© Libro N° 14062. Política
Laboral: Falsa Y Verdadera. Livingston
Macassey, Lynden. Emancipación. Julio 19
de 2025
Título Original: © Política Laboral: Falsa Y
Verdadera. Un Estudio Sobre Historia Económica Y Economía Industrial. Lynden
Livingston Macassey
Versión Original: © Política Laboral: Falsa Y Verdadera. Un Estudio Sobre Historia
Económica Y Economía Industrial. Lynden Livingston Macassey
Circulación conocimiento libre, Diseño y edición digital de Versión
original de textos:
https://www.gutenberg.org/cache/epub/70243/pg70243-images.html
Licencia Creative Commons:
Emancipación Obrera utiliza una
licencia Creative Commons, puedes copiar, difundir o remezclar nuestro
contenido, con la única condición de citar la fuente.
La Biblioteca Emancipación Obrera es un
medio de difusión cultural sin fronteras, no obstante los derechos sobre los
contenidos publicados pertenecen a sus respectivos autores y se basa en la
circulación del conocimiento libre. Los Diseños y edición digital en su mayoría
corresponden a Versiones originales de textos. El uso de los mismos son
estrictamente educativos y está prohibida su comercialización.
Autoría-atribución: Respetar la autoría del texto y el nombre de los
autores
No comercial: No se puede utilizar este trabajo
con fines comerciales
No derivados: No se puede alterar, modificar o
reconstruir este texto.
https://i.pinimg.com/1200x/bc/71/7b/bc717b32f6ac72e695c8c97d0c4ffe99.jpg
Portada E.O. de Imagen:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/00/Lynden_Livingston_Macassey_%281876%E2%80%931963%29.png
© Edición, reedición y Colección Biblioteca Emancipación: Guillermo Molina
Miranda
LEAMOS SIN RESERVAS,
ANALICEMOS SIN PEREZA Y SOMETAMOS A CRÍTICA TODA LA CULTURA
POLÍTICA LABORAL: FALSA Y
VERDADERA
Un Estudio Sobre Historia Económica Y
Economía Industrial
Lynden Livingston Macassey
Política
Laboral: Falsa Y Verdadera
Un Estudio
Sobre Historia Económica Y Economía Industrial
Lynden Livingston Macassey
Título: Política
Laboral: Falsa Y Verdadera
Un Estudio Sobre
Historia Económica Y Economía Industrial
Autor: Lynden
Livingston Macassey
Fecha de
lanzamiento: 8 de marzo de 2023 [eBook n.° 70243]
Idioma: Inglés
Publicación
original : Reino Unido: Thornton Butterworth Ltd, 1922
Créditos: David
Wilson y el equipo de corrección distribuida en línea en https://www.pgdp.net
[4]
POLÍTICA LABORAL:
FALSA Y VERDADERA
[5]
[6]
POLÍTICA LABORAL:
FALSA
Y VERDADERA
Un estudio sobre
historia económica y
economía industrial
POR
LYNDEN MACASSEY
'Felix qui potuit
rerum cognoscere causas'.
THORNTON
BUTTERWORTH LIMITED,
15 BEDFORD STREET, LONDRES, WC2
[7]
Primera
publicación: 24 de agosto de 1922
[8]
[9]
PREFACIO
Fragmentos de
algunos de los capítulos de este libro ya han aparecido en The Times , Quarterly
Review , Edinburgh Review , Nineteenth
Century , Sunday Times y Evening Standard ,
y ahora se incorporan al contexto general que les corresponde. Agradezco a los
propietarios de dichas publicaciones su amabilidad al permitirme reproducirlos.
Un viejo amigo y
valioso colega mío del Departamento de Trabajo de Astilleros, el Sr. CF Farrar,
me prestó el gran servicio de ayudarme a conseguir que el libro se imprimiera.
A mi Secretaria,
Señorita KI Toogood, le debo la preparación del Índice.
LM
12 de agosto de
1922.
[10]
[11]
CONTENIDO
|
PÁGINA |
||
|
Introducción. |
||
|
CAP. |
||
|
I |
La Constitución
del Partido Laborista y sus defectos |
|
|
Origen del
Partido Laborista—Reconstitución en 1918—El Congreso de Sindicatos—El Consejo
Nacional Conjunto—El Partido Laborista Parlamentario—El Partido Laborista, un
partido de clase—La falta de liderazgo del partido. |
||
|
II |
Un esquema de la
política general del Partido Laborista |
|
|
Un nivel mínimo
de vida nacional—Libertad personal efectiva—Socialización de la tierra y de
la industria—Una revolución en las finanzas públicas—El excedente de riqueza
para el bien común—Cooperación internacional—Sin aranceles
proteccionistas—Libertad de comercio internacional. |
||
|
III |
La adopción del
socialismo por parte del Partido Laborista |
|
|
1. Significado
del socialismo.—Las características comunes de todos los credos
socialistas—Socialismo de Estado—Sindicalismo—Gremio nacional—Nacionalización
y control democrático. |
||
|
IV |
La adopción del
socialismo por parte del Partido Laborista |
|
|
2. Historia de la
Alianza.—La lucha del Partido Laborista por el poder político, 1825-1832—La
alianza del Partido Laborista con el socialismo revolucionario, 1832-1842—La
renuncia del Partido Laborista al socialismo, 1842-1885—La era del socialismo
estatal constitucional, 1885-1905—El nuevo fermento revolucionario
sindicalista de 1905—Las sociedades socialistas—La Federación
Socialdemócrata—El Partido Comunista—La Sociedad Fabiana—El Partido Laborista
Independiente—El Partido Laborista Socialista—El Partido Socialista de Gran
Bretaña—La Liga Nacional de Gremios. |
||
|
V |
La adopción del
socialismo por parte del Partido Laborista |
|
|
3. El Programa
Socialista del Interior.—Nacionalización de los medios de producción,
distribución e intercambio—El Anexo Laboral al Informe Whitley, 1918—El
Programa Industrial de 1918—Nacionalización de la tierra—El control de la
industria—Informe Laboral a la Conferencia Industrial, 1919—Nacionalización
de la industria del carbón. |
||
|
VI |
La adopción del
socialismo por parte del Partido Laborista |
|
|
4. El Programa
Socialista Internacional.—La Primera Internacional—La antigua Segunda
Internacional—La Carta Internacional del Trabajo de 1919—La nueva Segunda
Internacional—Las Resoluciones de Ginebra sobre el Socialismo de 1920—La
Segunda Internacional y el bolchevismo—La Tercera Internacional o
Internacional de Moscú. |
||
|
VII |
La adopción del
socialismo por parte del Partido Laborista |
|
|
5. Aprobación de
la acción directa.—El significado y las cualidades de la acción
directa—Acción directa en el Clyde, 1916—Conversión del Partido Laborista al
uso de la acción directa—Establecimiento del Consejo de
Acción—Establecimiento de soviets locales.[12] |
||
|
VIII |
La política
industrial y agraria del Partido Laborista |
|
|
1. Detalles de
las propuestas.—Las industrias y negocios a ser nacionalizados—Extensión de
la empresa municipal—Control de las industrias y negocios
capitalistas—Política agrícola de los trabajadores—Abolición del
latifundismo—Consejos de agricultura—Salario mínimo agrícola legal—Control
obrero de la agricultura. |
||
|
IX |
La política
industrial y agraria del Partido Laborista |
|
|
2. Una
crítica.—Qué es el capitalismo—Nuestra deuda con el capitalismo—Los supuestos
defectos del capitalismo—Dónde se admite la necesidad de reformas—El fracaso
de los experimentos socialistas pasados—Límites dentro de los cuales es
practicable la nacionalización—Los diferentes esquemas de nacionalización de
tierras—El esquema de impuestos—El esquema de compra estatal—Los esquemas
socialistas de confiscación—Las concepciones subyacentes a cada esquema—Las
desventajas de la propiedad estatal de la tierra. |
||
|
incógnita |
La política del
Partido Laborista frente al desempleo |
|
|
1. Trabajo o
manutención.—La Resolución de Manchester de 1917—El Memorándum sobre los
objetivos de la guerra, 1917—El Memorándum sobre el desempleo después de la
guerra, 1917—La Resolución de Londres de 1918—El Proyecto de ley para la
prevención del desempleo, 1919—Recomendaciones de los trabajadores a la
Conferencia Industrial, 1919—La adenda del Muy Honorable A. Henderson—La
Resolución de Southport de 1919—La Resolución de septiembre de 1919—Las
recomendaciones del Comité Conjunto sobre el Coste de la Vida, septiembre de
1920—Voto de censura en el Parlamento, octubre de 1920—Resolución de
diciembre de 1920—Negativa de los trabajadores a cooperar con el Gobierno,
1921—Declaración de la política de los trabajadores para el desempleo,
1921—Manifiesto sobre el desempleo, 1921. |
||
|
XI |
La política del
Partido Laborista frente al desempleo |
|
|
2. Su
impracticabilidad.—La inconsistencia del derecho al trabajo—La falta de
trabajo o de manutención en Francia—Imposibilidad de proporcionar trabajo
adecuado—El empleo depende principalmente de la demanda—Los fiascos de las
colonias agrícolas. |
||
|
XII |
La regulación
laboral en tiempos de guerra y sus efectos |
|
|
Cooperación entre
empleadores y sindicatos al comienzo de la guerra—El efecto inquietante de la
escasez de mano de obra—Los acuerdos del “Tesoro” de marzo de 1915—La
limitación de las ganancias de los empleadores—El fracaso del arbitraje
obligatorio—El efecto de liberar a los empleadores de la responsabilidad de
la gestión de la mano de obra—Los aumentos de salarios y precios—La relación
de los salarios con el costo de vida. |
||
|
XIII |
Política laboral
del Gobierno normal |
|
|
Departamentos
gubernamentales interesados—Conciliación y arbitraje—Consejos
Whitley—Maquinaria de conciliación propia de la industria—Maquinaria de
conciliación estatal—Salarios mínimos legales—Bolsas de empleo—La labor del
Ministerio de Trabajo. |
||
|
XIV |
Política laboral
del Gobierno para la industria del carbón |
|
|
Condiciones
previas a la guerra—La huelga del sur de Gales de 1915—El control
gubernamental en tiempos de guerra—La Comisión Sankey—La Ley de la industria
minera de 1920—La huelga de octubre de 1920—La huelga de abril de 1921—El
fracaso de la Parte II de la Ley de 1920—Regalías—Resumen de la política
gubernamental. |
||
|
XV |
Política laboral
del Gobierno para los ferrocarriles |
|
|
Condiciones
previas a la guerra: control gubernamental en tiempos de
guerra [13]Convenio salarial de marzo de 1919—La huelga ferroviaria de
septiembre de 1919—El convenio salarial de marzo de 1920—La Ley de
Ferrocarriles de 1921—El mecanismo de conciliación ferroviaria de 1921—Los
consejos seccionales de ferrocarriles—Los consejos de ferrocarriles. |
||
|
XVI |
Política laboral
del Gobierno para la agricultura |
|
|
Control
gubernamental en tiempos de guerra—La nueva política del gobierno en 1921—El
establecimiento de comités conjuntos de conciliación en Inglaterra y Gales—La
labor de los comités de conciliación—Agricultura y seguro de desempleo. |
||
|
XVII |
Política
gubernamental para el desempleo |
|
|
1. Seguro Estatal
de Desempleo.—El Plan Actual de 1920—Disposiciones de Emergencia—Ley Temporal
de Marzo de 1921—Ley Temporal de Julio de 1921—Ley de Disposiciones
Temporales para Dependientes de Noviembre de 1921—Ley Temporal de Abril de
1922—La Eficiencia del Plan Estatal |
||
|
2. Construcción
de obras de utilidad pública.—Comité de Subvenciones al Desempleo—Plan de
1920—Plan Ampliado de 1921 |
||
|
3. Planes de
Carreteras Aceleradas.—El Programa 1920-21—El Programa 1921-22—Los Planes
Metropolitanos Especiales—Los Planes Provinciales—Condiciones Vinculadas a
las Subvenciones |
||
|
4. Ayuda a los
pobres. Principios que rigen la administración de la ayuda. Determinación de
los ingresos del solicitante. Ayuda a los tutores para realizar obras.
Financiación del costo de la ayuda. Ayuda a las uniones metropolitanas más
pobres. Ayuda a los tutores para obtener préstamos. |
||
|
XVIII |
Política
gubernamental para el desempleo |
|
|
5. Garantía de
préstamos.—Ley de facilidades comerciales de 1921—Política del Comité
Asesor—Dificultades del Comité—Garantías ya otorgadas |
||
|
6. El Sistema de
Créditos a la Exportación.—Garantías o Créditos Específicos—Garantías o
Créditos Generales |
||
|
7. Otros planes
diversos.—Resumen del gasto nacional |
||
|
XIX |
La perspectiva
del trabajador |
|
|
Ignorancia sobre
la industria—Ideas erróneas sobre los salarios—Descontento y sus
causas—Efecto del mal ambiente—Miedo al desempleo—Insatisfacción con el
estatus en la industria—Creencia en la agitación—Deseo de mejora—Baja
concepción del trabajo—Sospecha de los empleadores—El trabajador y su
sindicato—El trabajador y la comunidad. |
||
|
XX |
Reforma de la
industria en lugar de socialización |
|
|
Las tres
aspiraciones dominantes de los trabajadores: ¿pueden y deben satisfacerse? —
La vaguedad del plan de reconstrucción de los trabajadores — El cambio
reciente en las propuestas de los trabajadores: Reforma de la industria versus reconstrucción. |
||
|
XXI |
Las relaciones
humanas que deben corregirse en la industria |
|
|
El capital y el
personal administrativo—El capital y los obreros manuales—Los obreros
manuales entre sí —El personal administrativo y los obreros
manuales—La industria y la comunidad consumidora—La industria y la nación. |
||
|
XXII |
La relación
correcta entre el gobierno y la industria |
|
|
1. La política
para la depresión actual.—Establecimiento de la paz internacional—Reducción
del gasto nacional—Disminución de los impuestos—Estabilización de los
cambios—Revisión de la política financiera—Reconsideración de la política de
reparaciones—Deudas entre aliados—Créditos a la exportación—Reducción de los
costos de producción.[14] |
||
|
XXIII |
La relación
correcta entre el gobierno y la industria |
|
|
2. La posición
normal del gobierno en relación con la industria.—Regulación de las
condiciones de las fábricas—Conciliación y no intervención—Protección de la
comunidad—Salarios en las industrias no organizadas—Investigación
industrial—Necesidad de un verdadero Ministerio del Trabajo—Regulación de las
combinaciones y los monopolios. |
||
|
XXIV |
La relación
correcta entre empleadores y empleados |
|
|
1. Satisfacción
en la industria.—( a ) Previsión contra el
desempleo.—Igualación de la demanda de mano de obra—Seguro contra el
desempleo—Necesidad de una organización de búsqueda de empleo—Seguro por
parte del Estado o la industria—Seguro estatal—Seguro por industria o
industrias—Reforma del actual sistema de socorro a la intemperie—Seguro de
desempleo por parte de las empresas. |
||
|
XXV |
La relación
correcta entre empleadores y empleados |
|
|
1. La
satisfacción en la industria.—( b ) La condición humana del
trabajador en la industria.—La lentitud de la maquinaria ordinaria de
conciliación—El plan de los Consejos Whitley—Los Consejos industriales
nacionales y distritales conjuntos—Los comités de empresa—El lento progreso
de los comités de empresa—El éxito de los comités de empresa en el Clyde—La
gestión ejecutiva: un asunto para los empleadores. |
||
|
XXVI |
La relación
correcta entre empleadores y empleados |
|
|
1. Satisfacción
en la industria.—( c ) Remuneración del trabajador.—Salarios
nacionales uniformes—Relaciones salariales entre los trabajadores—Salarios y
comunidad—¿Son viables salarios más altos?—La fijación de salarios—Sistemas
de remuneración—¿Qué es un salario justo?—Otros aspectos esenciales para la
satisfacción industrial. |
||
|
XXVII |
La relación
correcta entre empleadores y empleados |
|
|
2. La cooperación
en la industria.—El recurso de los propios trabajadores a la cooperación—El
argumento marxista contra la cooperación—Algunas aplicaciones en el taller—La
falacia marxista del origen del capital—La falacia marxista del valor—La
necesidad de simpatía en la vida del taller—La necesidad de una justicia
estricta—El valor monetario de la simpatía en la industria—El manejo
compasivo del trabajo: un arte especial—Una ilustración de su aplicación
exitosa. |
||
|
XXVIII |
La relación
correcta entre empleadores y empleados |
|
|
3. La producción
en la industria.—La importancia de la producción—De qué depende la
producción—La noción de los trabajadores del fondo secreto—“Pasarlo a
otros”—La creencia de los trabajadores en la producción
restringida—Introducción de aparatos que ahorran tiempo y trabajo—Pago por
resultados—Subdivisión y simplificación del proceso—No hay “quisquillosidad”
con los precios. |
||
|
XXIX |
La relación
correcta entre la industria y la comunidad |
|
|
La formación de
una opinión pública sólida: responsabilidad del consumidor, deber del
ciudadano. |
||
|
Índice |
||
[15]
INTRODUCCIÓN
Nuestra gran
dificultad industrial, en las condiciones modernas, reside en combinar el
desarrollo humano con el trabajo humano y persuadir a la gente a ser
trabajadora. Antes, los hombres trabajaban para su propio beneficio; ahora,
tienden a abstenerse de trabajar por temor a beneficiar a otros. El perjuicio
para los empleadores de tal proceder es evidente; pero el detrimento para los
propios trabajadores es menos evidente, y rara vez se perciben sus efectos
catastróficos para la comunidad. Esa dificultad es lo que llamamos "el
problema laboral"; conocer los principios que mejor lo resuelven es
nuestra principal necesidad nacional.
Este libro se
esfuerza por criticar la solución errónea e indicar la correcta. La prueba que
aplica es si una solución prioriza a la comunidad por encima de una sección o
un partido, o si está diseñada principalmente para promover intereses
sectarios, políticos o industriales, ya sea declarada o engañosamente, bajo la
apariencia de solicitud por el bien común. Hoy en día, hay que mirar mucho más
allá de la superficie de las palabras, por distinguido que sea su origen. Hay
poca diferencia entre el socialista revolucionario, cuya solución consiste en
impulsar la democracia industrial al poder económico o político supremo
mediante la acción directa implacable y luego socializar la industria, y el
antisocialista constitucional, que resolvería el problema con promesas de
inaugurar un nuevo mundo industrial y otras promesas de "nueve peniques
por cuatro peniques", que no está sinceramente convencido de que puedan
cumplirse, y que, si las considerara seriamente, sabría que nunca se cumplirán.
En general, durante los últimos años, este último ha demostrado ser la mayor
amenaza para la nación.
Las políticas para
la solución del problema laboral se dividen, en términos generales, en dos
categorías principales. Las que insisten en, o implican, la reconstrucción de
la industria mediante la eliminación de la empresa privada y del capitalismo.
De este tipo es la política que defiende el Partido Laborista: la vaga
abstracción de «nacionalización y control democrático». Todas las demás
políticas son del tipo que postula, como esencial para el progreso industrial,
la continuidad de la llamada organización capitalista.[16] de la
industria, con, sin embargo, enmiendas y reformas de diversa índole. No siempre
existe una distinción tan clara. Muchos opositores a la política del Partido
Laborista defienden el método particular de socialización de las industrias
conocido como municipalización, e incluso la gestión estatal de ciertas
empresas cuasiindustriales como Correos. Estos casos de solapamiento y de
límites inevitables ocurren siempre. Los asuntos humanos nunca pueden regularse
completamente mediante fórmulas precisas; si eso fuera posible, el mundo sería
un lugar aburrido.
Para resolver el
problema laborista, es necesario un pensamiento más claro, un análisis crítico
y una acción decisiva por parte del público en general, que olvida lo
vitalmente interesados que están. Con el fin de presentarles sus diversos
elementos en una secuencia lógica y una perspectiva equilibrada, tras una
profunda reflexión, he adoptado el siguiente esquema para este libro: en la Parte
I, expongo la política del Partido Laborista para la solución del
problema y examino sus fundamentos; a continuación, en la Parte
II, describo la política laborista del Gobierno, tal como se ha
declarado o evidenciado en la práctica departamental, y la considero;
finalmente, en la Parte
III , esbozo lo que, ampliando la política gubernamental y en
oposición a la del Partido Laborista, considero la verdadera solución, la más
adecuada para promover los intereses de la nación.
El Partido
Laborista se autoproclama "el verdadero partido nacional democrático"
y, como tal, afirma haber formulado una política nacional laborista que, a
simple vista, presenta numerosos indicios de objetivos puramente sectarios. Mi
esfuerzo ha consistido en evaluar dicha política de forma crítica pero justa, y
determinar hasta qué punto es probable que impulse el bienestar común. Esto no
es posible sin apreciar claramente la raíz industrial en la que se ha injertado
recientemente el llamado partido nacional democrático, y de la que extrae todo
su vigor y vigor. Por lo tanto, la Parte
I explica con cierto detalle la historia y la constitución del
Partido Laborista, así como la naturaleza de esta raíz, que, llamada con el
nombre más eufemístico, es simplemente una especie particular de socialismo.
Por el momento, el Partido Laborista no parece excesivamente orgulloso de su
linaje ni excesivamente ansioso por imponer al país sus verdaderos objetivos
socialistas. Pero es esencial que queden al descubierto, y esto es lo que
intento hacer en la Parte
I , no mediante citas de los discursos de los líderes laboristas,
que expresan una diferencia considerable de opiniones, según el foro, no son
evidentes por su coherencia y el Partido los considera sin fuerza vinculante.
Ofrezco extractos reales de[17] documentos oficiales publicados por el
Partido Laborista, no generalmente conocidos o accesibles al lector común y que
enuncian, si no con claridad, al menos en su propio idioma, los principios a
los cuales el Partido declara haber prometido la lealtad de todos sus
seguidores.
El Partido
Laborista denuncia ante la opinión pública al actual Gobierno, y de hecho a
todos los anteriores "gobiernos capitalistas", y los acusa de haber
desatendido los intereses de los trabajadores y de carecer de una política
laboral coherente. Esta acusación, si se repite lo suficiente, adquiere cierta
validez, ya que el público desconoce lo que realmente se ha logrado bajo la
dirección del Gobierno. No tengo ninguna defensa del actual Gobierno de
Coalición —he criticado a menudo su desafortunada actuación oportunista en
materia industrial, y lo hago con libertad en este libro—, pero es vital que el
público comprenda, aunque solo sea como base para construir una nueva y
ampliada política laboral, lo que este y los gobiernos anteriores han hecho, a
expensas de la nación, por los trabajadores del país. Este es el tema de la Parte
II , y, dado que cualquier solución futura a nuestras dificultades
laborales debe verse sustancialmente influida por el efecto que las medidas de
emergencia adoptadas por el Gobierno para la regulación del trabajo durante la
guerra tuvieron en la industria, los empleadores y los
trabajadores, dedica un capítulo de la Parte
II a este importante asunto.
En la Parte
III, llego al verdadero propósito del libro: señalar a grandes rasgos
lo que, en mi opinión, es la única política laboral posible para el futuro.
Debe satisfacer y estar en sintonía con las cualidades humanas de los
trabajadores. Por lo tanto, la Parte
III comienza con una descripción de las aspiraciones y sentimientos de
los trabajadores tal como los conocí en la vida real, y luego establece los
principios que, en mi opinión, deberían regir las tres relaciones más
importantes en la industria: la del Gobierno con la industria, la de
empleadores y empleados, y la de la industria con la comunidad.
Al abordar el tema,
he procurado evitar la disquisición académica y presentar una discusión lo más
ajustada posible a la realidad de la vida en el taller, tal como se materializó
en mi experiencia práctica, primero como ingeniero y, posteriormente, al desempeñar
para el Gobierno las funciones de numerosos cargos en tiempos de guerra que
implicaban el control de la mano de obra. Mi propia constatación de los hechos
contrasta en muchos aspectos con lo afirmado por otros autores, pero unas tres
mil reuniones íntimas y cercanas durante la guerra con organizaciones
patronales, ejecutivos sindicales y comités de distrito y de
rama,[18] Junto con muchas reuniones de masas, en todas las cuales se
tomaron notas cuidadosas, por no hablar del hecho de tener el dedo diariamente
sobre el pulso de más de un millón de hombres, me proporcionan una base de
hechos suficientemente convincentes, en cualquier caso, para mi propio juicio.
Estoy seguro de que
el problema laboral puede resolverse con éxito mediante una perseverancia
decidida, siguiendo los principios sugeridos en la Parte
III . Tengo plena confianza en el sólido sentido común de los
empleadores y los trabajadores británicos. Estoy convencido de su triunfo
final. Una y otra vez, durante la guerra, cuando una catástrofe industrial
parecía inevitable, he visto cómo el sentido común, impulsado por el ingenio
nacional para el compromiso, contribuía a evitar que ambas partes cayeran al
borde del abismo que se abría repentinamente. Con estos principios se puede
lograr una solución estable y satisfactoria tanto para los empleadores como
para los trabajadores y la comunidad. El primer paso esencial para una solución
es conocer los ingredientes que conforman el problema laboral, y no existe
ningún libro, que yo sepa, disponible para el lector general, que explique el
asunto con claridad, a partir de una amplia experiencia práctica, como yo me he
esforzado por hacerlo. Estas son mis disculpas por la publicación de este
libro.
Confío en que mis
críticas no generen rencor; he expresado mis opiniones con franqueza, pero con
palabras que he sopesado, y no hay nada detrás de ellas, pues no soy ni
empresario ni político. Anhelo ver una solución fraternal, justa y que salve a
la nación. El Partido Laborista y yo hemos tenido muchos enfrentamientos
feroces en el pasado, pero creo que hemos aprendido a respetarnos mutuamente.
Ningún sector de la comunidad se deleita y honra tanto la crítica directa y
directa como el Partido Laborista, siempre que sea realmente honesta y el
crítico sincero. Es digno de mención poder decir, después de tanta controversia
oficial como la que he tenido, que en ningún momento pasamos de discutir
principios a hablar de personalidades. Espero que este libro no contenga ni una
sola desviación involuntaria de ese criterio, ya que me considero afortunado, a
pesar de las profundas diferencias en mis opiniones económicas, de gozar de la
amistad de muchas personas, tanto importantes como humildes, dentro del movimiento
laborista, un bien preciado que no arriesgaría a la ligera. Este libro trata de
principios, y sólo de principios, y no de personas.
[19]
Parte I
LA FALSA POLÍTICA DEL PARTIDO LABORISTA
[20]
[21]
CAPÍTULO I
LA CONSTITUCIÓN DEL PARTIDO LABORISTA Y SUS DEFECTOS
Origen del Partido
Laborista—Reconstitución en 1918—El Congreso de Sindicatos—El Consejo Nacional
Conjunto—El Partido Laborista Parlamentario—El Partido Laborista, un partido de
clase—La falta de liderazgo del partido.
Existen dos grandes
organizaciones laborales: el Congreso de Sindicatos, con su Comité Ejecutivo,
el Consejo General, que representa al sector industrial; y el Partido
Laborista, con su Comité Ejecutivo Nacional, que representa al sector político.
La distinción entre industria y política —que nunca se mantiene clara— está
desapareciendo rápidamente.
Origen del Partido
Laborista
Español El Partido
Laborista data de 1900, cuando se formó el Comité de Representación Laborista
por iniciativa del Congreso de Sindicatos, el Partido Laborista Independiente,
la Federación Socialdemócrata y la Sociedad Fabiana. De los 15 candidatos del Comité
que se presentaron a las posteriores Elecciones Generales de 1900, 2 fueron
reelegidos: los difuntos Sr. Keir Hardie y Sr. Richard Bell; también fueron
reelegidos 9 miembros sindicalistas, pero no bajo los auspicios del Comité.
Antes de 1900, destacados sindicalistas se habían presentado individualmente al
Parlamento y, de vez en cuando, habían sido elegidos. Los primeros pasos
efectivos en esa dirección los había dado la Liga de Representación Laborista
establecida en 1869, después de la Ley de Reforma de 1868. En 1874, 13
candidatos fueron a elecciones y los dos primeros "miembros
laboristas" fueron elegidos, siendo uno de ellos el difunto Muy Honorable
Thomas Burt. En 1880, fueron reelegidos 3; en 1885, 11; en 1892, 14; En 1895,
12. Los candidatos laboristas que triunfaron se presentaron con una candidatura
industrial, no con una socialista; cuando los socialistas se presentaron,
recibieron escaso apoyo. En las elecciones de 1885, la Federación
Socialdemócrata presentó un candidato en Kennington y otro en Hampstead: el
primero obtuvo solo 32 votos, el segundo, 29.
En 1886, disuelta
la Liga de Representación Laboral, se constituyó el Comité Electoral
Laboral.[22] El Congreso de Sindicatos. Pronto cayó bajo la influencia del
Partido Liberal, lo que condujo a la campaña del Sr. Keir Hardie, iniciada en
el Congreso de Sindicatos de Swansea en 1887, a favor de un Partido
Parlamentario Independiente que representara al Partido Laborista. El propio
Sr. Keir Hardie se presentó como candidato laborista independiente por
Mid-Lanark en 1888, sin éxito, pero fue reelegido por South-West Ham en 1892. A
instancias suyas, se fundó el Partido Laborista Independiente en 1893; presentó
28 candidatos a las elecciones en 1895, sin éxito. Sin embargo, la actividad
política del Partido Laborista Independiente pronto impulsó al Congreso de
Sindicatos. En 1899, en la Conferencia de Plymouth, el Congreso aprobó una
resolución que ordenaba a su Comité Parlamentario organizar una conferencia de
Sindicatos, Cooperativas y Sociedades Socialistas para asegurar el regreso de
un mayor número de miembros laboristas al Parlamento. Como parte de este
mecanismo, se formó el Comité de Representación Laborista en 1900.
La constitución del
Comité de Representación Laborista en 1900 era la siguiente: 41 Sindicatos, con
una membresía de 353.070 miembros; 7 Consejos de Comercio; 3 Sociedades
Socialistas, añadiendo una membresía adicional de 22.861, haciendo un total de
375.931. En elecciones parciales entre las Elecciones Generales de 1900 y 1906,
tres candidatos prominentes del Comité de Representación Laborista fueron
elegidos: el Sr. (ahora Sir) David Shackleton por Clitheroe, el difunto Sr.
Will Crooks por Woolwich y el Sr. (ahora el Muy Honorable) Arthur Henderson por
Barnard Castle. El Congreso de Sindicatos de Newcastle de 1903 aprobó una
enérgica resolución que ordenaba la independencia política e instituyó un fondo
parlamentario. En las Elecciones Generales de 1906, de 50 candidatos
patrocinados por el Comité de Representación Laborista, que en ese año se
rebautizó como "el Partido Laborista", 29 fueron elegidos. Bajo la
presidencia del Sr. Keir Hardie, se estableció de inmediato el Partido
Laborista Parlamentario, con toda la parafernalia de un partido político
independiente en la Cámara de los Comunes. En las Elecciones Generales de enero
de 1910, de 78 candidatos, resultaron elegidos 40; en las de diciembre de 1910,
de 56 candidatos, resultaron elegidos 42; y en las de diciembre de 1918, de 392
candidatos, resultaron elegidos 59. En las últimas elecciones de 1918, con un
total de 9.690.109 votos en Gran Bretaña, el Partido Laborista obtuvo 2.375.202
votos.
Reconstitución en
1918
En la Conferencia
del Partido Laborista en Nottingham en enero de 1918, se propuso una
constitución revisada, que finalmente fue adoptada en Londres en la Conferencia
del Partido el 26 de febrero de[23] Ese mismo año. El secretario del
Comité Ejecutivo, el honorable Arthur Henderson, presentó los argumentos a
favor de la nueva constitución ante la Conferencia de Nottingham en estas
palabras: «De nada servía que el Ejecutivo utilizara algo parecido a un
programa social o hablara de construir un nuevo orden social y reconstruir la
sociedad hasta que considerara con sumo cuidado su posición actual como fuerza
política organizada. Lo hizo y llegó a la conclusión unánime de que el Partido
Laborista, tal como estaba organizado políticamente en las circunstancias
existentes, era totalmente inadecuado para la gran tarea que tenía ante sí.
Nunca se había proclamado propiamente un partido político nacional. Esta
limitación se heredó de la resolución aprobada en el Congreso de Sindicatos de
Plymouth en 1899. Eran una federación política compuesta por sindicatos,
organizaciones socialistas y cooperativas, pero en los últimos años habían
desarrollado los llamados Partidos Laboristas Locales». El Sr. Henderson afirmó
que la verdadera cuestión a resolver era si, para alcanzar el máximo poder
político y, por consiguiente, impulsar su programa, el Partido Laborista debía
desechar toda su maquinaria política existente y construir una organización
política desde una nueva base basada únicamente en la afiliación individual. «Hablando
como veterano electoral», continuó, «no le importaba decir que, si tuvieran que
empezar de cero, ese sería el ideal al que aspiraría, pero dada la proximidad
de las elecciones generales, no podía imaginar mayor error que intentar crear
una nueva organización basada únicamente en la afiliación individual». El
Partido finalmente decidió adherirse al esquema existente de una federación
industrial central, pero injertarle una forma de organización electoral por
circunscripciones, vinculada a los Partidos Laboristas Locales o los Consejos
Sindicales, que pusiera a la federación y a las circunscripciones en estrecho
contacto con la Conferencia Anual y la Ejecutiva Nacional del Partido
Laborista.
En la nueva
Constitución el Partido expresó así su intención:
“( a )
Organizar y mantener en el Parlamento y el país un Partido Laborista Político,
y asegurar el establecimiento de un Partido Laborista Local en cada
circunscripción de condado y en cada distrito parlamentario, con una
organización divisional adecuada en las circunscripciones separadas de los
distritos divididos.
“( b )
Asegurar a los productores, ya sea con sus manos o con su cerebro, el pleno
fruto de su industria y la distribución más equitativa de éste que sea posible
sobre la base del bien común.[24] propiedad de los medios de producción y
el mejor sistema alcanzable de administración y control popular de cada
industria o servicio.
“( c )
Promover en general la emancipación política, social y económica del pueblo, y
más particularmente de aquellos que dependen directamente de su propio esfuerzo
manual o intelectual para su subsistencia.
“( d )
Cooperar con las organizaciones laborales y socialistas en los Dominios y
Dependencias con miras a promover los fines del Partido y tomar acción común
para la promoción de un nivel más elevado de vida social y económica para la
población trabajadora de los respectivos países.
“( e )
Cooperar con las organizaciones laborales y socialistas de otros países y
ayudar a organizar una Federación de Naciones para el mantenimiento de la
libertad y la paz, para el establecimiento de un mecanismo adecuado para el
ajuste y solución de las disputas internacionales mediante conciliación o
arbitraje judicial, y para la legislación internacional que sea practicable.”
La nueva
constitución mantiene al Partido como una federación industrial de sindicatos,
sociedades socialistas, consejos gremiales y partidos laboristas locales; pero
establece el principio de afiliación individual al Partido a través de la
afiliación a la organización local. Por lo tanto, todo hombre y mujer puede
afiliarse a un partido laborista local. Se pretende formar un Partido Laborista
en cada circunscripción parlamentaria, como una unidad organizativa a la que se
afiliarán las secciones locales de los sindicatos, los consejos gremiales
locales, las cooperativas, las sociedades socialistas y otras similares, y a la
que se adherirá cada simpatizante local del Partido Laborista. Todo candidato
al Parlamento debe ser elegido o aprobado por la organización local y aceptado
por la Junta Directiva Nacional. Debe presentarse como candidato laborista y,
de ser elegido, debe comprometerse a actuar en armonía con la constitución y el
reglamento interno del Partido, y a aceptar las decisiones de las reuniones del
Partido. Debe incluir en su discurso electoral los temas definidos por la Junta
Directiva Nacional como el programa del Partido Laborista para las elecciones.
La adhesión oficial
del movimiento cooperativo al Partido Laborista es bastante interesante.
Durante muchos años, cuando se presentaron mociones en el Congreso Cooperativo
Anual a favor de que el movimiento cooperativo asumiera la actividad política,
estas resoluciones fueron rechazadas invariablemente por abrumadoras mayorías.
Sin embargo, en 1918, en una emergencia...[25] En la conferencia del
movimiento cooperativo celebrada en Londres los días 16 y 17 de octubre, se
decidió tomar medidas políticas. Las razones que llevaron al movimiento
cooperativo a esta decisión fueron la imposición de impuestos a los dividendos,
la supuesta negligencia del Gobierno a la hora de recurrir más al movimiento
cooperativo en la gestión del suministro nacional de alimentos y el supuesto
trato injusto al personal de las sociedades de distribución en virtud de las
Leyes del Servicio Militar.
Para el año 1917,
antes de su reconstitución, la membresía del Partido Laborista era la
siguiente:
|
123 |
Sindicatos, con
un total de afiliados de |
2.415.383; |
|
239 |
Consejos
sindicales y partidos laborales locales; |
|
|
3 |
Sociedades
socialistas con un total de miembros de |
47.140, |
El número total de
afiliados ascendía a 2.465.131, incluyendo también a las cooperativas y a la
Liga Laboral Femenina. En 1920, el Partido Laborista contaba con 122
sindicatos, con un total de 4.317.537 afiliados, 492 [1] consejos sindicales y partidos laboristas locales afiliados, y 5
sociedades socialistas, con un total de 42.270 afiliados, lo que sumaba un
total de 4.359.807 afiliados, incluyendo también a las cooperativas y a la Liga
Laboral Femenina.
Las sociedades
socialistas son la Sociedad Fabiana, que en 1921 contaba con 1.770 miembros; la
Liga Herald, con 500 miembros; el Partido Laborista Independiente, con 35.000
miembros; el Partido Socialista Judío (Poale Zion), con 3.000 miembros; y la
Federación Socialdemócrata, con 2.000 miembros.
Según las cuentas
del Partido, los ingresos totales para el año que terminó el 31 de diciembre de
1920 fueron de £62.000 y pico, de las cuales £49.000 representaban cuotas de
afiliación.
El Congreso de
Sindicatos
Pasando del Partido
Laborista al Congreso de Sindicatos, el "Parlamento Anual Laborista",
este, cuando se fundó en 1868, estaba compuesto por 34 delegados, que
representaban a unas 20 sociedades con una membresía afiliada de 118.367. En
1919, aunque no se incluyeron todos los sindicatos, había crecido a 851
delegados, que representaban a 266 sindicatos y una membresía afiliada de
5.283.676. En 1921 estaba compuesto por 810 delegados que
representaban[26] Con una membresía de 6.417.910 miembros, representa industrialmente
al trabajo organizado de Gran Bretaña y cuenta con la mayor membresía sindical
afiliada del mundo.
El Congreso de
Sindicatos debe distinguirse de la Federación General de Sindicatos que se creó
bajo sus auspicios en 1899 (que ahora representa una membresía afiliada de
alrededor de un millón y medio de personas) y cuyo principal objetivo es
mantener los derechos sindicales y ayudar financieramente o de otro modo a los
sindicatos afiliados involucrados en disputas con empleadores u organizaciones
de empleadores.
El Consejo Nacional
Conjunto
Un Comité Conjunto
de Coordinación, que representa al Comité Parlamentario del Congreso Sindical y
al Comité Ejecutivo del Partido Laborista, elaboró recientemente un plan para
la coordinación de las fuerzas laborales. Se ha constituido un Consejo Conjunto
Nacional que representa al Consejo General del Congreso Sindical, al Comité
Ejecutivo del Partido Laborista y al Partido Laborista Parlamentario. Sus
funciones son considerar todas las cuestiones que afectan al movimiento obrero
en su conjunto, prever medidas inmediatas en casos de emergencia nacional y
procurar una política común y una acción conjunta, ya sea legislativa o de otro
tipo, en todas las cuestiones que afectan a los trabajadores como productores,
consumidores o ciudadanos. Los gastos del Consejo son sufragados a partes
iguales por el Consejo General del Congreso Sindical y el Comité Ejecutivo del
Partido Laborista. El plan también prevé el establecimiento, bajo la
supervisión conjunta del Consejo General y del Comité Ejecutivo Nacional, de cuatro
departamentos organizados para ocuparse de la investigación y la información,
los asuntos internacionales, la publicidad y los asuntos jurídicos. En el
memorando que recomendaba el plan para el Comité Nacional Conjunto, se señalaba
que, dado el enorme crecimiento del movimiento obrero y la importancia de
presentar un frente unido ante los grandes problemas que se le planteaban, la
necesidad de coordinación cobraba cada día mayor importancia. «Para que el
Partido Laborista haga realidad sus ideales, debe formular una política común y
asegurar el máximo de acción conjunta. La eficacia del movimiento obrero se ha
visto mermada en el pasado por la superposición de funciones, la duplicación de
esfuerzos y la confusión derivada de políticas contradictorias». El plan se
describe como uno que permite al Partido Laborista hablar con una sola voz
sobre todas las cuestiones de importancia nacional y aplicar una política
uniforme en apoyo de sus objetivos comunes.
[27]
El Partido
Laborista Parlamentario
También debe
explicarse qué es el Partido Laborista Parlamentario. En 1906, 29 miembros
laboristas, como hemos visto, regresaron al Parlamento; se constituyeron
entonces en un partido parlamentario independiente, con el Sr. J. Keir Hardie,
diputado, siendo elegido presidente, y se designaron también vicepresidente,
secretario y jefes de bancada. Es práctica del Partido Parlamentario, al
comienzo de cada periodo de sesiones, revisar las resoluciones aprobadas en las
distintas conferencias del Partido Laborista y considerarlas como indicadores
de los principios sobre los que debe proceder. Al comienzo de cada periodo de
sesiones, se celebra una reunión conjunta entre el Partido Parlamentario y la
Comisión Ejecutiva Nacional del Partido Laborista para decidir los diversos
objetivos respecto a los cuales se presentarán proyectos de ley o se
presentarán mociones al Parlamento. Un resumen general de la actividad del
Partido Laborista Parlamentario desde 1906 se encuentra en los Anuarios
Laboristas de 1916 y 1919.
El Partido
Laborista, un partido de clase
El Partido
Laborista se autoproclama el verdadero partido democrático nacional, desafiando
así el antiguo sistema de partidos. Se presenta ante el electorado como el
partido de los productores, cuyo trabajo manual e intelectual cubre las
necesidades básicas de la vida de todos y dignifica y eleva la existencia
humana. «Los productores han sido despojados —dice— de la mayor parte de los
frutos de su industria bajo el sistema individualista de producción
capitalista; y eso justifica las afirmaciones del Partido».
Al examinar la
constitución del Partido Laborista, se refuta definitivamente la afirmación de
que el Partido es o puede ser, mientras dicha constitución esté vigente, un
partido político democrático nacional. Por partido político se entiende, según
nuestras tradiciones británicas, un partido cuyos miembros están unidos en
apoyo de principios políticos comunes, y no un partido cuyo objetivo es
promover sus propios intereses materiales. Independientemente de cómo se
denomine el Partido Laborista, es de hecho un partido de clase, como lo
demuestra claramente su historia. Hasta 1900, cuando se constituyó el Comité de
Representación Laborista, su organización era claramente sindicalista. En 1900,
como se ha demostrado, se incorporaron por primera vez siete Consejos de
Comercio locales junto con tres Sociedades Socialistas, pero solo representaban
22.861 de los 375.931 afiliados. Entre 1900 y la revisión de la constitución en
1918, el Partido fue[28] Obviamente, todavía estaba compuesto, en su
mayoría, por sindicalistas industriales. Los miembros individuales fueron, como
se ha explicado, introducidos nominalmente en el Partido en 1918, al abrir la
membresía a los miembros de los Partidos Laboristas Locales y los Consejos
Sindicales. Es imposible, porque el Partido Laborista no tiene las cifras,
hacer una comparación entre el número de miembros individuales de los Partidos
Laboristas Locales y los Consejos Sindicales que no son sindicalistas y los
4.317.537 miembros de los sindicatos afiliados en 1920. Pero una cosa está
bastante clara: el miembro individual está completamente abrumado por la
membresía y el poder de los sindicatos. Si se examinan las cuentas del Partido
Laborista para 1920, se encontrará que del total de cuotas de afiliación de
£49.000, solo alrededor de £1.382 son aportadas por los Consejos Sindicales y
los Partidos Laboristas Locales, que incluyen un cierto número de miembros
individuales, y £524 de cinco organismos socialistas; De modo que prácticamente
la totalidad de los ingresos del Partido Laborista provienen de los sindicatos;
estos ejercen naturalmente el derecho a dictar políticas y dirigir la
maquinaria del partido. En lo que respecta a la selección del candidato
parlamentario local, si un partido laborista local o un consejo sindical presenta
un candidato, deben cubrir todos los gastos de la elección, lo que les supone
una seria dificultad; por otro lado, si un sindicato selecciona a un candidato,
este, mediante su contribución parlamentaria, puede cubrir todos los costos de
su elección. Como resultado, en la gran mayoría de los casos, los candidatos
sindicalistas, con el respaldo financiero de sus sindicatos, son aceptados como
candidatos laboristas locales: verdaderos oportunistas en el verdadero sentido
de la palabra, y probablemente totalmente desconocidos para el distrito. La
experiencia nos permite aprender sobre qué criterios utilizan los sindicatos
para seleccionar a sus candidatos. Todo sindicato considera de suma importancia
tener sus propios miembros en el Parlamento, y su primera consideración es si
son miembros sólidos y confiables de su organización. Dado que se considera
esencial que un sindicato seleccione únicamente a hombres con un profundo
conocimiento del funcionamiento del mismo, generalmente se elige al secretario
de sección, al delegado o secretario de distrito, a un miembro de la ejecutiva
o al secretario general del sindicato, y cabe destacar que se le elige no por
su experiencia o entusiasmo político, sino como un fiel protagonista de su
propia organización sindical. Por lo tanto, acude al Parlamento principalmente
para promover los intereses industriales de su sindicato y, en la medida en que
sea compatible con ello, del Partido Laborista en general. Esto debe ser
claramente comprendido por el público en general.[29] Público de este
país. El Partido Laborista no tiene derecho a protestar contra quienes inicien
una campaña en su contra, argumentando que el movimiento obrero, tal como está
constituido actualmente, es claramente clasista y sectario en sus objetivos.
Existe amplia justificación para ese ataque en el propio panfleto del Partido
Laborista, «Sindicalismo y Acción Política» . El Partido
Laborista no será por mucho tiempo, si es que alguna vez lo es, un partido
exclusivamente de afiliados individuales; eso significaría que tendría que
prescindir de las contribuciones obligatorias de los sindicatos afiliados y
depender de las contribuciones voluntarias de sus miembros individuales.
El Partido
Laborista se enorgullece de ser el partido de la hermandad, un sentimiento
admirable, muy poco común en el mundo industrial actual. Tenemos derecho a
poner a prueba esta profesión examinando hasta qué punto el espíritu de
fraternidad prevalece entre los 122 sindicatos que lo afilian. Si algún sector
de la comunidad se ve desgarrado por luchas internas, sin duda es la sección
sindical. Consideremos, por ejemplo, la cuestión de la delimitación del
trabajo. Si consideramos oficios como los de carpinteros de ribera y ebanistas,
están separados por divisiones muy sutiles; tanto es así que en un puerto los
carpinteros de ribera realizan trabajos que en otro puerto realizan los
carpinteros. A la mínima intrusión de un oficio en el trabajo del otro, se producen
luchas virulentas, que casi invariablemente terminan con uno u otro sindicato
llamando a sus respectivos miembros y, por lo tanto, paralizando el trabajo en
el puerto. Durante la guerra, el acondicionamiento o reacondicionamiento de
buques urgentemente necesarios se vio frenado repetidamente por este tipo de
disputas fratricidas. De nuevo, consideremos gremios como los ingenieros,
miembros del Sindicato de Ingenieros Amalgamado, y los fontaneros, miembros del
Sindicato de Fontaneros; entre ellos existe una enconada animosidad. Ciertas
tuberías a bordo de los barcos son, según la costumbre del puerto, dobladas y
ajustadas por miembros de un sindicato, mientras que otras, posiblemente del
mismo material pero un poco más grandes o más pequeñas, o del mismo tamaño pero
de un material diferente, son dobladas y ajustadas por miembros del otro
sindicato. Tras la batalla de Jutlandia, tuve que suspender reparaciones
navales vitales debido a que todos los ingenieros de un gran distrito se
declararon en huelga porque se había contratado a fontaneros para perforar
algunos agujeros en las carcasas exteriores de los reflectores, al no haber
ingenieros disponibles para realizar el trabajo. Los ejemplos de esta enemistad
industrial, que formará la base de la nueva hermandad política, podrían
multiplicarse indefinidamente. Tenemos de nuevo la eterna disputa entre el
Sindicato de Ingenieros Amalgamado y el Sindicato Nacional.[30] de los
ferroviarios con respecto a los trabajadores de los talleres de ingeniería ferroviaria,
o la agria controversia, cada vez más intensa, entre el Sindicato General de
Trabajadores, que representa a los trabajadores no cualificados o
semicualificados, y el Sindicato Amalgamado de Ingenieros. El primero afirma el
derecho de un empleador de ingeniería a ascender a sus miembros del puesto de
obrero general "en planta" a trabajar con máquinas semiautomáticas u
otras similares "en el taller", trabajo para el cual, sin duda, el
trabajador suele ser muy competente; por otro lado, el Sindicato Amalgamado de
Ingenieros, o su comité de distrito, afirma que ninguna persona, por muy
competente que sea, puede ser contratada para trabajar en dichas máquinas a
menos que sea miembro del Sindicato Amalgamado de Ingenieros y reciba por el
trabajo las tasas salariales prescritas. Así pues, nos encontramos con la
curiosa paradoja de que el Partido Laborista, consciente de la existencia de
este espíritu de hostilidad laboral entre los diversos sectores de su
militancia sindical y completamente incapaz de extinguirlo, aún afirma su
capacidad para inculcar e imponer el espíritu de hermandad social en todo el
electorado. «Por sus obras los conoceréis». Lo cierto es que la única fuerza
política cohesiva que el Partido Laborista puede ejercer, aparte de la coacción
laboral de los sindicatos sobre sus afiliados, son las promesas de mejores
tiempos, menos trabajo, más tiempo para el ocio, más dinero para gastar,
mediante la abolición de lo que denomina el empleador «capitalista» o privado,
y la sugerencia de que así se dispondrá de algún fondo de dinero para
distribuir entre los miembros del partido.
La falta de
liderazgo del partido
¿Qué hay de los
líderes del Partido Laborista? Sin duda, el Partido Laborista cuenta con
hombres destacados de probada experiencia, capacidad y criterio, y otros, aún
sin experiencia, pero de igual capacidad y habilidad. Tuve la fortuna, durante
la guerra, de servir en diferentes momentos bajo las órdenes directas del Muy
Honorable A. Henderson, el Muy Honorable G.N. Barnes, el Muy Honorable John
Hodge y el Muy Honorable G.H. Roberts. También tuve la oportunidad de comparar
sus dotes ministeriales con las de otros ministros del Gabinete y ministros de
Estado. Los ministros laboristas no sufrieron la comparación; sus respectivos
historiales son insuperables en cuanto a previsión, decisión, equilibrio de
criterio, habilidad política, capacidad organizativa y administrativa,
capacidad para evocar la lealtad de sus departamentos y ganarse la confianza
del público. La debilidad de un gobierno laborista sin duda no residirá en el
personal de su gabinete.[31]Si los ministros lideran, ¿se les
permitirá hacerlo? Hasta ahora, las señales no son alentadoras.
Quien no haya
presenciado el funcionamiento de la maquinaria sindical desde dentro tiene la
más remota idea de las dificultades que enfrenta el líder sindical ni de la
tiranía a la que está sujeto. En primera instancia, suele ser un funcionario a
sueldo de su sindicato, y si emprende o defiende cualquier acción política o
parlamentaria que se considere que infringe los derechos y privilegios
sindicales de su sindicato, sin duda será destituido en las próximas elecciones
sindicales. Por lo tanto, todo líder debe tener presente su propia postura y el
principio político que defiende. Esto dificulta enormemente que cualquier líder
laborista adopte una postura firme e independiente que pueda despertar incluso
las sospechas de sectores desinformados de sus seguidores, y mucho menos su
oposición hostil. Durante la guerra, presencié una y otra vez la frecuencia con
la que grandes comités de líderes sindicalistas acordaban con el Gobierno de
Londres la adopción de alguna medida —quizás la suspensión de una costumbre gremial
para acelerar la producción— y cómo se hacía completamente imposible obtener su
apoyo activo posteriormente para poner en práctica el acuerdo entre sus
miembros, con la notable excepción de unos pocos cuya firme independencia nunca
dejé de admirar. Pero estos, por desgracia, quizás debido a sus cualidades,
tienen poca influencia en la política laborista.
Hay otro aspecto:
la gran ley no escrita del movimiento obrero es la solidaridad a cualquier
precio, y con frecuencia los líderes, para evitar la división del Partido,
adoptan, en contra de su propio criterio, las propuestas de los extremistas en
lugar de enfrentarse a la disrupción. La actuación de los constitucionalistas
del movimiento obrero, al participar finalmente en la reciente formación del
Consejo de Acción, a pesar de sus propias protestas previas, es un ejemplo
ilustrativo.
Ningún partido
político es inmune a las intrigas, conspiraciones y complots contra sus
líderes, pero no es exagerado decir que el movimiento obrero está más
impregnado que cualquier otro movimiento en este país de estas tendencias
indeseables. Basta con observar el desarrollo de las elecciones de un comité de
sección o de un comité de distrito, o la elección de un miembro del comité
ejecutivo o del secretario general de un sindicato, para comprender la
prevalencia y el poder de los celos personales. Esto es notoriamente cierto en
el mundo político obrero. Nada hiere tan profundamente las raíces del liderazgo
independiente como la conspiración y la intriga incesantes.
[32]
CAPÍTULO II
ESQUEMA DE LA POLÍTICA GENERAL DEL PARTIDO LABORISTA
Un nivel mínimo de
vida nacional—Libertad personal efectiva—Socialización de la tierra y de la
industria—Una revolución en las finanzas públicas—El excedente de riqueza para
el bien común—Cooperación internacional—Sin aranceles proteccionistas—Libertad
de comercio internacional.
Para comprender la
política industrial del Partido Laborista, es necesario conocer, al menos en
líneas generales, la política general de la que forma parte. Como base de toda
reforma social, se sostiene que «el sistema individualista de producción capitalista,
basado en la propiedad privada y la administración competitiva de la tierra y
el capital, con su especulación desmedida y esclavitud asalariada, su
glorificación de la lucha desenfrenada por los medios de vida y su hipócrita
pretensión de la supervivencia del más apto, debe desaparecer». Con él, debe
erradicarse la «monstruosa desigualdad de circunstancias que produce, y la
degradación y brutalización, tanto moral como espiritual, que de ella se
derivan»; «junto con ella, debe desaparecer el sistema político actual, que
consagra las ideas en las que el sistema capitalista se expresa naturalmente».
El Partido Laborista propone una nueva base para la reorganización social;
propone reconstruir la sociedad sobre cuatro pilares que descansan sobre el fundamento
común del «control democrático de la sociedad en todas sus actividades». Estos
cuatro pilares son: “(1) la aplicación universal del mínimo nacional; (2) el
control democrático de la industria; (3) una revolución en las finanzas
nacionales; y (4) el excedente de riqueza para el bien común”.
Un nivel mínimo de
vida nacional
Se afirma que el
principio del mínimo nacional contrasta marcadamente con el principio del
sistema capitalista, expresado tanto por la política liberal como por la
conservadora. Por mínimo nacional se entiende la garantía para cada miembro de
la comunidad de un nivel de vida que le proporcione un mínimo razonable de
salud, educación, ocio y subsistencia. Un elemento fundamental es un salario
mínimo legal, que se revisará según el nivel de precios vigente. Como parte de
este mínimo nacional,[33] El ambiguo principio de "igual salario por
igual trabajo" se postula en todas las ocupaciones en las que participan
ambos sexos. El Partido también exige que el Gobierno evite el desempleo y, en
caso de no garantizar a todo trabajador voluntario una situación adecuada al
salario estándar, le proporcione manutención mediante una prestación por
desempleo pagada a través de su sindicato. Se insiste en que el Plan Nacional
de Seguro de Desempleo debe extenderse, sin contribuciones, a todas las
ocupaciones. Lo que se afirma como fundamental es que "de una u otra
manera, se debe encontrar empleo remunerado o manutención digna para todo
trabajador voluntario, ya sea con sus manos o con su cerebro, tanto en las
buenas como en las malas". Debe garantizarse a todos los miembros de la
comunidad una protección completa contra la indigencia involuntaria, tanto en
la enfermedad como en la salud, en las buenas y en las malas.
Libertad personal
efectiva
La democracia,
afirma el Partido Laborista, implica una libertad personal efectiva y supone la
eliminación completa de todas las restricciones impuestas en tiempos de guerra
a la libertad de expresión, publicación, prensa, viajes, elección de
residencia, tipo de empleo y, especialmente, de cualquier obligación de
servicio militar. Estos sentimientos, aunque parezca extraño, provienen del
Partido que niega el derecho a trabajar a los trabajadores no sindicalizados y
que reclama para los sindicatos el derecho a piquetear y los demás privilegios
que otorga la Ley de Disputas Laborales de 1906. Con base en el mismo
principio, se exigen derechos políticos completos para todos los adultos,
independientemente de su sexo, y para todas las minorías, el derecho a una
representación plena y proporcional en el Parlamento. Se exige la abolición de
la Cámara de los Lores, con la eliminación, en cualquier nueva segunda cámara,
de cualquier requisito basado en la herencia. Se reclaman asambleas
legislativas estatutarias separadas para Escocia, Gales e Inglaterra, con
administración autónoma en asuntos locales; que el Parlamento de Westminster
sea simplemente una Asamblea Federal para Gran Bretaña, que controle a los
ministros responsables de los departamentos del gobierno central; Estos
ministros, junto con otros que representaban a los Dominios y a la India,
formarían un Gabinete para los asuntos federales de la Commonwealth británica.
Socialización de la
tierra y la industria
El Partido
Laborista defiende la eliminación del empleador privado y del capitalista en la
industria y la introducción[34] de una nueva “reorganización científica de
las industrias nacionales”, purgadas de la degradación de la especulación
individual y regeneradas sobre la base de la propiedad común de los medios de
producción; la distribución equitativa del producto entre todos los que ayudan
en cualquier capacidad a la producción; y la adopción del “control democrático
de la industria”.
En consecuencia, el
Partido Laborista establecería de inmediato la propiedad común de la tierra, la
propiedad y administración común de ferrocarriles y canales, y su integración
con puertos, carreteras, correos, telégrafos y líneas transoceánicas de vapor
en un servicio nacional de Comunicaciones y Transportes, que funcionaría sin la
intervención de intereses capitalistas, privados o puramente locales, y con una
participación cada vez mayor de los trabajadores organizados en la gestión,
tanto central como local, exclusivamente para el bien común. Asimismo,
construiría una veintena de centrales eléctricas nacionales, con las que se
conectarían todas las plantas eléctricas municipales para fines de
distribución. Por razones similares, el Partido exige la nacionalización
inmediata de las minas de carbón, con una participación cada vez mayor en la
gestión, tanto central como local, de los diversos puestos de trabajo; e
insiste en que la distribución minorista de carbón doméstico debe estar a cargo
de las autoridades municipales o los consejos de condado, con el objetivo de
distribuir en cada distrito local carbón doméstico de calidad estándar a un
precio fijo y uniforme, tan inalterable como el sello postal de un penique. Se
insta a la expropiación estatal de las compañías de seguros industriales con
fines de lucro, así como a la asunción por parte del Gobierno de la totalidad
del negocio de seguros de vida. Se insiste mucho en la supuesta necesidad de
que el Gobierno retire la fabricación y venta minorista de intoxicantes de
manos de quienes se lucran promoviendo su consumo al máximo, y que cada
autoridad local regule el comercio dentro de su distrito mediante veto local,
limitación de licencias u otro sistema de regulación.
Consciente de los
males de la centralización y las restricciones burocráticas, el Partido reclama
vía libre para que las autoridades locales, con la ayuda de subvenciones
gubernamentales, amplíen el alcance de la empresa municipal. Se afirma que las
autoridades locales deberían no solo vender carbón al por menor, sino también
suministrar leche y participar en otras actividades comerciales similares. Se
dice que todos los miembros de los organismos locales deberían recibir los
gastos de viaje necesarios y ser remunerados por el tiempo que dediquen al
servicio público.
El Partido
Laborista reorganizaría todo el sistema educativo.[35] Sistema desde la
guardería hasta la universidad “sobre la base de la igualdad social”; “toda
institución educativa, independientemente de su clase social o riqueza, estará
abierta a todos los miembros de la comunidad en condiciones a su alcance”; todo
lo que se relacione con el entrenamiento militar estará absolutamente
prohibido. En cuanto a la salud pública, el Partido Laborista sostiene que el
Gobierno debería construir, con fondos públicos, el número necesario de
viviendas, espaciosas y saludables, cada una con cuatro o cinco habitaciones,
despensa, lavadero, armarios y baño completo, con una separación no mayor de
diez o doce por acre, y provistas de un jardín. La provisión nacional para la
prevención y el tratamiento de enfermedades, y el cuidado de huérfanos,
enfermos, incapacitados y ancianos también se incluye como parte indispensable
de la política laborista.
En lo que respecta
a la agricultura y la vida rural, el Partido ha formulado una serie de
propuestas basadas en que el Gobierno asuma inmediatamente el control de las
tierras agrícolas del país, y:
“asegurando su
utilización, no para renta, ni para caza, ni para el disfrute social de una
pequeña clase social, ni siquiera para obtener el mayor porcentaje del capital
empleado, sino únicamente con vistas a la producción de la mayor proporción de
los alimentos que requiere la población de estas islas en condiciones que
permitan una buena vida a la población rural con total seguridad para la
empresa agrícola, pero sin exigir al consumidor que pague un precio superior al
que se puede obtener por los alimentos de otras tierras”.
Los medios
propuestos para lograr este fin son grandes granjas nacionales, pequeñas
propiedades accesibles a agricultores prácticos, empresas agrícolas municipales
y granjas arrendadas a cooperativas y otros arrendatarios autorizados, bajo una
garantía nacional contra pérdidas por malas temporadas. Toda distribución de
alimentos agrícolas —desde leche y verduras hasta pan y carne— se liberará de
las manos de comerciantes y comerciantes, y será realizada por cooperativas y
autoridades locales, con una compensación equitativa por todos los intereses
expropiados o desplazados.
El Partido
Laborista también aboga por la importación gubernamental de materias primas y
productos alimenticios, así como por el control gubernamental de las industrias
naviera, de la lana, de la confección, de la molinería y otras similares; el
racionamiento tanto de las materias primas como de los productos alimenticios,
y la fijación de todos los precios con base en un cálculo preciso de costos, a
fin de eliminar la especulación. Según el Partido Laborista, esto es...
“tanto la función
del Gobierno como una parte tan necesaria de la regulación democrática de la
industria es salvaguardar los intereses[36] de la comunidad en su conjunto
y de los grados y clases de consumidores privados en materia de precios, como lo
hacen las leyes de las Juntas de Fábricas y Comercio para proteger los derechos
de los productores asalariados en materia de salarios, horas de trabajo y
saneamiento, o la fuerza policial organizada para proteger al jefe de familia
del ladrón”.
Una revolución en
las finanzas públicas
En opinión del
Partido Laborista, es necesaria una revolución completa en las finanzas
nacionales. Durante demasiado tiempo, afirma, nuestras finanzas nacionales se
han regulado sobre una base opuesta a las enseñanzas de la economía política,
según las opiniones de las clases poseedoras y el afán de lucro de los
financieros. Debería existir un sistema tributario que garantice todos los
ingresos necesarios para el Gobierno sin menoscabar el nivel mínimo de vida
nacional prescrito para ninguna familia, sin obstaculizar la producción ni
desalentar ningún esfuerzo personal útil, y con la mayor aproximación posible a
la igualdad de sacrificio. En consecuencia, el Partido Laborista instituiría la
imposición directa de todos los ingresos que excedan el coste necesario para el
sustento familiar, y la imposición directa de las fortunas privadas, tanto en
vida como al fallecer, para la amortización de la Deuda Nacional. Se opone a
los impuestos calculados para aumentar el precio de los alimentos o los
artículos de primera necesidad, y sostiene que la imposición indirecta de los
productos básicos, ya sea mediante aduanas o impuestos especiales, debería
limitarse a los artículos de lujo. Mantendría y aumentaría el impuesto sobre
las ganancias extraordinarias y, hasta la nacionalización de los minerales, el
impuesto sobre los derechos mineros. El incremento no ganado del valor de las
tierras urbanas y los minerales se desviaría, mediante impuestos, íntegramente
al erario público. Los impuestos de sucesiones se regraduarían y aumentarían
considerablemente, de modo que toda la riqueza de cada persona fallecida que
exceda una cantidad bastante moderada se depositaría en las arcas nacionales
para el sustento familiar. Además, el Partido Laborista defiende la
"conscripción de la riqueza", descrita como "un impuesto sobre
el capital, aplicable, como los impuestos de sucesiones, a toda propiedad, con
exención de los ahorros más pequeños hasta £1,000, pero que aumenta rápidamente
en porcentaje con el valor de la propiedad, con el fin de liberar a la nación
de la mayor cantidad posible de su actual carga de deuda con intereses".
Las cooperativas quedarían completamente exentas de este impuesto.
El excedente de
riqueza para el bien común
El cuarto principio
de la política de reconstrucción social del Partido Laborista es “la desviación
hacia el bien común del excedente sobre el gasto requerido para el
mantenimiento del mínimo vital nacional”. Se dice que este excedente está
encarnado en las riquezas de las minas, el valor de la renta de las tierras
superior[37] Al margen del cultivo, las ganancias extraordinarias de los
capitalistas afortunados, ahora supuestamente absorbidas por propietarios
individuales y dedicadas al lujo sin sentido de los ricos ociosos. Se asegurará
mediante la nacionalización y la municipalización, y mediante una tributación
escalonada y pronunciada sobre la renta y la riqueza privadas. De él se
extraerá el nuevo capital que la comunidad necesitará día a día para la mejora
y el crecimiento continuos de sus diversas empresas, y para el cual, se dice,
depende ahora del financiero usurero.
Es en esta
propuesta de apropiación de todo excedente para el bien común —en la visión de
su uso decidido para la construcción de la comunidad en su conjunto en lugar de
para la magnificación de las fortunas individuales— que el Partido Laborista,
como el Partido de los productores manuales o intelectuales, se distingue más
claramente de los partidos políticos más antiguos, que defienden esencialmente
el mantenimiento intacto de la hipoteca privada perpetua sobre el producto
anual de la nación que implica la propiedad individual de la tierra y el
capital.
Cooperación
internacional
De la política
interior del Partido Laborista pasamos a la política exterior. Sus objetivos
internacionales son «la paz y la cooperación entre las naciones; evitar
cualquier factor que provoque hostilidad internacional; el desarrollo de la
cooperación internacional en la Sociedad de Naciones» y «una relación cada vez
mayor, un intercambio de mercancías en constante desarrollo, un entendimiento
mutuo en constante crecimiento, una cooperación amistosa en constante expansión
entre todos los pueblos del mundo». El «imperialismo», definido como la
extensión del imperio sobre países sin tener en cuenta los deseos de sus
habitantes, es repudiado por tener sus raíces en el capitalismo y surgir
únicamente del afán de lucro y de la explotación egoísta de los recursos
naturales que pertenecen exclusivamente a esos habitantes. El «proteccionismo»,
en cualquier forma, ya sea mediante prohibiciones a las importaciones,
embargos, aranceles, tarifas diferenciadas de transporte marítimo o
ferroviario, con el fin de limitar la cantidad o restringir el libre flujo de
mercancías extranjeras hacia este país, es condenado sin reservas. Se presume
que la protección en beneficio de un oficio en particular, o de todos los
oficios, si bien puede redundar en beneficio inmediato del Trabajo, redunda en
beneficio final del capitalista y fortalece su posición. Cualquier medida que
tienda a tal resultado es contraria a los verdaderos intereses del Trabajo. Se
dice que la protección conduce a anillos, combinaciones y trusts capitalistas, precios
más altos, menor consumo y menor empleo. Por ello, el Trabajo favorece la libre
importación de todos los bienes extranjeros.[38] y su venta a precios tan
bajos como sean compatibles con su fabricación en condiciones de trabajo no
remunerado en su tierra de origen.
Sin aranceles
proteccionistas
Todos los
aranceles, especialmente los diferenciales, según el Partido Laborista,
inevitablemente generan fricción internacional, represalias, enemistad y, en
última instancia, hostilidades activas, y deben ser especialmente descartados,
ya que son el instrumento predilecto de los grupos capitalistas deseosos de
lucrarse con las rupturas internacionales. En consecuencia, el Partido
Laborista se opone a la protección de industrias clave para la seguridad
nacional. «Es imposible que el Imperio Británico o las Islas Británicas sean
autosuficientes o autosuficientes. Incluso si fuera factible, la política de
autosuficiencia indicaría una intención provocadora de mantener una situación
nacional de preparación perpetua para la guerra». Por lo tanto, salvo en la medida
en que sea necesario para evitar la propagación de enfermedades o la prevención
de accidentes, no debe haber ninguna restricción al tránsito ni a la
importación de ningún producto. La preferencia imperial se rechaza igualmente
como un intento egoísta de reservar para los habitantes del Imperio Británico
las materias primas y los mercados del Imperio, una vía incompatible con
cualquier tipo de paz duradera, considerando el resentimiento que provocaría
entre las naciones excluidas de participar en estas materias primas o de
abastecer nuestros mercados imperialistas. El Partido Laborista exige
"puertas abiertas" en todas nuestras colonias y dependencias, y en
los "países no adultos", es decir, en "países explotables"
como China y África. La posición del capitalista se ha visto tan socavada por
el ataque laborista en el país que el capital, en su opinión, ahora está
obteniendo sus ganancias reales y consolidando su poder expropiando a los
nativos y obligándolos a trabajar por salarios bajos.
Libertad de
comercio internacional
Para liberar a
Europa de las rivalidades del capitalismo, el imperialismo y el proteccionismo,
que empañaron las relaciones internacionales entre 1880 y 1914, el Partido
Laborista desea que se desarrolle un componente económico de la Sociedad de
Naciones para asegurar la eliminación de todas las barreras económicas y
mantener la igualdad de condiciones comerciales. Pero sin duda, fue el propio
Partido Laborista el que más abogó por la autodeterminación, la cual ha
perjudicado tan gravemente la recuperación económica de Europa. Un Consejo
Económico Mundial de la Sociedad debería distribuir el suministro de alimentos
y materias primas, y mantener el crédito en los distintos países para asegurar
una distribución justa de las materias primas.[39] El fomento de la
producción, el desarrollo de las vías de comunicación internacionales y la
prevención de la explotación por parte de los trusts. Como alternativa al
actual sistema económico capitalista con ánimo de lucro, el Partido Laborista
propone utilizar, para fines de comercio internacional, una organización
mundial de los diferentes movimientos cooperativos nacionales. Mientras el
comercio exterior permanezca bajo el control del sistema competitivo y
capitalista, el Partido Laborista afirma que sus objetivos internacionales
generales nunca podrán alcanzarse.
[40]
CAPÍTULO III
LA ADOPCIÓN DEL SOCIALISMO POR EL PARTIDO LABORISTA
I. SIGNIFICADO DEL SOCIALISMO
Las características
comunes de todos los credos socialistas: socialismo de Estado, sindicalismo,
gremio nacional, nacionalización y control democrático.
El socialismo es
demasiado amorfo como para admitir una definición viable. Cada época presenta
escuelas de pensamiento, tanto industriales como filosóficas, que definen el
socialismo de diferentes maneras según las circunstancias políticas, económicas
y tendencias industriales contemporáneas, o su interpretación de ellas. No hay
estudio más interesante que rastrear los diversos significados de «socialista»
desde su primera aparición en la Revista Cooperativa de
noviembre de 1827 hasta la actualidad, y observar sus sucesivas contracciones y
ampliaciones en sus implicaciones políticas, éticas, económicas y sociales a lo
largo de las décadas.
Las características
comunes de todos los credos socialistas
Pero ciertas marcas
de socialismo pueden describirse si no definirse. La característica común es la
abolición de la “organización capitalista” de la industria. Si llamamos a
esto A , entonces podemos decir que todos los esquemas de
socialismo pueden reducirse a la fórmula general A + x ,
donde x es un símbolo que representa un gran número de
variables que comprenden los métodos por los cuales el capitalista debe ser
extinguido; los términos en los que los capitalistas actuales serán compensados
o de otra manera expropiados; las personas o autoridad en quienes los medios de
producción —y probablemente debería haber distribución e intercambio
adicionales— serán investidos; las personas u organismo que serán responsables
de la organización de la industria y de su control; los medios por los cuales
se encontrará el capital y se regularán los precios; la relación en la que el
nuevo sistema industrial se mantendrá con la comunidad, y las diversas
industrias socializadas entre sí. Estos son los puntos prácticos a los que se
debe dirigir la atención en lugar de las definiciones académicas.
[41]
Del término
«capitalismo» y lo que implica, existen diversas definiciones. Los socialistas
de diferentes corrientes tienen sus propias definiciones, embellecidas con
epítetos que varían en intensidad según su corriente de pensamiento. Los
empleadores también tienen sus propias definiciones, pero bastará para nuestros
propósitos si entendemos por capitalismo el esquema actual de organización
industrial. Los vicios básicos del capitalismo, según todos los socialistas,
son que se trata de un sistema en el que el propietario del capital empleado en
la industria posee y controla toda la producción y venta de la producción,
comprando, al igual que compra materias primas para su negocio, la fuerza de
trabajo del trabajador, pagándole lo menos posible por ella, en forma de
salario únicamente por el tiempo que trabaja; un sistema en el que el empleador
mantiene una reserva de mano de obra desempleada para prever las fluctuaciones
del mercado, sin reconocer ninguna responsabilidad respecto al trabajador
cuando no puede o no está dispuesto a proporcionarle trabajo. En tales
condiciones, se dice que el trabajador ocupa una posición casi servil, un
esclavo asalariado sin derecho a voz alguna en el control de la industria.
Esto, sin el habitual matiz de abuso, es probablemente una descripción justa de
la organización actual de la industria tal como la concibe el socialista. Los
dos grandes problemas del capitalismo que el socialista busca erradicar son: la
propiedad privada de la tierra y el capital; y el empleo asalariado de mano de
obra contratada. Si tan solo se pudiera abolir el capitalismo, el trabajador ya
no vería a su empleador y a otros capitalistas apropiarse, en forma de renta,
intereses y ganancias, de todo el valor del producto que se dice que crea el
trabajador por encima del monto de su salario.
Es habitual, y de
hecho necesario para su argumento, que el socialista atribuya al capitalismo
todos los males que padece la industria y la mayoría de los males que hereda la
comunidad. Con la salida del capitalismo, el socialista afirma que el desempleo
desaparecería y se garantizaría una manutención adecuada para la enfermedad, la
vejez y otras incapacidades, se brindaría igualdad de oportunidades a todos, se
daría pleno margen a la expresión y el desarrollo individual, y se inauguraría
un milenio universal. Para algunos socialistas, la influencia mefítica del
capitalismo parece no tener límite alguno. El Dr. Shadwell, en sus perspicaces
artículos en The Times [2] sobre “El movimiento revolucionario en Gran Bretaña”, menciona
que…[42] El Daily Herald del 2 de febrero de 1921 encontró la
causa de la gripe en el capitalismo y argumentó que, a menos que éste sea
destruido, destruirá a la humanidad; por el contrario, el Dr. Shadwell sugirió
lógicamente que podemos asumir que si se elimina el capitalismo, la gripe
desaparecerá.
Ahora podemos
distinguir las principales escuelas del socialismo que existen hoy en día. No
las encontraremos formulando sus principios con la misma precisión que yo. Mi
objetivo es simplemente señalar las líneas generales.
Socialismo de
Estado
En primer lugar,
tenemos al socialista de Estado, quien defiende que el Estado debería adquirir,
como suele decir, los medios de producción, distribución e intercambio, o, en
términos prácticos, la tierra y las industrias nacionales. Tomando, por ejemplo,
un caso concreto —la industria ferroviaria—, el Estado asumiría el control de
todas las empresas ferroviarias del país de las diversas compañías de
accionistas que actualmente las poseen y, según la mayoría de los esquemas del
socialismo de Estado, compensaría a los accionistas pagándoles, en títulos
estatales, algo cercano al valor de capital de los ingresos netos sostenibles
de las empresas. Bajo este sistema, el Estado asume el papel de los
propietarios originales de los ferrocarriles y actúa como empleador,
controlando la industria y empleando a los trabajadores, tal como lo hacían
anteriormente los propietarios privados. La industria estaría dirigida por un
Departamento Gubernamental en Whitehall y, según el socialista de Estado, se
gestionaría en interés de la comunidad y no con fines de lucro privado, ya que
el Departamento Gubernamental, a través de su ministro jefe, es responsable
ante el Parlamento, que representa a la comunidad.
Sindicalismo
La siguiente
escuela es el sindicalismo, que, curiosamente, fue en realidad en su origen una
concepción británica desarrollada en la fase revolucionaria del movimiento
cartista, pero posteriormente retocada y elaborada por los socialistas
continentales, especialmente en Francia, como G. Sorel. Bajo este sistema, el
propietario privado sería desalojado por los trabajadores, quienes formarían un
organismo consolidado, generalmente en forma de un sindicato industrial, que
incluiría a todas las personas involucradas en el funcionamiento de la
industria, y dicho organismo dirigiría la industria únicamente en interés de
los trabajadores. La posesión de la industria se aseguraría mediante la toma
del poder político en el Estado por parte de los trabajadores o, como se
defiende más generalmente, mediante presión directa de tal tipo, en forma de
huelga general o de otra manera, que permitiera[43] Los trabajadores de
todas las industrias, mediante una acción concertada, se apoderarán de los
medios de producción. Considerando, como hace el sindicalista, al capitalista
como un parásito ocioso e inútil que se aprovecha del trabajo de los
trabajadores, no se pagaría ninguna compensación a los propietarios. El
sindicalista aún no ha decidido si incluirá al personal técnico y
administrativo en el sindicato industrial que poseerá y operará cada industria,
ni ha definido la relación con el Estado de las industrias individuales o de la
industria en su conjunto. [3] La mayoría de los sindicalistas asumen que el Estado y sus
organizaciones legislativas, administrativas y ejecutivas, tal como lo
conocemos, dejarán de funcionar y llegarán a su fin bajo un régimen
sindicalista, y que el país será gobernado por alguna organización que
represente a los trabajadores en su conjunto. Salvo entre ciertos elementos
revolucionarios, el sindicalismo no tiene una fuerte influencia en el
movimiento obrero británico.
Gremialismo
Nacional
A continuación,
llegamos a la escuela de los Gremios, cuya teoría, conocida como los Gremios
Nacionales, ha sido elaborada con el máximo detalle. Esta escuela sostiene que
el socialismo de Estado implicaría una burocracia rígida y, en lo que respecta
a los trabajadores, representaría un pequeño avance respecto al régimen
capitalista, ya que estos estarían empleados por el Estado y tendrían poca o
ninguna participación en el control de la industria. Por otro lado, afirman que
la concepción sindicalista está condenada al fracaso porque no contempla la
inclusión del personal supervisor, técnico, directivo y administrativo en la
organización industrial que controla cada sector, ni ofrece ninguna protección
a la comunidad consumidora contra el ejercicio egoísta de los monopolios de los
que depende la población para obtener sus bienes y servicios necesarios. En
consecuencia, el Gremio Nacional propone que el sistema de sindicalismo
artesanal existente en este país se sustituya por un sindicalismo industrial,
en el que todos los trabajadores manuales empleados en cada industria se
afilien a un sindicato integral que abarque toda la industria, el cual, con el
tiempo, se expandiría a un gremio industrial que también incluiría a todo el
personal supervisor, técnico, directivo y administrativo, y que este gremio sea
totalmente responsable del control y la organización del trabajo de la
industria en cuestión. Aún no se ha determinado con exactitud cómo los gremios
adquirirán los medios de producción en cada industria.[44] Se han
desarrollado; algunos abogan por la adquisición por parte del Estado a cambio
de un pequeño pago a los propietarios y su posterior transferencia a los
gremios; otros, por la adquisición forzosa por parte de los gremios tras una
acción gradualmente intensiva por parte de los trabajadores que lleve al
sistema capitalista de organización de la industria a un impasse. Un Congreso
Gremial para cada industria regulará los asuntos de esa industria, y un
Congreso Gremial Nacional de todas las industrias, los asuntos de todas las
industrias del país. Los precios y otros asuntos de cada industria que afecten
al consumidor se regularán mediante un acuerdo entre el gremio y las
organizaciones locales y centrales que representan a los consumidores, y los
asuntos generales de todas las industrias que afecten a la comunidad se
ajustarán mediante negociaciones entre el Congreso Gremial Nacional y las
Organizaciones Nacionales de Consumidores. Quienes deseen seguir el socialismo
gremial, tanto como concepción industrial como política, deberían leer el
interesante y brillante libro del Sr. GDH Cole, " Socialismo
Gremial Replanteado" ; e investigar sobre los gremios de la
construcción.
Nacionalización y
control democrático
En Gran Bretaña,
los planes de reconstrucción política, industrial y social nunca han seguido
líneas estrictamente lógicas; invariablemente han asumido un carácter de
compromiso, dando así efecto a las idiosincrasias nacionales. En consecuencia,
encontramos un amplio sector de la opinión socialista en este país que aboga
por lo que denomina "nacionalización y control democrático". Quizás
el mejor ejemplo de lo que significa esa frase desconcertante lo ofrece el plan
de la Federación de Mineros de Gran Bretaña para la reorganización de la
industria del carbón. En dicho plan, explicado en el proyecto de ley presentado
al Parlamento por la Federación de Mineros en 1920, la propuesta básica es que
el Estado compre la parte de los propietarios del carbón y que se establezca un
Consejo Nacional de Minería. Dado que la Federación de Mineros, en su
composición actual, no puede nombrar a los trabajadores técnicos, este Consejo
estaría compuesto, en una mitad, por representantes de los trabajadores
manuales de la industria del carbón y, en la otra mitad, por representantes del
Gobierno. Si, sin embargo, la Federación Minera pudiera designar a los
trabajadores técnicos, supongo que no habrían estado dispuestos a aceptar tal
dualidad de control. Según su propuesta, la mitad del Consejo Nacional de
Minería que representa a los trabajadores sería designada por la Federación
Minera y la otra mitad estaría compuesta por personas designadas por el
Gobierno para representar a los sectores técnico, administrativo y comercial.[45] de
la industria, junto con otras personas que representaran a la comunidad
consumidora. Este Consejo determinaría la producción anual, fijaría los precios
y controlaría las finanzas. Además, habría Consejos de Distrito para cada
distrito minero de carbón, la mitad elegidos por los trabajadores del distrito
y la otra mitad por técnicos y administrativos, así como representantes del
Consejo Nacional. Asimismo, en cada mina de carbón habría Comités de Mina o de
Mina, compuestos exclusivamente por los trabajadores administrativos, técnicos
y manuales. El gerente, como responsable de la gestión de la mina, sería
responsable ante el Comité de Mina, y este y el gerente serían responsables de
la gestión de la mina.
Se observará que
este esquema de organización, que es probablemente lo que los sectores más
reflexivos del Partido Laborista tienen en el fondo de sus mentes como el tipo
que debe aplicarse a una industria bien organizada, difiere del socialismo de
Estado en que el Estado no es el empleador directo, y difiere del sindicalismo
en que los trabajadores no tienen control autocrático, y difiere del socialismo
gremial en que la dirección de la industria no es enteramente por un
representante gremial de todas las personas interesadas en la industria, sino
por un consejo que consiste en una mitad de representantes de los mineros y la
otra mitad de representantes del gobierno.
[46]
CAPÍTULO IV
LA ADOPCIÓN DEL SOCIALISMO POR EL PARTIDO LABORISTA
2. HISTORIA DE LA ALIANZA
La lucha del
Partido Laborista por el poder político, 1825-1832—La alianza del Partido
Laborista con el socialismo revolucionario, 1832-1842—La renuncia del Partido
Laborista al socialismo, 1842-1885—La era del socialismo de Estado
constitucional, 1885-1905—El nuevo fermento revolucionario sindicalista de
1905—Las sociedades socialistas—La Federación Socialdemócrata—El Partido
Comunista—La Sociedad Fabiana—El Partido Laborista Independiente—El Partido
Laborista Socialista—El Partido Socialista de Gran Bretaña—La Liga Nacional de
Gremios.
Es imposible
comprender la conexión actual entre el Partido Laborista y el socialismo sin un
conocimiento básico de la historia de la actitud del Partido Laborista hacia el
socialismo en el pasado. Esto implica una retrospectiva del sindicalismo. Hasta
1825, cualquier tipo de sindicato era rigurosamente suprimido por las Leyes de
Combinación, que, tras una considerable agitación, fueron derogadas por las
Leyes 5 Geo. IV, 95 y 6 Geo. IV, 129. Si bien esto no garantizó la plena
libertad de los sindicatos, sí se reconoció por primera vez el derecho a la
negociación colectiva, un proceso de negociación mediante el cual las
organizaciones de trabajadores podían suspender su trabajo para asegurar los
salarios o las condiciones de empleo que deseaban. Como era de esperar, esto
condujo a un aumento del número de sindicatos y de su poder. Pero la fortuna no
fue propicia. Al comienzo de su desarrollo se produjo la crisis financiera de
1825, que provocó la ruina comercial generalizada y el cierre generalizado de
fábricas, reducciones salariales y desempleo durante los cuatro o cinco años
siguientes, con huelgas continuas como forma de resistencia a las reducciones
salariales. La pobreza y la indigencia de las clases trabajadoras, en
comparación con el sector más adinerado de la comunidad, propiciaron la
difusión entre los trabajadores de ideas revolucionarias, políticas y
socialistas. Se pueden leer en los periódicos de la época, incluso desde 1829,
doctrinas familiares: que el trabajo es la única fuente de riqueza, que...[47] Los
trabajadores son el sostén de las clases media y alta, el alma y el nervio de
la producción, el cimiento de la nación. Desde 1829, y en particular durante la
época cartista de 1835-1842, el movimiento sindical, que anteriormente se había
preocupado principalmente por aumentar los salarios y mejorar las condiciones
de trabajo, se asoció activamente con las clases medias en la consecución de
objetivos revolucionarios.
La lucha de los
trabajadores por el poder político, 1825-1832
Entre 1829 y 1832,
la lucha giró en torno a la Ley de Reforma. Tanto el Partido Laborista como la
clase media se unieron para considerar la promulgación de dicha medida como la
puerta al progreso social. Su fracaso en establecer el sufragio universal masculino
destrozó las esperanzas del Partido Laborista. La revolución se había rumoreado
durante algún tiempo; una escuela de pensamiento laborista avanzado, al
desarrollar hasta su conclusión lógica la teoría de que el trabajo era la única
fuente de valor, había desarrollado la doctrina de la lucha de clases.
La alianza del
Partido Laborista con el socialismo revolucionario, 1832-1842
Decepcionado por la
exclusión del sufragio, el Partido Laborista organizado abrazó estas doctrinas
revolucionarias, se opuso firmemente al gobierno parlamentario e insistió en
que la única esperanza de salvación de los trabajadores residía en la aplicación
directa de su poder económico contra la comunidad. Robert Owen, por aquel
entonces, era el líder del pensamiento socialista en este país, y el Partido
Laborista adoptó y adaptó ciertos aspectos de su política como programa
oficial. La idea de Owen era, en esencia, que la maquinaria de producción no
debía pertenecer a la comunidad, sino al sector específico de trabajadores que
la utilizaba, y que los sindicatos de cada industria debían transformarse en
empresas nacionales para gestionar el sector. Se eliminarían la búsqueda de
beneficios y la competencia. El trabajo del minero, por ejemplo, se
intercambiaría, en un plazo determinado, con el del trabajador agrícola. Un
entusiasta oweniano, William Benbow, elaboró la teoría de la huelga general
como medio para imponer la transferencia de industrias de los capitalistas a
los trabajadores. Esta fue la primera adopción oficial de concepciones
socialistas por parte del Partido Laborista organizado en este país. El
movimiento, sin embargo, se derrumbó en 1834, y fue sucedido por lo que hoy se
conoce como Cartismo. En aquel entonces, ese término se entendía simplemente
como una reforma parlamentaria democrática, cuyo objetivo inmediato era la
conquista del poder político, y sus propósitos ulteriores, hasta entonces...[48] En
lo que respecta al movimiento obrero organizado, las principales aspiraciones
eran el establecimiento de colonias comunistas, la propiedad común de la tierra
y de los medios de producción, la reforma social, la organización política
democrática, una mayor libertad sindical y la mejora de los salarios y las
condiciones laborales. Se trataba, pues, de una combinación de fuerzas mixtas
que trabajaban indiscriminadamente por la reforma social, el sindicalismo y el
gobierno parlamentario democrático. La idea dominante era obtener el poder
parlamentario, considerado suficiente para reformar la sociedad, reorganizar la
industria y erradicar todo tipo de desorden social e industrial. Como es bien
sabido, en el movimiento cartista existían dos partidos distintos: los que
abogaban por la fuerza física y los que se limitaban a la persuasión moral.
El año 1842 marca
la culminación del cartismo y será recordado como el año de la huelga general
en el norte de Inglaterra y de la aparente inminencia de una revuelta social;
pero el fracaso de la huelga general y la acción represiva del gobierno
agotaron, por el momento, todo impulso a la agitación. Cuando la situación
mejoró y el comercio comenzó a prosperar, el cartismo perdió terreno; los
sindicatos comenzaron a distanciarse de los planes de revolución social y a
fijar como objetivo inmediato la mejora de las condiciones de los trabajadores
en cuanto a salarios y empleo. El cartismo continuó como movimiento político,
con diversos resultados, hasta el año 1849. Sus logros hasta 1855 se resumen
así por el Sr. Beer en el vol. II de su Historia del socialismo
británico , pág. 190:
Tras una lucha
desesperada de treinta años, el cartismo había llegado a su fin. No había sido
una lucha de la plebe por la igualdad de derechos con el patriciado para
expoliar y esclavizar a otras clases y naciones, sino una guerra de clases que
buscaba derrocar la sociedad capitalista y establecer la producción, la
distribución y el intercambio sobre una base cooperativa. La clase obrera fue
aparentemente derrotada.
Desconcertados y
exhaustos por un liderazgo errático, sacrificios incalculables y la falta de la
preparación mental adecuada, se retiraron del campo de batalla, desangrándose y
diezmados, pero poco conscientes de los grandes resultados que habían alcanzado.
Solo vieron los ideales destrozados y las esperanzas rotas que yacían
esparcidas en el largo camino que habían recorrido una y otra vez de 1825 a
1855, sin saber que de los escombros de esos ideales destrozados se obtuvo el
material para construir y allanar el camino del progreso social.
El avance que Gran
Bretaña había logrado en esos treinta años en materia de reforma social y
democracia fue enorme. El período cartista fue testigo de la primera Ley de
Fábricas (1833), la primera ley minera para la protección del trabajo infantil
y femenino (1842), la jornada laboral de diez horas (1847), la reducción del
sello de periódico (1836), la abolición de las Leyes del Maíz (1846) y la
derogación de las Leyes Correspondientes (1846). Legó[49] Para las clases
trabajadoras, la tienda cooperativa y la producción cooperativa, sindicatos más
exitosos y un sentimiento internacional. Obligó a los pensadores de la nación a
considerar el problema obrero como un tema serio de investigación y debate.
Finalmente, inculcó en la clase trabajadora la convicción de que el liberalismo
debía primero hacer su trabajo, antes de que el laborismo pudiera consolidarse,
tanto en la legislatura como en la fábrica. En resumen, de las catástrofes de
1832, 1834, 1839, 1842 y 1848, surgió la lección de que la política revolucionaria
del «todo o nada», de un triunfo arrollador mediante un esfuerzo gigantesco, de
desprecio por la reforma y del valor supremo de una subversión total y radical
del viejo orden, estaba condenada al fracaso. La generación que sucedió al
cartismo se unió al bando de Gladstone y se negó a abandonarlo ni por el
conservadurismo social de Benjamin Disraeli ni por la revolución social de Karl
Marx.
La renuncia del
Partido Laborista al socialismo, 1842-1885
A partir de 1842,
aunque sindicalistas individuales y ciertas sociedades, que sin duda incluían a
miembros de la clase trabajadora, continuaron promoviendo el socialismo, los
sindicatos británicos no defendieron ningún plan socialista como parte de sus objetivos
oficiales. Se contentaron con mejorar sus organizaciones, aumentar su
afiliación, establecer las prestaciones de las sociedades de socorros mutuos e
introducir métodos de negociación colectiva en lugar de la lucha de clases y
las huelgas. El Sr. Beer reitera esta postura en la pág. 195 del vol. II, Historia
del Socialismo Británico :
Los veinte años
posteriores al colapso del cartismo marcaron la edad de oro del liberalismo de
clase media. El glamour de sus doctrinas, expuestas por Mill en su ensayo
«Sobre la libertad», el crecimiento fenomenal del comercio británico y la
posición inigualable de Gran Bretaña como la fábrica del mundo, hicieron del
liberalismo británico el faro de todas las naciones que luchaban por la
libertad y la riqueza. La competencia como reguladora de las relaciones
económicas, el libre comercio como vínculo internacional de paz y buena
voluntad, la libertad individual como el ideal sagrado de la política nacional,
reinaron con supremacía, y bajo su peso, toda la formación de las ideas
social-revolucionarias del pasado desapareció de la vista. Las clases trabajadoras
formaron parte del liberalismo triunfante.
Gladstone, al
observar a sus anfitriones en 1866, parecía tener toda la razón al decir a sus
oponentes conservadores que era inútil luchar contra sus fuerzas sociales, «que
avanzan con poder y majestad y que... están alineadas de nuestro lado». Podría
haber dirigido las mismas elocuentes palabras a los líderes de la Asociación
Internacional de Trabajadores, quienes, con Karl Marx a la cabeza, precisamente
en ese momento intentaban seriamente resucitar el cartismo y separar a las
masas del Partido Liberal. El socialismo y la política laborista independiente
llegaron a considerarse plantas exóticas que jamás podrían prosperar en suelo
británico.
Los sindicatos
renunciaron a toda lucha de clases y simplemente intentaron utilizar su nueva
ciudadanía (1867) y su creciente organización económica —el primer congreso
sindical tuvo lugar en 1869— para influir en la distribución de la riqueza
nacional a su favor. Su objetivo y fin era el de una plebe que luchaba por la
igualdad con los[50] Clases poseedoras y dominantes. Fue, a pesar de
algunas luchas por la legalización del sindicalismo, un período de paz social
que duró hasta aproximadamente 1880.
Este estado de
cosas continuó de hecho hasta aproximadamente 1885, y hasta esa fecha el
socialismo no formaba realmente parte de los principios oficiales de los
sindicatos.
La era del
socialismo estatal constitucional, 1885-1905
El Sr. y la Sra.
Sidney Webb en su Historia del sindicalismo , edición revisada
de 1920, pág. 374, describen los principios del Partido Laborista alrededor de
1885 de la siguiente manera:
El laissez
faire era entonces el credo político y social de los líderes
sindicales de la época; hasta 1885, sin duda, representaban las opiniones
predominantes entre las bases; en esa fecha, todos los observadores coincidían
en que los sindicatos de Gran Bretaña constituirían una barrera impenetrable
contra los proyectos socialistas. En una década, encontramos todo el mundo
sindical impregnado de ideas colectivistas y, como registró The Times ya
en 1893, el Partido Socialista dominaba el Congreso de Sindicatos. Esta
revolución de opinión es el acontecimiento más importante de la historia
sindical a finales del siglo XIX.
Estos dos
talentosos autores analizan las causas. Lo atribuyen en gran medida al «nuevo
sindicalismo» de 1889, que a su vez fue en gran medida resultado de la amplia
circulación en Gran Bretaña de « Progreso y Miseria» de Henry
George durante los años 1880-1882; las conferencias de los difuntos H. M.
Hyndman y William Morris, así como de otros discípulos de Karl Marx; las
revelaciones de ciertos «filántropos bienintencionados, aunque algo
sentimentales», sobre sus experiencias en las industrias explotadas y los
barrios marginales de nuestras grandes ciudades, como, por ejemplo, la gran
obra de Charles Booth, « Vida y Trabajo en Londres» ; la
depresión del comercio; y la gran huelga portuaria de 1889.
La actitud
observada por el Congreso de Sindicatos respecto a las propuestas socialistas
es ilustrativa. Hasta 1887, en cinco conferencias sucesivas, las enmiendas a
favor de la nacionalización de la tierra habían sido rechazadas continuamente;
en la Conferencia de Swansea de 1887, se aceptó una resolución a su favor, en
términos no muy definidos. La concepción socialista extrema del sindicalista
avanzado de los noventa era que el socialismo de Estado se aseguraría mediante
la acción política constitucional. El poder de acción provendría de la
afiliación de cada socialista de clase trabajadora a su sindicato, a su
cooperativa local, a su consejo municipal, a su distrito urbano o rural o a su
consejo de condado. Esto representaba, en esencia, la plena convicción
socialista del Partido Laborista oficial hasta aproximadamente el año 1905. El
Sr. y la Sra. Sidney Webb lo resumen así:
[51]
En resumen, desde
el colapso del owenismo y el cartismo en las décadas de 1830 y 1840 hasta 1900,
prácticamente no hubo indicios de que los sindicatos británicos se consideraran
a sí mismos de otra manera que como organizaciones destinadas a garantizar un
nivel de vida cada vez mejor mediante un control cada vez mayor de las
condiciones de trabajo. No deseaban ni buscaban participación alguna en la
gestión de los procesos técnicos de la industria (excepto en la medida en que
estos pudieran afectar las condiciones de empleo o la selección de personal),
mientras que a un sindicato nunca se le ocurrió reivindicar poder o
responsabilidad alguna sobre la compra de materias primas o la comercialización
del producto. ( Historia del Sindicalismo [1920], pág. 653)
El fermento
revolucionario neosindicalista de 1905
Entre 1905 y 1910,
nuevas creencias socialistas de carácter sindicalista comenzaron a ser
absorbidas por sectores de los sindicalistas, especialmente los mineros y los
ingenieros, quienes pronto exhibieron un espíritu de rebelión no sólo contra el
sistema capitalista, sino más especialmente contra los objetivos limitados del
sindicalismo contemporáneo. EspañolSe inició, y hasta el comienzo de la guerra,
continuó una lucha definida en el movimiento obrero entre los sindicalistas
constitucionales que se aferraban a sus ideales del socialismo de Estado, y los
sindicalistas industriales revolucionarios, liderados por James Connolly y Tom
Mann, que predicaban su doctrina del sindicalismo, abogando primero por la
abolición del sindicalismo artesanal -el sistema bajo el cual todos los
trabajadores de un oficio en particular, por ejemplo, los ingenieros, están
inscritos en sus propios sindicatos artesanales independientemente de las
industrias en las que trabajan- y su reemplazo por el sindicalismo industrial,
es decir, la inscripción en un sindicato que represente a cada industria de
todos los hombres involucrados en esa industria independientemente de su oficio
u ocupación particular, como prevalece en cierta medida en las industrias
ferroviaria, minera y de transporte; en segundo lugar, la apropiación de los
medios de producción en cada industria por los trabajadores manuales que
producirían el producto, cobrarían el precio y dirigirían la industria.
Connolly, quien posteriormente fue ejecutado por complicidad en la Rebelión
Irlandesa de 1916, llegó de Estados Unidos en 1905 y convenció al Partido
Laborista Socialista de Glasgow para que uniera fuerzas con los Trabajadores
Industriales Americanos del Mundo. Mann, quien recientemente fue secretario del
Sindicato Amalgamado de Ingenieros, trajo las semillas del sindicalismo
revolucionario desde París y las sembró personalmente mediante una campaña
generalizada.
Sin duda alguna, el
Partido Laborista Socialista, una organización que, sin embargo, no está
afiliada al Partido Laborista, ha contribuido más que cualquier otra agencia a
la expansión del sindicalismo en Inglaterra. Se describe a sí mismo como
"un revolucionario".[52] organización política que busca
construir un movimiento comunista en este país”. Trabaja “para barrer la masa
de escombros que una vez se conoció como las instituciones del parlamento”.
Aquellos que quieran apreciar sus actividades en estas direcciones deben
seguirlas en Bolchevismo, un peligro internacional del Dr.
Miliukov , y personalmente puedo dar fe y agregar a su testimonio. El Partido
Laborista Socialista fue indudablemente el poder detrás de la propaganda
revolucionaria antes de la guerra entre los mineros y los ferroviarios, y en
cierta medida entre los estibadores, y fue responsable de muchas de las
numerosas “huelgas de irritación” en 1911-14 y de las huelgas de Clyde en 1916.
Su acción desleal durante la guerra, a través del medio de los comités de
trabajadores y las organizaciones de delegados sindicales, se describe más
adelante. El SLP y la IWW fueron los fundadores originales del “Comité Manos
Fuera de Rusia”. Tal ha sido el fermento revolucionario que ha fermentado en el
Partido Laborista inglés y escocés desde 1905; a él debemos en gran medida
nuestros actuales estallidos recurrentes de insurrección industrial.
Las Sociedades
Socialistas
Como se explicó
anteriormente, existen ciertas Sociedades Socialistas afiliadas al Partido
Laborista; otras están reconocidas extraoficialmente, y otras no, ni oficial ni
extraoficialmente, que agrupan a numerosas personas que, a través de sus
sindicatos u organizaciones locales, o individualmente, son miembros del
Partido Laborista. Estas promueven variantes del socialismo, desde el
socialismo de Estado hasta el sindicalismo revolucionario.
La Federación
Socialdemócrata
La Federación
Democrática, fundada en 1881 por el difunto Sr. HM Hyndman, principalmente como
una federación de clubes radicales, con un programa socialista velado que
abarcaba la nacionalización de la tierra, fue el primer intento de una
organización política socialista. En 1889 se convirtió en la Federación
Socialdemócrata, declaradamente socialista. A finales de 1884 se dividió en la
Liga Socialista, bajo el liderazgo de Sr. William Morris, comprometida con un
programa revolucionario y antiparlamentario; y la Federación Socialdemócrata,
liderada por Sr. Hyndman. Pero, capturada por los anarquistas, la Liga
Socialista se disolvió, y muchos de sus líderes se reincorporaron a la
Federación Socialdemócrata. La Federación se afilió al Comité de Representación
Laborista cuando este se formó en 1900, pero pronto se retiró y en 1908 se
autodenominó Partido Socialdemócrata. Se fusionó en 1911 con varias
organizaciones socialistas locales y cambió su[53] Nombre del Partido
Socialista Británico. En 1916 se afilió al Partido Laborista. Posteriormente,
en 1916, se declaró en contra de la guerra y siguió una política desleal. Esta
actitud, manifestada principalmente a través de su semanario, The Call ,
condujo a considerables secesiones del Partido Socialista Británico y a la
fundación, por el difunto Sr. HM Hyndman, del Partido Nacional Socialista con
su semanario Justice , que, si bien abogaba por el
establecimiento de una Commonwealth Socialista sobre una base democrática,
apoyaba activamente la guerra. El 31 de julio de 1920, el Partido Socialista
Británico fusionó su identidad con el Partido Comunista y se comprometió a
establecer el sovietismo y la dictadura del proletariado.
El Partido
Comunista
El 29 y 30 de enero
de 1921 se reunió en Leeds una Conferencia Comunista con el fin de fusionar las
diversas organizaciones comunistas en un solo partido. Participaron ciento
setenta delegados en representación de las siguientes organizaciones: Partido Comunista
de Gran Bretaña; Partido Laborista Comunista; Partido Comunista (Sección
Británica de la Tercera Internacional); Grupo Comunista de Aberdeen; Ala
Izquierda del Partido Laborista Independiente; Partido Comunista Industrial;
Partido Socialista Judío; Grupo Comunista de Bolton; Grupo Comunista de
Croydon; Delegados Sindicales; Comité Obrero del Sur de Gales.
Posteriormente, el
23 y 24 de abril de 1921, se celebró otra Conferencia Comunista en Manchester
para establecer la constitución y los estatutos. El partido se denominó Partido
Comunista de Gran Bretaña, con el objetivo final de establecer una República Comunista
y su fin inmediato de abolir el sistema salarial mediante una revolución
social. Para impulsar dicha revolución, el partido insta a los trabajadores a
adoptar un sistema de Soviets o Consejos Obreros, tal como existe en Rusia, y,
como arma contra la concentración de las fuerzas del capitalismo, a utilizar la
dictadura de las masas revolucionarias. Este partido solicitó su afiliación al
Partido Laborista, pero fue rechazada en la Conferencia de Brighton de 1921 y
de nuevo en Edimburgo de 1922. Está afiliado a la Internacional Roja o
Comunista de Moscú. La mejor descripción de las organizaciones revolucionarias
en este país se encuentra en Revolutionary Movement in Great Britain ,
del Dr. Shadwell, Grant Richards, Ltd., 1921.
La Sociedad Fabiana
La conocida
Sociedad Fabiana fue fundada en enero de 1884 y estuvo afiliada al Partido
Laborista desde entonces.[54] Su objetivo es reorganizar la sociedad
emancipando la tierra y el capital industrial de la propiedad individual o de
clase, y transfiriéndolos al Estado. Propugna la transferencia a la comunidad
de la administración del capital industrial que pueda gestionarse socialmente
de forma conveniente. Como resultado de esta transferencia sin compensación,
«aunque no sin el alivio que considere oportuno para los individuos
expropiados», la renta y el interés se añadirán a la recompensa del trabajo, y
la clase ociosa que ahora vive del trabajo ajeno desaparecerá necesariamente.
La Sociedad se esfuerza especialmente por influir en las autoridades locales
para inculcar una tendencia socialista en su administración. El Departamento de
Investigación Fabiana ha realizado numerosas investigaciones valiosas sobre
cuestiones industriales; desde octubre de 1918, se conoce como el Departamento
de Investigación Laboral; la afiliación a él está abierta a sindicatos,
sociedades socialistas, organizaciones cooperativas, consejos gremiales,
partidos laboristas y particulares. Su objetivo es cooperar con los movimientos
obrero, socialista y cooperativo para proporcionar información sobre todas las
cuestiones relacionadas con el trabajo, y lo hace con la mayor eficacia.
El Partido
Laborista Independiente
En 1893 se formó el
Partido Laborista Independiente. Debe su origen, como se ha dicho, a la energía
del Sr. Keir Hardie. El "ILP" se fundó para "asegurar la
propiedad colectiva de todos los medios de producción, distribución e
intercambio" y "la representación laboral independiente en todos los
órganos legislativos, gubernamentales y administrativos". Su constitución
original establecía:
Que el objetivo de
dicho Partido es establecer el Estado Socialista, donde la tierra y el capital
estarán en posesión de la comunidad y se utilizarán para su bienestar, y donde
el intercambio de mercancías también será organizado por la comunidad, a fin de
garantizar el más alto nivel de vida posible para el individuo. Para lograr
este objetivo, trabajará como parte del Movimiento Socialista Internacional.
El ILP y su
semanario, el Labour Leader , mantuvieron una postura
pacifista persistente durante la guerra, especialmente en lo referente al
servicio militar obligatorio. Está representado por cuatro miembros en la
actual Cámara de los Comunes.
El Partido
Socialista del Trabajo
En 1903, el Partido
Laborista Socialista se fundó en Glasgow —por secesionistas de la Federación
Socialdemócrata— siguiendo el ejemplo del revolucionario Partido Socialista
Americano liderado por Daniel de León. Mantiene una estrecha afiliación con el
Partido Industrial.[55] Trabajadores del Mundo, y agita activamente para
promover la concepción sindicalista del sindicalismo industrial. Todos los
candidatos a la afiliación deben adherirse a la "lucha de clases";
ningún dirigente sindical es elegible. El partido promueve la acción política
revolucionaria, así como la acción industrial revolucionaria de tipo
sindicalista extremo. El partido tiene entre treinta y cuarenta sucursales en
todo el país, es propietario de la Prensa Laboral Socialista y publica un periódico
mensual llamado Socialist . Aunque la mayoría de sus miembros
son sindicalistas, el partido se niega a afiliarse al Partido Laborista.
Durante el reciente conflicto, llevó a cabo una campaña implacable contra la
guerra e impidió por todos los medios su éxito.
El Partido
Socialista de Gran Bretaña
En 1905, otros
socialistas extremistas se separaron de la Federación Socialdemócrata y
formaron el Partido Socialista de Gran Bretaña. Su objetivo declarado es
declarar la guerra a todos los demás partidos políticos, ya sean del Partido
Laborista o del Capital. Aboga por la instauración del régimen marxista más
extremo, mediante la acción política revolucionaria que asegure la toma de
posesión de toda la maquinaria gubernamental, tanto nacional como local.
Publica mensualmente el Socialist Standard y no está afiliado
al Partido Laborista, aunque cuenta con numerosos sindicalistas.
La Liga Nacional de
Gremios
En 1915, se fundó
la Liga Nacional de Gremios para defender la causa del socialismo gremial, ya
descrito. Existen dos corrientes de pensamiento: una que aspira a consolidar el
nacionalismo gremial mediante la evolución del sindicalismo industrial a partir
del sindicalismo artesanal, junto con el control cada vez mayor de los
sindicatos sobre la industria; la otra, mediante tácticas militantes o
revolucionarias. La Liga Nacional de Gremios cuenta con varias filiales en todo
el país.
[56]
CAPÍTULO V
LA ADOPCIÓN DEL SOCIALISMO POR EL PARTIDO LABORISTA
3. EL PROGRAMA SOCIALISTA INTERNO
Nacionalización de
los medios de producción, distribución e intercambio—El anexo laborista al
informe Whitley, 1918—El programa industrial de 1918—Nacionalización de la
tierra—El control de la industria—Informe laborista a la Conferencia
Industrial, 1919—Nacionalización de la industria del carbón.
Bastará con revisar
la política socialista oficial del Partido Laborista en materia de interior a
partir de 1918. Previamente, se habían aprobado año tras año, formalmente como
anuarios, diversas resoluciones en los Congresos Sindicales y las Conferencias
del Partido Laborista que abogaban por la nacionalización de la tierra, los
ferrocarriles, las minas y la municipalización de diversos servicios públicos.
Pero a partir de 1918, el asunto adquiere un cariz diferente.
Nacionalización de
los medios de producción, distribución e intercambio
En 1918, en la
Conferencia del Partido Laborista de Nottingham se aprobó una resolución en
estos términos:
“Que el Partido
Laborista presione por la nacionalización de todos los medios de producción,
distribución e intercambio”.
Los argumentos del
proponente fueron que, debido a la existencia del latifundismo y al poder de
estos, la gente había sido expulsada del campo hacia las ciudades y el
extranjero, con el resultado de que este país dependía de otros países para
obtener alimentos. No hubo debate y la resolución fue aprobada sin
oposición.
El anexo laborista
al informe Whitley, 1918
El ahora famoso
“Comité de Relaciones entre Empleadores y Empleados”, conocido como el “Comité
Whitley”, que abogó por la institución en las industrias de[57] Los
Consejos Industriales Conjuntos, los Consejos de Distrito Conjuntos y los
Comités de Empresa presentaron el último de sus cinco informes al Primer
Ministro en 1918, con fecha del 1 de julio de 1918 ( Documento
Parlamentario de 1918, Cd. 9153). Los miembros sindicales [4] del Comité que firmaron el informe adjuntaron la siguiente nota:
“Al adjuntar
nuestras firmas a los Informes Generales deseamos brindar un apoyo entusiasta a
las recomendaciones de que se establezcan Consejos Industriales o Juntas
Comerciales, según lo que sea más adecuado a las circunstancias, para las
diversas industrias o negocios y que estos organismos, representativos de
empleadores y empleados, se ocupen del establecimiento de condiciones mínimas y
la promoción de los intereses comunes de sus oficios.
Sin embargo, si
bien reconocemos que las relaciones más amistosas así establecidas entre el
capital y el trabajo propiciarán una atmósfera generalmente favorable a la paz
y el progreso industrial, deseamos expresar nuestra opinión de que no se puede
lograr una identidad completa de intereses entre el capital y el trabajo, y que
no se puede esperar que dicho mecanismo resuelva los conflictos de intereses
más graves que implica el funcionamiento de un sistema económico gobernado y
dirigido principalmente por motivos de lucro privado.
El programa
industrial de 1918
La nueva
constitución del Partido, adoptada en 1918, se describió como un plan para
asegurar a los productores, tanto a mano como intelectualmente, el pleno fruto
de su industria y su distribución más equitativa, sobre la base de la propiedad
común de los medios de producción, junto con la aplicación a cada industria o
servicio del mejor sistema de administración y control popular, y para promover
la emancipación económica del pueblo, especialmente de quienes dependen de su
propio esfuerzo, ya sea a mano o intelectualmente, para su sustento. Para
explicar este programa, bastante vago, el Partido declaró en un folleto
contemporáneo que pretendía que el suministro de alimentos y otros artículos de
primera necesidad, en especial pan, carne, leche, azúcar, mantequilla y
margarina, agua, carbón, luz y transporte por ferrocarril, vapor, tranvía y
autobús, ahora controlados casi en su totalidad por monopolistas, consorcios,
trusts y anillos, fuera adquirido por el Estado para su administración nacional
o municipal, únicamente en beneficio del público y los consumidores. En las
propuestas del Partido para la reconstrucción contenidas en El trabajo
y el nuevo orden social , que finalmente se resolvió en la Conferencia
del Partido Laborista en junio de 1918, el Partido Laborista declaró que
defendía:
“La eliminación
progresiva del control de la industria del capitalista privado, individual o
colectivo, y la liberación de todos los[58] que trabajan, ya sea con las
manos o con el cerebro, para el servicio de la comunidad y sólo para la
comunidad”,
y registró su
negativa
“creer
absolutamente que el pueblo británico tolerará permanentemente cualquier
reconstrucción o perpetuación de la desorganización, el despilfarro y la
ineficiencia que supuso el abandono de la industria británica a una multitud de
empleadores privados separados, con sus mentes inclinadas, no al servicio de la
comunidad, sino —por la propia ley de su ser— solo al máximo lucro posible.
Lo que el Partido
Laborista busca es una reorganización genuinamente científica de la industria
nacional, que ya no esté condicionada por la especulación individual, sobre la
base de la propiedad común de los medios de producción; la distribución equitativa
de los beneficios entre todos los que participen en cualquier función, y solo
entre ellos, y la adopción, en servicios y ocupaciones particulares, de
aquellos sistemas y métodos de administración y control que se encuentren en la
práctica, que mejor promuevan, no la especulación, sino el interés público.
Nacionalización de
tierras
En la Conferencia
de Southport de 1919, la Federación de Mineros presentó formalmente una
resolución a favor de la nacionalización de la tierra, que fue aprobada por
unanimidad por la Conferencia sin argumentos ni explicaciones. La resolución
decía así:
Considerando que,
de todos los factores de producción, la tierra es indispensable para el hombre
e incapaz de expandirse por la acción humana, es, por excelencia, propiedad
legítima de la nación en su conjunto. El sistema actual, que trata la tierra
como propiedad privada e impide el libre acceso a ella, obstaculiza la
industria, frena la producción, aglomera las ciudades despoblando el campo,
impide la provisión de viviendas dignas y degrada la salud pública, tanto
física como moral; esta Conferencia insta encarecidamente al Gobierno a que
presente, lo antes posible, un plan para la nacionalización de la tierra, a fin
de abolir el injusto sistema actual de propiedad y arrendamiento de tierras.
Condena enérgicamente la acción del Gobierno al impedir la finalización de la
tasación de la tierra y exige que dicha tasación se complete lo antes posible,
con miras a la socialización completa de todas las tierras y minerales.
El control de la
industria
En vista de las
propuestas divergentes y la falta general de información precisa sobre las
intenciones del Partido con respecto al control de la industria, no es
sorprendente encontrar esta resolución aprobada en la Conferencia de Southport
de 1919 y, significativamente, propuesta por el Partido Socialista Británico:
“Que se remita al
Comité Ejecutivo para que considere e informe a una próxima Conferencia sobre
las disposiciones que se han de introducir en la industria a fin de
proporcionar a los trabajadores las facilidades para controlar la industria, es
decir, para participar en la promoción de empresas,[59] La negociación de
contratos, la determinación del producto y la selección de mercados, y la
medida en que dicho control por parte del trabajo pueda garantizarse, o sea
deseable, sobre la base de la propiedad privada de la tierra y el capital. El
Ejecutivo deberá indicar la distinción entre la conciliación del trabajo y el
capital y el control efectivo de la industria por parte de los trabajadores, y
a tal efecto se le instruye a informar sobre:
“( a )
Los Consejos Industriales y su relación con la cuestión.
“( b )
La co-asociación del Trabajo y el Capital.
“( c )
Los medios para lograr la gestión democrática de las industrias de propiedad
nacional.
“( d )
Hasta qué punto la representación de los sindicatos, a través de sus ejecutivos
o por votación de sus miembros, podría asegurar la participación en el control
real, y si, para un control efectivo, no es necesario que los empleados del
taller o de la mina construyan una organización, parte integral de cualquier
esquema de gestión democrática.
“( e )
Si la gestión exclusiva o parcial por parte del Trabajo de las industrias de
propiedad nacional debería limitarse a los trabajadores reales de las mismas o
debería incluir a los trabajadores de otras ocupaciones”.
El delegado que
propuso la resolución señaló que en el Partido Laborista había diferentes
opiniones sobre el control: una sección abogaba por la nacionalización pura y
simple, otra por un sistema de control que no implicara necesariamente la
nacionalización, y que para orientar a todo el movimiento laborista era
esencial una investigación, como sugería la resolución, para que “en lugar de
tener tantas resoluciones piadosas tuvieran hechos y datos sobre los cuales
construir su política y actividad futuras”. La orientación solicitada aún no se
ha dado.
En la misma
conferencia se adoptó otra resolución con el texto siguiente:
“Que esta
Conferencia reafirma su compromiso de nacionalizar la industria, pero, una vez
nacionalizada, que quede bajo control conjunto con una representación adecuada
de los trabajadores en las juntas directivas.”
El promotor pensó
que la resolución anterior podría incluir la coparticipación, y se opuso a
ello. En la coparticipación, dijo, «los trabajadores interesados se
convirtieron en tan grandes aristócratas como el empresario común. Todas las
industrias deberían ser nacionalizadas y contar con una representación adecuada
bajo control conjunto».
Informe del Partido
Laborista a la Conferencia Industrial, 1919
En un memorando del
Muy Honorable A. Henderson, Presidente de los representantes sindicales, que se
adjuntó al Informe de la Conferencia Industrial de 1919 ( Documento
Parlamentario de 1919, Cmd. 501) designada para investigar el malestar
industrial, aparecen estas declaraciones de la política laboral:
“ Control de
la Industria.
(p. ii.) “Con
creciente vehemencia, el Partido Laborista está desafiando toda la estructura
de la industria capitalista tal como existe actualmente. Ya no está dispuesto a
aceptar un sistema bajo el cual la industria se dirige[60] en beneficio de
unos pocos. Exige un sistema de control industrial que sea verdaderamente
democrático en carácter. Esto se ve, por un lado, en la demanda de propiedad
pública de industrias y servicios vitales y el control público de servicios no
nacionalizados que amenazan al público con el peligro de monopolio o
explotación. También se ve en la creciente demanda de los trabajadores en todas
las industrias por una participación real en el control industrial, una demanda
que el Plan Whitley, en la medida en que se ha adoptado, ha hecho poco o nada
por satisfacer. Esta demanda es más articulada en algunas industrias que en
otras. Se ve claramente en los programas nacionales de los ferroviarios y de
los mineros; y está formulada con menos claridad por los trabajadores en muchas
otras industrias. Los trabajadores ya no están dispuestos a aceptar un sistema
en el que su trabajo se compra y se vende como una mercancía en el mercado
laboral. Están comenzando a afirmar que tienen un derecho humano a una
asociación igualitaria y democrática en la industria; que en el futuro deben
ser tratados no como "manos" o parte del equipo de una fábrica, sino
como seres humanos con derecho a usar sus habilidades manuales y cerebrales al
servicio no de unos pocos, sino de toda la comunidad.
“El grado en que
los trabajadores cuestionan todo el sistema de organización industrial es hoy
mucho mayor que nunca antes, y el malestar no solo proviene de quejas más
inmediatas y especiales, sino también, en grado creciente, de un deseo de
sustituir la organización capitalista de la industria existente por un sistema
democrático de propiedad y producción públicas con un elemento creciente de
control por parte de los propios trabajadores organizados”.
(pág. vii.)
“( a ) Es necesario comenzar de forma sustancial a instituir
la propiedad pública de las industrias y servicios vitales de este país. Las
minas y el suministro de carbón, los ferrocarriles, los muelles y otros medios
de transporte, el suministro de energía eléctrica y el transporte marítimo, al
menos en lo que respecta a los servicios transoceánicos, deben nacionalizarse
de inmediato.
“( b )
Se deben eliminar por completo los beneficios privados de la fabricación de
armamentos, y se debe introducir en la ingeniería, la construcción naval e
industrias afines la nacionalización necesaria para garantizarlo.
“( c )
Debería haber una gran extensión de la propiedad municipal y de la propiedad
por parte de otras autoridades locales, así como un control cooperativo de
aquellos servicios que se ocupan principalmente de satisfacer las necesidades
locales.
“( d )
Las industrias y servicios clave deberían ser de inmediato de propiedad
pública.
“( e )
Esta extensión de la propiedad pública sobre industrias vitales debería ir
acompañada de la concesión a los trabajadores organizados del mayor control
posible sobre las condiciones y la gestión de sus diversas industrias”.
“ Control
Estatal y Precios.
(p. viii.) “( a )
Cuando una industria que produce artículos de consumo común o materiales
necesarios para industrias que producen artículos de consumo común no puede ser
de propiedad pública de inmediato, se debe conservar el control estatal sobre
dichas industrias.
[61]
“( b )
Se ha demostrado que el control estatal proporciona cierto control sobre la
especulación y los precios altos, y esta es una razón por la que debe
mantenerse hasta que las industrias pasen a la etapa en que puedan
nacionalizarse convenientemente”.
“ Conclusiones.
(p. xi.) “Las
causas fundamentales del malestar obrero se encuentran más bien en la creciente
determinación del Trabajo de desafiar toda la estructura existente de la
industria capitalista que en cualquiera de los agravios más especiales y
menores que salen a la superficie en un momento determinado.
Estas causas
fundamentales son dos: el colapso del sistema capitalista de organización
industrial existente, en el sentido de que la mayoría de la clase trabajadora
está ahora firmemente convencida de que la producción para el lucro privado no
es una base equitativa sobre la que construir, y de que es urgente una amplia
expansión de la propiedad pública y el control democrático de la industria. Ya
no es posible controlar al movimiento obrero organizado mediante la fuerza ni
la coacción de ningún tipo. Se ha fortalecido demasiado como para permanecer
dentro de los límites del antiguo sistema industrial, y su demanda insatisfecha
de reorganización de la industria según criterios democráticos no solo es la
causa más importante, sino también una causa de creciente malestar.
La segunda causa
principal está estrechamente vinculada a la primera. Se trata de que, al desear
la creación de un nuevo sistema industrial que gradualmente, pero rápidamente,
reemplace al antiguo, los trabajadores no ven indicios de que ni el gobierno ni
los empleadores hayan comprendido la necesidad de un cambio fundamental, ni de
que estén dispuestos siquiera a iniciar una reorganización industrial basada en
principios más democráticos. La ausencia de una política constructiva por parte
del gobierno o los empleadores, sumada al hecho de que el Partido Laborista, a
través del Congreso de Sindicatos, el Partido Laborista y las diversas
organizaciones sindicales, ha presentado un programa económico e industrial
integral, ha presentado a los trabajadores un marcado contraste del que,
naturalmente, extraen sus propias conclusiones.
“Está claro que
hasta que el Gobierno no esté dispuesto a comprender la necesidad de una
reconstrucción integral sobre una base democrática y a formular una política
constructiva que conduzca a la democracia económica, no podrá haber, como
máximo, más que una disminución temporal del malestar industrial, seguida
inevitablemente por nuevas oleadas de magnitud cada vez mayor.
Los cambios que
implica esta reconstrucción deben ser, por supuesto, graduales, pero para
evitar que el malestar adopte formas peligrosas, es necesario dar de inmediato
a los trabajadores la garantía adecuada de que todo el problema se está
abordando con valentía. No basta con simplemente retocar agravios particulares
ni intentar reconstruir el antiguo sistema con pequeños ajustes para satisfacer
las nuevas demandas de los trabajadores. Es esencial cuestionar la base sobre
la que se ha conducido nuestra industria en el pasado y buscar, en sustitución
del motivo del beneficio privado, otro motivo que sirva mejor como fundamento
de un sistema democrático. Este motivo no puede ser otro que el del servicio
público, que actualmente rara vez se invoca, salvo cuando los trabajadores
amenazan con detener el proceso de producción mediante una huelga. El motivo
del servicio público debería[62] Ser el motivo dominante en todo el
sistema industrial, y el problema actual de la industria es inculcar en cada
persona que trabaja en ella el sentimiento de que es servidor, no de una clase
o persona en particular, sino de la comunidad en su conjunto. Esto no podrá
lograrse mientras la industria siga gestionándose con fines de lucro privado, y
la máxima extensión posible de la propiedad pública y el control democrático de
la industria es, por lo tanto, la primera condición necesaria para erradicar el
malestar social.
Nacionalización de
la industria del carbón
Como ilustración de
la posición adoptada por el Partido Laborista con respecto a la industria del
carbón, la siguiente fue la resolución adoptada por un representante del
Subcomité Conjunto del Comité Ejecutivo de la Federación de Mineros, el Comité
Parlamentario del Congreso de Sindicatos y el Comité Ejecutivo del Partido
Laborista, que fue presentada y aprobada en todas sus manifestaciones locales
en todo el país en 1919-20:
“Esta Reunión
declara:—
“(1) Que el carbón
del país constituye una necesidad evidente para la vida nacional y que, por lo
tanto, su propiedad debe recaer en la comunidad.
“(2) Que las minas,
la maquinaria y demás medios para la producción y distribución del carbón,
siendo esenciales para la industria, también deberían ser propiedad del país.
“(3) Que la
dirección y conducción de la industria minera del carbón, siendo de vital
importancia para los trabajadores de la industria y el público consumidor de
carbón, debe estar bajo el control de los Comités Nacionales, Distritales y de
Minas representativos del Gobierno nacional y las diversas clases de
trabajadores, incluidos los que participan en los procesos administrativos,
técnicos, comerciales y manuales.
“(4) Que los
objetivos que se buscarán mediante la Propiedad Nacional y el Control Conjunto
en las líneas indicadas son:
“( a )
Proporcionar la máxima producción de carbón en consonancia con la protección
adecuada de los trabajadores que realizan este empleo tan peligroso.
"( b )
La introducción de aparatos que ahorren mano de obra en la escala más amplia
posible.
“( c )
Una explotación más económica de las minas de carbón como consecuencia de la
eliminación de los intereses de la propiedad privada de la tierra y de las
regalías.
“( d )
La remuneración de los trabajadores de esta industria en una escala
proporcional a los peligros soportados y suficiente para proporcionar una vida
natural y saludable a todos los interesados.
“( e )
La coordinación de la maquinaria distributiva del comercio mediante la
eliminación de los intereses privados existentes y la sustitución por
suministros municipales y cooperativos a precios suficientes para cubrir los
costos de producción y distribución.
“Por lo tanto, esta
reunión insta al Gobierno a presentar una legislación para la propiedad
nacional de las minas de carbón y los minerales en los términos indicados y de
conformidad con las recomendaciones del Informe de la Mayoría de la Comisión de
la Industria del Carbón”.
[63]
El 11 de marzo de
1920 se celebró en Londres un Congreso especial de sindicatos para considerar
qué medidas debían adoptarse para obligar al Gobierno a nacionalizar las minas
de carbón, y se aprobó esta resolución:
“En vista de la
reiterada negativa del Gobierno a nacionalizar las minas, de conformidad con el
Informe Mayoritario de la Comisión de la Industria del Carbón, y de acuerdo con
los términos de la resolución aprobada en el Congreso de Glasgow y el Congreso
Extraordinario celebrados en diciembre pasado, el Comité Parlamentario sugiere
las siguientes medidas para obligar al Gobierno a adoptar la nacionalización de
las minas:
“( a )
La acción sindical, en forma de huelga general;
“( b )
Acción política, en forma de propaganda política intensiva en preparación para
una elección general;
“En caso de que se
lleve a cabo ( a ), se tomarán las medidas necesarias para
darle efecto de conformidad con la constitución de cada Unión”.
El Congreso decidió
en contra de la cláusula ( a ) y a favor de la cláusula
( b ), proponiendo una acción política.
En la Conferencia
de Brighton de 1921, la Federación de Mineros propuso y aprobó por unanimidad y
sin debate la siguiente resolución:
Que esta
Conferencia lamenta el fracaso del Gobierno en introducir legislación para
nacionalizar la industria minera y reitera su convicción de que esta industria
nunca se asentará sobre una base satisfactoria para el interés de la comunidad
hasta que sea de propiedad pública y se gestione entre representantes del
Estado y los trabajadores técnicos y manuales que la integran, y resuelve
continuar educando y organizando las opiniones de la clase trabajadora hasta
que el Gobierno se vea obligado a lograr este cambio fundamental en la gestión
y propiedad de la industria.
El Presidente de
dicha Conferencia, Sr. Alex. G. Cameron, en el curso de su discurso hizo las
siguientes observaciones:
“La verdad
fundamental es que los partidarios del capitalismo han demostrado al mundo que
mientras la industria siga funcionando según sus líneas actuales, los
trabajadores tendrán que someterse a períodos de desempleo y períodos de
sobreempleo y que el actual sistema capitalista debe desaparecer antes de que
pueda haber una solución permanente.
Los trabajadores,
gracias a la fuerza de sus sindicatos, podrán ocasionalmente obtener mejores
condiciones de empleo, pero hasta que no posean los medios para producir
riqueza, a saber, la tierra, las minas, los ferrocarriles, el transporte
marítimo, las fábricas y los talleres, seguirán dependiendo de un pequeño
sector de la comunidad que les proporcione empleo. En otras palabras, seguirán
estando a la entera disposición de quienes poseen y controlan el capital del
país. Cuando los capitalistas lo decidan, podrán dedicar su trabajo a la
producción de riqueza, pero no podrán controlar su distribución.
Antes de que se
permita a los trabajadores controlar eficazmente la industria, o incluso la
distribución de los productos de su industria, primero deberán poseer la
maquinaria y los materiales de la industria. Dicha propiedad[64] Solo se
adquirirá cuando conquistemos el poder político; y el poder político solo se
obtendrá como resultado de una reflexión profunda y una acción inteligente en
las urnas. El poder político también nos permitirá controlar el crédito, el
dinero, la banca y todo lo fundamental para la política exterior de una nación,
y es la causa de la mayoría, si no de todas, las guerras que han sufrido los
trabajadores del mundo.
Las propuestas
específicas del Partido Laborista para la nacionalización de muchas industrias
importantes y “su control democrático” se explican detalladamente en el
Capítulo VIII .
[65]
CAPÍTULO VI
LA ADOPCIÓN DEL SOCIALISMO POR EL PARTIDO LABORISTA
4. EL PROGRAMA SOCIALISTA INTERNACIONAL
La Primera
Internacional—La antigua Segunda Internacional—La Carta Internacional del
Trabajo de 1919—La nueva Segunda Internacional—Las Resoluciones de Ginebra
sobre el Socialismo de 1920—La Segunda Internacional y el bolchevismo—La
Tercera Internacional o Internacional de Moscú.
La Primera
Internacional
Es importante
destacar la conexión previa a la guerra entre el Partido Laborista y el
socialismo internacional. Ya el 28 de septiembre de 1864, se fundó la Primera
Internacional en St. Martin's Hall, en la esquina de Long Acre y Endell Street,
el sitio que ahora ocupan los Sres. Odhams y que se utilizó para la publicación
de John Bull . Esta organización vivió circunstancias de gran
vicisitud como centro internacional del pensamiento socialista hasta que
recibió su golpe de gracia con el colapso de la Comuna de París en 1871. Su
interesante trayectoria se describe en el libro de R. W. Postgate, La
Internacional Obrera , y en Las Dos Internacionales ,
de Palme Dutt.
La antigua Segunda
Internacional
La Segunda
Internacional data de la Conferencia Socialista de París de 1889, pero no se
constituyó en su forma posterior de Oficina Central Socialista Internacional
hasta 1913. En 1914, incluía veintisiete países con doce millones de miembros;
el Partido Laborista estaba afiliado a ella. Naturalmente, cayó en un estado de
suspensión durante la guerra. Se hicieron intentos infructuosos en Zimmerwald
(1915), Kienthal (1916) y Estocolmo (1917) para revivir la Segunda
Internacional. Posteriormente, se celebró una Conferencia con el mismo objetivo
en Berna en febrero de 1919, donde diversas organizaciones socialistas y
laboristas se reunieron para impulsar su resurgimiento y también para tratar
diversas cuestiones políticas e industriales. Esta Conferencia fue promovida
por los Sres. Arthur Henderson, Emile Vandervelde y Albert[66] Thomas.
Aprobó una importante resolución sobre «Democracia y dictadura», parte de la
cual decía lo siguiente:
“La Conferencia
saluda las grandes revoluciones políticas que en Rusia, Austria-Hungría y
Alemania han destruido los viejos regímenes del imperialismo y del militarismo
y han derrocado a sus gobiernos.
La Conferencia
insta a los trabajadores y socialistas de estos países a desarrollar
instituciones democráticas y republicanas que les permitan lograr la gran
transformación socialista. En estos tiempos cruciales, cuando el problema de la
reconstrucción socialista del mundo es más candente que nunca, las clases
trabajadoras deben decidir, unánime e inequívocamente, sobre el método de su
emancipación.
En total acuerdo
con todos los Congresos anteriores de la Internacional, la Conferencia de Berna
se adhiere firmemente a los principios de la democracia. Una sociedad
reorganizada, cada vez más impregnada de socialismo, no puede realizarse, y
mucho menos establecerse permanentemente, a menos que se base en los triunfos
de la democracia y se arraigue en los principios de la libertad.
“Las instituciones
que constituyen la democracia —la libertad de expresión y de prensa, el derecho
de reunión, el sufragio universal, un gobierno responsable ante el Parlamento,
con mecanismos que garantizan la cooperación popular y el respeto a los deseos
del pueblo, el derecho de asociación, etc.— también proporcionan a las clases
trabajadoras los medios para llevar adelante la lucha de clases.
Debido a ciertos
acontecimientos recientes, la Conferencia desea dejar absolutamente claro el
carácter constructivo del programa socialista. La verdadera socialización
implica un desarrollo metódico en las diferentes ramas de la actividad
económica bajo el control de la democracia. La toma arbitraria de unas pocas
empresas por pequeños grupos de trabajadores no es socialismo, sino simplemente
capitalismo con numerosos accionistas.
“Dado que, en
opinión de la Conferencia, el desarrollo socialista efectivo sólo es posible
bajo el derecho democrático, es esencial eliminar de inmediato cualquier método
de socialización que no tenga perspectivas de obtener el apoyo de la mayoría
del pueblo.
Una dictadura de
este carácter sería aún más peligrosa si se basara en el apoyo de un solo
sector de la clase obrera. La consecuencia inevitable de tal régimen sería la
paralización de la fuerza de la clase obrera mediante una guerra fratricida. El
fin inevitable sería la dictadura de la reacción...
“Llama a los
socialistas de todo el mundo a cerrar filas, a no entregar los pueblos a la
reacción internacional, sino a hacer todo lo posible para garantizar que el
socialismo y la democracia, que son inseparables, triunfen en todas partes”.
La Carta
Internacional del Trabajo de 1919
La Conferencia de
Berna formuló una Carta Internacional del Trabajo que posteriormente se
presentó al Consejo de Versalles para su inclusión en el Tratado de Paz y se
incorporó, en gran medida, a la Parte XIII. El preámbulo de esta Carta es
importante y dice así:
“Bajo el sistema
salarial, la clase capitalista se esfuerza por aumentar sus ganancias
explotando a los trabajadores en la mayor medida posible.[67] Mediante
métodos que, de no controlarse, socavarían la fortaleza física, moral e
intelectual de las generaciones presentes y futuras de trabajadores. Impiden el
desarrollo e incluso ponen en peligro la existencia misma de la sociedad. La
tendencia del capitalismo a degradar al trabajador solo puede frenarse
completamente mediante la abolición del sistema capitalista de producción.
Mientras tanto, este mal puede mitigarse considerablemente, tanto mediante la
resistencia de los trabajadores organizados como mediante la intervención del
Estado. De esta manera, se puede proteger la salud de los trabajadores y mantener
su vida familiar. Les permiten obtener la educación necesaria para cumplir con
sus deberes ciudadanos en una democracia moderna.
El grado de
restricción del capitalismo varía considerablemente entre los distintos
Estados. Debido a la competencia desleal de los países atrasados, estas
diferencias ponen en peligro el trabajo y la industria en los Estados más
avanzados. La adaptación de las diferencias nacionales en la protección legal
del trabajo mediante un sistema de legislación laboral internacional ha sido
desde hace tiempo una necesidad apremiante. Esta urgencia se ha visto reforzada
por los terribles trastornos y la terrible destrucción de las fuerzas vitales
del pueblo provocados por la guerra. Al mismo tiempo, sin embargo, la guerra
está abriendo la posibilidad de satisfacer esta necesidad mediante la formación
de una Sociedad de Naciones, lo cual ahora parece seguro. La Conferencia de
Berna exige que la Sociedad de Naciones, como una de sus principales tareas,
cree y ponga en práctica una Carta Internacional del Trabajo.
En Berna se nombró
una Comisión Permanente para revitalizar y redactar una nueva constitución para
la Segunda Internacional. Esta Comisión Permanente, que incluía a los señores
Henderson, Stuart-Bunning y Ramsay MacDonald, del Partido Laborista británico,
se reunió en Ámsterdam en abril de 1919 para continuar dicha labor. También se
nombró un "Comité de Acción" para tratar ciertos asuntos ejecutivos,
en el que también participaron los señores Henderson, Stuart-Bunning y Ramsay
MacDonald. Fue este Comité de Acción el que viajó a París para entrevistar a
los "Cuatro Grandes" sobre diversas cuestiones internacionales,
incluyendo la inserción de la Carta Laborista en el Tratado de Paz, y emitió un
manifiesto el 11 de mayo de 1919, tras la entrega de los Términos de Paz, el 7
de mayo, a los delegados alemanes, en el que se declaraba que "esta paz no
es nuestra paz".
La nueva Segunda
Internacional
En Lucerna, en
agosto de 1919, la Comisión Permanente finalizó la redacción de la nueva
constitución de la Segunda Internacional y dispuso la celebración de una
Conferencia General Socialista Internacional en Ginebra en 1920 para su
adopción. Dicha Conferencia tuvo lugar en julio de ese año. Se envió una
invitación, con fecha del 10 de abril de 1920, a todos los partidos socialistas
y laboristas, suscribiendo, entre otros , el siguiente
principio: “(1) La organización política y económica de[68] la clase obrera
con el fin de abolir la forma capitalista de sociedad y lograr la completa
libertad de la humanidad mediante la conquista del poder político y la
socialización de los medios de producción e intercambio, es decir, mediante la
transformación de la sociedad capitalista en una sociedad colectivista o
comunista”. La invitación, tras mencionar una serie de cuestiones socialistas a
las que se dirigiría la atención de la Conferencia de Ginebra, concluía con
estas palabras: “Convencidos de la necesidad de un gran esfuerzo para asegurar
la unidad sobre la base de los principios tradicionales de la lucha de clases y
con vistas a la acción internacional... los invitamos a asistir a la
Conferencia de Ginebra”.
En la Conferencia
de Ginebra se fijaron los estatutos de la Segunda Internacional, cuyos fines
declarados son los siguientes:
1. La organización
política y económica de la clase obrera con el fin de abolir la forma
capitalista de la sociedad y lograr la completa libertad de la humanidad
mediante la conquista del poder político y la socialización de los medios de
producción e intercambio, es decir, mediante la transformación de la sociedad
capitalista en una sociedad colectivista o comunista.
2. La unión y
acción internacional de los trabajadores en la lucha contra el chovinismo y el
imperialismo, y por la supresión simultánea del militarismo y los armamentos,
con el fin de crear una verdadera Liga de Naciones, que incluya a todos los
pueblos dueños de su propio destino, y mantener la paz mundial.
3. La
representación y defensa de los intereses de los pueblos oprimidos y de las
razas sometidas.
Estos principios se
expresan en el movimiento obrero en tres formas, cada una en diferentes etapas
de desarrollo, pero todas necesarias: la política, la industrial y la
cooperativa. Estas, como entidades autónomas, deben seguir fortaleciendo su
influencia nacional y su unidad internacional, y, al mismo tiempo, dado que sus
objetivos finales son comunes y forman parte de un gran movimiento mundial,
deben aprovechar toda oportunidad para actuar conjuntamente con un espíritu
internacionalista y revolucionario para el mantenimiento de la paz mundial.
Las Resoluciones de
Ginebra sobre el Socialismo de 1920
También se
aprobaron varias resoluciones, y las relacionadas con la “Socialización”
merecen un estudio cuidadoso; fueron el borrador de los representantes del
Partido Laborista británico y estaban redactadas en los siguientes términos:
“ Socialización. —
Por socialización entendemos la transformación de la propiedad y control de los
capitalistas a la propiedad y control de la comunidad de todas las industrias y
servicios esenciales para la satisfacción de las necesidades del pueblo; la
sustitución, de la producción y distribución derrochadoras con el objeto del
beneficio privado, de una producción eficiente y una distribución económica con
el objeto de la mayor utilidad posible; la transformación también, de la
servidumbre económica de la gran masa de los productores reales bajo propiedad
privada, a una participación general en la gestión por parte de las personas
dedicadas al trabajo.
[69]
El continuo y
rápido crecimiento del control monopolístico de la industria por parte del
capitalismo aumenta el poder de los propietarios privados para manipular los
precios de todos los bienes de primera necesidad, sumiendo así a los
consumidores en la desesperación. Por otro lado, existe una creciente renuencia
de los trabajadores organizados a seguir apoyando un sistema de producción que
los mantiene subyugados y ni siquiera les permite mejorar eficazmente su nivel
de vida. La consiguiente intolerancia del capitalismo hace cada día más urgente
la reconstrucción de la industria según los principios de la socialización.
La socialización
procederá, paso a paso, de una industria a otra, según lo permitan las
circunstancias de cada país. Por muy objetable que sea la empresa privada con
fines de lucro para los socialistas, se abstendrán de destruirla en ninguna
industria hasta que estén en condiciones de reemplazarla por una forma de
organización más eficiente. Este proceso gradual de socialización excluye, en
general, la expropiación de la propiedad privada sin compensación; no solo
porque sería injusto causar sufrimiento a individuos seleccionados, sino
también porque un proceso de confiscación perturbaría la actividad capitalista
en industrias en las que la socialización no fuera inmediatamente viable. Los
fondos necesarios para la compensación provendrán de los impuestos sobre la
propiedad privada, incluyendo gravámenes sobre el capital, impuestos sobre la
renta y derechos de sucesión, y la limitación de las herencias en beneficio del
Estado.
“En una comunidad
con una vida económica altamente desarrollada, con una extensa población
concentrada en gran medida en centros urbanos, la socialización adopta tres
formas principales, a saber, nacional, municipal y cooperativa.
Por ejemplo,
independientemente de lo que se disponga para la administración de la
agricultura, la propiedad de la tierra debe ser nacional, previéndose el
mantenimiento y la seguridad de los agricultores campesinos, dondequiera que
existan. Otras industrias de suma importancia nacional, como el sistema de
transporte, la generación de electricidad y la minería, también deben ser
nacionales. Sin embargo, la gestión de un gran número de industrias y servicios
estará en manos de los municipios y otras autoridades locales, y de sus
federaciones; no solo el suministro de agua, gas y electricidad, sino también,
en algunos países, el suministro de alimentos, ropa y vivienda. La producción y
distribución de todo tipo de artículos para el hogar constituirá, en su mayor
parte, el ámbito de las cooperativas de consumo.
“Las industrias que
aún no han llegado a un estado de concentración que las haga adecuadas para la
socialización, o en las que, por otras razones, la socialización no sea
inmediatamente practicable, serán sujetas al control de la comunidad, con
vistas a efectuar economías y mejoras en la producción y distribución, fijar
precios y asegurar condiciones de empleo prescritas.
Es importante
destacar que, en la amplia medida de libertad individual que caracterizará a
una comunidad socialista, la adopción del principio de socialización no incluye
la producción agrícola de campesinos individuales de las tierras de la nación,
ni de artesanos independientes que trabajan por cuenta propia, ni de artistas
de ningún tipo, ni de profesionales que trabajan con inteligencia, siempre que
no exploten el trabajo de otras personas. Por otro lado, el principio de
socialización excluye la propiedad de los recursos naturales o de los
instrumentos de producción en las grandes industrias primarias por parte de
individuos o asociaciones de personas de cualquier tipo, así como la dictadura
de cualquier persona o grupo sobre la industria en la que trabaja.
[70]
“Es función de la
comunidad en su conjunto ejercer control sobre los precios de los productos
básicos y proporcionar cualquier capital nuevo o adicional que se requiera de
tiempo en tiempo para las industrias socializadas.
Administración de
las Industrias Socializadas. —Un principio fundamental en la
socialización es que el control debe estar separado de la administración. El
control será ejercido por la asamblea nacional elegida por el pueblo. El órgano
de administración de cada industria o servicio debe ser completamente
independiente y distinto de los del gobierno político.
“ Las
Industrias Nacionales. —Cada industria o servicio requerirá una
organización adecuada a sus circunstancias especiales. Como tipo general, se
sugiere que una industria o servicio nacional debería contar con
“( a )
Una junta nacional que estará integrada por representantes de:
“(1) los
trabajadores interesados en la industria;
“(2) la dirección
(incluidos los técnicos);
“(3) los
consumidores y la comunidad en su conjunto.
"( b )
Cuando se considere necesario, también consejos de distrito para áreas
regionales apropiadas, que deberán tener una composición similar;
"( c )
Comités de empresa para cada fábrica, mina u otro establecimiento.
“En cada industria
nacional tendrá que haber un mecanismo separado para la negociación colectiva
entre la dirección, por un lado, y cada profesión distinta involucrada en la
industria o servicio, por el otro.
En consecuencia,
debería existir una Junta Paritaria para cada profesión que se haya organizado
por separado, ya sea en un sindicato o en una asociación profesional. Cada
Junta Paritaria debería estar compuesta por igual número de representantes de
la dirección y representantes del sindicato o asociación profesional
correspondiente.
El derecho a la
huelga —es decir, a negarse colectivamente a seguir sirviendo— no puede negarse
a ningún hombre o mujer que sea compatible con la libertad. Cuando ya no se
trate de resistir al capitalista con fines de lucro, sino simplemente de
obtener de la comunidad en su conjunto condiciones de empleo equitativas y un
nivel de vida adecuado, cabe esperar que la opinión pública de la comunidad en
su conjunto se acepte como decisiva.
Socialización
Municipal. —La mayor parte de las industrias y servicios de cada
comunidad, que estarán en manos de las autoridades locales, serán dirigidas por
los consejos de elección popular de las distintas localidades, con
participación en la gestión de sus propios servicios por parte de
representantes de los trabajadores, ya sea de forma manual o intelectual. En la
administración municipal de las industrias y servicios debería existir el mismo
tipo de mecanismo de Juntas Paritarias para la negociación colectiva que en las
industrias nacionales.
El sistema
político del socialismo. —La progresiva desintegración del sistema
capitalista, que se ha ido produciendo cada vez más durante los años de guerra,
y no menos durante los años de paz posteriores a la guerra, hace cada vez más
urgente que el Trabajo asuma el poder en la sociedad. En el término Trabajo
incluimos no solo a los trabajadores manuales asalariados, sino también a los
trabajadores intelectuales de todo tipo, a los artesanos independientes y a los
agricultores campesinos, y, en resumen, a todos aquellos que colaboran con su
esfuerzo en la producción de cualquier tipo de utilidad.
“1. Es una
condición esencial de esta toma de poder por[71] El Partido Laborista debe
procurar que sus filas estén suficientemente unidas y que sepa utilizar el
poder que tiene en sus manos.
2. Si bien el
Congreso repudia los métodos de violencia y todo tipo de terrorismo, reconoce
que el objetivo no puede lograrse sin que el Partido Laborista utilice su poder
industrial y político, y que la acción directa en ciertos conflictos decisivos
no puede abandonarse por completo. Al mismo tiempo, el Congreso considera que
cualquier tendencia a convertir una huelga industrial automáticamente en una
revolución política no puede ser condenada lo suficiente.
3. La Mancomunidad
Socialista solo podrá existir mediante la conquista del poder gubernamental por
parte del Partido Laborista. La principal labor de un Gobierno Laborista será
adoptar, como base fundamental de su legislación y administración, tanto la democracia
como la socialización.
El socialismo no
basará su organización política en la dictadura. No puede pretender suprimir la
democracia; su misión histórica, por el contrario, es llevarla a su plenitud.
Todos los esfuerzos del Partido Laborista, sus actividades sindicales y cooperativas,
así como su acción en el ámbito político, tienden constantemente al
establecimiento de instituciones democráticas cada vez más adaptadas a las
necesidades de la sociedad industrial, cada vez más perfectas y de mayor valor
social.
Hoy en día, son las
fuerzas del Trabajo las que, en general, garantizan el mantenimiento de la
democracia. Los socialistas no permitirán que minorías facciosas,
aprovechándose de sus posiciones privilegiadas, anulen la libertad popular.
Inspirados por las grandes tradiciones de revoluciones pasadas, los socialistas
estarán listos, sin flaqueza, para resistir cualquier ataque de este tipo.
4. El derecho al
voto para un Parlamento Socialista debe ser universal, aplicándose con absoluta
igualdad a ambos sexos, sin exclusiones por motivos de raza, religión,
ocupación u opiniones políticas. La función suprema del Parlamento es
representar todas las aspiraciones y deseos populares desde la perspectiva de
la comunidad en su conjunto. Se ocupará de la defensa contra agresiones
externas o internas. Se encargará de la propiedad y también de las finanzas de
la comunidad.
Dictaminará las
leyes y administrará los asuntos públicos. Los ministros encargados de los
diversos departamentos serán elegidos entre sus miembros; y el gobierno de la
nación será su Comité Ejecutivo.
Pero tendrá la
libertad de delegar poderes y deberes específicos a cualquiera de los demás
órganos de la comunidad mencionados más adelante, a fin de garantizar la mayor
participación posible de quienes participan personalmente en cada rama de la
vida social. Corresponderá al Parlamento salvaguardar no solo los intereses del
público en general de consumidores, cuya representación en juntas y consejos
especiales establecerá, sino también los intereses de la comunidad en su
conjunto en las generaciones futuras.
5. Corresponderá al
Parlamento determinar las líneas generales de la política social y promulgar
las leyes; decidirá a qué industrias y servicios se aplicará el principio de
socialización y bajo qué condiciones; ejercerá el control financiero supremo y
decidirá sobre la asignación de capital nuevo y adicional. En última instancia,
ejercerá la facultad de fijar precios.
6. En el desarrollo
y la expansión de la vida productiva de la comunidad, desempeñarán un papel
importante las diversas organizaciones formadas según las ocupaciones
productivas en las que participe cada persona sana. Por lo tanto, deben tomarse
medidas, de la manera[72] Descritas a continuación, para la participación
en la administración o el servicio de representantes de todos los diferentes
grados de trabajadores, tanto manuales como intelectuales, dedicados a esa
industria o servicio en particular. Al mismo tiempo, cada profesión, ya sea de
trabajadores manuales o intelectuales, desea regular las condiciones de su vida
profesional, independientemente de las industrias o servicios entre los que se
distribuyan sus miembros. Por lo tanto, cada profesión específica puede
agruparse en una asociación profesional, a la que el Parlamento puede
encomendar funciones de regulación, investigación o formación profesional.
7. Las
organizaciones en las que se agrupen quienes trabajan en las diversas
industrias y servicios, ya sean sindicatos o asociaciones profesionales, podrán
constituir la base de un nuevo órgano de vida social y económica.
Junto con el
Parlamento, sería deseable la creación de un Consejo Industrial Nacional,
compuesto por representantes de las diversas organizaciones de oficios y
profesiones, en el que las personas pertenecientes a cada ocupación puedan
agruparse voluntariamente. Dicho Consejo Industrial Nacional tendría la
libertad de debatir y criticar, investigar y sugerir, y presentar al Parlamento
los informes que considere oportunos. El Parlamento podrá, ocasionalmente,
delegar en el Consejo Industrial Nacional la elaboración de medidas aplicables
a la industria en su conjunto o de las reglamentaciones que se dicten por ley.
La Segunda
Internacional y el bolchevismo
En la Conferencia
de Ginebra, se le pidió al Partido Laborista británico que asumiera la
responsabilidad de invitar a todas las organizaciones nacionales socialistas y
laboristas no representadas en Ginebra a unirse, como él mismo, a la Segunda
Internacional. Se envió un llamamiento firmado en diciembre de 1920 por los
señores A. Henderson, en representación del Partido Laborista; J. H. Thomas; y
Harry Gosling, en representación del Congreso de Sindicatos; y Ramsay
MacDonald, como Secretario Internacional Británico. Esta carta declaraba la
postura de la Segunda Internacional y también del Partido Laborista británico
respecto al bolchevismo en los siguientes términos:
La gran dificultad
que enfrenta el socialismo internacional, sin embargo, es la división del
movimiento en dos bandos como resultado de la Revolución rusa de noviembre de
1918. El bolchevismo intentó establecer, no solo en Rusia, sino en todos los
demás países del mundo, el método de tomar el poder político por la fuerza
armada, manteniéndolo por los mismos medios y cambiando toda la estructura
económica de la sociedad mediante decreto y represión. Desde su primer éxito en
Rusia, ha modificado ligeramente su postura, y actualmente en este país,
informa a sus seguidores que quienes critican los métodos políticos son
traidores a la causa del comunismo, pero que la acción política debe utilizarse
únicamente para demostrar el fracaso de las instituciones que se pretenden
conquistar. Obviamente, tal compromiso con lo impuro está destinado a fracasar
y solo hará que los candidatos que persigan tal política sean ridículos a los
ojos de los electores. Es una futilidad política y revolucionaria de la más
simple clase. Sin embargo, no queremos discutir el asunto. La política
puede[73] Puede ser más adecuado para algunos países que para el nuestro,
pero obviamente todo socialista con un mínimo de instinto internacional verá
que una Internacional basada en los principios de Moscú nunca puede representar
más que a la fracción más pequeña y menos influyente del movimiento socialista
en los diversos países. Por lo tanto, la Segunda Internacional ha rechazado el
bolchevismo como base de su existencia.
“Además, los
intentos de Moscú de controlar a las organizaciones nacionales no solo en la
política socialista general, sino también en los detalles de su propio trabajo
nacional, deben impedir que cualquier organización con algún respeto propio y
algún sentido de libertad nacional se someta a tal yugo.”
También es
importante la siguiente declaración sobre la base sobre la cual debe
constituirse una Internacional Socialista:
No debe haber duda
alguna sobre la base que debe construirse una Internacional Socialista. Debe
garantizar a cada grupo socialista la libertad de trabajar según sus propios
medios para alcanzar su objetivo socialista; debe existir una determinación
común de instaurar el socialismo; debe estar dispuesta a brindar apoyo
internacional a todas las luchas nacionales por la libertad y el autogobierno,
según las modalidades que determinen las propias naciones; no debe rechazar en
absoluto (como se intenta ahora en algunos sectores), sino apoyar
inequívocamente el método democrático como propio de los países que ya han
vivido sus revoluciones políticas y que han adquirido el arma política gracias
a los movimientos insurreccionales de su proletariado en el pasado.
La Tercera
Internacional o Internacional de Moscú
En consecuencia, la
Segunda Internacional puede considerarse ahora restablecida, si no recreada, y
la interesante especulación radica en hasta qué punto logrará la lealtad de los
partidos socialistas de todo el mundo frente a los llamamientos de la Tercera
Internacional o la Internacional "Roja" de Moscú. Esta última merece
una breve descripción. En enero de 1919, justo antes de la reunión de la
Conferencia de Berna y poco después del inicio de la Conferencia de Paz en
París, se envió una invitación por radio al primer Congreso de la Internacional
Comunista en Moscú en nombre del Partido Comunista Ruso, nombre adoptado por
los bolcheviques rusos o socialdemócratas mayoritarios tras la Revolución de
1917. Los bolcheviques deseaban diferenciarse claramente de los partidos
socialistas o "socialdemócratas" que, en varios países beligerantes,
habían apoyado a sus respectivos gobiernos. Adoptaron el nombre de la Liga
Comunista para la cual Marx y Engels redactaron el famoso manifiesto comunista,
cuya redacción se les encargó en noviembre de 1847, en el Congreso de los
Comunistas de Londres. Lenin, en su libro El Estado y la revolución ,
llama especialmente la atención sobre el término “comunista” por ser más
científicamente[74] Es más correcto que el término
"socialdemócrata" y se esfuerza por demostrarlo con citas del
manifiesto. Siguiendo el ejemplo de Moscú, los diversos partidos socialistas
revolucionarios de todo el mundo han abandonado sus denominaciones socialistas
y se han autodenominado comunistas. Por lo tanto, es importante comprender que
el término "comunismo" ha adquirido un significado nuevo y diferente
al anterior. Hoy, comunismo significa los principios del socialismo
revolucionario marxista y un plan de organización social e industrial basado en
los principios propios del régimen bolchevique en la Rusia soviética. En su
admirable librito, Las Dos Internacionales , que aborda este
complejo tema con gran claridad y documentación, el Sr. R. Palme Dutt afirma
con gran acierto que «debe tenerse cuidado al distinguir este sentido del
comunismo del que se ha utilizado más generalmente en este país, a saber, (1)
el anarquismo comunista de Kropotkin, (2) la concepción de la abolición de toda
propiedad personal, (3) la descentralización bajo un sistema de comunas locales
con escasa asociación. El comunismo corresponde más bien a lo que a menudo se
denomina «socialismo científico», solo que con especial énfasis en su aspecto
revolucionario».
El Primer Congreso
de la Internacional Comunista se celebró en Moscú en marzo de 1919. Se denomina
Tercera Internacional o Internacional Comunista; su constitución se encuentra
en el Manual de la Internacional Obrera de 1921, pág. 190. En
resumen, sus objetivos son el derrocamiento del capitalismo, el establecimiento
de la dictadura del proletariado y de la República Soviética Internacional; la
abolición total de las clases y la realización del socialismo revolucionario.
Se establecen veintiún condiciones de afiliación, junto con instrucciones para
sus miembros, algunas de las cuales son particularmente ilustrativas en cuanto
a los principios comunistas. La condición 3 establece que «la lucha de clases
en casi todos los países de Europa y América está al borde de la guerra civil.
En tales circunstancias, los comunistas no pueden confiar en las leyes
burguesas. Deben crear en todas partes una maquinaria ilegal paralela que, en
el momento decisivo, cumpla con su deber para con el partido y ayude a la
revolución por todos los medios posibles. En todo país donde, a causa de la ley
marcial u otras leyes excepcionales, los comunistas no puedan llevar a cabo su
labor legalmente, es absolutamente necesaria una combinación de labor legal e
ilegal».
El Partido
Comunista de Gran Bretaña está afiliado a la Tercera Internacional, pero el
Partido Laborista Independiente de esta[75] país, aunque se separó de la
Segunda Internacional, se negó a unirse a la Tercera Internacional y publicó
una crítica mordaz del bolchevismo o el comunismo que apareció en el Labour
Leader del 18 de diciembre de 1919. El Partido Laborista Independiente
está afiliado a otra Internacional, el organismo conocido como la Internacional
de Viena o las “Dos y Media”.
He expuesto estos
detalles para mostrar la naturaleza y el alcance del programa socialista
nacional e internacional que el Partido Laborista se ha comprometido a llevar a
cabo si se le da la oportunidad.
[76]
CAPÍTULO VII
LA ADOPCIÓN DEL SOCIALISMO POR EL PARTIDO LABORISTA
5. APROBACIÓN DE LA ACCIÓN DIRECTA.
El significado y
las cualidades de la acción directa—Acción directa en el Clyde, 1916—Conversión
del Partido Laborista al uso de la acción directa—Establecimiento del Consejo
de Acción—Establecimiento de soviets locales.
Quizás la mayor
amenaza para el gobierno constitucional ordenado sea la aceptación por parte
del Partido Laborista del método de acción directa para imponer su política a
una comunidad inconformista. Muchos distinguidos líderes del Partido se han
pronunciado en contra de los peligros sociales de emplear tal arma, pero a
pesar de tales advertencias, el Partido ha recurrido a ella y ha creado un
complejo mecanismo para su aplicación; tras lo cual, esos distinguidos líderes
la han apoyado con la misma fuerza con la que la habían condenado previamente.
Una vez que cualquier sector de la nación se aficiona al uso fácil de tal tipo
de tiranía organizada —porque no es otra cosa—, por muy humanitario que sea el
supuesto fin o propósito, se ha dado el golpe de gracia a la ley y el orden.
El significado y
las cualidades de la acción directa
En la edición
revisada de su Historia del Sindicalismo (1920), el Sr. y la
Sra. Sidney Webb señalan (pág. 664) que cuando publicaron en 1897 su Democracia
Industrial, el término “acción directa” era desconocido. De hecho,
este nombre para el principio o la práctica de la coerción social mediante la
presión económica llegó a este país desde Francia y los Estados Unidos de
América en 1905. Para 1912, se había extendido por completo entre los sectores
avanzados del trabajo organizado en Escocia y partes de Inglaterra, y en la
práctica casi invariablemente implica una huelga sectorial de un grupo o grupos
de trabajadores en particular, o una huelga general de todos los grupos de
trabajadores combinados. Sin embargo, no todas las huelgas son acción directa.
Los asalariados sostienen razonablemente que, como cualquier trabajador
individual tiene derecho a negarse a participar o[77] Si continúan bajo un
contrato de servicio, cualquier grupo de trabajadores o todos los grupos que
actúen juntos en huelga tienen derecho a ejercer una libertad similar. El Sr. y
la Sra. Webb están dispuestos a llamar a dicha huelga "huelga
económica" y a usar la frase "huelga no económica" para designar
una huelga emprendida "no para alterar las condiciones de empleo de ningún
sector del mundo sindical, sino con vistas a imponer, ya sea a los individuos,
al Parlamento o al Gobierno, algún otro curso de acción deseado por los
huelguistas". Solo las huelgas de este último tipo las clasifican en la
categoría de acción directa; en otras palabras, hacen del propósito de la
huelga la prueba. Esa es una definición demasiado limitada de acción directa,
pero incluiría un caso como la negativa en 1917 del Sindicato Nacional de
Marineros y Bomberos a trabajar en los barcos en los que dos miembros del
Partido Laborista se preparaban, a instancias del Gobierno, para viajar camino
a Petrogrado; También una negativa similar del mismo sindicato en 1918 para
llevar al Sr. Arthur Henderson y a M. Camille Huysmans a través del Canal en
ruta a París, siendo el objetivo del sindicato evitar la organización
de una Conferencia Socialista Internacional. Otro caso del mismo tipo fue la
acción del sindicato de trabajadores eléctricos en 1918 al "llamar" a
sus miembros comprometidos en el Albert Hall en Londres con instrucciones de
apropiarse de los fusibles, que no les pertenecían, para mantener el salón a
oscuras e impedir que se usara para cualquier propósito, como represalia contra
los propietarios por cancelar el arrendamiento del salón para una manifestación
obrera. Otros ejemplos de la "huelga no económica" fueron las
amenazas de los cajistas e impresores en ciertas oficinas de periódicos de
Londres de cesar el trabajo durante la huelga ferroviaria en 1919 debido a las
críticas adversas de los ferroviarios por parte del personal editorial; la
amenaza de los mineros de cerrar las minas de carbón en 1919 a menos que se
aboliera el servicio militar obligatorio y a menos que se interrumpiera la
acción militar y naval del gobierno británico contra el gobierno soviético de
Rusia; el plan de huelga presentado por los mineros en agosto y septiembre de
1920 bajo el disfraz de una reclamación de aumentos salariales, pero en
realidad con el propósito político de forzar la nacionalización de la industria
del carbón.
El propio nombre de
«acción directa» indica que la acción en cuestión es alternativa a otra acción
considerada indirecta, que invariablemente es el procedimiento habitual,
prescrito por el convenio colectivo, los estatutos del sindicato o la
Constitución del país. Por lo tanto, en mi opinión, la cualidad fundamental de
la acción directa es su[78] Carácter anárquico. Algunos grupos o
individuos del movimiento obrero recurren a la acción anárquica en lugar de los
procedimientos ordenados, deliberadamente como minorías recalcitrantes que,
obligadas por el acuerdo formal de las mayorías, pretenden impedir que la
opinión de la mayoría se lleve a cabo. Otros, reformistas impacientes que
consideran los métodos ordenados demasiado engorrosos y dilatorios, y que no
pueden o no están preparados para trabajar por una reforma gradual, siguen su
ejemplo. Además, se observa la adopción de medidas directas con el objetivo
ulterior de destruir la organización sindical artesanal existente, como por
ejemplo, por parte de sindicalistas revolucionarios en antiguos sindicatos
especializados como el Sindicato Amalgamado de Ingenieros, o por sindicalistas
revolucionarios que desean ejercer y desarrollar todo el poder latente de los
trabajadores manuales para que el arma de la huelga general sea afilada y
brillante el día en que se utilice para derribar la Constitución e iniciar la
revolución social. Sin embargo, estas son razones especiales. En la mente de
sectores importantes y lentos del Partido Laborista, la acción directa se ha convertido
en la vía más fácil y rápida, a veces la única, para alcanzar el poder
político. El Partido Laborista ansía poder político; pretende labrarse una
fortuna política, en palabras de Horacio: « Si possis, recta; si non,
quocunque modo... ».
El carácter
anárquico de la acción directa constituye su verdadero peligro mucho más que su
propósito no económico, si este no lo es, lo cual con frecuencia no lo es. Así
como cualquier método anárquico presagia, también engendra, una mentalidad sin
ley, a diferencia de la que la cumple. La naturaleza humana no es anárquica en
una esfera de su actividad y de mentalidad constitucional en otra; anárquica,
por ejemplo, en asuntos industriales y ordenada en política. La misma tensión
se extiende por todas partes: un individuo indisciplinado es tan malo como
ciudadano como sindicalista. Fue el carácter anárquico de la acción directa lo
que impresionó con mayor fuerza en la mente del autor durante los turbulentos
años de 1914 a 1918, antes de que ocurrieran huelgas no económicas como las
descritas.
Acción directa en
el Clyde, 1916
Tomemos como
ejemplo las huelgas de marzo a abril de 1916 en los talleres de máquinas de
Clydeside, que el autor tuvo que gestionar. El Gobierno había firmado con los
sindicatos los Acuerdos de la Tesorería de marzo de 1915, que preveían la
suspensión de los aranceles sindicales para acelerar y aumentar la producción.
El Consejo Ejecutivo de la Sociedad Amalgamada de Ingenieros había presentado
formalmente los acuerdos por[79] Votación a sus miembros, quienes la
aceptaron por amplia mayoría. En virtud de los acuerdos, el Gobierno procedió a
incorporar mujeres a talleres de ingeniería en todo el país con la cooperación
de la Junta Directiva de la ASE. Sin embargo, en Clydeside, los miembros de la
ASE se negaron a permitir el ingreso de mujeres a los talleres en las
condiciones acordadas, o incluso a permitirlo.
Muchos de los
delegados sindicales [5] de los talleres de ingeniería de Clydeside eran miembros del
Partido Socialista del Trabajo. Los principios del SLP, copiados de los de la
IWW, implican (véase pág. 54) la lucha de clases, la destrucción de los
sindicatos oficiales y de todas las organizaciones industriales, excepto
aquellas de tipo y credo similares a los de la propia IWW, el derrocamiento de
todas las formas existentes de gobierno constitucional y su sustitución por un
gobierno de trabajadores manuales. El método a emplear es la acción directa. El
Sr. Beer, en su Historia del Socialismo Británico (Vol. II,
pág. 393), afirma: «Las teorías del SLP eran las que más se acercaban a las de
Lenin y Trotsky».
En Clydeside, en
marzo de 1916, los delegados sindicales del SLP vieron su oportunidad
revolucionaria. El escritor sostuvo innumerables reuniones con ellos intentando
introducir armoniosamente el plan acordado de dilución de mano de obra, pero a
medida que avanzaba con la ayuda del Consejo Ejecutivo de la ASE y sus
funcionarios locales de Glasgow, se vio contrarrestado por los preparativos
para una acción directa obstructiva. Finalmente, los partidarios de la acción
directa maduraron sus planes. Es un principio para ellos usar siempre las armas
más afiladas. Tenían una inmediatamente a mano. El ejército en Francia
necesitaba con urgencia obuses pesados para destruir el sistema de trincheras
que los alemanes habían comenzado a consolidar; Mesopotamia requería con
urgencia barcazas de fondo plano. Estas dos clases de municiones se fabricaban
en talleres de ingeniería y astilleros en el Clyde. Por lo tanto, los
partidarios de la acción directa pusieron en huelga, o intentaron poner en
huelga, a todos los empleados de todos los talleres y patios donde se
construían obuses, o cualquier parte de estos o de las barcazas de fondo plano,
con un éxito casi rotundo y resultados nacionales desastrosos. Pero el Gobierno
respondió a la acción directa con medidas más directas, deportando del Clyde a
los cabecillas, y la huelga fracasó. En esta huelga de acción directa, el
objetivo era anular el acuerdo.[80] Entre el Gobierno y los sindicatos se
acordó la incorporación de la mujer a la ingeniería, así como la destrucción de
las antiguas organizaciones artesanales de la ASE y la creación de una nueva
organización industrial para dicho sector. El propósito, por lo tanto, era
económico, pero el método, anárquico.
Posteriormente, el
Comité Obrero de Clyde (un comité de delegados sindicales de Clydeside que
trabajaba en cooperación con el Partido Laborista Socialista) estableció
Comités Obreros revolucionarios en diversas partes de Inglaterra y promovió
huelgas no oficiales de acción directa similares, repudiadas por las Juntas
Ejecutivas de todos los sindicatos involucrados, en Barrow-in-Furness en junio
de 1916, en el Mersey en otoño de 1916, en los talleres de ingeniería de
Inglaterra en mayo de 1917, y en otras ocasiones. Todas estas fueron huelgas
económicas contra los acuerdos y convenios comerciales celebrados
constitucionalmente entre el Gobierno y los sindicatos. Que tales huelgas
anárquicas son completamente subversivas de toda ley, orden y gobierno en una organización
sindical, así como en el cuerpo político, es obvio. Son tan peligrosas para la
sociedad como cualquier huelga declarada regularmente por un sindicato con un
propósito no económico.
Conversión del
Partido Laborista al uso de la acción directa
Pero volviendo a la
huelga no económica: el Sr. y la Sra. Sidney Webb, que tienen un amplio
conocimiento de las corrientes y corrientes subterráneas de opiniones en el
mundo industrial, dicen en la pág. 672 de su Historia del sindicalismo (1920):
En cuanto a una
huelga general de carácter no económico ni político, a favor de una política
nacional o exterior específica, dudamos mucho que el Congreso de Sindicatos
pudiera ser inducido a respaldarla, o las bases a llevarla a cabo, salvo en el
caso de que el Gobierno atacara directamente la libertad política o industrial
de la clase obrera, a la que parecía imperativo resistir por todos los medios
posibles, sin excluir la propia revolución enérgica.
El tipo de ataque
directo del Gobierno que los escritores tenían en mente era la privación del
derecho al voto de la mayoría de los trabajadores manuales, la privación de los
sindicatos de sus derechos y libertades actuales o la confiscación de sus fondos.
A falta de medidas como estas, la opinión meditada de estos escritores
eminentemente competentes, que observaban el mundo sindical en el otoño de
1919, era que la acción directa sería rechazada por el Congreso de Sindicatos.
Pero el Congreso de Portsmouth de 1920 aún estaba por llegar.
La cuestión
específica de la acción directa, en relación con las operaciones contra Rusia,
fue planteada ante el Sindicato[81] Congreso de la Unión en septiembre de
1919, pero fue estratégicamente archivado. Sin embargo, se aprobaron
resoluciones que exigían el cese de las operaciones contra Rusia y la
nacionalización del carbón. Para hacer cumplir estas demandas, se instruyó al
Comité Parlamentario, en el primer caso, para convocar un Congreso Sindical
extraordinario para decidir las medidas a tomar; en el segundo, para decidir
«la forma de acción a tomar para obligar al Gobierno». Este
Congreso extraordinario se celebró el 9 de diciembre de 1919 —para entonces, la
nacionalización se había convertido en el verdadero problema— pero, a la espera
del efecto de una propaganda más enérgica, la acción directa para imponer la
nacionalización se aplazó hasta marzo de 1920. En marzo, se celebró otro
Congreso extraordinario en el que se esbozaron dos medios para imponer la
nacionalización: una huelga general y la otra, una intensa propaganda política.
El Congreso decidió (p. 63) mediante una votación por tarjeta en contra de la
acción directa y a favor de una intensa propaganda política en preparación para
las elecciones generales.
La solidaridad del
Partido se vio seriamente comprometida por la decisión; entre los partidarios
de la acción directa se encontraban sectores influyentes de mineros,
ferroviarios, transportistas e ingenieros, para muchos de los cuales la acción
directa se había convertido en un principio fundamental. Por lo tanto, muchos
moderados y extremistas se esforzaron por encontrar un tema en el que se
pudiera persuadir a los partidarios de la acción directa y a los
constitucionalistas a cooperar. Se eligió como tema la producción de municiones
de guerra para su uso en Irlanda y contra Rusia. Fue ingeniosamente urdido, y
en una reunión especial del Congreso de Sindicatos en julio de 1920, se aprobó
una resolución a favor de una huelga general para obligar al Gobierno a
desistir de la intervención armada en Irlanda y Rusia, e instruir a los
sindicatos afiliados a tomar las medidas internas necesarias para dicha huelga.
El Partido Laborista moderado se vio así envuelto en un dilema hábil, y cuanto
más pacifista era, más impulsado se veía a votar por la acción directa. El
Partido Laborista se congratuló de haber restaurado su solidaridad esencial.
Pero la solidaridad lograda fue más aparente que real: los preparativos
internos del sindicato para una huelga general avanzaron sin entusiasmo.
Luego vino el
embrollo polaco, que los extremistas explotaron al máximo para establecer la
acción directa como el arma reconocida del trabajo organizado en este país. Es
importante seguir este desarrollo. El 6 de agosto de 1920, el Partido
Laborista, sin la menor justificación, acusó públicamente al Gobierno de
planear una guerra contra la Rusia Soviética en apoyo de Polonia, y afirmó
que...[82] Los trabajadores tendrían razón al negarse a prestar servicios
laborales en semejante guerra. El 9 de agosto se celebró una reunión
extraordinaria de emergencia del Comité Parlamentario del Congreso de
Sindicatos, la Ejecutiva Nacional del Partido Laborista y el Partido Laborista
Parlamentario. «Se consideraba seguro», decía la resolución, «que se estaba
fraguando una guerra entre las Potencias Aliadas y la Rusia Soviética», y «se
advirtió al Gobierno que todo el poder industrial de los trabajadores
organizados se utilizaría para derrotar esta guerra». Se organizaron una
conferencia nacional del Trabajo, y se recomendó a todas las organizaciones
afiliadas que instruyeran a sus miembros a «dejar las herramientas» siguiendo
las instrucciones de la conferencia nacional.
Creación del
Consejo de Acción
El 13 de agosto de
1920, se reunió la conferencia nacional, con 689 representantes de los comités
ejecutivos sindicales y 355 representantes de las organizaciones locales del
Partido Laborista y de los consejos sindicales. Tres resoluciones fueron aprobadas
por unanimidad. La primera respaldó la creación del Consejo de Acción, formado
el 9 de agosto y que representaba al Partido Laborista Parlamentario, al Comité
Parlamentario del Congreso Sindical y al Comité Ejecutivo del Partido
Laborista. La segunda prorrogó la existencia del Consejo hasta asegurar: (1) la
garantía de que no habría intervención militar ni naval contra el Gobierno
Soviético; (2) la retirada de todas las fuerzas navales británicas que, directa
o indirectamente, ejercieran influencia de bloqueo contra Rusia; (3) el
reconocimiento del Gobierno Soviético Ruso y el establecimiento de relaciones
comerciales sin restricciones entre Gran Bretaña y Rusia. También autorizó al
Consejo a ordenar cualquier tipo de retirada de mano de obra que las circunstancias
exigieran para hacer efectiva la política anterior, y exigió una acción rápida,
leal y valiente por parte de todos los dirigentes sindicales, comités
ejecutivos, consejos locales de acción y afiliados en general, en respuesta a
dicha orden. La tercera resolución autorizó al Consejo a tomar las medidas
necesarias para hacer efectivas las decisiones de la conferencia y la política
declarada del movimiento sindical y obrero.
El efecto de estas
resoluciones fue claro. Los sindicatos transfirieron su responsabilidad
ejecutiva al Consejo de Acción, o "Comité de Seguridad Nacional",
como lo denominó un orador. Este Consejo pudo entonces imponer su voluntad a la
nación mediante la acción directa de arrebatársela. Que la voluntad se
considere benéfica no altera en lo más mínimo el carácter anárquico de la
acción. El presidente del[83] El Comité Parlamentario del Congreso de
Sindicatos, al proponer la segunda resolución, lo expresó claramente: «Hacer
efectiva esta resolución no significa una simple huelga; significa un desafío a
toda la Constitución del país». El informe indica que hubo ovaciones
prolongadas. Reiteró la misma declaración en la reunión posterior del Congreso
de Sindicatos en Portsmouth. El presidente del Comité Ejecutivo del Partido
Laborista, al secundar la primera resolución, fue aún más explícito:
Cuando se tomó la
medida mencionada, si se intentaba interferir demasiado, podrían verse
obligados a hacer cosas que llevarían a las autoridades actuales (es decir, el
Gobierno) a abdicar. Podrían verse obligados a decirles que, si no podían
gobernar este país pacíficamente sin interferir con otras naciones, podrían
verse obligados, contra todo constitucionalismo, a arriesgarse a tomar el país
en sus propias manos.
No hay nada confuso
en esta perspectiva. El orador consideraba la acción directa como el método
para lograr sus fines. El Partido Laborista se convertiría en Gobierno sin el
preludio habitual de las elecciones generales. El observador externo se
pregunta por qué la «Internacional», que se cantó inmediatamente después de la
aprobación de la primera y la tercera resolución, se omitió después de la
segunda.
Español Todo el
argumento laborista para esta inauguración oficial de la acción directa giró en
el supuesto de que el gobierno bolchevique estaba de pie sobre una sábana
blanca y no contemplaba ninguna amenaza ulterior a la independencia polaca. El
Partido Laborista aceptó las profesiones bolcheviques a tal efecto con crédula
presteza. Entonces vino el asombroso desenlace . Resultó que,
con la característica duplicidad bolchevique, se habían eliminado del borrador
de los términos de paz propuestos, comunicados a Inglaterra, ciertos artículos
vitalmente importantes que iban a la raíz de la independencia polaca, que, sin
embargo, fueron insertados en el presentado por los bolcheviques a los polacos
en Minsk el 19 de agosto. La versión inglesa adulterada, después de especificar
la fuerza a la que se reduciría el ejército polaco, disponía que todas las
armas por encima de las requeridas para las necesidades del ejército así
reducido, "así como de la Milicia Cívica", debían ser entregadas a
Rusia. En la versión de Minsk, la Milicia Cívica era el quid de los términos;
debía ser reclutada de una sola clase, los trabajadores ;
Tener una fuerza cuatro veces superior a la del ejército regular polaco, y
estar armado; en otras palabras, un Ejército Rojo en Polonia. Esto cumplía
exactamente con el Artículo 8 de la Constitución de la Tercera Internacional de
Lenin, que estipula el "desarme".[84] De la burguesía y el
armamento de los trabajadores para defender el comunismo hasta que el
capitalismo sea finalmente abolido. En realidad, Polonia nunca presentó
argumento alguno para apoyar la acción directa. El motivo de su adopción fue
expresado con mucha mayor precisión por el Sr. Robert Williams, secretario de
la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte y miembro destacado del
tristemente célebre Consejo de Acción. En el Daily Herald del
25 de agosto de 1920, se informó que declaró lo siguiente:
Sentíamos que, con
la política del Sr. Lloyd George, que fluctúa según los acontecimientos, nos
veíamos amenazados de guerra desde el momento en que los polacos estaban en
peligro. Junto con varios amigos, redactamos un manifiesto que incluso los
líderes laboristas conservadores firmaron, pues reconocieron claramente que ya
no podían oponerse a los elementos avanzados que durante tanto tiempo
habían insistido en el empleo de la acción directa .
Esto recuerda el
aforismo de Lord Bacon sobre la facción: «A menudo se observa que unos pocos
inflexibles agotan a un mayor número de moderados». Los extremistas llevaban
diez años luchando por establecer la adopción de la acción directa en todas las
circunstancias como el arma habitual de ataque del Partido Laborista. Lo
consiguieron porque la principal preocupación de los líderes laboristas, ya sea
avanzando a la cabeza o pisándole los talones, es siempre, a cualquier precio,
asegurar o conservar la solidaridad.
Establecimiento de
los Soviets locales
Se organizaron más
de 350 Consejos Locales de Acción, en muchos distritos llamados Soviets, para
ejecutar las instrucciones del Consejo Central de Acción. Resultaba curioso ver
con qué rapidez el Consejo de Acción, al percatarse de la fuerte oposición de
la opinión pública, desmintió de inmediato cualquier intención de convocar una
huelga general en apoyo de la Rusia Soviética. Su única intención, como máximo,
era vetar la fabricación o el transporte de municiones o equipo para los
polacos. El Consejo comprendió rápidamente que la nación no toleraría la
aplicación de métodos revolucionarios en este país. Una de las razones
esgrimidas para la formación del Consejo de Acción fue evitar la injerencia del
Gobierno británico en los asuntos de la Rusia Soviética. Sin embargo, apenas
formado, dos delegados [6] del Consejo fueron a París para interferir entre el Gobierno
francés y el Partido Laborista francés. El Gobierno francés les infundió cierta
lógica y les exigió que abandonaran Francia.
[85]
CAPÍTULO VIII
LA POLÍTICA INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA DEL PARTIDO LABORISTA
1. DETALLES DE LAS PROPUESTAS
Las industrias y
empresas que deben nacionalizarse—Extensión de las empresas municipales—Control
de las industrias y empresas capitalistas—Política agrícola de los
trabajadores—Abolición del latifundismo—Consejos de agricultura—Salario mínimo
agrícola legal—Control obrero de la agricultura.
Ya hemos presentado
un esquema general de la política del Partido Laborista; ahora queda exponer
sus propuestas específicas para la reconstrucción de la industria. Estas las
tomamos de « El Partido Laborista y el Nuevo Orden Social» ,
publicado en 1918. Si, como es probable, los lectores se sienten ofendidos por
la falta de concreción, no es culpa del autor, sino del Partido Laborista.
Las industrias y
empresas que se nacionalizarán
El Partido
Laborista no solo defiende el principio de la propiedad común del territorio
nacional, que se aplicará según surjan las oportunidades adecuadas, sino
también, específicamente, la nacionalización inmediata de los ferrocarriles,
las minas y la producción de energía eléctrica. Sostenemos que la base misma de
cualquier reorganización exitosa de la industria británica debe encontrarse
necesariamente en la provisión de las mejores instalaciones de transporte y
comunicación, la producción de energía al precio más bajo posible y el
suministro más económico tanto de energía eléctrica como de carbón a todos los
rincones del reino. Por lo tanto, el Partido Laborista defiende, sin
vacilaciones, la propiedad y administración nacional de los ferrocarriles y canales,
y su unión, junto con los puertos y carreteras, y los correos y telégrafos —por
no hablar también de las grandes líneas de vapor que podrían ser propiedad
inmediata, si no gestionadas directamente en detalle, por el Gobierno— en un
servicio nacional unido de Comunicaciones y Transportes, que funcionaría sin la
intervención de intereses capitalistas, privados o puramente locales (y con una
participación cada vez mayor de la clase organizada).[86] trabajadores de
la administración, tanto central como local), exclusivamente por el bien común.
Si algún gobierno cometiera el error de proponer, al llegar la paz, devolver
los ferrocarriles a los accionistas; o se mostrara tan despilfarrador con el
patrimonio nacional como para otorgarles a estos accionistas una mayor
franquicia ofreciéndoles las economías de la unificación o los beneficios del
aumento de las tarifas ferroviarias; o tan extravagante como para destinar
fondos públicos al reequipamiento de líneas privadas —todos estos asuntos que
ahora están siendo intrigados privadamente por los intereses ferroviarios—, el
Partido Laborista opondrá la más enérgica oposición a cualquier proyecto de
este tipo. Los ferrocarriles y los canales, al igual que las carreteras, deben
pertenecer de ahora en adelante al público, y solo al público.
En la producción de
electricidad, para obtener energía, luz y calefacción a bajo precio, este país,
debido a la presión de los intereses privados, no ha logrado aprovechar la
ciencia. Incluso en las ciudades más grandes, seguimos vendiendo nuestra electricidad
a una escala despreciablemente pequeña. Lo que se necesita, inmediatamente
después de la guerra, es la construcción de una veintena de gigantescas
"supercentrales eléctricas" que podrían generar, a precios
increíblemente bajos, suficiente electricidad para el consumo de todos los
establecimientos industriales y hogares privados de Gran Bretaña, conectando
universalmente las actuales centrales eléctricas municipales y de capitales
conjuntos y utilizándolas para la distribución local. Este es inevitablemente
el futuro de la electricidad. Es evidente que una empresa tan grande y
poderosa, que afecta a todas las empresas industriales y, eventualmente, a
todos los hogares, no debe pasar a manos de capitalistas privados. Ya están
presionando al Gobierno para obtener la concesión, y ni el Partido Liberal ni
el Conservador se han decidido aún a rechazar esta nueva dotación de
especulación en lo que ahora será el elemento vital de la industria productiva
moderna. El Partido Laborista exige que la producción de “La electricidad en la
gigantesca escala necesaria se convertirá, desde el principio (con acuerdos
adecuados para la cooperación municipal en la distribución local), en una
empresa nacional, que funcionará exclusivamente con el objeto de suministrar a
todo el reino la energía, la luz y el calor más baratos posibles”.
Pero con los
ferrocarriles y la generación de electricidad en manos del público, sería una
locura criminal dejar a las 1.500 compañías mineras actuales el poder de
'retener' el suministro de carbón. Todas ellas operan ahora bajo control
público, en condiciones que prácticamente ofrecen a sus accionistas una
garantía legal de sus abultados ingresos. El Partido Laborista[87] El
Partido Laborista exige la nacionalización inmediata de las minas, que la
extracción de carbón y hierro se constituya en un servicio público (con una
participación cada vez mayor en la gestión, tanto central como local, de los
diversos puestos de trabajo), y que toda la distribución minorista de carbón
doméstico se asuma como un servicio público local, a cargo de los consejos
municipales o de condado electos. Y no hay razón para que el precio del carbón
fluctúe más que el de las tarifas ferroviarias, ni para que el consumidor tenga
que pagar más en invierno que en verano, ni en una ciudad que en otra. El
objetivo del Partido Laborista es, para el carbón doméstico de calidad
estándar, un precio fijo y uniforme para todo el reino, pagable por ricos y
pobres por igual, tan inalterable como el sello postal de un penique.
Pero el ámbito de
la nacionalización inmediata no se limita a estas grandes industrias. Nunca
lograremos consolidar el gigantesco sistema de seguros de salud, ni asegurar un
campo libre para la labor benéfica de las Sociedades de Ayuda Mutua, ni tener
vía libre para el necesario desarrollo del urgentemente necesario Ministerio de
Salud y el Servicio Local de Salud Pública, hasta que la nación expropie las
compañías de seguros industriales con fines de lucro, que ahora explotan
tiránicamente a la gente con sus derrochadores seguros de vida industriales
casa por casa. Solo mediante esta expropiación de las compañías de seguros de
vida podremos asegurar la provisión universal, libre de la onerosa carga de
peniques semanales, de la indispensable prestación funeraria. Tampoco es en
ningún sentido una medida de clase. Solo mediante la asunción por parte de un
Departamento de Estado de todo el negocio de los seguros de vida, los millones
de asegurados de todas las clases sociales podrán estar completamente protegidos
contra las posibles consecuencias desastrosas de la depreciación de los valores
y la suspensión de las bonificaciones que la guerra está causando. Solo así
podrá el gran número de agentes de seguros encontrar su lugar como funcionarios
públicos, con condiciones equitativas. “de empleo, compensación por cualquier
perturbación y seguridad en el empleo, en un servicio público organizado a
nivel nacional para el desempeño de las funciones cada vez mayores del Gobierno
en materia de estadísticas vitales y seguro social”.
En un ámbito muy
diferente, el Partido Laborista considera que la clave de la reforma de la
templanza reside en arrebatar la fabricación y venta minorista de bebidas
alcohólicas a quienes se benefician promoviendo el máximo consumo posible. En
esencia, se trata de un caso en el que el pueblo, en su conjunto, debe ejercer
su derecho a un poder pleno y sin restricciones para abordar la cuestión de las
licencias de acuerdo con la opinión local.[88] Para tal fin, las
localidades deberían haberles conferido facilidades:
“( a )
Prohibir la venta de licor dentro de sus límites;
“( b )
Reducir el número de licencias y regular las condiciones en que pueden
obtenerse; y
“( c )
Si una localidad decide que se concederán licencias, determinar si dichas
licencias estarán bajo control privado o bajo alguna forma de control público.”
Ampliación de la
Empresa Municipal
Otras industrias
importantes, especialmente aquellas que ahora están siendo monopolizadas,
deberían nacionalizarse a medida que se presente la oportunidad. Además, el
Partido Laborista sostiene que los municipios no deberían limitar sus
actividades a los servicios, necesariamente costosos, de educación, saneamiento
y policía; ni tampoco contentarse con adquirir el control del agua, el gas, la
electricidad y los tranvías locales; sino que se les debería brindar todas las
facilidades para adquirir (fácil, rápida y económicamente) todos los terrenos
que necesiten y ampliar sus actividades en materia de vivienda y urbanismo,
parques y bibliotecas públicas, la provisión de música y la organización de
actividades recreativas; y también para asumir, además de la venta minorista de
carbón, otros servicios de utilidad común, en particular el suministro local de
leche, donde esto no esté ya organizado de forma completa y satisfactoria por
una Cooperativa.
Control de las
industrias y negocios capitalistas
Mientras tanto, sin
embargo, no debemos desperdiciar la valiosa experiencia adquirida por el
Gobierno al asumir la importación de trigo, lana, metales y otros productos
básicos, y al controlar las industrias del transporte marítimo, la lana, el
cuero, la confección, la bota y el calzado, la molinería, la panadería, la
carnicería y otras. El Partido Laborista sostiene que, independientemente de
las deficiencias de la importación y el control gubernamental, se ha demostrado
que ha evitado mucha especulación. Y esto no puede terminar inmediatamente con
la declaración de paz. Sería una gran insensatez para el pueblo si permitiera
que sus industrias indispensables volvieran a estar bajo el control irrestricto
de capitalistas privados, quienes, de hecho, a instancias del propio Gobierno,
ahora están combinando rápidamente comercio a comercio en trusts monopolistas,
que pronto podrían volverse tan despiadados en su extorsión como los peores
ejemplos estadounidenses. Defendiendo como defiende el control democrático de
la industria, el Partido Laborista se lo pensaría dos veces antes de aprobar
cualquier abandono de la actual y rentable centralización.[89] de la
compra de materia prima; del actual racionamiento, cuidadosamente organizado
por comités conjuntos de los gremios involucrados, de los diversos
establecimientos con los materiales que necesitan; del actual y complejo
sistema de cálculo de costes y auditoría pública de las cuentas de los
fabricantes, para frenar el despilfarro causado hasta ahora por la ineficiencia
mecánica de las empresas más atrasadas; de la saludable publicidad actual de
los procesos de fabricación y los gastos que esta garantiza; y, con la
información así obtenida (para no volver nunca más a la especulación de
antaño), de la actual fijación rígida, para productos estandarizados, de
precios máximos en la fábrica, en el almacén del mayorista y en la tienda
minorista. Esta cuestión de los precios al por menor de los artículos para el
hogar es, sin duda, el asunto político más práctico para la electora. Los
políticos han descuidado durante demasiado tiempo las quejas de los hogares
pequeños, que son presa de toda combinación especulativa; y ni el Partido
Liberal ni el Conservador prometen, al respecto, ninguna enmienda. Esto tampoco
es, en ningún sentido, una medida de clase. Según el Partido Laborista, es
función del Gobierno, y parte tan necesaria de la regulación democrática de la
industria, salvaguardar los intereses de la comunidad en su conjunto y los de
todos los niveles y sectores de consumidores privados en materia de precios,
como, mediante las Leyes de Juntas de Fábrica y Comercio, proteger los derechos
de los productores asalariados en materia de salarios, horas de trabajo e
higiene.
Política agrícola
del Partido Laborista
Un panfleto oficial
titulado "El Partido Laborista y el Campo" expone la
política agrícola laborista "tal como fue establecida por los
representantes de los 300.000 miembros agrícolas afiliados al Partido".
Con orgullo, se anuncia que los miembros dedicados a la industria y residentes
en las ciudades no tuvieron ninguna participación. Se afirma que es fruto de la
experiencia práctica, la conclusión de expertos. Con el respaldo de la
Ejecutiva Nacional del Partido Laborista, se afirma que cristaliza los principios
sobre los que el Partido abordará los problemas agrícolas y rurales. La base
será el principio no sectario de "aumentar la producción de alimentos
mediante el empleo de más mano de obra británica en tierras británicas mejor
cultivadas". Se acusa al Gobierno de Coalición de repudiar este principio
y de haber perpetrado en 1921 un engaño descarado y escandaloso al
"derogar" las Leyes de Producción de Maíz de 1917 y 1920.
[90]
Abolición del
latifundismo
Ante todo, la
tierra debe ser nacionalizada. Muchos males y mucha opresión se atribuyen a la
propiedad privada. Los terratenientes han obstaculizado toda medida de reforma
agraria; han impedido la producción de alimentos; han obstaculizado la
vivienda, las pequeñas propiedades y la recuperación de tierras; han exigido
precios exorbitantes por la tierra para necesidades públicas y se han
apropiado, como incremento no ganado, de gran parte del valor de las mejoras de
cada inquilino. Por lo tanto, para el Partido Laborista, la sustitución de la
propiedad pública por la privada de la tierra (sujeta a un trato equitativo
para cada persona cuya propiedad sea necesaria para el bien común y a una
adecuada seguridad de tenencia de la vivienda y el hogar) es la base
fundamental de todas sus propuestas específicas.
Consejos de
Agricultura
Se constituirán
consejos de agricultura en cada condado, un tercio elegido por los
agricultores, otro tercio por los trabajadores agrícolas y el tercio restante
designado por las diversas autoridades públicas del condado, incluido el
consejo del condado, para representar el interés público. Se reconoce la buena
labor de los comités agrícolas del condado existentes, pero se les critica por
verse obstaculizados por su constitución. Los miembros de los consejos
recibirían gastos de viaje y remuneración por el tiempo dedicado al servicio
público. La principal función de cada consejo sería supervisar la agricultura
del condado y asegurar y mantener una mejora integral del cultivo, un aumento
de la superficie cultivada y un incremento global de la producción de alimentos.
En caso de malas prácticas agrícolas, los consejos tendrían la facultad de
expropiar las tierras y cultivarlas en beneficio del interés público. Un
Consejo Nacional Central de Agricultura asesoraría al Ministro de Agricultura.
Un salario mínimo
agrícola legal
Se establecerá un
salario mínimo legal (no se especifica si es a nivel nacional o distrital, pero
presumiblemente este último) y condiciones laborales estándar para todos los
trabajadores agrícolas, hortícolas y de huertos frutales, así como para los jardineros
domésticos, a quienes se extenderá el Plan Nacional de Seguro de Desempleo.
Esto se logrará, en primera instancia, mediante el restablecimiento de la Junta
Nacional de Salarios y los Comités de Salarios de Condado del Ministerio de
Agricultura, cuya abolición en 1921 se considera una "flagrante violación
de la fe". El fondo con el que se pagarán los aumentos salariales se
creará con las ganancias de[91] Mejor agricultura, mayor producción,
comercialización organizada, transporte más económico, precios minoristas más
bajos para los insumos agrícolas y la eliminación de las ganancias que ahora
obtienen intermediarios innecesarios. Se establecerá un sistema nacional de
seguros, gestionado cooperativamente por los propios agricultores, contra el
riesgo de condiciones climáticas adversas y caídas repentinas de los precios
mundiales.
Control obrero de
la agricultura
Se introducirá el
«control democrático» en la industria agrícola, al igual que en otras
industrias, «para superar la dependencia económica del trabajador agrícola
respecto del agricultor para su empleo y sustento, con la consiguiente
inferioridad». El funcionamiento de los consejos de agricultura será un paso
hacia ese fin. Sin embargo, la declaración de política es prudentemente evasiva
y no se explica el significado completo del «control democrático» ni sus
implicaciones en lo que respecta a la agricultura.
[92]
CAPÍTULO IX
LA POLÍTICA INDUSTRIAL Y AGRARIA DEL PARTIDO LABORISTA
2. UNA CRÍTICA
Qué es el
capitalismo—Nuestra deuda con el capitalismo—Los supuestos defectos del
capitalismo—Dónde se admite la necesidad de reformas—El fracaso de los
experimentos socialistas pasados—Límites dentro de los cuales es practicable la
nacionalización—Los diferentes esquemas de nacionalización de tierras—El
esquema de impuestos—El esquema de compra estatal—Los esquemas socialistas de
confiscación—Las concepciones subyacentes a cada esquema—Las desventajas de la
propiedad estatal de la tierra.
Nos proponemos
ahora ofrecer algunas críticas generales a la política industrial y agraria del
Partido Laborista.
¿Qué es el
capitalismo?
El objetivo
principal del Partido Laborista, como hemos demostrado, es abolir el
capitalismo. ¿Qué entendemos, entonces, por eso? No hay mejor descripción que
la que tan admirablemente ha hecho el distinguido escritor, el Sr. Hartley
Withers, en "El caso del capitalismo" , pág. 13:
El sistema actual
bajo el cual trabajamos e intercambiamos nuestro trabajo por el de otros es el
que comúnmente se describe como capitalismo. Bajo este sistema, cada persona,
hombre o mujer, puede elegir qué trabajo intentará realizar y a qué empleador intentará
servir; si no le gusta su trabajo o su empleador, puede dejarlo e intentar
conseguir otro. No puede ganar dinero a menos que pueda realizar un trabajo que
alguien quiera comprar, por lo que compite con todos los demás trabajadores en
la producción de bienes o servicios que otros desean y están dispuestos a
pagar. Su recompensa depende del éxito con el que pueda satisfacer las
necesidades de los demás. El dinero que gane a cambio de su trabajo puede
gastarlo como desee en la compra de bienes y servicios para su propio uso o el
de sus dependientes, o puede invertirlo en la apertura de un negocio o
industria por cuenta propia, o en acciones y deudas de empresas públicas, y
deudas de gobiernos u organismos públicos; estos valores le pagarán una tasa de
ganancia o interés si las empresas o los deudores prosperan y son solventes.
Todo el dinero que gane por su trabajo o por inversión, después de pagar los
impuestos correspondientes, puede... el Estado exige transmitirlo a los
herederos que él designe.
El sistema se basa,
pues, en la propiedad privada, la competencia, el esfuerzo individual, la
responsabilidad individual y la elección individual. Bajo él, todos los hombres
y mujeres se enfrentan, con mayor o menor frecuencia, a problemas
que[93] Tienen que decidir y, según sea correcta o incorrecta su decisión,
su bienestar y el de sus dependientes aumentará o disminuirá. Por lo tanto, es
muy estimulante y vigorizante, y se podría esperar que impulse el máximo
esfuerzo del individuo para realizar un buen trabajo bien remunerado, de modo
que él y los suyos puedan prosperar y multiplicarse. Si tan solo todos tuvieran
un comienzo justo y comenzaran la vida con las mismas oportunidades de
aprovechar al máximo su laboriosidad y sus capacidades, sería difícil idear un
plan de vida económica más propicio para producir grandes resultados de la
naturaleza humana tal como es ahora; estimulando sus instintos de lucro y
rivalidad para una gran producción de bienes y servicios, y agudizando sus
facultades, no solo para el ejercicio de este uso puramente material, sino
también para resolver los problemas más importantes de la vida y las relaciones
humanas que lo sustentan.
El sistema
capitalista data de la Revolución Industrial (1780-1830), cuando la industria
doméstica fue sustituida por la producción fabril. Desde entonces, como la mano
de obra era abundante y estaba mal organizada, y el capital era más difícil de
conseguir, el capitalista ocupó, en relación con el trabajador, una posición
más fuerte en la industria. Este incidente pasajero es lo que el Sr. Sidney
Webb, en su Constitución para una Mancomunidad Socialista de Gran
Bretaña, describe como «el error central del sistema capitalista»:
Pero el principal
error del sistema capitalista no es la pobreza de los pobres ni la riqueza de
los ricos: es el poder que la mera posesión de los instrumentos de producción
otorga a un sector relativamente pequeño de la comunidad sobre las acciones de
sus conciudadanos y sobre el entorno mental y físico de las generaciones
sucesivas. Bajo tal sistema, la libertad personal se convierte, para grandes
masas de personas, en poco más que una burla. La pequeña minoría de ricos
disfruta no solo de libertad personal, sino también de poder personal sobre la
vida de los demás; mientras que la masa subyacente de pobres ve su libertad
personal restringida a la elección entre obedecer las órdenes de amos
irresponsables, obsesionados con su propio placer o beneficio, o quedarse sin
los medios de subsistencia para sí mismos y sus familias.
Nuestra deuda con
el capitalismo
La propuesta del
Partido Laborista, por lo tanto, es abolir el capitalismo y reemplazarlo por
ese tipo de socialismo conocido como “nacionalización y control democrático”.
Primero, debemos darnos cuenta de lo que le debemos al capitalismo que se nos
pide destruir. Nuestra primera deuda es, sin duda, la libertad. Esto lo explica
convincentemente el Sr. Harold Cox en su libro Economic Liberty ,
pág. 2. Libertad para poseer y usar la propiedad de manera coherente con el
bien de la comunidad, libertad para comprar, vender, trabajar, hacer huelga; de
hecho, libertad completa en todas las relaciones económicas. Esta debe ser
abandonada y reemplazada por el control burocrático del socialista de Estado, o
el control igualmente autocrático bajo el esquema del socialista gremial. La
libertad es un premio que no se debe renunciar apresuradamente. Este sistema
capitalista no es el sistema egoísta descrito por el Partido Laborista. Solo
puede existir si proporciona[94] bienes y servicios que la comunidad
necesita, a precios que esta pueda pagar. Esta no es una responsabilidad menor.
Una de las consecuencias necesarias de cualquier organización socialista de la
industria es que la comunidad debe usar y pagar por los bienes que le resulten
convenientes y deseables a la industria; por lo tanto, bajo cualquier régimen
socialista, el consumidor, en lugar de ser un objeto de consideración, se
convierte en una mera rueda del mecanismo de producción.
El sistema
capitalista fomenta la energía y el ahorro, aunque la primera se ha visto en
gran medida neutralizada por el efecto esterilizador de las doctrinas
sindicales contra la producción, y la segunda, frustrada por la incapacidad de
la industria, como resultado de la producción así restringida, para pagar
salarios altos. Bajo un régimen socialista, el trabajador no recibe salario,
sino "paga", independientemente de si trabaja o no. Todo progreso en
la industria depende de la iniciativa, el emprendimiento y la disposición a
asumir riesgos. Hoy en día, los riesgos los asume el propietario del capital y,
si se materializan, los asume él y no los trabajadores ni la comunidad. Sería
absurdo afirmar que el Estado bajo el socialismo de Estado o la industria bajo
cualquier forma de control democrático ejercerían o podrían ejercer la misma
iniciativa o mostrar el mismo emprendimiento que el capitalista privado. La
historia económica abunda en ejemplos de grandes industrias que ahora emplean a
miles de trabajadores y que fueron fundadas originalmente por capitalistas que,
con tenacidad, se negaron a aceptar el fracaso y, mediante una empresa tenaz,
triunfaron. El mundo ha prosperado maravillosamente bajo la organización
capitalista de la industria. Vemos una mejora considerable en las condiciones
sociales, la realización de innumerables reformas sociales y un progreso
prodigioso en el bienestar de la población. Sir Josiah Stamp, una autoridad
destacada, afirmó en 1921, como resultado de una investigación estadística, que
«la persona común de hoy tiene cuatro veces más recursos en bienes reales que
la persona en el mismo nivel de la escala a principios del siglo XIX». Durante
estos cien años, la población se ha cuadruplicado. La situación del trabajador
progresó de forma constante desde 1800 hasta 1900, cuando, en ciertas
industrias, se observaron tendencias de retroceso. Ha sido un récord continuo
de aumento del nivel de vida y de los salarios, tanto nominales como de poder
adquisitivo, debido a la mejora en la producción derivada de la introducción de
maquinaria, el desarrollo de la producción alimentaria en nuevos países y la
expansión de nuestro comercio exportador. Esto se ha debido, en gran medida, a
la organización capitalista de la industria y a su capacidad para satisfacer
las demandas.[95] del consumidor y de la extraordinaria elasticidad
inherente al sistema de adaptarse a circunstancias variables.
Sin la maquinaria
proporcionada por el tan maltratado capitalista, el Partido Laborista estaría
hoy "escarbando el suelo" para ganarse la vida con miseria. La
organización capitalista de la industria jamás habría sobrevivido de no haber
sido, en general, económicamente sólida y, en general, un sistema que favorecía
el bienestar social. Este es el sistema que el Partido Laborista pretende
destruir por completo debido a ciertos supuestos defectos, y reemplazarlo por
un régimen socialista inédito.
Los supuestos
defectos del capitalismo
En primer lugar, se
dice que, bajo el capitalismo, el incentivo se condena éticamente, ya que un
empleador se mueve exclusivamente por el deseo de obtener su propio beneficio.
No veo ninguna vileza en ese motivo; un empleador solo puede obtener beneficios
si logra servir a la comunidad. Hay, por supuesto, algunos —personalmente he
conocido a muy pocos— empleadores que intentan deliberadamente imponer a los
consumidores crédulos un artículo adulterado o espurio. Pero es exactamente por
el mismo motivo, es decir, el lucro, que el trabajador sirve a su empleador, o,
si esa es una analogía inaceptable, que un miembro de una cuadrilla de
trabajadores sirve a su compañero, quien es el jefe de la cuadrilla y lo
emplea. Hay tantos trabajadores, incluso más, dispuestos a hacer pasar el mal
trabajo a su empleador como empleadores dispuestos a hacer pasar el mal trabajo
a la comunidad.
Frente a este
incentivo del lucro privado, los sindicalistas sustituían el incentivo
imaginario de que cada trabajador trabajaría por el bien de su propio grupo;
los gremios nacionales, que cada trabajador trabajaría por el beneficio de su
gremio, y los socialistas estatales, que cada trabajador trabajaría para el
Estado. En resumen, esto significa que cada trabajador, al final, trabajaría
por lo que pudiera obtener, o si obtuviera la misma ventaja sin trabajar tan
duro, no trabajaría con tanto ahínco. La sugerencia de que los trabajadores
trabajarían con mayor ahínco por la comunidad o el Estado es tan contraria a mi
propia experiencia que me resulta difícil tratarla con respeto. Nunca fue así
durante la guerra: en las fábricas, astilleros y arsenales del Gobierno, hubo
tanta restricción de la producción como en las fábricas de empleadores
privados, y considerablemente más huelgas. En ninguno de nuestros servicios
municipales se ha comprobado que esto sea cierto. La huelga ferroviaria de
septiembre de 1919, mientras los ferrocarriles estaban bajo control
gubernamental, es solo otra ilustración de la falsedad de esta sugerencia.
[96]
Se dice que, bajo
el sistema capitalista, el trabajo se compra y se vende como mercancía. Esta es
una de esas frases que expresan más de lo que pretenden. El abogado vende su
asesoramiento legal, el cirujano su habilidad operativa, el músico su capacidad
técnica, gusto y expresión, tal como quien posee una mercancía la vende. No veo
ninguna degradación moral en que un trabajador acepte un salario, como tampoco
lo hace un abogado particular en una entidad financiera, un cirujano residente
en un hospital o un organista en una parroquia. Todos ellos están sujetos a un
preaviso de rescisión, al igual que un trabajador manual; probablemente no con
una semana de preaviso, sino con un plazo mayor. La acusación se agrava aún más
y se llama al capitalista ladrón; en otras palabras, se apropia, para su propio
beneficio, de algo que debería pertenecer al trabajo. Esta proposición,
manifiestamente falsa, es tan aceptada por los trabajadores que merece ser
examinada. Si un sindicalista, por ejemplo, un capataz chapista, en uno de
nuestros grandes centros de reparación naval, trabaja duro y obtiene, como en
tiempos normales, grandes ingresos, puede hacer una o dos cosas con ellos:
gastarlos en sus propias diversiones o en derroches; por otro lado, puede
ahorrarlos e invertirlos, como he sabido que hacen muchos, en una pequeña
empresa industrial de su propio distrito. En el primer caso, es, por consenso
general, un hombre honorable, aunque insensato; en el segundo, sin duda no se
le llamará ladrón. Ha invertido parte de su riqueza para generar más, y el
aumento resultante no constituye un robo a los trabajadores de la empresa en la
que invierte su dinero. Pero, en ese caso, es miembro del movimiento obrero.
Entre este caso y el de la entidad financiera que se dedica a recaudar los
ahorros o el excedente de riqueza de personas ahorrativas para invertirlos en
la industria, no hay ninguna diferencia de principio.
El capitalismo
implica competencia, y la competencia, según el Partido Laborista, debe
erradicarse de la actividad social e industrial. Es difícil entender por qué la
competencia debería ser beneficiosa en todos los ámbitos de la vida humana y
proporcionar un estímulo saludable, pero no proporcionar un estímulo igualmente
beneficioso en los asuntos industriales y comerciales. Lo que el Partido
Laborista realmente pretende decir es que la competencia actúa para deprimir
los salarios y reducir el nivel de vida del trabajador. Esto es solo una parte;
la competencia actúa para aumentar la demanda de productos básicos y el volumen
de empleo, y, si la producción no se restringiera, aumentaría los salarios.
Luego se dice que la organización capitalista de la industria implica
despilfarro económico.[97] Esto significa que la industria funciona con
menor eficiencia bajo gestión privada que bajo control gubernamental o
democrático. Si hay despilfarro, el capitalista es el que sufre; el
sindicalista siempre recibe su salario estándar. Si hay despilfarro por parte
de los empleadores, como ocurre en algunos talleres mal organizados, el
despilfarro es mayor, en forma de producción restringida por parte del
trabajador. La organización y la eficiencia son, por supuesto, esenciales para
el progreso industrial, pero sugerir que estas cualidades esenciales se
obtienen mejor bajo control burocrático o democrático contradice nuestra
experiencia durante la guerra y las condiciones actuales en Rusia, donde el
control democrático ha aniquilado la industria.
Dónde se reconoce
que se necesita una reforma
No debe asumirse
que el sistema capitalista de organización industrial es perfecto y no necesita
reformas; desafortunadamente, presenta varias deficiencias bien marcadas. En
primer lugar, un empleador solo emplea a una persona mientras este desee o
considere que puede hacerlo de forma rentable, de la misma manera que el
trabajador solo trabaja para un empleador mientras le convenga y no encuentre
un trabajo mejor. Un defecto, sin duda, del sistema capitalista actual es la
incapacidad de los empleadores de la industria en su conjunto o de cada
industria en particular para prevenir el desempleo. Sobre este tema tengo mucho
que decir en una parte posterior de este libro. Además, en el pasado existía
una lamentable tendencia, que en los últimos años ha felizmente desaparecido,
entre los mejores empleadores: descuidar las cualidades humanas, las
aspiraciones, las necesidades y las susceptibilidades del trabajador, sumada a
la negligencia a la hora de velar por su bienestar y bienestar en la empresa.
Esto, sin embargo, no es intrínseco a la organización capitalista de la
industria; He escuchado quejas igualmente amargas de los trabajadores cuando he
actuado como árbitro en disputas entre empleados de las sociedades cooperativas
“no capitalistas” y las direcciones democráticas de las sociedades.
Sin embargo, existe
una queja contra el capitalismo que, si bien se ha remediado en gran medida en
los últimos años, sin embargo, en épocas normales, inmediatamente antes de la
guerra, ciertamente existía: la insuficiente distribución del producto de la industria
entre los trabajadores; en muchos casos, el capital recibía una parte indebida
de la recompensa. Esta era una política miope, pues los buenos salarios para
los trabajadores, siempre que estos produzcan un buen rendimiento, se traducen
en que estos posean un buen poder adquisitivo.[98] Poder; y como muchos
trabajadores también son consumidores, esto genera una buena demanda de bienes,
lo que beneficia a los fabricantes y a la comunidad. Pero si algunos
empleadores se apropiaban, a modo de lucro, de una parte excesiva del producto
de la industria, los trabajadores hacían exactamente lo mismo si se presentaba
la oportunidad. Un ejemplo de esto es la forma en que, por acuerdo entre los
empleadores y los sindicatos de la construcción, los costos se vieron
impulsados al alza por los convenios salariales, lo que contribuyó en gran
medida a la escasez de viviendas y colocó al obrero de la construcción no
cualificado en una posición salarial sustancialmente superior a la del
ingeniero cualificado, quien normalmente tiene un nivel salarial más alto.
El fracaso de los
experimentos socialistas pasados
Al debatir, a
partir de hipótesis a priori, el funcionamiento práctico de las motivaciones
elementales de la gente común, conviene aprender de la experiencia. Ha habido
al menos setenta intentos de implementar el socialismo secular, de los cuales
cinco solo sobrevivieron a su cuarto año de vida. Existió la nueva Comunidad de
Armonía para la Igualdad, financiada y fundada en Estados Unidos en 1825 por
Robert Owen. Uno de sus artículos constitutivos disponía que «cada miembro
prestará sus servicios para el bien común». Fue un fracaso estrepitoso. Owen
había proporcionado tierras, casas y el uso de capital, otorgando a algunas
personas arrendamientos de grandes extensiones de tierra por 2000 años a una
renta nominal y solo por consideraciones morales. Dirigiéndose a los colonos en
1827, dijo: «Considero que los hábitos del sistema individualista son tan
poderosos que estos arrendamientos se han aplicado, con pocas excepciones, para
fines y beneficios individuales». También estaba la Falange de Brook Farm, fundada
en 1842, con la que Emerson estaba asociado; la Falange de Wisconsin, fundada
en 1844, y la Falange de Norteamérica, unos años más tarde.
Los hechos
principales y la historia de estas aventuras socialistas deben leerse en
"Los límites de la democracia pura" del Sr. WH
Mallock , Libro IV, cap. 2, pág. 201, donde se exponen con gran agudeza
crítica. El último de estos grandes experimentos tuvo lugar en 1893, cuando
William Lane estableció su "Nueva Australia" en Paraguay. En la
constitución de Lane, los trabajadores eran controlados y dirigidos por
funcionarios de su propia elección. La colonia sufrió una gran desgracia y
finalmente decidió por votación que cada hombre tendría derecho a disponer de
los frutos de su propia industria. El Gobierno otorgó una nueva concesión de
tierras a un gran número de los colonos originales; se recuperaron de su
fracaso y, bajo el estímulo de...[99] Cada uno trabajando por su cuenta,
agricultores prósperos. Las causas del desafortunado final de aquellas grandes
aventuras las resume así el Sr. Mallock (p. 216): «En términos generales,
pueden reducirse a dos: una inherente a la naturaleza de toda industria
colectiva, la otra inherente a la naturaleza de los seres humanos, con la única
excepción de pequeñas y esencialmente selectas minorías. La primera de estas
causas fue la falta de capacidad para la dirección industrial. La segunda fue
la falta de un sentimiento general lo suficientemente fuerte y persistente como
para garantizar que las instrucciones, de darse, se aceptaran con sumisión por
un lado y se cumplieran con diligencia, puntualidad y constancia por el otro,
bajo un sistema social cuyo objetivo esencial era igualar las condiciones del
peor trabajador a las del mejor».
Límites dentro de
los cuales es practicable la nacionalización
Los trabajadores,
por supuesto, dirán que estos pequeños experimentos no tienen ninguna relación
con la nacionalización y el control de las grandes industrias. Hasta cierto
punto tienen razón. Sin embargo, existen ciertos límites definidos para una
nacionalización exitosa. Una industria que se limita a la prestación de
servicios es totalmente diferente a una industria cuyo negocio es producir
bienes. No existen las mismas restricciones severas a la eficiencia en el
primer caso que en el segundo. De hecho, los servicios pueden ser de tal
naturaleza que solo puedan prestarse eficientemente bajo la administración
estatal o municipal. Si el éxito de la prestación del servicio depende de la
preservación de un monopolio, puede existir un caso para la nacionalización;
como ejemplo de esto, podemos tomar el caso de Correos. Asimismo, puede ser
necesario un servicio integral en partes del país donde deba prestarse con
pérdidas, y en otras donde pueda prestarse con ganancias, compensándose las
pérdidas en el primer caso con las ganancias en el segundo. En tales
condiciones, la nacionalización puede ser el único procedimiento posible. A
veces se aducen analogías continentales para la nacionalización, pero el
temperamento y la tradición continentales han sido completamente diferentes a
los que prevalecen en este país. Nunca hubo en los países latinoamericanos el
mismo espíritu de empresa privada que en nosotros; en los primeros, la opinión
pública dependía del Estado para la prestación de todos los servicios públicos.
Cuando ha habido oportunidad de comparar la eficiencia de los servicios
prestados por el Estado con los de la empresa privada, la comparación siempre
se ha hecho en contra del Estado. Basta con leer German v. British
Railways , de Edwin A. Pratt (PS King).[100] & Son,
1907), Bosquejo histórico de la propiedad estatal de los ferrocarriles ,
por Sir William Acworth, KCIE (John Murray, 1920), para comprender algunas de
las desventajas de la nacionalización. El socialista en este país
invariablemente recurre al Servicio Postal como ejemplo convincente del éxito
de la gestión estatal, pero la comunidad empresarial difícilmente estará
dispuesta a aceptarlo como argumento concluyente de la eficacia de la
nacionalización.
Los diferentes
esquemas de nacionalización de tierras
No está claro qué
entiende el Partido Laborista por "propiedad pública" de la tierra.
El término "nacionalización" es igualmente vago. En referencia a la
tierra, se usa comúnmente para referirse a alguna forma de "comunización",
es decir, la adquisición y propiedad, ya sea por parte de toda la comunidad o
de un sector de ella. La primera es la nacionalización propiamente dicha, es
decir, la propiedad de la nación; la segunda es la
"municipalización", es decir, la propiedad de una autoridad local.
Sin embargo, la municipalización de la tierra prácticamente ha desaparecido
como propuesta.
Todos los
nacionalizadores de tierras asumen que la propiedad abarca dos derechos
fundamentales. (1) El derecho a obtener un ingreso del uso de la tierra, es
decir, recibir la renta. (2) El derecho a controlar la forma en que se
utilizará la tierra. Describen estos dos derechos como el "derecho a la
renta" y el "derecho de control", respectivamente. Cuando la
tierra se mantiene en pleno dominio, el derecho a la renta y el derecho de
control suelen estar conferidos a una misma persona, a saber, el propietario.
Sin embargo, cuando la relación de propietario e inquilino se ha creado
mediante un contrato de arrendamiento, el derecho a la renta, cuando existe,
suele estar conferido al propietario. El derecho de control se confiere
parcialmente al propietario y parcialmente al inquilino. Las facultades del
propietario, parciales o no según las circunstancias, de controlar los usos que
el inquilino puede dar a la tierra, dependen del contrato de arrendamiento.
Los planes de
nacionalización de tierras se dividen en tres clases según su efecto sobre el
derecho a la renta y el derecho de control. Primero, la totalidad de los
ingresos de la tierra irán en última instancia al Estado, pero la posesión y el
derecho de control de la tierra se mantendrán como si fueran de propiedad
privada. En este caso, la transferencia de los ingresos de la tierra al Estado
se efectuará mediante un aumento de los impuestos nacionales sobre el valor de
la tierra. Este es el plan de la escuela de nacionalizadores de tierras que
sigue al Sr. Henry George, y está representada principalmente por la Liga
Inglesa para la Tributación del Valor de la Tierra. Se explica con detalle en
el libro del Sr. George, Progreso y Pobreza , y se
llamará...[101] El "Plan George" o "Plan de Exclusión
Fiscal". En segundo lugar, el derecho de control de la tierra se
arrebatará a los propietarios privados y se transferirá al Estado mediante una
adquisición estatal, pero los propietarios no sufrirán pérdidas sustanciales de
ingresos. Recibirán Bonos del Gobierno con un valor de capital que genere un
interés anual igual a la renta neta de la tierra en cuestión. Este es el plan
de la Sociedad de Nacionalización de la Tierra, presidida por el difunto Dr.
Alfred R. Wallace, FRS, OM. Se denominará "Plan de la Sociedad de
Nacionalización" o "Plan de Adquisición Estatal". En tercer
lugar, los propietarios actuales serán expropiados y privados del derecho a la
renta y del derecho de control, perdiendo así la totalidad o una parte muy
considerable de sus ingresos derivados de la tierra. Otros socialistas, además
de los socialistas estatales, que suscriben el programa de la Sociedad de
Nacionalización de la Tierra, defienden esta política. Algunos concederían una
compensación a los propietarios, pero no una cantidad suficiente para mantener
sus ingresos actuales. Por ejemplo, los Gremios Nacionales pagarían una
compensación irrisoria en Bonos del Estado, equivalente en valor nominal al
valor capitalizado de una anualidad de dos a tres años por el mismo importe
anual que la renta neta. Los Sindicalistas, en cambio, confiscarían la
totalidad de la propiedad privada de la tierra sin compensación alguna. Estos
diversos planes descritos en el punto "tercero" se denominarán
"planes socialistas".
El plan de exención
de impuestos
El Sr. George
describe así su «plan de exoneración de impuestos» en la página 288 de Progreso
y pobreza :
No propongo comprar
ni confiscar la propiedad privada de la tierra. Lo primero sería injusto; lo
segundo, innecesario. Que quienes la poseen conserven, si así lo desean, la
posesión de lo que les place llamar su tierra. Que sigan
llamándola su tierra. Que la compren, la vendan, la leguen y
la legaten. Podemos dejarles la cáscara con tranquilidad si nos quedamos con la
semilla. No es necesario confiscar la tierra, solo es necesario
confiscar la renta .
En relación con el
“plan George”, la cuestión es si existe alguna justificación especial para
confiscar un ingreso derivado de la tierra en comparación con otros ingresos.
El Plan de Compras
Estatales
El objeto del “Plan
de la Sociedad de Nacionalización de Tierras” tal como se publicó es
“establecer la propiedad pública de la tierra mediante una compensación justa
basada en su valor determinado para[102] efectos tributarios”. Se insiste
en que el Estado debe tomar posesión de las tierras agrícolas primero y de la
propiedad de las viviendas en un período posterior.
Se afirma que la
propiedad pública garantizará:
(1) Que el uso de
la tierra será fácilmente obtenible por todas las clases de la comunidad sin
estar sujeto al veto de ningún terrateniente.
(2) Que se
establecerán las mejores condiciones posibles de arrendamiento de modo que
todos los inquilinos estatales tengan la misma seguridad que tienen hoy los
propietarios libres y pleno derecho al valor de las mejoras que realicen.
(3) Que la
comunidad podrá determinar, en interés general de todos, a qué usos se
destinará la tierra.
(4) Que en última
instancia todo el valor de la tierra quedará asegurado para el bien común.
Esto, por supuesto,
es solo un resumen de los supuestos beneficios de la compra estatal. La
Sociedad de Nacionalización de Tierras los amplía con gran detalle en sus
diversas publicaciones.
Los planes de
confiscación socialistas
La característica
principal de los "planes socialistas" es la confiscación pura y dura.
La forma exacta de lograrla depende de la escuela socialista en particular: los
constitucionalistas dicen que mediante la legislación; los revolucionarios, mediante
la acción directa que culmine en la revolución social.
Las concepciones
subyacentes a cada esquema
Las concepciones
fundamentales que sustentan los esquemas son las siguientes:
( a )
Los georgitas sostienen que la tierra desnuda fue dada por
Dios a la raza humana, pero que luego fue robada por barones ladrones, o tomada
del pueblo por reyes malvados y entregada con motivos ficticios o razones
nefastas a cortesanos que cumplieron la voluntad real.
( b )
La Sociedad de Nacionalización de Tierras basa toda su defensa
de la compra estatal en este axioma básico:
Todos los hombres
tienen el mismo derecho a vivir, y como nadie puede vivir sin tierra, se deduce
que todos tienen el mismo derecho al uso de la tierra necesaria para su
existencia. A pesar de esto, la tierra sigue siendo propiedad privada; el
propietario privado tiene la supremacía sobre ella; puede excluir a cualquiera
de ella con graves consecuencias económicas. Solo bajo la propiedad estatal,
afirma la Sociedad de Nacionalización, esto puede remediarse.
[103]
( c )
Los socialistas , es decir, los gremios nacionales y los
sindicalistas, basaron su plan en ambos supuestos anteriores; los
sindicalistas, además, afirmaban que no se debía pagar ninguna renta ni
siquiera al Estado, sino que la tierra debía pertenecer directamente al pueblo
y distribuirse entre él.
En política
práctica, el plan de compra estatal de la Sociedad de Nacionalización es de
suma importancia. Aunque los georgistas y los socialistas son activos y
vociferantes, sus respectivos planes tienen mucha menor importancia relativa.
Incluso suponiendo que la tierra fuera adquirida originalmente por particulares
mediante robo o injusticia, la mejor respuesta equitativa al plan de
expropiación fiscal es probablemente la de la Sociedad de Nacionalización:
Respondemos que si
bien la tierra es nuestra por todo derecho moral, y nos
proponemos asumir la posesión de ella mediante un proceso obligatorio,
reconocemos que un gran número de hombres honestos (ni barones ladrones ni sus
descendientes) han invertido dinero realmente ganado en tierras, ya sea como
individuos o como miembros de sociedades de construcción, de seguros y
cooperativas y sindicatos.
“Por lo tanto, no
proponemos confiscar ese dinero (es decir, aquella parte de la renta que
representa el valor de la tierra desnuda) y dejarles lo que es suyo (es decir,
aquella parte de la renta que representa el valor de las mejoras)” ( The
Land Nationalizer , mayo de 1919, pág. 5).
El Secretario de la
Sociedad de Nacionalización de Tierras escribe así:
Quienes estamos a
favor de la compensación la justificamos por razones que nos parecen de
equidad. Sostenemos que los terratenientes actuales no fundaron el sistema de
propiedad privada de la tierra y no deberían ser castigados (por expoliación)
como si lo hubieran hecho. Los culpables originales han muerto y ya no tienen
castigo. Los terratenientes actuales tampoco son los únicos responsables del
mantenimiento del sistema. Este sistema cuenta con el apoyo de las clases
acomodadas en general, que consideran la tierra como propiedad privada
legítima, e incluso de la gran masa de personas sin tierra irreflexivas que
envían a la mayoría de terratenientes y amigos de terratenientes al Parlamento
a la menor oportunidad. Si poseer tierras es un delito, entonces la mayoría del
pueblo británico es cómplice de ello... Debemos estar dispuestos a dar un valor
justo por la tierra, ya sea que esté en manos de un duque o de un trabajador.
( Compra de Tierras Estatales , por Joseph Hyder, pág. 3).
La respuesta
práctica al plan "George" o "plan de exoneración fiscal" es
que no es posible separar el valor de la tierra del valor de las mejoras
realizadas en ella. Todo lo que la humanidad ha añadido a la tierra natural es
capital y debería, según la perspectiva de George, ser inviolable. Al proponer,
como lo hace el "plan George", solo considerar "el valor de las
mejoras claramente distinguibles realizadas dentro de un rango
moderado"[104] tiempo”, se está confiscando capital. Es decir, se
está confiscando algo que no fue robado. Si se puede confiscar una forma de
capital, ¿por qué no todas?
La Sociedad de
Nacionalización de Tierras ha formulado numerosas objeciones al plan
"George" o de "exclusión fiscal", además de su injusticia.
Argumentan que sería un proceso interminable, que no sería eficaz —como lo
demuestra el fracaso de los elevados impuestos a la tierra en Canadá, Nueva
Zelanda o Australia para abaratar la tierra o eliminar a los terratenientes— y
que el público no lo aceptaría. Con tantas personas propietarias de pequeñas
parcelas, tendería a aumentar el número de terratenientes en lugar de
reducirlo.
La forma en que los
defensores de la compra estatal intentan defender su postura es muy sencilla y
lo hacen con gran ingenio. Primero intentan demostrar su axioma fundamental del
"derecho a la vida" apelando a los grandes juristas ingleses, los
autores de sociología y las autoridades en economía política. Tras haberlo
hecho a su entera satisfacción, proceden a ofrecer extensas ilustraciones de
supuestas acciones despóticas y groseras por parte de los terratenientes. Los
favoritos son las expropiaciones de tierras de las Tierras Altas y el
latifundismo en Irlanda. A continuación, presentan una gran cantidad de casos
de supuesta negación de tierras por parte de terratenientes para obras de
importancia pública, o de la exacción por parte de terratenientes de lo que se
afirma (sin ninguna prueba) es un precio totalmente irrazonable por tierras
para fines públicos (véase, por ejemplo, el capítulo V, "La extorsión de
altos precios por la tierra" en " El caso de la
nacionalización de la tierra " , de Joseph Hyder, Simpkin,
Marshall & Co.). Se dice que todos estos males se deben directamente a la
propiedad privada de la tierra. Estos casos, si alguna vez existieron, se han
remediado ampliamente con leyes recientes que facilitan la adquisición de
tierras. [7] Llegados a este punto, toda dificultad o mal al que está sujeto un
agricultor o trabajador agrícola se encuentra igualmente bajo la misma cadena
de razonamiento atribuida (sin pruebas) a la propiedad privada de la tierra.
Por lo tanto, si se quiere reivindicar el axioma básico, la propiedad privada
debe ser eliminada. No hay lógica en tal razonamiento, incluso suponiendo que
el axioma básico en su sentido más amplio sea válido; de hecho, no lo es. Todo
lo que estos ejemplos muestran es que el actual sistema agrario puede, en
ciertos aspectos, requerir una reforma, no que deba ser abolido. El argumento
no justifica su erradicación completa.[105] de todo el sistema de
propietarios de tierras, y menos aún de la compra estatal. La falacia reside en
la suposición, totalmente infundada, de que la propiedad estatal es la única
alternativa a un sistema de tierras sin reformar.
Las desventajas de
la propiedad estatal de la tierra
Es difícil enunciar
sucintamente las numerosas objeciones [8] a la propiedad estatal de la tierra:
a ) La
primera es la incompetencia del Estado a través de una administración
burocrática rígida sujeta a presiones políticas para gestionar de manera
eficiente o económica una industria altamente técnica como la agricultura,
cuyas condiciones varían en cada distrito e incluso en cada finca (lo cual es
admitido por el Partido Laborista), o incluso la tierra de la que depende
directamente la compleja industria.
( b )
La compra estatal implicaría un aumento enorme de nuestra deuda nacional que no
podemos permitirnos y para el cual no hay justificación.
( c )
Si se compraran las tierras de los terratenientes, es evidente que el Estado
tendría que responsabilizarse de obtener anualmente una gran cantidad de
capital para mejoras, así como capital de explotación para el gran número de
campesinos y otros pequeños arrendatarios. No lo haría, ni podría hacerlo, de
forma adecuada, ni tan satisfactoria, ni en la misma medida que los
terratenientes actuales. De hacerlo, este uso especulativo de los fondos
nacionales sería completamente injustificable.
( d )
Si es deseable dividir grandes propiedades y granjas y establecer un gran
número de propietarios campesinos en la forma de arrendatarios estatales, y
toda la evidencia de Irlanda y otros países está fuertemente en contra de la
conveniencia de este curso de acción, se puede hacer sin la abolición de la
propiedad privada de la tierra.
( e )
Una cosa es cierta: la propiedad estatal no tenderá a aumentar la producción,
sino que tendrá el efecto contrario.
( f )
Es igualmente claro que la propiedad estatal no implica ninguna mejora de la
suerte del trabajador agrícola, sino más bien lo contrario.
( g )
No existe el supuesto monopolio de la tierra. Esto se desprende del hecho de
que más de la mitad de las tierras cultivadas en Inglaterra y Gales consisten
en propiedades de extensión relativamente pequeña: el 80 por ciento de los
agricultores actuales poseen propiedades de menos de 101 acres.
( h )
Los agricultores arrendatarios no quieren la compra por parte del Estado.
[106]
CAPÍTULO X
LA POLÍTICA DEL PARTIDO LABORISTA ANTE EL DESEMPLEO
1. TRABAJO O MANTENIMIENTO
La Resolución de
Manchester de 1917—El Memorándum sobre los Objetivos de la Guerra, 1917—El
Memorándum sobre el Desempleo después de la Guerra, 1917—La Resolución de
Londres de 1918—El Proyecto de Ley para la Prevención del Desempleo,
1919—Recomendaciones del Partido Laborista a la Conferencia Industrial, 1919—La
Adenda del Muy Honorable A. Henderson—La Resolución de Southport de 1919—La
Resolución de septiembre de 1919—Las Recomendaciones del Comité Conjunto sobre
el Coste de la Vida, septiembre de 1920—Voto de Censura en el Parlamento,
octubre de 1920—Resolución de diciembre de 1920—La Negativa del Partido
Laborista a Cooperar con el Gobierno, 1921—Declaración de la Política Laborista
para el Desempleo, 1921—Manifiesto sobre el Desempleo, 1921.
El Partido
Laborista afirma haber previsto la actual postración de la industria y afirma
que recomendó, con antelación al desastre, medidas preventivas y remedios
integrales que, de haberse adoptado, habrían neutralizado las actuales
condiciones de desempleo mundial. Las sucesivas declaraciones políticas y
resoluciones emitidas por el Partido Laborista y el Congreso de Sindicatos
desde 1917 sobre el desempleo refutan de forma concluyente cualquier
presciencia de este tipo.
La Resolución de
Manchester de 1917
En la Conferencia
Anual del Partido Laborista de 1917, una resolución afirmó que el Gobierno
podría, si así lo decidiera, evitar un desempleo considerable en este país
manteniendo anualmente una "demanda nacional uniforme" de mano de
obra. Esto se lograría coordinando la ejecución de obras públicas y las órdenes
para los departamentos estatales y las autoridades locales. "Para
prepararse ante la posibilidad de un desempleo extenso, ya sea durante la
desmovilización o en los primeros años de paz", se instó al Gobierno a
organizar la ejecución inmediata, ya sea directamente o a través de las
autoridades locales, de las obras públicas más urgentes. Estas se describieron
como viviendas para dos millones de personas.[107] Sterling, nuevas
escuelas, carreteras y ferrocarriles ligeros, reorganización de canales,
forestación, recuperación de tierras, desarrollo portuario, etc. Para reducir
el riesgo de desempleo en adultos, se instó a elevar la edad escolar a los
dieciséis años, establecer becas, reducir la jornada laboral de los jóvenes e
introducir la semana laboral de 48 horas sin reducción salarial. Así, se verá
que el Partido Laborista, en 1917, ejerciendo la facultad de previsión que
ahora se arrogaba con tanta amplitud, creía que el desempleo después de la guerra
sería tan limitado en este país que podría remediarse con la adopción de las
sencillas medidas mencionadas.
El Memorándum sobre
los Objetivos de la Guerra, 1917
En Londres, en
diciembre de 1917, se aprobó un Memorándum sobre Objetivos de Guerra en
una Conferencia Especial del Partido Laborista y el Congreso de Sindicatos, y
en febrero de 1918 fue aceptado por la Tercera Conferencia Interaliada de
Organizaciones Laboristas y Socialistas Aliadas Extranjeras, celebrada en
Londres. Este Memorándum seguía el mismo tenor. La Sección 5 instaba a los
partidos socialistas y laboristas de todos los países a presionar a sus
gobiernos para que ejecutaran numerosas obras públicas, carreteras,
ferrocarriles, escuelas, viviendas, etc., a un ritmo en cada localidad que, al
sumarse a la iniciativa capitalista, mantuviera una demanda uniforme de mano de
obra y así evitara el desempleo. A continuación se presentaba esta proposición falaz:
«Ahora se sabe que de esta manera es perfectamente posible para cualquier
gobierno prevenir, si así lo desea, la ocurrencia de un desempleo involuntario
generalizado o prolongado», y este comentario: «Si se permite que ocurra, es
tan resultado de la negligencia gubernamental como de cualquier epidemia».
El Memorándum sobre
el Desempleo después de la Guerra, 1917
También se emitió,
en 1917, un Memorándum titulado "El Problema del Desempleo después
de la Guerra" , adoptado por el Comité Conjunto sobre Problemas
Laborales después de la Guerra, en representación del Comité Parlamentario del
Congreso de Sindicatos, el Comité Ejecutivo del Partido Laborista, el Comité de
Gestión de la Federación General de Sindicatos y el Comité Nacional de
Trabajadores de Emergencia de Guerra. Sus propuestas para la prevención del
desempleo son dignas de análisis. Sostenía que, a menos que se evitara mediante
una acción concertada, habría un desempleo considerable después de la guerra, y
debido a estas causas específicas, a saber, el despido
de...[108] Trabajadores de municiones, retrasos en la transición de la
producción de guerra a la de paz, congestión portuaria, desmovilización del
Ejército y la Marina, dificultades para conseguir capital industrial adecuado.
Nuevamente, la solución recomendada fue el mantenimiento anual de una demanda
nacional uniforme de mano de obra por parte del Gobierno y las autoridades
locales, emitiendo sus órdenes "de tal manera que estas varíen
inversamente con las demandas de los empleadores privados". Las obras
públicas que debían ejecutarse eran prácticamente las mismas que antes:
proyectos de vivienda, obras de agua y drenaje, parques, escuelas, bibliotecas
públicas, obras planificadas por la Comisión de Desarrollo y la Junta de
Carreteras y suspendidas debido a la guerra, el desarrollo de industrias
agrícolas y rurales a nivel nacional y cooperativo, la forestación y la
ejecución de la imprenta gubernamental pospuesta durante la guerra. También se
presionó al Gobierno para que fomentara obras cuya producción, como ladrillos y
cemento, fuera necesaria para la realización de otras obras, por ejemplo, la construcción.
No podría haber
nada más claro que esta frase del Memorándum: «Se puede argumentar que ninguna
medida de este tipo mantendría la demanda de otros países de nuestros
productos, y por lo tanto, las exportaciones podrían decaer; sin embargo, se
puede suponer que las principales exportaciones estarán ciertamente activas
(carbón, maquinaria, construcción naval, hierro y acero para la construcción y
todos los productos de lana) y también se espera que la demanda interna de
productos de algodón sea vigorosa». Es obvio, por lo tanto, en esta fecha que
el Partido Laborista nunca contempló la actual depresión de nuestras
exportaciones.
Las propuestas de
este Memorándum se adelantaron a las recomendaciones previas. Para que las
autoridades locales pudieran ejecutar obras públicas, se exigió una legislación
que facilitara la adquisición de los terrenos necesarios. El Gobierno
utilizaría las 200 fábricas nacionales para fines nacionales, pero el
Memorándum guarda un elocuente silencio sobre el propósito. Se introduciría un
plan sistemático de jornada reducida con salario completo durante un período
limitado en los astilleros, arsenales y fábricas gubernamentales, cuando se
llevara a cabo la adaptación definitiva a las condiciones de paz. Para evitar
una sobrepoblación del mercado laboral adulto, no se permitiría el empleo, ni
parcial ni parcial, de niños menores de la edad de finalización de la
escolaridad, que se elevaría a los dieciséis años, y solo se permitiría el
empleo a tiempo parcial, hasta un máximo de 30 horas semanales, para jóvenes de
entre dieciséis y dieciocho años, cuya semana laboral normal se dedicaría a la
formación y educación física y técnica. Se añadirían veinte mil
estudiantes.[109] Se formaron como maestros de escuela, y se otorgaron
becas adicionales a las escuelas secundarias, universidades y centros técnicos
para alumnos de primaria que, de otro modo, se dedicarían a la industria. Se
prohibirían las horas extras y se impondría por ley una jornada laboral de 8
horas.
El Memorándum
exigía una pensión alimenticia, además de la Ley de Pobres, para todas las
personas desempleadas que no encontraran trabajo adecuado. Quienes tuvieran
derecho a la prestación por desempleo de los sindicatos deberían recibirla y,
además, recibir la prestación por desempleo en virtud de las Leyes de Seguro de
Desempleo; la cuantía de la prestación, en virtud de dichas leyes, se
incrementaría a una suma que se fijaría en función del coste de la vida
vigente. Las personas desempleadas que no recibieran la prestación en virtud de
las leyes, y quienes la hubieran recibido pero la hubieran agotado, deberían
recibir una pensión alimenticia hasta una suma total semanal fijada en función
del coste de la vida. Los sindicatos que pagaran la prestación por desempleo
recibirían un subsidio gubernamental.
Además, el
Memorándum exigía la amplia extensión de la Ley del Seguro Nacional de 1911 y
la abolición de su restricción a un número limitado de oficios. También exigía
la enmienda de la Ley del Seguro Nacional (Parte II) (Trabajadores de
Municiones) de 1916, que incluía a los trabajadores de municiones y a las
personas empleadas en las industrias metalúrgica y química bajo la Ley de 1911.
Esta ley creó, según se decía, distinciones injustificadas, como por ejemplo,
entre un trabajador que estaría asegurado si se dedicaba a la fabricación de un
artículo específico necesario para la guerra, pero que no lo estaría si se
dedicaba a la fabricación de ese mismo tipo de artículo cuando fuera necesario
para el uso comercial ordinario. El Memorándum también exigía la enmienda de la
Ley de 1916 en lo que respecta a su aplicación a las mujeres, y la extensión
general a las mujeres del Plan Nacional de Seguro de Desempleo.
La Resolución de
Londres de 1918
Al llegar al año
1918, no encontramos indicio alguno de que el Partido Laborista presintiera el
declive del comercio que comenzó en la primavera de 1920, ni de que tuviera una
visión más amplia de las soluciones necesarias para afrontarlo. Esto se desprende
de las actas de la Conferencia Anual del Partido Laborista de ese año y de la
resolución aprobada sobre la prevención del desempleo. Esta resolución, tras
declarar que los años inmediatamente posteriores a la guerra probablemente
incluirían períodos de grave dislocación de la industria lucrativa, instó al
Gobierno a organizar la ejecución del programa decenal
siguiente.[110] Obras gubernamentales nacionales y locales, incluyendo
viviendas, escuelas, carreteras, ferrocarriles, canales, puertos, forestación,
recuperaciones, etc., de la manera que "cualquier congestión temporal del
mercado laboral lo requiera". Esta resolución, solemne y sin reservas,
comprometió al Partido Laborista a esta generalización radical: "Ahora que
se sabe que todo lo que se requiere para prevenir la ocurrencia de un desempleo
generalizado o duradero es que la demanda total agregada de mano de obra se
mantenga año tras año a un nivel aproximadamente uniforme, y que esto no puede
lograrse con nada más difícil o revolucionario que una distribución sensata de
los pedidos públicos de obras y servicios para mantener siempre al nivel total
prescrito la demanda agregada pública y capitalista de mano de obra, junto con
la prohibición de las horas extras que excedan la jornada laboral normal prescrita,
ya no hay excusa para ningún gobierno que permita que ocurra una calamidad como
el desempleo generalizado o duradero".
Así, se puede
comprender cuáles fueron, hasta finales de 1918, las principales soluciones del
Partido Laborista para prevenir el desempleo posguerra. Analicemos, desde 1919
y después, las recomendaciones del Partido Laborista que, según se afirma, de
haber sido adoptadas por el Gobierno, habrían evitado las actuales condiciones
de desempleo.
Proyecto de ley de
prevención del desempleo de 1919
El 21 de marzo de
1919, el Partido Laborista sometió a segunda lectura en la Cámara de los
Comunes su "Proyecto de Ley para la Prevención del Desempleo", que
incorporaba únicamente los antiguos principios que el Partido Laborista venía
defendiendo desde 1900 para combatir el desempleo estacional y cíclico. El
proyecto de ley no abordó en absoluto la crisis comercial anormal actual y fue
rechazado. Proponía otorgar al Ministro de Trabajo todas las facultades y
obligaciones en materia de seguro de desempleo, prevención de la indigencia y
ayuda a las personas sin recursos. Disponía que el Ministro asesoraría al
Tesoro sobre cómo organizar y distribuir las diversas obras y servicios
gubernamentales en las diferentes temporadas de cada año, y cómo distribuirlos
a lo largo de los distintos años, a fin de regularizar la demanda nacional
agregada de empleo, tanto público como privado, entre las diferentes temporadas
del año y entre los años buenos y malos de un ciclo económico, y así, al
mantener a un nivel aproximadamente constante la demanda nacional agregada de
mano de obra, tanto de los empleadores privados como de los departamentos
públicos, prevenir la irregularidad en el empleo. También impuso al Ministro la
obligación de establecer y[111] Mantener las instituciones que considerara
necesarias, en las que proporcionaría a las personas aptas para el trabajo con
derecho a asistencia pública bajo la Ley, y para quienes no se pudiera
encontrar un puesto adecuado, el empleo de carácter educativo y la capacitación
física, mental y tecnológica que considerara oportuna. Todas las personas
admitidas en dichas instituciones recibirían el sustento adecuado por parte del
Ministro. El Proyecto de Ley, además, proponía constituir como autoridad local
de desempleo, que actuaría a través de un comité de desempleo, el Consejo del
Condado de Londres respecto del Condado Administrativo de Londres, y el consejo
de cada municipio y distrito urbano con una población de 20.000 o más, y los
consejos de condado respecto del resto de un condado administrativo. Cada
consejo, actuando a través del comité de desempleo, estaría obligado a
organizar todo el trabajo, manual o administrativo, bajo su control, para
mantener la demanda de mano de obra en su distrito a un nivel constante y
uniforme. Además, cada consejo municipal estaría obligado a proporcionar a toda
persona para la que no se pudiera encontrar empleo adecuado la manutención que
su médico de cabecera certificara necesaria para mantener a dicha persona
desempleada y a sus dependientes en un estado de plena capacidad física. Todos
los gastos de las autoridades locales de desempleo para la aplicación de la Ley
se cubrirían con las tasas locales hasta una tasa de 1 penique ;
todos los gastos que excedieran la tasa de 1 penique se
recuperarían del Tesoro. No se impuso límite alguno al cargo sobre los
fondos nacionales según el Proyecto de Ley [9] .
Recomendaciones de
los trabajadores a la Conferencia Industrial, 1919
La siguiente
declaración importante del Partido Laborista en 1919 con respecto al desempleo
se encuentra en el Informe Conjunto del Comité Mixto Provisional
presentado en la Reunión de la Conferencia Industrial, Central Hall,
Westminster, el 4 de abril de 1919 ( Documento Parlamentario ,
1920, Cmd. 501). Cabe recordar que el 27 de febrero de 1919, el Gobierno
convocó, en el contexto de una huelga minera, una Conferencia integrada por
representantes de empleadores y sindicatos para analizar la situación industrial.
Dicha Conferencia, tras expresar su opinión de que cualquier dislocación
evitable de la industria era siempre deplorable y que, en el crítico período de
reconstrucción que se vivía entonces, podría ser desastrosa para los intereses
de la nación, resolvió nombrar un Comité Mixto para considerar, entre otras
cosas, la cuestión del desempleo.[112] y su prevención. El Comité Mixto
presentó un informe unánime, firmado por los representantes de la patronal y de
los sindicatos, estos últimos representando a todos los grandes sindicatos, con
excepción de los ferroviarios, mineros y transportistas.
En su Informe, el
Comité declaró que no había tenido tiempo suficiente para investigar a fondo el
problema del desempleo y, por lo tanto, solo indicaría brevemente algunas de
las medidas que podrían adoptarse para minimizarlo o aliviarlo. Como ayudas en este
sentido, recomendó la reducción organizada de la jornada laboral, la
realización de horas extraordinarias solo en casos especiales, el aplazamiento,
hasta épocas de escasez, de los contratos gubernamentales no urgentes, la
prosecución sin demora de un programa integral de vivienda, el desarrollo
estatal de nuevas industrias como la forestación, la recuperación de terrenos
baldíos, el desarrollo de vías navegables interiores y, en los distritos
agrícolas, el desarrollo de ferrocarriles ligeros o transporte por carretera.
Además, el Comité recomendó que la provisión normal para la manutención durante
el desempleo fuera más adecuada y de aplicación más amplia que la prevista por
las Leyes de Seguro de Desempleo entonces vigentes, y abogó por la extensión
del Plan Nacional de Seguro de Desempleo al subempleo (es decir, a los
trabajadores con jornada reducida o empleos eventuales por menos de una semana
laboral completa). También recomendaron la creación de facilidades para que los
trabajadores, mientras estén desempleados y perciban prestaciones por
desempleo, puedan acceder, sin pagar tasas, a oportunidades para continuar su
educación y mejorar sus cualificaciones. Recomendaron limitar el trabajo
infantil en tiempos de desempleo, aumentar las prestaciones por enfermedad y
discapacidad, reducir la edad de acceso a las pensiones de vejez y aumentar la
cuantía de las mismas.
Adenda del Muy
Honorable A. Henderson
El Memorándum del
Muy Honorable Arthur Henderson, en nombre de los representantes sindicales,
adjunto al Informe, abordó con más detalle la cuestión del desempleo. Este
Memorándum, si bien no discrepaba en absoluto del Informe Conjunto firmado por
los representantes sindicales, afirmaba (pv) que «la prevención del desempleo y
la previsión contra el mismo deberían haber sido una de las primeras
preocupaciones del Gobierno tan pronto como se empezó a considerar la cuestión
de la reorganización industrial. Los trabajadores comprendían plenamente que se
estaban tomando medidas para poner en marcha de inmediato, tras la conclusión
de las hostilidades, un plan permanente».[113] Tanto para la prevención
del desempleo siempre que sea posible, como para el mantenimiento de los
desempleados donde esto no sea posible. Además, «opinamos que la distribución
desigual de la riqueza, que antes de la guerra mantenía el poder adquisitivo de
la mayoría de los asalariados en un nivel bajo, constituyó una causa principal
del desempleo». A continuación, se sigue esta conclusión (p. viii): «Opinamos
que un aumento general de los salarios, al mejorar el poder adquisitivo de los
trabajadores, tendría un efecto general y permanente en la limitación del
desempleo continuo, al llevar el consumo a un equilibrio más cercano con la
producción».
En consecuencia,
recomendaron (pág. viii) primero: el nombramiento de una subcomisión para
investigar (1) el problema del desempleo en su conjunto, y en especial el
subconsumo como causa del mismo; (2) la asignación de todos los contratos
gubernamentales de forma que se estabilizara el volumen de empleo, y (3) la
coordinación de las órdenes emitidas por los Departamentos Estatales y las
autoridades locales; segundo, el establecimiento de un plan integral de
prestaciones por desempleo que se extendiera a todos los trabajadores sin
contribución, que contemplara la manutención adecuada de todos los trabajadores
desempleados y la compensación de la pensión alimenticia para los trabajadores
subempleados. Todos recibirían una prestación fija con un complemento por hijos
a cargo. El plan se administraría directamente a través de los sindicatos o, en
su defecto, a través de las Bolsas de Empleo, que estarían bajo la jurisdicción
de comités conjuntos con representación equitativa de empleadores y sindicatos.
El Gobierno pagaría a un sindicato, que proporcionaría una prestación adicional
con cargo a sus propios fondos, un subsidio equivalente al 50%. del importe
gastado por la Unión en prestaciones por desempleo. Además, se recomendó una
disposición especial para la manutención de las viudas con hijos a cargo y para
la dotación de las madres «para evitar que se vean obligadas a trabajar en
contra del interés social».
La Resolución de
Southport de 1919
En junio de 1919,
el Partido Laborista volvió a considerar en su Conferencia Anual la cuestión
del desempleo y aprobó una resolución por la que el Gobierno debía garantizar
un mantenimiento completo y adecuado, a través de los sindicatos interesados, a
las personas desempleadas, las madres con hijos dependientes que no podían
trabajar, los jóvenes que abandonaban la escuela y se quedaban desempleados
antes de los dieciocho años, las mujeres[114] recibiendo capacitación en
el marco de los programas de capacitación del Gobierno, y mujeres cuya donación
por desempleo había cesado y que no habían conseguido trabajo adecuado en las
Bolsas de Trabajo.
La Resolución de
septiembre de 1919
De nuevo, en
septiembre de 1919, el Congreso de Sindicatos aprobó una resolución que
afirmaba el derecho de todo miembro de la comunidad a trabajar o a recibir
manutención, y, en consecuencia, instó al Gobierno a regular el trabajo de las
autoridades nacionales y locales, y a organizar programas de trabajo
"socialmente necesario" para proporcionar empleo y, en su defecto,
proporcionar manutención adecuada a todos los trabajadores que no encontraran
empleo adecuado, así como facilidades de formación mientras estuvieran
desempleados. Esta resolución contenía esta interesante frase: "Deploró la
inacción del Gobierno durante el último año, que había desperdiciado los
recursos de la nación al permitir que cientos de miles de trabajadores
voluntarios permanecieran en un estado de inactividad forzada en un momento en
que las necesidades del mundo exigían imperiosamente un aumento de la
producción".
La disminución del
comercio y la caída de la demanda de productos básicos se manifestaron por
primera vez en el verano de 1920 y fueron aumentando gradualmente en gravedad a
medida que avanzaba el año.
Las recomendaciones
del Comité Conjunto sobre el Costo de Vida, septiembre de 1920
En septiembre de
1920, los movimientos obrero y cooperativo designaron un Comité Conjunto sobre
el Costo de la Vida. Este Comité formuló ciertas recomendaciones que no eran
originales, sino una mera reiteración de asuntos que el Gobierno había señalado
previamente como de suma importancia para la restauración del comercio
internacional. Las medidas que este Comité consideró esenciales para la
reactivación de la industria y el comercio fueron las siguientes:
(1) El
restablecimiento de la paz internacional;
(2) La fijación
definitiva de indemnizaciones de guerra en montos razonables;
(3) Rehabilitación
de las monedas;
(4) En los países
donde no fuera posible volver al patrón oro, el establecimiento de una nueva
paridad de cambio;
(5) El intercambio
de bienes entre diferentes países mediante trueque hasta que se restablezca el
mecanismo de intercambio;
(6) Un préstamo
internacional de la Liga de Naciones para permitir que los países empobrecidos
reanuden su producción normal.
Pero no había nada
en este programa que no estuviera en ese momento bajo la consideración del
Gobierno.
[115]
Voto de censura en
el Parlamento, octubre de 1920
El 21 de octubre de
1920 (véase Debates Parlamentarios , vol. 133, 1115), el
Partido Laborista propuso sin éxito una moción de censura en los siguientes
términos:
Esta Cámara lamenta
el creciente desempleo y, reconociendo la responsabilidad del Estado hacia los
miembros de la comunidad que carecen de medios de subsistencia, opina que deben
tomarse todas las medidas posibles para frenar el declive del comercio y la
industria y para proporcionar trabajo o, en su defecto, manutención adecuada a
quienes no necesitan su trabajo en el mercado laboral ordinario.
Las opiniones
actuales de los diputados laboristas sobre el desempleo se expusieron con gran
detalle, y conviene leer el debate parlamentario. En resumen, sus puntos fueron
los siguientes:
(1) El problema del
desempleo es un problema nacional; sólo el Estado puede resolverlo con éxito;
no debe dejarse en manos de las autoridades locales.
(2) El Gobierno
debe encontrar trabajo para todo ciudadano desempleado que esté dispuesto a
trabajar y, en su defecto, proporcionarle una manutención adecuada.
(3) Se debe
aumentar el volumen de la agricultura y fomentar la pequeña explotación
agrícola.
(4) Se deben
establecer relaciones comerciales con Rusia, Bulgaria, Turquía y otros antiguos
países enemigos.
(5) El Gobierno
debería establecer nuevos oficios e industrias en este país.
(6) Se deben
realizar obras públicas, como forestación, carreteras principales y otras.
Leído críticamente,
el debate parece extrañamente carente de cualquier sugerencia realmente
constructiva por parte del Partido Laborista.
Más tarde, el 16 de
diciembre de 1920, el Partido Laborista envió una delegación al Ministro de
Trabajo para instarle a aceptar las siguientes propuestas respecto al
desempleo:
(1) Que el seguro
de desempleo no constituye una solución;
(2) Que es deber
del Gobierno proporcionar a los desempleados trabajo útil en diversos
establecimientos gubernamentales;
(3) Que se debería
otorgar una subvención a los Comités de Socorro en virtud de la Ley de
Trabajadores Desempleados de 1905, a fin de que se pudieran poner en marcha
planes locales para la provisión de trabajo;
(4) Que el
principio de la donación por desempleo concedida después del armisticio se
restablezca en beneficio de cada[116] persona desempleada no cubierta por
el seguro de desempleo, y que se debería establecer una disposición según la
cual las personas actualmente desempleadas, pero no cubiertas por la Ley del
Seguro de Desempleo, recibirían beneficios bajo esa Ley.
Este último punto
fue admitido posteriormente por el Gobierno en la Cámara de los Comunes.
Resolución de
diciembre de 1920
El 29 de diciembre
de 1920, la Conferencia del Partido Laborista, convocada para considerar el
informe de la Comisión Laborista de Irlanda, procedió de manera un tanto
intrascendente a discutir el problema del desempleo en Gran Bretaña y
posteriormente aprobó la siguiente resolución:
“Que esta
Conferencia, consciente de que el creciente volumen de desempleo y subempleo se
debe en gran medida a la interrupción del comercio mundial a raíz de la guerra
y a los tratados de paz defectuosos, además de la locura de la política
británica y sus aliados en relación con el Gobierno soviético de Rusia, condena
al Gobierno británico por la demora injustificable en asegurar la paz y abrir
relaciones comerciales con el Gobierno ruso.
La Conferencia
condena además al Gobierno de Coalición por no haber previsto la prevención del
desempleo ni el tratamiento adecuado de los desempleados; recuerda que, en
febrero de 1920, el Partido Laborista presentó en el Parlamento su proyecto de
ley para la prevención del desempleo, que contenía disposiciones para el
mantenimiento y la formación de los desempleados, y que el Gobierno se negó a
aceptar.
El último párrafo
de esta resolución es importante. En los últimos años, los defensores del
socialismo han acostumbrado a asegurar a los trabajadores que el desempleo
jamás puede existir bajo ninguna organización socialista de la industria, sino
que es un mal propio de lo que llaman el "régimen capitalista", y que
el desempleo es simplemente una de las artimañas del empleador para debilitar
las condiciones sindicales y, por lo tanto, reducir los salarios. No se explica
—quizás con acierto— cómo se persuadirá al consumidor, quien, después de todo,
es quien realmente controla la producción de mercancías, a consumir y pagar por
más mercancías bajo una organización socialista de la industria que bajo un
sistema capitalista. Sin embargo, la sugerencia del último párrafo es que, si
se aboliera el actual "pernicioso sistema económico" y el Partido
Laborista estuviera en el poder, si su Gobierno no pudiera proporcionar
trabajo, podría y debería proporcionar manutención, y, según se le dice al
trabajador común, salarios sindicales completos. En cuanto a cómo se financiará
dicho plan, la resolución guarda un sagaz silencio.
[117]
La negativa de los
trabajadores a cooperar con el gobierno, 1921
En enero de 1921,
el Gobierno decidió establecer dos Comités sobre el desempleo e invitó al
Partido Laborista a unirse a uno de ellos. El Partido Laborista consideró que
los términos de referencia eran demasiado limitados para ser útiles, por lo que
el Gobierno expresó de inmediato su disposición a ampliarlos. Sin embargo, el
11 de enero, en una Comisión Mixta del Comité Parlamentario del Congreso de
Sindicatos y el Comité Ejecutivo del Partido Laborista, se decidió por
unanimidad que el Partido Laborista no aceptaría la invitación del Gobierno a
participar en ninguna investigación sobre el desempleo. El resentimiento
público suscitado por esa actitud pronto convenció al movimiento laborista de
que se había equivocado por completo, e intentó enérgicamente culpar al
Gobierno de su decisión. Los dirigentes laboristas acusaron al Gobierno de
falta de franqueza y franqueza con respecto a los términos de referencia, sin
aportar ningún detalle que corroborara más allá de esa declaración general sin
fundamento. Sostuvieron que la cooperación con el Gobierno nunca había llevado
a nada, olvidando por completo los numerosos beneficios que durante la guerra
se aseguraron al Partido Laborista, tanto en tasas salariales como en
condiciones de empleo, gracias a la cooperación con el Gobierno. La verdad es
que la memoria era corta. Finalmente, el Partido Laborista acusó al Gobierno,
de forma poco convincente, de no haber mantenido la fe, o, si la había
mantenido, de haberla mantenido de mala gana y de mala gana, y solo como resultado
de la agitación del Partido Laborista. La primera prueba aducida en apoyo de
esta última afirmación fue la acción del Gobierno con respecto a la Conferencia
Industrial Conjunta de 1919. La Conferencia, según el Partido Laborista, fue
convocada originalmente por el Gobierno; el Comité Conjunto presentó un informe
unánime que la Conferencia aceptó; el Gobierno no tomó ninguna medida para dar
efecto a las recomendaciones del informe y el Comité finalmente dimitió, y la
Conferencia se disolvió. El segundo caso en el que se basó el Partido Laborista
fue el de la Comisión Real de la Industria del Carbón de 1919; las conclusiones
mayoritarias recomendaron la alteración del sistema entonces existente de
control de la industria minera; El Gobierno se negó a implementarlas. La
inexactitud de esta afirmación se aprecia en el
Capítulo XIV . El Gobierno no aceptó la
nacionalización. «El Partido Laborista», se declaró, «ha perdido toda fe en las
buenas intenciones del Gobierno y se niega a permitir que se le vuelva a
utilizar como cortina de humo».
[118]
Declaración de
política del Partido Laborista sobre el desempleo, 1921
Como contraataque a
los Comités Gubernamentales de enero de 1921, el Partido Laborista elaboró ese
mismo mes un elaborado programa para abordar el desempleo. Este se encuentra en
un folleto titulado «Desempleo: Una Política Laboral» ,
publicado en enero de 1921. Las sugerencias se dividen en dos apartados
principales:
(1) El
mantenimiento de los desempleados y subempleados, y
(2) Prestación de
trabajo.
Se reiteró la
demanda categórica de que el Gobierno debe proporcionar trabajo y que, si no se
proporciona o no se puede proporcionar trabajo, todos los desempleados y
subempleados deben ser mantenidos íntegramente a expensas del Estado.
En cuanto a la
prestación por desempleo, toda persona que no encontrara un trabajo adecuado en
las Bolsas de Empleo o a través de su sindicato recibiría una pensión
alimenticia que, incluyendo las prestaciones de la Ley de Seguro de Desempleo,
ascendería al menos a 40 chelines semanales por cabeza de
familia y a 25 chelines semanales por cada hombre o mujer
soltero mayor de dieciocho años, con prestaciones adicionales por dependientes.
Posteriormente, se solicitaron aumentos de estas tasas a lo largo del año. Ni
la pensión alimenticia ni las prestaciones de la Ley de Seguro de Desempleo
debían limitarse a un período determinado, sino que debían continuar mientras
no hubiera trabajo adecuado disponible. En caso de subempleo por jornada
reducida, la pensión alimenticia debía ser de un importe tal que, sumado a los
ingresos reales, resultara en una suma igual a la que recibiría el trabajador
si estuviera totalmente desempleado.
Se crearían
escuelas de formación para las mujeres que se incorporaron a la industria
durante la guerra, pero que, después de ella, no pudieron conseguir un empleo
permanente en la paz. Las autoridades educativas locales, con la ayuda de
subvenciones del Tesoro Público, impartirían cursos de formación para
trabajadores varones desempleados. Para aliviar el desempleo adulto, la Junta
de Educación debería estar autorizada en cualquier momento a elevar la edad de
finalización de la escolarización y debería evitarse que disuadiera a las
autoridades educativas locales de promulgar ordenanzas que elevaran la edad de
asistencia a tiempo completo. Se debería instar a las autoridades educativas
locales a presentar nuevos planes para escuelas, etc., de conformidad con la
Ley de Educación de 1918. Cualquier exención de la asistencia escolar para
menores de catorce años debería ser ilegal; las autoridades educativas locales
deberían implementar planes de "continuación".[119] Educación”;
el Gobierno aumentará el número de plazas gratuitas en las escuelas secundarias
y proporcionará subsidios de manutención a todos los alumnos que las necesiten.
Se incrementará el número de plazas gratuitas en todos los centros de educación
superior; se otorgarán subsidios de manutención con subvenciones de la Junta de
Educación a quienes ocupen dichas plazas; las autoridades educativas locales
abrirán centros de formación para jóvenes desempleados con subvenciones de la
Junta de Educación.
Se debía
proporcionar trabajo socialmente necesario para todos. Esto se facilitaría
mediante la supresión del trabajo juvenil y la introducción general de una
semana laboral de 44 horas sin reducción salarial, junto con una drástica
regulación de las horas extras. El trabajo así proporcionado no debía ser de
"ayuda social", sino de "carácter socialmente productivo",
realizado en el marco de un empleo asalariado regular por trabajadores de los
oficios correspondientes. El trabajo que simplemente proporcionaba empleo a los
desempleados sin resultados sociales se consideraba un despilfarro para la
comunidad y desmoralizante para los trabajadores.
El Partido
Laborista intenta, mediante una política establecida, convertir al Gobierno en
chivo expiatorio, por lo que el informe se presentó en los siguientes términos:
Reconocemos que la
política insensata del Gobierno durante los últimos dos años, tanto en asuntos
internos como externos, ha llevado a la nación a un punto en el que el socorro
generalizado es la única alternativa a la hambruna generalizada, y que quienes
la padecen deben recibir ayuda directamente de los bolsillos de quienes se
encuentran en una situación más afortunada.
Para aumentar el
volumen de empleo, se instó al Gobierno a implementar de inmediato la mayor
parte posible de su programa de obras para la próxima década y a asegurar la
fabricación inmediata de los productos que el Estado necesitaba en última
instancia. Asimismo, se instó a las autoridades locales y organismos públicos a
anticiparse a sus necesidades. Se exigieron mejoras viales a una escala mucho
mayor, así como la forestación y la recuperación de la costa. Luego se
recomendó que el Gobierno resolviera sus diferencias con los sindicatos de la
construcción, garantizándoles un programa mínimo de vivienda adecuado para los
próximos cinco años, a fin de satisfacer su razonable demanda de protección
contra el desempleo. Esto con el fin de inducir a los sindicatos, que tenían
más trabajo en la construcción de lo que podían realizar, a permitir que
trabajadores desempleados y no cualificados, principalmente exmilitares, se
incorporaran temporalmente al sector de la construcción. El informe alegaba que
los capitalistas estaban reteniendo muchas materias primas y otros suministros
necesarios, como cemento, ladrillos y piezas fundidas ligeras; para remediar
esta supuesta situación.[120] Se instó al Gobierno a tomar medidas
drásticas para obligar a la producción de estos materiales en las cantidades
requeridas. Se afirmó que la enorme cantidad de trabajo en materia de
construcción, mejora y reparación de ferrocarriles, carreteras, vías fluviales
y puertos no debía posponerse. Se debían construir escuelas y otros edificios
públicos. Se debían eliminar los embargos impuestos a los préstamos por las
autoridades locales y otorgarles préstamos a través de los Comisionados de
Obras Públicas o por otros medios del Estado para que pudieran realizar obras
públicas locales. Se exigió al Gobierno que, a través de los comités agrícolas
de los condados, reanudara sus poderes de guerra para garantizar el cultivo
adecuado de la tierra.
A continuación se
implementan una serie de medidas para la restauración del comercio exterior. Se
decía que la raíz del problema del desempleo residía en la reactivación de la
industria y el comercio exterior. «El Gobierno había eludido esa obligación», y
estas eran las demandas del Partido Laborista:
( a )
Poner fin a las guerras y a todos los gastos en armamentos y expediciones
semibélicas en este y otros países.
( b )
El inicio inmediato del comercio con Rusia y el establecimiento de relaciones
políticas normales con la República Soviética. Se sabía que el Gobierno ruso
estaba dispuesto a suministrar a este país grandes cantidades de madera, cuero,
lino, platino y oro como contrapartida a los cuantiosos suministros que
necesitaba de equipo ferroviario, medios de transporte, maquinaria agrícola,
herramientas de todo tipo, ropa, botas y mil y un productos más. Esto exigía y
justificaba la conclusión inmediata de un acuerdo comercial efectivo con Rusia.
( c )
La restauración de la producción y el comercio con otros países continentales,
pero no bajo el programa de créditos a la exportación del Gobierno británico,
que es «un mero intento de permitir que los fabricantes británicos endosen sus
excedentes a países extranjeros en lugar de suministrar los bienes a los países
que realmente necesitan». Se describe entonces el curso normal del comercio
internacional, con esta ingenua observación: «Sin embargo, actualmente, las
condiciones en Europa Central son tales que, sin mayor asistencia, es muy
dudoso que esta transacción comercial normal se lleve a cabo». El informe es
admirable por su modestia en cuanto a la «asistencia adicional» que recomienda.
Cabe suponer que, de haber existido una recomendación que resistiera las
críticas, se habría presentado.
Las únicas
propuestas que defendía el Informe eran las siguientes:
[121]
(1) La fijación de
la indemnización alemana en un importe que sea razonable y practicable, a fin
de poner fin a la incertidumbre y fomentar el restablecimiento de la producción
normal en Alemania.
(2) Se concederán
créditos a “varios países europeos” (desafortunadamente anónimos), que se
destinarán a la producción de bienes que no presenten peligro de
sobreproducción y a la provisión de facilidades de transporte; la concesión de
estos créditos estará condicionada a la eliminación por parte del Estado
beneficiario de todas las barreras al comercio y a la rehabilitación de su
moneda.
(3) Todos los
gobiernos deben intervenir con audacia para organizar a gran escala el trueque
de existencias completas de excedentes de mercancías. «Esto, si bien no
generaría ganancias para los especuladores, contribuiría significativamente a
revitalizar la prosperidad económica y a impulsar la industria».
(4) La
reorganización de los sistemas de transporte continentales y la institución de
un control unificado, bajo la Liga de Naciones, del sistema ferroviario entre
Alemania y Rusia.
(5) El fomento y la
utilización más completa posible, para las transacciones comerciales, de los
movimientos cooperativos de las diversas naciones de Europa.
El Informe expresó
un acuerdo vacilante respecto a la necesidad de grandes sumas de dinero para el
mantenimiento de los desempleados y subempleados, la realización de trabajos de
utilidad social y la financiación de planes para la reactivación de la industria
británica y la restauración de la industria y el comercio en el extranjero. No
intentó debatir cómo se proporcionaría este dinero; resolvió la cuestión con
esta simple observación: «Nos enfrentaremos de inmediato con la crítica de que
no se puede encontrar suficiente dinero para satisfacer nuestras demandas. No
lo creemos. Nos negamos a ser disuadidos durante esta grave crisis nacional,
que pone en peligro el bienestar de toda la población, con el argumento de la
escasez de recursos». Se hizo referencia a grandes sumas de dinero que, según
se afirmó, el Gobierno estaba gastando en fines injustificables, por ejemplo,
en expediciones a Mesopotamia, operaciones en Irlanda y otros lugares. El
dinero, en lugar de gastarse de esa manera, debería dedicarse a aliviar el
desempleo. Si tal reducción de gastos militares y otros gastos innecesarios no
rindiera la suma total requerida, entonces, según el Partido Laborista,
«deberían recurrirse a otros recursos», pero esos recursos no se indican.
«Mientras un número cada vez mayor de familias se hunden a diario en la
inanición, las clases pudientes solo han sufrido pequeñas vergüenzas. Los lujos
deben desaparecer, si es necesario, para proporcionar los medios
de...[122] vida y sustento para aquellos en necesidad”. No es precisamente
un plan financiero constructivo.
Manifiesto sobre el
desempleo, 1921
El último anuncio
importante fue el Manifiesto sobre el Desempleo, emitido por
la Comisión Parlamentaria del Congreso Sindical y la Ejecutiva Nacional del
Partido Laborista tras el Congreso Sindical de Cardiff en 1921, «para
información del Gobierno y del público». Declaraba, en un lenguaje ya familiar,
que el desempleo es un problema nacional y que el Gobierno se equivoca por
completo al adoptar medidas de tratamiento local. Se afirma que ningún distrito
tiene control ni responsabilidad alguna sobre su desempleo. Responsabilizar a
los distritos equivale a someter a las zonas obreras de bajo valor catastral a
cargas excesivas e injustas que no pueden soportar y que, en justicia, deberían
repartirse por todo el país. El Partido expresó su firme oposición a los
limitados anticipos del Estado a las autoridades locales para obras de socorro,
especialmente a la necesidad de que tantos gastos se financiaran con préstamos
locales, con lo que, según se afirma, la carga recaía sobre los contribuyentes
de las mismas zonas cuyas dificultades ya eran mayores. Una vez más, el
Congreso de Sindicatos de Cardiff reafirmó lo que se describió como el
principio fundamental: «el deber del Estado de proporcionar trabajo o
manutención adecuada a todo trabajador dispuesto». En consecuencia, se exigió
al Gobierno que dejara de tolerar las reducciones salariales y que estimulara
la producción normal manteniendo el poder adquisitivo de los trabajadores,
sustentando así el mercado en su conjunto. También se afirmó que no se
conseguirían suficientes pedidos de trabajo para aliviar el desempleo si no era
con base en el crédito nacional. Se insta a los departamentos gubernamentales a
anticipar y realizar pedidos para sus necesidades futuras, y se recomienda al
propio Gobierno que realice pedidos sustanciales de productos básicos a los
fabricantes, a precios acordados tras un análisis de costos, y que exporte
estos productos a crédito a los países continentales que los necesiten,
vendiéndolos directamente a los gobiernos de dichos países o a cooperativas u
otras organizaciones en ellos, y que, al mismo tiempo, organice la venta o
disposición en el país de cualquier parte restante de las existencias de dichos
productos. Además, se debería introducir una semana laboral de 40 horas. Se
dice que esto daría como resultado (i) el mantenimiento de la moral y la
eficiencia de la gente; (ii) el mantenimiento de la maquinaria en[123] El
funcionamiento normal del comercio hasta la reanudación de la actividad
comercial; (iii) el mantenimiento y la mejora del comercio nacional y el
estímulo del comercio exterior; (iv) el ahorro de enormes sumas en prestaciones
por desempleo y ayudas a los pobres. Por lo tanto, se afirmaba que el problema
del desempleo podría reducirse a proporciones que pudieran abordarse adecuadamente
mediante obras públicas. Estas fueron la siguiente consideración. Se solicitó
al Gobierno que elaborara una lista de proyectos de obras nacionales ordenados
según su demanda de mano de obra, dando preferencia a los más adecuados para
impulsar la reactivación de la industria, entre los que se incluirían de forma
destacada los proyectos integrales de vivienda. Se admitió que la distinción
del Gobierno entre proyectos de obras públicas generadores de ingresos y no
generadores de ingresos era acertada y debía mantenerse, pero en el caso de los
primeros, el Gobierno debía conceder una subvención del 75 % de los gastos
necesarios y prestar el 25 % restante a las autoridades locales sin intereses
durante tres años, con un tipo de interés posterior del 3 %, con plazos de
reembolso establecidos. En el caso de los planes no productivos, el Gobierno
otorgará una subvención del 90 % de los gastos necesarios y prestará el 10 %
restante a las autoridades locales sin intereses durante cinco años, plazo al
que se aplicarán los mismos intereses y reembolsos que en el caso de los planes
productivos. Si, no obstante, no se consigue empleo para todos los
trabajadores, se deberá prever su mantenimiento mediante prestaciones de seguro
de desempleo de cuantía adecuada.
En la
segunda parte de este libro se verá hasta
dónde ha llegado el Gobierno para aliviar el desempleo en la dirección deseada
por el Partido Laborista.
[124]
CAPÍTULO XI
LA POLÍTICA DEL PARTIDO LABORISTA FRENTE AL DESEMPLEO
2. SU IMPRACTICABILIDAD
La inseguridad del
derecho al trabajo—La falta de trabajo y de manutención en
Francia—Imposibilidad de proporcionar trabajo adecuado—El empleo depende
fundamentalmente de la demanda—Los fiascos de las colonias agrícolas.
La absoluta
impracticabilidad del principio laborista de "trabajo o manutención"
es casi evidente. La causa principal del desempleo es la falta de trabajo,
resultado de las fuerzas económicas, pero la solución al desempleo, según el
Partido Laborista, es la provisión de trabajo por parte del Gobierno ante
condiciones económicas adversas. El trabajo debe ser "trabajo
adecuado" y, obviamente, debe consistir en (1) la producción de bienes y
servicios que el público consumidor esté dispuesto a comprar, es decir, trabajo
remunerado, o (2) la ejecución de obras públicas que, hasta ese momento, no se
hayan construido, pero que, aunque las circunstancias económicas no hayan
justificado su construcción con anterioridad, se consideren adecuadas para su
ejecución si se necesita encontrar trabajo para personas desempleadas. Su
nombre apropiado es "obras de socorro". La manutención consistirá en
la suma semanal que el médico de cabecera local considere necesaria para
mantener a cada persona desempleada y a sus dependientes en un estado de plena
capacidad física. El Proyecto de Ley de Trabajadores Desempleados, presentado
por el Sr. Ramsay MacDonald en 1907, fue el primer proyecto de ley que
enunciaba el derecho al trabajo. En 1908-1909, el Partido Laborista presentó
proyectos de ley similares con el mismo título. En 1910-11-12, miembros del
Partido presentaron proyectos de ley con el mismo objetivo, denominados
Proyecto de Ley del Derecho al Trabajo.
La inseguridad del
derecho al trabajo
Se intentó
describir este principio de trabajo o mantenimiento como el resultado lógico de
los Estatutos Isabelinos, según los cuales las autoridades parroquiales estaban
obligadas a proporcionar trabajo a los desempleados con salarios pagados con un
fondo recaudado entre personas de importancia en la parroquia, al principio
suscrito voluntariamente.[125] pero más tarde se recaudaron mediante
impuestos, y se acostumbraron a otorgar "alivio en lugar de trabajo"
a las personas desempleadas, para quienes no se podía encontrar trabajo. Debido
a la dificultad de encontrar trabajo, los supervisores recurrieron en gran
medida a la última alternativa. El proyecto de ley del Partido Laborista,
huelga decirlo, omitió los severos métodos isabelinos previstos por la ley para
el tratamiento de los reacios al trabajo (azotes, perforaciones en la oreja) y,
para los que se escapaban, cadena perpetua. Los abusos sociales e industriales
a los que dio lugar el sistema a principios del siglo XIX están bien descritos
por el Sr. Harold Cox en el capítulo 5, "El derecho al trabajo", de
su libro Economic Liberty . Es de temer que el Sr. Thomas
Pearce (pág. 57), trabajador agrícola, que fue interrogado ante los
Comisionados de la Ley de Pobres de 1834, incluso hoy experimente un
tratamiento similar.
“Cuando se le
preguntó si en su parroquia había muchos hombres físicamente aptos 'en la
parroquia', respondió:
Respuesta : Hay
muchos hombres en nuestra parroquia que lo prefieren a estar trabajando.
Pregunta : ¿Por
qué les gusta más?
Respuesta : Reciben
el mismo sueldo y no trabajan ni la mitad. No trabajan como yo; pasan tantas
horas trabajando, y no hacen tanto cuando están trabajando. No hacen nada
bueno, y solo esperan la hora de cenar y la noche; no trabajan, solo esperan.
Pregunta : ¿Cómo
has logrado vivir sin la ayuda parroquial?
Respuesta : Trabajando
duro.
“ Pregunta: ¿Qué
te dicen los pobres?
Respuesta : Me
culpan por lo que hago. Me dicen: "¿Para qué trabajas?". Les digo:
"Para mí". Dicen: "Solo lo haces para salvar la parroquia, y si
no lo hicieras, recibirías lo mismo que cualquier otro hombre, y recibirías el
dinero por fumar tu pipa y no hacer nada". Es duro para un hombre como yo.
El fracaso de las
obras o del mantenimiento en Francia
Se habría pensado
que la experiencia del Gobierno Revolucionario Francés de 1848 habría sido
concluyente en cuanto al derecho al trabajo. Louis Blanc había publicado, en
1839, su gran obra, Organisation du Travail , en la que
predicaba el derecho al trabajo e instaba al Gobierno francés a las ventajas de
embarcarse en la producción industrial. El Gobierno debía obtener un gran
préstamo y, con él, establecer y equipar fábricas nacionales en todas las ramas
de la industria. Se emplearía a obreros, pero estos debían determinar por
elección popular los grados de los diferentes trabajadores. Las ganancias netas
se dividirían en tres partes: una se distribuiría equitativamente entre los
trabajadores, la segunda se dedicaría al mantenimiento de los ancianos, incapacitados
y enfermos, y la tercera, a proporcionar capital para la expansión y renovación
de la industria.[126] El gobierno francés designó a Emile Thomas para
fundar los talleres nacionales , tras haber emitido
previamente un decreto por el que el Gobierno Provisional de la República
Francesa se comprometía a garantizar la existencia del trabajador mediante el
trabajo y a garantizar el empleo a todos sus ciudadanos. El lado cómico y
trágico de aquella gran aventura se describe detalladamente en la
Histoire des Ateliers Nationaux , de Emile Thomas, y en The
Right to Work , de J. A. R. Marriott, diputado, Oxford University
Press, y son demasiado conocidos como para ser repetidos. Resultaron un
desastroso fracaso industrial y económico, que por sí mismo condujo directamente
a la revolución de junio de 1848.
Imposibilidad de
proporcionar trabajo adecuado
En un momento dado,
el Partido Laborista propuso que solo se proporcionara trabajo a cada persona
desempleada, no "trabajo adecuado", pero la absurdidad de esta
propuesta se hizo demasiado evidente cuando se vio que implicaba, por ejemplo,
el traslado de carpinteros navales o caldereros cualificados del Tyne o el
Clyde a trabajos de forestación en las Tierras Altas de Escocia, o en la
construcción de carreteras, o cualquier otro trabajo en el que no tuvieran
experiencia, en otra parte remota del país. Ahora, la demanda se ha modulado
hacia una de "trabajo adecuado", lo que, en cualquier caso, parece
más sensato en teoría. Sin embargo, independientemente de las posibilidades de
encontrar trabajo para las personas desempleadas, hay mucho menos posibilidades
de encontrar trabajo adecuado. Las líneas de demarcación, que encierran en
compartimentos estancos el trabajo de cada oficio, están tan estrechamente
definidas, y la determinación de cada sindicato es tan inflexible que en ningún
momento permite que nadie más que sus propios miembros se dedique al trabajo de
su oficio específico, que en épocas de crisis sindical es sumamente difícil
encontrar trabajo adecuado. Si no se puede encontrar un trabajo adecuado en el
distrito, difícilmente se puede sugerir que en tiempos de depresión los
carpinteros de barcos y caldereros del Clyde, si están sin trabajo, se
trasladen a otros lugares, por ejemplo, al Tyne o al Mersey, donde habría, por
la naturaleza de las cosas, hombres locales de su propio oficio disponibles.
El empleo depende
principalmente de la demanda
Si se emplean
trabajadores para producir bienes y servicios, y nadie quiere comprarlos, es
obviamente absurdo colocarlos en esa clase de producción. Por otro lado, si se
les exige que produzcan bienes y servicios que la gente sí desea y está
dispuesta a comprar a un precio remunerativo, esos bienes y servicios pueden, y
deben, ser...[127] proporcionados por la maquinaria industrial ordinaria
que normalmente se dedica a su producción; dejar desempleados en ese trabajo es
simplemente competir con, y socavar, a los trabajadores que normalmente se
dedican a ese tipo de producción, y dejarlos sin empleo, lo que no mejora la
situación. La verdad es, como lo expresa con tanta fuerza el Sr. Harold Cox
en Economic Liberty , pág. 74:
Queda claro que no
podemos aumentar la suma total del empleo remunerado a menos que también
aumentemos el volumen de bienes y comodidades que todos desean. Ninguno de los
planes propuestos para el empleo estatal de los desempleados logra esto. Todos
están diseñados no para producir cosas que alguien desee, sino para dar una
excusa para pagar salarios a quienes no encuentran trabajo. En todos los casos,
el trabajo se realiza para el trabajador, y ese mismo hecho implica que el
trabajo no se desea por sí mismo.
Esto nos lleva
directamente a la cuestión de las "obras de socorro". Su única
justificación económica es que, cuando por razones humanitarias es necesario
realizar pagos con fondos públicos o municipales para el sustento de personas
desempleadas y sus dependientes, es mejor, en lugar de dar una ayuda sin exigir
trabajo, solicitar trabajo que beneficie a la comunidad que paga los salarios.
Lo irónico de la situación es que los sindicatos siempre exigen que los
salarios sean los salarios sindicales completos, olvidando por completo que el
trabajo no es remunerado y que la comunidad no lo necesita en el momento
oportuno, sino que lo proporciona con una pérdida económica.
Los fiascos de la
colonia agrícola
Hemos tenido alguna
experiencia de intentos de proporcionar “trabajo remunerado”.
La Colonia Agrícola
de Hollesley Bay fue fundada en 1905 por el Cuerpo Central de Desempleados; el
gasto total en ella entre 1905 y el 31 de marzo de 1912 fue de £178.253, el
total obtenido por las ventas de productos de la colonia durante el mismo período
fue de £41.755, mostrando una pérdida neta durante ese tiempo de £136.498.
(Véase Sexto Informe del Organismo Central (Desempleo) , 1913,
págs. 7 y 16.) El Sr. John Burns, Presidente de la Junta de Gobierno Local,
hablando en la Cámara de los Comunes, el 13 de marzo de 1908 ( Debates
Parlamentarios , vol. 186, 70), dijo con respecto a la colonia de
Hollesley Bay: “El trabajo y la labor de estos hombres se ponen en competencia
con los horticultores y agricultores locales, y cuando voy a Hollesley Bay me
enfrento a pequeñas diputaciones de trabajadores agrícolas profesionales
decentes y sirvientes de horticultores, quejándose del hecho de que nuestro
intento, bien intencionado,[128] caritativamente inclinados y alimentados
con dinero del Estado, en nombre de los desempleados, están desposeyendo al
trabajador agrícola decente”. La Colonia Agrícola South Ockenden fue fundada
por los Guardianes de West Ham. El Sr. John Burns dijo al respecto: “En todo el
tiempo que esa colonia ha estado en funcionamiento —y nadie dejará de admitir
que le he brindado la ayuda más generosa y paternal— de los 790 que han pasado
por esa colonia, cuyo objetivo es capacitar a los hombres para la tierra y
llevarlos de regreso a ella, no hay un solo caso registrado de que los hombres regresen
al trabajo agrícola” ( Debates Parlamentarios , vol. 186, 70).
En la misma ocasión, el Sr. Burns se refirió a la colonia Laindon fundada por
los Guardianes Poplar: “Vi a un viejo trabajador agrícola de entre sesenta y
sesenta y cinco años, cavando en un campo a 200 yardas de la colonia, obteniendo
15 o 16 chelines. por semana” —El Sr. Burns
había mencionado previamente que el costo promedio semanal por hombre en la
colonia era de 24 chelines. —“Le pregunté: '¿Cuánto tiempo te
toma cavar un acre de tierra?'. Él respondió: 'Me toma quince días cavar un
acre de esa tierra'. Crucé la vía y encontré en las obras públicas a sesenta y
siete hombres aptos... que tardaban diez días en cavar un acre y medio”. Así,
en la colonia cada hombre cavaba a un ritmo de un acre en 446 días, mientras
que el antiguo trabajador agrícola en el terreno adyacente cavaba un acre en 14
días. Cabe recordar que el objetivo expreso del Organismo Central de
Desempleados al establecer estas colonias era proporcionar trabajo productivo a
los desempleados. No es de extrañar que el Sr. Burns, con su gran experiencia,
se expresara en los siguientes términos, el 19 de julio de 1906 ( Debates
Parlamentarios , vol. 161, 425):
Creo que las obras
de ayuda deberían ser el último recurso de cualquier comunidad. Esterilizan la
voluntad, minan la autosuficiencia e introducen en la industria precisamente
las condiciones de irregularidad y bajos salarios que buscamos eliminar... Si las
obras reciben ayudas estatales, se financian con fondos públicos, impuestos o
tasas, solo serán una forma de beneficencia pública que desviará el dinero
correcto de forma incorrecta hacia fines derrochadores con resultados
desmoralizantes. Las nuevas obras improductivas y poco rentables, financiadas
con tasas e impuestos, son prácticamente la peor forma de ayuda que se pueda
imaginar.
La conclusión del
Sr. Burns será confirmada por cualquier persona con experiencia en obras de
socorro. El trabajo realizado es inmensamente más costoso por unidad que si se
realizara en condiciones industriales normales; los trabajadores saben que no
es un trabajo serio y, por lo tanto, no trabajan.
Si es necesario
realizar obras de socorro, y no se puede dejar que los desempleados mueran de
hambre, ¿cuáles serán las obras, en qué condiciones se ejecutarán, en qué
medida?[129] Los asuntos que el Estado debería resolver plantean
cuestiones extraordinariamente difíciles que exigen el mejor juicio.
Es totalmente
innecesario enfatizar el mal de las prestaciones de desempleo, cualquiera que
sea su forma, ya sea la asistencia pública de la Ley de Pobres o cualquier
otra. He tenido conocimiento personal de muchos casos de hombres que, tras
recibir ofertas de trabajo con salarios razonables, se negaron a aceptarlo,
alegando que les iba mejor con sus diversas prestaciones por desempleo, y así
era.
[130]
[131]
Parte II
POLÍTICA LABORAL DEL GOBIERNO
[132]
[133]
CAPÍTULO XII
REGULACIÓN DEL TRABAJO EN TIEMPOS DE GUERRA Y SUS EFECTOS
Cooperación entre
empleadores y sindicatos al comienzo de la guerra—El efecto inquietante de la
escasez de mano de obra—Los acuerdos del “Tesoro” de marzo de 1915—La
limitación de las ganancias de los empleadores—El fracaso del arbitraje
obligatorio—El efecto de liberar a los empleadores de la responsabilidad de la
gestión de la mano de obra—Los aumentos de salarios y precios—La relación de
los salarios con el costo de vida.
Muchas de nuestras
dificultades industriales actuales se deben al efecto que la guerra, y en
especial las medidas que el Gobierno tuvo que tomar durante ella, han tenido en
la psicología de los trabajadores. Intentar una descripción completa de dichas
medidas quedaría totalmente fuera del alcance de este libro; quienes deseen
estudiarlas encontrarán una descripción completa y lúcida en Labour
Supply and Regulation , del Sr. Humbert Wolfe, CBE, que próximamente
publicará Oxford University Press. Solo me interesa abordarlas en la medida en
que sirvan de guía para las políticas futuras.
Cooperación entre
empleadores y sindicatos al comienzo de la guerra
La característica
más notable de los primeros días de la guerra fue la cooperación espontánea
entre empleadores y trabajadores. El 4 de agosto de 1914, los empleadores y
empleados de la construcción naval e ingeniería de Clyde acordaron por
unanimidad recomendar a sus respectivos electores que ayudaran en todo lo
posible a todas las empresas empleadas en trabajos urgentes del Gobierno. El 10
de agosto, los empleadores y empleados de la construcción naval e ingeniería
del Tyne adoptaron una recomendación similar. El asunto se llevó aún más lejos;
el 25 de agosto, en una reunión del Comité Conjunto del Comité Parlamentario
del Congreso de Sindicatos, el Comité de Gestión de la Federación General de
Sindicatos y el Comité Ejecutivo del Partido Laborista, se resolvió que se
hiciera un esfuerzo denodado para resolver todos los conflictos laborales
existentes, y que siempre que surgieran nuevos puntos de
dificultad[134] Si surgían conflictos durante la guerra, todos los
involucrados debían esforzarse decididamente por alcanzar una solución amistosa
antes de recurrir a una huelga o un cierre patronal. El espíritu de esta
resolución se puso en práctica de inmediato. En julio de 1914, existían más de
100 conflictos laborales, que implicaban a 72.000 hombres; este número se
redujo a veinte durante agosto, en los que solo estaban involucrados 9.000
trabajadores; a principios de 1915, el número se redujo a diez, y en febrero de
1915, a ninguno. El número de nuevos conflictos que surgieron entre agosto y
diciembre de 1914 fue muy reducido. Esto demostró el efecto que una clara
comprensión de las necesidades nacionales tuvo tanto en los empleadores como en
los trabajadores.
El efecto
inquietante de la escasez de mano de obra
Esta feliz
situación, por desgracia, no duró mucho; y, en retrospectiva, las razones ahora
son bastante claras. Cuando estalló la guerra, el desempleo era un temor
generalizado, tanto que se nombró un Comité Gubernamental para la Prevención y
el Alivio de la Dificultad, que invitó a alcaldes y prebostes de todo el país a
formar comités locales para abordar el desempleo. La Junta de Gobierno Local
instó a las autoridades locales a agilizar las obras públicas; incluso el
Director de Contratos del Ejército adjuntó a los contratos gubernamentales un
memorando que aconsejaba a los contratistas que, al ejecutar las obras, debían
procurar el empleo del mayor número posible de hombres en lugar de trabajar
horas extras. Para diciembre de 1915, no el desempleo, sino la grave escasez de
ingenieros cualificados se convirtió en el problema nacional. Se hicieron
varios intentos para remediar la escasez: primero, trasladando a trabajadores
cualificados del sector comercial al de municiones; luego, obteniendo la baja
de los oficiales cualificados de las Fuerzas Armadas; tercero, importando
refugiados belgas y mecánicos cualificados de Canadá; cuarto, en algunos
distritos, formando "escuadrones del rey" o compañías móviles para
trabajar donde más se necesitara. Todos estos métodos resultaron bastante
inadecuados y el único camino que quedaba libre era hacer el mejor uso de los
hombres cualificados que estaban realmente disponibles, es decir, sacarlos del
trabajo en el que podían emplearse hombres o mujeres no cualificados y ascenderlos
al trabajo cualificado más difícil que sólo un artesano podía emprender, o
ponerlos como supervisores de la mano de obra no cualificada así traída. Esto
es lo que popularmente se conoció como "dilución", pero su
introducción exitosa implicó una suspensión definitiva de las costumbres
sindicales.
A finales del otoño
de 1914, se discutió en varias conferencias entre las federaciones de
empleadores y los sindicatos,[135] pero sin éxito. En enero de 1915, el
Gobierno confió el problema a la Junta de Comercio, y en febrero se nombró al
Comité de Producción bajo la presidencia de Lord (entonces Sir George) Askwith
para formular un programa de acción gubernamental. Es fácil, por supuesto, ser
sabio después del evento, pero fue una circunstancia desafortunada, y
desaprobada por los propios empleadores, que, en primera instancia, se le haya
dejado al "Capital" proponer a los sindicatos la suspensión de las
costumbres y prácticas que los sindicatos habían pasado años en establecer, y
que eran consideradas por el trabajador promedio como los baluartes de sus
derechos comerciales. Todas estas costumbres, por ejemplo, la limitación de
aprendices; la restricción en el trabajo de ciertas máquinas solo por hombres
calificados; la remuneración de las horas extras; la limitación de la
producción; La exclusión de las mujeres, así como de los hombres que no
hubieran cursado un aprendizaje de ingeniería, se diseñó con el fin de
establecer un sistema bajo el cual el artesano sindicalizado monopolizara su
oficio y estuviera protegido, en la medida de lo posible, contra el desempleo.
Los hombres consideraban que el instinto natural de todo empleador era romper
estas reglas y, así, al asegurar el derecho a contratar mano de obra no
cualificada, reducir el nivel salarial de los cualificados. A pesar de todos
los compromisos de los empleadores de que las modificaciones en las condiciones
laborales serían solo durante el período de guerra, los trabajadores nunca se
convencieron de que tales medidas fueran realmente necesarias para el interés
del país o algo más que artimañas de empleadores sin escrúpulos. Si el Gobierno
hubiera asumido primero la negociación de estas propuestas, y no la hubiera
dejado en manos de los empleadores, la historia de la producción de municiones
habría sido muy diferente.
Los acuerdos del
“Tesoro” de marzo de 1915
Fueron los propios
sindicatos quienes manifestaron al Gobierno que, si se debía hacer algo para
suspender las aduanas comerciales, el Gobierno tendría que tomar el asunto en
sus propias manos. Así, en marzo de 1915, se celebró una conferencia en la
Tesorería, donde el Gabinete hizo un llamamiento directo a los sindicatos del
país y firmó un tratado conocido como el Acuerdo del Tesoro, que, de haber
tenido éxito, habría garantizado durante el período de guerra la suspensión de
las huelgas y de todas las restricciones a la producción. Sin embargo, el
tratado resultó completamente ineficaz, y la causa es esclarecedora. A
principios de marzo, el coste de la vida había subido, según las estadísticas
de la Junta de Comercio, entre un 15 y un 20 por ciento por encima de la cifra
de julio de 1914. Había un[136] Estallido general en todo el país contra
la especulación; el Partido Laborista reimprimió y distribuyó la famosa
declaración del Sr. Bonar Law: «Hoy en día, los barcos bien gestionados
obtienen enormes ganancias, y esas ganancias provienen de la misma causa por la
que la gente de este país se sacrifica en todos los sentidos e incluso da su
vida» ( Debates Parlamentarios , 1915, vol. 69,793). El
resultado fue un aumento inmediato de las huelgas. Los siguientes fueron los
paros laborales notificados a la Junta de Comercio:
Número de disputas
en curso a principios de 1915, 10.
|
Durante |
Enero |
1915 |
30 |
Nuevas disputas. |
|
" |
Febrero |
" |
47 |
" " |
|
" |
Marzo |
" |
74 |
" " |
|
" |
Abril |
" |
44 |
" " |
|
" |
Puede |
" |
63 |
" " |
La limitación de
las ganancias de los empleadores
La Sociedad
Amalgamada de Ingenieros estuvo representada en la Conferencia del Tesoro; sin
embargo, sus representantes habían recibido instrucciones de no aprobar ningún
plan hasta haberlo informado a su Consejo Ejecutivo y obtenido sus
instrucciones. Al conocerse esto al Gobierno, el Ministro de Hacienda convocó
otra conferencia el 25 de marzo de 1915 en el Tesoro con la Sociedad Amalgamada
de Ingenieros, y allí se firmó un nuevo acuerdo. En la conferencia, la Sociedad
Amalgamada de Ingenieros insistió en que el Gobierno debía tomar medidas para
regular las ganancias de los empleadores, argumentando que era injusto impedir
que los trabajadores utilizaran su enorme poder económico y, al mismo tiempo,
permitir que los empleadores utilizaran el suyo. Se firmó entonces un acuerdo
complementario con la Sociedad Amalgamada de Ingenieros que contenía esta
cláusula: «Que es intención del Gobierno concluir acuerdos con todas las
empresas importantes dedicadas total o principalmente a trabajos de ingeniería
o construcción naval con fines bélicos, en virtud de los cuales sus beneficios
se limitarán con miras a asegurar que el beneficio, resultante de la relajación
de las restricciones o prácticas comerciales, recaiga en el Estado». La
necesidad nacional de limitar los beneficios de los empleadores había sido
enfatizada previamente por el Comité de Producción. Esta recomendación contó
con la firme aprobación de Lord Kitchener; hablando en la Cámara de los Lores
el 15 de marzo (véase Debates Parlamentarios , 1915, H. of L.,
vol. 18,723), dijo: «Los trabajadores pueden pedir con toda razón que su labor
patriótica no se utilice para inflar los beneficios de los directores y
accionistas.[137] de las diversas grandes empresas industriales y de
armamento, y por lo tanto estamos organizando un sistema bajo el cual las
importantes empresas de armamento estarán bajo el control del Gobierno, y
esperamos que los trabajadores que trabajan regularmente y mantienen un buen
horario cosechen algunos de los beneficios que la guerra confiere
automáticamente a estas grandes empresas”. El Gobierno emprendió negociaciones
con diversas empresas de armamento y construcción naval con el fin de que el
Gobierno tomara posesión de ellas, pero estas fracasaron y el Gobierno abandonó
la idea. Otras negociaciones para limitar, primero, los dividendos y luego,
alternativamente, las ganancias netas divisibles, también fracasaron y no se
concretaron. El hecho de que se impidiera a los trabajadores exigir salarios
más altos, mientras que los empleadores tenían la libertad de obtener mayores
ganancias, anuló por completo los Acuerdos del Tesoro y era necesario tomar
medidas. El 9 de junio de 1915, se constituyó el Ministerio de Municiones por
Ley del Parlamento. Se tomaron medidas inmediatas para redactar el proyecto de
ley que posteriormente se convertiría en la Ley de Municiones de Guerra de
1915. El Gobierno comprendió la importancia de lograr la aprobación del
proyecto de ley por parte del Partido Laborista, como de hecho finalmente lo
logró. El primer punto en el que el Partido Laborista insistió fue la
limitación de las ganancias de los empleadores. Esto finalmente se dispuso en
la Sección 5. Solo se aplicaba a los "establecimientos controlados",
y hasta la posterior introducción del Impuesto sobre Beneficios Excedentes, los
propietarios de A los establecimientos no controlados se les permitía obtener
las ganancias que consideraran convenientes. Pero era como cerrar la puerta del
establo después de que el caballo fuera robado. Durante la guerra, el Partido
Laborista nunca se deshizo de la idea de que las ganancias de los empleadores
no estaban restringidas hasta que obligaron al Gobierno a restringirlas, y que
incluso entonces la restricción era de una magnitud completamente inadecuada.
Fracaso del
arbitraje obligatorio
El efecto
sustancial de la Ley de Municiones de Guerra de 1915 fue otorgar fuerza legal a
los Acuerdos del Tesoro. Las obligaciones que la Ley impuso a los propietarios
de establecimientos controlados fueron, en esencia, las garantías para los
trabajadores contenidas en los Acuerdos del Tesoro, y para los trabajadores,
las disposiciones contenidas en dichos Acuerdos que impedían los paros
laborales. La Parte I de la Ley preveía la resolución de diferencias laborales
y, en ciertos casos, la prohibición de huelgas y cierres patronales, así como
el arbitraje obligatorio. Podría pensarse que las circunstancias de la guerra
brindaron una ocasión única para el éxito del arbitraje obligatorio, pero fue
un fracaso rotundo.[138] Muchos sindicatos inicialmente aceptaron el
arbitraje porque, mientras los precios seguían subiendo, los anticipos
salariales se otorgaban de forma casi automática para ajustar los salarios al
coste de la vida. Sin embargo, cuando los sindicatos se negaron a recurrir al
arbitraje o, si lo hicieron, a acatar el laudo, fue imposible hacerlo. Si
100.000 hombres cesan en sus trabajos, es impracticable procesarlos o multarlos
a todos; seleccionar a un cierto número pronto levanta protestas, los
procesados se convierten en mártires y sus colegas recaudan fondos para el pago
de sus multas. Si bien la pretensión de hacer cumplir los laudos se mantuvo
durante cierto tiempo, todos los involucrados en la administración de la Ley de
Municiones sabían que el arbitraje obligatorio era un error. Esto se demostró
el mismo mes en que se aprobó la Ley, concretamente en junio de 1915, en el
caso de la huelga minera en el sur de Gales, a la que se hace referencia en la
pág. 156. Pero en vista del estancamiento absoluto al que habían llegado las
negociaciones colectivas entre empleadores y sindicatos a fines de 1914, era
esencial que el Gobierno asumiera la regulación general del trabajo, y las
facultades para hacerlo fueron otorgadas al Ministro de Municiones por la Ley
de Municiones de Guerra de 1915. Se han dirigido muchas críticas adversas a la
administración laboral del Ministerio, pero la regulación estatal era el único
remedio restante; si bien se recuerda esto, se debe admitir que el trabajo se
reguló tan eficientemente como lo permitieron las circunstancias.
Efecto de liberar a
los empleadores de la responsabilidad de la gestión laboral
Un efecto
desafortunado, aunque inevitable, de la Ley de Municiones de Guerra y la
regulación laboral por parte del Ministerio de Municiones fue hasta qué punto
los empleadores dejaron de gestionar la mano de obra en sus propias fábricas.
Aunque las ganancias eran limitadas, el trabajo era abundante y los precios,
accesibles; tenían asegurado el negocio sin mucho esfuerzo por su parte.
Además, muchos empleadores se resintieron, y probablemente con razón, por la
intervención del Ministerio de Municiones en los conflictos laborales, y cuando
surgían, en lugar de intentar resolverlos con los trabajadores, se contentaban
con informar al Ministerio. Por otro lado, a los sindicatos les resultaba más
fácil informar de los conflictos al Ministerio y discutirlos con él que tomarse
la molestia, como antes de la guerra, de discutirlos con cada empresa
individualmente. Cualquiera que haya sido la causa real, el efecto
indudablemente fue que la aprobación de la Ley de Municiones en 1915, por
inevitable que fuera, ha[139] contribuyó materialmente al distanciamiento
que ahora existe entre los empleadores y sus trabajadores.
No fue durante la
administración laboral normal del Ministerio de Municiones donde se produjo el
daño; fue cuando, por consideraciones políticas, los políticos impusieron al
Ministerio una acción específica, que se infligió un verdadero perjuicio a la
industria. Un ejemplo de ello es la famosa bonificación del 12,5 %. Es bien
sabido que el Ministerio y el Almirantazgo se opusieron firmemente a esa medida
fatal, pero se consideró conveniente que el Gobierno intentara apaciguar al
Partido Laborista no solo en relación con las dificultades existentes, sino
también en vista de posibles acontecimientos políticos, por lo que se otorgó la
bonificación. Como Director de Trabajo de Astilleros del Almirantazgo, con más
de un millón de hombres afectados por la decisión, protesté enérgicamente. Mi
protesta quedó registrada en las actas del Gabinete de Guerra; afirmé que
sometería al país a una nómina anual adicional de 95 millones de libras
esterlinas; me equivoqué en la cantidad de 7 millones, que finalmente resultó
ser de 102 millones.
Aumentos de
salarios y precios
Una cuestión
importante es la situación en la que la guerra dejó a los trabajadores en
cuanto a su nivel de vida; esto implica considerar los salarios y los precios.
No es necesario que me extienda al respecto; el profesor Bowley, en su libro
« Precios y Salarios en el Reino Unido, 1914-1920» , de Oxford
University Press, ha abordado el tema con gran acierto, y sin duda conviene
consultar dicho libro sobre esta cuestión crucial. En su discurso del 29 de
enero de 1920, en la Reunión Anual del London Joint City and Midland Bank,
Ltd., el Muy Honorable R. McKenna describió sucintamente cómo subieron los
precios:
Al estallar la
guerra, a lo largo de toda ella y hasta la actualidad, el Gobierno ha sido un
gran comprador de productos básicos, muy por encima de su demanda normal. La
primera consecuencia de las inmensas compras gubernamentales fue estimular la
producción. La maquinaria se utilizó a su máxima capacidad; el número de
personas empleadas aumentó considerablemente; las mujeres sustituyeron a los
hombres, y la producción nacional total aumentó considerablemente. Pero por
mucho que se aumentara la producción, no pudo satisfacer las necesidades
nacionales. La demanda superó la oferta y, tal como ocurre cuando un período de
relativa depresión comercial es seguido por un auge comercial, se produjo un
aumento natural de los precios. Inmediatamente se necesitó más dinero, en parte
para pagar los salarios del mayor número de trabajadores empleados, en parte
porque, con precios más altos, los comerciantes guardaban más dinero en sus
cajas. A medida que se emitía más dinero, aumentaba el poder adquisitivo de la
comunidad. Pero hasta este punto, el aumento no fue grande. Se tuvo que
introducir una nueva condición antes[140] Cualquier aumento considerable
podía ocurrir. No solo debía haber un aumento de la moneda, cuyo total, en
cualquier caso, solo representa una pequeña parte del poder adquisitivo
público; sino, mucho más importante, debía haber un aumento considerable en los
depósitos bancarios. Esta nueva situación no tardó en surgir. Para cubrir el
creciente gasto diario, el Gobierno tuvo que pedir prestado libremente al
público, a los bancos y al Banco de Inglaterra. Es innecesario recapitular los
efectos de este endeudamiento. Los depósitos bancarios aumentaron enormemente.
No hubo un aumento proporcional en la oferta de bienes, y se produjeron las
consecuencias habituales. Los precios comenzaron a subir rápidamente. A la
subida de precios le siguieron demandas generales de aumentos salariales. Al
aumentar estos, también lo hizo el coste de producción, y se dio otra vuelta de
tuerca a la tendencia alcista de los precios, que seguían subiendo
constantemente. Pero los salarios más altos deben pagarse en moneda de curso
legal. Durante la semana, la mayor parte del dinero pagado en salarios regresa
a los bancos, a través de las tiendas, y estos lo desembolsan de nuevo para
cubrir las necesidades de la semana siguiente. Pero, cuando los precios y los
salarios suben, no todo vuelve, y cada semana una cantidad mayor queda retenida
en los bolsillos de la gente, en las cajas de los comerciantes y en las cajas y
reservas de los bancos.
Podemos detenernos
aquí para preguntarnos: ¿existe alguna etapa de este proceso en la que hubiera
sido apropiado limitar la emisión de moneda? La principal demanda de moneda es
cubrir la nómina semanal. Si los salarios aumentan, ya sea por el aumento de la
mano de obra o por el aumento de las tasas, se debe poner más moneda en
circulación cada semana. Si se interrumpiera el suministro, habría que
encontrar un sustituto. Al estallar la guerra, no había suficiente moneda de
curso legal para satisfacer nuestras necesidades adicionales, e inmediatamente
se utilizaron giros postales e incluso sellos para compensar la deficiencia. Si
se quiere emplear y pagar a hombres y mujeres, es necesario encontrar medios
para pagarles, y una limitación arbitraria de la moneda solo causaría
inconvenientes intolerables al público.
Relación entre los
salarios y el costo de vida
Es habitual medir
el coste de la vida de la clase trabajadora según las bases del Ministerio de
Trabajo. El Ministerio trabaja con un presupuesto laboral promedio de preguerra
que incluye alimentos, alquiler, ropa, luz, combustible y artículos varios, y calcula
su coste mes a mes. (Véase Labour Gazette , febrero de 1921).
El coste en julio de 1914 se toma como 100, y el mayor coste mensual desde
entonces aparece como 100 y algo; esto se denomina «número índice». Por lo
tanto, el Ministerio mide el aumento promedio del coste de mantener el nivel de
vida de la clase trabajadora de preguerra; sin embargo, no tiene en cuenta
ninguna modificación del estándar, que, por supuesto, era habitual; como por
ejemplo, el uso de margarina cuando no se conseguía mantequilla. El Comité de
Lord Sumner sobre el Costo de Vida para las Clases Obreras ( Documento
Parlamentario , 1918, Cd. 8980) demostró mediante una investigación
real que los índices del Ministerio no representaban las condiciones actuales,
sino que eran demasiado altos.[141] Por otro lado, el Comité Conjunto
sobre el Costo de la Vida [10] opina que las cifras están subestimadas. Todos estos asuntos se
analizan con gran detalle en el libro del profesor Bowley, quien proporciona
sus propios índices modificados. El profesor Bowley lo resume así: «No cabe
duda de que algunos sectores, especialmente los peor pagados de la clase
trabajadora, estaban mejor en el verano de 1920 que antes de la guerra, y es
probable que otros estuvieran peor. No es posible determinar si el promedio de
todos los salarios, medido en poder adquisitivo, había subido o bajado». Sin
embargo, si se toman los salarios en ciertos oficios, por ejemplo,
ferrocarriles, minería e ingeniería, y se comparan con el costo de la vida
desde julio de 1914, aparecen en la siguiente relación:
|
Índice del
costo de vida del Ministerio |
Índice modificado
del profesor |
Salarios
ferroviarios |
Salarios de los
mineros |
Salarios de los
ingenieros |
||
|
Experto. |
No capacitado. |
|||||
|
Julio de 1914 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
" 1915 |
125 |
(120) |
110 |
113 |
110 |
— |
|
" 1916 |
145 |
(135) |
120 |
129 |
111 |
— |
|
" 1917 |
180 |
(160) |
155 |
136 |
134 |
154 |
|
" 1918 |
205 |
180 |
195 |
187 |
173 |
213 |
|
" 1919 |
210 |
185 |
225 |
224 |
199 |
255 |
|
" 1920 |
252 |
220 |
280 |
260 |
231 |
309 |
[142]
CAPÍTULO XIII
POLÍTICA LABORAL DEL GOBIERNO NORMAL
Departamentos
gubernamentales interesados—Conciliación y arbitraje—Consejos
Whitley—Maquinaria de conciliación propia de la industria—Maquinaria de
conciliación estatal—Salarios mínimos legales—Bolsas de empleo—La labor del
Ministerio de Trabajo.
Antes de la
creación del Ministerio de Trabajo en 1916, la supervisión general de las
condiciones laborales estaba a cargo del Departamento del Comisionado
Industrial Jefe de la Junta de Comercio. El Ministerio de Trabajo se creó en
1916 y absorbió al Departamento del Comisionado Industrial Jefe, asumiendo
también de la Junta de Comercio la administración del Seguro de Desempleo, las
Juntas de Comercio y las Bolsas de Trabajo.
Departamentos
gubernamentales interesados
Español Los
Estatutos bajo los cuales actúa el Ministerio de Trabajo son: Ley de
Conciliación, 1896, y Ley de Tribunales Industriales, 1919, en relación con la
conciliación y resolución de disputas laborales; Ley de Bolsas de Trabajo,
1909—establecimiento y administración de Bolsas de Empleo; Leyes de Seguro de
Desempleo—seguro contra el desempleo; Leyes de Juntas Comerciales,
1909-1918—fijación de tasas mínimas legales de salarios. Además, el Ministerio
tiene una serie de deberes temporales tales como la capacitación de hombres
discapacitados en la guerra y de jóvenes cuyo aprendizaje fue interrumpido por
el servicio de guerra. Algunas otras ramas de la legislación laboral son
administradas por otros Departamentos Gubernamentales como se muestra a continuación:
(1) Las Leyes de Fábricas y Talleres y legislación relacionada que tratan las
horas de trabajo de mujeres y jóvenes, la salud y seguridad de los
trabajadores, oficios peligrosos e insalubres, etc., y las Leyes de Tiendas,
que regulan las horas de trabajo de los dependientes de tiendas, por el
Ministerio del Interior; (2) El empleo en la medida en que dependa de las Leyes
de Educación, por la Junta de Educación; (3) Las Leyes de Minas, que regulan
las horas y condiciones de empleo de las personas empleadas en minas
subterráneas de carbón, por la Junta de Comercio (Departamento de Minas); (4)
Las Leyes de Seguro de Salud, que tratan del seguro de los trabajadores contra
enfermedades, y las Leyes de Compensación de los Trabajadores, que tratan de la
compensación[143] en caso de accidentes que surjan con ocasión y en el
curso del trabajo del trabajador, por el Ministerio de Salud.
Conciliación y
Arbitraje
El mecanismo
general para la resolución de conflictos laborales en este país mediante
conciliación y arbitraje se compone de (1) el mecanismo de conciliación dentro
de la industria, (2) el mecanismo estatal. El primero consiste en un mecanismo
voluntario que comprende (i) los Consejos Industriales Conjuntos, organismos en
los que los empleadores y los trabajadores organizados están equitativamente
representados, establecidos en varias industrias de acuerdo con las
recomendaciones de un Comité nombrado en 1916 y presidido por el Muy Honorable
J. H. Whitley, diputado, actual Presidente de la Cámara de los Comunes; (ii)
las juntas de conciliación voluntarias permanentes, una forma más antigua de
organismo conjunto igualmente representativo de empleadores y trabajadores,
pero que difiere de los Consejos Industriales Conjuntos en que las juntas de
conciliación tienden a limitar sus actividades principalmente a cuestiones de
salarios y condiciones laborales, mientras que los consejos toman en
consideración todos los asuntos pertenecientes a la industria; (iii) un
procedimiento reconocido organizado por organizaciones de empleadores y
trabajadores, que no cuenta con una junta de conciliación formalmente
constituida, que prevé la discusión de las diferencias a medida que surgen.
Consejos de Whitley
Hasta finales de
1921, se habían establecido Consejos Industriales Conjuntos en 73 industrias y
servicios; 15 se encuentran actualmente en suspenso; uno ha sido absorbido por
otro Consejo. Además, hay 10 Comités Provisionales de Reconstrucción Industrial
activos en oficios a los que el Plan Whitley aún no puede aplicarse plenamente
debido a la falta de organización. Los Consejos Industriales Conjuntos y los
Comités de Reconstrucción actualmente en funcionamiento abarcan a unos 3¾
millones de trabajadores. El Plan Whitley contempla el establecimiento, bajo
los Consejos Industriales Conjuntos Nacionales, de Consejos de Distrito
—igualmente representativos de empleadores y empleados— y Comités de Empresa,
integrados por la dirección y los trabajadores en igual número, y se han
formado muchos de estos organismos. Las actividades de los Consejos
Industriales Conjuntos se han dirigido principalmente a la resolución de
reclamaciones salariales y al ajuste de la jornada laboral, dos problemas que
han cobrado especial relevancia debido a las anormales condiciones económicas
de los últimos años. Pero otras cuestiones relativas a las condiciones de
trabajo, por ejemplo el pago de horas extras, el pago de vacaciones, las
asignaciones por tiempo de paseo, las asignaciones por trabajo fuera del
trabajo y las asignaciones de subsistencia,[144] Los Consejos también han
debatido las multas por retrasos. Algunos han considerado el problema del
desempleo y los acuerdos para la subcontratación del Plan Nacional de Seguro de
Desempleo; otros han llevado a cabo investigaciones estadísticas e
investigaciones en sus sectores específicos; todos han considerado cuestiones
de bienestar social en colaboración con el Ministerio del Interior; algunos han
considerado asuntos comerciales que afectan a sus sectores. El Gobierno acordó
considerar un Consejo Industrial Conjunto como el Comité Consultivo Permanente
para su sector, y en varios casos, asuntos como los mencionados se han debatido
por iniciativa del Gobierno. Algunos Consejos Industriales Conjuntos no abordan
cuestiones salariales, como los de la construcción, el calzado, la fabricación
de papel, la imprenta y las camas metálicas, ya que existía un mecanismo para
la fijación de salarios en estos sectores antes de su creación y se consideró
que era mejor mantenerlo. Ciertas industrias con una organización de
empleadores y empleados bien desarrollada, como la siderurgia, el carbón, el
algodón, la ingeniería y la construcción naval, no han favorecido la formación
de un Consejo Industrial Conjunto. En ellos existen juntas de conciliación o
algún mecanismo bien reconocido para la solución de controversias.
Estos hechos
muestran los resultados que han obtenido los esfuerzos del Ministerio de
Trabajo, actuando en cooperación diplomática con los empleadores y empleados de
diversas industrias, para establecer Consejos Industriales Conjuntos.
Maquinaria de
conciliación propia de la industria
Una característica
singular de la evolución industrial en el Reino Unido ha sido el
establecimiento de Juntas de Conciliación voluntarias y permanentes en
numerosas industrias, mediante acuerdo entre empleadores y trabajadores, sin
respaldo legal, y cuyo éxito depende únicamente de la buena voluntad de las
partes. Dichas Juntas han existido durante muchos años. La Junta establecida en
la industria de guantes y calcetería de Nottingham en 1860 es probablemente el
primer ejemplo de un mecanismo permanente en cualquier industria para el
tratamiento sistemático de los conflictos laborales. Existe un gran número de
Juntas de Conciliación. El valor de las Juntas de Conciliación (al igual que el
de los Consejos Industriales Conjuntos) reside en su capacidad para prevenir
paros laborales, más que en su poder para resolver huelgas o cierres patronales
que ya se hayan producido. En la mayoría de los casos, las normas de las Juntas
de Conciliación establecen que no se permitirá ningún paro laboral mientras no
se resuelva la diferencia.[145] Por la Junta de Conciliación—en algunos
casos, las reglas establecen que, si se ha producido una interrupción del
trabajo, la Junta se negará a discutir el asunto hasta que se haya reanudado el
trabajo. La membresía de una Junta suele estar compuesta por un número igual de
representantes de las asociaciones de empleadores y de los sindicatos, partes
del acuerdo constitutivo de la Junta. En consecuencia, no es infrecuente que
ambas partes de la Junta estén igualmente divididas sobre la cuestión que se
les plantea, y la eficacia de una Junta como instrumento para dirimir
diferencias depende en gran medida de los pasos que se adopten normalmente para
resolver dicho impasse. Las reglas de algunas Juntas de Conciliación contienen
una cláusula que dispone que, en caso de que las partes no logren una solución
a una controversia, se deberá presentar una solicitud al Ministerio de Trabajo
para el nombramiento de un árbitro, mediador o conciliador. Las condiciones
cambiadas durante la guerra y las disposiciones especiales en tiempos de guerra
que fueron necesarias para tratar las disputas tuvieron un efecto notable sobre
las formas del mecanismo de conciliación en este país, con el resultado de que,
en varias industrias importantes (por ejemplo, la construcción), el mecanismo
está siendo revisado.
Un ejemplo del
funcionamiento de las Juntas de Conciliación lo ofrecen las de las industrias
siderúrgicas, que, aunque actualmente en proceso de reconsideración en algunos
distritos, existen desde hace muchos años. En ellas, la remuneración de la
mayoría de los trabajadores se regula mediante escalas móviles, según las
cuales los salarios suben y bajan de acuerdo con los avances o reducciones
prescritos en el precio de venta del artículo manufacturado, precio que es
determinado por contables a intervalos específicos. Si bien el ajuste general
de los salarios es su objetivo principal, las Juntas desempeñan otras funciones
útiles en estos oficios. Modificaciones de la escala móvil, cambios en el
método de trabajo, tarifas fijas para clases especiales de trabajo, variación
de precios según las dificultades de fabricación y otras cuestiones similares
han sido objeto de consideración por las Juntas. Las Juntas de Conciliación en
las industrias siderúrgicas presentan una gran similitud en su constitución y
procedimiento. Están compuestas, no por representantes de las asociaciones de
empleadores y trabajadores, sino por un representante de los trabajadores y uno
de los empleadores de cada una de las fábricas afiliadas a la Junta. Sus
métodos de procedimiento son similares, ya que brindan oportunidades a las
partes en conflicto para llegar a un acuerdo por sí mismas, sin que se
soliciten los servicios de la Junta hasta que otros medios hayan fracasado. Sus
reglas estipulan que las causas individuales de la queja deben ser discutidas
previamente entre los trabajadores afectados.[146] y el empleador o su
representante. En todos los casos, excepto en el de la Junta de Salarios del
Hierro y el Acero de Gales del Sur, las normas establecen que, de no llegarse a
un acuerdo, el asunto se debatirá entre el trabajador, acompañado por su
representante en la Junta, y el empleador o su representante. En el caso de
algunas Juntas, los asuntos que han superado esta etapa sin llegar a un acuerdo
se remiten a un Comité Permanente, y solo si este Comité no llega a un acuerdo,
los asuntos se presentan ante la propia Junta.
Español Durante
muchos años, la industria de la bota y el calzado ha estado cubierta por una
serie de Juntas Locales de Conciliación existentes en todos los centros de la
industria; las cuestiones que afectan a la industria en su conjunto se tratan
en Conferencias Nacionales Conjuntas presididas por un Presidente independiente
designado por el Ministerio de Trabajo. Cada Junta Local nombra un Comité de
Investigación compuesto por dos fabricantes y dos trabajadores; en caso de
desacuerdo, cada parte de la Junta elige un Árbitro a quien se le remite para
arbitraje cualquier disputa referida a la Junta y que la Junta no pueda
resolver. Si los dos Árbitros no están de acuerdo, las cuestiones se remiten a
un Tercero designado por ellos mismos o por el Ministerio de Trabajo. Las
reglas de las Juntas Locales de Conciliación establecen que el procedimiento a
seguir en casos de disputa entre un empleador y sus trabajadores será el
siguiente: ( a ) los trabajadores deberán presentar primero el
asunto ante el empleador o capataz; ( b ) si no logran llegar
a un acuerdo, los representantes de la Asociación de Empleadores y los
representantes del Sindicato de Trabajadores procurarán resolver el asunto en
disputa; ( c ) si estos representantes no logran llegar a un
acuerdo, el Secretario de la Junta informará inmediatamente de la disputa a la
Comisión de Investigación; ( d ) si la Comisión de
Investigación no logra resolver la disputa, esta se remitirá a la Junta y, a
falta de una decisión, al árbitro o árbitros, quienes deberán emitir su
decisión dentro de los siete días siguientes a la fecha de la audiencia. Este
sistema de conciliación es el más importante de los pocos que adoptan el
sistema de sanciones financieras.
Además de las
Juntas de Conciliación, existen diversos acuerdos que, si bien no se enmarcan
en la definición de Junta de Conciliación, establecen un procedimiento definido
para la consideración y resolución de diferencias. Se pueden citar dos
ejemplos: la industria algodonera, altamente organizada, no ha adoptado el
procedimiento de una junta de conciliación, pero el Acuerdo de Brooklands,
firmado en 1893, al término de la gran contienda, previó durante muchos años un
mecanismo para la resolución de...[147] Disputas en la industria de la
hilatura. Este Acuerdo ha sido sustituido por nuevas disposiciones para la
prevención de disputas. En cuanto a otros sectores de la industria, el acuerdo
principal es el existente entre la Asociación de Hilanderos y Fabricantes de
Algodón del Norte y Noreste de Lancashire y la Federación de Sindicatos
Textiles de los Condados del Norte. En virtud de este acuerdo, el procedimiento
es similar al adoptado en el caso del Acuerdo de Brooklands y prevé una reunión
de representantes de empleadores y trabajadores de la rama afectada. Si no se
llega a un acuerdo, la disputa se someterá a una reunión conjunta de los
miembros de la Asociación de Empleadores y la Asociación Amalgamada de
Sindicatos constituida en la sección en cuestión. Si esta reunión no logra un
acuerdo, el asunto se someterá a una reunión conjunta de representantes de la
Asociación de Fabricantes y la Federación de los Condados del Norte. Hasta que
se hayan tomado todas estas medidas y no hayan tenido éxito, no se emitirán
avisos de huelga ni cierre patronal. Una característica importante es una
disposición que establece que, en casos de interrupción del trabajo, se
celebrarán reuniones de los representantes de los firmantes a intervalos de
cuatro semanas en Manchester hasta que se resuelva la disputa.
De igual manera, no
se han adoptado Juntas de Conciliación en los oficios de ingeniería. El
principal mecanismo de conciliación en estos oficios es el que ofrecen las
"Condiciones de Transacción" firmadas en 1898 al término del gran
conflicto iniciado el año anterior. Este acuerdo, revisado en 1907,
prevé, entre otras cosas , la discusión de las quejas en
primera instancia por parte de empleadores y trabajadores o sus representantes.
Si no se logra un acuerdo por este método, se puede convocar una conferencia
local de asociaciones de empleadores y trabajadores para considerar el asunto,
y si la cuestión sigue sin resolverse, se puede remitir a una conferencia
central entre la Junta Ejecutiva de la Federación de Empleadores y las Juntas
Ejecutivas de los Sindicatos firmantes del acuerdo. No se permitirá ninguna
interrupción del trabajo hasta que este procedimiento se haya llevado a cabo en
su totalidad. Un acuerdo del 20 de mayo de 1919 amplió los acuerdos anteriores
mediante el reconocimiento de los delegados sindicales y la institución de los
Comités de Empresa.
Este mecanismo
voluntario (es decir, juntas permanentes de conciliación voluntaria y un
procedimiento reconocido de discusión) abarca varios de los principales
sectores del país, como la construcción, la minería del carbón, el hierro y el
acero, la ingeniería, la construcción naval, el algodón, las botas y el
calzado. Antes de la guerra, existían otras industrias de considerable
importancia en las que la conciliación...[148] No existían juntas ni otros
mecanismos permanentes, presumiblemente debido a la falta de organización de
las partes, por ejemplo, estibadores, carreteros, marineros y trabajadores
agrícolas. Esto se ha subsanado en cierta medida durante y después de la
guerra.
Maquinaria de
conciliación estatal
Como complemento a
los Consejos Whitley, las juntas de conciliación voluntaria y procedimientos
similares, responsables de la resolución de la mayor parte de las diferencias
que surgen, existe el aparato estatal: por un lado, el Tribunal Industrial; por
otro, las Juntas de Comercio para los sectores con baja organización. La Ley de
Tribunales Industriales de 1919 (que, a efectos prácticos, incorpora la Ley de
Conciliación de 1896) define las facultades del Gobierno para intervenir en
conflictos laborales, siendo dicha intervención necesaria en los casos en que
el mecanismo conjunto no sea adecuado o no haya logrado llegar a una solución.
La Ley establece un Tribunal de Arbitraje permanente [11] , al que pueden recurrir las partes en conflictos laborales si
ambas partes consienten. Si bien el establecimiento del Tribunal Industrial
establece una disposición permanente para el arbitraje voluntario, la política
del Ministerio de Trabajo, aunque no siempre la práctica del Gabinete, ha sido
que los conflictos laborales se resuelvan, en la medida de lo posible, mediante
la negociación entre las asociaciones de empleadores y los sindicatos. Cuando
esto falla o un Consejo Industrial Conjunto o una Junta de Conciliación no
pueden llegar a un acuerdo, el Tribunal Industrial es un tribunal independiente
y autorizado al que se pueden someter tales diferencias.
Si las partes así
lo desean, el Ministro de Trabajo puede remitir una disputa, en virtud de la
Ley, a un árbitro único designado por él o a una Junta de Arbitraje especial
compuesta por miembros seleccionados por las partes de entre los grupos de
personas designadas por él para actuar en estas Juntas. Sin embargo, la
remisión al Tribunal Industrial es el procedimiento normal. Una disputa puede
remitirse para su resolución, en virtud de la Ley de Tribunales Industriales,
solo después de agotar todos los medios de conciliación disponibles en el
sector. En virtud de la Ley de Tribunales Industriales, el Ministro tiene la
facultad de establecer un Tribunal de Investigación para investigar las causas
y circunstancias de cualquier disputa industrial, ya sea que la disputa exista
o simplemente se presuma; además, para este procedimiento no se requiere el
consentimiento de las partes. Estos Tribunales no tienen la facultad de
resolver la disputa mediante arbitraje, sino que se limitan a emitir un informe
que sirve[149] Presentar al público una explicación imparcial de los
méritos del caso, posiblemente con una recomendación sobre el mejor curso a
seguir para llegar a un acuerdo.
La política del
Ministerio de Trabajo consiste en atribuir la responsabilidad principal del
funcionamiento armonioso de la industria a los empleadores y empleados de cada
sector, y solo intervenir cuando las negociaciones entre empleadores y
sindicatos hayan fracasado, y en ese caso, con el único fin de reconciliarlos y
tratar de promover una solución al problema aceptable para ambas partes. Desde
el armisticio, la situación industrial ha sido especialmente difícil, y en
ciertas disputas ha existido un factor político y laboral que habría hecho casi
imposible una solución, independientemente del mecanismo existente. Sin
embargo, en general, puede afirmarse que la política actual del Ministerio de
Trabajo ha estado plenamente justificada por los resultados.
Salarios mínimos
legales
Los mecanismos de
conciliación voluntaria solo pueden funcionar con éxito en aquellos oficios
donde tanto empleadores como trabajadores están suficientemente bien
organizados como para permitir la entrada en vigor de un convenio colectivo.
Siempre debe existir un amplio sector de la industria con una organización
deficiente, que requiere otros medios para una adecuada regulación de las
condiciones laborales. Por consiguiente, se ha considerado necesaria la
intervención estatal para que los oficios menos organizados puedan fijar
salarios mínimos y garantizar su correcta observancia; esto se ha hecho
mediante las Juntas de Comercio. La Ley de Juntas de Comercio de 1909 se aprobó
con el objetivo declarado de erradicar la explotación laboral; solo se
incluyeron cuatro oficios en la Ley, pero se otorgó la facultad al Departamento
responsable (entonces la Junta de Comercio) para incluir oficios adicionales
bajo la Ley periódicamente mediante Orden Provisional. En 1918, se aprobó una
Ley de enmienda que sustituyó el procedimiento por Orden Especial por el
procedimiento por Orden Provisional y modificó la descripción de los oficios
que podían incluirse en las Leyes. El Ministro de Trabajo está facultado para
extender las Leyes de Juntas de Comercio a los oficios a los que no se aplican,
si considera que no existe un mecanismo eficaz para la regulación salarial y
que, dadas las tasas salariales vigentes, es conveniente una Junta de Comercio.
Para ello, se realiza primero una investigación de las condiciones del sector y,
si existen indicios razonables para la aplicación de las
Leyes, el Ministro notifica su intención de emitir una Orden Especial en virtud
de ellas. Un plazo de al menos cuarenta días.[150] Se debe permitir una
orden judicial, en la cual, si se reciben objeciones, el Ministro debe ordenar
una investigación pública a cargo de una persona ajena al sector público, a
menos que decida modificar o retirar la orden, o que las objeciones sean
meramente frívolas. Tras recibir el informe de la investigación, el Ministro
decide si debe emitir una Orden para establecer la Junta de Comercio propuesta.
Una Junta de
Comercio está compuesta por un número igual de representantes de empleadores y
trabajadores del sector, a los que se suman un presidente neutral y dos o
cuatro personas ajenas al sector, conocidas como "miembros
designados". Cuando existe una organización entre los trabajadores o
empleadores, se solicita a los sindicatos y asociaciones de empleadores que
designen representantes. En ausencia de una organización efectiva, el único
método viable es que el Ministro designe a miembros seleccionados para
representar los diversos tipos de trabajo realizados en el sector y los
diversos distritos donde se lleva a cabo. El número de miembros varía según las
necesidades del sector. En los casos en que las mujeres estén mayoritariamente
empleadas en el sector, al menos uno de los "miembros designados"
debe ser mujer.
Una Junta de
Comercio debe fijar una o varias tasas salariales mínimas para el trabajo a
tiempo. A falta de otra tasa, los trabajadores a destajo deben recibir un
salario suficiente para que un trabajador ordinario perciba al menos la misma
cantidad que la tasa mínima por tiempo. También tiene la facultad de fijar
tasas mínimas generales por destajo, una tasa garantizada por tiempo para los
trabajadores a destajo, una tasa por tiempo basada en el trabajo a destajo
sobre la que se basarán los precios del trabajo a destajo, y tasas de horas
extras. Para ello, la Junta tiene la facultad de declarar el número normal de
horas de trabajo semanales en el sector. Una Junta puede, si lo considera
oportuno, fijar tasas salariales mínimas para todas las categorías de
trabajadores en su sector o, si lo prefiere, fijar solo una tasa mínima general
por tiempo y dejar que las demás tasas se acuerden entre los empleadores y los
trabajadores. Una vez fijada una tasa, todo empleador del sector debe exhibir
el aviso de la Junta de Comercio, con todos los detalles de la tasa, en su
fábrica o en el lugar donde se realiza el trabajo. Todo empleador que pague
salarios inferiores al salario mínimo será sancionado con una multa de 20
libras por cada infracción y con una multa adicional de 5 libras por cada día
posterior a su condena en que no pague el salario legal. Cualquier trabajador
que considere que no está recibiendo el salario que le corresponde puede
presentar una reclamación ante el Ministro de Trabajo o la Junta de Comercio.
El número de Juntas
de Comercio que existen actualmente es de 44. De ellas, 5 son para Inglaterra y
Gales, 5 para Escocia y[151] 34 para Gran Bretaña. Para el 10 de mayo de
1922, se habían creado 30 Juntas en Irlanda. Estas Juntas cubrían en total a
aproximadamente 3 millones de trabajadores. Las Juntas de Comercio son
organismos independientes, aunque su financiación y personal corren a cargo del
Ministerio de Trabajo y sus tarifas están sujetas, como se ha descrito
anteriormente, a la confirmación del Ministro. El Ministro de Trabajo anunció
su intención de introducir una legislación que aborda las recomendaciones de un
Comité nombrado en septiembre de 1921, bajo la presidencia de Lord Cave, para
investigar el funcionamiento y los efectos de las Leyes de Juntas de Comercio
( Documento Parlamentario , 1922, Cmd. 1645). Una declaración
de la nueva política del Gobierno aparece en la pág. 286 de la Gaceta
Laboral de julio de 1922.
Bolsas de empleo
El Ministerio de
Trabajo es responsable de la administración de las Bolsas de Empleo
establecidas en virtud de la Ley de Bolsas de Trabajo de 1909, que actualmente
suman más de 400 en Gran Bretaña. La labor de las Bolsas se centra en dos
aspectos principales: conectar a empleadores que necesitan trabajadores con
aquellos que desean empleo, y administrar el Plan Nacional de Seguro de
Desempleo. Como ejemplo de la cantidad de trabajo realizado por las Bolsas
durante los siete años de 1914 a 1920 inclusive, el promedio de colocaciones
anuales fue de 1.360.000. La organización de las Bolsas proporciona un medio
eficaz para conectar inmediatamente la demanda de mano de obra de cualquier
parte del Reino Unido con la oferta en cualquier otra parte. Las Bolsas emiten
certificados de ferrocarril en casos de necesidad, sujetos a un compromiso
firmado, ya sea por el trabajador o su futuro empleador, de reembolsar la
cantidad correspondiente.
Las mujeres son
atendidas en un departamento separado de cada Bolsa de Empleo, que, salvo en
las más pequeñas, está a cargo de una funcionaria y cuenta con personal
femenino. La administración del seguro de desempleo ha incrementado
considerablemente la labor de las Bolsas de Empleo en relación con las mujeres.
Bajo las antiguas Leyes de Seguro, unas 500.000 mujeres estaban aseguradas
contra el desempleo, pero esta cifra aumentó a 2.750.000 con la Ley de Seguro
de Desempleo de 1920. Desde la guerra, además de ocuparse de ocupaciones
industriales y comerciales, las Bolsas de Empleo se ocupan del servicio
doméstico privado residente como parte permanente de su trabajo, y también de
las solicitantes que desean obtener empleo en el extranjero. Cooperan con el Comité
Central de Formación y Empleo de la Mujer en la selección.[152] Mujeres
para cursos de formación. En todos estos asuntos, así como en la entrevista y
el asesoramiento a mujeres desempleadas, los Subcomités de Mujeres de los
Comités Locales de Empleo prestan una valiosa asistencia. Los niños y niñas
menores de dieciocho años son atendidos en un departamento especial de cada
Bolsa, excepto en el caso de las Bolsas más pequeñas. En unas 250 zonas, se han
creado Comités de Empleo Juvenil en conexión con los Departamentos Juveniles de
las Bolsas. Estos Comités han sido creados en virtud de la Ley de Bolsas de
Trabajo de 1909, la Ley de Educación (Elección de Empleo) de 1910 o la Ley de
Educación (Escocia) de 1908.
Durante la guerra,
el Gobierno utilizó ampliamente las Bolsas para organizar la mano de obra para
la fabricación de municiones y servicios esenciales. Las diversas medidas
incluyeron planes para (1) el registro y alistamiento, de modo que los
trabajadores cualificados y otros trabajadores esenciales pudieran trasladarse
de una parte del país a otra; (2) la cesión temporal de soldados en servicio
para la fabricación de municiones y trabajos esenciales; (3) el suministro de
sustitutos para facilitar el reclutamiento de más trabajadores en el ejército
provenientes de industrias y servicios esenciales; y (4) el reclutamiento de
mujeres para la fabricación de municiones.
Los Comités de
Empleo Juvenil están compuestos por representantes de los intereses educativos
e industriales de los distritos, junto con otras personas especialmente
interesadas en promover el bienestar de niños y niñas. En 1917, el Ministro de
Trabajo decidió asociar con cada Bolsa de Empleo un Comité Local de Empleo
(inicialmente conocido como Comité Consultivo Local) para asegurar que la Bolsa
aprovechara al máximo el conocimiento local y para establecer un estrecho
contacto con empleadores y trabajadores del distrito. Los Comités Locales de
Empleo están compuestos por un número igual de representantes de empleadores y
trabajadores, junto con un número determinado de miembros adicionales (que no
supera un tercio del total de miembros) que no necesariamente están vinculados
a la industria; entre estos miembros adicionales se prevé la representación de
exmilitares. El Presidente es nombrado por el Ministro y el propio Comité
nombra a un Vicepresidente. Una de las principales funciones de estos Comités
es supervisar de cerca la situación del empleo en su zona. Cuando el desempleo
local es grave, tienen la facultad de instar a las autoridades locales y a los
empleadores privados a ampliar el campo de empleo cuando sea necesario, y
también de asesorar al Ministro sobre cualquier dificultad que pueda
solucionarse mediante medidas departamentales. Actualmente, los Comités asisten
en[153] La selección de hombres de los registros de la Bolsa para empleo
en el marco de planes diseñados para aliviar el desempleo anormal. Véanse las
págs. 187 y 191 .
La labor del
Ministerio de Trabajo
El Comité de Gasto
Nacional [12] (véase Documento Parlamentario , 1922, Cmd. 1581)
propuso abolir el Departamento de Relaciones Industriales del Ministerio de
Trabajo. Observan que «conociendo que, al final, habrá intervención
gubernamental, ninguna de las partes tendrá el mismo incentivo para presentar
las propuestas finales que podrían conducir a una solución del conflicto». Esta
me parece una propuesta extremadamente arriesgada. Cualquiera con experiencia
en conflictos laborales sabe que hay ocasiones en que la razón desaparece, los
ánimos se caldean y la responsabilidad se desvanece, y ninguna de las partes se
encuentra con la otra. En tales circunstancias, es esencial que un departamento
gubernamental actúe como intermediario para evitar que la comunidad sufra. En
algún momento la intervención es imperativa, y la cuestión es si debería ser la
del Ministerio de Trabajo, que trabaja en una política coherente, o la del
Gabinete en Downing Street, que, al carecer de la experiencia industrial del
Ministerio, es propenso a resolver un conflicto sobre cualquier política; pero
esta cuestión la analizaré más adelante en detalle. El Comité de Gasto Nacional
concluyó que, mientras el seguro de desempleo se mantenga en su forma actual,
las Bolsas de Trabajo son necesarias como organismos para verificar el pago de
las prestaciones, pero no como Bolsas de Trabajo; recomendó que, si se pudiera
garantizar el seguro de desempleo por sector, se abolieran las Bolsas de
Trabajo. Es evidente que esto no es posible, ni el Comité lo recomienda
mientras siga vigente el actual Plan Nacional de Seguro de Desempleo. Si se
determina que el seguro por sector es viable, podría ser necesario, por razones
económicas, abolir las Bolsas. Más allá de esa justificación, creo que hacerlo
sería muy perjudicial para la nación. Si bien un empleador no puede contratar
toda su mano de obra a través de las Bolsas, estos aprendieron durante la
guerra a apreciar su valor. Los sindicatos comenzaron a desconfiar de las
Bolsas, principalmente porque el delegado local de un sindicato organizado
consideraba un importante gesto de patrocinio proporcionar mano de obra de su
sector a los empleadores de su distrito, y consideraba que el ejercicio de
dicho patrocinio era un factor importante que afectaba a su reelección. Aunque
en ciertos distritos,[154] Sin duda, las bolsas pueden ser abolidas, pero
en los principales centros industriales su continuidad es esencial,
particularmente para los oficios que están mal organizados.
Puedo afirmar, por
mi propia experiencia práctica durante la guerra, que la industria municionista
no habría podido funcionar sin los servicios especializados de las Bolsas de
Trabajo. Como Presidente de la Comisión de Dilución del Clyde y de la Comisión
de Dilución del Tyne, como Comisionado de Dilución en el Mersey y en
Barrow-in-Furness, y como Director de Trabajo en Astilleros, trabajé en
estrecho contacto con ellas. Sus oficiales eran invariablemente hombres
conocidos y respetados por los empleadores y sindicatos locales, y poseían un
conocimiento profundo de las condiciones laborales del distrito. Su labor en la
resolución de diferencias laborales al comienzo de la guerra, tanto en relación
con el Ministerio de Municiones como con el Almirantazgo, es tan notable como
desconocida. Formaron el núcleo sobre el que se constituyó el personal laboral
local del Ministerio de Municiones y del Almirantazgo.
[155]
CAPÍTULO XIV
POLÍTICA LABORAL DEL GOBIERNO PARA LA INDUSTRIA DEL CARBÓN
Condiciones previas
a la guerra—La huelga del sur de Gales de 1915—El control gubernamental en
tiempos de guerra—La Comisión Sankey—La Ley de la industria minera de 1920—La
huelga de octubre de 1920—La huelga de abril de 1921—El fracaso de la Parte II
de la Ley de 1920—Regalías—Resumen de la política gubernamental.
Condiciones de
antes de la guerra
La relación entre
empleadores y empleados en la industria del carbón se modificó más
profundamente durante la guerra que en cualquier otra gran industria nacional.
Antes de 1914, existían las Leyes de Regulación de las Minas de Carbón de
1887-1908 y, posteriormente, la Ley de Minas de Carbón de 1911, que consolidó y
promulgó, con enmiendas, muchas leyes anteriores que abordaban el empleo en las
minas, el pago de salarios y otros asuntos relacionados con la minería. La Ley
de 1908 limitó las horas de trabajo subterráneo a ocho por día, excluyendo un
solo devanado. Mediante la Ley de Minas de Carbón (Salario Mínimo) de 1912, se
dispuso la fijación de salarios mínimos para los mineros en cada distrito
minero por parte de las Juntas Distritales Conjuntas de propietarios de minas y
mineros. Antes de la guerra, y de hecho hasta septiembre de 1917, los salarios
se expresaban en porcentajes variables sobre los salarios base del distrito,
que se habían fijado en diversas ocasiones en los diferentes distritos. En un
distrito, Durham, los porcentajes variaban según el precio de venta del carbón.
Este sistema se introdujo en Northumberland también en 1914. Un sistema similar
estuvo en funcionamiento en el sur de Gales, pero se abandonó antes de la
guerra. En octubre de 1912, la Federación de Mineros aprobó el Proyecto de Ley
de Nacionalización de Minas y Minerales para convertir la minería del carbón en
una industria gubernamental gestionada por un departamento gubernamental.
Entonces llegó la guerra.
La huelga del sur
de Gales de 1915
Los mineros del sur
de Gales dieron aviso de que rescindirían el 30 de junio de 1915 el peculiar
acuerdo en virtud del cual, desde marzo[156] 1910, sus salarios habían
variado entre un mínimo del 35 por ciento y un máximo del 60 por ciento por
encima de la tasa base de 1879, según el precio de venta del carbón grande fob
en los puertos galeses. Cuando el carbón se vendía entre 14 s. y
14 s. 9 d. por tonelada, los salarios eran un
50 por ciento superiores a la base de 1879, y se subían o bajaban mediante negociación
por cada 1 s. de subida o bajada del precio. En marzo de 1913,
los salarios habían alcanzado el máximo y se habían mantenido allí. Los precios
del carbón galés en 1915 en los contratos anuales, en los que se realizaba la
mayor parte del negocio, eran de 18 a 19 s. por tonelada,
y los precios de otros carbones llegaban hasta los 35 s. por
tonelada. Los mineros del sur de Gales exigieron un nuevo estándar del 50 por
ciento sobre la base de 1879; la abolición del máximo; un nuevo mínimo del 10
por ciento sobre el nuevo estándar a pagar cuando el precio promedio de venta
del carbón grande fuera igual o inferior a 15 s. 6 d. Un
precio de venta de 15 s. 6 d. significaba,
bajo el acuerdo de 1910, salarios un 57 por ciento por encima de la base de
1879, y bajo la reclamación significaba salarios un 65 por ciento por encima de
esa base. El resto de los mineros en Gran Bretaña habían reclamado una bonificación
de guerra del 25 por ciento sobre las ganancias, y Lord St. Aldwyn había
otorgado un 17,5 por ciento, que fue aceptado. El propósito principal de los
mineros de Gales del Sur era establecer un mínimo más alto como respuesta a una
depresión comercial de posguerra, y asegurar durante la guerra salarios más
altos a medida que el carbón subía de precio. Las negociaciones entre
propietarios y mineros fracasaron: los primeros aceptaron, los segundos
rechazaron el arbitraje; la Armada dependía de Gales del Sur para el carbón;
una huelga era inminente. El Sr. Runciman, presidente de la Junta de Comercio,
ofreció al Ejecutivo de Mineros de Gales del Sur generosas condiciones que este
aceptó como base de las negociaciones: un nuevo estándar del 50 % superior al
de 1879, siempre que la modificación del estándar no implicara por sí misma un
cambio inmediato en los salarios; la abolición del máximo y el mínimo de 1910;
y la nivelación de las tarifas de ciertos trabajadores. Los trabajadores
rechazaron estas condiciones; el Sr. Runciman, con toda razón, no fue más allá.
El Sr. Lloyd George logró entonces la emisión de una Proclamación Real en
virtud de la Ley de Municiones de Guerra de 1915, tipificando como delito
participar en una huelga en la industria minera de Gales del Sur, tras lo cual
200 000 trabajadores se declararon en huelga en respuesta. El propio Sr. Lloyd
George fue a Cardiff y el Gobierno resolvió la huelga, otorgando a los mineros
prácticamente todo lo que habían solicitado, con plena indemnización por el
incumplimiento de la Ley de Municiones. Fue la primera vez que el Gobierno se
enfrentó al movimiento obrero organizado, y su capitulación tuvo repercusiones
de gran alcance. El arbitraje obligatorio fue desacreditado y rechazado por el
Gobierno.
[157]
Control
gubernamental en tiempos de guerra
La dependencia
nacional del carbón se manifestó al comienzo de la guerra; la producción
disminuyó a medida que los mineros respondían lealmente a la demanda de
hombres; los precios subieron a medida que los consumidores nacionales
competían con las industrias de municiones por el combustible. A principios de
1915, el Gobierno tuvo que restringir las exportaciones de carbón; en julio de
1915, se promulgó la Ley de Limitación del Precio del Carbón, que limitaba el
precio del carbón en la boca de la mina. Nuestros aliados comenzaron a
protestar contra el precio que se les cobraba por el carbón, y los
propietarios, exportadores y armadores de carbón acordaron voluntariamente con
el Gobierno limitar el precio del carbón aliado. Pero esto no fue suficiente, y
finalmente, en 1917, bajo la Ley de Ordenamiento Territorial de la Construcción
(DORA), se otorgaron poderes a la Junta de Comercio para regular los precios,
la distribución y el transporte del carbón, tanto para uso nacional como
aliado.
Los problemas
continuaron desarrollándose en las minas del sur de Gales, y el suministro de
carbón térmico esencial estaba en peligro. En consecuencia, el Gobierno asumió,
a partir del 1 de diciembre de 1916, el control de la cuenca carbonífera del
sur de Gales. Como en otras zonas las dificultades industriales y de transporte
causaban gran inquietud, también asumió, a partir del 1 de marzo de 1917, el
control del resto de las minas de carbón del país y constituyó un Departamento
de Minas de Carbón. La gestión de cada mina quedó en manos de sus respectivos
propietarios, y el Departamento les indicó cómo disponer de sus suministros
para satisfacer mejor las necesidades del país. Era inevitable que, al
transferirse el control de las minas al Gobierno, los salarios de los mineros
ya no fueran un asunto de ajuste distrital, sino de liquidación nacional por
parte del Gobierno, y, desde 1917, esta fue la línea de actuación adoptada. No
es necesario abordar la cuestión de los ingresos de los mineros, ya que se encuentran
en el volumen de Apéndices del Informe de la Comisión de la Industria del
Carbón ( Documento Parlamentario , 1919, Cmd. 361, págs. 55 y
109). Una comparación admirable entre 1914 y 1920 se encuentra en el libro del
profesor Bowley, Precios y Salarios en el Reino Unido . Cabe
destacar que, después de 1917, los salarios se pagaban en realidad con cargo a
un fondo común nacional compuesto por las ganancias totales de la industria del
carbón, con el respaldo del erario público. Como resultado del control, algunos
propietarios de minas de carbón, por su posición y circunstancias, obtuvieron
grandes ganancias; otros sufrieron pérdidas considerables. Para compensar a
estos últimos, en virtud de un acuerdo celebrado entre los propietarios de
minas y el Controlador del Carbón, programado y confirmado por la Ley de
Confirmación del Acuerdo de Control de Minas de Carbón de 1918, se creó un
fondo mediante la puesta en común de un porcentaje prescrito de las ganancias
excedentes. La disparidad...[158] La capacidad relativa de las empresas
para generar ganancias, que siempre había existido, se vio, por supuesto,
materialmente intensificada por el control; sin embargo, antes de la guerra no
había afectado significativamente las condiciones industriales. Los acontecimientos
pronto demostraron la impracticabilidad de mantener las disposiciones de
compensación de 1918. Existían acuerdos para asegurar el suministro de carbón a
nuestros aliados a precios similares a los que se cobraban en este país para el
consumo interno; estos se cancelaron en 1919, y los precios del carbón de
exportación subieron inmediatamente. Algunos propietarios de carbón, a quienes
se les concedieron permisos de exportación, obtuvieron grandes ganancias;
otros, que previamente habían sufrido pérdidas debido a su restricción al
comercio interno, continuaron sufriendo graves dificultades financieras, que se
agravaron aún más con la reducción del precio del carbón doméstico en 10 chelines. por
tonelada en diciembre de 1919. Mantener los acuerdos de compensación de 1918
habría implicado para el Estado fuertes subsidios, ya que una gran parte de los
beneficios de exportación habría quedado en manos de los propietarios, y las
minas de carbón que producían para el mercado interno seguirían sufriendo
pérdidas, por las que habría que pagar compensación. En consecuencia, se aprobó
la Ley de Minas de Carbón (Emergencia) de 1920, que derogó la Ley de 1918 a
partir del 1 de abril de 1919 y creó un nuevo fondo del cual se extraería
compensación para las minas de carbón con pérdidas. Este fondo, sin embargo, se
destinaría a todos los beneficios excedentes, y no solo a un porcentaje, como
en el caso del fondo de 1918.
La Comisión Sankey
La escasez de
carbón, mano de obra y transporte en 1918, cuando la ofensiva alemana estaba en
su apogeo, condujo al racionamiento de carbón, gas y electricidad, que se
prolongó durante unos dos años. Tras el armisticio, en noviembre de 1918,
aumentó la actividad comercial, la demanda industrial de carbón creció, y
también la demanda interna, cuando se aceleró la desmovilización. El
Departamento de Minas de Carbón apenas logró, con la mayor dificultad, asegurar
una distribución equitativa del carbón, y lo hizo con gran eficiencia. Estas
dificultades se vieron agravadas por la amenaza de huelga de los mineros a
principios de 1919 a menos que se concedieran las demandas de aumento salarial
y reducción de jornada. El Gobierno respondió aprobando la Ley de la Comisión
de la Industria del Carbón de 1919, que creó una Comisión presidida por el juez
Sankey. El Informe Provisional de la Comisión ( Documentos
Parlamentarios , 1919, Cmd. 84, 85 y 86) recomendó un aumento nacional
de 2 chelines. por turno a todos los trabajadores adultos de
las minas de carbón, una jornada de 7 horas bajo tierra y 46½ horas por semana
para los trabajadores de la superficie a partir del 16 de julio de
1919.[159] Español El Gobierno puso en práctica estas recomendaciones. La
Sección 1 ( f ) de la Ley requería que la Comisión investigara
“cualquier plan que pueda ser presentado o formulado por los Comisionados para
la futura organización de la Industria del Carbón, ya sea sobre la base actual
o sobre la base del control conjunto, la nacionalización o cualquier otra
base”. Sobre este asunto, la Comisión presentó cuatro informes (véanse los
Documentos Parlamentarios , 1919, Cmd. 210 y 360): (1) por el
Presidente; (2) por los representantes laboristas; (3) por los representantes
de los propietarios de carbón y empleadores de otras industrias, excepto Sir
Arthur Duckham, y (4) por Sir Arthur Duckham. Los informes (1) y (2)
recomendaban la nacionalización de la industria; Informe (3) Adquisición de
regalías por parte del Estado, la continuidad de la empresa privada, junto con
el establecimiento de Comités de Minas representativos de la gerencia y los
mineros, así como de Consejos de Distrito y un Consejo Nacional representativo
de los propietarios y mineros del carbón, para discutir las condiciones
laborales y otras cuestiones en cuya solución ambas partes estén interesadas.
Informe (4) Recomendó la adquisición de regalías por parte del Estado, la
unificación distrital de los intereses mineros a través de Juntas Distritales
del Carbón, en las que los trabajadores tendrían cierta representación, con un
Comité de Minas en cada mina. Cada uno de los cuatro informes recomendó la
creación de un Departamento de Minas.
Ley de la industria
minera de 1920
Español El Gobierno
anunció, en agosto de 1919, que no podía aceptar la política de
nacionalización, pero insinuó su disposición a aplicar el plan Duckham, pero
los propietarios y los mineros se opusieron a esto. Posteriormente, el Gobierno
presentó un plan que finalmente se incorporó a la Ley de la Industria Minera de
1920, proporcionando un compromiso principalmente sobre los principios del
Informe (3) —el de los representantes en la Comisión de los propietarios de
carbón y empleadores en otras industrias. Este disponía (1) la regulación, por
un período no superior a un año a partir del 31 de agosto de 1920, de la
exportación de carbón y del precio en boca de pozo del carbón nacional y carbón
de combustible para el transporte marítimo de cabotaje; (2) la futura
ordenación de la industria de forma permanente, mediante la coordinación de
todos los poderes y deberes del Gobierno con respecto a las minas y los
minerales en manos de un solo Departamento—el Departamento de Minas de la Junta
de Comercio creado por la Ley; (3) la concesión a los mineros de una mayor voz
en la organización de la industria mediante la representación en los Comités de
Minas y Distritos y en las Juntas Nacionales y de Área, y (4) la constitución
de un fondo que se[160] Se aplicó para fines relacionados con el bienestar
social, la recreación y las condiciones de vida de los trabajadores en las
minas o sus alrededores, así como para la investigación y la educación minera.
El Gobierno también decidió que el control de la industria del carbón, que
había sido esencial como medida de guerra, debía eliminarse tan pronto como los
precios de exportación cayeran a un nivel cercano al precio del carbón del
interior. En junio de 1920, se comenzó a liberar la distribución del carbón del
interior de restricciones, poniéndola en manos de los comités locales del
sector.
La huelga de
octubre de 1920
Desde principios de
1920, la Federación de Mineros había presentado sistemáticamente nuevas
reivindicaciones salariales, cuyos complejos detalles se encontrarán en
la Gaceta Laboral de agosto, septiembre, octubre y noviembre
de 1920. Argumentaban que sus salarios no se habían mantenido al ritmo del
coste de la vida, que el sector del carbón podía permitirse los aumentos
reclamados y que si los salarios se hubieran regulado a nivel nacional por el
precio, como solían regirse localmente, ya sea expresa o virtualmente, todos
los distritos habrían recibido un aumento salarial considerable. Se argumentó
con vehemencia que el Laudo Nacional Sankey de 2 chelines tenía
por objeto mejorar el nivel de vida de los mineros antes de la guerra y no
compensar los aumentos del coste de la vida durante la guerra, una afirmación
cuya justificación es difícil de encontrar. Las negociaciones fracasaron y el
18 de octubre de 1920 se desató una huelga de mineros que se prolongó hasta el
4 de noviembre de 1920, fecha en que se resolvió según los términos acordados
entre el Gobierno, la Asociación Minera y la Federación de Mineros. La primera
cláusula del Acuerdo era la siguiente:
“(1) Reconociendo
que del aumento de la producción de carbón dependen no solo la prosperidad de
todos los que trabajan en la industria del carbón, sino también el bienestar de
la nación y el costo de la vida de la gente, y teniendo en cuenta que esta urgente
necesidad solo puede satisfacerse si los mineros y los propietarios de minas de
todo el país trabajan juntos y cordialmente por este propósito común; y,
además, considerando la necesidad de establecer mecanismos para regular los
salarios en el sector del carbón a fin de eliminar las anomalías actuales y
prever dificultades futuras,
“La Asociación
Minera y la Federación de Mineros se comprometen solemnemente a realizar todos
los esfuerzos posibles para alcanzar estos objetivos.
“A tal efecto,
deberán:
“( a )
Cooperar en la mayor medida posible para obtener un aumento de la producción y,
para tal efecto, organizará la creación de comités de distrito y un comité
nacional;
“( b )
Proceder de inmediato a preparar un plan para presentarlo al Gobierno lo antes
posible, y a más tardar el 31 de marzo, para la reglamentación de los salarios
en la industria, teniendo en cuenta, entre otras consideraciones, las ganancias
de la industria y los principios con arreglo a los cuales se debe tratar
cualquier excedente de ganancias.”
[161]
La huelga de abril
de 1921
Se llevaron a cabo
largas negociaciones entre propietarios y trabajadores en virtud de este
acuerdo. Estas revelaron una diferencia fundamental: los propietarios
reclamaban el retorno a la antigua base salarial distrital; los mineros
insistían en la continuidad de un fondo común nacional y la liquidación
nacional de salarios, bajo control. No se había alcanzado ningún acuerdo cuando
el control gubernamental restante se puso fin el 31 de marzo de 1921, mediante
la Ley de Descontrol de Minas de Carbón de 1921. A pesar de la falta de
acuerdo, tanto mineros como propietarios manifestaron su disposición a hacer
todo lo posible para evitar un paro. El 30 de marzo de 1921 se celebró una
reunión entre ambas partes y el presidente de la Junta de Comercio. Los mineros
solicitaron la continuación del subsidio gubernamental a la industria mientras
durara la crisis comercial existente, pero el Gobierno se negó. Los
propietarios habían emitido avisos previos de rescisión de contratos de trabajo
el 31 de marzo, indicando las nuevas condiciones de reincorporación de los
trabajadores. Prácticamente todos los hombres cesaron el trabajo de acuerdo con
este aviso y se negaron a reanudarlo en los nuevos términos. Se produjo un paro
laboral del 1 de abril al 4 de julio de 1921. El 25 de junio, se acordaron los
términos del acuerdo entre la Asociación Minera y la Federación de Mineros, que
fueron aceptados por los votos de una gran mayoría de mineros el 1 de julio.
Este acuerdo ( Documento Parlamentario , 1921, Cmd. 1387) fue
de un carácter notable y de largo alcance. Por él, los mineros abandonaron su
reclamo de un fondo común nacional; se dispuso la constitución de una Junta
Nacional, compuesta por un número igual de personas elegidas por la Asociación
Minera y por la Federación de Mineros, y de Juntas de Distrito compuestas por
un número igual de personas que representaran a los propietarios y trabajadores
en cada distrito, cada Junta teniendo un Presidente independiente. Se dispuso
que (1) los ingresos en cada distrito de la industria minera deberían ser
determinados por contadores independientes designados por cada parte para
verificar mediante una auditoría de prueba conjunta, los libros de los
propietarios; (2) Los salarios estándar para cada distrito se fijarán con base
en las tasas distritales del 31 de marzo de 1921, más los porcentajes
distritales de julio de 1914, más los porcentajes adicionales para los
trabajadores a destajo aplicados a la reducción de las horas de ocho a siete;
(3) Los salarios mínimos serán los salarios estándar más el 20 %; (4) Para cada
distrito, se determinará periódicamente el total, durante ciertos períodos de
prueba, de los salarios estándar, el costo de producción (excepto los salarios)
y las ganancias estándar a una tasa del 17 % de los salarios estándar. Este
total se deducirá del monto.[162] De los ingresos del distrito para esos
períodos, el 83 % del excedente debería destinarse al pago en el distrito de un
aumento salarial por encima de los mínimos. Sin embargo, el 83 % podría no ser
suficiente, y de hecho en algunos distritos no lo ha sido, para elevar los
salarios estándar al mínimo. En contra de esta contingencia, el Parlamento
votó, el 1 de julio de 1921, un subsidio que no excedería de £10.000.000 para
evitar la reducción de los salarios de los adultos en cualquier distrito que
excediera de 2 chelines por turno durante julio, 2 chelines
y 6 peniques durante agosto y 3 chelines durante
septiembre. En realidad, se gastaron £7.000.000 bajo este acuerdo.
El fracaso de la
Parte II de la Ley de 1920
Han surgido
dificultades en relación con la aplicación de la Parte II de la Ley de la
Industria Minera de 1920, relativa al nombramiento de los Comités de Mina y
Distrito, así como de las Juntas de Área y Nacionales, en las que estarían
representados propietarios y trabajadores. El artículo 10 disponía que las
Juntas de Área debían formular planes salariales, considerando, entre otras
consideraciones, los beneficios de la industria en la zona. Tras la
presentación del Proyecto de Ley de 1920, la Federación de Mineros anunció su
intención de no colaborar en su aplicación, dada su objeción a la fijación de
salarios sobre una base que no fuera la nacional. Tras acordar una base
salarial distrital en el acuerdo de julio de 1921, decidieron, en agosto de
1921, cooperar con el Departamento de Minas en la aplicación de la Parte II de
la Ley. Mientras tanto, los propietarios que originalmente aceptaron los
términos de la Ley, y a través de portavoces en el Parlamento acordaron
aplicarla, cambiaron de opinión de manera similar, y la Asociación Minera
anunció casi al mismo tiempo que, dado que el Acuerdo de julio de 1921, en su
opinión, había logrado los objetivos previstos en la Parte II de la Ley, la
reimposición de cualquier medida de control gubernamental sobre los salarios y
cuestiones afines sería contraria a los mejores intereses de la propia
industria y de la comunidad, y mediante la administración de la Parte II de la
Ley de la Industria Minera aumentaría innecesariamente la carga tributaria. La
correspondencia entre el Departamento de Minas y la Asociación está impresa
en Documentos Parlamentarios , 1921, Cmd. 1551, y 1922, Cmd.
1583, y merece consideración. Ante la actitud de los propietarios, el
Secretario de Minas presentó un informe al Parlamento, tal como lo exige el
artículo 17 de la Ley, y como en el plazo de treinta días a partir del 7 de
febrero el Parlamento no aprobó ninguna resolución en contrario, la Parte II de
la Ley ha dejado de tener efecto. El derecho legal de los trabajadores a
participar en la organización de la industria minera del carbón.[163] Por
tanto, ha llegado a su fin y la situación se rige por el Acuerdo de julio de
1921.
Regalías
Es necesario hacer
referencia a la adquisición estatal de regalías, sobre la cual hubo unanimidad
entre los miembros de la Comisión Sankey. Una de las principales razones
esgrimidas para que el Estado sea propietario del carbón fue que no se deben
imponer obstáculos irrazonables a la minería del carbón y que se debe prestar
la debida atención a la conservación de nuestro principal activo nacional, que
también es un activo en desuso. El Gobierno aceptó la recomendación, pero dada
la actual situación financiera del país, es evidentemente impracticable
implementarla.
Resumen de la
política gubernamental
En breve resumen,
la política laboral del Gobierno en relación con la industria minera del carbón
es la siguiente:
1. La industria
debe ser explotada por la empresa privada.
2. Las funciones
del Gobierno en materia de minería deberían centralizarse en un Departamento de
Minas.
3. La asistencia
que un departamento gubernamental puede prestar en ( a ) la
recopilación y publicación de información; ( b ) la
eliminación de obstáculos a la producción; ( c ) la
formulación de planes de drenaje; ( d ) la prevención del
desperdicio en la explotación de un gran patrimonio nacional; ( e )
la garantía de la seguridad y la salud de los trabajadores, y ( f )
la asistencia, cuando se le solicite, en la solución de disputas, debe
prestarse a través del Departamento de Minas.
4. Proporcionar los
medios (a través del Fondo de Bienestar de los Mineros) para mejorar los
servicios de los centros mineros.
5. Fomentar la
investigación sobre los problemas específicos que afectan a la salud y la
seguridad de los trabajadores del sector.
El Departamento de
Minas, creado según la Ley de 1920, es responsable de ocuparse de uno de
nuestros problemas industriales más importantes, y el éxito de su
administración hasta el momento actual está lleno de estímulos para el futuro.
[164]
CAPÍTULO XV
POLÍTICA LABORAL DEL GOBIERNO PARA LOS FERROCARRILES
Condiciones de
preguerra—Control gubernamental en tiempos de guerra—El convenio salarial de
marzo de 1919—La huelga ferroviaria de septiembre de 1919—El convenio salarial
de marzo de 1920—La Ley de Ferrocarriles de 1921—El mecanismo de conciliación
ferroviaria de 1921—Los consejos seccionales de ferrocarriles—Los consejos de
ferrocarriles.
Condiciones de
antes de la guerra
Como propone el
Partido Laborista en la primera oportunidad para nacionalizar los
ferrocarriles, la relación entre los trabajadores y las compañías es
importante. En virtud de un Acuerdo del 6 de noviembre de 1907, se designaron
Juntas de Conciliación, compuestas por representantes de las compañías y los
trabajadores involucrados en la manipulación del tráfico, para abordar
cuestiones de horarios, salarios y condiciones laborales. En 1911 se produjo
una huelga ferroviaria, y se declaró que una de las razones de la misma fue el
descontento de los ferroviarios con el funcionamiento del Plan de Conciliación
Ferroviaria. El Gobierno designó entonces una Comisión Real para investigar el
funcionamiento del plan e informar sobre los cambios, si los hubiera, que fueran
deseables, con miras a una pronta y satisfactoria resolución de las
diferencias. La Comisión Real informó en octubre de 1911 y sugirió un nuevo
plan que, con algunas modificaciones acordadas entre los representantes de las
compañías y de los sindicatos, fue adoptado en diciembre de 1911. Los
sindicatos notificaron, en diciembre de 1913, que este plan terminaría a fines
de noviembre de 1914, fecha en la que expresaron su intención de avanzar con un
programa nacional para aumentar los salarios y establecer una semana de 48
horas.
Control
gubernamental en tiempos de guerra
El 4 de agosto de
1914, en virtud de una Orden en Consejo emitida de conformidad con la Ley de
Regulación de las Fuerzas de 1871, el Secretario de Estado de Guerra emitió una
orden —que renovó semana a semana, hasta agosto de 1919, cuando la posesión estatutaria
otorgada al Ministro de Transporte según la Ley del Ministerio de Transporte de
1919 hizo innecesaria su continuación— autorizando[165] La Junta de
Comercio tomó posesión de prácticamente todos los ferrocarriles del país. Esto
se hizo, pero los ferrocarriles continuaron siendo dirigidos por sus
respectivas gerencias actuando bajo las instrucciones del Comité Ejecutivo de
Ferrocarriles. El 1 de octubre de 1914, se firmó un acuerdo de tregua entre las
compañías y los sindicatos, continuando el Plan de Conciliación de 1911, pero
haciéndolo rescindible con un preaviso de seis semanas. Al igual que otros
gremios, los ferroviarios recibieron aumentos salariales desde febrero de 1915
hasta noviembre de 1918. Hasta septiembre de 1918, los hombres de dieciocho
años o más recibieron un anticipo de salario de guerra de 30 chelines semanales.
En noviembre de 1918, se estableció una escala móvil bajo la cual el salario de
guerra debía subir y bajar según el número índice de precios al por menor
publicado en la Gaceta del Trabajo . Se otorgaron 3 chelines adicionales
, elevando el salario de guerra a 33 chelines semanales, en
noviembre de 1918.
El acuerdo salarial
de marzo de 1919
Tras el Armisticio,
el Sindicato Nacional de Ferroviarios notificó la rescisión del acuerdo de
tregua de octubre de 1914. Sin embargo, a principios de diciembre de 1918, el
Gobierno concedió el principio de una jornada laboral de 8 horas [13] para todos los trabajadores a partir del 1 de febrero de 1919. En
marzo de 1919, se llegó a un acuerdo entre el Gobierno, el Comité Ejecutivo de
Ferrocarriles y los sindicatos, que preveía el aumento de las tarifas para las
horas extras, el trabajo nocturno y el trabajo dominical, pero establecía la
estabilización de otros salarios hasta el 31 de diciembre de 1919. Este incluía
una importante disposición que preveía la continuación de las negociaciones
para estandarizar las tarifas, de modo que todos los trabajadores del país que
realizaran el mismo trabajo en las mismas condiciones recibieran el mismo
salario. Este acuerdo también preveía la creación de un comité conjunto
integrado por representantes del Comité Ejecutivo de Ferrocarriles y los dos
sindicatos involucrados [14] para abordar cuestiones salariales y de condiciones laborales
hasta que se llegara a un acuerdo definitivo sobre la futura situación de los
ferrocarriles. El acuerdo estipulaba que “cuando se establezca el nuevo
Ministerio de Vías y Comunicaciones, es intención del Gobierno prever en la
organización y aprovechar al máximo las ventajas de la asistencia, la
cooperación y el asesoramiento de los trabajadores de la industria del
transporte”. Se acordaron tarifas estándar entre el Gobierno y los dos sindicatos
para conductores, bomberos y[166] Los limpiadores se pusieron de acuerdo
en agosto de 1919 y continuaron las negociaciones para uniformizar las tarifas
para los demás ferroviarios.
La huelga
ferroviaria de septiembre de 1919
Las propuestas de
estandarización del Gobierno fueron rechazadas por los sindicatos, quienes
precipitaron una huelga el 26 de septiembre de 1919 en los ferrocarriles de
toda Gran Bretaña. El 5 de octubre de 1919 se firmaron los términos del
acuerdo, que estipulaban la estandarización al nivel salarial vigente hasta el
30 de septiembre de 1920 y que ningún ferroviario adulto en Gran Bretaña
recibiría menos de 51 chelines semanales, siempre que el coste
de la vida no fuera inferior al 110 % superior al nivel de preguerra. El
trabajo se reanudó el 6 de octubre. Posteriormente, el Gobierno y ambos
sindicatos acordaron que, además de las negociaciones salariales en curso, las
cuestiones salariales y las condiciones de servicio, durante el resto del
período de control bajo la Ley del Ministerio de Transporte, serían tratadas
por una Junta Central compuesta por cinco representantes de los ferrocarriles y
cinco representantes de ambos sindicatos. A falta de acuerdo de la Junta
Central, las disputas debían remitirse a una Junta Nacional de Salarios,
compuesta por cuatro gerentes ferroviarios, cuatro trabajadores ferroviarios o
sus representantes, y cuatro usuarios de los ferrocarriles: uno designado por
el Comité Parlamentario del Congreso de Sindicatos, uno por la Unión
Cooperativa, uno por la Federación de Industrias Británicas y uno por las
Cámaras de Comercio Asociadas, con un presidente independiente designado por el
Gobierno. El acuerdo también preveía la creación de Comités Locales, a los que
se remitirían los asuntos de importancia local. El Comité Ejecutivo de
Ferrocarriles se volvió innecesario debido a la Ley del Ministerio de
Transporte de 1919, y se creó un nuevo Comité Asesor, compuesto por doce
gerentes generales y cuatro representantes de los trabajadores.
El convenio
salarial de marzo de 1920
Como resultado de
las negociaciones, el 20 de marzo de 1920 se firmó un acuerdo [15] que establecía la estandarización de las tasas salariales, la
posibilidad de que los salarios subieran y bajaran según el coste de la vida y
una tasa estándar por debajo de la cual los salarios no debían caer. Este es
uno de los acuerdos industriales más importantes. El principio del acuerdo era
el siguiente: existían muchas clases de trabajadores en diferentes
ferrocarriles, clasificados con diferentes nombres y que recibían diferentes
tasas salariales, aunque realizaban básicamente el mismo trabajo. Estas
diversas clases se redujeron a una[167] Un pequeño número de categorías
específicas. Además, con respecto a ciertas categorías, el país se dividió en
secciones, por ejemplo: (1) área de Londres; (2) áreas provinciales,
industriales y mineras, y grandes ciudades, y (3) distritos rurales. Luego,
mediante un sistema de promedios, se determinó el salario semanal promedio de
preguerra de los trabajadores de una categoría particular en todos los
ferrocarriles de una sección específica del país; a esto se le añadió una suma
de 38 chelines como salario de guerra. Esta suma combinada
constituiría, a partir del 1 de enero de 1920, el salario a pagar mientras el
costo de vida se mantuviera un 125 % por encima del costo de vida de preguerra.
Por cada cinco puntos de aumento o disminución en el costo de vida, se
produciría un aumento o reducción de 1 chelín por semana. Se
fijaron tasas estándar o mínimas que representaban generalmente un aumento del
100 % sobre las tasas promedio de preguerra de las respectivas categorías.
Estas eran tasas por debajo de las cuales los salarios no caerían, por mucho
que bajara el costo de vida. Este acuerdo preveía, sobre una base más completa,
una Junta Central de Salarios de diez miembros, cinco en representación de la
administración ferroviaria y cinco de los sindicatos, y una Junta Nacional de
Salarios o de Apelación de doce miembros, cuatro en representación de las
compañías ferroviarias, cuatro de los sindicatos y cuatro de los usuarios de
los ferrocarriles, con un presidente independiente nombrado por el Gobierno. Al
promulgar el acuerdo, el Gobierno anunció lo siguiente: «Al abordar cuestiones
salariales, el Gobierno ha tenido claramente presente que se debía aplicar
algún aumento a los salarios ferroviarios antes de la guerra, y que las
reclamaciones de los ferroviarios a una remuneración más alta solo se
pospusieron entonces debido a las necesidades del país». Tras este acuerdo, los
sindicatos presentaron ciertas reclamaciones de mejoras salariales y laborales
a la Junta Central de Salarios y, ante la falta de acuerdo de esta última, se
remitieron a la Junta Nacional de Salarios. La Junta acordó, por mayoría, que
se otorgaran ciertos anticipos salariales, pero argumentó que no podían
justificarse por el aumento del coste de la vida, ya que este estaba previsto
mediante un anticipo automático según la escala móvil. El Gobierno aceptó los
anticipos.
Por lo tanto, los
salarios de los ferroviarios en los grados de conciliación consisten en ciertas
tasas acordadas en marzo de 1920, que representaban la tasa de pago semanal
promedio de antes de la guerra de los hombres en cualquier grado o grupo de
grados, más 38 chelines por semana, junto con aumentos
adicionales que van desde 2 chelines a 7 chelines y 6 peniques por
semana, o 2 chelines a 8 chelines y 6 peniques en
el caso de los señaleros, otorgados en junio de 1920 por la Junta Nacional de
Salarios, todo sujeto a variaciones según la escala móvil, por lo que hay una
reducción[168] o un aumento de 1 chelín semanal por cada
aumento o disminución de cinco puntos en el costo de la vida, según las cifras
publicadas por el Ministerio de Trabajo. La Junta Central de Salarios considera
los ajustes a la bonificación según la escala móvil. Surgió una discrepancia en
el funcionamiento de la escala móvil, y la Junta Central de Salarios
acordó un modus operandi que se describe en la Gaceta del Trabajo de
abril de 1921.
Ley de
Ferrocarriles de 1921
El 19 de agosto de
1921 se aprobó la Ley de Ferrocarriles de 1921, y su artículo 62 disponía que,
a partir de la fecha en que los ferrocarriles dejaron de estar en posesión del
Ministro de Transporte —que fue el 15 de agosto de 1921— y hasta que se determinara
lo contrario mediante un preaviso de doce meses, que no debía darse antes del 1
de enero de 1923, todas las cuestiones relativas a salarios, horarios y
condiciones de los empleados ferroviarios, a falta de acuerdo entre una empresa
y los sindicatos, se remitirían a la Junta Central de Salarios o, en apelación,
a la Junta Nacional de Salarios. La ley reconstituyó ambas juntas y dispuso que
la Junta Central de Salarios estaría compuesta por ocho representantes de las
compañías ferroviarias y ocho representantes de los empleados ferroviarios:
cuatro designados por el Sindicato Nacional de Ferroviarios, dos por la
Sociedad Asociada de Ingenieros de Locomotoras y Bomberos, y dos por la
Asociación de Empleados Ferroviarios. La Junta Nacional de Salarios se constituyó
con seis representantes de las compañías ferroviarias, seis representantes de
los empleados ferroviarios (dos designados por el Sindicato Nacional de
Ferroviarios, dos por la Sociedad Asociada de Ingenieros de Locomotoras y
Bomberos, y dos por la Asociación de Empleados Ferroviarios) y cuatro
representantes de los usuarios de los ferrocarriles (uno designado por el
Comité Parlamentario del Congreso de Sindicatos, [16] uno por la Unión Cooperativa, uno por las Cámaras de Comercio
Asociadas y uno por la Federación de Industrias Británicas), con un presidente
independiente designado por el Ministro de Trabajo. El Ministro nombró a Sir
Wm. Mackenzie, KBE, KC, presidente del Tribunal Industrial.
La maquinaria de
conciliación ferroviaria de 1921
La Ley disponía
además que se establecerían consejos similares a los Consejos Whitley para cada
compañía ferroviaria sobre la base general de planes que prepararía un comité
integrado por seis representantes del Comité de Directores Generales de la
Cámara de Compensación de Ferrocarriles y seis[169] Representantes del
Sindicato Nacional de Ferroviarios, la Sociedad Asociada de Ingenieros de
Locomotoras y Bomberos, y la Asociación de Empleados Ferroviarios. Estos
planes, ya preparados, contemplan: (1) consulta local; (2) comités
departamentales locales; (3) Consejos Seccionales de Ferrocarriles, y (4)
Consejos de Ferrocarriles. En estaciones o depósitos con menos de setenta y
cinco empleados en un departamento o grupo de categorías, estos empleados
tendrán derecho a designar representantes para tratar asuntos locales con los
funcionarios locales de la Compañía. En estaciones o depósitos donde el número
supere los setenta y cinco, se constituirá un comité compuesto por un máximo de
cuatro representantes electos de los empleados del departamento o grupo de
categorías en cuestión, y un máximo de cuatro representantes de la compañía. El
objetivo del comité local es proporcionar un medio reconocido de comunicación
entre los empleados y los funcionarios locales, y ampliar el interés de los
empleados en las condiciones en las que se realiza su trabajo. Un comité local
debe discutir: ( a ) sugerencias para la organización
satisfactoria de las horas de trabajo, descansos, registro de tiempo, etc.;
( b ) cuestiones de bienestar físico; ( c )
organización de vacaciones; ( d ) publicidad con respecto a
las reglas; ( e ) sugerencias sobre mejoras en la organización
del trabajo, dispositivos que ahorran mano de obra y otros asuntos; ( f )
investigación de circunstancias que tienden a reducir la eficiencia, y ( g )
la correcta carga de tráfico para garantizar un tránsito seguro y la reducción
de reclamaciones. Antes de que un asunto sea discutido por un comité local,
primero debe ser presentado por los empleados a los funcionarios de la empresa
de la manera ordinaria, pero, a falta de una respuesta satisfactoria dentro de
los catorce días, puede informarse al secretario del lado de los empleados del
comité. La empresa, de la misma manera, debe agotar la maquinaria
constitucional.
Consejos
Seccionales de Ferrocarriles
Los Consejos
Seccionales de Ferrocarriles estarán compuestos por un máximo de doce
representantes electos de los empleados y un máximo de doce representantes
designados de la empresa, y se establecerán un máximo de cinco Consejos
Seccionales en cada ferrocarril. Cada parte tendrá su propio secretario, quien
tendrá derecho a participar en los procedimientos. Si se considera un
ferrocarril en el que todo el personal de la empresa se divide en las cinco
secciones habituales, a saber: (1) empleados, jefes de estación, supervisores,
etc.; (2) operarios de locomotoras; (3) personal del departamento de tráfico;
(4) personal de mercancías y acarreo, y (5) personal permanente del
departamento de vías, plomeros, etc., cada sección elegirá representantes
para[170] el Consejo Seccional, y el número de representantes de cada
sección será según la proporción de los empleados en los grupos de los grados
en la sección. Además, el número de representantes elegidos para cada grupo de
grados se distribuirá lo más aproximadamente posible por distritos. Los
Consejos Seccionales tratarán con: ( a ) aplicación local de
acuerdos nacionales relacionados con sueldos estándar, salarios, horas de
trabajo y condiciones de servicio que no sean temas presentados directamente a
la Junta Central de Salarios por compañías ferroviarias o los Sindicatos;
( b ) sugerencias en cuanto a asuntos operativos, laborales y
afines; ( c ) otros asuntos en los que la compañía y los
empleados estén mutuamente interesados, tales como cooperación con vistas a asegurar
un mayor negocio, mayor eficiencia y economía, el bienestar del personal,
reclutamiento y permanencia en el servicio, etc.; ( d ) temas
remitidos por el Consejo Ferroviario a un Consejo Seccional.
Consejos de
Ferrocarriles
Para cada
ferrocarril se designará un Consejo Ferroviario compuesto por un máximo de diez
representantes de la empresa y diez representantes de los trabajadores. Los
representantes de los trabajadores serán dos miembros de cada Consejo
Seccional; cada parte contará con un secretario con facultades para participar
en las deliberaciones. El Consejo Ferroviario tratará todos los asuntos que le
competen a un Consejo Seccional y que sean de interés común para dos o más
secciones, pero no podrá tratar ningún asunto sin que un Consejo Seccional haya
tenido la oportunidad de considerarlo. Si un Consejo Seccional no logra un
acuerdo sobre algún asunto, la parte de los trabajadores podrá remitirlo a los
sindicatos correspondientes, o el Consejo podrá, mediante acuerdo, remitirlo al
Consejo Ferroviario. Si un Consejo Seccional o un Consejo Ferroviario no logra
ponerse de acuerdo sobre alguna cuestión relativa a la aplicación local de los
convenios nacionales en materia de salarios y condiciones de servicio, la parte
de los trabajadores podrá someter la diferencia a los sindicatos
correspondientes, quienes la tratarán con la empresa y, de no llegar a un
acuerdo, podrán remitirla a la Junta Central de Salarios. Antes de que los
empleados puedan presentar cualquier pregunta a un Consejo Seccional o de
Ferrocarriles, deben someterla a la consideración de la empresa de la manera
habitual. Sin embargo, de no obtener una respuesta satisfactoria en un plazo de
veintiún días, los hechos podrán ser comunicados al secretario de empleados del
Consejo correspondiente, y la propia empresa deberá proceder de la misma
manera. El funcionamiento de los Consejos y Comités de Ferrocarriles será
seguido con el mayor interés por todos los interesados en el desarrollo de los
mecanismos de conciliación laboral.
[171]
CAPÍTULO XVI
POLÍTICA LABORAL DEL GOBIERNO PARA LA AGRICULTURA
Control
gubernamental en tiempos de guerra—La nueva política del gobierno en 1921—El
establecimiento de comités conjuntos de conciliación en Inglaterra y Gales—La
labor de los comités de conciliación—Agricultura y seguro de desempleo.
Control
gubernamental en tiempos de guerra
La necesidad,
durante la guerra, de fomentar la producción de alimentos en el país condujo a
la Ley de Producción de Maíz de 1917, que dispuso el control del cultivo por
parte del Ministerio de Agricultura, la constitución de una Junta de Salarios
Agrícolas para fijar salarios mínimos para los trabajadores agrícolas y la
garantía de precios mínimos para el trigo y la avena. Los salarios mínimos se
fijaron y variaron ocasionalmente. Si bien la Junta no eliminó por completo las
diferencias salariales agrícolas de los condados de antes de la guerra, las
redujo considerablemente; el porcentaje final de aumento osciló entre
aproximadamente el 110 % y el 230 % con respecto a los niveles de antes de la
guerra. Tras el Armisticio, el Gobierno, sabiamente, se dio cuenta de que sería
una política errónea intentar seguir fijando precios mínimos para la avena y el
trigo, o controlar el cultivo y regular los salarios. Cuando los precios al por
mayor se desplomaron en 1921 y la comunidad se vio imposibilitada de pagar los precios
mínimos, el Gobierno decidió que sería una estrategia financiera poco sólida
mantener los precios y los salarios con un subsidio nacional. En tiempos de
guerra puede ser correcto obligar a los agricultores a cultivar trigo y avena
debido a las necesidades del país; es totalmente erróneo hacerlo en tiempos de
paz: la política correcta es dejarlos cultivar sus tierras como ellos, en su
propio interés, crean conveniente.
La nueva política
del gobierno en 1921
Posteriormente, se
aprobó la Ley de Derogación de las Leyes de Producción de Maíz de 1921. Esta
ley abolió los precios y salarios mínimos, creó un fondo especial de £1,000,000
para el desarrollo agrícola y dispuso que el Ministro de Agricultura, en lo que
respecta a Inglaterra y Gales, y la Junta de Agricultura de Escocia, en lo que
respecta a Escocia, estarían facultados para tomar medidas
para[172] Garantizar la formación voluntaria de Comités Mixtos de
Conciliación locales, representativos de las personas (propietarios u ocupantes
de terrenos agrícolas) que emplean a personas en la agricultura, y de los
trabajadores agrícolas, con el fin de abordar las tasas salariales, las horas
de trabajo y las condiciones de empleo. La Ley establece que la tasa salarial
acordada por un Comité Mixto de Conciliación, y a solicitud del Comité,
confirmada por el Ministro y debidamente publicada, se convierte en el salario
legalmente pagadero en la zona, a menos que el Comité certifique que, en las
circunstancias especiales de un caso particular, está convencido de que un
contrato con una tasa inferior es justo y razonable, o, en caso de que el
Comité se niegue a certificarlo, el Tribunal ante el que se lleva a cabo el
procedimiento para la recuperación de la tasa acordada por el Comité esté
convencido de ello.
El establecimiento
de comités conjuntos de conciliación en Inglaterra y Gales
Dado que la función
del Ministerio de Agricultura se limita a la persuasión moral, la tarea de
establecer estos Comités es difícil, y el Ministerio merece ser felicitado por
el progreso logrado. Muchos agricultores aún están indignados por la derogación
de la Ley de Producción de Maíz y la consiguiente pérdida de un subsidio
sustancial al trigo y la avena, y tienden a resentirse por cualquier acción del
Ministerio. Los líderes obreros están igualmente indignados por la abolición de
la Junta de Salarios Agrícolas con sus poderes obligatorios, y exigen su
restablecimiento. Además, el plan de los Comités de Conciliación se puso en
marcha en un momento desfavorable. Los precios caían rápidamente, y los
agricultores, tras haber cultivado sus cosechas durante todo el año con un
costo de producción bastante alto y salarios elevados, se vieron obligados a
vender sus productos a precios inferiores, en muchos casos, a la mitad de los
del año anterior. En consecuencia, presionaron para obtener reducciones
salariales sustanciales e inmediatas. Desde el punto de vista obrero, el otoño
de 1921 fue igualmente inoportuno para iniciar un nuevo sistema de liquidación
de salarios, ya que, gracias al verano favorable, el trabajo en la explotación
agrícola estaba muy avanzado y los agricultores estaban en condiciones de
reducir su plantilla. Además, el creciente desempleo debilitó considerablemente
la capacidad de negociación de los trabajadores.
La labor de los
Comités de Conciliación
Por lo tanto, era
necesario el mayor tacto y discreción para evitar cualquier apariencia de
interferencia indebida por parte del Ministerio, y al mismo tiempo había que
ejercer una poderosa persuasión.[173] Para inducir a ambas partes a un
acuerdo. A pesar de todas estas dificultades, los funcionarios del Ministerio
(con la ayuda de funcionarios designados al efecto por el Ministro de Trabajo)
han logrado, con notable éxito, arraigar el plan en la industria agrícola. En
el corto tiempo transcurrido desde la aprobación de la Ley de 1921, se han
establecido 61 comités que abarcan todo el país, y de estos, 54 han llegado a
acuerdos, aunque en algunos casos solo por períodos cortos. En las siete áreas
restantes, aunque se han realizado esfuerzos para llegar a un acuerdo, aún no
se ha alcanzado.
La tasa salarial
que ahora se paga generalmente a los trabajadores agrícolas varones es de
aproximadamente 30 a 32 chelines por 48 a 50 horas,
y muchos Comités de Conciliación han llegado a un acuerdo sobre estas tasas. En
el norte de Inglaterra, las tasas suelen ser algo más altas, mientras que en
East Anglia y en varios condados donde no se ha llegado a acuerdos, los empleadores
se niegan a ofrecer más de 30 chelines , una tasa que los
trabajadores igualmente se niegan a aceptar. Estas tasas se comparan con la
tasa de la Junta de Salarios de 46 chelines por 48 a 50 horas,
que estuvo en vigor hasta principios de septiembre de 1921. La Junta de
Salarios en su última reunión redujo esta tasa a 42 chelines ,
que era la tasa vigente cuando se crearon los Comités de Conciliación. Hubo una
caída en octubre de 1921, a 36 chelines por semana, seguida de
una disminución gradual de las tasas mencionadas anteriormente. Se firmaron con
éxito acuerdos a largo plazo, vigentes hasta principios de octubre de 1922, en
varios condados con la asistencia de representantes del Ministerio de
Agricultura, a 32 chelines por 48 horas hasta principios de
marzo de 1922, y a 31 chelines por 50 horas durante el resto
del período. Estos acuerdos a largo plazo son una característica prometedora.
El agricultor recibe un salario fijo durante la plena actividad agrícola,
incluyendo la cosecha de heno y maíz; el trabajador recibe un salario mínimo,
del cual se beneficiará de nuevas bajadas en el coste de la vida durante la
vigencia del acuerdo. Al mismo tiempo, las tarifas vigentes tienen plenamente
en cuenta los cambios registrados hasta la fecha en el coste de la vida.
Considerando el salario medio en efectivo de preguerra de 16 chelines y 9 peniques semanales,
la cifra comparativa, basada en el índice del coste de la vida del 1 de junio
de 1922, con una diferencia del 80 % respecto a julio de 1914, sería de
32 chelines y 2 peniques. Y probablemente sea
cierto que el jornalero agrícola ha experimentado, desde octubre de 1921, una
mayor reducción salarial que la mayoría de los demás oficios. Sin embargo,
desde el punto de vista de los agricultores, la caída de los salarios está más
que justificada por la bajada de los precios, que ha sido considerablemente más
rápida que la del coste de la vida.
[174]
Una circunstancia
sumamente alentadora es el fiel cumplimiento de los acuerdos celebrados por los
agricultores. Los Comités no tienen facultades directas para hacer cumplir sus
decisiones; pueden enviar sus acuerdos al Ministro de Agricultura para su confirmación
y, posteriormente, según la Ley, el pago de las tarifas acordadas se vuelve
legalmente recuperable. Hasta el momento, solo cinco Comités han solicitado la
confirmación de sus acuerdos. En general, los empleadores se oponen a la
confirmación, y los trabajadores no la exigen. Si bien los empleadores, en su
mayoría, cumplen los acuerdos, los representantes de los trabajadores se quejan
de que esto no sucede en todos los casos. Si existiera una tendencia seria
hacia el incumplimiento, los empleadores de los Comités de Conciliación
aceptarían someter los acuerdos a confirmación; no permitirían que algunos
empleadores eludieran el pago de las tarifas acordadas mientras otros sí lo
hacen. La ausencia de tal demanda general indica que, en esencia, se están pagando
los salarios acordados.
Agricultura y
Seguro de Desempleo
El Partido
Laborista presenta la singularmente hipócrita queja de que el Gobierno no
aplica el Plan Nacional de Seguro de Desempleo a las personas que trabajan en
la agricultura. La realidad es que el 2 de diciembre de 1920, la Junta de
Salarios Agrícolas nombró un Comité, presidido por Sir Henry Rew, KCB,
compuesto por representantes de empleadores y de sindicatos cuyos miembros
trabajaban en la agricultura, para que informara sobre la medida en que las
Leyes de Seguro de Desempleo podían aplicarse de forma práctica y beneficiosa a
los trabajadores agrícolas. El Informe del Comité ( Documento
Parlamentario , 1921, Cmd. 1344) fue unánime y manifestó que existía
una oposición general, tanto de empleadores como de trabajadores, a la
inclusión de la agricultura en las disposiciones del Plan de Seguro de
Desempleo. Uno de los representantes de los trabajadores, firmante de esta
conclusión, adjuntó una nota para decir que creía que en algunos distritos
había un deseo indudable de los trabajadores agrícolas de ser incluidos en la
Ley, a pesar de que ni su conclusión ni la de los otros representantes de los
trabajadores recomendaban la extensión de las Leyes de Seguro de Desempleo a la
agricultura.
Nadie que conozca
las dificultades que existen, especialmente en el sector agrícola, para
introducir con éxito métodos de negociación colectiva podría dejar de apreciar
la solidez de la política de los Comités Mixtos de Conciliación, o dejar de
alegrarse por el progreso constante que está haciendo el Ministerio de
Agricultura.
[175]
CAPÍTULO XVII
POLÍTICA GUBERNAMENTAL FRENTE AL DESEMPLEO
1. Seguro Estatal
de Desempleo—El Plan Actual de 1920—Disposiciones de Emergencia—Ley Temporal de
marzo de 1921—Ley Temporal de julio de 1921—Ley de Disposiciones Temporales
para Dependientes de noviembre de 1921—Ley Temporal de abril de 1922—La
Eficiencia del Plan Estatal.
2. Construcción de
obras de utilidad pública—Comité de subvenciones por desempleo—Plan de
1920—Plan ampliado de 1921.
3. Planes de
carreteras acelerados—El programa 1920-21—El programa 1921-22—Los planes
metropolitanos especiales—Los planes provinciales—Condiciones aplicables a las
subvenciones.
4. Ayuda a los
pobres — Principios que rigen la administración de la ayuda — Determinación de
los ingresos del solicitante — Ayuda a los tutores para realizar obras —
Financiación del coste de la ayuda — Ayuda a las uniones metropolitanas más
pobres — Ayuda a los tutores para obtener préstamos.
El desempleo es hoy
un problema candente; siempre será una dificultad destacada en la industria.
Por lo tanto, las líneas maestras de la política gubernamental son importantes;
son de fecha relativamente reciente. Desde 1890, e incluso antes, los ayuntamientos
metropolitanos y sus predecesores, las sacristías y las principales autoridades
locales provinciales, habían tenido la costumbre de proporcionar ayuda cada
invierno a los desempleados, cada uno con su propio método y sin investigar las
circunstancias de necesidad de los solicitantes de empleo. Algunas sacristías y
ayuntamientos metropolitanos habían establecido oficinas locales de empleo —en
realidad, Bolsas de Trabajo— en Londres sin autorización legal. Su creación fue
autorizada formalmente por la Ley de Oficinas de Empleo (Londres) de 1902. En
1905, Lord (entonces el Muy Honorable Walter) Long, cuando era presidente de la
Junta de Gobierno Local, inauguró un programa voluntario compuesto por comités
centrales y de distrito en Londres para recaudar fondos y proporcionar trabajo
para afrontar la penuria derivada del desempleo. El funcionamiento práctico de
este plan se consideró suficientemente exitoso como para justificar la
aprobación de la Ley de Trabajadores Desempleados de 1905, que disponía el establecimiento,
por orden de la Junta de Gobierno Local, de un Organismo Central de
Desempleados estatutario y de Comités de Socorro metropolitanos en Londres y
fuera de Londres.[176] Comités con competencias centrales y locales en
cada municipio o distrito urbano con una población no inferior a 50.000
habitantes, y para el resto de los condados, comités centrales y locales.
Posteriormente, como se ha descrito, en 1909 se autorizaron las Bolsas
Estatales de Trabajo. Su creación constituyó el primer intento del Gobierno por
abordar el desempleo con una política bien pensada.
1. SEGURO ESTATAL
DE DESEMPLEO
El siguiente paso
deliberado fue el plan de seguro estatal contra el desempleo, instituido por la
Parte II de la Ley del Seguro Nacional de 1911. Se aplicó obligatoriamente a
aproximadamente dos millones y medio de trabajadores de la construcción, la construcción
naval, la ingeniería, la construcción de obras y vehículos, la fundición de
hierro y, en cierta medida, el aserradero, pero no a los trabajadores no
manuales. La contribución semanal era: empleadores, 2½ peniques ;
obreros, 2½ peniques ; Estado, 1⅔ peniques ,
siendo así la contribución estatal una cuarta parte del total. La prestación
asegurada era de 7 chelines semanales durante quince semanas,
pero nada durante la primera semana de desempleo y, cuando era pagadera, solo a
razón de una semana de prestación por cada cinco cotizaciones pagadas. En 1916,
la Ley del Seguro Nacional (Enmienda de la Parte II) de 1914 incorporó al plan
a un millón y cuarto de trabajadores adicionales empleados en ciertos oficios,
principalmente metales y productos químicos, y dedicados a la fabricación de
municiones de guerra. Por lo tanto, tras el Armisticio, el plan solo cubría a
unos tres millones y cuarto de personas. Esta provisión era totalmente
insuficiente para cubrir el desempleo resultante. El Gobierno instituyó un plan
de donaciones gratuitas para desempleados, tanto para trabajadores civiles como
para hombres y mujeres dados de baja de las Fuerzas Armadas. Este plan se
mantuvo vigente desde noviembre de 1918 hasta noviembre de 1919 para civiles, y
hasta marzo de 1921 para exmiembros de las Fuerzas Armadas, y, en algunos casos
especiales, durante algo más.
El esquema actual
de 1920
Era evidente la
necesidad de establecer disposiciones adicionales, por lo que se presentó un
proyecto de ley para la extensión del seguro de desempleo en la Cámara de los
Comunes, primero en diciembre de 1919 y luego en febrero de 1920, que se
promulgó en agosto, con la entrada en vigor de la Ley de Seguro de Desempleo de
1920, el 8 de noviembre de 1920. Esta ley regula el Plan Nacional de Seguro de
Desempleo permanente, derogando todas las leyes anteriores relativas al seguro
de desempleo. Esta ley incluye en el seguro a prácticamente toda la población
industrial, incluyendo a los trabajadores no manuales.[177] cuya
remuneración no exceda de 250 libras esterlinas anuales. Excluye, sin embargo,
la agricultura y el servicio doméstico privado, y faculta al Ministro de
Trabajo para otorgar certificados de exención a los empleados permanentes de
ciertas empresas públicas. Sin embargo, salvo en el caso de los empleados
ferroviarios, el número de trabajadores que se dedican a estos empleos
especialmente exceptuados no es elevado. El número total de trabajadores
asegurados como resultado de esta Ley asciende a unos doce millones. Las
contribuciones prescritas por la Ley de 1920 (que posteriormente aumentaron
temporalmente) son las siguientes:
|
Parte del
empleador |
Parte del
empleado |
Contribución
estatal |
|
|
Hombres |
4 días. |
4 días. |
2 días. |
|
Mujer |
3½ días. |
3 días. |
1⅔ d. |
|
Niños (mayores de
16 y menores de 18) |
2 días. |
2 días. |
1⅓ d. |
|
Niñas (mayores de
16 y menores de 18 años) |
2 días. |
1½ día. |
1 día. |
El plan se gestiona
principalmente a través de las Bolsas de Empleo. Se emite una cartilla de
desempleo a cada trabajador asegurado y, al obtener empleo, debe entregarla a
su empleador, quien la conserva mientras dura el empleo, y al pagar los
salarios debe estampar en ella un sello con el valor de sus cotizaciones
combinadas y las del trabajador.
Los libros tienen
una validez de doce meses, desde principios de julio de un año hasta principios
de julio del año siguiente, período conocido como el "Año de Seguro".
Cada julio se intercambian. Los empleadores suelen depositar los libros de sus
trabajadores en bloque en las Bolsas de Empleo, donde se renuevan para el año
siguiente. Sin embargo, el trabajador tiene derecho a llevar su libro antiguo a
la Bolsa y obtener el nuevo para el año siguiente.
Los trabajadores
también tienen derecho a recibir del Departamento, previa solicitud, un estado
de cuentas que muestre el estado de sus cuentas.
Los sellos que
representan las contribuciones se venden en las oficinas de correos, y el
producto de las ventas se abona semanalmente por la Oficina General de Correos
al Ministerio de Trabajo. Las remesas se acreditan al Fondo de Desempleo
establecido por la Ley, y la contribución estatal se suma a las cantidades
recibidas, acreditándose de igual manera al Fondo. Cuando el Fondo tiene saldo
acreedor, es decir, cuando los ingresos son más que suficientes para pagar las
prestaciones debidas, cualquier excedente se entrega a la Comisión Nacional de
Deuda para su inversión en nombre del Fondo. Debido al
empleo...[178] Excepcionalmente bueno inmediatamente antes y durante la
guerra, el Fondo acumuló un superávit considerable, que ascendía, en noviembre
de 1920, cuando se aprobó la Ley de ese año, a alrededor de £ 20.000.000.
Las prestaciones
prescritas en la Ley de 1920, que posteriormente se modificaron temporalmente,
son de 15 chelines semanales para hombres y 12 chelines semanales
para mujeres, con la mitad de la tasa para niños y niñas. La prestación se pagó
después de los tres primeros días de desempleo, y posteriormente se incrementó
permanentemente a seis por la Ley del Seguro de Desempleo (n.º 2) de 1921, lo que
constituye un período de espera, y por un máximo de veintiséis semanas en
cualquier año de seguro. En la Ley de 1920, eran quince semanas, pero la Ley
del Seguro de Desempleo de 1921 las aumentó a veintiséis. El importe de la
prestación no debe exceder en ningún caso la proporción de una semana de
prestación por cada seis cotizaciones pagadas, es decir, un día de prestación
por cada cotización. Este límite se suspende temporalmente en ciertos casos por
la Ley del Seguro de Desempleo de 1921.
Las condiciones
para recibir la prestación son haber pagado un número prescrito de
cotizaciones, a saber, un mínimo de doce según la Ley de 1920 (flexibilizado
temporalmente en ciertos casos por la Ley de Seguro de Desempleo de 1921); que
las solicitudes de prestación se hayan presentado de la manera prescrita; que
el cotizante demuestre que, desde su solicitud, ha estado desempleado de forma
continua, capaz y disponible para trabajar, pero no ha podido obtener un empleo
adecuado, y que no ha agotado su derecho a la prestación. El trabajador no
podrá solicitar la prestación [17] si su desempleo se debe a una interrupción del trabajo debido a un
conflicto laboral en su lugar de trabajo, o si ha perdido su empleo por mala
conducta o por renuncia voluntaria sin causa justificada. Tampoco se pagará la
prestación mientras el trabajador se encuentre recluido en una prisión, un
asilo de trabajo o cualquier otra institución sostenida con fondos públicos, ni
mientras resida fuera del Reino Unido. Si percibe una prestación por enfermedad
o discapacidad en virtud de las Leyes del Seguro de Salud o una pensión de
vejez, no podrá solicitar ninguna prestación.
Cuando un
trabajador asegurado queda desempleado, el empleador debe devolverle su libreta
de desempleo, la cual debe presentar en la Bolsa de Trabajo, donde podrá
solicitar la prestación. Al presentar una solicitud, la Bolsa envía una
solicitud al último empleador del trabajador, según lo indicado
por[179] En el formulario de solicitud, se le indicará si cumple con los
requisitos para recibir la prestación y si se aplica alguna de las
inhabilitaciones. Durante la tramitación de su solicitud, el trabajador asegurado
desempleado debe acudir a la Bolsa de Empleo como prueba de su situación. Allí,
firma una declaración, durante el horario laboral habitual de su profesión, en
la que declara estar desempleado e incapaz de obtener un empleo adecuado. En
circunstancias normales, la frecuencia con la que los trabajadores asegurados
desempleados deben acudir a este fin es la siguiente: si reside a menos de tres
kilómetros de la Bolsa de Empleo más cercana, debe acudir diariamente; si
reside entre tres y seis kilómetros, debe acudir cada dos días; entre seis y
nueve kilómetros, debe acudir una vez por semana y presentar una declaración
firmada por dos personas en la que declare su situación de desempleo; si reside
a más de nueve kilómetros de la Bolsa de Empleo más cercana, no está obligado a
acudir personalmente para acreditar su situación de desempleo, pero puede
presentar un certificado firmado por dos personas que acredite la continuidad
de su situación de desempleo. Las solicitudes de prestaciones son adjudicadas,
en primera instancia, por funcionarios designados en virtud de la Ley,
conocidos como "oficiales de seguros". El gerente de la Bolsa actúa
como "oficial de seguros" y autoriza el pago de las solicitudes
evidentemente válidas. Aquellas sobre las que surgen dudas se remiten al
Director de Seguros en Londres para su adjudicación. Si la decisión del
director de seguros es desfavorable para el solicitante, este tiene derecho a
apelar ante un Tribunal de Árbitros, compuesto por un presidente independiente,
un representante de los empleadores y un representante de los cotizantes. El
presidente y los paneles son nombrados por el Ministro de Trabajo. Tanto el
director de seguros, como el sindicato al que pertenece el solicitante, o el
propio solicitante, si el Tribunal le concede permiso, tienen derecho adicional
a apelar la recomendación del Tribunal de Árbitros ante un árbitro designado
por la Corona, cuya decisión es definitiva.
Si bien todas las
solicitudes de prestaciones deben presentarse, en primera instancia, en una
Bolsa de Empleo —donde generalmente se pagan las prestaciones—, el Ministro, en
virtud del Artículo 17 de la Ley de 1920, está facultado para celebrar acuerdos
con asociaciones de contribuyentes (prácticamente todos los sindicatos)
mediante los cuales los miembros de dichas asociaciones puedan acreditar su
desempleo y recibir su prestación a través del mecanismo de la asociación.
Antes de que se pueda celebrar dicho acuerdo, el Ministro debe cerciorarse de
que los estatutos de la asociación prevean el pago de la prestación por
desempleo a sus miembros con cargo a sus propios fondos, y de que la asociación
cuente con un sistema para obtenerla.[180] Notificación de oportunidades
de empleo y de colocación de sus miembros. La prestación estatal pagada por las
asociaciones en virtud de este acuerdo se reembolsa posteriormente a la
asociación con cargo al Fondo de Desempleo. Las asociaciones tienen derecho,
además, a una subvención para sus gastos administrativos que no exceda de
1 chelín por cada semana de prestación estatal pagada a sus
miembros en virtud del acuerdo. Poco antes del declive del comercio, que
comenzó en el otoño de 1920, se completaron o estaban en proceso de
finalización acuerdos en virtud del Artículo 17 con casi 200 asociaciones que
contaban con una membresía de casi 4 millones de personas. Sin embargo, debido
al aumento de la depresión industrial y la consiguiente presión sobre los
recursos financieros de las asociaciones, varios de estos acuerdos se
cancelaron o no se completaron. El número de acuerdos en vigor al 31 de julio
de 1922 era de 145, lo que cubría una membresía de más de 1 millón.
Una disposición
nueva e importante de la Ley de 1920 fue el derecho otorgado a las industrias a
excluirse del régimen estatal e instaurar regímenes especiales de seguro
obligatorio para sus propios trabajadores. Antes de que un régimen especial
pueda ser aprobado, debe ser presentado por un Consejo Industrial Conjunto o
una asociación plenamente representativa de la mayoría de los empleadores y
empleados del sector. El Ministro debe cerciorarse de que el seguro contra el
desempleo en el sector se puede proporcionar de forma más satisfactoria
mediante un régimen especial que con arreglo al régimen general de la Ley. El
régimen especial debe cubrir a todos los empleados del sector, y las
prestaciones no deben ser, en general, menos favorables que las previstas por
la Ley. Las industrias que podrían estar naturalmente dispuestas a excluirse
del régimen general son aquellas en las que el desempleo es inferior a la tasa
media de desempleo de todas las industrias incluidas en dicho régimen. En otras
palabras, solo cabría esperar que se excluyeran aquellas industrias que, debido
a su menor tasa de desempleo, pudieran ofrecer mayores prestaciones con la
misma tasa de cotización que con arreglo al régimen general, o la misma o una
ligeramente mejor tasa de prestación con una cotización menor. En
contrapartida, la tasa de contribución estatal pagadera a un régimen especial
se reduce a una suma que no exceda tres décimas partes de la contribución que,
de otro modo, pagaría el Estado respecto a las contribuciones del sector si los
empleadores y los trabajadores del sector permanecieran en el régimen general.
Hasta la fecha, solo se ha aprobado un régimen especial, el de seguros, que
cubre a unas 80.000 personas. En vista de las disposiciones temporales de
emergencia establecidas en la Ley de Desempleo,[181] Ley de Seguros de
1921 y Ley de Seguro de Desempleo (Nº 2) de 1921, para hacer frente a la
cantidad anormal de desempleo, se hizo necesario suspender el derecho de
industrias adicionales a subcontratar hasta que el Fondo de Desempleo alcance
nuevamente una posición de solvencia.
Una característica
del sistema estatal que puede ser criticada es el derecho de los asegurados a
recibir un reembolso de sus cotizaciones. Esta disposición sigue, en general,
los lineamientos del Artículo 95 de la Ley de 1911. El reembolso se realiza por
el excedente de la parte que corresponde al trabajador en las cotizaciones
pagadas por él, menos cualquier prestación que haya recibido. Los reembolsos no
se realizan a menos que el trabajador haya cumplido 60 años y haya pagado en
total un número específico de cotizaciones.
Disposiciones de
emergencia
Debido a la aguda
depresión industrial, fue necesario añadir al plan permanente varias
disposiciones temporales. Durante la elaboración de la Ley de 1920, se observó
la necesidad de una disposición especial para atender el desempleo que se
produjo inmediatamente después de su promulgación entre las personas que se
incorporaban al seguro obligatorio por primera vez. En consecuencia, el
artículo 44 de la Ley de 1920 dispuso que, durante los doce meses posteriores a
su entrada en vigor, es decir, hasta el 8 de noviembre de 1921, se podía
percibir una prestación de ocho semanas si se habían pagado cuatro
cotizaciones. Entre la promulgación de la Ley, el 9 de agosto de 1920, y su
entrada en vigor, el 8 de noviembre de 1920, la situación industrial empeoró
considerablemente, y cuando entró en vigor, un número considerable de
trabajadores se encontraban desempleados sin haber pagado ni siquiera cuatro
cotizaciones. En consecuencia, en diciembre de 1920 se aprobó la Ley de Seguro
de Desempleo (Enmienda de las Disposiciones Temporales), que disponía que si
una persona desempleada podía demostrar que, aunque no se habían pagado
contribuciones en su nombre conforme a las leyes, había estado de hecho
empleada en una ocupación asegurable en cada una de las diez semanas desde el
31 de diciembre de 1919 o de las cuatro semanas desde el 4 de julio de 1920,
eso contaría como equivalente al pago de cuatro contribuciones conforme a la
Sección 44 de la Ley de 1920, y se le podría pagar un beneficio de ocho
semanas.
Ley Temporal de
marzo de 1921
El desempleo
continuó creciendo y a principios de 1921 se hizo evidente que muchas personas
que normalmente habrían pagado contribuciones y por lo tanto calificado para
recibir beneficios bajo la Ley de 1920, estaban descalificadas porque, debido a
la excepcional situación industrial[182] En su situación actual, no habían
podido pagar las cotizaciones. Por lo tanto, en marzo de 1921 se aprobó la Ley
del Seguro de Desempleo de 1921, que entró en vigor inmediatamente y dispuso
específicamente el pago de la prestación por desempleo a las personas que no
cumplían los requisitos para recibirla por no haber cotizado. La Ley de marzo
de 1921 disponía que, durante dos períodos especiales (el primero del 3 de
marzo de 1921 al 2 de noviembre de 1921 y el segundo del 3 de noviembre de 1921
al 2 de julio de 1922), las personas desempleadas podían percibir una
prestación de hasta dieciséis semanas, siempre que demostraran:
(1) Que habían
estado empleados durante no menos de veinte semanas desde el 31 de diciembre de
1919 (diez semanas para los ex miembros de las Fuerzas Armadas de Su Majestad).
(2) Que estuvieran
empleados normalmente en una ocupación asegurable.
(3) Que realmente
buscaban un empleo a tiempo completo pero no pudieron conseguirlo.
La decisión sobre
si los solicitantes de prestaciones cumplen las condiciones especiales
prescritas por la Ley de marzo de 1921 recae en el Ministro, pero se le otorgó
la facultad de remitir cuestiones relacionadas con el cumplimiento de los
requisitos a los Comités Locales de Empleo. Esta facultad se ha ejercido
libremente y, en la práctica, el Ministro suele aceptar las recomendaciones de
los Comités sobre los casos que se les someten a su consideración.
La Ley de marzo de
1921 aumentó las tasas de prestación a 20 chelines semanales
para hombres y 16 chelines semanales para mujeres, con la
mitad de la tasa para niños y niñas. También se dispuso un aumento en las tasas
de cotización a partir del inicio del siguiente año de seguro, es decir, el 4
de julio de 1921, pero estas fueron incrementadas nuevamente por una ley
posterior. A pesar de la disposición especial sobre la prestación establecida
por la Ley de marzo de 1921, un gran número de personas permanecieron
desempleadas y habían agotado sus derechos a la prestación en julio de 1921.
Por lo tanto, se decidió introducir una nueva legislación que incluyera
disposiciones adicionales para este tipo de casos.
Ley Temporal de
julio de 1921
La solvencia del
Fondo de Desempleo se vio afectada por la Ley de marzo de 1921, y al mismo
tiempo, la angustia derivada del desempleo aumentaba. Por lo tanto, el 1 de
julio de 1921 se promulgó la Ley del Seguro de Desempleo (n.º 2), que facultó
al Ministro para ampliar el período máximo de prestación que se podía percibir
en cada uno de los dos períodos especiales prescritos.[183] Mediante la
Ley de marzo de 1921, se aumentó la prestación en seis semanas, lo que redujo
el período máximo de prestación a veintidós semanas, en lugar de dieciséis. Se
concedieron numerosas prórrogas de seis semanas, desde el 22 de febrero de
1922, que expiraron el 5 de abril de 1922. Simultáneamente, las tasas de
prestación se redujeron temporalmente a 15 chelines semanales
para hombres y 12 chelines semanales para mujeres, con la
mitad de las tasas para niños y niñas mientras durara el período de carencia,
es decir (Sección 16) hasta que el Tesoro certifique la solvencia del Fondo de
Desempleo. El período de espera de tres días previsto en la Ley de 1920 se
elevó permanentemente a una semana, al igual que en la Ley original de 1911.
Las cotizaciones pagaderas a partir del 4 de julio de 1921 se incrementaron, en
virtud de la Ley de julio de 1921, a las siguientes cantidades:
|
Parte del
empleador |
Parte del
empleado |
Contribución
estatal |
|
|
Hombres |
8 días. |
7 días. |
3¾ días. |
|
Mujer |
7 días. |
6 días. |
3¼ días. |
|
Niños |
4 días. |
3½ días. |
1⅞ día. |
|
Chicas |
3½ días. |
3 días. |
1⅝ d. |
Estas tasas de
contribuciones fueron pagaderas hasta el 1 de julio de 1923, o hasta la
expiración del período de deficiencia, lo que fuera más reciente, después de lo
cual se restablecieron las tasas prescritas en la Ley de 1920.
Cabe recordar que
las disposiciones de las Leyes de Seguro de Desempleo de diciembre de 1920,
marzo de 1921 y julio de 1921 son solo temporales y no forman parte del plan
estatal normal. La Ley de marzo de 1921 autoriza al Tesoro a adelantar fondos
al Fondo de Desempleo hasta diez millones de libras; esta cantidad se
incrementó a veinte millones de libras mediante la Ley de julio de 1921. El
Tesoro ha tenido que realizar anticipos para que el Fondo pueda pagar las
prestaciones: el importe adeudado por el Fondo al Tesoro al 31 de diciembre de
1921 era de aproximadamente ocho millones de libras.
Ley de
Disposiciones Temporales para Dependientes de noviembre de 1921
Como parte del
programa de emergencia temporal del Gobierno para aliviar el desempleo anormal
existente en el otoño de 1921, el 9 de noviembre se aprobó la Ley de
Dependientes de Trabajadores Desempleados (Disposición Temporal), de 1921, que
disponía el pago de subsidios a las esposas e hijos dependientes de los
trabajadores desempleados que recibían beneficios en virtud de las Leyes de
Seguro de Desempleo.[184] Esta disposición, según lo establecido en esta
Ley, tenía una vigencia de solo seis meses, hasta el 7 de mayo de 1922. La Ley
de Dependientes disponía que las personas obligadas a estar aseguradas bajo las
Leyes del Seguro de Desempleo y sus empleadores debían, durante un período de
seis meses a partir del 7 de noviembre de 1921 (plazo prorrogable en caso de
deficiencia en el Fondo), pagar contribuciones adicionales para crear un Fondo
separado del Fondo de Desempleo, con cargo al cual se pagarían las asignaciones
para dependientes. El Estado añadió una cantidad a las contribuciones del
empleador y del empleado.
|
Parte del
empleador |
Parte del
empleado |
Contribución
estatal |
|
|
Hombres |
2 días. |
2 días. |
3 días. |
|
Mujer |
} 1 día. |
1 día. |
2 días. |
|
Niños |
|||
|
Chicas |
Las subvenciones se
otorgaban a razón de 5 chelines por semana para la esposa y
1 chelín por semana para cada hijo dependiente.
Ley Temporal de
abril de 1922
Sin embargo, se ha
requerido una legislación de emergencia adicional para hacer frente a la
persistencia del desempleo. El 13 de marzo de 1922, había en Gran Bretaña
1.690.000 asegurados registrados como totalmente desempleados y 225.000 con
jornada reducida. De estos, un gran número comenzó a quedarse sin prestaciones
el 5 de abril, fecha en la que expiró la prórroga de seis semanas de la
prestación bajo la Ley de julio de 1921, aumentando cada semana subsiguiente a
esta cifra. El 2 de julio de 1922, la prestación de emergencia o "no
pactada" proporcionada por la Ley Temporal de marzo de 1921 habría
expirado por completo. Además, el 9 de mayo de 1922, finalizó la Ley de
Dependientes de Trabajadores Desempleados (Disposición Temporal) de 1921. En
consecuencia, el Gobierno aprobó la Ley de Seguro de Desempleo de 1922, que
entró en vigor el 6 de abril de 1922. El efecto de sus complejas disposiciones
puede resumirse brevemente. Terminó el segundo período especial bajo la Ley de
marzo de 1921 el 5 de abril de 1922, en lugar del 2 de julio de 1922, como lo
disponía dicha ley. Luego prescribió un tercer período especial y un cuarto
período especial, el tercero del 6 de abril de 1922 al 1 de noviembre de 1922,
y el cuarto del 2 de noviembre de 1922 al 1 de julio de 1923. Durante el tercer
período especial, las personas aseguradas ya no...[185] derecho a
beneficios bajo el esquema de seguro permanente se les permitirá recibir
beneficios "no pactados" por un total de quince semanas, aumentado a
veintidós semanas por la Ley de Seguro de Desempleo (No. 2) de 1922, aprobada
el 20 de julio de 1922. Como este beneficio de quince semanas tenía que cubrir
treinta semanas calendario, se dividió en tres períodos de beneficio con un
intervalo de cinco semanas entre cada uno, reducido a una semana por la Ley del
20 de julio de 1922. Durante el cuarto período especial, se pagarán doce
semanas de beneficio, con dos posibles extensiones adicionales de cinco semanas
cada una. El beneficio del seguro permanece, bajo la Ley de abril de 1922, al
mismo nivel que antes, es decir, 15 s. por semana para los
hombres y 12 s. para las mujeres, con el beneficio adicional
provisto por la Ley de Dependientes de noviembre de 1921, 5 s. por
semana para la esposa y 1 s. por semana para cada hijo. Las
tasas de contribuciones de las personas empleadas, los empleadores y el Estado
son los totales de las contribuciones bajo la Ley de julio de 1921 y la Ley de
Dependientes de noviembre de 1921 y, por lo tanto, son las siguientes:
|
Parte del
empleador |
Parte del
empleado |
Contribución
estatal |
|
|
Hombres |
10 días. |
9 días. |
6¾ días. |
|
Mujer |
8 días. |
7 días. |
5¼ días. |
|
Niños menores de
18 años |
5 días. |
4½ días. |
3⅞ días. |
|
Chicas |
4½ días. |
4 días. |
3⅝ días. |
Éstas serán las
contribuciones hasta el final del período de deficiencia según se define en la
Sección 16 de la Ley de julio de 1921.
Desde junio de 1921
hasta marzo de 1922, el Plan de Seguro de Desempleo atendió de forma continua a
un promedio de 1,75 millones de personas, y se distribuyeron 53,5 millones de
libras en prestaciones. El Gobierno estima que 1,5 millones de personas estuvieron
totalmente desempleadas desde abril de 1922 hasta junio de 1923. Estas cifras
implicarán el pago de sesenta millones de libras esterlinas en prestaciones
durante esos quince meses; de esta cantidad, el Estado aportará finalmente una
cuarta parte del total, frente a una quinta parte con arreglo al plan
permanente de la Ley de 1920, y la responsabilidad del Estado se mantendrá en
la cifra superior hasta el final del período de emergencia. Para el ejercicio
fiscal 1922-23, las estimaciones preveían una contribución del Estado de
12.196.130 libras al Fondo de Seguro y de 551.760 libras al Fondo de
Dependientes, lo que suma un total de 12.747.890 libras. En abril, se agotaron
catorce millones de los veinte millones de poderes de endeudamiento conferidos al
Ministro de Trabajo por la Ley de julio de 1921, y se estimó que[186] que
los veinte millones se agotarían en julio de 1922. Por lo tanto, la Ley de
abril de 1922 aumentó los poderes de endeudamiento del Ministro de veinte
millones a treinta millones de libras esterlinas.
La eficiencia del
sistema estatal
Esto fue
investigado por el Comité de Gasto Nacional ( véase el Primer
Informe Parlamentario , 1922, Cmd. 1581, pág. 144).
Recomendaron, con razón, que se explorara cuidadosamente la cuestión de la
colocación del seguro de desempleo sobre la base del seguro por industria.
También instaron a un comité de expertos a que investigara la administración
del plan estatal con miras a su mejora. A juzgar por el informe de Sir Alfred
Watson, el distinguido actuario del Gobierno, parece posible una simplificación
y mejora considerables. El coste para el contribuyente del Seguro de Desempleo
y las Bolsas de Empleo desde 1912-13, según se indica en el Informe del Comité
de Gasto Nacional, es el siguiente:
|
Costes
administrativos (brutos). |
Asignación del
Fondo de Desempleo. |
Cargo neto al
Tesoro por concepto de administración. |
Contribución del
Gobierno al Fondo. |
Cargo Total a
Votos. |
|
|
£ |
£ |
£ |
£ |
£ |
|
|
1912/13 |
640.000 |
151.000 |
489.000 |
378.000 |
867.000 |
|
1913/14 |
769.000 |
246.000 |
523.000 |
602.000 |
1.125.000 |
|
1914/15 |
764.000 |
227.000 |
537.000 |
546.000 |
1.083.000 |
|
1915/16 |
834.000 |
231.000 |
603.000 |
538.000 |
1.141.000 |
|
1916/17 |
905.000 |
329.000 |
576.000 |
746.000 |
1.322.000 |
|
1917/18 |
1.168.000 |
445.000 |
723.000 |
1.007.000 |
1.730.000 |
|
1918/19 |
1.950.000 |
455.000 |
1.495.000 |
994.000 |
2.489.000 |
|
1919/20 |
3.613.000 |
459.000 |
3.154.000 |
912.000 |
4.066.000 |
|
1920/21 |
4.593.000 |
1.115.000 |
3.478.000 |
2.200.000 |
5.678.000 |
|
1921/22 |
6.039.000 |
3.250.000 |
2.789.000 |
6.720.000 |
9.509.000 |
|
1922/23 |
5.020.000 |
4.150.000 |
870.000 |
8.231.000 |
9.101.000 |
Las cifras
anteriores no incluyen el coste de la Ley de Dependientes de Trabajadores
Desempleados, que se financia independientemente del Fondo de Desempleo y que
impone al electorado cargos por 2.192.000 libras esterlinas en 1921/22 y
670.000 libras esterlinas en 1922/23.
En mi opinión, una
cosa es segura: si el Plan Nacional de Desempleo no hubiera sido administrado,
como lo ha sido, por el Ministerio de Trabajo durante los oscuros días de
depresión, pasados y presentes, se habría producido una grave conmoción en este
país. El mero hecho de que un trabajador pudiera ir a discutir su situación con
un funcionario comprensivo del Partido Laborista...[187] Las bolsas de
trabajo ayudaron a calmar su resentimiento por su desgraciada situación.
Recibir una prestación directamente de una institución estatal le inspiró a
creer que el Estado se preocupaba por su bienestar y el de sus dependientes.
Por lo tanto, independientemente de si en el futuro se instaura un seguro de
desempleo para todas las industrias o para cada una por separado, sería
sumamente ingrato por parte de la población de este país ignorar la labor
nacional que han realizado el Ministerio de Trabajo y los funcionarios de las
Bolsas de Trabajo en circunstancias sumamente difíciles.
2. CONSTRUCCIÓN DE
OBRAS DE UTILIDAD PÚBLICA
Comité de
Subvenciones por Desempleo
En diciembre de
1920, el Gobierno decidió ayudar financieramente a las autoridades locales para
que pudieran poner en marcha obras de utilidad pública destinadas a aliviar el
desempleo, y nombró al Comité de Subvenciones al Desempleo, presidido por Lord St.
Davids, para recibir solicitudes de subvenciones, examinar planes y asignar
fondos.
El plan de 1920
Se encargó al
Comité que observara, entre otros, estos principios generales:
1. Las obras sólo
se aprobarían en los casos en que el Ministerio de Trabajo certificara que en
la zona administrada por la autoridad local que ejecutaba la obra existía un
desempleo grave, no previsto de otra manera.
2. Las obras debían
ser aprobadas por el Departamento Gubernamental correspondiente como obras
adecuadas de utilidad pública.
3. La subvención no
debía exceder en ningún caso del 30 por ciento del coste de los salarios del
personal adicional contratado para el trabajo.
4. Se daría
preferencia en el empleo a los ex militares desempleados.
Posteriormente se
ampliaron las competencias del Comité de la siguiente manera:
(i) Las
subvenciones podrían incrementarse del 30 por ciento al 60 por ciento de la
masa salarial.
(ii) El Comité fue
autorizado a ayudar, además de a las autoridades locales, a ( a )
“organismos públicos”: es decir, cualquier junta, comisión, autoridad de
calificación o fideicomisario, u otro organismo o personas que administren o
realicen obras en cumplimiento de poderes estatutarios, que no sean organismos
que realicen operaciones con fines de lucro, y[188] b ) a través de
la autoridad local: juntas de guardianes, comités de socorro y agencias
voluntarias .
Se puso a
disposición del Comité una suma de £2.000.000 para el ejercicio 1921-22, y una
suma adicional de £630.000 para 1922-23. Todo este dinero se ha asignado,
aunque no se ha gastado (véase la Tabla pág. 189), y ha proporcionado, o está
proporcionando, empleo directo a aproximadamente 110.000 hombres durante
períodos variables. Casi otros tantos se emplean indirectamente en la
preparación de materiales para su uso en las obras aprobadas en fábricas,
talleres, canteras, etc. Se han examinado en detalle casi 3.000 solicitudes de
las autoridades locales, de las cuales más de 2.000 han sido aprobadas. El
coste total de capital de las obras asistidas se estima en aproximadamente
£9.000.000.
El Plan Ampliado de
1921
En septiembre de
1921, el Gobierno encargó al Comité de Subvenciones al Desempleo que se
encargara de la administración de un nuevo programa de alivio del desempleo a
través de las autoridades locales. El nuevo programa preveía otorgar asistencia
financiera a las autoridades locales que realizaran obras de utilidad pública
para aliviar el desempleo, con las siguientes condiciones:
( a ) En
el caso de obras generadoras de ingresos : Subvenciones equivalentes
al 50 por ciento del interés durante cinco años sobre préstamos obtenidos por
un período no inferior a 10 años para cubrir gastos de planes aprobados.
( b ) En
el caso de obras no generadoras de ingresos : Subvenciones
equivalentes al 65 por ciento de los intereses y cargos del fondo de
amortización de préstamos, recaudados para cubrir gastos en planes aprobados
por un período de la mitad del plazo del préstamo, sujeto a un período máximo
de subvención de quince años. Ambas clases de subvenciones estaban
condicionadas a que la obra se iniciara antes del 1 de enero de 1922 y se
completara antes del 31 de marzo de 1923. Sin embargo, la fecha de inicio se
extendió posteriormente. Originalmente se fijó un límite provisional de
£10,000,000 como el valor de capital total de las obras aprobadas a las que se
aplicarían estas dos subvenciones. Sin embargo, las autoridades locales
acogieron las propuestas del Gobierno con tanto entusiasmo, y el trabajo de
examen y aprobación de los Planes se realizó con tanta rapidez, que para fines
de 1921 se habían aprobado planes por un valor de capital de casi £10,000,000,
y muchos otros estaban bajo consideración.
En consecuencia, el
Gobierno decidió, en diciembre de 1921, aumentar de £10.000.000 a £13.000.000
el valor de capital de las obras que pudieran aprobarse para estas
subvenciones; y sobre el desarrollo ulterior de la obra, en enero de 1922,
nuevamente[189] Se amplió el límite de £13.000.000 a £18.000.000. Las
obras que alcancen este límite serán aprobadas con toda seguridad. Hasta el 31
de mayo de 1922, el valor de capital de las obras aprobadas era:
|
Obras generadoras
de ingresos |
£4.587.005 |
|
Obras que no
generan ingresos |
12.655.358 |
|
Total |
£17.242.363 |
(Para más
detalles, véase la tabla pág. 190 )
Se estima que estas
obras generarán empleo directo en 629.113 meses-hombre. El empleo indirecto
generado por la preparación de materiales probablemente será mucho mayor. El
coste para el Tesoro Público de la ayuda financiera nacional otorgada a estas
obras debe ser, en la actualidad, una estimación, ya que los préstamos
obtenidos por las autoridades beneficiarias tienen una duración variable, por
lo que las subvenciones varían desde dos años y medio hasta quince años. La
carga para el Estado es decreciente y se distribuye a lo largo de quince años,
pero el importe total de la carga así distribuida probablemente ascenderá a
unas 8.700.000 libras esterlinas.
La labor del Comité
de Subvenciones por Desempleo ha sido extraordinariamente difícil y compleja, y
ha estado dirigida con gran habilidad. No ha sido fácil ejercer una discreción
sensata y digna de un estadista, en medio del aluvión de propuestas, la presión
para obtener asistencia financiera y las estrictas limitaciones impuestas a
esta. En la medida de lo posible, el Comité ha logrado administrar las obras de
socorro con solidez.
Análisis de Planes
Aprobados con Base en el 60 por ciento del Costo Salarial.
Hasta el 31 de mayo
de 1922.
|
Naturaleza del
Esquema. |
Cantidad. |
Porcentaje. |
|
Carreteras |
1.002.284 |
36.0 |
|
Parques, áreas
recreativas, cementerios |
623.604 |
22.3 |
|
Gas, agua,
alcantarillado y eliminación de aguas residuales |
474.650 |
17.0 |
|
Tranvías |
201.721 |
7.2 |
|
Cuadro |
200.053 |
7.2 |
|
Muelles, puertos,
embarcaderos |
92.235 |
3.3 |
|
Recuperación de
tierras |
57.303 |
2.0 |
|
Electricidad |
48.675 |
1.8 |
|
Misceláneas |
90.093 |
3.2 |
|
Total |
£2.790.618 [18] |
100% |
[190]
Análisis de
Esquemas Aprobados con Base en Subvenciones de Intereses y Fondo de
Amortización.
Hasta el 31
de mayo de 1922 .
|
No produce
ingresos. |
||
|
Clase de Trabajo. |
Valor de la
sanción del préstamo. |
Porcentaje del
total. |
|
Carreteras |
6.948.969 |
54 |
|
alcantarillas |
3.585.239 |
29 |
|
Parques |
758.997 |
6 |
|
Agua (escocesa) |
498.860 |
4 |
|
Defensa marítima |
484.536 |
4 |
|
Instituciones
Públicas. |
267.063 |
2 |
|
Misceláneas |
111.694 |
1 |
|
Total |
£12,655,358 |
100% |
|
Producción de
ingresos. |
||
|
Clase de Trabajo. |
Valor de la
sanción del préstamo. |
Porcentaje del
total. |
|
Electricidad |
1.976.614 |
43 |
|
Agua |
1.334.097 |
29.5 |
|
Tranvías |
916.562 |
20 |
|
Gas |
145.365 |
3 |
|
Cementerios |
51.942 |
1 |
|
Misceláneas |
162.425 |
3.5 |
|
Total |
£4.587.005 |
100% |
|
Todos los
esquemas. |
||
|
Clase de Trabajo. |
Valor de la
sanción del préstamo. |
Porcentaje del
total. |
|
Caminos y
senderos |
6.948.969 |
40.5 |
|
Alcantarillas,
eliminación de aguas residuales |
3.585.239 |
20.3 |
|
Empresas
eléctricas |
1.976.614 |
11.6 |
|
Empresas de agua |
1.832.957 |
10.6 |
|
Tranvías |
916.562 |
5.4 |
|
Parques y
Recreación Gds. |
758.997 |
4.5 |
|
Defensas
marítimas y diques fluviales |
484.536 |
2.8 |
|
Instituciones
públicas |
267.063 |
1.6 |
|
Empresas de gas |
145.365 |
.8 |
|
Cementerios |
51.942 |
.3 |
|
Misceláneas |
274.119 |
1.6 |
|
Total |
£17.242.363 |
100% |
NB—Las carreteras
asistidas por el Comité de Subvenciones por Desempleo, si bien son distintas de
los Planes de Carreteras Aceleradas del Ministerio de Transporte, fueron
examinadas por este último Ministerio antes de su aprobación por el Comité.
[191]
3. PLANES DE
CARRETERAS ACELERADAS
Para hacer frente
al aumento del desempleo, en el otoño de 1920, el Gobierno creó un fondo
especial para agilizar la construcción de nuevas carreteras arteriales y la
mejora de las carreteras existentes de importancia. El fondo ascendió a
10.400.000 libras esterlinas, compuestas por: (1) 4.000.000 libras esterlinas,
aportadas por el Fondo de Carreteras (establecido en virtud de los artículos 2
y 3 de la Ley de Carreteras de 1920, con el producto de los impuestos sobre
vehículos de propulsión mecánica, carruajes de caballos y licencias de
conducir, menos 600.000 libras esterlinas pagaderas a la Cuenta de Impuestos
Locales); (2) 1.200.000 libras esterlinas, aportadas por el Tesoro Público, y
(3) 5.200.000 libras esterlinas en préstamos del Tesoro Público a las
autoridades locales. El plan preveía una subvención de este fondo a las
autoridades locales que agilizaran las obras viales aprobadas por el Ministerio
de Transporte, por la mitad del coste, y si las autoridades locales no
conseguían la otra mitad, un préstamo por ese importe, reembolsable en un plazo
de cinco años, al tipo de interés del Tesoro. Una condición era que la mitad
del coste de la obra fuera mano de obra; si este último era inferior a la
mitad, la subvención se reduciría proporcionalmente. Además, el Gobierno aprobó
la Ley de Desempleo (Obras de Socorro) de 1920, el 3 de diciembre de 1920, que,
mediante la Ley de Continuidad de las Leyes Vencidas de 1921, continúa vigente
hasta el 31 de diciembre de 1922. Esta ley agiliza y simplifica el procedimiento
de adquisición y toma de posesión obligatoria de terrenos para obras de
utilidad pública destinadas a mitigar el desempleo.
El programa 1920-21
El 31 de marzo de
1921, los compromisos de este fondo especial, relativos a las obras viales
iniciadas para aliviar el desempleo, fueron los siguientes:
|
Número de |
Subvención. |
Préstamo. |
Total. |
|
|
Área
metropolitana |
23 |
1.200.000 |
623.000 |
1.823.000 |
|
Resto de
Inglaterra, Gales y Escocia |
130 |
1.762.000 |
1.255.000 |
3.017.000 |
|
£4.840.000 |
Una descripción de
los planes se encontrará en el “Informe sobre el Fondo de Carreteras para
1920-21”, Documento Parlamentario , 1921, Cmd. 245.
[192]
El programa 1921-22
La persistencia del
desempleo exigió nuevos esfuerzos, y en otoño de 1921 el Gobierno, con la ayuda
del Ministerio de Transporte, volvió a tomar medidas. Se decidió asignar
2.000.000 de libras esterlinas del Fondo de Carreteras para obras viales en
zonas donde el Ministerio de Trabajo certificó la existencia de un desempleo
grave, para cuya subsanación no existían otras disposiciones. Esta suma de
2.000.000 de libras esterlinas se asignó de la siguiente manera:
(1) £1,000,000 para
planes viales especiales cuyo costo se estima en £2,250,000 en Essex y Kent,
que serán realizados por mano de obra desempleada residente en el condado de
Londres, comprometiéndose el Gobierno a proporcionar la diferencia entre el
costo de las obras £2,250,000 y los £1,000,000 aportados por el Fondo de
Carreteras, es decir, £1,250,000 menos las contribuciones que se pudieran
obtener de las autoridades locales en cuyos distritos estuvieran situadas las
carreteras.
(2) £1.000.000 para
obras viales en provincias distintas de los planes mencionados en el apartado
(1).
Las asignaciones
para los programas de carreteras para el desempleo de 1920-21 y las mencionadas
anteriormente para 1921-22 se solaparon; fue necesario un reajuste. Las
asignaciones actuales, una vez reajustadas, son las siguientes:
|
1. |
Programa 1920-21. |
£ |
|
|
(1) Londres (Vías
arteriales) |
1.139.364 |
||
|
(2) Área
Metropolitana |
96.437 |
||
|
(3) Provincias |
2.260.093 |
||
|
(4) Reserva |
489.106 |
||
|
£3.985.000 |
Fondo de
carreteras: £3.065.000. Contribución al Tesoro: £920.000. |
||
|
(La contribución
de £920.000 al Tesoro representa el total autorizado de compromisos contra
los £1.200.000 previstos en el Subtítulo B de la Votación de Subvenciones
para Carreteras (Alivio del Desempleo), 1921-22; el saldo, es decir,
£280.000, ha sido devuelto.) |
|||
|
2. |
Programa 1921-22. |
||
|
(1) Esquemas
especiales de Londres: |
|||
|
( a )
Fondo de Carreteras |
£1,000,000 |
||
|
( b )
Votación del Ministerio de Salud (UR) |
£1.250.000, |
menos
contribuciones de las autoridades locales. |
|
|
(2) Otros planes
(Fondo de Carreteras) |
£1.935.000 |
||
|
3. |
Préstamos a
autoridades locales bajo el subtítulo A. de subvenciones para carreteras:
alivio del desempleo - votación. |
||
|
(1) Respecto de
los planes del programa 1920-21, como se indica más arriba, hasta un total de |
£3.985.000 |
||
|
(2) respecto de
los planes que se transferirán del programa de 1920-21 al programa de 1921-22
hasta un total de |
402.671 |
||
|
£4.387.671 |
|||
[193]
Por tanto, los
compromisos totales en materia de obras viales para aliviar el desempleo son
£12.557.671, menos las contribuciones de las autoridades locales según el
apartado 2 (1) ( b ) anterior.
A finales de
febrero de 1922, los fondos se habían asignado en su totalidad a planes
específicos, aunque en algunos casos los detalles no se habían resuelto
completamente ni las subvenciones se habían concedido finalmente.
Los Regímenes
Metropolitanos Especiales
Siguiendo la
práctica de 1920-21, en 1921-22 se creó una partida presupuestaria específica
para abordar el desempleo en el Área de la Policía Metropolitana. La situación
en esa zona es tan grave que fue necesario tomar medidas especiales para
afrontarla. La conclusión, sin duda acertada por el Ministerio de Transporte,
fue que era mejor llevar a cabo proyectos en Essex y Kent, en los que se
pudiera emplear a un gran número de hombres, que obras viales en el área
metropolitana, en las que solo un pequeño número podía ser empleado de forma
útil. La mano de obra contratada para estas obras se obtiene a través de las
Bolsas de Trabajo de Londres.
Los planes
especiales de Londres son los siguientes:
(1) Ampliación y
mejora de la carretera Londres-Tilbury, incluidos nuevos desvíos en Rainham y
Purfleet.
(2) Construcción de
una nueva carretera de 21 millas de longitud desde Tilbury a Southend como
continuación de la “Eastern Avenue” del Gran Londres ya en curso.
(3) Ampliación y
mejora de las carreteras troncales existentes en el norte de Kent:
( a )
Carretera Erith-Dartford.
( b )
Carretera de Londres-Folkestone.
( c )
Carretera Londres-Dover.
( d )
Calle Watling (Dartford-Strood).
Los planes
provinciales
En las provincias
se han puesto en marcha tantos proyectos que sólo pueden mencionarse unos pocos
casos típicos.
Wallasey está
ampliando su salida principal al área de Wirral y Birkenhead.
El Consejo del
Condado de Middlesex está llevando a cabo la ampliación a 60 pies de Kingsbury
Road, que conecta Kingsbury, Hendon y Harrow.
El Consejo del
Condado de Lancashire está construyendo una nueva carretera para que el tráfico
entre Preston y Liverpool pueda sortear Ormskirk. También está mejorando la
carretera de Liverpool a Prescot, ampliando partes de la carretera existente y
mejorando la traza y la anchura del resto con nuevas construcciones.
Glasgow ha ampliado
una carretera existente y construido dos tramos de nueva carretera, conectando
así sus principales salidas al suroeste. También ha ampliado la carretera hacia
el sureste. Además, se está iniciando la ampliación a 24 metros de la carretera
a Milngavie y Paisley.
[194]
Bolton ha asumido
la ampliación a 60 pies de Wigan Road.
Coventry está
construyendo una nueva carretera que conectará dos de sus salidas del noroeste
y está ampliando a 50 pies Barker's Butts Lane, lo que proporcionará una salida
conveniente adicional en la misma dirección.
Norwich está
construyendo un tramo de una carretera de circunvalación alrededor de la
ciudad, incluida la construcción de tres nuevos puentes.
Redcar y Eston
están construyendo una nueva carretera entre Redcar y Grangetown, parte de un
plan para proporcionar una mejor comunicación entre Middlesbrough y Redcar.
El Consejo del
Distrito Rural de Neath está construyendo una nueva carretera a través del
Valle de Dulaid, que representará una gran mejora con respecto a la carretera
estrecha, sinuosa y empinada que hasta ahora ha sido la única ruta a través de
esta zona industrial.
Plymouth ha
ampliado la carretera principal desde Devonport hacia el norte, y otra
carretera que proporcionará una ruta menos congestionada desde Plymouth hacia
el oeste.
Birmingham tiene en
marcha varias ampliaciones importantes de carreteras, que forman parte de su
plan de planificación urbana.
Southport está
construyendo un tramo de carretera nueva para permitir que el tráfico hacia y
desde Liverpool evite una parte excesivamente estrecha de la carretera
existente.
El Consejo del
Condado de Durham está construyendo un tramo de nueva carretera desde Easington
hacia Hartlepool que proporcionará una ruta mucho más corta para el tráfico de
la Costa Este.
Condiciones
aplicables a las subvenciones
Desde el inicio del
Programa de Carreteras de 1921-22, se han aplicado las siguientes condiciones a
todas las subvenciones otorgadas con cargo al Fondo de Carreteras para sufragar
los costes de las obras viales iniciadas con el fin de aliviar el desempleo:
( a )
Se empleará mano de obra no calificada en la mayor medida posible.
b ) Toda mano de
obra no cualificada, durante un período de prueba de seis meses, recibirá un
salario que no supere el 75 % del salario de la autoridad local para mano de
obra no cualificada. Este requisito de un salario inferior al salario local vigente
no se aplica en los casos en que el trabajo se realice por contrato.
El tipo reducido
del 75 por ciento no se aplica a los trabajadores cualificados empleados en su
oficio ni a los peones debidamente cualificados.
En los casos en que
los hombres estén empleados no más de tres días a la semana, el tipo reducido
aplicable se incrementará del 75 por ciento a un máximo del 87,5 por ciento.
El período de
prueba puede incluir el tiempo durante el cual el hombre ha estado empleado en
obras asistidas por el Gobierno bajo planes anteriores.
La tarifa reducida
(para el período de prueba) debe calcularse con una precisión de un céntimo por
hora.
( c )
Toda mano de obra no calificada se obtendrá a través de las Bolsas de Empleo,
que dan preferencia a los ex militares y no presentan a contratación a hombres
no calificados a menos que hayan estado registrados en una Bolsa de Empleo
durante al menos siete días.
[195]
4. ALIVIO DE LA LEY
DE POBRES
En este país, el
método tradicional para aliviar la angustia derivada del desempleo ha sido la
asistencia social de la Ley de Pobres, administrada por las Juntas de Tutores.
Durante 1920 y 1921, muchas personas sin seguro médico que se encontraban en
situación de indigencia, y muchas otras que, aun estando aseguradas,
consideraban que la prestación era insuficiente para su manutención y la de sus
familias, acudieron a los Tutores en busca de ayuda. Durante el invierno de
1921-22, el número de personas que recibieron asistencia social fue tres veces
mayor que en 1915, y dos veces y media mayor que en 1910. Esto ha obligado a
los Tutores a recaudar grandes sumas y a incrementar considerablemente el
componente de la Ley de Pobres en las tasas locales. La administración de la
asistencia social en circunstancias como la actual es sumamente difícil. Como
es natural, los Tutores están dispuestos, por razones humanitarias, a brindar
la asistencia más generosa posible, la cual varía según sus opiniones y el
distrito. Por otra parte, esto genera elevadas cargas para los contribuyentes y
una preferencia de muchos beneficiarios sanos por las prestaciones sociales en
lugar de trabajar, lo que posiblemente agrave el desempleo. La supervisión
general de la labor de los Guardianes recae en el Ministerio de Salud, y este
Departamento sin duda ha desempeñado esa envidiosa tarea con criterio y
eficiencia.
Principios que
rigen la administración del socorro
Mediante una
circular del 29 de diciembre de 1920, el Ministro de Salud señaló a los
Guardianes que, según el Artículo 12 de la Ordenanza de Regulación de Ayudas de
1911, no podían otorgar ayudas externas a gran escala ni apartarse de la norma
prescrita por dicho artículo, salvo en circunstancias especiales. Por lo tanto,
estaban obligados a examinar las circunstancias particulares de cada caso e
informarle de cualquier desviación de la práctica habitual. Esta era una
advertencia fundamental, dada la cantidad que se distribuía con fondos
estatales en concepto de donaciones y pensiones para desempleados. Asimismo,
mediante la Circular 240 del 8 de septiembre de 1921, el Ministro de Salud
volvió a abordar este importante asunto e indicó las normas que, en su opinión
y en la de la Asociación de Sindicatos de la Ley de Pobres, debían regir la
administración de la ayuda. La primera era que, dado que la ayuda de la Ley de
Pobres debía limitarse a lo necesario para aliviar la necesidad, su importe
debía calcularse en una escala inferior a los ingresos del trabajador
independiente que se mantenía con su propio trabajo. Apenas necesito detenerme
a criticar el[196] El argumento de los trabajadores de que la ayuda no
debería ser inferior al salario sindical completo del beneficiario sería tan
desmoralizante para el beneficiario como desastroso para la comunidad. La
segunda regla era que no se debía conceder ninguna ayuda sin una investigación
completa de las circunstancias de cada solicitante, obteniendo de este último
una declaración firmada de los ingresos totales del hogar de todas las fuentes.
La tercera regla era que la mayor parte de la ayuda concedida no debía
entregarse en dinero, sino en especie, es decir, bienes suministrados mediante
la presentación de una orden girada contra los propios almacenes de
distribución de ayuda externa de los tutores o contra comerciantes locales.
Además, se instaba a los tutores a que hicieran, a modo de préstamo, toda la
ayuda otorgada a o por cuenta de cualquier persona mayor de veintiún años, o a
su esposa o cualquier miembro de su familia menor de dieciséis, en los casos en
que hubiera una posibilidad razonable de que el beneficiario pudiera
reembolsarla en un plazo razonable.
Determinación de
los ingresos del solicitante
Un importante plan
para el registro voluntario de ingresos provenientes de fuentes públicas, como
pensiones, subsidios o subvenciones del Ministerio de Pensiones o de los
Comités Locales de Pensiones de Guerra, prestaciones por desempleo bajo las
Leyes de Seguro de Desempleo, subsidios para dependientes bajo la Ley de
Dependientes de Trabajadores Desempleados (Provisión Temporal) de 1921, y de
otras fuentes, se puso en funcionamiento con gran éxito en ciertos distritos
locales bajo los auspicios del Consejo Nacional de Servicio Social, que
presionó al Gobierno para que adoptara el plan de forma generalizada.
Posteriormente, el Ministro de Salud delineó un plan similar para los distritos
donde no existían dichos planes de registro voluntario, el cual se describe en
la Circular 261 del 23 de noviembre de 1921, y disponía que los Departamentos
Gubernamentales correspondientes comunicaran información similar a las Juntas
de Guardianes. Al mismo tiempo, el Ministro apoyó con entusiasmo el principio
del registro voluntario. Por supuesto, los tutores deben, antes de proporcionar
ayuda externa, determinar los ingresos semanales de todos los miembros del
hogar del solicitante. Las únicas fuentes de ingresos que no deben incluirse
son los primeros 5 chelines recibidos de una Sociedad de Ayuda
Mutua en concepto de baja por enfermedad (Ley de Ayuda Externa (Sociedades de
Ayuda Mutua) de 1904) y los primeros 7 chelines y 6 peniques de
la prestación por enfermedad (Ley del Seguro Nacional de 1911, modificada por
la Ley del Seguro Nacional de Salud de 1920). Por otro lado, el artículo 6 de
la Ley de Prestaciones Temporales de Dependientes de Trabajadores Desempleados
de 1921, suspendido durante la vigencia de[197] Esa Ley (es decir, hasta
el 10 de mayo de 1922) aplicó las disposiciones de la Ley de Seguro de
Desempleo de 1920, que prohibían a los tutores computar los primeros 10 chelines de
la prestación por desempleo. El artículo 14 de la Ley de Seguro de Desempleo de
1922 declaró permanente esta suspensión y, además, permitió que la prestación
debida a cualquier persona, por cualquier período, se pagara a los tutores,
siempre y cuando estos le hayan proporcionado un alivio externo que no le
habrían proporcionado si la prestación se hubiera pagado puntualmente.
Asistencia a los
tutores para la realización de obras
En varios casos, el
Ministro de Salud ha facilitado la realización de obras de excavación, mejora
de carreteras y similares por parte de los Guardianes para la generación de
empleo, y ha permitido una modificación de la normativa vigente para que los
Guardianes que realizan dichas obras puedan contratar mano de obra directa en
lugar de, como es habitual, recurrir a un contratista. De esta manera, los
Guardianes pueden seleccionar la mano de obra entre quienes ya se encuentran en
situación de necesidad. En otros casos en que los propios tutores no han podido
proporcionar ningún trabajo, el Ministro de Salud ha tomado medidas para que
las obras que normalmente no podrían llevarse a cabo bajo el plan del Comité de
Subvenciones de Desempleo sean puestas en marcha por las autoridades
sanitarias, y la mano de obra contratada la proporcionan los tutores y, en
vista de la importancia de proporcionar trabajo en lugar de alivio, el Ministro
se ha comprometido a dar cualquier sanción necesaria para cubrir las contribuciones
hechas a este respecto por los tutores a las autoridades sanitarias que
ejecutan las obras, siempre que la tarifa para pobres no genere un cargo mayor
que el costo del alivio que, de no ser por las obras, se habría tenido que dar.
Financiación del
costo del socorro
El costo de la
ayuda normalmente se suma a las tarifas vigentes. Se han dado casos en los que
el aumento inesperado del costo de la ayuda, derivado del desempleo, ha
alterado las estimaciones de gastos anuales realizadas por los Guardianes y los
ha colocado en graves dificultades financieras; y, además, otros en los que
este costo anual es tan elevado que supone una carga inmediata irrazonable para
los contribuyentes. Para abordar estos casos excepcionales, la Ley de
Disposiciones Financieras de las Autoridades Locales de 1921 facultó para
financiar el costo y, a tal efecto, para autorizar la obtención de préstamos
temporales por un período no superior a diez años. Se han aprobado préstamos
temporales por un importe de 6.204.776 libras esterlinas hasta mediados de
julio de 1922.[198] el Ministro de Salud en virtud de esta Ley, siendo el
período habitual permitido para el reembolso de dos años, aunque en varios
casos se ha permitido hasta cinco años.
Ayuda a los
sindicatos metropolitanos más pobres
La asistencia
social en Londres siempre ha sido un asunto excepcionalmente difícil, y desde
1867 existe un Fondo Común para los Pobres, a través del cual se agrupan
ciertos gastos de la Ley de Pobres y se imputan a todos los sindicatos de
Londres. Durante la guerra, este Fondo se estableció de forma estandarizada,
pero con el aumento de los precios y el incremento de las prestaciones por
desempleo, los sindicatos más pobres se vieron afectados. Por consiguiente, se
adoptó una medida de emergencia para establecer este Fondo de forma no
estandarizada, en gran beneficio de los sindicatos más pobres. Posteriormente,
mediante la Ley de Disposiciones Financieras de las Autoridades Locales de
1921, ciertos gastos adicionales en cada sindicato, y en particular el coste de
la asistencia social, siempre que se otorgara dentro de una escala y sujeto a
las condiciones prescritas por el Ministro de Sanidad, se añadieron a los
gastos de un sindicato con cargo a la totalidad de Londres. Gracias a esta Ley,
la carga de la asistencia social en distritos como Poplar se ha aliviado
considerablemente al distribuirse entre los distritos más ricos como Kensington
y Westminster. El Ministro de Salud, mediante las Normas y Órdenes Estatutarias
de 1922, n.º 3, estableció la escala. Por supuesto, los tutores tienen la
facultad de exceder la escala para atender necesidades excepcionales en
cualquier caso particular, pero sin perjudicar al Fondo Común de Pobres.
Asistencia a los
tutores para la obtención de préstamos
En los casos en que
una autoridad de la Ley de Pobres esté en peligro de quedar paralizada por la
incapacidad de recaudar de otras fuentes préstamos sancionados por el Ministro
para gastos corrientes, el Ministro está facultado para adelantar el dinero necesario,
en los términos y condiciones que recomiende un Comité establecido bajo la
presidencia de Sir Harry Goschen, KBE. Hasta mediados de marzo de 1922, solo
había sido necesario presentar tres solicitudes ante este Comité.
[199]
CAPÍTULO XVIII
POLÍTICA GUBERNAMENTAL FRENTE AL DESEMPLEO
5. Garantía de
préstamos—Ley de facilidades comerciales de 1921—Política del Comité
Asesor—Dificultades del Comité—Garantías ya otorgadas.
6. El Sistema de
Créditos a la Exportación—Garantías o Créditos Específicos—Garantías o Créditos
Generales.
7. Otros planes
diversos: resumen del gasto nacional.
5. GARANTÍA DE
PRÉSTAMOS
La Ley de
Facilidades Comerciales de 1921 representa la más importante de las propuestas
constructivas resultantes de las conferencias celebradas por el Primer Ministro
en Gairloch en otoño de 1921. La opinión general de los expertos convocados a
dichas conferencias era que aún era necesario realizar una gran cantidad de
nuevas obras de construcción (extensión y electrificación de ferrocarriles,
construcción de muelles, ampliación de fábricas, etc.), que normalmente se
habrían realizado durante la guerra, pero que dichas obras se veían retrasadas
por los altos costes de fabricación y las elevadas tarifas que debían pagarse
por el dinero. Se consideraba que, si bien gran parte de estas obras se
necesitaban con urgencia para el buen servicio público de la gestión comercial,
la realización de pedidos podría aplazarse indefinidamente con la esperanza de
una bajada de precios, y mientras tanto el Gobierno se vería obligado a seguir
pagando las prestaciones por desempleo. Sin embargo, si se pudiera obtener dinero
barato, se superaría al menos uno de los principales obstáculos, lo que en
muchos casos podría constituir un incentivo suficiente para comenzar las obras
de inmediato.
Ley de Facilidades
Comerciales de 1921
En virtud de la Ley
de Facilidades Comerciales, el Tesoro está facultado para dar una garantía del
capital y/o los intereses de un préstamo que será obtenido “por cualquier
gobierno, cualquier autoridad pública o cualquier corporación u otro grupo de
personas”, y los ingresos de dicho préstamo se “aplican a o en relación con la
realización de cualquier proyecto de capital o en, o en relación con, la compra
de artículos, distintos de las municiones de guerra, fabricados o producidos en
el Reino Unido necesarios para la[200] propósitos de cualquier compromiso
de este tipo, siempre que el monto de capital agregado de los préstamos, cuyo
principal o interés esté garantizado bajo esta sección, no exceda la suma de
veinticinco millones de libras”. Se designó un Comité Asesor —Sir Robert
Kindersley, GBE, Sir William Plender, GBE, y el Coronel Schuster, MC— para
recomendar al Tesoro los casos en los que, en su opinión, se debería otorgar
una garantía.
El poder del Comité
está limitado de dos maneras. En primer lugar, solo puede recomendar una
garantía para un préstamo (es decir, no puede garantizar una emisión de
acciones). En segundo lugar, el Comité no tiene poder para recomendar una
garantía “excepto para el propósito de un compromiso de capital” (es decir, no
puede garantizar “capital de trabajo”). Muchos fabricantes en el país tienen
pedidos en curso de compradores extranjeros que no pueden ejecutar porque no
pueden financiarse por sí mismos durante el período entre la fecha en que se
realizan los pedidos y la fecha en que se recibe el pago del comprador
extranjero. Casos de este tipo se enmarcan en el Plan de Créditos a la
Exportación, y no en este plan. La Ley faculta al Comité para recomendar una
garantía de un préstamo por parte de un gobierno, municipio o empresa
extranjera, incluso si los artículos (por ejemplo, rieles de acero) fabricados
con los ingresos del préstamo garantizado se erigieran o utilizaran fuera de
este país, siempre que los ingresos del préstamo garantizado se gastaran en
bienes fabricados en el Reino Unido.
La Ley de
Facilidades Comerciales permite así la realización de nuevas obras que, de otro
modo, se habrían pospuesto indefinidamente. Esto, por un lado, genera trabajo
directo e indirecto, evitando así la desmoralizante influencia del subsidio de
desempleo. Por otro lado, si el programa se administra con prudencia, no
recaerá ninguna responsabilidad sobre el Gobierno, es decir, sobre los
contribuyentes individuales. La composición del propio Comité, sumada a la
promesa del Ministro de Hacienda en la Cámara de los Comunes de que el Gobierno
no interferiría con la discreción del Comité, proporcionó una garantía de la
prudencia de su administración. De este modo, se garantizó que las actividades
del Comité se guiaran por consideraciones empresariales sólidas, y no por la
conveniencia política.
Política del Comité
Asesor
Si bien la mayor
parte de las garantías se otorgan a empresas y compañías que operan en Gran
Bretaña, el Comité considera que (sujeto, por supuesto, a las condiciones
materiales[201] (comprados en este país), contribuiría a la recuperación
económica general si parte del fondo se asignara a empresas extranjeras, por
ejemplo, a la ampliación y mejora de ferrocarriles extranjeros. De este modo,
el poder productivo y adquisitivo del país extranjero aumentaría, recuperando
su posición como proveedor de las necesidades mundiales y comprador de los
bienes manufacturados del mundo y de Gran Bretaña. Sin embargo, la dificultad
de gestionar préstamos extranjeros radica en que los países que más necesitan
ayuda son aquellos con una moneda muy depreciada, y, por consiguiente, el
servicio de un préstamo en libras esterlinas les impondría una carga tan
onerosa que sería más que dudoso que pudieran soportarla y cumplir con sus
obligaciones. Encontrar garantías adecuadas en tales casos es, por lo tanto,
una gran dificultad, a la que se suma la renuencia de dichos países a ofrecer
incluso las garantías insuficientes que están en su poder, y el historial de
muchos de estos países en cuanto a sus obligaciones pasadas no ha sido lo
suficientemente confiable. El Comité tiene siempre presente el hecho de que es
un custodio del erario público y que se haría mucho más daño que bien
recomendando garantías en casos en que los riesgos son mayores que los que
aceptarían los principios de una sana prudencia comercial.
Los principios
sobre los que actúa el Comité son los siguientes:
En primer lugar, su
principal deber es asistir en la ampliación de empresas sólidas con una gestión
probada, que están aplazando planes bien concebidos de ampliación o nuevas
obras debido a la dificultad de obtener financiación en condiciones razonables en
las actuales circunstancias anormales. No considera que deba recomendar una
garantía en casos de naturaleza especulativa para los cuales, incluso en
tiempos normales, los promotores habrían tenido dificultades para obtener
financiación. Tampoco cree que deba recomendar garantías para aliviar a las
empresas de las dificultades financieras derivadas de la falta de previsión
comercial habitual por parte de los responsables de su gestión. Una norma
rectora es que la responsabilidad del Gobierno debe ser lo más reducida posible
y que debe obtenerse una buena garantía comercial en todos los casos. En
segundo lugar, el Comité, consciente de la gravedad del problema del desempleo
y del efecto desmoralizador de la continua recepción de subsidios, prefiere los
planes que puedan implementarse de inmediato en lugar de los que tardarían un
tiempo considerable en madurar. En tercer lugar, el Comité favorece los planes
de utilidad pública. Estos se dividen en dos categorías. En primer lugar,
existe una empresa de servicio público.[202] En su sentido común, es
decir, una corporación que opera con poderes legales y no busca obtener
ganancias. En segundo lugar, están las empresas, como las ferroviarias, que
prestan un servicio nacional indispensable y que, en la práctica, no pueden
obtener dividendos excesivos para sus accionistas. La razón de esta preferencia
ha sido, en parte, el beneficio directo para la comunidad en general derivado
de las mejores instalaciones para el público que esto posibilita, y en parte,
la sensación de que la garantía podría otorgarse de manera más adecuada a
empresas con respecto a las cuales era improbable que la ayuda gubernamental
generara grandes ganancias para promotores y accionistas privados. En cuarto
lugar, el Comité insiste en que todos los contratos deben basarse en precios
competitivos. Considera que sería incorrecto que la garantía gubernamental se
otorgara en cualquier caso en el que se pagara un precio irrazonablemente alto
por los materiales. Tal proceder no solo sería injusto para el contribuyente al
responsabilizar al Gobierno de que el dinero se destine, no a salarios y
materiales, sino al pago de altas ganancias a los fabricantes; Sería contrario
a los intereses del país en su conjunto, ya que impediría el retorno a un nivel
de precios en el que el país pudiera hacer frente a la competencia extranjera.
Dificultades del
Comité
El Comité ha
encontrado muchas dificultades. La más importante ha sido la prolongada
negociación necesaria en cada caso. Con frecuencia, la solicitud presentada no
se ajusta a los criterios que el Comité considera justificados para aprobar, y
se requieren largas discusiones para formalizarla y presentarla de forma
transparente y aceptable. De hecho, el Comité se ha encontrado prácticamente en
la misma situación que una entidad emisora que tuvo que emitir valores por
valor de 25.000.000 de libras esterlinas de todo tipo y variedad en muy poco
tiempo. Cualquiera con experiencia en este tipo de negocios comprenderá lo que
esto significa. Dado que la facultad del Comité se limita a recomendar la
garantía de préstamos, ha encontrado una dificultad en el hecho de que muchas
empresas, al momento de presentar su solicitud, carecían de la capacidad de
endeudamiento necesaria. Con frecuencia, han sido necesarias juntas de
accionistas y obligacionistas para que se aprobaran estas facultades. En otros
casos, las empresas han requerido la aprobación parlamentaria para aumentar su
capital de préstamo. Todas estas dificultades han llevado tiempo para
superarse, pero el Comité siempre ha dado instrucciones a los solicitantes para
que inicien el trabajo preliminar de obtención[203] sus ofertas, etc., tan
pronto como haya decidido las líneas generales sobre las cuales se podría dar
una garantía, de modo que se pueda comenzar el trabajo real y emplear hombres
desde el mismo momento en que se completen las formalidades necesarias.
Garantías ya dadas
Se han otorgado
garantías en numerosos casos. Se han realizado trabajos que de otro modo no se
habrían realizado en la construcción y reparación de barcos, la construcción y
mejora de muelles y canales, la ampliación y electrificación de ferrocarriles y
la ampliación de diversas empresas eléctricas. Esto ha facilitado la
contratación de mano de obra directa en diversos lugares y, además, se han
realizado pedidos de productos manufacturados, principalmente cemento y hierro,
en las ciudades manufactureras del Norte y la Región Central. Por ejemplo, se
ha otorgado una garantía a los Ferrocarriles del Metro de Londres para sus
ampliaciones. Esto supone una enorme cantidad de empleo directo; implica la
realización de grandes pedidos de nuevas locomotoras y material rodante. Las
personas a las que se ha encontrado empleo habrían estado viviendo del paro. No
solo se ha mejorado su moral, sino que también se ha incrementado su poder
adquisitivo y se ha fomentado la prosperidad de las industrias en su conjunto.
Además, se abrirán nuevas zonas rurales para los londinenses y se impulsará la
construcción de viviendas en zonas suburbanas. Este ejemplo, elegido al azar
entre otros, muestra el efecto beneficioso para la comunidad en su conjunto de
las garantías otorgadas en virtud de la Ley de Facilidades Comerciales.
EspañolDos Libros
Blancos (1922)—el 62 y el 121—establecen que hasta el 29 de junio de 1922, el
Tesoro ha manifestado su voluntad de garantizar el capital e intereses de
préstamos por un monto de £17.042.143 por períodos de años que varían de cuatro
a veinticinco con respecto a una serie de empresas de las cuales las siguientes
son típicas: Harland & Wolff (£1.493.345), trabajos de reparación de barcos
en el Támesis y muelle y embarcadero en Clyde; Comité de Gestión de la Compañía
Ferroviaria del Sudeste y Chatham (£6.500.000), electrificación de líneas
suburbanas; Compañía de Ferrocarriles Eléctricos de Londres (£6.000.000),
ampliación del túnel del Ferrocarril de la Ciudad y el Sur de Londres, y
extensión del Ferrocarril Eléctrico de Londres de Golders Green a Edgware;
Corporación de Suministro Eléctrico de Calcuta (£500.000), compra de plantas
generadoras y transformadoras y cables; Junta de Alcantarillado del Valle de
Rhymney (£250.000), plan de eliminación de aguas residuales y alcantarillado
para distritos urbanos en el Valle de Rhymney.
[204]
6. EL RÉGIMEN DE
CRÉDITOS A LA EXPORTACIÓN
En virtud de la Ley
de Comercio Exterior (Créditos y Seguros) de 1920, la Ley de Modificación de la
Ley de Comercio Exterior (Créditos y Seguros) de 1921 y la Ley de Facilidades
Comerciales de 1921, el Gobierno ha contribuido significativamente a aliviar el
desempleo ayudando a los fabricantes a exportar sus productos desde el Reino
Unido. El plan del Gobierno se conoce como el "Plan de Créditos a la
Exportación" y es administrado por el Departamento de Comercio Exterior.
Su principal requisito es que el Gobierno garantice las letras de cambio
emitidas por exportadores del Reino Unido a clientes en el extranjero contra el
envío de productos exportados desde el Reino Unido, siempre que dichas letras
se presenten a través del banco del exportador, adjuntando la recomendación de
garantía de este, y las circunstancias lo permitan. Los productos deben ser
materias primas (excepto armas y municiones) producidas o fabricadas total o
parcialmente en el Reino Unido, e incluyen el carbón; sin embargo, el Gobierno
no financiará el envío en consignación de productos ni el almacenamiento de
existencias en el Reino Unido ni en ningún otro lugar. La suma de los créditos
pendientes no debe exceder en ningún momento de veintiséis millones de libras
esterlinas. La suma pendiente actual es de dieciséis millones.
Una lúcida
exposición de la historia, la naturaleza y el funcionamiento del plan, a cargo
de Sir Philip Lloyd-Greame, diputado y secretario parlamentario del
Departamento de Comercio Exterior, aparece en el Accountant del
4 de febrero de 1922. El plan no sustituye, sino que complementa, el sistema
financiero comercial ordinario, proporcionando crédito en casos en los que, si
bien el comercio en cuestión es intrínsecamente sólido, los banqueros y las
entidades financieras no están dispuestos o en condiciones de proporcionar el
apoyo necesario. Se mantiene una estrecha colaboración con los bancos. Mediante
carta del 14 de octubre de 1921, dirigida por la Cámara de Compensación
Bancaria al presidente de la Junta de Comercio, publicada en el Accountant ,
el Comité de Banqueros de la Cámara de Compensación de Londres expresó su
disposición a «adoptar todas las medidas a su alcance para fomentar el
funcionamiento del plan, especialmente teniendo en cuenta el objetivo que
perseguía el Gobierno: mejorar las condiciones actuales de desempleo». El
Departamento de Comercio Exterior cuenta con la asistencia de un comité
empresarial experto y experimentado, compuesto por representantes de los Bancos
Conjuntos, los Bancos del Este, las Casas de Aceptación y Descuento, y fabricantes
y comerciantes.
El plan se aplica
ahora a todos los países del mundo, pero no a la India británica, Ceilán y los
Establecimientos del Estrecho, donde[205] Existen grandes existencias no
absorbidas para las cuales existen facilidades bancarias adecuadas, ni para Rusia.
Se pueden otorgar nuevos créditos hasta el 8 de septiembre de 1923, pero todos
deben liquidarse antes del 8 de septiembre de 1927. Se otorgan dos tipos de
créditos: "créditos específicos" y "créditos generales".
Los primeros se otorgan para transacciones específicas, por ejemplo, la
finalización de un gran contrato de ingeniería o construcción en el extranjero;
los segundos son créditos por montos específicos para países específicos y por
períodos específicos para bienes que no necesariamente se venden en el momento
de su otorgamiento, y su objetivo es satisfacer las necesidades de los
comerciantes que operan en el extranjero con créditos a corto plazo. Un
comerciante del Reino Unido que vende pequeñas cantidades de productos básicos
en el extranjero a través de un representante viajero se encuentra
prácticamente imposibilitado de someter cada transacción a la aprobación del
Departamento de Créditos a la Exportación. Por lo tanto, el comerciante puede
realizar transacciones en el extranjero hasta el monto del crédito general sin
consultar al Departamento, mientras que este último se compromete a garantizar
las letras emitidas dentro del plazo acordado para las mercancías enviadas. Las
letras con la garantía del Departamento se consideran en el mercado de descuento
como "letras de primera clase". El Departamento prefiere que las
letras tengan la menor duración posible, pero permite renovaciones siempre que
el crédito no supere los doce meses. Con la garantía del Gobierno de que la
letra emitida por el cliente extranjero o su agente será pagada, el comerciante
exportador del Reino Unido puede así obtener un préstamo con la garantía de la
letra al tipo de interés ordinario del mercado, de la forma habitual.
Garantías o
créditos específicos
En caso de créditos
específicos, el Departamento garantizará hasta el 100 % de las letras libradas
contra el envío cuando el crédito no exceda los doce meses, y hasta el 85 % en
los casos en que el crédito exceda los doce meses. En este último caso, generalmente
se emiten dos letras: una por el 85 % de la transacción, que se garantiza por
el monto total de la letra, y la segunda por el saldo del 15 %, que no está
garantizado. El Departamento no exige que se acepte una letra antes de
garantizarla. Si el importador debe depositar una garantía, el Departamento
exige una carta de garantía del banco del importador, que debe ser un banco
autorizado, que acredite que la letra será aceptada y que la garantía aprobada
se depositará inmediatamente después de la primera presentación de los
documentos al importador, y el Departamento evalúa el valor de la garantía así
depositada. Si no se requiere garantía[206] Una vez depositada la factura,
el Departamento requiere una carta de garantía similar o alguna otra evidencia
satisfactoria de que la factura será aceptada.
En caso de
incumplimiento por parte del importador de aceptar o pagar la factura a su
vencimiento, el Gobierno no tendrá recurso contra el exportador del Reino Unido
si el importador, en primera instancia, depositó una garantía que el
Departamento consideró suficiente para cubrir la totalidad del importe
garantizado. Sin embargo, el importador pudo haber constituido alguna garantía,
pero que el Departamento no consideró suficiente para cubrir la totalidad del
importe garantizado. En ese caso, el Departamento conserva el recurso contra el
exportador del Reino Unido por el 50 % (cuando se haya garantizado el 85 % o
menos de la factura), o por el 57,5 % (cuando se haya garantizado el 100 % de
la factura) de la diferencia entre el importe garantizado, por un lado, y, por
otro, el total del importe (si lo hubiere) pagado por el importador, más el
importe que la garantía se aceptó como suficiente para cubrir o que esta, al
ejecutarse, genere, la cantidad que sea mayor. Si el importador no constituye
garantía, el Gobierno conserva el recurso contra el exportador del Reino Unido
por el 50 %. de la diferencia entre el importe garantizado y el importe (si lo
hubiere) pagado por el importador, cuando se haya garantizado el 85 por ciento
o menos del importe de la factura; cuando se haya garantizado el 100 por
ciento, por el 57,5 por ciento de esa diferencia.
Garantías o
Créditos Generales
En el caso de
créditos generales, cuando el Gobierno accede a una solicitud presentada a
través de un banco, por ejemplo, para garantizar durante seis meses letras de
cambio por un importe de hasta 10.000 libras esterlinas, emitidas por un
exportador del Reino Unido contra el envío de mercancías a Rumanía, el Gobierno
garantizaría cada letra hasta su valor total a la comisión que el Departamento
determine. Al término del semestre, si el importe de las letras garantizadas
asciende a, por ejemplo, 9.000 libras esterlinas, esto representa la
responsabilidad del Gobierno. Posteriormente, cuando las letras venzan y se
produzca alguna pérdida, el Gobierno podrá reclamar al exportador del Reino
Unido el 57,5 % de la pérdida final. El Gobierno no exige que el importador
constituya garantía alguna, pero está dispuesto a considerar la posibilidad de
ofrecer condiciones especiales cuando se constituya la garantía.
El Gobierno también
está dispuesto a hacer arreglos con bancos aprobados, entidades bancarias y
asociaciones de crédito según los cuales, por una prima acordada, el Gobierno
asumirá la responsabilidad de una participación que no exceda el 70 por
ciento.[207] cualquier pérdida sufrida por dichos bancos, etc., con
respecto a las transacciones realizadas por ellos para exportadores del Reino
Unido, que cumplan con las mismas condiciones en cuanto a la naturaleza de las
mercancías que las prescritas en el Plan de Créditos a la Exportación.
7. OTROS PLANES
DIVERSOS
El Gobierno ha
asignado dinero para ayudar a programas de mejora de tierras, drenaje y
suministro de agua a las granjas a fin de proporcionar empleo a los
trabajadores agrícolas, así como para programas forestales y ferrocarriles
ligeros:
|
Ministerio de
Agricultura: |
£ |
|
Drenaje de
tierras |
388.000 |
|
De estos,
£113.000 se pueden recuperar de las juntas de drenaje y los propietarios de
tierras. |
|
|
Suministro de
agua a las granjas |
9.600 |
|
El resto del
coste, £18.600, lo asumirán los propietarios de las tierras. |
|
|
Junta Escocesa de
Agricultura: |
|
|
Drenaje de
tierras (mitad del coste de los proyectos) |
21.000 |
|
Comisión
Forestal: |
|
|
Planes de
desempleo adicionales a las estimaciones normales |
206.000 |
|
Gastos
adicionales por parte de los propietarios de tierras y las autoridades
locales |
141.000 |
De los 5.500.000 £
reservados durante el invierno de 1921-22 para el subsidio general al
desempleo, se previeron ayudas para proyectos de ferrocarril ligero aprobados.
Hasta junio de 1922, se habían aprobado dos proyectos de este tipo para recibir
subvenciones del Tesoro por la mitad del coste total, con un máximo de 162.500
£ en total.
De vez en cuando,
se han tomado medidas para aliviar la situación mediante medidas especiales en
establecimientos industriales gubernamentales. Se introdujo un sistema de
jornada reducida en los establecimientos del Ministerio de Guerra y del
Almirantazgo para ampliar el empleo. El mayor número de hombres adicionales
contratados fue de 9900. Actualmente, no hay más hombres empleados. Se han
realizado trabajos alternativos, como la reparación de vagones, la fabricación
de medallas, cospeles, locomotoras, vagones nuevos y artículos diversos para
Correos y empresas privadas, en establecimientos del Ministerio de Guerra y del
Almirantazgo. El mayor número de hombres empleados en estos trabajos fue de
8800. La Oficina de Obras emprendió un programa de emergencia de trabajos de
decoración y reparación en los Departamentos Gubernamentales durante el
invierno de 1920-21, cuando el mayor número de hombres adicionales contratados
fue de 2600. Durante el invierno de 1921-22, este Departamento también realizó
trabajos de socorro en los Parques Reales, donde se registró el mayor número de
hombres adicionales empleados.[208] En esta obra, se invirtieron 390. El
gasto en ambos proyectos fue de aproximadamente £127.000. También se reservaron
£563.000 durante el invierno de 1921-22 para acelerar los contratos
gubernamentales, lo que permitió encontrar empleo para unos 600 hombres.
Resumen del Gasto
Nacional
Desde el Armisticio
hasta el 19 de mayo de 1922, se ha destinado al alivio del desempleo, con
fondos públicos, una suma total de £281.216.460, bajo los siguientes conceptos:
|
1. |
Otorgado por el
Gobierno: |
£ |
|
|
(1) |
Obras de alivio
del desempleo |
26.819.600 |
|
|
(2) |
Donación por
desempleo y prestación por desempleo |
144.000.000 |
|
|
(3) |
Capacitación para
el reasentamiento |
} 31.972.000 |
|
|
Responsabilidades
civiles |
|||
|
Asentamiento en
el extranjero |
|||
|
(4) |
Plan de créditos
a la exportación |
26.000.000 |
|
|
(5) |
Garantía de
Préstamos |
25.000.000 |
|
|
(6) |
Contratos
gubernamentales acelerados |
563.000 |
|
|
(7) |
Asentamiento de
tierras de exmilitares |
1.523.860 |
|
|
(8) |
Préstamos a los
Consejos de Condado para Pequeñas Explotaciones para Exmilitares |
12.269.000 |
|
|
268.147.460 |
|||
|
2. |
Asignaciones de
fuentes no gubernamentales: |
||
|
(1) |
Contribuciones de
las Autoridades Locales al apartado 1 (1) anterior |
12.694.000 |
|
|
(2) |
Contribuciones
del Fondo Nacional de Ayuda al punto 1 (3) anterior |
375.000 |
|
|
£281,216,460 |
|||
Además, las
autoridades locales han iniciado, sin la ayuda del Gobierno, obras de socorro
por las cuales, entre el inicio de la crisis económica en septiembre de 1920 y
el 19 de mayo de 1922, se ha pagado un total de al menos 450.000 libras
esterlinas en salarios. Durante el mismo período, los tutores han gastado al
menos 60.000.000 de libras esterlinas en asistencia externa. Las cifras
anteriores excluyen los préstamos temporales del Ministerio de Salud a los
tutores en dificultades.
El momento
realmente crítico en cuanto al desempleo será el próximo invierno de 1922-23.
Las prestaciones sindicales por desempleo han menguado y disminuido por falta
de fondos. Casas, muebles, utensilios, etc., tras dos inviernos difíciles, se
han reducido a la mínima expresión; la ropa está desgastada y las reservas de
recursos son escasas o nulas; en algunos distritos, la situación genera
aprensión. A la gravedad natural —social y económica— de la situación se suma
el claro intento de los comunistas de explotar clandestinamente estas
desdichadas circunstancias con fines revolucionarios.
[209]
Parte III
LA VERDADERA POLÍTICA LABORAL
[210]
[211]
CAPÍTULO XIX
LA PERSPECTIVA DEL TRABAJADOR
Ignorancia sobre la
industria—Ideas erróneas sobre los salarios—Descontento y sus causas—Efecto del
mal ambiente—Miedo al desempleo—Insatisfacción con el estatus en la
industria—Creencia en la agitación—Deseo de mejora—Baja concepción del
trabajo—Sospecha de los empleadores—El trabajador y su sindicato—El trabajador
y la comunidad.
Mi propósito, de
ahora en adelante, será exponer, de la forma más concisa y clara que el tema
permita, los principios fundamentales de la política que, a mi juicio, deberían
aplicarse a la industria y sus problemas. Como paso previo necesario, es
necesario indicar las características del trabajador, sus sentimientos y
aspiraciones, sus defectos y sus virtudes. Tras años de continuo contacto con
el mundo laboral, confieso mi incapacidad para conocer en persona a los
trabajadores que se describen en las publicaciones revolucionarias actuales;
tampoco he logrado descubrir entre ellos a esa raza extraña con simpatías y
sensibilidades diferentes a las del resto de la comunidad, siempre movida por
motivos materialistas, siempre persiguiendo algún camino irracional de egoísmo
insensato, como se describe en otro tipo de literatura. Contra la acusación
injustificada de que el trabajador británico, en sus opiniones, sentimientos y
sentimientos, es en absoluto diferente del ciudadano británico común, nunca he
cesado de protestar. No voy a negar que a menudo padece una perspectiva
limitada, reacciona ante los prejuicios y, a veces, alberga rencor contra la
sociedad; Pero después de trabajar entre obreros y, posteriormente, pasar gran
parte del período de guerra controlando a un millón de obreros de todo tipo, y
conociendo en tratos familiares a sus ejecutivos sindicales, sus comités de
distrito y sus propias delegaciones en numerosos talleres y astilleros, puedo
decir con sinceridad que, en general, considero al obrero un ser humano abierto
a la razón y a la aceptación de una visión sustancialmente justa y equitativa,
una vez disipada su ignorancia, eliminados sus prejuicios y reconocida su
humanidad. Sin embargo, no tiene paciencia para las patrañas, la retórica ni la
hipocresía. El problema es que, en el pasado, no ha sido tratado como una
persona sensible y racional por[212] los políticos, o incluso sus propios
dirigentes sindicales, son la principal causa de nuestras actuales dificultades
industriales.
Desconocimiento de
la industria
Cuando, en
retrospectiva, recuerdo mi impresión sobre la característica sobresaliente del
trabajador británico tal como lo conocí en los talleres, me fijo sin vacilar en
su terrible ignorancia en cuestiones económicas. Pocas personas de la base
tienen la menor idea de los factores y fuerzas que constituyen ese tipo de
actividad económica conocida como industria, y menos aún de la contribución de
la industria a nuestra prosperidad nacional. Y en cuanto al comercio y su papel
como auxiliar de la industria, su ignorancia es aún más profunda. Nunca se les
ocurre la menor idea de la maravillosa complejidad del mecanismo financiero ni
de la asombrosamente intrincada organización de la compraventa. ¿Quién puede
culparlos? Nunca se les ha dicho nada. He mantenido una reunión de obreros muy
interesados durante una hora, tras la conclusión de un asunto oficial, en una
explicación sencilla de las funciones que desempeñan las finanzas en la
industria y de los diversos tipos de operaciones financieras que implica la comercialización
del producto de su fábrica. Los obreros responden a la educación comprensiva
con alegre entusiasmo. Una de las medidas a las que recurrió el Departamento de
Trabajo de Astilleros fue la organización de conversaciones con trabajadores de
diversos distritos de reparación naval sobre el papel que desempeñaban, en las
convulsas circunstancias de la época, los buques de guerra y mercantes que se
encontraban en dique seco en los astilleros locales para su reacondicionamiento
o reparación. Esto tuvo un efecto sumamente estimulante; los trabajadores ya no
se encontraban trabajando con lentitud en un casco metálico deslucido, sino en
un barco vivo, impregnado de evocaciones emotivas, dedicados a desempeñar
funciones y deberes para la nación que podían comprender fácilmente. Se perdía
menos tiempo, se dormían menos en el trabajo nocturno, se producían menos
interrupciones; mayor rapidez, mayor producción.
Conceptos erróneos
sobre los salarios
El salario es un
asunto que siempre está presente en la mente del trabajador. Es el tema de
discusión más general en tiempos normales; pero siempre hay una extraña
incapacidad para apreciar la realidad de la situación. El trabajador promedio
pensaba, antes de la guerra, que su empleador siempre podía aumentar su
salario, si no al nivel particular exigido, al menos lo suficiente como para
permitirle un aumento sustancial, y que solo el egoísmo del empleador se
interponía en el...[213] La forma de lograrlo. Esta era, sin duda, la
opinión generalizada del Partido Laborista cuando, durante la guerra, el Estado
se convirtió prácticamente en el empleador. Una y otra vez, grupos de
trabajadores me dijeron de buena fe que no había ninguna dificultad para que el
Gobierno pagara los salarios que reclamaban. Les parecía completamente
irrelevante que se les pagara, no con el producto de su trabajo, sino con
dinero prestado por el Estado, con la consiguiente inflación monetaria y alza
de precios. Si bien, al final de la guerra, muchos de los líderes laboristas
más ilustrados apreciaron, y algunos, a quienes honro, denunciaron
públicamente, la inutilidad de la desenfrenada carrera de salarios tras
precios, el trabajador promedio nunca fue capaz de comprenderlo. Había una manera
sencilla, pensaba, de compensarlo por el aumento de precios: simplemente subir
los salarios. Gran parte de nuestros problemas industriales actuales se deben a
la falsa apariencia de prosperidad causada por los altos salarios nominales del
período de guerra, y a la idea, arraigada en la mente del Partido Laborista, de
que el Gobierno podría ahora, recurriendo una vez más a los métodos de control
industrial de tiempos de guerra, crear la misma prosperidad que existía
inmediatamente después de la guerra. Existe la creencia absurda, incluso entre
los hombres moderados, de que el Gobierno se abstiene de hacerlo en beneficio
de los empleadores, para provocar una reducción de salarios y un retroceso en
las condiciones de empleo, y para debilitar el poder de los sindicatos.
El descontento y
sus causas
Quien se mueve
entre los trabajadores no puede dejar de conmoverse por el descontento que los
impregna. Algunos lo llaman "disturbios laborales" y lo condenan como
una amenaza para la sociedad; olvidan que el descontento con las condiciones
existentes es un elemento esencial del progreso. La sociedad avanza, no
mediante pasos uniformes y rítmicos en una dirección fija, sino mediante
movimientos convulsivos que, si se planifican, presentarían la apariencia de
giros a derecha e izquierda del eje de progresión, pero generalmente registran
una marcha hacia adelante. En nuestra organización democrática de la sociedad,
donde las relaciones mutuas de los elementos constituyentes de la comunidad se
rigen generalmente por compromisos de sentido común, ningún sector pasivo
podría aspirar a mejorar sus condiciones sociales.
Existen varias
causas para la insatisfacción prevaleciente, de las cuales probablemente la más
poderosa sea el creciente nivel de educación. Quienes se toman la molestia de
comparar la educación de nuestras clases industriales de hoy con la falta de
educación de los trabajadores a principios del siglo XIX,
como[214] Descrito en algunos de los primeros informes de los inspectores
de fábrica, no puede dejar de percibir el enorme progreso alcanzado; y este
progreso ha dado origen, afortunadamente, a una nueva visión. Uno de los
primeros efectos de la educación es estimular las aspiraciones de mejora de las
condiciones materiales, y el observador social generalmente observa que las
primeras aspiraciones creadas en este sentido por la educación con frecuencia no
se mantienen dentro de los límites que una educación más completa y una
experiencia más amplia finalmente imponen.
Efecto del mal
ambiente
A medida que,
durante las décadas inmediatamente anteriores a la guerra, las perspectivas de
los trabajadores se ampliaron gracias a la educación, y especialmente a las
facilidades para viajar de las ciudades al campo para vacaciones y recreación,
surgió una creciente insatisfacción con el entorno industrial y las condiciones
de vida. Esto no es sorprendente. Debido a la concentración de fábricas durante
la revolución industrial, lo más cerca posible del centro de las ciudades, y al
amontonamiento de las casas en patios abarrotados, fétidos y mal construidos,
lo más cerca posible de las fábricas, se generó una situación, que de hecho
persiste en muchas grandes ciudades, más que suficiente para causar descontento
laboral. Los proselitistas socialistas cuentan la historia plausible de que tal
estado de cosas es una de las consecuencias inevitables de la organización
capitalista de la industria, una afirmación completamente falsa. La causa fue
la impotencia de la organización municipal en aquellos tiempos para controlar
la planificación urbana o regular la construcción de calles y viviendas, y el
insuficiente desarrollo de la conciencia social sobre las medidas que debían
tomarse para el bien de la comunidad. Algunos de nuestros exitosos líderes
industriales han demostrado de forma concluyente, mediante la prueba más
convincente —a saber, el éxito comercial de su empresa—, que no existe ninguna
conexión necesaria entre el mal entorno industrial y la prosperidad de sus
obras "capitalistas". Tomemos como ejemplo el hermoso pueblo
ajardinado de Lord Leverhulme en Port Sunlight, y muchos pueblos modelo
similares relacionados con otras empresas industriales. Nada contribuye más a
la satisfacción industrial que un hogar cómodo; nadie puede esperar
satisfacción en los ocupantes de muchas de las viejas casas que aún deshonran
algunos de nuestros centros industriales, con sus techos con goteras, suelos
podridos, patios traseros embarrados y deterioro estructural general, donde es
imposible mantener las cosas en orden, a los niños limpios o los enseres
domésticos limpios. Nuestros municipios están realizando una gran labor para
erradicar...[215] Viviendas de este tipo. Su desaparición definitiva es
una cuestión de gastos y tasas, ya que su retirada es costosa. Las autoridades
locales están haciendo maravillas para mantener, en la medida de lo posible,
los edificios antiguos aptos para la vivienda humana, pero el proceso de
reparación de casas antiguas y deterioradas tiene un límite.
Miedo al desempleo
Otra causa activa
del descontento laboral es la inseguridad laboral. Si un hombre trabaja esta
semana y no tiene la certeza de trabajar la semana siguiente —una situación que
afecta incluso a grandes sectores de la población industrial en tiempos normales—,
se ve persistentemente oprimido por un miedo desolador. La falta de trabajo es
el espectro amenazante que acecha el trasfondo de todo hogar obrero. El empleo
intermitente produce un grave deterioro de las fibras humanas y una
degeneración moral, resultado inevitable del desánimo causado por la búsqueda
infructuosa de trabajo y de los turnos para encontrar alimento para la esposa y
la familia. La incapacidad de organizar una rutina de vida uniforme conduce
directamente a la imprevisión: cuando un hombre trabaja una semana, gasta todo
lo que tiene, confiando en la continuidad del trabajo; la semana siguiente, si
está desempleado, no tiene nada, salvo quizás alguna prestación por desempleo.
Los exponentes del socialismo le inculcan sistemáticamente que el desempleo es
causado únicamente por la organización capitalista de la industria y que no
puede haber ninguno bajo el régimen socialista, como si cualquier plan
socialista para la reorganización de la industria fuera a obligar al consumidor
a comprar más bienes y servicios de los que estaría dispuesto o sería capaz de
comprar bajo la producción capitalista.
Insatisfacción con
el estatus en la industria
Una causa que
contribuye al creciente descontento industrial es lo que el trabajador describe
como la negación de su condición humana en la industria. Se queja,
especialmente en lo que respecta a ser contratado o despedido, o al trabajo
extra o nocturno, de hecho, con respecto a todas las condiciones de su empleo,
de que se le tiene poca o ninguna consideración como ser humano. Se contenta
con aceptar la teoría de los intelectuales obreros —ciertamente no es su propia
concepción— de que es un esclavo asalariado contratado y despedido según
convenga a los intereses de su empleador, y que su trabajo se compra y se vende
bajo los mismos principios que cualquier otra materia prima en la industria. La
antigua relación paternal entre empleador y empleado, lamentablemente muy
debilitada por la introducción del sistema fabril, ha desaparecido sin duda con
la conversión de las empresas familiares en grandes sociedades anónimas;
personal[216] El contacto entre el patrón y sus hombres ya no existe. Sin
embargo, no hay fundamento para sugerir —como los socialistas suelen inculcar
en la mente de los trabajadores— que este sea otro resultado inevitable de la
organización capitalista de la industria. En algunas de las mayores y más
grandes fábricas capitalistas, los trabajadores pueden ser, y que yo sepa,
tratados con consideración y simpatía. Sus valores humanos siempre pueden ser
respetados y se les puede otorgar un estatus humano pleno si tan solo prevalece
el espíritu correcto entre empleadores y empleados, y existe la maquinaria
adecuada para integrarlo en la vida del taller.
Creencia en la
agitación
El descontento,
expresado en constante agitación, ha tenido, lamentablemente, un valor
práctico; esa es una de las razones por las que está tan extendido en la
industria hoy en día. En el pasado, los empleadores no han concedido
voluntariamente aumentos salariales sustanciales ni mejoras en las condiciones
laborales, sino solo tras la presión de los sindicatos, sujeta, por supuesto, a
considerables reservas en casos especiales. Es más o menos inevitable que así
sea, considerando la forma en que ambas partes han operado la maquinaria de la
negociación colectiva. Cada vez que se exige y rechaza un aumento salarial o
una mejora en las condiciones, y finalmente se concede bajo amenaza de huelga,
se alimentan las fuentes de un futuro descontento y se confirma en la mente de
los trabajadores la eficacia de la agitación. En los últimos días de la guerra,
la inestabilidad en la industria se debió en gran medida a que, en los primeros
tiempos, el Gobierno había rechazado y luego concedido aumentos salariales bajo
la presión de huelgas y amenazas de paros por parte de los trabajadores. Cada
vez que se produjeron tales capitulaciones, ello contribuyó seriamente al
espíritu de descontento.
Deseo de mejora
Al observar otras
fuerzas que ahora comienzan a latir en el movimiento obrero, uno se impresiona
por el creciente deseo general de superación mental y cultural, a veces
patético en su búsqueda de simples gratificaciones. Algunos se burlan de esta
búsqueda de cosas superiores por parte de la clase trabajadora; su desprecio es
inoportuno y su ironía, mal dirigida. Me complace decir que se está
desarrollando rápidamente un movimiento creciente en esta dirección. Quienes se
dedican al trabajo social en nuestros grandes centros industriales pueden dar
testimonio de las innumerables maneras en que esta aspiración encuentra una
expresión saludable.
Más de un
observador extranjero ha expresado su opinión de que la estabilidad de la
Constitución británica se debe materialmente a la[217] El fuerte apego y
sentimiento por la vida familiar que prevalece en este país. Ningún miembro de
la comunidad defiende con mayor firmeza la vida familiar que el trabajador
británico; nadie está dispuesto a hacer sacrificios más sustanciales para su
mantenimiento y preservación, nadie tiene que hacerlos con mayor frecuencia. En
este sentido, el trabajador británico es uno de los mayores individualistas
vivos, y la fuerza de su individualismo familiar nunca le permitirá convertirse
en un comunista acérrimo. Los teóricos pueden hablarle hasta cansarse de
trabajar para el Estado y la comunidad —tuve que usar ese argumento en tiempos
de guerra—; él les responderá, como me respondieron a mí en el Clyde: «Trabajo
para mi esposa y mis hijos».
Baja concepción del
trabajo
En cuanto a su
concepción del trabajo, el trabajador británico está completamente equivocado.
Algunos encuentran placer en el trabajo; el trabajador manual no es uno de
ellos. Ha llegado a considerar el trabajo como una especie de servidumbre,
instituida no para su beneficio o mejora, sino únicamente para el mantenimiento
de su empleador y el aumento de sus ganancias. Esto, por supuesto, es solo una
débil dilución de la falacia marxista. El trabajador manual moderno, al no
haber sido educado para considerar el trabajo como un deber moral ni la
industria como una de las formas más elevadas de servicio nacional, no ve
dignidad en el trabajo y no percibe ninguna obligación que le incumba de
trabajar al máximo de sus capacidades, ni siquiera durante toda la jornada
laboral. La cantidad de recursos a los que he conocido que recurren los
trabajadores manuales —hombres honestos e íntegros por lo demás— para
escaquearse del trabajo o reducir el tiempo, sorprendería por completo a
quienes no estén familiarizados con la industria. Hoy en día, la obligación
moral de trabajar parece invertida en el deber de hacer lo menos posible por el
salario. A veces, el motivo es alargar la vida del trabajo; otras, contribuir
al desempleo haciendo circular el trabajo; y, cuando la remuneración se basa en
el pago por resultados, por razones menos altruistas, impulsar el aumento de
los precios del trabajo. Pero aunque la doctrina marxista —que establece que
cuanto más trabaja un empleado, más contribuye a la traición de sus compañeros
trabajadores al ayudar al empleador a acumular ganancias ilícitas gracias a su
explotación— explica en gran medida la timidez y la astucia actuales, existen
otras razones. Una de ellas es el grado de subdivisión del trabajo en la
organización fabril moderna. En un taller mecánico, un trabajo realizado hace
treinta o cuarenta años por un operario cualificado en una máquina de uso
general ahora se subdivide en un gran número de operaciones constitutivas.
Estas serán realizadas por diferentes[218] Trabajadores en diferentes
máquinas semiautomáticas, y la pieza terminada será ensamblada por otro grupo
de trabajadores para formar el producto final. Antiguamente, el artesano veía
cómo el artículo terminado tomaba forma gradualmente gracias a su creativa
artesanía; hoy, ningún trabajador ve nada más que la operación que realiza.
Como resultado, hay poco que alimente los instintos del artesano. El trabajador
empleado en este trabajo repetitivo se vuelve rápidamente apático, su interés
se relaja, su inventiva se atrofia, su iniciativa muere, se convierte en un
engranaje, y, siendo humano, en un engranaje ineficiente, dentro del vasto
mecanismo de la industria. Estos métodos de producción en masa son bastante
inevitables en la práctica eficiente moderna, y el único antídoto es alentar a
los trabajadores a adquirir un interés más amplio en la industria y en la
prosperidad de los trabajos en los que están empleados, y cultivar un espíritu
de cultura para que sus mentes puedan llenarse de otras cosas que satisfagan
sus aspiraciones humanas y reemplacen la noble satisfacción que un comerciante
solía sentir cuando la creación de su artesanía crecía por debajo de su
habilidad.
Sospecha de los
empleadores
Si me preguntaran
cuál fue el sentimiento más fuerte que encontré en los talleres, respondería:
desconfianza hacia los empleadores. En algunos distritos es peor que en otros;
en algunas fábricas es peor que en otras del mismo distrito. Se han alegado muchas
razones para su existencia, pero la verdadera explicación es simple. Entre los
años cincuenta y ochenta del siglo pasado, cuando se estaba implementando la
negociación colectiva, el principio de acción adoptado por muchos empleadores
fue el "interés propio ilustrado": la teoría individualista de que un
empleador sirve mejor a sus propios intereses y, automáticamente, al hacerlo, a
los intereses del país, promoviendo siempre su propio beneficio. Llamar a esto
avaricia o egoísmo es un error. No implicaba una indiferencia cruel hacia los
derechos de los trabajadores, pero sí implicaba tal parcialidad que, en el
esquema de la industria, los intereses de los empleados se subordinaban a los
de los empleadores. En el curso de la negociación colectiva, las maniobras para
conseguir puestos, el regateo, muchas gerencias adquirieron el hábito de
aprovechar cualquier circunstancia que les permitiera recortar los salarios a
destajo y las asignaciones de tiempo, reducir los salarios, revisar las
condiciones de empleo y adoptaron la actitud invariable de resistirse a todas
las demandas de sus empleados. Estos empleadores han desaparecido, pero «el mal
que los hombres hacen perdura». Como era de esperar, los trabajadores
aprendieron a descifrar algún motivo hostil.[219] Detrás de cada acción de
su empleador, por aparentemente benéfica que fuera, se observaba todo lo que
hacía con absoluta sospecha, requiriendo un escrutinio riguroso. Esta es la
causa de la falta de confianza en el ambiente industrial actual. Mientras siga tan
cargado de desconfianza, la confianza entre todos los involucrados en la
industria, necesaria para la producción y esencial para el buen funcionamiento
de la maquinaria industrial, nunca podrá florecer. Todos los empleadores
desaprueban sin reservas esta lamentable situación; muchos se han esforzado
excepcionalmente por disipar la lacra que dicha desconfianza representa para la
industria, pero la memoria es duradera, los prejuicios laborales tenaces, y se
necesitará tiempo y mucho esfuerzo para forjar un vínculo de confianza.
El trabajador y su
sindicato
La actitud del
trabajador británico hacia su sindicato refleja el temperamento británico. En
el extranjero, se observa que los trabajadores siguen a sus sindicatos en
asuntos tanto industriales como políticos; en este país no existe una sumisión
tan generalizada al criterio individual. En lo que respecta a las cuestiones
industriales, con la excepción de algunos sindicatos pequeños cuyos miembros
parecen estar siempre en un estado de rebelión furiosa, y ciertos elementos
revolucionarios en algunos de los grandes sindicatos, la mayoría de los
sindicalistas siguen a sus propios líderes sindicales. Sin embargo, esto es muy
diferente a seguir la guía general de los sindicatos combinados, expresada a
través del Congreso de Sindicatos o el Partido Laborista. Como resultado de la
organización artesanal de la industria en este país, que en ocasiones durante
la guerra mostró signos de desintegración, pero ahora parece más firmemente
establecida que nunca, los sindicatos desconfían casi tanto de las motivaciones
de los demás —por temor a que un gremio invada el trabajo del otro— como el
Partido Laborista en general desconfía de los empleadores. Sin embargo, cuando
se presenta, correcta o incorrectamente, una cuestión que involucra un
principio que afecta directamente los intereses comunes de todos los
trabajadores, el sindicalista ha sido tan bien instruido en la virtud de la
solidaridad que, por lo general, se alineará bajo la bandera del movimiento
obrero organizado. En lo que respecta a los asuntos políticos, no existe tal
docilidad, aunque se le obliga a contribuir al fondo político de su sindicato.
Hoy en día se ve obligado a hacerlo, a pesar de su facultad de objeción según
la Ley de Sindicatos de 1913; si se aprueba el Proyecto de Ley de Enmienda de
la Ley de Sindicatos de 1922 (1913), no será responsable a menos que acepte
expresamente. Hay evidencia de independencia en los resultados de las
Elecciones Generales de 1918 y de las elecciones parciales posteriores, donde
amplios sectores de los trabajadores han...[220] Votó, no por el candidato
oficial laborista, sino por el candidato de otro partido político opositor.
Este hecho explica sin duda los denodados esfuerzos del Partido Laborista por
formular un programa político integral que, para sus afiliados sindicalistas,
parezca un programa industrial, y para sus simpatizantes no industriales, uno
de carácter principalmente social.
El trabajador y la
comunidad
La concepción que
el trabajador tiene de sí mismo en relación con la comunidad invita a un
comentario. En lugar de un argumento convincente de que sus intereses son
completamente distintos y opuestos a los del resto de la comunidad organizada
sobre una base capitalista, se le ha instado asiduamente a desarrollar su
"conciencia de clase". Si mediante algún proceso de autosugestión
logra convencerse de que lo que tiende a promover el bien común no tiende a
promover los intereses del trabajo, sino que generalmente los contradice, es
más probable que adopte una actitud de antagonismo militante ante la
continuidad de la organización actual de la industria y la sociedad. Los
esfuerzos de los extremistas se dirigen continuamente a fomentar este
sentimiento de conciencia de clase hasta que culmina en la lucha de clases. He
tenido amplias oportunidades para evaluar la prevalencia y la profundidad de
este sentimiento, y si bien se lo encontró activo entre ciertos grupos de
hombres en el Clyde, en Barrow, en el Mersey y en algunos otros centros de
pensamiento industrial avanzado, nunca lo encontré mucho entre el conjunto de
los trabajadores. No aceptan la idea de que, como seres aparte, se les
considera una categoría separada del resto de la comunidad. De hecho, en los
últimos días de la guerra, muchos sindicatos, reconociendo los intereses de sus
miembros como consumidores más que como productores, abandonaron la política de
aumento salarial y, en su lugar, instaron firmemente a la regulación de los
precios; hasta tal punto las circunstancias del consumo que afectaban a sus
miembros como ciudadanos superaban en importancia a los asuntos que afectaban a
sus intereses particulares como trabajadores.
Se puede llevar
esto un paso más allá. A pesar de las diatribas de los extremistas de que la
guerra fue un esfuerzo de los capitalistas para alcanzar sus propios fines
financieros, y totalmente contraria a los intereses de los trabajadores, el
Partido Laborista de este país se mantuvo firme junto al resto de la comunidad
y voluntariamente realizó los mayores sacrificios, tanto en lo que respecta al
servicio militar como a la suspensión de los derechos y costumbres sindicales.
Si el Gobierno, al comienzo de la guerra...[221] Si se hubiera reclutado
valientemente a cada persona para el servicio nacional, nunca habrían surgido
muchas disparidades mortificantes y se habrían evitado graves desigualdades de
sacrificio, cuyo agravamiento, hacia el final de la guerra, y no sin razón,
perturbó la ecuanimidad de los trabajadores y causó graves trastornos
industriales. Nunca debe olvidarse que, al comienzo de la guerra, el servicio
nacional universal fue fuertemente promovido por destacados líderes laboristas,
pero fue aniquilado por los gritos de "¡Todo sigue igual!", de los
cuales los miembros del Gobierno fueron los únicos responsables.
[222]
CAPÍTULO XX
REFORMA DE LA INDUSTRIA EN LUGAR DE LA SOCIALIZACIÓN
Las tres
aspiraciones dominantes de los trabajadores: ¿pueden y deben satisfacerse? — La
vaguedad del plan de reconstrucción de los trabajadores — El cambio reciente en
las propuestas de los trabajadores: Reforma de la industria versus reconstrucción.
Las tres
aspiraciones dominantes de los trabajadores
La organización de
la industria no puede continuar en su actual estado de inestabilidad; hay que
hacer algo. Tanto el socialista que pretende reconstruir la industria como el
antisocialista que la reforma, cada uno asume la necesidad de satisfacer las aspiraciones
de los trabajadores, insatisfechas en las condiciones actuales. Las tres
mayores aspiraciones que animan a los trabajadores son, en orden de importancia
relativa: primero, la eliminación de la amenaza constante del desempleo;
segundo, el reconocimiento en la industria de la condición humana del
trabajador; tercero, la distribución, como un derecho moral, de una parte
equitativa del producto. Al hablarle al trabajador común, como hice durante la
guerra en más de tres mil ocasiones, esos son los tres sentimientos básicos que
lo mueven. Todos los intrincados planes para la reconstrucción de la industria
que la fértil y fervorosa imaginación de los intelectuales laboristas ha
desarrollado son en gran medida ininteligibles para él, y lo dejan impasible e
indiferente. No le importa la delicada y sutil reglamentación de la industria y
la sociedad, como pretenden los socialistas gremiales. No comprende en
absoluto, de hecho, desconfía profundamente, de una comunidad socialista
construida y controlada sobre una base vocacional o funcional. La prueba que
aplica a concepciones tan complejas y conjeturales es su eficacia para
satisfacer esas tres grandes aspiraciones fundamentales. Pero ese es un ámbito
demasiado restringido para un partido político aspirante, y los veteranos
parlamentarios del movimiento laborista declararon astutamente que constituía
una base de clase demasiado estrecha para sustentar un llamamiento popular. Por
lo tanto, todos los doctrinarios no industriales —y muchos de ellos están
vinculados al Partido Laborista— se pusieron a trabajar
para...[223] Redactar un nuevo Contrato Social. Se han publicado decenas
de panfletos que describen la política del Partido en todos los temas
imaginables: político, administrativo, judicial, de gobierno local, social e
industrial, nacional, imperial e internacional. Si la formulación escrita de
ideales humanitarios y utopismo quijotesco, sin consideración alguna de costo o
viabilidad, es arte de gobernar, la política del Partido Laborista es
verdaderamente admirable. Describe con brillante esplendor un maravilloso nuevo
mecanismo de política, sociedad e industria, en el que cada pieza exterior
encaja con la suavidad y precisión de una máquina a escala construida con una
caja de piezas, pero, como el juguete, sin mecanismos internos. Que este
misterioso mecanismo proporcione, de forma sutil y no muy obvia, los medios
para asegurar los tres fundamentos es su única recomendación a ojos de la gran
masa del Partido Laborista.
Si es correcto
asumir que el deseo predominante del trabajador común es obtener una
satisfacción razonable de estas tres aspiraciones, y no dudo de la solidez de
esta suposición, pues en mis más de tres mil conferencias y reuniones con el
Partido Laborista durante la guerra —en todas las cuales se tomaron notas
precisas de los temas de discusión— estos fueron los tres temas principales,
surgen dos preguntas: ¿Es apropiado satisfacer estas tres aspiraciones? De ser
así, ¿cuál es la mejor manera de satisfacerlas, respetando debidamente los
intereses de la comunidad?
¿Pueden y deben
estar satisfechos?
Con respecto al
desempleo, no es difícil llegar a una conclusión sólida. El desempleo, y en
menor medida el subempleo, es en todos los aspectos —humanitario, social y
económico— una lacra tan grave que no se debe escatimar ningún esfuerzo
razonable para reducir al mínimo la probabilidad de que ocurra y mitigar en la
medida de lo posible sus graves efectos una vez que se presente. Muchos
discreparán en cuanto a hasta qué punto es correcto aplicar medidas de alivio,
pero esa diferencia es más de grado que de principio. En cuanto a la
investidura de cada trabajador de la industria con "estatus humano",
existe una división de opiniones más radical. Si bien pocos empleadores
cuestionarán el derecho de los trabajadores, a través de sus representantes constitucionales,
a expresar sus demandas para fijar salarios y condiciones de empleo, y dichas
demandas, respaldadas por el poder de ejercer presión económica, son
efectivamente expresadas por los sindicatos, la mayoría de los empleadores
negarán el derecho de los trabajadores a "interferir en la gestión".
Sería completamente imposible tener dos[224] Grupos de personas que
intentan gestionar una fábrica o dirigir la gestión del negocio en el ámbito
comercial. Pero entre la fijación de salarios y condiciones de empleo, en la
que se admite que el Partido Laborista debería tener voz y voto, y la dirección
ejecutiva de una empresa, en la que es evidente que el Partido Laborista no
podría ejercerla, si se quiere preservar la eficiencia y mantener la disciplina
intacta, existe una amplia gama de asuntos que conviene discutir entre
empleadores y representantes de los trabajadores, y que, una vez discutidos y
resueltos, pueden dejarse en manos de los empleadores para su ejecución. Hay
amplio margen para el compromiso. La confusión en torno a los lemas «voz en las
condiciones» e «interferencia en la gestión» debe disiparse antes de que se
produzcan más daños.
En cuanto a la
remuneración, si se examina con detenimiento, no existe diferencia alguna en
principio. La mayoría de los empleadores coinciden con los sindicatos en que el
trabajador tiene derecho a una parte justa del producto; discrepan en cuanto a
qué proporción del producto constituye una parte justa; una disputa no de
principio, sino de cuantía. Ningún empleador, según mi experiencia, afirmaría
tener derecho, en épocas de bonanza, a pagar a sus trabajadores solo un salario
mínimo y a apropiarse como beneficio de todos los ingresos restantes tras el
pago de los gastos de explotación y el tipo de interés de mercado sobre el
capital. Lo que suele ocurrir en épocas de bonanza es que los trabajadores
asalariados reciben, como primer pago del producto, salarios muy superiores al
mínimo, y los accionistas no reciben nada a cambio, lo que resulta en una gran
privación para muchos, cuyos escasos ingresos consisten en dichos dividendos.
Cuanto más críticamente se examinan los tres fundamentos, más irresistiblemente
se llega a la conclusión de que no existen problemas entre empleadores y
trabajadores en relación con ninguno de ellos que no puedan ser objeto de una
negociación colectiva justa. Pero eso es lo que niegan los intelectuales del
Partido Laborista, basándose exclusivamente en sus propias razones a priori.
Afortunadamente, sus conclusiones doctrinarias reciben escaso respeto del
conjunto de los trabajadores.
La vaguedad del
plan de reconstrucción del Partido Laborista
Solo hay dos
caminos posibles para el futuro: reconstruir la industria sobre una base
completamente nueva o mantener el sistema actual de organización e introducir
reformas que abarquen los tres fundamentos como primer paso. Esa es realmente
la cuestión sobre la que, tarde o temprano, la nación debe tomar una decisión,
con consecuencias nacionales de gran alcance.[225] se volverá contra él.
El Partido Laborista dice: «Destruir el sistema industrial actual y
reemplazarlo por algo basado en la propiedad pública, y no privada, de los
medios de producción». Si supiéramos exactamente cuál es el plan de
reconstrucción del Partido Laborista, podría examinarse críticamente en
detalle, y su efecto práctico en la prosperidad de la industria, el bienestar
del trabajador y el bien de la comunidad podría considerarse
desapasionadamente. Pero el Partido Laborista, con prudente reticencia, no nos
ha proporcionado ningún plan oficial. Diferentes sectores del Partido Laborista
han presentado todo tipo de planes variantes y, en muchos casos, discordantes,
que coinciden en un solo aspecto: la eliminación del empleador privado. Todo lo
que el Partido Laborista ofrece en forma de reorganización constructiva es la
vaga fórmula de «nacionalización y control democrático». Tampoco se
comprometerá a decir cuál es el método y el tipo de control industrial —un
asunto del que dependen toda la eficiencia y el éxito de la industria— que
tiene en mente. Lo cierto es que el Partido no ha logrado idear ningún plan de
control industrial consensuado, y el Comité Ejecutivo, aunque recibió
instrucciones de informar sobre el asunto, no ha podido hacerlo o ha
considerado conveniente posponer su compromiso ( véase pág. 58 ). Sin embargo, el Partido, tras invocar el fuego del cielo sobre
el Gobierno como castigo por su política oportunista en la industria, llama al
país a ser testigo de que el Partido Laborista tiene una política industrial
meditada y bien pensada, a la que eufemísticamente llama «control democrático»,
y anuncia con ingenua ingenuidad que se trata de un sistema
que siempre armonizará con las circunstancias y necesidades específicas de cada
industria. ¿Quién es el oportunista? ¿El Gobierno, al adherirse a la continuidad
de la organización industrial establecida —sobre la cual se ha cimentado la
grandeza del comercio inglés—, o el Partido Laborista, que, sin una idea clara
de qué pondría en su lugar, destruiría la organización existente con la
complaciente expectativa de que, mediante algún proceso de abiogénesis, un
sistema mejor resurgiría como el ave fénix de sus cenizas? Habría una réplica
breve y contundente de los miembros de cualquiera de los grandes sindicatos,
por ejemplo, el Sindicato Amalgamado de Ingenieros, si el Partido Laborista
propusiera reconstruir esa orgullosa organización basándose en una fórmula
contundente. El Comité Ejecutivo de ese sindicato —suponiendo que aceptara
considerar cualquier sugerencia tan gratuita, incluso de una fuente laborista—
insistiría —al menos siempre lo hizo conmigo durante la guerra— en que las
frases generales se redujeran a propuestas claras, concisas y definidas, cada
una de ellas.[226] que podría someterse a un escrutinio minucioso del tipo
más profundo, suficiente para revelar su verdadera naturaleza, sus efectos
directos e indirectos, y sus implicaciones más remotas. ¿Acaso la nación no
tiene derecho a información similar? En la Parte
I , capítulo
IX , describo el daño a la industria y al país que inevitablemente
resultaría, a mi juicio, de cualquier reconstrucción socialista de la
industria. Aquí solo me interesa mostrar que cuando se retiran respetuosamente
las ondulantes vestiduras de la fraseología florida, se ve que no cubren nada
más que una figura vacía y profana sin la más mínima semejanza con un modelo
articulado. Esto es lo que el Partido Laborista nos invita a erigir y venerar
como el futuro genio de la industria británica.
El cambio reciente
en las propuestas del Partido Laborista
El Partido
Laborista ha partido del lado equivocado: no para determinar cuáles son los
defectos del sistema industrial actual y la mejor manera de remediarlos, sino
para encontrar la manera más fácil de deshacerse del empleador privado, bajo la
creencia honesta, pero acrítica e irracional, de que, a menos que se lo
elimine, los defectos no podrán remediarse. Esta era la idea del Partido
Laborista en la época en que abrazó por primera vez el socialismo de Estado. La
nacionalización de las industrias, bajo la cual el Gobierno reemplazaría al
empleador privado, se describió con gran entusiasmo como «la carta de salvación
de la clase trabajadora». Luego, el Partido Laborista adquirió cierta
experiencia con el Estado como «empleador modelo»: en Correos, en los Astilleros
Reales, en el Arsenal de Woolwich y en otras fábricas gubernamentales. Con la
desaparición del empleador privado, los trabajadores de estas industrias
nacionalizadas descubrieron, con sorpresa y profundo pesar, que sus condiciones
no eran mejores, sino peores. Descubrieron que el Estado no era un patrón tan
considerado como el empleador privado, ni estaba tan dispuesto a reconocer
sindicatos, a introducir condiciones sindicales ni a pagar salarios estándar.
¡Jamás se destrozó tan brutalmente una convicción tan bien acariciada!
Cualquier investigador crítico se habría parado a considerar si, después de
todo, era correcto, con esta experiencia práctica, asumir que la única manera
de mejorar las condiciones laborales era acabar con el empleador privado.
Algunos sindicalistas prominentes se detuvieron a pensar, y más de uno me ha
contado su consiguiente renuncia al socialismo. Así, la vieja doctrina murió, y
se necesitaba urgentemente otra: una oportunidad propicia para los
intelectuales. Había que construir un nuevo barco sobre la vieja quilla de la
abolición de la propiedad privada, y esta vez tenía que flotar. Y
después[227] En definitiva, ¿había algo más fácil? Durante la guerra, se
había puesto de moda hablar de la rigidez de la burocracia y la inelasticidad
de su dirección —y lo mismo podría haberse dicho con igual justicia de los
sindicatos, pues son la burocracia por excelencia— , pero
nadie pensó en ello. Por otro lado, se saturaban los oídos con las excelencias
móviles de la democracia, su extraordinaria versatilidad para adaptar a los
hombres a su entorno y para modular las cualidades de este a su contenido
humano, y el aire vibraba con teorías de autodeterminación política. El
gobierno democrático se aclamaba como el bálsamo para Europa, y qué más natural
que la autodeterminación industrial, bajo el nombre de «control democrático»,
fuera aclamada por el Partido Laborista como la restauradora de la industria.
Así que se construyó el nuevo barco, que se llamó «Nacionalización y Control
Democrático». Puesto en el agua en 1918, todavía es un mero casco, sin motor,
inacabado y sin clasificar.
Pero, aleccionado
por la experiencia de la guerra, el Partido Laborista se ha vuelto más
cauteloso. Ya no sostiene, como antes, que todas las industrias pueden
nacionalizarse, una admisión cuya importancia no debe pasarse por alto.
Nacionalizaría y controlaría democráticamente solo algunas de las grandes
industrias nacionales; las industrias más pequeñas y menos organizadas las
dejará en paz, por el momento. Incluso llega al extremo de admitir la necesidad
económica de la continuidad de muchos intermediarios. Las industrias que
nacionalizaría son aquellas que en su día fueron pequeñas y mal organizadas,
pero que respondieron al espíritu emprendedor e iniciativa de los pioneros que
las crearon y, por lo tanto, se expandieron. Esto, desprovisto de dialéctica,
significa que el Partido Laborista está convencido de que su régimen de
nacionalización y control democrático, independientemente de lo que pueda
lograr —y sobre esto nos queda la especulación—, no puede proporcionar el
espíritu emprendedor e iniciativa necesarios para el desarrollo de las
industrias emergentes. No se nos proporciona información alguna sobre en qué
etapa del crecimiento de una industria la maquinaria de nacionalización y
control democrático del Partido Laborista puede entrar en acción e infundir
esas dos grandes cualidades que son esenciales para la vitalidad y el progreso,
a un voltaje más alto del que se puede generar bajo la propiedad privada.
Quienes hayan
estudiado con ojo crítico los detalles oficiales de la política industrial
laborista en el
capítulo VIII habrán notado que el mismo velo
de indefinición envuelve el desarrollo práctico de la «nacionalización y el
control democrático». ¿Acaso implica una mayor carga financiera para el Estado?
Sin detalles. ¿Cómo se obtendrá el capital necesario cuando...?[228] ¿Han
realizado las exequias nacionales por el capitalista privado? No hay detalles,
salvo que se derivará de un mítico "excedente nacional" que, en
cualquier caso, ya no existe. ¿Cómo se evitará el despilfarro y la ineficiencia
que la experiencia ha demostrado que son inherentes a las industrias
administradas burocráticamente? No hay detalles. ¿Cuál es el mecanismo que
obligará al consumidor nacional a aumentar su consumo y al consumidor
extranjero a comprar productos que no comprará ni puede comprar hoy? No hay
información. ¿Dónde se ubicará y cómo se formará el fondo secreto que
financiará salarios más altos y mejores condiciones que con el actual esquema
de organización industrial? No se nos informa; el
capítulo XXVI deja claro que no puede
constituirse con las ganancias de los empleadores . Para las respuestas a estas
preguntas prácticas de crucial importancia, y a muchas otras, nos encontramos a
tientas en la oscuridad. Todo lo que se nos dice es que los intelectuales
eruditos del Partido Laborista, gracias a su vasta investigación industrial y
amplios dones de clarividencia, cuando llegue el momento oportuno, abrirán su
caja de Pandora y revelarán los secretos. ¿Está la nación dispuesta a arriesgar
su existencia con esa garantía?
Reforma de la
industria vs. Reconstrucción
Afortunadamente
para el país, el trabajador común no se siente más intrigado por las propuestas
de los intelectuales para la reconstrucción de la industria, la sociedad o el
Estado que por sus planes para la reconstitución de su sindicato, todos los
cuales ha rechazado con contumelia. Lo que más le interesa es si sus propuestas
son la manera más sólida, segura y rápida de aliviar su desempleo, de darle un
estatus humano en la industria y de obtener una participación justa en el
producto. No ha aceptado en absoluto la imponente declaración del Partido
Laborista de que solo la «nacionalización y el control democrático» pueden
otorgar esos beneficios.
Comencemos, pues,
desde la perspectiva de los trabajadores comunes. Es justo, es de sentido
común, es típicamente práctico. Podemos decirles con absoluta justicia que lo
que el Partido Laborista pide al país es dar un salto a lo desconocido y
sustituir el sistema industrial actual, con el que estamos familiarizados y que
siempre es susceptible de mejora —pues este es un hecho incontrovertible
demostrado por nuestra historia industrial pasada— por un nuevo sistema
industrial del que no tenemos experiencia, de cuyo funcionamiento práctico y
efectos nada es posible determinar, una empresa sujeta a riesgos tan graves y
posibilidades tan desastrosas que ponen en peligro todo el
sistema.[229] Prosperidad industrial y comercial de este país. Podemos
entonces ofrecer a los trabajadores un plan alternativo que, si bien reforma
las deficiencias fundamentales que existen actualmente en nuestro sistema
industrial, no alterará sus principios básicos. A menos que la psicología del
trabajador experimente un cambio radical, lo que dirá será: «Tome su plan de
reforma; si aborda de forma justa el desempleo, mi estatus social en la
industria y mi participación en el producto, servirá como punto de partida».
[230]
CAPÍTULO XXI
LAS RELACIONES HUMANAS QUE DEBEN RECTIFICARSE EN LA INDUSTRIA
El capital y el
personal administrativo—El capital y los obreros manuales—Los obreros
manuales entre sí —El personal administrativo y los obreros
manuales—La industria y la comunidad consumidora—La industria y la nación.
Antes de que
podamos elaborar cualquier plan de reforma de nuestro sistema industrial,
debemos tener una idea clara de qué es la industria. En el lenguaje prosaico de
la economía, es una producción intencionada de bienes y servicios, cuyo
objetivo inmediato es proporcionar, mediante el resultado de su trabajo, los
medios materiales para satisfacer sus necesidades y deseos.
En líneas
generales, se puede afirmar que la industria implica tres procesos
fundamentales:
(i) La combinación
en la debida proporción de las cinco cosas necesarias para toda producción, a
saber: capital, iniciativa, organización, trabajo (tanto manual como
intelectual) y fuerzas y recursos naturales.
(ii) La realización
del producto: el trabajo industrial hoy en día es inútil a menos que el
producto se comercialice. La cantidad obtenida depende principalmente de la
demanda pública del producto, e invariablemente, cuanto menor sea el precio de
venta, mayor será la demanda.
(iii) La división
del excedente realizado entre los asociados en la producción.
Además, también se
observará que la industria implica necesariamente seis relaciones humanas
fundamentales, cuya importancia ha sido muy descuidada en el pasado.
1. El
industrial , es decir, entre las clases de personas asociadas entre sí
en la industria:
( a )
El Capital y el Personal Administrativo.
( b )
El capital y los trabajadores manuales.
( c )
El personal administrativo y los trabajadores manuales.
( d )
Los trabajadores manuales entre sí.
2. Lo
social : entre la industria y la comunidad.
3. Lo
Nacional —entre la industria y la nación. Estas relaciones son de suma
importancia.[231] El individuo ya no es la unidad; en lo industrial, es el
grupo de quienes se asocian en la producción; en lo social, es la comunidad; en
lo nacional, el pueblo entero. Cada pequeño grupo está incluido en un grupo
mayor y reacciona directamente sobre él. El Partido Laborista, en su Política
Oficial para la Reconstrucción después de la Guerra , afirma con
acierto: «Somos miembros los unos de los otros. Nadie vive solo para sí mismo.
Si alguien, incluso el más humilde, sufre, la comunidad entera y cada uno de
nosotros, lo reconozcamos o no, resulta perjudicado». ¡Con cuánta frecuencia el
Partido Laborista olvida su propia proposición irrefutable! El problema, entonces,
es organizar los procesos de la industria y armonizar las relaciones humanas
que intervienen en ella, de modo que, en la mayor medida posible, se garantice
la eficiencia productiva, se reconozcan las cualidades humanas de todos los
asociados en la industria, se desarrollen y utilicen plenamente sus
capacidades, se satisfagan sus aspiraciones y se coordinen sus respectivos
servicios para promover el beneficio y la felicidad de todos ellos, el bien de
la comunidad y el bienestar de la nación.
El capital y el
personal administrativo
Examinemos primero
la relación entre el Capital y el Personal Administrativo. En el Personal
Administrativo, incluyo a todos, desde el director gerente hasta el portero.
Son el cerebro y el mecanismo de la organización y la gestión, el vínculo entre
el Capital y el Trabajo. El éxito de un negocio depende de su tacto, juicio y
poder de gobierno, pero el Capital aún no ha alcanzado esa concepción. No ha
concedido al Personal Administrativo un estatus acorde con sus enormes
responsabilidades privadas y públicas, ni, salvo en la cima, el reconocimiento
financiero adecuado. El arte de gestionar a los empleados para obtener lo mejor
de ellos y asegurar su cooperación cordial es generalmente considerado por el
Capital como una consecuencia habitual de la capacidad técnica. En realidad, es
una cualificación especial que requiere una formación específica, cualidades
mentales y temperamentales excepcionales, y características particulares, para
cuya posesión la capacidad técnica no es criterio alguno. Para que la industria
progrese, el capital debe elevar su concepción de los deberes del personal
administrativo y reconocer que la administración, incluso en sus ramas más
bajas, es un trabajo tan especializado como el de un artesano experto.
El capital y los
trabajadores manuales
A continuación,
debemos examinar la relación industrial básica entre el capital y los
trabajadores manuales. Al penetrarla,[232] Encontramos, como resultado de
las causas ya mencionadas, un descontento latente y un antagonismo activo —no
cordialidad, ni confianza mutua, sino desconfianza irrazonable—. Vemos, por
ambos lados, una negra sospecha que distorsiona el motivo de cada acción, y la
tarea es generar satisfacción entre los trabajadores y lograr su cooperación
entusiasta con los empleadores en el proceso de producción.
Los trabajadores
manuales entre sí
Los trabajadores
manuales están lejos de ser una familia feliz. En este país, todo el trabajo en
cualquier industria se asigna por tradición o por acuerdo sindical a este o
aquel oficio como su dominio exclusivo. ¡Pobre del hombre no cualificado que
invade el territorio industrial de un artesano! Estas rígidas líneas de
demarcación del trabajo son causa de incontables fricciones industriales y
actúan de forma sumamente perjudicial para impedir que un empleador introduzca
métodos modernos o instale aparatos que ahorren tiempo y trabajo. No hay mayor
necesidad en la industria que un tratado de paz entre los sindicatos en pugna,
bajo el cual se modifique este sistema de dividir el trabajo en tantos
compartimentos estancos.
El personal
administrativo y los trabajadores manuales
El personal
administrativo aún no ha alcanzado una verdadera concepción de su gran parte en
la industria. A menudo encontré que, en lo que respecta a su relación con el
trabajo, se inclinan a considerar que sus funciones generales son únicamente
mantener la disciplina. La preservación de una disciplina sólida es un asunto
vital. Con demasiada frecuencia, la disciplina se refuerza con métodos
arbitrarios y dictatoriales, a los cuales los hombres débiles generalmente
recurren. Eso, si no produce fricción inmediata, ciertamente siembra las
semillas de los problemas y el malestar. El asunto vital, la atmósfera del
taller, depende principalmente de las personalidades conciliadoras del personal
administrativo. Lo que debe recordarse en la industria es que el despotismo no
es liderazgo y la arbitrariedad no es buen gobierno. "Los efectos morales
del buen liderazgo", como dice el profesor McDougall con acierto en The
Group Mind , "actúan en una masa de hombres mediante procesos
sutiles de sugestión y contagio emocional en lugar de un proceso de apreciación
puramente intelectual". Muchos empleadores aún tienen que aprender esto;
Consideran la cortesía del personal administrativo al tratar con los
trabajadores como cobardía, y la consideración como una violación de la buena
disciplina. Pero la consideración es el motor que impulsa el trabajo, y nunca
ha habido mayor margen para su aplicación en la industria.[233] que en la
actualidad, especialmente en cuestiones como entrevistas, selección y
contratación, ascensos y despidos de personal y tratamiento de quejas en las
tiendas.
La industria y la
comunidad consumidora
La industria en su
conjunto no aprecia la estrecha relación que la une a la comunidad, ni sus
responsabilidades con ella. En realidad, la industria depende de la comunidad
para obtener innumerables servicios y muchas instalaciones vitales para su
existencia y prosperidad, así como para un mercado para sus productos. Sin
embargo, casi invariablemente se convocan huelgas y cierres patronales, sin
importar el efecto sobre el público consumidor. De hecho, el Partido Laborista
reivindica el derecho a utilizar su poder económico para promover sus propios
intereses, independientemente del daño a la comunidad. Si, por necesidad
imperiosa, la comunidad intenta prestar los servicios para sí misma o
proporcionar los bienes de los que se ve privada mediante huelgas organizadas,
se la acusa de conducta antisocial y se la condena por declarar una guerra de
clases contra el Partido Laborista, mientras que quienes colaboran son
estigmatizados como rompehuelgas y esquiroles. El Partido Laborista ha ido aún
más lejos en los últimos años. En varios casos, ha adoptado deliberadamente la
política de privar a la comunidad de servicios esenciales mediante huelgas, con
el fin de generar dificultades sociales que impulsen a la comunidad a obligar a
los empleadores a aceptar las demandas laborales del Partido Laborista. También
ha habido casos recientes de acuerdos entre empleadores y sindicatos —como en
el sector de la construcción— mediante los cuales se han forzado salarios a
niveles irrazonablemente altos simplemente porque esas industrias eran
necesarias para la comunidad y, a sabiendas de que, cualquiera que fuera el
costo resultante del producto, la comunidad tendría que pagar. Al mismo tiempo,
la comunidad depende en gran medida de la industria, y si toda la industria, o
cada sector de ella, cumple con sus obligaciones para con la comunidad, esta
debe cumplir ciertas obligaciones a cambio. Hablaré más detalladamente de esto
más adelante.
La industria y la
nación
La industria nunca
alcanzará un desarrollo vigoroso y saludable a menos que revisemos radicalmente
nuestra concepción de la relación entre la industria y la nación. Hoy en día,
esa concepción es mezquina, atrofiada y carece por completo de inspiración. He
definido la industria, en el lenguaje económico, como la producción de bienes y
servicios con el fin de satisfacer las necesidades y deseos de la humanidad. En
este lugar común...[234] De este proceso, cuya definición suena tan
aburrida, y de ningún otro, dependen el bienestar futuro de nuestro país y la
viabilidad de futuras mejoras y reformas sociales. Por lo tanto, la producción
debe considerarse el principal medio para promover la felicidad, el bienestar
social y la prosperidad material de la nación, y la industria, el principal
instrumento de esa obra benéfica, como la forma más alta y noble del servicio
nacional.
[235]
CAPÍTULO XXII
LA CORRECTA RELACIÓN DEL GOBIERNO CON LA INDUSTRIA
1. La política para
la actual depresión: establecimiento de la paz internacional, reducción del
gasto nacional, reducción de los impuestos, estabilización de los cambios,
revisión de la política financiera, reconsideración de la política de
reparaciones, deudas entre aliados, créditos a la exportación y reducción de
los costos de producción.
Al abordar la
formulación de una política industrial nacional, debemos determinar primero la
relación adecuada del Gobierno con la industria. Esto implica considerar qué
medidas especiales puede y debe tomar el Gobierno en estos tiempos
excepcionales de depresión comercial anormal para contribuir a la recuperación
de la industria, y la posición que debería adoptar el Gobierno con respecto a
la industria en tiempos normales.
1. LA POLÍTICA PARA
LA DEPRESIÓN ACTUAL
La actual depresión
del comercio y el declive de la industria se deben principalmente a la guerra
mundial. El público en general no comprende con claridad las causas; son tanto
internacionales como nacionales, y exigen medidas en el exterior con la misma
insistencia que soluciones internas.
Las causas son:
primero, una clara falta de demanda en los mercados extranjeros de productos
básicos que este país producía antes de la guerra. Hasta hace poco, era
habitual oír decir que los países del mundo reclamaban nuestros productos con
urgencia. Esta afirmación no es exacta. Una proporción muy considerable de los
mercados extranjeros, abiertos a este país antes de la guerra, ha desaparecido
definitivamente, al menos por el momento. He tenido la oportunidad de discutir
este asunto con empresarios extranjeros con un conocimiento especial de las
condiciones continentales. Todos fueron claros en cuanto a esta falta de
demanda; la explicación, según ellos, era simple: la devastación causada por la
guerra y la ausencia de un gobierno establecido y estable. Describieron los
recursos y artimañas más sorprendentes a los que se recurre en países
extranjeros para evitar la compra de lo que en circunstancias
normales...[236] En tiempos pasados, la maquinaria y el equipo comercial
serían comunes. A esto se suma la incapacidad de los países continentales para
producir bienes que —para usar la frase concisa de la economía— necesitan
intercambiar por bienes de otros países, ya sea porque su mecanismo de
producción está oxidado o arruinado como resultado de la guerra y no tienen
capital para renovarlo, o por la imposibilidad de comprar en el extranjero
debido al empobrecimiento derivado de la guerra o a la balanza de pagos
desfavorable. Si consideramos este país, vemos que los fabricantes británicos
no pueden vender a clientes en muchos países continentales debido a la
incertidumbre del crédito del comprador extranjero y, cuando el crédito es
suficientemente satisfactorio o constituye un riesgo asegurable, debido a las
fuertes fluctuaciones del tipo de cambio. Un fabricante en este país puede
estar en condiciones de hacer negocios en firme con un comprador extranjero a
un tipo de cambio dado que apenas le asegure un pequeño porcentaje de ganancia;
una fluctuación brusca del tipo de cambio en el momento del pago puede eliminar
por completo toda ganancia y posiblemente convertirla en una pérdida grave. Por
otra parte, el alto costo de producción en este país, especialmente de los
productos manufacturados, donde los salarios representan entre el 60 % y el 85
% del costo total de producción, impide que el fabricante británico venda a
precios suficientemente bajos en el extranjero, especialmente ante la
competencia de bienes similares producidos en países con una moneda depreciada
cuyo valor externo es muy inferior al interno. Además, algunos países a los que
hemos prestado dinero, y que no nos pagan intereses, están erigiendo fuertes
barreras arancelarias contra nosotros y, mediante subsidios y restricciones al
comercio costero y la emigración, están perjudicando gravemente el transporte
marítimo y el comercio británicos.
Establecimiento de
la paz internacional
El comercio
internacional implica dependencia mutua. Si un país quiebra, perjudica a todos
los demás, incluso a aquellos que nunca han comerciado directamente con él. El
comercio debe languidecer en países donde las condiciones son inestables. El
primer objetivo del Gobierno, en colaboración con sus aliados, debería ser
establecer la paz general en todo el mundo. Esto ha sido declarado con
autoridad. De conformidad con los acuerdos del Consejo de la Sociedad de
Naciones, se convocó una Conferencia Financiera Internacional en Bruselas el 24
de septiembre de 1920. La tarea encomendada por el Consejo a la Conferencia fue
estudiar la crisis financiera internacional y buscar los medios para remediarla
y mitigar sus peligrosas consecuencias.[237] Derivadas de ella, con la
condición de que no se discutiera ningún asunto incluido en las negociaciones
pendientes entre los Aliados y Alemania. La Conferencia contaba con ochenta y
seis miembros, que representaban a treinta y nueve países diferentes.
Como elemento
esencial para la recuperación de la industria y la reactivación del comercio,
la Conferencia insistió en el establecimiento de una paz real, no una paz de
papel:
Ante todo, el mundo
necesita paz. La Conferencia afirma con el mayor énfasis que la primera
condición para la recuperación mundial es el restablecimiento de una paz
verdadera, la conclusión de las guerras que aún se libran y el mantenimiento
seguro de la paz en el futuro. La persistencia del clima bélico y de los
preparativos bélicos es fatal para el desarrollo de la confianza mutua,
esencial para la reanudación de las relaciones comerciales normales. El mundo
debe resolver las rivalidades y animosidades que han sido el legado inevitable
de la lucha que ha desgarrado a Europa.
La seguridad de las
condiciones internas es igualmente importante, ya que el comercio exterior no
puede prosperar en un país cuyas condiciones internas no inspiran confianza. La
Conferencia confía en que la Sociedad de Naciones no desperdiciará ninguna oportunidad
para asegurar el pleno restablecimiento y el mantenimiento continuo de la paz.
La Conferencia
afirma que la mejora de la situación financiera depende en gran medida del
restablecimiento general, lo antes posible, de la buena voluntad entre las
distintas naciones; y, en particular, respalda la declaración del Consejo
Supremo del 8 de marzo de 1920: «Que los Estados creados o ampliados como
resultado de la guerra restablezcan de inmediato una cooperación plena y
amistosa, y organicen el intercambio irrestricto de mercancías para que la
unidad esencial de la vida económica europea no se vea perjudicada por la
construcción de barreras económicas artificiales».
Reducción del Gasto
Nacional
Para revitalizar el
comercio, es necesario un recorte implacable del gasto nacional, una renuncia
inflexible a todo aquello que genere gastos que no sean absolutamente
esenciales para la existencia nacional actual. Sobre esta cuestión, la
Conferencia Financiera se pronunció con claridad:
Las declaraciones
presentadas a la Conferencia muestran que, en promedio, alrededor del 20% del
gasto nacional aún se destina al mantenimiento de armamentos y a los
preparativos para la guerra. La Conferencia desea afirmar con el máximo énfasis
que el mundo no puede permitirse este gasto. Solo mediante una política franca
de cooperación mutua pueden las naciones aspirar a recuperar su antigua
prosperidad, y para lograrlo, todos los recursos de cada país deben dedicarse a
fines estrictamente productivos. Por consiguiente, la Conferencia recomienda
encarecidamente al Consejo de la Sociedad de Naciones la conveniencia de
consultar de inmediato con los diversos gobiernos interesados con miras a
lograr una reducción general y consensuada de la abrumadora carga que, en su
escala actual, los armamentos aún imponen a los pueblos empobrecidos del mundo,
agotando sus recursos y poniendo en peligro su recuperación de los estragos de
la guerra.
[238]
La Conferencia de
Washington ha logrado algunos avances en este sentido.
Esta cuestión fue
enfatizada con más detalle en la siguiente resolución adoptada por unanimidad
por la Conferencia Financiera:
“Por lo tanto, es
imperativo que cada gobierno, como primera reforma social y financiera, de la
que dependen todas las demás:
“( a )
Limitar sus gastos ordinarios recurrentes, incluido el servicio de la deuda, a
un monto que pueda ser cubierto por sus ingresos ordinarios.
"( b )
Reducir estrictamente todos los gastos en armamentos en la medida en que dicha
reducción sea compatible con la preservación de la seguridad nacional.
“( c )
Abandonar todo gasto extraordinario improductivo.
“( d )
Restringir incluso los gastos extraordinarios productivos al monto más bajo
posible.”
El efecto del gasto
nacional innecesario sobre la industria es inmediato, directo y, en estos
tiempos, absolutamente catastrófico. Cuanto mayor sea el gasto nacional,
mayores serán necesariamente los impuestos necesarios para cubrir los intereses
y la amortización de la deuda. Cada centavo absorbido en impuestos innecesarios
es dinero desviado de la industria productiva. Si un fabricante paga 6 chelines
y 8 peniques por libra en impuestos sobre la renta y
sobreimpuestos, el efecto es el mismo que si trabajara como esclavo para el
Gobierno durante cuatro meses al año, durante los cuales el Gobierno se
apropiara de la totalidad de la producción de su fábrica.
Reducción de
impuestos
Para la
restauración de la industria se requiere imperativamente una reducción
inmediata de los impuestos. El peligroso aumento de los impuestos tiene
consecuencias devastadoras para la industria. Muchas empresas han tenido que
vender valores para pagar sus impuestos; estos han sido adquiridos por
inversores estadounidenses. El Gobierno se enorgullece de la mejora del mercado
de valores estadounidense; ¿a costa de quién? Ciertamente, en parte, a costa de
la industria británica. Mientras las empresas tengan que sacrificar activos de
capital, o incluso pedir préstamos para pagar los impuestos actuales, la
industria nunca podrá recuperarse, y cada mes que pasa, el período de
convalecencia industrial se prolonga considerablemente. He observado casos de
empleadores, satisfechos con obtener un pequeño margen de beneficio o ninguno,
pero solo lo suficiente para cubrir los gastos fijos y los costes principales,
que, al enfrentarse a pérdidas seguras debido a la abrumadora carga fiscal, han
decidido deliberadamente, en lugar de invertir capital nuevo, ampliar sus
negocios o añadirles alguna nueva rama industrial que...[239] Han
proporcionado empleo a muchos hombres, quienes depositan su dinero en bancos o
lo invierten en valores de alta calidad. El efecto de tal decisión sobre la
industria y el desempleo es desastroso. Para que la iniciativa y el espíritu
emprendedor, que en este país constituyen el alma de la industria, no
desaparezcan, es necesario reducir rápidamente los impuestos a la industria.
Los empresarios presionan para aliviar la insoportable opresión fiscal mediante
la reducción del tipo impositivo sobre la renta, la exención del superimpuesto
sobre las reservas invertidas en la empresa y la abolición del impuesto sobre
las ganancias de las sociedades. Este último recae íntegramente sobre los
accionistas ordinarios, además del impuesto sobre la renta; los accionistas
preferentes y los tenedores de obligaciones no son multados, sino que reciben
la totalidad de su tipo prescrito de dividendos o intereses, menos el impuesto
sobre la renta. Por lo tanto, el impuesto sobre sociedades actúa como un severo
freno a la iniciativa, especialmente en lo que respecta a la creación de nuevas
empresas y la expansión de las existentes. También existe una creciente opinión
a favor de financiar ciertos gastos nacionales anuales, como las pensiones,
como alternativa a aumentar el gasto necesario mediante impuestos. Sin duda, es
mejor combinar las desventajas del endeudamiento con las ventajas de una
reactivación del comercio que la satisfacción de unas finanzas teóricamente
sólidas con la desventaja de ser superados en la carrera por los mercados
extranjeros por competidores continentales.
Estabilización de
los intercambios
El Partido
Laborista sostiene que el Gobierno puede ayudar significativamente a las
industrias que abastecen nuestro comercio de exportación estabilizando los
mercados bursátiles. Parece contemplar la posibilidad de volver a un sistema
similar al de la "fijación de tipos de cambio", habitual durante la
guerra. La Conferencia Financiera Internacional se pronunció sobre dicho
procedimiento de la siguiente manera:
Los intentos de
limitar las fluctuaciones cambiarias imponiendo un control artificial sobre las
operaciones cambiarias son fútiles y perjudiciales. Si bien son eficaces,
falsean el mercado, tienden a eliminar los correctivos naturales a dichas
fluctuaciones e interfieren con la libre negociación de divisas a plazo, tan
necesaria para que los comerciantes puedan eliminar de sus cálculos un margen
para cubrir el riesgo cambiario, que de otro modo contribuiría al alza de
precios. Además, toda interferencia gubernamental en el comercio, incluido el
cambio, tiende a impedir la mejora de las condiciones económicas de un país, la
única vía para asegurar un intercambio sano y estable.
Por otra parte,
“las actuales condiciones caóticas de los intercambios hacen que el comercio
internacional” —para citar a la Federación de Industrias Británicas— “en lugar
de ser una cuestión de previsión y cálculo razonables, sea un juego de azar, en
el que las reglas y las apuestas cambian constantemente sin la voluntad o el
conocimiento del jugador”.
[240]
No parece que se
pueda hacer mucho para estabilizar los tipos de cambio, salvo ejercer la
presión que sea posible sobre los países extranjeros para que cesen la
inflación imprimiendo papel moneda, equilibren sus presupuestos y estabilicen
sus monedas y las vuelvan a vincular al oro, aunque no necesariamente en la
misma paridad que antes de la guerra, aumentando al mismo tiempo la riqueza
nacional, en la que se basa una moneda sana, incrementando la producción
nacional, disminuyendo el consumo, reduciendo el gasto e impulsando la economía
pública y privada.
Revisión de la
política financiera
Los empresarios
sostienen que el Gobierno debería haber buscado la estabilidad, y no la
inflación ni la deflación, y que la industria se ha visto gravemente
perjudicada por la inestabilidad resultante de la política financiera
gubernamental de deflación con el objetivo de restaurar un patrón oro efectivo.
En cumplimiento de esta política, hacia finales de 1919, el tipo de interés
bancario se elevó del 5 % al 6 %, y el tipo de interés de las Letras del Tesoro
del 4,5 % al 5,5 %; luego, en abril de 1920, el tipo de interés bancario se
elevó aún más al 7 % [19] y el de las Letras del Tesoro al 6,5 %. Se adjunta al Informe del
Comité de Riqueza de Guerra, publicado en mayo de 1920, un Memorándum del
Tesoro que explica la política. Inflación y deflación son términos ambiguos; El
Gobierno ha explicado que los entiende como el aumento o la disminución,
respectivamente, del poder adquisitivo en relación con la cantidad de
mercancías disponibles para la compra, midiendo dicho poder por la cantidad de
depósitos bancarios y moneda en circulación. El Muy Honorable R. McKenna
ofreció una descripción magistral de la naturaleza y el efecto de la política
gubernamental en la industria en la Asamblea General Ordinaria del London Joint
City and Midland Bank, Limited, el 28 de enero de 1921. El Sr. McKenna
estableció la distinción, casi siempre pasada por alto, entre la «inflación
especulativa» —una condición temporal que se puede remediar encareciendo el
dinero y restringiendo el crédito— y la «inflación monetaria» —una condición
más o menos permanente que no se puede remediar de esa manera. Respecto a esta
última, dijo: «El dinero caro y una rígida restricción del crédito, lejos de
ser un medio eficaz para restablecer el comercio a una condición sana, solo
podrían agravar nuestros males». La inflación monetaria se debió a los enormes
préstamos contraídos por el Gobierno durante la guerra.[241] No para
aumentar la producción industrial, sino casi exclusivamente para el consumo.
Como los préstamos seguían pendientes después de consumirse los productos
básicos, se produjo un inmenso aumento del poder adquisitivo en relación con la
cantidad de productos disponibles. El Sr. McKenna señaló que los primeros
efectos de un intento de deflación monetaria serían una grave depresión
comercial, que se manifestaría en una caída de los precios al por mayor, debido
a la ingestión de mercancías por parte de comerciantes incapaces de mantener
sus existencias o que habían fracasado en sus negocios; una disminución de la
producción; una reducción de los precios; un aumento del desempleo; una reducción
del poder adquisitivo de los asalariados, y por consiguiente, una mayor caída
de los precios al por mayor y al por menor; y posteriormente, como consecuencia
de la depresión comercial, una disminución de la renta nacional sin ninguna
disminución de los pasivos permanentes del Gobierno. Para pagar los impuestos,
los comerciantes tendrían que pedir préstamos a sus bancos; para cubrir los
gastos nacionales, el Gobierno tendría que recurrir a préstamos bancarios, y se
produciría de nuevo la inflación crediticia. El señor McKenna demostró de
manera concluyente que la deflación monetaria sólo puede lograrse mediante el
reembolso de los inmensos préstamos gubernamentales, lo que no puede efectuarse
con la imposición de impuestos adicionales, ya que ello traería la ruina
inmediata a nuestro comercio y nuestra manufactura, sino sólo con fondos
conseguidos mediante la más rígida economía en el gasto nacional y aumentando
los productos disponibles para la compra mediante el estímulo de la producción
y del comercio.
Existen remedios
drásticos que curan al paciente de su enfermedad, pero lo dejan muerto por
debilidad general; la deflación monetaria, tal como la practica el Gobierno, es
uno de ellos. No satisface al fabricante cuyas fábricas cierran, ni al
trabajador desempleado, que se le diga que la moneda está recuperando la
paridad de cambio de antes de la guerra. Ven en el Reino Unido y los Estados
Unidos —exponentes de este proceso— una mayor proporción de población
desempleada que en cualquier otro país industrial, y estos son los dos países
más ricos del mundo, con el mayor comercio exterior.
Reconsideración de
la política de reparaciones
Nadie sugiere que
Alemania deba ser eximida del pago de las reparaciones ni que se deba disuadir
al Gobierno de insistir en el pago mediante una quiebra fraudulenta por parte
de Alemania. Al mismo tiempo, es urgente que el Gobierno reflexione con claridad
y actúe con decisión respecto al monto y la modalidad de pago.[242] La
cifra original del Gobierno, de 20.000 millones, resultó ser una
sobreestimación ridícula, posteriormente reducida por el Ultimátum de Londres a
un pago anual máximo de 400 millones. Para realizar el pago, el excedente del
valor de las mercancías vendibles exportadas por Alemania sobre el coste de sus
materias primas y alimentos importados debe ser al menos igual a esa cantidad.
Presionada para obtener dicho excedente, debe necesariamente vender a un precio
inferior al de nuestros fabricantes en los mercados extranjeros, lo que hará y
puede hacer depreciando el marco en moneda extranjera para mantener su valor
externo por debajo de su valor interno. Esto resulta en una prima sobre las exportaciones
alemanas y en la depreciación de nuestros productos básicos en esos mercados.
El discurso razonado del Sr. McKenna ante su banco el 27 de enero de 1922
merece una atención especial. “Antes de que Alemania pueda cumplir con su
obligación total”, afirma el Sr. McKenna, “antes de que pueda desarrollar su
comercio exterior hasta el punto de alcanzar un superávit exportable de 400
millones al año, el comercio exterior de este país, su principal competidor,
debe reducirse a la nada”. Desde una perspectiva económica, continúa señalando
que Alemania puede pagar anualmente “hasta el límite del superávit de
exportación que su comercio le proporciona sin que el valor exterior del marco
sea inferior a su valor interior... puede pagar con productos específicos, que
en nuestro caso podrían incluir azúcar, madera, potasa y otros materiales
indispensables para nosotros, pero que no producimos en absoluto o en
cantidades insuficientes. También puede pagar mediante la entrega de cualquier
valor extranjero que sus ciudadanos posean, siempre que sea posible rastrearlo,
y, si los Aliados están dispuestos a aceptar esta forma de pago, mediante el
empleo directo de su mano de obra en la reconstrucción de las zonas
devastadas”. Es indudable que la vacilación en la política de reparaciones ha
causado graves perjuicios a nuestro comercio exterior.
Deudas entre
aliados
La restauración del
comercio internacional depende también de un reconocimiento sólido y sensato
por parte de los Aliados que son naciones acreedoras de las consecuencias
económicas de exigir el pago de la deuda contraída con ellos por los gobiernos
de las naciones deudoras, junto con las medidas que, en interés de la
civilización y de sus propios países, puedan adoptar para modificarla. Las
deudas de guerra gubernamentales no han producido para ningún país deudor un
aumento de su riqueza nacional; el país deudor solo puede pagarlas con su
capital o sus ingresos. En cuanto a la primera alternativa, ningún país deudor
puede, bajo ningún esquema financiero, pagar.[243] Las deudas de guerra de
su gobierno se pagan con capital, es decir, con valores nacionales o
extranjeros en poder de su Gobierno o de sus ciudadanos, o con saldos de caja a
favor de uno o ambos. Si estas deudas se pagan, debe hacerse con ingresos, es
decir, con el excedente obtenido por la exportación de productos naturales,
bienes manufacturados, servicios y "exportaciones invisibles", tras
el pago de los gastos de producción de dicho excedente, como el coste de la
materia prima, la mano de obra de la manufactura y otros costes de producción y
la prestación de los servicios. Hoy en día, el hecho predominante es que los
excedentes disponibles de las naciones deudoras son insuficientes o
insuficientes para cubrir sus deudas de preguerra. ¿Cómo, entonces, en cada
caso, se incrementará el excedente de forma tan considerable como para cubrir
el nuevo endeudamiento resultante de la Gran Guerra? De una sola manera:
mediante un aumento considerable de la producción y una reducción del nivel de
vida nacional. Nada es más cierto que la absoluta imposibilidad de que un país
deudor pueda pagar sus deudas de guerra con su actual nivel de producción y de
vida. Suponiendo, sin embargo, que fuera factible y que se decidiera obligar a
cada país deudor a generar el superávit necesario, ¿cuál sería el peligro para
el comercio internacional de tales pagos forzosos? El Sr. F. C. Goodenough,
presidente del Banco Barclays, ha explicado la situación con convincente
claridad; su esclarecedora exposición se puede encontrar en The Times del
11 de abril de 1922.
Primero,
consideremos cuánto del excedente necesario puede crearse mediante el aumento
de la producción. Obviamente, esto implica una producción enormemente mayor por
parte del trabajo en cada hora, la introducción de una organización muy
mejorada y de aparatos que ahorran tiempo y trabajo, lo cual, además del nuevo
espíritu que exigiría en la industria, implicaría una pérdida de capital para
su suministro, que, en la actual situación de escasez, no podría satisfacerse,
y una alteración general en los niveles de precios. Nuestra dificultad actual
reside en alcanzar incluso nuestro nivel de producción eficiente y eficaz de
antes de la guerra. Hoy vivimos en gran medida de nuestro capital y no de
nuestros ingresos. Pero, suponiendo que las naciones deudoras puedan pagar en
cierta medida su deuda de guerra mediante un aumento de la producción, es
evidente que no pueden hacerlo en absoluto; deben recurrir, si se ven
presionadas, a una reducción de su nivel de vida, que se lograría
principalmente mediante una reducción de los salarios industriales. Observemos
entonces el efecto sobre las naciones acreedoras. Si se reducen los salarios en
una nación deudora, y los costos de producción se reducen en consecuencia sin
ningún equivalente...[244] Debido a la disminución de la eficiencia del
trabajo, la nación deudora se ve obligada, y si se ve presionada a pagar sus
deudas de guerra, a colocar sus productos manufacturados en mercados
extranjeros a precios considerablemente inferiores a los que puede permitirse
su nación acreedora, con un nivel de vida más alto. Esta competencia desleal no
solo afecta a las naciones acreedoras, sino a todas las naciones que comercian
en los mismos mercados extranjeros competitivos. Pero, si las demás naciones,
bajo la presión de esta competencia, reducen sus costos de producción al mismo
nivel, la nación deudora pierde su posición preferencial en los mercados
extranjeros y deja de estar en condiciones de pagar su deuda de guerra.
Incluso mediante el
aumento de la producción y una reducción del nivel de vida, un país deudor
podría verse imposibilitado de pagar la totalidad de su deuda de guerra. Si se
viera obligado a hacerlo, debería solicitar un préstamo para el saldo anual
adeudado, lo cual rara vez se puede lograr mediante préstamos externos o
internos, sino generalmente mediante el aumento del papel moneda, lo que pronto
conlleva su propia repercusión: la bancarrota nacional. El monto total de las
deudas interaliadas, entre los Estados Unidos de América, Gran Bretaña,
Francia, Italia, Rusia y Bélgica, asciende a 4.000 millones de libras
esterlinas, a los cuales, si se suman los pagos de reparaciones por 6.600
millones de libras esterlinas, asciende a un total de 10.600 millones de libras
esterlinas, que no incluye la deuda de guerra de cada país con sus propios
ciudadanos ni la de los Dominios con Gran Bretaña. Las sugerencias del Sr.
Goodenough fueron eminentemente prácticas: fijar la cantidad a pagar por cada
nación deudora lo antes posible, para disipar la inquietante incertidumbre
actual; crear bonos por el plazo más largo posible, representando el monto
total de su deuda de guerra nacional, y ofrecerlos gradualmente al público para
inversión, con el respaldo de las garantías nacionales del país deudor. Los
bonos entregados por una nación deudora a una nación acreedora, en concepto de
deuda, podrían ser endosados por esta última a otro país, en concepto de deuda
del endosante al endosante, encontrando así un mercado favorable entre los
inversores de todo el mundo. Cada país que emita un bono se vería obligado a
proporcionar un fondo con sus propios impuestos para el reembolso de sus
propios bonos. El plan del Sr. Goodenough requiere una consideración urgente,
ya que toda la cuestión del endeudamiento interaliado requiere una decisión.
Créditos de
exportación
Actuando con
prudencia y cooperando con los empresarios, el Gobierno puede, como lo ha
demostrado la experiencia,[245] Utilizar su crédito de forma beneficiosa
para impulsar el comercio estable entre este país y el extranjero, y para
permitir la realización de obras que generen empleo. Mientras el Gobierno
emplee los mecanismos financieros y comerciales habituales, se podrá contribuir
significativamente a la recuperación del comercio y la industria. El Plan de
Créditos a la Exportación, administrado por el Departamento de Comercio
Exterior, está brindando importantes beneficios a la industria al estimular los
pedidos del extranjero y desarrollar mercados para reemplazar los que se han
perdido permanentemente o que se nos han cerrado temporalmente en países que,
actualmente, son productores potenciales de materias primas intercambiables por
las que producimos. La garantía de préstamos, tan hábilmente administrada por
el Comité Asesor en virtud de la Ley de Facilidades Comerciales de 1921, está
impulsando significativamente la solidez de las actividades comerciales.
Reducir los costos
de producción
Pero, al fin y al
cabo, vivimos en un paraíso de ingenuos si creemos que, incluso alcanzado el
equilibrio y la estabilidad financiera, podremos competir en los mercados
extranjeros con nuestros actuales costes reales de producción.
Los salarios constituyen la mayor parte de los costes de producción en todas
las industrias, y deberán reducirse: el nivel de vida de 1920-21 no puede
mantenerse. Los empleadores también deben aceptar un nivel de beneficios más
bajo. Debe haber igualdad de sacrificios para todos. El Partido Laborista
argumenta que la reducción de los salarios en la industria implica una
disminución del poder adquisitivo nacional y, en consecuencia, una mayor
depresión comercial. Esto solo es cierto cuando existe una demanda efectiva a
los precios actuales para la producción industrial. El objetivo ahora es
reducir los costes para llegar a un precio al que la demanda sea efectiva. Las
absurdas expectativas de la clase trabajadora de obtener después de la guerra
un nivel de vida superior al que disfrutaban antes de ella se debieron en gran
medida a las imágenes absolutamente imposibles —y a veces grotescas— que
pintaban los miembros del Gobierno sobre "la bonanza que se avecina".
Estas reducciones de costos mediante reducciones de salarios y ganancias pueden
ser inmediatas; cualquier reducción en los costos de producción mediante
mejoras en la administración, la organización y la planta o aumentando la
eficiencia de la producción laboral, si bien es necesaria para el bienestar
permanente de la industria, actúa demasiado lentamente para la emergencia
actual.
[246]
CAPÍTULO XXIII
LA CORRECTA RELACIÓN DEL GOBIERNO CON LA INDUSTRIA
2. La posición
normal del gobierno en relación con la industria—Regulación de las condiciones
de las fábricas—Conciliación y no intervención—Protección de la
comunidad—Salarios en las industrias no organizadas—Investigación
industrial—Necesidad de un verdadero Ministerio del Trabajo—Regulación de las
combinaciones y los monopolios.
2. LA POSICIÓN
NORMAL DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA INDUSTRIA
Debemos ahora
considerar la relación del Gobierno con la industria en tiempos normales. La
nacionalización de industrias específicas y su posterior gestión como
industrias estatales o bajo un sistema diferente al actual son cuestiones
constitucionales que el Gobierno en el poder debe decidir, de acuerdo con lo
que considere la voluntad popular. Que el autor de este libro se opone
firmemente a la nacionalización como principio general de organización
industrial es evidente por lo ya escrito y por las razones expuestas. Sin
embargo, suponiendo que no se nacionalice una industria, sino que esta continúe
bajo una base reformada de propiedad privada, es importante analizar bajo qué
circunstancias el Gobierno debería intervenir en cualquier cuestión que afecte
a la administración y el control de dicha industria, o, de hecho, de todas las
industrias en general. Nuestra experiencia reciente con la dirección
gubernamental de las industrias, tanto durante como después de la guerra, nos
ayuda a responder a esta pregunta. Si, como durante la guerra, se debe
organizar un gran suministro de municiones de inmediato y mantenerlo
independientemente de cualquier consideración de economía y eficiencia
industrial, probablemente no quedaría otra opción que el gobierno de turno controlar
las industrias en cuestión; pero, en tiempos normales, cuando la economía de
producción es imperativa, la eficiencia industrial esencial y la administración
emprendedora y con visión de futuro de suma importancia, la dirección del
gobierno ha demostrado ser completamente inútil. Los empleadores y los
sindicatos están firmemente de acuerdo en esto.[247] El control
gubernamental de la industria implica ineptitud, incompetencia, extravagancia y
confusión en todos los ámbitos. Por lo tanto, podemos enfatizar esto como el
primer principio cardinal que rige la relación del Gobierno con la industria:
que son pocas y raras las circunstancias que justifican la intervención del
Gobierno en la administración y el control económico de cualquier industria.
Reglamento de las
Condiciones de Fábrica
Sin embargo, el
Gobierno está obligado a ejercer su derecho a intervenir para prevenir la
existencia y, cuando surjan, eliminar las condiciones laborales perjudiciales
para la salud y el bienestar de los trabajadores en su conjunto o de un sector
en particular. Esta es una acción que todo gobierno siempre respaldaría con la
plena aprobación de la conciencia social. De no ser por la intervención del
Gobierno en tiempos pasados, las condiciones deshumanizantes que acompañaban al
trabajo infantil y al empleo de mujeres en los talleres nunca se habrían
eliminado, y las fábricas inglesas no serían hoy como son, las primeras del
mundo en materia de salud, saneamiento y buenas instalaciones. A principios del
siglo pasado, cuando se propuso por primera vez la legislación fabril, los
empleadores de una gran ciudad lanera de Yorkshire acudieron en una delegación
formal a Londres para protestar porque, si la Ley del Parlamento interfería con
su libertad de emplear a su antojo a niños pequeños en sus fábricas de lana durante
las horas que consideraran convenientes, se asestaría un golpe mortal al
comercio de Inglaterra. Esos días han pasado, y con ellos, esa clase de
empleador.
Bajo las Leyes de
Fábricas y la experta y perspicaz supervisión de los Inspectores de Fábrica del
Ministerio del Interior, se ha hecho muchísimo para promover la salud de los
trabajadores, la seguridad en sus ocupaciones y la protección contra riesgos prevenibles.
Solo los empleadores individualistas más recalcitrantes —y pocos de ellos
quedan— se oponen a una regulación estatal sólida y razonable en asuntos como
estos. La acoge con agrado para su propia protección.
Conciliación y no
intervención
Es más bien en lo
que respecta a los conflictos laborales sobre salarios y condiciones de empleo
donde el Gobierno es demasiado propenso a intervenir. Siempre debe existir un
Ministerio de Trabajo que se mantenga en estrecho contacto con los conflictos laborales.
Dicho Ministerio, si bien debería, en primera instancia, dejar que los
empleadores y los empleados discutan los asuntos a través del mecanismo de
conciliación.[248] que existe en cada industria en particular, pero que,
mediante una acción discreta e imparcial, puede realizar una labor muy valiosa
para suavizar las rupturas en las negociaciones cuando ninguna de las partes,
por motivos de dignidad o estrategia, cede. Esto es completamente distinto a
que el Gabinete intervenga precipitadamente. El público nunca sabrá hasta qué
punto se ha preservado la armonía laboral en este país en momentos de tensión
gracias a los esfuerzos de conciliación realizados por el Ministerio de Trabajo
y su predecesor, el Departamento de Conciliación de la Junta de Comercio, y a
veces en las mayores dificultades. En ocasiones, cuando el Ministerio había
acordado entre empleadores y sindicatos una fórmula para la solución de un
conflicto salarial o el fin de una huelga u otra controversia laboral, los
líderes recalcitrantes de algún sindicato, en alianza temporal con otros
espíritus turbulentos, se apresuraban a ser enviados al Gabinete en el número
10 de Downing Street, y rara vez se les denegaba la entrada. Con frecuencia, el
Gabinete sugería otras condiciones para la paz, probablemente más favorables
para los trabajadores que las acordadas por el Ministerio de Trabajo. Los
resultados fueron desastrosos, el prestigio del Ministerio sufrió una grave
recaída, la reputación de los líderes sindicales que llegaron a un acuerdo con
el Ministerio quedó dañada a los ojos de sus miembros casi irremediablemente,
la sección rebelde del sindicato recibió una publicidad rotunda a expensas del
gobierno constitucional industrial: no hay forma más segura de sembrar las
semillas de la disrupción y la indisciplina en ningún sindicato.
Protección de la
Comunidad
Pero se preguntará
qué sucederá cuando los empleadores y sindicatos involucrados en nuestras
grandes industrias nacionales se nieguen a unirse. En ese caso, el Gobierno, a
través del Ministerio de Trabajo, debe, como este último lo ha hecho con tanta
frecuencia con tacto y eficiencia, esforzarse por llevar a ambas partes a una
conferencia. Esto generalmente se puede lograr. El Ministerio tiene la
facultad, en virtud de la Ley de Tribunales Industriales de 1919, de nombrar un
Tribunal de Investigación, pero esta facultad en la práctica es de poca
utilidad a menos que ambas partes estén de acuerdo. Sin embargo, siempre se
puede confiar en que la opinión pública resentirá firmemente que los
empleadores y los sindicatos se mantengan a distancia; pero antes de que pueda,
o quiera, operar, debe hacerse un esfuerzo claro y decidido para ponerlos en
contacto. Una vez iniciadas las negociaciones, pueden culminar en un acuerdo o
terminar en una ruptura, de modo que una huelga o un cierre patronal parezca
inevitable. En ese caso, generalmente solo hay una solución viable que el
Gobierno puede seguir: remitir de inmediato la disputa al Tribunal Industrial,
a través del Departamento Gubernamental correspondiente, y obtener
su...[249] Una decisión imparcial y experta sobre el asunto. Que una o
ambas partes se sometan al arbitraje del Tribunal es puramente voluntaria; en
este país no existe un arbitraje laboral obligatorio. Ha fracasado en Canadá y
Australia; fracasó desastrosamente aquí durante la guerra. Si se obliga a los trabajadores
a aceptar un laudo, los empleadores deben verse obligados, si el Tribunal así
lo decide, a continuar sus trabajos con pérdidas. Pero el público no tiene
paciencia con ninguna parte en un conflicto salarial que no acepte que su
reclamación sea sometida a un tribunal independiente, o que, habiendo aceptado
la sumisión, se niegue a aceptar el laudo. Una de las funciones actuales más
importantes de dicho tribunal es analizar la reclamación y determinar hasta qué
punto es una auténtica demanda industrial o forma parte del programa
revolucionario de extremistas para exprimir al máximo las ganancias privadas de
la industria con el fin de imponer la «nacionalización y el control
democrático» o algún otro plan socialista predilecto. El único camino fatal es
que el Gabinete intente gestionar los conflictos laborales por sí mismo.
Aun así, tras o sin
una investigación del Tribunal Industrial, puede producirse una huelga o un
cierre patronal. En ese caso, el deber primordial del Gobierno es mantenerse
firme, rechazar toda concesión y proteger a la comunidad; nada menos es
suficiente para mantener el orden social. Con demasiada frecuencia, empleadores
y sindicatos creen complacientemente que el Gobierno debería mantenerse al
margen y dejar que se enfrenten a la opinión pública postrada. Al decir esto,
olvidan los intereses primordiales de la comunidad. Todo principio de gobierno
democrático niega el derecho de un sector de la comunidad a intentar imponer su
voluntad arbitraria, y cuando, al rechazar un arbitraje independiente y luego
convocar una huelga o un cierre patronal, lo hace, es evidente deber del
Gobierno garantizar la continuidad de los servicios públicos y mantener una
organización mínima para tal fin. Esto no equivale a actuar como rompehuelgas
entre empleadores y empleados. Pero que las medidas para proteger a la comunidad
no se tomen a escondidas. ¿Por qué habría de haber secretismo al respecto? La
obligación e intención del Gobierno de actuar siempre así debe afirmarse
abiertamente. Dado que el Partido Laborista ha adoptado oficialmente la
política antisocial de la "acción directa", la Ley de Disputas
Laborales de 1906 debería derogarse. Cualquiera que sea la razón de
conveniencia política —no la hubo ni en derecho ni en la lógica— que justifique
la aplicación de la Ley a los casos de huelgas económicas entre empleadores y empleados,
no queda pretexto para mantenerla en casos de huelgas contra la comunidad,
especialmente cuando se ha rechazado una investigación independiente. El
Gobierno puede medir con éxito su[250] fuerza contra cualquier huelga de
ese tipo, siempre que se dé la mayor publicidad posible a los asuntos, pues la
opinión pública siempre dividirá como una cuña de acero la solidaridad de esa
acción antisocial.
Salarios en
industrias no organizadas
Un tipo particular
de cuestiones salariales exige la intervención del Gobierno. En industrias bien
organizadas, donde existen organizaciones que representan eficazmente a
empleadores y empleados, los salarios y las condiciones laborales deben quedar
sujetos a la negociación colectiva. Sin embargo, existen muchas industrias tan
dispersas en el país o sujetas a condiciones tan incompatibles con una buena
organización que imposibilitan la negociación colectiva. En ellas, deben
garantizarse salarios y condiciones mínimas razonables, y el Gobierno tiene el
deber de velar por que se implementen, a menos que esté dispuesto a aceptar la
explotación laboral. Hasta la fecha, la disposición ha adoptado la forma de una
Junta de Comercio para la industria, amparada por la Ley de Juntas de Comercio,
y no cabe duda de que este tipo de organización debe continuar en los casos
pertinentes. Se han formulado numerosas críticas contra las Juntas de Comercio,
sobre las cuales el Comité de Lord Cave [20] ha presentado un informe completo. Desde su creación hasta la
guerra, las Juntas de Comercio, en general, tuvieron éxito. Las deficiencias
que posteriormente se desarrollaron en el sistema se debieron a que las
extensas Juntas de Comercio, constituidas inmediatamente después de la guerra,
carecían de la experiencia y la tradición de las antiguas; sus presidentes y
miembros independientes eran, en su mayoría, personas sin experiencia práctica
en problemas industriales, y necesariamente de esa categoría, debido al gran
número de puestos que debían cubrirse. No se limitaron a prescribir salarios y
condiciones mínimas —su función propia— para evitar condiciones de explotación,
sino que intentaron regular los salarios y condiciones reales, un asunto muy
distinto. También aplicaron las normas de tiempos de guerra a las
circunstancias de tiempos de paz, lo que, naturalmente, sumió en graves
dificultades a una industria naciente y en apuros.
Investigación
industrial
La investigación
industrial se vuelve cada día más esencial para el progreso industrial. Se ha
desarrollado en mayor medida en Alemania y los Estados Unidos de América que
entre nosotros. Gran parte de la prosperidad industrial en esos dos países se
debe al establecimiento de asociaciones y, de hecho, de
gran...[251] Departamentos desarrollados por empresas individuales para la
investigación industrial. Se está haciendo mucho, y aún queda mucho por hacer,
por empresas individuales y asociaciones comerciales en este país en este
sentido. Sin duda, este tipo de trabajo puede llevarse a cabo con mayor
eficacia de esta manera que por cualquier departamento gubernamental, pero, al
mismo tiempo, se requiere un departamento gubernamental que coordine y
estimule, en lugar de controlar, estos esfuerzos privados. De esta manera, el
Departamento de Investigación Científica e Industrial está realizando una labor
muy valiosa. Este siempre será un ámbito importante para la actividad
industrial del Gobierno.
Necesidad de un
verdadero Ministerio de Trabajo
Si queremos tener
una administración laboral eficaz y eficiente, es esencial un Ministerio de
Trabajo. Quienes piden la abolición del Ministerio son verdaderos neófitos en
el arte del gobierno industrial. Creyentes convencidos, supongamos que lo son,
del principio de laissez-aller , en realidad creen que si el
Ministerio desapareciera se acabaría toda intervención del Gobierno entre
empleadores y empleados. ¡Qué crítica tan desinformada! Olvidan que el
Ministerio del Interior tiene el control de la administración de las Leyes de
Fábricas, un asunto que abarca las condiciones laborales y el bienestar de los
trabajadores y que llega directamente a la raíz del problema laboral. Omiten
notar que el Departamento de Minas de la Junta de Comercio ejerce la supervisión
de las condiciones de empleo y los salarios de los mineros; que el Ministerio
de Agricultura es responsable de los Comités Conjuntos de Conciliación que
tratan cuestiones exactamente similares en la agricultura; Que el Ministerio de
Transporte haga lo mismo en el servicio ferroviario, y que el Ministerio de
Salud tenga jurisdicción sobre el seguro médico, gestionado en gran medida por
las secciones de las Sociedades Autorizadas de los Sindicatos, y sobre la
administración de la ayuda de la Ley de Pobres, que tan cerca está del problema
del desempleo. Es cierto que estas diversas jurisdicciones se mantendrán; no
podría ser, y de hecho no se sostiene, de otra manera. Sin embargo, el
Ministerio de Trabajo desaparecerá, y sus responsabilidades —seguro de desempleo,
juntas comerciales, bolsas de trabajo, conciliación de conflictos laborales,
coordinación de la administración laboral en este país de conformidad con la
Organización Internacional del Trabajo creada por el Tratado de Paz— se
extinguirán o se añadirán como apéndices de otros departamentos. La situación
resultante es demasiado ridícula para contemplarla. En tales circunstancias, el
Gobierno nunca podría recibir asesoramiento sobre una administración y una
política coherentes.[252] En relación con cualquier cuestión laboral, se
perdería el contacto continuo con las federaciones sindicales representativas;
habría tantas opiniones como departamentos implicados. Siempre que una huelga
nacional fuera inminente en cualquier gran industria, el Gobierno tendría que
organizar un comité improvisado de los departamentos involucrados en materia
laboral —probablemente pocos de ellos remotamente relacionados con la industria
afectada— e intentar desarrollar una política ad hoc . Aún
sufrimos las consecuencias de este tipo de acciones oportunistas y no queremos
que se repitan. Y cuando la intervención del Gobierno en una huelga nacional se
haga inevitable para la protección de la comunidad, sería un hombre audaz quien
preferiría negociaciones del Gabinete, sin principios establecidos ni
experiencia en las condiciones industriales, a negociaciones del Ministerio de
Trabajo, que sí gestiona estos asuntos con principios establecidos, consciente
de la interconexión entre el comercio y el efecto que una concesión como la del
12,5 % tiene. la bonificación a una sección de la industria produce beneficios
para todas las demás secciones, y aprecia el peligro de resolver las huelgas de
la misma manera que se resolvió la huelga del carbón de Gales del Sur de 1915.
La amarga
experiencia ha demostrado ampliamente que ninguna rama de la actividad humana
necesita con mayor urgencia una administración uniforme y consistente que el
trabajo. Si bien empleadores y empleados deben resolver sus propios conflictos,
en la medida de lo posible, llega inevitablemente una etapa en la que la
resolución, o la falta de ella, afecta profundamente a la comunidad. Es
entonces cuando entran en juego las funciones de un Ministerio de Trabajo
debidamente constituido. Si se desea que el sector público se convierta en un
simple campo de juego entre empleadores y empleados, entonces hay que abolir el
Ministerio. Lejos de abolirlo, en mi opinión, debería consolidarse y dotarse de
mayores poderes. Debería convertirse, de hecho, no solo en nombre, en un
verdadero Ministerio de Trabajo. Todas las competencias de los demás
departamentos gubernamentales relacionados con el trabajo deberían transferirse
a él, de modo que existiera un departamento central encargado y responsable de
la administración de todo el trabajo en este país. Gran parte de la
desorganización laboral durante la guerra, que se ha utilizado como argumento
para la abolición del Ministerio de Trabajo y en derogación de los grandes
servicios nacionales prestados por éste, se debió enteramente a este choque
entre diferentes departamentos con respecto a la administración del trabajo: el
Almirantazgo compitiendo contra el Ministerio de Municiones pagando salarios
más altos a la misma clase de hombres y resolviendo las huelgas en términos más
ventajosos para los trabajadores;[253] La Junta de Salarios Agrícolas del
Ministerio de Agricultura elevó los salarios de los trabajadores agrícolas a un
nivel que molestó a los mozos de ferrocarril rurales que provenían de ella. Se
podrían citar innumerables ejemplos más, todos directamente relacionados con la
subdivisión de la administración laboral entre diversos departamentos
gubernamentales hostiles. Cabe recordar que, a principios de 1917, cuando el
Ministerio de Trabajo, originalmente concebido por el Congreso de Sindicatos,
fue creado por el primer Gobierno de Coalición del Sr. Lloyd George, se
pretendía transferirle todas las competencias laborales de los demás
departamentos gubernamentales. Esto fue ferozmente resistido por todos los
departamentos a los que se propuso despojar de sus poderes, con gran éxito.
Como resultado de esa guerra interna, el actual Ministerio de Trabajo no es,
por desgracia, más que una versión emasculada del departamento central,
plenamente dotado, que el Sr. Lloyd George sabiamente tenía en mente. Lo
sorprendente es que haya tenido tanto éxito con tan decepcionante limitación de
poderes. Pero, además de la administración laboral nacional, nos veremos
envueltos en graves complicaciones internacionales y graves dificultades
internas si no mantenemos un contacto adecuado con la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), que ejerce actualmente una influencia
considerable sobre la legislación y la administración laboral en todos los
países miembros de la Sociedad de Naciones, y no se expresan adecuadamente los
intereses del país en ella. Esto es imposible de gestionar si la
responsabilidad se reparte entre media docena de departamentos gubernamentales
parcialmente interesados y totalmente descoordinados.
Si las secciones
laborales de otros departamentos gubernamentales se unieran al Ministerio de
Trabajo, se podrían lograr importantes ahorros: se podrían combinar las
inspecciones de fábrica y de las juntas comerciales; también podrían fusionarse
las inspecciones de salud y desempleo; de hecho, una sola inspección central
podría desempeñar perfectamente los cuatro tipos de funciones de inspección.
Estos son solo algunos ejemplos. Las diversas funciones laborales desempeñadas
por los diferentes departamentos gubernamentales son tan evidentemente
idénticas que resulta inconcebible que se tolere la superposición existente. Es
lo único en nuestra administración laboral que escapa a la comprensión de los
críticos extranjeros.
Algunos de los que
sugieren la abolición del Ministerio de Trabajo proponen constituir en su lugar
un Consejo Industrial Nacional, integrado por un número igual de representantes
de las asociaciones de empleadores y de los sindicatos, con un presidente.[254] Nominado
por el Gobierno, según lo recomendado en el Informe del Comité Mixto
Provisional de Empleadores y Sindicatos a la Conferencia Industrial, convocada
por el Gobierno el 27 de febrero de 1919, cuando la huelga minera amenazaba con
estallar. El Consejo Industrial Nacional tendría la responsabilidad de formular
recomendaciones sobre asuntos industriales controvertidos. Si los sindicatos se
comprometen de buena fe a utilizar dicho Consejo, o Parlamento
de la Industria, como a veces se le denomina, para promover las buenas
relaciones entre empleadores y empleados, su creación sería valiosa. Esto
implica la permanencia del empleador privado en la industria. Pero, por otro
lado, si los sindicatos pretenden trabajar por la eliminación del empleador
privado de la industria, como declararon en el Memorándum ( véase pág. 59 ) adjunto por el Muy Honorable Arthur Henderson al Informe del
Comité Mixto Provisional, la creación de un Parlamento de la Industria sería
una farsa y simplemente degeneraría en un medio organizado para el verdadero
fin de los sindicatos. En cualquier caso, el alcance de un Consejo Nacional
Conjunto es limitado. Ningún sindicato aceptará la opinión de otros sindicatos
sobre sus asuntos internos; imaginemos que los caldereros aceptan la decisión
de fontaneros, electricistas e instaladores sobre la delimitación del trabajo
de los caldereros. De hecho, mineros, ferroviarios y trabajadores del
transporte se ausentaron de la Conferencia Industrial de 1919. Además,
empleadores y sindicatos siempre estarán de acuerdo, para grave desconcierto
del Gobierno, en reformas cuyos gastos no recaigan en la industria, sino en
fondos nacionales; sin embargo, la cuestión de dichos gastos seguramente debe
reservarse exclusivamente al Parlamento. El Ministerio de Trabajo siempre
cuenta con el Consejo General para consultar, que representa a la totalidad de
los sindicatos, y con la Confederación Nacional de Organizaciones
Empresariales, reforzada para consultar con cualquier organización empresarial
ajena a dicha Confederación. Si el Gobierno desea una conferencia conjunta con empleadores
y sindicatos, esta se puede organizar fácilmente.
Regulación de
Combinaciones y Monopolios
La asociación es
inherente al progreso industrial; el Partido Laborista lo reconoce plenamente.
La adenda al Informe del Comité de Trusts ( Documento Parlamentario ,
1919, Cd. 9236), firmada (entre otros) por miembros fieles del Partido
Laborista como los señores Bevan y Sidney Webb, afirmaba: «Debemos reconocer
que la asociación y la combinación en la producción y la distribución son pasos
hacia una mayor eficiencia,[255] “El aumento de la economía y la mejor
organización de la industria; consideramos esta evolución como inevitable y
deseable”.
Este hecho obliga
al Gobierno a proteger al público consumidor contra la explotación por parte de
asociaciones y monopolios. Los principios que deben regir dicha acción
protectora se indican en el Informe de este Comité, que ha recibido la
aprobación oficial de la Federación de Industrias Británicas. En resumen, se
encomienda a la Junta de Comercio la tarea de investigar cualquier queja
razonable, remitir cualquier cuestión derivada de su investigación a un
tribunal especial para su investigación e informe, y recomendar al Gobierno
medidas para remediar cualquier agravio que el tribunal determine. La
Federación insiste, con razón, en dos salvaguardias: primero, evitar cualquier
restricción que perjudique la posición de la industria británica en el comercio
de exportación, y, segundo, advertir contra cualquier comunicación a
competidores extranjeros de información relativa a asociaciones o asociaciones
comerciales británicas. Algunos funcionarios públicos han sugerido que se
impongan límites legales a los dividendos de las empresas industriales. En el
pasado se han impuesto restricciones de ese tipo al pago de dividendos por
parte de empresas que suministran, en virtud de poderes de monopolio legal,
bienes de consumo público como gas y agua, pero la historia económica muestra
de manera concluyente que cualquier cosa que consista en una limitación legal
de los dividendos para empresas que no abastecen a un monopolio sino que
comercializan su producto en un mercado competitivo es gravemente destructiva
de la eficiencia y de la iniciativa empresarial.
[256]
CAPÍTULO XXIV
LA CORRECTA RELACIÓN ENTRE EMPLEADORES Y EMPLEADOS
1. SATISFACCIÓN EN LA INDUSTRIA ( a )
Previsión contra el
desempleo—Igualación de la demanda de mano de obra—Seguro contra el
desempleo—Necesidad de una organización de búsqueda de empleo—Seguro por parte
del Estado o la industria—Seguro estatal—Seguro por industria o
industrias—Reforma del actual sistema de ayuda al aire libre—Seguro de
desempleo por parte de las empresas.
La reforma de la
relación entre empleadores y empleados en la industria implica tres cosas:
asegurar la satisfacción, lograr la cooperación y aumentar la producción; estas
constituyen la trinidad dinámica. Solo cuando se logra la satisfacción, la
cooperación es posible; sin cooperación, nunca puede haber una producción
eficiente; solo la producción puede generar la prosperidad, que es la única
fuente de la capacidad financiera de cualquier industria para pagar salarios
altos y mantener buenas condiciones de empleo. La satisfacción no significa
estancamiento; significa voluntad de progresar bajo un sistema aceptado; en
otras palabras, evolución.
( a )
Disposición contra el desempleo
Si queremos
asegurar la satisfacción en la industria, sin duda el primer asunto que debemos
abordar es el desempleo. Es necesario distinguir entre el desempleo normal
—resultado de depresiones estacionales o cíclicas en el comercio, derivadas de
circunstancias bien conocidas en la industria, ya sea que afecten al mundo en
general, sean peculiares de algún país en particular o específicas de alguna
industria nacional— y el desempleo anormal derivado de la Primera Guerra
Mundial. Ahora estamos considerando el desempleo normal. Ya hemos analizado en
el Capítulo XXII qué debería hacer el Gobierno para abordar el desempleo
anormal ocasionado por la guerra.
Igualación de la
demanda de trabajo
En lo que respecta
al desempleo normal, sólo se pueden hacer dos cosas: primero, reducir, en la
medida de lo posible,[257] Las fluctuaciones en la demanda de mano de obra
entre un año y otro, y entre una temporada del año y otra del mismo año, y, en
segundo lugar, para asegurar la mejor provisión económicamente viable para el
mantenimiento, durante períodos de depresión económica, de las personas
desempleadas o subempleadas. Es sumamente difícil "igualar la demanda de
mano de obra". En el comercio ordinario, esto es un asunto que escapa en
gran medida al poder del Gobierno, los empleadores o los sindicatos. Es uno de
los privilegios reservados al consumidor. Las únicas direcciones en las que se
puede tomar una acción fructífera son establecer un sistema como el que existe
en la Bolsa de Trabajo o el de ciertos sindicatos, mediante el cual el
trabajador desempleado pueda ponerse en contacto con el empleador que necesita
mano de obra de su descripción específica, y organizar la ejecución de obras
públicas por parte de los departamentos gubernamentales o las autoridades
locales, y la fabricación de suministros o equipos para fines públicos, cuya
cantidad sea más o menos estándar, de modo que, posponiendo algunos y
acelerando otros, se pueda avanzar hacia una demanda de mano de obra más
uniforme, tanto en épocas de bonanza como de crisis. Pero los límites dentro de
los cuales esta política es practicable son mucho más estrechos de lo que
generalmente se cree, e inmensamente más restringidos de lo que sugiere el Partido
Laborista.
Seguro contra el
desempleo
Aunque prevenir el
desempleo es imposible, afortunadamente se puede hacer mucho para mitigar sus
males cuando ocurre. Bajo ningún sistema de organización industrial —a pesar de
las afirmaciones del Partido Laborista de que con su reconstrucción socialista
no habría desempleo— se puede garantizar a nadie un trabajo continuo. Sin
embargo, es posible distribuir los ingresos de la industria tanto en épocas de
bonanza como en épocas de crisis, de modo que cuando estas últimas sobrevengan,
el trabajador reciba algo para vivir. Esto no es una ayuda social, como algunos
la llaman, sino más bien una especie de pago diferido. Con esto en
funcionamiento, se pondría fin a lo que el Partido Laborista denomina el
"sistema salarial". El trabajador ya no recibiría salario solo por el
tiempo que esté empleado, sino que recibiría un salario por el tiempo que
trabaje y también por el tiempo que no pueda trabajar debido a la crisis
económica. En todas las industrias debe haber, tanto del lado de los
trabajadores como del empleador, una reserva de capacidad productiva para
satisfacer las demandas pico, y todos los empleadores, con pocas excepciones,
reconocen que es su deber aplicar parte de las ganancias de los buenos tiempos
a la producción.[258] El mantenimiento de esta reserva de mano de obra en
su industria cuando se encuentre desempleada fuera de las horas punta, y del
conjunto de la mano de obra cuando esté desempleada o subempleada en épocas de
crisis económica. Pero la previsión contra el desempleo debe ser un fondo
conjunto al que tanto el empleador como el trabajador contribuyan durante las
épocas de bonanza.
Necesidad de una
organización de búsqueda de empleo
Como complemento a
cualquier plan de previsión contra el desempleo, debe existir una organización
eficaz cuya función sea determinar dónde existen vacantes para trabajadores que
permitan la incorporación de personas desempleadas. Obviamente, esto es necesario
tanto para el interés de la industria como para la solvencia actuarial del
fondo de previsión contra el desempleo. Desafortunadamente, siempre habrá un
número considerable de personas que prefieran no trabajar, pero que, aun así,
reciban remuneración.
Seguros por estado
o industria
La siguiente
pregunta es: ¿quién se hará cargo de la previsión para el desempleo? ¿Será el
Estado o la industria, es decir, todas las industrias actuando colectivamente,
o cada industria por sí misma, o las empresas individuales? Analizaremos estos
casos por separado.
Es característico
de la época que, cuando las personas han omitido hacer lo que debían y se
encuentran en dificultades debido a su omisión, recurran al Estado para
remediar su deficiencia. Dejando de lado la cuestión de si el Estado, con sus
propios recursos financieros, debería aportar alguna contribución al fondo
aportado por empleadores y empleados para la previsión contra el desempleo, la
administración gubernamental del fondo es necesariamente menos eficiente y más
costosa que la administración por parte de industrias o empresas. The
Times del 25 de enero de 1922 publicó algunas cifras impactantes. Un
representante de la British Xylonite Company declaró ante la Federación
Nacional de Sociedades de Empleados que la administración del plan de seguro de
desempleo de su empresa costaba solo 334 libras por cada 10.000 libras, frente
a las 1.000 libras del Gobierno por cada 10.000 libras. Sin embargo, cabe
recordar que el plan gubernamental debe cubrir diversos gremios: organizados,
semiorganizados y no organizados en absoluto. Pero aún así, después de tener
debidamente en cuenta ese hecho, no parece haber duda de que un plan
gubernamental necesariamente, debido a la incapacidad de mantener una
supervisión estrecha, brinda oportunidades de despilfarro y abuso que no
surgirían con un sistema de control más estrecho.
[259]
Seguro estatal
Se han descrito los
detalles del plan gubernamental. Las Bolsas de Trabajo, a pesar de las grandes
dificultades, han llevado a cabo la administración con eficiencia, pero nadie
con experiencia en las condiciones industriales de los últimos dos años podría
ignorar que la administración del seguro de desempleo no es una tarea que deba
asumir ningún departamento gubernamental. La función del Estado es velar por
que se tomen todas las medidas posibles contra el desempleo, pero no asumir la
tarea en sí. En 1920, el Ministro de Trabajo nombró una Comisión de
Investigación para investigar e informar sobre las Bolsas de Trabajo. La
mayoría de los miembros de dicha Comisión informaron que «la administración del
seguro de desempleo por parte de las industrias en nombre de sus propios
afiliados era, en definitiva, el sistema más deseable, sobre todo desde la
perspectiva de obtener conocimientos técnicos en la colocación de trabajadores,
fomentar el orgullo corporativo en cada industria y fomentar la responsabilidad
por el desempleo en la industria». El Comité Geddes ha recomendado que se siga
explorando esta cuestión, y el Ministro de Trabajo está tomando medidas para
ello.
Seguros por
industria o industrias
Que la industria
cubra su propio desempleo es obviamente razonable. El contribuyente no tiene
control sobre las condiciones laborales, ni sobre los salarios que se pagan, ni
sobre las condiciones de empleo vigentes, y en estos asuntos la industria no
tiene responsabilidad alguna ante el contribuyente. ¿Debería esta provisión ser
realizada por cada industria en particular o por la industria en su conjunto?
Sería imposible crear un plan bajo el cual cada industria cubriera su propio
desempleo. Hay muchas industrias, desde las más organizadas, con empleadores y
sindicatos que actúan, y están acostumbrados a hacerlo, colectivamente y con
cierta experiencia en la tasa de desempleo, hasta industrias que carecen de
organización alguna, de mecanismos colectivos para el funcionamiento de un
fondo de seguros y de conocimiento de su propio desempleo. Solo una industria
altamente organizada podría encargarse de cubrir a sus propios desempleados, y
no todas las industrias altamente organizadas, sino solo unas pocas seleccionadas,
aquellas que están claramente separadas de otras industrias. Para todos,
excepto para los iniciados, es sorprendente cómo las industrias están
interconectadas. Si tomamos, por ejemplo, la industria de la ingeniería e
industrias como la siderúrgica,[260] Tuercas y tornillos, piezas de
bicicleta e innumerables productos más, existe un gran intercambio de mano de
obra, especialmente de mano de obra no cualificada. Una gran tienda del West
End se dedica a cincuenta o sesenta industrias diferentes. ¿Cómo se separarían
sus intereses en cada industria? Sin duda, resulta ventajoso para una industria
bien organizada y claramente delimitada contar con su propio seguro de
desempleo, en comparación con la participación en un plan estatal.
Sir Alfred Watson,
Actuario del Gobierno, ante la Comisión de Investigación sobre las Bolsas de
Trabajo, señaló el gran beneficio financiero que representaría para las
principales industrias contar con su propio seguro de desempleo, y se refirió
al amplio margen disponible para cubrir los costos reales de las prestaciones.
En un interesante folleto publicado sobre el "Seguro de Desempleo",
el Sr. Henry Lesser, presidente de la Federación Nacional de Sociedades
Autorizadas de Empleados, afirma que en una empresa industrial, empleadores y
empleados pagan más de 22.000 libras esterlinas al año en concepto de Plan
Nacional de Seguro de Desempleo, pero que, en circunstancias normales, los
empleados de esa empresa en particular no reciben en total más de 800 libras
esterlinas al año en concepto de subsidio por desempleo, un caso, afirma, que
puede considerarse típico de toda la industria en cuestión.
Una ventaja
destacada que resultaría de que cada industria implementara su propio seguro de
desempleo sería la sensación que, sin duda, generaría tanto en empleadores como
en sindicatos de su responsabilidad por el funcionamiento conjunto de la
industria, y el efecto que sin duda tendría en la creación de un mejor ambiente
entre ambas partes y entre los trabajadores, quienes ya no sentirían que se les
contrata y despide solo según convenga a los intereses de la empresa. Se
debería realizar una investigación exhaustiva sobre qué industrias podrían
asumir su propio seguro de desempleo y si es mejor que lo hagan o que se
adhieran a un plan general de seguro para todas las industrias. La objeción
habitual de empleadores y sindicatos que representan a las industrias
"buenas", es decir, aquellas con una baja tasa de desempleo, es que
están pagando a las industrias "malas" con una tasa alta, pero ¿no es
esa la esencia del seguro? Bien podría ser que solo sea posible el seguro por
parte de todas las industrias actuando colectivamente. Si este es el caso, ese
plan debería adoptarse y estar listo para su aplicación práctica en la llegada
de una época más normal. Las industrias que dependen principalmente de la mano
de obra eventual son una propuesta más difícil. La despresualización es
esencial, y esto debe lograrse mediante algún medio de
restricción.[261] La libre afluencia de mano de obra a la industria, como
se ha hecho en el Plan de Trabajadores Portuarios de Liverpool. La eficiencia
del método de Liverpool se debe, sin duda, a la cooperación entre los
empleadores de trabajadores portuarios y los sindicatos; ha tenido un éxito
rotundo. Sirve de base para el procedimiento en muchas industrias. Sin embargo,
me temo que debe quedar un remanente del seguro de desempleo que debe ser
gestionado por el Estado, a falta de otra autoridad, siguiendo presumiblemente
los lineamientos del actual Plan Nacional de Seguro de Desempleo, pero se
reduciría a pequeñas proporciones si todas las grandes industrias del país se
ocuparan de su propio desempleo.
Reforma del actual
sistema de socorro al aire libre
En relación con el
desempleo, el sistema actual de ayudas de la Ley de Pobres requiere una reforma
integral. La prestación de ayudas por parte de los Guardianes (además de, o en
sustitución de, la prestación del seguro de desempleo) con diferentes estándares
en diferentes lugares del país es extremadamente derrochadora y perturbadora de
la armonía social. Si esto se retira de las manos de los Guardianes, como ya se
ha recomendado en los informes mayoritarios y minoritarios de la Comisión de la
Ley de Pobres, y se transfiere a alguna autoridad local —dado que la
responsabilidad local es esencial para el gasto de los fondos recaudados
mediante impuestos locales—, se marcaría un progreso indudable. La
estandarización absoluta es imposible debido a las diversas circunstancias
sociales y, de hecho, perspectivas sociales en las diferentes partes del país,
pero, teniendo esto en cuenta, se podría lograr una aproximación mucho mayor a
la uniformidad.
Seguro de desempleo
de las empresas
Sin duda, el mejor
enfoque para el seguro por industrias o por industria en su conjunto es
comenzar con el seguro por empresas. La Federación Nacional de Sociedades
Aprobadas de Empleados ha dado un admirable comienzo en este sentido. Los
detalles de este plan pueden obtenerse del Secretario de la Federación, a la
atención de British Thomson-Houston Co., Ltd., Rugby. El Sr. Lesser también lo
describe con gran claridad en el folleto mencionado en la pág. 260. La
experiencia de la Federación es sumamente instructiva. En muchas obras, antes
de la época del Seguro Nacional de Salud, existían clubes de enfermos que
proporcionaban a sus miembros desempleados por enfermedad prestaciones de un
fondo al que contribuían por igual empleadores y empleados. Tanto empleadores
como empleados vieron con considerable pesar la propuesta de absorción de estos
clubes en el nuevo[262] Las Sociedades Aprobadas, establecidas bajo la Ley
del Seguro de Salud, y para evitar ese destino, reconstituyeron sus clubes con
la aprobación de los Comisionados de Seguros en "Sociedades de
Trabajo", y obtuvieron la sanción oficial para que estas Sociedades
administraran el plan estatal. Posteriormente, estas Sociedades de Trabajo
decidieron encargarse de la administración del subsidio de desempleo en sus
respectivas fábricas bajo la Sección 17 de la Ley del Seguro de Desempleo de
1920. Existían tres condiciones previas: primero, que la Sociedad debía prever
el pago, con sus propios fondos voluntarios, de un subsidio de desempleo adicional
equivalente a un tercio del pagable bajo la Ley; es decir, si el subsidio
estatal era de 15 chelines, la Sociedad debía añadir a este al
menos otros 5 chelines de su fondo privado, pagando así un
subsidio total de 20 chelines. La segunda estipulación era que
la Sociedad debía contar con un sistema para determinar los salarios y las
condiciones generales de empleo prevalecientes en todas las ocupaciones en las
que participaban sus miembros; estos detalles eran bien conocidos, y no había
mucha dificultad al respecto. El tercer requisito era que la Sociedad contara
con un sistema eficaz para detectar vacantes de empleo; esto implicaba una
organización distinta a las Bolsas de Trabajo. Dicha organización se logró
finalmente gracias a la cooperación de las Cámaras de Comercio locales, que
reciben de sus empresas asociadas información sobre las vacantes, que luego
envían a las diferentes Sociedades de Trabajo. El sistema funciona a la
perfección. Fue adoptado primero por South Metropolitan Gas Co., y
posteriormente por Gas Light and Coke Co., Messrs. Debenhams, British
Thomson-Houston Co., Ltd., Taylor Bros. & Co., JT & J. Taylor, Ltd. y
otras empresas. La Sociedad actúa como agente del Estado en el pago de las
prestaciones estatales y, además, paga una prestación complementaria
equivalente a un tercio de la prestación estatal, para la cual se aplica
generalmente una contribución adicional a los trabajadores de 2 peniques semanales,
y la mayoría de los empleadores contribuyen al fondo de prestaciones
complementarias. Al leer el folleto del Sr. Lesser, es inevitable sorprenderse
por el extraordinario éxito del plan de la Federación en fomentar la
cooperación y la armonía entre empresarios y trabajadores. Con la experiencia
que las empresas adquieren al implementar un método de seguro de desempleo de
este tipo, se abre el camino para la creación de un plan más amplio de empresas
agrupadas y, en última instancia, para el seguro por industria o industrias.
[263]
CAPÍTULO XXV
LA CORRECTA RELACIÓN ENTRE EMPLEADORES Y EMPLEADOS
1. SATISFACCIÓN EN LA INDUSTRIA ( b )
El estatuto humano
del trabajador en la industria—La lentitud de los mecanismos ordinarios de
conciliación—El plan de los Consejos Whitley—Los Consejos industriales
nacionales y distritales conjuntos—Los comités de empresa—El lento progreso de
los comités de empresa—El éxito de los comités de empresa en el Clyde—La
gestión ejecutiva: un asunto para los empleadores.
( b )
Condición humana del trabajador
La siguiente
reforma más urgente en nuestro sistema industrial actual es asegurar al
trabajador individual un estatus definido en la industria. Describir lo que se
pretende es más fácil que definirlo. Actualmente, el trabajador individual se
queja de que el gobierno de la industria es dirigido por el empleador según su
criterio. Lo llama "dominación del capital"; se describe a sí mismo
como tratado con escasa o ninguna consideración, y sin duda extrae toda su
inspiración industrial de un ambiente en el que hay poco desarrollo aparente de
su personalidad humana. El trabajador tiene razón y se equivoca. Olvida que la
dirección de la industria hoy en día no es un asunto en manos descontroladas de
ningún empleador. Pierde de vista que, en todas las industrias bien
organizadas, las condiciones de empleo que prevalecen han sido objeto de
amplios ajustes entre las organizaciones patronales y los sindicatos,
negociados, por supuesto, de forma centralizada, más allá del horizonte del
trabajador individual.
La lentitud de la
maquinaria ordinaria de conciliación
El verdadero
sentimiento que el trabajador intenta expresar es su sensación de
insignificancia personal en una gran fábrica, acentuada, cuando surgen quejas,
por la dificultad, en las grandes fábricas, de lograr una pronta discusión
entre los trabajadores y la dirección. Lo único que puede hacer el trabajador
es informar del asunto al delegado sindical de su oficio en
el...[264] departamento, quien sin duda lo informará al secretario del
comité distrital de su sindicato. Este lo someterá a consideración del comité y
seguirá sus instrucciones. El comité, con el tiempo, lo enviará a él o al
delegado distrital a la fábrica para ver al empleador. Se llevará a cabo una
discusión, cuyos resultados el delegado distrital informará al comité
distrital. Si el asunto se resuelve amistosamente, se da por terminado; si, por
el contrario, persiste la controversia, el comité distrital podrá decidir
remitirlo al consejo ejecutivo de su sindicato. El consejo ejecutivo lo
remitirá entonces a la organización central de empleadores, para que lo
considere en su próxima reunión. El asunto podrá entonces ajustarse o dejarse
para su discusión en una de las conferencias centrales conjuntas periódicas.
Mientras esta pesada maquinaria funciona, el trabajador individual se enfrenta
al recuerdo de su agravio, y no es de extrañar que gradualmente adquiera un
sentimiento de inferioridad y abandono, debido a su ignorancia de que los
molinos de la conciliación muelen lentamente. El objetivo principal debe ser
adaptar la maquinaria existente o proporcionar nueva en todas las industrias
para que las quejas se discutan rápidamente en las fábricas donde surjan. Al
investigarlas, puede descubrirse que involucran algún problema común a todas
las fábricas del distrito dedicadas a la misma industria. Obviamente, este es
un asunto que debe discutirse entre los empleadores del distrito y los comités
distritales de los sindicatos, o a través del mecanismo de conciliación
distrital, sea cual sea. En el curso de las discusiones distritales se puede
determinar que los asuntos de controversia han suscitado alguna cuestión
nacional; entonces, obviamente, en aras de la uniformidad industrial, estas
cuestiones deben considerarse a nivel nacional entre las organizaciones que
representan a todos los empleadores del país dedicados a la industria en
particular y los sindicatos que representan a los hombres, o a través del
mecanismo de conciliación nacional apropiado.
Estas son las
líneas generales según las cuales, como se muestra en la Parte
II , se ha desarrollado el mecanismo de conciliación laboral. En las
industrias altamente organizadas, existen mecanismos, tanto distritales como
nacionales, pero no, por regla general, comités de empresa. El inconveniente en
todas las industrias es la demora.
El plan de los
consejos de Whitley
La falta de dicha
maquinaria se hizo evidente en muchas industrias imperfectamente organizadas en
la primera parte de la guerra, y en octubre de 1916 se creó el "Comité
Whitley".[265] designado por el Primer Ministro con los siguientes
términos de referencia:
(1) Formular y
considerar sugerencias para asegurar una mejora permanente en las relaciones
entre empleadores y trabajadores.
(2) Recomendar
medios para asegurar que las condiciones industriales que afectan las
relaciones entre empleadores y trabajadores sean revisadas sistemáticamente por
los interesados, con vistas a mejorar las condiciones en el futuro.
Este Comité fue
presidido por el actual Presidente de la Cámara de los Comunes, el Muy
Honorable J. H. Whitley. Estaba compuesto por representantes de la patronal y
de los sindicatos de algunas de las grandes industrias. El Comité presentó
cinco informes que recomendaban lo que ahora se conoce como el Plan de Consejos
Whitley.
Consejos
Industriales Nacionales y Distritales Conjuntos
Español En su
primer Informe ( Documento Parlamentario , 1917, Cd. 8606) el
Comité recomendó el establecimiento para cada una de las principales industrias
de una triple forma de organización, representativa de empleadores y empleados,
consistente en Consejos Nacionales Conjuntos, Consejos Distritales Conjuntos y
Comités de Obras, cada una de las tres formas de organización vinculada con las
otras, de modo de constituir una organización que cubra todo el oficio, capaz
de considerar y asesorar sobre asuntos que afecten al bienestar de la industria
y dar a los trabajadores una parte definida y ampliada en la discusión y
solución de asuntos industriales con intereses conjuntos de empleadores y
empleados, ejerciendo cada Consejo y Comité los poderes y deberes que se
determinen mediante negociación entre los empleadores y los sindicatos en la
industria en cuestión.
Como parte de su
segundo Informe ( Documento Parlamentario , 1918, Cd. 9002),
el Comité propuso, para los oficios con una organización débil o inexistente,
la adopción del sistema de Juntas de Comercio, y para los oficios con una
organización considerable, pero aún no completa, un sistema de Consejos Conjuntos,
con asistencia gubernamental, del que se prescindiría en cada caso tan pronto
como estas industrias avanzaran hasta la etapa en que fuera posible crear con
éxito la organización completa. El Comité también propuso en su segundo Informe
un plan según el cual el Consejo Conjunto Nacional de una industria, una vez
acordado un estándar mínimo de condiciones laborales para los empleados de la
industria, podría asegurar el cumplimiento de dichas condiciones, ya sea en un
distrito determinado o en todo el país.
[266]
Comités de empresa
En su tercer
informe ( Parlamentary Paper , 1918, Cd. 9085), el Comité
Whitley destacó una vez más la necesidad de constituir en cada fábrica o
taller, cuando las circunstancias de la industria lo permitieran, un Comité de
Empresa, representante de la dirección y de los hombres y mujeres empleados,
para reunirse regularmente a fin de considerar cuestiones peculiares de la
fábrica o taller individual que afectaran la vida y la comodidad de los
trabajadores.
En el cuarto
informe del Comité ( Documento Parlamentario , 1918, Cd. 9099)
se recomendó el establecimiento de un tribunal de arbitraje permanente para
tratar los casos en que las dos partes de un Consejo Industrial Conjunto no
habían logrado llegar a un acuerdo y deseaban remitir la disputa para su solución
mediante arbitraje.
Las visionarias
propuestas del Comité Whitley representan el mecanismo necesario para que el
gobierno de la industria se base en un acuerdo mutuo entre empleadores y
trabajadores. Ya se han logrado grandes avances en el establecimiento de los
Consejos Whitley; en algunas industrias, han funcionado notablemente bien y han
logrado otorgar un grado considerable de autonomía conjunta a empleadores y
trabajadores. Sin embargo, en otras industrias donde se han puesto en marcha,
no han funcionado tan satisfactoriamente. En teoría, sin duda, el número de
Consejos Industriales Conjuntos Nacionales que se han establecido parece
elevado, y el de Consejos de Distrito Conjuntos, sustancial, pero su efecto
para evitar disputas en algunas industrias es insignificante. En mi opinión, la
razón es que se ha prestado demasiada atención a la creación de Consejos
Nacionales y muy poca a la formación de Comités de Empresa. El progreso habría
sido mucho mayor si los empleadores, en general, hubieran estado dispuestos a
impulsar con mayor entusiasmo la constitución de Comités de Empresa; son la
clave de la situación. Son ellos los que tratan directamente con el trabajador
individual, quien necesariamente está fuera de contacto personal con los
Consejos Nacionales o Distritales Conjuntos.
El lento avance de
los comités de empresa
Hay varias
explicaciones para la falta de simpatía de los empleadores hacia los Comités de
Empresa. En varios establecimientos donde se formaron, los trabajadores los
utilizaron para tratar, no asuntos en los que el empleador y el empleado tenían
intereses comunes, sino asuntos de responsabilidad ejecutiva que competen
únicamente al empleador. Esto se hizo a veces por interés, a veces por
ignorancia; en algunos casos[267] En algunas localidades, fue un intento
claro de elementos revolucionarios de utilizar estos comités de taller para
controlar la industria. Nuevamente, la imposición de disciplina se consideró
una muestra del "dominio del capital" y los trabajadores la
presentaron como asunto de común acuerdo. En algunas fábricas, me ha sorprendido
lo lejos que han llegado los empleadores en la discusión de cuestiones
disciplinarias, incluso hasta el punto de someter los despidos por infracción
del reglamento a la consideración del comité de taller. Me temo que esa es una
medida desaconsejable. He tenido experiencia de la agitación constante que se
gestaba en un astillero donde se siguió ese plan en particular.
El éxito de los
comités de empresa en el Clyde
En los tormentosos
días en el Clyde, en la primavera de 1916, como presidente de la Comisión
Gubernamental para la Dilución del Trabajo, obtuve pruebas notables de hasta
qué punto los comités de taller, con el apoyo leal de los empleadores,
contribuyen a la satisfacción laboral. Hasta entonces, los obreros cualificados
de los talleres de ingeniería del Clyde se habían negado rotundamente a cumplir
los Acuerdos del Tesoro de marzo de 1915, aceptados en votación por su propio
sindicato, y se habían negado rotundamente a permitir la incorporación de
mujeres para realizar trabajos que antes realizaban hombres o incluso niños. El
Consejo Ejecutivo de la ASE confesó su total incapacidad para persuadir a sus
afiliados del Clyde a cumplir el Acuerdo y dejó el asunto en manos del Comité
del Distrito de Clyde. Nosotros, como Comisión, encontramos que el Comité del
Distrito de Clyde estaba dispuesto a ayudar, pero era impotente. Entonces se
nos ocurrió que la mejor manera de lograr nuestro objetivo de incorporar mujeres
era establecer en cada taller un comité de taller compuesto por un número igual
de trabajadores y directivos. Explicamos el plan de dilución al comité, dejando
que lo discutieran los hombres por un lado y la gerencia por el otro. Se
proporcionó toda la información y, en la medida de lo posible, resolvimos las
objeciones durante la discusión. La parte obrera del comité informaría entonces
a una asamblea general de trabajadores y volvería al día siguiente a otra
reunión del comité, donde haríamos ajustes al plan, si fuera necesario. El
resultado fue realmente asombroso; los hombres que anteriormente se habían
mostrado inflexibles contra la dilución pronto se dieron cuenta de que no
teníamos ningún deseo de imponerles una propuesta férrea, y que existía una solución
definitiva.[268] Se les había reservado por derecho propio la oportunidad
de debatir asuntos, obtener información sobre aspectos dudosos, señalar y
solucionar aspectos objetables e introducir salvaguardias para la protección de
su oficio. La hostilidad se transformó en sospecha, la sospecha en confianza, y
la confianza, con el tiempo, engendró cooperación. Casi imperceptiblemente, el
alcance de estos comités se amplió por consenso general, y otras quejas de los
talleres, aparte de la dilución, se sometieron a discusión y se resolvieron de
la misma manera amistosa. Los empleadores de ingeniería del Clyde apoyaron
incondicionalmente el plan, y varios de ellos tomaron voluntariamente la
iniciativa de ampliar el ámbito de discusión. No debe olvidarse que esto
sucedía en uno de los distritos más revolucionarios del país, donde, para sus
propios fines, los extremistas habían estado fomentando durante mucho tiempo
quejas en los talleres. Cuando estas quejas se remediaron de esta manera, los
extremistas tuvieron muy poco margen para buscar sus propios fines, y el Clyde
se tranquilizó. Después de que la Comisión fue disuelta en octubre de 1916 por
el Ministerio de Municiones, al que no le gustaba ver a una autoridad externa
hacer con éxito lo que él anteriormente no había podido hacer, la influencia
positiva de estos comités decayó rápidamente bajo la mano dura del control
burocrático.
Al principio, temía
la hostilidad del sindicato hacia los comités de taller, ya que los delegados
locales tienden a pensar que la discusión de las quejas del taller es asunto
exclusivamente suyo, lo cual, de apropiarse de ellos un comité de taller, podría
perjudicar la necesidad de su existencia oficial. Sin embargo, superamos esta
dificultad de forma muy sencilla. El comité estaba compuesto, por regla
general, por siete u ocho miembros elegidos por los trabajadores del taller y
un número igual de representantes de la dirección. La notificación de cualquier
reunión del comité y el orden del día se enviaban al delegado de distrito del
sindicato correspondiente, quien, si así lo deseaba, era invitado de oficio a
asistir y participar en los debates. Por regla general, el delegado asistía
invariablemente, y su presencia era de gran ayuda.
Durante seis meses
de trabajo, la Comisión Clyde estableció cerca de 200 comités de taller que se
reunían semanalmente y tuvieron la satisfacción de verlos resolver las quejas
del taller y otras disputas laborales de manera armoniosa, práctica y eficaz. Esto
generó un ambiente muy agradable entre los trabajadores; sintieron —como muchos
de ellos me comentaron personalmente— que ya no estaban bajo la yugo del
capataz, sino que tenían la oportunidad de presentar sus quejas plenamente ante
la gerencia, siendo llamados, por supuesto, como...[269] Testigos del lado
obrero del comité. Sentían, dijeron, que su trabajo ya no era tratado como mera
materia prima en la industria, y que por fin habían alcanzado un estatus
humano. Sin embargo, insistimos en que un trabajador debía seguir el
procedimiento constitucional del taller para resolver su queja antes de que
esta pudiera presentarse en una reunión del comité; en otras palabras, si el
procedimiento del taller preveía que el capataz tratara el asunto con una
apelación de este al gerente, este debía agotarse antes de que el comité
pudiera abordarlo. De igual manera, el trabajador debía agotar su procedimiento
sindical, informando del asunto, si es posible, a su delegado sindical, quien
seguiría el desarrollo de la controversia como de costumbre.
La gestión
ejecutiva es un asunto de empleadores
La causa de lo que
espero sea solo una interrupción temporal en el progreso de los Consejos Mixtos
y Comités de Empresa se debe a que sectores extremistas del Partido Laborista
han considerado que estos Consejos y Comités interfieren seriamente con sus proyectos
de erradicar la industria para que los trabajadores puedan controlarla, y, por
lo tanto, han instigado a los trabajadores de ciertos distritos a presentar
demandas que afectan directamente el derecho y la responsabilidad del empleador
de gestionar su empresa, demandas que no admiten discusión. Los empleadores,
con razón, se han opuesto a esto. De no ser por la forma en que los
trabajadores moderados se han prestado inconscientemente a estas tácticas, no
cabe duda de que el plan de los Comités de Empresa habría tenido mayor éxito.
Por ejemplo: uno de nuestros enormes transatlánticos, en el astillero tras ser
reparado, requirió algunas horas extras de seis montadores para poder ir a su
puerto de origen a cargar para la salida. Los montadores se negaron a trabajar
horas extras hasta que el asunto se discutiera entre su delegado sindical y la
dirección. Tras una discusión, el primero no estuvo de acuerdo e insistió en
convocar a su comité de taller en un par de días. El barco estuvo detenido todo
este tiempo y finalmente tuvo que zarpar, pues no podía esperar más. Sin
embargo, debido al retraso, perdió la marea en su puerto base. Si bien la
limitación del total de horas extras por semana laboral es un asunto que debe
acordarse legítimamente entre la gerencia y los trabajadores, cuándo y cómo se
realizarán las horas extras es obviamente una cuestión que incumbe a la
gerencia. La maquinaria Whitley es admirable, pero por excelente que sea, no
puede lograr nada sin el espíritu adecuado de ambos.[270] Partes: un
espíritu de compromiso y esfuerzo mutuo para alcanzar una base justa y
equitativa de autogobierno, dejando al empleador la gestión de sus obras de
acuerdo con los principios acordados. Los trabajadores no pueden intentar
establecer los principios mediante la negociación y, además, gestionar las
obras. Ningún empleador pretende dictar cuáles serán los principios.
[271]
CAPÍTULO XXVI
LA CORRECTA RELACIÓN ENTRE EMPLEADORES Y EMPLEADOS
1. SATISFACCIÓN EN LA INDUSTRIA ( c )
Remuneración del
trabajador—Salarios nacionales uniformes—Relaciones salariales entre los
trabajadores—Salarios y comunidad—¿Son viables salarios más altos?—La fijación
de salarios—Sistemas de remuneración—¿Qué es un salario justo?—Otros aspectos
esenciales para la satisfacción industrial.
( c )
Remuneración del Trabajador
La satisfacción en
la industria depende, en segundo lugar, de una política sólida y equitativa de
remuneración de los trabajadores. Esto implica el rechazo rotundo a todo
intento de fijar salarios con fórmulas abstractas que no tengan en cuenta las
circunstancias de una industria ni las condiciones que afectan la
comercialización del producto. Si adoptamos una nomenclatura socialista y
llamamos «salario» a la remuneración de los trabajadores, y asumimos la
eliminación del empleador privado y que cada industria se gestione bajo
«control democrático», incluso entonces la gradación salarial entre las
diferentes clases de trabajadores, el salario de cada clase, la relación entre
el nivel salarial general de una industria en comparación con otras, dependería
enteramente de las mismas circunstancias actuales y, si se ignoran los
resultados concretos de la experiencia industrial pasada, sería en cada caso
materia de experimentación y de ajustes prácticos, no de soluciones
pseudomatemáticas.
Salarios nacionales
uniformes
Una de las demandas
de los trabajadores de muchas industrias que, antes de la guerra, pagaban
salarios en diferentes distritos que variaban según las circunstancias
económicas locales, es la de salarios nacionales uniformes. Esto es
consecuencia de la guerra. Durante la guerra, no hubo tiempo para considerar
las circunstancias salariales de cada fábrica —la necesidad apremiante era
municiones a cualquier precio—, por lo que los departamentos gubernamentales
responsables de la producción se vieron obligados a tratar los salarios en las
industrias bajo su control, especialmente en aquellas donde no existían
salarios antes de la guerra.[272] Práctica distrital definida, sobre una
base nacional más o menos uniforme. Así, con el tiempo, se generalizó en todo
el país, en todas las fábricas de una industria de municiones específica, la
misma tasa salarial estándar, a diferencia del salario mínimo, para
trabajadores de la misma categoría. En algunas de las industrias más
organizadas, la adición del mismo anticipo de guerra conservó los diferenciales
distritales del mismo monto nominal de preguerra, pero las proporciones
salariales distritales entre sí se redujeron considerablemente. Así, los
trabajadores de un distrito particular, donde, por razones económicas, los salarios
habían sido inferiores a los de otros distritos, se encontraron con un nivel
salarial prácticamente igual al de los trabajadores del distrito con la tasa
salarial más alta de preguerra. Una diferencia de 5 chelines entre
35 y 30 chelines semanales es muy diferente
de 5 chelines entre 80 y 75 chelines. Naturalmente,
el trabajador no renunciará voluntariamente a esa posición; de ahí que hoy en
día, en muchas industrias, se reclamen tasas nacionales estándar. Se trata de
una exigencia impracticable en condiciones comerciales ordinarias, salvo en casos
excepcionales donde un solo empleador gestiona todas las fábricas de una
industria, como el Gobierno hizo con las municiones durante la guerra, o cuando
diferentes empleadores poseen empresas equilibradas que comprenden
establecimientos con una eficiencia tanto superior como inferior a la media. La
exigencia de estandarización se ilustra en el acuerdo salarial de los
ferroviarios; numerosas categorías de trabajadores (excluyendo conductores y
bomberos) que anteriormente prestaban servicios ferroviarios han sido reducidas
a un pequeño número de grados, y el individuo en esos grados recibe, por lo
general, una de las tres tasas salariales nacionales descendentes, según si su
trabajo se encuentra en el área de Londres, en una ciudad de provincia o en una
zona rural del país. Los salarios de marineros y fogoneros también están
estandarizados, y se pagan las mismas tasas salariales para la misma categoría
de trabajador en buques de la misma categoría profesional. Sin embargo, es
obvio que ni los ferrocarriles, ni el transporte marítimo ni los muelles son
análogos a industrias que consisten en un enorme número de empresas muy
diferentes. Por otra parte, es perfectamente factible tener condiciones
nacionales uniformes de empleo, horas extras, trabajo nocturno, trabajo en
domingo, etc., y en muchas industrias existe esa uniformidad nacional.
Relaciones
salariales entre los trabajadores
La guerra destruyó
la delicada relación salarial de preguerra entre las diferentes clases de mano
de obra calificada, semicalificada y no calificada; en algunos casos, la nueva
relación es una inversión completa de la anterior. Esto se debió en parte a los
departamentos gubernamentales involucrados en la producción.[273] El
Almirantazgo, el Ministerio de Guerra y el Ministerio de Municiones adelantaban
los salarios de los trabajadores bajo su control de forma independiente y sin
consultarse entre sí, en algunos casos incluso incitando a los trabajadores a
contratarlos; en parte, gracias a la fuerte presión sindical sectorial y en
parte al célebre bono del 12,5 % para los trabajadores a tiempo parcial y del
7,5 % para los trabajadores a destajo. Desde la guerra, la falta de equilibrio
se ha visto agravada por la acción de los empleadores y los sindicatos en
industrias que abastecen una necesidad nacional, por ejemplo, la construcción,
mediante la cual se aumentaron los salarios de tal manera que los trabajadores
no cualificados recibían un salario superior al de los cualificados en un
oficio como la ingeniería. No hay causa más activa de descontento industrial.
Como ejemplo de cómo funciona, en la Investigación de los Estibadores, la
Federación de Trabajadores del Transporte protestó contra cualquier comparación
entre los salarios de los estibadores y los de otros trabajadores; la
calificaron de "artimaña capitalista" para privar a los estibadores
de su legítimo anticipo. Los trabajadores del transporte eran miembros de la
Triple Alianza; los ferroviarios también lo eran. Unas semanas después, los
ferroviarios reclamaban ante la Junta Central de Salarios un aumento salarial,
ya que los estibadores habían obtenido un salario mínimo de 16 chelines
diarios. Por lo tanto, es vital recuperar y, en la medida de lo posible,
preservar las relaciones salariales de antes de la guerra.
Los salarios y la
comunidad
La opinión pública
comienza a insistir, como debe ser, en el reconocimiento de los intereses de la
comunidad consumidora, que en el pasado han sido completamente ignorados. Si un
aumento salarial en una industria se asegura, y puede garantizarse, mediante un
aumento de precios, como cuando la producción es una necesidad, los
trabajadores de esa industria se benefician a expensas de los trabajadores de
otras industrias y de los consumidores en general. En otras palabras, el
público paga, como en el caso de la vivienda. Si un aumento generalizado de
salarios en todas las industrias se financia con un aumento general de precios,
entonces todos los precios son más altos, y el poder adquisitivo de los
salarios aumentados no es mayor que el de los salarios antes del aumento, y
nuevamente el público sufre las consecuencias del aumento general de precios.
Ya se ha comenzado a reconocer los intereses de la comunidad al nombrar
representantes públicos en la Junta Nacional de Salarios Ferroviarios.
¿Son viables
salarios más altos?
Es esencial
comprender las dificultades prácticas que enfrentan los trabajadores para
obtener los salarios más altos que todos desearían. En 1907 se realizó un Censo
de Producción que incluyó todas las industrias manufactureras
y[274] Minería, y cubrió a la mitad de los asalariados del Reino Unido. Se
determinó la producción neta de cada industria para el año estimando el valor
de venta del producto bruto y restando de este el gasto en materias primas,
incluyendo el producto de otras industrias que se procesaron posteriormente,
combustible y otros artículos. La producción neta así obtenida es, obviamente,
para cada industria, el único fondo del que se pagan, en primer lugar, sueldos,
salarios, intereses sobre el capital, rentas, regalías y beneficios, y en
segundo lugar, impuestos, tasas, depreciación, publicidad y gastos de ventas.
El profesor Bowley, en su obra "La división del producto de la
industria" , Oxford: Clarendon Press, 1919, calcula la producción
neta total de 712 millones de libras esterlinas para las industrias cubiertas
por el censo de 1907 y calcula cuánto de esta debe asignarse al primer conjunto
de artículos. A continuación, presento sus resultados en forma de tabla (págs.
37 y 52):
|
Libras. |
Por ciento. |
|
|
Salarios |
344.000.000 |
58 |
|
Salarios
inferiores a 160 libras |
24.000.000 |
4 |
|
Salarios
superiores a £160 |
36.000.000 |
6 |
|
Intereses sobre
el capital al 4 por ciento y alquiler |
48.000.000 |
8 |
|
Regalías |
7.000.000 |
1 |
|
GANANCIAS |
133.000.000 |
23 |
|
£592.000.000 |
100 |
El profesor Bowley
(p. 52) observa pertinentemente: “Hasta qué punto este 23 por ciento, o
£133.000.000 junto con una suma relativamente pequeña (probablemente bastante
menos de £10.000.000) para los salarios de los gerentes de las empresas, es una
remuneración excesiva o innecesaria para la organización de la industria que
emplea a 6.000.000 de asalariados y £1.200.000.000 de capital, y produce
£340.000.000 de salarios es una cuestión que puede debatirse
adecuadamente: es esta suma la que formó la única fuente posible de
mayores ganancias en este grupo con industrias dirigidas como antes de la
guerra y la producción en su nivel de entonces ” (las cursivas son
mías). Suponiendo lo absurdo: que en 1907 la totalidad de estos 133.000.000 de
libras se hubiera retirado de los empleadores y se hubiera entregado a los
asalariados, el salario promedio total de los hombres con empleo permanente en
las industrias en cuestión, como demuestra el profesor Bowley (pág. 39), habría
sido de solo 41 chelines y 6 peniques semanales.
Suponiendo que se hubiera entregado la mitad de los 133.000.000 de libras, el
salario promedio total de los hombres con empleo permanente (incluidos los
comerciantes) habría sido de 35 chelines y 2 peniques semanales.
Pero incluso haber entregado la mitad, debido a la gran disparidad entre la
capacidad de generar ganancias por hombre empleado de las diferentes empresas
de la misma industria, habría resultado en el cierre de muchas de las
menos...[275] Empresas rentables. Estas cifras demuestran de forma
concluyente que, en la industria en general, aunque puede haber excepciones en
ciertas industrias específicas, la capacidad de pagar salarios permanentes más
altos depende de una producción mayor y más eficiente.
La liquidación de
salarios
Los salarios y las
condiciones de empleo deben ser siempre objeto de negociación colectiva entre
empleadores y trabajadores, y no deben ser objeto de imposición por parte del
Gobierno. En mi opinión, la negociación nacional de salarios y condiciones en un
sector es esencial para la estabilidad salarial. Sin embargo, una negociación
nacional no implica un salario nacional uniforme. Una discusión completa y una
negociación nacional implican, para cada sector, la organización de todos los
empleadores en una federación efectiva, y de todos los trabajadores, no
necesariamente en un sindicato, sino en sindicatos integrados en una federación
ejecutiva. Solo cuando existen federaciones de empleadores y trabajadores
responsables, representativas y disciplinadas en un sector, puede haber una
negociación nacional efectiva de las cuestiones salariales, o en sectores donde
existen Consejos Whitley, entre ambas partes del Consejo. Espero con interés el
momento en que la organización en cada sector para la negociación de todas las
condiciones laborales se convierta en una organización compuesta por
representantes de (1) empleadores; (2) personal administrativo, técnico y de
supervisión; (3) sindicatos; y (4) consumidores. Las cuestiones que afectan a
la industria en su conjunto serían resueltas por las cuatro secciones; las
cuestiones, por ejemplo, sobre salarios, por los representantes de la patronal,
los sindicatos y los consumidores. Si se negocia un convenio salarial en
cualquier industria que establezca salarios excesivos y, por consiguiente,
altos costos de producción y precios elevados, ¿deberá ser inapelable cuando la
industria sea una necesidad pública? Se firmaron muchos acuerdos de este tipo
durante la guerra e inmediatamente después. No veo forma de revisar dichos
acuerdos una vez firmados; todos los intentos del Gobierno para hacerlo al
amparo de las Leyes de Municiones de Guerra fueron infructuosos. El único
método viable para proteger al público consumidor es contar, como sugiero, con
la presencia de representantes eficientes del público, con derecho a participar
activamente en las conferencias conjuntas de empleadores y sindicatos federados
cuando se negocian salarios, como en las Juntas Nacionales de Salarios de
Ferrocarriles.
Sistemas de
Remuneración
Nadie puede
dogmatizar y decir qué sistema de remuneración industrial debe adoptarse, si
por tiempo, por pieza, por trabajo colectivo, etc.[276] o individual:
prima, bonificación por producción, participación en las ganancias o
coparticipación. Todo depende de las condiciones de la industria, su psicología
particular, especialmente su historia; siempre debe ser un tema de negociación.
Pero creo firmemente en un sistema justo de pago por resultados, ya que, con
las debidas garantías, es lo mejor para el trabajador, el empleador y el
consumidor. Un trabajador del acero o un calderero lo adorarán; un carpintero o
ebanista lo llama «la estratagema del diablo». De ahí mi referencia a la
psicología industrial.
¿Qué es un salario
justo?
Español Los
salarios son, y solo pueden ser, el pago del trabajo realizado y los servicios
prestados por el "personal asalariado". Siempre debe haber un límite
máximo para los salarios y un mínimo. El máximo de los empleadores es un
salario más allá del cual cualquier anticipo, con otros costos de producción
permaneciendo constantes, impediría la comercialización del producto con una
ganancia comercial acorde con la naturaleza de la empresa. El mínimo teórico es
un "salario digno", es decir, el costo neto de subsistencia, pero el
salario mínimo sindical, que es el mínimo práctico en la industria, es mucho
más alto que el salario de subsistencia. Es un salario que en la industria en
particular cubre la subsistencia del trabajador y sus dependientes, incluyendo
allí comida, alquiler, combustible, luz, ropa, tarifas, suscripciones
sindicales, etc., y disfrute y recreación razonables. Las tasas mínimas
sindicales para diferentes oficios variaban antes de la guerra entre sí por
"diferenciales vocacionales". La tasa de un hombre calificado excedía
a la de un hombre no calificado por un exceso reconocido; El excedente es la
diferencia de oficios en cuanto a la habilidad requerida del artesano en
particular, la duración del aprendizaje necesario para adquirirla, la naturaleza
de la ocupación, etc. El mayor salario del trabajador cualificado se refleja
naturalmente, como muestran las estadísticas, en un mayor nivel de vida. El
problema para alcanzar un salario justo reside en determinar en qué punto, si
lo hay, entre el mínimo sindical vigente y el máximo de los empleadores, debe
fijarse el salario, en justicia para los trabajadores, los empleadores y el
público.
A modo de
introducción, quisiera destacar que ningún salario justo puede fijarse con base
en un razonamiento a priori. Implica construir un presupuesto familiar teórico,
adoptar un nivel de vida empírico, sin relación alguna con las circunstancias
normales de ningún sector de la comunidad industrial, ignorar las condiciones
económicas y asumir que la industria puede o debe pagar un salario suficiente
para mantener...[277] Ese estándar. Ese es el método fatal del
doctrinario. El procedimiento habitual es que los sindicatos exijan un aumento
salarial y juren por todos los dioses que los empleadores pueden pagarlo
fácilmente. Los empleadores luego afirman con igual énfasis su incapacidad para
pagar cualquier aumento. A veces se llega a un acuerdo y a veces no. Debería
haber, y de hecho existe, un mejor método de procedimiento.
En primer lugar,
deben determinarse los salarios que la industria puede pagar económicamente a
los precios de mercado vigentes para su producto; podemos llamarlos
convenientemente "salarios de capacidad". No pueden determinarse
seleccionando y asumiendo como típicas —una estratagema frecuente del Partido
Laborista— empresas individuales que obtienen ganancias sustanciales. La
industria debe considerarse a nivel nacional, a veces incluso distrital,
descartando casos extremos en ambos extremos de la escala y realizando una
estimación adecuada mediante métodos contables, teniendo debidamente en cuenta
las perspectivas del sector y todos los gastos y riesgos presentes y futuros
que, según las condiciones de la industria en cuestión, recaen sobre los
empleadores. El Partido Laborista insiste en que todas las empresas paguen el
salario sindical, ya sea que obtengan grandes ganancias o ninguna. Por lo
tanto, considerar la industria en su conjunto es equitativo. Los empleadores
que obtienen ganancias excepcionales no pueden tomarse como normas para los
salarios; En la medida en que sus ganancias sean contrarias al orden público,
solo un Ministro de Hacienda prudente y cauteloso podrá gestionarlas. Que
contadores conjuntos competentes puedan elaborar una estimación de la capacidad
de pago de una industria sobre una base convincente para el Partido Laborista
ha sido un aspecto destacado en mi experiencia práctica en más de una ocasión.
Lo fundamental es demostrar a los trabajadores que reciben una parte justa del
producto de la industria en sus condiciones actuales. Es mucho más importante
satisfacerlos en ese aspecto que pagarles un salario alto. Si reciben un
salario superior al que la industria puede pagar y no están satisfechos,
creerán firmemente que se podría y debería pagar un salario aún mayor. Solo hay
una manera de demostrar la equidad del salario: poner todas las cartas sobre la
mesa y mostrar a los representantes sindicales en la conferencia cuáles son las
condiciones exactas de la industria y cuáles son los salarios máximos que la
industria en su conjunto puede pagar.
En segundo lugar,
se requiere una declaración exacta de los salarios pagados en otras industrias
a trabajadores comparables con los de la industria en cuestión; estos pueden
denominarse «salarios comparables». Estos pueden obtenerse de las estadísticas
compiladas por el Ministerio de Trabajo, pero no se publican de forma
recopilada.
[278]
En la práctica, hay
dos objetivos que alcanzar. Primero, garantizar que cada categoría de
trabajador reciba un salario justo que corresponda al salario de capacidad; y
segundo, intentar mantener los salarios de los trabajadores de una industria en
una proporción adecuada con los de trabajadores comparables de otras
industrias. Si los salarios existentes son inferiores a los salarios de
capacidad, y estos últimos son iguales o inferiores a los salarios comparables,
debería haber un incremento de los salarios existentes hasta el nivel de
capacidad y, en mi opinión, un incremento adicional por encima del nivel de
capacidad, hacia el nivel salarial comparable, pero sin superarlo, si las
circunstancias de la industria son tales, como por ejemplo, en relación con la
competencia extranjera, que el precio de mercado del producto pueda
incrementarse en la cantidad necesaria. Es esencial para la armonía de la
industria que los salarios de trabajadores comparables estén generalmente al
mismo nivel. En la práctica, no hay dificultad para determinar quiénes son
trabajadores comparables. La experiencia y la tradición industrial lo han
establecido firmemente. En el caso, relativamente raro en la práctica, de que
el nivel de los salarios por capacidad sea superior al de los salarios
comparables, surgen otras consideraciones. Algunos empleadores sostienen que
pagar en una industria que puede permitírselo un salario más alto que en
industrias comparables que no pueden permitírselo supone alterar el equilibrio
salarial en estas últimas e incitar a los trabajadores a solicitar los mismos
salarios, lo que implica una carga para la totalidad o un sector del público
que constituye los consumidores del producto de dichas industrias, con los
resultados habituales. Otros empleadores afirman que los salarios comparables
son el criterio para un salario justo, y que, dado que los empleadores deben
asumir el riesgo de pagar los salarios sindicales cuando las ganancias no son
suficientes, los empleadores, cuando las ganancias son excepcionales, deberían
tener derecho a retener lo que queda después de pagar los salarios comparables.
No veo por qué el empleador debería tener derecho a apropiarse en tal caso de
la diferencia entre los salarios por capacidad y los salarios comparables. En
mi opinión, si una investigación conjunta de costos demuestra que una industria
puede pagar salarios superiores a los salarios comparables, el excedente de los
ingresos de la industria que exceda la suma necesaria para pagar salarios
comparables debería dividirse equitativamente entre empleadores, trabajadores y
consumidores; en el caso de estos últimos, mediante una reducción de precio. De
este modo, los trabajadores se aseguran una participación en la prosperidad de
la industria.
Algunas
complejidades salariales debidas a la guerra requieren un ajuste urgente. Los
incrementos fijos como primas de guerra sobre las tarifas por trabajo a destajo
o por tonelaje son anomalías inquietantes; deberían incorporarse en las nuevas
tarifas por destajo o por tonelaje. Su existencia...[279] Obstaculiza la
producción. Los anticipos y las primas de guerra, que, aunque originalmente
diferentes, ahora son indistinguibles en la práctica, deberían, en la medida en
que no se retiren, integrarse en la tasa o precio permanente (en la mitad de la
industria ya se han integrado); la diferencia de trato solo causa inquietud. Es
fundamental insistir en que unos salarios altos no implican necesariamente
ingresos altos; con frecuencia, implican la ausencia de ingresos y de trabajo.
Aumentar la eficiencia productiva del trabajo sí aumenta la capacidad de pago
de la industria. Solo así se consiguen mayores ingresos.
Otros elementos
esenciales para la satisfacción industrial
Debería existir
para los trabajadores de este país la oportunidad de ascender, es decir, de
transferirse del sector asalariado al sector asalariado, como lo ofrecen los
empleadores estadounidenses. Nunca he comprendido por qué tantos empleadores
ingleses se muestran tan reticentes a ascender a trabajadores del sector
asalariado. Durante la guerra, tuve a mi cargo a un gran número de trabajadores
en el Almirantazgo, quienes, después de la guerra, fueron nombrados para
puestos de responsabilidad en la administración industrial en establecimientos
de algunos empleadores con mentalidad abierta, y han justificado ampliamente su
selección.
[280]
CAPÍTULO XXVII
LA CORRECTA RELACIÓN ENTRE EMPLEADORES Y EMPLEADOS
2. LA COOPERACIÓN EN LA INDUSTRIA
El recurso de los
trabajadores a la cooperación—El argumento marxista contra la
cooperación—Algunas aplicaciones en el taller—La falacia marxista del origen
del capital—La falacia marxista del valor—La necesidad de simpatía en la vida
del taller—La necesidad de una justicia estricta—El valor monetario de la
simpatía en la industria—El manejo compasivo del trabajo: un arte especial—Una
ilustración de su aplicación exitosa.
El establecimiento
de la cooperación en la industria entre empleadores y empleados es un asunto
casi enteramente de la mente y del espíritu; depende de la eliminación de la
sospecha mutua que existe actualmente; implica la creación de confianza; supone
la disipación de ciertas falacias económicas que obsesionan a los trabajadores
y también a los empleadores no progresistas.
El recurso de los
propios trabajadores a la cooperación
El trabajo reconoce
plenamente el poder productivo del espíritu de cooperación. En ciertos oficios,
los trabajadores trabajan en escuadras, y sus miembros comparten, en
proporciones acordadas, el precio total del trabajo colectivo. Muchos talleres
se pagan según el sistema de bonificación por producción o por
"compañía". En estas condiciones, las ganancias de la escuadra o
taller, dentro de los límites fijados para la producción normal, dependen de la
plena cooperación de cada miembro. La cooperación se reconoce entonces como un
deber moral. Casi siempre se ofrece sin restricciones, o incluso se exige con
rigor. Muchos trabajadores cualificados, también remunerados según la
producción, reciben la ayuda de "ayudantes" semicalificados o no
cualificados, que reciben un salario fijo, independientemente de la producción.
Aunque el mayor esfuerzo de los "ayudantes" se traduce en mayores
ingresos solo para los trabajadores cualificados, en general, la cooperación
suele ser de estos, y en caso contrario, se exige incondicionalmente. No es
difícil identificar las doctrinas a las que apelan los trabajadores para
justificar su actual actitud de no cooperación con los empleadores: todas
provienen del socialismo marxista. Se encuentran por doquier en los talleres y
sindicatos.[281] comités de rama y de distrito, y forman las bases de la
creencia en la democracia industrial.
El argumento
marxista contra la cooperación
Aunque no es
posible cristalizar las doctrinas marxistas con absoluta precisión de lenguaje
en unas cuantas líneas impresas, pueden enunciarse en palabras sencillas, con
tolerable exactitud, como sigue:
La producción es el
proceso de aplicar la fuerza de trabajo a la materia prima, y el valor de
cambio o de mercado de la mercancía, que constituye el producto, se crea
mediante la fuerza de trabajo invertida por el trabajador al trabajar. Ese
valor, que resulta únicamente del trabajo invertido, se mide por el tiempo
empleado por el trabajador en la producción de la mercancía recién creada. El
trabajador recibe de su empleador un salario que representa el «valor de
cambio» de su «fuerza de trabajo». Pero el empleador ha obtenido el «valor de
uso» de la fuerza de trabajo y vende el producto recién creado en el mercado a
un precio de venta que, tras considerar los costes de producción antes y
después de la aplicación de la fuerza de trabajo, es superior al salario pagado
al trabajador. El excedente es la «plusvalía». Esta plusvalía en la industria
primitiva es apropiada íntegramente por el empleador, pero en la industria más
desarrollada se reparte entre las diferentes clases de capitalistas en forma de
renta de la tierra, interés, beneficios de los fabricantes y beneficios
comerciales.
En las doctrinas de
Marx hay tres proposiciones fundamentales: la primera, que el dinero es la
forma primaria del capital; la segunda, que el valor de una mercancía se mide
por la cantidad de trabajo invertido en ella; la tercera, que el capitalista
compra el valor de uso de un día de trabajo a cambio de su valor de mercado,
embolsándose la plusvalía, que es la diferencia. Mientras estas teorías sigan
prevaleciendo, la industria actual no es más que un proceso mediante el cual el
capitalista se constituye en el conducto hacia la sala de subastas para el
trabajo del obrero, y al pasar este por sus manos, se apropia de la plusvalía.
Algunas
aplicaciones del taller
Mientras escribo,
tengo a mi lado un montón de folletos, panfletos y escritos que llegaron a mis
manos durante mi reciente trabajo industrial, todos impregnados de este
pernicioso marxismo. Algunos extractos del Catecismo Rojo ,
que me entregaron a modo de argumento en un astillero, darán una idea de las
doctrinas:
|
¿Quién crea toda
la riqueza? |
La clase
trabajadora. |
|
¿Quiénes son los
trabajadores? |
Hombres que
trabajan por un salario y reciben sólo una parte de lo que ganan, la otra
parte va a parar a las clases ociosas.[282] |
|
¿Quién crea toda
la pobreza? |
Nuestra sociedad
capitalista. |
|
¿Qué es un
esclavo asalariado? |
Una persona que
trabaja por un salario y da todo lo que gana a un capitalista. |
|
¿Qué proporción
recibe un esclavo asalariado de lo que gana? |
En promedio,
alrededor de una cuarta parte. |
|
¿Qué es un
explotador? |
Persona que
emplea a un hombre y le hace producir tres o cuatro veces lo que recibe como
salario. |
|
¿Cómo se
enriquecen los capitalistas? |
Empleando mano de
obra y explotándola. |
|
¿La cuestión del
mérito no entra entonces en la recompensa del capital? |
No. Sólo se
utiliza como un subterfugio hipócrita para ocultar el robo del trabajo. |
Éstas son sólo
algunas citas, la lista podría ampliarse enormemente.
La falacia marxista
del origen del capital
La proposición
marxista de que el dinero es la primera forma de capital es una falacia
discordante y perturbadora. Marx declaró que todo el capital provenía de las
ganancias obtenidas al pagar al trabajo menos del valor que este creaba. Según
esta hipótesis, el capitalista no participa en absoluto en la producción. Está
en posición de cosechar lo que no ha sembrado. Es un bandido que extorsiona a
todo el mundo obrero. Libera a los trabajadores con sus vidas, es decir, con
salarios apenas suficientes para su subsistencia y la reproducción de su
especie, asegurando así el mantenimiento de una fuente de trabajo, con la
condición de que los trabajadores le entreguen prácticamente todo el valor de
su trabajo. Mientras tales doctrinas se enseñen al joven trabajador y sean
aceptadas por los mayores, ¿de qué sirve hablar de cooperación? Es tan sensato
defender la cooperación entre un anfitrión y su parásito, entre un vampiro y su
presa, entre un salteador de caminos y su víctima. Sin embargo, ésa es la vana
tarea en la que tantas personas eminentes están desperdiciando ahora su
elocuencia.
Lo primero y
esencial es desafiar con valentía y franqueza esta doctrina marxista del
carácter parasitario del capital. Nunca habrá, ni puede haber, cooperación
entre el capital y el trabajo hasta que el trabajo comprenda qué es el capital
y la función que desempeña en la producción. El trabajo está listo para
aprender. He descubierto que es posible mantener el interés de los trabajadores
al explicar que el capital consiste principalmente en cosas que no son dinero,
en bienes con los que la gente subsiste mientras produce otros bienes, en
fábricas, maquinaria y materia prima; que el capital es un agente definido en
la producción, susceptible de aplicación, no solo por el empleador
convencional, sino por cualquier persona; que[283] Es algo que, al usarse
en la producción, se consume, por lo que quien se aventura en él debe poseer la
experiencia y el criterio necesarios para superar el riesgo de pérdida y
obtener una rentabilidad suficiente para reponer el capital consumido,
compensar al prestamista por su ahorro y remunerarse a sí mismo por los
servicios prestados y el riesgo al que se ha visto sometido. Estos aspectos
particulares del capital, por su propia novedad e imprevisibilidad, captan la
atención inmediata del Partido Laborista, tanto que en algunos distritos los
trabajadores, por iniciativa propia, organizaron reuniones y me invitaron
especialmente a hablar con ellos sobre el carácter y la función del capital en
la industria moderna y hasta qué punto el Partido Laborista dependía de él.
Pero es necesario
afrontar la realidad. De nada sirve evadir el hecho de que, si bien el capital
es esencial y de incalculable beneficio para la humanidad, puede, al mismo
tiempo, como cualquier otra posesión humana, utilizarse para causar
inconvenientes, injusticia, angustia, degradación y muerte. En resumen, el uso
del capital puede ser socialmente benéfico o maléfico, antisocial. El ejemplo
invariable que el trabajador aduce de su uso antisocial es la especulación en
muchas de sus formas habituales. Es una gran desgracia que no exista un término
preciso para describir la función particular del capital como agente de la
producción. Aristóteles, basándose en principios arbitrarios que enunció y
derivó de las condiciones de su época, distinguió entre el uso benéfico natural
de la riqueza, al que llama «economía», y el abuso antinatural de la riqueza,
al que llama «crematística». Sus principios están obsoletos, pero la distinción
terminológica que intentó fue acertada. Esto es lo que siempre ocurre en las discusiones
industriales: los empleadores, considerando la función benéfica que desempeña
el capital en la producción, enfatizan la dependencia del Trabajo respecto del
capital. El Trabajo, considerando los usos antisociales del capital y razonando
de lo particular a lo general, replica que el capital es la causa de todos los
problemas del Trabajo. Si tanto empleadores como trabajadores pudieran,
mediante términos adecuados, ponerse a discutir el mismo tema, habría una gran
posibilidad de acuerdo; hoy no la hay.
La falacia marxista
del valor
La siguiente noción
en la mente del trabajador que subvierte la cooperación es su idea, derivada de
Marx, de que “el valor de una mercancía es la cantidad de trabajo humano
abstracto incorporado en ella”. Si esto es cierto, como tantos trabajadores
ahora creen fervientemente, se deduce que el empleador no contribuye en
nada.[284] al valor del producto manufacturado, y que el único agente
productor de valor es el trabajo. En realidad, ni el trabajador ni el empleador
crean valor; ambos se unen para prestar servicios o producir cosas que otras
circunstancias, por ejemplo, la demanda, hacen que tengan valor, y lo hacen
debido a ese valor. Pero el punto esencial es que la doctrina marxista descarta
la cooperación. Lógicamente, implica que el único remedio posible para la
situación actual del trabajador consiste en la demolición completa de la
organización actual de la industria. El trabajador que acepta la teoría
marxista del valor, con su corolario, la teoría de la plusvalía, es un
individuo pusilánime y un traidor a sus hermanos, si se le persuade por un
momento a cooperar con su empleador, o si duda en luchar con todo su corazón
por la erradicación del empleador, de raíz, del sistema industrial.
La dificultad que
he experimentado al atacar esta herejía marxista es la misma que enfrenta
cualquier oponente de una doctrina popular aceptada por fe y no por lógica. Una
explicación razonada de la falacia a menudo no se comprende, y una refutación
contundente se considera un caso extremo al que ninguna persona razonable
sugeriría jamás la aplicación del principio. Cuando he planteado el caso
clásico de un hombre que descubre una piedra preciosa, la recoge y descubre que
vale, digamos, 50 libras, y he sugerido que la fuerza de trabajo empleada por
quien la encuentra al agacharse, levantar la piedra y llevársela al comprador
no puede ser la única causa de su valor, la respuesta inmediata ha sido: «Se
trata de una materia prima, no de un artículo manufacturado». Luego he
considerado el caso de algún artículo manufacturado como los «lingotes» o los
«lingotes». Estos, cuando se fabricaban, tenían cierto valor, pero se
almacenaban para protegerse de un mercado en alza y, posteriormente,
adquirieron un valor mayor. Según Marx, la magnitud del valor de cualquier
mercancía está determinada por la cantidad de trabajo socialmente necesario
para su producción, incorporado en las condiciones normales de producción y con
el grado promedio de habilidad e intensidad prevaleciente en ese momento. Esta
cantidad de trabajo, en el caso de los "cerdos" y los
"lingotes", fue la cantidad invertida al momento de su fabricación,
pero desde entonces, sin necesidad de más trabajo, su valor ha aumentado
considerablemente. El aumento de valor no puede atribuirse, obviamente, a la
adición de trabajo "abstracto" ni a ningún otro tipo de trabajo.
Es sorprendente
cuántos obreros han aprendido con bastante facilidad los lineamientos del
argumento marxista sobre el valor y el plusvalor y pueden expresarlo de memoria
con una terminología marxista impecable.[285] Incluso aceptándolo, como se
ha descrito con tanta acierto, como "el mayor embrollo intelectual del
siglo pasado", sin duda es un argumento que debe considerarse seriamente.
La educación económica debe expulsarlo de la lista de convicciones más
arraigadas de los trabajadores. De nada servirá tratarlo con ligereza ni
ridiculizarlo. Me acostumbré a abordar el argumento etapa por etapa,
enfatizando lo que me parecían sus defectos y rematando con varios ejemplos
prácticos de talleres donde el argumento fracasa estrepitosamente. Convencer y
recalcar cada punto requiere mucho tiempo, pero vale la pena. Pocas personas
aprecian hasta qué punto esta sofistería marxista impide la consecución del
ideal cooperativo en la industria.
Solo es necesaria
una advertencia. Según Marx, el trabajador recibe del empleador el valor de
cambio de su fuerza de trabajo al entregarle su valor de uso. Marx sostenía, y
lamentablemente en el pasado ha habido mucho que refuerza su argumento, que el
trabajo recibía a cambio un salario equivalente únicamente a la "mera
subsistencia" o al "costo neto de producción de la fuerza de
trabajo". En muchos casos, el nivel salarial anterior no puede defenderse,
y sería absurdo intentar reivindicarlo. Pero sí se puede decir lo siguiente:
los salarios reales han aumentado considerablemente desde la época de Marx, sin
que se haya producido un derrocamiento del sistema industrial. Tal resultado
contradice totalmente su profecía y su doctrina. Sugiere firmemente la sabiduría
de la evolución constructiva en contraposición a la revolución destructiva.
La necesidad de
simpatía en la vida del taller
El poder de estas
falacias económicas se ve enormemente reforzado por la injusticia y la falta de
compasión que con demasiada frecuencia rodea la relación laboral entre
empleadores y empleados. Esta atmósfera se debe a que los empleadores
anticuados se aferran a crudas nociones individualistas de la industria, a la
idea de que el trabajador es la máquina animada —ἔμψυχον ὄργανον— de los
filósofos griegos, una "unidad económica" sin alma, sensibilidad,
ideales ni aspiraciones, que aún se debate bajo la obsesión desacreditada de
que la justicia y la compasión son incompatibles con la disciplina y la firme
gestión del trabajo. Por supuesto, la justicia y la compasión no tienen cabida
en un credo donde el trabajo es solo uno de los elementos problemáticos del coste
de producción. Ni se demuestra ni se espera. Ese tipo de empleador nunca ha
reconocido que el capital,[286] El cerebro y el trabajo manual desempeñan
funciones separadas y distintas en la industria. Se considera a sí mismo la
personalidad dominante y al Trabajo su mercenario feudal y dependiente.
Ahora bien, la
dominación, o cualquier intento o sospecha de ella, es completamente
incompatible con la cooperación; de hecho, la más mínima señal de dominación en
la industria aniquilará rápidamente cualquier espíritu latente de cooperación.
Tampoco importa en lo más mínimo en qué se base o se afirme la dominación.
Puede basarse en la superioridad intelectual, la experiencia técnica, la
capacidad organizativa, la posición social, me da igual; es el veneno de toda
armonía industrial. En cuanto aparece, se acaba de inmediato toda cooperación
en cualquier organización democrática, y el sectarismo y la discordia marcan la
reacción inmediata. El acuerdo mutuo es la base esencial de la cooperación,
tanto desde el punto de vista objetivo como subjetivo. Para lograr el acuerdo,
debe existir el espíritu de acuerdo, y la existencia de ese espíritu depende
casi por completo del conocimiento y la convicción de que los asuntos de
controversia industrial se considerarán y resolverán según los principios de
justicia y equidad. Mi experiencia en la industria me ha convencido sin lugar a
dudas de un punto: en lo más profundo del corazón del trabajador británico
existe un sentido de justicia y equidad. A menudo se necesita tiempo y esfuerzo
para vitalizarla, para ayudarla a liberarse de los tentáculos de la ignorancia,
de la sofistería marxista y de las fórmulas revolucionarias que la enredan,
como las malas hierbas hacen con un nadador que lucha por ganar la superficie,
pero al final, si tiene una oportunidad, seguramente triunfará.
La necesidad de una
justicia estricta
El empleador
ignorante aún no le ha dado una oportunidad. No cree en su existencia ni en su
eficacia como influencia moderadora. No hay circunstancias concebibles, les
dirá, que el Partido Laborista no utilice injustamente para su propio
engrandecimiento, si la oportunidad coincide con el poder. Esa ha sido, por
desgracia, la tradición pasada tanto de los empleadores reaccionarios como del
Partido Laborista. En cuanto a la justificación o la excusa, no se puede
establecer distinción alguna entre ambas. Las proposiciones y propuestas
fundadas en la equidad y la razón pueden, con confianza, someterse al sentido
de justicia del trabajador. En muchos casos durante la guerra, he apelado a
este sentido de justicia con notable éxito en asuntos de taller de controversias
gremiales particularmente agudas. Incluso en lo que respecta a las disputas por
victimización, cuestiones siempre formidables, a menudo productoras de
controversias casi insolubles, es decir, casos de[287] Despido, multa o
reducción de sueldo, alegando la importancia de la "víctima" para
promover los intereses de su sindicato, o por supuestas infracciones de la
legislación laboral no escrita, inventadas, se diría, por algún capataz
vengativo. Cuando patrones y obreros no han logrado resolver la diferencia —los
primeros defendiendo su derecho a mantener la disciplina, los segundos su deber
de proteger sus intereses sindicales—, siempre he encontrado posible resolver
la disputa recurriendo a los principios de equidad. Si el trabajador "arreglado"
era delegado sindical y en realidad utilizaba el tiempo de su empleador para
realizar su trabajo sindical cuando podría y debería haber estado haciendo su
trabajo de taller, los obreros han aceptado que, tras la notificación, el
empleador tiene derecho a objetar a ese procedimiento. Por otro lado, si solo
ha aprovechado para asuntos sindicales los numerosos periodos que se dan en los
talleres mejor organizados cuando está "esperando trabajo" o
"preparado", y lo ha hecho de forma que no interfiera con su trabajo
en el taller, entonces los trabajadores alegan que solo ha hecho lo que tenía
derecho a hacer, y que un empleador que se oponga a que realice asuntos
sindicales en tales circunstancias está en realidad en contra del sindicato. La
mayoría de las personas imparciales probablemente llegarían a la misma
conclusión.
El valor monetario
de la simpatía en la industria
Hoy en día, muchos
empleadores, gerentes, subgerentes y capataces siguen actuando según el dogma
de que no se obtiene nada con la gestión compasiva del trabajo. "Es pura
palabrería", me ha dicho más de uno. Si un empleador de este tipo creyera sinceramente
que se gana dinero con ello, es un hombre de negocios demasiado entusiasta como
para no intentarlo. Pero para muchos empleadores, el trabajo sigue siendo solo
una máquina que, mientras funciona de cualquier manera, debe dejarse
completamente en paz; cuando se sacude o se atasca, debe ser lubricado con
palabras suaves, manifestaciones de la preocupación del empleador por su
bienestar, "sierrador suave", por el cual los hombres, naturalmente,
sienten el mayor desprecio.
El manejo compasivo
del trabajo: un arte especial
Un gran número de
empleadores aún no se han dado cuenta de que la gestión empática de la mano de
obra es un arte especial que exige cualidades peculiares de temperamento y
tacto. Hasta que esto se acepte como una economía sólida, nunca podrá haber
cooperación. La experiencia técnica es la cualificación habitual requerida para
un capataz; rara vez, o nunca, se tiene en cuenta su
capacidad.[288] Tratar a los hombres con compasión para obtener lo mejor
de ellos. Sin embargo, eso, mucho más que la capacidad técnica, contribuye a la
eficiencia del taller. Hay muchas personas totalmente incapaces por naturaleza
de tener a su cargo hombres, más especialmente para desempeñar la
responsabilidad de contratarlos y despedirlos. Su presencia en un taller es una
fuente crónica de irritación y mantiene a los hombres constantemente en vilo.
La cooperación, en tales condiciones, no puede existir. Cualquiera que entre al
taller puede sentir la relación tensa casi intuitivamente. Una especie de
tensión nerviosa parece impregnar el lugar. No se intercambian palabras alegres
entre los hombres y el gerente, cuando este último pasa por el taller. A menudo
se encuentra un aviso en la oficina: "Los trabajadores deben limpiarse los
pies antes de entrar". Como me dijo un trabajador: "No se da tal
instrucción a nadie que viene a hacer un pedido". Cuánto mejor sería
decirles a todos: "Por favor, límpiense los pies". Si un trabajador
necesita ver a alguien con autoridad, se le mantiene esperando, perdiendo su
salario a destajo, o se le dice bruscamente que el gerente está ocupado,
mientras que constantemente ve clientes recibidos con agrado en la oficina. Un
gerente me dijo con franqueza que, de no ser por su dependiente, quien
astutamente se deshizo del trabajador que siempre quería verlo, nunca habría
tenido tiempo para atender su trabajo. Esto indica la mentalidad contra la que
luchan los buenos empleadores. Los empleadores no progresistas no consideran
parte del deber reconocido de un gerente aplicar empatía, comprensión y tacto
al tratar a los trabajadores. Sin duda, requiere mucho tiempo y paciencia, así
como un estudio e investigación prolongados de numerosas circunstancias que, a
primera vista, son triviales. Un gerente a menudo se resiste a dedicar a un
trabajo de ese tipo tiempo y energía que, según él, y que muchos empleadores
sin duda creen, se pueden invertir de forma más rentable en actividades
técnicas y comerciales.
Una ilustración de
su aplicación exitosa
Pero suponiendo que
la gerencia acepte la enseñanza de los mejores empleadores de que el trato
compasivo con los trabajadores es un deber del empleador y, además, es un buen
negocio, el problema entonces será cómo lograr y mantener un atractivo tal para
el trabajador que lo induzca a cooperar con la gerencia. Un problema similar me
enfrenté durante parte del período de guerra cuando, como Director de Trabajo
en Astilleros, estaba a cargo de la mano de obra en unas 2500 empresas, que
empleaban a aproximadamente un millón de hombres. La producción debía
asegurarse y mantenerse a toda costa, así que cuando surgía algún
problema...[289] Mi Departamento tuvo que intervenir si la dirección y los
trabajadores no llegaban a un acuerdo rápido. Al formar el Departamento, reuní
a un pequeño grupo de empresarios y sindicalistas entusiastas y con visión de
futuro, y juntos realizamos un esfuerzo decidido e intenso para conectar
con la naturaleza humana industrial, de cuya vibración depende
la cooperación. Se formularon algunos principios sencillos que, posteriormente,
con la experiencia, se modificaron en detalle. Estos se convirtieron en la base
del llamamiento, no solo en reuniones masivas, logias sindicales y otros
lugares entre los trabajadores, sino también, con la ayuda —lealmente prestada—
de los empresarios, se trasladaron a la práctica diaria en los talleres. Cuando
estos principios se pusieron en práctica por primera vez, se registraban cerca
de 200 huelgas semanales en las 2.500 empresas. Tras un régimen de doce meses,
las huelgas que habían disminuido regularmente mes a mes se redujeron a menos
de diez semanales. Algunos empresarios negaron que los principios tuvieran algo
que ver con la disminución de las huelgas. Uno de los más destacados los
describió como "pura basura". Pero los sindicatos tenían una opinión
diferente, y conservo muchas cartas personales de algunos de los principales
sindicatos que atribuyen toda la mejora al régimen de solidaridad que se había
implementado; en realidad, no era más que aplicar la solidaridad y la justicia
estricta a todos los detalles de la vida laboral. Lejos de mí sugerir que
cualquier departamento estatal, sin responsabilidad ejecutiva, pueda gestionar
la mano de obra tan bien como un empleador privado que sí la tiene; la cuestión
es que se puede lograr una enorme mejora en el espíritu de cooperación entre
empleadores y empleados mediante la adopción de un sistema metódico y
bien desarrollado de gestión de la mano de obra basado en principios de
solidaridad.
La cooperación es
esencial para la reconstrucción de la industria. Es el verdadero antídoto
contra la revolución. Solo se materializará en la industria cuando una sólida
convicción económica se desarrolle en un ambiente de justicia y solidaridad.
Mientras se permita que la falacia económica se apodere de las mentes de
empleadores y empleados, llevándolos a rechazar o menospreciar las ventajas
materiales de la cooperación, presentándola como contraria a sus respectivos
intereses, y mientras la falta de solidaridad y justicia continúe alimentando
dicha falacia, la cooperación nunca surgirá como una fuerza integradora en la
industria. El remedio es, por lo tanto, obvio.
[290]
CAPÍTULO XXVIII
LA CORRECTA RELACIÓN ENTRE EMPLEADORES Y EMPLEADOS
3. LA PRODUCCIÓN EN LA INDUSTRIA
La importancia de
la producción—De qué depende la producción—La noción de los trabajadores del
fondo secreto—“Pasarlo a otros”—La creencia de los trabajadores en la
producción restringida—Introducción de aparatos que ahorran tiempo y
trabajo—Pago por resultados—Subdivisión y simplificación del proceso—No
“pelearse” con los precios.
La importancia de
la producción
Es innecesario
enfatizar la necesidad nacional, social e industrial de producción. Esto no
significa mayor producción sin una mejora en la eficiencia. Significa mayor
producción acompañada de mayor eficiencia y, por lo tanto, menores costos de
producción. La demanda de bienes, tanto del consumidor nacional como del
extranjero, depende en gran medida del bajo costo de la producción. Restringir
la producción implica para la comunidad altos costos de los bienes, menor poder
adquisitivo y un nivel de vida más bajo; significa que no habrá riqueza
disponible para financiar reformas sociales ni el capital necesario para la
industria, y, por lo tanto, peores condiciones y menos trabajo para los
trabajadores; significa una reducción del comercio exterior e intercambios
adversos. Aparte de la producción, no existe un fondo con el que se pueda pagar
el trabajo; el único fondo es el que consiste en los bienes, servicios y
valores que se producen. A medida que el fondo aumenta gracias al esfuerzo
conjunto de empleadores y trabajadores, también puede aumentarse el salario
pagado al trabajador. Se necesita un trabajador para obtener los bienes,
valores o servicios producidos por otro trabajador. Si ambos aumentan su
producción tanto como sea razonablemente factible, cada uno tiene el máximo
disponible para el intercambio y ambos pueden asegurar el mayor nivel de vida
posible. Por otro lado, si un trabajador en particular limita su producción,
por ejemplo, a la mitad de su máximo razonable, no solo se perjudica a sí mismo
y a sus dependientes, porque desperdicia la oportunidad de disponer de la mitad
de su trabajo, sino que también perjudica[291] El otro trabajador que,
directa o indirectamente, intercambia con él, y que quisiera intercambiar la
totalidad de los bienes, valores y servicios que produce, pero que se ve
impedido de disponer de más de la mitad debido a la acción egoísta y estúpida
de su homólogo. El actual nivel de vida nacional no puede mantenerse con ningún
ingenio humano en las condiciones actuales de producción.
De qué depende la
producción
Lord Weir ha
señalado con acierto [21] que sólo existen cuatro métodos para mejorar el volumen y la
eficiencia de nuestra producción nacional:
(1) Un aumento en
la intensidad del esfuerzo por hora operatoria;
(2) Un aumento en
el número de horas de trabajo por persona por día;
(3) Un aumento en
el número de individuos operativos;
(4) Un
perfeccionamiento de métodos, procesos y organizaciones, mediante el cual se
elimine el desperdicio de horas operativas.
Aceptando esta
afirmación como precisa, y lo es, sobre cómo solo se puede aumentar la
producción, deseo señalar los obstáculos inmediatos para el logro de estos
cuatro objetivos. Son los siguientes:
Respecto a (1)—la
baja concepción que tiene el trabajador del trabajo, su tendencia, en muchos
oficios, a perder tiempo, su inveterada creencia en la restricción de la
producción.
Con respecto a (2)
la concepción del trabajo organizado de que la actual semana laboral ordinaria
de 47 o 48 horas es una reforma social que no se permitirá ninguna manipulación
y que si en tiempos de prosperidad comercial son necesarias más horas, deben
trabajarse como horas extras.
Con respecto a (3)
—la insistencia de los sindicatos de este país en sus líneas rígidas de
demarcación del trabajo—en otras palabras, en que ciertos trabajos estén
siempre reservados para ciertos sindicatos, sin referencia a las condiciones
industriales o comerciales prevalecientes.
Con respecto a (4)
—la oposición de los trabajadores a la introducción de aparatos que ahorran
tiempo y trabajo, o de pagos por resultados— Lord Weir agrega: la muerte del
espíritu de empresa entre los empleadores, como resultado de la política fiscal
del Gobierno; la falta de reciprocidad y cooperación por parte de los
sindicatos, que equivale a una obstrucción activa; y la mala política por parte
de las organizaciones de empleadores.
Para enunciar estos
cuatro métodos en su orden de practicabilidad relativa,[292] Se aplican
los métodos (1), (4), (3) y (2). Todos los obstáculos enumerados anteriormente
para asegurar una mayor producción mediante los métodos (1), (4) y (3) son fruto
de teorías económicas erróneas que durante muchos años se han inculcado con
ahínco en el Partido Laborista y que ahora este acepta como parte de su vida y
conducta cotidianas.
La noción de los
trabajadores sobre el Fondo Secreto
En primer lugar, en
tiempos normales, surge la creencia errónea de que todas las aspiraciones de
los trabajadores de mayor remuneración, reducción de jornada y mejores
condiciones de empleo pueden satisfacerse plenamente con las ganancias
existentes de los empleadores y la producción actual. Esto se ha argumentado
incesantemente ante mí. Se cree honestamente que todo lo necesario para
liquidar las demandas de los trabajadores es dedicar a ese fin solo una parte
de las ganancias existentes de la industria, que se dice que en su totalidad
son apropiadas por empleadores avariciosos. Se considera que el único
impedimento es la avaricia de los empleadores, sumada al hecho de que, tal como
está organizada la industria, ellos controlan el dinero. Pero este error puede
desenmascararse si las demandas de los trabajadores se reducen a un cargo anual
definido para la industria en cuestión y cada establecimiento en particular.
Generalmente, se puede demostrar en las cuentas reales de establecimientos
típicos, al menos en las industrias de ingeniería y construcción naval, que las
demandas de los trabajadores no podrían satisfacerse con las ganancias
existentes. De hecho, en muchos casos, si todos los beneficios de los
empleadores se entregaran al trabajo y el capital se marchara sin recibir nada
a cambio, las demandas del trabajo no podrían satisfacerse en su totalidad.
Este engaño es uno
de los más perniciosos en la industria, debido a su amplia aceptación y sus
fatales resultados. Ha sido fomentado por las condiciones de guerra, como ya se
ha explicado. Los empleadores obtuvieron ganancias que, en muchos casos, excedieron
las retenibles bajo las Leyes de Municiones de Guerra o de Finanzas, por lo que
con frecuencia no les importó el salario que pagaran para agilizar el trabajo.
Además, los anticipos de guerra, muy por encima del salario, se distribuyeron
por orden de los Tribunales de Arbitraje del Gobierno para cubrir el aumento
del costo de vida derivado de las condiciones anormales derivadas de la guerra.
Estos anticipos de guerra fueron generalmente pagados por el Gobierno, además
del precio contractual de las municiones. Así, el trabajador vio salarios
nominales muy altos pagados, y los empleadores, al mismo tiempo, obtenían
ganancias mucho mayores de las que podían obtener por ley. Nada era, por lo
tanto, más natural que suponer que todos[293] Las demandas podrían satisfacerse,
sobre la base actual de la producción, con los beneficios existentes.
“Pasándolo a otros”
Aceptando, como
hacen algunos sectores del Partido Laborista, que sus demandas no pueden
satisfacerse con las ganancias de los empleadores sobre la producción actual,
la alternativa, según ellos, es que el fabricante deba aumentar su precio de
venta en una cantidad suficiente para cubrir el costo adicional. En esto se
asume, por supuesto, que el ritmo de producción se mantiene constante. Es una
idea arraigada que todo fabricante y los propietarios de cualquier industria
pueden subir los precios sin dificultad alguna. Al analizar esta falacia, como
he hecho con frecuencia, resulta evidente que los trabajadores no aprecian el
efecto que un aumento en el costo de producción tiene en la reducción del
alcance del mercado para la venta del producto en cuestión, o en la disminución
de la demanda del mismo en un mercado específico, con la consiguiente reducción
del empleo y el debilitamiento de los salarios estándar. La respuesta
reglamentaria es que cualquier oficio que no pueda pagar salarios adecuados no
debería subsistir. Eso, por supuesto, depende de lo que se considere
"adecuado". Cuando los salarios son salarios de miseria, todos
estarán de acuerdo en que la industria no debería subsistir. Cuando los
salarios, aunque suficientes para cubrir (1) la subsistencia, no alcanzan para
(2) las comodidades razonables de la vida, ni para (3) el desarrollo de
habilidades profesionales, puede haber discrepancias, según las circunstancias
de la industria en particular, sobre si debe mantenerse o no. Sin embargo,
cuando se paga una remuneración completa y adecuada para cubrir (1), (2) y (3),
es una política suicida para el Partido Laborista insistir en aumentos
salariales que necesariamente aniquilarían la industria.
Al argumentar que
si el empleador no puede, con sus ganancias existentes, pagar el anticipo
salarial solicitado, este debería añadirse al precio de venta, los trabajadores
invariablemente rechazan como totalmente irrelevante el efecto resultante en
oficios ajenos al suyo, y especialmente en la comunidad consumidora. Si quienes
reclaman el anticipo se dedican a lo que se denomina, de forma poco elegante,
una "industria clave", es decir, donde su producción consiste en
materia prima o semiprima para otras industrias, es obvio que cualquier aumento
en su costo puede causar graves perjuicios tanto a los empleadores como a los
empleados de las industrias dependientes. Pero la réplica del trabajador es
"que lo trasladen". Me lo han planteado en cientos de ocasiones. El
efecto en la comunidad se descarta por ser completamente irrelevante.
Durante la guerra,
se puso de moda la moda de los avances generales en los salarios para cubrir el
aumento del coste de la vida. La consecuente[294] La reacción sobre los
precios creó el "círculo vicioso" conocido por todos los economistas:
un aumento general de los salarios eleva los precios, impulsando así el coste
de la vida y creando así una nueva demanda de un nuevo aumento salarial. He
intentado una y otra vez, mediante ejemplos sencillos, explicar este
"círculo vicioso" a los trabajadores. Siempre me ha impedido mucho
comprenderlo una circunstancia. Al comienzo de la guerra, en ciertos distritos,
en cuanto los tribunales salariales concedían un aumento general de los
salarios o el gobierno lo concedía, los propietarios de las pensiones subían el
alquiler de las habitaciones o la comida. Esto fue estigmatizado por el Partido
Laborista como "aprovechamiento". Argumentando por analogía, los
trabajadores sostenían que cuando un aumento general de los precios seguía a un
aumento general de los salarios, se debía enteramente al aprovechamiento. Los
trabajadores nunca admitieron que parte alguna del aumento de los precios fuera
el resultado natural, inevitable y lógico de los aumentos generales de los
salarios, a través del aumento del poder adquisitivo que operaba sobre la misma
oferta de mercancías. Las experiencias de la guerra han confundido igualmente a
los trabajadores respecto al efecto de los altos salarios en el volumen de
empleo. Cualquier leve sospecha que los trabajadores tuvieran antes de la guerra
de que un aumento salarial en muchas industrias tendía directamente, a través
del aumento del costo de producción, a generar desempleo, ahora prácticamente
se ha disipado con la guerra. Me han dicho repetidamente que ninguno de los
aumentos salariales generales durante la guerra ha causado desempleo. La
explicación, por supuesto, es que durante la guerra los trabajadores no
producían en gran medida bienes para el mercado comercial ordinario, sino
municiones de guerra para el Gobierno, y todo lo que podían producir lo podía
tomar el Gobierno, tan insaciable era su demanda.
La creencia de los
trabajadores en la producción restringida
Llegamos a otra
falacia peligrosa y generalizada: la supuesta ventaja de restringir la
producción. Esta se manifiesta de muchas formas. Una de las más comunes es una
limitación definida del tonelaje, o pies lineales o cuadrados, de la jornada
laboral. Al finalizar la jornada, el trabajador, si se le paga a tiempo, con
frecuencia permanece en el trabajo, pero sin hacer nada hasta que suena la
bocina. En otros casos, si se le paga a destajo, el trabajador a veces abandona
el taller al finalizar su jornada. He investigado casos en los que trabajadores
que llegaban a las 7 de la mañana terminaban su jornada y se iban a casa a las
10:30 o las 11 de la mañana. Otros métodos para alcanzar el mismo fin son menos
accesibles. El operario, en lugar de[295] Terminar su trabajo temprano y
luego dejar que su máquina "corte el aire" por el resto del día, con
un buen cálculo, reducirá la velocidad durante todo el día para distribuir el
trabajo diario asignado de manera más o menos uniforme a lo largo de la jornada
laboral. La experiencia industrial durante la guerra ha demostrado la
existencia, en una medida casi inconcebible, de este último método de limitar
la producción. Quizás pueda ilustrarlo mejor con algunos casos dentro de mi
conocimiento personal. En un caso, algunos niños recién salidos de un internado
fueron puestos a realizar una operación simple de la cual los hombres habían
sido retirados para tareas más arduas. Trabajando al precio a destajo de los
hombres, ganaban un promedio de £4. 15 s. por semana laboral
normal contra £2 10 s. de los hombres . Eso significaba que
los niños producían —y no les perjudicaba físicamente— casi el doble de la
producción de los hombres. Las mujeres que contraté para reemplazar a los
hombres en algunas operaciones sencillas de mecanizado ganaban, tras un breve período
de formación, entre 6 y 10 libras semanales, frente a las 4 y 5 libras de los
hombres. Las mujeres recibían el mismo precio por pieza que los hombres. En
otro caso, los hombres que trabajaban a destajo, tras enterarse del anuncio del
Ministro de Municiones de que bajo ninguna circunstancia se
"reducirían" los precios por pieza, aceleraron su producción en un
120 %. Estos son solo algunos ejemplos seleccionados de un gran número. [22] Son ejemplos concretos del alarmante grado de proliferación de la
falsa doctrina de limitar la producción en la industria, vigente como principio
sindical ortodoxo activo.
Al limitar la
producción, el trabajador cree sinceramente que cumple con un deber moral
consigo mismo y con su oficio. Argumenta, en primer lugar, que reduce el
desempleo al hacer circular el trabajo; en segundo lugar, que mantiene el valor
de su artesanía al primar su aplicación. Los trabajadores me han descrito la
diferencia entre la producción posible y la real como "su fondo de
reserva". Una y otra vez, esta política se me ha justificado haciendo
referencia a la acción de las asociaciones comerciales que agrupan pedidos y
limitan la producción de algunos de sus miembros para asegurar el negocio a
otros en situación menos afortunada, y también haciendo referencia a los grupos
de fabricantes que sistemáticamente mantienen los precios altos al "mantener
el mercado bajo" restringiendo la cantidad de su producción que se ofrece
a la venta. Los trabajadores les dirán con palabras a las que ningún economista
puede objetar que el valor se debe a la utilidad y a la limitación de la
oferta. Lo que pasa por alto es que, en la práctica, lo único que se establece
es una tasa mínima de...[296] Salarios, y que las ganancias máximas
dependen de la máxima producción. Existen muchos ejemplos clásicos, bien
recordados, en los que el desempleo en ciertos oficios se eliminó casi por
completo al restringir la producción de los empleados, en particular al
descontinuar los sistemas entonces existentes de pago por resultados, conocidos
como "dinero de sangre". Estos recuerdos perduran. Pero, en realidad,
estos ejemplos no prueban nada. Ocurrieron justo al comienzo de una depresión
comercial y, de hecho, el sobrecosto de producción causado posteriormente por
la limitación de la producción aceleró el desempleo en esos mismos oficios. Aun
así, los trabajadores, como la mayoría de las personas, argumentan a partir de
casos particulares de su experiencia personal para llegar a universales.
La única manera de
atacar la herejía es con el ejemplo concreto de Estados Unidos. Su restricción
a la producción no solo es desconocida, sino que es rotundamente repudiada por
los sindicatos. Desafortunadamente, muchos intelectuales obreros que desconocen
las condiciones estadounidenses distorsionan los hechos y condenan la
organización industrial estadounidense. «La gestión científica», le han dicho
al trabajador británico, «es simplemente una esclavitud astutamente ideada, en
la que las cadenas de la servidumbre están ajustadas con tanta precisión que el
trabajador es un mero engranaje, indefenso e inhumanamente enredado en un
mecanismo antisocial destructivo». El trabajador promedio, sin embargo, presta
poca atención a la retórica y la palabrería, provengan de quien provengan, y he
logrado satisfacer a las masas de trabajadores en cuanto al valor de la
producción al tomar un establecimiento estadounidense y proporcionar la
producción, las horas y la remuneración por persona al año, o en cualquier otro
período conveniente, junto con la producción, las horas y la remuneración por
persona durante el mismo período en un establecimiento comparable en
Inglaterra. La producción se expresará en libras esterlinas a precios de
mercado mayorista. Esto realmente se entiende. Entonces se puede comprender la
moraleja. Se puede demostrar la verdad vital de que en un establecimiento bien
administrado, a medida que aumenta la producción, el costo de los cargos fijos
por unidad de producción disminuye. En consecuencia, cada aumento porcentual en
la producción —suponiendo que no haya una "reducción" del precio de
venta— resulta en un aumento porcentual mayor en la cantidad disponible para
dividir entre trabajadores y empleador. Si esa división se efectúa de manera equitativa,
existe una ventaja obvia para el trabajador. Es por eso que el trabajador en
los Estados Unidos de América puede obtener ingresos reales mucho mayores que
su colega en este país. No es difícil satisfacer a los testarudos.[297] El
trabajador inglés práctico cree que estos mayores ingresos estadounidenses no
son ni maná caído del cielo ni dádivas de empleadores más compasivos.
Si existe
escepticismo respecto al valor de la producción para los sindicatos, existe una
apatía total respecto a la necesidad de la producción para el bien de la
nación. Lo que se busca es convencer de esta necesidad con ejemplos sencillos y
cotidianos. Hasta qué punto, en cualquier comunidad, el aumento de la
producción conduce a la abundancia, y la abundancia al empleo, buenos salarios,
un mejor nivel de vida y precios bajos, escapa al conocimiento actual del
Partido Laborista. En otras palabras, la proposición de que la prosperidad de
un país depende de su producción carece de credibilidad; generalmente, los
trabajadores la consideran irrelevante.
Por otro lado,
algunos empleadores reaccionarios, subgerentes y capataces se aferran a la
vieja falacia de que, por alta que sea la producción, los trabajadores nunca
merecen altos salarios. Estas personas parecen creer que el pago de salarios
altos, incluso acompañado de una alta producción, es un reflejo de la gestión
del taller. Argumentan constantemente que los salarios altos degeneran a los
trabajadores y provocan pérdida de tiempo. Para reducir los ingresos, cuando se
consideran excesivamente altos, se "recortan" los precios por pieza y
se "descuentan" las bonificaciones por tiempo. Esta es una locura
peculiarmente inglesa. Ningún empleador estadounidense se atrevería a hacerlo.
Los resultados en Inglaterra son desastrosos. Ante el temor de que se reduzcan
sus precios comerciales, el trabajador no "hará todo lo posible",
sino que limitará la producción y mantendrá sus ingresos en una cifra que,
según él, no incitará al empleador a reducir los precios ni las bonificaciones
por tiempo. Al comenzar un trabajo a destajo, el operario trabajará con
lentitud deliberadamente para fijar un precio alto y así permitir futuros
recortes. El empleador debe saber que cuantos más trabajos se realizan en la
máquina o banco de un trabajador durante el turno o la jornada laboral, mayor
es el número de trabajos sobre los que se distribuyen los cargos fijos y fijos,
así como la parte invariable de los costos de mano de obra; por lo tanto, menor
es el débito por cada operación y menor el costo de producción. Si el empleador
puede obtener una alta producción, le conviene directamente permitir altos
ingresos por ella. Esto es bien aceptado por los empleadores estadounidenses y
representa una práctica habitual en los talleres de Estados Unidos.
Introducción de
electrodomésticos que ahorran tiempo y trabajo
Cualquiera que esté
familiarizado con la industria en los Estados Unidos de América y en Inglaterra
no puede dejar de notar una cosa más:[298] Contraste notable. En Estados
Unidos, los empleadores ponen en servicio continuamente aparatos, máquinas y
métodos que ahorran tiempo y trabajo, y los trabajadores los operan con
lealtad. Se reconoce que esto beneficia a ambos. Y lo es claramente. Cualquier
medida que resulte en una reducción neta del coste de producción, tras
descontar los intereses y la depreciación adicionales, beneficia no solo a los
empleadores, sino también a los empleados. En Inglaterra, sin embargo, los
trabajadores consideran seriamente que los dispositivos que ahorran tiempo y
trabajo son contrarios a sus intereses y subversivos de los derechos
sindicales. Se argumenta que la introducción de tales dispositivos provoca el
desplazamiento de la mano de obra y el desempleo. En este sentido, los
trabajadores no han aprendido nada de la experiencia. La maquinaria mejorada ha
mejorado enormemente la situación del trabajador. En Estados Unidos, la
consiguiente reducción del coste de producción es, sin duda, la razón de los
salarios reales mucho más altos de los trabajadores estadounidenses en
comparación con sus colegas ingleses y escoceses. Tampoco ha provocado
desempleo en Estados Unidos. No hay razón para que lo haga, ni siquiera
temporalmente. La introducción de aparatos que ahorran tiempo y trabajo es
siempre un proceso gradual en cualquier fábrica. La previsión y la organización
habituales por parte del empleador deberían permitir que los trabajadores
desplazados se mantengan en su empleo. Sin embargo, muchos empleadores ingleses
han impedido la introducción de dispositivos que ahorran trabajo al negociar el
reajuste de las tarifas por pieza para la instalación de máquinas que mejoren
la producción. El empleador estadounidense, por otro lado, intenta, tras
considerar los costos de la nueva máquina, mantener, en la medida de lo
posible, las tarifas por pieza anteriores, con el resultado de que los ingresos
diarios de los trabajadores aumentan gracias a su uso. El empleador inglés se
inclina a pensar que está justificado reducir las tarifas por pieza mientras se
mantengan los ingresos diarios de los trabajadores. Es innecesario señalar qué
política tiene más probabilidades de atraer al asalariado al uso de maquinaria
mejorada.
Pago por Resultados
Nada en la
industria está tan rodeado de confusión e ignorancia, tanto entre empleadores
como entre empleados, como la cuestión del pago por resultados. El valor de
este método de pago para fomentar la producción es indiscutible. Recuerdo
muchos casos reales en los que la introducción del trabajo a destajo en lugar
del trabajo por tiempo resultó en un aumento de la producción de hasta un 110
%, reduciendo así considerablemente el coste de producción. Sin embargo, en
algunos oficios, por ejemplo, en el sector del algodón, los operarios se niegan
a trabajar en cualquier base que no sea...[299] Trabajo a destajo. En
otros oficios, como la carpintería y muchas ramas de la ingeniería, se
considera un sistema pestilente que tiende al desempleo, la degradación del
trabajador y males incalculables. Precisamente en el sistema
de pago por resultados, basado en las primas, prevalece la mayor confusión
entre patrones y obreros. Se trata de un sistema en el que se fija un tiempo
para cada trabajo. Si este se realiza en menos tiempo del establecido, el
tiempo ahorrado se divide en una proporción definida entre el empleador y el
trabajador (generalmente mitad y mitad en Inglaterra), y este último recibe su
parte a su tarifa horaria habitual. Este sistema ha suscitado en este país, a
diferencia de Estados Unidos, una gran animosidad por parte de los sindicatos.
Su argumento es que, en el sistema de trabajo a destajo, donde se paga al
trabajador un precio definido por cada artículo u operación, cuanto más hace,
más se le paga. Por todo el tiempo que ahorra terminando un artículo, recibe el
beneficio completo, siendo el beneficio para el empleador el menor costo de
producción resultante del aumento de la producción. ¿Qué derecho tiene
entonces, se argumenta, el empleador, como un parásito, a aprovechar el tiempo
que el trabajador ahorra con el sistema de primas y bonificaciones? El
argumento es plausible, pero engañoso. Ignora por completo el hecho de que, en
un sistema de trabajo a destajo, donde se paga al trabajador por todo el tiempo
ahorrado, los precios se fijan necesariamente de forma mucho menos liberal que
las bonificaciones por tiempo basadas en primas y bonificaciones. En este
último caso, solo porque el empleador recibe una parte del tiempo ahorrado,
puede ajustar la tarifa generosamente, o como dicen los fijadores de tarifas,
«fijar el precio con flexibilidad». Si se quiere impulsar la producción en este
país, todo el sistema de pago proporcional a la producción debe ser
desmantelado de la perversión de ciertos empleadores y emancipado del prejuicio
de los sindicatos. Cuando se muestre de forma inteligible en sus verdaderas
características económicas, el sistema hablará por sí solo. Las tarifas reales
que se fijen bajo cualquier sistema particular son, por supuesto, un asunto
justo para la negociación colectiva.
Subdivisión y
simplificación del proceso
Es común entre la
base la idea de que mantener los costos laborales de cada operación o trabajo
es la mejor manera de preservar el valor general del trabajo de los operarios
involucrados. Un ejemplo puede tomarse de la industria de la ingeniería. En
ingeniería, como es bien sabido, Inglaterra fue pionera. En sus inicios, la
práctica consistía en que un tornero, mecánico o artesano cualificado, u otro
artesano, asumiera un trabajo, realizara todas las operaciones necesarias en la
máquina y el banco, y lo llevara a cabo.[300] Hasta su finalización. Más
tarde, a medida que el trabajo aumentó en volumen, y aún más tarde en
diversidad, se desarrolló gradualmente una diferenciación entre el tornero y el
ajustador, y en tiempos más recientes, entre torneros, ajustadores y otros
tipos de artesanos de la ingeniería. Pero la esencia del negocio era que toda
persona involucrada en el trabajo debía ser un artesano o un hombre
cualificado. En tiempos recientes, los empleadores lograron establecer "su
derecho" —que ahora se cuestiona— a ascender a trabajadores no
cualificados, quizás peones de taller, para operar ciertas clases de máquinas,
tornos de cabrestante y de torreta, etc. Estos hombres fueron clasificados como
maquinistas, y cuando el oficio se organizó, generalmente recibían alrededor de
tres cuartas partes del salario del tornero cualificado. Se les designó como
hombres "semi-cualificados". El punto a destacar es que cualquier
operación, entre las miles que constituyen trabajo calificado, se considera una
"operación calificada", realizable únicamente por un trabajador
calificado, y si en circunstancias especiales la realiza otra persona,
suponiendo un caso tan improbable, se le aplica el salario completo por trabajo
calificado. Existen convenciones muy similares, aunque algo menos rígidas,
respecto al trabajo semicalificado. La inflexibilidad con la que los sindicatos
de ingenieros aplican estas prácticas comerciales ha reservado, sin duda, una
amplia esfera de trabajo exclusivamente para trabajadores calificados, pero
mantiene elevados los costos de producción y retrasa el desarrollo de la
industria. Siempre que se ha introducido una máquina nueva y mejorada, por
ejemplo, una máquina donde la habilidad residía principalmente en la máquina y
ya no se requería del mismo grado del trabajador, se ha producido una lucha
constante entre sindicatos y empleadores sobre si la máquina debía ser operada
o no por un trabajador calificado. A veces han ganado los empleadores, a veces
los sindicatos; es una mera cuestión de fuerza relativa. Pero el evidente
desperdicio de habilidad que supone emplear a un solo hombre especializado en
una de estas máquinas cuando podría manejar dos o más, y el pago del salario
especializado, todo ello sumado a la limitación prevaleciente de la producción,
han desalentado a los empresarios ingleses de instalar aparatos modernos y
abaratar así la producción.
Esta no es toda la
historia. En Estados Unidos, la práctica habitual es subdividir cada trabajo en
sus operaciones constituyentes simples, asignar cada operación simple de
máquina a una máquina expresamente diseñada, o "preparada" o
"acondicionada" para esa operación específica, y capaz de ser
atendida por una persona no cualificada tras un mínimo de capacitación. Lo
mismo ocurre con las operaciones no mecánicas, es decir, el ensamblaje o
ajuste. Cada operación se asigna a una persona especial, en principio
probablemente bastante inexperta, que...[301] Se vuelve competente y
eficiente en esta única línea de trabajo. Hay poca o ninguna negociación sobre
la remuneración de estos operarios no cualificados. El volumen de producción y
la consiguiente capacidad para pagar salarios altos lo impiden. El Sindicato de
Maquinistas nunca ha sostenido que todas estas operaciones subdivididas deban
ser realizadas por trabajadores cualificados, y solo por ellos. Sin embargo, en
Inglaterra es prácticamente una regla que ningún trabajador de un taller de
ingeniería del sindicato puede levantar una lima y realizar el más mínimo
limado "bruto" a menos que sea un ajustador cualificado.
Es un cliché
insistir en que la evolución natural y eficiente de la industria implica la
subdivisión. De hecho, es la condición fundamental para la eficiencia y los
bajos costos de producción. Es igualmente evidente, según la experiencia
estadounidense, que la subdivisión no perjudica en absoluto a los trabajadores
cualificados, su oficio ni su nivel de remuneración. La subdivisión en Estados
Unidos ha dado lugar a una producción enorme. La gran cantidad de máquinas en
servicio debe ser configurada, reparada y revisada periódicamente. Solo los
trabajadores cualificados pueden hacerlo. Los encargados de las máquinas deben
ser supervisados. Eso, de nuevo, es trabajo para trabajadores cualificados.
Todas las herramientas de las máquinas deben ser rectificadas, reparadas y, en
la mayoría de los casos, configuradas; más trabajo para el que solo los
trabajadores cualificados son aptos. En resumen, en Estados Unidos, los
trabajadores cualificados disfrutan de mejores condiciones, un estatus más alto
y reciben salarios reales más altos que los trabajadores cualificados de este
país. Es necesario ayudar a estos últimos a comprender, y rápidamente, que su
actual política de reservar exclusivamente para los trabajadores cualificados
cada operación constitutiva simple ahora incluida en el trabajo de los
trabajadores cualificados es perjudicial para sus intereses, está sofocando la
industria y estrangulando el comercio de la nación.
Sin “molestias” en
los precios
Al mismo tiempo, se
debe advertir severamente a ciertos empleadores. Dado que los costos laborales
representan una proporción tan importante de los costos de producción, algunos
están constantemente alerta para reducir los salarios por las buenas o por las
malas. Se introduce una ligera modificación en el método de fabricación, o se
instala un dispositivo que no engañe a un aprendiz de primer año en una
máquina, y luego se alega que el trabajo se ha vuelto tal que permite al
empleador contratar personal no cualificado o semicualificado, o,
alternativamente, reducir el precio del cualificado. Este tipo de prácticas
deshonestas perjudica el negocio. Intensifica enormemente la dificultad, ya
bastante grande, del buen empleador, que lucha por reorganizar su negocio de
forma justa y adecuada, con una estructura de subdivisión eficiente y
honesta.[302] Las costumbres comerciales, mientras existan, deben
respetarse. Ningún empleador debería tener derecho a modificar la clasificación
profesional aceptada del trabajo ni su correspondiente tasa salarial o precio,
a menos que se produzca un cambio genuino y sustancial en el proceso o la
maquinaria que, en realidad, sustituya la habilidad del trabajador y aumente
manifiestamente la producción.
En lo que respecta
a la mejora de la producción, la dificultad principal, principal y permanente
es la amarga esclavitud de la mente del trabajador —y, si se me permite la
expresión, la "mente colectiva" de los sindicatos— por la falacia
económica, y esto debe ser combatido y superado antes de que se pueda lograr
cualquier progreso real. El remedio es la educación.
[303]
CAPÍTULO XXIX
LA CORRECTA RELACIÓN ENTRE LA INDUSTRIA Y LA COMUNIDAD
La formación de una
opinión pública sólida: responsabilidad del consumidor, deber del ciudadano.
Si la industria ha
tenido muy poca consideración por la comunidad (y esto está indudablemente
demostrado en los capítulos anteriores), la comunidad apenas ha comprendido sus
deberes hacia los trabajadores de la industria.
La formación de una
opinión pública sólida
A la larga, los
conflictos laborales deben resolverse por la fuerza de la opinión pública. En
el pasado, el público ha mostrado una inclinación excesiva a distanciarse de
las controversias laborales como si no les afectaran. Además del efecto
económico directo de cualquier gran huelga sobre el público consumidor, la
comunidad tiene la clara obligación moral de intentar llegar a una conclusión
correcta sobre el asunto y utilizar el peso de su opinión para asegurar una
solución justa y equitativa. En el curso de cualquier huelga importante, ambas
partes rinden homenaje inmediato al poder público. Esto se evidencia en las
diversas declaraciones de sus respectivos casos que emanan de cada parte. Los
trabajadores son especialmente sensibles al control de la opinión pública y son
los primeros en comprender la inutilidad de prolongar cualquier huelga contra
la cual la opinión pública se endurece. Por lo tanto, tanto en lo que respecta
a la verificación de los hechos como a una determinación inteligente de los méritos
de cada controversia laboral, el público tiene grandes obligaciones. Una de las
principales quejas de los trabajadores es que el accionista promedio no hace
ningún esfuerzo en las juntas generales de su empresa para verificar los hechos
relativos a huelgas o cierres patronales, ni para regular sus inversiones
teniendo en cuenta el trato que la empresa da a sus trabajadores. Esta queja
está justificada.
La responsabilidad
del consumidor
Todo consumidor
tiene responsabilidades definidas. A mediados del siglo pasado era casi
omnipotente, y el principal objetivo de la industria era satisfacer, e incluso
anticipar, sus deseos. Su poder...[304] Hoy en día, la economía no está
tan libre de restricciones debido a la competencia entre consumidores de
diferentes naciones por los limitados suministros mundiales y a la mejor
organización de empleadores y empleados. Sin embargo, el consumidor tiene un
inmenso poder y, en beneficio de la industria, la sociedad y, de hecho, de la
nación, debe cumplir con sus obligaciones. Ya hace tiempo que se pensaba que
todo gasto del consumidor, ya fuera en artículos de primera necesidad o de
lujo, contribuía por igual al beneficio del comercio y al aumento de la riqueza
nacional. Ahora se reconoce que, en todo momento, la oferta de mano de obra,
materias primas y capital —«la masa de riqueza», como la describe gráficamente
el Sr. Hartley Withers en su obra « Pobreza y Despilfarro »—
es limitada. Por lo tanto, si algún consumidor exige que se produzcan más
artículos de lujo que artículos de primera necesidad, habrá menos artículos de
primera necesidad para quienes los necesitan, y a precios más altos, porque
estamos gastando en artículos de lujo capital, mano de obra y materias primas
que de otro modo estarían disponibles para la producción de artículos de
primera necesidad. Incluso si en algún momento la oferta de artículos de
primera necesidad supera la demanda, esto no justifica la producción de
artículos de lujo. Si hay demanda de artículos de lujo, el capital, el trabajo
y las materias primas deben hipotecarse de forma más o menos permanente para su
producción. Si, por el contrario, se prescinde de los artículos de lujo, el
capital y el trabajo se desviarán a la producción de artículos de primera
necesidad, con la consiguiente reducción de precios y una mejora en los
salarios reales de los trabajadores a medida que aumenta la oferta de artículos
de primera necesidad. Dado que el capital tiende a fluir de forma más o menos
automática hacia la clase de producción que ofrezca la mayor remuneración, en
realidad solo el consumidor puede controlar en qué clase de producción se
invierte. Siempre quedará una pregunta: ¿Qué es un lujo irrazonable? Esta es,
por supuesto, una pregunta que cada persona debe responder por sí misma, pero
cualquier cosa, desde mi punto de vista, es un lujo reprobable cuando su
producción resulta en el consumo de riqueza o la atracción de mano de obra
necesaria para fines nacionales más urgentes. Si algún consumidor tiene dudas,
puede ahorrar en lugar de gastar. Puede invertir sus ahorros en la industria o,
si no, depositarlos en su banco, que puede hacerlo por él. De esta manera, se
iniciarán nuevas industrias permanentes, aumentará la producción de artículos
de primera necesidad, mejorarán los salarios y el poder adquisitivo, y se
prestará un servicio concreto a la comunidad mediante el establecimiento de
empresas que, si se gestionan de forma sólida y adecuada, generarán empleo y
aumentarán y circularán la riqueza de una forma que la producción de un lujo no
podría rivalizar. Hoy en día, el consumidor tiene el deber de reflexionar.
[305]
Hay una oferta de
riqueza mucho menor de lo que la mayoría de las personas se dan cuenta, lo que
acentúa el deber de cada persona de usar sus ingresos de la manera más
beneficiosa para la comunidad. En su libro The Division of the Product
of Industry , el profesor Bowley muestra (p. 47) que si tomamos los
ingresos tributarios de 1911 de los residentes en el Reino Unido derivados de
fuentes domésticas, a saber, £742,000,000, y de ellos restamos (i) los ingresos
ganados, lo que no da a ningún asalariado más de £160 por año, (ii) los
ingresos de los agricultores y (iii) las organizaciones benéficas dotadas, el
saldo restante es de solo £550,000,000. Restando de esta última cifra las
cantidades de preguerra requeridas para el ahorro nacional y los gastos nacionales,
quedaron solo 200 a 250 millones "que en el cálculo extremista pueden
haber sido gastados de los ingresos producidos en el hogar por los ricos o
moderadamente adinerados en cualquier cosa de la naturaleza del lujo".
Esta suma habría sido poco más que suficiente para elevar el salario medio de
hombres y mujeres adultos a un mínimo de 35 chelines y 3 peniques semanales
para un hombre y 20 chelines para una mujer, lo que el Sr.
Rowntree en The Human Needs of Labour estima razonable, con
precios a julio de 1914. El profesor Bowley lo expresa de otra manera. Antes de
la guerra, había alrededor de 10.000.000 de hogares, cada uno con un promedio
de 4½ personas, de las cuales casi 2 en cada hogar eran asalariados. Si el
ingreso familiar total se hubiera dividido en partes iguales, el ingreso neto
medio por familia, después de pagar todas las tasas e impuestos e invertir una
suma adecuada en industrias nacionales, habría sido nominalmente de 153 libras
esterlinas de los ingresos familiares, que, si el saldo de los ingresos traídos
a casa desde el extranjero y no reinvertidos en el extranjero también se
dividiera en partes iguales, aumentaría a 162 libras esterlinas por año. La
distribución equitativa del ingreso, por supuesto, habría aumentado enormemente
los precios. El profesor Bowley observa: “Cuando se comprende que el ingreso
total de la nación solo es suficiente para cubrir necesidades razonables si se
divide equitativamente, el gasto lujoso resulta ser incluso más injustificable
de lo que comúnmente se suponía”.
La Conferencia
Financiera Internacional de Bruselas declaró: «Sobre todo, para subsanar la
brecha entre la oferta y la demanda de bienes, es deber de todo ciudadano
patriota practicar la economía más estricta posible y, así, contribuir con su
máximo esfuerzo al bien común. Esta acción privada es la base indispensable
para las medidas concretas necesarias para sanear las finanzas públicas».
El deber del
ciudadano
Los principios de
la política laborista que he esbozado apuntan generalmente a la libertad y, en
su mejor sentido, a la libertad.[306] El individualismo, que prioriza el
desarrollo de la cooperación en la industria más que la lucha y el uso del poder
para resolver diferencias y expresar el equilibrio de fuerzas económicas,
impone responsabilidades correlativas a todos los ciudadanos, especialmente en
lo que respecta al mantenimiento de unos servicios sociales eficientes. A
primera vista, cualquier mención de los servicios sociales puede parecer una
contradicción con el argumento desarrollado hasta ahora. Para muchos, los
servicios sociales se asocian inevitablemente con el alivio en el sentido
estricto de la palabra, concebido como una concesión al clamor de los teóricos
socialistas. En realidad, son la expresión creciente de una mayor sensibilidad
social. Ningún Estado puede ser sano si se basa en la adversidad y el
sufrimiento. Ciertos abusos deben eliminarse y ciertas condiciones remediarse.
En cualquier sociedad económica avanzada, el Estado debe actuar, lo ha hecho y
en el futuro ampliará su acción. La conciencia social, para cualquiera que lea
historia, es una fuerza real y creciente. Pero para ser sólida y eficaz, debe
basarse necesariamente en la cooperación individual voluntaria.
Tal como están las
cosas hoy, debemos reconocer que la actividad estatal en materia de servicios
sociales, en muchos aspectos, supera la comprensión del ciudadano común. Debido
a la naturaleza de nuestra maquinaria política, se ha desarrollado de forma especializada,
lo que supone una pesada carga para legisladores y administradores, tanto
voluntarios como oficiales. Esto genera confusión, falta de coordinación y
duplicación de esfuerzos, lo que conduce a un despilfarro, no solo de dinero,
sino de lo que, a la larga, es más importante: el entusiasmo, el esfuerzo y la
eficiencia humanos. Al abordar este problema, el individuo es de vital
importancia. El ciudadano medio debe saber más, interesarse más y prestar más
servicios, para que el orden y la economía sustituyan la confusión y el
despilfarro. La necesidad de este interés individual se ve reforzada por la
actual situación financiera.
Como nación, nos
estamos recuperando, de hecho, convaleciendo lentamente, de los efectos de la
inflación monetaria y crediticia de la guerra y la posguerra. Nos hemos dado
cuenta de que unas finanzas sólidas y el equilibrio presupuestario son la base
necesaria para la prosperidad. Otras naciones europeas aún disfrutan de la
prosperidad temporal y engañosa que siempre se puede obtener mediante la
inflación y las finanzas deshonestas. Para profundizar en el argumento
económico, debemos comprender que el Estado solo puede ayudar a los no
productores en la medida en que la industria pueda obtener un excedente,
después de cubrir salarios, intereses, reemplazos, etc. El Estado no puede,
mediante ningún sistema tributario,[307] Los préstamos o la actividad administrativa
proporcionan un nivel de vida artificial, que no se logra mediante la actividad
individual humana. Por lo tanto, existe una necesidad urgente de educación
financiera, tanto pública como privada. Algunos estamos aprendiendo la lección
de la amarga experiencia de las altas tasas e impuestos, otros de las
dificultades del desempleo. Pero de esta experiencia se derivan muchos
beneficios. Estamos descubriendo las bases verdaderas y permanentes de la
prosperidad nacional. Los peligros de la Gran Bretaña actual no se encuentran
en la Revolución Roja. La democracia fracasará, si es que fracasa, por falta de
comprensión de la economía y las finanzas. Políticos sin escrúpulos ni
previsión pueden ofrecer sobornos con ventajas materiales inmediatas, confiando
en algún juego de cifras para cumplir sus promesas. Durante la guerra, el
Comité Nacional de Ahorros, mediante una sólida educación económica
—convirtiendo las teorías financieras de la moneda, los bienes y los servicios
en términos de hombres y municiones—, educó al público en general sobre las
consecuencias sociales del gasto y el ahorro. El control de las finanzas
nacionales así establecido bajo el estímulo patriótico y la urgencia de la
guerra no es menos necesario en tiempos de paz.
La historia de la
legislación social en el siglo XX es expresión no solo de la presión
democrática, sino también de la creciente sensibilidad social hacia la
conciencia nacional, despertada por individuos de méritos excepcionales que
protestaban contra la desaparición de ciertos males. A medida que la revolución
industrial se desarrollaba, fue posible determinar, mediante una investigación
minuciosa, sus debilidades y males, y ofrecer ciertas soluciones. Basada en una
prosperidad en constante crecimiento, su trayectoria es digna de ser recordada;
una amplia extensión de la educación que brindó cada vez más oportunidades a
hombres y mujeres capaces de todos los estratos sociales para desarrollar su
individualidad; un nivel general de educación que demostró su valor al aumentar
la templanza, disminuir la delincuencia y fortalecer el sentido de civismo,
culminando en la atención a la condición física de los escolares, que en
tiempos normales habría garantizado a cada niño una infancia feliz y saludable.
En salud pública, la eliminación de las enfermedades infecciosas más
peligrosas, la mejora constante de las condiciones sanitarias y la educación en
medicina preventiva, cuyas estadísticas demuestran que fueron directamente
beneficiosas. En el lado positivo, una extensión del trabajo de bienestar
infantil, que, basándose en el afecto natural de las madres y exhortándolas a
desarrollar su propia individualidad, ha reducido con un pequeño gasto la tasa
de mortalidad infantil a la mitad. El seguro médico contributivo ha disminuido
la farsa de la enfermedad en la familia del asalariado y, como resultado de
la[308] Las valoraciones quinquenales de las Sociedades Aprobadas son más
conocidas y comprendidas, lo que superará cualquier crítica adversa restante.
Las pensiones de jubilación han eliminado el temor a una vejez dependiente de
familiares rencorosos o de la Ley de Pobres, con sus efectos disuasorios. El
tratamiento del desempleo ha ganado en eficiencia y rigor gracias a la
constante adquisición de experiencia: las Oficinas de Empleo, el Seguro de
Desempleo y el uso de créditos estatales para financiar el comercio
internacional y garantizar la expansión de la industria nacional están sentando
las bases de un nuevo orden. Las actividades irregulares de las organizaciones
voluntarias y las autoridades locales en la emigración se han convertido en un
Plan Imperial para la Asentamiento en el Extranjero. En las actuales
condiciones de austeridad financiera, debemos considerar cómo se puede soportar
esta carga en el futuro. ¿Qué proporción de la renta nacional se puede dedicar,
en los próximos años, a servicios que son admirables en sus objetivos? Un hecho
es evidente: debemos aferrarnos a toda costa a los servicios públicos
esenciales y mantener la maquinaria en funcionamiento para que esté lista para
la expansión cuando las condiciones financieras lo permitan. La caída de
precios, que se traduce en un menor coste de la vida, menores primas de guerra
y un menor coste de los materiales, está aportando, y seguirá aportando, un alivio
aún mayor al contribuyente y al contribuyente. Sin embargo, el ajuste va a la
zaga del cambio en las circunstancias individuales y es motivo de numerosas
críticas a las autoridades. No obstante, para que esta política de aferrarse a
lo esencial se lleve a cabo, será necesario un mayor ahorro: no solo de dinero,
sino, en su sentido aristotélico original, de la gestión del hogar. Esto solo
se puede lograr mediante la atención al detalle, con un mayor civismo, mediante
el cual los servicios de salud, educación, etc., sean considerados por quienes
se benefician como algo por lo que pagan y de lo que, a largo plazo, son
responsables. Si el deseo de educación se generalizara, se produciría una
economía inmediata en oficiales de asistencia escolar, comités de turnos y toda
la maquinaria diseñada para cerrar las brechas en la red educativa. Si se
elevara el nivel individual de atención a la salud, como puede lograrse
mediante movimientos como las semanas de la salud, las semanas del bebé, etc.,
se produciría una consecuente reducción del gasto en salud pública. Pero la
mayor medida de economía en la gestión doméstica se obtendría de la
coordinación de las actividades de los departamentos nacionales, las
autoridades locales y las organizaciones voluntarias. Recientemente se ha
llamado la atención sobre el aumento del gasto debido al sistema de
subvenciones a las autoridades locales, mediante el cual[309] Las
autoridades locales se ven inducidas a gastar dinero bajo la falsa suposición
de que el contribuyente obtendrá algo que deberá pagar. La discrepancia entre
el sistema de tarificación y el sistema de pago de impuestos es la causa
principal de muchas dificultades, pero una comprensión más amplia de las
finanzas evitaría los males más graves.
Bajo nuestro
sistema de gobierno inglés, toda la legislación reciente ha sido de carácter
especializado, abordando clases específicas o un mal particular. A medida que
se reconocía cada necesidad, se creaba una administración especial para
atenderla, y ahora contamos con innumerables investigadores, inspectores y
funcionarios de diversos rangos que administran las leyes y reglamentos del
Parlamento de diversas maneras. La relación entre los departamentos nacionales
y las autoridades locales requiere revisión y reorganización. Debido a la carga
impositiva para el contribuyente, que impulsa a las autoridades locales a
depender cada vez más de las subvenciones del Tesoro Nacional, y a su negativa
a asumir nuevas cargas, los servicios sociales se han identificado con la
actividad departamental, la burocracia y los trámites burocráticos. El gobierno
local ha sufrido una atrofia gradual.
Ahora, bajo la
presión de las restricciones financieras, es el momento de reformar nuestro
sistema social. Se necesitan los servicios de los mejores cerebros que el país
pueda producir. El problema tiene dos aspectos. En primer lugar, la política
financiera. Debido a la complejidad de la administración, no puede existir un
control local sobre el gasto total en ningún ámbito. Se necesita urgentemente
una investigación, similar al informe nacional conocido como el informe Drage,
que establece para cada área de gobierno local las sumas pagadas por la
autoridad local, Salud y Educación, etc., la Ley de Pobres y los Ministerios
Nacionales de Pensiones, Trabajo, etc. Actualmente, se desconocen los hechos y,
de hecho, no están disponibles. En segundo lugar, en la administración,
necesitamos una coordinación entre la investigación y la indagación, y cierta
coordinación en el pago de ayudas; como mínimo, un registro de asistencia que
evite la duplicación de pagos y mecanismos. El éxito de cualquiera de estas
medidas depende casi por completo del interés local. Cualquier plan establecido
por el Gobierno solo contribuiría a la confusión general. La economía, en este
sentido, implica una investigación rigurosa y atención al detalle, y es un
servicio que solo pueden prestar quienes tienen experiencia y capacidad
empresarial. Finalmente, se reorganizaría la Ley de Pobres, no con un espíritu
de hostilidad hacia quienes han realizado una labor tan admirable a pesar del
abuso y la tergiversación, sino una reorganización hacia nuevas áreas que
coincidan con las demás áreas del gobierno local y se ajusten mejor a las
condiciones industriales actuales.
[310]
Como política
social, la insistencia en la economía parecerá aburrida, pero el comentario de
la anciana sobre los maridos, que dice que los buenos son aburridos, se aplica
igualmente a la política social. El desarrollo futuro de los servicios sociales
depende del futuro económico y financiero. En las condiciones actuales, nadie
puede abogar por nuevas vías de gasto ni por la ampliación de las existentes.
Esto no es una confesión de fracaso ni una admisión de estancamiento social. Ya
no podemos medir la reforma social por el aumento gradual de las sumas de
dinero gastadas en servicios especializados. Debemos, para un futuro tan amplio
como podamos prever, medir el progreso social en función del servicio social
que el individuo está dispuesto a prestar. Como preparación, necesitamos dos
elementos: (1) una educación económica más amplia; (2) un conocimiento más
amplio de las condiciones sociales y la preparación para abordar los males
sociales. Para el primero, el desarrollo del Movimiento de Ahorro sirve de guía.
Iniciado en 1916, con la doble función de educación económica y la provisión de
facilidades para el pequeño inversor, se ha convertido en un instrumento
financiero de posibilidades ilimitadas.
En el semestre
finalizado el 31 de marzo de 1922, se invirtieron 93.000.000 de libras
esterlinas en Certificados de Ahorro, una suma aún más notable considerando las
condiciones de la industria en ese momento. Con una sabia previsión, se han
establecido mecanismos para que las autoridades locales puedan solicitar
préstamos a la Comisión de Préstamos para Obras Públicas (Public Works Loans
Commissioners) del 50 % del dinero recaudado en su área. En resumen, esto
significa que se ahorran 46.500.000 libras esterlinas anuales de nuevo capital,
que se destinan a obras de mejora pública si es necesario, mientras que otras
46.500.000 libras esterlinas estarán disponibles para el reembolso de anticipos
de gastos, lo que liberará créditos bancarios para la financiación del comercio
privado. Se trata de una financiación regular y constante de la deuda flotante
mediante el dinero que realmente se ahorra. Como medida de la magnitud
comparativa de millones, conviene señalar que el costo total de las pensiones
de vejez durante el último ejercicio económico fue de 21.750.000 libras
esterlinas, y el costo total de la Ley de Pobres en el ejercicio que finalizó
el 31 de marzo de 1920 fue de 28.500.000 libras esterlinas. Este éxito ha
ocultado en cierta medida la otra función del Comité, a saber, la educación
económica. En última instancia, el problema del desempleo se convierte en uno
financiero. En la medida en que pueda aliviarse mediante medidas de seguro,
asistencia o emigración, los impuestos y las tasas proporcionarán los medios,
pero más allá de toda obligación, el individuo tiene cierta responsabilidad. Un
gasto prudente, evitando el despilfarro y la extravagancia, contribuirá más a
restaurar los cimientos de la industria y el crédito que cualquier acción
de[311] Gobierno. Así como durante la guerra fue posible desviar bienes y
servicios de fines privados a la principal necesidad nacional de proveer
hombres y municiones para la victoria, hoy un control consciente del gasto
individual, incluyendo cierto grado de ahorro y frugalidad, se traducirá en
tasas de interés más bajas, mayor crédito y una mejora general del comercio y
el empleo.
En cuanto al
segundo elemento, a saber, un conocimiento más amplio de las condiciones
sociales, se están sentando las bases gracias al esfuerzo voluntario. En todas
las grandes zonas industriales, se observa un creciente interés por las
condiciones sociales. Las asociaciones voluntarias de preguerra están
reconociendo su inevitable conexión con los departamentos gubernamentales y las
autoridades locales. Se han formado consejos, representativos de las
autoridades locales y las asociaciones voluntarias, basados no en el ideal
victoriano de la Dama Generosa, sino en el ideal más justo y sensato de una
ciudadanía común al servicio de la comunidad. Se están tomando medidas
prácticas para reducir el caos y la duplicación de esfuerzos y presupuesto: por
un lado, un estudio de las condiciones locales; por otro, un manual de
información sobre la provisión local; por otro, un sistema de registro mutuo de
asistencia y socorro; y, por último, una investigación sobre el total de fondos
públicos destinados a servicios sociales. En la base de todo esto se encuentra
el servicio personal que prestan los trabajadores sociales, como los
trabajadores sociales, los gremios de ayuda, los funcionarios de prohibición,
los trabajadores sociales infantiles, etc. La experiencia nos ha llevado a
comprender que se necesitan dos tipos de cooperación: primero, la cooperación
de expertos para coordinar cuestiones políticas; segundo, la cooperación de los
ciudadanos para resolver los problemas de las personas en dificultades. A
partir de una amplia experiencia en conflictos laborales, existe la firme
convicción de que los casos difíciles, las injusticias involuntarias y las
dificultades administrativas, resumidas en la frase "burocracia", son
una fuente más fructífera de problemas que las quejas más graves.
Esta defensa del
servicio personal en diversos campos y en diferentes grados no es la fantasía
de un visionario social, sino una expresión del genio de nuestra raza. Toda
reforma, todo método de avance social, ha debido su existencia al entusiasmo de
voluntarios que probaron una nueva idea, la encontraron eficaz y luego
convencieron a otros de que debía aplicarse en todo el país. No se trata de
salir del paso, sino de la marcha hacia adelante de la libertad individual, que
incluye la libertad de combinarse y la libertad de persuadir y convencer a
otros de que un nuevo camino es el correcto. El método teutónico de mejora
social por obligación, no por sí mismo, sino por razones
militares.[312] Sus propósitos influyeron en el pensamiento inglés durante
una generación. El resultado se observa en un desarrollo del Estado que supera
con creces la capacidad o los deseos de nuestro pueblo. El remedio no reside en
un tratamiento adicional con dosis homeopáticas del mismo medicamento, sino en
el desarrollo natural y saludable del espíritu nacional a través y en el
individuo.
El servicio no
pactado que se requiere de cada miembro de la comunidad “es un servicio
inspirado que no se mide en efectivo, sobre el cual no hay disputas por horas
extras, y en el que el tiempo y medio o el doble de tiempo se agradece en lugar
de objetarse. ¿Y no es ese el tipo de servicio que el mundo anhela? A menos que
podamos eliminar el equilibrio entre dar y recibir, no avanzaremos en el alivio
del sufrimiento de la humanidad”. Y existe una visión aún más amplia. Frente a
los socialistas extremistas que predican la lucha de clases e intentan separar
las clases, solo hay un antídoto verdadero: un principio fuerte, convincente y
activo que tienda a unir a todas las clases, no con fines egoístas, sino que
surja de un sentido omnipresente de la hermandad humana.
NOTAS AL PIE
[1]Éste es sólo el número de afiliados directos; en total hay 2.350
partidos laboristas y consejos sindicales divisionales y locales.
[2]Reimpreso, con adiciones, como El Movimiento Revolucionario en
Gran Bretaña . Grant Richards, Ltd., 1921.
[3]Una buena exposición de esta escuela del socialismo se puede encontrar
en el Sindicalismo Revolucionario del Profesor JA Estey .
[4]Muy Honorable JR Clynes; los señores JA Hobson, JJ Mallon y las
señoritas Susan Lawrence y Mona Wilson.
[5]Los delegados sindicales, normalmente, son personas elegidas por los
hombres de cada oficio en cada departamento de un taller de ingeniería para
actuar individualmente o a través de un “convocante” de todos los delegados
sindicales del oficio en particular como vínculo de conexión entre los hombres
de ese oficio en las fábricas y el delegado de distrito o el comité de distrito
del sindicato del oficio.
[6]Los señores Adamson y Gosling.
[7]Leyes de pequeñas propiedades y asignaciones, de 1908 a 1919; Ley de
adquisición de tierras (evaluación de compensación), de 1919; Leyes de pequeños
terratenientes (Escocia), de 1886 a 1919; Leyes de colonización de tierras
(Escocia), de 1919 y 1921; etc.
[8]Véase Land Nationalization , por Harold Cox, 2.ª ed.,
1906. Methuen & Co.
[9]Un proyecto de ley similar se presentó en la sesión de 1922.
[10]Comité Conjunto del Congreso de Sindicatos, Partido Laborista,
Unionistas Cooperativos—Informe Final, 1921—(Co-operative Society, Ltd.).
Véase también:—
|
1º |
Informe de la
Asociación de Servicio Civil. |
Veces , |
17 de abril, |
1922. |
|
2º |
” ” ” |
" |
18 de julio, |
" |
[11]Sir Wm. Mackenzie, KBE, KC, es el presidente.
[12]“El Comité Geddes”.
[13]De hecho, muchos ferroviarios trabajan más de ocho horas diarias y
reciben, por el exceso de horas, un pago de horas extras.
[14]El Sindicato Nacional de Ferroviarios y la Sociedad Asociada de
Ingenieros de Locomotoras y Bomberos.
[15]El principio había sido acordado en enero de 1920.
[16]Actualmente es el Consejo General del Congreso de Sindicatos.
[17]El Ministro de Trabajo ha remitido la pertinencia de esta
descalificación a una comisión para su consideración e informe. (Véase la
Gaceta del Trabajo , julio de 1922, pág. 287).
[18]El valor total de las asignaciones efectivas es de
£2.630.000, por lo que aproximadamente £160.618 no serán finalmente pagaderos.
|
1921. |
28 de abril. |
6½ |
por ciento. |
|
23 de junio. |
6 |
" |
|
|
21 de julio. |
5½ |
" |
|
|
3 de noviembre. |
5 |
" |
|
|
1922. |
16 de febrero. |
4½ |
" |
|
13 de abril. |
4 |
" |
|
|
15 de junio. |
3½ |
" |
|
|
13 de julio. |
3 |
" |
[20]Comité de investigación sobre el funcionamiento y el efecto de las leyes
de juntas comerciales — Documento parlamentario , 1922, Cd.
1645.
[21]Discurso a la Cámara de Comercio de Glasgow, 18 de octubre de 1920.
[22]Véanse otras ilustraciones comunicadas por mí al Gobierno, pág.
302, Problemas y disputas industriales , de Lord Askwith.
[313]
ÍNDICE
Para facilitar la
referencia, este índice se divide en partes como sigue:
- PARTE I ACTAS DEL
PARLAMENTO, ÓRDENES ESTATUTARIAS, ETC.
- PARTE II PERSONAS
- PARTE III LUGARES
- PARTE IV PUBLICACIONES
- PARTE V ORGANIZACIONES
- PARTE VI ASIGNATURAS
PARTE I. ACTAS DEL
PARLAMENTO, ÓRDENES ESTATUTARIAS, ETC.
- Leyes de Adquisición de
Tierras, 104
- Ley de la Comisión de la
Industria del Carbón de 1919, 158
- Ley de Confirmación del
Acuerdo de Control de Minas, 1918, 157
- Ley (de Descontrol) de
1921, 161
- Ley de Emergencia de
1920, 158
- Ley de Salario Mínimo de
1912, 155
- Leyes de Regulación, 155
- Leyes de combinación, 46
- Ley de Conciliación de
1896, 142
- Ley de Producción de Maíz de
1917, 89 , 171 , 172
- 1920, 89
- Leyes (Derogación),
1921, 171
- Ley de Educación de
1918, 118
- Hechos, 142
- Ley de Elección de Empleo de
1910, 152
- Ley (Escocia) de 1908, 152
- Leyes de fábricas y
talleres, 142 , 247
- Leyes de seguro de
salud, 142 , 178 , 196 , 262
- Ley de Tribunales
Industriales de 1919, 142 , 148 , 248
- Ley de Oficinas Laborales
(Londres), 1902, 175
- Ley de Intercambios de
1909, 142 , 151 , 152
- Ley de Autoridades Locales
(Disposiciones Financieras), 1921, 197 , 198
- Reglamento del Fondo
Metropolitano para los Pobres Comunes (Ayuda Exterior), 1922, 198
- Leyes de Minas, 142
- Ley de la Industria Minera
de 1920, 159 , 162
- Ley del Ministerio de
Transporte de 1919, 166
- Ley de Municiones de Guerra
de 1915, 137 , 138
- Leyes del Seguro Nacional de
Salud ( véase Leyes
del Seguro de Salud )
- Ley de Seguros de
1911, 109 , 176 , 196
- Ley de enmiendas de la Parte
II, 1914, 176
- (Parte II) Ley de
Trabajadores de Municiones, 1916, 109
- Ley de Sociedades de Ayuda
al Aire Libre (Sociedades Amistosas), 1904, 196
- Ley de modificación de
créditos y seguros en el extranjero, 1921, 204
- Ley de Comercio (Créditos y
Seguros) de 1920, 204
- “Ley Peels”, 1825, 46
- Proyecto de ley de
prevención del empleo, 1919, 110
- Ley de limitación del precio
del carbón, 1915, 157
- Ley de Ferrocarriles de
1921, 168
- Ley de Reforma de
1832, 47
- Ley de Representación del
Pueblo, 1832 (Ley de Reforma), 47
- Ley de Reglamento de las
Fuerzas Armadas, 1871, 164
- Orden de Regulación de
Alivio, 1911, 195
- Proyectos de ley sobre el
derecho al trabajo, 124
- Leyes de Carreteras de
1920, 191
- Ley de Tiendas, 142
- Leyes de Juntas
Comerciales, 142 , 149 , 250
- Ley de Disputas Comerciales
de 1906, 33 , 249
- Ley de Instalaciones de
1921, 199 , 200 , 203 , 204 , 245
- Ley de trabajadores
desempleados de 1905, 115 , 175
- Proyecto de ley, 1907, 124
- Ley de Dependientes de los
Trabajadores (Provisión Temporal), 1921, 183 , 184 , 185 , 186 , 196
- Ley de Seguro de Desempleo
de 1920, 176 , 262
- Ley de 1920 (modificación de
las disposiciones temporales), 181
- Ley de 1921, 178 , 180 , 181 , 183
- (No. 2) Ley, 1921, 178 , 181
- Ley de 1922, 184 , 197
- Ley de Obras de Socorro de
1920, 191
- Leyes de seguros, 109 ,
116, 118, 142 , 174,
183 , 184 , 196
- Trabajo, Derecho a, Facturas
( ver Derecho
al Trabajo )
- Leyes de Compensación de los
Trabajadores, 142
[314]
PARTE II. PERSONAS.
- Acworth, Sir William, 100
- Pídele, Señor, 135
- Barnes, Honorable Enfermero
General, 30
años
- Cerveza, M., 48 , 49 , 79
- Bell, Richard, 21
- Benbow, William, 47
- Bevan, E., 254
- Blanco, Luis, 125
- Booth, Charles, 50
- Bowley, Profesor, 139 , 157 , 274 , 305
- Burns, Muy Honorable
John, 127 , 128
- Burt, Muy Honorable
Thomas, 21
años
- Cameron, Alex. G., 63
- Cueva, Señor, 250
- Cole, GDH, 44
- Connolly, James, 51
- Cox, Harold, 93 , 105 , 125 , 127
- Crooks, Will, 22
- Duckham, Sir Arthur, 159
- Emerson, 98
- Inglés, 73
- Estey, Prof. JA, 43
- Farrar, CF, 9
- George, Muy Honorable D.
Lloyd, 156 , 253
- George, Henry, 50 , 101
- Goodenough, F. C., 243 , 244
- Goschen, Sir Harry, 198
- Gosling, Harry, 72
- Hardie, Keir, 21 , 22 , 27 , 54
años
- Henderson, Muy Honorable
Arthur, 22 , 23 , 30 , 59 , 65 , 67 , 72 , 77 , 112 , 254
- Hodge, Muy Honorable
John, 30
- Huysmans, Camille, 77
- Hyder, Joseph, 104
- Hyndman, HM, 50 , 52 , 53
- Kindersley, Sir
Robert, 200
- Kitchener, Señor, 136
- Lane, William, 98
- Derecho, Muy Honorable A.
Bonar, 136
- Lenin, 73 , 79
- León, Daniel de, 54
- Lesser, Henry, 260 , 261
- Leverhulme, Señor, 214
- Lloyd-Greame, Sir
Philip, 204
- Long, Señor, 175
- MacDonald, Ramsay, 67 , 72 , 124
- McDougall, Profesor, 232
- McKenna, RT. Honorable.
R., 139 , 240 , 242
- Mackenzie, Sir Wm., 148 , 168
- Mallock, WH, 98
- Mann, Tom, 51
- Marriott, diputado, miembro
del Parlamento británico, 126
- Marx, Karl, 49 , 50 , 73 , 280 , 251 , 282 , 283 , 284 , 285
- Miliukov, Dr., 52
- Morris, William, 50 , 52
años
- Owen, Robert, 47
años , 98
años
- Palme Dutt, R., 74
- Plender, Sir William, 200
- Postgate, RW, 65
- Pratt, Edwin A., 99
- Rew, Sir Henry, 174
- Roberts, Honorable Honorable
GH, 30
- Rowntree, B. Seebohm, 305
- Runciman, Rt. Honorable.
Walter, 156
- San Aldwyn, Señor, 156
- San David, Señor, 187
- Schuster, coronel, 200
- Shackleton, Sir David, 22
- Shadwell, Dr., 41 , 53
- Sello, Sir Josiah, 94
- Stuart-Bunning, Sr., 67
años
- Thomas, Albert, 65
- Thomas, Emilio, 126
- Thomas, Muy Honorable Juez
de Honor, 72
años
- Vandervelde, Emile, 65
- Wallace, Dr. Alfred
R., 101
- Watson, Sir Alfred, 186 , 260
- Webb, Sr. y Sra.
Sidney, 50 , 76 , 80 , 93 , 254
- Weir, Señor, 291
- Whitley, Muy Honorable Juez
de Honor, 143 , 265
- Williams, Robert, 84
- Withers, Hartley, 92 , 304
- Wolfe, Humbert, 133
PARTE III. LUGARES.
- Berna (Conferencias
Socialistas), 65 , 67 , 73 ;
- Reconstitución Segunda
Internacional, 65
- Brook Farm, Falange
Socialista en, 98
- Clyde, Huelgas de
1916, 52 ;
- Causas de, 52 ;
- Cómo se diseñó, 79 ;
- Éxito de los Comités de
Empresa en el, 267 ;
- Comité de
Trabajadores, 80
- Ginebra, Resoluciones sobre
el socialismo, 67 , 68
- Hollesley Bay, Colonia
Agrícola en, 127
- Conferencia de
Kienthal, 65
- Laindon, Colonia en, 128
- Conferencia de
Lucerna, 67
- Minsk, 83
- Moscú, 74
- América del Norte, Falange
Socialista en, 98
- París, 65 , 67 , 73 , 77
- Polonia, 81 , 83
- Álamo, Guardianes, 198
- Puerto Sunlight, 214
- Rusia, 77 , 82 , 83 , 84 , 120
- South Ockenden, Colonia
Agrícola en, 128
- Gales del Sur, Huelga de
Mineros 138, 155
- [315]Conferencia de
Estocolmo, 65
- Viena, 75
- Washington, Conferencia
en, 238
- Wisconsin, Falange
Socialista en, 98
- Conferencia de
Zimmerwald, 65
PARTE IV.
PUBLICACIONES.
- “Contador”, 204
- “El bolchevismo, un peligro
internacional” (Miliukov), 52
- “Llamada”, 5
- “Caso del capitalismo”
(Withers), 92
- “Caso a favor de la
nacionalización de tierras” (Hyder), 104
- “Revista Cooperativa”, 40
- “Daily Herald”, 42 , 84
- “División del producto de la
industria” (Bowley), 274 , 305
- “Libertad económica”
(Cox), 93 , 125 , 127
- “Edinburgh Review”, 9
- “Evening Standard”, 9
- “Ferrocarriles
alemanes contra británicos” (Pratt), 99
- “Mente de grupo”
(McDougall), 232
- “El socialismo gremial
reformulado” (Cole), 44
- “Bosquejo histórico de la
propiedad estatal de los ferrocarriles” (Acworth), 100
- “Histoire des Ateliers
Nationaux” (Thomas), 126
- “Historia del socialismo
británico” (Beer), 48 , 49 , 79
- “Historia del sindicalismo”
(Webb), 50 , 76 , 80
- “Necesidades humanas del
trabajo” (Rowntree), 305
- “Democracia industrial”
(Webb), 76
- “Justicia”, 53
- “El trabajo y el nuevo orden
social”, 57 , 85
- “Manual Internacional del
Trabajo”, 74
- “Líder Laborista”, 54
- “El Partido Laborista y el
Campo”, 89
- “Oferta y regulación del
trabajo” (Wolfe), 133
- “Nacionalización de tierras”
(Cox), 105
- “Vida y trabajo en Londres”
(Booth), 50
- “Siglo XIX”, 9
- “Política oficial para la
reconstrucción después de la guerra”, 231
- “Organización del trabajo”
(Blanc), 125
- “Pobreza y desperdicio”
(Withers), 304
- “Precios y salarios en el
Reino Unido” (Bowley), 139 , 157
- “Progreso y pobreza”
(George), 50 , 101
- “Revisión trimestral”, 9
- “Catecismo Rojo”, 281
- “Movimiento revolucionario
en Gran Bretaña” (Shadwell), 41 , 53
- “Sindicalismo
revolucionario” (Estey), 43
- “Derecho al trabajo”
(Marriott), 126
- “Socialista”, 55
- “Socialist Standard”, 55
- “El Estado y la revolución”
(Lenin), 73
- “Sunday Times”, 9
- “Dos internacionales” (Palme
Dutt), 65 , 74
- “Times”, 9 , 41 , 191 , 243
- “Sindicalismo y acción
política”, 29
- “Desempleo: una política
laboral”, 118
- “Internacional de los
Trabajadores” (Postgate), 65
PARTE V.
ORGANIZACIONES.
- Unión de Ingenieros
Amalgamada (Sociedad de Ingenieros), 29 , 30 , 78 , 136 , 267
- Partido Socialista
Americano, Conexión con el Partido Laborista Socialista, 54
- Bolcheviques, 73
- Partido Socialista
Británico, 53 , 58
- Sindicatos de la
construcción, 119
- Partido Comunista de Gran
Bretaña, 53 , 74
- Sindicato de
Electricistas, 77
- Comité Electoral del
Trabajo, 21
- Departamento de
Investigación Fabiana, 54
- Sociedad Fabiana, 21 , 25 , 53
- Federación de Industrias
Británicas, 239 , 255
- Federación General de
Sindicatos, 26
- Unión General de
Trabajadores, 30
- Comité “Manos Fuera de
Rusia”, 52
- Comunidad de Armonía de
Igualdad, 98
- Liga Herald, 25
- Partido Laborista
Independiente, 21 , 25 , 54 , 74
- Trabajadores industriales
del mundo, 51 , 55 , 79
- Comités provisionales de
reconstrucción industrial, 143
- [316]Organización
Internacional del Trabajo, 253
- Partido Socialista
Judío, 25
- Consejo Conjunto, 26
- Partido Laborista, Evolución
de, 21 ;
- Constitución, 1900, 21 , 22 ;
- Reconstitución, 1918, 22 ;
- Objetos, 23 ;
- Membresía, 25 ;
- Finanzas, 25 ;
- Características
sectarias, 27 ;
- Falta de liderazgo, 30 ;
- Política General, 32 ;
- Adopción del
socialismo, 46 ;
- Inicio Programa
Socialista, 56 , 85 , 224 , 226 ;
- Programa Socialista
Internacional, 68 ;
- Aprobación de la Acción
Directa, 76 ;
- Política de desempleo, 106 , 124
- Comité de Representación
Laboral, 21 , 22 , 52
- Liga de Representación
Laboral, 21
- Departamento de
Investigación Laboral, 54
- Sociedad de Nacionalización
de Tierras, 101
- Sociedad de Naciones, 37 , 38
- Partidos Laboristas
Locales, 23 , 28
- Federación de Mineros de
Gran Bretaña, 44
- Ministerio del Trabajo, El
trabajo de los, 153 ;
- La necesidad de un
verdadero, 251
- Ministerio de
Municiones, 137
- Consejo Nacional de Servicio
Social, 196
- Federación Nacional de
Sociedades Aprobadas de Empleadores, 258 , 260 , 261
- Liga Nacional de
Gremios, 55
- Consejo Nacional
Conjunto, 26
- Partido Nacional
Socialista, 53
- Sindicato Nacional de
Ferroviarios, 30
- Sindicato Nacional de
Marineros y Bomberos, 77
- Partido Laborista
Parlamentario, 22 , 27
- Sindicato de Plomeros, 29
- Oficina de correos, 99 , 100
- Departamento de Trabajo de
Astilleros, 212 , 288
- Federación
Socialdemócrata, 21 , 25 , 52 , 55
- Partido Laborista Socialista
de Glasgow, 51 , 54 , 79
- Liga Socialista, 52
- Partido Socialista de Gran
Bretaña, 55
- Sociedades
socialistas, 52
- Consejos de Oficios, 22 , 25
- Congreso de
Sindicatos, 21 , 25 , 50 , 122
- Liga Laboral de
Mujeres, 25
- Sociedades de obras, 262
PARTE VI.
ASIGNATURAS.
- Personal Administrativo,
Capital y, 231 ;
- Trabajadores manuales
y, 232
- Agitación, Creencia
obrera, 216
- Agricultura, Consejos
para, 90 ;
- La nueva política del
Gobierno de 1921, la Derogación de la Ley de Producción de Maíz de 1917,
fue una “violación de la fe”, 171 ;
- Control gubernamental en
tiempos de guerra, 171 ;
- Comités Mixtos de
Conciliación, 172 ;
- Política del Trabajo
para, 35 , 89 ;
- Seguro de desempleo, 174 ;
- Control por los trabajadores
de, 91 ;
- Junta de Salarios, 171 , 172 , 173 , 174
- Sociedades Aprobadas,
Federación Nacional de Empleados, 261
- Arbitraje industrial en
virtud de la Ley de municiones, 137 ;
- Incumplimiento de la
obligación, 137 ;
- en virtud de la Ley de
Tribunales Industriales, 148 , 248
- Aspiraciones, Las Tres
Industriales Dominantes, 222
- Ateliers nationalaux,
Fracaso de, 126
- El bolchevismo, un peligro
internacional, por el Dr. Miliukov, 52 ;
- Repudio de, por la Segunda
Internacional, 72 ;
- Lo esencial de, 73
- Acuerdo de “Brooklands”,
1893, 146
- El Capital, falacia marxista
del origen del, 282
- Capital y Personal
Administrativo, 231 ;
- y trabajadores
manuales, 231
- Capitalismo, 38 , 41 ;
- Presuntos defectos de, 95 ;
- Nuestra deuda con, 93 ;
- Significado de, 92 ;
- Descripción de los
socialistas de, 41 ;
- Donde se necesita
reforma, 97
- Censo de Producción,
1907, 273
- El cartismo, la conexión del
Partido Laborista con el, 47
- Departamento del Comisionado
Industrial Jefe, Absorción en el Ministerio de Trabajo, 142
- Ciudadano, El deber
del, 305
- Industria del Carbón,
Fracaso de la Parte II de la Ley de 1920, 162 ;
- Control gubernamental en
tiempos de guerra, 157 ;
- Ley de la Industria Minera,
1920, 159 ;
- Condiciones de preguerra
en, 155 ;
- Regalías, 163 ;
- Huelga del Sur de Gales,
1915, 155 ;
- Huelga de octubre de
1920, 160 ;
- Huelga de abril de
1921, 161 ;
- Política
gubernamental, 163 ;
- Comisión Sankey, 158 ;
- Acción del Gobierno sobre el
Informe de, 117
- [317]Combinaciones y
Monopolios, Regulación de, 254
- Comité de Producción, 135 , 136
- Comunismo, su
significado, 74 ;
- Primer Congreso de la
Internacional Comunista, 74 ;
- Partido Comunista de Gran
Bretaña, 53 , 74
- Comunidad, Industria
y, 233 ;
- Protección de, 248 ;
- Obreros y, 220 ;
- Salarios y, 273
- Competencia, objeción del
Partido Laborista a, 32 , 58 , 96
- Conciliación, Maquinaria
para, Industria propia, 143 , 144 ;
- Estado, 148 ;
- Preferible a la
intervención, 247
- Consumidor, Responsabilidad
del, 303
- La satisfacción en la
industria: de qué depende, 256 , 263 , 271 , 279
- Control de la
industria, 58 , 60
- Cooperación entre
empleadores y sindicatos al comienzo de la guerra, 133 ;
- El argumento marxista en
contra, 281 ;
- Los propios trabajadores
recurren a, 280 ;
- Métodos de
aseguramiento, 289
- Movimiento
cooperativo, 24 , 39 , 121 ;
- Conferencia de Emergencia
de, 25
- Costo de vida, Comité del
Partido Laborista, 141 ;
- Recomendaciones del Comité
Mixto sobre, 114 ;
- Relación de los salarios
con, 140 ;
- Comité de Verano de, 140
- Consejo de Acción, 31 ;
- Establecimiento de, 82
- Comités de Salarios del
Condado, 90
- Moneda, Inflación de, 139
- Deudas entre aliados, 242
- Demanda de trabajo,
igualación de, 256
- Demarcación del trabajo,
entre Sindicatos, 29 ;
- Efecto sobre la
industria, 300
- Democracia y
dictadura, 66
- Depresión, Política para el
comercio actual, 235
- Dilución, Significado
de, 134 ;
- Acuerdos del “Tesoro”, 135 ;
- Cómo se introdujo en
Clyde, 267
- Acción Directa, Significado
y cualidades de, 76 ;
- Adopción por parte del
Partido Laborista de, 80 , 81 ;
- En el Clyde, 1916, 78
- El descontento y sus
causas, 213
- Investigación de los
estibadores, 273
- Huelga de muelles,
1889, 50
- Sistema Educativo,
Reorganización del, 34 , 118
- Electricidad,
Nacionalización de la producción de, 85 , 86
- Empleadores, Sospecha
de, 218
- Empleo, Dependencia de la
demanda, 126
- Bolsas de empleo, 142 , 151 , 176 , 177
- Medio ambiente, Efecto del
mal, 214
- Intercambios, Estabilización
de los, 239
- La gestión ejecutiva es un
asunto de los empleadores, 269
- Gasto, Reducción del
Nacional, 237
- Plan de Créditos a la
Exportación, 200 , 204 , 244 ;
- Garantías Generales, 206 ;
- Garantías específicas, 205
- Condiciones de Fábrica,
Reglamento de, 247
- Fiascos en las colonias
agrícolas, 127
- Finanzas, Plan de
Trabajo, 121 ;
- La vaguedad del Partido
Laborista con respecto a, 227 ;
- Revolución en público, 36
- Política financiera,
Revisión de la Nacional, 240
- Elecciones generales de
1900, 21 ;
- de 1906, 22 ;
- de 1910, 22 ;
- de 1918, 22
- “Plan George”, para
confiscar la renta, 101 ;
- Argumento a favor, 102 ;
- Respuesta a, 103
- Indemnización alemana, 121
- Política laboral normal del
Gobierno, 142 ;
- Política ante la depresión
actual, 235 ;
- Relación normal adecuada con
la industria, 246 ;
- Política respecto a la
industria del carbón, 155 ;
- Ferrocarriles, 164 ;
- Agricultura, 171
- Relaciones humanas en la
industria, Enumeración de, 230
- Situación humana en la
industria, Insatisfacción del trabajador con, 215 , 222 , 223 ;
- Medios para conferir a los
trabajadores, 263
- Desconocimiento del
trabajador sobre la industria, 212
- Imperialismo, 37 , 38
- Mejora, Deseo de, 216
- Conferencia Industrial,
1919, 117 ;
- Recomendaciones del Partido
Laborista, 111 ;
- Informe del Partido
Laborista, 59 ;
- Adenda del Muy Honorable A.
Henderson a, 112
- Maquinaria de conciliación
industrial, Descripción de, 143 , 144 , 147 ;
- La lentitud de lo
ordinario, 263
- Investigación
industrial, 250
- Revolución industrial
(1780-1830), 93
- Industrias y negocios,
control del capitalismo, 88 ;
- ser nacionalizado, 85
- [318]Industria y comunidad
consumidora, 233 ;
- y la Nación, 233 ;
- Desconocimiento acerca
de, 212
- Seguros, por industria o
industrias, 259 ;
- por Estado o
Industria, 258 ;
- Estado, 259
- Compañías de seguros,
nacionalización de, 87
- Deudas entre aliados, 242
- Internacionales, El
Primero, 65 ;
- El Viejo Segundo, 65 ;
- El Nuevo Segundo, 67 ;
- El Tercero o “Moscú”, 53 , 73 ;
- Viena o “Dos y medio”, 75
- Cooperación
internacional, 37
- Conferencia Financiera
Internacional 1920, 236 , 305
- Carta Internacional del
Trabajo, 1919, 66
- Paz internacional,
establecimiento de, 236
- Organización de búsqueda de
empleo, Necesidad de una, 258
- Consejos Industriales
Conjuntos, 143 , 265
- Consejos Nacionales
Conjuntos, 265
- Justicia, La necesidad de la
industria del rigor, 286
- Bolsas de trabajo, véase Bolsas
de empleo .
- Trabajo, Departamentos
gubernamentales involucrados en la administración de, 142
- Gestión laboral, Efecto de
liberar a los empleadores de la responsabilidad por, 138
- Partido Laborista, ver Organizaciones
- Problema Laboral, Qué
es, 15 ;
- Solución de, 18
- El latifundismo, propuesta
del Partido Laborista para su abolición, 90
- Nacionalización de
tierras, 58 ;
- Concepciones subyacentes a
cada Esquema, 102 ;
- diferentes esquemas
de, 100 ;
- Esquema “George” o de
exoneración de impuestos, 101 , 102 , 103 ;
- Esquema de la Sociedad de
Nacionalización o de “Compra Estatal”, 101 , 102 ;
- Planes de confiscación
socialistas, 101 , 102 , 103 ;
- Desventajas de, 105
- Control de bebidas
alcohólicas, 87
- Mantenimiento de los
trabajadores, 114 , 115 , 118 , 122 , 124
- Obreros, Personal
Administrativo y los, 232 ;
- El capital y el, 231 ;
- Entre
sí , 232
- Minas, Nacionalización
de, 85 , 86
- Empresa Municipal,
Ampliación de, 88
- Socialización
Municipal, 70
- Municipalización de
Tierras, 100
- Nación, industria y
la, 233
- Gasto Nacional, Comisión
de, 153 , 186 ;
- Reducción de, 237
- Gremialismo Nacional, 43 , 95
- Industrias Nacionales, 70
- Consejo Nacional
Conjunto, 26
- Junta Nacional de
Salarios, 90
- Nacionalización y control
democrático, 15 , 44 , 227
- Nacionalización, Límites
dentro de los cuales es practicable, 99
- Nacionalización de la
tierra, 58 ;
- Diferentes esquemas
de, 100 ;
- de Minas, 85 , 86 ;
- de Compañías de
Seguros, 87 ;
- de producción de energía
eléctrica, 85 , 86 ;
- de Ferrocarriles, 85 ;
- de los medios de producción,
distribución e intercambio, 56
- Plan de nacionalización de
tierras de la Sociedad de Nacionalización, 101
- “Nueva Australia”, 98
- Industria de guantes y
medias de Nottingham, 144
- Ayuda al aire libre, reforma
del sistema actual, 261
- Producción, Creencia de los
trabajadores en la restricción, 294
- Parlamento de la
Industria, 254
- “Pasándolo a otros”, 293
- Pago por Resultados, 298
- Paz, Establecimiento de la
Paz Internacional, 236
- Libertad personal,
efectiva, 33
- Poder político, lucha de los
trabajadores por él, 47
- Alivio de la ley de
pobres, 195 ;
- Determinación de los
ingresos del solicitante, 196 ;
- Asistencia a los tutores
para la realización de obras, 197 ;
- para obtener
préstamos, 198 ;
- Financiación del
coste, 197 ;
- Ayuda a los sindicatos
metropolitanos más pobres, 198 ;
- Principios que rigen la
administración, 195
- Precios, sin
“molestias”, 301
- Problema, el Trabajo, Qué
es, 15
- Proceso, Subdivisión y
simplificación de, 299
- Producto de la industria,
parte equitativa de, 222 , 224 ;
- Distribución
insuficiente, 97
- Producción, Importancia
de, 256 , 290 ;
- De qué depende, 256 , 291 ;
- Obstáculos a, 291 , 302 ;
- Necesidad de reducción
inmediata de costes de, 245
- Beneficios, Limitación de
los Empleadores, 136
- Promoción, 279
- [319]Proteccionismo, 37 , 38
- Opinión pública, formación
del sonido, 303
- Obras Públicas, 123
- Ferrocarriles, Maquinaria de
Conciliación de 1921, 168 ;
- Concilios, 170 ;
- Control gubernamental en
tiempos de guerra, 164 ;
- Nacionalización de, 85 ;
- Condiciones de
preguerra, 164 ;
- Consejos Seccionales, 169 ;
- Huelga de septiembre de
1919, 166 ;
- Ley de Ferrocarriles de
1921, 168 ;
- Convenio Salarial de marzo
de 1919, 165 ;
- Convenio salarial de marzo
de 1920, 166
- Reconstrucción, La vaguedad
del plan del Trabajo, 224
- Reforma de la
Industria v. Reconstrucción, 228
- Obras de socorro, 124 , 127 , 128
- Remuneración de los
trabajadores, 271 ;
- Sistemas de, 275
- Política de Reparaciones,
Reconsideración de, 241
- Derecho de huelga, 70
- Derecho al Trabajo,
Insuficiencia del, 124
- Fondo de Carreteras, Informe
sobre el, 191
- Proyectos de carreteras,
acelerados, 191 ;
- Programa 1920-21, 191 ;
- Programa 1921-22, 192 ;
- Condiciones aplicables a las
subvenciones, 194 ;
- Planes Provinciales, 193 ;
- Regímenes Metropolitanos
Especiales, 193
- Regalías, 163
- Comisión Sankey, La, 158
- Fondo Secreto, Noción Obrera
de, 292
- Delegados sindicales, 79
- Escasez de mano de obra,
efecto perturbador de, 134
- Servicio Social, 306
- Socialismo, Definición
de, 40 ;
- Origen del nombre, 40 ;
- Características
básicas, 40 ;
- Adoptado por primera vez por
el Partido Laborista (1832), 47 ;
- Renunciado por los
laboristas (1842-85), 49 ;
- Diferentes tipos, 40 ;
- Revolucionario, 47 ;
- Forma más temprana, 47 ;
- Forma reciente, 51 ;
- Acción directa, 76-84 ;
- Socialismo de Estado, 42 , 50 , 226 ;
- Gremialismo Nacional, 43 ;
- Sindicalismo, 42 ;
- Nacionalización y control
democrático, 44 , 225 , 227 ;
- Programa de inicio, Esquema
general, 56-64 ;
- Industria, 85-88 ;
- Tierra, 89-91 ;
- Crítica de, 92-105 ;
- Programa
Internacional, 65-75 ;
- Resoluciones de
Ginebra, 68 ;
- Organizaciones socialistas,
Inicio, 52
- Internacional, 65-75 ;
- Doctrinas Marxistas
de, 280 , 281 , 282 , 283 ;
- Fracaso de los experimentos
en, 98
- Planes de confiscación
socialistas, 101 , 102 , 103
- Experimentos socialistas,
fracaso del pasado, 98
- Socialización, 68 ;
- de tierra e industria, 34
- Industrias Socializadas,
Administración de, 70
- Soviets, Establecimiento de
locales, 84
- Nivel de vida, 139 ;
- Un mínimo nacional, 32
- Maquinaria de conciliación
estatal, 148
- Control estatal y
precios, 60
- Propiedad estatal de la
tierra, sus desventajas, 105
- Plan de Compras
Estatales, 101 , 102
- Socialismo de Estado, 42 , 95 ;
- Era de, 50
- Excedente de riqueza para el
bien común, 36
- Sospecha de los
empleadores, 218
- Manejo compasivo del
trabajo, un arte especial, 287 ;
- Una ilustración de su
aplicación exitosa, 288
- La simpatía en la vida del
taller, El valor del dinero, 287 ;
- la necesidad de, 285
- Sindicalismo, 42 , 95
- Fermento revolucionario
sindicalista, 1905, 51
- Aranceles, Protección, 38
- Impuestos, Reducción
de, 238
- Plan de exención de
impuestos, 101
- Aparatos que ahorran tiempo
y trabajo, Dificultades de introducción, 297
- Juntas de Comercio, Leyes,
propósitos de, 149 ;
- Administrado por el
Ministerio de Trabajo, 142 ;
- Necesidad de, 250 ;
- Recomendaciones del Comité
de la Cueva, 250 ;
- Errores de, 250
- Ley de Facilidades
Comerciales de 1921, Garantía de Préstamos, 199 ;
- Política del Comité
Asesor, 200 ;
- Dificultades del
Comité, 202 ;
- Garantías ya dadas, 203 ;
- Efecto beneficioso de, 245
- Comercio, Libertad de
Internacional, exigida por los trabajadores, 38
- Sindicato, La actitud del
trabajador ante su, 219
- Sindicalismo, Desarrollo
del, 46
- Sindicalismo y Acción
Política Programa Sectario, 29
- [320]Consejos sindicales,
inclusión en el Partido Laborista, 23 ;
- Sometimiento político a los
sindicatos, 28
- Congreso de Sindicatos,
Funciones de, 21 ;
- Representación parlamentaria
del Partido Laborista, Fomento de, 22 ;
- Desempleo, manifiesto
conjunto sobre, 122 ;
- Constitución de, 25 ;
- Socialismo, actitud
hacia, 50
- Formación exigida por el
Partido Laborista para todas las personas desempleadas, 111 ;
- Mujeres, 118 ;
- Jóvenes, 119
- Sistemas de Transporte,
Reorganización del Continental, recomendado por el Partido
Laborista, 121
- Federación de Trabajadores
del Transporte, Alegatos de, en la Investigación de los Estibadores, 273
- Acuerdos del “Tesoro”, 1915,
Repudio por parte de Clyde Engineers, 79 , 267 ;
- Negociación de, 135 , 136 ;
- Fallo general de, 137 ;
- Aplicación de la Ley de
Municiones, 137 ;
- Propósito de, 135
- Fideicomisos, Informe del
Comité sobre, 254
- Desempleo ( véase
también Plan
de créditos a la exportación ; Alivio
de la ley de pobres ; Planes
de carreteras ; Ley
de facilidades comerciales ), Efecto perjudicial
de, 215 ;
- Prevención total
imposible, 126 ;
- Disposición contra, esencial
para la satisfacción en la industria, 256 ;
- ¿Qué se puede hacer?, 256 ;
- Política laboral para, 106-123 ;
- su insolidez, 124 ;
- Política gubernamental
para, 175-208 ;
- La negativa del Partido
Laborista a cooperar, 117
- El desempleo después de la
guerra, 1917, Memorándum sobre, 107
- Seguro de desempleo,
necesidad de un plan adecuado, 257 ;
- Seguros por Estado, 259 ;
- Seguros por industria o
industrias, 259 ;
- Seguros por empresas, 261 ;
- El Sistema de Seguros del
Estado, 176-187 ;
- costo de, 208 ;
- Leyes del Parlamento, véase la
Parte I
- Valor, falacia marxista
del, 283
- Salario, Mínimo legal
agrícola, 90 ;
- y precios, aumento de, 139 ;
- y la comunidad, 273 ;
- ¿Son viables salarios más
altos? 273 ;
- en industrias no
organizadas, 250 ;
- Conceptos erróneos, en
cuanto a, 212 ;
- Relación con el costo de
vida, 140 ;
- Remuneración del
trabajador, 271 ;
- Asentamiento de, 275 ;
- Mínimo legal, 149 ;
- Sistemas de
remuneración, 275 ;
- Bono del 12,5 por
ciento, 139 , 252 , 273 ;
- Uniforme nacional, 271 ;
- Relaciones salariales entre
los trabajadores, 272 ;
- ¿Qué es lo justo?, 276
- Objetivos de la guerra,
1917, Memorándum sobre, 107
- Comité de Riqueza de Guerra,
Informe de, 240
- Comité Whitley, 56 , 264
- Consejos de Whitley, 143 , 264
- Informe Whitley, 1918, Anexo
Laborista, 56
- Trabajo, Trabajadores baja
concepción de, 217
- Trabajo o
Mantenimiento, 106 , 111 , 118 , 122 , 124
- Trabajo, Derecho a,
Proyectos de ley para conferir, 124 ;
- Infundada la
reclamación, 124 ;
- Fracaso en Francia, 125 ;
- Imposibilidad en la
práctica, 126
- Obreros, Ignorancia sobre la
industria, 212 ;
- y sobre los salarios, 212 ;
- El descontento y sus
causas, 213 ;
- Efecto del mal ambiente
sobre, 214 ;
- Miedo al desempleo, 215 ;
- Insatisfacción con el
estatus, 215 ;
- Creencia en la
agitación, 216 ;
- Deseo de mejora, 216 ;
- Baja concepción del
trabajo, 217 ;
- Sospecha de los
empleadores, 218 ;
- Relación de, con el
Sindicato, 219 ;
- a la comunidad, 220 ;
- Tres aspiraciones
dominantes, 222 ;
- Relación de, con el
capital, 231 , 256 , 263 , 271 , 279 , 280 , 285 , 286 ;
- al personal
administrativo, 232 ;
- entre sí, 232 ;
- Opiniones
falaces sobre :
- Cooperación, 281 ;
- Capital, 282 ;
- Valor, 283 ;
- “Fondo Secreto”, 292 ;
- “Pasándolo a otros” , 293 ;
- Restricción de la
salida, 294 ;
- Aparatos que ahorran tiempo
y trabajo, 297 ;
- Pago por resultados, 298 ;
- Simplificación del
proceso, 299
- Comités de empresa, 143 , 265 , 266 ;
- Progreso lento de, 266 ;
- Éxito en el Clyde, 267
- Obras de Utilidad
Pública, 187 ;
- Véase
también Planes
de carreteras , Desempleo
Impreso en Gran
Bretaña por Butler & Tanner , Frome y
Londres.
*** FIN DEL LIBRO ELECTRÓNICO DEL PROYECTO GUTENBERG POLÍTICA LABORAL:
FALSO Y VERDADERO ***
No hay comentarios:
Publicar un comentario