, en realidad es de Aricó, que le permite a la larga descartar la posibilidad de un esfuerzo colectivo de constitución nacional desde el sector social mayoritario. No olvidemos que Marx, casi al mismo tiempo que la redacción del artículo sobre Bolívar, ha redactado los Grundrisse, donde señala con claridad la similitud de formas de la comunidad hindú, es decir, fruto de un desarrollo social complejo, que presenta ya un proceso de formación estatal descrito por Marx. Suponiendo, en el peor de los casos, que en la colonia Marx no haya visto ningún “desarrollo” de esta forma de comunidad, ni su disolución plena, que necesariamente llevaría hacia formas fundadas en un mayor desarrollo de la individuali-dad, tenemos que Marx al menos presupone la existencia, en gran parte del territorio latinoamericano, de formas sociales similares

a las de la India, esto es, a lugares donde Marx reconoció y apo-yó la lucha por la autonomía nacional contra el colonialismo in-glés, surgidos como iniciativas sociales globales. Suponiendo que Marx no está tomando en cuenta estas formas sociales sentadas en la disolución de la comunidad, con un mayor desarrollo de la individualidad, de relaciones mercantiles y de autonomización del poder estatal, que con mayor razón hacen posible pensar en la existencia de fuerzas capaces de emprender la constitución nacional tal como los vio en la India, China o Turquía, la razón hay que buscarla en otra parte.

Aricó señala que otro aspecto integrante de la concepción de Marx, en el terreno de la formación nacional, es la existencia de una fuerza social capaz de hegemonizar el proceso de devenir nación de un pueblo. Esto es cierto en parte. La existencia de una fuerza social comercial o artesanal en los pueblos eslavos, o burguesa en la India, son ciertamente condiciones que favorecen y colocan a ambos pueblos, a los ojos de Marx, en la constitución de naciones modernas en el sentido burgués. Pero en el caso de la China, por ejemplo, una fuerza social tan particularizada en sus fines democrático-burgueses no existe; es el pueblo quien hace la guerra, por encima de las parálisis de los mandarines y el gobier-no central, y es en el proceso de guerra donde el pueblo mismo conquista su cohesión e identidad como nación; en el caso del Imperio Otomano es el gobierno quien, ante la agresión, conden-sa las energías de la masa para la defensa. En el caso de España, la nación, su defensa y su reconstrucción, al menos en un primer momento, están personificadas por el pueblo en general desple-gando su vitalidad, y la elite progresista es sólo parte de él, y sólo se diferencia como impulsora de la reconstrucción revolucionaria como nación burguesa. En todos estos casos, la fuerza decisiva de la construcción social como nación burguesa la desempeña la vitalidad de la masa, el pueblo en movimiento asentado, en nu-merosos casos, en relaciones precapitalistas; existencia de fuerza social general empeñada en la formación nacional autónoma de la sociedad, como impulso interno de afirmación y de existencia. Esto es lo decisivo; en la característica de la masa en movimiento

y como fuerza, su vitalidad, su espíritu nacional, etc., radican los otros componentes que Aricó no toma en cuenta, pero que para Marx son los decisivos en la formación nacional de los pueblos.

Ahora, mientras la presencia de este componente es decisiva para la formación nacional para Marx, es necesario ver cómo lo aborda o qué es lo que ve de él en América. No existe texto cono-cido de Marx que aborde este asunto, pero no es difícil suponer que él no lo halló en el momento de fijarse en América. Y no por la posición “hegeliana”, sino porque en realidad esta energía de la masa no se dio como un movimiento generalizado (al menos en Sudamérica); estaba en gran parte ausente en los años con-siderados por la reflexión de Marx. Las grandes sublevaciones indígenas, en las que se puede observar un esfuerzo totalizador, habían sucedido en el siglo XVIII, y se puede decir que eran casi desconocidas para los historiadores; y no se puede afirmar que en los años de las guerras de independencia la presencia de las masas indígenas, exceptuando casos particulares, haya sido unificada y haya tenido el alcance de una sublevación general; se hallaba fragmentada, en unos casos a favor de los realistas, en otros de los independentistas, y en la mayoría de los casos era escéptica, contemplativa de una lucha que era vista como un enfrentamiento entre parientes por similares objetivos. Los ejércitos y las guerras asumían el papel decisivo, por encima de las sociedades; y allá dónde ella asumía la iniciativa era parcial en relación al continen-te; y además, lo más probable es que haya sido desconocida para Marx, precisamente por su carácter aislado, como para poder haberse sumergido en ella.

Volviendo a los otros argumentos anotados por Aricó, como las diferencias étnicas o lingüísticas, la cultura de una cultura oral contrapuesta y el recuerdo de la unidad nacional prevista, él las ve ausentes en el terreno de las elites que condujeron el tránsito a la formación estatal autónoma. Pero esto nos da una razón más para sospechar de esta obra, y tampoco es decisivo para afirmar o descartar la posibilidad de la existencia de fuerza social para la formación nacional estatal en Marx. Su inexistencia en el ám-bito en el que lo describe Aricó no es suficiente argumento para

pensar que Marx, a partir de ello, hubiera descartado (cosa que no hubiera sido errónea) la vitalidad real de las construcciones estatales de América. Aricó admite que estas “ausencias” en las elites impulsoras de la autonomía estatal, en muchos casos estaban presentes como “historias paralelas y contradictorias del proceso de formación de los Estados”; creemos entender que lo estaban en el seno de las masas indígenas, y que a eso se debe su carácter contradictorio y paralelo al de las elites criollas. ¿Por qué éstas no lograron prevalecer sobre las primeras? ¿Por qué no lograron es-tructurar grandes movimientos de lucha independentista? ¿O por qué Marx no los vio? ¿Por qué las elites criollas no se apoyaron en un gran movimiento de masas, o por qué las masas indígenas no lograron representarse en los Estados criollos o en otras elites expresivas de la potencia del movimiento? Estas son preguntas cuyas respuestas ayudarían a comprender en mayor medida el terreno de la comprensión de Marx sobre los impulsos ambiguos de la formación nacional en América, pues se centran en lo que para él siempre fue decisivo en este proceso: la constitución na-cional estatal como acto social general.

No es el carácter de la estructura económica, ni la ausencia del carácter nacional de las elites, sino esta ausencia de las energías vitales sociales en la construcción estatal nacional en América Latina lo que lleva a Marx a ver en las formaciones “nacionales”, mejor, en los proyectos de ella, “meras construcciones estatales impuestas sobre un vacío institucional”, surgidas de una guerra que no fue “portadora de un vasto movimiento social de recom-posición del viejo poder estatal capaz de contener la violencia plebeya”. En definitiva, la realidad latinoamericana se presenta a Marx, y en esto estamos plenamente de acuerdo con Aricó, como “una inexplicable multiplicación de Estados extremadamente débiles manejados por restrictas oligarquías carentes de espíritu nacional o por los caudillos, por lo general militares […]”.¹³ La realidad latinoamericana, ante la ausencia de una vitalidad social, como organización nacional y como reforma, no puede ser más

¹³\ José María Aricó, Marx en América Latina, op. cit., pp. 106-107.

que una artificial construcción estatal autoritaria, y Bolívar, una manifestación personificada de esta irracionalidad. Marx recha-za entonces ver el Estado como productor de la sociedad civil y la nación. ¿Fue correcta esta apreciación? Según Aricó no, pues eso lo llevó, y así completa la argumentación de su primera tesis, a apoyarse en formas hegelizantes de apreciar la historia, que le impidieron la comprensión del movimiento real latinoamericano. Según Aricó, el rechazar este papel activo del Estado, en el caso de América Latina, llevó a Marx a ver las construcciones locales existentes como “irracionalidad autoritaria” y a delegar al futu-ro la construcción de verdaderos Estados y naciones, pues sus condiciones de producción no podían definirse en el presente.¹⁴ Así resulta, según Aricó, que su posición de rechazo a la concep-ción hegeliana de asignar al Estado la capacidad productiva de sociedad y nación, llevó a Marx a hacer resurgir viejas posiciones hegelianas como la de los pueblos sin historia.

Extraño marxismo este, que con su crítica radical de la con-cepción del Estado hegeliano acaba abrazando al final la concep-ción de la historia hegeliana. ¿No será más bien que la imagen del carácter arbitrario de las construcciones estatales y el dejar para el futuro el surgimiento de condiciones para la construcción nacional real, nada tiene que ver con el concepto hegeliano de “pueblos sin historia” y sea más bien la comprensión real del pa-pel de la sociedad civil en la formación nacional estatal? En otras palabras, la concepción de Marx sobre los Estados latinoamerica-nos como formaciones más aparentes, formales, sustentadas más por el arbitrio autoritario centralizado que por la condensación de iniciativa social general y, por tanto, el carácter inacabado, o mejor, a realizarse, de la construcción nacional estatal como ta-rea del futuro, no es un desliz hegelizante de un momento (que no impide la incorporación de razonamientos de Hegel), sino un conjunto de valoraciones orgánicas al cuerpo teórico del marxis-mo, que dan cuenta de la realidad nacional. ¿Y es que acaso la formación de los Estados nacionales latinoamericanos no fue en

¹⁴\ Ibíd., p. 100.

realidad el resultado de la acción de unos “ejércitos sin patria” y de unas elites comerciales-burocráticas semimonárquicas que, más que crear, se limitaron a sostener la formación de Estados co-mo simple extensión formal de sus poderes y necesidades locales?

En su segunda tesis, surgida a partir de la primera, Aricó afir-ma que Marx no llegó a entender la realidad latinoamericana porque no vio (¡imagínense, no vio!) la necesidad de un fuerte poder centralizado que promoviera el progreso económico de una nación geográficamente extendida, pues las masas y su par-ticipación “eran vistas” con más capacidad destructiva que cons-tructiva.¹⁵ El recurso al autoritarismo era “la única posibilidad” de organización de “una nación moderna”. “Hegel tenía razón y no Marx en cuanto al Estado como productor de la sociedad civil y la nación”, concluye Aricó, tomando partido por una for-ma de ver la realidad contraria a Marx. Pero, ¿realmente Hegel tuvo razón? ¿Realmente el Estado podía producir la forma de la sociedad y la construcción de la nación? Dejando de lado lo que hubiera podido pasar si el proyecto bolivariano hubiera triunfado en su momento (este terreno lo dejamos a la especulación), po-demos ver sus posibilidades, viendo lo que más se asemeja a él en el terreno de la construcción nacional a partir del Estado, como Brasil, Colombia hasta el desmembramiento de Panamá, incluso la Argentina. En todos estos países, y con más razón en los que se dieron grandes organizaciones sociales precolombinas como en Ecuador, Perú, Bolivia, México, etc., el proyecto de la construc-ción nacional y la reforma social ha sido un proyecto pendiente, resuelto recién en el siglo XX (y en algunos casos todavía no).

En más de cien años, el Estado no ha sido capaz de producir la sociedad como un todo orgánico, mucho menos de revolucio-narla; los momentos cumbre de la organización social como na-ción y de reforma en cualquiera de estos países están ligados, por el contrario, a grandes movimientos de insurgencia de masas, de autoorganización de la sociedad frente al Estado; fuera de ellas, y muy a pesar de los intentos desde arriba, la construcción de la

¹⁵\ Ibíd., pp. 133 y 136-138.

nación y la reforma social no ha sido más que una ficción señorial, oligárquica y terrateniente. Y esto no puede ser justificado por la pequeñez del territorio ni por las fuerzas “progresistas” criollas que, unas más pronto que otras, llegaron a ocupar la administra-ción estatal aun antes de finalizar el siglo XIX, y sin embargo no fueron capaces de emprender la tarea de construcción social ni en sus pequeños parajes. ¿Faltaron fuerzas a estas elites, pasado ya el primer momento de fraccionamiento de la territorialidad deseada? Esto se podría afirmar si realmente no hubieran estado comprometidos con la organización social del viejo régimen co-lonial. Pero en realidad, eran sus hijos legítimos, ¿qué intención profunda iban a tener para su reforma radical, si eran los nuevos usufructuarios de los viejos privilegios? Ninguna, o en el mejor de los casos, poca, tanto más dispuestos a abandonarlas cuanto más grandes fueran los sacrificios y riesgos a emprender.

Éstas eran las condiciones reales de las elites criollas y el lí-mite de la “nación” erigida por ellas. Su superación sólo podía venir de los que se oponían al régimen social vigente y, a partir de ello, de quienes depositaban sus intereses en ese movimien-to de revolucionarización social, pues mientras no se asegure la posibilidad real de un mejor status social a los primeros, jamás se arriesgarán a perder el viejo. No hay pues revolucionarización social posible, y la consiguiente construcción nacional, desde el viejo Estado. Esta tarea sólo puede venir como movimiento de la sociedad para autoorganizarse, como impulso creativo y vital de la sociedad civil para organizarse como nación. Esto no quita el papel que en esta tarea pueda desempeñar el Estado, como lo señala Marx en el caso de la monarquía absoluta en Europa,¹⁶ o de las mismas elites criollas de México, pero siempre como con-densadoras de los impulsos de la sociedad. Lo que sí no pueden hacer es reemplazarlos, y cuando lo intentan lo que resulta es una

¹⁶\ Karl Marx, New York Daily Tribune, 9 de septiembre de 1854. Volvemos a en-contrar esta idea en 1858: “los gobiernos aparecen como condición del proceso histórico de disolución y como creadores de las condiciones para la existencia del capital”.

tragedia militarizada o una farsa organizada de unos cuantos re-presentantes de la vieja sociedad.

El Hegel de Aricó no tuvo pues razón, por cuanto el Estado no pudo construir ni la nación, ni la sociedad, ni mucho menos la reforma de esta última. Para que esto sucediera en Latinoamé-rica tuvo que esperarse (y en algunos casos se sigue esperando) durante años y décadas desde la “independencia”, a que la so-ciedad emergiera de su letargo y su fuerza fuera contundente. Marx tuvo pues razón, porque vio esto, porque descartó la cons-trucción nacional estatal real y más aún la revolucionarización de la sociedad como obra estatal por encima de la sociedad. Marx tuvo razón, porque el Estado-nación, mientras no se efectúe su construcción como acto social, como despliegue de energías de la sociedad civil en su conjunto, era y es una construcción auto-ritaria, irracional, formal. Marx tuvo razón, porque la formación nacional y el Estado reales sólo se dieron después de los intentos despóticos del Estado y sus representantes particulares como Bo-lívar. La historia dio, pues, más razón a Marx en su pesimismo, que a Aricó en su optimismo.

Que Marx haya captado con profunda lucidez este aspecto del movimiento de la materia social, no oculta ni debe hacernos olvidar un aspecto señalado por Aricó, que se refiere a la incom-prensión de Marx de la dinámica real de la lucha de clases. Pero, claro está, no en el significado que él le da, en términos del Estado y de las elites criollas progresistas en sus intenciones y enfrenta-mientos, que no superan de hecho en sus actos lo que Marx previó de ellas. La incomprensión de Marx se da más en el terreno de las características de la sociedad civil que la reclama en la tarea de la construcción estatal y nacional. Este es el “punto ciego de Marx”, si es que hubiera que encontrarle uno. No hizo, como en el caso de Turquía o la India, un análisis comprensivo de las carac-terísticas y fuerzas internas de la sociedad, de sus componentes y sus contradicciones, de la relación de las elites independentistas criollas con el Estado. Marx no estudió a las masas indígenas, sus características y su movimiento; y aquí radica ciertamente la

debilidad de las apreciaciones de Marx sobre América Latina, su “incomprensión”, etcétera.

La ausencia de grandes movimientos indígenas de emancipa-ción, al menos en Sudamérica, ciertamente condicionó esta au-sencia en Marx. La existencia de un poderoso movimiento social general en los años de independencia o inmediatamente después, como en la India, Turquía o China, ciertamente hubiera sacado luz con más fuerza a la vitalidad, la potencialidad de la sociedad y la complejidad de sus contradicciones, y hubiera empujado a Marx a fijar su atención en ese contenido, como en otros casos.¹⁷

Marx, en los últimos años de su vida, volverá nuevamente a fijar su atención en el continente, pero ahora con nuevas preocu-paciones, como las formas de propiedad antiguas, los efectos de la colonización, etcétera, dirigidas, en gran parte, precisamente a superar los vacíos en su comprensión de la historia y la sociedad latinoamericanas.

¹⁷\ 琀o es pues raro que en momentos de manifestación de esta vitalidad, como en el caso de la defensa de México contra la política anexionista de Estados Unidos en 1861 (Karl Marx, “The Civil War in the United States”, en Die Presse, 25 de octubre de 1861) y contra la intervención anglo-francesa que invadió territo-rio mexicano de 1861 a 1867 (Karl Marx “La intervención en México”, en Die Presse, 12 de noviembre de 1861 y en New York Daily Tribune, 23 de noviembre de 1861; “El revoltijo mexicano”, en New York Daily Tribune, 15 de febrero de 1862; “Carta de Marx a Engels del 6 de marzo de 1862”, etc.). Marx toma in-mediatamente partido por ella y la ve como verdadero movimiento nacional y de reforma social. Es cierto que los argumentos usados en esta defensa, en uno de los casos, se basarán en la oposición a la expansión de territorios esclavistas y, en otros, a la defensa del “derecho de gentes” y el respeto de la “independencia exterior” de los gobiernos, etcétera. Pero no puede dejarse de lado que en estos argumentos esgrimidos subyacen los ya desarrollados en el caso de Asia sobre los resultados del dominio inglés en las colonias y, en especial, el de las capacidades de la sociedad agredida para salir en defensa de su autonomía como parte de un movimiento de reforma global.

II. El manifiesto comunista y nuestro tiempo

¿ES EL MANIFIESTO COMUNISTA UN ARCAÍSMO

POLÍTICO, UN RECUERDO LITERARIO? Cuatro tesis sobre su actualidad histórica¹

¿Por qué leer hoy nuevamente el Manifiesto comunista? ¿Por qué volver a referirse a ese pequeño texto, cuando nos separan de él 150 años de grandes transformaciones, de sucesos históricos y experiencias que lo vuelven distante? Un primer intento de res-puesta sería que el Manifiesto comunista es un texto fundador de la doctrina marxista y, por tanto, si se trata de reivindicar el mar-xismo, hay que volver a leerlo y “aplicarlo”.

Ciertamente ésta es una respuesta comprometida, pero con un error, que no sólo consiste en convalidar su lectura como un acto de fe, sino que además pulveriza el propio objeto del Manifiesto, que es la crítica radical de lo existente, y no el recuento litúrgico de lo escrito en el pasado. Ese tipo de exégesis corresponde a las cofradías y sacerdocios políticos, que han hecho del marxis-mo un culto pseudorreligioso con credos machacones, olimpos repletos, máquinas burocráticas para hacer cumplir la fe, exco-

¹\ Texto extraido de Álvaro García Linera, “¿Es el Manifiesto comunista un arcaís-mo político, un recuerdo literario? Cuatro tesis sobre su actualidad histórica”, en Raquel Gutiérrez, Raúl Prada, Álvaro García Linera, Luis Tapia, El fantasma insomne. Pensando el presente desde el Manifiesto comunista, La Paz, Muela del Diablo, 1999.

mulgar a los renegados y adoctrinar a los infieles. En su versión más monstruosa, estas maquinarias funcionan como Estados mo-dernos, variando simplemente la doctrina que deben inculcar en los legos (nacionalismo, fascismo, estatalismo, liberalismo, etc.); en sus variantes primitivas, son las sectillas de devotos quienes asumen la militancia como apostolado, y quienes en el fondo han confundido sus inclinaciones místico-religiosas con adscripciones políticas. Este tipo de encuentro con el Manifiesto evidentemen-te nada tiene de marxista, a pesar de que se haga en su nombre.

Un segundo tipo de lectura es aquella que toma el Manifiesto comunista como un texto histórico, que quizá fue revelador pa-ra la época en que fue escrito, pero que ahora, ante los cambios sociales que ha experimentado el mundo con el derrumbe de los “socialismos”, carece de pertinencia y que, cuando más, es una joya de archivo para la etno-historia. La virtud de esta posición frente a la anterior es que al menos utiliza razones, antes que creencias hipostasiadas. Sin embargo, la limitación de esta pos-tura radica en que reduce la experiencia y la creación social a un mero amontonamiento de actos inconexos en el devenir histórico, sin capacidad de trascender unos en otros. La historia no es una sucesión lineal y compartimentada de eventos: es un devenir de eventos connotados y jerarquizados, en el que los más recientes se levantan sobre el campo de posibilidades, despertados por los anteriores, y en el que la propia significancia de muchos de los sucesos pasados sólo halla su verdad en el porvenir.

En el caso del Manifiesto comunista, si bien es cierto que su inteligibilidad está dada por las características del desarrollo ca-pitalista del siglo XIX, que es estudiado y criticado por el texto, hay en él mismo una serie de reflexiones sobre los componentes fundamentales del régimen capitalista, que se mantienen a lo lar-go de los distintos momentos que recorre su desarrollo, porque precisamente ahí está anudada la “información genética” que viabiliza su existencia histórica, su perdurabilidad y ocaso. Una lectura marxista del Manifiesto precisamente afinca sus posibi-lidades en develar esta intimidad del texto con la extraordinaria realidad capitalista actual, con sus componentes y las condiciones

materiales de su superación. La lectura que vamos a realizar aho-ra busca precisamente mostrar algunas vetas de esta actualidad del Manifiesto o, si se prefiere, de la imposibilidad de la época actual de trascender, en términos generales, a la época histórica retratada por el Manifiesto comunista.

1. El desarrollo planetario del capitalismo. Subsunción general del mundo al capital

Mediante la explotación del mercado mundial, la burguesía ha dado un carácter cosmopolita a la producción y al consumo de todos los países. Con gran sentimiento de los reaccionarios, ha quitado a la industria su base nacional. Las antiguas industrias nacionales han sido destruidas y están destruyéndose continuamente. Son suplantadas por nuevas industrias […] que ya no emplean materias primas indígenas, sino materias primas venidas de las más lejanas regiones del mundo, y cuyos productos no sólo se consumen en el propio país, sino en todas

partes del globo. En lugar de las antiguas necesidades, satisfechas con productos nacionales, surgen necesidades nuevas, que reclaman para su satisfacción productos de los países más apartados y de los climas más diversos. En lugar del antiguo aislamiento y la amargura de las regiones y naciones, se establece un intercambio universal, una interdependencia

universal de las naciones. Y esto se refiere tanto a la producción material, como a la intelectual.

Karl Marx y Friedrich Engels, “El manifiesto del partido comunista”, pp. 114-115

Uno de los argumentos más socorridos por las corrientes libera-les para descalificar la posibilidad de un régimen social alternati-vo, o distinto al capitalista, es que la globalización económica ha

vuelto imposible opciones de desarrollo autónomo por fuera del mercado mundializado y la interdependencia de las actividades productivas, políticas y culturales.² Este argumento sería correcto si se supusiera que puede haber una vía de progreso económico al margen o paralela a la definida por el capital. Pero entonces ya no estaríamos hablando de Marx, sino de las múltiples varian-tes ideológicas del nacionalismo de Estado que, aprovechando el ambiente de fomento de los mercados y la industrialización interna enarbolada por las políticas keynesianas, creyeron hallar en el capitalismo de Estado una anticipación del socialismo o, al menos, una “vía propia” y novedosa para alcanzar el desarrollo sin caer en garras de las multinacionales.³

Hoy sabemos que la sustitución de importaciones y la creación del mercado interno, lejos de crear opciones frente al desarro-llo del capitalismo mundial, fue una de sus formas históricas de despliegue, que permitió la docilización y soborno de parte de las clases laborales, el disciplinamiento ciudadano de emigrantes campesinos, y la formación estatal de millones de consumidores de mercancías en disposición de ampliar la clientela de compra-dores de las multinacionales, una vez disminuidas las fronteras arancelarias. Igualmente, el “socialismo realmente existente” lo único que hizo fue desplegar, por nuevos medios, la mercantiliza-

²\ Francis Fukuyama, El fin de la historia y el último hombre, México, Planeta, 1992; Taichi Sakaiya, La sociedad del conocimiento, Santiago, Andrés Bello, 1994. Una visión crítica al respecto se halla en Alain Touraine, ¿Podemos vivir juntos? Iguales y diferentes, México, Fondo de Cultura Económica, 1997.

³\ Samir Amin, El eurocentrismo: crítica de una ideología, México, Siglo XXI, 1989; Fernando Henrique Cardoso y Enzo Faletto, Dependencia y desarrollo en América Latina, México, Siglo XXI, 1998; Andre Gunder Frank, América Latina: Subde-sarrollo o revolución, México, Era, 1973; Octavio Ianni, La formación del estado populista en América Latina, México, Era, 1975; Ruy Mauro Marini, Dialéctica de la dependencia, México, Era, 1972; Menno Vellinga (coord.), El cambio del papel del estado en América Latina, México, Siglo XXI, 1997; James Malloy, Authori-tarianism and Corporatism in Latin America, Pittsburgh, Pittsburgh University Press, 1977; Henry Kirsh, Industrial Development in a Traditional Society, Miami, University Press of Florida, 1977; y Jean Carrière (comp.), Industrialization and State in Latin America, Amsterdam: Centre for Latin American Research and Documentation (cedla), 1979.

ción estatalizada de la vida económica de estructuras sociales tan abigarradas como las de los países de Europa Oriental.⁴

Frente a la especulación sobre la existencia de burbujas socia-les capaces de emprender formas de desarrollo autónomo ante y en medio del capitalismo, Marx supo develar la tendencia in-manente de la lógica del capital a universalizarse, o, en palabras posteriores, a subordinar, primero externamente, las estructuras económicas, culturales y cognoscitivas no-capitalistas que en-cuentra a su paso para retorcerlas para sus fines de acumulación; y luego, realmente, por medio de la modificación material de esas estructuras, hasta un punto tal que ellas lleven amalgamada a su dinámica y coseidad la racionalidad del valor-mercantil.⁵

El capitalismo, como hecho universal y universalizante, es la caracterización básica que recorre todo el Manifiesto, y a partir de la cual Marx indaga la posibilidad material del comunismo. La primera etapa de esta expansión mundial fue el “descubrimiento de y la circunnavegación a África”, que al tiempo que redondeó el mundo como un espacio cerrado y cognoscible en toda su ex-tensión, creó el basamento de la intercomunicación de las acti-vidades de cualquier persona con el resto de los seres humanos. Estas acciones permitieron el surgimiento de “un mercado mun-dial” que puso en circulación y conocimiento los productos del trabajo de distintos regímenes socioeconómicos, aunque todavía con unos medios de comunicación y transporte correspondien-

⁴\ Charles Bettelheim, Las luchas de clases en la urss, 2 tomos, México, Siglo XXI, 1978; Bernard Chavance, El sistema económico soviético, Madrid, Revolución, 1987; Jan Winiecki, Las distorsiones en las economías de tipo soviético, Barcelona, Civilización, 1989; Enrique Palazuelos Manso, La economía soviética más allá de la Perestroika, Madrid, Ciencias Sociales, 1990; Alec Nove, El sistema econó-mico soviético, Madrid, Siglo XXI, 1982; y Fernando Claudín, La oposición en el “socialismo real”, Madrid, Siglo XXI, 1981.

⁵\ Karl Marx, El capital, México, Siglo XXI, 1981, Tomo 1, secciones 3, 4, 5, 7; Karl Marx, Grundrisse: Elementos fundamentales para la crítica de la economía polí-tica, México, Siglo XXI, 1982; Karl Marx, El capital, México, Siglo XXI, 1984; Álvaro García Linera, Forma valor y forma comunidad, La Paz, Quipus, 1995; Alejandro Portes, En torno a la informalidad, México, Facultad Latinoamerica-na de Ciencias Sociales (flacso), 1995, y Alejandro Portes (ed.), La economía informal, Buenos Aires, Planeta, 1990.

tes a las épocas de los intercambios locales. Ésta es la época del predominio del capital comercial.

Una segunda etapa de esta mundialización del capital fue la incursión de éste en la propia producción local de mercan-cías, arrasando, erosionando antiguas formas de trabajo. Esto dio lugar al desarrollo, en ciertas regiones, de una producción eminentemente capitalista, y a la formación de una red material de transporte,⁶ producto del propio desarrollo industrial (ferro-carriles, compañías navieras de carga con barcos a vapor), con lo que el comercio mundial que había antecedido y potenciado la industria ahora aparecía como resultado de ella, en la medida en que el nuevo aparato técnico organizativo del comercio había sido producido por la industria.

La tercera etapa de esta globalización del capital señalada por el Manifiesto⁷ es la de extinción de la “base nacional de la indus-tria”, que no sólo lleva a una expansión inusitada de la forma de trabajo capitalista a un número creciente de regiones que se vin-culan al mercado mundial, sino que, además, para mantenerse co-mo tal producción capitalista, debe hacerlo utilizando productos industriales, las materias primas y las tecnologías elaboradas en las regiones más diversas del globo. Esta última tendencia, delineada posteriormente en el Manifiesto, será utilizada por Marx para en-tender cómo fue posible que la crisis capitalista europea de 1847-1849 fuera superada provisionalmente mediante la expansión del capital industrial de Europa al resto del mundo⁸ e incluso, para dudar acerca de la posibilidad de victoria de una revolución social

⁶\ Karl Marx y Friedrich Engels, “El manifiesto del partido comunista”, en Obras escogidas. Tomo I, Buenos Aires, Progreso, 1980.

⁷\ Ibíd.

⁸\ Karl Marx, “Mayo a octubre de 1850”, en Historia y sociedad, No. 4, 1974. Un excelente estudio sobre esta obra de Marx y su concepción de la crisis se halla en Jorge Veraza, “Teoría del mercado mundial”, en Seminario de El capital, México, Universidad Nacional Autónoma de México (unam), 1993. Véase también Eric Hobsbawm, La era del capitalismo (1848-1875), Barcelona, Labor Universitaria, 1989.

en Europa mientras el capital siguiera avanzando pujantemente en un territorio geográfico cada vez más extenso en el mundo.⁹ La “mundialización” actual del capital, lejos de poner en du-da el pensamiento crítico de Marx, es el presupuesto histórico a partir del cual él propone indagar las posibilidades de superarlo. “El capital es un producto colectivo; no puede ser puesto en mo-vimiento sino por la actividad conjunta de muchos miembros de la sociedad y, en última instancia, sólo por la actividad conjunta de todos los miembros de la sociedad”.¹⁰ Hablar del capital es entonces hablar de la remodelación del mundo como un todo para su dominio, de la tendencia siempre creciente, pero siempre inacabada, de la supeditación del comercio, del transporte, de la producción, del conocimiento, de la imaginación, del disfrute, del consumo a los patrones del capital, ya sea en términos formales externos o reales de su materialidad interna.¹¹ Que ésta sea una tendencia creciente pero nunca acabada radica en que lo único que estrictamente es no-capital, pero que a la vez es su fuente de vida, es el trabajo-vivo en sus diferentes formas corpóreas: las

⁹\ Karl Marx, Las luchas de clases en Francia. Tomo I, Madrid, Espasa Calpe, 1985. Véase también Karl Marx y Friedrich Engels, “El movimiento revolucionario”, en Collected Works, Tomo 8, Londres, Lawrence & Wishart, 1985. En una carta a Engels, Marx anota: “La misión particular de la sociedad burguesa es el estable-cimiento del mercado mundial, al menos en esbozo, y de la producción basada sobre el mercado mundial. Como el mundo es redondo, esto parece haber sido completado por la colonización de California y Australia y el descubrimiento de China y Japón. Lo difícil para nosotros es esto: en el continente la revolución es inminente, y asumirá también de inmediato un carácter socialista. ¿No estará destinada a ser aplastada en este pequeño rincón, teniendo en cuenta que un territorio mucho mayor del movimiento de la sociedad burguesa está todavía en ascenso?”. “Carta de octubre de 1858”, en Karl Marx y Friedrich Engels, Correspondencia, México, Cultura Popular, 1977.

¹⁰\ Karl Marx y Friedrich Engels, “El manifiesto del partido comunista”, op. cit.

¹¹\ Sobre el carácter globalizado del capitalismo desde sus inicios, véanse Imma-nuel Wallerstein, El moderno sistema mundial, Barcelona, Siglo XXI, 1985; John Holloway (coord.), Dinero global y estado nacional, México, aup, 1994; John Holloway, “Un capital, muchos Estados”, en Gerardo Ávalos Tenorio y María Dolores París Pombo (comps.), Política y Estado en el pensamiento moderno, México, Universidad Autónoma Metropolitana (uam), 1996; y John Holloway et al., Globalización y estado-nación, Buenos Aires, Tierra del Fuego, 1996.

comunidades agrarias, pero también, y ahora mayoritariamente, la potencialidad laboral en estado de fluidez, aún no objetivada, que despliega el trabajador social para crear riqueza material y simbólica.¹²

La importancia y la minuciosidad tan actuales, con las que Marx devela esta cualidad inmanente del capital, tienen por ob-jetivo fundamentar positivamente el comunismo como asociación de productores en la que “el libre desenvolvimiento de uno será la condición del libre desenvolvimiento de todos”. Claro, si el ca-pital, como sociedad de antagonismos, explotación y beneficios privados como las anteriores sociedades escindidas en clases, se levanta, sin embargo, sobre el trabajo social universal, la posibi-lidad de la emancipación humana como un todo deja de ser una añoranza infundada, para hallar en esa universalidad perversa-mente trabajada por el capital la condición material de posibilidad de una acción humana conjunta, que ya no devenga propiedad y poderío privado, sino posesión y poderío común universal de los propios productores que la engendran.¹³

Que la universalización del trabajo, creada por primera vez en la historia humana por el capitalismo, abra las posibilidades ma-teriales de una acción conjunta de las capacidades y necesidades

¹²\ “Lo único diferente al trabajo objetivado es el trabajo no objetivado, que aún se está objetivando, o sea el trabajo como subjetividad. O, también, el trabajo objetivado, es decir como trabajo existente en el espacio, se puede contraponer en cuanto trabajo pasado al existente en el tiempo. Por cuanto debe existir como algo temporal, como algo vivo, sólo puede existir como sujeto en el que existe como facultad, como posibilidad, por ende como trabajador. […] el trabajo, puesto como no-capital en cuanto tal es: 1) trabajo no objetivado, concebido negativamente (aun en el caso de ser objetivo; lo no objetivo en forma objetiva). En cuanto tal, es no-materia prima, no-instrumento de trabajo, no-producto en bruto: el trabajo disociado de todos los medios de trabajo y objetos de trabajo, de toda su objetividad; el trabajo vivo, existente como abstracción de estos aspectos de su realidad efectiva (igualmente no-valor)”. Karl Marx, Grundrisse, op. cit. El capital como trabajo objetivado y el trabajo vivo, como “trabajo no-objetivado”, como lo “único que no es capital” es el punto decisivo del concepto marxista de revolución y de sujeto revolucionario.

¹³\ Sobre la comunidad universal, véase Karl Marx, Grundrisse, op. cit., pp. 87-90, 217-219.

humanas no significa ni que el capital haya producido esta inter-dependencia social deliberadamente, ni que la sola presencia de esa universalización vaya directamente a crear la inminencia del comunismo. De hecho, estas malas interpretaciones están en el fondo de las actitudes de numerosos partidos e intelectuales que se proclaman marxistas y que se han desempeñado como fervien-tes aduladores del “progreso capitalista” pues, según ellos, eso prepararía las condiciones para el tránsito hacia el socialismo.¹⁴

Lo que estos aduladores del capital no toman en cuenta, o me-jor, esconden, es que esta interdependencia universal desplegada por el capitalismo no es propugnada, ni buscada ni propuesta por Marx: sencillamente es descrita, es explicada, es estudiada, ya que ésta se desenvuelve “frente a nuestros ojos”. Pero, además, la universalización creada por el desarrollo del capitalismo sirve a ese desarrollo y es parte de ese desarrollo del capital; en otras palabras, la interdependencia universal es una fuerza productiva del capital, que a medida que se expande y densifica lo hace en tanto expansión y densificación de la racionalidad empresarial. El desarrollo histórico de la universalidad es el desarrollo del capital, por lo que propugnar y alabar esa expansión de la inter-dependencia universal es sencillamente propugnar el desarrollo del capital, por mucho que se justifique que “después” vendrá el socialismo, como postre histórico.

La actitud de Marx en el Manifiesto frente a esta globalización del capital es sencillamente entenderla en todas sus implicacio-nes y, por sobre todo, indagar sus contrafinalidades, las potencias emancipadoras ocultas en esta globalización, pero que, hasta hoy, se dan deformadas y retorcidas por la racionalidad capitalista dominante. El Manifiesto maneja dos dimensiones argumenta-les sobre la globalización: por una parte, la concreta, que es la globalización creada por y para el capital como mecanismo de acumulación ampliada. Por otro, la abstracta, despertada pero permanentemente reprimida por la primera, que habla de esta in-

¹⁴\ 琀n Bolivia, véanse los panfletos del Partido Comunista de Bolivia (pcb) y del Partido Obrero Revolucionario (por).

terdependencia positiva de los seres humanos a nivel planetario, y cuya trascendencia va muchísimo más allá de esa miserable y frus-trante manera en que se desenvuelve hasta hoy en el capitalismo.

Esta segunda dimensión abstracta ha surgido por influjo de aquella primera dimensión concreta; sin embargo, la primera es sólo una manera estrecha y mutilada del posible despliegue de la segunda; pero además, para que esta segunda pueda derra-marse sobre la historia, se requiere previamente la demolición y sustitución de la primera, pues ella a lo único que tiende es ha-cia sí misma. El hecho de que esta superación radical de la for-ma capitalista de la globalización sea factible, viene dado por el contundente argumento de que el capital es simplemente fruto (enajenado) del trabajo social, una forma de ese trabajo social que deberá dar lugar, por autotransformación, que no es otra cosa que autoemancipación, a otra forma del trabajo social-universal en la que sea capaz de reconocerse y disfrutar en común del producto de sus capacidades, etcétera.

Vistas así las cosas, resulta por demás evidente que la actual “globalización” del capital puede ser entendida en su justa di-mensión y profundidad como una nueva etapa de esa universa-lización del capitalismo de la que nos habla el Manifiesto, pero ante todo, como una etapa cuyo análisis crítico debe dejar tras-lucir las contrafinalidades, las contratendencias emancipadoras del trabajo ante el capital que anidan materialmente en su seno y que precisamente los marxistas tienen que entender y potenciar por todos los medios a su alcance.

En particular, lo que hoy, con aires de novedad e ignorancia, los liberales llaman globalización no es la existencia de un merca-do mundial, que ya se inició entre los siglos XVI y XVIii;¹⁵ quizá

¹⁵\ 琀mmanuel Wallerstein, El moderno sistema mundial, op. cit. En la zona andina, la producción minera, y con ello la actividad comunal que se articulaba coacti-vamente a ella, se vinculó estrechamente al comercio y a la producción europea a finales del siglo XVI; y ello no sólo en términos monetarios, sino también tec-nológicos. Véanse Enrique Tandeter, Coacción y mercado: la minería de la plata en el Potosí colonial 1692-1896. Buenos Aires: Sudamericana, 1992; y Peter Bakewell, Mineros de la montaña roja 1545-1650, Madrid, Alianza, 1992.

lo específico ahora sea la fuerte tendencia a la generalización de las pautas de consumo y la cualidad de las mercancías cuya circu-lación se fomenta, como el dinero,¹⁶ o se limita a través de des-

¹⁶\ Como lo han señalado los críticos del concepto de globalización, muchas de las tendencias que abarcan ese nombre no son nuevas del todo. La novedad de la llamada “revolución de la información” es impresionante, “pero la novedad del ferrocarril y el telégrafo, el automóvil, la radio, y el teléfono impresionaron igualmente en su día” (Harvey 1995). Incluso la llamada “virtualización de la ac-tividad económica” no es tan nueva como puede parecer a primera vista. Desde la década de 1860 en adelante, los cables submarinos del telégrafo conectaron los mercados intercontinentales; hicieron posible el comercio cotidiano y la forma-ción de precios a través de miles de millas, una innovación mucho mayor que el advenimiento actual del comercio electrónico. Chicago y Londres, Melbourne y Manchester fueron conectadas en tiempo real, los mercados de obligaciones también llegaron a estar estrechamente interconectados, y los préstamos interna-cionales a gran escala —tanto inversiones de cartera como directas— crecieron rápidamente durante este periodo (Hirst 1996).

\ “En efecto, la inversión directa extranjera creció tan rápidamente que en 1913 supuso por encima del 9% del producto mundial —una proporción que toda-vía no había sido superada al comienzo de la década de 1990 (Bairoch y Kozul-Wright 1996). Similarmente, la apertura al comercio exterior —medido por el conjunto de importaciones y exportaciones en proporción del Producto Interno Bruto (pib)— no era notablemente mayor en 1993 que en 1913 para los grandes países capitalistas, exceptuando a los Estados Unidos (Hirst 1996). Seguramente, como resaltan desde perspectivas diferentes los aportes de Eric Helleiner (1997) y Saskia Sassen (1997), la más espectacular expansión de las últimas dos décadas, y la mayor evidencia en el arsenal de los defensores de la tesis de la globalización, no ha estado en la inversión directa extranjera o en el comercio mundial, sino en los mercados financieros mundiales. Señala Saskia Sassen que ‘desde 1980 el valor total de los activos financieros ha aumentado dos veces y media más rápi-do que el pib agregado de todas las economías industriales ricas. Y el volumen de negocios en divisas, obligaciones y anticipaciones de capital ha aumentado cinco veces más rápido’. El primero en ‘globalizarse’, y actualmente ‘el mayor y en muchos sentidos el único auténtico mercado global’ es el mercado de divi-sas. ‘Las transacciones por cambio de divisas fueron diez veces mayores que el comercio mundial en 1983; sólo diez años después, en 1992, esas transacciones eran sesenta veces mayores’. En ausencia de este explosivo crecimiento de los mercados financieros mundiales, probablemente no hablaríamos de globaliza-ción, y seguramente no lo haríamos hablando de un nuevo rumbo del proceso en marcha de reconstrucción del mercado mundial producido bajo la hegemonía de Estados Unidos como resultado de la Segunda Guerra Mundial. Después de todo, Bretton Woods era un sistema global, así que lo que realmente ha ocurrido ha sido un cambio desde un sistema global (jerárquicamente organizado y en su mayor parte controlado políticamente por los Estados Unidos) a otro sistema global más descentralizado y coordinado mediante el mercado, haciendo que las

póticas políticas de proteccionismo estatal, como en el caso de la mercancía fuerza de trabajo, a la cual se le impide desplazarse libremente del sur al norte.

Lo singular de la actual forma de globalización tampoco es la expansión de la producción capitalista a todos los confines del mundo, pues eso se intensificó a mediados del siglo XIX, como forma de superación de la crisis capitalista que vivió Europa. No por casualidad, desde los años cincuenta, la atención de Marx se desplazó de Europa a Oriente y América, a las estructuras co-munales y a la agricultura, pues es precisamente este “campo del mundo” el que comienza a ser objeto de subordinación formal y real por el capital.¹⁷ La revolución rusa —que por lo general es tomada como argumento de una decadencia del capitalismo, en el caso de los izquierdistas, o del fracaso de cualquier esfuerzo revolucionario anticapitalista, en el caso de los derechistas—, en sus resultados y a la luz del Manifiesto comunista, adquiere otro significado: en las limitaciones para expandirse planetariamen-te, a fin de reforzar los embriones de autogobierno y autogestión económica de los trabajadores de la ciudad y el campo rusos, la revolución devino una revolución nacional burguesa, que bajo formas imperiales y de capitalismo de Estado, continuó esa ola de expansión del capitalismo desde el centro hasta las “extremida-

condiciones financieras del capitalismo sean mucho más volátiles e inestables: la globalización, la soberanía estatal y la interminable acumulación del capital”. Giovanni Arrighi, “Estados y soberanía en la economía mundial”, conferencia dictada en la Universidad de California, Irvine, 21-23 de febrero de 1997.

¹⁷\ Véanse los escritos de Marx sobre la India, China, América Latina, Irlanda, Turquía, España, Rusia, etc., publicados en distintos periódicos desde 1852, o presentes en sus cartas y en sus manuscritos preparatorios de El capital. Algunos de estos trabajos se hallan en Karl Marx y Friedrich Engels, “Materiales para la historia de América Latina”, en Cuadernos de Pasado y Presente, No. 30, 1972; Karl Marx, “Historia diplomática secreta del siglo XVIII”, en Cuadernos de Pa-sado y Presente, No. 87; “La cuestión nacional y la formación de los estados”, en Cuadernos de Pasado y Presente, No. 69, 1980; “Sobre el colonialismo”, en

Cuadernos de Pasado y Presente, No. 37, 1973; Imperio y colonia, escritos sobre Irlanda, Pasado y Presente, 1979; La revolución en España, Moscú, Progreso, 1974; y Marx contra Rusia, Buenos Aires, s.e., 1974. Véase también “Formas que preceden a la producción capitalista”, en Grundrisse, op. cit.

des” de su cuerpo geográfico mundializado. Lo relevante hoy de este proceso de expansión de la producción capitalista a todo el orbe es el acrecentamiento del abismo que separa a países y com-pañías que controlan las condiciones materiales de producción, invención y desarrollo de las modernas tecnologías, y los países y consumidores, facultados sólo para acceder al uso restringido de productos terminados, mas no para producirlos o modificar-los. Hablamos entonces de una descomunal jerarquización pro-ductiva, no sólo globalizada, sino a la vez tecnologizada, entre industrias, regiones y naciones.

La actual globalización del capital, en los hechos, vendría a continuar, en un nivel más complejizado, dos de las tres etapas señaladas como tendencias históricas por el Manifiesto:

a) La formación de una red de trasporte y comunicaciones por y para la industria. Ya dijimos que un primer momento de esta subsunción real de los medios de comunicación y transporte al capital se dio desde el siglo XIX, cuando se modificó el aparato técnico y organizativo de la esfera de la circulación y distribución, que comenzó a desenvolverse sobre una base tecnológica creada por la producción industrial (ferrocarriles, barcos a vapor, etc.)¹⁸ y en muchos casos como parte del propio proceso de producción.¹⁹ Tenemos entonces el inicio, por parte de la producción capita-lista, de una red material propia para el comercio mundializado a través de estos nuevos medios de transporte. Esta tendencia avanzó durante el siglo XX con el telégrafo, la radiocomunica-ción, el transporte aéreo, y ahora se habría entrado en un nuevo momento con la fibra óptica, la comunicación satelital y el uso

¹⁸\ Karl Marx, Friedrich Engels y Nikolai Danielson, Correspondencia 1868-1895, México, Siglo XXI, 1981. Véanse también las cartas entre Marx y Engels en la década de 1850-1860, en Karl Marx y Friedrich Engels, Correspondencia, México, Cultura Popular, 1978; Vladimir Lenin, Acotaciones a la correspondencia entre Marx y Engels, Barcelona, Grijalbo, 1976.

¹⁹\ Karl Marx, “Maquinaria y gran industria”, en El capital, op. cit., 1984; y “Cua-derno tecnológico-histórico” (Extractos de la lectura B-56, Londres, 1851), México, Universidad Autónoma de Puebla (uap), 1984.

de los ordenadores para la interconexión simultánea en red en la banca, el comercio, el transporte.

Si nos fijamos bien, esta nueva base tecnológica lo que hace es consolidar la subsunción real de los medios de intercomuni-cación mundializados al capital, que se inició hace más de un si-glo. La peculiaridad de este nuevo momento de subordinación globalizada de los medios de comunicación y transporte es que está creando un tiempo de comunicación mundializado homogé-neo, y tendencialmente convergente a cero. Esto significa que el nuevo basamento tecnológico está creando, por un lado, una uniformización en los tiempos de circulación y distribución de los productos de una fábrica, país o región con los de cualquier otra fábrica, país y región del planeta; y por otra parte, estos tiempos que tardan en trasladarse materias primas, máquinas, capitales, productos de consumo y fuerza de trabajo, tanto al interior de talleres, países, como entre regiones distantes en el mundo, tien-de a ser cero. Hoy en día, las bolsas de valores y la comunicación por satélite permiten mover capitales e inversiones de un país a otro en cuestión de minutos, la producción intelectual puede fluir simultáneamente al mundo, y los productos y personas pueden moverse de un continente a otro en cuestión de horas, cuando antes esto tardaba meses o semanas. A partir de esta remodelación de la base comunicacional mundializada está surgiendo:

b) Una base mundializada de la propia producción. Ya hemos visto cómo el Manifiesto devela esta tendencia, con el surgimien-to de industrias que no emplean ni materias primas ni tecnolo-gía producidas localmente, y que además producen mercancías que han de realizarse en un consumo igualmente mundializado. El nuevo momento de esta mundialización vendría a darse por el inicio de un proceso de trabajo inmediato planetarizado, esto es, que la propia actividad de producir un bien determinado no sólo requiere de materias primas, tecnología y mercados de otras partes del planeta, sino que la propia actividad de fabricación de un solo bien material o simbólico no se realiza localmente, en un solo taller, sino en múltiples talleres descentralizados y ubicados

en distintas partes del mundo, de acuerdo a la explotación de las capacidades laborales, las oportunidades estatales y la concen-tración de medios de producción que brinda cada región para la elaboración de componentes separados, que luego serán ensam-blados en un producto final.²⁰

Hablamos, por lo tanto, de un Proceso de Trabajo Direc-to mundializado o, si se prefiere, de que el mundo comienza a aparecer como espacio geográfico unificado, donde se despliega la actividad completa de elaboración de cualquier mercancía. La posibilidad de esta modificación de las relaciones específi-camente productivas, que convierte al planeta en un solo taller, del cual las regiones y países sólo son zonas que producen partes del producto final, viene posibilitada por la modificación de la estructura de transporte y comunicación mundial, en la medida en que el reducir enormemente el tiempo de desplazamiento de cosas y personas permite poner en funcionamiento simultáneo y enlazado procesos productivos parciales desparramados a lo largo del globo.

Ciertamente, esta modificación productiva apenas comienza (las maquilas de los años sesenta y setenta fueron su inicio), pero ya señala el nuevo nivel de la subordinación del mundo al capital, en la medida en que el tiempo y la geografía, además de ser coac-cionados a adecuarse a las necesidades de la valorización —co-mo ha sucedido hasta hoy—, su misma significancia material y la manera de vincularnos a ellos, son reestructurados para aparecer como fuerzas productivas del capital.

Pero el Manifiesto no otorga únicamente los marcos concep-tuales para volver inteligibles muchas de las “novedades” de

²⁰\ Jürgen Heinrichs, Otto Kreye y Folker Fröbel, La nueva división internacional del trabajo, México, Siglo XXI, 1981; Ana Esther Ceceña y Andrés Barreda (coords.), Producción estratégica y hegemonía mundial, México, Siglo XXI, 1995; Christian Palloix, Proceso de producción y crisis del capitalismo, Barcelona, Blume, 1980; José Ramírez Zaragoza, “El trabajo y la nueva organización productiva capitalista”, Tesis de Maestría, unam, 1993; y Esthela Gutiérrez Garza (coord.),

Reconversión industrial y lucha sindical, México, Nueva Sociedad, 1989.

nuestra época; lo hace porque precisamente realiza su crítica, porque indaga las contrafinalidades de estas tendencias, desde el punto de vista de la potenciación del trabajo social emancipado: “el desarrollo de la gran industria socava bajo los pies de la pro-pia burguesía las bases sobre las que ésta produce y se apropia de lo producido […] de tal manera, la burguesía proporciona a los proletarios los elementos de su propia educación, es decir, ar-mas contra ella misma”.²¹ ¿Cómo es que el capital, al expandir su dominio, potencialmente socava las condiciones de ese dominio? Porque al unir instantáneamente la producción y el consumo pro-ductivo de las más diversas regiones del mundo, el conocimiento y las capacidades laborales de las zonas más distantes del planeta, crea material y tecnológicamente las posibilidades de una “unión cada vez más extensa de los obreros”,²² en la medida en que su trabajo es la sustancia social que sostiene la intercomunicación y la interdependencia instantánea del capital. El capital es sólo trabajo enajenado, por tanto, la mundialización del capital es sólo la mundialización del trabajo, la interdependencia de sus capacidades y necesidades, pero de manera enajenada, falseada por el lucro privado. La globalización del capital existe porque ya hay entonces una globalización del trabajo, pero reprimida, coaccionada a existir como globalización fetichizada de las co-sas y del dinero. El triunfo planetario del capital, que hoy día se festeja, descansa sobre la posibilidad de un triunfo planetario del trabajo y, de hecho, el festejo empresarial es sólo una más de las maquinarias de guerra para aprisionar y deformar esa potencia-lidad mundializada del trabajo.

Sin embargo, esta potencialidad jamás brotará por obra del propio avance del capital, pues éste se define precisamente por la ininterrumpida colonización, por la sistemática expropiación del cúmulo de fuerzas sociales anidadas en el trabajo,²³ en este caso,

²¹\ Karl Marx y Friedrich Engels, “El manifiesto del partido comunista”, op. cit.

²²\ Ibíd.

²³\ Al referirse al argumento de que el proteccionismo, al concentrar las fuerzas sociales internas en torno al empresariado local para hacer frente a la competen-

de su interdependencia, de su fondo comunitario universal, que habilita que el ser genérico humano sea un producto del propio trabajo del conjunto de los seres humanos existentes; más su his-toria, por supuesto. Para que esta fuerza brote, se necesita que los propios portadores corporales del trabajo vivo sean capaces de reconocerse, de desearse, de apropiarse material y directamente de lo que ellos hacen en común, esto es, a escala planetaria.

El que esto suceda ya no es fruto del capital, sino de la auto-construcción del trabajo, frente y por encima de aquella que el capital hace cotidianamente de ellos. Se trata de un proceso de autonegación²⁴ del trabajo en cuanto trabajo-para-el-capital, es decir, se trata de un hecho político, cultural, subjetivo y organiza-tivamente material, que reclama al trabajo universal la capacidad de autoformarse, de autodeterminarse como sujeto histórico-universal. Las condiciones de esta autoemancipación, señaladas por el Manifiesto, las trataremos posteriormente.

cia extranjera, también robustece al proletariado, Marx menciona una evidente contradicción en ese razonamiento: “Mientras que el sistema proteccionista pone en manos del capital de un país las armas necesarias para luchar contra los países extranjeros, mientras fortalece al capital frente a los de afuera, cree que este capital así armado y robustecido se tornará débil y transigente frente a la propia clase obrera. Esto valdría tanto como apelar a la caridad del capital, como si el capital en cuanto tal pudiera ser caritativo. Pero las reformas sociales no se logran nunca por la debilidad de los fuertes, sino que son siempre el fruto de la fuerza de los débiles”. Karl Marx, “Discurso sobre los aranceles protectores, el libre cambio y la clase obrera”, en Obras escogidas, op. cit.

²⁴\ Marx explica que la moderna sociedad capitalista es “el proceso de autoenaje-nación del trabajo y por tanto, el ‘comunismo es la posición de negación de la negación y, por tanto, el momento real, necesario, de la emancipación y la recu-peración humanas’”. A esta negación de la autoenajenación la estamos llamando autonegación del trabajo. Karl Marx, Manuscritos económico-filosóficos de 1844, Tomo 2, México, Grijalbo, 1982.

2. El desarrollo tecnológico contemporáneo: el movimiento de la enajenación material del trabajo

La burguesía no puede existir sino a condición de revolucionar incesantemente los instrumentos de producción, por consiguiente las relaciones de producción, y con ello todas las relaciones sociales. La burguesía a lo largo de su dominio de clase […]

ha creado fuerzas productivas más abundantes y más grandiosas que todas las generaciones pasadas. El sometimiento de las fuerzas de la naturaleza, el empleo de las máquinas, la aplicación de la química a la industria, y a la agricultura, la navegación a vapor, el ferrocarril, el telégrafo eléctrico, la asimilación para el cultivo de continentes enteros […]. El creciente empleo de las máquinas y la división del trabajo quitan al trabajo del proletario todo carácter propio y le hacen perder con ello todo atractivo para el obrero. Éste se convierte en un simple apéndice de la máquina […]. Cuanta menos habilidad y fuerza requiere el trabajo manual, es decir cuanto mayor es el desarrollo de la industria moderna, mayor es la proporción en que el trabajo de los hombres es suplantado por el de las mujeres y los niños.

Karl Marx y Friedrich Engels, “El manifiesto del partido comunista”, pp. 114-117

Nuestra época se caracteriza por una expansión extraordinaria de los medios de comunicación, así como de consumo y, ante to-do, de producción. Si en la época de Marx se empleó la máquina a vapor, el ferrocarril, el telégrafo, etcétera, hoy día la energía nuclear ha abierto una fuente de energía inagotable para poner en funcionamiento máquinas. Las investigaciones en materiales conductores están permitiendo el almacenamiento y transporte de ingentes cantidades de información en cada vez más diminutos

y eficientes dispositivos; la microbiología ha abierto la posibilidad de modificar conscientemente la estructura genética de organis-mos vivos y aplicar procesos biológicos a otras ramas del trabajo productivo; la computadora, las máquinas con control numérico y los robots son ya indispensables en gran parte de las industrias más productivas del mundo, y las tecnologías de comunicación están convirtiendo al mundo en un solo gran taller que descen-traliza sus funciones parciales por continentes y países.

La realidad específica en la que toma cuerpo esta modificación de los “instrumentos de producción” es ciertamente muy distinta a la vivida hace cien años, al igual que la pasmosa vertiginosidad con la que se han revolucionado en las últimas décadas esos “ins-trumentos de producción” y esos saberes nuevos, que se “hacen añejos antes de llegar a osificarse”.²⁵

Este abrumador desarrollo de medios de trabajo, de medios de comunicación, de saberes científicos aplicados, ciertamente muestra a una sociedad capitalista aparentemente vigorosa, capaz de modificar sus medios de producción, de seguir elevando la pro-ductividad del trabajo y de modificar las condiciones productivas para satisfacer ciertas demandas sociales haciendo brotar otras.

Pero esta obsesión transformista del capital, estas ansias irre-frenables de revolucionar las condiciones de producción no son sinónimo de lozanía, ni garantía de su indestructibilidad presen-te. Pensar que el capitalismo es hoy en día insuperable porque sigue transformando los medios de trabajo e incrementando la productividad laboral, tal como argumenta el pensamiento con-servador contemporáneo, significa creer que el capitalismo tiene por objetivo histórico revolucionar las condiciones materiales de producción y mientras lo haga, su vida estará asegurada. El error de esta creencia extendida es que sustituye a la finalidad implícita del régimen capitalista (la ganancia, la valorización del valor),²⁶ por el medio que es fetichizado, la transformación de las condi-

²⁵\ Karl Marx y Friedrich Engels, “El manifiesto del partido comunista”, op. cit.

²⁶\ Karl Marx, “Economic Manuscript of 1861-1863”, en The Production Process of Capital. Collected Works. Tomo 3, New York, International Publisher, 1988.

ciones de producción.²⁷ Curiosamente, la misma actitud esgrime cierto “izquierdismo” confesional, que pretende explicar la de-bacle del capitalismo, pero ahora por su “incapacidad de seguir desarrollando las fuerzas productivas”, como si en ello se defi-niera la esencia de esta estructura social. En este último caso, la paranoia adquiere rasgos clínicos, pues, para defender sus pun-tos de vista, tienen que invisibilizar la evidente transformación de los instrumentos de trabajo ocurrida en las últimas décadas y la intensificación de la productividad en determinadas ramas de producción (telecomunicaciones, microelectrónica, electroinfor-mática, etcétera),²⁸ que están contrarrestando las inocultables di-ficultades de acumulación que tiene el capital a escala planetaria.

Pero estos pensamientos conservadores y pseudoizquierdis-tas surgen de una misma matriz fetichizadora de la técnica, de su avance o su parálisis como garantía de vitalidad o decrepitud del capital, como si el desarrollo tecnológico fuera lineal, único y cuantificable en una escala transhistórica. Este tecnologicismo decimonónico olvida que la fuerza “motriz” del capital no es la “conquista de las fuerzas productivas” y que, por tanto, su de-rrumbe no viene por su “incapacidad” de fomentarlas. Lo que mueve la sociedad capitalista es la valorización del valor, la ga-nancia monetaria acrecentada ininterrumpidamente, y lo que ha de llevarla a la tumba es precisamente la imposibilidad de conti-nuar la espiral de valorización. La técnica, para esos fines, es un medio que permite esta valorización desde el movimiento del propio proceso de producción, y así como la función social de las herramientas de trabajo está definida por la intencionalidad

²⁷\ Ibíd. Véase también Herbert Marcuse, El hombre unidimensional, México, Joa-quín Mortiz, 1968 y Jürgen Habermas, Ciencia y técnica como ideología, Madrid, Tecnos, 1986.

²⁸\ Ana Esther Ceceña y Andrés Barreda (coords.), Producción estratégica y hegemo-nía mundial, op. cit.; Benjamin Coriat, La robótica, Madrid, Revolución, 1985; Michael Borrus (ed.), US-Japanese Competition in the Semiconductor Industry,

Los Angeles, University of California, 1993; Fumio Kodama, Analyzing Japane-se High Technologies, London, Pinter, 1991; Raquel Gutiérrez Aguilar, Apuntes sobre la crisis actual del capitalismo mundial, La Paz, s. e., 1993; y Jon Elster, El cambio tecnológico, Barcelona, Gedisa, 1990.

de valorizar el valor que empuñan sus propietarios y controla-dores, y que la antecede y la dirige,²⁹ la superación del capital tampoco está definida por las herramientas (“grado de desarro-llo de las fuerzas productivas”), sino por los portadores de ellas, capaces de encumbrar una nueva racionalidad social, fundada en la dispendiosa satisfacción de necesidades sociales³⁰. Veamos esto más de cerca.

Como lo muestra Marx en el Manifiesto, el capitalismo es fruto de medios de producción y de cambio que se “crearon en la sociedad feudal”. Sobre esa base material, formada en y para otro régimen productivo, el capital como relación social emerge y se desarrolla; es pues, un desarrollo formal, ya que lo hace so-bre una base tecnológica heredada, sin embargo, parcialmente refuncionalizada, para acrecentar la acumulación de valor. Un afianzamiento real, o mejor, las condiciones de su autorreproduc-ción vendrán desde el momento en que el capital sea capaz de crear su propia base tecnológica, de fundarse materialmente a sí mismo, y eso sucederá cuando la estructura técnico-organizativa del proceso de producción aparezca como resultado del propio capital, incluidas las fuerzas productivas. Para ello, el capitalismo tendrá que revolucionar, para sí y en función de sí, las cualidades materiales de los medios de trabajo y los modos organizativos de su consumo, capaces de tecnologizar la racionalidad del valor. En El capital, Marx llamará a esto subsunción real del proceso de tra-bajo al capital.³¹ Pero, al tiempo que es sólo en ese momento que el régimen del valor logra cimentar sus propias bases materiales

²⁹\ Karl Marx, “Economic Manuscript of 1861-1863”, op. cit.

³⁰\ Sobre el comunismo como sociedad de abundancia, y el peligro de socializar la escasez en caso de que la revolución social no se levante sobre una estructura técnico-material capaz de permitir la satisfacción abundante de los requerimien-tos sociales, véanse Karl Marx y Friedrich Engels, La ideología alemana, México, Cultura Popular, 1980; y Jean-Paul Sartre, Crítica de la razón dialéctica. Tomo I, Buenos Aires, Losada, 1979.

³¹\ Karl Marx, El capital, op. cit.; Jorge Veraza, Crítica a las teorías del imperialis-mo, México, Itaca, 1987; del mismo autor, La subsunción real del consumo bajo el capital en la posmodernidad y los manuscritos de 1844 de Karl Marx, México, unam, 1994; y Álvaro García Linera, Forma valor y forma comunidad, op. cit.

de despliegue, lo hace amalgamando la racionalidad del valor a la propia cualidad cósica de los medios de trabajo.³² Decimos, por tanto, que el capital es capaz de crear sus propias condiciones de desarrollo, imponiendo un sello propio al desarrollo material de las fuerzas productivas, en este caso, subordinando, constriñendo ese desarrollo a la estrecha estrategia de valorizar el valor.

El capitalismo por tanto, no desarrolla indiscriminadamente las fuerzas productivas, sino que las mutila, las reprime a fin de que éstas sólo sigan la ruta que potencia la valorización del valor. Se trata de una unilateralización que anula las posibilidades de un desarrollo multilateral de las capacidades materiales del trabajo, fomentando sólo aquellas capacidades susceptibles de servir, de ser compelidas a la lógica del valor.

El capital subordina, entonces, las fuerzas productivas, tanto en su forma social como en su contenido material; o mejor, de-forma su desarrollo para adecuarlas a sus fines. De ahí, por ejem-plo, ese desarrollo unilateral de las fuerzas productivas técnicas en detrimento de las fuerzas productivas simbólicas, asociativas, o la recurrente conversión de las fuerzas productivas sociales en fuerzas destructivas o nocivas (las armas nucleares, la destrucción de la capa de ozono, etc.) que ponen en riesgo la propia existencia humana. Y aun en el terreno de las fuerzas productivas técnicas, la potenciación arbitraria de aquellas más aptas o más dóciles para incorporar en su movimiento y utilidad la codicia y el des-potismo empresarial.

No hay pues fuerzas productivas ingenuas o neutras. Cada herramienta, cada medio de trabajo fruto de la sociedad con-temporánea incorpora en su cualidad material y en las formas de su uso un conjunto de intencionalidades sociales, un conjunto de dispositivos de orden que constriñen habilidades, prescri-ben comportamientos, priorizan tales o cuales saberes, descartan

³²\ 琀n el capítulo VI de El capital (inédito), Marx llama “propiedad social amal-gamada” al instrumento de producción. Véase también Karl Marx y Friedrich Engels, “Draft of an Article on Friedrich List’s Book: Das nationale System der politischen Ökonomie”, en Collected Works, Nueva York, International Publi sher, 1989.

otros, expanden tal o cual actitud grupal y aplastan otras, según los requerimientos históricos generales de época que acompa-ñan a las estrategias de valorización del valor. Parafraseando a Bourdieu,³³ se trata de una especie de habitus tecnológico implí-cito, no necesariamente explícito en los creadores científicos y en los financiadores, pero que se manifiesta a la hora de la creatividad inventiva y del fomento de la misma por las ramas empresariales. Todo el peso de la predisposición del régimen del capital y de sus anhelos se agolpa a la hora de la producción de tecnologías, con-virtiendo a las herramientas, más que en una prolongación de la habilidad del sujeto, en una prolongación material de la demanda epocal del régimen de valor, incluidas las resistencias que trata de superar y que volverá a engendrar. Con las fuerzas productivas modernas, la enajenación del trabajo adquiere pues, también, una forma tecnológica.³⁴

El problema con las fuerzas productivas en el capitalismo, y lo que permite hablar de la necesidad de la superación de ese ré-gimen social, no es que no se desarrollen; al contrario: es porque se desarrollan en demasía, es porque “resultan ya demasiado po-derosas” para el régimen actual, como dice Marx, que es posible postular la necesidad de un nuevo régimen social de producción. No es la manifiesta escasez de fuerzas productivas ni su estan-camiento, como piensa el negativismo catastrofista del izquier-dismo confesional, sino su tendencial abundancia lo que lleva a mostrarse ineficiente y retrógrado al capital. La abundancia de industria, de comercio, de civilización³⁵ no muestra el vigor del capital, sino sus límites, sus impotencias, porque cada vez se ve más compelido a constreñir la riqueza potencialmente anidada en esas actividades al estrecho interés del lucro, a la envejecida mirada de la ganancia.

La interdependencia universal del trabajo, la creatividad, el intelecto social general, la ciencia, todas ellas capacidades socia-

³³\ Pierre Bourdieu, El sentido práctico, Madrid, Taurus, 1997.

³⁴\ Karl Marx, Grundrisse. Tomo II, México, Fondo de Cultura Económica, 1985. ³⁵\ Karl Marx y Friedrich Engels, “El manifiesto del partido comunista”, op. cit.

les que han despertado al influjo de la sociedad moderna, y que llevan en ciernes una infinidad de fuerzas capaces de fortale-cer aptitudes humanas y de satisfacer requerimientos colectivos, son sistemáticamente extorsionadas para adecuarse a la estrecha disciplina de la ganancia. Es por esto que el capital “aniquila” a las fuerzas productivas, les impone un devenir cercenado por la valorización; pero no bien procede a este tipo de mutilación, las fuerzas productivas así desarrolladas como fuerzas productivas del capital vuelven a delinear las potencialidades latentes, que van más allá del valor de cambio y que nuevamente serán repri-midas, para luego volver a renacer con más fuerza. De hecho, el desarrollo de las fuerzas productivas en el capitalismo, que en el fondo es un desarrollo de y para el capital, si algún motor tiene es justamente ahogar, vencer, capturar, erosionar en tal medida esas resistencias y autonomías erigidas por el trabajo frente al capital, que limitan la autovalorización del valor, como las propias po-tencialidades productivas que van más allá de la forma valor, de la forma mercancía y que están depositadas, aunque de manera abstracta, en las propias fuerzas productivas.³⁶

En este sentido, las modernas tecnologías son el producto más auténtico y más enajenado de los trabajadores: son fruto de la laboriosidad e inventiva de la sociedad mundialmente conside-rada; éste es su lado trascendente. A la vez, surgen para arrebatar saberes obreros y depositarlos en la máquina, para doblegar re-sistencias laborales, para demoler conquistas y esfuerzos organi-zativos proletarios, para incrementar la intensidad y el volumen

³⁶\ “Las huelgas se realizan para esto: para impedir la reducción del salario o para lograr un aumento del salario o para fijar los límites de la jornada laboral normal […]; contra esto el capitalista utiliza la introducción de la maquinaria. Aquí la máquina aparece directamente como medio para abreviar el tiempo de trabajo necesario; aparece también como forma del capital —medio del capital—, po-der del capital sobre el trabajo para reprimir toda prestación de autonomía por parte del trabajo. Aquí la maquinaria entra en escena también intencionalmente como forma del capital hostil al trabajo”. Karl Marx, “El salario”, en Escritos económicos varios, México, Grijalbo, 1962; Antonio Negri, Dominio y sabotaje, Madrid, Viejo Topo, 1979; y Antonio Negri y Félix Guattari, Verdades nómadas, San Sebastián, Gakoa, 1996.

del trabajo impago apropiado por el capital.³⁷ Las fuerzas pro-ductivas actuales, son por ello fuerzas materiales que posibilitan, que habilitan diariamente la enajenación del trabajo, la pérdida de sí del trabajador, de su propia capacidad creativa. De ahí que Marx hable de cómo el progreso industrial “quita al trabajo del proletario todo carácter propio”.

Es por este motivo material, amalgamado a la coseidad de los medios de trabajo, de transporte, de comunicación, de disfrute, de conocimientos sociales actuales, que la habilitación de una nueva forma social de producción no viene, ni puede venir, por “desarrollo automático” o mero crecimiento lineal de las fuer-zas productivas.³⁸ El desarrollo de las fuerzas productivas es, y existe en la actualidad, como desarrollo dominante del capital, de su dinámica, de su intencionalidad convertida en máquina-herramienta, en conocimiento. Y aunque este desarrollo sea ca-da vez más parcial, más contradictorio, por el tipo de potencias sociales que tiene que supeditar y extorsionar (el trabajo y la universalidad del trabajo), no por ello deja de producir capital. Son precisamente estas características de las transformaciones tecnológicas las que permiten diferenciar el servilismo tecnicis-ta, tan propio del conservadurismo de derecha e izquierda, de la posición crítica de Marx.

Cuando él hace referencia al impulso de las fuerzas produc-tivas desplegado por la burguesía, lo hace de una manera crítica, esto es, hallando en la explicitación de su vigor y alcance sus limi-

³⁷\ “El capital, por muy reformista que sea, jamás accede de buena gana a una fase ulterior o superior del modo de producción. De hecho, la innovación capitalis-ta es siempre un producto, un compromiso o una respuesta, en resumen, una constricción derivada del antagonismo obrero. Desde este punto de vista el ca-pital siente a menudo el progreso como declive. Y es un declive, o mejor, una deconstrucción. Porque cuanto más radical es la innovación, tanto más profundas y fuertes han sido las fuerzas proletarias antagonistas que la han determinado, y extrema ha sido pues la fuerza desplegada por el capital para dominarlas. Toda innovación es una revolución fallida, pero también intentada”. Antonio Negri, “Ocho tesis preliminares para una teoría del poder constituyente”, en Contra-rios, No. 1, abril de 1989.

³⁸\ Joseph Stalin, Obras. Tomo 14, México, s.e., 1953.

taciones, sus fragilidades ocultas, sus contrafinalidades. El hecho de que Marx destaque el desarrollo de las fuerzas productivas del capital no tiene el sentido mistificador que toma en manos de li-berales y pseudoizquierdistas, que se centran en la técnica como motor o halo que pone en movimiento o estanca la historia. Para Marx, las fuerzas productivas son una relación social, una relación social de producción que se diferencia del resto porque es una re-lación social objetivada en instrumentos y disposiciones cósicas de la materia; es, por tanto, una materialidad social-natural que per-mite fundar, enraizar en la propia objetividad de la materia, unas relaciones sociales, unas intencionalidades prácticas, un devenir histórico. De ahí que el tratamiento de las fuerzas productivas lleve esta doble dimensión fusionada: la de la materialidad social y la de la materialidad física subordinada a la primera, trabajada por la primera, pero donde esa primera cobra objetividad histórica.

Para que las fuerzas productivas modernas, ineludiblemente desarrolladas como fuerzas productivas-del-capital, se muestren como fuerzas productivas trascendentes al capital, no se las pue-de tomar tal como se presentan hoy,³⁹ tienen que ser sometidas a una crítica práctica, a fin de superar la intencionalidad social y la coseidad material de esa intencionalidad presente en la propia estructura de las herramientas de trabajo, que realizan objetiva-mente la enajenación del trabajo en capital. Las herramientas de

³⁹\ “La industria puede ser vista como un gran taller en el que el hombre por pri-mera vez toma posesión de sus propias fuerzas y las de la naturaleza, se objetiva a sí mismo y crea para sí las condiciones para una existencia humana. Cuando la industria es vista de esta manera, uno hace abstracción de las circunstancias en las que opera en la actualidad, y en las que existe como industria; el punto de vista no está en la época industrial, sino encima de ella; la industria es vista no por lo que es para el hombre actualmente, sino por lo que el hombre del pre-sente es para la historia humana, lo que es históricamente; no es su existencia presente (no la industria como tal) lo que es reconocido, sino el poder que la industria tiene sin saberlo ni desearlo y que destruye y crea las condiciones para la existencia humana […]. Esta valoración de la industria es al mismo tiempo el reconocimiento de que ha llegado la hora de suprimirla, o para la abolición de las condiciones materiales y sociales en las que el género humano ha desarrollado sus habilidades como un esclavo”. Karl Marx, “Draft of an Article on Friedrich List’s Book: Das nationale System der politischen Ökonomie”, op. cit.

trabajo, las máquinas y la ciencia aplicada, hoy por hoy, son es-tructuras de disciplinamiento del trabajo; aún más, estructuras de coerción y extrañamiento del trabajo de sus propias capacidades, porque lo que esas fuerzas productivas cristalizan son las capaci-dades sociales del trabajo social; son pues, medios de enajenación del trabajo. El que se supere esta enajenación tecnologizada del trabajo exige una crítica de las tecnologías que ponga en pie la multilateralidad de sus potencias anidadas. Mas esto no sólo es un acuerdo o una nueva intencionalidad social conducente de la tecnología, es también, a fin de que esa nueva intencionalidad social quede fundamentada materialmente, una nueva estructura material de la propia tecnología, una nueva forma maquinal.⁴⁰

La actitud de Marx ante el desarrollo industrial se muestra entonces como una valoración despiadadamente crítica de sus logros. No se acerca a las fuerzas productivas por lo que ellas hacen hoy, que, como él lo sabe, es enriquecer a sus propieta-rios privados y enajenar el trabajo; las considera por lo que ellas potencial y abstractamente contienen para la humanidad, más allá de la miserable forma frustrante en que hoy día existen. Su mirada no está puesta en lo que ellas hoy hacen, sino en lo que ellas podrían hacer una vez roto el caparazón capitalista que las agobia y encadena. Su mirada no se deposita en el presente pa-ra consagrarlo, sino para abolirlo, precisamente a partir de las capacidades y necesidades, de las potencialidades materiales y subjetivas latentes y encubiertas que se hallan en él. Por eso su postura es crítica; crítica insuperable de nuestro tiempo, porque toma lo existente como punto de partida por ser negado por la

⁴⁰\ Al argumento de List según el cual “‘las causas de las riquezas’ (las fuerzas pro-ductivas) son algo totalmente distinto al efecto, a la ‘riqueza en sí’ (el valor de cambio)”, Marx responde: “Pero si el efecto es diferente de la causa, ¿no debe-ría la naturaleza del efecto estar contenida ya en la causa? La causa debe llevar consigo la característica determinante que se manifiesta después en el efecto […]. En el presente estado de cosas, la fuerza productiva consiste no solamente en, por ejemplo, hacer el trabajo humano más eficiente o las fuerzas naturales y sociales más efectivas, sino justamente en hacer el trabajo más barato o más improductivo para el trabajador. Entonces la fuerza productiva está desde el principio determinada por el valor de cambio”, ibíd.

propia fuerza potencialmente habilitada por ese presente. De esa manera, el porvenir, como negación de lo actual, queda positiva y materialmente fundado. Es el caso, por ejemplo, del avance industrial moderno.

En los últimos 150 años, la industria ha venido engendrando una doble modificación de las relaciones estrictamente produc-tivas. Por un lado, incrementando incesantemente la productivi-dad del trabajo, al permitir, mediante nuevas máquinas, reducir el tiempo que requiere un trabajador para producir una mercancía, en comparación al estado tecnológico anterior. En otras palabras, el tiempo de trabajo directo aplicado a cada mercancía y en cada proceso de trabajo por separado tiende a ser irrelevante frente al trabajo social-general; y el trabajo de cada obrero particular tiende a disolverse en la propia mercancía considerada indivi-dualmente, por lo que Marx llamara en los Grundrisse “la fuerza productiva general del individuo social”.⁴¹

⁴¹\ “El cambio del trabajo vivo por el trabajo objetivado o, dicho de otro modo, la determinación del trabajo social en cuanto forma de la antítesis de capital y trabajo asalariado, constituye el último desarrollo de la relación de valor y del sistema de valor basado en él. Su premisa es y no puede dejar de ser el volumen de tiempo de trabajo directo, la aplicación de trabajo empleado, como factor decisivo de la producción de la riqueza. Pero a medida que se desarrolla la gran industria, la creación de la riqueza real depende menos del tiempo de trabajo y de la cantidad de trabajo invertido que de la potencia de los agentes puestos en movimiento durante el tiempo de trabajo y cuya poderosa efectividad no guar-da a su vez relación alguna con el tiempo de trabajo directo que ha costado su producción, sino que depende más bien del estado general y del progreso de la tecnología o de la aplicación de esta ciencia a la producción […]. El trabajo ya no se revela tanto como contenido en el proceso de producción, sino que el hombre se comporta ahora más bien como guardián y regulador del proceso de producción mismo. No es el obrero el que interfiere como objeto natural modifi-cado, como eslabón intermedio entre el objeto y él mismo, sino que es el proceso natural, convertido por él en un proceso industrial el que se desliza entre él como medio y la naturaleza inorgánica de la que se apodera. El obrero aparece junto al proceso de producción en vez de ser su agente principal. En esta transformación lo que aparece como el gran pilar fundamental de la producción y de la riqueza no es ya el trabajo directo que el hombre mismo ejecuta, ni el tiempo durante el cual trabaja, sino la apropiación de su fuerza productiva general, su capacidad para comprender la naturaleza y dominarla mediante su existencia como cuerpo social, en una palabra el desarrollo del individuo social. El robo de tiempo, de trabajo ajeno en el que descansa la riqueza actual se revela como un fundamento

Por otro lado, en las últimas décadas, el empleo de las máqui-nas, el control computarizado y los robots, vienen creando una nueva composición orgánica del consumo de la fuerza de trabajo, al priorizar, al menos en las ramas productivas con mayor inver-sión tecnológica, el consumo de la fuerza de trabajo intelectual y, tendencialmente, soslayar el consumo de la parte muscular de la fuerza de trabajo. Las máquinas sustituyen trabajo físico-muscu-lar, ampliando la exacción del trabajo intelectual de los obreros en el interior de los procesos de producción.⁴² El llamado “fin del trabajo”,⁴³ la “tercera ola”, la “sociedad del conocimiento”, son otros tantos calificativos retóricos para esta modificación social y tecnológica en la forma de utilización de la fuerza de trabajo obrera en el proceso de producción, que lejos de desvanecer las condiciones de explotación, las despliegan en un espacio mucho más vasto. Ya no se trata solamente del dominio del trabajo cien-tífico a los designios del capital, a través de la intensificación de los lazos que unen la ciencia, como esfera de la división del tra-bajo, con la producción.

Claro, el trabajo humano, considerado en su componente intelectual y creativo,⁴⁴ es la parte de la fuerza de trabajo más

miserable, al lado de este otro, creado y desarrollado por la gran industria, tan pronto como el trabajo en forma directa deje de ser la gran fuente de la riqueza, el tiempo de trabajo dejará y tendrá que dejar necesariamente de ser su medida y, con ello, el valor de cambio la medida del valor de uso. Con ello, se vendrá por tierra la producción basada en el valor de cambio y el proceso directo de la producción material se despojará de su forma y sus contradicciones miserables”. Karl Marx, Grundrisse, op. cit.

⁴²\ Benjamín Coriat, El taller y el robot, México, Siglo XXI, 1992; Kazuo Koiké,

Understanding Industrial Relations in Modern Japan, London, Macmillan, 1988.

⁴³\ Jeremy Rifkin, El fin del trabajo, Buenos Aires, Paidós, 1998.

⁴⁴\ “El uso de la fuerza de trabajo es el trabajo mismo […]. El trabajo es, en primer lugar, un proceso entre el hombre y la naturaleza. Pone en movimiento las fuerzas naturales que pertenecen a su corporeidad, brazos y piernas, cabeza y manos, a fin de apoderarse de los materiales de la naturaleza bajo una forma útil […]. Al consumarse el proceso de trabajo surge un resultado que antes del comienzo de aquel ya existía en la imaginación del obrero, o sea idealmente […]. El obrero no sólo efectúa un cambio de forma de lo natural; en lo natural, al mismo tiempo, efectiviza su propio objetivo, objetivo que él sabe que determina, como una ley, el modo y manera de su accionar y al que tiene que subordinar su voluntad […].

estrictamente humana e insustituible por las máquinas, y es ella justamente la que en las últimas décadas está siendo subordinada en el interior de los propios procesos laborales industriales, por el desarrollo del capital. En términos estrictos, estamos ante una subordinación general de la capacidad intelectiva de la fuerza de trabajo obrera, como parte nuclear y final de la subordinación del proceso de trabajo al capital. Las modernas tecnologías que se desparraman por todas partes del mundo, lo que buscan es crear un basamento material mundializado para esta renovada supeditación del trabajo al capital.

El primer momento de este avasallamiento tecnologizado del trabajo está explícitamente tratado por Marx en el Manifiesto comunista, cuando se refiere al crecimiento de la productividad y a la desvalorización de la habilidad física para el trabajo con la instalación de la gran industria y el sistema automático de máqui-nas. Los resultados de esta modificación procesal de la actividad laboral son claros: supeditación del trabajador a la máquina, ante la cual el obrero aparece como “un simple apéndice” que debe realizar “las operaciones más monótonas y de fácil aprendizaje”, lo que lleva a que el trabajo de niños y mujeres pueda suplantar al de los varones.⁴⁵

Las consecuencias políticas de este recubrimiento son la ero-sión de las formas organizativas del obrero de oficio, la descualifi-cación del trabajo, la rutinización de las actividades laborales, que durante el siglo XX adquirieron un sostén técnico-organizativo con el fordismo-taylorismo.⁴⁶

Un segundo momento de esta subordinación real es la seña-lada en términos abstractos por Marx, cuando habla del prota-gonismo del trabajo social considerado como un hecho global,

Además de esforzar los órganos que trabajan, se requiere del obrero, durante todo el transcurso del trabajo, la voluntad orientada a un fin, la cual se manifiesta como atención”. Karl Marx, El capital, op. cit.

⁴⁵\ Karl Marx y Friedrich Engels, “El manifiesto del partido comunista”, op. cit.

⁴⁶\ Benjamín Coriat, El taller y el cronómetro, Madrid, Siglo XXI, 1991; y Antonio Gramsci, “Americanismo y fordismo”, en Notas sobre Maquiavelo, sobre política y sobre el Estado moderno, México, Juan Pablos, 1975.

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por encima del trabajo individual en el interior del proceso de producción.⁴⁷ Esto, cuyos inicios ya se dieron en el siglo XIX, en las últimas décadas ha tomado dos dimensiones; la primera es una creciente socialización de la producción de las principales tecno-logías de punta. Ya sea la elaboración de los microprocesadores de la investigación en biología molecular en aceleradores de par-tículas subatómicas, en inteligencia artificial, en semiconducto-res, etc., las condiciones materiales de invención y producción de estas ramas del conocimiento aplicado, en torno a las cuales giran el desarrollo de las modernas fuerzas productivas, sólo pueden ser ahora emprendidas por la acción conjunta de los centros de investigación de varias empresas, o por la asociación de los pre-supuestos estatales y ejércitos de científicos de varias naciones. La dimensión de la materialidad social requerida para emprender estas investigaciones, tanto en infraestructura (capital fijo), como en volumen de saberes y profundidad de los mismos (fuerza de trabajo especializada), ha vuelto obsoleto al antiguo investigador que solo, en el traspatio de su casa o el cubículo de la universidad, entregaba a la humanidad la utilidad de su invención.⁴⁸ Hoy día, el conocimiento científico y su aplicación tecnológica requieren del trabajo interunificado en redes de numerosos laboratorios y las inversiones de varios países, a fin de lograr avances significa-tivos en el área estudiada. Se puede decir que estamos asistiendo a una radical elevación de la composición orgánica de los proce-sos de producción científica, que tienden a hacer reposar en la propia estructura social-mundial la posibilidad material de su continuidad y avance.

La segunda dimensión es la forma de una configuración del consumo material de la fuerza de trabajo, que prioriza la subor-dinación material del aspecto intelectivo y creativo que contiene

⁴⁷\ Karl Marx y Friedrich Engels, “El manifiesto del partido comunista”, op. cit.

⁴⁸\ “El desarrollo del capital fijo indica hasta qué punto el saber social general, el conocimiento, se ha convertido en fuerza productiva directa y, por tanto, hasta qué punto las condiciones del proceso social de vida se hallan sometidas al control del intelecto general y transformadas con arreglo a él”. Karl Marx, Grundrisse. Tomo II, op. cit., p. 115.

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esa fuerza de trabajo, por encima del meramente físico-muscular; y la cada vez más irrelevante significación del trabajo directo, apli-cado en el proceso de trabajo en el producto, frente a la “fuerza productiva directa” del intelecto social general, del conocimiento, del cual el propio trabajo del obrero ya forma parte.

La importancia del desarrollo de esta tendencia, descrita luego con una lucidez asombrosa aun para nuestros días en los Grun-drisse, radica en que “el trabajo en forma directa deja de ser la gran fuente de la riqueza”, pues el tiempo de trabajo directo del obrero aplicado (y explotado) en la producción, y el tiempo en el cual trabaja, potencialmente deja de ser la medida de esa riqueza, pues tiende a mostrarse como un “fundamento miserable” frente al campo de posibles materias que abre la presencia de la “fuerza productiva general” o intelecto social general. Tenemos por ello que el conocimiento se convierte en fuerza productiva directa o condicionante del proceso de producción, bajo tres formas histó-ricas específicas: en cuanto máquinas o “potencias objetivadas del saber”;⁴⁹ en cuanto “combinación de las actividades humanas”⁵⁰ o nuevas formas de organización del trabajo;⁵¹ y en cuanto fuer-

⁴⁹\ “La naturaleza no construye máquinas, ni locomotoras, ferrocarriles, electric te-legraphs, telares mecánicos, etcétera. Éstos son producto de la industria humana, materiales naturales transformados en órganos de la voluntad humana sobre la naturaleza o para realizarse en ella. Son órganos del cerebro humano creados por la mano del hombre, la potencia objetivada del saber”. Ibíd., p. 115.

⁵⁰\ Ibíd., p. 114.

⁵¹\ Las distintas formas de regulación productivas “posfordistas”, y las modernas formas de articulación y subordinación de las actividades capitalistas hacia la economía doméstica, la producción artesanal, campesina y comunitaria, tienen como uno de sus ejes la reorganización de las formas de organización laboral. Ya sea sobre la base del trabajo en equipos y la polivalencia de los trabajadores (el toyotismo), la absorción de lazos, habilidades y culturas locales (industrializa-ción difusa italiana), o de refuncionalización de saberes domésticos-comunales, de fidelidades parentales (Bolivia), el desarrollo de la acumulación capitalista implementa, junto a transformaciones técnicas del proceso de trabajo, diversas modificaciones en la interconexión e interdependencia de los sujetos laborales en un centro industrial, una zona, el país y el mundo. Véanse Benjamín Coriat,

Pensar al revés, trabajo y organización en la empresa japonesa, México, Siglo XXI, 1995; Edward Goodman y Julia Bamford (comps.), Small Firms and Industrial Districts in Italy, London, Routledge, 1988; Joaquín Pedro López Novo, El te-

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za de trabajo intelectual obrera o nueva forma del consumo de la fuerza de trabajo en la producción,⁵² que viene a redondear el sentido de las transformaciones técnicas y las variaciones organi-zativas del trabajo social. Lentamente, el “intelecto social general” se está postulando como la más importante fuerza productiva del trabajo social, y ello no simplemente como una más de las ramas de la división del trabajo; sino también en el hecho organizativo de la producción y en la mismísima forma de existencia social de la capacidad de trabajo obrera en el interior del proceso de trabajo.

Pero ésta es una contradicción inmanente al propio capital, pues ese miserable régimen se levanta precisamente sobre “el robo del tiempo de trabajo”.⁵³ En sí misma y para sí misma, la sociedad basada en el valor de cambio, en su afán de lucro, va engendrando, aunque de manera abstracta, las propias posibili-dades de superar el valor de cambio como medida de la riqueza, esto es, el régimen del capital.

Mas esta potencia, tan evidente hoy en las ramas de la produc-ción de punta (biotecnología, telecomunicaciones, microchips, etc.), viene siendo ahogada y retorcida sistemáticamente por los

rritorio como fuente de estructura económica y modo de regulación de la economía,

Florencia, Instituto Universitario Europeo (iue), 1988; Larissa Adler de Lom-nitz, Cómo sobreviven los marginados, México, Siglo XXI, 1985; Jürgen Golte y Norma Adams, Los caballos de Troya de los invasores, estrategias campesinas en la gran conquista de Lima, Lima, Instituto de Estudios Peruanos (iep), 1987; Jacques Godbout, El espíritu del don, México, Siglo XXI, 1987; Alejandro Por-tes, En torno a la informalidad, op. cit.; Silvia Rivera Cusicanqui, “Trabajo de mujeres. Explotación capitalista y opresión colonial entre las migrantes aimaras de La Paz y El Alto, Bolivia”, en Silvia Rivera (comp.), Ser mujer indígena cho-la y birlocha en la Bolivia postcolonial de los años ’90, La Paz, Subsecretaría de Asuntos de Género, 1997; y Álvaro García Linera, Comentarios críticos al texto de Silvia Rivera “Trabajo de mujeres”, Chonchocoro, s.e., 1997.

⁵²\ Los tres ejemplos citados en la nota anterior apuntalan la absorción productiva del conocimiento social portado por los trabajadores: en el caso del toyotismo, a través del “involucramiento incitativo” del trabajador en la productividad em-presarial; en el de las zonas de industrialización difusa, mediante la incorporación de conocimientos productivos de la población local en función de las industrias; en el último, mediante la conversión de los lazos de apoyo mutuo no-mercantiles en mecanismos de valorización del pequeño y gran capital.

⁵³\ Karl Marx, Grundrisse, op. cit.

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fines de la valorización del valor. Si bien se reduce la importancia del tiempo de trabajo directo en la producción de cada mercan-cía, esto es así porque ayuda a ampliar el tiempo de trabajo exce-dente del total de la jornada laboral, pues con menor tiempo de trabajo el obrero es capaz de reproducir la parte de su tiempo de trabajo que le es retribuido (salario). Si bien la máquina sustitu-ye el tiempo de trabajo directo del obrero, actualmente lo hace para disminuir únicamente el trabajo manual simple, y absorber más tiempo de trabajo intelectual y muscular complejo. Si bien la máquina vuelve más sencillas las funciones activas del trabajo, en el capital lo hace para atomizar y fragmentar las condiciones materiales de organización obrera, y para llevar por medios téc-nicos el despotismo empresarial frente al trabajador.

En otros términos, el capital despliega las potencias del tra-bajo social sólo como abstracción, como fuerzas subordinadas y continuamente castradas por la racionalidad del valor mercantil. El que estas tendencias puedan salir a flote no es ya un problema del capital, que jamás, mientras exista, permitirá que afloren por sí mismas; es un problema del trabajo frente y contra el capital, a partir de lo que el capital ha hecho hasta aquí.

Hasta la propia crisis, que es el instante cuando con mayor intensidad se devela esta contradicción en movimiento llamada capital, cuando con inusitada violencia salen a flote las impoten-cias del capital, de no intervenir de manera agolpada la acumu-lación objetiva-subjetiva de autoconstrucción del trabajo ante el capital, esas crisis, estas impúdicas desnudeces de las impotencias de la lógica reproductiva moderna, devienen otras tantas fuerzas, que lo lanzan a devorar nuevamente el porvenir. ¿Cómo vence esta crisis la burguesía?, se pregunta Marx: “De una parte, por la destrucción obligada de una masa de fuerzas productivas; de otra, por la conquista de nuevos mercados y la explotación más intensa de los antiguos”.⁵⁴ Las fuerzas productivas del capital aparecen así como fuerzas destructivas de la humanidad, fuerzas destructivas que relanzan al capital a la conquista de nuevas zonas (subsunción

⁵⁴\ Karl Marx y Friedrich Engels, “El manifiesto del partido comunista”, op. cit.

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formal) y a la consolidación de las anteriores (subsunción real en un nuevo nivel, hasta alcanzar la propia fuerza de trabajo). La destrucción emerge así como coproducción de capital y, lo que desde el punto de vista histórico es manifiesta impotencia, aparece como potencia del capital, que la saca del fango.

No hay, por tanto, “ni desarrollo de las fuerzas producti-vas” ni crisis que prepare automáticamente el derrumbe del capitalismo;⁵⁵ lo que ellas hacen es, por sí mismas, acrecentar el espacio de realización del capital. Para que las fuerzas produc-tivas funden las condiciones materiales de una nueva sociedad, para que las crisis lleven a la agonía a la civilización del valor, se necesita desplegar, dentro de ellas, de las fuerzas productivas y las crisis, las fuerzas de autoorganización del trabajo. Es decir, se necesita romper, a través de una acumulación convergente de rupturas, tanto corpusculares como totalizantes para la forma del desarrollo de las fuerzas productivas para y por-el-capital, y reconvertirlas en fuerzas productivas del trabajo; igualmente, se requiere que la crisis que saca a la luz las impotencias declaradas del capital sea simultáneamente la manifestación abierta del po-derío del trabajo, reapropiado por el propio trabajo en estado de autoconciencia, de autoemancipación.

Precisamente ésta es una de las grandes debilidades históricas del trabajo en los actuales momentos que, a diferencia de lo que vivió Marx, se revela frente al capital como poderío pulveriza-do, reestructurado por el capital para sus fines. La revolución de 1848, la única revolución moderna hasta hoy donde el capital, aunque a escala continental en su medida,⁵⁶ vio la propia muer-te cara a cara, pudo adquirir tal dimensión porque las larvarias resistencias, las silenciosas y abiertas rebeldías del trabajo en su proceso y a escala social, manifiestas como impotencias del capital para seguir subordinando al trabajo, como lo venía haciendo hasta

⁵⁵\ Henrik Grossman, La ley de la acumulación y el derrumbe del sistema capitalista,

México, Siglo XXI, 1979; Lucio Colletti (comp.), El marxismo y el derrumbe del capitalismo, México, Siglo XXI, 1978.

⁵⁶\ Jorge Veraza, Leer nuestro tiempo, leer el Manifiesto, México, Itaca, 1998 y, del mismo autor, Crisis y desarrollo capitalista actuales, México, unam, 1993.

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entonces, tomó la forma de crisis económica y política generales, que abarcaron lo fundamental del espacio capitalista (continen-tal hasta entonces). La crisis de producción, que inicialmente involucró a unas pocas ramas industriales inglesas, por las pro-pias relaciones de interdependencia, se articuló en una sucesión encadenada de sucesos (aunque no simultánea) con las resisten-cias y las insurgencias del trabajo en el espacio circulatorio local y luego productivo-reproductivo del continente, dando lugar a que la crisis deviniera revolución.⁵⁷

La crisis puede ser vista inicialmente como un momento frag-mentado de los emergentes poderíos del trabajo, que engendran como sumatoria cualificada un punto de bifurcación, a partir del cual el capital ya no puede reproducirse como lo hacía hasta entonces. El capital se manifiesta como impotencia, como inca-pacidad explícita de continuidad regular y, por tanto, en eufórica búsqueda de los nuevos patrones de docilización del trabajo. En este nivel de condensación social, el capital se encumbra como un flujo denso de explosivos antagonismos en estado de fluidez, pero también las fuerzas del trabajo, cuya insumisión comienza a producir contrafinalidades que se vuelcan contra él; éste es el caso del paro o la devaluación monetaria, tan propias de toda crisis, y que intentan incrementar la competencia obrero-popular en la obtención de sus condiciones de reproducción física. Éste es el instante en que la crisis se presenta como la preparación del relan-zamiento del capital que, como un todo, pretende sobreponerse a las insolencias productivas y consuntivas parceladas del trabajo.

Eso se comenzó a vivir en Inglaterra y Europa desde 1847, y a una escala mundializada desde 1870. Pero esta crisis del capi-talismo desembocará en revolución en la Europa de 1848, y fue posible poner en duda la vigencia, tanto del sentido social de los medios de trabajo, como del propio régimen del capital, porque esas disidencias del trabajo tuvieron la capacidad, no sólo de

⁵⁷\ 琀ric Hobsbawm, La era de la revolución, Madrid, Labor Universitaria, 1988 y Fernando Claudín, Marx, Engels y la revolución de 1848, Madrid, Siglo XXI, 1985.

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interunificarse a nivel de múltiples ramas productivas, de sectores de la producción, de la circulación y el consumo, en fin, a nivel nacional, sino de entrelazarse embrionariamente a nivel conti-nental, aunque bajo la forma de múltiples formas de identidad: obrera en Francia y en parte en Inglaterra; burguesa en Alemania y en Suiza; nacional en Eslovaquia, Hungría, Polonia, etcétera. El trabajo, con distintas maneras de agregación, propias o prestadas, se pondrá en movimiento ante el orden de cosas existente que, a esas alturas de la historia, a pesar de la presencia de relaciones pro-ductivas pre o semi-capitalistas, está bajo el dominio del capital.

Que esta acción social de insurgencia política pudiera darse, no fue antes, ni mucho menos ahora, una cuestión de mero agra-vamiento de las penalidades. Las masas no son los ratones o pe-rros de Pavlov, que responden según la intensidad de los estímu-los. De hecho, la revolución iniciada en 1848 alcanzó su cresta de ola cuando las dificultades económicas aminoraron.⁵⁸ La crisis se metamorfoseará en revolución porque en la experiencia colectiva de las masas trabajadoras se verterán, simultáneamente, un con-junto de experiencias de insumisión de larga data, que, al menos desde las revueltas de 1830 en Francia, van creando un terreno de disposiciones colectivas, de redes laborales de interunificación continental, de experiencias prácticas racionalizadas como senti-do común actuante, que son detonadas y tensadas en el momento de los primeros estallidos revolucionarios de 1848 en París.

Hay una historia acumulada que (esto es decisivo) se exterio-riza en las actitudes de un sujeto colectivo proletarizado (Francia) y en proletarización (Alemania, España, Italia), nacional y en na-cionalización (Italia, Checo-Eslovaquia, Polonia) de larga data; esto es, de un sujeto social cuya estructura material de colocación lleva más de cincuenta años de expansión (desde la Revolución Francesa de 1789) y por tanto, es portador de una subjetividad colectiva capaz de reconocer en el accionar práctico de unos el accionar propio, y viceversa. Parafraseando al Marx de 1860,⁵⁹

⁵⁸\ Karl Marx, “De mayo a octubre”, en Nueva Gaceta Renana, febrero de 1850. ⁵⁹\ “Después de que la liga [de los comunistas] se disolvió en noviembre de 1852

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existía la facticidad actuante de un “partido” del trabajo en el “gran sentido histórico de la palabra”, esto es, como movimiento de autoconstrucción colectiva del trabajo frente a los poderes do-minantes (burguesía en Francia e Inglaterra; imperio absolutista en Austria, Rusia, Italia; nobleza terrateniente en Alemania, etc.); movimiento de autoconstrucción social que, a pesar de abarcar múltiples formas organizativas “efímeras” (ligas obreras secretas o públicas, trade unions, sindicatos, movimientos de autonomía nacional, periódicos, personalidades), era capaz de actuar como una red apenas se ponían en marcha rebeliones en algún lugar.

En cambio, la situación actual en el mundo desde 1970 es muy distinta. La crisis de sobreacumulación, que se manifestara ini-cialmente como crisis de la llamada forma de gestión ford-taylo-rista y del “Estado de bienestar” que lo acompañó,⁶⁰ tiene como raíz el cúmulo de disidencias, de indisciplinamientos y nuevas pretensiones de trabajo y de consumo que la masa laboral mun-dial, de manera dispersa, pero simultánea, comenzó a desplegar años atrás. La pretensión de superar estas trabas de valorización sobre la base de la sola intensificación de la forma de desarrollo tecnológico y organizacional anterior, sólo relanzó la crisis, pero ahora como tendencia decreciente de la tasa de ganancia, basa-da en una composición media histórica del capital y una forma de consumo de la fuerza de trabajo que había prevalecido desde los años cuarenta.

Como no podía ser de otra manera, desde entonces el capi-tal ha buscado reestructurar sus relaciones materiales de poder

siguiendo una propuesta mía, no he pertenecido nunca, ni pertenezco, a nin-guna asociación secreta o pública, ya que el partido, en este sentido totalmente efímero, ha dejado de existir para mí desde hace ocho años […]. Al hablar del partido entendía el partido en el gran sentido histórico de la palabra”. “Carta de Marx a Freiligrath”, 29 de febrero de 1860.

⁶⁰\ 琀nrique Palazuelos Manso (coord.), Dinámica capitalista y crisis actual, Madrid, Akal Universitaria, 1988; José Antonio Santín Moral y Henry Raimond, La acu-mulación del capital y sus crisis, Madrid, Akal Universitaria, 1986; Ernest Man-del, Las ondas largas del desarrollo capitalista, Madrid, Siglo XXI, 1980; Pedro López Díaz (coord.), Economía política y crisis, México, unam, 1989; y Ricardo Gutiérrez Aguilar, ¿Adónde va el capitalismo?, La Paz, Ofensiva Roja, 1990.

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sobre el trabajo para superar esta crisis. Para ello, ha procedido a diversas medidas que hoy son conocidas como “reformas neo-liberales”:

a) Desmantelamiento del Estado de bienestar, con el consi-guiente desconocimiento arbitrario de los pactos entre patrones, Estado y parte de la fuerza de trabajo organizada en sindicatos. Drástica reducción del precio de la fuerza de trabajo a través del debilitamiento o extinción de la seguridad social y el empleo se-guro.

b) Adelgazamiento material de los grandes centros industriales; fragmentación de la producción para desconcentrar la fuerza de trabajo costosa, y peligro, por su sola concentración geográfica. Producción en red y mundialización del proceso de trabajo in-mediato.

c) Violenta campaña contra las estructuras tradicionales de la fuerza de trabajo, especialmente sindicales, pero también de la vida barrial y cultural.

d) Redoblado disciplinamiento del trabajo a los cánones del comportamiento individualizado y en términos de la propiedad; ciudadanización por la vía de la convocatoria atomizada del con-tribuyente (propietario individual de algo).

e) Desconocimiento de las estructuras colectivas de trabajadores

(sindicatos, asociaciones, etc.) como interlocutores válidos ante el Estado. Disolución de las formas de ciudadanización (adquisición de derechos públicos) a través del sindicato. Gigantesca ofensiva para monopolizar, en los partidos y en el ritual electoral, las for-mas de gestión política legítimas. La globalización de una pseu-dodemocracia, que simula mediar entre sociedad civil y Estado.

f) Modificación de las formas de organización del trabajo en la producción, circulación y distribución de mercancías: involucra-miento obrero en la calidad de los productos (círculos de calidad, vigilancia entre obreros); polivalencia laboral, quiebre de las tra-dicionales maneras de ascenso por antigüedad.

g) Tendencial variación en la forma de consumo de la fuerza de trabajo: creciente sustitución del valor de uso de capacidad de

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trabajo, definida en términos de fuerza muscular, y priorización del otro componente orgánico de la fuerza de trabajo, de la ca-pacidad intelectiva y comunitaria dentro del proceso de trabajo.

h) Innovación tecnológica, capaz de objetivar estas modifica-ciones sociales en el movimiento maquinal de los medios de tra-bajo. Robotización y cibernetización de muchas de las actividades laborales tradicionales.

i) Refuncionalización de técnicas, de estructuras laborales, de formaciones comunitarias, de saberes y esfuerzos laborales no-capitalistas, hacia la acumulación capitalista. Subordinación congelada de las fuerzas laborales de comunidades agrarias, de las unidades domésticas urbanas, de las comunidades urbanas, de las relaciones de parentesco, del prestigio, de las fidelidades religiosas y locales, en función de la valorización de ramas es-trictamente capitalistas (industriales, comerciales y financieras). Complejización de la identidad material del trabajo.

j) Nueva división mundial del trabajo.

k) Búsqueda de una nueva composición orgánica del capital a escala planetaria e histórica, que condense materialmente y, supe-dite el trabajo organizacionalmente al capital capaz de impulsar una nueva ola de expansión planetaria del capitalismo.

Cada una de estas modificaciones, donde han acontecido, han provocado renovados procesos de resistencia, pero con una cualidad social muy distinta a los descontentos y luchas de hace 130 años.

En primer lugar, se trata de luchas meramente defensivas, o lo que es lo mismo, ancladas en un horizonte definido por el pasa-do. Las rutas por las que las abundantes y dispersas resistencias laborales han sido encauzadas están marcadas por una actitud evocadora de los antiguos pactos, de las antiguas prebendas so-ciales, que no eran otra cosa que formas histórico-particulares del propio dominio del capital. Al reducirse a una querella por el regreso al statu quo, las luchas de resistencia desnudan un conser-vadurismo, entendible pero fatal, sino además desfasado, desde el momento en que se elogia una situación de sometimiento, que los

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propios dominantes han desechado por obsoleta. Los fantasmas de los muertos comprimen el cerebro de los vivos, que añoran un pasado desvanecido y rebasado por la arrogancia práctica de los verdaderos usufructuarios. Es cierto que en este acto de re-miniscencia histórica hay una defensa de lo poco poseído, pero eso es precisamente lo que lo convierte en drama, por cuanto se trata de una añoranza deliberada de la opresión anterior, refren-dada por los derechos adquiridos y reivindicados. De una ma-nera extraña y desconcertante, el esclavo vuelve sobre la huella de sus cadenas, para reivindicarlas como programa, y al hacerlo, entrega voluntariamente las banderas de la reforma a quienes precisamente encarnan su negación.

Ante esta mirada, el porvenir es una parálisis, peor aún, un re-greso. La actitud propositiva de las plebes insurrectas, tan propia de las revoluciones, aquí es sustituida por el temor atrincherado a perder sus antiguas cadenas. El mundo no se presenta como un mundo por ganar, sino como un mundo por rechazar y conservar tal como nos fue dado. No hay una sumisión buena, que conduz-ca a la emancipación, y eso lo viven trágicamente las fuerzas del trabajo, que ven con pasmo cómo “todo lo sólido se desvanece en el aire” (Shakespeare); mas no faltan los aduladores que encum-bren el sometimiento popular en nombre de una revolución ideal, que juega con los delirios de las estrechas mentes de puñados de sectas confesionales autotituladas “vanguardias”.

Llegadas a este punto de abandono de una iniciativa histórica, las resistencias, en vez de interconectarse y expandirse, se con-traen, pues de lo que se trata es de preservar frente a los demás, ante los poderosos y ante otros (mayoritarios) sectores subalter-nos desprotegidos, los pequeños privilegios conseguidos con an-terioridad. La resistencia se metamorfosea en competencia intra-laboral, entre los que aún poseen un poco y lo quieren defender para sí, y una nueva inmensa masa laboral carente de beneficios.

La suma de resistencias locales no alcanza entonces un pun-to de bifurcación que las integre; todo lo contrario, cada nueva resistencia vuelve a atomizar el campo de las luchas laborales. La moderna fragmentación material de la producción hallará

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en todo esto su correlato organizacional e intersubjetivo, dando lugar a que prevalezca ese individualismo apriorístico dentro de los propios sectores populares, que no es otra cosa que su cons-titución social en términos de propietarios-mercaderes privados. La lucha ya no se presenta, por tanto, como una construcción so-cial expansiva, sino como un “encuevamiento” corporativo; se trata de una “lucha contra la burguesía para salvar de la ruina su existencia”, como hacen ciertos estamentos medios que, por su contenido, desde el punto de vista del Manifiesto comunista “no son revolucionarias, sino conservadoras. Más todavía, son reac-cionarias porque pretenden volver atrás la rueda de la historia”.⁶¹ La inmensa mayoría de las luchas de los obreros sindicalizados, del magisterio y los distintos sectores corporativamente recono-cidos por el antiguo Estado benefactor, y que actualmente son golpeados por el Estado neoliberal, desde hace casi dos décadas llevan este recorrido y ese sino fatal de derrota prolongada.⁶²

Que esto suceda de la manera en que lo hace, habla ciertamen-te de una acentuada conciencia conservadora, de una arraigada disposición práctica de las más importantes fracciones sindicales del proletariado mundial a reactualizar una lucha ante el capital, concebida como mero regateo de concesiones y derechos para la

⁶¹\ Karl Marx y Friedrich Engels, “El manifiesto del partido comunista”, op. cit., p. 120.

⁶²\ 琀n el caso de la Central Obrera Boliviana (cob), el problema de sus estrategias de lucha no radica en que no tiene una “cultura del consenso”, como afirma toda una corriente de escritores cortesanos (Lazarte, Toranzo, Mayorga). Las limitaciones de su accionar social, y el que hoy aparezca casi como un cadáver, radica precisamente en ese apego a los pactos y los sobornos sociales que dieron lugar al Estado del 1952, y que caracterizan toda su actitud frente al Estado. Pese a los muertos, las persecuciones, los exilios y la radicalidad de los discursos, en el fondo la cob, los sujetos colectivos fusionados como sindicato a escala nacio-nal, jamás, a no ser en la rabia cerrada de excepcionales momentos como abril de 1952 o julio de 1980, pusieron en duda el papel gobernante y mandante de unas elites letradas que hasta hoy han heredado endogámicamente las técnicas del poder político y económico. Pese a la sangre, la cob siempre vio en el Estado una institución a quien demandar, pedir, exigir, porque siempre se consideró a sí misma como sujeto mandado, y sus luchas, como un ritual de una economía de derechos y concesiones negociada en las calles, mas nunca cuestionada en el fondo.

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subordinación. Este habitus, labrado por los sobornos estatales del Estado benefactor y sus pequeños cachorros partidarios, es, no cabe duda, la sustancia con la que se moldeó la “acumulación en el seno de la clase” (Zavaleta), pero que ahora se desvanece paradójicamente por iniciativa prepotente del propio capital, que no requiere ni busca pactos sociales para distribuir el disminuido excedente social.

En segundo lugar, y también a diferencia de lo que aconteció con la revolución de 1848, la crisis general actual no descansa en las espaldas de una forma de proletarización social ascendente, como en los años cuarenta del siglo pasado, sino en el desmante-lamiento de la existente y el proyecto de erigir una nueva forma histórica de esa proletarización social. La crisis económica con-temporánea no reposa en fracciones laborales imprescindibles para el programa de desarrollo del capital, como lo fue el siglo pasado (industria manufacturera en textiles, acero, obreros de oficio), sino en el desmantelamiento o inferiorización de las ramas productivas anteriormente más importantes y más organizadas del proletariado (automóviles, siderurgia, carbón, petróleo, etc.), y el repunte privilegiado de nuevas ramas industriales construi-das sobre los hombros de un proletariado nuevo, desorganizado, carente de experiencia asociativa, en feroz competencia interna (industria electrónica básica, telecomunicaciones, industria ae-roespacial, etcétera).

El proletariado históricamente ascendente (esto es impres-cindible para llevar adelante los proyectos de reorganización del capital) no es ni el proletariado tal como estaba organizado hasta hoy, ni, esto es lo peculiar, un proletariado asentado en las ramas tradicionales de la antigua expansión del capital. Lo primero, de hecho explica el sentido empresarial de cualquier crisis: la bús-queda por erosionar y doblegar modos de autoorganización, de resistencias peligrosas del trabajo ante el capital y, por tanto, la necesidad de reestructuración técnico-organizativa de las moda-lidades de ejercicio de las antiguas actividades productivas. Esto viene aconteciendo desde los años sesenta, a través del llamado

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posfordismo, la industrialización difusa y otras modalidades de gestión productiva que se innovan a nivel planetario.

Lo segundo, en cambio, va más allá de la simple modificación de la estructura interna de los procesos laborales en las antiguas ramas; la presupone, pero ante todo, modifica los propios fun-damentos materiales e históricos de la proletarización social, al reestructurar el funcionamiento de la economía global, de las eco-nomías locales, de las ramas industriales y de la colocación estruc-tural del proletariado, más sus gradaciones internas, a partir de la apertura expansiva, tecnológicamente dirigente, y económica-mente dominante, de ramas laborales y formas de consumo de la fuerza de trabajo diferentes a las que hasta ahora habían existido.

No sólo estamos ante una reorganización de las condiciones de trabajo del proletariado; también se despliega ante nuestros ojos el surgimiento de un nuevo tipo de proletariado, de una nueva vinculación entre las actividades laborales mundiales, eso es, una nueva forma de relacionarse entre los trabajadores a es-cala planetaria que modifica las hasta aquí labradas y, con ello, estamos presenciando una manera distinta de vinculación de las actividades formalmente subsumidas al capital mundial, con las ramas económicas (productivas, circulatorias y financieras) real-mente subsumidas al capital.

La estructura material del trabajo y del capital se reconfigura ante nuestros ojos, y con ello, la propia estructura material de la constitución del trabajo, del trabajo asalariado y de la clase obre-ra. Esto, que hemos de denominar un nuevo tipo de la formación histórico-material de la proletarización social, es lo que conspira para que esta crisis se dé bajo el manto de estupor político del tra-bajo, de desapasionamiento, de encadenamiento interrumpido, ya no de interunificaciones, sino de fragmentaciones que arras-tran tras de sí las contadas reunificaciones del trabajo que por acá o por allá emergen de vez en cuando. Entender las renovadas maneras de la constitución de las clases sociales en la sociedad contemporánea, de sus escisiones y fusionamientos históricos es precisamente otro de los espacios de vigencia actualísima del

Manifiesto comunista.

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3. ¿Quiénes son burgueses y proletarios?

Las luchas de clases, y luego entonces las clases sociales como movimiento estructural

A. Burgueses y proletarios

La historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de las luchas de clases.

Karl Marx y Friedrich Engels, “El manifiesto del partido comunista”, p. 111.

Con esta frase contundente Marx abre el primer capítulo del Manifiesto. El objetivo es claro: se trata de mostrar que las di-ferencias y antagonismos sociales que emergen en la actualidad no son exclusivos de la época de la redacción del Manifiesto sino que, bajo modalidades y densidades distintas, se han dado en otros momentos históricos conocidos hasta entonces y que los habremos de encontrar en cualquier recorte que hagamos de la sociedad capitalista.

Respecto a la lucha de clases en sociedades anteriores a la ca-pitalista, en una nota de 1888, Engels aclara que estas divisiones sociales surgieron cuando se desintegraron las primitivas formas de organización comunales, cuya existencia prácticamente no se conocía en 1848.⁶³

Actualmente existe publicado un abundante material don-de Marx, después de la redacción del Manifiesto comunista, es-tudió las estructuras comunales agrarias en distintas partes del mundo,⁶⁴ y también una extensa discusión al respecto, además de

⁶³\ Karl Marx y Friedrich Engels, “El manifiesto del partido comunista”, op. cit. En La ideología alemana, a propósito de la división del trabajo, ambos autores desarrollan un primer acercamiento a diversas formas de propiedad, desde la antigüedad (tribu, propiedad antigua, feudal) hasta hoy.

⁶⁴\ Karl Marx, “Formas que preceden a la producción capitalista”, en Grundrisse, op. cit.; “Sobre el colonialismo”, en Cuadernos de Pasado y Presente, No. 37, 1973; “El porvenir de la comuna rural rusa”, en Cuadernos de Pasado y Presente, No.

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estudios etnohistóricos⁶⁵ sobre la realidad comunal en la época de la expansión del capitalismo en el mundo.

Sin embargo, son importantes dos aclaraciones sobre el tema. Una es el estudio de las formas productivas comunales arcaicas,⁶⁶ donde las relaciones de poder sociales no toman la forma de po-los escindidos y con sus propias reglas de autorreproducción; y la otra es el estudio de formas comunales arcaicas y modificadas como comunidades agrícolas,⁶⁷ pero inscritas en un contexto más amplio de flujos de fuerzas sociales contradictorias, claramente condensadas en estructuras de perpetuación de las diferencias de-limitadas. La primera corresponde a una época extremadamente remota y aún poco estudiada, por las dificultades que implica re-mover las innumerables losas de la historia pasada hasta llegar a esos periodos. La segunda, en cambio, corresponde a la presencia de estructuras comunales que, por una parte, se definen frente a una sociedad mayor configurada como Estado despótico, Estado colonial o Estado capitalista y, por otra, presentan estratificacio-nes sociales internas que se intensifican ante las extorsiones de las sociedades mayores que las dominan.

En este segundo caso, que es el que corresponde a nuestra realidad, significa que, frente al conglomerado social dominan-

90, 1980; Cuadernos Kovalevsky, La Paz, Ofensiva Roja, 1989; Lawrence Kra-der (ed.), Los apuntes etnológicos de Karl Marx, Madrid, Pablo Iglesias y Siglo XXI, 1988; Friedrich Engels, “La marca”, en La guerra campesina en Alemania, Moscú, Progreso, 1981.

⁶⁵\ Lawrence Krader, The Asiatic Mode of Production, Amsterdam, Van Gorcum, 1975; Karl Wittfogel, Oriental Despotism, New Haven, Yale University Press, 1963; Alexander Chayanov, La organización de la unidad económica campesi-na, Buenos Aires, Nueva Visión, 1974; Bronislaw Malinowski, Argonautas del pacífico occidental, Barcelona, Ediciones 63, 1973; Marcel Mauss, Sociología y antropología, Madrid, Tecnos, 1973; Marvin Harris, El desarrollo de la teoría an-tropológica, Madrid, Siglo XXI, 1998; John Murra, La organización económica del Estado inca, México, Siglo XXI, 1978; Marshall Sahlins, La economía de la edad de piedra, Madrid, Akal Universitaria, 1977.

⁶⁶\ Karl Marx, “El porvenir de la comuna rural rusa”, op. cit.

⁶⁷\ Véanse Karl Marx, “Formas que preceden a la producción capitalista” en Grun-drisse, op.cit.; “El porvenir de la comuna rural rusa”, op. cit.; y Cuaderno Kova-levsky, op. cit.

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te, los miembros de la comunidad se definen como clase porque, en términos de sus condiciones de vida, de vínculos económicos consistentes, de actitudes culturales y políticas, su campo de po-sibilidades —además de ser distinto al campo de posibilidades materiales definido por el de los sectores poseedores del poder estatal prevaleciente, de la actividad económica dominante y la cultura legítima—, se hallan en relaciones de subordinación, de sometimiento frente a ellas. Los miembros de una comunidad, en cualquiera de sus formas y por sus vínculos ineludibles frente a estructuras sociales mayores y dominantes son, por tanto, clase social; y las formas de llevar adelante o de impugnar estos vín-culos respecto a la sociedad económica, política y culturalmente dominante no harán más que consagrar ésta, su posición de clase.

Que estos miembros de la comunidad no sean una clase “clá-sica” de la sociedad moderna no elude su existencia histórica. Sólo los beatos del texto pueden pretender hacerla encajar en las “clases” prescritas por una “sagrada escritura”.⁶⁸ Frente a este idealismo vulgar, que pretende explicar la Historia adecuándola al concepto, Marx ha de reivindicar la Historia como lugar desde donde debe nacer el concepto como manera de volver inteligible su devenir.⁶⁹ Y si bien es cierto que en el Manifiesto Marx no habla de la comunidad, no es porque ella no exista sino, como lo aclara Engels, porque para entonces era desconocida, por la ausencia de estudios sobre el tema. Cuando en los años cincuenta Marx se sumerge en una investigación más profunda para entender el surgimiento y la función del dinero, revisa la bibliografía sobre sociedades no mercantiles y la trabaja en el primer borrador de

⁶⁸\ Tómese en cuenta aquí la bochornosa clasificación que durante décadas han intentado realizar teóricos pseudoizquierdistas, a fin de convertir a comunarios en campesinos parcelarios o pequeño burgueses, a mitayos y yanaconas en es-clavos, etcétera.

⁶⁹\ Karl Marx, “Introducción general a la crítica de la economía política/1857”, en Cuadernos de Pasado y Presente, No. 1, 1987. Véase también “Carta a la redac-ción de Otiéchestviennie Zapiski” (1877), en Cuadernos de Pasado y Presente, No. 90, 1980.

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El capital.⁷⁰ Más aún, cuando Marx se lanza a investigar cómo es que la racionalidad capitalista avanza en la subordinación del mundo a la forma productiva social del valor (inicio de las acu-mulaciones originarias en muchas regiones del globo), la impor-tancia, como resistencia y potencialidad revolucionaria de las estructuras sociales existentes en las “extremidades del cuerpo capitalista”, será un elemento que atravesará todo su pensamien-to, llevándolo a crear nuevas categorías, que den cuenta de esta exuberante realidad social.⁷¹

Una conceptualización mucho más precisa y completa, coetá-nea de las relaciones capitalistas y formas comunales modificadas pero supeditadas al capital, como sucede desde mediados del siglo XIX en todo el mundo, la encontraremos en El capital con las categorías de “Subsunción formal y real de los procesos de producción, circulación y consumo al capital”.⁷² Incluso, Marx avanzará en una caracterización más rigurosa sobre un tipo de colonialismo contemporáneo, a partir, precisamente, no de la subordinación del proceso de trabajo inmediato, que supone ya una cierta homogeneización mercantil de las relaciones laborales y culturales de la sociedad, sino de la subsunción general de los procesos de producción y circulación social al capital comercial,⁷³ que supone una cualidad no mercantil del proceso de trabajo in-mediato (comunal o pequeño-campesino), pero sin una incorpo-ración creciente al circuito mercantil de la esfera de la circulación y el consumo local. En este caso, diríamos entonces que este tipo de colonialismo, más que una realidad cultural, sería ante todo una realidad reproductiva; esto es, fundada en el nivel de la es-tructuración de las condiciones de reproducción social-natural, de un espacio social delimitado. La cualidad del colonialismo,

⁷⁰\ Karl Marx, Grundrisse, op. cit.

⁷¹\ Por ejemplo, el concepto de “comuna asiática”, “comuna germánica”, etc., en los Grundrisse, que luego, con una mayor información etnográfica dará lugar, en los “Borradores a Zasúlich”, a los conceptos de “forma comunal arcaica”, “comunidad agraria” y sus diversos tipos.

⁷²\ Karl Marx, El capital, op. cit., caps. VII y XXII. También el capítulo VI (inédito). ⁷³\ Karl Marx, El capital. Tomo III, op. cit.

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en general, y del “colonialismo interno”,⁷⁴ en particular, vendría dada inicialmente por la supeditación formal de las relaciones so-ciales de las estructuras comunales al capital y, por tal motivo, si-multáneamente, por la constitución de los miembros de la entidad comunal en clase respecto a las clases sociales que configuran la realidad capitalista externa que los engloba. Los problemas para la formación de la identidad de clase, que en este espacio es una identidad intercomunal o supracomunal, son similares al resto de las clases subalternas en cuanto a superar la fragmentación social que, aquí, no sólo es promovida por el dominio externo del capi-tal, sino que es fomentada por la propia identidad comunal local asentada en las relaciones parentales (consanguíneas y rituales). Sin embargo, la acción conjunta, aunque inicialmente sólo a nivel local, se halla a su vez potenciada por las mismas características de la comunidad, que presupone prácticas productivas y culturales emprendidas en común como basamento procesal de su propia identidad histórica.

Pero no sólo es el contexto social externo (relación de fuerzas), que domina las estructuras comunales contemporáneas, el que lleva a definir a los miembros de la comunidad como parte de una clase social, sino que las propias relaciones internas en la comuni-dad, entre sus miembros, bajo estas condiciones tienden a ir per-filando la constitución de clases dentro de la propia comunidad. Nos estamos refiriendo, por ejemplo, a las llamadas “autoridades originarias”⁷⁵ o estirpes, donde está depositada la legitimidad de la autoridad comunal; a las mujeres, cuando su situación frente a

⁷⁴\ Rodolfo Stavenhagen, “Siete tesis equivocadas sobre América latina”, en Ernest Feder (comp.), La lucha de clases en el campo, México, Fondo de Cultura Eco-nómica, 1975.

⁷⁵\ Tristán Platt, “Pensamiento político aymara”, en Xavier Albó (comp.), Raíces de América: el mundo aimara, Madrid, Alianza y Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (unesco), 1988; John Murra,

Formaciones económicas y políticas del mundo andino, Lima, iep, 1975; Reiner Zuidema y Manuel Burga, Reyes y guerreros: ensayos de cultura andina, Lima, Asociación Peruana para el Fomento de las Ciencias Sociales (Fomciencias), 1989; Karen Spalding, “Huarochiri: an Andean Society under Inca and Spanish Rule”, en Claudia Rosas Lauro, El miedo en el Perú: siglos XVI al XX, Stanford,

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la gestión de las condiciones de vida queda claramente diferen-ciada de la del varón; o a aquellos comunarios que incursionan en actividades mercantiles urbanas, como la venta de fuerza de trabajo, la venta creciente de productos, la participación en el co-mercio, etcétera. Estos “diversos estamentos” o “múltiple escala gradual de condiciones sociales”, tal como empieza a definir a las clases Marx, dentro de la propia comunidad tornan complejas las particularidades de la clase comunal, pues nos muestran varias clases en proceso de formación, a partir de la lenta disgregación comunal. La formación de una clase campesina pobre (semipro-letariado), clase campesina media y rica,⁷⁶ es la ruta más probable (no inevitable) de esta desintegración de la estructura comunal, que puede durar décadas o siglos, como en Bolivia. Cuando esta conformación en diversas clases sociales culmina, la comunidad agraria se ha extinguido. Mientras tanto, donde existen formas sociales comunales, la clase comunal se subdivide en varias sub-clases, que combinan de una manera híbrida y tensa ésta, su raíz comunal, con posicionamientos campesinos y mercantiles.

Con todo, los miembros de la comunidad que aún no han sido objeto de procesos de estratificación social radicales e irre-versibles no forman parte de una clase ni burguesa ni proletaria ni pequeño burguesa, en la medida en que, en la comunidad, los medios de trabajo ni son propiedad privada en el sentido mercan-til del término,⁷⁷ ni el trabajo es concentrado como mercancía, ni mucho menos su incorporación al proceso de trabajo se da para

Stanford University Press, 1984; Roger Rasnake, Autoridad y poder en los Andes, La Paz, Instituto de Historia Social Boliviana (hisbol), 1989.

⁷⁶\ Friedrich Engels, “La guerra campesina en Francia y alemania” (1850) y “Con-tribución a la historia del campesinado prusiano” (1885) en La guerra campesi-na en Alemania. El problema campesino en Francia y Alemania, (1894), Moscú, Progreso, 1981; Karl Kautsky, La cuestión agraria, México, Siglo XXI, 1975; Vladimir Lenin, “El desarrollo del capitalismo en Rusia”, en Obras completas. Tomo III, México, Salvador Allende, 1982; Mao Tse-Tung, “Análisis de las cla-ses de la sociedad china” e “Informe sobre una investigación del movimiento campesino en Junan”, en Obras escogidas. Tomo I, Pekín, Ediciones en Lenguas Extranjeras, 1976.

⁷⁷\ Claude Meillasoux, Terrains et théories, Paris, Anthropos, 1977.

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valorizar el valor, ni existe un sometimiento del medio de trabajo sobre el trabajador directo.

En las formas comunales, los medios de trabajo son propie-dad individual o patrimonio común de las unidades domésticas (tierras de cultivo) por separado o en conjunto (tierras de pasto-reo); la fuerza de trabajo es agrupada mediante la activación de circuitos de parentesco y de reciprocidad de los esfuerzos diferi-dos en el tiempo, mientras que las herramientas permanecen bajo soberanía procesal de los productores directos, al igual que las pocas o muchas técnicas comunales de trabajo necesarias para la reproducción comunal.

¿Cuál es el destino histórico de esta “clase comunal”? Esto dependerá del curso aleatorio de la propia historia de las luchas de clases, frente a la cual la prescripción de una ruta obligada no pasa de ser una majadería de profetas decadentes o el exabrupto de una filosofía de la historia cuyo defecto “reside precisamente en el hecho de ser una teoría suprahistórica”.⁷⁸ La comunidad no está condenada a desaparecer, aunque éste sea su camino más probable; también puede ser el punto de partida de una renovación general de la sociedad, en la medida en que la pro-pia sociedad moderna tiende también, tal como lo hemos visto, como contrafinalidad de su progreso, hacia formas superiores y universalizadas de vida comunal. Esta posibilidad estará signada por la presencia a escala nacional de la comunidad agraria, coetá-nea de las adquisiciones del trabajo social creadas y reprimidas por el capital. De hecho, en países como los latinoamericanos, a estas alturas, la posibilidad de una auténtica insurgencia contra el dominio del capital resulta impensable al margen de la clase comunal y de su lucha por universalizar la racionalidad social comunal que la caracteriza.⁷⁹

⁷⁸\ Karl Marx, “Carta a la redacción de Otiechestviennie Zapiski”, op. cit.

⁷⁹\ “La libre individualidad fundada en el desarrollo universal de los individuos y en la subordinación de su productividad comunitaria, social, como patrimonio social, constituye el tercer estadio […]. La producción social […] está subor-dinada a los individuos y controlada comunitariamente por ello como un patri-monio [, es un] libre cambio entre individuos asociados sobre el fundamento

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Es claro, entonces, que las definiciones juridicistas de las cla-ses, tan propias de los manuales y los panfletos, son una auténtica barrera epistemológica para entender las estratificaciones socia-les no-capitalistas. Aún más, la propia complejidad que adoptan las clases definitorias del régimen del capital son imposibles de entender a partir de esas caracterizaciones leguleyas o tecnicistas que se le atribuyen al marxismo.

Una primera aproximación a la noción de clase sería que ésta se define “por la posición que guardan las personas con los me-dios de producción” que la sociedad posee en un momento dado, en particular, básicamente por la “propiedad” o no propiedad que se tiene hacia ellos. Ahora bien, ¿qué es lo que se sostiene cuando se dice que las “clases” se establecen por la propiedad o no propiedad de los medios de producción? Que las clases son una consecuencia de específicas relaciones económicas; peor aún, que las clases son un subproducto de las relaciones de pro-piedad, con lo que se reduce el conocimiento de las clases a un asunto de legalidad local que se consagra, así como el “discurso imparcial”, elevado por encima de las conflictividades sociales y ecuánime dirimente de ellas. No es pues inusual que este tipo de “definiciones” se incuben en las escuelas forjadoras de funciona-rios y burócratas de Estado.

Leyes, códigos, formas de propiedad, muy a pesar de sus cus-todios y sus adoradores, no preceden a la configuración conflic-tiva de la sociedad, son su convalidación escrita, la síntesis cris-talizada de ambiciones e imposiciones colectivas querelladas en torno al mundo de la riqueza. La propiedad, en cualquiera de

de la apropiación y del control comunitario de los medios de producción”. Karl Marx, “El dinero como relación social”, en Grundrisse, op. cit.

\ 琀n la traducción de Siglo XXI, las palabras gemeinschaftlich y gemeinsam que corresponden a comunitariamente y comunitario, han sido traducidas como colectiva y común, definiciones que empalidecen la clara distinción que hace Marx entre Gesellschaft (sociedad fundada en lazos abstractos) y Gemeinschaft (comunidad fundada en lazos productivos y directos). Igualmente, en La ideo-logía alemana, Marx y Engels hablarán del comunismo como “la comunidad de los proletarios revolucionarios que toman bajo su control sus condiciones de existencia”. Karl Marx y Friedrich Engels, La ideología alemana, op. cit.

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sus categorías, se ejerce tanto como supresión de otras formas de propiedad, como exclusión de potenciales propietarios; es la legi-timación de un poder de control y de un poder de uso por parte de determinados miembros de la colectividad, y de la inermidad institucionalizada ante esos poderes por parte de otros miembros.

La propiedad en cualquiera de sus formas es, desde su inicio, la consagración y la ambición de perpetuidad de un inconfesable antagonismo social por el control y el poder sobre los medios de vida existentes. La propiedad sobre algo no es sólo la relación de una persona con un objeto, es la ubicación en un espacio de sórdidas belicosidades entre las personas, al mismo tiempo que ella misma es la beligerancia social en movimiento. De aquí que la propiedad jurídica deba ser vista como un efecto hipócritamente apologético de las clases (de su lucha).

El que uno pueda adscribirse formalmente a tal o cual rela-ción social, por medio de la relevancia o elección de tal o cual propiedad jurídica sobre tal o cual medio de producción, no debe hacernos olvidar la carga o programa social que tiene el objeto de propiedad, independiente y previamente al propietario y, por otro lado, el conjunto de prácticas e intenciones que el propietario se ha de ver compelido a ejecutar para convalidar el sentido de “su propiedad”. La propiedad por sí misma sólo establece una so-beranía abstracta sobre el objeto de propiedad; la realidad de la propiedad es el modo del ejercicio de la soberanía y en contra de quienes se la reivindica; esto es, las divisiones y jerarquizaciones sociales que la anteceden y la explican.

Cuando se ha pretendido explicar las clases sociales por las relaciones de propiedad, lo que se ha hecho en realidad es invertir y mistificar la problemática de las clases, pues se toma como ori-gen lo que en sentido estricto es el resultado, con lo que la crítica radical de la división social en clases es sustituida por una crítica juridicista de las formas de propiedad. Si alguna verdad sobre las clases tiene la propiedad, es el ser un momento del movimiento antagonizado de ellas en un momento histórico dado.

En tal manera de ver las cosas hay un cierto halo ahistoricista. Parecería que las personas, medios de producción y diversas “re-

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laciones” (o combinaciones, como prefieren llamarlas algunos), existieran unas independientemente de otras y cuya mezcla, pe-riódicamente distinta, vendría a estructurar las diversas clases sociales. Lo inaceptable de esto es que convierte la disección ana-lítica de la realidad pensada en la representación de conjunto de esa realidad. Los medios de producción, aun en su corporeidad física, no son más que una manera que tienen las personas de vincularse entre sí y con la naturaleza a través de las cosas, por lo que no es sólo el modo del uso, sino el sentido del uso y la propia certeza material del uso, lo que es un programa de intencionali-dades y confrontaciones sociales.

Las personas, por su parte, son la más plena sustancia social viva, que desde que nacen cargan como significado de su exis-tencia las misiones de la época de la sociedad que las cobija, por lo que no tiene sentido referirse a un periodo primigenio de las personas que concurren inocentemente al encuentro con los lla-mados medios de producción, de donde nacerían las modalidades encendidas o atenuadas de las divergencias sociales. Las personas y el modo de acontecer de las cosas, de los objetos, son conflicti-vidad y confrontación en movimiento incesante; han nacido de antagonismos, son ellos mismos antagonismos en estado de flui-dez y se deben en el futuro a esa confrontación para superarla por otros antagonismos o para perpetuarlos. Las personas y las cosas tienen existencia social, por y con la marca maldita de estas sórdidas batallas y agresiones sociales, por lo que no tiene ningún sentido hablar de personas que anteceden a las clases, ni de an-tagonismos que las preceden. Los tres momentos son momentos de una misma realidad.

¿Cuál sería entonces el concepto de clase que permitiría dar cuenta de la complejidad de la estructura social contemporánea, incluida la de las formas comunales, subsumidas formalmente por el capital? Revisemos la que nos propone Marx en el Manifiesto. Cuando él nos habla de la burguesía, no la define en términos ju-rídicos de propiedad,⁸⁰ sino en tanto movimiento histórico, co-

⁸⁰\ 琀ngels, en su nota aclaratoria de 1888 procede, a nuestro juicio, a una simplifica-

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mo actividad productiva, política y cultural que adquiere ciertas intenciones, que toma ciertas posiciones respecto a las condicio-nes de realidad material de esas prácticas económicas, políticas y culturales. Ya sea como vecino libre organizado en gremio, como “estamento medio industrial” o como “industriales modernos”, que personifican los distintos momentos del desarrollo burgués europeo, su “enclasamiento” viene dado por procesos prácticos, en tres niveles de la realidad social que van estructurando el con-cepto de burguesía:

a) A nivel económico: inicialmente, la producción gremial ur-bana que abastece bienes mercantiles.⁸¹ Luego como flujo de in-tercambios, bajo la forma de mercancía, despertados por la aper-tura de mercados con China, la India y las colonias americanas;⁸² el trabajo deviene también mercancía.⁸³ Posteriormente, como división del trabajo al interior del taller, en vez de la división del trabajo entre corporaciones gremiales,⁸⁴ es el inicio del despotis-mo industrial, que empieza a disciplinar al trabajo como trabajo asalariado.⁸⁵ Después, la revolución tecnológica, que se apode-ra de la realidad técnica de la producción, permite la expansión propiamente industrial del capital al resto del mundo, la con-centración de la propiedad y el desarrollo del mercado mundial, arraigando así materialmente la interdependencia mundial del

ción del concepto de clases sociales, sobre la cual se levantarán posteriormente diversas interpretaciones reduccionistas. Sin embargo, aun en esta simplificación “engelsiana”, la definición de clases sociales menciona, además de la propiedad, el empleo de trabajo asalariado, en el caso de la burguesía. Para el proletariado, además de su carencia de los medios de producción, se menciona la venta de fuerza de trabajo como único modo disponible de existir como trabajador y ser humano.

⁸¹\ Karl Marx y Friedrich Engels, “El manifiesto del partido comunista”, op. cit., p. 112.

⁸²\ Ibíd.

⁸³\ Ibíd., p. 117.

⁸⁴\ Ibíd., p. 112.

⁸⁵\ Ibíd., p. 117.

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trabajo;⁸⁶ pero simultáneamente, convirtiendo al obrero en un apéndice de la máquina.⁸⁷ Por tanto, doble subsunción: por un lado, del trabajo mundial al capital, a través de la generalización de la producción capitalista a los demás países del globo, inter-conectadas por el mercado mundial que las precedió y que ahora aparece como un producto industrial más. Por otro, por la supe-ditación tecnológica del trabajo en la propia producción.

b) A nivel político: de estamento dominado por la pelea au-tónoma por sus intereses frente a las antiguas clases dominantes, hasta la conquista de la “hegemonía exclusiva del poder político en el Estado representativo moderno”.⁸⁸ Simultáneamente o me-jor, para la formación de esta hegemonía, proceso de centraliza-ción política, bajo la forma de interés nacional,⁸⁹ logrando, por una parte, arrastrar al proletariado tras sus banderas; por otro, enfrentar a las burguesías de los demás países para preservar el monopolio del territorio social hegemonizado; y por último, rom-per la resistencia de aquellas fracciones burguesas que entran en contradicción “con el progreso de la misma industria”.⁹⁰ El su-puesto de todo este proceso es la capacidad que se pueda tener de fragmentar ininterrumpidamente las otras formas de organi-zación política de la sociedad, especialmente del proletariado,⁹¹ porque sólo a partir de esa disgregación se pueden verificar las estrategias de articulación colectiva en torno al valor de cambio y el desarrollo industrial.

c) A nivel cultural: erosión de los vínculos y las representa-ciones serviles, religiosas y sociales que no estén guiadas más que por el “frío interés” del lucro; “supeditación de las razones prácticas, las elecciones estéticas, y las normas morales a la lógica

⁸⁶\ Ibíd., pp. 112-117.

⁸⁷\ Ibíd., p. 117.

⁸⁸\ Ibíd., p. 113.

⁸⁹\ Ibíd., p. 115.

⁹⁰\ Ibíd., p. 119.

⁹¹\ Ibíd.

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del valor de cambio”.⁹² “Constitución de un concepto de nación sustentado en la competencia interburguesa y el monopolio de mercados”.⁹³ Incorporación de la lógica mercantil en el propio comportamiento laboral y sus horizontes de acción; “guerra civil más o menos oculta”, incesante y cotidiana, no sólo para hacer del trabajador un trabajador asalariado, cosa que es un hecho eco-nómico-político, sino, también, para que el trabajador se asuma a sí mismo como trabajador asalariado, como propietario de una mercancía que entabla vínculos sociales con los demás (obreros y burgueses) en tanto propietarios privados.

Cada uno de estos niveles presupone simultáneamente a los otros, y aunque el político-cultural puede jugar un papel más ac-tivo en determinadas coyunturas, éstos adquieren materialidad técnica y organizativa cuando se cristalizan como modificaciones en la reorganización productiva de la sociedad moderna. Hoy en día, la burguesía sería aquel sector social que a escala planetaria y local personifica este movimiento de expansión de las relacio-nes de producción e intercambio como relaciones supeditadas al valor de cambio; aquel sector que, por su posición en el con-trol de las condiciones de producción e invención económicas, políticas y culturales subordina trabajo ajeno para hacer de él, de una manera crecientemente tecnologizada, fuente de valori-zación del valor. La burguesía es, por tanto, la personificación de un movimiento y una posición social que se define frente y con-tra otros movimientos y posiciones sociales; la burguesía, y luego también el proletariado, son sujetos sociales que existen en tanto relaciones de lucha, de apropiación, de defensa, de dominio, de resistencia en el campo material que configura las condiciones de producción, reproducción e invención de la vida económica-política-cultural. El concepto de lucha precede al de las clases; más bien, porque hay lucha entre sujetos sociales es que luego hay clases sociales, de ahí que no sea casual que en el Manifiesto

⁹²\ Ibíd., p. 113.

⁹³\ Ibíd., p. 127.

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Marx hable primero de lucha de clases y luego de las clases que se forman a partir de la lucha.

Es claro entonces que la propiedad jurídica⁹⁴ es apenas un aspecto parcial de esta relación social. Lo que acontece con las sociedades por acciones anónimas en las que jurídicamente pa-recería que los propios trabajadores “son dueños”; con la pro-piedad del Estado en el que “todo el pueblo es dueño”; o con el trabajo a domicilio en el que aparentemente el trabajador es un “empresario”, muestran claramente la superficialidad y fetichiza-ción extrema sobre las que opera esta ideología jurídica, pues sólo es capaz de dar cuenta de la caracha epidérmica del tumultuoso flujo interno de fuerzas y posiciones que constituye la realidad de las relaciones sociales, en este caso del capital.

En el caso de la moderna fábula liberal que quiere justificar detrás de la “democratización de la propiedad”⁹⁵ la extinción de las diferencias de clases, el izquierdismo juridicista cae de hino-jos, impotente ante sus imposturas, pues es partícipe de su pun-to de partida. Encontrar, detrás de la costra de leyes, códigos y mistificaciones legalistas, el furor de las relaciones sociales que estructuran las clases permite ver, en cambio, que detrás de esta “democratización de la propiedad” se hallan brutales procesos de proletarización eufemistizados por la retórica juridicista de que el “pueblo” se está convirtiendo en empresario. Detrás del obrero convertido en accionista atomizado hay una descomunal expro-piación de ahorros y beneficios acumulados durante décadas, que caen en manos de los inversionistas más grandes, y que además coaccionan simbólicamente a sus trabajadores a una mayor efi-

⁹⁴\ Desde los Manuscritos económico-filosóficos de 1844, pasando por el Manifiesto comunista, hasta el final de sus obras, el concepto de propiedad que utiliza Marx no se restringe al sentido jurídico actual, sino que abarca, ante todo, el sustan-tivo de atributo social incorporado en las propias cosas. A este significado de propiedad, que “no es su expresión legal” sino “su forma real”, Marx lo llama “relaciones de producción”. Véase la “Carta de Marx a Schweitzer”, 24 de enero de 1865.

⁹⁵\ Hernando de Soto, El otro sendero. Lima, Instituto Libertad y Democracia (ild), 1986. Véase también, del mismo autor, “Los informales presentan una respuesta a Marx”, en Perspectivas Económicas, No. 2, 1989.

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cacia laboral para “su empresa”. Detrás de la propiedad de “to-dos” (la estatal) se agazapa el poder de una burguesía de Estado en posibilidad de disponer privadamente de parte del excedente social, y además simulando hacerlo en nombre de la “patria”, la “nación” o la “revolución”.

Por último, detrás de estos “empresarios” vendedores de ser-vicios que pueden ser desde costureros, comideras, limpiado-res de oficinas, consultores o investigadores, se hallan obreros a domicilio o ambulantes que venden su fuerza de trabajo bajo la forma de productos (salario a destajo), cuyo esfuerzo laboral, junto al de un inmenso ejército disperso de trabajadores, directa o indirectamente, ayuda a valorizar los procesos capitalistas cen-tralizados, ya sea mediante la reducción del valor de la fuerza de trabajo formalmente asalariada que consume los productos de estos “cuenta propias”, ya sea mediante la reducción de costos de realización comercial de las grandes empresas en el caso de los gremiales, o mediante la elaboración de productos materia-les o inmateriales que forman parte de los mecanismos de fun-cionamiento de las grandes empresas y de la fuerza de trabajo absorbida para valorizar el capital.⁹⁶ Marx llama a estas formas de asalariamiento de la fuerza de trabajo “formas en transición” que hablan de una fuerza laboral “subsumida formalmente en el capital”,⁹⁷ pero que hoy son reactualizadas como modo de desarrollo de la acumulación capitalista en las ramas realmente subsumidas en el capital.

En todo caso, lo decisivo de esto es que la clase burguesa no es un título de propiedad, sino todo un conjunto de dispositivos y de disposiciones sociales en flujo, desplegado en los diferentes espacios de la vida material (económica-política-cultural) y que configuran identidades y campos de comportamientos, posibles a partir de la sumatoria interdependiente de las relaciones de fuerza, desplegadas en esos espacios en torno al control y a la

⁹⁶\ Sobre el concepto de productos materiales e inmateriales, véase Karl Marx, Ma-nuscritos económico-filosóficos de 1844, op. cit.

⁹⁷\ Véase Karl Marx, “Trabajo productivo e improductivo”, en El capital, op. cit.

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posesión de las condiciones materiales de la producción de esos espacios. Las clases sociales vendrían a ser, entonces, los polos de este antagonismo social en estado ígneo que, nacido y finalmente técnicamente reproducido desde el proceso de producción de la riqueza material, atraviesa y comprende todo el proceso de re-producción social.

Ahora, en la medida en que el valor y el trabajo (o si se prefiere, capital y trabajo, pues el capital es valor que se autoproduce) no son más que el devenir, el acontecer histórico de una misma sus-tancia social: el trabajo como energía creadora de la humanidad y el trabajo como enajenación de sí mismo (el capital), los polos del antagonismo social, las clases, deben ser tratadas como relaciones de fuerza antagonizadas en el control, en el uso, en la generaliza-ción y disfrute de esa energía productora de materialidad social. Relaciones de fuerza que se alojan en todos los actos y los territo-rios de los actos de las personas, en que adquieren realidad social como múltiples formas de existencia relativamente compactas del poder del trabajo humano, de su actividad creativa en su acepción más diversa, y como múltiples formas relativamente compactas de la antítesis de esa potencia. Dicho de otra manera, tenemos que entender las luchas de clases y luego las clases, como el proceso constante de desarrollo en todos los espacios de las actividades sociales (grupales e individuales), comenzando desde el proceso de producción, de enajenar y desenajenar el poder del trabajo, de arrebatar y volver contra sus portadores la capacidad creati-va del hombre, y de resistir, de recuperar el control, de expandir ilimitadamente esa capacidad creadora, por parte de quienes la vierten cotidianamente. Lo uno y lo otro, vuelto a comenzar a cada momento, en cada hecho de creatividad humana.

A las clases en el capitalismo (pero también en cualquier otra forma social de organización del proceso de producción y repro-ducción de la vida material, fundada en el antagonismo social entre una de las formas del trabajo vivo y su enajenación) tene-mos que verlas, por tanto, como condensación de fuerzas, de intenciones, de comportamientos, de voluntades, de prácticas, de representaciones, de disfrutes; de acontecimientos dirigidos

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a desplegar el poderío del trabajo- en-acto, del trabajo vivo en sus diferentes especialidades y componentes (comenzando, cla-ro, desde el proceso de producción de bienes materiales que sostienen la vida, pero abarcando también, y mayoritariamente, las otras formas de riqueza social como el placer, la política, la imaginación, la salud, la educación, el sacrificio, la convivencia, el ocio, la contemplación, el consumo, la procreación, todo lo que es creatividad humana en estado de realización); y a supeditarlo al proceso de valorización del capital. Para Marx, el capital “no es pues una fuerza personal, es una fuerza social”, por tanto, “ser capitalista significa ocupar no sólo una posición personal en la producción, sino también una posición social”;⁹⁸ el “capitalista en cuanto tal es sólo función del capital”.⁹⁹

La definición de clase en el Manifiesto es procesal, no estática, no juridicista, ni tecnicista. El capital es una relación social, no un grupo de personas con ciertas cualidades particulares. La impor-tancia de esta manera categorial de la expresión de las relaciones sociales modernas radica en que permite superar las concepciones burocrático-juridicistas que han marcado la experiencia política de los últimos setenta años. Para estas concepciones, mientras la burguesía y su poder son un problema de propiedad poseída por tales o cuales personas, la derrota de la burguesía pasa por la expropiación estatal de esa propiedad y el exterminio físico o exilio de los propietarios, es decir, por medidas administrativas. La experiencia de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (urss) muestra que la propiedad estatal de los medios de produc-ción, defendida por burócratas estatales y minúsculas sectas de aspirantes a funcionarios públicos, simplemente instaura al Esta-do como “capitalista colectivo”,¹⁰⁰ y a los miembros del partido

⁹⁸\ Karl Marx y Friedrich Engels, “El manifiesto del partido comunista”, op. cit.

⁹⁹\ Karl Marx, Manuscritos económico-filosóficos de 1844, op. cit.

¹⁰⁰\ “Pero las fuerzas productivas no pierden su condición de capital al convertirse en propiedad de las sociedades anónimas y de los trusts o en propiedad del Estado. Por lo que a las sociedades anónimas y a los trusts se refiere, es palpablemente claro. Por su parte el Estado moderno no es tampoco más que una organiza-ción creada por la sociedad burguesa para defender las condiciones exteriores

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como a nuevos sujetos portadores de la función social burguesa, con lo que la relación social del capital se reproduce, aunque de manera modificada.

Superar al capital, desde el punto de vista de la definición de Marx, significa superar las relaciones sociales de fuerza, los com-portamientos, las disposiciones y los posicionamientos en el con-trol, el uso y la modificación de las condiciones de producción de necesidades materiales (economía), de soberanía (política) y de bienes simbólicos (cultura). Y esto, por supuesto, no es un atri-buto de pastor alguno¹⁰¹ o de ningún burócrata estatal agazapado detrás de alguna autotitulada “vanguardia”; es un movimiento social de revolucionarización de las relaciones sociales, en el que los sujetos de tales transformaciones no pueden ser otros que los sujetos que las padecen: el trabajo en todas sus formas corporei-zadas que, en la sociedad moderna mayoritariamente (aunque no únicamente), es el proletariado. El capital como relación social, y la burguesía como posición social, tan explícitamente definidos en el Manifiesto, fundamentan la posibilidad de la superación del capitalismo en el propio automovimiento de emancipación de la clase trabajadora moderna, el proletariado, en tanto son precisamente sus actitudes, sus esfuerzos, sus disposiciones, sus tolerancias, sus fuerzas las que sostienen y crean, como producto enajenado de sí, al capital y a los personificadores de esa relación social, a los burgueses.

La revolución social no es, pues, un golpe de mano que ex-termine a las familias burguesas, ni mucho menos una medida administrativa en la que un jefecillo dicta un decreto de “sociali-

generales del modo capitalista de producción contra los atentados, tanto de los obreros como de los capitalistas individuales. El Estado moderno, cualquiera sea su forma, es una máquina esencialmente capitalista, es el Estado de los ca-pitalistas, el capitalista colectivo ideal. Y cuantas más fuerzas productivas asuma en propiedad, tanto más se convertirá en capitalista colectivo y tanto mayor can-tidad de ciudadanos explotará. Los obreros siguen siendo obreros asalariados, proletarios. La relación capitalista, lejos de abolirse con estas medidas, se agu-diza, llega al extremo, a la cúspide”. Friedrich Engels, “Del socialismo utópico al socialismo científico”, en Obras escogidas, op. cit.

¹⁰¹\ Michel Foucault, La vida de los hombres infames, Buenos Aires, Caronte, 1996.

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zación”; es un movimiento práctico, histórico, de larga duración, en el que el trabajo va quebrando y erosionando, incluso mucho antes del derrocamiento político de la burguesía, las relaciones de fuerza en la economía, la política, la cultura y la técnica que sostienen al capital. Aún más, se trata de un proceso económico-político-cultural, en el que el trabajo va creando las nuevas dis-posiciones, las nuevas actitudes y capacidades para modificar a su favor el control, la gestión de las condiciones materiales de producción de la economía, la política y la cultura.

Este proceso revolucionario es un proceso histórico de déca-das, que se inicia mucho antes de la disputa abierta y nacional del monopolio de la violencia física y simbólica del Estado;¹⁰² dis-puta descarnada que, cuando se da, para no devenir otra fuerza productiva del capitalismo, ha de verificarse como acumulación concentrada y explosiva de múltiples experiencias previas de autonomía, de autogestión social, que preparan al proletariado para tomar en sus manos colectivas la responsabilidad del des-tino social.¹⁰³ Revolución que, de vencer, deberá seguir desple-gándose después en otros medios más favorables y centralizados (el socialismo).

La posibilidad social de este proceso, su devenir, es el proceso de construcción de la clase proletaria.

¹⁰²\ Pierre Bourdieu, Razones prácticas, Barcelona, Anagrama, 1997.

¹⁰³\ Karl Marx y Friedrich Engels, “El manifiesto del partido comunista”, op. cit. En este mismo sentido, Marx declaró: “En lugar de la concepción materialista del Manifiesto se promueve la idealista. En lugar de las relaciones reales, que es lo esencial en la revolución, se pone la voluntad. Mientras que nosotros les decimos a los obreros: tal vez os tocará pasar aún por 15, 20, 50 años de guerra civil para cambiar las condiciones actuales y capacitaros vosotros mismos para la dominación, ellos les dicen: tenemos que conquistar ahora mismo el poder o podemos irnos a dormir”. Karl Marx, “Intervención ante el Comité”, 15 de septiembre de 1850.

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B. La determinación del trabajo por el capital: la mercantilización de la fuerza de trabajo. ¿Quiénes son los proletarios hoy?

Primero: “La clase de los obreros modernos, que no viven sino a condición de encontrar trabajo”, es decir, se trata de trabajadores que no pueden vivir con lo que ellos producen, que tienen que disponer de su potencialidad creadora (el trabajo) para otros

Estamos entonces ante trabajadores que ya no son partícipes de las estructuras de autosuficiencia (comunidad, unidad domésti-ca), en la que los medios de vida del trabajador y de su familia eran resultado directo, sin mediación de cambio, de su propia laboriosidad. Ahora, el obrero está definido por que su trabajo ya no se dirige a satisfacer sus propios requerimientos, sino que debe satisfacer requerimientos externos, debe ser trabajo útil para otros distintos a él. En los términos del primer capítulo de El capital, se trata de un trabajador cuya capacidad, el trabajo, ha devenido “valor de uso social”,¹⁰⁴ en valor de uso para-sí, y por tanto ya no es un simple valor de uso en-sí. Hay aquí un pri-mer rasgo de universalidad del obrero moderno en cuanto a su laboriosidad, que para devenir trabajo efectivo, tiene que tener utilidad social, tiene que ser consumida por Otros, que no son sus productores. Este trabajador está definido por su vínculo con el mundo, con necesidades exteriores cuyo límite máximo son las necesidades del mundo. La capacidad de trabajo halla en el régimen capitalista, aunque de manera abstracta y reprimida, el descubrimiento de una potencialidad comunitaria que abarca a todos los seres humanos.

Sin embargo, esta universalidad del valor de uso del trabajo del obrero moderno no existe así abiertamente; se da bajo el dominio de la relación de valor, como supeditación del valor de uso al valor

¹⁰⁴\ Karl Marx, El capital, op. cit.

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de cambio, esto es, como forma mercancía;¹⁰⁵ la universalidad de las capacidades aparece así como simple pretexto redomado por el interés privado del lucro, de la ganancia empresarial.

Segundo: “Estos obreros, obligados a venderse al detalle son una mercancía como cualquier otro artículo comercial”¹⁰⁶

La capacidad de trabajo, definida en cuanto lo es para otros, el valor de uso social del trabajo no puede realizarse abiertamente en su realidad genérica y comunitaria; se halla constreñida, más aún, dominada, retorcida y oculta, por el valor de cambio, por una medida cuantificable, abstracta y privada que se le aparece como contraparte visible, pero castrante, en sus utilidades con-suntivas; peor aún, como contraparte privada, que a manera de espejo cóncavo deforma la realidad del valor de uso del trabajo y lo hace verse a sí mismo, sentirse a sí mismo como mero coágulo de valor de cambio, como otra mercancía que habita el mundo de las mercancías y se realiza en el cambio con otras mercancías. Esta segunda característica del proletario lo muestra como un trabajador que realiza su capacidad creadora, el trabajo, como mercancía, como un bien intercambiable en el mercado y sujeto a sus reglas de intercambio. Mas como la capacidad que posee el trabajador es su fuerza de trabajo, indisoluble de su ser corpóreo, en tanto no se materializa, no se desdobla en trabajo objetivado (trabajo pasado), lo que deviene mercancía no es el ser corpóreo laboral, que sería la esclavitud, sino la capacidad laboral medida en el tiempo. Esto supone dos cosas: la soberanía del trabaja-dor sobre su capacidad, pues de otro modo no podría acceder al mercado como poseedor de un bien ofertable, como lo hacen los otros concurrentes (los compradores de fuerza de trabajo) y, simultáneamente, cuantificación mercantil de esta fuerza de

¹⁰⁵\ Karl Marx, El capital, op. cit.; Bolívar Echeverría Andrade, El discurso crítico de Marx, México, Era, 1989.

¹⁰⁶\ Karl Marx y Friedrich Engels, “El manifiesto del partido comunista”, op. cit., p. 117.

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trabajo, su medida en el tiempo en función de su equiparación con el resto de fuerzas de trabajo concurrentes que regulan in-conscientemente, y en complejas aproximaciones sucesivas, un promedio de medida del valor de cambio del trabajo, un valor social de la fuerza de trabajo.¹⁰⁷

El hecho de que el trabajo devenga trabajo asalariado, o lo que es lo mismo, que la capacidad de trabajo aparezca como mercan-cía, es por tanto, un proceso de parametrización del trabajo, de domesticación de sus potencialidades, de mutilación de sus con-tenidos trascendentes, a fin de volverla una vulgar mercancía y a su portador, un mercader. Puesto como un mercader, el trabaja-dor tiene que “venderse al detalle”, tiene que entregarse a otros a cambio de un monto de valor, porque ésa es la única manera en que ahora puede volver útil su trabajo y reproducir la utilidad de ese trabajo. Esta última idea es decisiva para comprender las múltiples formas de proletarización contemporánea.

La primera condición de la obrerización es que su trabajo sea útil para otros que no son el propio productor, lo que hace que el trabajo del obrero, en cuanto contenido material de riqueza (valor de uso), adquiera un carácter universal. Pero esta universalidad, para manifestarse, requiere tomar la forma de una “objetividad espectral”¹⁰⁸ cuantificable: el valor. Ésta es la condición segunda que redondea y domina a la anterior. Sólo bajo esta medida so-cial, y bajo una magnitud de esa medida (el valor de cambio) la utilidad en sí del trabajo obrero se muestra como utilidad especí-ficamente social. Esto parecería una transición lógica simple, sin embargo, presupone el aprisionamiento en cuatro dimensiones de su existencia material:

a) Que el trabajador pierda soberanía efectiva sobre el fruto de su trabajo. El primer momento de esta enajenación es que el

¹⁰⁷\ Karl Marx, El capital, op. cit.; Isaac Rubin, “Ensayos sobre la teoría marxista del valor”, en Cuadernos de Pasado y Presente, No. 53, 1977.

¹⁰⁸\ Karl Marx, El capital, op. cit.; Jacques Derrida, “Sobre la fantasmatización de la mercancía”, en Espectros de Marx, Madrid, Trotta, 1995.

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trabajador produzca algo, no como despliegue generoso de sus capacidades, sino como sumisión a necesidades externas que fijan el ámbito del trabajo útil por encima y en contra de la inclinación del trabajador. Es el obrero a domicilio, el trabajo artesanal anti-guo y moderno, y cierto tipo de cuentapropismo derivado de él. El segundo momento de la enajenación vendrá cuando la obje-tivación del trabajo, material y técnicamente, se presenta como no-propiedad, como objetividad extraña y opuesta. Es el obrero industrialmente concentrado y organizado.

b) Que el gasto de fuerza de trabajo pueda ser considerado en forma abstracta y luego equiparable por un monto de valor, el equivalente a los medios de consumo para reponer el esfuerzo desplegado. Lo primero es condición de lo segundo pues, hasta el régimen del capital, la fuerza de trabajo en magnitud y habilidad era equiparable sólo a sí misma (reciprocidad diferida en el tiem-po, en las estructuras comunales), o al uso y posesión de ciertos bienes (tierras, monto de la cosecha). Cuando se puede medir el trabajo concreto por un monto indiferenciado de trabajo general, esto ha de permitir que el trabajo concreto del trabajador quede subordinado al trabajo abstracto, que lo vuelve cuantificable en función del trabajo social medio que requiere la elaboración del producto por otras personas. Cuantificar el esfuerzo laboral en función del esfuerzo social medio que requiere la elaboración de los productos generados por el trabajador ha de permitir, a su vez, cuantificar el valor social de la fuerza de trabajo, con lo que el obrero, de productor de mercancías, parece él mismo mejor su capacidad laboral, como otra mercancía más. El círculo se cierra en un entorno de socialización abstracta, que inicialmente emergió de una forma de interpretar la laboriosidad, y que ahora aparece como fuerza extraña que la domina, la guía y la define: estamos ante el movimiento de la enajenación plena del trabajo.

c) Que la utilidad del producto del trabajo se dé sólo y úni-camente en tanto genere un valor excedente en alguno de los escalones del ordenamiento económico de la sociedad donde desemboca el resultado del trabajo. Cuando la valorización es expropiada directamente por el propietario y controlador de los

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medios de producción que utiliza el trabajador, estamos ante la organización empresarial característica del capitalismo. Cuando la valorización se realiza para el empresario contratista que no controla ni el uso ni la propiedad parcial de los medios de trabajo, estamos ante las diversas formas de trabajo a domicilio, antiguas y modernas. Cuando la valorización, para realizarse, debe pasar todavía por diversos escalones de mediación estamos ante el arte-sano, campesino mercantilizado, cuentapropista o vendedor cuyo trabajo, consumido por segmentos de consumidores populares, reduce el valor de la fuerza de trabajo social disponible por el empresariado, o reduce indirectamente los costos de realización del capital productivo y comercial. Esto último dará lugar a for-mas de obrerización híbridas, en las que habilidades domésticas, manufactureras, comunales, y en general fuerzas productivas inventivas y asociativas no-capitalistas, en vez de disolverse, son refuncionalizadas para la valorización del capital. Estos modos de subsunción formal articulados a la subsunción real de los procesos de producción e invención sociales por el capital son característicos de los inicios del régimen capitalista, pero también en las últimas décadas, pues están siendo utilizados por las estrategias neoliberales para erigir la nueva ola de expansión de la acumulación del capital.

d) En todos los casos, de una manera directa o indirecta, el trabajo ha de comportarse no sólo como valor de uso que se inter-cambia por un monto de valor, sino además como la fuente del valor cuyo consumo, en términos generales, tiene explícitamente para el capital social la función de generar más valor que el que retribuye y el de expropiarlo para sí.

Esta valorización del capital puede suceder en unos casos a nivel individual, como la que acontece con los asalariados de em-presa o, en otros, a nivel de la sociedad en su conjunto, como lo que sucede con el trabajo campesino, artesanal, familiar o “cuenta propia”, que sin valorizar a tal o cual empresario privado, y sin mantener contratos de empleo con ningún burgués, mercantili-zan su capacidad de trabajo y valorizan al capital social en cuanto se sumergen en relaciones mercantiles (compra y venta de fuerza

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de trabajo temporal, compra de productos industriales, venta de productos propios, prestamos bancarios, etcétera).¹⁰⁹ Y como estas abigarradas formas extorsivas del consumo de la fuerza de trabajo requieren que su utilidad esté bajo el mando general del capital, el trabajo, como trabajo mercantilizado, es llevado a apa-recer como parte del capital, como uno de sus momentos: como capital variable.¹¹⁰

La capacidad de trabajo como capital variable del capital es una definición estructural del obrero moderno, que ordena la función económica del trabajador en la sociedad, pero también su función política y cultural. Ya sea que el trabajador sea llevado a desempeñar el papel de capital variable para una empresa par-ticular (el obrero asalariado) o para el capital social considerado en su conjunto (el obrero híbrido sometido a abigarradas formas de mercantilización de su fuerza de trabajo), su práctica econó-mica, su práctica política y su práctica cultural están marcadas y dominadas desde el inicio por la práctica económica, política y cultural del capital. Desde el inicio, y hasta los momentos histó-ricos cíclicos de su autonegación como obrero-de-capital, el tra-bajador es una criatura del capital, la “parte variable”.

En suma, la fusión jerarquizada de estos elementos constituti-vos de la obrerización social y la variación al interior de ellas dan lugar a complejos procesos de proletarización universalizante de la fuerza de trabajo moderna, además de ser el hilo conductor para entender la erosión de la comunidad agraria.

Ya sea que los trabajadores sometidos a esas relaciones sociales vendan su fuerza de trabajo como sustancia abstracta al empre-sario, o bajo la forma de productos o de servicios, estamos ante múltiples formas de mercantilización del consumo de la fuerza de trabajo:¹¹¹ obreros de industria, agroindustria y la minería for-

¹⁰⁹\ Karl Marx, “El 18 Brumario de Luis Bonaparte”, en Obras escogidas en tres to-mos. Tomo I, Progreso, Moscú, 1981; Armando Bartra, La explotación del trabajo campesino por el capital, México, Macehual, 1979.

¹¹⁰\ Karl Marx, El capital, op. cit.

¹¹¹\ Karl Marx, Manuscritos económicos-filosóficos de 1844, op. cit. Véase también Immanuel Wallerstein, “La unidad doméstica y la formación de la fuerza de

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malmente contratados; obreros eventuales, jornaleros a tiempo parcial, obreros subcontratados, obreros a domicilio; científicos de empresas de investigación, analistas individuales que venden sus conocimientos; obreros de la construcción, asalariados de empresas que venden servicios, asalariados de la industria del transporte; asalariados de los medios de comunicación, produc-tores individuales de los medios de información, de la banca, del comercio; cooperativistas que emplean únicamente su capacidad laboral, operarios de microempresas concentrados bajo relacio-nes de parentesco; campesinos cuya producción es total o mayo-ritariamente mercantil; pequeños comerciantes individuales que realizan las mercancías de empresas capitalistas, productores-ven-dedores de vestimenta y alimentación en mercados segmentados de la propia población trabajadora; recolectores de basura, etc., son distintas maneras de mercantilización de la fuerza de trabajo que dan lugar a una caleidoscópica proletarización moderna de la fuerza de trabajo.

Los cambios técnicos y productivos de las últimas décadas, lejos de desproletarizar a la población, la están llevando a niveles extremos y mundializados; y esta creciente variedad de estratos de hecho, lo único que hacen es validar aún más el significado esencial del ser obrero: su fragmentación, su atomización, su pulverización por y ante el capital, porque en ello radica precisa-

trabajo en la economía-mundo capitalista”, en Étienne Balibar e Immanuel Wallerstein (comps.), Raza, nación y clase, Madrid, Instituto de Estudios Políti-cos para América Latina y África (iepala), 1988.

\ De los 3.000 millones de personas trabajadoras registradas en 1995, el 45,7% tiene un empleo remunerado que le permite reproducirse “por encima de los niveles de pobreza absoluta”; el 27% es catalogado en el autoempleo (aquí se incluye a empleadores, trabajadores por cuenta propia, miembros de coopera-tivas de producción y trabajadores familiares no remunerados). Estos últimos, por lo general no están regidos por un contrato laboral y por tanto, carecen de prestaciones sociales o un ingreso regular; el 23% son subempleados (la Orga-nización de las Naciones Unidas [onu] los define como “los trabajadores po-bres”, esto es, que aunque trabajan por largas horas, la mayoría no percibe un salario suficiente para salir de la pobreza, dado su bajo nivel de productividad); y el 4% se encuentra en el desempleo abierto. Alicia Peña López, El proletariado hoy: ¿nostalgia o realidad?, México, s.e., 1998.

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mente la posibilidad de una renovación sin límite de la conversión del trabajo en trabajo asalariado, esto es, del trabajo en valor de uso del capital.

Esta fragmentación de la estructura material del trabajo cier-tamente rompe con esa imagen de la fábrica fordista compuesta por un ejército obrero homogeneizado, uniformizado y com-pacto. Esa fue una forma histórica temporal de la obrerización en ramas decisivas de la economía, que ahora van disolviéndose para dar paso a formas de obrerización más complejas, abigarra-das y desconcentradas a través de la subcontratación, la “venta de servicios”, etcétera.

Muchos ideólogos liberales han visto en esta extinción del obrero clásico un argumento de la secundarización de los obre-ros, y paradójicamente tienen como coro de sus invenciones cier-to discurso pseudoizquierdista que anhela al obrero masa de la gran empresa como forma definitiva y exclusiva de la constitución obrera. Estos precursores de Francis Fukuyama, por su apego a congelar como “última etapa” periodos transitorios del capital, la única creencia (ya ni siquiera argumento) que pueden esgrimir frente al discurso liberal es que los desocupados forman parte del contingente histórico de los obreros, cosa que es cierta en par-te, pero sin ver que estos desocupados o sus familias, junto a la inmensa masa de trabajadores que no están en la gran empresa industrial, en cuanto trabajadores sujetos a distintas modalidades de supeditación del capital, están dando lugar a nuevas rutas de obrerización de la fuerza de trabajo y, con ello, a nuevas formas de construcción social de clase, que por supuesto escapan a la com-prensión de estos pastores de pequeñas sectas y a su manualesca conceptualización de clase, que en el fondo no sirve para nada.

El obrero social moderno tiene que ser buscado no sólo en la gran fábrica con los asalariados de contrato fijo; se halla en las empresas subcontratistas, en las microempresas, en el trabajo a domicilio que se mueve en torno a la lógica de valorización defini-da por las primeras. Se halla en la construcción, en la minería, en el transporte; en los medios de comunicación, en la aeronavegación,

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en la producción de servicios; en los laboratorios donde se inven-tan nuevos productos, en los basurales de las ciudades, etcétera.

Se puede decir que el mundo poco a poco se está convirtiendo en una gigantesca factoría donde pueblos, comunidades, traba-jadores son arrojados a una trituradora que intenta convertir a todos en fuerza de trabajo que valoriza el capital, en obreros.¹¹² De ahí que lo afirmado en el Manifiesto respecto a que “toda la sociedad va dividiéndose, cada vez más, en dos grandes campos enemigos, en dos grandes clases” sea hoy una evidencia que se desenvuelve frente a nuestros ojos con una inusitada fuerza a es-cala planetaria en las últimas décadas.

Con todo, no olvidemos que Marx está hablando aquí de una tendencia creciente, de una fuerza histórica que apunta hacia allá, no de un hecho realizado. La persistencia de estructuras co-munales, de formas de organización y trabajo no-capitalistas o precapitalistas, no anulan esta fuerza mundial obrerizante; pre-cisamente la muestran como una tendencia que tiene que remon-tar otras fuerzas que apuntan a sentidos históricos distintos, no como una ley ineluctable y por encima de la historia. Desde este punto de vista, el congelamiento y refuncionalización parcial por el capital de capacidades laborales no-mercantiles habla de las particulares maneras, en este caso ambiguas, de la realización y de las fronteras transitorias de esta tendencia. Pero además, el Manifiesto no sólo habla de la creciente ampliación del “campo” obrerizado de la población mundial: habla de un campo fragmen-tado, contradictorio, atravesado por una infinidad de murallas

¹¹²\ Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (oit): “[…] el mundo pasa a ser un gigantesco bazar formado por naciones que ofrecen su mano de obra en competencia unas con otras, proponiendo los precios más bajos para conseguir el trato […]. Aun no expresándolo tan crudamente, se puede decir que el incremento en la competencia internacional, que afecta a un número creciente de trabajadores en todo el mundo, es considerada como la consecuencia más problemática de [la] evolución [del mercado de trabajo planetario]. El temor fundamental es que la intensificación de la competencia mundial ejerza presiones hacia la baja de los salarios y de las normas del trabajo en todo el mundo”. oit, El empleo en el mundo 1996-97. Las políticas en la era de la mundialización, Genève, oit, 1997.

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que dividen brutalmente la unidad del campo de clase y lo hacen aparecer como un campo disuelto. Todas las actuales ideologías sobre la extinción de los obreros son la representación retórica de esta transfiguración de la constitución material invisibilizante del trabajo obrero por y para el capital. De ahí que:

Tercero: “Estos obreros […] son una mercancía […] sujeta, por tanto, a todas las vicisitudes de la competencia, a todas las fluctuaciones del mercado”¹¹³

Al adquirir el trabajo humano la estrecha forma social de mer-cancía, no sólo la fuerza de trabajo asume un valor histórico para el capital (el de crear valor) y un valor económico para el per-sonificador del capital (el empresario), también asume un valor económico para el dueño de la fuerza de trabajo, que es el propio trabajador. A diferencia de lo que sucede con el mundo de las mercancías, la fuerza de trabajo es una mercancía cuyo propieta-rio es el propio portador corpóreo de esa mercancía, el trabajador. Las vicisitudes del mercado que tiene que soportar la mercancía “capacidad de trabajo”, la competencia que tiene que vencer para realizar su venta exitosa; los regateos a los que tiene que recurrir su propietario, como cualquier propietario de mercancías, para lograr que “alguien” la consuma, es la competencia, el regateo entre propietarios de similares mercancías que no son otros que los trabajadores.

La fuerza de trabajo como mercancía supone entonces la con-frontación entre obreros, la competencia para venderse mejor al patrón, las miserias y servilismos ante el comprador para resultar más apetecible ante el contratante. De ahí ese sinfín de estrate-gias de sumisión obrera ante los poderosos, de fraccionamientos y enconos entre trabajadores en una fábrica, entre fábricas, entre trabajadores de diversas ramas. Estas escisiones, que enfrentan a obrero contra obrero, no son un problema de falta de lectura de

¹¹³\ Karl Marx y Friedrich Engels, “El manifiesto del partido comunista”, op. cit., p. 117.

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una tesis política o una de esas recetas idealistas que a diario se inventan las camarillas autotituladas vanguardias. Es un hecho material fundamental del ser obrero, que sólo puede ser supe-rado a través de otro hecho material también fundamental. La competencia y las vicisitudes del mercado, que atraviesan el com-portamiento de los trabajadores, su conciencia, sus disposiciones prácticas, no surgen de una fuerza externa al obrero que lo ven-dría a arrastrar por los caminos de la ignorancia; la competencia entre sí, el egoísmo respecto a los demás obreros y el servilismo ante el empresario son el resultado material de su constitución como mercancía fuerza de trabajo, como capital variable. En la propia constitución histórica como trabajo para-el-capital, esto es, en el devenir material de trabajo en trabajo asalariado, viene la incorporación implícita del ser mercancía, de confrontarse con los otros mercaderes de fuerza de trabajo, con los otros obreros. La fragmentación contemporánea de la fuerza de trabajo, su inca-pacidad de estructurar formas de unificación a nivel de empresa, a nivel local, a escala nacional y mundial, tan característica de es-tos tiempos neoliberales, muestra abruptamente esta preponde-rancia del ser-mercancía de la fuerza de trabajo, de hecho, es el fondo material y procesal de los discursos del desencantamiento del mundo, del vaciamiento del sentido histórico de la historia.¹¹⁴

El llamado neoliberalismo, en el fondo, es la brutal reactualiza-ción de este proceso de pulverización de la unidad del trabajo, por tanto, de una nueva división del trabajo y de una nueva estructura material de la realidad histórica del trabajo, capaz de reflotar la identidad mercancía de su ser social. Es por ello que el principal sostén de las modernas estrategias de dominio del capital pasa por la desarticulación de la sociedad civil, por la agresión a las formas de autoaglomeración que los trabajadores de distintos rubros fue-

¹¹⁴\ Gianni Vattimo, El fin de la modernidad, Barcelona, Gedisa, 1990; Paul Feyera-bend, Adiós a la razón, Madrid, Tecnos, 1992; André Glucksmann, Los maestros pensadores, Barcelona, Anagrama, 1977; Jean Baudrillard, El intercambio sim-bólico y la muerte, Caracas, Monte Ávila, 1993; Alain Finkielkraut, La derrota del pensamiento, Barcelona, Anagrama, 1987; Bolívar Echeverría Andrade, Las ilusiones de la modernidad, México, unam, 1995.

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ron creando durante décadas; por la proscripción de los sindica-tos, por la deslegitimación de las estructuras de mediación política plebeyas consagradas por el Estado de bienestar, por la perdida de derechos públicos y laborales,¹¹⁵ etcétera. Pero ante todo, por la inscripción de este disciplinamiento en las propias estructuras materiales del proceso de trabajo social, en las nuevas formas de consumo de la fuerza de trabajo y las nuevas tecnologías que han comenzado a recrear el trabajo, desde el propio proceso de pro-ducción, con una nueva identidad económica, política y cultural mercantilizada, atomizada, en descarnada competencia interna.

La definición de obrero parte entonces de estas determina-ciones estructurales, por el sencillo motivo de que quien define inicialmente al obrero es el capital, el consumidor de su fuerza de trabajo. El valor de uso universal del trabajo viene dado y mediado por su consumidor, que es el capital, y por ello es él quien define las características materiales válidas, remarcables, fundamentales de ese valor de uso, que no son otra cosa que esa fuente de valor, que se venda como mercancía y que se comporte como mercancía, esto es, que sea un objeto social fracturado y en frenética compe-tencia con las otras mercancías. La cultura obrera levantada sobre esta determinación es la cultura que ahora vemos predominar a escala nacional y mundial entre los obreros-del-capital.

El obrero mercancía, el obrero “en tanto capital variable”¹¹⁶ es el obrero para el capital, el obrero que existe para servir al capital. Dado que el obrero es obrero porque oferta su fuerza de trabajo (como sustancia abstracta o vertida en cosas), es obrero porque es mercancía y porque es mercancía se contrapone a las otras mercancías que son a la vez obreros. La competencia inter-obrera viene incorporada a la definición inicial del trabajo asalariado, es parte de su materialidad histórica constitutiva, de su ser-en-sí.

El problema con la competencia entre trabajadores moder-nos, el miserabilismo entre propietarios de la mercancía fuerza de trabajo, la cultura del regateo y el servilismo ante el consumi-

¹¹⁵\ 琀oam Chomsky, Lucha de clases, Barcelona, Crítica, 1997.

¹¹⁶\ Karl Marx, El capital, op. cit.

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dor de esa mercancía (el capital) están arraigados materialmen-te en la propia constitución social del obrero y como tal, marca con igual huella indeleble sus comportamientos culturales, sus opciones políticas. No es una cuestión de ignorancia respecto a las normas fijadas por una tesis política o la falta de liderazgo lo que empuja al trabajador a estos tipos de disposiciones mercan-tilizantes, enajenantes del trabajador. Se comporta así porque así ha sido convocado por el capital, para poder existir como trabajador; la sola aceptación de la mercantilización de la fuerza de trabajo lleva implícita, con la fuerza de la materia social, este tipo de actitudes contractuales, pues de otro modo se trataría de un trabajo que carecería de utilidad para el capital y no sería un valor de uso social.

La superación de esta definición estructural y parcial de la cla-se obrera no pasa, como cree cierto idealismo radicalizado de las pequeñas sectas pseudoizquierdistas, por un hecho meramente de ideas (el programa, la tesis, etc.), sino que habrá de ser también un hecho de materialidad social que modifique simultáneamente las condiciones de conciencia e idea, y las convierta también en otra fuerza material de superación de la primera y básica deter-minación material del obrero como mercancía.

Que el obrero por definición estructural inicial y básica sea capital variable significa que, en el campo de las clases sociales modernas, las posiciones de la burguesía y el proletariado están marcadas por la iniciativa dominante de la burguesía respecto al obrero. De ahí se desprende que la ubicación del ser obrero es ya de entrada, por definición, una ubicación subordinada, sub-alternizada por la ubicación, las posesiones y las posiciones de la burguesía. Ser obrero es entrar desde el inicio a un campo estruc-turado en sus funciones por el ser burgués. El obrero, desde que se ubica en este campo de fuerzas como obrero, es un ser que ha aceptado incorporarse a ese campo a partir de la curvatura y las normas que establece el empresario: ser mercancía, ser fuente de valor, ser capital variable. El mundo entero como campo de clases se mueve a partir de esta lógica inicial, que continuamente tiene

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que ser reproducida, reafirmada para asegurar la continuidad mundializada del capital.

El obrero es, por tanto, de entrada, un ser definido por y pa-ra el capital; es el trabajo que ha devenido trabajo para el capital y el conjunto de sus comportamientos cotidianos estará guiado por esta determinación esencial. Una mirada a la clase obrera contemporánea, en las distintas épocas históricas que ha atra-vesado, muestra, más allá de las reminiscencias heroicas y como parte unilateral pero presente de su historia, a un obrero permi-sivo con los poderes, indulgente con las extorsiones padecidas, distante ante los suyos, en predisposición de negociar el monto de sus sumisiones ante el capital.

Romper esta determinación, curvar en otra dirección el cam-po de las clases, definir de otra manera el trabajo por el propio trabajo, es un problema de construcción para sí del trabajador, de la determinación de sí del trabajo frente a la determinación para sí del capital: es el problema histórico-material de la auto-determinación.

4. La determinación del trabajo sobre sí mismo: la autodeterminación social

El proletariado pasa por distintas etapas de desarrollo […]. Al principio la lucha es entablada por obreros aislados, después por los obreros de una misma fábrica, más tarde por los obreros del mismo oficio […] las colisiones entre el obrero individual y el burgués individual adquieren más y más el carácter de colisiones entre dos clases. Los obreros empiezan a formar coaliciones contra los burgueses, y actúan en común para la defensa de sus salarios. Llegan hasta formar asociaciones permanentes para asegurarse los medios necesarios, en previsión de estos choques

eventuales. Aquí y allá la lucha estalla en sublevación […]

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A veces los obreros triunfan; pero es un triunfo efímero. El verdadero resultado de sus luchas no es el éxito inmediato, sino la unión cada vez más

extensa de los obreros. Y basta ese contacto para que las numerosas luchas locales, que en todas partes revisten el mismo carácter, se centralicen en una lucha nacional, en una lucha de clases. Mas toda lucha de clases es una lucha política […]. Esta organización del proletariado en clase, y por tanto en partido político, vuelve sin cesar a ser socavada por la competencia entre los propios obreros. Pero resurge, y siempre más fuerte […]

Karl Marx y Friedrich Engels, “El manifiesto del partido comunista”, pp. 118-119

He citado este extenso párrafo porque en él está resumida la con-cepción de Marx sobre la constitución del obrero en clase y del “partido político”, que a pesar de los años, se muestra tan actual y vigorosa ante nosotros.

El primer momento de la constitución estructural del obrero está definido por la iniciativa del capital frente al trabajo. Es el capital quien convierte el trabajo en trabajo mercantilizado, la capacidad de trabajo en capital variable. Hasta aquí el obrero aparece como una criatura del capital, aunque es el trabajo el que crea al capital. Estamos ante el fetichismo de la conciencia obre-ra que se presenta como conciencia subordinada, dependiente y tributaria de la conciencia alevosa del capital. Incluso la pro-pia aglomeración del trabajo en los centros laborales se presenta como una organización del trabajo para el capital: él es quien los convoca, los agrupa, los ordena en funciones específicas, los vigila. Es la “fuerza de masa” del trabajo, convertida en fuerza del capital, que acrecienta los montos de ganancia empresarial. Hasta aquí, la identidad obrera y su unidad son una identidad y una unidad creadas por el capital para sus fines. De no suceder otras circunstancias, el obrero desarrollará su vida de esta manera

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y habrá sido totalizado como fuerza productiva del capital, que habrá construido una hegemonía histórica sobre los trabajadores.

Sin embargo, sobre estas condiciones materiales de realidad del obrero moderno, existe otra posibilidad material: que el obre-ro vaya rompiendo estas cadenas escalonadas de sumisión; prime-ro individualmente frente al patrón, al capitalista individual, lo cual supone la erosión de la complacencia con los miedos inter-nos, el hastío del abuso, la recuperación de una dignidad huma-na enterrada detrás de la docilidad regateada. Éste es el inicio de una serie escalonada de rupturas con el antiguo ser, por tanto de antagonismos con las disposiciones del capital, que estará dando inicio a la constitución del obrero en clase por afirmación propia.

Esto llevará inmediatamente a plantearse la necesidad de de-jarse de ver a sí mismo como una vulgar mercancía o un mercader y por tanto, a la necesidad de tener que entablar la relación con otros trabajadores, ya no como competidores, sino como asocia-dos. De darse esas circunstancias y no ser derrumbada esta interu-nificación parcial del trabajo, surgirán coaliciones permanentes para obtener sus objetivos. En caso de que estas asociaciones lo-cales únicamente reivindiquen para sí los montos de retribución por la venta de su mercancía, se habrá superado parcialmente la competencia entre obreros de una fábrica o rama, pero para retomarla a nivel de obreros de varias ramas o regiones; en vez del sujeto mercader individual presentado por un solo indivi-duo, tendremos un sujeto mercader presentado por una entidad colectiva, que simplemente manifiesta la competencia obrera a un nivel de estructuras corporativas más grandes; pero el fondo mercantil será el mismo.

Con todo, este nivel de unidad parcial representará un desa-rrollo de la confrontación del trabajo con el capital, que podrá engendrar una mayor comprensión práctica de los frutos de su unidad que, de no quedar enajenada como unidad refuncionali-zada por el capital, como sucede en la mayoría de los casos, po-drá dar lugar a luchas más enconadas, a rebeliones y triunfos que, por su parcialidad restringida a una rama o localidad, tendrán la contrafinalidad de intensificar las condiciones de opresión obre-

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ra, en otras ramas menos organizadas, con lo que nuevamente se acentuará la competencia obrera que conspirará contra los brotes de unidad local existentes.

Pero también hay otra posibilidad: que estas luchas locales aumenten y en algún momento se interunifiquen en una lucha nacional, esto es, en una lucha que dispute el sentido de totalidad orgánica primaria del capital,¹¹⁷ el espacio de dominio, de man-do, de dirección de la vida social; la lucha de clases habrá toma-do la forma de una lucha política general, en la que se pondrán en discusión las relaciones de poder social y cuyo resultado, de continuar este proceso de acumulación, dependerá de las corre-laciones de fuerzas económicas, políticas, culturales y militares forjadas en los años y décadas anteriores, convergentes ahora en un mismo instante definitorio: la sublevación.

Sin embargo, las cosas también podrían tomar otro rumbo: esta autoformación del proletariado en clase no necesariamente desembocará en esta confrontación con el capital, pues ella, la unidad proletaria, con la misma fuerza con que nació, “vuelve sin cesar a ser socavada por la competencia entre los propios obreros”, con lo que todo lo conseguido “se desvanece en el ai-re” y obliga a los obreros a refundar su unidad sobre las ruinas de la anterior. Y aunque no fuera así, y estas luchas convertidas en sublevaciones triunfaran, no aseguran por ese simple hecho la victoria de la causa obrera: pueden ser ellas mismas fuerzas productivas políticas del capital, que en vez de superar su lógica, la generalicen a todo el país, como lo que sucedió en la urss. En este caso, como ya lo previno Marx en su tiempo, la revolución proletaria habrá sido una simple revolución política, que habrá ayudado a instaurar el dominio social general de la burguesía.¹¹⁸

¹¹⁷\ Sobre la nación concebida a partir de la forma valor, véanse Bolívar Echeverría Andrade, “La ‘forma natural’ de la reproducción social”, en Cuadernos Políticos, No. 84, 1984; René Zavaleta, “El mundo del temible Willka”, en Lo nacional-popular en Bolivia, México, Siglo XXI, 1986; Álvaro García Linera, Forma valor y forma comunidad, op. cit.

¹¹⁸\ “Aunque el proletariado derroque la dominación política de la burguesía, su triunfo sólo será transitorio, simple momento en el proceso de la revolución

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No hay por tanto, ni camino ineluctable hacia la victoria re-volucionaria, ni ascenso gradual e históricamente ascendente del obrero al pedestal de clase organizada. Éste ha sido uno de los nefastos mitos idealistas del pseudoizquierdismo, preso de un me-canismo linealista que sustituyó el devenir histórico contingente de las luchas sociales por un curso preconcebido en las cabezas afiebradas de los profetas.

La construcción del obrero en clase revolucionaria es un pro-ceso histórico de autoconstrucción de los obreros como entidad y unidad, por encima de la definición que de ellos ha hecho el capital. Aunque tiene que partir del patético ser en que el capital lo ha convertido, pues ahí están asentadas las condiciones mate-riales de posibilidad de lo que será, el trabajador tiene que tra-bajar sobre sí mismo, tiene que moldearse en función de lo que desea ser, derrumbando las prescripciones de su ser establecido por los otros que lo dominan y lo han deformado. Aquí, liber-tad y necesidad se fusionan, pues, por un lado, la construcción de la clase obrera por los propios obreros es la producción de un sujeto autónomo, de un sujeto que se define a sí mismo como co-lectividad, que elige, opta en la formación de su horizonte his-tórico. En estas condiciones, la libertad obrera es el proceso de su liberación del ser-obrero-del-capital, y que por tanto deja de ser obrero para afirmarse como trabajador libremente asociado. Por otro lado, esta autoconstrucción obrera para sí parte de los condicionamientos materiales de la realidad obrera hecha por el capital (en-sí); su campo de posibilidades está marcado por lo que, abierta y potencialmente, ha moldeado el capital sobre el cuerpo del trabajador. Cualquier cosa que haga el obrero, incluso el negarse colectivamente como obrero, lo hará a partir y sobre la base de su ser obrero, de las necesidades sociales despertadas

burguesa misma y servirá a su causa, cuyo desarrollo ulterior favorecerá, como sucedió en 1794 y sucederá aún, mientras el curso, es decir, el “movimiento” de la historia no elabore los factores materiales que crean la necesidad de poner término a los métodos de producción capitalistas y, en consecuencia, a la do-minación política de la burguesía”. Karl Marx, La crítica moralizante y la moral crítica, México, Domes, 1982.

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por ése, su ser mutilado, y de las potencialidades contenidas y constreñidas por su ser obrero para el capital.

La autoconstrucción de la clase obrera es simultáneamente el proceso de autodisolución de la propia clase, pues la clase obrera existe únicamente como clase dominada, extorsionada y desuni-ficada. La unificación entre obreros a escala general, la rebelión contra la explotación y la insumisión a las relaciones de dominio que caracterizan a la autoafirmación del obrero es, simultánea-mente, la negación de su ser dominado; esto es, de su ser obrero para el capital. Es por eso que Marx afirma que la clase obrera sólo puede liberarse aboliendo la propia estructuración de la so-ciedad en clases (“Todo modo de expropiación existente hasta nuestros días”).¹¹⁹ Pero la negación proletaria de su ser obrero-para-el capital es afirmación positiva del ser comunitario negada por el capital. El proletariado niega en el proceso revolucionario una negación, y así produce positivamente su autodeterminación.

La “clase revolucionaria” en Marx es el concepto que per-mite sintetizar esta contradicción procesal de la producción de autodeterminación proletaria: el obrero se construye como clase para sí, pero para comenzar a disolverse en tanto clase, ya que su ubicación en esta categoría es su aceptación de la dominación. Luchar contra la dominación es hacerlo contra su situación de clase; pero sólo puede derrotar su situación de dominada disol-viéndose como tal. La clase revolucionaria es, por tanto, el pro-ceso histórico de luchas colectivas de la clase obrera para dejar de ser clase obrera, esto es, clase dominada y explotada, y emer-ger en un largo proceso histórico ya no como clase, lo que, por su función de trabajador, es el eufemismo que toma su domina-ción. La perspectiva revolucionaria del proletariado, en caso de construirse, no es el ser clase, ni siquiera clase dominante, sino extinguirse como tal, extinguiendo la dominación de clases. La emancipación obrera, a diferencia de todas las revoluciones pa-

¹¹⁹\ Karl Marx y Friedrich Engels, “El manifiesto del partido comunista”, op. cit., p. 121.

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sadas, no tiene por objetivo instaurar otro dominio estructural de clase, sino superar las relaciones de clase.¹²⁰

Sólo este horizonte del comunismo vuelve inteligible y otor-ga sentido a los pasos intermedios u “objetivos inmediatos”, que pueden permitir su obtención, como “la constitución del pro-letariado en clase dominante”;¹²¹ la detención del movimiento revolucionario en cualquier etapa intermedia, esto es, que el co-munismo no haya superado por completo al capitalismo y conviva con él o lo promueva como parte subsidiaria (la revolución por etapas o la revolución permanente), sólo puede provocar que el capital vuelva a devorar al trabajo, y las fuerzas del comunismo se enajenen como fuerzas del capitalismo.

En cualquiera de sus momentos de autoemancipación, desde la resistencia desplegada por el obrero individual, hasta la con-versión del proletariado en clase dominante, el ser obrero-para-el capital y el ser obrero-para-sí-mismo, se hallan presentes estados de flujo candente y jerarquizado uno junto al otro, de manera indisoluble. A cada momento del ser mercancía, está la posibi-lidad material de un lento o rápido proceso de formación de la autonomía obrera frente al capital y de su extensión; a cada paso del avance de la autounificación del obrero como clase revolucio-

¹²⁰\ Ante la pregunta de Mijaíl Bakunin sobre “qué quiere decir esto del proletariado organizado como clase dominante”, Marx responde: “Es decir que el proletaria-do en vez de luchar aparte contra las clases económicamente privilegiadas, ha adquirido la fuerza y la organización suficientes para emplear medios generales de coacción en la lucha contra ellas; pero sólo puede emplear medios económi-cos que correspondan a su propio carácter de asalariado, aboliéndolo, por tanto, como clase; con su victoria total se termina también, por tanto, su dominación, porque desaparece su carácter de clase”. Karl Marx y Friedrich Engels, “Re-sumen del libro de Bakunin Estatalidad y anarquía”, en Obras fundamentales.

Tomo 17, México, Fondo de Cultura Económica, 1988.

\ Respecto a la Comuna de París, Marx escribe: “La comuna no suprime las luchas de clases, por medio de las cuales la clase obrera se esfuerza por abolir todas las clases, y por eso toda dominación de clase, pero la Comuna crea el ambiente racional dentro del cual esa lucha de clases puede recorrer sus diferentes fases de manera más racional y humana […]. Ella da comienzo a la emancipación del trabajo”. Karl Marx, Borrador de la guerra civil en Francia, Pekín, Lenguas Ex-tranjeras, 1978.

¹²¹\ Karl Marx y Friedrich Engels, “El manifiesto del partido comunista”, op. cit.

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naria está la posibilidad material dominante de la competencia y la desintegración de esa unidad por fuerza del capital; la historia contemporánea del capitalismo no es otra cosa que el curso his-tórico contradictorio, de ida y vuelta incesante de este fluir con-densado de fuerzas sociales llamadas clases sociales. Si el capital avanza, crea máquinas, y modifica la naturaleza para sus fines, es porque necesita mediante ello crear condiciones de la sumisión del trabajo obrero, que sobre esos hechos encuentra, a la larga, las maneras de inventar, de renovar o de reproducir las maneras de su autounificación frente al capital; que de no extenderse a escala nacional y luego mundial, volverán a ser trituradas por el capital, por sus modificaciones organizativas y tecnológicas, en un proceso ininterrumpido que sólo podrá finalizar con la extinción plena del capitalismo y de las relaciones de clase que lo sostienen.

Esto significa que no hay adquisiciones obreras de historia, de conciencia, de organización perennes y definitivas; cada una de ellas es un fruto histórico contradictorio que ha nacido de una correlación de fuerzas antagónicas específicas, ella misma es sín-tesis de esa tensión de fuerzas contradictorias y ha de disolverse nuevamente en ellas, para luego dar paso a otras cristalizaciones o solidificaciones temporales que se disolverán ante el caldero de lava de las relaciones de clase. Detrás de cada avance autoorga-nizativo del trabajo acecha el capital, que utilizará todos sus me-dios económicos, políticos y culturales para diluir esa conquista laboral o para retorcerla y darle otros fines. El gremio, las coope-rativas, las cajas, los sindicatos, los partidos, todos llevan en sus entrañas y su desarrollo esta doble naturaleza contradictoria de la relación de clases; ninguna creación, ninguna invención, nin-guna teoría, ninguna institución de los dominados escapa a este potencial designio fatal de devenir su contrario; es por eso preci-samente que las clases dominadas son dominadas.¹²²

¹²²\ Göran Therborn, ¿Cómo domina la clase dominante?, México, Siglo XXI, 1990; Barrington Moore, La injusticia: bases sociales de la obediencia y la rebelión, México, unam, 1996, y Biaggio de Giovanni, La teoría política de las clases en El capital, México, Siglo XXI, 1984.

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Lo único revolucionario es el movimiento histórico de la re-volución, el proceso histórico de la revolucionarización de las relaciones de poder social, que se inicia desde que el capital pone pie en la producción y que terminará, si es que lo hace, cuando el capital como relación social sea un arcaísmo del pasado. La revolución comunista es, pues, un proceso que se inicia con el capitalismo, que atraviesa distintas etapas de intensificación, de retrocesos, de pequeñas victorias y descomunales derrotas que relanzan las nuevas condiciones de posibles victorias más extendi-das y que, en caso de finalizar, lo hará en el comunismo, si es que éste logra realizarse. A esto Marx lo llama “movimiento histórico que se está desarrollando ante nuestros ojos”.¹²³

La revolución social no es un Putsch de vanguardias arriesgadas,¹²⁴ no es un golpe de Estado que derroca a los malos funcionarios del poder estatal por otros más abnegados, com-prometidos o letrados en el “programa”; es un largo proceso de autodeterminación social, económica, política y cultural que, iniciándose en cada centro laboral, en varias regiones y países de manera aislada, es capaz de interunificar materialmente prácticas, actitudes y hechos para crear un sentido de totalización práctica del trabajo que totalice, que supere positivamente la totalización

¹²³\ Karl Marx y Friedrich Engels, “El manifiesto del partido comunista”, op. cit.

¹²⁴\ “Los conspiradores no se limitan a organizar de modo sistemático al proleta-riado revolucionario. Su tarea consiste precisamente en anticiparse al proceso de desarrollo revolucionario, en conducirlo artificialmente hasta la crisis, en improvisar una revolución sin que estén dadas las condiciones para ella. Según ellos, la única condición para la revolución es que su complot esté organizado de manera suficiente. Alquimistas de la revolución, comparten el desorden men-tal, la estrechez de espíritu y las ideas fijas de los antiguos alquimistas. Traman inventos que les permitirán lograr milagros revolucionarios: bombas incendia-rias, máquinas infernales de efecto mágico, motines de efecto tanto más fulmi-nante cuanto menos racional sea su fundamento. Ocupados en imaginar esos proyectos, sólo piensan en derrocar de modo inmediato el gobierno existente, mientras guardan el más profundo desprecio hacia la educación propiamente teórica de los obreros […]. Para la revolución moderna es insuficiente ya esa parte del proletariado; sólo el proletariado en su conjunto puede realizar la revo-lución”. Karl Marx, “Las luchas de clases en Francia de 1848 a 1850”, en Neue Rheinische Zeitung. Politisch-ökonomische Revue. Politisch-ökonomische Revue, No. 1, 2, 3 y 5-6, 1850.

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del capital. Es, pues, un hecho de masas, de sus comportamien-tos, de sus creencias, de sus acciones, de sus creaciones, de sus sueños, de sus objetivaciones materiales que, en su unificación, son capaces de producir, tanto una nueva relación de poder a es-cala nacional primero (“elevarse a la condición de clase nacional” dice el Manifiesto comunista),¹²⁵ y luego mundial (porque el capi-tal es una relación mundial), como una nueva forma de ejercicio no disciplinario del poder,¹²⁶ que permita que el hecho factual de masa se presente a sí mismo sin intermediación re-presentable, que ha sido precisamente la técnica para escamotear y enajenar el rol de la fuerza colectiva.

La constitución de la clase revolucionaria es, entonces, desde todo punto de vista, un hecho material de clase imposible de ser suplantado por la pericia de las vanguardias, la mística de un pu-ñado de militantes o la escritura prolífica de algún bienpensante. La constitución de la clase revolucionaria es un hecho histórico que compete a la experiencia histórica de la propia clase, de la multitud abigarrada que valoriza al capital. A este movimiento material de autoconstrucción, que es un proceso de autodetermi-nación general del trabajo frente al capital, Marx lo llama partido político de la clase.

Lo que para Marx es el partido revolucionario de la clase, no es otra cosa que el proceso social de autoconstrucción obrera de su autonomía frente al capital, lo que tiene dos implicancias histórico-generales. En primer lugar, que es un proceso que com-pete a los trabajadores en su conjunto, en su totalidad y en su vida cotidiana, en un centro de trabajo, en una zona, en el país y en el mundo. En segundo lugar, que no puede ser sustituido por la abnegada militancia, la astucia teórica o la radicalidad de unos adeptos de algún profeta de secta: o el partido es un producto del movimiento de autoemancipación material del trabajo, o no

¹²⁵\ Karl Marx y Friedrich Engels, “El manifiesto del partido comunista”, op. cit., p. 127.

¹²⁶\ Michel Foucault, Microfísica del poder, Madrid, La Piqueta, 1985.

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es más que una farsa de un puñado de impostores que hablan en nombre de los trabajadores.

En la medida en que el capital es una realidad social y mate-rial que enajena el trabajo, y el comunismo no es otra cosa que el “movimiento real que anula y supera el estado de cosas actual”,¹²⁷ la superación de esa realidad no puede ser más que un hecho igualmente social y material, que involucra a las clases trabaja-doras en su conjunto, a su actividad práctica colectiva. El parti-do es entonces el largo movimiento de constitución histórica de la masa proletaria en sujeto conductor de su destino, a través de la elaboración de múltiples y masivas formas prácticas, capaces de producir una realidad diferente a la establecida por el capi-tal. El partido, en tal sentido, es un hecho material de masa, no de sectas ni vanguardias; es un movimiento de acciones prácticas, no simplemente de adquisiciones teóricas, es lucha de clases de la propia clase obrera, no un programa o “ideal al cual sujetar la realidad”.¹²⁸

Es en este contexto que debe entenderse también aquella afirmación del Manifiesto que sostiene que “de todas las clases que hoy se enfrentan contra la burguesía, sólo el proletariado es una clase verdaderamente revolucionaria”.¹²⁹ Marx y Engels no están afirmando que sólo es el proletariado quien se enfrenta a la burguesía, ni que el proletariado es por excelencia revolucio-nario. En el primer caso, el propio Manifiesto habla de la posible acción revolucionaria de una parte de lo que él llama estamentos medios,¹³⁰ y en los años posteriores, en su encuentro con las for-maciones sociales de Rusia, Asia, América, estudiará el potencial revolucionario y comunista de estructuras comunales coetáneas al régimen capitalista.¹³¹ En el segundo, la definición del obrero

¹²⁷\ Karl Marx y Friedrich Engels, La ideología alemana, op. cit.

¹²⁸\ Ibíd.

¹²⁹\ Karl Marx y Friedrich Engels, “El manifiesto del partido comunista”, op. cit. ¹³⁰\ Ibíd. Véase también Karl Marx, “El 18 Brumario de Luis Bonaparte”, op. cit.

¹³¹\ “Otra circunstancia favorable a la conservación de la comuna rusa (por la vía del desarrollo) es que no sólo es contemporánea de la producción capitalista sino que

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como capital variable, como mercancía, anula cualquier posibi-lidad de deificar al proletariado como el ser revolucionario por antonomasia.¹³²

Dado que lo que de entrada define al obrero es su ser mer-cancía para el capital, la posición revolucionaria no puede venir por su definición estructural, que precisamente la descarta; por el contrario, el ser revolucionario es el proceso de negación de ese ser impuesto por el capital, la negación colectiva de ese ser obrero. Es por eso que el Manifiesto, al afirmar el carácter revolucionario del proletariado, condiciona esta posición a la lucha, al enfrenta-miento contra la burguesía. No es lo revolucionario lo que prece-de a la lucha, sino a la inversa, la lucha contra el capital, que es un hecho de contingencia histórica, una elección, es lo que convier-te al obrero en proletario revolucionario. Lo revolucionario no es entonces una esencia trascendente depositada en los obreros esperando realizarse en algún momento. Esto sería suplantar la historia por una metafísica de la sustancia transhistórica. Lo re-volucionario es una posición social que debe ser conquistada en el terreno mismo de la práctica cotidiana de la lucha, que no sólo nunca es completa, sino que además no se mantiene por inercia; para darse en el porvenir tiene que producírsela nuevamente,

ha sobrevivido además a la época en que el sistema social se presentaba todavía intacto y que en cambio lo halla, en Europa Occidental como en Estados Uni-dos, en lucha tanto contra la ciencia como contra las masas populares […]. Lo halla, en una palabra, en una crisis que sólo terminará con su eliminación, con la vuelta de las sociedades modernas al tipo ‘arcaico’ de la propiedad común, forma donde —como dice un autor norteamericano, nada sospechoso de tendencias revolucionarias, apoyado en sus trabajos por el gobierno de Washington— el ‘sistema nuevo’ al que tiende la sociedad moderna, será ‘un renacimiento en una forma superior de un tipo social arcaico’. Luego no hay que asustarse demasiado de la palabra arcaico”. Karl Marx, “Carta a Vera Zasúlich”, en “El porvenir de la comuna rural rusa”, en Cuadernos de Pasado y Presente, No. 90, 1980.

¹³²\ Refiriéndose a esos miembros de la Liga de los comunistas que les dicen a los obreros, como nuestros pseudoizquierdistas de atrio, que “debemos ahora mismo alcanzar el poder o irnos a dormir”, Marx los critica: “A semejanza de los demó-cratas, que convierten la palabra pueblo en un fetiche, vosotros habéis hecho un fetiche de la palabra proletariado. A semejanza de los demócratas, vosotros sustituís también el desarrollo revolucionario por frases sobre la revolución”. Karl Marx, 15 de septiembre de 1850, en “Mayo a octubre de 1850”, op. cit.

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pues siempre estará siendo socavada por la propia competencia renovada entre obreros; y ello mientras se mantengan en pie las relaciones del valor como medida del trabajo social.¹³³

Para Marx, lo “verdaderamente revolucionario” no es el obre-ro como tal, sino el obrero en lucha contra el capital, y es eso justamente lo que Marx toma en cuenta cuando, por ejemplo, en diciembre de 1849, al referirse a las masas obreras de Francia y Alemania, señala que “tal vez sean revolucionarias de palabra, pero no lo son evidentemente en los hechos”;¹³⁴ o cuando se re-fiere al aburguesamiento del proletariado francés a partir de la reacción y la prosperidad imperante;¹³⁵ o cuando comenta sobre el “servil espíritu” del obrero inglés.¹³⁶

¹³³\ Sobre las condiciones de superación del régimen del valor, véanse Karl Marx, “Crítica al Programa de Gotha”, en Obras escogidas. Tomo III, op. cit.; “Notas marginales al ‘Tratado de economía política’ de A. Wagner”(1880), en Cuadernos de Pasado y Presente, No. 97, 1982; “Contradicción entre la base de la produc-ción burguesa (medida del valor) y el desarrollo de ésta”, en Grundrisse, op. cit.

¹³⁴\ Karl Marx, “Carta a Weydemayer”, 19 de diciembre de 1849, en meof. Tomo 4, p. 455.

¹³⁵\ Karl Marx, “Carta a Engels”, 24 de diciembre de 1852.

¹³⁶\ Karl Marx, “Carta a Engels”, 17 de diciembre de 1862. Al comentar la tergiver-sación que sobre ese párrafo del Manifiesto hace F. Lassalle, señala: “...desde este punto de vista es también absurdo que frente a la clase obrera (las otras clases) ‘no forman más que una masa reaccionaria’, juntamente con la burgue-sía, y, además, —por si eso fuera poco—, con los señores feudales. ¿Es que en las últimas elecciones se ha gritado a los artesanos, a los pequeños industriales y a los campesinos: frente a nosotros, no formáis, juntamente con los burgueses y los señores feudales, más que una masa reaccionaria?”. Karl Marx, “Glosas marginales al programa del partido obrero alemán”, en Obras escogidas. Tomo II, op. cit.

\ 琀gualmente, Engels es contundente al respecto: “En primer lugar se acepta la frase altisonante pero históricamente falsa de Lassalle: respecto de la clase obre-ra, las demás clases no son sino una masa reaccionaria. Esta afirmación sólo es verdadera en casos particulares y excepcionales: por ejemplo, en una revolución proletaria como la Comuna o en un país en que el Estado y la sociedad no sólo hayan sido moldeados por la burguesía a su imagen y semejanza, sino en que la pequeña burguesía democrática haya hecho lo mismo llevando a cabo esta re-fundición hasta sus últimas consecuencias”. Friedrich Engels, “Carta a Bebel”, 18-28 de marzo de 1875.

\ Sobre la posición de Marx respecto a la actuación revolucionaria de los traba-

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En el Manifiesto, el partido es una acción histórica prolongada que reclama materialmente a toda la clase, a todas sus actitudes, a todas sus acciones, a todas sus percepciones, a todas sus capa-cidades creativas por dos motivos evidentes: porque la domina-ción del capital es una realidad material totalizadora de la vida, que sólo puede ser remontada también por realidades materia-les que retotalizan la vida del trabajo en función de sus propios designios; y porque la conformación de las clases no es fruto de una enunciación, aunque ello contribuya; es un resultado prác-tico, que atraviesa todos los espacios de la vida social. De ahí que el concepto fuerte de partido en Marx no puede reducirse ni a la acción de una abnegada elite esclarecida que forma su red de clientela política o devotos, ni a una adquisición de conciencia, de cultura “inyectada” a esa clientela, para que al fin sepan lo que tienen que hacer.¹³⁷

Esta manera falseada de entender y practicar el “partido mar-xista”, que en el último siglo ha sido cómplice de las derrotas revolucionarias en el mundo, en el fondo es una renovación del discurso liberal e idealista bajo el disfraz deformado de un su-puesto “marxismo”.¹³⁸

Del liberalismo, porque pretende que una ruidosa elite de adeptos a algún manojo de “principios inventados por algún re-formador del mundo” sea la que suplante a la clase, a su proceso material de autoconstrucción política y cultural. Estos “represen-

jadores del campo frente al capital, véase Álvaro García Linera, De demonios escondidos y momentos de revolución, La Paz, Ofensiva Roja, 1991.

¹³⁷\ “Durante casi cuarenta años hemos insistido en que la lucha de clases es la fuerza motriz esencial de la historia, y en particular en que la lucha de clases entre la burguesía y el proletariado es la máxima palanca de la revolución social moderna; por ello no es posible colaborar con gentes que desean desterrar del movimiento esta lucha de clases. Cuando se constituyó la Internacional formulamos expresa-mente el grito de combate: la emancipación de la clase obrera debe ser obra de la clase obrera misma. Por ello no podemos colaborar con personas que dicen que los obreros son demasiado incultos para emanciparse por su cuenta y que deben ser liberados desde arriba por los burgueses y pequeñoburgueses filán-tropos”. Karl Marx y Friedrich Engels, “Circular a Bebel, Liebknecht, Bracke y otros”, septiembre de 1879.

¹³⁸\ 琀mmanuel Wallerstein, Después del liberalismo, México, Siglo XXI, 1996.

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tantes” del proletariado, que ejercen un efecto ventrílocuo respec-to a la auténtica voz multiforme del proletariado, se asignan un papel similar al de los ideólogos del liberalismo, que consiste en elaborar técnicas políticas de suplantación de la voluntad general, por el mando de unos “representantes” que pueden ser parlamen-tarios, burócratas virtuosos, o, en este caso, unas pseudovanguar-dias letradas. En todos los casos, el efecto es el mismo: mantener la acción política, esto es, la gestión de los asuntos comunes de la sociedad, como patrimonio privado de unos “especialistas” del mando, del poder social.

Pero, además, se trata de un liberalismo enroscado en un idealismo filosófico de poca monta, en cuanto reduce, además, el problema de la construcción del partido a un asunto de ideas, discurso, tesis y programas, como si la dominación del capital fuera simplemente una cuestión de tesis, discursos o mala con-ciencia. Escribe Marx en La sagrada familia:

Según la crítica crítica, todo el mal (que padecen los obreros) ra-dica exclusivamente en cómo “piensan” los obreros […]. Pero estos obreros de masas, comunistas, que trabajan, por ejemplo, en los talleres de Manchester y Lyon, no creen que puedan eliminar mediante el “pensamiento puro” a sus amos industriales y su pro-pia humillación práctica. Se dan cuenta muy dolorosamente de la propia diferencia que existe entre el ser y el pensar, entre la con-ciencia y la vida. Saben que la propiedad, el capital, el dinero, el trabajo asalariado, etc., no son precisamente quimeras ideales de sus cerebros, sino creaciones muy prácticas y muy materiales de su autoenajenación, que sólo podrán ser superadas, asimismo, de un modo práctico y material.¹³⁹

El capital, como relación social, es un hecho material que involucra a todas las clases trabajadoras; el proceso histórico de supresión de esta relación de subordinación, esto es, la construc-

¹³⁹\ Karl Marx y Friedrich Engels, La sagrada familia, México, Grijalbo, 1967, p. 118.

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ción de la clase, es también un proceso material que compete a toda la clase. De hecho, Marx llama partido precisamente a la “construcción del proletariado en clase”,¹⁴⁰ que no es otra cosa que un proceso de materialidad social, en la cual el trabajador comienza a producir una nueva significación social al valor de uso de su trabajo, al valor de uso de su unidad, al valor de uso de su creatividad, en síntesis, a la objetividad material de la clase. Las ideas juegan ciertamente un papel destacado en todo ello, pues son la “parte ideal de lo material social”,¹⁴¹ pero no pueden ni suplantarla ni sustituir el resto de componentes prácticos de esa materialidad.

Los liberales consecuentes en este sentido son mucho más consistentes en sus planteamientos; no esconden sus intencio-nes respecto al interés de usurpación de la voluntad política popular, a la que consideran marcada por vicios o incapaz de autorrepresentarse,¹⁴² además de ser conscientes del dominio material que tienen que refrendar políticamente. Los liberales ver-gonzantes de nuestra época, en cambio, esconden detrás de una retórica obrerizante la anulación del protagonismo obrero, y se llenan la boca de un vulgar materialismo filosófico que en verdad rinde culto a la idea como exclusiva fuente creadora de realidad.

Frente al liberalismo en todas sus expresiones, Marx mues-tra con extrema precisión que la organización del proletariado en clase es un devenir práctico que impugna materialmente, en todos los terrenos de la vida y por todos los medios posibles, las condiciones de dominación social que el capital ha levantando; se trata de una deconstrucción de la identidad obrera producida por el capital como relación de subordinación (el obrero como capital variable), y la construcción de una nueva identidad prác-tica, por obra de los propios trabajadores (la libre asociación de

¹⁴⁰\ Karl Marx y Friedrich Engels, “El manifiesto del partido comunista”, op. cit., p. 119.

¹⁴¹\ Maurice Godelier, The Mental and the Material , London,Verso, 1988.

¹⁴²\ Georg W.F. Hegel, Filosofia del derecho, México, unam, 1985; John Locke, Two Treatises of Government, New York, The New American Library, 1965; Norbert Bobbio, El futuro de la democracia, México, Fondo de Cultura Económica, 1985.

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los productores). De ahí que en la actualidad, dadas las condicio-nes de fragmentación mercantil en las que ha sido arrinconado el trabajo por el desarrollo “globalizado” del capitalismo, la forma-ción del partido revolucionario en el gran sentido histórico puede también ser interpretada como la reconstrucción de las redes de una nueva sociedad civil autónoma frente al capital.

Sociedad civil, porque en sus nuevas décimas partes, ella es hoy el mundo del trabajo en sus múltiples maneras de existir. Interunificada en red, porque la estructura del trabajo ha alcan-zado tal complejidad de estratificación económico-cultural, que no es posible hablar, como en la época fordista, de un trabajador uniformizado, homogéneo; cada fracción laboral está creando una connotación diferente de su identidad, que parecería exi-gir formas de interunificación similares a las neuronales, esto es, capaces de lograr fusiones temporales y desplazables, con alto grado de densidad compacta para determinado tipo de acciones, pero preservando a la vez un amplio margen de independencia y de elección aleatoria en la construcción de las redes de acción común. Por último, autónoma frente al capital, y por tanto ante el Estado del capital, porque precisamente ahí radicó el límite histórico de la antigua “sociedad civil”, que en parte creció a la sombra del Estado, en parte lo impugnó, pero sólo para negociar ante él las mejores condiciones de su subordinación, esto es, el monto del soborno social por arrancar para reafirmar la ineluc-table supremacía del capital.

El partido del proletariado, para Marx y para los verdaderos comunistas de hoy, es por tanto el conjunto de razones y de accio-nes prácticas, de luchas, de resistencias, de organización y estrate-gias individuales, colectivas, locales, nacionales e internacionales que el mundo del trabajo despliega frente a la racionalidad del valor de cambio en los terrenos de la vida económica, política y cultural; en este proceso histórico multiforme, que no necesa-riamente requiere de vínculos externos que no sean la lucha en común, el proletariado produce su propia fisonomía económica, política y cultural, y en ese sentido se empieza a autodeterminar socialmente.

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De ahí que no resulte extraño que en el Manifiesto Marx ha-ble de la organización de los comunistas, a los que él pertenece, como uno más de los partidos proletarios; que llame primer par-tido obrero a los Cartistas ingleses, a los partidarios de la reforma agraria en Estados Unidos, o que después hable de los Blanquistas como el auténtico partido obrero de la revolución de 1848-1850 en Francia;¹⁴³ que años después señale a los sindicatos como los únicos representantes de un verdadero partido obrero;¹⁴⁴ que luego de haber participado en la Internacional, como un mo-mento más de ese partido histórico, la disuelva; que en los años setenta hable de un único partido obrero alemán, a pesar de ha-ber dos estructuras organizativas, o que en 1885, Engels señale a la solidaridad obrera entre los obreros de todos los países como base suficiente para formar un gran partido del proletariado.¹⁴⁵

¹⁴³\ Karl Marx y Friedrich Engels, “El manifiesto del partido comunista”, op. cit., pp.122-129; y Karl Marx, “Las luchas de clases en Francia de 1848 a 1850”, op. cit.

¹⁴⁴\ “Los sindicatos son la escuela del socialismo. En ellos, los obreros se educan y llegan a ser socialistas porque presencian todos los días la lucha contra el ca-pital. Todos los partidos políticos sin excepción, entusiasman a la masa obrera sólo durante cierto tiempo, momentáneamente; los sindicatos, por el contrario, lo captan de manera perdurable, son los únicos capaces de representar un ver-dadero partido obrero y ofrecer protección contra el poder del capital”. Karl Marx, “Declaración formulada ante una delegación de sindicalistas alemanes”, 27 de noviembre de 1869. Véase también la “Carta de Marx a Schweitzer”, 13 de febrero de 1865.

\ Por su parte Engels, comentando el proyecto del partido socialdemócrata, cri-tica que “no aparece una palabra sobre la organización de la clase obrera como clase mediante los sindicatos. Y éste es un punto principalísimo, porque ésta es la verdadera organización de clase del proletariado, en el que lleva a cabo sus luchas diarias con el capital, en la que se entrena, y que hoy día no puede simplemente ser aplastada ni siquiera en medio de la peor reacción”. “Carta de Engels a Be-bel”, 28 de marzo de1875 (las cursivas son nuestras).

¹⁴⁵\ “Hoy, el proletariado alemán ya no necesita de ninguna organización oficial, ni pública, ni secreta; basta con la simple y natural cohesión que da la conciencia del interés de clase, para conmover a todo el Imperio Alemán, sin necesidad de estatutos, de comités, de acuerdos ni de otras formas tangibles […]. El movi-miento internacional del proletariado europeo y americano es hoy tan fuerte, que no sólo su primera forma estrecha —la de la Liga secreta—, sino su segunda forma, infinitamente más amplia —la pública de la asociación internacional de los trabajadores—, se ha convertido en una traba para él, pues hoy basta con el

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Estos dos niveles del partido en Marx —primero como pro-ceso de autoconstrucción de la clase en su conjunto, y segundo, como estructura organizativa específica y efímera que se levanta sobre la primera— nos muestran que lo decisivo del partido son los procesos de interunificación política de los trabajadores desde el centro de trabajo, y de vida social frente al capital. Ahí, el parti-do es sinónimo de construcción de la clase, por la acción práctica de la propia clase, capaz de ir forjando un sentido de totalidad interpelatorio, y luego antagónico al establecido por el régimen del capital. Es decir, la clase obrera, en su sentido estricto de masa en estado de autodeterminación, es el partido de la clase obrera, porque construye materialmente su propia personalidad ante la personalidad delegada por el capital. No se es clase revolucionaria por participar en algún partido específico. Pensar de tal manera es simplemente el efecto del fetichismo de la mercancía trasmutado a la esfera política, que convierte a los medios y los productos en fines y productores. Se es clase para-sí misma y en esa medida se es partido. En 1860, Marx llamará a este partido-clase el partido en “el gran sentido histórico de la palabra”.¹⁴⁶

En cambio, el partido como estructura organizativa especí-fica son las expresiones fenoménicas y transitorias del proceso de la autoconstrucción política de la clase. La labor de estas es-tructuras, en caso de ser expresiones reales del movimiento, sin lugar a dudas es decisiva en cuanto permite ayudar a unificar, en estructuras organizativas más o menos compactas, más o menos públicas o cerradas, un flujo de intenciones, de disposiciones prácticas latentes en el seno de la clase. Un partido, en este sentido

simple sentimiento de solidaridad, nacido de la conciencia de la identidad de su situación de clase, para crear y mantener unido entre los obreros de todos los paí-ses y lenguas un sólo y único partido: el gran partido del proletariado”. Friedrich Engels, “Contribución a la historia de la Liga de los Comunistas”, en Obras es-cogidas. Tomo III, op. cit., pp. 201-202.

¹⁴⁶\ “La Liga (de los comunistas), lo mismo que la sociedad de las estaciones de París, que centenares de otras asociaciones, no fue más que un episodio en la historia del partido que nace espontáneamente, por doquier, del suelo de la sociedad moderna […], del partido en el gran sentido histórico del término”. Karl Marx, “Carta a Freiligrath”, 29 de febrero de 1860.

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específico, puede contribuir, solamente contribuir, a potenciar, a reforzar, a expandir, a “destacar y hacer valer”, dice el Manifiesto, el interés común del “movimiento en su conjunto” de emanci-pación del trabajo.

El papel del partido en este sentido restringido hoy en día sería, entonces, el mismo que propugnaba Marx para los comu-nistas de su época: impulsar, reforzar, generalizar, destacar la autonomía obrera frente al capital; no prescribir el rumbo que “debería” tomar el movimiento de autoemancipación, ya que ésa es tarea de pastores que consideran a los trabajadores incapaces de liberarse por sí mismos, no de comunistas.¹⁴⁷

“Las tesis teóricas de los comunistas no se basan en modo alguno en ideas y principios inventados o descubiertos por tal o cual reformador del mundo. No son sino la expresión de con-junto de las condiciones reales de una lucha de clases existente”, nos señala el Manifiesto.¹⁴⁸ El partido, en este sentido específico, no inventa ni puede sustituir la lucha de clases; tan sólo puede reforzar las tendencias autodeterminativas que se dan dentro de la lucha de clases.

Los tipos de organización que asumirá este proceso de auto-formación de la clase son diversos, pero también efímeros, por-que son producto, resultado de las condiciones del desarrollo de la lucha de clases, y en especial, de las condiciones reales de la autoconstrucción histórica del proletariado en clase frente al ca-pital. En el marxismo no es posible hallar, por tanto, una teoría definitiva de la organización política, porque el marxismo no es una filosofía del fin de la historia.¹⁴⁹

La lucha de las clases es un movimiento real que se transforma incesante y aleatoriamente ante nuestros ojos, y en tal medida, las

¹⁴⁷\ 琀o por casualidad la consigna de la Primera Internacional fue: “La emancipa-ción de la clase obrera será obra de ella misma”.

¹⁴⁸\ Karl Marx y Friedrich Engels, “El manifiesto del partido comunista”, op. cit., pp. 122-123.

¹⁴⁹\ Francis Fukuyama, “¿El final de la historia?”, en Ciencia Política, No. 19, 1990; para una crítica, Perry Anderson, Los fines de la historia, Bogotá, Tercer Mundo, 1992.

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organizaciones obreras, mediante las cuales esa lucha se expresa y se constituye teóricamente, son también modificadas por ese movimiento de fuerzas estructurales que acontece en los campos de la vida social.

En Marx no hay receta organizativa; las estructuras fosiliza-das son propiedad de las sectas. Es en las formas concretas en que se va tejiendo y retejiendo el automovimiento impugnador del trabajo contra el capital donde se ha de delinear el espacio de posibles organizaciones específicas del trabajo. Es en las con-diciones materiales de la dominación histórica, de las formas de consumo de la fuerza de trabajo, de la supeditación técnica en el proceso de producción, que se revolucionan incesantemente, que hay que ir a hallar las condiciones materiales de insubordinación del trabajo y, por lo tanto, de las formas organizativas transitorias más eficaces para potenciar ese movimiento de emancipación.

Después que la liga [de los comunistas para la cual Marx y Engels redactaron el Manifiesto] se disolvió en noviembre de 1852 siguien-do una propuesta mía, no he pertenecido nunca, ni pertenezco, a ninguna asociación secreta o pública, ya que el partido, en este sen-tido totalmente efímero, ha dejado de existir para mí desde hace ocho años […]. Al hablar del partido entendía el partido en el gran sentido histórico de la palabra.¹⁵⁰

Sentido histórico y sentido efímero del partido forman parte de una dialéctica histórica del partido en Marx, que hoy es preciso reivindicar, ante una trágica experiencia del partido-Estado pre-valeciente en las experiencias organizativas de gran parte de la izquierda mundial. El partido-Estado, en todo los casos, ha sido la réplica en miniatura del jerarquizado despotismo estatal, que ha enajenado la voluntad del militante en los omnímodos poderes de los jefecillos y funcionarios partidarios; y no bien se dan las transformaciones sociales revolucionarias, estos aparatos tienen una extraordinaria facilidad para amalgamarse a las máquinas

¹⁵⁰\ Karl Marx, “Las luchas de clases en Francia de 1848 a 1850”, op. cit.

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estatales, para reconstruirlas en su exclusiva función expropia-dora de la voluntad general, que a la vez reforzará la racionalidad productiva capitalista de donde ha emergido.¹⁵¹

Si el partido, en el gran sentido histórico, es la autoconstruc-ción de la clase revolucionaria, que a su vez no es más que el lar-go proceso histórico de disolución de las escisiones sociales en clases explotadas, por tanto del Estado, las estructuras organiza-tivas transitorias que expresen este desarrollo no pueden menos que objetivar una forma organizativa de un nuevo tipo, que lleve implícita la tendencia de lucha hacia la disolución del funciona-miento maquinal estatal. Sólo así estas estructuras organizativas podrán garantizar su vínculo de expresión del movimiento de autonomía obrera de clase ante el capital.¹⁵²

¹⁵¹\ La única rectificación que Marx propone al Manifiesto en 1872, después de la experiencia de la Comuna de París, es precisamente que “la clase obrera no pue-de limitarse simplemente a tomar posesión de la máquina del Estado tal como está y servirse de ella para sus propios fines”. La comuna como “forma política de la emancipación social” de los trabajadores, había mostrado la necesidad de “destruir el Poder del Estado, que pretendía ser la encarnación de aquella uni-dad (de la nación), independiente y situado por encima de la nación misma, de la cual no era más que una excrecencia parasitaria” a fin de ser sustituido por una forma política en la que “las funciones públicas, militares, administrativas, políticas, sean funciones verdaderamente de todos los obreros, en vez de los ocultos atributos de una casta entrenada”. Karl Marx, Borrador de la guerra civil en Francia, op. cit. Sobre esta rectificación del Manifiesto, véase Étienne Balibar,

Cinco ensayos de materialismo histórico, Barcelona, Laia, 1976.

¹⁵²\ “El Congreso de La Haya confirió al Consejo General (de la Internacional) poderes nuevos y más amplios. De hecho, en un momento en que los reyes se reúnen en Berlín, en que nuevas medidas represivas contra nosotros agravadas deben salir de esa reunión de las potencias representativas de la feudalidad y del pasado y en que se organiza sistemáticamente la persecución, el Congreso de la Haya estimó conveniente y necesario ampliar los poderes del Consejo General y centralizar con miras al combate en curso todas las acciones que, aisladas, son impotentes. ¿Y quién podría inquietarse de los poderes atribuidos al Consejo General (de la Internacional) sino nuestros enemigos? ¿Acaso éste cuenta con una burocracia, con una policía armada para obligar a la gente a la obediencia? ¿Acaso su autoridad no es una autoridad puramente moral? ¿Acaso no somete sus resoluciones al juicio de las federaciones que están encargadas de ejecutar-las? Si ellos (los gobiernos) estuvieran colocados en semejantes condiciones, sin ejército, sin policía, sin tribunales, el mismo día en que se vieran reducidos a disponer más que de una influencia y de una autoridad morales para mantener

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De todo esto se desprenden dos tareas ineludibles para los comunistas de hoy en día: mientras el comunismo “no es una doc-trina sino un movimiento”, en la “medida en que teóricamente es la expresión teórica de la posición que el proletariado ocupa en esta lucha y la síntesis teórica de las condiciones para la liberación del proletariado”¹⁵³ o, en palabras del Manifiesto, “expresión de conjunto de un movimiento histórico que se está desenvolviendo ante nuestros ojos”, los comunistas no tienen que afinar añejas premoniciones sobre un predestinado fin apocalíptico embosca-do detrás del actual triunfalismo liberal; tampoco deben hacer un acto de fe acerca de una resurrección del ideal socialista. Lo primero es para charlatanes, y lo segundo para feligreses.

Los comunistas tienen que dar cuenta del “movimiento real” que suprime el estado de cosas actual, reforzarlo allá donde surge, destacar el interés general anidado en las luchas particulares aisla-das. Y eso, hoy en día, es en primer lugar entender lo que sucede con el régimen del capital, ver sus actuales fuerzas motrices, sus posibilidades de expansión, sus modificaciones tecnológicas para la obediencia obrera, sus reorganizaciones para debilitar las re-sistencias obreras y vencer la competencia interempresarial; pero todo ello para elucidar sus impotencias fácticas, sus limitaciones efectivas. De lo que se trata no es de amoldar al esquema mental la realidad indagada, sino de construir y ordenar las categorías conceptuales requeridas para aprehender el significado del mo-vimiento de la realidad.

Simultáneamente, tienen que volver inteligibles las condicio-nes materiales que han posibilitado las frustraciones de las luchas

su poder, los reyes no opondrían más que obstáculos irrisorios al avance de la revolución. […]. El principio fundamental de la Internacional es la solidaridad”. Karl Marx, “Discurso sobre el Congreso de La Haya”, 15 de septiembre de 1872, en meof. Tomo 17, pp. 320-321.

¹⁵³\ “El comunismo no es una doctrina, sino un movimiento, no arranca de premisas sino de hechos; los comunistas no parten de esta o la otra filosofía, sino de toda la historia anterior […]. El comunismo en la medida en que teóricamente es, es la expresión teórica de la posición que el proletariado ocupa en esta lucha y la síntesis teórica de las condiciones para la liberación del proletariado”. Friedrich Engels, “Los comunistas”, en Obras escogidas, op. cit.

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sociales, sus derrotas y su conversión en fuerzas productivas del capital, como en Europa del Este. De otra manera, las condicio-nes de los fracasos proletarios que cubren la historia de este siglo no habrán sido incorporadas en la memoria práctica de las clases laboriosas y, por tanto, las posibilidades de emancipación queda-rán aún más dificultadas de lo que ya lo están hoy.

Por último, y atravesando las dos prácticas anteriores, se tie-nen que indagar y reforzar prácticamente, comprometiéndose hasta el fondo con ellos, los múltiples medios actuales y dispersos con los que el trabajo resiste y trata de superar la lógica del capi-tal, las condiciones materiales de su extensión e interunificación capaces de crear un sentido de totalidad contestataria al orden civilizador del capital, las nuevas circunstancias de la existencia de la forma social capitalista que habilitan un nuevo abanico de vías posibles de irrupción de la autonomía proletaria.

De lo que se trata es de retomar en nuestro tiempo la inten-cionalidad comunista sintetizada en el acto de creación y la pro-sa del Manifiesto comunista: indagar acuciosamente la realidad del capital para hallar, en esta manera actual de su existencia, las condiciones materiales propias de su superación como régi-men social, a fin de expresarlas más nítidamente, de reforzarlas. La modalidad de la organización o de las organizaciones de los comunistas, necesarias para esta nueva época del capitalismo, resultará de los requerimientos marcados por las características que está asumiendo actualmente el movimiento práctico de des-enajenación del trabajo.

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III. Ciudadanía y democracia

CIUDADANÍA Y DEMOCRACIA EN BOLIVIA (1900-1998)¹

¿Cuándo surge el ciudadano? Básicamente, cuando un conglome-rado de individuos vinculados por múltiples lazos de interdepen-dencia supone que sus prerrogativas políticas están incorporadas en la normatividad estatal y las practican en ese entendimiento. Se trata de una eficiencia entre la vida civil y la manera de pro-yectarla como vida política, como vida compartida y gestionada con otros.

Hablar de ciudadanía es, por tanto, la verificación de una sen-sibilidad colectiva convertida en un hecho estatal, que transmu-ta un temperamento socializado en un dispositivo público que normativiza la vida política de todos. No es casual, entonces, que los procesos de formación ciudadana sean también aquellos de la construcción de las naciones, pues se trata de dos maneras de abordar el mismo problema de la constitución del yo colectivo.

Aunque la ciudadanía evoca un conjunto de derechos polí-ticos reglamentados y ejercidos por los individuos (ciudadanos) de un determinado espacio social y geográfico, su sustancia no es una ley, un decreto o una sanción; ley y sanción sólo regentan una sustancia social, producida en lugares más prosaicos y poderosos,

¹\ Texto extraído de Álvaro García Linera, “Ciudadanía y democracia en Bolivia 1900-1998”, en Revista Ciencia Política, Año IV, No. 4, junio de 1999.

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como la aglomeración, la rebelión, la derrota o la muerte vividas en común. Por ejemplo, Bolivia, como invención ciudadana de masas, sólo surgirá a partir de los cincuenta mil muertos del Chaco y la Revolución de Abril, que interconectan, en la tragedia y el des-tino, a personas que habían vivido la patria como una prolonga-ción de la hacienda, la mina o el ayllu. La ley, pálida transcripción de estos sucesos, evocará a la larga los fuegos primigenios de las relaciones de fuerzas, de los pactos, las osadías y servilismos que dieron lugar a los “derechos”, mas no será capaz de sustituirlos.

En este sentido, el ciudadano no es un sujeto con derechos, aunque necesite de ellos para verificar su ciudadanía: ante todo es un sujeto que se asume como un sujeto con derechos políticos, que son correspondidos por la normatividad estatal, es decir, es un sujeto en estado de autoconciencia de ciertas facultades políti-cas. El acto de producir el derecho, de reconocerse activamente en él, es lo decisivo de su cualidad ciudadana, pues en el fondo no hay ciudadano al margen de la práctica de la ciudadanía, esto es, de la voluntad de intervenir en los asuntos que lo vinculan a los demás conciudadanos. Estamos hablando entonces de la ciudadanía como responsabilidad política ejercida, como forma de intersubjetivación política.

De ello se desprenden dos conclusiones. La primera es que si bien es cierto que el ciudadano se constituye en torno al Estado, como espacio social de verificación institucional de sus derechos ciudadanos, no es él quien puede crear por sí mismo el efecto de ciudadanía, porque el Estado es la síntesis expresiva de los proce-sos de ciudadanización que bullen en el interior de la estructura social. El Estado puede potenciar una manera específica de ciu-dadanía para garantizar su papel dominante, puede sancionar y subalternar modos distintos o antagónicos al prevaleciente, pero no puede inventarse al ciudadano. Cuando lo hace, una vulgar arbitrariedad burocrática, apoyada en el monopolio de la violen-cia física y simbólica, se extenderá sobre el cuerpo político de la sociedad, sin más receptividad que la indiferencia, el temor y la displicente tolerancia que, más pronto o más tarde, harán brotar las ansias por una ciudadanía efectiva, en la que las colectivida-

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des se sientan efectivamente interpeladas por el ámbito público, perturbando la estabilidad gubernamental hasta que ésta logre un mayor grado de eficiencia respecto a las pulsaciones emana-das desde la “sociedad civil”. Una buena parte de los procesos de ciudadanización neoliberales está marcada por estas limita-ciones burocráticas y las recurrentes búsquedas de adecuaciones administrativas, que agravan el distanciamiento entre voluntad social-general y gestión estatal.

La ciudadanía requiere de un ininterrumpido ritual de seduc-ción y adhesión entre Estado y “sociedad civil”, además de fluidos pactos y compromisos en su interior. Que las personas involu-cradas en esta producción de voluntad colectiva sean un grupo definido por el linaje, o que sean todos los miembros abarcados por la soberanía administrativa del Estado, habla del ámbito de irradiación social del ejercicio ciudadano, y también de la medida de la ambición histórica de esta ciudadanía estatalmente refren-dada. Igualmente, el que la interconexión de las voluntades se dé sobre la base de una previa comunidad laboral o de una capricho-sa abstracción de las diferencias económicas, refleja la densidad o superficialidad social del hecho de ciudadanía.

En segundo lugar, el que la ciudadanía sea una disposición de poder, un comportamiento político y una intelección ética de la vida en común muestra que el espacio de aplicación de las facul-tades ciudadanas va más allá y más acá del espacio estatal, aunque lo abarque. El que las modernas formas de ciudadanía se muevan en torno a la irresistible atracción del poder estatal, no invalida que la inclinación a algún tipo de compromiso político haya sido habilitada previamente por las cualidades civiles del sujeto de ciudadanización. Predisposición o talento que se ha ejecutado en otras esferas de la vida (económica, cultural, simbólica), al margen de la propia mediación estatal. La voluntad práctica de ciudada-nía se manifiesta en todos los terrenos de la vida en común y lo que hace el Estado es, o disciplinarla, o encumbrarla en oposición a otras, o proscribirla en beneficio de una ya existente, o sancio-narla, o educarla a través de unos dispositivos de legitimación, que convierten a una de las prácticas difusas de ciudadanización

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en la ciudadanía estatalmente reconocida y fomentada. Es en este punto que hay que buscar la pertinencia de la crítica de Marx a Hegel, y luego entonces también a Bolívar, en su pretensión de crear sociedad y ciudadanía desde el Estado, cuando en verdad este último es un producto de las primeras.

Es por ello que es posible hallar formas de ciudadanización no estatales, o al margen de los circuitos estatales del recorrido del poder político. De hecho, el Estado tiene como función el mono-polio de normativizar lo políticamente lícito, y dominar o extirpar los múltiples modos políticos y de ciudadanización diferentes o peligrosos para la arbitraria ciudadanía legítima.

El ayllu republicano, por ejemplo, o la asamblea obrera y ba-rrial, y sus maneras de unificación política, son modos de ejercicio de derechos y responsabilidades públicas, aunque sean locales. Cuando ellos tienen vigor propio, se desenvuelven al margen del Estado, y aunque distintas estructuras estatales han intentado utilizarlos como modos de ciudadanización (el ayllu en el Esta-do colonial, el sindicato en el Estado nacionalista), por épocas han desempeñado el papel de auténticas creaciones sociales de interunificación política, que no requieren de mediación ni lega-lidad estatal para hacerse efectivas.

En todos los casos, la ciudadanía es el proceso de producción del contenido y de la forma de los derechos políticos de una estructura social. A través de ella, la sociedad se desnuda en sus capacidades e ineptitudes para gestionar los asuntos comunes; pero también el Estado se exhibe, en su consistencia material, para cooptar las iniciativas que se agitan en la “sociedad civil”.

Hasta hoy, la historia política de Bolivia presenta al menos tres momentos de construcción de ciudadanía legítima, en los que es-tas múltiples dimensiones sociales se han puesto en movimiento.

La ciudadanía de casta

Desde que la asamblea deliberante de 1825 y la Constitución de 1826 otorgan derechos políticos y jurídicos a quienes posean una elevada renta, una profesión, sepan leer y escribir, y no se hallen

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en relación de servidumbre, es claro quiénes han de ser inter-pelados como ciudadanos por el naciente Estado, y quiénes no.

En este orden, los indios son la nada del Estado, constituyen su externalidad más fundamental; mientras que los niños deben esperar la herencia y el crecimiento biológico para acceder a sus derechos, y las mujeres, que también están excluidas de los de-rechos ciudadanos, pueden influir en el curso de las estrategias matrimoniales para preservar y ampliar el patrimonio familiar que garantice la ciudadanía. Los indios, hombres y mujeres, se presentan de entrada como la exterioridad más profunda e irre-ductible del Estado. De hecho, el Estado republicano nace a ca-balgadura en contra de la indiada, y todo su armazón argumental no hace más que repetir, mediante disposiciones administrativas, este imperativo social de unas clases pudientes que no tienen en común más que la misión de atrincherarse en el Estado en con-tra de los indios.

El Estado republicano, conservador o liberal, proteccionis-ta o librecambista, es pues, de entrada, un Estado construido al modo de un sistema de trincheras y emboscadas en contra de la sociedad indígena, de los ayllus, de los comunarios. No hay en él ni un atisbo de simulación de incorporar al indio, porque lo que define al Estado, a las fracciones sociales unificadas política-mente como poder gubernamental, es precisamente la conjura permanente contra la indiada. Por encima de las rencillas entre oligarcas mineros, comerciantes arribistas y gamonales puebleri-nos, está la contención del ayllu soliviantado, considerado como el fin de la historia, como la hecatombe de la civilización. El Es-tado republicano es entonces un Estado de exclusión; todos sus mecanismos administrativos están atravesados por la exacción y la disuasión del tumulto comunal. Lo indio es lo pre-social, con sus amenazantes horrores desbocados, ocultos tras el manto de elusivos silencios y humildades.

Si el indio no es la apetencia poblacional del Estado, sino el límite de su comprobación, es claro que el ciudadano es el sujeto que se construye en tanto antípoda de la indianidad: propiedad privada contra propiedad común, cultura letrada contra cultura

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oral, soberanía individual contra servidumbre colectiva; he ahí los fundamentos de la civilidad legítima. El ciudadano es pues el no-indio, esto es, aquel que es capaz de dar fe pública de ser irreconciliable con las estructuras comunales. No cabe duda de que la ciudadanía en esta época se construye a través de la feroz negación del mundo indígena. De hecho, la construcción de los símbolos de poder que han de ser monopolizados por el Estado se la hace por la vía de la negación de la simbología del mundo indígena. Que este exorcismo social tome la forma de estratifica-ción étnico-racial sólo viene a validar el arquetipo colonial de la realidad histórica, en la que la división del trabajo, de los poderes dominantes, está marcada por las fisionomías raciales diferencia-das entre colonizadores y colonizados. El social-darwinismo de principios de siglo, lejos de innovar esta secular escisión social, ha de adornar con retórico lenguaje positivista la sustancia de un secular espíritu colectivo.

En estas condiciones fundacionales de la identidad colectiva de las clases dominantes, la ciudadanía, como el poder, la propie-dad y la cultura legítima, no son prerrogativas que se deliberan, sino que se ejercen como imperativos categóricos, pues son un derecho de conquista. La ciudadanía no se presenta entonces para los ciudadanos como una producción de derechos, sino como una herencia familiar, y en eso todas las fracciones dominantes pre-sentan un acuerdo tácito; de ahí que se pueda hablar en toda esta época republicana del ejercicio de una ciudadanía patrimonial.

Los únicos momentos en que esta ciudadanía hereditaria se rompe, es cuando la plebe irrumpe en la historia como muche-dumbre politizada (los artesanos de Belzu, los comunarios aima-ras de Willka). Mas estos desbordes democráticos rápidamente serán anulados por un Estado y una cultura política urbano-mes-tiza cuya razón de ser es, justamente, la posesión patrimonialista del poder de Estado.

La ciudadanía se presenta, entonces, como una descarada ex-hibición de la estirpe; no se hacen ciudadanos sino que se nace ciudadano, es un enigma de cuna y abolengo; su realización es

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sólo un problema de madurez biológica, porque el abolengo del apellido es aquí la garantía de los derechos políticos.

El ejercicio de la ciudadanía no es en esta época un modo de responsabilidad pública, a no ser que tal compromiso sea la leal-tad jurada a la perennidad de la casta; es por sobre todo la exhi-bición de los blasones familiares, de la pureza de sangre que con-valida el poder y el buen gusto. En boca de los antiguos liberales, como hoy de los advenedizos, la igualdad de los hombres es una impostura discursiva, que encumbra la más terrible segregación de los que no pueden lucir la blanquitud de sus ancestros y de sus caprichos pueblerinos.

Esto no impide, por supuesto, la intrusión en este espacio cerrado y endogámico de ciertos puñados de arribistas que son capaces de blanquear su linaje, por tanto de hacerse partícipes de los reales códigos de ciudadanía, mediante el abultado volumen de sus ganancias publicitadas. Son los comerciantes exitosos, los dueños de pequeñas factorías, de haciendas cocaleras y trigueras lanzados al éxito económico por los procesos de urbanización y recuperación minera de principios de siglo. Son, también, los frutos bastardos de los encholamientos oligárquicos que, ma-nipulando el rango simbólico del apellido del padre y lucrando de las fidelidades laboriosas de la línea materna, logran puestos burocráticos, juntan pequeñas fortunas o apresurados conoci-mientos letrados para poder transar la legalidad del patroními-co. Pero son ciudadanos de sospechosa alcurnia, pues siempre habrá en ellos, en su mal gusto para vestir, en su afección por la gordura como emblema de bonanza, en su simpleza estética o su insuficiente blancura facial, un motivo para comprobar su velada complicidad con una indianidad estigmatizada.

Sólo un mayor volumen de dinero del mestizo exitoso, junto con la fuerza de las armas del caudillo militar de turno, capaz de mostrar en la ferocidad contra los indios sublevados la lealtad al linaje anhelado, serán capaces de sobornar los airados reclamos de pureza racial, y por tanto de su derecho a la ciudadanía.

Pero su densidad interna será justamente la condición de su disolución. Ningún Estado que se precie de serlo, esto es, que

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pretenda perpetuarse, puede lograrlo mediante la impúdica ex-hibición de los privilegios privados que salvaguarda; tiene que camuflarlos como interés general, como voluntad común de los habitantes incorporados en el ámbito geográfico de su señorío. Por eso es Estado. Esto lo sabía Toledo y por eso fundó las Le-yes de Indias, que no son más que la confirmación jurídica de dos formas de ciudadanía hasta cierto punto autónomas, la de los españoles y la de los indios, pero con la última subsumida y tutelada por la primera.

La ciudadanía de casta, en cambio, era una forma de politi-zación social que clausuraba deliberadamente la entrada de lo más amplio de la propia sociedad, los indios, a la ilusión de un usufructo común de los fueros políticos. En tal sentido era una ciudadanía decadente, sin decoro ni grandeza histórica, y que sólo atinaba a insuflarse por la lentitud de su ocaso. Su muerte, que paradójicamente no será otra cosa que la extensión de la ciudadanía, precisamente será obra de esa masa de quien hasta entonces se había pensado que era incapaz de racionalizar lo que es el bien público: los indios y la plebe urbana.

La ciudadanía corporativa

Que la plebe armada conquiste lo que considera sus derechos habla más que de una insolencia épica, de un contenido colec-tivo, muchedúmbrico, del concepto de ciudadanía. Esto fue lo que sucedió en 1952.

Fue un momento de la historia en el cual los códigos jurídicos enmudecieron, los viejos prejuicios señoriales parecieron desmo-ronarse, y el linaje dejó de ser suficiente argumento para conservar el monopolio de la gestión del interés colectivo.

La sociedad subalternada irrumpió como sujeto deseoso de hacerse responsable de su porvenir, como sujeto cargado de in-tenciones frente al cometido de los asuntos públicos, creando con ello una nueva legalidad de facto, que se desbordó al conjunto de la sociedad y que, por eso, esta sociedad comenzó recién a actuar como parte de una entidad unificada. La enunciación práctica de

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este sentido común de pertenencia se presenta, en este caso, como la invención social de la nación, que el Estado no podrá menos que corroborar y luego unilateralizar según sus fines.

La ciudadanía emergente de la insurrección de abril resulta entonces de la fusión calificada de tres aspectos. En primer lugar, de la acción autónoma de la sociedad llana que decide intervenir, sin pedir permiso a nadie, en la gestión de lo político. En segun-do lugar, que lo hace con tanta fuerza (el Estado oligárquico ha sido derrotado militarmente), que la institucionalidad del nuevo poder político no puede menos que incorporar en sus disposi-tivos la impronta de esta energía colectiva. De hecho, la única manera de domarla ha de ser precisamente la de cooptada. En tercer lugar, en cuanto esta acción se generaliza a todo el espacio social de soberanía territorial del Estado, se trata de un hecho nacionalizador, en la medida en que es la primera construcción política verosímil de aglutinamiento político de toda la sociedad civil. Expliquemos estos tres elementos y su entrecruzamiento.

Cuando decimos que una cualidad de la ciudadanía emergente de la Revolución de 1952 es la acción autónoma de la plebe, no nos estamos refiriendo a que ella actúe al margen de los prejuicios o influencias de la época. Cuando los obreros armados congelan a la puerta de las fábricas y bancos con su envalentonamiento callejero, es claro que el hábito de ser mandado se reconstruye desde lo más profundo de las experiencias de una masa domina-da, por lo que la autonomía en este terreno del poder económico y espiritual es inverificable.

Sin embargo, políticamente, la plebe hace explícita una ambi-ción democrática que marca una ruptura con el criterio emanado del Estado. La destrucción de los diques de abolengo, que restrin-gían la práctica política, mostrará una extraordinaria capacidad de ruptura, de invención social del espacio público, cuyo origen no es posible rastrear en la mansedumbre hacia los poderosos, sino en los ardores irreductibles de la insumisión. Más aún, esta osadía con el porvenir vendrá manifiesta por medio de unas téc-nicas de organización, el sindicato, que es quizá lo más auténtica-mente propio que ha producido la plebe a lo largo de todo el siglo.

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Que esta masa abra la puerta de la historia política moderna bajo la forma de sindicato muestra que no sólo se están creando los derechos políticos como una apetencia colectiva, sino además, que la producción de este precepto social se hace bajo estructuras organizativas igualmente propias, lo que una vez más hace notar que los auténticos momentos de democratización son simultá-neamente épocas de autoconocimiento social.

La política, o mejor, lo que la sociedad civil ha de interiorizar como política por propia voluntad práctica es, entonces, la agre-gación disciplinada por centro de trabajo, por rama de actividad y por identidad laboral, para interpelar en conjunto al Estado. La revolución ha sido, precisamente, la eficacia suprema de esta manera de unificación, y el que la revolución triunfara ha de sig-nificar inapelablemente que ya nadie puede quedar al margen de esta manera particular de afiliación social.

En todo esto hay sin duda efectos de grandeza y de miseria. De grandeza, porque se da la invención real de un derecho co-lectivo que no reclama más legalidad que la belicosa enunciación práctica. La legalidad y la política son asumidas como un asunto que compete a todos en su elucidación, no simplemente a espe-cialistas. Estamos ante un nuevo concepto de democracia entendida como intervención en los asuntos de Estado a través del sindicato, con lo que los sujetos políticos legítimos se han de constituir a partir de ahora de manera corporativa. La democracia no es en-tonces un derecho abstracto, ni un decálogo de comportamientos administrados por una elegante burocracia política, como, por ejemplo, hoy. Democracia ha de adquirir el sentido común de práctica sindical, de cara a participar en las orientaciones de go-bierno, con lo que también el potencial significado de ciudadanía se ha de presentar como la consagración de este hecho como un derecho público. Durante treinta años, la separación entre demo-cracia y dictadura no fue un hecho cuantificable en votos para elegir gobernantes; fue el grado de permeabilidad del Estado a la intrusión sindical, que no es más que reclamar al Estado la re-membranza de que el nuevo Estado está ahí desde 1952, porque los sindicatos armados así lo quisieron.

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Pero también hablábamos de unas miserias colectivas que se abren camino en el decurso histórico. Si bien la plebe armada, en un arrebato histórico, abroga el monopolio de las decisiones políticas basadas en el linaje, el conocimiento letrado y el dinero, jamás, a no ser en momentos extremos y cortos, ha de abandonar la creencia de que el apellido, el dinero y el conocimiento letrado son los requisitos imprescindibles para gobernar los asuntos pú-blicos. Esto significa que la democratización del espacio político es meramente interpelatoria, no ejecutiva; esto es, que la plebe se siente con el nuevo derecho de hablar, de resistir, de aceptar, de presionar, de exigir, de imponer un rosario de demandas a los gobernantes, mas jamás ha de poder verse a sí misma en el acto de gobernar. Es como si la historia de sumisiones obreras y popula-res se agolpara en la memoria como un hecho inquebrantable y, frente al poder, la masa sólo pudiera reconocerse como sujeto de resistencia, de reclamo o conminación, mas nunca como sujeto de decisión, de ejecución o soberanía ejercida. La imagen que de sí misma habrá de construirse la sociedad trabajadora es la del que-rellante, no la del soberano.

Desde 1952, la historia del poder es también la historia de conglomerados populares, de los sindicatos; pero nunca como modo de aplicación misma del poder, sino tan sólo como regu-lación de sus atribuciones, de su extensión, de su eficacia. Surge así una relación de derechos y concesiones permanentemente ne-gociados entre unos gobernantes que están ahí porque hay unos gobernados que así lo desean, y unos gobernados que están ahí porque necesitan a un gobernante para refrendar su situación de gobernados.

Esto significa que el poder estatal es reconstituido por la ac-ción colectiva en su externalidad institucional, tanto respecto a la corporalidad física y cultural de la plebe, como a los hábitos organizativos que ella posee. El señorialismo del poder resurge así de los gestos y los cerebros de quienes lo impugnaron, sólo que ahora, por ello mismo, es un poder interpelable, presiona-ble, negociable. De ahí que la democracia, junto con la legalidad de la estructura sindical en toda esta época, sea sólo la medida

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de la permeabilidad, de los que se considera que siempre han de gobernar por derecho consuetudinario, a las demandas corpo-rativamente postuladas por la masa.

Hay que preguntarse por qué el Estado aceptó una manera de politización tan extrema de una sociedad que lo obliga a verificar su autenticidad en la deliberación asambleística de los sindicatos. Inicialmente, porque no le quedó otra opción; al fin y al cabo la violencia armada legítima estaba en manos de los sindicatos, y el Estado era, ante todo, un imaginario colectivo de poder, ob-jetivado en prácticas de obediencia, y muy poco un dispositivo institucional de administración de obediencia que le permitiera imponer sus fueros de manera inconsulta.

Pero, como ya lo vimos, no todo es desborde en la manera de proceder de la plebe. Hay en su efervescencia un núcleo conserva-dor que reconstruye al Estado como única manera de entender el poder político, y al instrumentalismo privatizable como exclusivo modo de ejercerlo; esto quiere decir que entre el encomendero colonial, el caudillo republicano y el presidente elegido en urnas ha de haber el mismo fondo común acumulado en la experiencia de los dominados de conceptualizar el poder como una atribución personalizada. Esta sustancia política tradicional-colonialista, que atraviesa la fogosidad sindical, es precisamente lo que ha de per-mitir que el Estado se reconstituya a través del sindicato, aunque para ello haya tenido que pagar, o tolerar, a tal sindicato como forma histórica de presencia de la sociedad civil en el interior del propio Estado o, si se prefiere, como modo de ciudadanía.

El que el sindicato asuma la forma de ciudadanía legítima ha de significar que, a partir de entonces, los derechos civiles, bajo los cuales la sociedad busca mirarse como colectividad política-mente satisfecha, tienen al sindicato como espacio de concesión, de dirección, de realización. Pero para que esta manera de filia-ción ciudadana se vuelva duradera y forje auténticos procesos de identidad social no basta con que los de abajo le recuerden a los de arriba que están ahí por obra de los primeros; se requiere que los de arriba les hagan ver a los de abajo que hicieron bien en colocarlos arriba, por el conjunto de beneficios que por ello

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reciben. Se requiere entonces que las estructuras sindicales ca-nalicen un acervo de dividendos sociales, que pueden ser tanto políticos como culturales y económicos.

Desde el momento en que esto empieza a suceder, el sindicato deviene el modo del ejercicio de la ciudadanía legítima, lo que significa que es una fuerza que emerge de la sociedad hacia el Es-tado, pero también una fuerza cuya legalidad emana del Estado para aplicarla a la sociedad. Desde entonces, ser ciudadano es ser miembro de un sindicato. Ya sea en el campo, la mina, la fábrica, el comercio o la actividad artesanal, la manera de adquirir iden-tidad palpable ante el resto de las personas y de ser reconocido como interlocutor válido por las autoridades gubernamentales es por medio del sindicato. Ahí queda depositada la individua-lidad social plausible. Se puede decir que en todo este periodo la sociedad boliviana se ha de componer de sujetos sociales co-lectivos que, en cuanto tales, adquieren derechos de ciudadanía para los individuos que la componen. Esto ciertamente no es nuevo; la estructuración corporativa o, mejor, la subordinación de la individualidad a formas colectivas de filiación pública es característica de sociedades con influencia comunal agraria en su vida económica. Lo nuevo es que estas formas de identidad sean reconocidas también por el Estado como formas legítimas de adquisición de derechos políticos.

Durante treinta años, la poca democratización política, eco-nómica y cultural tuvo al sindicato como mediador privilegiado. Ya fuera la oposición a gobiernos, la movilización para defen-derlos o la aquiescencia colectiva para tolerarlos, lo que fuera a suceder pasaba por la decisión que tomaran los sindicatos más importantes, y luego entonces por la Central Obrera Boliviana (cob). Igualmente, la ampliación del salario indirecto a través de beneficios sociales, la seguridad en el empleo, el trámite de pro-piedad de la tierra, la garantía de una educación gratuita, tenían al gremio como lugar de concurrencia. Esto significaba que tanto la sociedad llana como el Estado veían al sindicato como lugar a donde ir a deliberar la amplitud de lo que se consideraba ya un derecho público.

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Que esto lo hagan los trabajadores no es extraño pues, al fin y al cabo, el sindicato es su criatura, es la manera que encuentran para concretar sus ansias de unificación y el lugar donde por pri-mera vez hacen de la historia lo que ellos quieren.

Lo que en cambio no ha de ser normal es que sea el Estado el que regule el propio temperamento de la sociedad civil mediante la promoción del sindicato. Que esto pueda suceder supone que las sumisiones políticas arraigadas en el alma colectiva comen-zaron a servir de sustento tecnológico de una particular manera de acumulación económica, esto es, que la organización sindical tendió a formar parte de la composición orgánica media del ca-pital social.

Llegada a este punto, la racionalidad del capital comenzará a expandirse por medio de la propia interunificación de las fuerzas del trabajo, con lo que habrá tenido lugar una eficaz subsunción general de la capacidad organizativa del trabajo a los requerimien-tos de acumulación ampliada del capital. No ha de ser entonces extraño que el sindicato sea, también, el intermediario de una serie de medidas de homogeneización cultural requeridas para llevar adelante la consolidación de una identidad nacional que el Estado intentó fundar aprovechando la amplia disponibilidad social que supone toda revolución.

El que el sindicato sea el modo en que la población adquiere ciudadanía ha de esculpir un particular perfil del concepto de lo público. Inicialmente, que se trata de una prerrogativa colectiva, fundada en una genealogía histórica (por ejemplo los obreros) o una fidelidad vernácula (los comunarios-campesinos). La ciu-dadanía no se presenta por ello como una potestad individual, privada; es, por sobre todo, un acto de sociabilidad enraizado en la historicidad palpable de un conglomerado que antecede y engloba al individuo que la compone.

Además, la ciudadanía a través del sindicato dará lugar a una atribución de derechos políticos fusionados a derechos sociales y laborales, en correspondencia con la intromisión de una corpo-ración creada por centro de trabajo en la esfera del Estado. Con ello tenemos que los derechos políticos vendrán amalgamados a

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los derechos laborales, la democratización a la sindicalización, y la ciudadanía al arquetipo del trabajador disciplinado por el taller y el mercado.

Al igual que la primera forma de ciudadanía mencionada, la debilidad de esta forma de ejercer los atributos políticos radicará en la fuerza de legitimidad asumida a través de la instituciona-lización estatal de esta ciudadanía corporativa. Bastará que sea el mismo Estado quien quite de manera arbitraria la legitimidad del sindicato, para que esta manera de ciudadanización entre en crisis, incluida la forma de nacionalización de la sociedad que se había levantado sobre ella. Los últimos trece años son justamen-te la historia de esta crisis y de los infructuosos esfuerzos de unas remozadas castas, codiciosas de los espacios públicos, por refor-mar el sentido de lo político, de lo democrático y de los procesos de ciudadanización.

La ciudadanía irresponsable

Desde 1986, un nuevo escenario político ha comenzado a erigirse. La consolidación del voto como mecanismo de elección de los gobernantes, la continuidad reglamentada del sistema de parti-dos, los pactos de gobernabilidad y, en fin, toda esa parafernalia de compromisos administrativos entre elites adineradas y arribis-tas portadoras de capitales simbólicos y culturales estructuran el moderno mercado de fidelidades políticas llamado democracia.

Paradójicamente, no se trata de una ampliación de los dere-chos ciudadanos, de una democratización de nuevos espacios sociales, sino precisamente de una sutil mutilación de derechos sociales adquiridos en las últimas décadas. Claro, si bien es cier-to que las elecciones certifican la presencia de la voluntad de las personas, cualquiera sea su rango y posición social, en el nombra-miento de presidentes y diputados, no es menos cierto que este poderío se transmuta en impotencia cotidiana cuando su aplica-ción se constriñe a los escasos minutos que dura el acto de votar, pues en el resto de los meses o años que han de interponerse en-tre un voto y otro, sencillamente el votante carece de facultades

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políticas para gestionar o variar la decisión tomada. En este caso, tenemos que el tiempo democrático de la vida social se comprime a su mínima expresión, mientras que el tiempo de la arbitrariedad estatal se amplía en términos absolutos.

La democracia, como práctica recurrente y dilatada en el tiem-po, practicada por la vida sindical, barrial y comunal, pasa así a ser abruptamente sustituida por una libertad de decisión com-primida en un acto ritual en el que la sociedad abdica voluntaria-mente de su decisión de gobernarse y de autopresentarse como conglomerados colectivos, como fidelidades asociadas, ya que el voto exige el aplanamiento individualizado del elector.

Pero para que este tipo de achatamiento estratégico de la sub-jetividad popular funcione, se requiere, en primer lugar, la diso-lución de la anterior composición orgánica del trabajo social en y para el capital, y de las formas organizativas de la sociedad bajo las cuales adquiría presencia pública legítima. De ahí el cierre de las grandes empresas, que concentraban enormes contingentes de obreros; la flexibilización de los contratos, que vuelve más precaria la unidad laboral e intensifica la competencia obrera. De ahí la generalización de los modos fragmentados del trabajo familiar, que diluyen la separación formal entre propietarios y trabajadores, y que en conjunto buscan confeccionar un mundo laboral técnicamente atomizado, materialmente despojado de los antiguos modos de aglomeración, de seguridad laboral, que forjaron la cultura política de épocas pasadas y las maneras de desplegar los derechos de ciudadanía. El eslogan de “achicamien-to” del Estado, con el que se llenan la boca los pseudoliberales locales para justificar la apropiación privada de los bienes públi-cos, tiene como contraparte precisamente este agigantamiento de la función reguladora, disuasiva y normativizadora del Estado hacia la sociedad civil.

Estamos hablando entonces de una necesidad estatal de in-ducir un colapso en la forma corporativa de la constitución de la sociedad llana y, con ello, de toda una tradición histórica de autorrepresentación política del trabajo, de todo un patrimonio de luchas, de saberes, conquistas e identidades, con los cuales

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—y a través de los cuales— el trabajador vivió su vínculo con los suyos, con el resto de la sociedad y con los gobernantes. Junto al debilitamiento de los sindicatos en los últimos años está, por sobre todo, la búsqueda incesante del Estado de proscribir la manera corporativa de la constitución de los sujetos políticos suscepti-bles de ser oídos y de influir subordinadamente en el manejo de la cosa pública. El antiguo andamiaje de la filiación ciudadana (el sindicato), a partir del cual el individuo adquiría identidad social y calidad interpelante, trata de ser abolido por un Estado empeñado en enseñar que el ciudadano público es el individuo aislado, votante y propietario.

Se trata ciertamente de una modalidad distinta de la consti-tución de la ciudadanía, que exige que la incorporación de los subalternos en el Estado ya no se dé por la cooptación conflictiva de las estructuras grupales para hacerlas intervenir en las disputas circulatorias del excedente social (demanda salarial, beneficios sociales, estatizaciones, etc.), sino por la sumisión del individuo aislado a la normatividad institucionalizada de elecciones de re-presentantes cada determinado tiempo. Se trata, pues, del tránsito del viejo Estado benefactor y pródigo —cuya legitimidad venía tanto de la tácita incorporación de demandas corporativas en la gestión pública, como de su capacidad de neutralizar, a través de la prebenda, las infidelidades antigubernamentales de las clases menesterosas— a un Estado neoliberal, que pretende sustituir el soborno de las identidades plebeyas locales por la mercantiliza-ción y prebendización de las soberanías individualizadas y frag-mentadas del cuerpo social.

En la medida en que esta reconfiguración de la textura ma-terial y espiritual de la sociedad desde el Estado se lleva a cabo, lo democrático, su unilateralidad institucional, sus dispositivos participativos, sus modos de plasmarse en los hechos, de practi-carse, se muestran como un conjunto de técnicas sociales, en gran parte burocráticas, que colonizan almas, que retuercen hábitos y purgan conocimientos para imponer otros.

Claro, los modernos y “racionales” modos de hacer política, pactados entre representantes, entre partidos, no sólo suponen

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que quienes deben pactar y conversar a nombre de los intereses sociales son unas elites cuyas intenciones, en el fondo, y más allá de la ilusión burocrática, no se representan más que a sí mismas; sino que también supone que la gente debe ser representada en el manejo del mundo público, debe ser mediada en su acción política por los partidos. Más aún, todo ello requiere que la cosa pública deba existir como esfera separada de la sociedad civil. Incluso, que la sociedad civil sólo pueda existir como sociedad política a través de mediadores o sacerdotes de la política. Pero estos arcaísmos políticos, que se remontan a Hobbes y Montes-quieu, aparte de no tener ya nada de modernos, expresan un tipo de ideologización inventada del quehacer político, cuyo raciona-lismo no radica en el vigor argumental, sino en la fuerza estatal para legitimarlo.

El liberalismo político, en el que el “interés común” se cons-truye como transacción entre iguales jurídicos, requiere tanto individuos ilusoriamente iguales y portadores de un bien comercia-ble (el voto), como de sujetos carentes de fidelidades asociativas, parentales, para poder lanzar a la circulación su bien transable (su soberanía). Esto, que parece tan obvio y aséptico, necesita sin embargo de gente desprovista materialmente del bagaje de los circuitos de filiación comunal y de parentesco; supone al in-dividuo en estado de desprendimiento moral y en disposición al mercadeo de su historia, de su voluntad.

Es a partir de este individuo abstracto que el “interés general” puede formarse, como suma de voluntades aisladas, en una ex-ternalidad ajena a todos, esto es, el Estado liberal. La elección vo-luntaria de la sumisión requiere entonces un imaginario histórico cercenado, una autorrepresentación abstractiva, una politicidad impalpable, externa, éticamente inverificable. La delegación de la voluntad política presupone, por tanto, un tipo específico de sujeto, el sujeto delegante que no es responsable de sus actos por-que es impotente frente a sus circunstancias, y queda compelido a desprenderse del manejo de sus intereses. En otras palabras, requiere de individuos sometidos a una particular disciplina de mandos tolerados, de sumisiones refrendadas, de expropiaciones

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soportadas y de carencias padecidas como inevitables. Requiere pues, de la construcción disuasiva o forzada de una cierta “mo-ralidad de esclavos” que permite arrebatar a los sujetos libres su impulso genérico y esencial de seguir siendo libres.

La moderna ciudadanía es, descaradamente, una ciudadanía irresponsable, en la medida en que el ejercicio de derechos pú-blicos es simplemente una ceremonia de dimisión de la voluntad política, de la voluntad de gobernar, para depositarla en manos de una nueva casta de propietarios privados de la política, que se atribuye el conocimiento de las sofisticadas e impenetrables técnicas del mando y del gobierno.

Con ello, lo democrático, que ya desde 1952 no significa ges-tión directa de los asuntos comunes, sino tan sólo intervención colectiva (bajo la forma de presión o reclamo movilizado) en el curso de los asuntos comunes, ahora sufre un nueva mutilación, por cuanto de lo que se trata es de escoger, entre los que portan los símbolos señoriales del poder, a quienes han de administrar arbitrariamente la cosa pública. Se trata de una representación, que simultáneamente es una suplantación de la soberanía social, y que viene a ampliar los procesos de expropiación política ini-ciados con la República.

No cabe duda de que esta ciudadanía liberal es una ciuda-danía fantasmagórica, en la medida en que propugna abusivos procesos de despolitización social y de desarraigo histórico, para depositar en unas elites burocráticas, en sus felonías legalizadas, el concepto de política y juego democrático. De esta manera, a lo que se intenta llamar ciudadano es a una individualidad abstrac-ta, a una conciencia sumisa guiada por los preceptos mercantiles del regateo monetario de su soberanía. De ahí que la prebendi-zación de las fidelidades y la moralidad de mercado, que guían la elección de gobernantes hoy día, no es un defecto transitorio enmendable con emplastos administrativos o concienciales; es el basamento espiritual que lubrica estos modernos modos de ena-jenación política.

En síntesis, se puede decir que esta manera de estructurar la forma de gobierno y de ciudadanía está atravesada por una doble

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impostura. La primera, porque lejos de ampliar los territorios de intervención democrática de la sociedad dentro del propio es-pacio político y hacia los espacios económicos, culturales, etc., se restringen los derechos políticos a un mero nombramiento de los que habrán de pensar y decidir por uno. La segunda, porque se simula la concurrencia de individualidades privadas y en es-tado de desprendimiento asociativo, que son el requisito para la eficacia de los modos liberales de construcción de la unidad político-estatal, cuando en realidad la estructura social boliviana está atravesada por innumerables segmentos corporativos, por múltiples filiaciones comunales, por densas redes de agregación económicas y políticas locales de larga tradición histórica, que desnudan como una estafa el ideal liberal de la sociedad como mera aglomeración de propietarios privados desarraigados. Esto significa que la subsunción real de los procesos de trabajo bajo el capital, esto es, la propiedad privada como fundamento de iden-tidad social, y la tecnología como regulador de las disposiciones corporales, no es un hecho consumado. Si la economía funciona, si existe producción, mercado, acumulación, es porque gran parte de la sociedad urbana y rural marcha basada en lazos de parentes-co, en lógicas productivas no totalmente mercantilizadas, con in-dividualidades definidas por su entorno colectivo filial o comunal, con saberes y técnicas económicas no-capitalistas, etcétera. Las estructuras corporativas como formas de organización política local (sindicatos, juntas vecinales, ayllus), las redes de parentesco como recursos productivos que limitan la abstractización mercan-til del uso de la fuerza de trabajo, etc., originan identidades polí-ticas y prácticas políticas que limitan estructuralmente la eficacia de los dispositivos liberales de (des)politización social. Mientras se mantenga la subsunción formal del trabajo al capital, la indivi-dualidad liberal es una falsificación administrativa de complejas y abigarradas formas de individualización social.

¿Cómo salir de este atolladero de artificios democráticos sos-tenidos con alfileres? Lo más probable es que la mediocridad intelectual de los que adulan lo existente se dedique a maquillar por acá y por allá un cuerpo político desarticulado entre politi-

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cidad social y despolitización estatal, manteniendo y ahondando más la escisión, que podría ser catastrófica, entre gestión estatal y configuración social. La otra opción, lúcidamente asumida por ciertas fracciones empresariales en el ámbito de la economía, es la refuncionalización de comportamientos y estructuras políti-cas colectivas al sistema de representación electoral. Ejemplo de estas maneras más eficaces de subordinación política es lo que sucede en los llamados “municipios indígenas”, en los que prác-ticas políticas comunales locales son incorporadas y luego inme-diatamente refuncionalizadas por un sistema de administración representativa y delegada de la gestión pública.

Sin embargo, reconocer los “usos y costumbres” de una en-tidad local en un municipio perdido en el mapa no representa para los gobernantes el mismo peligro que la institucionalización de esos hábitos políticos en los niveles ejecutivo y legislativo del Estado, y además al 70 u 80% de los ciudadanos. Hasta qué pun-to el Estado estará dispuesto a arriesgarse a la formación de una real hegemonía es algo incierto, aunque lo que hasta hoy acontece muestra que las “tolerancias” de las que hace gala toda la intelec-tualidad orgánica del Estado no dudan en transmutarse en celosos despotismos, no bien se pone en discusión la permanencia de sus privilegios emergentes de este liberalismo falseado.

Una tercera posibilidad es que las prácticas políticas plebeyas, comunales y obreras salgan del cerco en que se hallan y se expan-dan de manera autónoma a todo el espacio público. Con todo, esto requeriría la superación de las estafas liberales, pero también de las autoconstricciones políticas de la época del capitalismo de Estado. Sería entonces una ampliación de la democracia, a partir de un arranque de iniciativa social que reinventaría el significado de ciudadanía como acto de responsabilidad permanente de cada persona en el destino de las demás.

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IV. Movimiento obrero

LOS CICLOS HISTÓRICOS DE LA FORMACIÓN

DE LA CONDICIÓN OBRERA MINERA EN

BOLIVIA (1825-1999)¹

El desarrollo de la producción minera en Bolivia, desde inicios de la república, se ha caracterizado por la coexistencia de com-plejas formas de organización del trabajo, que van desde el rudi-mentario trabajo manual en la extracción y refinamiento de los minerales, pasando por organizaciones laborales artesanales y semi-industriales en pequeña escala, hasta modernos sistemas de extracción masiva sin rieles, y sofisticados tratamientos computa-rizados de la roca mineralizada. En la misma medida, la condición obrera de los trabajadores mineros ha estado y está atravesada por el mismo grado de complejización y abigarramiento, con la coexistencia de obreros disciplinados por el moderno régimen industrial, junto a obreros temporales vinculados a actividades agrícolas comunales, y obreros-artesanos distribuidos en unida-des familiares o individuales. Igualmente, la subjetividad de clase ha estado marcada por la cohesión corporativa otorgada por los grandes centros mineros donde vivían y trabajaban dos, tres o cinco mil obreros, junto con la subjetividad atomizada del “coo-perativista” y los hábitos agrarios esquivos del obrero temporal.

¹\ Texto extraído de Álvaro García Linera, “Los ciclos históricos de la formación de la condición obrera minera en Bolivia (1825-1999)”, en Revista Umbrales, No. 7, 2000.

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Cada una de estas cualidades técnicas y organizativas ha otor-gado a cada época histórica características específicas de la con-dición objetiva de clase y de las posibilidades de autounificación de clase, esto es, de la identidad de clase con capacidad de ejercer efectos políticos en la estructura social. En general, se puede de-cir que la condición obrera minera ha tenido tres grandes perio-dos desde la fundación de la república, correspondientes a tres grandes etapas de las cualidades materiales y organizativas de la producción minera:

El obrero artesano de empresa

La primera, de 1850 a 1900, en la cual la composición del prole-tariado minero va a estar sustentada en el obrero artesano de em-presa. Se trata de un obrero agrupado en centros industriales que extraen en gran escala, como en Huanchaca, Portugalete, Real Socavón, Chorolque o Antequera, pero no a partir de una espe-cialización globalmente escalonada del trabajo, sino a través de una concentración masiva de operarios artesanos que despliegan individualmente habilidades productivas segmentadas. Los tra-bajadores, aunque comienzan a concentrarse en pueblos, no han interiorizado como hábito y prejuicio colectivo la disciplina in-dustrial, por lo que son poco afectos a unificaciones corporativas que enraícen una identidad duradera. Mantienen fuertes víncu-los con la estructura productiva comunal-campesina, manifiesta en sus formas de resistencia, como el motín, la fiesta, el uso del tiempo y el cajcheo.² En esta época, a pesar de la gran renovación tecnológica que va a experimentar la minería, cerca del 35% de la producción de empresas “modernas”, como Huanchaca, va a depender del trabajo Cajcha y de la laboriosidad manual de pa-

²\ Práctica de los trabajadores nativos que, de sábado a domingo, explotaban y recogían mineral, sin ningún tipo de control (N. del E.). Al respecto, véase Gus-tavo Rodríguez, El socavón y el sindicato, La Paz, Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ildis), 1991; y de este mismo autor, “Vida, trabajo y luchas sociales de los trabajadores mineros de la serranía Corocoro-Chacarilla”, en Historia y Cultura, N° 9, 1986.

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lliris³ que, como en esta empresa, llegan a constituir el 43% de la fuerza laboral.⁴ Se puede decir que hasta aquí, la subsunción formal de la fuerza de trabajo al capital sólo ha adquirido la ca-racterística de la agregación a gran escala de operarios artesanos quienes, portadores de una productividad autónoma, la ejercen al interior de un sistema industrial sostenido por crecientes proce-sos de subsunción real⁵ de procesos técnicos específicos, como el procesamiento y el transporte. La subsunción formal del proceso de trabajo es, en este caso, primaria, con lo cual la propia subjeti-vidad obrera está anclada en la temporalidad agraria o artesanal, más que en la propia industria.

En estos momentos, la organización obrera estará marcada por las cajas de socorro o las mutuales con base territorial.⁶ Bási-camente, son estructuras de solidaridad por empresa o localidad, y con facultades de reivindicación de demandas referidas a un segmentado mercado de fuerza de trabajo. En términos de efec-to estatal, su dispersión práctica y simbólica, y su intermitente tránsito a los mecanismos de adhesión agrarios, permitía que su representación colectiva quedara diluida en las construcciones discursivas y los aprestos facciosos con los que partidos y cau-dillos militares interpelaban al “pueblo” para encumbrarse en puestos de gobierno.

El basamento técnico que sostendrá esta forma de constitu-ción obrera será el de una coexistencia claramente segmentada dentro de cada mina, de medios de trabajo artesanales y manuales en el proceso de trabajo inmediato, con innovaciones en la infra-estructura, como los rieles y carros metaleros para la extracción

³\ Del quechua pallay (recoger). El término designaba en la época colonial y al principio de la república a las personas que seleccionaban el mineral. Con el transcurso de los años, esta actividad se fue feminizando y hoy en día el término designa a las mujeres que trabajan seleccionando y recogiendo mineral entre los desechos de la explotación minera (N. del E.).

⁴\ Antonio Mitre, Los patriarcas de la plata, Lima, Instituto de Estudios Peruanos (iep), 1981.

⁵\ Karl Marx, El capital, México, Siglo XXI, 1985, Capítulo VI (inédito).

⁶\ Ibíd.

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y transporte del mineral, acueductos y máquinas a vapor para el desagüe, hornos de doble bóveda, selección magnética de mineral y tinas de amalgamación calentadas por vapor,⁷ que culminarán con la sustitución definitiva del antiguo “repasiri” colonial, que amalgamaba con los pies el mineral y el azogue.⁸

Si bien es cierto que a finales del siglo XIX se ha de introducir el uso de dinamita y las máquinas compresoras de aire, que prepa-ran una revolución en el sistema de organización del trabajo en el interior de la mina, es una introducción tardía, cuyos efectos han de ser limitados por la rápida debacle de la minería de la plata y, con ello, de los conglomerados obreros, cerca de veinte mil, que estaban vinculados a ella.

La moderna minería de la plata de finales de siglo, con sus pueblos mineros y conglomerados obreros desaparecerá de la misma manera rápida como emergió, cercenando los procesos de acumulación organizativa y subjetiva de ese proletariado minero, que nuevamente será lanzado a las haciendas, a las comunidades o al trabajo por cuenta propia. Es en este sentido que hay que hablar del fin de un tipo de condición obrera y de la extinción de un ciclo de lenta acumulación de experiencias, que apenas llegó a treinta años y que no pudo ser ni mantenida ni transmitida de una manera orgánica, sistemática, a un nuevo contingente obrero capaz de recibir esa labor como herencia sobre la cual levantar nuevas construcciones identitarias.

El obrero de oficio de gran empresa

El segundo ciclo de la condición obrera minera se iniciará a finales de la primera década del siglo XX, con el repunte de la minería del estaño y la aparición del obrero de oficio de gran empresa. En términos técnicos, es un obrero heredero del virtuosismo artesa-

⁷\ Antonio Mitre, Los patriarcas de la plata, op. cit.

⁸\ Peter Bakewell, Mineros de la montaña roja 1545-1650, Madrid, Alianza, 1983; Enrique Tandeter, Coacción y mercado: la minería de la plata en el Potosí colonial 1692-1896, Cuzco, Centro de Estudios Regionales Andinos (cera) Bartolomé de las Casas, 1992.

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nal del antiguo obrero, pero con la diferencia de que la habilidad portada en el cuerpo, y de la cual depende la producción, se halla asentada en una nueva realidad tecnológica, que se articula en torno a la destreza personal del obrero de oficio.

La pericia (destreza, aptitud) laboral no es de carácter simple y rutinario, como era la del obrero-artesano; la destreza perso-nalmente poseída y depositada en los movimientos del cuerpo es compleja, pues combina varias funciones simultáneas, pero además articula la eficacia de un sistema tecnológico vasto, que despliega su rendimiento en función de la sabiduría laboral po-seída por este nuevo obrero. Es un obrero que ya no trabaja con técnicas artesanales sino industriales, pero supeditadas al virtuo-sismo del cuerpo obrero, a sus movimientos, a sus saberes perso-nalizados, que no han podido ser arrebatados por el movimiento maquinal. El modelo paradigmático de este tipo de obrero es el maestro perforista que, rodeado de un armazón de maquinarias y sistema de trabajo tecnificados, desata la productividad de ese entorno mecanizado, por el conjunto de aptitudes corporales y conocimientos personales que ha adquirido a través de la expe-riencia, y sin los cuales todos los medios tecnológicos se vuelven inoperantes, improductivos. Algo similar comenzará a suceder con los mecánicos, carpinteros y la gente encargada de la pros-pección.

El obrero de oficio es un obrero que, resultado del nuevo soporte técnico en el trabajo, implementado por las principales empresas estañíferas desde la década de los veinte, que aniquiló al errático obrero artesano, tiene un enorme poder sobre esos me-dios de trabajo, pues sólo el obrero y su destreza pueden despertar la elevada productividad contenida en las máquinas.⁹

Este poder obrero sobre la capacidad productiva de los me-dios de trabajo industrial habilita no sólo un amplio ejercicio de autonomía laboral dentro la extracción o refinamiento, sino que, además, crea la condición de posibilidad de una autopercepción

⁹\ Sobre el obrero de oficio en la industria, véase Benjamin Coriat, El taller y el cronómetro, Madrid, Siglo XXI, 1985.

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protagónica en el mundo: la empresa, con sus monstruosas má-quinas, sus gigantescas inversiones, sus fantásticas ganancias, tiene como núcleo de su existencia al obrero de oficio; sólo él permite sacar de la muerte ese sistema maquinal que tapiza la mi-na; sólo él sabe cómo volver rendidora la máquina, cómo seguir una veta, cómo distribuir funciones y saberes. Esta autoconfian-za productiva, y específicamente técnica, del trabajo dentro del proceso de trabajo, con el tiempo dará lugar a la centralidad de clase, que parecería ser precisamente la trasposición al ámbito político estatal de este posicionamiento productivo y objetivo del trabajador en la mina.

Paralelamente, la consolidación de este tipo de trabajador como centro ordenador del sistema laboral creará un procedi-miento de ascensos laborales y promociones dentro de la empre-sa, basados en el ascenso por antigüedad, el aprendizaje práctico alrededor del maestro de oficio y la disciplina laboral industrial, legitimados por el acceso a prerrogativas monetarias, cognitivas y simbólicas, escalonadamente repartidas entre los segmentos obreros.

El épico espíritu corporativo del sindicalismo boliviano nació, precisamente, de la cohesión y mando de un núcleo obrero com-puesto por el maestro de oficio, cuya posición recreaba en torno suyo una cadena de mandos y fidelidades obreras, mediante la acumulación de experiencias en el tiempo y el aprendizaje prác-tico, que luego eran transmitidas a los recién llegados a través de una rígida estructura de disciplinas obreras recompensadas con el “secreto” de oficio y la remuneración por antigüedad. Esta ra-cionalidad en el interior del centro de trabajo habilitó la presen-cia de un trabajador poseedor de una doble narrativa social. En primer lugar, de una narrativa del tiempo histórico, que va del pasado hacia el futuro, pues éste es verosímil por el contrato fijo, la continuidad en la empresa y la vida en el campamento o villa obrera. En segundo término, de una narrativa de la continuidad de la clase, en tanto el aprendiz reconoce su devenir en el maestro de oficio, y el “antiguo”, portador de la mayor jerarquía, ha de entregar poco a poco sus “secretos” a los jóvenes, que harán lo

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mismo con los nuevos que lleguen, en una cadena de herencias culturales y simbólicas que aseguran la acumulación de la expe-riencia sindical de clase.

La necesidad de anclar este “capital humano” en la empresa, pues de él dependen gran parte de los índices de productividad maquinal y en él están corporeizados saberes indispensables pa-ra la producción, empujaron a la patronal a consolidar el anclaje definitivo del obrero en el trabajo asalariado, a través de la institu-cionalización del ascenso laboral por antigüedad. Ello, sin duda, requirió un doblegamiento del fuerte vínculo de los obreros con el mundo agrario, mediante la ampliación de los espacios mer-cantiles para la reproducción de la fuerza de trabajo, el cambio de hábitos alimenticios, de formas de vida y de ética del trabajo, en lo que puede considerarse como un violento proceso de se-dentarización de la condición obrera, y la paulatina extirpación de estructuras de comportamiento y conceptualización del tiem-po social ligadas a los ritmos de trabajo agrarios. Hoy sabemos que estas transformaciones nunca fueron completas; que incluso ahora continúan mediante la lucha patronal por anular el tiempo de pijcheo¹⁰ y que, en general, dieron lugar al nacimiento de hí-bridas estructuras mentales, que combinan racionalidades agra-rias, como el intercambio simbólico con la naturaleza ritualizado en fiestas, wajtas¹¹ y pijcheos, o el de las formas asamblearias de deliberación, con comportamientos propios de la racionalidad industrial, como la asociación por centro de trabajo, la disciplina laboral, la unidad familiar patriarcal y la mercantilización de las condiciones de reproducción social.

La sedentarización obrera, como condición objetiva de la producción capitalista en gran escala, dio lugar entonces a que los campamentos mineros no fueran ya únicamente dormitorios provisionales de una fuerza de trabajo itinerante, como lo era has-

¹⁰\ Mascado de coca o, más precisamente, succión de una bola de hojas de coca insalivadas, que se mantiene en la boca como un estimulante suave y no adictivo (N. del E.).

¹¹\ Ofrendas a la tierra para iniciar la siembra (N. del E.).

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ta entonces; permitió que se volvieran centros de construcción de una cultura obrera a largo plazo, en la que quedó depositada espacialmente la memoria colectiva de la clase.

La llamada “acumulación en el seno de la clase”,¹² no es pues un hecho meramente discursivo; es, ante todo, una estructura mental colectiva, arraigada como cultura general, con capacidad de reservarse y ampliarse; la posibilidad de lo que hemos deno-minado narrativa interna de clase y la presencia de un espacio fí-sico de la continuidad y sedimentación de la experiencia colectiva fueron condiciones de posibilidad simbólica y física que, con el tiempo, permitieron la constitución de esas formas de identidad política trascendente del conglomerado obrero, con la cual pue-den construirse momentos duraderos de la identidad política del proletariado minero, como la revolución de 1952, la resistencia a las dictaduras militares y la reconquista de la democracia par-lamentaria.

Pero además, la forma contractual que permitió la retención de una fuerza de trabajo errante fue el contrato por tiempo in-definido, tan característico del proletariado boliviano en general y del proletariado minero en particular desde los años cuarenta, convertida en fuerza de ley desde los años cincuenta.

El contrato por tiempo indefinido aseguraba la retención del obrero de oficio, de su saber, de su continuidad laboral y su ad-hesión a la empresa por largos periodos. De hecho, ésta fue una necesidad empresarial que permitió llevar adelante la efectivi-dad de los cambios tecnológicos y organizativos dentro de la inversión capitalista minera. Pero, además, esto permitirá crear una representación social del tiempo homogéneo y de prácticas acumulativas, que culminan un ciclo de vida obrero asentado en la jubilación y el apoyo de las nuevas generaciones. El contrato a tiempo indefinido permite prever el porvenir individual en un devenir colectivo de largo aliento y, por tanto, permite com-prometerse con ese porvenir y ese colectivo, porque sus logros podrán ser usufructuados en el tiempo. Estamos hablando de

¹²\ René Zavaleta, Las masas en noviembre, La Paz, Juventud, 1985.

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la construcción de un tiempo de clase caracterizado por la pre-visibilidad, por un sentido de destino certero y enraizamientos geográficos que habilitarán compromisos a largo plazo y osadías virtuosas en pos de un porvenir factible, por el cual vale la pena luchar, pues existe, es palpable. Nadie lucha sin un mínimo de certidumbre de que se puede ganar, pero tampoco sin un mínimo de convicción de que sus frutos podrán ser aprovechados en el tiempo. El contrato por tiempo indefinido del obrero de oficio funda positivamente la creencia en un porvenir por el cual vale la pena luchar, porque, al fin y al cabo, sólo se pelea por un futuro cuando se sabe que hay futuro.

Por tanto, este moderno obrero de oficio se presenta ante la historia como un sujeto condensado, portador de una tempora-lidad social específica y de una potencia narrativa de largo alien-to, sobre las cuales se levantarán las acciones autoafirmativas de clase más importantes del proletariado minero en el último siglo. La virtud histórica de estos obreros radicará, precisamente, en su capacidad de haber trabajado estas condiciones de posibilidad material y simbólica para sus propios fines. De ahí la épica con la que estos generosos obreros bañarán y dignificarán la historia de este pequeño país.

La base técnica sobre la cual se constituirá esta forma de obre-rización de la fuerza de trabajo minera será la de la paulatina sus-titución del diésel y el carbón de los generadores de luz por la electricidad como fuerza motriz de las máquinas; ferrocarriles y camiones para el transporte de mineral, que ampliarán la división técnica del trabajo y sustituirán radicalmente la fuerza motriz del transporte y acarreo. En los ingenios, se introducirá el sistema de preconcentración Sink and float,¹³ que terminó desplazando el trabajo de las palliris, mientras que en la extracción, ya sea que se mantuviera el método tradicional o el nuevo llamado Block Caving (o excavación por bloques), la tracción eléctrica y el uso de barrenos de aire comprimido o eléctricos, reconfigurará los

¹³\ Manuel Contreras, Tecnología moderna en los Andes, La Paz, ildis, Biblioteca Minera Boliviana, 1994.

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sistemas de trabajo y consagrará la importancia de los obreros de oficio en los procesos de producción mineros.

Ciertamente, no se trata de que esta revolución en la base tec-nológica y organizativa del trabajo capitalista creara por sí misma las cualidades del proletariado minero industrial; tal mecanicismo olvida que los sistemas técnicos similares despiertan respuestas sociales y subjetivas radicalmente distintas de un país a otro, de una localidad a otra, de una empresa a otra. Lo que importa, en todo caso, es lo que Zavaleta llamaba el “modo de recepción de las estructuras técnicas”, esto es, de la manera en que son traba-jadas, significadas, burladas, utilizadas y aprovechadas por los conglomerados sociales. En este acto, el trabajador acude con su experiencia y memoria singular, sus hábitos y saberes específicos heredados del trabajo, la familia, el entorno local, y con este bagaje peculiar e irrepetible en otro lugar, resignifica culturalmente los nuevos soportes técnicos de su actividad de trabajo. El resultado de esta lectura y asimilación resultará de la aplicación de diagra-mas culturales previos sobre la nueva materialidad, con lo que habrá una predominancia del pasado sobre el presente, de los esquemas mentales heredados y las prácticas aprendidas, sobre la cualidad maquinal.

Pero a la vez, esos esquemas mentales activados, exigidos, sólo podrán ser despertados del letargo o la potencialidad por este nuevo basamento tecnológico, y además, adquirirán una di-mensión objetiva: quedarán enraizados, devaluados o ampliados sólo en la medida de la existencia de esas estructuras técnicas. En ese sentido, existe una determinación de la composición técnico-material sobre la composición simbólica organizativa del traba-jador. La interacción histórica de estos niveles de determinación es lo que nos da la formación de la condición de clase. De ahí que no sea casual que los núcleos obreros que más contribuyeron a crear una vigorosa subjetividad obrera, con capacidad de efecto político estatal, hayan sido los que se concentraban en las grandes empresas, en las que estaban instituidas plenamente estas cualida-des de la composición material de clase. Patiño Mines, Llallagua, Oploca, Unificada, Colquiri y Araca son los centros de trabajo

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donde se han ido construyendo, desde muy temprano, modali-dades de organización obrera que, desde las cajas de socorro y mutuales, pasaron rápidamente a las de centros de estudio, ligas y federaciones con carácter territorial; esto es, con capacidad de agrupar a personas de distintos oficios asentadas en una misma área geográfica. Proletarios, empleados, comerciantes y sastres participan de una misma organización, lo que le da una fuerza de movilización local, aunque con mayores posibilidades de que los intereses específicos de los asalariados queden diluidos en los de otros sectores, poseedores de mayor experiencia organizativa y manejo de los códigos del lenguaje legítimo.

El tránsito a la forma sindical no fue abrupto en estos grandes centros mineros. Primero fueron los sindicatos de oficios varios, emergentes en los años veinte, que continuaban la tradición de agregación territorial; finalmente, se crearon los sindicatos por centro de trabajo que, después de la guerra del Chaco, se erigi-rán como la forma predominante que adquirirá la organización laboral minera.

A partir de estos nudos organizativos, como los sindicatos y las asociaciones culturales, con el tiempo se irá articulando una red, que dará lugar a la más importante identidad corporativa de clase de la sociedad boliviana, primero en torno a la federación sindical de trabajadores mineros de Bolivia (fstmb), y luego, después de la revolución de abril de 1952, con la Central Obrera Boliviana (cob). En estos años previos a 1952, y apoyada en la forma institucional del sindicato como lugar de acumulación de la experiencia de clase, se irá enlazando toda una narrativa obrera, fundada en el drama de las masacres de obreros con pechos des-nudos, mujeres envueltas en banderas tricolores y una autoper-cepción de que el país existe gracias a su trabajo. El resto de los esquemas mentales con los que los obreros imaginarán su futuro estará guiado por la certeza inapelable de redención colectiva ga-nada por tanto sufrimiento. Es por ello que se puede decir que, desde la revolución de 1952, el obrero minero se ve a sí mismo como un cuerpo colectivo de tormento, portador de un futuro factible que, por ello mismo, porque es viable, puede arriesgarse

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y pelearse sostenidamente por él. Se trata de una específica sub-jetividad productiva,¹⁴ que vincula el sacrificio laboral y callejero con un porvenir de recompensa histórica. La duración de estas cualidades organizativas, materiales y simbólicas del proletariado minero que tiene sus inicios en los años treinta, su apogeo en los años cincuenta, sesenta, y setenta, y su declive en los años ochen-ta del siglo pasado, llegará a su fin, de una manera poco heroica y en gran medida miserable a finales de los años ochenta, con el desmantelamiento de los grandes centros mineros, la progresiva muerte del obrero de oficio y su sustitución por un nuevo tipo de condición obrera.

El obrero de especialización industrial flexible

El fin del ciclo del estaño en la minería boliviana ha sido también el fin de la minería estatal, de las grandes ciudadelas obreras, del sindicalismo como mediador entre Estado y sociedad, como mecanismo de ascenso social; pero también del obrero de oficio industrial y de la identidad de clase construida en torno a todos estos elementos técnicos, políticos y culturales. Nada ha sustitui-do aún plenamente a la antigua condición obrera; en pequeñas y aisladas empresas, subsiste parte de las cualidades de la antigua organización del trabajo, unificada en torno al maestro perforis-ta; en otras se ha regresado a sistemas de trabajo más antiguos, manuales y artesanales; pero en las empresas que comienzan a desempeñar el papel más gravitante y ascendente dentro de la producción minera, la llamada Minería Mediana, se está gene-rando un tipo de trabajador que técnica y organizativamente tiende a presentarse como el sustituto del que prevaleció duran-te sesenta años.

Este nuevo trabajador ya no está reunido en grandes contin-gentes. Hoy, ninguna empresa tiene más de setecientos trabaja-dores, e internamente se han reestructurado los sistemas de di-

¹⁴\ Antonio Negri, Marx más allá de Marx. Nueve Lecciones sobre los Grundrisse,

Nueva York, Automedia, 1991.

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visión del trabajo, de rotación, de ascenso y cualificación técnica del laboreo. El nuevo trabajador, a diferencia del antiguo, que cumplía un oficio y ocupaba un puesto en función del aprendizaje práctico en una línea de ascenso rígidamente establecida, hoy es de tipo polivalente, capacitado para desempeñar varias funciones según los requerimientos de la empresa, y entre las que la perfo-ración, o no existe, por la operación a cielo abierto (Inti Raymi), o es una más de las operaciones intercambiables susceptible de ser atendida tras breves cursos de manipulación de palancas y bo-tones que guían las perforaciones (Mina Bolívar). Por lo demás, esta actividad ya no tiene la jerarquía suprema que anteriormente poseía, además de que ya no culmina una serie de conocimientos trasmitidos por un escalonamiento de oficios que aseguraban una herencia de saberes de clase entre los trabajadores más antiguos y los más jóvenes.

Dado que cada vez cuenta más la eficiencia en las tareas asig-nadas, la destreza en operaciones de aprendizaje rápido y la ca-pacidad para adecuarse a las innovaciones decididas por la ge-rencia, toda una carrera obrera de ascensos, privilegios y méritos fundados en la antigüedad y, hasta cierto punto, el autocontrol obrero de su historia dentro de la empresa, comienza a ser sus-tituida por una competencia por beneficios y méritos basada en cursos de capacitación (“licencias”), pautas de obediencia, pro-ductividad, polifuncionalidad y otros requerimientos estableci-dos por la gerencia.

Está naciendo, así, un tipo de obrero portador de unos anda-miajes materiales muy distintos a los que caracterizaron al obre-ro de la Patiño o la Corporación Minera de Bolivia (comibol). Dado que el saber productivo indispensable para despertar la productividad maquinal recae menos en el trabajador individual que en los sistemas automatizados y la inversión en capital fijo, el contrato a plazo indefinido ya no se presenta como condición indispensable, ni tampoco la retención del personal en función de la antigüedad, que estratificaba la acumulación de habilidades y su importancia productiva en la empresa.

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En otros casos, la polifuncionalidad obrera, que quiebra el sis-tema de ascensos y disciplinas anterior, está viniendo de la mano, no tanto de renovaciones tecnológicas, como de reestructuracio-nes en la organización del proceso de trabajo y de la forma de pagos (Caracoles, Sayaquira, Avicaya, Amayapampa, etcétera). En vez de la anterior división del trabajo, claramente definida en secciones y escalones internos, la nueva arquitectura laboral se ha vuelto elástica, obligando a los trabajadores a cumplir, según sus propias metas de pago, el oficio de “perforista”, “ayudante” “carrilero”, “enmaderador”, etcétera; o incluso interviniendo en el ingenio para el procesamiento del mineral. El cambio del sistema de pago por función cumplida o volumen de roca extraí-da, a la de remuneración por cantidad de mineral procesado y refinado entregado a la empresa, ha creado en varias empresas una polivalencia asentada en la antigua base tecnológica, aunque con los mismos efectos disolventes de la antigua organización y subjetividad obrera.

Objetivamente, todas las condiciones de posibilidad material que sostuvieron las prácticas organizativas de cohesión, discipli-na, mandos propios y autopercepciones sobre su destino, han sido revocadas por unas nuevas, que no acaban aún de ser nue-vamente trabajadas, para dar pie a nuevas estructuras de identi-dad de clase. Se puede decir que las estructuras materiales que sostuvieron las antiguas estructuras mentales, políticas y cultu-rales del proletariado minero han sido reconfiguradas, y que las nuevas estructuras mentales y autounificadoras, resultantes de la recepción de las nuevas estructuras materiales, aún no están con-solidadas, son muy débiles y parecerían requerir un largo proceso de totalización antes de tomar cuerpo en una nueva identidad de clase con efecto estatal.

De ahí ese espíritu atónito, dubitativo y ambiguo que carac-teriza a los accionares colectivos que de rato en rato brotan de este joven trabajador que está comenzando a generar y a vivir la nueva condición de clase del proletariado minero.

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LA MUERTE DE LA CONDICIÓN OBRERA

DEL SIGLO XX¹

La marcha minera por la vida

Todo hecho, y con más razón todo hecho social, es una síntesis expresiva de determinaciones de larga trayectoria, que se mani-fiestan contundentemente como acontecimiento, como acto. Su realidad e importancia primarias radican en la explicitación de un conglomerado de vínculos significativos del presente visible, palpable. Pero hay hechos sociales en los que, de una manera poderosa, el presente y la acumulación connotada del pasado inmediato no son suficientes para entender su significado real y su trascendencia. Son “presentes” que rebasan su época y cuya verdad profunda sólo se ha de hallar en el porvenir. Hablamos entonces de acontecimientos que al momento de suceder no aca-ban de desplegar toda la verdad implícita que portan, y además marcan una época, porque jalan a los restantes acontecimientos presentes y pasados hacia un rumbo en el que todos han de hallar finalidad y sentido. No son pues acontecimientos cotidianos, sino condensaciones de época que, en el momento de brindarnos el

¹\ Texto extraído de Álvaro García Linera, “La muerte de la condición obrera del siglo XX”, en El retorno de la Bolivia plebeya, La Paz, Comuna y Muela del Diablo, 2000.

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lenguaje para volver inteligibles los sucesos anteriores, parten la historia, pues anuncian que a partir de entonces otras serán las pautas del devenir social, aunque sólo nos demos cuenta de ello años o décadas después.

La marcha por la vida de agosto de 1986 es uno de esos suce-sos, que parte la historia social boliviana en dos segmentos distin-tos. En alguna medida es el epítome heroico, y hasta cierto punto falaz, de un proyecto de modernización iniciado a principios de siglo y que mostró sus límites en el ocaso del siglo. De hecho, en realidad en Bolivia, el fin de época no fue un registro numérico de años, sino un acontecimiento social acaecido catorce años atrás. La marcha por la vida fue también la síntesis de una condición social, de unas prácticas colectivas, de un horizonte de vida y de un proyecto cultural de una identidad de clase que, con su osa-día, había alumbrado e intentado unir las dispersas hilachas de nación que deambulan por la geografía intensa de este país. Fue el alarido más desesperado no sólo de quienes, como ningún otro sujeto colectivo, creían en la posibilidad de la nación e hicieron todo lo que pudieron por inventarla por medio del trabajo, la asamblea y la solidaridad; a la vez, fue el acto final de un sujeto so-cial que como ningún otro había abrazado los componentes más avanzados y dignificantes de la modernidad, como la cultura del riesgo, la adhesión por convicción y no por filiación sanguínea, la ciudadanía como autoconciencia y no como dádiva, y una am-bición expansiva territorializada, no familiarizada, de la gestión de lo público, que resultan de una interiorización cosmovisiva y crítica de la subsunción real del trabajo al capital.

El resultado trunco de una marcha, que será detenida en Ca-lamarca a punta de bayonetas e impotencias históricas canaliza-das como miedos y cálculos, será a la vez el de la extinción de los únicos portadores colectivos de una sensibilidad de modernidad expansiva. Los mineros del siglo pasado fueron lo más positi-vamente moderno que tuvo este país donde, como mucho, la modernidad se enclaustra en una fantochería de elite, mediante la cual unos cuantos intentan impresionar y distinguirse de los pueblerinos. Los mineros, en cambio, fueron lo más auténtico y

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lo más socializado de lo poco de subsunción real que se implan-tó en estas tierras; y en sus desplantes colectivos hacia el poder estatal, hacia la tradición filial y hacia el conservadurismo de lo existente practicaron, sin necesidad de desearlo ni exhibirlo, una seguridad ontológica en la historia que no tiene paralelo en la vida republicana.

La belicosidad de su lenguaje, la desfachatez de sus ilusio-nes en el porvenir, con las que los mineros irradiaron el tempe-ramento del siglo XX, le dieron una densidad de multitud a las construcciones y sueños colectivos que, vistos ahora a distancia, se muestran tan distintos a la mojigatería cultural y cobardía po-lítica de aquellos insípidos pensantes y administradores de corte que han pretendido sustituir, con sus veleidades de poca monta, a ese gigante social. Y sin embargo, esta miseria moral se yergue ganadora y vanidosa en los albores de este nuevo siglo. Pero no es la escenificación de un triunfo donde una concepción del mundo superó a otra por la pertinencia de sus argumentaciones o la am-plitud totalizante de sus percepciones. La significación del mun-do neoliberal, sus símbolos abstractos de dinero, individualismo y desabridos sujetos de traje, que han sustituido a la asamblea, el guardatojo y la concreción del cuerpo musculoso del minero perforista, no están ahí por sus méritos, porque en verdad ellos no derrotaron a nadie. Son como esos gusanos que están encima del gigante no porque lo derrotaron, sino porque la muerte le ha arrebatado la vida. La visión del mundo neoliberal sólo pudo saltar a la palestra porque previamente fue disuelto, o mejor, se autodisolvió, el sujeto generador de todo un irradiante sentido del mundo. ¿Cuáles fueron las kantianas “condiciones de posibi-lidad” de este derrumbe, cuyo significado apenas comenzamos a apreciar ahora, aunque su efecto es el fondo sustancial de lo que es Bolivia hoy?

La marcha minera de 1986

Era agosto, y los mineros comenzaron a llegar de todas partes: macizos y sonrientes cochalos de Siglo XX, Huanuni y Colquiri;

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sobrios y angulosos de Quechisla, Caracoles, Siete Suyos y Co-lavi; angustiadas señoras de Cañadón Antequera, de San José y de Catavi confluían en la carretera Oruro-La Paz para empren-der la gran marcha.

Días antes, un Ampliado Minero había decretado una Huelga General Indefinida, las organizaciones cívicas de Oruro y Potosí se habían lanzado a un paro de actividades a nivel regional y el 21 de agosto miles de mineros y pobladores marchaban por las calles de Oruro para, en una asamblea, tomar la decisión de mar-char a la ciudad de La Paz de manera inmediata. Los camiones repletos de mineros gritando sus insolentes consignas, y los trenes que venían del sur atiborrados de cascos y banderas, evocaban las impactantes escenas de Esenin sobre la toma de Petrogrado a principios de siglo.

Algo hay en el obrero de cualquier parte del mundo que hace que su presencia tumultuosa opaque el entorno, y que su persona-lidad se imponga a la deslucida monotonía del ambiente urbano; parecería que sólo entonces la vida dejara de ser una casualidad despreciable, para recordarnos su sentido de grandeza. Este era uno de esos momentos; nuevamente los mineros dejaban las he-rramientas y venían por miles a La Paz, lo cual no es poca cosa, si tomamos en cuenta que cuando lo han hecho casi siempre el país ha vivido insurrecciones o los preparativos para ella.

Pero ahora hay algo que da una tonalidad distinta a los trazos de los rostros mineros, una sensación de incredulidad y cautela muy diferente al certero envalentonamiento de otros años, cuan-do se sabía que el bienestar de los gobernantes había surgido de la laboriosidad de ellos. Ahora en cambio, el Estado, el mayor empresario minero país, está cerrando las minas, está estrangu-lando las pulperías, está ofertando bonos para los retiros. No se trata de deshacerse de los obreros más revoltosos para que los sustituyan obreros sumisos, ni siquiera se trata de reducir costos de operaciones para ampliar las ganancias, como sucedía en cada asonada militar. Se trata de algo peor que eso; está en marcha el abandono productivo de los centros mineros, el cierre de opera-

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ciones y, con ello, la muerte del fundamento material de la con-dición obrera minera más importante de los últimos cien años.

Junto con el cierre de operaciones de la empresa Corporación Minera de Bolivia (comibol), se está decretando la extinción del fundamento material de la historia de una clase, que se había for-mado entre privatismo y estatismo en sesenta años; pero a la vez, se derrumba la fuente de una certeza colectiva que alimentaba una confianza en el porvenir y una audacia colectiva memorable, en torno a la cual se habían constituido mitos sociales alrededor del comportamiento revolucionario de los mineros. El desabas-tecimiento de pulperías, la suspensión de los envíos de material de trabajo, la retención de las horas extra y el abandono de la prospección en los últimos meses, no respondían sólo a una mala administración gerencial: era el preludio de la parálisis produc-tiva del aparato minero estatal, de un tipo de formas de trabajo y organización laboral que finalizaría en enero de 2000 y, con ello, de los soportes estructurales de las relaciones de fuerza creadas y mantenidas a lo largo de tres décadas y media.

El cierre de operaciones de la mayoría de las empresas esta-tales, silenciosamente dispuesto por el presidente Víctor Paz Es-tenssoro, no era entonces una penalidad más en el largo camino de extorsiones que la familia minera había sabido resistir, forjan-do su heroica historia de clase; era la conminatoria inconsulta a un fin absoluto de esa historia o, al menos, de lo que ella fue en los treinta y cinco años anteriores. Pero, ¿no era acaso la minería estatal el núcleo fuerte de la acumulación que permitía la diver-sificación productiva del país y la inversión en el oriente? ¿No eran acaso los mineros, sus luchas y sus mártires los que habían arrancado a la república del fango hacendal, los que reconquis-taron la democracia?

Ciertamente, los mineros eran el alma virtuosa de la nación nacida en 1952. Y con esa conciencia de sí es que ahora los mi-neros ocupan la carretera para ir a interpelar al Estado. Mas la desdicha de los tiempos surgirá desde el momento en que la re-configuración de la economía, de los soportes estatales y de la antigua condición proletaria, no su preservación, serán el pro-

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grama de las elites gobernantes. Indudablemente, el excedente minero había creado la Corporación Boliviana de Fomento y sus más de treinta empresas productivas; fueron las divisas mineras gestionadas por el Estado las que permitieron la comunicación expedita al oriente, las que lograron la universalización de la educación estatal gratuita, las que expandieron el comercio in-terno, las que aseguraban los salarios de los burócratas, de los maestros, oficiales y oficinistas. Era la minería la que permitía creer al migrante en la posibilidad de un ascenso social progra-mable a largo plazo, articulando un imaginario colectivo de uni-dad social verificable y deseable. Igualmente, eran los mineros, apoyados en fabriles, los que habían apostado infatigablemente por la democracia como opción de intervención en los asuntos comunes, eran los fundadores de un sentido real de ciudadanía sumamente democratizadora, a través de la figura del sindicato, que se expandió hasta el último rincón de la geografía estatal. En fin, si algo existía de nación y de Estado en Bolivia, era por los mineros de las grandes empresas nacionalizadas, por su trabajo y sus deseos ¿Cómo pensar entonces en su disolución como sujeto productivo y como sujeto político, cuando ni en las dictaduras, que fueron sus enemigos jurados, jamás se les pasó por la cabeza deshacerse físicamente de este conglomerado social estratégico?

Por la sencilla razón de que presiones internacionales e inte-reses empresariales locales, vientos e intereses de los que los mi-neros jamás estuvieron separados en los años anteriores, apunta-ban a otros rumbos en cuanto a lo que debería ser la composición económica de la sociedad y la composición política del Estado.

Claro, si nos atenemos al marco general de los ciclos econó-micos propuestos por Kondratieff,² desde principios de los años

²\ 琀ikolai Kondratieff, “The Long Waves in Economy Life”, en Beverly Hills and London Review, No. 4, 1979; Robert Brenner, Turbulencias en la economía mundial, Santiago de Chile: lom y Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (cenda), 1999; Theotonio Dos Santos, “La cuestión de las ondas largas”, en Jaime Estay, Alicia Girón y Osvaldo Martínez (coords.), La globa-lización de la economía mundial, México, Universidad Nacional Autónoma de México (unam) e Instituto de Investigaciones Económicas (iie), 1999.

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setenta, las regiones capitalistas más importantes habían entrado en una fase B o de descenso, que contrajo las tasas de ganancia, estancó o declinó el crecimiento y contuvo los flujos de capital en inversiones. Esta declinación económica exacerbó la disputa del excedente: cierre de empresas con bajas tasas de ganancia, reducción salarial para ampliar los márgenes de ganancia em-presarial y despidos para reorganizar la composición orgánica del capital, que en etapas de estancamiento se presenta rígida y estorbosa, fueron oleadas de medidas que comenzaron a barrer, una tras otra, a las naciones más industrializadas, a los consorcios más grandes y, a la larga, a las propias economías articuladas de forma subordinada, como la nuestra y la de todos las países pro-veedores de materias primas.

El capital, como suma de iniciativas individuales, comenzó a desplegar tres vertientes, en la búsqueda de superación de esta fase descendente y de estancamiento mundializado:

a) Potenciar, a lo largo de varios años, la acción de nuevas ra-mas productivas capaces de generar un paradigma tecnológico que, por las ganancias extraordinarias, la formación de nuevos mercados de consumo y la atracción de capitales, pudiera abrir un boquete de innovación que arrastrara el resto de la economía, inaugurando, al final de un periodo de diez a quince años, un nuevo ciclo de onda A o de ascenso.³

b) Lograr consolidar e irradiar una composición orgánica del capital (relación político-cultural y técnica entre el monto social que se invierte en salarios respecto al total de la inversión empre-sarial) que consagrara una tasa de ganancias elevada, reestructu-rar las formas de trabajo que consagraran tecnológicamente esta nueva composición y aseguraran una tasa de ganancias apetecible para las nuevas inversiones.⁴

³\ 琀mmanuel Wallerstein, Después del liberalismo, México, Siglo XXI, 1996.

⁴\ Ana Esther Ceceña y Andrés Barreda (coords.), Producción estratégica y hege-monía mundial, México, Siglo XXI, 1996.

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c) Deshacerse de las resistencias y antiguas reglas de negocia-ción alcanzadas en la fase ascendente, cuando el trabajo pudo imponer beneficios y derechos.⁵

Todo lo anterior provoca, por lo tanto, una reconfiguración de la condición objetiva de la situación de clase, por la introduc-ción de nuevas ramas de producción, nuevas tecnologías, nueva organización del trabajo; pero también, una reconfiguración de la trama de poder entre trabajo y capital en el ámbito estatal, por la reducción de la capacidad de negociación que introduce ob-jetivamente el paro, la depresión y el despido, que caracteriza la fase descendente de la economía mundial.⁶

La destrucción de medios de trabajo, mercancías y fuerza de trabajo que acompaña esta fase de descenso en ocasiones ha des-encadenado guerras, donde la humanidad parece hundirse en el fango de la destrucción material y física, como en 1913-1918 con la Primera Guerra Mundial,⁷ y en 1940-1945 con la Segunda Gue-rra Mundial; pero en otras oportunidades crea las condiciones de posibilidad de grandes cambios sociales, como en 1848, cuando se produjo la primera, y hasta ahora la única, revolución moder-na a escala de todo el territorio capitalista de la época (Europa),⁸ o cuando dio lugar a los intentos, inmediatamente ahogados, de revolución social en la Rusia zarista en 1917.

Sin embargo, el aumento de las penalidades, los despidos, la contracción económica y la crisis no necesariamente desembo-can en revueltas sociales. En general, la miseria material engen-dra más miseria material, organizativa y espiritual de los sectores

⁵\ Robert Boyer y Jean-Pierre Durand, L‘Après-fordisme, Paris, Syros, 1999; Ro-bert Boyer, La flexibilidad del trabajo en Europa, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1986.

⁶\ Stéphane Beaud y Michel Pialoux, Retour sur la condition ouvrière, Paris, Fayard, 1999.

⁷\ Giacomo Marramao, Lo político y las transformaciones, México, Pasado y Pre-sente, 1982.

⁸\ Jorge Veraza, Revolución mundial y medida geopolítica de capital; a 150 años de la revolución de 1848, México, Itaca, 1999.

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subalternos; la posibilidad de que estas fuerzas activen actos de resistencia y autonomía radica en la acumulación previa de ex-periencias, en la extensión de redes de acción y solidaridad, en la creación de certezas movilizadoras, en la confianza en la acción común y la capacidad propositiva acumulada en décadas ante-riores que, en un momento de vértigo social, son capaces de ca-tapultar al mundo del trabajo a prácticas autodeterminativas de gran riesgo y a gran escala.

Que esto no hubiese sucedido en el mundo desde los años setenta, cuando se comenzaron a desmontar las estructuras or-ganizativas de los trabajadores en Inglaterra, en Estados Unidos, en Italia, en Francia, etc., tiene que ver con el hecho de que, a diferencia de 1848 y 1917, los sectores del trabajo más agredidos en sus beneficios, y que eran el baluarte del espacio de autonomía laboral de los años anteriores, no sólo sufrieron una brutal con-tracción temporal y reestructuración interna, sino que en muchos casos sencillamente dejaron de existir, como los metalúrgicos, los obreros del carbón, de las manufacturas textiles y ciertos sectores de la industria automotriz. Frente a ellos, surgieron nuevas ramas productivas sostenidas en la electro-informática,⁹ con su infinidad de vertientes en la manufactura, la circulación y los servicios; o la expansión de la industria aeroespacial, que creó un hueco de memoria y continuidad en la capacidad de resistencia del mundo del trabajo, de tal forma que, para finales de los años noventa, el recorte en beneficios sociales, en salarios y en estabilidad laboral ha hecho regresar a una gran parte de la sociedad mundial a la precariedad del siglo XIX.¹⁰

En Bolivia, la lapidaria frase del presidente Paz Estenssoro: “Bolivia se nos muere”, venía cargada de los mismos presagios. O se cambia el patrón de acumulación, la forma de regulación de la economía y se modifican las reglas de negociación-inclusión

⁹\ Ana Esther Ceceña y Andrés Barreda (coords.), Producción estratégica y hege-monía mundial, op. cit.

¹⁰\ Pierre Bourdieu, La miseria del mundo, Buenos Aires, Fondo de Cultura Eco-nómica, 1999.

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del trabajo, o Bolivia, entendida como el ámbito geográfico del dominio (barroco e híbrido) del capital, se acaba.

Si algo hay que reconocerle a Paz Estenssoro es su olfato para nadar siempre a favor de la corriente de las reglas mundiales de la economía. En verdad, no es una virtud darse cuenta de las ob-viedades que requieren las clases dominantes locales para validar ése, su sitial. Sólo se trata de una buena dosis de pragmatismo y una cultura media respecto a lo que pasa en el mundo; claro que en un ambiente cultural raquítico como el de las elites confor-mes de este país, ésa es una poderosa ventaja. Cuando había que ser nacionalista, bregar por la constitución del Estado-nación, intentar vías de sustitución de importaciones, colocar al Estado como locomotora de la economía y benefactor social, como venía sucediendo en todo el mundo industrializado, Paz Estenssoro hizo lo suyo desde sus dos primeros gobiernos, aunque siempre preocupado por el excesivo envalentonamiento de unos obreros insurrectos triunfantes, que lo habían colocado en el timón del poder gubernamental.

Ahora, en cambio, los vientos soplaban para pasar a la libre empresa, a la desregulación de los mercados, al cierre de empresas temporalmente deficitarias, a la apertura de fronteras, a la con-tracción estatal para integrar, a la esfera de la valorización empre-sarial y el mercado, áreas anteriormente gestionadas al margen de este criterio.¹¹ Había también que modificar las relaciones de poder estatal, cambiando las técnicas de ciudadanización corpo-rativa a fin de reducir beneficios sociales, elevar las posibilidades de rentabilidad con el abaratamiento de la fuerza de trabajo, ga-rantizar inversiones extranjeras con la desarticulación de formas de organización contestatarias de la sociedad civil y, en fin, dar por terminada una composición política de la sociedad¹² que consa-

¹¹\ Chávez Corrales, Juan Carlos (ed.), Las reformas estructurales en Bolivia, La Paz, Fundación Milenio, 1998.

¹²\ Luis Tapia, Turbulencias de fin de siglo, La Paz, Instituto de Investigación en Ciencias Políticas (iincip), 1999.

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graba, para la anterior etapa de desarrollo del capitalismo local, normas de negociación y mercadeo entre el trabajo y el capital.

En este estrecho sentido del término, había previsión guberna-mental, un plan, iniciativa histórica. El gobierno y ciertos sectores de inversionistas locales y extranjeros sabían más o menos que, para preservar su poder y ampliarlo, se tenía que dar un nuevo rumbo general a los ambiguos territorios donde desplegar las reglas del mercado y la industrialización.

Los trabajadores, el horizonte de previsibilidad de los asalaria-dos organizados, en cambio, se habían quedado rezagados; peor aún, ese tapiz cultural y letrado que desde 1950 estaba adherido al cuerpo obrero, a través de dirigentes sindicales “fabricados” y discursos políticos “inyectados” bajo múltiples formas partidarias de izquierda, carecía de cualquier otra perspectiva que no fuera la del capitalismo de Estado. Atrincherada tras un discurso esta-talizante, homogeneizador, disciplinante de la fuerza de trabajo —y sin esconder esas irrefrenables ansias de mirar a la plebe co-mo una masa movilizable, educable, guiable y predispuesta a ser gobernada por la inmaculada “vanguardia civilizada”, portadora del designio de las leyes de la historia—, la izquierda simplemente había convertido el sueño del nacionalismo revolucionario y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (cepal) en una versión más radicalizada, en su “programa revolucionario”. Sólo podía ver entonces hasta dónde llegaba el capitalismo de Estado, apoyado por las propias fuerzas capitalistas que poten-ciaban esta ruta. Cuando el capital dio un giro y se embarcó en la “libre empresa”, los formadores de opinión de la izquierda ya no supieron qué hacer; en una escena cómica y ridícula, se quedaron sin fuerza, sin discurso o, cuando más, a seguir demandando un capitalismo de Estado a los propios capitalistas, que lo estaban abandonando por obsoleto.

Sin embargo, no se trataba de una retórica sin influencia; de hecho, se trataba de un discurso y una práctica política que adu-laban disposiciones conservadoras dentro de la propia clase, que estimulaban estados de ánimo de querellantes, de obedientes, de demandantes, tan arraigados en las clases subalternas, en detri-

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mento de la práctica de soberanía, propositiva, autodetermina-tiva de la condición de clase trabajadora. Bajo estos estandartes se había constituido un habitus de clase, y con ellos acudía a su encuentro con la muerte.

Los fuegos de la insumisión y la mansedumbre

La marcha por la vida fue también, en parte, el escenario de estas disposiciones culturales de clase del movimiento obrero. Como no podía ser de otra manera, la marcha multitudinaria de casi quince mil personas, entre los cuales se encontraban mineros, amas de casa, estudiantes y campesinos, cristalizó un modo ple-beyo de reclamar al Estado. Ahí quedaba condensada una secu-lar memoria colectiva de producir voz demandante a través de la explicitación del cuerpo social en movimiento. En verdad, es lo único que la multitud tiene de propio, de directo: su número, su agregación palpable, que manifiesta la fuerza de masa. Aquí, la ocupación de las calles, de las carreteras, es la verificación de una identidad de cuerpo de clase, fundada en la intervención directa en la escenificación del agobio, de la injusticia soportada y en la voluntad de que eso cambie.

Es claro que este acto de fusión colectiva de indignación, que se abre paso por la geografía, es un impetuoso acto de des-posesión de la función parlamentaria como vertedero delibera-tivo de las pulsaciones sociales; aquí la aglomeración actuante se sobrepone como mecanismo de deliberación fáctica de los asuntos comunes. Se abandona el centro de trabajo, se ocupan las carreteras (Oruro-La Paz; Sud Yungas-La Paz), y se recurre al tumulto para externalizar la palabra y el sentimiento de todos los trabajadores. Ya de entrada, esto habla de la vigencia de una particular manera en la que se interiorizó la ciudadanía como ejercicio de derechos,¹³ bajo la forma de asociación, de cuerpo movilizado. Se trata de una exultante interpretación ética de la

¹³\ Thomas Marshall y Tom Bottomore, Ciudadanía y clase social, Madrid, Alianza, 1998.

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vida en común,¹⁴ entendida como asociación y movilización por centro de trabajo, por rama de actividad y por identidad laboral como forma de filiación social.

En este sentido, la marcha vuelve a validar un modo histórico de entender la política como un hecho de masas mediante el cual: a) el trabajador asume una identidad corporativa por centro de trabajo; y b) este trabajador colectivo, así constituido como sin-dicato, interpela al Estado y ejerce, sin más mediación, su lucha por el reconocimiento y sus derechos públicos.

Esta manera de filiación política y de práctica política obrera era portadora de múltiples virtudes. Por un lado, permitió crear un sentido de responsabilidad política sumamente arraigado en la vida cotidiana y la actividad laboral. Dado que, para ejercer derechos y modificarlos, el punto de encuentro y verificación es la unificación por centro de trabajo más su movilización, el acto de la política es una competencia socializada, practicada directamen-te por el trabajador como una más de sus funciones cotidianas. El papel de los especialistas de la “política”, que monopolizan y privatizan este bien colectivo, queda así en gran parte limitado, ya que hay una inclinación generalizada a conceptuar el bien co-mún como una competencia del común, de todos.

Por otro lado, la verificación de esta responsabilidad, por su propia cualidad de masa, no puede menos que practicarse a tra-vés de mecanismos de unificación colectiva como la asamblea, la marcha, la movilización, la rebelión. Esto significa que la repre-sentación simbólica¹⁵ de la lucha por los derechos colectivos no sólo es un lugar de formación de una identidad social, sino que además sólo se puede ejecutar mediante técnicas asociativas co-munalizadas, esto es, que son capaces de crear interunificación práctica y autónoma entre los trabajadores. De ahí que la medida de la democracia, en toda la época en la que prevaleció esta mane-ra de entender la política, no fuera un problema cuantificable en

¹⁴\ David Held, “Ciudadanía y pluralismo”, en La Política, No. 3, 1996.

¹⁵\ 琀rnest Cassirer, Filosofía de las formas simbólicas; fenomenología del reconoci-miento. Tomo II. México, Fondo de Cultura Económica, 1998.

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votos ni en ingeniería de pactos parlamentarios, como lo es hoy. Democracia era básicamente la intensidad unificadora por centro de trabajo del conglomerado laboral y el grado de permeabilidad del Estado para reconocer, oír y canalizar las demandas de la so-ciedad sindicalmente organizada.

Estos elementos, a su vez, han permitido forjar en la historia una autorrepresentación obrera signada por la unidad, la disci-plina laboral y la movilización de masas. Dado que el obrero sólo puede mirarse a sí mismo a través de su cohesión con los demás y a todos juntos en estado de tumulto movilizado, hablamos de una identidad de clase caracterizada por la fidelidad a los man-dos sindicales y al estado de congregación actuante. Se trata de un auténtico prejuicio de clase, resultante de una lectura interna de la historia, en la que lo único permanente en las luchas des-plegadas ha sido el sindicato y la solidaridad de otros sindicatos. Mientras los pequeños partidos y los caudillos se disuelven ante las primeras balaceras, el sindicato está ahí para proteger a las familias, para cuidar a los hijos abandonados, dar trabajo a las viudas, para hacer conocer lo que pasa en otros campamentos, para enterrar a los muertos. En fin, ha sido el sindicato-en-lucha el lugar donde el ser desarraigado de la tierra y del ayllu encuentra un sentido de intelección de la vida, una nueva familia perenne, que le devuelve la vivencia de integración y de trascendencia sin la cual ningún ser humano es capaz de sostenerse en pie. En fin, el sindicato, su disciplina, sus costumbres movilizadas, son el lugar donde el obrero se puede mirar a sí mismo en la historia y proyectarse en el porvenir, de retarlo, de desearlo y hundirse en él. En este sentido, se puede decir que el sindicato fue la única organización de clase obrera del siglo XX.

Por último, esta manera de entender y ejercer las funciones políticas fue, con todo, el único momento duradero, en las últimas décadas, en que la política dejó de sostenerse en la activación de redes de parentesco y el soborno del miserabilismo económico, tan propios del comportamiento de las clases dominantes y las

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clases subalternas. El patrimonialismo¹⁶ y el clientelismo,¹⁷ tan enraizados en los habitus señoriales de las clases pudientes y en los habitus dominados¹⁸ de las clases menesterosas, tuvieron en la forma sindicato, en particular obrero, el único lugar donde material y culturalmente, y no sólo por medio de “llamados a la conciencia” como hoy, comenzaron a ser disueltas por prácticas y redes de filiaciones políticas modernas basadas en la adhesión y el compromiso ético.

Personas provenientes de los más distintos lugares geográfi-cos, desprendidos de los tejidos de filiación sanguínea o de paisa-naje, se agrupaban por centro de trabajo para practicar desde ahí, sin mediación ni mercadeo de voluntades, su manera de interve-nir en la gestión de los asuntos públicos. La extinción posterior de esta manera de hacer política, que trajo consigo la “relocali-zación” (despido) y el enseñoramiento de los partidos políticos, hará regresar a la sociedad entera a los hábitos decimonónicos de la consagración política por la vía del linaje de las elites gober-nantes y la extorsión de la pobreza de los dominados.

Pero a la vez, hay un tronco de mansedumbre que se recons-truye a través de estas formas de entender la política. La marcha minera, en su euforia colectiva desparramada por la carretera, no se presenta en ningún momento para los mineros como un medio para arrebatar, para tomar de facto lo que se cree que es propio. Se puede decir que en todo el acto dramático de marchar lo que se está escenificando es la primordial manera de estructurar el mundo a la que está acostumbrado el obrero, y según la cual su papel muchedúmbrico y arriesgado lo es en cuanto demandante,

¹⁶\ Max Weber, “Sociología de la dominación”, en Economía y sociedad, México, Fondo de Cultura Económica, 1987.

¹⁷\ 琀orbert Bobbio, El futuro de la democracia, México, Fondo de Cultura Econó-mica, 1986; Máximo Quisbert, “Fejuve El Alto 1990-1998: dilemas del clien-telismo colectivo en el mercado político en expansión”, Tesis de Licenciatura, carrera de Sociología, Universidad Mayor de San Andrés (umsa), 1999.

¹⁸\ Pierre Bourdieu, La distinción, Madrid, Taurus, 1998; también, del mismo au-tor, “Campo del poder, campo intelectual y habitus de clase”, en Intelectuales, política y poder, Buenos Aires, Eudeba, 2000.

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en cuanto peticionario alevoso y digno de lo que supone son sus derechos, sus necesidades y expectativas. Pero entonces aquí el derecho no es tanto una autoconciencia con efectos prácticos de la posición que uno ocupa en el mundo, y mediante la cual uno ocupa el mundo, sino un gesto colectivo para obtener reconoci-miento ante el Estado, para obrar de una manera en el mundo. Es, en definitiva, en el Estado en quien el obrero se refleja para hacerse reconocer en sus prerrogativas públicas. Ciertamente, es una apetencia política muy intensa la que se pone en marcha, y de hecho no es exagerado afirmar que los obreros, y en particular los mineros, en toda esta época que va de 1952 a 1990, han interiori-zado como un componente indisoluble de su identidad de clase la cercanía al Estado, la ambición de integración en el Estado.

Pero, a la vez, no se trata de una presencia en el Estado como objetivación de un yo colectivo de clase; es decir, el minero no se ambiciona en el Estado como titularidad gubernativa. Al con-trario, se ambiciona poderosamente en el Estado como súbdito, como seguidor, arrogante y belicoso, pero tributario de adhesión y consentimiento negociados. El obrero no se ha visto jamás, a no ser en momentos extremos y evanescentes, como soberano; pues el soberano no pide sino ejerce, no reclama sino sentencia. Si bien el sindicato, movilizado a lo largo de todos los años anteriores desde la revolución de 1952, fue capaz de abrogar el monopolio de las decisiones políticas basadas en el linaje, el conocimiento letrado y el dinero, nunca ha de abandonar la creencia de que el apellido, el dinero y el conocimiento letrado son los requisitos imprescindibles para gobernar.

Esto significa que la manera de proyectarse en el ámbito po-lítico sea meramente interpelatoria, no ejecutiva; esto es, que el obrero, a raíz de sus luchas, se siente portador inexcusable del derecho a hablar, a resistir, a aceptar, a negarse a acatar, a presio-nar, a exigir, a imponer un rosario de demandas a los gobernantes, pero nunca ha de poder verse a sí mismo en el acto de gobernar. Es como si la historia de sumisiones obreras y populares practica-das desde el coloniaje se agolpara en la memoria como un hecho inquebrantable, adherido al cuerpo obrero, y empujara a la masa

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movilizada a enfrentarse al poder como simple sujeto de resisten-cia, de conminación, de reclamo, y no como sujeto de decisión y soberanía ejercida. La imagen que de sí misma habrá de producir la condición obrera es la del querellante, no la del soberano.¹⁹

Hay una inclinación irreductible de este proletariado, y en general del proletariado moderno, a buscar sus derechos por me-diación del Estado, lo que significa un reconocimiento implícito del Estado como representante general de la sociedad, como lugar de la constitución de un sentido de comunidad y adquisición de reconocimiento.²⁰ Pero, y esto es una singularidad de la forma-ción de la condición obrera y popular en Bolivia, se trata además de una pertenencia dependiente, de una integración subordinada al Estado. La actitud peticionaria en el ámbito obrero explicita el carácter imprescindible de la aquiescencia de los gobernantes para ejercer un derecho, porque parecería ser que sin ese consen-timiento, ese derecho careciera de legitimidad y validez. Parecería que el mundo se estructurara en el imaginario de clase, de tal ma-nera que la propia identidad actuante sólo pudiera consagrarse públicamente mediante el reconocimiento positivo (conquista de derechos) o negativo (la represión y la masacre) por parte de los gobernantes. Sin duda se trata de un auténtico habitus de clase, que a lo largo de la historia reconstituirá el núcleo conservador y dominado de la condición obrera. Es quizá en esta anhelante búsqueda de la mirada de los dominantes para poder certificar la presencia de los dominados, donde habría que ir a buscar la inclinación a un hábito mendigo de las clases populares o la pre-disposición a observar el cumplimiento de sus derechos como dá-divas y favores personales otorgados por el personal gubernativo.

En la marcha, la memoria de estas sumisiones, corporeizadas como sentido común, guía los gestos mineros que se despliegan en el pavimento. En términos estrictos, la marcha, que con el pasar de los días llegará a cobijar a más de diez mil mineros, será la más grande escenificación de esta sujeción de la clase a la legitimidad

¹⁹\ Georges Bataille, Lo que entiendo por soberanía, Barcelona, Paidós, 1996. ²⁰\ Axel Honneth, La lucha por el reconocimiento, Barcelona, Crítica, 1997.

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estatal. En general, los mineros hacen lo que hacen para recor-dar al Estado que él no puede hacer lo que está haciendo, que no puede romper unilateralmente un pacto con los primordiales fuegos de abril, cuando quedaron fijadas las prerrogativas y las dependencias entre dominantes y dominados; se marcha, pues, para forzar nuevamente la inclusión de los derechos del trabajo en el ordenamiento del Estado.

A nadie se le ha ocurrido marchar para desconocer a Paz Es-tenssoro, que incluso había ganado en varios de los distritos mi-neros en las recientes elecciones de 1985; se marcha pues como gesto ritual y recordatorio de los compromisos históricos a quien precisamente emblematiza la impronta obrera en la nación: Víc-tor Paz Estenssoro.

Sin embargo, el hecho de que en este llamado a la reconstitu-ción de los pactos inclusivos en el Estado los mineros recurran al gesto doloroso y sufriente del cuerpo colectivo señala hasta qué punto las inclinaciones insurrecionales, con las que se forjó la correlación de fuerzas del Estado nacionalista, han cedido su lenguaje vigoroso y arriesgado, por la puesta en escena de un tor-mento colectivo a lo largo de trescientos kilómetros.

Ciertamente, en esto está presente la reactivación de un ima-ginario de clase, que narra su paso por la historia a través del recuento de las masacres, el dolor y la injusticia perenne de una patria ingrata que maltrata a quienes la sostienen. De ahí que se pueda decir que el movimiento obrero ha producido una narra-tiva sufriente de su devenir de clase, donde el martirologio, la desgracia y las tribulaciones marcarán el único camino hacia lo que se considera una venidera redención, ineluctablemente ga-nada a costa de tanta desdicha. La marcha, los pies sangrantes, la comida improvisada, la lejanía de los seres queridos, son los gestos mediante los cuales reconstruyen su memoria para inter-pelar al Estado.

Pero ahora hay una peculiaridad distintiva de este recuento de experiencias pasadas. Antes, las experiencias de tribulacio-nes y actos de sufrimiento colectivo siempre fueron el resultado inesperado de demandas, de reclamos y luchas que los obreros

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se sintieron empujados a dar para obtener lo que ellos habían considerado como justo. Las penalidades colectivas emergían como respuesta brutal de unos gobernantes insensibles, que no derogaban la creencia moral de la justeza de lo reclamado y que, por tanto, más pronto o más tarde sería nuevamente contraargu-mentada con una nueva movilización de las certezas morales de la clase. La marcha, en cambio, es una producción de penalidades deliberadas, decididas por cuenta propia; no la respuesta, sino el enunciado con el que se dirigen al Estado.

¿Qué es lo que ha llevado a esos mineros a recurrir a lo último que el ser humano utiliza cuando ya no tiene otras opciones, como es el cuerpo, como lugar de exhibición pública de dolor? La huel-ga de hambre, o el suicidio, en su versión más radical, siempre ha sido el último refugio del ser que, inhabilitado de medios de poder e influencia ante sus interlocutores, arrojado a la impotencia ab-soluta, recurre al propio cuerpo, a la autoprivación y al riesgo de muerte autoinfligido como último recurso de libertad para eludir la cadena de imposiciones que le ha arrebatado la posibilidad de ser reconocido. Es el último peldaño del ser dominado que está a la defensiva, que ya nada puede hacer para revertir su situación subalterna, y que se refugia en el drama del cuerpo para lograr re-conocimiento, mediante la conminatoria extrema del autosuplicio o la búsqueda de la muerte. Su efecto, en caso de darse, vendrá por el hecho de remover los más básicos fundamentos morales de los dominantes, en cuanto seres humanos, que podrán verse compelidos a otorgar un plus simbólico de credibilidad, de po-der al dominado, a fin de integrarlo nuevamente al ámbito de la economía de derechos y concesiones sociales.

La dramática marcha por la vida de 1986, que abrirá un largo ciclo de marchas y crucifixiones populares en las siguientes déca-das, marcará a su modo el nacimiento de una época de impoten-cias dramatizadas de las clases populares. La impotencia, puesta de manifiesto aquí, no es, en aquella parte del espacio político, definida por la capacidad de movilizarse en masa o por la obten-ción de solidaridad de otros sectores sociales. Diez mil mineros caminando por días es, no cabe duda, una inédita acción multi-

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tudinaria, y el apoyo de los Comités Cívicos de Oruro y Potosí, que entraron en huelga en los días previos,²¹ más la adhesión de comunarios, pobladores y estudiantes, muestra esta amplitud de conquistar apoyo de otros conglomerados empobrecidos. La impotencia aquí se ha de dar en aquella franja central del espacio político que tiene que ver con la capacidad de generar horizontes de organización y acción social propositiva. Los mineros carecen de un plan para producir historia colectiva que vaya más allá del legado por el capitalismo de Estado, en su versión nacionalista o izquierdista (el llamado “socialismo”), y que en 1986 se derrum-bará estrepitosamente frente a los atónitos ojos de los mineros.

La fuerza obrera, la identidad de clase consagrada revolucio-nariamente a través de la insurrección de abril, tuvo al Estado y a la economía estatalizada como su fundamento material y político. La fortaleza del Estado nacionalista y de su basamento econó-mico, como la industrialización estatalizada, fue simultánea a la fortaleza del movimiento obrero. De hecho, la posibilidad de la obtención del excedente social gestionado por el Estado, que le permitió crear los primeros pasos de una integración territorial y económica, dependía de la minería y sus mineros. A su vez, los mineros podían tener la certeza de su importancia social y de su capacidad de producir efectos de reacción estatal, en la medida en que pertenecían a empresas estatales y el sindicato era recono-cido como el modo predominante de ejercicio de ciudadanía.²² Por eso los hechos políticos sucedían de ese modo tan paradó-jico en el cual, si bien por una parte mineros y Estado aparecían como los más irreductibles opositores (bajo la forma elocuente de enfrentamiento entre mineros y militares), lo eran porque al mismo tiempo, en la raíz de la historia de ambos, cada uno era el engendro del otro y su extensión más duradera (bajo la forma

²¹\ José Pimentel Castillo, “La marcha por la vida”, en Problemas del sindicalismo, Llallagua, Universidad Nacional Siglo XX, 2000.

²²\ Álvaro García Linera, “Ciudadanía y democracia en Bolivia, 1900-1998”, en Ciencia Política, No. 4, junio de 1999.

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de la gestión de la producción minera y circulación de los exce-dentes económicos).

Los mineros habían producido, como ningún otro sector so-cial, las cualidades estatales de la vida política, y cuando los usu-fructuarios dominantes creyeron que había llegado el momento de romper ataduras y reconfigurar la relación de fuerzas en el interior del Estado, los obreros no supieron qué hacer; carecían de opción, y a lo único que se inclinaron de manera obsesiva fue a rememorar la antigua composición de fuerzas, los añejos pactos inclusivos dentro del mismo ordenamiento estatal y económico. Carecían de plan histórico y, por primera vez en su historia de clase, se volvieron conservadores, pues sólo atinaron a proponer la preservación de lo existente.

El minero, que había impuesto su sello al corpus espiritual del Estado nacionalista, se había desenvuelto en él, y su campo de visibilidad era el que otorgaba ese ambiente cultural. Más allá de la retórica pseudosocialista, el proletariado era nacionalista y con razón, porque fue dentro del programa nacionalista donde produjo su unidad, su identidad de clase, su épica, su ascenso so-cial a través del sindicato y su pequeño bienestar. Por eso, cuando el propio Estado inició el desmantelamiento de los pilares mate-riales y organizativos de la antigua trama estatal y de las antiguas adhesiones, se estaba evidenciando que las principales fracciones de las clases dominantes, constituidas en y gracias al Estado na-cionalista, estaban delineando una nueva trama política, donde el obrero quedaría desprovisto de su intrusión y protagonismo en el Estado. En cierto modo, era una declaratoria de guerra, si entendemos la guerra como una abrupta ruptura de la relación de fuerzas sociales llevada a cabo por todos los medios, incluidos los de la violencia física.

Inicialmente, el movimiento obrero no lo entendió así, o no quiso entenderlo, y obró como estaba acostumbrado: reponer la economía de demandas y concesiones mediante la huelga, el paro y la movilización. Y cuando se percató de que lo que estaba en juego no era la forma de ese mercado político, sino la propia naturaleza, el contenido de los vínculos políticos anunciado por

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el cierre de minas y la muerte de la condición material de clase, se sintió incapaz de producir un proyecto autónomo de orden social distinto al que había conocido hasta el momento, y demandó el regreso al antiguo horizonte histórico del Estado nacionalista.

Con ello, se inició un ciclo de derrotas de largo aliento en el que, frente a una iniciativa arrolladora de las clases pudientes, las clases subalternas no atinaron más que a atrincherarse en la evocación de antiguos pactos sociales que la habían arrojado a la pérdida de iniciativa histórica, de imaginación propositiva, de autonomía, que hoy, catorce años después, lentamente comienza a ser revertida por estructuras de movilización social de nuevo tipo, como la Coordinadora del Agua y la Vida de Cochabamba.

Por cierto, el problema no fue la falta de propaganda de los “activistas” que panfleteaban sus ofertas programáticas. Pensar que las clases sociales eligen sus rumbos en función de la influen-cia pedagógica de unos cuantos escribanos es reducir la sociedad a un aula escolar compuesta por párvulos ignorantes y maestros portadores del saber y, peor aún, pensar que la objetividad del devenir de las luchas sociales y de las condiciones de clase puede ser reemplazada por los efímeros diagramas de las ideas.

La impotencia de horizonte histórico que emergerá en la mar-cha por la vida está anclada en hechos más poderosos que la pro-pia constitución de las clases laboriosas, como son los hechos prácticos y los efectos materiales que las clases son capaces de desplegar en el interior de las estructuras técnicas y simbólicas de su condición de clase. En particular, es en las características de las maneras de unificarse, de resistir, de proyectarse en el ám-bito de la estructura técnica y organizativa del proceso de traba-jo industrial, es decir que es en la manera de constitución de la identidad política de clase contemporánea donde hay que ir a rastrear la producción de sumisiones, dependencias y limitacio-nes de la clase obrera boliviana que emergerá en el momento de la marcha y en su desenlace.

En general, la condición obrera se ha caracterizado por la radicalidad de demandar y no tanto por la radicalidad de lo de-mandado al Estado y a la patronal. Desde los años veinte, el mo-

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vimiento obrero ha creado una cultura reivindicativa centrada en el salario, los beneficios sociales, la alimentación, la protección familiar, la salud, la vivienda, el cuidado familiar que, ciertamente, poseen una absoluta legitimidad en cuanto conquista de derechos sociales y laborales mínimos e indispensables para garantizar la continuidad del trabajo y la vigencia de una dignidad colectiva. Se trata en su totalidad de un conjunto de derechos articulados a la regulación del valor social medio de la fuerza de trabajo, es-to es, refieren al ámbito de la valorización histórico-moral de la fuerza de trabajo²³ dentro del espacio del mercado de la fuerza de trabajo. Se trata del punto de partida y del punto de llegada de la constitución del obrero como clase moderna, esto es, como portador de una mercancía que negocia los niveles de su realiza-ción mercantil, y que a lo largo de la vigencia del capitalismo ha tenido fuertes implicancias políticas de tipo reivindicativo, como sucede en Bolivia.

Sin embargo, existe otro espacio probable de constitución moderna de la condición obrera que, emergiendo de la posición objetiva del sujeto que vende la fuerza de trabajo bajo las leyes de la lógica mercantil, inicia su desmonte simultáneo, por cuanto se dedica a erosionar la propia constitución de la fuerza de trabajo como mercancía medida y regulada por el valor. Este espacio, que marca la franja crepuscular de la normatividad del capital como hecho económico, cultural y simbólico, es el de la autoor-ganización del trabajador en el interior del proceso de trabajo, en acto de disputa y modificación de la realidad técnica y orga-nizativa del trabajo como trabajo asalariado, como trabajo para valorizar el valor. Son los actos de resistencia, de interunificación de los trabajadores para desplegar, corpuscular o ampliamente, estructuras de gestión de la realidad material del trabajo capaces de eludir la subsunción general del trabajo al capital, y, por me-dio de cuyas luchas, vertidas de múltiples formas y a lo largo de décadas, van creando un tejido organizativo, cultural y simbólico en disposición de engendrar horizontes de historia social autóno-

²³\ Antonio Negri, Del obrero masa al obrero social, Barcelona, Anagrama, 1980.

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mos, proyectos de iniciativa histórica susceptibles de disputar el sentido general del devenir, producido recurrentemente por las clases dominantes. Este nivel de autoorganización de clase es el que, con el tiempo, produce efectos políticos de tipo revolucio-nario, que complementan y expanden ilimitadamente el tipo de práctica política reivindicativa, surgida de la lucha por derechos laborales mercantiles. Otra manera de leer estos dos niveles de la lucha política en la sociedad moderna es que el primero com-pete al nivel del sistema social de libertades, en tanto que el otro compete al sistema de necesidades. Una lectura del socialismo como mera satisfacción del sistema de necesidades, al margen de la ampliación del sistema de libertades, es el que en general ha predominado en los antiguos partidos de izquierda con influencia en el movimiento obrero, y que ha creado el ambiente intelectual y discursivo del enseñoramiento de la razón cultural del capita-lismo de Estado y del discurso nacionalista.

El mundo obrero boliviano, precisamente, ha cultivado un ti-po de práctica política fundamentalmente reivindicativa, en tanto que las prácticas políticas productoras de horizonte estratégico al-ternativo han sido bastante restringidas, por la reconstitución de sumisiones y mansedumbres en el interior del campo de fuerzas de clase que se dan dentro del proceso de trabajo y el proceso de producción en general. En cierta medida, el obrero boliviano, a diferencia de los trabajadores de otros países latinoamericanos, ha sabido llevar adelante una cultura de subordinación productiva basada en la sublevación intermitente y el lenguaje de masas. Pero a la vez, se ha impuesto limitaciones sistemáticamente, ha eludido o no ha creído necesario expandir luchas en el propio ordena-miento de la racionalidad productiva moderna, reconstituyendo continuamente los mandos organizacionales, los usos técnicos de los sistemas productivos, la intencionalidad sesgada de la pro-ductividad capitalista y los esquemas organizativos técnicos del trabajo objetivantes de la lógica empresarial y de la acumulación.

Los contados momentos visibles en los que esta mansedumbre técnico-organizativa se ha puesto en duda, a través de las propues-tas de co-gestión, señalan una búsqueda renovada por incorpo-

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rar este ámbito fundamental en las estrategias de resistencia. Sin embargo, por lo general, han sido propuestas de elites dirigentes, que se han limitado a modificar cuestiones de administración y gestión externa, dejando de lado el espacio de la materialidad específicamente productiva del proceso de trabajo.

Que los mineros concurran a la carretera Oruro-La Paz con sus cascos, sus frazadas y unas cuantas dinamitas, pero sin una creencia aglutinante de lo que podría ser un devenir histórico autónomo, precisamente hallará sus condiciones de posibilidad en que éste tampoco había sido producido previamente desde el centro de trabajo. La estructura simbólica de clase quedará así fusionada al Estado nacionalista y, cuando éste comenzara a des-pedazarse, lo haría arrastrando las propias estructuras mentales y organizativas del proletariado boliviano.

No ha de ser extraño entonces que los mineros que atraviesan Caracollo, Konani, Lahuachaca y Patacamaya no se estén movi-lizando para imponer un nuevo derecho legítimo, porque así lo han imaginado desde el momento en que lo han experimentado como prerrogativa deseada desde su fuente de trabajo; lo que se está pidiendo es que se cumpla con un derecho que ya se sabe que está impregnado en la antigua institucionalidad estatal. La experiencia del cuerpo, que representa en la carretera el drama-tismo de la vida en los campamentos, se muestra también como lugar de enunciación de una mitología política de clase del obrero en el Estado. La autoridad de la Autoridad gubernativa no está en cuestión; sus atributos de decidir, delegados y tolerados por los propios gobernados, no son puestos en duda. Es más, tanto gobernantes como gobernados están siendo ratificados en sus respectivas posiciones políticas por obra práctica de los mismos gobernados, que no hacen más que reafirmar su posición de go-bernados en el momento de demandar la vigencia de sus antiguos derechos de gobernados.

Desde el momento en que se acude al gobernante para exigirle que no quiebre impunemente los acuerdos primigenios, se está convalidando tácitamente la delegación del poder de decisión y la separación reglamentada entre dominantes y dominados. El

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lenguaje colectivo de la denuncia de la transgresión moral del Estado, que se manifiesta a través de los signos del cuerpo, de la gesticulación dramática de los dilemas sociales, exacerbará aún más la fatal impotencia de estos mineros heroicos, que han cambiado las balas en los pechos por los callos en los pies, para demandar lo que consideran sus derechos.

La marcha, desde su inicio hasta su cerco, será el recordatorio mímico de un pasado subalterno, sostenido en la pertenencia de la minería al núcleo fundador el Estado-nación; en los pliegues del belicoso lenguaje y la puesta en escena del testimonio del cuerpo, está la remembranza agónica de la centralidad del ser minero en el Estado, en tanto que la escenificación de la demanda pertenece al gesto del suplicio colectivo, que pretende rasgar la máscara de indolencia que se han puesto los gobernantes.

Atrás ha quedado la tentación de la ocupación y el levanta-miento armado, que había despuntado en el horizonte en las jor-nadas de marzo de 1985. Incluso, vistas desde el temperamento de esta nueva marcha, se puede decir que esas consignas gritadas entonces desde los camiones que los regresaban a sus distritos eran poco menos que efímeros destellos, en medio de un estado de ánimo signado por la pasiva espera de que “alguien” distinto a ellos, unos “doctores”, unos “jefes”, unos “militares”, tomaran las riendas de los asuntos públicos para apoyarlos.

Durante años se había originado una larga cadena de hábitos colectivos, donde los obreros se veían a sí mismos y actuaban como feroces opositores de gobernantes autoritarios, o inque-brantables soportes de gobiernos y propuestas que ampliaran el campo de ejercicio de demandas populares. Pero, en ninguno de los dos casos, se habían visto a sí mismos como ejecutantes del acto de gobierno, como tampoco se veían como gestores del ám-bito técnico productivo de la empresa. Siempre habían ordenado el campo significante de la lucha en términos de alguien a quien resistir y de alguien a quien apoyar, sin necesidad de cuestionar la pertinencia de la existencia de “alguien” por encima de ellos. Es como si la identidad de clase requiriera, para existir pública-

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mente, de un tercero inclusivo, de un portavoz²⁴ que validara la existencia colectiva de la clase movilizada. Pero aquí, este “tercero inclusivo”, por la vía de la resistencia o el apoyo brindado hacia él, es un agente externo, que no pertenece ni a la clase ni a sus repre-sentantes directos, sino al mundo institucionalizado del Estado.

La marcha minera es, así, un eslabón de estas luchas de re-conocimiento no en el Estado, sino por el Estado como modo de validación de la propia presencia histórica de la clase obrera. Ante él, lo que se le dice ahora es que no puede abandonar a los obreros; el sacrificio de la marcha es el medio al alcance, el último en este caso, para llamar la atención, para pedirle que regrese a alguien que ya no está dispuesto a seguir moviéndose en el mismo espacio y con las reglas de juego a las que están acostumbrados los mineros. El cierre de operaciones no es la radicalización de las opciones del espacio compartido entre Estado y mineros, es sencillamente el fin del espacio social de la narrativa obrera de los últimos cincuenta años; en realidad el único que conoció, y el que interiorizó el proletariado como substancia. El fin de este espacio se comenzará a vislumbrar como el fin del proletariado, de las estructuras materiales y de las estructuras mentales de la condición obrera. Muchos hablarán de la extinción de la clase obrera.²⁵ Sólo años después se darán cuenta de que el fin obrero, sellado en Calamarca, no será el del proletariado en general, sino el de un tipo de proletariado, de un tipo de estructuras materiales y simbólicas de la condición de clase, y del largo y tortuoso pro-ceso de formación de nuevas estructuras materiales y simbólicas que están dando nacimiento a una nueva condición obrera con-temporánea en el siglo XXI.

²⁴\ Pierre Bourdieu, “La delegación y el fetichismo político”, en Cosas dichas, Bar-celona, Gedisa, 1996.

²⁵\ C. Toranzo et al., Nueva derecha y desproletarización en Bolivia, La Paz, Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (unitas) e Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ildis), 1989.

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Los designios de una época amarga

El contenido de una época histórica se define, más que por una clasificación secuencial de sucesos, por el encuentro fundador de fuerzas sociales que, en un choque decisivo y en el resultado de éste, producen la estructura duradera de las jerarquías institucio-nales, de las relaciones de poder consuetudinarias, de los saberes prácticos legítimos, de los esquemas mentales mundanos con los cuales la sociedad, a partir de entonces, da sentido a su existen-cia. Al mismo tiempo, reactualiza por otros medios, y en todos los espacios de la vida pública y privada, la conflictiva e inestable relación de fuerzas primigenias.

Una época histórica puede definirse, entonces, como la diaria remembranza práctica y corporeizada, imaginada y objetivada, de un armazón relativamente estable de correlaciones de fuerzas sociales que fueron establecidas en un momento preciso y fecha-ble de lo que Foucault llama una “prueba de fuego”;²⁶ y a partir de la cual, para re-producirla, todos, dominantes y dominados, arman el horizonte de probables legítimos. A su vez, el fin de una época ha de ser la revocatoria y la lucha por la imposición legíti-ma de otro armazón institucional y simbólico, correspondiente a una nueva trama de la correlación de fuerzas entre los sujetos actuantes del escenario social.

La insurrección de abril de 1952, por ejemplo, es el punto de arranque de una época marcada por la irrupción altanera y violenta de la multitud sindicalizada, en la consagración de una ciudadanía expansiva. La composición estatal no hará más que consagrar, reglamentar y, en su momento, utilizar esta impronta obrera, adecuándola a los fines unificadores de las clases domi-nantes.

Los puntos de inicio y finalización de las épocas históricas son momentos desbocadamente propositivos, en los que la fuerza triunfante puede mirarse a sí misma como activa constructora de las circunstancias que luego, una vez enfriada la costra superior

²⁶\ Michel Foucault, Genealogía del racismo, Buenos Aires, Caronte, 1996.

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de la conflagración, harán de las personas lo que ellas son en la vida cotidiana. Abril de 1952, visto en términos de su efecto en la estructura social, fue un acontecimiento revolucionario por-que trastocó de manera radical la situación de las clases sociales: derribó a unas, encumbró a otras, mejoró la posición de otras y, a partir de ello, se reconfiguraron en forma y contenido las cua-lidades materiales del orden socioeconómico. Visto desde la tra-yectoria de las clases subalternas, éstas transformaron su estado de dominación tradicional y lograron imponer un conjunto de prerrogativas y resistencias en la conformación del nuevo orden estructural de dominación.

El año 1986 trae, en cambio, otros signos de época. Vista en perspectiva, la marcha es la derrota de los límites populares de la vieja época. Las clases dominantes preservaron su poder, am-pliándolo a terrenos de gestión anteriormente vedados gracias a la resistencia obrera. En este sentido, se puede hablar de un acto conservador, pero por traslación, esto es, un hecho transforma-dor que renueva, bajo nuevas formas, el ejercicio de poder so-cial por parte de las antiguas clases dominantes o, al menos, de la parte más importante de ellas. Desde las clases dominadas, es una revolucionarización de sus condiciones de existencia, pero dentro del mismo esquema general heredado de su dominación; peor aún, es un momento de pérdida de prerrogativas, de retro-ceso en sus facultades autónomas e interpelatorias. Se trata de un cambio reaccionario, que disuelve conquistas de derecho demo-crático para intervenir corporativamente en las decisiones esta-tales, erosiona sus capacidades organizativas, fragmenta técnica y materialmente su unidad histórica, disuelve grandes trechos de memoria colectiva, etcétera.

Desde el punto de vista del antiguo proletariado minero, en cambio, se trata de su deceso cultural, entendido como el fin de su protagonismo en la historia, al menos durante varias décadas; es la muerte de su iniciativa histórica, de sus certidumbres de clase, por mucho que su extinción física se prolongara duran-te catorce años más, hasta el año 2000, con la privatización de Huanuni y Colquiri.

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Lo terrible de este momento fundador es que —a diferencia de 1952, cuando cada una de las fuerzas antagónicas sabía o intuía a qué acudía a las calles, predisponiéndose a jugarse la vida por la búsqueda de sus intereses primordiales puestos en juego— en 1986 sólo una de las fuerzas, la dominante, supo cabalmente la importancia del acontecimiento que se avecinaba y por eso con-currió en traje de combate a la carretera: el ejército del Estado y un estado mayor de empresarios y ministros coaligados. Para este gran desenlace, las clases gobernantes desplegaron con anteriori-dad una eficaz batalla simbólica por los esquemas de enunciación legítima del mundo: se estigmatizó como antidemocrática la ac-ción obrera, se habló de la “carga” que representaban los mine-ros de comibol para el Estado y los contribuyentes, se atizaron los temores de los pequeños propietarios urbanos respecto a la demoníaca prepotencia minera y, cuando la marcha rebasó los cordones de seguridad policial de Caracollo, una conjura cuar-telera de gran envergadura se puso en acción.

A estos preparativos de una inminente guerra, que anunciaba la reestructuración despótica de la relación entre capital y trabajo, entre ciudadanía y Estado, los mineros respondieron inicialmente con el llamado a la reposición de la estratificación social inaugu-rada treinta y cinco años atrás; iban, por tanto, a una guerra sin saberlo o, al menos, sin querer reconocerla como tal. El “volvere-mos pero armados” con el que se despidieron del pueblo paceño en marzo de 1985, y que era un lúcido presagio del irreversible anquilosamiento de la relación de fuerzas que sostenía el Estado nacionalista, quedó en nada.

El problema en agosto de 1986 no era que no hubiera armas; en verdad nunca hay armas para la plebe facciosa, y la rebelión so-cial es precisamente el auténtico modo mayoritario de obtenerlas. Lo que aquí contaba de la defección obrera era que los mineros no se veían ni se deseaban a sí mismos como un ejército en apronte de batalla. ¡Si lo único que pedían era que se respetaran sus antiguos derechos, que se reestablecieran los antiguos pactos! Su desarme era entonces ante todo espiritual y, mientras éste se mantuviera, no había posibilidad alguna de armarse materialmente.

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A medida que la marcha avanzaba, la carretera se iba llenan-do de más mineros con frazadas, con más incredulidad ante las medidas gubernamentales de cierre de operaciones y con más demandas respetuosas. Sin embargo, el guión de la historia no estaba escrito aún. El entorno humano que cobijaba de pueblo en pueblo a los mineros en marcha, las comunidades aimaras del altiplano, los humildes de El Alto, palpaban lo que sucedía y comenzaron a obrar en consecuencia. Miles de comunarios, de escolares asombrados, salieron a saludar y a alimentar a los que consideraban inevitablemente un ejército. Se puede decir que los agasajaron como a quien va a retar impúdicamente a la muerte. Cada pueblo atravesado por los mineros festejó a estos “coyas lo-cos” con música, ritual y variadas comidas dispuestas a los cuatro costados de las plazas. En la práctica se comienza a remontar ese infeliz desencuentro entre mineros y comunarios, que continua-mente ha fracturado la fuerza de acción de las clases populares.

Con el avanzar de los kilómetros, los mismos mineros comen-zaron a ser impregnados por el encendido ambiente que prome-tía la cercanía de La Paz. Llegando a Patacamaya, en una gran asamblea, similar a la que todos los días realizaron en el pueblo de pernoctación, surgió de entre los marchistas la propuesta de treparse a los camiones y llegar lo más pronto posible a la ciudad. Algunos dirigentes de sindicatos y activistas mineros ya habían tomado la precaución de traer dinamita, junto a otras provisio-nes, desde las minas. Grupos de militantes de lo que luego sería el Ejército Guerrillero Tupac Katari (egtk) habían comenzado a juntar decenas de armas de fuego de largo alcance en las co-munidades aimaras paralelas a la marcha minera. Otros obreros propusieron que había que salirse de la carretera y caminar de noche para eludir la inminente represión, y más de mil mineros se adelantaron hasta Villa Remedios, quedando fuera de la acción de las tropas militares que luego cercarían al contingente mayor de marchistas en Calamarca.

Comenzó a despuntar la constitución de un nuevo estado de ánimo, más lúcido ante las señas de la época. Ésta no era una marcha cualquiera; era un acto resolutivo del posicionamiento

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estratégico de las fuerzas sociales: “ya no se debería marchar in-defensos porque es inminente la represión”; “hay que llegar hoy mismo a El Alto porque el gobierno no va a permitir que llegue-mos allí”; “se tiene que llegar a El Alto para luego descolgarse a La Paz con los miles de pobladores que los estaban esperando”, fueron los argumentos de distintos oradores en la asamblea. Y ciertamente, la población humilde de El Alto, como los fabriles, maestras de los mercados, gremiales, profesores, habían ya ini-ciado los preparativos para recibir triunfantemente a estos mar-chistas valerosos y sumarse a la movilización frente al gobierno. La presencia de mineros aparecía como la seña mediante la cual todo el malestar individualmente soportado, todo el desprecio recibido y silenciado, habría de desembocar en un torrente de indignación y resistencia con capacidad de acción colectiva. Se necesitaba a alguien en quien confiar; siempre se necesita a al-guien en quien confiar para transubstanciar la miseria material y organizativa de los subalternos en capacidad propositiva de acción común autónoma. Al final, esa señal nunca llegó, incluso hasta ahora: de ahí la escasez de moralidad pública de esta época.

Más pudo la demagogia de un puñado de dirigentes sindicales sin brillo, sin valor, sin lucidez política, embobados por las virtu-des de sus salarios parlamentarios y que, empequeñecidos ante la dimensión del significado epocal del gobierno movimientista y de la marcha, sólo atinaron a actuar en obediencia fatal a las reglas de juego tradicionalmente utilizadas con gobernantes anteriores: movilizar para pactar; enfervorizar el ánimo para luego merca-dear en mejores condiciones la economía de derechos y conce-siones.²⁷ No entendieron, ni han entendido aún, que la marcha era el presagio del fin de época, la extinción de ese mercado de negociaciones entre sindicato y Estado y, junto a sus antiguos ad-versarios trotskistas que fomentaron la pelea por los extralegales para el retiro, encabezaron la responsabilidad de la muerte del proletariado minero, tal como éste existió desde 1940.

²⁷\ 琀dward Thompson, Tradición, revuelta y conciencia de clase, Barcelona, Crítica,

1979.

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Desde Patacamaya, los sucesos comenzaron a tomar un ritmo frenético. Rumores de represión, asambleas deliberativas para adelantar el camino, discusiones sobre si había que entrar en huelga de hambre llegando a La Paz, propuestas de pelear y re-sistir la represión, desplazamiento de más armas y activistas desde Cochabamba y Potosí para acercarse a la marcha. En medio de ello, estaba el discurso conciliador de la dirección sindical que, curiosamente, no había sido reemplazada aún por un Comité de huelga, como siempre sucede en estos casos. Uno de ellos, dipu-tado, puso las manos en el fuego, garantizando la palabra de los ministros que le aseguraron dejar entrar la marcha a La Paz. Vein-ticuatro horas después, este hombre lloroso sería escupido por las mujeres mineras, al constatar tardíamente el paralizante engaño.

La palabra oficial de la dirección sindical acabaría por prepa-rar el escenario de la derrota. Ciertamente, no “fueron los culpa-bles”, en la medida en que el devenir de las luchas de las clases sociales no depende de la astucia o valentía de un buen o mal diri-gente orgánico. Había ya una predisposición de largo aliento que fue creando, a lo largo de años y días, la adversidad del momento y la impotencia histórica minera para mirar más allá del horizonte nacionalista; las pocas hendiduras por las que se colaban opciones de porvenir distinto eran eso, grietas escasas y tenues de alterna-tivas en una muralla de condescendencias al orden establecido. Sin embargo, esos dirigentes y esos partidos nada hicieron para ampliar esas grietas de autonomía y horizonte estratégico alter-no. Al contrario, cuando pudieron, taponaron esas opciones y se dedicaron a adular el ya extendido conservadurismo colectivo, la mansedumbre de clase, en la medida en que en ellos radicaba la preservación de sus privilegios, de su ascenso social personal.

Calamarca será el lugar del encierro, la derrota militar y la derrota histórica de la antigua estructura de la clase obrera do-minante durante todo el siglo XX en Bolivia. El 28 de agosto se declara estado de sitio en todo el país, y en Calamarca regimien-tos enteros de soldados y policías, tanquetas de guerra, aviones, en un despliegue militar sin precedentes de tropas de infantería y artillería, rodean a los obreros y sus familias.

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Los generales ríen: es la venganza final de la vergüenza de abril, cuando les tocó a ellos desfilar con los uniformes volcados ante la torva mirada de victoriosos mineros armados. Los mineros ahora lloran su impotencia: es una derrota estratégica en toda la línea. Hasta ese día, el proletariado minero era la substancia viva de la época; su trabajo la sostenía, sus luchas la garantizaban; sus sueños eran la más destacable fuerza productiva que la confir-maba. El colapso final de esa época, que pasaba por el quiebre de la forma en que acontecía el trabajo productivo, en cómo se había formado la condición material y simbólica de clase obrera, se inició en Calamarca.

No se necesitó disparar un solo tiro para consumar la derro-ta; era tal la superioridad militar del enemigo y tal la indefensión espiritual de los mineros, tal la ausencia de un imaginario colec-tivo de un orden de cosas sociales que fuera más allá del Estado nacionalista, la estatización productiva y los pactos inclusivos de su dominación, que ya no había necesidad de muertos para con-validar la hecatombe y la derrota frente a la iniciativa histórica que desde entonces comenzaron a retomar las clases gobernantes.

¿Se podía haber intentado romper el cerco? Tal vez. Al menos eso fue lo que propusieron las mujeres mineras, que no se resigna-ban a volver a la muerte silenciosa de campamentos abandonados. Habían nacido y crecido en el ambiente de asambleas y luchas comunes que preservaban el trabajo digno y el pan de los hijos; no se rindieron antes y no aceptaban fácilmente hacerlo ahora, más aún cuando lo que esperaba al retornar era la extinción de su mundo, de su historia.

Quizá el intento de ruptura hubiera cambiado el posterior mísero destino de las familias mineras. Quizá la cuota de sangre hubiese dejado irresuelta en la pampa la fácil y contundente vic-toria política de los gobernantes. Por lo general, la sangre y los muertos en los mitos populares dejan pendiente una deuda que reclama a las siguientes generaciones un resarcimiento; son una convocatoria a la búsqueda de una unificación actuante que satis-faga en el imaginario la recompensa, la reposición simbólica del sacrificio de la vida que podía haber sido la propia. Los muertos

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desempeñan el papel del tercero inclusivo, de la externalidad unificadora, de la línea de sangre que amplía el parentesco sim-bólico, la pertenencia y la adhesión de una genealogía recordada por el recuento de los mártires. Quizá con ello la época posterior no hubiera sido tan descentrada y desapasionada como lo es hoy. Lo cierto es que, sin embargo, el cerco y la rendición sin batalla marcarán de manera duradera el temperamento cultural de las siguientes décadas. Los obreros se despedirían de la historia de una manera amarga y descolorida. En la altiplanicie, rodeados de soldados, subirán a los trenes sin nadie que los despida. No habrá estallidos de dinamita ni rostros altivos de quienes se arriesgan para saludar a la muerte. Los mineros tienen la mirada desplo-mada y se despiden sin gloria de esa patria y de esa sociedad a la que tanto amaron, a la que dieron todo su esfuerzo para sacarla del lodazal de la insignificancia y el temor vergonzante.

En Calamarca la condición obrera, creada trabajosamente durante cincuenta años, se hará añicos como un vaso lanzado al pavimento y, con ello, nacerá otro mundo del trabajo, igualmente signado, hasta hoy, por la pulverización, la hibridez de sus asen-tamientos geográficos, la levedad de sus creencias, la ausencia de confianza y de lazos de interunificación.

Desde entonces, y por más de una década, la historia de clase se hace trizas frente a la mirada atónita del obrero, que sólo ex-perimenta pedazos fragmentados de vida, tránsitos temporales por un centro de trabajo en el que sabe que no puede depositar su porvenir, porque el futuro se ha vuelto una interrogante irreduc-tible. El tiempo va perdiendo su homogeneidad para partirse en múltiples densidades, correspondientes a las múltiples geografías en las que el nuevo obrero debe realizar su capacidad laboral.

Esta reconfiguración material del mundo del trabajo ha puesto fin a un tipo de identidad obrera y a un tipo de estructura material del trabajo asalariado, dando lugar al surgimiento de un nuevo tipo de estructura material y simbólica de la condición obrera, que apenas comienza a dar sus primeros pasos en la configura-ción de una nueva manera de autopresentarse, de imaginarse en la historia, de organizarse y enunciarse políticamente.

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En gran parte, se trata de obreros muchísimo más numero-sos que hace dos décadas y extendidos en cada vez más variadas ramas de la actividad productiva,²⁸ pero fragmentados en me-dianos centros laborales industriales, en pequeñas factorías de subcontratación, en trabajos a domicilio que pulverizan en la geografía las posibilidades de reunión en grandes contingentes. Se trata además de trabajadores por lo general carentes de con-trato fijo, y por tanto nómadas que van de un oficio a otro, que combinan la venta de fuerza de trabajo en productos o servicios por cuenta propia con la venta de fuerza de trabajo temporal por un salario; los pocos que tienen contrato fijo han perdido la jerar-quía de ascensos escalonados por antigüedad y son compelidos a una competencia interna de ascensos fundada en la habilidad, el aprendizaje, la sumisión y la polivalencia laboral. En su gran mayoría, se trata de obreros y obreras jóvenes, disciplinados/as en el individualismo urbano por la escuela, la familia y los medios de comunicación masivos; a diferencia de los antiguos obreros, forja-dos en un espíritu de cuerpo sindical como garantía de derechos y ascenso social, los jóvenes obreros mineros, fabriles, constructo-res, petroleros de hoy, carecen de un horizonte de previsibilidad obrera, de estabilidad geográfica y de experiencia sindical, que dificulta enormemente la formación de una densificada cultura de unificación y proyección social.

Con todo, y pese a todas estas pesadas estructuras que cons-piran para una rápida articulación de lo que será un nuevo movi-miento obrero y una nueva identidad de clase obrera, catorce años después de esa marcha aciaga, proletarios forjados en la antigua cultura de la adherencia obrera, pero lúcidos conocedores de la nueva realidad material y simbólica fragmentada de la condición obrera moderna, pondrán en pie formas organizativas como la Coordinadora del Agua y la Vida en Cochabamba. Estas formas, por sus victorias conseguidas, su fuerza de articulación de secto-

²⁸\ Sobre la nueva condición obrera en Bolivia, véase Álvaro García Linera, “Pro-cesos de trabajo y subjetividad en la formación de la nueva condición obrera en Bolivia”, en Cuadernos de futuro, No. 5, 2000.

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res laborales dispersos, por su producción de solidaridad popular en torno a una autoridad moral obrera, por la reactivación de la capacidad de creer de las clases subalternas en sí mismas y, ante todo, por la “recuperación de la capacidad de acción” o, mejor, por la producción de un horizonte de acción autodeterminativo, están dando lugar a una novedosa reconstitución del tejido social del mundo laboral y, en particular, de la identidad obrera contem-poránea. Se puede decir que, desde abril de 2000, estamos ante un punto de inflexión histórico: el del inicio del fin de esa época signada por el programa neoliberal que se inauguró con la derrota de la “marcha por la vida”.

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V. Movimiento indígena

NARRATIVA COLONIAL Y NARRATIVA

COMUNAL¹

A lo indígena le sucede con la sociedad oficial lo mismo que a la muerte con los aferrados a la vida: ambos son colocados como negación de cualquier existencia posible. Así como la vida es la permanente huida de la muerte, en nuestros países lo “social” es la perpetua prevención de lo “indio” en el ordenamiento público; el progreso es el exterminio del indio o su doma ciudadanizante; y aun aquí, convertido en semiproletariado nómada, cualquier atisbo de indianidad es objeto de renovadas pesquisas y aplaza-mientos sociales: la modernidad es el extático holocausto de la racionalidad indígena, aunque lo que la sustituya sea un vulgar remedo de las inalcanzables angustias del occidental industrial; la nacionalidad es la erradicación de las identidades colectivas irre-ductibles a la abstracción del Estado, en tanto que la diferencia es la folclorización paternalista de las distinciones civilizadoras.

Tan internalizada está esta horrorización del llamado mundo indígena, que hasta sus personificadores, cuando pueden, salen despavoridos de allí en una búsqueda redimidora de la norma-

¹\ Texto extraído de Álvaro García Linera, “Narrativa colonial y narrativa comu-nal. Un acercamiento a la rebelión como reinvención de la política”, en Memoria de la XI Reunión Anual de Etnología, La Paz, Museo Nacional de Etnografía y Folklore (musef), 1998.

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tividad que los esclaviza. Lo indio es pues, para la racionalidad estatal, la purulencia social en proceso de displicente extirpación; es la muerte del sentido histórico de lo válido.

Y, sin embargo, todo brota y vuelve ineludiblemente a él: la riqueza, el poder, el colonialismo, la república son distintos nombres dados a la confiscación de las facultades creadoras que emanan de los músculos y las mentes indias. En esta irresistibi-lidad productora radica la tragedia de su extorsión histórica, sistemáticamente renovada a título de catequización, de patria, de campesinización, de ciudadanía o multietnización; en este sentido, se puede hablar del colonialismo como la enajenación fundamental del devenir de la sociedad contemporánea, en la medida en que anuncia la conversión de las potencias vitales del indio en fuerzas separadas, y luego ajenas, que se vuelven contra él para domesticarlo y someterlo. Curiosamente, los mal llamados proyectos “revolucionarios” del último siglo, lejos de oponerse a esta obra devastadora, han resultado ser sus secuaces, con una efectividad sorprendente.

El nacionalismo de Estado

Si bien es cierto que las elites coloniales, preservadas con la repú-blica, jamás abandonaron, y cuando pudieron lo llevaron a cabo, el íntimo deseo del exterminio físico de la población indígena, la prédica nacionalista ha sido la que mayores estragos ha pro-vocado en la continuidad material y espiritual de las entidades colectivas indígenas.

Arropado en una extraordinaria predisposición popular an-tioligárquica, el Estado nacionalista cristalizó el proceso de de-legación centralizada de soberanías públicas en manos de un equipo de funcionarios profesionales, que a la larga resultó el más exitoso de los últimos siglos. Para que funcionara esta su-misión, que cautiva ya no los cuerpos sino las almas de la gente, se precisaba algo mucho más poderoso que la fuerza compulsiva capaz de saciar el hambre de tierra, provocada por el monopolio hacendal, y algo mucho más persuasivo que el control de recursos

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monetarios susceptibles de corromper las fidelidades populares a favor de un Estado pródigo; se requería, por sobre todo, la uni-formización del sentido popular de totalidad social imaginada, imprescindible para la reproducción material y simbólica, que es la que habilita la posibilidad de una abdicación generalizada de las prerrogativas públicas en manos de una asociación de es-pecialistas permanentes. Y qué mejor para esta taylorización del espíritu social que la igualación compulsiva a través de la propie-dad privada, la ley, la escolarización universal, el servicio militar y las restantes tecnologías de ciudadanización estatalizada, que precisamente comenzaron a funcionar una vez dispersado el hu-mo de la insurrección de abril.

Con la construcción del individuo abstracto o sindicalizado como modos de existencia ciudadana estatalmente reconocidos, el Estado, más que emblematizar la nación, aparecerá como la nacionalización misma de la población, capturada por los lími-tes territoriales de su influjo. Todo lo que se opone a este acha-tamiento homogeneizador, será catalogado paralelamente como apátrida, comunista, subversor, salvaje.

El régimen tributario del Estado colonial quedará así desdo-blado en registro cultural y moral, que debe ser ofrendado dia-riamente en el altar de una burocracia escolar, militar, legislativa e informativa que patrulla la conciencia del flamante ciudadano. De México a Argentina, de Brasil a Colombia, de Cuba a Boli-via, el llamado Estado Nacional ha representado la producción en serie de este anónimo espécimen social llamado ciudadano ci-vilizado, poseedor de ambiciones similares y penurias comunes. Su auténtica personalidad es el Estado, peor aún, el nombre del Estado que lo distingue en los mapas o el volumen de escurridi-zos beneficios que la membresía estatal permite ostentar ante las repúblicas vecinas más desdichadas.

En todos los casos, la nación-del-Estado, afanosamente perse-guida por las elites mercantiles en el último siglo, ha consolidado el intento más sistemático y feroz de extirpación de las identida-des sociales indígenas. Junto al disciplinamiento político-cultural, llamado a “incorporar” en la “nación” y en la “cultura” a sujetos

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supuestamente “carentes” de ellas, el mercado, el dinero y el asa-lariamiento duradero han sido propuestos como métodos para arrancar al indio de un supuesto primitivismo petrificado en la comunidad agraria. La nación, propugnada por audaces profe-sionales urbanos, no ha sido entonces otra cosa que la coartada de la forzada descomunitarización de las poblaciones urbanas y suburbanas, y su encapsulamiento pasivo en una comunidad abs-tracta, distinguida por la falsa igualación de derechos públicos de personas económica, cultural e históricamente diferenciadas profundamente.

Este proyecto de decapitación de realidades sociales con dis-tinto contenido étnico-cultural, productivo-organizativo, en la mayoría de los países ha culminado, o no falta mucho para lo-grarlo; mientras renuevan ímpetus para esta moderna cruzada, los “nacionalistas revolucionarios”, de viejo y nuevo cuño, exhiben a los reductos indígenas como peculiaridades antropológicas a donde ir a verter las inclinaciones filantrópicas o turísticas de los componentes más sensibles de la “sociedad nacional”.

Sin embargo, hay países donde este arrasamiento social in-concluso en su resolución es deliberadamente reproducido en ése, su estado de suspensión. Mas esto no se debe sólo a lo que algunas corrientes de pensamiento han calificado como inexpug-nable resistencia de las agrupaciones llamadas “indígenas”, y a un reprochable miserabilisimo estratégico de las elites gobernan-tes; ciertamente esta desestructuración a medias de la identidad material “indígena” tiene que ver con la densidad preservada de las formas comunales, con la falacia del proyecto homogeneiza-dor del Estado, pero también, y ésta es una de las paradojas de la resistencia simplemente local al expolio colonial, porque es en la simultaneidad jerarquizada de distintas formas productivas y organizativas que el régimen del capital comercial, industrial y financiero puede supeditar formalmente a un conjunto abun-dante de tecnologías, de fidelidades culturales, de capacidades productivas no capitalistas, al proceso de monetarización for-zada y a la posterior valorización del capital social considerado en su conjunto, sin que para ello medie la necesidad de grandes

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inversiones. Paradójicamente, se trata de un circuito de mone-tarización y capitalización, también implementado activamente por los propios estratos subalternos urbano-rurales, que repro-ducen entre sí, unos contra otros, los mecanismos de extorsión que soportan de las elites gobernantes, incrementando aún más su vulnerabilidad respecto a ellas.

El cuentapropismo, la migración intermitente a empleos pre-carios, la creciente mercantilización de los recursos familiar-co-munales, que se deprimen sin extinguirse, son las tortuosas ru-tas a través de las cuales se despliega este modo de expropiación indirecta del trabajo indígena. La conversión de estas antiguas formas de acumulación del capital en programa explícito de “mo-dernización” es lo que, en términos del consumo de la capacidad de trabajo, se ha venido a llamar neoliberalismo. Los multicultu-ralismos y multietnicismos con los que hoy barnizan su retórica las criaturas del nacionalismo de Estado, lejos de superar la seria-lización nacionalista, vienen a resarcir sus frustraciones, ya que la “tolerancia cultural” que se invoca es simplemente la legitimación discursiva del neototalitarismo del capital, que se nutre del retor-cimiento suspendido de racionalidades comunales fragmentadas, parcialmente reconstituidas, y para las que las diferenciaciones culturales y políticas deliberadamente fomentadas por el Estado vienen a cohesionar los ritmos escalonados e intermitentemente congelados de la subsunción productiva al capital.

El socialismo de Estado

Si el “nacionalismo revolucionario” se presentó como la concien-cia burocrática del Estado, el izquierdismo con ínfulas de mar-xista lo hizo como teologización de la razón estatal.

Con notables excepciones, abruptamente censuradas, la vul-gata marxista se presentó en el continente como grosera apología gubernamental. La crítica radical e implacable de lo existente, in-manente a un marxismo serio, fue sustituida desde los años treinta por sacralizaciones de un “partido” y un Estado paranoico, que se creían portadores de un designio ineluctable del curso histórico.

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Mientras el primero creía preservar, en la avidez confabuladora de sus miembros, la conciencia emancipada de la sociedad, y sus consignas profetizaban el advenimiento del nuevo mundo, el se-gundo encarnaba la eficacia actuante de la revelación. El todo-poderoso Estado, cuya omnipresencia en todos los rincones de la sociedad sería la consumación de la revolución salvadora, tenía en esos partidos a sus clérigos, encargados de anunciar y conducir la nueva sociedad. La fe secularizada en el programa dividió el mundo en fieles y pecadores, estos últimos susceptibles de con-versión a través del culto parroquial de la proclamada militancia.

Esta política ejercida como credo monástico no podía menos que converger en la divinización de las jerarquías ventrílocuas que se atribuían la palabra y el mandato de la gente, en este caso, del proletariado y del pueblo. ¿Que hay que dar pan a los ham-brientos? ¿Que hay que dar agua a los sedientos? ¿Que hay que curar a los enfermos? ¿Que hay que dar trabajo a los desocupa-dos? ¿Que hay que dar tierra a los desposeídos? ¿Que hay que liberar a los oprimidos? Por supuesto, responden. Y quién más propicio para tan noble tarea que el supuesto “Estado socialista”, que sabe lo que la chusma de hambrientos inconscientes necesita.

Pero si hay que dar de comer, de beber, de trabajar, prime-ro los apóstoles de esta empresa han de tener los panes que se han de repartir y el vino que se ha de dividir. El Estado nacional popular, “obrero” o como quiera llamársele, pero Estado al fin, precisamente ha de ser la ocupación centralizada de las riquezas en manos de una autotitulada vanguardia benevolente, que ha de dar a todos en nombre de todos. Así, si antes era tras la nación que se agazapaba el pequeño capital local, ahora es el fantasma de una revolución tras de la que se halla emboscada otra angu-rria particular del burócrata convicto, que quiere encumbrar su interés privado como interés colectivo.

¿Y es que acaso la estatalización de la producción, de la rique-za, de la vida, que tanto añora el pensamiento izquierdizante tras-toca lo que nacionalistas, republicanos y realistas han implantado siglo tras siglo? Para nada. Simplemente elevan a grado superior lo que sus antecesores han inaugurado. El clásico mercado laboral

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del capitalismo de libre concurrencia, en el Capitalismo de Estado Absoluto, impostoramente llamado “socialismo” (por ejemplo, la ex Unión Soviética) es metamorfoseado en sobreacumulación de obreros en oficios irrelevantes, que compiten entre sí frente a los directores de empresa nombrados burocráticamente por el “partido”; la equivalencia de la fuerza de trabajo a un quantum de trabajo abstracto cosificado de la sociedad de mercado tiene en el Estado Propietario a su difusor, que se yergue como equiva-lente general simbólico de la abstracción de los distintos trabajos concretos. La tiranía patronal en el proceso de trabajo de la “libre empresa”, en el capitalismo de Estado, es sustituida por el des-potismo funcionario, que replica las exigencias empresariales en el trabajador directo; la competencia entre las empresas tiene en este supuesto “socialismo” la forma de competencia de ramas de producción en la asignación de recursos materiales y humanos, mientras que la propiedad estatal, en vez de hacer desaparecer los mandos jerárquicos y el uso de las tecnologías como medios de explotación y descalificación de las autonomías obreras en la producción, las intensifica y unifica como patrimonio de los or-ganismos burocráticos de la planificación.

La estatalización de la sociedad, en la que un tipo de izquierda se ha regodeado durante el último siglo, en los hechos ha reem-plazado la valorización del valor en cuanto intención personal de empresarios-propietarios por el mismo proyecto, pero ahora encauzada como estrategia centralizada de jerarcas públicos. El mentado “socialismo” al que convocaban, en realidad solamente encubría un capitalismo de Estado y un correlato político que, precisamente, idolatraba al Estado y a cualquier práctica que lo venerara. La política, desde entonces y hasta ahora, ha quedado deformada como querella evangélica, en la que puñados de fun-cionarios se disputan el derecho a los cargos públicos.

Tenemos así que, mientras para los funcionarios en ejercicio hacer política es rotar en ministerios, ocupar oficinas guberna-mentales y hacerse elegir en las diputaciones; para los protofun-cionarios, que se llaman de izquierda mientras están en la sala de espera, la política es la ocupación de direcciones sindicales,

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centros de estudiantes y, si se puede, alguna concejalía o al me-nos una organización no gubernamental (ong) para desde ahí “lanzar línea”.

La diferencia entre ellos es sólo de grado; todos por igual ex-hiben inescrupulosamente una obsesión por la suplantación de la plebe, por la representación perennizada, por la reificación de la jerarquía. Aquí la política es el usufructo de la sumisión volun-taria de las personas hacia las jerarquías institucionalizadas que acaparan el mandar, el decir público, el gobernar. No es casua-lidad que esta mal llamada izquierda que rinde culto al Estado haya propugnado obstinadamente la abstracción mercantil de los individuos como modo de volverlos prisioneros de la represen-tación general en el Estado o desertificación del mundo indíge-na en cuanto portador de distintos modos de unificación social.

Para que la cohesión de las personas se dé por medio de la igualdad abstracta del ciudadano, el capital, con la mercantiliza-ción mayoritaria de las actividades productivas e inventivas de la gente, y el Estado, con el disciplinamiento cívico, deben derogar la sustancia de otros modos de identidad grupal reproductiva, fundadas en las facultades más sensibles, míticas y comunita-rias de las personas; sólo en ese momento, la capitulación de las voluntades individuales en el abismo de una voluntad general autonomizada adquirirá una realidad tecnológica autofundada. Precisamente, la obtención de dicho objetivo ha sido el programa agrario, y desde hace poco “étnico-cultural”, del izquierdismo, ya sea en sus vertientes más radicales o reformistas. La campesiniza-ción, obrerización y colectivización ofertadas, no sólo reflejaron esa enfermiza propensión a convertir en ley natural lo que en otras partes del mundo fue una excepcional contingencia histórica, sino que, por sobre todo, testificaron una aversión inocultable hacia unas extrañas racionalidades comunales que los desconocen a ellos como regidores absolutos de los poderes públicos.

Con la excepción de José Carlos Mariátegui en Perú, que vio a la comunidad como fuerza cooperativa, pero no como tecnología de interunificación política a gran escala; de Jorge Ovando Sáenz, que imaginó en la autonomía indígena una forma más expedita

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de la ciudadanización estatalizable, mas no germen de unificación social al margen del Estado y el capital; y de René Zavaleta, que dio cuenta de la constitución de una intersubjetividad nacional indígena por fuera de la subsunción real, aunque de porvenir des-dichado frente a la expansión del régimen del valor-mercantil; el tenue pensamiento socialista se presentó como la avanzada más compacta de la uniformización indígena, si bien ya no sobre la base del molde mestizo-votante del nacionalismo, sí del asalaria-miento cuartelero que complementaba al primero.

La mirada condescendiente, que de rato en rato el izquierdis-mo regalaba a los movimientos indígenas, nunca estuvo exenta del afán clientelista copiado de los nacionalistas, además de estar marcada por un gracioso paternalismo, similar al de los ejércitos bolivarianos en camino a las ciudades liberadas: si ellos tuvieron a la indiada como quépiris² de sus alimentos y decoración paisajista a la vereda de los caminos, el vanguardismo los requería para ha-cerse alzar en hombros en su entrada triunfal al palacio quemado.

El gamonalismo de la izquierda no es pues un adjetivo, sino un contenido implícito en ese afán irrefrenable por atribuirse la tutoría de indios y obreros, de quienes siempre ha dudado que tengan conciencia revolucionaria, así como sus antecesores es-pañoles también dudaron que los indios tuvieran alma. A pesar del tiempo, este prejuicio colonial no se ha extinguido, ni en la resaca izquierdista después del derrumbe del Muro de Berlín. Toda la charlatanería sobre los “pueblos originarios”, con la que quieren remozar las decadentes letanías estatalizantes, se rinde ante la exigencia imperativa de un padrinazgo “boliviano” sobre las nacioncitas de segunda clase a quienes se les regalarán dosifi-cadamente autonomías controladas que no pondrán en entredi-cho la “unidad nacional”. La cultura y los nichos “indígenas” son reconocidos en cuanto ese reconocimiento permite la manipu-lación de símbolos susceptibles de encapsular votos electorales. En definitiva, las variantes aún más indigenistas del socialismo

²\ Porteadores de carga que toman su denominación del bulto que llevaban a la espalda (N. del E.).

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de Estado pueden ser vistas como racionalización de las estruc-turas políticas y mentales engendradas por la colonización o, si se prefiere, como renovada neutralización de los reclamos indígenas manifestados en las décadas recientes.

El movimiento indígena

De Katari a los Willcas del siglo XIX; de la república del Qu-llasuyu a los rebeldes de Ayopaya de 1949; del apedreamiento a Barrientos en Omasuyus al bloqueo de caminos de 1979; de los comités de autodefensa en el Chapare a la última avalancha co-munal aimara de septiembre hay un fondo común, que comprime épocas y lugares para destacar el significado concreto cambiante, pero también persistente e irreductible, de lo que se ha acordado llamar “lo indígena”.

Que la mayoría de estos movimientos sociales, que pusieron en jaque los cimientos del orden colonial y republicano del Estado, no hayan recurrido a la narración escrita para validar la radicali-dad de sus objetivos nos enfrenta al hecho de que las auténticas insurgencias comunales y plebeyas no requieren indispensable-mente del texto escrito para surgir y plantear de manera cristali-na sus propuestas subversoras del orden social vigente, más aún cuando se trata de la explicitación de un programa de renovación social que, en vez de venir de la mano de una minoría virtuosa, lo hace de poblaciones ágrafas, que han diseñado otros medios más elocuentes de comunicación, como la palabra, la rebelión de facto, el tejido, el ritual, el sacrificio, la escenificación simbó-lica y el lenguaje de los hechos. Esto, sin embargo, no elude que la palabra escrita pueda ser parte de los medios de difusión de los proyectos sociales como, por ejemplo, cuando Julián Apaza convoca a las comunidades de Tiquina a sumarse a la rebelión a través de la lectura de una carta, o que la reflexión conservada en papel pueda coadyuvar a reavivar los fuegos de la memoria prác-tica, como sucedió con los textos indianistas de los años setenta, que alentaron a una oleada dirigente a entender, a precisar el sig-

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nificado profundo de la disidencia indígena Aimara-Quechua revitalizada desde esos años.

Así como la carencia de narración escrita no es obstáculo pa-ra referirnos a la existencia de un programa de acción histórica alternativa al predominante, la sola interpelación al Estado a tra-vés de una acción social tampoco es suficiente para hablar de la emergencia de una propuesta de superación del ordenamiento vigente. Por ejemplo, la marcha de los indígenas del oriente en 1992, que impugnó la normatividad estatal con la sacrificada ca-minata, lo que le reclamó al Estado no fue su presencia, sino su ausencia, en una porción de la población y el territorio que forma parte del espacio de irradiación del poder estatal. Lo que ellos vinieron a plantear fue el litigio de una economía de derechos y concesiones para su incorporación a una identidad nacional que los había olvidado. Su trascendencia radica en que ellos asu-mían el protagonismo de su inconclusión gradual en el Estado; su limitación venía, en cambio, de la voluntaria abdicación de su autonomía en el altar de la jurisdicción estatal y de la imaginada superioridad imparable de la economía mercantil.

En cambio, el movimiento indígena aimara-quechua, en la ambigüedad que caracteriza a toda acción autónoma de los sub-alternos, junto con la demanda de ser incluidos en la ciudadanía oficial y en los derechos reconocibles por el Estado, intermina-blemente ha venido desplegando un conjunto de disposiciones propositivas que no le piden nada a nadie; que postulan lo que se es como lo que se debe ser, al margen y por encima de lo que la sociedad oficial dominante pretende que se sea. De ahí que no sea raro que la indulgente concesión de “territorios étnicos” no se acerque ni por asomo a los lugares donde habitan los portadores de esta pulsación autodeterminativa.

El indianismo-katarismo —en sus distintas variantes políticas, culturales, académicas, festivas, armadas, electorales y sindicales, aunque a veces a un nivel de elites ilustradas, pero vinculadas di-rectamente a los cauces de las pasiones comunales— de un modo u otro ha reflejado la tensión de estas tendencias inclusionistas y rupturistas anidadas en la cotidianidad de la multitud indígena.

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Sin embargo, parecería que con el tiempo estas fuerzas tendieran a polarizarse, no en cuanto a la composición poblacional que se desliza por una u otra opción, sino en términos de las modalida-des organizativas para poder llevarlas a cabo.

Y es que mientras antes el peticionismo y la demanda inclusiva en el ámbito ciudadano venían encabezados por elites indígenas fuertemente vinculadas a organizaciones comunales y sindicales, que formaban parte de la identidad que se deseaba integrar en la configuración estatal, en gesto de auténtica democratización de los poderes públicos, ahora resulta que la posibilidad de cualquier tipo de integración indígena viene bajo el sello de la obediencia silenciosa, de la atomización individualizada refrendada y el aban-dono cultural verificado previamente. Claro, ahora hay munici-pios seccionales que supuestamente descentralizan la “política” al área rural, pero para ser practicada por intermediación de la forma clientelista de partidos legales, que han devenido la única ruta reconocida de ciudadanización o ejercicio de derechos pú-blicos locales y nacionales, en oposición a la forma comunidad y la forma asamblea; hay comités de vigilancia cantonales, pero sólo para cristalizar la necesidad de fiscalización social en un impo-tente veedor del dispendio de una cofradía de mistis³ que hacen pasanaku⁴ con las concejalías; las diputaciones uninominales, a su vez, escamotean la demanda de la participación directa de las comunidades en la formación y el control de un poder político que machaconamente afirma que reposa en la voluntad de todos.

Así, recientemente, se ha consolidado la incorporación a una ciudadanía oficial, a través de nuevas tecnologías que mutilan la politicidad comunal, con lo que alguna vez las corrientes más pactistas del indianismo-katarismo pretendieron entrar al espa-cio público. Simultáneamente, se ha incorporado a una buena parte de estas élites nativas, que no han dudado un solo instante en sumarse “democráticamente” a los mecanismos inquisitoria-

³\ Mestizos (N. del E.).

⁴\ Préstamo temporal de dinero a partir de lazos y afinidades familiares o sociales (N. del E.).

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les del Estado, encargados de las modernas domesticaciones cul-turales. En su mayoría, el encendido discurso etnicista de otros años hoy se postra sumisamente en los despachos ministeriales y las ofertas electorales.

Con todo, esta intempestiva conversión de indianistas en in-digenistas de escritorio, de kataristas en oficinistas, de kuracas⁵ comunales en caciques coloniales, en vez de solucionar el proble-ma fundamental de la construcción de una ciudadanía igualada, lo ha ahondado más, pues los mediadores de este pedido, quienes serían capaces de traducir a los códigos políticos del Estado las exigencias colectivas indígenas, ya no están ahí, han sido corrom-pidos y arrastrados al estrecho carro de los excluyentes.

¿Cómo mantener entonces en pie esta reivindicación, cuando sus ideólogos andan justificando decretos y represiones neoco-loniales o han sido silenciados por la coima ministerial? No es pues una excepción volátil el hecho de que, en medio de la tole-rancia pasiva a las coacciones estatales, los puntuales brotes de impugnación de las arbitrariedades gubernamentales sean llama-tivamente beligerantes, rupturistas, abiertamente transgresores de la regularidad hasta aquí soportada. Ya sean las comunidades quechua-hablantes del Norte, Potosí y Sucre mediante bloqueos, o los aimaras del altiplano, a través de la ocupación de carreteras y de la ciudad de La Paz, hay en esas acciones un gesto común de sutil, pero tendencialmente creciente, irreconciliabilidad con el Estado, con el mundo urbano que los desprecia y con el poder q’ara. Se trata de una irreconciabilidad potencialmente trágica en el futuro, de seguir las cosas tal como están. De hecho, si al-gún sentido tiene ahora hablar de un movimiento indígena desde Chiapas, Guatemala, Ayacucho y la zona andina de Bolivia, es precisamente por la impronta social revelada en los momentos de muchedúmbrico exceso indígena-comunal frente a los pode-res dominantes.

⁵\ Máximas autoridades comunitarias de las regiones quechua hablantes (N. del E.).

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Comunidad y rebelión

Referirnos a un movimiento indígena, a sus propuestas, exige pues ir más allá de los sórdidos acomodamientos urbanos de cier-tos estratos dirigentes. Incluso, requiere ir más allá de la pálida traducción escrita con la que los cronistas modernos intentan retratar el sentido propositivo de lo indígena: aquí incluyo tan-to a los historiadores de origen nativo, como a las publicaciones indianistas.

Es necesario comprender las vehemencias programáticas de la asociación comunal. diariamente reinventada, y el lenguaje terrible de la acción común. Ciertamente, esta ruta que propo-nemos es una opción que podemos llamar “metodológica”, que busca hablar de la exuberancia de las propuestas enunciadas por el “movimiento indígena”, no en las argucias discursivas de lo dicho y lo escrito, sino en el carácter inquebrantable de lo hecho directamente, sin más mediación que el compromiso de la volun-tad actuante. Postulamos entonces a la comunidad y a sus rebe-liones como fundamento esclarecedor de lo llamado “indígena”.

Porque, ¿qué es lo que hoy nos permite referirnos a lo “indí-gena”, como provisional categoría social de inocultable conse-cuencia política y expositiva, si no es la comunidad “realmente existente”? Es la vigencia de la comunidad, en resistencia y reti-rada simultánea, lo que define a lo “indígena” en sus potencias y en sus debilidades; incluso, el hecho de que lo indígena no sea solamente un asunto rural, sino que también abarque los dife-rentes anillos concéntricos de las zonas urbanas y sus oficios, en-cuentra su explicación en la fuerza expansiva de la comunidad agraria, en la capacidad de reconstruirse parcialmente en otros campos sociales. Igualmente, hay un “problema indígena” para el Estado, allá donde existen trazos de comunidad; sin la comu-nidad, lo indígena deviene un asunto de marginalidad suburbana o reclamo campesino.

¿Y qué es entonces esa comunidad capaz de engendrar un movimiento social del ímpetu que todos conocemos? Indepen-dientemente de las precisiones sociológicas y la abundancia de va-

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riaciones locales, es una forma de socialización entre las personas y de la naturaleza; es tanto una forma social de producir la riqueza como de conceptualizarla, una manera de representar los bienes materiales como de consumirlos, una tecnología productiva co-mo una religiosidad, una forma de lo individual confrontado a lo común, un modo de mercantilizar lo producido, pero también de supeditarlo a la satisfacción de usos personales consuntivos, una ética y una forma de politizar la vida, un modo de explicar el mundo; en definitiva, una manera básica de humanización, de reproducción social distinta y, en aspectos relevantes, antitética para el modo de socialización emanado por el régimen del capital; pero a la vez, y esto no hay que eludirlo, de socialización fragmen-tada, subyugada por poderes externos e internos, que la ubican como palpable realidad subordinada. La comunidad personifica una contradictoria racionalidad, diferente a la del valor mercantil, pero subsumida formalmente por ella desde hace siglos, lo que significa que, en su autonomía primigenia respecto al capital y centrada en el orden técnico procesal del trabajo inmediato, se halla sistemáticamente deformada, retorcida y readecuada por los requerimientos acumulativos, primero del capital comercial y luego del industrial.

La historia de la comunidad, de sus condiciones de cambios, no hay duda, es el cuerpo unificado de esta descarada guerra entre dos lógicas civilizadoras y la persistencia de los propios comu-narios de sostener el curso de esa conflagración. De aquí que sea imposible entender el cauce de mayor protagonismo de las luchas “indígenas” al margen de las campañas de exacción económica y política lanzadas por el Estado contra las comunidades dispersas.

La comunidad, por tanto, lleva el sello de la subalternidad a la que ha sido arrinconada y de la que no ha podido sustraerse hasta ahora. De igual manera, los distintos tipos de unificación intracomunal, ya sean en la forma de resistencia a las imposicio-nes estatales o de demanda por sus exclusiones, cargan el efecto de esta supeditación colonial que, paradójicamente, es renovada por la resistencia y la demanda. El movimiento de caciques apode-rados de las primeras décadas del siglo XX, o de las nuevas leyes

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agrarias desde 1984, muestran que hay interpelaciones al Estado que son al mismo tiempo su convalidación como tal, esto es, con derecho a decidir sobre el destino de todos, pero atendiendo los reclamos que sus gobernados le piden tomar en cuenta. En este caso, la conminatoria es una radicalización extrema de la obedien-cia aceptada. Ya sea como temores avivados, autodesprecios prac-ticados, faccionalismos y localismos, las supeditaciones consenti-das e interiorizadas condicionan los actos de resistencia comunal contra los gobernantes y, hasta cierto punto, no es extraño que personalidades destacadas en estas luchas prefieran, de un mo-mento a otro, descargar contra los suyos los padecimientos hasta aquí soportados, convirtiéndose en cómplices conscientes de los abusos estatales. La fuerza de la subalternación es tan contunden-te, que incluso está interiorizada en las estructuras reproductivas e imaginativas de las entidades familiares de las comunidades, por lo que la superación de esta subalternidad es tanto una cuestión de transgresión moral como de revolucionarización productiva.

Esto es precisamente la rebelión. Es en ella que se cumple la sentencia catastrofista de Guamán Poma y de Hegel respecto al “mundo al revés”. En la rebelión comunal, todo el pasado se con-centra activamente en el presente; pero a diferencia de las épocas de quietud, donde el pasado subalterno se proyecta como presen-te subalternado, ahora es la acumulación del pasado insumiso el que se concentra en el presente para derrocar la mansedumbre pasada. Es pues un momento de ruptura fulminante contra todos los anteriores principios de comportamiento sumiso, incluidos los que han perdurado en el interior de la unidad familiar. El porvenir aparece al fin como insólita invención de una voluntad común que huye descaradamente de todas las rutas prescritas, reconociéndose en esta audacia como soberana constructora de sí misma. Este contenido reconstructivo e inventivo de comuni-dad, a cargo de los hombres y mujeres de las comunidades partici-pantes de la rebelión, es lo que queremos ahora reivindicar como “texto” en el cual ir a descubrir el programa social verificable de los movimientos indígenas.

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Sólo cuando la comunidad sale en rebelión, es capaz de de-rogar de facto la fragmentación en la que hasta hoy ha sido con-denada a languidecer, y rehabilita los parámetros comunales de la vida cotidiana como punto de partida expansivo de un nuevo orden social autónomo. Esto significa que es en estos momentos que el mundo comunal-indígena se desea a sí mismo como ori-gen y finalidad de todo poder, de toda identidad y todo porvenir que le compete; sus actos son la enunciación tácita de un orden social que no reconoce ningún tipo de autoridad ajena o exte-rior que la propia autodeterminación en marcha. Que esta mane-ra protagónica de construir el porvenir común reivindique a la vez una figura social-natural distinta de la reproducción social (autodeterminación nacional-indígena), o transite por la refun-dación de la existencia en coalición pactada con la plebe urbana (lo nacional-popular), nos exige indagar sobre las distintas formas de la constitución nacional de las sociedades. Respecto a estas op-ciones, el moderno Estado nacional es apenas una particularidad suplantadora y tiránica de estas energías.

Con la rebelión, así como con la forma comunal de producir, la comunidad deja de ser catalogada como una reliquia de épo-cas remotas, y se relanza como basamento racional de una forma superior de producir autónomamente la vida en común, la polí-tica de la comunidad deja de ser un aditivo “étnico” con el cual edulcorar localmente el predominio de la democracia liberal, y se muestra como posibilidad de rebasamiento de todo régimen de Estado.

Claro, la comunidad insubordinada, más que el ejercicio de una democracia directa, que podría complementar la democra-cia representativa, como arguye cierto izquierdismo frustrado, lo que efectivamente postula es la supresión de todo modo de dele-gación de poderes en manos de especialistas institucionalizados. El aporte de la comunidad a las prácticas políticas no es tanto la democracia directa, ni tampoco se contrapone irremediablemente a la democracia representativa; aunque es cierto que la primera es consustancial a las prácticas comunales, la segunda le permite en ocasiones coordinar criterios a una escala territorial y pobla-

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cional más amplia. La auténtica contribución de la comunidad en rebelión es la verificable reapropiación, por parte de la gente comunalmente organizada, de las prerrogativas, de los poderes públicos, de los mandos y de la fuerza legítima anteriormente delegada en manos de funcionarios y especialistas.

Cuando la comunidad se rebela, está disolviendo el tiempo de retar al Estado en la práctica de los acontecimientos de la rebelión. En primer lugar, recupera para sí el uso legítimo de la violencia pública, hasta aquí monopolizada por los cuerpos represivos del Estado. Ahora, en cambio, la fuerza emerge como una plebisci-taria voluntad colectiva practicada por todos los que lo decidan, con las mismas comunidades, las que insurgen como órganos si-multáneamente deliberativos y ejecutivos, pues hacen uso de la fuerza armada, si es que la necesitan, simplemente como una de las actividades ético-pedagógicas del cumplimiento de sus deci-siones acordadas. El efecto de coerción, bajo esta nueva forma social de aplicarlo, ya no es una imposición arbitraria aplicada a otros; simplemente es una protección de los acuerdos adoptados emprendida por la multitud comunal como un todo actuante.

Sin duda, la legalidad queda trastocada de cuajo. El juez, el tribunal, los códigos y todas las tecnologías institucionales, que posibilitan el acaparamiento del sentido social de justicia por un staff de cuadros corporativos al servicio del Estado, son derroca-dos como portadores de legalidad reconocible. En sustitución, la ley es la decisión colectiva del tumulto y las normas morales que guían su aplicabilidad fluyen como recomendaciones propaga-das por las personas más prestigiosas, que carecen de autoridad institucional alguna.

En este desafío ritualizado a los poderes disciplinarios, la vo-luntad comunal insurrecta, encumbrada a través de antiguas se-ñas que acarician la memoria imaginada de antiguos derechos, es ejercida como soberano fundamento de todo poder. Estamos por tanto ante una nueva forma de sensación y producción del poder social, en la que la gente aparece como consciente sujeto creador de su destino, por muy trágico que éste pueda ser; en tanto que el viejo poder, enajenado como Estado, retorna a la fuente de

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donde se autonomizó: las personas sencillas, de carne y hueso, los creadores del mundo y de la riqueza, que se reasumen como los verdaderamente poderosos. La desenajenación del poder políti-co y económico, moral y espiritual, es por ello la gran enseñanza legada por las contemporáneas revueltas indígenas continentales de estos últimos años.

El movimiento indígena, si alguna característica notable tiene, si alguna enseñanza y reto hay en los acontecimientos de Chia-pas, del altiplano aimara, del Chapare, es esta reinvención de la política como reabsorción por las mismísimas comunidades de todos los poderes públicos. Practicar así la política constituye un golpe mortal al Estado del Capital y a todos sus cachorros, que bajo distintas ideologías, se profesionalizan para acceder a su ad-ministración. Paralelamente, es una invitación a una razón política que no delega a nadie la voluntad de hacer y decidir el destino propio; y, por el contrario, exige la autodeterminación común en todos los terrenos de la vida cotidiana, la insumisión a todos los poderes disciplinarios, sean cuales sean éstos; la creación autó-noma de los requerimientos insatisfechos; la intercomunicación de estas alevosías entre todos los que las practican.

La pertinencia actual de estas reflexiones prácticas propues-tas por las rebeliones indígenas radica en que, a despecho de los bufones del liberalismo, pone en el tapete la discusión de la supe-ración crítica, tanto de la descomunal estafa histórica equivoca-damente llamada “socialismo real”, como de la ilusión académi-ca llamada “fin de la historia”. A la vez, a la luz de las rebeliones comunal-indígenas es posible reencontrarse con otras formas de comunidades insurgentes de obreros y de la plebe urbana, que desde hace más de cien años pugnan por abrirse camino, y sin cuya presencia lo comunal indígena no puede prosperar.

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AUTONOMÍAS INDÍGENAS Y ESTADO

MULTINACIONAL¹

I. La república excluyente

Bolivia se inició como república heredando la estructura social colonial. La distribución de tierras, la estratificación social, el ré-gimen de tributos, e incluso parte de la administración pública y el personal encargado de ejecutarla, no sufrieron variaciones sus-tanciales, dejando en pie el conjunto de enclasamientos, poderes, instituciones y personal jerárquico formado durante las distintas etapas del régimen colonial. Y con ello se mantuvo quizás lo más duradero, el sistema de creencias, prejuicios y valores dominan-tes que había ordenado los comportamientos colectivos antes del proceso independentista: la racialización de las diferencias sociales a través de la invención estatal del “indio”, no sólo co-mo categoría tributaria, sino, ante todo, como el “otro negativo”, ordenador de los esquemas simbólicos con los que las personas daban sentido al mundo, incluidos los propios indios.

¹\ Texto extraído de Álvaro García Linera, “Autonomía indígena y Estado multi-nacional. Estado plurinacional y multicivilizatorio: una propuesta democrática y pluralista para la extinción de la exclusión de las naciones indias”, en aa. vv., La descentralización que se viene, La Paz, Instituto Latinoamericano de Investi-gaciones Sociales (ildis) y Plural, 2004.

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La categoría indio fue inicialmente introducida por los repre-sentantes de la corona española como categoría tributaria y fiscal. Esta clasificación, además de diluir parcialmente otras formas de identificación autóctonas, estableció una división del trabajo, una jerarquización de saberes y vías de acceso a oficios, dando lugar a una compleja estructura de enclasamiento social. Pero, parale-lamente, y para que esta tributación funcionara, la colonia cons-truyó la indianidad como un discurso y prejuicio naturalizador de las estructuras de dominación social, identificándolo con el que no está capacitado, con el que debe ser mandado, educado, adoctrinado, guiado, gobernado y aplacado. En cualquier caso, la estigmatización por la indianidad (que a su vez tiene escalones de medición simbólica) naturalizó prácticas de exclusión económica y legitimó monopolios políticos o culturales en la definición de las reglas de competencia social, contribuyendo de esa manera, no sólo a expresar, racializándolas, determinadas condiciones so-cioeconómicas de exclusión y dominación, sino también a cons-truir objetivamente esas condiciones socioeconómicas.

Esta indianización de la sociedad colonizada tuvo un modo de producción de la categorización, por medio de una serie de com-ponentes que, en momentos determinados y en contextos parti-culares, delimitaron al indio que había de pagar tributo y quedar excluido de los niveles superiores del poder colonial. Y —como bien lo muestran el padrón de revisitas y las estrategias de huida de los indígenas— el lugar de residencia, el idioma materno, el oficio, el apellido, el nivel de ingresos, el tipo de propiedad, la vestimenta e incluso los rasgos físicos serán hilvanados de mane-ra flexible en los distintos periodos para objetivar al indio, o huir de él, como sujeto de exacción económica y exclusión política. En este sentido, el indio no es una raza, ni tampoco una cultura, pero la dominación colonial sistemáticamente buscó racializar al indio, pues de alguna manera había que delimitar a la población tributaria y subordinada, por lo que de facto se estableció una etnificación de la explotación. Tenemos entonces en todo ello tres procesos interconectados. El primero, la conquista, que delimita dominantes y dominados como un hecho resultante de la confron-

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tación de fuerzas de aparatos político-estatales. En segundo lugar, la colonia, que delimita los espacios de la división del trabajo y los poderes culturales, administrativos y económicos, a partir de una identificación geográfica, cultural, somática y racial del coloniza-do. Y por último, la legitimación y naturalización del orden de la dominación a partir de esta jerarquización culturalista, espacial y racial del orden social.

La república boliviana se fundó dejando en pie estas estruc-turas coloniales que consagraban prestigio, propiedad y poder en función del color de piel, del apellido, el idioma y el linaje. El libertador Simón Bolívar claramente escindió la “bolivianidad”, asignada a todos los que habían nacido bajo la jurisdicción te-rritorial de la nueva república, de los “ciudadanos”, que debían saber leer y escribir el idioma dominante (castellano) y carecer de vínculos de servidumbre, lo que hizo que, desde el inicio, los indios carecieran de ciudadanía.² Previamente, y en un retroceso frente a la propia colonia, que había reconocido la vigencia local de los sistemas de autoridad indígena, Bolívar, en un intento de instaurar una constitución liberal, había declarado extinguida la autoridad de los caciques indígenas, sustituyéndolos por funcio-narios locales designados por el Estado.³

Las distintas formas estatales que se produjeron hasta 1952 no modificaron sustancialmente este apartheid político. El Estado caudillista⁴ (1825-1880) y el régimen de la llamada democracia “cencitaria” (1880-1952),⁵ tanto en su momento conservador como liberal, modificaron muchas veces la constitución políti-

²\ Wolf Grüner, “Un mito enterrado: la fundación de la República de Bolivia y la liberación de los indígenas”, en Historias: Revista de la Coordinadora de Historia, No. 4, 2000.

³\ Simón Bolívar, “Decreto del 4 de julio de 1825, Cuzco” (1825), citado en Isaac Sandoval Rodríguez, Nación y Estado en Bolivia, La Paz, Mundy Color, 1991.

⁴\ Marta Irurozqui, La armonía de las desigualdades. Elites y conflictos de poder en Bolivia, 1880-1920, Lima, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (csic) y Centro de Estudios Regionales Andinos (cera) Bartolomé de las Casas, 1994.

⁵\ René A. Mayorga, “La democracia o el desafío de la modernidad política”, en Fernando Campero Prudencio (coord.), Bolivia en el siglo XX, La Paz, Harvard Club Bolivia, 1999.

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ca del Estado (1826, 1831, 1834, 1839, 1843, 1851, 1861, 1868, 1871, 1878, 1880, 1938, 1945, 1947), sin embargo, la exclusión político-cultural se mantuvo tanto en la normatividad del Estado como en la práctica cotidiana de las personas. De hecho se puede decir que, en todo este periodo, la exclusión étnica se convertirá en el eje articulador de la cohesión estatal.

En todo esta etapa, el Estado no hará ninguna simulación de incorporación de los indios en la toma de decisiones estatales, aunque, por cierto, una buena parte de los gastos gubernamen-tales se financiarán con el tributo indígena, incluso comenzado el siglo XX.⁶ Acá, la ciudadanía, como el poder, la propiedad y la cultura legítimas no son prerrogativas que se deliberan, sino que se ejercen como imperativo categórico, pues son aún una especie de derecho de conquista. La ciudadanía no es tanto una produc-ción de derechos como una herencia familiar, por lo que se pue-de hablar de la existencia de un tipo de ciudadanía patrimonial.

Los derechos de gobierno se presentarán durante más de cien años como una exhibición de la estirpe; no se hacen ciudadanos sino que se nace ciudadano o indio. En todo caso, es un estigma de cuna y abolengo. La ciudadanía patrimonial del Estado oli-gárquico, más que una cultura de responsabilidad pública, es un compromiso de lealtad a la perennidad de la casta; es, por sobre todo, la exhibición de los blasones familiares, de la pureza de san-gre. Esto no impide, por supuesto, la intrusión en el espacio polí-tico endogámico de arribistas que han sido capaces de blanquear el linaje. Es la historia de comerciantes exitosos, de compradores de tierras comunales o de encholamientos oligárquicos que, sin embargo, portarán una ciudadanía sospechosa, que deberá ser negociada con la formación de redes clientelistas, la exhibición de dinero y el acatamiento del estilo de vida de las elites tradicionales.

Hasta qué punto esta baja apetencia de población, por parte del Estado, era una lógica estructural de su organización se puede

⁶\ Jorge Viaña, “La llamada ‘acumulación originaria’ del capital en Bolivia”, Tesis de grado, Universidad Mayor de San Andrés, Carrera de Economía, 2000; Gus-tavo Rodríguez, La acumulación originaria de capital en Bolivia, Cochabamba, Instituto de Estudios Sociales y Económicos (iese), 1979.

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apreciar comparando el número de habitantes censados en el país con el número de votantes alcanzados en las distintas elecciones. Así, desde 1880 hasta 1951, el número de personas votantes, “ciudadanas”, se mueve entre el dos y el tres por ciento del total de la población habitante en Bolivia.⁷

Los procesos de democratización y homogeneización cultural, iniciados a raíz de la revolución de 1952, transformaron en parte el régimen de exclusión étnica y cultural del Estado oligárquico. El voto universal amplió el derecho de ciudadanía política a mi-llones de indígenas, anteriormente marginados de cualquier con-sulta en la toma de decisiones estatales. Igualmente, la educación fiscal y gratuita, que comenzó a expandirse por las áreas rurales, permitió que indígenas que constituían la abrumadora mayoría de los “analfabetos” marginados de un conjunto de saberes estatales, ahora pudieran estar más cerca de ellos y se abrieran ciertas posi-bilidades de ascenso social, a través de la acumulación de capitales culturales escolares. Todas estas medidas, junto con la creación de un mercado interno, la individualización de la propiedad agraria y la estatización de los principales centros productores de exce-dente económico, se inscribían claramente en un programa de nation-building, cuyo protagonista era el Estado.

Sin embargo, la adquisición de conocimientos culturales le-gítimos por parte de los grupos indígenas quedó constreñida a la adquisición obligatoria de un idioma ajeno, el castellano, y de pautas culturales producidas y monopolizadas por las colectivida-des mestizo-urbanas, con lo que nuevamente los mecanismos de exclusión étnica se activaban, aunque ahora de manera renovada y eufemística. De esta manera, entre 1952 y 1976, entre el 60 y el 65% de la población boliviana que tenía como lengua materna un idioma indígena sólo pudo ejercer sus derechos de ciudadanía por medio de un idioma extranjero, ya que la educación oficial, el sistema universitario, el vínculo con la administración pública,

⁷\ Porcentajes elaborados con base en los datos proporcionados por Marta Iruroz-qui, La armonía de las desigualdades, op. cit.; y Manuel Contreras, “Reformas y desafíos de la educación”, en Fernando Campero Prudencio (coord.), Bolivia en el siglo XX, op. cit.

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los servicios, etc., sólo podían realizarse por medio del castellano, y no empleando el idioma quechua o aimara.

Con la revolución de 1952, el castellano devino el único idio-ma oficial del Estado, devaluando de facto los idiomas indígenas, que no tenían ningún reconocimiento oficial que permitiera su reconocimiento como idioma legítimo, de atención pública, as-censo social o acceso a funciones burocrático-administrativas. Igualmente, la admisión del voto universal para los indios impuso un único molde organizacional de derechos políticos, el liberal, en medio de una sociedad portadora de otros sistemas tradicionales de organización política y de selección de autoridades, que ahora quedaban borrados como mecanismos eficientes en el ejercicio de prerrogativas políticas.

Este aplanamiento lingüístico y organizativo al que fueron sometidos los pueblos indígenas, portadores de otros saberes culturales y otros sistemas de formación de la autoridad, rápida-mente dio lugar a la construcción de un espacio de competencias y acumulaciones lingüísticas y organizativas reguladas por el Es-tado, en el que los indígenas, convertidos ahora en “hermanos campesinos”, quedaban nuevamente ubicados en los puestos más bajos en la lucha por la conquista de saberes políticos y educati-vos legítimos. Obviamente, si el único idioma tomado en cuenta por el Estado para viabilizar las acciones comunicativas de efec-to estatal es el manejado como materno por las elites mestizas, aquellos que, como los indios, parten de otro idioma materno y tienen que aprender con el tiempo una segunda lengua, tendrán que realizar un mayor esfuerzo para acceder a los sitiales que, de entrada, ocupan aquellas personas que tienen como primer idioma el castellano. Aquí, la mezcla idiomática y la deficiencia en la construcción sintáctica en castellano, permanentemente mostrada por las personas que tienen como idioma materno una lengua indígena, será una forma expedita de identificar, sancionar y devaluar los esfuerzos indígenas por castellanizarse.

En este mercado lingüístico, la parte superior, con acceso a los puestos de decisión estatal, estará ocupada por personas castella-nohablantes de larga data, en tanto que en el polo estigmatizado

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y en la antípoda de la jerarquía estarán las personas que sólo ha-blan idiomas indígenas, mientras que en medio, en un complejo sistema de ascensos escalonados, estarán aquellos que hablan el idioma castellano junto con algún idioma indígena, pero sin saber escribirlo; inmediatamente después, quienes que sí saben escribir en castellano, pero no pueden pronunciarlo bien; aque-llos que sólo hablan castellano pero como primera generación, y por tanto arrastran el efecto, en este caso negativo, del entorno familiar que practica algún idioma indígena; luego quienes que han logrado algún título académico como resultado de una caste-llanización de segunda generación; después aquellos que redac-tan y hablan con mayor propiedad en castellano; los que además pueden pronunciar y escribir algún otro idioma extranjero, mejor si es el inglés, etcétera.

De la misma forma, en términos de las prácticas culturales, es-tá claro que tendrán mayores probabilidades de acumulación de otros tipos de capital cultural quienes, como los mestizo-urbanos, han definido desde el Estado sus conocimientos y habilidades particulares como prácticas culturales legítimas, socialmente va-loradas; mientras que los indígenas, poseedores de otros hábitos y costumbres, tendrán menos opciones de ascenso y acumulación cultural, porque no han accedido a la producción de esas habi-lidades como parte de su entorno inmediato, y, para conocerlas, tienen que realizar un esfuerzo mayor para entenderlas, asimilar-las y utilizarlas de manera eficiente.

En el terreno de los sistemas organizativos de la política, será igualmente evidente que tendrán mayores opciones de acceder a cargos públicos y de beneficiarse de ellos aquellos grupos de personas aptos para el ejercicio de derechos liberales, que han sido educados por esos derechos y para esos derechos, que se-rán nuevamente los mestizos letrados y de profesiones liberales; mientras que quienes han sido formados en la lógica de compor-tamientos corporativos, comunalistas y tradicionales, como los indios, tendrán mayores probabilidades de acceder a puestos subalternos. De este modo, en la formación del campo político legal, la conquista de los distintos capitales políticos estará ma-

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yoritariamente concentrada en aquellas personas que, siendo educadas por preceptos y hábitos liberales, están preparadas para moverse eficientemente en ellos y para ellos; mientras que quienes son portadores de otra cultura política, para tener algu-na opción en la estructura del campo de competencias políticas, tendrán que adquirir obligatoriamente habilidades extrañas, por lo general de manera tardía y ambigua, por lo que, de una manera “espontánea”, sus esfuerzos sólo podrán materializarse en puestos de escaso capital político legítimo, subordinados y marginales.

Esta manera de construcción jerarquizada de idiomas en el campo lingüístico, y de culturas político-organizativas en el cam-po político, generará una nueva maquinaria social de exclusión de los indígenas, aunque ahora no por la fuerza de la ley o las ar-mas, sino de manera “suave”, por medio de los procedimientos y los contenidos que llevarán a que, de una manera aparente-mente “natural”, los puestos jerárquicos en el aparato estatal, en la gestión de la cultura y en la economía, estén ocupados por los grupos de larga tradición castellanohablante, por los herederos de las antiguas redes de poder colonial, marcados por procesos de individuación. En tanto que, también por aparentes procesos de “selección natural de aptitudes”, los indígenas, los poseedores de hábitos comunitaristas, llegarán por el peso de sus destrezas a ocupar siempre las posiciones de menor privilegio y poder. Se trata de una re-etnificación modernizada de la división social del trabajo, de los oficios, de los poderes y de las jerarquías políti-cas. Lo “modernista” aquí radica en el empleo del camuflaje de la igualdad para reproducir desigualdades. Se habla de la igual-dad del voto individual, pero para encubrir un desigual recono-cimiento de culturas y prácticas organizativas políticas, pues la liberal representativa aparece como la única legítima, frente a las prácticas y sistemas políticos indígenas, marcados por la predo-minancia de la colectividad. Se habla de igualdad en la educa-ción, pero para encubrir una desigualdad en el reconocimiento de los idiomas válidos públicamente para el ascenso social. Si a ello sumamos que existen elevadas probabilidades de asociar a los distintos grupos sociales en las aptitudes idiomáticas, culturales

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y organizativas, con determinados rasgos somáticos, no es rara entonces una racialización de esas aptitudes, con lo que queda conformado nuevamente un campo étnico en el que un bien de-seable, la etnicidad legítima basada en la blanquitud social y so-mática, aparece como el polo ordenador de unas acumulaciones, apuestas y competencias que reditúan reconocimiento, grandeza y posición social.

Todo esto es lo que el indianismo emergente desde los años setenta del siglo XX ha denunciado como la existencia de la “ciu-dadanía de segunda clase”.⁸ La ciudadanía de primera es para las personas que puedan exhibir los blasones simbólicos de la blan-quitud social (apellido, redes sociales, porte personal), que las ubican como aptas para acceder a cargos de gobierno, de mando institucional o empresarial y reconocimiento social; en tanto que la ciudadanía de segunda es para aquellos que, por su origen ru-ral, su idioma o color de piel, son “disuadidos” para ocupar los puestos subalternos, las funciones de obediencia y los ascensos sociales mutilados.

A) La etnicidad como capital

En términos muy generales, una etnicidad es una colectividad que construye un conjunto de atributos culturales compartidos, así como la creencia de una historia arraigada en una ascenden-cia común, además de un inconsciente colectivo.⁹ Estos atribu-tos culturales pueden ser de tipo subjetivo, como los criterios afectivos, emotivos y simbólicos respecto a afinidades colectivas; u objetivos, como la lengua, la religión, el territorio y la organi-zación social. Sin embargo, lo importante de todo ello radica en su composición connotada, esto es, en su forma de articulación y entendimiento.

⁸\ Javier Hurtado, El katarismo, La Paz, Instituto de Historia Social Boliviana (hisbol), 1985.

⁹\ Michael Hechter, Principles of Group Solidarity, Berkeley, University of Califor-nia Press, 1987; Arnold Epstein, Ethos and Identity, London, Tavistock, 1978.

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Hay etnicidades en las que los criterios de diferenciación son de tipo racial y biológico (en Guyana, entre africanos e indios); idiomáticos y religiosos (tamiles y cingaleses en Sri Lanka); o exclusivamente asentados en el idioma (valones y flamencos en Bélgica). En todo caso, lo que importa de este repertorio de et-nicidad¹⁰ es que logre formar una memoria colectiva que remita a una línea de ancestros, y que permita que el grupo imagine una singular trayectoria que lo diferencia de otros; una valoración del lenguaje como archivo vivo de una visión del mundo compartida por los portadores de este código comunicacional; esquemas de dramatización de la existencia del grupo, que visibilizan su vida pública, y una reivindicación de territorios considerados como “ancestrales”, en los que se que supone están anclados los refe-rentes simbólicos e identitarios del grupo.

El devenir de las etnicidades puede asumir varias trayecto-rias. Algunas pueden dar lugar a naciones con Estado, como los ingleses; pueden formar parte de un Estado multinacional que las reconoce como nacionalidad confederada (la antigua Yugos-lavia); pueden existir como minorías o mayorías sin presencia institucional en los Estados coloniales, o pueden mantenerse en medio de un rechazo a su existencia, como los kurdos en Turquía.

Las etnicidades pueden tener varias rutas de formación. Exis-ten identidades estatalmente producidas y, de hecho, no existe Estado moderno que no haya inventado de alguna u otra manera una identidad étnica;¹¹ en otros casos, pueden tener un origen antiguo o ser fruto de una reciente etnogénesis; así como las etni-cidades también suelen ser fruto de políticas coloniales.¹²

En este último caso, se puede coincidir con Oommen en que las etnicidades son procesos por los cuales ciertas colectividades son definidas como extranjeras en sus propios territorios, y son

¹⁰\ Étienne Balibar e Immanuel Wallerstein, Raza, nación y clase, Madrid, Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África (iepala), 1992.

¹¹\ Ibíd.

¹²\ Rodolfo Stavenhagen, Conflictos étnicos y Estado nacional, México, Siglo XXI, 1996; Bartolomé Clavero, Derecho indígena y cultura constitucional en América,

México, Siglo XXI, 1994.

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despojadas del control de la vida política y económica de ese mismo territorio,¹³ por lo que la colonia y la república pueden ser entendidas como continuos procesos de etnización de los pueblos indígenas.

La etnización de los indígenas, al disociar la comunidad cul-tural de la soberanía territorial, crea la base estructural de los procesos de exclusión, discriminación y explotación social que caracterizan a los regímenes de ocupación. En ese sentido, las designaciones étnicas pueden ser también leídas como artefactos culturales y políticos de los complejos sistemas de enclasamiento social¹⁴ que, mediante el trabajo del poder simbólico de determi-nadas fracciones de clase, permite en unos casos naturalizar las diferencias de clase y, en otros, consagrar diferencias culturales como pautas de diferenciación social fundamentales.¹⁵ En este último caso, el discurso de la etnicidad toma la forma de discur-so político, mediante el cual las diferencias objetivas de clase son reducidas a diferencias culturales, con el objeto de agrupar en torno a una posición objetiva de clase (por ejemplo, cierta frac-ción dominada de intelectuales o fracciones de comerciantes ur-banos), y alrededor de proyectos particulares, a sectores sociales que, poseyendo distintas condiciones de clase, comparten con mayor o menor intensidad una misma matriz cultural y simbólica. Se trata de una auténtica eufemistización de la condición de clase, cuyo peligro radica en que al echar un manto sobre ella, sólo busca

¹³\ T. K. Oommen, Citizenship, Nationality and Ethnicity, Cambridge, Polity Press y Blackwell, 1997.

¹⁴\ Étienne Balibar, “Racismo y nacionalismo”, en Étienne Balibar e Immanuel Wallerstein, Raza, nación y clase, op. cit. Para una discusión entre “primordialis-tas” e “instrumentalistas” sobre las bases de la etnicidad, véase Clifford Geertz, The Interpretation of Cultures, New York, Fontana, 1993; Abner Cohen, Two-dimensional Man: An Essay on the Anthropology of Power and Symbolism in Complex Society, London, Routledge, 1974; Fredrik Barth (comp.), Los grupos étnicos y sus fronteras. La organización social de las diferencias culturales, Méxi-co, Fondo de Cultura Económica, 1976.

¹⁵\ Una manera parecida de entender la formación de clases sociales en una región de los Andes se halla en Peter Gose, Aguas mortíferas y cerros hambrientos, rito agrario y formación de clases en un pueblo andino, La Paz, Mamahuaco, 2001.

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potenciar en el mercado de bienes culturales el valor cultural de un cierto tipo de prácticas que permitan a esa fracción (que basa su ascenso en la posesión de un cierto tipo de capital cultural) una mayor capacidad de negociación en la definición del capital cultural y político legítimo, pero dejando en pie la distribución de las otras condiciones objetivas de clase, que orillan nuevamente a las clases subalternas a su consuetudinaria subalternidad de clase.

Con todo, quedan por indagar las condiciones de posibilidad de que pautas somáticas, como el color de la piel, del pelo, el ape-llido, tengan un valor tan grande a la hora de la clasificación y naturalización de las diferencias sociales de clase. Es insuficiente afirmar que se trata simplemente de construcciones culturales mediante las cuales las diferencias de clase se representan como diferencias naturales. El hecho de que las clasificaciones somá-ticas tengan un papel como bienes perceptibles, apetecibles o rechazables, nos lleva a considerar que no son sólo “expresión”, reflejo o simples “efectos de engaño” discursivo. Las diferencia-ciones étnicas en general y las clasificaciones raciales en particular, en determinadas circunstancias, como por ejemplo las colonia-les y postcoloniales bolivianas, pueden ser vistas como un tipo de capital específico,¹⁶ de bien social específico: el capital étnico que, junto con los otros capitales económicos, culturales, socia-les y simbólicos, ayudan a conformar los principios de diferen-ciación de clase.

El capital étnico hablaría entonces de dos dimensiones com-plementarias: por una parte, de prácticas culturales distintivas con rango de universalidad, que eufemistizarían y borrarían las huellas de las condiciones objetivas de su producción y control (lengua legítima, gustos y saberes letrados legítimos, etc.); y por otra, de diferencias sociales objetivas que han adquirido el ran-go de diferencias somatizadas, y que luego han borrado el ori-gen de las luchas objetivas de la instauración de esas diferencias. El color de piel, el apellido notable con el que los colonizadores inicialmente explicitan simbólicamente su posición objetiva de

¹⁶\ Pierre Bourdieu, La distinción, Madrid, Taurus, 1998.

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conquistadores triunfantes con derecho a las riquezas, tierras e indios, convierten esta diferencia simbólica somatizada en una riqueza corporal, cuya exhibición consagra simbólicamente su posición objetiva de fuerza y dominio. Se trata de un producto cultural de significación valiosa de los rasgos raciales y de la estir-pe, pero cuya virtud consiste en convertir las diferencias de hecho conquistadas, en la victoria política, militar, organizativa y técnica sobre los colonizados, en diferencias de sangre que ejercen un efecto de naturalización de la relación de fuerzas objetivas. En términos más horizontales, esta manera de construcción de bien étnico, pero sin sus efectos de dominación, podría ser también la estructura simbólica mediante la cual los sólidos, y hasta cier-to punto cerrados, lazos de parentesco de las comunidades (que articulan la circulación de fuerza de trabajo y la posesión de la tierra), expresan su valor social, su lugar privilegiado en el mun-do, frente a otros grupos comunales circundantes.

El capital étnico, con estas características, que hoy en día tie-nen un valor mayor que las diferencias fundadas en la distribución de los bienes escolares legítimos, es un tipo de capital simbólico que atraviesa la eficacia de todos los demás capitales (económi-co, social, político, lingüístico, etc.), y que además ha creado su propio campo de distribución, competencias y posicionamien-tos por su control. La competencia por la “blanquitud”¹⁷ en la sociedad boliviana sería entonces una forma de somatizar unos enclasamientos reales o ficticios, pero que tienen toda la fuerza del poder simbólico para producir efectos prácticos enclasantes o desclasantes, en el orden del espacio de las condiciones obje-tivas de clase. Esto se ve con claridad a la hora, por ejemplo, de las pretensiones que una persona de una clase social ubicada más atrás puede tener de desear o sentirse capaz de acceder a un pretendiente de una clase social más distante, por el hecho de poseer el capital étnico (rasgos somáticos, apellido) distintivo de una clase social ubicada en un escalón superior del espacio social;

¹⁷\ Ruth Frankenberg, “The Social Construction of Whiteness”, en Annual Review of Anthropology, No. 18, 1989.

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o la silenciosa búsqueda de cualquier familia de cualquier clase social para hallar una pareja que pueda “blanquear” cultural o somáticamente la descendencia.

La importancia objetiva en los procesos de enclasamiento social, y sus posibilidades de conversión en otros capitales (por ejemplo económicos), se pueden apreciar en la propia estructu-ra de las oportunidades económicas en el mercado laboral bo-liviano. Según una muestra trabajada por Jiménez Zamora, los indígenas ocupan el 67% de los empleos más vulnerables y pre-carios, el 28% de los empleos semicalificados, y sólo el 4% de los empleos calificados.¹⁸ Estos datos pueden ser interpretados como que, abiertamente, hay una discriminación de los ofertantes calificados y semicalificados indígenas, o bien, que el número de indígenas con capacidad de ofrecer mano de obra calificada es inferior al de los mestizos castellanohablantes; que los indígenas calificados y semicalificados ya no se identifican con una identi-dad indígena o, por último, una sumatoria de dos o tres de estas consideraciones, que dan lugar a este tipo de segmentación étni-ca del mercado de trabajo. En cualquiera de los casos, abierta o veladamente, la etnicidad indígena se presenta como objeto de sistemática exclusión y devaluación social.

Se puede llegar a la misma conclusión a partir de la revisión de la estructura de los ingresos laborales. Los emigrantes no indíge-nas ganan tres veces más que los emigrantes indígenas, en tanto que los indígenas, por lo general, recibirán sólo el 30% del salario de los trabajadores no indígenas por cumplir el mismo trabajo, mientras que las mujeres no indígenas, percibirán sólo el 60% del salario de los varones.¹⁹ En términos esquemáticos, un indio “vale” la tercera parte de un varón mestizo castellanohablante y la mitad de una mujer mestiza castellanohablante.

¹⁸\ 琀lizabeth Jiménez Zamora, “El costo de ser indígena en Bolivia: discriminación salarial versus segregación laboral”, en Revista de la Sociedad Boliviana de Eco-nomía Política, Vol. 1, 2000.

¹⁹\ Ibíd.

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Ahora bien, la República y la adquisición de derechos políticos individuales, a partir de 1952 hasta el día de hoy, al menos formal-mente han disuelto el régimen colonial de división del trabajo, tanto económico como político; pero lo que no ha desaparecido, pues más que una medida administrativa es una estructura cog-nitiva de la realidad incorporada, es la representación racializada o etnificada del mundo, la naturalización de las diferencias y ap-titudes sociales a partir de determinadas propiedades culturales, históricas, geográficas o somáticas. La discriminación expresada racialmente, al menos en Bolivia, hoy ya no es sólo una invención estatal o tributaria; es, por sobre todo, un sentido común. Y en la medida en que se trata de una estructuración imaginada del mundo, mediante la cual tanto dominantes como dominados se ven y ven a los demás en el mundo, tiene un papel efectivo de estructuración práctica de ese mundo.

Borrada la memoria del hecho social que dio lugar a esta etni-ficación de las diferencias sociales y los enclasamientos, la jerar-quización racial o étnica del mundo tiene fuerza estructurante, porque ayuda a delimitar simbólicamente las diferencias sociales, aumentando, con su fuerza, la fuerza de la diferenciación social. De ahí la presencia del capital étnico, esto es, de un régimen de competencias en torno a bienes étnicos (contingentemente atri-buidos al idioma materno, al lugar de origen, al color de piel, al apellido), que refuerza o devalúa a cada persona, según su acercamiento a la etnicidad legítima o a la estigmatizada, para la adquisición de los otros bienes sociales de tipo económico, rela-cional o educativo. De esta forma, hoy, como puede comprobar-se en las distintas trayectorias desplegadas por los sujetos en sus estrategias matrimoniales, en las adquisiciones culturales, en las jerarquías salariales, en la distribución proporcional de prestigios por procedencia cultural y en el propio tratamiento del cuerpo, la “blanquitud cultural” y la indianitud no son sólo enunciacio-nes estigmatizadoras, sino polos ordenadores del campo de los bienes simbólicos legítimos que contribuyen a los enclasamien-tos sociales.

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B) Estado monocultural, sociedad multinacional

Se ha dicho que una nación es una unidad de idioma, cultura, te-rritorio y economía. En parte esto es cierto, pero como resultado de la consolidación de la nación, y no como su punto de partida o su sustancia definitoria.

Hay naciones que tienen más de un idioma como lengua ofi-cialmente practicada, por ejemplo Bélgica y Paraguay; y en otros casos, la nación por formarse contuvo inicialmente en su interior numerosísimos idiomas regionales y locales, sin que ello impidiera la formación de un espíritu nacional que luchara por su indepen-dencia, como en Estados Unidos y Alemania. Actualmente en el mundo existen más de 400 lenguas, pero el número de naciones no rebasa las 190, lo que reafirma la suposición de que no toda lengua da como resultado una nación, ni toda nación requiere de un solo idioma para formarse.

Igualmente, la unidad cultural, que puede ser el resultado de largos siglos de cohesión social, no es un prerrequisito para la formación nacional. De hecho, todas las naciones modernas, inicialmente eran, y siguen siendo, conglomerados de diversas prácticas culturales, pero con la capacidad articulatoria de una identidad nacional, que les permitió y les permite competir en el contexto global. Francia, por ejemplo, en el siglo XVIII era un mosaico cultural y lingüístico, en el cual regiones enteras compar-tían más afinidades culturales con las zonas del sur alemán o con el norte italiano, pero ello no fue obstáculo para la construcción de la nacionalidad francesa como ente republicano portador de soberanía estatal.

De la misma manera, la unidad económica no es prerrequisito para la formación nacional. Israel, mucho antes de poseer unas instituciones económicas relativamente unificadas, ya existía co-mo voluntad nacional en todos los que se sentían connacionales y que estaban desperdigados en distintas regiones del mundo. Aquí, la economía unificada e incluso el territorio fueron resul-tado de la fuerza de identificación nacional, no su condición. En el fondo, territorio, cultura, lengua, son un producto del devenir

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de la nación, su validación histórica y su verificación material, no el punto de inicio de su formación. De hecho, existen muchos pueblos que, poseyendo territorio, unidad cultural, lingüística y económica, quedan como simples retazos étnicos o, en otros casos, prefieren disolverse en entidades nacionales mayores, en las que creen hallar prerrogativas públicas más satisfactorias que las que podrían obtener de manera autónoma. La historia de ciertos pueblos europeos, africanos y latinoamericanos ha sido precisamente la de este devenir, en tanto que las de otros ha sido la extinción violenta.

Lo que importa del territorio, de la lengua, de la cultura, in-cluso de la economía, no es su sumatoria, porque ni aun sumando esos cuatro componentes se logran las naciones; lo que importa es cómo se trabajan estos elementos hacia el porvenir, esto es, su connotación histórica o grado de calificación, utilizables por el conglomerado social que por adelantado se reconoce en un des-tino común, en una comunidad de pertenencia y trascendencia.

Es sabido que el idioma o el territorio poseídos pueden ser asumidos como componentes particulares (folclóricos) de una estructura social mayor, como pertenencias devaluadas de las cuales es mejor desembarazarse, o como manifestaciones de una identidad separada, diferenciada irreductiblemente de las que la rodean y la dominan. Sólo en este caso, la lengua, el territorio o la cultura devienen componentes de una identidad nacional; por lo tanto, lo que importa de ellas es cómo son leídas, inter-pretadas, significadas, deseadas o, lo que es lo mismo, su forma de politización.

Las naciones son, entonces, artefactos políticos, construccio-nes políticas que crean un sentido de pertenencia a un tipo de entidad histórica capaz de otorgar sentido de colectividad tras-cendente, de seguridad histórica ante los avatares del porvenir, de adhesión familiar básica entre personas a las cuales seguramente nunca se podrá ver, pero con las cuales se supone que se comparte un tipo de intimidad, de cercanía histórica, de potencialidades de convivencia que no se poseen con otras personas que confor-man la “otredad”, la alteridad. De ahí la importancia y el papel

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destacado que pueden jugar, en la formación de las identidades nacionales, las construcciones discursivas y los liderazgos, en su capacidad de articular demandas, disponibilidades, expectativas y solidaridades en esquemas simbólicos de agregación y acción política autónoma del campo de competencias culturales, terri-toriales, y de políticas dominantes.²⁰ Las naciones son fronteras sociales, territoriales y culturales que existen previamente en las cabezas de los connacionales, y que tienen la fuerza de objetivar-se en estructuras materiales e institucionales. En este sentido, las naciones son comunidades políticas en las que sus componentes, los que se asumen como parte de la nación, se reconocen por ade-lantado en una institucionalidad a la que reconocen como propia, y dentro de la cual integran sus luchas sociales, sus competencias y mentalidades.²¹ Precisamente, la formulación de estas fronteras simbólicas en el imaginario colectivo, a partir de la visualización y politización de las fronteras reales de la segregación colonial ya existente, parecería ser una de las reivindicaciones ascendentes del movimiento social indígena aimara en los últimos años.²²

Las formaciones nacionales inicialmente son discursos per-formativos²³ con la fuerza para generar procesos de construcción

²⁰\ David Miller, Sobre la nacionalidad: autodeterminación y pluralismo cultural,

Barcelona, Paidós, 1997; Terry Eagleton, “El nacionalismo y el caso de Irlanda”, en New Left Review No. 1: el nacionalismo en tiempos de globalización, Madrid, Akal, 2000.

²¹\ Étienne Balibar, “La forma nación: historia e ideología”, en Étienne Balibar e Immanuel Wallerstein, Raza, nación y clase, op. cit.

²²\ “Las luchas sobre la identidad étnica o regional, es decir, respecto a propiedades (estigmas o emblemas) vinculadas con su origen al lugar de origen y sus señales correlativas, como el acento, constituyen un caso particular de las luchas de clases, luchas por el monopolio respecto al poder de hacer creer, hacer conocer y hacer reconocer, imponer la definición legítima de las divisiones del mundo social y, a través de eso, hacer y deshacer los grupos: en efecto, lo que se ventila en esas luchas es la posibilidad de imponer una visión del mundo social a tra-vés del principio de división que, cuando se imponen al conjunto de un grupo, constituyen el sentido y el consenso sobre el sentido y, en particular, sobre la identidad y la unidad que hace efectiva la realidad de la unidad e identidad de ese grupo”. Pierre Bourdieu, ¿Qué significa hablar? Economía de los intercambios lingüísticos, Madrid, Akal, 1999, p. 88.

²³\ 琀l discurso étnico o regionalista “es un discurso performativo, que pretende

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de comunidades de consentimiento político, mediante las cua-les las personas definen un “nosotros” separado de un “otros”, a través de la reinterpretación, la enunciación o la invención de algún o algunos componentes sociales (por ejemplo, el idioma, la religión, la etnicidad, la historia de dominación), que a partir de ese momento pasan a ser componentes de diferenciación y adscripción a la comunidad, que garantizan a sus miembros una seguridad colectiva en el porvenir igualmente común. Se trata de un tipo de interacción comunicativa que produce, o desentierra, o inventa, una hermandad extendida, un parentesco ampliado capaz de crear, primero, un efecto de atracción gravitatoria ha-cia ciertos sectores poblacionales que se sentirán atraídos; y se-gundo, un efecto complementario de repulsión hacia los que se sentirán excluidos. Es por todo ello que se dice que las naciones son “comunidades imaginadas”.²⁴ En este sentido, las naciones no necesitan previamente de una comunidad étnica para conso-lidarse, aunque ello puede favorecer, dando lugar a una nación monoétnica.

Por lo general, las naciones resultan de la agregación políti-ca de muchas etnicidades, y la nación ha de ser precisamente la producción de una nueva etnicidad (real o ficticia), que permita proyectar imaginadamente en el pasado la pertinencia y necesi-dad de la existencia actual de la nación. Pero, a la vez, en cuanto se trata de procesos de remodelación de la subjetividad colectiva que crea un sentido de “nosotros”, las naciones son también una forma de producir lo “común”, el bien común que une al grupo y lo diferencia de los “otros” grupos y, en ese sentido, se trata de

imponer como legítima una nueva definición de las fronteras y hacer conocer y reconocer la región así delimitada frente a la definición dominante y descono-cida como tal. El acto de categorización, cuando consigue hacerse reconocer o es ejercido por una autoridad reconocida, ejerce por sí mismo un poder: como las categorías de parentesco, las categorías ‘étnicas’ o ‘regionales’ instituyen una realidad utilizando el poder de revelación y de construcción ejercido por la ob-jetivación en el discurso”. Pierre Bourdieu, ¿Qué significa hablar?, op. cit.

²⁴\ 琀rnest Gellner, Naciones y nacionalismos, Madrid, Alianza, 1994; Benedict An-derson, Comunidades imaginadas, México, Fondo de Cultura Económica, 1989; Montserrat Guibernau, Los nacionalismos, Barcelona, Ariel, 1998.

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comunidades políticas, pues su fuerza articulatoria es precisamen-te la gestión, la distribución, la conservación de ese bien común.

De aquí que no sea raro que a veces se confunda Estado con nación, pues ambos tratan sobre la gestión del bien común, aun-que el primero es un hecho institucionalizado desde arriba, que trabaja produciendo la ilusión de una comunidad política hacia abajo (Marx); la nación, en cambio, existe desde el momento en que se imagina una comunidad política desde abajo y se traba-ja para crear una institucionalidad que condense hacia arriba esa apetencia política. En las sociedades modernas, cuando só-lo funciona la “comunidad ilusoria” (Estado), estamos ante los autoritarismos y los procesos truncos de nacionalización, como los de Bolivia. Cuando la “comunidad ilusoria” resulta de la ex-plicitación institucionalizada de la “comunidad imaginada” (la nación), estamos ante los procesos de formación de legitimidad política y nacionalización exitosa.

Esta identificación entre nación y concretización institucional de la comunidad política bajo la forma de Estado ha llevado a afirmar que sólo se puede hablar de naciones en sentido estricto cuando la intersubjetivación política de los connacionales alcanza la autonomía gubernamental a través del Estado, y que hasta que esto no suceda habría que referirse a nacionalidades. La virtud de esta afirmación radica en que no asume una visión esencialista ni estática de la construcción nacional; la ve como un campo de fuerzas, como un proceso, como un devenir político que alcanza madurez cuando se institucionaliza como Estado.

En Bolivia, es por demás evidente que, pese a los profundos procesos de mestizaje cultural, aún no se ha podido construir la realidad de una comunidad nacional. En el país existen por lo me-nos treinta idiomas y/o dialectos²⁵ regionales, existen dos idiomas que son la lengua materna del 37% de la población (el aimara y el quechua), mientras que cerca del 62% se identifica con algún

²⁵\ Xavier Albó, “Etnias y pueblos originarios”, en Fernando Campero Prudencio (coord.), Bolivia en el siglo XX, op. cit.

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pueblo originario.²⁶ Y, en la medida en que cada idioma es toda una concepción del mundo, esta diversidad lingüística es también una diversidad cultural y simbólica. Si a ello sumamos que existen identidades culturales y nacionales más antiguas que la república, y que incluso hoy reclaman la soberanía política sobre territorios usurpados (el caso de la identidad aimara), es muy claro que Boli-via es, en rigor, una coexistencia de varias nacionalidades y cultu-ras regionales sobrepuestas o moderadamente articuladas.²⁷ Sin

²⁶\ 琀nstituto Nacional de Estadística (ine), Censo nacional de población y vivienda 2001, La Paz, ine, 2002.

²⁷\ Toda identidad siempre es fruto de un trabajo deliberado en el terreno discursi-vo, simbólico y organizativo, que produce un estado de autorreflexividad de los sujetos para demarcar fronteras imaginadas (reales o creídas) que los diferencian de otros sujetos. Esta voluntad distintiva siempre es fruto de una actividad espe-cíficamente dirigida a generar un fin, por tanto siempre es fabricada, producida. En ese sentido, toda identidad es un invento cultural que, de manera externa al grupo (por ejemplo los “indios” de la colonia), o por presencia de elites políticas propias (la identidad aimara contemporánea), visibiliza, resignifica algún elemen-to común entre las personas (el idioma, la historia, los antepasados, la cultura, la religión, etc.), mediante el cual se demarcan fronteras hacia otras personas y se inculcan fidelidades sustanciales (un tipo de parentesco ampliado) con los “identificados”.

\ Ahora, ciertamente esta producción de identidades no se puede hacer sobre la nada; tiene más probabilidades de éxito donde existen cierto tipo de condicio-nes similares de existencia objetiva entre las personas, pero también es posible que, aun existiendo estas condiciones objetivas similares, ello nunca dé lugar a una identidad cultural o política diferenciada. Toda identidad es históricamente contingente y relacional, por lo que es deleznable cualquier especulación sobre identidades “originarias” y “fabricadas”. Lo único riguroso aquí sería pregun-tarse, en todo caso, sobre las condiciones de producción de tal o cual identidad y su capacidad de movilización, no sobre su artificialidad, pues toda identidad es, a su tiempo, una invención social.

\ Un error común sobre el concepto de identidad, por ejemplo el de Jorge Lazarte, es confundir la identidad étnica, basada en prácticas culturales, con el régimen so-cioeconómico o la adquisición técnica, pues considera que el reivindicarse como aimara o indígena es antagónico a la demanda de Internet o tractores. Mientras que lo primero tiene que ver con el aparato cultural de significación con el que los sujetos conocen y actúan en el mundo, lo segundo se refiere a la organiza-ción económica y al acceso a recursos sobre los cuales actuará la significación del mundo. Un alemán y un inglés pueden tener en común un automóvil, un celular y una industria, pero eso no los hace partícipes de una misma identidad cultural, ni su apego al idioma y la tradición cultural de sus respectivas comuni-dades culturales es un regreso a la tecnología de la edad media. Igualmente, el

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embargo, y pese a ello, el Estado es monolingüe y monocultural en términos de la identidad cultural boliviana castellanohablante. Esto supone que sólo a través del idioma español la gente obtiene prerrogativas y posibilidades de ascenso en las diferentes estruc-turas de poder, tanto económico, político, judicial, militar, como cultural del país. Pese a una presencia mayoritaria de proceden-cias culturales indígenas rural-urbanas, la “blanquitud” somática y cultural es un bien perseguido por todos los estratos sociales, en la medida en que ella simboliza el ascenso social, y se constituye en un plus simbólico, que contribuye a ubicarse en una mejor po-sición en los procesos de enclasamiento y desclasamiento social.

Lo paradójico de todo esto es que esta construcción compul-siva de identidades étnicas delegadas o atribuidas (lo indígena)

que los aimaras reclamen caminos, telefonía y tecnología moderna no significa que lo hacen renunciando a su idioma, a su tradición, y que jubilosos exijan la pronta castellanización y mestización cultural.

\ A diferencia de lo que cree Lazarte, la identidad cultural indígena no está aso-ciada con el regreso al arado de takit´aclla, como si la identidad estuviera aso-ciada con un específico nivel tecnológico de la sociedad y a una sola actividad (el trabajo agrícola). Los aimaras, por ejemplo, han mostrado que es posible ser culturalmente aimaras en el momento del cultivo en suka kollos precoloniales, como también en tiempos de la mita colonial, de la hacienda republicana y de la fábrica moderna. La confusión entre identidad étnica y régimen socioeconó-mico lleva a una lectura petrificada, y por tanto inservible para dar cuenta de los complicados procesos de construcción de las identidades étnicas modernas. Como en otras partes del mundo, no hay incompatibilidad entre una deman-da identitaria indígena, por ejemplo, y la modernidad industriosa o técnica; de hecho, en ello se pone a prueba la propia vitalidad y capacidad regenerativa de las identidades culturales. El que los aimaras exijan tractores, pero mediante discursos en su propio idioma y como parte de un proyecto indígena de auto-nomía política, lejos de debilitar el proceso de construcción identitaria, lo que hace es insertarla en la propia modernidad o mejor, pelear por una modernidad articulada a la tradición y a partir de los repertorios de significación cultural in-dígenas. ¿No es acaso posible ser aimara culturalmente o nacionalitariamente y simultáneamente ser ingeniero, obrero, industrial o agricultor?

\ 琀l reduccionismo campesinista y arcaizante con el que algunos ideólogos con-servadores pretenden leer la formación de la identidad cultural indígena no sólo peca de desconocimiento de la historia y la teoría social, sino que además está fuertemente marcado por un esquema mental etnocentrista, que tiende a asociar lo indígena con lo atrasado, lo rural y opuesto al “desarrollo” y la “modernidad” que vendría de la mano, naturalmente, del mundo mestizo y castellanohablante.

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desde el mismo Estado, que permite la constitución de la blan-quitud como capital acumulable y la indianitud como estigma devaluatorio, viene acompañada de un desconocimiento de la etnicidad como sujeto de derecho político, en una repetición de la clásica actitud esquizofrénica del Estado, que promueve insti-tucionalmente la inexistencia de identidades étnicas mayoritarias, al mismo tiempo que reglamenta la exclusión étnica como medio de monopolización racializada de los poderes sociales.

En Bolivia hay cerca de medio centenar de comunidades his-tórico-culturales con distintas características y posiciones jerár-quicas. La mayoría de estas comunidades culturales se halla en la zona oriental del país, y demográficamente abarcan desde unas decenas de familias hasta cerca de cien mil personas. En la zona occidental del país se hallan concentradas las dos más grandes comunidades histórico-culturales indígenas: los quechua y ai-marahablantes.

La primera, resultante de las migraciones indígenas y de las políticas de colonización española, que impusieron el idioma quechua en las antiguos ayllus aimaras, constituyen, en sentido estricto, únicamente una comunidad lingüística, y no tanto una identidad étnica con niveles de politización cohesionadores. Por lo general, esta comunidad lingüística, a pesar de tener un núme-ro cercano a lo tres millones y medio de componentes, presenta altos grados de porosidad que los llevan, en algunos casos, a fu-sionarse rápidamente a otras estructuras culturales, especialmente urbano-mestizas, a agruparse en torno a identidades clasistas de tipo campesino o gremial y, en otros casos, a condensarse en mi-croidentidades étnicas en torno a ayllus o federaciones de ayllus (los ayllus ubicados en Potosí y en Sucre).

En cambio, la otra gran comunidad lingüística, la aimara, que abarca a un poco más de dos millones y medio de personas, presenta todos los componentes de una unidad étnica altamente cohesionada y politizada. A diferencia del resto de las identidades indígenas, la aimara ha creado, desde hace décadas, elites cultu-rales capaces de dar pie a estructuras discursivas con la fuerza para reinventar una historia autónoma, que ancla en el pasado la

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búsqueda de un porvenir autónomo; un sistema de movilización sindical de masas en torno a estas creencias políticas y, reciente-mente, un liderazgo con capacidad de dar cuerpo político visible a la etnicidad. En términos históricos, la identidad aimara no sólo es la más antigua en el territorio boliviano, sino que, por sobre to-do, es la que más sistemáticamente ha creado una arquitectura de creencias, de discursos políticos centrados en el autogobierno, de proyectos y de fuerza de movilización en torno a esas demandas.²⁸ A diferencia del resto de las identidades culturales indígenas, es la que cuenta con una amplia elite intelectual constructora de un discurso étnico que, a través de la red sindical, ha sido apropiado por amplios sectores poblacionales, constituyéndose en la única identidad de tipo nacionalitario indígena en la actualidad.

Por último, tenemos la identidad cultural boliviana dominan-te, resultante de los 179 años de vida republicana y que, si bien inicialmente surgió como artificio político desde el Estado, hoy tiene un conjunto de hitos históricos culturales y populares que la hacen consistente y predominantemente urbana.

Todo esto no debe hacernos olvidar que, como toda identidad étnica, en Bolivia estamos ante identidades flexibles y, en casos extremos, contingentes a las cualidades del contexto, que avanzan o retroceden sus fronteras según los ciclos históricos de expansión económica y apertura de los espacios de poder gubernamental.

Estas diversas comunidades lingüísticas e identidades étnicas son portadoras de diferentes configuraciones simbólicas, de vi-siones del mundo, de formas organizativas, de saberes y prácticas culturales y de apegos territoriales. Sin embargo, la mayoría de estas referencias cognitivas y prácticas nunca ha sido integrada a la conformación del mundo simbólico y organizativo estatal legítimo, debido a que las estructuras de poder social se hallan bajo el monopolio predominante de la identidad étnica bolivia-na; por tal razón, se puede decir que el Estado republicano es

²⁸\ Javier Hurtado, El katarismo, op. cit.; Álvaro García Linera, “La formación de la identidad nacional en el movimiento indígena-campesino aimara”, en Fe y pueblo, N° 2, 2003.

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un Estado de tipo monoétnico o monocultural y, en tal sentido, excluyente y racista.

Esta monoculturalidad del Estado es visible cotidianamente cuando, por ejemplo, un estudiante que tuvo como lengua de hogar o de infancia el aimara o quechua tendrá que incorporar entre los condicionantes estructurales para el éxito académico, además de la disposición de tiempo y recursos culturales resul-tantes de su condición socioeconómica, la conquista de nuevas aptitudes lingüísticas, monopolizadas por los estudiantes cas-tellanohablantes, ya que el idioma legítimo para la adquisición de los bienes educativos es el castellano. En este caso, el idioma de hogar es el punto de partida de una indianidad visibilizada, y por lo tanto de un estigma, que depreciará el conjunto de des-trezas disponibles para las distintas competencias sociales. Algo similar sucede en gran parte de los ámbitos públicos (servicio militar, cargos administrativos, judicatura, acceso bancario, etc.), y no de forma minoritaria, sino con poco más de la mitad de la población. En ciertos contextos, el apellido, la vestimenta y el color de piel pueden cumplir esta misma función devaluatoria de la trayectoria social.

Es sabido que todo Estado necesita crear adherencias colecti-vas, sistemas de fines y valores comunes, que permitan cohesionar imaginariamente a los distintos grupos sociales presentes en el ámbito de su influencia territorial. La escuela, el sistema de re-gistros de nacimiento, de carnetización, de sufragio, los rituales públicos, el conjunto de símbolos cívicos, etc., crean esta base de filiación cultural, que a la larga dan lugar a una etnicidad estatal-mente inventada. El problema de ello empieza cuando esta mo-noetnización del Estado se hace seleccionando arbitrariamente un conjunto de aptitudes, de competencias y valores monopo-lizados por determinados grupos, en detrimento de otros. Este problema se torna complejo cuando estos componentes identi-tarios están bajo el control predominante de sectores limitados o minoritarios de la población y, peor aún, cuando la adquisición de esos componentes de legitimación étnica es una empresa fallida o mutilada por la devaluación simbólica, estatalmente refrendada,

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a la que son sometidas las personas que incursionan en estos pro-cesos de desetnificación y re-etnificación, que es precisamente lo que sucede en Bolivia.

Siendo un país de aproximadamente ocho millones de habi-tantes, en términos lingüísticos, poco más de cuatro millones tie-nen como idioma materno el aimara o quechua, o son bilingües con el castellano. Sin embargo, ninguna repartición pública, nin-gún instituto de enseñanza superior, ni ningún puesto de jerarquía económica, política o cultural tiene al idioma aimara o quechua como medio de comunicación oficial. El monolingüismo estatal, a la vez que consagra arbitrariamente un solo idioma como len-gua de Estado, devalúa de facto las otras lenguas como modo de acceso a los cargos públicos o como mecanismo de ascenso social urbano y, de manera velada, coacciona a los bilingües o monolin-gües aimara-quechuahablantes a abandonar sus idiomas, pues no están incluidos entre los bienes culturales legítimos.

El hecho de que cada vez haya más personas que hablen el castellano o combinen el castellano con otro idioma nativo no es ninguna “elección” fundada en el reconocimiento de las virtudes del mestizaje monoétnico del Estado; es un efecto de las relacio-nes de dominación étnicas que han jerarquizado, con la fuerza del poder estatal, bienes culturales específicos en detrimento de otros. Con ello, es fácilmente comprensible la negativa de varias comunidades campesinas indígenas a que la enseñanza en la es-cuela primaria sea bilingüe (castellano/aimara, por ejemplo); se trata de un acto racional de cálculo de expectativas. Claro, ¿de qué sirve aprender a leer y escribir en aimara si ello no va a ser útil para adquirir empleos urbanos, ni para tramitar en reparti-ciones públicas, ni acceder a una profesión reconocida? Por ello, la disminución de las personas que sólo hablan un idioma nativo, junto con el crecimiento del bilingüismo o del bloque de personas que sólo hablan castellano, no debe sorprender a nadie, ya que es el resultado directo de la coerción cultural y simbólica del Es-tado. Es fácil prever que las tasas de medición del bilingüismo, e incluso del monolingüismo nativo, crecerían notablemente si las estructuras de poder estatal, de manera normativa y generaliza-

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da, fueran bilingües o trilingües, como sucede en otros Estados modernos multiculturales y multinacionales.

C) Sociedad multicivilizatoria y estado esquizofrénico

La monoetnicidad o mononacionalidad del Estado, en una socie-dad multiétnica o multinacional, es por tanto el primer disloque de una relación eficiente y democrática entre sociedad y Estado. Sin embargo, éste no es el único problema de la complejidad estructural de lo que llamamos Bolivia. El otro eje de desarticu-lación social sustancial es lo que René Zavaleta llamó “lo abiga-rrado”, concepto que puede ser resumido como la coexistencia sobrepuesta de varios modos de producción, de varios tiempos históricos y sistemas políticos.²⁹ En términos más operaciona-lizables, se puede decir que Bolivia es un país donde coexisten desarticuladamente varias civilizaciones, pero donde la estruc-tura estatal recoge la lógica organizativa de una sola de ellas, la moderna mercantil capitalista.

Siguiendo a Elias,³⁰ a nivel general, se puede entender al ré-gimen civilizatorio como el entramado social y las pautas del comportamiento por medio de las cuales las personas están acos-tumbradas a vivir. Esto supone los modos de diferenciación de las funciones sociales, las formas de constitución de los institu-tos del monopolio de la violencia física e impositiva, las maneras de simbolizar las previsiones prolongadas de secuencias en las relaciones entre las personas (la técnica), y los mandatos y pro-hibiciones que modelan el vínculo entre las personas.³¹ Se trata,

²⁹\ René Zavaleta, Lo nacional popular en Bolivia, México, Siglo XXI, 1986; Luis Tapia, La producción del conocimiento local. Historia y política en la obra de Re-né Zavaleta, La Paz, Postgrado en Ciencias del Desarrollo (cides), Universidad Mayor de San Andrés (umsa) y Muela del Diablo, 2002.

³⁰\ 琀orbert Elias, El proceso de la civilización, México, Fondo de Cultura Econó-mica, 1993; véase también Fernand Braudel, Civilización material, economía y capitalismo, Madrid, Alianza, 1984.

³¹\ Un uso pionero del concepto de civilización para estudiar los pueblos indíge-

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por tanto, de un conjunto coherente de estructuras generativas de orden material, político y simbólico que organizan de mane-ra diferenciada las funciones productivas, los procesos técnicos, los sistemas de autoridad, la organización política, además de los esquemas simbólicos con los que colectividades extensas dan co-herencia al mundo. Un régimen civilizatorio es mucho más que un modo de producción, pues integra la matriz cognitiva y los procedimientos de autoridad que regulan la vida colectiva; asimis-mo, una civilización puede atravesar varios modos de producción, como por ejemplo, la comunidad arcaica y la comunidad rural que, siendo dos modos de producción diferentes, compartieron matrices organizativas de la vida similares. Igualmente, una ci-vilización puede abarcar varios territorios discontinuos y varios pueblos o naciones, como la civilización capitalista mundial, que abarca más de un centenar de naciones-Estado, o la civilización comunal, que abarca por igual aimara y quechuahablantes que radican en comunidades agrarias.

En Bolivia, se puede afirmar que existen cuatro grandes regí-menes civilizatorios.³² Estas cuatro civilizaciones son:

nas fue hecho por Guillermo Bonfil, aunque de manera directamente asociada a las características sociales del campesino (orientación a la producción auto-suficiente, solidaridad familiar, reciprocidad, propiedad comunal de la tierra, la naturaleza como cuerpo vivo dialogante, etcétera). Véase Guillermo Bonfil,

México profundo. Una civilización negada, México, Secretaría de Educación Pú-blica (sep) y Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (ciesas), 1987.

³²\ 琀n un texto reciente (“El país está dividido: ¿habrá que dividirlo mejor?”, en Tink’azos, No. 17, 2004) Rafael Archondo ha intentado realizar un conjunto de observaciones a nuestra propuesta sobre la multinacionalización del Estado. Lamentablemente, el esfuerzo por la estética de la palabra irónica ha sacrificado la razón argumentativa y el conocimiento. Señala que el Estado no puede ser “síntesis” (connotada) de la sociedad, sino tan sólo “de lo político” (¿?), como si la autoridad que garantiza los derechos de ciudadanía de los miembros de un territorio, los impuestos que sostienen la administración burocrática o el régi-men de propiedad que jerarquiza accesos a los bienes colectivamente generados sólo afectara a las pequeñas elites “sedientas de poder”, mientras que el resto, la mayoría, viviera en una suerte de no-estatalidad, tan soñada por el anarquismo primitivo.

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• La moderna, mercantil-industrial, que abarca a personas

que, poseedoras de una racionalidad eminentemente mercantil

\ La ingenuidad de una sociedad por fuera del Estado no pasaría de ser una ino-cente especulación si no fuera porque en ello se “olvida” o se esconde que el Estado “vive” de los recursos de toda la sociedad, asigna jerárquicamente esos bienes en función de la fuerza de la totalidad de las fracciones sociales, y consa-gra el acceso a esos poderes por medio de la coerción que ejerce y la legitimidad que obtiene de la totalidad de los miembros de la sociedad. El Estado es pues una relación social total, no solamente la ambición de los “capaces” o los “se-dientos” de poder; el Estado nos atraviesa a todos de algún modo, de ahí su con-tenido público. Si el Estado sólo afectara a las “elites ideológicamente activas”, Archondo debería preguntarse entonces por el sentido fantasmal del impuesto salarial que entrega cada mes, por la irrealidad de los títulos de propiedad o la ficción del voto.

\ 琀n parte, toda esta ilusión está emparentada con el sueño del burócrata estatal, que cree que no le debe nada a la sociedad y que lo público es sólo un hecho de virtuosos. Lo que pasa es que Archondo confunde la administración del Estado con el Estado. Lo primero es ciertamente un hecho de elites que administran el poder estatal, en tanto que lo segundo es un hecho relacional y maquinal que atraviesa, de un modo o de otro, toda la sociedad. La solidez de un estado mo-derno radica en que es capaz de producir la relación política en toda la sociedad, por medio de la legitimidad activa, permitiendo que los intereses de los distintos bloques sociales políticamente activos queden articulados jerárquicamente en las funciones estatales, y las elites de esos bloques puedan acceder competitivamente a los distintos mecanismos de poder, que es precisamente lo que no sucede en el país. Acá, ni el Estado es un hecho relacional social (basta con anotar el porcen-taje de personas que no tributan ni acceden a la ciudadanía política o social), ni las prerrogativas colectivas de una mayoría poblacional (los indígenas en tanto identidad histórico-política) están integradas en los derechos de ciudadanía plena.

\ La candidez prerreflexiva de Archondo deviene una clara militancia política en el momento de criticar la propuesta de una multiculturalización o multinacio-nalización de las estructuras decisorias del Estado. Es comprensible que des-conozca las formas de arreglo institucional a las que han llegado otros Estados democráticos multiculturales (Bélgica, Suiza, India, Canadá, etc.). En ese caso, simplemente se puede recomendar que revise la literatura pertinente antes de aventurarse a adjetivar sobre cosas que no comprende. Pero lo que sí merece una observación es el criterio de que la presencia proporcional de las identida-des culturales en el Estado sería una forma de “apartheid”. Si Archondo hubiera tenido el tino de revisar el significado de las palabras que utiliza con memorable ligereza, se hubiera enterado que el apartheid significó la exclusión de la socie-dad de las estructuras de poder, precisamente a partir de la pertenencia a una comunidad cultural, y que ello estaba legalmente reglamentado. Eso es lo que sucede en Bolivia, pero no de manera legal, sino de hecho, tal como lo estamos demostrando, y con unos efectos prácticos de segregación en el acceso a recursos públicos y movilidad social.

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y acumulativa, han atravesado procesos de individuación y desa rraigo comunitario tradicional; viven la separación de lo político

\ 琀ste apartheid hipócrita, al que se apega Archondo, es el que precisamente de-bería desmontarse y no ser legitimado detrás de frasecillas sobre una “demo-cracia” desetnizada que consagra la monoetnicidad de la estructura estatal. En sociedades multiculturales, el demos de la democracia tiene que ser culturalmente plural porque, de otro modo, deja en pie los mecanismos de exclusión política, mediante la imposición de un solo parámetro de demos que jamás será imparcial ni universal. Al respecto, no deja de ser sintomático el apego de Archondo a la ilusión de que la identidad es un hecho de elección individual, tal como procla-ma el liberalismo de sociedades culturalmente homogéneas. Lo que no debería perder de vista es que la identidad es un producto de luchas colectivas en torno al acceso a recursos, a partir de la politización de determinados componentes (idioma, religión, historia, tradición, etc.), y que el Estado produce también identidades, dominantes y dominadas. Se trata de una trama de poderes de la que el individuo no puede sustraerse para optar libremente y, menos aún, cuan-do ellas sirven para regular el acceso a los bienes económicos y políticos de una sociedad, como en Bolivia.

\ La inmaculada individualidad a la que se apega Archondo es una ficción que legitima, con ropaje universalista, la identidad estatalmente dominante (pues el Estado monopoliza la educación legítima, el idioma legítimo, la cultura legítima, la historia legítima) y reproduce en los hechos las identidades dominadas. En el fondo, el desmonte de esta dominación realmente existente es el límite infran-queable de todo este pseudoliberalismo, que raya en la frivolidad. Archondo debería preguntarse sobre la “libertad” que tienen los indios para “blanquearse” o “agringarse” exitosamente en el momento de optar a los intercambios matri-moniales, a puestos laborales o reconocimientos públicos.

\ Sobre la angustia que agobia a nuestro crítico respecto a cómo identificar las comunidades culturales, éste es un acto político de autoadscripción que tiene como jurisdicción la territorialidad del Estado. En democracias multiculturales, cada ciudadano puede ejercer sus derechos ciudadanos a partir de su pertenencia cultural, donde sea que se ubique, u optar por representantes de su comunidad cultural desde cualquier lugar, pues el Estado es multicultural en su estructura central. Con la diferencia de que allá donde territorialmente es mayoría una identidad cultural, las estructuras decisorias del poder subnacional (regional) tienen una predominancia cultural, pero que reconoce los derechos de otras minorías culturales en su seno.

\ 琀n cuanto a considerar las identidades y las diferentes civilizaciones como es-pacios estancos, tal como lo plantea Archondo, se pueden revisar las respuestas que damos en este texto a argumentaciones críticas más sólidas y coherentes. En todo caso, no porque Bush utilice las palabras “democracia” y “libertad” para legitimar sus guerras, el concepto de democracia y libertad son conceptos guerre-ristas. Lo mismo sucede con el concepto de “civilización” empleado por Samuel Huntington. Si Archondo hubiera leído al autor antes de usarlo con afanes com-parativos y devaluatorios, se daría cuenta de que, para Huntington, la civilización

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respecto a lo económico y asientan el fundamento de sus condi-ciones de existencia, como actores dominantes o subordinados, en actividades laborales asalariadas como la minería y manufac-tura industrial, la banca, el gran comercio, los servicios públicos, el transporte, etc., con sus respectivos circuitos de acumulación e intercambio directamente mercantil de productos, bienes y fuerza de trabajo. En términos poblacionales, no más de un 20 o 30% de las personas en el país están involucradas directa y técnicamente en esta trama social.

• El segundo régimen civilizatorio es el que se refiere a la economía y cultura organizadas en torno a la actividad mercantil simple de tipo doméstico, artesanal o campesino. Quienes perte-necen a él son portadores de una racionalidad gremial o corpora-tiva, y poseen un régimen de instituciones políticas basadas en la coalición normativizada de pequeños propietarios mercantiles. Una buena parte de la llamada informalidad, que ocupa el 68% del empleo urbano, de los artesanos y los pequeños campesinos parcelarios corresponde a este segmento social.

• En tercer lugar, está la civilización comunal, con sus proce-dimientos tecnológicos fundados en la fuerza de masa, en la ges-tión de la tierra familiar y comunal, en la fusión entre actividad económica y política, con sus propias autoridades e instituciones

\ es sinónimo de cultura y ésta es reducida a idioma y en algunos casos a religión. Y es con ello que arma la lectura conservadora de “choque de civilizaciones”.

\ 琀n nuestro caso, y retomando el empleo sociológico de Norbert Elias y de otros investigadores latinoamericanos, que le vendría bien revisar a Archondo, con el concepto de civilización buscamos articular el concepto de modo de producción, en su fondo técnico y organizativo duro, con el sistema de autoridad política y el modo de significar estructuralmente el mundo. Como todo concepto, no es la realidad, sino una manera de ordenar mentalmente datos de la realidad, por lo que es epistemológicamente abusivo querer “mapear” y delimitar geográfica-mente con regla y lápiz las “civilizaciones”. Este concepto es una categoría que permite entender cómo es que en los comportamientos de las personas se hallan sobrepuestas, o a veces fusionadas jerárquicamente, lógicas y técnicas organi-zativas del modo de producir y reproducir material y simbólicamente sus vidas. El descalificar una categoría por el empleo que le da otro autor, que la define de una manera distinta, es un malabarismo ideológico de aplauso fácil, aunque intelectualmente es una impostura.

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políticas, que privilegian la acción normativa sobre la electiva³³ y en la que la individualidad es un producto de la colectividad y de su historia pasada.

• Por último, está la civilización amazónica, basada en el

carácter itinerante de su actividad productiva, la técnica basada en el conocimiento y laboriosidad individual y la ausencia de Estado.

En conjunto, las dos terceras partes de los habitantes del país³⁴ se hallan en alguna de los últimas tres franjas civilizatorias o so-cietales.³⁵ Es claro que éste es un modelo conceptual que no ex-cluye vínculos, cruces e hibridaciones complejos, producto de la colonización, entre estos cuatro bloques civilizatorios, al tiempo que hace resaltar la diferencia de los patrones de organización social vigentes en el espacio social boliviano.³⁶

³³\ Jürgen Habermas, Teoría de la acción comunicativa, Barcelona, Taurus, 1998.

³⁴\ La agricultura está compuesta por 550.000 unidades domésticas, que abarcan el 90% de la población agraria, y en el trabajo urbano predomina la existencia de 700.000 unidades semiempresariales, en tanto que el 65% del empleo urba-no lo otorgan estas unidades semiempresariales y familiares. Al respecto, véase Horst Grebe, “El crecimiento y la exclusión”, en aa. vv., La fuerza de las ideas, La Paz, Banco Mundial, Instituto Prisma, Instituto Latinoamericano de Inves-tigaciones Sociales (ildis) y Maestrías para el Desarrollo (mpd), 2002; Carlos Arze, “Empleo y relaciones laborales”, en aa. vv., Bolivia hacia el siglo XXI, La Paz, umsa, Coordinadora Nacional de Redes (cnr), Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (cedla), Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud) y cides, 1999.

³⁵\ Una persona que propuso el uso de la categoría de civilización para entender la estructura organizativa de los pueblos indígenas fue Guillermo Bonfil. Para él la civilización sería “un nivel de desarrollo cultural (en el sentido más amplio e inclusivo del término) lo suficientemente alto y complejo como para servir de base común y orientación fundamental a los proyectos históricos de todos los pueblos que comparten esa civilización”. Véase Guillermo Bonfil, México pro-fundo, op. cit. Un concepto parecido al que acá utilizamos como civilización es el propuesto por Luis Tapia con la categoría de societal. Véase Luis Tapia, La condición multisocietal. Multiculturalidad, pluralismo, modernidad, La Paz, ci-des, umsa y Muela del Diablo, 2002.

³⁶\ La propuesta de diferenciar entre tres o cuatro bloques la heterogeneidad estruc-tural de Bolivia fue desarrollada por Luis Tapia en La condición multisocietal, op.

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Ahora bien, por lo general, las normas, funciones, institucio-nes y representaciones con las que se ha constituido la vida estatal en Bolivia sólo han tomado como universo de representación, de interpretación y síntesis general, las prácticas y disposiciones po-líticas liberales (régimen de partidos políticos, voto individual y secreto, división de poderes, separación de la política respecto a la economía, etc.), resultantes de una inserción en la vida moder-na mercantil, con sus hábitos de filiación electiva, de individuos parcialmente desarraigados de anclajes, de linaje o paisanaje tra-dicional y, por tanto, potencialmente aptos para formas de agre-gación partidaria y constitución del poder público mediante el mercado político moderno.³⁷

En cambio, una mayoría de la población —sumergida en es-tructuras económicas, cognitivas y culturales no industriales, y además detentadoras de otras identidades culturales y lingüísti-cas— es portadora de otros hábitos y técnicas políticas, resultan-tes de su propia vida material y técnica. La superposición de la identidad colectiva por encima de la individualidad, la práctica

cit. y Álvaro García Linera en “Estado y sociedad: en busca de una modernidad no esquizofrénica”, en aa. vv., La fuerza de las ideas, op. cit.

\ Posteriormente, Roberto Laserna, en el artículo “Bolivia: la crisis de octubre y el fracaso del Chenko” (La Paz, Muller y Asociados, 2004) ha propuesto el “con-cepto” de “distintas economías” para referirse a esta complejidad social bolivia-na. Dejando de lado este repentino cambio de horizonte teórico de quien hasta pocos meses atrás hacía una evaluación entusiasta de una economía en imparable proceso de globalización (véase Roberto Laserna, “Bolivia en la Globalización. Estado y sociedad. Temas del presente”, en aa. vv., La fuerza de las ideas, op. cit., y mi crítica a ese tipo de esquizofrenia ideológica), lo único que puede calificarse de novedoso en el escrito de Laserna radica en que atribuye a la existencia de estas “distintas economías” el fracaso de la aplicación de las reformas liberales. Si se trata de fracasos, quizá sería más honesto pensar en el fracaso social y la ignorancia de aquellos ideólogos del libre mercado que se lanzaron a aplicar re-cetas modernizantes en un país que no conocían ni comprendían. Con todo, a diferencia del concepto “las distintas economías” propuesto por Laserna, aquel de multisocietal o multicivilizatorio no sólo incorpora el tema de los “modos de producción” o economías diferenciadas, sino que también hace referencia a la existencia de múltiples sistemas de autoridad y múltiples estructuras simbólicas para definir el mundo que coexisten jerárquicamente en Bolivia.

³⁷\ 琀orbert Bobbio, El futuro de la democracia, México, Fondo de Cultura Econó-mica, 1995.

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deliberativa por encima de la electiva, la coerción normativa co-mo modo de comportamiento gratificable por encima de la libre adscripción y cumplimiento, la despersonalización del poder, su revocabilidad consensual y la rotatividad de funciones, etc., son formas de comportamiento que hablan de culturas políticas dife-renciadas de las liberales y representativas partidarias, profunda-mente ancladas en las propias condiciones de vida objetivas, en los propios sistemas técnicos de reproducción social de las per-sonas. El cooperativismo, el asambleísmo consensual, la rotación de cargos, el hábito de tipo normativo tradicional, hablan de unos tipos de acción política, de organización política, de tecnologías políticas, enraizadas en la propia estructura económica y técnica de sistemas civilizatorios no modernos y, por tanto, vigentes en tanto estos sistemas económicos, culturales y simbólicos de or-ganización de la vida social se mantengan.

En sociedades culturales homogéneas y políticamente nacio-nalizadas existe un principio ético político de unificación de cri-terios, que erige al Estado como un hecho de verificación legítima de esta integración histórica, la titularidad final de los recursos y las decisiones sobre las formas de gestión de esos recursos. Esto puede ser así porque el Estado, pese a sus jerarquías, se presenta como síntesis imaginada de la sociedad, por lo que la soberanía fi-nal no es un asunto de querella sino de cumplimiento deliberado.

En sociedades complejas como la boliviana, el Estado se pre-senta como una estructura relacional y política monoétnica y mo-nocivilizatoria que, así como desconoce o destruye otros términos culturales de lectura y representación de los recursos territoriales, vive con una legitimidad en permanente estado de duda y acecho por parte de las otras entidades culturales y étnicas, y de otras prácticas de entendimiento de la responsabilidad sobre el bien común, excluidas de la administración gubernamental.

Esto da lugar a un principio de incertidumbre estratégico de la legitimidad estatal, subsanada de vez en cuando por medio de pactos verticales de mutua tolerancia, susceptibles de ser que-brados por cualquiera de los bandos, apenas alguno de ellos se descuide y debilite. Ésta ha sido precisamente la situación del

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Estado boliviano a lo largo de sus 179 años de vida republicana, lo que lo convierte en un Estado no sólo aparente,³⁸ sino también gelatinoso y bajo permanente sospecha, debido a su incapacidad de articular estructuralmente las fuerzas sociales que cohabitan en su espacio de influencia geográfica.

Ante la ausencia de un principio nacionalizador de pertenen-cia o de parentesco simbólico ampliado entre las personas que se encuentran bajo la influencia estatal, la soberanía se presenta como un continuo escenario de guerras de baja y alta intensidad en las que los distintos sujetos —el Estado a través de sus nor-mas, los empresarios por medio de sus intereses económicos, y las comunidades a través de sus usos y costumbres— dilucidan temporalmente caleidoscópicas y fracturadas maneras de sobe-ranía territorial. La afirmación de que en Bolivia cada región se asemeja a una republiqueta no hace más que afirmar esta situación de incertidumbre estatal, que impide cualquier pretensión de ins-tauración de una normatividad gubernamental territorial común-mente aceptada, acatada y refrendada por todos los integrantes de la sociedad. En Bolivia, el Estado no es un emisor hegemónico, en cuanto no ha logrado generar creencias ni comportamientos compartidos de largo aliento que asienten un principio básico de soberanía aceptada. Ante esta ausencia de una ilusión compartida de comunidad política, el Estado y sus normas siempre son vistos como una mera herramienta instrumentable, y casi nunca como una síntesis expresiva de la sociedad como un todo.

Este desencuentro catastrófico entre estructuras civilizatorias ha sido una constante en todos los ordenamientos políticos de la república, incluido el más democrático, que emergió de la revo-lución de 1952; y hoy, cuando se intenta construir un Estado de derecho, se vuelve a manifestar con mayor virulencia, debido a la articulación extraestatal de esas otras racionalidades y técnicas políticas no liberales, a través los movimientos sociales indígenas y campesinos.

³⁸\ René Zavaleta, Lo nacional popular en Bolivia, op. cit.

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La limitación de la actual institucionalidad democrático-re-presentativa liberal no es un hecho resultante de la persistencia de una cultura autoritaria,³⁹ como si la política dependiera úni-camente de hábitos culturales susceptibles de ser enmendados mediante acciones pedagógicas o de evangelización política. Es un hecho estructural, que está anclado en la materialidad de la coexistencia desarticulada o poco articulada de regímenes civi-lizatorios que no se modificaron mediante simples mensajes a la conciencia. De hecho, esta creencia, que intenta reducir como única vía legítima de hacer política a las formas liberales repre-sentativas e individualizadas, es no sólo una forma de intoleran-cia política, sino también de autoritarismo exacerbado frente a la pluralidad cultural de las maneras de hacer y entender la política, incluida la democracia.

En sentido estricto, el régimen liberal de democracia repre-sentativa (detrás del cual corren desesperadamente las elites), para funcionar exitosamente, requiere de una serie de requisitos imprescindibles o condiciones de posibilidad primarias. En pri-mer lugar, lo que alguna vez Zavaleta denominó el prejuicio de la igualdad como hecho de masas.⁴⁰ Claro, si de lo que se trata es de que al mercado político de partidos concurran individuos con facultades de intercambiabilidad de bienes políticos al margen de las coerciones “extrapolíticas”, a fin de que garanticen la libre elegibilidad personal y el principio de igualdad de cada opción en la constitución de la “voluntad general”, en el mercado deben confrontarse personas portadoras de los mismos derechos jurídi-cos de transacción y de las mismas prerrogativas políticas frente al poder público. Éste es el sustento del mercado económico y, con más razón, del mercado político. Se trata ciertamente de una ilusión jurídica y política; sin embargo, se trata de una ilusión bien

³⁹\ H.C.F. Mansilla, Autonomía e imitación en el desarrollo, La Paz, Centro Boli-viano de Estudios Multidisciplinarios (cebem), 1994; Jorge Lazarte, “Entre dos mundos: la cultura democrática en Bolivia”, en Carlos Toranzo et al., Democracia y cultura política en Bolivia, La Paz, Banco Interamericano de Desarrollo (bid), Corte Nacional Electoral (cne) y pnud, 2001.

⁴⁰\ René Zavaleta, Las masas en noviembre, La Paz, Juventud, 1983.

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fundada, en la medida en que en el acto electoral la gente “cree” que tiene el mismo poder que los demás, independientemente de su posición económica o cultural, así como cree que en el merca-do tiene los mismos derechos y opciones que sus competidores, clientes y ofertantes. Pero entonces esto requiere:

a) Que la sociedad haya generalizado la lógica mercantil en la mayoría de sus actividades productivas, consuntivas, culturales, intelectivas y éticas; cosa que sucede mediante la generalización y conducción técnica del régimen de producción capitalista y la extinción de estructuras productivas no capitalistas, como las agrario-campesinas, comunales, artesanales. A esto es a lo que se llama subsunción real.⁴¹ Ubicados desde los requerimientos del buen funcionamiento de la democracia representativa, la ausencia de subsunción real, o si se prefiere, la existencia de estructuras productivas no capitalistas, de regímenes de intercambio no mer-cantil, es un obstáculo para la constitución de sujetos igualados, con capacidad de asumir el mercado como fundamento racional de sus comportamientos sociales, incluido el político.

En el caso de Bolivia, es por demás evidente que nos encon-tramos con un dominio de la racionalidad capitalista, pero no con su generalización. Es más, cerca de dos tercios de los circui-tos económicos se mueven bajo parámetros no industriales. De ahí que, en términos de esquemas mentales, no sólo sea escasa la presencia de un sentido de igualación social en correspondencia a la pequeñez de una economía capitalista plenamente desplega-da, sino que, además, se tengan espacios de igualación fragmen-tados, territorializados por lugar de residencia, por parentesco, paisanaje, etcétera. Una de las condiciones estructurales de la democracia representativa es, por tanto, inexistente en la forma-ción social boliviana.

b) El otro componente de la constitución de la igualdad po-lítica es la disolución de aquellos modos de diferenciación en el acceso a derechos políticos fundados en la cultura, la etnicidad, la

⁴¹\ Karl Marx, El capital, México, Siglo XXI, 1985, capítulo VI (inédito).

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religión o el género, que impedirían el escrutinio numérico como modo de resolución de la voluntad general. Esto significa que la conformación de los capitales políticos relevantes debe ceñirse a los bienes culturales institucionalizados, pública e indiferen-ciadamente emitidos; como en el caso de las titulaciones. Dado que los colonialismos, entre otras cosas, instituyen la etnicidad y la cultura heredada como bienes sociales jerarquizantes y como formas de capital político que garantizan o excluyen de derechos políticos, la razón de la democracia representativa requiere la descolonización política y ciertos grados de homogeneización cultural de la sociedad. A eso se le ha llamado nacionalización de la sociedad, y es un requisito de la formación de ciudadanía y aptitud representativa liberal.

No puede haber representación liberal en medio de la vigencia de regímenes coloniales que imponen una cultura, una etnicidad o una religión minoritaria como sellos de ingreso a la participación política. En el caso de Bolivia, ésta es precisamente la realidad. Sobre la presencia de poblaciones mayoritarias portadoras de una cultura, de unos usos lingüísticos y una etnicidad particular, se halla un grupo social minoritario, portador de un idioma, una cultura y una etnicidad diferentes, pero instituidas como legíti-mas y dominantes. Resulta así que los hábitos racistas y coloniales de las elites políticas, supuestamente empeñadas en procesos de modernización política, son a la vez unos de los más importantes obstáculos a ésas, sus inclinaciones liberalizantes de la política.

En segundo lugar, para que esta forma liberal de intercambio político funcione, se necesita un mínimo de lo que Max Weber definió como “fines y valores comunes”, capaces de promover un sentido común y relativamente articulado de lo público, que validen como norma aceptada la competencia de ofertas políti-cas, las reglas de elección y las equivalencias políticas de las pro-puestas electorales.

La posibilidad de que el mercado político sea asumido como el lugar de la constitución de los poderes públicos reposa en un cuerpo de creencias compartidas de que ésa es la mejor forma de

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constituir la intervención de la sociedad en la gestión de lo que les une (el mundo de los fines sociales), pero, además, en que en-tre los miembros de la sociedad exista la certeza de que tienen, de manera duradera, algo en común: el mundo de los valores compartidos.

Se trata de un hecho espiritual, cultural, pero también proce-dimental, capaz de inaugurar una narrativa de un cuerpo social, que es a su vez una manera de inventar su cohesión y su deseo de permanencia. La posibilidad de que estas estructuras de percep-ción y acción social existan, en tiempos modernos, ha requerido cierta homogeneidad cultural estatalmente inducida (de ahí que las naciones sean en parte artificios estatales), pero ante todo, los efectos culturales y organizativos de la subsunción real, que no es otra cosa que la destrucción o debilitamiento de otras formas de filiación social, la extinción o subalternación de otras redes de constitución espiritual del cuerpo social, como fueron la familia, la localidad, la comunidad agraria, etcétera.

La persistencia de otros mecanismos de identificación so-cial, de obtención de valores colectivos locales, tiene la virtud de imposibilitar la agregación de voluntades políticas a través de un partido, pues esta última se sostiene en filiaciones electivas, voluntarias, de individuos desarraigados de otras formas de ads-cripción colectiva. La persistencia de estructuras tradicionales de producir y de pensar, en cambio, generan tanto formas de filiación normativa, en tanto el individuo es lo que es por la preexistencia y pertenencia al grupo, como formas de participación política y sis-temas de autoridad política locales, ancladas en las características de estas estructuras civilizatorias. En este caso, la colectividad (de parentesco, comunal, laboral), que es la condición de la indivi-dualidad y la práctica política, se entenderá como la responsabili-dad y obligatoriedad del individuo en la reproducción simbólica, económica, ritual y cultural de la trayectoria de la colectividad.

En el modelo liberal, en cambio, la individualidad es el punto de partida de la constitución de la colectividad; y para que ello ocurra, deben haber desaparecido previamente las estructuras colectivas concretas que interponen otro sentido de pertenencia

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y de participación, lo que a su vez requiere la generalización de las relaciones capitalistas de producción, cosa que en Bolivia acon-tece de manera limitada y no mayoritaria, aunque sí dominante.

II. Un estado multinacional y multicivilizatorio

Ahora bien, ¿cómo modificar este desencuentro entre vida esta-tal y composición socioeconómica del país? La opción que aquí proponemos es que dejemos de simular modernidad política y homogeneidad cultural en una sociedad predominantemente pre-moderna, multicivilizatoria y pluricultural. Esto significa romper la esquizofrenia de unas elites que durante siglos han soñado con ser modernas y blancas, que copian instituciones y leyes moder-nas para aplicarlas en una sociedad en la que los indígenas son mayoría, y la modernidad mercantil y organizativa es inexistente para más de la mitad de la población, y lo seguirá siendo en las siguientes décadas.

La existencia fáctica de múltiples identidades étnicas en el país y la propia comprobación histórica de la gelatinosidad estatal, que vive en permanente acecho de sistemas sociales débilmente inte-grados a un régimen de legitimidad normativa de largo aliento, obliga a asumir con seriedad y franqueza el debate en torno a las etnicidades, comunidades culturales y naciones sin Estado⁴² co-mo sujetos políticos y territoriales decisivos para la conformación y consagración de cualquier orden estatal duradero en el país.

Ante el reconocimiento de identidades étnicas, culturales y lingüísticas en la mayor parte de su territorio, que abarcan la ma-yor parte de su población, hay varias opciones a emprender. La primera es negar o simular un reconocimiento de esta diversidad, pero trazar políticas de extinción, ya sea a través de la exclusión coercitiva de esas identidades, o por medio de su devaluación simbólica, que empujen a estrategias de autonegación étnica. En términos estrictos, ésta es la política estatal que ha sido aplicada durante los últimos cien años, con algunas variantes “blandas” en

⁴²\ Montserrat Guibernau, Los nacionalismos, op. cit.

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la última década, pero cuyo resultado es una constante reconsti-tución de las identidades excluidas y el surgimiento de proyectos indianistas secesionistas respecto del Estado boliviano.

Otra opción es la potenciación de proyectos de autonomía na-cional indígena, que podrían dar lugar a la formación de nuevos Estados de composición mayoritaria indígena, por ejemplo en el caso de los aimarahablantes, que son la comunidad cultural que mayor trabajo de politización étnica ha emprendido en las últimas décadas, dando lugar a un cuerpo político nacionalitario, además de presentar una potencial densidad demográfica suficiente para volver viables estas propuestas de autodeterminación política. Es-te tipo de programas políticos han comenzado a revitalizarse en los últimos años, especialmente en la zona aimara, y marcan una pauta de diferenciación radical con el resto de los movimientos indígenas del continente. Esta ruta no debería extrañarnos pues, en el fondo, una nacionalidad es una etnicidad desterritorializada o, si se prefiere, una nación es una etnia exitosamente identificada con un territorio,⁴³ a través de la conformación de un régimen po-lítico de soberanía estatal sobre la misma. La diferencia entre una etnia y una nación únicamente radica en que la última ha empren-dido un proceso de estructuración de una comunidad política institucionalizada, por medio de un régimen de Estado. Cuando una etnia se autonomiza de un sistema de dominación deviene nación, y el conjunto de luchas y reclamos indígenas desplegados en las últimas décadas por el pueblo aimara, lo hace un candidato potencial para constituirse en identidad nacional-estatal.

Una tercera opción, carente de traumatismos culturales, se-ría la de diseñar una nueva estructura estatal, capaz de integrar en todo el armazón institucional, en la distribución de poderes y en normatividad, estas dos grandes dimensiones de la cualidad social boliviana: la diversidad étnico-cultural y la pluralidad ci-vilizatoria de los regímenes simbólicos y técnico-procesales de la organización del mundo colectivo. En términos de un régimen de

⁴³\ T. K. Oommen, Citizenship, Nationality and Ethnicity, op. cit.

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derechos ciudadanos y de prácticas democráticas, esto significaría la constitución de un Estado multinacional y multicivilizatorio.

A) La dimensión multinacional o multicultural de la comunidad política

Está claro que uno de los ejes de construcción estatal, capaz de reconciliar al Estado con la sociedad y de poner fin a la exclusión cultural, radica en una profunda reforma estatal que habilite, en términos normativos globales, el reconocimiento de la multicul-turalidad social y, por tanto, la necesidad de la construcción de un armazón político institucional estatal de tipo multinacional. Para ello, las distintas experiencias internacionales y la teoría política brindan una serie de experiencias y reflexiones que conviene sin-tetizar de manera breve, para articularlas con la lógica del lugar, en este caso con el conjunto de potencialidades y disponibilidades sociales presentes en la realidad boliviana.

A principios del siglo XX, el debate en torno a los derechos políticos y territoriales de las identidades culturales, pueblos, etnias o construcciones nacionales sin Estado (stateless nation-building)⁴⁴ fue abordado en torno a la necesidad, o no, de la autodeterminación estatal de los pueblos o naciones que así lo desearan. Los mayores aportes en este terreno vinieron del pen-samiento socialista,⁴⁵ aunque también hubo aportes similares por parte del pensamiento liberal. Immanuel Wallerstein ha mostrado que la política de los presidentes norteamericanos Thomas Woo drow Wilson y Theodore Roosevelt de apoyar la autodetermina-ción de las naciones, en los Balcanes y Rusia, era la aplicación del

⁴⁴\ Michael Keating, “Naciones sin Estado. Nacionalismo minoritario en la era glo-bal”, en Ferrán Requejo (coord.), Democracia y pluralismo nacional, Barcelona, Ariel, 2002.

⁴⁵\ Otto Bauer, La cuestión de las nacionalidades y la socialdemocracia, México, Siglo XXI, 1979; Vladimir Lenin, “Sobre el derecho de las naciones a la autodeter-minación”, en Obras completas. Tomo XVIII, México, Allende, 1982; Rosa de Luxemburgo, “La cuestión nacional y la autonomía”, en Cuadernos de Pasado y Presente, No. 81, 1979; Karl Kautsky, “La nacionalidad moderna”, en Cuadernos de Pasado y Presente, No. 73, 1978.

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principio liberal del sufragio individual al ámbito de la soberanía estatal en la organización política mundial.⁴⁶

En los años setenta y ochenta, el debate en teoría política ha sido entablado entre liberales y comunitaristas. En esta etapa, los liberales se oponían a los derechos de las naciones y/o minorías oprimidas, pues esto desviaba la atención de la autonomía indivi-dual, considerada central en el momento de decidir su bienestar,⁴⁷ en tanto que los comunitaristas veían los derechos de las “mino-rías” como una manera de proteger una forma de vida en común que está por encima de las elecciones individuales.⁴⁸

En los últimos años ha habido una proliferación de discusio-nes en torno a los derechos de las naciones y etnicidades sin Esta-do, tanto en el ámbito de la construcción institucional pluralista, como en el de la reflexión filosófica sobre el alcance y justicia de esos derechos.⁴⁹

Charles Taylor, cuestionando la existencia de Estados etno-culturales neutrales que brindarían a las distintas percepciones culturales el mismo ambiente para su despliegue, considera que el reconocimiento de derechos a comunidades culturales diferen-ciadas permite la satisfacción de una necesidad de visibilización social que, lejos de oponerse a las libertades individuales recono-cidas a todos, crea una base sólida y equitativa de ejercicio de esas libertades.⁵⁰ Will Kymlicka, presuponiendo que estas entidades culturales no exigen derechos que las protejan de la modernidad sino que, por el contrario, demandan su acceso a instituciones

⁴⁶\ 琀mmanuel Wallerstein, Después del liberalismo, México, Siglo XXI, 1996.

⁴⁷\ Jan Narveson, “Collective Rights”, en Canadian Journal of Law and Jurispruden-ce, Vol. 4, No. 2, 1991.

⁴⁸\ Darlene Johnston, “Native Rights as Collective Rights” en Canadian Journal of Law and Jurisprudence, Vol. 2, No. 1, 1989.

⁴⁹\ William Pfaff, The Wrath of Nations: Civilization and the Furies of Nationalism, New York, Simon and Schuster, 1993.

⁵⁰\ Charles Taylor, El multiculturalismo y la política del reconocimiento, México, Fondo de Cultura Económica, 1993; también, del mismo autor, “Valores com-partidos y divergentes”, en Enric Fossas y Ferrán Requejo (eds.), Asimetría fe-deral y Estado plurinacional, Madrid, Trotta, 1999.

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liberales, considera que los derechos colectivos demandados pro-mueven en su seno la extensión de valores liberales, con lo que, desde el punto de vista de la filosofía liberal, no habría razón al-guna para oponerse a estos derechos colectivos.⁵¹ Es más, con-sidera que aquellas comunidades culturales que se enfrentan a desventajas respecto a la preservación de su cultura, ubican a los individuos que la componen en una situación desventajosa, que rompe el principio de igualdad de la convivencia democrática, por lo que, para preservar ese principio de igualdad, es necesario el reconocimiento de derechos colectivos especiales, que permitan equilibrar sus competencias y posibilidades de vida con el resto de las personas de la sociedad.⁵²

Hay quienes consideran que el reconocimiento de los de-rechos de las identidades culturales y étnicas “minoritarias” es un planteamiento retrógrado,⁵³ mientras que hay liberales que consideran que el reconocimiento de esos derechos colectivos fomenta la desagregación social, que puede dar lugar a una es-piral de competencias mutuas y enfrentamientos entre distintas “etnicidades”.⁵⁴ Sin embargo, como recientemente lo ha mostra-do Kymlicka, existen evidencias de que, por el contrario, el reco-nocimiento de autogobierno a las minorías nacionales contribuye a la estabilidad y cohesión de los Estados.⁵⁵

En América latina, el debate en torno a los derechos de los pueblos indígenas ha sido extenso, y permanentemente vinculado a la acción de los Estados o de movimientos sociales y políticos indígenas. Dejando de lado la lectura estatal indigenista de corte

⁵¹\ Will Kymlicka, La política vernácula, Barcelona, Paidós, 2003; también, del mis-mo autor, Ciudadanía multicultural, Barcelona, Paidós, 1996.

⁵²\ Will Kymlicka, Liberalism, Community and Culture, Oxford, Clarendon, 1995; también, La política vernácula, op. cit.

⁵³\ Ralf Dahrendorf, “Preserving Prosperity” en New Statesman and Society, Vol. 8, No. 383, 1995.

⁵⁴\ Cynthia Ward, “The Limits of Liberal Republicanism”, en Columbia Law Re-view, Vol. 91, No. 3, 1991.

⁵⁵\ Will Kymlicka, “El nuevo debate sobre el derecho de las minorías”, en Ferrán Requejo (coord.), Democracia y pluralismo nacional, Barcelona, Ariel, 2002.

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integracionista de los años cuarenta y cincuenta,⁵⁶ las distintas interpretaciones propuestas desde los años setenta, a raíz de un resurgimiento de movimientos sociales y políticos indígenas, han transcurrido desde la reivindicación de gobiernos indios “an-tioccidentales”, pasando por encima de muchas de las fronteras estatales republicanas,⁵⁷ hasta el reconocimiento de derechos co-munitarios locales y la formación de autonomías regionales con mayores o menores grados de autodeterminación.⁵⁸

A raíz del levantamiento indígena de Chiapas, la discusión política y teórica respecto a los regímenes de autonomía ha ad-quirido una madurez considerable. Debido a la complejidad de la diversidad étnica en México, pero también a su ya reducido porcentaje de indígenas en relación con la totalidad de la pobla-ción mexicana, estas lecturas han hecho más hincapié en los de-rechos de las minorías étnicas⁵⁹ que en los derechos de mayorías nacionales sin Estado. Parte de este debate y de sus aportes la retomaremos posteriormente.

En términos generales, el reconocimiento político de identi-dades culturales o nacionales diferenciadas al interior de un Es-tado puede asumir una escala de grados en cuanto a “densidad” y “altura” institucional. En el caso de la “altura” institucional, los derechos políticos pueden simplemente quedarse en el ámbito local, comunal, o abarcar dimensiones mezo o regionales y, por último, alcanzar a la propia estructura macro o superior de la ges-tión estatal, como el ejecutivo, el parlamento o la corte superior. Hasta dónde llegue el reconocimiento de derechos de las nacio-

⁵⁶\ Gonzalo Aguirre Beltrán, Formas de gobierno indígena, México, Fondo de Cul-tura Económica, 1991.

⁵⁷\ Fausto Reinaga, La revolución india, La Paz, Partido Indio de Bolivia, 1969; José Alcina (comp.), Indianismo e indigenismo en América, Madrid, Alianza, 1990.

⁵⁸\ Héctor Díaz Polanco, La cuestión étnico-nacional, México, Línea, 1985; tam-bién, del mismo autor, Autonomía regional, la autodeterminación de los pueblos, México, Siglo XXI, 1991; Luis Bate, Cultura, clases y cuestión étnico-nacional, México, Juan Pablos, 1984; Héctor Díaz Polanco y Consuelo Sánchez, México diverso. El debate por la autonomía, México, Siglo XXI, 2003.

⁵⁹\ Héctor Díaz Polanco y Consuelo Sánchez, México diverso, op. cit.; Revista Chia-pas, No. 11, 2001.

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nalidades, dependerá de la fuerza de su cohesión política interna, de la apertura del Estado y de las expectativas democratizadoras del resto de las colectividades sociales existentes dentro de éste.

En cuanto a la densidad de derechos, éstos pueden ir desde el reconocimiento de derechos de propiedad sobre tierras y recursos naturales, hasta derechos territoriales y soberanías políticas pac-tadas sobre determinados recursos. Igualmente, pueden abarcar el reconocimiento contingente de la presencia de miembros de las culturas excluidas en algún nivel del aparato de Estado, hasta la construcción de una “cultura societaria” entendida como una cultura territorialmente concentrada, basada en un idioma com-partido que es usado en las instituciones políticas y sociales, tanto en la vida pública como privada –gobierno, escuelas, derecho, economía, empleos públicos, medios de comunicación.⁶⁰ En tér-minos generales, la ciudadanía es la integración de una persona como miembro competente de una comunidad política, a través de un conjunto de prácticas jurídicas, económicas y políticas defi-nidas como derechos.⁶¹ Esto supone la existencia de un conjunto de fines y valores comunes capaces de constituir, de manera du-radera, una comunidad política que, por lo general, es fruto de procesos de homogeneización económica en torno a economías sólidas de tipo industrial y de mercado, además de dilatados pro-cedimientos de integración cultural. En sociedades multiétnicas o multinacionales, la comunidad política sólo se puede construir mediante mecanismos que, sin eliminar la particularidad cultural de las personas, éstas tengan las mismas oportunidades y derechos para constituir parte de la institucionalidad política. Para permi-tir lo anterior, algunos autores han propuesto el ejercicio de una

⁶⁰\ Will Kymlicka, “El nuevo debate sobre el derecho de las minorías”, op. cit.

⁶¹\ Sobre el tema de ciudadanía, se puede revisar Thomas Marshall y Tom Bottomo-re, Ciudadanía y clase social, Madrid, Alianza, 1998; Jürgen Habermas, “Ciudada-nía e identidad nacional”, en Facticidad y validez, Madrid, Trotta, 1998; Charles Tilly (ed.), “Citizenship, Identity and Social History”, en International Review of Social History Supplements, No. 3, 1996; David Held, “Between State and Civil Society: Citizenship”, en Geoff Andrews, Citizenship, London, Lawrence & Wishart, 1995; La Política, No. 3: Ciudadanía, el debate contemporáneo, 1996; Revista Metapolítica, No. 15, 2000.

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ciudadanía diferenciada,⁶² que da lugar al ejercicio de derechos políticos plenos en tanto se pertenece a una determinada comu-nidad étnica-cultural o nacional al interior del propio Estado. De esta manera, las identidades étnico-nacionales excluidas contarían con medios institucionales que garantizarían su representación, en tanto identidades culturales, en las instituciones políticas, in-cluida su capacidad de veto colectivo frente a cualquier decisión que se vaya a tomar que afecte a la comunidad étnica.

La comunidad política, como lugar de ciudadanía, sería en-tonces un proceso de construcción colectiva, en la que las di-versas identidades étnicas excluidas estarían reconocidas en sus prerrogativas y poderes en tanto colectividades. Esta ciudadanía diferenciada puede asumir varias formas, como el Estado auto-nómico o el Estado multinacional.

Algunos autores locales han considerado que un Estado mul-ticultural o multinacional se opondría a la “idea” del fundamento democrático del Estado, asentado en la ciudadanía universal o “demos”. En este caso uno no puede dejar de preocuparse por la ignorancia de estos “críticos” respecto al abundante debate académico en ciencia política relativo al tema. Corrientes inte-lectuales sobre las que no recae ninguna sospecha de postura antidemocrática, como los liberales comunitaristas o los libe-rales multiculturalistas, durante más de una década han venido trabajando la temática de la “democracia multinacional” como parte de los esfuerzos por ampliar el soporte democrático de los Estados modernos en sociedades multiculturales, y de hecho, la realidad muestra que no sólo sociedades recientemente descolo-nizadas han avanzado en la formación de un Estado democráti-co con instituciones multinacionales (la India, Malasia, Nigeria,

⁶²\ 琀ris Marion Young, Justice and the Politics of Difference, Princeton, University of Princeton Press, 1990; Charles Taylor, El multiculturalismo y la política del reconocimiento, México, Fondo de Cultura Económica, 1993; Will Kymlicka,

Ciudadanía multicultural, op. cit., 1996; Gerd Baumann, El enigma multicultu-ral, Barcelona, Paidós, 2001; Luis Villoro, Estado plural, pluralidad de culturas, México, Paidós, 1998. Para una crítica ligera de estas interpretaciones, véase Giovanni Sartori, La sociedad multiétnica, Madrid, Taurus, 2001.

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Sudáfrica), sino también sociedades altamente industrializadas y con larga tradición democrática (Bélgica, Suiza o Canadá). Con cerca de ocho mil grupos etnoculturales en el mundo, y solamente cerca de doscientos Estados, está claro que más del 90% de los Estados modernos tienen que afrontar algún tipo de multicultu-ralidad, mayoritaria o minoritaria, en sus territorios.

Es por tanto incoherente separar el etnos del demos pues, en sentido estricto, todo demos es también un etnos, ya que al fin y al cabo el ejercicio de la “ciudadanía universal” supone una lengua de educación pública, de acceso a las funciones estatales superio-res y a los servicios públicos, supone una historia, unos héroes, unas festividades y conmemoraciones adecuadas a la narrativa histórica de una cultura particular, lo que promueve, de manera inevitable, una particular identidad cultural por encima de otras identidades. Esto es precisamente lo que sucede en Bolivia, don-de pese a que cerca del 45% de las personas tiene como idioma materno una lengua indígena, y el 62% se autoidentifica como indígena, existe un mercado lingüístico jerarquizado en torno al castellano, hay un mercado labor estratificado étnicamente, las funciones públicas son monoculturales y la etnicidad mes-tiza castellanohablante tiene la función de un capital que ayuda a producir los enclasamientos sociales. En sociedades multicul-turales, ningún Estado es neutro, ni ningún demos es resultado de reglas procedimentales de la democracia liberal. Siempre ha sido resultado de imposiciones culturales, dominaciones y ex-clusiones étnicas.

El debate de la democracia multinacional, lo que busca es trabajar un demos, no como “nación política”, sino como “co-munidad política”, por tanto susceptible de ser producida como articulación multicultural o multinacional de una sociedad cul-turalmente plural. Cuando se confunde demos con “nación po-lítica”, lo que tenemos es un tipo de etnocentrismo que atribuye valores universales a lo que simplemente son valores, saberes y prácticas particulares de una cultura dominante, resultante de la colonización y la guerra.

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Ocultar este hecho bajo los supuestos de un universalismo etnocentrista,⁶³ negarse a buscar alternativas de superación de-mocráticas, es precisamente la expresión de un tipo de colonia-lismo mental, que refuerza la continuidad de instituciones esta-tales coloniales, etnificadas y racializadas, como las del Estado boliviano. Y esto, lejos de ayudar a la “cohesión” interna de una sociedad que nunca ha sido cohesionada, pese a todos los artilu-gios liberalizantes y modernizantes del Estado monocultural, lo que hace es reforzar las estructuras de dominación cultural y étnica, provocando a la larga mayores posibilidades de rebelio-nes étnico-nacionales. En ese sentido, la multinacionalización o multiculturalización del Estado no etnifican el Estado, pues éste siempre está etnificado, por mucho que se encubra con el respeto de “derechos universales”. Lo que la multinacionalidad estatal hace es desmonopolizar la etnicidad del Estado, permitiendo a las otras etnicidades dominadas y excluidas compartir las estruc-turas de reconocimiento social y de poder político.

En el caso boliviano, la existencia de dos grandes comuni-dades lingüísticas (aimara y quechua), una de ellas con elevados

⁶³\ Hay que recordar que desde hace tiempo, las ciencias sociales han logrado es-clarecer que muchos de los llamados “valores universales” modernos son arbi-trariedades históricas, producto de determinadas correlaciones de fuerzas ma-teriales y discursivas, que transmutaron valores e intereses locales y parciales en valores generales, primero locales y luego “universales”. Como nos lo recuerda Richard Rorty, el hecho de que uno, en apego a su capacidad de raciocinio y argumentación, pueda asumir un compromiso moral con esos valores, no elude la comprensión de su contingencia y temporalidad. Véase Richard Rorty, Obje-tividad, relativismo y verdad, Barcelona, Paidós, 1996.

\ La mistificación de los “universalismos” como norma, por encima de la sociedad y de su capacidad de reflexión argumentativa, no sólo es insostenible intelectual-mente, sino que es una impostura ideológica detrás de la cual pueden agazaparse viejos y nuevos autoritarismos (el “socialismo real” de ayer, la “economía de libre mercado” de hoy). Con todo, las democracias multiculturales y las reivindica-ciones étnico culturales no tienen por qué ser contradictorias con el ejercicio de los hoy predominantes valores “universales” de igualdad, tolerancia y liber-tad individual. Como ya lo señaló el liberal Kymlicka, los derechos colectivos de autogobierno de los pueblos y nacionalidades dominadas o colonizadas son la mejor manera de defender la “cultura societaria de cada pueblo”, pues ellos brindan el “contexto de elección individual” de las opciones y valoraciones so-bre la igualdad y la libertad, que fundan precisamente la ciudadanía moderna.

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grados de politización nacionalitaria (la aimara), además de la existencia de varias decenas de comunidades lingüísticas y cul-turales menores, habla de la existencia de una multiplicidad de comunidades culturales portadoras de fines y valores diferen-ciados de la identidad nacional dominante y mayoritaria: la bo-liviana. Sin embargo, esta complejidad multicultural del país no es recogida por las estructuras administrativas del Estado, que se mantienen monoculturales, monolingüísticas y monoétnicas, limitando radicalmente el ejercicio de la ciudadanía y de los de-rechos democráticos.

Un modo de iniciar la resolución de este desencuentro entre pluralidad cultural de la sociedad y monopolización étnica del Estado, que reproduce discriminación y dominación colonial, reside precisamente en emprender procesos de reconocimiento asimétrico y diferenciado de identidades nacionales y étnicas, a escala macro y regional. Claro que en el caso de Bolivia no toda comunidad cultural distinta a la boliviana es nacional; existen identidades culturales menores y menos politizadas, especial-mente en el oriente del país, cuyo reconocimiento político estatal pasa por procedimientos organizativos distintos a los de aquellas comunidades culturales nacionales, como la aimara, que requie-ren una modificación sustancial de la estructura organizativa general del Estado.

De lo que se trata, entonces, es de garantizar mediante una concepción pactista del poder la convivencia, por medio de la articulación de la pluralidad, en una unidad política común de una sociedad diferencial, es decir, que tenga comunidades que son nacionales y otras que no lo son. El primer paso para ello es el otorgamiento de autonomías regionales por comunidad lingüística y cultural con distintos grados de autogobierno político, depen-diendo de la densidad política y extensión de las identidades cul-turales demandantes. Entendemos como autonomía, siguiendo a Donald Rotchild y Caroline Hartzell, un arreglo institucional que

[…] delimita una entidad o una serie de entidades de carácter regio-nal con administración propia dentro de un Estado, de manera que

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tengan responsabilidades explícitas en la elaboración de políticas en uno o más ámbitos de tipo político, económico o cultural […]. El objetivo de la autonomía territorial es ceder responsabilidades sobre materias específicas y, en algunos casos, permitir un cierto grado de autodeterminación a un grupo que constituye la mayoría dentro de los límites de una determinada región.⁶⁴

Sólo mediante diferentes formas de autogobierno las distintas culturas pueden hallar un espacio de reconocimiento, validación y desarrollo, ya que el autogobierno permite estructurar un sistema de instituciones políticas capaces de premiar y sancionar positi-vamente las prácticas culturales de la colectividad (el idioma, la vestimenta, los hábitos, etc.), y crear un campo de competencias administrativas, económicas y culturales basadas en una homo-geneidad lingüística.

En regiones indígenas campesinas del altiplano, los valles y el trópico, existen de facto estas estructuras de ciertas formas de autogobierno local, a nivel de comunidades y sindicatos agrarios, o de varias comunidades,⁶⁵ desde mucho antes de que existiera la república de Bolivia. Pero lo que no existe es una estructura de autogobierno a nivel superior, entre varias comunidades o entre todos los cientos o miles de comunidades y barrios urbanos que son partícipes de una gran comunidad lingüística y cultural, de tal forma que, cuando los miembros de estas comunidades cultu-rales se vinculan con los distintos aparatos gubernamentales de gestión económica, educativa, administrativa, policial o militar, lo tienen que hacer mediante el abandono de sus saberes culturales (lingüísticos, orales, etc.), y el uso obligado del idioma, los saberes y los hábitos, ambiguamente aprendidos, de la identidad cultural

⁶⁴\ Donald Rothchild y Caroline Hartzell, “La seguridad en sociedades profun-damente divididas: el papel de la autonomía territorial”, en William Safran y Ramón Maíz (coords.), Identidad y autogobierno en sociedades multiculturales,

Barcelona, Ariel, 2002.

⁶⁵\ William Carter y Mauricio Mamani, Irpa Chico; individuo y comunidad en la cultura aimara, La Paz, Juventud, 1982; Silvia Rivera, Ayllus y proyectos de desa-rrollo en el Norte de Potosí, La Paz, Aruwiyiri, 1993.

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dominante que regula la gestión estatal. Es el caso de cualquier comunario o vecino de barrio aimara o quechuahablante, que para tramitar un registro de propiedad tiene que utilizar el cas-tellano como exclusivo idioma para hacer conocer su petición, para redactar los memoriales y obtener la legalidad de su derecho propietario. La misma esquizofrenia lingüística y cultural tiene que vivirla diariamente cualquier persona que tenga como idioma materno algún idioma indígena; ya sea el padre de familia ante el director o profesor de escuela, el vendedor urbano en la alcaldía, el dirigente sindical ante el servicio de caminos, el comerciante ante la aduana, el estudiante ante el profesor universitario, la vecina ante los empleados de cobro de servicios de luz o agua.

En todo ello hay que reconocer que la Participación Popular ha permitido, no tanto por intención propia sino por empuje de las propias comunidades, que varias alcaldías modifiquen parcial-mente los usos lingüísticos en la gestión administrativa. Es posi-ble observar que, por la organización política de los sindicatos campesinos, algunos alcaldes y personal administrativo hablan idiomas indígenas en su vinculación con los electores de la zona, y en algunos casos están sometidos a formas de control social prac-ticadas por las comunidades indígenas;⁶⁶ sin embargo, en todos estos casos, simplemente se puede hablar de formas de autogo-bierno municipal de baja intensidad, en la medida en que estas autoridades sólo tienen competencias municipales y, lo decisivo, delimitadas y decididas desde el gobierno central, monopoliza-do por colectividades monoétnicas dominantes. Esto ayudaría a explicar el por qué, pese a los logros de la municipalización del territorio boliviano y al copamiento de algunas alcaldías por comunidades indígenas, y a la propia formación de municipios indígenas,⁶⁷ éstos no han podido conformar un campo de com-petencias culturales y políticas en torno a una homogeneidad lin-

⁶⁶\ José Blanes, Mallkus y alcaldes, La Paz, Programa de Investigación Estratégica en Bolivia (pieb) y cebem, 2000; Xavier Albó, Ojotas en el poder local, La Paz, Centro de Investigación y promoción del Campesinado (cipca) e hisbol, 1999.

⁶⁷\ Diego Pacheco, “Tierra, territorio y productividad”, en aa. vv., Visiones y con-textos para un nuevo desarrollo rural, La Paz, Agencia Suiza para el Desarrollo

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güística indígena. Claro, si de lo que se trata es simplemente de ejecutar las directrices normativas decididas por colectividades mestizas castellanohablantes y el resto de las competencias gu-bernamentales que, tanto a nivel local, regional y superior, están basadas en el uso del idioma castellano, el idioma indígena no deja de ser más que un idioma de uso meramente local y privado, sin opciones de viabilizar ascenso social y ciudadanía plena. La intro-ducción de idiomas indígenas en algunos despachos de atención gubernamental o de servicios no solucionaría el problema, pues seguiría siendo un idioma oficialmente marginal, que continuaría careciendo del rango de idioma oficialmente practicado, esto es, de ejercicio pleno de ciudadanía, de ascenso social y competencia por las jerarquías públicas legítimas.

El reconocimiento de formas de autogobierno en territorios delimitados por comunidades idiomáticas sería un tipo de jura singularia (derecho particular) que permitiría, de manera inme-diata, la creación de un campo de competencias y acumulación de capitales políticos, culturales, económicos, escolares y buro-cráticos, sobre la base de una homogeneidad lingüística que re-valorizaría y legitimaría estatalmente los distintos idiomas indíge-nas. Con ello se pondría en pie una “cultura societaria”, esto es, una cultura territorialmente concentrada, basada en una lengua compartida, usada en un amplio abanico de instituciones socia-les de la vida tanto pública como privada (educación, gobierno, economía, medios de comunicación, tributaciones, etc.). La im-portancia de la construcción de estas culturas societarias radica en que, sin promover secesiones,⁶⁸ se reconoce a las comunidades culturales, distintas a la hasta hoy dominante, el mismo derecho que ella practicó en su proceso de construcción nacional, pues toda nación estatal es en sentido estricto una cultura societaria.⁶⁹

y la Cooperación (cosude), Asociación de Instituciones de Promoción y Edu-cación (aipe) y Grupo de Desarrollo Rural (dru), 2002.

⁶⁸\ Sobre el derecho a la secesión, véase Wayne Norman, “Secesión y democracia”, en Ferrán Requejo (coord.), Democracia y pluralismo nacional, op. cit.

⁶⁹\ 琀jemplos de estas formas de autonomía por comunidad cultural en territorios especiales existen en Finlandia, en la región de los Asland; en Cataluña y en el País

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Ahora bien, en cuanto a las características del autogobierno de las comunidades culturales y/o lingüísticas, éstas pueden variar según la extensión territorial de la identidad cultural, la densidad demográfica y los grados de polinización étnica y nacionalitaria que han atravesado las distintas colectividades. En el caso de identidades étnicas reducidas, un nivel mínimo de autogobierno regional, capaz de garantizar el desarrollo de la cultura, la ciuda-danía multicultural y el ejercicio democrático de derechos polí-ticos diferenciados susceptibles de quebrar la exclusión actual, tendría que reconocer:

a) El derecho de los pueblos indígenas, y no solamente de las comunidades, a la libre determinación y, por tanto, a la autonomía política como parte del Estado boliviano.⁷⁰ Esto supone la posibi-lidad de que varias comunidades indígenas, ayllus o identidades étnicas mayores, por ejemplo Laymes y Qakachacas, se confede-ren para dar lugar a una región autonómica con autogobierno indígena regional de composición monoétnica o pluriétnica.

b) Elección de autoridades ejecutivas y formación de estruc-turas de deliberación regional por las comunidades culturales resultantes de la federación de pueblos y etnias indígenas. Las federaciones provinciales, las federaciones de ayllus, con sus sis-temas de cabildo o sistemas alternativos de elección individual

Vasco, en España; en las Islas Azores y Madeira en Portugal, y próximamente, en Inglaterra con los territorios de Irlanda del Norte y Escocia. Sobre esto, véase Eliseo Aja, El Estado autonómico, Madrid, Alianza, 1999. Un estudio sobre los límites de la aplicación de este modelo de organización estatal ha sido realiza-do en Shaheen Mozaffar y James Scarritt, “Por qué la autonomía territorial no es una opción viable para resolver el conflicto étnico en las sociedades plurales africanas”, en William Safran y Ramón Maíz (coords.), Identidad y autogobierno en sociedades multiculturales, op. cit.

⁷⁰\ Sobre el amplio debate acerca de la ambigüedad de la declaración de la Organi-zación Internacional del Trabajo (oit) y del Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (onu) en torno al reconocimiento del derecho de los “pueblos” a la autodeterminación, véase Bartolomé Clavero, Derecho indígena y cultura constitucional en América, op. cit.

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de representantes, podrían cumplir este papel de gobierno re-gional mínimo.

c) Preservación del principio de proporcionalidad y repre-sentación étnica equilibrada en la formación de los gobiernos regionales autonómicos, a fin de impedir la sobreposición de un grupo étnico o una comunidad lingüística sobre otra.

d) Integración de los habitantes no indígenas de ciudades o barrios comprendidos dentro de la territorialidad autonómica, como sujetos de los mismos derechos individuales y colectivos en la conformación de los sistemas de autoridad regional.

e) Jurisdicción territorial de la autonomía con competencias administrativas negociadas y diferenciadas con el Estado en los ámbitos educativo, judicial, de titulación agraria, y de manejo y protección de recursos naturales (agua, bosques, flora, fauna, recursos minerales). Esto supone una redefinición del sentido de la territorialidad, a fin de articular la soberanía estatal con los derechos de propiedad y soberanía indígenas preexistentes al Estado republicano.

f) Acceso a fondos del Estado bajo los principios de la equidad y la solidaridad, a fin de que las regiones más empobrecidas, por las exacciones y exclusiones precedentes, puedan participar del bien común estatalmente regulado.

g) Participación de las regiones autónomas basadas en comu-nidades culturales y/o lingüísticas en las instancias de decisión general o superior. La redistribución de las diputaciones unino-minales para dar lugar a la creación de distrititos, en función de regiones autonómicas y comunidades étnico-culturales, podría permitir precisamente esta articulación entre lo micro y lo macro de la organización multicultural del Estado.⁷¹

⁷¹\ Sobre el origen de algunos de estos puntos, véase el extenso debate sobre au-tonomías indígenas suscitado en México a raíz del levantamiento zapatista. En particular, véanse: “Postura del ezln para la plenaria resolutiva de las partes. Tema I: Derechos y cultura indígena” (manuscrito), San Andrés, México, ene-ro de 1996; “Resultados de la consulta a las bases zapatistas sobre la mesa I de derechos y cultura indígena”, comunicado de febrero de 1996, en Convergencia Socialista, Año 1, No. 1, julio-agosto de 1997; “Pronunciamiento conjunto que el

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Esta forma de autonomía regional podría ser implementada entre comunidades culturales y lingüísticas relativamente peque-ñas como las del oriente, entre comunidades lingüísticas o étnicas diferenciadas, pero que juntas pueden edificar una región auto-nómica más sólida; pero también entre identidades étnicas más o menos compactas, como las existentes en el norte de Potosí y Sucre; o entre varias identidades étnicas diferenciadas, pero poseedoras de un mismo idioma, como en el caso de las comu-nidades culturales quechuahablantes, que a pesar de compartir una misma base lingüística, presentan una diversidad identitaria muchas veces irreductible entre ellas.

Pero, simultáneamente, existe al menos una comunidad lin-güística y cultural de dimensión y cualidad nacional, la aimara, cuyo proceso de politización interna y cohesión nacionalitaria exige una estructura de autogobierno autonómico más compleja.

Por la historia de construcción nacional aimara;⁷² por la for-mación de una narrativa autonomista política de largo aliento; por la consolidación de una elite nacionalista con gran capacidad de irradiación discursiva; por la persistencia y expansión de sus repertorios culturales y su propio peso demográfico, altamente politizado a través de estructuras de acción colectiva como la Con-federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (csutcb) y los partidos indianistas (Partido Indio, Movimiento Indio Tupac Katari (mitka), Movimiento Revolucionario Tupac Katari (mtrk) —junto con sus posteriores desprendimientos— y, el más exitoso, el Movimiento Indígena Pachacuti (mip), la de-

gobierno federal y el ezln enviaran a las instancias de debate y decisión nacional, correspondiente al punto 1.5 de las reglas de procedimiento” (manuscrito), San Andrés, 16 de febrero de 1996; “La autonomía como nueva relación entre los pueblos indios y la sociedad nacional”, en Ojarasca, No. 38-39, 1994; “Com-paración entre la iniciativa de ley elaborada por la Cocopa y presentada por el Ejecutivo y las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión”, en Chiapas, No. 11, 2001; Héctor Díaz Polanco y Consuelo Sánchez, México diverso, op. cit.

⁷²\ Xavier Albó (comp.), Raíces de América: el mundo aimara, Madrid, Alianza y Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (unesco), 1988; Álvaro García Linera, “La formación de la identidad nacional en el movimiento indígena-campesino aimara”, op. cit.

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manda de reconocimiento político de esta comunidad nacional requeriría al menos de los siguientes puntos de caracterización del autogobierno de la autonomía regional por comunidad lin-güística:

a) El derecho de la nacionalidad aimara, no solamente de co-munidades, a la libre determinación y, por tanto, a la autonomía política como parte del Estado boliviano.

b) Reconocimiento constitucional de la autonomía regional por comunidad lingüística, a fin de garantizar, por encima de la coyuntura, este reconocimiento de la igualdad de las culturas en el Estado. Toda reforma de la Constitución requerirá ineludi-blemente la participación y aprobación mayoritaria de la región autónoma. A su vez, la región autónoma gozará de su propio ré-gimen normativo constitucional, considerado como norma básica de la región autónoma, aunque de rango inmediatamente inferior a la Constitución de la comunidad política del Estado boliviano.

c) Un ejecutivo y una cámara legislativa nacional aimara, de entre cuyos miembros es elegido el ejecutivo del régimen autóno-mo. Esta asamblea, que ejerce sus funciones sobre la jurisdicción territorial continua en la zona aimarahablante (urbana-rural), es elegida directamente por los propios miembros de la comunidad cultural, y únicamente es responsable ante ella.

d) Gobierno autónomo con competencias políticas totales en el sistema educativo primario y superior, administración pú-blica, titulación de tierras, medios de comunicación, impuestos, vivienda, obras públicas, turismo, comercio, industria, transpor-te, vivienda, comercio interior, medio ambiente, derecho civil, policía⁷³ y recursos naturales como agua, bosques, flora, fauna, recursos mineros, etcétera. Temas como la legislación laboral,

⁷³\ 琀n el caso de Alemania, el 80% del personal policial depende de los Länder o regiones autónomas, mientras que sólo el 20% está a cargo del Estado federal. En el caso de Cataluña y el País Vasco en España, las policías autonómicas tienden a convertirse en las únicas policías con competencia sobre la seguridad ciudadana en la región autónoma, con excepción del control de los servicios supracomuni-tarios como las fronteras, aeropuertos, etc., donde existe una policía estatal con

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propiedad intelectual e industrial, propiedad de recursos hidro-carburíferos y la legislación mercantil pueden ser competencias compartidas entre la comunidad autónoma y el Estado.⁷⁴ Como en el caso anterior, esto supone una redefinición del sentido de la territorialidad, a fin de articular la soberanía estatal con los derechos de propiedad y soberanía indígenas preexistentes al Estado republicano.

e) Financiamiento estable y previsible para el funcionamiento del régimen autónomo. Esto se puede lograr a través de la fijación de la recaudación de determinados impuestos en el ámbito de la región autónoma, más la aplicación del principio de la equidad y la solidaridad estatal, por medio de la transferencia condicionada e incondicionada de recursos por parte del Estado para el funcio-namiento regular de la administración autonómica.⁷⁵

f) Integración de las minorías no indígenas de ciudades o barrios comprendidos dentro de la territorialidad autonómica aimara, como sujetos de los mismos derechos individuales y co-lectivos en la conformación de los sistemas de autoridad regional. Reconocimiento de derechos de minorías culturales a las comu-nidades culturales no aimarahablantes, con posibilidad de acce-der a sistemas de educación que preserven su identidad cultural. En el caso del área metropolitana de La Paz, que se halla como enclave en medio de una territorialidad cultural aimarahablante, ésta puede ser objeto de un doble tratamiento.

Por una parte, el reconocimiento de un estatuto especial co-mo región territorial autónoma, como la ciudad de Bruselas en Bélgica,⁷⁶ con un estatuto bilingüe en la construcción del auto-

competencias especiales. Al respecto, véase Eliseo Aja, El Estado autonómico, op. cit.

⁷⁴\ 琀liseo Aja, El Estado autonómico, op. cit.

⁷⁵\ Sobre las distintas maneras de financiación del régimen de autonomías, véase Esther Seijas, Configuración asimétrica del sistema de comunidades autónomas,

2 vols., León, Universidad de León, 2003.

⁷⁶\ Miquel Caminal, El federalismo pluralista. Del federalismo nacional al federalismo plurinacional, Barcelona, Paidós, 2002; también véase Patrick Peeters, “Federa-lismo: una perspectiva comparada. Bélgica se transforma de Estado unitario en

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gobierno, de tal forma que la cámara legislativa esté compues-ta proporcionalmente al número de miembros de la sociedad adscritos a la comunidad lingüística aimara y a la comunidad lingüística castellanohablante; proporción que también debería mantenerse en el ejecutivo regional, con excepción de la del pre-sidente regional. Esto permitiría, localmente, una distribución de la administración de las competencias regionales de la ciudad por adscripción cultural y lingüística. Otra opción es que la ciudad de La Paz, y miembros de las zonas aledañas que así lo deseen por afinidad cultural, se mantengan como parte discontinua de la comunidad cultural castellanohablante, bajo el estatuto de un régimen municipal similar al de hoy, como el resto de las ciudades y zonas agrarias que no se reconocen como partícipes de identi-dades culturales indígenas.

Este conjunto de reglas mínimas permitiría una inmediata re-valoración de las culturas indígenas, una ampliación democrática de la participación social en las estructuras de poder estatal y, lo más sustancial, una igualación política de las culturas, mediante una justa etnización positiva de determinadas estructuras esta-tales. De este modo, el idioma y la cultura aimara encontrarían un sistema de instituciones públicas que le garantizarían su de-sarrollo, que sancionarían positivamente su utilización pública y privada, además de formarse un esquema regional-nacional de legitimación económico-administrativa para su conocimiento e utilización.

En sentido estricto, se trataría de la consagración de un espa-cio social de gran escala, que garantizaría un régimen de aptitu-des, competencias y acumulaciones de distintos tipos de capital⁷⁷ (económico, político, cultural, social, estatal, sindical, etc.), asen-tados en una homogeneidad lingüística y cultural. En otros tér-minos, se asentaría la formación de una cultura societaria aimara

Estado federal”, en Enric Fossas y Ferrán Requejo, Asimetría federal y Estado plurinacional, op. cit.

⁷⁷\ Pierre Bourdieu, La distinción, op. cit.

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en igualdad de condiciones de desarrollo político normativo que la cultura societaria mestiza castellanohablante.⁷⁸

⁷⁸\ Recientemente, Félix Patzi ha criticado nuestra propuesta de las autonomías indígenas en el libro Sistema comunal (La Paz, cea, 2004). Él considera que el régimen de autonomías no afecta el núcleo del régimen del capital, por lo que su reivindicación no sería revolucionaria. El primer error de Patzi radica en que confunde el tema de las identidades culturales con el tema de la diversidad civilizatoria. Mientras el primero se refiere a la existencia de varias identidades lingüísticas o culturales en un mismo territorio, atravesando indistintamente distintas lógicas productivas (capitalista, comunitaria, familiar, etc.) y distintas clases sociales (comunarios, empresarios, obreros, campesinos, etc.); la segun-da se refiere a la sobreposición de lógicas societales, productivas, organizativas, políticas y simbólicas diferenciadas (civilización mercantil-industrial, comunal, etcétera). El desmonte de las relaciones de dominación étnico-cultural, como lo demuestra la historia política de otros países, no necesariamente es un hecho anticapitalista, ni mucho menos socialista. De hecho, por lo general esto se da dentro de los procesos de democratización y descolonización sociales moder-nos que forman parte del desarrollo capitalista, lo que no impide que, en el caso boliviano, su extinción sea con mucho una gigantesca revolución descoloniza-dora de las relaciones políticas y económicas. En cambio, el desmonte de las relaciones de dominación civilizatoria sí afecta la propia expansión del régimen capitalista y, si bien puede cruzarse con el tema de la dominación cultural, tiene su dinámica interna propia. Estudiar hasta qué punto es posible avanzar en la transformación de las relaciones de dominación civilizatorias es un tema que no se resuelve voluntariosamente, sino a partir del estudio de la estructura de fuerzas reales y potenciales de la lucha social contemporánea.

\ 琀n segundo lugar, si bien los indígenas son “mayoría”, ésta es una mayoría circunstancial, en la medida en que depende de la fortaleza de la construcción identitaria indígena, que es un hecho político e histórico, y no un hecho somá-tico natural. Más aún, en sentido estricto, la mayoría indígena es una sumatoria general de distintas minorías culturales y nacionales indígenas, los aimaras, los quechuas, los guaraníes, los mojeños, etc. Incluso en el caso de los quechuas, más que una identidad común, como en el caso de los aimaras, estamos ante iden-tidades territoriales y locales bastante fragmentadas, que imposibilitan hablar de una efectiva mayoría quechua socialmente movilizable. En sentido estricto, aimaras, quechuas, guaraníes, etc., pero también los mestizos, en cuanto identi-dades socioculturales movilizadas, todos son “minorías” frente al resto, lo que justifica con mayor razón la necesidad de modos de autogobierno territorial, allá donde éstas son mayoría, y su posterior articulación a nivel macro en un régimen de instituciones superiores multinacionales.

\ 琀n tercer lugar, el tema de la afectación de la sociedad capitalista y la posibilidad de una sociedad comunitarista no es un tema de lógica libresca, sino de lógica histórica. No se supera el capitalismo, como lo hace Patzi, por mera deducción teórica de un esquema conceptual, sino por el seguimiento del “movimiento real que se desenvuelve ante nuestros ojos”. El hecho de que el comunitarismo social pueda superar el capitalismo es un hecho que tiene que escudriñarse en

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Dependiendo de los grados de integración y politización étni-ca de las identidades culturales quechuahablantes, teóricamente es posible pensar en la formación de un segundo gobierno auto-nómico a gran escala, basado en la comunidad lingüística indí-gena más extendida del país, como es precisamente la quechua.

Pero para que estas formas de autogobierno indígenas, a nivel local, regional o nacional, no generen procesos centrífugos que habiliten tendencias separatistas del Estado boliviano y, además, para completar la desmonopolización étnica de la estructura macro o general del Estado boliviano, a fin de consolidar el re-conocimiento a escala superior de las comunidades culturales y regiones lingüísticas indígenas, se requiere, simultáneamente a estos procesos de construcción autonómicos, una redistribución de competencias entre el Estado y el gobierno autonómico, y una presencia real y proporcional de las comunidades culturales in-dígenas en la composición del sistema de instituciones y poderes que regulan la comunidad política superior del Estado boliviano.

En el caso de la comunidad nacional aimara, esto se podría cumplir mediante:

a) Reforma del Estado boliviano, a fin de establecer democrá-ticamente su unidad, preservando la diversidad político-cultural mediante la integración constitucional de comunidades político-indígenas regionales en una nueva comunidad política superior, en la que el poder se halla compartido y dividido entre un gobier-no general, con responsabilidades nacionales, y unos gobiernos constituyentes, que disponen de responsabilidades regionales o subnacionales. Esto supone, por tanto, dos ámbitos de gobierno

los acontecimientos históricos y las luchas reales de las comunidades, y nada de eso ha podido comprobar Patzi. El error de la posición de Patzi radica en confundir la propuesta de un modelo teórico y voluntarista de emancipación a largo plazo, con una propuesta de coyuntura política en función de la correla-ción de fuerzas existentes y potenciales, como lo plantea nuestra propuesta de autonomías indígenas. Por lo demás, está claro que la racionalidad campesina del trabajo familiar, no comunal, aplicado a la producción industrial, que es en el fondo la propuesta “emancipativa” de Patzi, poco o nada tiene de una real comunitarización de las condiciones de reproducción social.

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articulados verticalmente: el estatal y el autonómico. En caso de conformarse autonomías departamentales en las zonas castella-nohablantes, recogiendo la reconfiguración territorial del Esta-do producida por las autonomías indígenas, estos regímenes de gobierno departamental podrían igualmente quedar vinculados en este nuevo ordenamiento vertical de los poderes del Estado boliviano.

b) Representación y participación de la comunidad autonómi-ca en los entes de gobierno general del Estado, tanto en la Cámara alta, Cámara baja, como en los ministerios.

c) En el caso de la Cámara baja, compuesta por representan-tes de toda la nación y con competencias sobre el gobierno del Estado, presencia numérica de diputados aimaras en función del porcentaje que representan los aimaras respecto al total de los habitantes de Bolivia, aproximadamente el 25-30%, lo que implicaría el control del total del 25-30% de las diputaciones del parlamento general. En el caso de otras comunidades auto-nómicas indígenas, como las del oriente, es posible establecer el criterio de sobrerrepresentación, a fin de potenciar la presencia de comunidades culturales pequeñas.⁷⁹

d) En el caso de la Cámara alta, que representa a los depar-tamentos, igual presencia proporcional de los gobiernos auto-nómicos con criterios de igualdad y simetría institucional. En ambos casos, tanto de la Cámara baja como de la Cámara alta, es posible establecer criterios de “doble mandato”,⁸⁰ de tal manera que algunos de los parlamentarios elegidos para el parlamento autonómico estén también presentes de manera directa en el parlamento estatal.

e) En el caso del ejecutivo del Estado, presencia proporcional de las principales comunidades lingüísticas (castellano, aimara, quechua) en la composición del gabinete, a fin de llevar hasta la

⁷⁹\ Arend Lijphart, Las democracias contemporáneas, Barcelona, Ariel, 1998; del mismo autor, Modelos de democracia. Formas de gobierno y resultados en treinta y seis países, Barcelona, Ariel, 2000.

⁸⁰\ Wouter Pas, “La estructura asimétrica del federalismo belga”, en Enric Fossas y Ferrán Requejo (eds.), Asimetría federal y Estado plurinacional, op. cit.

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propia cabeza del ejecutivo la diversidad lingüística del país y el equilibrio de prerrogativas de las comunidades lingüísticas más importantes. Esto, ciertamente, no anula la competencia parti-daria, pero obliga al mismo sistema partidario a multiculturali-zarse, o a establecer alianzas partidarias multiculturales a fin de poder gobernar.

De lo que se trata, en el fondo, es de conformar culturalmente un tipo de gobierno consociacional (consociación con consenso),⁸¹ o de tipo federativo plurinacional devolutivo,⁸² capaz de articular una representación equilibrada de todas las culturas y comunida-des lingüísticas en el diseño institucional, tanto en el núcleo del Estado como en los espacios de gobierno local y regional. De esta manera, el espacio de reconocimiento, de valoración y legitimi-dad social de los idiomas indígenas más importantes ampliarán su radio oficial de reconocimiento y, por tanto, su aptitud para ser utilizados como idiomas legítimos estatalmente, esto es, como capital lingüístico apto para alcanzar puestos en la administra-ción pública, en la gestión del gobierno central, en la dirección económica del país, etcétera.

La posibilidad de estructurar los sistemas de gobierno general, a partir de la distribución proporcional de los cargos por comu-nidad lingüística, rompe la monoculturalidad del actual Estado boliviano, y amplía a nivel de la estructura estatal superior la validez de los idiomas indígenas principales, posibilitando así la igualación política de las culturas y los idiomas, que se convier-ten por igual en dispositivos paralelos y equilibrados de ascenso social y ciudadanía.

Por último, esta igualación política administrativa del idioma castellano con el idioma aimara y quechua inicia el proceso es-tructural de disolución de la herencia colonial, que había hecho de la etnicidad un capital, de tal manera que los enclasamientos sociales, el acceso a bienes, la oferta de fuerza de trabajo y las po-

⁸¹\ Arend Lijphart, Modelos de democracia, op. cit.

⁸²\ Miquel Caminal, El federalismo pluralista, op. cit.

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sibilidades de acceder a cargos de poder general dejan de tener al idioma o a la cultura (mestiza castellanohablante) como un plus que incrementa la eficacia y volumen de los otros capitales.

B) La dimensión multicivilizatoria de la comunidad política

Pero el problema por resolver en el país no es solamente el de la multiculturalidad o multinacionalidad de sus integrantes, sino también el de la diversidad de sistemas y técnicas políticas me-diante los cuales las personas asumen el ejercicio y ampliación de sus prerrogativas públicas. La ciudadanía es un estado de au-toconciencia y autoorganización política de la sociedad que es reconocida como legítima por las normas de derechos estatales. El problema surge cuando el Estado prescribe un conjunto de normas, de rutas exclusivas mediante las cuales los ciudadanos pueden expresar y practicar esta producción de mandatos políti-cos de eficacia pública, anulando, desconociendo o reprimiendo otras rutas, otras formas institucionales, otras prácticas, culturas políticas o sistemas de autoridad.

No existe una sola forma de ejercer derechos políticos ni de intervenir en la gestión del bien común. La democracia liberal, mediante el voto individual, la competencia electoral, la forma-ción de colectividades políticas electivas y el mercado político,⁸³ es un modo de constitución democrática de ciudadanía, corres-pondiente a sociedades que han pasado por procesos de indivi-duación modernos, que han erosionado las fidelidades normativas y de los regímenes de agregación de tipo tradicional (parentesco, paisanaje, etc.). Esto, por lo general, sucede en países que se han integrado de manera mayoritaria y dominante a procesos econó-micos industriales sustitutivos de economías campesinas, arte-sanales, comunitarias que sostienen materialmente la existencia de modos normativos de constitución de la agregación social. En Bolivia, la economía presenta una heterogeneidad tal, que apenas

⁸³\ 琀orbert Bobbio, El futuro de la democracia, México, Fondo de Cultura Econó-mica, 1995; Robert Dahl, La democracia y sus críticos, Barcelona, Paidós, 1998.

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el 20% puede ser calificada de mercantil-industrial moderna, en tanto que el resto está ocupada por sistemas técnico-procesales tradicionales, semimercantiles, anclados en una fuerte presencia de los sistemas gremiales y comunitarios en la organización de los procesos productivos. De allí que las formas de filiación corpo-rativa, gremial, comunitaria se presenten como sistemas de cons-titución de sujetos colectivos, mayoritariamente practicados en ciudades y zonas agrarias, como modos de filiación social, de reso-lución de conflictos, de mediación y autorrepresentación política.

Ahora, es cierto que estas técnicas de democracia delibera-tiva, de democracia étnica y ciudadanía corporativa tradicional, regidas por otros parámetros morales y políticos distintos a los liberales, y efectivizadas a través de instituciones no partidarias de tipo asociativo y asambleario, tienen una existencia preponde-rantemente local y regional. Sin embargo, distintos momentos de la historia muestran que estos sistemas pueden articularse en red, en sistemas macro de democracia abarcadora de miles de comu-nidades, de numerosos gremios, asumiendo la forma de ejercicio democrático en gran escala (federaciones sindicales provinciales, federaciones o confederaciones de ayllus, bloqueos de caminos, participación electoral, etc.). Con un poco de esfuerzo y apoyo, como aquel que da el Estado a los partidos para no desaparecer, estas prácticas democráticas no liberales fácilmente podrían tener una existencia regular y a escala macroestatal.

Considerar que la democracia representativa de corte liberal es la única manera de despliegue del ejercicio de responsabilidad política es suponer erróneamente que Bolivia es un país econó-micamente moderno en su aparato técnico organizativo, y que la individuación es mayoritaria, pues esos son requisitos previos a la implementación de modelos de democracia representativa.

En Bolivia, las identidades colectivas normativas por barrio, ayllu, comunidad, gremio laboral, preceden mayoritariamente a cualquier manifestación de individualidad, y son utilizadas coti-dianamente para ejercer control social, para plantear demandas, para elegir representantes, para introducir querellas igualitarias, para formar una moral cívica de responsabilidad ciudadana. Sin

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embargo, estas instituciones de corte democrático,⁸⁴ que tie-nen sus propias técnicas de deliberación, de rendición de cuen-tas, de elección de autoridades, de introducción de querellas, de formación de opinión pública, de disensos y consensos, de igualación política entre sus miembros, esto es, de ejercer dere-chos democráticos en su definición sustancial, no son tomadas en consideración por el Estado actual que, por el contrario, hace sistemáticos esfuerzos por disciplinar de manera autoritaria a los moldes demo-liberales al conjunto de estas otras expresiones de democratización social.

Estas técnicas políticas diferenciadas, estos sistemas de auto-ridad indígeno-campesinos⁸⁵ y urbano-plebeyos⁸⁶ forman parte de la compleja trama multicivilizatoria de la realidad boliviana, visible también a través de otras prácticas sociales, como las que se despliegan en el entendimiento y ejercicio de la justicia del ayllu,⁸⁷ en las técnicas escriturales andinas (textil y trenado), en la predominancia de repertorios textuales (la oralidad, la visuali-zación, táctil, etc.),⁸⁸ en la gestión de recursos colectivos,⁸⁹ en la

⁸⁴\ Para una discusión del hecho democrático, más allá de la mirada procedimen-tal y minimalista liberal, véase Jacques Rancière, El desacuerdo, Buenos Aires, Nueva Visión, 1996; Luis Tapia, La velocidad del pluralismo, La Paz, Muela del Diablo, 2002.

⁸⁵\ Silvia Rivera, Ayllus y proyectos de desarrollo en el Norte de Potosí, op. cit.; Alison Spedding y David Llanos, No hay ley para la cosecha. Un estudio comparativo del sistema productivo y de las relaciones sociales en Chari y Chulumani, La Paz, pieb y Sinergia, 1999.

⁸⁶\ Álvaro García Linera, “Sindicato, multitud y comunidad. Movimientos socia-les y formas de autonomía política en Bolivia”, en Álvaro García Linera, Felipe Quispe, Raquel Gutiérrez, Raúl Prada y Luis Tapia, Tiempos de rebelión, La Paz, Comuna, 2001.

⁸⁷\ Marcelo Fernández, La ley del ayllu, La Paz, pieb, 2000 y El sistema jurídico in-dígena, Santa Cruz, Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (cejis), 2003. Véanse también los diez libros sobre justicia comunitaria elaborados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Bolivia en el año 1999.

⁸⁸\ Denise Arnold y Juan de Dios Yapita, El rincón de las cabezas. Luchas textuales, educación y tierras en los Andes, La Paz, umsa, 2000.

⁸⁹\ Gerben Gerbrandy y Paul Hoogendam, Aguas y acequias. Los derechos al agua y la gestión campesina de riego en los Andes bolivianos, La Paz, Plural, 1998.

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gestión de derechos familiares vinculados a las responsabilidades políticas,⁹⁰ etcétera.

La posibilidad de una real igualación política de la sociedad pasa entonces por una supresión de la estructura monoorganizati-va del actual Estado boliviano, que simplemente ha reconocido e instituido como únicas instituciones legítimas de ejercicio político de derechos (ciudadanía y democracia liberal) a las provenientes de la civilización dominante y minoritaria (mercantil-industrial). Una igualación política sustancial entre culturas e identidades requiere una igualación de modos de producir política, en todos los niveles de la gestión gubernamental (general, regional y local), esto es, igualación de prácticas políticas, de instituciones políticas y sistemas de autoridad política diferentes, pertenecientes a las distintas comunidades culturales y regímenes civilizatorios que coexisten en el territorio boliviano.

A esta composición de instituciones y formas políticas pro-venientes de diversas matrices civilizatorias, o societales, que coexisten en condiciones de igualdad, Luis Tapia la ha llamado política mestiza,⁹¹ capaz de generar procesos de democratización y ciudadanización sólidos y extendidos.

En la medida en que estas distintas formas de producción técnica y organizativa de la política pertenecen a regímenes civi-lizatorios distintos, sus ritmos y tiempos históricos son hetero-géneos, por lo que es necesario pensar en una sincronía puntual, por periodos cortos, a fin de que “se incluya en la deliberación y acción global su presencia, fuerza, opinión y decisión”.⁹² Un ejemplo de estas sincronías puntuales de los regímenes políticos civilizatorios es, por ejemplo, el que, a escala regional, se da en municipios del Chapare o Norte de Potosí, cuando en el momen-to de la elección de autoridades municipales a través de partidos y el voto individual (régimen liberal), la decisión de escoger a las personas que integrarán el consejo es tomada bajo formas de

⁹⁰\ Alison Spedding y David Llanos, No hay ley para la cosecha, op. cit.

⁹¹\ Luis Tapia, La condición multisocietal, op. cit. ⁹²\ Ibíd.

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deliberación y cabildeo de sindicatos agrarios o ayllus (régimen corporativo o comunal).

En este caso, los sistemas institucionales tradicionales se arti-culan con los “modernos”. En algunos casos, esta composición de facto de instituciones políticas también se da en el momento de las elecciones de representantes parlamentarios, aunque es un hecho eventual, que se sostiene en circunstancias excepcio-nales de politización y autoorganización de comunidades y ay-llus. Una composición democrática de instituciones y formas políticas diferenciadas supondría la reglamentación, expansión e institucionalización de estas experiencias locales y efímeras de articulación civilizatoria. Ello podría quedar normado mediante los siguientes puntos:

a) El reconocimiento constitucional de sistemas políticos y sistemas de conformación de autoridad practicados por las co-munidades campesinas, ayllus, barrios y gremios (federaciones, confederaciones, asociaciones), como sistemas legítimos de elec-ción y toma de decisiones en ámbitos puntuales del sistema de gobierno a escala general, regional y local.

b) Los ámbitos legítimos de elección de representantes donde actuarían estos otros sistemas de deliberación serían: 1) los repre-sentantes parlamentarios del nivel superior del Estado (o comu-nidad política general), en las regiones en las que estas formas de organización política son predominantes o tienen una presencia parcial; 2) los parlamentos de las regiones autonómicas de auto-gobierno indígena. La combinación porcentual de los represen-tantes elegidos a través de partidos o a través de estructuras cor-porativas será negociada, dependiendo de la amplitud, historia y presencia de cada una de estas formas organizativas, en cada región autonómica y circunscripción departamental.

c) Obligatoriedad de reconocimiento, en calidad de sanción o veto, de su deliberación en torno a temas centrales de la gestión estatal (propiedad estatal de recursos, inversión pública global, reformas constitucionales, etcétera).

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d) Reconocimiento institucional, con efecto de legalidad es-tatal, de las formas de gestión comunal de la justicia, del control de recursos colectivos y conocimientos médicos practicados de manera regular por las comunidades culturales indígenas. Am-pliación a escala regional y estatal general de instituciones de ad-ministración burocrática y política que permitan su legitimidad social, aprendizaje regular y obtención de recursos para dichas prácticas.

e) Reconocimiento constitucional de sistemas de rotación de autoridades de rendición de cuentas a entes colectivos (no sólo individuales, como en el régimen liberal) de las autoridades políti-cas que componen los distintos niveles de verticalidad del Estado (municipios, regiones autonómicas, gobiernos departamentales, Estado general).

Un Estado multicivilizatorio significaría precisamente el re-conocimiento de múltiples mecanismos, de múltiples técnicas y sentidos de entender, practicar y regular las pulsiones democrá-ticas de la sociedad, en correspondencia con las múltiples formas de ejercer ciudadanía, a partir de la pluralidad de las matrices civilizatorias de la sociedad.

Debido a las cualidades de su formación histórica, la compleja realidad social boliviana ha producido variadas técnicas de com-portamiento político democrático, y un Estado efectivamente democrático requeriría reconocer a gran escala, en el ámbito de las tomas de decisión fundamentales de las políticas públicas, la legitimidad institucionalizada de las distintas maneras de prac-ticar y entender la democracia, como un hecho que enriquece la comprensión de la democratización del poder político. Esto es precisamente el carácter multiinstitucional del armazón estatal que, junto con una redefinición de las etnicidades legítimas y las normas de administración territorial, en correspondencia con las prácticas y soberanías étnicas, podrían dar lugar a un tipo de Estado multinacional y multicivilizatorio.

Si Bolivia es una superposición de varias culturas y varias ci-vilizaciones, el Estado, como síntesis, debería ser una institucio-

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nalidad capaz de articular, de componer una ingeniería política formada por una presencia proporcional de las culturas e iden-tidades lingüísticas, además de unas instituciones modernas y tradicionales, deliberativas, representativas y asamblearias en la toma de decisiones a escala general, “nacional”.

Complejidad administrativa

Dado que la superación de la exclusión de las comunidades cultu-rales indígenas y sus sistemas de autoridad pasa inevitablemente por una reforma del Estado, que multiculturalice la totalidad de las instituciones públicas, y que componga múltiples lógicas orga-nizativas de la acción política en los distintos niveles de gobierno, es claro que la preparación de los cuadros administrativos, para adecuarse a esas funciones complejas, tiene que interiorizar for-mas igualmente complejas de formación, de procedencia étnica y de habilidades organizativas. Al respecto, es posible anotar al menos la necesidad de los siguientes cambios en la formación de los cuadros administrativos, que los adecuen a la puesta en vigen-cia de un Estado multicultural y multicivilizatorio:

a) Procesos de reclutamiento de funcionarios públicos en similar proporción al número de cargos públicos que cada co-munidad lingüística utiliza respecto a la totalidad de los cargos administrativos del Estado, tanto en el nivel micro y regional, como en el macro.

b) Selección y jerarquización del personal por competencia meritocrática en el interior de cada uno de los segmentos adminis-trativos escogidos por pertenencia a una comunidad lingüística.

c) Diseño de escalones de ascenso meritocrático en función, no sólo de saberes letrados y racionalización burocrática,⁹³ sino también del conocimiento de la lógica organizativa de las cultu-ras indígenas y los repertorios textuales de las civilizaciones no mercantil-industriales. En la medida en que la racionalidad bu-

⁹³\ Max Weber, Economía y sociedad, México, Fondo de Cultura Económica, 1987.

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rocrática es producto de la interiorización social de la moderna lógica del mercado y la fábrica⁹⁴ en la reglamentación de los sa-beres administrativos legítimos del Estado, la aceptación de una pluralidad de reconocimiento de méritos administrativos introdu-ce la pluralidad de los sistemas de autoridad y de conocimientos de gestión pública en el funcionamiento estatal. Esto significa la alternancia o coexistencia de varios tipos de capital meritocrático en la carrera administrativa y la gestión gubernamental.

d) Formación, en las carreras administrativas de gobierno, en los tres idiomas mayoritarios del país.

Con todo ello, se trata es de que las carreras de formación de cuadros burocrático-administrativos se democraticen, a través del reconocimiento de los idiomas indígenas como medios legítimos para acceder y ascender a funciones públicas, y del reconocimien-to de una pluralidad de técnicas y saberes administrativos como rutas válidas para el acceso al mérito.

Ahora bien, dado que el proceso de extinción de la discrimi-nación étnica pasa por una reforma gradual pero estructural del Estado, existen varias vías para iniciar este proceso. Una posibi-lidad sería una reforma “desde abajo”, que a niveles intermedios vaya instaurando formas de autogobierno indígena en territorios especiales, que luego sirvan de experiencia para otras regiones. Esto supone una iniciativa local y una tolerancia y apoyo del Es-tado desde los niveles máximos de dirección.

Otro modo de reforma es “desde arriba”, de tal manera que, desde los niveles superiores del Estado, se adopte la decisión de modificar partes principales de la arquitectura organizativa del sistema de autogobierno, para que luego esto vaya cayendo en cascada en los niveles intermedios (autonómicos) y micro (auto-gobiernos indígenas locales). Ello requeriría inmediatas reformas constitucionales que, por ejemplo, multiculturalicen a corto plazo

⁹⁴\ David Osborne y Ted Gaebler, Un nuevo modelo de gobierno, México, Gernika, 1994; Jon Elster y Rune Slagstad, Constitucionalismo y democracia, México, Fon-do de Cultura Económica, 1999.

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la composición del Congreso y del funcionamiento de algunas reparticiones públicas de la administración pública.

Si, como hemos visto anteriormente, la clave para erosionar los procesos de exclusión étnica en sociedades multiculturales radica en la igualación de los idiomas y de las prácticas culturales en los ámbitos de gestión pública, a fin de legitimar estatalmente en el uso y el ascenso social a todas las culturas, se requiere que el Estado consagre, desde los niveles más altos y más amplios po-sibles de los sistemas de autogobierno, las culturas mayoritarias, en este caso, identificadas por las comunidades lingüísticas. Por ejemplo, la ocupación normativizada y regularizada de ministerios a cargo de indígenas y una lenta mayoría indígena, y/o la distri-bución proporcional del parlamento por adscripción lingüística. Esto permitiría la emisión de una señal estatal de que los idiomas indígenas son reconocidos como capitales lingüísticos para la ocu-pación de cargos públicos, la ciudadanía real y el ascenso social.

En conjunto, todas estas transformaciones significarían que, en el ámbito de los poderes legislativos, judiciales y ejecutivos, además de distribuir proporcionalmente su administración uni-taria general y territorial en función de la procedencia étnica y lingüística, las formas de gestión, representación y de interven-ción social deberían incorporar múltiples mecanismos políticos compuestos, como la democracia representativa, a través de par-tidos; la democracia deliberativa, a través de asambleas; la demo-cracia comunal, a través de acción normativa de comunidades y ayllus, etcétera. De lo que se trata, entonces, es de componer a escala macro, general, instituciones modernas con tradicionales, representación multicultural con representación general en co-rrespondencia con la realidad multicultural y multicivilizatoria de la sociedad boliviana. En otras palabras, se trata de buscar una modernidad política a partir de lo que en realidad somos, y no simulando lo que nunca seremos ni podremos ser.

Todo esto ciertamente apunta a una ampliación radical de la democracia, en la medida en que iguala las posibilidades reales de ciudadanía, tanto en el ámbito de los derechos colectivos de las identidades culturales, como en el ejercicio de prácticas or-

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ganizativas para el acceso al reconocimiento público. A su vez, la radicalidad de este proceso viene por el desmonte de las es-tructuras de dominación colonial y civilizatoria persistentes hasta ahora, no sólo desde el nacimiento de la República, sino que se remontan hasta el propio momento del nacimiento de la colo-nialidad indígena en el siglo XVI, y que a lo largo de los siglos se han remozado a través de las distintas formas de pseudomoder-nizaciones económicas y políticas impuestas.

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VI. Estructuras de los movimientos sociales

SINDICATO, MULTITUD Y COMUNIDAD Movimientos sociales y formas de autonomía política en Bolivia¹

Reformas liberales y reconstitución del tejido social

Bolivia es un país marcado por la gelatinosidad de sus estructuras institucionales y por la marginalidad en el contexto internacio-nal, pero donde, quizá por ello, ciertas cosas tienden a suceder antes que en otros lugares. En los años cincuenta, el país vivió una insurrección proletaria, adelantándose a la irradiación del movimiento obrero que luego se daría en varias naciones del con-tinente. Igualmente, en los años sesenta, se acercó con premura a la oleada autoritaria de los gobiernos militares y, a finales de los años setenta, abrazó la reconquista de regímenes democráticos. En 1984, cinco años antes de la caída del muro de Berlín, vivió el derrumbe del horizonte izquierdista, forjado en los cuarenta años anteriores, a través del fracaso de una coalición de izquierda que llevó al país a una bancarrota económica. A finales de la década

¹\ Texto extraído de Álvaro García Linera, “Sindicato, multitud y comunidad. Mo-vimientos sociales y formas de autonomía política en Bolivia”, en Álvaro García Linera, Felipe Quispe, Raquel Gutiérrez, Raúl Prada y Luis Tapia, Tiempos de rebelión, La Paz, Comuna y Muela del Diablo, 2001.

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de los ochenta, mientras otras naciones buscaban experimentar, con gobiernos populistas, una salida alternativa al estatismo y al neoliberalismo acechante, Bolivia se sumergió en un radical proceso de neoliberalización económica y cultural, que llevó a toda una generación de furibundos radicales del “socialismo” a convertirse en furibundos radicales del libre mercado, la “gober-nabilidad pactada” y la privatización.

En quince años, estas políticas produjeron grandes cambios sociales. No sólo se entregó a las empresas transnacionales el control del 35% del Producto Interno Bruto (pib), dejando al Estado en un papel de mendigo internacional y de policía local, encargado de disciplinar a las clases peligrosas; sino que, además, se modificaron los patrones del desarrollo económico. El Esta-do productor dio paso al capital extranjero como locomotora económica,² en tanto que los capitalistas locales retrocedieron al papel de socios menores, intermediarios o raquíticos inversionis-tas de áreas subalternas de la actividad comercial y productiva.

Esto ha llevado a conformar un sistema productivo “dualizado”³ entre un puñado de medianas empresas con capi-tal extranjero, tecnología de punta, vínculos con el campo eco-nómico mundial, en medio de un mar de pequeñas empresas, talleres familiares y unidades domésticas articuladas bajo múl-tiples formas de contrato y trabajo precario a estos escasos pero densos núcleos empresariales. En esta estructura, en la que las empresas económicas se deslocalizan⁴ dentro de las infinitas y diminutas actividades productivas y comerciales, las relaciones laborales son precarias, los contratos temporales, la tecnología escasa y la clave del sostenimiento económico radica en la cre-

²\ Luis Carlos Jemio y Eduardo Antelo (eds.), Quince años de reformas estructurales en Bolivia: sus impactos sobre inversión, crecimiento y equidad, La Paz: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (cepal) y Universidad Católica Bo-liviana, 2000 y Juan Carlos Chávez (ed.), Las reformas estructurales en Bolivia, La Paz, Fundación Milenio, 1999.

³\ Pierre Bourdieu, “Por una nueva Aufklärung”, en El campo político, La Paz, Plural, 2001.

⁴\ Pierre Bourdieu, Les estructures sociales de l’économie, Paris, Seuil, 2000.

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ciente extorsión de las fidelidades parentales, en una gigantesca maquinaria de mercantilización híbrida del trabajo infantil, de ancianos, mujeres y de familiares.⁵

Abandonando el ideal de la “modernización”, a través de la sustitución de las estructuras tradicionales urbanas y campe-sinas, el nuevo orden empresarial ha subordinado, de manera consciente y estratégica, el taller informal, el trabajo a domicilio y las redes sanguíneas de las clases subalternas, a los sistemas de control numérico de la producción (industria y minería) y los flujos monetarios de las bolsas extranjeras (la banca). El modelo de acumulación ha devenido así un híbrido que unifica, en forma escalonada y jerarquizada, estructuras productivas de los siglos XV, XVIII y XX, a través de tortuosos mecanismos de exacción y extorsión colonial de las fuerzas productivas domésticas, co-munales, artesanales, campesinas y pequeño-empresariales de la sociedad boliviana. Esta “modernidad” barroca —si bien ha man-tenido en pie el modelo de regulación y acumulación económica fundado en la exportación de materias primas, débil producción industrial para un mercado interno raquítico, y un uso intensivo de la fuerza de trabajo como principal fuerza productiva técnica del proceso laboral, con las nuevas modalidades que asume la gestión productiva y circulatoria de la riqueza— ha reconfigu-rado la estructura de las clases sociales en Bolivia, las formas de agregación de los sectores subalternos y las identidades colectivas.

Durante estos quince años, hemos visto desaparecer de esce-na a la Central Obrera Boliviana, que desde 1952 condensaba las características estructurales del proletariado, de su subjetividad, de la ética colectiva. La condición obrera de clase y la identidad de clase del proletariado boliviano han desaparecido con el cierre de las grandes concentraciones obreras y, con ello, ha muerto una forma organizativa, con capacidad de efecto estatal, en torno a

⁵\ Álvaro García Linera, Reproletarización. Nueva clase obrera y desarrollo del capi-tal industrial en Bolivia (1952-1998), La Paz, Comuna y Muela del Diablo, 1999; y Estructuras materiales y mentales del proletariado minero, La Paz, Comuna y Universidad Mayor de San Andrés (umsa), Carrera de Sociología, 2001.

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la cual se aglutinaron durante treinta y cinco años otros sectores menesterosos de la ciudad y el campo.

Frente a ellos ha surgido una estructura obrera numéricamen-te mayor a la de hace décadas, pero materialmente fragmentada en diminutos talleres legales y clandestinos, formas de contrato eventualizadas, temporales; sistemas de ascenso fundados en la competencia, y sindicatos carentes de legitimidad ante el Estado. Está surgiendo, entonces, una nueva forma de vasta proletariza-ción social, pero sin arraigo organizativo, desterritorializada,⁶ atravesada por una profunda desconfianza interna, con mentali-dad precarizada, y a corto plazo, por el nomadismo de los jóve-nes obreros, que tienen que combinar el pequeño comercio, el contrabando, el trabajo asalariado o el trabajo agrícola, según las temporadas y las necesidades.⁷

Igualmente, en el campo, el libre comercio, la nueva legisla-ción agraria y la municipalización han transformado drástica-mente las relaciones entre Estado y estructura comunal agraria, modificando las pautas de reproducción social, las estrategias de recorrido familiar y las jerarquías de dominación colonial. Las grandes movilizaciones urbano-rurales del último año hallan pre-cisamente en estos procesos de reconfiguración de la vida social sus condiciones de posibilidad.

Fruto de estos cataclismos socioeconómicos han reemergido poderosas y radicales estructuras de autoorganización social, que han cerrado el corto ciclo de la legitimidad neoliberal forjada en quince años, por medio de la desorganización, estatalmente in-ferida, de las antiguas maneras de agregación popular (los sindi-catos), el desplome moral de los subalternos y una industria cul-tural de consagración liberal, que incorporó un amplio abanico de ideólogos e intelectuales abatidos.

⁶\ Raúl Zibechi, “La disgregación de la clase obrera”, en La mirada horizontal: movimientos sociales y emancipación, Montevideo, Nordan-Comunidad, 1999.

⁷\ Álvaro García Linera, “Procesos de trabajo y subjetividad en la nueva condición obrera”, en Guillermo Campero et al., Culturas obreras y empresariales, La Paz, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud), 2000.

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Estudiar brevemente las características de estas formas de autoorganización social emergentes, compararlas con la antigua forma sindical, ver sus condiciones de posibilidad y sus poten-cialidades históricas, son los objetivos que vamos a abordar en las siguientes páginas.

Contexto, estructuras, estrategias y simbolismos de la movilización social

Existen diferentes vertientes teóricas para el estudio de los mo-vimientos sociales. Algunos autores han trabajado como fuerza movilizadora la reacción emocional resultante del desfase entre las expectativas colectivas y los resultados;⁸ otros, a su vez, han adecuado la lógica de la razón instrumental a la dinámica de la acción colectiva; mientras que algunos han hecho hincapié en la importancia de la “oportunidad política” (clausura de los espa-cios políticos, división en las elites, presencia de aliados, repre-sión, etc.) en la concurrencia de los movimientos sociales.⁹

Por otra parte, hay investigaciones que han abordado la im-portancia de un contexto internacional específico como facili-tador de ciertas acciones colectivas;¹⁰ en tanto que otras se han

⁸\ Ralph Turner y Lewis Killian, Collective Behavior, Englewood Cliffs, Prentice May, 1957; Mancur Olson, The Logic of Collective Action, Cambridge, Harvard University Press, 1965 y Ted Gurr, Why Men Rebel?, Princeton, Princeton Uni-versity Press, 1971.

⁹\ Sidney Tarrow, “States and Opportunities. The Political Structuring of Social Movements” y Donatella Della Porta, “Social Movements and the State: thoughts on the Policing of Protest”, en Mayer Zald, Doug McAdam y John McCarthy (eds.), Comparative Perspectives on Social Movements, New York, Cambridge University Press, 1996; Charles Brockett, “The Structure of Political Opportu-nities and Peasant Mobilization in Central America”, en Comparative Politics, Vol. 23, No. 3, 1991; Sidney Tarrow, El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política, Madrid, Alianza, 1997.

¹⁰\ Anthony Oberschall, “Opportunities and Framing in the Eastern European Re-volts of 1989”, en Mayer Zald, Doug McAdam y John McCarthy (eds.), Compa-rative Perspectives on Social Movements, op. cit.; también, del mismo autor, Social Movements: Ideologies, Interests, and Identities, New Brunswick, Transaction, 1993.

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preocupado por la dimensión de las orientaciones culturales de-finitorias de las acciones conflictivas que dan lugar a los movi-mientos sociales¹¹ y a las etapas posibles que preceden a su ins-titucionalización.¹² De manera puntual, Anthony Oberschall ha propuesto una lectura de los movimientos sociales como “em-presas de protesta”, caracterizadas por su capacidad de acción estratégica, la amplitud de los recursos movilizados y las redes sociales de articulación interna y externa;¹³ mientras que hay au-tores cercanos que se han centrado en movimientos sociales que resultan de una crisis de Estado y afectan al sistema político. Por su parte, William Gamson¹⁴ ha propuesto la identificación de los procesos de formación de las solidaridades; mientras que Franck Poupeau ha incorporado al estudio de la racionalidad, implícita y explícita de la movilización, la dimensión estatal o contra-estatal de la acción colectiva, las estrategias de descomposición de la dominación, la forma de institucionalización de la acción social y la función del “capital militante” como fuerzas dinamizadoras.¹⁵

En términos estrictos, consideramos que el modelo de “nuevo movimiento social”, propuesto por Alain Touraine en los años se-tenta, no resulta pertinente para estudiar los movimientos sociales contemporáneos en Bolivia, debido a que esa teoría se centra en las conflictividades que cuestionan los marcos culturales dentro

¹¹\ Alain Touraine, Producción de la sociedad, México, Universidad Nacional Au-tónoma de México (unam) e Instituto Francés de América Latina (ifal), 1995 y “An Introduction to the Study of Social Movements”, en Social Research, Vol. 52, 1985; véase también, Alberto Melucci, “The New Social Movements: A Theoretical Approach”, en Social Science Information, Vol. 19, No. 2, 1980.

¹²\ Claus Offe, La gestión política, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1992.

¹³\ Anthony Oberschall, Social Conflict and Social Movements, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1972; Franck Poupeau, Le “mouvement du 93”, Paris, École des Hautes Études en Sciences Sociales, 1999.

¹⁴\ William Gamson, “The Social Psychology of Collective Action”, en Aldon Mo-rris y Carol McClurg, Frontiers in Social Movement Theory, New Haven, Yale University Press, 1992.

¹⁵\ Franck Poupeau, Le “mouvement du 93”, op. cit.

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de las instituciones sociales,¹⁶ lo cual es importante, pero deja de lado los conflictos dirigidos contra el Estado, las estructuras de dominación y las relaciones que contraponen a las elites gober-nantes con las masas, que precisamente caracterizan las actuales acciones colectivas. En ese sentido, para el estudio de los acon-tecimientos en Bolivia, resultan más útiles los aportes brindados por Oberschall, Sidney Tarrow, Tilly, Jenkins, Poupeau y Eckert, que precisamente se centran en los efectos de los movimientos en la estructura política de la sociedad, sin perder de vista, sin embargo, que la acción colectiva es mucho más que un cálculo consciente de objetivos en función de medios para alcanzarlos, y que vínculos como la solidaridad, las pautas morales de igual-dad y la identidad, que también forman una racionalidad interna de la acción, son componentes sociales por los cuales la gente es capaz de movilizarse.

Recuperando varios de los elementos brindados por estos autores, vamos a considerar los movimientos sociales como es-tructuras de acción colectiva capaces de producir metas autóno-mas de movilización, asociación y representación simbólicas de tipo económico, cultural y político. De manera analítica, en su interior se pueden diferenciar, al menos, los siguientes aspectos: las condiciones de posibilidad material que habilitan un espacio amplio, pero acotado de probables ámbitos de interacción social y que, bajo circunstancias excepcionales de trabajo colectivo, ge-neran la emergencia de determinado movimiento social; el tipo y la dinámica de las estructuras de agregación corpuscular y mo-

¹⁶\ Alain Touraine, Producción de la sociedad, op. cit. Un autor que retoma varios de los aportes de Touraine para la lectura de los movimientos sociales en América Latina en la década de los ochenta es Fernando Calderón, Movimientos sociales y política, México, Siglo XXI y unam, 1985. Una lectura parecida, que busca fijarse en el desplazamiento de la esfera “estado-céntrica” a la “sociocéntrica” de los llamados “nuevos movimientos sociales” en Bolivia (movimiento de mujeres, ecologista, cultural, etc.), es Fernando Mayorga, en el artículo “La sociedad civil en Bolivia”, en Fernando Mayorga y Ricardo Paz, Sociedad civil y democracia par-ticipativa, La Paz, Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ildis), 1999. Para una crítica del reduccionismo culturalista de estas interpretaciones, véase William Carroll (ed.), Organizing Dissent, Toronto, Garamond, 1997.

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lecular de los sujetos movilizados; las técnicas y los recursos de movilización y, por tanto, la trama material del espíritu de cuer-po movilizado; los objetivos explícitos e implícitos de la acción social, manifiestos en los discursos y la acción del cuerpo social movilizable; la narrativa del yo colectivo, esto es, el fundamento cultural y simbólico de autolegitimación del grupo constituido en el momento de su movilización; las dimensiones política (estatal o antiestatal) y democrática (reinvención de la igualdad y de lo público) puestas en juego.

I. La forma sindicato

La historia de la conformación de la condición de clase del pro-letariado urbano y minero en Bolivia durante el siglo XX es la historia del sindicato como modo de construcción de identidad colectiva.

Para los trabajadores, principalmente mineros y fabriles, al menos durante cincuenta años (1940-1990), el sindicato fue la red organizativa de la identidad de clase y de la acumulación de la experiencia de clase, esto es, de su existencia movilizada como clase. Por lo general, las otras formas organizativas que compitie-ron para desempeñar este papel de condensador histórico de la subjetividad obrera, como los partidos políticos, fueron transito-rias y superficiales; eran más un conglomerado de propagandis-tas externos, que desaparecían apenas la represión asomaba en el centro de trabajo. No fueron, pues, estructuras que lograron enraizarse en el hábitat proletario, aunque su influencia cultural ciertamente ayudó a crear un lenguaje discursivo y, en parte, un imaginario colectivo. Con todo, la asimilación de la experiencia de clase vino exclusivamente por el lado del sindicato, pues los trabajadores, al final, sólo tenían a éste para afrontar la vida, la represión y la muerte. El sindicato ha sido el único lugar durade-ro para experimentar los avatares de la existencia colectiva; ha sido la única red de apoyo, amistad y solidaridad continua, y el auténtico lugar para asumirse como cuerpo colectivo. Lo que los trabajadores han hecho en la historia desde 1940 hasta 1990, ha

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sido bajo la forma sindicato: han luchado en él, han hecho una revolución (y eso no es poca cosa), han obtenido derechos, han conquistado salud y vivienda, han protegido a sus familias, han enterrado a sus muertos. De ahí su perdurabilidad y prioridad en la construcción de la memoria de clase obrera.

Varias fueron las formas previas de agregación laboral que des-de finales del siglo XIX fueron surgiendo en empresas mineras, en pequeñas manufacturas y servicios, pero ninguna de ellas marcó con tanta fuerza la manera de mirarse y entregarse a la historia como el sindicato. Inicialmente, las cajas de socorro, mutuales, centros de estudio, ligas y federaciones fueron experiencias orga-nizativas que durante los primeros treinta años del siglo XX em-plearon una masa creciente de trabajadores, que había optado por la mercantilización de sus capacidades productivas como princi-pal medio de obtención de medios de vida. Obreros asalariados, cajchas, artesanos autónomos, vendedores, cuentapropistas, que abandonaron la organización del ayllu o la hacienda, fundaron modos de protección y resistencia bajo lenguajes de tolerancia y rebelión que evocan una arraigada memoria agraria. En esos mo-mentos, no es raro que la organización sea territorial, esto es, que abarque a personas de distintos oficios asentadas en una misma área geográfica. Proletarios, empleados, comerciantes y sastres participan de una misma organización, lo que le da una fuerza de movilización local; aunque con mayores posibilidades de que los intereses específicos de los asalariados queden diluidos en los de otros sectores, poseedores de mayor experiencia organizativa y manejo de los códigos del lenguaje legítimo.

El tránsito a la forma sindical no fue abrupto. Primero fueron los sindicatos de oficios varios, emergentes en los años veinte, que continuaban la tradición de agregación territorial; luego los sindicatos de ferroviarios, culinarios y mineros, que empezaron a segmentar la identidad colectiva por oficio y; por último, por cen-tro de trabajo. Finalmente, después de la Guerra del Chaco, ésta será la forma predominante que adquirirá la organización laboral.

Se ha dicho que el surgimiento del sindicalismo estuvo fuer-temente influido por la presencia de trabajadores de otros países,

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que transmitieron su experiencia a trabajadores bolivianos y de trabajadores bolivianos que se desplazaban por temporadas al norte de Chile y Argentina para emplearse como asalariados. Es probable que éste sea un factor coadyuvante, pero no decisivo, pues la composición organizativa de la condición social no es fruto de un hecho discursivo. Requiere de condiciones de po-sibilidad material capaces de ser gatilladas, despertadas por la memoria o el lenguaje.

En particular, consideramos que hay cuatro elementos que resultan decisivos para la consagración de la forma sindical, por encima de otras maneras de organización laboral:

a) Las características de los procesos de acumulación de ca-pital y de consumo de la fuerza de trabajo que, por una parte, comienzan a concentrar enormes volúmenes de medios y fuerza de trabajo, para llevar adelante una producción “masiva”.

Ciertamente, no son muchas las empresas que cumplirán estos requisitos, pero las que sí lo hacen comenzarán a jugar un rol de primera línea en la conformación de la nueva experiencia sindical; en la autopercepción obrera de que ellos son “los que sostienen al país”, por la cantidad de recursos y dinero que dependen de su trabajo; y, ante todo, en el asentamiento de una cultura obrera que articula el trabajo, el lugar de vivienda, las celebraciones, los encuentros familiares y la descendencia.

Estos grandes centros de trabajo (Volcán, Soligno, Forno, Siglo XX-Catavi, Huanuni, Colquiri, Caracoles, Manaco, etc.), por sus características estructurales de concentración de enormes montos de inversión técnica y capital variable, se apoderan de una fuerza productiva organizativa, a saber, de la fuerza de masa, que permitirá elevar gratuitamente la productividad laboral frente a formas tradicionales y artesanales de la producción. Pero a la vez, esto ayudará a crear otra fuerza productiva asociativa del traba-jo, la fuerza de masa obrera, resultante de la concentración en reducidos centros geográficos de enormes conglomerados obre-ros, portadores de las mismas condiciones laborales y, por tanto, asumir su número como un hecho social de fuerza movilizable.

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Igualmente, estas enormes inversiones y concentraciones labo-rales, en la medida en que se harán cargo de los mayores índices de producción y generación de excedente económico, minero y fabril, complementarán esa autopercepción de fuerza colectiva obrera con una certeza estructural de su importancia económica que, asimilada como experiencia colectiva, se convertirá en la cen-tralidad económica obrera, tan característica de la subjetividad proletaria del movimiento sindical. En este caso, la poca pero de-terminante subsunción real de los procesos de trabajo al capital¹⁷ es en realidad lo único moderno en el país, y lo que permitirá la formación de condiciones de posibilidad de las características del movimiento obrero organizado.

b) La consolidación de un tipo de trabajador con contrato por tiempo indefinido, regular, necesario para aprender los nuevos y complejos sistemas laborales, y mantenerlos ininterrumpidamen-te en marcha. Los principales centros de trabajo fabril y minero no van a suplir al hábil artesano, portador personal del virtuosismo laboral, pero lo van a integrar en un sistema de trabajo industrial permanente, en lo que se ha denominado el obrero-artesano de industria. La manera contractual que permitió la retención de esta fuerza de trabajo virtuosa e imprescindible para poner en marcha la inversión maquinal, pero errante por sus hábitos artesanales y agrarios, fue el contrato por tiempo indefinido, tan característi-co del proletariado boliviano en general, y del proletariado des-de los años cuarenta, convertido en fuerza de ley desde los años cincuenta. Este tipo de contrato aseguró la retención del obrero de oficio, de su saber, de su continuidad laboral y su adhesión a la empresa por largos periodos. De hecho, ésta fue una nece-sidad empresarial que permitió llevar adelante la efectividad de los cambios tecnológicos y organizativos dentro de la inversión capitalista de las grandes empresas, que requerían la presencia ininterrumpida de trabajadores disciplinados y adecuados para los requerimientos maquinales. Pero además, en la medida en que esta condición material se interioriza como experiencia colecti-

¹⁷\ Karl Marx, El capital, México, Siglo XXI, 1985, capítulo VI (inédito).

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va obrera, permitirá crear una representación social del tiempo homogéneo y de prácticas acumulativas, que culminan un ciclo de vida obrero asentado en la jubilación y el apoyo de las nuevas generaciones.

El contrato por tiempo indefinido permite prever el porvenir individual en un devenir colectivo de largo aliento y, por tanto, permite comprometerse con ese porvenir y ese colectivo, porque sus logros podrán ser usufructuados en el tiempo. Estamos ha-blando de la construcción de un tiempo de clase, caracterizado por la previsibilidad, por un sentido de destino certero, y enrai-zamientos geográficos que habilitarán compromisos a largo plazo y osadías virtuosas en pos de un porvenir factible por el cual vale la pena luchar pues existe, es palpable.

Nadie lucha sin un mínimo de certidumbre de que se puede ganar, pero tampoco sin un mínimo de convicción de que sus fru-tos podrán ser aprovechados en el tiempo. El contrato por tiempo indefinido del obrero de oficio funda positivamente la creencia en un porvenir por el cual vale la pena luchar porque, al fin y al cabo, sólo se pelea por un futuro cuando se sabe que hay futuro.

Por tanto, este moderno obrero de oficio se presentará ante la historia como un sujeto condensado, portador de una temporali-dad social específica y de una potencia narrativa de clase de largo aliento, sobre las cuales, precisamente, se levantarán las acciones autoafirmativas de clase más importantes del proletariado en el último siglo. La virtud histórica de estos obreros radicará, preci-samente, en su capacidad de haber trabajado estas condiciones de posibilidad material y simbólica para sus propios fines.

c) Existencia de un sistema de fidelidades internas, que permi-tirá convertir en un valor acumulable la asociación por centros de trabajo. Esto surgirá por la implantación de un procedimiento de ascensos laborales y promociones dentro de la empresa, basados en el ascenso por antigüedad, el aprendizaje práctico alrededor del maestro de oficio y la disciplina laboral industrial, legitimadas por el acceso a prerrogativas monetarias, cognitivas y simbólicas, escalonadamente repartidas entre los segmentos obreros.

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El épico espíritu corporativo del sindicalismo boliviano nació, precisamente, a partir de la cohesión y mando de un núcleo obre-ro compuesto por el maestro de oficio, cuya posición recreaba en torno a él una cadena de mandos y fidelidades obreras, median-te la acumulación de experiencias en el tiempo y el aprendizaje práctico, que luego era transmitido a los recién llegados a través de una rígida estructura de disciplinas obreras, recompensadas con el “secreto” de oficio y la remuneración por antigüedad. Esta racionalidad en el interior del centro de trabajo habilitó la pre-sencia de un trabajador poseedor de una doble narrativa social. En primer lugar, de una narrativa del tiempo histórico, que va del pasado hacia el futuro, pues éste es verosímil por el contrato fijo, la continuidad en la empresa y la vida en el campamento o villa obrera. En segundo término, de una narrativa de la continuidad de la clase, en tanto el aprendiz reconoce su devenir en el maestro de oficio y el “antiguo”, portador de la mayor jerarquía, y que ha de entregar poco a poco sus “secretos” a los jóvenes, que harán lo mismo con los nuevos que lleguen, en una cadena de herencias culturales y simbólicas que aseguran la acumulación de la expe-riencia sindical de clase.

La necesidad de anclar este “capital humano” en la empresa, pues de él depende gran parte de los índices de productividad maquinal, y en él están corporeizados saberes indispensables para la producción, empujó a la patronal a consolidar definitivamente al obrero en el trabajo asalariado, a través de la institucionaliza-ción del ascenso laboral por antigüedad.

Ello, sin duda, requirió un doblegamiento del fuerte vínculo de los obreros con el mundo agrario, mediante la ampliación de los espacios mercantiles para la reproducción de la fuerza de tra-bajo, el cambio de hábitos alimenticios, de formas de vida y de ética del trabajo, en lo que puede considerarse un violento pro-ceso de sedentarización de la condición obrera, y una paulatina extirpación de estructuras de comportamiento y conceptualiza-ción del tiempo social ligadas a los ritmos de trabajo agrarios. Hoy sabemos que estas transformaciones nunca fueron completas; que incluso ahora continúan, mediante la lucha patronal por anular

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el tiempo de festividad o pijcheo y que, en general, dieron lugar al nacimiento de híbridas estructuras mentales, que combinan racionalidades agrarias, como el intercambio simbólico con la naturaleza ritualizado en fiestas, wajtas y pijcheos o las formas asamblearias de deliberación, con comportamientos propios de la racionalidad industrial, como la asociación por centro de trabajo, la disciplina laboral, la unidad familiar patriarcal y la mercantili-zación de las condiciones de reproducción social.

La sedentarización obrera, como condición objetiva de la pro-ducción capitalista en gran escala, dio lugar, entonces, a que los campamentos mineros y barrios obreros no fueran ya únicamen-te dormitorios provisionales de una fuerza de trabajo itinerante, como lo eran hasta entonces; permitió que se volvieran centros de construcción de una cultura obrera a largo plazo, en la que quedó depositada espacialmente la memoria colectiva de la clase.

La llamada “acumulación en el seno de la clase”,¹⁸ es, en este sentido, también una estructura mental colectiva arraigada como cultura general, con capacidad de preservarse y ampliarse. La po-sibilidad de lo que hemos denominado narrativa interna de clase, y la presencia de un espacio físico de continuidad y sedimentación de la experiencia colectiva, fueron condiciones de posibilidad simbólica y física que, con el tiempo, permitieron la constitución de esa forma de identidad política trascendente del conglomerado obrero, con la cual pudieron construirse momentos duraderos de la identidad política del proletariado, como la revolución de 1952, la resistencia a las dictaduras militares y la reconquista de la democracia parlamentaria.

d) Fusión de los derechos ciudadanos con los derechos la-borales resultantes del reconocimiento por parte del Estado, a partir de los años cuarenta, de la legitimidad de la organización sindical. Inicialmente, a excepción de las sociedades de socorro fomentadas por la patronal, las organizaciones laborales fueron sistemáticamente desconocidas por el empresariado y personal del Estado. Sólo la presión, la persistencia y la fuerza de masa

¹⁸\ René Zavaleta, Las masas en noviembre, La Paz, Juventud, 1985.

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obligaron a empresarios y funcionarios gubernamentales a reco-nocer como interlocutores válidos a las federaciones y sindicatos. Sin embargo, desde finales de la década de los años treinta, fue el propio Estado quien comenzó a tomar la iniciativa de promover la organización sindical, a validarla oficialmente y a potenciarla como mecanismo de negociación tripartito, junto a la patronal. Ya desde 1936, el gobierno decreta la sindicalización obligatoria; posteriormente, otros gobiernos promovieron la estructuración de organizaciones sindicales con carácter nacional como la Con-federación Sindical de Trabajadores de Bolivia (cstb) en 1939, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (fstmb) en 1944, la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia (cgtfb) en 1950, etcétera. El sindicalismo emergerá en el escenario como creación autónoma, pero también como iniciati-va tolerada y luego apuntalada por el propio Estado. Esta doble naturaleza del sindicato, llena de tensiones permanentes, contra-dicciones y desgarramientos que inclinan la balanza hacia la auto-nomía obrera, en unos casos, o hacia su incorporación estatal, en otros, atravesarán su comportamiento en las décadas posteriores.

Con todo, desde entonces y hasta 1985, el sindicato será la forma legítima del acceso a los derechos públicos, con lo que la nación del Estado, la hegemonía estatal y sus preceptos ho-mogeneizadores se expandirán, a través de los sindicatos, en los enormes tumultos de emigrantes del agro que marchan a las ciu-dades y fábricas. El hecho de que el sindicato asuma la forma de ciudadanía legítima ha de significar que, a partir de entonces, los derechos civiles, bajo los cuales la sociedad busca mirarse como colectividad políticamente satisfecha, tienen al sindicato como espacio de concesión, de dirección, de realización, además de que el propio sindicato aparece como la red organizativa de la forma-ción y acumulación de un capital político específico.¹⁹

¹⁹\ Stéphane Beaud y Michel Pialoux, Retour sur la condition ouvrière, Paris, Fayard, 1999.

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Desde entonces, ser ciudadano es ser miembro de un sindi-cato. Ya sea en el campo, la mina, la fábrica, el comercio o la acti-vidad artesanal, la manera de adquirir identidad palpable ante el resto de las personas y de ser reconocido como interlocutor válido por las autoridades gubernamentales es por medio del sindicato. Ahí queda depositada la individualidad social plausible, y el sin-dicato se erige como el interlocutor tácito entre sociedad civil y Estado, pero con la virtud de que se trata de una ciudadanía que permanentemente reclama su validación en las calles, en la ac-ción tumultuosa de la fuerza de masa, que es en definitiva, desde la insurrección de abril de 1952, el lenguaje de la consagración ciudadana en y por el Estado.

Sobre esta base estructural es que los trabajadores pudieron producir esa forma singular de presencia histórica llamada “mo-vimiento obrero” que, en el fondo, es una forma de autoagrega-ción con fines de movilización práctica, una estructura cultural de filiación colectiva, de sedimentación de experiencias comunes, un sentido de la historia imaginada como compartida, unas rutinas institucionales de verificación de existencia del colectivo y unos símbolos que refrendan cotidianamente el espíritu de cuerpo.

La formación histórica de esta manera de existencia colecti-va fue un proceso social que, atravesando revoluciones, persecu-ciones, congresos, mártires y documentos, tuvo como punto de partida y de llegada insoslayable el centro de trabajo. De ahí la primera característica básica de esta forma de movilización social. En la medida en que el sindicato obrero supone un tipo de traba-jador asalariado perteneciente a una empresa con más de veinte obreros (exigencia de ley) y con contrato por tiempo indefinido (costumbre), la forma sindicato tiene como célula organizativa la empresa. El sindicato es, entonces, una unidad y, a la larga, la identidad obrera por centro de trabajo. Claro, en tanto la pre-sencia visible y pública del trabajador va siendo asumida por el sindicato de empresa, y desechando otras formas organizativas (como las barriales, deportivas, culturales, etc.), el sindicato se va constituyendo en el referente identitario de la condición obrera, capaz no sólo de engendrar una narrativa cohesionadora de sus

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miembros, sino también de convertirse en centro de atracción y porvenir de los otros conglomerados sociales no sindicalizados.

Esto ha de marcar internamente la dinámica de la base or-ganizativa del movimiento obrero. Su fuerza, su expansión y su durabilidad son directamente proporcionales a la consistencia, amplitud y diversificación de las plantas productivas instaladas bajo modalidades de subsunción real, contrato indefinido y acu-mulación vertical, y es por ello que se puede asociar la formación del movimiento obrero con una de las fases de la expansión del capitalismo, y un modelo de regulación y acumulación del capital. No es raro, entonces, que el ocaso de esta forma particular de la identidad obrera venga de la mano de la modificación técnico-organizativa de los modos de gestión y regulación empresarial, que precisamente están haciendo desaparecer la gran empresa, el contrato por tiempo indefinido, el ascenso por antigüedad, ampliando enormemente el segmento obrero que, precisamente esta forma sindicato, no tomó en cuenta en su política de agrupa-miento y filiación.

La segunda característica de esta forma de existencia social de las clases trabajadoras viene también de este anclaje estructural: la formación de un discurso unificador y un horizonte de acción central en torno al litigio por el valor histórico-moral de la fuerza de trabajo. Ya que la empresa es el nodo articulador de la filiación social, el material primario que identifica a todos como miembros de una empresa es la venta de la capacidad de trabajo, el salario. Es claro que ello marca de manera fundamental los motivos de la agregación y las pautas de la reivindicación mediante las cuales el grupo se hará visible públicamente. Sin embargo, esto no limita necesariamente el horizonte de acción social colectiva en torno a una economía política del salario. El hecho de que la lucha en torno al salario sea el centro de las demandas movilizadoras, o una entre otras; el que el salario sea tratado como una economía de regateos mercantiles entre propietarios privados corporati-vamente representados (asociación de empresarios/sindicatos), o como una técnica de autovalorización del trabajo, esto es, de reapropiación del resultado común del trabajo social, dependerá

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de las maneras particulares en que la relación salarial sea trabajada y significada históricamente por los trabajadores.

En el caso del sindicalismo obrero, es claro que el salario nunca fue posicionado como único referente aglutinador y mo-vilizador; a lo largo del tiempo, siempre ha venido acompañado de la búsqueda de formas complejizadas del valor social de la fuerza de trabajo (por ejemplo, derechos sociales), de demandas políticas (cogobierno, fuero sindical, democracia política, etc.), y gestión del bien público (nacionalización de la gran minería, modificación de políticas gubernamentales, etc.). Sin embargo, también es cierto que el salario y una economía política del valor de la fuerza de trabajo han jugado un papel central en la cons-trucción de la identidad obrera, de su institucionalización y su modo de interpelar a los poderes dominantes. La mirada del sa-lario como regateo de mercaderes, por lo general prevaleció por encima del salario como reapropiación de la capacidad creativa del trabajo (la autovalorización), y de ahí que haya sido un movi-miento obrero con una débil interpelación a las redes de poder intraempresarial, a las formas de gestión productiva y a los usos tecnológicos en la producción.

Con todo, esta fortaleza cohesionadora por empresa lenta-mente irá cimentando la tercera característica de esta forma de movilización social: una sólida estructura organizativa que, sos-tenida por la consistencia de la identidad por centro de trabajo, abarcará el territorio nacional, en una extensa y tupida red de mandos jerarquizados por rama de oficio, de múltiples ramas de oficio, por departamento y, por último, a escala nacional.

La Central Obrera Boliviana (cob), fruto de este poderío de interunificación laboral, ha sido la única estructura de moviliza-ción de efectiva dimensión nacional creada por los trabajadores y, ésta fue otra de sus virtudes, con un sistema de prácticas orga-nizativas y estructuras materiales (edificios, documentos, aportes) duraderamente institucionalizados.

Asambleas por centro de trabajo, direcciones por empresa, congresos de sector, congresos departamentales, congresos na-cionales ampliados, direcciones por rama, por departamento y en

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el ámbito nacional fueron la escenificación institucional de una trama de participación y deliberación que logra abarcar a la parte más significativa del proletariado boliviano, y cuya materialidad y peso en la experiencia social, pese a su sistemático desmante-lamiento por las elites dominantes, sigue aún pesando notable-mente en las prácticas organizativas de las nuevas experiencias de organización social de las clases subalternas.

Esta red organizativa, estas técnicas de delegación controlada de autoridad, y estos medios materiales de la existencia de la co-lectividad arraigaron de manera duradera un sentido de pertenen-cia y de participación capaz, no sólo de permitir la consolidación de una cultura organizativa arraigada en la cotidianeidad de la actividad laboral de los obreros, sino además de la continuidad en el tiempo de una trayectoria social de clase capaz de sobrepo-nerse a las persecuciones militares, los despidos empresariales, las masacres y sanciones con las que el Estado continuamente sancionará la solidez de la autonomía obrera. Paralelamente, esta estructura organizativa funcionará como un sistema de mandos y jerarquías centralizado a escala, primero de rama de trabajo (Federaciones y Confederaciones) y, luego, en el ámbito nacional (la cob), de amplia eficacia en la movilización de sus afiliados.

La cuarta característica es una fuerza de masa movilizable y disciplinada en torno a los mandos jerárquicos por centro de tra-bajo, rama de oficio y dirección nacional. No toda estructura de organización y participación a escala departamental o nacional es inmediatamente una fuerza de masa movilizable. Esto requie-re una forma particular de acumulación de experiencias que, en el caso del movimiento obrero, se presentará con la fuerza de un dogma virtuoso de la formación de la clase.

Las justificaciones no son pocas para esta manera tan compac-ta de autorrepresentación de las clases subalternas. El hecho de que los obreros descubran que la acción conjunta y disciplinada amplía los márgenes de posibilidad de sus demandas es una ex-periencia general de todos los trabajadores asalariados confron-tados a las competencias del mercado de trabajo, que devalúan permanentemente la medida histórico-moral de la mercancía

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fuerza de trabajo que ellos poseen. Pero que la unidad de la clase se presente como un prejuicio de masas institucionalizado en una sola organización nacional y, además, bajo la forma de sindicato, requiere unas singulares maneras de procesar las reglas del mer-cado laboral y del devenir de la autovalorización.

Para que la unidad de la clase, y luego la unidad de lo popular, se institucionalizaran en una sola estructura sindical nacional, y en unos hábitos de disciplina interna jerárquicamente escalonada, fue necesaria, no sólo una irrupción victoriosa de lo obrero y lo popular fusionados, tal como sucedió en la insurrección de abril de 1952, sino que además fue decisivo que la experiencia orga-nizativa de este acontecimiento fundacional de lo “popular” se diera en tanto disciplina sindical, que será precisamente el modo de articulación de las estructuras militarizadas obreras y plebeyas que derrotarán en tres días al ejército oligárquico. Aquí hay enton-ces la fundación de un hito de la acción de la masa, que obtiene su triunfo social mediante la movilización conjunta en torno al sindicato, y a una estructura de mandos y fidelidades claramente delimitados en torno a la institucionalidad estatal. La cultura de los pliegos petitorios, que agregan demandas sectoriales de varios centros de trabajo y luego de varios sectores sociales en un solo documento, vendrá a refrendar anualmente una memoria colec-tiva del entretejimiento de demandas y acciones como modo de reconstruir la unidad de la masa.

De ahí que el devenir posterior del sindicato unitario, y sus prácticas de disciplina sindical escalonada como forma de iden-tidad de clase, no sean simplemente una remembranza de este hecho iniciador; en gran parte también serán la reactualización, aunque ya no victoriosa, sino sufriente y dramática, de este aglu-tinamiento obrero para soportar, resistir o bloquear el paso de las dictaduras, los despidos y las masacres, y de renovados flujos de reconocimiento entre las bases y los dirigentes.

La disciplina se presenta así como una experiencia marcada por las mejores conquistas de la clase (la revolución) y la defen-sa de la posición de clase (la resistencia a las dictaduras); se trata entonces de un comportamiento premiado por la historia de la

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conquista de la ciudadanía de la clase. Esto permitirá, por tanto, la habilitación de una certeza de movilización, a saber, el núme-ro mínimo de afiliados movilizables detrás de una demanda que, en el terreno de la negociación, brinda una poderosa fuerza de disociación del adversario.

El hecho de que el devenir colectivo haya recompensado a un sistema de mandos no significa que éste pueda ejercerse impune-mente. Su permanencia requiere de una serie de prácticas orga-nizativas internas, que constituyen la quinta característica de esta forma de acción histórica. Una de estas prácticas es la democracia asamblearia y deliberativa que se ejercita al interior de cada una de las estructuras jerárquicas del sistema sindical.

Ya fuera desde la asamblea de empresa, la de rama de oficio, la departamental o nacional, los obreros supieron crear, como sus-tancia articuladora de su interunificación, un tipo de democracia radical, que combinó de manera certera un sentido moral de res-ponsabilidad personal con el bien común, un régimen de control de los representantes (dirigentes) por parte de los representados (bases sindicales), unos mecanismos periódicos de rendición de cuentas a electores colectivos (asambleas), y una virtud cívica de intervención generalizada de los sindicalizados en la formación de la opinión pública y la elaboración del horizonte de acción, que conformaron las culturas democráticas modernas más arraigadas y duraderas en la sociedad boliviana. Esto no elude la presencia de hábitos colectivos que tienden a obstaculizar la práctica de-mocrática ampliada, como los límites al disenso una vez delibe-radas las razones y tomadas por mayoría las resoluciones, el uso de sutiles medios de coacción interna, etcétera. Sin embargo, ello tampoco puede eclipsar el desborde de una amplia gama de prácticas democráticas incorporadas como acervo histórico de la constitución de la clase obrera.

El sentido de la responsabilidad individual surgió en torno a la creencia, y luego hábito memorable, de buscar las mejoras personales a través de la conquista de mejoras para los demás miembros, ya sea de la cuadrilla de trabajo, del centro laboral, de la rama de oficio o de todos los sindicalizados; claro que esto

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se vio favorecido por las características técnicas del proceso de trabajo, que exigía formas de fidelidad grupal para la transmisión de saberes, pero el hecho de que esta posibilidad técnica haya de-venido prejuicio de clase fue ante todo una creación de la propia identidad de la clase obrera.

Por su parte, la cultura deliberativa al interior de la democra-cia asambleísta resultaba, no sólo de la convergencia verificable de iguales (el gran déficit contemporáneo de la democracia li-beral), en tanto portadores de fuerza de trabajo, que otorgaba a cada trabajador la certidumbre de la validez de su opinión en el conjunto, sino de la dependencia de los representantes respecto al temperamento y decisión de los representados, que obliga a que las decisiones que ellos tomen sean producto de un consenso discursivo entre las bases sindicalizadas y no una arbitrariedad de los dirigentes. Pero además, dado que los dirigentes tienen supeditados una buena parte de sus gastos y actividades a los aportes de las bases, hay un vínculo material de los dirigentes hacia las bases, que limita aún más la posibilidad de decisiones autónomas de los primeros. En este sentido, son conocidas las sesiones de asambleas obreras de evaluación crítica de la acción de los dirigentes, donde éstos rinden cuentas de sus acciones ante la colectividad, con riesgo de censura o destitución, y donde se elaboran los pasos siguientes del movimiento sindical, a través de una lista interminable de oradores, que permite la creación consensuada de los puntos de vista que habrán de presentar pú-blicamente como colectividad.

Ha sido el ejercicio de estas prácticas democráticas lo que ha sostenido una eficaz maquinaria de movilización social autónoma articulada desde los centros de trabajo y, hasta cierto punto, la existencia práctica, más que reflexiva, de una manera distinta de gestionar los asuntos públicos y de soberanía política.

Y éste es el sexto componente de la forma sindicato. Tal como fue constituyéndose, la estrategia de acción política del movimien-to obrero estuvo profundamente influenciada por el horizonte estatal, no en el sentido de apetencia estatal, sino de supeditación a la normatividad y lectura que el Estado nacionalista expedía.

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Las prácticas de soberanía política que se estructuraron en torno al sindicato, por lo general estuvieron restringidas al ámbito de las estrategias y la intensidad del litigio frente al Estado, y no tan-to en la perspectiva del fin de la querella o del desconocimiento radical del reclamo, que hubiera supuesto la asunción del papel de soberano y dirimente por parte de los trabajadores. Esto sig-nifica que entre los trabajadores se incubó un arraigado espíritu demandante frente al Estado, belicoso por cierto, pero enmarca-do en los marcos de significación y modernización promovidos por el Estado nacionalista.

Surgió así un modelo de movilización pactista e integrado a la racionalidad estatal que, a no ser en los puntuales momentos extremos de peligro de muerte, no se atrevió a mirarse a sí mis-mo como soberano, prefiriendo atrincherarse en la mirada del peticionario, recreando así la legitimidad estatal, que sólo puede existir como monopolizadora de la violencia física y simbólica legítimas,²⁰ si hay sujetos sociales que admiten, o soportan y re-crean, esta expropiación de prerrogativas públicas.

Ahora, ciertamente, esta delegación recurrente del derecho a gobernar a la pequeña estirpe, que siempre se ha atribuido ese derecho de gobierno, no es sólo resultado de una interiorización prerreflexiva de los hábitos del gobernado; resultó también de un sistema de recompensas sociales que el sindicato pudo recoger, mediante la institucionalización y la atemperación de su actividad movilizadora. Los beneficios sociales, la ciudadanía sindical, los bonos salariales, los bienes materiales del sindicato y, en general, el conjunto de derechos sociales que obtuvo después de la revo-lución de 1952 y, precisamente, como su prevención estructural, dieron lugar a una economía de demandas ciudadanas (ciuda-danía sindical y derechos sociales) y concesiones políticas (legi-timidad del Estado nacionalista e integración en sus estructuras simbólicas de emisión), que atravesaron el temperamento de las formas sindicales de movilización.

²⁰\ Pierre Bourdieu, La noblesse d’État, Paris, Minuit, 1989.

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El movimiento obrero, y la forma sindicato bajo la cual exis-tió, fueron entonces una síntesis intensa de tres economías, que constituyeron la columna vertebral de esta forma de movilización e identidad histórica: a) una economía mercantil del valor histó-rico moral de la fuerza de trabajo; b) una economía moral de la sumisión y la resistencia; y c) una economía política y simbólica de la autonomía y el horizonte de acción.

A partir de la fusión de estos tres componentes internos de la existencia de la clase obrera, la forma sindicato cíclicamen-te fue capaz de crear un espacio de irradiación social o bloque compuesto de clases sociales. La cob, que es el nombre de este proceso histórico, a la vez que permitió institucionalizar y fundar el diagrama de la narrativa de la clase obrera, contribuyó a que otras clases subalternas adquirieran una existencia pública y una sedimentación histórica verificable. La cob fue una trama de la autoconstrucción de clases sociales, pero en torno a los símbo-los, los códigos y los parámetros organizacionales del movimien-to obrero. La filiación sindical borró o desplazó otras formas de autoorganización de los subalternos; las prácticas deliberativas fueron imitadas parcialmente por los otros componentes, en tanto que el discurso y la disciplina obrera por centro de trabajo fue-ron integradas como acervo colectivo por un espectro mayor de fracciones y clases sociales, adecuándolas, por supuesto, a sus propios fines y habilidades.

La forma masa, que según René Zavaleta fue el modo de la pre-sencia activa de la centralidad obrera y su irradiación,²¹ no sólo se mostró en el momento de la movilización plena de la cob (1970-1971/1978-1981/1982-1985), sino también en la movilización de unos pocos sindicatos o de la cob como centro convocante, aglu-tinador y representante del levantamiento de múltiples sectores des-sindicalizados o portadores de otras fidelidades corporativas no específicamente sindicales, como lo que sucedió con la pobla-

²¹\ René Zavaleta, Las masas en noviembre, op. cit. Véase también el estudio de las diferencias que propone Zavaleta entre “forma masa”, “forma clase” y “forma multitud”, en Luis Tapia, “La producción del conocimiento local; historia y política en la obra de Zavaleta”, Tesis de doctorado (inédita), 1997.

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ción indígena-urbana en torno a los sindicatos mineros en 1981, o con la población civil paceña en 1979, a partir de la convocatoria a la huelga indefinida decretada por la cob.

Cada una de estas compactaciones de bloques de clases socia-les son singularidades históricas, excepcionalidades que articu-lan, espacial y geográficamente, lo obrero en torno al sindicato, lo popular asalariado en torno a lo obrero y lo plebeyo en torno a lo sindical, rompiendo el diagrama de fuerzas estatales y creando un punto de inflexión en la estructura de legitimidad gubernamental. De ahí la carga eminentemente política de este tipo de articulación social, que dio lugar a grandes modificaciones de la vida políti-ca nacional; en unos casos a procesos de democratización social (1978-1982) y en otros de regresión conservadora (1971, 1985), dependiendo de la densidad y la continuidad propositiva de este “bloque histórico compuesto” (Zavaleta).

II. La forma multitud

En los últimos trece años, todo el basamento que hizo de los sin-dicatos y la cob el núcleo de las identidades subalternas urbanas ha sido desmontado sistemáticamente. No se trata de que ahora ya no haya obreros, o de que no haya dirigentes radicales, o de que se haya caído el muro de Berlín. En realidad, la historia social se sostiene en hechos más poderosos que los prejuicios.

Nuevo modelo de desarrollo empresarial

Si bien en términos técnico-productivos Bolivia sigue siendo, co-mo hace décadas, un espacio geográfico donde se superponen ra-cionalidades productivas, técnicas, laborales y formas asociativas correspondientes a diferentes épocas históricas y civilizaciones (la capitalista, la comunal, la campesina, la doméstica artesanal, etc.); y si, igualmente, como hace siglos, seguimos siendo un país pre-dominantemente exportador de materias primas (gas, petróleo, minerales, soya, etc.), el modo de articulación parcial o defectuosa

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entre esas estructuras productivas modernas y tradicionales ha variado notablemente.

Hasta los años ochenta del siglo XX, en correspondencia con el modelo de desarrollo fordista prevaleciente a escala mundial, las elites dominantes en Bolivia, a su modo híbrido y retardado, em-prendieron procesos de sustitución de importaciones, ampliación del mercado interno de consumidores y productores, conversión de campesinos autosuficientes en propietarios y asalariados, di-versificación de la base productiva a partir de la intervención del Estado en la creación de empresas, gestión del salario a través de derechos sociales, etcétera. En el horizonte, para empresarios, gobernantes, opositores, intelectuales y financiadores externos, se asomaba una lenta disolución de las estructuras productivas tradicionales, consideradas como resabios temporales de lo que tendría que dar paso a la “modernidad” del trabajo asalariado, la gran industria, las grandes concentraciones de obreros de cuello azul, el mercado de productos y tierras, el comercio generalizado y la homogeneidad cultural y consumista regulada por un Estado protector socialmente, y empresarial económicamente.

Hoy día, este modelo ya no va más. Aunque el Estado mantie-ne una fuerte intervención en el ámbito de la regulación del precio de la fuerza de trabajo, de la seguridad para las inversiones, de la norma del precio del dinero y el ahorro público, ha sido des-pojado de sus funciones propietario-empresariales, por lo cual ya no se hace cargo de la generación de excedentes económicos, ni controla las ramas productivas más decisivas de la economía capitalista local. Las áreas económicas de mayor inversión de capital, de mayor generación de excedentes y de más intensa ar-ticulación con el mercado mundial están en manos de capitales transnacionales, que se han convertido en el principal agente de promoción de la economía moderna.²²

La llamada “burguesía nacional”, en sus vertientes de burgue-sía de Estado y de burguesía afincada en el mercado interno, es un

²²\ Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (udape), Bolivia: pros-pectiva económica y social 2000-2010, La Paz, pnud, 2000.

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sector empresarial subalterno, reducido a pequeñas actividades artesanal-comerciales; en tanto que las burguesías exportadoras (mineras, agroindustriales) junto con la bancaria, han integrado su destino como socios minoritarios y técnicamente serviles de la gran inversión extranjera, que no ha abierto nuevas áreas econó-micas, sino simplemente ha desplegado la colonización intensiva de aquellas que ya fueron habilitadas por la intervención del Es-tado: petróleo, gas, telecomunicaciones, electricidad, transporte aéreo, ferrocarriles y banca.

Sin embargo, lo novedoso en esta remodelación de la econo-mía boliviana no es sólo el cambio en el régimen de propiedad y concentración del capital; lo es también la modalidad de concen-tración técnica de esa inversión.

El modelo fordista, o en su vertiente latinoamericana de “sus-titución de importaciones”, supuso un tipo de acumulación ex-tensiva basada en la creación de grandes factorías, que acoplaban distintas funciones laborales y agregaban enormes contingentes de trabajadores en ámbitos territoriales compactos. Hoy, la in-versión extranjera y local está desplegando, en cambio, un mo-delo desagregado de inversión técnica y de ocupación laboral. Los procesos productivos en general, como los de la minería, el petróleo y la industria, han sido fragmentados en pequeños nú-cleos de inversión intensiva de capital y reducida fuerza de trabajo asalariado. En áreas como las del comercio y la banca se ha dado una descentralización de tareas.

Está surgiendo así un modelo económico, técnica y poblacio-nalmente atomizado en pequeños centros de trabajo articulados en red, de manera horizontal, entre sectores de economía moder-na mercantilizada, pero además, y éste es el tercer componente novedoso de la estructura económica actual, también articulado verticalmente, con áreas de economía tradicional artesanal, fa-miliar y campesina por varias vías: compra-venta de fuerza de trabajo temporal precaria, bajo consumo empresarial temporal; compra-venta de fuerza de trabajo en la forma de productos se-mielaborados, que luego son integrados a procesos industriales o comercial-empresariales; consumo de productos industriales,

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como parte de la reproducción de la economía campesina comu-nal y de las unidades económicas doméstico-artesanales urbanas; acceso a mercancía-dinero a través de crédito y ahorro; y, por último, confiscación, expropiación empresarial, de las condicio-nes de reproducción vital de la sociedad (agua, tierra, servicios básicos). La particularidad que asumen estos nuevos vínculos de dominación, entre estos dos niveles de la estructura social dualiza-da de la sociedad boliviana, es decisiva para entender las actuales modalidades de la actual reconstitución del tejido social plebeyo.

A diferencia de lo que sucedía a mediados del siglo pasado, cuando el ideal de modernización pasaba por la erosión paulatina de los sistemas tradicionales de economía campesina, artesanal y comunal, hoy la banca, la industria, el gran comercio, la gran minería privada, la agroindustria de exportación, cada uno a su modo, ha refuncionalizado el uso de sistemas laborales, asociati-vos y culturales de la economía campesina, artesanal, doméstico-familiar para la obtención de materia prima (leche, lana, soya, tri-go, arroz, minerales, coca); para la elaboración de partes de com-ponentes del producto total (joyas en oro, zapatos, textiles, pasta base); para el abastecimiento de fuerza de trabajo temporal y la tendencia a la baja del salario urbano (petróleo, industria); o para la obtención de tasas de interés superiores al promedio (banca).

En la medida en que el proyecto de desarrollo capitalista des-plegado por las reformas liberales ha reforzado una estructura económica caracterizada por pequeños nodos de modernización técnica y organizativa, que articulan verticalmente una gigantesca gama de actividades, tecnologías, saberes y redes organizativas económicas tradicionales, artesanales, campesinas y familiares, se ha creado un régimen de acumulación híbrido y fractalizante de una lógica de escasa “modernización” de enclaves económicos transnacionalizados (minería, banca, petróleo, telecomunicacio-nes, cocaína), sobrepuesta y parcialmente articulada, bajo moda-lidades de exacción, dominación y explotación a estructuras eco-nómicas no modernas de tipo agrario-comunal, pequeño-campe-sina, artesanal, microempresarial, doméstico-familiar, etcétera. Se puede decir que el modelo de desarrollo contemporáneo es una

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integración defectuosa de mayoritarios espacios de subsunción formal en torno a pequeños, pero densos y dominantes espacios de subsunción real²³ de estructuras laborales, de circulación y consumo bajo el capital.

Reconfiguración de las clases sociales, de los modos de dominación política y de las resistencias

Las transformaciones en los procesos técnico-organizativos de la economía han venido acompañadas de modificaciones en la com-posición técnica y la composición política de las clases populares. En particular, la más afectada fue la clase obrera.

El número de trabajadores asalariados y de personas que tie-nen que mercantilizar alguna capacidad productiva para reponer sus fuerzas es hoy dos veces mayor que el de hace quince años, cuando el sindicalismo era el eje en torno al cual giraba el país. Lo que sucede es que las condiciones de posibilidad material y simbólica sobre las que se levantaron la forma sindical y la trayec-toria del antiguo movimiento obrero hoy ya no existen.

Las grandes empresas y ciudadelas obreras, que forjaron una cultura de agregación corporativa, han sido sustituidas por nu-merosísimas medianas y pequeñas fábricas capaces de extender el trabajo industrial hasta el domicilio, produciendo un efecto de desagregación social contundente y fragmentación material de la fuerza de masa del trabajo.²⁴ El contrato fijo, que sostuvo el sentido de previsibilidad, es hoy una excepción frente a la sub-contratación, la eventualidad, el contrato por obra, que precariza la identidad colectiva y promueve el nomadismo laboral, limita-do en su capacidad de forjar fidelidades a largo plazo,²⁵ dando lugar, por una parte, a una “hibridación” (Bajtin) de la condi-

²³\ Karl Marx, El capital, op. cit.

²⁴\ Pablo Rossell y Bruno Rojas, Ser productor en El Alto, La Paz, Centro de Estu-dios para el Desarrollo Laboral y Agrario (cedla), 2000.

²⁵\ Carlos Arze, “Empleo y relaciones laborales”, en Bolivia hacia el siglo XXI, La Paz, Postgrado en Ciencias del Desarrollo (cides), Coordinadora Nacional de Redes (cnr), Academia Nacional de Ciencias (anc), pnud y cedla, 1999; tam-

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ción de clase, y a la emergencia de “identidades contingentes”²⁶ de los trabajadores según la actividad, los oficios laborales, los entornos culturales donde se encuentren transitoriamente, y la dinámica de “contornos difusos” entre el espacio del trabajo y del no trabajo.²⁷ La transmisión de saberes por estratificaciones laborales estables y los ascensos por antigüedad van siendo sus-tituidos por la polivalencia, la rotación del personal y el ascenso por mérito y competencia, quebrando la función del sindicato como mecanismo de ascenso, estabilidad social²⁸ y la estructura de mandos disciplinados, tan propios de la antigua forma sindi-cal de movilización.

Por último, el sindicato ha sido proscrito de la mediación legí-tima entre Estado y sociedad, para ser lentamente sustituido por el sistema de partido, erosionando aún más la eficacia representa-tiva que antes poseía, en la medida en que era el mediador político y el portador de ciudadanía.²⁹ En su sustitución arbitraria, pero a la vez inestable, se ha levantado un sistema de partidos políticos que ha llevado a la dualización de la vida política, entre una elite que se reproduce endogámicamente en la posesión privativa de la gestión del bien público, y una inmensa masa votante clientelizada y sin capacidad real de intervenir en la gestión del bien común.

En este ambiente, la precariedad simbólica, resultante de una precariedad institucionalizada, se alza como temperamento social que potencia un sentido común de imprevisibilidad a largo plazo,

bién, del mismo autor, Crisis del sindicalismo boliviano: consideraciones sobre sus determinantes materiales e ideológicas, La Paz, cedla, 2001.

²⁶\ Homi Bhabha, The Location of Culture, New York, Routledge, 1994; Pnina Werbner y Tariq Modood, (eds.), Debating Cultural Hybridity: Multi-cultural Identities and the Politics of Anti-racism, London, Zed Books, 1997.

²⁷\ Ulrich Beck, Un nuevo mundo feliz: la precariedad del trabajo en la era de la glo-balización, Barcelona, Paidós, 2000.

²⁸\ Álvaro García Linera, Estructuras materiales y mentales del proletariado minero, op. cit.

²⁹\ Patricia Chávez, “Los límites estructurales de los partidos de poder como es-tructuras de mediación democrática: Acción Democrática Nacionalista en el Departamento de La Paz”, Tesis de Licenciatura, Carrera de Sociología, umsa, 2000.

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ausencia de narrativa colectiva, individualismo exacerbado y fa-talismo ante el destino, que erosiona, por hoy, el “sentimiento de pertenencia a una comunidad de destino”,³⁰ como el que logró articular el antiguo movimiento obrero boliviano.

La certeza de que hay que pelear juntos para mejorar la situa-ción de la vida individual se hunde poco a poco, dando lugar, de manera mayoritaria, pero no absoluta, a un nuevo precepto de la época, según el cual es mejor acomodarse individualmente a las exigencias patronales y gubernamentales para obtener algún beneficio, con lo que la larga cadena de dispositivos objetivos de sumisión y de intimidación se pone en movimiento, para in-teriorizar en la subjetividad asalariada la reticencia (temporal) a modificar su situación mediante la acción conjunta, a través de la solidaridad. Surge así una nueva calidad material compleja de la identidad y la subjetividad del trabajador contemporáneo.

Es la muerte de la cob, esto es, del sentido, de las condiciones y las proyecciones de la acción en común obrera que prevalecieron durante cuarenta años, pero también de la manera de inclusión del sindicato en la composición estatal. Es la muerte, entonces, no del sindicalismo, sino de una particular manera material y simbólica de ser del sindicalismo, que ya no existe ni va a existir más. Es también la muerte de una forma de la condición obrera y del movimiento obrero, y no del Movimiento Obrero, que en los siguientes años podrá adoptar otras formas históricas. La antigua interunificación en sus formas, sus modalidades y características ya no existe, y evocarla o desearla hoy es un tributo al idealismo ingenuo, que cree que basta enunciar las ideas para que ellas se hagan efectivas.

En conjunto, en la última década asistimos a la disolución de la única y duradera estructura de unificación nacional con efec-to estatal que produjeron las clases trabajadoras, abriendo un largo periodo de pulverización de demandas y agregaciones de los sectores dominados de la sociedad boliviana, pero, a la vez, a una lenta y multiforme reconstitución de identidades laborales,

³⁰\ Stéphane Beaud y Michel Pialoux, Retour sur la condition ouvrière, op. cit.

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a partir, y por encima, de esta fragmentación que en la siguiente década podrían poner en pie nuevas formas históricas del movi-miento obrero y de agrupamiento de las clases laboriosas.

Pero la disolución de las condiciones de posibilidad de la for-ma sindicato también han sido, en parte, las condiciones de posi-bilidad del surgimiento de otras formas de interunificación social y de acción colectiva. Claro, la fragmentación de los procesos de trabajo, la muerte del obrero de oficio, con su cadena de mandos y fidelidades corporativas, y la sustitución del sindicato como me-diador político, han demolido la forma de unificación nacional por centro de trabajo y legitimidad estatal, pero, en la medida en que no han sido sustituidos por otras estructuras de filiación social, de identidad colectiva duradera, ni por otros mecanismos de mediación política estatalmente reglamentados, en la última década ha habido un regreso o fortalecimiento social de formas de unificación locales de carácter tradicional y de tipo territorial.³¹

La multitud

No vamos a detenernos aquí en las circunstancias particulares que permitieron la emergencia de la forma multitud en las jornadas de movilización social de enero a septiembre de 2000, existen tra-bajos detallados al respecto.³² Lo que vamos a intentar es hacer un análisis más estructural de esta forma de acción colectiva, que

³¹\ 琀l concepto de forma multitud que ahora vamos a proponer difiere del pro-puesto por Zavaleta. Él, por lo general, trabajó este concepto en relación con el comportamiento del proletariado como sujeto espontáneo, como “plebe en acción y no como clase”. Sobre esto, véase René Zavaleta, “Forma clase y forma multitud en el proletariado boliviano”, en René Zavaleta (comp.), Bolivia hoy, México, Siglo XXI, 1983; también, del mismo autor, Las masas en noviembre, op. cit.

\ 琀osotros en cambio, hemos de trabajar la multitud como bloque de acción co-lectiva, que articula estructuras organizadas autónomas de las clases subalternas en torno a construcciones discursivas y simbólicas de hegemonía, que tienen la particularidad de variar en su origen entre distintos segmentos de clases subal-ternas.

³²\ Luis Tapia, Raquel Gutiérrez, Raúl Prada y Álvaro García Linera, El retorno de la Bolivia plebeya, La Paz, Comuna, 2000; Tom Kruse y Humberto Vargas, “Las

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se presenta de manera recurrente en la historia social boliviana, aunque con características diferentes en cada contexto.

1) Modo de unificación territorial y flexible. En la medida en que gran parte de las unificaciones por centro de trabajo han sido atacadas por las políticas de flexibilización laboral, libre contrata-ción y fragmentación productiva, formas preexistentes de orga-nización territorial, como las juntas vecinales, los sindicatos por jurisdicción (campesinos y gremiales), o asociaciones por rama de oficio, han adquirido una relevancia de primer orden. Ante-riormente opacadas por el sindicalismo de empresa, el debilita-miento de éste ha dado paso a un mayor protagonismo de estas estructuras unificadoras. Se pensó que, tras el desmantelamiento de las estructuras de unificación nacional como la cob, se asisti-ría a un largo proceso de desorganización social, susceptible de ser disciplinada y capturada por instituciones clientelistas como partidos, organizaciones no gubernamentales (ong) o la Iglesia. Sin embargo, el desmoronamiento de las antiguas estructuras de movilización nacional con efecto estatal ha mostrado una multi-facética, compleja y generalizada urdimbre organizativa de la so-ciedad subalterna, enraizada en ámbitos locales de preocupación.

Pero además, en tanto uno de los ejes de la estrategia neolibe-ral de reconfiguración de la generación de excedente económico es el que se refiere a la subsunción de valores de uso por la lógica del valor de cambio o, lo que es lo mismo, la mercantilización de las condiciones de reproducción social básica (agua, tierra, ser-vicios), anteriormente reguladas por lógicas de utilidad pública (local o estatal), las riquezas sociales directamente involucradas en esta expropiación son precisamente las que tienen una función territorial, como la tierra y el agua, creándose así las condiciones de posibilidad material para la reactivación práctica de nuevas estructuras de unificación, emergentes de los nuevos peligros. Este es el caso de las Asociaciones de Regantes que, asentándose

victorias de abril: una historia que aún no concluye”, en Observatorio Social de América Latina, No. 2, 2000.

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en muchos casos en conocimientos y habilidades organizativas tradicionales practicadas desde hace siglos,³³ pero adecuadas a las nuevas necesidades, han creado medios de agrupamiento y de filiación modernos, para defender la gestión del agua según “usos y costumbres”.

Por lo general, estos núcleos de agrupamiento tienen una vida activa en términos locales, por su corta edad, o han sido arrin-conados a un estrecho marco, a raíz de la creciente proscripción estatal de la lógica política corporativa, que guió la relación entre Estado y sociedad desde los años cuarenta del siglo XX. Sin em-bargo, la persistencia, la amplitud, la propia herencia colectiva e individualizada de acción general, y la propia generalidad de la agresión localmente soportada han ayudado a que estos nodos puedan crear una extensa red de movilización y acción común, primero regional, luego provincial y, por último, departamental.

La Coordinadora del Agua y de la Vida, nombre regional y temporal de una de las maneras de manifestación de la forma mul-titud, es una red, primero de acción comunicativa —en un sentido parecido al propuesto por Habermas—,³⁴ de tipo horizontal, en la medida en que es el resultado de la formación, de manera prác-tica, de un espacio social de encuentro entre “iguales”; los afecta-dos por la problemática del agua, con iguales derechos prácticos de opinión, intervención y acción, y que a través de complejos y variados flujos comunicacionales internos van creando un discur-so unificador, unas demandas, unas metas y unos compromisos, para lograrlos de manera conjunta. En segundo lugar, es una red de acción práctica con capacidad de movilización autónoma res-pecto al Estado, la Iglesia, los partidos políticos y las ong.

³³\ O. Fernández, “La relación tierra-agua en la economía campesina de Tiquipaya”, Tesis de Licenciatura en Economía, Universidad Mayor de San Simón (umss), 1996; Gerben Gerbrandy y Paul Hoogendam, Aguas y acequias, los derechos al agua y la gestión campesina de riego en los Andes bolivianos, La Paz, Plural, 1998; Paul Hoogendam (ed.), Aguas y municipios, La Paz, Plural, 1999.

³⁴\ Jürgen Habermas, Teoría de la acción comunicativa. Tomo II, Barcelona, Taurus, 1992.

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Lo decisivo de esta multitud es que, a diferencia de la mu-chedumbre, que permite agregar individualidades sin filiación o dependencia alguna además de la euforia de la acción inmediata, ésta es mayoritariamente la agregación de individuos colectivos, es decir, una asociación de asociaciones, donde cada persona que está presente en el acto público de encuentro no habla por sí mismo, sino por una entidad colectiva local ante la cual tiene que rendir cuentas de sus acciones, de sus decisiones, de sus palabras.

Es muy importante tener esto en cuenta pues, a diferencia de lo que cree Habermas, el poder de intervención en el espacio público nunca está equitativamente repartido; hay personas e instituciones portadoras de una mayor experiencia discursiva, de una mayor habilidad organizativa (el llamado “capital militante” propuesto por Poupeau), que les puede permitir influir en una asamblea, un cabildo o una reunión, e inclinar las decisiones a favor de una postura y acallar otras. Esto se puede apreciar, por ejemplo, en las intervenciones estridentes y en los “amarres” asamblearios mediante los cuales planifican sus intervenciones al-gunos partidarios de estructuras políticas de la antigua izquierda. Sin embargo, estas intervenciones de “profesionales del discurso” y de pseudorradicalismo fácil, pues no responden ante nadie por sus actos, tienen como muralla de su influencia la responsabilidad que tiene cada participante en una asamblea, en sus palabras, sus decisiones y compromisos con su distrito, con sus mandantes de barrio, comité o comunidad, que son los que, en última instancia, aceptan o rechazan las acuerdos adoptados en las asambleas. Y estas asociaciones, bajo cuya identidad actúan los individuos, son ante todo organizaciones territoriales en las que reposa una buena parte de la infraestructura comunicacional (radios y periódicos con públicos locales, locales de reunión, zonas de bloqueo, etc.) y, ante todo, la fuerza y la amplitud de la movilización. La mul-titud no es un arremolinamiento de desorganizados, sino, por el contrario, una acción organizada de personas organizadas previa-mente, como en su tiempo lo fue la cob, sólo que ahora contando como nudos de reunión a estructuras territoriales.

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Pero además, y esta es una virtud respecto a la forma sindicato, si bien, tal como las hemos descrito al inicio, las organizaciones de tipo territorial son la columna vertebral que sostiene la acción pública, las movilizaciones y la presión social de la multitud, éstas no crean una frontera entre afiliados y desafiliados, como ante-riormente lo hacía el sindicato. Tanto en sus reuniones locales, departamentales, en las acciones de masas, en las asambleas y ca-bildos, en las movilizaciones, bloqueos o enfrentamientos, otras personas, carentes de filiación grupal (individuos) o representan-tes de otras formas de organización (sindicatos obreros, ayllus), también pueden intervenir, opinar, participar, etc., ampliándose enormemente la base social de acción y legitimidad.

En este sentido, la multitud es una red organizativa bastante flexible, hasta cierto punto laxa que, presentando un eje de aglu-tinación bastante sólido y permanente, es capaz no sólo de con-vocar, dirigir y “arrastrar”, como lo hacía la cob, a otras formas organizativas y a una inmensa cantidad de ciudadanos “sueltos”, que por su precariedad laboral, por los procesos de moderniza-ción e individualización carecen de fidelidades tradicionales, sino que además es una estructura de movilización capaz de integrar a sus propias redes a la dinámica interna de deliberación, resolución y acción, a individualidades y asociaciones, a fin de emprender la búsqueda de un objetivo, de manera inmediata o a largo plazo.

2) Tipo de reivindicaciones y base organizacional. Las princi-pales demandas en torno a las cuales han comenzado a articular-se estos centros locales de asociación han sido las de gestión del agua, el acceso a la tierra y el precio de los servicios básicos que, en conjunto, delimitan el espacio de riquezas vitales y primarias que sostienen materialmente la reproducción social.

En el caso de los trabajadores del campo, la defensa de la gestión del agua, la tierra y la cultura de complejas redes sociales vinculadas a esta gestión, le hace frente a los intentos de sustituir el significado concreto de la riqueza (satisfacción de necesidades) y sus formas de regulación directas (filiación familiar-comunal), por un significado abstracto de la riqueza (la ganancia empresa-rial) y otros modos de regulación alejados del control de los usu-

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fructuarios (legislación estatal). Lo novedoso y lo agresivo de esta reconfiguración del uso de la riqueza social no radica tanto en la mercantilización, que es frecuente en comunidades campesinas y en ayllus, sino en que, pese a evidentes desigualdades y jerar-quías internas en la gestión de estos recursos, el valor mercantil se convierta en sustancia y medida, tanto de la propia riqueza, como de su control y regulación.

En las comunidades campesinas, la mercantilización de recur-sos está normada, no sólo por acuerdos de adhesión a la estructura comunal y al cumplimiento de responsabilidades políticas y festi-vas, sino que además son normas que, en mayor o menor medida, se hallan supeditadas a convenciones y acuerdos colectivos, que subordinan el mercadeo de bienes a necesidades de reproducción de la entidad comunitaria, fundada en otra lógica económica.

En el caso de los trabajadores y pobladores urbanos y peri-urbanos, la lucha en contra de la elevación del valor de los servi-cios (agua potable, electricidad, transporte) tiene que ver con la defensa de lo que se podría denominar un salario social indirecto, que se manifiesta a través de las tarifas de los servicios básicos. A diferencia del salario de empresa, que el trabajador recibe a través de remuneración o seguridad social, este salario social tie-ne que ver con la manera en que el Estado regula la provisión de servicios indispensables para la reproducción. El primer tipo de salario es el que más ha sido afectado en los últimos veinte años por las reformas estructurales y el deterioro laboral, en tanto que el segundo es el que ahora comienza a ser objeto de disputa social y que, al afectar a las personas sin importar si trabajan en una gran fábrica o en un taller artesanal, crea la posibilidad estructural de una interunificación global de las fuerzas del trabajo fragmentado.

En ambos casos estamos, en primer lugar, ante la reivindica-ción de demandas territorialmente asentadas, pues la condición directa de usufructo de estas riquezas viene dada por la ocupación de un espacio de territorio. En segundo lugar, estamos ante ob-jetivos de movilización que buscan detener el avance de la lógica mercantil y las reglas de la acumulación capitalista en áreas de

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riqueza social anteriormente gestionadas por otra racionalidad económica.

En ese sentido, utilizando la clasificación dada por Tilly en su trabajo sobre el tránsito de las estructuras de poder local tradi-cionales hacia estructuras de poder nacionales y modernas,³⁵ por este carácter defensivo de las necesidades y tradiciones locales por parte del movimiento social generado en Cochabamba, se podría decir que estamos ante un tipo de acción colectiva “reac-tiva”, similar a aquellas que él estudió en el siglo XVIII europeo. La preexistencia de “comunidades solidarias locales” como base de la movilización, y el que la gran fuerza de agregación de los regantes recoja la vigorosa tradición de la cultura y experiencia organizativa del movimiento campesino, formadas entre los años 1930-1960,³⁶ tiende a reforzar esta mirada. Sin embargo, como ya explicamos en el anterior punto, la forma multitud no sólo presen-ta redes de asociación con base comunal o tradicional; también contiene, y de una manera creciente, grupos de base asociativa y electiva emergentes de los intermitentes y mutilados procesos de modernización social.

Precisemos esta última idea. La Coordinadora, si bien tiene como punto de partida corpuscular formas organizativas —mu-chas de las cuales pueden ser clasificadas como de tipo tradicio-nal, porque están fundadas en lógicas pre o no mercantiles de acceso a la tierra, el agua o servicios públicos—, la adherencia al movimiento, tanto personal como grupal, es de tipo electivo, propio de los movimientos sociales modernos. En las llamadas formas tradicionales de asociación, en tanto la individualidad es

³⁵\ Charles Tilly, Louise Tilly y Richard Tilly, The Rebellious Century: 1830-1930, Cambridge, Harvard University Press, 1975.

³⁶\ José Gordillo, Campesinos revolucionarios en Bolivia: identidad, territorio y sexualidad en el Valle Alto de Cochabamba, 1952-1960, La Paz, Programa de Mejoramiento de la Formación en Economía (promec), umss, Universidad de la Cordillera y Plural, 2000; véase también, José Gordillo (coord.), Arando en la historia; la experiencia política campesina en Cochabamba, La Paz, Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (ceres), umss y Plural, 1998.

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un resultado de la colectividad,³⁷ en su interior se ejercitan me-canismos de deliberación, consenso deliberativo y obligatoriedad participativa; esto sucede en una buena parte de la vida interna de las organizaciones locales de la Coordinadora. Pero, en las accio-nes conjuntas emprendidas bajo la forma de multitud actuante, el acoplamiento de sindicatos, asociaciones de regantes, barrios po-pulares nominalmente integrantes de su estructura organizativa, ha sido fruto de una libre elección al margen de cualquier coac-ción, sanción o presión. La Coordinadora no tiene un mecanismo de vigilancia, control y sanción de sus integrantes, y sostiene su convocatoria en la autoridad moral de sus representantes, en los acuerdos y convencimientos llevados adelante en las asambleas regionales, y la adhesión voluntaria a la acción colectiva. A dife-rencia de la forma sindicato, portadora de conductas “modernas”, que creó una estructura estable de control y movilización de sus miembros, la Coordinadora carece de ello y apela, ante todo, a la justeza y convencimiento de la causa emprendida, como garantía de la contundencia de la movilización. Así que la diferenciación entre moderno y tradicional resulta sumamente ambigua y a ve-ces arbitraria, pues parecería que, en general, los movimientos sociales fueran simultáneamente “modernos” y “tradicionales”, “defensivos” y ofensivos”, etcétera.

Por otra parte, las movilizaciones de septiembre y abril, tanto en el Altiplano como en Cochabamba, han hecho uso, han am-pliado y han creado, espacios públicos para buscar legitimidad regional y nacional a sus demandas. A través de tradicionales, pero también modernas, técnicas de comunicación, han influi-do notablemente en la opinión pública para ampliar su base de adherentes y, circunstancialmente, persuadir u obligar a las elites gobernantes a modificar las leyes. Han hecho uso de las libertades de asociación, reunión, deliberación y manifestación para hacer conocer sus necesidades, para reclutar adherentes, para neutrali-

³⁷\ Sobre estas formas de constitución de la individualidad social, véase Karl Marx, “Formas que preceden a la producción capitalista”, en Grundrisse: elementos fundamentales para la crítica de la economía política. Tomo 1, México, Fondo de Cultura Económica, 1985.

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zar al Estado, etcétera. En otras palabras, los movimientos socia-les de abril y septiembre han usado y ampliado los componentes institucionales y democráticos de lo que se denomina la “sociedad civil moderna”, que son derechos civiles y políticos que no sólo están asociados a los sistemas multipartidistas, como señalan Jean Arato y Andrew Cohen,³⁸ sino que, ante todo, son derechos de ciudadanía conquistados por los propios movimientos sociales, en particular por el movimiento obrero durante los siglos XIX y XX tanto en Europa³⁹ y Estados Unidos⁴⁰ como en Bolivia.⁴¹

Por último, la forma multitud también ha puesto en escena demandas y acciones de tipo “proactivo”,⁴² pues a medida que se fue consolidando, ampliando y radicalizando el movimiento social, la base movilizada de la Coordinadora comenzó a buscar reconocimiento a sus formas de democracia asamblearia como técnica de gestión de demandas civiles; la institucionalización de otras maneras de ejercer los derechos democráticos, como el re-feréndum llevado a cabo en marzo de 2000, o la convocatoria a una Asamblea Constituyente; el control directo del poder político a nivel departamental durante las jornadas de movilización, o la propuesta de la implementación de una forma autogestionaria de la provisión de agua potable. Tenemos así una combinación de de-fensa de recursos anteriormente poseídos (el agua), y la demanda de recursos que anteriormente no existían, en este caso derechos democráticos y poder político, que hacen a la multitud una for-

³⁸\ Jean Cohen y Andrew Arato, Sociedad civil y teoría política, México, Fondo de Cultura Económica, 2000.

³⁹\ Anthony Giddens, Profiles and Critiques in Social Theory, London, Macmillan, 1982.

⁴⁰\ David Montgomery, El ciudadano trabajador; democracia y mercado libre en el siglo XIX norteamericano, México, Instituto Mora, 1997.

⁴¹\ René Zavaleta, Las masas en noviembre, op. cit.; Luis Tapia, Turbulencias de fin de siglo: Estado-nación y democracia en perspectiva histórica, La Paz, Instituto de Investigación en Ciencias Políticas (iincip) y umsa, 1999; Álvaro García Line-ra, “Ciudadanía y democracia en Bolivia”, en Ciencia Política, No. 4, Segunda época, 1999.

⁴²\ Charles Tilly, Louise Tilly y Richard Tilly, The Rebellious Century: 1830-1930, op. cit.

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ma de movilización profundamente tradicional y radicalmente moderna, por una parte y, por otra, defensiva y ofensiva a la vez.

• Identidad. El hecho de que sean formaciones territoriales y demandas de reproducción vital las que sostengan el movimiento social de la Coordinadora y, paulatinamente, las movilizaciones en la ciudad de El Alto contra el aumento de las tarifas de luz y agua y por la creación de una universidad pública, habilita un abanico de posibilidades de autoidentificación diferentes a las que hasta ahora habían prevalecido. No es el acceso a la tierra lo que las agrupa, por lo que el sindicalismo agrario no es centro de agre-gación, aunque puede participar; tampoco es la remuneración salarial la que los convoca, por lo que no es la identidad obrera la que los engloba, aunque también ella está involucrada. Son el agua y los servicios lo que atraviesa a campesinos, obreros fijos, obreros y obreras temporarias, pequeños comerciantes, talleris-tas, artesanos, desocupados, estudiantes, dueñas de casa, etc., quienes, a pesar de la diversidad de sus ocupaciones y prácticas culturales, tienen una necesidad en común: el acceso al agua y a los servicios públicos, como componentes esenciales y mayorita-rios de su reproducción (poseedores de escasos recursos), el he-cho de tener acceso a esos bienes bajo modalidades tradicionales o modernas en cuanto “valores de uso” (“usos y costumbres”/ servicios públicos), pero además, se trata de personas que, por lo general, “no viven del trabajo ajeno”.⁴³

Estos tres componentes constitutivos y comunes de todos los sectores partícipes de la movilización son los que han quedado agrupados como “pueblo sencillo y trabajador”, que vendrían a jugar el papel del lugar discursivo del autorreconocimiento entre iguales, de irradiación hacia otros segmentos sociales, y el punto de partida para la sedimentación de una narrativa colectiva del

⁴³\ Sobre el concepto de “personas que no viven del trabajo ajeno” y su importancia en la conformación de identidades colectivas entre las clases subalternas en la sociedad moderna, véase Karl Marx, La guerra civil en Francia, Pekín, Lenguas Extranjeras, 1975 (incluidos sus dos borradores editados).

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grupo que, al hacerlo, existe precisamente como grupo, como identidad social.

Es cierto que las formaciones de identidad son, ante todo, enunciaciones de significación que demarcan fronteras sociales, que inventan un sentido de autenticidad y alteridad con efecto práctico en el desenvolvimiento del sujeto así construido, pero son construcciones discursivas que trabajan sobre soportes ma-teriales, sobre hechos, sobre huellas de la acción práctica. Esto significa que no hay una identidad exclusiva para unos agentes sociales involucrados en unos hechos sociales, pero tampoco hay todas las identidades posibles; hay un espacio amplio, pero claramente delimitado, de posibles conformaciones identitarias correspondientes a la cualidad diversa, compleja, pero delimitada, de los agentes y sus interrelaciones, que dan lugar a los sucesos. En el caso de la Coordinadora como movimiento social, es cla-ro que esta identidad plebeya y laboriosa que hoy la caracteriza, bien podría ser sustituida por otras identidades, dependiendo de la actividad de los sujetos y grupos que actúan en su interior. Sin embargo, la identidad que con mayor vigor ha comenzado a consolidarse es ésta del “pueblo sencillo y trabajador”, que ha sido capaz de integrar identidades locales urbanas y rurales, y, al tiempo, de heredar la antigua identidad nacional del movimiento obrero, centrada en la virtud del trabajo.

• Ascendencia obrera y capital de solidaridad. Se ha dicho rei-teradas veces que la fuerza de la movilización y que los sujetos colectivos que constituyen la columna vertebral de la acción co-lectiva han sido y son las Organizaciones de Regantes⁴⁴ y que, en términos prácticos, el mundo obrero precarizado, y lo que queda de la antigua forma sindical, en términos de movilización y fuerza de masas, ha actuado diluida en las estructuras territoriales de los barrios, los regantes y las asambleas regionales.

Sin embargo, hay una fuerte presencia de los dirigentes obre-ros en el espacio público; entre los nuevos núcleos de dirección

⁴⁴\ Luis Tapia, Raquel Gutiérrez, Raúl Prada y Álvaro García Linera, El retorno de la Bolivia plebeya, op. cit.

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obrera hay un discurso crítico y un conocimiento más elaborado respecto de las redes de poder y dominio del capitalismo contem-poráneo; hay una experiencia organizativa y militante entre los núcleos obreros sindicalmente organizados,⁴⁵ heredada de la lar-ga trayectoria de la forma sindicato, y hay una estructura material de organización obrera compuesta por edificios, publicaciones, vínculos orgánicos con otros sectores laborales (juntas vecinales, comerciantes, transportistas, federaciones campesinas, universita-rios, profesionales, etc.), que en conjunto han sido incorporadas, como fuerza productiva técnica y como fuerza productiva orga-nizativa, al nuevo movimiento social de la multitud.

Este aporte ha sido decisivo en el momento de articular fuerzas de descontento y demandas sociales dispersas, ha permitido unir reivindicaciones regionalizadas y esfuerzos aislados en un gran torrente de querella globalizada, y ha contribuido a la formación de unas estrategias de movilización y de luchas simbólicas de una extensión y un impacto nunca antes visto en la historia de los mo-vimientos sociales en Bolivia.

Un elemento de dimensión subjetiva, pero gravitante en el momento del tejido de las alianzas entre sectores tan diversos, ha sido el liderazgo moral del dirigente obrero regional, que ha permitido concentrar, en su persona y en su trayectoria política, una ruptura con las prácticas clientelistas y de prebendas de la vida política y sindical, que continuamente malogran las accio-nes autónomas de las clases subalternas. El que este dirigente se haya mantenido al margen de la incorporación partidaria y del mercado de fidelidades electorales ha permitido crear un referente moral de compromiso social, capaz de despertar senti-mientos de creencia, adhesión y confianza en la autonomía de la acción social, en la claridad de los objetivos y la honradez de los dirigentes. En el fondo, nadie se moviliza si no cree en el efecto práctico de esa movilización, o nadie pelea en asociación con otros y por el bienestar de los otros si previamente no se ha generado

⁴⁵\ Pierre Bourdieu, “Contre la politique de dépolitisation”, en Contre-feux 2, Paris, Raisons d’Agir, 2001.

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un “capital de solidaridad”, que convierte a la acción asociada y desprendida en un bien social reconocido, gratificado, buscado y acumulado por los agentes de la acción social. Este capital de solidaridad sería un tipo de capital simbólico que, con el tiempo y su generalización, da continuidad histórica a los movimientos sociales, pero, en momentos como los actuales, donde prevale-ce una sospecha común de la utilización de la solidaridad como plataforma político-partidaria, el hecho de que dirigentes y or-ganizaciones sociales de antiguo y nuevo prestigio social puedan refrendar con su comportamiento la valoración de la solidaridad como un valor en sí mismo ha contribuido a la consolidación de redes dispersas de solidaridad y a la creciente formación de este espacio de conversión de la solidaridad en riqueza reconocida y buscada socialmente.

• Soberanía y democratización social. Resultante de la amplia-ción a escala departamental de una serie de prácticas democrá-ticas locales, pero, además, de la necesidad de asumir responsa-bilidades a medida que la movilización va erosionando la pre-sencia de la administración estatal, la actual forma multitud se ha comportado básicamente como una forma de democracia y de soberanía política.

Teniendo como base a las estructuras territoriales, donde la asamblea, la deliberación y la consulta directa son prácticas co-tidianas para atender asuntos particulares de linderos, justicia, trabajo común, arbitrariedad policial, trámites o hasta vínculos clientelistas con partidos políticos o el Estado, estas extendidas prácticas de democracia directa comenzaron a convertirse en soporte para la consulta y elaboración de estrategias de moviliza-ción, primero en el ámbito regional o provincial. Pero, a medida que las redes de movilización centradas en una misma deman-da crecieron a nivel departamental, estos saberes democráticos y estas técnicas de deliberación tuvieron que expandirse, y si-multáneamente reconfigurarse, para dar paso a una compleja y sistemática estructura de ejercicio democrático de prerrogativas públicas, de asociación, de formación de una opinión pública y, con el tiempo, de resolución y ejecución de la gestión de un

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bien público (el agua), con lo que, sin necesidad de pensarlo o desearlo, se convirtieron en un tipo de organización social que no reconocía más fuente de autoridad que a sí misma; esto es, de gobierno asentado en un entramado de prácticas democráticas asamblearias, deliberativas y representativas, que suplieron en los hechos al sistema de partidos políticos, al poder legislativo y judicial y, a punto estuvieron de hacerlo, al monopolio estatal de la fuerza pública.

Asambleas de barrio, comunidades campesinas, de sindicato y de regantes, asambleas provinciales y regionales, asambleas de-partamentales y cabildos dieron lugar a una estructura jerarquiza-da, que combinó democracia asamblearia y deliberativa en cada uno de los niveles horizontales, con democracia representativa y asamblearia entre los distintos niveles escalonados que permitían formar criterio público entre iguales en el ámbito local (asamblea territorial) y departamental (cabildo), y condensación ejecutiva de opiniones a nivel departamental (Asamblea de representantes locales, Portavoces de la Coordinadora).

Repetidas veces (febrero, abril, septiembre, octubre), esta tu-pida red de asambleas y de prácticas democráticas plebeyas no sólo se presentó como demandante de derechos ante el Estado con su sistema de partidos y parlamento, sino que lo sustituye-ron como mecanismo de gobierno, como sistema de mediación política y como cultura de obediencia. De ahí que, a diferencia de lo que propone Touraine⁴⁶ respecto a los “nuevos movimien-tos sociales”, que no serían movimientos políticos dirigidos a la conquista del poder, la multitud de facto es una politización extrema de la sociedad, poseedora de una fuerza organizativa capaz de poner en duda la pertinencia de los sistemas de gobier-no prevalecientes y el régimen de democracia liberal, y de erigir, hasta ahora provisionalmente, sistemas alternativos de ejercicio del poder político y de vida democrática legítima.

La virtud de este movimiento social es que ha nacido y ha puesto en entredicho las relaciones de dominación vigentes y, en

⁴⁶\ Alain Touraine, Producción de la sociedad, op. cit.

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la medida en que hay una fuerte cultura de autogobierno local, estas lógicas del poder y de la democracia asamblearia pueden ser proyectadas a escala departamental o nacional, poniendo en entredicho la manera de enunciar lo público, la manera de ges-tionarlo; es decir, la forma de gobierno.

Esto, por supuesto, no elude la dificultad y ambigüedad con la que se forma esta apetencia de poder político del movimiento social. Partiendo de unas clases populares acostumbradas a una economía y resistencias morales⁴⁷ de los dominados, regidas por una lógica de demandas y concesiones con las elites, refrendadas en esos actos como dominantes, la formación de un espíritu co-lectivo de soberanía es permanentemente sustituido por los viejos hábitos de obediencia a quienes se supone que están capacitados para gobernar o, por un repliegue a la participación local desen-tendida de lo general, permitiendo que lo general sea nuevamente asumido por las tradicionales elites gobernantes.

La historia de la conformación de una empresa autogestio-naria del agua en Cochabamba es un ejemplo de esta incesan-te confrontación entre el siervo y el soberano en el interior del comportamiento individual y colectivo de cada uno de los sujetos involucrados. Con todo, queda claro que las clases subalternas han abierto, con su propia experiencia, un campo de posibles ejercicios del poder, de democratización social y transformación de las relaciones de dominación, que podrían guiar posteriores acciones.

• Institucionalidad y amplitud. A diferencia del movimiento obrero, la forma multitud carece de mecanismos duraderos de convocatoria y consulta que permitan hacer rutinarios ámbitos de presencia de sus componentes. Si bien los sujetos colectivos locales que la componen mantienen continuamente prácticas de asamblea, la actuación mancomunada como multitud es siempre una incertidumbre que sólo se resuelve en la práctica. De ahí que

⁴⁷\ 琀dward Thompson, Tradición, revuelta y conciencia de clase, Barcelona, Crítica, 1979; Claude Grignon y Jean-Claude Passeron, Lo culto y lo popular: miserabi-lismo y populismo en sociología y literatura, Buenos Aires, Nueva Visión, 1991.

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cada convocatoria a la movilización sea a su vez un referéndum acerca de la vitalidad, la continuidad o la debilidad de la Coor-dinadora, que permite entonces forjar una cultura organizativa que asume la unidad como resultado de un paciente trabajo, y no como un hecho dado que sólo basta con evocar para presen-ciarlo, tal como, por ejemplo, comenzó a suceder con la cob en los últimas décadas.

Sin embargo, esta virtud colectiva viene acompañada de un déficit de presencia estructural y material de continuidad, de permanencia organizacional, esto es, de institucionalización, que permita un seguimiento continuo de las tareas acordadas, la con-sulta de nuevos objetivos, etcétera. Así, en ciertos momentos, la Coordinadora es medio millón de habitantes, mientras que en otros no pasa del centenar de miembros permanentes acti-vos. Quizá una forma de superar este déficit organizativo sea la consagración, institucionalización y ritualización simbólica de las asambleas locales y regionales existentes, como asambleas instituidas de la Coordinadora, la regularización de una asam-blea departamental con un mínimo de delegados seguros a los que pudieran incorporarse otros en cualquier momento, y la implementación de mecanismos de elección y revocabilidad de dirigentes en asambleas de delegados. Igualmente, se requiere la formulación de dispositivos de aportes económicos, que per-mitan que los representantes puedan desempeñar funciones de organización permanente, pero también para que haya un mejor control de los dirigentes hacia la base.

En este caso, hablaríamos de una forma de institucionalización interna diferente a la propuesta por Claus Offe en su modelo de etapas del movimiento social, según la cual la institucionaliza-ción llevaría a los dirigentes de la movilización a su inclusión en el sistema político dominante.⁴⁸ La institucionalización interna, en cambio, no sólo articularía en un mismo proceso social la fun-

⁴⁸\ Claus Offe, “Reflexiones sobre la autotransformación institucional de la política de los movimientos: un modelo experimental por etapas”, en La gestión política, op. cit.

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ción “expresiva” y la “instrumental”, sino que mantendría en pie la demanda inicial de la acción social de modificación radical del campo político, de sus reglas y sujetos legítimos.

Otra de las dificultades que enfrenta la forma multitud es su carácter regionalizado. Después de la coordinadora del agua en Cochabamba, ha habido intentos de construir instancias pareci-das en la ciudad de El Alto, Santa Cruz, Tarija, etc., que podrían darle un carácter nacional a esta forma de movilización social. Las condiciones de posibilidad para ello están dadas por las pro-pias políticas neoliberales, que han socializado nacionalmente la escasez, la precariedad y la agresión a las condiciones vitales de reproducción. El logro de esta estructuración local de movimien-tos sociales de multitud, y la interconexión a escala nacional, per-mitiría una gran capacidad de movilización y efecto estatal. Pero, mientras esto sucede, en los siguientes años parece que la vitali-dad de esta forma de movimiento social ha de asentarse primero en el ámbito regional. La constitución nacional de la multitud, en caso de darse, será resultado de un largo y paciente trabajo de interunificación de confianzas, apoyos mutuos, liderazgos y soli-daridades pacientemente trabajadas a escala local.

III. La forma comunidad

Los ciclos de las reformas

La actual estructura económica y social del mundo indígena-cam-pesino del Altiplano y los valles circundantes, que ha dado lugar a la reconstitución del movimiento comunal indígena entre abril y octubre, es bastante variada, pero también tiene componentes comunes decisivos.

Una gran parte de las comunidades y ayllus movilizados de las provincias de Omasuyus, Larecaja, Manko Cápac, Los Andes, Camacho, Murillo, Ingavi, Aroma, Tapacarí, Bolívar, etc., tienen como el antecedente más inmediato de su constitución el proceso social de reforma agraria iniciada en 1952, que permitió a comu-

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nidades cautivas por la antigua hacienda y a colonos⁴⁹ recuperar parte de sus tierras, posesionarse de las que ocupaban provisio-nalmente, y ampliar sus extensiones, haciendo desaparecer las formas de propiedad hacendal y el trabajo servil. Se conformó, desde entonces hasta ahora, un sistema de propiedad de la tierra que combina, de manera flexible y diferenciada según la zona, la propiedad individual-familiar con la propiedad y posesión co-munal de tierras de cultivo, en algunas comunidades, y tierras de pastoreo y recursos hídricos, en la mayoría.⁵⁰

Este acceso directo a la tierra, junto con la industria domés-tico-rural de tejidos, construcción, artesanía, han permitido ar-ticular las condiciones de una economía familiar-comunal con elevado índice de autorreproducción. El crecimiento poblacional, que no puede ser retenido en el trabajo agrícola; la variación de los consumos alimentarios propiciada por el Estado, la Iglesia e instituciones; el aumento de las rutas de transporte; la ampliación de la demanda urbana y de la oferta industrial que, en conjunto, modificaron los flujos de intercambio y las expectativas de ascen-so social, han creado nuevas necesidades de consumo, de trabajo

⁴⁹\ Xavier Albó (comp.), Raíces de América: el mundo aimara, Madrid, Alianza y Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (unesco), 1988; Silvia Rivera, “Estructura agraria contemporánea y efectos a largo plazo de la Reforma Agraria boliviana”, en Danilo Paz Ballivian, Estructura agraria en Bolivia, La Paz, Popular, 1979; Silvia Rivera, Oprimidos pero no ven-cidos. Luchas del campesinado aimara y quechua de Bolivia. 1900-1980, La Paz, Instituto de Historia Social Boliviana (hisbol) y Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (csutcb), 1984; Danilo Paz Ballivian,

Estructura agraria en Bolivia, op. cit.

⁵⁰\ William Carter y Mauricio Mamani, Irpa Chico, La Paz, Juventud, 1988; M. Mamani, “Agricultura a los 4000 metros”, en Xavier Albo, Raíces de América: el mundo aimara, op. cit.; Enrique Mayer y Ralph Bolton (comps.), Parentesco y matrimonio en los Andes, Lima, Universidad Católica, 1980; Miguel Urioste, La economía del campesino altiplánico en 1976, La Paz, cedla, 1989; Pierre Morlon (comp.), Comprender la agricultura campesina en los Andes centrales: Perú-Bolivia,

Lima, Instituto Francés de Estudios Andinos (ifea) y Centro Bartolomé de las Casas (cbc), 1996; Alison Spedding y David Llanos, No hay ley para la cosecha, La Paz, Programa de Investigación Estratégica en Bolivia (pieb) y Sinergia, 1999; Hans Van den Berg, La tierra no da así nomás, La Paz, hisbol, 1994; Félix Patzi,

Economía comunera y explotación capitalista, La Paz, Edcom, 1996.

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y de ingresos, que en estas últimas cuatro décadas han llevado a una mayor estratificación ocupacional⁵¹ y a un crecimiento de la vinculación, bajo relaciones de dominación, de la producción familiar-comunal con la economía mercantil, agraria y urbano-capitalista dominante.

En cambio, otras comunidades, algunas ubicadas en las pro-vincias de Franz Tamayo, Muñecas, Bautista Saavedra, Loayza, pese a los cambios de 1952, no han logrado la plena consolidación de la base para cualquier autonomía económica, la soberanía de la posesión territorial, y por consiguiente mantienen vínculos de dependencia con hacendados o sus descendientes, que aún con-trolan el poder comercial y político local.

Sin embargo, la mayoría de las comunidades-ayllus que han sostenido las movilizaciones son estructuras productivas, cul-turales y de filiación que combinan modos de organización tra-dicionales con vínculos con el mercado, la migración urbana y pausados procesos de diferenciación social interna. La tenencia de la tierra mezcla formas de propiedad o posesión familiar con la comunal; las reglas de posesión territorial están engranadas con responsabilidades políticas dentro de la comunidad-ayllu; los sistemas de trabajo asentados en la unidad doméstica mantienen formas no mercantiles de circulación de la fuerza de trabajo y de la laboriosidad colectiva para la siembra y la cosecha; el sistema ritual y de autoridades locales vincula la responsabilidad rotativa de cada familia en el ejercicio de la autoridad sindical y el ciclo de celebraciones locales con la legitimidad y continuidad de la tenencia familiar de las tierras de cultivo y pastoreo, y las técnicas productivas básicas, que están dirigidas por patrones culturales de reproducción de la unidad comunal.

Si bien es creciente la parte del producto familiar que se incor-pora al mercado y del consumo que es necesario complementar con productos urbanos, no estamos ante campesinos plenamen-

⁵¹\ Pablo Pacheco y Enrique Ormachea, Campesinos, patrones y obreros agrícolas: una aproximación a las tendencias del empleo y los ingresos rurales, La Paz, cedla, 2000; véase también, Pablo Pacheco, La dinámica del empleo en el campo. Una aproximación al caso boliviano, La Paz, cedla, 1998.

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te mercantilizados, ni ante comunidades resultantes de la mera agregación de propietarios privados. La comunidad se presenta como una entidad social de vínculos tecnológicos, formas de cir-culación de bienes y personas, transmisión de herencia, gestión colectiva de saberes y recursos, sedimentación de experiencias, funciones políticas y proyección de porvenir que se antepone y define a la propia individualidad.

El mercado de tierras que lentamente se viene practicando en el altiplano está regulado por compromisos y responsabilidades comunales; la fuerza de trabajo no circula de manera prioritaria como mercancía, y si bien existen formas primarias de mercanti-lización recubierta por la ideología de la reciprocidad, la princi-pal fuente de abastecimiento de fuerza productiva son las redes parentales, en función de un complejo sistema de flujos laborales medidos por la cercanía social, la necesidad mutua, el tiempo de trabajo y el resultado del trabajo, además del hecho de que más de la mitad de las necesidades de reproducción comunal son autoabastecidas. De ahí su posición social como comunarios y no como campesinos, que ya supone la mercantilización de la producción del consumo y la privatización parcelada de la tierra.

En conjunto, hablamos de las comunidades y los ayllus como estructuras civilizatorias portadoras de sistemas culturales, tem-porales, tecnológicos, políticos y productivos estructuralmente diferenciados de las constituciones civilizatorias del capitalismo dominante.⁵² El encuentro de estas configuraciones societales, y la formación de relaciones de subsunción de las primeras a las segundas, se dio inicialmente como colonialismo político y mer-cantil (colonialismo español), para luego desembocar en un colo-nialismo estatal productivo y cultural (la república). La manera en que esta arbitraria relación de dominación-explotación fue soma-tizada, primero, y luego “naturalizada”, fue a través del racismo.

⁵²\ Sobre la dinámica del proceso civilizatorio que acompaña a la instauración de la sociedad moderna, véase Norbert Elias, The Civilizing Process: The Development of Manners, New York, Urizen, 1978.

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En toda la zona andina, la colonización estructuró dos repúbli-cas: la de indios y la de españoles; ambas con legislaciones separa-das, pero también con funciones sociales diferenciadas: las tierras, el poder político, la cultura y el idioma legítimos, el control de las minas, las empresas y los negocios en manos de los españoles; en tanto que el trabajo servil, el tributo, la obediencia, el lenguaje proscrito, los dioses clandestinos y la cultura estigmatizada, en manos de los indios. La colonización de América, como toda co-lonización, fue un hecho de fuerzas que estableció una división entre dominados y dominantes, entre poseedores y desposeídos; pero con la diferencia de que la “naturalización” de este brutal hecho de fuerzas, su legitimación, su lectura y justificación se ha-ce en nombre de la diferencia de culturas (“unas más aptas para el gobierno y otras para la esclavitud”); a través de las religiones (“unas más civilizadas y otras profanas”); o a través de la dife-rencia de razas (“unas más humanas y racionales que las otras”).

De ahí que toda colonización sea también discursiva y simbó-licamente una “guerra de razas”. La propia modernidad, con sus divisiones sociales, es una continuidad de esta guerra de razas.⁵³ La república boliviana nació bajo estos fuegos, que consagra-ban prestigio, propiedad y poder en función del color de piel, del apellido y del linaje. Bolívar claramente escindió la “boliviani-dad”, asignada a todos los que habían nacido bajo la jurisdicción territorial de la nueva república, de los “ciudadanos”, que debían saber leer y escribir el idioma dominante (castellano) y carecer de vínculos de servidumbre, con lo cual, desde un principio, los indios carecían de ciudadanía.⁵⁴ Las constituciones posteriores, hasta 1952, consolidaron una ciudadanía de casta para los here-deros del poder colonial, y una exclusión institucionalizada de derechos políticos para las poblaciones indígenas, lingüística,

cultural y somáticamente estigmatizadas.

⁵³\ Michel Foucault, Genealogía del racismo, Buenos Aires, Caronte, 1998.

⁵⁴\ Wolf Grüner, “Un mito enterrado: la fundación de la República de Bolivia y la liberación de los indígenas”, en Historias. Revista de la Coordinadora de Historia, No. 4, 2000.

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Los procesos de democratización y homogeneización cultu-ral iniciados a raíz de la revolución de 1952, lejos de abolir esta segregación, la eufemistizaron detrás de una ciudadanía diferen-ciada según el idioma materno, lugar de origen, oficio, apellido y fisionomía corporal. Así surgió la ciudadanía de primera, para las personas que puedan exhibir los blasones simbólicos de la blanquitud social (apellido, redes sociales, porte personal), que los colocan en aptitud de acceder a cargos de gobierno, de man-do institucional o empresarial y reconocimiento social; en tanto que la ciudadanía de segunda era para aquellos que, por su origen rural, su idioma o color de piel, eran “disuadidos” para ocupar los puestos subalternos, las funciones de obediencia y los ascen-sos sociales mutilados. Con ello se reconstituyó la lógica colonial y el Estado racista. Como en el siglo XVI, después de 1952, un apellido de “alcurnia”, la piel más blanca o cualquier certificado de blanqueamiento cultural que borre las huellas de indignidad cuenta como un plus, como un crédito, como un capital étnico que lubrica las relaciones sociales, otorga ascenso social, agiliza trámites, permite el acceso a los círculos de poder.

Precisamente ésa fue la denuncia del movimiento indianista-katarista de los años sesenta y ochenta,⁵⁵ que logró unificar a una creciente intelectualidad urbana de origen cultural aimara, y cu-yos integrantes dieron los primeros pasos en la formación discur-siva y en la influencia pasiva en las comunidades, por medio del sindicalismo en las mismas comunidades que, veinte años des-pués, protagonizarían el levantamiento indígena más importante de los últimos cincuenta años.

Las reformas estructurales de la economía y el Estado, inicia-das desde 1985 con Víctor Paz Estenssoro y reforzadas durante la gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada, se centraron priorita-riamente en el ámbito “formal”, contable de la economía: esto es, en aquel minoritario segmento donde predomina la racionalidad mercantil-capitalista de la acción económica. Relocalización y cie-rre de empresas, racionalización del presupuesto estatal, “libre

⁵⁵\ Javier Hurtado, El katarismo, La Paz, hisbol, 1986.

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comercio”, reforma tributaria, desregulación, privatización, ca-pitalización, flexibilización laboral, fomento a las exportaciones, e inclusive la ley inra (que creó el Instituto Nacional de Reforma Agraria), estuvieron centradas en favorecer la racionalidad em-presarial, la tasa de ganancia en la gestión de fuerza de trabajo, de mercancías, dinero y tierras. Sin embargo, con el tiempo, sus efectos se fueron haciendo sentir de manera dramática en las condiciones de vida de las comunidades.

La libre importación de productos —decretada en 1986, ini-cialmente para detener la especulación, satisfacer una peligrosa demanda insatisfecha de consumidores urbanos que amenaza-ba con trastocarse en conflicto político y, posteriormente, para adecuar las normas comerciales a los vientos neoliberales que soplaban desde el norte, en la exigencia de abrir las fronteras pa-ra el ingreso de producción y capitales transnacionales—, con el tiempo inició un proceso de desestabilización del flujo de trabajo y productos de las unidades familiar-comunales hacia la ciudad. Proveedoras de tres cuartas partes de los productos alimenticios de las ciudades, en función de una regulación de precios en tor-no a estrechos y estables márgenes de variación de productivi-dad entre unidades económicas campesino-comunales, a partir de mediados de los años ochenta este modo de regulación de precios, vigente durante cerca de cuarenta años, fue roto por la creciente productividad industrial (y las distintas formas de renta agraria moderna) aplicada a la agricultura en países aledaños y, frente a las cuales, por la lógica de la formación de la tasa de ga-nancia⁵⁶ empresarial, la producción campesino-comunal quedó estructuralmente imposibilitada para participar en la regulación del precio de venta que le permitiera un trecho de renta (en tanto propietaria), un monto de ganancia (en tanto inversionista y admi-nistradora de la producción). Por el contrario, esta supeditación a reglas capitalistas en la formación de los precios, crecientemente habilitada por la libre importación de productos agrícolas, no sólo comenzó a entorpecer la reposición del esfuerzo entregado

⁵⁶\ Karl Marx, El capital. Tomo III, op. cit.

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(en tanto productor directo), sino que además ha comenzado a succionar una mayor cantidad de esfuerzo familiar (ya sea de otros parientes o de otras áreas de trabajo como la artesanal), a fin de permitir la reproducción simple de la unidad productiva.⁵⁷ Ahora, si bien es cierto que la apertura comercial ha permi-tido también una disminución de precios de varios productos industriales, debido a la competencia, ésta siempre es proporcio-nalmente menor al promedio que afecta a la producción campe-sina, ya que ella, por su carácter no-capitalista, estructuralmente carece de facultades para intervenir en la regulación de la tasa de ganancia y el precio de venta empresarial. En términos de Niko-lai Bujarin, estaríamos ante una riesgosa apertura de la “tijera de precios”⁵⁸ de las producciones campesino-comunales y las industriales, dando lugar a una ampliación del drenaje del tra-bajo impago de la civilización comunal a la urbano-capitalista. Las formulaciones discursivas de una brecha campo/ciudad, presentes en varios de los dirigentes medios de la movilización de septiembre-octubre, podrían ser leídas como denuncias mo-rales de la violación de las fronteras toleradas de esta explotación

económica.

Paralelamente a ello, las reformas estructurales han agredido otros dos componentes de la reproducción comunal, como son la diversificación económica urbana, y la ocupación de tierras de colonización en el oriente por miembros de las unidades familia-res y de las comunidades indígenas. En los últimos años, debido a la nueva legislación agraria, principalmente aplicada para el ac-ceso a las tierras en los llanos y a la flexibilización laboral genera-lizada en todas las actividades mercantiles urbanas, las unidades comunal-campesinas están sufriendo un cerco, que redobla su anclaje en la economía de autosubsistencia exaccionada por el intercambio desigual.

⁵⁷\ Álvaro García Linera, “Comunidad, capital y explotación”, en Temas sociales, Revista de Sociología, No. 20, 1998.

⁵⁸\ 琀ikolái Bujarin, “La nueva política económica y nuestros objetivos”, en La acu-mulación socialista, Madrid, Alberto Corazón, 1971.

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Esta muralla estaría dada por la imposibilidad que se le ha im-puesto para ampliar, como lo venía haciendo desde hace décadas, la frontera agrícola campesina del altiplano hacia los llanos del oriente. Antes, debido a la presión demográfica en el occidente, donde la posesión familiar ha sido reducida a unos pocos metros cuadrados, miles de familias campesinas se dirigían al oriente para sembrar las tierras bajo modalidad de economía de auto-subsistencia y completar los tradicionales ciclos reproductivos de larga duración, territorialmente fragmentados, de la estructura comunal. Hoy, miles y miles de hectáreas han sido concedidas a hacendados, ya no existe tierra de “colonización”, y los pocos in-gresos exitosos a la economía de mercado (producción de coca y contrabando, que generaban cerca de quinientos millones de dólares anuales) vienen siendo proscritos por el Estado.

Pero, además, la posibilidad de un tránsito estable del cam-po (donde se concentra todavía cerca del 45% de la población del país) hacia la ciudad, ahora también se halla bloqueada por la precariedad laboral y el libre comercio que, literalmente, ha arruinado a miles y miles de pequeñas actividades informales, ar-tesanales e industriales, que anteriormente cobijaban a la fuerza de trabajo emigrante del campo, poniendo fin a muchas de sus expectativas de integración social, de ascenso y ciudadanización plena, a la vez que habilitan un espacio de receptividad y disponi-bilidad a nuevos proyectos de modernización, ciudadanía e inte-gración, como, por ejemplo, los que están siendo articulados por el discurso de la identidad étnico-nacional indígena desde hace décadas, y con mayor fuerza desde el nuevo liderazgo aimara en la estructura sindical-comunal de la csutcb.

Precisamente, un intento ideológico y burocrático de disua-dir la consolidación de esta identidad nacional-indígena fue la presencia de un profesional aimara en la vicepresidencia, y el dictado de la Ley de Participación Popular (pp). Ambos crearon una retórica multicultural en la que supuestamente los pueblos indígenas eran reconocidos en su diferencia cultural, pero con iguales prerrogativas públicas. Paralelamente, de manera ins-titucional, se crearon oficinas, cargos públicos centralizados y

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descentralizados, financiamientos y opciones de ingreso salarial, que lograron incorporar a una errante intelectualidad citadina que creyó hallar, en esta suerte de cruzada civilizatoria de la in-diada, un referente noble para legitimar la venta de sus servicios ideológicos al nuevo régimen político.

Por su parte, la pp dio lugar a una división administrativa de municipios, que en gran parte fragmentó y creó un efecto de descentramiento de las demandas y de la estructura de movili-zación de estas demandas del movimiento indígeno-campesino, gestado desde los años setenta. La formación de trescientos trece municipios con prerrogativas financieras y recursos económicos territorializados comenzó a condensar, en el ámbito local, las demandas anteriormente centralizadas por la csutcb, dando lugar a desprendimientos reales —no así formales, pues siguen afiliados— de núcleos poblacionales campesinos y comunales anteriormente articulados de manera directa y movilizable por la Confederación.

Viabilizando este intento de fragmentación de la fuerza de ma-sa, la racionalidad burocrático-estatal se descentralizó y amplió a territorios sociales anteriormente desvinculados de un contacto directo con la maquinalidad gubernamental, y de mayor poten-cialidad de autonomía organizativa. Esta recolonización estatal de espacios territoriales vino acompañada de una modificación de lo que se podría denominar la amplitud de eficacia de la acción política y la racionalidad institucionalizada de la política.

En el primer caso, el de los alcances de la intervención política, la pp ha creado, a nivel local, un marco normativo de facultades fiscalizadoras, de mecanismos de representación (los partidos), de administración descentralizada de recursos y de disciplina-miento cultural en torno al “poder municipal”, que ha creado institucionalmente una segmentación en el acceso a oportunida-des de gestión de lo público “nacional” para los habitantes de las ciudades, y gestión de lo público local-municipal para la gente del campo. Pero esta dualización territorializada del espesor de la intervención política sufre una nueva partición, a partir del mo-mento en que el acceso a estos sistemas normativos está regulado

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por un lenguaje legítimo (comenzando con el idioma castellano, y terminando con el hermético lenguaje de la redacción de los Programas Operativos Anuales (poa) y Programas de Desarro-llo Educativo Municipal (pdem), etc.), por redes de eficacia de la intencionalidad estratégica (vínculos de parentesco con las esferas de poder nacional), y por dinero y tiempo libre para po-ner en marcha los aparatos de escenificación de representación política (los partidos), que excluyen, por así decirlo, de manera “naturalizada”, a los comunarios indígenas de un control de la política, tanto local como nacional, al tiempo que, sin esfuerzo, estas facultades de administración de lo general tienden a concen-trarse monopólicamente en manos de redes parentales, centena-riamente administradoras del poder estatal, y la administración del poder municipal en manos de elites pueblerinas ansiosas de blanqueamiento cultural.

Paradójicamente, a través del lenguaje de la “modernización política”, se reconstruyen y renuevan las viejas jerarquías colo-niales, en las que los indios quedan excluidos de cualquier poder que no sea el de la clientelización de su voto; las mistis de pueblo se redistribuyen el poder político local, y los q’aras se ocupan de la administración nacional.

En lo que respecta al segundo componente de la dimensión política, que instaura la “Participación Popular”, a saber, la lógi-ca y materialidad de la acción política, ésta en su intencionalidad se asemeja a una nueva “extirpación de idolatrías” colonial, pero ahora política. Consideradas como rudimentos arcaicos y exter-nos de la de por sí arbitraria y falseada “modernidad política”, las prácticas y las instituciones políticas comunales se han convertido en objeto de sistemático desconocimiento, devaluación y susti-tución por esquemas procedimentales liberal-representativos, asentados en el voto individual, el sistema de partidos, el merca-do político, la autonomización de los representantes y la concep-tualización de la política como renuncia negociada de soberanía política. Como lo han señalado otras investigaciones, este tipo de prácticas no sólo genera procesos de despolitización y usurpación

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de la responsabilidad pública,⁵⁹ que nada tienen que ver con la virtud republicana del ciudadano y la instauración de un régimen democrático de buen gobierno; sino que, además, institucionali-za una impostura histórica de querer erigir instituciones políticas “modernas” (o de subsunción real) según los particulares cánones occidentales, en una sociedad que, según los mismos parámetros, es mayoritariamente no-moderna o pre-moderna (o de subsun-ción formal)⁶⁰ y, además, donde estas elites modernizantes hacen todos los esfuerzos por desmontar lo poco de modernidad que había, como la gran producción industrial, los sindicatos obreros y la seguridad social, que garantizaban una ciudadanía efectiva.

A ello simplemente habría que añadir que tales desencuen-tros reactualizan, en el terreno de la institucionalidad política, una razón colonial que legitima y premia un instrumental orga-nizacional, el de la representación liberal de la voluntad política, cercano o perteneciente a una estructura civilizatoria y a unos segmentos poblacionales que descienden por apellido, cultura y poder, de las “castas encomenderas”; mientras castiga, discrimi-na y destruye unos sistemas políticos comunales, asamblearios, correspondientes a la estructura civilizatoria indígena.

La reivindicación de estos procedimientos políticos y la anu-lación de su exclusión colonial, instruida por la pp, será precisa-mente una de las demandas implícitas de la acción del movimiento indígena en septiembre-octubre.

Tenemos entonces cuatro componentes básicos, que han ha-bilitado las condiciones de posibilidad de la formación del mo-vimiento social indígena: a) características socioculturales, que permiten hablar de una estructura civilizatoria común en toda el área de conflicto; b) una intensificación de la expropiación-ex-plotación del trabajo comunal por la civilización capitalista, en su

⁵⁹\ Guillermo O’Donnell, “¿Democracia delegativa?”, en Romeo Grompone (ed.), Instituciones políticas y sociedad, Lima, Instituto de Estudios Peruanos (iep), 1995.

⁶⁰\ Patricia Chávez, “Los límites estructurales de los partidos de poder como es-tructuras de mediación democrática: Acción Democrática Nacionalista en el Departamento de La Paz”, op. cit.

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variante neoliberal, a través de la compraventa de mercancías y la precariedad del mercado de fuerza de trabajo, en comunidades fuertemente vinculadas a los circuitos comerciales entre campo y ciudad; c) una acumulación, acentuada en los últimos años, de politización y construcción identitaria en torno a la resignifica-ción de la historia pasada, la lengua compartida, el rescate de la herencia cultural poseída, la construcción de mitos unificadores y de un porvenir autónomo y posible (nacionalismo indígena), a raíz del trabajo meticuloso de una nueva generación de militantes de las propias comunidades, formados en el sindicalismo y la vida orgánica de organizaciones políticas radicalizadas; d) fracaso de las políticas estatales de incorporación de las demandas indíge-nas, además de una marcada reactualización de las exclusiones coloniales, que han engendrado un debilitamiento de las pautas de integración social y una predisposición a la distancia o desa-filiación de las comunidades con respecto al sistema político y cultural dominante.

En términos generales, se puede hablar del mundo indígena contemporáneo como de una estructura social sometida a tres modos analíticamente diferenciables de injusticia y dominación: la “injusticia de la redistribución” y la “injusticia del reconoci-miento”, propias de las “comunidades bivalentes” de las que nos habla Fraser,⁶¹ y de la dominación civilizatoria, que vendría a ser un conflicto de poder en el orden sustantivo de las racionalidades de la integración social.

La rebelión indígena

Sin embargo, la suma de estos componentes, por sí mismos, no genera rebeliones; cuando más, produce estados de desmembra-miento societal y estados de ánimo predispuestos a mesianismos religiosos o populistas, que también son fáciles de comprobar

⁶¹\ 琀ancy Fraser, “¿De la redistribución al reconocimiento? Dilemas de la justicia en la era ‘postsocialista’”, en New Left Review No. 0: Pensamiento crítico contra la dominación, 2000.

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hoy en determinados segmentos de la población comunaria y de los barrios periféricos. Las rebeliones sociales como la del alti-plano son, en cambio, procesos de autounificación comunitaria, portadores de proyectos políticos con alto grado de autonomía, cuya producción requiere de otros componentes con raíces en la memoria colectiva y en su capacidad de proyectar horizontes de acción, racionalmente fundados en esta historia colectiva o, al menos, en lo que se imaginan que es su historia.

La rebelión aimara del altiplano ha podido acontecer, preci-samente, porque allí se han agolpado penurias contemporáneas con herencias históricas y representaciones de la vida que leen el pasado, que significan el mundo vivido como un hecho de domi-nación colonial que debe ser abolido. De ahí la profunda carga política de la acción de las comunidades, pues en su acción, en su simbolismo, en su discurso corporal y en su manera de escindir el mundo entre q’aras y aimaras hay toda una recuperación de la historia, una denuncia del racismo que acompaña la vida republi-cana y una propuesta de democratización del poder, de lo público, de la producción de lo común. Y precisamente “la oportunidad política” —en el sentido propuesto por Sidney Tarrow, que ha permitido “gatillar” como rebelión social este conjunto de po-tencialidades sociales y de seculares escisiones civilizatorias— ha sido, por una parte, la intención gubernamental de mercantilizar el agua controlada por las comunidades, brindando así un espa-cio de unidad inmediata entre ellas, ante el inminente “peligro de muerte”, que según Sartre⁶² permite reactualizar los pactos de fidelidad práctica entre los miembros del grupo.

Por otra parte, la presencia de un dirigente sindical-comunal, Felipe Quispe, a la cabeza de la csutcb que, por sus caracterís-ticas, permitió condensar en estado de insurgencia ámbitos de predisposición y de voluntad colectiva largamente acumulados en las comunidades indígenas del altiplano y valles adyacentes. Es portador de la construcción discursiva y política más elaborada

⁶²\ Jean Paul Sartre, Crítica de la razón dialéctica. Tomo 1, Buenos Aires, Losada, 1979.

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de la identidad indígena contemporánea, poseedor de una larga trayectoria en la lucha por la autonomía e independencia de las nacionalidades indígenas respecto al tutelaje e incorporación es-tatal, partidaria e institucional en las que cayeron gran parte de los otros antiguos dirigentes indianistas-kataristas; personifica un elevado prestigio por su liderazgo político, los años de cárcel como preso político, la ferocidad de su lenguaje frente a los po-derosos, a los cuales jamás miró desde abajo sino desde arriba; y ha logrado articular antiguas y nuevas fidelidades de ayllu, en un movimiento social que puso en crisis el ordenamiento estatal y la configuración republicana.

Aquí, la institucionalidad (la csutcb) y la personalidad del dirigente —sistemáticamente vinculado con las comunidades, las cuales visitó una por una para consultar la acción conjun-ta— lograron traducir la complicidad tácita del sufrimiento y la discriminación, aisladamente soportada por todos, en una viven-cia comunitariamente resistida. En este caso, su palabra desem-peñó el papel de la “palabra del portavoz”, de la que nos habla Bourdieu,⁶³ como explicitador de la situación de las comunida-des, y con la fuerza para constituir públicamente la situación de interunificación de esas comunidades, para hacer existir esa uni-ficación y para movilizarlas.

Las tecnologías sociales del movimiento comunal

El levantamiento aimara de septiembre-octubre no sólo ha sido una explosión de descontento, ni siquiera un recordatorio de que Bolivia es un país donde están dominadas otras naciones. Ante todo, en él se han desplegado, de una manera intensa, una serie de mecanismos de movilización social que, al igual que lo que sucedió en abril en la ciudad de Cochabamba, marcan pautas y tendencias para una regeneración de la política y el buen gobierno en el país, en este caso a través del ayllu en acción o movilización actuante de una estructura civilizatoria comunal-andina.

⁶³\ Pierre Bourdieu, El campo político, La Paz, Plural, 2001.

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1) Sustitución del poder estatal por un poder político comu-nal suprarregional descentralizado en varios nodos (cabildos). A pocos días de la movilización, el sistema estatal de autoridades (subprefecturas, corregidores, alcaldías, retenes policiales, ad-ministración estatal) fue disuelto en toda el área de movilización comunal (Sorata, Cambaya, Achacachi, Huarina, Ancoraimes, Pukarani, etc.) y reemplazado por un complejo sistema de auto-ridades comunales (denominadas dirigentes sindicales, pero que en verdad funcionan bajo la lógica comunal de la responsabilidad pública rotativa, ligada a la legitimidad de la tenencia familiar-comunal de la tierra). Este armazón de poder político alternativo tenía a las asambleas de comunidad (sindicato campesino) como punto de partida y soporte de la movilización. Es aquí donde se toman las decisiones e, internamente, la única fuerza capaz de movilizarlas es el convencimiento asambleariamente decidido de la justeza de la demanda y del objetivo de la acción colectiva.

Por encima de él, los representantes de decenas de comunida-des (subcentrales); por encima de ellas, representantes de varias subcentrales agrupadas en una federación provincial, que es el nivel organizacional hasta donde llega el control de las bases co-munales sobre la acción de sus dirigentes, pues son miembros que siguen labrando las tierras en sus comunidades. En esta red recayó la capacidad de movilización de las cerca de diez provincias pace-ñas que concentran la mayor parte de la población aimara rural del país, apoyadas por las comunidades quechuahablantes del norte del departamento y de las zonas de altura de Cochabamba.

Dado que el bloqueo dio lugar a la formación de grandes concentraciones, se conformaron cuatro Cabildos interprovin-ciales, que llegaron a agrupar cada uno hasta veinticinco mil co-munarios, y que deliberaban permanentemente, al margen de que otros se mantuvieran en los bloqueos a lo largo de los cientos de kilómetros de las carreteras que confluían en la ciudad de La Paz. Como fruto de estos cabildos, se formaron Comités de Blo-queo con representantes destacados de las zonas más aguerridas y movilizadas, y que constituyeron el auténtico Estado Mayor de la movilización, pues coordinaba a las comunidades de base con

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los dirigentes máximos, que se movían por otras provincias o se hallaban en la ciudad para entablar las mesas de negociación con el gobierno; y por último, Felipe Quispe y algunos dirigentes de la csutcb, que se movían entre las comunidades movilizadas, las reuniones de coordinación con otros sectores (maestros rura-les, transportistas, gremiales), y las negociaciones oficiales con el gobierno.

Durante los dieciocho días, nada se movía, nadie transitaba por los caminos y ninguna decisión se tomaba si no era a través de estas redes de poder, que ocuparon carreteras, pueblos inter-medios y medios de comunicación. En los hechos, la autoridad territorial de la zona de rebelión se desplazó, del Estado, a las estructuras sindicales de la comunidad y a sus cabildos, y duran-te quince días éstas se mostraron como eficientes y coordinadas formas de ejercicio de poder gubernamental en una extensa re-gión del país.

2) Sistema comunal productivo, aplicado a la guerra de movi-mientos. La posibilidad de que tanta gente pudiera mantenerse durante tantos días en las carreteras se sostuvo por el sistema de “turnos” mediante el cual, cada veinticuatro horas, la gente mo-vilizada de una comunidad era sustituida por la de otra comu-nidad, a fin de permitir que la primera descansara, se dedicara durante unos días a sus faenas agrícolas y regresara nuevamente a la movilización cuando le tocara su “turno”. Por cada cien per-sonas movilizadas, en uno de los cientos de bloqueos había un círculo de otras mil o dos mil personas que esperaban su turno para desplazarse. De ahí el cálculo conservador de que, sólo en el altiplano, se movilizaron cerca de quinientos mil comunarios.

La logística del bloqueo estuvo también asentada en las pro-pias comunidades. Cada grupo movilizado traía su alimentación comunal, que luego era reunida con la de otras familias y comu-nidades, en un apt’api⁶⁴ que consolidaba solidaridades y cohesio-naba, a través del alimento, lo que se venía haciendo en la guerra.

⁶⁴\ Comida colectiva comunal en la que cada participante contribuye con alimentos (N. del E.).

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Por otra parte, la técnica de bloqueo que inviabilizó cualquier intento de desbloqueo militar fue el traslado de la institución del trabajo comunal, en el que todas las familias trabajan colectiva-mente en la tierra de cada una de las familias, al ámbito guerrero. A lo largo de los caminos, unas poderosas máquinas humanas productivas se ponían en movimiento, sembrando de piedras y tierra cada metro de asfalto. No bien pasaban los tractores y los soldados, esta poderosa fuerza productiva agrícola, que permite la roturación o la siembra en corto tiempo, ahora servía para ta-pizar la carretera de infinitos obstáculos.

Objetivamente, los comunarios aimaras ocuparon militarmen-te el espacio y ejercieron su soberanía sobre él a través del tensa-miento de instituciones comunales, tanto políticas y económicas como culturales. El Estado, mientras tanto, donde asomaba la cara, lo hacía como un intruso inepto, a quien la geografía y el tiempo se le presentaban como fuerzas ajenas e incontrolables. La única manera de querer conjurar esta soledad fue a través de las muertes, que lo arrojaban a una mayor adversidad, pues con el recuento de los muertos, los aimaras comenzaron a proponerse desalojar los cuarteles que se hallaban en las provincias rebeldes. En términos militares, el Estado perdió la iniciativa; perdió el control del tiempo, perdió el control del territorio y fracasó en su intento de represión. Esta derrota militar del ejército estatal es un acontecimiento que seguramente también marcará los siguientes pasos que emprenda el movimiento indígena en la construcción de su autonomía política.

3) Ampliación de la democracia comunal al ámbito regional-nacional y la producción de una moral pública de responsabilidad civil. La pedagogía de democratización de la vida pública, en este caso de la decisión de desplazar la institucionalidad estatal, de conservar el agua como un bien común y de abolir el colonialismo republicano, fue sin duda extraordinaria, y se ejerció mediante la aplicación de los saberes democráticos practicados en el ám-bito de las comunidades campesinas a escala superregional, que permitió acordar fines colectivos, consultar reiteradamente a las bases acerca de la continuidad de la movilización, lograr consen-

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sos acerca de las demandas, coordinar la defensa territorial de las comunidades movilizadas ante el avance del ejército, y controlar la vida política en las zonas sublevadas.

Bajo esta nueva forma de poder político, las prácticas demo-cráticas mediante las cuales la población recuperó su capacidad de intervención y gestión en la formulación del bien común y el uso de la riqueza colectiva fueron:

a) Los cabildos y las asambleas, que funcionaron como orga-nismos públicos de intercambio de razones y argumentos de los cuales nadie estaba excluido, ni siquiera los funcionarios estatales, pero como iguales frente a los comunarios indígenas; es decir, las asambleas y cabildos funcionaron como espacios de producción de igualdad política real y de formación de opinión pública, am-bos componentes básicos de lo que se denomina “democracia deliberativa”, pero no como complemento del Estado de derecho, como lo hubiera deseado Habermas,⁶⁵ sino precisamente como interpelación a un Estado que ha institucionalizado la desigual-dad entre hombres y mujeres pertenecientes a distintas culturas.

b) Los participantes de estas condensaciones de cultura de-mocrática ejercieron un principio de soberanía, en la medida en que no obedecían a ninguna fuerza externa distinta a la decisión colectivamente acordada por todos, y de ahí la radicalidad con la que sus decisiones eran recibidas por el Estado.

c) Las deliberaciones entre iguales se sustentaron en movi-mientos sociales (las comunidades movilizadas), portadores de una moral de responsabilidad pública (local), en la que rigen formas de acción normativamente reguladas.⁶⁶ Ciertamente, es-to lleva a que muchos de los valores colectivos que guían los comportamientos de sus integrantes estén regidos por principios previos y obligatorios que pudieran limitar la generación de nue-vos consensos sustanciales, como sucede, por ejemplo, a escala comunal, donde lo público tiene la misma dimensión territorial

⁶⁵\ Jürgen Habermas, Facticidad y validez, Madrid, Trotta, 1998.

⁶⁶\ Jürgen Habermas, Teoría de la acción comunicativa. Tomo II, op. cit.

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que el espacio de eficacia de los valores normativos. De ahí que se pueda hablar de la presencia de un “principio de comunidad”,⁶⁷ que obliga a las personas a actuar dentro de la colectividad, bajo el supuesto implícito de que esos lazos de unidad ya existen con anterioridad a cualquier actitud que se tome respecto a ellos. Sin embargo, es en el marco de las acciones colectivas a gran escala donde la esfera pública, lo común que interconecta a los sujetos colectivos, rebasa el marco de las regulaciones normativas locales y tiende a ser fruto de una nueva interacción comunicativa, pro-ductora de nuevos consensos y normas colectivas.

La democracia comunal fusiona, entonces, la acción comunica-tiva, mediante la cual los comunarios deliberan sus acuerdos para formar discursivamente un horizonte de acción común, con la acción normativa, que hace que los acuerdos así producidos cuen-ten con un carácter obligatorio respecto a los sujetos colectivos e individuales partícipes en su elaboración. Esto tiene que ver con la preponderancia de lo común por encima de lo individual en las estructuras sociales tradicionales. Sin embargo, las asambleas buscan, ante todo, la producción de consenso a través de largas sesiones de mutua persuasión; y si bien no falta la formación de disensos minoritarios, estas minorías no pierden su derecho a la voz disidente y a aprobar en una nueva asamblea un cambio en la correlación de fuerzas. Lo decisivo no radica, por tanto, en la coerción para el cumplimiento, muchas veces simbolizada por la amenaza de usar el chicote,⁶⁸ sino en una moral de responsabi-lidad pública, que exige a quienes han acordado una elección a cumplirla, a refrendarla con la acción.

4) Política de la igualdad. Uno de los componentes más im-pactantes de la movilización social, tanto en las declaraciones de

⁶⁷\ Ranajit Guha, Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India, Oxford, Oxford University Press, 1983; véase también Partha Chatterjee, “La nación y sus campesinos”, en Silvia Rivera y Rossana Barragán (comps.), Deba-tes post coloniales; una introducción a los estudios de la subalternidad, La Paz, Historias, Sephis y Aruwiyiri, 1997.

⁶⁸\ Látigo de cuero trenzado (N. del E.).

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sus portavoces como en la gestualidad colectiva de los comuna-rios bloqueadores, fue el derrumbe simbólico del prejuicio de la desigualdad entre indios y q’aras, entre aimaras y mistis. “He de negociar de presidente a presidente”, “inquilinos”, “asesinos” y “carniceros” fueron frases lanzadas por un indígena que, afirmán-dose como tal, usaba los tonos, los epítetos y las representaciones discursivas anteriormente reservadas a las elites dominantes. Y por ello se lo acusó de racista, esto es, por asumir precisamente la norma de la igualdad frente a cualquier habitante.

La estructura simbólica colonial, que había acostumbrado a colonizados y colonizadores a que los indios se dirigieran a los q’aras en actitud de sumisión, de petición, de genuflexión o de reclamo lloroso, de golpe se quebró ante la impronta de un diri-gente indígena que no les tenía miedo, que les decía que él podía gobernarlos, y que no rogaba sino que imponía. Paralelamente, en los caminos bloqueados, algo parecido sucedía pues, en vez de ancianos y niños mendicantes a la vereda de las rutas, había insolentes comunarios que no hacían caso a la voz de paso lanzada desde los lujosos Mitsubishis raibanizados. La indiada se había alzado y, con ello, el miedo, el pavor se apoderó de familias que, por si acaso, reservaron boletos de avión para Miami o Madrid. En el fondo, mientras los indígenas ocupaban la geografía como prolongación de su cuerpo colectivo, los otros, los q’aras, asumie-ron la conciencia de la impostura de su soberanía real; para ello, el territorio se presentó como un inmenso cuerpo sospechoso de emboscadas, cuyo control se diluía a medida que se opacaban las luces de sus shoppings. La incursión punitiva, con tanques y aviones para despejar caminos bloqueados, o para “rescatar” a la esposa del vicepresidente de la mancha indígena que se despren-día de los cerros que rodean a las lujosas residencias del sur, fue el lenguaje fundador que volvía a renacer en las elites dominantes.

Las palabras, los gestos, la corporalidad y la estrategia de es-tos indios insurgentes habían roto una secular jerarquía étnico-cultural, por medio del ejercicio y la reivindicación del derecho básico de la igualdad. El pedido no era extremo, sin embargo, era lo suficientemente poderoso como para provocar un cataclismo

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en el sistema de creencias dominantes y reinventar el sentido de lo político.⁶⁹

En el fondo, lo que se ejercía por la vía de los hechos era una economía de derechos de igualdad ciudadana. Derecho a hablar, a ser oído y a ser reconocido por los poderes instituidos; de ahí que todos los delegados de las comunidades exigieran hablar, elaborando interminables listas de oradores, una vez que las, hasta entonces inaccesibles, autoridades de gobierno se vieron obligadas a sentarse frente a frente con la dirección indígeno-campesina. Derecho a participar de los beneficios del “intelecto social general”,⁷⁰ del conocimiento universal y de las creaciones tecnológicas de la modernidad, por parte de una estructura social que sostiene su productividad económica sobre el antiguo arado egipcio; de ahí el reclamo sobre la ausencia de Internet en Pata-manta y sobre la falta de tracción motorizada para las faenas agrí-colas. Derecho a prerrogativas públicas similares entre el campo y la ciudad, entre los productores del campo y los habitantes de la ciudad; de ahí el reto a negociar, no sólo en brillantes edificios urbanos, sino en las destartaladas oficinas sindicales de Achaca-chi. Derecho a la ciudadanía plena entre indígenas y criollos, en-tre aimaras y q’aras; de ahí el convencimiento irrenunciable del mallku⁷¹ de que un indio podría ser presidente de todos los bo-livianos. En fin, derecho a formular las pautas de la modernidad colectiva y la igualdad entre culturas, idiomas, colores y apellidos.

Curiosamente, la demanda de igualdad no estaba presente en la larga lista de demandas al gobierno, pero sí se explicitaba a

⁶⁹\ “No hay política porque los hombres, gracias al privilegio de la palabra, ponen en común sus intereses. Hay política porque quienes no tienen derecho a ser contados como seres parlantes se hacen contar entre éstos e instituyen una co-munidad por el hecho de poner en común la distorsión, que no es otra cosa que el enfrentamiento mismo, la contradicción de dos mundos alojados en uno solo: el mundo en que son y aquél en que no son, el mundo donde hay algo ‘entre’ ellos y quienes no los conocen como seres parlantes y contabilizables y el mundo donde no hay nada”. Jacques Rancière, El desacuerdo: política y filosofía, Buenos Aires, Nueva Visión, 1996.

⁷⁰\ Antonio Negri y Michael Hardt, Imperio, Barcelona, Paidós, 2000. ⁷¹\ Autoridad comunal aimara, literalmente significa cóndor (N. del E.).

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través de unas sofisticadas estrategias simbólicas que recurrían a la textura del cuerpo colectivo, a la manera de ocupar el espacio, al dramatismo de los gestos, al rumor, al desplante, a la broma, al discurso de asamblea y a los relatos radiales que, al tiempo que cubrían de una manera memorable la información pública y los planes de acción colectiva en idioma aimara, sin que las autori-dades gubernamentales y militares se dieran cuenta, ayudaron a crear un tipo de espacio público paralelo al oficial urbano, exi-giendo en la práctica también el reconocimiento de otras textua-lidades en la construcción de las narrativas sociales de la nación.

5) Política de la identidad y la alteridad. La rebelión de abril, pero ante todo de septiembre-octubre, ha sido en primer lugar una guerra simbólica, una lucha por las estructuras de repre-sentación, jerarquización, división y significación del mundo. A medida que los esquemas mentales dominantes (coloniales) eran impugnados, otros se interponían y se levantaban, orientando la acción movilizada de los objetores del orden establecido. Es por ello que la dinámica de la rebelión indígena y su programa, su estrategia orientadora, no debe buscarse sólo en los papeles es-critos, sino en los otros símbolos que produjo la rebelión y que, a su vez, la produjeron.

Ahí está, en primer lugar, el uso del idioma aimara o quechua para tejer públicamente, en medios de comunicación, en asam-bleas y diálogos, el tejido, la intensidad, la amplitud y los pasos del levantamiento. En segundo lugar, el conocimiento comunal del territorio, de sus rutas, de su importancia, de los modos de cubrirlo y de usarlo en su favor. En tercer lugar, el uso de sistemas de deliberación asamblearia, que creó un sistema de consulta y ejecución colectiva a gran escala. En cuarto lugar, la lógica de una economía comunal con alto grado de autosustentabilidad, que permitió controlar el tiempo de guerra en función de los dilatados ciclos de siembra-cosecha, y de quebrar la sustentabilidad de los tiempos de producción-consumo mercantil-capitalista.

Pero es sabido que el idioma, el territorio, la lógica organi-zativa o económica diferentes pueden ser asumidos como com-ponentes particulares, regionales o folclóricos de una estructura

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social mayor, como pertenencias devaluadas de las cuales es me-jor desembarazarse, o como manifestaciones de una identidad separada, diferenciada irreductiblemente de las que la rodean y la dominan. Sólo en este caso, la lengua, el territorio, o la cultura y la organización devienen componentes de una identidad na-cional; por lo tanto, lo que importa de ellas es cómo son leídas, interpretadas, significadas, deseadas o, lo que es lo mismo, su forma de politización.⁷²

En la rebelión indígeno-campesina de septiembre, dirigida por la csutcb, esto fue precisamente lo que pasó: el conocimiento territorial devino materialidad de soberanía que separó dos mun-dos, el de ellos y el de los q’aras. El idioma, de medio de comuni-cación, devino medio de diferenciación entre un “nosotros” y un “ellos”, verificable por el saber lingüístico y su modo de adquisi-ción. Por su parte, la participación en las técnicas organizativas y los saberes productivos aplicados a la acción de movilización se convirtieron en medios de reafirmación electiva de una perte-nencia a una colectividad que les precede a todos, y los empuja a la imaginación de un porvenir igualmente común y autónomo, esto es, de una nación.

En conjunto, estos componentes del movimiento social, tal como tendieron a ser resignificados, comenzaron a re-crear los ejes de una identidad cultural contrapuesta (escindida de la do-minante), de un sentido de filiación colectiva, de alteridad irre-ductible y que, por la dimensión de disputa territorial y de auto-nomía política que adquirió esta construcción comunal de destino compartido, tiene todas las características de una rearticulación

⁷²\ Sobre la formación de la identidad étnica en el caso del movimiento indígena ecuatoriano, véase Pablo Ospina, “Reflexiones sobre el transformismo: movili-zación indígena y régimen político en el Ecuador (1990-1998)”, en Julie Massal y Marcelo Bonilla (eds.), Los movimientos sociales en las democracias andinas,

Quito, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (flacso) e ifea, 2000. Véase también Jorge León, El levantamiento indígena: de campesinos a ciudada-nos diferentes, Quito, Centro de Investigación de los Movimientos Sociales del Ecuador (cedime), 1994.

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de identidad nacional indígena, mayoritariamente aimara, cuya vitalidad o existencia efímera se medirán en los siguientes años.

En general, las naciones son artefactos políticos, construccio-nes políticas que crean un sentido de pertenencia a un tipo de entidad histórica capaz de otorgar espíritu de colectividad tras-cendente, de seguridad histórica ante los avatares del porvenir, de adhesión familiar básica entre personas, a las cuales seguramente nunca se podrá ver, pero con las cuales se supone se comparte un tipo de intimidad, de cercanía histórica, de potencialidades de convivencia que no se tienen con otras personas que conforman la otredad, la alteridad; de ahí la importancia y el papel destacado que pueden jugar, en la formación de las identidades nacionales, las construcciones discursivas y los liderazgos, en su capacidad de articular demandas, disponibilidades, expectativas y solidari-dades, en esquemas simbólicos de agregación y acción política, autónoma del campo de competencias culturales, territoriales y políticas dominantes.⁷³

Las naciones son fronteras sociales, territoriales y culturales, que existen previamente en las cabezas de los connacionales, y que tienen la fuerza de objetivarse en estructuras materiales e institucionales. En ese sentido, las naciones son comunidades políticas en las que sus componentes, los que se asumen de la na-ción, se reconocen por adelantado en una institucionalidad a la que conciben como propia y dentro de la cual integran sus luchas sociales, sus competencias y mentalidades.⁷⁴ Precisamente, la for-mulación de estas fronteras simbólicas en el imaginario colectivo, a partir de la visualización y politización de las fronteras reales de la segregación colonial ya existente, parecería ser la primera de una serie de tareas nacionalitarias del actual movimiento social

⁷³\ Terry Eagleton, “El nacionalismo y el caso de Irlanda”, en New Left Review No. 1: El nacionalismo en tiempos de globalización, 2000; también, David Miller, So-bre la nacionalidad: autodeterminación y pluralismo cultural, Barcelona, Paidós, 1997.

⁷⁴\ Étienne Balibar, “La forma nación: historia e ideología”, en Immanuel Wallerstein y Étienne Balibar, Raza, nación y clase, Madrid, Instituto de Estudios Políticos para América Latina y Africa (iepala), 1991.

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indígena que, por ello, simultáneamente se presenta como un movimiento de construcción nacional indígena.⁷⁵

En la medida en que las formaciones nacionales inicialmente son discursos performativos⁷⁶ —con la fuerza de generar proce-sos de construcción de comunidades de consentimiento político, mediante las cuales las personas definen un “nosotros” separa-do de un “otros” a través de la reinterpretación, la enunciación o la invención de algún o algunos componentes sociales (por ejemplo, el idioma, la religión o la etnicidad, la historia de domi-nación), que a partir de ese momento pasan a ser componentes de diferenciación y adscripción a la comunidad, que garantiza a sus miembros una seguridad colectiva en el porvenir igualmente común—, se trata de un tipo de interacción comunicativa que produce, o desentierra, o inventa una hermandad extendida, un parentesco ampliado capaz de crear: a) un efecto de atracción gravitatoria hacia ciertos sectores poblacionales que se sentirán atraídos, y b) un efecto complementario de repulsión hacia los

⁷⁵\ “Las luchas sobre la identidad étnica o regional, es decir, respecto a propiedades (estigmas o emblemas) vinculadas con su origen al lugar de origen y sus señales correlativas, como el acento, constituyen un caso particular de las luchas de clases, luchas por el monopolio respecto al poder de hacer creer, hacer conocer y hacer reconocer, imponer la definición legítima de las divisiones del mundo social y, a través de eso, hacer y deshacer los grupos: en efecto, lo que se ventila en esas luchas es la posibilidad de imponer una visión del mundo social a tra-vés del principio de división que, cuando se imponen al conjunto de un grupo, constituyen el sentido y el consenso sobre el sentido y, en particular, sobre la identidad y la unidad que hace efectiva la realidad de la unidad e identidad de ese grupo”. Pierre Bourdieu, ¿Qué significa hablar? Economía de los intercambios lingüísticos, Madrid, Akal, 1999.

⁷⁶\ 琀l discurso étnico o regionalista “es un discurso performativo, que pretende imponer como legítima una nueva definición de las fronteras y hacer conocer y reconocer la región así delimitada frente a la definición dominante y descono-cida como tal. El acto de categorización, cuando consigue hacerse reconocer o es ejercido por una autoridad reconocida, ejerce por sí mismo un poder: como las categorías de parentesco, las categorías “étnicas” o “regionales” instituyen una realidad utilizando el poder de revelación y de construcción ejercido por la objetivación en el discurso”. Pierre Bourdieu, ¿Qué significa hablar?, op. cit.

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que se sentirán excluidos; por todo ello, se dice que las naciones son “comunidades imaginadas”.⁷⁷

Pero, a la vez, en tanto se trata de procesos de remodelación de la subjetividad colectiva que crea un sentido de “nosotros”, las naciones son también una forma de producir lo “común”, el bien común que une al grupo y lo diferencia de los “otros” gru-pos y, en ese sentido, se trata de comunidades políticas, pues su fuerza articulatoria es precisamente la gestión, la distribución, la conservación de ese bien común. En ese sentido, la política de las necesidades vitales, que disputa la forma de gestión de los bienes comunes imprescindibles para la reproducción social, en la actua-lidad es una fuerza social que en unos casos (la Coordinadora del Agua) está conduciendo a una regeneración de la vida democráti-ca y plebeya de la nación boliviana, mientras que en otro caso (la csutcb), está permitiendo la formación de una identidad nacional indígena separada de la identidad boliviana. Parecería que estas dos fueran las formas de acción colectiva ascendente con mayo-res probabilidades de erosionar las estructuras de dominación, y ampliar las prácticas de politización y democratización de la vida colectiva en los siguientes años. De ser así, estaríamos ante la irradiación de dos nuevas formas de autodeterminación social.

⁷⁷\ 琀rnest Gellner, Naciones y nacionalismos, Madrid, Alianza, 1994; Benedict An-derson, Comunidades imaginadas, México, Fondo de Cultura Económica, 1989; Montserrat Guibernau, Los nacionalismos, Barcelona, Ariel, 1998.

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VII. crisis estatal y época de revolución

CRISIS DEL ESTADO Y SUBLEVACIONES

INDÍGENO-PLEBEYAS EN BOLIVIA¹

Fue Kant quien definió el Estado como una unión de personas que se proponen vivir jurídicamente, entendido esto como des-pliegue de la libertad bajo una ley y una coacción universal.² Más allá de ver al Estado como la idea del derecho en acto, lo que aquí nos interesa resaltar es la concepción del Estado como el “yo común” del sistema de libertades que posee una sociedad. Sin embargo, fue Marx quien nos llamó la atención sobre el ca-rácter ilusorio de esta comunidad.³ No es que el Estado no sea un resumen de la colectividad, sino que es una síntesis enajena-da, pues transfigura los conflictos internos de la sociedad bajo la apariencia de la autonomía de las funciones estatales. De ahí que se pueda decir que el Estado es una síntesis de la sociedad, pero una síntesis cualificada por la parte dominante de esa sociedad.⁴

¹\ Texto extraído de Álvaro García Linera, “Crisis del Estado y sublevaciones in-dígena-plebeyas en Bolivia”, en Álvaro García Linera, Luis Tapia y Raúl Prada, Memorias de octubre, La Paz, Comuna y Muela del Diablo, 2004.

²\ 琀mmanuel Kant, Crítica de la razón práctica, Buenos Aires, El Ateneo, 1951.

³\ Karl Marx, “De la crítica de la filosofía del derecho de Hegel”, en Obras funda-mentales, México, Fondo de Cultura Económica, 1981.

⁴\ René Zavaleta, El Estado en América Latina, La Paz, Los Amigos del Libro, 1989.

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En los últimos años, la escuela derivacionista y regulacionista⁵ ha trabajado, precisamente, los procesos sociales mediante los cuales las estructuras estatales modernas, y sus ámbitos de autono-mía política, responden a las distintas maneras de configuración de los procesos productivos, a los modos de gestión de la fuerza de trabajo, y a la propia articulación de las redes transnacionali-zadas de los circuitos del capital social planetario. Esto significa que, cuando hablamos del Estado, estamos hablando de algo que es mucho más que un conjunto de instituciones, normas o proce-dimientos políticos, pues en el fondo, el Estado es una relación social conflictiva, que atraviesa el conjunto de toda la sociedad, en los modos en que realiza la continuidad de su sistema de ne-cesidades (propiedad, impuestos, moneda, derechos laborales, créditos, etc.), y en el modo en que representa la articulación entre sus facultades políticas y sus actividades cotidianas.

Esta manera de ver al Estado como totalidad fue sistematiza-da por Antonio Gramsci, quien propuso el concepto de Estado, en su “sentido integral”, como la suma de la sociedad política y la sociedad civil, recogiendo, a su modo, el legado hegeliano de que la sociedad civil es el momento constitutivo del Estado que, a su vez, mediante el andamiaje de sus instituciones, sintetiza el ideal de eticidad de una colectividad, esto es, las costumbres, va-lores y creencias que los miembros de una sociedad comparten.⁶

La importancia de las creencias, como elemento fundamen-tal en la constitución del poder político, fue lo que llevó a Émile Durkheim a ver al Estado como “el órgano mismo del pensa-miento social y, sobre todo, el órgano de la disciplina moral”, lo que, sin embargo, no debe hacernos olvidar el ámbito de la “vio-lencia organizada” como núcleo del poder estatal.⁷ Coerción y creencia, ritual, institución y relación, sociedad civil y sociedad

⁵\ Robert Boyer y Yves Saillard (dir.), Théorie de la régulation. L’état des savoirs,

Paris, La Découverte, 1990.

⁶\ Antonio Gramsci, Notas sobre Maquiavelo, sobre política y sobre el estado moder-no, México, Juan Pablos, 1975; Georg W.F. Hegel, Fundamentos de la filosofía del derecho, Buenos Aires, Siglo Veinte, 1975.

⁷\ Émile Durkheim, La división del trabajo social, México, Premiá, 1985.

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política son por tanto elementos constitutivos de la formación de los Estados. Max Weber sintetizará esta composición del hecho estatal a través de la definición del Estado como una organiza-ción política continua y obligatoria que mantiene el monopolio del uso legítimo de la fuerza física.⁸

Esto significa que hay Estado, no sólo cuando en un territo-rio unos funcionarios logran monopolizar el uso de la coerción física, sino también cuando ese uso es legítimo, esto es, cuando la legalidad de tal monopolio se asienta en la creencia social, lo que a su vez supone, según Pierre Bourdieu, un monopolio pa-ralelo, el de la violencia simbólica, que no es otra cosa que la ca-pacidad de imponer y consagrar, en las estructuras mentales de las personas, sistemas cognitivos, principios de visión y división del mundo considerados evidentes, válidos y legítimos por los miembros de una sociedad.⁹

Crisis de estado

Ahora bien, como lo ha mostrado Norbert Elias, estos mono-polios que dan lugar a los Estados son procesos históricos que necesitan reproducirse continuamente.¹⁰ De tal manera que la estatalidad de la sociedad no es un dato, un hecho fijo, sino un movimiento. Este monopolio del “capital de fuerza física” y del “capital de reconocimiento”, que da lugar al Estado, genera a su vez otro capital, el “capital estatal”, que es un poder sobre las distintas especies de capital (económico, cultural, social, simbó-lico), sobre su reproducción y sus tasas de reconversión, por lo que el escenario de disputas y competencias sociales en el Estado está constituido, en el fondo, por confrontaciones sociales por las características, el control y direccionalidad de este capital estatal burocráticamente administrado.

⁸\ Max Weber, Economía y sociedad, México, Fondo de Cultura Económica, 1987. ⁹\ Pierre Bourdieu, Razones prácticas, Barcelona, Anagrama, 1997.

¹⁰\ 琀orbert Elias, El proceso de la civilización, México, Fondo de Cultura Econó-mica, 1987.

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En síntesis, en términos analíticos es posible distinguir en la organización del Estado al menos tres componentes estructura-les que regulan su funcionamiento, estabilidad y capacidad re-presentativa. El primero es el armazón de fuerzas sociales, tanto dominantes como dominadas, que definen las características ad-ministrativas y la dirección general de las políticas públicas. Todo Estado es una síntesis política de la sociedad, pero jerarquizada en coaliciones de fuerzas que poseen una mayor capacidad de decisión (capital estatal-burocrático), y otras fuerzas, compuestas por grupos que tienen menores o escasas capacidades de influen-cia en la toma de decisiones de los grandes asuntos comunes. En ese sentido, los distintos tipos o formas estatales corresponden analíticamente a las distintas etapas históricas de regularidad es-tructural de la correlación de fuerzas, que siempre son resultado y cristalización temporal de un corto periodo de conflagración intensa, más o menos violento, de fuerzas sociales que disputan la reconfiguración de las posiciones y la toma de posición en el control del capital estatal.

En segundo lugar, está el sistema de instituciones, de normas y reglas de carácter público, mediante las cuales todas las fuerzas sociales logran coexistir, jerárquicamente, durante un periodo duradero de la vida política de un país. En el fondo, este sistema normativo de incentivos, de señales, prohibiciones y garantías sociales, que se objetiva por medio de instituciones, es una for-ma de materialización de la correlación de fuerzas fundacional, que dio lugar a un tipo de régimen estatal y que, a través de este marco institucional, se reproduce por medios legales.

Como tercer componente de un régimen de Estado, está el sistema de creencias movilizadoras. En términos estrictos, todo Estado, bajo cualquiera de sus formas históricas, es una estructura de categorías de percepción y de pensamientos comunes, capaces de conformar, entre sectores sociales gobernados y gobernantes, dominantes y dominados, un conformismo social y moral sobre

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el sentido del mundo que se materializa mediante los repertorios y ritualidades culturales del Estado.¹¹

Cuando estos tres componentes de la vida política de un país muestran vitalidad y un funcionamiento regular, hablamos de una correspondencia óptima entre régimen estatal y sociedad. Cuando alguno o todos estos factores se estancan, se diluyen o se quiebran de manera irremediable, estamos ante una crisis de Estado, manifiesta en el divorcio y antagonismo entre el mundo político, sus instituciones, y el flujo de acciones de las organiza-ciones civiles. Esto es precisamente lo que viene sucediendo en Bolivia desde hace tres años. Lo más llamativo de esta crisis es-tatal es que, a diferencia de las que cíclicamente se repiten cada quince o veinte años, la actual crisis de Estado presenta una doble dimensión. Parafraseando a Braudel, podemos decir que hoy se manifiesta la crisis de una estructura estatal de “larga duración” y otra de “corta duración”. La primera tiene que ver con un dete-rioro radical y un cuestionamiento de las certidumbres societales, institucionales y cognitivas que atraviesan de manera persistente los distintos ordenamientos estatales de la vida republicana, a las que llamaremos estructuras de invariancia estatal; mientras que la crisis de “corta duración” hace referencia al modo “neolibe-ral” o reciente de configuración del Estado, al que llamaremos estructuras estatales temporales que, pese a sus variadas formas históricas, utilizan, moldean y dejan en pie sistemas de poder que dan lugar a las estructuras invariantes. Veamos brevemente cómo se manifiesta esto.

1. La trama de las fuerzas sociales

Desde mediados de la década de los ochenta del siglo anterior, la constitución del armazón de fuerzas colectivas que dieron lugar al llamado Estado “neoliberal-patrimonial” contemporáneo, en Bolivia tuvo como punto de partida la derrota política y cultural

¹¹\ Gilbert Joseph y Daniel Nugent (comps.), Aspectos cotidianos de la formación del Estado, México, Era, 2002.

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del sindicalismo obrero articulado en torno a la Central Obre-ra Boliviana (cob),¹² que representaba la vigencia de múltiples prerrogativas plebeyas en la administración del excedente social y en la gestión del capital estatal (ciudadanía sindical, co-gestión obrera, etc.). Sobre esta disgregación del sindicalismo adherido al Estado se consolidó un bloque social, compuesto por fracciones empresariales vinculadas al mercado mundial, partidos políticos, inversionistas extranjeros y organismos internacionales de regu-lación, que ocuparon el escenario dominante de la definición de las políticas públicas.

Durante quince años, la toma de decisiones en gestión pública (reformas estructurales de primera y segunda generación, priva-tizaciones, descentralización, apertura de fronteras, legislación económica, reforma educativa, etc.) tuvo como único sujeto de decisión e iniciativa a estas fuerzas sociales, que reconfiguraron la organización económica y social del país bajo promesas de mo-dernización y globalización.

En la actualidad, esta composición de fuerzas se ha agrietado de manera acelerada. Por una parte, la desorganización y des-politización del tejido social, generadas por la inermidad de las clases subalternas y la garantía de la aristocratización del poder estatal durante quince años, ha sido revertida. Los bloqueos de abril-septiembre de 2000, julio de 2001 y junio de 2002 señalan una reconstitución regional de diversos movimientos sociales con capacidad de imponer, sobre la base de la fuerza de su moviliza-ción, políticas públicas, régimen de leyes y hasta modificaciones relevantes de la distribución del excedente social. Leyes como la 2029 y el anteproyecto de Ley de Aguas, que buscaban redefi-nir el uso y propiedad del recurso líquido, las adjudicaciones de empresas estatales a manos privadas, la aplicación del impuesto

¹²\ Organización de obreros de gran empresa de distintos ramos productivos, que durante décadas logró articular un amplio frente de clases trabajadoras de la ciudad y el campo. Después de los procesos de flexibilización laboral, cierre de empresas y privatización, implementados desde 1985, su base social de movili-zación se redujo a profesores, trabajadores de hospitales públicos, estudiantes universitarios y algunos gremios urbanos.

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al salario, etc., han sido anuladas o bien modificadas extra-par-lamentariamente por los bloqueos de los movimientos sociales y los levantamientos populares. Decretos presidenciales como el cierre del mercado de acopio de la coca o de interdicción en los Yungas han tenido que ser abolidos por el mismo motivo, mien-tras que artículos de las leyes financieras han sido cambiados en función de las demandas corporativas o nacionales de grupos sociales organizados (Confederación Sindical Única de Trabaja-dores Campesinos de Bolivia [csutcb],¹³ vendedores, jubilados, campesinos cocaleros, cooperativistas mineros, policías, etc.), mostrando la emergencia de bloques sociales compuestos que, al margen del parlamento, y ahora con apoyo en él, tienen la fuerza suficiente para frenar la implementación de políticas guberna-mentales, para cambiar leyes y para imponer, por métodos no parlamentarios, determinadas demandas y redistribuciones de los recursos públicos. Lo importante de estas fuerzas emergentes es que, por las características de su composición interna (plebeyas, indígenas) y de sus demandas aglutinadoras, son bloques sociales anteriormente excluidos de la toma de decisiones, que al tiempo que buscan autorrepresentarse, pretenden modificar sustancial-mente las relaciones económicas, por lo cual su reconocimiento como fuerza de acción colectiva pasa obligatoriamente por una transformación radical de la coalición social con capacidad de control del capital estatal y del uso de los bienes públicos, esto es, de la forma estatal dominante en las últimas décadas, que se sostuvo en estrategias de marginación e individuación de las cla-ses subalternas.

¹³\ Organización de comunidades indígenas y campesinas fundada en 1979. Par-tiendo de unas “células de base”, las comunidades indígenas, tiene niveles de articulación a nivel local, regional y nacional, con una gran capacidad de movi-lización, especialmente en las zonas de valles y altiplano, donde existe una cen-tenaria tradición organizativa indígena. Portador de un discurso de reivindica-ción nacional indígena, su actual dirigente máximo, Felipe Quispe, propugna la indianización de la sociedad boliviana y la necesidad de un gobierno dirigido por indígenas.

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Pero además, y esto es lo más notable de los actuales procesos de reconstitución de los movimientos sociales, las fuerzas de ac-ción colectiva más compactas, influyentes y dirigentes son indíge-nas, entendido esto como una comunidad cultural diferenciada y un proyecto político. A diferencia de lo que sucedió desde los años treinta del siglo XX, cuando los movimientos sociales fue-ron articulados en torno al sindicalismo obrero, portador de un ideario de mestizaje, y resultante de la modernización económi-ca de las elites empresariales, hoy los movimientos sociales con mayor poder de interpelación al ordenamiento político son de base social india, emergentes de las zonas agrarias, bloqueadas o marginadas de los procesos de modernización económica im-pulsados desde el Estado.

Los aimaras del altiplano, los cocaleros de los Yungas y el Cha-pare, los ayllus de Potosí y Sucre, y los indígenas del oriente han desplazado en el protagonismo social a los sindicatos obreros y organizaciones populares urbanas. Y, a pesar del carácter regional o local de sus acciones, comparten una misma matriz identitaria indígena, que interpela el núcleo invariante del Estado bolivia-no desde hace 178 años: su monoetnicidad. El Estado boliviano, en cualquiera de sus formas históricas, se ha caracterizado por el desconocimiento de los indios como sujetos colectivos con pre-rrogativas gubernamentales. Y el hecho de que hoy aparezcan los indios, de manera autónoma y como principal fuerza de presión demandante, pone en cuestión, precisamente, la cualidad estatal, heredada de la colonia, de concentrar la definición y control del capital estatal en bloques sociales culturalmente homogéneos y diferenciados de las distintas comunidades culturales indígenas que existieron antes de que hubiera Bolivia, y que, incluso ahora, siguen constituyendo la mayoría de la población.¹⁴

Por otra parte, la propia alianza de las elites económicas domi-nantes muestra claros signos de fatiga y conflicto interno, debido al estrechamiento de los marcos de apropiación del excedente

¹⁴\ 琀nstituto Nacional de Estadística (ine), Censo Nacional de Población y Vivienda 2001, La Paz, ine, 2002.

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económico, resultante de la crisis internacional y los límites fi-nancieros del Estado liberal (privatización de empresas públi-cas, externalización del excedente, erradicación de la hoja de coca, contracción de la masa tributaria por el incremento de la precariedad). En un ambiente marcado por el pesimismo a largo plazo, cada una de las fracciones del poder comienza a jalar para su lado, enfrentándose a las demás (reducción de las ganancias transferidas al Estado por las empresas capitalizadas, rechazo de las empresas petroleras y procesadoras de carburantes a modifi-car los precios de compra del petróleo, renegociación del precio del gas vendido a Brasil, rechazo al pago de impuestos a la tierra, etc.), resquebrajándose así la unidad de destino compartido que había garantizado, en la última década, la formación de la coali-ción social en el monopolio del capital estatal.

Pero además, en términos de los patrones de largo aliento o de invariabilidad epocal de las estructuras sociales, un elemen-to que está presente como telón de fondo de la crisis del bloque empresarial de poder y de la propia insurgencia de los actuales movimientos sociales, surgidos de los márgenes de la modernidad capitalista, es el carácter primario exportador¹⁵ y de enclave de la economía boliviana. El hecho de que la modernidad industrial se presente como pequeñas islas en un mar de fondo de informali-dad y economía campesina semimercantil, si bien puede derribar los costos salariales, limita la formación de un mercado interno capaz de diversificar la actividad empresarial de valor agregado, además de convertir en endémica su vulnerabilidad a las fluctua-ciones del precio mundial de materias primas, secularmente con tendencia a la baja. En ese sentido, se puede decir que la crisis estatal de “larga duración” es el correlato político de una crisis económica igualmente de “larga duración” de un patrón de acu-mulación primario exportador, incapaz de retener productiva-mente los excedentes y, por tanto, sin posibilidades de disponer

¹⁵\ José Valenzuela, ¿Qué es un patrón de acumulación?, México, Universidad Na-cional Autónoma de México (unam), 1990.

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internamente de volúmenes de riqueza necesarios para construir duraderos procesos de cohesión social y adscripción estatal.

No debe olvidarse que las construcciones nacionales moder-nas, como hechos de unificación cultural y política, se erigen so-bre procesos exitosos de retención y redistribución del excedente industrial-mercantil; de ahí que las propuestas de autonomía de-partamental de los Comités Cívicos, cíclicamente reivindicadas cada vez que hay una renta hidrocarburífera a disponer; o de autogobierno indígena, con la que distintos grupos sociales re-gionales cuestionan la configuración del bloque de poder estatal y el ordenamiento institucional, develan a su modo las fallas de un orden económico de larga data, que en lo últimos años sólo ha exacerbado sus componentes más elitistas, monoproductivos y externalizables en el mercado mundial.

2. Régimen de instituciones políticas

Durante los últimos dieciocho años, junto con la división de po-deres y la centralidad parlamentaria, los partidos políticos han adquirido mayor importancia en la organización de la institucio-nalidad gubernamental. Apoyados en el reconocimiento otorgado autoritariamente por el Estado, pues por sí mismos nunca fueron relevantes, los partidos han pretendido sustituir el antiguo régi-men de mediación política desempeñado por los sindicatos, que recogía la herencia colectivista de las sociedades tradicionales con el moderno corporativismo del obrero de oficio de gran empresa. Sistema de partidos, elecciones y democracia representativa son hoy los mecanismos por medio de los cuales se ha definido pres-criptivamente el ejercicio de las facultades ciudadanas.

Sin embargo, está claro que los partidos no han logrado con-vertirse en mecanismos de mediación política, esto es, en vehícu-los de canalización de las demandas de la sociedad hacia el Esta-do. Las investigaciones sobre el funcionamiento de los partidos, y las propias denuncias de la opinión pública, muestran que ellos son, ante todo, redes familiares y empresariales mediante las cua-les se compite por el acceso a la administración estatal, como si

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se tratara de un bien patrimonial, y en los que los modos de vin-culación con la masa votante están organizados básicamente en torno a vínculos clientelistas y de prebendas.¹⁶

De esta manera, destruida la ciudadanía sindical del Estado nacionalista, pero apenas asomada una nueva ciudadanía política moderna de tipo partidario y electivo, la sociedad ha empezado a crear o a retomar otras formas de mediación política, otras ins-tituciones de ejercicio de representación, organización y movili-zación política, al margen de los partidos. Éstos son los nuevos, y viejos, movimientos sociales, con sus tecnologías de deliberación, del asambleísmo, cabildeo y acción corporativa, y de ahí que se pueda afirmar que, en términos de sistemas institucionales, hoy en Bolivia existen dos campos políticos. En regiones como el Cha-pare, Yungas y Norte de Potosí, la institucionalidad de comuni-dades se halla superpuesta no sólo a la organización partidaria, sino también a la propia institucionalidad estatal, en la medida en que alcaldes, corregidores y subprefectos están subordinados de facto a las federaciones campesinas. En el caso del altiplano norte, varias subprefecturas y puestos policiales provinciales han desaparecido en los últimos tres años, debido a las movilizaciones; en capitales provinciales se han creado “policías comunitarias”, que resguardan el orden público en nombre de la Federaciones Campesinas y, de manera recurrente, cada vez que hay un nuevo bloqueo, cientos de comunidades altiplánicas erigen lo que ellas denominan el Gran Cuartel Indígena de Q’alachaca, que es una especie de confederación circunstancial de ayllus y comunidades en estado de militarización.

Ciertamente, todo ello tiene que ver con lo que alguna vez Re-né Zavaleta denominó el “Estado aparente”, en el sentido en que por la diversidad societal o civilizatoria del país, amplios territo-rios y numerosas poblaciones de lo que hoy denominamos Bolivia son portadores de formas de producir que no han interiorizado,

¹⁶\ Patricia Chávez, “Los límites estructurales de los partidos de poder como estruc-turas de mediación democrática: Acción Democrática Nacionalista”, Tesis de Licenciatura, Universidad Mayor de San Andrés (umsa), Carrera de Sociología, 2000.

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como hábito y reforma técnica de los procesos laborales, la ra-cionalidad capitalista, tienen otra temporalidad de las cosas, po-seen otros sistemas de autoridad y de lo público, enarbolan fines y valores colectivos diferenciados a los que el Estado oferta como concepción del mundo y destino.¹⁷ Esto, que es una constante de la historia de los distintos estados bolivianos, hoy atraviesa pro-cesos de autounificación institucional creciente, tanto coercitivos como simbólicos, bajo la forma de nacionalismos e identidades étnicas, que están dando lugar a una dualización de los sistemas políticos y principios de autoridad, en algunos casos de manera permanente (territorios agrario-indígenas politizados) y en otros, esporádicos (zonas urbanas de Cochabamba, La Paz y El Alto).

Resulta entonces que el Estado neoliberal ha comenzado a tener frente a él órdenes institucionales fragmentados y regio-nales que le arrebatan el principio de autoridad gubernativa y la lógica de acción política; pero, simultáneamente, esta otra ins-titucionalidad, en la medida en que está anclada en los saberes colectivos de aquella parte del mundo indígena ubicado al mar-gen de la subsunción real o, si se prefiere, del capitalismo como racionalidad técnica, es una institucionalidad basada en normas, procedimientos y culturas políticas tradicionales, corporativas no-liberales, que está poniendo en entredicho la centenaria simu-lación histórica de una modernidad y liberalidad política estatal de texto e institución, que ni siquiera es acatada por las elites proponentes que, pese a todo, no han abandonado jamás el viejo método de la política señorial y patrimonial. La corrupción ge-neralizada en el aparato de Estado, que hoy ha llegado a afectar la propia legitimidad gubernamental, no es más que la represen-tación modernizada del antiguo hábito prebendal y patrimonial con el que las elites en el poder asumen, entienden y producen la función estatal.

La cultura política liberal y las instituciones liberales, que hoy en día son rebasadas por los movimientos sociales, y dejadas de

¹⁷\ Luis Tapia, La condición multisocietal, La Paz, Postgrado en Ciencias del Desa-rrollo (cides), umsa y Muela del Diablo, 2002.

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lado en el comportamiento real de las elites en el poder, son un sistema de valores y procedimientos que presuponen la indivi-duación de la sociedad, esto es, la disolución de las fidelidades tradicionales, las relaciones señoriales y los sistemas productivos no-industriales, cosa que en Bolivia apenas acontece, en el mejor de los casos, con un tercio de la población. Sin embargo, pese a este “abigarramiento” de una sociedad que, estructural y mayo-ritariamente, no es industrial ni individuada, el Estado, en todas sus formas republicanas, incluso la “neoliberal”, en un tipo de esquizofrenia política, ha construido regímenes normativos libe-rales, instituciones modernas que no corresponden, sino como superposición hipostasiada, a la lógica real de la dinámica social. De ahí que la institucionalidad generalizada de los movimientos sociales indígenas y plebeyos, que privilegian la “acción normati-va” sobre la “acción comunicativa”,¹⁸ cuestione la validez de una institucionalidad estatal republicana que aparenta modernidad en una sociedad que carece, e incluso está privada, de las bases estructurales y materiales de esa modernidad imaginada.

Por último, otro momento paradigmático de este eclipse ins-titucional del Estado “neoliberal”, y potencialmente repetible a mayor escala, ha acontecido recientemente, cuando las institucio-nes armadas del Estado, que son su núcleo sustancial y final, se han enfrentado en las inmediaciones de la casa de gobierno. Con ello, no sólo se ha derrumbado la estructura de mandos y fideli-dades que da continuidad y verificabilidad al espíritu de Estado, no sólo se ha disuelto el principio de cohesión y unicidad estatal, que es algo como el instinto de preservación básico de cualquier Estado, sino que además no se ha podido ejercer el mandato fis-cal que, según Elias, es el monopolio que sostiene el monopolio de la violencia, y ambos, al Estado.

¹⁸\ Jürgen Habermas, Teoría de la acción comunicativa. Tomo II, Barcelona, Taurus, 1992.

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3. Matriz de creencias sociales movilizadoras

Por más de una década y media, los “dispositivos de verdad”, que articulaban expectativas, certidumbres y adherencias prácticas de importantes sectores de la población, fueron las ofertas de li-bre mercado, privatización, gobernabilidad y democracia liberal representativa. Todas estas propuestas fueron ilusiones bien fun-dadas, pues si bien en verdad nunca lograron materializarse de manera sustancial, permitieron realinear el sentido de la acción y las creencias de una sociedad que imaginó que, por medio de ello, y los sacrificios que requería, se iba a lograr el bienestar, la modernidad y el reconocimiento social. Clases altas, clases medias y subalternas urbanas, estas últimas vaciadas de las expectativas y adherencias al Estado protector y al sindicato por centro de tra-bajo, creyeron ver en esta oferta de modernización una nueva vía de estabilidad y ascenso social, dando lugar así a un nuevo espacio de apetencias, grandezas y competencias individuales considera-das como legítimas. Hoy, a quince años de esta apuesta colectiva, y frente a una creciente brecha entre expectativas imaginadas y realidades obtenidas, se ha generado una población defraudada y en proceso de divorcio social con respecto a la emisión estatal, que está empujando a un pesimismo social, en unos casos; en otros, a una atracción por diferentes convicciones emitidas al margen del Estado, o que desconocen abiertamente una buena parte del régimen de rutinas y rituales de la dominación estatal.

La modernidad anunciada se ha traducido en el regreso a formas de extracción de plusvalía absoluta, y a un incremento de la informalidad laboral, del 55% al 68% en veinte años. La promesa de ascenso social sólo ha producido una mayor concen-tración de la riqueza y una reactualización de la discriminación étnica en los capitales legítimos para el ascenso a los espacios de poder. La privatización, lejos de ampliar el mercado interno, se ha convertido en la pérdida del mayor excedente económico de los últimos cincuenta años (los hidrocarburos) y la extranjeriza-ción acelerada de los débiles ahorros sociales.

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El sistema de convicciones y esquemas mentales que permi-tió que gobernantes y gobernados se articularan muestra hoy un acelerado proceso de agotamiento, por la imposibilidad material de mostrarse verificable, dando lugar nuevamente a un estado de disponibilidad cultural de la población hacia nuevas fidelida-des y creencias movilizadoras. De hecho, nuevos discursos, que han contribuido a la erosión de las certidumbres estatales, hoy comienzan a hallar receptividad en amplios grupos sociales, que empiezan a utilizar esas propuestas como ideas-fuerza, esto es, como creencias en torno a las cuales están dispuestos a entregar tiempo, esfuerzo y trabajo para su materialización y que, como en zonas del altiplano aimara, comienzan a promover modos de escenificación y ritualización alternativos de poder y mando (sustitución de banderas bolivianas por wiphalas¹⁹ indígenas, el chicote y bastón de mando en vez del escudo como símbolos de poder, etcétera).

Entre las nuevas ideas-fuerza con carácter expansivo, que comienzan a aglutinar a sectores sociales, está la reivindicación nacional-étnica del mundo indígena, que ha permitido el avance de un tipo de nacionalismo indígena en el sector aimara del alti-plano, y la constitución de una izquierda electoralmente exitosa a la cabeza de caudillos indios en las pasadas elecciones generales. Otras propuestas, como la recuperación estatal de los recursos públicos privatizados, y la ampliación de la participación social y la democracia a través del reconocimiento de prácticas políticas no liberales de corte corporativo, asamblearios y tradicionales (comunidad indígena, sindicato, etc.), son convicciones que es-tán desplazando las fidelidades liberales y privatizadoras emitidas por el Estado.

Se puede decir que el Estado ha perdido el monopolio del ca-pital de reconocimiento y hoy, al menos por un tiempo, estamos atravesando un periodo de transición de las estructuras cognitivas con efecto de adherencia y movilización de masa. Lo notable de

¹⁹\ Banderas indígenas con 49 cuadrados de colores, aunque no es precisa la fecha de su creación, su uso político remite a los años setenta del siglo XX (N. del E.).

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esta mutación cognitiva es que una parte de las nuevas creencias articuladoras de las convicciones sociales, a la vez que se enfren-tan con los discursos de modernidad neoliberal, afectan también las certidumbres últimas y primarias del ideario republicano del Estado, como la creencia de una desigualdad sustancial entre indígenas y mestizos, o el convencimiento de que los indios no están capacitados para gobernar el país. El que los indios, acos-tumbrados a entregar su voto a los mistis (mestizos), en 2002 ha-yan votado ampliamente por indios, que los líderes sociales sean indígenas o que las nuevas izquierdas estén acaudilladas ahora por indios, habla ciertamente de un cataclismo de las estructuras simbólicas de una sociedad profundamente colonial y racializa-da en su manera de significar y ordenar mentalmente el mundo.

En conjunto, está claro que en Bolivia los tres pilares de la estructura estatal “neoliberal”, y en general estatal republicana, muestran un deterioro creciente, y es esta sobreposición de crisis estatales lo que ayuda a explicar la radicalidad de la conflictividad política, pero también su complejidad y su irresolución, en térmi-nos de construcción de hegemonía urbana, por parte de las fuer-zas sociales indígenas, en la medida en que es allí donde lo indíge-na encuentra mayores espacios de hibridismo o disolución frente a la constitución, no exenta de ambigüedades y contramarchas, de una identidad cultural mestiza, tanto de elite como popular.

Con todo, es sabido que las crisis estatales no pueden durar mucho, porque no hay sociedad que soporte largos periodos de incertidumbre y vacío de articulación política. Más temprano que tarde, habrá una recomposición duradera de fuerzas, creencias e instituciones, que abrirán un nuevo periodo de estabilidad esta-tal. La pregunta que queda pendiente es si esta mutación estatal vendrá por un incremento del autoritarismo de las fracciones en el poder, con lo que entraríamos a algo así como un “Estado neo-liberal autoritario” como nueva fase estatal, que tal vez podría sobreponerse a la crisis de “corta duración”, pero no así a la de “larga duración”, con lo que los problemas volverían a manifes-tarse en un tiempo breve; o si, por el contrario, habrá una apertura de nuevos espacios de ejercicio de derechos democráticos (Esta-

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do multicultural, institucionalidad combinada entre liberalismo y comunitarismo indígena) y redistribución económica (papel productivo del Estado, autogestión, etc.), capaces de afrontar, mediante la ampliación de los sujetos y la institucionalidad es-tatal, las dos dimensiones de la crisis. En este último caso, los hechos políticos parecen haberse engarzado de tal manera, que una resolución democrática de la crisis estatal neoliberal pasa inevitablemente por una simultánea resolución multicultural de la crisis de la colonialidad del Estado republicano.

Los clivajes étnico-clasistas de la crisis estatal

Fue Zavaleta quien afirmó que las hegemonías también se cansan, que es lo mismo que decir que hay momentos en que el Estado deja de ser irresistible, y que la masa se separa de los marcos cog-nitivos que la llevaron a desear su realidad, tal como las elites de poder organizaban la subalternidad de la plebe, abriendo así un periodo de crisis de Estado, pues no hay Estado que se precie de tal, que no garantice su perdurabilidad, basada en la concordan-cia moral entre las estrategias de reproducción de las elites go-bernantes y las apetencias y tolerancias de los subalternos. Esto significa que el Estado es, ante todo, una maquinaria de produc-ción de ideología, de esquemas simbólicos de legitimación de los monopolios del poder. La coerción detentada por el Estado es, por tanto, sólo la ultima ratio de todo poder político pero, aun para serlo, debe sostenerse en la legitimidad y unicidad de su propia fuerza, cosa que precisamente se quebró en febrero de 2003, cuando policías y militares se mataban en los alrededores de la plaza Murillo, a raíz de un motín policial que rechazaba el incremento de impuestos a los asalariados.

Sin embargo, la sublevación de octubre de 2003 ha sido la ex-presión máxima de la disidencia de la plebe respecto al Estado “neoliberal-patrimonial” y, por tanto, del agotamiento de esta forma estatal, al menos con las características con las que la cono-cimos hasta ahora. Si toda crisis estatal por lo general recorre cua-tro etapas (manifestación de la crisis, transición o caos sistémico,

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surgimiento conflictivo de un nuevo principio de orden estatal, consolidación del Estado), octubre —con sus cientos de miles de indios y plebe urbana sublevados en las ciudades de La Paz y El Alto, que culminó con la huida del presidente de la república Gonzalo Sánchez de Lozada— ha marcado ineludiblemente el ingreso a la etapa de la transición.

La sucesión constitucional, más que un apego al parlamenta-rismo, fue el apego popular al viejo prejuicio de la personalización del poder, que consuetudinariamente hace creer a las plebes in-surrectas que el cambio de personas es ya un cambio del régimen del poder; pero también hubo una especie de lucidez histórica respecto a las consecuencias posteriores que supondría, en la ac-tual correlación de fuerzas, el cierre de la institucionalidad liberal.

Con todo, si algo supo la gente sublevada en octubre fue su disidencia irreversible del sistema de creencias hegemónicas del Estado neoliberal. Sin embargo, así como no hay dominación es-tatal legítima sin el consenso de los dominados (lo que en Bolivia se viene erosionando desde los bloqueos de 2000), tampoco hay disidencia exitosa sin la capacidad de postular un orden estatal alterno, que es precisamente lo que los insurrectos experimenta-ron detrás de cada barricada, que fue capaz de paralizar al Estado, pero sin ser ellas mismas un proyecto de poder alterno y legítimo. De ahí esta tregua ambigua y confusa, en la que un comunicador ilustrado de las viejas elites canaliza el programa mínimo de los sublevados (renuncia de Sánchez de Lozada, Asamblea Constitu-yente, nueva ley de hidrocarburos), a la vez que deja en pie toda la maquinaria gubernamental de la reforma neoliberal (capitali-zación, superintendencia, flexibilización laboral).

Época revolucionaria

Fue Marx quien propuso el concepto de “época revolucionaria”²⁰ para entender los extraordinarios periodos históricos de ver-

²⁰\ Karl Marx y Friedrich Engels, Sobre la revolución de 1848-1849, Moscú, Pro-greso, 1981.

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tiginosos cambios políticos, de abruptas modificaciones de las posiciones y del poder de las fuerzas sociales, de reiteradas crisis estatales, de recomposición de las clases, de las identidades colec-tivas, de sus alianzas y de sus fuerzas políticas promovidas por las reiteradas oleadas de sublevación social; por flujos y reflujos de insurgencias sociales, separadas por periodos de relativa estabili-dad, pero que a cada paso cuestionan u obligan a modificar, par-cial o totalmente, la estructura general de la dominación política.

Una época revolucionaria se caracteriza por ser un periodo relativamente largo, de varios meses o años, de intensa actividad política en la que: a) sectores, bloques o clases sociales, ante-riormente apáticos o tolerantes con los gobernantes, se lanzan a desafiar a la autoridad abiertamente y a reclamar derechos o peticiones colectivas, mediante acciones de movilización directa (Coordinadora del Agua y el Gas, csutcb, indígenas, vecinos, cocaleros, regantes, etc.); b) una parte, o la totalidad, de estos sectores movilizados se plantean activamente la necesidad de ha-cerse con el poder del Estado (Movimiento al Socialismo (mas),²¹ csutcb, cob); c) surge un apoyo y adhesión a esas propuestas por parte de sectores importantes de la ciudadanía (cientos de miles de movilizados en la guerra del agua, en contra del impuestazo, en la guerra del gas, en las elecciones apoyando candidaturas indias), con lo que la separación entre gobernantes, que toman decisiones, y gobernados, que acatan esas decisiones, comienza a disolverse, por la creciente participación de la masa en asuntos políticos; y d) incapacidad por parte de los gobernantes de neu-tralizar esas aspiraciones políticas, con la consiguiente polariza-ción del país en varias “soberanías múltiples”,²² que fragmentan

²¹\ Organización política liderada por el dirigente indígena-campesino Evo Morales. Más que un partido, en sentido estricto es una coalición electoral de múltiples movimientos sociales urbano-rurales que, con base en la decisión de asambleas de comunidades y sindicatos, pudo introducir un elevado número de diputados en el parlamento, convirtiéndose en la segunda fuerza electoral del país desde julio de 2002.

²²\ Charles Tilly, Las revoluciones europeas. 1492-1992, Barcelona, Crítica, 2000.

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la sociedad (el famoso principio de “autoridad” extraviado, hasta hoy, en abril de 2000).

En las épocas revolucionarias, la sociedades se fragmentan en coaliciones de bloques sociales poseedores de propuestas, dis-cursos, liderazgos y programas de poder político antagónicos e incompatibles entre sí, dando lugar a “ciclos de protesta”²³ u oleadas de movilizaciones, seguidas de repliegues y momentos de retroceso y estabilidad, en las que los movilizados muestran la debilidad de los gobernantes (de Hugo Banzer, en abril, octubre de 2000 y junio de 2001; de Jorge Quiroga en enero de 2002; de Gonzalo Sánchez de Lozada, en febrero y octubre de 2003), inci-tan o “contagian”²⁴ a otros sectores a utilizar la movilización como mecanismo exitoso de demanda (maestros, jubilados, sin tierra, “generación sándwich”, universidades), y afectan los intereses de determinados sectores del bloque gobernante, con el consi-guiente desequilibrio de la estructura de poder, lo que dará lugar a acciones de respuesta de los afectados (la llamada “media luna” empresarial-cívico-política del oriente del país), y luego, enton-ces, a otra oleada de movilización, generando así un proceso de inestabilidad y turbulencia política que se alimenta de sí misma.

No toda época revolucionaria culmina con una revolución, en-tendida ésta como un cambio por la fuerza del poder del Estado, que tendría que venir precedida, entonces, de una situación revo-lucionaria o insurreccional. Hay épocas revolucionarias que tam-bién pueden dar lugar a una restauración por la fuerza política del viejo régimen (golpe de Estado), o a una modificación negociada y pacífica del régimen político, mediante la incorporación parcial (reformismo moderado) o sustancial (reformismo radical) de los insurgentes y sus propuestas de cambio en el bloque de poder.

Una época revolucionaria es precisamente lo que caracteriza la actual situación política en Bolivia. Desde el año 2000, hay una

²³\ Sidney Tarrow, El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción co-lectiva y la política, Madrid, Alianza Universidad, 1997.

²⁴\ Anthony Oberschall, Social Movements: Ideologies, interests and identities, New Brunswick, Transaction, 1993.

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creciente incorporación de sectores sociales en la deliberación y decisión política (agua, tierra, gas, Constituyente), mediante sus organizaciones de base sindical, comunal, vecinal o gremial; hay un continuo debilitamiento de la autoridad gubernamental y fragmentación de la soberanía estatal y, por supuesto, hay una ascendente polarización del país en dos bloques sociales porta-dores de proyectos de economía y Estado radicalmente distintos y enfrentados.

En uno de los polos políticos se encuentra el núcleo funda-mental de la fuerza de acción colectiva con efecto estatal, y los que posen claramente un proyecto de país diferenciado de todo lo que hasta ahora existe, y es el movimiento indígena, en su vertien-te rural-campesina y obrero-urbana, con lo que el componente étnico-nacional, regional y de clase está claramente delimitado. En conjunto, este polo tiene una propuesta de economía centrada en el mercado interno, tomando como eje la comunidad campe-sina, la actividad artesanal, familiar y microempresarial urbana, en un papel revitalizado del Estado como productor e industria-lizador, y en un protagonismo de los indígenas en la conducción del nuevo Estado.

Por su parte, en el otro polo ordenador del campo político, se encuentra el sector que posee una clara imagen de lo que debe ser el país en términos de vinculación a los mercados externos, del papel de la inversión extranjera, de subordinación del Estado a los negocios privados y de preservación, o restauración, del viejo orden que los ha encumbrado (igualmente su viabilidad es tema de otro debate), y es el empresariado agro-exportador, financiero y de las petroleras, que posee el papel más dinámico, moderni-zador y ascendente de la actividad económica nacional. Pero, a la vez, se trata de sectores que, al tiempo que han creado un dis-curso abiertamente racializado, están anclados en la zona oriental y sur-oriental del país, lugares que precisamente no alcanzan la irradiación organizativa del polo de los movimientos sociales, a pesar de la existencia de ciertas estructuras de acción colectiva.

Esto significa que la polaridad política tiene tres componen-tes simultáneos que le dan cuerpo: tiene una base étnico-cultural

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(indígenas/q’aras-gringos), una base clasista (trabajadores/empre-sarios), y regional (occidente/media luna). En el caso del polo de “izquierdas”, la identidad movilizadora es predominantemente étnico-cultural (lo nacional-indígena), en torno a lo cual la iden-tidad propiamente obrera o bien queda disuelta (en un tipo no-vedoso de obrerismo indígena), o bien complementa secundaria-mente su liderazgo (cob, fabriles, Cooperativistas). En el caso de la polaridad de “derechas”, la identidad movilizadora y discursiva es de corte regional, de ahí la importancia de los comités cívicos en la articulación de estas fuerzas conservadoras.

Esto está llevando a una disociación entre poderío económi-co en “Oriente”, y poderío político de los movimientos sociales en “Occidente” y, con ello, a una apertura de las tijeras de la es-tabilidad, pues los componentes del poder se hallan repartidos en dos zonas distintas, en dos regiones distintas, sin posibilidad inmediata de que una logre derrotar o desplazar a la otra de la posición que ocupa. El poder económico ascendente, pese a sus problemas, se ha desplazado de occidente a oriente (inversión extranjera en hidrocarburos, servicios, agroindustria), pero el poder sociopolítico de movilización se ha reforzado en occiden-te, dando lugar a una nueva incertidumbre geográfica del poder estatal en los siguientes años. Lo interesante de esto, que podría-mos llamar la paradoja de octubre, es que esta separación regional simultáneamente expresa una separación y una confrontación étnicas y de clases nítidamente diferenciadas: empresarios en oriente (Departamento de Santa Cruz, Beni, Tarija) con poder económico, e indígenas y sectores plebeyos de occidente (La Paz, Cochabamba, Potosí, Oruro) con poder político, ambos acechando a un Estado, a una burocracia y a una correlación de fuerzas políticas gubernamentales, que territorial, social y cultu-ralmente no expresan de manera óptima la nueva configuración económica, geográfica, clasista y política de la sociedad bolivia-na. Ciertamente hay empresarios, indígenas, mestizos, obreros y campesinos en todo el territorio del país, pero los discursos y las identidades ascendentes y articuladoras de la región tienen estas

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calidades diferenciadas por procedencia de clase, adscripción étnica y enraizamiento territorial.

En conjunto, el mapa de la correlación de fuerzas sociopolí-ticas del país muestra un campo político polarizado en extremo, con tendencias hacia salidas de fuerza, tanto golpistas (Movimien-to Nacionalista Revolucionario (mnr))²⁵ como insurreccionales (csutcb y cob), y hacia salidas electorales, tanto restauradoras del viejo régimen (Acción Democrática Nacionalista (adn)),²⁶ como de transformación progresiva del mismo (mas). En cualquiera de los casos, ninguna de las fuerzas y tendencias de los polos extre-mos, o de las salidas moderadas, ha logrado articular a un bloque mayoritario al resto de los componentes, y mucho menos de otros segmentos ciudadanos, que si bien no aparecen como fuerzas or-ganizadas y visibles, son indispensables para producir liderazgo social con capacidad de impacto y poder estatal duradero. Desde el punto de vista de los movimientos sociales y de sus perspectivas de transformación indígena-plebeya de las estructuras de poder, está claro que ellos están impulsando dos alternativas: un camino de cambios graduales, institucionales por vía electoral, a la cabeza de una candidatura de Evo Morales, y una vía insurreccional de retransformación revolucionaria del Estado.

En el primer caso, se requeriría articular en torno a Morales, y con un consenso amplio y negociado con los otros líderes y movimientos sociales, sin cuyo apoyo el triunfo de Morales sería imposible, un bloque social electoral, tanto para las elecciones municipales, como para la Constituyente y para las generales, adelantadas o en 2007, de la totalidad de estos movimientos con fuerza política real, a fin de generar un polo popular e indígena su-ficientemente fuerte, compacto, unificado, que haga creíble ante el electorado un gobierno con capacidad de mando, con amplio respaldo social y con propuestas de cambio lo suficientemente

²⁵\ Partido político que promovió la revolución de 1952 y que en los años ochenta fomentó las reformas liberales guiadas por el llamado Consenso de Washington.

²⁶\ Partido fundado, en el momento de su caída, por el dictador Hugo Banzer, y que lo llevó a participar exitosamente en las sucesivas elecciones y acceder a la presidencia de la república en el periodo 1997-2002.

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consistentes como para atraer a aquellos segmentos urbanos, de clase media, populares ascendentes, e incluso empresariales vin-culados al mercado interno, que por hoy son reacios a aceptar una salida gubernamental de corte indígena y que, de hecho, de no contar con su apoyo, tornaría inviable un triunfo electoral y la gobernabilidad de un candidato indígena.

Sin embargo, en cualquiera de ambas vías, que no necesaria-mente son antagónicas sino que pueden resultar complementa-rias, el polo indígena-plebeyo debe consolidar una capacidad hegemónica (Gramsci), entendida ésta como liderazgo intelec-tual y moral sobre las mayorías sociales del país. No habrá triunfo electoral o insurrección victoriosa sin un amplio y paciente traba-jo de unificación de los movimientos sociales, y una irradiación práctica, ideológica, que materialice un liderazgo político, moral, cultural, organizativo del polo indígena-popular sobre la mayoría de las capas populares y medias de la sociedad boliviana.

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LA LUCHA POR EL PODER EN BOLIVIA¹

Crisis estatal, renovación de elites y ampliación de derechos

Bolivia está viviendo los momentos de mayor intensidad de lu-cha sociopolítica que hayamos visto, al menos en los últimos cin-cuenta años, y quizás en los últimos cien años. Estamos ante un escenario de lucha generalizada y ampliada por la reconfiguración del poder económico, del poder político y del poder cultural. A este escenario tan conflictivo se lo puede caracterizar como una época de crisis estatal general. ¿Cuáles son los síntomas de esta crisis estatal?

Crisis del modelo económico

Un elemento estructural que sostiene, y ha dado lugar, a esta crisis política es la visibilización de los límites del modelo de crecimien-to económico aplicado desde hace veinte años. Como sabemos, desde hace dos décadas, las elites políticas y económicas del país adoptaron un proyecto de modernización económica, de amplia-ción del empleo y ascenso social a través de la reducción del papel

¹\ Texto extraído de Álvaro García Linera, “La lucha por el poder en Bolivia”, en

Horizontes y límites del Estado y el poder, La Paz, Muela del Diablo, 2005.

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productivo del Estado, la privatización de las empresas públicas y la apertura de los mercados. Se dijo que con ello el país iba a crecer el 10% anualmente, que iba a mejorar el bienestar social, y se iban a crear centenares de miles de fuentes de empleo.

A veinte años de estas reformas, los resultados son literalmente catastróficos en términos de efectos económicos y sociales. La tasa de crecimiento del producto interno bruto (pib), desde la capitali-zación a la fecha, es sorprendentemente modesta: en 1997, 4,9%; en 1998, 5 %; en 1999, 0,4%; en 2000, 2,2%; en 2001, 1,5%; en 2002, 2,7% y en 2003, 2,4%. Esto da un promedio de 2,7% de crecimiento anual del pib en estos siete años.² Si a ello le restamos la tasa de crecimiento demográfico del 2,2% anual,³ en realidad la economía ha crecido en promedio un 0,5% anual en los últi-mos años. Si comparamos estas cifras con la oferta que se hizo en el momento de la capitalización, de un crecimiento del 10% anual, está claro que, desde el punto de vista de las expectativas ofrecidas, el proceso de capitalización es un fracaso económico.

En términos comparativos, entre 1991 y 2002, en momentos de libre mercado e inversión extranjera, la economía ha crecido en promedio el 3,1% anual, muy lejos del récord histórico de crecimiento promedio anual del 5,6% entre los años 1961-1977,⁴ cuando prevalecía el Estado productor. En los siguientes años, estas cifras pueden ser aún menores, si, como viene sucediendo, estamos asistiendo a un declive estructural de la inversión extran-jera en el país, que de 1.026 millones de dólares en 1998 bajó a 832 millones en 2000,⁵ cayendo a 160 millones en el año 2003.⁶

Si bien en los últimos dos años la tasa de crecimiento nueva-mente busca mantenerse más allá del 3,5%, y se ha experimenta-

²\ Muller y Asociados, Estadísticas socio-económicas, La Paz, Muller y Asociados, 2004.

³\ 琀nstituto Nacional de Estadística (ine), Banco de datos, 2004.

⁴\ Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud), Informe nacional de desarrollo humano 2004, La Paz, pnud, 2004.

⁵\ ine, Inversión extranjera directa 1996-2002, La Paz, ine, 2003.

⁶\ “Datos entregados por el Banco Central de Bolivia”, en La Razón, 28 de abril de 2004.

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do un notable crecimiento de las exportaciones (2.100 millones de dólares en 2004), éstas se sostienen básicamente en la amplia-ción de la actividad hidrocarburífera⁷ que, al menos hasta junio de 2005, está en manos de inversionistas extranjeros que exter-nalizan fuera del país el excedente gasífero.

En términos de estrategia de desarrollo, el modelo de priva-tización-capitalización de las empresas públicas, iniciado desde 1989, tenía por objeto atraer inversión externa capaz de mejorar la productividad empresarial, elevar los ingresos del Estado, ampliar la base moderna de la economía boliviana y generar bienestar so-cial, que es en el fondo la intención de cualquier política pública.

Sin embargo, en la última década y media la informalidad ha crecido del 58% al 68%,⁸ mientras que siete de cada diez em-pleos son de baja calidad, con tecnología artesanal y relaciones semiasalariadas.

En el mundo asalariado, por su parte, según el propio minis-tro de Desarrollo Económico, Gorst Grebe, ocho de cada diez empleos son precarios, insatisfactorios y mal remunerados.⁹ Se puede decir que en las últimas décadas Bolivia ha tenido una invo-lución económica, por el creciente proceso de desasalariamiento de su actividad laboral.

Todo esto está dando lugar a una intensificación de la duali-zación catastrófica de la estructura económica del país. Por una parte, las empresas grandes y con relaciones de trabajo asalariado sólo emplean al 7% de la población trabajadora; las pequeñas y medianas empresas lo hacen con el 10%, en tanto que la empresa familiar, bajo relaciones de trabajo tradicionales, emplea a poco más del 80% de la población ocupada. De manera inversa, son

⁷\ Nueva Economía, 27 de febrero de 2005.

⁸\ Carlos Arze, “Empleo y relaciones laborales”, en Bolivia hacia el siglo XXI, La Paz, Postgrado en Ciencias del Desarrollo (cides), Universidad Mayor de San Andrés (umsa), Coordinadora Nacional de Redes (cnr), Academia Nacional de Ciencias (anc), Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (cedla), y pnud, 1999.

⁹\ La Prensa, 7 de julio de 2004.

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las grandes empresas quienes generan el 65% del pib, mientras que la economía familiar produce apenas el 25% del pnb.¹⁰

En lo que se refiere a la tasa de desempleo, éste se ha incre-mentado del 3% en 1994 al 8,5% en 2001¹¹ y, según el cedla, en 2003 se habría llegado al 13%,¹² lo que representa un índice de desempleo mayor al de los momentos de la crisis económica y el quiebre productivo de los años ochenta. Y en lo que respecta al aporte de las empresas capitalizadas al empleo, éstas emplean hoy a cerca de 6.100 personas,¹³ 5.000 trabajadores menos que las 11.100 personas que trabajaban antes de la capitalización.¹⁴ En cuanto a los ingresos laborales, pese a los supuestos 2.700 millones de inversión de las empresas capitalizadas y a los 7.300 millones de toda la inversión extranjera directa (ied) —según los economistas neoliberales—, el ingreso promedio del boliviano en 2002 es de alrededor de los 1.100 dólares, similar al de 1982 y menor al de 1978, cuando se llegó a los 1.250 dólares.¹⁵ En lo que se refiere a los últimos años, los cálculos del ine muestran una contracción del 13,5% del promedio de los ingresos de los bolivianos entre 1999 y 2003.¹⁶

En términos de la reducción de las desigualdades sociales, las reformas y el modelo de desarrollo privatizador han tenido un efecto contrario. Según el Banco Mundial, en Bolivia, en la últi-ma década se ha dado un constante crecimiento de la diferencia entre los ingresos del sector más rico respecto a aquellos del sec-tor más pobre. Mientras que en América Latina el promedio de la diferencia es de 1 a 30, en Bolivia es de 1 a 90, y en el campo

¹⁰\ Nueva Economía, 28 de diciembre de 2004.

¹¹\ pnud, Informe nacional de desarrollo humano 2004, op. cit.

¹²\ 琀fraín Huanca, Economía boliviana: evaluación del 2003 y perspectivas para el 2004, La Paz, cedla, 2004.

¹³\ Alejandro Mercado, Capitalización y empleo, La Paz, Fundación Milenio, 2002.

¹⁴\ José Valdivia, “La capitalización”, en Juan Carlos Chávez (ed.), Las reformas estructurales en Bolivia, La Paz, Fundación Milenio, 1998.

¹⁵\ pnud, Informe nacional de desarrollo humano 2004, op. cit. ¹⁶\ ine, Síntesis estadística de Bolivia, La Paz, ine, 2004.

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llega a 1 a 170, lo que nos hace uno de los países con mayor des-igualdad del mundo.¹⁷

Ciertamente, una parte de estas cifras deplorables del desem-peño de la economía nacional tiene condicionantes estructurales, que vienen desde hace décadas e incluso siglos, por lo cual, en rigor, no se puede decir que sólo la capitalización o la inversión externa son las generadoras de estos desequilibrios. Sin embargo, el modelo de desarrollo sostenido en la inversión externa como locomotora productiva de la economía sí ha tenido los siguien-tes efectos:

1) Incrementar drásticamente las desigualdades económicas, elevar la tasa de concentración de la riqueza, aumentar la preca-riedad de las condiciones de trabajo y el desempleo, limitar las tasas de crecimiento y reducir la redistribución de la riqueza.

2) Inaugurar un tipo de desarrollo económico basado exclusi-vamente en el protagonismo productivo de la inversión externa, siendo que esta inversión, en sociedades como las nuestras, es de tipo de enclave, de alta inversión tecnológica, bajo empleo, nula diversificación productiva, y de externalización (exportación) de las ganancias.

3) Romper los lazos de articulación entre, por una parte, la economía moderna y globalizada del país, que abarca cerca del 28% de la población boliviana,¹⁸ y, por otra, la economía cam-pesina tradicional, compuesta por 550.000 unidades familiares (35% de la población boliviana), y la economía mercantil fa-miliar-artesanal de los 700.000 establecimientos urbanos, que agrupa al 37% de la población nacional.¹⁹ Desde hace décadas,

¹⁷\ David de Ferranti, Guillermo Perry, Francisco Ferreira y Michael Walton, Desi gualdad en América Latina y el Caribe. ¿Ruptura con la historia?, Washington,

Banco Mundial, 2004.

¹⁸\ Roberto Laserna, Bolivia: la crisis de octubre y el fracaso del Chenko, La Paz, Muller y Asociados, 2004.

¹⁹\ Horst Grebe, “El crecimiento y la exclusión”, en aa. vv., La fuerza de las ideas, La Paz, Banco Mundial, Instituto Prisma, Instituto Latinoamericano de Inves-tigaciones Sociales (ildis) y Maestrías para el Desarrollo (mpd), 2002.

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la inversión productiva del empresariado es endémica (no más del 2% del pib entre 1985 y 2002),²⁰ y, a lo largo de la historia, ha sido el Estado, pese a su corrupción y a veces ineficiencia, el que ha ayudado a expandir las relaciones industriales en Bolivia, articular mercados regionales, generar empleos, abastecer de ser-vicios subvencionados a poblaciones sumergidas en la pobreza extrema, creando ciertos espacios de fusión entre lo moderno y lo tradicional, además de habilitar mecanismos de movilidad y ascenso social, imprescindibles para cualquier proceso de nacio-nalización de poblaciones cultural y únicamente tan diferentes como las que habitan Bolivia.

Hoy, con la capitalización y sus reglas de rentabilidad y ex-portación del excedente económico, tenemos un diminuto tren bala vinculado a los procesos de globalización, y unos gigantes-cos carretones anclados en tecnologías del siglo XVII y XIX, abandonados a una suerte de degradación interna, sin puentes ni eslabones que permitan impulsar hacia la modernidad económi-ca a estos mayoritarios sectores productivos. El hecho de que la economía familiar sea la base material de los movilizados de los últimos años (campesinos, vecinos, sin tierra, cocaleros, gremia-les, indígenas urbanos, cooperativistas, colonizadores), se basa precisamente en esta disociación entre las esferas económicas de la sociedad boliviana.

Crisis de los componentes de corta duración del Estado

A partir de este escenario de crisis del modelo de crecimiento eco-nómico, manifiesta desde 1999, ha surgido un proceso de desle-gitimación social del sistema político, de fractura de las creencias

²⁰\ ine, citado en La Prensa, 29 de agosto de 2004. La Fundación Milenio cita un informe del Ministerio de Hacienda, en el que se establece que en el año 2001 la Formación Bruta de Capital Fijo (fbcf) privado nacional fue de 89 millones de dólares, en tanto que en 2002 hubiera sido de 84 millones. Fundación Milenio,

Informe de Milenio sobre la economía en el año 2002, La Paz, Milenio, 2003.

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conservadoras, de frustración entre las ofertas de modernidad y los resultados reales alcanzados y, con ello, de disponibilidad social a nuevas creencias y fidelidades, de articulación de nuevas demandas en torno a lo que Hegel definió como el sistema de necesidades (defensa de las condiciones de reproducción bási-cas: agua, tierra, servicios, energéticos), y el sistema de libertades (Asamblea Constituyente, autogobierno indígena, democracia comunitaria, etcétera).

Un elemento que ayuda a caracterizar el escenario sociopolí-tico actual es el resquebrajamiento de los componentes de todo Estado. Es sabido que todo Estado tiene tres grandes bloques constitutivos: es una correlación de fuerzas, es un sistema de ins-tituciones y es un sistema de creencias. Veamos qué ha sucedido en cada uno de estos componentes estatales.

La correlación de fuerzas que caracterizó al Estado boliviano entre los años 1985 y 2000 se basó en una concentración, una mo-nopolización del capital burocrático administrativo, de la capaci-dad de decisión; en un bloque de poder conformado por sectores exportadores —básicamente minería y agroindustria—, parte de la banca, la inversión extranjera directa y organismos de apoyo multilateral, que están ahora encargados del 85% de nuestra deuda externa. Éste fue el bloque de poder que se estructuró en los años ochenta y noventa, que desplazó a los bloques organiza-dos corporativamente, como los sindicatos de la Central Obrera Boliviana (cob), lo que le dio relativa estabilidad política en los años noventa.

Hoy en día, esa correlación de fuerzas se ha modificado de manera drástica. Otros sectores, otros grupos sociales, que an-teriormente no tenían fuerza de presión ni poder político, ahora tienen la capacidad de cambiar leyes, de cambiar presidentes, de modificar políticas públicas. Es decir, el bloque de poder que caracterizó a la sociedad boliviana durante veinte años se ha res-quebrajado, y otros sectores, externos a ese bloque de poder, es-tán comenzando a construir, desde hace cuatro años, fuerzas de presión capaces de modificar la manera de influir en las políticas

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públicas. Por lo tanto, el primer componente del Estado neoli-beral patrimonial está debilitado.

Otro elemento de la crisis estatal es el tema de las instituciones. De 1985 a 2000, la institucionalidad democrática se caracterizó por la división de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial; la subordinación fáctica del judicial al ejecutivo, el soborno fáctico del ejecutivo al legislativo y la llamada gobernabilidad pactada, que consistía en la formación de bloques mayoritarios en el par-lamento, que le daban estabilidad al presidente. A cambio, el presidente redistribuía porcentualmente la votación que tenían los partidos de gobierno en el parlamento, la estructura de cargos de la administración pública (de alrededor de 18.000 a 19.000 fuentes de trabajo), que quedaba loteada por colores y siglas par-tidarias. Esto caracterizó a la llamada gobernabilidad pactada.

Hoy en día, este sistema de estabilidad institucional está en crisis. En primer lugar, tenemos un ejecutivo sin apoyo legisla-tivo mayoritario; un presidente que no tiene partidos, al menos visibles, en el ámbito parlamentario. Por otra parte, en Bolivia hay una abierta dualización del sistema político; por un lado, se toman decisiones en el parlamento y, por otro, se toman decisio-nes a través de las movilizaciones de sindicatos, comunidades, comités cívicos y movimientos sociales.

Esto significa que en este momento Bolivia tiene un campo político dualizado. Se hace política a través de partidos, cada vez menos, y se hace política extrapartidariamente desde las corpo-raciones empresariales, los comités cívicos, los sindicatos, los gremios, las juntas de vecinos, que también son estructuras de acción política. Y es así en tal medida, que lo que ahora discute el parlamento no es una agenda propia: la agenda de Asamblea Constituyente, de Referéndum, de Nueva Ley de Hidrocarburos es impuesta desde la calle, lo que nos habla de esta dualidad de instituciones políticas en el país, que resquebraja el modelo de democracia o de gobernabilidad pactadas de los últimos veinte años, que le dieron estabilidad al Estado boliviano.

Por último, está el sistema de creencias. Todo Estado es una maquinaria de creencias, la política es ante todo la administración

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de las creencias dominantes de una sociedad. Tales creencias, las ideas-fuerza que caracterizaron al país durante dieciocho años fueron modernidad, libre mercado, inversión externa, democra-cia liberal, como sinónimos de progreso y de horizonte moder-nizante de la sociedad. Estas ideas, que seducían a la sociedad, en todos sus estratos, se han debilitado, no convocan entusias-mos colectivos y surgen nuevas ideas-fuerza: nacionalización, descentralización, autonomía, gobierno indígena, autogobierno indígena, etcétera. Son nuevas ideas-fuerza, con creciente apoyo social, que están imponiéndose en el escenario político, y que han debilitado las ideas-fuerza que caracterizaron al neoliberalismo los últimos dieciocho años.

Por lo tanto, estamos ante la crisis de las instituciones estata-les, crisis de las ideas-fuerza del Estado, crisis de la correlación de fuerzas: crisis de Estado. Esto significa que la actual crisis política no es un problema meramente de gobernabilidad; no estamos frente a un problema de ineficiencia administrativa del presidente, que por cierto lo tiene. La crisis actual rebasa la mala gestión presidencial y la mediocridad parlamentaria. La estructu-ra institucional del Estado está en crisis: su correlación de fuerzas, sus creencias y su institucionalidad están siendo cuestionadas, debilitadas, resquebrajadas o reblandecidas por este tipo de fe-nómenos sociales y políticos.

Crisis de los componentes de larga duración del Estado

Como si fuera poco, no sólo estamos asistiendo a una crisis del Estado “neoliberal-patrimonial”, lo que podría ser resuelto me-diante un orden postneoliberal, moderado o radical, sino que también estamos asistiendo, simultáneamente, a una crisis del conjunto de instituciones y de estructuras de larga duración del Estado republicano boliviano. Es sabido que todo Estado tiene dos niveles de instituciones y componentes: uno, de larga dura-ción, que permanece durante décadas y siglos, constituido por los componentes estructurales del orden estatal. Por otra parte, es-

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tán los componentes de “corta duración”, que se modifican cada dos o tres décadas (Estado nacionalista, Estado neoliberal, etc.). Resulta que ahora no sólo están en cuestión los componentes de corta duración del Estado (su carácter neoliberal), sino también varios de sus componentes de “larga duración” de su cualidad republicana. Por lo tanto, estamos asistiendo a una doble crisis o a una superposición de dos crisis; una crisis del Estado, en sus com-ponentes de corta duración neoliberales, y una crisis del Estado, en sus componentes de larga duración republicana. Veamos esto.

La fisura colonial del Estado

Hay dos temas centrales en la lucha política que están cuestio-nando la estructura republicana del Estado. El primero tiene que ver con la presencia de los actores sociopolíticos más influyen-tes del país, que son básicamente los indígenas. Hoy en día, los movimientos sociales más impactantes son o están dirigidos por indios, son fuerzas indígenas. Esto no había pasado desde 1899, en época de la guerra federal. Los indios nunca habían tenido tanta posibilidad de presión y de contra-poder como lo estamos viendo hoy. No cabe duda de que son los sujetos fundamentales de la actual interpelación al Estado.

Es sabido que la república boliviana se fundó dejando en pie los mecanismos coloniales que consagraban prestigio, propiedad y poder en función del color de piel, del apellido, el idioma y el linaje. La primera constitución republicana claramente escindió la “bolivianidad”, asignada a todos los que habían nacido bajo la jurisdicción territorial de la nueva república, de los “ciudadanos”, que debían saber leer y escribir el idioma dominante (castellano) y carecer de vínculos de servidumbre, con lo que desde el inicio los indios carecían de ciudadanía.

Las distintas formas estatales que se produjeron hasta 1952 no modificaron sustancialmente este apartheid político. El Estado caudillista (1825-1880), y el régimen de la llamada democracia “censitaria” (1880-1952), tanto en su momento conservador co-mo liberal, modificaron muchas veces la Constitución Política

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del Estado; sin embargo, la exclusión político-cultural se man-tuvo, tanto en la normatividad del Estado, como en la práctica cotidiana de las personas. De hecho, se puede decir que en todo este periodo la exclusión étnica se convertirá en el eje articulador de la cohesión estatal.

Los procesos de democratización y homogeneización cultural, iniciados a raíz de la Revolución de 1952, transformaron en parte el régimen de exclusión étnica y cultural del Estado oligárquico. El voto universal amplió el derecho de ciudadanía política libe-ral a millones de indígenas; pero lo hizo imponiendo un único molde organizacional de derechos políticos, el liberal, en medio de una sociedad portadora de otros sistemas tradicionales de organización política y de selección de autoridades, que ahora quedaban borrados como mecanismos eficientes en el ejercicio de prerrogativas políticas. Igualmente, la educación fiscal y gratuita permitió que indígenas que constituían la abrumadora mayoría de los “analfabetos”, marginados de un conjunto de saberes es-tatales, ahora pudieran estar más cerca de ellos. Sin embargo, la adquisición de conocimientos culturales legítimos quedó cons-treñida a la adquisición obligatoria de un idioma ajeno, el caste-llano, y de unas pautas culturales producidas y monopolizadas por las colectividades mestizo-urbanas, con lo que nuevamente los mecanismos de exclusión étnica se activaban, aunque ahora de manera renovada y eufemistizada. De esta manera, entre 1952 y 1976, entre el 60 y el 65% de la población boliviana que tenía como lengua materna un idioma indígena sólo pudo ejercer sus derechos de ciudadanía por medio de un idioma extranjero, ya que la educación oficial, el sistema universitario, el vínculo con la administración pública, los servicios, etc., sólo podían realizarse por medio del castellano, y no empleando el idioma quechua o aimara.

Los 180 años de vida republicana, pese a sus evidentes avan-ces en cuanto a igualación de derechos individuales, han reetni-ficado la dominación, dando lugar a un campo de competencias por la adquisición de la etnicidad legítima (el capital étnico), a fin de contribuir a los procesos de ascenso y enclasamiento social.

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En Bolivia es por demás evidente que, pese a los profundos procesos de mestizaje cultural, aún no se ha podido construir la realidad de una comunidad nacional. En el país existen por lo me-nos treinta idiomas y/o dialectos regionales, existen dos idiomas que son la lengua materna del 37% de la población (el aimara y el quechua), en tanto que cerca del 62% se identifica con algún pueblo originario.²¹ Y, en la medida en que cada idioma es toda una concepción del mundo, esta diversidad lingüística es también una diversidad cultural y simbólica. Si a ello sumamos que existen identidades culturales y nacionales más antiguas que la república, y que incluso hoy reclaman la soberanía política sobre territorios usurpados (el caso de la identidad aimara), es muy claro que Bo-livia es, en rigor, una coexistencia de varias nacionalidades y cul-turas regionales superpuestas o moderadamente articuladas. Sin embargo, y pese a ello, el Estado es monoétnico y monocultural, en términos de la identidad cultural boliviana castellanohablan-te. Esto supone que sólo a través del idioma español la gente ob-tiene prerrogativas y posibilidades de ascenso en las diferentes estructuras de poder, tanto económico, político, judicial, militar, como cultural del país.

En Bolivia, hay por lo menos medio centenar de comunidades histórico-culturales con distintas características y posiciones je-rárquicas. La mayoría de estas comunidades culturales se hallan en la zona oriental del país y demográficamente abarcan desde unas decenas de familias, hasta cerca de cien mil personas. En la zona occidental del país se hallan concentradas las dos más gran-des comunidades histórico-culturales indígenas, los quechua y aimarahablantes, que suman más de cinco millones de personas. Los aimaras alcanzan un poco más de dos millones y medio de personas, y tienen todos los componentes de una unidad étnica altamente cohesionada y politizada. A diferencia del resto de las identidades indígenas, desde hace décadas, la aimara ha crea-do elites culturales capaces de dar pie a estructuras discursivas con la fuerza de reinventar una historia autónoma que ancla en

²¹\ ine, Censo nacional de población y vivienda 2001, La Paz, ine, 2002.

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el pasado la búsqueda de un porvenir autónomo, un sistema de movilización sindical de masas en torno a estas creencias políti-cas y, recientemente, un liderazgo con capacidad de dar cuerpo político visible a la etnicidad. Por último, tenemos la identidad cultural boliviana dominante, resultante de los 180 años de vida republicana, y que si bien inicialmente ha surgido como artificio político desde el Estado, hoy tiene un conjunto de hitos históri-cos culturales y populares que la hacen consistente y predomi-nantemente urbana.

Sin embargo, la mayoría de estas referencias cognitivas de las comunidades culturales nunca ha sido integrada a la conforma-ción del mundo simbólico y organizativo estatal legítimo, debido a que las estructuras de poder social se hallan bajo monopolio predominante de la identidad étnica boliviana; por lo tanto, se puede decir que el Estado republicano es un Estado de tipo mo-noétnico o monocultural y, en tal sentido, excluyente y racista.

A lo largo de toda la república, esto ha llevado a varios ciclos de movilización indígena, tanto por reivindicaciones parciales como por el poder político, ya sea bajo la forma de cogobierno o de autogobierno.

Precisamente, a partir de 2000, estamos viviendo nuevamente un ciclo de insurgencia indígena, dirigida a disputar la conduc-ción estatal y la hegemonía político-cultural de la sociedad. Este nuevo ciclo de movilización indígena tiene su antecedente en los años setenta, con la emergencia del movimiento indianista-kata-rista en los ámbitos intelectuales y sindicales agrarios. Primero se dio el movimiento indígena de tierras altas, que cobró presen-cia y discurso interpelador en los años setenta y ochenta; luego fueron los indígenas de tierras bajas quienes visibilizaron los me-canismos de exclusión de decenas de pueblos olvidados por la sociedad como sujetos de derecho; y a mediados de la década del noventa, los cocaleros se convirtieron en los sectores que mayor esfuerzo realizaron para resistir las políticas de erradicación de la hoja de coca.

Pero será abril de 2000 el momento que marcará un punto de inflexión en las demandas y la capacidad de movilización socio-

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política de los movimientos sociales, especialmente indígenas. Articuladas en torno a la conquista de necesidades básicas y a la defensa de recursos territoriales de gestión comunitaria, pequeñas estructuras organizativas locales de tipo territorial y no territorial, basadas en el lugar de residencia, en el control de bienes como la tierra y el agua, en la actividad laboral, gremial o simplemente la amistad, han ido creando redes de movilización colectiva que han puesto en pie a nuevos movimientos sociales; es el caso de la Coordinadora del Agua y la Vida, los Sin Tierra, el Consejo Na-cional de Ayllus y Markas del Qullasusyu (conamaq), así como la revitalización de organizaciones antiguas, como la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (csutcb), la Confederación de Colonizadores, los productores cocaleros, la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (cpesc), las Juntas de Vecinos, entre otras.

La importancia histórica de estos movimientos sociales radica en su capacidad para reconstruir el tejido social y su autonomía frente al Estado, además de que redefinen radicalmente lo que se entiende por acción política y democracia. En términos exclusi-vamente organizacionales, la virtud de estos movimientos sociales se basa en que han creado mecanismos de participación, de adhe-sión y filiación colectiva a escala regional, flexibles y fundamental-mente territorializados, que se adecuan a la nueva conformación híbrida y porosa de las clases e identidades sociales en Bolivia.

Mientras el antiguo movimiento obrero tenía como centro la cohesión sindical por centro de trabajo, en torno al cual se articu-laban otras formas organizativas de tipo gremial urbanas, los ac-tuales movimientos sociales (csutcb, Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (cidob), Colonizadores, cpesc, Regantes, Cocaleros) tienen como núcleo organizativo a la comunidad indí-gena-campesina en el área rural, y a las comunidades vecinales en el área urbana, alrededor del cual se aglutinan asociaciones labo-rales (maestros rurales), gremiales (transportistas, comerciantes de la zona), estudiantiles, etcétera. Aquí, la comunidad indígena urbana y rural, campesina y vecinal, que equivalen a las células de una sociedad otra, son la columna vertebral articuladora de otros

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grupos sociales y otros modos locales de unificación, influencia-dos por la actividad económica y cultural campesino-indígena, y hacen de esta acción colectiva, más que un movimiento social, un movimiento societal,²² pues se trata de una sociedad entera que se traslada en el tiempo.

La posibilidad de que un abanico de organizaciones y sujetos sociales tan plural pueda movilizarse, ha de garantizarse mediante la selectividad de fines, que permite concentrar en torno a algu-nas demandas específicas voluntades colectivas diversas. Esto ha requerido descentrar las reivindicaciones de la problemática del salario directo, propia del antiguo movimiento obrero, pa-ra ubicarlas en términos de una política de necesidades vitales (agua, territorio, servicios y recursos públicos, hidrocarburos, educación), que involucra a los múltiples segmentos poblacio-nales subalternos y que, dependiendo de la ubicación social de los sujetos, puede ser leído tanto como el componente del sala-rio indirecto (para los asalariados), como el soporte material de la reproducción (vecinos, jóvenes) o la condensación del legado histórico cultural de la identidad (los indígenas).

Pero los actuales movimientos sociales indígenas no son sólo actividades de protesta y reivindicación; por sobre todo, son es-tructuras de acción política. Son políticos porque los sujetos de interpelación de la demanda que desencadenan las movilizaciones son, en primer término, el Estado (abolición de la Ley de Aguas, anulación de contratos de privatización, suspensión de la erradi-cación forzosa, territorialidad indígena, Asamblea Constituyente, nacionalización de los hidrocarburos), y el sistema de institucio-nes supraestatales de definición de las políticas públicas (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, inversión extranjera). Incluso, la propia afirmación de una política de la identidad in-dígena (de tierras altas y de tierras bajas) se hace frente al sistema institucional estatal, que en toda la vida republicana ha racializado la dominación y la exclusión de los indígenas.

²²\ Luis Tapia, La condición multisocietal. Multiculturalidad, pluralismo, modernidad,

La Paz, Muela del Diablo, cides y umsa, 2002.

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Por otro lado, entre los múltiples movimientos, se encuentran aquellos que tienen una orientación de poder. En la medida en que las empresas de movilización de los últimos años han estado dirigidas a visibilizar agravios estructurales de exclusión política y de injusta distribución de la riqueza, los movimientos sociales han retomado las tradicionales palestras locales de deliberación, gestión y control (asambleas, cabildos), proyectándolas regional-mente como sistemas no institucionales de participación y control público que han paralizado, y en algunos casos disuelto intermi-tentemente, el armazón institucional del Estado en varias regiones del país (Altiplano Norte, Chapare, Ciudad de Cochabamba), dando lugar a la coexistencia de dos campos políticos con com-petencias normativas, algunas veces mestizas y otras confronta-das. Paralelamente, en torno a estas experiencias de ejecución práctica de derechos, los movimientos sociales han comenzado a proyectar a escala nacional general estas experiencias exitosas de deliberación y gestión de derechos, mediante la formulación de un diseño razonable de “dirección de la sociedad”²³ que, al tiempo que demuele el fatalismo histórico con el cual el proyecto neoliberal se legitimó en los últimos veinte años, ha diseñado un modelo alternativo de reforma estatal y económica, que no sólo se plantea transformar el orden de cosas existente en las últimas décadas, sino que además se propone desmontar las estructuras de colonialidad vigentes en toda la historia republicana.

Se puede decir, por tanto, que los movimientos sociales y so-cietales han transformado varios aspectos del campo político, modificando el espacio legítimo donde se produce política, re-diseñando la condición socioeconómica y étnica de los actores políticos, innovando con técnicas sociales novedosas para hacer política, además de mutar los fines y sentidos de la política en sus características no sólo neoliberales, sino fundamentalmente repu-blicanas, planteándose transformar el actual Estado monocultural en un Estado y una institucionalidad política multinacionales.

²³\ Giovanni Arrighi, Terence Hopkins e Immanuel Wallerstein, Movimientos an-tisistémicos, Madrid, Akal, 1999.

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La fisura espacial del Estado

El segundo eje de fractura estructural del Estado es el que tiene que ver con el traslado de los ejes decisorios económico-políticos del Estado, de una región (norte-occidental) a otra (oriental).

Según Zavaleta, el territorio es lo profundo de los pueblos: “sólo la sangre es tan importante como el territorio”, y más aún si, como nos sucede a los bolivianos, nuestro momento agrícola constitutivo y el nacimiento de la República fueron decididos por la lógica del espacio, antes que por la lógica de la sociedad. Esto significa que, a diferencia de aquellas sociedades cuya ansiedad colectiva de cohesión ha dado lugar a la producción del territo-rio, aquí somos hijos del espacio, sin el cual no seríamos lo que somos en realidad.

Fue también Zavaleta quien distinguió entre territorios inhe-rentes y aledaños. Los primeros son los que definen el destino y carácter de una nación, mientras que los otros sólo complemen-tan esa vida central, y la formación estatal de los Estados se dará precisamente por su capacidad de validar territorialmente esos espacios. Se puede decir, por tanto, que la densidad de una na-ción, o la manera cómo se mira y define sus fines, se mide por la forma de interiorizar socialmente el espacio como base material de su realización colectiva. Por eso, cuando acontece una crisis de Estado como la que actualmente atravesamos en Bolivia, ésta es también una tensión estructural del modo en que la sociedad concibe su territorialidad y del modo en que se piensa como co-munidad política moderna, esto es, como nación.

Es sabido que el Estado no se manifiesta con la misma inten-sidad en todas partes; él también tiene zonas esenciales y com-plementarias. En el primer caso, se trata de los ejes político-geo-gráficos de la articulación soberana del Estado, en tanto que en el segundo hablamos de las áreas de irradiación de esa soberanía. Estos ejes político-geográficos no son fijos ni perpetuos, se mo-difican según los desplazamientos espaciales de los núcleos arti-culadores de la economía y de los centros de emisión de reforma político-cultural de los países. Así, por ejemplo, el desplazamiento

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de la sede de gobierno de Sucre a La Paz, a finales del siglo XIX, significó el desplazamiento del eje político-cultural del Estado de Sucre-Potosí, con su economía de la plata y su intelectualidad jurídica, al eje La Paz-Oruro-Cochabamba, con la nueva minería del estaño, la producción manufacturera, los indios aimaras como sujeto político y los letrados liberales, que buscaban imaginar la patria más allá de los cuerpos legales.

Hoy, estamos asistiendo nuevamente a un cuestionamiento de la centralidad geográfica del poder, que no significa necesa-riamente el cambio de la sede de gobierno, sino un diferendo en torno a qué dinamismo económico espacial estructurará el blo-que de poder y la concepción del mundo estatalmente irradiada. Santa Cruz con su vitalidad agroindustrial globalizada, y Tarija con su reservas gasíferas, apuntan hacia una probable conver-sión en el núcleo movilizador de la economía nacional en las si-guientes décadas; en tanto que Oruro, con su economía minera en repliegue y La Paz, que no logra instaurar un nuevo patrón tecnológico adecuado a los nuevos requerimientos productivos de la economía mundial, habilitan un posible traslado de la cen-tralidad económica del Estado de occidente a oriente.

Sin embargo, la constitución de los ejes político-espaciales del Estado no depende sólo del poderío económico de las geografías locales, pues el Estado no es una empresa cuyos ejes se decidan por la rentabilidad económica que proporcionan al todo. Con Max Weber, sabemos que el Estado es una correlación de fuerzas políticas connotada, portadora de legitimidad y hegemonía, es decir, es una relación política de dominación legítima, que habilita una comunidad política ilusoria entre gobernantes y gobernados. El liderazgo económico puede ayudar y, de hecho, a la larga, da el soporte material de la legitimidad de la dominación política. Pero el poderío económico no es inmediatamente poderío polí-tico-cultural, y puede darse el caso de que los desplazamientos espaciales del poder queden truncos por la ausencia de reforma moral e intelectual de la elite económicamente ascendente. De igual manera, puede darse la posibilidad de una hegemonía políti-ca sobre la base de una economía estancada o decadente, aunque

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esta hegemonía sólo será duradera si al final está acompañada por una reforma y una vitalidad económica.

De hecho, ésta parecería caracterizar la actual situación de he-gemonías mutiladas que presenta la actual polarización regional-clasista y étnica del país. Por una parte, una economía empresarial de “occidente” estancada, con un empresariado que ha abdicado a cualquier liderazgo político, en medio de un liderazgo político-cultural plebeyo-indígena, aunque sostenido en una economía tradicional urbano-campesina en crisis. Por su parte, un liderazgo económico moderno de “oriente”, pero con una capacidad políti-ca limitada regionalmente, sin que haya muchas posibilidades de que la irradiación geográfica y clasista de uno de los polos pueda ampliarse al ámbito de la especialidad articulada por el otro polo. Claro, es muy difícil que el discurso liberal y de libre empresa que enarbolan las elites empresariales cruceñas cautive a una plebe andina, que durante diez años le apostó a esa forma de moder-nidad, obteniendo únicamente una contracción de sus ingresos y sus expectativas de movilidad social. Un discurso autonomista que no venga acompañado de un tipo de postneoliberalismo ca-rece de posibilidades de seducir y, por tanto, de ser hegemóni-co en “occidente”. Pero a su vez, el neoestatismo popular, y en particular el liderazgo indígena, difícilmente habrán de cautivar a una clase media y a un empresariado ascendentes mediante el libre mercado y que, en occidente y oriente, secularmente han sido educados en la subalternidad servil de los indios.

Sin embargo, en todo esto hay una doble paradoja. Por una parte, el bloque social que se levanta y reivindica la pujanza de una economía moderna tiene una lectura de la territorialidad es-tatal no moderna, de tipo señorial, por lo que carece de fuerza cultural y simbólica para alzarse con un liderazgo nacional; mien-tras que quienes se erigen sobre la precariedad de una economía tradicional, urbano-campesina, sí leen el espacio nacionalmente, aunque carecen del sustrato material para liderar la economía, pues no se construyen Estados modernos desde la pequeña eco-nomía doméstico-familiar.

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Y es que el empresariado, en todos los momentos, y en todas las regiones, y pese a todos sus modernismos técnicos, nunca ha dejado de imaginar de manera patrimonial el poder y el territo-rio; en el primer caso, como privilegio de abolengo, y en el se-gundo, como prolongación de la lógica señorial de la hacienda. Independientemente de la globalización de sus actividades eco-nómicas y de sus estilos de vida, el empresariado cruceño lee el espacio regionalmente, y ha renunciado a una lectura socialmen-te incorporada del territorio nacional. Por eso puede imaginar —en momentos extremos, a fin de garantizar un blindaje espacial a sus intereses— una disociación de la unidad territorial, pues la territorialidad estatal no se le presenta como una espacialidad inherente a su destino, sino tan sólo como una contingencia de la esencialidad de la hacienda. En ese sentido, la visión del vínculo espacial del Estado es premoderna, señorial, similar a la de las elites andinas del siglo XIX, a las que, según Zavaleta, les impor-taba más el estado de la estatua de la Virgen de Copacabana que la mutilación del litoral.

En cambio, para el movimiento indígena-plebeyo, la lógica nacional del espacio estatal está incorporada en su horizonte in-telectual; es el legado de una lógica agrícola de “múltiples pisos ecológicos”. Es por eso que los indios se imaginan el poder no sólo donde son mayoría indígena, sino en todo el país (mediante la victoria electoral en la versión moderada, a través de la Asam-blea Constituyente; o mediante la instauración del Qullasuyu, en la versión radical), pues el espacio de sus pretensiones llega hasta donde llega el Estado, e incluso a veces más allá, como en el caso aimara. Se trata entonces de una incorporación moderna de la geografía estatal, aunque, claro está, el sustento técnico-económico de este ímpetu nacionalizador puede ser considerado “premoderno”.

Estos límites y tensiones de la lucha por el poder en la actua-lidad están teniendo un correlato territorial a través del debate por un Estado autonómico.

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Descentralización político-administrativa y autonomía

En Bolivia, la lucha o la demanda por autonomía y/o federalismo se remontan hasta los debates de los años sesenta del siglo XIX, en torno a las diversas propuestas de federalismo. Estas discusio-nes vuelven a ser retomadas en 1899, cuando las elites paceñas, económicamente en ascenso, política y culturalmente con mayor capacidad discursiva y con apoyo de sectores sociales más activos (los indios aimaras y los artesanos), habían reconfigurado un esce-nario de fuerzas políticas y buscaron, bajo la bandera del federalis-mo, trasladar la sede de gobierno de Sucre a La Paz. Este traslado de la sede de gobierno de Sucre a La Paz en realidad significó el traslado del eje económico Potosí-Sucre, vinculado a la minería de la plata y la hegemonía cultural de grupos intelectuales vincu-lados al ámbito judicial, hacia la economía del norte, vinculada a la minería del estaño, que comenzaba a desplazar a la minería de la plata, a las manufacturas en Cochabamba, Oruro y La Paz, y a una presencia más activa de una intelectualidad liberal urbaniza-da, no estrictamente ligada al aparato burocrático estatal, como lo era en Sucre. Esto significa que el desplazamiento de la sede de gobierno de Sucre a La Paz es un traslado del eje económico y del eje político cultural del sur hacia el norte.

Este tema de lo federal y lo autonómico vuelve a renacer inte-lectualmente en Santa Cruz a principios de siglo, con el Manifiesto de la Sociedad Geográfica, que le critica al Estado el abandono de las regiones del oriente, y plantea un modelo de desarrollo económico integral y un modelo de desarrollo político con una fuerte presencia autonómica de autogobiernos regionales. El tema de los gobiernos regionales vuelve a renacer en 1957, cuando se debate el tema de las regalías del petróleo y, después de múltiples incidentes y enfrentamientos, se distribuye departamentalmente un porcentaje de las regalías petroleras, que se mantiene hasta hoy.

El tema de la autonomía de la descentralización se hará nue-vamente presente por medio de los comités cívicos, cuando se retoma la democracia en los años 1982 y 1984. En ese momento no sólo será Santa Cruz quien demande descentralización, sino

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también otros departamentos como Cochabamba, Sucre y Potosí. Este ascenso de la demanda de la descentralización departamental quedará neutralizado con la aplicación de la Ley de Participación Popular, que hace una descentralización ya no política, sino ad-ministrativa a nivel de los municipios.

La Ley de Participación Popular, que descentraliza adminis-trativamente el Estado por municipios, sumada a la mayor inte-gración de las elites regionales, especialmente cruceñas y a la es-tructura del Estado centralista a través de los partidos Movimien-to Nacionalista Revolucionario (mnr), Movimiento de Izquierda Revolucionaria (mir) y Acción Democrática Nacionalista (adn), terminará con el ímpetu descentralizador de los años ochenta, y llevará a las elites empresariales cruceñas a ocupar fundamentales posiciones de poder en la estructura estatal que acompañará las reformas de libre mercado de toda la etapa neoliberal.

Sin embargo, desde hace cinco años, la crisis estatal iniciada ha debilitado y hecho retroceder la hegemonía neoliberal (partidaria e ideológica) instaurada desde 1985. Pero este debilitamiento ha dejado sin resolver el nuevo liderazgo nacional. Por una parte, las ideas conservadoras del orden establecido se han atrincherado y reforzado en las regiones del oriente y el sur del país (Santa Cruz, Beni, Tarija), mientras que las ideas y proyectos renovadores y progresistas han avanzado y han logrado un liderazgo en las zonas occidentales del país, aunque sin que ninguno de estos proyectos políticos logre irradiarse ni expandirse como proyecto nacional, lo que ha dado lugar a una regionalización de los liderazgos.

En ese sentido, la actual revitalización de la demanda auto-nomista en Santa Cruz, a la cabeza de los partidos tradicionales (mnr, mir y adn) y las corporaciones empresariales regionales (Cámara Agropecuaria del Oriente [cao] y Cámara de Indus-tria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz [cainco]), es una clara sublevación empresario-regional contra las demandas e ímpetus indígeno-populares de transformación económica y política; es un levantamiento burgués de reacción a los procesos de cambio propugnados por los movimientos sociales. Se trata de una serie de manifestaciones, movilizaciones y acciones directas

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dirigidas por el empresariado regional, en torno a objetivos y con-vocatorias de los sectores empresariales, que buscan preservar el orden económico y establecer un blindaje político regional a esos intereses, en retirada en el resto del país. Lo llamativo es que esta convocatoria tiene recepción social, apoyo regional de sectores laborales y populares, lo que permite hablar de la presencia acti-va de una hegemonía, de un liderazgo empresarial en la región.

A diferencia de lo que sucede en las zonas de occidente, donde los movimientos sociales populares e indígenas han construido un sentido común generalizado, que explica las carencias sociales, la falta de empleo, la discriminación y la crisis debido al “modelo neoliberal”, en oriente, los mismos problemas que atraviesan los sectores subalternos son explicados por el “centralismo”, que es una ideología y visión del mundo administrada por las elites em-presariales, lo que permite entender su liderazgo y base social. Esto ciertamente tiene que ver con la debilidad del tejido social popular en Santa Cruz, con la ausencia de autonomía política de los sectores populares, etc., que permitirían que las demandas y frustraciones de varios sectores populares urbanos, y en particu-lar de jóvenes emigrantes andinos, se articulen individualmente en las ofertas que hacen las elites empresariales.

Esta rebelión de las elites regionales contra el gobierno tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que en los últimos dieciséis meses, desde octubre de 2003, las elites empresariales cruceñas han perdido el control de una buena parte de los resortes del poder político, que durante diecinueve años administraron de manera ininterrumpida. Desde 1985, independientemente de los gobiernos del mnr, adn o mir, las elites cruceñas ocuparon cargos ministeriales clave en la definición de las políticas eco-nómicas del país; estaban posesionados en niveles de dirección de los principales partidos de gobierno y controlaban áreas de decisión en el parlamento. Esto les permitió influir de manera directa en la definición de políticas públicas que favorecieron su potenciación como moderna fracción empresarial. A su modo, la burguesía cruceña desde hace treinta años, y con particular énfa-sis en los últimos quince años, ha hecho lo que desde la historia

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republicana ha realizado todo empresariado dominante: utilizar el poder político para ampliar, extender y proteger su capitaliza-ción económica empresarial sectorial.

El desplazamiento de los hilos de poder vino inicialmente con la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada, quien creó una serie de vínculos de fidelidad y apoyo con el empresariado cru-ceño, que se mantuvo hasta el último minuto en que el ex presi-dente partía a su “autoexilio”, en octubre de 2003. El segundo momento de esta pérdida de poder vino por el debilitamiento político de los partidos donde este empresariado cruceño con-trolaba estructuras de influencia y decisión (mnr y mir); el tercer momento de esta pérdida de control personal de los aparatos de poder gubernamental se dio cuando el presidente Carlos Mesa posesionó en ministerios a representantes cruceños provenientes de elites intelectuales y civiles distantes de las elites económicas regionales. Y el punto final de esta pérdida de los resortes del poder gubernamental vino con los resultados de las elecciones municipales, que acabaron por debilitar, y casi marginalizar de las esferas de decisión política, a los partidos que tradicionalmente habían sido el centro de la política nacional (mnr, mir, adn). A partir de entonces, era sólo cuestión de tiempo para que se pro-dujera una ofensiva empresarial, de manera corporativa, que es su último reducto de agregación de intereses (Comité Cívico y gre-mios empresariales), a fin de recobrar posiciones en un esquema de poder que se ha desprendido de su manejo directo y personal.

El aumento del diésel en diciembre de 2004 fue el pretexto que le permitió movilizar, canalizar y liderar un malestar social hacia la defensa de intereses empresariales cruceños que, por cierto, son los que más se benefician con la subvención de ese combustible por parte del Estado. La actual sublevación empresario-regional es, por tanto, una lucha abierta por el poder de Estado, por el control de la totalidad, o de una parte sustancial (tema de tierras, régimen de impuestos, modelo económico) de los mecanismos de toma de decisión sobre la manera de gestionar los recursos públicos. El hecho de que se trate de un empresariado regional, y que las fuerzas armadas tengan por el momento una actitud

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neutral o distante respecto al reclamo empresarial (debido a sus insinuaciones escisionistas con las que a veces lo presentan los dirigentes cívicos), limita la posibilidad de un cambio total de la estructura de poder a su favor, aunque su fuerza puede obligar a un tránsito gradual hacia una retoma de la influencia que tenían antes de octubre.

Por las características de esta lucha por el poder gubernamen-tal, por lo que estos sectores empresariales defendieron y buscan defender, y por la manera en que acumularon poder económico en los últimos años, esta lucha también busca redireccionar, de-tener el conjunto de reformas políticas y económicas que están en marcha debido a la presión popular-indígena de occidente, ya que la continuación de esas reformas puede afectar directa-mente los mecanismos de poder económico empresarial (Asam-blea Constituyente, que modifique el sistema de propiedad de la tierra; nacionalización de los hidrocarburos, que ponga freno a la esperanza de una regalías petroleras regionalizadas, etc.). De ahí que esta lucha por el poder sea a la vez una resistencia a la continuidad de la llamada “agenda de octubre”, resultante de la rebelión urbano-rural de octubre de 2003.

Sin embargo, esta lucha empresarial por el control de las es-tructuras decisorias del poder político no toma la forma de una lucha “nacional”, general, de control total del Estado, lo que exi-giría por parte del empresariado cruceño una serie de propuestas, de convocatorias dirigidas a movilizar al resto del país, para arti-cular intereses de otros sectores sociales que no sean solamente los regionales del oriente. Esto, a las elites, les resulta imposible, ya que el horizonte de país que propugnan y defienden (libre mercado, inversión externa, racismo, etc.) fue derrotado en to-da la región de occidente en octubre de 2003, y es una ideología cansada y en retirada, al menos temporalmente. De ahí que el empresariado cruceño haya apostado por una regionalización de su lucha política a través de la demanda de autonomía.

En sentido estricto, la demanda de autonomía de los empre-sarios cruceños se presenta, por tanto, como una lucha defensiva, de repliegue en su zona de irradiación básica (Santa Cruz) y, con

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ello, el abandono de la lucha por una hegemonía nacional que sienten imposible. La lucha por la autonomía cruceña es, pues, el retroceso político respecto a lo que anteriormente controlaban las elites cruceñas (aparatos de Estado “nacional”), y la constata-ción de los límites regionales de una burguesía que no se anima a intentar dirigir, política, económica y culturalmente, el país, y se repliega en su dominio regional para disputar ahí el control, compartido con las petroleras, del excedente gasífero existente. La autonomía cruceña, convertida en la bandera central de la demanda empresarial, es por tanto la lucha por el poder políti-co, pero en su dimensión fraccionada, regionalizada, parcial, y la materialización del abandono de la disputa del poder general, “nacional” del país. Su victoria, en caso de darse, no resolverá la ausencia de hegemonía nacional, de liderazgo y horizonte general compartido por la mayoría de la sociedad; radicalizará la regio-nalización de la lucha de clases, de los liderazgos políticos y de los proyectos de país, incrementando las tendencias escisionistas que siempre han anidado larvariamente en el comportamiento político de los sujetos sociales de oriente y occidente.

Con todo, y pese a esta carencia local de la disputa del poder político, la demanda de la burguesía cruceña y las empresas pe-troleras que la secundan está cuestionando directamente no sólo a un gobierno, sino a la estructura del Estado, a su base constitu-cional y, ante todo, al control de los recursos imprescindibles para cualquier estrategia de desarrollo económico nacional en las si-guientes décadas: tierra e hidrocarburos. Se trata por tanto de una sublevación reaccionaria que está poniendo en duda la viabilidad del Estado y, lo más riesgoso, el sustento material económico de cualquier proceso de reforma o de transformaciones progresistas que deseen impulsar los sectores populares e indígenas del país.

Está claro, entonces, que la actual demanda autonómica del Comité Cívico de Santa Cruz, si bien tiene una función democra-tizadora, es ante todo un pretexto de elite para contener proyec-tos de reforma económica y política desneoliberalizantes. Resulta entonces que, en torno a la agenda cruceña, parte de los sectores políticamente derrotados en octubre ha comenzado nuevamente

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a rearticularse; hablamos del mnr, del mir, del adn, que sienten a Santa Cruz y su movimiento regional como un territorio desde el cual pueden comenzar nuevamente a irradiar propuestas y li-derazgo político.

En lo que se refiere al actual debate sobre si primero debería realizarse el referéndum por la autonomía o la elección de consti-tuyentes no es un debate falso; es un debate donde se posicionan intereses colectivos de poder. Las fuerzas políticas y económicas que quieren primero autonomía, buscan posicionar la autonomía a nivel departamental para postergar la Asamblea Constituyente de manera indefinida, porque se sienten aún minoría electoral; sienten que ahí no podrían jugar un papel dirigente, como lo ve-nían haciendo en todas las elecciones nacionales previas, más aún cuando los partidos que les permitían convertir la minoría demo-gráfica en mayoría política (adn, mir, mnr) están en un proceso de debilitamiento estructural. Los que buscan la Asamblea Cons-tituyente, en cambio, quieren hacerla antes o al mismo momento que la autonomía, justamente para obligar a este bloque oriental a participar dentro de la Asamblea Constituyente, creyendo que en ella estos bloques sociales, populares e indígenas, tendrán ma-yor presencia y mayoría para promover cambios en los regímenes económicos, de propiedad y de derechos sociales que beneficien a los sectores anteriormente excluidos.

Como se ve en conjunto, alrededor del debate sobre autono-mías están en juego las estrategias de posicionamiento de cada una de las fuerzas sociales y políticas del país y, por ello, es im-portante que, en el momento de hacer una lectura contextual de este tema, se sepa el telón de fondo de los distintos argumentos legitimadores que utilizan los distintos actores. En sentido estric-to, en torno a la agenda de la autonomía se están jugando temas de poder político de grupos, clases y facciones sociales.

Campo político polarizado y empate catastrófico

En este escenario de crisis estatal de dos dimensiones, a saber, crisis del Estado neoliberal, y crisis de los componentes republi-

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canos monoculturales y centralistas del Estado boliviano, se está produciendo un creciente proceso de polarización social y polí-tica, entendida como confrontación de proyectos contrapuestos de dos miradas distintas de entender la vida, la economía, el fu-turo y el porvenir.

Por una parte, podemos ubicar un proyecto neoconservador, liberal, que en lo económico sigue apostando a una economía abierta, globalizada, de inversión externa, de débil intervención del Estado. El otro polo apuesta por una economía más centrada en el mercado interno, con mayor presencia de un Estado produc-tivo, y que intenta recuperar la dinámica económica de sectores tradicionales en el campo, comunidades, en el mundo urbano familiar microempresarial.

En lo político, el primero es un proyecto que apunta hacia una lectura partidaria de la política o corporativa empresarial de la política, manteniendo la monoculturalidad del Estado, con liderazgos de tipo tradicional de las viejas elites políticas. El otro apunta a un tipo de comunitarismo sindical, una reivindicación de la multiculturalidad, de la presencia indígena en la toma de de-cisiones, y está encabezada por liderazgos básicamente indígenas.

La primera nos da una confrontación de carácter clasista, la segunda una confrontación de carácter étnico, y existe una tercera que nos va a dar una confrontación regional. Por una parte, estas fuerzas neoconservadoras —que no es un adjetivo, en la medida en que pretenden preservar lo que existe con algunas modifica-ciones— si bien están presentes en todo el país, tienen su fuerza dominante en sectores del oriente del país. Mientras tanto, las fuerzas renovadoras, que están presentes en las distintas regiones con su mayor capacidad de movilización, tanto electoral como de acción colectiva, están en las zonas de los valles y del altiplano. Entonces Bolivia está viviendo simultáneamente una polarización clasista, étnica y regional.

En conjunto, se puede decir que estamos ante un escenario de conflicto generalizado por la redistribución del poder estatal en Bolivia entre sectores que tradicionalmente tenían poder, y sectores nuevos, anteriormente marginados de las estructuras

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decisorias del país, que ahora pugnan por hacerse cargo de la administración del Estado. Pero lo característico de esta pugna por el poder es que ninguno de los bloques tiene la capacidad de imponerse sobre el otro.

Tenemos entonces polaridades que atraviesan las regiones, las clases y las identidades étnicas; pero ninguna de estas polaridades o bloques de poder tiene la suficiente capacidad para imponerse sobre la otra ni para seducirla; es decir, en términos gramscianos, estamos ante un “empate catastrófico”. Un empate catastrófico surge cuando no existe la capacidad de una hegemonía comple-ta, sino de una confrontación irresuelta por esa hegemonía entre dos protohegemonías, y esto genera procesos de confrontaciones permanentes de baja intensidad, de enfrentamientos, desgastes mutuos que impiden que alguno de ellos expanda su liderazgo sobre el resto de la sociedad.

De ahí que lo más sensato sea pensar que la única manera de resolución de este “empate” sea precisamente la del armisticio o, lo que es lo mismo, la de una redistribución pactada del poder es-tatal, lo que llevaría necesariamente a una ampliación de derechos de los sectores más excluidos y a una redistribución negociada de las oportunidades económicas de la sociedad.

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INDIANISMO Y MARXISMO

El desencuentro de dos razones revolucionarias¹

En Bolivia, el antiguo marxismo no es significativo ni política ni intelectualmente, y el marxismo crítico, proveniente de una nueva generación intelectual, tiene una influencia reducida y círculos de producción aún limitados. Por el contrario, el indianismo, poco a poco, se ha ido constituyendo en una narrativa de resistencia que en estos últimos tiempos se propuso como una auténtica opción de poder.

En los últimos cien años, en Bolivia se han desarrollado cin-co grandes ideologías o “concepciones del mundo” de carácter contestatario y emancipador. La primera de estas narrativas de emancipación social fue el anarquismo, que logró articular las ex-periencias y demandas de sectores laborales urbanos vinculados al trabajo artesanal y obrero en pequeña escala, y al comercio. Presente desde finales del siglo XIX en algunos ámbitos labora-les urbanos, su influencia más notable se da en los años treinta y cuarenta del siglo XX, cuando logra estructurar federaciones de asociaciones, agremiadas de manera horizontal, en torno a un

¹\ Texto extraído de Álvaro García Linera, “Indianismo y marxismo. El desencuen-tro de dos razones revolucionarias”, en Revista Donataria, No. 2, marzo-abril de 2005.

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programa de conquista de derechos laborales y a la formación autónoma de una cultura libertaria entre sus afiliados.

Otra ideología que ancla sus fundamentos en las experiencias de siglos anteriores es la que podríamos llamar indianismo de resistencia, que surgió después de la derrota de la sublevación y del gobierno indígena dirigido por Pablo Zárate Willka y Juan Lero, en 1899. Al ser reprimido este proyecto de poder nacional indígena, el movimiento étnico asumió una actitud de renovación del pacto de subalternidad con el Estado, mediante la defensa de las tierras comunitarias y el acceso al sistema educativo. Susten-tado en una cultura oral de resistencia, el movimiento indígena, predominantemente aimara, combinará, de manera fragmentada, la negociación de sus autoridades originarias con la sublevación local hasta ser sustituido, como horizonte explicador del mundo en las comunidades, por el nacionalismo revolucionario a me-diados de siglo.

El nacionalismo revolucionario y el marxismo primitivo se-rán dos narrativas políticas que emergerán simultáneamente con vigor después de la Guerra del Chaco, en sectores relativamen-te parecidos (clases medias letradas), con propuestas similares (modernización económica y construcción del Estado nacional) y enfrentados a un mismo adversario, el viejo régimen oligárqui-co y patronal.

A diferencia del marxismo naciente, para el cual el problema del poder era un tema retórico que buscaba ser resuelto en la fi-delidad canónica al texto escrito, el nacionalismo revolucionario, desde su inicio, se perfilará como una ideología portadora de una clara voluntad de poder, que debía ser resuelta de manera prácti-ca. No es casual que este pensamiento se acercara a la oficialidad del Ejército —la institución clave en la definición del poder esta-tal— y que varios de sus promotores, como Víctor Paz Estensso-ro, participaran en gestiones de los cortos gobiernos progresistas militares que erosionaron la hegemonía política conservadora de la época. Tampoco es casual que, con el tiempo, los nacionalistas revolucionarios combinaran de manera decidida sublevaciones

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(1949), con golpes de Estado (1952) y participación electoral, como muestra de una clara ambición de poder.

Obtenido el liderazgo de la revolución de 1952 por hechos y propuestas prácticas, el Movimiento Nacionalista Revoluciona-rio (mnr) hará que su proyecto partidario devenga toda una con-cepción del mundo emitida desde el Estado, dando lugar a una reforma moral e intelectual que creará una hegemonía político-cultural de treinta y cinco años de duración en toda la sociedad boliviana, independientemente de que los sucesivos gobiernos fueran civiles o militares.

El marxismo primitivo

Si bien se puede hablar de una presencia de pensamiento marxis-ta desde los años veinte, a través de la actividad de intelectuales aislados como Tristán Marof,² el marxismo, como cultura políti-ca en disputa por la hegemonía ideológica, cobrará fuerza en los años cuarenta, por medio de la actividad del Partido de Izquierda Revolucionaria (pir), el Partido Obrero Revolucionario (por) y la producción intelectual de sus dirigentes (Guillermo Lora, José Aguirre Gainsborg, José Antonio Arze, Arturo Urquidi, etcétera).

El surgimiento del marxismo, y su recepción en el ámbito so-cial, vendrán marcados por dos procesos constitutivos. El prime-ro radica en una producción ideológica directamente vinculada a la lucha política, lo que conjuró la tentación de un “marxismo de cátedra”. Los principales intelectuales que se adscriben a esa corriente participan del activismo político, ya sea en la lucha parlamentaria o en la organización de las masas, lo que influirá tanto en las limitaciones teóricas de la producción intelectual de la época —más apegada a una repetición de los sencillos esque-mas de los manuales de economía y filosofía soviéticos—, como en la constante articulación de sus reflexiones con el acontecer político práctico de la sociedad.

²\ Tristán Marof, La justicia del inca, Bruselas, Falkfils, 1926.

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El otro hecho notable de este nacimiento lo representa la re-cepción del marxismo, y del propio nacionalismo revolucionario, en el mundo laboral, que viene precedida por una modificación de la composición de clase de los núcleos económicamente más importantes del proletariado minero y fabril boliviano, que se hallan en pleno tránsito del “obrero artesanal de empresa” al “obrero de oficio de gran empresa”. Esto significa que el mar-xismo se enraíza en el locus obrero en el momento en que se está consolidando la mutación de la centralidad de los saberes indivi-duales del trabajo y del virtuosismo tradicional artesanal, que ca-racterizaba la actividad productiva en los talleres y las industrias, en la primacía del soporte técnico industrial y en una división del trabajo eslabonada en el tiempo de los obreros industriales, en las empresas mineras de estaño y de las fábricas, principalmente textileras urbanas.³

Se trata, por tanto, de un proletariado que interioriza la racio-nalidad técnica de la modernización capitalista de gran empresa, y que está subjetivamente dispuesto a una razón del mundo guia-da por la fe en la técnica como principal fuerza productiva, en la homogeneización laboral y la modernización industriosa del país. Se trata ciertamente del surgimiento de un tipo de proletariado que se halla en proceso de interiorización de la subsunción real del trabajo al capital como un prejuicio de masa,⁴ y será sobre esta nueva subjetividad proletaria, que ocupará el centro de las actividades económicas fundamentales del país, que el marxismo, con un discurso de racionalización modernizante de la sociedad, logrará enraizarse durante décadas.

El marxismo de esta primera época es, sin lugar a dudas, una ideología de modernización industrial del país en lo económico, y de consolidación del Estado nacional en lo político. En el fon-do, todo el programa revolucionario de los distintos marxismos

³\ Álvaro García Linera, La condición obrera. Estructuras materiales y simbólicas del proletariado de la minería mediana 1950-1999, La Paz, Instituto Latinoame-ricano de Investigaciones Sociales (ildis), Universidad Mayor de San Andrés (umsa) y Comuna, 2000.

⁴\ René Zavaleta, Lo nacional popular en Bolivia, México, Siglo XXI, 1986.

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de esta etapa, hasta los años ochenta, tendrá —aun cuando lleve diversos nombres: la revolución “proletaria” del por, “democrá-tica- burguesa en transición al socialismo” del Partido Comunista Boliviano (pcb), de “liberación nacional” del Ejército de Libe-ración Nacional (eln), “socialista” del Partido Socialista 1 (ps-1)— objetivos similares: despliegue incesante de la modernidad capitalista del trabajo; sustitución de las relaciones “tradiciona-les” de producción, especialmente de la comunidad campesina, que deberá “colectivizarse” u “obrerizarse”; homogeneización cultural, para consolidar el Estado; y una creciente estataliza-ción de las actividades productivas como base de una economía planificada, y de una cohesión nacional-estatal de la sociedad.

En el fondo, este marxismo primitivo, por sus fuentes y sus objetivos, será una especie de nacionalismo revolucionario radi-calizado, y de ahí que no sea raro que los militantes y los cuadros marxistas de las fábricas y minas, especialmente “poristas” y “pi-ristas”, se hayan incorporado rápidamente al partido triunfador de abril de 1952, o que la masa proletaria de influencia de estos partidos marxistas, en los hechos, haya actuado bajo el comando ideológico movimientista en los momentos de la definición políti-ca. De esta forma, mientras que en los congresos mineros o fabri-les se podía aprobar el programa de transición trotskista, en las elecciones presidenciales y en el comportamiento político se era movimientista, pues, en el fondo, lo que diferenciaba a marxistas y nacionalistas no era tanto el discurso, modernizante, estatalista y homogeneizante, sino la voluntad de poder de los últimos para llevar adelante lo prometido.

Con todo, el marxismo llegó a formar una cultura política ex-tendida en sectores obreros, asalariados y estudiantiles, basada en la primacía de la identidad obrera por encima de otras identida-des, en la convicción acerca del papel progresista de la tecnología industrial en la estructuración de la economía, del papel central del Estado en la propiedad y distribución de la riqueza, de la na-cionalización cultural de la sociedad en torno a estos moldes, y de la “inferioridad” histórica y clasista de las sociedades campesinas mayoritarias en el país.

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Esta narrativa modernista y teleológica de la historia, por lo general adaptada de los manuales de economía y filosofía, creará un bloqueo cognitivo y una imposibilidad epistemológica respec-to a dos realidades que serán el punto de partida de otro proyecto de emancipación, que con el tiempo se sobrepondrá a la propia ideología marxista: la temática campesina y étnica del país.

Considerada desde la perspectiva del capitalismo europeo, cuna del proletariado llamado a hacer la revolución, y a partir de la disolución de las relaciones tradicionales campesinas, la izquierda marxista ubicará a la realidad agraria como represen-tante del “atraso” que debe dar paso al “progreso” de la indus-tria, que permitiría pensar en la emancipación. En ese sentido, el agro se presentará como un lastre para los sujetos de la revolución social, los proletarios, que deberán buscar la mejor manera de “arrastrar” a los “pequeños propietarios” de la tierra. La lectura clasista de la realidad agraria que hará el marxismo no vendrá de la subsunción formal y real, que hubiera permitido develar las condiciones de explotación de este sector productivo; se hará desde el esquema —prejuicio— del enclave a partir de la propie-dad, con lo que trabajadores directos quedarán en el saquillo de “pequeños burgueses”, de dudosa fidelidad revolucionaria, por su apego a la propiedad.

En este esquema, la comunidad y sus relaciones productivas sencillamente no existirán en el horizonte interpretativo de este marxismo,⁵ y mucho menos cualquier otra identidad social que no sea la estrictamente económica; en este caso, campesina. Los repertorios culturales de las clases sociales, la diversidad identita-ria de la sociedad o la existencia de naciones y pueblos indígenas serán un no-lugar en la literatura y en la estrategia izquierdistas,

⁵\ 琀otables excepciones, con una lectura marxista mucho más consistente sobre el tema agrario en Bolivia, se pueden hallar en Danilo Paz Ballivian, Estructura agraria en Bolivia, La Paz, Popular, 1983; y Jorge Echazú, Los problemas agrario-campesinos de Bolivia, La Paz, Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (ceub) y Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimen-tación (fao), 1983.

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a excepción de Osvaldo Sáenz,⁶ cuyo aporte pionero será silen-ciado rápidamente por la vulgata partidaria de “clases” sociales identificadas, ni siquiera por la estructura de las relaciones de producción y reproducción social, sino tan sólo por las relaciones de propiedad, lo que producirá un reduccionismo clasista de la realidad social boliviana, y un reduccionismo juridicista y legalista de la conformación de las “clases sociales”.⁷

Para este marxismo no había ni indios ni comunidad, con lo que una de las más ricas vetas del pensamiento marxista clásico queda bloqueada y rechazada como herramienta interpretativa de la realidad boliviana;⁸ además, esta posición obligará al emer-gente indianismo político a afirmarse precisamente en un combate ideológico, tanto contra las corrientes nacionalistas como contra las marxistas, que rechazaban y negaban la temática comunitaria agraria y étnico-nacional como fuerzas productivas políticas capa-ces de servir como poderes regenerativos de la estructura social, tal como precisamente lo hará el indianismo.

Las posteriores conversiones respecto a esa temática por parte de la izquierda a finales de los ochenta, a partir de las cuales se “descubrirán” la comunidad y la diversidad nacionalista del país, no sólo serán meramente testimoniales —pues la izquierda mar-xista primitiva había entrado en franca decadencia intelectual y marginalidad social—, sino que además la temática será abordada de la misma manera superficial e instrumental con la que décadas atrás fue interpretada la centralidad proletaria.

Al final, una lectura mucho más exhaustiva de la temática in-dígena y comunitaria vendrá de la mano de un nuevo marxismo

⁶\ Jorge Ovando Sáenz, El problema nacional y colonial en Bolivia, La Paz, Juven-tud, 1984.

⁷\ José Antonio Arze, Sociología marxista, Oruro, Universidad Técnica de Oruro, 1963; Guillermo Lora, Historia del movimiento obrero boliviano. Tomo III, La Paz, Los Amigos del Libro, 1980.

⁸\ Sobre la comunidad en el pensamiento de Marx, véanse “Escritos sobre Rusia II. El porvenir de la comuna rural rusa”, en Cuadernos de Pasado y Presente, No. 90, 1980; y Lawrence Krader (ed.) Los apuntes etnológicos de Karl Marx,

Madrid, Pablo Iglesias y Siglo XXI, 1988.

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crítico y carente de auspicio estatal que, desde finales del siglo XX y a principios del XXI, apoyándose en las reflexiones avanzadas por René Zavaleta, buscará una reconciliación de indianismo y marxismo, capaz de articular los procesos de producción de co-nocimiento local con los universales.⁹

El indianismo

El voto universal, la reforma agraria (que acabó con el latifundio en el altiplano y los valles), y la educación gratuita y universal, hi-cieron del ideario del nacionalismo revolucionario un horizonte de época que envolvió buena parte del imaginario de las comuni-dades campesinas, que hallaron en este modo de ciudadanización, de reconocimiento y movilidad social, una convocatoria naciona-lizadora y culturalmente homogeneizante, capaz de desplegar y diluir el programa nacional étnico de resistencia gestado décadas atrás. Fueron momentos de una creciente desetnización del dis-curso e ideario campesinos, una apuesta a la inclusión imaginada en el proyecto de cohesión cultural mestiza irradiado desde el Estado, y de la conversión de los nacientes sindicatos campesi-nos en la base de apoyo del Estado nacionalista, tanto en su fase democrática de masas (1952-1964), como en la primera etapa de la fase dictatorial (1964-1974).

El sustento material de este periodo de hegemonía nacional estatal será la creciente diferenciación social en el campo, y per-mitirá mecanismos de movilidad interna a través de los merca-dos y la ampliación de la base mercantil de la economía rural; la acelerada descampesinización, que llevará a un rápido creci-miento de las ciudades grandes e intermedias y a la flexibilidad del mercado de trabajo urbano, que habilitará la creencia de una

⁹\ Luis Tapia, La condición multisocietal, La Paz, Postgrado en Ciencias del De-sarrollo (cides), umsa y Muela del Diablo, 2002; Raúl Prada, Largo octubre, La Paz, Plural, 2004; Álvaro García Linera, Felipe Quispe, Raquel Gutiérrez, Raúl Prada y Luis Tapia, Tiempos de rebelión, La Paz, Comuna y Muela del Diablo, 2001; Álvaro García Linera, Luis Tapia y Raúl Prada, Memorias de octubre, La Paz, Comuna y Muela del Diablo, 2004.

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movilidad campo-ciudad exitosa, mediante el acceso al trabajo asalariado estable y el ingreso a la educación superior como mo-dos de ascenso social.

Los primeros fracasos de este proyecto de modernización económica y de nacionalización de la sociedad comenzarán a ma-nifestarse en los años setenta, cuando la etnicidad, bajo la forma del apellido, el idioma y el color de piel, será reactualizada por las elites dominantes como uno más de los mecanismos de selec-ción para la movilidad social, renovando la vieja lógica colonial de enclave y desclasamiento social, que se consideraban, junto a las redes sociales y a la capacidad económica, los principales medios de ascenso y descenso social.

Ello, sumado a la estrechez del mercado laboral moderno, in-capaz de acoger a la creciente migración, habilitará un espacio de naciente disponibilidad para el resurgimiento de la nueva visión del mundo indianista que, en estos últimos treinta y cuatro años, ha transitado varios periodos: el formativo, el de la cooptación estatal, y el de su conversión en estrategia de poder.

Gestación del indianismo katarista

El primer periodo es el de la gestación del indianismo katarista, en cuanto construcción discursiva, política y cultural, formadora de fronteras culturales como modo de visibilización de exclusiones y jerarquías sociales. Inicialmente, el indianismo katarista nace como un discurso político que comienza a resignificar de manera sistemática la historia, la lengua y la cultura. En algunos casos, esta formación discursiva revisará la historia colonial y republicana para mostrar las injusticias, las usurpaciones y discriminaciones de las que han sido objeto los pueblos indígenas en la gestión de las riquezas y poderes sociales. En otros casos, se denunciarán las trabas en los procesos de ciudadanización y de ascenso social ofertados por el proyecto mestizo nacionalista iniciado en 1952. En ambas vertientes, complementarias, se trata de un discurso de denuncia e interpelatorio que, asentado en la revisión de la historia, reprocha la imposibilidad de cumplir los compromisos

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de ciudadanía, de mestizaje, de igualación política y cultural, con la cual el nacionalismo se acercó al mundo indígena campesino después de 1952.

Esto sucederá desde los años setenta, en plena vigencia del modelo estatal centralista y productor, y se llevará adelante por medio de la actividad de una intelectualidad aimara emigrante, temporal o permanente, que accede a procesos de escolarización superior y vida urbana, pero manteniendo aún vínculos con las comunidades rurales y sus sistemas de autoridad sindical. Estos intelectuales, en círculos políticos autónomos o en pequeñas em-presas culturales (el fútbol, los programas de radio, charlas en las plazas, etc.),¹⁰ van construyendo, entre dirigentes de sindicatos agrarios, redes de comunicación y de relectura de la historia, la lengua y la etnicidad que comienzan a disputar la legitimidad de los discursos campesinistas con los que el Estado y la izquierda convocaban al mundo indígena.

El aporte fundamental de este periodo es la reinvención de la indianitud, pero ya no como estigma, sino como sujeto de emanci-pación, como designio histórico, como proyecto político. Se trata de un auténtico renacimiento discursivo del indio, a través de la reivindicación y reinvención de su historia, de su pasado, de sus prácticas culturales, de sus penurias, de sus virtudes, que ha de tener un efecto práctico en la formación de autoidentificaciones y formas organizativas.

En esta primera etapa del periodo formativo se destacará la obra de Fausto Reinaga, que puede ser considerado como el in-telectual del indianismo más relevante e influyente de todo este periodo histórico. Su obra está dirigida a construir una identidad, y en la medida en que no hay identidad colectiva que construir, por lo menos en un inicio, más que afirmándose frente y en con-tra de las otras identidades, el indianismo en esta época no sólo se diferenciará de la “otra” Bolivia mestiza y colonial, sino tam-

¹⁰\ Javier Hurtado, El katarismo, La Paz, Instituto de Historia Social Boliviana (hisbol), 1985.

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bién de la izquierda obrerista, fuertemente asociada al proyecto homogeneizante y modernista del Estado nacionalista.

De entrada, el indianismo rompe lanzas frente al marxismo y se le enfrenta con la misma vehemencia con la que critica a otra ideología fuerte de la época, el cristianismo, considerados ambos como los principales componentes ideológicos de la dominación colonial contemporánea. En esta descalificación indianista del marxismo como proyecto emancipador ha de contribuir la propia actitud de los partidos de izquierda, que seguirán subalternando al campesino frente a los obreros, se opondrán a la problemati-zación de la temática nacional indígena en el país y, como hoy lo hacen las clases altas, considerarán un retroceso histórico res-pecto de la “modernidad” cualquier referencia a un proyecto de emancipación sustentado en potencialidades comunitarias de la sociedad agraria.

A partir de este fortalecimiento, en oposición, a fines de los años setenta, el discurso katarista indianista se va a dividir en cua-tro grandes vertientes. La primera, la sindical, que dará lugar a la formación de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (csutcb), hecho que sella simbólicamente la ruptura del movimiento de los sindicatos campesinos con el Estado nacionalista en general y, en particular, con el pacto mili-tar campesino, que había inaugurado una tutela militar sobre la organización campesina. La otra vertiente es la política partidaria, no solamente con la formación del Partido Indio, a fines de los años sesenta, sino del Movimiento Indio Tupac Katari (mitka) y el Movimiento Revolucionario Tupac Katari (mrtk), que van a incorporarse, de manera frustrada, en varias competencias elec-torales hasta finales de los años ochenta. La tercera vertiente, al lado de la política y la sindical, será la corriente académica, his-toriográfica y de investigación sociológica. Se ha dicho que todo nacionalismo es en el fondo un revisionismo histórico, y de ahí que no sea raro que una amplia generación de emigrantes aima-ras, que entran al mundo universitario entre los años setenta y ochenta, se dedique precisamente a llevar adelante, de manera rigurosa, este revisionismo histórico, mediante el estudio de casos

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de levantamientos, de caudillos, de reivindicaciones indígenas desde la colonia hasta nuestros días.

Si bien hay varias corrientes en este momento, la fuerza del movimiento indianista katarista estará centrada en la csutcb. Pero, como en toda identidad de los subalternos, esta fuerza de movilización no dejará de presentar el trenzado de múltiples pisos estratégicos de interpelación al Estado. Así, aunque por una parte es posible encontrar una fuerte retórica etnicista en los discursos de los dirigentes, en la simbología usada para identificarse —los retratos de los líderes indígenas, la wiphala—; en los hechos, la fuerza discursiva movilizable de la csutcb ha de estar básicamen-te centrada en reivindicaciones de tipo clasista y económico, como aquellas que dieron lugar al primer gran bloqueo de caminos de la flamante dirección sindical con Genaro Flores a la cabeza , en diciembre de 1979. Las movilizaciones de la csutcb, con predo-minio en la convocatoria política y étnico-nacional, por encima de las reivindicaciones estrictamente campesinas, recién se darán con las rebeliones de los años 2000, 2001 y 2003.

Un segundo momento de este periodo de formación discur-siva y de elite de la identidad aimara se producirá cuando, desde los primeros años de la década del ochenta, habrá una lenta pero creciente descentralización de este discurso; los ideólogos y acti-vistas del indianismo katarista se fragmentan, dando lugar a tres grandes corrientes. La culturalista, que se refugia en el ámbito de la música, la religiosidad, y que hoy en día es denominada la de los “pachamámicos”. Básicamente es un discurso que ha perdido la carga política inicial, y tiene una fuerte carga de folclorización de la indianitud.

Una segunda vertiente, menos urbana que la anterior, se ha denominado la de los discursos políticos “integracionistas”, en la medida en que enarbola una reivindicación del ser indígena co-mo fuerza de presión para obtener ciertos reconocimientos en el orden estatal vigente. Se trata de una formación discursiva de lo indígena en cuanto sujeto querellante, demandante de reconoci-miento por parte del Estado, para incorporarse a la estatalidad y ciudadanía vigentes, pero sin perder por ello sus particularidades

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culturales. El ala katarista del movimiento de reivindicación de la indianitud es la que dará cuerpo a esta posición. Aquí el indígena es la ausencia de igualdad ante el Estado por una pertenencia cul-tural (aimara y quechua), que deviene así signo identificador de una carencia de derechos (la igualdad), de un porvenir (la ciuda-danía plena) y de una distinción identitaria (la multiculturalidad).

Este discurso construye su imaginario a través de la denuncia de la existencia de dos tipos de ciudadanía: la de “primera clase”, monopolizada por los q’aras; y la ciudadanía de “segunda clase”, a la que pertenecerían los indígenas. Mediante esta jerarquiza-ción de los niveles de ciudadanía en la sociedad boliviana, este discurso realiza una lucha por el reconocimiento de la diferen-cia, pero para lograr la supresión de ésta y alcanzar la igualación y homogeneización, al menos política, en lo que se considera la “ciudadanía de primera clase”.

En este caso, la diferencia no es enarbolada como portadora de derechos, lo que requeriría pensar en una ciudadanía multi-cultural o en la reivindicación de derechos políticos colectivos, ciudadanías diferenciadas y estructuras político-institucionales plurales, pero con iguales prerrogativas políticas frente al Estado. La diferencia es aquí un paso intermedio a la nivelación, por lo que el horizonte político con el que el katarismo proyecta al indí-gena sigue siendo el de la ciudadanía estatal exhibida por las eli-tes dominantes desde hace décadas. En cierto modo, la distancia frente al discurso modernizador del nacionalismo revolucionario no radica en este destino fatal de lo que ha de entenderse por ciu-dadanía y marco institucional para ejercerla, sino en el recono-cimiento de la pluralidad cultural para poder acceder a ella, que será precisamente el aporte del modesto discurso liberal frente a la problemática de los “pueblos” y “etnias”. No será raro, por tanto, que mucho de los personajes del katarismo, elaboradores de este discurso, colaboren posteriormente con propuestas mo-dernizantes y multiculturalistas del antiguo partido nacionalista que en 1993 llegará otra vez al gobierno.

Paralelamente, en los años ochenta, esta corriente ideológica, más vinculada al sindicalismo campesino, será la más propensa a

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acercarse a las corrientes marxistas y al aún predominante movi-miento obrero organizado en torno a la Central Obrera Bolivia-na (cob). Por ejemplo, Genaro Flores logrará establecer alianzas con el frente izquierdista Unidad Democrática Popular (udp) en las elecciones de 1980, y algunos de sus cuadros políticos se in-corporarán a la gestión de gobierno de Siles Zuazo. En los años posteriores, dirigentes de esta fracción katarista buscarán modi-ficar desde adentro la composición orgánica de la representación social de la cob, dando lugar a una de las más importantes inter-pelaciones indígenas a la izquierda obrera.

Una tercera variante discursiva de este movimiento indianista katarista será la vertiente ya estrictamente nacional indígena, enar-bolada inicialmente de manera intuitiva por militantes, activistas y teóricos indianistas influidos por Fausto Reinaga,¹¹ que buscan la constitución de una República India. Se trata de un discurso que no le pide al Estado el derecho a la ciudadanía, sino que pone de manifiesto que deben ser los mismos indígenas quienes deben, porque quieren, ser los gobernantes del Estado. Un Estado que, precisamente por esta presencia india, tendrá que constituirse en otro Estado y en otra república, en la medida en que el Estado Republicano contemporáneo ha sido una estructura de poder fundada en la exclusión y el exterminio del indígena.

Bajo esta mirada, el indígena aparece entonces no sólo como un sujeto político, sino también como un sujeto de poder, de mando, de soberanía. La propia narrativa histórica del indígena que construye este discurso va más allá de la denuncia de las ex-clusiones, las carencias o los sufrimientos, que caracterizan a la reconstrucción culturalista; es una narrativa heroica, hasta cierto punto guerrera, marcada por levantamientos, por resistencias, por aportes, por grandezas cíclicamente reconstruidas de varias formas, y que algún día habrá de reestablecerse de manera defi-nitiva mediante la “revolución india”.

¹¹\ Fausto Reinaga, La revolución india, La Paz, Partido Indio de Bolivia, 1969 y La razón y el indio, La Paz, Imprentas Unidas, 1978.

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En este caso, el indio es concebido como proyecto de poder político y social sustitutivo del régimen republicano de elites q’aras, que son consideradas como innecesarias en el modelo de sociedad propugnado. En su etapa inicial, este discurso toma la forma de un panindigenismo, en la medida en que se refiere a una misma identidad india que se extiende a lo largo de todo el continente, con pequeñas variantes regionales. Esta mirada transnacional de la estructura civilizatoria indígena puede con-siderarse imaginariamente expansiva, en la medida en que supe-ra el localismo clásico de la demanda indígena; pero, al mismo tiempo, presenta una debilidad, en la medida en que minimiza las propias diferencias intraindígenas y las diferentes estrategias de integración, disolución o resistencia por las que cada naciona-lidad indígena optó dentro los múltiples regímenes republicanos instaurados desde el siglo pasado.

De ahí que, en una segunda etapa, una corriente en el inte-rior de esta vertiente indianista, encabezada por Felipe Quispe y la organización Ayllus Rojos,¹² realice dos nuevos aportes a lo heredado por Reinaga. Por una parte, el reconocimiento de una identidad popular boliviana, resultante de los siglos de mutila-dos mestizajes culturales y laborales en diferentes zonas urbanas y rurales. Esto es importante, porque en la óptica inicial del in-dianismo, lo “boliviano” era meramente una invención de una reducidísima elite extranjera, cuyo papel era el de retirarse a sus países de origen europeo. Bajo esta nueva mirada, en cambio, las formas de identidad popular bolivianas, como la obrera, y hasta cierto punto la campesina en determinadas regiones, aparecen como sujetos colectivos con los cuales hay que trazar políticas de alianza, acuerdos de mutuo reconocimiento, etc. Éste será el significado político de la llamada teoría de las “dos Bolivias”.

El segundo aporte de este discurso es el de la especificidad de la identidad indígena aimara. Si bien hay un esfuerzo por inscribir en lo indígena múltiples sectores urbanos y rurales, hay una lectu-ra más precisa y efectiva de esta construcción identitaria en torno

¹²\ Felipe Quispe, Tupak Katari vive y vuelve... Carajo, La Paz, Pachakuti, 1989.

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al mundo aimara, no sólo a partir de la politización del idioma y el territorio, sino también de sus formas organizativas, de su for-ma diferenciada respecto de los otros pueblos indígenas. De esta forma, el indio aimara aparece de manera nítida como identidad colectiva y como sujeto político encaminado a un destino de au-togobierno, de autodeterminación. Ciertamente, se trata de una peculiar articulación entre las lecturas de la tradición histórica de las luchas indígenas por autonomía, con las modernas lecturas de autodeterminación de las naciones, desarrolladas por el marxismo crítico, y cuya importancia radica en que permite centrar el dis-curso en ámbitos territoriales específicos, en masas poblacionales verificables y en sistemas institucionales de poder y movilización más compactos y efectivos que los de la panindianidad. De ahí que se pueda afirmar que, a partir de esta formación discursiva, el indio y el indianismo devienen un discurso estrictamente na-cional, el de la nación indígena aimara.

Estos dos aportes del indianismo como estrategia de poder descentrarán la enemistad de esta corriente ideológica con algu-nas vertientes del marxismo, dando lugar a un diálogo, ciertamen-te tenso, entre esta corriente indianista y emergentes corrientes intelectuales marxistas críticas, que ayudarán a definir de una manera mucho más precisa la direccionalidad de la lucha y cons-trucción de poder político en esa estrategia indianista.

La incorporación estatal

El segundo periodo de la construcción del discurso nacional indí-gena es el de la incorporación estatal. Éste se inicia a finales de los años ochenta, en momentos en los cuales intelectuales y activistas del movimiento indígena atraviesan por una fuerte frustración política, en la medida en que sus intentos de convertir la fuerza de la masa indígena sindicalizada en votación electoral no dan los resultados esperados. Esto dará lugar a una acelerada fragmen-tación de corrientes aparentemente irreconciliables dentro del movimiento indianista katarista, sin que ninguna de ellas logre articular hegemónicamente al resto. La integración y competencia

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en el interior de las estructuras liberal-republicanas de poder (sis-tema de partidos, delegación de la voluntad política, etc.) marca-rán los límites estructurales de la lectura integracionista y pactista del indianismo katarista. También es una época en la que, simul-táneamente con una mayor permeabilidad de este discurso en la sociedad, se dan los primeros intentos de reelaboración de estas propuestas por partidos de izquierda e intelectuales bolivianos, pero no con el afán de entenderlas, sino de instrumentalizarlas en la búsqueda de apoyo electoral y financiamientos extranjeros.

Al tiempo que la sociedad y los partidos de izquierda marxis-ta asisten al brutal desmoronamiento de la identidad y fuerza de masa obrera sindicalmente organizada, la adopción y reelabo-ración de un discurso etnicista se les presenta como una opción de recambio en los sujetos susceptibles de ser convocados. De esta manera, la estructura conceptual con la que esta izquierda en decadencia se acerca a la construcción discursiva indígena no recupera el conjunto de la estructura lógica de esa propuesta, lo que hubiera requerido un desmontaje del armazón colonial y van-guardista que caracterizaba al izquierdismo de la época.

Curiosamente, éste también es un momento de confrontación en el interior de la csutcb, entre el discurso étnico campesino katarista e indianista y el discurso izquierdista frugalmente etni-zado. La derrota de Genaro Flores en el congreso de 1988 cerrará un ciclo de hegemonía discursiva del katarismo indianista en la csutcb, dando lugar a una larga década de predominio de versio-nes despolitizadas y culturalistas de la identidad indígena, muchas veces directamente emitidas desde el Estado o las instituciones no gubernamentales. Paralelamente a este repliegue sindical y frustración electoral, una parte de la militancia indianista adop-tará posiciones organizativas más radicales, formando el Ejérci-to Guerrillero Tupac Katari (egtk), bajo la propuesta teórica de autogobierno indígena aimara y apuntalamiento de estructuras militarizadas en las comunidades del altiplano, influyendo quin-ce años después en las características organizativas y discursivas de las rebeliones indígenas en el altiplano norte en el siglo XXI.

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El mnr es el partido político que con mayor claridad detecta el significado de la formación discursiva de un nacionalismo in-dígena, visto como un peligro, así como también las debilidades que atravesaba el movimiento indígena. Por medio de la alianza con Víctor Hugo Cárdenas y una serie de intelectuales y de acti-vistas del movimiento indígena, el mnr convierte en política de Estado el reconocimiento retórico de la multiculturalidad del país, mientras que la Ley de Participación Popular habilita me-canismos de ascenso social local, capaces de succionar el discur-so y la acción de una buena parte de la intelectualidad indígena crecientemente descontenta.

La aplicación de la Ley de Participación Popular, si bien ha contribuido en algunos casos a un notable fortalecimiento de las organizaciones sindicales locales, que han logrado proyectarse electoralmente en el ámbito nacional, también puede ser vista como un mecanismo bastante sofisticado de incorporación de líderes y de activistas locales, que comienzan a propugnar y ha-cer girar sus luchas y sus formas organizativas alrededor de los municipios y las instancias indigenistas expresamente creadas por el Estado. Ello ha de inaugurar un espacio de fragmentación étnica, en la medida en que también fomenta el resurgimiento y la invención de etnicidades indígenas locales, de ayllus y asocia-ciones indígenas separadas entre sí, pero vinculadas verticalmente a una economía de demandas y concesiones en el Estado. De esta manera, a la identidad indígena autónoma y asentada en la es-tructura organizativa de los “sindicatos”, formada desde los años setenta, se va a contraponer una caleidoscópica fragmentación de identidades de ayllus, de municipios y de “etnias”.

Éste será un momento de reacomodación de las fuerzas y co-rrientes internas del movimiento indígena, de un rápido aman-samiento de los discursos de identidad a los parámetros emitidos por el Estado liberal, de desorganización social y de escasa mo-vilización de masas indígenas. A excepción de la gran marcha de 1996 en contra de la ley del Instituto Nacional de Reforma Agra-ria (inra), el protagonismo social de las luchas sociales habrá de desplazarse del altiplano aimara a las zonas cocaleras del Chapare,

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donde predominará un discurso de tipo campesino, complemen-tado con algunos componentes culturales indígenas.

El indianismo de los noventa

El tercer periodo de este nuevo ciclo indianista puede ser califica-do como estrategia de poder, y se da a finales de los años noventa y principios del siglo XXI. Es el momento en que el indianismo deja de ser una ideología que resiste en los resquicios de la domi-nación, y se expande como una concepción del mundo protohe-gemónica, intentando disputar la capacidad de dirección cultural y política de la sociedad a la ideología neoliberal, que había pre-valecido durante los últimos dieciocho años. De hecho, hoy se puede decir que la concepción del mundo de corte emancipativo más importante e influyente en la actual vida política del país es el indianismo, y que es el núcleo discursivo y organizativo de lo que hoy podemos denominar la “nueva izquierda”.

Independientemente de si los actores de esta reconstruc-ción del eje político contemporáneo aceptan el denominativo de izquierdas como identidad,¹³ en términos de clasificación sociológica,¹⁴ los movimientos sociales indígenas, en primer lu-gar, y los partidos políticos generados por ellos, han creado una “relación de antagonismo entre partes contrapuestas” en el uni-verso político, precisamente representable por una dicotomía espacial, como lo es “izquierdas y derechas”, lo que no significa que, como antes, sea una identidad, pues, ahora éstas vienen más de la autoadscripción a lo indígena (aimaras y quechuas), a lo ori-ginario (naciones ancestrales) o a lo laboral (el “pueblo sencillo y trabajador” de la Coordinadora del Agua de Cochabamba).

La base material de esta ubicación histórica del indianismo es la capacidad de sublevación comunitaria con la que las comuni-

¹³\ 琀l indianismo fuerte nunca aceptó ser calificado como de izquierda, pues la iz-quierda tradicional reproducía los criterios antiindígenas y colonialistas de las derechas políticas.

¹⁴\ 琀orberto Bobbio, Derecha e izquierda, Madrid, Taurus, 1998.

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dades indígenas responden a un creciente proceso de deterioro y decadencia de las estructuras comunitarias campesinas, y de los mecanismos de movilidad social ciudad-campo. Manifiestas ya desde los años setenta, las reformas neoliberales de la eco-nomía incidirán de manera dramática en el sistema de precios del intercambio económico urbano-rural. Al estancamiento de la productividad agraria tradicional y la apertura de la libre im-portación de productos, los términos del intercambio, regular-mente desfavorables para la economía campesina, se intensifica-rán drásticamente,¹⁵ comprimiendo la capacidad de compra, de ahorro y de consumo de las familias campesinas. A ello se sumará un mayor estrechamiento del mercado de trabajo urbano, y un descenso en el nivel de ingreso de las escasas actividades labora-les urbanas con las que las familias campesinas periódicamente complementan sus ingresos. Esto restringe la complementariedad laboral urbano-rural con la que las familias campesinas diseñan sus estrategias de reproducción colectiva.

Bloqueados los mecanismos de movilidad social internos y externos a las comunidades, con una migración acelerada a las ciudades en los últimos años, pero con una ampliación de la migración de doble residencia de aquellas poblaciones pertene-cientes a zonas rurales con condiciones de relativa sostenibilidad productiva (que a la larga serán las zonas de mayor movilización indígena campesina), el punto de inicio de las sublevaciones y de expansión de la ideología indianista se da en el momento en el que las reformas de liberalización de la economía afectan las condiciones básicas de reproducción de las estructuras comuni-tarias agrarias y semi-urbanas (agua y tierra). A diferencia de lo estudiado por Bourdieu en Argelia,¹⁶ donde el deterioro de la so-ciedad tradicional dio lugar a un subproletariado desorganizado, atrapado en redes clientelistas y carente de autonomía política,

¹⁵\ Mamerto Pérez, Apertura comercial y sector agrícola campesino, La Paz, Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (cedla), 2004.

¹⁶\ Pierre Bourdieu, Algérie 60. Structures économiques et structures temporelles,

Paris, Minuit, 1977.

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el deterioro creciente de la estructura económica tradicional de la sociedad rural y urbana ha dado lugar a un fortalecimiento de los lazos comunitarios, como mecanismo de seguridad primaria y reproducción colectiva.

Es en medio de ello, y del vaciamiento ideológico que esta ausencia de porvenir modernizante provoca, que se ha podido expandir la ideología indianista, capaz de brindar una razón del drama colectivo, precisamente a partir de la articulación política de las experiencias cotidianas de exclusión social, discriminación étnica y memoria social comunitaria de campesinos indios dejados a su suerte por un Estado empresario, dedicado exclusivamente a potenciar los diminutos enclaves de modernidad transnacionali-zada de la economía. La politización que hará el indianismo de la cultura, del idioma, de la historia y la piel, elementos precisamente utilizados por la “modernidad” urbana para bloquear y legitimar la contracción de los mecanismos de inclusión y movilidad social, será el componente palpable de una ideología comunitarista de emancipación que rápidamente erosionará la ideología neolibe-ral, para entonces cosechadora de frustraciones por la excesiva inflación de ofertas que hizo en el momento de consagrarse. Pa-ralelamente, este indianismo cohesionará una fuerza de masa mo-vilizable, insurreccional y electoral, logrando politizar el campo político discursivo, y consolidándose como una ideología con proyección estatal.

Este indianismo, como estrategia de poder, presenta en la ac-tualidad dos vertientes: una de corte moderado (Movimiento al Socialismo [mas] e Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos [ipsp]) y otra radical (Movimiento Indígena Pachakuti [mip] y csutcb). La vertiente moderada es la que está articulada en torno a los sindicatos campesinos del Chapare, enfrentados a las políticas de erradicación de cocaleros. A partir de un discurso campesinista, que ha ido adquiriendo connotaciones más étnicas apenas en los últimos años, los sindicatos cocaleros han logrado establecer un abanico de alianzas flexibles y plurales en función de un “instrumento político” electoral que ha permitido a los sindicatos, especialmente agrarios, ocupar puestos de gobierno

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local y una brigada parlamentaria significativa. Reivindicando un proyecto de inclusión de los pueblos indígenas en las estructuras de poder, y poniendo mayor énfasis en una postura antiimperialis-ta, esta vertiente puede ser definida como indianista de izquierda, por su capacidad de recoger la memoria nacional-popular, mar-xista y de izquierda formada en las décadas anteriores, lo que le ha permitido a su convocatoria tener una mayor recepción urba-na, multisectorial y plurirregional, haciendo de ella la principal fuerza político-parlamentaria de la izquierda, y la principal fuerza electoral municipal del país.

Por su parte, la corriente indianista radical tiene más bien un proyecto de indianización total de las estructuras de poder polí-tico, con lo que, según sus líderes, los que deberían negociar sus modos de inclusión en el Estado son los “mestizos”, en calidad de minorías incorporadas, en condiciones de igualdad política y cultural con las mayorías indígenas. Si bien la temática campesina siempre está en el repertorio discursivo de este indianismo, todos los elementos reivindicativos están ordenados y dirigidos por la identidad étnica (“naciones originarias” aimaras y quechuas). Se trata, por tanto, de una propuesta política que se conecta direc-tamente con el núcleo duro del pensamiento indianista del pe-riodo formativo (Reinaga), y con ello, hereda la crítica a la vieja izquierda marxista, a su cultura que aún influye pasivamente en sectores sociales urbanos mestizos. Por ello, esta corriente se ha consolidado sólo en el mundo estrictamente aimara, urbano rural, por lo que puede ser considerada como un tipo de indianismo nacional aimara.

Pese a sus notables diferencias y enfrentamientos, ambas co-rrientes comparten trayectorias políticas similares:

a) Tienen como base social organizativa los sindicatos y co-munidades agrarias indígenas.

b) Los “partidos” o “instrumentos políticos” parlamentarios resultan de coaliciones negociadas de sindicatos campesinos y, en el caso del mas, urbano populares, que se unen para acceder a representaciones parlamentarias, con lo que la tríada “sindicato-

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masa-partido”, tan propia de la antigua izquierda, es dejada de lado por una lectura del “partido” como prolongación parlamen-taria del sindicato.

c) Su liderazgo, y gran parte de su intelectualidad y plana ma-yor (en mayor medida en el mip), son indígenas aimaras o que-chuas y productores directos, con lo que la incursión en la polí-tica toma la forma de una autorrepresentación de clase y étnica simultáneamente.

d) La identidad étnica, integracionista en unos casos o auto-determinativa en otros, es la base discursiva del proyecto polí-tico con el que se enfrentan al Estado e interpelan al resto de la sociedad, incluido el mundo obrero asalariado.

e) Si bien la democracia es un escenario de despliegue de sus reivindicaciones, hay una propuesta de ampliación y compleji-zación de la democracia, a partir del ejercicio de lógicas organi-zativas no liberales, y la postulación de un proyecto de poder en torno a un tipo de cogobierno de naciones y pueblos.

Lo que resta saber de este despliegue diverso del pensamiento indianista es si será una concepción del mundo que tome la forma de una concepción dominante de Estado, o si, como parece insi-nuarse por las debilidades organizativas, errores políticos y frac-cionamientos internos de las colectividades que lo reivindican, será una ideología de unos actores políticos que sólo regularán los excesos de una soberanía estatal ejercida por los sujetos políticos y clases sociales que consuetudinariamente han estado en el poder.

Por último, en lo que respecta a la nueva relación entre estos indianismos y el marxismo, a diferencia de lo que sucedía en déca-das anteriores, en las que la existencia de un vigoroso movimien-to obrero estaba acompañada de una primaria pero extendida cultura marxista, hoy, el vigoroso movimiento social y político indígena no tiene como contraparte una amplia producción inte-lectual y cultural marxista. El antiguo marxismo de Estado no es significativo ni política ni intelectualmente, y el nuevo marxismo crítico, proveniente de una nueva generación intelectual, tiene una influencia reducida y círculos de producción aún limitados.

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Con todo, no deja de ser significativo que este movimiento cul-tural y político indianista no venga acompañado de una vigorosa intelectualidad letrada indígena e indianista. Si bien el indianismo actual tiene una creciente intelectualidad práctica en los ámbitos de dirección de sindicatos, comunidades y federaciones agrarias y vecinales, el movimiento carece de una propia intelectualidad letrada y de horizontes más estratégicos. El grupo social indígena que podría haber desempeñado ese papel se halla aún adorme-cido por el impacto de la incorporación general de cuadros in-dígenas por el Estado neoliberal en la década de los noventa. Y, curiosamente, son precisamente parte de estos pequeños núcleos de marxistas críticos los que con mayor acuciosidad reflexiva vie-nen acompañando, registrando y difundiendo este nuevo ciclo del horizonte indianista, inaugurando así la posibilidad de un espacio de comunicación y enriquecimiento mutuo entre indianismos y marxismos, que serán probablemente las concepciones emanci-pativas de la sociedad más importantes en Bolivia en el siglo XXI.

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EL ESTADO EN TRANSICIÓN

Bloque de poder y punto de bifurcación¹

Hoy quisiera, con ustedes, reflexionar acerca del Estado en tiem-pos de transición; sobre qué podemos entender por Estado en momentos en los que su forma social está en duda, está en pro-ceso de incertidumbre o, si se prefiere, en momentos en los que se construye una nueva estructura estatal. Ciertamente, lo que llamamos Estado es una relación o, mejor, una estructura de re-laciones políticas territorializadas y, por tanto, es un flujo de inte-rrelaciones y de materializaciones pasadas de esas interrelaciones referidas a la dominación y legitimación política. Esta relación-Estado siempre es un proceso histórico político en construcción, en movimiento, en flujo. Pero hay momentos de su historia en los cuales este devenir se mueve en un marco de procedimientos, je-rarquías y hábitos relativamente previsibles y acotados, esos son los momentos de la “estabilidad” de la relación-Estado. Pero, cuando las jerarquías, los procedimientos y los hábitos de la rela-ción-Estado pierden su anclaje estructural primordial, hablamos de los momentos de “transición” de una estructura de relaciones políticas de dominación y legitimación a otra estructura, es decir, a otra forma de relación-Estado.

¹\ Álvaro García Linera, 2008 (texto inédito).

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En un diálogo con Emir Sader sobre esta temática, reflexio-namos en torno a tres ejes analíticos del concepto de la relación-Estado: el Estado como correlación política de fuerzas sociales, el Estado como institución, y el Estado como idea o creencia co-lectiva generalizada. Quisiera recoger este debate, entendiendo al Estado, por una parte, como una correlación política de fuerzas entre bloques y clases sociales con capacidad de influir, en mayor o menor medida, en la implementación de decisiones guberna-mentales o, si se prefiere, como construcción de una coalición política dominante; por otra, como una maquinaria donde se materializan esas decisiones en normas, reglas, burocracias, pre-supuestos, jerarquías, hábitos burocráticos, papeles, trámites, es decir, como institucionalidad. Estos dos primeros componentes hacen referencia al Estado como relación material de dominación y conducción política. Finalmente, en tercer lugar, el Estado co-mo idea colectiva, como sentido común de época que garantiza el consentimiento moral entre gobernantes y gobernados. Con este tercer componente, nos referimos al Estado como relación de legitimación política o, en palabras del profesor Pierre Bourdieu, como monopolio del poder simbólico.²

De ahí que, de cierta manera, la relación-Estado sea una rela-ción paradójica. Por una parte, no hay nada más material, físico y administrativamente político que un Estado (monopolio de la coerción, de la administración de los impuestos como núcleo ín-timo y fundamental), pero, a la vez, no hay nada que dependa más de su funcionamiento que la creencia colectiva de la necesidad (momento consciente) o inevitabilidad (momento prerreflexivo) de su funcionamiento. De igual manera, en la administración in-terna de la maquinaria, el Estado se presenta como la totalidad más idealista de la acción política, ya que es el único lugar en to-do el campo político en el que la idea deviene inmediatamente materia con efecto social general, esto es: es el único lugar donde cualquier decisión pensada, asumida y escrita por los máximos go-bernantes, deviene inmediatamente materia estatal, documentos,

²\ Pierre Bourdieu, Cosas dichas, Barcelona, Gedisa, 1987.

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informes, memorias, recursos financieros, ejecuciones prácticas, etc. Es por ello que se puede decir que el Estado es la perpetua-ción y la constante condensación de la contradicción entre la ma-terialidad y la idealidad de la acción política. Esta contradicción busca ser superada, parcialmente, mediante la conversión de la idealidad como un momento de la materialidad (la legitimidad como garante de la dominación política) y la materialidad como momento del despliegue de la idealidad (decisiones de gobier-no que devienen acciones de gobierno de efecto social general).

Retomando las características de estos tres componentes es-tructurales de la relación estatal, intentemos acercarnos ahora a algunos elementos del Estado en transición o momentos de revolu-ción política de las sociedades. Para ello, los textos de Robespierre son reveladores de estos momentos de transformación. También Marx, con sus textos sobre la revolución europea de 1848-1850, sobre la Comuna de París en 1871, o Lenin con sus reflexiones en el periodo 1918-1920 y, por supuesto, René Zavaleta, cuando estudia la Revolución de 1952.

En lo que se refiere a los estudios del Estado como continuidad y reproducción, hay bastantes aportes en la sociología del Estado. En ello, las investigaciones sobre el proceso de monopolización de la coerción legítima y de los impuestos, de construcción de los sistemas legales y judiciales, del papel del sistema escolar co-mo reproductor de las relaciones de dominación, son líneas de estudio de los largos periodos de regularidad y la reproducción del Estado.

En mi eventual estadía en el gobierno, he podido visualizar otros elementos de la regularidad y de la reproducción de la rela-ción de la dominación estatal que podrían explorarse con mayor detenimiento, como son: las asignaciones de la inversión pública, el papel del Banco Central en el control de los flujos monetarios y de la propia inversión interna, los regímenes de contratación de obras, de contratación de deuda, más aún en tiempos en los que el Estado asume, cada vez más, un protagonismo en la inversión pública. En conjunto, se trata de temáticas que se pueden incor-porar al bagaje sociológico del estudio del Estado en tiempos de

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estabilización o de estabilidad como relación de dominación, co-mo correlación de fuerzas y como idea dominante de la sociedad.

Ahora bien, estas tres dimensiones o caras del mismo orden estatal, en momentos de cambio de forma y contenido social del Estado, presentan transformaciones diferentes en su profundi-dad y velocidad, dependiendo del momento o etapa de la crisis de Estado que se está atravesando.

Esquemáticamente, podemos resumir que toda crisis estatal atraviesa cuatro etapas históricas:

a) El momento del desvelamiento de la crisis de Estado, que es cuando el sistema político y simbólico dominante, que permitía hablar de una tolerancia o hasta acompañamiento moral de los dominados hacia las clases dominantes, se quiebra parcialmente, dando lugar a un bloque social políticamente disidente, con ca-pacidad de movilización y expansión territorial de esa disidencia, convertida en irreductible.

b) De consolidarse esa disidencia como proyecto político na-cional imposible de ser incorporado en el orden y discurso do-minante, se da inicio al empate catastrófico, que ya habla de la presencia, no sólo de una fuerza política con tal capacidad de movilización nacional como para disputar parcialmente el con-trol territorial del bloque político dominante, sino además, de la existencia de una propuesta de poder (programa, liderazgo y organización con voluntad de poder estatal), capaz de desdoblar el imaginario colectivo de la sociedad en dos estructuras políticas-estatales diferenciadas y antagonizadas.

c) Renovación o sustitución radical de elites políticas, mediante la constitución gubernamental de un nuevo bloque político, que asume la responsabilidad de convertir las demandas contestata-rias en hechos estatales desde el gobierno.

d) Construcción, reconversión o restitución conflictiva de un bloque de poder económico-político-simbólico desde o a partir del Estado, buscando ensamblar el ideario de la sociedad mo-vilizada, con la utilización de recursos materiales del o desde el Estado.

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e) Punto de bifurcación o hecho político-histórico a partir del cual la crisis de Estado, la pugna política generadora de desor-den social creciente, es resuelta mediante una serie de hechos de fuerza que consolidan duraderamente un nuevo, o reconstituyen el viejo, sistema político (correlación de fuerzas parlamentarias, alianzas y procedimientos de recambio de gobierno), el bloque de poder dominante (estructura de propiedad y control del ex-cedente), y el orden simbólico del poder estatal (ideas fuerza que guían las temáticas de la vida colectiva de la sociedad).

En el caso de Bolivia, la crisis estatal se manifestó desde el año 2000 con la “Guerra del agua”, que al tiempo que revertía una política estatal de privatización de recursos públicos, permitió reconstituir núcleos territoriales de un nuevo bloque nacional-popular. El empate catastrófico se visibilizó desde el año 2003, cuando a la expansión territorial de este bloque social movilizado se sumó la construcción polimorfa de un programa de transfor-maciones estructurales, a la cabeza de los movimientos sociales constituidos, desde entonces, como una voluntad de poder estatal movilizada. La sustitución de elites gubernamentales se dio en enero de 2006, con la elección del primer presidente indígena de la historia republicana, en un país de mayorías indígenas, en tanto que la construcción del nuevo bloque de poder económico y el nuevo orden de redistribución de los recursos se vendrá dando hasta el día de hoy. El punto de bifurcación se habría iniciado, de manera gradual y concéntrica, desde la aprobación del nuevo texto constitucional por parte de la Asamblea Constituyente, y tuvo en el referéndum de agosto de 2008 un momento clave de su despliegue, sin que se pueda establecer de manera precisa el momento final de su realización plena. Tomando en cuenta esta periodización, vamos a detenernos en las características del Es-tado en transición en estas dos últimas etapas.

Ahora bien, ¿cuáles son los puntos nodales de la estatalidad cuando queremos ver al Estado en tiempos de transición? En otras palabras: ¿cómo acercarnos al estudio de los mecanismos, las formas y los medios de consagración y legitimación duradera

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de una correlación de fuerzas políticas?, ¿cómo se convierte en estable una eventual estructura de relaciones políticas diferente a la anteriormente vigente?, ¿cómo —usando palabras más aca-démicas— se consolida un régimen de mando y de poder social, tanto material como simbólicamente?

Es claro que en los momentos de estabilidad política y estatal esos tres componentes que hemos nombrado —el Estado como correlación de fuerzas, el Estado como máquina, el Estado como idea— se definen como estables porque se mueven en un ámbito de previsibilidad y de no antagonismo radical, ni de quiebre en sus componentes internos. Por lo tanto, su preservación, su trans-formación y su reconversión, que son también flujos de trabajo de poder, son, en cierta medida, previsibles a partir de ciertos pará-metros de movimiento interno de las ideas dominantes, de la ma-quinalidad administrativa y de la correlación de fuerzas sociales.

En cambio, en tiempo de crisis estatal, está claro que cada uno de estos componentes (la máquina, la correlación de fuerzas y la idea o la imaginación política) presentan ámbitos de antagonis-mo recurrente, de inestabilidad y de incertidumbre estratégica en cuanto a su funcionamiento. En otras palabras, la forma cotidiana de reconocer a un Estado en transición es la incertidumbre dura-dera de la vida política de una sociedad, la gelatinosidad conflic-tiva y polarizada del sentido común colectivo, la imprevisibilidad estratégica de las jerarquías y mandos de la sociedad a largo plazo, que bien podemos denominar “crisis de Estado”. Hoy Bolivia, desde hace ocho años, es un laboratorio viviente, precisamente de este momento histórico de transformación acelerada y anta-gonizada de una forma estatal a otra.

Para acercarse al estudio de este momento político de crisis estatal y en proceso de resolución probable, algunas preguntas pueden ayudar a precisar el problema. Primero: ¿cuál es la coa-lición social que ha conquistado el poder político en la sociedad boliviana a raíz de las elecciones generales de 2005?, ¿cuál es la diferencia clasista regional y étnica con el antiguo bloque de po-der?, ¿cuáles son las características, las medidas y estrategias de

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expansión de la nueva base material que sustenta al nuevo blo-que de poder?

En segundo lugar: ¿cuáles son los actuales mecanismos de es-tabilización del poder y de mando político del Estado? Si en los momentos de estabilidad de la reproducción de las relaciones de dominación, el régimen judicial, el sistema escolar, el Congreso, la relación salarial, etc., son los mecanismos decisorios de la conti-nuidad de la correlación de fuerzas sociales, en momento de crisis estatal, ¿cuáles son los mecanismos de reproducción y ampliación de la nueva correlación de fuerzas emergente de la insurgencia social, la movilización colectiva y las elecciones?

Y, por último, ¿cuáles son las condiciones de posibilidad de la presencia del momento histórico de lo que denominaremos “pun-to de bifurcación estatal”, a partir del cual ya es posible hablar de un proceso de estabilización y de autorreproducción de la corre-lación de fuerzas y, por tanto, de cierre de la crisis de Estado? Es evidente que la llegada a la estabilización estratégica del sistema estatal es un proceso, pero hay un momento, el punto de bifur-cación política, en el que se verifica un proceso de retroalimen-tación duradera de la correlación de fuerzas, de las ideas-fuerza dominantes y de la maquinalidad administrativa que expresa la correlación de fuerzas. Es decir, lo que nos interesa indagar son las relaciones del Estado en construcción de su forma histórica, no tanto del Estado en su reproducción y en su estabilización. Provisionalmente, intentaré mencionar algunas ideas al respecto de estos momentos de transición estatal.

En lo que se refiere al primer punto de la nueva coalición dominante con poder del Estado, está claro que en Bolivia ha habido una modificación de las clases sociales y de sus identida-des étnicas culturales, que han asumido, primero, el control del gobierno y, gradualmente, la modificación del poder político, el control del excedente económico y de la estructura del Estado. Esto es verificable a partir del origen social, trayectoria laboral y educativa, y estructura de los capitales (económicos, culturales y simbólicos) de los actuales gobernantes, que permiten hablar no sólo de una clásica renovación de elites del poder del Estado,

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sino, fundamentalmente, de un desplazamiento radical de las elites del gobierno y de las propias clases sociales que toman las decisiones políticas fundamentales, que filtran la selección de la administración burocrática y que son objeto de mayor cercanía en las políticas de distribución de la riqueza pública.

Tan radical ha sido este trastrocamiento de la condición de clase y procedencia étnica de las coaliciones gobernantes, que los puentes de comunicación, que antiguamente servían para llevar adelante transiciones estatales más dialogadas (similares colegios y universidades de los hijos de las elites, estilos de vida comparti-dos, alianzas matrimoniales cruzadas, negocios articulados, luga-res de residencia geográficamente similares, etc.), hoy no existen, acentuando las diferencias y tensiones entre el bloque político as-cendente y el decadente. En buena medida, esto ayuda también a entender el grado de beligerancia permanente de la sociedad en esta etapa de gobierno del presidente Evo Morales, pues los tra-dicionales puentes cotidianos de asimilación de las nuevas elites emergentes y de reacomodo de las antiguas, que caracterizaron las transiciones estatales precedentes (1952-1957; 1982-1988), hoy no existen ni se los construye, con lo que la modificación de la composición clasista y cultural de los sectores dirigentes es abrupta, sin mediaciones ni aligeramientos.

¿Cuáles son las características de este nuevo bloque de po-der dominante? Está claro que su base material económica está constituida por la pequeña producción mercantil, tanto agraria como urbana, la misma que caracterizó a la multitud movilizada en las grandes rebeliones sociales semiinsurreccionales de 2000 a 2003. En ese bloque dirigente destacan campesinos indígenas con vínculos regulares con el mercado (el Chapare, valles co-chabambinos, zonas de colonización en el oriente, comunarios del altiplano paceño, orureño, chuquisaqueño y potosino, valles tarijeños), indígenas campesinos de tierras bajas y de los ayllus andinos; así como pequeños productores urbanos y sectores de actividad mercantil relativamente avanzada, entre los cuales se puede hablar de la presencia de un tipo de “empresariado de origen popular” que, autoidentificado más como trabajador que

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como burguesía y sin haber recibido nada del Estado para llegar a donde está, abastece el mercado interno y, en parte, a merca-dos externos.

En este primer círculo de decisión hay que ubicar también a una nueva intelligentzia urbana, a un bloque de profesionales e intelectuales producto del ingreso de las clases populares al sis-tema universitario desde los años setenta y que, a diferencia de la intelectualidad pequeño burguesa tradicional de los años sesen-ta, que se inclinó por construcciones partidarias de izquierda, es más afín a las estructuras corporativas del sindicalismo urbano, rural y al movimiento vecinal. En medio de ellos se destaca una intelligentzia indígena letrada, que ha ido construyendo en los últimos treinta años un horizonte utópico indianista

También es claro que es posible ver que, en torno a este nú-cleo, se han articulado distintas personalidades, fuerzas obreras anteriormente sometidas a políticas de precarización laboral, y con ellos, visiblemente un segmento empresarial industrial tra-dicional, una parte del cual está vinculado al mercado interno, y que hoy se ve favorecido por una serie de decisiones que fomen-tan el consumo público de productos nacionales.

A este bloque social lo acompaña, y se construye simultá-neamente, lo que podríamos denominar una nueva burocracia estatal, que es una especie de síntesis de antiguos funcionarios del Estado, en niveles intermedios, y nuevos funcionarios del Estado que poseen no sólo un capital escolar diferente, sino que además han utilizado unas redes sociales para acercarse a los puestos administrativos, étnica y clasistamente diferentes a los de la burocracia tradicional. Claro, durante toda la etapa del Estado neoliberal, los niveles intermedios del aparato de Estado reclutaron preponderantemente a profesionales provenientes de universidades privadas, extranjeras y formados en el ámbito de los negocios, el marketing, la gestión empresarial, etc., y que llegaron al Estado a partir de la activación de vínculos familia-res y compromisos partidarios. La nueva burocracia, en cambio, proviene de las universidades públicas, de profesiones técnicas o sociales, y el tipo de vínculos que ha mejorado su acercamiento

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a la administración pública ha sido el de las redes sindicales, que operan como una especie de filtro en el reclutamiento de ciertos niveles intermedios de la burocracia estatal.

En ese sentido, se puede decir que el nuevo bloque de poder ha ido creando tres mecanismos de conducción del Estado, de cierto modo complementarios: por una parte, mediante la pre-sencia directa de las organizaciones sociales en la definición de las principales políticas públicas, que son formuladas en ampliados y congresos, y que son la base de las acciones de gobierno que impulsan tanto la presidencia como la bancada mayoritaria del Congreso. En segundo lugar, por medio de la presencia directa de representantes de los sectores sociales movilizados en distintos niveles del aparato estatal (presidencia, ministerios, direcciones, Parlamento, Constituyente). Por último, a través de la lenta pro-moción de una nueva intelectualidad en funcionarios públicos vinculados a las expectativas y necesidades de este bloque de productores.

En ese sentido, hay nuevas clases sociales —políticamente visibilizadas a partir de nuevas identidades étnicas, culturales y regionales— en el control de los principales mecanismos de decisión estatal, y hay una sustitución y ampliación de las elites administrativas del Estado. Lo relevante de este proceso de mo-dificación de la composición social del bloque en el poder del Estado, y de los niveles superiores de la administración pública, radica en que étnica y clasistamente las distancias sociales con el antiguo bloque de poder estatal son enormes. Lo que está acon-teciendo hoy en Bolivia no es, por tanto, una simple mutación de elites en el poder, sino una auténtica sustitución de la composición de clase del poder del Estado, cuya radicalidad es directamente proporcional a la distancia de clase y, en particular, cultural entre el bloque social emergente y el bloque social desplazado.

Hoy, entre el Presidente Evo Morales, el Canciller o la presi-denta de la Asamblea Constituyente, poco o nada, no sólo de sus propuestas políticas sino de su vida cotidiana, tienen en común con los ex presidentes, ministros y grupos influyentes del anti-guo bloque de poder en decadencia. Quizás esto también ayuda

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a explicar los escasos puentes de comunicación entre ambos blo-ques, pues, a diferencia de lo que sucedía antes, cuando a pesar de las diferencias políticas, las elites confrontadas compartían un mismo estilo de vida, redes matrimoniales, espacios familiares de educación y distracción, las clases sociales hoy confrontadas pertenecen a ubicaciones en el espacio social-material objetiva-mente antagónicas, y con unas distancias geográficas reales, que no hacen más que materializar y ahondar sus distancias políticas.

Es en el Congreso, pero fundamentalmente en la estructura de la división territorial del Estado, donde se visibilizan y per-sonifican esas diferencias. El antiguo bloque social dominante es hoy fuerza política minoritaria y beligerante del Parlamento; mientras que, al inaugurar la elección de prefectos y la oposición política de este nivel subnacional, los representantes históricos del viejo régimen (prefectos de Pando, Tarija, Cochabamba), o formados en él (prefectos de Santa Cruz y Beni), se han reple-gado al ámbito de los gobiernos departamentales, dando lugar a una segmentación territorial vertical diferenciada de las elites estatales. De esta manera, el bloque de poder del viejo Estado, carente de un nuevo proyecto político general, se ha replegado al control de varios gobiernos regionales, en tanto que las clases sociales regionalmente movilizadas durante los últimos ocho años hoy se están constituyendo en nuevo bloque de poder nacional general dirigente.

Estamos, por tanto, ante un nuevo sistema político, donde se están reconfigurando cinco aspectos: las características clasistas y culturales del nuevo bloque de poder estatal; las nuevas fuerzas políticas duraderas en el país; los nuevos liderazgos generaciona-les; la distribución territorial del poder estatal; y, por supuesto, el nuevo sistema de ideas antagonizables a corto y a mediano plazo.

Esos puntos nos hablan, entonces, de una estructura de po-der y de mando que tiene actores relativamente definibles, pero donde sus ámbitos de irradiación, de alianzas y de su propia es-tabilidad, presentan elementos de incertidumbre, tanto entre los que están en el mando político del Estado, como entre los que están en la oposición.

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¿Hasta cuándo durará este repliegue regional y esta carencia de voluntad de poder general de estas elites conservadoras en proceso de mutación discursiva? ¿Quién será el líder de la opo-sición con potencial de futura proyección nacional? ¿Será Branco Marinkovic, será Jorge Quiroga, será Carlos Mesa? ¿Cuál será el centro político? ¿Será el mnr (Movimiento Nacionalista Revolu-cionario) renacido o será un (Unidad Nacional)? El propio siste-ma político presenta un conjunto de modificaciones internas no estables. Incluso el bloque dominante, hoy dirigente del proceso político, también presenta un conjunto de tendencias internas que le dan vitalidad y fuerza, en términos de cuál será la orientación prevaleciente en la compleja tensión entre el estatismo, más liga-do a la monopolización de decisiones, o el comunitarismo, más vinculado a la democracia de los movimientos sociales, etcétera.

Estudiar con más detenimiento este flujo de la construcción de los bloques de poder hoy en Bolivia es, sin duda, un elemento muy importante, no sólo porque sociológicamente da un vista-zo a la correlación de fuerzas, sino porque eso mismo da lugar a una visibilización de las tendencias de las fuerzas, de los posibles resultados y las posibles alianzas en el corto plazo, en la medida en que son procesos políticos comprimidos.

Mecanismos de estabilización del poder y de mando

En lo que se refiere al segundo punto, los mecanismos de esta-bilización del poder y mando en momento de crisis estatal en proceso de resolución, es posible mencionar tres aspectos. Para-dójicamente, un ámbito importante de estabilización temporal del nuevo bloque de poder ha sido la firmeza y la fidelidad de las estructuras de coerción del Estado (Fuerzas Armadas y Poli-cía Nacional). Una explicación sociológica sería la siguiente: en la medida en que el Estado tiene como núcleo fundamental los ámbitos de coerción, éstos son los que también reclaman más in-mediatamente un nivel de previsibilidad y de certidumbre, que garantice la perdurabilidad del núcleo estatal primario. Por lo tanto, después de seis años de inestabilidad estructural (2000-

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2006) y de fisuras internas en el interior del núcleo coercitivo (2003), de manera formal, ha habido una adhesión rápida de las estructuras de coerción a la nueva correlación de fuerzas del Es-tado, alcanzada con la contundente victoria electoral del 54% de los votos del país. Pero lo que más ha contribuido a este apoyo de las fuerzas de coerción legítima ha sido que el actual gobierno ha definido de manera rápida un objetivo, un norte estratégico en lo que se refiere al papel de las Fuerzas Armadas en democracia, cosa que no había sucedido antes.

Desde 1982, cuando se recuperaron las libertades democrá-ticas, las Fuerzas Armadas fueron abandonadas en una especie de crisis existencial institucional en lo referente a su función en tiempos de democracia. Si ya no eran los centros de reclutamien-to de futuros gobernantes, ni garantes de una soberanía que era ofertada por los neoliberales en los mercados internacionales de capital, lo que quedaba era una caprichosa manipulación política de los mandos militares, a fin de tapar los errores gubernamenta-les de las elites políticas.

Educadas y formadas en la defensa de la soberanía de la patria, en la defensa de la sociedad, y habiendo cosechado sus mayores reconocimientos históricos en la potenciación del Estado, las fuerzas de coerción legítima tuvieron que ver cómo la soberanía se reducía al valor de un “comino” (Jaime Paz); la defensa de la sociedad se transformaba en un ataque armado sistemático a la sociedad (2000, 2003); y el poderío del Estado se derrumbaba frente a las privatizaciones de empresas que ellos mismos habían ayudado a crear (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos [ypfb], Corporación Boliviana de Cemento, etc.).

Así, cuando el presidente Evo Morales asume el mando del gobierno, reconstruyendo la presencia del Estado en la economía, y ampliando la base de los derechos sociales, relanza ámbitos de soberanía y ciudadanía en el marco de una estructura interesta-tal global más complejizada, e incorpora en la ejecución de esta expansión estatal a las Fuerzas Armadas, lo que tiene resonancia con la historia de potenciaciones del Estado nacional, impulsadas por las Fuerzas Armadas décadas atrás. Esto va a dar lugar a un

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extraordinario ensamble entre fuerzas sociales indígenas-campe-sinas-populares y Fuerzas Armadas que, a diferencia de lo que se intentó décadas atrás bajo tutelaje militar, ahora tendrá el lideraz-go moral e intelectual de sectores indígenas populares. De esta manera, la nacionalización de empresas y el control del excedente económico por el Estado le dan una base técnico-material a la so-beranía relativa del Estado y, por tanto, a su estabilización, que es el principio organizador de cualquier Fuerza Armada. Y si a ello se suma la participación de las Fuerzas Armadas en la construc-ción de carreteras, distribución del excedente (Renta Dignidad y Bono “Juancito Pinto”) y el control real de territorios fronterizos anteriormente sometidos al poder de caciques y mafias locales, estamos ante una estrategia de renovada expansión territorial de la presencia del Estado a través de su estructura coercitiva.

De cierta forma, se puede decir que una parte de la actual capacidad de resistencia del nuevo proyecto estatal emergente a las presiones conspirativas de fuerzas políticas conservadoras externas e internas se debe precisamente a este ensamblaje his-tórico entre lo indígena-popular y lo militar que, a diferencia de lo que sucedía décadas atrás, tiene como liderazgo organizador a los propios indígenas.

En qué medida el nuevo liderazgo político tiene la capacidad de convertir esta adhesión inicial en una cohesión estructural, real y duradera, dependerá de la rapidez para interiorizar los nuevos roles militares de carácter desarrollista en la doctrina y espíritu de cuerpo estatal de las Fuerzas Armadas, mediante un proceso interno de reformas institucionales.

Esto daría a la nueva estructura estatal la solidez de un primer núcleo de consolidación, no el fundamental, pero sí un nivel im-portante. Sin embargo, hay experiencias históricas que también revelan que los niveles de coerción y de fidelidad pueden mos-trar fisuras en momentos de tensión de la correlación de fuerzas. En todo caso, el síndrome de Allende es algo que siempre tiene que recordarse.

Un segundo momento de consolidación del poder y del man-do del Estado en crisis es, sin duda, el ejercicio del poder ejecutor,

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del “Poder Ejecutivo”, fundamentalmente a partir de sus resor-tes de inversión pública. Es, quizás, en ello y en sus resultados y efectos, donde es posible encontrar los mecanismos de mayor incidencia inmediata del nuevo bloque de poder en la estructura económica y social, y los mecanismos de construcción más esta-bles de la nueva situación económica a futuro.

Cuando una sociedad pasa a controlar de uno a tres dólares de cada cuatro que genera la principal fuente de exportaciones del país, en este caso los hidrocarburos, estamos, primero, ante una modificación en los mecanismos de control y apropiación del excedente y, con ello, de la estructura económica de poder de la sociedad. Esto es justamente lo que ha sucedido con los decre-tos de nacionalización del 1 de mayo de 2006, de 2008 y la firma de los contratos de producción con las empresas extranjeras. De manera inmediata, los ingresos del Estado han pasado de cerca de 600 millones de dólares retenidos anteriormente por éste en 2005, a poco más de 1.900 millones de dólares en 2007. Y dado que la totalidad del sector hidrocarburífero participa con algo más del 20% de las exportaciones nacionales, está claro que estamos ante una sustancial retención nacional/estatal del excedente eco-nómico, que modifica estructuralmente la relación de la sociedad boliviana con el capital global.

De hecho, la modificación del control y propiedad de la in-dustria hidrocarburífera en el país ha cambiado drásticamen-te la situación económica. Por primera vez en décadas, el país tiene superávit, lo que le permite financiar la administración y las políticas de inversión con capital propio, dejando de lado el conjunto de sujeciones que anteriormente subordinaban las po-líticas públicas a las exigencias de los organismos internacionales (Fondo Monetario Internacional [fmi], Banco Mundial, etc.). A diferencia de lo que ocurrió en todo el periodo neoliberal, en estos dos últimos años, la principal fuente de inversión en el país ha sido el Estado, que ha duplicado su presencia, pasando de 550 millones de dólares en 2005 a 1.100 millones de dólares en 2007 y, aproximadamente, a más de 1.600 en 2008, lo que está permitiendo cumplir programas sociales vitales para reducir la

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pobreza, y también cumplir una política expansiva de inversión productiva que permita crear una base industrial mínima para un crecimiento económico sostenible.

Hoy, con la inversión estatal, se está comenzando a industria-lizar el gas (planta de gas licuado de petróleo [glp] en Campo Grande, planta separadora de gas en el Chaco, Termoeléctrica en el Chapare), se están relanzando actividades mineras metalúr-gicas (Huanuni, Vinto, Coro Coro, colas y desmontes, etc.), se está apoyando a los pequeños productores vinculados al mercado interno, a través de la Empresa Estatal de Apoyo a la Producción Agrícola (emapa), a fin de garantizar la soberanía alimentaria del país, y se están creando fábricas para abastecer el mercado inter-no (de papel, cartón y otros). La inversión extranjera, que fue la protagonista de las inversiones en los años 1998-2001, ahora, si bien ha mejorado su desempeño respecto a la caída de 2005, ya no es la locomotora en la inyección de capital a la economía. El Estado es hoy el principal “empresario colectivo”, pasando a par-ticipar del 0,8% de la generación productiva de riqueza en 2005, al 7% en 2007; en tanto que su participación en la totalidad del pib ha subido del 15% al 22% en tan sólo dos años. Ello traerá una mayor generación de valor, un mayor volumen de excedente económico en manos del Estado, y una mayor capacidad de auto-determinación en los modos de articular el desarrollo interno de los bolivianos con el desarrollo de la economía mundial.

Pero esta modificación de la capacidad de acción del país en el contexto global no hubiera sido posible sin una transforma-ción simultánea de la estructura del poder económico nacional y de los bloques dirigentes de esa estructura económica. Claro, los procesos de privatización en Bolivia vinieron de la mano de la consolidación de un bloque de poder económico dirigido por las empresas petroleras, los empresarios mineros, los agros exporta-dores y los banqueros, que se encargaron de transferir los mono-polios y excedentes públicos al dispendio de unas pocas empresas privadas. En esto, el Estado fue mutilado en sus capacidades de acumulación productiva, y el resto de los sectores laborales vin-culados al mercado externo fueron llevados a la marginalidad.

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La precomposición de la autodeterminación económica del Es-tado, en cambio, lo que ha hecho es internalizar y redireccionar el uso del excedente económico a favor de los actores productivos nacionales, configurando un nuevo bloque de poder económico.

En términos de correlaciones de fuerzas en el campo econó-mico, el poder del capital externo se ha debilitado abruptamente en áreas estratégicas (hidrocarburos, telecomunicaciones), per-diendo flujos financieros, activos y excedentes. En otros casos, el capital extranjero ha perdido el control monopólico de los precios (soya, aceite). En tanto que los sectores del capital comercial y de servicios locales adheridos al capital externo, que formaban parte de las elites empresariales intermediarias, hoy ya no cuentan con las anuales transferencias de recursos públicos, que están sien-do dirigidos en mayor medida a apoyar a pequeños y medianos productores urbanos y agrícolas (Banco de Desarrollo Produc-tivo (bdp), para pequeños productores artesanales e industriales; emapa, con créditos para pequeños agricultores).

La nueva estructura de poder económico, que se está cons-truyendo de manera acelerada, tiene al Estado como el principal inversionista y acumulador de excedentes económicos. Actual-mente, el Estado ha pasado de generar el 0,6% del valor agrega-do nacional, a más del 8% y se proyecta llegar hasta 15% en los siguientes años. Posee la principal empresa productiva del país, que controla el principal producto de exportación: ypfb. Esta posición privilegiada en la producción y control del excedente económico nacional está permitiendo al Estado desplegar una es-trategia de alianzas productivas con la inmensa mayoría de peque-ños y medianos productores de la ciudad y el campo, hacia donde se están transfiriendo rápidamente tecnología, créditos, insumos y mercados (a través del bdp, 160 millones de dólares; a través de la emapa, más de 150 millones de dólares entre 2007 y 2008). De esta forma, esta apuesta estratégica por el fortalecimiento de la producción para el mercado interno y por la internalización esta-tal del excedente económico generado por las ventas al mercado externo está permitiendo consolidar un bloque de poder estatal entre medianos y pequeños productores y el Estado, que controla

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cerca del 58% del pib, lo que permite hablar de un bloque con suficiente materialidad económica para encauzar las decisiones económicas de la sociedad.

En términos estrictos, se puede decir que al descomponerse la fuerza económica del bloque monopólico de poder hidrocarbu-rífero, y al estar crecientemente penetradas por la presencia del Estado las actividades mineras y agroindustriales, que también generan porciones importantes del excedente (minería, 1.100 mi-llones de dólares en 2007; agroindustria, 550 millones), la actual estructura de poder económico liderada por el Estado productor tiene en la composición social indígena-popular y de clase media letrada de la administración estatal la fracción social con mayor capacidad de control, no de propiedad, pero sí de recursos eco-nómicos del país. Ellos, junto con los propietarios-productores pequeños y medianos manufactureros y agrícolas, constituyen el comando económico de la sociedad contemporánea. Los pri-meros, como poseedores del uso del excedente; los otros como propietarios- productores.

Esto marca un punto de diferenciación plena frente a la expe-riencia revolucionaria de 1952. En ese momento, la elite dirigente del Estado, conformada exclusivamente por clase media letrada, asumió la modernización de la economía como obra exclusiva del Estado, en la cual se reinvirtieron los excedentes mineros, dando lugar a la Corporación Boliviana de Fomento, y otras iniciativas de creación de capitalismo estatal en todos los rubros posibles, en torno a un único nodo de acumulación. Ya en su etapa de de-clinación (1970-1980), la burocracia estatal comenzó a transferir excedentes y activos a la minería mediana y a la agroindustria, pero en momentos en los que estas esferas productivas estaban siendo controladas por el capital externo, lo que terminó de con-solidar una burguesía intermediaria. Hoy, al tiempo que el Estado controla el excedente económico y lo reinvierte productivamente, promueve la inversión externa bajo condiciones de control estatal de esos flujos y réditos, a la vez que promueve tempranos proce-sos de modernización y acumulación en los sectores pequeños y medianos de la producción urbana y rural, lo que en conjunto

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genera un despliegue simultáneo de varios nodos de acumulación económica, de reinversión y expansión en torno al liderazgo ge-neral del Estado.

En este sentido, se puede decir que la transformación de las estructuras de poder económico de la sociedad ha avanzado con una rapidez mucho mayor que la reconfiguración de las estruc-turas de poder político del Estado, en especial de las estructuras territoriales del poder político.

La consolidación formal de un nuevo horizonte estratégico en el desempeño de las instituciones de coerción legítimas del Esta-do, y la construcción rápida de una nueva estructura del poder económico de la sociedad boliviana tiene, sin embargo, un con-junto de lastres en el interior del Estado que ralentizan la conso-lidación definitiva de la nueva composición estatal. Uno de estos obstáculos internos es, sin duda, el sistema judicial.

Aún en poder de las antiguas fuerzas conservadoras, el poder judicial es, con mucho, la síntesis suprema de la corrupción co-mo norma institucionalizada, y del dogmatismo neoliberal como lógica discursiva, lo que todavía permite la persistencia y repro-ducción de núcleos conservadores en el Estado.

Pero también, en el interior del gobierno, es posible hallar es-pacios de continuidad de los hábitos de la vieja burocracia estatal. Carente de recursos económicos para inversión pública por los procesos de privatización, la administración estatal se acostum-bró a crear una infinidad de procedimientos que dilatan y anulan por cansancio la realización de obras públicas. Hoy, cuando el liderazgo de la inversión está en el Estado, la herencia de las tra-bas y la mentalidad dilatoria de niveles intermedios de la función pública retrasa la expansión de la nueva dinámica expansiva del nuevo Modelo Económico Nacional Productivo. De ahí que, de hecho, todas las decisiones productivistas que tiene el gobierno actual son de iniciativa presidencial, y que una buena parte del trabajo presidencial ministerial radique en destrabar y remon-tar acciones y procedimientos ministeriales construidos para no construir nada distinto a la existencia autorreferida de la propia burocracia estatal.

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Otros elementos que dificultan la consolidación del nuevo Estado son las rutinas y esquemas de transmisión de conocimien-tos del sistema escolar, además de las estrategias matrimoniales. Fue el profesor Pierre Bourdieu quien estudió el papel de las es-trategias matrimoniales en la reproducción del orden social en sociedades precapitalistas o semicapitalistas, como él las llama.³ En el caso de Bolivia, las estrategias matrimoniales siempre han jugado un papel muy importante en la consolidación y anclaje del bloque de poder dominante. Uno puede estudiar, a lo largo del siglo XX, los mecanismos de reproducción de las elites, a partir de distintas estrategias de circulación de esposas y esposos entre específicas redes familiares dominantes.

Pero está claro que hoy esto se ha roto plenamente, y es muy difícil encontrar todavía los puentes de continuidad entre las antiguas y las nuevas elites mediante dichas estrategias, porque parecen ser dos mundos que no tienen vínculos fluidos de co-municación. Dos años y medio no son todavía útiles para definir un escenario de estrategias matrimoniales de reproducción de la nueva elite y de las nuevas clases en el poder, pero sí es un escena-rio de reproducción de las estrategias conservadoras de las elites desplazadas temporalmente del poder.

El tercer elemento en el que se pueden rastrear los mecanis-mos de estabilización del poder y del mando en tiempos de crisis es en el sentido común de la época, las ideas-fuerza ordenadoras de la acción social cotidiana. Sin estar exentos de flujos y reflujos —y pese a la adversidad de un sistemático flujo ideológico con-servador, emitido desde los medios de comunicación de masas, bajo propiedad de las antiguas clases dominantes—, los temas de descolonización, del pluralismo cultural, el estatalismo producti-vo, la democratización social de la política y la desconcentración territorial del poder se han convertido en el sentido común orde-nador del campo político nacional, lo que habla de una victoria simbólica de las fuerzas del cambio o, si se prefiere, la base de un

³\ Pierre Bourdieu, El baile de los solteros, Barcelona, Anagrama, 2005.

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liderazgo moral e intelectual por parte de las fuerzas socioeco-nómicas emergentes.

Hoy no se puede hacer política sin una ubicación prepositiva en torno a esos ejes ordenadores. Lo que se debate y distingue polaridades en el campo político no son los temas, sino los modos y velocidades para abordarlos: ¿pluriculturalidad en su forma más avanzada?, ¿plurinacionalidad en su forma más conservadora?, ¿pluriculturalidad y multilingüismo? El reconocimiento de la diversidad del Estado, el Estado productor y el Estado descen-tralizado, son los tres ejes prevalecientes de sentido común de la época. Y no importa si uno está en el gobierno o si está en la oposición, de alguna u otra manera tiene que referirse a los tres componentes o simular que los asume.

Por supuesto, existen las contrapartes radicalizadas de la exa-cerbación del racismo. Lo hemos visto en Sucre y también en San-ta Cruz, donde algunos pequeños sectores —que ya pueden dar lugar a que se hable de la existencia de grupos semifascistas, por su ideología o proceder antidemocráticos— intentan construir un contradiscurso hegemónico. Sin embargo, pese a ello y a que la batalla por la conducción ideológica duradera de la sociedad no está resuelta, se puede decir que hay una mayor correspon-dencia entre la transformación en el ámbito del poder económico y la transformación en el ámbito del poder simbólico. No sucede lo mismo con las luchas dentro del campo político, donde la es-tructura de fuerzas aún preserva las cualidades del momento del “empate catastrófico” de años atrás.

En síntesis, podemos decir que la transición estatal se presenta como un flujo de marchas y contramarchas, flexibles e interde-pendientes, que afectan las estructuras de poder económico (co-mo propiedad y control del excedente), la correlación de fuerzas políticas (como representación parlamentaria, fuerza de movili-zación social, liderazgo y hábito administrativo) y la correlación de fuerzas simbólicas (como ideas ordenadoras y reguladoras de la vida en común). La transición estatal habla de la construcción de una nueva correlación de fuerzas o bloque dominante en el control de la toma de decisiones político-económicas del país;

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pero a la vez, de la persistencia y continuidad de antiguas prác-ticas, de antiguos núcleos de poder interno que reproducen aún partes del viejo Estado, buscando reconstituirlo desde adentro.

De la misma manera, la transición estatal hace referencia a la existencia de centros de mando y decisión que concentran la ini-ciativa y vigor del nuevo orden estatal (inversión pública, sentido común estatista-productivista), como también de nodos de resis-tencia conservadora que pugnan por la restitución del viejo orden. Y dentro de esa pugna en flujo, está claro que la nueva estructura estatal ha podido avanzar más rápidamente en la construcción de un nuevo bloque de poder económico y en la formación de un núcleo discursivo simbólico. Mientras tanto, la arquitectura del sistema político aún es objeto de una intensa pugna por la defini-ción de sus jerarquías, liderazgos, alianzas y procedimientos. En ese sentido, la idea del empate catastrófico, hoy, no es utilizable como lo era hace cuatro años, porque lo que ahora tenemos no confronta (aún) dos proyectos de poder con fuerzas de moviliza-ción y liderazgo nacionales. Lo que hoy tensiona al país es la con-frontación entre un sentido común prevaleciente como proyecto nacional general, estatal y, por otra parte, resistencias locales, con fuerzas de movilización y liderazgos estrictamente locales tam-bién. Quizás en algún momento esas resistencias locales podrían proyectarse como un proyecto nacional alternativo.

Teóricamente, esto puede suceder pero, hoy por hoy, son me-ramente resistencias locales de atrincheramiento y de defensa del poder, de la riqueza y la propiedad local de las elites anteriormen-te desplazadas del poder nacional, y que ahora se han replegado a las regiones. Ciertamente se trata de elites con mucha capacidad de movilización regional, con un discurso de libre mercado timo-rato, amorfo y confuso, pero que todavía no son portadoras de un nuevo proyecto de Estado. Hay empate catastrófico solamente cuando hay dos proyectos nacionales de sociedad confrontados, mientras que lo que ahora hay es un proyecto de sociedad con fuertes resistencias locales de protección de la propiedad y del poder de las elites desplazadas del ámbito central.

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Finalmente, quisiera regresar de nuevo al concepto del punto de bifurcación. Retomamos este concepto del profesor de física Ilya Prigogine, quien estudió los sistemas alejados del punto de equilibrio. Él vio que, a partir de cierto tiempo, estos sistemas pueden dar lugar a un nuevo orden del sistema. A este punto de conversión, del desorden del sistema en orden y estabilización del mismo, Prigogine lo llamó “punto de bifurcación”.⁴

En el ámbito de las estructuras estatales en crisis (“sistemas alejados del equilibrio”), éstas se caracterizan por la inestabilidad y la confrontación política. Se trata de auténticos, generalizados y desnudos momentos de lucha por el poder político. Pero en la medida en que ninguna sociedad puede vivir perpetuamente en un estado de lucha generalizada y antagonizada por el poder, la sociedad, tarde o temprano, ha de inclinarse por la estabilización del sistema o por la construcción de un orden estatal que devuel-va la certidumbre a las estructuras de dominación y conducción política. A este momento histórico específico y fechable, a partir del cual el Estado se estabiliza, lo denominamos “punto de bi-furcación”.

Ésta es una idea que trabajamos, quizás con otras palabras, hace veinte años, para describir el momento excepcional, de fuer-za militar y moral, de consolidación conservadora del poder de Estado cuando se dio la Marcha por la Vida de los trabajadores mineros en contra de las políticas de cierre de minas, decretada por el gobierno de Paz Estenssoro.

Los mineros hicieron un último esfuerzo para reconstituir los pactos de abril. Utilizaron la movilización de masas y la respuesta fue el cerco militar. No hubo enfrentamiento ni muertos. Era tal la superioridad militar del gobierno, y tal la inermidad política y moral de los mineros que venían a reclamar el pacto estatal del cincuenta y dos a un gobierno y un Estado que había enterrado la idea de pactos sociales, que no hubo necesidad de disparar una sola bala para consolidar el repliegue de los mineros.

⁴\ 琀lya Prigogine y John Wiley, Self-organization in non-equilibrium Systems, Cam-bridge, Massachusetts Institute of Technology (mit) Press, 1989.

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La derrota de los mineros en la Marcha por la Vida, su re-pliegue, sin ofrecer más resistencia que el irse a sus casas sin dar batalla, aceptando que se los relocalizara, marcó una época de abandono social. Luego, el país —las clases medias, los trabaja-dores, los fabriles, los maestros, absolutamente todos— repro-dujo este momento de bifurcación, que es una especie de núcleo fundamental de la lógica y de la personalidad de la correlación de fuerzas del Estado.

Con los mismos actores, pero con resultados diametralmente opuestos, se dio el punto de bifurcación que dio paso al nacimien-to del Estado de 1952. Entonces, tras siete años de crisis estatal, y una victoria electoral escamoteada en 1951, la insurrección del 9 de abril de 1952 fue el punto de bifurcación del Estado nacio-nalista. En ese momento, el núcleo fundamental del nuevo Es-tado fueron las milicias de obreros y campesinos armados, cuya estructura sindical triunfante marcó la presencia siempre belicosa de la plebe en un Estado ajeno pero pactante, hasta que vino el nuevo Estado neoliberal, que puso fin a cualquier pacto que no fuera de elites políticas cerradas y endogámicas.

En cambio, en septiembre de 1986 los mineros regresaron a sus casas con el cadáver del Estado de 1952, mientras que el Es-tado neoliberal se consolidó mediante un hecho de demostración de fuerza militar y política que no pudo ser discutida sino hasta catorce años después, en abril de 2000.

Si se revisan los momentos de la construcción de los nuevos Estados —el nacionalista, el republicano, la comuna, el soviéti-co—, cualquier Estado, siempre, ha tenido un punto de bifurca-ción de su estructura de poder. Ahora, este punto de bifurcación tiene varias características: la primera es un momento de fuerza, no es un momento de diálogo ni necesariamente un punto vio-lento, pero sí es un momento donde tienen que exhibirse desnu-damente las fuerzas de la sociedad en pugna, tienen que medirse las capacidades, y a partir de ello definir la suerte definitiva e irre-versible de cada uno de los contrincantes. En segundo lugar, el punto de bifurcación es un momento en el cual las antiguas fuer-zas asumen su condición de derrota, o donde las nuevas fuerzas

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ascendentes asumen su imposibilidad de triunfo y se repliegan. No hay espacio para equilibrio. Es un momento en el cual una fuerza social o un bloque de fuerza asume el mando reconocido por los que aceptan obedecer, dando lugar a una nueva compla-cencia moral entre gobernantes y gobernados. En tercer lugar, es un momento en el cual la política (parafraseamos a Foucault) es la continuación de la guerra por otros medios y no a la inversa, es un momento en el cual tiene más razón Foucault que Rousseau.⁵ En otras palabras, el punto de bifurcación es un momento en el cual la situación de todos se dirime con base en el puro despliegue de correlación de fuerzas sin mediación alguna: fuerzas materiales, simbólicas y económicas.

Ahora, la pregunta que uno puede hacerse es: ¿En qué mo-mento se dará el cierre del punto de bifurcación de la actual transición estatal en el país? Por el momento, se podría decir que estamos atravesando los momentos más intensos de este punto de bifurcación estatal, lo que permite pensar que, a corto o mediano plazo, o el nuevo Estado se consolida, ensamblando el sistema político con la estructura de poder económica y simbólica de la so-ciedad y, a partir de ahí, el resto se reacomoda gradualmente o las fuerzas del nuevo bloque dominante retroceden y se restablecen el antiguo bloque dominante con nuevos rostros, nuevos símbo-los movilizadores y antiguas relaciones políticas de dominación.

Inicialmente, creíamos que la construcción del Estado era posible mediante mecanismos dialógicos y pactados y, de hecho, seguimos apostándole a ello, en la idea de un punto de bifurcación de carácter democrático, y por aproximaciones sucesivas. Pero las lógicas de la razón y de la historia nos hacen pensar, más bien, que cada vez se habrá de llegar más a un momento de tensión de fuerzas, al punto de bifurcación, y habrá que ver qué sucede. Creo que, en el caso de Bolivia, este momento está más cerca de lo que parece. Pero, en todo caso, el punto de bifurcación y su cualidad van a definir la personalidad y la cualidad del nuevo Estado hacia el porvenir.

⁵\ Michel Foucault, Microfísica del poder, Madrid, La Piqueta, 2005.

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Impreso en Litográfica Ingramex, S.A. de C.V. Centeno 162-1, col. Granjas Esmeralda 09810 México, d.f.

El tiraje consta de 1,000 ejemplares y sobrantes

Se terminó de imprimir el 18 de septiembre de 2015.

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