BIBLIOTECA EMANCIPACIÓN: Libro N° 13878. Con Cautela: América Latina Y El Caribe Frente A La Geopolítica Dominante De Trump 2.0. Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados

Título Original: © Con Cautela: América Latina Y El Caribe Frente A La Geopolítica Dominante De Trump 2.0. Coords: Jaime Preciado Coronado, Jochen Kemner. Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados (CALAS)

Versión Original: © Con Cautela: América Latina Y El Caribe Frente A La Geopolítica Dominante De Trump 2.0. Coords: Jaime Preciado Coronado, Jochen Kemner. Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados (CALAS)

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LEAMOS SIN RESERVAS, ANALICEMOS SIN PEREZA Y SOMETAMOS A CRÍTICA TODA LA CULTURA

CON CAUTELA: AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE FRENTE A LA GEOPOLÍTICA DOMINANTE DE TRUMP 2.0

Coords:

Jaime Preciado Coronado,

Jochen Kemner

Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados (CALAS)

Con Cautela: América Latina Y El Caribe Frente A La Geopolítica Dominante De Trump 2.0

Coords:

Jaime Preciado Coronado,

Jochen Kemner

Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados (CALAS)

Con Cautela: América Latina Y El Caribe Frente A La Geopolítica Dominante De Trump 2.0

Coords: Jaime Preciado Coronado, Jochen Kemner

Guadalajara, Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados (CALAS)

Mayo 2025

Índice
Jaime Preciado Coronado, Jochen Kemner: Introducción	3
Acercamientos internacionales
Gabriel Merino: Trump y el declive agresivo de los Estados Unidos	8
Daniel Morales Ruvalcaba: Trump 2.0 ante China y Rusia: Estrategias diferenciadas
durante los primeros 100 días de gobierno	11
Pietro Montanari: Las políticas de Trump desde la perspectiva europea: El caso de Italia	14
Leandro Morgenfeld: Los primeros 100 días de Trump: MAGA,
guerra comercial, deportaciones y narcoterrorismo	17
Alberto Acosta: Trump patea el tablero… un tablero enclenque	20
Elizabeth Vargas García y Alberto Rocha Valencia:
¿Un nuevo orden mundial apuntalado por el BRICS?	23
Aníbal García Fernández y Silvina Romano: Aranceles: Lawfare
como aplicación “universal” de la ley de Estados Unidos	27
América Latina y el Caribe de cara al panamericanismo trumpista
Tamara Lajtman: Trump contra la amenaza "narco-migrante-terrorista"	31
Carlos Oliva Campos: El regreso de los piratas del Caribe	34
Lourdes Regueiro: La integración latinoamericana frente al “America First”	37
Consuelo Ahumada: Profundizar la integración regional: El camino de Latinoamérica
y el Caribe frente a la arremetida de Trump	40
Ricardo Domínguez Guadarrama: El Gran Caribe y sus límites soberanos frente a los
márgenes de la (re)hegemonía de Estados Unidos	43
Juan Agulló: Donald Trump. Un interruptor geopolítico	46
Gary Prevost: La política punitiva: Nuevas medidas contra la Revolución Cubana	49
Matti Steinitz: Circuitos de reacción y resistencia – Trump y los movimientos
populares en el Caribe y Latinoamérica	52

Impactos en y respuestas de América Latina y El Caribe
Jaime Preciado: México y la apuesta del nuevo humanismo de la 4T.
Perspectivas críticas frente a las presiones trumpistas	56
Carlos Fredy Ochoa García: Guatemala.
En la región el futuro se avizora como un gris pardo	59
Fátima Peña y Amparo Marroquín Parducci: De migrantes, pandilleros
y terroristas hasta la total multiplicación de los enemigos. Impacto de las políticas
de Donald Trump en El Salvador	62
Darvin Antonio Sánchez: El gobierno sandinista frente a las medidas de Trump:
Entre la dependencia internacional y la estabilidad nacional	65
Olmedo Beluche: Donald Trump y Panamá: ¿Volviendo a 1903?	68
David Díaz Arias, Ronny Viales Hurtado: Costa Rica y Donald Trump:
Aliado irrestricto y país puente de las deportaciones	71
Willian Espronceda Rodríguez: Cuba: El recrudecimiento de la estrategia coercitiva	74
Liliana Cotta Morales: Puerto Rico frente a las políticas de Trump 2.0:
Incursiones anti-migrantes y recortes presupuestarios	77
Edgardo Lander: Venezuela y la Ley de Enemigos Extranjeros	81
Rafael Tamayo-Álvarez y Nicolás Figueroa García: Populismos enfrentados:
Una mirada desde Colombia a los primeros 100 días del gobierno Trump	84
Miguel Ruiz Acosta: Alineamiento: La relación Ecuador-Estados Unidos bajo Trump 2.0	88
Natali Durand Guevara: El Perú y Trump: Entre la presión geopolítica
y el pragmatismo económico	91
Claudia Zapata Silva: Asedio al neoliberalismo chileno y a la ideología de la libertad	93
Alejandro Grimson: El mejor alumno de la batalla cultural.
Argentina y el ascenso de Donald Trump 2.0	96

Gustavo Bittencourt: La Guerra Comercial entre Trump y China: Escenarios para Uruguay 99

José Vicente Tavares-dos-Santos: Efectos del brutalismo:
El neoliberalismo socialmente conservador de Trump y su repercusión en Brasil	103
Anexo:
Carlos F. Ruiz Sahagún: Los Órdenes Ejecutivos de Trump y América Latina	106
Sobre los autores y autoras	112

Introducción

Jaime A. Preciado Coronado, Jochen Kemner

Al llegar al primer cuarto del siglo XXI, la llamada policrisis mundial enfrenta desafíos políticos y geopolíticos inéditos en la historia contemporánea: el Orden Mundial Liberal, basado en reglas y leyes internacionales a su medida -en el que convergieron Estados Unidos, la Unión Europea y gobiernos que apostaron a la globalización neoliberal-, es cuestionado desde distintos frentes. Su principal crítico es justamente el segundo gobierno de Donald Trump, quien contrapone premisas supuestamente libertarias frente al neoliberalismo globalista, desde un nacionalismo del “America First”, neoproteccionista, que busca recobrar la hegemonía estadounidense ante el mundo, sin fundar su poder en el llamado Occidente Colectivo.

Trump 2.0 significa relanzar el proyecto de un Nacionalismo supremacista, racista y patriarcal, que se distancia del globalismo neoliberal impulsado por la proyección atlantista del Occidente Colectivo, a la vez que defiende el individualismo de valores occidentales a ultranza. El “trumpismo” en la política internacional privilegia al bilateralismo, ejercido como amenaza y chantaje, sin negociación multilateral alguna. Por ello la centralidad estratégica que juega la imposición unilateral de aranceles. Lo que asoma en la escena mundial, es un nuevo ejercicio de poder del Estado nacional del Destino Manifiesto, la Doctrina Monroe y el Gran Garrote. Así, se desnuda el nacionalismo supremacista como búsqueda de dominación sin gastar recursos diplomáticos exigidos por políticas de consenso y de alianzas multilaterales que supone un poder hegemónico. Un distanciamiento brutal de las dimensiones suaves del poder, una negación del poder inteligente por el poder duro militar, económico y de chantaje político.

Además de haber producido más de 130 Órdenes Ejecutivas que particularizan las medidas deseadas para la dominación nacionalista supremacista, el segundo Mandato de Donald Trump, la comunicación social de su gobierno refrenda el carácter mesiánico de su encargo, un hito comunicativo fue establecer el día 2 de abril como el “Día de la Liberación” y la “Independencia económica”, fundado sobre su política de aranceles recíprocos. Qué, según sus declaraciones, esta medida corrige “décadas de explotación económica por parte de otros países” y la esclavitud al IRS (La agencia que cobra impuestos a los ingresos a cada ciudadano). En ese “histórico” discurso, Trump sostuvo que gracias a su gobierno la humanidad dispone de un paraguas militar de seguridad planetaria y de la fuerza del dólar como moneda global. Lo económico, lo militar, lo político, se unen en una batalla cultural por la “libertad”: se trata de renombrar al mundo (el Golfo de América) y ocuparlo, Golfo de México, Groenlandia, Canal de Panamá…

Frente a estas megatendencias políticas hay, sin embargo, la nueva composición del bloque BRICS, reforzado por diez países que ahora lo conforman, y más vinculado con la dinámica multipolar precedente, hay tendencias convergentes en el llamado Sur Global, del que forma parte la región de América Latina y El Caribe. Donde, en la medida de lo posible, se reivindican autonomías estratégicas frente a las rivalidades entre las potencias globales, y un mayor acercamiento con agendas sociales no estatales, además de la creación de espacios de cooperación política y diplomática, tanto en el orden instituido (el Movimiento de los No Alineados, el G-77+China), como en espacios instituyentes generados por movimientos sociales emancipatorios, como el Foro Social Mundial y distintas redes de resistencia feministas, ecosociales e interculturales.

Latinoamérica y el Caribe, llegan a este cuarto de siglo con desafíos colosales: su política regional y su impulso a un regionalismo autónomo están acechados por la persistencia

del bloque globalista neoliberal y por el neoproteccionismo comercial, que está asociado con el intervencionismo del gobierno de Donald Trump y su ataque frontal contra cualquier forma asociativa multilateral regional.

Si la cooperación internacional ya estaba cercada por las políticas de austeridad impuestas por las Instituciones Financieras Internacionales, ahora el gobierno trumpista busca desmantelar cualquier iniciativa que no beneficie al patrón de acumulación capitalista basado en el supremacismo hegemónico de Estados Unidos.

No obstante, América Latina y el Caribe cuentan con logros estratégicos cuya preservación está puesta a prueba: la CELAC, impulsa relaciones multilaterales con China y con la Unión Europea, mediante foros regionales que se sitúan en el horizonte de la cooperación Sur-Sur, e incluso Sur-Norte. Además, se preservan ciertos espacios contrahegemónicos como la integración bolivariana de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América-Tratados de Comercio entre los Pueblos (ALBA-TCP), o espacios que defienden el multilateralismo y el multipolarismo, como el Mercosur, el Sistema de Integración Centroamericano, la Asociación de Estados del Caribe y la CARICOM.

Aunque hay ciertos países que destacan en las relaciones interamericanas, como México, Argentina, Chile y Brasil, la política hegemónica del gobierno Trump, que está marcada por la reducción de la política internacional a las relaciones bilaterales, hace destacar al conjunto de países que conforman nuestra región, en función de proyectos estratégicos de la nueva administración estadounidense, como el Canal de Panamá, la pugna por materiales indispensables para el régimen de acumulación capitalista como el litio, el cobre, o las tierras raras. O la alianza con Argentina para la explotación del espacio ártico en el Polo Sur.

El CALAS como centro de Estudios Avanzados que promueve investigación sobre cómo se enfrentan las crisis en y desde América Latina y el Caribe, se ve retado a buscar respuestas a estas presiones políticas insólitas que se presenta en la región a partir del momento en que Donald Trump asumió su segundo mandato de gobierno en Estados Unidos lanzando Órdenes Ejecutivas que no solamente desmantelan las estructuras del Estado en su país, sino que hace temblar el orden geopolítico internacional a partir de una política errática, imprevisible, basada en tratar de imponer una dominación absoluta a partir de las asimetrías de poder militar, económico y político. Algo así se observa a escala internacional en sus intervenciones en la guerra de Ucrania, asumiendo en gran parte la argumentación del invasor ruso.

Fiel a nuestro programa de investigación nos preguntamos cómo los procesos de cambio impulsados por Trump son percibidos y reflexionados por diferentes actores sociales en la región. ¿Qué estrategias surgen para afrontar las crisis, consecuencias de las masivas deportaciones, los aranceles que amenazan a llevar a una guerra comercial, principalmente entre Estados Unidos y China surgen en el proceso? A pesar de la novedad de la situación y de su carácter inestable, ¿se pueden apreciar ya nuevos enfoques de solución de problemas, incluyendo aquellos de carácter transregional?

Tomamos el cumplimiento de los primeros 100 días del segundo mandato de Donald Trump a finales de abril de 2025 como motivo para solicitar reflexiones de investigadores, intelectuales, analistas de toda la región latinoamericana. La respuesta fue avasalladora, por lo que podemos reunir en este documento 31 contribuciones, 16 de ellas dedicadas a casos nacionales.

Decidimos dividir el dossier en tres secciones que corresponden a diferentes escalas de análisis y observaciones. La primera sección pregunta por las “megatendencias” a escala internacional y global. Preguntamos por los cambios geopolíticos del Orden Mundial liberal basado en reglas y leyes que prefigura el gobierno de Donald Trump. ¿Qué mecanismos de presión se usan contra otros bloques y poderes internacionales como la Unión Europa, China, Rusia o el bloque de los países que conforman el BRICS? ¿Cómo se vinculan la guerra comercial de aranceles, la deportación de migrantes y la lucha contra el narcoterrorismo a

escala global? ¿Cuál podría ser el derrotero de las agendas multilaterales combatidas por el gobierno Trump frente al calentamiento global y a las regulaciones alternativas ambientales, energéticas y alimentarias?

La segunda sección reúne análisis sobre el conjunto de la región Latinoamérica y Caribe, de cara al Panamericanismo trumpista. Nos interesa aportar reflexiones sobre el impacto geopolítico de las relaciones interamericanas continentales que se plantea el trumpismo y de las respuestas de las fuerzas que buscan una mayor integración regional latinoamericana. Más allá de las reacciones a nivel de Estados queremos acercarnos también a las respuestas de las sociedades civiles, los movimientos sociales y populares en la región.

La tercera y última sección propone un bosquejo de los impactos y respuestas de los países en América Latina y el Caribe. Sin pretender ser exhaustivo, esta sección reúne 17 textos que ofrecen análisis de las coyunturas políticas de países de una región diversa, fragmentada y con gobiernos que abarcan todo el espectro político desde el orteguismo en Nicaragua hasta el ultraliberalismo de Milei en Argentina.

Los primeros meses del retorno de Donald Trump al poder confirman una lección clave: la doctrina "America First" opera bajo una lógica transaccional que borra deliberadamente la distinción tradicional entre aliados y adversarios. Las deportaciones y las tarifas arancelarias afectan a los ciudadanos de todos los países de la región. Es cierto que hay más afinidad y colaboración con gobiernos como los de Nayib Bukele en El Salvador, Daniel Noboa en Ecuador o Javier Milei en Argentina. Sin embargo, esto no significa que el contexto de dichos países sea muy diferente al de sus vecinos en Colombia, Brasil o México.

Podemos señalar brevemente algunos ejes centrales de las políticas trumpistas que afectan a América Latina y el Caribe como región y que demandan respuestas a nivel interregional y nacional.

Política antiinmigrante y deportaciones

Una de las cartas potentes de la campaña electoral para el segundo mandato de D. Trump, fue el tema migratorio. Desde una clara visión amigo-enemigo, a las personas migrantes se les culpabilizó del desempleo interno, se les calificó como enemigos que se aprovechan de los impuestos de la población blanca, protestante, anglosajona (WHASP), de evadir impuestos, de ser los responsables de la mala salud física y mental de la población estadounidense nativa, se les criminalizó por la violencia cotidiana y del crimen organizado del narcotráfico, por lo que además, se les cataloga como terroristas al servicio de los cárteles. Varias Órdenes Ejecutivas se dirigen contra la población migrante, tanto en la negación de derechos ya adquiridos internamente, como en exigencias políticas para México y para Canadá, países a los que se obliga a concentrar fuerza militar en la frontera binacional, así como se exige control de movimientos migratorios internos, de manera que se evite el efecto trampolín de países por los que atraviesan migrantes hacia Estados Unidos.

Doctrina “antiterrorista” frente al crimen organizado

La guerra contra el fentanilo, emprendida por la Administración Trump 2.0, se ha constituido en un elemento de chantaje para que tanto México como Canadá, garanticen que están siguiendo los lineamientos de Washington para evitar la introducción de esa y otras drogas al suelo estadounidense. Y, muy importante, el combate al fentanilo también se ha encaminado contra China, por su supuesto papel en la producción y trasiego, particularmente, de esa droga, como en ningún otro país en el mundo. Estrategia que forma parte de la guerra comercial contra China. Asimismo, esta doctrina antiterrorista ha requerido del uso de leyes y normativas obsoletas, que son anacrónicas, como la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros (Alien Enemies Act) de 1798 por parte del presidente Donald Trump, el 14 de marzo de 2025.

Aranceles y Guerra Comercial

Como en su primer mandato, la administración de Trump está utilizando los aranceles como herramienta central de su política económica, guiada por la narrativa de que Estados Unidos es víctima de explotación en el mercado global. Sin embargo, más allá de ver los gravámenes como una medida proteccionista en defensa de la producción nacional, las tarifas sirven a este gobierno como una amenaza para extorsionar concesiones políticas de otros países. En el caso de México, por ejemplo, las amenazas arancelarias buscan forzar mayores compromisos en control migratorio y combate al narcotráfico, trascendiendo lo meramente comercial.. En el caso de países con los cuales existen sanciones comerciales, como Cuba y Venezuela, las amenazas de aranceles están dirigidas contra países terceros que esquivan el régimen de sanciones.

Una de las consecuencias visibles de la errática política exterior de la segunda administración Trump es el deterioro de la imagen de Estados Unidos en el mundo. Según datos del Índice de Percepción de la Democracia, la valoración de Estados Unidos entre 53 países en todos los continentes cayó de +22 (abril 2024) a -5 (abril 2025). Es claramente un efecto Trump y menos del país como tal. Entre los países latinoamericanos incluidos en la encuesta, sólo Brasil, Costa Rica, la República Dominicana y Honduras siguen teniendo una percepción de Estados Unidos superior a la de su principal rival político y comercial, China.

Queda por ver qué impacto político tendrá esta percepción negativa a nivel internacional de Donald Trump. En las recientes elecciones de Canadá y Australia, los candidatos asociados políticamente a Donald Trump fueron castigados por los votantes y, especialmente en Canadá, perdieron en muy poco tiempo ventajas amplias en las encuestas. Por el contrario, en las únicas elecciones presidenciales celebradas en América Latina en lo que va del año, en Ecuador, el candidato derechista Daniel Noboa fue reelegido con una ventaja sorprendentemente clara en la segunda vuelta. Sin embargo, no se ha analizado si el factor Trump tuvo un efecto movilizador en las elecciones de Ecuador, pues hay declaraciones de Elon Musk en apoyo de Noboa durante el proceso electoral y el correísmo denunció que la empresa Cambridge Analytica intervino en la cadena de decisiones político-electorales.

En 2025 y 2026 se celebrarán elecciones en Bolivia, Chile, Honduras, Brasil, Perú y Colombia. En la mayoría de estos países, hoy gobernados por fuerzas progresistas o de izquierda, hay de momento muchos indicios de un cambio de rumbo político. Queda por ver hasta qué punto la asociación de los candidatos y su oposición a Trump jugarán un papel en la movilización de votantes, particularmente en Chile, Brasil y Colombia.

Nuestros agradecimientos van para las y los autores que han aceptado nuestra invitación de contribuir en poco tiempo a este dossier con sus reflexiones esclarecedoras, a veces provocativas, siempre bien fundadas y documentadas. También a las colaboradoras del CALAS en nuestra sede principal en Guadalajara que han posibilitado elaborar este documento: Paulina Navarro Villafaña por el diseño y la diagramación del documento, a Dafne Elizondo y Cristina Gómez Fuentes por la revisión de los textos; y a Olvia A. Maisterra Sierra y Abi Valeria López Pacheco por el cuidado editorial y la preparación del documento para la edición.

Guadalajara, mayo de 2025

ACERCAMIENTOS INTERNACIONALES

Trump y el declive agresivo de los Estados Unidos

Gabriel Merino

El sociólogo italiano Giovanni Arrighi sostiene que una crisis de hegemonía se produce cuando el Estado hegemónico carece de los medios o la voluntad de continuar liderando el sistema de Estados en una dirección que se percibe como una expansión (sobre terceros y/o sobre la naturaleza), no solo de su poder, sino del poder colectivo de los grupos dominantes del sistema.

Justamente, lo que pone con total evidencia el trumpismo, como expresión de las fuerzas “nacionalistas-americanistas” estadounidenses, es que Estados Unidos ya no puede ni quiere sostener los pilares del ciclo de hegemonía iniciado en 1945. Si para Joe Biden y las fuerzas “globalistas”, representantes del centrismo liberal occidental, resultaba clave seguir haciendo esos esfuerzos para sostener los pilares de la primacía estadounidense, aunque ya el mapa del poder mundial se había modificado estructuralmente, para Donald Trump y los grupos de poder afines —incluyendo el oxidado cinturón industrial tradicional— los costos de ello resultan cada vez más insostenibles para los Estados Unidos y la voluntad es Make America Great Again, aunque ello golpee a viejos aliados fundamentales o sacuda a la economía capitalista mundial.

Se trata de un cambio estructural. En los términos del historiador británico Paul Kennedy, estamos frente a una típica situación; la sobre-extensión imperial, donde ya es cada vez más difícil para Estados Unidos reproducir los pilares de su hegemonía —lo que se agudiza en algunos grupos de poder y fracciones de capital— ni tampoco sintetizar una respuesta compartida entre los principales grupos de poder y fuerzas del sistema para enfrentar esta nueva realidad. Y ello fractura al propio Estados Unidos, siendo el nacionalismo-americanismo supremacista una de las reacciones fundamentales frente al declive.

El trumpismo lleva a la crisis el sistema de alianzas con Europa occidental, Japón y Corea del Sur, que fueron clave para sostener la hegemonía estadounidense, consolidando la primacía en Eurasia. Estos protectorados militares —o “vasallos” en palabras de Zbigniew Brzezinski—, eran al mismo tiempo centros económicos del capitalismo mundial liderado por Estados Unidos. Pero con el declive estadounidense, estos países son vistos como economías competitivas que “destruyen” la economía norteamericana. En este sentido, Trump llegó a afirmar que la Unión Europea “es mucho peor que China”. Además, el trumpismo entiende que los costos para Washington de sostener su poderío militar son cada vez más altos, por lo que exige a sus protectorados que deben pagar más por su “defensa” o “protección” y también deben aceptar condiciones unilaterales impuestas por Washington en materia comercial o en cuestiones geopolíticas y geoestratégicas, aún en contra de sus intereses. En otras palabras, “Hacer Grande de Nuevo a América” implica hacer más pequeños a los otros actores del sistema. Lo mismo sucede con el denominado “patio trasero” latinoamericano, pero en su versión periférica, donde busca bloquear tanto las tendencias autonomistas como la influencia de potencias extra-continentales, exacerbando la Doctrina Monroe y su principio de América para los (norte)americanos.

El Estados Unidos de Trump ya no intenta ubicarse como paladín del libre comercio y centro coordinador de la economía mundial, a la vez que eje fundamental del sistema multilateral. De hecho, Estados Unidos en buena medida ya no lo era o no lo podía ser. Pero ahora tampoco lo disimula. Y buena parte del mundo mira estupefacto cómo desde el viejo centro del poder mundial

emergen fuerzas que destruyen el orden que este había construido. La escalada en la guerra comercial es un claro ejemplo.

Resulta interesante establecer cierto paralelismo con la experiencia histórica de declive del Imperio Británico, del cual Estados Unidos fue heredero. En 1903 surgió la Liga de la Reforma Tarifaria dentro del Partido Conservador del Reino Unido, al calor de la pérdida de competitividad frente a Estados Unidos y Alemania por parte de la otrora hegemónica burguesía industrial británica y las preocupaciones sobre la “seguridad nacional” que ello generaba. La era del libre comercio iniciada en 1846, cuando el Imperio Británico conquistó la absoluta primacía industrial y consolidó su lugar de hegemón, terminó en gran medida hacia 1914, con el inicio de la Primera Guerra Mundial. Pero fue en 1931 que se impuso finalmente la reforma proteccionista promovida por la Liga de la Reforma Tarifaria, en el ocaso absoluto de la hegemonía británica. A su vez, Londres hizo pagar a sus colonias los costos de su declive y de la guerra, como se vio de forma dramática en los territorios que hoy conforman India, Paquistán y Bangladesh.

Si miramos a la potencia norteamericana, las fuerzas proteccionistas resurgen a fines de los 80, en las batallas por el acero contra Japón, un país “vasallo” pero a su vez gran competidor industrial en ascenso, que era visto hacia esos años como una amenaza para el liderazgo económico mundial estadounidense. El abogado Robert Lighthizer, Representante de Comercio de los Estados Unidos en la administración de Donald Trump, desde 2017 hasta 2021, fue una pieza clave en esas batallas, representando al sector siderúrgico estadounidense. Si en 2008 se puso de manifiesto la crisis estructural del ciclo de hegemonía iniciado en 1945, fue recién en 2017-2018, durante el primer gobierno de Trump, cuando se impone el proteccionismo neohamiltoniano como política de Estado. Ello queda claro con el lanzamiento de la Guerra Comercial (que también es una guerra tecnológica) en 2018, el vaciamiento de la Organización Mundial de Comercio, la retirada estadounidense del Tratado Trans-Pacífico (TPP) o la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en función de los intereses de Washington, entre otras cuestiones. Allí se decretó el fin del “libre comercio” como política central de los Estados Unidos, que imperó desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos conquistó la primacía productiva y política planetaria. La administración de Biden mantuvo la política de aranceles impuesta por Trump o los acuerdos que dieron lugar al TLCAN 2.0, aunque con perfil más bajo desde lo discursivo, al tiempo que profundizó la guerra tecnológica y la guerra de sanciones —otras formas de la guerra económica—, con blancos más precisos y con China como objetivo principal. Esto último no cambió, aunque sí cambiaron las tácticas y estrategias.

La guerra comercial no empezó el 2 de abril de 2025, el “día de la liberación” según Donald Trump. Lo que decreta el 2 de abril es una gran escalada global; un gran golpe desde el cual renegociar la posición de los Estados Unidos, aunque posiblemente haya dejado en evidencia muchas debilidades, que contrastan con las fortalezas mostradas por parte de China. Hay cuatro objetivos fundamentales que llevan a esta escalada, los cuales son una respuesta al declive relativo estadounidense, bajo una estrategia nacionalista-americanista agresiva, cuya política central son los aranceles a las importaciones:

1. El intento por frenar y revertir el proceso de debilitamiento industrial de Estados Unidos, una tendencia secular que se profundizó en los últimos años, a pesar de la guerra comercial y tecnológica contra China para frenarla. El gigante asiático representa el 31,8% del PIB industrial mundial y Estados Unidos el 17,4% (medidos a precios nominales, a precios de poder adquisitivo la diferencia es mucho mayor). Esta realidad se percibe como un gran problema de “seguridad nacional” en Washington, ya que la debilidad industrial se traduce en debilidades en defensa y en el desarrollo tecnológico.

2. Una imperiosa necesidad gubernamental de aumentar la recaudación pública con el objetivo de achicar un enorme déficit fiscal estructural mediante un impuesto indirecto a los consumidores estadounidenses, que busca evitar aumentar los impuestos a las grandes

corporaciones. Este déficit se financia con un endeudamiento público que se ubica en cifras exorbitantes. La deuda pública total llegó a los 36,2 billones sobre un PIB nominal de 29,2.

3. Establecer negociaciones bilaterales para imponer los intereses de Washington frente a una contraparte más débil. Estados Unidos todavía posee el principal mercado nacional a precios corrientes o nominales. Además, en muchos casos negocia con “protectorados” o países subordinados en términos estratégicos.

4. Generar una devaluación del dólar que otorgue más competitividad a Estados Unidos y licúe la deuda pública. Detrás de estas medidas hay también una guerra de monedas. Esto ya lo hizo Estados Unidos en otras oportunidades en la historia, como los Acuerdos de Plaza de 1985. El problema es que ese objetivo ahora puede estar en contradicción con la necesidad de mantener el dominio global del dólar, último gran bastión de poder casi monopólico que aún conserva. A diferencia de los años setenta y ochenta, hoy hay tendencias geoeconómicas y geopolíticas que apuntan hacia la desdolarización del sistema mundial.

La reconfiguración política y estratégica a la que apunta el trumpismo, tiene como una de sus premisas reforzar la primacía en el llamado hemisferio occidental, esto es, replegarse en el continente americano bajo un Monroísmo recargado. En este marco debe leerse por qué para la región los aranceles que impuso Trump son los más bajos (10%). Es decir, el incentivo para América Latina y el Caribe (la “zanahoria”) sería, en realidad, un castigo (el “palo”) más pequeño que a otras regiones del mundo.

Por otro lado, en un retorno a un imperialismo territorialista y proteccionista, con aires al del siglo XIX, el trumpismo busca expandir su espacio estatal continental: anexar a Groenlandia y Canadá para conformar un inmenso estado norteamericano, de unos 22 millones de kilómetros cuadrados y una gran cantidad de recursos naturales, con una presencia clave en el Ártico —espacio estratégico en las próximas décadas. Además, Washington busca retomar el control total del canal de Panamá, punto logístico fundamental tanto a nivel global como en la conexión marítima entre las dos costas de los Estados Unidos. Renombrar al Golfo de México como Golfo de los Estados Unidos es un elemento simbólico de suma importancia de este imperialismo territorialista sobre México y el Caribe.

Los declives de los imperios suelen ser tiempos peligrosos. Especialmente cuando ingresamos a la etapa de quiebre de un ciclo de hegemonía, caracterizada por el Caos Sistémico. América Latina se enfrenta a la encrucijada de quedar subordinada como “Patio Trasero” de un poder en declive, que está deviniendo hacia un imperialismo territorialista con elementos neofascistas, o posicionarse como un espacio emergente, en un escenario de creciente multipolaridad relativa y profunda transformación histórica-espacial del sistema mundial.

Trump 2.0 ante China y Rusia: Estrategias diferenciadas durante los primeros 100 días de gobierno

Daniel Morales Ruvalcaba

La National Security Strategy (NSS) publicada en diciembre de 2017 marcó un punto de inflexión en la visión estratégica de Estados Unidos: por primera vez desde el final de la Guerra Fría, el documento identificó abiertamente a China y Rusia como “potencias revisionistas” que “want to shape a world antithetical to U.S. values and interests” (NSS, 2017, p. 25). Este diagnóstico justificó un giro hacia la competencia interestatal como eje central de la política exterior, desplazando el énfasis previo en la cooperación multilateral. Así, a lo largo del primer mandato de Donald Trump (2017–2021), esta estrategia se tradujo en una política de confrontación comercial y tecnológica con China, así como en una ambigua combinación de sanciones selectivas y gestos de acercamiento hacia Rusia.

Sin embargo, el regreso de Trump a la presidencia el 20 de enero de 2025 se da en un escenario internacional distinto. La dinámica internacional responde cada vez menos a la lógica unipolar, sino a una configuración crecientemente multipolar, volátil y simétrica como producto de tres décadas de transformaciones del poder nacional en el Sur Global. China ha ampliado su influencia sistémica en diversas regiones, mientras que Rusia ha consolidado su papel como actor disruptivo en Eurasia y más allá. En este nuevo contexto, el posicionamiento geoestructural de ambos países ha cambiado, lo cual ha obligado a Trump 2.0 a adaptar las estrategias delineadas en su primer mandato.

Durante sus primeros 100 días de gobierno, la administración ha intensificado los instrumentos de presión hacia ambos actores, reactivando disputas preexistentes y llevándolas a una dinámica más compleja e intensa. Aunque no se ha presentado formalmente una nueva NSS, las decisiones iniciales del gobierno confirman una continuidad respecto a la visión de 2017, pero ahora con un enfoque más frontal, polarizante y menos condicionado por miramientos multilaterales. En este marco, China y Rusia siguen siendo considerados los principales rivales geopolíticos de Estados Unidos, y frente a ellos Trump 2.0 ha desplegado estrategias diferenciadas que responden no solo a la configuración del poder nacional de cada uno, sino también a su trayectoria reciente en la geoestructura internacional.

En el caso de China, la presión estadounidense se ha intensificado notablemente. La razón fundamental radica en la evolución que ha experimentado el país asiático: desde los años noventa, China pasó de ser una economía emergente —integrada de manera subordinada a los circuitos globales de producción y comercio— a convertirse en una “virtual potencia mundial”, capaz de disputar espacios estratégicos en la configuración del orden internacional. Durante los años en que Trump no estuvo en la presidencia, esta transformación se aceleró mediante la expansión global de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (Belt and Road Initiative, BRI, por sus siglas en inglés), que fortaleció la presencia económica y logística de China en regiones clave de Asia, África, Europa Oriental y América Latina, consolidando su proyección como actor sistémico. Esta evolución explica eventos recientes como el memorando presidencial del 21 de febrero de 2025, que impone restricciones específicas a inversiones chinas en sectores estratégicos de Estados Unidos, y la aplicación de aranceles elevados sobre productos clave procedentes de China. Bajo la premisa de que “economic security is national

security” (America First Investment Policy, sección 1), China ya no es vista únicamente como un competidor comercial, sino como un actor capaz de proyectar una arquitectura alternativa de gobernanza internacional.

La implicación de esta presión integral contra China es evidente: Estados Unidos busca frenar o desacelerar la creciente participación china en asuntos estratégicos, especialmente en sectores como la tecnología avanzada, inteligencia artificial, semiconductores, telecomunicaciones de nueva generación y cadenas de suministro críticas. No obstante, esta acción presenta un dilema significativo. Al avanzar en un desacoplamiento económico y tecnológico con China, Estados Unidos podría generar consecuencias negativas en aliados estratégicos.

Y es que el cierre progresivo de canales económicos y tecnológicos con Occidente podría incentivar a China a profundizar su inserción en regiones del Sur Global, donde ya ha consolidado alianzas estratégicas en infraestructura, energía y conectividad digital a través de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI). De manera concreta, la intensificación de la competencia entre Washington y Beijing obliga a numerosos países —en particular en América Latina y el Caribe, donde China se ha convertido en el principal socio comercial de varias economías— a replantear sus vínculos comerciales, productivos y tecnológicos. Para Washington, esto podría representar una pérdida relativa de influencia en espacios geopolíticamente sensibles. A esto hay que sumar la creciente disputa por el acceso y control de recursos estratégicos, que añade una capa adicional de complejidad a las decisiones de política exterior. En este escenario, los gobiernos latinoamericanos, así como otros del Sur Global, enfrentan presiones económicas más intensas y márgenes de maniobra cada vez más restringidos.

En contraste, la estrategia estadounidense hacia Rusia presenta matices diferentes debido a la configuración específica del poder ruso. Si bien Moscú conserva relevancia regional considerable y mantiene capacidades significativas —especialmente en términos militares y energéticos— su crecimiento ha sido más limitado en aspectos socioeconómicos e institucionales, restringiendo así su proyección mundial. Por tanto, Trump 2.0 ha optado por una estrategia instrumental y pragmática, menos confrontativa que la desplegada hacia China. Ejemplos claros de este enfoque son la reciente propuesta de paz en Ucrania, que incluye concesiones territoriales hacia Rusia, y la flexibilización parcial de sanciones económicas en sectores específicos como la energía y la agricultura. Estas medidas sugieren un diagnóstico estratégico distinto: Rusia es considerada un rival disruptivo, pero gestionable, cuya influencia puede modularse mediante incentivos limitados y ofertas de reconocimiento geopolítico selectivo.

Sin embargo, esta aproximación también conlleva dilemas estratégicos difíciles de resolver. La estrategia de Trump 2.0 —orientada a ofrecer ciertas concesiones a Moscú con el fin de aproximar parcialmente a Rusia a la órbita occidental, debilitar el vínculo sino-ruso y recuperar para Estados Unidos cierto margen de maniobra geoestratégica en Eurasia— implica costos políticos, simbólicos e incluso históricos considerables. El reconocimiento tácito de demandas territoriales rusas, junto con otras posibles concesiones, no solo generaría tensiones directas con los aliados europeos más expuestos, sino que también socavaría la cohesión interna de la OTAN y debilitaría la arquitectura euroatlántica construida desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Lo más cuestionable es que los beneficios estratégicos de esta maniobra resultan altamente inciertos: a diferencia del escenario en que Zbigniew Brzezinski escribió The Grand Chessboard (1997), la relación sino-rusa actual se articula —según lo expresó el canciller chino Wang Yi en abril de 2025— bajo el principio de “ever-lasting friendship and never becoming enemies”, al tiempo que Eurasia sigue siendo integrada a través de

la BRI, lo que reduce significativamente el margen real de fragmentación funcional entre Beijing y Moscú.

En definitiva, las estrategias diferenciadas desplegadas por Trump 2.0 frente a China y Rusia durante estos primeros 100 días no deben interpretarse como una reacción coyuntural, sino como una continuación de lo planteado en la National Security Strategy de 2017 y, aún más, como expresiones tácticas dentro de un proceso más amplio de reconfiguración del orden internacional. Para comprender su alcance, es necesario reconocer que Estados Unidos ya no actúa como un poder estabilizador en la cúspide de un ciclo hegemónico, sino como una hegemonía cuyo ciclo ha concluido, que busca preservar su centralidad en un escenario marcado por la competencia, la intensificación de la multipolaridad y la redefinición de alianzas. Nos encontramos, así, en un interregno hegemónico, una fase transicional donde los comportamientos conservadores del antiguo hegemón coexisten con las apuestas revisionistas de potencias emergentes. La administración Trump 2.0 no constituye una anomalía en este proceso, sino una manifestación aguda de su desarrollo.

Las políticas de Trump desde la perspectiva europea: El caso de Italia

Pietro Montanari

La reacción de los gobiernos europeos ante el nuevo rumbo de la política de Estados Unidos se ha caracterizado por una comprensible prudencia. En Italia la cautela del gobierno resulta particularmente acentuada debido a la situación específica del país en el marco regional y por razones políticas internas. La resiliencia del gobierno ante la crisis depende en amplia medida de las capacidades de Giorgia Meloni, la primera mujer jefa de gobierno en la historia de Italia y líder de Fratelli d'Italia (FdI), el partido más votado en las últimas elecciones (26%). A pesar de pertenecer a un partido de derecha que no puede definirse moderada, Meloni es sin duda una líder muy hábil y realista: ha logrado incrementar su prestigio internacional y asegurar un consenso político muy estable incluso después de dos años y medio de gobierno. Sin embargo, el cambio drástico de la política estadounidense ha dejado a Meloni en una situación muy incómoda, que desde varios puntos de vista, internos e internacionales, pueden ocasionar problemas en su liderazgo y en la estabilidad del gobierno.

En cuestión de política interna la premier Meloni tiene que mantener unida una difícil coalición de gobierno compuesta, además de su propio partido, por Forza Italia (FI) y Lega Nord (Lega). Antonio Tajani y Matteo Salvini son los líderes respectivamente de FI y Lega, ambos son vicepresidentes y Tajani es también secretario de la Farnesina (Asuntos Exteriores). Moderado y ajeno a todo exceso retórico, Tajani ve con mal disimulada aversión las recientes políticas trumpianas (y sus defensores europeos), apoya el plan europeo de rearme y es más abierto al diálogo en cuestiones de migración, ciudadanía, derechos civiles y sociales. Salvini es todo lo contrario: critica duramente a las “oligarquías” de Bruselas (como un tiempo hacia Meloni), está en contra del rearme y es partidario de acuerdos bilaterales con Trump fuera del marco europeo. Si Meloni se acerca demasiado a Trump se arriesga a comprometer la relación con su aliado moderado; si adopta posturas demasiado europeístas se arriesga a perder a su molesto aliado soberanista y trumpiano. Por tanto, la prudencia de Meloni, que contrasta con su falta de escrúpulos en otros ámbitos políticos, es el producto de una búsqueda de equilibrio y mediación que garantice la estabilidad del gobierno. La rentabilidad de esta labor de mediación tiene importantes pay-offs a nivel legislativo: permite a la coalición pasar decretos y reformas que interesan a la coalición de gobierno.

En su política internacional, Meloni ha sido una firme y entusiasta defensora de Kiev y de la guerra contra Rusia bajo la administración Biden, mostrándose en este como en otros aspectos, en clara continuidad con el gobierno técnico de Mario Draghi. EU y UE marchaban más o menos al unísono en su oposición a Putin y en la estrategia general para Ucrania. El cambio de rumbo iniciado por Trump, culminado en la reunión con el presidente ucranio en la Casa Blanca el 28 de febrero y la imposición de tarifas del 20% a la UE (anunciada en el “liberation day”, 2 de abril, y luego suspendida por tres meses) ha desplazado la retórica dominante en los medios italianos (retórica muy parecida a una propaganda de guerra) y ha dejado prácticamente muda a la premier durante varias semanas. También se ha abierto una grieta con Europa, manifiesta sobre todo en la recurrente tensión con el gobierno francés, promotor de una línea más incisiva de apoyo militar y diplomático a Kiev y al mismo tiempo temeroso de que Meloni, por su relación amistosa con el presidente Trump, buscará obtener ventajas nacionales al margen del marco europeo. La premier tuvo improvisadamente que pensar en cómo posicionarse en esta situación inédita, entre un presidente americano que por primera vez se había declarado abiertamente hostil a Europa y una Europa que entendía seguir apoyando a Ucrania sin tener los medios para hacerlo. Meloni tuvo ocasión de reiterar

brevemente su punto de vista sobre la responsabilidad rusa en el conflicto durante su encuentro con Trump en la Casa Blanca el 17 de abril. La prensa italiana y la coalición de gobierno quisieron dar al encuentro un significado desproporcionado, como si se tratara de una misión para mediar entre Estados Unidos y la Unión Europea, algo que muy difícilmente podía ser. La presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, se había asegurado que Meloni no atendiera al bilateral para pactar condiciones fuera del marco europeo, de esta forma legitimaría su mandato, y Trump manifestó su habitual estima y simpatía personal hacia la líder, aunque reiteró su intención de negociar sobre tarifas sólo con Europa en su conjunto. Meloni, entre las varias cuestiones que tocó con el presidente, prometió aumentos en la importación de Gas natural licuado (LNG, por sus siglas en inglés) e incrementos en los gastos militares y de defensa hasta llegar el 2% del PIB (1,5% menos de lo que pide el Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, y 3% menos de lo que pide Trump). No tuvo éxito la idea, apoyada por von der Leyen y favorecida también por Elon Musk, que se pudiera proponer un área de intercambios “zero tariffs” entre Europa y EUA. El apoyo de Meloni a Zelenski volvió a manifestarse clara y establemente sólo después de que la ruptura entre Washington y Kiev se recompuso y se llegó por fin a un acuerdo sobre la explotación conjunta de los recursos mineros de Ucrania, acuerdo que modifica en sentido positivo la actitud de Trump hacia Kiev. (El cambio queda simbolizado por la famosa foto de Trump y Zelenski sentados dialogando en San Pedro durante el funeral del Papa Francisco, lo cual fue todo un éxito diplomático para el Vaticano.) El gobierno italiano ha reiterado en repetidas declaraciones su contrariedad al envío de tropas a Ucrania y su intención de no involucrarse en iniciativas europeas que contemplen este objetivo. Por esta razón, Meloni ha seguido participando en los vértices y en varias reuniones de la “coalition of the willings”, pero de forma mucho más distanciada y esquiva, conectándose a menudo sólo de forma remota y dejando la iniciativa a Francia, Polonia y, más recientemente, Alemania, que la llevan adelante junto con actores estratégicos no pertenecientes a la Unión Europea, entre ellos Reino Unido, Canadá y Turquía.

Lo relatado muestra que en estos momentos es muy difícil para la mayoría de los gobiernos europeos actuar fuera de un marco regional que por mucho tiempo ha sido al mismo tiempo europeísta y atlantista. Esta limitación vale a fortiori para Italia, cuyos márgenes de acción son ulteriormente reducidos debido al peso político-económico del país y a su postura tradicional en política exterior. No tiene mucho sentido denunciar la hipocresía del apoyo italiano a Kiev: la hipocresía es la norma en política, así que esa no es la cuestión. La cuestión es que la lealtad de Meloni es en primer lugar hacia Estados Unidos, no a Ucrania. Incluso su lealtad hacia Europa queda condicionada por el carácter atlantista de la Unión Europea. Meloni ha definido de “childish” la idea que se tenga que elegir entre las dos cosas: América y Europa (Financial Times, 27 de marzo 2025). Esta asociación es explotada por Meloni en clave identitaria, como defensa de los valores de Occidente (“Make the West Great Again”). Por eso, Meloni tuvo en su momento buenas relaciones con Joe Biden, así como hoy las tiene con Donald Trump y mañana las tendría con cualquier otro presidente. Por supuesto, la sintonía con Trump es mayor, ya que entre los dos existen afinidades ideológicas evidentes (en particular sobre control de la migración, políticas identitarias y rechazo de la cultura woke). Las afinidades, sin embargo, no deben exagerarse: en el trumpismo hay elementos (por ejemplo anarco-capitalistas y mesiánico-evangélicos) que muy difícilmente pueden coexistir con la derecha social y corporativa de la que procede culturalmente Meloni y su entourage. En el contexto actual, la lealtad atlantista del gobierno de Meloni no causa grandes problemas en la Unión: la ruptura atlántica es demasiado reciente y sus consecuencias son aún imprevisibles. Sin embargo, el nuevo rumbo trumpiano parece representar un verdadero “punto de ruptura” y según observadores cualificados se trata de una ruptura definitiva e irreversible (Mario Draghi, discurso de Coimbra).

Además de su lealtad atlantista, las credenciales europeístas son el otro pilar de la política exterior de Meloni. En este caso, sin embargo, la jefa de gobierno ha tenido que cambiar radicalmente su lenguaje político y postura ideológica: de los encendidos discursos electorales contra las oligarquías de Bruselas y las multinacionales, que declamaba cuando estaba a la oposición, una vez instalada al gobierno ha pasado inmediatamente a la defensa de los intereses socioeconómicos establecidos y al más estricto respeto de los parámetros de estabilidad económico-financiera (criterios de convergencia, spread bajo control, calificaciones estables por las agencias de rating, etc.). El nombramiento de Giancarlo Giorgetti como Ministro de Economía ha sancionado desde el principio esta continuidad respecto a los gobiernos anteriores, Draghi in primis. La extrema cautela de Meloni no es, pues, efecto de la hipocresía y el transformismo, sino de esa “escuela de las instituciones” que imponen realismo y sentido de la proporción a cualquier coalición que sea llamada a la prueba del gobierno.

En este contexto, América Latina ha sido objeto de un creciente interés por parte de la Unión Europea y de los países europeos. En 2024, después de un largo y difícil proceso de creación (las negociaciones habían empezado en el 1999), la UE y el Mercosur han firmado en Montevideo un importante acuerdo de partenariado. En Europa hay todavía fuertes resistencias al acuerdo, particularmente en ciertos sectores productivos como el agroalimentario. En este contexto, Italia espera obtener beneficios sobre todo en los sectores mecánico y siderúrgico. México pertenece a la otra gran área comercial del continente, la del T-MEC, hoy en crisis debido a la nueva política tarifaria de Trump. En este caso, también se abre una panoplia de oportunidades. En 2023, el presidente de la Comisión Europea, ha visitado a México y se ha encontrado con el presidente Andrés Manuel López Obrador con la intención de renovar y reforzar las relaciones bilaterales en todo sentido, no solo comercial. México es el segundo socio comercial de la Unión Europea en América Latina y el Caribe y, a su vez, la Unión Europea es el tercer socio comercial de México y el segundo inversor en el país. Las relaciones entre Italia y México son también relevantes y prometedoras. Las iniciativas de diversificación del export italiano en respuesta a la guerra tarifaria de Trump no han tardado en llegar. El 21 de marzo de 2025, el ministro Tajani ha presentado un plan de acción en los mercados extra-UE. El objetivo es ampliar la presencia de las empresas italianas en una serie de economías caracterizadas por elevadas tasas de crecimiento y fuerte potencial de desarrollo de las exportaciones. En el marco de las economías emergentes, México resulta ser el tercer mercado estratégico más importante para el export italiano (6,6 mil millones de euros), después de Turquía y Emiratos Árabes. Las exportaciones han tenido un incremento de 7,7% respecto al 2023 abarcando el 31,6% del mercado en América Latina.

Los primeros 100 días de Trump: MAGA, guerra comercial, deportaciones y narcoterrorismo

Leandro Morgenfeld

El 20 de enero de 2025, Donald Trump asumió por segunda vez la presidencia de Estados Unidos, prometiendo consolidar su agenda America First y profundizar el proyecto Make America Great Again (MAGA). En sus primeros 100 días, su gobierno reafirmó una estrategia que vincula el orden doméstico con la aspiración de recuperar la hegemonía global estadounidense, erosionada, según su visión, por la estrategia globalista de las administraciones previas. Este ensayo analiza cómo tres ejes centrales de su política —la guerra comercial mediante aranceles, las deportaciones masivas de migrantes y la escalada contra el “narcoterrorismo”— articulan una visión nacionalista y autoritaria que busca reconfigurar el equilibrio de poder mundial, para intentar frenar o revertir el declive relativo de Estados Unidos y el ascenso de China y Asia-Pacífico, en un mundo, mal que le pese a Trump, cada vez más multipolar.

MAGA como proyecto hegemónico

El eslogan Make America Great Again no es solo un lema electoral, sino un programa político que combina un fuerte nacionalismo económico, un discurso antiinmigrante y una política exterior agresiva. La premisa es que Estados Unidos debe recuperar su poderío industrial, militar y cultural frente a competidores como China, Rusia o bloques regionales emergentes, en particular los BRICS. En este marco, los primeros 100 días de Trump en 2025 reforzaron la idea de que recuperar la fortaleza interna es condición para la proyección global.

El problema es que Estados Unidos, hasta ahora la principal potencia económica y militar, aunque en un proceso de acelerado declive geopolítico, enfrenta en los últimos años una serie de crisis interconectadas que fueron debilitando su estructura económica y social. Desde el aumento de la pobreza y la indigencia hasta la epidemia de opioides, pasando por el colapso del sistema de salud pública y el masivo endeudamiento estudiantil, el país vive una etapa de creciente desigualdad y descontento social, el sustrato que explica la polarización política e ideológico-cultural. Trump es un emergente de esa frustración y descontento y, paradójicamente, puede acentuar todos los problemas que atraviesa el tejido social estadounidense, que muestra indicadores más propios de un país en desarrollo que de una potencia.

Guerra comercial y aranceles: proteccionismo como herramienta de poder

Desde su primer mandato (2017-2021), Trump impulsó una ofensiva arancelaria contra China, la Unión Europea y otros socios comerciales. Al inicio de este segundo mandato, en 2025, duplicó las apuestas con aranceles, justificados como defensa de la industria local y presión geoeconómica. Estas medidas buscan forzar realineamientos en las cadenas globales de valor, relocalizando producción estratégica en Estados Unidos o países aliados, como por ejemplo Vietnam o India en lugar de China. Trump, prioriza acuerdos bilaterales que debilitan organismos multilaterales, como la Organización Mundial del Comercio (WTO, por sus siglas en inglés). Este proteccionismo no es solo económico: es un instrumento para renegociar la dependencia global a Estados Unidos y reafirmar su centralidad en el orden capitalista. La novedad es la fuerte respuesta china, que desde hace ocho años se viene preparando para esta ofensiva trumpista, y que esta vez no está dispuesta a ceder. Por el desplome de las bolsas y las fracturas internas, el propio Trump tuvo que dar marcha atrás en

buena parte de los anuncios del 2 de abril, postergar algunas medidas anunciadas y sentarse a negociar con China (el domingo 11 de mayo, inclusive, se anunció un principio de acuerdo con el gigante asiático, en negociaciones que encabezó en Suiza el propio Secretario del Tesoro). Mientras tanto, China se muestra como el gran garante y estabilizador del orden económico mundial, y avanza para ocupar los lugares que Estados Unidos va cediendo, siendo ya, además, el principal socio comercial de más de 140 países.

Deportaciones masivas: seguridad interna y disciplinamiento social

Otro pilar de los primeros 100 días fue la militarización de la frontera con México y las redadas masivas contra migrantes indocumentados, tras la promesa electoral de Trump de impulsar la mayor deportación de la historia, cuadruplicando las expulsiones anuales, para llegar a la exorbitante cifra de un millón de deportados en 2025. La Operación “Safe Homeland” movilizó a la Guardia Nacional y agencias federales para deportar a más de 300.000 personas (superando los números de 2017), con foco en centroamericanos y mexicanos. Se avanzó en la externalización del control migratorio: se presionó a México y el Triángulo Norte (Guatemala, Honduras, El Salvador) para que acepten “tercer país seguro”, bajo amenaza de cortar ayuda económica. Al mismo tiempo, endureció la narrativa securitizadora: Trump vinculó migración con crimen e “invasión”, reforzando su base electoral mientras enviaba un mensaje de soberanía inflexible. Las deportaciones no son sólo una política doméstica: buscan demostrar capacidad de control territorial y disuadir flujos migratorios que, según el gobierno, debilitan la cohesión nacional. Además, tienen como objetivo disciplinar a la población, doblegar las resistencias en las universidades y sembrar el terror y la autocensura entre quienes temen ser deportados, en particular, y en toda la población, en general.

Narcoterrorismo: la guerra global como espectáculo

Trump redefinió la llamada guerra contra las drogas como lucha contra el narcoterrorismo, fusionando seguridad interna y proyección militar. Autorizó operaciones de la DEA y fuerzas especiales en México, Colombia y Centroamérica, incluyendo drones y asesinatos extrajudiciales de capos (similar a la muerte de Osama bin Laden). Impuso sanciones a gobiernos “blandos”: acusó a México de “no hacer lo suficiente” y amenazó con designar a carteles como organizaciones terroristas, lo que justificaría intervenciones directas. Todo eso reforzado en el habitual espectáculo mediático: los discursos de Trump sobre decomisos récord de fentanilo (muchos de ellos exagerados) buscan mostrar “victorias” en una guerra perpetua. Esta estrategia no sólo persigue objetivos de seguridad, sino que procura legitimar la presencia militar estadounidense en América Latina y refuerza la idea de Estados Unidos como gendarme global. Esto se da el marco de una actualización de la doctrina Monroe, mediante la cual Trump quiere reforzar el dominio de lo que considera el “patio trasero” de Estados Unidos, militarizando la política interamericana, dando más poder al Comando Sur y, con más garrotes que zanahorias, subordinar a los países latinoamericanos para garantizar, en un mundo más multipolar, que nadie desafíe el poder estadounidense en el “Hemisferio Occidental”.

Conclusión: ¿Hegemonía o declive acelerado?

Los primeros 100 días de Trump en la Casa Blanca confirman que MAGA es un proyecto de reordenamiento autoritario, donde la cohesión interna (vía represión migrante y proteccionismo económico) se vincula con una agenda exterior agresiva. Sin embargo, hay contradicciones. Fragilidad económica: los aranceles podrían encarecer insumos y generar inflación, erosionando apoyo popular, y hacer que países aliados diversifiquen sus vínculos económicos, volcándose hacia la región de Asia-Pacífico; resistencias internacionales: China

y otros actores no cederán fácilmente, y la guerra arancelaria y las deportaciones tensan relaciones con aliados clave (la Unión Europea y Canadá, entre otros); y costo político: las protestas contra las deportaciones y el uso excesivo de la fuerza pueden desgastar al gobierno, como ya se vislumbró en las elecciones en Wisconsin, y en masivos actos encabezados por Bernie Sanders. Hay una fuerte caída de su popularidad en estos 100 primeros días, y su índice de apoyo es inferior al que cosechaban Bush, Obama, Biden y el mismo Trump en su primer mandato. El presidente apuesta a que un Estados Unidos cerrado y militarizado recuperará hegemonía, pero el riesgo es acelerar su declive, ahondando fracturas globales e internas. La paradoja es que Trump es mucho más poderoso que en su primer mandato, pero gobierna un país mucho más débil que el que presidió hace ocho años. Su ofensiva, más que un nuevo ciclo de dominio estadounidense, en realidad en el mediano plazo horadará todavía más la fisurada hegemonía global del país que, hace 80 años, emergió victorioso de la segunda guerra mundial.

Trump patea el tablero… un tablero enclenque

Alberto Acosta

“Las acciones de Trump tienen repercusiones directas e indirectas en la región, desde crisis económicas hasta incentivos para políticas autoritarias y extractivistas, poniendo en riesgo avances sociales y ambientales.” Eduardo Gudynas

Con fuerza y determinación, Donald Trump dio un puntapié al tablero del orden mundial. Por los aires saltaron varias instituciones de Naciones Unidas. Se desvanecen las promesas de la democracia liberal, que tenía como una destacada pieza en su vitrina la vida política de los Estados Unidos La narrativa del libre comercio quedó aún más desnuda que antes. Y las normas ambientales de alcance global quedaron apabulladas por las decisiones trumponianas. En realidad, sin minimizar el brutal impacto de dichas acciones, resultado de acciones largamente planificadas, lo que debemos tener claro es que el tablero en donde estaba organizado el orden mundial, que hace agua por todos los costados, era en extremo enclenque.

Centremos la atención en el tema ambiental. La postura negacionista de Trump frente al cambio climático durante su primer mandato evita cualquier lectura que parta por anotar sorpresa. En junio de 2017, durante su primer mandato, una de las medidas ambientales más cuestionadas fue el retiró de los EUA del Acuerdo de París: tratado que busca frenar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y evitar que la temperatura del planeta aumente por encima de 2°C con respecto a la etapa preindustrial. Luego, en campaña, anunció una serie de medidas adicionales, que fue concretando en su hemorragia de órdenes ejecutivas.

Con la guerra comercial y su consiguiente eco en el ámbito monetario y financiero, que desencadena una serie de procesos recesivos tanto como represalias comerciales y económicas, se acelera el aluvión de conflictos que vive el mundo. El impacto de “la guerra arancelaria” en el mercado de los bonos del tesoro de los EUA que ahonda la debilidad del dólar, acelera la búsqueda de valores de refugio: emerge la demanda de oro con inusitada fuerza, así su valor ya rompió largamente la barrera de los tres mil dólares por onza. Un hecho que presiona aún más la explotación de este mineral, en el que están envueltos cada vez más capitales del crimen organizado, muchas veces en abierta complicidad con gobiernos y empresas mineras formales.

Con Trump se retoman los esfuerzos extractivistas (aparentemente) represados. La repercusión del mantra: “drill, baby, drill” (perfora, nena, perfora) de Trump alienta en su país la expansión del extractivismo petrolero, en áreas alejadas y muy frágiles, como Alaska, o en los mares del Ártico, incluyendo el uso de aquellas tecnologías extremas, como el fracking; ejemplo que se expandirá en otras regiones del planeta. En paralelo, también hay señales claras para permitir nuevamente la utilización del carbón destinado a la generación de electricidad en el coloso del Norte; con el consiguiente eco en otros países. Y aunque pueda parecer contradictorio, simultáneamente, Trump no oculta el apetito imperial por minerales estratégicos, como el litio en Ucrania, o el cobalto en el Congo, para citar apenas un par de casos concretos. En este entreverado escenario se mantienen inalterables las presiones que alientan los agrocombustibles, que se expanden por muchos rincones del Sur global. Se trata, en suma, de actividades

extractivas que ocasionan brutales impactos sobre seres humanos y naturaleza, así como sobre las frágiles instituciones estatales, sea la justicia, la fuerza pública y la misma democracia.

A la mercantilización ampliada vía extractivismos se añade el canibalismo de la creatividad de las comunidades, de las prácticas de “cuidados” y de otras formas de reproducción no mercantiles, que engullen más y más a la misma Naturaleza. Todo vale para mantener en funcionamiento la “máquina idiota”: el capitalismo, que metaboliza los bienes naturales, los procesa y agota, desecha y contamina.

Además del retiro del Acuerdo de París, y la reducción o incluso la eliminación de los financiamientos para fondos ambientales, se suman medidas locales que reducen el número de guardabosques en las áreas naturales, por ejemplo. Se desarman las reglas destinadas a un manejo ambientalmente responsable en las plantas de energía y la fabricación de automóviles que usen energías más limpias. Caen las reglas sobre contaminación por hollín, mercurio y cenizas de carbón. Desaparecen los impulsos para un uso más responsable del agua potable. Se impulsa con fuerza la energía nuclear. Se trituran muchas regulaciones ambientales adoptadas en años anteriores, en tanto se las considera despectivamente como “políticas irracionales y cuasi-religiosas”.

Adicionalmente, Trump borra de un plumazo los flojos compromisos internacionales, que había firmado el presidente Joe Biden en materia ambiental y climática. De hecho, con el recrudecimiento de respuestas bélicas, como el rearme de la Unión Europea, y de genocidios, como el de Gaza, a lo que se suma la acción de Trump, los muy limitados esfuerzos para impulsar transiciones energéticas corporativas destinadas a dejar atrás los hidrocarburos pierden terreno.

Entendamos que no se trata de un paquete de decisiones aisladas o atropelladas, carentes de sentido. Las acciones de Trump responden a una expresión planificada, que parte de una forma de ver y asumir la realidad desde un negacionismo climático, con una clara orientación geopolítica, liderada por una suerte de oligarquía transnacional, cuya codicia no conoce límites.

Así, en la senda del progreso, sin importar cuántos destrozos se provocan, tanto sociales como ecológicos, se sigue subordinando la vida a la lógica de acumulación del capital, ahora con la intención/pretexto de volver nuevamente grande a los Estados Unidos: MAGA (Make America Great Again). Trump y sus compinches, no pueden ser vistos simplemente como malvados o irresponsables. Ellos, hambrientos de poder, responden a las demandas del capitalismo en la actual coyuntura, en concreto a las demandas de sus negocios globales. Ellos, teniendo en la mira las exigencias de la acumulación permanente de capital, no tienen empacho alguno para desbaratar lo que les incomoda. Y ellos, en medio de un creciente conflicto inter-imperialista, son los que tienen, por lo pronto, una enorme influencia en el planeta.

Lo realmente grave es que, en Nuestra América, lejos de hacer un esfuerzo por comprender la gravedad del momento y alentar genuinos procesos de integración autónoma, nuestras élites buscan hasta cómo obtener “beneficios” de “la guerra arancelaria” impulsada por Trump el día 2 de abril del presente año, pomposamente presentado por el mandatario estadounidense como el “día de la liberación”. En nuestros pagos, algunos de esos voceros librecambistas a ultranza plantean aprovechar las diferencias arancelarias, pues algunos de nuestros países solo tendrían un arancel del 10%, mientras que otros, con un arancel del 20 o 25%, se verían en serias dificultades para sostener su mercado en los EUA; como sucede con el banano, el cacao o los camarones, para recordar unos cuantos productos mencionados.

Además, para intentar paliar el impacto de la guerra de los aranceles o los efectos recesivos que estos ocasionan a nivel mundial, se forzará, desde nuestra región,

un mayor suministro de materias primas —petróleo, minerales o alimentos—, inclusive en épocas de precios deprimidos. Buscan, como sea, aumentar o al menos sostener los ingresos provenientes de las exportaciones primarias. Sobreoferta que beneficia a los países centrales, algo muy conveniente para el MAGA de Trump, aunque pueda provocar una suerte de “crecimiento empobrecedor” en nuestras economías. En síntesis, ante la ausencia de estrategias nacionales y regionales sustentadas en la justicia social y la justicia ecológica, la dependencia de los mercados foráneos será aún más marcada.

Enfoquémonos en un lugar concreto, que tiene una trascendencia ecológica planetaria: la Amazonía. Aquí el exacerbado extractivismo puede acelerar su destrucción. Millones de hectáreas han sido ya deforestadas, incluyendo áreas protegidas e indígenas, sea por las actividades petroleras, mineras, madereras y de los monocultivos. Recordemos que la Amazonía —la periferia de la periferia— es una suerte de territorio de colonización para nuestros gobiernos, que actúan en contubernio con empresas extractivistas, en particular transnacionales. Si ahora la voracidad del capital no se detiene ante nada, cuál será el impacto de estos impulsos trumponianos…

En consecuencia, estos mensajes que provienen del Norte serán replicados en nuestros países, con más y más extractivismo, mayores desmontes de la normativa ambiental, al tiempo que se atropellan los Derechos Humanos, no se diga los Derechos de la Naturaleza. Así, en nuestra región, muchos gobernantes extractivistas, sumisos a la lógica de acumulación del capitalismo metropolitano, verán en esta coyuntura una oportunidad para “respirar aliviados al saber que se debilitan esos tratados internacionales y agencias de Naciones Unidas que denunciaban sus incumplimientos de los Derechos Humanos (...) Más allá de sus éxitos o fracasos, de sus verdades o sus hipocresías, esa institucionalidad internacional brindaba defensas para muchas organizaciones ciudadanas, sindicatos o pueblos indígenas. Todo ese entramado ahora está en riesgo”, como anota con claridad Eduardo Gudynas (Gudynas, 2025).

Y en este contexto, con el fortalecimiento de tendencias políticas cada vez más autoritarias, que cabalgan debilitando las frágiles democracias, exacerbando la desigualdad social, profundizan resentimientos y miedos, se hace posible el surgimiento acelerado de las ultraderechas, otro producto de las demandas del capitalismo en su actual fase de recomposición y expansión.

¿Un nuevo orden mundial apuntalado por el BRICS?

Elizabeth Vargas García y Alberto Rocha Valencia

En el actual escenario internacional, asistimos a una crisis general del orden liberal mundial fundado en 1945. No solamente finalizó el orden mundial bipolar (implosión de la URSS) sino que también el ensayo de creación de un orden unipolar habría fracasado. Donald Trump, en su primer gobierno (2017-2020), comenzó a desarticular lo que se había logrado construir como orden unipolar y, Joe Biden no pudo lograr reimpulsar dicho orden durante su mandato (2021-2024). Pero durante estos años quedó muy en claro que estamos ante una reconfiguración estructural del poder global (Sodupe, 2002). De manera muy clara, desde inicios del siglo XXI, hasta el gobierno de Biden, en el mundo fue tomando forma una polarización: Estados Unidos-Inglaterra, Unión Europea, G7 y OTAN vs. China-Rusia y BRICS; esto es la configuración entre un Norte Global y un Sur Global (Morales y Rocha, 2024).

El llamado Norte Global u “Occidente colectivo”, fue el sostén del orden unipolar y de la globalización neoliberal. A partir de finales del siglo XX, varios Estados periféricos ascendieron a la categoría de potencias regionales, destacando China, Rusia, India, Brasil y Sudáfrica, lo que dio origen al BRICS en 2009. Este foro simboliza el ascenso del Sur Global y su impacto creciente en la reconfiguración del sistema internacional.

La emergencia del BRICS ha cuestionado los pilares del orden liberal liderado por Estados Unidos y el G7. Con el segundo mandato de Trump, ese orden unipolar colapsó, mientras que el avance del Sur Global y los BRICS enfrentó una respuesta confrontativa. Este trabajo examina las megatendencias que impulsan dicho ascenso y las tensiones derivadas de la transformación del sistema internacional.

El grupo BRICS+ y la configuración de una nueva arquitectura internacional

El foro BRICS ha evolucionado desde su fundación en 2009, pasando de ser un grupo informal de economías emergentes a un actor geopolítico con creciente incidencia estructural en el sistema internacional. La ampliación del foro hacia BRICS+ constituye una apuesta estratégica por construir un polo alternativo de poder, apoyado en cuatro pilares:

Cuadro 1: Características del BRICS+

Pilar estratégico	Características clave

Capital geoeconómico y recursos	Incorporación de Irán, Arabia Saudita,
naturales	EAU, Egipto y Etiopía; control de rutas y
	recursos.

Capacidad demográfica y productiva	Casi la mitad de la población mundial
	(más de 2,800 millones entre India y
	China); PIB superior al G7 en paridad de
	poder de compra.

	Instituciones paralelas	Nuevo Banco de Desarrollo; comercio en
		monedas locales; menor dependencia del
		dólar.

	Dinámica geopolítica	Cumbres periódicas; orientación
		geopolítica y fortalecimiento del grupo.

	Fuente: Elaboración propia.

El grupo BRICS+ no propone un modelo cerrado de integración, sino un marco flexible de cooperación entre potencias emergentes que buscan mayor representación en la arquitectura global, sin abandonar totalmente los foros tradicionales como el G20. Esto significa una alternativa al orden mundial centrado en Occidente.

Ahora bien, se habla de un nuevo orden mundial con los BRICS porque desafían la hegemonía de Occidente. y buscan mayor participación e influencia en las instituciones y asuntos internacionales. Además, simultáneamente han creado sus propios mecanismos de cooperación financiera, comercial y política afianzando el ascenso del Sur Global (Morales y Rocha, 2025).

El contraataque de Trump: proteccionismo, amenazas y aislamiento

El segundo gobierno de Donald Trump llegó a la escena internacional con la decisión de echar abajo los restos del orden unipolar: cuestionamientos del G7, del eje Atlántico, de la OTAN, de la ONU, de la OMC, de la Unión Europea, de las guerras regionales (Ucrania, Gaza-Palestina), de la globalización neoliberal y del Norte Global, todos estos propósitos apoyados en un programa conservador, proteccionista (algo nacionalista), expansionista-supremacista y xenófobo. Las acciones externas más impactantes de su gobierno son: el proceso político diplomático para detener la guerra en Ucrania (que todavía no ha logrado resolver, aún si ha establecido relaciones diplomáticas muy cercanas con Rusia) y la llamada “guerra de aranceles” abierta con la mayoría de los países del mundo (que en lo fundamental estaba dirigida contra China y que este país ha logrado rechazarla). Entre las políticas internas han sobresalido: el impulso de un proceso de reindustrialización para relanzar la economía interna que ha estado acompañado de un recorte neoliberal del gasto público; la expulsión indiscriminada y represiva del país norteamericano de la fuerza laboral latinoamericana y caribeña (GOP Platform MAGA, 2024; Discurso presidencial, Trump, 2025; Discurso Trump, Davos, 2025).

Desde su primer mandato y con renovada fuerza en el segundo, Donald Trump ha visto en los BRICS una amenaza directa a la primacía estadounidense principalmente por dos de sus integrantes como son China y Rusia, así, su respuesta ha estado dirigida en una doble vía tanto simbólica como práctica.

Cuadro 2: Estrategias de Trump frente a los BRICS

Estrategia	Descripción

Narrativa confrontativa	Califica la creación de una moneda BRICS
	como acto hostil al dólar; amenaza con
	aranceles del 100%.

Guerra arancelaria estratégica	Impone aranceles punitivos a sectores de
	China, India y Brasil, como acero y
	farmacéuticos (González, 2025).

Política exterior errática	Alterno nacionalismo económico con rechazo
	al multilateralismo; genera tensiones incluso
	con India (Pérez Gallardo, 2025).

Fuente: Elaboración propia.

Todo esto implica un debilitamiento del soft power (o poder inmaterial) ya que estas acciones reflejan una estrategia de contención que prioriza la intimidación antes que la negociación, debilitando el atractivo internacional de EUA y abonándolo a el bloque, al contrastar de frente el pragmatismo de cooperación de los BRICS+. Percepciones que cada vez establecen una diferencia notoria que da como resultado la creación de nuevas alianzas.

El Sur Global entre la afirmación estratégica y las fisuras internas

Si bien los BRICS comparten una crítica común al orden occidental, el foro no es homogéneo. Existen diferencias profundas entre sus miembros en cuanto a sus vínculos con Estados Unidos, sus prioridades regionales y su modelo de desarrollo. Sin embargo, estas divergencias no han impedido la creación y consolidación de un discurso unificado en favor de lo siguiente:

Cuadro 3: Propuestas estratégicas de los BRICS

Línea estratégica	Contenido

Reforma de la gobernanza global	Proponen una arquitectura global más
	inclusiva; cuestionan instituciones como el
	FMI y el Consejo de Seguridad.

Comercio en monedas locales	Impulsan acuerdos bilaterales en monedas
	nacionales para sortear sanciones
	occidentales.

Agenda climática y desarrollo sustentable	Buscan liderazgo en temas climáticos y
	sustentables; destacan compromiso en la
	COP30.

Fuente: Elaboración propia.

Ahora bien, los BRICS+ se posicionan de manera crítica al orden unipolar y neoliberal, muy claramente por sus posturas neodesarrollistas y neoindustrializantes, así como de impulso del bienestar de la población de sus países; también destacan por sus propuestas multilaterales, multipolares, regionales y pluricivilizacionales. En otras palabras, en China-Rusia, en los BRICS+ y el Sur Global existe una propuesta de nuevo orden mundial. Esta propuesta de nuevo orden mundial no está en sintonía con las acciones desplegadas en el ámbito internacional por el gobierno de Donald Trump.

Conclusiones

El enfrentamiento entre el gobierno de Trump y los BRICS no es anecdótico, sino estructural. Representa el choque entre un modelo de orden basado en la hegemonía

unipolar y en la búsqueda del liderazgo a ultranza y otro orden en construcción que reclama pluralidad de voces, soberanía estratégica y gobernanza inclusiva, es decir se conforma como la alternativa a lo establecido.

Trump ha respondido con agresividad, pero su política está generando más resistencia que sumisión. En el mediano plazo, las estrategias de intimidación corren el riesgo de aislar aún más a Estados Unidos frente a un Sur Global cada vez más articulado, ambicioso y propositivo.

Ahora bien, el cuestionamiento que surge a estas alturas no es si los BRICS lograrán reemplazar al G7, sino más bien, cómo contribuirán a un sistema internacional más equilibrado, y si Occidente, en particular Estados Unidos, será capaz de adaptarse a las nuevas reglas del juego que se están configurando. Todo indica que es muy posible que se configure un nuevo orden mundial desde el Sur Global, con China-Rusia y los BRICS.

Aranceles: Lawfare como aplicación “universal” de la ley de Estados Unidos

Aníbal García Fernández y Silvina Romano

Donald Trump regresó a la presidencia de Estados Unidos con la promesa de “aranceles para todo el mundo”. La novedad era la extensión mundial, porque los aranceles como parte de la guerra comercial comenzaron en 2017, contra países considerados enemigos: China, Rusia, Irán, Venezuela. La imposición de aranceles, al igual que las sanciones económicas, son una expresión de la extraterritorialidad de la ley estadounidense (en otras palabras: el modo en que la ley de EUA se aplica a cualquier territorio del planeta).

Junto con las sanciones económicas, los aranceles representan una dimensión del lawfare que tiene por objetivo sabotear las relaciones comerciales, financieras (como se reflejó en la caída de las bolsas, que han perdido más de lo que perdieron en la crisis económica de 2008) y se utilizan como herramienta de poder blando con fines políticos y geopolíticos, presionando a los demás países para que ajusten sus reglas a los marcos normativos e intereses estadounidenses. Esto impacta de inmediato a países periféricos que tienen menos herramientas para negociar (Observatorio Lawfare y CLAJUD, 2024).

IEEPA y el uso extraterritorial de la ley

En 1917, durante la primera guerra mundial, el gobierno estadounidense promulgó la Ley de Comercio con el Enemigo y el Congreso otorgó poderes al poder Ejecutivo para bloquear propiedad enemiga, regular transacciones financieras y licencias para comercio. La ley estuvo vigente hasta la década de los setenta, cuando dio paso a la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) en 1977 (al calor de los escándalos de Watergate, la crisis por la guerra en Vietnam y la crisis del dólar).

Una de las diferencias entre la ley de comercio y la IEEPA son los límites a los poderes presidenciales: presentación anual de una declaración para continuar con la declaratoria de emergencia nacional y justificación de la emergencia nacional. Por su parte, el Congreso se facultó para revocar las acciones de la IEEPA sin que estuviese sujeta a veto presidencial. Esta última disposición fue modificada y aunque el Congreso mantiene la facultad de revocar la IEEPA, nunca lo ha hecho desde que fue creada en 1977.

Desde que el expresidente Jimmy Carter usó la IEEPA hasta la presidencia de Joe Biden, el periodo que va de Bill Clinton a Biden, la IEEPA ha sido invocada 167 veces, esto es el 82.7% desde su creación (CRS, 2024). Este período coincide con varios procesos mundiales, uno de ellos es la globalización comercial a partir de la apertura comercial que implicaron los TLC, pero también con el declive hegemónico estadounidense y la mayor disputa comercial con varios países. Por otro lado, la aplicación de la IEEPA es la forma que han encontrado los presidentes de EE. UU. para aplicar sanciones económicas sin necesariamente pasar por el aval del Congreso estadounidense. O sea, es una medida antidemocrática y expresión de la presidencia imperial.

Gráfica 1. Uso de la IEEPA por presidentes de Estados Unidos

Fuente: CRS, 2024.

Además de las invocaciones a la IEEPA, destaca que, desde la década de los ochenta, la extensión promedio de las emergencias nacionales ha ido creciendo de 4 a 15 años. Los países de América Latina sobre los que se ha invocado la IEEPA son Nicaragua (1985 y 2018), Panamá (1989), Haití (1993), Colombia (1995) y Venezuela (2015).

Gráfica 2. Duración promedio de las emergencia que citan a IEEPA

Fuente: CRS, 2024.

Sin embargo, cabe la pregunta: ¿La IEEPA permite imponer aranceles a otros países? La letra de la Ley dice que no. Quien tiene esas facultades es el Congreso de Estados Unidos, según la propia constitución en el artículo 1 sección 8 se enumeran las facultades del congreso y

respecto al comercio menciona que su atribución es “Regular el comercio con las naciones extranjeras, y entre los varios Estados, y con las tribus indias”.

Ante este escenario, hay doce estados federales que impugnaron la imposición de aranceles ante la Corte de Comercio Internacional de EUA. Los estados son Oregon, Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Minnesota, Nevada, Nuevo México, Nueva York y Vermont. La demanda menciona que “al reclamar la autoridad para imponer inmensos y cambiantes aranceles sobre cualquier bien que ingrese a Estados Unidos que él elija, por cualquier razón que considere conveniente para declarar una emergencia, el presidente ha trastocado el orden constitucional y ha traído caos a la economía estadounidense” (Los Angeles Times, 2025). A dicha demanda se suma la que interpuso el demócrata Gavin Newsom de California por la pérdida millonaria de ingresos.

Migración y fentanilo para imponer aranceles

La justificación de la “emergencia nacional” para imponer aranceles a Canadá, México y China fue la migración y los precursores de fentanilo. Según la Hoja Informativa del 1 de febrero de 2025: “President Donald J. Trump Imposes Tariffs on Imports from Canada, Mexico and China”, se menciona que continúa el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos. y que las “autoridades chinas no han tomado las medidas necesarias para frenar el flujo de precursores químicos a cárteles criminales conocidos ni para desmantelar el lavado de dinero por parte de organizaciones criminales transnacionales”.

Respecto a la migración, menciona que 10 millones de extranjeros intentaron entrar a EUA durante la administración Biden, muchos de ellos chinos y personas en la lista de vigilancia del terrorismo. Y no solo es la frontera con México, también con Canadá. Lo cierto es que desde 2019 las detenciones de migrantes han incrementado sustancialmente. De 2019 a 2024 se reportaron 2.7 millones de detenciones y más de medio millón de deportaciones y 6.3 millones de migrantes se han quedado en territorio mexicano. Con respecto al fentanilo, como ha reconocido la propia Drug Enforcement Administration (DEA), desde 2021 la potencia de las dosis de fentanilo ha disminuido y las muertes por sobredosis han disminuido en un 14.5% entre 2023 y 2024, según información de los Center for Disease Control and Prevention (CDC).

De modo que, si bien la cuestión migratoria y el ingreso de fentanilo son reales, la “emergencia nacional” habilita y legaliza una serie de acciones con claros fines geopolíticos en un contexto de pérdida de hegemonía y mayor competencia con China.

AMÉRICA LATINA

Y EL CARIBE DE CARA AL PANAMERICANISMO TRUMPISTA

Trump contra la amenaza "narco-migrante-terrorista"

Tamara Lajtman

La segunda administración de Donald Trump ha intensificado una narrativa de securitización que amalgama migración, narcotráfico y terrorismo bajo un mismo espectro de amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos.

El 20 de enero de 2025, Trump declaró un estado de emergencia nacional al equiparar la migración con una "invasión", habilitando así el despliegue de tropas en la frontera y la implementación de expulsiones aceleradas sin las garantías del debido proceso. Poco después, promulgó la Ley Laken Riley, que permite al gobierno federal detener a migrantes basándose en acusaciones, incluso sin condenas formales por delitos menores. Durante sus primeros 100 días de gobierno, la administración Trump aprobó 181 medidas ejecutivas específicas para la migración, un número significativamente mayor a las 94 medidas implementadas por Biden en el mismo período y seis veces más que las menos de 30 adoptadas durante los primeros 100 días de su primer mandato.

Las deportaciones desde Estados Unidos en vuelos militares con los migrantes encadenados y esposados generó tensiones diplomáticas con algunos países receptores, como Colombia, produciendo una disputa pública entre Gustavo Petro y Donald Trump, que amenazó con una crisis comercial. Las tensiones con México, a partir de la imposición de aranceles, fueron orientándose a la negociación con la presidenta Claudia Sheinbaum, con repatriaciones de mexicanos en condiciones de seguridad humanitaria y exceptuando la política de tercer país seguro establecida desde la anterior administración de Trump.

Por otro lado, en Centroamérica, Trump logró cerrar acuerdos estratégicos. El 17 de febrero de 2025, el secretario de Estado Marco Rubio concretó pactos con Panamá, El Salvador y Guatemala para facilitar las deportaciones. Panamá, por ejemplo, permitió que la base aérea de Nicanor se utilizara como punto de partida para vuelos financiados por Estados Unidos, como el que trasladó a 119 migrantes asiáticos el 13 de febrero. En El Salvador, a cambio de una tarifa, se aceptó recibir únicamente “convictos” de cualquier nacionalidad, incluso estadounidenses.

Aunque este endurecimiento de la política migratoria es presentado como un cumplimiento de sus promesas de campaña, las cifras indican una realidad diferente. Durante su primer mandato, Trump deportó a 1.2 millones de personas, muy por debajo de los 3.1 millones de deportaciones realizadas durante la administración de Barack Obama, conocido como el "deporter-in-chief". Además, en los primeros tres meses de 2025, el promedio diario de deportaciones bajo Trump (661) fue incluso menor al registrado durante el mismo periodo bajo Biden en 2021 (742 deportaciones diarias).

La promesa de Trump de deportar un millón de personas al año, de concretarse, tendría un impacto económico devastador, con una potencial pérdida de hasta siete puntos porcentuales del PIB para 2028.

Expansión del marco antiterrorista

Son varios los elementos que enmarcan continuidad en el uso de herramientas propias de la lucha antiterrorista. La militarización de fronteras, el uso de centros de detención extraterritoriales como Guantánamo y el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador se complementan con la movilización de recursos militares, como el uso de aeronaves para operaciones de deportación.

El 20 de febrero, Trump llevó a cabo una de sus acciones más controvertidas al clasificar a seis cárteles mexicanos, al Tren de Aragua y a la Mara Salvatrucha como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés). Esta designación otorga facultades como la congelación de activos, el rastreo de financiadores, el despliegue de inteligencia y la aplicación de disposiciones legales que penalizan el “apoyo material” a estas organizaciones bajo la Ley Patriota de 2002. Sin embargo, esta clasificación no autoriza ataques militares dentro del territorio de otros Estados, como México, sin el consentimiento expreso de sus gobiernos.

En una acción relacionada, el 15 de marzo, Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, utilizada por última vez durante la Segunda Guerra Mundial, para deportar a 261 ciudadanos venezolanos sin audiencia migratoria, acusándolos de pertenecer al Tren de Aragua. La medida se justificó bajo la designación de este grupo como FTO. Sin embargo, funcionarios de ICE admitieron que muchos de los deportados no tenían antecedentes penales, y que criterios arbitrarios, como la presencia de tatuajes, fueron utilizados para determinar las deportaciones.

La estigmatización de los flujos migratorios venezolanos no es nueva, sino parte de una narrativa que se intensificó con la declaración de Venezuela como una “amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de Estados Unidos” mediante la Orden Ejecutiva 13692 emitida por Barack Obama el 9 de marzo de 2015.

El vínculo con la Guerra contra el Terror y la Ley Patriota de 2002 es evidente en prácticas como el secuestro de estudiantes extranjeros con visas o tarjetas de residencia permanente, quienes han expresado solidaridad con el pueblo palestino.

¿Lawfare Migratorio?

Ante este escenario es clave observar el rol que tiene el poder judicial estadounidense. Hasta fines de abril el gobierno enfrentaba al menos 50 impugnaciones legales con múltiples demandantes contra sus políticas migratorias. La “violación del debido proceso” es uno de los pilares del lawfare y hay ejemplos concretos de tensiones con respecto a la aplicación de la ley en las deportaciones.

Por ejemplo, el 22 de abril en Manhattan, el juez federal Alvin Hellerstein extendió temporalmente una orden que bloquea las deportaciones de inmigrantes detenidos en el Distrito Sur de Nueva York. Este fallo, basado en la necesidad de garantizar el debido proceso, subrayó que la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros podría entrar en conflicto con las protecciones de la Octava Enmienda de la Constitución, que prohíbe los castigos crueles e inusuales. Decisiones similares se observaron en otras jurisdicciones. El tribunal federal de Denver, Colorado, concedió una orden de restricción temporal que exige notificar con 21 días de anticipación a los inmigrantes venezolanos sujetos a deportación, además de informarles sobre su derecho a impugnar la medida.

Sin embargo, hay fallos que evidencian una postura más alineada con las políticas de la administración. El 7 de abril, la Corte Suprema emitió dos fallos que, aunque incluían orientaciones sobre el debido proceso, avalaron las acciones de deportación del gobierno.

El legado de gobiernos anteriores

Las políticas migratorias de Trump 2.0 intensifican la violencia y la criminalización de una estrategia que, desde hace décadas, ha sido diseñada para controlar el flujo de mano de obra migrante y frenar el crecimiento de esta población, que en algunos Estados amenaza con convertirse en mayoría demográfica. Estas políticas son el resultado de un legado construido por administraciones previas que han sentado las bases para el actual estado de securitización y militarización.

A continuación, se destacan algunos hitos clave:

● George W. Bush (2001–2009): Luego del 11S promovió la Ley Patriota y creó el Department of Homeland Security, fusionando la lucha antiterrorista con el control migratorio. Se deportaron 2 millones de personas y se construyeron 700 millas del muro fronterizo y fue lanzada la Iniciativa Regional de Seguridad para América Central (CARSI).

● Barack Obama (2009–2017): Conocido como el "deporter-in-chief", registró un récord de 3.1 millones de deportaciones. Muchas de estas se realizaron bajo el programa Secure Communities, que permitía la colaboración entre policías locales y autoridades migratorias para detener a migrantes por delitos menores. Otorga más financiamiento a la CARSI y lanza la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte.

● Donald Trump (2017–2021): Separación de familias en la frontera; programa "Quédate en México". Orden ejecutiva sobre prevención del terrorismo y suspensión del programa de refugiados. Implementó expulsiones masivas bajo el pretexto del COVID-19, bajo el Título 42.

● Joe Biden (2021–2025): Aunque prometió un enfoque más humanitario, su administración mantuvo el uso del Título 42, con el cual expulsó a 2.8 millones de migrantes. Hubo récord de menores detenidos: más de 400 mil. Incrementó significativamente el presupuesto de las agencias ICE y CBP.

En un contexto de acelerado declive hegemónico, Estados Unidos ha reeditado constantemente la fusión entre las estrategias de antiterrorismo y la guerra contra el narcotráfico. Este enfoque encuentra su máxima expresión en la narrativa del "narcoterrorismo", que desde finales de los años 90 ha justificado un espectro de políticas de seguridad altamente militarizadas, sostenidas por un constante flujo de asistencia extranjera, entrenamiento y equipamiento proporcionado por Washington a las fuerzas policiales y armadas de la región.

Estas políticas incluyen reformas legales que facilitan la intervención de las Fuerzas Armadas en funciones de orden interno, la promulgación de leyes antiterroristas y figuras como el “Estado fallido”, que no solo perpetúan esquemas represivos y violatorios de derechos humanos, sino que también consolidan la dependencia de América Latina respecto al aparato de seguridad estadounidense, mientras se refuerza una narrativa que criminaliza a las poblaciones migrantes.

El regreso de los piratas del Caribe

Carlos Oliva Campos

Partiendo del rediseño del tablero geoestratégico mundial planteado por la nueva Administración Trump en sus primeros 100 días, se aprecia como nuestra región ha sido reposicionada bajo el sello de ser responsable de algunos de los principales problemas de seguridad, que deben ser atendidos de inmediato. Aquí se reiteran las añejas visiones parciales que han caracterizado a las relaciones interamericanas desde siempre. Sus miradas críticas al sur del hemisferio, siempre han sido para reclamar errores y castigarlos, según qué parte del arsenal de reacciones estadounidenses demande la coyuntura concreta.

Pero, de la larga historia interamericana, fueron acumulándose constantes surgidas de las muy conocidas construcciones ideo-políticas que han erigido un imaginario sobre Nuestra América que nos ha restado identidad, autonomía, soberanía nacional e independencia. Y, ahora, nuevamente en el discurso del actual presidente Trump, con sus explícitos deslices y alegorías incluidas, vuelven a navegar los piratas del Caribe el Mare Nostrum, entendido como de ellos, ahora con la provocadora adición del “Golfo de América”. El Destino Manifiesto, la Doctrina Monroe, el Gran Garrote, vuelven a resonar en la nueva avalancha estadounidense sobre la región.

Podría pensarse que la Administración Trump II está mostrando ahora una mayor claridad en cuanto al programa político que lo llevó a su primera presidencia, “América —léase Estados Unidos— primero”. Apoyado en su ya conocido discurso incendiario y desafiante de actuar, ahora transpirando también su espíritu revanchista, Trump o a Trump, le están diseñando un nuevo mapa geopolítico, cuya diferencia más notable es redireccionar las prioridades de la política exterior bajo su mandato. Llama la atención el énfasis de su proyecto partiendo desde la solución a problemas domésticos que identifica y están interconectados con el exterior. Una agenda en la que muchos de sus temas centrales actúan desde sus dos aristas interconectadas, la doméstica y la transnacional.

En consecuencia, las afectaciones y amenazas para sus vecinos colindantes y su entorno hemisférico inmediato, la Cuenca del Caribe - al menos por ahora – ya están planteadas. Un proyecto geopolítico que retoma su gran preocupación central por China; que redimensiona la importancia geoestratégica del Ártico; que presiona a Europa desde la doble demanda de aumentar significativamente sus aportes a la OTAN y cargar con el peso de la era de la proyectada postguerra en Ucrania. Una revisión de las relaciones con Rusia que parece esperanzadora, por la decisión explícita de impulsar en el corto plazo un acuerdo de paz para el conflicto Ucrania (Occidente colectivo) – Rusia. Pero, aunque se logre este importante paso, la agenda ruso-estadounidense es mucho más amplia y profunda y no parece incluida.

Trump vuelve a encontrarse en su regreso a la Casa Blanca con un gobierno progresista en su frontera sur y las líneas de confrontación bilateral han aparecido rápidamente. En su proyecto de gobierno la reversión de los números de migrantes en Estados Unidos y el despliegue de operativos antidrogas a gran escala están entre sus prioridades de esta agenda dual, doméstico–internacional. Sobre ambos temas se imponen comentarios introductorios, por su enorme complejidad. Cuando se va al estudio de las raíces de las migraciones internacionales, un factor inherente al humano

desde que surgió a la vida en el planeta, esto ha respondido a un conjunto de razones que reaccionan ante coyunturas concretas a lo largo del tiempo, pero no pierden su matriz. Problemas medioambientales, necesidad de garantizar los recursos alimentarios esenciales, el acceso al agua, mejorar las condiciones de vida y trabajo y un tema siempre recurrente, escapar de la violencia en toda su diversidad de expresiones, han sido el sustento justificativo de esos enormes esfuerzos humanos, llenos de peligros y con grandes costos de vidas.

Los éxodos migratorios hacia Estados Unidos mediante las diversas rutas abiertas a lo largo del hemisferio, no son en nada ajenos a esa historia. La inmensa mayoría de los migrantes huyen de sus países buscando nuevas oportunidades económicas y evitar ser víctimas de las violencias domésticas que se profundizan en sus diversas sociedades. Estados Unidos es una nación con más de 40 millones de migrantes de origen latinoamericano. Búsquese cuánto aportan en sectores económicos despreciados por muchos estadounidenses como la agricultura, los servicios comunales, los servicios gastronómicos y, en general, la esfera de los servicios menos remunerados. Si bien esta población envía enormes cantidades de remesas a sus naciones de origen, aportan numéricamente mucho más a la economía estadounidense.

El tema de las drogas y el narcotráfico significa hoy uno de los peores males que enfrenta la sociedad humana contemporánea. Pero, en el caso de Estados Unidos y México es obligatorio anotar algunos comentarios inevitables. Ninguno de los dos actores está exento de responsabilidades y en los años recientes bajo dos gobiernos de MORENA, hay que considerar muy seriamente la gravedad de la situación nacional que heredaron con respecto a los poderes acumulados por los carteles de la droga; el agravamiento de la miseria como factor que hace presa de los narcos a mucha población, bien por hambre, aspiraciones sociales mal imaginadas o miedo; y la corrupción en el país, un mal incontrolable impregnado en muchas esferas de la vida nacional. Juzgar si las políticas de los gobiernos de MORENA han sido tímidas, conciliatorias o efectivas, sería destinar un espacio aparte para un tema tan controversial lleno de aristas diversas.

En cuanto a Estados Unidos, preguntémonos cómo ayuda a un combate real de ese flagelo al país con el mayor mercado consumidor del mundo. El país que mayor cantidad de armas fabrica y vende con facilidades al público. El país de origen de la mayoría de las armas que manejan los soldados de los carteles mexicanos. El país que aporta las tecnologías más diversas para que esos carteles sean cada vez más sofisticados y creativos a la hora de producir sus drogas o encubrirlas para hacer efectivas y exitosas sus redes del narcotráfico. El país que no puede garantizar que todos sus funcionarios públicos estén limpios ante el enorme caudal de dinero que mueven las drogas o el propio vicio de consumirlas. El país que no puede garantizar que al interior de sus elites y de los círculos de sus familias y amigos se consuman drogas y cometan delitos graves. En definitiva, el tema de las drogas en todas sus facetas, producción, distribución y consumo está entre los mayores pendientes de solución o manejo, tal vez mejor decir por el género humano, y Estados Unidos no puede culpar solo a las causas externas.

Muy preocupante es la declaración del gobierno estadounidense sobre el carácter terrorista de los carteles de la droga, con las amenazas de intervención militar incluidas. Esperemos que, aunque desmedida y muy peligrosa por todas las implicaciones que puede tener, sea solo un recurso para presionar a un gobierno mexicano que defiende a toda costa el diálogo bilateral y tendrá que manejar cuidadosamente sus siguientes pasos en este terreno.

El tercer tema que afecta a México de la agenda de Trump II es el comercial, planteado por ahora a través de la guerra arancelaria que ya parece global, declarada por el magnate presidente pero que tiene un largo trecho por recorrer, como todos. Sancionar a los empresarios mexicanos más que al propio gobierno resulta un arma de doble filo. Y ya se está viendo con el caso de Canadá, proclamado por Trump en sus inevitables desatinos como el lógico estado número 51 de la Unión. Justin Trudeau, antes de ceder su cargo y el actual Primer Ministro, el liberal Mark Carney, han sostenido una posición crítica y de resistencia a las absurdas declaraciones de Trump y las medidas de respuesta no se han hecho esperar, golpeando duramente el comercio bilateral con el incremento mayor de los aranceles a productos estadounidenses. El camino de las negociaciones debe imponerse, pero esperemos por una moderación en esa perversa manipulación, que tanto parece disfrutar el actual inquilino de la Casa Blanca.

Por supuesto, el tema Cuba no puede faltar en esta historia de piratas. No siendo una prioridad de la agenda política internacional, se vuelve a permitir que políticos “descendientes” de cubanos, siempre muy beneficiados de la existencia de la Revolución Cubana en la isla, para construirse carreras políticas y fortunas, se encarguen de promover las acciones contra la nación caribeña.

Otro país que está bajo el fuego discursivo y amenazante de Trump es Panamá, teniendo en su canal interoceánico la gran manzana de la discordia. Ya en este caso aparece la mención explícita a China, en cuanto a acusaciones de la participación de consorcios de Hong Kong en dicho enclave. Los peligros se ciernen sobre la nación istmeña cuando se habla de la necesidad de ocupar militarmente el canal para defenderlo, obviamente sin poder mencionar a ningún enemigo invasor.

Y se van esclareciendo los propósitos de Trump cuando se cuestionan los altos aranceles que dice no merecen pagar los navíos estadounidenses que transitan por el canal. En definitiva, la presión política que se está ejerciendo sobre el gobierno panameño es muy fuerte y hay que seguir muy de cerca hasta dónde quiere llevar la administración Trump un tema tan delicado, que podría desestabilizar toda el área.

Pero, lejos de abandonar el caso panameño analicemos otros intereses y motivaciones en juego sobre Panamá por parte de esta segunda administración Trump, relacionados con los ya mencionados temas de la migración y las drogas. La conexión geográfica de la selva del Darién con Panamá viene cumpliendo desde hace muchos años la doble función de rutas de migrantes en su largo camino hacia la frontera estadounidense y del traslado de cargamentos diversos de drogas de grandes productores del sur como Colombia, Ecuador y Bolivia.

Esto ha venido a reafirmarse con Trump, acreditando el rol que puede desempeñar el Comando Sur de Estados Unidos en el combate al narcotráfico y el intento por regular las migraciones. La amenaza de militarización de esa compleja zona parece poco creíble, pero el hacerla objetivo de operaciones especiales enciende las alarmas.

Un dato adicional parece ser la combinación de tropas regulares estadounidenses y los famosos contratistas de las guerras de Iraq y Afganistán. Recuérdese que ya el presidente Novoa autorizó, por una parte, el establecimiento de una base militar estadounidense en Las Galápagos, mientras que por otra, se habla de contratar empresas estadounidenses de seguridad para que ayuden a enfrentar el desbordado crimen organizado que asola a Ecuador.

La integración latinoamericana frente al “America First”

Lourdes Regueiro

Esperar de un gobierno estadounidense un apoyo explícito o tácito a la integración regional genuinamente latinoamericana y caribeña es un absurdo. Las propuestas asociativas regionales sin la presencia de Estados Unidos históricamente han provocado sus suspicacias y resistencias. No obstante, los matices en las proyecciones políticas del gobierno estadounidense cambian en la forma de hacer resistencia a proyectos asociativos que, según su percepción, comprometen sus intereses.

Para adentrarnos en el tema que nos convoca, es importante identificar la relación entre la posición doctrinaria sobre el multilateralismo del núcleo duro del gobierno de Trump y la proyección hacia esquemas asociativos de carácter multilateral en la región.

La política que anima al actual gobierno de Estados Unidos, mantiene, profundiza e implementa tanto en la política doméstica como en la exterior la idea de “America First”. Ese es el lineamiento orientador de la política para impulsar su proyecto de Estados Unidos como nación MAGA (Make America Great Again). Estas ideas acompañan a Trump desde su primera administración, pero en su segundo mandato llegan reforzadas con una retórica muy agresiva y con un plan de acción para lograr resultados en el corto plazo.

America First muestra su aversión por las reglas y organizaciones internacionales bajo el supuesto asumido de que las normas, organizaciones y acuerdos multilaterales de diferente alcance pueden obstaculizar la consecución del interés nacional de Estados Unidos o, sencillamente, ocasiona más gastos que beneficios. Por esta razón da preferencia a nuevos acuerdos bilaterales (que pueden negar o enmendar la letra de los anteriormente firmados) y sin sonrojos se ha retirado de organismos multilaterales de alcance global. Con esto se quiere enfatizar la existencia de una posición doctrinal hacia lo multilateral y la prioridad a la vía bilateral.

Esta proyección doctrinal se extiende a los procesos asociativos de carácter multilateral existentes en la región. Pero no se trata sólo de la extensión de una política general a la región. Estados Unidos no ha reconocido como interlocutor a ninguno de los procesos asociativos que no tienen un carácter esencialmente comercialista y que incorporan, aunque fuera, formas básicas de concertación política. Por tanto, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) no han sido consideradas por ese país como una instancia de diálogo, sino como instancias a mantener bajo vigilancia y en la medida de lo posible desarticularlas utilizando para ello a gobiernos aliados.

Lo más cercano a un reconocimiento tácito de la CELAC por parte de Estados Unidos ocurrió en enero de 2023 cuando el entonces presidente Joe Biden envió a su asesor especial para las Américas, Christopher Dodd, a la Cumbre de la CELAC en Buenos Aires.

Si bien no se han encontrado registros de declaraciones explícitas de Trump o Marco Rubio sobre la CELAC o la UNASUR, existen señales históricas claras que permiten inferir la incompatibilidad de las posiciones de estas organizaciones con la

proyección política de la actual administración. Baste recordar que, cuando en 2017 Trump sugirió la posibilidad de una intervención militar en Venezuela, hubo posicionamientos desde el MERCOSUR y otros miembros de UNASUR que recuperaron el diálogo y la negociación como únicas vías para resolver conflictos y discrepancias. De igual manera, la reafirmación de América Latina y el Caribe como zona de paz contradice las amenazas intervencionistas para retomar el control del Canal de Panamá. Y por último, hay que mencionar la propia existencia del Foro CELAC-China en un contexto en que la contención del país asiático está en el foco de atención de la política estadounidense.

Aunque no es posible anticipar con rigurosidad cómo va a responder Estados Unidos a las posibles reacciones de la región frente a sus políticas, resulta claro que el tema arancelario —con sus marchas, contramarchas y adecuaciones— y el migratorio con las deportaciones, serán rasgos distintivos de la administración Trump 2.0.

Un análisis muy elemental de los efectos de estas políticas nos lleva a mayores obstáculos para acceder al mercado estadounidense frente a lo que la lógica común apunta sobre la necesidad de diversificar los mercados de destino de las exportaciones regionales y la necesidad de reestructurar la posición de países de la región en cadenas de suministros; por su parte las deportaciones anunciadas, además del consiguiente malestar por la interrupción del proyecto de vida elegido por los migrantes, auguran una sensible reducción de las remesas que cancela fuentes de ingresos para miles de familias de varios países emisores de migrantes.

Con independencia de tácticas de gestión de daños que en el camino pueda desarrollar Estados Unidos, los países de la región -unos más tímidamente, otros de manera más decidida- exploran alternativas de relación con el resto del mundo. Esta búsqueda teóricamente puede emprenderse a través de los esquemas asociativos o de manera independiente. La ruta multilateral regional parecería la más lógica, pero se privilegia la opción de reafirmar las identidades resultantes de la fragmentación política relegándose la posibilidad de construir consensos en temas de interés común, como lograr una declaración de rechazo frontal a una política interesada en reconstruir la supremacía yanqui, sin importar a costa de qué, ni la transgresión de acuerdos y compromisos contraídos por gobiernos anteriores.

Las reacciones de los países han sido disímiles. La Declaración de la IX Cumbre de la CELAC (Tegucigalpa, 2025) alcanzó consensos “mínimos”, y no fue firmada por tres países. México, ante la insensata política arancelaria de Trump plantea diversificar sus relaciones con la región. Desde UNASUR se perciben intentos de revitalizar la organización, pero no existen señales claras de cuán cercano o lejano será su perfil con el que le dio origen, incluso existen noticias de un posible cambio de nombre: en ello tendrá incidencia la correlación política resultante de los procesos electorales próximos.

En este contexto complicado, dos actores extra-hemisféricos también afectados por la política de Trump, pueden ver con interés renovado a América Latina y el Caribe como un espacio para amortiguar los efectos de las políticas estadounidenses: la Unión Europea y China.

Europa -desplazada como segundo socio comercial de la región, rezagada tecnológicamente, experimentando fisuras y resistencias en torno a la implementación de sanciones a Rusia y un nuevo mandato de Trump en el que su papel como aliado se ve impugnado por un proteccionismo agresivo y el recorte del apoyo a la guerra en Ucrania- prevé que a la competencia china se suma una relación difícil con Estados Unidos. En este escenario, la búsqueda de vías para garantizar apoyos políticos, acceso a mercados, cadenas de suministro seguras, en especial las que tributen a la transición digital y energética y abran espacios a las empresas europeas, sugiere que América

Latina y el Caribe puede contribuir a neutralizar el impacto negativo del contexto actual. En esa perspectiva impulsa la iniciativa Global Gateway y se plantea la modernización de los acuerdos suscritos con las subregiones. Los acuerdos modernizados están dirigidos a ampliar el acceso a los mercados latinoamericanos y caribeños de los productos europeos, garantizar el suministro de recursos estratégicos críticos, lograr el trato nacional a la inversión europea y la participación en la licitación de contratos públicos. De este contexto derivan escenarios de cooperación UE-ALC; de competencia geopolítica con China; de alineamiento fragmentado/polarizado.

China ha captado las necesidades y los déficits para el desarrollo de la región, convirtiéndose en pocos años, en el segundo socio comercial de América Latina y el Caribe (para muchos ya es el primero), uno de los principales inversionistas, suministrador de tecnologías y equipos tecnológicos, y un importante emisor de cooperación. Su proyección hacia la región la desarrolla por la vía bilateral con la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI) y por la multilateral a través del Foro China-CELAC. A pesar de las presiones y amenazas de Estados Unidos, la mayor parte de los países de la región ha optado por el no alineamiento activo (no involucrarse en la disputa estratégica entre ambas potencias). No obstante, es previsible que la política de presión para contener a China logre sus objetivos en algún país, como ya ocurrió con Panamá y su defección del BRI, pero como tendencia en la medida que la política estadounidense se torne más asfixiante, China puede ser un factor de equilibrio compensatorio, aunque ello pudiera perfilar un escenario de fragmentación geopolítica.

En resumen, la política de la administración Trump 2.0 estimulará la expansión diversificada de los mercados de América Latina y el Caribe para compensar las pérdidas en el mercado estadounidense, ello podría fortalecer los mecanismos asociativos subregionales, pero es temprano para aseverar que ese sea el desenlace, pues otra posibilidad podría ser la inserción en terceros mercados, como el chino. Por otra parte, la división entre los países más alineados con Estados Unidos y los que no lo están, podría debilitar los esquemas asociativos de la región y con ello se reduciría la capacidad de negociación.

El cuadro descrito refleja las tensiones e incertidumbres de la transición a un mundo que se espera multipolar; la integración regional debe ser repensada para ese contexto. No sería ocioso plantearse si la fragmentación política regional es una manifestación de multipolaridad en esa instancia; en ese caso la pregunta sería si en esquemas asociativos regionales integración y multipolaridad son compatibles.

Profundizar la integración regional: El camino de Latinoamérica y el Caribe frente a la arremetida de Trump

Consuelo Ahumada

En poco más de tres meses desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha superado con creces las más oscuras predicciones en cuanto a lo que este representaría para su país y para el orden global. Desde el día de su posesión, signada por el saludo nazi de Elon Musk, su principal asesor, el nuevo mandatario ha ratificado con sus anuncios y acciones su compromiso a fondo con la ultraderecha y su carácter neofascista, que hoy se disputa el poder con los sectores democráticos en el mundo entero.

Los principios que guían al nuevo mandatario son muy claros: supremacismo blanco y racismo, xenofobia, misoginia, homofobia, negación de la ciencia y de la crisis climática. Se proclama enemigo de la globalización, contrario a las instituciones, normas y acuerdos internacionales, un discurso que le permitió granjearse el apoyo electoral de importantes sectores empobrecidos por el neoliberalismo.

Pero también es partidario de todo tipo de exclusiones, enemigo de los trabajadores y trabajadoras, de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH). Odia la diversidad. Sin temor alguno, despliega su agenda agresiva y privatizadora. No oculta su afán de enriquecerse todavía más, junto con el puñado de multibillonarios que lo rodean. A todo ello se suma su decisión de anexar regiones enteras que resultan estratégicas para su país y la presión a sus aliados para que incrementen el gasto militar y, por tanto, el negocio de la guerra.

A comienzos de abril pasado impuso aranceles arbitrarios al mundo entero, declaró la guerra comercial a China y provocó un desastre comercial y financiero, que podría tener efectos nefastos, no sólo para el mundo, sino incluso para su propio país. Es el punto más álgido de confrontación entre EE. UU. y China en los últimos tiempos. Con esta guerra, Trump se empeña en impedir la consolidación de un mundo multipolar que ya existe.

En síntesis, pretende someter al mundo entero a sus dictámenes. El mensaje para todos los países es claro: obedecen y “negocian” de manera bilateral o se atienen a múltiples represalias.

¿Cuál debe ser la respuesta de América Latina y el Caribe (LAC)?

Empecemos por señalar que en la región avanza, en medio de contradicciones, aciertos y errores, la segunda ola de gobiernos progresistas del continente. Estos tienen que enfrentar no solo a unas condiciones internacionales adversas, sino también el fortalecimiento de la ultraderecha aliada de Trump y representada hoy por los gobernantes de Argentina, Ecuador y El Salvador.

En medio de este difícil contexto, LAC se ha visto muy afectada y se han registrado fuertes enfrentamientos verbales y diplomáticos en temas cruciales con algunos mandatarios.

Entre las diversas imposiciones de Trump, hay dos asuntos particularmente graves para la región. La primera es el endurecimiento y criminalización de su política migratoria. La segunda, sus presiones y amenazas a los países por sus crecientes vínculos económicos, políticos y culturales con China.

La deportación de millones de inmigrantes fue, sin duda, la promesa más repetida de su campaña. La tarea empezó a cumplirse desde el mismo día de su posesión, con la firma de cientos de órdenes ejecutivas, contrarias a la legislación de su país. Acto seguido, ordenó a todos los estados de la Unión adelantar redadas para detener a los inmigrantes, hombres, mujeres, que no tuvieran sus papeles en regla. Sin ninguna evidencia, los caracterizó como criminales, peligrosos para la seguridad del país. Todo ello le ha causado crecientes contradicciones con el aparato judicial.

Esta política afecta principalmente a los inmigrantes de LAC, que representan el 77% de los indocumentados en Estados Unidos. De inmediato, procedió a iniciar deportaciones masivas a sus países de origen, en condiciones indignas, atados de pies y manos. Fue entonces cuando se produjeron los primeros enfrentamientos con mandatarios y mandatarias de México, Colombia, Honduras y Venezuela.

Posteriormente, Trump resolvió enviar masivamente a un número considerable de personas deportadas, provenientes de Venezuela, Colombia y Centroamérica, a las tenebrosas prisiones y campos de concentración construidos por Nayib Bukele, presidente de El Salvador y su aliado incondicional. Frente a la gran mayoría de ellas no existe ninguna prueba de pertenecer a bandas criminales ni evidencia de delito alguno.

Con respecto al segundo asunto de preocupación mencionado sobre las medidas de Trump, es claro que las relaciones con China se han incrementado de manera notoria y rápida en lo comercial, lo financiero y la inversión en infraestructura. Según datos del 2024, las transacciones comerciales entre ambos lados alcanzaron 518.465 millones de dólares, y la expectativa es que lleguen a 700.000 millones en 2035. 21 países latinoamericanos y caribeños han adherido formalmente a la Iniciativa de la Franja y la Ruta (Romero y Lujan, 2025).

Las presiones y amenazas de la Casa Blanca han sido intensas en este respecto. El gobierno de Panamá cedió a ellas y suscribió recientemente un memorando por tres años con Washington, que le permitirá incrementar la presencia de su ejército en su territorio, con miras a su “recuperación del canal”.

"China ha tenido demasiada influencia. Obama y otros les dejaron entrar. Nosotros, junto con Panamá, los estamos expulsando", expresó desde Washington el Secretario de Seguridad (BBC, 2025). Al mismo tiempo, en desarrollo de su acuerdo militar, con EUA, el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa insiste en reabrir la base en Manta. La actitud abyecta de estos dos presidentes contrasta abiertamente con el rechazo perentorio de Claudia Sheinbaum a recibir tropas extranjeras en México para combatir el narcotráfico y con su rechazo al cambio de nombre al golfo de México.

En este marco debe entenderse y valorarse la importancia de la cumbre realizada en Honduras el pasado 9 de abril. Al inicio de esta se escuchó un sentido mensaje de Pepe Mujica: “Queridos amigos, (…) no abandonen el esfuerzo por la unidad de nuestro continente, no dejen apagar la llama de la integración y solidaridad regional, acepten las diferencias pero que ellas no impidan sumar nuestras voces y crear así una mucho más potente”. La CELAC, conformada por 33 naciones de LAC, se puso en marcha en 2011 por iniciativa de Hugo Chávez, para profundizar la integración regional y reducir allí la hegemonía estadounidense. Se vivía la primera ola de gobiernos alternativos en la región. Posteriormente, vendría su declive y con ello, el de la integración. Pero esta tomó un segundo aire a partir de 2018 con Andrés Manuel López Obrador.

En Honduras, el presidente Petro asumió la presidencia pro tempore de la CELAC por un año. Sin duda, una gran oportunidad para afianzar su liderazgo político de avanzada en la región. Los mandatarios y mandatarias acordaron emprender tareas conjuntas frente a la guerra comercial, así como la búsqueda de nuevos interlocutores comerciales y económicos en China y el resto de Asia, Europa y África.

Colombia propuso una postura común de la región ante la migración, la crisis climática, la protección del Amazonas y la interconexión eléctrica continental con energías limpias. Planteó también construir la red regional de soberanía alimentaria. Pero, sobre todo, insistió en la necesidad de adoptar medidas concretas hacia la integración y propuso la conformación de grupos de trabajo específicos para avanzar en aspectos como seguridad y lucha conjunta contra mafias diversas y crimen organizado y la profundización democrática.

La Cumbre dio un paso importante al aprobar la creación de un mercado común de medicamentos y acordar una agenda estratégica orientada a garantizar la soberanía sanitaria, reducir la dependencia de las grandes farmacéuticas e iniciar la coordinación de investigación, producción, regulación y distribución de fármacos en toda la región. “La pandemia nos enseñó que depender de las importaciones es una receta para el colapso”, dijo Petro al respecto. Así, “el futuro de América Latina no está atado a las decisiones de una superpotencia, sino al coraje y la cooperación de sus propios pueblos” (Cambio, 2025).

Se hizo también un llamado a atender la crisis de Haití; a seguir luchando contra el bloqueo a Cuba, las sanciones a Venezuela y la amenaza de Trump de apoderarse del Canal de Panamá. Aunque la Declaración de Tegucigalpa se quedó corta en recoger algunos de los puntos acordados, le da impulso significativo a la integración regional. Ratifica a la región como zona de paz; respalda el multilateralismo, la protección de los derechos humanos, el respeto a la autodeterminación, la no injerencia en los asuntos internos, soberanía e integridad territorial. Rechaza la imposición de medidas coercitivas unilaterales, contrarias al Derecho Internacional, incluidas las restricciones al comercio global. Por último, el acuerdo de adelantar en Beijing el IV Foro China-CELAC al 13 de mayo sigue provocando amenazas por parte de Estados Unidos y la ultraderecha continental.

Bienvenidos el multilateralismo, el fortalecimiento de la integración regional y la diversificación de las relaciones económicas y políticas de LAC con el resto del mundo. Es el camino cierto de la región para frenar el neofascismo y para procurar el desarrollo económico y social de la región.

El Gran Caribe y sus límites soberanos frente a los márgenes de la (re)hegemonía de Estados Unidos

Ricardo Domínguez Guadarrama

Más allá de apreciaciones maniqueas sobre un supuesto comercio injusto y la amenaza a su seguridad nacional provocada por la migración y el narcotráfico, el gobierno de Estados Unidos se propone (re)asegurar su zona de influencia en el Gran Caribe frente a competidores locales e internacionales. La (re)hegemonización es el objetivo de “Hacer América Grande Otra Vez” (MAGA) y los vehículos son el comercio, el narcotráfico y la migración.

Las relaciones de Estados Unidos con los 25 países que conforman el Gran Caribe, integrantes todos ellos de la Asociación de Estados del Caribe (AEC) establecida el 24 de julio de 1994 en Cartagena de Indias, Colombia, han sido ríspidas, distantes, opuestas y de connivencias con algunos de ellos, lo que ha generado, entre otras cosas, confrontación entre sus miembros, paralización o retroceso en el proceso de integración regional.

No obstante, la crisis del neoliberalismo modificó la interrelación de Washington con las fuerzas progresistas de los gobiernos de la región a partir del siglo XXI. Por muchos años fue Cuba la que confrontó la política injerencista de Estados Unidos. En 2004, se le unió Venezuela a través de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio entre los Pueblos (ALBA-TCP). Las 13 naciones que integran la Comunidad del Caribe (Caricom) han sido consistentes también contra las medidas coercitivas de Estados Unidos hacia Cuba, aunque han actuado de manera dividida frente a Venezuela. Apoyaron también, junto con México, Venezuela y Brasil, la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). En 2011 y desde 2018, el Gobierno de México impulsa una política solidaria a través de la CELAC y del Programa de Desarrollo Integral para Centroamérica y el Sur Sureste mexicano (PDI) que promueve la atención a las causas que generan la migración, la pobreza, el desempleo, la inseguridad, la delincuencia organizada y el narcotráfico, apoyado en estas áreas por el gobierno de Colombia.

La nueva política migratoria mexicana desplegada en Haití, Cuba, Guatemala, Honduras, El Salvador, Belice, Venezuela y Colombia, a través de los programas sociales Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, y su oposición al bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba y Venezuela. Dichos programas desafían la lógica de la securitización que ha impreso el gobierno de Estados Unidos a su agenda con el Gran Caribe y que le ha permitido intervenir en los asuntos internos de los Estados bajo el pretexto de la defensa de su seguridad nacional (CLACSO, 2023).

La República Popular China y la Federación Rusa, por otro lado, han incrementado su presencia diplomática, comercial, financiera y de cooperación con el Gran Caribe que, si bien aún es mucho menor a la de Estados Unidos, no ha dejado de presentar una amenaza a los intereses de Washington (CIPI).

● Entre 2016 y 2023, Panamá (2017), República Dominicana y El Salvador (2018), Nicaragua (2021) y Honduras (2023) rompieron relaciones diplomáticas con Taiwán y las establecieron con la República Popular China. De los 25 países del Gran Caribe, sólo seis gobiernos mantienen relaciones diplomáticas con Taiwán

(Belice, Guatemala, Haití, San Cristóbal y Nevis, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas) (BBC Mundo, 2023).

● A partir de 2017 inició un proceso de adhesión gran caribeña al proyecto de la Nueva Ruta de la Seda, encabezada por China. Primero fue Panamá, luego Venezuela, Costa Rica, Cuba y Nicaragua (BBC Mundo, 2025).

● México amplió su comercio e inversiones con China a partir de 2017. En 2013 suscribieron un Acuerdo de Asociación Estratégica Integral, que se mantiene vigente.

● China y la Federación Rusa tienen una importante presencia comercial y de cooperación financiera, inclusive, militar, con Cuba, Nicaragua y Venezuela.

La nueva actitud de los países del Gran Caribe hacia Estados Unidos y su acercamiento con las potencias extracontinentales, es una respuesta a la política exterior ofensiva de los gobiernos de Estados Unidos y particularmente a la agresividad de la administración del presidente Donald Trump durante sus dos mandatos (2017-2021/2025-2029).

En los primeros 100 días de su segundo gobierno (30 de abril de 2025), el presidente Donald Trump firmó 143 órdenes ejecutivas orientadas a sacar mayores ventajas de sus relaciones con el mundo.

● Impuso aranceles del 10% y hasta el 25% a todos los países del Gran Caribe.

● Agudizó su política migratoria para rechazar a los migrantes indocumentados y expulsarlos de manera masiva. Hasta el 2024 eran 13.7 millones de personas migrantes indocumentadas en Estados Unidos (El País, 2025).

● El combate al fentanilo y a la delincuencia organizada llevó a que seis de esas organizaciones de México y Venezuela fueran catalogadas como grupos terroristas. En consecuencia, se ha militarizado la frontera con México.

● Ha impuesto también un bloqueo económico, comercial y financiero a Venezuela y Nicaragua, y ha agudizado el de Cuba.

● Ha apoyado golpes de Estado blandos y la desestabilización política y económica en Venezuela, Nicaragua, Cuba y Guatemala, al tiempo que apoya a gobiernos de derecha y ultraderecha en El Salvador, Panamá, Costa Rica y República Dominicana, mientras alienta confrontaciones diplomáticas entre países de la región, como entre Guyana y Venezuela, y limitas las relaciones entre Trinidad y Tobago con Caracas.

Los propósitos fundamentales del gobierno estadounidense en turno, hacia la región del Gran Caribe, son evidentes en dos sentidos. Primero, al designar como Secretario de Estado al cubano americano Marco Rubio, representante del ala más conservadora de la comunidad cubana en Miami y enemigo acérrimo de los gobiernos progresistas o revolucionarios en la región. Y segundo, en el desarrollo de la agenda durante sus dos primeras giras internacionales: a Centroamérica (1-6 de febrero de 2025) y al Caribe (26 y 27 de marzo de 2025).

Al final de la visita, el gobierno de Panamá anunció su retiro del programa de la Ruta de la Seda y distanciarse de China. El Salvador recibirá en sus cárceles a los migrantes con sentencia deportados de Estados Unidos. Costa Rica limitará la operación de empresas chinas en el desarrollo de tecnologías 5G. Guatemala recibirá deportados guatemaltecos y de otras nacionalidades, y República Dominicana tendrá más disposición frente a la crisis haitiana.

En Jamaica, el Secretario de Estado participó en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Caricom, donde se reunió con los primeros ministros de Jamaica, Barbados, Trinidad y Tobago, y con el Presidente del Consejo Presidencial de

Transición de Haití. Expresó su apoyo a Guyana en su reclamo a Venezuela sobre la disputa territorial y ofreció mayor cooperación en seguridad, mientras que acordó estrechar lazos con Surinam, ahora que preside la Organización de los Estados Americanos (OEA).(La Guardia, 2025).

En general, el gobierno de Estados Unidos destacó que impondría aranceles del 25% a todo aquel país que importe petróleo de Venezuela. Condenó el programa de cooperación médica de Cuba y señaló que podría prohibir la entrada a Estados Unidos a todo aquel funcionario que permitiera la participación de médicos cubanos en sus países. Como se observa, la política de Estados Unidos en el Gran Caribe refleja sus prioridades: eliminar cualquier viso de influencia local y extracontinental en su principal zona de influencia.

Donald Trump. Un interruptor geopolítico

Juan Agulló

“Ambition is the lifeblood of a great nation”

(Donald J. Trump, The Inaugural Address, 1/20/2025)

Cuando Donald J. Trump tomó posesión de la Presidencia de Estados Unidos sugirió que su país debía “recuperar” el Canal de Panamá. Sus razones pivotaron alrededor de tres argumentos: 1) la infraestructura estratégica en cuestión habría sido devuelta por Washington a Panamá, en 1999, a cambio de “nada”. 2) Las tasas y aranceles para el tránsito de navíos estadounidenses a través del Canal serían muy “costosos”. 3) Existiría una amenaza potencial de que China, que está a unos 15 mil kilómetros de distancia, utilizase su “presencia” en el área con fines militares.

Dicho planteamiento provocó malestar e indignación. No solo cualquier panameño aprende, desde la infancia, que el Canal forma parte inalienable de su país, sino que, si hay algo que garantiza el Artículo VI del Tratado de Neutralidad Permanente y Operación del Canal de Panamá, es el libre tránsito de navíos militares estadounidenses (y no chinos). Además, la ampliación del Canal, que tuvo un coste cercano a los 5,5 mil millones de dólares y fue ejecutada entre 2006 y 2016, estuvo a cargo exclusivamente de Panamá.

Las intervenciones de Trump, por emocionales e inconsistentes que puedan parecer, responden a una práctica política vinculada a un dispositivo de acción exterior que parece estar emergiendo en Estados Unidos. Coincidencia o no, la mayoría de los planteamientos desarrollados por el actual Presidente coinciden, en el caso que nos ocupa, con narrativas tejidas durante años por think tanks y ejércitos de “especialistas”, asesores e incluso académicos que, en realidad, forman parte de una maquinaria ideológica orientada a producir realidad.

El papel de Trump en ese marco es el de fungir de interruptor biopolítico: al ser accionado permite el paso de corriente y capta, en paralelo, la atención mediática. Lo relevante de este esquema es que parece abrir la puerta a un modelo de gestión poco transparente en el que la acción exterior se convierte, menos en el resultado de un intercambio y una negociación con empresas e intelectuales y más, en parte de un dispositivo de (co)gobierno en el que prácticamente desaparecen las fronteras entre lo público y lo privado.

En el caso del Canal de Panamá, una de las narrativas más recurrentes promovidas por la maquinaria en cuestión (de la que forman parte organismos que como el Council on Foreign Relations (CFR), la Heritage Foundation, la RAND Corporation o el Wilson Center, que se financian con una combinación de fondos públicos y privados) consiste en establecer una correlación, supuestamente irrefutable, entre la construcción de infraestructuras estratégicas en América Latina y el Caribe y su potencial utilización militar por parte de China. Da igual que no existan pruebas: se habla abiertamente de “posibilidades” y punto. Decenas de medios de comunicación y de redes sociales lo repetirán y de hecho, lo hacen.

Por eso aquí, lo realmente interesante, es comprender cómo son tejidas esas narrativas, que son Geopolítica, pero no de la que sirve para comprender el mundo, sino de la que se orienta a transformarlo de acuerdo a intereses específicos. No hay ninguna novedad histórica en ello: hubo mucho de eso en el pasado (con los Mackinder, Haushoffer, Spykman, Strausz-Hupé, Kennan, Huntington, Kissinger, Brzezinski, etc.) y esa, que es la Geopolítica llamada “Clásica”, todavía inspira a algunos y es practicada por otros.

La característica esencial de esa práctica geopolítica es que actúa como si describiera la realidad cuando lo que en realidad hace es prescribirla: identifica lo que debe preocupar, lo que debe controlarse, lo que debe cambiarse… Y lo hace insinuando una “neutralidad” científica que de hecho no es tal porque carece de rigor metodológico. El colonialismo y el nazismo funcionaron, en

su momento, con esas mismas estrategias legitimadoras inconsistentes: por eso la Geopolítica pasó, posteriormente, por décadas de desprestigio.

En el caso del Canal de Panamá se venía insinuando desde hace tiempo que las inversiones chinas podrían estar “maquillando” intereses militares. Las acusaciones más antiguas surgieron cuando, hacía 2009, fueron otorgadas las primeras concesiones para ejecutar las obras de ampliación del Canal. Las más recientes aparecieron cuando, en 2017, Panamá desconoció a Taiwan, reconoció a China y se incorporó a la Iniciativa de la Franja y la Ruta (IFR), la gran apuesta geopolítica de Pekín. Aquel fue un golpe de timón que, para Panamá, significó que las Cadenas Globales de Valor que van y vienen de un lado a otro del Océano Pacífico confirmaran su tránsito a través del Canal.

Menos de diez años después, antes incluso de que Donald J. Trump cumpliera cien días en la Casa Blanca, el holding chino CK Hutchinson, con sede en Hong Kong, le vendió al fondo estadounidense Black Rock, con sede en Nueva York, los dos puertos del Canal de Panamá que controlaba (el de entrada y el de salida) por 23 mil millones de dólares. La rapidez de la operación refuerza la sospecha de que el dispositivo de (co)gobierno en acción exterior promovido por Trump no es pasajero: los think thanks apuntan, el Presidente aprueba y los fondos, ejecutan. Todos ganan reconfigurando espacios.

Por eso da la impresión de que la Geopolítica Prescriptiva no se detendrá en Panamá. En América Latina y el Caribe hay otras muchas infraestructuras críticas y Cadenas Globales de Valor (CGV) de las que depende la competitividad global, que preocupan en Estados Unidos: por ejemplo, el Megapuerto peruano de Chancay —cuya construcción fue financiada por Pekín y ya fue inaugurado por el Presidente chino Xi Jinping en 2024— o los corredores bioceánicos que, interconectados, podrían contribuir a exportar commodities estratégicas (como la soja, aunque también el litio, el hierro o el cobre) desde el corazón de Sudamérica hacia China.

En la práctica, una de las principales estrategias de la Geopolítica Prescriptiva consiste en cosificar el espacio. Hacerlo permite que el Canal de Panamá o el Megapuerto de Chancay se conviertan, sin argumentación consistente ni intercambio real de pareceres, en espacios “estratégicos” que “deben” ser controlados (porque en realidad no se controlan) y así se le “vende” al gran público. Mientras tanto las cercanas Islas Galápagos, que pertenecen a Ecuador y permiten supervisar las rutas que van y vienen del Canal y del Megapuerto, son menos mencionadas porque se supone que están “bajo el control” de Estados Unidos.

Todo ello apunta a un sutil rediseño discursivo de las amenazas que desde el final de la Guerra Fría ha venido transitando desde el anticomunismo más furibundo (que de todos modos no se abandona por completo) al discurso securitario. En un marco como el descrito la defensa irrestricta de la libertad de comercio, eje del discurso y de los valores tradicionalmente defendidos, comienza a quedar subsumida a los intereses nacionales (“America First”) que aparecen en el horizonte como nuevo santo y seña.

Antiguamente, una vez que la Geopolítica Prescriptiva lograba colar determinadas líneas argumentales en medios y redes, en informes técnicos y en algunas discusiones académicas, lo esencial del trabajo estaba hecho. Con Trump, sin embargo, no es necesario pulir. Todos trabajan en la misma dirección: Marco Rubio, Secretario de Estado, visitó Panamá y los directivos de BlackRock, casi simultáneamente, Hong Kong. Blitzkrieg: Estados Unidos se reposiciona en el Canal y al estar presente en las Islas Galápagos consigue una mejor posición para vigilar el Megapuerto de Chanchay y por ende, las CGV. Pragmático.

El Canal de Panamá parece haber fungido, pese a todo, de piedra de toque. La intención no consistía únicamente en reposicionarse en un espacio que se consideraba “perdido”, sino en aprovechar, para “naturalizar” la intervención y para calibrar reacciones. Asia ya es, por encima de China, la gran competidora de Estados Unidos en Sudamérica: la Cuenca del Pacífico es el principal destino comercial para ocho de los doce países que componen la región. Para Washington se trata de mejorar, en ese contexto, su posición competitiva manteniendo al mismo tiempo el control de su suministro de materias primas estratégicas.

Si a partir de ahora, después de los primeros cien días de Gobierno, se desea averiguar hacia dónde puede ir la política latinoamericana y caribeña de Estados Unidos, al menos hasta 2028, no hay más que revisitar las temáticas preferidas de la maquinaria ideológica que practica la Geopolítica Prescriptiva. Con Donald J. Trump en la Casa Blanca, los intereses que lo apuntalan ya no necesitan pasar por filtros. Y ojo porque en ese contexto América Latina y el Caribe podrían estarse convirtiendo en campo de pruebas para un dispositivo emergente de hacer política exterior desde Washington con potencial para globalizarse.

La política punitiva: Nuevas medidas contra la Revolución Cubana

Gary Prevost

Los primeros 100 días de la segunda administración de Trump han estado marcados por numerosas acciones con gran impacto tanto en los ciudadanos de Estados Unidos como en personas de todo el mundo. El cierre de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) ha cortado los fondos destinados a programas de emergencia para alimentos y tratamiento del VIH/SIDA, con consecuencias especialmente graves en el Sur Global, particularmente en África. El esfuerzo de la administración por reorganizar el comercio internacional en favor de los intereses estadounidenses amenaza con provocar una recesión mundial. La campaña de Trump contra la Diversidad, la Equidad y la Inclusión (DEI) pone en peligro la vida de muchos ciudadanos estadounidenses que dependen de servicios gubernamentales. Su campaña de deportaciones masivas es abiertamente racista y busca promover su agenda supremacista blanca. Su propuesta de presupuesto gubernamental para 2026 reduce el gasto social mientras aumenta el gasto militar. A menudo se pasa por alto, dentro de esta amplia agenda, el renovado esfuerzo de Estados Unidos por imponer un cambio de régimen en Cuba, lo que será el enfoque de este ensayo.

Para comprender plenamente el impacto de las nuevas medidas adoptadas por la segunda administración de Trump contra Cuba, es necesario repasar la historia reciente y pasada de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. En diciembre de 2014, tras décadas de incesante hostilidad por parte de administraciones tanto demócratas como republicanas hacia el gobierno revolucionario en La Habana, pareció abrirse una nueva era cuando, en anuncios simultáneos, los presidentes Raúl Castro y Barack Obama anunciaron que, tras meses de negociaciones secretas mediadas por Canadá y el Vaticano, se llevaría a cabo un intercambio de prisioneros y ambas partes buscarían normalizar sus relaciones. Por su parte, Obama se comprometió a trabajar para aliviar el prolongado bloqueo comercial contra Cuba en la arena internacional. En los dos últimos años de la administración Obama se lograron avances considerables en esos compromisos. En 2015, Obama se convirtió en el primer presidente estadounidense en visitar Cuba desde Calvin Coolidge en 1928, y se dirigió directamente al pueblo cubano, prometiendo amistad de parte de Estados Unidos. Las embajadas en ambos países fueron elevadas a relaciones diplomáticas plenas y se firmaron veintidós acuerdos bilaterales entre los dos países. Estos acuerdos abarcaban una amplia gama de temas, incluyendo la colaboración médica, la lucha contra el narcotráfico, la aplicación de la ley y la protección del medio ambiente. Aunque durante años ya había existido una cooperación limitada en algunos de estos temas de interés mutuo, como el narcotráfico, estos acuerdos establecieron el marco para una relación muy diferente y colaborativa entre dos antiguos adversarios. En algunos sectores de Cuba existía escepticismo respecto a que la nueva política estadounidense fuese simplemente un intento de lograr un cambio de régimen por otros medios, pero en general, tanto desde dentro del gobierno como desde fuera de él, los cubanos dieron la bienvenida al cambio. Las mejores relaciones también abrieron más oportunidades para que ciudadanos estadounidenses viajaran legalmente a la isla, incluyendo los cruceros. Este turismo impulsó aún más una economía turística cubana ya en auge, que alcanzó más de cuatro millones de visitantes en 2016, incluyendo más de un millón procedentes de Estados Unidos.

Incluso mientras estos acercamientos comenzaban a consolidarse, ya había problemas acechando en el fondo. Con pocas excepciones, los líderes políticos estadounidenses —principalmente republicanos— que favorecían el cambio de régimen y la continuación del bloqueo fueron duramente críticos con Obama y exigieron la reversión de su política. En ese contexto, las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016 cobraban gran relevancia. La demócrata Hillary Clinton se comprometió a continuar con la apertura, pero candidatos

republicanos clave como Marco Rubio y Ted Cruz, ambos cubanoamericanos de derecha, se ubicaban incuestionablemente en el campo pro-bloqueo. La incógnita era el nominado eventual, Donald Trump. Al inicio de la campaña, Trump dijo que estaba a favor del comercio con Cuba, aunque afirmó que probablemente habría negociado un acuerdo mejor que el de Obama. Se sabía que en 2015 su corporación hotelera había visitado la isla para explorar posibles ubicaciones para un hotel Trump. Como hombre de negocios sin aparentes inclinaciones ideológicas firmes, existía la posibilidad de que adoptara una postura pragmática hacia Cuba y continuara con la apertura. Sin embargo, esa posibilidad se volvió cada vez menos probable cuando, en las etapas finales de la campaña, Trump visitó el sur de Florida y, flanqueado por el sector cubanoamericano más extremo, respaldó su oposición a las políticas de Obama.

Algunos en el campo pro-compromiso esperaban que la visita de Trump al sur de Florida hubiera sido simplemente un acto de campaña para asegurar los importantes votos electorales del estado, y que una vez en el poder seguiría una agenda de acercamiento. Esas esperanzas se desvanecieron en junio de 2017, cuando regresó al sur de la Florida para anunciar un conjunto de medidas destinadas a revertir la apertura de Obama, mismas que llegaron a ser 243 al final de su mandato. De inmediato puso fin a los viajes en crucero desde Estados Unidos a la isla, aunque mantuvo las conexiones aéreas regulares establecidas en 2015. Suspendió prácticamente toda la cooperación prometida en los veintidós acuerdos bilaterales, con la excepción de la colaboración en la lucha contra el narcotráfico, que se había mantenido desde principios de los 2000. Sus dos acciones más importantes revirtieron órdenes ejecutivas clave de Obama. En 2015, Obama había retirado a Cuba de la Lista de Países Patrocinadores del Terrorismo (SSOT), lo cual facilitó su reintegración a los mercados financieros globales. En enero de 2021, en una de sus acciones finales, la administración Trump volvió a incluir a Cuba en la lista, citando su negativa a extraditar a los negociadores del ELN colombiano, a petición del presidente de Colombia, tras el fracaso de las negociaciones de paz. Cuba objetó alegando que tal acción habría violado los términos de las negociaciones, pero su inclusión en la lista fue restablecida. Además, el presidente Trump rompió con el precedente de suspender el Título III de la Ley Helms-Burton, que permite a ciudadanos estadounidenses que eran ciudadanos cubanos al momento de la Revolución, demandar a empresas extranjeras que actualmente hacen negocios en Cuba. Tales demandas son altamente cuestionables bajo el derecho internacional y administraciones anteriores las habían bloqueado. Una vez activado, siguieron muchas demandas, incluyendo algunas contra Carnival Cruise Lines por sus viajes a La Habana entre 2015 y 2017. La presencia de estas demandas tiene como objetivo desalentar la muy necesaria inversión extranjera en el país.

Durante la campaña presidencial de 2020, todos los contendientes demócratas, incluido el eventual candidato y ex vicepresidente bajo la administración Obama, declararon que, una vez en el cargo, trabajarían para revertir las sanciones de Trump. Sin embargo, una vez en el poder, quedó claro que la visión de Biden sobre la política hacia Cuba era diferente a la de Obama. Probablemente, lo más importante fue su percepción de China y Rusia. Obama veía a China como un socio estratégico para resolver los principales problemas del siglo XXI, en particular el cambio climático, y consideraba su cooperación clave para el éxito del Acuerdo Medioambiental de París 2015. También veía a Rusia como un socio fundamental en la no proliferación nuclear y esencial para el éxito del acuerdo nuclear con Irán en 2015. El equipo de Biden consideró que el mundo que heredaron había cambiado: China había emergido como un claro adversario y Rusia, tras la invasión de Ucrania, se había convertido en un Estado paria. Una acción emblemática de la administración fue la convocatoria a los Estados democráticos del mundo para oponerse a la autocracia. A los ojos del gobierno de Biden, Cuba claramente no encajaba en esa visión, especialmente tras una dura represión a manifestantes en julio de 2021. Los sectores más duros dentro del equipo de Biden también vieron los problemas económicos de Cuba —desencadenados por el colapso casi total de su industria turística durante la pandemia de COVID— como una oportunidad para aumentar la presión sobre el país, y no para aliviarla. Hasta sus últimos días en el cargo, la administración mantuvo a Cuba en la Lista de Países Patrocinadores del Terrorismo (SSOT) y utilizó sanciones

más específicas y sofisticadas para contribuir a la crisis económica más profunda en la isla desde la caída de la URSS.

El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca significó que dos cubanoamericanos radicales, que habían definido la política hacia Cuba durante su primer mandato, volvieran a tomar las riendas. Mauricio Claver-Carone regresó a su cargo en el Consejo de Seguridad Nacional como asesor para América Latina, y Marco Rubio fue nombrado Secretario de Estado. No han perdido tiempo en dejar claro que su política hacia Cuba será de máxima presión. En su primer día en el cargo, Trump devolvió a Cuba a la Lista de Países Patrocinadores del Terrorismo (SSOT), citando supuestos vínculos con Hamás y Hezbolá, y dejó claro que el Título III de la Ley Helms-Burton no sería suspendido bajo su administración. Una segunda acción clave fue atacar un aspecto central de la economía cubana que la administración Biden no había tocado: las remesas. Orbit S.A., una empresa cubana que procesaba cientos de millones de dólares al año en transferencias de cubanoamericanos a la isla fue declarada entidad del gobierno cubano, y se prohibió a empresas estadounidenses, incluyendo Western Union, hacer negocios con ella. Esto deja como principal vía para que las remesas lleguen desde Estados Unidos a Cuba los vuelos diarios con mensajeros que llevan dinero en efectivo. Legisladores cubanoamericanos radicales han pedido la cancelación de estos vuelos, lo cual podría concretarse en los próximos meses. Una iniciativa final importante de política exterior está dirigida a las brigadas médicas cubanas en el extranjero, que son tanto proyectos humanitarios como una fuente vital de ingresos para la economía cubana. La administración Trump está amenazando con negar la posibilidad de viajar a EUA a funcionarios de cualquier país que aloje estas misiones médicas. A corto plazo, es poco probable que se cancelen acuerdos existentes con países como Brasil y México, pero la medida podría disuadir nuevos convenios. Enmarcando toda esta hostilidad hacia Cuba está la más reciente evaluación de seguridad nacional del Comando Sur de EUA, que por primera vez en décadas declara que Cuba representa un posible riesgo de seguridad para Estados Unidos, debido a sus estrechos vínculos con China y Rusia. Tal declaración podría servir como justificación para que esta administración adopte acciones aún más drásticas contra Cuba.

Circuitos de reacción y resistencia – Trump y los movimientos populares en el Caribe y Latinoamérica

Matti Steinitz

Para muchos activistas latinoamericanos y caribeños, los primeros 100 días de Trump no significaron tanto el comienzo de una nueva era, sino más bien, un capítulo más en una larga historia de injerencias militares, políticas y económicas por parte de los Estados Unidos que tuvo su inicio hace más de 100 años. Los elogios de Trump al presidente William McKinley, quien con la guerra hispano-estadounidense de 1898 aseguró el control de Estados Unidos sobre Cuba y Puerto Rico, y su anuncio de recuperar el Canal de Panamá, cuya construcción (1904-1914) sentó las bases para la hegemonía de Estados Unidos sobre el hemisferio y su ascenso como potencia mundial, confirman que “Make America Great Again” significa la reafirmación de un imperialismo sin remordimientos para los vecinos del sur.

Mientras a lo largo del siglo XX, la resistencia contra “el imperialismo yanqui” ha constituido un denominador común de los movimientos sociales, culturales y artísticos de la región, en la coyuntura actual se pueden observar nuevas dinámicas relacionadas al surgimiento de alianzas interamericanas entre gobiernos de ultraderecha, la asociada encrucijada transnacional contra la llamada ideología “woke”, las deportaciones masivas de migrantes latinoamericanos y caribeños, y el fracaso de la izquierda tradicional como alternativa emancipadora manifestado en el autoritarismo represivo de estados como Cuba, Nicaragua y Venezuela. Para construir un panorama de las, a veces, contradictorias repercusiones y formas de resistencia contra la administración de Trump en América Latina y el Caribe, conduje un sondeo informal con activistas, académicos y artistas asociados a movimientos antirracistas, feministas y por los derechos humanos de diferentes países de la región que nos permite identificar paralelismos y particularidades así como algunas tendencias generales.

Voces disidentes como la de Emilio Ruchansky, trabajador de prensa y activista en políticas de droga en Buenos Aires, resaltan la multidireccionalidad del tráfico de ideas e influencias reaccionarias entre Estados Unidos y Latinoamérica: “Milei se lleva la motosierra a EUA, lo ves a él y a Musk celebrando el despedido de empleados públicos, los cortes de salarios. Estamos exportando lo peor, eso es lo que nos pasa en Argentina.” Al mismo tiempo, la alianza Milei-Trump ha causado la aparición de nuevos términos como el “woke” y el “antiwokismo”. Dice Ruchansky: “Los que queremos hablar de derechos humanos no nos autopercibimos ‘woke’, nos asumimos como progresistas, feministas, antirracistas, antifascistas etc., pero la palabra ‘woke’ no está en el diccionario argentino.” Mientras en Argentina no ha habido movilizaciones masivas dirigidas explícitamente contra la nueva administración estadounidense, sí existe una fuerte resistencia contra el avance de políticas antifeministas, homofóbicas y ultraconservadoras, representado tanto por Trump como por Milei. En Argentina, la manifestación más clara de este sentimiento ocurrió el 1 de febrero, apenas dos semanas después de la inauguración de Trump y una semana después de que Milei en su discurso en el Foro Económico de Davos expuso su alineamiento con la agenda de la nueva administración estadounidense cuando asoció a las personas homosexuales con la pedofilia y designó “el virus mental de la ideología woke” como “cáncer que hay que extirpar.” Como repuesta a sus declaraciones, colectivos de activistas LGBTIQ+, grupos como “Ni una menos”, organizaciones estudiantiles y sindicatos convocaron a la Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista, que con un millón de participantes se convirtió en una de las mayores manifestaciones en la historia de Buenos Aires (Página12, 2025).

Si el antiwokismo es lo que une a Trump con Milei, el “bromance” de dos líderes autoritarios que se puede observar entre los presidentes de Estados Unidos y El Salvador, está basado en el papel de Nayib Bukele como importante aliado para la política de deportaciones masivas de la nueva administración. Mientras las últimas elecciones de febrero 2024 en las que Bukele ganó con casi 85% de los votos sugieren un apoyo absoluto de la población salvadoreña, la manifestación masiva del pasado 1 de mayo, organizada por el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular bajo el lema “El pueblo en unidad a construir soberanía, justicia y dignidad” y demandas como #LibertadALosInocentes, demuestran que sigue habiendo sectores de la sociedad que se oponen a la política de encarcelamiento de masas y al pacto con la administración de Trump. Una de las representantes más visibles del Bloque, que se define como “agrupamiento de organizaciones del movimiento popular anticapitalista, antiimperialista y antipatriarcal”, es Marisela Ramírez. Ella resalta el papel de los movimientos culturales salvadoreños, que “han respondido a la alianza Bukele-Trump con creativa rebeldía, colectivos artísticos y organizaciones sociales han utilizado el arte callejero, el performance y la música para denunciar el retroceso democrático y las políticas represivas.” . Entre las iniciativas que nombra están colectivos como La Cachada Teatro, que desafía al poder con obras como “El Dictadorzuelo,” intervenciones musicales como el “Sandungueo por la Vida", temas como “Mentiras” del Conjunto Tropidélico, y campañas como Arte por la Memoria que documenta la represión. Ramírez afirma: “Las movilizaciones del movimiento popular, combinando performance y denuncia, junto a la música insurgente, muestran cómo la resistencia cultural salvadoreña se reinventa para desafiar el autoritarismo en la era del ‘gobierno del cambio’, y se convierte en campo de batalla ideológico, donde cada acorde, pincelada o verso disputa el sentido común del pueblo salvadoreño.”

Aunque a primera vista parece sorprendente que el actual presidente panameño José Raúl Mulino sea considerado otro aliado importante para la agenda de la nueva administración tras los planes expresados por Trump en su discurso inaugural de revertir la historia y devolver el Canal de Panamá al control estadounidense, su discurso ultraconservador y anti inmigrante explica su complicidad. Ante la disposición del presidente Mulino a aceptar una mayor presencia militar estadounidense en la Zona del Canal y la acogida en Panamá de migrantes deportados ilegalmente desde Estados Unidos, Kaysha Corinealdi, historiadora de la Universidad de Rutgers, que ha estudiado los circuitos transnacionales de los migrantes afrocaribeños entre Panamá y Nueva York, resalta “las protestas activas y constantes por parte de docentes, estudiantes, y sindicatos que se han comunicado claramente en contra de arreglos antidemocráticos que limiten la soberanía de Panamá y que ataquen el porvenir social, económico y ambiental del país.”

El contexto actual, marcado por el regreso del imperialismo estadounidense del siglo

XX y el avance de una extrema derecha cada vez más interconectada, debería ser terreno fértil para la reivindicación de las banderas históricas de los movimientos antiimperialistas de la región. El hecho de que los países que supuestamente representan la vanguardia del antiimperialismo latinoamericano —Cuba, Nicaragua y Venezuela— hoy están entre los países menos libres del continente significa un problema mayor para la credibilidad de la izquierda como alternativa viable, contribuyendo de manera importante, pero poco discutida al crecimiento de la extrema derecha. El análisis de una activista feminista nicaraguense (que vive en el exilio y prefiere no ser citada con su nombre) sobre las contradicciones del régimen de Daniel Ortega —en el poder desde 2007— es, parcialmente, aplicable también en los otros dos países mencionados: “a nivel discursivo emplea una retórica antiimperialista y antiinjerencista, especialmente ‘anti yanqui’. Esto lo hace para mantener una postura ideológica frente a su militancia y aliados internacionales. Sin embargo, en términos de práctica política y económica, la dinámica es otra, y podría ser clasificada como autoritaria, capitalista y extractivista”. Más allá de las protestas públicas, la activista resalta el papel clave de las dimensiones “invisibles” de la resistencia, que consiste en “el trabajo de base entre

redes de exiliados, feministas, disidentes de género, que están discutiendo activamente qué hacer no solo frente al régimen Ortega-Murillo, sino también frente a lo que denominaremos “el crecimiento de la derecha tanto en Estados Unidos como en el mundo”; es decir, pensar estos regímenes de forma paralela, en clave colectiva, transnacional y, por ende, desde la solidaridad internacional.”

Las incertidumbres y miedos de migrantes de estos países se pueden observar en el caso del rapero cubano “El Funky”, disidente exiliado en EUA cuyos compañeros del Movimiento San Isidro, el artista visual Luis Manuel Otero Alcántara y el rapero Maykel Osorbo Castillo, están cumpliendo cadenas de prisión de 5 y 9 años respectivamente por los delitos de “desacato” y “desórdenes públicos” desde 2021 (Amnesty International, 2023). Ambos son reconocidos como prisioneros de conciencia por Amnistía Internacional y junto con El Funky fueron protagonistas de la canción “Patria y Vida”, himno de protesta que se convirtió en el eslogan de miles que salieron a manifestar contra el régimen cubano el 11 de julio de 2021. A fines de abril del 2025, El Funky recibió una carta de las autoridades estadounidenses en la que se le informó que su solicitud de convertirse en residente legal fue negada y que tenía 33 días para salir del país antes de ser deportado (Revista Estornudo, 2025). Al parecer, bajo el mandato de Trump, el objetivo de la deportación masiva tiene prioridad absoluta sobre la solidaridad proclamada con la disidencia cubana, muchos de cuyos miembros, angustiados por el silencio cómplice de la izquierda global frente a las violaciones de los derechos humanos en Cuba, habían apostado por la victoria electoral de Trump y ahora ven cómo sus familiares o compañeros son deportados,un shock que causa divisiones importantes en el exilio cubano de Miami, como afirmó el intelectual afrocubano Roberto Zurbano en una charla reciente en el Centro de Estudios InterAmericanos (Universidad de Bielefeld, 2025).

Debido a la expresa hostilidad de Donald Trump contra los logros de los movimientos antirracistas de los 1960 y 1970, los representantes de organizaciones sociales y culturales afrolatinoamericanas de diferentes contextos hemisféricos, coinciden en su análisis de que la administración de Trump constituye una amenaza directa de los avances que se han hecho en las luchas contra la discriminación racial, no solamente en Estados Unidos, pero también en América Latinay el Caribe. Carlos Alberto Medeiros, desde los años 1970 ha sido uno de los líderes históricos del movimiento negro de Brasil, sostiene: “para la militancia negra, han sido particularmente preocupantes las iniciativas de Trump para atacar la llamada agenda woke, incluidos los programas de diversidad, igualdad e inclusión puestos en práctica por agencias gubernamentales y en el mundo empresarial”. Refiriéndose a la situación colonial del territorio de Puerto Rico, Pablo Rivera, profesor de Estudios en Afrodescendencia en la Universidad de Puerto Rico y codirector del proyecto comunitario AFROlegado, afirma que “las recientes medidas implementadas por el gobierno del presidente Trump han tenido un impacto contundente en la isla, especialmente debido a la dependencia de fondos federales para muchos proyectos sociales, educativos y culturales.” Destacando el papel protagónico de la autogestión y los proyectos autosustentables, apoyados en recursos internos y en la solidaridad comunitaria, Rivera afirma que en la situación actual “los proyectos culturales y artísticos han demostrado ser herramientas poderosas de resistencia y empoderamiento, permitiéndonos reafirmar nuestra identidad y conciencia colectiva.”

IMPACTOS EN Y RESPUESTAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

México y la apuesta del nuevo humanismo de la 4T. Perspectivas críticas frente a las presiones trumpistas

Jaime A. Preciado Coronado

El 20 de enero, Donald Trump tomó posesión como el presidente 47° de los Estados Unidos. En sus primeras 24 horas en el cargo, lanzó una serie de órdenes ejecutivas que buscan restringir la migración en general y el ingreso desde su frontera sur en particular. Estas órdenes ejecutivas comparten un mismo eje: reforzar la “defensa” de la frontera sur como un teatro de operaciones militares y de seguridad interior. En conjunto las órdenes ejecutivas buscan:

● Declarar una emergencia nacional en la frontera sur y autorizar a las Fuerzas Armadas (incluida la Guardia Nacional) para controlar operativamente la zona, construir barreras físicas y contrarrestar amenazas aéreas.

● Establecer el rol militar en la protección de la soberanía, ordenando sellar la frontera y repeler toda “invasión” —migración irregular, narcotráfico y delitos conexos— con sanciones penales.

● Ordenar construir muros y barreras, detener y deportar sumariamente a extranjeros sin autorización, procesar criminalmente a quienes violen leyes migratorias o asistan a migrantes, y sancionar a los que no cooperen con autoridades locales.

● Declarar la frontera en estado de “invasión” y facilitar los procedimientos migratorios, tales como la investigación y selección de las personas que buscan entrar a su territorio para proteger la integridad territorial.

● Suspender el programa de admisión de refugiados a partir del 27 de enero de 2025.

● Revocar al menos cuatro medidas de la administración anterior, incluido el marco regional de migración de febrero de 2021, restableciendo un enfoque de “cierre total” (Observatorio Global, 2025).

Frente a estas medidas, la administración de Claudia Sheinbaum, lejos de posturas estridentes, ha reiterado su compromiso con la vía diplomática para lograr las condiciones más favorables para México (Raziel, 2025), puesto que, a partir de la llegada de Donald Trump a la presidencia, se ha desatado una tensión en el plano internacional. De esta manera, las acciones se enmarcan como reacción a las medidas agresivas del nuevo gobierno de Estados Unidos y que estas, a su vez, impactan directamente tanto en la política interna como en las relaciones exteriores de México.

En primera instancia, se han tomado medidas en materia de seguridad y migración. Dentro de las acciones más relevantes se pueden mencionar el despliegue de 10.000 soldados en la frontera para contener el flujo migratorio irregular, el tráfico de fentanilo y los cárteles. Con relación a esto último, se llevó a cabo la extradición de 29 presuntos capos del narcotráfico a Estados Unidos, un hecho sin precedentes dentro de la relación bilateral (France 24, 2025). Además, el presidente Trump propuso a la presidenta Sheinbaum que el gobierno mexicano permitiera la entrada del Ejército de Estados Unidos al país para combatir a los cárteles del narcotráfico. Sin embargo, la mandataria rechazó la propuesta y respondió que el territorio mexicano es “inviolable” (France 24, 2025). La respuesta del presidente estadounidense, ante lo que considera una propuesta para ayudar a frenar el tráfico ilegal de drogas —aunque implicaría una violación a la soberanía del país—, fue afirmar que su homóloga mexicana se negó a aceptar la “ayuda” por temor a los poderosos cárteles del país (Dina y Villa y Cana, 2025).

Asimismo, ante la inminente ola de deportaciones de mexicanos, el gobierno de México puso en marcha la estrategia “México te Abraza”, orientada a recibir, asistir y reincorporar connacionales que retornan al territorio nacional (Ortiz, 2025). Sin embargo, Santillana y Ruiz-Healy (2025) coinciden en que el programa presenta serias limitaciones logísticas y presupuestales. Señalan que, sin una adecuada asignación de recursos, participación ciudadana y reestructuración económica, será inviable atender dignamente a los repatriados. Por otro lado, la presidenta Sheinbaum se ha manifestado en contra de la pretensión del gobierno de Estados Unidos de imponer un impuesto del 5 % a las remesas enviadas al extranjero. Según la mandataria mexicana, este intento de gravar las remesas constituye un nuevo impuesto que, además de implicar una doble tributación y un trato discriminatorio, no está dirigido exclusivamente a México, ya que muchos otros países —como la India, el principal receptor mundial de remesas— también se verían afectados (Urrutia y Muñoz, 2025).

En lo que se refiere a la relación comercial entre ambos países, se ha mantenido una postura de negociación. No obstante, se precisó que sigue vigente la posibilidad de responder con tarifas idénticas del 25% provenientes a las importaciones de acero y aluminio. A pesar de no accionar a través de contra aranceles inmediatos, se planteó fortalecer la ruta por medio del “Plan México”, pues este se ha convertido en la base para resistir el nuevo orden comercial (Guillén, 2025). El plan representa una iniciativa de largo plazo, cuyo éxito depende de la articulación efectiva entre políticas públicas bien definidas, una participación empresarial comprometida y el impulso a la producción de conocimiento académico (EGADE Business School, 2025).

Finalmente, ante la campaña estadounidense contra migrantes —con varios mensajes publicitarios de la Secretaría de Seguridad Nacional, Kristi Noem, difundidos como anuncios en la televisión mexicana y en redes sociales, en los que se advierte a quienes migren “ilegalmente” a su país que serán “cazados” y deportados—, la presidenta Sheinbaum envió al Senado la iniciativa para expedir la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con el propósito de prohibir la propaganda política extranjera, limitándola a contenidos de carácter cultural o turístico (Blanco, 2025).

Hasta el momento se han enfrentado las amenazas del gobierno de Trump con diplomacia y firmeza estratégica, pero ¿será posible mantener esta línea de acción ante escenarios más adversos? La relación política y comercial entre México y Estados Unidos es altamente interdependiente, pero asimétrica (asymmetric interdependence). Se trata de una relación bilateral en la que México depende en mayor medida de Estados Unidos, aunque este también presenta una dependencia considerable hacia México. Esta asimetría genera desequilibrios de poder y propicia manipulaciones estratégicas, como las amenazas estadounidenses de imponer un arancel del 25 por ciento a las importaciones mexicanas bajo el argumento de que México no ha hecho lo suficiente para frenar la migración irregular y el tráfico de fentanilo en la frontera, o la designación de seis cárteles mexicanos como “organizaciones terroristas”, alegando que el tráfico de drogas, particularmente de fentanilo, afecta la seguridad nacional estadounidense.

En términos geoeconómicos, México se mantuvo en 2024 como el primer socio comercial de Estados Unidos, como ya lo había sido en 2023, cuando desplazó a China (Morales, 2025). Con intercambios diarios superiores a mil millones de dólares y una integración profunda en manufactura, agricultura y sectores estratégicos (Ávila Connelly, 2025), México dirige alrededor de cuatro quintas partes de sus exportaciones hacia Estados Unidos, destacándose productos como vehículos de motor, autopartes, computadoras, petróleo y equipos eléctricos (Morales, 2025).

La diversificación comercial, el atractivo para la inversión extranjera directa y la cooperación en temas de seguridad —incluyendo migración y antiterrorismo— representan activos estratégicos para Washington de los cuales no puede prescindir. Asimismo, la mano de

obra migrante mexicana resulta clave en sectores fundamentales de la economía estadounidense, por lo que cualquier afectación impactaría la productividad y la estabilidad laboral. Además, en términos geopolíticos, un posible acercamiento mayor de México hacia China constituiría un riesgo considerable para Estados Unidos (Ávila Connelly, 2025).

El gobierno estadounidense incluso llegó a presionar a México para que impusiera aranceles a las importaciones chinas, como parte de las negociaciones para evitar los gravámenes que Estados Unidos amenazaba con aplicar a productos mexicanos. Por su parte, el gobierno de México, sin asumir compromisos específicos con respecto a China, ha intensificado los esfuerzos para combatir las importaciones de bajo costo provenientes del gigante asiático, con el objetivo de apoyar a las industrias nacionales y responder a las amenazas de Trump de imponer aranceles del 25 por ciento a los socios comerciales de América del Norte (Bloomberg y Valdelamar, 2025). Por otro lado, como consecuencia de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, ha surgido una oportunidad para el nearshoring en México. Con el aumento en los costos de exportación desde China —derivado de los aranceles impuestos— y siendo Estados Unidos un destino clave, México se posiciona como un puente estratégico por su proximidad y menores costos (Ayala Espinosa, 2025).

Sin embargo, según un estudio de la Fundación Konrad Adenauer (KAS), al analizar el fenómeno del nearshoring, la política comercial de Donald Trump hacia sus socios de América del Norte pone en duda la vigencia del bloque comercial regional. Según Hans Blomeier, representante de la KAS, las condiciones favorables que México ofrece como destino de relocalización “son diluidas por ese tipo de medidas totalmente arbitrarias” (Traeder, 2025). Aunque ni Canadá ni México representan amenazas directas para la hegemonía estadounidense ni para su esfuerzo por revertir la decadencia iniciada en la década de 1970 (Wallerstein, 2007), bajo el lema Make America Great Again y la política de America First, ambos países enfrentan presiones derivadas de la agenda estratégica impulsada durante la segunda administración de Trump.

En este contexto, la imposición unilateral de aranceles por parte de Estados Unidos violaría el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), encarecería los costos para fabricantes y consumidores estadounidenses, impulsaría la inflación interna y provocaría disrupciones y pérdida de competitividad, especialmente ante la rivalidad global con China (Ávila Connelly, 2025). Estas dinámicas, según Durán Fernández (2025), complican la integración comercial regional y afectan la estabilidad económica y la cooperación política en América del Norte, evidenciando la vulnerabilidad inherente a una interdependencia asimétrica.

Guatemala: En la región el futuro se avizora como un gris pardo

Carlos Fredy Ochoa García

Guatemala mantiene una agenda bilateral con Estados Unidos similar a la que lleva con los países del triángulo norte de Centroamérica en áreas como la economía, la migración (remesas), la seguridad (narcotráfico) y el estado de derecho. Las relaciones de Centroamérica con EUA son muy dependientes en estos ámbitos, pero considerando la estructura de estas relaciones, dejan un amplio margen para negociar. A pesar de que en cuanto a estado de derecho, no se percibe con claridad una ruta fácil para alcanzar acuerdos básicos.

En el terreno de la economía, un tercio de las exportaciones guatemaltecas va a los Estados Unidos, y, por su parte, más de un tercio de los turistas que visitan Guatemala son norteamericanos. Por si esto fuera poco, las remesas originadas en EUA representan un veinte por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de Guatemala (Fundesa, 2024). Este último volumen es muy significativo porque pesa tanto como los cinco mayores productos agrícolas tradicionales de exportación del país (21%). En términos comerciales, según la CEPAL, Guatemala depende tanto de Centroamérica, que la región representa el 35% del total de su comercio de exportación, como de su segundo socio que es Estados Unidos, con otro tercio; además, México es su tercer socio con el 4.4%, en cifras de 2022.

En seguridad, su vinculación con México es más apremiante, en principio por su frontera común de 956 km, una frontera porosa, donde los intereses de Estados Unidos son incisivos. Por esta frontera pasan diariamente unos 500 migrantes, según la Organización Internacional para las Migraciones ( OIM, 2023), siempre bajo la mirada vigilante de los cárteles mexicanos que voltean a verlos como parte del negocio; además, son cárteles que mantienen fuertes alianzas con sus operadores locales en Guatemala. Esta frontera es el embudo del corredor terrestre centroamericano de la droga. Por todo lo cual, parece que cualquier arreglo en materia de seguridad con Estados Unidos implica, necesariamente, a México.

En cuanto a los migrantes y las remesas la posibilidad de una deportación masiva, y la intención de los republicanos de aplicar un impuesto a las transferencias hacia el extranjero, tendría un alcance profundo para la estabilidad económica y política de Guatemala (No Ficción), ya que alrededor de tres millones de guatemaltecos, equivalente a un sexto de su población, vive en Estados Unidos, y dependen de las remesas aproximadamente otros seis millones

Las expectativas “negociadoras” de Guatemala con la administración Trump tienen como antecedente las políticas de su primera presidencia (2016-2020), que el entonces presidente de Guatemala acató de inmediato. En materia de migración, en 2019, suscribió el acuerdo de “tercer país seguro”, que implicaba la deportacióna de personas detenidas de otras nacionalidades (incluidos niñas, niños y adolescentes que viajen solos) a Guatemala, mientras se resolviera una solicitud de asilo. Aunque este acuerdo fue poco significativo, alcanzó a 937 personas y solo nueve utilizaron el mecanismo. El gobierno de Biden suspendió esta política para toda la región en 2021.

El historial de deportaciones de Trump, de su primera administración y de los más de cien días que corren, está por debajo del saldo dejado por Bush, Clinton y Obama; pero su política no será olvidada por su crueldad, la separación de familias y el

aislamiento de menores, ya queGuatemala ocupaba el puesto número uno de niñez detenida en la frontera sur de los Estados Unidos.

Es evidente que la importancia política de controlar la migración se ha elevado; con un nuevo dispositivo migratorio, aumentó la persecución a los migrantes. Esto y la amenaza de gravar las remesas, ha tenido como efecto de corto plazo que las remesas recibidas en Guatemala alcanzaran un récord histórico: en lo que va de 2025 se vio un crecimiento del 21.5% respecto del año anterior (Ministerio de Economía, 2025).

El debilitamiento del estado de derecho en Guatemala comenzó en el tiempo de la anterior administración Trump, pero aquí hay múltiples actores intervinientes. Cuando el gobierno guatemalteco desmanteló la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala (CICIG), Estados Unidos era su principal donante mientras estuvo vigente entre 2007 y 2019. Pero fue el Subcomité de Relaciones Exteriores del Senado el que congeló en 2018 el apoyo económico a la CICIG, con el involucramiento directo del senador Marco Rubio. Lo que después aconteció, fue una caída del estado de derecho y el auge de la corrupción, lo que desembocó en una crisis democrática que amenazó las elecciones de 2023.

Posteriormente, la única palanca que quedó en política exterior fue revocar la visa de acceso a Estados Unidos de aquellos individuos vinculados a actos de corrupción, tráfico de drogas, lavado de dinero, y otros actores de este tipo. Estas revocaciones han alcanzado a más de 300 individuos, entre políticos, exfuncionarios de gobierno, jueces, fiscales, decenas de congresistas y empresarios. Al ganar Trump en 2025, muchos de estos individuos esperaban que estas medidas fueran revocadas, pero esto nunca sucedió.

A inicios de febrero de 2025, Marco Rubio visitó el país como secretario de Estado y catalogó a Guatemala como un aliado histórico, amigo de Taiwán e Israel, y sin vínculos diplomáticos con China. Valoró la dedicación democrática del presidente Bernardo Arévalo, con quien logró pactos que no causaron sorpresa: la aceptación de vuelos de deportados, incluyendo ciudadanos de otras nacionalidades, la formación de una Fuerza de Tarea Fronteriza en la frontera con Honduras y El Salvador; y le aseguro respaldo a varios proyectos, en particular, ampliar un puerto en el pacífico con apoyo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. Aunque este entendimiento ha desconcertado a los opositores al gobierno, parece que los planes de defensa y seguridad han prevalecido.

Para las organizaciones de narcotráfico, el trato radical que Trump ha anunciado tendió otro vínculo obligado de cooperación, aunque su materialización requerirá de un respaldo considerable, ya que estos poderes criminales están muy enraizados en el Estado y a lo largo y ancho del país. El gobierno ya viene colaborando fuertemente en la captura de capos, y logró en 2024 un récord de incautaciones de cocaína (Insight Crime, 2025). La toma y daca de la colaboración del gobierno guatemalteco en la lucha contra estas organizaciones criminales parece que mantendrá niveles satisfactorios en tanto el gobierno de Trump no pida licencia amplia para intervenir directamente.

Con el cierre de USAID, en el corto plazo la región ha perdido recursos significativos (unos $250 millones en asistencia exterior en 2023 según datos de la Embajada estadounidense en Guatemala), que eran destinados para los programas de seguridad pública, incluída la lucha para gestionar la migración irregular y el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Pero una visión mercantil de la cooperación ya se perfilaba durante la primera presidencia de Trump, en que la cooperación hacia Guatemala cayó gradualmente a los niveles previos de 2015 (Palma, 2024); nuevamente, ahora por iniciativa de los demócratas en la Cámara de

Representantes, en 2022 y 2023 se suspendió la ayuda militar para Guatemala, condicionada como parte de los esfuerzos anticorrupción en Centroamérica.

Sorprendentemente, uno de los actores que más perdieron en la agenda bilateral fueron los pueblos indígenas. Marco Rubio ni siquiera los mencionó cuando expresó su compromiso de mantener y defender la democracia, la estabilidad y la integridad de las instituciones, incluso cuando los pueblos indígenas fueron quienes se movilizaron, y pagaron el mayor costo para recuperar la democracia, ahora con la guerra jurídica que se ensaña contra los líderes indígenas. ¿Es esto un coletazo de una agenda más amplia y del debate cultural que se arrastra en Estados Unidos? ¿O es que no hay una propuesta para movilizar su compromiso en defensa de la democracia? En todo caso, revela una visión incompleta de los actores de la democracia en Latinoamérica.

La agenda estadounidense pasa en Centroamérica con dificultades para consolidar su éxito, donde lo que está en juego es mucho más que una política particular de aranceles. Muchos se preguntan si ya estos gobiernos en la región no están perdiendo la lucha contra la corrupción, entre otras, al ver trastornadas sus agendas de negociación intrarregional y para con Estados Unidos.

De migrantes, pandilleros y terroristas, hasta la total multiplicación de los enemigos. Impacto de las políticas de Donald Trump en El Salvador

Fátima Peña y Amparo Marroquín Parducci

Cuando Donald Trump ganó de nuevo las elecciones presidenciales en noviembre de 2024, algunos sectores sociales y académicos en El Salvador intuyeron que muchas cosas cambiarían, tanto en el mundo como en el país. También lo comprendieron los funcionarios del gobierno salvadoreño. No es de extrañar que una de las personas más entusiasmadas con el regreso de Trump a la Casa Blanca fuera, por supuesto, el presidente Nayib Bukele, quien de manera explícita mostró su simpatía por Trump en distintos momentos.

El presidente Bukele fue un aliado importante de Trump durante su primer mandato. Particularmente relevantes fueron sus esfuerzos por frenar la migración irregular. Por ejemplo, junto a Honduras y Guatemala, El Salvador se convirtió en un tercer país seguro, y permitió que Estados Unidos pudiera deportar o mantener migrantes de forma indefinida en la región. El presidente fue más allá, creó una policía de fronteras (border patrol) salvadoreña, e insistió en endurecer las penas al oficio del coyotaje. A cambio, la primera administración Trump mantuvo el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los salvadoreños, luego de algunas amenazas, permitió que el flujo de remesas no se viera afectado y, por supuesto, tampoco se escandalizó cuando Bukele militarizó la Asamblea Legislativa el 9 de febrero de 2020, o cuando fue acusado de violar Derechos Humanos con las medidas impuestas para contener la pandemia de COVID-19.

Con esos antecedentes y nuevos guiños hacia el ex presidente Trump, el presidente Bukele continuó preparando el camino de su principal fortaleza. Para muchos, era previsible que la nueva administración Trump mostrara poco interés en condenar o sancionar acciones antidemocráticas, hechos de corrupción o violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno de Bukele, a diferencia de la postura inicial del gobierno de Joe Biden (US Embassy, 2021). Las prioridades estaban en otros temas. Por ello, el presidente salvadoreño se anticipó de forma rápida a fortalecer la relación cercana y colaborativa entre ambos gobiernos. Además, Bukele se convirtió en una figura de referencia para los simpatizantes de Trump agrupados en el movimiento MAGA (Make America Great Again).

El 23 de enero de 2025, apenas tres días después de haber retomado el poder, la Casa Blanca anunció en redes sociales que ambos mandatarios habían sostenido una conversación telefónica sobre distintos temas. El comunicado resumía la llamada en los siguientes términos:

Los dos líderes discutieron trabajar juntos para detener la inmigración ilegal y combatir a las pandillas transnacionales como el Tren de Aragua. El presidente Trump también elogió el liderazgo del presidente Bukele en la región y el ejemplo que representa para otras naciones en el Hemisferio Occidental ( Bukele, 2025).

Sin embargo, antes de concretar una colaboración bilateral en esas materias, una de las decisiones más impactantes en el entorno sociopolítico salvadoreño fue el cierre de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). El 24 de enero, la administración Trump emitió una orden que paralizó todos los proyectos financiados por USAID a nivel mundial. El Salvador no fue la excepción. Según un reportaje de El Faro publicado el 9 de marzo, hasta diciembre de 2024, la cooperación estadounidense había

desembolsado 154 millones de dólares para proyectos ejecutados por el gobierno y la sociedad civil salvadoreña.

Con el recorte de fondos, organizaciones defensoras de derechos humanos, promotoras de la transparencia y la democracia, así como medios de comunicación independientes que fiscalizaban al gobierno de Bukele, fueron severamente golpeados. Algunas debieron despedir a casi todo su personal y cerrar los proyectos que ejecutaban (El Faro, 2025). Bukele no perdió la oportunidad de pronunciarse al respecto. “Aunque se comercializan como apoyo al desarrollo, la democracia y los derechos humanos, la mayoría de estos fondos se canalizan hacia grupos de oposición, ONGs con agendas políticas y movimientos desestabilizadores”, comentó el mandatario en su cuenta de X. De acuerdo con los cálculos de la Asociación Nacional de Periodistas (APES), al menos once medios y 50 personas de distintas redacciones fueron afectadas por el cese de la cooperación.

El cierre de los proyectos de USAID debilitó muchas organizaciones y espacios que han sido fundamentales en la construcción de un contrapeso al oficialismo salvadoreño. Durante al menos la última década, parte de la cooperación estadounidense se enfocó en fortalecer organizaciones de la sociedad civil que promovían valores democráticos, la lucha contra la corrupción y la transparencia en el Estado. USAID fue clave para el funcionamiento de misiones de observación electoral, el fortalecimiento de las autoridades electorales y los partidos políticos. Sin ese financiamiento, los próximos procesos electorales y el sostenimiento de iniciativas de la sociedad civil se fragilizan. Esta decisión representó una victoria más para el gobierno salvadoreño.

Semanas después, el 15 de marzo, la administración Trump deportó a 238 venezolanos hacia El Salvador en tres vuelos. Según el gobierno estadounidense, estas deportaciones estaban amparadas en la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que permite al gobierno expulsar a ciudadanos de países considerados hostiles durante períodos de conflicto. Tanto voceros oficiales como el propio presidente Trump afirmaron que los deportados pertenecían a la banda criminal Tren de Aragua, aunque investigaciones periodísticas revelaron que la mayoría de ellos no tenía antecedentes penales en Estados Unidos.

Entre los deportados se encontraba Kilmar Ábrego García, residente en Maryland. En su caso se conocía la existencia de una orden judicial que impedía su deportación. A pesar de ello, fue enviado a El Salvador y recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). Aunque el gobierno estadounidense reconoció que su deportación fue “un error administrativo”, ha impedido su retorno y continúa vinculándolo a la Mara Salvatrucha (MS-13).

El caso de Ábrego generó polémica en los círculos políticos de Washington, sobre todo tras la reunión que Bukele y Trump sostuvieron el 14 de abril en la Casa Blanca. En un intercambio con la prensa, se le preguntó a Bukele si devolvería a Ábrego a Estados Unidos. Su respuesta fue tajante: “¿Cómo puedo devolver a un criminal a Estados Unidos? ¿Meter un terrorista ilegalmente? La pregunta es absurda. No tengo el poder de devolverlo”. Además, aseguró que tampoco podía liberarlo en El Salvador, porque “no somos partidarios de liberar terroristas en nuestro país” (BBC News, 2025). Con una simple declaración, el presidente Trump y el presidente Bukele movieron el estatus de un migrante, al de un terrorista, y con esa nueva construcción, sellaron su pacto de amistad.

Desde El Salvador, organizaciones defensoras de derechos humanos cuestionaron el encarcelamiento de los ciudadanos venezolanos deportados, ya que no hay evidencia que los vincule al Tren de Aragua, como han sostenido las autoridades estadounidenses. Estas organizaciones también denunciaron la violación del derecho al debido proceso y señalaron que las acciones podrían constituir delitos.

Más allá de las implicaciones legales, cabe preguntarse qué es lo que gana el presidente Bukele encarcelando a ciudadanos venezolanos. Podría ser parte de una nueva

campaña para fortalecer su imagen en el exterior, sin embargo, esto parece dudoso. Tampoco parece ser una cuestión de dinero. Su gobierno recibe 20,000 dólares por cada persona deportada y encarcelada. Tal vez espera negociar una extensión del TPS; tal vez no, porque en Estados Unidos ya hay voces que insinúan que ese programa ya no es necesario (Washington Examiner, 2025). De lo que sí hay evidencia es que Bukele puso a disposición su cárcel más publicitada —además de ofrecer un 50 % de descuento en la tarifa por recibir migrantes venezolanos— a cambio de que Estados Unidos le devuelva a nueve pandilleros de la MS-13 bajo su custodia, según reveló CNN el 28 de abril (El País, 2025). Entonces viene otra pregunta central:¿Por qué interesa a Bukele que le devuelvan a los líderes de las pandillas?

Las revelaciones periodísticas más recientes dicen algo sobre ello. Algunos de estos líderes pandilleros poseen información sensible sobre negociaciones pasadas entre el gobierno de El Salvador y la MS-13, y por ello el presidente necesita desesperadamente su retorno. La pregunta es cuánta información tienen estos nueve pandilleros que pueden poner en jaque el poder de Bukele y su proyecto. Las negociaciones en torno a estos traslados son una pieza central: yo recibo a tus indeseables, dame a mis líderes de pandillas; el trato es este. Mientras tanto, hay beneficios colaterales: menos medios independientes, menos procesos de educación en ciudadanía y democracia, más silencio, más temor.

El nivel de controversia que estas decisiones generen dentro de Estados Unidos determinará hasta dónde podrá llegar la alianza entre Trump y Bukele. Por lo pronto, la influencia de Trump en El Salvador sigue dejando réditos. La migración salvadoreña hacia Estados Unidos parece haber bajado a sus mínimos en mayo de 2025, “se trata de un 14.8 % menos que los 317 retenidos en marzo pasado y de un 94.2% menos que los registrados en abril de 2024” (Newsweek, 2025), el TPS se mantiene, las remesas llegan. Y los vuelos de deportación de migrantes, que ahora son pandilleros y terroristas, continuarán según lo establecido.

Nicaragua y el Gobierno sandinista: entre la dependencia internacional y la estabilidad nacional

Darvin Antonio Sánchez

Estados Unidos es el principal socio comercial de Nicaragua. En el cuarto trimestre de 2024, el 38.7% de las exportaciones de Nicaragua tuvieron como destino ese país. Las exportaciones estuvieron encabezadas por los textiles, con un valor de 2,012.8 millones de dólares, de los cuales el 80.1 % tuvo como destino el mercado estadounidense. Le siguieron los arneses automotrices, con 799.7 millones y el tabaco, que alcanzó los 421.8 millones, también dirigido mayoritariamente a Estados Unidos (80.2 %). El oro alcanzó un valor de 1,353.9 millones de dólares; la carne bovina sumó 755.7 millones, y el café aportó 524.4 millones (BCN, 2025).

El Banco Central de Nicaragua (BCN) también reportó que el resto de las exportaciones se dirigieron a Canadá (12.7%), El Salvador (10.8%), México (4.6%), Costa Rica (4.6%), Bélgica (2.8%), Guatemala (2.8%), Honduras (2.5%) y Panamá (1.9%). La ausencia de Rusia y China en las estadísticas comerciales resulta reveladora, dado que ambos son presentados por el gobierno sandinista como aliados estratégicos. El contraste evidencia que Estados Unidos es el eje económico de Nicaragua, mientras que Rusia y China, pese al discurso oficial, siguen sin tener un rol relevante en su comercio exterior.

El gobierno sandinista ha intentado proyectarse como un actor geopolítico autónomo, pero su influencia real en el sistema internacional es limitada, pues Nicaragua mantiene una fuerte dependencia económica de Estados Unidos. El país figura como el más dependiente de remesas en América Latina, equivalentes al 29.4 % del PIB nacional, provenientes en su mayoría de Estados Unidos (Artículo 66, 2025).

En este contexto, el gobierno del presidente Donald Trump impuso un arancel del 18% a las exportaciones nicaragüenses. El gobierno de Nicaragua ha señalado que aún no evalúa el impacto económico de dicha medida (SWI swissinfo.ch, 2025). Se trata de un arancel considerable, especialmente si se compara con el 15% impuesto a Venezuela. A la fecha, no se cuenta con proyecciones concretas sobre el efecto de estos aranceles.

Sin embargo, uno de los impactos más visibles parece darse en el ámbito migratorio. Según datos del Censo de Estados Unidos, en 2020 se estimaba que 406,613 personas de origen nicaragüense residían en el país. La migración nicaragüense hacia Estados Unidos ha mostrado un crecimiento sostenido desde las protestas sociales de 2018. Anualmente arriban alrededor de 50,000 nicaragüenses. En 2024 más de 70,000 nicaragüenses pisaron tierras estadounidenses (Regidor, 2024). Este fenómeno es impulsado por una combinación de factores estructurales como la represión política, la crisis económica y la precariedad social. No obstante, el análisis integral de esta dinámica migratoria se ve limitado por la falta de datos oficiales.

Esta escasez de información contrasta con la creciente visibilidad de casos de vulneración de derechos humanos en territorio estadounidense. Por ejemplo, en abril de 2025, migrantes nicaragüenses detenidos en la base de Guantánamo denunciaron situaciones de aislamiento, intimidación y restricciones en el acceso a asistencia legal (La Prensa, 2025). Paralelamente, se reportó el traslado secreto de personas deportadas desde esa misma base hacia Managua, en un operativo carente de transparencia (Confidencial, 2025).

Las políticas migratorias de la administración Trump han incrementado la vulnerabilidad de la población nicaragüense en Estados Unidos al endurecer los procesos de asilo, acelerar las deportaciones y reducir las protecciones temporales. Estos cambios han

expuesto a cientos de personas al riesgo de retorno forzado sin garantías jurídicas ni condiciones mínimas de protección. En Nicaragua, quienes regresen, enfrentarían persecución política, estigmatización social y dificultades para reinsertarse.

El fortalecimiento de los vínculos del gobierno sandinista con China y Rusia responde al objetivo de ampliar su margen de maniobra regional y diversificar sus alianzas estratégicas. Sin embargo, en la práctica, sigue siendo un actor periférico, condicionado por las decisiones de potencias mayores. Además, ha transitado desde un autoritarismo competitivo —en el que se utilizaban procesos democráticos simulados para aparentar legitimidad (Levitsky & Way, 2002)— hacia una forma de autoritarismo cerrado, donde ya no se considera necesario sostener siquiera esas fachadas institucionales. Esto lo hace susceptible de presiones, sanciones y aislamiento político.

Tras los primeros cien días del segundo mandato del presidente Donald Trump, el presidente Daniel Ortega rompió su silencio el 30 de abril de 2025, durante el acto de conmemoración del Día de los Trabajadores. Ese día, el mandatario reveló por primera vez la existencia de ciudadanos nicaragüenses prisioneros en la base de Guantánamo, así como la llegada de vuelos con migrantes a Nicaragua. La intervención generó múltiples interpretaciones.

En el programa Confidencial, transmitido el 2 de mayo de 2025, se describió al presidente Ortega como un actor profundamente aislado. Su silencio fue interpretado como una estrategia para mantenerse “fuera del radar” y evitar sanciones. En dicho análisis, el presidente fue caracterizado como un líder autoritario frustrado, que intentó llamar la atención (Confidencial, 2025). En otro emisión de Confidencial, Félix Maradiaga sostuvo que la ruptura del silencio respondió a una reacción ante la pérdida de relevancia internacional. Según el analista, el presidente Ortega es un actor debilitado que se victimizó.

Durante su discurso, el presidente Ortega denunció los aranceles del 18% impuestos a las exportaciones nicaragüenses y criticó con dureza la política migratoria de EE. UU. En el ámbito internacional, vinculó la crisis global al envío de armas “a los nazis de Ucrania”, adoptando abiertamente la narrativa rusa y alineándose con Moscú en el conflicto ucraniano.

Elogió a China como un aliado firme y modelo de desarrollo. Esta actuación revela una comprensión táctica de Ortega sobre el valor del respaldo internacional, particularmente de potencias autoritarias, como mecanismo para reforzar su estabilidad interna. Tal como señala Oisín Tansey (2016), el apoyo externo puede fortalecer la supervivencia doméstica de los regímenes autoritarios al reducir los costos de su comportamiento represivo.

Este tono discursivo clarificó los alineamientos internacionales del gobierno sandinista. En este escenario, “las alianzas con otros Estados autoritarios ayudan en el desarrollo de estrategias para eludir las sanciones, controlar la información y aumentar la legitimidad del régimen” (Tansey, 2016, p. 47). Esto responde a una lógica de geopolítica realista orientada a la supervivencia de su gobierno. Esta dinámica debe entenderse en el contexto del orden tripolar que asume el gobierno sandinista, donde el peso geopolítico de China y Rusia representa un contrapeso a la hegemonía estadounidense.

El presidente Ortega se alineó estratégicamente con los polos liderados por Moscú y Pekín, confiando en el respaldo político y diplomático. Eso respondió a una evaluación estratégica del contexto. Se trató de una adaptación táctica frente a un orden internacional en reconfiguración, donde el presidente Ortega apostó por reforzar su pertenencia al eje de “resistencia global”, buscando preservar su autonomía relativa frente al aislamiento occidental.

En un escenario internacional cambiante, el gobierno del presidente Ortega percibe que su estabilidad y permanencia están condicionadas por factores externos, particularmente por el curso que tomen las relaciones entre Washington, Moscú y Pekín. Con base en ello, se plantean tres escenarios analíticos:

Primero, la intensificación de sanciones y el aislamiento internacional configuran un escenario indeseable para el gobierno sandinista. Esta presión es encabezada por figuras como Marco Rubio, quien ha descrito a Ortega como un “gran desafío” para los intereses de EE.UU. y como líder de una “dinastía familiar” (Agencia EFE, 2025). Paralelamente, sectores de la oposición nicaragüense han promovido desde años atrás la aplicación de sanciones mediante gestiones diplomáticas en Estados Unidos.

Segundo, el presidente Ortega podría optar por un reposicionamiento pragmático mediante una modulación discursiva, una estrategia que ya se encontraba en marcha antes de romper el silencio. El presidente Ortega buscaría construir una relación comercial pragmática con la administración Trump. El objetivo sería reducir la presión internacional sin implementar reformas estructurales, preservando al mismo tiempo la estabilidad del gobierno y sus alianzas estratégicas con China y Rusia para mantenerlos como una tabla de salvación.

Tercero, la implosión interna y el colapso del aparato de control. Este escenario disruptivo plantea que el régimen sandinista podría enfrentar una crisis interna derivada del agotamiento económico, la fatiga del aparato represivo y la descomposición de las élites clientelares. No se trataría necesariamente de una transición democrática, sino de una reconfiguración del poder provocada por la inviabilidad estructural del sistema, más que por presiones externas.

Donald Trump y Panamá: ¿Volviendo a 1903?

Olmedo Beluche

Para la ideología imperialista yanqui, Estados Unidos es el equivalente moderno del Imperio romano, y cada presidente norteamericano debe presentarse, al igual que los césares antiguos, como conquistador de algún territorio y masacrador de algún pueblo “bárbaro”. Donald Trump no pretende quedarse atrás en este objetivo así que, desde su discurso de toma de posesión se fijó como meta la “conquista” de Panamá, el equivalente de la Galia de Julio César, en su imaginación.

Para hacer más magnificente su pretensión, trató de convencer al público estadounidense de que el pequeño istmo de Panamá y su canal había sido tomado por el maligno poder militar de su potencia rival, China. Sostuvo que los corruptos gobernantes panameños (esta parte es cierta), habían recibido de regalo el Canal de Panamá construido por ellos a cambio de un dólar (falso) y se había traspasado su manejo al imperio chino (parece un chiste, en Panamá la gente sonrió).

Como buen publicista, más que guerrero, Donald Trump necesitaba dar unos golpes de efecto que pareciera que lograba una gran victoria cuando en realidad se fijó un objetivo fácil. En vez de actuar como Julio César que tomó la Galia, Trump ha actuado como Calígula que simuló tomar Britania, pero se conformó con recoger conchas del mar de la costa francesa para presentarlas como evidencia de su triunfo.

Así que, a sabiendas de la corrupción, docilidad y cobardía del gobierno panameño, encabezado por José Raúl Mulino, presidente de la república panameña de cuestionable legitimidad, envió primero su avanzada con Marco Rubio, secretario de Estado, quien con solo mostrar sus dientes logró que el presidente panameño rompiera el acuerdo de la Ruta de la Seda con China, declarara la congelación de las relaciones con ese país, aceptara recibir migrantes expulsados de Estados Unidos e incluso una base militar en Darién.

Suavizado el terreno, en la segunda semana de abril, Donald Trump envió a Panamá a su centurión, Pete Hegseth, secretario de Defensa, quien con orgullo le ha llevado a Washington un Memorando de Entendimiento.

Este Memorando de Entendimiento le cede a los Estados Unidos tres bases militares en las riberas del Canal de Panamá, reviviendo sitios militares extintos en 1999, gracias a la lucha generacional del pueblo panameño, materializada en los Tratados Torrijos – Carter de 1977. Las bases militares cedidas por el gobierno de Mulino y su ministro de Seguridad Frank Ábrego son:

1. La base aérea de “Howard”, que había sido bautizada como “teniente Octavio Rodríguez”, héroe panameño asesinado por las tropas norteamericanas durante la invasión del 20 de Diciembre de 1989, lo cual es una ofensa para la memoria de los caídos en aquella agresión del ejército norteamericano a Panamá en la que fueron asesinadas más de 500 personas según datos oficiales.

2. La base naval de “Rodman”, rebautizada como “Vasco Núñez de Balboa” y “capitán Noel A. Rodríguez”, ubicada en el sector oeste de la entrada del canal, justo enfrente del puerto de Balboa, administrado (hasta ahora) por la empresa china Panamá Ports.

3. La base aeronaval “Sherman”, que había sido rebautizada como “Cristóbal Colón”, en la que se les cedió aeropuerto, puerto y un polígono de tiro, ubicada en el sector oeste

del lado caribeño del canal, frente a la ciudad de Colón y el puerto de Cristóbal (también administrado por la empresa china, Panamá Ports).

Adicionalmente, mediante una Declaración Conjunta (cuyo texto aún no se ha hecho público), firmado por el ministro del canal, José Icaza, y Hegseth, Trump logró el paso gratuito de embarcaciones de la armada de los Estados Unidos por el Canal de Panamá, a un “costo neutro” para Panamá (lo que nadie sabe aún qué significa).

Un regalo adicional para Trump fue la auditoría realizada por la Contraloría General de la República de Panamá al contrato con la empresa china Hutchinson, administradora de los puertos de Balboa y Cristóbal, hecha pública el día de la llegada de Pete Hegseth, por la cual se evidencian abusos económicos contra Panamá (como los que cometen los otros puertos y empresas transnacionales que operan aquí), y que podría llevar a la anulación de dicha concesión

Mulino y sus ministros creen engañar al pueblo panameño diciendo que el Memorando habla de respeto a la “soberanía” panameña y no menciona el concepto “base militar”. Pero una base militar es una base militar si, como dice el acápite 1 del Memorando: “… el personal de EE UU y los contratistas de los EE UU, …, podrán utilizar ubicaciones autorizadas, las instalaciones y áreas designadas para impartir entrenamiento, realizar actividades humanitarias, llevar a cabo ejercicios, visitas, almacenar o instalar propiedad de los EE UU, y cualesquiera actividades de otro tipo, conforme lo establezcan mutuamente los Participantes” (acápite 5). Todo sin costo alguno para Estados Unidos.

El acápite 2, habla de profundizar “relación en materia de seguridad” para “hacer frente a los desafíos de seguridad compartidos”, sin definir cuáles, pero que reiteradamente en sus declaraciones, Hegseth afirmó que era China.

Y, aunque el acápite 6 afirma que la seguridad primaria en esas áreas le corresponde a Panamá, el acápite 7 dice que se designarán “ciertas secciones de las instalaciones y áreas designadas para el uso destinado al personal de EE UU” a las que la seguridad panameña sólo entrará con “notificación previa”.

El acápite 11 del memorando menciona que el personal y “la propiedad” de Estados Unidos “incluidos vehículos, embarcaciones y aeronaves han de permanecer bajo control de los EE UU”, …, “incluyendo los concernientes a desechos generados por un incidente o accidente…”.

Cabe resaltar que, en su encabezado, el Memorando alude como fundamento de derecho al Intercambio de Notas, denominado “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Panamá y el Gobierno de los Estados Unidos de América concerniente a la condición del personal de los Estados Unidos que podría estar presente temporalmente en Panamá”, firmado el 15 y 20 de septiembre de 2022; y al “Acuerdo de adquisición y prestación recíproca de servicios (US-PA-01) entre el Ministerio de Seguridad Pública de la República de Panamá y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América”, hecho el 28 de junio de 2019 (el ACSA).

Lo cual demuestra que la traición a los Mártires del 9 de Enero de 1964, que lucharon bajo la consigna “Bases No”, ya había iniciado con los gobiernos de Juan Carlos Varela (Panameñista) y de Laurentino Cortizo (Partido Revolucionario Democrático, PRD), y que esta política de retorno de la presencia militar norteamericana en el canal empezó a ser ejecutada por el gobierno demócrata de Joseph Biden, y no es exclusiva de Donald Trump.

Trump se anota una primera aparente victoria fácil, con la ayuda de un gobierno cipayo y genuflexo como el de Mulino. Así, Donald Trump cree emular al presidente William McKinley, al que aludió en su discurso de toma de posesión el 20 de enero pasado. McKinley fue el que declaró la guerra contra España, en 1898, arrebatándole sus últimas colonias, Cuba,

Puerto Rico, Filipinas y Guam, pasándolas a control norteamericano para convertir a ese país en potencia extracontinental.

Lo cual puso a Panamá como objetivo del que tomar control por parte de Estados Unidos, para construir un canal que permitiera a su armada naval “defender” sus intereses imperialistas en ambos océanos. Pero McKinley fue asesinado, por lo que le correspondió a su sucesor, Teodoro Roosevelt, completar el expansionismo imperialista en el Istmo de Panamá.

Muchos panameños y panameñas ignoran que Roosevelt forzó la separación de Panamá de Colombia, el 3 de noviembre de 1903, con una invasión militar de más de 10 acorazados y miles de soldados, para imponer el Tratado Hay Bunau Varilla. Y luego se jactó diciendo “I took Panama”.

Por lo pronto, Donald Trump hace gala de su pequeña victoria, pero el pueblo panameño empieza a tomar conciencia de la traición que acaba de consumar Mulino. Inicia la movilización en defensa de la soberanía nacional, pisoteada por el imperialismo yanqui y los vendepatria criollos, en la que nuestro pueblo encontrará inspiración en las generaciones que nos precedieron, como los Mártires de Enero de 1964, quienes hicieron frente a las balas yaquis, al grito de ¡BASES NO!

Costa Rica y Donald Trump: aliado irrestricto y país puente de las deportaciones

David Díaz Arias y Ronny Viales Hurtado

A inicios de abril de 2025, el dos veces expresidente de Costa Rica (1986-1990 y 2006-2010) y Premio Nobel de la Paz (1987), Óscar Arias Sánchez, informó en una rueda de prensa que Estados Unidos había revocado su visa. Antes de Arias, en marzo, el gobierno de Donald Trump también le había revocado la visa a tres diputados costarricenses y a seis trabajadores y al presidente del sindicato del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), un ente público que brinda servicios de electricidad y telecomunicaciones, el cual ha sido un buen competidor en el libre mercado de telefonía móvil e internet. Además, otra persona que perdió la visa fue Yang Peng, apoderado generalísimo en Costa Rica de la empresa china Huawei (Delfino, 2025). Durante su rueda de prensa, muchos periodistas consultaron a Arias sobre los motivos detrás de la cancelación de su visa, pero el político argumentó que no tenía idea al respecto.

Unas semanas antes, en una entrevista con el periódico costarricense La Nación (2025), al criticar la posición servil hacia Estados Unidos de Rodrigo Chaves, actual presidente de Costa Rica (2022-2026), Arias había afirmado que durante sus gobiernos este país nunca había recibido órdenes desde Washington cuyo líder político (es decir, Trump) “se comporta como un emperador romano, diciéndole al resto del mundo lo que debe hacer”. ¿Fueron esas declaraciones el motivo detrás de la cancelación de su visa? No, el motivo fue China, y la actitud de la administración Trump alentó un giro de 180 grados en la política exterior de Costa Rica hacia China.

Las relaciones entre este pequeño país centroamericano y la potencia mundial se remontan al siglo XIX, pero, por motivos históricos, se configuraron de forma muy diferente a otras experiencias latinoamericanas, pues en Estados Unidos prevalecieron percepciones muy positivas sobre Costa Rica, incluso a pesar de los estereotipos negativos de los estadounidenses hacia sociedades latinoamericanas y del Caribe. Algunos investigadores han sugerido que esas actitudes llevaron a que Washington nunca interviniera en la política costarricense, lo que redujo el antiamericanismo en este país (Longley, 1997). La única desavenencia entre estas dos naciones ocurrió en 1917-1919, cuando el gobierno de Woodrow Wilson se negó a reconocer como legal la administración de Federico Tinoco, por considerar que había llegado al poder por medios ilegales (Murillo, 1981). Durante la Guerra Fría, Costa Rica sirvió como un ejemplo de democracia, el cual Estados Unidos utilizó para enfrentar a la Revolución Cubana y los intentos de la Nicaragua sandinista (1979-1990) por consolidar su revolución. Las visitas de presidentes estadounidenses a Costa Rica, como la de John F. Kennedy en 1963 o la de Bill Clinton en 1997, fueron verdaderas fiestas nacionales.

¿Ha cambiado todo eso con el regreso de Trump a la Casa Blanca? Oficialmente no, pues, como reclamaba Arias, el gobierno de Chaves se ha comportado como un aliado irrestricto de Estados Unidos, tanto con la administración de Joe Biden como en la de Trump. En agosto de 2023, Chaves se reunió con Biden en la Casa Blanca; aunque antes de esa entrevista Chaves había asegurado que su administración no tomaría ninguna postura con respecto a la competencia entre Estados Unidos y China (La República, 2023), en octubre de ese año, el gobierno costarricense emitió un decreto sobre el desarrollo de la red de telecomunicaciones de quinta generación (5G), con el

cual prohibió la participación de empresas de países que no hubieran suscrito el Convenio de Budapest (2001) sobre ciberseguridad, excluyendo así a las empresas de capital chino. Esa acción se justificó oficialmente porque las autoridades costarricenses consideran a China como un factor de riesgo para la ciberseguridad del país y porque el sistema político “totalitario” chino no garantiza que sus empresas puedan recibir alguna sanción en caso de que sean denunciadas. China repudió el decreto y acusó al gobierno costarricense de discriminar a Huawei (El País, 2023). Hasta aquel momento, Costa Rica había tenido muy buenas migas con China desde que establecieron relaciones bilaterales en 2007, bajo el segundo gobierno de Arias.

Así que el camino en Costa Rica, en cuanto a su vínculo obediente con Estados Unidos, estaba trazado antes de que llegara Trump. Por eso, después de reunirse en la capital costarricense con el presidente Chaves a fines de enero de 2025, Mauricio Claver-Carone, enviado especial del Departamento de Estado para América Latina, calificó a Chaves como un “gran aliado de Estados Unidos en la contención de la influencia de China en la región” y subrayó que el costarricense entendía muy bien la “amenaza” china para la región (La Nación, 2025). Unos días después, el Secretario de Estado, Marco Rubio, visitó a Chaves y lo elogió por su firmeza, por el decreto de 2023 y aseguró que “Estados Unidos cooperará para que se castigue a funcionarios estatales [costarricenses] que favorezcan a ‘actores extranjeros’ considerados peligrosos para la ciberseguridad” (El País, 2025)^. Con esa declaración, quedó sentenciado cualquiera que tomara la vía de defender el libre comercio con China en tiempos de Trump.

Costa Rica, además, ha colaborado como “país puente” con la política de expulsión de migrantes indocumentados desarrollada por Estados Unidos desde enero de 2025. A finales de febrero, el país recibió a 135 migrantes asiáticos, africanos y del este de Europa expulsados por la administración estadounidense y los colocó en el Centro de Atención Temporal para Migrantes.

A pesar de esas colaboraciones y halagos, Trump le impuso aranceles del 10% a las exportaciones costarricenses. El impacto económico en Costa Rica del proteccionismo nacionalista estadounidense es claro en cuatro efectos: 1) menos exportaciones, lo cual implicará menos entrada de divisas por productos como el café, el banano, la piña y el azúcar; 2) menos turistas estadounidenses visitarán el país; en contraste, durante 2024 seis de cada diez turistas en Costa Rica procedían de Estados Unidos; 3) la reducción de la inversión extranjera, particularmente en las llamadas zonas francas, es decir, el espacio más dinámico de la economía costarricense y; 4) mayor presión sobre el tipo de cambio, pues bajará la oferta de dólares y eso repercutirá en una devaluación del colón que había ganado valor en el último año (La República, 2025).

En conclusión, el estilo de la diplomacia de la administración Trump llevó a Costa Rica a cambiar su actitud amistosa hacia China, por lo que es muy posible que, en el último año de la administración Chaves, se fortalezca ese tipo de relación entre Costa Rica y Estados Unidos, por lo que el país centroamericano seguirá las instrucciones que lleguen desde Washington al respecto. La presión de la cancelación de visas puede ser un buen instrumento para acallar voces críticas de esa relación, pues existe una visión popular que considera la visa estadounidense como un capital simbólico y material. Asimismo, es muy posible que, en términos de seguridad, la potencia del norte imponga nuevas reglas para el país. Además, el efecto Trump impactará las elecciones nacionales que se desarrollarán en Costa Rica en febrero de 2026, pues una cercanía o alejamiento de los candidatos presidenciales con la imagen de Trump se explotará en la propaganda electoral sin ninguna duda. La política interna de los Estados Unidos podrá variar en función de la presión interna de los opositores al gobierno, de la juventud y de la

sociedad civil en general, pero ese escenario apenas empieza a cambiar, de ahí que todavía no es visible un cambio en la dirección general del gobierno ni en su visión geopolítica y de guerra comercial.

Cuba: El recrudecimiento de la estrategia coercitiva

Willian Espronceda Rodríguez

Los primeros 100 días del actual gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, cumplidos el 30 de abril de 2025, han marcado un nuevo giro en la política exterior estadounidense, con consecuencias particularmente severas para Cuba. En este corto periodo, Trump ha revertido medidas que flexibilizan la política hostil contra Cuba, implementadas durante el gobierno de Joe Biden y heredadas, en gran parte, de la administración Obama. Esta estrategia coercitiva no representa una novedad, pues en su primer mandato la administración Trump (2017-2021) elaboró más de 240 medidas que implicaron severas sanciones contra Cuba. Estas acciones incluyeron restricciones a importaciones (como el ron y tabaco cubano), persecución financiera (multas a bancos y cierre de cuentas), sanciones extraterritoriales a navieras y empresas vinculadas con Cuba, y limitaciones drásticas al sector turístico (prohibición de cruceros, vuelos reducidos y lista de alojamientos vetados). Estas medidas, aplicadas incluso durante la pandemia, afectaron gravemente la economía y la vida cotidiana de los cubanos.

Entre las reciente medidas de la actual administración Trump, destaca por su alcance e impopularidad internacional, la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Sin evidencia demostrada, más allá de la retórica, esta medida funciona como plataforma jurídica para justificar el incremento de sanciones comerciales, financieras y restricciones en las transacciones internacionales del Estado cubano. Esta medida también afecta directamente a los ciudadanos cubanos, provocando el cierre de sus cuentas personales en bancos de cualquier país que mantenga vínculos con el sistema financiero estadounidense. Del mismo modo, les impide realizar transacciones a través de plataformas como Upwork, Zelle o PayPal, y los excluye del uso de Western Union para el envío de remesas, limitando severamente sus opciones económicas a nivel global.

Esta última barrera ha implicado el uso de método informales para el envío de remesas a través de cubanos que viajan a la Isla, quienes cobran un alto impuesto por el traslado monetario. Y todavía más, cubanos residentes en terceros países enfrentan cierre de cuentas bancarias sin previo aviso y startups cubanas no pueden acceder a pasarelas de pago (Stripe, Mercado Pago). Todo ello ha condicionado el surgimiento de economías paralelas a través de las criptomonedas como Bitcoin. La influencia comercial de la inclusión de Cuba en la lista de países supuestamente patrocinadores del terrorismo es tal, que incluso países aliados como China y Rusia enfrentan obstáculos para comerciar con Cuba en dólares.

El reforzamiento de la Lista de Entidades Cubanas Restringidas, creada por el Departamento de Estado, constituye otras de las medidas reimpulsadas por la reciente administración. Este instrumento en materia de política exterior, está diseñado para restringir las transacciones económicas selectivas entre actores económicos estadounidenses y entidades cubanas vinculadas al sector estatal. Esta lista opera, además, como mecanismo disuasorio de carácter extraterritorial, al inducir a instituciones financieras internacionales -incluso aquellas sin vínculos directos con Estados Unidos- a interrumpir relaciones comerciales o restringir transacciones ante la percepción de Cuba como jurisdicción de alto riesgo regulatorio. Este efecto deriva de la teoría del llamado efecto paralizante en el comercio internacional, donde la amenaza de sanciones secundarias por parte del gobierno estadounidense, genera un cálculo

costo-beneficio adverso para los actores financieros, independientemente de la legalidad local de las operaciones. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, actualmente existen 231 empresas cubanas incluidas en la lista, y como ejemplo menciona la no renovación de la licencia a Marriott International para operar en Cuba por parte del Departamento del Tesoro (MINREX, 2025). Este es un caso paradigmático de coerción económica calculada.

Como parte integral de las medidas coercitivas contra Cuba, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció el 31 de enero de 2025 la reactivación del Título III de la Ley Helms-Burton. Esta disposición faculta el ejercicio de acciones legales ante tribunales federales estadounidenses, por parte de ciudadanos nacionales -incluyendo cubanoamericanos naturalizados- cuyos bienes fueron objeto de nacionalización en Cuba con posterioridad al triunfo revolucionario de 1959. La medida consolida el carácter extraterritorial al permitir litigios contra entidades de terceros países que comercialicen o utilicen dichas propiedades nacionalizadas, generando con ello un desestímulo a la inversión extranjera directa en Cuba.

Como otro mecanismo de sanción, el gobierno estadounidense ha ampliado las restricciones de visado para incluir a funcionarios públicos de aquellos países que mantienen acuerdos de cooperación médica con Cuba; extendiendo así el alcance extraterritorial de sus sanciones. Esta medida pretende desacreditar este programa humanitario, mientras afecta a poblaciones vulnerables del Sur Global y reduce los ingresos de la Isla por servicios médicos, vitales para la economía cubana.

En el caso de las medidas migratorias implementadas por la administración Trump hacia Cuba -incluyendo restricciones de visas y limitaciones a acuerdos bilaterales- deben entenderse dentro del contexto más amplio de su política migratoria regional, que prioriza la contención coercitiva sobre consideraciones humanitarias. Esta aproximación, alineada con iniciativas como el programa “Quédate en México”, refleja una estrategia consistente de utilizar los flujos migratorios como herramienta de presión política, tanto a nivel bilateral como en el marco de las relaciones hemisféricas, donde Cuba representa un caso particular, pero no aislado, dentro de esta arquitectura de control migratorio reforzado.

El 20 de enero de 2025, Trump eliminó mediante orden ejecutiva el programa de “parole humanitario” que beneficiaba a cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos. Con esta cancelación, más de medio millón de personas que ya habían sido aprobadas o estaban en proceso de solicitud, se han quedado sin opciones legales inmediatas para emigrar. Los cubanos que ya estaban en territorio estadounidense, al menos han podido recurrir a la Ley de Ajuste Cubano como principal mecanismo para regularizar su estatus migratorio, aunque con importantes limitaciones. Los migrantes de las otras nacionalidades han salido más perjudicados, en tanto se encuentran limitados a complejos procesos de asilo con altas tasas de rechazo. La decisión, calificada como inhumana por los gobiernos afectados, ha generado como consecuencia un aumento de la migración irregular a través de México. Conjuntamente con la aplicación de esta orden ejecutiva, el gobierno estadounidense ha convertido la Base Naval de Guantánamo en un centro de detención provisional para migrantes catalogados como “de alto perfil de seguridad”, bajo los nuevos protocolos migratorios.

Como parte de su tradición de resistencia, ante la intensificación de las sanciones económicas, el gobierno cubano ha continuado con su estrategia de colaboración con Rusia y China, para mitigar el impacto de las nuevas medidas de presión económica de la administración Trump en particular; y las sanciones económicas, comerciales y financieras, como parte de la estrategia de los distintos gobiernos estadounidenses desde 1959. Los países que conforman la Alianza

Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) han seguido apoyando a Cuba en sus declaraciones, mientras que la Unión Europea, aunque condena las medidas coercitivas, evita la realización de acciones concretas que impliquen conflicto político y económico con la administración de Trump. Al mismo tiempo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba ha denunciado al gobierno de Estados Unidos por el uso de Guantánamo como centro de detención migratoria forzada.

Ahora bien, en términos prospectivos, el panorama a mediano plazo de las relaciones Cuba-Estados Unidos (2025-2028) se perfila como un escenario de conflicto asimétrico institucionalizado, en el que el escenario más probable es la continuidad del régimen de sanciones de la administración Trump, sin lograr su objetivo declarado de cambio de régimen. Sin embargo, si lograra agravar la situación precaria de la economía cubana que, a pesar del fortalecimiento de la cooperación económica con China, Rusia y otros socios estratégicos (Vietnam, México y los países del ALBA), continuará experimentando un deterioro sistémico si no se impulsan, por parte del gobierno, reformas estructurales profundas en la economía cubana.

Puerto Rico frente a las políticas de Trump 2.0:incursiones migratorias e impactos de tarifas y recorte presupuestarios.

Liliana Cotto Morales

Las relaciones bilaterales entre Puerto Rico y Estados Unidos están marcadas por una compleja interacción de dependencia económica, política y social. A más de 100 días de la segunda administración Trump, diversas políticas han comenzado a redefinir esta relación, generando efectos que aún resuenan en la isla. El análisis del impacto de estas medidas en Puerto Rico revela un escenario complejo en el contexto de las políticas del gobierno federal y su efecto sobre la colonia-no estado. A pesar de que la realidad jurídica colonial delimita la soberanía de Puerto Rico y que las decisiones presidenciales, influenciadas por políticas internas y externas, tienen efectos profundos en la vida política, social y económica del territorio estas no determinan las respuestas del país.

Desde su invasión en 1898, Puerto Rico ha sido sometido a un colonialismo clásico, manejado por mecanismos como la soberanía del Congreso de Estados Unidos, control militar, económico y de comunicaciones. La relación de EEUU con su territorio colonial es desde la Presidencia. Cada Presidente le da su forma e interpretación. La administración de Trump, de 2017-2020 y ahora 2025, ha tratado a Puerto Rico como una colonia pobre que resulta muy costosa. Ignora la apropiación que las corporaciones de Estados Unidos hacen de la producción de los trabajadores de la isla. Todas las corporaciones se benefician de deducciones y exenciones fiscales. Trump propicia una política federal que en ocasiones minimiza o ignora las demandas de soberanía y justicia social de la población puertorriqueña.

El gobierno local, que desde 1968 se ha repartido entre dos partidos que se alternan el control administrativo de la colonia, en muchas ocasiones, no prioriza en la defensa de los derechos humanos, el ambiente, la identidad colectiva de afirmación nacional, ni en el bienestar de las puertorriqueñas/os. Estas acciones se organizan desde la sociedad civil. La gobernadora, recién electa, es aliada política de Trump. Ha sido percibida por algunos sectores como poco proactiva frente a las amenazas y recortes federales. Ha limitado sus gestiones a reunirse con agencias federales y ha expresado temor de antagonizar a Trump.

Dada la complejidad de la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos, se identifican como principales temas del impacto del nuevo gobierno estadounidense la política migratoria, la guerra tarifaria, el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), las regulaciones financieras y los recortes en el gobierno federal, ambiente, educación, salud y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).

Durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, iniciado en enero de 2025, se implementaron políticas migratorias más estrictas que afectaron significativamente a la comunidad inmigrante en Puerto Rico. Las órdenes ejecutivas emitidas por Trump, como la “Orden Ejecutiva de Protección del Pueblo Estadounidense contra la Invasión” del 20 de enero de 2025, autorizaron redadas masivas en zonas urbanas, incluyendo Puerto Rico. El 26 de enero de 2025, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) llevó a cabo una redada en Barrio Obrero, San Juan, deteniendo a inmigrantes sin historial delictivo, principalmente de la comunidad dominicana. Estas acciones generaron un clima de miedo e incertidumbre, afectando el acceso a servicios esenciales como la salud y la educación (AP, 2025).

Muchos inmigrantes dominicanos votaron por la Gobernadora. Hasta marzo algunos dominicanos, según la prensa, conservaban una cierta esperanza en la protección del gobierno de Puerto Rico. La expectativa inicial de apoyo y esperanza se tornó en angustia y resentimiento Ya de marzo en adelante se reportaron situaciones de miedo, de enfermedad y hambre. Miedo a ir al trabajo, y a enviar a los niños a las escuelas, a ir de compras o a los hospitales. La economía local se vio afectada. Por ejemplo, muchos negocios de comida cerraron, trabajadoras domésticas no llegaron a sus trabajos, el cuidado de ancianos y niños también se vio afectado. La incertidumbre generada por estas medidas debilitó sectores económicos dependientes de la mano de obra inmigrante. A mediano plazo, la falta de protección para estas comunidades podría generar una reducción en la fuerza laboral y afectar la estabilidad social y/o generar acciones colectivas de diversos índoles en marcos institucionales y fuera de ellos.

Las políticas migratorias más estrictas del presidente Donald Trump en su segundo mandato generaron respuestas diversas tanto del gobierno local como de la sociedad civil, reflejando tensiones entre las disposiciones federales y las particularidades sociales, políticas y culturales del territorio. El gobierno de Puerto Rico adoptó una postura ambigua frente a las políticas migratorias federales. Aunque la gobernadora Jennifer González expresó públicamente su preocupación por las redadas, no se han implementado medidas concretas para proteger a la población inmigrante. En respuesta a las políticas de Trump, más de 50 organizaciones, incluyendo la ACLU, Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, Cap. Puerto Rico, crearon el “Frente Amplio Contra Las Políticas Migratorias de Trump”, exigiendo al gobierno local que garantice los derechos humanos de los inmigrantes y que no colabore con las autoridades federales en las redadas.

Frente a la inacción gubernamental, la sociedad civil puertorriqueña respondió con firmeza. El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, en colaboración con notarios y universidades, ofreció servicios gratuitos y capacitaciones para asistir a personas indocumentadas. Asimismo, Ayuda Legal organización feminista para la defensa del acceso a la vivienda de las mujeres y los derechos de mujeres inmigrantes. Además, otras organizaciones feministas y de derechos humanos, como el Observatorio de Equidad de Género, denunciaron el aumento de feminicidios y desapariciones de mujeres, algunas de las cuales se encontraban en situación migratoria irregular, y exigieron políticas públicas que protejan a todas las personas, independientemente de su estatus migratorio (Ayuda Legal Puerto Rico, 2025).

Las políticas migratorias de este segundo mandato evidenciaron la fragilidad institucional del gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico frente a la presión federal y la fortaleza de la sociedad civil organizada. Mientras el gobierno local evitó confrontar directamente las medidas impuestas desde Washington, diversas organizaciones asumieron la responsabilidad de proteger a las comunidades más vulnerables. Este escenario resalta la importancia de la participación ciudadana y la movilización social en la defensa de los derechos humanos, especialmente en contextos donde el Estado no garantiza plenamente la protección de todas las personas bajo su jurisdicción.

La política comercial de Trump, particularmente la guerra tarifaria y su imposición de aranceles a productos importados encarecerá la canasta básica de los puertorriqueños. La Ley Jones obliga a que las importaciones, el 89% del consumo, lleguen a Puerto Rico en barcos estadunidenses, los más caros del mundo. Los productos son mas caros. La guerra de tarifas agrava esta situación. Tendrá un impacto directo en la economía puertorriqueña al afectar el comercio entre Puerto Rico y sus socios internacionales. Elevará los costos de alimentos, materiales de construcción y

bienes esenciales. Según un informe del Centro para la Nueva Economía (CNE, 2025), estos aumentos en los costos afectan la economía local, dificultando aún más la recuperación del territorio tras los desastres naturales (huracanes, terremotos, pandemia) y emergencias socioeconómicas (crisis fiscal y energética).

En materia de regulaciones financieras, los cambios impulsados por Trump en torno a criptomonedas, como DOGE, y las reformas fiscales crearon inestabilidad en el mercado. Puerto Rico, ha sido un atractivo destino para inversionistas gracias a leyes fiscales favorables —como la Ley 60— que ofrece inmensos beneficios a las corporaciones de Estados Unidos, mismos que vieron sus expectativas modificadas por las decisiones federales. A mediano plazo, la falta de claridad en las políticas locales y la incertidumbre en los mercados y la tensión en las políticas de inversión han afectado las expectativas de crecimiento y estabilidad económica de estos millonarios que se benefician en el territorio, reduciendo su atractivo para inversionistas.

Un impacto inmediato serán los recortes en fondos federales para educación, ambiente y FEMA (El nuevo día, 2025). La disminución en fondos para educación afectaría las instituciones públicas en todos sus programas. El desmantelamiento del Departamento de Educación Federal podría reducir los miles de millones de dólares otorgados a través del Título I de la Ley de Educación Elemental y Secundaria y la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades, ambos administrados actualmente por el gobierno federal. Aproximadamente $2,400 millones, o el 45%, del presupuesto de $5,300 millones del Departamento de Educación de Puerto Rico para el año fiscal 2025 provienen directamente del gobierno federal estadounidense. Antes de la llegada de Trump el gobierno de Puerto Rico, aliado a la Junta de Control Fiscal del Congreso de Estados Unidos. El Poder Fiscal Supremo, desde 2016, había cortado ya el presupuesto de la universidad pública en su asedio neoliberal. La Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR), se sometió a la orden de Trump de eliminar los programas de diversidad e inclusión. La defensa de la UPR está en manos del estudiantado y los sindicatos docentes y no docentes.

El financiamiento federal del Medicaid, el Seguro Social y el de Veteranos son otras áreas amenazadas en Estados Unidos y en consecuencia en Puerto Rico. En materia ambiental, la reducción de financiamiento impactaría la capacidad de Puerto Rico para responder a crecientes problemas ecológicos y desplazamientos poblacionales cuya defensa ha sido asumida por las organizaciones de la sociedad civil.

Los recortes en FEMA, la Federal Emergency Management Agency, limitan la capacidad de la isla para responder eficazmente a fenómenos naturales, como huracanes y terremotos. De 2017 a 2021, Puerto Rico sufrió múltiples desastres naturales, incluyendo tres huracanes, varios terremotos y la pandemia por COVID-19. Su complejidad y magnitud evidencian la necesidad de un apoyo federal robusto, que parece será mermado.

Estas primeras apreciaciones evidencian un escenario donde las políticas federales y las decisiones presidenciales profundizaron las condiciones de vulnerabilidad y desigualdad del territorio. La política migratoria, los ajustes económicos, las regulaciones financieras, y los recortes en programas clave, han impactado negativamente en la calidad de vida de la ciudadanía puertorriqueña. Pero esta, aunque algo paralizada por la perplejidad, y contrario a su gobierno colonial, ha comenzado a expresar su indignación.

Una respuesta retadora, innovadora, proactiva y descolonizadora fue la preparación de la Orden Ejecutiva para la transición de Puerto Rico hacia la independencia, llamado el Plan B Independencia. Esta orden ejecutiva se le someterá al Presidente de los Estados Unidos para que la firme. Viene acompañada de un Plan

Nacional de Desarrollo Económico que se le someterá al Congreso de los Estados Unidos. Los documentos han sido preparados por reconocidas y reconocidos economistas y juristas del país. Establece los mecanismos legales y fiscales para un proceso pacifico de descolonización jurídica, política y económica.

En resumen, las políticas de Trump han dejado una huella profunda en Puerto Rico, redefiniendo su relación con Estados Unidos en aspectos clave. A medida que la isla enfrenta estos desafíos, la necesidad de estrategias de adaptación, resiliencia o de cambios radicales se vuelve cada vez más urgente. La evolución de estas políticas dependerá de la capacidad del gobierno puertorriqueño para negociar con Washington y de la respuesta de la sociedad civil ante los cambios estructurales que afectan su futuro.

A largo alcance la esperanza radica en generar proyectos de educación popular descolonizadores, construir un vigoroso movimiento social y establecer un horizonte de autodeterminación y soberanías..

Venezuela y la Ley de Enemigos Extranjeros

Edgardo Lander

La intervención directa e indirecta de Estados Unidos contra el gobierno venezolano comenzó desde los primeros años de la presidencia de Chávez, cuando todavía se trataba de un gobierno democrático, que contaba con la legitimidad de haber sido electo a través de elecciones limpias, y contaba con el respaldo mayoritario de la población. Esto, muchos años antes del régimen autoritario actual. Estados Unidos consideraba necesario garantizar que este proyecto político en su patio trasero fracasara, tanto por la importancia estratégica de las reservas petroleras del país, como por lo que podría significar este ejemplo transformador para el resto de América Latina. Con este fin, entre otras acciones, apoyaron los diferentes intentos de la derecha venezolana por derrocar al gobierno. Se trató de una política que, con diferentes énfasis, contó con un respaldo bipartidista.

En el año 2014, Barak Obama firmó un Decreto Ejecutivo mediante el cual se declaraba que Venezuela representaba “una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos”, sentando la base legal para políticas cada vez más agresivas hacia Venezuela. Un nuevo salto cualitativo comenzó con el primer gobierno de Trump, a partir del año 2017, con la imposición de severas sanciones económicas que tenían como objetivo expreso un cambio de régimen: “todas las opciones están sobre la mesa”. Entre éstas destacan el Decreto Ejecutivo que prohibía el acceso de Venezuela a los mercados financieros de Estados Unidos, restringiendo así la posibilidad de tener acceso a nuevos créditos, incluso a la posibilidad de renegociaciones de la deuda externa; sanciones a Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA), la empresa petrolera estatal, congelando sus bienes en Estados Unidos, limitando drásticamente la fuente principal de recursos del país; y un bloqueo de todos los bienes del Estado Venezolano en los Estados Unidos.

Estas medidas, a la par con la incompetencia, corrupción masiva y creciente represión del gobierno venezolano, condujeron a una profunda crisis en todas las esferas de la sociedad venezolana. Colapsó la industria petrolera. Se estima que el ingreso petrolero del país se redujo en un 91% entre los años 2012 y 2020. El producto interno bruto se desplomó, reduciéndose en un 75% entre los años 2014 y 2020.

Algunas de las centenares de sanciones contra Venezuela fueron levantadas parcialmente por el gobierno de Biden, con lo cual se inició una limitada recuperación de la producción petrolera y se frenó el descenso de la economía.

Esta mayor moderación se revierte nuevamente con el inicio del segundo gobierno de Trump. El cambio de régimen es colocado nuevamente como prioridad en la agenda. Además de las declaraciones previas del propio Trump, el nombramiento de Marco Rubio como Secretario de Estado, permitían prever con claridad lo que venía. Rubio no solo ha sido durante años un portavoz activo de la comunidad anticomunista cubana (ahora también venezolana) en Florida, sino que, igualmente, tiene relaciones estrechas con los sectores más extremos de la derecha venezolana.

La primera importante medida con impacto económico sobre Venezuela fue la reversión de las limitadas flexibilizaciones que había decidido el gobierno de Biden en relación a la industria petrolera. No solo le retiró el permiso a la Chevron, la principal corporación estadounidense que operaba en el país, sino que extendió esta prohibición a transnacionales de otros países que habían retomado operaciones en pequeña escala en

el país, como la española Repsol. y la italiana Eni S.p.A. A comienzos del mes de abril, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) revocó las licencias que habían sido otorgadas a un consorcio formado por Shell, BP y la Compañía Nacional de Gas, para llevar a cabo la extracción de gas en aguas entre Trinidad y Venezuela, con el común acuerdo de los dos países. El 9 de mayo expiró la licencia que permitía que algunas empresas de servicios realizaran operaciones esenciales en Venezuela.

De implicaciones mucho más severas es el Decreto Ejecutivo del 24 de marzo, mediante el cual Trump impuso sanciones arancelarias de un 25% a todos los bienes importados por Estados Unidos provenientes de países que negocien con petróleo venezolano. Más allá de los impactos de las sanciones anteriormente mencionadas, que limitan severamente el volumen de petróleo que puede ser extraído y exportado, estas nuevas sanciones obligan a que el petróleo que se pueda vender, solo pueda hacerse con grandes descuentos, en mercados paralelos no transparentes, con cargueros fantasmas, lo que inevitablemente, conlleva a mayores niveles de corrupción.

De sostenerse esta medida en el tiempo, dada la extraordinaria dependencia petrolera del gasto público, esto conduciría inevitablemente a mayores carencias de alimentos y medicamentos, a un deterioro -aún mayor- de los servicios públicos, y a un nuevo salto en la emigración masiva como opción de sobrevivencia.

La reacción del gobierno ante estas medidas ha sido moderada. Difícil saber si hay alguna negociación en marcha. Sorpresivamente, esta severa amenaza tiene limitada presencia en el debate público, más centrado en la continuada represión, la práctica desaparición del salario, los presos políticos y las elecciones regionales y parlamentarias previstas para el 25 de mayo.

Quien sí se ha expresado en forma reiterada sobre estas sanciones, ha sido la principal dirigente de la oposición, María Corina Machado, quien, sin hacer referencia alguna a los efectos que estas nuevas sanciones tendrían sobre la mayor parte de la población que ya vive en condiciones extraordinariamente precarias, las ha celebrado en forma reiterada. Hace llamamientos a que se preserven y las califica como efectivas por, según ella, haber debilitado el gobierno de Maduro.

El otro asunto crucial de las políticas del nuevo gobierno de Trump hacia Venezuela se refiere a la migración. Como parte de su campaña de expulsión de millones de migrantes, Trump se ha focalizado con particular interés en las y los venezolanos. Se estima que en la última década han emigrado a los Estados Unidos más de 700,000 personas provenientes de este país. Buena parte de ellos están amparados por el Estatuto de Protección Temporal que se aplica a personas de países que estén experimentando condiciones temporales extraordinarias, tales como conflictos armados, desastres naturales y otras crisis. A pesar de esto, Trump ha llevado a cabo expulsiones de ciudadanos de diversos países que presentan estas condiciones, hasta ahora sólo en pequeña escala, que han generado enfrentamientos con diversos jueces que califican estas expulsiones como ilegales. Con el fin de librarse de estos obstáculos legales, Trump ha solicitado a la Corte Suprema que elimine este derecho.

Después de una campaña sistemática de alarma sobre las supuestas amenazas representadas por la banda criminal El Tren de Aragua, de origen venezolano, basada en unos pocos incidentes aislados, el gobierno de Trump comenzó a aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que se refiere exclusivamente a situaciones de guerra, y que solo había sido utilizada anteriormente en tales condiciones. Esta ley permite al ejecutivo la detención y expulsión de ciudadanos de países con los cuales Estados Unidos esté en guerra. Trump ha descrito al Tren de Aragua como “un estado criminal híbrido que está perpetrando una invasión y una incursión depredadora en los Estados Unidos.”. Afirmó igualmente que la banda estaba “llevando a cabo una guerra irregular”

y “realizando acciones hostiles” en suelo estadounidense. Los venezolanos pasan a ser todos sospechosos.

Con estos argumentos, por mera atribución de supuestamente pertenecer a dicha banda sin prueba, a veces basado solo en algún tatuaje, sin procedimiento o protección legal alguna, han detenido y enviado a un numeroso grupo de venezolanos al gigantesco y controvertido campo de concentración para “terroristas”, el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador. Contradiciendo a Trump, las agencias de seguridad de Estados Unidos han concluido que el gobierno venezolano no controla dicha banda.

El gobierno venezolano se ha dirigido formalmente, tanto al gobierno estadounidense como al gobierno de Nayib Bukele, solicitando, sin éxito, la repatriación de estos ciudadanos. Bukele ha propuesto liberar a estos detenidos a cambio de la liberación de presos políticos venezolanos, opción rechazada por el gobierno de Maduro que niega la existencia de presos políticos.

Por el momento se ven pocas probabilidades de negociaciones y acuerdos que puedan conducir a una mejoría de las relaciones entre los dos gobiernos. A partir de lo que ha pasado a ser su prioridad absoluta, la permanencia en el poder, el gobierno de Maduro ha expresado en forma reiterada su disposición a negociar, ofreciendo garantías de suministro de petróleo a Estados Unidos, garantizando condiciones atractivas para la inversión a empresas estadounidenses, así como la recepción de las o los venezolanos que Trump decida deportar. Sin embargo, mientras el objetivo principal del gobierno de Trump siga siendo el cambio de régimen, y continúe abierta la oferta del Departamento de Estado de compensar con quince millones de dólares a quienes suministren información que permita la captura de Maduro, parece haber poco terreno para la negociación. Ante esta tensa situación bilateral, y en un contexto global hoy dominado por la confrontación geopolítica entre Estados Unidos y la alianza crecientemente estrecha entre China y Rusia, Maduro parece haber optado por identificarse, en forma cada vez más incondicional, con este segundo bloque.

Populismos enfrentados: una mirada desde Colombia a los primeros 100 días del gobierno Trump

Rafael Tamayo-Álvarez y Nicolás Figueroa García-Herreros

En el 2024, el gobierno de Gustavo Petro logró, por primera vez en la historia de Colombia, someter a licencia obligatoria un medicamento patentando (Superintendencia de Industria y Comercio, 2024). Este medicamento es el Dolutegravir, considerado por la Organización Mundial de Salud (OMS, 2019), y la práctica clínica, como esencial para el tratamiento del VIH/SIDA. A su vez, el 15 de abril de 2025, el gobierno Trump emitió una Orden Ejecutiva con propuestas para mejorar el Programa de Negociación de Precios de Medicare, el cual funciona como una especie de sistema de control de precios de medicamentos (The White House, 2025). Al examinar con detalle estas actuaciones gubernamentales, emergen diferencias significativas. La Orden Ejecutiva de Trump delinea objetivos de política pública sin establecer acciones concretas para materializarlos. Por su lado, aunque las licencias obligatorias hacen parte de las “flexibilidades” que el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) confiere a los gobiernos para limitar la propiedad intelectual cuando está en juego el interés público. Éstas son vistas por la industria farmacéutica como intromisiones inadecuadas con los derechos de patente que desincentivan la innovación (Afidro, 2024). Entonces, podría aducirse que la medida del gobierno Petro refleja la voluntad política de tomar acciones más disruptivas frente al poder monopolístico de la industria farmacéutica.

Ahora bien, ¿contribuye el concepto de populismo a explicar las diferencias entre dos actuaciones gubernamentales cuyo objetivo común es mejorar las condiciones de acceso a los medicamentos? El concepto de populismo suele asociarse con proyectos políticos que dividen la sociedad en grupos enfrentados entre sí. Los criterios para dividir la comunidad política son variables y pueden basarse, entre otros, en criterios étnicos, culturales o de clase. Un gobierno populista se presenta a sí mismo como el verdadero exponente de la “voluntad popular”, el único capaz de remediar el descontento que “el pueblo” experimenta por obra y gracia del grupo que es representado como antagonista. Así, el populismo funciona desde la lógica de generar otredad. Consecuentemente, estudios comparados sobre este fenómeno aducen que es posible identificar dos tipos de populismo a partir de las dinámicas de inclusión y exclusión. Por un lado, el populismo inclusivo construye la noción de pueblo con base en el reconocimiento de grupos históricamente marginalizados. Así, suele adoptar medidas que buscan integrar políticamente a los sectores sociales excluidos y privilegia las políticas económicas de corte redistributivo. Por su parte, el populismo excluyente construye la noción de pueblo desde el sentido de una unidad u homogeneidad étnica o cultural que debe disfrutar de forma preferente los recursos de la nación (Mudde y Roviro Kaltwasser, 2011).

Al revisar la licencia obligatoria otorgada por el gobierno Petro, encontramos que una de sus motivaciones fue garantizarle el derecho a la salud a la población migrante (UNAIDS, 2023) vulnerable en el contexto de la actual situación epidemiológica del VIH/SIDA en Colombia. En este orden, podemos afirmar que se trató de una medida con propósito incluyente. La Orden Ejecutiva de Trump, por su parte, plantea como objetivo disminuir los precios de medicamentos para de este modo “poner a América primero”. En su texto encontramos expresiones como “reestablecer a

los estadounidenses en primer lugar”, “el pueblo estadounidense se merece algo mejor”, o “hacer que América vuelva a ser saludable”. Cualquiera que esté familiarizado con el discurso y las prácticas del presidente Trump durante su primer gobierno y a cien días de su segundo mandato, sabrá que “el pueblo estadounidense” o “América” son significantes con un claro sentido de exclusión. En efecto, el populismo de Trump desconoce que Estados Unidos es una nación diversa al promover una visión excluyente de la “americanidad”, una suerte de racismo migratorio donde el migrante es considerado un enemigo interno. Puede inferirse entonces que mientras que la licencia obligatoria otorgada durante el gobierno Petro fue concebida pensando en mejorar las condiciones de tratamiento del VIH/SIDA de la población migrante en Colombia, la Orden Ejecutiva de Trump busca favorecer a las personas que, desde un paradigma de unidad étnica o cultural, conforman el pueblo estadounidense o americano.

Seguidamente, si el argumento es que los gobiernos de Petro y Trump ilustran dos tipos diferentes de populismo, ¿cómo incide ello en las actuales relaciones entre Colombia y Estados Unidos? En su análisis del populismo mediante las categorías de lo inclusivo y lo excluyente, Filc (2015) plantea que la relación colonial es clave para comprender la existencia de una u otra forma de populismo. Desde esta perspectiva, el populismo latinoamericano ha sido mayoritariamente inclusivo mientras que el populismo europeo ha sido principalmente excluyente. Ello obedece, según este autor, al pasado colonial. Las relaciones coloniales requieren sociedades jerarquizadas basadas en la construcción de identidades subalternas a las que se les atribuyen rasgos fijos como la inferioridad racial o cultural. De esta forma, los proyectos coloniales instrumentalizan la diferencia y la exclusión para justificar las relaciones de explotación. Siguiendo una lógica similar, los populismos del centro del mundo capitalista suelen desplegar el discurso de la diferencia al querer restablecer su lugar de primacía dentro del orden económico global. Esto explica la centralidad de la agenda migratoria para el gobierno Trump. Por el contrario, el populismo inclusivo adopta una retórica emancipatoria que pretende subvertir las jerarquías heredadas del pasado colonial, las cuales se expresan actualmente como relaciones de clase.

En este sentido, podría decirse que entre el populismo inclusivo y el excluyente hay una pulsión que los conduce a estar en permanente tensión. La contradicción entre los tipos de populismo representados respectivamente por los gobiernos Petro y Trump se manifestó con la crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos del 26 de enero de 2025 (The New York Times, 2025). Esta se originó por la política de deportaciones masivas del gobierno Trump. El gobierno colombiano rechazó que la expulsión de sus ciudadanos del territorio estadounidense se hiciera en condiciones indignas y sin el respeto de las garantías mínimas como un debido proceso. Por redes sociales, Petro manifestó que su gobierno no autorizaría la entrada al territorio colombiano de las aeronaves estadounidenses que transportaban a los migrantes deportados. Trump respondió, también por redes sociales, amenazando con retaliaciones que incluían la imposición de aranceles, sanciones financieras y la cancelación de visados. A su vez, Petro anunció que Colombia también aplicaría aranceles a los productos procedentes de Estados Unidos. Si bien la crisis diplomática fue conjurada, quedó la percepción de que el gobierno Petro había cedido a la presión de Trump (La Casa Blanca, 2025). Precisamente, en Colombia la coyuntura fue descrita como un choque entre dos gobiernos populistas, impulsivos y reacios al manejo institucional de las relaciones internacionales, lo cual pudo impactar negativamente la economía colombiana, ya que Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia (Legiscomex, 2024), con una participación del 29,02% en las exportaciones y del 25,84% en las importaciones

totales del país y, además, Colombia históricamente ha tenido una balanza comercial deficitaria (DANE, 2025) en el comercio bilateral con Estados Unidos.

Posteriormente, la cuestión de la dependencia económica de Colombia frente a Estados Unidos volvió a relucir con ocasión de los aranceles recíprocos (La Casa Blanca, 2025) impuestos unilateralmente y de manera generalizada por el gobierno Trump el 2 de abril. A los productos de origen colombiano se les aplicó un arancel base del 10 por ciento. Ante esto, en buena parte la reacción del gobierno ha consistido en resaltar la importancia de diversificar mercados, lo cual puede entenderse como un guiño al gobierno chino con quien Colombia podría estrechar relaciones económicas para neutralizar la pérdida de acceso al mercado estadounidense. Es en este contexto que debe entenderse la inminente cumbre entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y China (El País, 2025) organizada por el presidente Petro. No obstante, hay voces que cuestionan la estrategia de acercarse a China por el riesgo de enviar una señal que incremente la animosidad de parte del gobierno Trump (La Silla Vacía, 2025)

Lo anterior nos lleva al punto final de esta reflexión. Aunque los gobiernos de Petro y Trump se asemejen como manifestaciones del populismo, la forma en que dicho concepto es desplegado en el contexto de las actuales relaciones entre Colombia y Estados Unidos tiene un carácter explicativo limitado. Esto es así porque al situar los gobiernos de Petro y Trump dentro del espectro del fenómeno populista, se corre el riesgo de invisibilizar la diferencia relativa de poder existente entre ellos. Como lo expresó la directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo Americana: el verdadero problema es que la economía estadounidense es muy importante para la colombiana, pero no a la inversa (La Silla Vacía, 2025). Entonces, así como el concepto de soberanía facilita la ficción de que los Estados se relacionan entre sí en condiciones de autonomía e igualdad, ocultándose con ello el papel desempeñado por la coerción y la violencia sistémica en la política internacional (Miéville, 2004), el concepto de populismo, como explicación totalizante de las tensiones entre los gobiernos Petro y Trump, oscurece la dependencia estructural de Colombia frente a Estados Unidos, su posición subordinada en el orden económico global, y el pasado (y presente) de dinámicas imperialistas entre ambos países.

Para concluir, ¿cuál es el panorama de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos tomando en consideración los tipos de populismo que caracterizan a sus gobiernos y las asimetrías de poder entre ambas naciones? El llamado a la cautela (dirigido particularmente al ímpetu populista de Petro) parece ser el común denominador de las reacciones que las políticas de Trump suscitan en Colombia (AMCHAM, 2025). Así, en materia arancelaria, se sugiere que el gobierno colombiano no debería aplicar aranceles como medida de retorsión, y que, por el contrario, debería mostrarse dispuesto a iniciar un proceso de negociación comercial con Estados Unidos, así como recurrir a los canales de diplomacia comercial disponibles en el TLC con dicho país. Una mirada desde el realismo político lleva a pensar que el gobierno Petro tiene poco margen para buscar alternativas de justicia social más incluyentes en el contexto de la erosión sistemática de las instituciones del libre comercio y de la globalización económica por parte del gobierno Trump (Rangel, 2025). Cualquier desafío al proyecto hegemónico e imperial del nuevo presidente estadounidense puede acarrear consecuencias devastadoras para una economía altamente dependiente, como la colombiana. Aun así, el gobierno Petro ya se encuentra en campaña para reelegir su proyecto político en 2026, de modo que los llamados que se hacen a la cautela posiblemente serán desconocidos. De cualquier forma, pretender oponer el proyecto de populismo inclusivo de Petro a las aspiraciones hegemónicas del gobierno Trump

parece no sólo ingenuo, sino también altamente riesgoso mientras no se mitigue de alguna manera la debilidad de una economía periférica como la colombiana.

Alineamiento: La relación Ecuador-Estados Unidos bajo Trump 2.0

Miguel Ruiz Acosta

Si pudiéramos resumir en una sola palabra la naturaleza de la relación bilateral entre Ecuador y los Estados Unidos durante los primeros cien días de la administración Trump, la palabra escogida sería alineamiento. Un alineamiento que se manifiesta de múltiples formas, empezando por el curioso hecho de que, al igual que Trump, el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, también es estadounidense, nacido en Miami.

El joven presidente Noboa, miembro de una de las dinastías empresariales más poderosas del país equinoccial, organizada históricamente en torno a la exportación de banano pero que ha venido diversificando sus inversiones, asumió el cargo hacia finales del 2023 como resultado de unas elecciones anticipadas, por lo que su primer periodo de gobierno fue corto, pero con derecho a postularse en una segunda ocasión. En un controvertido proceso electoral (Diario Red, 2025), Noboa resultó electo por segunda ocasión y el 24 de mayo de 2025 inició recién su nuevo mandato. El Presidente encarna el estereotipo del millonario latinoamericano educado en los Estados Unidos y con fuertes vínculos sociales y culturales con ese país.

Una de las primeras muestras de alineamiento con la política exterior norteamericana (antes de Trump) quedó en evidencia en febrero de 2024, cuando ratificó un controvertido Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA, por sus siglas en inglés) firmado por su antecesor Guillermo Lasso y los Estados Unidos (Página 12, 2025). Un acuerdo que (des) regula la presencia de militares norteamericanos y contratistas del Pentágono en el país, otorgándoles un sinnúmero de privilegios, exenciones e inmunidades. Poco antes de la ratificación del SOFA, el ministro de Defensa de Noboa había firmado un "memorando de entendimiento" con una empresa del complejo industrial militar estadounidense, la cual debería fungir como representante legal del Ecuador ante el gobierno de los Estados Unidos para facilitar el acceso a las compras militares que gestiona el Departamento del Estado. En pocas palabras, Noboa empezó su mandato con una fuerte apuesta por asegurarse la cooperación norteamericana en materia de seguridad y defensa, en plena consonancia con su decisión del 9 de enero de 2024 de declarar la existencia de un "conflicto armado interno", que requeriría medidas extraordinarias. De hecho, desde inicios del 2024, su gobierno comenzó a caracterizar a las bandas del crímen organizado como "narcoterroristas", como también lo haría Trump con algunos cárteles una vez en el poder. La administración Noboa fue la primera en América Latina que en enero de 2025 asumió como propia la declaración trumpista del Tren de Aragua como "grupo terrorista de crímen organizado" (Swissinfo, 2025).

Si bien las relaciones históricas de la familia Noboa han sido principalmente con el Partido Demócrata, en particular con el clan de los Kennedy, los realineamientos políticos de la era trumpista pusieron al presidente del Ecuador en una posición que, si bien no es de cercanía personal con el presidente Trump, tampoco es del todo incómoda, pues el padrino de uno de sus hermanos es Robert F. Kennedy Jr., actual Secretario de Salud de los Estados Unidos.

Con quienes sí parece tener mucho mayor sintonía la actual administración es con el grupo de republicanos oriundos de Florida que conforman el "ala dura" del anti-progresismo, nucleados en torno del Secretario de Estado, Marco Rubio. De hecho, en plena campaña electoral, Noboa supo sacar bastante provecho de una declaración de

enero de 2024, cuando Rubio aún era Senador (Ecuador Chequea, 2025), que estigmatizaba a su principal fuerza contendiente, la Revolución Ciudadana: "No creo que haya duda de que Correa y su grupo político tienen enlaces con estos grupos criminales y lo ha utilizado para su política interna. Para desestabilizar a los gobiernos que no son de la línea y lo hemos visto". De forma paralela, Noboa ha buscado acercamientos con otros republicanos de esa línea para que lo respalden en su "guerra interna", con fuertes ecos de la Doctrina de Seguridad Nacional de los setenta. Una guerra que, dicho sea de paso, resulta muy lucrativa para el complejo industrial-militar de los Estados Unidos, gran proveedor de material bélico adquirido por el gobierno ecuatoriano, como lo evidencia la aprobación reciente, por parte de la Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa (DSCA) del Departamento de Estado, para la venta a las Fuerzas Armadas del Ecuador de 25 mil fusiles M4A1 (de la compañía Colt) por el monto de 64 millones de dólares (Info Defensa, 2025), a los que se sumarán próximamente otros siete proyectos de "cooperación" militar cercanos a los 4 millones de dólares.

Como es notorio, la relación bilateral entre ambos países es tan asimétrica que no debería sorprender que son los Estados Unidos quienes ponen lo central de la agenda, como lo muestra la felicitación de Rubio por el triunfo electoral de Noboa: "Esperamos redoblar nuestros esfuerzos para frenar la inmigración ilegal y el narcotráfico, impulsar el crecimiento económico y contrarrestar la influencia extranjera maligna en nuestro hemisferio" (Embajada de Estados Unidos en Ecuador, 2025). De las cuatro preocupaciones del Secretario de Estado, la primera y la última son las centrales para la administración Trump, y no solo para el Ecuador, sino para todo el hemisferio: detener el flujo migratorio y mantener a China lo más alejada posible del continente. Durante los últimos años las políticas de austeridad y la crisis de seguridad del Ecuador han producido una enorme oleada migratoria como no se veía desde hace más de dos décadas. De acuerdo a datos oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores (2025), entre 2018 y febrero de este año, cerca de medio millón de ecuatorianos salieron del país y no regresaron más. Los "encuentros" de migrantes ecuatorianos en la frontera sur de los Estados Unidos también se han disparado durante los últimos años, pasando de 57 mil en 2002, a más de 120 mil en 2023, y 80 mil en 2024. Si consideramos que del total de remesas que recibió el país en 2024, 74% (4,800 millones de USD) tuvieron como origen los Estados Unidos, podemos hacernos una clara idea de las consecuencias que podría traer para la economía doméstica el progresivo endurecimiento de la política migratoria trumpista. Durante los primeros cuatro meses de la gestión de Trump, el principal mensaje que circula en las redes sociales de la Embajada de Estados Unidos en Quito es el hashtag #NiLoIntentes. Tanto parlamentarios de oposición como organizaciones de migrantes se han lamentado públicamente que, pese a la propaganda gubernamental que muestra a un Noboa "muy cercano" a Trump durante sus viajes al país del norte, el presidente no firmó con los EEUU ningún acuerdo que permitiera detener o reducir el ritmo de las deportaciones, por lo que caracterizaron las declaraciones oficiales como una "maniobra de engaño".

Por otro lado, en consonancia con lo planteado en documentos como la Estrategia de Seguridad Nacional de 2022, en donde los EEUU identifican a China como la principal amenaza para la hegemonía norteamericana, ante la cual se comenzó a implementar la estrategia de "disuasión integrada", el gobierno de Noboa ha seguido los mismo pasos que las dos anteriores administraciones (de Lenin Moreno y Guillermo Lasso): ofertar al país como cabeza de playa para el despliegue geoestratégico de los Estados Unidos, principalmente desde el punto de vista militar. Además del ya mencionado acuerdo SOFA, Noboa ha venido insistiendo en diferentes momentos que el

Ecuador debería modificar la prohibición constitucional para la instalación de bases militares extranjeras en territorio nacional. Y, si bien hasta el momento no lo ha conseguido, en los hechos su gobierno ya dio paso al incremento de la presencia militar norteamericana, a través de la aprobación de un par de acuerdos para legalizar el desembarco de miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y contratistas del Pentágono en las Islas Galápagos (Primicia, 2025). Algunos analistas plantean que una de las principales motivaciones para esta cesión de soberanía está relacionada con la necesidad que tienen los norteamericanos de contar con un punto estratégico en el Pacífico sur, de cara a la mayor presencia económica de China en Sudamérica, sobre todo después de la entrada en operación del puerto de aguas profundas de Chancay (Luzzani, 2025), en Perú, que conectará al Pacífico sudamericano con la nación asiática. En este mismo sentido, son muchos los funcionarios, políticos y militares estadounidenses que vienen insistiendo en la necesidad de que el Ecuador se convierta en socio estratégico de los EEUU para la contención de China en la región: del Comando Sur al Departamento de Estado, pasando algunos legisladores de la derecha dura de Florida, como Mario Díaz-Balart (presidente del Subcomité de Seguridad Nacional y miembro del Subcomité de Defensa en la Cámara de Representantes), quien en reciente reunión con los ministros ecuatorianos de Defensa y del Interior sostuvo que con Noboa "Ecuador se ha convertido en un socio cooperativo en la lucha contra el narcotráfico [y] el combate a la influencia maligna de la China comunista".

En síntesis, bajo el pretexto del combate al "narcoterrorismo" y a la "influencia maligna" de China en la región, las últimas tres administraciones norteamericanas (Trump I, Biden y Trump II) vienen afianzando su dominio de espectro completo en el Ecuador. Como hemos expuesto en otro espacio, esta avanzada de naturaleza neocolonial (Sin Permiso, 2025), responde a los intereses estratégicos de largo plazo de los Estados Unidos en la región, más allá de los matices que puedan encontrarse en las políticas de sus últimos gobiernos. Además de lo que hemos planteado de forma explícita, ese avance también se puede ver en el fortalecimiento de los lazos de cooperación subordinada del Ecuador en algunos otros espacios clave como los relacionados con la Policía Nacional, las aduanas, el sector judicial, entre otros. Si bien hay algunos sectores políticos y sociales que han llamado la atención sobre el tema, todo parece indicar que bajo las segundas administraciones de Trump y Noboa se profundizará la relación de subordinación del Ecuador a la agenda de los Estados Unidos.

El Perú y Trump: entre la presión geopolítica y el pragmatismo económico

Natali Durand Guevara

El retorno de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos ha sacudido no sólo la política interna estadounidense, sino también las relaciones exteriores con América Latina. En tan solo los primeros 100 días, el gobierno ha impulsado un paquete de órdenes ejecutivas que refuerzan un nacionalismo agresivo, reactivan la lógica de “América First” y colocan a la región nuevamente en el margen de sus prioridades, salvo en los temas de seguridad, migración y comercio. Para el Perú, las consecuencias de este nuevo ciclo se sienten ya con fuerza. Este ensayo sostiene que, lejos de una continuidad pasiva, el segundo mandato de Trump marca una intensificación de presiones sobre el país andino, en medio de una respuesta peruana marcada por la prudencia, el alineamiento económico y una limitada capacidad de negociación.

Uno de los decretos más tempranos del segundo mandato de Trump fue el endurecimiento de las políticas migratorias. Esto incluyó mayores controles en la frontera sur, nuevas restricciones para la obtención de visas laborales (H-1B, H-2B) y la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para varios países. Según un informe reciente del Migration Policy Institute (2025), aproximadamente 500,000 peruanos residen en Estados Unidos, muchos de ellos en situación vulnerable.

Las deportaciones se han incrementado en un 30% respecto a 2024, afectando no solo a personas con antecedentes penales, sino también a quienes tenían procesos migratorios en trámite. Esta dinámica amenaza directamente el envío de remesas, que en 2024 alcanzaron los $3,500 millones, según datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Para miles de hogares peruanos, lo que en Washington se presenta como “seguridad nacional”, en Lima se traduce en desestabilización económica y emocional.

En cuanto al comercio, el Tratado de Libre Comercio Perú-EE.UU, vigente desde 2009, representa el 21% de las exportaciones peruanas. Sin embargo, la retórica proteccionista de Trump y su insistencia en “renegociar” acuerdos ha encendido alarmas. Sectores como la agroexportación (espárragos, arándanos, uvas) y la minería (cobre) se verían directamente afectados si se imponen aranceles o nuevas barreras no arancelarias.

Además, las inversiones extranjeras, clave en el sector energético y minero, podrían verse reducidas ante un clima de incertidumbre. Proyectos como Southern Copper (Grupo México) o iniciativas energéticas con capital estadounidense enfrentan el riesgo de ralentización si Washington promueve la repatriación de capitales o desincentiva operaciones fuera de su territorio.

Trump ha retomado su narrativa de “guerra contra el narco-terrorismo” y ha identificado a Perú como un actor clave por su condición de segundo productor mundial de cocaína (UNODC, 2024). En consecuencia, se ha intensificado la presión para incrementar la erradicación forzada de cultivos de coca, en especial en zonas como el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) y el Valle del Huallaga. Este tipo de condicionamientos ha llegado acompañado de una mayor injerencia en la política interna y posibles sanciones si no se cumplen las metas antidrogas impuestas. Además, se anticipa un aumento en las solicitudes de extradición de presuntos narcotraficantes, como ocurrió en el primer mandato de Trump con el caso de Gerald Oropeza. En suma, el nuevo rostro de la presión prevé una mayor militarización.

Frente a estas políticas, la Cancillería peruana, encabezada por Elmer Schialer, ha optado por una estrategia de bajo perfil, buscando preservar los intereses económicos sin entrar en confrontaciones públicas. A través de encuentros con el Departamento de Estado, el canciller Oscar Maúrtua ha intentado garantizar la continuidad del TLC sin modificaciones drásticas. En el frente migratorio, se han reforzado los consulados en ciudades clave como Miami, Nueva York y Nueva Jersey, ofreciendo asesoría legal y apoyo consular a los ciudadanos peruanos afectados por detenciones o deportaciones.

En el Congreso peruano, la respuesta ha sido polarizada. Los bloques conservadores, como Fuerza Popular y Avanza País, promueven un mayor alineamiento con Estados Unidos, mientras que sectores de izquierda (Perú Libre, Nuevo Perú) exigen una política exterior más autónoma y crítica frente a Washington.

La sociedad civil también ha reaccionado. Colectivos como “Peruanos Unidos en EE.UU.” han organizado marchas y campañas de denuncia contra las deportaciones, buscando sensibilizar tanto al gobierno peruano como a la opinión pública estadounidense.

La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) y la Sociedad Nacional de Industrias han expresado su preocupación por el giro proteccionista de Trump. Ambas organizaciones han instado al Ejecutivo a diversificar los mercados de exportación, mirando especialmente hacia Asia (China) y Europa, como estrategias de mitigación ante un eventual deterioro de las relaciones comerciales con Estados Unidos.

La relación a mediano plazo se vislumbra entre escenarios de riesgo y rutas de adaptación. En el escenario optimista si el Perú logra renegociar con habilidad ciertos aspectos del TLC, podría mantener el flujo comercial sin grandes pérdidas. Estados Unidos seguiría siendo un socio estratégico en sectores como minería y energía, y la cooperación en seguridad podría continuar bajo nuevos marcos.

Un escenario menos favorable contempla sanciones económicas si Perú no cumple con las metas antidrogas, reducción de ayuda bilateral y un incremento de las deportaciones, afectando directamente a las familias peruanas y a las economías locales dependientes de remesas.

El endurecimiento de Washington podría empujar a Perú a profundizar su relación con China, su primer socio comercial. No obstante, esta alternativa también tiene limitaciones: el modelo chino de inversión suele implicar opacidad contractual, impactos ambientales negativos y tensiones laborales. No se trata de sustituir a un socio hegemónico por otro, sino de construir una política exterior más autónoma y equilibrada.

En conclusión, los primeros 100 días del segundo gobierno de Trump han evidenciado que América Latina sigue sin ser prioridad para Estados Unidos, salvo como objeto de control en temas de migración, seguridad y comercio. Para el Perú, esta nueva etapa representa una intensificación de presiones en un contexto de fragilidad institucional.

El desafío para la diplomacia peruana es doble: defender los intereses nacionales sin ceder soberanía, y construir alternativas viables que reduzcan la dependencia de una potencia cada vez más imprevisible. Esto exige una estrategia proactiva, no sólo reactiva, que incluya a otros actores regionales, consolide alianzas en el Sur Global y ponga en el centro a las poblaciones más vulnerables afectadas por estas políticas.

En un mundo crecientemente multipolar, insistir en una política de subordinación frente a Estados Unidos es no sólo ineficaz, sino peligrosamente miope.

Asedio al neoliberalismo chileno y a la ideología de la libertad

Claudia Zapata Silva

El pasado 2 de abril, Donald Trump hizo un anuncio global que denominó “Día de la Liberación” para Estados Unidos, que consistió en fijar aranceles de base de un 10% a las importaciones, porcentaje que sube en el caso de aquellos países que ponen límites arancelarios a los productos estadounidenses: 20% en el caso de la Unión Europea, 25% a Corea del Sur, 24% a Japón, 34% a China y 46% a Vietnam, entre otros.

De esa manera concretaba uno de los puntos relevantes del discurso que lo llevó por segunda vez a la Casa Blanca, en un mandato que se inició el pasado 20 de enero. Ese punto señalaba que el concierto económico global era desigual para con los Estados Unidos, razón por la cual era necesario equiparar condiciones, para él, injustas en materia arancelaria. Y lo hizo de un modo que causó conmoción mundial, incluidos sectores de la derecha económica y política que ven con buenos ojos su segundo mandato y que se solazan con sus diatribas contra el pensamiento progresista y los sectores vulnerables de la sociedad (principalmente migrantes y disidencias sexuales contra los que ha lanzado una ofensiva interna).

El segundo mandato de Trump parece consolidar la tendencia actual de radicalización de la derecha cuando acceden nuevamente al gobierno en el continente americano. Si bien al gigante del norte no le convencen las comparaciones con el sur del Río Bravo, es lo que con matices hemos visto al menos en Chile y en Argentina. En efecto, el Trump del 2025 parece sentirse con luz verde para radicalizar su discurso en un concierto internacional de creciente derechización, tanto a nivel de gobiernos como de la sociedad.

Esto se expresa por medio de un lenguaje crecientemente bélico que lejos de aminorarse desde el poder gubernamental, se materializa en políticas rápidas y de gran envergadura (a diferencia de la izquierda, cuya radicalidad se desvanece). La principal prueba de esto es que en tan sólo cien días ha hecho anuncios disruptivos tanto en el frente interno como en el externo que, al menos en materia económica, han desconcertado a la propia derecha (el quiebre con algunos de los multimillonarios que lo han apoyado es sintomático).

Asedio al neoliberalismo chileno

Uno de los logros que exhibía el neoliberalismo chileno era el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos desde el 2003. Sin embargo, la “liberación” de Trump hizo caso omiso del detalle y caímos, en conjunto con la mayoría de las economías, en el tramo de arancel del 10%, con la excepción de un producto clave para ese intercambio como es el cobre, que según declaró la administración de Trump, se encuentra en estudio junto con el de la madera.

La medida unilateral transgrede el mencionado tratado, afectando principalmente al sector frutícola, vitivinícola y a la industria salmonera, todos ellos agronegocios centrales en el modelo de exportación sustentado en ventajas comparativas, precariedad salarial y depredación del medio ambiente, que se inició y consolidó durante la dictadura militar y se expandió desde el retorno a la democracia, dando como resultado una economía fuertemente dependiente de la demanda externa.

Estos sectores están presionando al gobierno del presidente Gabriel Boric para lograr un escenario de negociaciones que no exaspere al gobierno de Trump, pero que al mismo tiempo le recuerde la existencia del Tratado de Libre Comercio y el modo en que su país ha sido el principal beneficiado (reconociendo de pasada el intercambio desigual que representa dicho acuerdo). Al respecto, vale la pena citar las palabras del Presidente de SalmonChile, Arturo Clement, quien sostuvo “Lo que esperamos —y así lo hemos conversado con otros gremios exportadores— es que el Estado conforme un equipo de excelencia que incluya lo mejor del sector público y privado. Chile necesita poner a sus mejores talentos en esta negociación. Tener un dream team’” (El País, 2025).

Más allá de los resultados de una posible negociación, es indudable que el vínculo político y económico con Estados Unidos se ha visto afectado de manera importante, modificando la condición de país latinoamericano ejemplar a ojos del país que instigó y financió el golpe de Estado de 1973. Se anuncia que de aplicarse estos aranceles, el impacto será catastrófico para los sectores exportadores (a modo de ejemplo, los vinos y el cobre entraron a Estados Unidos sin aranceles en la última década) y para los consumidores, pues se trata del segundo socio comercial de nuestro país después de China, pero el primero en cuanto a inversiones extranjeras. La respuesta del gobierno chileno ha sido escuchar a los sectores exportadores y apostar por negociaciones diplomáticas destinadas a lograr la eliminación de la medida, apelando a su no aplicación en países donde existe TLC en América, como México y Canadá, que no fueron mencionados en el anuncio (Infobae, 2025).

El caso de Chile es complejo por la vulnerabilidad de un sistema económico basado en las exportaciones y las ventajas comparativas, pero un aspecto interesante es cómo esta tensión produce una escena donde se confirma, una vez más, la dependencia estatal del neoliberalismo, que en este caso exige operaciones diplomáticas de alto nivel para afrontar en la práctica la falacia de la regulación espontánea del mercado.

Asedio a la ideología de la libertad económica

La condición mundial de esta coyuntura es tan evidente que así lo recoge de manera transversal la prensa. Al mirar los portales de noticias de distintos países estos coinciden en el alcance global e histórico del “Día de la Liberación” estadounidense, pues esta política agresiva de aranceles anunciada por Trump tuerce el ethos estadounidense de la libertad política y económica. Tal vez allí radica la mayor sorpresa de esta acción y el posible quiebre en el apoyo de sectores poderosos del orbe que no tienen mayores problemas con la agenda conservadora y xenófoba (porque la comparten o porque no les importa), pero sí con una política proteccionista que demonizan y que al mismo tiempo es resultado de esa lógica bélica que construye enemigos internos y externos, entre los cuales no se contaba al mercado. Aquí, en cambio, el belicismo del imperio se traduce en un proteccionismo autoritario y acelerado, por lo que no sería raro que experimente contratiempos o que incluso termine siendo impracticable en su totalidad, pero que pone en evidencia el obstáculo que representan ciertos sectores de derecha recalcitrante en la economía estadounidense y global.

En síntesis, y con el episodio de los aranceles en curso, no es segura esta apuesta de Donald Trump, no sólo por la respuesta que tendremos que observar de las potencias, sino sobre todo por la del capital financiero, que no observa con buenos ojos políticas que tiran por la borda décadas de trabajo desarticulador de proyectos estatales democráticos y redistributivos (la vía violenta del capital que produjo golpes de Estado y giros autoritarios en todo el mundo), en aras de mercados trasnacionales que han dado forma a las desigualdades contemporáneas.

La globalización, en la versión del capital financiero, es sinónimo de flujo (de capitales, no de las personas por supuesto) y desregulación, de menos Estado y conexión de mercados. El consenso de la derecha tras la Segunda Guerra Mundial es, más o menos, esa idea de espacio global. Pueden discrepar respecto a valores sociales y culturales, pero no en esos principios de desregulación y flujo. En ese sentido, la derecha nacionalista y proteccionista de Trump es el acceso al poder de una vertiente minoritaria que amenaza (todavía más) la democracia de su país y la del mundo, pero también el interés del capital financiero que difícilmente va a abandonar el modelo de maquila en los países pobres y el exceso de ganancia para generar empleo de calidad en Estados Unidos, como aparentemente pretende el mandatario. Tal vez ese capital financiero que hizo gárgaras con la globalización (de cuyas falacias no me ocuparé por ahora) y que declaró la obsolescencia del Estado y del desarrollo hacia adentro, termine siendo el opositor más efectivo a un gobierno de ultraderecha en el país más poderoso del planeta, un poder que se ha ido desgastando, aunque la historia nos enseña que la decadencia de los imperios suele ser una fase violenta y este bien podría ser el caso.

El mejor alumno de la batalla cultural. Argentina y el ascenso de Donald Trump

Alejandro Grimson

Argentina pertenece al pequeño grupo de países que tienen un gobierno considerado un verdadero fan de Donald Trump. El gobierno de Javier Milei, ascendido en diciembre de 2023, celebró con gran entusiasmo su triunfo, imitó varios de sus slogans y estrategias (un “MAGA” local), estuvo presente en todas las invitaciones, ha buscado recientemente la foto de ambos presidentes en Mar-a-Lago (incluido un viaje frustrado del presidente argentino) y trabaja para ser recibido en el Salón Oval.

Todo este entusiasmo se deriva de su desesperación financiera. A diferencia de vecinos como Chile o Brasil que tienen solidez financiera, Argentina, cuando asumió la presidencia Milei, tenía unos cinco mil millones de dólares en reservas netas negativas en el Banco Central. A inicios de abril de 2025 estaba exactamente igual. Un motivo son los pagos de la deuda externa. Pero otro es que a pesar de su megadevaluación inicial, el gobierno de Milei permitió una continua apreciación del peso que terminó en un tipo de cambio con un dólar recontra bajo. Las consecuencias son un festival de importaciones y de turismo en el exterior para la clase media alta, es decir, miles de millones de dólares que salen del país y amenazan esas reservas. Para contrapesarlo, se implementó el más generoso régimen de inversiones que se recuerde y un blanqueo de capitales sin origen rastreable que fue un éxito rotundo. Los amigos de MAGA en aquel fin del mundo del que hablaba el Papa anterior, permiten que decenas de miles de millones de dólares pasen del mercado negro o a los bancos.

Todo esto incide en la relación con Trump en Argentina. Porque a esa enorme fragilidad financiera hay que agregar que los capitales que ingresen pueden un día desear salir. Como si eso fuera poco, la situación descrita no había estallado gracias a un SWAP de la República Popular China que puede asimilarse a un préstamo financiero. Pero fuera de esos miles de millones, para mantener el dólar recontra barato (como instrumento muy argentino de lucha contra la inflación, poco eficaz en el pasado) había que conseguir sumas mucho más importantes. A falta de capitales privados, la solución deseada era otro préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Pero ¿por qué el FMI iría a ampliar sus préstamos hacia la Argentina que en 2018 se convirtió en su mayor deudor, después de que este organismo le diera el mayor préstamo de su historia? Esto nos remonta a la primera presidencia de Donald Trump, cuando en Argentina gobernaba Mauricio Macri. En esas pretensiones tan argentinas de creer que su opinión importa, el oficialismo de aquella época prefería un triunfo de Hillary Clinton o, lo que es lo mismo, una derrota de Trump. Macri asumió como un presidente de la globalización neoliberal clásica, de la vieja época. Pero al año de asumir, se encontró con Trump en la Casa Blanca y no entendió el cambio que significaba hasta que fue demasiado tarde. Después de instalar el dólar barato en 2017, los capitales golondrinas comenzaron a irse del país en 2018 y el gobierno apeló a una megadevaluación. El principio del fin. Allí llegó entonces el mega préstamo que no alcanzó, porque todavía siguieron las devaluaciones del peso. Pero la intervención personal de Donald Trump fue crucial en 2018 para destrabar ese crédito excepcional.

No cabe aquí la frase “las segundas partes no fueron buenas” porque la primera fue fatal y el gobierno de Macri necesitó el apoyo de la oposición para no entregar el poder con antelación. Claro, los diversos países con representantes en el Directorio del

FMI que en 2018 se oponían o eran reticentes al mega crédito argentino plantearon varias exigencias en este nuevo caso. Pero finalmente el dinero llegó e inmediatamente la Argentina tuvo el honor de que el Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, pasara unas doce horas en suelo argentino incluyendo una extensa reunión en la Casa Rosada. Interrogado acerca de si en caso de necesidad el gobierno estadounidense le daría un préstamo adicional a la Argentina, el secretario del Tesoro declaró que era un tema que no estaba en agenda. Pero los mercados interpretaron esa declaración como una negativa que generó un ruido suficiente para que dos días después Bessent dijera que en caso de necesidad habría un préstamo de ese tipo. Este acto se mostró como completamente excepcional y da cuenta de hasta qué punto el gobierno argentino es un entusiasta seguidor de MAGA y sus programas, y cómo el gobierno estadounidense apoya a su principal gobierno aliado en el continente.

Por supuesto, la Argentina tiene algunos límites. Bessent también había declarado que cuando el gobierno argentino tuviera dinero seguramente devolvería el SWAP a China, como diciendo que esos préstamos no son de su agrado. El problema allí es que Milei hizo campaña electoral diciendo que él jamás haría un acuerdo con un gobierno comunista (aclaremos que este es un término muy abarcativo en la visión de Milei). Y cuando como presidente vio el problema financiero que tenía dio a entender que los chinos son gente muy pragmática dispuestos a esos préstamos millonarios siempre y cuando no sean criticados en público. Esto sin contar que China es uno de los principales destinos de exportación de la Argentina, además de un inversor relevante, incluso en obras de infraestructura. En síntesis, no resulta claro que la Argentina esté en condiciones de ser un soldadito en una guerra de Washington contra el gigante asiático.

Vale la pena decir algo sobre el capítulo de la otra guerra: la batalla cultural. Con ese entusiasmo que lo caracteriza, el presidente argentino viajó desde la asunción de Trump al Foro de Davos. Y en lugar de hacer allí lo que parecía obvio, explicar por qué a su criterio tiene chances de ganar el premio Nobel de economía al haber bajado la inflación al 3% mensual (cuando asumió estaba por llegar al 300% anual), dedicó la mayor parte de su discurso a la batalla cultural del conservadurismo cultural contra el “wokismo”, la comunidad LGTBIQ+, en una suerte de réplica de la batalla cultural de ese Tea Party ahora trumpista. A esto le sumó proyectos de ley contra los inmigrantes como si la derecha extrema fuera realmente una receta global.

Sin embargo, todos los estudios indican que a más de la mitad de sus votantes y de quienes hoy apoyan al gobierno argentino les importa muchísimo la baja de la inflación. Después de eso les importa que baje más, que suban sus salarios, que mejore el poder adquisitivo. Muchos lamentan que el presidente se meta en esa agenda conservadora, así como lamentan el uso generoso del insulto hacia quienes lo critican.

Por la misma razón, la oposición a ese conservadurismo cultural trasciende en mucho a una oposición desorganizada y toca directamente fibras de la sociedad civil en Argentina. Después de Davos hubo una inmensa movilización “por la diversidad, contra el racismo y el fascismo” a la que siguió la ya clásica movilización masiva ante el aniversario del golpe de Estado de 1976.

Entre ambos gobiernos, hay grandes similitudes en el ataque a la ciencia y a las universidades. Donde hay diferencias inmensas es en la fortaleza relativa de las instituciones científicas en ambos países. Por el peso mucho menor de las instituciones privadas en Argentina y la gran relevancia de las instituciones públicas, las consecuencias pueden ser inmensamente más destructivas en el sur.

En estilo criollo, la catarata de insultos y el desprecio hacia quienes critiquen medidas del gobierno es algo inédito en los 40 años de democracia. No hace falta ser opositor, con sólo criticar alguna cuestión económica el presidente puede acusar a la

persona de “econochanta”. Con sólo escribir una crítica los periodistas han sido acusados de “ensobrados” (corruptos) y “mandriles”, uno de los términos preferidos del presidente. En Argentina hay un dicho que hace una analogía entre “quedar al descubierto” y “tener el culo al aire”.

A pesar de estas similitudes, es sumamente distinta la situación en Argentina y Estados Unidos entre las instituciones republicanas y las tensiones democráticas. Pero que el mundo se ha poblado de enemigos, eso seguro. Habrá que ver cómo funciona en cada caso. Porque una cosa es desear ser el mejor alumno. Pero cuando se trata de países distintos, puede ser que no se obtenga la mejor calificación copiándose en el examen.

La Guerra Comercial entre Trump y China: escenarios para Uruguay

Gustavo Bittencourt

La política comercial de EUA en la era de Trump

Durante su primer mandato, Donald Trump implementó diversas medidas económicas para reducir el déficit comercial de Estados Unidos con China. Trump impuso aranceles a importaciones de productos chinos con tarifas del 10 % en 2018 que se incrementaron hasta alcanzar el 25 % en 2019. También aplicó limitaciones a compañías como Huawei, restringiendo su acceso a tecnología estadounidense y obstaculizando sus operaciones. En enero de 2020 se firmó la "Fase Uno" de un acuerdo entre Estados Unidos y China con la finalidad explícita de administrar el comercio bilateral y reducir el déficit norteamericano con China (Khitakhunov, 2020). Este compromiso incluía la promesa de China de aumentar la compra de productos estadounidenses en 200,000 millones de dólares durante dos años y proteger los derechos de propiedad intelectual. El gobierno de Biden mantuvo estas medidas comerciales y aumentó las acciones en materia tecnológica: las barreras ayudaron a reducir las importaciones desde China a EUA desde el 21% de las importaciones totales de Estados Unidos en 2016 al 13% en 2024 (Chu; 2025).

Apenas asumió su segundo mandato en 2025, el presidente Trump anunció la imposición de aranceles adicionales del 15% sobre productos tecnológicos y electrónicos provenientes de China, valorados en 150,000 millones de dólares. En su contrapunto con la respuesta del Gobierno chino, los aranceles para el ingreso de productos chinos a EUA fueron elevados recientemente hasta un 125%. De hecho, la aplicación plena de estas restricciones se encuentra actualmente suspendida por 90 días, contando desde 14 de mayo de 2025 (Salazar-Xirinachs, 2025). EUA probablemente buscará negociar un acuerdo que permita administrar el comercio bilateral y reducir la escalada de restricciones, a la vez que intenta fortalecer el entramado económico local y disminuir los déficits bilaterales en algunos productos clave. Para completar el panorama, el nuevo gobierno de Trump amplió las restricciones a las empresas chinas, prohibiendo a cualquier entidad de ese origen con vínculos con el ejército chino acceder a tecnología estadounidense avanzada. Esta medida busca limitar la capacidad para innovar y competir en el mercado global de las grandes empresas chinas tecnológicas y de telecomunicaciones.

La primera administración de Trump también implementó políticas proteccionistas dirigidas a otros países en 2018 y 2019: tarifas del 25 % sobre las importaciones de acero y del 10 % sobre las de aluminio, afectando a Canadá, México y la Unión Europea; aranceles del 25 % a bienes provenientes de la Unión Europea. También se renegoció el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), resultando en el acuerdo USMCA, ratificado en 2020 (Zahoor et al, 2023).

En el año 2025, Estados Unidos elevó los aranceles sobre una variedad de productos de la industria automotriz, la tecnología y bienes de consumo, importados de diferentes países. También se establecieron nuevas normativas sobre estándares ambientales y de seguridad, impactando especialmente importaciones de productos agrícolas y manufacturados. Adicionalmente, fueron incrementados los subsidios a sectores estratégicos como la agricultura, la manufactura y la tecnología, para fortalecer la producción interna y reducir la dependencia de importaciones.

Respuesta de China hacia Estados Unidos

China respondió a las medidas comerciales del primer gobierno Trump con diversas acciones. En lo arancelario, impuso tarifas sobre productos estadounidenses valorados en aproximadamente 110,000 millones de dólares, con tasas entre el 5% y el 10% en 2018 y hasta el 25% en 2019, afectando sectores clave como la agricultura y la automoción. A la vez, el gobierno chino implementó subsidios y reducciones fiscales para apoyar a las industrias afectadas, como los agricultores de soja y promovió la diversificación de los vínculos comerciales con países de Europa y Asia, reduciendo su dependencia de importaciones provenientes de Estados Unidos (Zahoor, et al, 2023).

En respuesta a las nuevas medidas estadounidenses, China tomó represalias económicas significativas en 2025. En abril impuso aranceles del 20% sobre productos agrícolas estadounidenses, incluyendo soja, maíz y carne de cerdo, valorados en 100,000 millones de dólares. Como complemento, el Gobierno de Xi también implementó restricciones a empresas estadounidenses que operan en su territorio, limitando su acceso al mercado chino y aumentando los requisitos regulatorios, en sectores como el automotriz, el de bienes de consumo y el de servicios financieros. Finalmente, se anunció la aplicación de medidas espejo a las norteamericanas, elevando la protección arancelaria hasta el 125% para importaciones desde EUA.

Académicos norteamericanos expertos en la política y la economía de China, han señalado que el país está preparado para la desconexión respecto a EUA (Liu, 2025) y tiene capacidades para dominar la escalada de medidas (Sim, 2025; Posen, 2025). Pekín superó una guerra comercial de baja intensidad desde 2018, ganó experiencia en la gestión de la creciente rivalidad con Estados Unidos y encontró formas para eludir las restricciones económicas de Washington.

Pekín ha instado a los funcionarios locales y a las empresas estatales a fortalecer la resiliencia de la cadena de suministro y a cultivar los mercados extranjeros. Para amortiguar el impacto sobre las pequeñas empresas y evitar el desempleo, ha presentado medidas fiscales y monetarias específicas para apoyarlas en un contexto de incertidumbre. En la última Asamblea Popular Nacional, celebrada en marzo, los líderes chinos destacaron el impulso de la demanda interna como clave para el crecimiento futuro, con nuevas políticas para fortalecer el gasto del consumidor y mejorar el entorno empresarial nacional. También han promovido el uso internacional de sistemas de pago basados en el renminbi para reducir la exposición de China a las sanciones financieras coercitivas de Estados Unidos. (Liu, 2025)

A su vez, el país promulgó nuevas leyes que permiten implementar medidas de represalia comercial y control de las empresas internacionales, que se verán obligadas a optar entre acatar las sanciones estadounidenses o arriesgarse a violar la ley china (Ley de Sanciones Anti-extranjeras, Ley de Control de Exportaciones y las regulaciones anti-espionaje).

Escenarios respecto a la Posición Comercial de Uruguay

Según publicaciones de Uruguay XXI, la posición exportadora de Uruguay en 2024 tenía a China, Brasil y luego Estados Unidos, como principales destinos. Esta posición es estructural desde 2012. En 2024, Uruguay exportó productos agrícolas como carne, soja, y lácteos principalmente a China. Las exportaciones a Brasil incluyen esos productos básicos, pero también algunos productos intermedios industriales. Las exportaciones a China alcanzaron los 2,500 millones de dólares, a Brasil los 1,200

100

millones de dólares, y a Estados Unidos los 400 millones de dólares. El resto del mundo representó exportaciones por un valor de 1,000 millones de dólares.

En el mismo año, Uruguay importó maquinaria, tecnología y productos manufacturados de Estados Unidos, China, y Brasil. Las importaciones desde Estados Unidos sumaron 600 millones de dólares, desde China 1,800 millones de dólares, y desde Brasil 700 millones de dólares. El resto del mundo representó importaciones por un valor de 900 millones de dólares.

Las medidas implementadas por Trump en 2025 y la respuesta de China pueden tener varios efectos sobre el comercio exterior de Uruguay.

En lo inmediato, el aumento de la incertidumbre en los mercados internacionales provoca una contracción global en el ritmo de los negocios y en el financiamiento, por lo que cabe esperar una posible reducción de demanda de productos uruguayos. Respecto a las exportaciones uruguayas con destino a Estados Unidos, en otros países del MERCOSUR, pese a significar un aumento nominal le otorga una preferencia efectiva en ese mercado, porque su magnitud es inferior al arancel que se impone para otros países competidores. De todos modos, esa ventaja arancelaria no podría ser utilizada a corto plazo porque tanto en carnes, como celulosa y lácteos el país presenta rigidez en la oferta. El gobierno del presidente Orsi, inaugurado en marzo de 2025, se encuentra estudiando la cuantificación de los posibles efectos, para realizar un planteo en un proceso de negociación bilateral que ya está planteando la cancillería uruguaya con el Departamento de Estado de EUA. La protesta por el incremento arancelario se ve menguada por la percepción de que Uruguay puede ser de los países menos afectados por los efectos directos de las medidas arancelarias de Trump. Además de esta opción bilateral, el gobierno uruguayo seguramente acompañará las gestiones de Brasil ante el gobierno estadounidense. No está claro que el MERCOSUR pueda alcanzar una posición en común al respecto.

Por su parte, las contramedidas arancelarias chinas implicarían un fuerte incentivo para las exportaciones uruguayas a ese mercado, competitivas con las de Estados Unidos, como carne, soja u otros cereales, lo que probablemente implicaría un efecto neto positivo sobre el conjunto de las exportaciones.

En el mediano plazo, si se logra una mejor inserción en el mercado chino, y una reorientación de exportaciones hacia mercados alternativos, junto a mayores inversiones en diversificación productiva, el efecto del mantenimiento de importantes restricciones comerciales entre Estados Unidos y China no parece tener impactos fuertemente negativos sobre las exportaciones uruguayas.

A largo plazo, si se logra aumentar el número de acuerdos comerciales, bilaterales y regionales, podrá estabilizarse y aumentar el comercio exterior, lo que requerirá esfuerzos importantes en la diversificación de la oferta de productos, inversiones, innovación, adaptación a nuevas normativas y estándares internacionales.

Conclusiones

Las políticas comerciales de Estados Unidos en 2025 tienen el potencial de reconfigurar la dinámica del comercio global. Aunque se justifiquen como protección de la economía estadounidense, generan incertidumbre y podrían acelerar cambios significativos en los mercados internacionales que ya están en curso. La capacidad de adaptación será clave para mitigar impactos negativos y aprovechar nuevas oportunidades (Salazar-Xirinachs, 2025).

A corto plazo Uruguay no tiene mucho para ganar de los cambios comerciales ni tampoco mucho para perder, salvo que la eventual implementación de aranceles recíprocos superiores al 100% entre Estados Unidos y China provoque efectos recesivos

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en una o en ambas economías, que terminen afectando el ritmo de crecimiento global.

La incertidumbre sobre el futuro supone además riesgos financieros adicionales.

Pensando recomendaciones para Uruguay en el mediano y largo plazo, resultan oportunos los planteos del Secretario Ejecutivo de la CEPAL (Salazar-Xirinachs, 2025). Dada la magnitud de la incertidumbre acerca del alcance y la duración del nuevo régimen de tarifas del gobierno Trump, así como sobre la respuesta china, es muy difícil prever impactos económicos y geopolíticos amplificados a partir de estos movimientos erráticos de política. Este entorno volátil reclama atención calificada y respuestas prudentes para mitigar riesgos inmediatos. Pero se debería aprovechar este momento de impasse, para retomar el esfuerzo por llevar adelante un enfoque de transformación de largo plazo: que ponga la mirada en la diversificación de mercados y de productos, la profundización de la integración regional como medio para tal diversificación, las políticas de desarrollo productivo e innovador, bajo la orientación de ejercicios de prospectiva y gobernanza anticipatoria que iluminen los escenarios de largo plazo futuro. La necesidad de lidiar con este momento de incertidumbre podría ser un motor para la reflexión colectiva sobre políticas de desarrollo y de inserción internacional que habiliten una mejor participación del país en el mundo, que deberá acomodarse estructuralmente para poder asimilar las fuertes tendencias proteccionistas.

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Efectos del brutalismo: el neoliberalismo socialmente conservador de Trump y su repercusión en Brasil

José Vicente Tavares-dos-Santos

El gobierno de Donald Trump centra su plan económico en recortar impuestos y aumentar aranceles a los productos importados. Para la economía brasileña, el balance tiende a ser negativo debido a la mayor incertidumbre y a los riesgos para el crecimiento económico global, que impactarían en la actividad económica brasileña.

Todavía existen impactos positivos. En el escenario macroeconómico, la devaluación del dólar, que viene cayendo globalmente desde que Trump asumió el cargo en enero, podría traer alivio a la inflación brasileña al abaratar los productos importados. Otro impacto positivo sería el aumento de la competitividad de los productos brasileños en el mercado americano, frente a competidores de otros países. En el caso del café, por ejemplo, aunque el producto brasileño pagará un impuesto del 10%, otros proveedores sufrirán aranceles aún más altos. Además, al mantenerse la guerra arancelaria entre Estados Unidos y China, habría que esperar un aumento en las ventas del sector agroalimentario brasileño a China, que debería reaccionar a su alta tasa de aranceles reduciendo las compras a Estados Unidos. Productos como soja, maíz, sorgo, carnes, entre otros, se pueden beneficiar.

Pero, al mismo tiempo, se proyectan impactos negativos. Aunque la tasa general brasileña se mantuvo en 10%, algunos sectores importantes se verán afectados por tasas más altas, como el hierro, el acero y el aluminio, que fueron sujetos a aranceles del 25% por la administración Trump, independientemente del país de origen. Estados Unidos es el principal comprador de productos manufacturados de Brasil, como insumos y equipos para su industria: petróleo, productos semielaborados y otras formas primarias de hierro o acero, así como aeronaves y sus partes. La Casa Blanca impuso un arancel del 25% a las importaciones de la industria automotriz, afectando las exportaciones de autopartes de Brasil. Hay algunas excepciones que afectan, por ejemplo, a los dos principales productos vendidos: el petróleo, que estará exento del nuevo impuesto; y el acero, que sigue gravado con un 25%, una medida adoptada por Trump en marzo.

Brasil tendría una "poderosa arma" sobre la mesa para presionar por una negociación: amenazar a Estados Unidos con represalias en el área de propiedad intelectual, como romper patentes y suspender regalías pagadas a empresas estadounidenses, en la industria farmacéutica y en el sector cinematográfico.

Existe la expectativa de que el aumento de la tensión entre Europa y Estados Unidos pueda impulsar la implementación del acuerdo comercial entre el MERCOSUR y la Unión Europea, algo que podría incrementar las exportaciones de la industria brasileña. Si entra en vigor, el acuerdo impulsará algunos sectores brasileños (principalmente el agronegocio), pero podría perjudicar a otros. Puede beneficiar al consumidor, con la potencial reducción del precio de productos importados, como aceites de oliva, quesos, vinos y frutas de clima templado (frutos secos, peras, manzanas, melocotones, cerezas y kiwis).

En lo relativo a la emigración, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil

(2024) calculó que en 2023 hubo 5 millones de brasileños viviendo en el exterior. Aproximadamente 2,5 millones de brasileños residen en Estados Unidos y aproximadamente 230 mil brasileños viven sin permiso formal en ese país. Los brasileños emigran —desde la Posguerra de 1945— en busca de mejores oportunidades

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laborales, mejores condiciones de vida y el "sueño americano". El mercado laboral estadounidense es atractivo debido a su fuerte economía y la presencia de grandes empresas. La búsqueda de mayores ingresos y la posibilidad de enviar dinero a Brasil también son factores importantes. Mientras tanto, se produce el agravamiento del sueño americano, incluso como efecto de las deportaciones que se incrementan y, a la par, se recrudece el racismo, sobre todo contra hispánicos y brasileños (Telles y Hinajosa-Ojeda, 2021).

Hay muchas fundaciones estadounidenses que apoyan a las ONG en materia de derechos humanos, como por ejemplo en áreas como la educación, la investigación, la seguridad, el racismo, el medio ambiente y el desarrollo social, tales como la Ford Foundation, la Foundation Bill & Melinda Gates, la Open-Society, la Inter-American Foundation, etc. (Jasinski et al, 2016). Éstas fundaciones, en asociación con organizaciones, universidades y centros de investigación brasileños, trabajan para promover el desarrollo del país y atender las necesidades de la población (IGBE, 2016).

Las élites brasileñas, hace muchos años, vienen enviando a sus hijos a realizar estudios universitarios en Estados Unidos. De hecho, en la década de 1970, hubo una asociación —Asociación Universitaria Interamericana— financiada por empresas norteamericanas y por agencias del Gobierno, que envió alrededor de 800 estudiantes, de 1968 a 1974, a la Escuela de Verano de Desarrollo Social de la Universidad de Harvard, muchos de ellos que participaran activamente de la economía, de los gobiernos y de las universidades brasileñas (Ridenti, 2022). La paradoja es que justo esta Universidad es acusada por Trump de ser sediciosa y subversiva.

Por otro lado, la inquisición del gobierno Trump contra ciertos temas de investigación —diversidad, equidad, género, aborto e inclusión—podría en el futuro provocar un éxodo de académicos norteamericanos, y eliminar aquellos temas. Habría un desarrollo de la producción de estudios en América Latina sobre esos temas: ¿sería la nueva generación de “americanistas”, así como hubo la de los “brazilianists”, en Estados Unidos, en los años de 1970-1990?

Por estos días, ha venido a Brasil un enviado del Gobierno Trump para reunirse con sectores de extrema-derecha de Brasil, quienes se oponen a las decisiones de la Corte Suprema de Brasil contra los autores de la tentativa de Golpe de Estado, del día 8 de enero de 2024. Una seria amenaza de intervención a la soberanía del País.

Frente a las políticas de la nueva administración estadounidense, la actitud del gobierno de Brasil ha sido, hasta ahora, de cautela. Mantiene el diálogo con el gobierno norteamericano, sin dejar de permanecer firme en la defensa del multilateralismo.

Uno de los procesos más importantes a observar será el impacto de la expansión de los BRICS de cinco a once países, con la inclusión de Arabia Saudita, Indonesia, Irán, Egipto y Emiratos Árabes Unidos. Otros tantos países deben adherirse próximamente. A esto le sumamos el Nuevo Banco de Desarrollo (NDB), presidido por Dilma Rousseff, cuyos objetivos son: movilizar recursos para “proyectos de infraestructura y desarrollo sostenible” en los países BRICS y otros países en desarrollo, complementando los esfuerzos existentes de las instituciones financieras multilaterales y regionales para el crecimiento y desarrollo global.

La cuestión del medio ambiente adquiere relevancia mundial, particularmente bajo la presión del Gobierno Trump sobre recursos naturales estratégicos, y contra los incentivos para la transición energética. De modo que la COP30-ONU -en Belém do Pará, Brasil, del 10 al 21 de noviembre de 2025- asume centralidad, pues tendrá como temas: conservación de la Amazonía: preservación, gestión sostenible y derechos de las comunidades indígenas; financiación climática: compromisos financieros de los países desarrollados para apoyar a los países en desarrollo en sus esfuerzos de mitigación y

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adaptación al clima; implementación de los compromisos climáticos; y la biodiversidad:

proteger la biodiversidad como forma de aumentar la resiliencia climática.

Todas las cuestiones que expusimos demuestran la complejidad del futuro de las relaciones bilaterales de Brasil con el gobierno Trump, sin perder de vista las elecciones presidenciales en Brasil en el próximo año, pues el perseverar de la agenda de las corrientes progresistas en mucho va a depender de un resultado favorable en estos comicios. En contra del brutalismo.

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Anexo: Línea del tiempo de eventos clave del segundo mandato de

Donald Trump: Enero-Abril 2025

Elaborado por: Carlos F. Ruiz Sahagún: Autor-Red**: CFRS/IA analista de datos

Esta línea del tiempo detalla las principales acciones y sus repercusiones reportadas en los documentos proporcionados, enfocándose en el período inicial del segundo mandato del presidente Donald Trump.

● 20 de enero de 2025:

o Donald J. Trump asume la presidencia por segunda vez.

o Firma entre 26 y 41 órdenes ejecutivas en su primer día, un número récord histórico, enfocándose en su agenda "America First" y alineado

con el Proyecto 2025.

o Se derogan 78 órdenes ejecutivas de la administración Biden (incluyendo políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), regulaciones

ambientales y medidas pandémicas).

o Se declara una emergencia nacional en la frontera sur de Estados Unidos (Orden Ejecutiva), autorizando despliegue militar y medidas para reforzar la seguridad fronteriza como la construcción de un muro.

o Se declara una emergencia energética nacional (Orden Ejecutiva),

promoviendo la producción nacional de energía.

o Se firma una Orden Ejecutiva que aclara el rol militar en la protección de la integridad territorial de Estados Unidos, definiendo el uso de las

fuerzas armadas en la seguridad fronteriza y territorial.

o Se firma una Orden Ejecutiva para proteger a Estados Unidos de terroristas extranjeros y otras amenazas de seguridad nacional,

introduciendo medidas para vetar inmigrantes de ciertos países.

o Se emite una Orden Ejecutiva para limitar beneficios de ciudadanía, especialmente para hijos de indocumentados. La Orden Ejecutiva 14159

limita la ciudadanía automática para hijos de indocumentados o personas con visas temporales nacidos después del 19 de febrero de 2025.

o Se prioriza, en acuerdos ambientales internacionales (Orden Ejecutiva) a Estados Unidos, retirando al país de compromisos climáticos globales como el Acuerdo de París. Esto debilita el liderazgo climático de EUA y reduce el apoyo financiero a países de América Latina y el Caribe para enfrentar desastres climáticos.

o Se reinstala la designación de Cuba en la lista de los países promotores del terrorismo internacional con lo que se revoca el alivio de sanciones a

o Se cambia el nombre del “Golfo de México” por el de “Golfo de América”.

o Se firma una Orden Ejecutiva para eliminar requisitos de acción

afirmativa para contratistas gubernamentales.

o Se designa a MS-13 y Tren de Aragua como organizaciones terroristas extranjeras.

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o Se congela la mayoría de las contrataciones federales (excepto personal militar y de seguridad).

o Se derogan medidas que protegían ecosistemas vulnerables en áreas como el Golfo de México y Alaska.

o Creación del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), encabezado por Elon Musk, mediante la EO 14171. Inicia recortes en agencias federales, generando caos administrativo y reducción de

servicios.

o Protestas en ciudades como Nueva York y Los Ángeles. Críticas internacionales de la Unión Europea y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

● 21 de enero de 2025:

o Se restaura la política “Quédate en México” (MPP), obligando a los solicitantes de asilo a esperar en México. México acepta por razones humanitarias.

o Continúa la emisión de órdenes ejecutivas, llegando a aproximadamente 100 en la primera semana.

● 21-26 de enero de 2025:

o Suspensión del programa de reasentamiento de refugiados (USRAP), afectando a 100,000 refugiados. Agencias de reasentamiento reciben

órdenes de cancelar viajes.

o Eliminación de programas de diversidad en agencias federales y el ejército.

o Promoción de combustibles fósiles, autorizando perforaciones en el Refugio Nacional del Ártico y revocando regulaciones de vehículos eléctricos.

o Revisión de autorizaciones de seguridad, retirando permisos a exfuncionarios críticos de Trump.

o Orden Ejecutiva 14161 ("Verificación Extrema") refuerza la revisión de visas e identifica países de “alto riesgo”.

o Caos administrativo debido a la suspensión de contrataciones federales.

● 23 de enero de 2025:

o Un tribunal en Washington emite una orden de restricción temporal contra la limitación de ciudadanía por nacimiento.

o Se firma la Orden Ejecutiva que elimina requisitos de acción afirmativa para contratistas gubernamentales.

o Liberación de archivos sobre los asesinatos de John F. Kennedy, Richard F. Kennedy y Martin Luther King.

o Aprobación del presidente: 44% según Fox News y 41%, según CNN /SSRS.

● 24 de enero de 2025:

o Se emite una Orden Ejecutiva sobre la regulación de activos digitales, estableciendo políticas para promover criptomonedas. Genera interés en El Salvador pero aumenta riesgos de especulación global.

● 26 de enero de 2025:

o Trump anunció sanciones a Colombia después de que el presidente del país, Gustavo Petro, dijera que su país no aceptaría vuelos de deportación de Estados Unidos a menos que la administración Trump garantizará que los migrantes repatriados fueran tratados con “la dignidad que merece un ser humano” y no “como criminales”.

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● 28 de enero de 2025:

o Se declara una pausa en la asistencia financiera federal, suspendiendo

temporalmente ciertos programas.

o Una orden ejecutiva invoca la seguridad nacional para retrasar los estándares de mercurio y tóxicos atmosféricos.

● 29 de enero de 2025:

o Se implementan medidas para combatir el antisemitismo en instituciones federales.

● 30 de enero de 2025:

o Se establece la política comercial "America First", revisando acuerdos internacionales.

● 31 de enero de 2025:

o Se lanza la iniciativa de desregulación 10:1 para eliminar una regulación por cada nueva creada.

● 1 de febrero de 2025:

o Trump anuncia imponer aranceles comerciales generalizados a México, Canadá y China. Las órdenes imponen aranceles del 25% a la mayoría de las importaciones mexicanas y canadienses y del 10% a los productos chinos. Justin Trudeau, Primer Ministro de Canadá, anunció aranceles recíprocos sobre productos estadounidenses, y la Presidenta de México,

o Viaje del secretario de Estado, Marco Rubio, a Panamá, El Salvador, Costa Rica, Guatemala y República Dominicana del 1 al 6 de febrero para impulsar la política exterior “America First” del presidente Trump.

● 3 de febrero de 2025:

o Donald Trump anunció un aplazamiento de un mes en sus aranceles propuestos contra Canadá y México después de llamadas telefónicas con el Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau, y la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

● Febrero de 2025:

o Reportes de ICE indican 800 arrestos diarios de migrantes, saturando

albergues mexicanos y ciudades fronterizas.

o Comunidades migrantes en California y otros estados reducen su actividad pública.

● 7-10 de febrero de 2025:

o Restricciones a derechos transgénero: Prohibición de participación en deportes femeninos y eliminación de reconocimiento de género en

documentos federales.

o Reclutamiento militar: Orden Ejecutiva elimina programas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) y prohíbe el ingreso de personas

transgénero.

o Decreto para “aumentar la presión de agua en duchas” y prohibir pajillas

de papel en compras federales (considerado simbólico).

o Introducción de la “Sunset Rule” (regla de caducidad) para regulaciones federales.

● 13 de febrero de 2025:

o Creación del Consejo Nacional de Dominio Energético, priorizando el petróleo y el carbón.

● 15 de febrero de 2025:

o Eliminación de mandatos de vacunas COVID-19 en escuelas.

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● 19 de febrero - 20 de marzo de 2025:

o Continúa el aumento de órdenes ejecutivas, llegando a un estimado de 140. Enfocadas en desmantelar regulaciones ambientales, reducir programas sociales y reforzar la vigilancia migratoria.

o Restricciones a los derechos de personas transgénero en deportes y

servicios públicos (EO 14180), generando controversia y demandas.

o Ampliación de “remoción acelerada” para indocumentados con menos de

dos años en Estados Unidos.

o Propuestas expansionistas retóricas no implementadas: anexión de Groenlandia y control del Canal de Panamá, tensionando relaciones con

o Trump sugiere controlar Gaza en una reunión con Netanyahu para un

“desarrollo inmobiliario”, generando rechazo internacional.

o Orden Ejecutiva para listar “ciudades santuario” y sancionarlas por no cooperar con deportaciones.

o Encuestas (CNN, abril 2025) muestran que el 59% percibe un empeoramiento económico; la aprobación de Trump cae al 39%.

● 1 de marzo de 2025:

o Designación del inglés como idioma oficial, como parte de las políticas de “America first”.

● 12 de marzo de 2025:

o Entran en vigor aranceles del 25% a importaciones de acero y aluminio, generando represalias de Canadá y la Unión Europea.

● 15 de marzo de 2025:

o A pesar de una Orden Judicial en su contra se invoca la Ley de Enemigos Extranjeros (1798) para deportar a más de 250 venezolanos vinculados a las pandillas Tren de Aragua y Mara Salvatrucha 13 a prisiones en El Salvador sin debido proceso. El presidente Nayib Bukele afirma que Estados Unidos pagará al país centroamericano para mantenerlos en su

“centro de confinamiento de terrorismo”.

o Terminación del parole humanitario para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos (CHNV), afectando a 30,000 migrantes

mensuales.

o Revisión del Estatus de Protección Temporal (TPS), terminándolo para 300,000 venezolanos y haitianos.

● 20 de marzo de 2025:

o Vietnam, Camboya y Bangladesh enfrentan pérdidas significativas en exportaciones textiles y electrónicas debido a aranceles. Se proyecta una contracción del PIB del 1-2% en estos países.

o La región asiática busca socios comerciales alternativos.

● 21 de marzo - 29 de abril de 2025:

o Trump reitera propuestas expansionistas como anexionar Groenlandia y

controlar el Canal de Panamá.

o Continuación de deportaciones masivas, con énfasis en redadas

mediáticas.

o Reducción de la burocracia federal por parte del DOGE.

● 2 de abril de 2025:

o “Liberation day”: Se anuncian nuevos aranceles para importaciones desde 89 países de entre 10 y 49%. La mayoría de los países de América

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Latina y El Caribe están entre los países para los que se anuncia una tarifa de 10%. México y Canadá no aparecen en la lista.

o Controversia por deportaciones y aprobación declinante del presidente: 39%.

● 4 de abril de 2025:

o Entran en vigor aranceles del 25% a autos importados, 145% a China y 10-50% a otros países, generando ingresos fiscales proyectados.

● 5 de abril de 2025:

o Trump defiende la prioridad económica para los ciudadanos estadounidenses y promueve medidas proteccionistas.

● 9 de abril de 2025:

o Pausa de 90 días en aranceles (excepto China, que sube a 125%), impulsando un alza temporal en Wall Street.

● 11 de abril de 2025:

o Se emite una orden ejecutiva para mejorar la adquisición de la base

industrial de defensa.

o Se señala inversión en el sector marítimo de Estados Unidos mediante una orden ejecutiva, generando tensiones con Panamá tras amenazas de Trump de reclamar el Canal de Panamá.

● 12 de abril de 2025:

o La Administración admitió haber trasladado “por error” a Kilmar Abrego García, residente legal en Maryland, a El Salvador como parte de las deportaciones. Trump le acusó luego sin pruebas de pertenecer a la Mara Salvatrucha 13. El Tribunal Supremo ordenó a la Administración que “facilitara” la liberación de Ábrego García del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). Sin embargo, el gobierno se niega a traerlo de vuelta.

● 14 de abril de 2025:

o Se firma una orden ejecutiva para el fortalecimiento de la red eléctrica.

o Trump recibe al presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Bukele se mofa del caso Abrego García y niega la posibilidad de liberarlo y regresar a Estados Unidos.

● 15 de abril de 2025:

o Se emite la regla de caducidad ("Sunset Rule") para regulaciones (EO 14280), consolidando la desregulación.

● 18 de abril de 2025:

o El senador demócrata de Maryland, Chris Van Hollen, logra reunirse con Kilmar Ábrego García en El Salvador después de que fue trasladado de la prisión CECOT a un centro de detención con mejores condiciones.

● 19 de abril de 2025:

o La Corte Suprema de Estados Unidos ordena a la administración Trump detener la deportación de venezolanos bajo custodia de inmigración en Texas, después de que sus abogados declararon que estaban en riesgo inminente de expulsión sin una revisión judicial.

● 23 de abril de 2025:

o Nuevas órdenes ejecutivas (detalles no divulgados).

● 27 de abril de 2025:

o Trump propone eliminar impuestos sobre la renta con ingresos de aranceles (idea retórica sin plan claro). Intensificación de negociaciones con México y la Unión Europea.

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● 28 de abril de 2025:

o Se emite una orden ejecutiva para fortalecer protecciones a policías locales y promover un “policía agresivo”, generando críticas por riesgo

de brutalidad.

o Celebración por haber firmado más de 130 órdenes ejecutivas.

● 29 de abril de 2025

o Firma de tres órdenes ejecutivas sobre temas migratorios. El primero, “Proteger a las comunidades estadounidenses de los extranjeros criminales”, se dirige a las ciudades santuario que la Administración considera que no cooperan lo suficiente con las medidas de represión de la inmigración. Otra orden proporciona defensa legal a los policías acusados de mala conducta y la tercera exige que los conductores profesionales de camiones hablen inglés.

● Periodo no especificado (entre enero y abril de 2025):

o Se emiten órdenes ejecutivas que intensifican las deportaciones masivas, invocando la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar

venezolanos a prisiones en El Salvador.

o Se implementan órdenes ejecutivas que restringen el multilateralismo

regional (ej. suspensión de fondos a la OEA, oposición a la CELAC).

o Se promueve el narcoterrorismo como prioridad, afectando a México y Colombia, y designando a cárteles como MS-13 y Tren de Aragua como

organizaciones terroristas.

o Se firman órdenes ejecutivas que afectan proyectos estratégicos en la

región (control del Canal de Panamá, explotación de litio y cobre).

o Se emiten órdenes ejectuvias que criminalizan protestas o violan derechos humanos en la región (El Salvador, Haití).

o Se impacta a Venezuela con sanciones, tarifas por importación de petróleo y deportaciones de presuntos miembros del Tren de Aragua.

o Trump amenaza con aranceles del 100% a países BRICS que desarrollen una moneda alternativa al dólar.

o Propuestas de recortes a programas sociales y ambientales.

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Autoras y autores

Alberto Acosta es economista ecuatoriano. Fue Presidente de la Asamblea Constituyente del Ecuador (2007-2008).

Consuelo Ahumado es profesora en la Universidad Externado de Colombia. Miembro de número de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, ACCE. Integrante del Grupo de Trabajo Geopolítica, integración regional y sistema mundial en CLACSO.

Juan Agulló es doctor en Sociología (EHESS, París, 2003) y ejerce como Profesor adjunto del Instituto Latino-Americano de Economia, Sociedade e Política (ILAESP) en la Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA, Brasil).

Olmedo Beluche es profesor de Sociología y director del Centro de Investigaciones (CiFHU) en la Universidad de Panamá.

Gustavo Bittencourt, economista y profesor titular de Economía Internacional y de Economía de América Latina de la Universidad de la República (Uruguay).

Liliana Cotto Morales es socióloga urbana. Fue Catedrática de la Facultad de Estudios Generales y de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico.

David Díaz Arias es doctor en Historia por la Indiana University Bloomington y profesor catedrático de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica.

Ricardo Domínguez Guadarrama es doctor en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México y profesor en la Escuela Nacional de Estudios Superiores en Mérida.

Natali Durand Guevara es doctora en Antropología Social y se desempeña como Docente principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú.

Willian Espronceda, profesor en la Facultad de Filosofía e Historia en el Departamento de Sociología de la Universidad de La Habana, Cuba.

Nicolás Figueroa García-Herreros es doctor en Sociología de la New School for Social Research y profesor asistente en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario (Colombia).

Aníbal García Fernández es doctor en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Observatorio Lawfare.

Alejandro Grimson es profesor titular de Teorías Antropológicas Contemporáneas en la Universidad Nacional de San Martín y es investigador principal del CONICET.

Jochen Kemner es Gerente General del Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados (CALAS) y asistente en la Cátedra de Relaciones Intersocietales de la Universidad de Kassel.

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Tamara Lajtman es investigadora posdoctoral del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile, miembro del Observatorio Lawfare.

Edgardo Lander es profesor titular jubilado de Ciencias Sociales en la Universidad Central de Venezuela en Caracas.

Gabriel Esteban Merino es doctor en Ciencias Sociales e investigador adjunto del CONICET-(Argentina) con lugar de trabajo Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales (IdIHCS) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

Daniel Morales Ruvalcaba es profesor asociado de la Sun Yat-sen University (China) y creador del World Power Index (www.worldpowerindex.com).

Leandro Morgenfeld es profesor regular de la Universidad de Buenos Aires e investigador independiente de CONICET, Argentina.

Pietro Montanari es profesor de tiempo completo en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara. Sus áreas de investigación son filosofía antigua, estudios clásicos y teoría política.

Amparo Marroquín es profesora del Departamento de Comunicación y Cultura de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA). Se ha especializado en los estudios culturales y los estudios de comunicación desde Latinoamérica.

Carlos Oliva Campos es profesor-investigador en el Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía, Historia y Sociología en la Universidad de La Habana.

Carlos Fredy Ochoa García es profesor-investigador de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene un doctorado en Antropología por la Universidad de Connecticut.

Jaime Antonio Preciado Coronado es profesor-investigador del Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos (DEILA) de la Universidad de Guadalajara y miembro de la Junta Directiva del Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados (CALAS).

Gary Francis Prevost es profesor emérito de Ciencias Políticas en el Colegio Saint Benedict & Saint John's University. Es autor de 20 libros (colectivos) y de más de 100 artículos académicos sobre América Latina y Sudáfrica.

Fatima Peña es maestra en Ciencia Política por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) donde actualmente se desempeña como coordinadora de articulación para la incidencia en la Vicerrectoría de Proyección Social.

Alberto Rocha Valencia es profesor investigador titular del Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos (DEILA) de la Universidad de Guadalajara y responsable del cuerpo académico "Integración, Gobernabilidad y Desarrollo en América Latina y El Caribe".

113

Silvina Romano es investigadora adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y coordinadora del Observatorio Lawfare.

Lourdes María Regueiro Bello es profesora-investigadora del Centro de Investigaciones de Política Internacional (CIPI) en la Universidad de La Habana.

Miguel Ángel Ruiz Acosta es doctor en Estudios Latinoamericanos (UNAM). Es docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central del Ecuador y miembro del Instituto de Investigaciones Económicas en la misma casa de estudios.

Matti Steinitz, Universidad de Bielefeld, es director de la Asociación Internacional de Estudios Inter-Americanos y coordinador del Black Americas Network.

Darvin Antonio Sánchez es sociólogo de formación por la Universidad Centroamericana de Nicaragua (UCA) y la Universidad de Costa Rica (UCR). Actualmente cursa un doctorado en la Universidad de Bielefeld, Alemania.

Rafael Tamayo-Álvarez es doctor en Derecho de la Universidad de los Andes (Colombia) y profesor de carrera en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario (Colombia).

José Vicente Tavares-dos-Santos es profesor titular de Sociología, de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS) en Porto Alegre, Brasil. Es además Investigador del Consejo Nacional Desarrollo Científico (CNPq).

Elizabeth Vargas García es profesora investigadora de la Universidad de Guadalajara, adscrita al departamento de Estudios Internacionales. Es miembro fundador de la Red Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (REMECID).

Ronny Viales Hurtado, profesor catedrático de la Escuela de Historia y del Programa de Posgrado en Historia de la Universidad de Costa Rica, donde además es Director del Centro de Investigaciones Históricas de América Central (CIHAC).

Claudia Zapata, profesora titular de la Universidad de Chile, adscrita al Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos. Es doctora en Historia, con mención en Etnohistoria.

Equipo Editorial

Paulina Navarro Villafaña

Diseño

Abi Valeria López Pacheco

Olvia A. Maisterra Sierra

Corrección y cuidado editorial

114

Al llegar al primer cuarto del siglo XXI, la llamada policrisis mundial enfrenta desafíos políticos y geopolíticos inéditos en la historia contemporánea: el Orden Mundial Liberal, basado en reglas y leyes internacionales a su medida -en el que convergieron Estados Unidos, la Unión Europea y gobiernos que apostaron a la globalización neoliberal-, es cuestionado desde distintos frentes. Su principal crítico es justamente el segundo gobierno de Donald Trump, quien contrapone premisas supuestamente libertarias frente al neoliberalismo globalista, desde un nacionalismo del “America First”, neoproteccionista, que busca recobrar la hegemonía estadounidense ante el mundo, sin fundar su poder en el llamado Occidente Colectivo.

El CALAS como Centro de Estudios Avanzados que promueve investigación sobre cómo se enfrentan las crisis en y desde América Latina y el Caribe, se ve retado a buscar respuestas a estas presiones políticas insólitas que se presenta en la región a partir del momento en que Donald Trump asumió su segundo mandato de gobierno en Estados Unidos.

Tomamos el cumplimiento de los primeros 100 días del segundo mandato de Donald Trump a finales de abril de 2025 como motivo para solicitar reflexiones de investigadores, intelectuales, analistas de toda la región latinoamericana. En respuesta reunimos en este documento 31 contribuciones que aportan análisis desde el plano internacional, regional y nacional.

FIN

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