© Libro N° 13958. La Crisis Del
Estado De Bienestar Y El Agotamiento De Las Energías Utópicas. Habermas, Jürgen.
Emancipación. Junio 21 de 2025
Título Original: © La Crisis Del Estado De Bienestar
Y El Agotamiento De Las Energías Utópicas. Por Jürgen Habermas
Versión Original: © La Crisis Del Estado De Bienestar Y El Agotamiento De Las
Energías Utópicas. Por Jürgen Habermas
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LA CRISIS DEL ESTADO DE
BIENESTAR Y EL AGOTAMIENTO DE LAS ENERGÍAS UTÓPICAS
Jürgen Habermas
La Crisis Del
Estado De Bienestar Y El Agotamiento De Las Energías Utópicas
Jürgen Habermas
La Crisis Del Estado De Bienestar Y El Agotamiento De Las Energías
Utópicas
Por Habermas, Jürgen.
Procedencia:
Ensayos Políticos. Barcelona. Ediciones Península, 1988. Pp. 113-134
I
Desde fines del siglo XVIII viene constituyéndose en la cultu¬ra
occi-dental una nueva conciencia de la época.
Si bien en el occidente cris-tiano la “nueva era” se refiere a la futura
edad del mundo, la que co-men¬zará con el último día, para nosotros, la “nueva
época” designa el per¬íodo propio, el con¬temporáneo. El presente se concibe
como una transi¬ción ha¬cia lo nuevo y vive en la conciencia de la aceleración
de los acontecimientos históricos y en la esperanza de que el futuro será
dis¬tinto. El nuevo comienzo de época, que marca la rup¬tura del mundo mo¬derno
con el mundo de la Edad Media cristiana y de la Antigüedad, se repite en cada
momento pre¬sente que da a luz algo nuevo. El presen-te eterniza la ruptura con
el pasado como una renovación continuada. El horizonte abierto al futuro de
esperanzas referidas al presente también dirige su acción hacia el pasado.
Desde fines del siglo se concibe la
historia como un proceso que afecta a la totalidad del mundo y que plantea
problemas. En tal proceso, el tiem¬po es un recurso escaso para la resolución
futura de proble¬mas que nos deja en herencia el pasado. Los tiempos
preté¬ritos ejemplares a los que pueda dirigir el presente la mi¬rada sin
reservas han desaparecido. La Modernidad ya no puede pe-dir prestadas a otras
épocas las pautas por las que ha de orientarse. La Mo¬dernidad depende
exclusivamente de sí mis¬ma y tiene que extraer de sí misma sus elementos
normativos. El presente auténtico es, desde hoy, el lugar donde tropiezan la
continuidad de la tradición y la innova-ción.
La desvalorización del pasado ejemplar y la necesidad de extraer
principios normativos adecuados a partir de las ex¬periencias y formas vitales
modernas propias explica la es¬tructura cambiada del “espíritu de la época”. El
espíritu de la época se convierte en el medio en el que, de ahora en adelan¬te,
se mueven el pensamiento y el debate políticos. El espíritu de la época recibe
impulsos de dos movimientos intelectuales contrarios, interdependientes e
interrelacionados: el espíritu de la época prende con la chispa del choque
entre el pensa¬miento histórico y el utó-pico.
A primera vista ambas formas de pensamiento se excluyen mu-tua¬mente. El
pensamiento his¬tórico, nutrido por la experiencia, parece estar llamado a cri¬ticar
los proyectos utópicos; el exuberante pensa-miento utó¬pico parece tener la
función de exponer alternativas de ac-ción y posibili¬dades de juego que
trasciendan a las continuidades histó-ricas. De hecho, la conciencia
contemporánea de la épo¬ca ha abierto un horizonte en que se mezcla el
pensamiento utópico con el histórico. Esta peregrinación de las energías
utópicas hacia la conciencia histórica caracteriza en todo caso el espíritu de
la época que, a su vez, imprime sus rasgos a la opi¬nión pública de los pueblos
modernos desde los días de la Revolución Francesa. El pensamiento político
impregnado de la actualidad del espí¬ritu de la época y que trata de resistir
la presión de un presente cargado de problemas, está penetrado de energías
utópicas; pero, al mismo tiempo, es con¬veniente que este exceso de esperanzas
se someta al con¬tra¬peso conservador de las experiencias históricas.
Desde comienzos del siglo XIX, la “utopía” es un concepto de lucha
política que todos usan contra todos. En primer lugar, se emplea el re-proche
contra el pensamiento ilustrado abstracto y sus herederos libera-les; luego,
por supuesto, con¬tra socialistas y comunistas y también con-tra los ultras
con¬servadores: contra los primeros porque conjuran un futuro abstracto, contra
los segundos porque conjuran un pasado tam-bién abs¬tracto. Como todos están
infectados de pensa miento utópico, nadie quiere ser un utópico. La Utopía, de Thomas Moro, la Ciudad del Sol,
de Campanella, la Nueva Atlántida, de Bacon, todas estas uto-pías espa¬ciales
del Renaci¬miento también podrían llamarse “novelas estatales”, porque sus
autores jamás dejaron duda alguna acerca del carácter ficti¬cio de los relatos. Retrotrajeron
concepciones paradisiacas a ámbitos históricos y a antimundos terrenos y
transformaron esperan-zas escatoló¬gicas en posibilidades vitales profanas. Las
utopías clásicas de una vida mejor y sin peligros se presentaban, como observa
Fourier, como un “sueño del bien sin me¬dios para llevarlo a cabo y sin
método”. A pesar de su refe¬rencia crítica al presente, las utopías no
comunicaban con la historia. La situación cambia cuando Mercier, un discípulo
de Rousseau, con su novela del futuro sobre el París del año 2440, proyec-ta
aquellas islas de la felicidad de regiones remo¬tas en un futuro alejado y, con
ello, refiere las esperanzas escatológicas sobre el restablecimien-to futuro
del paraíso al eje mundano interno de un progreso histórico. Sin embargo, en cuanto la utopía y la
historia se tocan de este modo, se transforma la imagen clásica de la utopía y
la novela estatal pierde sus caracteres no¬velescos. Quien sea más sensible
ante las energías utópi-cas del espíritu de la época, contribuirá con el mayor
empeño a conse-guir una mezcla del pensamiento histórico con el utópico. Robert
Owen y Saint-Simon, Fourier y Proudhon rechazan decididamente el utopis-mo y
Marx y En¬gels les acusan de “socialistas utópicos”. Solamente Ernst Bloch y
Karl Mannheim en nuestro siglo han conseguido lim¬piar la expresión “utopía” de
la connotación de utopismo y la han rehabili-tado como un medio verdadero de
proponer posibilidades alternativas de vida que in¬cluso deben incluirse en el
proceso histórico. En la con-ciencia histórica política¬mente activa hay
implícita una perspectiva utópica.
Así, al menos, parecía suceder hasta ayer. Hoy parece como si se
hu-bieran consumido las energías utópicas, como si se hubiesen retirado del
pensamiento histórico. El horizonte del futuro se ha empequeñecido y el
espíritu de la época, como la política, ha cambiado fundamental-mente. El
futuro está teñi¬do de pesimismo; en los umbrales del siglo XXI se dibuja el
panorama temible del peligro planetario de aniquila-ción de los intereses
vitales generales: la espiral de la carrera de ar-mamentos, la difusión incontrolada
de armas atómicas, el em-pobrecimiento estruc¬tural de los países
subdesarrollados, el paro y las desigualdades sociales crecientes en los países
desarrollados, los pro-blemas de la contaminación del medio am¬biente y unas
altas tecnolo-gías que operan al borde conti¬nuo de la catástrofe son los que
marcan la pauta que, a través de los me¬dios de comunicación, llegan a la
concien-cia del públi¬co. Las respuestas de los intelectuales reflejan la misma
per¬plejidad que las de los políticos. No se debe solamente a un realismo
creciente el hecho de que una per¬plejidad aceptada con valor cada vez
sustituya más a los intentos de orientación hacia el futuro. La situación puede
llegar a ser impenetrable objetivamente. La impenetrabilidad es, por lo demás,
también una fun¬ción de la disposición a la acción que se da en una sociedad.
De lo que se trata aquí es de la confianza que la cultura occidental tiene en
sí misma.
II
Por supuesto, hay buenas razones para explicar el agota¬miento de las
energías utópicas. Las utopías clásicas pintaron las condiciones para una vida
digna y para una felicidad or¬ganizada socialmente. Las utopías so¬ciales,
mezcladas con el pensamiento histórico, que toman parte en las controversias
políticas desde el siglo XIX, despiertan expectativas más rea¬listas. Presentan
la ciencia, la técnica y la planificación como los ins¬trumentos prometedores e
infalibles de un dominio ra¬cional so-bre la na¬turaleza y la sociedad. Esta
es, precisamen¬te, la esperanza que ha que¬dado hecha añicos ante pruebas
irrefutables. La energía nuclear, la tec¬nología de los arma¬mentos y la
penetración en el espacio, la in-vestiga¬ción genética y la manipulación
biotécnica en el comportamien-to humano, la elaboración de la información, la
acumulación de datos y los nuevos medios de comunicación son, como bien se
sabe, técnicas con consecuencias ambiguas. Y cuanto más comple¬jos sean los
siste-mas que es preciso orientar, mayor será la verosimilitud de
consecuen-cias secun¬darias disfuncionales. To¬dos los días nos enteramos de
que las fuerzas productivas se convierten en fuerzas destructivas y de que las
capacida¬des de planificación se transforman en potencialidades de trastor¬no.
Por ello no resulta extraño que ganen influencia aquellas teo-rías que tratan
de demostrar que las mismas fuerzas que han aumentado nuestro poder, del que la
Modernidad en su día extrajo su conciencia y sus esperanzas utópicas, de hecho
permiten que la autonomía se con-vierta en dependen¬cia, la emancipación en
opresión, la racionalidad en irracionalismo. De la crítica de Heidegger a la
subjetividad de la Edad Mo¬derna, Derrida extrae la conclusión de que solamente
pode¬mos evi-tar el molino del lo¬gocentrismo occidental mediante una
provocación sin objetivo. En lugar de tratar de dominar las contingencias más
evi-dentes en el mundo, har¬íamos mejor entregándonos a las contingencias
secretas y ocultas del des¬cubrimiento del mundo. Foucault radicaliza la
crítica de Horkheimer y Adorno a la razón instrumental, hasta conver-tirla en
una teoría del eterno retorno del poder. Su mensaje de un ciclo del poder
siempre igual, de una formación de dis¬cursos siempre igual, tiene que
extinguir la última chispa de la utopía y de la confianza de la cultura
occidental en sí misma.
Entre los medios intelectuales cunde la sospecha de que el agota-miento
de las energías utópicas no supone una pasajera situación espiri-tual de
pesimismo cultural, sino que tiene un alcance más profundo. Podría ser
manifestación de un cam¬bio en la moderna conciencia de la época. Quizá esté
disol¬viéndose de nuevo aquella amalgama entre el pensamiento histórico y el
utópico; quizá estén transformándose la es-truc¬tura del espíritu de la época y
la situación compleja de la po¬lítica. Quizá la conciencia de la historia esté
perdiendo sus energías utópicas: al igual que a fines del siglo se trans¬formaron las esperanzas en el
pa-raíso dando una dimensión temporal en el más acá a las utopías quizá, hoy,
doscientos años más tarde, estén perdiendo su carácter secular las espe¬ranzas
utópicas para adquirir de nuevo una configuración re¬ligiosa.
Considero que esta tesis de la aparición de la posmodernidad carece de
fundamento. La estructura del espíritu de la época no ha cambiado, como tampoco
lo ha hecho la forma de la polémica sobre posibilidades vitales futuras y la
con¬ciencia histórica no está perdiendo las energías utópicas en modo alguno.
Antes bien, lo que ha llegado a su fin ha sido una utopía concreta, la que
cristalizó en el pasado en torno al potencial de la sociedad del trabajo.
Los clásicos de la teoría social, desde Marx a Max Weber, coinci-dían en
que la estructura de la sociedad burguesa se caracteriza por el trabajo
abstracto, esto es, por un tipo de trabajo industrial orientado por las leyes
del mercado, some¬tido a las leyes del valor del capital y orga-nizado según
crite¬rios empresariales. Como este tipo de trabajo abstrac-to resul¬tó tener
una fuerza tan considerable, capaz de penetrar en to¬das las esferas, también
las esperanzas utópicas se dirigieron hacia la esfera de la pro¬ducción, esto
es, a la idea de una emancipación del trabajo frente a la determinación ajena.
Las utopías de los socialistas primiti-vos se concen¬traban en la imagen del
falansterio, una forma de organi-zación de la so¬cie¬dad del trabajo compuesta
por productores libres e iguales. De una producción correctamente organizada
tenía que surgir la forma de vida comunitaria de trabajadores libres asociados.
La idea de la autogestión obrera todavía inspiró al movimien¬to de protesta de
fines de los años se¬senta. A pesar de
todas sus críticas a los socialistas primitivos, en la pri¬mera parte de la
Ideología Alemana Marx propug-naba la misma uto¬pía de la sociedad del trabajo:
“Ha llegado el mo-mento en que las personas tienen que apropiarse de la
totalidad de las fuerzas productivas, a fin de llegar a una situación de trabajo
autó-nomo... La apropiación de estas fuerzas no es otra cosa que el desarro-llo
de las capacidades individuales, que se corresponden con los ins-trumentos
materiales de producción. Sola¬mente en esta situación coin-cide el trabajo
autónomo con la vida material, lo que se corresponde con la conversión de la
persona en una personalidad plena y con la des-trucción de toda dependencia de
la natu¬raleza.”
La utopía de la sociedad del trabajo ya no tiene poder de convicción y
no sólo porque las fuerzas productivas hayan per¬dido su inocencia o porque la
abolición de la propiedad privada de los medios de produc-ción por sí sola no
desemboque en la autogestión obrera. Sobre todo, la utopía ha perdido su punto
de contacto con la realidad: la fuerza del trabajo abstracto, capaz de
construir estructuras y de transformar la so-ciedad. Claus Offe ha enunciado de
modo convincente unos “puntos de referen¬cia para el carácter cada vez menos
objeti¬vo de la fuerza deter-minante de realidades como el trabajo, la
producción, el mercado, en su relación con la constitución social y el
desarrollo de la sociedad en su conjunto”.
Quien hojee alguno de los pocos escritos que todavía hoy mantienen
alguna referencia utópica en su título —me refiero al libro de André Gorz,
Caminos al paraíso— encontrará que se confirma este dia-gnóstico. Gorz
fundamenta su propuesta de desvincular el trabajo del ingreso por medio de un
salario mínimo garantizado renunciando a la esperanza marxista de que el
trabajo autónomo acabe coincidiendo con la vida material.
Pero, ¿por qué habría de ser significativa para la amplia opinión
pú-blica la disminución de la fuerza de convicción de la utopía de la so-ciedad
del trabajo y por qué tendría que ayudar a explicar un agota-miento general de
los impulsos utó¬picos? Esta utopía no solamente ha atraído a los
intelectuales. Ha inspirado al movimiento obrero europeo y, en nuestro si¬glo,
ha dejado su huella en los programas de tres mo-mentos muy diferentes pero de
importancia mundial. Como reacción a las con¬secuencias de la Primera Guerra
Mundial y de la cri¬sis económi-ca mun¬dial se impusieron las correspondientes
corrientes políticas: el comu¬nismo soviético en Rusia, el cor¬porativismo
autoritario en la Italia fas¬cista, la Alemania nazi y la España falangista y
el reformismo so-cial¬demócrata en las democracias de masas del Oeste.
Únicamente este pro¬yecto de Estado social se constituyó en heredero de los
movimientos burgueses de emancipación y del Estado democrático consti¬tucional.
Si bien surgió de la tradición socialdemócrata no son solamente gobiernos
socialdemócratas los que han ido construyéndolo. Después de la Se-gunda Guerra
Mundial todos los partidos gobernantes en los países oc-ci¬dentales ganaron sus
mayorías argumentando más o menos intensa-mente a fa¬vor de los objetivos del
Estado social. Desde fines de los años setenta están haciéndose evidentes los
límites del proyecto del Estado social sin que, hasta la fecha, sea visible una
forma sustitutoria nítida. Quisiera, por lo tanto, delimitar claramen¬te mi tesis,
esto es, que la nueva impene¬trabilidad pertenece a una situación en la que el
pro-grama del Estado so¬cial, que sigue alimentándose de la utopía de la
sociedad del trabajo, ha perdido la capacidad de formular posibilidades futuras
de alcanzar una vida colectiva mejor y más segura.
III
El núcleo utópico, esto es, la liberación del trabajo asala¬riado, había
adoptado también otra forma en el proyecto del Estado social. Las rela-ciones
vitales emancipadas y dignas no tienen por qué provenir de mo-do inmediato de
una revolución de las relaciones laborales, esto es, de la transformación del
trabajo heterónomo en trabajo autónomo. La re-forma de las relaciones laborales
tiene un lugar primordial en este pro-yecto.
Estas medidas son el punto referencial necesario, no solamente para
adoptar otras de humanización de un trabajo que sigue estando determi¬nado
ajenamente y para establecer las contraprestaciones que compensen por los
riesgos funda¬mentales del trabajo asalariado (acci-dente, enfer¬medad,
pér¬dida del puesto de trabajo, desamparo en la an-cianidad). De aquí se sigue
la consecuencia de que todos quienes estén en situación laboral útil han de
integrarse en este sistema ocu¬pacional tan equilibrado y compensado, lo que
equivale al ob¬jetivo del pleno empleo. La com¬pensación funciona únicamen¬te
cuando la condición del asalariado con empleo a tiempo completo es la norma.
Los inconve-nientes que siempre apare¬cen en un status protegido de trabajo
indus-trial dependiente se compensan con los derechos que se reconocen a los
ciuda¬danos en cuanto clientes de burocracia del Estado de bienestar y con la
capacidad adquisitiva que se les da en su función de consumido-res de bienes en
se¬rie. La válvula para la pacifi¬cación de los antagonis-mos de clase sigue
siendo la neutrali¬zación del factor conflictivo que se da siempre en todo
status de trabajo asalariado.
Este objetivo ha de alcanzarse a través de la legislación del Estado
social y de la contratación colectiva entre partes independientes. Las
políticas del Estado social derivan su le¬gitimidad del sufragio universal y
tienen su base en los sindi¬catos autónomos y los partidos obreros. El éxito
del proyecto depende del poder y de la capacidad , de acción de un aparato de
Estado intervencionista. Este Estado ha de inmiscuirse en el sistema económico
con el objetivo de cuidar el crecimiento económico, regular las crisis y, al
mismo tiempo, garantizar la competitividad de las empresas en el mercado
internacio¬nal así como los puestos de traba-jo a fin de que se produzcan
excedentes que puedan luego repartirse sin des¬animar a los inversores
privados. Ello pone en claro el aspecto me-to¬dológico: el compromiso del
Estado social y la pacificación del anta-go¬nismo de clase son el resultado de
una intervención de un poder esta-tal democráticamente legitimado para regular
y paliar el proceso de creci¬miento natural capitalista. El aspec¬to sustancial
del proyecto se alimenta de los restos de la uto¬pía de la sociedad del
trabajo: al norma-lizarse el status de los trabajadores mediante la
participación cívica y el ejercicio de derechos sociales, la masa de la
población consigue la opor¬tunidad de vivir en libertad, justicia social y
bienestar cre¬ciente. Ello presupone que las intervenciones estatales pueden
garantizar la coexistencia pacífica entre el capitalismo y la democracia.
En las sociedades industriales desarrolladas de Occidente pudo
reali-zarse por entero esta condición precaria, en todo caso, en el contexto
fa-vorable del período de la posguerra y de la reconstrucción. Pero no quiero
tratar del cambio de con¬texto de los años setenta, y tampoco de las
circunstancias, sino de las dificultades intrínsecas que surgen con el éxito
del estado social. Al respecto se
plantean siempre dos cuestio¬nes. ¿Dispone el Estado intervencionista de poder
suficiente y puede traba-jar con la eficacia precisa para doblegar el sis¬tema
económico capitalis-ta en el sentido favorable a su pro¬grama? Y ¿es la
aplicación del poder polí¬tico el medio ade¬cuado para alcanzar el fin
sustancial de mejorar y con¬solidar formas de vida más dignas y emancipadas?
Así, pues, se trata, en primer lugar, de la cuestión de las fronteras de la
recon-ciliación entre capitalismo y democracia y, en segundo lugar, de la
cuestión de las posi¬bilidades de implantar nuevas for¬mas de vida con medios
jurídico-bu¬rocráticos.
A la primera. Desde el principio, el Estado nacional resul¬tó un mar-co
demasiado estrecho para asegurar adecuadamen¬te las políticas eco-nómi¬cas
keynesianas frente al exterior, con¬tra los imperativos del mer-cado mundial y
la política de in¬versiones de empresas que operan a escala planetaria. Más
evidentes son, sin embargo, los límites del poder de in¬terven¬ción del Estado
en el interior. En este caso, a medida que va apli¬cando sus programas, el
Estado social tropieza claramen¬te con la resis¬tencia de los inversores
privados. Por supuesto, hay muchas causas ex¬plicativas del descenso de la
rentabili¬dad de las empresas, la insegu-ridad en las oportunidades de
inversión y la caída de las tasas de creci-miento. Pero las con¬diciones de
reproducción del capital tampoco que-dan in¬demnes frente a los resultados de
las políticas del estado social, ni de hecho, ni —lo cual es más importante— en
la percep¬ción subjeti-va de los empresarios. De este modo los costes
crecientes de la mano de obra y capítulos anejos a éste, intensifican la
tendencia a inversiones de racio¬nalización que, al hilo de una segunda
Revolución Industrial, au-mentan la pro¬ductividad del trabajo en tal medida y
disminuyen en tal grado la necesidad social de tiempo de trabajo necesario que,
a pesar de la ten¬dencia secular al acortamiento de la jornada laboral, cada
vez hay más parados. Sea como sea, una situación en la que la falta de
disposi-ción a la inversión, el estan¬camiento económico, el aumento del paro y
la crisis de los presupuestos públicos se pueden vincular de modo muy
su¬gestivo a la percepción de la colectividad con los costes del Estado de
bienestar, se hacen palpables los límites estructu¬rales dentro de los cua-les
se esta¬bleció y mantuvo el compro¬miso que dio origen al Estado social. Dado
que el Estado so¬cial ha de respetar la forma de funciona-miento del sis¬tema
económico no tiene posibilidad de influir en la esfe-ra de inver¬sión privada
como no sea mediante medidas que sean apro-piadas al sistema. Además, tampoco tendría
poder para ello, ya que el reparto de ingresos, en lo esencial, se limita a una
distribución horizon-tal dentro del grupo de los trabajadores dependientes,
mientras que no se toca la estructura pa¬trimo¬nial de clase ni el reparto de
la propiedad. Así, el Estado so¬cial que ha conseguido sus propósitos se
encuentra en una situación en la que se debe percibir que él mismo no es una
“fuente de bienestar” y que no puede garantizar la seguridad en el puesto de
trabajo como si fuera un derecho civil. (C. Offe.)
En esta situación, el Estado social corre el peligro de per¬der su base
social. Las capas de electores con movilidad as¬cendente, que eran las más
beneficiadas con los resultados del Estado social en tiempos de cri-sis, pueden
dar lugar a una mentalidad de protección de la propiedad y pueden también
aliarse con la vieja clase media, especialmente con las capas más partidarias
de la ideología “productivista”, hasta formar un bloque defensivo contra los
menos privilegiados o los gru¬po margina-dos. Este cambio de actitud de la base
electoral amenaza sobre todo a aque¬llos partidos que, como el demó¬crata en
los Estados Unidos, el Labour Party inglés o la social¬democracia alemana,
durante decenios confiaron en una clien¬tela segura al amparo del Estado
social. Al propio tiempo, el cambio en las condiciones del mercado de trabajo
supone un gran peso para los sindicatos; su potencial de amenaza se debilita;
los sindicatos pierden afiliados y cotizaciones y se ven obligados a practi-car
una polí¬tica de alianzas que se ajusta a los intereses a corto plazo de
aquellos que todavía tienen empleo.
Incluso aunque el Estado social, en condiciones más afor¬tunadas,
consiguiera retrasar o evitar los efectos secundarios de su éxito, que po-nen
en peligro las condiciones mismas de su funcionamiento, quedaría otro problema
por resolver. Los partidarios del proyecto del Estado so-cial habían mirado
siem¬pre en una dirección. En primer lugar se daba la tarea de disciplinar el
poder económico descontrolado y de proteger el mundo vital de los trabajadores
dependientes de las influen¬cias destruc-tivas de un crecimiento económico
plagado de cri¬sis. El gobierno parla-mentario aparecía como un recurso a la
vez inocente e imprescindible; era el que daba fuerza y capa¬cidad de acción al
Estado intervencionista frente al egoísmo sistemático de la economía. Los reformistas
creían sin reserva alguna que era lógico que el Estado, además de intervenir en
el ciclo económico, interviniera también en el ciclo vital de sus ciuda-danos;
al fin y al cabo, el objetivo del programa del Estado social era la reforma de
las condiciones de vida de los trabajadores. En verdad, de este modo se
consiguió un nivel más alto de justicia social.
Pero precisamente aquellos que reconocen este logro his¬tórico del
Estado social y no incurren en críticas fáciles a las debilidades de éste,
reconocen también el fracaso, que no pue¬de atribuirse a uno u otro
in-conveniente o a una realización a medias del proyecto sino que se ori-gina
en una unilateralidad específica de ese mismo proyecto. Ambiguo es todo
escep¬ticismo frente a la naturaleza del poder, quizá imprescin-di¬ble pero
sólo presuntamente inocente. Los programas de Estado so-cial precisaban una gran
cantidad de poder a fin de conse¬guir fuerza de ley, la financiación con cargo
a los presupues¬tos públicos y la eficacia real en el mundo vital de sus
benefi¬ciarios. De este modo se genera una red cada vez más tupida de normas
jurídicas, de burocracias estatales y paraesta¬tales que cubre la vida
cotidiana de los clientes reales o poten-ciales.
Amplios debates sobre la juridificación y la burocratización en
gene-ral, sobre los efectos contraproducentes de la política social del Estado
en especial, sobre la profesionaliza¬ción y “cientifización” de los servi-cios
sociales, han llamado la atención sobre unos hechos que algo dejan en claro:
los medios jurídico-administrativos de la ejecución de los pro-gra¬mas del
Estado social no suponen en modo alguno un medio pasivo neutral. Antes bien,
con estos programas aparece uni¬da una praxis de hechos singulares,
normalización y vigilancia, que Foucault ha perse-guido en su fuerza
cosificadora y subjetivadora hasta las ramificaciones más remotas de la
comuni¬cación cotidiana. Las configuraciones de un mundo vital re¬glamentado,
despedazado, controlado y tutelado son, sin duda, más sublimes que las formas
palpables de la explotación material y la miseria; pero los conflictos sociales
interiorizados y transferidos al terreno de lo psíquico y lo corporal no son
menos destructivos. En resu-men, el proyecto del Estado social padece bajo la
contradicción entre el objetivo y el mé¬todo. Su objetivo es el establecimiento
de formas vita-les es¬tructuradas igualitariamente que, al mismo tiempo,
permitan ám-bitos para la autorrealización y espontaneidad individua¬les. Pero,
evi-dente¬mente, este objetivo no puede alcanzarse por la vía directa de una
aplica¬ción jurídico-administrativa de programas políticos. La genera-ción de
nuevas formas vitales es una tarea excesiva para el medio del poder.
IV
Al hilo de dos problemas, he tratado de los obstáculos que el propio
Estado social triunfante se pone en su camino. No quiero decir con ello que el
desarrollo del Estado social sea una realización errónea. Por el contrario: las
instituciones del Estado social, al igual que las institucio-nes del Estado
consti¬tucional democrático, denotan un impulso de desa-rrollo del sistema
político frente al cual no hay posibilidad sustitutoria alguna en sociedades
como la nuestra, ya en relación con las funciones que cumple el Estado social,
ya en relación con las exigencias legitima-das normativamente a las que
satisface. Aquellos países que aún están atrasados en el desarrollo del Estado
social no tienen razón alguna para separarse de este camino. Precisamente la
falta de opciones sustituto-rias e, in¬cluso, la irreversibilidad de unas
estructuras de compromiso por las que fue necesario luchar, son las que hoy nos
sitúan ante el di-lema de que el capitalismo desarrollado no pueda vivir sin el
Estado social y, al mismo tiempo, tampoco pueda hacerlo con él. Las reaccio-nes
más o me¬nos desorientadas ante este dilema prueban que se ha ago-tado ya el
po¬tencial innovador de la utopía de la sociedad del trabajo.
Siguiendo a C. Offe, podemos distinguir tres tipos de reac¬ciones en
países como la República Federal y los Estados Unidos. El legitimismo basado en la sociedad
industrial y el Estado social de la socialdemocra-cia de derechas se encuen¬tra
hoy a la defensiva. Entiendo esta determi-nación en un sentido lato, de forma
que pueda aplicarse por igual, por ejemplo, a los demócratas de la corriente de
Mondale en los Estados Unidos o al segundo gobierno de Miterrand. Los legitimistas
eliminan del proyecto del Estado social precisamen¬te aquel elemento
componen-te que éste había tomado pres¬tado a la utopía de la sociedad del
trabajo. Renuncian al ob¬jetivo de doblegar en tal medida el trabajo autónomo
que el status de los ciudadanos libres e iguales, al penetrar en la es¬fera de
la producción, se pueda convertir en el núcleo de cristalización de formas
autónomas de vida. Los legitimistas son hoy los auténticos con-servadores, que
quisieran consoli¬dar lo que ya se ha alcanzado. Esperan volver a encontrar el
punto de equilibrio entre el desarrollo del Estado social y la modernización
por medio del mercado. Es necesario acom-pa¬sar de nuevo el balance entre las
orientaciones democráticas del valor de uso y una dinámica capitalista propia y
suaviza¬da. El programa legi-ti¬mista está anclado en la necesidad de conservar
lo ya establecido. Ig-nora, sin embargo, el potencial de resistencia que se
produce en la este-la de la creciente erosión burocrática de unos mundos
vitales estructu-rados de modo libre y comunicativo procedentes de unas
interrelacio-nes natu¬rales; tampoco se toma en serio los cambios en la base
social y sindical sobre la que se apoyaba hasta la fecha la política del Estado
social. A la vista de los cambios en la estructura del electorado y el
debilitamiento de la posición sindical esta política corre el riesgo de perder
su desesperada carrera contra el tiempo.
En ascenso se encuentra el neoconservadurismo, que tam¬bién se orienta
en el sentido de la sociedad industrial, pero que formula una crítica decidida
al Estado social. La administración de Reagan y el Go-bierno de Margaret
Thatcher son sus representantes; el Gobierno con-ser¬vador de la República
Federal también ha emprendido un curso aná-logo. En lo, esen¬cial, el
neoconservadurismo se caracteriza por tres compo¬nentes.
Primero: una política económica orientada hacia la oferta ha de me-jorar
las condiciones de capitalización y poner de nuevo en marcha el proceso de
acumulación. Cuenta con una tasa de desempleo relativa-mente elevada, aunque
formalmen¬te sólo de modo transitorio. La redis-tribución de los ingresos
perjudica a los grupos más pobres de pobla-ción, como mues¬tran las
estadísticas en los Estados Unidos, en tanto que sólo los propietarios de
grandes capitales alcanzan claras mejoras en sus in¬gresos. Con ello corren
paralelamente algunas limi¬taciones de los resul¬tados del Estado social.
Segundo: los costes de legitimación del sistema político han de reducirse. La
“inflación de las expectativas” y la “ingo¬bernabilidad” son términos para una
política que se orienta hacia una desvinculación mayor entre la administración
y la formación pública de la voluntad. En este contexto se fomentan las
acciones neo-corporativas, esto es, una intensificación de los potenciales no
estatales de dirección de las grandes asociaciones, princi¬palmente las
asociacio-nes empresa¬riales y los sindicatos. La transferencia de competencias
parlamentarias, normativamen¬te reguladas a partir de sistemas de ne-gociación
que funcio¬nen convierte al Estado en una parte negociadora como las demás. La
dejación de funciones en las zonas grises del neo-corporativismo sus¬trae cada
vez más materias sociales a los órganos de decisión ordinarios que están
constitucionalmente obligados a
consi-derar por igual todos los intereses afecta¬dos en cada caso. Tercero: por
último, se exige que la política cultural opere en dos frentes. De un la-do,
tiene que desacre¬ditar a los intelectuales, en cuanto que capa obse-sionada
con el poder e im¬productiva, portadora del modernismo, ya que los valores
posmateriales, especialmente las necesidades ex¬presivas de autorrealización y
de juicio crítico de una moral ilustrada universalista son una amenaza para los
fundamen¬tos motivacionales de una sociedad del trabajo que funcione y de la
despolitización de la opinión pública. Por otro lado, es necesario seguir
cultivando los poderes de la ética conven¬cional, del patriotismo, de la
religión burguesa y de la cultu¬ra popular. Éstos existen con el fin de
compensar al mundo vital privado por las cargas personales y para defenderlo de
la presión de la sociedad competitiva y de la moderniza¬ción acelerada.
La política neoconservadora tiene cierta posibilidad de im¬ponerse si
encuentra una base en esa sociedad dividida en dos segmentos que, al mismo
tiempo, propugna. Los grupos excluidos o marginados no tienen poder de veto ya
que re¬presentan a una minoría ajena, separada del pro-ceso produc¬tivo. El
proceso que ha venido produciéndose cada vez más claramente entre las
metrópolis y la periferia subdesarrollada parece re-petirse en el interior de
las sociedades capitalistas más desarrolladas: los poderes establecidos cada
vez depen¬den menos del trabajo y de la vo¬luntad de cooperación de los
desposeídos y de los oprimidos para su propia reproducción. En todo caso, no
basta con que una política se im-ponga; ade¬más, debe dar buen resultado. Un
desmantelamiento decidi-do del compromiso del Estado social tiene que dejar
tras de sí lagunas fun¬cionales que sólo pueden rellenarse mediante la
represión o el desam¬paro.
Un tercer modelo de reacción se dibuja en la disidencia de los críti-cos
del crecimiento, que tienen una posición ambi¬gua frente al Estado social. Así,
en los nuevos movimientos sociales de la República Fede-ral, por ejemplo, se
juntan minorías de la procedencia más diversa para constituir una “alianza
antiproductivista”, ancianos y jóvenes, mujeres y parados, homosexuales e
impedidos, creyentes y no creyentes. Lo que les une es el rechazo de esa visión
productivista del progreso que com-parten los legitimistas con los
neoconserva¬dores. La clave para una modernización social libre de crisis en la
medida de lo posible, para estos dos partidos, reside en dosificar
correctamente la parte de pro-blemas que correspon¬de a los dos subsistemas de
Estado y sociedad. Los unos ven la causa de la crisis en la dinámica propia y
desbridada de la economía y los otros en las cadenas burocráticas con que se
pretende someterla. El control social del capitalismo ó la devolución de los
pro-blemas de la administración planificado¬ra al mercado son las terapias
correspondientes. Un lado ve el origen de los trastornos en la fuerza de
trabajo monetarizado, la otra lo ve en los impedimentos burocráticos a la
iniciativa privada. Pero ambas partes coinciden en que los ámbitos de interacción
del mundo vital, pre¬cisados de pro¬tección, solamente pue-den ejercer una
función pasiva frente a los motores verdaderos de la modernización social, esto
es, el Estado y la economía. Ambas partes están también conven¬cidas de que es
posible desvincular el mundo vital de estos subsistemas, así como protegerlo
frente a las injerencias sis-témicas si el Estado y la economía han de
complementarse en una rela-ción correcta y estabilizarse recípro¬camente.
Únicamente los disidentes de la sociedad industrial parten del su-puesto
de que el mundo vital está igualmente amenaza¬do por la mer-can¬tilización
(Kommodifizierung) y la burocra¬tización y ninguno de los dos medios, poder o
dinero, es “más inocente” que el otro en principio. So¬lamente los disidentes
consideran necesario que se fortalezca la auto-nomía de un mundo vital que está
amenazado en sus fundamentos vita-les y en su estructura interna comunicativa.
Solamente ellos recla¬man que se rompa o, por lo menos, se contenga la dinámica
propia de los subsiste¬mas que organizan el poder y el dinero por medio de
formas de organi¬zaciones autogestionadas pró¬ximas a la democracia de base. En
este contexto se conside¬ran conceptos y propuestas de economía dual para
independizar la seguridad social del empleo.
La diferenciación no sólo ha de tener lugar en cuanto al aspecto
productivo de la persona, sino, también, al del consumidor, el ciudadano y el
cliente de las buro-cracias del Estado de bienestar. Los disiden¬tes de la
sociedad industrial son los herederos del programa del Estado social en su
componente democrático radical que los legitimistas han abandonado. Con todo,
en la medida en que no van más allá de la mera disidencia, mientras
per-mane¬cen atasca¬dos en el fundamentalismo de la gran negación y no ofrecen
nada más que el programa negativo del crecimien¬to cero y la diferenciación, no
superan una de las facetas del proyecto del Estado social.
En la fórmula de la sujeción social del capitalismo no so¬lamente se
escondía la resignación ante el hecho de que el edificio de una econo-mía
compleja de mercado no puede alte¬rarse desde dentro y reformarse en un sentido
democrático con las simples recetas de la autogestión obrera. Tal fórmula
comprendía también la convicción de que una in-fluencia pro¬veniente del
exterior, indirecta, sobre los mecanismos de la autodirec¬ción, precisa algo
nuevo, esto es, una combinación muy inno-vadora de poder y de autolimitación
inteligente. Esta convicción se ba-saba, a su vez, en la idea de que, gracias a
los medios del poder políti-co-adminis¬trativo, la sociedad puede influir sobre
sí misma sin peligro alguno. Si ahora no es sola¬mente el capitalismo, sino
también el Estado interven¬cionista el que es necesario “sujetar socialmente”,
la tarea se complica notablemente. Puesto que, en este caso, no es posible
seguir confiando a la capacidad de planificación del Estado aquella
combina-ción de poder y de autolimitación inteligente.
Si ahora hay que emplear la contención y la dirección in¬directa
tam-bién contra la dinámica propia de la administra¬ción pública, es preciso
buscar en alguna otra parte el poten¬cial de reflexión y de dirección y,
concretamente, en una rela¬ción completamente transformada entre unos ámbitos
públi¬cos autónomos, autoorganizados de un lado y los ámbitos de acción
orientados por medio del dinero y del poder adminis¬trativo del otro. De aquí
surge la difícil tarea de posibilitar la generalización de¬mocrática de
intereses y la justificación universalista de normas por de¬bajo del umbral de
los apara¬tos de partido, objetivados bajo la forma de grandes organi¬zaciones
y convertidos al mismo tiempo en sistema polí¬tico. Un pluralismo orgánico de
subculturas defensivas que sola-mente surgiera de un rechazo espontáneo tendría
que ignorar las nor-mas de la igualdad ciudadana. Surgiría así una esfera que
se comporta-ría como una imagen para las zonas grises del neocorporativismo.
V
El Estado social, en su desarrollo, ha entrado en un calle¬jón sin sali-da.
En él se agotan las energías de la utopía de la sociedad del trabajo. Las
respuestas de los legitimistas a los neoconservadores se mueven en el medio de
un espíritu de la época que sigue estando a la defensiva; expre¬san una
con¬ciencia histórica a la que se ha arrebatado su dimen-sión utó¬pica. También
los disidentes de la sociedad del crecimiento perseveran en la actitud
defensiva. Su respuesta podría con¬vertirse en ofensiva si, en vez de
prescribir o de desmantelar el proyecto del Esta-do social, lo que se hiciera
fuera prose¬guirlo con una reflexión en un escalón superior. El proyecto del
Estado social enfocado reflexivamen-te, no solamente orientado a la sujeción de
la economía capitalista sino a la su¬jeción del mismo Estado, no puede mantener
el trabajo como punto central de refe¬rencia. Ya no puede tratarse de la
conso¬lidación del pleno empleo con¬vertido en norma. Este proyecto no se
agotaría por el hecho de que, con la implantación del salario mínimo
garantizado, se rompiera la maldición que el mercado de trabajo hace pesar
sobre toda la mano de obra, incluso sobre el potencial creciente y cada vez más
limitado de aquellos que aún están en la reserva. Este paso sería
revolu-cio¬nario, pero no sería lo bas¬tante revolucionario; sobre todo, no lo
se-ría si no se pudiera proteger al mundo vital frente a las consecuencias
contraproducentes adicionales de una adminis¬tración providencial, además de
protegerlo contra los impe¬ra¬tivos inhumanos del sistema de relaciones
laborales.
Estos umbrales en el intercambio entre el sistema y el mundo vital
funcionarían si, al mismo tiempo, se produjera una nueva división de poderes.
Las sociedades modernas disponen de tres recursos mediante los cuales
satisfacen su ne¬cesidad de orientar el proceso: dinero, poder y solidaridad.
Es preciso buscar un equilibrio nuevo para sus esferas de in¬fluencia. Quiero
decir con ello que el poder de integración social de la solidaridad tendría que
poder afirmarse contra los “poderes” de los otros dos recursos de dirección, el
dinero y el poder administrativo. Ciertos ámbitos vitales que se han
especializado en transmitir los valo-res admi¬tidos y los bienes culturales, en
integrar a los grupos y en so-cializar a los ado¬lescentes, han dependido
siempre de la solidaridad. En esta misma fuente tiene que originarse una
voluntad política que ha de ejercer in¬fluencia, por un lado, sobre la
delimitación de espacios y el intercambio entre estos ámbitos vitales
estruc¬turados de modo comuni-cativo y, por otro lado, sobre el Es¬tado y la
economía. Por lo demás, esto no está muy alejado de los criterios normativos de
nuestros libros de texto de educa¬ción cívica, según los cuales la sociedad que
cuenta con una forma de dominación democráticamente legitimada influ¬ye sobre
sí misma y con¬trola su desarrollo.
Según esta versión oficial, el poder político surge de la voluntad
pública y discurre, vía legislación y administración, al propio tiempo por el
aparato del Estado y retorna a un público con dos cabezas, como el dios Jano,
un público a la entrada del Estado, constituido por ciuda-danos y un público a
la salida del Estado, constituido por clientes. Poco más o menos así es como
ven el círculo del poder político los ciu-dadanos y los clientes de la
administración pública. Desde la perspecti-va del sistema político este mismo
círculo, limpio de toda injerencia normativa, pre¬senta otro aspecto. Según
esta versión no oficial que es la que siempre nos ofrece la teoría de sistemas,
los ciudadanos y los clien-tes son miem¬bros del sistema político. De acuerdo
con esta descripción se transforma, ante todo, el sentido del proceso
legitimador. Los grupos de interés y los partidos emplean todo su poder
orga¬nizativo para con-seguir acuerdo y lealtad para sus objetivos orgánicos.
La administra-ción no solamente es¬tructura el pro¬ceso legislativo sino que,
en buena medida, lo controla y, por su lado, está obligada a llegar a
soluciones de compromiso con clientes poderosos. Los partidos, las
instituciones le-gis¬lativas y las buro¬cracias tienen que tomar en
consideración la pre-sión no declarada de los imperativos funcionales y
ha¬cerlos coincidir con la opinión pública; el resultado es la “política
simbólica”. El Go-bierno también tiene que ocu¬parse, al mismo tiempo, del
apoyo de las masas y de los inversores pri¬vados.
Si se quiere reunir en una imagen realista las dos descrip¬ciones
con-trarias surge el modelo habitual en la ciencia polí¬tica con varios
terre-nos que se superponen unos a otros. C. Offe, por ejemplo, distingue tres
de estos terrenos. En el primero de ellos es fácil reconocer que las élites
políticas aplican sus decisiones dentro del aparato del Estado. Por de-bajo de
éste hay un segundo terreno en el que una multipli¬cidad de gru-pos anónimos y
de actores colectivos influyen los unos en los otros, forjan coaliciones,
controlan el acceso a los medios de comunicación y de pro¬ducción y, aunque no
sea fácilmente reconocible, gracias a su poder so¬cial determi¬nan con carácter
prioritario el marco de juego para plantear y resolver cuestiones políticas.
Por último, por debajo se en-cuentra un ter¬cer terreno en el que las
corrientes comunica¬tivas difíci-les de compren¬der determinan la forma de la
cultu¬ra política y, con ayuda de las defini¬ciones de la realidad, compiten
por aquello a lo que Gramsci llamó hegemonía cultural; y aquí es donde se
producen los cambios de tenden¬cia del espíritu de la época. No es fácil
entender con claridad el inter¬cambio entre los tres terrenos. Hasta la fecha
parece que los procesos del terreno intermedio han tenido preferen¬cia.
Cual-quiera que sea la res¬puesta empírica, nuestro problema práctico se pue-de
ahora entender de modo más visible: todo proyecto que quiera des-plazar los
pesos en favor de orientaciones solidarias tiene que movilizar el terreno
inferior en contra de los dos superiores.
En este terreno no se discute de modo inmediato sobre dinero o po-der,
sino sobre definiciones. Se trata del carácter inviolable y autónomo de los
estilos vitales, esto es, de la defensa de subculturas tradicionales y
conocidas o del cam¬bio en la gramática de formas vitales heredadas. En favor
de las primeras actúan los movimientos regionalistas; en favor de las segundas,
movimientos feministas o ecologistas. Estas luchas son, en la mayor parte del
tiempo, latentes, se mueven en el microámbi-to de las comunicaciones
cotidianas, cristali¬zan únicamente de vez en cuando en discursos públicos y en
intersubjetividades de rango supe-rior. En estos escenarios pueden constituirse
ámbitos públicos autóno-mos que también entran en comunicación recíproca en la
medida en que se uti¬liza el po¬tencial de autoorganización y se usan de modo
autó¬nomo los medios de comunicación. Las formas de autoorganización
fortale-cen la capacidad de acción colectiva por debajo de un umbral en el que
los objetivos de la organización se dis¬tancian de las orientaciones y
posiciones de los miembros de la organización y donde los objetivos son
dependientes de los intereses de conservación de organizaciones autónomas. La
capaci¬dad de acción de organizaciones cercanas a la base irá siempre por
detrás de su capacidad de reflexión. Esto no tie¬ne por qué ser un obstáculo
para la realización de ésa tarea que tiene prio-ridad en la continuación del
pro¬yecto del Estado social. Los ámbitos públicos autónomos tendrían que
alcanzar una combinación de poder y de autolimitación inteligente que hicieran
suficientemente sensibles a los mecanismos de autodirección del Estado y la
economía frente a los resultados finalistas de la forma¬ción de una voluntad
democrático-radical. Es de suponer que esto sólo pueda suceder si los partidos
polí-ticos abandonan el cumplimiento de una de sus funciones sin buscarle un
sustitutivo, esto es, sin encontrar un equiva¬lente funcional: la fun-ción de
generar lealtad de masas.
Estas reflexiones se hacen tanto más provisionales y hasta impreci-sas
según van penetrando en la tierra de nadie norma¬tiva. Aquí son más sen¬cillas
las delimitaciones negativas. El proyecto del Estado social, al hacerse
reflexivo, abandona la utopía de la sociedad del trabajo. Ésta se había
orientado por el contraste entre el trabajo vivo y el muerto, por la idea del
trabajo autónomo. Para ello, como es evidente, hubo de presu-poner que las
formas vitales subculturales de los trabaja¬dores industria-les era una fuente
de solidaridad. La utopía tenía que presuponer que las relaciones de
cooperación en la fábrica llegarían a fortalecer la solidari-dad de la
subcultura de los trabajadores. No obstante, entretanto estas subculturas han
desaparecido y, hasta cierto punto, es dudoso que pueda reconstituirse la
fuerza generadora de solidaridad en el lugar de trabajo. Sea como sea, hoy se
ha constituido en problema lo que para la utopía de la sociedad del trabajo era
un pre¬supuesto o una condición marginal. Y, con ese problema, el acento
utópico se traslada del concepto del tra-bajo al de la comunicación. Me permito
hablar de “acentos” ya que, con el cambio de paradigma de la sociedad del
trabajo a la de la comunica-ción, también ha variado la forma en que nos vin¬culamos
a la tradición utó¬pica.
Por supuesto, con la desaparición de los contenidos utópi¬cos de la
so¬ciedad del trabajo no desaparece en modo alguno la dimensión utópi-ca de la
conciencia histórica y la contro¬versia política. Cuando se secan los
manantiales utópicos se difunde un desierto de trivialidad y perple-jidad.
Reitero mi tesis de que la autoafirmación de los modernos ha impulsado más
claramente que nunca una conciencia de la actualidad en la que se encuentran
mezclados el pensamiento histórico con el utó-pico. Pero, con el contenido
utópico de la sociedad del trabajo, desapa-recen también dos ilusiones que han
fas¬cinado a la autoconciencia de la Modernidad. La primera ilu¬sión surge de
una diferenciación defectuosa.
En las utopías de orden confluían las dimensiones de fe¬licidad y
emancipación con las de aumento del poder y de la producción de ri-queza
social. Los proyectos de formas vitales racionales entraron en una simbiosis
engañosa con la domi¬nación racional de la naturaleza y la mo¬vilización de
energías sociales. La razón instrumental que se mani-fiesta en las fuer¬zas
productivas, la razón funcionalista que se esparce en las capacidades de
organización y de planificación tendrían que alla-nar el camino a una vida más
digna, más igualitaria y, al mismo tiem-po, más libertaria. En último término,
el potencial de relaciones de en-tendimiento tendría que surgir
incondicionalmente de la productividad de las relacio¬nes laborales. La tozudez
de esta confusión se refleja en la transforma¬ción crítica, cuando se mezcla en
un solo guiso la obra de normaliza¬ción de grandes organizaciones centralistas
con la obra de generalización del universalismo moral.
Todavía más definitivo es el abandono de la ilusión meto¬dológica que
iba unida a los proyectos de una totalidad con¬creta de posibilidades vi¬tales
futuras. El contenido utópico de la sociedad de la comunicación se reduce a los
aspectos for¬males de una intersubjetividad íntegra. In-cluso la expresión
“situación ideal de habla” induce a error en la medi-da en que sugiere una
configuración concreta de la vida. Lo que puede expre¬sarse normativamente son
las condiciones nece¬sarias pero genera-les para una vida cotidiana
comunicativa y para un procedimiento de formación discursiva de la vo¬luntad
que han de poner a los participan-tes mismos en si¬tuación de realizar las
posibilidades concretas de una vida mejor y me¬nos peligrosa según las propias
necesidades y con-veniencias y según la propia iniciativa. La crítica a la utopía que, desde Hegel hasta
nuestros días, pasando por Carl Schmitt, ha pintado sobre la pared el
mane-tecel-fares del jacobinismo, denuncia, sin razón, el hermanamiento,
aparente¬mente inevitable, de la utopía con el terror. En cualquier caso, es
utópico cambiar una infraestructura comunicativa muy elaborada de. formas
vi¬tales posibles por una totalidad de la vida realizada, concreta y que
apa¬rece en singular. •
_________________
K. O. APEL, “Ist die Ethik der idealen
Kommunikationsgemeinschft eine Uto-pie?”, en VOSSKAMP, cit., tomo I, págs. 325
y sigs.
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