© Libro N° 6061. El Volcán Latino-Americano. Izquierdas, Movimientos Sociales Y Neoliberalismo Al Sur Del Río Bravo. Balance De Una Década De Luchas: 1999-2009. Gaudichaud, Franck (dir.). Emancipación. Junio 1 de 2019.

Título original: © El Volcán Latino-Americano. Izquierdas, Movimientos Sociales Y Neoliberalismo Al Sur Del Río Bravo. Balance De Una Década De Luchas: 1999-2009. Franck Gaudichaud (dir.)

 

Versión Original: © EL VOLCÁN LATINO-AMERICANO. Izquierdas, Movimientos Sociales Y Neoliberalismo Al Sur Del Río Bravo. Balance De Una Década De Luchas: 1999-2009. Franck Gaudichaud (dir.)

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© Edición, reedición y Colección Biblioteca Emancipación: Guillermo Molina Miranda

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EL VOLCÁN LATINO-AMERICANO

Izquierdas, Movimientos Sociales Y Neoliberalismo Al Sur Del Río Bravo

Balance De Una Década De Luchas: 1999-2009

Franck Gaudichaud (dir.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 © Franck Gaudichaud

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Nota sobre derechos

 

 

 

Este libro colectivo es la versión en español, corregida, ampliada y actualizada de una publicación editada en Francia (Edición Textuel - Paris - 2008)

 

 

Foto de portada: Mural en Caracas © Franck Gaudichaud

 

 

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Editores o colectivos: en caso de proyecto de una edicion papel de dicho libro, gracias por contactar: franck.gaudichaud@u-grenoble3.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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“No queremos, ciertamente, que el socialismo sea en América calco y copia. Debe ser creación heroica. Tenemos que dar vida, con nuestra propia realidad, en nuestro propio lenguaje, al socialismo indo-americano. He aquí una misión digna de una generación nueva”

 

José Carlos Mariategui, 1928

 

 

 

Dedico este libro colectivo a Daniel Bensaïd, centinela herética de nuestros tiempos y pensador a contrapelo del capital ventrílocuo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimientos

 

Queremos agradecer aquí calurosamente a las y los autores que contribuyeron a este trabajo colectivo, de una y otra parte del Atlántico y también al equipo de traductores, participantes de la diversidad lingüística 

 

Gracias también a l@s compañeros de www.rebelion.org con quien comparto rebeldía y trabajo de información alternativa desde ya años; a la asociación de solidaridad internacional “France Amérique Latine” (www.franceameriquelatine.org). Besos a “mi gota de Rocio” con quien comparto noches y días, sueños, penas y luchas.

 

Por fin, gracias a tod@s l@s que su movilizan por “otro mundo posible”, por un mundo ecosocialista autogestionario y democrático…

 

 

FG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Mapa de la « patria grande »

 

 

Fuente: www.americas-fr.com/geographie/cartes/carte_amerique_latine.html

 

 

 

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Sumario

 

Presentación

 

América Latina en movimiento por Franck Gaudichaud

 

 

Primera parte ¿La “Patria Grande “? Acercamiento problemático continental

 

Las nuevas formas del Imperio. Estados Unidos y América Latina en tiempos de Obama por James Petras 

 

Las multinacionales en América Latina: expansión, impacto y resistencias por Cédric Durand y Alexis Saludjian

 

ALBA contre ALCA. ¿Hacia una nueva vía para la integración regional? por Thomas Fritz

 

Movimientos indígenas en América Latina. Entre rebeliones y poderes por Bernard Duterme

 

Un análisis del movimiento feminista latino-americano y caribeño en la mundialización por Jules Falquet

 

Las reformas agrarias: ¿un desafío actual de las luchas sociales campesinas? por Hélène Roux

 

 

Segunda parte Izquierdas latino-americanas y movimientos sociales. Un mosaico de experiencias

 

Venezuela y el proceso bolivariano por Pablo Navarrete y Edgardo Lander

 

La “revolución” de Evo Morales o los caminos sinuosos de la refundación de Bolivia por Hervé Do Alto

 

La reestructuración de la izquierda en Ecuador. Del movimiento indígena hasta Rafael Correa Por Matthieu Le Quang 

 

El socialismo cubano en búsqueda de renovación por Janette Habel

 

La “mosca azul” del poder y el social-liberalismo. Un primer balance del gobierno de Lula en Brasil por Michael Löwy

 

La Argentina de los Kirchner: sobre continuidades y dobles discursos por Maristella Svampa

 

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El Chile de Michelle Bachelet: un país modelo por Franck Gaudichaud

 

México 2006, un año ejemplar. Crisis política, elecciones y resistencias por Arturo Anguiano

 

El rompecabezas colombiano. Neoliberalismo, autoritarismo, guerra y salida democrática por Jairo Estrada Álvarez

 

 

Tercera parte.  Crisis del capitalismo, democracia y alternativas en América Latina

 

¿Democratizar la democracia? Reinvención democrática, neoliberalismo y movimientos sociales  por Atilio Borón

 

América latina y la crisis global  por Claudio Katz

 

Crisis mundial y retorno de las alternativas en América latina por Eric Toussaint

 

Construyendo la integración desde abajo de los pueblo Carta de los Movimientos Sociales de las Américas 

 

América latina: ¿hacia el socialismo del siglo XXI? Por Claudio Katz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación

 

Una América Latina en movimiento

Por Franck Gaudichaud

 

Traducido del francés por Rocio Gajardo (Universidad Grenoble 3 – Francia)

 

Franck Gaudichaud es doctor en Ciencias Políticas y profesor en la Universidad Grenoble 3, miembro del colectivo editorial de rebelion.org, de la revista Contretemps (Paris) y de la asociación “France Amérique Latine” (www.franceameriquelatine.org). Es autor de Poder Popular y Cordones industriales. Testimonios sobre la dinámica del movimiento popular urbano en Chile (1970–1973), LOM, Santiago de Chile, 2004 y de Operación Cóndor. Notas sobre el terrorismo de Estado en el Cono Sur, Sepha, Madrid, 2005 (franck.gaudichaud@u- grenoble3.fr).

 

¿Una “edad de oro” latinoamericana?

 

“América Latina vive una primavera democrática”, aseguraba en una entrevista a fines del 2007, el teólogo de la liberación brasileño Frei Betto1. “América Latina conoce una especie de edad de oro política, insistía este mismo año el editorialista del periódico Le Monde Diplomatique Ignacio Ramonet. En el curso de su trágica historia, desde el inicio del siglo XIX, esta región jamás ha vivido un periodo de paz tan largo (sólo un conflicto subsiste, en Colombia) de prosperidad y, sobre todo de consolidación democrática2”. En el mismo sentido el politólogo francés Olivier Dabène afirmaba: “América Latina; esta vez, ha partido bien”. Según él, “este inicio de siglo XXI marca una verdadera ruptura. Por primera vez, en doscientos años de historia, América Latina se caracteriza por una mancomunidad de valores y de prácticas democráticas”, pero agregaba: “sin embargo, la visión que tenemos sobre América Latina no debe ser sesgada. Es muy difícil para la región el salir del subdesarrollo y evitar los disfunccionamientos que caracterizan el sistema capitalista a escala mundial. Le es difícil, también, el romper con siglos de prácticas sociales desiguales y de desprecio hacia las culturas indígenas. Tampoco le es fácil afirmarse en la escena internacional, ya que conserva rasgos de dependencia económica3”. No cabe duda, desde más de una década, las esperanzas y las utopías recorren de nuevo la “Patria Grande” de Mariategui o de José Martí y múltiples evoluciones dejan pensar que el horizonte está abierto para nuevas experiencias democráticas, ya que esta región del mundo constituye, desde el punto de vista de las movilizaciones colectivas y de la búsqueda de alternativas políticas, un espacio en plena efervescencia. Con Emir Sader podemos pensar que América Latina constituye un eslabón débil del neoliberalismo y del imperialismo: “El nuevo siglo arranca en América Latina con un inicio sorprendente. El continente, que había sido un territorio privilegiado para el neoliberalismo y donde primero fue aplicado –en Chile y Bolivia–, se ha convertido rápidamente en el área privilegiada no sólo de resistencia sino de construcción de alternativas al mismo. Se trata de dos caras de la misma moneda: precisamente por haber sido el laboratorio de los experimentos neoliberales, América Latina se está enfrentando ahora a sus consecuencias”4. Por cierto, si elegimos titular este libro “El Volcán latinoamericano” no es con la intención de retomar un cliché gastado, eurocéntrico o “exótico”, sino para graficar este magma de resistencias que incuba bajo el relieve del modelo neoliberal y cuya ebullición podría desembocar en un nuevo ciclo de erupciones colectivas de una

 

1 Carlos Rivera Lugo, “América Latina vive una primavera democrática”, Claridad, noviembre 2007.

2 “Amérique latine rebelle”, Manière de voir, Le Monde diplomatique, N° 90, enero 2007, p. 4.

3 O. Dabène (dir.), Atlas de l’Amérique latine. Violences, démocratie participative et promesses de développement, Autrement, Paris, 2006, p. 72.

4    Emir       Sader, “América    Latina,        ¿el     eslabón       más   débil?”,  New  Left   Review,      octubre       2008

(www.newleftreview.es/?issue=52).

 

mayor amplitud. Sin embargo es necesario evitar erigir un panorama idílico o una imagen mítica de una América Latina unánimemente rebelde. Además desde 2008 se acumulan las “nubes en el horizonte”: crisis económica mundial, golpe de Estado en Honduras, represión sangrienta en la amazonía peruana, presencia militar reforzada de Estados Unidos, baja de la actividad de los movimientos sociales, etc… Entonces, ¿cuál es el balance socio-político de estos últimos años en América latina y qué perspectiva?

 

¿El fin del intervencionismo del “Tío Sam” y del imperialismo?

 

Entre los factores interesantes y que pueden empujarnos hacia el optimismo, se encuentra antes que todo esta impresión de una nueva independencia con respecto al gigante del norte. En junio del 2009, el Presidente boliviano Evo Morales proclamaba, durante el “desfile militar-indígena” que se realizó en la plaza Gualberto Villarroel de la ciudad de La Paz con la presencia de representantes de los movimientos sociales de Bolivia, Perú, Ecuador, Paraguay y Venezuela: “América Latina vive un nuevo milenio que servirá para acabar con la dominación a la que fueron sometidos los pueblos  y no depender más de las imposiciones de los imperios”. Con este discurso apuntaba en particular (pero no solamente) a la política imperialista de los Estados Unidos de América, que, desde el siglo XIX, proclamaron que América Latina era su patio trasero (con la famosa Doctrina Monroe). Entonces, luego de un siglo de intervencionismo (notablemente en América Central y el Caribe), luego de su apoyo a múltiples dictaduras en nombre de la “doctrina de la seguridad nacional” (como en Chile en 1973) y de la lucha contra el comunismo: ¿habrán terminado con su ingerencia en la región?, ¿habrá terminado el imperialismo militarista? Desde el fin de la guerra fría, el coto privado de caza latinoamericano ya no está entre las prioridades inmediatas de Washington. “Durante los años 90, los Estados Unidos aparecían como la única súper potencia, sus adversarios se habían esfumado: la izquierda radical había sido aplastada o neutralizada durante las dictaduras o las guerras civiles; Cuba estaba empantanada en su “periodo especial” y su crisis económica luego de  la deserción de la URSS; América no plateaba ningún riesgo geopolítico. Sólo subsistían, en el rango de las amenazas no convencionales, la delincuencia, el tráfico de drogas y las migraciones5”. Desde la guerra del Golfo de 1991, y sobre todo desde el 11 de septiembre del 2001, el Pentágono tiene los ojos puestos en el petróleo de Próximo y Medio Oriente, como en Europa central. La importancia de los recursos humanos, militares y las centenas de millones de dólares movilizados  en los “Vietnam” iraquí y afgano acentúan innegablemente esta tendencia de la geoestrategia estadounidense.

 

Paralelamente, poco a poco la forma de dominación imperial se fue adornando de atributos de defensa de la democracia y mercado, alineándose bajo los preceptos del “Consenso de Washington” instruidos por el ultraliberal John Williamson: liberalización, privatización, desregulación y respeto de la propiedad privada6. George Bush padre, durante una conferencia del consejo de las Américas, el 2 de mayo de 1989, declaraba: “el compromiso por la democracia es tan sólo un elemento en la nueva asociación que preveo para las naciones de las Américas. Esta debe tener por objetivo la garantía de que la economía de mercado subsista, prospere y prevalezca”. Esta ha sido la línea seguida desde entonces: en vez de las intervenciones militares muy vistosas se prefiere una hegemonía económica y el despliegue de todo un arsenal ideológico e institucional (como la Agencia Americana para el Desarrollo Internacional – USAID) vestida con los oropeles de la democracia y del “derecho de ingerencia humanitario”. De esta forma hay que responder de forma prudente a la pregunta: ¿Washington perdió América Latina7? Sin ninguna duda, los proyectos de

 

 

5 JP. Marthoz (dir.), Où va l'Amérique Latine ? Tour d'Horizon d'un continent en pleine mutation, GRIP/Complexe, Bruselas, 2007, p. 39.

6 J. Williamson (dir.), Latin American adjustment: how much has happened, Institute for international economics, Washington, 1990.

7 J. Habel, “¿Washington perdió a América Latina?” en Le Monde Diplomatique (Francia) y Rebelión (trad. Rocio

Gajardo) in http://www.rebelion.org/noticia.php?id=60522, diciembre 2007.

 

Estados Unidos han sido obstruidos y criticados por los pueblos del sur del Río Bravo. Además de la aparición, en estos últimos años, de gobiernos con acentos nacionalistas o antiimperialistas, el proyecto de una Zona de Libre Comercio de las Américas (ALCA) lanzada por Bill Clinton en 1994, luego del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (ALENA) ha fracasado. Este vasto mercado, bajo el control militar y político del Tío Sam, que debía entrar en vigor en el 2005, se enfrentó a la resistencia de los movimientos sociales (campaña continental contra el ALCA) pero también a las reticencias de las burguesías de los países más grandes del MERCOSUR y al rechazo de Bolivia y de la Venezuela bolivariana.

 

El gobierno de Estados Unidos (ya sea demócrata o republicano) ha continuado su política económica neocolonial, gracias a la multiplicación de los tratados bilaterales de libre comercio (TLC), con América Central, República Dominicana, Colombia (en discusión), Nicaragua, Perú y antes con Chile. Como lo explica el sociólogo James Petras, “una comparación entre el periodo actual 2003-2006 y el de 1960- 1975, muestra que los Estados Unidos han sin duda reforzado su posición en América Latina a través de todas las formas posibles: regímenes neoliberales reemplazaron a los regímenes socialistas y nacionalistas en la región. El “nacionalismo” o el “socialismo” de hoy en América Latina no tiene nada que ver con los regímenes precedentes; ninguna expropiación importante de la propiedad estadounidense se ha realizado. Ningún régimen de centro-izquierda ha nuevamente nacionalizado las firmas extranjeras, incluso las que habían sido privatizadas en dudosas condiciones”8. ¿Y ahora, qué pasará con el presidente Obama? Indudablemente, más allá del símbolo –real- que representa su elección, es necesario analizar la realpolitik que tendrá que asumir el nuevo presidente estadounidense. No es G. W Bush, por supuesto: es mucho más culto e inteligente y se apoya en un aparato partidario diferente dentro del sistema político hegemónico de la potencia del norte. Un punto importante que hay que incorporar al análisis es también que el poder en Estados Unidos viene con un importante proceso de fisuras internas, configurándose dos sectores parcialmente delimitados, uno más progresista entorno a Obama y un ala de los demócratas y otro cercano a los neoconservadores del Partido Republicano, el ultrafundamentalismo cristiano y al ala derecha del partido demócrata ("los halcones demócratas") entre los cuales se encuentra Hillary Clinton. Esas fisuras en la política interna de EE. UU. se expresan en el campo internacional y frente a cómo actuar en Honduras, hacia Irán, Afganistán, etc... Pero mas allá de esa realidad, los intereses norteamericanos existentes en América Latina son demasiado importantes como para abandonarlos y la administración Obama no se puede permitir sacrificarlos, como representante orgánico de la clase dominante de Estados Unidos. La política de extensión de la presencia militar estadounidense y su apoyo a un fiel aliado, Uribe en Colombia, es una prueba clara de ello. “Colombia se ha convertido en pieza clave de la estrategia norteamericana para América Latina. Las siete nuevas bases militares en su territorio estarán orientadas a labores de inteligencia y contrainsurgencia con sofisticado apoyo aéreo y naval y equipamiento electrónico de última generación. Colombia, que dispone de las fuerzas armadas más grandes del continente (400 mil efectivos), fortalece con las bases norteamericanas su posición geopolítica y amenaza cada vez más a sus vecinos, Venezuela y Ecuador, y “jaquea” la frontera brasileña”9. Desde un punto de vista militar, la presencia “yanqui”, se ha diversificado, modernizado y adaptado al nuevo periodo, luego del cierre de las bases de Panamá, Puerto Rico y Ecuador (base de Manta) y mantiene 14 bases en la región. Han logrado, desde agosto 2009, el derecho de utilizar nuevas bases aéreas y marítimas en Colombia, que entran a funcionar dentro de la lógica de los acuerdos del Plan Colombia y del Plan Patriota, planes justificados por el llamado a luchar contra las drogas y contra el “Terrorismo”. Esta nueva etapa de fortalecimiento militar norteamericano ha sido criticada no sólo por los movimientos sociales colombianos, sino por la comunidad latinoamericana de Estados que se ha sentido agredida y se han manifestado hondas preocupaciones en el seno de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). La geoestrategia

 

8 J. Petras,

9 M. Cabieses, “¿Hasta cuándo, Obama, abusas de la paciencia nuestra?”, Editorial de Punto Final, Santiago, agosto 2009.

 

político-militar de EEUU pasa también por el proyecto de creación de una “fuerza militar sudamericana” influenciada por el Pentágono (especie de ALCA militar), por la influencia omnipresente del Comando Sur del ejército de los Estados Unidos, hoy en día con base en Miami y por el regreso funesto de la “Cuarta flota”10. El ogro del Norte participa activamente en la carrera armamentista de algunos países, entre los que se encuentran prioritariamente sus dos principales aliados estratégicos: Chile y Colombia. Como lo explica Jairo Estrada Álvarez, Colombia ocupa un sitio privilegiado en este dispositivo, en tanto que cuarto destinatario de la ayuda militar de los Estados Unidos a nivel mundial: “esta estrategia ha tomado sucesivas formas perfectamente articuladas: el plan Colombia, una guerra “contra insurreccional” disimulada en “guerra contra la droga”; el plan Puebla Panamá, con megaproyectos de infraestructura para unir, a través de corredores logísticos y biológicos, México y América Central; y la “Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Sudamericana” (IIRSA). Por otra parte, la permanencia de las veleidades intervencionistas de los EE.UU. ha sido ampliamente confirmada luego de la tentativa de golpe de Estado, en abril 2002, contra el gobierno de Hugo Chávez11. Y, en Honduras, el golpe del 28 de junio 2009 en contra del presidente Zelaya sirve ahora de “test” para toda la región: intimidar a otros países centroamericanos y del Caribe que se han salido de la órbita de Estados Unidos y se  han unido a los programas de integración económica encabezados por Venezuela, presionar a los gobiernos progresistas, mantener poder de control en una de sus áreas estratégicas históricas, amenazar a los movimientos sociales. Es cierto que este golpe es un golpe, antes de todo, de la oligarquía hondureña contra su pueblo y para deponer a Zelaya, a incluso es posible que Obama haya sido, en parte, pasado a llevar por el Pentágono y la CIA en este caso. Pero basta con recordar la influencia aplastante de EE.UU. en Honduras desde hace décadas (en particular durante la guerra contra la revolución nicaragüense) y constatar que Obama condenó el derrocamiento del presidente legitimo para… negociar con el “nuevo presidente” Michelleti para entender, como lo señala James Petras (ver su articulo en este libro) que “la estrategia por parte de Obama de hacer retroceder a regímenes electos críticos para imponer clientes acomodaticios encuentra otra expresión en el reciente golpe militar en Honduras. El “uso” del alto mando del ejército de Honduras y de los viejos vínculos de Washington con la oligarquía local, que controla el Congreso y el Tribunal Supremo, facilitó el proceso y obvió la necesidad de una intervención directa estadounidense —como fue el caso en otras recientes campañas golpistas. A diferencia de Haití donde hace sólo una década intervinieron los marines estadounidenses para derrocar al democráticamente elegido Bertrand Aristide y respaldaron abiertamente el fallido golpe contra el presidente Chávez en 2002 y, más recientemente, financiaron el chapucero golpe contra el presidente electo Evo Morales en septiembre de 2008, las circunstancias de la implicación estadounidense en Honduras fueron más discretas para posibilitar un ‘desmentido creíble’”12. Hay que destacar también una diferencia clave con periodos anteriores: la inmensa mayoría de los países del mundo condenaron formalmente el golpe, todos los países de la OEA retiraron a sus embajadores (salvo Estados Unidos) y los gobiernos latino-americanos, incluso de derecha, reafirmaron su adhesión a regimenes constitucionales. Esta tendencia reafirma por una parte la afirmación de autonomía creciente de grandes países como Brasil frente a EEUU y por otra parte, la adhesión masiva de las elites de la región a diversas formas de democracia liberal, mientas tanto estas no ponen en jaque sus intereses esenciales y modo de producción. La capacidad o no del gobierno estadounidense y de la derecha hondureña de estabilizar el gobierno de facto de Micheletti -y al final “legitimar” el golpe- pasa precisamente por la organización de elecciones, con el apoyo de la OEA y la Unión Europea, a pesar de la importantes movilizaciones populares13.

 

 

10 La flota había sido desactivada luego del final de la Segunda Guerra Mundial. La flota está basado en el estado de Florida, y responde al Comando Sur que dirige a todas las fuerzas militares de EEUU en América Latina.

11 Eva Golinger, El Código Chávez, Fondo Editorial Question, Caracas, 2005.

12 J. Petras, « Honduras, Iran, Pakistan, Afganistán (y el efecto boomerang) », Rebelion, julio 2009 (www.rebelion.org/noticia.php?id=88575).

13 Ver el apartado especial “Golpe en Honduras” en Rebelión: www.rebelion.org/apartado.php?id=326 y el N° 447 de

América Latina en Movimiento, agosto 2009, http://alainet.org/publica/447.phtml.

 

Por último, el texto de los economistas Cédric Durand y Alexis Saludjian subrayan con toda razón, que el periodo neoliberal está marcado por una expansión espectacular de la presencia de las multinacionales en América Latina y cómo esas firmas controlan en la actualidad una parte sustancial de las economías, contribuyendo a incrementar la integración de estos países en las cadenas productivas y financieras mundiales. Esto concierne evidentemente a las empresas estadounidenses, que han invertido no menos de 353 mil millones de dólares en América Latina y emplean un millón seiscientas mil personas14. Pero no debemos olvidar la política expansionista de la Unión Europea, primer inversor extranjero en América Latina (sobrepasando a los EE.UU.) e importante actor en los procesos de privatización-transnacionalización del sistema financiero o los intentos de privatización del “oro azul” (el agua)15. Esta expansión del capital transnacional tiene consecuencias no solamente sobre los sistemas políticos de la región, sino también efectos de destrucción ecológica y de desestructuración social inéditos por su amplitud.

 

El tiempo de la democracia… neoliberal

 

Efectivamente, los años de plomo de los Estados militares terroristas parecen pertenecer al  pasado16. Y luego del asesinato de decenas de miles de personas, de centenas de miles de personas torturadas y de millones de exiliados políticos, no se trata de un simple progreso “formal” o de una evolución despreciable. Los recuerdos del aplastamiento de la revolución chilena (Chile-1973); del “Che” Guevara asesinado hace 40 años, con sus compañeros guerrilleros en Bolivia; los golpes de Estado contra los gobiernos democráticos (Arbenz en Guatemala 1954, el general Torres en Bolivia 1971 o Joao Goulart en Brasil 1964); de la guerra contrarrevolucionaria en Nicaragua (años 80), siguen estando presentes en la memoria colectiva latinoamericana. Ya que significaron una ola de terror de Estado y de coordinación de las dictaduras, apoyada por los EE.UU., en su caza a los oponentes17.

 

Este periodo oscuro todavía tiene consecuencias profundas en el espacio público ya que trastornó completamente les relaciones de fuerzas sociales, políticas y culturales anteriores. Las dictaduras de América del Sur, las guerras civiles de América Central y la represión y el clientelismo institucionalizados en Venezuela o en México permitieron a las elites locales (y a Washington) debilitar el espectro revolucionario que apareció en el continente luego de la Revolución Cubana de 1959. Sólo esta última ha sobrevivido en un contexto hostil, aislada políticamente, asfixiada por el bloqueo económico más largo de la historia contemporánea, y presa de ataques permanentes, como también de sus contradicciones internas. Desde este punto de vista, a 50 años de la entrada de Fidel y sus “barbudos” en La Habana, después del derrumbe de su aliado soviético y de los “socialismos” burocráticos, y frente a las dificultades en la vida cotidiana en la isla, la actual transición cubana y su búsqueda de un socialismo cubano redinamizado marca ciertamente el comienzo de otra época para toda América Latina (ver el artículo de Janette Habel).

 

Desde finales de los años 80, el conjunto del subcontinente ha visto instalarse regímenes constitucionales, favorecidos por el cambio del contexto internacional, la amplitud de la oposición y la crisis económica. Estas oleadas sucesivas de “transiciones democráticas” han engendrado, la mayoría de las veces, democracias llamadas de “baja intensidad”, resultados de un pacto entre las clases dirigentes y las fuerzas militares. Regímenes civiles basados en, por una parte, la

 

14 Cifra extraída de J. Habel, “¿Washington perdió a América Latina?”, Op. Cit.

15 B. Mauro, “Les intérêts européens en Amérique latine” en “L'Amérique latine rebelle: contre l'ordre impérial”,

Contretemps, Textuel, N° 10, Paris, 2004, pp. 75-85 y “Mythe et réalité du libre-échange: Amérique latine – Union européenne”, France Amérique Latine Magazine, N° 90, Paris, 2007.

16 Si bien, a priori, nada garantiza que las fuerzas armadas vayan a permanecer definitivamente en sus cuarteles. Para ser exactos, las fuerzas armadas todavía tienen un rol importante y, siguiendo lógicas ideológicas completamente

opuestas, las encontramos en un primer plano del campo político en Colombia, Cuba y en Venezuela.

17 F. Gaudichaud, Operación Cóndor. Notas sobre el terrorismo de Estado en el Cono Sur, Sepha, Madrid, 2005.

 

profundización del modelo neoliberal, y por otra, en la más amplia amnistía a favor de los responsables de las violaciones de derechos humanos. Además, estas transiciones son las del “decenio perdido” y de la crisis de la deuda externa18, durante la cual el Fondo Monetario Internacional (FMI) impuso a los Estados latinoamericanos los famosos “ajustes estructurales” (privatizaciones en cascada, falta de compromiso del Estado en las políticas públicas, restricciones salariales, etc.). Esta ofensiva del capital se acentúa en los años 90, ya que si bien las economías del subcontinente controlan una inflación permanente, lo hacen pagando el precio de una fuerte regresión social y de un incremento de la asimetría en las relaciones Norte-Sur. Según el  economista argentino Claudio Katz, “entre 1980 y el 2003, el desempleo oficial pasó de un 7,2% a un 11%, el salario mínimo disminuyó en una media de un 25% y el trabajo informal creció entre un 36% a un 46%”. Paralelamente, la pérdida de posiciones de los capitalistas latinoamericanos en la escena internacional se ha confirmado, salvo algunas excepciones como Chile. Este retroceso se puede verificar en el estancamiento del PIB per capita, la caída de las inversiones extranjeras (en particular si se compara con China y el Sudeste asiático) y la aceleración del endeudamiento. En estas condiciones las fases de prosperidad cíclicas dependen cada vez más de la coyuntura financiera o comercial internacional19”. Este análisis del año 2003, se confirma por el hecho de que esta mejoría que vivió durante los últimos años20, América Latina está ampliamente determinada, no por un desarrollo autocentrado, sino por el claro aumento de los precios de ciertas materias primas en el mercado mundial (cobre chileno, petróleo venezolano o agrocombustibles brasileros y colombianos). Y la actual y profunda crísis de la economía mundial y de los grandes centros del sistema-mundo impacta fuertemente a los países latino-americanos provocando más desempleo y trabajo informal, más desigualdad y violencia social, fugas de capitales y contracción del crédito, caída del precio de las materias primas y de las exportaciones, retracción del consumo interno y de los intercambios regionales, regreso del espectro de las deudas externas, crisis de sobreproducción en las ramas industriales exportadoras, etc. (ver los artículos de Eric Toussaint y Claudio Katz en la tercera parte).

 

En la actualidad el sistema parlamentario y electoral es considerado por la mayoría de las elites como una forma de gobierno bastante funcional para rechazar la idea de recurrir a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, como lo subraya el politólogo Atilio Borón, las democracias latinoamericanas aparecen a menudo como instituciones puestas al servicio de una minoría privilegiada y del mundo financiero internacional (ver su artículo). A pesar de la utilización de todo un arsenal de léxico sobre la “buena gobernanza” y el respeto de la “gobernabilidad democrática”, una proporción importante de los ciudadanos se sienten engañados por gobiernos considerados como poco legítimos, cuando no son directamente denominados como regímenes nepóticos y corruptos (el caso por ejemplo de Arístides en Haití o de Menem en Argentina21). Esta contradicción entre neoliberalismo y democracia es central en la actual América Latina y constituye el hilo conductor de esta obra colectiva. Por cierto esta tensión ha sido públicamente reconocida por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en un informe muy bien documentado sobre “la democracia en América Latina” (2004): la tesis central que es defendida, es la de una evolución globalmente positiva de la región gracias a la existencia de “democracias electorales”, que responden a las normas internacionales. Sin embargo, este balance lamenta la ausencia de “democracias ciudadanas” y pone en duda la “calidad de la democracia” marcada por la

 

 

 

18 Deudas que para muchos, desde un punto de vista jurídico, pueden ser consideradas como « odiosas », ya que fueron contraídas durante dictaduras, por lo tanto por regimenes no electos. La deuda externa de América central y del Caribe era de 32 mil millones de dólares en 1970, de 257 mil millones en 1980 y esta sobrepasaba los 780 mil millones en el 2002. entre tanto, América Latina ha reembolsado 91 veces el monto que debía en 1970…

19 C. Katz en « L'Amérique latine rebelle : contre l'ordre impérial », Contretemps, Textuel, N° 10, Paris, 2004, p. 27.

20 Desde 2002, las economías latino-americanas han tenido una progresión de su PIB, que fue de más de un 5% en 2006. 21 La decepción de los latinoamericanos frente a sus sistemas políticos e institucionales es regularmente confirmada por los sondeos de opinión del Latinobarometro: www.latinobarometro.org.

 

debilidad de la participación electoral y múltiples déficit de cohesión social y étnica22. En su informe sobre la “gobernabilidad en América Latina” (2005) la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) realiza una constatación similar, lamentando las disparidades estructurales, en la distribución de los ingresos, la permanencia de altos niveles de corrupción y el aumento permanente de la violencia. La FLACSO subraya que América Latina es la región del mundo donde la tasa de homicidios por armas de fuego es la más elevada23 y describe incluso la formación de Estados a la deriva o “colapsados” (failed states) que han perdido el monopolio de la violencia legitima frente a la multiplicación de redes criminales y del narcotráfico: donde la multiplicación de “espacios sin ley” donde reina solamente la ley del más fuerte24. Jean Paul Marthoz, del grupo de Investigaciones sobre la Paz y la Seguridad (Bélgica), resalta la dimensión del problema: “basta con hojear el informe de Amnistía Internacional o de Human Rights Watch para recordar que algunos países del continente poseen serios problemas de respeto de los derechos humanos. Cada año, periodistas, sindicalistas, defensores del medioambiente son asesinados. El Estado de Derecho dista mucho de ser respetado. La corrupción causa estragos socavando el contrato democrático y los grandes equilibrios económicos. La impunidad por los crímenes cometidos en la época de las dictaduras militares y de las guerras civiles es casi total. (…) la violación de los derechos humanos se ha privatizado cada vez más. Dos fenómenos carcomen al continente: el paramilitarismo y la delincuencia de derecho común25”.

 

Lo que igualmente preocupa a las instituciones es la permanencia de la “ingobernabilidad”, luego  de las nueve crisis político-institucionales que han afectado a la zona entre 1995 y 2005, durante las cuales presidentes electos han debido renunciar o han sido destituidos. Estas crisis constituyen, según ellos, “el factor que erosiona la democracia, profundiza las diferencias económicas y sociales, contribuye a la discriminación de diversos sectores e, incluso, pone en peligro la cohabitación con los países vecinos26”. Aquí abordamos uno de los límites de la visión tecnocrática de la democracia en su versión onusiana (en relación a la ONU), incapaz de identificar los orígenes de tales ataques de “ingobernabilidad”. Como los que se desarrollaron en Ecuador en 2005, en Bolivia en el 2003 y 2005, o en Argentina en el 2001, estos tambaleos institucionales son de hecho el resultado de la exasperación popular frente a un modelo económico y al abandono de la clase dirigente. De esta forma se produjeron la “guerra del agua” y la “guerra del gas” en Bolivia, y posteriormente la destitución del presidente Sánchez de Lozada, llevadas a cabo por el movimiento indígena, campesino y minero (ver el articulo de Hervé Do Alto). Al vincular automáticamente, democracia y aceptación de las reglas del mercado, al negarse a cuestionar, de fondo, el modelo neoliberal, estos análisis consideran como una “erosión de la democracia” la destitución de regimenes corruptos o toda irrupción de las movilizaciones colectivas en la lógica de apropiación privada de las riquezas nacionales.

 

Ya que para comprender esta ebullición sociopolítica, es necesario recordar que la región es, por excelencia, la de los antagonismos de clase, de género, socio-étnicas. Si ciertamente el subcontinente no es el más miserable de los países del Sur, es sin lugar a dudas el más injusto (con casos extremos como Brasil o Chile). La parte de las riquezas captada por el 10% de la población más rica está en constante aumento desde los años 80 y sus ingresos son 34 veces superiores a los del 10% de los más pobres. Los gobiernos actuales se muestran incapaces de luchar eficazmente contra este mal endémico: de 120 millones de personas que vivían bajo el nivel de pobreza en el año 1980, se ha pasado a 225 millones en la actualidad (43% de la población), mientras que casi 100

 

 

22 Pnud, La democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos, 2004 en http://democracia.undp.org.

23 Es decir más de 16 homicidios por año, provocados por armas de fuego ligeras y 100.000 personas en promedio.

24 Flacso, La gobernabilidad en América Latina. Balance reciente y las tendencias a futuro, 2005 en www.flacso.org/informesecretario.html.

25 J P. Marthoz (dir.), Op. Cit.

26 Flacso, Op. Cit., p. 10.

 

millones de estos viven con menos de un dólar por día. ¿Qué significa en este contexto hablar de “gobernabilidad democrática” para un habitante de las favelas de Río de Janeiro, para un haitiano cuyo ingreso promedio oficial es de 300 dólares anuales, para los sin tierra del nordeste brasileño, para un indígena mapuche, para la obrera de la maquiladora, el jornalero de una plantación en América Central o para un niño de la calle boliviano?

 

Si la observación puede parecer de una banalidad desoladora, esta debe llevarnos a reflexionar sobre el fracaso total del modelo de desarrollo capitalista “democrático-liberal” aplicado por las clases dirigentes latinoamericanas. Las desigualdades son tales que constituyen un elemento importante, pero no el único, de explicación de las resistencias continentales y del desplazamiento de los electorados hacia la izquierda. “Si las frustraciones nacidas de la democratización estrictamente formal del subcontinente, la pérdida de legitimidad de las formas tradicionales de representación política y el agotamiento de las recetas neoliberales no agotan la explicación de las causas que, encadenadas, van a llevar a importantes sectores de la población latinoamericana a movilizarse en las calles y en las urnas por el cambio, el conjunto indica de todos modos un contexto común para prácticamente todos los países de América Latina y favorable a la emergencia de manifestaciones de insatisfacción”27.

 

Las izquierdas latinoamericanas y el nuevo ciclo político regional

 

Desde 1998, y la elección de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela, esta dinámica social se  ha traducido en el plano electoral a través de la multiplicación de poderes ejecutivos ganados por las organizaciones políticas que se reivindican de la izquierda o de centro izquierda. Destaquemos que esta etapa parece en parte confirmada por el “largo ciclo electoral”, que se extendió desde noviembre 2005 a enero 2007, con una serie de 12 elecciones presidenciales28. Recordemos que, además de la reelección de Hugo Chávez en Venezuela, se observó -durante este periodo- la reconducción en el gobierno del ex sindicalista Lula (Luís Inacio da Silva) en Brasil, las elecciones de Tabaré Vásquez (líder del frente amplio uruguayo), del líder campesino Evo Morales en Bolivia, la victoria y reelección de Rafael Correa en Ecuador, Cristina Kirchner en Argentina (que sucede a su marido) y para terminar, la victoria de Fernando Lugo en Paraguay. Esta tendencia se confirmó después en Nicaragua (Victoria de Daniel Ortega en base a un sandinismo “renovado”) y en Salvador (con el FMLN). En Honduras, el liberal Zelaya conoció una evolución hacia el centro, se acercó al ALBA de Hugo Chávez e implementó medidas de asistencia para los más pobres. Sin ninguna duda, si podemos hablar de “viraje a la izquierda” es para observar que varias de estas elecciones se oponen a la unanimidad de derecha o conservadora de los años 90, mientras que las movilizaciones imponen al poder el dar una mayor importancia a las desigualdades sociales y el “izquierdizar” su discurso (el caso de Kirchner en Argentina es muy claro en este sentido – ver el artículo de Maristella Svampa) sin embargo, no hay que olvidar que varios países importantes todavía son gobernados por la derecha. Es el caso de México con Felipe Calderón, donde las elecciones del 2006 tomaron un aspecto reaccionario: “Luego de haber apenas ensayado procesos democráticos luego de décadas de régimen autoritario, en México parece llegar la hora del quiebre temprano de las ilusiones democráticas, con el fracaso incuestionable del autollamado gobierno del cambio de Vicente Fox Quesada y de la restauración de los peores atributos y vicios del añejo régimen identificado con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), pretendidamente derrotado en el 2000” (ver el artículo de Arturo Anguiano). Perú confirma su anclaje derechista e represor en mano del aprista Alan Garcia (aunque que formalmente pertenece a la segunda internacional…), es también el caso en Panamá. Y el “rompecabezas colombiano” con la reelección de Uribe Vélez (en el gobierno desde el 2002) ratifica “un empeoramiento de los rasgos autoritarios del régimen político con el proyecto de “seguridad democrática”, una intensificación de la guerra contra

 

27 B. Duterme (coord.), Mouvements et pouvoirs de gauche en Amérique latine. Points de vue latino-américains, Editions Syllepse - Centre Tricontinental, vol. XII, n° 2, Paris, 2005, p. 11.

28 Emir Sader, “El largo ciclo electoral latinoamericano”, Agência Carta Mayor, diciembre 2006.

 

insurreccional bajo la forma de una intervención acrecentada del imperialismo estadounidense y una consolidación del proyecto económico neoliberal” (ver el artículo de Jairo Estrada Álvarez). Por fin, hay que subrayar un hecho destacable del último periodo: al favor de la crisis económica, el ciclo del “giro a la izquierda” no aparece tan homogéneo, ni solidó o perenne como algunos lo pensaban. Sobre todo cuando los gobiernos “progresistas” no rompen fundamentalmente con el neoliberalismo, enuncian propuestas “alternativas” pero que se reducen a discursos muy radicales, vacíos de contenido concreto y, al final, no tienen gran capacidad/voluntad política de yugularlas las dramáticas consecuencias sociales de la crisis para las clases populares. Hasta tal punto que algunos observadores pronostican ya el fin del ciclo anterior (que había sido marcado por levantamientos populares, gobiernos de centro-izquierda y crisis parcial de la hegemonía neoliberal), hacia un periodo de repliegue, de desmovilización diferenciada de los movimientos sociales y regreso de las derechas: “Las derechas latinoamericanas han aprendido de errores y fracasos del pasado reciente, están adecuando nuevas tácticas y preparan ofensivas que pretenden retrotraer la situación del continente al periodo anterior a los triunfos populares de comienzos de este siglo. Aspiran a instalar gobiernos conservadores, quitar de enmedio algunos aspectos molestos para la dominación de las elites y dejar el camino libre para cercar y aniquilar a sus verdaderos enemigos: los movimientos sociales populares”29. Esto cuando se avecinan de nuevo una impresionante sucesión de importantes elecciones municipales y presidenciales (entre 2010 y 2012) en varios países de la región….

 

Un dato esencial, más allá del campo electoral: de forma mayoritaria, ya sean de derecha o izquierda, los últimos gobiernos elegidos se han mantenido en una gestión económica respetuosa de la economía de mercado, de la propiedad privada de los medios de producción y de los inversionistas y en continuidad con la política de sus predecesores: no existe en la región de política audaz de redistribución de riqueza, al contrario la acumulación de capital se concentra cada vez más en manos de la elite. Por lo tanto es preciso, como lo hacen la mayoría de los especialistas desde hace un tiempo, moderar la imagen del “viraje a la izquierda” y discutir de qué izquierda estamos hablando30. No obstante, un análisis general de los resultados confirma la erosión del campo conservador, como así también la apertura relativa del espacio político-electoral para los outsider. De esta forma, en el Perú Lourdes Flores (dirigente del Partido Popular Cristiano) no logró pasar a la segunda vuelta desplazada por el nacionalista Ollanta Humala. En términos de geografía electoral, no es anodino que los votos de la izquierda se superpongan con las zonas más desfavorecidas: es el caso en el Perú con el voto masivo para Humala en los Andes; Lula en su segundo mandato fue ampliamente apoyado por el miserable nordeste brasileño (que fue beneficiado por el programa de asistencia “hambre cero”) y López Obrador, candidato social- demócrata desafortunado a la presidencia mexicana, dobló sus votos en los estados indígenas y pobres del Sur. Estos votos están más enraizados en los países donde la elección presidencial ha sido el resultado de años de rebeliones populares. Candidatos como el multimillonario Novoa en Ecuador fueron excluidos luego de las masivas acciones anti-TLC; los Kirchner lograron captar las consecuencias de la inmensa crisis de diciembre del 2001 y del “Que se vayan todos”; Evo Morales en Bolivia es el producto puro del Movimiento al Socialismo (MAS) que se proclama “instrumento político” y a la vez “movimiento social”. No existe una verdadera homogeneidad en este proceso regional y es necesario hablar más bien de diversos sobresaltos frente a un modelo hegemónico en crisis, con la aparición de gobiernos de “izquierda”, que van desde el rosa deslavado a un antiliberalismo reivindicado plenamente, desde una izquierda social-liberal a fuerzas nacionalistas o antiimperialistas más radicales.

 

Así, frente a esta diversidad, por qué no refutar la idea de que existirían sólo “dos izquierdas”: una “moderna” o “reformista y social-liberal” (según los puntos de vista) que acompaña el

 

29 R. Zibechi, “Progresismo y neoliberalismo”, La Jornada, 17 de julio de 2009.

30 Ver : « Amérique Latine, le tournant à gauche ? », revue Mouvements, La Découverte, N°47-48, Paris, 2006 y

« Amérique latine, en bas à gauche », Vacarme, N°35, Paris, 2006. Ver los libros de Katz (2008), Jairo Estrada (2008) y Natanson (2008) citados en bibliografía.

 

neoliberalismo, como en Chile, Costa Rica, Uruguay y Brasil, y otra “populista y arcaica” o “radical antiimperialista”, encabezada por la Venezuela bolivariana, Ecuador y Bolivia31. Marc Saint Upéry en una obra estimulante sobre “el sueño de Bolívar” propone abandonar el mito de las “dos izquierdas” propugnando más bien la lectura de las “mil izquierdas”: “no solamente éstas reflejan las diferentes realidades nacionales, sino que éstas se manifiestan a menudo en el seno de un mismo movimiento, de un mismo partido y de un mismo gobierno. Este carácter proteiforme justifica a veces los diagnósticos más contradictorios, desde la percepción de una ola revolucionaria en gestación hasta la constatación de una normalización democrática hecha de pragmatismo y de moderación”32. En efecto, es indispensable resistir a los espejismos del reduccionismo analítico y a la tentación de un molde eurocéntrico erróneo, como el del sociólogo Alain Touraine, que llega a la conclusión de una América Latina condenada a debatirse entre el neoliberalismo y el populismo, ya que “incapaz de obtener lo que Gran Bretaña y otros países, incluyendo los Estados Unidos y Francia, han podido crear: algo que va mas allá de la democracia política, pero que no la destruye y que incluso la fortalece, es decir una democracia social fundada en el reconocimiento, por la ley y la negociación colectiva, de los derechos de los trabajadores”33.

 

Según el politólogo Steve Ellner, existirían tres grandes estrategias en el seno de la izquierda latinoamericana y que atravesarían a las mismas organizaciones34. La primera es la de la “tercera vía”, social liberal, cuyo horizonte ya no sobrepasa el modelo económico capitalista existente. Esta opción actuó como un canto de sirenas en la mayoría de los partidos de izquierda que llegaron al gobierno en los últimos años. La segunda estrategia defiende la formación de “frentes anti- neoliberales” y una táctica de acumulación de fuerzas por la vía indirecta de los gobiernos locales (municipal, regional) y centrado en diversas estrategias electorales. Es la idea que defienden varios partidos comunistas latinoamericanos (y a nivel más teórico la socióloga Marta Harnecker) así como por el Frente amplio uruguayo o el PT brasileño (cuando se encontraba en la oposición). El objetivo anunciado es constituir un “bloque social” amplio, que incluya además de los sectores populares, la pequeña y mediana burguesía35. Por último, esta constituye la última estrategia, otros reivindican todavía la finalidad del socialismo y una política rupturista, anticapitalista y antiimperialista, que nace, antes de todo, de las luchas sociales. Esta voluntad es compartida en Brasil por el novísimo Partido Socialismo y Libertad (PSOL), que es dirigido por militantes excluidos del PT, por el Movimiento del Pueblo y de los trabajadores (MPT) en Chile (una -todavía frágil- federación de organizaciones políticas extra-parlamentarias) o por los militantes de Marea Socialista en Venezuela (quienes integraron el Partido socialista unido del presidente Chávez – PSUV) ; como así también en el resto del continente por una multitud de militantes sociales, ecologistas, feministas, indígenas o sindicalistas “clasistas”.

 

Indiscutiblemente, los principales partidos institucionales de izquierda son, en la actualidad, mayoritariamente centristas y han abandonado sus referencias revolucionarias o marxistas. Desde 1990, varias organizaciones entraron en un claro proceso de social-liberalización, lo que algunos considerarán como una demostración de madurez, desembocando finalmente en Nicaragua en lo que es hoy en día el gobierno “sandinista” de Daniel Ortega o la candidatura presidencial del ex-

 

31 Para ver la interpretación liberal y conservadora de las dos izquierdas: Jorge Castañeda, « Latin America’s left turn », Foreign Affairs, New York, mayo-junio 2006 ; para ver un análisis marxista: François Sabado, « Lula et Chávez en Amérique latine ; la polarisation », 10 marzo 2005 in http://risal.collectifs.net/spip.php?article1280.

32 M. Saint-Upéry, Le rêve de Bolivar. Le défi des gauches sud-américaines, La Découverte, Paris, 2007, p. 9 y p. 291- 297 (edición en español en editorial Paidos – Madrid, 2008).

33 A. Touraine, “¿Entre Bachelet y Morales existe una izquierda en América Latina?”, Envío, diciembre 2006 (in www.rebelion.org). Ver la respuesta de Raul Zibechi: “El irresistible encanto de lo simple. Intelectuales del Norte

opinando sobre el Sur”, ALAI, abril 2007 (in http://alainet.org).

34 S. Ellner, B. Carry, The Latin American left : from the fall of Allende to Perestroika, Westview Press, 1993 y J. Petras, "La izquierda devuelve el golpe", abril 1997 (in www.rebelion.org/petras/petrasindice.htm).

35 M. Harnecker, “Sobre la estrategia de la izquierda en América latina”, octubre 2004 (in

www.rebelion.org/docs/5771.pdf)izyqLuaierda después de Seattle, Madrid, Siglo XXI, 2001.

 

guerrillero José Mujica en Uruguay. Esta nueva vía ha encontrado su traducción lógica en el “Foro de Sao Paulo”, que reagrupa a los partidos que se reconocen en esta estrategia36. Uno de los paradigmas de este fenómeno -visible a escala planetaria- son los 18 años de gobierno neoliberal de la “Concertación” en Chile, tendencia ampliamente confirmada por el mandato de Michelle Bachelet y orientación que condujo a la victoria de una derecha patronal agresiva en 2010 (ver nuestro artículo sobre este tema). Lo que Atilio Borón llama “la maldición del posibilismo conservador”37 ha atacado incluso a uno de los partidos obreros más importantes del planeta: el Partido de los Trabajadores brasileño (PT). Presentado por Washington, durante un tiempo, como un peligroso activista debido a su pasado de sindicalista anticapitalista, el presidente Lula se ha convertido en el preferido de los medios financieros y del agronegocio. Al parecer “la mosca azul del poder” que nos describe Michael Löwy, en su artículo, logró exitosamente su trabajo de desgaste. Incontestablemente, esta deriva es producto de una lenta transformación del PT, que se ha extendido por más de 20 años, y si en este país continente, novena economía planetaria, la izquierda se muestra incapaz de poner en marcha alternativas, no es demasiado sorprendente apreciar que se repite el mismo escenario en otros pequeños países. Fue el caso en Ecuador con Lucio Gutiérrez, que ilusionó al movimiento indígena, hasta que fue depuesto por una rebelión de las capas medias empobrecidas: al parecer el gobierno de Rafael Correo parece haber sacado lecciones de esta experiencia, aunque no sin múltiples vacilaciones en cuanto al modelo de desarrollo “extractivista” y minero (ver el artículo de Matthieu Le Quang). En Argentina, los Kirchner, calificados a menudo de “centro-izquierda”, desarrollaron una gestión conservadora disfrazada (ver el artículo de Maristella Svampa). En Uruguay, el Frente Amplio ha mostrado signos agudos de “lulización”, mientras que áreas esenciales como la reconquista del agua potable, en tanto que bien público, han sido abandonadas poco a poco en beneficio de las grandes multinacionales. Son estas constataciones las que hicieron escribir a un periodista del Wall Street Journal, que si la izquierda está nuevamente en ascenso en América Latina, es a menudo con “nuevos ropajes conservadores”38. El ex presidente uruguayo, Julio María Sanguinetti, afirma claramente que “en lugar de un viraje hacia la izquierda, de hecho asistimos a un desplazamiento laborioso, contradictorio, resignado, hacia el centro”39.

 

La única forma de comprender a los gobiernos actuales es pasarlos por el tamiz de la crítica con, más allá de los discursos, el único criterio de sus prácticas reales. Es conveniente descifrar su base y composición social, su relación con las clases dominantes y con el imperialismo. Según Immanuel Wallerstein, actualmente existen tres cuestiones cruciales que permiten diferenciar a los ejecutivos “progresistas”, además del carácter de su relación con Washington40. Para comenzar, la cuestión de la reforma agraria y de la guerra al latifundio. Como lo recuerda Hélène Roux en este libro, se trata de una importante problemática en el momento actual de explosión del mercado de los agrocombustibles, de una reactivación de las luchas campesinas y de la necesidad de la puesta en marcha de políticas audaces que permitan la participación de los productores en la organización de la producción y la consolidación de la soberanía alimenticia. Enfrentado a la cuestión el gobierno de Lula renegó de sus promesas de llevar acabo una distribución importante de tierras. En consecuencia, el poderoso Movimiento de los Sin Tierra (MST) ha ido tomando progresivamente sus distancias respecto al Partido de los Trabajadores, renovando al mismo tiempo su voto a Lula, que es considerado como un mal menor frente a una derecha arrogante. Segundo tema esencial, el control de los recursos naturales (petróleo, gas, minas y también el agua y la biodiversidad) y las relaciones con las empresas multinacionales. Las actuales políticas de los gobiernos venezolanos, ecuatorianos y boliviano en estos ámbitos son mucho más consecuentes que las de sus vecinos, pero

 

 

36 Encontramos entre otros a: los sandinistas, el FMLN, el PT de Brasil, el Frente Amplio de Uruguay, la Causa R de Venezuela, el Partido Revolucionario Democrático mexicano.

37 A. Borón, “La izquierda latinoamericana a comienzos del siglo XXI”, OSAL, Nº 13, agosto 2004.

38 D. Luhnow, “Latin America’s left takes pragmatic tack”, Wall Street Journal, 3 febrero 2005.

39 Citado por JP Mathoz, Op. cit., p. 29.

40       I.       Wallerstein, “How Has   Latin America      Moved        Left?”  diciembre    2006 in http://www.alterinfos.org/spip.php?article708.

 

permaneciendo al mismo tiempo conformes a la ley del mercado y bastantes moderadas con respecto a las nacionalizaciones antiimperialistas de los años 70: todos estos gobiernos practican nacionalizaciones con indemnizaciones al capital extranjero o local. Por último, la cuestión de los derechos de los pueblos indígenas. Efectivamente se puede constatar un nuevo “color del poder” en la región y verdaderos avances democráticos en la materia, ya sea en el plano institucional o del status social. Gracias a movimientos pioneros como la confederación de naciones indígenas de Ecuador (CONAIE), las relaciones coloniales y etnosociales tradicionales han sido cuestionadas en beneficio de una dignificación y el reconocimiento del rol protagónico de los pueblos indígenas por parte del Estado41. En este caso, basta con comparar la criminalización sistemática de las luchas del pueblo mapuche llevada a cabo por la “socialista” Bachelet, las dificultades de la izquierda mexicana para entenderse con los zapatistas o los avances históricos en Bolivia, Venezuela y Ecuador, para entender la diversidad relativa de las izquierdas en el gobierno. Otro factor que hay que tomar en cuenta es la relación con las luchas sociales, tema que veremos más adelante, pero no cabe duda que en estos tres últimos países la adopción de nuevas constituciones en base a asambleas constituyentes democráticas (tema también en discusión en Honduras), abiertas a los movimientos sociales, la politización, el “empowerment” (empoderamiento) y la institucionalización de nuevas formas de participación popular son conquistas mayores en el contexto de la mundialización neoliberal autoritaria y después de la larga noche de las dictaduras.

Una vez hecho este breve análisis, y si queremos esquematizar un poco, se evidencia la existencia de tres variantes de gobiernos latinoamericanos en este inicio de siglo XXI. Al lado de la alternativa conservadora neoliberal y pro-estadounidense defendida por Uribe en Colombia, encontramos un segundo tipo de gobiernos que no coinciden plenamente con los Estados Unidos (como Brasil, Uruguay y Argentina) que defienden algunas posiciones de autonomía parcial de su burguesía local y están más bien orientados hacia la centro-izquierda y que podemos calificar de socio-liberales. Y finalmente, un último bloque aparece, que oscila entre progresismo radical, neo-desarrollismo y reformas plurinacionales, con poderes que se oponen en múltiples puntos pero parcialmente al imperialismo y a importantes sectores de la oligarquía local y, característica fundamental, que están conferidos de importantes niveles de participación popular, fomentando la movilización del pueblo (esencialmente Venezuela, Ecuador y Bolivia42). Sin embargo, entre estas tres variantes de regímenes, las posiciones de los gobiernos frente a diversos temas puede fluctuar en función de la relación de fuerzas a nivel internacional e interna: el gobierno chileno o peruano aparecen sobre varios aspectos más cercanos al primer grupo que del segundo, el gobierno de Evo Morales a veces tiende a acercarse más al centro izquierda que al nacionalismo radical o el gobierno bolivariano respecto a la deuda externa es más conservador que la administración de Rafael Correa y su anti- imperialismo de acomoda de importantes acuerdos con grandes multinacionales petroleras. Por otra parte, frente a las presiones externas e internas, podemos ver tensiones que es expresan entre la voluntad de cambio social “desde abajo”, de creación de poder popular constituyente y las tentaciones por parte de los gobiernos progresistas de canalizar los luchas según los ritmos de su propia agenda institucional, sin romper con el modelo económico heredado. Incluso, en el ultimo periodo, se ha asistido a una oposición creciente entre movimientos indígenas y gobiernos progresistas en torno al modelo de desarrollo y a la explotación de recursos naturales (como es el caso en Bolivia y Ecuador).

 

Luchas sociales, regreso de las utopías emancipadoras y “socialismo del siglo XXI”43.

 

41 M. Saint-Upéry, Op. Cit., pp. 191-248.

42 Ver « Luttes sociales et perspective politiques en Amérique latine » in « L'Amérique latine en lutte. Hier et

aujourd'hui », Actuel Marx, PUF, N°42, Paris, 2007, pp. 10-24 y C. Katz, « Gobiernos  y  regímenes  en  América Latina », 23 marzo 2007 in http://lahaine.org/index.php?p=21498.

43 Esta parte retoma algunas ideas expuestas en: F. Gaudichaud, “El volcán latinoamericano. Apuntes y realidades de las izquierdas al sur del río Bravo”, agosto 2005 in http://rebelion.org/noticia.php?id=20451

 

Desde la caída del muro de Berlín, el derrumbe de la mayoría de los regímenes comunistas autoritarios y el fracaso de varias experiencias revolucionarias, varios políticos e intelectuales incluso enterraron la idea de una posible transformación radical de las sociedades latinoamericanas, para ellos el horizonte de la democracia liberal se habría convertido en algo infranqueable. Sin embargo, el mismo año en que Jorge Castañeda publicaba su obra “La utopía desarmada44”, el grito

¡ya basta!” de los neozapatistas de Chiapas resonaba en la selva lacandona, anunciando su  oposición a la integración neoliberal del ALENA y apostaban por una renovación de las resistencias que debía conjugar democracia social y política, igualdad y diversidad con el fin de construir “un mundo donde quepan todos los mundos”. Se trata, según las palabras del subcomandante Marcos, de rechazar la uniformidad de la mercantilización globalizada, respetar las identidades indígenas, sin olvidar el internacionalismo45. Sobre la marcha, la región se convirtió en un faro del  movimiento altermundialista con la organización de los primeros Foros Sociales Mundiales, contra cumbres que se alzan frente a los poderosos del foro económico de Davos46. Nuevamente América Latina pone en marcha varios laboratorios de experiencias democráticas, esencialmente a nivel local, desde comedores populares autogestionados, empresas bajo control obrero hasta ensayos parciales de presupuesto participativo municipal (particularmente en Porto Alegre). Retomando la esperanzadora expresión de Pierre Mouterde, para una parte de los militantes latinoamericanos “la utopía no se deja vencer” y el fin de la historia no será mañana. Existen en la actualidad importantes movimientos que se abocan, contra viento y marea, a reinventar lo posible e insisten sobre el hecho que sólo las batallas perdidas por adelantado son las que no se dan47… No obstante, en este caso también hay que cuidarse de las falsas apariencias, ya que las diferentes caras del autoritarismo latinoamericano siguen estando presentes: bajo la forma de una criminalización de los movimientos sociales (por ejemplo el sindicalismo en Colombia o los indígenas de la amazonia peruana), de una profundización del paradigma neoliberal en algunos países (América Central), una tendencia al cierre del espacio publico en nombre de la “seguridad ciudadana” (Chile y México entre otros) y a través de una militarización de múltiples territorios o practica de terrorismo de Estado (en Oaxaca o Atenco en México, en Colombia, en el sur chileno en contra de los Mapuche, en las maquiladoras y diariamente en toda la región para reprimir las practicas huelguistas de los trabajadores urbanos o las marchas estudiantiles, etc.). Estas limitaciones no han logrado impedir la expresión de radicalidad de las movilizaciones colectivas, lo que, combinado a los llamados al “socialismo del siglo XXI” hechos por dirigentes como Hugo Chávez, inquietan de manera particular a las elites locales y al mismo tiempo a Washington.

 

Las grandes revueltas populares en Argentina, Ecuador, Bolivia y Panamá, la inestabilidad crónica de los gobiernos neoliberales, la multiplicación de las luchas contra las privatizaciones, contra la degradación del medioambiente, contra la expansión de las transnacionales o los TLC, los medios de comunicación comunitarios venezolanos, el Movimiento de los Sin Tierra en Brasil o la rica historia de los Consejos de buen gobierno zapatistas (los “caracoles”) han abierto una larga onda de luchas de clase48. Es interesante observar que este despertar es común al conjunto de los países del Sur y que este acompaña una dinamización de las sociedades civiles a nivel mundial49. En Latinoamérica es un verdadero mar de fondo que se ha extendido sobre la región: un verdadero “movimiento de movimientos” y de forma particular bajo la forma de “nuevos movimientos sociales”. Entre estos actores hay que considerar al movimiento feminista, que busca reorganizarse luego de un periodo de fuerte crecimiento e institucionalización. “Es un hecho que el endurecimiento y la reorganización de las relaciones sociales de sexo, de “raza” y de clase, obligan

 

44 J. Castañeda, Utopia Unarmed, Vintage Books, 1994.

45 Gloria Muñoz Ramírez, EZLN: el fuego y la palabra, Tinta y Limón ediciones, Argentina, 2004.

46 Sobre la historia de los foros sociales mundiales: C. Whitaker, El desafío del Foro Social Mundial: un modo de ver, Icaria editorial, Barcelona, 2006.

47 P. Mouterde, Quand l’utopie ne désarme pas, Ecosociété, Montréal, 2002.

48 Ver los trabajos del Observatorio Social de América Latina: www.clacso.org.ar/difusion/secciones/osal.

49 F. Polet (coord.), Etat des résistances dans le Sud – 2008, Editions Syllepse - Centre Tricontinental, vol. XIV, n° 4, Paris, 2007.

 

a profundizar continuamente el análisis y a proponer nuevas estrategias de organización. Las reflexiones y las luchas de muchas latinoamericanas y caribeñas, a pesar de las dificultades que deben afrontar, son particularmente útiles para analizar la mundialización neoliberal y contemplar alternativas radicales” (ver artículo de la socióloga Jules Falquet). Otro agente colectivo que se ha convertido en ineludible: el movimiento indígena. La historia social de América Latina de estos últimos 20 años ha estado marcada por la emergencia y la persistencia de las movilizaciones indígenas en el primer plano del escenario sociopolítico de la región. Según el texto de Bernard Duterme: “los nuevos actores contestatarios indígenas reivindican una democratización profunda (descolonización) de los Estados y estigmatizan el sistema económico dominante. Si la justicia social sigue siendo la finalidad última, a partir de ahora, su búsqueda se fundamenta en la responsabilización del poder, el reconocimiento de las diversidades y la revalorización de la participación. Estos movimientos manifiestan, por parte de la gente que les da vida, una voluntad de emancipación, de apropiación y de manejo de la modernidad”.

 

Con este libro colectivo, invitamos al lector a intentar comprender estas fuerzas que han emergido y que han hecho nacer una crítica renovada del capitalismo, como así también, nuevas formas de organización. De hecho, los repertorios de acción colectiva utilizados son particularmente interesantes, con un énfasis especial sobre la autonomía, la horizontalidad y a veces la autogestión y la auto-organización. Podemos tomar el ejemplo de las organizaciones barriales de El Alto en las alturas de la capital boliviana, La Paz50, la increíble combatividad de la comuna de Oaxaca en México o la de múltiples Consejos Comunales de Caracas, que llaman a un reforzamiento del “poder popular” y al “mandar obedeciendo”, negándose, al mismo tiempo, al control burocrático de sus actividades por parte del Estado. Citemos también la enorme cantidad de cooperativas de producción o incluso la centena de empresas recuperadas por sus trabajadores en una decena de países: la empresa de aluminio ALCASA o la siderúrgica SIDOR en Venezuela o la fábrica de cerámicas Zanon en Argentina. Ésta última ha sobrepasado los límites de la cogestión impulsando  el control obrero, la estatización en paralelo a la multiplicación de las formas de participación con la comunidad de la provincia de Neuquén51.

 

No obstante, para nosotros, la idea de un movimiento social ideal y completamente nuevo, es remota. En primer lugar porque los diferentes procesos de movilización están atravesados por múltiples divisiones, ya sea en sus lógicas y sus resultados. Incluso algunos se orientan más bien hacia el corporativismo y el clientelismo que hacia el progresismo. En la mayoría de los casos las posiciones “antisistémicas” son, por otro lado, minoritarias52. Y cuando estas logran llegar a niveles de movilización histórica, son frecuentemente empujadas al fracaso por las instituciones: en Costa Rica, a pesar de un movimiento ciudadano sin precedentes, el referendo de octubre 2007 logró una mínima mayoría a favor de un desastroso tratado de libre comercio de América Central (CAFTA). Ya que esta dinámica es el resultado de una articulación entre un pasado de movilizaciones (esencialmente las del movimiento sindical en crisis) y un presente, donde el origen común de las resistencias es, como lo fue ayer “el conflicto directo e indirecto, con la materialidad de las relaciones de poder y dominación53”. Por último, a contrapelo de las teorías “movimientistas”, una de las interrogantes que se plantea (no siempre asumida) sigue siendo la de las relaciones, algunas veces conflictivas, entre el espacio de los movimientos sociales y el campo político. Evidentemente este vínculo plantea el problema de la cooptación política de los movimientos, el del acompañamiento consciente o inconsciente, el de las agendas institucionales y gubernamentales

 

50 Sobre este tema ver el excelente estudio de terreno: Franck Poupeau, Carnets boliviens (1999-2007). Un goût de poussière, éditions Aux lieux d'être, Paris, 2008.

51Fernando Aiziczon, Zanón. Una experiencia de lucha obrera, Ediciones Herramienta y Editorial El Fracaso, Buenos Aires, 2009.

52 Según Immanuel Wallerstein, “un movimiento es antisistémico porque constata que ni la libertad ni la igualdad pueden ser una realidad en el sistema existente y que es necesario transformar el mundo para que estas lo sean” (Le

Grand tumulte ? Les mouvements sociaux dans l’économie-monde, Paris, La Découverte, 1991, p. 36).

53 Hernán Ouviña en Mouvements et pouvoirs de gauche en Amérique latine, Op. Cit.

 

(Cf. Las relaciones ambiguas del gobierno brasileño con los militantes del PT provenientes del movimiento social). En un continente donde la historia está marcada a fuego por los caudillismos, los caciquismos y otros “populismos”, esta reflexión sigue siendo vigente. En este sentido, reflexionar sobre el populismo y el “neopopulismo” significaría entrar en el debate, inacabado por cierto, de su definición. Ya que, según los diversos autores, en esta definición caben gobiernos radicalmente diferentes como el de Hugo Chávez, el de Lula o el de Álvaro Uribe. Sólo podemos constatar que este adjetivo es utilizado sobretodo en los medios de comunicación dominantes y en los medios académicos como una palabra “mágica” o un nuevo “demonio”, destinado a desacreditar, a través de un escaso esfuerzo intelectual, todo lo que pudiese menoscabar el orden establecido o lo que pueda significar un cierto grado de radicalidad política. Marc Saint Upéry, frente a la confusión que rodea esta noción, ¡incluso ha llamado a una moratoria internacional para la palabra “populismo”!. Otros autores, al contrario, la reivindican bajo una perspectiva más bien positiva frente a los tormentos del neoliberalismo. Es el caso del politólogo Ernest Laclau, para quien la “razón populista” pondría en juego “el verdadero desafío para el futuro democrático de las sociedades latinoamericanas: crear Estados viables, que pueden serlo sólo si el momento vertical y el momento horizontal de la política llegan a un cierto punto de integración y equilibrio”. Al contrario de numerosas opiniones, Laclau piensa que la ruptura populista puede significar también democratización, cuando esta permite el reemplazo de “la canalización puramente individual de las demandas sociales” (según él, el caso del proceso venezolano). Sin embargo, una interrogante legítima es “saber si no hay un momento de tensión entre el momento de la participación popular y el momento del líder, si el predominio de este último no puede llevar a la limitación de la primera54”. Además, en un contexto regional donde la tradición presidencialista de los regimenes se refuerza, el elogio al populismo evacua la interrogante sobre el respeto de la autonomía de los movimientos sociales y se reivindica de la noción que dice todo y nada de “pueblo”, que diluye los antagonismos sociales en curso, pero “explicitar el universo de clase es vital en la actual coyuntura latinoamericana porque los diferentes proyectos que están en debate, el neoliberal, neodesarrollista y radical antiimperialista, expresan intereses de clase que deben ser aclarados. Cada una de estas ideas sostienen proyectos muy diferentes de renovación de las plutocracias actuales o de construcción de un nuevo sistema político55”.

 

La última parte de este libro invita precisamente a reflexionar sobre las alternativas posibles en el momento donde la cuestión estratégica del “socialismo del siglo XXI” se encuentra nuevamente en discusión y donde los intelectuales orgánicos del neoliberalismo ya no gozan de una dominación casi absoluta de las mentes. Tanto la crisis electoral mexicana como la insurrección argentina del 2001, han confirmado que, ni la rebelión sin proyecto político, ni la simple táctica electoral han sabido constituirse en una respuesta a los desafíos neoliberales. De ahí la importancia de los debates en torno a la problemática del “poder”. Algunos integrantes de la izquierda social, inspirados por el neozapatismo, las teorías de Tony Negri y en parte por el movimiento altermundialista, piensan que se puede “cambiar el mundo sin tomar el poder”. Es también lo que proclama el intelectual inglés John Holloway56. Privilegiando los contra-poderes provenientes de la sociedad civil y rechazando toda forma de delegación, de pertenencia partidaria o de participación institucional, esta teoría genera polémica. Si bien es cierto que se trata de una reacción comprensible contra las actitudes a menudo verticalistas o autoritarias de los partidos tradicionales. Pero, ¿cómo se puede pretender cambiar el mundo sin organizarse políticamente y eludiendo la cuestión crucial del Estado? Si bien existe de forma clara y evidente una distancia entre el campo de lo político y el espacio de los movimientos sociales, precisamente, ¿no sería la articulación entre los dos que estimularía la edificación de alternativas? Por cierto, luego de veinte años de construcción de una autonomía

 

54 Ernesto Laclau, “La deriva populista y la centroizquierda latinoamericana” in Nueva Sociedad, Nº 205, Caracas, septiembre/octubre 2006 in http://www.nuso.org/upload/articulos/3381_1.pdf. Ver también: La razón populista, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2005.

55 C. Katz, “Estrategias socialistas en América Latina”, Revista Viento Sur, N° 94, España, enero 2007.

56 J. Holloway, Cambiar el mundo sin tomar el poder, Viejo Topo, Madrid, 2002.

 

indígena ejemplar, pero también frente al aislamiento y a la represión del poder central, la Sexta declaración del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (2005) reconoce la necesidad de una unión de los indígenas “con los trabajadores de las ciudades y del campo” y llaman a la elaboración “de un programa nacional de lucha, claramente a izquierda, verdaderamente anticapitalista y verdaderamente antiliberal”.

 

En esta discusión, que en el momento actual es continental, la revolución cubana sigue siendo un símbolo incontestable frente a los ojos de muchos latinoamericanos, ya que el régimen cubano ha sido, durante decenios, el único poder que ha continuado reivindicando el socialismo y que ha conservado una herencia que hoy en día renace. No obstante, las realidades del socialismo en la isla parecen bien lejanas del ideal inicial, y la necesidad de reinventar la democracia conservando al mismo tiempo las conquistas sociales es urgente (Cf. artículo de Janette Habel). En cuanto al proceso bolivariano venezolano, este ha ido acumulando originalidades: “al principio de su gobierno, Chávez hablaba de la necesidad de combatir el “neoliberalismo salvaje” y de construir un capitalismo humano; una “tercera vía venezolana”, como solución a la profunda crisis socioeconómica que atravesaba el país. Sin embargo la fuerte reacción provocada por las medidas de su gobierno al interior de la burguesía nacional y de sus aliados en los Estados Unidos radicalizó el proceso venezolano a tal punto que a inicios del 2005, Chávez expreso su rechazo del capitalismo como modelo para Venezuela y habló de la necesidad de crear un “socialismo del siglo XXI” (artículo de Edgardo Lander y Pablo Navarrete). A falta de un poderoso movimiento obrero organizado, el presidente de Venezuela se ha apoyado en algunos sectores de las Fuerzas Armadas y una fracción de las clases pobres. A pesar de las maniobras de Washington, el gobierno ha acumulado los triunfos electorales y un programa de urgencia social que ha dado sus frutos. No obstante, el fracaso del referendo del 2 de diciembre del 2007, las tendencias “bonapartistas” o de hiper-leadership del chavismo, la entropía burocrática del Estado venezolano permiten constatar que el pueblo dio prueba de autonomía y capacidad para manifestar, a través de la abstención, “hacer sonar la alarma, sin por ello pasar a la oposición o poner en peligro el proyecto de cambios” (idem). En Ecuador y Bolivia, los procesos constituyentes de 2007-2008 permitieron hacer avanzar la democratización en curso, a pesar de las dificultades como la polarización social y la presencia de oligarquías listas para fomentar la secesión territorial y etnosocial. Hervé Do Alto, gracias a un largo trabajo de terreno, nos explica esta ardua refundación de Bolivia y la aparición de una compleja arquitectura del poder, “entre participación y caudillismo”.

 

Como en Ecuador o en Venezuela, estos procesos están confrontados a opciones contradictorias y algunos autores hablan de proceso en “disputa”. Para resumir: la primera opción, neodesarrollista, postula una especie de keynesianismo latinoamericano actualizado, proyectos nacional-populares y formas de capitalismo de Estado (llamado “capitalismo amazónico-andino” por el vicepresidente boliviano Álvaro García Linera) como una reanudación con las antiguas perspectivas “etapistas” de la izquierda latinoamericana57. La segunda, de un socialismo democrático, llama a dar la prioridad al movimiento popular en la definición de las políticas económicas y sociales, radicalizándose en un proceso anticapitalista permanente, producto de la movilización desde la base, donde se intentan experiencias de redistribución real del ingreso (no sólo de las rentas o políticas asistencialistas), de representación institucional democrática combinada con órganos de decisión popular directa, de expropiación-socialización de los principales medios de producción, distribución y de comunicación, etc. : es decir la construcción de un poscapitalismo para el siglo XXI58. Esta ruptura, en América Latina, podría -tal vez- inspirarse de las enseñazas de Mariategui y orientarse tanto hacia el “buen vivir” indígena como hacia el socialismo dentro de proyectos endógenos sustentables, es decir “ecosocialista” e “indo-americano”.

 

57 La teoría “etapista”, defendida por los partidos comunistas, postulaba el desarrollo de una revolución por etapas, con una primera fase de alianza con la (mal) llamada “burguesía nacional” y el desarrollo del capitalismo, que luego conduciría hacia una etapa socialista.

58 Claudio Katz, El porvenir del socialismo, Imago Mundi /Herramienta, Buenos Aires, 2004.

 

Estos vaivenes, esta disputa, se ven en la radicalidad de los discursos de las izquierdas, no siempre en relación con la práctica concreta de los gobiernos, muy pragmática; se ven también en las demandas y las críticas de múltiples colectivos militantes, sean políticos o sociales que nutren estos procesos de cambios. En los años 60 y 70, en América Latina, se hablaba de “revolución”, de “huelga general insurreccional”, de “cambios estructurales” o de “guerra popular prolongada”. En estas últimas décadas cambiaron el panorama mundial y cambiaron las izquierdas. Actualmente, no hay procesos revolucionarios stricto sensu en la región (con experiencias de poder dual), pero lucha prolongada por la hegemonía: se abrieron nuevos caminos para el cambio social y por eso es, sin lugar a duda, muy útil tener una lectura gramsciana de la época, como lo hace Massimo  Modonesi59. Existen interesantes tentativas democratizadoras (de corte nacional-popular) que todavía se inscriben dentro de la economía dependiente de mercado y coyunturas políticas- institucionales abiertas a la expresión y a las reivindicaciones de la movilización popular. Lo que llama la atención de este periodo es sobre todo este ímpetu vital hacia una descolonialidad del poder, hacia una construcción post-colonial y hacia un multiculturalismo integrador, después de más de 500 años de dominación y explotación de los pueblos originarios. Este movimiento es esencial para pensar una ruptura con el modelo capitalista-productivista occidental (ver el llamado de los movimientos sociales en la tercera parte). Como lo dijo Evo Morales en Leganés (España - septiembre 2009), en Bolivia donde esta tentativa es la más honda, se vive “una lucha permanente por la igualdad entre indígenas y mestizos y criollos en aquellos tiempos, por una nueva forma de vida, de igualdad en la dignidad, pero también una lucha permanente por el respeto a nuestros derechos, el derecho sobre todo de los pueblos indígenas, el sector más vilipendiado de la historia boliviana y la historia de Latinoamérica” y eso representa “una dura resistencia, una rebelión a un Estado colonial, una rebelión de los pueblos contra el saqueo de nuestros recursos naturales, una rebelión permanente contra las formas de sometimiento. Y esas luchas, quiero decirles, hermanas y hermanos de Bolivia, no han sido en vano, de una lucha sindical, de una lucha social, de una lucha comunal pasamos a una lucha electoral”.

 

Pero, el tiempo en política no es extensible ad eternum y en esta “guerra de posición” (Gramsci), las clases dominantes tienen muchos recursos… Como lo constata Raúl Zibechi, con la crisis económica mundial y el peso del social-liberalismo en la región, los movimientos sociales están cada vez más a la defensiva, después de años de ofensiva: “La debilidad por la que atraviesan los movimientos no permite concluir que ahora sean los gobiernos la punta de lanza contra el neoliberalismo o los hacedores del cambio social. Es cierto que el progresismo ha reforzado el papel del Estado en la economía, frenó las privatizaciones cuando ya queda poco por privatizar, promueve políticas sociales más ambiciosas y busca regular algunos aspectos de la actividad económica. Pero en modo alguno puede decirse que se esté procesando una ruptura con el modelo, quizá con la excepción de Bolivia. Pese a estos cambios, la "acumulación por desposesión", que es el núcleo del neoliberalismo, sigue intacta como lo demuestran la creciente concentración de riqueza y la depredación del medio ambiente. Será imposible salir del modelo sin mediar una profunda crisis política, ya que las fuerzas interesadas en mantenerlo han acumulado mucho poder material y mediático y cuentan con amplios apoyos sociales que abarcan capas nada despreciables de los asalariados”60.

 

Este dilema sobre las alternativas posibles tiene numerosas implicaciones en términos de geopolítica regional. Con el previo rechazo del ALCA (Área de libre Comercio de las Américas) y por lo tanto del proyecto de competencia neoliberal bajo la égida de los Estados Unidos, la discusión sobre la integración latinoamericana encuentra un notable auge. La nueva situación

 

59 M. Modonesi, “Crisis hegemónica y movimientos antagonistas en América Latina”, Rebelión, septiembre 2008, www.rebelion.org/noticia.php?id=73350.

 

60 R. Zibechi, « Los ciclos de los movimientos sociales”, ALAI, marzo 2009, http://alainet.org/active/29286&lang=es.

 

sociopolítica ha dado nacimiento a un eje Caracas – La Habana – La Paz, al mismo tiempo que se acentúan las líneas de fracturas políticas en toda América Latina. En diciembre 2004, Fidel Castro  y Hugo Chávez firmaron un acuerdo que promueve un importante intercambio de recursos entre los dos países. Este acuerdo se inscribe en el marco de la “Alternativa Bolivariana para las Américas” (ALBA), destinada a extenderse hacia otros países. Esta política internacional no solamente da una bocanada de oxigeno al pueblo cubano. Venezuela, con un liderazgo en incremento y gracias a una petro-diplomacia ofensiva, intenta de esta forma tomar su distancia con los Estados Unidos, establecer lazos de Sur a Sur (en especial con Brasil y Argentina) y favorecer el gran sueño bolivariano de una integración latinoamericana. Es lo que detalla el investigador Thomas Fritz, quien recuerda que el alejamiento del dogma neoliberal se confirma también por los “Tratados de comercio de los Pueblos”, introducidos por Bolivia. Sin embargo, si bien este último país y Venezuela han rechazado los tratados de libre comercio con los EE.UU., estos dos países negocian, al mismo tiempo, con la Unión Europea (en el marco de su pertenencia a la CAN y el MERCOSUR) tratados, en los cuales los principios de competencia están en abierta contradicción con las ideas del ALBA. Podemos percibir las tensiones al momento de fundar un gran Banco del Sur. Eric Toussaint, reconocido especialista de la cuestión, señala que en un primer momento “la relativa abundancia de reservas de intercambio de las que disponen los gobiernos de la región y el impasse en la utilización actual de estas, benefició al presidente Hugo Chávez, quien proponía  desde 2006 la creación de un Banco del Sur”. En febrero 2007, Argentina y Venezuela anunciaron el lanzamiento de este organismo financiero de nuevo tipo. Rápidamente se les aliaron Bolivia, Ecuador, Paraguay, Brasil, Bolivia, y en un corto plazo, Uruguay. Esta banca tendrá por función financiar el desarrollo en la región, prescindir del FMI creando un fondo monetario de estabilización y tal vez, una moneda única, herramientas esenciales para enfrentar la crisis. Pero,  por el momento, con el peso del Brasil, el proyecto parece más cercano a la óptica del Mercado Común del Sur que del ALBA (por cierto, la iniciativa no incluye a Cuba). Esto a pesar de que el problema de la deuda pública parece lejos de estar resuelto.

 

Finalmente, el panorama de esta América Latina en movimiento nos devela todo un abanico de enriquecedoras experiencias de lo “posible”, pero a la vez salpicadas de tropiezos y contradicciones. Chico Whitaker, cofundador del Foro Social Mundial, insiste sobre la riqueza de la ebullición colectiva que atraviesa al subcontinente, pero también sobre el camino que queda por recorrer: “estas iniciativas, que componen un mosaico abigarrado de muestras de lo que podría ser la sociedad por la que luchamos, todavía no han adquirido una visibilidad o un peso suficiente en la sociedad. Vistas en su conjunto, estas no son suficientemente conocidas por la mayoría, a la cual no tocan directamente y que no logra creer que otro mundo es posible”61. El objetivo de este libro colectivo es, precisamente, otorgar al público un acercamiento claro y sintético del estado de las resistencias al neoliberalismo en América Latina, pero también una explicación de los principales desafíos actuales e igualmente elementos de reflexión sobre la construcción de alternativas posibles al capitalismo neoliberal. Así, se trata de dar la palabra a universitarios e intelectuales “críticos”, provenientes de diversos campos científicos y corrientes de pensamiento, ya sea latinoamericanos, europeos o estadounidenses. El lector encontrará en las siguientes páginas el análisis de veinte autores de diez nacionalidades diferentes y que viven de los dos lados del Atlántico. En este conjunto pluridisciplinario, hemos deseado combinar lecturas transversales, continentales con enfoques país por país, acompañados de una orientación bibliográfica “para poder ir más allá”. De esta forma nos proponemos pensar colectivamente a América Latina en este inicio del siglo XXI, con la ambición de ayudar a comprender el presente y descifrar los procesos sociales y políticos que se avecinan.

 

(Grenoble, Francia, 2009)

 

 

 

61 Entrevista con Chico Whitaker, Contretemps, Textuel, N° 10, Paris, 2004, p. 191.

 

Para comprender mejor la América Latina actual:

• ALAI, América Latina: Riqueza privada, pobreza pública, Quito, enero 2009 ( http://alainet.org/publica/riqueza/).

• Broederlijk Denle, ALAI, Territorios y recursos naturales: el saqueo versus el buen vivir,

2008, Quito (http://alainet.org/publica/rrnn/).

• Claudio Katz, Las disyuntivas de las izquierdas, Ediciones Luxemburg, Buenos Aires, 2008

• José Natanson, La Nueva Izquierda, Debate, Madrid, 2008.

• Marc Saint-Upéry, El sueño de Bolívar: el desafío de las izquierdas sudamericanas, Paidós, Barcelona, 2008.

• Emir Sader (dir.), Enciclopedia Contemporánea de América Latina y el Caribe, AKAL / CLACSO, Madrid, 2009

• José Seoane (coord.), Movimientos sociales y conflictos en América Latina, CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Programa OSAL, Buenos Aires, 2003.

• Jairo Estrada Álvarez (Comp.), Izquierda y socialismo en América Latina, Marx Vive, Universidad Nacional de Colombia, 2008, (www.espaciocritico.com).

 

• Agencia de información Fray Tito para América Latina (ADITAL) : www.adital.com.br

• América Latina en Movimiento (ALAI - multilingüe) : http://alainet.org

• Difusión de información sobre América Latina (Dial / Alterinfo) : www.alterinfos.org

• Observatorio Social de América Latina (OSAL) : www.clacso.org.ar/difusion/secciones/osal

• Observatorio Político de América Latina y el Caribes (OPALC – Multilingüe) : www.opalc.org

• Portal de información sobre América Latina. Proyecto del Gran Instituto Teresa Lozano de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Texas (multilingue): http://lanic.utexas.edu

• Rebelión, sitio de información alternativa: www.rebelion.org

• Red de información y de investigación sobre América Latina (REDIAL-multilingüe): www.reseau-amerique-latine.fr

• Sección       “América    Latina”       de      la       revista        Contretemps  (en     francés): http://contretemps.eu/amerique-latine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primera parte

 

 

 

¿La “Patria Grande”?

 

 

Acercamiento problemático continental

 

Las nuevas formas del Imperio

Estados Unidos y América Latina en tiempos de Obama

por James Petras

 

Traducción del inglés (usamericano) por Manuel Talens

 

 

El escritor usamericano James Petras es profesor emérito jubilado de Sociología en la Binghamton University, (Nueva York). Entre los temas de su producción intelectual, especializada en la problemática latinoamericana, se destacan tres temas: el imperialismo, el repliegue de los intelectuales críticos, y las contradicciones del socialismo de mercado. Petras es autor de numerosos libros, entre los cuales: Social Movements and State Power: Argentina, Brazil, Bolivia, Ecuador (con Henry Veltmeyer), Pluto Press, 2005 y The Rulers and the Ruled in the US Empire, Clarity Press, 2007.

 

El escritor y traductor español Manuel Talens es miembro de Tlaxcala.es, la red de traductores por la diversidad lingüística, y del colectivo de Rebelión.org.

 

 

 

 

 

Introducción

 

Uno de los aspectos más sorprendentes de las relaciones contemporáneas entre Usamérica y Latinoamérica es la profunda divergencia que existe entre, por un lado, las esperanzas, las expectativas y la positiva imagen que de sí mismo ofrece el gobierno de Obama y, por el otro, las políticas, estrategias y prácticas que lleva a cabo en el mundo real. Muchos de los comentaristas usamericanos y no pocos escritores latinoamericanos han decidido ignorar los rasgos más elementales de la política exterior de Washington para centrarse exclusivamente en su falsa retórica de “cambio” y “nuevo comienzo”. Para comprender en su justa medida la política exterior usamericana con respecto a Latinoamérica se necesita un análisis de los principales objetivos del gobierno de Obama, a saber, de las prioridades planetarias de la política imperial en estos tiempos de guerras múltiples y crisis generalizada. Las tácticas y la estrategia usamericanas con respecto a la región del continente situada al sur del Río Bravo salen a la luz únicamente si se tienen en cuenta los recientes cambios históricos, económicos y políticos en Latinoamérica, así como los variables alineamientos políticos. Una evaluación realista de la política de Usamérica requiere que se vaya más allá de las declaraciones y de la “proyección del poder” de Washington para proceder a un análisis de sus actuales capacidades y de los recursos disponibles para llevar a cabo el programa de Obama en Latinoamérica. Con vistas a evaluar la política de Washington, se debe analizar su coherencia y su viabilidad a la luz de su diagnóstico político de Latinoamérica, lo cual ofrece una base para determinar la compatibilidad o el conflicto de intereses entre ambas regiones. Surge entonces una cuestión básica: ¿De qué manera las políticas, los objetivos y los recursos disponibles del gobierno de Obama cuadran con las necesidades de desarrollo de los diferentes países latinoamericanos en estos tiempos de crisis económica global?

La respuesta a esta pregunta requiere que examinemos las políticas recientes y los alineamientos políticos en Latinoamérica. Sería absurdo sobreestimar o subestimar el grado de la “hegemonía” usamericana o de la “autonomía” latinoamericana, sobre todo si se consideran los importantes cambios en las relaciones de poder que tuvieron lugar durante las dos últimas décadas y todavía siguen teniendo lugar hoy en día. Las relaciones de Latinoamérica con Usamérica están

 

ampliamente influenciadas por los acontecimientos externos, entre ellos los conflictos de clase, que determinan la correlación de fuerzas políticas, y también por los acontecimientos externos, tales como la intervención usamericana y su expansión externa y las condiciones de los mercados mundiales. Los cambios en las relaciones político-económicas de Latinoamérica se pueden dividir en períodos distintos, que ofrecen una visión general de su grado relativo de hegemonía y autonomía con respecto al imperio.

 

Los cambiantes contornos de las relaciones entre Usamérica y Latinoamérica (1990-2009)

Cualquier “análisis general” de las relaciones entre Usamérica y Latinoamérica está sujeto a excepciones y variaciones según sean las experiencias particulares de los países, incluso si existen “tendencias dominantes” en la región. Las primeras dos décadas, desde 1980 a 2000, establecen ciertos parámetros para políticas recientes, en particular los conflictos y las divergencias de interés. El período desde 1980 a 1999 fue definido por Washington y Wall Street como la “Edad de oro” de las relaciones entre Usamérica y Latinoamérica. Los regímenes aceptaron y promocionaron la hegemonía usamericana, de acuerdo con los términos dictados por el FMI, el Consenso de Washington y el modelo de acumulación capitalista. Esto incluía la eliminación de las barreras arancelarias, la privatización de compañías públicas (entre ellas bancos, pozos petrolíferos, minas, fábricas y compañías de telecomunicaciones) y su posterior desnacionalización o transferencia a corporaciones multinacionales usamericanas y europeas. Tanto Usamérica como la Unión Europea se apoderaron de esas compañías públicas a precios y condiciones excepcionalmente favorables, lo cual condujo a la transferencia masiva de los beneficios, los intereses y los pagos en concepto de alquiler a las multinacionales, lo que les proporcionó una amplia influencia sobre el sistema financiero y crediticio, así como el acceso a los ahorros locales en los países latinoamericanos.

En el ámbito político, tales países aceptaron y promovieron la ideología usamericana del libre mercado, conocida como neoliberalismo, y apoyaron la intervención diplomática y política del imperio en la región, así como en otras partes del planeta. El saqueo de los tesoros públicos y de los ahorros privados por parte de las multinacionales y la concentración resultante de la riqueza y del poder político polarizaron la sociedad y precipitaron grandes crisis políticas y económicas, lo cual condujo a levantamientos populares en la mayor parte de la región entre los años 2000 y 2004. Latinoamérica fue testigo de la sustitución de varios gobiernos clientelistas de Usamérica, de un cuestionamiento generalizado de la ideología del libre mercado y de un creciente potencial de cambios estructurales radicales. Como consecuencia de la nueva relación de fuerzas, el poder político usamericano disminuyó y su influencia se vio ampliamente limitada a las elites políticas y económicas situadas en los márgenes del gobierno, asediado por movimientos activos y electorados desafectos. El “tercer período” fue testigo de “regímenes inhibidos”, que respondieron a las exigencias populistas y a las críticas del neoliberalismo (estructuras y políticas económicas centradas en el imperio), pero sin eliminar ninguno de los impopulares legados estructurales y de la propiedad impuestos por los gobiernos clientelistas anteriores. El auge y la consolidación de un amplio abanico de “gobiernos de centroizquierda”, altamente diferenciados, se benefició de las condiciones económicas mundiales, en especial de los elevados precios de los bienes de consumo, que facilitaron programas de bienestar social y la recuperación económica, así como el “declive” relativo del poder político usamericano. Este declive se intensificó a causa de la implicación de Washington en una serie de guerras prolongadas en Oriente Próximo y en el sudeste asiático, así como de su “guerra global contra el terror”. El “tercer período” se caracterizó por un aumento de la relativa autonomía de Latinoamérica, ayudado por enormes e imprevistos beneficios debidos a precios excepcionales y a mercados asiáticos en expansión, así como a las iniciativas político- económicas regionales del gobierno de Hugo Chávez en Venezuela.

El final del boom de los bienes de consumo y el inicio de una depresión de ámbito mundial marca el comienzo del cuarto período. Dos fenómenos contradictorios impactaron las relaciones entre Usamérica y Latinoamérica. Dado que la primara era el epicentro de la crisis económica mundial y

 

sus instituciones financieras y de inversión se volvieron insolventes, la financiación y la inversión desaparecieron o fueron repatriadas, lo cual debilitó la presencia usamericana en Latinoamérica y su influencia económica en la región con grandes reservas extranjeras. En segundo lugar, el incremento de las fuerzas militares usamericanas en otras regiones (Oriente Próximo/Asia/Europa del Este) disminuyó su capacidad de intervención militar en Latinoamérica. Mientras que los acontecimientos de la situación económica y militar mundial ofrecieron oportunidades para ejercer una mayor autonomía latinoamericana, el declive en los mercados de la exportación, la contracción de los mercados del crédito y de los ingresos en concepto de capital extranjero sacaron a la luz la vulnerabilidad de los regímenes de “centroizquierda”, muy dependientes de las “estrategias de exportación”. Los rasgos contradictorios del “cuarto período” dieron forma al marco actual de las relaciones contemporáneas entre Usamérica y Latinoamérica y definen algunos de las cuestiones clave a las que se enfrentan los dirigentes latinoamericanos y el gobierno del presidente Obama.

Aumento del militarismo, proteccionismo financiero y disminución del comercio

Las políticas de Obama en Latinoamérica están negativamente presididas por estas tres prioridades. En política exterior, el nuevo presidente prosigue los designios militares imperiales de sus predecesores. Contrariamente a las esperanzas de paz de muchos de sus defensores progresistas e izquierdistas, Obama se ha rodeado de militaristas comprometidos, de sionistas y de fríos señores de la guerra. Las principales diferencias entre Bush y Obama estriban en el lenguaje diplomático que acompaña al designio imperial y en el alcance y la profundidad de la actividad militar. Obama ha asumido una retórica de “reconciliación”, “negociación” y “cambio”, muy distinta de la abiertamente belicosa y confrontacional de Bush, pero ello no le ha impedido acelerar y extender las actividades militares más allá de las de Bush. Un análisis sistemático de las políticas de Obama revela su insistencia primordial en proyectar el poderío militar como instrumento principal para el mantenimiento del imperio en todo el mundo. Para poder descifrar el contenido real de la política de Obama con respecto a Latinoamérica es preciso observar sus prioridades de política exterior, su reparto de los recursos financieros y sus compromisos de política pública, así como hacer caso omiso de su insignificante retórica diplomática. La primera declaración importante, de acuerdo con sus políticas militares mundiales, fue la militarización de la frontera con México, que recibió una asignación de casi quinientos millones de dólares en ayuda militar para el derechista Calderón. La política de la Casa Blanca con respecto al problema del narcotráfico y la violencia en México y Colombia es de orden militar e ignora sus raíces socioeconómicas estructurales:

Millones de jóvenes campesinos y pequeños agricultores mexicanos han sido conducidos a la quiebra, el desempleo y la pobreza a causa del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), lo cual ha creado una enorme bolsa de posibles traficantes. La expulsión de cientos de miles de trabajadores mexicanos inmigrantes y las nuevas fronteras militarizadas han cerrado la puerta de salida con la que contaban los campesinos mexicanos para huir de la miseria y el crimen. Contrariamente a lo sucedido en la Unión Europea, que entregó miles de millones a los países menos competitivos en el momento de su incorporación, como España, Grecia, Portugal y Polonia, Washington no ha puesto a la disposición de México ningunos fondos compensatorios para que incremente su competitividad productiva y cree empleo para su población. El militarizado régimen colombiano, conocido por sus violaciones de los derechos humanos, es en la actualidad el mayor receptor de ayuda militar de Usamérica en Latinoamérica. A través del Plan Colombia de contrainsurgencia, Bogotá ha recibido más de 5 mil millones dólares, la tecnología militar más avanzada y miles de consejeros militares usamericanos y mercenarios subcontratados. El apoyo de Obama al ultraderechista Estado colombiano es su respuesta a los gobiernos populares y radicales elegidos democráticamente en Ecuador y Venezuela.

Las políticas de Obama con respecto a Latinoamérica son la continuación de las prioridades militares y de defensa del gobierno de Bush, incluidos el embargo económico de Cuba y su violenta hostilidad frente al nacionalismo venezolano. No hay ninguna nueva iniciativa económica. Más allá del apoyo retórico al libre comercio, Obama mantiene los cupos y los aranceles anteriores sobre importaciones más competitivas de Brasil y añade nuevas medidas proteccionistas contra camiones

 

y camioneros mexicanos. Incluso en estos tiempos de grave crisis económica nacional, la incesante continuación del crecimiento militar imperial constituye la base sobre la cual se asienta la relación de Washington con Latinoamérica. El enfoque militar con respecto a Latinoamérica se refleja en su ineptitud o falta de predisposición para asignar recursos económicos y subraya su preocupación por sostener a dos clientes muy importantes de Usamérica, Colombia y México, con programas de ayuda militar. El escaso interés y todavía peor compromiso económico de la Casa Blanca con Latinoamérica son la prueba de que no la tiene entre sus prioridades. De hecho, está en quinto lugar después de la crisis económica, el Oriente Próximo y las guerras del sudeste asiático, la coordinación de las políticas económicas con la Unión Europea y las estrategias económicas y las relaciones militares con Rusia y China. Con tales prioridades sobre la mesa, Obama carece de tiempo, interés u ofertas programáticas para ayudar a Latinoamérica en su lucha contra la crisis económica.

En lo básico, Obama está siguiendo una triple estrategia: (1) conserva el apoyo de gobiernos derechistas (Colombia, México y Perú); (2) incrementa su influencia sobre gobiernos “centristas” (Brasil, Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay) y (3) aísla y quita fuerza a gobiernos izquierdistas y populistas (Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua). Lo que más sorprende de la supuestamente “progresista” política latinoamericana de Obama es su continuidad con respecto al gobierno reaccionario de Bush en casi todas áreas estratégicas, entre las que se encuentran las siguientes:

(1)       La misma baja prioridad de Latinoamérica en la política planetaria del imperio;

(2)       La insistencia en colaborar militarmente en la lucha contra las drogas (léase la “seguridad”) sin preocuparse de la pobreza socioeconómica ni de la puesta en marcha de programas de tratamiento de las toxicomanías;

(3)       Su estrecha colaboración con los regímenes más derechistas de la región (México y Colombia);

(4)       La continuación del embargo económico de Cuba, a pesar de haber perdido a sus últimos dos valedores latinoamericanos;

(5)       El doble discurso de preconizar el libre mercado mientras que practica el proteccionismo;

(6)       La financiación y reforzamiento del papel del IMF como instrumento de la expansión imperial;

(7)       La política usamericana de meter una cuña entre “gobiernos centristas” (Lula en Brasil, Fernández en Argentina, Vásquez en Uruguay y Bachelet en Chile) y “gobiernos nacionalistas de izquierda y centro” (Chávez en Venezuela, Morales en Bolivia, Correa en Ecuador y Ortega en Nicaragua) y

(8)       Su apoyo a las actividades separatistas de elites regionales que buscan la desestabilización de gobiernos de centro izquierda a partir de sus tradicionales bases  de extrema derecha en Santa Cruz (Bolivia), Guayaquil (Ecuador) y Maracaibo (Venezuela).

En otras palabras, Obama ha adoptado el programa estratégico del gobierno de Bush, esencialmente intacto salvo por algunos cambios menores, forzados por la decadencia del poderío usamericano. El Departamento de Estado utiliza un lenguaje diplomático menos polémico y ha buscado un claro acercamiento con regímenes centristas, como pudo observarse en las reuniones que tuvieron lugar en la Casa Blanca con el presidente de Lula da Silva (en marzo de 2009) y con el vicepresidente Biden en Chile (los días 27 y 28 de marzo de 2009). El recurso de Obama al “guante de seda en una mano de hierro”, que no se acompaña de ninguna iniciativa económica y que continúa las políticas básicas de su predecesor, no le ha aportado nuevos aliados. Sin embargo, hay una serie de “cambios” que dependen directa e indirectamente de la crisis financiera y del gigantesco déficit de

 

Usamérica y tienen un impacto muy negativo sobre la recuperación económica de Latinoamérica. Obama está absorbiendo la mayor parte del crédito del hemisferio para el rescate financiero en su país. Esta política hace muy difícil que los exportadores latinoamericanos financien sus ventas. Además, Obama exige al sector financiero que amplíe sus reservas de capital y concentre su concesión de préstamos en el mercado nacional, lo cual ha llevado a que los bancos repatríen capital al país desde sus filiales latinoamericanas, a expensas de los prestatarios latinoamericanos, todo lo cual prolonga y hace más profunda la recesión en Latinoamérica. Los cambios diplomáticos y retóricos y el apoyo al libre comercio de Obama tienen poca sustancia: la Casa Blanca continúa con su doble discurso de alabanzas al “libre comercio” mientras que apoya un nuevo y más virulento proteccionismo financiero. Además de los veinte mil millones de dólares en subsidios para las exportaciones agrícolas, los demócratas han favorecido las provisiones del “compre productos del país” en la política federal de adquisiciones y en los subsidios multimillonarios acordados a la industria del automóvil. Latinoamérica se enfrenta una creciente oleada de proteccionismo en Usamérica mientras que Obama reacciona frente a la crisis económica nacional forzando a Latinoamérica a que busque nuevos socios comerciales, a que proteja sus mercados internos y a que busque nuevas fuentes para el comercio y el crédito.

Honduras, el último ejemplo de la política usamericana en Latinoamérica62

La [estrategia] por parte de Obama de hacer retroceder a regímenes electos críticos para imponer clientes acomodaticios encuentra otra expresión en el reciente golpe militar en Honduras. El uso del alto mando del ejército de Honduras y de los viejos vínculos de Washington con la oligarquía local, que controla el Congreso y el Tribunal Supremo, facilitó el proceso y obvió la necesidad de una intervención directa estadounidense, como fue el caso en otras recientes campañas golpistas. A diferencia de Haití, donde hace sólo una década intervinieron los marines usamericanos para derrocar al democráticamente elegido Bertrand Aristide y respaldaron abiertamente el fallido golpe contra el presidente Chávez en 2002 y, más recientemente, financiaron el chapucero golpe contra el presidente electo Evo Morales en septiembre de 2008, las circunstancias de la implicación usamericana en Honduras fueron más discretas para posibilitar un “desmentido creíble”. La “presencia estructural” y los motivos de Usamérica en relación al derrocado presidente Zelaya son fácilmente identificables. Históricamente, Washington ha adiestrado y ha tratado con prácticamente todo el cuerpo de oficiales de Honduras y ha mantenido una profunda penetración en todos los altos niveles gracias a consultas diarias y a una planificación estratégica común. A través de su base militar en Honduras los agentes de la inteligencia militar del Pentágono mantienen estrechos contactos, tanto para llevar a cabo las políticas como para seguir la pista de todos los movimientos políticos por parte de todos los actores políticos. Como Honduras está tan fuertemente militarizada, ha servido de importante base para la intervención militar usamericana en la región: en 1954 se lanzó desde Honduras el golpe con éxito respaldado por Usamérica contra el presidente guatemalteco elegido democráticamente. En 1960 se lanzó desde Honduras la invasión del exilio cubano orquestada por Washington. Desde 1981 a 1989 el imperio ha financiado y adiestrado a más de 20.000 mercenarios de la “contra” en Honduras, que integraban el ejército de escuadrones de la muerte para atacar al gobierno sandinista nicaragüense elegido democráticamente. Durante los primeros siete años del gobierno de Chávez los regímenes hondureños se aliaron incondicionalmente con Washington en contra del régimen popular de Caracas. Es obvio que nunca ha habido o podría haber un golpe militar contra ningún régimen títere de Washington en Honduras. La clave del cambio de la política usamericana con relación a Honduras se produjo en 2007-2008, cuando el presidente liberal Zelaya decidió mejorar las relaciones con Venezuela para asegurar el generoso subsidio de petróleo y la ayuda exterior de Caracas. Posteriormente, Zelaya entró en Petro-Caribe, una asociación del Caribe y Centroamérica organizada por Venezuela para suministrar petróleo y gas a largo plazo y bajo coste con el fin de satisfacer las necesidades de los países miembros. Más recientemente, Zelaya se unió al ALBA, una organización de integración

 

62 Este apartado ha sido traducido del inglés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos y Loles Oliván: extracto de J Petras, “Honduras, Iran, Pakistan, Afganistán (y el efecto boomerang)”, http://www.rebelion.org/noticia.php?id=88575.

 

regional patrocinada por el presidente Chávez para promocionar más intercambios comerciales e inversiones entre sus países miembros en oposición al pacto de libre mercado promovido por el imperio, conocido como el ALCA. Dado que Washington considera a Venezuela una amenaza y una alternativa a su hegemonía en Latinoamérica, el alineamiento de Zelaya con Chávez en cuestiones económicas y su postura crítica con respecto a la intervención usamericana lo convirtieron en un objetivo probable de los planificadores de golpes yanquis deseosos de convertir a Zelaya en un ejemplo y preocupados por su acceso a las bases militares hondureñas, tradicional punto de lanzamiento de su intervención en la región.

Washington asumió equivocadamente que un golpe en una pequeña república bananera’ (de hecho, la república bananera original) en Centroamérica no provocaría ninguna protesta importante. Creyó ue el retroceso centroamericano serviría de advertencia a otros regímenes con mentalidad independiente en la región del Caribe y Centroamérica de lo que les espera si se alienan con Venezuela. La mecánica del golpe es bien conocida y pública: el ejército hondureño secuestró al presidente Zelaya y lo “exilió” a Costa Rica y los oligarcas nombraron “presidente” a uno de los suyos en el Congreso, mientras sus colegas de la Corte Suprema proporcionaban un falaz  argumento legal. Los gobiernos de Latinoamérica, desde la izquierda a la derecha, condenaron el golpe y reclamaron el restablecimiento del presidente legalmente elegido. El presidente Obama y la secretaria de Estado, Hillary Clinton, que no estaban dispuestos a renegar de sus clientes, condenaron la violencia sin más especificaciones y pidieron negociaciones entre los poderosos usurpadores y el debilitado presidente en el exilio, un claro reconocimiento del papel legítimo de los generales hondureños como interlocutores.

Una vez que la Asamblea General de Naciones Unidas condenó el golpe y que la Organización de Estados Americanos (OEA) exigió la restitución de Zelaya, Obama y la secretaria Clinton condenaron finalmente el derrocamiento de Zelaya, aunque se negaron a llamarlo “golpe”, lo cual, de acuerdo con la legislación de Usamérica, habría dado lugar automáticamente a una suspensión total de su paquete anual de ayuda militar y económica (80 millones de dólares) a Honduras. Mientras que Zelaya se reunió con todos los jefes de Estado latinoamericanos, el presidente Obama y la secretaria Clinton lo remitieron a un funcionario de rango menor a fin de no debilitar a sus aliados de la Junta de Honduras. Todos los países de la OEA retiraron a sus embajadores, salvo Washington, cuya embajada comenzó a negociar con la Junta para ver cómo se podría salvar la situación en la que ambos se encontraban cada vez más aislados, especialmente ante el hecho de la expulsión de Honduras de la OEA. Que Zelaya regrese por fin a su puesto o que la Junta respaldada por Washington continúe en el cargo durante un periodo prolongado de tiempo, mientras Obama y Clinton sabotean su regreso inmediato a través de prolongadas negociaciones, la cuestión clave de la estrategia de retroceso promovida por el imperio ha sido extremadamente costosa desde el punto de vista diplomático y político. El golpe en Honduras, respaldado por Washington, demuestra que, a diferencia de la década de los ochenta, cuando el presidente Ronald Reagan invadió Granada y el presidente George Bush (padre) invadió Panamá, la situación y el perfil político de Latinoamérica (y del resto del mundo) han cambiado drásticamente. Entonces, los militares y los regímenes proyanquis de la región aprobaron en general las intervenciones de Usamérica y colaboraron; algunos protestaron ligeramente. Hoy en día, el centro izquierda, e incluso los regímenes electorales de la derecha, se oponen a los golpes militares en cualquier parte [porque los ven] como una amenaza potencial para su propio futuro. Es igualmente importante que, habida cuenta de la grave crisis económica y del aumento de la polarización social, lo último que desean los correspondientes regímenes es un sangrante malestar interno estimulado por crudas intervenciones imperiales de Washington. Por último, las clases capitalistas de los países latinoamericanos de centro izquierda quieren estabilidad, porque pueden cambiar el equilibrio de poder a través de las elecciones (como en los recientes casos de Panamá y Argentina) y los regímenes militares favorables al imperio pueden alterar sus crecientes lazos comerciales con China, Oriente Próximo y Venezuela/Bolivia.

 

Latinoamérica frente a la crisis mundial

 

En toda Latinoamérica la crisis económica está haciendo estragos en la economía, el mercado laboral, el comercio, el crédito y la inversión. Los principales países de la región van camino del crecimiento negativo, con tasas de dos dígitos en el desempleo, incremento de la pobreza  y protestas masivas. En Brasil, a finales de marzo y principios de abril, una coalición de sindicatos, movimientos sociales urbanos y trabajadores del movimiento de los sin tierra convocaron manifestaciones a gran escala, y en ellas participó la confederación sindical CUT, que generalmente suele aliarse con el Partido dos Trabalhadores de Lula. Las tasas de desempleo en Brasil han aumentado bruscamente y ya sobrepasan el 10%, conforme aumentan los despidos en las industrias del automóvil y otros sectores metalúrgicos. En Argentina, Colombia, Perú y Ecuador, las huelgas y las manifestaciones han empezado a extenderse en protesta por el desempleo y el aumento de las quiebras entre exportadores, que se enfrentan al declive de la demanda mundial y a la imposible financiación. Los países latinoamericanos más industrializados, cuyas economías están más integradas en los mercados mundiales y que han seguido una estrategia exportadora de crecimiento, son los más afectados por la crisis mundial. Esto incluye a Brasil, Argentina, Colombia y México. Además, los países que dependen de los envíos de divisas desde el extranjero y del turismo, como Ecuador, Centroamérica y los países del Caribe, e incluso México, con sus economías “abiertas”, son los más afectados por la recesión mundial.

Mientras que el colapso financiero usamericano no tuvo un enorme impacto inmediato en Latinoamérica, en gran medida porque los anteriores colapsos financieros en Argentina, México, Ecuador y Chile habían llevado a sus gobiernos a imponer límites a la especulación, los resultados indirectos, sobre todo en lo relativo a la congelación del crédito y a la disminución del comercio mundial, han destruido sectores productivos. A mediados de 2009, las industrias manufactureras, la minería, los servicios y la agricultura, tanto en los sectores privado como público, estaban ya afectadas por la recesión. La vulnerabilidad de Latinoamérica ante las crisis mundiales es el resultado directo de la estructura de producción y de las estrategias de desarrollo adoptadas en la zona. Tras la “reestructuración” neoliberal o supeditada al imperio de las economías, que tuvo lugar entre mediados de los años setenta y noventa, el perfil económico de Latinoamérica se caracterizó por un débil sector estatal a causa de las privatizaciones en todos los sectores productivos clave. La desnacionalización de los sectores estratégicos financiero, crediticio, comercial y minero aumentó  la vulnerabilidad, y lo mismo sucedió en la muy concentrada propiedad de los ingresos y del inmobiliario, en manos de una pequeña elite nacional y extranjera. Estas características se vieron exacerbadas por el boom de los bienes primarios, que tuvo lugar desde principios de 2003 hasta mediados de 2008. El cambio de las políticas gubernamentales hacia una estrategia de exportación basada en materias primas sentó las bases de la catástrofe. Como resultado de su estructura económica, Latinoamérica era enormemente vulnerable a la decisión de los políticos usamericanos y europeos encargados de los sectores económicos clave. La desnacionalización negó al Estado las palancas necesarias para controlar la crisis mediante un cambio de dirección en la economía.

Los cambios estructurales impuestos por el Fondo Monetario Internacional / Banco Mundial y sus socios locales de la clase neoliberal gobernante “abrieron” los países al estallido de la crisis mundial a causa del desmantelamiento de las instituciones estatales que podrían haber protegido la economía o, al menos, evitado los peores efectos de la crisis. La privatización llevó a la concentración de la renta, disminuyó la demanda local y aumentó la dependencia en los mercados de la exportación mientras que, al mismo tiempo, privaba al Estado de las palancas necesarias para controlar las inversiones y el ahorro, que podrían haber contrarrestado el declive de la entrada de capital extranjero y el colapso de sus mercados en el exterior. La desnacionalización facilitó el flujo de capital, especialmente en el sector financiero, profundizó las crisis del crédito y afectó de forma adversa la balanza de pagos. La propiedad extranjera sometió a los países latinoamericanos a decisiones económicas estratégicas controladas por elites económicas del exterior, más preocupadas por los costos y beneficios de sus imperios económicos. Por ejemplo, en Brasil, tanto el cierre de fábricas de automóviles pertenecientes a capital usamericano como los despidos masivos de trabajadores se deben a los cálculos de los costos en el mercado mundial, algo totalmente ajeno a las

 

necesidades del mercado laboral brasileño. La “estrategia de la exportación” dependía de los subsidios estatales a la expansión de plantaciones agroalimentarias, que producían alimentos básicos para el mercado de la exportación, lo cual se hacía a expensas de pequeños agricultores, campesinos sin tierra y trabajadores rurales, y debilitaba el mercado interior como posible alternativa a los mercados exteriores en proceso de colapso, aumentando la dependencia de alimentos importados y afectando la seguridad de los alimentos.

Los gobiernos de centroizquierda reunidos en Santiago no mencionaron ningún plan para aumentar la demanda interna mediante la intervención en el mercado laboral, impidiendo que los propietarios despidan a los trabajadores. No mencionaron ningún aumento del salario mínimo. Evitaron cualquier discusión sobre el aumento de la demanda en zonas rurales mediante reformas agrarias generadoras de salarios. No consideraron el establecimiento de una industrialización que sustituya las importaciones financiadas con fondos públicos, la cual podría generar empleo para los trabajadores despedidos en los sectores de la exportación. Mientras que evitan cualquier cambio estructural interno que pudiese favorecer a los trabajadores desempleados, campesinos, funcionarios públicos y pequeñas empresas, persisten en seguir las políticas que favorecen a banqueros, elites de la exportación y compañías multinacionales. El principal objetivo económico de los regímenes latinoamericanos de centroizquierda no es la reforma interna, sino la búsqueda de inversionistas y nuevos mercados exteriores. El único país que brilló por su ausencia en la reunión de gobiernos de centroizquierda en Santiago de Chile fue Venezuela, en parte debido a que el presidente Chávez prosigue una estrategia económica alternativa para enfrentarse a la crisis mundial. Chávez está utilizando un radical programa keynesiano que depende de inversiones públicas a gran escala para expandir el mercado doméstico y de subvenciones sociales dirigidas a una amplia franja de las clases más humildes. Su política de inversiones estatales se basa en la “cooperación” del todavía dominante sector privado, en especial las finanzas, la construcción, la agrominería y las manufactureras, ya sea mediante incentivos económicos y contratos estatales o mediante amenazas de intervención o nacionalización. Las reformas estructurales internas de Chávez se complementan con la promoción de pactos politicoeconómicos regionales como Petrocaribe y el ALBA, con Bolivia, Cuba, Nicaragua y varios estados caribeños y de América Central. Cuenta con los crecientes acuerdos financieros y de inversión con China, Oriente Próximo –sobre todo Irán– y Rusia, en particular mediante empresas conjuntas en los sectores del petróleo y la minería.

La participación de algunos países latinoamericanos importantes en la reunión del G20 en Londres, que tuvo lugar el 2 de abril de 2009, y los acuerdos posteriores revelan la bancarrota política de la actual dirigencia política. La declaración de un importante programa de nuevos “estímulos” ocultó el hecho de que la mayoría de los fondos citados (1,1 billones de dólares) ya estaban asignados antes de la reunión y no tendrían efecto alguno. La cantidad real de nuevos fondos fue sólo una fracción de este desembolso (250.000 millones de dólares), la mayor parte de ellos destinada a rescatar al sector financiero. El solemne acuerdo del G-20 para oponerse al proteccionismo se vio falseado por un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), según el cual 17 de los 20 países han adoptado recientemente medidas protectoras de sus industrias locales y limitaciones a la financiación exterior. El más beneficiado en el G-20 fue el Fondo Monetario Internacional, que ha prometido 500.000 millones de dólares adicionales en líneas de crédito y financiación. Dado el dominio usamericano y europeo en el interior del FMI y la historia reciente de imposiciones de condiciones restrictivas a favor de los países imperiales, su fortalecimiento plantea un obstáculo importante a la recuperación de cualquier gobierno latinoamericano progresista. Las grandes expectativas que tenían los gobiernos de centroizquierda y de derecha en Latinoamérica de que el G-20 los favoreciese con estímulos significativos quedaron defraudadas. A la izquierda, Fidel Castro y sus aliados latinoamericanos dirigen su mirada a China como mercado alternativo y socio inversionista. Pero las inversiones exteriores de China casi siempre se dirigen a los sectores de la extracción (minerales, petróleo) y, en menor grado, a la agricultura. Por eso, las inversiones chinas en Latinoamérica han creado pocos empleos mientras que favorecen a los sectores que contaminan el medio ambiente. El perfil exportador de

 

Latinoamérica con China se reduce a un monocultivo de materias primas altamente vulnerable a las fluctuaciones de los precios mundiales. Más aún, los acuerdos comerciales de China con Latinoamérica incluyen la importación de bienes manufacturados chinos producidos por trabajadores no sindicados y altamente explotados, lo cual socava cualquier recuperación del sector manufacturero latinoamericano.

Los dirigentes latinoamericanos, que confían en que China los saque de la crisis, están inmersos en un estilo neocolonial de recuperación basado en un modelo exportador de materias primas. De la misma manera, tampoco la perspectiva de Rusia como nuevo mercado y estímulo económico mejora las cosas, y ello debido a que la economía rusa es muy dependiente del petróleo y del gas, carece de industrias competitivas y, por encima de todo, está inmersa en una gran crisis con una caída de la economía que sobrepasa el 7% en 2009. La búsqueda de nuevos paquetes de estímulos provenientes de Usamérica y de la Unión Europea o de nuevas alternativas comerciales con China y Rusia es un esfuerzo desesperado de los dirigentes latinoamericanos para salvar el desfalleciente modelo exportador de sus elites. La idea promovida por Brasil de que los países imperiales deberían ofrecer una solución a la crisis mundial, puesto que fueron ellos quienes la provocaron, es un desatinado brindis al sol, sobre todo a la luz de la manifiesta incapacidad que están demostrando para estimular sus propias economías. La promoción usamericana del FMI busca entorpecer cualquier política progresista latinoamericana y el florecimiento de regímenes independientes, de ninguna manera ayudarlos a recuperarse de la crisis.

 

Conclusión

 

A causa de la profunda y costosa implicación del gobierno de Obama con el complejo militar del imperio y de la multibillonaria financiación de su sector bancario interno (mientras que al mismo tiempo apoya el proteccionismo crediticio), las clases dominantes latinoamericanas no pueden esperar ninguna medida de estímulo económico proveniente de Usamérica. Las profundas divisiones políticas entre Washington y Latinoamérica (y entre las propias clases de ésta última), así como las divergentes estrategias nacionales y de clase, impiden cualquier estrategia regional. Incluso entre los gobiernos nacionalistas de izquierda, aparte de algunas limitadas iniciativas complementarias entre los países del ALBA, no existe ningún plan regional. En este sentido, es un grave error escribir o hablar de “iniciativa o problema latinoamericano”. Lo que hoy podemos observar es una caída generalizada del modelo de las exportaciones y respuestas sociales divergentes entre las políticas proteccionistas salariales de Venezuela y las políticas que subvencionan la exportación en Brasil, Argentina, Chile, Perú y Colombia. Durante la recesión, estos gobiernos de centroizquierda, han demostrado un algo grado de rigidez estructural, ya que no han realizado esfuerzo alguno para profundizar y expandir el mercado interno y la inversión pública, por no hablar de nacionalizar las compañías en estado de quiebra. La crisis subraya el proceso de desglobalización neoliberal y el auge de la importancia del Estado-nación.

La galopante crisis económica afecta negativamente a los actuales gobiernos, ya sean de centroizquierda o de derecha, y fortalece a sus oposiciones respectivas. En Argentina, la derecha y la extrema derecha han controlado las calles con un creciente poder interior entre la elite agraria del país y la clase media bonaerense. El sindicato progresista CTA [Central de los Trabajadores Argentinos], que ha organizado huelgas y protestas, no está vinculado a ninguna nueva  organización política de izquierda alternativa. Brasil ha sido testigo de protestas similares por parte de movimientos sociales y sindicatos contra un aumento del 10% del desempleo y la decadencia del sector exportador. No obstante, el principal beneficiario político de la caída de popularidad del autodenominado Partido dos Trabalhadores de Lula es la derecha. Por el contrario, el centroizquierda se va a beneficiar en los países en que el poder está en manos de la derecha, entre ellos México, Colombia y Perú. Pero, al igual que en otros lugares, los movimientos de masas carecen de capacidad de respuesta política organizada ante un capitalismo en pleno colapso. Además, ni Cuba ni Venezuela, ofrecen un “modelo” al resto de Latinoamérica. La primera es muy

 

dependiente de una vulnerable economía basada en el turismo, mientras que la segunda es una economía dependiente del petróleo. Dado el colapso sistémico del capitalismo, estos países necesitarán hacer reformas a la carta, tales como las subvenciones alimentarias de Chávez, así como nacionalizaciones personalizadas, o tender a la socialización de los sectores financiero, comercial y manufacturero. Las protestas masivas, las huelgas generales y otras formas de rebeldía social están empezando a surgir en todo el continente. Sin duda, el imperio intensificará su apoyo a los movimientos derechistas de la oposición y a sus clientes actuales, también derechistas, que están en el poder. La hegemonía imperial sobre la elite latinoamericana sigue siendo fuerte, incluso si es prácticamente inexistente entre las organizaciones de la sociedad civil. Dada la posición militarista y proteccionista del gobierno de Obama, es de esperar una intervención del imperio bajo la forma  de operaciones encubiertas, conforme la lucha de clases se incrementa y se dirige hacia una transformación socialista.

 

(New York, 2009)

Para saber más sobre Estados Unidos y América Latina:

 

• M. Casadro, L. Vasopollo, J. Petras, H. Veltmeyer, Competizione Globale: Imperialismi e Movimienti di Resistencia, Jaca Editoriale, Milano, 2004.

• Morris Morley, Imperial State and Revolution, Cambridge University Press, New York, 1987.

• James Petras; Henry Veltmeyer, Juicio a las Multinacionales: Inversión extranjera e imperialismo, Editorial Popular, Madrid, 2007.

• John Saxe-Fernandez, Terror e Imperio, Random House Mondadori, México, 2006.

• James Petras; Henry Veltmeyer, Las dos caras del Imperialismo: Vasallos y Guerreros, Lumen, México 2004.

• James Petras y Henry Veltmeyer, Imperio con Imperialismo, Siglo XXI, México, 2006.

• Revista América Latina en Movimiento, “¿Qué esperar del gobierno Obama?”, No 438-439 noviembre 2008, http://alainet.org/images/alai438w.pdf.

• VVAA, Washington contra el mundo, Foca, Madrid, 2003.

 

• Site web de James Petras: http://petras.lahaine.org

• Sección Estados-Unidos de Rebelión: www.rebelion.org/seccion.php?id=15

• Sección América Latina de Rebelión: http://www.rebelion.org/seccion.php?id=35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las     multinacionales    en América Latina:   expansión, impacto y resistencias

 

Por Cédric Durand y Alexis Saludjian

 

Traducido del francés por Caty R.

 

Cédric Durand es economista, investigador del CEMI-EHESS y CEPN-Paris13 (cdurand@ehess.fr). Alexis Saludjian es Doctor en Economía, miembro del SEPLA, OID y GREITD y autor de: Hacia otra integración sudamericana. Críticas al Mercosur neoliberal, Libros del Zorzal, Buenos Aires, 2006 (alex_saludj@yahoo.fr).

 

Caty R. pertenece a los colectivos de Rebelión.org, Cubadebate.cu y Tlaxcala.es.

 

Nota del editor: este estudio ha sido escrito en 2008 antes de la crisis financiera mundial, pero sus conclusiones sobre la expansión creciente de las multinacionales siguen siendo un dato esencial del contexto económico regional y explican el control actual de los países del norte sobre gran parte de las economías latinoamericanas y sus recursos naturales

 

Introducción

 

El período neoliberal está marcado por una expansión espectacular de las multinacionales en América Latina. Consecuentemente, esas firmas controlan en la actualidad una parte sustancial de las economías latinoamericanas y contribuyen a incrementar la integración de esos países en las cadenas productivas y financieras mundiales. ¿Cuáles son los efectos de esa presencia creciente en los países latinoamericanos? ¿Cuál es el contenido efectivo de las políticas emergentes que pretenden acabar con el juego de las multinacionales en Venezuela, Bolivia y también, en cierta medida, en Argentina y Ecuador? Estos son los principales problemas que vamos a abordar en este artículo. Después de indicar las características de la entrada masiva de las multinacionales del centro en América Latina, presentamos las políticas que la favorecieron. La tercera sección describe el impacto macroeconómico y social de las inversiones directas extranjeras (IDE) (1) en los principales países. También señalamos los ejemplos de resistencia a dicha intrusión de las multinacionales y los estragos sociales y ecológicos que éstas originan. Finalmente, la cuarta sección presenta las medidas tomadas por los gobiernos venezolano, boliviano y argentino, y trata de la amplitud de la ruptura que dichos gobiernos representan en relación con la lógica neoliberal de

«dejar hacer» a las multinacionales.

 

Por qué las multinacionales del centro invierten masivamente en América Latina

 

1.     Un desarrollo espectacular de las IDE en América Latina

 

La explosión de las IDE es uno de los aspectos más espectaculares de la globalización neoliberal (2). Entre 1980 y 2005, el stock de IDE en el mundo se ha multiplicado por 18, ¡y por 24 en América Latina! En términos de stocks, en 2005 América Latina representaban alrededor del 10% del total mundial (frente al 5% en 1990). Además de los paraísos fiscales del Caribe, lo esencial de la actividad de las multinacionales en América Latina se concentra en México, Brasil y, en menor medida, en Chile, Argentina, Venezuela y Colombia.

 

 

Gráfico 1: Evolución del stock de IDE en América Latina (CNUCED, 2006)

 

Esencialmente, las inversiones en los países en desarrollo provienen de los países ricos. Así, el stock de IDE en América Latina en 2002 procedían, un 27% de Estados Unidos y el 40% de países europeos. La amplitud y la rapidez de la progresión de las inversiones españolas a finales de la década de los 90 son especialmente impresionantes, hasta el punto de recordar una reconquista (3). Se comprueba también un incremento de los flujos sur-sur de IDE, pero éstos se manifiestan en América Latina sobre todo por los flujos intrarregionales dominados por Brasil, México y Argentina; las inversiones chinas en la región son limitadas, al menos hasta 2005. El control de los recursos naturales es uno de los principales motivos de la presencia de las multinacionales en América Latina. En relación con las estrategias de la conquista del mercado, antaño dominado por sectores como la industria agroalimentaria y la automoción, el giro de los años 90 se manifiesta por la explosión de las inversiones en los servicios, que representan en la actualidad la mitad del stock de las IDE. Se desarrollan especialmente en las actividades de infraestructuras (distribución de agua, electricidad y gas y telecomunicaciones), en las actividades bancarias y financieras y en el comercio. Finalmente, las denominadas «estrategias eficientes» son importantes con el desarrollo de las maquiladoras (textil, ensamblaje...) y otros sectores de exportación, como la automoción en México, y un principio de desarrollo de exportaciones de servicios deslocalizados (centros de llamadas, tratamiento de datos, industria logística…).

 

 

2.        Un contexto favorable a las IDE

 

Las políticas derivadas del consenso de Washington han desempeñado un papel crucial en el auge de las IDE. En primer lugar, las políticas presupuestarias y monetarias restrictivas se percibieron en los medios de negocios internacionales como una garantía de estabilidad macroeconómica, y sobre todo como una limitación a la progresión de los salarios. Por otra parte, la liberalización de los intercambios comerciales permite a las multinacionales utilizar plenamente las ventajas  relacionadas con su implantación en los diferentes países, especialmente al facilitar la conexión internacional de las cadenas productivas. Finalmente, las políticas de privatizaciones masivas de los monopolios públicos en la segunda mitad de los años 90 ofrecieron a las multinacionales extraordinarias oportunidades de hacer negocios. La pacificación de los conflictos sociopolíticos es otro elemento apreciado por los inversores: el fin de las dictaduras aportó, al menos por un tiempo, una legitimación democrática de las reglas favorables al mercado adoptadas por los nuevos equipos gubernamentales formados esencialmente en Estados Unidos (4).

 

Liberalización de los regímenes de las IDE y refuerzo de las garantías internacionales.

 

Al contrario de lo que ocurría en el período anterior, las clases dirigentes consideran las inversiones de las multinacionales un mecanismo imprescindible para el desarrollo. Un síntoma evidente de ese

 

viraje es que las expropiaciones, muy frecuentes hasta entonces, desaparecieron totalmente a principios de la década de los 80. Inducidos por las instituciones internacionales, los gobiernos de los países de la periferia se comprometieron en decenas de acuerdos comerciales multilaterales, regionales o bilaterales que incluían cláusulas que garantizaban los derechos de los inversores. Se desarrolló la noción jurídica de expropiación indirecta; movilizada especialmente en los acuerdos de inversión con Estados Unidos, esta categoría jurídica particularmente perniciosa permite que las firmas extranjeras «lesionadas» por una modificación de las condiciones de la actividad económica

¡obtengan compensaciones! (5) La evolución jurídica supranacional a favor de las IDE se dobla con la liberalización interna de las leyes sobre las inversiones extranjeras. Los gobiernos levantaron la mayoría de las restricciones cuando entraron las multinacionales y adoptaron disposiciones que reforzaban los derechos de propiedad. Así, desde principios de los años 90, lo esencial de las modificaciones de la reglamentación sobre las IDE se ha hecho a favor de los inversores. En 2005, aparece un comienzo de movimiento contrario debido a las dinámicas políticas surgidas en América Latina: mientras que el 80% de las modificaciones relativas a la regulación de las IDE efectuadas en el mundo ese año eran favorables a las multinacionales, en América Latina es al contrario, 2/3 de los nuevos elementos introducidos van en el sentido de un mayor control o una mayor restricción de las IDE.

 

La carrera de los inversores

 

Los países y los estados de los países federales también se lanzaron a una competición entre ellos para atraer a los inversores extranjeros: exenciones fiscales, construcción de infraestructuras ad hoc, adaptación de la legislación a sus peticiones… nada era demasiado para los inversores extranjeros. La instalación de Renault en el estado brasileño de Paraná a finales de los años 90 se acompañó de considerables ventajas concedidas por el gobierno local: construcción de infraestructuras adecuadas, terrenos equipados entregados gratuitamente, financiaciones a precios reducidos, diversas exenciones fiscales ¡De hasta 10 años! (6). Esas ventajas concedidas al capital productivo extranjero, obviamente tenían un coste: cuantas más se acumulaban más se esfumaban los beneficios netos que podían esperar los países receptores. Aunque no todos los países tienen una actitud tan ingenua: China, por ejemplo, que puede presionar con la inmensidad de su mercado, ha conseguido en numerosos casos imponerse a las multinacionales que transfieren las tecnologías. Sin embargo en América Latina, por regla general, existe una actitud de atracción pasiva que ha resultado desastrosa en muchos aspectos.

 

El impacto de las multinacionales

 

1.        El impacto socioeconómico a nivel macro

 

Si creemos a ciertos economistas y centros de decisiones políticas, América Latina estaría iniciando un nuevo ciclo estable de crecimiento económico. La recuperación de la economía argentina, del orden del 8% de crecimiento anual del PIB desde 2003, sería el mejor ejemplo. Brasil y México, a menor escala, esperarían respectivamente el 3,8 y 3,7 de crecimiento desde 2004. Leyendo esos resultados, resulta difícil creer que cinco años antes toda la región se tambaleaba a raíz de la debacle argentina. Sin anticipar el futuro, es cierto que la década de los 90 y principios de los 2000 estuvieron marcados por un desarrollo económico relativamente lento y por la persistencia de problemas sociales enormes. El desempleo masivo en primer lugar, puesto que la tasa de paro, ya elevada en relación con las décadas anteriores, pasó del 5,8% en 1990 al 11% en 2000 antes de descender tímidamente al 8,6% en 2006 (7) . Esta cifra, sin embargo, no deja de ser aproximada, puesto que el trabajo informal en todas sus formas afecta casi al 50% de la población activa latinoamericana. Los datos relativos a la pobreza completan el cuadro. A pesar de que han experimentado un ligero retroceso con respecto a los años precedentes, la pobreza y la indigencia

 

todavía afectan al 40% de la población del subcontinente, es decir, ¡más o menos la misma proporción que en 1980!

 

Gráfico 2. Pobreza e indigencia en América Latina (en % de la población y millones de habitantes) 1980-2006.

 

 

 

Fuente: CEPAL, Panorama social de América Latina, 2007.

 

Más de 205 millones de pobres y 79 millones de indigentes es la realidad de América Latina después de veinte años de apertura total a las multinacionales. Además es la región menos igualitaria del mundo.

 

2.        Las venas (siempre) abiertas de América Latina (8)

 

Más allá del impacto macroeconómico, algunos casos emblemáticos a nivel micro ilustran los problemas específicos que plantean la llegada de las multinacionales: explotación de la ventaja competitiva de esas firmas a expensas de sus competidores locales, sus proveedores, los salarios y los consumidores; alianzas con los sectores más reaccionarios de la sociedad; precarización de la relación laboral a raíz de la privatización de actividades correspondientes a servicios públicos; contaminación permanente del medio ambiente y desestructuración de las comunidades indígenas… el libro negro de la actividad de las multinacionales ya es muy gordo y sigue escribiéndose.

 

El saqueo de la distribución y los bancos de México

 

¡Pobre México, en primera línea para recibir la expansión de las multinacionales de Estados Unidos! El gigante Wal-Mart cruzó el Río Grande a principios de los años 90. Desafiando resistencias populares como las que se dirigieron a impedir la construcción de un supermercado en las proximidades de la excavación arqueológica de Teotihuacan, esta multinacional se ha convertido en la distribuidora número uno y ha marginado a sus competidores locales. Esta intrusión brutal y poderosa en el corazón de la economía mexicana se ha traducido en un doble perjuicio para la economía (9): en primer lugar una disminución del 20% en los salarios del sector entre 1994 y  2000, es decir, una evolución peor que la de todos los demás sectores; y por otra parte, una fuerte subida de las importaciones y un control creciente sobre los productores locales que ha desembocado en un debilitamiento del tejido productivo nacional.

 

El sector bancario mexicano constituye otro caso «de manual». A lo largo de los años 90, la liberalización de las IDE permitió a los bancos extranjeros, principalmente españoles (BBVA,

 

Bancomer, Santander), británicos (HSBC) y estadounidenses (Citi group), acaparar la mayoría de los bancos locales mexicanos: desde el año 2002, más del 90% de los activos bancarios están controlados por firmas extranjeras, mientras que ¡no había ningún banco extranjero en 1994! El resultado es ilustrativo: durante casi diez años los créditos a la economía han sido muy escasos, lo que ha influido negativamente en el desarrollo de la economía; los precios de los servicios  bancarios cobrados a los consumidores mexicanos (costes de cartas bancarias, comisiones, etc.) son varias veces superiores a las que aplican los bancos en sus países de origen; finalmente, aunque los bancos consiguen beneficios récord, la situación de los empleados se deteriora. Así, en abril de 2007, Banamex (ex banco público absorbido por Citi Bank), anunció un plan de reestructuración mientras que acababa de declarar un resultado récord de casi 2.000 millones de dólares de beneficios en 2006; ese plan incluye 4.000 despidos y la «filialización» de 31.000 personas con pérdidas salariales de hasta el 30% y recorte de las garantías sociales (10).

 

Precarización e irresponsabilidad social

 

Telefónica se ha convertido en 2006 en la primera empresa mundial de telecomunicaciones en términos de beneficios (6.200 millones de euros) El carácter espectacular de su expansión en América Latina es incomparable con el carácter antisocial de sus prácticas salariales: diez años después de lanzar un programa de formación para los jóvenes previstos como futuros representantes de Telefónica, la empresa mantiene a sus jóvenes promesas con contratos precarios, horas extraordinarias ilegales sistemáticas, salarios muy escasos y represión sindical frente a los intentos de reivindicar los derechos (11). En primera línea para beneficiarse de las privatizaciones, la multinacional también está la primera en cuanto al desmantelamiento de las garantías sociales mínimas que existían en los antiguos servicios públicos. Otra fuente de estragos sociales es la asimetría fundamental entre las firmas que operan a escala global y los trabajadores y sus comunidades que están enraizadas en un territorio. Esta asimetría reside en la facultad de las multinacionales para salir de una manera abrupta del negocio donde se encuentran sin hacer caso de las poblaciones, de los trabajadores y a veces sin respetar la legislación vigente. El caso del cierre ilegal de la fábrica de neumáticos Euskadi de Jalisco, en México, por la empresa alemana Continental, es una ilustración de esta lógica. El 16 de diciembre de 2001, la dirección de Continental cerró la fábrica sin respetar ninguno de los convenios internos de la empresa ni la legislación laboral mexicana. Durante más de tres años, los asalariados lucharon sin conseguir nada: huelgas, viajes a Europa para hacer presión en la casa central, llamamientos a la solidaridad internacional de los movimientos sociales. Finalmente, en febrero de 2005, los trabajadores ganaron la causa y pudieron relanzar la empresa con un control cooperativo mayoritario (12).

 

Destrucción ecológica y desestructuración social en los proyectos mineros

 

Las industrias mineras son uno de los sectores primordiales de la inserción de las economías latinoamericanas en las redes económicas controladas por las multinacionales. Eso no es nada nuevo: el saqueo que siguió a la conquista ya tenía como objetivo principal la extracción y exportación de oro y plata. Dicho saqueo constituyó un robo masivo de riquezas y además un terrible proceso de destrucción ecológica y humana que continúa en la actualidad (13). Uno de los conflictos actuales más emblemáticos concierne al depósito de cobre de Río Blanco, uno de los yacimientos de cobre más importantes todavía no explotado en el planeta, en el norte de Perú (14). La empresa británica Monterrico Metals, ¡cuyo director general actual no es otro que el ex embajador de Gran Bretaña en Perú! (15), pretende apropiarse ilegalmente de tierras de las comunidades indígenas. Escarmentados por la triste suerte de las ciudades mineras de Oroya (16) y Yanacocha (17), estos indios temen la contaminación de sus aguas y sus tierras, las consecuencias para la salud y el efecto destructor de la cohesión de sus comunidades: desigualdades, aniquilación de proyectos autónomos, corrupción.

 

Apoyo a los paramilitares colombianos

 

Colombia ostenta la siniestra particularidad de ser el país en el que se concentran el 90% de los asesinatos de sindicalistas del mundo: ¡Al menos 2.245 han sido asesinados por los paramilitares desde 1991! (18). Muchos de ellos fueron líderes sindicales en empresas alimentarias multinacionales (Coca cola, Bavaria, Nestlé), automovilísticas (Hyundai), compañías mineras (Drummond y AngloGold Ashanti) y grandes sociedades bananeras (Chiquita, Dole y Del Monte) (19). Protegida por el mutismo de la justicia colombiana, la complicidad de esas firmas con los paramilitares de extrema derecha está actualmente en el centro de varios procesos judiciales en curso en Estados Unidos. En marzo de 2007, compareció Chiquita (la ex United Fruits) y confesó que había pagado 1,7 millones de dólares por servicios de «seguridad» (sic) a las milicias de extrema derecha (20).

 

Las maquiladoras de México y América central: la sobreexplotación laboral

 

El desarrollo de México a partir de las fábricas de montaje (maquiladoras) se ha presentado como una solución económica para el país en el momento de la entrada en el TLCAN en 1994. El número de fábricas de este tipo, que empleaba una mano de obra poco cualificada y ampliamente femenina, creció rápidamente en la frontera entre México y Estados Unidos. El fenómeno ha permitido desarrollar las exportaciones pero no ha tenido efecto de arrastre sobre el desarrollo del aparato productivo del país; al contrario, ha contribuido a incrementar la polarización económica y social. La subida de la competencia de China y de los países de América central en este tipo de actividad ha demostrado el carácter efímero de esta especialización. Y México ya se está viendo obligado a ofrecer todavía más ventajas a los inversores para intentar atraer las maquiladoras de segunda generación, correspondientes a actividades más sofisticadas (21). En última instancia, son los trabajadores quienes pagan el precio de esta competencia entre los territorios puesto que establece una carrera a la baja en términos de condiciones de trabajo y salarios.

 

4. Avances y límites de las políticas de ruptura con el neoliberalismo

 

1.        Venezuela: reconquista de las riquezas energéticas y difusión de la revolución bolivariana

 

Comprometida en la vía del «Socialismo del siglo XXI», la revolución bolivariana conoció un giro significativo en 2007 con la nacionalización de una serie de activos extranjeros estratégicos: la principal empresa de telecomunicaciones y la compañía Electricidad de Caracas, controladas respectivamente por las compañías estadounidenses Verizon y AES (22). Pero el gran negocio del país son los hidrocarburos. Así, desde 2005, el gobierno emprendió la modificación de la  legislación petrolera. No sólo ha incrementado el porcentaje de los ingresos petroleros que revierten al Estado, sino que además ha obligado a las empresas a modificar los acuerdos de repartición de la producción firmados en los años 90 por medio de sociedades conjuntas, en las cuales el Estado ya tiene una participación mayoritaria (23). En mayo de 2007, este planteamiento se extendió a los proyectos de explotación del campo petrolero del Orinoco; la sociedad PDVSA ha vuelto a comprar las acciones de las sociedades extranjeras hasta llegar al menos al 60%. Esos proyectos sobre el petróleo pesado son tan prometedores que la mayoría de las compañías extranjeras han aceptado las nuevas exigencias del gobierno venezolano, excepto las estadounidenses ConocoPhilipps y ExxonMobil (24).

 

Con su propuesta de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), Venezuela desempeña un papel considerable. Ese proyecto pretende construir, a escala regional, modalidades de integración económica que rompen con la subordinación a los países capitalistas del centro y a sus grandes firmas. Así, se ha dado un paso significativo con el anuncio de la retirada de Bolivia, Venezuela y Nicaragua del organismo internacional de arbitraje del Banco Mundial –el Centro

 

Internacional de Reglamento de las diferencias relativas a las inversiones (CIADI)- durante el quinto encuentro presidencial del ALBA en abril de 2007 (25). En la misma cumbre, a la que asistieron los presidentes Hugo Chávez (Venezuela), Evo Morales (Bolivia), Daniel Ortega (Nicaragua) y Carlos Lage (vicepresidente de Cuba), así como los observadores de Haití y Ecuador, se firmó un tratado energético que garantiza el acceso compartido a ciertas reservas venezolanas para los 25 próximos años y prepara el desarrollo de capacidades de explotación y refinería de los hidrocarburos en cada uno de los países. Con el fin de coordinar según los principios de

«solidaridad y complementariedad» el conjunto de las políticas y acciones emprendidas en el terreno de la energía, se creará una empresa «gran nacional» que reagrupará las empresas públicas binacionales ya constituidas y se pondrá en marcha un consejo energético que reúna a los ministros de Energía de cada uno de los países mencionados. Estas propuestas están pendientes de ponerse en marcha (26).

 

2.        Difícil paso de las resistencias a la alternativa en Bolivia

 

La aproximación de Bolivia a Venezuela desde la elección de Evo Morales forma parte del formidable auge de los movimientos populares bolivianos desde hace un decenio que resultó, en gran medida, del enfrentamiento victorioso contra las multinacionales del agua y los hidrocarburos. Pero aunque se han conseguido claramente victorias sociales y políticas de las movilizaciones, dichas victorias todavía no se han concretado totalmente.

 

Las guerras del agua

 

En el año 2000, diferentes sectores sociales de Cochabamba organizados en la «Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida» se movilizaron como reacción a una espectacular subida de los precios del agua que siguió a la firma de un contrato de concesión por 40 años a la multinacional estadounidense Betchel. Después de 6 meses de luchas ferozmente reprimidas –costaron un muerto y 76 heridos-, el movimiento ganó «la guerra del agua»: el gobernador Banzer rompió el contrato de concesión y abolió la ley que permitía la mercantilización del agua. 6 años después, sin recibir ninguna indemnización, Betchel abandonó la acción emprendida ante el CIADI contra el gobierno boliviano (27). Betchel se fue sin indemnización, sin embargo están lejos de resolverse todos los problemas: en desafío a la puesta en marcha de formas de gestión participativa, a finales de 2006 la mitad más pobre de la población sigue sin conectar a la red y se ve obligada a pagar altos precios por el agua transportada en camiones cisternas (28).

 

En enero de 2005 se desencadenó una segunda guerra del agua en El Alto, la meseta que sobresale de La Paz, contra la filial de Suez Aguas del Illimani, debido a las escasas inversiones y a la subida de las tarifas mientras la firma se embolsaba beneficios del 13% (29). Sin embargo, la anunciada salida de Suez no sería efectiva hasta el 3 de enero de 2007 y sólo después de que el gobierno de Evo Morales asumiera las deudas contraídas por la empresa y pagase una compensación como reconocimiento de las inversiones (30). Más allá de esos casos emblemáticos, el nuevo gobierno boliviano ha emprendido la labor de sacar el agua del mercado no sólo en su propia legislación, sino además llevando la ofensiva a nivel internacional (31).

 

La nacionalización inconclusa de los hidrocarburos

 

Con las duras movilizaciones de 2003 (67 personas resultaron muertas) y después en 2005 (32), la cuestión del gas ha hecho caer a dos presidentes y constituye el último plan de la ascensión al poder de Evo Morales: prometida y cumplida, la nacionalización del gas se anunció el 1 de mayo de 2006. Como resume Evo Morales «Bolivia ya no tiene amos, sino socios» (33). Al no estar Bolivia dotada para explotar por sí misma los campos de gas, esta medida de nacionalización ha llevado a una nueva negociación de los contratos con las multinacionales (Petrobras de Brasil, Repsol de España,

 

Total de Francia y British Gaz) que ha hecho que los impuestos revertidos al Estado hayan pasado del 50% al 82%. Las compañías han pasado del estatuto de concesionarias de los recursos al de prestatarias de servicios para la empresa pública Y PFB ( Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos). En realidad, la puesta en marcha de esta nacionalización ha puesto en evidencia la debilidad técnico-política del gobierno: nada menos que cuatro presidentes se han sucedido a la cabeza de la compañía nacional desde la llegada de Morales al poder. Además se han cometido diversos fallos en las negociaciones de los contratos y en muchos aspectos siguen siendo favorables para las multinacionales y no constituyen una ruptura fundamental con respecto a la situación anterior (34). Sin embargo, se está superando una etapa importante con la recuperación por parte del Estado de las dos refinerías más importantes del país controladas hasta ahora con Petrobras. Hicieron falta un año de difíciles negociaciones con Brasil –que en este asunto ocupaba una posición de subimperialismo- y 112 millones de dólares para llegar a un acuerdo. Pero los problemas de reorganización del sector y los retrasos de inversiones dirigidas a la satisfacción de la demanda interna son tales que los problemas de aprovisionamiento del mercado interior durarán

¡por lo menos 3 años! (35) Las dificultades que ha encontrado el equipo de Morales muestran claramente la ambivalencia del proceso en curso. Por un lado debe transigir con las multinacionales para explotar los recursos, ya que Bolivia no dispone de medios técnicos ni financieros para operar por sí misma. Así, en julio de 2007 el gobierno firmó un nuevo acuerdo concerniente a la explotación de una mina de hierro que representa el mayor compromiso de inversión extranjera que se ha consentido nunca en el país (36). Por otra parte, siguiendo una voluntad expresa de romper con el neoliberalismo y con la dominación del capital extranjero, el Estado efectúa un movimiento significativo de recuperación del control de su economía. Así, mientras que en 2005 el Estado sólo controlaba el 8% del PIB, en enero de 2007 llegó al 18% y tiene el objetivo del 25% de aquí a finales de este año (37). Para conseguirlo está en marcha una nueva serie de nacionalizaciones, especialmente en el campo de la metalurgia (38), las telecomunicaciones y la electricidad (39).

 

3.        Argentina: los derechos de los inversores cuestionados puntualmente para hacer frente a la crisis

 

Leal al presidente Menem durante toda la década de los 90, Néstor Kirchner se convirtió en presidente y se vio obligado a modificar significativamente las políticas económicas para hacer frente a la crisis. La presión sobre las multinacionales como Shell o Aguas Argentinas, propiedad de Suez, que pretendían incrementar sus tarifas, pone de manifiesto, sobre todo, un juego político. Otras decisiones tuvieron un impacto económico más sustancial: la nueva negociación de la deuda, la revisión de los acuerdos con el FMI y las tarifas de las empresas privatizadas en la época de Menem o el compromiso en el proceso de creación de una organización latinoamericana pública de los hidrocarburos, con Venezuela y Bolivia, para oponerse a la influencia de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, vendido a Repsol en 1999. Los sobresaltos de la economía y la sociedad argentina a principios del milenio ponen de manifiesto el carácter depredador de las multinacionales. La «pesificación», en enero de 2002, reconocía la moneda nacional como sola y única moneda en circulación y uso; convertía las deudas en dólares a la tasa de 1 a 1, el ahorro de los particulares a la tasa de 1 dólar por 1,4 pesos, e hizo que la moneda argentina dejase de fluctuar. Esa medida puso fin a 10 años de Ley de Convertibilidad entre el dólar estadounidense y el peso argentino a la tasa de 1 a 1. Muchas de las empresas multinacionales que habían comprado las empresas públicas de servicios, sólo obtuvieron las tarifas que estaban alineadas sobre el dólar (a la tasa en vigor de la época, es decir 1 a 1). La «pesificación» deterioró fuertemente los resultados de dichas empresas multinacionales. A pesar de los considerables beneficios conseguidos durante la década de los 90, no aceptaban las pérdidas (40). Así, France Telecom, Suez o EDF vendieron sus activos en beneficio de los grandes grupos argentinos, con lo que contribuyeron a devolver la solidez al capitalismo nacional argentino. Frente a la crisis económica, los movimientos sociales no se quedaron parados. Surgieron recuperaciones de fábricas y empresas (41). Algunas de las fábricas recuperadas, en 2007 continuaban con la experiencia de la autogestión, en muchos casos a pesar de

 

los obstáculos que ponía el gobierno Kirchner. En efecto, inmediatamente después de la crisis, el gobierno generalmente apoyaba esas iniciativas pero tras la recuperación pretendía poner en orden el capitalismo argentino, lo que implicaba la ruptura de la dinámica autogestionaria.

 

Conclusión: para otro régimen de inserción internacional de los países de la periferia

 

Después de veinte años de una enorme expansión de los inversores directos extranjeros, las multinacionales se han aprovechado de un contexto político muy favorable para tomar el control de una gran parte de las economías latinoamericanas: más allá de los tradicionales productos mineros, hidrocarburos y productos agrícolas, las multinacionales organizan una gran parte del tejido industrial y a menudo desempeñan un papel dominante en los servicios, especialmente en la banca, en los servicios de infraestructuras (electricidad, telecomunicaciones) y en la distribución. Esta presencia creciente ha modificado la faz de las ciudades latinoamericanas, pero no ha conducido a una dinámica de desarrollo: el crecimiento económico sigue a un nivel débil, aunque parece que se inicia una recuperación en los últimos años; sobre todo las desigualdades sociales, el desempleo y la pobreza permanecen en cotas muy elevadas.

 

Si las multinacionales contribuyen a la polarización económica y social de los países latinoamericanos, en el ámbito de la microeconomía se comportan como auténticos depredadores. Operan para incrementar permanentemente los beneficios, situándolos a niveles muy elevados, y desprecian cualquier otra consideración: salarios de miseria, precarización de los estatutos, destrucción del medio ambiente, apoyo a los sectores más reaccionarios, competición a la baja entre los territorios… Frente a esta ofensiva, las resistencias se han desarrollado de forma importante. Parten de tres lógicas: En primer lugar de una reacción parcial del gobierno bajo la presión de una catástrofe económica y las fuertes movilizaciones sociales, como en el caso de la Argentina de Kirchner. Después, las movilizaciones concretas contra las multinacionales (guerras del agua y guerra del gas en Bolivia, movilización contra los proyectos mineros…). Y finalmente, la llegada al poder de gobernantes comprometidos en políticas que rompen explícitamente con el neoliberalismo en favor del «Socialismo del siglo XX» en Bolivia, Venezuela y más recientemente en Ecuador. Estos nuevos equipos han conseguido, con más o menos ventajas, recuperar el control del flujo de las riquezas controladas por las multinacionales. Las nacionalizaciones se han llevado a cabo sin romper la legalidad, es decir, a través de negociaciones conducentes a un acuerdo sobre las indemnizaciones o a un proceso de arbitraje internacional. Esta recuperación se ha dirigido a mejorar el nivel de vida de la población por medio de políticas de redistribución y de lanzamiento de inversiones productivas o de capital humano (sanidad y educación). Sin embargo, en cierto número de casos los gobiernos se ven obligados a ponerse de acuerdo con las multinacionales, ya que éstas poseen efectivamente la capacidad tecnológica, el capital o las redes distribuidoras que los países no pueden saltarse bajo pena de renunciar a los pagos inmediatos cruelmente necesarios.

 

Esta limitación para la emancipación de los países latinoamericanos frente al capital extranjero puede ser contrarrestada en parte, a medio plazo, por una dinámica de integración regional: el proyecto de Chávez y sus aliados dirigido exactamente a poner a disposición mutuamente a nivel regional los medios (capitales, tecnologías, redes…) y la puesta en marcha de una integración política que ampliará los márgenes de maniobra. Es en esta vía en la que el subcontinente en conjunto avanzará en la orientación de la utilización de los recursos para satisfacer las necesidades de sus poblaciones en vez de alimentar el apetito inextinguible de beneficios de la finanza internacional (42). Sin embargo, permanecen dos problemas importantes. Por un lado, la reconquista de una forma de soberanía nacional o regional frente a las multinacionales sigue siendo frágil y no aportará una auténtica ruptura si se apoya en las burguesías locales: América Latina ya conoció un movimiento de este tipo entre los años 40 y 80 que permitió realmente un cierto desarrollo pero no quebró la lógica capitalista ni redujo de forma permanente la polarización socioeconómica de los países. Por otra parte, dado que la interdependencia entre las economías es

 

más fuerte que nunca, el enfrentamiento con las multinacionales no puede ser de la incumbencia de un solo grupo de países, con más razón si se trata de países de la periferia. Establecer alianzas entre las fuerzas políticas y los movimientos sociales del norte y el sur para oponerse a las multinacionales y a las políticas que éstas inspiran continúa siendo una labor obligatoria para avanzar hacia una integración internacional solidaria.

 

(Paris/Buenos Aires, 2008)

 

Notas:

 

(1)       La inversión directa extranjera (IDE) es una inversión que implica una relación a largo plazo y pone de manifiesto el interés permanente de una entidad residente en un país. Es diferente de la inversión financiera. A través de las inversiones extranjeras es como una empresa puede desarrollar su actividad en diferentes países y de esa forma convertirse en una multinacional.

 

(2)       Los datos que se presentan en este párrafo se han sacado de diversos informes de la CNUCED. www.unctad.org .

 

(3)       Anthony Faiola, «Spanish Firms Revive Latin America Conquest», The Washington Post, 14 de febrero de 2000 Usher, «New World Conquests», Time, 5 de junio de 2000. Ver también el artículo de Luís Miguel Busto Mauleon, «El nuevo colonialismo español», http://www.revistapueblos.org/spip.php?article304 (noviembre de 2005).

 

(4)       Y. Delazay, y B. Garth, La mondialisation des guerres de palais, Seuil, coll. «Liber», París, 504 p.

 

(5)       Yannaca-Small, C. (2004), «Indirect expropriation and the right to regulate in international investment law», OCDE Working papers on international Investment, abril de 2004, 22 p.; UNCTAD (2005), «Investor-State disputes arising from investment treaties: a review», UNCTAD Series on International Investment Policies for Development, 106 p.

 

(6)       Jelson Oliveira, «Brésil - Renault et la réforme agraire», Diffusion d'Informations sur l'Amérique Latine - DIAL, 2558, 16 de mayo de 2002, http://www.alterinfos.org/spip.php?article1349

 

(7)       C EPAL, Estudio Económico, 2002, 2003, 2005 y 2007.

 

(8)       Referencia al clásico de Eduardo Galeano (1971), Las venas abiertas de América Latina, sexagésima séptima edición, Ed. Siglo XXI, México.

 

(9)       C. Durand (2006), «Institutions et impact des IDE dans les pays en développement: le secteur de la grande distribution au Mexique», Institutions, développement économique et transition, Séptimas jornadas científicas de la red «Analyse Economique et Développement de l'AUF», París, Francia, http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00135918/en.

 

(10)     «Despidos masivos en Banamex, pese a altas ganancias en el país», La Jornada, 30 de abril de 2007.

 

(11)     CIOSL, «Perú: Carta de CIOSL a la ministra de Trabajo», 19 de Septiembre de 2006, www.cioslorit.net/espanol/noticia1.asp?id=204

 

(12)     Erika Arriaga, «Reabre operaciones planta de Euzkadi en Jalisco», La Jornada, México, 26 de febrero de 2005; Carolina Gómez Mena, «Festeja el sindicato de Euzkadi 72 años de existencia»,  La Jornada, México, 22 de julio de 2007.

 

(13)     Consultar el sitio dedicado a la actualidad de las luchas concernientes a las minas: http://www.conflictosmineros.net./al/html/index.php

 

(14)     Recopilación de despachos sobre este caso disponibles en el sitio: www.ccdhal.koumbit.org/spip.php?mot=33.

 

(15)     Información publicada en el sitio de la compañía: www.monterrico.co.uk.

 

(16)     Ver el sitio dedicado a la situación en esta ciudad: http://www.todosobrelaoroya.org./

 

(17)     Ver el sitio de Friends of the Earth: http://www.foei.org/fr/publications/link/mining/22.html .

 

(18)     Amnistía Internacional, Colombia: Homicidios, detenciones arbitrarias y amenazas de muerte: la realidad del sindicalismo en Colombia, informe AMR 23/001/2007, 3 de Julio de 2007, http://www.amnesty.org/en/library/asset/AMR23/001/2007/en/dom-AMR230012007es.html.

 

(19)     Benito Pérez, «Ces syndicalistes assassinés qui hantent les multinationales », Le Courrier, Ginebra, 28 de julio de 2007.

 

(20)     Christina Kearney, «Colombians sue banana producer for funding guerrillas», Reuters, 19 de Julio de 2007.

 

(21)     Ver el World Investment Report de la CNUCED de 2004 y 2007.

 

(22)     Salim Lamrani, «Nacionalizaciones: se abre una nueva era en Venezuela», Rebelión, 27 de febrero de 2007, http://www.rebelion.org/noticia.php?id=47248.

 

(23)     Elisabeth Studer, «Chavez: nationalisation de tout le secteur de l'énergie», Le Blog Finance , 15 de enero de 2007, www.leblogfinance.com/2007/01/chavez_national.html; Agencia Bolivariana de Noticias , «Venezuela recupera soberanía petrolera sobre convenios en Faja del Orinoco», 25 abril de 2007, http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=89832&lee=3; Jens Gould,

«Venezuela tightens oil grip», The Christian Science Monitor , 14 de abril de 2006, www.csmonitor.com/2006/0414/p06s01-woam.html; Mark Weisbrot, «A New Assertiveness for Latin American Governments», International Business Times , 11 de junio de 2007.

 

(24)     Steven Bodzin y José Enrique Arrioja, «Conoco, Exxon Mobil to Quit Venezuela, Ramirez Says»,       Bloomberg, 26     de      junio de      2007, www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601086&sid=aezzzCuHIpvQ&refer=news.

 

(25)     «Bolivia, Venezuela and Nicaragua withdraw together from the ICSID», CADTM , 2 de mayo de 2007, www.cadtm.org/spip.php?article2618

 

(26)     Tratado energético del ALBA, Tintorero - Estado Lara, 29 de abril de 2007: www.alternativabolivariana.org; Eduardo Gudynas, «La diplomatie de l’énergie et l’intégration sud- américaine à la croisée des chemins», IRC Programa de las Américas: www.ircamericas.org , 20 de junio de 2007.

 

(27)     Environment News Service, «Bechtel Drops $50 Million Claim to Settle Bolivian Water Dispute», 19 de enero de 2006, www.ens-newswire.com/ens/jan2006/2006-01-19-04.asp .

 

(28)     Ver «Bolivie: la longue lutte pour l'eau», mayo de 2006, www.secours- catholique.asso.fr/actualiteinternational_873.htm; Juan Diego Restrepo, «Cochabamba: la guerre de l'eau inachevée» RISAL/ALAI, 20 octubre de 2006, http://risal.collectifs.net/spip.php?article2183.

 

(29)     Eric Toussaint, «Sous la pression populaire, le président bolivien met fin à la présence de Suez en Bolivie»,     CADTM,    17     de      febrero        de      2005, http://www.cadtm.org/spip.php?article1156&var_recherche=suez%20bolivie.

 

(30)     Marjolaine Normier, «Bye bye Suez», Le jouet enragé, París, febrero de 2007.

 

(31)     Louis Jean et Jean-Philippe Catellier, Alternatives, 2 de marzo de 2007, http://www.alternatives.ca/article2816.html .

 

(32)     Walter Chavez, « Mobilisations sociales pour la nationalisation des hydrocarbures et démission du   président     »,      RISAL,       8       de      junio  de      2005, http://risal.collectifs.net/spip.php?article1396&var_recherche=guerre%20du%20gaz%20bolivie.

 

(33)     Benito Pérez, «La Bolivie n'a plus de maîtres mais des partenaires», Le Courrier, Ginebra, 30 de junio de 2007.

 

(34)     Franz Chávez, «Petroleo-Bolivia: Nacionalización en duda», IPS , abril de 2007, http://ipsenespanol.net/nota.asp?idnews=40581; «Contratos petroleros: los costos recuperables devuelven todo a las petroleras», Alerta Laboral , n° 49, Abril de 2007, www.cedla.org/boletin/boletin.php?id_bol=64.

 

835) Pablo Ortiz, «Bolivia ya controla sus refinerías», Pagina/12, 27 de junio de 2007, http://www.marceloelias.com/opinion754.html

 

(36)     La compañía siderúrgica india Jindian Steel an Power ha obtenido el derecho de explotar el 50% de la mina El Mutún, el mayor yacimiento de mineral de hierro sin explotar del mundo . Hal Weitzman, «Bolivia lands deal to exploit iron ore deposit» Financial Times, 20 de julio de 2007.

 

(37)     «Entrevista con Álvaro García Linera Vicepresidente de la República». El Deber, Bolivia, 21 de enero de 2007.

 

(38)     Heather Walsh, «Bolivia Seeks More Revenue From Glencore After Nationalization», Bloomberg,    14     de      febrero        de      2007, http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601013&sid=aafc1GJIBsD0&refer=emergingmarket s.

 

(39)     Benito Pérez, «Evo Morales reprend le téléphone avant de nationaliser l’électricité», Le Courrier, Ginebra, 10 de abril de 2007.

 

(40)     En la primera época de E. Duhalde después de N. Kirchner, quienes afirmaban que querían pasar la página del «menemismo» que sin embargo habían apoyado al más alto nivel (como vicepresidente y gobernador respectivamente).

 

(41)     Ver el dossier de OSAL (Observatorio Social de América Latina) de la CLACSO específica sobre los conflictos sociales: www.clacso.org.ar/difusion/secciones/osal

 

(42)     A. Saludjian, Hacia otra integración sudamericana. Críticas al Mercosur neoliberal, Libros del Zorzal, Buenos Aires, 2006.

 

 

 

Para saber más sobre las multinacionales en América Latina:

 

• OMAL, “Multinacionales en América Latina: impactos y resistencias”, 10 paneles temáticos con videos en línea, 2008 (www.omal.info/www/article.php3?id_article=18799).

• Erika González, Kristina Sáez y Jorge Lago, Atlas de la energía en América Latina y Caribe, OMAL, 2008 (www.omal.info/www/article.php3?id_article=1843)

• CEPAL, La inversión extranjera en América Latina y el Caribe, 2009 (Publicación anual en www.eclac.org).

• OMAL,       “Las  empresas    transnacionales     en      la       globalización”,  2007, (www.omal.info/www/article.php3?id_article=1339).

• VVAA, Centroamérica encendida. Transnacionales y reformas en el sector eléctrico, Icaria

- Paz con Dignidad, Barcelona, 2005.

• CEDIB, Monopolios Petroleros en América Latina y Bolivia: Repsol y otras transnacionales europeas, 2007 (http://www.cedib.org/pdocumentos/RRNN/diagramamemoria.pdf)

• Graciela Rodríguez, “Impactos de las multinacionales sobre las mujeres y resistencias en América Latina” Conferencia en linea, OMAL/Instituto Equit – Brasil, www.omal.info/www/article.php3?id_article=1826

• Enlazando   Alternativas,        Red   Birregional Europa,      América      Latina  y       Caribe: www.enlazandoalternativas.org

• Plataforma de seguimiento a las industrias extractivas: www.extractivas.org

• Observatorio de Multinacionales en América Latina: www.omal.info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALBA contra ALCA

Una    nueva         vía    para  la      integración regional     en Latinoamérica

Por Thomas Fritz

Traducción del alemán por Jan Stehle

 

Thomas Fritz es investigador del Centro de Investigación y Documentación Chile – Latinoamérica, Berlín, http://fdcl-berlin.de

 

 

El paisaje político de la integración latinoamericana está cambiando profundamente. El proyecto de construir una zona de libre comercio panamericana, ALCA, un proyecto neoliberal basado en la competencia y liderado por los Estados Unidos, está estancado. Al mismo tiempo la discusión sobre la integración latinoamericana se está intensificando, empujada por iniciativas concretas de gobiernos de izquierda, que apuestan a relaciones solidarias en vez de competitivas. El alejamiento más evidente del dogma liberal lo están llevando a cabo el ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas, bautizada desde junio del 2009: Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América), iniciado por Venezuela, y el concepto de contratos de comercio alternativos TCP (Tratado de Comercio de los Pueblos), promovido por Bolivia. Bajo el techo de ALBA el gobierno venezolano no sólo ha desarrollado una visión ambiciosa de una integración latinoamericana solidaria, sino también ha llevado adelante un gran número de cooperaciones interestatales, especialmente en el sector energético. Las expresiones más claras de estas actividades han sido el acuerdo sobre la entrega preferencial de petróleo, Petrocaribe, y el contrato de cooperación entre Venezuela, Cuba y Bolivia, ALBA-TCP. Además de eso, Venezuela ha integrado a otros países en su “Alternativa Bolivariana para las Américas” a través de proyectos conjuntos. Este nuevo enfoque ha despertado un gran interés en todo el subcontinente y representa un enriquecimiento valioso del revitalizado debate latinoamericano sobre integración regional. ALBA sirve como ejemplo para ilustrar los márgenes de acción de gobiernos, que intentan dar pasos concretos para salir del callejón sin salida neoliberal. Sin embargo, como cualquier proyecto realista de transformación, el ALBA está sujeto a contradicciones que una y otra vez llevan a conflictos con sus propias aspiraciones. Al mismo tiempo, se han podido constatar una serie de logros que han abierto el paso hacia una integración socialy solidaria.

La siguiente discusión del ALBA va a considerar ambos aspectos. Los avances y las contradicciones de esta vía alternativa de integración serán discutidos mediante el análisis de las iniciativas más importantes del ALBA. Punto central serán los tratados entre Venezuela, Cuba y Bolivia, además de las iniciativas energéticas. Los protagonistas del ALBA justamente le otorgan una gran importancia a la integración energética, por lo cual el análisis de aspiraciones y realidades de la Alternativa Bolivariana en el ámbito energético también será objeto de este estudio. El interés por estos nuevos enfoques integracionistas, sin embargo, no se limita a América Latina. También en Europa lentamente está comenzando una discusión más intensiva sobre el ALBA, el TCP y otras alternativas. Después del fracaso del Tratado Constitucional movimientos progresistas de la Unión Europea están desarrollando modelos de una integración social, con equidad entre los estados. En este sentido los modelos latinoamericanos pueden también estimular la discusión en Europa.

 

Vientos de cambio en la integración latinoamericana

 

A finales del 2005 en la Cumbre de las Américas en Mar del Plata (Argentina) una parte importante de los estados sudamericanos rehusó seguir el liderazgo de Estados Unidos. Especialmente los gobiernos de Argentina, Brasil y Venezuela se negaron a retomar las negociaciones estancadas sobre el ALCA. Desde entonces, este proyecto central del gobierno estadounidense está congelado. Este éxito se hizo posible gracias a una amplia campaña de los movimientos sociales. Desde el inicio oficial de las negociaciones sobre el ALCA en 1994 especialmente la red Alianza Social Continental (ASC) ha logrado ampliar y unificar la resistencia en contra del área de libre comercio. La cumbre de Mar del Plata, por lo tanto, marcó un giro importante en la política latinoamericana contemporánea. La Alianza Social Continental ve un “nuevo escenario”. Mientras hasta ese entonces había centrado sus acciones defensivas en impedir el ALCA, en adelante se podrán desarrollar nuevos modelos propios de integración y revisar críticamente los ya existentes63.

En ese marco los dos bloques económicos regionales sudamericanos – la Comunidad Andina (CAN) y el MERCOSUR – han entrado en movimiento, lo cual también se debe, en parte, a los EEUU. Especialmente la Comunidad Andina está inmersa en un proceso de erosión debido a graves diferencias políticas. Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia forman parte de la CAN. Venezuela se retiró del bloque en abril del 2006, después de que Colombia y Perú acordasen la firma de tratados bilaterales de libre comercio con los Estados Unidos. Los tratados bilaterales se consideran una respuesta de los EEUU ante el bloqueo del ALCA. De hecho, entrañan un factor explosivo frente a los bloques regionales existentes. El economista argentino Claudio Katz, al respecto, habla de una estrategia norteamericana de “balcanización comercial”64. Venezuela mientras tanto, al poco tiempo de su retiro de la CAN, fue admitida como miembro pleno del MERCOSUR. Este área de libre comercio fue creado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay en 1991. Bolivia es miembro asociado del MERCOSUR y está aspirando a ser miembro pleno. De la misma manera el presidente de izquierda de Ecuador, Rafael Correa, ha expresado su interés por entrar al MERCOSUR. Sin embargo, a pesar de este interés intensivo por el bloque, el MERCOSUR sigue siendo marcado por conflictos internos. Entre los motivos de disputa se encuentran el predominio del gigante económico Brasil, la competencia fuerte entre Argentina y Brasil, y la marginalización de los dos miembros pequeños Uruguay y Paraguay. Estos últimos incluso amenazaron hace poco con firmar acuerdos de libre comercio bilaterales con los Estados Unidos. La disputa entre Uruguay y Argentina por la instalación de una papelera contaminante en Uruguay es otro ejemplo de la deficiente capacidad de resolución de disputas internas del MERCOSUR.

 

ALBA: la respuesta venezolana

Al mismo tiempo de su entrada al MERCOSUR, Venezuela lanzó el ALBA, un proyecto de integración basado en principios completamente distintos a los de la CAN o el MERCOSUR65. El MERCOSUR ha apostado a un regionalismo abierto hacia el exterior y basado en las exportaciones, un concepto que predomina desde finales de los ochenta. Este “regionalismo abierto” acabó con la protección estatal de la economía nacional, que había sido practicado durante la era de la sustitución de importaciones. El modelo basado en las exportaciones requería un desmantelamiento de barreras arancelarias, para poder importar insumos necesarios a bajo costo. Desde entonces, la integración regional ha servido sobre todo como paso intermedio hacia la integración al mercado mundial. Prometía una reducción de costos en base a la reducción de barreras comerciales y debido a los efectos de escala y de especialización en la producción para la exportación. En vez de satisfacer la demanda regional ahora la meta es la demanda mundial. El estado se ha retirado ampliamente como actor económico, siendo reemplazado por la iniciativa privada y la mera regulación de los

 

 

 

63 Alianza Social Continental, “Algunos Puntos para el Debate sobre Integración Regional”, Documento de Trabajo, 10 de agosto de 2006.

64 Claudio Katz, “El torbelino de la integración”, 25 de julio de 2006, www.cadtm.org

65 Véase el texto base: “¿Qué es el ALBA?”, www.alternativabolivariana.org. En este sitio web se pueden encontrar una serie de documentos oficiales

del ALBA.

 

mercados. El regionalismo abierto postula la liberalización de todos los sectores económicos y la “reciprocidad” en la apertura de mercados, en conformidad con las exigencias de la OMC.

Por el contrario, la propuesta ALBA propone “cooperación”, “complementariedad” y “solidaridad”. Se consideran los diferentes niveles de desarrollo, los puntos fuertes y las debilidades de las economías participantes y los intereses específicos de los estados por proteger a determinados sectores. Bajo este concepto tienen prioridad los proyectos de cooperación en beneficio mutuo, especialmente los que se dan entre empresas estatales. Además se resaltan las transacciones compensatorias que no requieren recurrir al gasto de divisas. Los objetivos centrales del ALBA son el combate a la pobreza y el desarrollo social. La visión de una integración  latinoamericana solidaria que representa el ALBA se materializa en tratados de cooperación concretos. Después de que Venezuela y Cuba firmaran el tratado del ALBA en diciembre del 2004, Bolivia firmó su ingreso en abril del 2006. A mediados de enero del 2007 el presidente recién electo de Nicaragua, Daniel Ortega, declaró el ingreso de su país al ALBA. En el 2008, se ha extendido a Honduras y a  la isla Dominica y en el 2009 a Ecuador y a San Vicente y las Granadinas. Aparte de este núcleo de países, Venezuela en junio del 2005 firmó un tratado de cooperación energética con 13 países, « Petrocaribe ». Los países caribeños firmantes se comprometen a coordinar su política energética, mientras que Venezuela entrega petróleo a condiciones preferenciales. Es evidente que la riqueza en petróleo de Venezuela sirve como un lubricante importante de la integración. Por medio de cooperaciones bilaterales, Venezuela está intentando incluir a países como Argentina, Brasil y Uruguay. La propuesta ALBA, por lo tanto, no solamente representa una alternativa real al proyecto de la zona de libre comercio ALCA, dominada por los EEUU, sino también se puede entender como una crítica a los bloques económicos existentes, MERCOSUR y CAN. El ingreso de Venezuela al MERCOSUR, sin embargo, demuestra que al parecer ni el propio gobierno venezolano espera una pronta expansión del ALBA por el subcontinente. Más bien el ALBA serviría como especie de proyecto referencial. El presidente venezolano Hugo Chávez ha expresado su intención de tematizar los principios del ALBA en el MERCOSUR. Antes de ser ratificado Venezuela como miembro pleno, exigió reiteradamente que a futuro el bloque debería darle prioridad al desarrollo social. “Solidaridad, cooperación y complementariedad” deberían constituir las bases del MERCOSUR, no “la competencia económica”66. No se sabe si el propio Chávez considera realista un desarrollo de tales características. El impacto en las discusiones a nivel regional, sin embargo, parece ser una función importante del ALBA.

 

Cooperación venezolana-cubana

 

Con el acuerdo entre Venezuela y Cuba de diciembre del 2004 y el ingreso de Bolivia al ALBA el 29 de abril del 2006, se ha dado comienzo a la materialización de los principios de la Alternativa Bolivariana de las Américas. Ambas partes acordaron pasos concretos de liberalización así como una serie de proyectos de cooperación económicos y sociales67. El intercambio de bienes y mercancías puede llevarse a cabo en forma de un negocio de compensación, si esto es de utilidad mutua. Cuba elimina a todos sus aranceles y sus barreras no tarifarías para productos venezolanos, mientras que Venezuela elimina barreras no tarifarías para mercancías y servicios cubanos68. Inversiones de empresas estatales y mixtas estarán liberadas del pago de impuestos a las utilidades, hasta amortizarse la inversión. Cuba renuncia a su participación en filiales cubanas de empresas estatales venezolanas, es decir le concede a los venezolanos una propiedad del cien por ciento. En cuanto a los proyectos de cooperación, un aporte central cubano está en los sectores de servicios de

 

66 “Presidente Chávez: Mercosur debe priorizar la agenda social”, Ministerio de Estado para la Integración y el Comercio Exterior, Comunicado de Prensa, Carácas, 20 de abril de 2006.

67 Acuerdo entre el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela y el Presidente del Consejo de Estado de Cuba, para la Aplicación de la Alternativa Bolivariana para las Américas, La Habana, 14 de diciembre de 2004.

68 Por sus obligaciones en el marco de su membresía en la Comunidad Andina (CAN) y su futura membresía en el

MERCOSUR, entre otros, Venezuela no pudo acordar una eliminación unilateral de sus barreras arancelarias hacia Cuba. Por eso se acordó una ampliación de las preferencias arancelarias existentes a 104 grupos de productos y un plan para reducir los aranceles. Véase: Declaración Final de la Primera Reunión Cuba-Venezuela para la Aplicación de la Alternativa Bolivariana para las Américas, La Habana, 28 de abril de 2005.

 

la salud y de la educación. Venezuela, en cambio, ofrece transferencias de tecnología y financiamiento en los sectores de energía y de infraestructura. Además, le provee a Cuba de petróleo a términos preferenciales. Estos, sin embargo, forman parte de otros tratados (por ejemplo de la iniciativa Petrocaribe). El apoyo cubano a las "misiones" de los sectores de la salud y de la educación le confirió un alto significado simbólico al tratado. En el marco de la estrategia conjunta para la implementación del ALBA, acordada en abril del 2005, Cuba se comprometió a enviar hasta

30.000 profesionales de la salud a la misión "Barrio Adentro" que brinda atención primaria en salud. En el marco de la misión „Ribas“, 10.000 estudiantes reciben una beca para estudiar carreras médicas en Cuba. Y se acordó tratar en Cuba a hasta 100.000 venezolanos con enfermedades de la vista durante el 2005. Además, el gobierno de Castro apoya a la misión “Robinsón” en la alfabetización y educación escolar. Venezuela, en cambio, se comprometió a brindar cursos deformación a 45.000 médicos cubanos y ofreció una serie de becas. Ambos países acordaron también  trabajar conjuntamente en programas de salud y de alfabetización en terceros países69.  Para Cuba la alianza ALBA es de especial importancia. Desde los años sesenta la isla socialista sufre un embargo comercial por parte de los EEUU. La suspensión de la ayuda soviética en los noventa llevó a una profunda crisis económica, de la que sólo ha podido recuperarse lentamente. Venezuela, en cambio, ha expresado inequívocamente con esta alianza, que el ALBA representa  una alternativa explícita a todos los tratados de libre comercio estadounidenses.

 

El ingreso de Bolivia: un Tratado de Comercio de los Pueblos

El ingreso de Bolivia al ALBA mostró la capacidad expansiva de la Alternativa Bolivariana – un proceso que continuó con la afiliación de Nicaragua y posiblemente proseguirá con el ingreso de Ecuador. Con el concepto del Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP) el presidente boliviano además ha aportado bases ideológicas propias a la alianza, que también se reflejan a nivel formal. El tratado tripartito ahora prevé la aplicación tanto de la Alternativa Bolivariana como del Tratado de Comercio de los Pueblos70. La propuesta TCP es bastante similar a los principios del ALBA, sin embargo se basa más fuertemente en una crítica al modelo neoliberal de desarrollo, al cual se contraponen modalidades de producción cooperativistas e indígenas. El comercio debería servir para “el fortalecimiento de los pequeños productores, microempresarios, cooperativas y empresas comunitarias”. Por lo tanto, habría que limitar los derechos de los inversores. A fin de defender a la “cultura indígena”, el Tratado de Comercio de los Pueblos postula “la complementariedad frente a la competencia; la convivencia con la naturaleza en contraposición con la explotación irracional de recursos; la defensa de la propiedad social frente a la privatización extrema; el fomento de la diversidad cultural frente a la monocultura y la uniformización del mercado que homogeneiza los patrones de consumo”. Con el TCP se quiere lograr una integración que “trascienda los campos comercial y económico” y que lleve a un “desarrollo endógeno justo y sustentable en base a principios comunitarios.”71. Algunas de esas exigencias son consideradas en el tratado ALBA-  TCP. El tratado sobre todo refleja las asimetrías entre los tres partidos. Así, los aportes bolivianos son bastante modestos comparado con los de Cuba o Venezuela. Cuba le ofrece a Bolivia el establecimiento de seis centros oftalmológicos, incluyendo el equipamiento y el gasto del personal cubano. Además construirá 20 hospitales de campaña y pone a disposición 600 médicos y enfermeros. A estudiantes bolivianos se les ofrecerán 5000 becas para estudiar medicina en Cuba, y Cuba apoyará a la campaña boliviana de alfabetización con tecnología y material didáctico. Venezuela suministra petróleo, combustible y asfalto, y parte de la cuenta podrá ser pagada con productos bolivianos. Además le ofrece cooperación y ayuda tecnológica a las dos empresas estatales bolivianas de los sectores petróleo y minero, YPFB y Comibol. Además, provee a un

 

69 Declaración Final de la Primera Reunión Cuba-Venezuela para la Aplicación de la Alternativa Bolivariana ara las Américas, La Habana, 28 de abril de 2005.

70 Acuerdo para la Aplicación de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América y el Tratado de comercio de los Pueblos, La Habana, 29 de abril de 2006.

71 “TCP: la propuesta boliviana para un comercio justo entre los pueblos”, Movimiento Boliviano por la Soberanía y la

Integración solidaria de los pueblos, 13 de abril de 2006.

 

fondo boliviano que financia a inversiones productivas con 100 millones de dólares y dona 30 millones de dólares para fines sociales.

 

Consideración de las asimetrías

El aporte material boliviano es mucho menos evidente. Sus exportaciones de minerales y productos agrícolas aportarían al tratado ALBA-TCP, según se afirma. Su industria petrolera promovería la “seguridad energética” de los países miembros. Además, ofrece sus experiencias para el estudio conjunto de los pueblos indígenas, la medicina natural y la biodiversidad. La modestia del aporte boliviano se pone en evidencia en la industria petrolera: De hecho, Bolivia no exporta su gas ni a Venezuela ni a Cuba. Cuba y Venezuela, entretanto, están expandiendo sus concesiones  comerciales mutuas a Bolivia. Las exportaciones bolivianas a esos dos países se benefician de liberalizaciones de aranceles y de medidas no-tarifarías acordadas previamente por Venezuela y Cuba72. Bolivia, en cambio, no se ha comprometido a bajar sus aranceles. Aquí se refleja también la reocupación por la asimetría entre las tres partes. La única obligación de liberalizar en forma no- tarifaría que ha asumido Bolivia se refiere a preferencias impositivas para inversiones de empresas estatales cubanas y venezolanas en Bolivia. Estas empresas estarán exentas de impuestos a las ganancias hasta amortizarse la inversión. Una obligación similar ha sido adquirida por Venezuela y Cuba. Además de eso, Cuba y Venezuela hacen otra concesión comercial: garantizan comprar los productos de exportación bolivianos cuyos mercados de destino desaparecen por efecto de tratados de libre comercio de EEUU o la UE con estados vecinos de Bolivia. Esto representa una reacción directa a la firma de tratados de libre comercio con EEUU por parte de Colombia y Perú. Hasta ahora (2008) Bolivia ha exportado alrededor de un tercio de su producción de soja estos dos países. Con la firma del tratado con los EEUU estos, sin embargo, se comprometen a abrir sus mercados agrícolas sucesivamente hacia el agrobusiness estadounidense, que es altamente subvencionado. Como la soja boliviana no puede competir con la soja barata de los EEUU, se espera que Bolivia pierda una parte de sus mercados andinos73. Cuba y Venezuela ahora se comprometen a compensar estas pérdidas comprando las respectivas cantidades de soja boliviana. Venezuela hoy en día ya compra la mitad de las exportaciones bolivianas de soja.

 

Comunidad Sudamericana de Naciones/UNASUR: la respuesta brasileña

A la par con la fundación del ALBA y en el marco de su tercera cumbre en Cuzco (Perú) en diciembre del 2004, los 12 jefes de estado de Sudamérica dieron nacimiento a un nuevo ente político: La Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN). En la primera cumbre energética sudamericana, el 16de abril del 2007 en Venezuela, los jefes de estado participantes acordaron rebautizarla y le pusieron el nombre Unión Suramericana de Naciones (UNASUR). Con la excepción de la Guayana Francesa, la totalidad de los estados sudamericanos forman parte de la CSN/UNASUR. Esta iniciativa se remonta al gobierno brasileño de Fernando Henrique Cardoso, que ya con la primera cumbre sudamericana en el año 2000 perseguía el objetivo de promover la convergencia de los bloques comerciales CAN y MERCOSUR y de mejorar la competitividad mediante proyectos conjuntos de infraestructura. Bajo el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva se agregó el interés por crear un contrapeso a los EEUU y su proyecto ALCA. Presumiblemente se debe a ese motivo que la declaración fundacional de la CSN se diferencie – al menos retóricamente

– del dogmatismo de libre comercio neoliberal. Partiendo de valores comunes como la democracia, los derechos humanos y la justicia social, los estados miembros de la CSN declaran que el desarrollo económico y social “no puede reducirse sólo a políticas de crecimiento sostenido de la economía.” Más bien habría que reconocer las “asimetrías” entre los países y asegurar “una más justa y equitativa distribución del ingreso, el acceso a la   educación, la cohesión y la inclusión

 

72 Cuba exime a productos venezolanos de aranceles, Venezuela sin embargo por sus obligaciones en el marco de CAN y del MERCOSUR solo puede brindar preferencias limitadas.

73 Una parte de las exportaciones de soja bolivianas a Venezuela, Colombia y Perú sin embargo proviene ilegalmente de Brasil y Paraguay. Esta soja es ingresada a Bolivia para exportarla a países de la Comunidad Andina, para así obtener preferencias arancelarias que Bolivia tiene como miembro de la CAN.

 

social, así como la preservación del medio ambiente”74. Además dice que los jefes de estado con la fundación de la Comunidad de naciones siguen el ejemplo de los próceres de la unidad de “la gran Patria Americana“, Bolívar, Sucre y San Martín. Los países miembros de la UNASUR firmaron el tratado constitutivo en mayo de 2008 en Brasilia donde se estructuró y oficializó la Unión. Durante esta cumbre, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, fue elegida presidenta pro tempore de la organización, hasta el 10 de Agosto de 2009, fecha en la que fue sucedida por el presidente ecuatoriano Rafael Correa. A pesar del poco compromiso formal, la CSN/UNASUR ha ganado importancia por el programa conjunto de infraestructura que viene de mucho antes. Ya durante su primera cumbre en 2000 los gobiernos sudamericanos acordaron llevar adelante la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA). Esta iniciativa prevé amplias inversiones en la infraestructura transfronteriza en materias de transporte, energía y telecomunicaciones. Organizaciones no gubernamentales, sin embargo, critican que una gran parte de proyectos en el marco de IIRSA no cuadren con las palabras bonitas de la Declaración de Cuzco. A pesar de constatar la deficiente infraestructura que une a los países, se critica la “economía de puertos” de IIRSA, que tiene por objetivo seguir con la explotación de recursos naturales del continente en beneficio de empresas transnacionales. La diferencia sería, que esos megaproyectos convencionales ahora se presentan como elemento de una integración regional autónoma. Además, la CSN solamente buscaría incorporar las normas de libre comercio de MERCOSUR y CAN para unificar y perfeccionarlas, sin querer superarlas teniendo como perspectiva una alternativa social75.

 

Escepticismo: la respuesta de la sociedad civil

La crítica de las organizaciones no-gubernamentales se basa en el escepticismo de la sociedad civil frente a las iniciativas integracionistas actuales. El sociólogo venezolano Edgardo Lander, por ejemplo, advierte que la “retórica latinoamericanista”, es decir el hecho que la integración sea por iniciativa latina- o sudamericana, no garantiza por si una utilidad para la población en general. Aboga por revisar los modelos de cada pacto: “¿Quiénes lo impulsan? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿En función de qué intereses y de qué valores se diseña?”76 Es también lo que reafirmó la carta de los movimientos sociales de las Américas durante el foro social mundial de Belem (2009), llamando a construir la integración desde “abajo”: “Este proceso de integración de movimientos y organizaciones sociales, impulsa los principios del ALBA, y a su vez quiere promover diversos mecanismos y potencialidades que ofrece el ALBA, para potenciar la integración latinoamericana desde los pueblos”. Esta carta rechaza así “las políticas, planes y leyes mineras, de hidrocarburos, agronegocios, agrocombustibles, megaproyectos, a las iniciativas de infraestructura del IIRSA, que destruyen a las comunidades, desconocen sus derechos fundamentales, eliminan la diversidad cultural, destruyen los ecosistemas y el ambiente”77. Dependería de la respuesta a cada una de esas preguntas si las iniciativas integracionistas refuerzan los modelos de dominación existentes o si pueden servir para superarlos. Mientras que las políticas nacionales acepten la división social y privilegien a intereses del capital transnacional, la integración no cambiará nada. Que el ALCA haya sido frenado, a fin de cuentas también es resultado del hecho de que Argentina y Brasil no han podido obtener concesiones suficientes para su agroindustria exportadora. En este sentido, según el académico y activista mexicano Alberto Arroyo, no debería ser tarea de los movimientos sociales el “escoger entre alguna de las propuestas que vienen de los gobiernos progresistas del Mercosur, de Venezuela o de Bolivia“. Más bien el desafío sería el de someter a la discusión modelos de integración propios. Para lograr ese fin “el movimiento social debe mantener su autonomía frente a cualquier gobierno, aún frente a aquellos que son fruto de la propia lucha social“. Esto no excluiría

 

 

74 Declaración del Cusco sobre la Comunidad Sudamericana de Naciones, III Cumbre Presidencial Sudamericana, Cusco, 8 de diciembre de 2004.

75 Judith Valencia, “¡Comunidad suramericana no puede ser un camino al ALCA!”. En: América Latina en movimiento, número 414-415, año 30, 4 de diciembre de 2006, Integración: Nuevas rutas, p. 5-7.

76 Edgardo Lander, “¿Modelos alternativos de integración? Proyectos neoliberales y resistencias populares”. En: OSAL,

año V, número 15, septiembre/octubre 2004, p. 45-56.

77 Ver la carta integra al final de este volumen.

 

un apoyo mutuo en caso de concordancias. La elaboración de modelos propios, sin embargo, sería imprescindible: “Sólo el pueblo salva al pueblo”78. Arroyo aduce además la diversidad entre los gobiernos latinoamericanos, de los cuales sólo algunos, y en distinta medida, rechazaron someterse al proyecto estadounidense. Otros, en cambio, han firmado tratados de libre comercio con los EE.UU: México desde 1994 es miembro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA); Chile firmó un acuerdo bilateral con los EEUU en 2002; los países centroamericanos Costa Rica, Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y República Dominicana le siguieron en el 2004 con el tratado CAFTA; y últimamente Colombia y Perú han seguido a esta tendencia. Por eso habría que considerar las distintas dinámicas en la discusión sobre una integración alternativa en Latinoamérica.

 

Tratados de libre comercio: la respuesta europea y estadounidense

Según Alberto Arroyo, mientras que algunos estados firmen o planifiquen individualmente acuerdos de libre comercio neoliberales con los EEUU u otros países industrializados, es imposible llegar a cualquier forma de integración alternativa con ellos. Los acuerdos de libre comercio impiden el fomento de industrias propias y la defensa del sector agrícola en contra de productos dumping altamente subvencionados por el Norte. Por el contrario obligan a brindar un acceso a mercados sin discriminación, al tratamiento igualitario de empresas nacionales y extranjeras y a la protección de inversiones extranjeras y de propiedad intelectual. Con esto obstruyen la posibilidad de transitar por caminos propios de desarrollo hacia zonas de integración de la periferia. La Unión Europea también está echando sus redes en Latinoamérica. Su instrumento son los acuerdos de asociación bilaterales con los tres pilares: diálogo político, cooperación para el desarrollo y libre comercio. Con México y Chile ya se han firmado acuerdos bilaterales de asociación. Con el MERCOSUR desde 1999 se están teniendo conversaciones acaloradas, con la Comunidad centroamericana de integración SICA hay negociaciones desde mayo del 2006 y con la Comunidad Andina se inicio negociaciones en enero del 2007. Al mismo tiempo hay conversaciones con el grupo caribeño CARICOM sobre un controvertido “acuerdo de asociación económica” en el marco de la reorganización de las relaciones comerciales con los estados del Grupo Asia Caribe Pacifico (ACP). El pilar "libre comercio" claramente domina a los acuerdos de asociación de la UE y sigue el mismo esquema que los tratados estadounidenses. Aparte de reducir aranceles para casi todas las mercancías, la UE exige la liberalización de servicios, inversiones y compras gubernamentales. El MERCOSUR es de alto interés estratégico para la UE, ya que – a Hugo Chávez mencionó la idea del ALBA por primera  vez en el 2001 en una conferencia de estados caribeños. Sin embargo, se materializó recién después que su gobierno lograse superar a las ofensivas de desestabilización de la oposición conservadora: el golpe de estado de dos días contra Chávez en abril del 2002, la huelga en la empresa estatal de petróleo, PDVSA, iniciada el mismo año por la derecha, así como el referendo sobre la destitución de Chávez, que fracasó en agosto del 2004. El ALBA, por lo tanto, también es reflejo de la consolidación de la “Revolución Bolivariana”, proclamada por Venezuela. La propuesta en sí no contiene un programa detallado ni un “plan maestro” de la integración latinoamericana. Más bien diferencia que en el resto de América Latina – en el MERCOSUR empresas europeas han podido conquistar cuotas de mercado similares a sus competidores de EEUU en los áreas de comercio e inversión directa. En este sentido las negociaciones de libre comercio de la Unión Europea con Latinoamérica arrojan más luz sobre las contradicciones de las nuevas pretensiones integradoras.  Ya que los miembros del ALBA Bolivia y Venezuela rechazan rotundamente los tratados de libre comercio de los EEUU, sin embargo a la vez negocian, en el marco de su respectiva afiliación en CAN y MERCOSUR, con la UE acuerdos de asociación basados en principios de competencia, que contradicen completamente a las ideas del ALBA y del TCP. Lo mismo vale para la entrada de Venezuela - y a futuro también de Bolivia79 - al MERCOSUR. Ni Venezuela ni Bolivia están a la altura de la competitividad de la economía brasileña. Hasta ahora, sin embargo, el MERCOSUR no

 

78 Alberto Arroyo, “Reflexiones ante la Cumbre de Cochabamba”. En: América Latina en movimiento, número 414- 415, año 30, 4 de diciembre de 2006, Integración: Nuevas rutas, p. 22-24.

79 A fines de 2006, Bolivia formalizó su pedido de admisión como miembro pleno del Mercosur.

 

dispone de ningún mecanismo satisfactorio que atienda a las asimetrías existentes entre sus miembros. Además, es incierto si la exigencia de Hugo Chávez de un MERCOSUR "social" y "solidario" se pueda materializar a mediano plazo.

 

Conclusión: Avances y contradicciones

Los avances y las contradicciones del ALBA, sin embargo, no solamente se pueden estudiar mirando el ejemplo de las políticas energéticas, sino también mediante el estudio de las otras iniciativas, sean los acuerdos comerciales, las propuestas de política financiera o la inclusión propuesta de los movimientos sociales.

 

Entre solidaridad y libre comercio

Al contrario de los acuerdos comerciales tradicionales el tratado ALBA-TCP considera la asimetría entre los socios, su nivel de desarrollo desigual. Bolivia, por ejemplo, beneficia en forma amplia del tratado, pero no es instada a una liberalización amplia de sus mercados. Las tres partes se conceden mutuamente un trato especial. El énfasis está en cooperaciones en beneficio mutuo. Las inversiones en las áreas de salud y educación demuestran el enfoque del tratado hacia el combate a la pobreza. Su utilidad inmediata para grandes partes de la población es indiscutible. A la vez, sin embargo, Bolivia y Venezuela, en el marco de sus participaciones en la CAN y el MERCOSUR respectivamente, están negociando acuerdos de asociación con un contenido completamente opuesto a los principios del ALBA y del TCP. Así por ejemplo, la UE no solamente exige rebajas arancelarias para casi todos los grupos de productos, sino también la liberalización de servicios, inversiones y compras gubernamentales. Bolivia ha presentado un catálogo amplio de criterios en el inicio de negociaciones entre la Comunidad Andina y la Unión Europea, que exige la consideración de las asimetrías entre las partes. Sin embargo, es poco realista pensar que esto se pueda cumplir. Las demandas bolivianas se contraponen a los intereses económicos centrales de la Unión Europea. Además, en el ámbito del marco negociador de la Comisión Europea, son prácticamente incumplidles. Además, hace solo pocos meses la Comisión ha acordado una nueva estrategia comercial, que prevé demandas liberalizadoras aún más estrictas en beneficio de las empresas europeas80. La afiliación de Venezuela al MERCOSUR y la afiliación potencial de Bolivia  al mismo pacto plantea aún más preguntas sobre la consistencia del proyecto ALBA. Aquella unión arancelaria no satisface los principios centrales del ALBA-TCP, ni pueden estos dos países resistir a la competencia brasileña o argentina. Un estudio del instituto de investigación social ILDIS llega a la conclusión de que, a excepción de las industrias de petróleo y de acero, numerosos sectores venezolanos no estarían preparados para una rebaja arancelaria en el marco del MERCOSUR. Esto sería sobre todo el caso de toda la industria alimentaría. En total 1,9 millones de puestos de trabajo peligrarían, directa o indirectamente, por la entrada al MERCOSUR81. El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) también advierte sobre los impactos de este paso. Sin considerar las exportaciones de gas a Argentina y Brasil, Bolivia cuenta con un déficit comercial con el MERCOSUR de 613 millones de dólares. Este déficit es especialmente marcado en el sector de productos agrarios. El IBCE deduce, que el MERCOSUR sería una “amenaza real” para los sectores agrario e industrial “por su cercanía geográfica y los menores costos de producción y transporte”. Además, si Bolivia acepta la reglamentación arancelaria del MERCOSUR, pondría en peligro su participación en la Comunidad Andina82.

 

Entre autonomía y pago de la deuda

Dudas similares sobre la consistencia del ALBA surgen al observar las propuestas de política financiera. Así, la creación de un Banco del Sur podría posibilitar el otorgamiento de créditos sin el

 

80 “Global Europe Competing in the World”, European Commission, External Trade, Bruselas 2006.

81 Osvaldo Alonso, “Incorporación al MERCOSUR: efectos potenciales sobre la fuerza de trabajo en Venezuela”, Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (Ildis), Caracas, octubre de 2005.

82 IBCE desaconseja ingreso pleno de Bolivia al MERCOSUR’, Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), 19 de

diciembre de 2006.

 

condicionamiento de realizar ajustes estructurales al estilo Banco Mundial y FMI. Si esto, sin embargo, constituye un avance, va a depender de los tipos de proyectos en que invertiría el banco sudamericano finalmente. Si, por ejemplo, los gobiernos participantes acordasen considerar al mega-gasoducto empujado por Venezuela como un proyecto integrador digno de financiar, entonces habría que dudar del potencial progresista de un banco de esa índole. Claudio Katz además crítica, que la compra de bonos argentinos por parte de Venezuela, finalmente le posibilitó a Argentina pagar su deuda con el Fondo Monetario Internacional. Si el Banco del Sur seguiría ese ejemplo y posibilitaría el pago de la deuda frente a los acreedores del Norte, esto sería contraproductivo, ya que las causas del endeudamiento seguirían sin ser cuestionados. “El reciclaje de los pagos choca, además, con la perspectiva de un frente común de deudores que pondría fin al drenaje de divisas, advierte Katz. Como lo anota Eric Toussaint, “Después de un ruidoso y prometedor arranque en el 2007, las iniciativas anunciadas en materia de integración latinoamericana parecen haberse frenado en el 2008. En cuanto al lanzamiento del Banco del Sur, éste lleva mucho retraso. Las discusiones no se profundizan. Hay que salir de la confusión y dar un contenido claramente progresista a esta nueva institución, cuya creación fue decidida en diciembre del 2007 por siete países de América del Sur. El Banco del Sur tiene que ser una institución democrática (un país, un voto) y transparente (auditoría externa). Antes que financiar con dinero público grandes proyectos de infraestructura, poco respetuosos del ambiente, realizados por empresas privadas, cuyo objetivo es obtener el máximo beneficio, debe apoyar los esfuerzos de los poderes públicos para promover políticas tales como la soberanía alimentaria, la reforma agraria, el desarrollo de la investigación en el campo de la salud y la implantación de una industria farmacéutica que produzca medicamentos genéricos de alta calidad. Y también la recuperación del transporte colectivo ferroviario; la utilización de energías alternativas para limitar el agotamiento de los recursos naturales; la protección del ambiente; el desarrollo de la integración de los sistemas de enseñanza...” 83.

 

El desafío democrático

El mayor desafío, sin embargo, parece ser el de la participación ciudadana. A pesar de que el ALBA se presenta abierto a propuestas desde los movimientos sociales, todas las decisiones relevantes hasta ahora se han tomado por el lado de los gobiernos. El tratado ALBA-TCP surgió sin participación de la sociedad civil que haya sido reconocible. Proyectos energéticos como el gasoducto son llevados hacia adelante sin participación pública. Si se recogen propuestas de los movimientos sociales, como en el caso de la creación de una red regional de empresas recuperadas, es porque no conllevan potencial conflictivo. ALBA, por lo tanto, aún atiende demasiado poco a la pluralidad de la sociedad civil. Existen diferentes visiones sobre modelos alternativos de integración. Con una mayor apertura al debate sobre modelos diferentes de integración el ALBA sólo podría ganar. Los movimientos sociales, en cambio, pueden ejercer la mayor influencia posible sobre el ALBA y los demás bloques regionales desarrollando modelos de integración propios. Las contradicciones del ALBA confirman la advertencia de Alberto Arroyo, de que no es cuestión sólo de escoger “entre las propuestas que vienen de los gobiernos progresistas del Mercosur, de Venezuela o de Bolivia”84. Más bien se requiere desarrollar modelos propios, para desde esa base desafiar o apoyar a las iniciativas gubernamentales. El ALBA, sin duda, ha hecho un aporte importante a la discusión sobre alternativas de integración regional. A pesar de todas sus contradicciones y de la crisis económica mundial, la Alternativa Bolivariana de las Américas ha comprobado, que los márgenes de acción para una integración social y solidaria son mucho más amplios de lo que afirman muchos gobiernos.

 

(Berlín, 2009)

 

Para saber más sobre el ALBA y la integración regional en América latina:

 

83 Véase Eric Tousssaint, Banco del Sur y nueva crisis internacional, editorial El Viejo Topo, Mataró, enero 2008.

84 Alberto Arroyo, Op. Cit.

 

• Alexis Saludjian, Hacia otra integración sudamericana. Criticas al Mercosur neoliberal, Libros Del Zorzal, Buenos Aires, 2005.

• Rafael Correa Flores (Coord), Construyendo el ALBA. Nuestro norte es el sur, Parlamento latinoamericano, Caracas, 2005.

• Revista América Latina en Movimiento, “El horizonte integracionista”, No 442, marzo 2009, http://alainet.org/images/alai442w.pdf.

• Revista América Latina en Movimiento, “Integración: Nuevas rutas”, Nº  414-415 Diciembre 2006, http://alainet.org/publica/alai414-5-1106.pdf.

• Pavel Isa-Contreras y Lázaro Peña (eds.), Anuario de la Integración Regional de América Latina y el Gran Caribe, Araquara/Buenos Aires, CRIES, 2009, www.cries.org/anuario- integracion-2008-2009.pdf.

• Bruno Podestá, Manuel Gonzalez Galán y Francine Jácome (coord.), Ciudadanía y mundialización. La sociedad civil ante la integración regional, Madrid, CIDEAL/CEFIR/INVESP, 2000.

• Eric Tousssaint, Banco del Sur y nueva crisis internacional, El Viejo Topo, Mataró, 2008

 

• Sitio oficial del ALBA: www.alternativabolivariana.org

• Sitio oficial del ALCA: www.ftaa-alca.org/alca_s.asp

• Iniciativa    para  integraciones        alternativas “desde        los     pueblos”:  www.alternative- regionalisms.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movimientos indígenas en América Latina. Entre rebeliones y poderes

 

Por Bernard Duterme

 

Traducido del francés por Francisca Ligueros (Universidad Grenoble 3)

 

Bernard Duterme es sociólogo, director del Centro Tricontinental (CETRI, Louvain-la-Neuve, Bélgica, www.cetri.be), autor o coordinador de varias obras sobre los movimientos sociales y las relaciones Norte-Sur de las cuales se destaca Indiens et zapatistes, mythes et réalité d’une rébellion en sursis, Ediciones Luc Pire, Bruselas, 1998 y Mouvements et pouvoirs de gauche en Amérique latine. Points de vue latino-américains, Ediciones Syllepse - Centro Tricontinental vol. XII, n°2, París, 2005.

 

Es ahora indiscutible que la historia social de América Latina de los últimos veinte años ha sido marcada por la emergencia y la persistencia de movimientos indígenas en el centro de las escenas sociopolíticas de la región. Del sur al norte del subcontinente – desde el Chile austral de los mapuches al Chiapas mexicano de los tzeltales y tzotziles, pasando por los Andes de los aymaras y quechuas, el Chocó colombiano de los emberas, las comarcas panameñas de los kunas, los altiplanos guatemaltecos de los mayas, etc. –, la tendencia de fondo ha sido y seguirá siendo suficientemente original – y frágil – como para volver a ella. Original, ya que el perfil de los movimientos populares indígenas que saltaron a los titulares contrasta resueltamente con las organizaciones revolucionarias de antaño y las crispaciones identitarias de hoy. Frágil, puesto que si las dinámicas indígenas, más afirmativas que destructivas, tienen la oportunidad de seducir, éstas no se encuentran al margen de un estancamiento, una desviación o recuperación cualquiera. Sin embargo, antes de detallar su caracterización, balance y perspectivas, no resulta inútil deshacerse de entrada de las lecturas que, de este lado del Atlántico, dominaron y continúan absorbiendo lo esencial de la cobertura periodística, política, e incluso turística atribuida a estas luchas indígenas del Nuevo Mundo... Al menos tres tipos de enfoque – casi tres escuelas caricaturescas – se pelean el mercado de la imagen de las dinámicas indígenas: el exotismo, el escepticismo y el angelismo.  Unas breves palabras sobre cada uno de estos enfoques ayudarán a distinguir lo que se remite más bien a la identidad del locutor, a los ojos del observador que a las realidades mencionadas.

 

Exotismo, escepticismo, angelismo

La primera, la lectura exótica, es en primer lugar obra de los grandes medios de comunicación, que cuentan con una gran audiencia pero con un tiempo de palabra limitado. Abordar el tema en dos minutos, tres fotografías, cuatro titulares, cinco columnas implica, inevitablemente, una simplificación. Se habla entonces, seriamente, del “despertar de los indígenas”, se privilegia la estética tipo tarjeta postal (el “amazónico” en taparrabos y con plumas), se personaliza a ultranza (el “primer presidente indígena” Evo Morales, su “poncho” y su pelo “negro azabache”; Rigoberta Menchú, su Nobel y su ropa “tradicional”; el cacique Raoni, su disco en el labio y su gira junto a Sting…), los viejos clichés son reemplazados didácticamente por nuevos (“Ya no recurren al método de los tambores o el humo para comunicar. Ahora están conectados entre ellos y con el resto del mundo gracias a los teléfonos móviles e Internet”85), en resumen, persiste una emoción paternal por “la revancha de los olvidados por la modernidad” o se presenta su perfil “misterioso” y “desconfiado”. Estamos pues muy cerca del registro turístico, del exotismo fascinante y de la “autenticidad” barata.

 

85 Visao, Portugal, mayo de 2007.

 

La segunda lectura, el enfoque escéptico, es menos superficial y más política, como la tercera. Es el resultado de corrientes de opinión conservadoras que rechazan toda forma de simpatía “irresponsable” y otras a priori positivas que las movilizaciones y reivindicaciones de los indígenas de América Latina pueden beneficiar a través del mundo. Encolerizado por “el entusiasmo de la izquierda boba” elevado a “extremos orgásmicos” por la gira europea del presidente boliviano Evo Morales, Mario Vargas Llosa, famoso escritor peruano, estigmatiza de esta manera la indiferencia de estos “demagogos” que “plantean el problema latinoamericano en términos raciales” y que, de este modo, “están dando derecho de ciudad a formas renovadas de racismo (…) contra los blancos” (Vargas Llosa, 2007). De la misma manera, muchos intelectuales latinoamericanos y europeos advierten unas veces contra el “peligro étnico fundamentalista”, “el resurgimiento del mesianismo indígena”, las amenazas de “balcanización” comunitarista tendencialmente autoritaria de las sociedades andinas, y otras contra los “efectos perversos” potenciales de la “venganza histórica de los particularismos” (citados por Saint-Upéry, 2007). Se entiende que la tesis, más bien demonizadora, no es aquella, beata, del “buen salvaje”, sino aquella, igual de mítica, del “mal salvaje” de la que hay que desconfiar a priori. En cambio, la tercera lectura, el punto de vista angélico, es el resultado de los incondicionales, en todas sus variantes, de esta “rebelión de la dignidad” a escala continental. Con “cinco siglos de opresión como herencia”, impregnados de una “sabiduría milenaria”, poseedores de un modo de vida harmonioso, igualitario y en “osmosis con la Madre Naturaleza”, los rebeldes indígenas son ingenuamente investidos con tantas virtudes y son objeto de tantas proyecciones que aparecen, ante los ojos de una masa de “ciudadanos del mundo”, en búsqueda de causas legítimas, como “la única buena noticia desde hace tiempo”86. Los más culturalistas ven en ello el regreso de las identidades; los más socialistas, el levantamiento de los condenados; los más ecologistas, la conciencia de los equilibrios; los más demócratas, el triunfo de la participación; etc. Del “tenemos tanto que aprender de ellos” a “el nuevo ‘tema histórico’ está en marcha”, de la idealización hipócrita a la militancia reencantada, el abanico de reacciones simpatizantes puede ser tan amplio como acrítico, y más allá, favorecer la adaptación estratégica del indígena real a la caricatura del indígena reinventado…

Sin duda estas tres categorías de lectura contienen al margen de sus extrapolaciones respectivas elementos de realidad que ayudan a comprender lo que está en juego en América Latina, pero que, decididamente, no son suficientes para dar cuenta tanto de la complejidad como de la gran diversidad de situaciones. Ya que, efectivamente, aunque hayamos experimentado una ola de movilizaciones indígenas estos últimos años en casi todo el subcontinente, la trama de fondo no gana con ser simplificada y la pluralidad de sus formas y salidas no debe subestimarse. Sin embargo, evitando crear cualquier generalización forzada, algunos rasgos comunes al conjunto de países considerados merecen ser destacados. Primero en materia contextual. ¿Cuáles fueron las condiciones, internas y externas, favorables a la emergencia de estos movimientos?

 

Ambivalencia de la globalización

Como el resto de la izquierda social renovada que agita América Latina desde mediados de los años noventa, las movilizaciones indígenas no surgen de la nada. El doble proceso de liberalización política y económica que ha atravesado el continente en los últimos veinte a treinta años no es desconocido. No agota desde luego la explicitación de las cadenas de causalidad que llevaron a la aparición de “nuevos” actores de la protesta y no dice mucho todavía sobre las formas y las opciones que han tomado. Sin embargo, indica un contexto común a prácticamente todos los países de la región, y favorable a la irrupción de manifestaciones de insatisfacción. El fracaso, en términos sociales y medioambientales, de veinticinco años de neoliberalismo más o menos ortodoxo según los Estados, es patente: la concentración de las riquezas en manos de una minoría es, en América Latina, la más alta de todo el planeta: 230 millones de latinoamericanos – el 44% de la población total – viven bajo el umbral de la pobreza; el coeficiente de Gini que mide el grado de desigualdad alcanzó la cifra récord de 0,57 (por 0,29 en Europa y 0,34 en los Estados Unidos). A la extrema

 

86 Expresión utilizada por Joani Hocquenghem respecto a la rebelión zapatista de Chiapas, en “Le stade aztèque”

(Payot, 1994).

 

polarización social de la que son víctimas los indígenas, sin importar el país, se suman la lasitud y las frustraciones procedentes de una democratización estrictamente formal de los Estados de la región: según un amplio estudio del PNUD efectuado en 2004, más de la mitad de los latinoamericanos estarían dispuestos a renunciar a la democracia, a aceptar un gobierno autoritario, si éste fuese capaz de resolver sus problemas socioeconómicos...

Si la pérdida de legitimidad de los formatos tradicionales de representación política y el estancamiento de los ingresos del “consenso de Washington” – liberalización, privatización, desregulación – constituyen uno de los ingredientes clave de las manifestaciones de descontento, la apertura política y económica del continente a las corrientes dominantes de la globalización significará también otras evoluciones para las poblaciones indígenas. Aprovechando, paradójicamente, los nuevos espacios políticos y las nuevas formas de exclusión generadas por la liberalización de los Estados y la evolución de las estructuras socioeconómicas (Ouviña, 2004), la “cuestión indígena” ganará visibilidad. Tanto la penetración de empresas multinacionales más allá de las antiguas fronteras, sectoriales y geográficas, del capitalismo, como las facilidades ofrecidas por el desarrollo de las comunicaciones jugarán de lleno a favor de la afirmación de estas poblaciones marginadas87 y de la articulación de sus organizaciones y reivindicaciones. En el plano interno, estas movilizaciones nacientes echarán mano a la vez de las dinámicas singulares, provocadas especialmente por la modernización de las comunidades rurales de las que son originarias (conflictos generacionales, emergencia de jóvenes élites innovadoras, ruptura de unanimismos tradicionales…), y de las múltiples influencias culturales y políticas cuyos actores de dichas movilizaciones fueron el objeto estas últimas décadas: ya sea en el plano religioso, de corrientes inspiradas por las teologías de la liberación, o en un plano más sociopolítico, de organizaciones campesinas, sindicales, incluso revolucionarias. Si la “globalización” se ha revelado, en varios aspectos, desastrosa para estas poblaciones, ha creado también las condiciones de su emergencia como actores sociales identitarios. Ya se ha visto en otros lugares, la aceleración de la globalización lleva en sí misma los orígenes de las reafirmaciones culturales, locales o regionales. La fuerza disgregadora de la lógica económica liberal entabla las solidaridades nacionales e induce una fragmentación de los principales actores sociales y de las identidades colectivas. En América Latina como en otros continentes, la tendencia se acompaña de un desarrollo de movimientos identitarios de carácter religioso, nacional o étnico.

 

Movimientos identitarios, revolucionarios y demócratas

Como parte de la originalidad del contexto latinoamericano, los movimientos indígenas que emergieron se han mostrado con frecuencia portadores de una agenda a la vez identitaria, revolucionaria y democrática. Frágiles, desde luego, y no siempre emancipados de tendencias reaccionarias o de liderazgos populistas, surgieron, en el mejor de los casos, como una combinación hasta entonces inédita de elementos a menudo opuestos o ausentes en la historia de las luchas; como actores que articulan continuidades y rupturas y que asumirían sus filiaciones pasadas sin reducirse a ellas. Y esto, en el plano de los objetivos y las aspiraciones, en el de las identidades movilizadas,  y finalmente, en el de los modos de acción y formas de organización: las tres principales dimensiones constitutivas de un movimiento social.

 

Reconocimiento y redistribución

En términos de objetivos, hemos asistido, efectivamente, a movilizaciones que, desde los primeros sobresaltos de los años ochenta en Ecuador hasta el acceso de Evo Morales a la presidencia de Bolivia en 2006, pasando por la rebelión zapatista del 1 de enero de 1994 en México, han logrado articular una doble dimensión cultural y social en su lucha eminentemente política. Sus aspiraciones abarcan tanto el respeto de los derechos de los indígenas como la repartición de las riquezas

 

87 Caracterizadas hasta ahora esencialmente por las relaciones de dominación, explotación o discriminación de las que fueron objeto desde la época de la colonización, por mucho tiempo relegadas a un estatus de “pueblos-objeto”, las poblaciones indígenas se presentan ahora como “sujetos”, actores potenciales de un proceso de afirmación inédito. Afirmación cultural, social y política (Alternatives Sud, 2000).

 

nacionales y tienen desde ya como objetivo la reconciliación de los principios de diversidad y de igualdad, o, para parafrasear a Nancy Fraser, de las agendas del “reconocimiento” y de la “redistribución” (Fraser et al., 2003). Los nuevos actores contestatarios indígenas reivindican una democratización en profundidad (“descolonización”) de los Estados y estigmatizan el sistema económico dominante. Si la justicia social sigue siendo el objetivo a alcanzar, su búsqueda se basa ahora en la responsabilización del poder, el reconocimiento de las diversidades y la revalorización de la participación. Estos movimientos manifiestan, por parte de las poblaciones que los alientan, una voluntad de emancipación, apropiación y control de la modernidad. Aspiran a una integración sin asimilación y, contrariamente a ciertas élites del norte de México, del este de Bolivia o de Ecuador (“separatismo de los ricos”), a una autonomía sin separación. A la ola uniformizadora de la globalización y al indigenismo integracionista de las autoridades nacionales, las organizaciones indígenas respondieron con un indigenismo respetuoso de las identidades. “Ser reconocidos iguales y diferentes”, latinoamericanos e indígenas. El alcance utópico de estos “nuevos radicalismos” (Ouviña, 2004) es considerable. Éstos surgen como tentativas de renovar y conciliar una pluralidad de aspiraciones sacadas de los anales de las movilizaciones. Si se encuentra en Cochabamba como en Totonicapán la aspiración “republicana” a la democracia política y a la ciudadanía, conjugada con la búsqueda “socialista” y “tercermundista” de igualdad entre los grupos sociales y entre los pueblos, la nueva perspectiva emancipadora actual se ha enriquecido de acentos más inesperados: la preocupación por el sujeto, por el estatus del individuo en el colectivo y su emancipación; el llamado al reconocimiento de las diversidades y las identidades culturales; la conciencia ecológica de los límites del progreso; la reivindicación de la igualdad entre hombres y mujeres; el estrecho vínculo entre problemas locales y realidades mundiales; la cultura experimental y participativa, etc.

 

Etnia, clase, género, nación, mundo…

En términos de identidades movilizadas, allí también, en el mejor de los casos, los movimientos indígenas se desmarcaron de sus predecesores, estructurando sus movilizaciones en torno a referencias identitarias plurales y en tensión. El militante de base es a veces campesino, otras de tal etnia o territorio, hombre o mujer, ecuatoriano o latinoamericano... En ese sentido, dichos movimientos parecen haber aprendido de los antagonismos de ayer entre sindicatos campesinos y organizaciones indígenas. Mientras los primeros, de perfil “clasista”, daban prioridad en sus análisis y reivindicaciones a las relaciones sociales y la posición social de su base, estas últimas, más culturalistas, tendían a privilegiar opciones identitarias de recuperación de las tradiciones, incluso de restauración de órdenes antiguas, aunque fueran injustas en el plano social. Las rivalidades entre los líderes de las dos tendencias no eran menores en estas divisiones del movimiento popular, campesino e indígena, y terminaban por radicalizar y polarizar las posiciones respectivas. Identitarias sin ser reaccionarias, abiertas sin ser desencarnadas, estas rebeliones a la vez indígenas y campesinas multiplican los arraigamientos – a nivel local, nacional y mundial– sin oponerse a ellos. Combinan pertenencia étnica, protesta étnica y acciones sociales y políticas. Asumen una inscripción en las luchas territoriales (en contra de una implantación –extractiva, turística...– que los desposee), nacionales (para fundar una nueva Constitución), mundiales (contra la deuda ilegítima). Si su “cosmopolitismo” es evidentemente atenuado por un fuerte arraigamiento, su apego al territorio, a las costumbres y las tradiciones es también más relativo que lo que una concepción estereotipada deja suponer. De hecho, hay una “mezcla de marcos de referencias identitarias”. Como lo explica hábilmente Marc Saint-Upéry, el nuevo “prestigio de la indianidad ‘política’ no debe ocultar la diversidad y la maleabilidad de la indianidad ‘social’. El hábito no hace al monje. (…) El indianismo es una realidad con ‘geometría variable’, mucho más versátil que el discurso oficial que sus intelectuales orgánicos y sus turiferarios ingenuos dan a entender”. La observación indica que las normas comunitarias muy a menudo “son bastante incapaces de regular toda la gama de ires y venires complejos entre el ámbito local, nacional y global, el área rural y urbana, la economía de subsistencia y la participación en los intercambios comerciales, que constituyen la identidad indígena moderna” (Saint-Upéry, 2007), más fluida y opcional que la figura fantasiosa del indígena auténtico.

 

Horizontalismo y… verticalismo

En lo que se refiere a los modos de acción y las formas de organización privilegiadas por los movimientos indígenas, existen las mismas tensiones, el mismo tipo de combinaciones entre posturas clásicas o más innovadoras, entre, por un lado, democracia directa y horizontalidad, y por otro, conductas verticalistas y jerárquicas; entre asociación participativa o reticular y funcionamiento centralizador; entre radicalismo y apertura, intransigencia y conciliación… El neozapatismo de los indígenas del sureste mexicano declaraba, desde mediados de los años noventa, basar su legitimidad en sus intentos por sobrepasar el autoritarismo, el vanguardismo, el dogmatismo y el militarismo (Duterme, 2004). Sin embargo, en la práctica, reconocía que predominaba una tensión entre reflejos verticalistas y prácticas más participativas. Los modos de movilización mismos – simbólicos, pacíficos, expresivos, mediáticos, pero también físicos y masivos – así como los discursos – más o menos normativos – se adaptan a las circunstancias y emplean registros a veces antinómicos. Se percibe, ya sea en materia de reivindicaciones, de identidades movilizadas o de repertorios de acción, las luchas indígenas han planteado y seguirán planteando importantes desafíos para los actores tradicionales de la izquierda política. Sin embargo, con el riesgo de que se repita, su originalidad no se debe esencializar ni idealizar, debe relativizarse o más bien situarse en la articulación de nuevas formas con las formas antiguas; las aspiraciones igualitarias a la redistribución de las riquezas, las reivindicaciones estrictamente socioeconómicas, las identidades de clase, los comportamientos autoritarios, “la acción colectiva forzada” y los  modos de expresión clásicos siguen siendo apremiantes en estos movimientos y coexisten con actitudes, posicionamientos y estrategias menos convencionales.

 

Relación con el poder y vías de cambio social

Dos cuestiones fundamentales deben completar todavía esta rápida caracterización de los movimientos indígenas. Sin extenderse aquí en las respuestas y estrategias aplicadas frente a estas movilizaciones por parte de los Estados y poderes en cuestión – que clásicamente han ido de la represión a la cooptación, pasando por maniobras más o menos larvadas de un empeoramiento de las situaciones, de fragmentación de los actores, de institucionalización de las reivindicaciones…–, dos problemáticas de mucha importancia merecen efectivamente mencionarse: la relación de estos actores con lo político y su potencial transformador. Una alusión a los pesados debates que estas temáticas suscitan en América Latina ayuda a relativizar o situar mejor el alcance des estas fuerzas indígenas. Debates que enfrentan dos tradiciones ya antiguas de la acción política y de las vías del cambio social. La primera, de inspiración anarcosindical y libertaria, que en sus formas más extremas rechaza toda idea de delegación del poder y de representación institucional, privilegia el desarrollo, la “territorialización” y la generalización de prácticas de autogestión, de contrapoderes civiles “desde abajo”, en nombre de una cierta idolatría de la “pureza de lo social”. John Holloway y su obra Change the World without taking power (2002) que se inscribe en la veta libertaria actualizada por Michael Hardt, y Antonio Negri en Empire, han encontrado en la praxis de los zapatistas de Chiapas especialmente, los elementos de una teoría revolucionaria sin toma del poder, formulada a costa de un distanciamiento asumido de la historia y lo real… La segunda tradición, de inspiración socialdemócrata, jacobina o marxista leninista, más centralizadora y que tiende a reproducir una relación jerárquica entre partidos políticos (arriba) y movimientos sociales (abajo), es claramente menos reticente a la idea de expresiones partidarias de luchas, de traducción política de las reivindicaciones del movimiento. Es incluso la condición misma de la eficacia política de las movilizaciones sociales. Cabe destacar que en ambos casos, el propósito puede ser más o menos radical (antisistémico), más o menos conciliador (reformador).

En la realidad, los rebeldes indígenas de las últimas dos décadas tuvieron tendencia a combinar los acentos más complementarios de estas dos tradiciones (primacía de lo social vs primacía de lo político) con suertes diversas y según modalidades particulares muy dependientes de las configuraciones sociopolíticas nacionales. Debieron adaptarse a contextos sociales variados en los cuales los “sectores populares organizados”, cualquiera sea su vigencia, son a menudo minoritarios

 

dentro de su propia clase social y donde las movilizaciones populares más grandes no son necesariamente “de izquierda” o contestatarias (Stefanoni, 2004; Saint-Upéry, 2004). En la escena política, cuando no han presentado sus propios candidatos o partidos88, más o menos acostumbrados al juego de las coaliciones pre o post electorales, los movimientos indígenas han podido optar también por un partido o un candidato ajeno a estas mismas89, o incluso intentar imponer a las autoridades su propia agenda, aunque rechazando comprometerse en el juego político90. En todo caso, cualquiera sea la estrategia elegida o condicionada por las circunstancias, la cuestión eminentemente política del mejor medio para producir un cambio social se encuentra al centro de las consideraciones. Los resultados obtenidos – desenlace de las reivindicaciones, recuperación, neutralización…– y los efectos sobre la dinámica de los movimientos – pérdida o consolidación de la autonomía, rivalidades y diferenciación social internas, agotamiento...– son plurales también.

 

Impacto del “giro hacia la izquierda” y perspectivas

El impacto de la llegada al poder de diferentes fórmulas de izquierda en los gobiernos nacionales latinoamericanos sobre los movimientos indígenas difiere necesariamente de un Estado a otro, más aún cuando, paradójicamente, cuatro de los seis países con mayor población indígena del continente han conservado, hasta la fecha, un poder de derecha: México, Perú, Guatemala y Colombia. Las configuraciones políticas específicas, la variabilidad del peso relativo de los actores indígenas dentro de la izquierda y la sociedad en su conjunto, su autonomía más o menos consolidada, se abren a una pluralidad de escenarios posibles. Allí donde las organizaciones indígenas han jugado un papel central (Bolivia), ambiguo (Ecuador) o prácticamente inexistente (Venezuela, Brasil, Argentina…) respecto al cambio hacia la izquierda del poder nacional, el destino de estos movimientos no debe inscribirse necesariamente en las mismas tendencias. Si globalmente la reafirmación del papel del Estado en el manejo de la economía y la sociedad por un lado, y el cuestionamiento de la hegemonía estadounidense por otro – los dos puntos comunes de las diferentes izquierdas gubernamentales – implican sin duda un cierto retroceso de las izquierdas sociales y las movilizaciones indígenas al fin escuchadas por las urnas, la verdad es menos mecánica cuando se observa a nivel nacional (Biekart, 2005). El respeto de las promesas  electorales, la naturaleza de las políticas sociales implementadas y las formas de integración o de instrumentalización de las demandas sociales y de las sociedades civiles por el Estado son determinantes sobre la dinámica de los movimientos. Más allá, los márgenes de maniobra realmente existentes (gobierno de coalición o no, lealtad de la oposición, dependencias externas del país), la voluntad política, la transparencia de las orientaciones, el arraigamiento social y el cimiento popular variable de los diferentes poderes elegidos acaban por complicar el panorama (Duterme, 2007).

En esta medida, se entienden fácilmente las variaciones entre las situaciones nacionales, que el poder gubernamental haya pasado a la izquierda o continúe a la derecha: en Bolivia, la confianza que Evo Morales goza todavía entre los movimientos indígenas, populares y sindicales que lo llevaron a la presidencia del país sin duda no equivale a un cheque en blanco (Stefanoni y Do Alto, 2006); en Ecuador, el presidente de izquierda, Rafael Correa, electo en 2006, representante de las reivindicaciones de los movimientos sin que por ello se le vincule orgánicamente, podría ocasionar un retroceso de las movilizaciones, o al contrario, apoyarse en ellas para defender su mandato; en México, para la opción zapatista, por mucho tiempo justificada pero aislada, el no apoyar al candidato social-demócrata López Obrador en la elección presidencial de 2006 le costó quizá la victoria, que se perdió por muy poco… con un escrutinio considerado fraudulento de fondo. En

 

88 El Movimiento al Socialismo (MAS) del presidente boliviano Evo Morales es literalmente el “instrumento político” creado por los sindicatos cocaleros.

89 El movimiento indígena ecuatoriano Pachakutik, brazo político de la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, creada en 1986), al no poder ponerse de acuerdo sobre su propio candidato a la presidencia del

país en 2002, decidió apoyar al coronel Gutiérrez (electo y luego destituido dos años más tarde...) y en 2006, participó en filas divididas en la elección presidencial del “sin partido” Rafael Correa.

90 Los zapatistas mexicanos, más allá de la autonomización de una treintena de municipalidades en Chiapas (Gabriel, 2007), han multiplicado las tentativas de articulación de la izquierda social a escala internacional desde 1994. Última tentativa vigente: “La Otra Campaña”.

 

Guatemala, las secuelas y la memoria viva de la larga y sangrienta guerra entre militares y guerrilla, de la que los mayas fueron las primeras víctimas, contribuyen todavía a la fragmentación del movimiento indígena y a la ausencia de una izquierda política representativa; en el Perú, donde la población de origen indígena es proporcionalmente una de las más grandes del continente, un conjunto de factores históricos (emigración rural masiva, descentralización territorial…) explica hasta este día la inexistencia de un verdadero movimiento indígena, que no oculta la participación en la segunda vuelta de la elección presidencial de 2006 del nacionalista Ollanta Humala, de fibra étnica más declarativa que orgánica; en Colombia, en un clima deletéreo de violencia, autoritarismo y neoliberalismo, el activismo indígena en toda su diversidad y a pesar de una población autóctona muy minoritaria pretende contribuir a la emergencia de una izquierda social y una política democrática (Archila, 2006).

Estos pocos ejemplos lo confirman: si las rebeliones indígenas que precedieron el “giro hacia la izquierda” latinoamericano, cuando no lo provocaron ellas mismas, atraviesan inevitablemente una fase de redefinición, reconfiguración y removilización, durante la cual la autonomía respecto a los poderes progresistas que las representan más o menos se impone como el desafío principal, los actores indígenas de los países dominados por la derecha tienen mucho que hacer para que, más allá de experiencias comunitarias alternativas, se defiendan sus derechos y se repartan las riquezas en  las escenas políticas nacionales. Para lograrlo, la declaración final de la “III Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas de Abya Yala”, que tuvo lugar en Guatemala en marzo de 2007, hace un llamado una vez más a “la articulación de organizaciones indígenas y de movimientos sociales contra las políticas neoliberales y toda forma de opresión”… Dos décadas después del inicio de la ola, las potencialidades de las dinámicas sociopolíticas indígenas siguen siendo grandes. Sin embargo, la intensificación de una u otra de sus dimensiones, en detrimento de sus demás características, podría ser fatal. Crispaciones culturalistas o etnicistas surgen aquí y allá, o incluso huidas hacia delante populistas cuando los líderes sucumben ante una demagogia simplificadora. La participación en el poder político del Estado así como el rechazo irrevocable de participar en él tienden a desmovilizar a los militantes de base especialmente cuando sus vidas cotidianas no mejoran (Alternatives Sud, 2005). En cualquier caso, el destino más o menos afortunado de estos movimientos depende sobre todo de las respuestas estructurales que  han logrado o que lograrán obtener, de la capacidad de las sociedades latinoamericanas para redistribuir la riqueza y asumir la diversidad, en resumen, para democratizarse de verdad. Gracias a ellos, las formas de integración social y de unidad nacional en un continente abierto a la globalización constituyen el desafío de los principales conflictos sociales.

 

(Bruxelles, 2008)

 

Para saber más sobre los movimientos indígenas en América Latina:

 

• Alternatives Sud, L’avenir des peuples autochtones, vol.VII, n°2, Louvain-la- Neuve-París, Cetri-L’Harmattan, 2000.

• Alternatives Sud, Mouvements et pouvoirs de gauche en Amérique latine, vol. XII, n°2, Louvain-la-Neuve - París, Cetri-Syllepse, 2005.

• Pablo Davalos, Movimientos Indígenas en América Latina: el derecho a la palabra, CLACSO, Buenos Aires, 2004:

• Mauricio Archila, “Colombie : démocratiser la démocratie”, en Etat des résistances dans le Sud – 2007, Louvain-la-Neuve - París, Cetri-Syllepse, 2006.

• Kees Biekart, “Seven theses on Latin American social movements and political change”, The European Review of Latin American and Caribbean Studies, octubre, 2005.

• Bernard Duterme, “Diez años de zapatismo en Chiapas”, Le Monde diplomatique, enero 2004 (www.insumisos.com/diplo/NODE/1217.HTM).

 

• Bernard Duterme, “Les mouvements sociaux du ‘virage à gauche’” en Marthoz J.-P. (dir.), Où va l’Amérique latine ? Tour d’horizon d’un continent en pleine mutation, Bruselas, Complexe-Grip, 2007.

• Nancy Fraser, Redistribution or Recognition: a Philosophical Exchange, Nueva York, Verso, 2003.

• Leo Gabriel (dir.), Autonomies multiculturelles en Amérique latine, París, L’Harmattan, 2007.

• Holloway, John, Change the World without taking Power, Londres, Pluto Press, 2002.

• Yvon Le Bot, “Le renversement historique de la question indienne en Amérique latine”, Les Cahiers ALHIM, n°10, 2004.

• Hernan Ouviña, “Zapatistas, piqueteros y sin tierra – Nuevas radicalidades políticas en América latina”, Cuadernos del Sur, n°37, 2004 (http://docs.google.com/Doc?id=dxqcxw9_6hq9wvhdn).

• Pnud, La      democracia en      América      latina, Buenos       Aires, 2004 (www.democracia.undp.org).

• Marc Saint-Upéry, “La mitificación de ‘lo social’”, Barataria, n°1, 2004.

• Marc Saint-Upéry, El sueño de Bolivar, Madrid, Paidos, 2008.

• Pablo Stefanoni, “Reponer una agenda de cambio”, Barataria, n°1, 2004.

• Pablo Stefanoni, y Hervé Do Alto, Evo Morales: de la coca al Palacio, La Paz, Malatesta, 2006.

• Vargas Llosa, Mario, “Le racisme à l’envers ne résoudra rien !”, Courrier international, numero especial, julio, 2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis del movimiento feminista latinoamericano y del Caribe frente a la globalización

 

Por Jules Falquet

 

Traducido del francés por Francisca Ligueros (Universidad Grenoble 3)

 

Jules Falquet es profesora de sociología en la universidad Paris Diderot, responsable del Centro para la documentación, la investigación y los estudios feministas (CEDREF). Analiza en una perspectiva feminista los movimientos sociales progresistas en América Latina y el Caribe, las resistencias a la globalización y la articulación de las relaciones sociales de género, clase y “raza”. Ha coordinado recientemente varios números de revistas sobre este tema y publicado: De gré ou de force. Les femmes dans la mondialisation, La Dispute, Paris, 200891.

 

El movimiento feminista posee una historia antigua en América Latina y el Caribe, así lo demuestran los grupos anarcofeministas argentinos de finales del siglo XIX (Molyneux, 2000) o las luchas sufragistas de los años diez en México (CIR, 2004). Hoy en día, el feminismo procedente de la “segunda ola” que se inició en los años sesenta, después de un período de gran crecimiento y de institucionalización, se ve confrontado a la necesidad de transformarse para poder afrontar los desafíos que implica el avance del neoliberalismo. En efecto, el endurecimiento y la reorganización de las relaciones sociales de género, “raza” y clase obligan a profundizar el análisis sin cesar y a proponer nuevas estrategias de organización. Veremos aquí que las reflexiones y luchas de muchas latinoamericanas y caribeñas, a pesar de las dificultades a las que se enfrentan, son especialmente útiles para analizar la globalización neoliberal y considerar alternativas radicales. Presentaremos en primer lugar un panorama histórico general del movimiento, con el fin de hacer un balance sobre su situación actual. A continuación, plantearemos algunas pistas de reflexión sobre los principales desafíos a los que se enfrentan actualmente el feminismo y las mujeres, y las respuestas proporcionadas. Todo esto a fin de que sus análisis nos ayuden a comprender y teorizar la imbricación de las relaciones sociales de género, “raza” y clase, así como los efectos de la globalización neoliberal en esta imbricación.

 

¿Cuál es el balance de treinta años de feminismo?

Evidentemente, el movimiento feminista latinoamericano y del Caribe, así como el movimiento de mujeres, al que está íntimamente relacionado pero con el que no se confunde, da muestras de una gran diversidad. Fruto de historias nacionales diversas y habiéndose desarrollado a ritmos diferentes, está compuesto de corrientes variadas, a veces, incluso opuestas92. Sin embargo, tal como lo veremos, da pruebas de una sólida articulación y una real unidad continental. Presentaremos aquí los grandes períodos de su historia y sus características destacadas hoy en día.

 

 

91 Este texto constituye una versión adaptada de un artículo publicada en la revista Actuel Marx (Paris, 2009).

92 La realidad del movimiento es infinitamente más compleja, más rica y contradictoria de lo que podemos presentarla aquí. Entre las principales publicaciones recientes escritas por feministas de la región sobre su movimiento, se

encuentran varias antologías: Femenías (2002, 2005 y 2007), Gaviola Artígas, González Martínez (2001); ensayos: Gargallo (2004), Ungo Montenegro (2000); y tesis: Fischer (1995). En lo que se refiere más precisamente a la corriente autónoma, dos libros de textos fundadores: Bedregal et Al. (1993), Collectif (1997). Sobre el movimiento lésbico continental, veremos la obra precursora de Mogrovejo (2000).

 

Crecimiento e institucionalización, entre progresos y recuperación

En los años sesenta, inaugurados por la revolución cubana y marcados por las esperanzas de 1968, surgieron las primeras organizaciones feministas de la segunda ola, que se formaron primero desde abajo, en las capitales de los países más grandes (México, Argentina, Brasil). Se trataba principalmente de grupos de toma de conciencia, dirigidos por mujeres jóvenes “blancas93” de clase media alta, que comenzaban a tener acceso a los estudios superiores. Durante la década de los setenta, el desarrollo por una parte, de proyectos revolucionarios influenciados por la Teología de la liberación, el marxismo-leninismo y el maoísmo, y por otra, de dictaduras militares, impulsaron a toda una generación a la lucha. Las mujeres estaban muy presentes en los partidos, los sindicatos e incluso en las guerrillas, al igual que en la resistencia civil a la dictadura. Las “madres” del comité Eureka después de la represión de octubre de 1968 en México, las de la Plaza de Mayo en Argentina, o bien las Comadres del Salvador a partir de 1979, fueron las primeras y por mucho tiempo las únicas en atreverse a oponerse abiertamente a los regímenes militares. En cambio, acusado de “dividir la lucha popular” por los “revolucionarios” de los años setenta, el feminismo se organizó con cierta discreción. El año internacional de “la Mujer”, celebrado en la ciudad de México en 1975, dio sin embargo a algunas la oportunidad de manifestarse públicamente contra  este intento de “recuperación” por parte de la ONU, mientras que las lesbianas aprovecharon la tribuna para dar a conocer su existencia94. Diversos proyectos de investigación y de reformas a favor de las mujeres salieron a la luz a medida que el movimiento crecía. Los años ochenta fueron  la “década perdida” de la crisis económica, el período de las dictaduras en el Cono sur y las guerrillas en América Central. El feminismo tomó entonces vuelo y se desarrolló de manera espectacular, principalmente gracias a tres estrategias: (1) la autonomización con relación a los partidos de izquierda, que provocó numerosos debates entre las “feministas” y las “políticas”, si retomamos los términos de la feminista chilena Julieta Kirkwood (1987) (2) la creación de encuentros feministas continentales y (3) la invención del “feminismo de los sectores populares”. En efecto, el gusto por la estrategia política y la construcción de relaciones de fuerza mediante la organización y la “masificación” de los movimientos caracterizan el legado político de muchas militantes latinoamericanas y caribeñas, provenientes de la izquierda y/o de la Iglesia progresista.

Los encuentros feministas continentales permitieron construir el movimiento a escala latinoamericana y del Caribe y consolidar progresivamente la autonomía del movimiento feminista

–en particular ante los partidos de izquierda y las organizaciones ‘femeninas’ del ‘movimiento popular’ en sus diferentes expresiones. El primero tuvo lugar en 1981 en Bogotá (Colombia) y reunió a 200 mujeres: marcó la llegada de un feminismo que ya no temía mostrarse en público  como tal y que decidió organizarse por su propia cuenta. Las feministas del continente se pusieron de acuerdo sobre un día común de iniciativas contra la violencia hacia las mujeres: el 25 de noviembre, que se convirtió rápidamente en una fecha tan importante como el 8 de marzo. Durante la década, la frecuentación de estos encuentros no dejó de crecer: 500 participantes en 1985 en el tercer encuentro en Brasil, más de 2.000 en el quinto en 1990 realizado en Argentina (Falquet, 1998; Saporta et Al., 1992). Los encuentros permitieron afirmar progresivamente los cuatro  criterios que definen el feminismo continental: (1) reivindicar el feminismo, (2) combatir la violencia contra las mujeres, (3) luchar por la maternidad libre y voluntaria y (4) defender la “libre opción” sexual. Simultáneamente, se desarrolló una corriente dirigida principalmente por las antiguas “doble militantes”, que buscaba unir las cuestiones de género y de clases para crear un verdadero “feminismo de los sectores populares”. Pretendía a la vez responder a las necesidades de las mujeres pobres y ampliar la base social del movimiento feminista; a plazo, ellas aspiraban a

 

 

 

93 La “blancura”, al ser producida por relaciones sociales, es evidentemente variable y relativa. En el presente caso, muchas de estas “Blancas” eran mestizas.

94 Los dos primeros grupos homosexuales, mixtos, aparecieron a partir de 1971, bajo el (mismo) nombre de Frente de Liberación Homosexual, en la ciudad de México y Buenos Aires (Mogrovejo, 2000).

 

participar en el ejercicio del poder, a favor de las mujeres95. Concretamente, se trataba de salir al encuentro de las mujeres de los sectores populares (principalmente urbanas) y de sensibilizarlas sobre el feminismo partiendo de sus necesidades concretas, exacerbadas por la crisis económica. El medio utilizado fue la organización de talleres de formación relacionados con proyectos de “desarrollo”, de creación de ingresos o, más directamente, de simple subsistencia. Dos grupos encarnan especialmente bien esta corriente: CIDHAL, el grupo feminista más antiguo de México, que trabajó junto a las mujeres del movimiento urbano popular (MUP) tras el terremoto de 1985, en particular con el Sindicato de Costureras 19 de septiembre, y el grupo Flora Tristán, en Perú, que apoya los Comedores populares y los Comités del vaso de leche en los barrios populares de Lima, sobre todo en la inmensa “barriada” de Villa El Salvador (Falquet y Le Doaré, 1994).

Durante la década de los ochenta, el feminismo se desarrolló y diversificó considerablemente. Simultáneamente, se alejó de su primera perspectiva global (cambiar el mundo, acabar con la opresión), para especializarse en diferentes temas particulares. La existencia de importantes financiamientos internacionales contribuyó mucho también a la formación de redes temáticas (despenalización del aborto, lucha contra la violencia, participación política, etc.), en torno a las cuales el movimiento se reestructuró progresivamente. Los años noventa se vieron marcados por una clase de crisis de crecimiento: las tensiones se concretaron entre feministas de hueso colorado, las más críticas con los partidos y las prácticas políticas de la izquierda, a las que a veces se les reprochaba un cierto elitismo y/o radicalismo, y las defensoras del feminismo de los sectores populares, a veces calificadas de populistas y maternalistas. Se cristalizaron dos grandes tendencias, en un contexto de profesionalización-institucionalización-recuperación del movimiento y de pérdida de referencias ideológicas. La caída del Muro de Berlín provocó un desconcierto político mayor, mientras abría paso a amplias recomposiciones ideológicas. La ONU, que intentaba forjarse una imagen neutra y condescendiente de actor al margen del conflicto, llevó a toda una parte del movimiento feminista a participar en los preparativos de su IV Conferencia internacional sobre las mujeres de Pekín, y sobre todo en la “buena gobernabilidad” (Falquet, 2003). Los financiamientos, provenientes principalmente de Instituciones internacionales, Estados Unidos y la socialdemocracia europea, se volvieron cada vez más numerosos. Hartos de la marginalización, muchos grupos se profesionalizaron y se institucionalizaron. Progresivamente, el movimiento se transformó en un conjunto de universitarias, empleadas de agencias gubernamentales, asalariadas de ONGs, contables, telefonistas y otras “expertas en género”. Los más críticos incluso llegaron a denunciar la aparición de verdaderas “femócratas”.

Múltiples oposiciones emergieron a partir del sexto EFLAC en El Salvador en 1993 (Falquet, 1994) y sobre todo del séptimo en Chile en 1996 (Falquet, 1998)96: ¿Cómo aceptar el dinero neoliberal y neocolonial del Norte (especialmente de la AIF)? ¿En qué quedó entonces la propuesta de transformación social radical del feminismo? El profundo conflicto entre las “autónomas” y las “institucionalizadas” creó divisiones durables que hoy en día siguen sin ser resueltas. Pero lo cierto es que las autónomas tienen el mérito de haber sido las primeras en plantear, de manera colectiva, el tema de la institucionalización y de la “oenegización” del feminismo, de las relaciones Sur-Norte que implicaban financiamientos internacionales y del neoimperialismo liberal subyacente a las políticas de las instituciones internacionales (Bedregal, 1993; Mujeres Creando, 2005). Los años noventa fueron también los de la consolidación de otros sectores críticos al interior mismo del feminismo. Una parte de las lesbianas se opusieron abiertamente a partir de ese entonces al heterosexismo del movimiento. Sin dejar de participar en los encuentros feministas, organizaron sus propios encuentros continentales desde 1987. Las feministas afrodescendientes de todo el continente, desde su primer encuentro en República Dominicana en 1993 y tras las actividades contra los 500 años de colonización, no han dejado de organizarse contra el racismo, incluso en el

 

95 Este aggiornamiento fue propuesto durante el encuentro continental de 1987 en México, en el texto-manifiesto “Del amor a la necesidad”, firmado por diez feministas “históricas” del movimiento, que aborda directamente la cuestión del poder.

96 J. Falquet, “De l’institutionnalisation du féminisme latino-américain et des Caraïbes”, Cahiers du GEDEISST, n°20, 1998, p. 131-147.

 

seno mismo del feminismo (Carneiro, 2005; Curiel, 1999, 2002; Werneck, 2005). Las indígenas también, aunque menos organizadas en el feminismo, se unieron a estos replanteamientos y contribuyeron a “re-radicalizar” el movimiento (Sánchez Nestor, 2005).

 

¿Un movimiento en crisis?

 

Con la profundización de las transformaciones neoliberales, los años 2000 están marcados por un empobrecimiento brutal de la mayoría de la población. El movimiento feminista parece debilitado y reducido a su componente institucional (estructuras gubernamentales, ONGs, universidades) y a algunas independientes free-lance que buscan desesperadamente ganarse la vida en el embrollo de proyectos e informes a redactar. Las autónomas apenas han logrado unirse, aunque continúan planteando importantes cuestiones. Simultáneamente, decepcionadas en particular por una cierta retirada de la ONU después de Pekín y sobre todo después de Pekín + 5, y una disminución de los financiamientos, muchas institucionalizadas buscan una nueva inspiración en el discurso de las autónomas. Es poco común salir a la calle, aún más si no se trata de encuentros catalogados oficiales, a menudo “acaparados y recuperados” por el gobierno (8 de marzo, 25 de noviembre) o los bares (manifestaciones del orgullo lésbico y gay que hoy se han convertido en “desfiles LGBTQ”). Sin embargo, en 2003 en la ciudad de México, lesbianas cercanas a la corriente autónoma organizaron una marcha únicamente lésbica-feminista, no comercial y no mixta. Eligieron el día de la primavera y un recorrido original para marcar la diferencia. La marcha fue repetida en 2004 (Cardoza, 2005). El espíritu rebelde, irreverente y radical se mantiene también en Bolivia en torno al grupo Mujeres Creando, en Argentina en torno a la revista Brujas y la Lesbian Band, en México con el grupo Lesbianas feministas en colectivo. Estos grupos otorgan a menudo un lugar importante al arte como elemento subversivo y eminentemente político, intentando hacer política de una manera diferente. La mayoría no recibe ni pide financiamientos internacionales ni gubernamentales. El séptimo encuentro lésbico-feminista continental, que tuvo lugar en Chile en febrero de 2007, puso de manifiesto el movimiento lésbico-feminista como una de las tendencias más radicales del feminismo, en la medida en que se declara decidido a luchar con mucha firmeza no sólo contra el heterosexismo y el sistema patriarcal, sino también contra el racismo y el capitalismo.

¿Qué balance se puede hacer hoy sobre el movimiento? La unidad relativa que ha sabido mantener es uno de sus logros innegables. A pesar de los conflictos, los encuentros continentales permiten continuar la reflexión colectiva. El pragmatismo y la voluntad de construcción local, nacional y continental que caracterizan una buena parte del feminismo del continente, le han dado una visibilidad, una durabilidad y una naturaleza masiva probablemente más importante que en Europa, ligado también a un carácter más pluriclasista y multiétnico97. Los financiamientos internacionales para las mujeres, especialmente en el marco del “desarrollo”, aunque sólo representan un ínfimo porcentaje de las sumas en juego en la cooperación internacional, permitieron establecer estructuras y acciones que muchas europeas nunca habrían imaginado. Pero la institucionalización y la “oenegización” del movimiento son el precio. El feminismo se trivializó a causa de la ola “onusina” del “género”, en su sentido más despolitizado, que significa únicamente trabajar con o “para” las mujeres desde una perspectiva a menudo naturalista. En la encrucijada del feminismo de los sectores populares, las prácticas de “desarrollo” y el clientelismo gubernamental, muchos proyectos tienen como objetivo las mujeres en calidad de madres y/o en torno a los roles femeninos más tradicionales (la alimentación de los niños, el bienestar del barrio, la costura, etc.). Las feministas autónomas, por su parte, son más bien influenciadas por el feminismo “de la diferencia” de la Librería de Milán, de Celia Amorós o, para las más jóvenes, por las teorías queer más difundidas. Domina lo que Nancy Fraser (1997) llama la política de la identidad (femenina, lésbica y/o negra o indígena), y se encuentran pocas verdaderas corrientes antiesencialistas.

 

 

 

97 Las diferencias se explican también en parte por el hecho de que las sociedades europeas, latinoamericanas y caribeñas poseen estructuras de clase y de racismo diferentes.

 

¿Cuáles nuevas alianzas frente a un endurecimiento de las relaciones de género, clase y “raza”?

La situación actual del continente se caracteriza ante todo por un incremento muy fuerte de la pobreza y la miseria, sobre todo para las mujeres de los sectores populares y/o racializadas bajo el efecto de las reformas neoliberales. La desilusión, el desarrollo del fundamentalismo religioso (sectas neoprotestantes y regreso del catolicismo más reaccionario), el conservadurismo y la atonía política acompañan con frecuencia esta crisis económica institucionalizada. Muchas sociedades permanecen muy militarizadas, la violencia armada en las calles se ha vuelto considerable en América Central, en Colombia y en una parte del Caribe y de Brasil especialmente, la brutalidad policial y/o militar son la norma. Allí donde existía, el Estado de derecho está en casi todas partes en decadencia y la corrupción se exacerba. La impunidad de ex dictadores, ex torturadores y criminales de guerra, no está para curar los traumatismos individuales y sociales que hipotecan profundamente el futuro de muchos países. Por mucho que alguno(a)s sigan creyendo en un proceso de progresiva “democratización”, la situación general es a pesar de todo bastante poco alentadora. Desde una perspectiva feminista, algunas ven el advenimiento de una nueva forma de patriarcado, que la chilena Margarita Pisano llama de manera lapidaria “el triunfo de la masculinidad” (2001).

 

Miseria, migración y aumento de la violencia

 

Globalmente, la explotación aumenta. En el campo, el monocultivo de exportación proletariza y expulsa inexorablemente a las mujeres rurales. La destrucción del medio ambiente (sequías, saqueo de los bosques, contaminación) y la privatización de la tierra y los bienes comunales (transformados en reservas naturales de biodiversidad ecoturística, puertos deportivos, campos de golf o zonas urbanas) obligan cada vez más a las mujeres a partir. Las fábricas de ensamblaje de las zonas francas desgastan prematuramente la salud de las mujeres muy jóvenes que emplean algunos años antes de rechazarlas. En las zonas turísticas, las ciudades y las inmediaciones de las fronteras se desarrollan la prostitución, la mendicidad (principalmente de mujeres mayores) y las mujeres tienen que arreglárselas a base de “microcréditos” y de giros provenientes del Norte. Finalmente, el estado de guerra de “baja intensidad” que persiste en numerosas regiones en su mayoría indígenas y negras (en Colombia, en el Sur de México y hasta hace poco, en Perú y en América Central) transformó a muchas mujeres en refugiadas interiores, generalmente no reconocidas como tales, despojadas de sus escasos bienes, privadas de derechos, e incluso a menudo, sin ninguna existencia legal a causa de la incapacidad del estado civil en sus regiones de origen. Su situación presenta impresionantes semejanzas con la de las emigrantes indocumentadas en Europa y constituye un verdadero desafío para el movimiento feminista, que tiene mucho por hacer en la lucha contra la pobreza y la explotación. La migración internacional de las mujeres, que se desarrolla considerablemente en el interior del continente y hacia el “Norte”, constituye un segundo desafío de peso. Sus condiciones son cada vez más duras, debido a leyes migratorias cada vez más restrictivas y a un creciente racismo antiemigrantes -sobre todo si esto(a)s emigrantes son negro(a)s o indígenas. Millones de ellas viven de manera provisoria o duradera en Estados Unidos, Canadá y Europa. Sin embargo, el movimiento feminista ha trabajado relativamente poco este tema y parece tener pocos vínculos (a parte de individuales y/o informales) con las latinas y caribeñas instaladas en los países del Norte, aunque éstas realizan un trabajo político y teórico de gran importancia. Por ejemplo, en Estados Unidos, Cherrie Moraga, Gloria Anzaldúa y Norma Alarcón fueron pioneras del feminismo chicano, Jacqui Alexander, originaria de Trinidad, es una teórica postcolonial muy destacada -sin hablar de Audre Lorde, cuyos padres venían directamente del Caribe. Esta cesura resulta perjudicial para ambas partes.

Por último y correlativamente al empobrecimiento y a la movilidad creciente de las mujeres pobres, la violencia bruta, lo que Danièle Kergoat denominó el “odio de género” (pero también de clase y de “raza”) parece haber alcanzado un grado superior. Las feministas mexicanas conceptualizaron efectivamente como “feminicidio” la ola de violaciones particularmente salvajes y los asesinatos de mujeres (más de 400 hasta la fecha) que comenzó hacia 1993 en Ciudad Juárez (Washington Valdez, 2005), ciudad fronteriza y de fábricas de ensamblaje del Norte de México dónde llegan

 

muchas jóvenes rurales, pobres y racializadas, en búsqueda de una vida mejor. Bajo formas ligeramente diferentes, esta ola de asesinatos impunes de mujeres parece haberse extendido en los últimos años a Chiapas y Guatemala98. La negligencia total de los poderes públicos y la impunidad escandalosa que acompañan estos crímenes parecen no tener objeción alguna y corroborar un endurecimiento muy preocupante de las relaciones sociales de género, clase y “raza”.

 

El resurgimiento de las luchas de las mujeres pobres y “racializadas”

 

Las feministas desde luego no se quedan de brazos cruzados. Frente a la persistencia de la violencia y sus nuevas formas, se encuentran en el continente iniciativas particularmente interesantes, como  la Ruta pacífica, organización feminista colombiana que marca el tono de las movilizaciones de mujeres contra la guerra y sobre todo, de la invención de una cultura de paz. En eso se une a otras feministas que siguen luchando por un mundo profundamente diferente. Entre ellas, numerosas autónomas, que no han cedido ante el “realismo político”. Algunas, con tonos a veces esencialistas, a veces radicales, desean de todo corazón una cultura femenina y/o ajena a las lógicas del patriarcado (Bedregal et Al., 1993; Pisano, 2001). Otras, cercanas al anarquismo, rechazan también obstinadamente tomar el Estado como interlocutor, pero participan activamente en los movimientos populares antineoliberales, como Mujeres creando de Bolivia. Entre las iniciativas feministas, hay que señalar también la Marcha mundial de las mujeres, inaugurada en Quebec en 1995, y cuya edición del año 2000 permitió movilizar cientos de grupos de mujeres y feministas en muchos países del continente. De manera general, frente al neoliberalismo triunfante, numerosas mujeres, que reivindican o no el feminismo, levantan la cabeza y se involucran en movimientos mixtos. Participan de manera decidida en los movimientos campesinos, indígenas y negros (movimiento zapatista en México, MST en Brasil, Cocaler@s en Bolivia, movimiento Mapuche en Chile), en las luchas populares (chavistas en Venezuela, obreras y piqueteras en Argentina, levantamiento civil en el Estado de Oaxaca en México), “sindicales” (en las zonas francas, el trabajo doméstico o el  trabajo sexual) y en las luchas anti o alterglobalización (foros sociales mundiales en Brasil, foros regionales y acciones en contra de las reuniones de la OMC o del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

Las mujeres pobres y racializadas conducen hoy luchas particularmente importantes y las indígenas se destacan especialmente por su determinación y su creciente visibilidad. En la vía abierta principalmente por la boliviana Domitila Chungarra (1982), luego por la guatemalteca Rigoberta Menchú (1983), las indígenas participan en las luchas en Colombia y Ecuador, actualmente en Bolivia, sobre todo durante la “guerra del agua” y la “guerra del gas”. La ex presidenta de la Federación Latinoamericana de Trabajadoras del Hogar, Casimira Rodríguez Romero, indígena y trabajadora del hogar ella misma, fue nombrada Ministra de Justicia del gobierno de Evo Morales. En México, fue también una antigua trabajadora del hogar indígena, la comandante Ana María, quien dirigió la toma de San Cristóbal a comienzos del movimiento zapatista en 1994. La comandante Ramona, fallecida desde ese entonces, fue uno de los símbolos del movimiento. Por último, la comandante Ester pronunció el discurso principal de los zapatistas ante la Asamblea Nacional y ante todo el país en 2001. Más recientemente, en 2005, unas indígenas Mazahuas de los alrededores de la ciudad de México aparecieron armadas y con la cara cubierta por un paliacate, para exigir una mejor repartición del agua (las instalaciones hidráulicas que abastecen la inmensa capital del país pasan por sus tierras pero ellas tienen muchas dificultades para acceder al agua). Otras mujeres están presentes en el Consejo Nacional Indígena (CNI), principal coordinación indígena autónoma del país, con un discurso muy crítico sobre las relaciones sociales de género, tanto a nivel del movimiento y de las comunidades indígenas como en la sociedad global. Sin embargo, estos movimientos mixtos, donde participan una gran cantidad de mujeres y feministas, por muy progresistas que se declaren, reproducen a menudo una división sexual del trabajo, modelos familiares e “identidades culturales” más bien tradicionales del punto de vista de las relaciones sociales de género (Falquet, 2005). Muy concretamente, aunque recurran con frecuencia

 

98 Entre 2001 y marzo de 2006, más de 1.900 mujeres y muchachas guatemaltecas fueron asesinadas, en muchos casos con una crueldad excepcional acompañada de abusos sexuales (AI, 2006).

 

a las mujeres y se declaren generalmente pro feministas, estos movimientos no han presentado casi nunca proyectos precisos para transformar las relaciones sociales de género. La amplia alianza anti y alterglobalizada ganaría si se hiciera preguntas al respecto.

 

¿Hacia nuevas alianzas?

 

Así pues, tras de un periodo de fuerte desarrollo en los años ochenta, luego de crisis de crecimiento en los años noventa, el movimiento feminista latinoamericano y del Caribe obtuvo avances innegables en términos institucionales, legales, así como una importante visibilidad e incluso una cierta legitimidad, bajo la denominación “perspectiva de género”. Algunas indígenas son ministras, mujeres afro son diputadas, la nueva presidenta de Chile afirma preocuparse por la situación de las mujeres, la unión civil entre lesbianas es posible en algunas ciudades de Brasil, y acaba de ser aprobada, así como el aborto, en el Estado de México, donde viven por lo menos 20 millones de personas. Sin embargo, la situación global de las mujeres, principalmente material, empeoró, sobre todo para las mujeres de sectores populares urbanos, las mujeres rurales y las mujeres racializadas en su conjunto. Explotación brutal, violencia física, sexual, malnutrición, hambre y la baja de la esperanza de vida están a la orden del día para la gran mayoría. La movilidad interna o internacional constituye la respuesta para muchas mujeres, pero no una solución, ya que las condiciones de migración son cada vez más duras. Las resistencias locales se desarrollan asimismo, y las mujeres participan decididamente. Hay que esperar pues que el movimiento feminista ponga un término al período de recomposición que está atravesando desde hace unos diez años, y se reorganice en torno a los nuevos (y los antiguos) sueños y necesidades de las mujeres, que enfrentan hoy en día un endurecimiento conjugado de las relaciones de género, “raza” y clase. Publicado al mismo tiempo en francés y en español en 2005, el número titulado “Feminismos disidentes en América latina y el Caribe” de la revista Nouvelles Questions Féministes ofrece pistas para establecer nuevas alianzas en el movimiento, en torno a un proyecto incluyente y radical. En efecto, la crítica muy prometedora de la corriente autónoma se debilitó y fue en parte recuperada por las instituciones que dominan hoy en día el feminismo del continente. Sin embargo, aún conserva toda su validez teórica, pero ganaría si se incorporaran por completo las nuevas luchas y análisis que desarrollan otras mujeres. Más precisamente, habría que desarrollar las convergencias entre las feministas que luchan contra el racismo (especialmente las indígenas y afrodescendientes, pero no únicamente), aquellas que combaten la explotación neoliberal (particularmente las sindicalistas de las zonas francas, las trabajadoras del hogar, las prostitutas organizadas y las campesinas, con las indígenas zapatistas a la cabeza), aquellas que cuestionan profundamente el pensamiento straight y la lógica hetero-familiar (principalmente lesbianas, anarquistas y antinaturalistas convencidas) y las otras autónomas que siguen deseando un “mundo distinto”. Concretamente, estas tendencias son de las más activas y creativas del movimiento. Podrían perfectamente rediseñar, en el futuro, un proyecto político global contra el neoliberalismo, que haga frente simultáneamente al sexismo, al racismo, a la explotación de clase y a la heterosexualidad como sistema. Una pista y unos análisis que muchos otros movimientos sociales progresistas del mundo deberían seguir, si desean proponer una alternativa verdaderamente creíble.

 

(Paris, 2009)

 

Para saber más sobre los movimientos feministas en América Latina:

 

• Amnesty     International,        Arrêtez       les     tueries        de      femmes,  2006 (http://www.amnestyusa.org/countries/guatemala/document.do?id=280F8FE94B2826C480 25701C00330145)

• Ximena Bedregal,; Margarita Pisano, Francesca Gargallo, Amalia Fisher, Edda Gabiola, Feminismos cómplices, gestos para una cultura tendenciosamente diferente, Correa feminista, México-Santiago de Chile, 1993.

 

• Elizabeth Burgos (ed.), Moi, Rigoberta Menchu, Gallimard, Collection Témoins, París, 1983.

• Melisa Cardoza, “Vue d’un balcon lesbien”, Nouvelles Questions Féministes, Féminismes dissidents en Amérique latine et aux Caraïbes, Vol. 24, n° 2, 2005.

• Sueli Carneiro, “Noircir le féminisme”, Nouvelles Questions Féministes, Féminismes dissidents en Amérique latine et aux Caraïbes, Vol. 24, n° 2, 2005.

• Centro        de      Investigación       Regional,    2004 (http://www.uady.mx/~biomedic/regen/articulos.html)

• Ochy Curiel, “La lutte politique des femmes face aux nouvelles formes de racisme. Vers une analyse de nos stratégies”, Nouvelles Questions Féministes, Vol. 21, n°3, 2002.

• Ochy Curiel, “Pour un féminisme qui articule race, classe, sexe et sexualité”, Nouvelles Questions Féministes, Vol. 20, n°3, 1999.

• Jules Falquet, “Trois questions aux mouvements sociaux “progressistes”. Apports de la théorie féministe à l’analyse des mouvements sociaux”, Nouvelles Questions Féministes, Vol. 24, n°3, 2005.

• Jules Falquet, “Femmes, féminisme et “développement”: une analyse critique des politiques des institutions internationales” en Jeanne Bisilliat (coord.), Regards de femmes sur la globalisation. Approches critiques, Karthala, París, 2003.

• Jules Falquet, “De l'institutionnalisation du féminisme latino-américain et des Caraïbes”,

Cahiers du GEDISST, n°20, 1998.

• Jules Falquet, “Panorama du mouvement après la Sixième rencontre féministe latino- américaine et des Caraïbes, novembre 1993”, Cahiers du GEDISST, n° 9-10, IRESCO- CNRS, París, 1994.

• Jules Falquet, Hélène Le Doaré, “Le mouvement des femmes en Amérique latine: un questionnement exogène”, Amérique latine: démocratie et exclusion, l'Harmattan, París, 1994.

• María Luisa Femenías (comp.), Perfiles del feminismo iberoamericano, Catálogos, Buenos Aires, 3 volúmenes, 2002, 2005, 2007.

• P. Fischer, E. Amalia, Feministas latinoamericanas: las nuevas brujas y sus aquelarres,

Tesis de Maestría en Ciencias de la comunicación, UNAM, México, 1995.

 

• FraNsearn,cy

 

Justice interruptus: critical reflections on the “postsocialist” condition,

 

Routledge, Londres, 1997.

• Francesca Gargallo, Ideas feministas latinoamericanas, Universidad de la Ciudad de México, México, 2004.

• Edda Gaviola Artígas, Lissette González Martínez (comps.), Feminismos en América latina, FLACSO, Guatemala, 2001.

• Julieta Kirkwood, Feminarios, Documentas, Santiago de Chile, 1987.

• Norma Mogrovejo, Un amor que se atrevió a decir su nombre, Plaza y Valdés, México, 2000.

• Maxine Molyneux, Women's Movements in International Perspective: Latin American and Beyond, Palgrave MacMillan, 2000.

• Mujeres Creando, La Virgen de los deseos, Tinta Limón, Buenos Aires, 2005.

• Margarita Pisano, El triunfo de la masculinidad, Surada, Santiago de Chile, 2001.

• Casimira Rodríguez Romero, “La lutte des travailleuses domestiques en Bolivie”,  Nouvelles Questions Féministes, Féminismes dissidents en Amérique latine et aux  Caraïbes, Vol. 24, n° 2, 2005, p. 126-130.

• Nancy Saporta Sternbach, Marysa Navarro-Aranguren, Patricia Chuchryk, Sonia E. Álvarez, “Feminisms in Latin America, from Bogotá to San Bernardo”, Signs, Vol. 17, n°2, 1992.

• Urania Atenea Ungo Montenegro, Para cambiar la vida: política y pensamiento del feminismo en América Latina, Instituto de la Mujer-Universidad de Panamá, Panamá, 2000.

 

• Moema Viezzer, Domitila: si on me donne la parole. La vie d'une femme de la mine bolivienne, Maspéro, París, 1982.

• Diana Washington Valdez, Cosecha de mujeres. Safari en el desierto mexicano, Océano, México, 2005.

• Jurema Werneck, “Ialodês et féministes. Réflexions sur l’action politique des femmes noires en Amérique latine et aux Caraïbes”, Nouvelles Questions Féministes, Féminismes dissidents en Amérique latine et aux Caraïbes, Vol. 24, n° 2, 2005.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las reformas agrarias: ¿un desafío actual de las luchas sociales campesinas?

 

Por Hélène Roux

 

Hélène Roux es periodista y socióloga francesa, especialista de las problemáticas agrarias en América central

 

¿Puede hablarse hoy en día de reformas agrarias en América Latina?

Para intentar responder a esta pregunta, hay que tomarse un momento para saber lo que esta expresión esconde en términos de estrategia, ya que en la mayoría de los casos, según el contexto histórico, geográfico, político, social o cultural, las reformas agrarias (o los intentos de realizarlas) no han tenido ni los mismos objetivos, ni los mismos métodos de aplicación ni, por supuesto, los mismos efectos a mediano y largo plazo.

Conviene entonces distinguir brevemente las características que en diferentes épocas han motivado la puesta en marcha de reformas agrarias, subrayando que deben entenderse como estrategia política, respuesta del Estado frente a las reivindicaciones del mundo campesino. Entre las reformas agrarias « clásicas », pueden distinguirse las que surgen directamente de un proceso revolucionario, inaugurado por México a inicios del siglo XX, seguido por la Bolivia de los años 50 y Cuba en los

60.      Ultima del siglo realizada en ese contexto, la reforma agraria nicaragüense iniciada en el marco de la Revolución Sandinista en el curso de los años 80 se inscribe igualmente en otra categoría, que corresponde a una reestructuración de los modos de producción con la intención de adaptarlos a los objetivos de modernización y de desarrollo de la agricultura. Los procesos de reforma agraria de los años 60 a los años 80 son indisociables de la «revolución verde” y deben ser analizadas en ese contexto. Ese es particularmente el caso de Honduras, Venezuela, Chile y Brasil. En Otros países, como Colombia y Guatemala (después de la caída del gobierno de Jacobo Arbenz en 1954) no nunca se ha dado reforma agraria alguna. Al respecto, Es significativo que esos dos países experimentaron los conflictos armados más largos y más crueles de toda América Latina. La siguiente generación de reformas agrarias abre otra época muy distinta. Ellas se llevan a cabo (o continúan) en el marco de la resolución de los conflictos armados (El Salvador, Nicaragua) y sus protagonistas son en gran parte excombatientes. Pero en el contexto de la globalización creciente de las economías, ellas sirven igualmente al « reordenamiento » del territorio en función des los intereses del mercado. Aunque formalmente a cargo de las instituciones gubernamentales, pueden definirse como “reformas agrarias asistidas por el mercado”.

Finalmente, aunque estén todavía en sus pinitos, las reformas agrarias impulsadas tras la llegada al poder de gobiernos progresistas en Venezuela y Bolivia (¿y en Brasil?) pretenden aportar una alternativa a las soluciones recomendadas durante los periodos precedentes. Sin embargo, parece obvio que las expectativas no son las mismas para Venezuela, cuyos ingresos agrícolas representan a penas el 14% del PIB, que para Bolivia, donde el porcentaje de productos de exportación provenientes de la agricultura es considerablemente mas elevado. De hecho, el análisis de una reforma agraria no puede limitarse al examen de sus objetivos políticos— por importantes que sean. Mas allá de su vocación declarada de redistribución de la tierra, debemos interesarnos en primer lugar a los modos de producción que ella conlleva y al tipo de actores que ella implica a largo plazo. Hay entonces que considerar las reformas agrarias pasadas y presentes en una óptica de « reordenamiento » territorial que guía las decisiones estratégicas de los países que las implementan.

 

Reformas agrarias y revolución verde: convergencias y divergencias.

 

En América Latina durante las últimas décadas se ha hablado de «reformas agrarias” pero también de «revolución verde”. El hecho de poner estos dos términos en paralelo podría hacer creer que representan dos opciones diferentes de una misma medida y que en dos palabras, la comparación solo concerniría el método. Es por ello que hay que precisar desde ahora lo que constituye la diferencia fundamental entre una y otra: mientras que la vocación primera de una reforma agraria es la redistribución de la tierra, es decir, en principio, un cambio drástico de las estructuras de tenencia de la tierra; la «revolución verde”, por su parte, solo tenia como pretensión la de mejorar el rendimiento de los cultivos en tierras cuya propiedad ya estaba establecida/determinada y no cuestionada. Sin embargo, si el concepto de «revolución verde” se inscribe de forma marcada en el contexto de los años 60, nada permite afirmar que éste sea a relegar definitivamente entre los vestigios de experiencias del pasado. Al contrario, las lecciones de ese modelo parecen hoy más actuales que nunca, en los albores de una redefinición radical de los modos y lugares de producción, en los que no solamente la agricultura se basa en la utilización de nuevas tecnologías sino también destinada a servirles de materia prima, como en el caso de los agrocombustibles

En l’histoire des agricultures du monde99, Marcel Mazoyer y Laurence Roudart describen la revolución verde como «una variante de la revolución agrícola contemporánea carente de gran motorización – mecanización”. Iniciada en los años 60, principalmente en los países en vía e desarrollo, se basó en técnicas concebidas por investigadores de grandes fundaciones estadounidenses (Ford, Rockefeller) cuyo objetivo era el mejoramiento de las variedades de cultivos de fuerte rendimiento potencial (trigo, arroz, maíz, soya). Al exigir el uso de fertilizantes químicos  y la instalación de infraestructuras de irrigación, la «revolución verde” estaba destinada a una categoría de agricultores capaces de adquirir esos útiles de producción. Además de eso, ella se aplicó sobre todo en regiones ya privilegiadas, es decir, las de más fácil acceso, las más fáciles a irrigar y cuyas condiciones prometían la mejor rentabilidad esperada de esas técnicas de intensificación de la producción agrícola. Acompañando un esfuerzo de sustitución de las importaciones, la «revolución verde” se inscribía en esa época dentro del marco de los proyectos nacionales. Buscaba utilizar la producción agrícola como apoyo para la industria nacional por  medio de la transformación pero también como fuente de divisas a través del desarrollo de los productos de exportación. Ese esfuerzo por tanto se ha beneficiado de la ayuda de los poderes públicos, particularmente mediante el apoyo a los precios agrícolas, subvención a insumos y facilidades de crédito e inversión para la instalación de infraestructuras. En esa medida, la realización de reformas agrarias por los diferentes gobiernos puede considerarse una medida complementaria destinada a crear las condiciones para el aumento de la capacidad productiva a través del fomento de una categoría de agricultores capaces de responder al desafío de la competitividad. Ese es el caso de Venezuela, donde la reforma agraria impulsada en los años 60 beneficio del apoyo de la « Alianza para el progreso » promovida por el gobierno de Kennedy. En  la misma época, en América Central, ese mismo programa contribuyó a la reorganización de la producción regional en países en que los cultivos eran relativamente similares, favoreciendo una especialización de la producción cuyos efectos son todavía perceptibles. Mientras que a Nicaragua y sus vastas y fértiles llanuras del Pacifico se le pronosticaba para la agricultura intensiva de exportación (azúcar y algodón) y la región central del país, para la ganadería; Honduras, producía madera, plátano y aceite de palma; Guatemala se dedicaba a la producción bananera, al cultivo del café y al turismo mientras que El Salvador, pobre en grandes espacios, estaba destinado para el papel de “país industrializado” de la región.

“Entre los objetivos de la Alianza” recalca la revista nicaragüense ENVIO « estaba promover un crecimiento sostenido, capaz de cerrar la brecha entre los países latinoamericanos y los países industrializados. Se hablaba explícitamente de una distribución más equitativa del ingreso nacional, de la diversificación de las estructuras económicas, de la aceleración del proceso de industrialización, de precios justos para las exportaciones latinoamericanas. Y en primer lugar, se

 

 

99 Marcel Mazoyer, Laurence Roudart, Histoire des agricultures du monde – Du Néolithique à la crise contemporaine.

Ed. du Seuil – Points Histoire, 1997.

 

hablaba de la reforma agraria »100. A nivel político, uno de los principales objetivos de la Alianza para el Progreso era impedir el contagio que la revolución cubana amenazaba con provocar en toda América Latina. « La Alianza insistía en que el desarrollo económico sería imposible sin una mejoría simultánea de las condiciones sociales y hacía hincapié en la necesidad de "dar rápida y duradera solución al grave problema que representan para los países de América Latina las variaciones excesivas de los precios de sus productos de exportación". Se insistía en la necesidad de disminuir la dependencia de la monoproducción y de ampliar el mercado interno de nuestras naciones. Y aunque Robert Kennedy reconocía que la ampliación de los mercados podría lograrse reduciendo barreras arancelarias y promoviendo la integración, advertía claramente que el problema no era de barreras entre los países, sino una "cuestión de clases dentro de los países". Es notable  esta advertencia, que hoy, desde luego, sería tomada como una ilusa afirmación y como una propuesta fuera de moda »101.

Sin embardo, desde 1964, esas veleidades de transformación se desvanecieron en beneficio de políticas basadas en el desarrollo de la agroexportación. En Brasil, el golpe de estado militar puso fin a un esbozo de reforma agraria. En América Central, el mercado común centroamericano creado a la sombra de la Alianza para el Progreso ha acentuado las migraciones, la proletarización de los campesinos y consolidado los latifundios.102 La transformación de los modos de producción exigía, entonces, una reestructuración de la propiedad de la tierra. Sin embargo, siguiendo la voluntad de los intereses económicos y de la orientación política de los gobiernos nacionales, « revolución verde

» y reformas agrarias se conjugaron, superpusieron o sustituyeron una a otra y los cambios operados han obedecido a la aplicación de estrategias que buscaban objetivos distintos. En el caso de gobiernos catalogados como nacional-reformistas103 como México, Bolivia, Perú y Chile (de los años 70), se trataba de acabar con el sistema tradicional latifundista de producción (trabajo forzado, colonato*104) y de poner las grandes plantaciones bajo control del Estado o de cooperativas de producción.

No obstante, el fin de las reformas agrarias realizadas en esa época— pero la afirmación puede ser generalizada en el tiempo como en el espacio (a la excepción notoria de Cuba) — nunca fue el de abolir la propiedad privada y las estructuras de poder que han siempre estado ligadas a ella. Muy al contrario, Nicaragua y Honduras de los años 60 muestran, entre otros ejemplos, como las transformaciones en las estructuras de propiedad han contribuido a disminuir la presión ejercida por los campesinos sobre los grandes propietarios. En la Nicaragua de la época, la atribución de llamadas « tierras nacionales » incentivó la migración de miles de campesinos hacia las regiones atlánticas (norte y sur) y permitió a los grandes propietarios aliados a la dictadura que consolidaran su dominio sobre las tierras fértiles del Pacifico para dedicarse especialmente al cultivo intensivo de algodón. En Honduras, la reforma agraria ha afectado menos las grandes propiedades que las tierras nacionales o las plantaciones bananeras abandonadas por las compañías norteamericanas. El Estado apoyó luego la formación de cooperativas y de empresas bajo su control, favoreciendo muy particularmente las que se dedicaban a la producción de aceite de palma y a los cultivos de exportación. Así, ni en un caso ni en el otro, la producción de alimentos constituyeron una prioridad para el Estado.

La distribución de tierras se basó en un mecanismo de colonización interna que llevó a modificar los límites de la frontera agrícola105. Ese mismo fenómeno se produjo en el sur de México, donde

 

100 “Cumbre de Miami: sólo ventaja para USA”, revista Envio, enero 1995.

101 Ídem

102 ASOCODE, febrero 1998

103 Definición utilizada por Eduardo Baumeister, investigador nicaragüense del Centro de desarrollo rural de San José,

Costa Rica, en « Iniciativas campesinas y la sostenibilidad de los resultados de las reformas agrarias », Popular Coalition, UNRISD Monograph, 1999.

104 Sistema de explotación en el cual los trabajadores están adscritos a la propiedad y pagan con tiempo de trabajo el

« derecho » de residir en las tierras del patrón.

105 La frontera agrícola delimita los espacios aptos para el cultivo y los espacios forestales, considerados como inaptos pues la fertilidad de los suelos es frágil y se agota rápidamente. Eso lleva a los campesinos a internarse cada vez más lejos para cultivar y asegurar su subsistencia.

 

los campesinos indígenas de los Altos y de la Zona Norte de Chiapas fueron incitados a colonizar la Selva Lacandona para evitar afectar a los ganaderos y a los terratenientes. El concepto de « tierras nacionales » se superpuso alegremente sobre el de territorios ancestrales de las comunidades indígenas. Eso provocó conflictos a veces violentos entre indígenas y pequeños productores mestizos, en los que cada grupo buscaba hacer valer sus derechos en detrimento del otro, en ausencia de políticas institucionales para un desarrollo rural efectivamente orientado hacia el interior, es decir, hacia la mayoría de los pequeños y medianos productores, indígenas o mestizos. El balance conjugado de la « revolución verde » y de las reformas agrarias promovidas en los años 60 y 70, que apuntaba a fomentar la emergencia de una clase de « farmers » copiada del modelo estadounidense; dejó secuelas que se ven hoy instrumentalizadas en un nuevo marco, el del “reordenamiento” del territorio promotor de « reformas agrarias asistidas* por el mercado ».

 

¿A quiénes están destinadas las reformas agrarias?

 

Las reformas agrarias promovidas a partir de los años 60 y hasta los años 80 se caracterizaron por una política de redistribución fuertemente controlada por los Estados y fundamentalmente no han cuestionado/transformado/cambiado las estructuras de tenencia de la tierra centradas sobre las grandes explotaciones en la medida en que ese modelo era considerado mas apto que las pequeñas explotaciones para cumplir con los objetivos de crecimiento basados en los cultivos de agroexportación.

En este sentido, el ejemplo de la Nicaragua Sandinista es un caso emblemático. Las ocupaciones espontáneas de tierras de inicios de los años 80 fueron rápidamente canalizadas por el poder bajo la forma de gigantescos complejos (fincas de Estado o UPE106) o de cooperativas de producción. Las autoridades justificaban esa decisión por la necesidad de enfrentar el bloqueo económico impuesto por los Estados Unidos, apostando a un control de la producción agrícola destinado, por una parte, a garantizar una fuente de divisas (a través de la exportación), y por otra parte a asegurar los alimentos básicos para la población (de las ciudades). Efectivamente, los precios subsidiados de los productos agrícolas beneficiaron en primer lugar a los consumidores y no a los productores. Deben por supuesto, subrayarse las medidas sociales que acompañaron la reforma agraria Sandinista, en particular el mejoramiento de la vida cotidiana de los obreros agrícolas. Sin embargo, a posteriori, es un hecho/consta que, aunque designados como los protagonistas principales de la reforma agraria, los obreros agrícolas no se convirtieron en sujetos autogestionarios de sus fincas de Estado, así como tampoco los pequeños campesinos organizados en cooperativas se convirtieran en productores autónomos de sus propios medios de subsistencia.

En un estudio comparativo de las reformas agrarias en América Central (Honduras, Nicaragua, El Salvador), Eduardo Baumeister107 establece una relación directa entre los conflictos armados y la lucha por el acceso a la tierra y señala que es bajo la presión de las luchas campesinas que tanto el gobierno conservador salvadoreño como el régimen sandinista fueron obligados a flexibilizar sus posiciones: regularización de aparceros* y granjeros en El Salvador y flexibilización del sistema colectivista de acceso a la tierra hacia mediados de los años 80 en Nicaragua. Poco analizadas por los políticos y por ello mismo, mal conocidas, incluso de los progresistas y hasta de los revolucionarios, las dinámicas complejas de los modos de organización del mundo rural suscitaron desconfianza de los gobiernos hacia los campesinos, los cuales lo que es de mas decir, generalmente les pagaron con la misma moneda. Si se limita a la historia de América Latina, de Sandino a Zapata, pasando por los « bandidos de honor » de Brasil o los movimientos armados de campesinos peruanos, sobran los ejemplos que contradicen la imagen del campesino sumiso y reaccionario, refractario a la organización y movido exclusivamente por intereses personales mezquinos.

Y sin embargo, se han aprendido pocas lecciones de esas experiencias; y la Revolución Mexicana— primera del continente, sin duda la única en estar tan profundamente anclada en las luchas agrarias— parece haber inspirado poco los espíritus de los promotores mas radicales de las reformas agrarias, que mas bien se orientaron hacia un modelo que apostaba en la conducta iluminada de la vanguardia proletaria. Después de que su fracaso fuera consumado, los prejuicios ideológicos, que rayaban con el menosprecio abierto y que tendían a considerar a los campesinos no como actores sino como sujetos potenciales de una transformación revolucionaria, prepararon el terreno para todas las tentativas de recuperación.

 

106 Unidad de Producción Estatal.

107 Eduardo Baumeister, Op. Cit.

 

Poco a poco, se produjo un espectacular giro. Proveniente a veces de los propios ideólogos susmencionados, apareció un nuevo tipo de discurso que elogiaba el

« espíritu campesino », por esencia rebelde al poder del Estado y entonces, según la lógica de sus detractores, inevitablemente favorable a su supuesto contrario: el interés privado regulado por la sola ley del mercado. Insumisos frente al poder del Estado, ¿las luchas campesinas son solubles en el mercado? La pregunta merece atención pues actualmente, los movimientos campesinos son los que se levantan con mayor vigor no solamente contra el control de los Estados sino también contra los intereses económicos impuestos a nivel mundial por el orden neoliberal. Esas resistencias se inscriben, en primer lugar, en la construcción de un proceso de autonomía y en la recuperación de espacios en la que se reivindica la gestión propia de los recursos y en la que la organización política se elabora en función de la práctica definida por los propios interesados.

 

¿Reforma agraria asistida por el mercado o contrarreforma agraria?

 

Para desmenuzar las tendencias que reinan actualmente en materia de políticas agrarias, tómese la misma formula precedentemente aplicada -a saber, la adaptación de los modos de producción a los esquemas económicos dominantes- y sustráese el factor proyecto-país -intervencionismo de  Estado- se obtiene entonces la ecuación: reordenamiento de las formas de tenencia de la tierra (regulada) por la ley de la oferta y la demanda. El resultado esperado es el control de los flujos de la producción agrícola mundial en una lógica de empresa, la eliminación del concepto de soberanía alimentaría y la reducción drástica del número de campesinos. La incógnita restante: ¿qué hacer con los que sobran?

De la misma manera que las necesidades de la economía mundial condicionaron la revolución verde y las condiciones de aplicación de las reformas agrarias hasta los años 80, los intereses geoeconómicos actuales influyen directamente sobre los modos de producción y las políticas de reordenamiento territorial necesarias para la realización de nuevos objetivos.

Fragilizados por una situación en la que el dominio del Estado frecuentemente se confundía con seguridad en la tenencia de la tierra, los campesinos se hallaron desposeídos cuando la brisa neoliberal comenzó a quitar y poner el sol en tierras latinoamericanas. El movimiento zapatista en Chiapas fue sin duda el primero en reaccionar a los ramalazos de ese vendaval. La ocupación masiva de tierras en los primeros meses que siguieron el levantamiento armado de 1994 constituía una respuesta a la reforma del artículo 27 de la constitución mexicana. La reforma adoptada en 1992, como preparación para la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ponía de hecho fin al sistema de reparto y de dotación agraria heredado de la revolución mexicana. Es revelador que la reacción más pronta/rápida se haya producido precisamente en uno de los estados de México en el que la reforma agraria ha sido prácticamente inexistente. En todo caso, el fin de la política de atribución de tierras no iba de par con la reducción de la demanda. Por ello, los conflictos agrarios y los enfrentamientos provocados por grupos paramilitares— instrumentalizados por el poder para fines de contrainsurgencia— que ensangrientan el estado de Chiapas, son el resultado previsible de esa situación. Si la actividad paramilitar se alimenta de la injusticia en materia de acceso a la tierra, es al mismo tiempo la causa de los desplazamientos de la población que a menudo no tiene otra opción que llevar aun mas lejos la frontera agrícola e ir cada vez mas adentro de las regiones inhóspitas, muchas veces inapropiadas para la agricultura de autosubsistencia. Pero, mientras que hace algunas décadas, el gobierno mexicano había más o menos alentado la colonización de la Selva Lacandona, sus funcionarios encargados del medio ambiente, segundados por el lobby conservacionista, partisano de la naturaleza vacía de sus habitantes, ejercen hoy fuertes presiones para mostrar como ilegitimas las reivindicaciones campesinas e indígenas de acceso a la tierra y de administración de los recursos presentes en sus territorios. Algo similar se puede constatar en Brasil, donde el éxodo de miles de familias desfavorecidas al asalto de la selva amazónica ya no constituye siquiera la ilusoria escapatoria que

 

alguna vez pareció ser. Con la construcción de carreteras, los ganaderos se lanzaron tras esos pioneros que, a fin de cuentas, solo sirvieron para abrir camino e hicieron el trabajo por cuenta de los ganaderos. Así, la amplitud que tomaron las ocupaciones de tierras organizadas por el Movimiento de los Sin Tierra (MST) no tiene nada de sorprendente.

Si en los dos ejemplos precedentes los protagonistas tenían unos la opción de las armas y los otros el peso del número, no fue igual en países de América Central. Al inscribirse en un contexto post- conflicto armado (en Nicaragua en 1990, en El Salvador en 1992 y en Guatemala a finales de 1996), los gobiernos debidamente aconsejados por las instituciones financieras internacionales así como por las agencias de cooperación para el desarrollo, optaron por inscribir la cuestión agraria, por una parte en el marco de programas de desmovilización, y por el otro, en el de políticas de ajuste estructural destinadas a llevar a países económicamente exangües a las vías del crecimiento. Fue así que con el auspicio del Banco Mundial se concibió el principio de reforma agraria asistida por el mercado. Ella tendría, entre otras virtudes, la de regular los precios al apostar por un mercado de tierras regido por la oferta y la demanda. Ello partía de la constatación de que las reformas agrarias asistidas por el Estado, basándose principalmente en la demanda habían acarreado una sobreevaluación de los precios de la tierra (especialmente en razón de las políticas de  indemnización de los propietarios afectados por la reforma). Ella permitiría igualmente corregir la ineficacia de los sistemas de producción subsidiados al incitar a los productores a rentabilizar su producción108 (por ejemplo, privilegiando los cultivos de exportación en detrimento del cultivo de autosubsistencia o de granos básicos); finalmente, la ley del dinero pondría punto final a complicados conflictos jurídicos, en ciertos casos, reforzados por años de conflicto armado.

Ahora bien, ninguna de las recetas recomendadas dio los resultados anunciados: un estudio realizado en Brasil y Colombia109 muestra que aunque en el primer caso se haya puesto el acento en la oferta (Brasil), y en el segundo, más bien sobre la demanda (Colombia), los precios de la tierra no bajaron. Varios factores explican esta situación: por una parte, las tierras ofrecidas a menudos eran marginales, es decir, de difícil acceso y exigían una inversión elevada que los beneficiarios no podían cubrir con el monto de los subsidios utilizado casi enteramente en la compra de la tierra. Por otra parte, en esos casos como en otros, los mecanismos de titularización incompletos o retardados permitían difícilmente que los productores obtuvieran créditos a la producción en bancos privados. Efectivamente, una de las características de la reforma agraria asistida por el mercado reside en hipotecar la tierra para garantizar los préstamos obtenidos. Eso dio lugar a importantes manifestaciones especulativas. En América Central, y en Nicaragua en particular, ese factor aunado a la baja cíclica de los precios del café (principal producto de exportación del país) en 2000, condujo a una gigantesca reconcentración agraria en beneficio de la banca privada.

Un fenómeno similar se produjo en Honduras, donde numerosas cooperativas fueron compradas por empresas comerciales. Finalmente, en El Salvador, la titularización de tierras productivas despierta el apetito de consorcios que desean adquirirlas para destinarlas a actividades no agrícolas, en particular la construcción inmobiliaria o la implantación de complejos industriales. En esa medida, los objetivos de rentabilización de la producción aconsejados por los expertos no han tenido éxito, pues los campesinos privilegian en esas condiciones precarias los cultivos de autosubsistencia a los de exportación. Uno de los efectos colaterales que esta situación ha traído es una recrudescencia del éxodo rural, ya sea en dirección de las ciudades, de los Estados Unidos o de Costa Rica (en el caso de los nicaragüenses) o en dirección de la frontera agrícola, con los mismos efectos descritos precedentemente en el caso de Chiapas. Así pues, paradójicamente, una medida destinada a  asegurar la seguridad jurídica de la tierra, ha contribuido de hecho a aumentar fuertemente la movilidad rural y los conflictos por el acceso a la tierra.

Esto lleva a preguntarse si el objetivo real de la titularización en el marco de la reforma agraria asistida por el mercado era resolver de forma duradera el problema de la pobreza rural. El

 

108 Ver : Juan Borras, « La réforme agraire assistée par les marché » : les cas du Brésil, de l’Afrique du Sud et de la Colombie et leurs implications sur les Philippine en Alternatives sud, Question agraire et mondialisation, L’Harmattan, Paris, 2002.

109 Idem.

 

argumento que enfatizaba que, en un marco restrictivo e intervencionista, el mercado de la tierra se desarrollaba de manera informal y que por consiguiente convenía poner orden, se reveló ser una terrible trampa. El control de la tierra y, entonces, de la producción pasó de la tutela del Estado a la de las instituciones financieras y de los consorcios comerciales privados. Una vez mas, el ejemplo de Nicaragua es particularmente ilustrativo de esta situación: el proceso iniciado tras la derrota del Frente Sandinista en las elecciones de 1990 conjugó la devolución a los antiguos propietarios de las tierras confiscadas por la revolución, la distribución a los combatientes desmovilizados (de la Contra, del Ejército Popular Sandinista y de la Policía110); la privatización de las fincas estatales* (APP111) y de la redefinición del estatuto de las cooperativas de producción (CAS112). Presas de querellas jurídicas, muchas de estas últimas prefirieron ser desmanteladas. Contaban con evitar así que los antiguos propietarios recuperaran el conjunto de la tierra, apostando por el hecho que sería más difícil iniciar procesos contra cada uno de los beneficiarios. Por otra parte, en razón de la extrema lentitud y los obstáculos puestos a la entrega efectiva de títulos de propiedad, numerosos desmovilizados no pudieron conseguir créditos a la producción y al momento de la obtención del título no tuvieron otra opción que vender la tierra.

Esta situación es, por supuesto, especifica pero la misma tendencia es visible bajo formas un poco diferentes en la mayoría de los países del continente. A tal punto que se puede avanzar la hipótesis de una política concertada destinada a redefinir las estructuras agrarias y así, incluso el papel y el número de campesinos, para adaptarlos a un sistema de producción orientado hacia el exterior en proporciones, hasta ahora, nunca experimentadas. Así, de la misma manera que se pudo establecer una correlación entre revolución verde y reformas agrarias, conviene establecer un vínculo entre los grandes proyectos de desarrollo regionales actualmente aplicados en el continente— especialmente el Plan Puebla-Panamá (PPP), el IIRSA, el Corredor Biológico Mesoamericano (CBM), a los cuales se suman los programas de reducción de la pobreza promovidos con diversas siglas por los organismos internacionales y los tratados de libre comercio regionales o bilaterales— y los programas de titularización individual de tierras que florecen con diversas apelaciones (PROCEDE113, en México; Projeto Cédula da Terra, en Brasil, entre otros…).

Los objetivos del PROCEDE constituyen una embestida particularmente explícita en contra del sistema del Ejido (dotación agraria colectiva) que rige una gran parte del sistema de producción agraria en México. Constituye por tanto más un permiso para facilitar la venta de la tierra que una seguridad para los campesinos, incitados enérgicamente a adherir/adscribirse a él. Muchos refractarios han denunciado haber sido víctimas de presiones en forma de amenazas de verse retirar los créditos y subsidios o la exclusión de los programas de ayuda gubernamental a la comercialización. Tampoco es casualidad que un centro de estudios como el CESPEDES114, voz de la posición del sector privado mexicano, haya consagrado varios documentos a analizar el futuro del sector agrícola y evaluar, en el contexto del TLCAN y del Plan Puebla-Panamá, la factibilidad de reducir el número de agricultores mexicanos de 27 a 3 millones115. El razonamiento parte del principio que en una economía en la que 27% de la población solo produce el 5% del ingreso nacional simplemente no es viable y por tanto, destinada a desaparecer. La evolución es notable entre los postulados de otrora que apuntaban a la modernización de la producción mediante el mejoramiento de las infraestructuras productivas (aún selectiva) y los de hoy, que se cuestionan sobre un reordenamiento que exige la desaparición pura y dura de una fracción de la población.

 

110 Es decir un total que oscila entre los 80000 y los 120000 desmovilizados para una población de poco menos de 4 millones de habitantes en esa época (1990-1993).

111 Área Propiedad del Pueblo, que se transformó parcialmente en Área Propiedad de los Trabajadores (APT) tras los acuerdos de privatización a favor de los trabajadores de las antiguas fincas de Estado (a la altura del 25%, el resto

dividido en las mismas proporciones entre los antiguos propietarios, los desmovilizados y los inversores privados), según la modalidad de explotación con opción preferente de compra.

112 Cooperativas Agrícolas Sandinistas.

113     Programa    de      Certificación        de      Derechos    Ejidales       y  Titulación   de      Solares       Urbanos, http://www.pa.gob.mx/publica/pa070113.htm.

114 Consejo de Estudios del Sector Privado por el Desarrollo Sustentable

115 Gabriel Quadri de la Torre, El campo a largo plazo, Para El Economista, 2003.

 

Uno de los elementos más sintomáticos del Plan Puebla-Panamá en el asunto que nos ocupa reside en la concepción de polos de desarrollo, destinados a paliar la dispersión de la población rural, quien en la era de las privatizaciones ya no podrá razonablemente reclamar la extensión, hasta zonas remotas, de los servicios de base (electricidad, teléfono, centros médicos, escuelas pero también servicios bancarios, acceso a las redes de comunicación y comercialización). Según esta lógica, se debería incluso considerar la valorización de las regiones basándose en las ventajas comparativas ofrecidas por otras, con tal de controlar los medios de transporte del sitio de producción hasta los sitios y circuitos de comercialización116. Ya que efectivamente, los planes de desarrollo regional como el PPP (recientemente reactualizado, después de un aparente estancamiento desde 2004), constituyen por excelencia instrumentos de reordenamiento territorial a la escala del continente entero. El principio reside en la optimización de la producción tomando en cuenta tres factores: la intensificación de los cultivos (plantaciones, grandes propiedades), el precio de la mano de obra (como elemento de las ventajas comparativas de una región) y la localización geográfica en el seno de la cadena productiva (en particular el acceso a los circuitos de transporte). En ese caso, según ese esquema, el pequeño campesinado se hallaría entre dos opciones a largo plazo: sobrevivir encajonado entre las fincas de vocación agroexportadora que carcomen inexorablemente sus tierras, empujándolos a los linderos de las zonas, igualmente controladas por intereses privados, delimitadas para la explotación de la biodiversidad, o dedicarse a actividades conexas (turismo, servicios, actividad asalariada temporal).

 

¿O resistir?

Puede temerse que la importancia creciente del mercado de los agrocarburantes no contribuye a revertir el proceso de reconquista de las tierras campesinas para transformarlas en desiertos apenas buenos para alimentar la industria de las semillas y agroexportadora. Incluso si algunos analistas  del desarrollo rural, particularmente en México, estiman ilusoria y poco creíble, una reconversión energética basada en los agrocarburantes, las transformaciones que las acompañan tendrán, no obstante, efectos duraderos (y por ello, insostenibles) sobre las estructuras agrarias, especialmente las más frágiles.

Efectivamente, son cosas del pasado los sistemas de enclaves practicados en la primera mitad del siglo XX por las compañías agroexportadoras como la United Fruit Company que poseía en ese entonces desde la tierra, las vías del ferrocarril, las instalaciones portuarias necesarias para el transporte de los productos hasta las tiendas de rayas destinadas para los trabajadores agrícolas. A la hora en que la tierra se reduce a su valor especulativo, las inversiones privadas adquieren un carácter cada vez más volátil mas adaptado a una producción de tipo extractivo, para la cual las concesiones a término se calculan en función de la duración prevista hasta el agotamiento de los recursos. Es en esta óptica que debe comprenderse el papel de los Estados en la promoción de megaproyectos de desarrollo: facilitar a las empresas el acceso a los recursos a través de la construcción de infraestructuras financiadas con la ayuda de créditos, que ahora vienen a aumentar el peso de la deuda externa.

Esta estrategia condujo a países como Colombia, Argentina, Brasil, Ecuador o México a desarrollar políticas publicas de promoción de ese tipo de agronegocios mediante susidios, exenciones fiscales, prestamos contratados ante organismos nacionales e internacionales. Eso trae consigo la flexibilización o la erosión de los derechos colectivos sobre el territorio y la destrucción de la biodiversidad. Las « alianzas estratégicas » que se establecen por ese hecho entre talamontes, productores de palma, de arroz perennizan nuevas formas de relaciones de trabajo que violan las garantías y los derechos de los trabajadores y utilizan la violencia de Estado para asegurar el control del territorio, tal es el caso en Ecuador y en Colombia117.

 

 

116 Santiago Levy, Georgina Kessel y Enrique Dávila, El Sur también existe. Un ensayo sobre el desarrollo regional de México, http://www.economiamexicana.cide.edu/num_anteriores/XI-2/01_ENRIQUE_DAVILA.pdf. Este documento es considerado como el texto de referencia en la elaboración del PPP.

117 Reporte de la organización colombiana Justicia y Paz (julio de 2007).

 

Frente a esa amenaza, el papel de los movimientos campesinos es determinante para hacer presión hacia una reforma agraria realmente orientada hacia el interior, que permita a los productores participar efectivamente en la organización de la producción y contribuir a la consolidación de la soberanía alimentaría. La lucha por obtener los medios materiales (el acceso a la tierra) y financieros (el acceso a créditos a la producción y la protección de los precios agrícolas) para desarrollar sistemas de producción capaces de representar una alternativa a los mecanismos de dependencia generados por la elección de una agricultura orientada hacia el exterior sigue siendo un desafío importante para los campesinos, incluso en países que actualmente cuentan con gobiernos progresistas, o considerados como tales. Efectivamente, como lo muestran muchos ejemplos mencionados precedentemente, los Estados tienden a menudo a confundir la tarea de redistribución de bienes y servicios al conjunto de los ciudadanos, la que constituye su vocación social, con la del control de la tierra y de los medios de producción y por ello tienden a optar por la producción extensiva, según ellos la única capaz de generar los recursos destinados a un abastecimiento masivo. Hoy se ve claramente que esa es la opción escogida por el gobierno brasileño. En ese marco, la noción de campesinado se hace obsoleta y la reforma agraria, inútil. ¿La Venezuela de Hugo Chávez, cuya economía depende del petróleo -y que importa actualmente el 80% de sus alimentos- o la Bolivia de Evo Morales, con carácter mas netamente agrícola, sabrán responder al desafío de confiar la tierra y la gestión de sus recursos al conjunto de los que la hacen fructificar?

 

(Paris, 2008)

 

Para saber más sobre Reformas agrarias y movimientos campesinos en América Latina:

 

• E. Baumeister, Estructura y reforma agraria en Nicaragua (1979-1989), Ediciones Centro de Estudios para el desarrollo rural, Managua, 1998.

• L. Hernandez Navarro, “Venezuela: Paradojas de una reforma agraria”, Maiosare, N°388, Mayo 2005 (www.aporrea.org/actualidad/a14406.html).

• “Cumbre     de      Miami:        sólo   ventaja        para  USA”,        Revista  Envío,         noviembre  1995 (www.envio.org.ni/articulo/106).

• H.Roux, Contre réforme agraire au Nicaragua, instrument de la reconquête du pouvoir, Mémoire de DEA, Université Paris VIII, 2001.

• Miguel Alonzo Macias, La capital de la contrareforma agraria : El bajo Aguán de Honduras, Editorial Guaymuras, Tegucigalpa, 2001.

• Sinforiano Caceres, Lo agrario y los TLC –Caja de Pandora en el movimiento rural, Ediciones Anama, Managua, 2003.

• Luciano Concheiro Borquez, Maria Tarrio Garcia (coord.), Privatización en el mundo rural

– las historias de un desencuentro, UNAM Xochimilco, Mexico, 1998.

 

 

• Asociación para contribuir a mejorar la gobernanza de la Tierra, el Agua y los Recursos naturales: www.agter.asso.fr

• Foro Tierra territorio y dignidad: www.movimientos.org/cloc/fororeformagraria/masdocs.php?lang=Espanol

• Centro Latinoamericano de Ecología social (CLAES): www.ambiental.net/claes/

• Asociacion mexicnana de estudios rurales: www.amer.org.mx

• Foro Mundial por la reforma Agraria: www.fmra.org

• Ecoportal: www.ecoportal.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segunda parte

 

 

 

 

Izquierdas latino-americanas y movimientos sociales Un mosaico de experiencias

 

Venezuela y el proceso Bolivariano

 

Por Edgardo Lander y Pablo Navarrete

 

Edgardo Lander es sociólogo y profesor titular de la Universidad Central de Venezuela. Entre sus publicaciones tenemos: Neoliberalismo, sociedad civil y democracia. Ensayos sobre América Latina y Venezuela, 1995 y La colonialidad del saber: Eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas (compilador), 2000. Pablo Navarrete es investigador, periodista independiente especializado en América Latina y editor de http://redpepper.blogs.com.

 

Introducción

 

Durante las tres ultimas décadas, en América latina, como en la mayoría de países de bajos y mediano ingreso, el capitalismo neoliberal produjo una significativa desaceleración en la tasa de crecimiento económico y una reducción en el progreso de indicadores sociales (Weisbrot et al, 2005). Esto contribuyó a un extenso rechazo a las políticas neoliberales en muchos países de la región. De estos países, es en Venezuela, en donde primero se iniciaron erupciones sociales en contra del neoliberalismo, las cuales eventualmente llevaron a la elección del presidente Hugo Chávez en 1998. Al comienzo de su gobierno, Chávez habló de la necesidad de combatir el “neoliberalismo salvaje” y buscar un capitalismo humano; una “tercera vía venezolana”, como solución a la severa crisis socio-económica que enfrentaba el país. Sin embargo, en el momento que el gobierno anunció las primeras medidas que apuntaban en dirección a dicho cambio, se produjo una profunda reacción por parte de los sectores empresariales, la oposición política venezolana y sus aliados en el extranjero, especialmente el gobierno de los Estados Unidos. Las confrontaciones políticas de los años 2002 y 2003 tuvieron como una de sus consecuencias la radicalización del proceso Venezolano al punto que, a comienzos de 2005, Chávez plantea un rechazo frontal al capitalismo como modelo para Venezuela y habla de la necesidad de crear un socialismo para el siglo XXI.

Durante este periodo se puede identificar cuatro fases que han marcado coyunturas críticas en la gestión del gobierno hasta ahora. La primera se refiere al periodo comprendido entre la llegada de Chávez a la presidencia en febrero de 1999 y la aprobación en noviembre 2001 de las ‘Leyes Habilitantes’, las que contienen una serie de medidas que anuncian una transformación profunda de la economía venezolana y que producen la unión de intereses heterogéneos opuestos al proyecto bolivariano. Como consecuencia, empieza una segunda fase que dura hasta el primer trimestre de 2003 y que está caracterizada como una batalla por el control del Estado, durante la cual el sector mayoritario de la oposición utilizó una gama de políticas de carácter insurgente que culminaron con el golpe de Estado de abril de 2002 y el paro/sabotaje empresarial-petrolero de 2002-2003 y su posterior derrota por los sectores sociales afines al gobierno. Una tercera fase empieza en el primer semestre de 2003 con la implementación de las políticas sociales gubernamentales conocidas como las ‘Misiones’, y se caracteriza por un intento por parte del gobierno de crear los mecanismos para facilitar cambios estructurales en la economía venezolana. Tras la contundente victoria en las elecciones presidenciales realizadas el 3 de diciembre de 2006, Chávez es reelecto como presidente y empieza una cuarta fase, en donde Chávez asegura que se consolidara la etapa de la “Venezuela socialista.” A partir de esta fecha, la radicalización en el programa de Gobierno causa fisuras en su coalición, que junto con la incapacidad para hacer frente a la escasez de alimentos, la delincuencia y la corrupción, impacta sobre el nivel del apoyo del gobierno. Esto se refleja el 2 de diciembre del 2007, cuando una serie de controversiales cambios constitucionales propuestos por Chávez y la

 

Asamblea Nacional son derrotadas por un escaso margen en un referendo nacional.118 Chávez y gran parte de la oposición reconocieron los resultados y a partir de la derrota de la propuesta constitucional se abre una fase de reflexión dentro del chavismo que lleva a Chávez, a fines de diciembre de 2007, a llamar tanto a su gabinete, como a si mismo y al pueblo venezolano a cumplir con lo que denomina “las tres erres”: revisión, rectificación y reimpulso.

 

Durante el 2008 las tensiones internas y contradicciones en la estrategia del gobierno para la transformación de Venezuela de un estado rentista petrolero a una economía sostenible en un era post-petróleo se agudizan. No obstante, en elecciones regionales y municipales realizadas el 23 de noviembre de 2008, el PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela), constituido el 8 de marzo de 2008 tras un año largo proceso de formación, junto a sus aliados ganan 17 de 22 gobernaciones y mas de 80% de las alcaldías, con un total de alrededor de 5,6 millones votos.119 Esto se compara  con alrededor de 4,5 millones de votos para los partidos de oposición. Significativamente, la alianza opositora gana la Alcaldía Mayor de Caracas, el municipio de Sucre en Caracas, de población mayoritariamente popular, y Zulia, Miranda y Carabobo, los tres estados más poblados del país. A una semana de estas últimas elecciones Chávez propone una enmienda del Artículo 230 de la Constitución para permitir la reelección presidencial indefinida. Esta enmienda ya había formado parte de la propuesta constitucional derrotada en el referendo de 2007 pero, de acuerdo con articulo 340 de la constitución, el articulo se podía someter a referendo publico nuevamente, tras su pedido por no menos de 15% de votantes registrados o por ser aprobado por la Asamblea Nacional, tal como se ha decidido hacerlo. Se plantea que el referendo sobre esta enmienda se realizará en febrero o marzo de 2009. Así se abre un nuevo panorama de confrontación electoral entre el gobierno y una oposición revigorizada. Este artículo plantea explorar tres temas que han sido prominentes en el proceso venezolano hasta ahora: la insistencia en la democracia participativa sobre la democracia representativa; la economía social y el desarrollo endógeno; y la integración latinoamericana y multipolaridad. Para concluir, se hará unas observaciones sobre la viabilidad del proceso venezolano como proyecto contra hegemónico y de construcción de una democracia radical.120

 

Democracia representativa y democracia participativa

 

El eje principal del planteamiento político del chavismo es la idea de la democracia participativa. Se reivindica la noción de otra democracia, diferente a la democracia liberal, que considera agotada. De acuerdo con Chávez, no se trata sólo de la crisis del régimen bipartidista o de las formas específicas que adquirió la democracia en Venezuela: “Lo que ellos llaman sistema democrático en estos últimos años, no se diferencia en lo sustancial, de lo que llaman, por ejemplo, la dictadura de Marcos Pérez Jiménez […] Creo que en el fondo es esencialmente el mismo esquema de dominación con otra cara bien sea un general Gómez o un doctor Rafael Caldera. Pero detrás de esa figura, ese caudillo, con gorra o sin gorra […] está el mismo esquema dominante en lo económico, en lo político, la misma negación de los derechos humanos, del derecho de los pueblos para protagonizar su destino. (Blanco Muñoz, 1998, 120)”. “… en cuanto al concepto de esta democracia liberal, creo que pasó su tiempo y es un fenómeno que se presenta en unos países con unos picos

 

118 El 50.9% de los electores votaron en contra de las reformas (No), 49.1% votaron a favor (Si), con una abstención del 44.4%.118 El hecho que un sector importante del Chavismo se abstuvo de votar a favor de la reforma, y no que la oposición haya incrementado significativamente su apoyo, fue la principal causa de la primera derrota electoral de Chávez desde que gano las elecciones presidenciales en 1998. Ver Lander (2007a) para un análisis sobre la propuesta constitucional; Ver Biardeau (2007) para un análisis de porque “ganó la absention”.

119 Ver Lander (2007b) y (2007c) para una discussion sobre el PSUV.

120 Por razones de espacio no es posible una discusión sobre la desintegración del Puntofijismo, el pacto de

gobernabilidad creado entre los dos principales partidos políticos del país –Acción Democrática (socialdemócrata) y COPEI (demócrata cristiano)- a partir del derrocamiento de la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez en 1958. Ver Lander (2008) y Lander y Navarrete (2007) para una discusión sobre el Puntofijismo y la izquierda y un resumen de los principales aspectos del sistema político venezolano desde 1958 hasta el triunfo electoral de Chávez.

 

más altos que otros. Creo que es el fin también, de un paradigma, la democracia liberal y su época (Blanco Muñoz, 1998, 121)”. La propuesta más consistentemente reiterada por el chavismo, antes y durante el proceso electoral presidencial de 1998, fue la necesidad de convocar un proceso constituyente para “refundar al país”, reemplazar la Cuarta República por la Quinta República y sustituir el modelo de democracia liberal representativa por un modelo político de democracia participativa que tuviera al pueblo como protagonista. El primer acto de gobierno de Chávez como presidente de la República, en febrero de 1999, fue el decreto mediante el cual se convoca a un referendo consultivo en torno a si debe o no convocarse una Asamblea Nacional Constituyente. A pesar de la firme oposición de la vieja clase política, la Corte Suprema de Justicia avala la constitucionalidad de dicha consulta y ésta se realiza en abril del mismo año. Chávez logra el respaldo del 87,8% de los votos válidos, pero con un 62,4% de abstención. Obtiene igualmente un elevado porcentaje de apoyo para sus candidatos en las elecciones que seleccionaron los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente, y logra en ésta una abrumadora mayoría. Esto le da al gobierno la posibilidad de diseñar un modelo constitucional sin necesidad de mayores negociaciones con la oposición. En el “Preámbulo” del texto se afirma que se decreta dicha Constitución: “… con el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia, federal y descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para ésta y las futuras generaciones; asegure el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna; promueva la cooperación pacífica entre las naciones e impulse y consolide la integración latinoamericana de acuerdo con el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos, la garantía universal e indivisible de los derechos humanos, la democratización de la sociedad internacional, el desarme nuclear, el equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad (MCT, 2007).”

 

A pesar de la crítica radical a la democracia liberal y representativa y de la insistencia en la necesidad de su sustitución por una democracia participativa y protagónica, y del relieve que tuvo este tema en el debate constituyente, el nuevo modelo político no reemplaza a la democracia representativa, sino que la complementa con diversas modalidades de participación. Los mecanismos de elección y atribuciones de la mayor parte de los cargos públicos preservan el carácter representativo. Se conserva igualmente la separación de poderes de la tradición democrática liberal, pero se agregan a los tres tradicionales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) dos nuevos poderes: el Poder Ciudadano (constituido por el defensor o defensora del pueblo, el fiscal o la fiscal general, y el contralor o la contraloría general de la República) y el Poder Electoral. Se refuerza el poder del presidente en asuntos críticos, como los ascensos militares; se aumenta el período presidencial a seis años, y se introduce la reelección inmediata. Son importantes y diversos los mecanismos de participación incluidos en el nuevo texto constitucional. De acuerdo con el artículo 62: “Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas. La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica (ibid).”

 

La amplia gama de modalidades de la participación y el protagonismo tanto político como económico están establecidos en el artículo 70: “Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo político: la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocación del mandato, las iniciativas legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculante, entre otros; y en lo social y económico: las instancias de atención ciudadana,

 

la autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas sus formas incluyendo las de carácter financiero, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y demás formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y la solidaridad (ibid).” Se establecen referendos populares de carácter consultivo en todos los ámbitos de la organización política, desde la parroquia hasta el territorio nacional (artículo 71). Todos los cargos de elección popular están sujetos a revocatoria de mandato (artículo 72). Podrán ser igualmente sometidos a referendo proyectos de ley en discusión por la Asamblea Nacional y tratados y convenios internacionales (artículo 73). Por vía de un referendo popular podrán igualmente ser abrogadas total o parcialmente leyes nacionales o decretos presidenciales con fuerza de ley (artículo 74). Las comunidades organizadas forman parte de los Consejos Locales de Planificación Pública en el ámbito municipal (artículo 182), de los Consejos de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas en cada uno de los estados (artículo 166) y del Consejo Federal de Gobierno, en la esfera nacional (artículo 185). De acuerdo con el artículo 118,  el Estado reconoce el derecho de trabajadores y trabajadoras y a las comunidades a desarrollar asociaciones de carácter social y participativo como las cooperativas: “El Estado promoverá y protegerá estas asociaciones destinadas a mejorar la economía popular y alternativa”. Los derechos políticos, culturales, lingüísticos, económicos y territoriales de los pueblos indígenas están ampliamente protegidos (artículos 9 y 119-125). A partir del principio de la progresividad, los derechos humanos son caracterizados como irrenunciables, indivisibles e interdependientes (artículo 19). Hay un amplio reconocimiento tanto de los derechos civiles y políticos como de los derechos económicos, sociales y culturales. El Estado debe garantizar el acceso gratuito a la educación, la salud y la seguridad social.

 

Desde el punto de vista de las metas de la democracia participativa y el control de la gestión pública, una norma legal importante que se aprueba es la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública de 2002. Esta ley regula la participación del pueblo en la formulación, ejecución y control de la gestión pública, pues fue concebida como parte de un sistema nacional de planificación participativa que integra los ámbitos nacional, estatal, municipal, parroquial y comunal. A diferencia de otras experiencias de participación local en América Latina, como el presupuesto participativo en Porto Alegre, en las cuales las normas legales fueron sistematizando la experiencia acumulada, en el caso venezolano estas normas –de obligatorio cumplimiento para todos los municipios del país anteceden a la experiencia, porque son expresión de mandatos constitucionales y de la voluntad política de impulsarlos. Su puesta en práctica ha sido muy desigual con experiencias propiamente exitosas sólo en algunos municipios del país. Las Mesas Técnicas de Agua y los Consejos Comunitarios de Agua son quizá las experiencias más ricas y sistemáticas de un modelo de gestión pública participativa. Estos son instrumentos organizativos mediante los cuales las empresas hidrológicas (públicas) del país, por vía de sus gestiones comunitarias, estimulan los procesos organizativos en las comunidades, con el fin de convertirlas en empresas plenamente públicas, esto es, controladas y supervisadas por sus dueños, las comunidades a las cuales sirven. Por razones de espacio no es posible una discusión más detallada sobre las más recientes iniciativas relacionada a la democracia participativa, tal como las misiones121 y la creación de los consejos comunales.122

 

La economía social y el desarrollo endógeno

 

La expresión económica de la democracia participativa en el proceso bolivariano ha tomado su forma más coherente en lo que se ha denominado la economía social y desarrollo endógeno. Tras la derrota del paro petrolero a comienzos del 2003 y la recuperación del control político de PDVSA,

 

121 Las misiones son una gama de programas extraordinarios que se inician en el 2003 y que, haciendo un by-pass parcial de la burocracia estatal, busca responder a cada uno de los principales problemas sociales que, luego de haberse identificados como críticos, requieren respuestas urgentes. Ver ILDIS (2006) para una evaluación compresiva de algunas de las principales misiones gubernamentales.

122 Ver López-Maya (2007) para una perspectiva critica de la ley de consejos comunales.

 

el gobierno tomó la decisión de acelerar los cambios económicos y sociales. Como medida no sólo de corto plazo (la influencia política inmediata de la generación de empleo), sino como opción que se asume de modo estratégico, se impulsa un modelo de desarrollo que se define como endógeno123 y basado en la prioridad de la “economía social”.124 Tras el rechazo publico del capitalismo y la declaración de Chávez en favor de un “socialismo del siglo XXI” para Venezuela, a comienzos de 2005 empieza un periodo en donde se aceleran las iniciativas referentes a la economía social y el desarrollo endógeno. Estas iniciativas se construyen sobre la base de una serie de medidas existentes en este sector. En marzo de 2004 se había creado la Misión Vuelvan Caras con el fin de combatir la pobreza y generar empleo permanente mediante la capacitación para el trabajo,125 la formación sociocultural126 y la creación de Núcleos de Desarrollo Endógeno (NUDE)127 en - turismo, agricultura, infraestructura, servicios e industria. Pero más que un simple programa de empleo la Misión Vuelvan Caras se plantea ser: “el instrumento de vanguardia para la transformación social y económica y la lucha contra la pobreza. Se orienta a promover la transición hacia el nuevo modelo de desarrollo endógeno, sustentable y solidario, a partir de la transformación cultural de las relaciones sociales y de producción y por medio de la capacitación para el trabajo y la promoción de la asociación en cooperativas de los sectores pobres y excluidos, y su plena inclusión en los procesos socio-productivos locales (MINEP, 2006).”

 

En septiembre de 2004 se había creado el Ministerio para la Economía Popular (MINEP) para coordinar la transición de un modelo económico capitalista “a una economía social y sostenible” (MINEP, 2006)128. En particular, el MINEP tiene como responsabilidad institucionalizar la Misión Vuelvan Caras y coordinar el trabajo de las existentes y nuevas instituciones micro-financieras.129 Además, el MINEP se encarga de coordinar y crear políticas que promuevan las microempresas, cooperativas, y otras formas de unidades productivas sostenibles que contribuyan al bien colectivo y que dignifiquen el trabajo productivo; y de proporcionar asistencia técnica, infraestructura, y créditos para las cooperativas y las microempresas. Estas medidas han contribuido a un crecimiento en el número de cooperativas registradas en el país, proceso que viene cobrando fuerza desde el 2003. En 1998 había 877 cooperativas registradas en la Superintendencia Nacional de Cooperativas (SUNACOOP). En el 2001 este número subió a 1.154 y en el 2002 a 2.280. Para septiembre de 2006 habían 158.917 cooperativas registradas en el país. No obstante el significativo aumento oficial del número de cooperativas en el país muchas de estas cooperativas no han tenido continuidad y ha habido una alta tasa de mortalidad. Respecto a las relaciones de producción dentro de estas formas productivas asociativas y su relación con el sector Estatal y privado, el gobierno ha

 

 

123 Los lineamientos principales de ésta, con raíces en el desarrollismo cepalino, caracterizada como proyecto de “desarrollo endógeno”, están contenidas en MPC, s. f.

 

124 De acuerdo con el equipo que trabajo esta propuesta en el Ministerio de Planificación y Desarrollo, la “economía social” “es una economía alternativa”, donde “priman las prácticas democráticas y autogestionarias” (MPD, 2004). Para una discusión más amplia del sentido de la economía social dentro del proyecto de cambio en Venezuela, véase Vila Planes (2003).

 

125 Los lanceros (el nombre dado a participantes en el programa), en su gran mayoría graduados recientes de las misiones educativas, reciben una beca gubernamental y entrenamiento en una variedad de oficios en el área de la producción y de los servicios, con un énfasis en el trabajo dentro de cooperativas.

126 Elementos esenciales del aspecto ideológico del programa incluyen: atacar la división entre los que piensan y los que hacen, rechazar el trabajo asalariado como tal y promover la propiedad colectiva.

127 Los NUDE son “áreas o localidades con potencial de desarrollo endógeno de acuerdo a sus propias características

históricas y culturales” y para conformarlas “se convoca a los habitantes de las localidades cercanas a la formación técnico-productiva y sociopolítica, orientadas al posterior desarrollo de una actividad cogestionaria o autogestionaria en el objetivo de desarrollo” (MINEP, 2005, 30-31).

128 Con la creación del MINEP se reemplazo el Ministerio de Economía Social, que fue creado en el 2002. En el 2007 el MINEP pasó a llamarse el Ministerio para la Economía Comunal (MINEC).

129 La mayoría de estas nuevas instituciones financieras, como Banmujer y el Fondo de Desarrollo Microfinanciero

(Fondemi), fueron creadas en el 2001 como resultado de las Leyes Habilitantes de 2001.

 

promovido el concepto de cogestión. Esta práctica, que también ha sido una de las demandas de la nueva federación sindical creada en abril 2003, la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), se ha impulsado en varias empresas del Estado, tales como las de distribución de electricidad CADAFE y CADELA y la empresa de producción de aluminio ALCASA. La cogestión también se ha implementado en algunas pocas empresas expropiadas por el gobierno después de haber sido abandonadas por sus dueños. Estas empresas han sido relanzadas con el 51% de la empresa propiedad del Estado y el 49% en manos de cooperativas de trabajadores. En coordinación con la UNT, en el 2006 el gobierno estaba evaluando otras 700 instalaciones de producción que no estaban activas y que también podrían ser expropiadas y entregadas a sus ex-trabajadores para hacerlas funcionar (Wilpert, 2006). El gobierno ha promovido otra modalidad de cogestión en el sector privado industrial de la economía mediante la concesión de créditos subsidiados y otros incentivos bajo el programa Fabrica Adentro. Fabrica Adentro se creo en mayo de 2005 y hasta diciembre 2006 se habían sumado 856 empresas al Acuerdo Marco de Corresponsabilidad para la Transformación Industrial, el cual forma parte de Fabrica Adentro. Para asegurar que las empresas cooperativas, cogestionadas y gestionadas por el Estado fueran guiadas por una nueva serie de principios, en julio del 2005 el Presidente Chávez propuso la creación de un nuevo tipo de unidad económica de producción conocida con el nombre de Empresa de Producción Social (EPS).130 En noviembre de 2005, Chávez definió las EPS de la siguiente manera: “aquellas entidades económicas dedicadas a la producción de bienes o servicios, en las cuales el trabajo tiene significado propio, no alienado, auténtico; en las cuales no existe discriminación social en el trabajo y de ningún tipo de trabajo, no existen privilegios en el trabajo asociados a la posición jerárquica. Aquellas entidades económicas con igualdad sustantiva entre sus integrantes, basada en una planificación participativa y protagónica, y bajo régimen de propiedad estatal, propiedad colectiva o la combinación de ambas (MINCI, 2005).131”

 

En suma, en lo referente a la economía social, el gobierno ha profundizado en sus intentos de expandir formas asociativas de propiedad y control, como por ejemplo las cooperativas y la cogestión. Estas formas productivas asociativas se han impulsado a través de diversas modalidades de micro y pequeños créditos otorgados por entes financieros del Estado. A la vez se le ha dado un extraordinario impulso a las compras y a la contratación de servicios y obras de todo el sector público para generar capacidad productiva. Estas iniciativas que se enmarcan dentro del la búsqueda del desarrollo endógeno y a partir del 2005 del ‘socialismo del siglo XXI’ han venido cada vez más a definir las nuevas estrategias y el carácter socialista del proceso bolivariano.

Integración latinoamericana y multipolaridad

 

La ofensiva gubernamental tras el fracaso del paro petrolero también tuvo implicaciones para el carácter de la inserción internacional de Venezuela, tanto en el contexto regional como en el internacional. Aunque desde el comienzo de su gestión el gobierno habló de la multipolaridad y de su deseo de promover los procesos de integración latinoamericanos y del Caribe, fue sólo con la recuperación del control político del Estado sobre PDVSA cuando se vieron logros substanciales en este ámbito. Cuando Chávez llegó a la Presidencia, en 1999, se encontraba profundamente aislado en un contexto latinoamericano donde casi todos los gobiernos podían ser caracterizados como neoliberales y sumisos a las políticas del gobierno de Estados Unidos. Si ese contexto hubiera permanecido inalterable, habrían sido pocas las posibilidades de éxito de este experimento de

 

 

130 La concepción de las EPS esta en gran medida influenciada por el libro Mas allá de Capital del filosofo húngaro István Mészáros (Lebowitz, 2006),

131 Para ser calificadas de EPS y obtener trato preferencial para obtener créditos de bajo interés y contratos estatales, las

empresas deben cumplir una serie de requisitos tales como “privilegiar los valores de la solidaridad, cooperación, complementariedad, reciprocidad, equidad y sustentabilidad, antes que el valor de la rentabilidad” (Wilpert, 2006). La propuesta de las EPS esta expuesta en forma mas sistemática en el libro Empresas de Producción Social: Instrumento para el socialismo del siglo XXI (El Troudi y Mondero, 2006).

 

cambio. Sin embargo, mucho ha acontecido en el continente y en el mundo desde las luchas contra la OMC en Seattle en 1999.132 Sin duda el principal factor que ha condicionado el comportamiento del gobierno venezolano en el ámbito internacional es su relación con el gobierno de los Estados Unidos, especialmente tras la elección de Bush en el 2000.133 La mayor autonomía asumida por el gobierno de Chávez, primero en la política petrolera (en la recuperación de precios, en la recuperación de la OPEP etc.), en las relaciones con los otros países miembros de la OPEP, (algunos de los cuales son calificados por los Estados Unidos como parte del eje del mal), fueron motivo de confrontaciones iniciales.134 Posteriormente ocupó un lugar central la ingerencia directa del gobierno de Estados Unidos en los intentos de desestabilización del gobierno venezolano, su apoyo al golpe de Estado de abril del 2002, el financiamiento de la oposición, así como la repetición de los mecanismos utilizados primero en Nicaragua y posteriormente en las llamadas revoluciones anaranjadas, que fomentaron los Estados Unidos en Europa del Este.135

 

La primera victoria significativa de Venezuela en contra de los planes del gobierno Norteamericano para América ocurre en abril 2003 y es en torno a las negociaciones del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).136 En la reunión del Comité de Negociaciones Comerciales del ALCA realizada en abril 2003 en Puebla el gobierno venezolano hace una crítica frontal al ALCA y esto fortalece las ya consolidadas redes de movimientos sociales dentro de la región opuestas al ALCA.137 Se desarrolla la propuesta del ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas), como opción de integración de los pueblos enfrentada a la lógica del ALCA y de los tratados de libre comercio. En diciembre del 2004 Cuba y Venezuela firman una declaración (que contiene 12 principios orientadores) y el primer convenio dentro del marco del ALBA. En abril del 2006 el

 

132 El avance y el fortalecimiento de los movimientos de resistencia a la globalización neoliberal han tenido claras expresiones en los Foros Mundiales realizados desde su inicio en Porto Alegre en 2001 hasta los realizados en Bamako, Karachi y Caracas en el 2006. Los movimientos de oposición a las políticas de ajuste estructural, y en particular a las privatizaciones, han cosechado importes éxitos en el continente, como es el caso de la Guerra del Agua en Cochabamba en el 2000. Igualmente importante, desde el punto de vista del contexto geopolítico continental en el cual opera el gobierno venezolano, han sido las victorias electorales de candidatos y partidos considerados como “progresistas” o de izquierda en buena parte de América del Sur en los últimos años.

133 Los gobiernos de AD y COPEI, desde el principio de la democracia de Punto Fijo, habían sido gobiernos muy incondicionales de los Estados Unidos.

134 Siendo Venezuela un país petrolero en el que las exportaciones petroleras representan aproximadamente el 80% del

valor de las exportaciones y cerca de la mitad del ingreso fiscal, la política petrolera es el punto de partida necesario para toda evaluación de la política económica del país. Esta dependencia se ha incrementado durante el gobierno de Chávez, en el año 2008 el petróleo representó 94% del valor total de las exportaciones del país. Para una discusión detallada de estas reorientaciones de la política petrolera venezolana, ver los textos incluidos en “La reforma petrolera en Venezuela” (Tema central)(Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, 2002; y Mommer, 2003.

135 Por falta de espacio no es posible tratar los sucesos de los días referentes al golpe de estado de abril 2002 con más detalle. Para mas información respecto los sucesos, especialmente el rol de de los medios privados de comunicación ver

el documental Irlandés The Revolution Will Not Be Televised (Bartley y O’Briain, 2003). Respecto el papel de los Estados Unidos en apoyar al golpe ver Golinger, 2005; 2006.

136 Durante los primeros años del gobierno de Chávez, como en muchas áreas, no hubo una visión clara de lo que

ocurría en las negociaciones del ALCA, la Organización Mundial de Comercio (OMC), o los tratados de libre comercio en general. Es a partir de la III Cumbre de las Américas realizada en Québec en abril 2001, cuando el gobierno venezolano reserva su posición sobre la definición de la democracia como exclusivamente “democracia representativa” y sobre el cronograma de la negociaciones, que Venezuela empieza un cuestionamiento sistemático del ALCA como un proyecto que favorece a las TNCs de Estados Unidos en detrimento del desarrollo de los países latinoamericanos y de las condiciones de vida de la mayor parte de la población de todo el continente.

137 En la quinta reunión ministerial de la OMC realizada en Septiembre 2003 en Cancún el documento de posición del gobierno venezolano que se circula antes de la reunión se destacan los siguientes puntos. Primero, la prioridad acordada

al combate a la pobreza y exclusión social. Segundo, se critica el sesgo ideológico en favor del mercado sobre la acción estatal. Se promueve un proceso de negociaciones participativo y se da prioridad a los derechos humanos sobre los del comercio. Por ultimo se defiende la obligación del Estado para proveer servicios estratégicos (Embajada de Venezuela en Estados Unidos, 2003). Lo importante de este documento, que de su tono podría haber fácilmente haber sido escrito por grupos del llamado “movimiento antiglobalizador”, es que critica las bases teóricas en cual se basan las reglas del juego en el comercio internacional. Después de la reunión de Cancún la posición de otros gobiernos Latinoamericanos respecto el ALCA se pone más critica.

 

gobierno boliviano de Evo Morales se une al acuerdo y tras su victoria electoral en Nicaragua Daniel Ortega anuncia la incorporación de Nicaragua al ALBA en enero 2007.138 Uno de los 12 principios orientadores de ALBA, el proyecto comunicacional Televisora del Sur (TELESUR) es creada en julio 2005 por los gobiernos de Argentina, Cuba, Uruguay y Venezuela.139 TELESUR busca responder a un asunto crítico: el monopolio casi total de los medios de comunicación corporativos norteamericanos como fuente de información en el continente. Tras la IV Cumbre de las Américas realizada en Mar del Plata en noviembre de 2005 el ALCA muere definitivamente. En abril de 2006 el gobierno decide retirarse de la Comunidad Andina (CAN)140 citando la decisión de los gobiernos de Colombia y Perú de negociar acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos. En mayo de 2006 Venezuela se retira del Grupo de Tres (G-3), una asociación comercial formada hacía 11 años con Colombia y México. Como alternativa a la integración latinoamericana Venezuela apuesta hacia MERCOSUR y en junio del 2006 es admitida como miembro de pleno derecho, junto a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.141 Además, durante este periodo  Venezuela firma una multiplicidad de acuerdos políticos, económicos y energéticos como los con los países de CARICOM (Petrocaribe), con países sudamericanos, y con otros países (Ej. China, Rusia etc.). Pese al continuado deterioro en las relaciones políticas entre Venezuela y Estados Unidos y los intentos por parte de Venezuela de contrarrestar y de formular alternativas a las iniciativas de libre comercio para América impulsadas desde Washington, el balance comercial entre ambos países parecería más robusto que nunca. De acuerdo a cifras de la Cámara Venezolano- Americana de Comercio e Industria (Venamcham) en el 2005 el comercio total entre Venezuela y Estados Unidos fue de US$40.373 millones, un aumento de 146,4% desde 1998. Sin embargo, el Banco Central de Venezuela estima que éste, que tradicionalmente ha representado la mitad del comercio total de Venezuela con el resto del mundo, será de 48,2% en el 2006. Con la consolidación de los acuerdos comerciales entre Venezuela y los países ya indicados lo más probable es que esta proporción tienda a caer.

 

Balance General

 

Después de 10 años de gobierno bolivariano está claro que Venezuela ha pasado por un proceso de cambios políticos y sociales profundos. Durante este tiempo ha habido avances importantes materiales para la gran mayoría de venezolanos, por ejemplo en el ámbito de la educación y la salud.142Arriba hemos explorado tres áreas de la política gubernamental donde se han manifestado estas transformaciones. Pero los cambios más importantes ocurridos en Venezuela en los últimos años son los cambios de la cultura política de los sectores populares del país, de la mayoría del país. Venezuela, como toda América Latina venía de una historia de exclusión, propiamente colonial y racializada de la mayoría de la población pobre del país. Ante todo, Chávez ha logrado darle voz y sentido de rumbo a un extendido malestar popular. Los arraigados niveles de apatía, los sentidos de exclusión, se han transformado en poco tiempo en sentidos de pertenencia, sentidos de ser. La palabra ‘protagónico’ en la Venezuela de estos años no ha sido simplemente un discurso político vacío, sino que efectivamente expresa un sentimiento de los sectores populares de tener, de alguna manera, un control creciente sobre su propio destino. Esto ha sido señalado como una transformación sólo en el imaginario, como si eso fuese poca cosa. En realidad esa transformación en los imaginarios colectivos es casi una precondición para seguir adelante en estos procesos de democratización, de participación y de organización de los sectores más excluidos de la sociedad. A partir de la victoria de Chávez en la elecciones presidenciales de diciembre 2006 ha habido una

 

138 Los gobiernos de Rafael Correa (Ecuador) y René Preval (Haiti) estan examinando la posibilidad de unirse al ALBA.

139 El gobierno venezolano es el accionario mayoritario en TELESUR proporcionando el 51% del financiamiento.

140 En ese momento la CAN estaba compuesto por Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú, y Venezuela.

141 Dado la demora en ratificar la admisión de Venezuela a Mercosur en los parlamentos de Paraguay y Brasil, en Julio

de 2007 Chávez advirtió que Venezuela se retiraría de Mercosur al no ratificarse su entrada. A comienzos de septiembre 2007 Chávez anuncia que existe la posibilidad que Venezuela se reintegre al CAN.

142 Ver Lander y Navarrete, 2007 y Weisbrot y Sandoval, 2007 para una discusión más profunda sobre los avances socio-económicos bajo el gobierno de Chávez.

 

clara radicalización del proceso venezolano que ha resultado controversial, tanto dentro de la oposición domestica y extranjera como en algunos partidos, organizaciones sociales e individuos simpatizantes del proceso. Esta nueva fase ya ha indicado que la profundización en el discurso y las políticas del gobierno respecto a la caracterización del socialismo venezolano ira acompañado por múltiples fuentes de tensiones, la mas significativa quizás, la tensión entre la democracia y el autoritarismo.143 Si bien es cierto que la oposición venezolana todavía no tiene resuelto cuál de  estas caracterizará sus intentos de reemplazar a Chávez, más significativamente, el debate dentro  del Chavismo sobre si la construcción de una democracia radical será o no en base a estructuras y procesos radicalmente democráticos no se ha resuelto en forma definitiva.144 Mas, algunas de las recientes iniciativas gubernamentales anunciadas por Chávez, como los procedimientos mediante los cuales se ha decidido la conformación del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), parecerían apuntar en una dirección centralista con connotaciones autoritaria, la cual pone en riesgo las potencialidades democratizadoras de la sociedad estimuladas por el proceso venezolano hasta ahora. Toda posibilidad de formular como proyecto de futuro la construcción de una sociedad democrática alternativa al orden capitalista concebida como el Socialismo del Siglo XXI tiene que iniciarse, necesariamente, con un debate profundo sobre la experiencia histórica del socialismo del Siglo XX, especialmente del socialismo que realmente existió en lo que fue su expresión hegemónica, el socialismo soviético. Si se plantea la idea del socialismo del siglo XXI como una experiencia histórica nueva, radicalmente democrática, que incorpore y celebre la diversidad de la experiencia cultural humana y tenga capacidad de armonía con el conjunto de las formas de vida existentes en el planeta, se requiere una crítica profunda de esa experiencia histórica. Sin un diagnóstico crudo de las razones por las cuales el modelo de partido-Estado soviético condujo al establecimiento del orden autoritario que tuvo su máxima expresión en el estalinismo, se carece de herramientas que eviten la amenaza de su repetición. Sin un cuestionamiento radical de la filosofía de la historia eurocéntrica que predominó en el socialismo-marxismo de los siglos XIX y XX, no es posible incorporar una de las conquistas más formidables de las luchas de los pueblos de todo el planeta en las últimas décadas, la reivindicación de la inmensa pluralidad de la experiencia histórico cultural humana y el derecho de los pueblos a la preservación de sus identidades, sus modos de pensar, de conocer, de sentir, de vivir. Sin una crítica a los supuestos básicos del modelo científico- tecnológico de la sociedad industrial occidental, aún los proyectos de cambio que se presenten  como más radicalmente anti-capitalistas no podrán -como ya lo han hecho en el pasado- sino acentuar los patrones autoritarios y destructivos de esta sociedad.

 

En Venezuela, hasta el momento, el debate público en torno al Socialismo del Siglo XXI no ha siquiera comenzado a abordar sistemáticamente estos asuntos. De no abrirse y profundizarse este debate, se corre el riesgo de que la idea del socialismo del siglo XXI se convierta en una consigna hueca, o que se confunda la capacidad de enunciar un nombre, “El Socialismo del siglo XXI”, con el saber en realidad de qué es lo que se habla. Es este caso, el enunciado lejos de contribuir a aclarar ideas, sólo puede contribuir a ocultar la ausencia de reflexión colectiva y construir una falsa noción de consenso -el consenso del no debate- sobre un asunto tan crítico para el futuro del país. Ahora, es importante reconocer que los principales logros del proceso venezolano se han realizados en un contexto donde la oposición nacional al gobierno ha sistemáticamente utilizado políticas de carácter insurgente - como el golpe de Estado de abril de 2002 – en sus intentos de terminar con el gobierno de Chávez. Y por supuesto los intentos de algunos gobiernos extranjeros, principalmente el de los Estados Unidos, de desprestigiar internacionalmente y apoyar a los sectores opositores nacionales ha contribuido a que el proceso venezolano desarrolle un carácter tan polémico y confrontacional. Sin embargo, las raíces de la controversia del proceso venezolano se encuentran en el hecho de que el actual proceso político venezolano es parte de la lucha continental y mundial en contra de la dinámica destructora de la globalización neoliberal militarizada. Su profundización, e incluso su

 

143 Otra tensión importante reside en el modelo económico y el hecho que la continua dependencia de la economia en el petróleo no permite construir a mediano plazo un modelo sustentable y ecológico.

144 Por ejemplo, ver Biardeau (2007) y Lander (2007c).

 

sobrevivencia, se juegan en el interior de este enfrentamiento global. Por eso, el curso que tomen  los procesos de integración latinoamericanos, no sólo económica, sino política y cultural, será en este sentido decisivo. Se trata de un proceso abierto que está generando muchas expectativas. En la resolución de las tensiones dentro del chavismo, tanto en como proceden los procesos en favor y en contra del proceso venezolano es que se definirá la sobrevivencia del proceso venezolano y su viabilidad como proyecto contra hegemónico y de construcción de una democracia radical.

 

(Caracas/Gran Bretaña, 2009)

 

Para saber más sobre el proceso bolivariano en Venezuela:

 

• Kim Bartley y Donnacha O’Briain, The Revolution Will Not Be Televised, Power Pictures, Dublin, Ireland, 2003.

• Javier Biardeau,    ¿Por  qué    ganó  la       abstención?, 2007, http://www.aporrea.org/ideologia/a46047.html.

• Agustín Blanco Muñoz, Habla el comandante Hugo Chávez Frías, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1998.

• Haiman El Troudi y Juan Carlos Monedero, Empresas de Producción Social: Instrumento para el socialismo del siglo XXI, Caracas, Centro Internacional Miranda, 2006.

• Embajada de Venezuela en Estados Unidos, Posición de Venezuela ante la Organización Mundial de Comercio, 2003, www.embavenez-us.org/news.spanish/venezuela_OMC.htm.

• Eva Golinger, Bush vs Chávez: La guerra de Washington contra Venezuela, Monte Ávila Editores, Caracas, 2006.

• Eva Golinger, El Codigo Chávez, Monte Ávila Editores, Caracas, 2005.

• Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales, Las Misiones Sociales en Venezuela: Una aproximación a su comprensión y análisis, Caracas, Venezuela, 2006.

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• Edgardo Lander (b), El Tribunal Disciplinario del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y la construcción de la democracia, 8 de septiembre, 2007, www.rebelion.org/noticia.php?id=56117.

• Edgardo Lander (c), Creación del partido único, ¿aborto del debate sobre el Socialismo del Siglo XXI?, 25 de diciembre, 2007, www.aporrea.org/ideologia/a28743.html.

• Edgardo Lander, “Izquierda y populismo: alternativas al neoliberalismo en Venezuela” en César A. Rodríguez Garavito, Patrick S. Barrett, Daniel Chavez (eds.), La nueva izquierda en América Latina, Madrid, Catarata, 2008.

• Edgardo Lander y Pablo Navarrete, La política económica de la izquierda latinoamericana en  el       gobierno:    Venezuela,  23     de      noviembre,  2007, www.tni.org/detail_pub.phtml?&lang=sp&page=report_venezuelaeconomicpolicy&lang_he lp=sp.

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• Mark Weisbrot, Dean Baker, David Rosnick, (), El marcador del desarrollo: 25 años de progreso   disminuido, septiembre  2005, http://www.cepr.net/index.php?option=com_content&task=view&id=301&Itemid=163.

• Sección Venezuela de Rebelión: www.rebelion.org/seccion.php?id=19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La revolución de Evo Morales o las sinuosas vías de la refundación de Bolivia

 

Por Hervé Do Alto

 

Traducido del francés por Arturo Anguiano

 

Hervé Do Alto es doctorando en ciencia política en el IEP de Aix-en-Provence (CHERPA) y realiza una tesis sobre el MAS boliviano. Coautor, con Pablo Stefanoni, del libro La  revolución de Evo Morales, de la coca al Palacio (Buenos Aires, Capital Intelectual, 2006). Reside en Bolivia desde 2005, donde colabora puntualmente con organizaciones campesinas e indígenas145.

 

El triunfo de Evo Morales y su partido, el Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), en las elecciones generales del 18 de diciembre de 2005 marcó un giro del electorado boliviano hacia la izquierda, confirmado seis meses más tarde por el éxito alcanzado en la elección de la Asamblea Constituyente146. Pero ¿de qué izquierda se trata? Está claro que la victoria del MAS puede y debe analizarse como la expresión local de un rechazo a los efectos de las políticas económicas neoliberales, común en el conjunto de Sudamérica. Al igual que un buen número de sus vecinos, el gobierno de Evo Morales ha exhumado una retórica nacionalista y desarrollista que veinte años de ajuste estructural y privatizaciones habían vuelto obsoleta, atreviéndose a romper con la tradicional sumisión a los designios provenientes de Washington, a los cuales se sometían voluntariamente las administraciones precedentes. Cualquier comparación más profunda sería sin embargo arriesgada, ya que lo que vive Bolivia se distingue significativamente de las experiencias que tienen lugar en el resto del subcontinente.

Profundamente enraizado en la historia boliviana, ese proceso combina la herencia de tres “memorias” de luchas: la “memoria larga” de la resistencia indígena de los siglos XVII y XIX contra el Imperio colonial español, luego contra la República, expresada en nuestros días a través de la voluntad de los movimientos rurales convocantes de la Asamblea Constituyente; la “memoria intermedia” de la Revolución nacional de 1952, que contribuyó a modernizar al Estado boliviano con la nacionalización de las minas, la reforma agraria y el sufragio universal; y finalmente la “memoria corta” de un ciclo de movilizaciones antiliberales surgido a fines de los años noventa, entre las que la destacan la “guerra del agua” de Cochabamba (2000) y la “guerra del gas” en El Alto (2003), que permitieron a los movimientos sociales imponer al gobierno Morales una hoja de ruta marcada por reivindicaciones como la nacionalización de los hidrocarburos147. Lejos de los referentes marxistas que en otro tiempo dominaron el paisaje político nacional de la izquierda, esta “revolución democrática y cultural” deja ver una “Bolivia insurrecta” con múltiples rostros, nacida de los escombros de un movimiento obrero pulverizado por la “terapia de choque” puesta en obra

 

 

145 El autor agradece a Pablo Stefanoni por sus comentarios y sugerencias.

146 El MAS ganó las elecciones generales de 2005 obteniendo 1.544.374 de votos, o sea el 53,7% de los sufragios, por delante de la coalición de derecha PODEMOS (Poder Democrático y Social), con el 28,6% de los votos. El 2 de julio de

2006, se impuso de nuevo, esta vez con el 50,7% (1.322.656 votos), relegando esta vez muy atrás a PODEMOS, con solamente 15,3%.

147 Silvia Rivera Cusicanqui, Oprimidos pero no vencidos; Luchas del campesinado aymara y qhechwa 1900-1980, La Paz, Aruwuyiri/Yachaywasi, 2003 [1984].

 

desde 1985 por un gobierno convertido entonces a las virtudes del free market. El sincretismo ideológico del MAS, hecho de nacionalismo, indianismo y anticapitalismo, resulta en gran parte de la articulación contingente de esas diferentes herencias de lucha, encontrándose al mismo tiempo en el origen de innumerables tensiones que atraviesan ese proceso. Restituir esas tensiones en toda su complejidad constituye así una condición necesaria a fin de comprender por qué la Bolivia de Morales se impone hoy como un auténtico laboratorio de emancipación social.

 

Entre participación y “caudillismo”, una compleja arquitectura del poder

En 1995, luego de un congreso realizado en Santa Cruz, se creó la Asamblea por la Soberanía de los Pueblos (ASP), que devino en 1998 Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos (IPSP). Un nombre al cual se añadió en 1999 la sigla de un pequeño partido obrero, el Movimiento al Socialismo (MAS), con el propósito de superar los procedimientos de inscripción en el registro de  la Corte Nacional Electoral. Los militantes que forman parte de esta empresa buscaban romper con la “forma partido” en provecho de lo que llaman un “instrumento” al servicio de las organizaciones sociales, encargado de favorecer su participación directa en el campo político. Los años noventa corresponden así a una época de acumulación de luchas en torno a la defensa de la coca en la región de producción del Chapare, y el reconocimiento de los pueblos indígenas y originarios en el conjunto del mundo rural.

Este “Instrumento Político” asegura entonces una representación “orgánica” de militantes sindicales mediante la adhesión de sus organizaciones, como son, entre otras, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Federación Nacional de Mujeres Campesinas “Bartolina Sisa” (FNMCB–“BS”) y la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB). La “organización de base” deviene la única estructura militante, no existiendo las habituales corrientes, tendencias y fracciones comunes a los otros partidos. Esta configuración tiene por efecto moldear la relación entre las organizaciones sociales y el Instrumento de manera singular durante el periodo 1995-2006, generando a la vez una ausencia de politización partidaria (en otros términos, lo “sindical” prevalece sobre lo “político”) y la introducción de relaciones clientelistas: el MAS se percibe de hecho como una ventana de acceso a recursos materiales y simbólicos para el sindicato.

La ausencia de aparato tiene por lo demás un efecto inesperado cuando el MAS se lanza a los centros urbanos –una iniciativa alentada por la participación creciente en el juego institucional, particularmente con las elecciones generales de 2002, que permiten a Evo Morales alcanzar sorpresivamente un segundo lugar con más del 20% de votos. Sin otra estructura para acogerlos que el grupo parlamentario, los intelectuales de izquierda así como personalidades procedentes de ONGs que colaboran con el movimiento campesino desde los años ochenta, llegados en masa por invitación personal de Morales, ocupan un lugar importante en el Instrumento, en desfase con su reciente adhesión a la organización. Poco a poco, los congresistas rurales no parecen superar el sentimiento de despojo del poder político dentro de su propio partido hasta que, por razones estratégicas o retos propios de la esfera sindical, las organizaciones sociales que dirigen son empujadas a movilizarse.

Paralelamente, Evo Morales se impone como el líder incuestionable del MAS, tanto por su posición de articulador del conjunto de los miembros del Instrumento Político, como gracias a las legitimaciones plurales de las que dispone como presidente del partido, dirigente sindical, y hoy presidente de la República. Paradójicamente, a pesar de este fenómeno de concentración de poder, la cuasi ausencia de aparato partidario permite igualmente a las organizaciones sociales mitigar este liderazgo y conservar un lugar central en el seno del Instrumento. Las secciones de base del MAS, en su mayoría sindicales, presentan en efecto una sensibilidad acrecentada hacia lo que pasa en el “espacio de los movimientos sociales”148, mostrando así una fuerte propensión a movilizarse si los retos propios de este espacio lo impulsan a ello. En un país sumergido en un ciclo intenso y continuo de luchas sociales desde finales de los años noventa, la nebulosa sindical y social que

 

148 Lilian Mathieu, Comment lutter ? Sociologie et mouvements sociaux, París, Textuel, 2004.

 

constituye el MAS no ha dejado de manifestar su autonomía respecto a su dirección. Durante la “guerra del gas” de octubre de 2003, en El Alto, contra los proyectos de exportación del gas hacia Estados Unidos, los militantes se implicaron muy pronto en la movilización, con frecuencia en virtud de su pertenencia a un sindicato o a una junta de vecinos, cuando incluso Morales hacía llamados a la prudencia. De aquí se puede deducir que esta misma sensibilidad del Instrumento respecto al espacio de los movimientos sociales al nivel de los sindicatos, es la que les permite a éstos, en definitiva, influir directamente en las decisiones de su dirección.

Desde la óptica de la trayectoria socio-histórica particular del MAS, ¿se puede sostener la idea de que el gobierno de Morales es “un gobierno de los movimientos sociales”, como a sus miembros les gusta presumir desde la victoria de 2005? Es verdad que los movimientos sociales que llevaron al poder al dirigente cocalero están lejos de ser marginados en el proceso actual, al punto que se puede hablar de una auténtica “revolución política” marcada por una profunda renovación de las elites políticas bolivianas, que beneficia a las clases sociales históricamente relegadas en el seno de la sociedad a una posición de subalternidad. Pero a despecho de una representación en el seno mismo del gabinete149, su papel se restringe con frecuencia a la movilización en apoyo a las iniciativas gubernamentales. Así, las organizaciones sociales populares fueron llamadas en diversas ocasiones por el gobierno para asegurar en la ciudad de Sucre el buen desarrollo de las sesiones de la Asamblea Constituyente de agosto de 2006 a diciembre de 2007, asumiendo así una suerte de papel de “garante” del proceso.

Sin embargo, si el gobierno ha tenido una dificultad crónica para integrar la participación popular como un elemento de pleno derecho en su estrategia de ejercicio del poder, debe igualmente enfrentar a las tendencias más conservadoras que actúan en el seno de esos mismos movimientos sociales. Entre las que se encuentra la voluntad de buen número de ellos de sacar cada vez más beneficios de su presencia en la cabeza del Estado a través del MAS, expresando así una suerte de repliegue corporativo centrado en la satisfacción de las exigencias inmediatas de sus bases. De esa manera puede interpretarse, por ejemplo, la crisis de Huanuni, del 5 y 6 de octubre de 2006, cuando los mineros cooperativistas tomaron por asalto la parte de la mina explotada por los mineros del Estado150 para apropiársela por la fuerza, luego del fracaso de las negociaciones para compartir su explotación. La ofensiva de los cooperativistas derivó en tragedia con enfrentamientos de una increíble violencia, que causaron no menos de 16 víctimas fatales. Ahora bien, el ataque fue planificado por las cooperativas mineras con la complicidad del ministro de Minas, Walter Villarroel, dirigente a la vez del sector cooperativista, que jamás advirtió sobre aquello al resto del gabinete. Si el esquema de “correa de transmisión” entre partido y sindicatos se muestra poco operativo, en el caso del MAS, al momento de analizar las interacciones entre esas diferentes entidades, el ejemplo de Huanuni incita también a considerar la importancia de las lógicas de acción propias al campo del poder en el seno del cual evolucionan gobierno, partido y organizaciones sociales.

No se puede negar que resulta deseable, desde un punto de vista político, la autonomía de acción de los movimientos sociales, en tanto preserva su capacidad de elaborar –y luchar por– reivindicaciones propias, independientemente de los retos del campo político. Sin embargo, el episodio de Huanuni prueba que la autonomía no garantiza, por sí misma, una influencia “progresista” de los movimientos (en muchos casos término que incluye prácticas más institucionalizadas como sindicatos y juntas de vecinos) sobre el gobierno. Fuera de eso, ese trágico acontecimiento ilustra la dificultad del movimiento popular boliviano para construir un programa capaz de articular las aspiraciones, a veces contradictorias, de grupos sociales distintos alrededor de la redefinición de un “interés general”. Es, pues, esta “cara sombría” de las organizaciones sociales

 

 

149 El ejemplo más notable, la presencia de la dirigenta campesina Celima Torrico a la cabeza del ministerio de la Justicia.

150 Sobre el movimiento minero boliviano, Pascale Absi, Les ministres du diable – Le travail et ses représentations dans les mines de Potosí, Bolivie, París, L’Harmattan, 2003.

 

bolivianas –resultado del contexto de pobreza a veces extrema en el cual actúan151– que permite igualmente comprender la relación de desconfianza que mantiene Morales respecto a su propio partido y sus diferentes componentes. Y es, entonces, cuando la Asamblea Constituyente da lugar al enfrentamiento con una derecha lista a entregarse a una política del boicot para echar abajo una “revolución” potencialmente contraria a sus intereses.

 

La Asamblea Constituyente: una “refundación” contra vientos y mareas…

Inaugurada el 6 de agosto de 2006, la Asamblea Constituyente se pensó, desde el Poder Ejecutivo, como la herramienta de la “refundación” del Estado boliviano, mediante el reconocimiento en su seno de poblaciones indígenas y originarias, y del mundo rural en general. Sobre todo, se concebía como la elaboración y escenificación de un nuevo “pacto social” dirigido a unir no solamente a los grupos sociales que dieron origen a la “agenda de octubre” de 2003 (nacionalización del gas y Constituyente), sino también a las elites económicas de la media luna152 que, desde 2005, buscan imponer su propio programa: la “agenda de enero”. Resumida esencialmente en la reivindicación de un estatuto de autonomía inspirado en el catalán en el seno del Estado español, esta agenda es promovida principalmente por el Comité Pro Santa Cruz –conocido como “el comité cívico”–, que agrupa a las organizaciones patronales y sindicales del conjunto del departamento153, y que se encarga de coordinar y estructurar sus “satélites” en las otras regiones de la media luna. Dispone, por lo demás, de una auténtica “tropa de choque” con la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), conocida por sus agresiones regulares a militantes campesinos en la ciudad de Santa Cruz. A partir de enero de 2005, fecha de las primeras movilizaciones contra el aumento del precio de los carburantes decretado por el gobierno de Carlos Mesa (2003-2005), las elites del oriente boliviano han buscado crear las condiciones de una autonomización económica y política respecto a un Estado central juzgado de “andinocentrista”154. Para esas regiones que concentran el gas y las principales empresas agro-industriales, los retos no son menores.

Desde diciembre de 2005, bajo el efecto de la elección de los prefectos que tuvo lugar paralelamente a las elecciones generales155, el campo político boliviano ofrece una situación a  priori paradójica. Si el proyecto nacional-popular del MAS se impone en el conjunto del país, más allá de las fracturas occidente/oriente o ciudad/campo156, esta hegemonía será acompañada, sin embargo, por la emergencia de un amplio consenso en las ciudades del oriente sobre la necesidad de una descentralización profunda, que legitimará la reivindicación autonomista incluso en el seno de los sectores populares locales (cargada, como el indianismo occidental, de elementos identitarios). Una reivindicación reforzada por el referéndum sobre las autonomías departamentales, realizado paralelamente a la elección de la Asamblea Constituyente en julio de 2006, luego del cual cuatro departamentos aprobaron de facto un estatuto sin que esta misma asamblea haya definido el alcance de estas autonomías (Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija)157. Es, pues, en ese contexto por lo menos ambiguo que debutan en el mes de agosto 2006 las sesiones de la Constituyente, en el seno de la

 

151 65% de los bolivianos y las bolivianas viven por debajo de la línea de la pobreza en nuestros días. En el campo, la cifra alcanza el 85%.

152 Así se designa a los departamentos orientales (Santa Cruz, Beni, Pando) y sureños (Chuquisaca y Tarija) que forman una media luna frente a la cadena andina.

153 En Santa Cruz, son mayoritarias y hegemónicas las organizaciones patronales. Para muchos cruceños en ruptura con

el Estado central, el Comité funciona como un verdadero “gobierno moral”.

154 Las luchas autonomistas cruceñas tienen una larga trayectoria histórica, en tanto se encuentran en el corazón de la

afirmación de identidad del departamento a lo largo de la formación del Estado boliviano. Algunas de ellas se distinguieron por su carácter progresista, como en el curso del siglo XIX lo ilustra el Club de la Igualdad fundado por el abogado Andrés Ibáñez, quien postulaba un modelo federal para Bolivia. Véase: Andrey Schelchkov, Andrés Ibáñez, la revolución de la igualdad en Santa Cruz, La Paz, Le Monde diplomatique – edición boliviana, 2008.

155 Durante el año 2005, Carlos Mesa concede la elección por sufragio universal directo, reclamada por las regiones orientales, de los prefectos departamentales, hasta entonces nombrados por el Presidente en calidad de representantes del Poder Ejecutivo.

156 Luego de la elección de la Asamblea Constituyente, el MAS se convierte en el primer partido en siete de los nueve

departamentos del país.

157 El “No” a las autonomías ganó, sin embargo, a nivel nacional con el 58% de los votos.

 

cual el MAS no disponía de los dos tercios de miembros necesarios para la adopción final del texto

–potenciando asimismo a la derecha con un derecho de veto inesperado, dados sus delgados resultados electorales (vid supra nota 1).

Desde muy distintos puntos de vista, no carecen de ambición los proyectos de constitución adelantados, por una parte, por el MAS, y por otra, por las organizaciones sociales rurales reunidas en un Pacto de Unidad dotado de una relativa autonomía respecto al Instrumento Político. Para muchos de sus miembros –y las ONGs que los asesoran–, uno de los principales objetivos es utilizar la Constituyente para “amarrar” el proceso de nacionalización de los recursos naturales, tales como los hidrocarburos o el agua, realizado por el gobierno desde 2006. Un objetivo importante, que simboliza las premisas de ruptura con el modelo económico neoliberal. Sin embargo, no es sobre este punto que la derecha muestra la mayor resistencia. Los proyectos relativos a las autonomías y la tierra le parecen en efecto mucho más peligrosos. Si el MAS decide respectar los sufragios favorables a la puesta en práctica de las autonomías en los departamentos concernidos, desea, no obstante, introducir en el texto constitucional nuevos niveles de autonomía (“indígena originaria campesinas”, municipales, regionales) susceptibles de debilitar profundamente el proyecto cruceño en una arquitectura administrativa compleja y potencialmente generadora de conflictos de competencias. En cuanto a la tierra, el proyecto constitucional contempla la reducción significativa de la superficie máxima autorizada para las propiedades agrícolas, y reforzar el control sobre su “función económico-social” (figura ya existente en las leyes de los 90, pero de laxo cumplimiento), siendo la productividad de la tierra el principal criterio para evaluar una posible reversión al Estado. Con un poder político sustentado en gran medida en su relación con la tierra, resulta casi lógico que la gran mayoría de la derecha haya optado por la política del boicot durante todo el año y medio de existencia de la Asamblea. Si el MAS no está exento de reproches en cuanto a su incapacidad a veces crónica para sellar alianzas duraderas dirigidas a llevar a término sus proyectos, la oposición, por su parte, y por así decirlo, intentó todo para desacreditar esta instancia: bloqueo durante la discusión del reglamento interno, incentivo a las elites de Sucre para que reclamen el regreso a su seno de los poderes Ejecutivo y Legislativo158, intimidaciones físicas contra los constituyentes, “movilizaciones de papel”159 en las ciudades orientales a fin de denunciar la existencia de un gobierno despótico y totalitario, etc. A medida que se acumulaban varias semanas de suspensión de las sesiones, la tensión extrema que se fue instaurando poco a poco condujo a dos trágicos enfrentamientos entre citadinos y campesinos, marcados por un racismo exacerbado contra éstos últimos; primero en Cochabamba, el 11 de enero de 2007, donde un estudiante y un cocalero encontraron la muerte cuando los campesinos pedían la renuncia del prefecto opositor Manfred Reyes Villa –aliado a la “media luna”–, luego en Sucre, los días 24 y 25 de noviembre del mismo año, cuando la confrontación causó tres nuevas víctimas. Estos últimos hechos violentos decidieron el traslado de la Constituyente hacia la ciudad de Oruro, una región andina claramente favorable al gobierno, donde sus miembros lograron finalmente concluir sus trabajos el 9 de diciembre de 2007. En lo esencial, el texto constitucional adoptado entonces por la Asamblea retoma las grandes líneas del proyecto del MAS, entre otras el rechazo a toda privatización futura de recursos naturales. Por  lo demás, prevé la figura del referéndum revocatorio, convocado por iniciativa ciudadana, así como el establecimiento de un abanico importante de derechos individuales en materia de educación y salud (renta de vejez, seguridad social…) y derechos colectivos para los pueblos identificados como “pueblos y naciones indígena originario campesinos” –de hecho, desaparece el Estado-nación republicano “monocultural” para dar paso a un “Estado Plurinacional”. Pero, sin duda, lo que incita a la oposición a jugar sus últimas cartas es la conservación de las disposiciones relativas a la tierra y el régimen autonómico: desde el 15 de diciembre, los prefectos de las regiones orientales proclaman

 

 

158 Luego de la Guerra Federal de 1899, los poderes Ejecutivo y Legislativo fueron transferidos hacia la ciudad de La Paz, que no dejó a Sucre sino un estatuto de capital puramente simbólico. De todos modos, Sucre fue una sede bastante simbólica del Poder Ejecutivo: durante el siglo XIX, la sede de Gobierno tenía un carácter bastante “nómade” y ya los gobernantes pasaban bastante tiempo en el Palacio Quemado de La Paz.

159 Patrick Champagne, Faire l’opinion. Le nouveau jeu politique, París, Minuit, 1990.

 

estatutos autonómicos que amenazan aplicar de facto160, y declaran nula la nueva Constitución. Todo en un clima de intimidación permanente y de racismo anticampesino, en particular en Sucre y Santa Cruz donde, al mismo tiempo, aparecen en paredes y postes de luz de estas ciudades listas de “enemigos”.

 

Del “golpe cívico-prefectural” a la consolidación del “evismo”

De todo esto se deriva un período largo de crisis política, cuyo primer efecto es el estancamiento del proceso constituyente. En su afán de legitimar sus flamantes estatutos, los comités cívicos y prefectos de oposición llaman a nuevos referéndums para su respectiva aprobación entre mayo y junio de 2008161. Más allá de los resultados de estos escrutinios, caracterizados por cifras arrolladoras a favor de la aprobación de los estatutos, así como porcentajes de participación elevados considerando su evidente ilegalidad162, su principal consecuencia es la propia regionalización del poder electoral. Si bien la Corte Nacional Electoral confirma el carácter ilegal de las consultas el 7 de marzo de 2008163, los vocales de las cortes departamentales orientales deciden desconocer esa resolución y resuelven llevar a cabo los escrutinios, consolidando asimismo un bloque regionalista que el oficialismo intenta estigmatizar, con un éxito limitado al Occidente, como “separatista”. Por eso, la posibilidad de quiebres dentro de la Corte Nacional Electoral constituye entonces una clara amenaza a la realización de un eventual referéndum constitucional, ya que los grupos de poder orientales llaman explícitamente al boicot de una nueva constitución “manchada de sangre” –culpando asimismo el gobierno por los enfrentamientos de Cochabamba y Sucre, cuando, irónicamente, la responsabilidad de la oposición en aquellos no era menor.

A inicios de mayo de 2008, la situación parece más embarrada que nunca para el gobierno: a pesar de la falta de reconocimiento de la consulta por parte de la comunidad internacional, el referéndum sobre los estatutos autonómicos de Santa Cruz no deja de ser un triunfo para el Comité cívico; mientras tanto, la convocatoria del referéndum constitucional aparece cada vez menos viable. Y sin embargo, es precisamente cuando la configuración se parece a un callejón sin salida para el oficialismo que se produce un inesperado y súbito cambio de escenario: el 8 de mayo, el partido de oposición PODEMOS, mayoritario en el Senado, decide viabilizar un referéndum revocatorio para el presidente y los prefectos, al exhumar un proyecto de decreto presentado por el propio Morales en diciembre de 2007164. Oficialmente, se trata de postergar la eventualidad de un referéndum constitucional; en los pasillos, los motivos aparecen menos evidentes: frente a la consolidación de un bloque autonómico representado por el CONALDE165, y la posibilidad de que se convoquen elecciones generales en un plazo relativamente corto, el líder de PODEMOS, el ex presidente Jorge “Tuto” Quiroga, esperaba reconstruir una derecha nacional frente a la regionalización de la oposición.

No obstante, la iniciativa desemboca en un tremendo fracaso: el 10 de agosto de 2008, la oposición pierde a dos de sus prefectos en los departamentos occidentales –Manfred Reyes Villa en Cochabamba y José Luis Paredes en La Paz–, mientras Morales logra su ratificación con el 67,4% de los votos. La ruptura entre la “vieja derecha nacional” encarnada por PODEMOS, y el “autonomismo regional” aparece entonces evidente, la segunda responsabilizando a la primera por

 

160 Estos estatutos prevén ampliar las prerrogativas del gobernador departamental en una suerte de estado federal. Santa Cruz y Beni presentan los estatutos más “radicales” e incluyen, por ejemplo, a la política de tierras entre las facultades exclusivas de las regiones y cobros de impuestos por un órgano departamental. Los estatutos de Pando y Tarija son más moderados en sus disposiciones.

161 Los referéndums autonómicos se llevaron a cabo el 4 de mayo en Santa Cruz, el 1 de junio en Beni y en Pando, y el 22 de junio en Tarija.

162 El “Sí” a los estatutos alcanzó el 85% de los votos en Santa Cruz y Pando, y el 80% en Beni y Tarija. La

participación llegó al 65% en Beni y Tarija, 60% en Santa Cruz, y 55% en Pando.

163 Al no haber resultado de una ley de convocatoria por parte del Congreso Nacional, los referéndums padecían de vacíos legales y resultaban claramente inconstitucionales.

164 El decreto de convocatoria fue entonces propuesto por Morales como una salida democrática a la crisis generada por el rechazo por los cívicos al texto constitucional aprobado en Oruro.

165 Creado en el transcurso del año 2007, el CONALDE (Consejo Nacional Democrático) agrupa a los prefectos y

cívicos que apoyan la causa autonómica y se oponen al gobierno nacional.

 

haber contribuido a la absoluta relegitimación tanto del gobierno como de “su” proyecto constitucional. Frente a este escenario, y a pesar de la invitación por parte del gobierno de volver a discutir del alcance de las autonomías departamentales en la futura constitución, la franja más radical del CONALDE, no sin desesperación, determina llevar a cabo una serie de actos de protesta cada vez más radicales: de los primeros bloqueos y paros cívicos a mediados de agosto, se llega rápidamente a actos deliberadamente delincuenciales con el sabotaje, el 2 de septiembre, de instalaciones de gas y petróleo en la región del Chaco, la toma, el 9 de septiembre, de instituciones estatales (aeropuertos, medios de comunicación…), el ataque contra sedes de organizaciones sociales y ONGs afines al gobierno, junto al saqueo de tiendas y negocios por miembros de la Unión Juvenil Crunceñista y sus organizaciones satélite fuera de Santa Cruz. El 11 de septiembre, en un contexto de tensión extrema, estalla en el departamento norteño de Pando un enfrentamiento entre un grupo de campesinos camino hacia un ampliado en la ciudad capital de Cobija, y funcionarios de la prefectura y dirigentes cívicos vinculados al prefecto, Leopoldo Fernández, dispuestos a impedirles el paso. La confrontación derivaría pronto en una masacre en la cual unos 15 campesinos encontrarían la muerte –lo que conduciría posteriormente al encarcelamiento del prefecto Fernández, y a la instauración de un estado de sitio en todo el departamento.

Lo que se recuerda hoy, desde el oficialismo, como el “golpe cívico-prefectural” suena retrospectivamente como la última etapa de desagregación de una oposición desprovista de un programa alternativo a la orientación nacionalista y desarrollista del gobierno del MAS, de un líder capaz de superar el carácter contradictorio de las aspiraciones que se expresan en su seno, y de cualquier credibilidad luego de la contundente condena por la comunidad internacional de su actuación durante los hechos de septiembre 2008 –en particular por los países vecinos de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). Y no solamente contribuyó a dividir profundamente una derecha hoy atomizada como nunca; también ha alimentado una dinámica de fortalecimiento de un bloque nacional-popular articulado en torno a la figura de Evo Morales –lo que el propio MAS nunca había logrado de por sí a lo largo de su corta existencia, a pesar de innumerables intentos. Asimismo, todos los protagonistas del ayer conflictivo espacio de los movimientos sociales boliviano, desde el movimiento campesino hasta la tradicional Central Obrera Boliviana (COB), progresivamente han resuelto dejar de lado sus diferencias para cerrar filas frente al temor cada vez más fuerte de un golpe de Estado, mediante la consolidación de la CONALCAM (Coordinadora Nacional por el Cambio) como un actor de primer plano –en ese contexto se dieron el cerco a Santa Cruz a mediados de septiembre de 2008, como medida preventiva frente a los disturbios que perturbaban la ciudad, así como la marcha Caracollo/La Paz, del 13 al 21 de octubre, con el fin de garantizar la aprobación de la Ley de Convocatoria a Referéndum Constitucional.

En ese contexto, no hubo mayores obstáculos a la aprobación, el 25 de enero de 2009, de la nueva Constitución Política del Estado, con el 61,4% de los votos. La campaña de la derecha, limitada a una serie de denuncias a supuestas amenazas derivadas del texto constitucional en relación a la propiedad privada, las libertades religiosas o la instauración de una doble ciudadanía que favorecería a los campesinos e indígenas, apenas permitió limitar la amplitud del triunfo de Morales. El presidente boliviano, sin duda, se encuentra hoy en un escenario extremadamente favorable desde un punto de vista estrictamente político, que convierte su reelección en los  comicios del 6 de diciembre de 2009 casi en un hecho cierto. Además, por ahora, sigue contando con el apoyo de las Fuerzas Armadas, cuya lealtad ha sido particularmente puesta a prueba, no sin tensiones internas, durante las jornadas de septiembre166. No obstante, no es más que el movimiento popular, especialmente campesino, que el Poder Ejecutivo cuenta como firme base de apoyo político-social. Un movimiento para el cual, sin duda ninguna, la adopción del texto constitucional constituye un avance decisivo, en tanto que permite el reconocimiento de nuevos derechos políticos, económicos, sociales y culturales, en un nuevo escenario institucional donde se da rango estatal a la

 

 

166 Los días 9 y 10 de septiembre de 2008, los grupos de choque vinculados al Comité Pro Santa Cruz atacaron resguardos policiales y militares, sacando provecho de las instrucciones del gobierno de no usar sus armas de fuego frente a la población civil, bajo cualquier circunstancia.

 

diversidad étnico-cultural que caracteriza el país, y que queda todavía por consolidar mediante decretos y leyes, para avanzar hacia la materialización del Estado Plurinacional.

Pero, para llevar a cabo semejante tarea, el gobierno y el propio Evo Morales tendrán que repensar su articulación con el movimiento popular, ya que el fenómeno de su gradual unificación ha ido de la mano con una tendencia a la concentración del poder político en las manos del presidente. Asimismo, en una suerte de reactualización boliviana del mito del “rey que no sabe”, se fue cimentando en el seno del oficialismo la idea de que las falencias del gabinete son, en gran medida, el fruto de las decisiones equivocadas del entorno, en este caso “blancoide” –intelectuales, políticos “reciclados” y oenegeístas–, ajeno a las bases de las cuales surge el presidente. Pero también existe otro problema cada vez más agudo: el afán por las “pegas” (empleos públicos) entre los militantes del MAS, que ha ido generando una cierta frustración debida a las reducidas posibilidades de acceder a cargos estatales sin la preparación adecuada167 –una situación a menudo analizada por las bases como el resultado de la presencia de los mismísimos “blancoides”. Ese creciente rechazo al MAS como otra fuente más de disfunciones en la acción del presidente ha llevado a que se vaya consolidando una nueva identidad política, la de “evista”, que, paradójicamente, va legitimando a su vez el proceso, real, de concentración y personificación del poder político condensado en la figura de Morales.

 

Posliberalismo e ilusión desarrollista

 

Para muchos analistas, el inicio del mandato de Morales dejaba en la atmósfera una gran incertidumbre en cuanto a su capacidad de mantener a flote a la economía. El fantasma estaba allí: el último gobierno de izquierda, dirigido por la Unidad Democrática Popular (1982-1985), había sucumbido a una inflación galopante que justificaría enseguida la puesta en práctica de las políticas neoliberales que se encuentran en el origen de un vuelco en la correlación de fuerzas políticas y sociales en contra del movimiento popular. Manifiestamente, esta inquietud había ganado las filas del equipo de Morales que, en el curso de estos tres años, condujo una política económica caracterizada por su prudencia. Una ambivalencia cuando se conoce la tendencia del presidente boliviano a acusar regularmente al sistema capitalista de ser el “peor enemigo de la humanidad”.

¿Sería éste el signo de que el gobierno boliviano, a imagen de algunos de sus vecinos, habría cedido ya a las sirenas del “posibilismo conservador”, ese “hijo querido del pensamiento único”168, que postula la imposibilidad de salir del modelo económico impuesto en 1985?

Sin duda la mejor ilustración del curso actual de la política económica del gobierno sigue siendo los dichos del vicepresidente boliviano, el sociólogo Álvaro García Linera, interrogado sobre una eventual orientación “posliberal”: “El Estado boliviano ha pasado de un control del Producto Interno Bruto de alrededor de 6 a 7 % a 19% actualmente. Nuestro objetivo es alcanzar el 30%”169. Esta definición del posliberalismo se asemeja y corre el riesgo de confundirse con una  rehabilitación tout court del capitalismo de Estado de los años cincuenta. El objetivo es, en definitiva, (re)construir una economía piloteada por el Estado, que tendría a su cargo la coordinación de tres principales “plataformas productivas” sobre las cuales se apoyaría: los  enclaves productivos “modernos” que son las grandes empresas, la economía familiar (pequeño comercio, artesanado…) y la economía campesina y comunitaria, un sistema que el vicepresidente ha bautizado como “capitalismo andino-amazónico”170.

 

 

167 En una entrevista publicada en Le Monde diplomatique – edición boliviana, en agosto de 2009, el vicepresidente Álvaro García Linera asumía que sólo el 20% de los cargos públicos había dado lugar a una renovación de personal: “En tiempos de MIR, ADN, MNR, ni los porteros ni las cortinas de los despachos se salvaban del barrido partidario. Entonces, para nosotros, no es una preocupación que haya muchos militantes y pocos cargos; al contra-río: eres militante, entonces no tienes cargo”.

168 Atilio Borón, “La izquierda latinomericana a comienzos del siglo XXI: nuevas realidades y urgentes desafíos”, en

Observatorio Social de América Latina, nº 13, 2004.

169 Maristella Svampa y Pablo Stefanoni, “Entrevista con Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia”, en Karin Monasterios, Pablo Stefanoni y Hervé Do Alto (ed.), Reinventando la nación en Bolivia, La Paz, Clacso/Plural, 2007. 170 Ibid.

 

Es en ese cuadro general que se inscribe la medida económica de mayor envergadura implementada por el gobierno de Morales desde su llegada al poder: la nacionalización de los hidrocarburos. Una nacionalización “sin expropiación” que, desde varios puntos de vista, simboliza esta tensión permanente entre la radicalidad de la retórica y la moderación pragmática de los actos. Inscrita en la continuidad de la Ley nº 3.058, adoptada durante la presidencia de Carlos Mesa luego del referéndum sobre el gas de junio de 2004, el proceso de nacionalización se conjuga en dos tiempos. Primero, la firma del Decreto Supremo 28.701, el primero de mayo de 2006. Son drásticas las condiciones a las que se sujetan las compañías: ninguna expropiación, en efecto, pero el 82% de los beneficios reportados al Estado sobre los campos petrolíferos “grandes”, y el 50% sobre los otros campos de explotación, mientras que los hidrocarburos regresan a la propiedad del Estado, tanto bajo tierra como en la superficie. Las compañías son obligadas sobre todo a una renegociación de los contratos cuya firma, el 28 de octubre de 2006, constituye la segunda etapa. Reducen significativamente la parte de los beneficios previstos por la Ley de Hidrocarburos para el Estado, a favor de una fórmula que condiciona el acceso del dicho Estado a la renta –por encima de una base fiscal de 50% que le corresponde siempre– a que la compañía privada amortice sus costos de operación y de capital171. Paralelamente, los mismos contratos prevén, como en el pasado, una “distribución de los riesgos” entre el Estado boliviano y esas compañías en cuanto a las inversiones operadas por éstas últimas.

Si es correcto percibir esas disposiciones como retrocesos por parte del gobierno boliviano sobre el expediente de los hidrocarburos, esta situación muestra muy claramente la amplitud de los dilemas que se le plantean. Los principales retos de esta “nacionalización”, que se resume finalmente a una renegociación de contratos, son al mismo tiempo el regreso del Estado a la producción y la comercialización vía la reactivación de la empresa petrolera pública, YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos), y el crecimiento de los ingresos de dinero en las arcas del Estado. Tantos más objetivos a alcanzar en un contexto hostil caracterizado por la resistencia de las compañías extranjeras Petrobras (Brasil), Repsol-YPF (España/Argentina) y Total (Francia), la presión ejercida por los Estados que actúan en nombre de los intereses de esas mismas compañías, y la imposibilidad para el gobierno de poder contar con un cuerpo sustancial de técnicos y profesionales susceptibles de participar en la reconstrucción de YPFB. Resulta fácil, entonces, entender los virajes “pragmáticos” operados por el Poder Ejecutivo respecto a las presiones que pesan sobre él, más todavía en un país en el que el gas ha sido objeto de movilizaciones reprimidas sangrientamente, y donde la exigencia de resultados en términos de aumento de los ingresos para el Estado es elevado. Así, la transferencia parcial del Impuesto Directo sobre los Hidrocarburos a las instituciones públicas, regiones, universidades, organismos de seguridad, etc., está en el origen, desde su creación en 2005, de la movilización regular de un amplio abanico de sectores sociales deseosos de disponer de una parte de ese “botín”.

 

Pero las dificultades enfrentadas por el gobierno también son, en gran parte, debidas a las dinámicas internas al MAS, como lo ilustró el primer escándalo de corrupción de importancia en el seno del equipo de Morales: el “affaire Santos Ramírez”, que involucró nada menos que al entonces presidente de YPFB, fundador y dirigente histórico del Instrumento Político, surgido de las filas del sindicalismo. Aparte de haber recurrido a prácticas clientelistas para colocar masivamente a sus seguidores mediante una estructura conocida como “MAS-Petrol”, Ramírez tejió una red de corrupción de la cual se beneficiaba conjuntamente con algunos familiares. El asesinato de un ingeniero involucrado en esa red llevaría el caso a la luz pública, a fines de enero 2009, generando asimismo el primer escándalo de amplitud durante la gestión de Evo Morales –mientras se procedía al encarcelamiento de Santos Ramírez.

 

Esas muy fuertes presiones y límites ilustran cuánto la política conducida por el gobierno se parece a una búsqueda permanente entre el mantenimiento de los grandes equilibrios económicos y la

 

 

171 George Gray Molina, “El reto posneoliberal en Bolivia”, en Nueva Sociedad, nº 209, 2007.

 

experimentación de políticas alternativas susceptibles de esbozar un horizonte emancipador, en un país dependiente marcado por niveles de pobreza extremos. El fantasma de la inflación, que pasó de 4 a 12% durante 2007, para mantenerse a ese nivel en 2008, se encuentra en el origen de la política por lo menos moderada de redistribución de la riqueza, a despecho de una economía con “buena salud”, como lo testimonia un PIB que logró rebasar la barra simbólica de 10 mil millones de dólares en 2006, gracias al aporte de 2 mil millones de las exportaciones de productos petroleros172

–con una tendencia a un significativo crecimiento en los años posteriores, y reservas internacionales récord que Morales no se cansa de destacar. Los logros de una política social que privilegia todavía los programas de “asistencia”, pero que apunta claramente hacia la creación de derechos (como lo ilustra la Constitución) se mantienen todavía frágiles, en efecto, respecto a las necesidades de la mayoría de la población.

 

Por el momento, “la otra política posible” debe buscarse, primero, en algunas iniciativas gubernamentales de reposición del papel del Estado en la economía, como la creación de EMAPA (Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos) en agosto de 2007. EMAPA fue asumiendo tareas cada vez más importantes en la coordinación de pequeños y medianos productores, en el apoyo a la producción y la comercialización de productos de base (arroz, trigo, maíz…), y en la lucha contra la especulación en relación a productos como la carne de res o el aceite. De cierta manera, EMAPA contribuye a una erosión del complejo político-financiero en manos de los grupos de poder orientales, a medida que va extendiendo su capacidad en incidir en el nivel de los precios, mediante una mayor presencia en la cadena productiva. Otra política gubernamental que parece traducir aspiraciones al cambio es la política extranjera, y especialmente las alianzas internacionales anudadas por Bolivia: el gobierno Morales ha jugado así un papel primordial en el esbozo de un bloque continental opuesto a los proyectos promovidos por Washington, fundados principalmente en la aceptación del libre comercio como premisa de todo diálogo. Así, el 15 de marzo de 2006, Morales anunciaba su intención de no firmar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, proponiendo crear de manera alternativa un Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP) devenido desde entonces el instrumento de negociación entre países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA)173. Es verdad que ese bloque emergente se encuentra actualmente limitado a una serie de acuerdos de cooperación coordinados por Caracas y La Habana (sobre todo con el envío de médicos cubanos al campo boliviano, y la petrodiplomacia venezolana, que financia el programa “Evo cumple”, de obras en los municipios), sin un real proyecto de integración económica. El ALBA se consolida sin embargo como una alternativa al neoliberalismo en el subcontinente, particularmente al tomar medidas que rebasan el cuadro de lo “simbólico”. Así, a propuesta de Bolivia, el 29 abril de 2007, los cuatro países miembros decidieron abandonar el CIADI, la corte de arbitraje ligada al Banco Mundial174.

 

Los retos de una “revolución” en consolidación

 

El filósofo y militante comunista italiano Antonio Gramsci propuso el concepto de “revolución pasiva” para describir las etapas históricas a través de las cuales las clases dominantes intentan dividir a las clases populares retomando una parte de sus reivindicaciones, incluso “cediéndoles” el poder político a condición de que no afecten el resto, en particular el poder económico. Un concepto tristemente actualizado en América Latina por Lula da Silva en Brasil y Tabaré Vázquez en Uruguay, cuando éstos, en tanto candidatos, se comprometieron en no cuestionar las relaciones mantenidas por sus países con las instituciones internacionales, en primera fila de las cuales está el Fondo Monetario Internacional. Bolivia, como Venezuela, se impuso por el contrario como un

 

172 George Gray Molina, art. cit.

173 Creado el ALBA por Venezuela y Cuba en 2004, luego se unieron Bolivia (2006), Nicaragua (2007), Honduras, Dominica (2008), Ecuador, Antigua y Barbuda, y San Vicente y las Granadinas (2009).

174 No obstante, Bolivia es hasta el momento el único país que oficializó su salida del CIADI (Centro Internacional de

Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), el 2 de mayo de 2007.

 

contra-ejemplo mayor. “¡No quieren soltar la mamadera!”, dice con frecuencia Morales refiriéndose a las elites bolivianas que, hasta ahora, han mantenido una voluntad feroz, rascando a veces lo irracional, de no ceder nada al MAS, dejando al descubierto la violencia de las relaciones sociales que estructuran la sociedad boliviana. En este sentido, la victoria de un partido con raíces rurales e indígenas constituye por sí misma un avance democrático mayor para el movimiento popular. Y la oposición, al contestar la legitimidad de este proceso a menudo burda y violentamente, contribuye plenamente hoy, a su manera, a que se consolide la hegemonía creciente de lo que se identifica como el “evismo” –la propia figura de Evo Morales imponiéndose con cada vez más fuerza a medida que se va complejizando la configuración político-social sobre la cual se asienta el poder del actual gobierno.

 

Fuera de eso, lo que sin embargo se mantiene incierto es el propio porvenir de ese proceso de transformación social. Si se puede fácilmente hablar de un nacionalismo “indígena” y “plebeyo” como matriz ideológica de esta “revolución”175, la situación política actual podría sin embargo conducir a sus dirigentes a tomar otras vías si entienden defender hasta lo último el proyecto de “refundación” que encarna el MAS. Aquí se encuentra por lo demás la paradoja de la situación boliviana: a pesar de la ausencia casi total de debate sobre el “socialismo del siglo XXI”, y más generalmente, de una falta de discusión política y de reflexión en el seno del proceso, es en Bolivia donde la polarización entre clases sociales, atravesada por antagonismos étnicos y regionales, es la más aguda de toda América Latina. En ese sentido, el ambivalente capitalismo de Estado promovido por el vicepresidente boliviano choca con una dificultad objetiva representada por la resistencia de las elites económicas del oriente.

 

Su propuesta de “capitalismo andino-amazónico”, erigida en una insoslayable etapa transitoria hacia horizontes supuestamente más ambiciosos, implica toda una serie de problemas políticos –en sí ilustrativas de las fuertes ambigüedades que caracterizan este proceso: primero sobre el lugar central que reserva a las economías “premodernas”, en tanto corre el riesgo de asimilarse a una exaltación de formas “salvajes” de explotación de la fuerza de trabajo y acumulación de capital. Consagra igualmente, de hecho, una dualidad económica que deja a los sectores más pobres el “privilegio” de autoorganizarse al margen de los principales flujos económicos. En fin, esta propuesta hace de una economía no dependiente una finalidad en sí misma. Pero si ésta constituye innegablemente la base material de un proyecto de emancipación social, no resulta de ninguna manera sinónimo de ella. Es por lo que las decisiones que operará el gobierno en el futuro, y la prioridad que le conceda al movimiento popular en la definición de sus políticas económicas y sociales, conducirán sin duda ese proceso a optar entre dos opciones antagónicas. Ya sea instalándose en un proyecto esencialmente nacionalista, donde el “capitalismo andino-amazónico” sería el pilar económico. O bien avanzar a tanteos hacia una refundación que contemplaría el “posliberalismo” como un modelo de desarrollo alternativo, en ruptura con la lógica de rehabilitación tout court del capitalismo de Estado, y que lograría traducir la potencialidad democrática de los movimientos sociales en Bolivia en una nueva institucionalidad, radical y participativa. Aquí estaría el reto de los próximos años para las organizaciones sociales populares  de ese país, en el marco de una nueva etapa, que consistiría en construir el futuro Estado Plurinacional, dándo sustancia a los principios emancipatorios que constituyen los ejes fundamentales de la nueva Constitución.

 

(La Paz, 2009)

 

Para saber más sobre Bolivia:

 

175 La actual producción discursiva de carácter nacionalista en el seno del movimiento popular boliviano hace en lo sucesivo de los pueblos indígenas y los movimientos sociales, los principales protagonistas del ciclo de protesta antiliberal de los años 2000, en tanto que depositarios de los intereses de la nación.

 

• Hervé Do Alto y Pablo Stefanoni, La revolución de Evo Morales, de la coca al Palacio,

Buenos Aires, Capital Intelectual, 2006.

• Álvaro García Linera, Marxa Chávez León y Patricia Costas Monje, Sociología de los movimientos sociales en Bolivia, La Paz, Diakonia/Oxfam, 2004.

• Jean-Pierre Lavaud, El embrollo boliviano; Turbulencias sociales y desplazamientos políticos, 1952-1982, La Paz/Lima, IFEA/CESU/Hisbol, 1998.

• Franck Poupeau, Carnets boliviens (1999-2007), París, Aux lieux d’être, 2008.

• Denis Rolland y Joëlle Chassin (ed.), Pour comprendre la Bolivie d’Evo Morales, París, L’Harmattan, 2007.

• Silvia Rivera Cusicanqui, Oprimidos pero no vencidos; Luchas del campesinado aymara y qhechwa 1900-1980, La Paz, Aruwuyiri/Yachaywasi, 2003 [1984].

• Alison Spedding, Kawsachun coca, Economía campesina cocalera en los Yungas y el Chapare, La Paz, PIEB, 2005.

 

• Sección Bolivia de Rebelión: www.rebelion.org/seccion.php?id=10

 

 

 

 

 

La reestructuración de la izquierda en Ecuador. Del movimiento indígena hasta Rafael Correa

Por Matthieu Le Quang

 

Matthieu Le Luang es candidato al doctorado en ciencia política en el Instituto de Estudios Políticos de Aix-en-Provence e Investigador asociado a la FLACSO, sede Ecuador176

 

La llegada al poder de Rafael Correa trastornó el foro político ecuatoriano, el cual ya no es comparable con lo que era desde el retorno a la democracia en 1979. Desde las presidenciales de 2006, ha ganado todas las elecciones que han tenido lugar: el referéndum sobre la instauración de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que fue un plebiscito a favor de Correa con más del 80% de los ecuatorianos que lo sostuvieron en su enfoque; las elecciones para la ANC donde, haciendo la suma de los escaños ganados por su movimiento Alianza País y los partidos minoritarios de la izquierda del campo político177, Rafael Correa pudo contar con una mayoría confortable con 90 de los 130 escaños de la ANC; el referéndum constitucional del 28 de septiembre de 2008 con el 63% de los votos aprobando la nueva Constitución; y por fin las últimas elecciones presidenciales, legislativas y locales en las cuales su movimiento político ganó importantes victorias.

 

Sin embargo, el sistema político ecuatoriano es uno de los más inestables de América Latina. El retorno a la democracia de este pequeño país andino se hizo en un relativo consenso, ya que las dictaduras militares fueron menos represivas que en los países del Cono Sur o en América central. Desde 1979, se instaló un sistema de partidos estable con cuatro partidos políticos que compartieron el poder hasta 1996: tres que estaban situados a la derecha del campo político, el PRE (Partido Roldosista Ecuatoriano), el PSC (Partido Social Cristiano) y la DP (Democracia Popular), y uno de centro-izquierda, la ID (Izquierda Democrática). Ellos cohabitan con otros pequeños grupos políticos que aspiraban a obtener alguna representación en el Congreso y en las instituciones locales. Estábamos en presencia de mucha inestabilidad política con un sistema de partidos fragmentado pero que estaba dominado por cuatro partidos que tenían el poder cada uno por turno, que captaban gran parte de los votos y cuyo porcentaje agregado era casi el mismo hasta el 2006.

Estos partidos pusieron en marcha las reformas neoliberales preconizadas por el Consenso de Washington y en particular por el Fondo Monetario Internacional (FMI). El Estado se endeudó mucho, la liberalización de los bancos condujo a una crisis bancaria sin precedente al final de los años 1990. Jamil Mahuad, que fue presidente durante este periodo, decidió dolarizar la economía, con lo que el dólar se volvió la monedad oficial del país. A eso se adjuntó la liberalización de las tierras, la privatización y la explotación de los recursos naturales (sobre todo el petróleo) por firmas multinacionales extranjeras, la pauperización de los campesinos y de gran parte de la población, en particular las clases medias que vieron los precios subir con la llegada del dólar. Pero todo eso no se efectuó sin una fuerte reacción de la población.

 

La contestación frente a esas reformas hizo surgir un nuevo actor en la escena nacional, al nivel social al principio, en 1990, y después como movimiento político: el movimiento indígena. Este

 

176 El autor quiere agradecer a Franklin Ramírez Gallegos y Pablo Ospina Peralta por todas las informaciones que me dieron y a Lydia Andrés por sus comentarios.

177 Las otras fuerzas progresistas presentes en la ANC eran el Movimiento Pachakutik (PK), el Movimiento Popular Democrático (MPD) e Izquierda Democrática (ID). Éstas ganaron un total de 10 escaños.

 

último se organizó poco a poco desde los años 1960 y la creación de la primera organización indígena en la Amazonía en 1964: la Federación de los Centros Shuar. Los años 1970 y 1980 marcaron la emergencia de organizaciones indígenas que se diferenciaron poco a poco de los sindicatos y organizaciones campesinas, partiendo de las comunidades y organizándose a nivel cantonal, provincial y regional para conducir a la creación de la CONAIE a nivel nacional en 1986. La CONAIE llevaba reivindicaciones típicamente indígenas, poniendo en el primer plano la etnicidad y las especificidades de ésta, como veremos más tarde. Así, los años 1990 fueron una década de movilizaciones sociales sin precedentes en el país y encabezadas por el movimiento indígena. Las consecuencias fueron la destitución de tres presidentes de la República en diez años (Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez), la llegada de outsiders políticos como Lucio Gutiérrez o Rafael Correa, la puesta en la agenda de nuevas reivindicaciones como el reconocimiento de los derechos indígenas, la multiculturalidad, la nacionalización de los recursos naturales, la defensa de la soberanía nacional (principalmente contra el dólar), y también la renovación del sistema de partidos. Desde 1996, el Ecuador ha conocido una gran inestabilidad política con seis Presidentes, dos Constituciones y un golpe de Estado. Fue en este contexto y con una desconfianza total de los ecuatorianos hacia los partidos políticos y el Congreso que apareció Rafael Correa. Como una gran esperanza para los diferentes movimientos sociales e igual para el más importante de ellos, el movimiento indígena, el presidente Correa no tardó en decepcionar a buena parte de ellos. En este artículo, vamos a estudiar la reestructuración de la izquierda en el Ecuador desde la aparición en la escena política nacional del movimiento indígena hasta la llegada de Correa al poder. Veremos que Rafael Correa aprovechó los cambios traídos por el movimiento indígena y su trabajo como movimiento social y político. Pero las relaciones entre Correa y los movimientos sociales no son tan fáciles como lo hubiéramos podido esperar al principio.

 

El movimiento indígena: del movimiento social a la participación política

 

En Ecuador, la historia del movimiento indígena da cuenta de un proceso de construcción de un sujeto social que busca constituirse en sujeto político.178 A partir de 1990 y de su emergencia a  nivel nacional, la CONAIE179 se ha convertido en un referente ineluctable en el seno de los movimientos sociales ecuatorianos, y los diferentes levantamientos indígenas han demostrado su capacidad de movilización social. Durante los años 1990 apareció la cuestión de la participación en el poder y de la toma de responsabilidad política por parte de las diferentes organizaciones indígenas. En Ecuador, aunque existe numerosos debates en cuanto a los repertorios de acciones colectivas y en cuanto a las reivindicaciones, particularmente con una diferenciación a nivel geográfico (la Sierra, la Amazonía y la Costa), las organizaciones indígenas hicieron un esfuerzo por ser reconocidas como un nuevo actor político capaz de proponer un proyecto político, al principio para la población indígena, y después para toda la sociedad ecuatoriana. Eso fue posible con la creación del movimiento Pachakutik, partido indigenista, verdadero brazo político de la CONAIE.

 

El MUPP-NP (Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik-Nuevo País) se constituyó en la coyuntura electoral de 1996 y fue integrado por la CONAIE, la CMS (Coordinadora de Movimientos Sociales), los trabajadores petroleros, el Movimiento Ciudadano Nuevo País y algunos grupos de izquierda. Los principios fundamentales del Movimiento Pachakutik han sido la plurinacionalidad del Estado, los derechos colectivos para los pueblos indígenas, la defensa del medio ambiente y del territorio, la transformación de la economía poniendo la producción al servicio del bienestar de los pueblos, y la democracia participativa180. La trayectoria de Pachakutik

 

178 Larrea Maldonado (Ana María), “El Movimiento Indígena Ecuatoriano: participación y resistencia”, OSAL, n°13, enero-abril 2004, p.67.

179 Confederación Nacional de los Indígenas del Ecuador.

180 Ver Massal (Julie), Les mouvements indiens en Equateur. Mobilisations protestataires et démocratie, Paris,  Karthala, 2005.

 

(PK) se fundó en postulados que ampliaron el discurso tradicional de la izquierda en el país. Como vemos, la diversidad étnica y cultural, la politización de la etnicidad, se articularon con demandas redistributivas sobre todo durante los años de confrontación del movimiento indígena con las políticas neoliberales. Esta articulación se ha mantenido durante la vida de PK y se ha reflejado en la defensa de los recursos naturales y de los derechos colectivos de los pueblos, en la reivindicación del Estado plurinacional. Desde su primera participación electoral en 1996, el espacio político que ha ocupado Pachakutik ha sido el de la izquierda que no encontraba respuestas en los partidos tradicionales de esta tendencia y que, hasta las últimas elecciones, estaban dispersos en diferentes partidos. La capacidad de articulación del movimiento indígena demostrada durante los años 1990 se reveló en las características de su votación a la vez indígena y mestiza, sus candidatos a nivel nacional siendo en su mayoría mestizos.

 

Antes de ver su evolución política, es importante mostrar que el movimiento indígena no es homogéneo. Siempre han estado presentes numerosos debates, con cuestiones importantes: ¿se debe o no participar en las elecciones y en el sistema político? ¿Son necesarias las alianzas con organizaciones mestizas que nunca dieron mucha importancia a las cuestiones étnicas? Si es necesario, ¿con quién puede aliarse el movimiento indígena? Es particularmente a esas dos preguntas que el movimiento indígena tuvo que contestar a partir de los años 1990 ya que al convertirse en un instrumento político se volvió un tema importante con el fin de llevar reivindicaciones olvidadas por las otras formaciones políticas que participaban en las elecciones. El sociólogo Franklin Ramírez Gallegos diferencia cuatro “sensibilidades”181 en el movimiento indígena que se perciben en el Movimiento Pachakutik. Las dos principales son los “etno- pragmáticos” y los “etno-doctrinarios”. Los primeros “ponían por delante de su relación con el Estado su particular diferencia y esperaban de él, fundamentalmente, un acceso corporativo a recursos institucionales y económicos. Sus principales representantes llegaban con una larga experiencia en la gestión de programas de desarrollo con ONG’s, empresas petroleras (las amazónicas), y las mismas instancias estatales. Ahí el manejo estratégico de la identidad facilita el acceso a recursos externos. Poco rígidas ideológicamente, sus alianzas políticas han tenido un amplio margen de discrecionalidad y pragmatismo.” Los segundos tienen exigencias de cambio social con una doble visión indígena y pobre: quieren a la vez un reconocimiento identitario y una justicia redistributiva. Las dos otras sensibilidades son minoritarias: los “etno-radicales” cuyo carácter racista preconiza la lucha de los pueblos indígenas contra los no-indígenas con la recuperación de América como territorio indio y la instauración de la indianidad como proyecto civilizador; y los “neo-leninistas indigenizados” que adoptan las tesis marxistas-leninistas en las cuales predominan los problemas económicos y que proponen una transformación revolucionaria de la sociedad pero dejando de lado las problemáticas étnicas. Para resumir, según Franklin Ramírez Gallegos, los “pragmáticos” consiguieron controlar las organizaciones provinciales y a veces la CONAIE, y los “progresistas” controlaron PK de 1996 hasta 2003.

 

A partir de esas diferentes corrientes, podemos analizar la evolución de las fuerzas en el movimiento indígena y cómo eran percibidos los acontecimientos políticos importantes desde el 2000. El “Golpe de Estado” del 21 de enero de 2000 no provocó una respuesta unánime en el movimiento indígena lo que dio como resultado una débil movilización. El sector “etno- progresista” consideraba que “haber ido “más allá” de las instituciones políticas ponía en riesgo el prestigio del movimiento como fuerza democratizadora y bloqueaba su política de articulación social”.182 Otras, como los “neo-leninistas” y la izquierda radical, veían en ello el camino real para tomar el poder. Y es que sí estamos en el viejo debate que atraviesa a la izquierda latino-americana desde hace décadas: ¿se debe construir el poder desde la base o se debe tomarlo cualesquiera que

 

181 Ramirez Gallegos (Franklin), “Le mouvement indigène et la reconstruction de la gauche en Equateur. Le cas du Mouvement d’Unité Plurinationale Pachakutik – Nouveau Pays” in Gabriel Vommaro (coord.), 2008, La “Carte    rouge ” de l’Amérique latine, Paris, Editions du Croquant, p. 87-88

182 Ramírez Gallegos (Franklin), art.cit., p. 91.

 

sean los medios empleados? Las movilizaciones de febrero de 2001 representaron un momento de unidad en el movimiento indígena e igual en el mundo indígena en general. Esta nueva movilización, en contra del gobierno de Noboa que quería aumentar los precios de los transportes públicos, de la gasolina y del gas, era eminentemente indígena, y la CONAIE consiguió reunificar alrededor de sus reivindicaciones a todas las organizaciones campesinas e indígenas del país, en particular la FENOCIN y la FEINE183. Los indígenas marcaron sus distancias con relación a sus antiguos aliados de los movimientos sociales pero reuniéndose alrededor del lema “Nada solo para los indios” que tiene una tonalidad clasista dirigida hacia las clases medias urbanas y los sectores mestizos de la población. Las otras características de esta movilización son la presencia de los alcaldes y prefectos indígenas elegidos en el 2000, al contrario del “golpe de Estado” de enero de 2000, y la fuerte represión del Estado que hizo siete muertos lo que era nuevo comparado con las movilizaciones anteriores.

 

La participación en el gobierno de Gutiérrez en el 2003 fue un evento crucial porque era la primera vez que los indígenas participaban en un gobierno como representantes del movimiento indígena. Éste había decidido durante las elecciones presidenciales de 2002 que no presentaría a su propio candidato si no que haría una alianza electoral con el Partido Sociedad Patriótica (PSP), partido recientemente creado por Lucio Gutiérrez. Los principales puntos de acuerdo del programa político entre PK y el PSP se presentaban sobre todo alrededor de grandes principios: la lucha contra la corrupción, la reforma del Estado y principalmente del Congreso y del sistema de administración de justicia, la recuperación de la producción nacional, la reafirmación de la soberanía del país en sus negociaciones con los organismos internacionales, la consolidación de la participación de los indígenas en las instituciones públicas con el objetivo de democratizar el Estado y en el plano exterior, la independencia con relación al plan Colombia y la oposición contra toda forma de intervención militar en la región.

 

El problema fue que la CONAIE fue sorprendida por este triunfo y se vio obligada a participar en el gobierno, lo que, según algunos observadores, llegaba demasiado temprano en la maturación política del movimiento indígena. Faltaba un verdadero programa político que querían construir a partir de las bases. Pero no tuvo tiempo de fortalecer sus bases ni sus principios de cambio social. “Sea lo que sea, la CONAIE fue muy criticada por su falta de madurez y de clarividencia políticas y por su compromiso prematuro en el gobierno, lo que le había impedido que empezara toda acción positiva a favor de los indígenas.”184 A pesar de importantes ministerios, los dirigentes indígenas se dieron cuenta que no disponían de un importante margen de decisión y decidieron demitir algunos meses más tarde, ante el cambio de rumbo político de Lucio Gutiérrez, quien, a pesar de sus promesas, aplicó una política neoliberal. Después de la salida del gobierno de Gutiérrez en julio de 2003,  numerosas  tensiones   aparecieron   entre   indígenas   y   mestizos,   entre   “pragmáticos”   y “progresistas” y entre organizaciones de la Sierra y organizaciones de la Amazonía. Esas tensiones eran fortalecidas por las prácticas clientelares del poder. Las numerosas alianzas concluidas por PK durante las elecciones y en el seno mismo del Congreso, cambiaron la imagen del movimiento indígena que luchaba contra la partidocracia en la calle pero que se aliaba con algunos de sus representantes más notorios (DP, PSC, ID) en las instituciones políticas. El movimiento Pachakutik que rechazaba la etiqueta de partido político sufrió a causa de este pragmatismo y las divisiones internas al movimiento indígena se hicieron más profundas y dejaron espacio para un repliegue étnico.

 

 

 

 

183 La FENOCIN (Federación Nacional de Organizaciones Campesinas e Indígenas y Negras del Ecuador) es una organización principalmente clasista defendiendo las minorias étnicas. La FEINE (Federación Ecuatoriana de Indígenas Evangélicos) representa a los indígenas evangélicos.

184 Rudel (Christian), Réveils amérindiens. Du Mexique à la Patagonie, Paris, Karthala, Les Terrains du siècle, 2009, p.172

 

La movilización de abril de 2005 que puso fin a Gutiérrez, porque los manifestantes percibían una intervención clara de los intereses de los partidos en la institución judicial a causa de la destitución de la mayoría de los jueces de la Corte Suprema de Justicia en diciembre de 2004, fue marcada por la ausencia visible y notoria del movimiento indígena de las calles y de los espacios de  contestación. Además, esta movilización con formas de contestación muy diferentes de las de los indígenas (manifestación con cacerolas, cantos, asambleas populares en algunos barrios, etc.) representaba un primer signo de decadencia del movimiento indígena a pesar de mantener cierta capacidad de movilización. Pero el campo progresista mostró que podía movilizarse sin la presencia del movimiento indígena por primera vez desde los años 1990. Desde 2005, el movimiento indígena ya no encontró la influencia que tenía al nivel social. En lo que concierne al campo político, antes de la fundación de PK, las poblaciones indígenas estaban representadas por los partidos tradicionales a través de la cooptación de sus líderes y la práctica de mecanismos clientelares. Sin embargo, aquellos partidos no integraban reivindicaciones indígenas en su programa. Con Pachakutik, el movimiento indígena disponía así de un instrumento político que le permitió que accedieran a puestos políticos importantes y también a participar en algunos gobiernos como el de Gutiérrez. Sin embargo, “las opciones indias parecen atravesar un periodo de retroceso en Ecuador […], retroceso debido en gran parte a las divisiones internas que afectan a las organizaciones y los movimientos indios en [este] país”185. Este largo camino recorrido por el movimiento indígena desde su emergencia en la escena política en los años 1990 no pudo (o no supo) contestar a una pregunta esencial en lo referente al movimiento Pachakutik: ¿nuevo movimiento político de izquierda o brazo político de un movimiento social que es la CONAIE? “Esta ambigüedad constitutiva […] restringió el margen de maniobra de PK en su trabajo de articulación política y de acción parlamentaria, toda vez que debía pasar siempre por los filtros del movimiento social.”186

 

No obstante, el debilitamiento y las divisiones a nivel nacional no impiden el desarrollo de políticas de participación ciudadana y el mantenimiento de una base electoral importante a nivel local. Además, durante el proceso constitucional, la CONAIE intentó hacer oír sus reivindicaciones a través de una propuesta de Constitución que dieron en manos propias a Alberto Acosta, el presidente de la ANC, después de una gran marcha en Quito el 11 de marzo de 2008. La principal reivindicación, con el control del territorio, era la de un Estado plurinacional y fue integrada a la Constitución así como el reconocimiento del kichwa (idioma mayoritario de la población indígena del país principalmente hablado en la Sierra) y del Shuar (idioma de una población de la Amazonía) como “idiomas oficiales de relación intercultural”, y el español el único idioma oficial del país. “Los demás idiomas ancestrales son de uso oficial para los pueblos indígenas en las zonas donde habitan y en los términos que fija la ley.”187 Eso constituye un progreso en el reconocimiento de los derechos de las nacionalidades y pueblos indígenas en el Ecuador. Pero los resultados de las últimas elecciones en abril de 2009 mostraron, una vez más, que el movimiento Pachakutik está en retroceso tanto a nivel nacional como a nivel local. No presentó ningún candidato para las elecciones presidenciales y tampoco hizo una alianza con otro partido lo cual sucede por primera vez desde su creación en 1996. El movimiento indígena salió muy débil de su participación en el gobierno de Gutiérrez, y la opción de presentar su propio candidato para las elecciones presidenciales de 2006, con Luis Macas, líder histórico del movimiento, mientras Rafael Correa les proponía el puesto de vice-presidencia de la República, fue un gran error político. En efecto, el estudio del espacio político ecuatoriano demuestra que Pachakutik ya no está solo para representar a la izquierda. Rafael Correa y el movimiento político que lidera, Alianza País, supieron re-apropiarse de los argumentos anti-sistémicos, anti-neoliberales, ecologistas, etc., para afirmarse como los

 

 

 

185 Laurent (Virginie), “ Indianité et politique en Amérique latine. Variations andines autour d’un phénomène continental ”, en Transcontinentales, Sociétés, idéologies, système mondial, Amérique latine, n°4, 1er semestre 2007, p.74

186 Ramírez Gallegos (Franklin), art.cit., p. 77

187 Artículo 2 de la Constitución del Ecuador.

 

representantes legítimos de una izquierda que no era descreditada al participar en el sistema político ecuatoriano.

 

La llegada del outsider Rafael Correa: reestructuración del espacio político de la izquierda ecuatoriana

 

Muchos sistemas políticos en América Latina dejan un espacio importante para la “emergencia de partidos con una vida efímera y líderes populistas independientes, a menudo outsiders que adoptan discursos anti-partidos.” 188 Ese es el caso en Ecuador desde el retorno a la democracia pero sobre todo en los años 1990 con la creación de Pachakutik, y culmina con el acceso al poder de Rafael Correa que reafirmaba su condición de outsider como un elemento central de su candidatura. La creación de PK marcó una profunda reconfiguración de la izquierda en Ecuador que nunca había logrado calar en el espacio político. Su creación da origen a la ampliación del discurso marxista tradicional de la izquierda hacia cuestiones étnicas y de diferencias culturales.

 

Ocupó solo durante diez años este espacio político vacante a causa del debilitamiento de los partidos de izquierda desde el retorno a la democracia en beneficio de los partidos de derecha, del centro o populistas. Al lado de temas como la plurinacionalidad y la interculturalidad, PK decidió que no debería estar constituido solo de indígenas o por los indígenas si no que más bien debería intentar integrar a diferentes sectores sociales y culturales. Los constantes enfrentamientos con el modelo neoliberal y las movilizaciones de la CONAIE demostraron concepciones de la soberanía frente a las empresas petroleras extranjeras así como su fuerte oposición al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Sin embargo, el debilitamiento electoral de PK dejaba un espacio en el espacio político para la llegada de otro actor político que fue encarnado por Rafael Correa y después por el movimiento político Alianza País. Las reivindicaciones de PK siguen estando presentes durante las elecciones y fueron asumidas por el actual gobierno de Rafael Correa lo que le condujo a dirigir el actual proceso político.

 

La noción de outsider que caracteriza a Correa puede designar a “un candidato con una trayectoria política mínima o inexistente que construye su plataforma electoral por oposición al orden establecido, pero sin necesariamente ofrecer una alternativa ideológica concreta o sin contar con el apoyo de un partido político establecido”189. Esa definición se aplica perfectamente a Correa cuya trayectoria política se resume solo a una corta experiencia de tres meses como ministro de Economía durante el gobierno de Palacio, de abril hasta junio de 2005. Sus actividades públicas se limitaban a su presencia en los medios de comunicación, como invitado para realizar análisis y para comentar la situación económica del país y como profesor de una universidad de Quito. Se presenta como un “humanista de izquierda cristiana”. Eligió una opción peligrosa porque, al mismo tiempo que su candidatura a las elecciones presidenciales de 2006, el movimiento político Alianza País (AP) no presentó candidatos para las elecciones legislativas que tuvieron lugar el mismo día. Esa decisión prefiguró la posición política que va a tener Rafael Correa, es decir una estrategia de

cambio político radical.190 Así iba al encuentro de un electorado profundamente hostil hacia los

 

 

188 Alcántara Sáez (Manuel), García Díez (Fátima) (coord.), Elecciones y política en América Latina, México, Instituto Electoral del Estado de México, 2008, p.13.

189 Mejía Acosta (Andrés), Machado Puertas (Juan Carlos), “Las democracias asfixiadas en los Andes Altos: elecciones e inestabilidad en Bolivia, Ecuador y Perú”, in Alcántara Sáez (Manuel), García Díez (Fátima) (coord.), op.cit., 2008, p. 190-191.

190 El politólogo Simón Pachano piensa que el hecho de no presentar candidatos a las elecciones legislativas no era una

estrategia si no una decisión pragmática marcada por una dificultad: “[…] Rafael Correa no presentó candidatos para las legislativas por la dificultad para estructurarlas y no por un simple cálculo. Si es así, esto reforzaría la condición de outsider del ganador y eso sería una prueba más del carácter flexible y flojo del sistema político ecuatoriano. ” Pachano (Simón), “Renovación, agonía y muerte del sistema de partidos de Ecuador”, in Alcántara Sáez (Manuel), Fátima García Díez (coord.), op.cit., p. 151.

 

partidos políticos. En efecto, esas elecciones tuvieron lugar en un contexto de deterioración de los partidos políticos y de una tendencia creciente de actitudes hostiles hacia ellos.

 

Además, según Franklin Ramírez Gallegos, eso “definía un rasgo estructural del proyecto político correísta: su carácter marcado anti-sistémico”191. Esa posición política es muy importante para entender los discursos de Correa pero también su increíble popularidad desde su llegada al poder. No basta tener un discurso anti-partido porque el análisis de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2006 muestra que los cuatro primeros eran personajes que no promovían partidos políticos tradicionales. La diferencia entre Rafael Correa y los demás es que desarrolla ese discurso anti-sistémico con grandes esperanzas de cambios. La primera prueba se encuentra en el llamamiento al voto nulo durante las elecciones legislativas para desacreditar un Congreso gangrenado por la partidocracia.192 Era también una manera de deslegitimarlo porque éste, sin duda, iba a estar controlado por la oposición e iba a pronunciarse contra la instalación de una asamblea constituyente que constituía el núcleo principal del programa del gobierno de Correa por el cual había votado la población. Es una de las características de los outsiders: deben hacer un llamamiento al pueblo para impulsar su agenda de reformas radicales ya que no se apoyan en un partido político y no reconocen las instituciones de representación popular (congreso, partidos políticos). La apuesta de Correa que hubiera podido conducirlo a un impasse institucional con el Congreso, funcionó sobre todo gracias a la debilidad de la derecha que tuvo que aceptar un referéndum sobre la instauración de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Ese fue un plebiscito para Correa con más del 80% de los ecuatorianos que lo aprobaron. La estrategia anti- sistémica permitió también el triunfo de Correa y de AP simbolizado por la victoria en las elecciones para la ANC con 80 de los 130 escaños. Fue así que Correa pasó, en solo nueve meses, de un gobierno muy minoritario, con ningún representante en el Congreso, a una situación en la cual poseía una gran mayoría en una ANC que tenía los plenos poderes. Era la primera vez que una formación política tenía la mayoría absoluta desde el retorno a la democracia en 1979, poniendo en cuestión la distribución territorial tradicional de los votos y las divisiones Costa/Sierra y Guayaquil/Quito. Estos resultados y estas tendencias siguen verificándose en las elecciones posteriores de 2008 y 2009.

Desde entonces, Correa ocupa todo el espacio político nacional. Eso es aún más cierto cuando la ANC con los plenos poderes representaba para Correa un espacio político esencial a fin de viabilizar un proyecto de cambio radical de la sociedad pero también de recomposición de las fuerzas políticas a nivel institucional. Le permitió disolver el Congreso nacional donde la oposición ocupaba una gran mayoría de los escaños. Se apoyó particularmente en una fuerte polarización social y política pero también en una personalización de la vida política en la cual Correa es la figura central. Fue él quien motivó el referéndum del 15 de abril de 2007 y las elecciones por la ANC el 30 de septiembre de 2007. Fue alrededor de su persona que se desarrollaron esas elecciones y las otras que siguieron, dejando poco espacio a otras personalidades o a la oposición. Claro, no hay que olvidar el contexto de esas elecciones con un fuerte rechazo por parte de la población hacia los partidos políticos y las instituciones que las encarnaban. Correa supo vender la idea según la cual la nueva Constitución era necesaria para acabar con este sistema corrupto y para desarrollar su programa político de la Revolución ciudadana.

 

Las difíciles relaciones entre Rafael Correa y los movimientos sociales

 

La emergencia de Rafael Correa y su dominio sobre el espacio político nacional constituyen diferentes problemas para los otros actores que desean posicionarse. El presidente no duda en tener discursos en los cuales él fustiga a las personas o a las organizaciones que lo contradicen: o están por Correa y las reformas que pone en marcha, o están en contra y se exponen a la furia del

 

191 Ramírez Gallegos (Franklin), “Voto crucial en Ecuador. Las antinomias de la revolución ciudadana”, El Mundo diplomático (edición chilena), septiembre de 2008.

192 El voto nulo pasó del 16,1% en 2002 al 26,3% en 2006. Ver Pachano (Simón), art.cit., p. 157.

 

presidente, particularmente en su programa de radio semanal. El movimiento indígena lo experimentó numerosas veces sobre todo a partir de marzo de 2008, momento en que la CONAIE amenazaba con hacer grandes manifestaciones, y hasta un levantamiento, si su principal reivindicación, el Estado plurinacional, no era adoptada en la Constitución que se estaba preparando. La reacción de Rafael Correa fue muy seca, o hasta insultante según las organizaciones indígenas que no dudan en decir que era digna de las palabras racistas que se escuchaban en la clase política antes de los años 1990.193 Además, la cooptación de numerosos líderes de los movimientos sociales y sobre todo del movimiento indígena debilita la oposición social. El carisma y la popularidad de Correa dejan poco espacio para las otras organizaciones, igual para los movimientos sociales o para los partidos políticos de izquierda que no pertenecen al partido en el poder. La retórica presidencial anti-sistémica impide el desarrollo de una oposición de izquierda: si todas las organizaciones no sostienen los cambios preconizados por Alianza País, toman el riesgo de volver al antiguo sistema, a la partidocracia o de ver el retorno de la derecha, y entonces del neoliberalismo, al poder. Los actores políticos y sociales deben hacer frente a una polarización de lo que está en juego alrededor de la persona de Rafael Correa. Y el movimiento Pachakutik no escapa de esos debates.

 

Sin embargo, sería prematuro, y también erróneo, hablar de una puesta en tela de juicio de la democracia como algunos autores lo proclaman194. En el interior mismo del movimiento político que apoya a Correa, AP, numerosos debates tienen lugar, algunas discrepancias se hacen escuchar, etc. AP es muy heterogéneo, con corrientes políticas que van del centro-derecha hasta la extrema- izquierda pasando por los ecologistas, las corrientes indigenistas, feministas, de jóvenes, etc. A pesar de esto, representan un sólido bloque de representaciones y de discursos sociales cuya formación tuvo lugar antes de la llegada al poder de Correa y que legitimó al mismo tiempo todos los ataques del Presidente contra los partidos políticos y el Congreso nacional. Su gobierno es también sintomático de esa voluntad de luchar contra el personal político existente así como contra la partidocracia. El gabinete de Correa está compuesto mayoritariamente por independientes: solo cinco tenían relaciones con partidos políticos o una trayectoria política; la mayoría venía del mundo académico, de las ONG’s, de los sindicatos o de los movimientos sociales.195 También es por eso que es tan difícil para los movimientos sociales el posicionarse en relación con la figura de Correa. En Ecuador, nos encontramos en una situación particular. Los movimientos sociales eran fuertes en los años 1990 y al principio de los años 2000, y en primer lugar el movimiento indígena. Estuvieron en el origen de todas las movilizaciones, de las caídas de muchos gobiernos y finalmente de la llegada al poder de un gobierno de izquierda conducido por un movimiento político que agrupa a muchos movimientos sociales, a líderes sociales, etc. Pero desde el 2006, asistimos al final de un ciclo de movilización que coincidió con el principio del gobierno de Correa. Además de eso, la cooptación de muchos líderes sociales y la voluntad de otros de trabajar por este gobierno acabam de debilitar a los movimientos sociales. Así, estos últimos no juegan su papel de contrapoder para que el gobierno siga teniendo sus promesas de cambios sociales. Por el momento, se ha desplegado una diversidad de conflictos sociales alrededor de distintos ejes pero sin contactos entre ellos.

 

El conflicto más importante y que pueda ser peligroso para el gobierno de Correa es el que tiene con el movimiento indígena alrededor de la minería y de la voluntad de Correa de explotar los recursos naturales sin consultar a los pueblos indígenas que están en estos territorios. Las organizaciones de la Amazonía piden al gobierno que respete los tratados internacionales firmados por el Ecuador y particularmente la Declaración de la Asamblea general de la ONU de septiembre de 2007 en lo que

 

193 Rafael Correa, en su programa de radio, no dudó en decir que los indígenas solo representaban el 2% del electorado (en referencia al porcentaje obtenido por Luis Macas en las elecciones presidenciales) y en hacer cantar al público presente: “¡Que se vayan todos!”.

194 Ver, entre otros, Machado Puertas (Juan Carlos), “Ecuador: … hasta que se fueron todos”, Revista de Ciencia Política, Santiago de Chili, 28, 1, 2008, p. 189-215 o algunos artículos de Simón Pachano.

195 Machado Puertas (Juan Carlos), art. cit, p. 203

 

concierne a los derechos de los pueblos autóctonos. Lo más peligroso para Correa sería la multiplicación de los conflictos locales con las comunidades que querrán defender su territorio. Correa no quiere que lo que ocurrió en junio de 2009 en Perú se reproduzca en la Amazonía ecuatoriana. Es por eso que intenta calmar sus relaciones con el movimiento indígena y negociar con algunos líderes que estarían dispuestos a ello. Como lo dijo al principio de junio de 2009, no pueden estar de acuerdo con todo pero coinciden con el 80% de los objetivos del gobierno. Esa es la tarea de todos los movimientos sociales: “coincidir con el gobierno en lo que haya que coincidir y construir una alternativa propia que no se confunda ni por casualidad con las oposiciones de las derechas”196.

 

El mejor ejemplo de esa dificultad fue la campaña por el referéndum para la aprobación de la nueva Constitución. Después de la entrega del texto el 25 de julio de 2008, una de las cuestiones importantes era saber si los movimientos sociales y los sectores progresistas de la población iban a hacer campaña por el sí. Más precisamente, se trataba, para el gobierno, de convencer a los diferentes movimientos sociales de hacer campaña por el sí. En efecto, muchas organizaciones pensaban que a la Asamblea Constituyente le faltaron ambiciones en algunos temas, por ejemplo en lo relativo al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, el aborto, las uniones entre homosexuales, etc. Sin embargo, a pesar de algunos resentimientos de los movimientos sociales, Rafael Correa y Alianza País insistían sobre el hecho de que si el no ganaba, sería un retorno al sistema anterior, con el antiguo Congreso y entonces el juego de la partidocracia. Aunque muchas organizaciones de izquierda, ecologistas, indígenas o feministas amenazaron con llamar a votar no si sus reivindicaciones no eran tomadas en cuenta, una vez que el texto de la nueva Constitución fue finalizado, se pronunciaron por el sí. Lo que estaba en juego para ellas era hacer una campaña por el sí diferente e independiente de la de Rafael Correa. Este último es cada vez menos sostenido por los movimientos sociales que son críticos en cuanto a su acción política: piensan que no aplica las reformas económicas y sociales prometidas durante su campaña presidencial para poner fin a lo que Correa llama la “larga noche neoliberal”.

 

Pero, a pesar de la creciente contestación, el proyecto constitucional contenía gran parte de las reivindicaciones de diferentes organizaciones sociales. Entonces, estas últimas (organizaciones campesinas, indígenas, feministas, ecologistas, religiosas, defensores de los derechos humanos, movimientos de jóvenes, representantes de medios de comunicación alternativos, etc.) decidieron reunirse en el frente “Unidos/as por el SÍ y el cambio”197. Fue así que numerosas reuniones tuvieron lugar con, a veces, la presencia de antiguos miembros de la Asamblea Constituyente pertenecientes

a  la  izquierda  de  Alianza  País198,  para  socializar  la  Constitución.  Con  esta  campaña, querían

demostrar su apoyo al proyecto de “Revolución ciudadana” y su oposición a la política del gobierno que contribuyeron a llevar al poder.

 

Elementos de conclusión

 

Este es un buen ejemplo de las relaciones entre los movimientos sociales y el gobierno que son una mezcla de apoyo y de contestación: amenazan con bajar a las calles o con hacer un levantamiento para negociar mejor, pero sabiendo que la solución no es la caída del gobierno tal como el Ecuador ha conocido por numerosos años. Sin embargo, la legitimidad “popular” no está dada al gobierno, si no a un proyecto político que Correa debe respetar. Desde la últimas elecciones del 26 de abril de

 

 

196 Unda (Mario), La Asamblea en el centro; el referéndum en la mira (la conflictividad sociopolítica en el Ecuador), Quito, informe de coyuntura, mayo y junio de 2008, p.10.

197 Ver el artículo de Eduardo Tamayo, “ Organizaciones sociales se unen por el SI a la nueva Constitución ”, 12 de septiembre de 2008, www.cetri.be/spip.php?article831

198 Fue particularmente el caso de Alberto Acosta, antiguo Presidente de la ANC, o de Mónica Chuji que salió desde

entonces de Alianza País para oponerse a la política del gobierno de Correa, así como otros diputados de la corriente indigenista y ecologista dirigida por Acosta.

 

2009, Correa tiene todos los elementos para cumplir sus promesas de cambios: una de las Constituciones más progresistas del mundo; una gran popularidad que le hizo ganar las elecciones presidenciales con casi el 52% de los votos; tener casi la mayoría absoluta en el Congreso199; una base electoral amplia que le permitió ganar en algunas provincias (10 de las 22), muchos  cantones200 y algunas ciudades importantes como Quito (con Augusto Barrera), Cuenca (Paul Granda), Ambato (Fernando Callejas Barona), Ibarra (Jorge Martínez Vásquez), Latacunga (Rodrigo Espín Villamarín), etc.

 

Hay mucho en juego para el gobierno. Correa no podrá seguir gobernando mucho tiempo únicamente con su alta popularidad y su carisma. Su actitud hacia los movimientos sociales debe cambiar y particularmente con el movimiento indígena. El gobierno de Correa tiene todo para establecer una política progresista, objetivo de la nueva Constitución. Para eso, habrá que encontrar de nuevo la confianza de los diferentes movimientos sociales. Además de apoyarse en estos últimos, Correa tendrá que fortalecer su partido, Alianza País, para que sea una fuerza de proposiciones y no sólo una cámara de grabación de las decisiones de su buró político. Según Alberto Acosta, Alianza País debe convertirse en un ejemplo de democracia para el país. Sin esto, el movimiento heterogéneo que es Alianza País verá su base electoral y su argumento anti-partido caer. El Ecuador entraría en una nueva fase de inestabilidad política desde la cual tendría mucha dificultad para levantarse.

 

(Quito, 2009)

 

Para saber más sobre Ecuador:

 

• Revista La Tendencia: www.fes.ec/public/titleList.do?categoryCode=23

• Fernando García Serrano, « De movimiento social a partido político: el caso del movimiento de unidad plurinacional Pachakutik-Ecuador », Sao Paulo, Fundación Rosa Luxembourg, noviembre de 2005, www.rls.org.br/publique/media/PartAL_Garcia.pdf

• Jorge León et al., Participación política, democracia y movimientos indígenas en los Andes, La Paz, IFEA-PIEB-Ambassade de France en Bolivie, 2005.

• Pablo Ospina Peralta (coord.), En las fisuras del poder. Movimiento indígena, cambio social y gobiernos locales, Quito, IEE, CLACSO, 2006.

• Pablo Ospina Peralta, Olaf Kaltmeier, Christian Büschges (ed.), Los andes en movimiento. Identidad y poder en el nuevo paisaje político, Quito, Universidad Andina Simón Bolivar, Universidad de Bielefeld, 2009.

 

• Sección Ecuador de Rebelión: www.rebelion.org/seccion.php?id=34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

199 Al momento de escribir este artículo, los resultados no eran oficiales, a causa de todas las denuncias. Pero lo que es cierto es que Alianza País no va a tener la mayoría absoluta en el Congreso. Tendrá que hacer alianzas con otros grupos como Pachakutik.

200 Alianza País ha ganado en algunos cantones que antes estaban en manos del movimiento Pachakutik: Otavalo (Mario Conejo que viene de Pachakutik), Cotacachi (Alberto Anrango que ha ganado contra el antiguo alcalde Auki Tituaña) o Saquisilí (donde hubo una división dentro de Pachakutik).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El socialismo cubano en búsqueda de renovación

 

Por Janette Habel

 

Janette Habel es especialista del sistema político cubano, investigadora en el Instituto de Altos Estudios de América Latina (Paris), colaboradora de Le Monde Diplomatique e integrante del Consejo científico de ATTAC-Francia. En los años sesenta realizó tareas solidarias en Cuba, manteniendo luego una constante relación con la isla, participó en diversos eventos en La Habana y continuó analizando la evolución del proceso revolucionario. Es autora de:  Rupturas en Cuba. El castrismo en crisis, México, Multimedio Universidad Veracruzana, 1994.

 

Traducción del francés por Aldo Casas (revista Herramienta - www.herramienta.com.ar)

 

Singular historia la cubana. Luego de cuatro siglos de dominación colonial española, más de cincuenta años de República marcados por dos dictaduras y medio siglo de Revolución, la isla está de nuevo ante un viraje de su historia. Redefinir un proyecto de desarrollo viable en condiciones históricas y geopolíticas nuevas, garantizar la estabilidad del país, organizar el traspaso del timón de los viejos cuadros históricos a las nuevas generaciones, entablar negociaciones con la administración de Obama: esta es la misión de Raúl Castro. “Todo es negociable, salvo la soberanía”, ha declarado el nuevo presidente cubano. Reconociendo públicamente que el sistema funciona mal, que los salarios son insuficientes, que se necesitan “cambios estructurales y conceptuales”, Raúl Castro despertó muchas esperanzas. Pero los anunciados cambios avanzan lentamente. “Pese a nuestros deseos de arreglar todos los problemas, no podemos gastar más de lo que tenemos”, precisó el nuevo ejecutivo recordando la gravedad de la crisis mundial y decepcionando a quienes esperaban soluciones mas rápidas. ¿Un frenazo? ¿Cambio de rumbo o prudencia? Más de una decena de ministros Fueron separados –entre ellos el ex vicepresidente Carlos Lage y el ex jefe de la diplomacia Felipe Pérez Roque- y se anunció la fusión de ministerios relacionados con la producción procurando hacer más “funcional” un aparato estatal hiper- centralizado y muy burocratizado. En realidad, estas purgas son indicadores de graves tensiones políticas en la cúpula del aparato estatal.

¿Cómo caracterizar lo que algunos en Cuba llaman el “raulismo”? La elección (el 24 de febrero de 2008) del hermano menor de Fidel Castro para la presidencia del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros no es sinónimo de transición sistémica. Los dirigentes cubanos aprendieron de la experiencia soviética y de Europa del Este. Después de cincuenta años de “fidelismo” y dos años de poder interino, el hermano de Fidel Castro tiene la misión de garantizar la continuidad y estabilidad del régimen impulsando al mismo tiempo reformas consideradas indispensables. Raul Castro, con 78 años, dispone de un tiempo limitado para hacerlo. Pero el ritmo de los cambios aplicados revela un gradualismo prudente para limitar el costo social de las reformas y no abrir una caja de Pandora con incalculables consecuencias. El desafío es “salir del caos sin caer en la ley de la selva”, sostiene el sociólogo cubano Aurelio Alonso. Pero hay impaciencia en la población.

 

¿Por qué los anunciados cambios se hacen esperar? Hay diversas razones. La primera tiene que ver con el agravamiento de la situación económica. La segunda es política. Hay que adaptar las instituciones del régimen para que perdure tras la desaparición de Fidel Castro, en el poder desde hace 50 años. La tercera resulta de una nueva coyuntura: la emergencia de una sociedad civil y de una juventud mucho menos receptiva a los discursos oficiales. La cuarta es internacional: ¿Cómo tratar con la administración Obama al tiempo que se mantienen las relaciones privilegiadas de La Habana con Hugo Chávez? La ecuación es difícil; el acercamiento con el presidente Lula podría

 

permitir re-equilibrar las alianzas y facilitar las negociaciones con el nuevo presidente norteamericano.

 

¿Cual es la dinámica de reformas?

 

La sucesión apenas iniciada se tropieza con una imprevista coincidencia de dificultades coyunturales (alza en los precios de las materias primas, la gravedad de los desastres provocados por tres ciclones consecutivos, consecuencias de la crisis económica y financiera internacional, disminución del ritmo de crecimiento cubano) y estructurales (fuerte dependencia de las importaciones, débil productividad, dualidad monetaria, hiper-centralización burocrática). Los márgenes de maniobra económicos para el éxito de las reformas son estrechos. Según algunos economistas cubanos la hoja de ruta –vale decir la estrategia de las reformas- ya está definida. “El menú está listo. Sólo falta fijar una fecha, al menos en lo concerniente a las medidas iniciales”, declara el economista Omar Everleny Pérez, sub-director del Centro de Estudios de la Economía Cubana (CECEC).201 Resta hacerlo aprobar en el próximo congreso del Partido Comunista Cubano (PCC) previsto para el otoño de 2009 y ponerlo en marcha. Por ahora el gobierno actúa poco a poco pero se adoptaron algunas medidas puntuales de austeridad impopulares. Se pasó la edad de jubilación para las mujeres de 55 a 60 años y para los hombres de 60 a 65. Se reformó el sistema salarial y se generalizó su aplicación desde el 2009, con lo cual ya no hay techo para los salarios en el sector publico y los mismos pueden variar según el rendimiento y los resultados. “Para ganar más hay que producir mas”, puede leerse en los carteles oficiales. Los viajes al extranjero de funcionarios y cuadros de las empresas se redujeron a la mitad, los premios concedidos a los trabajadores de mayor rendimiento y algunas subvenciones fueron suprimidas. El ministro de Finanzas subrayó ante la Asamblea Nacional202 la necesidad de modificar “la política fiscal existente”, anunciando la progresiva eliminación de “gratuidades indebidas y altamente subvencionadas muy por encima de las posibilidades actuales del país”. La dinámica subyacente a las primeras medidas está signada por una orientación de mercado.

Además Raúl Castro reafirmo la prioridad dada a la agricultura. Desde 2008 se tomaron una serie  de medidas destinadas a estimular la producción agrícola con el propósito de disminuir importaciones de alimentos cada vez más costosas. En efecto, algunos productos básicos de la alimentación cubana (arroz, frijoles, trigo) dependen de las importaciones. Pero la situación en la agricultura es muy alarmante. Según la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) en el 2007 la tasa de utilización de tierras agrícolas apenas era de 45% contra un 55% de tierras sin cultivar. Está disminuyendo la producción de algunos géneros alimenticios. El aporte del sector agrícola en la obtención de divisas cayó: en el 2007 representaba el 16% de las exportaciones (en contraste con el 88% de 1990, cuando el azúcar constituía el 80% del total de las exportaciones).203 Hoy el sector estatal es poco productivo, a diferencia del sector privado que trabaja aproximadamente un 30 % de las tierras cultivadas y asegura más de la mitad de la producción nacional. Para corregir esta situación Raúl Castro anunció una serie de reformas a fin de estimular la producción de alimentos, declarada objetivo prioritario de “seguridad nacional” por el nuevo ejecutivo. Las tierras no cultivadas fueron distribuidas en usufructo a productores privados (7,5% de la superficie útil fue repartida en enero 2009). El gobierno afirma haber dado en usufructo cerca de 660.000 hectáreas de tierra en barbecho. El usufructo es intransferible pero renovable por períodos de 10 años y todas las tierras afectadas serán imponibles. El precio de compra pagado a los campesinos fue aumentado para determinados productos. Se adoptaron medidas descentralizadoras. Las 169 delegaciones municipales de agricultura que fueron creadas tienen la misión de explotar todas las tierras y mejorar mecanismos de comercialización muy ineficaces. Algunas empresas públicas fueron desmanteladas pasando a ser prestatarias de servicios y su personal fue afectado a la producción.

 

 

201 La Jornada, 17/3/2008 “Cuba requiere soltar todas las fuerzas productivas”.

202 La Habana, Asamblea Nacional Popular 24-27/12/2008.

203 La Carta de La Habana, nº 90, febrero 2009, B. Gazon.

 

Pero la situación económica y social demanda medidas más importantes. Pasados ya veinte años, no se recuperó aún el nivel de vida de 1989. Pese al aumento nominal de los salarios en 2005, el economista Carmelo Mesa-Lago estima que los salarios reales (ajustados según la inflación) seguían siendo en 2007 un 76% más bajo que los de 1989.204 Juicio confirmado por Raúl Castro  que reconoció en un discurso205 que “los salarios son claramente insuficientes para satisfacer las necesidades”. A pesar del aumento en las jubilaciones dispuesto en 2005, su nivel medio real en 2006 es un 61% inferior al de 1989.206 Hay desnutrición en algunos hogares muy pobres.207 El sistema de salud y la educación se han deteriorado con la crisis. Los cuadros, los profesionales muy calificados, los docentes, a falta de remuneraciones suficientes se dedican a otras actividades. Se montó un sistema acelerado de formación de docentes para mitigar la falta de profesores, pero el mal desempeño de los maestros emergentes provocó protestas de la población. En cuanto a salud, la transferencia de decenas de miles de médicos cubanos al exterior, sobre todo a Venezuela, ha provocado una penuria de profesionales de la salud y algunos establecimientos hospitalarios ya no tienen el personal necesario.208

 

Para algunos economistas cubanos el sistema económico está en un impasse y no puede ser punto de partida para el desarrollo. Pedro Monreal habla de “descarrilamiento” de la economía y “la dura realidad de un país invadido por el marabú” que requiere “una refundación económica, social y política”.209 Para Omar Everleny Pérez es preciso “liberar todas las fuerzas productivas, desarrollar el mercado, impulsar las inversiones extranjeras y relanzar las PME entre otras medidas capaces de dinamizar una economía tan improductiva”.210 “Hace falta una profunda transformación estructural incluyendo formas de propiedad no estatal no solamente en la agricultura sino también en el sector manufacturero y en los servicios”.211 La mayor de las preocupaciones es pues la economía. Es significativo que Carlos Lage –actualmente purgado, pero anteriormente responsable gubernamental del seguimiento de la evolución económica- haya cuestionado la corrupción y la incompetencia administrativa, constando que la recuperación no se correspondía con la magnitud de los recursos distribuidos. Pero dado que las reformas de mercado aplicadas durante la crisis que siguió a la caída de la Unión Soviética (el “Período especial”) desestabilizaron el anterior equilibrio social, cuando se trata de ir mas lejos se impone la prudencia, tanto mas cuanto que hay opiniones divergentes sobre los “cambios estructurales” a realizar.

 

Cuba después de Fidel: institucionalizar y estabilizar el régimen

 

El desafío es también político. Está cuestionada la funcionalidad de un sistema preparado para operar en otro contexto histórico. El escenario de la sucesión es imprevisto. El traspaso de poderes perfectamente controlado en 2006 preparaba a la población para la ausencia de Fidel Castro, gravemente enfermo. Su vida peligraba. Renunciando a sus cargos (excepto al del Secretariado del Partido Comunista Cubano) Fidel Castro parecía retirarse. Pero con sus 83 años no sólo sigue estando presente sino que parece mejorar y “reflexiona” casi cotidianamente en las columnas del diario Granma o en Internet. A veces sus “reflexiones” son leídas íntegramente por la televisión. Y sus escritos no siempre coinciden con las decisiones adoptadas por el gobierno de Raúl Castro (como pudo verse a propósito de los mensajes referidos a las relaciones con la Unión Europea o con algunos gobiernos latinoamericanos). ¿Significa esto que hay divergencias entre los “raulistas” y los “fidelistas”? Los desacuerdos entre ambos hermanos son invisibles. Se pueden advertir estilos de

 

204 Carmelo Mesa-Lago “The Cuban economy al the crossroads: Fidel Castro’s legacy, debate over change and Raul Castro’s options”. Documento de trabajo, Real Instituto Elcano, 2008, Madrid.

205 El 26 de julio 2008.

206 Ibid, pag. 157.

207 Omar Everleny Pérez “La economía en Cuba: un balance necesario”, Nueva Sociedad nº 216 (2008), Buenos Aires.

208 Julie M. Feinsilver “Médicos por petróleo”, Nueva Sociedad nº 216, julio-agosto 2008, pag. 119.

209 Espacio Laical, La Habana, 2/2008.

210 La Jornada, 17/3/2008 “Cuba requiere soltar todas sus fuerzas productivas”.

211 Omar Everleny Pérez, ob. cit.

 

trabajos diferentes, los primeros con mayor pragmatismo y un funcionamiento más organizado en el marco de las instituciones existentes, sobre todo el ejército, y en los segundos un voluntarismo que no vacila antes las dificultades y frecuentemente toma atajos. Pero más allá de estos rasgos, es difícil identificar corrientes políticas organizadas en el aparato estatal. El sistema político de partido único es opaco y no permite la expresión pública de las diferencias a pesar que el PCC es muy heterogéneo. La prensa oficial está dominado por la “lengua de madera” y el black out sería casi total sin Radio Bemba, una transmisión de boca a oreja generalmente bien informada. El investigador cubano Haroldo Dilla212 identifica tres sectores en la elite política.213 En primer lugar las personalidades históricas en actividad (entre las que Raúl Castro es la figura clave) generalmente volcadas a las actividades financieras y comerciales, favorables a una amplia apertura económica y partidarias de un reforzado control político garantizado por las Fuerzas Armadas. Un segundo sector sería, según Dilla, el integrado por políticos más jóvenes relacionados con dirigentes económicos y con algunos centros de investigación; partidarios de una mayor flexibilidad política, estarían en contacto con dirigentes latinoamericanos y en particular con el presidente venezolano Hugo  Chávez. La personalidad mas representativa sería el vicepresidente hoy purgado Carlos Lage, el ministro de cultura y miembro del Buró Político Abel Prieto aún en funciones, y tal vez el también purgado ministro de Relaciona Exteriores Felipe Pérez Roque. Finalmente, un tercer sector muy conservador y con una visión dogmática de la política aceptaría reformas a condición de controlarlas y preservar las prerrogativas de la burocracia del PCC. El primer vicepresidente José Ramón Machado Ventura (78 años) sería su figura prominente. Controla el aparato del PCC que incluye varios cientos de miles de funcionarios. Son los pilares políticos de la administración; su suerte está ligada al mantenimiento de un Estado muy centralizado y temen ser desestabilizados por “cambios estructurales” que podrían aparejar reivindicaciones políticas.

 

Cuando se esperaba la promoción de Carlos Lage como número dos, ante la sorpresa general, quien fue promovido en 2008 primer vice-presidente del Consejo de Estado fue Machado Ventura, lo que en caso de fallecimiento de Raúl Castro lo convierte en sucesor oficial, de acuerdo a la Constitución cubana. Esta decisión imprevista preanunciaba el desplazamiento de Carlos Lage. Esta alianza entre la alta nomenklatura del PCC y los militares “históricos” constituye hoy el núcleo duro de la dirección del país. En el marco del proceso de sucesión que está en curso, el desplazamiento de C. Lage y de F. Pérez Roque permite a Raúl Castro consolidar su poder y colocar a su gente. Según su concepción el Partido Comunista Cubano representa la vanguardia de la Nación. Sin embargo, siendo partido único, el PCC está lejos de ser homogéneo. En vísperas de importantes acontecimientos el nuevo presidente quiere “trabajar en el perfeccionamiento de las instituciones” en alianza con las Fuerzas Armadas (FAR) de las que fue ministro durante casi medio siglo. Estas han adquirido un considerable peso económico. Son el vector de numerosas transformaciones económicas y pesan a favor de reformas que den mas espacio al mercado y a la disciplina a fin de hacer competitiva una producción que no lo es. Los empresarios de las FAR aplican desde hace mucho “el perfeccionamiento de las empresas”, como se denomina a un sistema  de  gestión aplicado en las empresas cubanas con métodos marcados por la búsqueda de la perfomance y la rentabilidad. La aplicación de mecanismos de organización y de dirección utilizados por las empresas privadas que funcionan en una economía capitalista implica una mayor autonomía de decisión para los dirigentes incluyendo la facultad de reducir personal, y de aplicar un sistema de pagos y remuneraciones ligados a los resultados de la producción. En agosto de 2007,  797 empresas sobre un total de 2732 (la mayor parte de las empresas son públicas) aplicaban las normas del “perfeccionamiento”.214 Ellas inspiran la nueva política salarial nacional que se aplica desde el segundo semestre de 2008. A partir de ahora todos los trabajadores serán pagados de acuerdo al rendimiento, su salario básico será fijado con independencia de de las tablas salariales nacionales y

 

212 Haroldo Dilla es sociólogo y fue uno de los investigadores del prestigioso Centro de Estudios sobre América (CEA) cuyos responsables fueron reprimidos por Raul Castro en 1996. Actualmente vive en la República Dominicana.

213 Haroldo Dilla “La dirección y los límites de los cambios” Nueva Sociedad Nº 216, julio/agosto 2008, Buenos Aires.

214 La carta de La Habana nº 82 junio 2008.

 

en una misma empresa podrán coexistir sistemas de remuneración diferenciados, práctica que anteriormente estaba prohibida.

 

El nuevo presidente ha puesto el acento en la regularidad de un funcionamiento institucional frecuentemente alterado por su hermano mayor. El abandono de la “batalla de ideas” (una estructura paralela extremadamente costosa montada por Fidel Castro para impulsar sus propios planes económicos y sociales) y el desplazamiento de cierto número de “talibanes” (sobrenombre dado a los jóvenes incondicionales del líder máximo cuyo activismo frecuentemente cortocircuitaba la legalidad administrativa) confirma la voluntad de “colegialidad” -y disciplina- ejemplificada en la organización de las Fuerzas Armadas. En este aspecto es en lo que el “raulismo” se diferencia del “fidelismo”, sin que ello signifique mayor preocupación por la participación democrática. Pero el desorden institucional mantenido por Fidel Castro se había hecho inaceptable. A partir de ahora es preciso reformar, reorganizar, sin desestabilizar: difícil operación que por el momento deja poco o ningún lugar a las nuevas generaciones. Es sorprendente ver que ni Fidel ni Raúl Castro han tenido la suficiente confianza en la siguiente generación como para transmitirle –aunque sea bajo su control- la responsabilidad gubernamental, habiendo algunos experimentados dirigentes cuadragenarios o quincuagenarios en funciones desde hace mucho tiempo. Era el caso de Carlos Lage (57 años) y de Felipe Pérez Roque (43 años). Así pues, con algunas pocas excepciones, el poder se mantiene en la vieja generación histórica215 que así afirma que quiere ser la única que decida las reformas que se pondrán en marcha.

 

Para esta vieja guardia la situación no es sencilla. ¿Cómo reemplazar el arbitraje ejercido hasta entonces por Fidel Castro, líder carismático “irremplazable” según Raúl Castro, logrando evitar la división de los círculos dirigentes? ¿Cómo “construir el consenso” sabiendo que cualquier ruptura en la cúpula amenazaría al conjunto del sistema? En el credo castrista la unidad es un principio sagrado, y la división de las elites el peor de los peligros. Pero las repentinas destituciones de altos responsables producidas en marzo 2009 son una buena muestra de las dificultades. ¿Cómo manejar las divergencias sin tener que recurrir a la represión o a la calumnia? Los métodos utilizados contra reconocidos dirigentes políticos, acusados de haberse burlado de la edad y capacidades del núcleo dirigente delante de extranjeros, traicionando así la confianza en ellos depositada por Fidel y Raúl Castro, recuerdan lamentablemente los procedimientos usuales en la ex URSS. La nota oficial anunciando su desplazamiento fue seguida por una “reflexión” de Fidel Castro bajo la forma de una aclaración que no solamente expresaba su pleno acuerdo con las decisiones sino, factor agravante, denunciaba las ambiciones de sus antiguos colaboradores “que los llevaron a jugar un rol indigno”. Sin embargo, las destituciones del vicepresidente Carlos Lage (considerado una figura ligada a los “reformadores”) y de Felipe Roque Pérez (que dirigía la diplomacia desde 1999) fueron interpretadas como signo de un reagrupamiento alrededor de los hombres ligados a Raúl Castro, en desmedro de los más próximos al antiguo “líder máximo”. ¿Cómo explicar entonces el acusador desmentido de Fidel Castro hacia sus antiguos subordinados corriendo el riesgo de ser desmentido? Carlos Lage es un hombre con una reputación de integridad jamás desmentida anteriormente. Y cuando Felipe Pérez Roque se retiró del ministerio de Relaciones Exteriores fue saludado por aplausos. Dudas, interrogantes y críticas provenientes de personalidades cercanas al régimen fueron expresados públicamente objetando las acusaciones oficiales.216 Fue entonces cuando se produjo un nuevo incidente con el arresto de un hombre de negocios español amigo de Carlos Lage. Acusado de ser un agente español, Hernández fue interceptado en el aeropuerto de La Habana. Serían sus conversaciones con Carlos Lage y Felipe Pérez Roque, escuchadas y registradas a espaldas de ellos, las que habrían provocado las destituciones. En Cuba se han presentado a los dirigentes políticos y

 

215 Sobre 23 miembros de Buró Político 6 son militares. Los comandantes y generales representan el 26% del Consejo de Estado. Además del ascenso de varios militares en el curso de la reorganización ministerial de marzo 2009 el coronel Armando Emilio Pérez, uno de los encargados del “perfeccionamiento de las empresas” fue nombrado en abril vice- ministro de Economía.

216 Ver el sitio Kaosenlared y también el sitio Rebelión, más próximo al gobierno cubano.

 

militares del país videos que reproducen sus palabras cuestionando la edad de Fidel Castro y las capacidades de su hermano.217 ¿Estas palabras irrespetuosas sobre la vieja generación que no se decide a ceder el lugar ocultan desacuerdos más políticos? No es posible excluirlo.

¿Cual es, en este contexto, el verdadero rol de Fidel Castro? ¿Qué lugar ocupa hoy día? “Disminuí las Reflexiones tal como me lo hacia propuesto para este año, para no interferir o molestar a los compañeros del Partido y del Estado en las decisiones que deben tomar” ante la crisis mundial, había escrito el ex presidente cubano en una declaración publicada en el sitio Internet oficial Cubadebate. Cabe decir, como mínimo, que ese compromiso no se mantuvo.218 Contrariamente a lo declarado no se retiró. Ya no tiene responsabilidades oficiales pero su autoridad no depende de títulos y sus múltiples “reflexiones” siguen pesando en las decisiones políticas. Esto se pudo ver cuando, tras la visita de la presidente chilena Michelle Bachelet a La Habana, casi provoca un incidente diplomático evocando un litigio histórico como la necesidad de salida al mar para Bolivia. Líder carismático, Fidel Castro arbitraba y decidía, pese a que su carisma a lo largo de los años se había “rutinisado” (Max Weber). Hoy la enfermedad le impide ocupar el primer plano de la escena pero no por eso está menos activo. La cuestión que muchos cubanos se plantean es si las purgas se deben a una creciente preocupación frente a los cambios en la política norteamericana hacia Cuba o si anuncian la implementación de decisiones impopulares en momentos en que las dificultades económicas y sociales provocan pesimismo y un alarmante malestar en la opinión. “Ya estamos contra el reloj, la pared o el abismo” escribe el antiguo diplomático Pedro Campos219. La hipótesis según la cual los dos hermanos Castro harían opciones geopolíticas diferentes (Fidel Castro, desconfiando del nuevo presidente norteamericano defendería el mantenimiento de relaciones privilegiadas con Hugo Chávez, Raúl Castro preferiría aproximarse al presidente Lula en la perspectiva de una gran negociación con la administración Obama) tiene credibilidad.220 Carlos Lage y Felipe Pérez Roque tenían contacto frecuente con el presidente venezolano. En lugar de apoyarse ante todo en un frente latinoamericano construido alrededor de Hugo Chávez, Raúl Castro cuenta con el presidente brasileño para diversificar sus alianzas, limitar la dependencia cubana con respecto a Venezuela y facilitar la negociación con Washington. La débil delegación cubana que se hizo presente en el Foro Social de Belén (Brasil) en enero 2009 testimonia las prioridades del presidente cubano, incluso cuando estaban presentes los presidentes ecuatoriano, boliviano, paraguayo, venezolano y brasileño. Pero cabe también preguntarse: ¿no se trata de una distribución de roles? ¿Ambos hermanos no tienen mantienen un doble juego? De hecho en lo inmediato nada puede reemplazar el intercambio privilegiado con Caracas.

 

Una sociedad civil emergente

 

Además del contexto político, una tercera razón hace más peligrosa la aplicación de las reformas. Desde los años 1990 ha emergido una sociedad civil. Con la enfermedad de Fidel Castro esta dinámica social embrionaria se reforzó221. Algunas medidas impopulares despertaron protestas, tal como ocurrió en enero de 2008 cuando los empleados cubanos de empresas extranjeras se opusieron a una resolución que apuntaba a aplicar impuestos a sus salarios. El aumento de la edad para la jubilación también provocó reclamos. Este malestar social es todavía limitado pero tiene ecos y esto explica la prudencia de las autoridades. Además hay círculos intelectuales o militantes que también se expresan, sobre todo en Internet. En 2007 durante un incidente conocido como “guerra de los e- mails” centenares de intelectuales y artistas protestaron en contra de un programa de televisión complaciente hacia algunos ex censores culturales. Los balances muy críticos de los años de plomo

 

217 El País 23 mayo 2009.

218 AFP 23 enero 2009.

219 Autor de un proyecto de tesis sometido al próximo congreso del PCC, este ex funcionario del ministerio del interior colabora regularmente en el sitio Kaosenlared.

220 Esto fue señalado en un texto anónimo titulado “material de trabajo” que circulo en Internet así como por el escritor Richard Gott en “A freesh breeze in Havanna”.

221 Ver Alexander Gray y Antoni Kapcia The Changing dynamic of Cuban civil society, University Press of Florida,

2008.

 

(la “década gris” de los años 1970), el recordatorio de las derivas del “socialismo real” durante el Congreso de la Unión de Escritores y Artistas Cubanos (UNEAC) en abril 2008, fueron los primeros indicios de este despertar. En el curso de las 5.000 asambleas realizadas en centros de trabajo en 2007, las diferencias de ingresos, el desigual acceso a las divisas, las dificultades de los transportes públicos, la falta de maestros y su formación deficiente, la disminución del número de médicos, la carestía de los servicios, la incompetencia de los administradores y la pequeña corrupción rampante fueron denunciados. Se expresó la exigencia de una mayor participación popular en las decisiones. Las autoridades habían alentado estas críticas: “así es como se puede avanzar” se decía en el Partido. En diciembre 2007 Raúl Castro comentó sobriamente estos debates en la Asamblea Nacional: “no se necesitamos que nos digan cuáles son los problemas”. ¿Era preciso que “la boca se abriera” para conocer el estado de ánimo de la población? Luego, se sucedieron otros incidentes significativos. La interpelación pública al presidente de la Asamblea Nacional Ricardo Alarcón por un joven estudiante, la difusión en el sitio de Internet Kaosenlared de varias contribuciones o proposiciones alternativas en el marco de la preparación del Congreso del PCC de 2009, así como los debates muy abiertos organizados por la revista TEMAS testimonian el mismo fenómeno.

 

Se constata una gran distancia entre el discurso oficial y la sensibilidad de las generaciones nacidas a fin del siglo XX, un desfase que acentúa el deterioro del clima político. “Yo tengo 25 años” declaró en 2007 Carlos Lage Codorniu222, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios e hijo de Carlos Lage, “mi vida fue marcada por los años de crisis, período durante el cual se ha visto como algunos valores se degeneraron en Cuba” [... ]“hay un debate en curso entre generaciones, entre lo que cree la generación de nuestros padres y la nuestra que quiere proponer ideas nuevas. Incluso los jóvenes más ortodoxos tienen maneras de pensar diferentes y de asumir no solamente la revolución sino la vida en sociedad” [...] “hay que presionar para reforzar el peso de la joven generación, pero aunque algunos lo comprenden otros son mucho más reticentes”. Ésta diferencia generacional es indudablemente uno de los elementos más inquietantes para la dirección del país. Con el correr de los años el marxismo soviético enseñado en la Universidad con la etiqueta de “socialismo científico” ha sido percibido por algunos jóvenes como un dogma esclerosado.

 

Ciertamente, no es la primera vez que se producen iniciativas surgidas de la “sociedad civil”. Muchas asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales que intentaron ofrecer alternativas a las dificultades de la población sufrieron del boicot burocrático. Cuando los proyectos de una ONG pasaban los límites fijados, el estado intervenía casi siempre con consecuencias negativas223. Éste fue el caso de Hábitat-Cuba (una ONG cubana224) cuando las experiencias de “arquitectura participativa” habían sin embargo permitido mejorar el hábitat de la población facilitando los arreglos o la reconstrucción de viviendas con ayuda de profesionales. Porque el Estado cubano puede explicar que trata de proteger su soberanía nacional denunciando las tentativas de injerencia de algunas ONG norteamericanas, pero resulta absurdo que imponga límites y controles a organizaciones que habían rechazado cualquier injerencia internacional y adhieren a los objetivos declarados del proyecto revolucionario. Es una constante del poder castrista: aunque sea de izquierda o revolucionaria, no se tolera ninguna expresión de autonomía social con dimensión política. “La burocracia sigue dialogando consigo misma e imponiendo acuerdos desiguales a la gente bajo formas de coacción o cooptación, reproduciendo la asimetría entre lo estatal y lo social” constata el profesor Armando Chaguaceda225. Pero ahora estas prácticas son criticadas y la exigencia de una democracia más participativa o incluso más autogestionaria se expresa en revistas (entre ellas TEMAS), en Internet, en círculos militantes, en la Universidad o en estructuras

 

222 Hijo de Carlos Lage, en TEMAS nº 50/51, abril-septiembre 2007. Economista y presidente de la FEU, luego fue desplazado.

223 Ver nota 21.

224 Dirigida por la arquitecta Selma Díaz ex responsable de urbanización territorial. Habitat-Cuba fue disuelta.

225 Universidad de La Habana. “Sus cumbres borrascosas, nuestras agendas pendientes”, 26/4/2009, www.kaosenlared.

 

asociativas. Incluso antes de la destitución de su padre el joven presidente de la FEU Carlos Lage Codorniu constataba “la ausencia de una verdadera cultura de debates”, el hecho de que “los espacios de participación han perdido su credibilidad porque  los estudiantes ya no identifican a las instituciones ni a sus dirigentes como una vía de comunicación con la revolución”... “hay gente muy buena pero no ocupa puestos de dirección porque estos están ocupados por camaradas que son posiblemente muy disciplinados, muy correctos, acordes con los imperativos del pasado, pero que hoy ya no responden a las necesidades de los cubanos”. Premonitoriamente agregaba: “a veces se excluye a gente acusada de no ser revolucionaria porque tienen opiniones diferentes... estas políticas erróneas son luego identificadas con la revolución”. El filósofo Jorge Luís Acanda confirma: “hace falta que el socialismo cubano sea menos estatal, a fin de impulsar la democratización del poder y de la propiedad”.

 

La vía vietnamita: ¿una alternativa?

 

¿Hasta dónde puede y quiere ir Raúl Castro? Está ahí para perpetuar el sistema político reformándolo que en el plano económico. Pero si se descarta cualquier terapia de choque, la idea de una transición gradual sin costo social es poco creíble. La polarización y la fragmentación social engendrada por la crisis luego del hundimiento de la URSS ya tuvieron efectos disgregadores226. Los que denuncian los riesgos de la vía china para Cuba subrayan el peligro que representaría para el sistema. Es el caso del ex ministro de economía José Luís Rodríguez, hoy destituido. El había declarado en 2007 que Cuba no cambiaría su modelo económico para seguir el de China o el de Vietnam, que sólo se trataba de hacer a la economía más eficaz sin que esto implicara la diversificación de las formas de propiedad. Para él la propiedad estatal debía por lo tanto seguir siendo preponderante, y el desarrollo de pequeñas empresas no estaba en el orden del día. ¿Este punto de vista tuvo algo que ver con su despido? Sobre esto no pueden hacerse más que especulaciones. Pero estas tomas de posición son parte del debate interno en curso. Y Fidel Castro nunca ocultó sus reservas con respecto a esos “mecanismos capitalistas” cuyas consecuencias políticas teme.

 

A corto término la continuidad del castrismo no parece amenazada. ¿Pero puede reformarse un poder carismático? Es verdad que el esquema vietnamita (observado con atención por el nuevo ejecutivo) muestra que la transición de una economía de comando (centralmente planificada) hacia una “economía socialista de mercado” (tal como la califican los dirigentes vietnamitas) no es sinónimo de democratización. En Vietnam, el proceso de renovación (doi moi) impulsado por el Partido Comunista Vietnamita en 1986 permitió pasar de una economía ineficaz sometida a la irresponsabilidad burocrática y dependiente de la ayuda extranjera, a una economía de mercado cuyas tasas de crecimiento han pasado del 8% en los últimos años. Los éxitos vietnamitas fascinan a los dirigentes cubano, como lo testimonian la gran cantidad de intercambios, viajes y publicaciones entre ambos países227. La prioridad dada a la agricultura y la asignación de tierras productivas a los campesinos, las inversiones extranjeras (que acaban de ser autorizadas en Cuba para el azúcar), los reajustes previstos de las tasas de cambio para terminar con la dualidad monetaria, se inspiran en la experiencia vietnamita. Pero Cuba no es comparable a China o a Vietnam. Ni por la situación geopolítica, ni por el tamaño, ni por los recursos económicos, ni por su historia y cultura. El “socialismo de mercado” significa en realidad el “capitalismo salvaje” protegido por el Estado y el Partido, subrayan algunos dirigentes. El comportamiento de las empresas chinas es tan predador como el de las Trasnacionales del Norte, y a veces peor. La aplicación de este “modelo” podría tener graves consecuencias.

 

 

226 Léase sobre esto los notables trabajos de la socióloga cubana Mayra Espina “Viejas y nuevas desigualdades en Cuba”. Nueva Sociedad nº 216 julio-agosto 2008.

227 Cuba y Vietnam: un nuevo análisis de las reformas económicas. Ed. Rosario Domingo, Ruben Tansini. Ministerio de Economía Y Planificación de Cuba, Ministerio de Planificación e Inversiones de Vietnam, 2007, Uruguay.

 

Tanto más que el traspaso de timón difícilmente podrá realizarse en el marco de una continuidad institucional que fue construida por y para Fidel Castro. El Partido Comunista Cubano no tiene la misma coherencia histórica que el Partido Comunista Vietnamita. Un “capitalismo del partido” es problemático por razones sociales y políticas. Las desigualdades (desocupación, déficit sanitario y escolar...) más o menos tolerados hasta ahora en Pekín o en Hanoi correrían el riesgo de ser mal recibidas en Cuba donde la cultura igualitaria y redistributiva es fuerte. Finalmente la economía de mercado bajo control del partido del estado no deja ningún lugar a una democracia participativa y autogestionaria que reclaman muchos cubanos. ¿Cómo articular las reformas económicas de mercado sin cambiar el paradigma sociopolítico, protegiendo al mismo tiempo las prerrogativas de la burocracia? Esta es la ecuación que Raúl Castro debe resolver en la perspectiva del Congreso del Partido Comunista cubano previsto para el otoño de 2009.

 

Novedades en las Américas

 

En tanto que la administración del presidente Obama comenzó a suavizar un embargo casi quincuagenario al liberalizar los viajes y las transferencias de divisas drásticamente limitadas por George Bush, La Habana ya no está aislada en el tablero internacional. Las grandes potencias se anticipan a los cambio por venir. La visita del Comisario europeo para el desarrollo Louis Michely, el levantamiento de las sanciones de la Unión Europea que se aplicaban desde el 2003, precedieron la visita del presidente chino Hu Jintao. Una decena de acuerdos bilaterales (incluyendo la compra de azúcar y de níquel cubano” fueron establecidos y la deuda comercial fue reestructurada con 5 a

10 años suplementarios228. China es el segundo socio comercial de La Habana, después de Venezuela. Para Pekín, Cuba es una buena puerta de entrada para acceder a las preciosas materias primas de América Latina. El jefe del Kremlin, Dimitri Medvedev, también estuvo en la isla en 2008 mientras Rusia participa con Venezuela, principal aliado cubano, en maniobras militares en los caribes. Para Moscú desarrollar lazos con Caracas y La Habana permite dar una respuesta al proyecto norteamericano de instalación de un escudo antimisilístico en Polonia y la República Checa. Rusia modernizará el equipamiento militar cubano de origen soviético devenido obsoleto y grupos petrolíferos rusos quieren explotar la zona económica exclusiva de Cuba. Moscú parecería dispuesto a “olvidar” la deuda de su antiguo aliado.

 

Raúl Castro dispone también de importantes respaldos en América Latina. De Hugo Chávez por supuesto pero también del presidente brasileño Lula y de otros dirigentes latinoamericanos que aprovechan el fin de la hegemonía estadounidense para tomar distancia de Washington. El 16 de diciembre 2008 durante una reunión en Brasil, Cuba fue integrada al Grupo de Rió y 33 naciones latinoamericanas y caribeñas reafirmaron su condena a las sanciones norteamericanas contra la isla. Tras el viaje del presidente brasileño Lula en 2008, los presidentes de Argentina, de Chile, de Ecuador, de Guatemala, Honduras, República Dominicana, de Venezuela fueron recibidos en La Habana. En 2009 el presidente mexicano Calderón anunció que iría. Estas visitas son un homenaje “a la resistencia del país desde hace 50 años” declaró Raúl Castro. En la Cumbre de las Américas que tuvo lugar en Trinidad y Tobago en abril 2009, en presencia de Barack Obama, los gobernantes latinoamericanos enviaron un mensaje al presidente norteamericano: la normalización de las relaciones de Washington con Cuba es insoslayable. Pero la declaración final no tuvo consenso, fue rechazada por los países del Alba por qué no mencionaba el embargo. Los otros gobiernos latinoamericanos la adoptaron... sin firmarla. Con un nuevo viraje Washington constatando sin duda que “hacen falta dos para bailar la rumba”229 anunció la apertura de conversaciones exploratorias “informales” con La Habana. El partido de ping pong ha comenzado, y será largo puesto que son importantes los obstáculos legislativos y políticos en los Estados Unidos. Del otro lado del estrecho de la Florida, Fidel Castro ya ha sostenido que Obama había “mal interpretado” las declaraciones de Raúl Castro230. Éste había declarado estar dispuesto a discutir de todo, incluyendo de “prisioneros

 

228 La Carta de La Habana nº 89, enero 2009.

229 The Economist 18 abril 2009.

230 El Pais, 23 abril 2009.

 

políticos”, una terminología siempre rechazada por Fidel Castro. En la isla, las relaciones con Washington amenazan con transformarse en una cuestión de política interior. “El lobo está llegando, pero en lugar de pistola, trae fajos de dólares” escribe Pedro Campos llamando a hacer los cambios necesarios para enfrentarlo231. ¿Cómo administrar el pasaje de medio siglo de  conflictos y de confrontación a una fase de normalización de relacione? Encontrar un modus vivendi con la administración norteamericana que permita salvaguardar la independencia y las principales conquistas sociales logradas en 50 años y al mismo tiempo realizar las “reformas estructurales” no resulta fácil de visualizar.

 

Finalmente, en ausencia de un debate político organizado y libertad de prensa es difícil advertir la evolución de las diferentes corrientes políticas que atraviesan la sociedad cubana. Más allá de los disidentes, cuyo impacto es muy débil, es posible reconocer tres corrientes que en realidad se  cruzan de distinta manera según de qué se trate. Se puede esquemáticamente distinguir los “pragmáticos”, que se reclaman de Raúl Castro y que están a la búsqueda de una versión cubana del “modelo” vietnamita. A mitad de camino entre Chávez y Lula desean poner fin al conflicto con el gran vecino del norte. En segundo lugar los “ortodoxos” que desconfían de los “cambios estructurales” y de sus consecuencias socio-política en tanto que el régimen está conducido a negociar con la administración Obama. Fidel Castro a pesar de su edad y de su enfermedad sigue siendo el garante de la intransigencia frente al imperialismo. Exige antes de cualquier concesión el levantamiento del embargo y mantiene su visión homogénea de la sociedad unida tras el jefe para enfrentar al enemigo. Estos diferentes posicionamientos tienen en común la voluntad de preservar un régimen autoritario fundado en el partido único. Otra orientación más abierta está presente entre intelectuales, estudiantes, algunos sectores del Partido que expresan las aspiraciones de amplias capas de la sociedad. Lo mostró el debate popular organizado en 2007. Éstos demandan cambios sin desear por ahora una ruptura. Reclaman a la vez más democracia política y una mayor libertad económica para los trabajadores independientes, campesinos comerciantes y artesanos. Pero quiere mantener el control del estado sobre los sectores estratégicos y preservar las conquistas sociales. Esta tendencia es heterogénea, ella comprende partidarios de la democracia participativa y la autogestión, defensores “de una efectiva pluralidad emancipadora de las izquierdas” 232 y partidarios de la economía mixta. Sea como sea, es la primera vez que parece insinuarse una corriente de pensamiento distinta a las dos variantes tradicionales del castrismo, la carismática “fidelista” y la pragmática “raulista”. El fin del embargo sería la condición de su desarrollo.

 

(Paris, 2009)

 

Para saber más sobre Cuba:

 

• Y. Bovy y E. Toussaint (coord.), Le Pas suspendu de la Révolution. Approche critique de la réalité cubaine, Éditions du Cerisier, Mons, 2001.

• Heinz Dieterich, El futuro de la revolución cubana, Popular, Madrid, 2006

• R. Gott, Cuba: a New History, Yale University Press, New Haven, 2004.

• Ramonet, Fidel Castro. Biografía a dos voces, Debate, Madrid, 2006.

 

• Sección Cuba de Rebelión: www.rebelion.org/seccion.php?id=14

• Sección Cuba de Kaosenlared: www.kaosenlared.net/cuba

• Dossier       Cuba de      Le      Monde        Diplomatique       (en     francés):  www.monde- diplomatique.fr/index/pays/cuba

 

 

 

 

231 “Las trampas de Obama”, 26 abril 2009 www.kaoeslared.net

232 Armando Chaguaceda “Nada cubano me es ajeno: notas sobre la condición ciudadana”, TEMAS nº 50-51 2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La “Mosca azul” del poder y el social-liberalismo.

Un primer balance del gobierno de Lula en Brasil

 

Por Michael Löwy

 

Traducido del francés por Roberto Merino (Universidad Arcis – Chile)

 

 

Michael Löwy es sociólogo de origen brasileño. Director benemérito de investigación del Centro nacional de investigación científica en Francia (CNRS) y profesor en el EHESS (Ecole de hautes études en sciences sociales), autor de numerosas obras, entre otras, Che Guevara, une braise qui brûle encore, Paris, Mille une nuits, 2007 (co-escrita con Olivier Besancenot), Guerra de Dioses. Religión y Política en América Latina, México DF, Siglo XXI, 1999 y El Marxismo en América Latina, del 1909 hasta hoy, Santiago de Chile, Ediciones Lom, 2007.

 

 

Brasil, el país del apartheid social

 

Brasil es un país inmenso por su población (180 millones de habitantes), por su superficie (casi la mitad de América latina) y por sus riquezas. Sin embargo, es un país donde la mayoría de la población vive en la pobreza más grande. En efecto, en una reciente clasificación internacional de Naciones Unidas, Brasil aparece como uno de los países mas desiguales del planeta, donde la separación entre la minoría privilegiada y la mayoría empobrecida es una de las más grandes. Según algunos observadores, Brasil es una suerte de “Suizindia”: los ricos viven como en Suiza, los pobres como en India…

 

Esta desigualdad es particularmente más profunda en el campo, donde un puñado de grandes propietarios rurales monopoliza la mayoría de las tierras, mientras que la masa de campesinos posee minúsculos pedazos de tierra, o prácticamente nada. Con el desarrollo del capitalismo en el campo  y el reemplazo de cultivos alimenticios o cerealeros por la crianza extensiva de bovinos –destinados a la exportación, en parte para las cadenas MacDonald - los campesinos son expulsados de las tierras por los pistoleiros, banda de hombres armados al servicio de los propietarios agrícolas. Con la agravación de las condiciones de vida en las zonas rurales, fundamentalmente en el Noreste brasileño, millones de campesinos emigran hacia las grandes ciudades, las grandes megapolis brasileñas como Río de Janeiro y Sao Paulo. Algunos encuentran trabajo en la industria o en los servicios, pero la tasa de cesantía es bastante elevada, la mayoría son excluidos, y se amontonan en las favelas, las miserables villas miserias o callampas de las periferias de las ciudades, donde no tienen electricidad, agua potable, ni alcantarillados, y donde se sobrevive gracias a las actividades marginales como el comercio ambulante o ilegales, como el trafico de droga y la prostitución. Existe también un verdadero apartheid social en el país, que se traduce en las grandes ciudades por una separación física de las casas y de los barrios ricos, rodeadas de muros y de alambradas electrificadas, y custodiadas por vigilantes privados, que controlan cuidadosamente todas las entradas y las salidas. Una discriminación social que tiene también una dimensión racial implícita, en la medida que la gran mayoría de los pobres son negros o mestizos (J. Picard, 2003).

 

Después de 20 años de dictadura militar, Brasil ha conocido, después de 1985, un retorno a la democracia y a gobiernos civiles. Este progreso político innegable no ha sido seguido de un cambio

 

social efectivo. Todos los gobiernos, de derecha o de centro que se han sucedido desde 1985, no han hecho mas que aplicar las políticas neoliberales “de ajuste estructural” exigidas por el Fondo Monetario internacional (FMI): privatización de los servicios públicos, reducción de los gastos en salud y en educación, y sobretodo, pago de la deuda externa, que alcanza cifras astronómicas y absorbe todos los excedentes de las exportaciones. Este ha sido particularmente el caso del gobierno de centro- derecha, en el poder durante ocho años, presidido por Fernando Henrique Cardoso, un antiguo intelectual de izquierda convertido al dogma neoliberal y transformado en uno de los mejores alumnos del FMI en América latina. Con Cardoso, las ultimas empresas publicas  existentes, como la Compañía de Electricidad, fueron privatizadas y vendidas a las empresas extranjeras; estas no habiendo realizado las inversiones necesarias, asistimos desde hace algún tiempo en Brasil a los apagoes, cortes abruptos de electricidad que sumergen a las ciudades o a regiones enteras en la oscuridad…

 

Sin embargo, la democratización ha permitido el surgimiento en todo el país de un nuevo movimiento obrero, campesino y popular, que ha sabido organizar el combate de los pobres por sus derechos y contra las políticas neoliberales del gobierno. Hacen parte de este movimiento el nuevo sindicalismo de clase e independiente, nacido a finales de los años 1970, y que reagrupa en el seno de la CUT (la Central Única de Trabajadores) alrededor de 10 millones de asalariados; el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), que moviliza millones de campesinos por la reforma agraria, tomando la iniciativa de ocupar las tierras no explotadas de los grandes propietarios agrícolas; y, por ultimo, el Partido de los Trabajadores (PT).

 

La larga marcha del PT

 

¿Como nació el PT? Desde 1978, año de las grandes huelgas obreras de los suburbios de Sao Paulo, varios dirigentes sindicales “auténticos” comienzan a agitar la idea de un partido autónomo de los trabajadores, probablemente producto de una reflexión sobre la experiencia de la huelga misma, de su enfrentamiento con el aparato policial o militar del Estado, y por algunos, a partir de un primer balance de las luchas sociales de la historia reciente del país, después de 1964 (S. Salles, 2005).

 

En octubre 1979 tuvo lugar el primer Encuentro Nacional del PT, en Sao Bernardo do Campo, bastión proletario del sindicato de la metalurgia, dirigido por Luis Inacio da Silva, “Lula”; es concretamente el momento de la fundación del nuevo partido y la elección de su primera dirección provisoria. Una breve declaración política es aprobada durante esta conferencia, que afirma claramente el objetivo del Partido de los Trabajadores: “El PT lucha por que todo el poder económico y político sea directamente ejercido por los trabajadores. Es la única manera de poner fin a la explotación y a la opresión” (Revue Inprecor, 1990 y 2003). Al mismo tiempo, el documento llamaba a “todas las fuerzas democráticas para que se constituya un amplio frente de masas contra el régimen dictatorial”. El PT se propone también luchar por la formación de una Central Única de Trabajadores, señalando que “su construcción pasa, necesariamente, por el derrocamiento de la actual estructura sindical sometida al Estado” (Ibidem).

 

En abril-mayo 1980 estalla la gran huelga de los 250.000 metalúrgicos de Sao Bernardo. Del hecho de la represión estatal –detención de los principales dirigentes, intervención militar en el sindicato – el movimiento fue paralizado, pero revelo por su dureza excepcional (42 días) y su capacidad de auto-organización masiva (con mítines cotidianos de de decenas de miles de trabajadores), la fuerza sorprendente del nuevo sindicalismo, en que la vanguardia fue parte en la formación del PT. En mayo-junio de ese año se reúne una nueva Conferencia Nacional del PT, con los delegados de 22 Estados de Brasil, representando aproximadamente 30.000 miembros del partido. Un Manifiesto y un Programa son aprobados. Ellos definen el PT como “la expresión política real de todos los explotados por el sistema capitalista” y como un partido de masas, amplio, abierto y democrático. No obstante, el PT esta aun lejos de tener una “doctrina” elaborada: demasiadas preguntas y

 

definiciones programáticas son deliberadamente dejadas abiertas para permitir un más amplio debate y una “maduración” progresiva del conjunto de los militantes.

Al momento de su séptimo Encuentro Nacional en 1990, el PT aprueba un documento que junta y sistematiza, después de un largo debate interno, su concepción del socialismo: “El socialismo que nosotros queremos construir no se realizara que si el no instaura una verdadera democracia económica. Deberá organizarse en torno a la propiedad social de los medios de producción –que no debe ser confundida con la propiedad del Estado- que tomara las formas escogidas democráticamente por la sociedad. […] Esta democracia económica debe traspasar la lógica perversa del mercado capitalista como aquella del comando autocrático del Estado a que son sometidas numerosas economías denominadas “socialistas”, sus prioridades y sus objetivos deberán estar sometidos a la voluntad social y no a los supuestos “intereses estratégicos” del Estado. […] Nuestro compromiso con la democracia hace de nosotros militantes anti-capitalistas – esta elección ha marcado profundamente nuestra lucha por la democracia. El descubrimiento (empírico, antes de ser teórico, para muchos de nosotros) de la perversidad estructural del capitalismo ha constituido, para la mayoría de los militantes del PT, un fuerte estimulante para la organización en un partido político. Nosotros hemos representado –y hemos representado siempre- una respuesta indignada al sufrimiento inútil de millones de individuos que se desprende de la lógica de la barbarie capitalista. Nuestra experiencia histórica concreta –el reverso de la medalla del “milagro brasileño” y de numerosas situaciones trágicas nacionales o internacionales- nos ha enseñado que el capitalismo, cualquiera sea su fuerza material, es injusta por naturaleza, marginaliza a millones de individuos y se opone a la repartición fraternal de la riqueza social, resorte de toda democracia real” (Revue Inprecor, 1990 y 2003).

 

El candidato del PT, Luis Inacio da Silva, perdió las elecciones presidenciales de los años 1988, 1994 y 1998, derrotado por los candidatos de la burguesía neoliberal (Collor de Mello, y luego Fernando Henrique Cardoso). A pesar de estas derrotas, el PT gano varias municipalidades importantes del país, e incluso algunos gobiernos de los Estados de la federación. El PT pone en practica, en las localidades que el dirige, formas de democracia de base, como el celebre “presupuesto participativo” (Gret, Sintomer, 2003). Sin embargo, asistimos paralelamente a una institucionalización del partido, y a mediados de los años 1990, a la acentuación de una tendencia al pragmatismo, cada vez más pronunciada en la corriente mayoritaria de la dirección del PT, se agrega la “desradicalización” política y programática. El programa socialista de 1990 será guardado en los armarios, y progresivamente la dirección del partido se vinculara a la social democracia, a pesar de la oposición de las corrientes de izquierda, principalmente “Democracia Socialista” una tendencia del PT afiliada a la Cuarta Internacional, dirigida por Raúl Pont, el alcalde de Porto Alegre. Las derrotas electorales han convencido progresivamente a Lula de cambiar su estrategia. En 2002, va a imponer a un PT reticente, una amplia política de alianzas con las fuerzas burguesas, tomando como compañero y candidato a la vice- presidencia a un industrial, José Alentar, dirigente del Partido Liberal (de derecha). Lula será elegido en la segunda vuelta, con más del 61% de los votos, contra José Serra, candidato del Partido de la social democracia brasileña (PSDB – centro- derecha) apoyado por F.H. Cardoso.

 

Varios años de social-liberalismo

 

La victoria de Lula en las elecciones de 2002 ha provocado, entre los oprimidos y las clases populares de Brasil, una inmensa esperanza de cambios. Ahora bien, seis años más tarde, lo menos que podemos decir es que el resultado es bien decepcionante: según nosotros, se trata de un balance globalmente negativo… Una anécdota recorre las calles de Sao Paulo: el primer mandato de F. H. Cardoso fue un logro, el segundo fue una derrota, y el tercero (el de Lula de hecho) ¡es bastante mediocre! En otros términos, más que un gran cambio, el gobierno del PT ha encarnado la continuidad con las políticas económicas anteriores. Por cierto, todo no es negativo en el mandato de Lula. Con el programa “Hambre Cero” y otros programas sociales, millones de dólares han sido

 

destinados a los mas desfavorecidos bajo formas de ayudas diversas (ayudas alimenticias, becas escolares, etc.). Pero en lo esencial, es decir, las políticas macro-económicas neoliberales, no hemos salido del marco establecido por sus predecesores. El símbolo de esta continuidad es el presidente del poderoso Banco Central que determina la tasa de interés y la política monetaria del país. Se trata de Henrique Meirelles, senador del partido de F. H. Cardoso (el PSDB) y antiguo director del Boston Bank. Es el hombre de confianza del capital financiero internacional, y goza del apoyo irrestricto del Presidente, que ha impuesto una “medida provisoria” que recibe el estatuto de Ministro y escapa así de algunas investigaciones de la administración de justicia por malversaciones financieras.

 

Esta ortodoxa neoliberal se traduce en la practica por la subordinación a las exigencias del FMI, estableciendo un excedente fiscal enorme permitiendo de pagar la deuda externa, una tasa de interés elevada para atraer las inversiones flotantes, una reforma liberal del sistema de pensiones, una subvención masiva a la agribusiness dirigida hacia la exportación en desmedro de la agricultura familiar, una apertura del país a los OMG de multinacionales como Monsanto. Sin hablar de los diversos escándalos de corrupción que implican a miembros del gobierno y a los dirigentes del PT, en que el último (en 2006) ha suscitado la indignación de la opinión (con ocasión del affaire denominado los “sangsues” en el cual un gran numero de parlamentarios habrían obtenido una comisión por la venta de ambulancias, excesivamente caras, al Ministerio Federal de la Salud).

 

Podemos definir la política de Lula y de su gobierno como social-liberal. El social-liberalismo no es idéntico al neoliberalismo: mantiene ciertas preocupaciones sociales, intenta de mejorar algo la suerte de los pobres, y prefiere dialogar con los movimientos sociales – o cooptarlos- en lugar de reprimirlos. Pero en los fundamentos esenciales de la política económica, hay pocas diferencias substanciales. Y en ciertas cuestiones – las pensiones por ejemplo – es capaz de imponer políticas neoliberales que la derecha no había logrado imponer a causa de la oposición… del PT. Un ejemplo ilustra la lógica del social-liberalismo: el 10% del presupuesto de ayuda a la agricultura ha sido distribuida a millones de familias de la pequeña producción campesina (responsable de la mayoría de los cultivos alimenticios del país) mientras que el 90% ha caído en los bolsillos de un puñado de grandes propietarios de la agribusiness capitalista, produciendo para las exportaciones (soya, maíz, ganado bovino) (J. Picard, 2003).

 

En 2003, tres diputados así como la senadora Heloisa Helena han sido expulsados del PT por haber votado contra la reforma neoliberal de las pensiones. Fueron así llevados a formar un nuevo Partido, el P-SOL (Partido del Socialismo y de la Libertad233), que se reclama del programa desde sus origines, socialista y democrático, del PT. El P-SOL ha recibido la adhesión de grupos de origen trotskista, de militantes socialistas cristianos – como Plinio de Arruda Sampaio, uno de los intelectuales cristianos mas conocido del país, autor de un proyecto de reforma agraria apoyado por el Movimiento de los sin tierra – de un cierto numero de sindicalistas y de intelectuales de izquierda como Carlos Nelson Coutinho, Leandro Konder, Chico de Oliveira y de Ricardo Antunez. Los militantes del P-SOL en lo esencial han surgido de las corrientes de izquierda del PT, pero la mayoría de los partidarios de estas tendencias –principalmente la corriente “Democracia Socialista”- han permanecido en el PT y en el gobierno. Ellos critican, hasta un cierto punto, la política neoliberal de Lula, pero permanecen prisioneros de la solidaridad gubernamental.

Decir que el gobierno de Lula es social-liberal significa también que él no ha tocado a la “fractura social”, a la gigantesca diferencia que separa en este país a la oligarquía poseedora de la masa de desheredados. El Presidente y la mayoría de sus Ministros, del PT o de los otros partidos de la coalición mayoritaria, comparten la convicción que no existe política económica alternativa al status quo neoliberal, es decir, a los preceptos del “Consenso de Washington”. Por cierto, al comienzo, algunos Ministros y altos funcionarios han adoptado una orientación mas autónoma,

 

 

233 La palabra « sol » significa « sol » en português.

 

orientada hacia el desarrollo nacional, el mercado interno, la defensa de la industria brasileña; sin embargo, el principal representante de esta tendencia, Carlos Lessa, director del importante Banco BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social), ha sido “renunciado”. Entre aquellos que han salido del gobierno, encontramos también a Frei Betto, el teólogo de la liberación, que era uno de los animadores del programa “Hambre Cero”. El se explica a este respecto en una interesante obra titulada La mosca azul. Reflexiones sobre el poder (2006) en el que realiza un balance lucido de su experiencia y del gobierno mismo.

Religioso dominicano, encarcelado durante cinco años (1969-1974) bajo la dictadura militar – por haber ayudado a militantes revolucionarios a esconderse- Frei Betto ha devenido posteriormente uno de los principales animadores de las pastorales obreras y de las comunidades eclesiásticas de base. Amigo personal de Lula desde el final de los años 1970, cuando el sindicalista de Sao Bernardo organizaba las grandes huelgas que hicieron estremecer al régimen militar, él será un fiel “compañero de ruta” del Partido de los Trabajadores. Si yo no he adherido, explica con ironía, es porque yo creía que los partidos no reproducían los vicios de las Iglesias… Durante sus primeros años, el PT tenía, recuerda él con una punzante nostalgia, una coherencia ideológica y principios éticos, como también un objetivo estratégico: los trabajadores al poder y la construcción del socialismo. Yo he conocido aun, se recuerda, el PT del trabajo de base, el sueño socialista, del orgullo de ser de izquierda, de la lucha por la reforma agraria y contra el pago de la deuda externa” (F. Betto, 2006).

 

Insensiblemente, en el curso de los años 1990, estos colores vivos iniciales han perdido su estallido y el Partido se ha distanciado a la vez de los movimientos sociales y de sus objetivos iniciales, con el fin de privilegiar las posiciones de poder institucional. Betto atribuye este cambio en gran parte a la caída del muro de Berlin, que habría obscurecido el horizonte utópico del PT y su perspectiva socialista. Es el único argumento que me parece discutible en el libro. De hecho, la mayoría de los cuadros del PT, en sus diferentes sensibilidades, no tenían por referencia ideológica central los países del pretendido “socialismo real”. Por otra parte, al momento de su Congreso en 1990, un año después de la caída del muro de Berlin, el PT aprobaba un documento titulado “El socialismo petista” que reafirma de la forma mas categórica, el compromiso anticapitalista del Partido. En todo caso, Frei Betto como la gran mayoría de la población brasileña, y los militantes y simpatizantes del PT en particular, han recibido con un gran entusiasmo la victoria de Lula en las elecciones de 2002. Es en este contexto que acepta animar, con otro amigo de Lula, Oded Grajew, la movilización  social en el marco de la iniciativa faro del nuevo gobierno: el programa “Hambre Cero”. Dos años mas tarde, desencantado, renuncia: “cuando me di cuenta, escribe, que el barco iba en la dirección no prevista, sino en sentido contrario, yo no tuve otra elección que dejar mis maletas y tirarme al agua… (F. Betto, 2006). Es cierto, este gobierno ha esbozado algunas políticas sociales innovadoras y progresistas; pero en lo esencial, ha sido rehén de las elites dominantes y de los mercados financieros. Betto no quiere agobiar a Lula, él se limita a una constatación: si en su sindicato había demostrado que podemos insertarnos en una estructura viciada sin dejarse cooptar, no lo logro –o  no quiso lograrlo- esta apuesta una vez en el gobierno. Poco después de la partida de Betto del gobierno estallaba el escándalo de los financiamientos ocultos del PT. De allí esta constatación: “un pequeño núcleo de dirigentes del PT ha logrado en pocos años lo que la derecha no había podido lograr en varios decenios, incluso en los años sombríos de la dictadura: desmoralizar a la  izquierda”. Pero para Betto, peor aun que la corrupción, fue ver el miedo frente a los dictados del mercado financiero vencer la esperanza.

 

¿Que es lo que ha pasado? La sed de poder –la mosca azul- del titulo de su libro, en que la picadura es peligrosa –y la adaptación a la religión del mercado han conducido a una perdida de perspectiva estratégica y el derrumbamiento del horizonte histórico frente a la mística liberal. El poder ha cesado de ser un instrumento de cambio social para devenir –como lo había previsto el sociólogo

 

Robert Michels en su estudio clásico sobre los partidos de masas234- un fin en si. Y los dirigentes políticos arrimados al poder, han devenido amnésicos, huyendo de sus propias palabras anteriores como el diablo y la cruz. En uno de los comentarios mas pertinentes del libro, Betto observa: “La política deviene mezquina cuando ella pierde el horizonte utópico” (F. Betto, 2006). ¿Que paso al momento de las elecciones presidenciales de 2006? Después del primer mandato, la decepción popular impidió que Luis Inacio da Silva sea elegido en la primera vuelta, Lula “izquierdizó” un poco en su discurso, denunciando los proyectos privatizadores de sus adversarios (ver la revista Problèmes d’Amérique latine, 2002). Finalmente fue reelegido confortablemente en la segunda vuelta, con alrededor del 61% de los votos, contra 39% para el candidato de la coalición de derecha (formada por el Partido social-demócrata brasileño – PSDB y el Partido Liberal – PFL). Mas que una adhesión entusiasta, su éxito resulta del miedo que suscitaba su adversario, Geraldo Alckmin, un representante de la derecha neoliberal dura, cercano al Opus Dei, conocido por sus posiciones favorables a los Estados Unidos, su política represiva de criminalización de los movimientos sociales y su adhesión a una política de privatización de las empresas publicas.

 

La candidata del P-SOL, Heloisa Helena, apoyada por una coalición de izquierda incluyendo al Partido Comunista Brasileño y el PSTU, Partido Socialista de los Trabajadores Unificado (trotskista), recibió un poco menos del 7% de los votos (un poco mas de 6 millones de electores) y su partido eligió a tres diputados en el Parlamento Federal. Un resultado por cierto limitado pero esta lejos de ser insignificante. El P-SOL rehusó tomar posición en la segunda vuelta, pero algunos de sus dirigentes llamaron a votar Lula para cerrarle el camino a la derecha reaccionaria representada por Alkmin. El voto critico en contra de Lula era igualmente la posición asumida por el MST, el Movimiento de los campesinos sin tierra –el más importante movimiento social de Brasil-, a pesar de su profunda decepción frente a un gobierno que no ha cumplido su promesa de realizar una verdadera reforma agraria. (J. Pedro Stedile, B. Mançano Fernández, 2000).

 

Perspectivas

¿Que balance se puede hacer del segundo mandato de Lula? Las esperanzas, esta vez, eran bastantes inferiores a aquellas de 2002. Escasos son los observadores que creían que la política económica, favorable al gran capital financiero, sea substancialmente modificada. El discurso de Lula y de sus consejeros económicos proponen solamente una solución a los problemas sociales de Brasil: el crecimiento del PIB… De esta manera, ha hecho aprobar un “Pacto de crecimiento”, en que el objetivo seria de relanzar la producción con la ayuda del Estado. Permaneció débil los últimos años

–alrededor del 2,5%- ¿El crecimiento podría alcanzar el 5%? Nada es seguro, se trata de una aproximación bastante estrecha de las cuestiones económicas y sociales, fundadas sobre un dogma liberal bien conocido: es necesario primero agrandar la torta, antes de soñar a su repartición… La actual crisis financiera internacional hace muy poco creíble esta perspectiva de expansión capitalista. El resultado de las elecciones municipales del 2008 exprime, aun si de manera deformada, la actitud contradictoria de la opinión publica: por un lado el PT reforzó sus posiciones en muchas ciudades, pero por el otro perdió frente a candidatos de la derecha, en dos grandes capitales que había gobernado en el pasado: Sao Paulo y Porto Alegre. En otras ciudades importantes, como Rio de Janeiro y Belo Horizonte, el PT no se presentó sino que apoyo candidatos “oficialistas” del centro o centro-derecha.

 

Algunos sectores del gobierno, con el apoyo de la derecha y del capital, les encantaría hacer pasar nuevas reformas neoliberales en la legislación del trabajo y la seguridad social. Pero esto no esta aun decidido. Podemos esperar que Lula rehusara privatizar Petrobas –Compañía Petrolera Nacional – como se comprometió durante la campaña; continuara también, probablemente en privilegiar el Mercado Común Sudamericano (MERCOSUR) en lugar del ALCA, el tratado de libre comercio para las Ameritas propuesto por Georges W. Bush. Entre los gobiernos de izquierda o de

 

234     Robert Michels, Les partis politiques. Essaie sur les tendances oligarchiques des démocraties, Flammarion, Paris, 1914.

 

centro izquierda de América latina, Lula es mas cercano al polo moderado, representado por Tabaré Vasquez en Uruguay y Michele Bachelet en Chile, que del polo anti-imperialista, encarnado por Hugo Chávez (Venezuela), Evo Morales (Bolivia) o Rafael Correa (Ecuador). Esto incluso si el rechaza, contrariamente a la presidenta chilena, de firmar un Tratado de Libre-Cambio con los Estados Unidos. Es necesario sin embargo destacar un cierto acercamiento con el gobierno de Bush, en torno al proyecto de reemplazar el petróleo por los “bio-combustibles”, principalmente el etanol, producido a partir del alcohol de caña. Se trata de un proyecto peligroso, que conduciría a reemplazar el cultivo de productos alimenticios por el de la caña de azúcar, con las consecuencias desastrosas para la alimentación de las capas populares y la soberanía alimenticia del país - así como para el medio ambiente. Es una de las razones de la dimisión de la popular Ministra del Medio Ambiente, Marina Silva.

Asistimos, después de los primeros años del nuevo gobierno –donde los Ministros elegidos en los partidos de centro o de la derecha ocupan un lugar aun más determinante que antes- con una toma de distancia creciente de los movimientos sociales en relación a Lula. No solamente la izquierda radical (el P-SOL, PSTU) y el MST, sino también la izquierda sindical y, con mucha prudencia, la dirección de la CUT y otros movimientos sociales se movilizan cada día más para protestar contra la política gubernamental. El futuro dependerá esencialmente de la capacidad de esta coalición de la izquierda social y política de organizar y movilizar a las victimas del apartheid social brasileño.

 

Esta movilización se hará seguramente en torno a algunos ejes centrales. En primer lugar, la reforma agraria que constituye una cuestión central para el futuro de la sociedad brasileña (Lemoine, 2001). Según el MST, el gobierno de Lula, que se había comprometido a distribuir las tierras a 450.000 familias campesinas, no lo ha hecho más que para 150.000 de entre ellas. Ahora bien, son millones de trabajadores rurales que esperan, en las condiciones sociales cada vez más precarias, una verdadera reforma, que ataque los privilegios insolentes de la oligarquía capitalista rural. El MST continuara negociando con el gobierno, pero esta muy decidido a privilegiar la movilización de los campesinos, y organizar, a gran escala las ocupaciones de tierras: es solamente con la lucha, piensan ellos, que podremos imponer algunas concesiones a este gobierno, denominado de “centro izquierda”.

Otra campaña importante, con el apoyo de los movimientos campesinos, sindicatos, intelectuales, corrientes de la izquierda critica como también de la Iglesia católica (a través de su Conferencia de Arzobispos), fue aquella a favor de la anulación de la privatización de la Compañía do Vale do Río Doce, una de las mas grandes empresas mineras del planeta. Esta venta, luego de una escandalosa puesta a remate organizada por el gobierno de Cardoso, ha permitido la cesión por un precio irrisorio de la empresa publica la mas prospera del país a los intereses capitalistas privados, en gran parte extranjeros (sus acciones se negocian ahora en la Bolsa de Nueva York). Los organizadores de la campaña exigen del gobierno la organización de un referéndum, y, en caso de rechazo, se preparan a realizar ellos mismos, como fue el caso del referéndum sobre el ALCA, que conoció un gran éxito y contribuyo a impedir veleidad gubernamental de adhesión a este tratado. Sin ilusiones sobre esta segunda gestión del gobierno de Lula, ni sobre el proximo gobierno PT si gana la sucesora del Lula, las organizaciones que representan a los trabajadores de las ciudades y el campo, la juventud, las mujeres y los precarios, el “pobretariado” saben que solamente la organización en la base y la lucha sin concesiones podrán cambiar alguna cosa.

(Paris, 2009)

Para saber más sobre el Brasil de Lula:

 

• Frei Betto, A mosca azul. Reflexâo sobre o poder, Editora Rocco, Río de Janeiro, 2006.

• “Dossier élections au Brésil”, Problèmes d’Amérique latine, n° 46-47, Paris, automne-hiver, 2002.

• Marion Gret, Yves Sintomer, Porto Alegre: la Esperanza de otra democracia, Madrid, Debate, 2003.

 

• Maurice Lemoine, La dette. Roman de la paysannerie brésilienne. Editions de l’Atalante, Nantes, 2001.

• « Le socialisme pétiste », Inprecor, n° 317, Montreuil, octobre-novembre 1990.

• « Le Parti des Travailleurs à l’épreuve du gouvernement », Inprecor, n° 479, Montreuil, février 2003.

• Jacky Picard (dir.), Le Brésil de Lula. Les défis d’un socialisme démocratique à la périphérie du capitalisme, Karthala, coll. Lusotopie, Paris, 2003.

• Severo Salles, Dictature et lutte pour la démocratie (1964-1985), L’Harmattan, Paris, 2005.

• Joâo Pedro Stedile, Bernardo Mançano Fernandes, Brava Gente: la trayectoria del MST y de la lucha por la tierra en el Brasil, Ediciones Barbaroja, Buenos Aires, 2000.

 

• Sección Brasil de Rebelión: www.rebelion.org/seccion.php?id=11

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuidades y rupturas en el gobierno de “los Kirchner”

 

Por Maristella Svampa

 

Maristella Svampa es socióloga e investigadora independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas - Conicet. Entre sus libros más recientes se encuentran Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras (2003) y La sociedad excluyente. La Argentina bajo el signo del neoliberalismo (2005) y Cambio de época (2008) 235

 

La caracterización del gobierno de N. Kirchner, así como el de su esposa y sucesora, Cristina Fernández de Kirchner, no es una tarea sencilla, pues requiere tomar nota de los elementos de ruptura que se refieren a los logros económicos, a significación positiva de ciertos gestos políticos y los nuevos aires ideológicos que surcan la región latinoamericana, así como de los elementos de fuerte continuidad que dicho gobierno ofrece en términos de régimen de dominación, dinámica de precariedad y políticas redistributivas. En este sentido, aunque la gestión de N. Kirchner (2003- 2007) está lejos de constituir una refundación política, como sostienen fervorosamente sus defensores, tampoco puede ser interpretada sin más en términos de continuidad lineal respecto de los años ´90, como afirman ciertos críticos del mismo. En el presente artículo proponemos hacer un análisis de algunas de las dimensiones del gobierno de Néstor Kirchner, con el fin de evaluar las rupturas y continuidades. Una serie de preguntas guían así nuestra presentación: ¿ha habido cambios en la política social respecto del mundo de los excluidos? ¿Cuál es la política laboral del gobierno en relación con el multiplicado mundo de los trabajadores precarios? ¿Cuáles las orientaciones centrales frente a las empresas privatizadas, cuales las opciones en términos de modelo productivo, sobre todo vinculadas a la explotación de los recursos naturales? ¿Qué cambios internos ha traído la política “latinoamericanista” emprendida en el nuevo contexto regional? En fin, tampoco podían estar ausentes los interrogantes acerca de las fronteras de la política, dadas las fuertes divisiones existentes entre política institucional y no institucional, así como aquellos sobre el marco general en el cual se inserta la nueva gestión que en diciembre de 2007 inició Cristina Fernández de Kirchner.

 

Entre la demanda de normalidad y la productividad del peronismo

Mucho se ha hablado de los éxitos políticos y económicos que marcaron la gestión del gobierno de

N.       Kirchner. Entre ellos, se destaca la salida de la gran crisis de 2001-2002, que sacudió los cimientos de la sociedad argentina. Sin embargo, los indicadores de los últimos meses de 2003 ya mostraban una recuperación del crecimiento. Al final de su gestión, Kirchner pudo exhibir logros económicos importantes respecto de la gran crisis de 2002, cuando la devaluación produjo una  caída del PIB del 16%, la tasa de desocupación llegó a alcanzar el 21% y el salario real disminuyó un 24%. Entre 2003 y 2007, el PIB alcanzó un crecimiento anual de alrededor del 9%, mientras que la desocupación fue descendiendo de 17,3% en 2003 a 8, 5%, en 2007 (ver cuadro 1).236 En gran medida, las altas tasas de crecimiento económico y el superávit fiscal se deben a la recuperación de

 

 

235 El presente trabajo es una versión actualizada y modificada de un artículo publicado en M.Svampa, Cambio de época. Movimientos sociales y poder político, Buenos Aires, siglo XXI, 2008.

 

236 Statistical Yearbook for Latin America and the Caribbean, 2007. www.cepal.orgo. SAlcalaram tasa de desempleo no incluye los beneficiarios de planes sociales. En caso de incluirlos, para el año 2007 éste sería de 9,8% Fuente: INDEC.

 

la industria, post-devaluación, así como a la alta rentabilidad del modelo extractivo-exportador, basado en la agroindustria (semillas transgénicas a través de la siembra directa).

Cuadro 1

Evolución del PBI y desocupación 1991-2006

Años	Evolución PBI		Desocupación
1991	10,6		6,0
1995	-2,9		17,5
2000	-0,8		15,1
2001	-4,4		17,4
2002	-10,8		19,7
2003	8,8	17,3	8,4
2004	9,0	13,6
2005	9,2	11,6
2006	8,5	10,4
2007	8,6

 

Anuario estadístico de la CEPAL (Evolución del PBI en porcentajes sobre la base de valores a precios de 1995 y tasa de desocupación)

 

En este sentido, cabe recordar que la crisis de 2001-2002, caracterizada por fuertes movilizaciones sociales, estuvo recorrida por demandas ambivalentes y contradictorias. Por un lado, había un llamado a la solidaridad y a la autoorganización social, lo cual desembocó en la conformación de un rico campo multiorganizacional de carácter antineoliberal; por otro lado, la crisis expresaba también un fuerte llamado al orden y al retorno a la normalidad frente a lo que podía considerarse como una amenaza de disolución social. Así, durante 2002, la Argentina se convirtió en un laboratorio de nuevas formas de acción colectiva, visibles en las movilizaciones de los desocupados, el surgimiento de asambleas barriales, la recuperación de fábricas quebradas por sus propios trabajadores y la multiplicación de colectivos culturales. Durante un tiempo, en este escenario de efervescencia y de cruces sociales inéditos, tendió a imponerse la demanda de solidaridad. Sin embargo, a principios de 2003, el declive de las nuevas movilizaciones así como la fragmentación de las organizaciones de desocupados, fueron diluyendo la expectativa de una recomposición política “desde abajo”, para dar paso a una fuerte demanda de orden y “normalidad”. En este sentido, Kirchner se hizo eco de este mensaje social, en la medida en que apuntó a encarnar la exigencia creciente de normalidad, tal como aparecía ilustrado en su consigna  “Por un país en  serio, por un país normal”. En segundo lugar, los primeros gestos políticos de Kirchner mostraron una vez más la productividad política del peronismo. Entre ellos se destaca el descabezamiento de  la cúpula militar y el recambio de la Corte Suprema de Justicia, ésta última estrechamente asociada al régimen de los ´90. Asimismo, éste asumió como política de Estado la condena de la violación de los derechos humanos realizadas durante la última dictadura militar (1976-1983), lo cual  contribuyó a echar por tierra la “teoría de los dos demonios”237 que habían avalado los gobiernos anteriores, así como a impulsar una política de la memoria; dos demandas intrínsecamente ligadas a la larga lucha de las organizaciones de derechos humanos en Argentina. En tercer  lugar,  el gobierno de Kirchner se instaló en un espacio de crítica al neoliberalismo, que había sido la nota común de las grandes movilizaciones de 2002. De este modo, su llegada se vio favorecida por la

 

237 La teoría de los dos demonios, difundida durante los años 80, sostiene que en los ´70 existió un contexto de violencia política generado por dos extremos, igualmente responsables: la guerrilla y las Fuerzas Armadas. La teoría posibilitaba defender una visión “neutra” acerca del conflicto (la oposición entre dos demonios), a partir de la cual el resto de la sociedad aparecía como una “víctima”, sin complicidad con el régimen dictatorial. La posterior caracterización de los delitos cometidos por las Fuerzas Armadas desde el aparato del Estado como crímenes de lesa humanidad, terminaron por dar por tierra con tal hipótesis.

 

emergencia de un nuevo polo latinoamericano, visible en el surgimiento de gobiernos de “centro- izquierda”, como el de Lula en Brasil y Chávez en Venezuela. Este cambio de clima ideológico, se expresaría en la retórica antineoliberal que Kirchner asumiría desde mediados del año 2003, y que apuntaría a ciertos agentes económicos nacionales (en especial, los productores del campo), así como algunas empresas privatizadas en manos de consorcios multinacionales.

Por otro lado, la salida del défault fue considerada un éxito, sobre todo si se tiene en cuenta que ésta fue realizada sin el apoyo del FMI. Asimismo, el gobierno de Kirchner llevó a cabo el canje de la deuda con los acreedores privados, logrando una fuerte quita, un alargamiento del programa de pagos y la reducción de la tasa de interés. Al igual que Brasil, en 2005, gracias al superávit fiscal, se decidió cancelar la deuda que el país tenía con el FMI, un total de 9.500 millones de dólares, que constituye solo un 9% del total de la deuda externa. Según datos oficiales, en el 2002 la deuda externa correspondía a un 138% del PBI, mientras que en el 2006 era de 59,4%. 238 Sin embargo, el nuevo cronograma de servicios de la deuda sigue siendo muy oneroso y compromete la necesidad de disponer de un elevado superávit fiscal primario por largos años. Ahora bien, pese a los buenos índices macroeconómicos, el crecimiento fue muy desigual, puesto que las brechas económicas y sociales abiertas en los ´90, y reforzadas luego de la salida desordenada de la convertibilidad entre el peso y el dólar, se han consolidado. Así, si en la década anterior, el 10% más rico ganaba 20 veces más que el 10% más pobre, en la actualidad, la brecha es un 35% más amplia: supera 27 veces. Cierto es que la pobreza, que al comienzo de la gestión de Kirchner alcanzaba el 57%, se redujo al 34%. Pero en los noventa la brecha era del 24%239, lo cual todo hace pensar que la crisis de 2002 instaló un nuevo umbral desde el cual pensar las desigualdades.

 

Las fronteras de la exclusión: organizaciones de desocupados y políticas sociales

Durante los años ´90 la frontera de la exclusión fue delineada básicamente por la problemática de la desocupación. En un contexto de empobrecimiento y de descolectivización de las clases populares, surgieron las grandes organizaciones de desocupados (piqueteros), cuyos ejes centrales serían la acción directa (el corte de ruta o piquete), el trabajo comunitario en el barrio (la acción territorial) y la democracia asamblearia (en sus diferentes niveles).Desde sus orígenes (1996/97), los movimientos piqueteros estuvieron atravesados por diferentes corrientes político-ideológicas, desde el populismo nacionalista hasta la izquierda anticapitalista, vinculadas a organizaciones autónomas o a partidos de izquierda. Su historia conoce diferentes momentos o etapas: las primeras organizaciones surgieron en las provincias petroleras (Neuquén y Salta), así como en ciertos distritos del Gran Buenos Aires, muy afectado por la desocupación. Estas últimas organizaciones fueron  las  que  aportaron modelos organizacionales,       masividad y proyección a escala nacional, entablando una relación conflictiva con el gobierno peronista de C. Menem, desarrollando un vertiginosa autonomía durante el gobierno de la Alianza (1999-2001), para instalarse, desde 2002, a partir de su ingreso a los espacios tradicionales de la política y su expansión por todo el país, como un actor político reconocido y un indiscutible factor de presión para los diferentes gobiernos240 Aunque la demanda central de los piqueteros siempre fue por trabajo, los diferentes gobiernos desarrollaron una política de contención del conflicto a través del otorgamiento de subsidios (planes sociales). Desde el comienzo, las organizaciones piqueteras vivieron con ambivalencia esta dependencia respecto del Estado, que las insertaba en los marcos de un modelo asistencial, al tiempo que subrayaban que estos recursos eran necesarios para paliar las urgencias de la población  e impulsar el desarrollo de formas de organización alternativa y nuevos espacios de politización.

 

238 Véase el sitio oficial, www.casarosada.gov.ar

239 C.Lozano, “Comportamiento de los sectores dominantes. Pobreza, distribución del ingreso y crecimiento en

Argentina”, ponencia presentada en el encuentro “Plan Fénix, en víspera del segundo centenario”, Buenos Aires, septiembre de 2005, y “La Argentina desigual”, en Moreno número 179, 7 de diciembre de 2006.

240 En 2003, se estimaban que unas 150 mil personas componían el novedoso espacio piquetero, nucleadas en torno a

una treintena de organizaciones. Resulta difícil medir el impacto del proceso de fragmentación de los últimos años, pero muy probablemente existan en la actualidad más de doscientas agrupaciones. Sin embargo, un factor importante para establecer una tipología es detectar la matriz ideológica de las mismas. Para el tema véase M.Svampa y S.Pereyra, (2003) Entre la ruta y el barrio. La experiencias de las organizaciones piqueteras, Buenos Aires, Biblos.

 

Esta combinación exitosa entre urgencia y radicalización política tuvo su pico entre 2000 y 2004, años en los cuáles las organizaciones piqueteras alcanzaron centralidad política, pese a los constantes hechos de represión y la política de criminalización desatada desde los sucesivos gobiernos. Sin embargo, en medio de la gran crisis, durante el gobierno provisorio de Duhalde (2002-2003) los subsidios a desempleados desbordaron el universo piquetero, aumentando de 700 mil a casi 2 millones, a partir de la instalación del Plan Jefas y Jefes de Hogar (PJJHD). Esta política de masificación de la ayuda social se continuó con Kirchner, quien retomó la iniciativa de “recuperar” el espacio perdido por el peronismo en manos de las nuevas organizaciones de tipo territorial. Así, la política asistencial fue la punta de lanza para demonizar a las organizaciones piqueteras, apuntando a su flanco más débil (la dependencia respecto del Estado), acusadas de supuestos manejos clientelares y manipulación política. Los PJJHD conllevaron un fortalecimiento de la matriz asistencial y ello, por varias razones, entre las cuales se destaca su carácter no universalista, así como los manejos abiertamente discrecionales que los gobiernos (en sus diferentes niveles) realizaron en los distritos más pobres del país. Asimismo, pese a su carácter paliativo durante la crisis de 2002 (50$US por mes), la inflación de los últimos años licuó completamente sus efectos compensatorios. Finalmente, en los últimos tiempos la intención del gobierno de Kirchner ha sido la de desactivar paulatinamente dichos planes. En algunos casos, los beneficiarios fueron incorporados al mercado de trabajo, pero aquellas personas consideradas “inempleables” tienden a ser transferidas a otros programas asistenciales, entre ellas al “Plan Familias”, cuya lógica de funcionamiento es similar, aunque está destinado únicamente a las madres con hijo/as a cargo y mujeres embarazadas.241

Por otro lado, la política de Kirchner apuntó a encapsular a las organizaciones piqueteras críticas, reorientando los recursos hacia las organizaciones piqueteras “amigas”. La apropiación que éste hizo del discurso crítico interpeló fuertemente al conjunto del espacio militante que venía luchando contra las políticas neoliberales. Esto derivó en la institucionalización de varias organizaciones piqueteras y la incorporación de sus dirigentes al gobierno, sobre todo en organismos ligadas a la acción social y comunitaria, así como en la Cancillería. En no pocos casos, éstos pasaron a compartir espacios de poder con funcionarios antes ligados al menemismo o a lo más rancio del aparato del justicialismo, sectores con los cuales consideran que han entablado una “disputa de poder”. Sin embargo, en 2007, en ocasión de las elecciones generales, el matrimonio Kirchner terminó de sellar la alianza política con los sectores mas conservadores del peronismo así como con los llamados “radicales K”,242 echando por tierra una vez más la ilusión populista de aquellas organizaciones sociales antineoliberales que habían apostado a una suerte de cambio político “desde adentro”. A su vez, entre 2003 y 2005 este proceso fue acompañado por una contienda entre las organizaciones críticas y antisistémicas movilizadas y el gobierno. El escenario mayor de esta confrontación fue la ciudad de Buenos Aires: en efecto, fue en sus calles, en sus plazas, en sus edificios públicos, dónde tuvo máxima expresión y corolario esta contienda desigual entre aquellos que llamaban a la institucionalización y exigían el repliegue de las fuerzas movilizadas (la demanda de lo instituido) y los diferentes actores movilizados, en especial, las organizaciones de desocupados (la demanda de los excluidos). El resultado fue el avance de la judicialización en el

 

 

 

241 Según cifras oficiales (Indec), a principios de 2007, el Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados (PJJHD) contaba con 1.028.770 beneficiarios; el Plan de Pensiones asistenciales, con 530.000; el de Familias para la Inclusión Social, con 410.000; Manos a la Obra, con 575.000, y el Seguro de Capacitación y Empleo, con 32.000. Para el mismo año, la tasa de desempleo abierta era de 8,5%, y de 9,5%, incluyendo los planes sociales. Para una mirada general sobre la política social, véase el Documento n 59, Lineamientos para el debate de una estrategia de política económica y social para la Argentina, A.Barbeito et all., Buenos Aires, diciembre de 2007, www.ciepp.gov.ar.

242 Nacido a fines del siglo XIX, la UCR es el partido político más antiguo de la Argentina, y junto con el peronismo  han disputado históricamente el electorado argentino. La renuncia de De La Rúa (2001), el último presidente radical,

proveniente de los sectores de centroderecha, conllevó una severa crisis del partido, acentuada por la crisis de representación política. En virtud de ello, varios dirigentes radicales crearon nuevos partidos políticos y algunos otros, se acercaron al gobierno de Kirchner. El vicepresidente electo en diciembre de 2007, Julio Cobos, proviene de esta última vertiente, denominada “radicales K”.

 

tratamiento de los conflictos sociales y la instalación de un fuerte consenso antipiquetero, sostenido y avalado por amplias franjas de la opinión pública.

Por su parte, los movimientos piqueteros también contribuyeron a esta situación de aislamiento y deslegitimación, especialmente los partidos de origen trostkista, ligados a las organizaciones de desocupados, quienes tuvieron serias dificultades para reconocer el cambio de oportunidades políticas así como la productividad política del peronismo, frente a lo cual diagnosticaron que Kirchner representaba una pura continuidad respecto de los gobiernos anteriores. En consecuencia, tendieron a impulsar la movilización callejera, multiplicando los focos de conflicto y, en última instancia, olvidando la gran asimetría de fuerzas y recursos existentes, así como la vulnerabilidad del sector movilizado. En suma, la inflexión fue triple. Por un lado, la crisis del 2001 otorgó al peronismo una nueva oportunidad histórica, permitiéndole dar un enorme salto a partir de la masificación de los planes asistenciales. Así, en un contexto de penuria y exclusión, los dispositivos del clientelismo afectivo se potenciaron, asegurando tanto la posibilidad de la reproducción del peronismo “desde abajo” como el cierre de la brecha disrruptiva abierta por las organizaciones piqueteras. Por otro lado, la política social, basada en la fragmentación y la focalización de la ayuda social, terminó por consolidar la matriz asistencial. Por último, en el marco de un crecimiento económico sin redistribución, el conflicto social sufrió un corrimiento efectivo. Así, mientras la política gubernamental tendía a sellar las fronteras de la exclusión, gracias a la masificación de la política asistencial, el disciplinamiento y demonización de los movimientos piqueteros, las fronteras de la precariedad comenzaron a mostrarse más flexibles y porosas, mostrando un mayor protagonismo del extenso mundo de trabajadores precarios, así como el surgimiento de nuevas luchas sociales.

 

Las fronteras de la precariedad

 

Gobierno, conflicto social y dinámica de precariedad

En los ´90, en el marco del capitalismo flexible y neoliberal, la precariedad amplió sus fronteras y cobró un impulso exacerbado. Acompañada por el aumento del desempleo, erigido en mecanismo disciplinador, la precariedad implicó un cambio notorio en las relaciones de fuerza, instalando una asimetría mayor entre capital y trabajo. La institucionalización de la precariedad produjo una reestructuración del mercado de trabajo, reflejada en la multiplicación de las formas de contratación (empleo autónomo, tercerización, subcontratación, trabajos temporarios), así como a la calidad del empleo (deterioro de las condiciones de trabajo). 243 En este contexto, la conflictividad laboral conoció mutaciones importantes, afectando sobre todo el sector de los trabajadores industriales y de las empresas públicas privatizadas. En razón de ello, durante los ´90, el conflicto sindical tendió a concentrarse en el sector público, donde se sostuvieron niveles de conflictividad similares a los  años 80, con un incremento de las acciones de carácter defensivo en los sectores de salud y educación. Asimismo, durante 2002 y 2003, en medio de la crisis, la conflictividad sindical siguió siendo baja, pese al contexto de efervescencia colectiva y a excepción de los trabajadores de las fábricas recuperadas. En este marco, la política laboral del gobierno de N. Kirchner se insertó en un contexto caracterizado por una fuerte dinámica (y naturalización) de precariedad y desempleo. Sin embargo, a partir 2004, la recuperación de la economía revela tanto a la persistencia de una desigual distribución de los ingresos como una acentuación de la precariedad. Esta última obedece a varios factores, entre ellos, el aumento del trabajo no registrado, la expansión del sector moderno de servicios (call centers, marketing, transportes, entre otros) favorecidos por la devaluación, así como la persistencia de la planta temporaria en los trabajadores del Estado (contratados y pasantes). En

 

243 Según estadísticas oficiales del Ministerio de Trabajo, en la década del 90 el costo laboral bajó un 62%. Esto fue ciertamente acompañado por un notorio aumento del empleo no registrado, que pasó del 25,2% en 1990 y alcanzaba el 38,5% en el 2001 (Fuentes: Indec).

 

efecto, entre 2003 y 2005, con tasas entre el 8 y 9% de crecimiento anual, se crearon 2.532.976 puestos de trabajo asalariados. De éstos, 1.752.588 eran asalariados no registrados, es decir el 70% de los puestos creados. 244 En fin, a mediados de 2007, según datos del Indec, el trabajo no registrado alcanzaba el 43,2%.245 En este rubro hay que incluir la expansión del último eslabón de  la cadena de la precariedad, el “trabajo clandestino o esclavo”, sobre todo en la construcción y la industria textil, que emplean mano de obra proveniente de países limítrofes.246

En un contexto de crecimiento económico y aumento de la inflación (que en los últimos años ha sido aproximadamente del 20% anual), las expectativas de mejoramiento y recomposición salarial se incrementaron notoriamente, al tiempo que ha ido operándose una desnaturalización de la precariedad. En consecuencia, los conflictos sindicales volvieron a la orden del día. El año 2005, con 824 conflictos sindicales, fue el más conflictivo desde 1990, cuando se lanzaron las reformas neoliberales. Aunque la mayoría de los conflictos fueron en demanda de una recomposición salarial, no son pocos los que apuntan contra las consecuencias de la precariedad, buscando reducir las disparidades salariales entre los trabajadores de un mismo sector, fomentadas por el tercerismo y la política de flexibilidad salarial. Cabe agregar que, según una encuesta del Ministerio de Trabajo, en la actualidad solo el 12% de las empresas cuenta con delegados gremiales. La conflictividad sindical marcó el retorno de la CGT, luego de una década de consolidación de las estructuras burocráticas y de una reorientación hacia un sindicalismo de tipo empresarial. Desde 2004 ésta se encuentra nuevamente unificada bajo el liderazgo de Hugo Moyano, jefe de los camioneros, quien durante los años 90 encabezó el MTA (Movimiento de Trabajadores Argentinos),un nucleamiento sindical peronista que osciló constantemente entre la crítica a la CGT oficialista (los llamados “Gordos”) y la colaboración con la CTA. Durante estos años, en un escenario más bien segmentado y fuertemente corporativista, el vínculo entre el gobierno de Kirchner y la CGT se desarrolló en el marco del estilo peronista: a saber, entre la dependencia política y la apelación a la capacidad de presión.

Por su parte, la CTA, que en los ´90 jugó un rol aglutinador y contestatario, se ha visto muy desdibujada, debido a las diferencias internas, que incluye conocidos dirigentes que simpatizan con la política oficial, entre ellos el nuevo secretario general, procedente del gremio docente. Dicha central, nacida en 1994, que nuclea sobre todo trabajadores del sector público, presenta un modelo organizativo distinto al de la CGT, basado en la democracia interna y la afiliación directa. En abril de 2005, la CTA sufrió un duro revés, cuando el gobierno le negó la personería gremial, cuyo monopolio continúa en manos de la CGT. En líneas generales, a partir de 2005 comenzó a registrarse una recomposición salarial, que ha beneficiado sobre todo el sector privado formal, aun si estos aumentos aparecen retrasados con relación a los niveles de ingresos anteriores a la crisis de 2001-2002. Por su parte, desde el Congreso Nacional, diputados oficialistas se propusieron introducir modificaciones a la legislación laboral en beneficio del trabajador, entre ellas, la eliminación del tope de indemnización por despido y la ley que posibilita a un empleado accionar ante la Justicia cuando sus condiciones de trabajo sean modificadas de manera unilateral por parte del empleador. Conviene resaltar que no son pocos los conflictos protagonizados por comisiones internas, en ciertos casos por fuera de la dirigencia de los sindicatos o de las centrales reconocidas, entre los cuáles se destacan aquellos del sector de servicios y transporte (empresas de call-center, subterráneos de Buenos Aires). Otros conflictos resonantes tuvieron como protagonistas el sector público (educación y salud). Desde las huelgas de los hospitales públicos, amenazados por el desguace, hasta los persistentes paros del sector docente (enseñanza primaria y secundaria), dichos conflictos ponen de manifiesto el deterioro salarial y la ampliación de las fronteras de la

 

244 “Clandestinidad y precarización laboral en la Argentina de 2006”, CTA, IDEP, Claudio Lozano et all. www.cta.gov.ar

245 Fuente Indec, Clarín, 14/06/07.

246 En marzo de 2006, un incendio ocurrido en un barrio porteño que terminó con la vida de seis inmigrantes bolivianos (la mayoría menores) fue el disparador de la denuncia de este tipo de talleres clandestinos, que emplean

aproximadamente 4.000 ciudadanos bolivianos en la ciudad de Buenos Aires. Recordemos que el 51,1 % de los extranjeros de países limítrofes residentes en Argentina son de origen boliviano (La Nación, 24/06/06).

 

precariedad, en una época de prosperidad económica. El asesinato de un docente en la provincia patagónica de Neuquén (abril de 2007) a manos de la policía provincial, y las constantes pujas en otras provincias, revelaron la ausencia de propuestas integradoras en torno a la recuperación y revaloración de lo público, así como la dificultad de los propios sindicatos de nacionalizar los conflictos.

Asimismo, recordemos que en Argentina existe un importante movimiento de fábricas recuperadas y autogestionadas por los trabajadores, que involucran unas 12 mil personas, en su gran mayoría pertenecientes a pequeñas unidades, localizadas en diferentes provincias, aún si una gran parte se encuentra en la provincia de Buenos Aires y la ciudad capital. Como afirma J. Rebón, “el gobierno de Kirchner intervino en algunos casos puntuales, pero nunca incorporó la recuperación como una política de Estado, en especial, en lo que se refiere a la cuestión de la propiedad. Las expropiaciones temporarias (sólo en la ciudad capital y en la provincia de Buenos Aires existen algunas expropiaciones definitivas), se debieron a legislaciones provinciales y/o locales"247.Por esta razón, varias fábricas recuperadas continúan amenazadas de desalojo, una vez pasado el período de cesión o comodato. Tal es el caso de los trabajadores de FASINPAT (Fábrica sin patrones, ex Zanón), ubicada en el norte de la Patagonia, la experiencia más resonante –por su carácter antagonista-, del movimiento de fábricas recuperadas, con múltiples lazos con el resto del campo militante.

 

Neodesarrollismo, empresas privatizadas y conflictos socio-ambientales

En los últimos veinte años, en América Latina el impulso del capitalismo neoliberal conoció diferentes etapas: podemos ubicar un primer momento, en los 90, marcado tanto por la desregulación económica, el ajuste fiscal, la política de privatizaciones (de los servicios públicos y de los hidrocarburos), como por la introducción de los agronegocios. Ello contribuyó a consolidar un modelo económico basado en la reprimarización de la economía, altamente dependiente de los mercados externos. En el presente, asistimos a un segundo momento, caracterizado por la generalización de un modelo extractivo-exportador, que apunta a consolidar y ampliar aún más las brechas sociales entre los países del norte y del sur, en base a la extracción de recursos naturales no renovables, la extensión del monocultivo, la contaminación y la pérdida de biodiversidad. La minería a cielo abierto, las mega-represas, los proyectos previstos por el IIRSA248 y prontamente  los agrocombustibles ilustran esta nueva división del trabajo en el contexto del capitalismo actual.

Cabe preguntarse ahora cuál ha sido la posición del gobierno argentino tanto frente a los servicios públicos privatizados como a la expansión del modelo extractivo-exportador y la agroindustria. Con respecto a lo primero, la política de N. Kirchner se orientó a subsidiar económicamente a las empresas privatizadas, con el objeto de impedir un incremento de las tarifas, en el marco de una sociedad tan proclive a la impugnación a través de la acción directa. Por otro lado, debió afrontar conflictos puntuales con las empresas privatizadas, frente al incumplimiento de los contratos, lo cual desembocó, en determinados casos en la ruptura y posterior pase de las empresas al Estado, como sucedió con el servicio de aguas y cloacas, en manos del grupo Suez, el Correo Argentino, el ferrocarril San Martín y el espacio radioeléctrico. En este aspecto, el tema continúa siendo una asignatura pendiente, aun si Cristina Fernández impulsó un incremento de las tarifas de los servicios (transporte y energía, entre un 20% y 30%) y en julio de 2008, en medio de la crisis de la compañía, decidió la renacionalización de la línea área de bandera, Aerolíneas Argentinas.249

 

 

247 Véase de J.Rebón La empresa de la autonomía. Trabajadores recuperando la producción Buenos Aires, Colectivo ediciones Picaso, 2007.

248 Cartera de proyectos de infraestructura de transporte, energía y comunicaciones consensuada por varios gobiernos latinoamericanos en el marco de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana

(IIRSA).

249 La privatización de Aerolíneas Argentinas fue una de las más cuestionadas durante los años 90. La compañía, que  era una de las más exitosas empresas nacionales, fue vendida a una sociedad anónima, encabezada por Iberia por 560

millones de dólares. En 2001, se presentó a convocatoria de acreedores con una deuda de 900 millones de dólares. Recientemente el Congreso Nacional avaló la propuesta de renacionalización de la presidenta.

 

La política de continuidad, así como los dobles discursos se advierten respecto de una temática tan sensible como es el control y explotación de los recursos naturales y la protección del medioambiente (minería, gas y petróleo). En esta línea, uno de los hechos más notorios del período es la expansión de numerosos proyectos de megaminería a cielo abierto, a cargo de empresas transnacionales. Sin embargo, pocos argentinos conocen que la actividad minera involucra directa e indirectamente quince de las veinticuatro provincias, y que los mismos cuentan con la resistencia explícita de las poblaciones afectadas, unas setenta asambleas de autoconvocados, reunidos en la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC).250 La experiencia que tuvo el mérito de colocar en la agenda pública la nueva cuestión socio-ambiental, a nivel nacional, fue Gualeguaychú, entre 2005 y 2006, a raíz del conflicto por la instalación de las pasteras, sobre el río Uruguay, que trajo como correlato un enfrentamiento entre el gobierno argentino y el de la república del Uruguay. Hacia 2006, este conflicto fue considerado por el entonces presidente Néstor Kirchner como una “causa nacional”, pese a que luego, a inicios de 2009, Cristina Fernández de Kirchner impulsaría activamente el cuestionamiento y hasta la demonización de la Asamblea Ambientalista de Gualeguaychú, con el objetivoo de que éstos levantaran el corte al puente internacional que une la Argentina con el Uruguay, luego de casi dos años de bloqueo. Por paradójico que pueda parecer, la instalación de la agenda socio-ambiental, capitalizada políticamente por el gobierno de los  Kirchner, lejos estuvo de servir a la apertura de la discusión de otras causas socio-ambientales;  antes bien, sirvió para el ocultamiento y la denegación de otros conflictos que ya comenzaban a recorrer a diferentes provincias argentinas, a raíz de la vertiginosa introducción del modelo minero. Además, la intervención del ex presidente N. Kirchner, en apoyo a los asambleístas de Gualeguaychú, y la respuesta no menos virulenta de su par uruguayo, Tabaré Vásquez, sirvieron para reactivar la vieja oposición entre “país grande” y “país pequeño”, que recorre la relación entre ambos países, instalando el conflicto en un registro de difícil solución: el de la exacerbación de las lógicas nacionalistas, antes que el de la discusión de los diferentes modelos de desarrollo.

Por último, desde fines de los ´90, la introducción de un nuevo modelo agrario, caracterizado por el uso de las nuevas tecnologías, de acuerdo a estándares internacionales (semillas transgénicas a través de la siembra directa), colocó a la Argentina como uno de los grandes exportadores mundiales de cultivos transgénicos. Su vertiginoso desarrollo implicó una restructuración global del sistema agrario tradicional, que ya arrastraba una fuerte crisis, agravada por la política excluyente de los años ´90. Este modelo agrario se extendió no sólo en la región pampeana, sino también en las llamadas áreas marginales, esto es, en el norte y litoral del país, ocupando en la actualidad 18.800 millones de hectáreas, de las cuales el 90% está dedicado a la soja transgénica. Su éxito inicial no sólo está relacionado con el agotamiento del modelo anterior, sino también con su capacidad relativa por articular diferentes actores económicos, pese a la evidente concentración económica: mientras que en el sector semillero se destacan las grandes empresas multinacionales (como Monsanto y Cargill) y unos pocos grandes grupos económicos locales, en el circuito de producción surgieron otros actores económicos, entre ellos los “terceristas” (los que cuentan con el equipamiento tecnológico), los “contratistas”, suerte de “productores sin tierra” (entre las cuales se incluyen los pooles de siembra y los fondos de inversión), y por supuesto, los pequeños y medianos propietarios, muchos de los cuales se han convertido en rentistas, alquilando sus propiedades para el cultivo de la soja. La rentabilidad del sector agroalimentario se vio favorecida por la salida de la convertibilidad (el dólar alto respecto de la moneda local), así como por la estampida de los precios internacionales de productos primarios.

La contracara de dicho proceso ha sido la emergencia de nuevas problemáticas económicas, sociales y ambientales. Así, entre 1988 y 2002, desaparecieron 103.405 establecimientos agrarios en el nivel nacional, mientras que se incrementó el tamaño de la superficie media, que en los últimos 20 años pasó de 243 a 538 hectáreas. Según el Grupo de Estudios Rurales251, las técnicas de siembra directa

 

250 Para el tema véase M.Svampa y M. Antonelli (eds.), Minería transnacional, narrativas del desarrollo y Resistencias sociales, Buenos Aires, Biblos, 2009.

251 GER, “17 de Abril: Día Internacional de la Lucha Campesina. Desalojos y arrinconamientos de campesinos y de comunidades indígenas en la Argentina”, Realidad Económica, Buenos Aires, 2004, p.112.

 

disminuyeron entre un 28 y un 37% el uso de mano de obra, lo que generó un fuerte éxodo de la población rural. Por otro lado, el aumento de la rentabilidad y la tendencia al monocultivo, viene acompañado por el avance de la desforestación y el uso masivo de agrotóxicos. A esto tenemos que sumar lo que supone la sojización del modelo productivo en términos de renuncia de la soberanía alimentaria o, en otro nivel, de posibilidades de independencia y desarrollo tecnológico, vista la tendencia a exportar sólo commodities y no productos con mayor valor agregado. En resumen, aún si la gestión de N. Kirchner implicó una reorientación parcial del modelo económico, vía la reactivación de la industria, desde 2003 hasta el presente, sus estrategias se encaminaron a la profundización del modelo extractivo-exportador, tanto en lo que se refiere a la minería e hidrocarburos, como al sector de agronegocios, con una fuerte tendencia al monocultivo. Como veremos, en el marco de la expansión de dicho modelo y ante la suba internacional de los productos agrarios, tocaría a su esposa, Cristina Fernández, afrontar un grave conflicto con el conjunto de los sectores agrarios.

 

Las fronteras de la política institucional

 

Como en otros países de América Latina, las reformas neoliberales se tradujeron por una mayor concentración de poder en el líder o jefe presidencial. En Argentina, este giro decisionista fue facilitado por la convergencia entre una tradición hiperpresidencialista y una visión populista del liderazgo. De esta manera, el decisionismo fue la clave de bóveda del nuevo modelo de dominación, visible en la tendencia a gobernar a través de decretos de necesidad y urgencia, así como a disciplinar y/o cooptar las voces disidentes mediante un estilo de liderazgo de tipo peronista, caracterizado por la subordinación de los actores sociales y políticos al líder. En fin, esta situación fue promovida por la misma tendencia del propio Partido Justicialista a devenir, tal como afirma Juan Carlos Torre, “un sistema político en sí mismo”, convirtiéndose al mismo tiempo en oficialismo y oposición.252

En esta línea, la política de Kirchner postula una fuerte continuidad respecto de sus predecesores, al tiempo que instala ciertas rupturas. En efecto, en primer lugar, Kirchner tendió a fortalecer aún más el lugar de la soberanía presidencial. Sin embargo, a diferencia de Menem (y de F. De la Rúa), el espacio de la soberanía presidencial, fue utilizado –al menos en un primer momento– con el propósito de redefinir y otorgar mayor variabilidad a la relación entre economía y política, en un contexto de semidefault de la economía argentina. En cierto modo, el nuevo gobierno se vio “favorecido” por una situación de crisis económico-financiera, lo cual amplió el margen de acción; algo que hábilmente Kirchner supo capitalizar. En razón de ello, sus primeros gestos también fueron leídos como una suerte de “recuperación de la política”, en comparación con la subordinación dramática de la política a los mandatos de los organismos multilaterales, así como al alineamiento automático con los Estados Unidos durante los ´90.

Por otro lado, el reforzamiento de la política asistencial fue acompañado por el aumento de los dispositivos clientelares, sistemáticamente potenciados en época de campaña electoral. Este retorno del clientelismo, en sus formas más obscenas, se registró en varias provincias y muy especialmente en el Conurbano Bonaerense, donde reside un cuarto de la población del país (más de 9 millones, de un total de 37 millones de argentinos), entre ellos, los más pobres. En 2005, el presidente y su esposa Cristina Fernández (entonces senadora) llevaron a cabo la ruptura oficial con el sector del peronismo comandado por el expresidente Duhalde, desatando una verdadera guerra interna, que conmovió el aparato peronista. En esa ocasión, el Conurbano Bonaerense, símbolo de todos los males del país, fue testigo tanto de la cooptación masiva de intendentes identificados con los sectores más rancios del peronismo, así como de una intensa batalla clientelar, expresada en las entregas masivas de electrodomésticos y de subsidios en hogares pobres. Así, la reivindicación de una “nueva política” y la apropiación del discurso crítico han coexistido con la potenciación de los dispositivos clientelares y la perpetuación prácticas políticas, funcionarios y gobernadores,

 

252 J.C. Torre, “Los desafíos de la oposición en un gobierno peronista”, en Juan Carlos Torre et al., Entre el abismo y la ilusión. Peronismo, democracia y mercado, Buenos Aires, Norma, 1999.

 

vinculados a la década del ´90. Estos hechos fueron acompañados, empero, por rupturas políticas que tuvieron un gran impacto en la opinión pública. En primer lugar, como ya hemos señalado, se destaca el descabezamiento de la Corte Suprema de Justicia y el nombramiento de magistrados reconocidos por su idoneidad profesional e integridad política. Esta política que apunta al fortalecimiento de la independencia del poder judicial sufrió empero un duro embate, en diciembre de 2005, con la aprobación de la ley que autoriza la reducción de los miembros del Consejo de Magistratura, un organismo multisectorial introducido por la reforma constitucional de 1994, cuya actividad más importante es la selección, sanción y remoción de jueces. La reforma aumentó la representación política —eliminando la participación de las minorías— y limitó la participación de jueces, académicos y abogados.

En segundo lugar, hubo un giro radical en la política de derechos humanos. En este aspecto, N.Kirchner sentó una gran diferencia respecto de administraciones anteriores, llegando al punto de solicitar perdón a la sociedad en nombre del Estado argentino, por la situación de impunidad registrada a lo largo de dos décadas de gobierno institucional respecto de las violaciones de derechos humanos durante aquella trágica época. Así, entre 2003 y 2005 fueron anuladas las “leyes de la impunidad”, dictadas bajo los gobiernos anteriores253 y reactivados los juicios a los militares, responsables de delitos de lesa humanidad. Esta política tuvo como correlato la institucionalización de las organizaciones de derechos humanos “históricas”, lo cual produjo mayor fragmentación y conflicto dentro del campo militante, a partir de las diferencias que se instalaron entre éstas y los nuevos movimientos de lucha contra la impunidad, que critican la actual política económica y social del gobierno. Sin embargo, dicha política sufrió un fuerte golpe con la desaparición de Julio López, en septiembre de 2006, un ex detenido-desaparecido que fue testigo en el juicio que condenó a perpetuidad a un conocido ex comisario de la última dictadura. El hecho volvió a poner al descubierto la relación de perturbadora continuidad entre aparato represivo dictatorial y las actuales fuerzas de seguridad, al tiempo que plantea interrogantes acerca de la viabilidad de los próximos juicios a militares. Por otro lado, en junio de 2007, bajo la presión del gobierno de Estados Unidos, el gobierno argentino sancionó una ley antiterrorista,254 muy cuestionada por la totalidad de las organizaciones de derechos humanos.

En otro orden, hay que recordar que, a diferencia de otros países latinoamericanos, la Argentina posee un diseño institucional que contempla escasamente la introducción de mecanismos de participación ciudadana, a través de formas de democracia directa y participativa. Así, aunque la reforma constitucional de 1994 incorporó la figura de la consulta popular, esta no posee un carácter vinculante. El tema no es menor, si tenemos en cuenta que los movimientos socioambientales (sobre todo, los que se oponen a la megaminería a cielo abierto), reclaman la activación de este mecanismo de consulta, a nivel local y provincial, a fin de detener la prosecución de los proyectos que consideran perjudiciales para la población. De este modo, pese a la integración de numerosas organizaciones sociales, lo que sigue ausente en la agenda del gobierno es el desafío de pensar la vinculación entre la democracia representativa y las nuevas formas de democracia directa y participativa, por fuera de los moldes del régimen de dominación instituido en los ´90.

 

La herencia de la nueva presidenta: del doble discurso al “doble comando”

El gobierno de Kirchner tuvo tres fronteras mayores, que fueron delimitando los límites de su gestión. En primer lugar, frente a la ausencia de programas verdaderamente inclusivos respecto del mundo de los excluidos, en un contexto de naturalización de las desigualdades sociales, se fue

 

253 Avalando una decisión del Congreso, la Corte Suprema de Justicia derogó en 2005 las leyes que habían puesto punto final al juzgamiento de los militares, culpables de delito de lesa humanidad.

254 En los últimos años, bajo la presión directa de Estados Unidos, y en el marco de la llamada “guerra contra el

terrorismo”, ha habido en America Latina un avance de leyes antiterroristas (o su reforzamiento, ahí donde las había). En Argentina, como en otros países de la región donde no se registran conflictos armados, la ley aparece como un instrumento ideal para criminalizar el conflicto social y poder penalizar a discreción una acción popular, bajo la amplia tipificación de “asociación ilícita terrorista”.

 

operando un cierre de la frontera de la exclusión. En segundo lugar, frente a la debilidad y oscilaciones de las políticas laborales en su combate contra la dinámica flexibilizadota, la profundización de la segmentación del mercado de trabajo y de las disparidades salariales, así como la ausencia de estrategias redistributivas frente a las grandes asimetrías económicas-sociales, se fueron consolidando las fronteras de la precariedad. En tercer lugar, las fronteras de la política institucional siguen claramente marcadas, hacia adentro, por la consolidación del modelo decisionista y la democracia delegativa; hacia fuera, en relación con la política extra-institucional, por la absorción y pérdida de autonomía de las organizaciones sociales oficialistas o, en su defecto, por la exterioridad estigmatizante de las organizaciones opositoras.

En definitiva, si bien el escenario político presenta importantes modificaciones respecto del pasado reciente, tanto en lo que se refiere a la proliferación de nuevas prácticas de resistencia como a la circulación de discursos políticos críticos, el llamado modelo neoliberal –y el régimen de dominación que acompañó su instalación- sigue gozando de buena salud. Todo esto sucede, empero, en un contexto ideológico diferente al de la década del ´90, como bien puede advertirse a través de la retórica antineoliberal del propio Kirchner, en afinidad con otros gobiernos latinoamericanos, y en el marco de un sostenido crecimiento económico, visible en la expansión vertiginosa del modelo de agronegocios y la industria extractiva, así como en la recuperación de la industria nacional. En 2007, el presidente N. Kirchner sorprendió a todos al imponer como candidata a la presidencia a su esposa, Cristina Fernández, quien lejos de ser una recién llegada, cuenta con una larga carrera política, cimentada sobre todo en su experiencia como legisladora nacional. De haber mediado elecciones internas, difícilmente Cristina Fernández hubiese podido ser la primera mujer en llegar a la jefatura del Estado argentino255, pero pese al innegable carácter nepotista que adquirió la sucesión, ante los ojos de la sociedad, la nueva presidente era considerada como una figura política importante y un “cuadro político” del peronismo. Luego de una campaña electoral apática y como producto tanto de las lealtades partidarias así como del legado de una gestión exitosa, llevada adelante por su marido, Cristina Fernández obtuvo el 45% de los votos. La victoria electoral reflejó una fuerte correlación entre votos oficialistas e índices de pobreza, dado que la presidenta electa arrasó en los distritos urbanos donde los índices de pobreza son mayores, y obtuvo una baja votación en aquellos donde la pobreza es menor (como en las ciudades de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe). Las clases medias urbanas, cuya volatilidad política suele ser mayor que la de otros sectores sociales, y pese al actual auge del consumo, le habrían dado la espalda. Quizá por ello uno de los primeros pasos de Néstor Kirchner fue el de asumir la conducción del Partido Justicialista (mayo de 2008), él mismo que en nombre de la “nueva política” y frente a la imposibilidad de dirimir un candidato único, había sido relegado y criticado desde 2003. El anuncio significó un nuevo golpe para las organizaciones sociales antineoliberales que apoyaron a Kirchner y cifraron sus expectativas de cambio en la construcción de una suerte de “transversalidad”, más allá de la estructura rígida del partido.

La política de la nueva presidente se ha caracterizado por una marcada continuidad respecto de la gestión de su marido, que incluyó la permanencia de la casi totalidad del gabinete ministerial, durante los primeros seis meses de gobierno. Sin embargo, el conflicto que se abrió en marzo de 2008 con los productores agrarios significó un punto de inflexión para el nuevo gobierno. A fines  de 2007, la nueva presidenta Cristina Fernández de Kirchner aumentó las retenciones256 de las

 

255 Cabe aclarar dos cosas: primero, que ninguno de los partidos que presentaron candidatos a la presidencia en 2007 realizó elecciones internas (primarias); segundo, que si bien hubo otra mujer a cargo de la jefatura del país, Maria Estela Martínez de Perón, ésta fue elegida como vicepresidente en 1973, acompañando a su marido, Juan Domingo Perón, líder y fundador del partido Justicialista. A la muerte de éste, acaecida en 1974, su mujer asumió la presidencia. Poco capacitada para la gestión y en medio de un clima de violencia en donde abundaba la acción paramilitar fomentada desde el mismo gobierno, ésta fue derrocada en marzo de 1976, cuando se instauró la dictadura militar más sangrienta de la Argentina contemporánea.

256 Las retenciones (tasas) a las exportaciones agrícolas-ganaderas es un instrumento del Estado que existe desde los años ´50, y sólo fueron suspendidas bajo el gobierno de Carlos Menem, para ser reestablecidas por Eduardo Duhalde, en 2002, en medio de la crisis argentina y en un contexto de gran rentabilidad para los sectores exportadores. El aumento

 

exportaciones, entre ellas, a los productos agrícolas, elevándolo a un 35%. Poco después, en marzo de 2008, fijó retenciones móviles (dependientes de los precios internacionales), y anunció de 44%, sin discriminar entre pequeños y grandes productores. Dichas medidas, poco explicadas a la población, generaron un crudo enfrentamiento entre el gobierno y los diferentes sectores organizados del campo. De manera inédita, el frente agrario sumó a las grandes organizaciones rurales (entre ellas, la tradicional Sociedad Rural Argentina, que nuclea a los grandes propietarios), y a los representantes de los pequeños y medianos productores (Federación Agraria Argentina). Durante cuatro meses, los sectores agrarios llevaron a cabo una serie de bloqueos de rutas, que dejaron al país al borde del desabastecimiento, en un conflicto que polarizó a la sociedad argentina. Las clases medias urbanas aportaron nuevas dimensiones políticas al conflicto, a través de los numerosas protestas (“cacerolazos”) realizadas en apoyo a los reclamos agrarios, en los cuáles no estuvieron exentos ni las cuestiones de orden racista y clasista (el rechazo visceral al peronismo, asociado tradicionalmente a los sectores populares), ni tampoco las demandas institucionales (la distribución del poder político, concentrado en el matrimonio presidencial y un pequeño grupo de colaboradores). La escalada vertiginosa del conflicto mostró la escasa flexibilidad y apertura del nuevo gobierno, lo cual se tradujo en una inesperada licuación del capital político y simbólico acumulado por el kirchnerismo desde la salida de la crisis y, por ende, en una importante pérdida de prestigio de la autoridad presidencial. En este contexto, el ex presidente Néstor Kirchner asumió nuevamente un fuerte protagonismo, dando origen a la hipótesis del “doble comando” en el poder. Asimismo, los sectores aliados al oficialismo no dudaron en leer el conflicto en clave latinoamericana, esta es, en el marco de una supuesta polarización entre la derecha oligárquica y un gobierno nacional-popular. En realidad, el matrimonio presidencial ha venido apoyando con diferentes medidas a los sectores más concentrados de la agro-industria, haciendo gala una vez mas de un doble discurso, pese a que, a medida que el conflicto se agravaba, tendieron a enfatizar el carácter popular de la resolución, asociando las retenciones no sólo a la necesidad de la contención de los precios internos, sino también a la posibilidad misma de una política de redistribución económica. Asimismo, el conflicto abrió una ventana de oportunidad política para hablar de la situación de los excluidos del modelo sojero, esto es, de los movimientos campesinos e indígenas, que desde hace años vienen sufriendo el desplazamiento y despojo de sus tierras, a causa de los desmontes y plantaciones de cultivos transgénicos, en especial, en el norte argentino. A fines de junio de 2008, en un contexto de agravamiento de la crisis, la presidenta Cristina F. De Kirchner, debió transferir al Parlamento la difícil tarea de decidir acerca del futuro de las retenciones móviles al agro. Finalmente, la resolución fue rechazada desde la Cámara Alta, gracias al quiebre del bloque de senadores oficialistas, y al decisivo voto negativo del vicepresidente de la Nación, Julio Cobos. El desenlace inesperado de la crisis terminó por fijar ciertos límites políticos que muy probablemente señalen el final de “la era K”, al menos en la configuración que ésta había adoptado desde 2003 en adelante, basada en la exacerbada concentración de poder y la instrumentalización de los aliados, aún dentro del propio bloque oficialista.

 

Elementos de conclusión

 

El conflicto entre el gobierno y los sectores agrarios dejó un saldo negativo para el gobierno, al tiempo que abrió las puertas a grandes debates. En efecto, el desenlace fijó un nuevo umbral desde el cual pensar la política gubernamental, asentada en los dobles discursos y en un férreo ejercicio de la autoridad presidencial. Asimismo, la puja entre el “campo” y el “gobierno” contribuyo a difundir los cambios experimentados en el mundo agrario, generando un incipiente debate sobre las diferentes implicaciones del nuevo paradigma productivo, que a no dudarlo, engloba mucho más que a los productores agrícolas, supera la discusión acerca del tamaño de la unidad productiva o el

 

 

de las retenciones agrícolas, por parte de Cristina F. de Kirchner, tenía entre sus objetivos el de frenar la inflación, neutralizando el posible acoplamiento entre los precios internacionales de los alimentos y los precios del mercado interno. Recordemos que la inflación del último año ha sido alrededor del 20%.

 

porcentaje de retenciones y pone en tela de juicio la actual visión productivista y lineal del desarrollo, que predomina tanto en el gobierno como en el conjunto de los actores involucrados en el nuevo modelo. En fin, la crisis activó el debate acerca de la redistribución de la riqueza y la persistencia de las desigualdades, algo inimaginable poco tiempo atrás, involucrando al conjunto de la sociedad y sus diferentes voceros (partidos políticos, movimientos sociales, intelectuales, universidades, actores corporativos).

Por último, el giro inesperado que adoptaron las movilizaciones agrarias, sostenidas por los pequeños productores, plantean ciertos cuestionamientos acerca de las lógicas políticas y las formas de auto-organización, en la medida en que éstas favorecieron un proceso de acumulación política de los sectores más concentrados y conservadores de la sociedad. En este marco de licuación del poder político construido por el kirchnerismo en los últimos años, la posibilidad de vislumbrar nuevas alternativas contrahegemónicas aparece ligada tanto a la superación de las conductas corporativas y la fragmentación organizacional, así como a la necesidad de repensar los cambios recientes operados en el heterogéneo mundo de las clases subalternas y, de manera más general, en la estructura productiva, en un país donde los movimientos sociales y las izquierdas antisistémicas han tenido siempre enormes dificultades para articular políticas conjuntas y convertirse por ende en grandes movimientos políticos.

 

(Buenos Aires, 2009)

 

Para saber más sobre Argentina:

• E. Basualdo, Sistema político y Modelo de acumulación en la Argentina, UnQui-Flacso- Idep, Buenos Aires, 2002.

• J.C. Torre, El proceso político de las reformas en América Latina, Paidós, Buenos Aires, 1998.

• F. Schuster et all. Tomar la palabra Estudios sobre protesta social y acción colectiva en Argentina, Prometeo, Buenos Aires, 2005.

• M. Svampa, La sociedad excluyente. Argentina bajo el signo del neoliberalismo, Taurus, Buenos Aires, 2005.

• M. Svampa, Argentine : Gauches et mouvements sociaux in ww.risal.collectifs.net, 31 mai 2006.

• -Entretien par Marc Saint-Upéry : M. Svampa, « Argentine : le retour a la normale », Revue Mouvement, 47/48, Dossier Amérique Latine : le tournant a gauche ?, La Découverte, septembre-décembre 2006.

 

• Sitio Web de M. Svampa : www.maristellasvampa.net

• Taller “Estudios Laborales” : www.tel.org.ar

• Informacion sobre movimientos sociales: www.prensadelfrente.org

• Educacion popular y movimiento social: www.panuelosenrebeldia.com.ar

• Observatorio        social de      América      Latina         -        CLACSO    : www.clacso.org.ar/difusion/secciones/osal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia del shock y regreso de los Chicago boys

 

por Franck Gaudichaud

 

Franck Gaudichaud es doctor en Ciencias Políticas y profesor en la Universidad Grenoble 3, miembro del colectivo editorial del periódico rebelion.org, de la revista Contretemps (Paris) y de la asociación “France Amérique Latine” (www.franceameriquelatine.org). Es autor de Poder Popular y Cordones industriales. Testimonios sobre la dinámica del movimiento popular urbano en Chile (1970–1973), LOM, Santiago de Chile, 2004 y de Operación Cóndor. Notas sobre el terrorismo de Estado en el Cono Sur, Sepha, Madrid, 2005 (franck.gaudichaud@u- grenoble3.fr).

 

Traducido del francés por Alberto Nadal para la Revista Viento Sur (Estado Español): http://www.vientosur.info/

 

 

El jueves 11 de marzo, el millonario Sebastián Piñera sucedió oficialmente a la presidenta socialista Michelle Bachelet. Elegido jefe de Estado en enero, el dirigente de Renovación Nacional (RN) conquista la primera magistratura en nombre de la coalición Alianza por el Cambio (que reagrupa a neoliberales y ultraconservadores). Es un giro histórico y político: el último presidente de derechas había sido Jorge Alessandri en… 1958. Refiriéndose a la transición democrática que puso fin a la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1989), algunos analistas no dudan en hablar de una "segunda transición".

 

Tras diecisiete años de un terrorismo de Estado contrarrevolucionario que puso fin a la experiencia de la Unidad Popular de Salvador Allende -y a dos decenios de una democracia bajo tutela establecida en una "transición pactada", conducida por la Concertación de los Partidos por la Democracia, coalición entre el Partido Socialista (PS) y el Partido Demócrata Cristiano (DC)-, el pueblo chileno conocería en adelante las alegrías de la alternancia /1. Frente al apagado ex presidente Eduardo Frei (DC), el mediático Piñera --"Berlusconi chileno" con un bronceado permanente y dientes resplandecientes- ha prometido maravillas a golpe de ingeniería de marketing y televisual: crecimiento sostenido del 6% destinado a hacer olvidar la crisis capitalista internacional, creación de un millón de empleos, combate contra la pobreza… todo ello acompañado de un fuerte discurso en materia de seguridad ciudadana” y el “fin de la delincuencia” (al menos la de las clases populares; es seguro que los de “cuellos blancos” no se alarmarán …).

 

Una derrota que viene de lejos

 

La derrota es amarga para la Concertación, que aún creía poder aprovechar la lógica del "voto útil" frente a los fantasmas de una derecha marcada a fuego por su apoyo a la dictadura. Pero Piñera, afirmándose como "humanista", ha sabido recordar que había votado No a Pinochet en 1988, sin  por ello poder distanciarse de su pasado de nuevo rico salido del régimen militar, ni de su alianza con la Unión Democrática Independiente (UDI), derecha reaccionaria "pinochetista" (cercana al Opus Dei y primera fuerza del Congreso). Los diputados de centroizquierda esperaban que la imponente popularidad de la presidenta Bachelet y sus recientes reformas a favor de los más pobres podrían hacer olvidar el pasivo de decenios de social-liberalismo: justicia para las víctimas de la dictadura "en la medida de lo posible", permanencia de la ley de amnistía de 1978 y la muerte de Pinochet sin haber sido juzgado; "economía social de mercado" en la que lo social sirve para hacer aceptar un proyecto macroeconómico fundamentalmente al servicio del gran capital; ausencia de voluntad política para poner definitivamente fin a la Constitución autoritaria de 1980; acuerdos múltiples con la derecha en el Parlamento; política medioambiental desastrosa sometida a los

 

designios de las transnacionales; represión no desmentida de las reivindicaciones históricas del pueblo mapuche y autismo frente a las reivindicaciones estudiantiles y salariales…/2.

 

A este ritmo, ¿cómo extrañarse de que haya cada vez más ciudadanos que se alejen de las urnas y de los grandes partidos institucionales (el 31% de los chilenos en edad de votar, es decir 3,8 millones de personas, ni siquiera están inscritos en los registros electorales) y que quienes se desplazan para poner una papeleta de voto en la urna hayan elegido mayoritariamente "el original" (un patrón millonario ambicioso) frente a "la copia" (un senador DC cuya presidencia no ha dejado buenos recuerdos a las clases populares y a los organismos de defensa de los derechos humanos)? Frei ha intentado agitar un trapo rojo entre las dos vueltas: "Durante la campaña, nuestros adversarios han dicho siempre que la Concertación está agotada por haber gobernado ya durante 20 años. Pero ellos mismos han estado en el poder durante 17 años y Chile ha ido mucho mejor con la Concertación que durante sus años (de dictadura, se entiende)". Esto no ha bastado, como tampoco el apoyo recibido del Partido Comunista y de su coalición, Juntos Podemos.

 

El último día de Bachelet. ¿Privatizar el litoral del Mar Austral?

 

Y si fuera preciso intentar explicar por qué la Concertación es odiada por toda una parte del movimiento social y criticada por numerosos militantes de izquierdas (incluso del Partido Socialista); si hubiera que intentar mostrar qué representa el social-liberalismo en Chile, se podría ir al último día de la presidencia de Bachelet. Ese 10 de marzo de 2010, se ha rubricado la reforma de la Ley General de Pesca y de Agricultura con la aprobación del último ejecutivo de la Concertación.

¿El objetivo? Sencillamente, acudir en ayuda de las transnacionales del salmón de piscifactoría que han invadido las costas del sur del país desde hace años y que ahora tienen graves dificultades. Crisis sanitaria en primer lugar, consecuencia de un modo de producción aberrante que ha devastado una parte del litoral a golpe de colorantes, hormonas, antibióticos, sobrepesca (¡para alimentar a los salmones!). Crisis económica después. Cuando se suponía que esta industria iba a ser uno de los motores de la economía, se ha desarrollado sobre la base de una rentabilidad a cualquier precio, basada en una exportación masiva a los cuatro rincones del planeta (Japón, Estados Unidos, Unión Europea). El desarrollo exponencial de un virus (virus ISA) ha afectado a toda la cadena, y ese modelo de crianza intensiva enteramente dependiente del mercado mundial se ha agotado violentamente /3. Esta "agonía del salmón" ha provocado una caída de la producción de más del 30% entre 2007 y 2008 y el despido de miles de trabajadores (más de 15.000) /4.

 

Durante veinte años, gracias a las ventajosas condiciones ofrecidas, los capitales han afluido de todas partes, comenzando por la transnacional holandesa Nutreco (la mayor productora mundial) pero también empresas noruegas, japonesas, canadienses y españolas. La patronal chilena no se quedó atrás, puesto que tiene el 55% del ramo. Aunque esto no guste a los ecologistas y a los pescadores artesanales (cuya vida ha sido arruinada), Chile se ha convertido en el segundo productor del planeta, con más de 650.000 toneladas de salmón en 2007, el 4º puesto de la exportación nacional en valor /5. Rápidamente ha hecho aparición un verdadero lobby del salmón en el seno de las instituciones y de la sociedad civil. Así, mientras el sector reconocía ya una deuda de dos mil millones de dólares, la proposición del gobierno Bachelet ha sido garantizar el desbloqueo de un fondo público de 450 millones de dólares. Ante la desconfianza de los bancos, el proyecto de ley prevé también una modificación de las reglas de producción, un mejor confinamiento de los peces, una rotación regular de los lugares de cultivo y… la concesión de miles de hectáreas de mar y de tierra firme ¡ofrecida como garantía hipotecaria ante los bancos! Como recordaban los responsables de la campaña "Salvemos el mar chileno", "Jamás en la historia ningún país había permitido hipotecar el mar. No es s ó lo un escándalo, es también la renuncia de nuestro país a la soberanía sobre su territorio" /6. En lugar de seguir tras la huella de Allende, que había expropiado a las grandes compañías de cobre ("el salario de Chile"), el gobierno de Bachelet se habrá mostrado mucho menos glorioso a ojos de la historia…/7.

 

Los primeros días de Piñera. El regreso de los Chicago boys

 

"Se van los capataces y vuelve el patrón"… /8. Éste es el sentimiento de una parte de los  ciudadanos tras las elecciones. En efecto, la mayor parte del personal político de la Concertación no había salido de los medios de negocios, aunque sus miembros dirigentes se hayan acercado rápidamente a ellos gracias al contacto con el poder. ¿Por otra parte, el presidente socialista Ricardo Lagos no había sido proclamado, al final de su mandato, como uno de los mejores políticos del  siglo XX por el sindicalismo patronal chileno? Sin embargo, la llegada de Piñera representa el fin de una mediación política: en adelante, es un capitalista sin complejos el que tiene las riendas del país. Ciertamente, lo que algunos sociólogos llaman la democracia "de los compromisos" o también "del consenso" /9 va a proseguir, con sus diversos acuerdos entre derecha e izquierda, mientras la Alianza por el Cambio no posea mayoría absoluta en el parlamento /10. A pesar de ello, este gran patrón cuenta con gobernar para los suyos. A la cabeza de una fortuna de más de un millardo de dólares y situado en el puesto 701 de la clasificación Forbes de las personas más ricas del mundo,  su grupo está presente en la televisión (Chilevisión), la banca, la salud, la gran distribución, la energía, el transporte aéreo (Lan Chile) e incluso el fútbol con un club muy popular (Colo Colo)

/11. Gran admirador del presidente francés Sarkozy, Piñera pretende administrar el Estado como gestiona sus empresas, cuya cotización en bolsa ha conocido una subida notable desde el anuncio de su elección. Si se observa quienes son los actuales ministros /12, es interesante notar que el nuevo presidente ha elegido mimar ante todo a las elites económicas más que a la derecha política. Pablo Longueira, fundador de la UDI, se ha enfadado por ello, lo que podría augurar tensiones entre neoliberales y ultraconservadores en un futuro cercano. En efecto, ¡el nuevo gabinete ministerial se parece en algunos aspectos a un verdadero consejo de administración del país! El presidente había insistido mucho en su voluntad de formar un "gobierno de los mejores"… 13 de los 22 ministros no son militantes. Esto no quiere decir que no tengan convicciones políticas, sino al menos que no han hecho de ello su profesión. En fin , el político más aguerrido es probablemente Jaime Ravinet, antiguo de la Concertación (DC) que se convierte en ministro de Defensa de la derecha .

 

Si no son políticos profesionales, ¿de dónde provienen los nuevos ministros? Principalmente del sector privado y del mundo universitario. “Si este gobierno no encarna la "transversalidad" anunciada, en el sentido de la representación de diferentes sensibilidades políticas, está por el contrario generosamente 'equilibrado' desde el punto de vista de la representación de los grupos y familias que tienen peso en la economía chilena” /13 . Alfredo Moreno, miembro del directorio de Falabella (gran distribución) y de Penta (banca), se convierte así en ministro de Asuntos Exteriores. Su experiencia en materia de diplomacia está basada sobre todo en su papel en la expansión internacional de su empresa, particularmente hacia Perú. Laurence Goldborne, antiguo director general de un competidor directo en la gran distribución (Cencosud), obtiene el ministerio de Minas, sector clave en el país primer productor mundial de cobre. Magdalena Matte, de una prestigiosa familia conocida por su oposición al gobierno de Allende, ocupará la cartera de la Vivienda. En el Sernam (Servicio Nacional de la Mujer), estará Carolina Schmidt, calificada en el pasado por una revista del mundo de los negocios como "primera dama de los Luksic", familia que aparece en el 76º lugar de la lista Forbes. Los demás responsables de carteras son universitarios (seis de ellos son titulares de un doctorado). Dieciséis miembros del gobierno han estudiado en las aulas de la muy conservadora Universidad Católica y una mayoría exhibe orgullosamente diplomas de universidades estadounidenses, particularmente de Harvard y de Chicago. Se asiste a una especie de vuelta de una nueva generación de "Chicago boys" dispuesta a perfeccionar el modelo comenzado en la dictadura por sus predecesores, alimentado en los años 1970 con el biberón de los economistas Milton Friedman y Arnold Harberger, pioneros del neoliberalismo /14. El mejor representante de los ideólogos de combate es sin duda alguna Juan Andrés Fontaine, nombrado ministro de Economía. Director del Centro de Estudios Políticos (CEP), uno de los principales centros de ideas de la derecha liberal. Fontaine está ligado al grupo Matte y es miembro de la dirección de varias grandes empresas. Este gobierno está así formado por una mayoría de hombres,

 

sin casi ninguna experiencia política pero que representan de maravilla la dimensión de clase que se proponen defender.

 

Estrategia del choque neoliberal contra reconstrucción democrática y solidaria

 

¡Se podría creer que los propios dioses se estremecen de cólera! Piñera ha debido asumir sus primeros momentos de gobierno en un país parcialmente destruido y una población consternada por un seísmo (y después, un tsunami) de una magnitud excepcional. La derecha no ha podido festejar demasiado abiertamente su victoria. Como subrayaba la periodista Claire Martin: "Ni cotillones ni celebraciones. La toma del poder de Sebastián Piñera será este jueves 11 de marzo de una sobriedad ejemplar". La tragedia que ha hecho más de 800 muertos y aterrorizado a los habitantes de la región del Maule y Bío-Bío ha cambiado de arriba a abajo la agenda del presidente que ha llamado a "secarse las lágrimas" y a ponerse a trabajar.

 

En primer lugar, el ejecutivo ha hecho todo lo posible para poner sordina a la completa ineficiencia de la ONEMI, organismo ligado al ministerio del Interior y a la Marina que está encargado de organizar las evacuaciones en caso de peligro de tsunami. Sin embargo, las familias de los centenares de desaparecidos y ahogados denuncian el escándalo de la incompetencia de la administración y la arrogancia del almirante Edmundo González que es su responsable /15. Según ciertas estimaciones, no menos de treinta mil millones de dólares deberán ser invertidos durante los próximos años para reconstruir las infraestructuras y la derecha podría aprovecharse de ello para avanzar una lógica de "estrategia de choque". Tanto más cuanto que tiene experiencia en la materia. Naomi Klein ha recordado hasta qué punto en los momentos de gran vulnerabilidad, de desorganización como consecuencia de catástrofes naturales o de golpes de Estado, las personas y las sociedades pueden ser más fácilmente sometidos a terapias de choque económico o formas crecientes de autoritarismo /16. Desplegando más de 10.000 militares en el sur del país, y declarando el estado de sitio en ciertas regiones en nombre de la lucha contra los "saqueos", con gran apoyo de reportajes televisivos, la señal es clara. La prioridad fue una intervención dura de “seguridad ciudadana” en defensa de la gran propiedad privada, particularmente la de las cadenas  de distribución (como Líder, que pertenece a Wal-Mart), mientras en numerosas zonas afectadas, a menudo muy pobres, no se desarrollaba ninguna acción pública de emergencia y los servicios básicos (como el agua potable o la electricidad) seguían sin restablecerse. El caos, una asistencia defectuosa, producto del modelo semipúblico chileno, las carencias de reavituallamiento y la especulación de ciertos comerciantes poco escrupulosos no podían dejar de favorecer las reacciones de angustia, o incluso de violencia. Pero ciertas escenas de pillaje o de compra compulsiva, incluso en el gran Santiago (sin embargo poco afectado por el seísmo), han mostrado también ciertos comportamientos colectivos marcados por el "cada cual para sí" de una sociedad rota y deprimida, cuyo abono está compuesto por una mezcla tóxica de valores ultraindividualistas, de llamamientos al consumo permanente (pero a crédito) combinados con una brutal fractura social y un pasado autoritario, siempre presente en filigrana /17. Sin duda alguna, será preciso en los meses que vienen tomar más tiempo para descifrar lo que ha ocurrido durante estas jornadas, pero no es exagerado afirmar que, una vez más, el mito del "jaguar" de América del Sur, el del país rico y "desarrollado", ha sido desnudado en todas sus inmensas contradicciones: Chile sigue siendo uno de los diez países con más desigualdades del planeta /18.

 

En este contexto, Piñera se apresta a aplicar una política de "capitalismo del desastre", según la expresión de Naomi Klein, en la que los discursos de "unión nacional" están al servicio de una perspectiva de reconstrucción que se hará en beneficio de la burguesía /19. Ya han comenzado las grandes maniobras. En el seno del círculo próximo al poder se encuentran varios personajes clave de las empresas de construcción del país. Algunos de ellos llevaron a cabo en el pasado iniciativas inmobiliarias importantes con el grupo del actual presidente, como el intendente (gobernador) de la región Maule (una de las más afectadas por la catástrofe), el ministro de Economía y el gobernador

 

de Santiago. Por otra parte, Fernando Echeverría ha pasado directamente de la Cámara chilena de la construcción (sindicato patronal) ¡al gobierno de la región metropolitana! Para los especuladores inmobiliarios más conocidos (entre ellos el amigo de infancia de Piñera, Carlos Alberto Délano) los próximos años se anuncian jugosos a más no poder, incluso si por "mala suerte" su responsabilidad penal está actualmente comprometida debido a la mala calidad de los edificios construidos (que han resistido mal al terremoto). Por todas partes florecen proyectos y se agudizan los apetitos, como en el histórico barrio Brasil de Santiago. El Ministerio de Obras Públicas (MOP) está por su parte en manos del lobby de la Asociación de concesionarios de obras y de infraestructuras públicas (COPSA). "Queremos hablar un poco con el nuevo ministro y con el presidente Piñera para que todas sus carreteras, pero también sus escuelas, hospitales, prisiones y edificios públicos que se han hundido, sea transformados en concesiones" ha declarado el dirigente de la COPSA (y primo de Piñera). A lo que respondía al día siguiente el ministro del MOP: "El proceso de concesiones ha ayudado al desarrollo del país y creo que podría ayudar en adelante a la reconstrucción" /20. En un Chile en el que prácticamente todos los campos sociales están ya dominados por el sector privado y las lógicas de rentabilidad inmediatas, estas declaraciones marean.

 

Reconstruir las alternativas

 

Frente a este escenario de lo peor, en el que la catástrofe geofísica retroalimenta el terremoto político, apuntan varios destellos de esperanza. Ciertamente, el movimiento obrero, la Central Unitaria de los Trabajadores, la izquierda radical, las asociaciones de barrio no son más que la sombra de lo que eran antes del golpe de estado de 1973. Sin embargo, desde el comienzo de los años 2000, la "resaca" de la transición pactada parece alejarse y una nueva generación de militantes se moviliza y renueva los repertorios de la acción colectiva, en relación con la experiencia de los más veteranos. Múltiples iniciativas de solidaridad activa recorren el país, bien lejos del show televisado de la "Teletón ", patrocinado por las mismas empresas que piensan enriquecerse gracias al seísmo. Sindicatos, colectivos de estudiantes, asociaciones de mujeres o indígenas, militantes de izquierdas intentan, a contra corriente, mostrar que la noción de solidaridad es aún posible frente a la morgue del "todo mercado" /21. Como declara Carlos Gajardo, dirigente social de la comuna de La Florida (Santiago), "Cuando se habla de reconstrucción es el momento de la reflexión.

¿Queremos reconstruir un país en el que predominan las decisiones de algunos, el empleo precario, el clientelismo, la corrupción? ¿O bien hacer lo que corresponde a un pueblo digno: exigir la reconstrucción del país sobre las bases de la solidaridad, la justicia social y la soberanía nacional?"

/22. La alternativa se plantea efectivamente en estos términos: choque neoliberal por arriba o reconstrucción solidaria por abajo. Sin embargo, para que la vuelta estruendosa de la derecha no sea más que un mal recuerdo y que no anuncie un regreso de mayor amplitud del “bastón” en el plano regional, este gobierno y sus aliados deberán ser combatidos en su terreno: el de la lucha de clases.

 

Será preciso así plantear la cuestión de la reconstrucción política de una izquierda popular y combativa: una "política del oprimido" (según la bella fórmula de Daniel Bensaïd), que no renuncie a su independencia ante la Concertación y que sepa romper la fatalidad de la fragmentación proponiendo alternativas concretas. No hay duda de que un gobierno progresista habría podido poner en marcha un proyecto diferente de reconstrucción, financiado particularmente por una tasa inmediata (royalty) sobre las empresas mineras transnacionales, que explotan las múltiples concesiones sin dejar prácticamente nada para el país. Una fiscalidad, incluso muy moderada, aportaría como poco la cifra de 2,5 mil millones de dólares anuales /23. Más en general, debería decidirse, como medida de urgencia social y nacional, una verdadera renacionalización del cobre y de los servicios básicos (agua, electricidad, comunicación, transportes…) bajo el control de los trabajadores. Una nueva organización de sanidad pública financiada con impuestos sobre las rentas de las transnacionales, de las clases acomodadas y apoyada en la movilización del movimiento social y sindical. Esta dinámica bastaría para iniciar una reconstrucción gestionada por medio de un organismo público ad hoc, bajo control de las poblaciones afectadas y favoreciendo las múltiples iniciativas de autoorganización que ha surgido aquí y allá. En estas condiciones, la dura prueba que está atravesando el pueblo chileno sería una oportunidad de refundación democrática y, para las izquierdas sociales y políticas, la ocasión de retomar el camino de las y los trabajadores de los cordones industriales cuando clamaban durante la Unidad Popular: “¡Crear, crear, poder popular!".

 

(Grenoble, Francia, 2010)

 

Notas

1/ Ver un análisis de las elecciones en: F. Gaudichaud, “Un entrepreneur multimillionnaire à la tête du Chili”, Le Monde Diplomatique, 19 de enero de 2010, www.monde-diplomatique.fr/carnet/2010- 01-19-Chili. Ver también para más informaciones la selección de artículos que he realizado, junto con Mario Amorós, para rebelion.org: “Elecciones Presidenciales 2009-2010”, www.rebelion.org/apartado.php?id=313.

 

2/ Ver “Le Chili. Un pays modèle ?” en F. Gaudichaud (dir.), Le Volcan latino-américain. Gauches, mouvements sociaux et néolibéralisme en Amérique latine, Paris, Textuel, 2008, pp. 315-336.

 

3/ Ver el dossier “ Industria salmonera en Chile” del OLCA ( Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales ), www.olca.cl/oca/chile/region11/salmoneras.htm.

 

4/ Darío Zambra B., “La agonía del salmón”, La Nación Domingo, 15/3/2009.

 

5/ Arnaldo Pérez Guerra, “Chile: Salmoneras, crecimiento a cualquier costo”, 28/8/2003, www.ecoportal.net/content/view/full/21441

 

6/ Esta ley podría ser declarada constitucional ya que se ha presentado un recurso contra ella ante el Tribunal Constitucional firmado por 34 diputados y 12 senadores.

 

7/ Incluso algunos periodistas y militantes han tenido el «mal gusto» de hacer un paralelo con el general Pinochet que, también la víspera de su marcha, hizo aprobar sigilosamente (y en dictadura) una ley leonina en favor de los intereses de la educación privada en el sistema educativo del país.

 

8/ M. Bercerra, “Se van los capataces y vuelve el patrón”, www.elciudadano.cl/2010/01/18/se-van- los-capataces-y-vuelve-el-patron/.

 

9/ M. A. Garretón, Alfredo Alejandro Gugliano (coord.), Democracia en las Américas: desafíos, peligros, expectativas, Editora Universidad Católica de Pelotas, Brasil, 2003.

 

10/ La derecha obtuvo 55 diputados de 120 y 17 senadores de 38: http://especiales.americaeconomia.com/elecciones_chile_2009/composicion_del_congreso.html

 

11/ Piñera ha anunciado que pensaba separarse de las propiedades que pudieran representar un conflicto de intereses con su función de presidente de la República, empezando por sus acciones en Lan Chile. Un anuncio que merece ser seguido de cerca…

 

12/ Para ver la composición completa del gobierno: www.elciudadano.cl/2010/02/09/pinera- anuncio-su-gabinete/

 

13/ A. Maillet, “Nouveau gouvernement chilien : le monde des affaires au pouvoir ?”, www.opalc.org , 1572/2010. Ver también C. Rivas Arenas, “Asesor de A. Edwards y ejecutivo de Falabella es el nuevo canciller», El Mostrador.cl, 10/2/2010.

 

14/ F. Marin, “El regreso de los Chicago Boys”, www.elciudadano.cl/2010/02/21/el-regreso-de-los- chicago-boys/. Más de un decenio antes del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, algunas decenas de estudiantes de la Universidad Católica fueron seleccionados para formarse en la Universidad de Chicago, dirigida por Milton Friedman. Poco tiempo después del golpe de Estado, estos brillantes economistas pudieron comenzar a aplicar de forma pionera el modelo neoliberal, un proyecto que había sido preparado desde marzo de 1973, por medio de un informe conocido como “el ladrillo”. Ese largo texto anunciaba la mayor parte de las reformas económicas de la dictadura militar. Ver: J. G. Valdés, Pinochet's economists: the Chicago school in Chile, Cambridge University Press, 1995.

 

15/ T. Tricot, “El criminal 'error' de la Armada”, Barómetro Internacional, 18/3/2010. 16/ N. Klein, La doctrina del shock, Madrid, Paidós, 2007.

17/ J. Meneses, “Anatomía de un desastre”, 16/3/2010, www.rebelion.org/noticia.php?id=102253. Sobre el modelo de sociedad de consumo propuesto a los chilenos, ver el ensayo del sociólogo Tomas Moulian: El consumo me consume, LOM, Santiago, 1999.

 

18/ Ver los textos que he reunido con Mario Amorós sobre este tema para rebelion.org: “Un terremoto destruye el mito chileno”, www.rebelion.org/mostrar.php?tipo=1&id=341.

 

19/ “La tempestad social que se aproxima”, Editorial de la revista Punto Final, edición Nº 705, 1973/2010 ; V. Haya de la Fuente, “ Que el terremoto no sea excusa” , Le Monde diplomatique (Chili), N° 106, abril 2010 ; A Cornejo Figueroa, “ Los planes de Piñera contra los intereses del pueblo chileno ”, www.rebelion.org/noticia.php?id=104372&titular=los-planes-de-pi%F1era- contra-los-intereses-del-pueblo-chileno-.

 

20/ F. Skoknic y JP Figueroa “Los hombres del Presidente. Los vínculos de Piñera con las empresas de los edificios dañados”, CIPER Chile, 18/3/2010.

 

21/ Citemos, entre muchas otras, las iniciativas en favor de la reconstrucción de los locales de los sindicatos portuarios, en especial en el puerto de Talcahuano, muy afectado por el tsunami, que ha llevado a la creación del Reagrupamiento de los Sindicatos para la Reconstrucción de Talcahuano (ver también la iniciativa lanzada por la ONG Plataforma Nexos: www.plataforma-nexos.cl).

 

22/ Carlos Gajardo Álvarez, “A reconstruir un Chile solidario”, 25/3/2010, www.rebelion.org/noticia.php?id=102828.

 

23/ C Cademartori, “El royalty de la minería del cobre debe financiar la reconstrucción”, 25/3/2010, www.rebelion.org/noticia.php?id=102812

 

Para saber más sobre el Chile actual:

 

• R. Agacino, Hegemonía y contra hegemonía en una contrarrevolución neoliberal madura. La izquierda desconfiada en el Chile post-Pinochet, ponencia presentada en el “Grupo de Trabajo Hegemonías y emancipaciones” de CLACSO, 30-31 enero de 2006, Caracas (www.redem.buap.mx/acrobat/agacino17.pdf).

 

• A. García Castro, La mort lente des disparus au Chili sous la négociation civils-militaires (1973-2002), Maisonneuve & Larose, Paris, 2002.

 

• M. A. Garretón, “Reflexiones sobre la democratización política chilena” en Brasil y Chile. Una mirada hacia América Latina, Ril Editores, Santiago, 2006 (www.manuelantoniogarreton.cl/).

 

• H. Fazio (y varios autores), Gobierno de Lagos: balance crítico, LOM, Santiago, 2005.

• S. Lefranc, Politiques du pardon, PUF, Paris, 2002.

• T. Moulian, Chile Actual: Anatomía de un mito, LOM, Santiago, 1997.

• T. Moulian, El Consumo me Consume, LOM, Santiago, 1998.

• J. Del Pozo, Chili contemporain: quelle démocratie?, Nota bene, Montréal, 2000.

• F. Portales, Chile. Una Democracia Tutelada, Sudamericana, Santiago, 2000.

• P. Winn (ed.), Victims of the Chilean Miracle: workers and neoliberalism in the Pinochet Era, 1973-2002, Durham and London, Duke University Press, 2004.

 

• Sección Chile de Rebelión: www.rebelion.org/seccion.php?id=12

• Periódico El Ciudadano: www.elciudadano.cl

• Periódico Punto Final: www.puntofinal.cl

• Periódico El Clarín: www.elclarin.cl

• Periódico Azkintuwe: www.azkintuwe.org

 

 

México 2006: un año ejemplar. Crisis política, elecciones y resistencias

 

por Arturo Anguiano

 

Arturo Anguiano es profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UNAM). Es autor de El ocaso interminable. Política y sociedad en el México de los cambios rotos (2009) y ha coordinado: La modernización de México, UNAM-Xochimilco, México, 1990.

 

Desconcierto y descomposición político-social

Un clima de división, desconcierto y descomposición político-social ha sido el resultado más notable de las elecciones mexicanas de 2006. Apenas ensayando procesos democráticos luego de décadas de régimen autoritario, en México parece sonar la hora de la quiebra temprana de las ilusiones democráticas, con el fracaso incuestionable del autollamado gobierno del cambio de Vicente Fox Quesada y de la restauración de los peores atributos y vicios del añejo régimen identificado con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), pretendidamente derrotado en el 2000. Las campañas, las elecciones y sus resultados de nuevo son cuestionables, violentados por la inequidad, la ilegalidad, el fraude y la conducta arbitraria de los actores institucionales. El PRI en retirada, debilitado y dividido, se develó a la postre, paradójicamente, fortificado, a pesar de sus campañas sin eco y de haber sido relegado al tercer lugar en una campaña en la que solamente contaron el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Eso se explica porque tras la nueva derrota en las urnas del PRI emerge su auténtica victoria cultural, en tanto que rasgos, concepciones y prácticas políticas que lo caracterizaron perduran y no dejan de reproducirse de manera ampliada por el conjunto de los partidos y demás actores institucionales, esto es por la denominada clase política y el resto de los actores que hacen la política estatal.

 

Forjada durante décadas, ésa cultura política nacional se reforzó con la eclosión y disgregación del presidencialismo omnipotente. Asimilados en una clase política ampliada, todos los partidos registrados se han convertido en parte del Estado (ya no intermediarios entre éste y la sociedad), se distribuyen el poder institucional (los cargos de representación, los puestos públicos gubernamentales de los municipios al gobierno nacional, el control de los aparatos partidarios) y el torrente de dinero público con que se financia a los actores de la política estatal. Sus representantes partidarios o con cargos públicos forman la clase política encargada de asegurar el sometimiento de la sociedad a sus reglas y políticas, a la dominación del capital, asumiendo todos con denuedo, aunque no sin matices, la función de reproducir el orden conservador realmente existente.

De esta forma, el viejo régimen supuestamente derrotado en el 2000 se restaura por todas partes y revalida su legado antidemocrático y autoritario, lo mismo que las políticas estatales en vigor desde el viraje neoliberal de 1982. El gobierno de Vicente Fox y el PAN reprodujo en realidad el mismo sistema y relaciones de dominación, actuó bajo las reglas de la vieja cultura política autoritaria y continuó poniendo en práctica el conjunto de las políticas económicas y sociales fabricadas a nivel mundial por el neoliberalismo que impuso el Consenso de Washington. A ellos les correspondió asegurar una mayor sumisión a las políticas del gobierno imperial estadounidense y a los intereses de las grandes empresas mundializadas. Su aporte distintivo se cifró en la redención de las fuerzas conservadoras más extremistas, potenciándolas con fondos públicos y la protección del aparato de Estado, reconstituyendo la influencia ancestral de la Iglesia católica en la vida social, política y económica de México. La transición democrática quedó en el limbo, la crisis política no encuentra salidas.

 

Elecciones bajo control

 

Aunque las elecciones del 2 de julio de 2006 ofrecieron resultados inesperados, en realidad fueron largamente preparadas no sólo por quienes controlan el poder del Estado y del dinero, sino igualmente por quienes se autoproclamaron como una alternativa de nación, de izquierda, que  nunca delinearon con trazos claros y precisos. Sobre todo a nivel de las presidenciales, cuyo preámbulo arrancó prácticamente desde 2003, luego de las elecciones intermedias y de que el propio Fox abriera prematuramente la campaña presidencial al evidenciar el vacío de poder y un gobierno a la deriva causados por su incompetencia.

Desde entonces se estrechó la alianza entre el PRI y el PAN. 2004 inició con los videos escándalos dirigidos a desprestigiar a Andrés Manuel López Obrador (AMLO), jefe de Gobierno del Distrito Federal, quien desde el inicio de su gestión (2000) fue preparando las condiciones para suceder a Vicente Fox257. Un año después, el PAN y el PRI, junto con los tres poderes constitucionales (el presidente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Congreso de la Unión), emprendieron una ofensiva a fondo para inhabilitar a AMLO por medio del desafuero y su salida del GDF, apoyados en un pretexto fútil: un supuesto desacato a un mandato judicial ridículo, relacionado con la construcción de una calle en un predio en litigio258. En ambos casos, se buscó judicializar la política, lo que terminó por degradar la atmósfera nacional, evidenciando la arbitrariedad de la procuración de justicia en el país y la ausencia de independencia del Poder Judicial, supeditado al ejecutivo. Contaron para sus fines con los medios de comunicación masiva que buscaron anular las posibilidades de AMLO de competir por la Presidencia de la República. El poder mediático apareció como vocero, cuando no líder, del poder del capital, del cual forma parte y quien decide la trama de las políticas y la agenda nacionales.

A pesar de los recursos y medios de tan poderosa coalición de fuerzas oligárquicas, las ofensivas desde la cima del poder no prosperaron y en cambio terminaron por favorecer a AMLO. Mientras más desmesurados y furibundos eran los ataques en su contra, más brotó y creció el rechazo de cada vez más amplios sectores sociales contra el abuso de poder y la arbitrariedad que revelaban.

Esos acontecimientos prepararon la campaña electoral de 2006 y le imprimieron su sentido. Escándalos de todo tipo, negocios sucios inocultables de la clase política toda y en especial de la familia presidencial; la corrupción del poder público, del capital y la Iglesia (los poderes ancestrales), fueron todos elementos que contaminaron la vida política nacional, sembrándola de disputas sucias y contradicciones que la descompusieron. El régimen político mexicano solamente se había renovado con ropajes pretendidamente democráticos que no hicieron sino imprimirle un sentido unidimensional a la política, al ser reservada a actores políticos profesionalizados y restringida al terreno del Estado. Las reformas políticas que se sucedieron desde 1977 no hicieron sino administrar la exclusiva de la participación política concedida a los partidos legalizados. Titulares del monopolio de la acción política, los partidos venden o alquilan entonces sus franquicias (su registro, su personalidad jurídica, sus símbolos), atrayendo a todo tipo de individuos y grupos de poder. Con un financiamiento público desmesurado, los partidos potenciaron su presencia pública echando mano del marketing político y las relaciones clientelares, que determinaron sus estrategias políticas. Organizan así, en cada momento, combinaciones electorales cambiantes y movedizas dirigidas a ampliar su influencia en el mercado político.

Para las elecciones del 2006, el PRI y el PRD se presentaron en tanto Alianza por México el primero (junto con el Partido Verde Ecologista de México) y el segundo como Coalición por el Bien de Todos (CBT), aliado al Partido del Trabajo y al Partido Convergencia. El PAN tuvo que presentarse sólo. Esas tres “opciones”alistaron sus maquinarias electorales y sus candidatos, particularmente los presidenciales, conforme al dictado de encuestas y estudios de opinión. La campaña electoral sería básicamente una guerra en los medios. Las numerosas campañas que se

 

257 Véase al respecto Jenaro Villamil, Julio Scherer Ibarra, La guerra sucia de 2006. Los medios y los jueces, Grijalbo, México, 2007, pp. 45 y ss.

258 Véase mi artículo  “México. El desafuero de López Obrador y la crisis política que no cesa”, Viento sur, Madrid,  Año XIV, n° 81, Julio 2005. También fue publicado bajo el título “El desafuero y la crisis política que no cesa”, Rebeldía, México, n° 31, mayo 2005.

 

entrecruzaron (estatales, municipales y nacionales) se condensaron evidentemente en las presidenciales que condicionaron a las demás. De esta manera, Andrés Manuel López Obrador, Felipe Calderón y Roberto Madrazo, candidatos presidenciales de la CBT, el PAN y la Alianza por México, arrancaron la campaña oficial en posiciones muy disparejas: AMLO con una ventaja de alrededor del 10 por ciento respecto a Felipe Calderón y más respecto a Madrazo259. La última  etapa de las campañas electorales no solamente fue muy intensa y despiadada, sin reglas ni principios, sino que también estuvo confrontada y puesta en entredicho por una nueva irrupción política del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y por movilizaciones y conflictos político-sociales que no dejarían de manifestarse e incidir en los resultados.

 

Alerta roja zapatista

Una alerta roja del ELZN en las comunidades rebeldes de Chiapas interrumpió, en el mes de junio de 2005, los soliloquios y las intrigas preelectorales de la clase política y distrajo en particular a algunos medios intelectuales que se interrogaron y especularon sobre las razones. Pero, en realidad, se trataba de discutir en colectivo, respecto al balance de su organización y la situación nacional, y decidir “un nuevo paso en la lucha”260. Acorralados en la Selva Lacandona desde el regreso de la marcha del Color de la Tierra de 2001 luego que los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) rechazaron la reforma indígena, ignorados por los medios de comunicación, eludidos cuando no atacados por innumerables conversos, los zapatistas en realidad pasaron a la ofensiva aprobando y difundiendo la Sexta Declaración de la Selva Lacandona261. A ésta le siguieron seis reuniones preparatorias y la asamblea nacional plenaria que el EZLN llevó a cabo en agosto y septiembre de 2005 en distintas comunidades, para preparar y organizar lo que denominó la otra campaña, que se fue desarrollando a lo largo de 2006 como un proceso de reorganización y movilización de largo aliento que muchos vieron contrapuesto a la campaña electoral. De nuevo, el EZLN apareció como intruso que llegaba a perturbar los procesos y los tiempos políticos oficiales devenidos una suerte de espectáculo mediático.

 

En una atmósfera política saturada por los escándalos y la mutuas descalificaciones de las elites, donde prevalece la muy opaca intoxicación mercadotécnica, sin programas ni propuestas de fondo, el EZLN resumió en la Sexta Declaración de la Selva Lancadona la trayectoria de su lucha, su modo de ver el mundo y el país, convocando a la sociedad, a los trabajadores del campo y la ciudad, a los otros oprimidos, a reflexionar e intervenir directamente en los asuntos que les competen, a fin de preparar una alternativa anticapitalista al orden conservador prevaleciente (de abajo y a la izquierda) y dar curso a otra forma de vivir la política. Ante la desmovilización, subordinación y resignación que propician los de arriba, los zapatistas convocaron a organizar la resistencia al neoliberalismo y la represión, a encontrar las vías de continuidad y confluencia de movilizaciones autónomas dispersas por doquier que bien podrían devenir caudaloso torrente.

 

El EZLN brega por un reagrupamiento político-social sostenido en principios y normas muy distintos a los que rigen en el ámbito de la política estatal, supeditado a la lógica arrolladora del orden neoliberal; se propuso recorrer el país para encontrar a gente muy diversa que lo habita, oír historias de resistencia, conocer quejas y reivindicaciones, asimilar experiencias de lucha, de organización, de gestión, de autogobierno; escuchar la voz de quienes no tienen voz porque les confiscaron los medios de expresión, sus identidades, su memoria o porque han sobrevivido en el abandono y la marginación, tras fronteras y cercos que los segregan y los aíslan. Contribuir así a rehacer la trama de lo colectivo desgarrado por el neoliberalismo y la política estatal y apostar a la comunidad como el espacio de la política de abajo. El PRD y los sectores o intelectuales vinculados

 

 

259 Sobre las encuestas, ver Villamil y Scherer, op. cit., pp. 37-38.

260Subcomandante Insurgente Marcos, Comunicados del EZLN en el mes sexto del año 2005, Separata de Rebeldía, México, n° 32, junio 2005.

261 Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del EZLN, Sexta Declaración de la Selva

Lacandona, Separata, Rebeldía, México, n° 33, junio 2005.

 

se lanzaron duramente en contra de la Sexta y la otra campaña, porque ponían en evidencia la fragilidad de un proyecto político que descansaba en un candidato presidencial que solamente se diferenciaba de sus adversarios por el estilo personal y las expectativas alimentadas en forma desmesurada entre la población por una gestión en el GDF sostenida en políticas clientelares y asistencialistas. Delegados zapatistas recorrieron el país al tiempo que avanzaba y se descomponía la campaña electoral, sobre todo la presidencial. Toda suerte de organizaciones, núcleos sociales, pueblos, individuos de variados orígenes y ocupaciones fueron encontrándose, tejiendo la trama de lo colectivo y convenciéndose de la necesidad vital de resistir superando disgregaciones y desigualdades provocadas por el neoliberalismo, para avanzar en la construcción de un movimiento político-social de gran alcance, alternativo en concepciones y prácticas al capitalismo y su senda de explotación, despojo, dominación y violencia. Más pronto que tarde, la mayoría de los medios ignoraron los pasos de la otra campaña, al no encontrar en ella elementos espectaculares que les permitieran alimentar los escándalos mediáticos de la campaña electoral.

 

Polarización política

La polarización de la clase política y en general de todos los actores de la política de arriba (partidos, empresarios, medios, asociaciones diversas, etc.) involucrados en las campañas electorales, había sido anunciada y alimentada desde hacía varios años y no dejó de empeorar durante el 2006. En lo fundamental, fueron campañas realizadas a través de los medios de comunicación masiva. Los topes de campaña legales fueron rebasados con creces, pero la ley electoral sólo prevé sanciones monetarias que no se traducen sino en recortes limitados de las subvenciones públicas de los propios partidos. Se trató de una avasalladora compaña de propaganda sucia y calumniosa, incluso racista y violenta, dirigida a desprestigiar y derrotar al candidato de la Coalición por el Bien de Todos, la que acabó por descomponer la atmósfera política nacional, causando no sólo miedo, parálisis, sino básicamente una polarización político-social de grandes proporciones.

Pero no fue una confrontación entre los actores partidarios en disputa por la Presidencia del la República. Implicó la intervención de actores políticos expresamente excluidos por las leyes electorales. En especial, el presidente Vicente Fox, quien debería haberse mantenido alejado de la contienda en tanto jefe de Estado y del gobierno, y que en cambio realizó desde siempre una intensa y costosa campaña personal y mediática para detener a AMLO e impulsar al candidato del PAN. Más todavía, los programas sociales a cargo del gobierno federal se pusieron al servicio de la campaña de Felipe Calderón, como se denunció recurrentemente. Toda la fuerza del Estado –como decían los priístas en sus tiempos de gloria– se utilizó de nuevo contra el candidato perredista, al igual que en los momentos de la ofensiva del desafuero.

Asimismo, organismos empresariales impedidos legalmente a realizar propaganda electoral en los medios y numerosas asociaciones civiles la mayor de las veces fantasmales, difundieron muy agresivos e ignominiosos anuncios pagados en radio y televisión en contra de López Obrador, haciéndose eco de la acusación de que era un peligro para México. En los hechos dividieron clasistamente la campaña. La Iglesia también hizo su aporte desde los púlpitos y los enlaces confesionales. Se echó mano de todos los recursos, no sólo los mencionados, sino igualmente del Internet, el correo electrónico (siete millones enviados desde Los Pinos, residencia oficial del gobierno), los mensajes y llamadas telefónicas inquietantes, los rumores262. Un clima de desasosiego, de recelo, propicio al temor, la parálisis, la desconfianza y la incertidumbre orquestados por el presidente Fox. La política, como nunca devino una auténtica pesadilla. Salvo excepción, a pesar del escándalo público, de la degradación de la campaña y de su ilegalidad, ni el IFE ni la FEPADE (Fiscalía especial para la atención de los delitos electorales de la Procuraduría General de la República) ni los tribunales intervinieron para detener y sancionar esas acciones violatorias de la legalidad del proceso electoral. Sus actos y omisiones empeoraron la pérdida de

 

 

262 El propio AMLO detalla los gastos y acciones gubernamentales al respecto. Véase su libro La mafia nos robó la presidencia, Grijalbo, México, 2007, pp. 205 y ss.

 

confiabilidad y legitimidad de las instituciones estatales que deberían asegurar la legalidad, equidad, transparencia y credibilidad del proceso electoral y la confiabilidad de sus resultados.

La coalición oligárquica recompuesta durante la campaña electoral impulsó en todos los niveles y espacios la polarización política, social e ideológica como estrategia de guerra contra la CBT, especialmente contra AMLO. Andrés Manuel López Obrador y los partidos de la Coalición por el Bien de Todos no supieron responder a esa acometida aplastante. López Obrador siempre, hasta el final, actuó a la defensiva, sin formular ni armar la alternativa política que pretendía, ni comprometerse con demandas sociales perseguidas por numerosos y muy diversos núcleos sociales confrontados al poder que lo había condenado, estuvo lastrado en cambio por su estado mayor de viejos priístas, cuyas acciones fueron un fiasco, así como por un PRD paralizado por disputas internas causadas por las ambiciones y los intereses contrapuestos de las bandas mafiosas que lo integran. Las campañas estuvieron exentas de propuestas políticas, de programas, de compromisos claros y precisos con la sociedad o al menos algunos de sus sectores, particularmente los de abajo. Los discursos de todos los partidos y candidatos se confundían y en suma partían todos, se enmarcaban acomedidamente, dentro de los parámetros de las políticas neoliberales todavía hegemónicas en el mundo.

El escándalo ensordecedor de las campañas sucias no permitió reflexionar sobre la casi nula diferenciación de las propuestas de todos los partidos y candidatos. Había matices, tonos, estilos, pero dentro de una misma lógica y grandes objetivos: la macroeconomía del neoliberalismo, el Estado acotado, la política estatal (parlamentaria, gubernamental, electoral) restringida a los actores institucionales (la política de las elites, la exclusividad participativa de la clase política ampliada), el clientelismo y la regimentación de los de abajo, más que su movilización, participación y autonomía. Exclusión económica, despojo de recursos naturales y comunidades, precarización del trabajo, confiscación y degradación de la política. En fin, partidos y candidatos refrendaron en forma reiterativa su compromiso de actuar, con matices y modos particulares pero con firmeza, dentro de los parámetros y coordenadas del capitalismo neoliberal que, como sostienen los zapatistas, “se basa en la explotación, el despojo, el desprecio y la represión”263.

Campañas mediáticas avasalladoras, pero sin interlocución con la gente, con sus preocupaciones, necesidades, aspiraciones y luchas. La sociedad concebida como televidente, como radioescucha. Relaciones y promesas entabladas y ofertadas solamente a las clientelas, por medio de personajes clave que aseguran los votos, la lealtad e inclusive los mítines escenográficos sobre el terreno. En la política profesional acondicionada por el régimen y la clase política toda, ya no hacen falta las bases de apoyo masivas, sociales, diversas y clasistas que se movilicen, que participen, que opinen, que comprometan su vida, inviertan su experiencia. En su lugar se requieren espectadores que acepten los mensajes partidarios, los desplantes de los actores ataviados de formas indiferenciadas, muchedumbres fragmentadas devenidas audiencias pasivas, que por consiguiente se resignen a que otros actúen y decidan por ellos, a que otros hagan la política, los reemplacen, los representen, les arreglen en la medida de lo posible la vida o al menos los colmen de promesas, de esperanzas siempre fallidas, pero renovadas sin fin. Pueden cambiar de canal, de programa, de personaje favorito; consumir escogiendo entre la variedad de productos que se les ofrecen, pero no apagar la televisión o el radio ni cambiar de lógica y menos perseguir otros derroteros independientes que labren su autonomía. Por esto la otra campaña y el EZLN suscitaron tantos odios entre los actores institucionales, quienes los lapidaron con su silencio mediático y su desprecio.

 

Luchas sociales e inconformidad de los de abajo

 

La polarización político social no se expresó solamente en el terreno de la política estatal y de las elecciones en proceso. También estallaron conflictos y luchas que alcanzaron repercusión nacional y hasta internacional y acabaron por marcar y desenmascarar en forma definitiva al gobierno de Fox.

 

 

263 Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional,

Sexta Declaración…, cit., p. 10.

 

El caso más notable fue la represión policíaca en Texcoco y Atenco, estado de México, los días 3 y

4 de mayo de 2006, donde gobernantes de todos los partidos y niveles institucionales, de la presidencia municipal (PRD) al gobierno estatal (PRI), hasta llegar a la presidencia de la República (PAN), pusieron una trampa contra el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), participante destacado de la otra campaña, que años atrás había impedido la construcción de un nuevo aeropuerto internacional en sus tierras, precisamente el mayor proyecto del entonces recién inaugurado gobierno del cambio264. Pero igualmente el caso del estallido de la mina de Pasta de Conchos, Coahuila, en la madrugada del 19 de febrero, donde 65 mineros resultaron muertos, así como el conflicto de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas (SICARTSA), donde la ocupación de los trabajadores de la planta en defensa de su autonomía sindical ante la intromisión del gobierno foxista, fue pretexto para que el 20 de abril fuerzas policíacas realizaran un fallido intento de desalojo violento, asesinando a dos trabajadores e hiriendo a 40 más. Los maestros de Oaxaca –en huelga desde el 22 de mayo–, mantenían un plantón permanente en el Zócalo de esa ciudad difundiendo su movimiento, cuando, el 14 de junio, sufrieron el ataque de más de 2000 policías que pretendieron desalojarlos fallidamente, casi en vísperas de las elecciones, lo que politizó una lucha profesional, sindical; encontró una respuesta insólita de los habitantes de esa región sur del país, quienes se levantaron dando vida a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y suscitando un conflicto político social de grandes proporciones que no cesa265.

La Policía Federal Preventiva y las fuerzas policiales estatales –e incluso en ocasiones del ejército y la marina– intervinieron en todas esas acciones represivas con el aval y de los distintos niveles de gobierno, uniendo en la complicidad represiva a los tres principales partidos: PAN, PRI, PRD.

Ante esos casos, a los que se podrían añadir numerosas luchas y resistencias contra el despojo, la explotación, la exclusión, el abuso y la represión que fueron brotando a lo largo del trayecto de la otra campaña en toda la geografía nacional, los distintos candidatos de ninguna manera intentaron acercarse a los descontentos y agraviados, apoyar sus demandas, promoverlas, darles voz o al menos comprenderlas. Al contrario, invariablemente y en forma generalizada, los ignoraron o de plano condenaron los conflictos que perturbaban la “tranquilidad” del proceso electoral y hasta algunos llamaron a ejercer la represión para restaurar el orden, tratando de aparecer con “mano firme”; candidatos y equipos de campaña se interesaron sólo cuando intuían que podían mover las cifras de las encuestas. Todos esos conflictos revelaron el enojo, la inconformidad y el rechazo de los de abajo a resignarse, enfrentando a las fuerzas represivas en una situación desventajosa. Incidieron de una u otra manera en las elecciones. Lo más evidente se dio en Oaxaca, pues se produjo un voto de castigo al PRI que favoreció a AMLO y a la Coalición por el Bien de Todos. Pero lo más importante es que se agravaron y pasaron a otra dimensión netamente política, persisten sin solución, como en Oaxaca con la APPO que lucha por la caída del gobernador Ulises Ruiz, o no han dejado de acarrear movilizaciones nacionales e internacionales de indignación y solidaridad con las víctimas de las violaciones y abusos policíacos como en el caso de Atenco y Texcoco. Incluso, a contra corriente, acabaron por romper el cerco de silencio de los medios e inquietaron a personajes de la clase política cuyas complicidades quedaron al descubierto, y quienes pasaron de la condena y la exigencia de dureza (“aplicación irrestricta de la ley”) al desconcierto. Más todavía, derrotaron el intento de la clase política toda de imponer el miedo y la parálisis entre la gente para que se resignara a someterse a la política de arriba.

En el fondo, la convergencia en los hechos de la otra campaña y esas reivindicaciones ponen en evidencia la existencia de dos lógicas que se separan y contradicen de más en más y que están dando lugar a procesos políticos muy diversos, hasta encontrados. Por un lado, la lógica de la política estatal excluyente que aparece como una pesadilla envolvente sostenida en el apremio por disfrute perverso del poder, el que agudiza las contradicciones del Estado, las reacciones intransigentes de todos sus actores (los gobiernos, los partidos, la clase política, el capital), la

 

264 Vid. Edith E. Kuri, “Claves para decodificar un actor colectivo: el caso del movimiento de San Salvador Atenco”,

Argumentos, Estudios críticos de la sociedad, UAM-X/ DCSH, México, Nueva época, n° 51.

265 Vid. Nasrédine Hodja, “La batalla de Oaxaca”, La Guillotina, México, n° 56, primavera 2007 y sobre todo Diego Enrique Osorno, Oaxaca sitiada. La primea insurrección del siglo XXI, Grijalbo, México, 2007.

 

degradación y la falta de legitimidad, la puesta a andar de la enorme maquinaria represiva. Mientras que, por otro lado, sectores sensibles de los oprimidos y excluidos impugnan los efectos excluyentes de esa política, resisten de mil maneras y avanzan en la reorganización autónoma de sus pueblos y comunidades, de muy variados sectores sociales y hasta tratan de encontrar otra forma de vivir la política en colectivo y desde abajo, como en el caso de la otra campaña impulsada por el EZLN y la experiencia reveladora de la APPO.

 

Confusión e incertidumbre sobre el futuro de una democracia restringida

Si bien se trató de una trama anunciada, los resultados electorales del 2 de julio de 2006 sorprendieron, primero que a nadie a López Obrador, quien un año antes ya se consideraba vencedor. El IFE actuó todo el tiempo con parcialidad, omisión o torpeza y el día de la elección administró la información sobre las votaciones de manera que apareciera todo el tiempo por arriba el candidato presidencial del PAN. Durante varias semanas se polemizó sobre esta situación y una buena parte de académicos, intelectuales e incluso medios de comunicación afianzaron la idea de que se habían alterado los resultados a favor del panista, dejando a López Obrador en el segundo lugar por sólo medio punto: 15 millones 284 votos (35.89%) contra 14 millones 756 mil 350 votos (35.31%), de un total de 41 millones 791 mil 322, apenas el 58.55 % del total nominal, incluyendo los votos de los mexicanos residentes en el extranjero. De ese total, 904 mil 604 votos (2.16 %) fueron nulos. A pesar de la polarización y de las largas y estruendosas campañas, la votación estuvo por debajo de la alcanzada en el 2000, cuando participó con su voto el 63.97 % de los inscritos. De esta forma, resultaron poco confiables y confrontadas en extremo las primeras elecciones presidenciales efectuadas luego de la derrota, en el año 2000, del llamado régimen de partido de Estado. La alternancia democrática, simbolizada por un presidente incompetente, con un gobierno a la deriva que reprodujo en forma burda los peores vicios del régimen priísta, desembocó en la renovación de la pérdida de confianza en los procesos institucionales, cuya legitimidad queda de nuevo puesta en entredicho.

No se trató de una contienda justa ni legal: dinero en exceso en las campañas para nada regulado a pesar de los topes legales; uso corrupto de los fondos públicos y los dineros privados, oscuros o no; abuso en la utilización arbitraria de los medios electrónicos; restauración de los mecanismos clientelares y de las trampas fraudulentas del viejo régimen, así como de las prácticas facciosas de las instituciones. Ante las impugnaciones de la CBT y la exigencia de apertura de los paquetes electorales y el recuento de las votaciones de la elección presidencial (“voto por voto, casilla por casilla”), el Tribunal Electoral (TEPJF), más conocido como TRIFE, ordenó que se volvieran a contar 11, 720 casillas, alrededor del 10 % del total. El resultado fue que se encontraron alteraciones generalizadas como votos de más o de menos en las urnas respecto al número de votos emitidos o de personas registradas en el padrón electoral, así como votaciones disminuidas sobre todo de AMLO. Urnas embarazadas, saqueo de votos, falsificación de actas de escrutinio, fueron fenómenos que se soslayaron por parte de los partidarios del statu quo, sin importarles que enturbiaran la pretendida transparencia de las votaciones y cancelaran la certidumbre en los resultados electorales. Más tarde, el 5 de septiembre, el TRIFE declararó la validez de la elección presidencial del 2 de julio y declaró presidente electo al candidato del PAN Felipe Calderón266. Inconsistente, contradictorio, irresponsable, reprobable, insostenible, ridículo, fueron algunos de los adjetivos con los que se comentaron las más de 300 cuartillas de un histórico Dictamen que reconoce manipuleos, violaciones, ilegalidades, abusos de personajes como el Presidente Fox, destacando que violó la Constitución, la ley electoral y puso en “riesgo… la validez de los comicios”; lo mismo de organismos empresariales y civiles de relevancia o desconocidos. No obstante, se declara incompetente el TRIFE para valorar el impacto que pudieran haber tenido en el proceso y para nada se planteó la anulación de la elección presidencial. Ni siquiera porque el cómputo definitivo redujo la ventaja de 0.58 a 0.56 % de votos.

 

266 Dictamen relativo al cómputo final de la elección de Presidente de los Estados Unidos mexicano, declaración de validez de la elección y de presidente electo. Comisión dictaminadora: magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo y Mauro Miguel Reyes Zapata, México, 5 de septiembre del año dos mil seis.

 

Sí se violó la ley, se actuó abusivamente, se difamó al adversario, se alteraron las cifras, pero no parece que esto haya sido relevante ni que pudiera haber incidido en las votaciones hasta cambiar su resultado… De esta forma, el largo y conflictivo proceso electoral concluyó en la confusión, el descrédito y la incertidumbre sobre el futuro de una democracia restringida ahora desgarrada, distorsionada por prácticas ilegales e insolentes del poder y del dinero. El régimen autoritario, reconstruido por el foxismo en alianza duradera con el viejo priísmo, despoja a las instituciones estatales encargadas de los procesos electorales y la justicia de la poca credibilidad que habían logrado en años anteriores; la legalidad en México sigue siendo como siempre acomodaticia, sometida al arbitrio del poder y el dinero. Empero, las relaciones de fuerza, los cambios de bando, las conversiones de diferentes actores políticos y personajes no dejan de producirse y dar forma a nuevos realineamientos y propuestas políticas. Si bien los actores institucionales mantienen la misma lógica estatal que los determina y somete a sus intereses específicos, la frustración y el desencanto en núcleos sociales muy amplios puede derivar en apatía, o en quiebra de ilusiones que pudieran desencadenar la búsqueda de otras vías y medios de participación política, los que ya se ensayan en muchos lugares.

El desencanto ante el fraude y la imposición de Felipe Calderón pueden acelerar la desilusión por la política estatal y cerrar la opción electoral como posibilidad de recambio político. En un primer momento se logró cierta solución de continuidad entre la movilización ciudadana contra el desafuero intentado por el foxismo y el repudio al fraude electoral que impuso a Felipe Calderón como presidente usurpador. Las respuestas de AMLO, sin embargo, fueron inseguras, titubeantes y contradictorias, evidenciando su estupor por resultados que jamás entraron en sus cálculos. El 30 de julio, en la Ciudad de México, con simpatizantes de distintos estados de la República, el movimiento de resistencia civil se declaró en asamblea permanente contra el fraude electoral. Instaló entonces 47 campamentos a lo largo de los diez kilómetros del corredor Reforma-Juárez- Madero-Zócalo, arteria citadina central que es al mismo tiempo uno de los circuitos financieros principales del país. El 15 de agosto, López Obrador convocó a realizar el 16 de septiembre la Convención Nacional Democrática (CND), a fin de organizar la resistencia civil y pacífica en caso de que se consumara la imposición del candidato de la derecha, así como para decidir que hacer “ ante la actual circunstancia”.

Durante los dos meses y medio que duraron el llamado megaplantón y la asamblea permanente en el Zócalo, AMLO fue radicalizando su discurso, pero ni en los plenos ni en las numerosas actividades que se realizaron en forma recurrente en los plantones se admitieron posibles errores que pudieran haberse cometido durante el proceso electoral, ni mucho menos se reflexionó sobre esa circunstancia. Tal vez por esto se privilegiaron las actividades culturales y artísticas para dar vida al plantón organizado en distintos campamentos. El clima imperante fue de autoafirmación y rechazo a cualquier crítica, reproduciendo la misma actitud defensiva que prevaleció durante la propia campaña electoral. Muchos de los intelectuales y académicos, así como voceros de los distintos partidos de la CBT, que pronto devino Frente Amplio Progresista (FAP), legalmente registrado ante el descalificado IFE, prosiguieron condenando a quienes no se sumaron a la campaña electoral desde la izquierda. Se armó entonces una suerte de grupo de partidarios incondicionales de AMLO, un “lopezobradorismo ilustrado”267 que alimentó una intolerancia extrema que se revela como otra forma de la violencia. La CND del 16 de septiembre, en realidad fue un mitin tumultuario que rebasó a la manifestación del silencio contra el desafuero del entonces jefe de Gobierno del DF. Desconoció como “usurpación” la presidencia de Felipe Calderón, proclamando “presidente legítimo de México” a Andrés Manuel López Obrador. El plan de acción de la CND se limitó a portar listones tricolores, no consumir productos ni servicios de empresas que favorecieron a Calderón, no escuchar noticiarios mentirosos y parciales, realizar cadenas humanas, jornadas de propaganda y otras acciones de carácter propagandístico. Asimismo, acordó preparar acciones para el 1 de diciembre ante la toma de posesión de Calderón y una nueva reunión de la

 

 

267 Subcomandante Insurgente Marcos, “L@s zapatistas y la otra: peatones de la historia”, Rebeldía, México, n° 46, octubre 2006.

 

CND el 21 de marzo de 2007268; realizadas ambas sin pena ni gloria, aunque la primera en medio de un escandaloso cerco militar.

La reunión de la CND permitió a López Obrador y al FAP desmontar el megaplantón. Éste, sin duda, fue muy distinto a cualquier otro organizado plebeyamente. Se caracterizó por enormes recursos materiales, porque los campamentos acuartelaron a muchos dirigentes, funcionarios, representantes y militantes partidistas de numerosos lugares del país y de las direcciones nacionales, locales y del Distrito Federal, lo mismo que miembros de la estructura de cargos institucionales alcanzados por la coalición y sus clientelas, en su mayoría del PRD. Pocas acciones se realizaron por fuera o al margen de los campamentos. Más bien, se desplazaron delegaciones de militantes y simpatizantes de diferentes lugares de la república, que llegaban en forma rotativa a poblar el plantón y los mítines. El megaplantón congregó también de manera significativa a incontables simpatizantes inorganizados, a gentes que buscaron el medio y el momento para expresar su descontento y su rechazo a la imposición fraudulenta del renovado viejo régimen autoritario, estimulando actividades imaginativas que le imprimieron notoriedad.

Se disolvieron en el aire muchas teorizaciones desmesuradas realizadas por parte del lopezobradorismo ilustrado acerca de los sentidos y alcances de la llamada CND, que iban desde el doble poder a la crisis revolucionaria. Lo que resulta evidente es que AMLO –y en cierta medida la CND– expresaron y alimentaron ilusiones y esperanzas entre quienes llenaron repetidamente el Zócalo y dieron vida a los campamentos. El 20 de noviembre de 2006, con la multitudinaria ceremonia de la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador como “presidente legítimo”, se cerró prácticamente el ciclo de movilizaciones poselectorales, ya anunciado desde el levantamiento de los campamentos en el DF. En ningún momento se vinculó la resistencia civil lopezobradorista con las movilizaciones sociales que se produjeron y que, sobre todo en Oaxaca, fueron enfrentadas por el desfalleciente gobierno de Vicente Fox con la ocupación militar de la ciudad de Oaxaca y el recrudecimiento de los asesinatos, la represión y persecución. Los presos, reprimidos y violadas de Atenco y Texcoco tampoco recibieron ninguna solidaridad efectiva. La farsa del gobierno y del presidente legítimos solamente dejó manos libres a las mafias políticas de los partidos del FAP, con un doble discurso que chocó con lo fundamental de sus acciones políticas, determinadas por la pugna por la distribución de espacios de poder y recursos en el Congreso de la Unión. AMLO se enredó en las contradicciones de su pretendido discurso radical (“al diablo las instituciones”) y su intervención en las campañas electorales estatales y la persistencia de sus acuerdos con priístas, como Juan Sabines, quien se convirtió en gobernador de Chiapas por el PRD, refrendando en este estado la alianza del perredismo con paramilitares, agresores y promotores de la guerra de baja intensidad contra las comunidades zapatistas. Se hicieron patentes el lastre del equipo cercano a AMLO y las contradicciones insuperables de su política. Sin autocrítica posible, López Obrador no acertó a definir las perspectivas de su lucha y los posibles plazos de la misma, se limitó a ignorar al gobierno de Calderón, que se sentiría aliviado sin la presión de un liderazgo y un movimiento nacional que podrían haberlo acorralado. El PRD y demás partidos del FAP cayeron en la fantasía de que las movilizaciones de la resistencia civil poselectoral representaban el restablecimiento de sus vasos comunicantes con la sociedad y con la intelectualidad. Pero la lógica de la sociedad, la lógica de los movimientos sociales son muy distintas a la lógica de los aparatos políticos. Más pronto que tarde, los aparatos del FAP se enfrascaron en disputas que mostraron incapaces de darle continuidad a su alianza electoral en las elecciones estatales del 2007, recayendo en el autismo social. En realidad, la llamada CND y el “gobierno legítimo” condensan su estrategia en una sola perspectiva: esperar el llamado de Andrés Manuel López Obrador.

 

Izquierda de arriba e izquierda de abajo

 

Resulta patente la centralidad de las elecciones en la coyuntura política mexicana de 2006, pero la irrupción de lo social no esperó los resultados electorales, brotando por todos lados expresiones de inconformidad y resistencia que desembocaron incluso en una auténtica rebelión popular en

 

 

268 La Jornada, 17 de septiembre de 2007 y “calendario de tareas de la CND”, www.cnd.org.mx/calendario.php.

 

Oaxaca, al sur del país. Si bien algunos núcleos sociales organizados, como los sindicatos de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), se vincularon a la campaña electoral sosteniendo al candidato de la CBT, otros más desdeñaron la fiesta de los de arriba. Perseguidos y reprimidos, marginados en realidad de la vida política devenida exclusivamente estatal, excluidos económicamente o sometidos a la explotación y la precarización del trabajo, ignorados o impedidos en sus expresiones culturales o modos de vida singulares, comunidades, pueblos, asociaciones, colectivos o individuos no dejaron de bregar en un sentido diverso al de los partidos, enfrascados en una lucha electoral degradada.

La irrupción incluso violenta de lo social en la coyuntura electoral introdujo abruptamente otra lógica distinta a la estatal, la lógica de los oprimidos, no sólo en resistencia, sino en busca de su propio proyecto alternativo. Como queda dicho, el caso más significativo fue el de Oaxaca, donde un simple plantón de maestros con fines salariales fue transformado por la represión gubernamental en una lucha política que fue abarcando de más en más sectores sociales hasta englobar a la mayoría de los oaxaqueños. Ante la agresión del 14 de junio, se fueron armando manifestaciones crecientemente masivas (150 mil, 250 mil, 500 mil, 800 mil participantes); la destrucción de la  radio mediante la que los maestros difundían sus demandas, llevó a los universitarios a tomar Radio Universidad; el 1 de agosto mujeres rebeldes ocuparon las instalaciones de la radio y televisión estatales y más tarde, cuando éstas fueron destruidas por la acción de pistoleros del gobernador, la gente respondió tomando 14 radiodifusoras más. “La radio se convirtió en el instrumento que  enlazó a los barrios organizados, convocó y movilizó a la población”269. Las movilizaciones condensaron agravios y descontentos que venían de lejos y asumieron una forma organizada en todo el estado y no solamente de la ciudad capital: la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). Ésta retomó las tradiciones de organización y decisión, de autoorganización y autogobierno de las comunidades indígenas. Autoorganización y movilización, toma de palacios municipales por los pueblos, desaparición de facto de los poderes institucionales del estado, fueron respondidos por parte del gobernador de Oaxaca con la represión legal y extralegal: pistoleros, cuerpos paramilitares, policías disfrazados, hostigando y atacando todos a los ciudadanos movilizados. En respuesta, las barricadas no se hicieron esperar: brotaron por todas partes, acentuando el carácter plebeyo de la rebelión. Cientos de ellas, controlaron por completo la ciudad, convirtiéndose no solamente en una forma de defensa ante los francotiradores y caravanas de la muerte, sino en verdaderas “verbenas nocturnas”270, en sitios de encuentro, discusión y politización acelerada de cientos y miles que jamás se habían movilizado o participado en política (sobre todo jóvenes de los barrios más pobres y marginados). El gobierno de Vicente Fox fue al rescate de Ulises Ruiz ocupando militarmente la ciudad de Oaxaca (bajo el disfraz de la Policía Federal Preventiva). Muertos, desaparecidos, golpeados, dirigentes arrestados, decenas de perseguidos por una justicia convenenciera, resumieron una verdadera política del terror que preludió el inicio del nuevo gobierno federal de Felipe Calderón. Otro escándalo de violaciones burdas de los derechos humanos, ya característicos en México será documentado por distintas instancias nacionales e internacionales. Ante toda esa situación extraordinaria, nula respuesta del PRD, del FAP ni de AMLO, quienes estaban en otra frecuencia, con la mira sólo puesta en el fraude electoral y su desilusión respecto a las instituciones estatales en las que se han participado y participan todavía. Solamente el EZLN y la otra campaña impulsaron movilizaciones internacionales en más de treinta países y una movilización nacional el 22 de diciembre de 2006 que tuvo su punto central en Chiapas, donde las bases de apoyo zapatistas se manifestaron en solidaridad con sus hermanos oaxaqueños.

En carriles distintos pero convergentes, la otra campaña, por su lado, realizó y mantiene su larga marcha por todos los rincones del país; no se oye ni se ve en los medios de comunicación masivos que por lo demás la han ignorado deliberadamente como una fuerza intrusa y subversiva. Pero durante más de un año fue tejiendo rebeldías, compartiendo experiencias y formas de organización

 

269 Luis Hernández Navarro, “Oaxaca: un año después”, La Jornada, 19 de junio 2007.

270 Alejandro Moreno Corzo, “La batalla del 2 de noviembre. De la resistencia como una de las bellas artes”, La Guillotina, México, n° 56, cit. y George Lapierre, “La Comuna de Oaxaca: mito o realidad”, idem.

 

muy diversas de muy distintos actores colectivos e individuales: comunidades, pueblos, barrios, colectivos, asociaciones, medios alternativos, trabajadores, mujeres, individuos de todos los orígenes y medios, etcétera. Esto es, actores similares a los que protagonizaron la rebelión en Oaxaca. Abajo y a la izquierda, como lo propuso el EZLN, coinciden en las resistencias al neoliberalismo que los despoja, desprecia, explota y margina, asumiendo concientemente una estrategia anticapitalista de largo plazo.

Coincidiendo con la campaña electoral, la otra campaña asumió primero el carácter de una búsqueda del diálogo, del reconocimiento, del reencuentro: compartir dolores, agravios, desilusiones y resistencias. Pero enseguida se fue combinando con la búsqueda de mecanismos e instancias de coordinación y organización duraderos, de exploración de necesidades y sueños en vistas a la formulación del Plan Nacional de Lucha que se quiere colectivo, nacional, brotando desde abajo, entre los de abajo. Las propias condiciones impuestas por el Estado y la clase política toda conducen a preparar las condiciones y el terreno para pasar de la resistencia a la ofensiva y a la lucha franca.

Todos los estados y regiones del país fueron visitados por los delegados zapatistas (Subcomandante Insurgente Marcos, comandantes y comandantas) donde sin duda vivieron experiencias y condiciones que les permiten un verdadero encuentro con la nación, con los explotados y oprimidos de México. Se han estrechado como nunca las relaciones e intercambios entre todos los muy diversos y numerosos pueblos indios del país, pero igualmente con campesinos, trabajadores de distintos sectores (especialmente maquiladoras), pescadores, jóvenes, mujeres, todos los diferentes (homosexuales, lesbianas, transexuales), profesores y universitarios que ven en la otra campaña la posibilidad de otra política diferente a la estatal, acaparada por los partidos, excluyente y degradada. A pesar de la alarma de la clase política, la otra campaña no se hizo contra la campaña electoral ni para impulsar la no participación en las elecciones de 2006. Se trata de otra lógica que a veces choca con la lógica de la política estatal, pero que en lo fundamental va a contracorriente, en  carriles diferentes difíciles de encontrarse. Por esto resulta absurdo cualquier eventual frente o alianza entre quienes tienen intereses y objetivos que no solamente no coinciden sino que se enfrentan y anulan mutuamente. La izquierda de arriba (en particular el PRD) ha demostrado que sólo busca acomodarse y gestionar los espacios de poder sobre la base de sus intereses, la mayoría de las veces facciosos. Mientras que la izquierda que se construye abajo resiste incluso a los agravios de la primera y no solamente del capitalismo neoliberal. La situación de los actores colectivos, sus prácticas e intereses, en un contexto de agotamiento y ausencia de resolución de la crisis del viejo-nuevo régimen político autoritario, agudizan la crisis política nacional y abren la posibilidad de enfrentamientos que podrán derivar en una crisis social de grandes proporciones. Las contradicciones sociales irresueltas, las salidas represivas oficiales y la ausencia de un gobierno legitimado socialmente, no apuntan sino a la continuación de la descomposición de un régimen que no encuentra solución de continuidad.

 

(Paris, 2008)

 

Para saber más sobre México:

• Arturo Anguiano, “México. El desafuero de López Obrador y la crisis política que no cesa”,

Viento sur, Año XIV, n° 81, Julio 2005, Madrid, 2005.

• Arturo Anguiano, “La degradación política”, Rebeldía, n° 43, junio 2006, México, 2006.

• Óscar Camacho y Alejandro Almazán, La victoria que no fue, Grijalbo, México, 2006.

• Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del EZLN, Sexta Declaración de la Selva Lacandona, Separata de Rebeldía, n° 33, junio 2005, México, 2005.

• Andrés Manuel López Obrador, La mafia nos robó la presidencia, Grijalbo, México, 2007.

 

• Diego Enrique Osorno, Oaxaca sitiada. La primera insurrección del siglo XXI, Grijalbo, México, 2007.

• Elena Poniatowska, Amanecer en el Zócalo. Los 50 días que confrontaron a México, Planeta, México, 2007.

• Raúl Trejo Delarbre, Poderes salvajes. Mediocracia sin contrapeso, Ediciones Cal y Arena, México, 2005.

• Subcomandante Insurgente Marcos, “La (imposible) ¿geometría? del poder en México”,

Rebeldía, Separata, n° 32, junio 2005, México, 2005.

• Subcomandante Insurgente Marcos, Comunicados del EZLN en el mes sexto del año 2005, Separata de Rebeldía, n° 32, junio 2005, México, 2005.

• Subcomandante Insurgente Marcos, “L@s zapatistas y la otra: peatones de la historia”,

Rebeldía, n° 46, octubre 2006, México, 2006.

• Jenaro Villamil, Julio Scherer Ibarra, La guerra sucia de 2006. Los medios y los jueces, Grijalbo, México, 2007.

• Guillermo Zamora, El año de la izquierda en México, Colibrí, México, 2006.

• Revista Contralínea : www.contralinea.com.mx

• Periódico La Jornada : www.jornada.unam.mx

• Revista Rebeldia : www.revistarebeldia.org

• Zapatismo : http://enlacezapatista.ezln.org.mx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El rompecabezas colombiano.

Neoliberalismo, autoritarismo, guerra y salida democrática

 

Por Jairo Estrada Ávarez

 

Profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia; director del Grupo interdisciplinario de estudios políticos y sociales; coordinador del seminario internacional Marx vive; director de la Revista virtual Espacio crítico, www.espaciocritico.com

 

A diferencia de un número importante de países de América Latina, especialmente de Suramérica, en los que la crisis de los proyectos neoliberales provocó una nueva configuración del mapa político con la instalación de un amplio espectro de gobiernos que han sido caracterizados de izquierda o de centroizquierda, el caso colombiano hace parte del grupo de gobiernos que junto con México, Perú y Chile ha persistido en la implantación de políticas neoliberales. En Colombia se ha asistido a una profundización de los rasgos autoritarios del régimen político con el proyecto político de la seguridad democrática que encarna el presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010)271; a una intensificación de la guerra contrainsurgente en la búsqueda de una solución militar al conflicto social y armado, que se ha acompañado de una estrategia de creciente intervención imperialista norteamericana; y a una consolidación del proyecto económico del neoliberalismo. Todo ello, al tiempo que se han desplegado los componentes criminales y mafiosos del capitalismo y se ha observado un intento de institucionalización del proyecto paramilitar.

No obstante, bajo tales condiciones, de altísima complejidad, se adelanta una importantísima y valerosa lucha social y política de resistencia, con proyecciones de alternativa, a través de diversas formas, que se ha visto alentada precisamente por los cambios políticos ocurridos en la región. Lo que desde el exterior y aún desde el interior del país se aprecia como un proyecto autoritario neoliberal, sólido y consistente, muestra –en sentido estricto- claras tendencias de erosión y de descomposición, que abren un amplio juego de posibilidades que van desde la reconstitución y reafirmación del régimen hasta la generación del espacio para un proyecto político progresista, democrático y popular. Dichas posibilidades han adquirido nuevas dimensiones al considerar el impacto de la crisis capitalista mundial. En el presente trabajo, se abordan, en primer lugar, las configuraciones más recientes del régimen político colombiano y de la tendencia de la acumulación capitalista; seguidamente, tomando ese referente contextual, se estudian las posibilidades actuales de los sectores democráticos y de izquierda, teniendo en cuenta algunas expresiones de la movilización social y popular, así como la experiencia de la organización política Polo  Democrático Alternativo. Por último, se examinan algunos efectos de la crisis capitalista mundial

 

Las piezas del rompecabezas colombiano

 

El examen a la situación colombiana se asemeja a la armada de un rompecabezas. Piezas sueltas, a veces ininteligibles (en apariencia), que cuando se van articulando, adquieren sentido y muestran una imagen de la complejidad. La imagen que aquí se intenta mostrar, es la de un proyecto capitalista neoliberal que se expresa de manera descarnada y violenta, articulando el discurso de la democracia liberal y el libre mercado, con una tendencia fuerte al autoritarismo, el

 

271 Nota del editor: este texto ha sido escrito en 2008 y parcialmente actualizado en 2009, es decir antes del último proceso electoral presidencial colombiano.

 

intervencionismo norteamericano, la intensificación de la guerra y la consolidación de rasgos mafiosos y criminales de la formación socioeconómica. La crisis capitalista mundial no ha generado hasta el momento variaciones discursivas en tal proyecto; más bien ha sido usada para reafirmarlo. Las configuraciones más recientes indican un acelerado proceso de fujimorización.

 

Profundización del proyecto neoliberal y creciente autoritarismo

 

En lo corrido del nuevo siglo, contrariando la tendencia general reciente de América Latina, en Colombia se ha asistido a una profundización del proyecto neoliberal; se ha dado continuidad a las transformaciones capitalistas iniciadas hace dos décadas durante el gobierno de César Gaviria Trujillo (1990-1994). Desde entonces se han seguido los trazos (con algunos altibajos) de las políticas del Consenso de Washington. Tales políticas fueron reforzadas desde finales de la década de 1990 al pactarse –en forma sucesiva- tres acuerdos con Fondo Monetario Internacional, en 1999, 2002 y 2004, respectivamente. Las políticas de liberalización y desregulación económica, y de reestructuración neoliberal del Estado habrían de producir un cambio sustancial en las condiciones generales de la reproducción capitalista, provocando una transformación estructural del mayor significado en el balance entre los fondos de acumulación y los fondos sociales de consumo. La precarización generalizada del trabajo y el deterioro sistemático de sus condiciones de reproducción, se han visto acompañados de una nueva fase de prosperidad que, en todo, caso, ha producido reacomodos entre las facciones capitalistas: algunas inmersas en lógicas mundiales de acumulación; otras afectadas por los procesos de reestructuración capitalista.

De particular importancia para el cambio en el balance acumulación-consumo han sido los rediseños institucionales, esto es, la juridización del proyecto político y económico neoliberal, la incesante producción de normatividad para imponer un verdadero cerrojo jurídico, con el que ha pretendido dar legitimidad y legalidad a las transformaciones capitalistas. Los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional fueron, en sentido estricto, pactos de agendas legislativas. Siguiendo la línea del Consenso de Washington, los desarrollos legislativos y las tendencias de política económica  se han caracterizado en los últimos años por la profundización de la liberalización de  los mercados de trabajo, de bienes y servicios y de capitales, la institucionalización de políticas de ajuste fiscal selectivo para garantizar a futuro el pago del servicio de la deuda pública, la generación de nuevos y mayores incentivos al gran capital, la creación de nuevos espacios para la valorización capitalista, y la formulación de políticas asistencialistas focalizadas en los sectores más pobres de la población, con las que se buscado (y logrado) conformar una base social del proyecto neoliberal.  Un punto culminante de la estrategia neoliberal en Colombia ha sido la negociación y firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (sólo se encuentra pendiente la ratificación del congreso norteamericano). Dicho tratado, al tiempo que acentuará aún más la liberalización y la desregulación de la economía y la extenderá a nuevos campos de la vida económica y social, posibilitará un mayor control económico y político por parte del imperialismo norteamericano y sus trasnacionales. En esa misma dirección se encamina la negociación de un tratado similar con la Unión Europea que, de acuerdo con la agenda gubernamental, espera firmarse en el mes de octubre de 2009.

Con la llegada a la presidencia de Álvaro Uribe Vélez en el año 2002, se reforzó el giro autoritario que venía produciéndose en los últimos años del gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002). El fracaso de las conversaciones entre éste último y la guerrilla de las FARC-EP, estimuló la formación de un consenso político de las élites dominantes por buscar una salida militar al conflicto social y armado. Dicho consenso se construyó con el respaldo de los principales grupos económicos, los gremios del capital, los principales medios de comunicación, sectores de la iglesia, sectores mayoritarios del Congreso, las fuerzas militares, y fue apoyado por la intelectualidad de derecha; su expresión sería el proyecto de seguridad democrática de Uribe Vélez.

 

El proyecto de seguridad democrática descansa sobre cuatro postulados:

 

1.- En Colombia no hay un conflicto social y armado, sino una amenaza terrorista contra la sociedad, que proviene esencialmente de unos grupos terroristas que se lucran del negocio del narcotráfico.

 

2.- La confrontación exitosa de la amenaza terrorista justifica la limitación de derechos civiles y políticos, entre otras cosas, por cuanto parte de los apoyos estratégicos de la subversión armada se encontrarían mimetizados dentro de la población civil.

 

3.- La solución de los principales problemas de la sociedad colombiana (de inversión, crecimiento, empleo, distribución de ingreso y pobreza) se resuelven con una decidida política de seguridad que derrote la amenaza terrorista.

 

4.- La construcción de un Estado comunitario representa el proyecto alternativo a esa amenaza terrorista. Se trataría de una variante corporativista de la fórmula democracia liberal más libre mercado, en cuya base se encontraría la política de seguridad.

 

Tal proyecto supone igualmente la inclusión directa de sectores medios y pobres de la población y pretende construirse eliminando las mediaciones de los partidos, o conformando remedos de ellos, para seguir de manera irrestricta e incondicional al Presidente. Este proyecto se fundamenta igualmente en una incesante producción de comunicación y de opinión que muestra la figura presidencial como una persona única, dotada con cualidades excepcionales, casi mesiánicas; una especie de salvador del país. El proyecto de Uribe Vélez representa en realidad la institucionalización de un régimen de excepcionalidad permanente, que pretende el control sobre todos los poderes públicos y ciudadanos. Y debe reconocerse que ha avanzado en ese propósito; particularmente con la aprobación de la reforma constitucional que habilitó la reelección presidencial y permitió su segundo mandato para el período 2004-2008. Y más recientemente con la sórdida aprobación de una nueva enmienda constitucional que posibilitaría un tercer gobierno. Además del persistente respaldo de las elites dominantes, de la incesante producción de comunicación a su favor, Uribe Vélez ha sabido apelar a la cultura política de derecha, conservadora y clerical, reaccionaria, que se encuentra arraigada en sectores importantes de la sociedad colombiana.

Por otra parte, no obstante, lo que aparenta ser un sólido y consistente proyecto político de la derecha colombiana, ha empezado a mostrar signos notorios de erosión y descomposición. Dentro del campo de opciones que se ha abierto recientemente no debe descartarse un resguebrajamiento del régimen autoritario, pese al control que tiene el Presidente sobre el Congreso, a la captura gradual de las altas cortes, especialmente de la Corte Constitucional, y de los organismos de control, así como del dominio pleno sobre la conducción política de la economía. El acelerado proceso de fujimorización del proyecto político de Uribe Vélez es precisamente un signo de su debilitamiento. Al tiempo que el régimen autoritario ha tenido todas las posibilidades de despliegue, con el apoyo irrestricto del imperialismo norteamericano y de las clases dominantes tradicionales, es un hecho notorio que otro de sus principales soportes ha sido su alianza con el narcoparamilitarismo. La figura del presidente, su equipo asesor, familiares suyos, un número importante de congresistas y aliados políticos, miembros del gabinete ministerial, políticos profesionales de diverso nivel, integrantes de alta graduación de las fuerzas militares, organismos de inteligencia, miembros de la administración de justicia, sectores empresariales nacionales y transnacionales, entre otros, articulados con narcotraficantes y paramilitares, aparecen cada vez más comprometidos con el paraestado que se conformó en Colombia durante las últimas décadas. Hoy resulta incontrovertible que ese paraestado, que ha tenido su máximo potencial de desarrollo con el gobierno de Uribe Vélez, no es más que una de las variaciones institucionalizadas de la dominación capitalista, alentadas desde el Estado mismo, y que su andamiaje, puesto al servicio del proyecto de la seguridad democrática, se constituye –al mismo tiempo- en uno de sus flancos débiles. Junto con ello, hay otras manifestaciones de la descomposición del régimen. Se trata como las

 

interceptaciones ilegales a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (que investigan a parlamentarios comprometidos con el paramilitarismo), a periodistas y a militantes de las fuerzas de oposición; de las ejecuciones extrajudiciales de ciudadanos inermes que han sido presentados como miembros de grupos terroristas caídos en combate y, más recientemente, del acelerado enriquecimiento de los hijos del presidente merced al favorecimiento de que han sido objeto por parte de instituciones del Estado en sus actividades de inversión.

Por otra parte, la misma persistencia del conflicto social y armado y la imposibilidad de su solución militar, el creciente descontento social y popular, así como las importantísimas movilizaciones de masas de 2008, son factores que muestran los límites del proyecto de la derecha colombiana. Igualmente, los cambios en el balance político y de poder de América Latina, especialmente en los países vecinos, que contribuyen a desatar nuevas posibilidades para las fuerzas progresistas y revolucionarias. En igual sentido, deben considerarse los efectos de la crisis capitalista mundial.

 

Intervencionismo norteamericano e intensificación de la guerra contrainsurgente

Un aspecto esencial para el entendimiento de la cuestión colombiana consiste en considerar que este país se ha convertido en componente clave de la estrategia geopolítica y de militarización de Estados Unidos en América latina. Con ella se ha buscado garantizar la hegemonía y la dominación imperialista sobre la región andino-amazónica; una región clave para las nuevas formas de acumulación en la actual fase capitalista, dada su riqueza en recursos energéticos y de biodiversidad, fuentes de agua, y otros recursos naturales; así mismo, teniendo en cuenta las proyecciones de los negocios capitalistas en minerales, biocomercio, agrocombustibles, y megaproyectos infraestructurales, entre otros. En desarrollo de esa estrategia se han diseñado diversos planes que se encuentran perfectamente articulados. El Plan Colombia, de guerra contrainsurgente con la fachada de la guerra contra las drogas, el Plan Puebla Panamá, un plan de megaproyectos infraestructurales para unir corredores logísticos y biológicos de México con Centroamérica, y la Iniciativa para la integración de la infraestructura sudamericana – Iirsa. El Plan Colombia es expresivo de las pretensiones imperialistas y de sus aliados locales por producir una salida militar al conflicto social y armado colombiano y debilitar las fuerzas políticas, los movimientos sociales y las organizaciones sindicales y populares, en suma, las fuerzas opositoras, consideradas como extensiones del terrorismo. El imperialismo ha pretendido convertir a Colombia en una base de contención de la avanzada del movimiento social y popular en América Latina y, especialmente, de los proyectos políticos de los gobiernos nacional-populares, en tanto ha apoyado y estimulado su gobierno autoritario de derecha. No hay duda de que el gobierno de Uribe Vélez fue el principal aliado de Bush en la región, absolutamente subordinado y plegado a los intereses norteamericanos. El Plan convirtió a Colombia en el principal país receptor de la ayuda militar estadounidense en América Latina. Entre 1999 y 2008, el país recibió más de 6.000 millones de dólares; la mayor parte de ellos, destinados a la financiación de la guerra contrainsurgente y con grandes beneficios para las empresas transnacionales norteamericanas relacionadas con el negocio de la guerra en Colombia. En algunas zonas, el Plan terminó articulándose de manera perversa con la estrategia narcoparamilitar de control territorial, agravó la situación de violencia y desplazamiento forzado de población, que ha afectado a más de cuatro millones de colombianos durante las últimas dos décadas.

La intensificación de la guerra en Colombia no puede ser leída exclusivamente desde la perspectiva de la estrategia imperialista para la región. El conflicto social y armado colombiano posee su propia dinámica interna que se remite a más de cuatro décadas del lucha insurgente, posee unas fuertes raíces sociales y se encuentra anclado en las persistentes condiciones de desigualdad y pobreza que afectan a la mayoría de la población colombiana. Las fuerzas insurgentes continúan siendo un factor político para la transformación de la sociedad colombiana. Su papel se tornó de mayor trascendencia dados su crecimiento durante la década de 1990 y su presencia histórica, precisamente en regiones estratégicas para las nuevas formas de la acumulación capitalista. Esta misma circunstancia explica el significado de la sangrienta lucha por el territorio, así como la emergencia del proyecto paramilitar. El Plan Colombia le ha provocado a las FARC-EP bajas de

 

consideración y la ha obligado a incorporar modificaciones en su táctica y en su estrategia de guerra y ha incidido sobre sus planes militares iniciales. No obstante, las tesis sobre la derrota militar de la guerrilla y el fin del conflicto, según lo afirman las fuerzas militares e intelectuales y consultores de la derecha, no son sostenibles. Si se consideran los tiempos que se había dado el gobierno de Uribe para resolver el conflicto colombiano, la solución militar se encuentra aún lejana. De dieciocho meses anunciados en 2002, a entre quince y veinte años, según el nuevo “Comisionado para la paz”, Frank Pearl. La presidencia en Obama en Estados Unidos y la crisis capitalista mundial introducen aspectos que merecen ser tenidos en cuenta para efectos de un entendimiento de la perspectiva de la guerra en Colombia. Aunque no deben esperarse cambios sustanciales en el enfoque estratégico de Estados Unidos para América Latina, si deben considerarse cambios de acento y nuevos énfasis en la política exterior.

 

Capitalismo criminal y organización mafiosa de la sociedad

 

El rompecabezas colombiano se continúa armando cuando se consideran los rasgos criminales y mafiosos de la formación socioeconómica. Se trata entre tanto de componentes orgánicos, estructurales, de la actual fase capitalista; en momento alguno de fenómenos episódicos. Dada su maduración, con el gobierno de Uribe Vélez se ha asistido a un proceso de institucionalización. La articulación de las formas legales con las formas ilegales de la acumulación capitalista se remonta a la segunda mitad de la década del setenta y se inscribe dentro de la transición del régimen de acumulación basado en la industrialización dirigida por el Estado hacia el régimen actual de acumulación flexible y financiarización del capital. Esa transición coincide con el surgimiento de un nuevo empresariado vinculado a los circuitos transnacionales del capital: el empresariado de la cocaína. Su papel económico ha sido indiscutible: la pregonada estabilidad macroeconómica colombiana y la relativa excepcionalidad frente a las profundas crisis económicas latinoamericanas han descansado en parte sobre el colchón de los capitales ilegales; así mismo, la persistente prosperidad de algunos negocios capitalistas privados en diversos sectores de la actividad económica. Ese poderío económico tuvo también sus extensiones hacia el campo de la política; su incidencia sobre las configuraciones del régimen político y la organización del sistema político ha sido protuberante. Todo ello habría de producir un fortalecimiento de los rasgos criminales de la formación socioeconómica y particularmente de sus estructuras mafiosas, amparadas en fuerzas paramilitares y en la creciente influencia sobre las instituciones del Estado (todos los poderes públicos), incluidas las fuerza armadas, los partidos políticos tradicionales y los políticos profesionales, y sectores de la iglesia. Se constituiría así el paraestado hacia finales de la década de 1980. Su función de acumulación no se limitó a la expansión del negocio de la cocaína o a la articulación con negocios legales existentes. El paraestado ha desempeñado dos funciones adicionales del mayor significado: a) ha contribuido regionalmente con nuevos ciclos de acumulación de capital (por despojo), mediante el acceso a dineros públicos, la expropiación violenta de tierras y su revalorización (biodiversidad, recursos hídricos, minerales y energéticos), de promoción de megaproyectos infraestructurales y energéticos, y de un nuevo tipo de agricultura de plantación; y b) ha incidido sobre la flexibilización y desregulación violenta del mundo del trabajo, con el exterminio de dirigentes políticos y sindicales y el desplazamiento forzado de más de cuatro millones de colombianos, que han engrosado las filas de la informalidad y contribuido a la precarización del trabajo urbano.

La función del paraestado no ha sido exclusivamente económica. El paraestado ha influido sobre las configuraciones del régimen político. En la combinación de los mecanismos democrático- formales con los represivos autoritarios, se encuentra la explicación a la relativa estabilidad del régimen político colombiano. El paraestado ha resuelto los problemas de estabilidad del régimen que no pueden ser enfrentados por la vía democrático formal. La apelación a un brazo armado paramilitar para exterminar fuerzas políticas opositoras, o liquidar las más diversas formas de organización social y popular, se ha constituido en componente clave de una estrategia de control social y político para afianzar la dominación y la tendencia de la acumulación capitalista. El paraestado necesitó ser reincorporado a la institucionalidad; perdía funcionalidad por cuanto se

 

había convertido en fuente de ilegitimidad y de inestabilidad política, y desentonaba además con el lenguaje de la democracia liberal a nivel internacional. Una de las tareas del gobierno de Uribe Vélez ha consistido precisamente en la institucionalización del narcoparamiltarismo. Narcotraficantes, mafiosos y paramilitares han pretendido ser convertidos en delincuentes políticos. Para ello se contó con el irrestricto apoyo del gobierno de Bush y de transnacionales estadounidenses, que se beneficiaron de esas configuraciones particulares de la acumulación capitalista y del régimen político en Colombia, e hicieron de la lucha contra el narcoterrorismo su mejor bandera de política exterior. La institucionalización del narcoparamiltarismo ha ocurrido mediante un proceso de “negociación” con las bandas denominadas Autodefensas Unidas de Colombia. Su expresión jurídico-formal fue la llamada Ley de Justicia y paz, verdadero monumento a la impunidad, de renuncia a la búsqueda de la verdad, a la justicia y a la reparación a las víctimas de décadas de violencia estatal y paramilitar. La presión internacional y la fuerte oposición interna han obligado, en todo caso, al gobierno de Uribe a introducir matices y cambios de acento en sus planes iniciales. Por otra parte, la “reinserción en la vida civil” de los grupos paramilitares, se acompañó del surgimiento de otros, reiterando la tesis sostenida en este texto de que el paramilitarismo es una expresión organizada (estructural) de la tendencia de la acumulación capitalista y de las configuraciones del régimen político en Colombia.

 

Posibilidades de un proyecto progresista

 

La complejidad del proceso político y económico en Colombia se amplía, por otra parte, cuando se consideran las persistentes formas y expresiones de organización, las diversas modalidades de resistencia y lucha social y popular, así como los proyectos políticos emprendidos por las organizaciones progresistas y de izquierda, dentro y fuera de la organización institucional del Estado. Todo ello, pese al exterminio sistemático a que se han visto sometidas. Del pasado reciente, particularmente durante 2008, deben destacarse el paro de los trabajadores estatales vinculados al aparato judicial, la huelga de los corteros de caña, y la minga indígena. Todas ellas acciones de masas, que contaron con la solidaridad de importantes sectores de la población. Las diversas expresiones de lucha no logran, en todo caso, aglutinarse en un gran movimiento. En este trabajo solamente se explorarán las perspectivas actuales de un proyecto progresista, teniendo en cuenta la experiencia del Polo Democrático Alternativo

La creación del Polo Democrático Alternativo en el año 2006 es uno de los hechos políticos más importantes en la historia de la izquierda colombiana. Después de décadas de división y fragmentación, el PDA logró aglutinar en un proyecto de unidad de acción política a un amplio espectro de fuerzas políticas y sociales, con diferentes trayectorias históricas y diversos programas políticos, así como con variados entendimientos del significado de la izquierda y de las alternativas al capitalismo en la actualidad. Ese espectro abarca fuerzas que se mueven dentro la tradición comunista, socialista y anticapitalista, y otras que se inscriben en las trayectorias de la socialdemocracia y de la tercera vía, o en proyectos individualistas de marcado pragmatismo y oportunismo político. Su trayectoria de desplazamiento va desde la izquierda hacia el centro. Más allá de las diferencias, su gran significado consiste en la reserva democrática que representa frente al fortalecimiento y la consolidación de los rasgos autoritarios del régimen político colombiano. El proceso del PDA permitió la definición de unos acuerdos programáticos mínimos, el Ideario de unidad, la presentación de listas únicas a las elecciones parlamentarias y la postulación de un candidato único a las elecciones presidenciales de 2006, Carlos Gaviria Díaz, quién obtendría la más alta votación de la izquierda en su historia (más de 2,6 millones; 23% del electorado).

El PDA se declara, en el Ideario de unidad, como una fuerza política que defiende la soberanía y la independencia, apoya los procesos de solidaridad e integración latinoamericana y busca la construcción de un nuevo orden mundial; así mismo, señala que aboga por hacer realidad el Estado social de derecho, impulsar la reforma política democrática, propiciar un nuevo modelo económico sustentado en la democracia económica, contrario al modelo neoliberal; igualmente, establece que busca la universalización de los derechos económicos, sociales y culturales en pro del bienestar de la población. El PDA afirma que propugna por una solución política del conflicto armado y el desmonte del paramilitarismo; repudia todas las formas de terror y de terrorismo de Estado; se opone a la concepción de lucha antiterrorista de Bush; busca una política soberana y autónoma contra los estupefacientes y su tráfico; apoya la lucha de masas democrática. Los alcances limitados de estas definiciones programáticas se comprenden mejor si se considera que se trata de un proyecto político diseñado bajo las condiciones de un régimen político autoritario y de una guerra contrainsurgente.

La posibilidad de que el PDA logre consolidarse como una fuerza de izquierda con opción de poder se encuentra en dependencia de algunas definiciones fundamentales que aún no se han producido y cuyo desenlace dependerá en gran medida no sólo de la dinámica interna de esta organización, sino de la misma lucha social y política en Colombia. Un primer aspecto se refiere al carácter del PDA. Mientras que los sectores moderados y de centro, lo conciben como una agrupación electoral y parlamentaria; las fuerzas de izquierda propugnan por una organización para la transformación social y política, democrática de Colombia, con proyecciones de fuerza anticapitalista. Por lo pronto, como ocurre en general en América Latina, lo que debe esperarse será una cohabitación de esos entendimientos. Lo que está por definirse en este aspecto es si el Polo es una organización para la alternancia electoral o si posee aspiraciones de proyecto político alternativo, con vocación de poder. Un segundo aspecto, estrechamente ligado con el anterior, tiene que ver con las definiciones programáticas. Mientras que existen posiciones en las que se presenta un cierto menosprecio por tales definiciones, pues se privilegia la acción parlamentaria; hay otras en las que esas definiciones ocupan un lugar central, en la medida en que se constituyen en norte de la organización y la movilización del pueblo trabajador. El PDA se verá abocado en algún momento a decisiones sobre la afectación de la (gran) propiedad privada capitalista y la realización de una reforma agraria integral, asuntos por ahora ausentes en su ideario.

En tercer lugar, se encuentra la discusión sobre el tipo de organización que debe tener el PDA. En este aspecto, el problema a resolver empieza por superar el menosprecio por la construcción de una organización permanente. Seguidamente, son varias las formas organizativas que se encuentran en discusión: a) Partido en red; b) federación de partidos; c) partido de tendencias. Y ello, no es un mero problema de ingeniería de partidos. Por lo pronto, todo pareciera indicar que el tipo de organización que se viene construyendo en el PDA asume rasgos similares a los de la experiencia del Frente Amplio uruguayo, aunque se trata –sin duda- de una experiencia genuina colombiana. Un balance de la existencia del PDA muestra que ha logrado constituirse –con altibajos- en la principal fuerza opositora civil al proyecto de la seguridad democrática de Uribe Vélez. Con matices y diversos niveles de compromiso por parte de las organizaciones que lo integran, el PDA ha adelantado una importante acción parlamentaria, acompañada de la movilización de masas, en la lucha contra el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y, en general, contra las políticas neoliberales impulsadas por el gobierno. Así mismo, se ha erigido en factor clave de la aceleración de las tendencias a la crisis del régimen político, mediante la denuncia nacional e internacional de sus configuraciones mafiosas y criminales (y paramilitares), exacerbadas y legalizadas durante el gobierno del presidente Uribe Vélez. En lo inmediato, las posibilidades del PDA se encuentran ligadas a su política frente a la crisis económica y, en 2010, a las elecciones parlamentarias y presidenciales. La consolidación del PDA como fuerza política alternativa de izquierda guarda una estrecha relación con la dinámica de la guerra contrainsurgente en Colombia. Lo solución política negociada del conflicto armado y la búsqueda de acuerdos humanitarios entre el Estado y la insurgencia, que hacen parte del Ideario de unidad, son referentes ineludibles de una política de izquierda en Colombia. Pero no son suficientes. De la misma forma que en otros campos de la política, las miradas desde el PDA hacia la insurgencia armada son disímiles: mientras que hay sectores que consideran que su existencia y accionar afectan las posibilidades de organización y de lucha democrática y civilista, e incluso exigen su condena; otros aprecian en las fuerzas insurgentes un factor de cambio político democrático de gran significado, anclado en un conflicto armado histórico, de carácter social y político.

 

Consideraciones finales: Algunos efectos de la crisis capitalista

 

La crisis económica abre la posibilidad de un cambio de tendencia en las configuraciones autoritarias, criminales y mafiosas del régimen político en Colombia. El reciente crecimiento económico colombiano (2002-2007) se hizo aparecer como el resultado de las políticas de seguridad democrática que, en materia económica, se han acompañado de una profundización de las políticas neoliberales. La crisis capitalista ha lanzado por la borda, no obstante, la tesis de la mayor inversión y del crecimiento económico como producto de una fórmula que ha combinado agresivos incentivos al capital con autoritarismo. Esa tesis ya no se puede sostener. La crisis no lo permite. Por ello, los esfuerzos gubernamentales se orientan a mostrar que la crisis obedece a una coyuntura externa, para así salvar al actual gobierno de cualquier responsabilidad, y sacar de ella más bien dividendos políticos, en el sentido de quienes han sido corresponsables de la actual situación aparecen ahora con grandes preocupaciones sobre sus eventuales impactos, y además tomando las medidas políticamente correctas.

No cabe duda, sin embargo, que la crisis es también una crisis de las políticas neoliberales. El neoliberalismo reciente en Colombia logró esconderse tras las políticas de seguridad democrática y los debates políticos que ellas generaron. En la trasescena de los debates nacionales sobre las configuraciones autoritarias, criminales y mafiosas del régimen político, se impusieron importantes reformas económicas propias del proceso de neoliberalización colombiano, tendientes a consolidar una nueva geografía de la acumulación capitalista en el país. La seguridad democrática ha sido también un proyecto de ampliación y profundización del proceso de mercantilización de la sociedad y de la restauración y afianzamiento del poder de clase (dominante). La crisis genera condiciones para el resquebrajamiento no sólo del régimen autoritario de Uribe y de las políticas neoliberales en Colombia. Considerando que toda salida de la crisis es esencialmente política, la crisis abre la posibilidad de una salida democrática, política y económica (una salida de continuidad no es descartable, en todo caso). Ello depende en buena medida de la movilización social y popular, de la capacidad y potencia que pueda desplegar la acción política organizada de los trabajadores, y del rol que en ese sentido puedan desempeñar las fuerzas políticas opositoras, en sus diversas expresiones. La Colombia actual no se caracteriza (aún) por una gran movilización social y por un nivel generalizado de protesta.

La fuerzas democráticas y de izquierda, agrupadas en el Polo Democrático han distraído buena  parte de sus esfuerzos en desgastantes debates internos (propiciados por sectores minoritarios del centro y la tercera vía), antes que en la organización del pueblo y en la construcción de un proyecto para enfrentar la crisis y consolidar la posibilidad de una salida democrática. Las posibilidades inmediatas del Polo dependen en buena medida de la superación definitiva de esos debates y del desarrollo de una agenda política que responda a las expectativas de cambio político y social de importantes sectores de la población. La confrontación al referendo reeleccionista y las elecciones parlamentarias y presidenciales de 2010 serán un importante indicador en ese sentido. Las fuerzas uribistas, por su parte, que recogen las más variadas expresiones de la derecha colombiana, a agrupaciones políticas y a políticos comprometidos con el paramilitarismo, el clientelismo y la corrupción, avanzan en su pretensión de imponer un tercer mandato presidencial de Álvaro Uribe. La crisis capitalista no es motivo de discurso político alguno por parte de estas fuerzas, que se rigen exclusivamente por los designios de su caudillo y el séquito más cercano de colaboradores. El proyecto político del uribismo, además de su componente autoritario, se sustenta en la distribución clientelista del empleo y del presupuesto públicos, y en el programa asistencialista de Familias en acción, de subsidios condicionados (precarios), con el que se ha logrado construir base social dentro de los sectores más pobres de la sociedad (su cobertura esperada en 2010 es de 3 millones de familias).

A diferencia de 2006, cuando vino la reelección de Uribe, en esta ocasión no hay consenso en el bloque de poder en torno a su nombre. Diversos sectores de la derecha no uribista, del Partido Liberal, de la Iglesia y de los intelectuales orgánicos del neoliberalismo ven con relativa preocupación un tercer mandato de Uribe, por los peligros que este pueda representar para la consolidación de un proyecto hegemónico de larga duración, dados la creciente concentración del poder presidencial y el autoritarismo en aumento. La idea de un proyecto político de derecha

 

moderna que respeta las reglas de juego de la democracia liberal se fue desvaneciendo para dar paso a la lógica del régimen autoritario que encarna Uribe. Solamente en el campo de las políticas económicas de alcance estructural y en la política macroeconómica, con matices, se mantienen algunas identidades. Del desenvolvimiento de la crisis en el futuro inmediato, de la forma como ésta impacte socialmente, de la dinámica que adquieran las luchas sociales y políticas, y del mismo papel de las fuerzas democráticas y de izquierda, dependerá en gran medida –como ya se dijo- la posibilidad de considerar una salida democrática. La única forma de considerar una salida no neoliberal a la crisis resultaría de un cambio político que derrotase el proyecto político económico autoritario de la derecha en Colombia. Esa opción tiene posibilidades, pero todavía muchas dificultades para perfilarse y consolidarse. Al menos, eso es lo que indica el estado actual del movimiento. Por otra parte, una salida anticapitalista no alcanza aún a situarse en la agenda, si se considera la tendencia internacional y situación misma de las fuerzas populares y de izquierda. Una salida no neoliberal colocaría a Colombia en sintonía con la tendencia latinoamericana de gobiernos progresistas; generaría al mismo tiempo otro tipo de debates que hacen parte de la discusión en esos países, los cuales se mueven entre un nuevo consenso productivista posneoliberal y la opción revolucionaria hacia el socialismo. Sectores de la tecnocracia colombiana vienen tratando de copar el espacio de una salida no neoliberal; no es casual la toma de distancia frente a la actual política económica del gobierno de Uribe.

 

(Bogotá, 2009)

 

Para saber más sobre Colombia:

 

 

• Archila Neira, Mauricio, Idas y venidas. Vueltas y revueltas. Protestas sociales en Colombia 1958-2000, ICANH, CINEP, Bogotá, 2005 et Varios autores, 25 años de luchas sociales en Colombia 1975-2000, CINEP, Bogotá, 2002.

• Barreda Marín, Andrés, « Los peligros del Plan Puebla Panamá », in Estrada Álvarez, Jairo (comp.), Dominación, crisis y resistencias en el nuevo orden capitalista, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, Departamento de Ciencia Política, Bogotá, 2003.

• Duque, Martha Alicia, « La agenda oculta geoestratégica de la integración USA », in

Documentos desde abajo, Bogotá, 2006.

• Estrada Álvarez, Jairo (éd.), Plan Colombia. Ensayos críticos, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2001.

• Estrada Álvarez, Jairo (éd.), El Plan Colombia y la intensificación de la guerra. Aspectos globales y locales, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2002.

• Moncayo, Víctor Manuel, El Leviatán derrotado. Reflexiones sobre teoría del Estado y el caso colombiano, Grupo Editorial Norma, Bogotá, 2004.

• Palacio, Germán et Rojas, Fernando, « Empresarios de la cocaína, parainstitucionalidad y flexibilidad del régimen político colombiano: Narcotráfico y contrainsurgencia en  Colombia », in Germán Palacio (comp.), La irrupción del paraestado. Ensayos sobre la crisis colombiana, ILSA, CEREC, Bogotá, 1989.

• Sánchez Ángel, Ricardo, Bonapartismo presidencial en Colombia. El gobierno de Álvaro Uribe Vélez, Uniediciones, Bogotá, 2005.

• Sección Colombia de Rebelión: www.rebelion.org/seccion.php?id=13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tercera parte

 

 

 

Crisis del capitalismo, democracia y alternativas en América Latina

 

¿Democratizar la democracia? Reinvención democrática, neoliberalismo y movimientos sociales en América latina

 

Por Atilio Borón

 

Atilio Boron es Profesor titular de teoría política y social, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires e investigador Superior del CONICET. Director del PLED (Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales) es autor de numerosos artículos y libros sobre la democracia en América latina, entre los cuales: Estado, capitalismo y democracia en América Latina, Ediciones Hiru, Euskal Herria, 2008 y Tras el búho de Minerva. Mercado contra democracia en el capitalismo de fin de siglo, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica/CLACSO, 2000.

 

Nuestra región lleva más de un cuarto de siglo de procesos democratizadores. Tal como se anticipaba en otros escritos, y en contra del optimismo del saber convencional de las ciencias sociales, estas “transiciones hacia la democracia” parecen no tener fin y ser de una lentitud exasperantes. Los cultores de la “transitología” que a finales de los setentas y a lo largo de la década de los ochentas del siglo pasado auguraban para nuestra región un futuro democrático tan rápido y luminoso como el que en España naciera del Pacto de la Moncloa, idealizando lo que verdaderamente ocurrió en ese país, han debido llamarse a prudente silencio. Una mirada rigurosa a las llamadas democracias latinoamericanas concluiría que salvo unos poquísimos casos, en el resto lo que tenemos son regímenes oligárquicos vestidos con los ropajes externos de la democracia. Oligárquicos porque, fiel a la definición aristotélica, son “gobiernos de los pocos en beneficio de los ricos” que, como lo recuerda Aristóteles, siempre son una minoría (Borón, 2006). El lenguaje político contemporáneo, producto de la dominación cultural e ideológica del imperialismo, intenta disimular tan flagrante traición a los ideales democráticos mediante un ejercicio de prestidigitación gracias al cual una democracia se define por su sensata “gobernanza”, eufemismo que con el que se designan las artes, artificios y artimañas del político “prudente y responsable” que gobierna en consonancia con los deseos de los mercados.

Este articulo pretende aportar elementos en torno a una interrogante fundamental, no sólo para los países de la periferia sino también para los del capitalismo metropolitano, que suelen confundir prosperidad económica con democracia y riqueza con felicidad: ¿será posible “democratizar la democracia” dentro del capitalismo, es decir, sin que previamente se produzca la superación histórica de un régimen social de producción cuyas lacras e injusticias congénitas son tan evidentes como irreparables dentro de los parámetros del sistema? Esta pregunta no ignora que hay diferencias entre los capitalismos democráticos del Norte (Europa, Estados Unidos, Canadá, Japón) y los del Sur, pero los déficits democráticos se encuentran tanto aquí como allá. Sorprende a quien esto escribe la escasa repercusión que ha tenido en Europa –comparada con la que han sabido gozar monumentales tonterías- el libro de Colin Crouch sugestivamente titulado Post-democracy y en el cual el autor británico plantea un panorama realista, y por eso mismo pesimista, acerca del funcionamiento efectivo de la democracia en el mundo desarrollado. Dice en esa obra que en los capitalismos metropolitanos “tuvimos nuestro momento democrático alrededor de mediados del siglo veinte”, pero hoy vivimos en una época claramente “posdemocrática”. Ahora, “las elites políticas han aprendido a manejar y manipular las demandas populares; (...) el pueblo tiene que ser persuadido de votar en campañas publicitarias hechas desde arriba” y las empresas globalizadas se han convertidos en actores indisputados en los capitalismos democráticos. (Crouch, 2004: 7, 18-

 

19). En un libro reciente Gianni Vattimo aporta nuevos elementos que fortalecen las conclusiones a las que arribara Crouch. Vattimo, aboga por el desarrollo de una línea de pensamiento que él denomina “catocomunismo”, una combinación creativa y políticamente explosiva, al menos en países como los nuestros, entre un catolicismo radical y el comunismo que cree necesario refundar para salir del atolladero en que se encuentra la civilización contemporánea. La radical gravedad del diagnóstico que se desprende de los textos de Crouch y Vattimo no es novedosa para quienes desde el marxismo observan los procesos políticos del capitalismo avanzado y la acentuación de sus rasgos cada vez más despóticos, aunque estas desagradables novedades se traten de ocultar bajo las formalidades, cada vez más vacías de contenido, de la democracia. Sin embargo, para las corrientes dominantes en el mundo de las ciencias sociales tal constatación aparece como una sorpresa, y como una rotunda refutación de las rosadas imágenes difundidas por sus académicos. De ahí la pregunta que surge como corolario (las más de las veces ignorado) de la preocupación de sociólogos, politólogos y muchos científicos sociales: para “democratizar la democracia”, ¿no será necesario que antes se produzca una revolución? Esto puede ser expresado en otros términos para evitar la zozobra que esta palabrota, “revolución”, provoca en el mundo de los “intelectuales bienpensantes” cuyo incomparable cinismo retrató con tanta agudeza Alfonso Sastre. Podría entonces decirse a la manera de Esopo, como recordaba Lenin: ¿no habrá llegado la hora de hablar de un cambio sistémico, del imprescindible advenimiento de una sociedad post-capitalista, como condición necesaria para intentar con algunas probabilidades de éxito detener esta autoritaria regresión hacia una pos-democracia e inventar una democracia post-liberal?

Para tranquilizar a espíritus tal vez demasiado propensos a escandalizarse con este argumento conviene recordar que, tal como lo estableciera definitivamente la obra de un eminente catedrático de Harvard, Barrington Moore Jr., hace ya varias décadas, ningún capitalismo democrático fue instaurado sin que previamente se produjera lo que ese brillante teórico denominara “una ruptura violenta con el pasado”. Esa ruptura, por supuesto, no era otra cosa que una revolución. Moore examinó cuidadosamente las rutas hacia el mundo moderno del capitalismo y la democracia liberal en un conjunto de países y llegó a la siguiente conclusión: si esta última fue establecida y se arraigó profundamente en países como Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos fue precisamente porque en ellos hubo una revolución triunfante que sentó las bases para ese logro. Por lo tanto, pocas razones tienen para tranquilizarse quienes sueñen que una democracia digna de ese nombre sería el  resultado de una pacífica evolución desde las entrañas de una sociedad como el capitalismo neoliberal. Si de algo podemos estar seguros es que un avance democrático, por modesto que sea, es impensable al margen de una intransigente oposición a la lógica sistémica del capitalismo, lo que sin duda alguna suscitará las violentas reacciones del bloque dominante.

En función de estas limitaciones un autor como Boaventura De Sousa Santos, consciente de lo anterior, expuso la necesidad de fundar un nuevo modelo democrático: la reinvención de la democracia, o la “democratización de la democracia”. Esta convocatoria comparte el diagnóstico sobre la frustración del proyecto democrático en el capitalismo. En palabras de Sousa Santos, “la tensión entre capitalismo y democracia desapareció, porque la democracia empezó a ser un régimen que en vez de producir redistribución social la destruye […]. Una democracia sin redistribución social no tiene ningún problema con el capitalismo; al contrario, es el otro lado del capitalismo, es la forma más legítima de un Estado débil.” (Santos, 2006: 75). Esta cita plantea de modo convincente la razón fundamental por la cual el capitalismo -que combatió a la democracia desde sus propios orígenes, en el Renacimiento italiano- terminó por aceptarla. La democracia pagó un precio muy elevado por su respetabilidad: tuvo que abandonar sus banderas igualitarias y liberadoras. Con toda razón le conviene a esta clase de inocuos regímenes el nombre de “democracias de baja intensidad” o, como dijéramos anteriormente “oligarquías”, debido a que son gobiernos que pese a surgir del sufragio universal tienen como sus principales beneficiarios a las minorías adineradas.

Apoyándose en un enorme esfuerzo de investigación comparada sobre el funcionamiento de experiencias “contrahegemónicas” de gestión democrática a nivel local y regional, Santos concluye en la necesidad de promover la democracia participativa a partir del fortalecimiento de tres ejes: a)

 

la “demodiversidad”, es decir el reconocimiento y potenciación de las múltiples formas que puede históricamente asumir el ideal democrático, negado por las corrientes hegemónicas de las ciencias sociales para las cuales el único modelo válido es el de la democracia liberal al estilo norteamericano; b) la articulación contrahegemónica entre lo local y lo global, indispensable para enfrentar los peligros del aislacionismo localista o los riesgos de un internacionalismo abstracto; y

c) la ampliación del llamado “experimentalismo democrático” y de la participación de los más diversos grupos definidos en términos étnicos, culturales, de género y de cualquier otro  tipo (Santos, 2002: 77-78). El problema que subsiste a esta sugerente propuesta es que el crucial tema de los límites que el capitalismo impone a cualquier proceso democrático –y no sólo a aquel pautado según el modelo de la democracia liberal anglosajona– queda eclipsado por la consideración de un conjunto de experiencias innovadoras y fecundas pero que, aun así, no logran trascender las rígidas fronteras que el capitalismo impone a toda forma de soberanía popular. En efecto, cuál sería la  clase dominante de América Latina dispuesta a admitir pacíficamente la entronización de  un modelo democrático post-liberal que promueva el protagonismo de la ciudadanía; que sea participativo (en lugar de representativo y delegativo); y que garantice la soberanía popular y el primado del interés público sobre las conveniencias e intereses de los poderosos actores privados. Si se tiene en cuenta, además, la íntima articulación entre éstos y las clases dominantes del imperio (con representantes políticos como los “halcones” republicanos), es fácil concluir que cualquier iniciativa de profundización democrática desencadenará un abanico de respuestas represivas de todo tipo.

Esta apreciación se halla lúgubremente confirmada por los hechos. El prolijo examen del asunto efectuado en un texto de reciente factura por Fernández Liria y Alegre Zahonero demuestra inapelablemente que las tentativas de instaurar una democracia que se aproximase a ese ideal costaron un millón de muertos en la España republicana, y cuarenta años de dictadura fascista;

200.000 más en Guatemala y 50.000 desaparecidos, según informa la Comisión de Esclarecimiento Histórico de ese país; 30.000 desaparecidos en la Argentina; 3.200 desaparecidos en Chile y miles de torturados y exiliados; 75.000 muertos y desaparecidos durante la Guerra Civil en El Salvador en la década de los ochentas; 88.000 muertos y desaparecidos en Nicaragua; otros 200.000 en Haití y un baño de sangre interminable en Colombia, con más de 20.000 muertos por año desde mediados de los años sesentas. Súmese a lo anterior el medio millón de víctimas ocasionados por el Plan Jakarta, que en 1965 desplazó al líder nacionalista Sukarno del poder, para comprender eso que  muy apropiadamente Santiago Alba Rico denomina “pedagogía del voto”. Si la democracia significa que la sociedad está dispuesta a ensayar lo que en la década de los sesentas y setentas se denominaba una “vía no-capitalista” la respuesta disciplinadora más probable es un baño de sangre. Esta enumeración dista mucho de ser completa pero basta para iluminar los obstáculos que se yerguen ante cualquier tentativa de fundar un régimen democrático digno de ese nombre y “Democratizar la democracia”.

 

¿El tiempo de los movimientos sociales?

 

Las conocidas limitaciones de las democracias latinoamericanas y la crisis que, en casi todos los países de la región, atraviesa a los partidos y los sistemas de partidos explican en buena medida el creciente papel desempeñado por los movimientos sociales en los procesos democráticos del área. La deslegitimación de la política, la satanización del estado y la diatriba permanente en contra de los partidos, objetivos estos largamente acariciados por el proyecto neoliberal, tuvieron, sin embargo, un efecto inesperado al abrir un espacio al indeseable protagonismo de “la calle” - amenazante metáfora que en las democracias liberales se utiliza para designar al pueblo movilizado. Esta imprevista presencia de las masas refleja la incapacidad de los dispositivos legales e institucionales de las “democracias” latinoamericanas para responder a los reclamos de la ciudadanía y resolver las crisis sociopolíticas dentro de los procedimientos establecidos constitucionalmente. Reaparece así el fantasma de un “país real” divorciado del “país legal”, no sólo ajeno al primero sino incapaz siquiera de contener sus más elementales reivindicaciones. Debido a esta escisión la vida política latinoamericana se mueve en una ambigua esfera en donde

 

las fronteras de lo legal y lo ilegal se diluyen peligrosamente. Pero la tolerada ilegalidad de los “de arriba” se convierte en una afrenta intolerable cuando son los “de abajo” los que salen a la calle a defender sus intereses, al margen de las instituciones mal llamadas “representativas”. En tal caso no se ahorran agravios para las “hordas insubordinadas”, mientras que la frágil y antidemocrática legalidad de las instituciones se derrite al calor de la crisis política permanente y el protagonismo de las masas. Fue a causa de esta situación que revueltas populares derrocaron gobiernos reaccionarios en Ecuador en 1997, 2000 y 2005; y que en Bolivia sublevaciones de grandes masas de campesinos, indígenas y pobres urbanos hayan destronado a gobiernos derechistas en 2003 y 2005, abriendo paso a la victoria electoral de Evo Morales a finales del 2005. La dictadura “constitucional” de Alberto Fujimori en Perú fue derrocada por una impresionante movilización colectiva durante el 2000, y el año siguiente, el presidente de la supuesta “centroizquierda” de Argentina, Fernando de  la Rúa, que había traicionado sus promesas electorales de abandonar las políticas neoliberales, fue desalojado del poder por un levantamiento popular sin precedentes. Apenas ayer, los jóvenes estudiantes de los liceos chilenos, los “pingüinos”, pusieron en jaque al gobierno de la Concertación exigiendo cambios radicales en la legislación heredada del régimen de Pinochet y que los sucesivos gobiernos “democráticos” de Chile no se atrevieron a derogar.

Más allá de la fragilidad del entramado institucional, lo que estas rebeliones populares comprueban es que este largo período de gobiernos neoliberales, con todo su bagaje de tensiones, exclusiones y degradación social, creó las condiciones objetivas para la movilización política de grandes sectores de las sociedades latinoamericanas. Cabe pues preguntarse: ¿son las revueltas plebeyas arriba mencionadas meros episodios aislados y furia popular, o reflejan una dialéctica histórica tendencialmente orientada hacia la reinvención de la democracia? Una mirada sobria a la historia del período abierto a comienzos de los años ochenta revela que no hay nada accidental en la creciente movilización de las clases populares ni en el final tumultuoso de tantos gobiernos supuestamente democráticos de la región. Es por eso que por lo menos dieciséis presidentes -casi todos ellos obedientes clientes de Washington- tuvieron que apartarse del poder antes de la expiración de sus mandatos legales, depuestos por arrolladoras rebeliones populares. Como si lo anterior no bastara, los plebiscitos convocados para legalizar la privatización de empresas estatales o servicios públicos invariablemente defraudaron las expectativas neoliberales: tal fue el caso de Uruguay (obras sanitarias y terminales portuarias) y los convocados para resolver la cuestión del abastecimiento de agua en Bolivia y Perú. También hubo grandes movilizaciones populares en diversos países para oponerse al ALCA o a la firma de TLCs; para pedir la nacionalización del petróleo y el gas en Bolivia; oponerse a políticas de privatización –del petróleo en Ecuador, la compañía telefónica en Costa Rica y los sistemas de salud en varios países; poner fin al saqueo de los bancos, principalmente extranjeros, como en Argentina; y terminar con los programas de erradicación de coca en Bolivia y Perú. En otras palabras: todas estas movilizaciones tenían un signo similar. Esta tendencia es congruente con los resultados que periódicamente arrojan las encuestas de opinión pública en América Latina, y que demuestran que apenas un tercio de la población se declara satisfecha con el funcionamiento de la economía de mercado.

 

Reinstalando cuestiones olvidadas: organización, estrategia y conciencia de las fuerzas sociales emergentes.

Hay varias lecciones que se desprenden de este abrupto renacimiento de las insurgencias populares en América Latina. En primer lugar, la necesidad que tienen los partidos políticos animados por su afán de poner en práctica un proyecto emancipador, de concebir e implementar una estrategia que trascienda los estrechos límites de la mecánica electoral. La evidencia de estos años, y no sólo en América Latina, enseña que no se puede pretender transformar radicalmente un orden social estructuralmente injusto y predatorio con las solas armas disponibles en la escena electoral. Subrayamos eso de “transformar radicalmente” porque no hay que olvidar que nuestra región es la que presenta la más injusta distribución de ingresos y rentas del planeta. Por lo tanto, no será con las políticas tibias de la sedicente “centro-izquierda” como se resolverá esta situación. La burguesía, por otro lado, jamás obra con tal ingenuidad y nunca despliega una estrategia única y, para colmo,

 

en un sólo escenario de lucha como el electoral. Es cierto que para desplegar una estrategia tan omnicomprensiva como la que despliega ésta se requiere de una serie de recursos –materiales, organizacionales y simbólicos- que ninguna fuerza popular tiene a su disposición. Pero también es cierto que si los partidos de izquierda quieren cambiar el mundo, y no sólo dar un lastimero testimonio de su injusticia, tendrán que demostrar que son capaces de concebir y aplicar estrategias más integrales que combinen, junto a la electoral, otras formas y estrategias de lucha. Este es el precisamente el terreno en el cual los movimientos sociales han demostrado una creatividad superior a la exhibida por las organizaciones políticas. Los acontecimientos de los últimos años en la región enseñan que aquéllos han adquirido una inédita capacidad para desalojar del poder a gobiernos antipopulares, soslayando los mecanismos establecidos constitucionalmente que no por casualidad se caracterizan por su fuerte prejuicio elitista y por un ethos fuertemente “demofóbico”. Pero hay una segunda lección que también es preciso llevar en cuenta y que nos enseña que esta activación saludable de las masas fracasó a la hora de construir una alternativa política que no sólo depusiera a gobiernos antipopulares sino que también condujera a la inauguración de una etapa post-neoliberal. La insurgencia de las clases subalternas adoleció de un talón de Aquiles fatal, resultante de la convergencia de tres fenómenos fuertemente interrelacionados: (a) la fragilidad organizativa; (b) la inmadurez de la conciencia política y, (c) el predominio absoluto del espontaneísmo como modo normal de intervención política.

 

(a)       En efecto, la indiferencia suicida frente a los problemas de la organización popular, la conciencia y la estrategia y táctica de lucha plantea numerosos interrogantes. Para los clásicos del marxismo -especialmente Lenin y Rosa Luxemburg, más allá de sus diferencias- la cuestión de la organización era un asunto político de extraordinaria importancia para el movimiento popular. El primero escribió más de una vez que la organización “es la única arma de que dispone el proletariado.” Cabe preguntarse, entonces: ¿Cuáles serían las formas organizativas más apropiadas que requiere la lucha popular en el contexto de cada uno de nuestros países? ¿Cómo se articulan esas formas entre sí, para potenciar la eficacia de los proyectos emancipadores? ¿Cuál es el papel que les cabe a los partidos, los sindicatos, la gran diversidad de movimientos sociales, asambleas populares, piquetes, “juntas de buen gobierno” zapatistas u otras formas precolombinas de organización, importantes en países andinos como Bolivia, Ecuador y Perú ? ¿Cómo asegurar que las reivindicaciones canalizadas por estas diversas estructuras organizativas se sinteticen, como aconsejaba Gramsci, en un proyecto global que les otorgue coherencia y eficacia? Obviamente que es imposible ofrecer una respuesta positiva desde la teoría. Lo que sí se puede decir, en cambio, es que el “culto a la espontaneidad” verificado en algunas situaciones nacionales, como la Argentina de las jornadas de diciembre de 2001, y su consigna “¡Que se vayan todos!” demostró ser de una previsible esterilidad. Luego de la fulminante irrupción de las masas (Zibechi, 2003), en la noche del 19 de Diciembre, y de fieros combates escenificados sobre todo, más no exclusivamente, en la ciudad de Buenos Aires, con un costo de treinta y siete vidas humanas, poco tiempo después “las cosas volvieron a su lugar”: se restableció el sistema de dominación, obra que demostró la consumada habilidad para esa tarea del por entonces presidente Eduardo Duhalde; la clase política, enterrada en las catacumbas durante los sucesos de Diciembre, comenzó a ensayar un cauteloso pero irreversible retorno en los meses posteriores; y la política económica prosiguió su curso, con leves modificaciones. Si antes del 2001 el sistema partidario argentino giraba en torno a la bipolaridad “peronismo-Alianza” y, antes aún, “peronismo-radicalismo”, después del 2001 el sistema ha adquirido una fisonomía claramente unipolar que no es amenazada, hasta hoy al menos, ni por izquierda ni por derecha. Si la revuelta popular amagó por momentos hacer saltar por el aire al modelo neoliberal, con el paso del tiempo esa expectativa demostró ser totalmente ilusoria. Vale aquí la clásica observación de Lampedusa en El Gatopardo: “algo debía cambiar para que todo siguiera igual.”

 

(b)       En relación al tema de la conciencia radical y emancipatoria, el problema que se plantea es el de como lograr que los movimientos desarrollen un tipo de conciencia que les permita trascender los

 

límites que le impone la inmediatez espontaneísta. No está demás recordar, una vez más, la vigencia del clásico dictum de Lenin cuando dijera que “sin teoría revolucionaria no hay práctica revolucionaria.” Puede parecer demasiado iluminista pero en ausencia de una tal teorización podrán haber protestas y estallidos de rabia, pero difícilmente prácticas emancipatorias o revolucionarias masivas. Por supuesto, tampoco aquí existen respuestas rotundas. Si, como suele decirse, el modelo kautskiano de la conciencia radical introducida “desde afuera” por intelectuales revolucionarios ha fracasado, ¿podría afirmarse que la estrategia gramsciana de construcción de contrahegemonía desde las trincheras mismas de la sociedad civil ha triunfado? Se trata, como puede verse, más que de certidumbres de preocupaciones abiertas y grandes interrogantes cuyo tratamiento es imprescindible a la hora de encarar un proyecto de refundación democrática. Este difícilmente  podrá triunfar si es que antes no se prevalece en aquello que Martí ha dado en llamar “la batalla de ideas.” En el crepúsculo de su corta vida el intelectual cubano había dicho que “de pensamiento es la guerra que se nos libra. Ganémosla a fuerza de pensamiento”. En efecto, pese al resonante  fracaso de sus fórmulas económicas, la persistencia del neoliberalismo encuentra uno de sus factores explicativos en la fenomenal victoria ideológica obtenida en los ochentas y parte de los noventas del siglo pasado, cuyo impulso llega hasta nuestros días. Victoria en “la batalla de ideas” que instaló en el imaginario popular la convicción de que el Estado es fuente de todo tipo de ineficiencias y corruptelas, que la gran empresa privada es un dechado de virtudes técnicas y morales, y que la mejor manera de garantizar el progreso económico era desmantelando al primero por la vía de las privatizaciones, la desregulación, la apertura comercial, la reducción del tamaño y funciones del estado y fortaleciendo, en cambio, a las fuerzas del mercado. El papel de los grandes medios de comunicación, electrónicos e impresos, controlados casi absolutamente por los bloques dominantes de nuestros países, fue de fundamental importancia en consolidar la credibilidad del dogma neoliberal. Si a ello se le agrega la confusión existente en las filas de la izquierda, oscilando entre una reivindicación nostálgica del pasado y un derrotismo disfrazado de falso “realismo” que conducía a la resignación política frente a los embates de la globalización neoliberal, los resultados difícilmente podrían haber sido mejores.

 

(c)       Por último, en relación a la cuestión de la estrategia y táctica, digamos que pese a la reconfiguración de los sujetos sociales -producto, entre otras cosas, de las transformaciones sufridas por las relaciones capitalistas de producción que pulverizaron y desorganizaron el campo popular a la vez que homogeneizaron y organizaron a las clases dominantes- la adopción de una estrategia y una táctica adecuadas sigue siendo un asunto de primordial importancia. Esto divergencia entre lo ocurrido a “los de arriba” y “los de abajo” puede sintetizarse, de manera muy esquemática, en la contraposición entre el Foro Social Mundial (FSM) nacido en Porto Alegre y el Foro Económico Mundial que se reúne anualmente en Davos. Mientras que el primero exhibe toda la riqueza de las “diferencias” –de nacionalidades, género, etnias, lenguas, ocupaciones y profesiones, religiones, educación, ideologías políticas, formatos organizativos, etcétera- que constituyen la riqueza del conglomerado popular mundial- la reunión en la pequeña ciudad de los Alpes suizos hace de la uniformidad de posiciones y coherencia de perspectivas un culto cuidadosamente preservado. Y mientras en el 2003 el FSM, por ejemplo, fue incapaz de pronunciarse sobre algo tan elemental como la inminente agresión imperialista que los Estados Unidos desencadenarían sobre Irak, la Cumbre de Davos seguía convocando a gobernantes de todo el mundo para hacerles saber que los grandes monopolios esperaban de su parte la profundización de las políticas del Consenso de Washington. Por último, mientras que el Foro Social Mundial rechazaba explícitamente cualquier tentativa de siquiera pensar en un modelo organizativo que potenciara la gravitación de los movimientos populares en el escenario internacional, el Foro Económico Mundial de Davos perfeccionaba sus diagramas organizativos para reforzar aún más la gravitación de sus intereses a lo ancho y largo del planeta.

En otras palabras, en el campo de los movimientos sociales las cuestiones de la estrategia y táctica no gozan del favor de la época pues son erróneamente percibidas como asuntos que sólo revisten interés para algo tan anacrónico, según ellos, como los partidos políticos. Esto se percibe con toda

 

nitidez en el plano teórico si se examina la obra de Hardt y Negri, Imperio, que supiera tener un momento de gloria (afortunadamente efímero) hace algunos años atrás en las primeras versiones del FSM. En Imperio los movimientos sociales son concebidos como expresiones infinitas de la multitud y esta, por su carácter descentrado, desterritorializado, molecular y nomádico, es radicalmente incompatible con cualquier planteamiento de estrategia y táctica. Para Hardt y Negri tales preocupaciones corresponden a una forma de actuación política perteneciente a una época históricamente superada. Por lo tanto, se hace un culto a la supuesta rebeldía de las multitudes nómades, algo que debería ser sometido a cierta forma de corroboración práctica o empírica, y se abandona por completo toda preocupación por la organización, la estrategia y las tácticas de lucha, con los resultados previsibles. Este tipo de ensoñaciones es altamente funcional para el imperialismo pues contribuye a postergar sine die la constitución del sujeto popular, plural pero integrado y coherente. Lo mismo ocurre con la obra de John Holloway, que además nos invita a dejar de lado toda pretensión de conquistar el poder. Hemos criticado en otros lugares estas versiones contemporáneas del romanticismo político que desembocan en la impotencia política y la resignación (Borón, 2002). Digamos simplemente que contrariamente a estas teorizaciones de moda el problema de la estrategia y táctica de las clases subalternas está indisolublemente unido a las perspectivas de su propia emancipación. Esta no ocurrirá por una casualidad histórica, o como una concesión graciosa de las clases dominantes. Por lo tanto, se trata de una cuestión fundamental. Pero la victoria ideológica del neoliberalismo, que también se ha sentido en las filas de la intelectualidad de izquierda, ha suprimido todas estas cuestiones de la agenda de los partidos y movimientos interesados en la emancipación social, dando origen a una serie interminable de frustraciones.

 

Conclusión: insuficiencias de las dos vías.

En síntesis: los grandes movimientos sociales que coparon las calles de algunas ciudades de América Latina cumplieron sólo una parte de la tarea que la historia les había asignado. Mediante la vía insurreccional derrocaron a varios gobiernos neoliberales, pero sólo para ser reemplazados por otros muy parecidos. Hay dos excepciones, con todo, dignas de ser subrayadas: Bolivia y Ecuador. En ambos países los movimientos lograron darse una organización política, por elemental que haya sido, y trazarse una estrategia de poder que potenciaba, en el terreno electoral, el impulso que habían adquirido en las calles. El resultado fue que en ambos países esos movimientos llegaron al gobierno, y tienen buenas posibilidades de comenzar a cambiar un escenario que parecía condenado indefectiblemente al inmovilismo o a un improductivo ciclo de estallidos populares inorgánicos seguidos de una astuta recomposición del dominio burgués. Pero en la mayoría de los casos la imponente movilización popular se esfumó en el aire poco después de consumado el desalojo del gobierno y sin haber sido capaz de plasmar un nuevo sujeto político imbuido de los atributos necesarios para consolidar la correlación de fuerzas existente y evitar la recaída a situaciones anteriores.

No obstante, si los movimientos sociales fracasaron en la construcción de una alternativa nada distinto ocurrió con los gobiernos surgidos por la otra vía, la ruta institucional de las elecciones. Lula en Brasil, Kirchner en Argentina, Bachelet en Chile y Vázquez en Uruguay muestran claramente la impotencia de las clases subalternas para imponer una agenda pos-neoliberal en gobiernos elegidos por grandes mayorías populares y precisamente para ese fin. Claro está, empero, que hay una importante diferencia: la gesta de los movimientos dejó profundas (y dolorosas) enseñanzas para las clases populares, y les hizo barruntar las potencialidades transformadoras que encierra su protagonismo. Aprendieron que si se lo proponen pueden desembarazarse de gobiernos reaccionarios, lo que no es poca cosa. Y los políticos derechistas también aprendieron la lección, abandonando la impunidad con que se movían años atrás. En las experiencias de recambios electorales, en cambio, a las masas sólo les quedó tan sólo el sabor amargo de un nuevo engaño y una nueva frustración. La capacidad sin precedentes de las clases y capas populares para derrocar gobiernos de derechas las reintrodujo en la escena política como un nuevo factor. Antes de su insurgencia los únicos sujetos de las “transiciones democráticas” eran los partidos. Ya no más. La

 

importancia de su papel ha quedado claramente demostrada en los casos más interesantes y prometedores de la política sudamericana: Venezuela, Bolivia y Ecuador. En Venezuela haciendo posible con su movilización la derrota del golpe de estado fascista y profundizando, inmediatamente después, la radicalización de la Revolución Bolivariana. En Bolivia y Ecuador demostrando la excepcional productividad que pueden tener los movimientos cuando, sin dejar de serlos, son al mismo tiempo capaces de darse una estrategia político-institucional que combine la lucha en las calles con las urnas. Los cuatro únicos gobiernos de izquierda que hay en América latina: Cuba, Venezuela, Bolivia y Ecuador (por orden de aparición) se enfrentan a formidables desafíos. El hostigamiento abierto o encubierto de los Estados Unidos, los intentos golpistas, la criminalización internacional, el sabotaje económico, la manipulación mediática y las “campaña del terror” se combinan con las “condicionalidades” de las instituciones financieras internacionales para tratar de ahogar en su cuna cualquier proceso emancipatorio. Es preciso no hacerse ninguna ilusión en el sentido de que los beneficiarios internos y externos de un status quo tan injusto como el actual permanecerán de brazos cruzados ante los vientos de cambio que hoy barren la escena latinoamericana. Es probable que el progreso de un proceso genuino de democratización, no el simulacro que tenemos hoy, desate la ferocidad represiva que durante tanto tiempo hemos padecido en la región. Nuestra historia muestra que aún los proyectos reformistas más tímidos desencadenaron rabiosas contrarrevoluciones. ¿Será diferente esta vez?

 

(Buenos Aires, 2008)

 

 

Para leer más sobre este tema

 

• Atilio Borón, Tras el búho de Minerva. Mercado contra democracia en el capitalismo de fin de siglo, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2000.

• Atilio Borón, Imperio & Imperialismo. Una lectura crítica de Michael Hardt y Antonio Negri, CLACSO.

• Atilio Borón, « Crisis de las democracias y movimientos sociales en América Latina. Notas para una discusión », Revista del OSAL (Observatorio Social de América Latina), año VII, nº 20, mayo-agosto, CLACSO, Buenos Aires, 2006.

• Giuseppe Cocco y Antonio Negri, Global. Biopoder y luchas en una América Latina globalizada, Siglo XXI, Buenos Aires, 2006.

• Colin Crouch, Post-Democracy, Polity Press, Cambridge, 2005.

• Boaventura De Sousa Santos, Renovar la teoría crítica y reinventar la emancipación social, CLACSO / Instituto Gino Germani, Buenos Aires, 2006.

• Carlos Fernández Liria, Luís Alegre Zahonero (con un prologo de Santiago Alba Rico), Comprender Venezuela, pensar la democracia. El colapso moral de los intelectuales occidentales, Hiru, Pays basque, 2006.

• Michael Hardt, Antonio Negri, Empire, Harvard University Press, Cambridge, 2000.

• John Holloway, Cómo cambiar el mundo sin tomar el poder, Herramienta, Buenos Aires, 2002.

• Ellen Meiksins Wood, Democracia contra capitalismo. Renovando el materialismo histórico, Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 1999.

• Barrington Jr. Moore, Social Origins of Dictatorship and Democracy, Beacon Press,  Boston, 1966.

• Alfonso Sastre, La batalla de los intelectuales, CLACSO, Buenos Aires, 2005.

• Gianni Vattimo, Ecce comu, Ciencias Sociales, La Habana, 2006.

• Hilary Wainwright, Cómo ocupar el Estado. Experiencias de democracia participativa, Icaria, Barcelona, 2005.

 

• Raúl Zibechi, Genealogía de la revuelta. Argentina: la sociedad en movimiento, Letra Libre, La Plata, 2003.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

América latina frente a la crisis global

 

por Claudio Katz

 

Claudio Katz es Economista, Investigador, Profesor. Miembro del EDI (Economistas de Izquierda), es autor de numeroso articulos y de Las disyuntivas de la izquierda en América Latina, Ed Luxemburg, Buenos aires, 2008. Su página web es: www.lahaine.org/katz

 

 

El impacto de la crisis mundial sobre América Latina suscita tres tipos de discusiones: la incidencia económica inmediata, los efectos políticos de largo plazo y las medidas sociales requeridas para enfrentar el descalabro financiero.

 

Especulaciones pos-desacople

 

En el terreno económico, la crisis ha producido un generalizado desplome de las Bolsas y fugas capital, que han contraído el crédito. La depreciación de las materias primas induce a la recesión, el desempleo se expande y se agota el crecimiento con desigualdad que predominó en los últimos cinco años. También la esperanza en un desacople se ha diluido y decae la expectativa de evitar el temblor, por haberlo sufrido anticipadamente durante la década pasada. La protección esperada de tres escudos -reservas sustanciales, menor deuda en relación al PBI y superávit fiscal- ya resulta insuficiente. Esas barreras probablemente habrían contrarrestado el desplome internacional acotado que prevalecía hasta septiembre del 2008. Pero el desmoronamiento financiero asumió una dimensión muy superior desde esa fecha. Esta vez América Latina es receptora del tsunami. Soporta desde afuera la conmoción que protagonizó en repetidas oportunidades. ¿Qué gravedad tendrá este golpe en comparación a otras zonas de la periferia? Algunos economistas estiman que el efecto bursátil será más agudo que en las economías centrales por la fragilidad local de los mercados accionarios. Pero esperan una incidencia manejable en los bancos, que han limpiado mayoritariamente sus balances durante los desplomes anteriores. También evalúan que las entidades financieras se encuentran menos contaminadas con títulos tóxicos (hipotecas) y operaciones especulativas (securitización, derivados). La reducida gravitación del crédito en la zona redujo la envergadura de esas transacciones272.

 

Otros diagnósticos destacan que la situación fiscal luce mejor que en Europa Oriental. También estiman que la retracción de las exportaciones será más digerible que en África, aunque más impactante que en Asia. Atribuyen esta adversidad a la gran concentración de ventas en una limitada canasta de productos básicos273. Pero el principal problema de estas evaluaciones es su carácter efímero. Irrumpen y desaparecen de la crónica periodística con asombrosa velocidad. Un día se coloca a Latinoamérica fuera del vendaval y a la jornada siguiente en el centro de la  tormenta. Algunas estimaciones presentan, además, un tono sospechosamente sesgado. El FMI, por ejemplo, considera que Argentina, Venezuela y Ecuador afrontan mayores amenazas de cesación de pagos que México, Chile o Colombia. Esos mensajes están en realidad plagados de resentimiento hacia los gobiernos contestatarios y los deudores incumplidores274. Ninguna caracterización seria surge de esas especulaciones.

 

Tres efectos

 

272The Economist-La Nación “América Latina se prepara para tiempos duros”, 22-1-09.

273The Economist- La Nación, ¿“Emergentes: ¿caída o tropezón”?, 20-1-09.

274 The Wall Street Journal- La Nación, “La sequía del financiamiento comercial pone en jaque a los mercados emergentes”, 22-12-08.

 

América Latina recepta, en primer lugar, la crisis de sobre-acumulación global que generó la aglomeración de capitales ficticios en la esfera financiera. Dado el reducido alcance del endeudamiento personal en la región, este impacto no se traduce por ahora en bancos corroídos por préstamos irrecuperables. Pero el crack ha creado una necesidad de liquidez en las economías centrales, que provoca fuertes sustracciones de fondos. Especialmente los bancos extranjeros transfieren recursos desde América Latina hacia sus casas matrices. Estas repatriaciones ya afectan a un cuarto del total de recursos manejados por esas entidades en las economías emergentes. También los segmentos internacionalizados de las finanzas regionales son vulnerables al desplome global. Algunos fondos privados de pensión –enlazados al vaivén especulativo mundial- acumulan pérdidas que amenazan su supervivencia (especialmente en Chile). América Latina soporta, en segundo lugar, la sobreproducción de mercancías, que caracteriza a la crisis actual. Este excedente fue desencadenado por el modelo de competencia mundial en torno a salarios descendentes, que generalizó el neoliberalismo. El efecto de este desequilibrio se verifica particularmente en las ramas más globalizadas de la industria regional. El sector automotor sufre, por ejemplo, la misma plétora de productos que golpea a las economías metropolitanas275. Este sobrante es dramático en México, que exporta vehículos ensamblados a Estados Unidos y en Brasil, que soporta una destrucción de empleos equiparable al registrado en la primera potencia. El panorama es igualmente problemático en Argentina, a pesar de la extraordinaria rentabilidad que tuvieron las automotrices en los últimos años. El ajuste industrial que sacude a Latinoamérica es impuesto por las empresas transnacionales, que reorganizan su producción a escala mundial. En el sombrío clima actual ya no se escuchan elogios a la globalización neoliberal, ni alabanzas a cualquier tipo de inversión. Las terribles consecuencias de la fabricación mundial integrada -bajo los principios de la competencia y el beneficio- comienzan a salir a flote. Pero la mayor amenaza en ciernes para la zona proviene de un tercer impacto mundial: la abrupta caída de los precios de las materias primas. Este desmoronamiento revierte el crecimiento del último quinquenio, que se apoyó en una significativa mejora de los términos de intercambio (33% en comparación al promedio de la década precedente). Esa coyuntura permitió incluso alcanzar volúmenes de exportación superiores a la deuda externa en el 2006 y el 2007.

Pero el cambio de tendencia afecta ahora las balanzas comerciales y los presupuestos públicos. El crecimiento consecutivo al 5,5% anual desde el 2003 ha quedado atrás. El PBI del 2008 se desaceleró a 3,3% y todas las estimaciones del 2009 se están ajustando hacia abajo. Muchos economistas sostienen que América Latina podrá soportar igualmente el huracán, si adopta medidas audaces de reactivación keynesiana. Estas iniciativas ya se están implementando para aumentar la liquidez, expandir el crédito público y subvencionar la industria. Los debates sobre su efectividad o suficiencia han ganado la primera plana276. Pero, en los hechos, esa viabilidad depende de la magnitud de la crisis y no tanto del acierto de los correctivos. Las políticas monetarias y fiscales anticíclicas inciden dentro de ciertos límites. Pueden reanimar la demanda o detener la caída de la producción en un cuadro recesivo, pero tienen poca influencia en una depresión en picada. Por ahora el colapso financiero golpea con mayor furia a las economías centrales, pero Estados Unidos, Europa Central y Japón cuentan con recursos superiores para intentar un contrapeso. Pueden ensayar reactivaciones con el sostén del Tesoro y emiten los dólares, euros y yenes que utiliza América Latina. Además, incrementan el déficit fiscal, mientras la región continúa atada a las normas del superávit. En síntesis, en la cambiante coyuntura latinoamericana tiende a estrecharse el margen de las políticas macroeconómicas que intentan frenar el vendaval.

 

¿Beneficio de largo plazo?

 

 

275 Hemos analizado esta combinación de sobre-acumulación de capitales y sobreproducción de mercancías en: Katz Claudio, “Codicia, regulación o capitalismo”(30-12-08) y “Lección acelerada de capitalismo” (4-10-08), http://katz.lahaine.org

276Por ejemplo: Vanoli Alejandro. “Cómo inmunizar a la argentina en el casino global”, Clarín, 16-8-07.

 

El escenario que emergerá de la crisis dependerá de desenlaces políticos imprevisibles y autónomos de la tormenta económico-financiera. Basta recordar que la depresión del 30 fue zanjada con una guerra mundial y que la Unión Soviética se desmoronó por la implosión de un régimen, para notar cuán gravitante es la incidencia de los acontecimientos políticos. América Latina se encuentra en un punto de cruce de tendencias geopolíticas contradictorias determinadas por tres procesos: la autonomía regional, la postura de Estados Unidos y el perfil de Brasil. En el primer terreno de independencia zonal, algunos analistas estiman que la adversidad actual tendrá efectos favorables, si se repite lo ocurrido en los años 30. Recuerdan que la debacle de entre-guerra generó condiciones propicias para la gestación de los procesos posteriores de industrialización277. Pero olvidan que el impacto inicial de la gran depresión fue una dolorosa depreciación de las materias primas. La sustitución de importaciones apareció sólo ulteriormente, como consecuencia del proteccionismo y la guerra mundial y se instrumentó en una región, que pudo mantenerse al margen de esa conflagración. La única comparación apropiada, hasta el momento, es con el shock adverso que inicialmente generó la gran depresión. Nadie puede predecir que sucederá posteriormente. Una eventual reproducción del contexto de posguerra choca no sólo con la ausencia de confrontaciones bélicas interimperialistas, sino también con la mayor internacionalización de la economía. Es cierto que algunos rasgos de autonomía regional ya aparecieron en Sudamérica antes del estallido actual, especialmente en el plano financiero. En el último quinquenio de crecimiento se registraron recompras de títulos públicos y reducciones del endeudamiento, que guardan cierto paralelo con lo ocurrido luego de la gran depresión. Pero la continuidad de esta atenuación de la carga financiera es un interrogante. Lo importante es percibir que un desmoronamiento económico en el centro del capitalismo, no amplía necesariamente los márgenes de acción de la periferia. La crisis de los 70 demostró que puede suceder lo contrario. Esa conmoción empalmó inicialmente con un marco favorable para el Tercer Mundo. La derrota de Vietnam había recortado la capacidad de intervención norteamericana y el encarecimiento de las materias primas mejoraba los ingresos de la periferia, en el novedoso marco que rodeaba a la OPEP. Un bloque de 77 a 125 países No Alineados proponía el establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional. Promovía estabilidad de precios para las materias primas, mayor acceso a los mercados desarrollados, transferencias de recursos al Sur y participación de la periferia en las decisiones de ONU.

Pero este curso quedó abruptamente clausurado en los 80 con la ofensiva neoliberal. Mediante aumentos de tasas de interés y recortes de la demanda de insumos que provocaron la depreciación de los productos básicos, las grandes potencias retomaron su control del Tercer Mundo. América Latina soportó el brusco aumento de su endeudamiento -y en lugar de un desahogo post-30- padeció un desplome equivalente a la gran depresión. El breve alivio de las desigualdades internacionales quedó sustituido por una nueva etapa de polarización global, que perduró hasta el fin del siglo XX. Este antecedente ilustra cuán acotado y frágil puede resultar un período de autonomía periférica. Se pueden ponderar las numerosas diferencias que distinguen la etapa actual de los años 70, comparando por ejemplo el viejo rol de la Unión Soviética con el papel reciente de China. Pero resulta imposible definir si estos cambios serán ventajosos o desfavorables para la periferia. Más especulativo aún es presagiar un escenario de nueva industrialización independiente para América Latina.

 

Multipolaridad opresiva

La apuesta a un beneficio latinoamericano de la crisis actual se apoya en la previsión de un escenario multipolar. Muchos analistas estiman que la región podría aprovechar la mutación del marco global, para adoptar políticas más autónomas278. Ese período de mayor dispersión o equilibrio entre fuerzas capitalistas del planeta es ciertamente una posibilidad. Pero resulta decisivo

 

277Esta tesis plantea, por ejemplo, Cardoso Fernando Henrique, “Ante una reingeniería de las finanzas mundiales”, Clarín, 15-10-08.

278Es la tesis que presentan: Gresh Alain, “El consenso de Pekín”, Le Monde Diplo, Buenos Aires, noviembre 2008, Sercovich Francisco. “Globalización: los nuevos desencantados” Clarín, 19-8-07, Golub Philip, “Hacia un mundo descentralizado”, Le Monde Diplo, Buenos Aires, noviembre 2008,.

 

subrayar que no favorecería por sí mismo a las mayorías populares. Más bien fortalecería a las clases dominantes locales vinculadas con las potencias hegemónicas. Esta hipótesis es omitida por la tesis multipolar. El mayor ascenso geopolítico de China, India o Rusia seguramente incluiría agudos conflictos con los capitalistas del centro, pero tendería esencialmente a asentarse en la asociación con esos sectores. Estas alianzas se forjaron durante las últimas dos décadas y dieron lugar a llamativas compras de activos en las economías avanzadas por parte de las multinacionales emergentes279.

Estas mismas tendencias han persistido luego del estallido global y se verifican en el financiamiento asiático del déficit norteamericano. La activa participación oriental en el rescate de los bancos estadounidenses y el traspaso de empresas quebradas a propietarios de ese origen forman parte de este mismo proceso280. En las últimas décadas la dominación global estuvo en manos de una tríada de potencias encabezadas por Estados Unidos. El imperialismo clásico -de países que derrotan y subordinan a sus rivales por medio de la guerra- fue sustituido por el imperialismo colectivo. Norteamérica ha liderado en las últimas décadas un poder compartido con Europa y Japón. Un eventual escenario multipolar surgiría de la incorporación de nuevos asociados a ese entramado. Remodelaría la opresión y obstruiría la emancipación popular281.

 

La crisis de dominación estadounidense

La localización central de la crisis en la economía norteamericana agrava los problemas que enfrenta la primera potencia en América Latina. Estas dificultades derivan de fracasos políticos militares extra-regionales (Medio Oriente) y rebeliones antiimperialistas en la zona. Desde el fallido proyecto del ALCA se registra una pérdida de posiciones del gigante del Norte, que ha dado lugar al estancamiento de los Tratados de Libre Comercio. Un afianzamiento del giro proteccionista actual acotaría adicionalmente el alcance de esos convenios. Cualquier aumento significativo de los aranceles en la principal economía del continente haría trastabillar a los TLCs. La crisis actual golpeará especialmente a los socios fronterizos de Estados Unidos. México afronta el desplome del mercado que absorbe el 90 % de sus exportaciones, en un explosivo contexto de retorno de emigrantes, deterioro social y crimen organizado. El viejo idilio con el Nafta se ha transformado en una pesadilla. También la expectativa estadounidense de capturar PEMEX ha decaído, junto al desmoronamiento de varias multinacionales mexicanas dependientes de la economía estadounidense282. Más grave es la situación de los pequeños países centroamericanos atados a la afluencia de remesas. La escasa significación pasada de los emigrantes latinos en la economía del Norte (1,7 millones en 1970) contrasta con su enorme gravitación actual (17, 4 millones en 2005). La repatriación -que ya genera el desempleo masivo en la metrópoli- afectará directamente las relaciones de Estados Unidos con estas naciones283.

El contexto político que afronta el Departamento de Estado es más adverso en Sudamérica. Como resultado de grandes conmociones políticas y sociales, gran parte de los gobiernos han tomado

 

279Algunos periodistas utilizaron el término NAN (Nuevas Naciones Adquisitivas) para describir este proceso, que incluyó la transferencia de una parte de British Petroleum a capitalistas chinos, así como de la canadiense Inco a empresarios brasileños y de la norteamericana Asaco a potentados de la India. Cohen Roger. “El mundo está al revés”, La Nación, 2-6-08.

280Los países del sudeste asiático tienen en su poder la mitad de la deuda EEUU y China jugó un papel directo en los

salvatajes de Fanny Mae y Freddie Mac. Bular Martine, “El poder mundial se desplaza”, Le Monde Diplo, noviembre 2008.

 

281El concepto de imperialismo colectivo ha sido desarrollado por Amin Samir, “US imperialism, Europe and the middle east”, Monthly Review, vol 56, n 6, November 2004.

 

282 Una empresa de este tipo -como Cementos mexicanos- se encuentra en un estado crítico por la retracción de insumos que provocó el desplome del negocio inmobiliario. The Wall Street Journal- La Nación, “Cemex, un símbolo de la globalización ahora hace frente a su costado adverso”, 11-12-08.

 

283Un detallado análisis de estos problemas presenta: Canales Alejandro. “Incluidos y segregados”, Crisis de hegemonía de Estados Unidos, Siglo XXI, México, 2007.

 

distancia de su vieja subordinación al Norte. Durante el año pasado Estados Unidos quedó marginado de las negociaciones para enmendar dos conflictos claves: la incursión militar de Colombia a territorio ecuatoriano y el frustrado golpe derechista en Bolivia. Debió soportar, además, la inédita expulsión de dos embajadores (Venezuela y Bolivia), que hasta ahora no retornado a sus cargos. Algunos analistas estiman que este marco obligará a Estados Unidos a atenuar su control sobre América Latina [. Consideran que el Departamento de Estado adoptará una postura más condescendiente (o menos interesada) en el futuro del continente. Suponen, especialmente, que Obama podría también deslizarse hacia actitudes que “superen los vestigios de la guerra fría”284. Pero, en realidad, el nuevo presidente no se dispone a introducir cambios significativos en el área latinoamericana. Retirará los presos de Guantánamo, pero no devolverá el enclave a Cuba, ni juzgará a Bush por las torturas. Aliviaría las restricciones para viajar a la isla, pero sin levantar el embargo y buscará acercamientos diplomáticos que eviten reconocer la derrota imperial. Habrá que ver si aligera el encubrimiento al terrorismo de estado en Colombia y si atenúa el acoso sobre Venezuela y Bolivia. La continuidad de políticas imperialistas consensuadas con los republicanos ha sido la norma de todas las administraciones demócratas. Seguramente Obama retomará una combinación de garrote y zanahoria, con más incidencia diplomática (tradición de Clinton) que brutalidad descarada (herencia de Bush) [este texto ha sido elaborado antes del Golpe de estado en Honduras – NdE].

Los virajes que el nuevo presidente debe encarar en el plano interno no se proyectan a la política exterior. Un mandatario de color –que no representaba inicialmente al establishment- enfrenta un terremoto social sin precedentes desde Roosvelt, en un contexto de transformaciones democráticas inéditas desde Kennedy. Este aluvión interno obliga a cambiar la agenda tradicional. Pero el libreto para el Patio Trasero se mantiene sin variantes. Desde hace siglos los gobiernos estadounidenses implementan estrategias de sujeción basadas en la doctrina Monroe. Tarde o temprano la primera potencia encarará una contraofensiva, cuyos anticipos ya se vislumbran en la reactivación de IV flota. Con el pretexto del narcotráfico (o del terrorismo), el Comando Sur de Miami gana terreno. Ya reúne más personal civil dedicado a la Latinoamérica que todos los departamentos diplomáticos y comerciales de Washington. Las bases de Colombia tienen extensiones en Perú y existe una novedosa hipótesis de intervención militar a México285. La primera potencia perdió en la última década cierta gravitación económica, frente a sus competidores europeos. Las empresas del Viejo Continente desplazaron a las compañías norteamericanas en el monto de las inversiones externas286. Pero la Unión Europea no aspira a reemplazar a su rival y se ha limitado a ensayar tratados de libre comercio calcados del ALCA. Habrá que ver, además, cómo la crisis global afecta al artífice español de la avanzada europea. Las compañías ibéricas deben lidiar con una montaña de pérdidas, que las obliga a retirarse y vender activos287. Es cierto también que Estados Unidos ha debido tolerar la primera incursión comercial china, la visita de la marina rusa a Cuba y los viajes de

 

 

284Es la conducta que sugiere: Tokatlian Juan Gabriel, “Fin a la guerra fría en América Latina”, Clarín, 20-1-09. Tokatlian Juan Gabriel. “Obama y el cambio”, Pagina 12, 19-11-08. Tokatlian Juan Gabriel, “Un golpe a la hegemonía de EEUU”, La Nación, 6-10-08.

285La IV flota tiene previsto navegar por ríos interiores, con un equipamiento equivalente a la V flota (Golfo Pérsico) o la VI flota (Mediterráneo). Introducirá un complemento marítimo al control aéreo y territorial que Estados Unidos

detenta de la zona. Boron Atilio, “La IV flota destruyó a Imperio”, ALAI, 21-8-08. Boron Atilio, “Gatopardismo imperial”, Página 12, 21-1-09. Dufour Jules. “El regreso de la cuarta flota y el futuro de América Latina”, www.Mondalisation.ca/, 28-8-08.

 

286 Cammack Paul. “Signos de los tiempos: capitalismo, competitividad y el nuevo rostro del imperio en América Latina”. El imperio recargado, CLACSO, Buenos Aires, 2005.

287Estas empresas invirtieron en la región 165.000 millones de dólares (10% de PBI español) y ahora predomina una oleada de ventas, visible en la salida del grupo Marsans de Aerolíneas, la nacionalización de los fondos de pensión en

Argentina (manejados por el BBVA) y la estatización venezolana de filiales locales del Santander. También Repsol se desprende de sus participaciones en Venezuela, Bolivia y Ecuador. The Wall Street Journal- La Nación, “Las inversiones en América Latina les cuestan caro a las empresas a las empresas españolas”, 4-12-08.

 

funcionarios iraníes a Venezuela. Pero estas presencias amenazan menos que Europa la dominación tradicional norteamericana. Ningún dato corrobora, por lo tanto, las tesis de la indiferencia (o la resignación) de Estados Unidos frente a Latinoamérica.

 

¿Declinación inexorable?

Ciertos analistas atribuyen el futuro desahogo latinoamericano a una declinación estructural e inevitable de Estados Unidos. Las versiones más vulgares de este enfoque son habitualmente recogidas por los medios de comunicación. Han sido enunciadas por futurólogos de instituciones próximas al Departamento de Estado y auguran el liderazgo de Europa o Asia y el ascenso de nuevas potencias (China, Rusia, India). Luego del fracaso neoconservador de Bush, algunos le han puesto fecha al fin de la primacía norteamericana (año 2025)288. Esos pronósticos contrastan con el deslumbramiento pro-norteamericano que prevalecía en la década anterior y también con la euforia mediática que rodeó al ascenso de Obama. Los mismos medios –que teorizan la agonía de Estados Unidos- resaltaron los atributos del nuevo presidente para restaurar el sueño americano. En este sube y baja, el fin del imperio y su resurrección se alternan con sorprendente velocidad289. Otros teóricos de la decadencia ponderan esta regresión. Estiman que permitirá superar las desventajas de la dominación global en el terreno económico (menor productividad) y político (creciente desprestigio). Con esta visión transmiten una idílica imagen de renuncia estadounidense a sus prerrogativas290.

Pero es bastante absurdo presentar al imperialismo norteamericano como víctima de una supremacía indeseada. El Pentágono y el Departamento de Estado ejercen un rol mundial opresivo a favor de empresas norteamericanas y custodian los grandes lucros que genera esa dominación. Desde una óptica muy diferente, los analistas serios han buscado aplicar la tesis de la declinación norteamericana a Latinoamérica. Presentan datos significativos del retroceso tecnológico y productivo de la primera potencia y evidencias de su debilitamiento para ejercer la hegemonía  frente a sus rivales291. Pero este enfoque contiene un reconocimiento problemático: el dominio militar estadounidense persiste sin rivales a la vista y es aceptado por sus competidores. Esta ausencia de reemplazante bélico (europeo o asiático) es particularmente decisiva, en el esquema de la escuela sistémica. Esta corriente asocia cada etapa de la historia contemporánea con la existencia de una potencia dominante o en curso de ejercer esa supremacía292. Como los candidatos a ocupar ese liderazgo no pasaron la prueba de las últimas décadas (Alemania en los 70, Japón en los 80, Unión Europa en los 90), habría que ser más cauteloso con los pronósticos sobre China. La supremacía norteamericana atraviesa por una crisis, cuyo desemboque final es una incógnita. No está escrito en ningún lado que concluirá con el ascenso de un contrincante o con el reciclaje del propio liderazgo. Resulta imposible determinar, por el momento, si Estados Unidos atraviesa un retroceso acotado o definitivo. Pero el trasfondo teórico de este problema es la controvertida noción de auge y decadencia de los imperios. Esta tesis de reemplazos cíclicos de la supremacía mundial presupone una filosofía de etapas predeterminadas de la historia. Es un enfoque con razonamientos fatalistas, que choca con la asignación de protagonismo a los sujetos sociales. La interpretación de la historia como un devenir de la lucha de clases -en un marco de condiciones objetivas- es incompatible con la regla de la dominación imperial sustitutiva.

 

El nuevo perfil de Brasil

 

 

288Fukuyama Francis. “Nuevos desafíos geopolíticos” Clarín, 29-9-08. Gray John, ¿Fin del liderazgo estadounidense?”, Clarín, 1-10-08. Diament Mario, “Adiós a la era de EEUU”, La Nación, 17-5-08.

289Con la Obamania recuperaron terreno los que apuestan a un resurgimiento basado en la capacidad norteamericana para absorber inmigrantes. Oppenheimer Andrés, “EEUU y la era post-Bush” La Nación, 25-11-08.

290 Roubini Nouriel. “La decadencia del imperio americano” Global EconomMonitor, 9-08.

291Guillén Arturo. “La declinación de la hegemonía estadounidense y sus implicaciones para América Latina”. Ponencia al Segundo Coloquio de la SEPLA, Caracas, 14-16 noviembre de 2007.

292 Es el enfoque de Wallerstein Immanuel, Capitalismo histórico y movimientos anti-sistémicos: un análisis de

sistemas – mundo, 2004, Akal, Madrid, (cap 28).

 

La actual discusión sobre la regresión estadounidense contrasta también con la imagen de una superpotencia imponiendo sus prioridades a Latinoamérica, que acompañó al debut del neoliberalismo. Este cambio indica una crisis del viejo rol pretoriano del Pentágono, protegiendo a clases dominantes frágiles, estados inestables y elites poco autónomas. Especialmente en Sudamérica no se verifica actualmente el tipo de sujeción neo-colonial, que rige por ejemplo en varias regiones de África. Es incorrecto observar a las principales clases dominantes locales como títeres de un imperio. Actúan como grupos de explotadores con intereses y estrategias propias, en  un escenario que difiere sustancialmente del marco semicolonial. Este cambio de contexto es soslayado por muchos teóricos de la recolonización, que sólo resaltan la reinserción subalterna de la región en el mercado mundial o la reaparición de formas de sujeción prenacionales293. Con esta visión se pierde de vista no solo el retroceso de la dominación norteamericana, sino también la nueva gravitación de Brasil. No se registra que este país es el gran candidato a comandar una multipolaridad opresiva en Sudamérica. A pesar del bajo crecimiento de últimos años, las empresas transnacionales de ese origen se han consolidado en toda la región. Se apoderaron del 50% de la principal actividad económica uruguaya (industria de la carne), comprando tierras y controlando un tercio de la faena. Capturaron varias firmas estratégicas de Argentina (especialmente Pecom y  Loma Negra) y ya manejan el 95% de la soja exportada desde Paraguay. A principios de la década, Petrobrás se apropió del 45% del gas, el 39% del petrolero y de toda refinación de Bolivia. En Perú dos conglomerados brasileños controlan el grueso de las minas de zinc y fosfato. En Ecuador gestionan varios yacimientos estratégicos y administran los principales proyectos de obra pública.

La expansión sudamericana de las multinacionales brasileñas se ha sostenido en la financiación oficial (BNDES). Esos créditos han crecido más que los fondos aportados a la región por el FMI o el Banco Mundial. Las compañías de Brasil sustraen materias primas, dominan fuentes de energía y abastecen mercados de consumo. Su principal núcleo -Petrobrás, Gerdau, VM, Oderbrecht, Friboi, Marfrig, Vale- opera con elevados niveles de internacionalización294. El principal proyecto de estas firmas es un conjunto de autopistas e hidrovías programados en el IIRSA (Infraestructura regional sudamericana). Este plan involucra a todos los países vecinos y se localiza prioritariamente en la Amazonia. Apunta a explotar los gigantescos recursos naturales de esa región295. La expansión multinacional brasileña se apoya también en la agresiva diplomacia de negocios que desarrolla Itamaraty. Esta política ha provocado numerosos conflictos. Petrobrás se opuso a las nacionalizaciones dispuestas por Evo Morales y Lula buscó imponer términos leoninos a las indemnizaciones en juego. También en Ecuador, Brasilia llamó inmediatamente a consultas a su embajador ante los cuestionamientos oficiales que recibió la empresa Oderbrecht, por represas construidas con fallas estructurales. Es probable que el próximo conflicto involucre a Itaipú, ya que Paraguay tiene vedado el manejo soberano de sus recursos hidroeléctricos. Debe vender la energía excedente a una tarifa inferior al precio de mercado, para solventar una deuda odiosa con el acreedor brasileño296.

Para sostener la política de las corporaciones, Brasil se militariza con tecnología francesa. Se construyen submarinos, aviones y helicópteros destinados a custodiar los intereses de esas

 

293 Estos enfoques remarcan también la subordinación de las elites locales al capital foráneo y la restauración de formas primitivas de acumulación basadas en la depredación. Un debate sobre estos temas plantea por Sorans Miguel, “¿Hay una recolonización mundial?”, Correspondencia Internacional, n 26, octubre- diciembre 2008. Ver también: Salinas Figueredo Darío, “Las coordenadas de la política estadounidense”,  Crisis de hegemonía de Estados Unidos, Siglo  XXI, México, 2007.

 

294 La proporción de las ventas externas en comparación a las internas es muy significativo en todas estas compañías.  Un completo análisis de estas empresas presenta: Luce Mathias, “La expansión del subimperialismo brasileño”, Patria Grande, n 9, diciembre 2008.

295Son 514 proyectos de energía, transporte y comunicaciones a desarrollar diagramados concebidos para el período 2005-2010. Verdum Ricardo, “Financiamento a megaproyectos: novos desaíos”, Contra Corriente, Janeiro 2009. Tautz Carlos “A Amazonia como alvo principal”, Contra Corriente, Janeiro, 2009.

 

296Lamarque Cecile, “El tratado entre Paraguay y Brasil: un escándalo que duró demasiado”, www.cadtm.org/spip.php, 25-12-08.

 

compañías, en las vastas regiones inexploradas del subcontinente. Este correlato militar de la expansión multinacional no se limita al radio fronterizo. Desde el 2004 Brasil lidera las fuerzas de ocupación que reemplazaron a los marines en Haití. Garantiza allí una política neoliberal, que agrava la tragedia de hambre, pobreza y emigración, utilizando los métodos policiales que ensayó en las favelas. Esas acciones han facilitado el ingreso de las firmas brasileñas al Caribe. La estrategia geopolítica en curso apunta a lograr desde UNASUR, el ambicionado asiento brasileño en el Consejo de Seguridad. Con este objetivo Itamaraty amplía el radio de alianzas (ahora con México) y estimula el ingreso de Cuba a Grupo Río.

Lula repite la política de lobby que desarrolló Felipe González, para posicionar a las empresas españolas en América latina. Como busca garantizar la estabilidad de negocios arbitrados por la diplomacia brasileña, rechaza las pretensiones separatistas de la extrema derecha sudamericana (Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija en Bolivia, Zulia en Venezuela, Guayas en Ecuador). Brasil subordina incluso la continuidad del MERCOSUR a su liderazgo. Demorará la moneda común y el parlamento regional hasta que tenga asegurada esa conducción. Tampoco renuncia a estrategias unilaterales. En la última reunión de la OMC abandonó a sus aliados del G 20, para buscar un compromiso directo con los países desarrollados. Pero la dirección del bloque sudamericano requiere neutralizar políticamente a Venezuela (dentro o fuera del MERCOSUR) y resolver los conflictos comerciales con Argentina. Sólo fuertes beneficios geopolíticos pueden atenuar las constantes quejas de los industriales de Sao Paulo hacia el vecino del Sur. Todo indica, por lo tanto, que Brasil busca ocupar los espacios creados por la crisis de dominación estadounidense. Pero aspira a cumplir este rol sin chocar con la primera potencia. Tratará de saltar un escalón dentro de la coordinación hegemónica que ha prevalecido desde la posguerra. Las clases dominantes brasileñas pretenden jugar un rol más visible, pero al mismo tiempo más integrado al imperialismo colectivo.

¿Cómo responderá Estados Unidos? Hasta ahora predomina la indefinición. En el 2007 Bush suscribió un acuerdo estratégico con Lula para desenvolver una política común de agro- combustibles. El abaratamiento del crudo y las disputas aduaneras en torno al etanol amenazan ese convenio. Pero muchos opinan que Obama podría retomar ese tratado, para asociar al principal país sudamericano a la dominación global297.

En su nuevo rol dominante Brasil tiende a jugar un rol subimperialista. Este papel se está gestando bajo la cobertura de intereses regionales compartidos y no resultará menos adverso para los pueblos, que la opresión tradicional ejercida por el imperialismo estadounidense o europeo. El término de subimperialismo surgió en los años 60 para retratar una expansión de Brasil conectada a las prioridades del Departamento de Estado. Con el prefijo “sub”, Ruy Mauro Marini indicaba el carácter tardío y periférico de la nueva potencia y su asociación subordinada con Estados Unidos298. La denominación distinguía una acción imperial emergente (Brasil) de una función ya dominante (Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia). También aludía a diferencias con imperialismos menores (Suiza, Bélgica, España), extinguidos (otomano, austro-húngaro) o fallidos (Rusia, Japón). La palabra subimperialismo podría erróneamente sugerir una delegación del poder central a servidores de la periferia. Pero en el caso brasileño siempre apuntó a resaltar el proceso opuesto de mayor autonomía de las clases dominantes locales. La aplicación de ese concepto para la región difiere, por ejemplo, de su uso para el caso de Israel (que actúa por mandato del Pentágono) o de sub- potencias como Australia y Canadá, que actuaron siempre adheridas al eje anglo-norteamericano. Una analogía más próxima a Brasil sería el rol jugado por Sudáfrica, en la región austral del continente negro. Hace cuarenta años el sub-imperialismo brasileño debutaba como gendarme anticomunista, en acciones de una dictadura comprometida con la guerra fría. En la actualidad, Brasil sostiene el orden capitalista por cuenta propia (ocupación de Haití), se abastece con pertrechos de Francia y pone serios límites a la plataforma de los marines en Colombia. El acierto más perdurable de los primeros teóricos del subimperialismo fue captar la transformación de las viejas

 

297 Oppenheimer Andrés, “Una decisiva alianza energética”, La Nación, 20-1-09. Pagni Carlos, “La estrategia latinoamericana de Barack Obama”, La Nación, 18-1-09

298 Marini Ruy Mauro, “La dialéctica del desarrollo capitalista en Brasil”, Subdesarrollo y revolución, Siglo XXI, 1985 y Marini Ruy Mauro, Dialéctica de la dependencia, ERA, México, 1985.

 

burguesías nacionales (promotoras del mercado interno), en burguesías locales (que priorizan la exportación y la asociación con empresas transnacionales). Marini denominó “cooperación antagónica” al proceso de internacionalización del capital local y polemizó con los autores que presentaban ese viraje, como un acontecimiento favorable al desarrollo del país299.

Este giro multinacional de las clases dominantes se ha consolidado en las últimas dos décadas y se plasma actualmente en la expansión de las firmas brasileñas hacia los países vecinos.

Marini atribuía este despliegue foráneo a la estrechez de un mercado interno, afectado por la fragilidad del poder adquisitivo. Estimaba, además, que los grandes capitalistas brasileños acentuaban la compresión del poder de compra, recurriendo a formas de superexplotación de los trabajadores. Los seguidores de esta tesis han resaltado el agravamiento contemporáneo de estos desequilibrios, en ausencia de un consumo de masas equiparable al fordismo de las economías avanzadas300. Estas carencias impulsan a las multinacionales a invertir en el exterior, los capitales sobrantes que genera la restrictiva acumulación interna. Como resultado de esta contradicción  Brasil adopta conductas subimperiales, antes de haber alcanzado el poderío que tuvieron las principales economías centrales en los siglos XIX y XX. Esta asimetría ilustra las modalidades contemporáneas que adopta el desarrollo desigual y combinado. La noción de sub-imperialismo contribuye a superar el simplificado esquema de centro-periferia e indica la variedad de relaciones que genera la polarización del mercado mundial. Retrata la existencia de formaciones intermedias, que algunos pensadores han teorizado con el concepto de semi-periferia. Este término alude a frecuentes situaciones intermedias de la historia del capitalismo. Indica el surgimiento de potencias desafiantes que alcanzaron liderazgos (EEUU, Japón, Alemania) o fallaron en el logro de esa meta (Italia, España, Rusia)301. Las semi-periferias han sido subimperialismos (o imperialismos) potenciales que prosperaron o abortaron. En Sudamérica esta evolución se frustró en Argentina durante la primera mitad del siglo XX, pero continúa abierta para Brasil. Múltiples razones económicas, políticas y sociales explican esta evolución divergente. Las nociones de semiperfiera y subimperialismo permiten captar el dinamismo contradictorio del capitalismo. Este sistema periódicamente transforma las relaciones de fuerza en el mercado mundial. Una fotografía congelada del centro y la periferia impide registrar estos cambios. No permite captar, por ejemplo, mutaciones históricas tan sorprendentes como el salto procesado por China en las últimas décadas. Los dos conceptos intermedios también chocan con la estrecha clasificación de los países latinoamericanos en  colonias, semicolonias y capitalistas dependientes. Este modelo es particularmente insuficiente para una región –que a diferencia del resto de la periferia- logró una emancipación temprana del yugo colonial. Por soslayar situaciones semi-coloniales durante gran parte del siglo XX, Brasil tiende a saltar hacia un estadio subimperial.

 

Estatismo para los poderosos

 

Mientras que el margen de autonomía, la reacción estadounidense y el rol multipolar de Brasil son incógnitas abiertas, el severo impacto inmediato de la crisis ya está a la vista. La preocupación central de toda la región es actuar frente a un tsunami que augura desempleo y pobreza. Las medidas que se están adoptando en las tres principales economías de la región socorren a los capitalistas, con los recursos públicos que necesitan los desamparados. En México se dilapidan reservas para contrarrestar una corrida contra la moneda nacional, que podría frenarse instaurando un severo control de cambios. En Brasil, el Tesoro puso a disposición de los banqueros 50.000 millones de dólares y los bancos públicos ya anunciaron que absorberán las pérdidas de las entidades privadas. En Argentina se decretó una moratoria de los capitales fugados que perdona la evasión impositiva. La misma consideración oficial reciben los grandes industriales. En México fueron incorporados a un mega-plan de inversiones públicas. En Brasil obtuvieron reducciones de gravámenes y planes para sostener la reactivación de las ventas. En Argentina son particularmente

 

299Marini Ruy Mauro. “Razones del neo-desarrollismo”. Revista Mexicana de Sociología, año XL, vol. XL, 1978.

300Osorio Jaime, “Una cartografía para redescubrir América Latina”, Oikos, n 18, 2004.

301 Wallerstein Immanuel, Capitalismo histórico y movimientos anti-sistémicos: un análisis de sistemas – mundo, 2004, Akal, Madrid, (cap 5).

 

agraciados los empresarios de la construcción y los productores de bienes durables. Este mismo auxilio al capital se verifica en Chile y en Colombia. Estas orientaciones apuestan a una reacción positiva de los poderosos. Suponen que los flujos gubernamentales de dinero inducirán a los capitalistas a mantener el nivel de actividad. Pero olvidan que esa decisión depende de la dudosa preservación de la rentabilidad. Los planes buscan sostener también el consumo, pero sin medidas de redistribución del ingreso. Sólo intentan incentivar el gasto de la alta clase media, induciendo compras que disuadan el ahorro en divisas.

Por ese camino se agrava la emergencia social, que ya generan las suspensiones, los despidos y la desaceleración productiva. Como no se introduce un ingreso mínimo equivalente a la canasta familiar, la crisis tiende a golpear frontalmente el bolsillo popular. La protección del grueso de la población requería destinar los fondos públicos a preservar salarios, ampliar el seguro al desempleo o incrementar los gastos en salud, educación pública y vivienda. Pero el intervencionismo actual favorece a las clases dominantes. En la instrumentación de ese estatismo, actualmente convergen  los keynesianos y con los neoliberales. Especialmente los cultores de la privatización han procesado un vertiginoso giro pragmático. Ahora cuestionan la sabiduría del mercado y aplauden el gasto público. El viraje estatista igualmente preserva la variedad de matices social-liberales (Tabaré,  Lula) y neo-desarrollistas (Cristina Kirchner), que ha prevalecido en los últimos años. La nacionalización de los fondos de pensión que se dispuso en Argentina -para prevenir el colapso de las jubilaciones y recaudar fondos para la reactivación- es un ejemplo de estas diferencias. Las singularidades nacionales del intervencionismo obedecen especialmente a la intensidad de la lucha social o al deterioro económico-social precedente. Pero la tónica dominante es hacia una convergencia de políticas económicas, que no implica coordinación. Hasta ahora cada gobierno actúa por su cuenta, especialmente en el plano comercial. La política de salvarse a costa del vecino es muy visible en las devaluaciones competitivas y en los aumentos de aranceles. Si este tipo de reacciones ha puesto en peligro la continuidad de la Unión Europea, también puede conducir al naufragio de la integración sudamericana.

 

Experiencias y alternativas

En cualquier escenario próximo los pueblos sufrirán duros embates, si no logran afianzar su resistencia al capital. Esta conclusión es la principal lección de los colapsos financieros que padeció la región durante la década pasada. Esas debacles desencadenaron rebeliones que permitieron acumular importantes experiencias políticas y sociales. Los alzamientos revirtieron en Bolivia un largo ciclo derechista, tumbaron en Ecuador a varios presidentes neoliberales, suscitaron en Venezuela una acentuada polarización y condujeron en Argentina al histórico levantamiento del 2001. También generalizaron la batalla por anular privatizaciones, nacionalizar recursos naturales y democratizar la vida política302. Los oprimidos de América Latina conocen las dramáticas consecuencias del salvataje a los capitalistas y deben prepararse para enfrentar la agresión social que acompañará al nuevo socorro de los banqueros. Frente a este escenario los movimientos sociales, las organizaciones políticas comprometidas con la lucha y los economistas radicales ya debaten propuestas alternativas. En varios encuentros se han fijado las bases de esta plataforma (Caracas, Buenos Aires, Pekín, Belem)303.

Estos programas rechazan las medidas de regulación y control estatal que socializan las pérdidas capitalistas. Llaman a la movilización para supervisar cómo se utilizan los recursos públicos y denuncian las amenazas que afectan a los derechos populares. Los planteos que se han esbozado priorizan el mantenimiento del empleo, la prohibición del despido, el reparto de las horas de trabajo sin modificar el salario y la nacionalización de las fábricas que cierren o despidan. Estas medidas

 

302 Hemos analizado estas rebeliones en: Katz Claudio, Las disyuntivas de la izquierda en América Latina. Ediciones Luxemburg, Buenos Aires, 2008, (cap 1).

303Conferencia Internacional de Economía Política, Respuestas del Sur a la crisis económica mundial, Declaración Final, Caracas, 11-10 2008 ; “Salvar a los pueblos, no a los bancos”, Declaración de la Sociedad de Economía Política

y Pensamiento Crítico, Buenos Aires, 24, octubre 2008 ; “We won’t pay for the crisis. The rich have to pay for it”, Declaration of the assembly of social movements at the world social forum, Belem, January 2009.

 

son necesarias frente a la complicidad gubernamental con los recortes empresarios de puestos de trabajo. La intermediación estatal en negociaciones, para reducir salarios a cambio de preservar el empleo, es otra cara del atropello social en curso. Tres medidas en debate son particularmente acuciantes. En primer lugar, la nacionalización sin ningún tipo de indemnización de los sistemas financieros, para asegurar el control oficial del crédito en la explosiva coyuntura actual. El rescate de los banqueros debe ser reemplazado por la expropiación de sus bienes. Los estados deben recuperar el costo de mantener en funcionamiento los bancos, absorbiendo las propiedades de sus accionistas y administradores. La nueva Constitución de Ecuador –que prohíbe estatizar las deudas privadas- brinda un fundamento para esta acción. Mientras se realiza un catastro de las grandes fortunas hay que prevenir la fuga de capitales, mediante estrictos controles de cambio y cierres de las sucursales off shore. La apertura de los libros contables es también indispensable para conocer la situación de cada entidad. Hay que anticiparse al agravamiento del colapso, asegurando el funcionamiento del sector que articula toda la actividad económica. La segunda medida impostergable es la suspensión, revisión y anulación de las deudas públicas externas e internas. Mientras que la crisis borra pasivos multimillonarios en las economías centrales, América Latina continúa pagando. Las cláusulas de riesgo sistémico que se utilizan en Estados Unidos para retasar el monto y los plazos de obligaciones, no se instrumentan en la región.

Es el momento de seguir el camino que inició Ecuador, al poner en marcha una auditoria integral tendiente a deslindar los fraudes de los pasivos reales. La Comisión que revisó los títulos emitidos entre 1976 a 2006, encontró un escandaloso incremento del endeudamiento (de 240 millones de dólares en 1970 a 17.400 millones en el 2007). También descubrió ausencia de registros y renegociaciones fraudulentas, que condujeron a pagar sumas superiores a lo recibido304. Si se implementa en forma consecuente, esa suspensión del pago de la deuda ilegal tendrá un enorme impacto sobre la región. Sustituirá el repetido default, por una decisión soberana de colocar a los acreedores en el banquillo de acusados. La tercera medida que impone la crisis es la nacionalización del petróleo, el gas y la minería. Permitiría preservar los recursos que América Latina necesita para protegerse del temblor global. Este camino ya ha sido iniciado por Venezuela y Bolivia. Evo decidió recientemente nacionalizar una petrolera (Chaco), que había incumplido con el traspaso de acciones al estado dispuesto por el gobierno. Al denunciar el “carácter electoralista” de esta iniciativa, la derecha transparenta la popularidad que tiene este tipo de medidas. Pero las nacionalizaciones se adoptan con muchas vacilaciones y recurriendo a erróneos pagos de indemnizaciones. En plena caída de los precios de las materias primas estas erogaciones pueden resultar fatales305.

 

El contexto político y los proyectos anticapitalistas

 

La crisis global modifica la percepción general que habitualmente existe de las medidas drásticas. En medio de un colapso que ha resquebrajado la ideología neoliberal, nadie se asusta con llamados a nacionalizar, estatizar o suspender pagos de la deuda. Es el momento de aprovechar este contexto para resguardar a la población latinoamericana, adoptando decisiones contundentes. ¿Pero hay condiciones para implementar un viraje radical? Ciertos analistas estiman que el contexto político  se ha tornado desfavorable desde que la derecha recuperó terreno electoral (Chile, México), afianzó un régimen criminal (Colombia), obtuvo victorias sectoriales (agro-sojeros de Argentina) y sepultó los atisbos reformistas de varios gobiernos (Brasil, Uruguay). Ciertamente la derecha prepara contraofensivas en todos los países. Pero hasta ahora ha perdido las grandes batallas. Fracasó con el golpe de estado en Bolivia, falló con la provocación de Colombia sobre Ecuador y no pudo consumar ningún ensayo de separatismo regional. Tampoco ha podido restaurar la unanimidad derechista de los años 90, en un marco de continuada gravitación de los avances logrados en la

 

 

304Tamayo Eduardo. “Las deudas se pagan, las estafas no”, ALAI, 20-11-08.

305 La compra de acciones de la siderúrgica Sidor –perteneciente al grupo argentino Techint- en Venezuela por 1650 millones de dólares es un ejemplo de estos desaciertos. Actuando como representante directo de los capitalistas, el gobierno de Cristina Kirchner presionó por acelerar esos pagos.

 

conciencia antiliberal y antiimperialista306. Pero existen, además, varios gobiernos nacionalistas radicales (Venezuela, Bolivia, Ecuador), que podrían tomar en sus manos la implementación del programa popular frente a la crisis. Estos procesos se distinguen de las administraciones centroizquierdistas (Tabaré, Cristina, Lula, Bachelet) en tres planos: recurren a la movilización, chocan con el imperialismo y las clases dominantes e intentan medidas de redistribución del ingreso.

La singularidad progresiva de estos gobiernos volvió a corroborarse frente a la masacre de Gaza. Evo y Chávez adoptaron una actitud ejemplar de ruptura con Israel, que contrastó con la neutralidad diplomática de sus colegas sudamericanos. Su postura se diferenció también de la criminal complicidad que caracterizó a casi todos los gobiernos árabes. En Ecuador, Bolivia y Venezuela se han consagrado, además, importantes avances democráticos a través de nuevas Constituciones, aprobadas al cabo de fuertes disputas electorales con la derecha. En el Altiplano, por ejemplo, se reconoció el estado plurinacional, la separación de la Iglesia del estado y la prohibición de bases militares extranjeras. Pero los gobiernos nacionalistas radicales enfrentan grandes disyuntivas. Mantienen el apoyo popular, pero las concesiones al capital y la ausencia de medidas radicales tienden a generar fatiga. La crisis global abre una oportunidad para superar ese desgaste con nuevos impulsos. La prioridad es neutralizar el golpismo de la derecha e impedir el retorno de los conservadores. Pero también es indispensable evitar un congelamiento de las transformaciones sociales, que estabilice la capa de opresores que germina dentro de los procesos populares.

En Bolivia se han ganado nuevamente las elecciones con más del 60% de los votos, pero la derecha mantiene su fuerza en las regiones adversas. En lugar de aprovechar la derrota del putch secesionista, se optó por incorporar a la Constitución varias demandas de la oligarquía (especialmente el carácter no retroactivo de los límites a la propiedad agraria). En Venezuela persiste el vigor de los programas sociales y se ha obtenido un contundente triunfo electoral, que revierte los resultados más adversos de comicios anteriores. Pero al mismo tiempo se afianza la “boliburguesía” asociada con el gobierno, que recicla la desigualdad social y recrea la repudiada corrupción. También en Ecuador se consolida la soberanía política, pero han aparecido fuertes tensiones entre el gobierno y el movimiento indigenista, que legítimamente protesta contra la entrega de áreas mineras a la explotación transnacional. Es el momento de superar estas dificultades radicalizando los procesos nacionalistas, reforzando un eje político-regional con Cuba y revitalizando el ALBA. Esta asociación introdujo principios de intercambio solidario, reafirmó criterios de acción antiimperialista y planteó reformas sociales. En los últimos meses incentivó la implementación de un sistema de compensación monetaria y multiplicó los acuerdos con la zona del Caribe. Pero muchas medidas dependen de un financiamiento petrolero amenazado por la crisis. El ALBA podría cumplir un papel más significativo en el nuevo contexto, como ámbito de formulación y ensayo de las respuestas populares al tsunami económico. Una decisión clave es el retiro del CIADI, que ya inicio Bolivia. Es vital también la campaña por abandonar el FMI y el Banco Mundial, para sentar las bases de nuevos organismos de cooperación y solidaridad. El ALBA ha buscado contrarrestar el estancamiento que impuso Brasil al proyecto de Banco Sur y al sistema monetario latinoamericano (SUCRE). Se han discutido mucho las normas de funcionamiento de esa entidad (voto por país o proporcional al capital aportado), así como el volumen o el destino de los fondos. Pero mientras persista la tendencia de las clases dominantes a protegerse individualmente del colapso financiero, estas iniciativas no prosperarán. Sólo los oprimidos -que actúan sin la compulsión del beneficio y la competencia- pueden garantizar la unidad regional. La crisis global crea nuevas condiciones para avanzar hacia esa meta.

América Latina cumplió un papel de vanguardia en la resistencia contra el neoliberalismo, pero la crisis actual plantea otro desafío: ocupar un rol de avanzada en la batalla contra el capitalismo. Este sistema es el responsable de los descalabros actuales y su continuidad exigirá mayores sufrimientos populares. Sólo un camino de erradicación de la explotación, el desperdicio y la desigualdad vigentes permitirá contrarrestar la miseria y el paro que augura la debacle en curso. Este sendero

 

306Las periódicas encuestas de Latinbarómetro indican fuerte apoyo popular a las movilizaciones, crítica a las desigualdades sociales y cuestionamientos del mercado (La Nación, 17-12-08).

 

exige adoptar medidas antiliberales y anticapitalistas. Las respuestas serán efectivas si facilitan una transición al socialismo, opuesta a todos los proyectos de regular el capitalismo. El estatismo en boga tiende a recrear las crisis, al cabo de penosos salvatajes solventados por la población. Dos perspectivas históricas diferentes están en juego en todos los debates del movimiento social. El Banco del Sur, por ejemplo, puede concebirse en ambos sentidos. Mientras que un rumbo socialista exigiría utilizar los fondos de esa entidad para financiar la reforma agraria, las mejoras populares y las cooperativas, el modelo capitalista induciría a respaldar las empresas locales, que disputan mercados con sus rivales extra-regionales. La misma disyuntiva determina lineamientos diferentes para el Fondo Regional del Sur (sistema monetario de compensación de pagos). Podría facilitar la redistribución del ingreso o emular los mecanismos capitalistas de estabilización, que rigen en Asia o la Unión Europea. El camino socialista requiere el retiro del FMI y del Banco Mundial, mientras que el sendero capitalista apuntala la ilusión de democratizar esos organismos.

Sólo la perspectiva socialista permitirá organizar una economía al servicio de las necesidades populares, con formas de planificación democrática que atenúen (y eliminen posteriormente), las traumáticas turbulencias del ciclo capitalista. El socialismo del futuro no guardará ninguna  conexión con las fracasadas experiencias de totalitarismo burocrático del siglo XX. Pondrá en marcha la autogestión colectiva que se necesita para forjar una sociedad igualitaria.

 

(Buenos Aires, 2009)

 

Para leer más sobre este tema

 

• Acosta Alberto, “Una propuesta múltiple desde la utopía”, enero 2008.

• Arruda Sampaio Jr Plinio, Ofensiva neoliberal e reversao neocolonial na América Latina. Pensamiento y acción por el socialismo, FISIP-CLASO, Buenos Aires, 2006.

• Boron Atilio, “Prólogo”, Crisis de hegemonía de Estados Unidos. Siglo XXI, México, 2007.

• Cockcroft James, América Latina y Estados Unidos. Historia y política, Siglo XXI, 2001, México.

• -Gandásegui Marco, “Obama, crisis y América Latina”, ALAI, 9-12-08.

• Guerrero Modesto, “Señales de un continente en movimiento”, Página 12,8-11-08.

• Martins Carlos Eduardo, Crisis de hegemonía de Estados Unidos, Siglo XXI, México, 2007.

• Montecino Jorge, “Obama y la región”, ALAI, 13-11-08.

• Petras James, “Repensar el desarrollo de América Latina”, Memoria, n° 224, noviembre 2007.

• Revista América Latina en Movimiento, “Crisis financiera: ¿a dónde vamos?”, No. 436, octubre 2008, (http://alainet.org/publica/alai437w.pdf).

• Revista América Latina en Movimiento, “Más allá de la crisis”, No 441, febrero 2009 (http://alainet.org/publica/441.phtml).

• Sader Emir, “América Latino no século XXI”,. Revista de Osal, n° 9, enero 2003.

• Salama       Pierre,         “Argentine, Bresil,         Méxique,    face   a        la  crise  internacionale”, socio13.wordpress.com, 16-12-2008.

• Toussaint Eric, “¿Qué crisis? ¿Qué respuestas puede dar el Sur?”, www.rebelion.org, 4-12- 2008

• Weisbrot Mark, “La recesión se puede evitar”, Página 12, 16-11-08.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crisis del capitalismo mundial y retorno de las alternativas en América latina

 

Por Eric Toussaint

 

Eric Toussaint es doctor en Ciencias políticas de las Universidades de Liege (Bélgica) y Paris VIII (Francia), presidente del Comité para la Abolición de la Deuda del Tercer Mundo - Bélgica, www.cadtm.org, ha publicado entre otros: El Banco del Sur y la nueva crisis internacional, El Viejo topo, Barcelona, 2008 y La Bolsa o la Vida. Las finanzas contra los pueblos, Clacso, Buenos aires, 2004.

 

Traducción del francés por Guillermo Parodi (Rebelión.org) con Griselda Pinero y Raúl Quiroz

 

 

Las crisis financiera, económica, alimentaria y climática tomaron un carácter dramático a escala mundial en 2008. Los efectos serán de largo plazo. Las respuestas dadas a las crisis en curso por las organizaciones internacionales y la mayoría de los Gobiernos hicieron crecer sus propias crisis de legitimidad. En efecto una gran parte de la opinión pública se da perfectamente cuenta de que se procede al salvataje de los banqueros sin ninguna consideración por el pueblo inocente. La conjunción de estas crisis muestra al pueblo la necesidad de liberarse de la sociedad capitalista y su modelo productivista ya que constituyen la raíz del problema.

 

El pensamiento neoliberal desarrolla el concepto de ineluctabilidad: el sistema que es, debe ser porque es; la mundialización/globalización tal como se desarrolla es inevitable, todos y todas deben someterse. Se sumerge así en el misticismo y el fatalismo. Con todo, una mirada atenta sobre la historia demuestra la incongruencia de la idea «de irreversibilidad». Tomemos el ejemplo del ámbito financiero. A principios del siglo XX, la libertad de los movimientos de capitales garantizada por el patrón oro, la libertad de los cambios garantizada por los Tratados sobre el comercio y la inversión parecían irreversibles. La primera guerra mundial vino a trastornar todo eso. En los años veinte, la omnipotencia de los mercados financieros parecía tan irreversible como pretende serlo actualmente. La quiebra de 1929 y la larga crisis que siguió obligaron a los gobiernos a supervisar estrechamente las actividades bancarias y financieras. Al final de la segunda guerra mundial, los gobiernos de los principales países capitalistas vencedores se pusieron de acuerdo para dotarse de instrumentos de control financiero en el nivel internacional. El FMI, en particular, tenía por objetivo velar por el este control (el artículo VI de su estatuto lo estipula explícitamente).  Varios gobiernos de Europa Occidental emprendieron a partir de 1945 extensos programas de nacionalizaciones, incluso de bancos, bajo la presión del mundo del trabajo. Las certezas teóricas neoliberales enunciadas actualmente no valen mucho más que las de los liberales o conservadores que estaban en el poder en los años veinte en vísperas de la quiebra financiera. El fracaso económico y el desastre social causados por los neoliberales de hoy podrían desembocar en nuevos grandes cambios políticos y sociales. La globalización no es una aplanadora que destroza todo a su paso: las fuerzas de resistencia están completamente presentes.

 

¿Por qué, por lo tanto, excluir que el descontento social se exprese nuevamente alrededor de proyectos de emancipación? No hay ni fatalidad económica ni situación política que resista a la acción de las fuerzas sociales.

 

La satisfacción de los derechos humanos fundamentales para el Sur

 

Sería inútil esperar de la lógica del mercado que cubriera las necesidades esenciales. 2.800 millones de personas que viven con menos de 2 dólares al día no disponen del poder adquisitivo suficiente para que los mercados se interesen por ellas. Sólo políticas públicas pueden garantizar, a todos y a todas, la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales. Esta es la razón por la que es necesario que los poderes públicos dispongan de los medios políticos y financieros que les permitan honrar sus compromisos y deberes con sus conciudadanos. La aplicación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) y del Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) no se podrá obtener sino por la acción de un poderoso movimiento social y ciudadano. Es necesario, en primer lugar, poner fin a la hemorragia de los recursos que constituye el reembolso de la deuda. No es necesario esperar que instituciones internacionales tomen por sí mismas la decisión de cancelar la deuda de los PED (Países en Desarrollo). Es la acción decidida de un Estado o de una coalición de Estados la que podrá conducir a tal medida. Los juristas que se reunieron en Quito en julio de 2008 tienen perfectamente razón al afirmar: «Sostenemos los actos soberanos de los Estados que, fundados en el Derecho, declaren la nulidad de instrumentos ilícitos e ilegítimos de la deuda pública, incluyendo la suspensión de los pagos.» 2 Una vez logrado este primer paso, es esencial sustituir la economía de endeudamiento internacional actual por un modelo de desarrollo social justo y ecológicamente sostenible, independiente de las fluctuaciones de los mercados financieros y las condicionalidades de los préstamos del FMI y el Banco Mundial. Para que una anulación de deuda sea útil para el desarrollo humano es necesario que las sumas  destinadas hasta el momento de la anulación al pago de la deuda, sean utilizadas en adelante para el desarrollo humano. Las nuevas modalidades deben ser determinadas de manera democrática por cada país en cuestión.

 

Poner fin a los planes de ajuste estructural

 

Los planes de ajuste estructural, que llevan este nombre o que las instituciones financieras internacionales, predicando la liberalización total de las economías del Sur, hayan rebautizado

«Cuadros estratégicos de lucha contra la pobreza», tienen por consecuencia el debilitamiento de los Estados, volviéndolos más dependientes de fluctuaciones exteriores (evolución de los mercados mundiales, ataques especulativos, etc.) y su sumisión a condicionalidades inaceptables impuestas por el tándem Banco Mundial /FMI y, detrás, por los gobiernos de los países acreedores agrupados en el Club de París. El balance humano de las políticas de ajuste estructural es trágico. Éstas deben ser suprimidas y sustituidas por políticas que se destinen con prioridad absoluta a la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales, orientadas hacia la soberanía y la seguridad alimentaria y la búsqueda de complementariedades regionales. La Comisión de derechos humanos de la ONU3 adoptó numerosas Resoluciones sobre la problemática de la deuda y del ajuste estructural. En una ellas, adoptada en 1999, la Comisión afirma que «el ejercicio de los derechos fundamentales de la población de los países endeudados: a la alimentación, al alojamiento, a la vestimenta, al trabajo, a la educación, a los servicios de salud y a un medio ambiente sano, no puede supeditarse a la aplicación de políticas de ajuste estructural y a reformas económicas generadas por la deuda»  (1999, Artículo 5).

 

Devolver a los ciudadanos de los PED lo que les han robado

 

Riquezas considerables, acumuladas ilícitamente por gobernantes y capitalistas locales, se depositaron en los países más industrializados, con la complicidad de las instituciones financieras privadas y la complacencia de los gobiernos del Norte. La restitución de estas riquezas implica el resultado de procedimientos judiciales iniciados a la vez en los países del Tercer Mundo y en los países más industrializados. Tales investigaciones permitirían por otro lado no dejar impunes a corruptos y corruptores: es la única manera de lograr, algún día, poder ver a la democracia y a la

 

transparencia superar la corrupción. Se trata también de exigir reparación por el saqueo al cual el Tercer Mundo es sometido desde hace cinco siglos. Eso implica, en particular, la restitución de bienes económicos y culturales robados a los continentes asiático, africano y suramericano.

 

Instaurar un impuesto excepcional a las grandes fortunas

 

En su informe de 1995, la CNUCED propone efectuar una única exacción («one-shot») sobre el patrimonio de las grandes fortunas. Tal impuesto, aplicado a lo largo y a lo ancho de todo el mundo, permitiría movilizar fondos considerables. Este impuesto excepcional (diferente de un impuesto recurrente sobre el patrimonio, tal como existe en algunos países del planeta) podría ser aplicado alternativamente a escala nacional. Tal impuesto excepcional de solidaridad podría generar recursos considerables. Según el World Wealth Report 20085 publicado por las sociedades Merrill Lynch y Capgemini, 10,1 millones de personas en el mundo tienen más de 1 millón de dólares en activos y su riqueza acumulada alcanza 40,7 billones de dólares, lo que representa 30 veces la deuda exterior pública de todos los países en desarrollo… Por lo tanto, como ejemplo, un impuesto del 10% excepcional sobre este patrimonio aportaría más de 4 billones de dólares sin por ello condenarlos a la miseria… Numerosas indefiniciones subsisten. ¿Qué impuesto (tasa) imponer? ¿Una tasa única?

¿Una tasa progresiva? ¿Qué parte de los fondos iría a proyectos mundiales? ¿A los proyectos continentales? ¿Un fondo para la reforestación? ¿Un fondo para la desnuclearización completa?

¿Qué prioridades y qué proyectos? ¿Determinados por quien? ¿La Asamblea General de la ONU precedida por los referéndums nacionales? ¿Continentales? ¿Qué parte iría a proyectos locales? Pero algo es seguro: es necesario comprometerse en esta vía, y en forma más generalizada, instaurar un sistema fiscal realmente redistributivo, que dé a las autoridades públicas los medios para cumplir sus obligaciones con sus ciudadano(a)s respecto a los derechos económicos, sociales y culturales.

 

Redistribuir equitativamente las riquezas a nivel planetario

 

Jamás la riqueza ha estado tan desigualmente repartida en el mundo. Con el objeto de luchar contra este crecimiento dramático de la desigualdad, es imprescindible la instauración de impuestos (tasas) internacionales, que podrían tomar varias formas: impuestos de tipo Tobin sobre la especulación financiera (como la recomendada por la red ATTAC), un impuesto sobre los beneficios de las sociedades transnacionales (en 2006, Total obtuvo el mayor beneficio anual de la historia de la economía francesa, un valor de 12.585 millones de euros, una tercera parte del cual se distribuyó entre su accionistas en forma de dividendos…), un impuesto sobre las industrias contaminantes, etc. Esos ingresos deben ser usados en la lucha contra la desigualdad, para la educación, la salud pública, la soberanía alimentaria, la promoción de los bienes públicos y para la protección del medio ambiente.

 

Llevar la ayuda oficial al desarrollo (AOD) como mínimo al 0,7 % del PIB

 

La AOD no cumple el papel que debería tener. No se compromete teniendo en cuenta las necesidades al Sur, sino en función de los intereses geopolíticos, comerciales y de propaganda mediática de los países donantes. Se trata como un anuncio publicitario, solamente se seleccionan los proyectos visibles y rentables, las empresas implicadas son en general las del país de donde viene el dinero, demasiadas manipulaciones estadísticas tienen lugar y el contorno de la AOD es borroso: incluye préstamos con una tasa reducida que se reembolsarán hasta el último céntimo, las condonaciones de deuda, los gastos de enseñanza (gastos de escolaridad de los estudiantes del Sur en los países en cuestión), la recepción de los refugiados (y demasiado a menudo la vuelta por la fuerza a su país de origen), los gastos de misiones de expertos que realizan peritajes bien poco útiles, el salario de cooperadores que benefician raramente a las poblaciones desamparadas… La parte de la AOD que llega in situ y es aprovechada por los más pobres es ridícula. La triplicación de la AOD permitiría lograr sumas sustanciales. Por fin, para hacerlo bien, la AOD debería pagarse

 

enteramente en forma de subvenciones y, más que de hablar de ayuda o subvención, convendría en adelante utilizar el término «reparación». Se trata, en efecto, de reparar los daños causados por siglos de saqueo e intercambio desigual. En este contexto, la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados adoptada por la ONU en 197411 es una contribución importante. El Capítulo 1 prescribe que las relaciones entre Estados deberían ser reguladas por una serie de principios entre los cuales figura en el acápite i) el de «Reparación de injusticias que han sido impuestas por la fuerza y que privan a una nación de los medios naturales necesarios para su desarrollo normal.» El artículo 17 prescribe la obligación general de los Estados de cooperar en el desarrollo de los Estados más necesitados, concretamente afirma la necesidad: «de cooperar a los esfuerzos de los países en vías de desarrollo para acelerar su progreso económico y social garantizándoles condiciones exteriores favorables y aportándoles una ayuda activa, conforme a sus necesidades y a sus objetivos en cuanto a desarrollo, en cumplimiento riguroso de la igualdad soberana de los Estados y sin condiciones que afectan a su soberanía.» Una obligación similar, que incluye a todos los Estados, «de responder a las necesidades y objetivos de desarrollo generalmente reconocidos o mutuamente aceptados de los países en vías de desarrollo», figura en el artículo 2212.

 

Garantizar la vuelta al ámbito público de los sectores estratégicos que se privatizaron

 

Las reservas y la distribución de agua, la generación y distribución de electricidad, las telecomunicaciones, el correo, los ferrocarriles, las empresas de extracción y de transformación de bienes primarios, el sistema de crédito, algunos sectores de la educación y de la salud… han sido sistemáticamente privatizados o están en vías de serlo. Resulta conveniente asegurar el retorno de esas empresas al dominio público.

 

Adoptar modelos de desarrollo parcialmente autocentrados

 

Este tipo de desarrollo supone la creación de zonas política y económicamente integradas, la aparición de modelos de desarrollo endógenos, un refuerzo de los mercados internos, la creación de un ahorro local para financiamientos locales (mientras que en muchos países, las sumas colocadas en el extranjero por los más ricos sobrepasan el importe de la deuda exterior del país), el desarrollo de la educación y la salud ambas públicas y gratuitas, la instauración de un impuesto progresivo y de mecanismos de redistribución de las riquezas, una diversificación de las exportaciones, una reforma agraria que garantice un acceso universal a la tierra a los campesinos, una reforma urbana que garantice un acceso universal al alojamiento, etc. En la arquitectura mundial actual, es  necesario sustituir reagrupaciones económicas regionales. Sólo tal desarrollo parcialmente autocentrado permitirá la aparición de relaciones de complementariedad Sur-Sur, condición sine qua non para el desarrollo económico de los PED. Si se quiere dar un contenido de justicia social al proyecto de integración Sur-Sur, es necesario que las autoridades públicas recuperen el control sobre los recursos naturales y sobre los grandes medios de producción, crédito y comercialización. Es necesario nivelar hacia arriba las conquistas sociales de los trabajadores y pequeños productores, reduciendo al mismo tiempo las asimetrías entre las economías. Es necesario sostener a los pequeños productores privados en numerosas actividades: agricultura, artesanía, comercio, servicios. El proceso de emancipación social que persigue el proyecto socialista del siglo XXI quiere liberar a la sociedad de la soberanía capitalista apoyando las formas de propiedad que tienen una función social positiva: pequeñas propiedades privadas, propiedad pública, propiedad cooperativa, propiedad comunal y colectiva, propiedad tradicional de los pueblos indígenas…

 

Actuar sobre el comercio

 

Es necesario reformar radicalmente las reglas del comercio. En lo que se refiere a la agricultura, como lo reivindica el movimiento campesino Vía Campesina, conviene reconocer el derecho de cada país (o grupo de países) a la soberanía alimentaria y, en particular, a la autosuficiencia para los

 

productos básicos. Las reglas del comercio mundial deben por otro lado supeditarse a criterios ambientales, sociales y culturales estrictos. La salud, la educación, el agua y la cultura deben excluirse del campo del comercio internacional. Los servicios públicos deben ser los garantes y deben por tanto ser excluidos del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), que prepara la liberalización total de los servicios públicos. Conviene, por otra parte, suprimir los Acuerdos sobre los derechos de propiedad intelectual relativos al comercio (ADPIC) que impiden los países del Sur producir libremente bienes (medicamentos, por ejemplo) destinados a la satisfacción de las necesidades de sus poblaciones. Se trata de establecer mecanismos que garanticen una mejor remuneración de la canasta de productos exportados al mercado mundial por los PED (estabilizar el precio de las materias primas en un nivel satisfactorio para los países productores, garantizar los beneficios de exportación, constituir stocks reguladores —lo que implica el abandono de stock cero—, etc.).

 

Para ir hacia tales mecanismos concertados, conviene apoyar los esfuerzos de los PED para constituir carteles de países productores. La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), a menudo es denigrada aunque desempeña en varios aspectos un papel positivo13. La consecución de tales carteles podría permitir a la vez una reducción de los volúmenes exportados  (lo que, por una parte, limitaría el agotamiento de los recursos naturales y, por la otra, permitiría el aumento de las superficies utilizadas para los cultivos alimentarios) y un aumento de los ingresos de exportación que deben volverse a invertir en el desarrollo por los países beneficiarios. ¿Por qué no hay un cartel de los productores de cobre (Chile no hace mucho tiempo representaba, él solo, el 30% de las exportaciones mundiales)? ¿Un cartel del café? ¿Un cartel del té? Etc. Por otra parte, los PED deben poder recurrir a medidas de protección de sus producciones locales, en particular, como lo pide Vía Campesina, «la abolición de todo apoyo y subsidio directos o indirectos a las exportaciones», «a la prohibición de la producción y la comercialización de semillas y alimentos genéticamente modificados» y «a la prohibición de la patente de lo vivo así como a la apropiación privada del conocimiento relativo a la agricultura y a la alimentación».

 

Adoptar una nueva disciplina financiera

 

Las crisis financieras de repetición de los años noventa y la crisis financiera mundial que estalló en 2008 probaron, por el absurdo, que ningún desarrollo sostenible podía alcanzarse sin un control estricto de los movimientos de capitales y de la evasión fiscal. Varias medidas son pues necesarias para llevar a los mercados financieros a la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales: volver a regular los mercados financieros, controlar los movimientos de capitales, suprimir los paraísos fiscales y suprimir el secreto bancario para luchar eficazmente contra la evasión fiscal, la malversación de fondos públicos y la corrupción, adoptar normas garantizando la protección de los países que recurren a la deuda externa. Es pues necesario implantar una arquitectura financiera diferente, y la creación en diciembre de 2007 del Banco del Sur es un paso en este sentido. Ante la crisis financiera, los gobiernos deberían tomar el control de los bancos privados sin indemnización. En el caso de la nacionalización de bancos privados al borde de la quiebra, es necesario que el gobierno recupere el coste de la operación de rescate de los depósitos de los ahorristas tomando esa suma del patrimonio de los grandes accionistas y de los administradores. En vez de salvar a los banqueros, es necesario salvar el ahorro y el crédito populares.

 

Suprimir los paraísos fiscales y otras actividades offshore15

 

Estos paraísos fiscales —y judiciales— tienen como efecto inflar la burbuja financiera y debilitar las economías legales (anualmente se blanquean entre 500.000 millones y 1,500 billones de dólares). El centro offshore de la City de Londres representa por sí solo un 40% del volumen de negocios realizado por los paraísos fiscales. En la lista de los principales paraísos fiscales aparecen: Suiza, Países Bajos, Irlanda, Gran Ducado de Luxemburgo, que representan alrededor de un 30%.

 

El 30% restante pasa por unos sesenta destinos exóticos, como las islas Vírgenes, las islas Caimán, las Bermudas… Es necesario suprimir los paraísos fiscales y los centros offshore suprimiendo al mismo tiempo el secreto bancario para luchar eficazmente contra la evasión fiscal, la malversación de fondos públicos y la corrupción.

 

Asegurar un control democrático de la política de endeudamiento

 

La decisión de los Estados de contraer empréstitos y los términos en los que se suscriben deben presentarse a la aprobación popular (debate y voto en el Parlamento, control ciudadano). A este respecto, el proyecto de nueva Constitución boliviana prevé que en adelante sea la Asamblea legislativa plurinacional (se refiere a las varias naciones que se reconocen en el país, NdT) que autoriza el recurso al empréstito16 . Del mismo modo, la Constitución ecuatoriana coloca, de manera transparente, la decisión del endeudamiento en las manos de los funcionarios electos por el pueblo.

 

Garantizar a las personas el derecho de circulación y de radicación

 

Además de que la libertad de circulación y de radicación constituye un derecho humano elemental, es necesario tener en cuenta el hecho de que los envíos de los emigrantes hacia su familia de origen, que vive en un PED, representan un recurso considerable para decenas de millones de familias. Sólo en 2007, los envíos de los emigrantes representaron la suma de 240.000 millones de dólares, lo que representa cuatro veces más que la parte «subvención» del conjunto de la ayuda pública al desarrollo. Obviamente, sobre la base de una verdadera mejora de las condiciones de vida, que serán la consecuencia de la aplicación de las medidas preconizadas más arriba, las presiones migratorias disminuirán mucho. Es por ese ángulo por el que es necesario solucionar el problema, no por el del cierre de las fronteras a los seres humanos.

 

Establecer la igualdad hombre-mujer

 

Aunque la expresión se puso de moda, esta igualdad es la clave absolutamente indispensable para una alternativa real. Es importante precisar, a la hora de las palabras ambiguas, que se trata efectivamente de «igualdad» que debe establecerse y no de «equidad». Estas dos palabras a menudo se emplean indiferentemente pero no cubren la misma necesidad ni la misma urgencia. El que tiene 6 manzanas y decide darlos a dos personas puede considerar «equitativo» dar 2 a uno y 4 al otro según criterios que le parezcan pertinentes. Lo mejor posible, por ello las mujeres viven de equidad: según las posibilidades objetivas, según los partidos en el poder, según la jerarquía de las urgencias… A este nivel, es útil actualizar las ideologías que, incluso progresistas, dejaron de lado la lucha por la emancipación de las mujeres. Las mujeres no son seres humanos rebajados y, en todos los casos, deben beneficiarse del mismo tratamiento que los hombres en todos los ámbitos. En primer lugar en la esfera pública: los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales. ¡Cada uno y cada una sus 3 manzanas! Y sobre todo en la esfera privada: en las familias, los hogares, las comunidades. Ya que es en última instancia allí es que el patriarcado se refugia cuando se logran avances en la sociedad. Allí pueden subsistir los deseos de poder, allí es donde se producen las compensaciones frente a las injusticias externas. ¡El que se siente esclavo o explotado afuera, se convierte en potentado en su hogar por la gracia del patriarcado! El feminismo, como instrumento de la emancipación de las mujeres y de la lucha contra el patriarcado, es pues parte integral de la alternativa, no es negociable.

 

Garantizar el derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación

 

La visión jerarquizada de la historia del mundo implica muy a menudo una visión racista de las relaciones sociales. ¡Con qué condescendencia a menudo, incluso en los textos mejor intencionados, se abordan los derechos de las «comunidades indígenas»! A menudo minoritarias por la «fuerza» de

 

los acontecimientos históricos, como las masacres y los saqueos de los colonos, los pueblos nativos están en estado de alerta permanente para salvaguardar sus derechos. E incluso, siempre que el pueblo nativo sea mayoritario con relación a los descendientes de los colonos blancos, por ejemplo en varios países andinos, el racismo invierte la jerarquía de los valores y da todos los derechos a las minorías dominantes. La autonomía constituye pues un medio político para llevar a hombros la pretensión de los derechos. Esta autonomía no puede adquirirse, una vez más, sino por la creación de una relación de las fuerzas: por ello, durante las últimas décadas, por todas partes en el mundo, los pueblos indígenas rechazaron la oferta del modelo dominante y se plantaron contra las multinacionales, contra los gobiernos, contra las instituciones internacionales, para hacer valer su derecho, su elección de sociedad. Nuevas Constituciones en Bolivia, Venezuela, Ecuador ratifican estas luchas y abren el campo a una justa autonomía de los pueblos nativos, permitiéndoles vivir o hacer revivir los hábitos, las tradiciones, el derecho, la concepción de la política, la concepción de la democracia que son los suyos. ¿Es el mejor medio, es la única vía que debe seguirse? La reflexión merece llevarse en las filas de los movimientos sociales. Lo que queda claro, es que autonomía permitirá a los pueblos beneficiarios probar el fundamento de sus elecciones y a las otras comunidades de encontrarlos en pie de igualdad. En septiembre de 2007, y después de más de veinte años de negociaciones, la Asamblea General de la ONU adoptó una «Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas»18, que reconoce, en particular, para las aproximadamente 370 millones de personas en esa categoría: «el derecho a la autodeterminación» y «el derecho a definir y elaborar prioridades y estrategias con el fin de ejercer su derecho al desarrollo», con el fin de proteger sus culturas y la integridad de sus tierras, sin ninguna forma de discriminación. Algunas reparaciones están previstas incluso para los perjuicios sufridos: «El pueblo autóctono privado de sus medios de subsistencia y desarrollo tiene derecho a una indemnización justa y equitativa.» Aunque esta declaración no tiene el valor jurídico y vinculante de un Tratado, es un paso adelante que es necesario saludar. Hay que indicar que once países, entre ellos Rusia y Colombia, se abstuvieron, mientras que otros cuatro (Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda) votaron en contra19 .

 

Proteger los bienes comunes de la humanidad

 

La reflexión sobre los bienes comunes de la humanidad está en el centro de los debates altemundialistas. El nombre que se les da varía (bienes públicos, patrimonio de la humanidad…) y el campo que cubren tiene tendencia a ampliarse. Hacer una lista y una clasificación de los bienes comunes requiere pues una extensa consulta democrática donde se reflejan historias y culturas diferentes. El concepto «bien común» coincide con el concepto de «derecho» en muchos aspectos. La protección de los bienes comunes quiere en efecto garantizar el derecho y el acceso de todos: al agua, al aire puro, a la energía, a la comida, al transporte, a la educación básica y también al conocimiento en sentido amplio, al derecho al desarrollo, a la igualdad, a la libertad, al placer, en resumen, el derecho a la vida. Se enunciaron magníficamente todos estos derechos en las cartas y pactos de las Naciones Unidas.

 

A escala planetaria, otros derechos deben garantizarse: el derecho universal a un empleo digno por una reducción radical del tiempo de trabajo, que se opone a la lógica actual en la que se ven desocupados (parados) coexistir con asalariados agotados y corroídos por la tensión; el derecho universal a una renta de ciudadanía; la defensa de los sistemas de jubilación por distribución, en comparación con el sistema de jubilación por capitalización (la instauración de un sistema por distribución allí donde no existe); la gratuidad de la educación (nivel universitario incluido) y la salud; extensos programas de trabajos públicos socialmente útiles y preservando el medio ambiente (por ejemplo, construcción de alojamientos y adaptación urbana, renovación del hábitat existente, infraestructura de transportes colectivos por ferrocarril…) ; gratuidad del transporte públicos; campañas de alfabetización, vacunación, asistencia sanitaria primaria, como fue el caso, con resultados extraordinarios, en Nicaragua entre 1980 y 1983 o en Venezuela en 2003-2005.

 

La cuestión de la democracia política es obviamente central. Sin la intervención activa de los/las ciudadanos/as a todos los niveles de la decisión política, el conjunto de las propuestas presentadas aquí no tiene verdaderamente sentido.

 

Construir una nueva arquitectura internacional

 

Es necesario optar por propuestas que redefinan radicalmente el fundamento de la arquitectura internacional (misiones, funcionamiento…). Retomemos el caso de la OMC, del FMI y del Banco Mundial, organizaciones que es necesario reemplazar. La nueva OMC debería aspirar en el ámbito del comercio a garantizar el cumplimiento de una serie de pactos internacionales fundamentales, comenzando por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y todos los otros tratados fundamentales en cuanto a derechos humanos (individuales o colectivos) y ambientales. Su función sería supervisar y regular el comercio de tal modo que se ajuste rigurosamente a las normas sociales (convenios de la Organización Internacional del Trabajo - OIT) y ambientales. Esta definición se opone de manera frontal a los objetivos actuales de la OMC. Esto implica obviamente una estricta separación de los poderes: es inaceptable que la OMC, como, por otra parte, cualquier otra organización, posea su propio tribunal. Es necesario pues suprimir el Órgano de Resolución de Conflictos.

 

La organización que sustituirá al Banco Mundial, que será una organización fuertemente regionalizada (los Bancos del Sur podrían conectarse), tendría por función proporcionar préstamos a tasas de interés muy bajas o nulas y subvenciones que sólo podrían concederse a condición de utilizarse cumpliendo rigurosamente las normas sociales y ambientales y, más generalmente, los derechos humanos fundamentales. Contrariamente al Banco Mundial actual, el nuevo banco, cuyo

«mundo» tiene necesidades, no pretendería representar los intereses de los acreedores e imponer a los deudores un comportamiento de oferta al mercado-rey, tendría por misión prioritaria la defensa de los intereses de los pueblos que reciben los préstamos y las subvenciones. El nuevo FMI, por su parte, debería reencontrar una parte de su función original para garantizar la estabilidad de las monedas, luchar contra la especulación, controlar los movimientos de capitales, actuar para prohibir los paraísos fiscales y el fraude fiscal. Para lograr este objetivo, podría colaborar con las autoridades nacionales y los fondos monetarios regionales en el cobro de distintos impuestos internacionales. Todas estas pistas requieren la elaboración de una arquitectura mundial coherente, jerarquizada y dotada con una división de los poderes. La clave debería ser la ONU, siempre que su Asamblea General se convierta en la verdadera instancia de decisión —lo que implica suprimir el estatuto de miembro permanente del Consejo de Seguridad (y el derecho de veto que le está vinculado)—. La Asamblea General podría delegar misiones específicas a organismos ad hoc.

 

Creemos en la posibilidad y en la necesidad de la reforma de la ONU por tres razones: su carta es globalmente progresista y democrática; el principio de su composición es democrático (un Estado = un voto) —incluso se debería completar, tal como se ha sugerido más arriba, con un sistema de representación proporcional y directa—; en los años 60 y 70, la Asamblea General adoptó resoluciones y declaraciones claramente progresistas (que en principio aún no han sido aplicadas) y estableció algunas instituciones útiles (la OIT, la CNUCED, la OMS…). Otro tema al que aún no se dio la suficiente importancia es el de un dispositivo internacional de derecho, de un poder judicial internacional (independiente de las otras instancias de poder internacional), que complete el dispositivo actual constituido principalmente por el Tribunal Internacional de La Haya y por el joven Tribunal Penal Internacional. Con la ofensiva neoliberal de los veinte últimos años, la ley del comercio dominó progresivamente a la ley del derecho público. Instituciones internacionales no democráticas como la OMC y el Banco Mundial funcionan con su propio órgano de justicia: el Órgano de resolución de conflictos en la OMC y el CIADI cuyo papel aumentó excesivamente. Algunos miembros permanentes violan regularmente la carta de la ONU en su Consejo de Seguridad. Se crean algunos nuevos espacios de no derecho (los presos sin derecho encarcelados en

 

Guantánamo por Estados Unidos). Este país, después de haber desafiado al Tribunal Internacional de La Haya (en el que ha sido condenado en 1985 por haber atacado a Nicaragua), rechaza el Tribunal Penal Internacional. Todo eso es extremadamente preocupante y requiere urgentemente iniciativas para completar un dispositivo internacional de derecho.

 

Mientras tanto, es necesario obligar a instituciones tales como el Banco Mundial y el FMI a rendir cuentas a la justicia. En efecto, mientras que en principio están sujetas del derecho internacional y, en particular, al conjunto de los Tratados relativos a los derechos humanos, estas dos instituciones (a las cuales es necesario añadir los bancos regionales de desarrollo) hacen caso omiso de ellos. Por otra parte, estas instituciones sostuvieron (y sostienen aún) activamente regímenes dictatoriales, y desestabilizaron (y desestabilizan aún ahora) a gobiernos democráticos que llevan a cabo políticas que desagradan en Washington y en otras capitales. La lista de sus fechorías es larga y los delitos que cometieron y cometen aún son muy graves. Es necesario comenzar pleitos en su contra en distintas instancias habilitadas a hacerlo, comenzando por órganos jurisdiccionales nacionales21.

 

(Bruxelles, 2009)

 

Notas

 

2/ Ver el texto integral de la declaración final: www.cadtm.org/spip.php ?article3616. Para una ampliación detallada desde el punto de vista del derecho internacional a favor de un acto soberano unilateral, ver Hugo Ruiz Díaz Balbuena, « La décision souveraine de déclarer la nullité de la dette ou la décision de non paiement de la dette : un droit de l’Etat » (La decisión soberana de declarar la nulidad de la deuda o la decisión de no pago de la deuda: un derecho del Estado), www.cadtm.org/spip.php?article3680

 

3/ Refiriéndose a las investigaciones de ponentes especiales, de grupos de trabajo de expertos y del Secretario General de la ONU.

 

4/ Artículo 11, sección 2. Esta declaración fue adoptada en septiembre de 2007. Ver más adelante. 5/ Disponible en www.ml.com/media/100472.pdf

6/ Estudio sobre el nuevo orden económico internacional y la protección de los Derechos Humanos, E/CN.4/Sub.2/1983/24, par. 10.

 

7/ Carta de Jacques Chirac, presidente de la República, dirigida a Jean-Pierre Landau, consejero financiero en la embajada de Francia en Londres y presidente del grupo de trabajo sobre las nuevas contribuciones internacionales para el financiamiento del desarrollo, 7 de noviembre de 2003, www.elysee.fr rúbrica Archivos.

 

8/ Les nouvelles contributions financières internationales (Las nuevas contribuciones financieras internacionales), Grupo de trabajo presidido por Jean-Pierre Landau, La Documentation française, 2004.

 

9/ Ver www.unitaid.eu/index.php/fr/Un-mode-de-financement-innovant.html : « Aujourd’hui, la taxe est déjà en place dans les pays suivants : France, Chili, Côte d’Ivoire, Congo, République de Corée, Madagascar, Maurice, Niger. Pour sa part, la Norvège affecte une partie de sa taxe sur le CO2 (kérosène) à UNITAID.» (« Actualmente, la tasa está implantada en Francia, Chile, Costa de Marfil, Congo, República de Corea. Madagascar, Mauricio, Niger. Por su lado, Noruega afecta una parte de su tasa sobre el CO2 (kerosene) a UNITAID.»)

 

10/ En el sitio web de Unitaid, puede leerse: « En Francia, la tasa entró en vigencia el 1º de julio de 2006 y no apareció ningún impacto negativo sobre la industria del transporte aéreo. Air France publicó un resultado que muestra un alza del 5 % sobre un año de su transporte de pasajeros en septiembre de 2007.»

 

11/ Resolución 3281 (XXIX) de la Asamblea General del 12 de diciembre de 1974. 12/ Ver Cetim, Quel développement? Quelle coopération internationale?, 2007.

13/ Por ejemplo, Venezuela, miembro de la OPEP, firmó acuerdos con unos quince países del Caribe y de Latinoamérica por los que les vende el petróleo a precio de «amigo», mucho más bajo que el precio de venta a Estados Unidos, del que es uno de los principales proveedores.

 

14/ Vía Campesina, en Rafael Díaz-Salazar, Justicia Global. Las alternativas de los movimientos del Foro de Porto Alegre, Icaria editorial - Intermón Oxfam, 2002, p.87 y 90

 

15/ Un centro offshore o paraíso fiscal es un artificio contable, un espacio ficticio de hecho, presente en las cuentas de las empresas (inversores institucionales —zinzins—, transnacionales industriales y otras), que permite que una transacción en un territorio preciso escape de toda forma de control y de pago de impuestos en ese territorio por el hecho de que la transacción se considera como producida en otro lugar en el plano jurídico.

 

16/ Ver especialmente el artículo 322.

 

17/ Artículo 8, sección 1. Declaración adoptada por la Asamblea General de la ONU en su resolución 41/128 del 4 de diciembre de 1986. Texto integral reproducido en Eric Toussaint, Banco Mundial: el Golpe de estado permanente, Centro Internacional Miranda, Venezuela, 2006.

 

18/ Ver la declaración completa: www.un.org/esa/socdev/unpfii/es/drip.html

 

19/ Ver « Les Nations unies reconnaissent les droits des peuples indigènes » (« Las Naciones Unidas reconocen los derechos de los pueblos indígenas »), Le Monde, 14 de septiembre de 2007.

 

20/ ONU, Comisión de los derechos del hombre, E/CN.4/2001/56, 18 enero 2001, p. 14.

 

21/ Para una argumentación detallada sobre este tema, ver Eric Toussaint, Banco Mundial: el Golpe de estado permanente, Centro Internacional Miranda, Venezuela, 2006, capítulos 22 a 24.4.

 

 

Para leer más sobre este tema:

 

• E. Toussaint, El Banco del Sur y la nueva crisis internacional, El Viejo topo, Barcelona, 2008

 

• E. Toussaint, Banco Mundial: el Golpe de estado permanente, Centro Internacional Miranda, Venezuela, 2006

 

• Revista América Latina en Movimiento, La agonía de un mito: ¿Cómo reformular el "desarrollo"?, No 445, junio 2009 (http://alainet.org/images/alai445w.pdf).

 

• Samir Amin, Transiciones y alternativas en debate, Revista América Latina en Movimiento, No 436, septiembre 2008, (http://alainet.org/images/alai436w.pdf).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frente a la crisis: Construyendo la integración desde abajo de los pueblos

 

Carta de los Movimientos Sociales de las Américas

 

Nota del editor: Del 27 de enero al 1 de febrero de 2009 se desarrolló el Forum social mundial en Belém do Para (Amazonia brasilera). Esta carta es uno de los textos colectivo producto de este foro y de sus ricos debates.

 

 

El capitalismo ha entrado en una crisis profunda, que intenta descargar sobre nuestros pueblos.

 

El capitalismo central está sacudido por una crisis estructural, que cuestiona los paradigmas difundidos por el neoliberalismo, y que promueve su propia deslegitimación. Es una crisis del sistema, que genera sobreproducción de mercancías, sobreacumulación de capitales, y como contracara, el incremento brutal de la pobreza, la desigualdad, la explotación y exclusión de los pueblos, y el saqueo, contaminación y destrucción de la naturaleza. Los capitalistas pretenden descargar con mayor violencia su crisis sobre los trabajadores y trabajadoras, sobre los excluidos y excluidas, socializando las pérdidas, socorriendo a los banqueros y subsidiando a las grandes empresas trasnacionales con los fondos públicos. Al mismo tiempo se agravan las políticas que en estos años de globalización mundial, han desarrollado un silencioso genocidio de nuestras comunidades originarias, han promovido la precarización de miles de hombres y mujeres - especialmente jóvenes y ancian@s-, arrasando con los derechos humanos, laborales, sociales, destruyendo las posibilidades de acceso a la educación, la salud, la tierra, el trabajo, la vivienda. No es necesario describir las múltiples consecuencias sobre la vida cotidiana de los pueblos de la ofensiva de las corporaciones trasnacionales, que avanzaron en la recolonización de América Latina, considerada por las mismas como un gran botín para sus negocios. Denunciamos en distintos foros internacionales y nacionales que nuestras enormes riquezas naturales, y la  creatividad cultural de nuestras comunidades, están siendo arrasadas en nombre del “progreso”, la “civilización”, y el “desarrollo” capitalista.

Las fuerzas del capital trasnacional y de los grandes grupos económicos locales -expresados por ejemplo en las denominadas multilatinas-, asociadas a una parte considerable de los gobiernos de la región, bajo el mando de la hegemonía norteamericana, desarrollan su ofensiva, y hoy promueven variaciones del ALCA, a través de los TLCs con EE.UU. y Europa. Estas políticas han empujado a la desaparición de poblaciones completas, arrasadas por los megaproyectos de las industrias extractivas y agroexportadoras, y han condenado a los pueblos a una difícil sobrevivencia, asfixiándonos con una deuda externa ilegítima y usurera, desconociendo la soberanía popular y la soberanía nacional. Proyectos e iniciativas como la IIIRSA (Iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana), esconden tras el desarrollo de interconexiones en infraestructura, la apropiación trasnacional de los bienes de la naturaleza.

Para imponer esta lógica, el capital refuerza la violencia y el control militar, promoviendo guerras, invasiones, agresiones, así como el establecimiento de bases militares, de ejercicios militares conjuntos, y la criminalización de los movimientos populares, la persecución de los líderes, así como el desalojo de poblaciones completas. Utilizan intensamente a los medios de comunicación de masas para manipular el consenso de la opinión pública a las políticas represivas, a la penalización judicial, e incluso los asesinatos de luchadores y luchadoras populares. Con conceptos como los de

 

“ordenamiento territorial”, o “seguridad democrática”, se utiliza la matriz de pobreza y exclusión de nuestras sociedades, para el reclutamiento de ejércitos de civiles, y la manipulación de las comunidades con un sentido contrainsurgente. Es en este contexto que EE.UU. activó la IV Flota, como amenaza para los procesos sociales transformadores en el continente, y que en muchos de nuestros países los gobiernos y parlamentos copian los paquetes de leyes “antiterroristas” que utilizan para combatir a los pueblos.

Esta crisis representa una enorme amenaza para nuestros pueblos, pero también vemos en ella una nueva oportunidad para promover alternativas populares al sistema, avanzando hacia un cambio estructural, cuya vigencia y viabilidad se vuelven incontestables.

 

Un proyecto de vida de los pueblos, frente al proyecto del imperialismo

 

Los movimientos populares percibimos que el continente está atravesando un nuevo momento político y social, en el que se ha expresado de diferentes maneras, a través de puebladas, manifestaciones multitudinarias, elecciones locales y nacionales, luchas políticas y sociales, el cansancio frente a las políticas neoliberales. Los movimientos sociales estamos en una nueva fase de estas luchas, en el marco de un largo período de transición, recomposición y acumulación de fuerzas, de confrontaciones con el capital, de construcción de nuestras organizaciones, y de formación de militantes con capacidad para asumir los nuevos desafíos. En esta fase vamos intensificando las acciones de resistencia, pero también las experiencias alternativas, de poder popular, de ejercicio de soberanía, e incluso de relación con algunos gobiernos que expresan -de manera contradictoria- los intereses de las mayorías.

Los movimientos populares enfrentamos las dificultades que surgen de varias décadas de exterminio de nuestra población y de nuestras organizaciones, y las debilidades que surgen de la confusión social sembrada por el neoliberalismo, a través de sus poderosos medios de incomunicación y manipulación de la opinión pública mundial, de sus políticas educativas monitoreadas por el Banco Mundial, de sus políticas de control social y domesticación, a través del asistencialismo, realizado como forma de reproducción de la exclusión, de la propagación  de formas de religiosidad alienantes, de la criminalización de la pobreza, y de la judicialización y represión de la protesta social.

Es necesario construir colectivamente un proyecto popular de integración latinoamericana, que replantee el concepto de “desarrollo”, sobre la base de la defensa de los bienes comunes de la naturaleza y de la vida, que avance hacia la creación de un modelo civilizatorio alternativo al proyecto depredador del capitalismo, que asegure la soberanía latinoamericana frente a las políticas de saqueo del imperialismo y de las trasnacionales, y que asuma el conjunto de las dimensiones emancipatorias, enfrentando las múltiples opresiones generadas por la explotación capitalista, la dominación colonial, y el patriarcado, que refuerza la opresión sobre las mujeres. Los movimientos populares defendemos un proyecto de vida, frente al proyecto de muerte, en el que la producción no sea destrucción, sino parte de un proceso creativo, sustentable y con justicia social. Estamos planteando la necesidad de poner en debate un nuevo ideal de vida frente al neoliberalismo y a las órdenes del capital trasnacional y su mando único, que siembra la muerte en guerras, invasiones, y el avasallamiento de la soberanía de los pueblos y de las naciones en todos los continentes.

 

Nuestros principios

La integración de nuestros pueblos, desde abajo, partiendo de los movimientos populares, e inspirados en las batallas anticoloniales, anticapitalistas, antipatriarcales y antiimperialistas, que desde más de 500 años vienen librándose en estas tierras, tiene como principios fundamentales:

 

- La solidaridad permanente entre los pueblos, a través de acciones concretas, frente a cada una de las luchas contra la dominación del capital, y contra todas las formas de opresión y dominación.

 

- El respeto a la autodeterminación de los pueblos, a la soberanía nacional y popular.

 

- La defensa irrestricta de la soberanía en todos los órdenes: política, económica, social, cultural, territorial, alimentaria, energética.

 

- La integración tecnológica y productiva, de acuerdo con un modelo sustentable, al servicio de los pueblos.

 

- La soberanía de las mujeres sobre sus cuerpos y sobre sus vidas.

 

- La formación política de nuestros movimientos populares y de nuestros pueblos, para volvernos sujetos concientes en la creación histórica.

 

- La unidad dentro de la diversidad cultural, social, y el respeto a las diferentes opciones sexuales que se expresan en nuestro continente.

 

- La defensa de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras y territorios. La demanda a los Estados de la regularización con certeza jurídica de esas tierras en favor de las comunidades y pueblos indígenas.

 

- La defensa del reconocimiento por parte de los Estados, de derechos elementales de los pueblos indígenas, como formas de organización propia, estructura organizacional, autoridades ancestrales, sistemas jurídicos propios de los pueblos, etc.

 

- La inclusión social de la subjetividad de los pueblos negros de las Américas.

 

- La defensa de los derechos humanos de los y las migrantes.

 

- La defensa de la identidad, la cultura, y el respeto por las formas propias de inclusión de la subjetividad de los pueblos negros de las Américas.

 

- La plena autonomía de los movimientos populares para definir sus objetivos, sus formas de organización y de lucha.

 

- La recreación de un nuevo internacionalismo de pueblos en lucha, a través de una auténtica perspectiva de integración popular que sea plural, horizontal, con una clara definición ideológica antineoliberal, anticapitalista, antipatriarcal y antiimperialista.

 

 

Nuestros objetivos

Este proceso de integración de movimientos y organizaciones sociales, impulsa los principios del ALBA, y a su vez quiere promover diversos mecanismos y potencialidades que ofrece el ALBA, para potenciar la integración latinoamericana desde los pueblos.

Son nuestros objetivos:

 

- El rechazo a las políticas, planes y leyes mineras, de hidrocarburos, agronegocios, agrocombustibles, megaproyectos, a las iniciativas de infraestructura del IIRSA, que destruyen a las comunidades, desconocen sus derechos fundamentales, eliminan la diversidad cultural, destruyen los ecosistemas y el ambiente.

 

- La denuncia del modelo de agricultura de las trasnacionales, que se apropian de la naturaleza, y transforman los alimentos en mercancías, y la propuesta de apoyar un modelo de agricultura popular, campesina, indígena, promoviendo la reforma agraria integral.

 

- El repudio al pago de las deudas ilegítimas y el reimpulso a la lucha continental contra el pago de la deuda externa.

 

- La lucha por la anulación de los tratados de libre comercio con Estados Unidos y Europa, como el TLCAN, con Centroamérica, Chile, Perú; y por la no aprobación del tratado con Colombia.

 

- La defensa del derecho de las comunidades y habitantes, por el derecho a la vivienda, la tierra, y por “cero desalojos”.

 

- Toda la propiedad tiene que tener una función social colectiva.

 

- La defensa de los derechos de los desplazados y desplazadas a regresar a sus tierras, y a tener acceso a todos los derechos humanos y a condiciones de vida digna en donde se encuentren.

 

- La denuncia del papel de las instituciones financieras internacionales, como instrumentos del capital.

 

- La denuncia del manejo que hace el sistema capitalista de situaciones como el cambio climático, la crisis alimentaria, energética, para promover la privatización y mercantilización de la naturaleza, e imponer la liberalización del comercio dando mayor poder a las trasnacionales.

 

- La defensa de nuestros territorios, contra la mercantilización y privatización de la naturaleza.

 

- La defensa del derecho al trabajo, el enfrentamiento a todas las medidas neoliberales de flexibilización y precarización laboral, de deterioro del salario.

 

- La promoción en todos los espacios de la paridad de género, y la lucha contra la violencia hacia las mujeres, así como por la posibilidad de decidir sobre sus propias vidas.

 

- La erradicación de las diferentes formas de trabajo esclavo.

 

- La denuncia de la explotación del trabajo infantil, y la lucha por su erradicación.

 

Nuestras prioridades

 

En esta primera etapa de creación de una integración popular, analizamos como prioridades:

 

- Elevar la movilización de masas contra el capital trasnacional y los gobiernos que actúan como cómplices del saqueo. Es la movilización de masas la que creará la fuerza necesaria para promover transformaciones populares.

 

- Elevar el nivel cultural y educacional, y la conciencia de la población.

 

- Avanzar en la formación política de l@s militantes populares. Promover procesos de formación política de masas, e impulsar el trabajo de educación popular en las bases.

 

- Promover un debate profundo sobre el modelo de desarrollo capitalista, y sobre la necesidad de generar modelos alternativos en todos los planos.

 

- Promover una batalla continental por la reforma agraria, contra el uso de las semillas transgénicas, los agrocombustibles industriales, y el agronegocio en todas sus fases.

 

- Visibilizar el aporte del trabajo no remunerado de las mujeres a la economía, e incorporar esa mirada en las luchas y propuestas políticas sobre la migración, la soberanía alimentaria y el modelo de desarrollo.

 

- Desarrollar acciones prácticas de solidaridad antiimperialista: frente a la represión, la militarización, tal como se manifiesta en nuestro continente, a través por ejemplo de la implementación del Plan Colombia, y de la ocupación de Haití por tropas de países latinoamericanos, contra las bases militares norteamericanas en el continente, la criminalización de los movimientos sociales, la lucha por la libertad de l@s pres@s políticos.

 

- Impedir y rechazar los asesinatos y desapariciones forzadas de líderes sociales y populares, y de sus allegados. Que pare el método de imponer el lucro del gran capital y del latifundio, con sangre del pueblo.

 

- Defender la libre circulación de las personas en nuestro continente.

 

- Aportar a los planes de cooperación que existen entre los gobiernos del ALBA, asegurando que beneficien a los sectores más postergados de nuestros pueblos.

 

- Apoyar las iniciativas y desarrollar acciones propias dirigidas a erradicar el analfabetismo en nuestro continente.

 

- Potenciar la comunicación entre los pueblos, articulando sus redes existentes, y creando nuevas redes donde sea necesario.

 

- Aportar a que los y las jóvenes tengan un espacio fundamental en este proyecto, participando desde sus propios objetivos, intereses, conceptos y metodología de construcción.

 

- Promover la organización de los/as trabajadores/as, impulsando prácticas que promuevan la democracia de base, y una auténtica democracia sindical.

 

Metodología

 

Un tema fundamental, para respetar los procesos colectivos de construcción de nuestra integración, es definir una metodología que nos permita ir avanzando hacia ese objetivo. En tal sentido, la propuesta que ponemos en discusión parte de:

 

- Promover procesos de integración popular en nuestros países. Promover reuniones nacionales para construir una agenda mínima de trabajo con esta Carta. Este proceso de integración, buscará contar con mecanismos concretos de unificación de las luchas, que favorezcan la participación de los movimientos y organizaciones sociales.

 

- Organizar un gran debate de los movimientos sociales en todos los niveles, partiendo y priorizando el trabajo de base.

 

- Definir planes de acción muy concretos, que apunten a un ejercicio práctico de búsqueda de soluciones concretas para las necesidades cotidianas de vida de las poblaciones.

 

- Hacer un diagnóstico que nos permita identificar a nuestras propias fuerzas, y definir el espacio estratégico que sería necesario potenciar.

 

- Crear una pedagogía de construcción del espacio común.

 

- Sostener y reafirmar la autonomía de los movimientos populares en relación a los gobiernos. Desde esa autonomía establecer una relación desde los movimientos, con los gobiernos que promueven el ALBA.

 

- Organizar el intercambio y el conocimiento directo de nuestras experiencias de construcción de poder popular, así como la coordinación continental de las reivindicaciones y demandas de nuestros movimientos territoriales, sindicales, culturales, campesinos, y de comunicación popular.

 

Avanzar ahora

 

En el nuevo contexto latinoamericano, hay numerosas oportunidades para ir gestando una nueva ofensiva de los pueblos. Pero existen también muchas amenazas a los procesos en curso. No hay manera de enfrentar las políticas del gran capital trasnacional y del imperialismo, desde las resistencias dispersas de nuestros pueblos. No es posible tampoco delegar los procesos de integración latinoamericana en los gobiernos (por más que éstos tengan una responsabilidad indiscutible en promoverla). Lo que se avance desde los gobiernos en esta dirección, será un estímulo a la creación de lazos de cooperación solidarias, que apoyaremos y sostendremos como parte de las luchas antiimperialistas. Pero es imprescindible estimular procesos de integración, basados en un poder popular, creado desde las raíces mismas de la lucha histórica de nuestro continente. Y es necesario avanzar ahora, superando sectarismos, cálculos estrechos, mezquindades. Es necesario avanzar ahora, para que preparemos la plataforma de unidad que permita sostener y defender las luchas, por una nueva gesta de independencia latinoamericana, de los pueblos y para los pueblos, por una integración popular, por la vida, por la justicia, por la paz, por la soberanía, por la identidad, por la igualdad, por la libertad de América Latina, por una auténtica emancipación, que tenga en su horizonte el socialismo.

 

“La unidad e integración de Nuestra América, está en nuestro horizonte y es nuestro camino.”

 

 

Para leer más sobre este tema:

 

• Sitio Web del FSM: www.forumsocialmundial.org.br

 

• Sección “Otro mundo es posible” de Rebelión: www.rebelion.org/seccion.php?id=6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

América latina: ¿hacia el socialismo del siglo XXI?

 

Por Claudio Katz

 

Claudio Katz es economista y miembro del EDI (Economistas de Izquierda). Es autor de numerosos artículos y de: El porvenir del socialismo, Editorial Herramienta e Imago Mundi, Buenos Aires, 2004 y Las disyuntivas de la izquierda en América Latina, Ed Luxemburg, Buenos aires, 2008. Su página web es: www.lahaine.org/katz307

 

América Latina se ha convertido en un escenario privilegiado para discutir el socialismo. La región es el principal foco de resistencia internacional al imperialismo y al neoliberalismo y varias sublevaciones condujeron en los últimos años a la caída de presidentes neoliberales (Bolivia, Ecuador y Argentina). Estas acciones afianzaron la contundente presencia de los movimientos sociales. En un cuadro de luchas -que incluye reveses o represión (Perú, Colombia) y también reflujo o decepción (Brasil, Uruguay)- nuevos contingentes se han sumado a la protesta. Estos sectores aportan un renovado basamento juvenil (Chile) y modalidades muy combativas de autoorganización (México). Como el socialismo ofrece un propósito estratégico para estas movilizaciones, su debate ha recuperando importancia en muchas organizaciones populares.

 

Motivaciones

 

El socialismo comienza a lograr cierta presencia callejera en Venezuela. Esta difusión confirma una proximidad ideológica del proceso bolivariano con la izquierda, que estuvo ausente en otras experiencias nacionalistas. En la época de la Unión Soviética, algunos mandatarios del Tercer Mundo adoptaban la identidad socialista con fines geopolíticos (contrarrestar las presiones norteamericanas) o económicos (obtener subvenciones del gigante ruso). Como este interés ha desaparecido, el rescate actual de un horizonte anticapitalista tiene connotaciones más genuinas. El socialismo del siglo XXI se discute también en Bolivia y está presente en Cuba, al cabo de 45 años de embargos y agresiones imperialistas. Si el desmoronamiento que arrasó a los regímenes de la URSS y a Europa Oriental se hubiera extendido a la isla, nadie postularía actualmente un planteo no capitalista para América Latina. El impacto político de esa regresión hubiera sido devastador. El socialismo es una bandera retomada frente los presidentes de centroizquierda, que abandonaron cualquier alusión al tema para congraciarse con las clases dominantes. Bachelet ni recuerda el nombre de su partido cuándo preside la Concertación que recicla el modelo neoliberal. Lula se ha olvidado su coqueteo juvenil con el socialismo al estrechar relaciones con los banqueros y Tabaré Vázquez repite esta misma conducta cuándo tantea los acuerdos de libre comercio con Estados Unidos.

En América Latina se insinúa un nuevo contexto económico que favorece el replanteo de alternativas socialistas. Luego de un traumático período de concurrencia extra-regional, desnacionalización del aparato productivo y pérdida de competitividad internacional, en varios sectores de las clases dominantes despunta un giro neo-desarrollista en desmedro de la ortodoxia neoliberal. Este viraje tiene un alcance muy limitado, pero introduce serias grietas en los dogmas económicos de la década pasada. Se está creando un nuevo espacio para considerar alternativas populares que incluyan perspectivas no capitalistas. En la región se verifica, además, una creciente tendencia a concebir programas nacionales en términos regionales. Muchos agrupamientos populares perciben la necesidad de formular sus reivindicaciones a escala zonal y esta postura contribuye a desenvolver reformulaciones zonales del socialismo. Esta contraposición se verifica en

 

307 Este texto constituye una versión reducida de los artículos “Estrategias socialistas en América Latina” y “Socialismo o Neo-desarrollismo”, que se pueden consultar -junto a toda la bibliografía y las referencias- en www.lahaine.org/katz.

 

los tres proyectos de integración en danza, que apuntan a relanzar el neoliberalismo (ALCA), regular el capitalismo regional (MERCOSUR) o gestar formas de cooperación solidaria que podrían resultar compatibles con el socialismo (ALBA). El contexto latinoamericano actual incita, por lo tanto, a retomar los programas anticapitalistas en varios terrenos y este impulso ya se traduce en numerosas polémicas.

 

Recursos

 

Un debate retoma la controversia clásica sobre la viabilidad de una transformación anticapitalista, en una región periférica como Latinoamérica. ¿Son suficientes los recursos, las tecnologías y las calificaciones existentes para inaugurar este giro? Los países de la región están menos preparados- pero más urgidos que las naciones desarrolladas- para encarar este cambio. Soportan desastres alimenticios, educativos y sanitarios más intensos que las economías avanzadas, pero cuentan con premisas materiales más endebles para resolver estos problemas. Esta contradicción es  consecuencia del atraso agrario, la industrialización fragmentaria y la dependencia financiera de la zona. En la izquierda existen dos respuestas tradicionales frente a esta disyuntiva: promover una etapa de capitalismo en alianza actual con el neo-desarrollismo o iniciar una transición socialista adaptada a las insuficiencias regionales. La primera tesis estima que en la región “no existen condiciones para una sociedad socialista”. Pero no aclara si estas insuficiencias se verifican en el plano económico, tecnológico, cultural o educativo.

 

América Latina es una región dependiente, pero cuenta con sólidos recursos para comenzar un proceso socialista. Estos cimientos son comprobables en distintos terrenos: tierras fértiles, yacimientos minerales, cuencas hídricas, riquezas energéticas, basamentos industriales. El gran problema de la zona es el desaprovechamiento de estas potencialidades. No hay carencia de ahorro local, sino exceso de transferencias hacia las economías centrales. El principal drama latinoamericano no es la pobreza, sino la escandalosa desigualdad social que el capitalismo recrea en todos los países. La hipótesis de la inmadurez económica está desmentida por la coyuntura actual, que ha creado un gran dilema en torno a quién se beneficiará del crecimiento en curso. Los neo-desarrollistas buscan canalizar esta mejora a favor de los industriales y los neoliberales tratan de preservar las ventajas de los bancos. En oposición a ambas opciones, los socialistas deberían propugnar una redistribución radical de la riqueza, que mejore inmediatamente el nivel de vida de los oprimidos y erradique la primacía de la rentabilidad. Los recursos están disponibles. Hay un amplio margen para instrumentar programas populares y no solo condiciones para implementar cursos capitalistas. Es cierto que el marco objetivo que rodea a los distintos países es muy desigual. Las ventajas que acumulan las economías medianas no son compartidas por las naciones más pequeñas y empobrecidas. La situación de Venezuela difiere de Bolivia y Brasil no carga con las restricciones que agobian a Nicaragua. Pero ha perdido vigencia la evaluación de un cambio socialista en términos exclusivamente nacionales. Si las clases dominantes conciben sus estrategias a nivel zonal, también cabe imaginar un proyecto popular a escala regional. Los opresores diagraman su horizonte en función de la tasa de beneficio y los socialistas podrían formular su opción en términos de cooperación y complementariedad económica. No existe ninguna limitación objetiva para desenvolver este curso igualitarista. Es un error suponer que la región deberá atravesar por las mismas etapas del desarrollo que recorrieron los países centrales. La historia siempre ha transitado por senderos inesperados que mixturan diversas temporalidades y este patrón tiende a perdurar.

 

Oportunidades

 

Otro debate gira en torno a la conveniencia de promover un curso anticapitalista en la coyuntura actual. América Latina transita por una fase de crecimiento y auge de las exportaciones y algunos autores estiman que en estas condiciones, no se avizora ningún colapso que justifique la transformación socialista. Pero este proyecto difiere radicalmente del keynesianismo y no se limita  a ofrecer un programa circunstancial para remontar los ciclos recesivos. El socialismo aspira a superar la explotación y la desigualdad, busca desterrar la pobreza y el desempleo, pretende

 

erradicar los desastres ambientales, poner fin a las pesadillas bélicas y terminar con los cataclismos financieros. Estos objetivos justifican la batalla por otro régimen social en distintas coyunturas económicas. Las situaciones de colapso no constituyen el único momento apto para erradicar el sistema. El giro anticapitalista es una opción abierta para toda una época y puede iniciarse en cualquier fase del ciclo. La experiencia del siglo XX confirma esta factibilidad.

 

Ninguna revolución socialista coincidió en el pasado con el cenit de una crisis económica. En la mayoría de los casos irrumpió como consecuencia de la guerra, la ocupación colonial o la opresión dictatorial. Se demostró que ningún automatismo encadena el debut del socialismo con el desmoronamiento económico. Las penurias que genera el capitalismo son suficientes para propugnar la reversión de este modo de producción, en cualquier fase de sus fluctuaciones periódicas. Otra objeción resalta los impedimentos creados por la globalización. Plantea que la internacionalización del capital torna impracticable un desafío anticapitalista en América Latina.

 

¿Pero dónde radica exactamente ese obstáculo? La mundialización no constituye una barrera para un proyecto de alcance universal como es el socialismo. El desborde de las fronteras extiende los desequilibrios del capitalismo y crea mayores basamentos objetivos para erradicar ese sistema. La presentación de la globalización como una etapa que imposibilita modelos alternativos es tributaria de la visión neoliberal. Si se descarta el socialismo recurriendo a este razonamiento hay que desechar cualquier esquema de capitalismo keynesiano. Es incongruente afirmar que el totalitarismo de la globalización ha sepultado al proyecto anticapitalista, pero tolera modalidades intervencionistas de acumulación. Si se han cerrado todas las opciones, tampoco quedan resquicios para los ensayos neo-desarrollistas. En realidad la denominada globalización no constituye el fin de la historia. Solo inauguró un nuevo período de acumulación, basado en la recomposición de las ganancias a costa de los oprimidos y en transferencias de grandes desequilibrios internacionales a las economías más frágiles. Pero este curso regresivo lejos de alejar el horizonte socialista actualiza la necesidad de gestar esta opción.

 

Comienzos

 

En debate en curso no incluye la instauración plena del socialismo, ya que solo se discute el debut de ese proyecto. Construir una sociedad de igualdad, justicia y bienestar será una prolongada tarea histórica, que requerirá eliminar progresivamente las normas de la competencia, la explotación y el beneficio. No es una meta a realizar en poco tiempo. Especialmente en las regiones periféricas este proceso presupondrá la maduración de ciertas premisas económicas, que permitan mejorar cualitativamente el nivel de vida de la población. Estos logros se desarrollarán junto a la expansión de la propiedad pública y la consolidación de la auto-administración popular. Como esta evolución exigirá varias generaciones, el debate inmediato está únicamente referido a la posibilidad de iniciar este proceso. Comenzar la erección del socialismo implicaría sustituir la preeminencia de un régimen sujeto a las reglas del beneficio por otro regulado por la satisfacción de las necesidades sociales. Desde el momento que un modelo económico y político -guiado por la voluntad mayoritaria de la población- asuma estas características, empezaría a regir una forma embrionaria de socialismo.

Este debut es la condición para cualquier avance posterior. Una sociedad post-capitalista no emergerá nunca, si el giro socialista no se concreta en algún momento del presente. Los opresivos mecanismos de la ganancia y la concurrencia deben quedar drásticamente neutralizados, para que una nueva forma de civilización humana comience a despuntar. El punto de partida de esta transición choca abiertamente con el modelo neo-desarrollista. Ambas perspectivas son contrarias y no pueden conciliarse, ni desenvolverse en forma simultánea. La competencia por el beneficio impide la gestación paulatina de islotes colectivistas al interior del capitalismo. Los dos proyectos de sociedad tampoco podrían convivir pacíficamente entre sí, hasta que uno demostrara mayor eficiencia y aprobación general. Solo erradicando el capitalismo podrán abrirse las puertas hacia  una emancipación social ¿Pero existen condiciones políticas en América Latina para desenvolver este proceso?

 

Caracterizaciones

 

La preeminencia de relaciones de fuerza favorables a los oprimidos es una condición del cambio socialista. La mayoría popular no puede prevalecer sobre sus antagonistas si afronta un balance de poder muy negativo. Este parámetro está determinado en América Latina por las posiciones de tres sectores: las clases capitalistas locales, la masa de oprimidos y el imperialismo norteamericano. La situación de las clases dominantes se ha modificado sustancialmente en comparación a la década pasada. Como resultado de las grandes crisis financieras, este sector perdió posiciones económicas  y autoridad política. Por esta razón, la derecha ha quedado en minoría y los gobiernos centroizquierdistas reemplazaron a muchos conservadores en el manejo del estado (especialmente en el Cono Sur). Las elites capitalistas ya no fijan impunemente la agenda de toda la región. La relación de fuerzas regional también ha sido modificada por grandes sublevaciones populares, que en precipitaron la caída de varios mandatarios. Los levantamientos en Bolivia, Ecuador, Argentina o Venezuela han repercutido directamente sobre el conjunto de las clases dominantes. Desafiaron la agresividad patronal e impusieron en muchos países cierta contemporización con las masas.

El impulso combativo es muy desigual. En ciertas naciones es visible el protagonismo popular, en otras prevalece un reflujo y en ciertas zonas gravitan negativamente los atropellos sociales o la hemorragia de emigrantes. La correlación de fuerzas es muy variada, pero en el conjunto de América Latina se afirma una tónica general de iniciativas populares. Al comienzo de los 90 el imperialismo norteamericano estaba lanzado a la recolonización política de su patio trasero a través del librecomercio y la instalación de bases militares. También este panorama cambió. La versión original del ALCA fracasó por conflictos entre firmas globalizadas y dependientes de los mercados internos, por choques entre exportadores e industriales y por el extendido rechazo popular. La contraofensiva de tratados bilaterales que ha lanzado el Departamento de Estado no compensa este retroceso. El aislamiento internacional de Bush (retroceso electoral, fracaso en Irak, pérdida de aliados en Europa) le ha quitado espacio al unilateralismo e incentivó el resurgimiento de bloques geopolíticos adversos a Estados Unidos (como los No Alineados). Este repliegue norteamericano se refleja nítidamente en la ausencia de respuestas militares al desafío de Venezuela. La correlación de fuerzas ha registrado, por lo tanto, varios cambios significativos en América Latina. Las clases dominantes ya no cuentan con la brújula estratégica neoliberal, el movimiento popular recuperó presencia callejera y el imperialismo norteamericano perdió capacidad de intervención.

 

Actores

 

Los sujetos de una transformación socialista son las víctimas de la dominación, pero los protagonistas específicos de este proceso son muy diversos. En algunas regiones las comunidades indígenas han ocupado un lugar dirigente en la resistencia (Ecuador, Bolivia, México) y en otras zonas los campesinos lideraron la resistencia (Brasil, Perú, Paraguay). En ciertos países los protagonistas han sido asalariados urbanos (Argentina, Uruguay) o precarizados (Venezuela, Caribe, Centroamérica). También es llamativo el nuevo rol de las comunidades indígenas y el papel menos gravitante de los sindicatos fabriles. Esta multiplicidad de sectores refleja la estructura social diferenciada y las peculiaridades políticas de cada país. Los actores potenciales de un proceso socialista son todos los explotados y oprimidos. Este rol les cabe este rol no solo a los asalariados que generan directamente el beneficio patronal, sino a todos los afectados por la desigualdad social. Lo esencial es la convergencia de estos sectores en una batalla común, que se desenvuelve en torno a focos muy cambiantes de rebeldía. La victoria depende de esta acción contra un enemigo que domina dividiendo al campo popular. Pero la erradicación del capitalismo es un proyecto dependiente no solo de la acción de los oprimidos, sino también de su nivel de conciencia. Sólo estas convicciones pueden alimentar un proceso anticapitalista, ya que no existe ningún devenir inevitable de la historia hacia un desemboque socialista. Este sistema emergerá como una creación voluntaria de las grandes mayorías o no surgirá nunca. Lo ocurrido bajo el “socialismo real” ilustra cuán nefasto es sustituir la decisión popular por el paternalismo de los funcionarios.

 

Pero la conciencia de los oprimidos es una esfera sujeta a fuertes mutaciones, condicionada por la experiencia de lucha e influida por el impacto de grandes acontecimientos internacionales. Estos

 

hitos se traducen en oleadas de entusiasmo y decepción hacia el proyecto anticapitalista. La actual generación latinoamericana no creció como sus padres bajo un contexto signado por grandes triunfos. Esta ausencia de un referente anticapitalista exitoso -próximo a sus vivencias inmediatas- explica cierto distanciamiento hacia el proyecto socialista. Las grandes diferencias entre el período actual y la etapa de 1960-80 se ubican más en este plano de la conciencia política, que en el terreno de las relaciones de fuerza o en el cambio de los sujetos populares. No es la intensidad de los conflictos sociales, la disposición de lucha de los oprimidos o la capacidad de control de los opresores lo que ha cambiado sustancialmente, sino la visibilidad y confianza en un modelo socialista. El derrumbe de la URSS provocó una crisis de credibilidad internacional en ese proyecto que incidió significativamente sobre la acción de la izquierda. América Latina no fue la excepción de este impacto, pero su alcance efectivo ha sido más limitado en la región. La izquierda latinoamericana ya había tomado gran distancia del modelo soviético antes del colapso del “campo socialista” y su desánimo obedeció más a la herencia dejada por las dictaduras, al fracaso del Sandinismo o el bloqueo sufrido por la insurgencia centroamericana. En este plano también operó como contrapeso la subsistencia de la revolución cubana. En cualquier caso el clima de decepción ha quedado paulatinamente sustituido por un impulso a reconstruir el programa emancipatorio. El avance de la conciencia antiliberal se comprueba en el contundente rechazo a las privatizaciones y desregulaciones (muy superior al observado en otras regiones, como Europa Oriental). También se verifica el renacimiento de una conciencia antiimperialista sin los componentes regresivos en el plano étnico o religioso que prevalecen en el mundo árabe. Pero el nexo anticapitalista es el gran eslabón faltante, que debería construirse en el debate sobre el socialismo del siglo XXI.

 

Contextos

 

La izquierda latinoamericana enfrenta un problema estratégico relativamente novedoso: la estabilización de regímenes constitucionales. Por primera vez en la historia de la región las clases dominantes gestionan sus gobiernos a través de instituciones no dictatoriales, en casi todos los países y al cabo de un período significativo. Ni siquiera los colapsos económicos, los desmoronamientos políticos o las insurrecciones populares modificaron este patrón. El retorno de los militares es una carta mayoritariamente desechada por las elites del hemisferio. En las situaciones más críticas los presidentes son reemplazados por otros mandatarios con algún interregno cívico-militar. Lo que está por ahora descartado es la reinstalación de dictaduras para lidiar con la disgregación por arriba o la rebelión por abajo. Los regimenes actuales no son democracias reales sino plutocracias al servicio de los capitalistas. Las instituciones de este sistema han servido para consumar atropellos sociales que muchas dictaduras ni siquiera se atrevieron a insinuar. Estas agresiones le quitaron legitimidad al sistema, pero no condujeron a un rechazo popular al régimen constitucional equivalente al padecido por las viejas tiranías.

 

Este cambio en la norma en la dominación burguesa tiene efectos contradictorios sobre la acción de la izquierda. Por un lado amplía las posibilidades de acción política en un contexto de libertades públicas. Por otra parte, crea todas las dificultades asociadas a la estabilización de parlamentos, partidos e instituciones que perpetúan el status quo. Un sistema que recorta y al mismo tiempo consolida el poder de los opresores representa un gran desafío para los socialistas, especialmente cuando este régimen es mayoritariamente percibido como el mecanismo natural de funcionamiento de cualquier sociedad moderna. Esta última creencia es fomentada por la derecha –que ha captado  la conveniencia de desenvolver su acción política dentro del contexto constitucional- y por la centro-izquierda, que preserva el régimen de opresión con mascaradas progresistas. Ambas vertientes fogonean falsas polarizaciones electorales, para presentar la simple alternancia de figuras en el manejo del poder como un cambio significativo.

 

El ejemplo actual de esta complementariedad es la “izquierda moderna y civilizada” que llegó al gobierno con Lula, Tabaré o Bachelet, para perpetuar la supremacía de los capitalistas. Pero otras situaciones son más problemáticas porque se quebró la continuidad institucional con el fraude (Calderón) o la dimisión presidencial (Bolivia, Ecuador, Argentina). En ciertos desenlaces estas convulsiones concluyeron con la reconstrucción del orden burgués (Kirchner), pero en otros países

 

las crisis desembocaron en el imprevisto acceso al gobierno de presidentes nacionalistas o reformistas, que son rechazados por el establishment. Es el caso de Chávez, Morales y Correa. En estos últimos procesos el terreno electoral se ha perfilado como un área de lucha contra la reacción y un punto de apoyo para encarar transformaciones radicales. Esta conclusión es vital para la izquierda. Especialmente en Venezuela se ha verificado como los comicios constituyen un campo para legitimar el proceso bolivariano y potenciar la derrota propinada a la derecha en las calles. En la esfera electoral se complementaron las victorias de la movilización.

 

El cuadro constitucional prevaleciente en Latinoamérica altera significativamente el marco de acción de la izquierda, que durante décadas se acostumbró a confrontar con un enemigo dictatorial. La batalla dentro del nuevo contexto no es sencilla, desde el momento que el institucionalismo funciona con simulaciones permanentes para reproducir el orden vigente. Por eso se impone combinar la acción directa con la participación electoral. Por esta vía se compatibilizan los tiempos de surgimiento del poder popular -que requiere todo proceso revolucionario- con la maduración de la conciencia socialista, que en cierta medida se procesa a través de la arena constitucional. Este camino incluye el logro de conquistas que permitan reforzar las posiciones de los trabajadores, afianzar su gravitación política y fortalecer su presencia organizativa. Pero estas reformas no se acumulan, ni son irreversibles. Tarde o temprano su consolidación (o profundización) choca con la regla del beneficio y obliga a respuestas populares contundentes para defender lo  obtenido.  Quiénes convocan a “resolver primero los problemas inmediatos” para “discutir posteriormente el socialismo” desconocen esta conexión y además olvidan, que este futuro sería innecesario si el capitalismo pudiera satisfacer estructuralmente las necesidades perentorias. Las reformas son conquistas necesarias para preparar un giro anticapitalista, pero la revolución es un paso indispensable para asegurar el alcance efectivo de estos logros. Registrar esta complementariedad es importante para superar la esquemática separación entre períodos conservadores (exclusivamente propicios para mejoras mínimas) y etapas convulsivas (que solo permiten respuestas revolucionarias). La estrategia socialista exige amalgamar iniciativas de reforma con un explícito horizonte revolucionario.

 

Complementariedades

 

La conciencia popular se traduce en organización, ya que sin organismos propios los explotados no pueden gestar otro proyecto de sociedad. Las dos modalidades de organización popular contemporánea son los movimientos y los partidos. Ambas opciones cumplen un papel esencial para el desarrollo de las convicciones socialistas. Afianzan la confianza en la auto-organización y procesan normas de funcionamiento colectivo del futuro poder popular. Los movimientos sostienen la lucha social inmediata y los partidos alimentan una actividad política más elaborada. Ambas instancias son necesarias para facilitar la acción directa y la participación electoral. Pero esta complementariedad es frecuentemente cuestionada, por los impulsores excluyentes de los movimientos que proclaman la obsolescencia de los partidos. Olvidan que estas organizaciones son irremplazables para actuar en el plano político. Ningún proyecto emancipatorio puede desenvolverse exclusivamente en el terreno social, ni prescindir de las plataformas específicas, los enlaces entre reivindicaciones y las estrategias de poder que aportan las organizaciones partidarias. Estos agrupamientos contribuyen a superar las limitaciones de una rebelión espontánea. La descalificación de los partidos es tan inadecuada como el vicio opuesto, que todavía exhiben algunas organizaciones de izquierda. Mantienen la vieja concepción vanguardista, actúan con férreo verticalismo y se gratifican con la auto-proclamación permanente. Este culto a la propia organización conduce a prácticas sectarias y a una búsqueda de hegemonía dentro de los movimientos sociales. Su acción se alimenta de la tradición caudillista y expresa los resabios de una cultura organizativa construida durante décadas de acción clandestina. En el marco de libertades públicas y competencia partidaria actual salta a la vista el carácter desubicado de estas conductas.

 

Actitudes

 

Postular que el socialismo puede ser iniciado en un período contemporáneo conduce a defender sin ocultamientos la identidad socialista. Favorecer, en cambio, una etapa neo-desarrollista induce al titubeo en la lucha contra el capitalismo. Para transitar por un camino en común con los industriales y los financistas hay que adoptar un comportamiento moderado, demostrar responsabilidad frente a los inversores y colocar todas las intenciones socialistas en un disimulado segundo plano. El proyecto del socialismo del siglo XXI plantea también serios problemas a los teóricos que gustan estudiar los desequilibrios del capitalismo, sin preocuparse por avizorar algún camino hacia otra sociedad. El socialismo es un tema molesto para quiénes interpretan el mundo sin tratar de cambiarlo, ya que este objetivo sacude su contemplativa mirada del universo circundante. La ausencia de proyectos socialistas en la izquierda es mucho más nociva que cualquier desacierto en los diagnósticos del capitalismo contemporáneo. Por eso resulta indispensable retomar el uso del término socialismo, sin prevenciones, ni sustituciones. Este concepto no es un vago sinónimo de “lo social”. Alude concretamente a un sistema emancipado de la explotación y no a genéricos inconvenientes de cualquier agregación humana. No bastan las difusas referencias al “post- capitalismo” para esclarecer cómo debería construirse una sociedad futura. Hay que exponer programas alternativos.

Algunos analistas estiman que el socialismo no puede difundirse luego del colapso sufrido por la URSS. Consideran que la noción cayó en desuso y perdió prestigio. Pero el repentino resurgimiento del concepto en Latinoamérica debería inducirlos a reconsiderar la validez del réquiem que han pronunciado. Muchos términos sufrieron un manoseo semejante al padecido por el socialismo. La democracia ha soportado por ejemplo distorsiones equivalentes. Fue el estandarte de los peores atropellos imperialistas durante el último siglo y esta deformación no indujo a su reemplazo por ninguna otra palabra. Nadie ha postulado otro término para definir la soberanía popular, ya que para denotar ciertos fenómenos hay nociones irreemplazables. La vigencia del socialismo debe ser evaluada con cierta perspectiva histórica, tomando en cuenta que ha estado sometida a un vaivén semejante al sufrido por la democracia. La invención contemporánea de este último ideal se produjo en 1789, pero el principio de igualdad política solo conquistó autoridad en el curso de un largo período posterior. Al cabo de este tiempo fue aceptado como principio superador de jerarquías medievales, que en el pasado eran identificadas con la propia existencia humana. Con la invención del socialismo ocurrirá algo parecido. El debut de 1917 quedará como un gran precedente de la gesta humana por alcanzar la igualdad social y liberar al individuo de las cadenas del mercado. El comienzo del siglo XXI permite empezar a plasmar ambos objetivos. La actual coyuntura latinoamericana invita a renovar los debates estratégicos en la izquierda en controversias francas, abiertas y respetuosas. Es el momento de asumir logros y balancear las limitaciones con una actitud entusiasta y crítica. Ambas posturas contribuyen a forjar el optimismo razonado que exige la batalla por el socialismo.

(Buenos Aires, 2008)

 

Para leer más sobre este tema:

 

• Heinz Dieterich, Hugo Chávez y el socialismo del siglo XXI, Editorial Por los caminos de América, Caracas, 2005.

 

• Marta Harnecker, La izquierda en el umbral del siglo XXI, Editorial Siglo Veintiuno, Madrid, 2000.

• Claudio Katz, Las disyuntivas de la izquierda en América Latina, Ed Luxemburg, Buenos aires, 2008

• Claudio Katz, El rediseño de América Latina: ALCA, MERCOSUR y ALBA, Ediciones Luxemburg, Buenos Aires, 2006.

• Claudio Katz, El porvenir del socialismo, Editorial Herramienta e Imago Mundi, Buenos Aires, 2004.

 

• Michael A. Lebowitz, El socialismo no cae del cielo, Colección Ideas Claves, Caracas, 2006.

• Michael A. Lebowitz, Build It Now: Socialism for the Twenty-First Century, Monthly Review Press, 2006.

• Fernando Martinez Heredia, “Movimientos sociales, política y proyectos socialistas” in En el horno de los 90, Editorial Ciencias Sociales, La Habana, 2005.

• James Petras y Henry Veltmeyer, Movimientos sociales y poder estatal, Lumen, México, 2005.

• Luis Vitale, De Bolivar al Che, Cucaña Ediciones, Buenos Aires, 2002.