Libro N° 6060. El TLC Recoloniza A Colombia. Acusación A Álvaro Uribe Vélez. Robledo, Jorge Enrique.
© Libro N° 6060.
El TLC Recoloniza A Colombia. Acusación A Álvaro Uribe Vélez. Robledo, Jorge Enrique. Emancipación. Junio 1 de
2019.
Título
original: © El Tlc Recoloniza A Colombia. Acusación A Álvaro Uribe
Vélez. Jorge Enrique Robledo
Versión Original: © El Tlc Recoloniza A Colombia. Acusación A Álvaro
Uribe Vélez. Jorge Enrique Robledo
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EL TLC RECOLONIZA A COLOMBIA
Acusación A Álvaro Uribe Vélez
Jorge Enrique Robledo
El TLC RECOLONIZA A COLOMBIA
ACUSACIÓN A ÁLVARO URIBE VÉLEZ
Una
vez suscrito el TLC entre Colombia y Estados Unidos, el senador por el Polo
Democrático Alternativo, Jorge Enrique Robledo, analiza cuáles son las
verdaderas consecuencias que este le traerá al país. Deja además sentadas las
razones que lo llevaron a denunciar penalmente a Álvaro Uribe Vélez por el
delito de traición a la patria. Robledo demuestra con su análisis que el
Tratado menoscaba la integridad territorial y vulnera el interés nacional.
Bogotá,TR
ediciones, 2007
CONTENNIDO
1.
EL MUNDO DE LA GLOBALIZACIÓN NEOLIBERAL
2.
VERDADES Y FALACIAS DEL "LIBRE COMERCIO"
3.
ACATAMIENTO NO ES NEGOCIACIÓN
4.
LAS PÉRDIDAS ESTABAN DECIDIDAS DESDE ANTES
5.
MASACRE AGROPECUARIA
6.
DESASTRE INDUSTRIAL
7.
MÁS MONOPOLIOS Y ATRASO CIENTÍFICO
8.
LAS TRANSNACIONALES SE QUEDARÁN CON TODO
9.
SIN DIRECCIÓN ECONÓMICA NI DEFENSA EN LAS CRISIS
10.
ASALTO A LAS TELECOMUNICACIONES
11.
TAMBIÉN ACAPARARÁN LAS COMPRAS PÚBLICAS
12.
DEMAGOGIA Y DETERIORO AMBIENTAL
13.
A ABARATAR MÁS EL TRABAJO
14.
CULTURA, PERO LA DE LOS GLOBALIZADORES
15.
LA LEGALIDAD LOS MATA
16.
CONCLUSIONES
PERFIL
1.
EL MUNDO DE LA GLOBALIZACIÓN NEOLIBERAL
Las
razones de un denuncio por traición a la patria al Presidente de la República
de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, por su decisión de suscribir el Tratado de
Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, exige dejar sentadas unas premisas que
impidan que las razones de esta acusación se desvirtúen con falsedades o se
desvíen con alegatos que reflejan ignorancias reales o fingidas. Que algunas de
las advertencias sean en cierto sentido elementales no les quita su
importancia, porque quien las comprenda y las emplee en sus análisis ganará
capacidad de discernimiento frente a las falacias expresas o tácitas con las
que suelen defenderse las concepciones y las medidas neoliberales.(1)
Lo
primero es decir que la oposición al TLC no significa rechazo por razones de
principios a un tratado económico con Estados Unidos o con cualquier otro país
de la Tierra, pues se entiende que los negocios internacionales (y los acuerdos
que vienen con ellos) pueden ser positivos para el progreso de los pueblos, en
la medida en que se definan a partir del más celoso empleo de las soberanías
para proteger los intereses de cada nación y con el propósito de lograr el
beneficio recíproco de los países que los suscriban. Pero como también pueden
no cumplir con los dos requisitos señalados, dichos negocios y acuerdos
igualmente pueden ser negativos para alguno de los signatarios, caso en el que
no deben suscribirse, y más por parte del país que va a ser sacrificado. “Es
mejor no tener Tratado que tener un mal tratado”, dijo el premio Nóbel de
economía Joseph Stiglitz refiriéndose a estos TLC.
La
confusión que pueda existir entre algunos que piensan que todo acuerdo
económico internacional es siempre positivo por el simple hecho de acordarse o
que por lo menos los que vinculan a Estados Unidos sí lo son en todos los casos
se explica por las ignorancias verdaderas o fingidas corrientes en Colombia.
Pero demostrar que los intereses nacionales y los extranjeros pueden ser
diferentes, e incluso antagónicos, no ofrece dificultades, como puede
constatarlo cualquiera que desee hacerlo. Si se menciona el punto es porque,
con sus astucias retóricas y las complicidades de que gozan para evadir los
debates a fondo sobre estos asuntos, los neoliberales intentan pasar de
contrabando una absoluta identidad que de ninguna manera existe entre lo propio
y lo foráneo.
Es
tan notoria la posibilidad de contradicciones entre los intereses nacionales y
los extranjeros, así como el riesgo de que un ciudadano de un país pueda actuar
al servicio de los intereses de otro, que en todos los países las legislaciones
sancionan a los traidores. En Colombia, en el Título XVII, Capítulo Primero del
Código Penal, se trata “De los delitos de traición a la patria”, delitos que
para este caso se tipifican así: “Artículo 455. Menoscabo de la integridad
territorial. El que realice actos que tiendan a menoscabar la integridad
territorial de Colombia, a someterla en todo o en parte al dominio extranjero,
a afectar su naturaleza de Estado soberano, o a fraccionar la unidad nacional,
incurrirá en prisión de veinte (20) a treinta (30) años”. “Artículo 457.
Traición diplomática. El que encargado por el gobierno de gestionar algún
asunto de Estado con gobierno extranjero o con persona o grupo de otro país o
con organismo internacional, actúe en perjuicio de los intereses de la
República, incurrirá en prisión de cinco (5) a quince (15) años”.
Que
un negocio nacional o internacional, grande o pequeño, pueda ser negativo para
una de las partes se explica por la propia naturaleza del capitalismo, que no
es un sistema constituido sobre la relación solidaria entre los individuos y
las naciones, sino en todo lo contrario. En efecto, y como puede constatarlo
cualquiera que haga el menor estudio al respecto, el capitalismo se fundamenta
en el criterio zoológico de la competencia entre las personas y entre los
países, competencia que tiene como objetivo supremo la ganancia y que es tan
dura que considera económicamente válido y moralmente lícito hasta la ruina del
competidor, sin importar que medien daños individuales, sociales o nacionales
de enormes proporciones. Luego en el capitalismo las relaciones de beneficio
recíproco entre las partes no solo no son las naturales sino que ocurren por
excepción, cuando las partes equiparan sus fuerzas, realidad que entre los
países solo aparece en la medida en que se esgrima la soberanía para decir No
cada vez que el interés nacional vaya a ser vulnerado. Estas verdades son las
que explican por qué todas las naciones constituidas conformaron Estados que
definieron límites jurisdiccionales sobre los cuales ejercer sus derechos
soberanos, condición sine qua non para evitar ser sometidas a tratos
arbitrarios por otras.
Bajo
el capitalismo las relaciones de beneficio recíproco entre las naciones se
hicieron más difíciles en la medida en que el sistema evolucionó hacia los
monopolios y la preponderancia del capital financiero, pues apareció el
imperialismo, modo que requiere de la explotación de los países débiles para
existir y el cual, sin renunciar a las agresiones colonialistas, maquilla su
agresividad mediante el neocolonialismo, dominación que intenta ocultar y que
ejerce mediante cipayos, es decir, a través de nativos de las tierras dominadas
que actúan al servicio de los intereses del Imperio y que entre sus funciones
cumplen con una de importancia ideológica primordial: ocultar cómo funciona la
economía capitalista. Que unos actúen así porque se lucran de la dominación y
que otros lo hagan por pusilánimes no modifica en nada esta realidad. Y que
tales verdades sean de muy mal recibo entre los grandes poderes, hasta el punto
de haber logrado casi excluir el uso de los calificativos imperialismo e
imperialista, no implica que este y sus conductas no hayan existido y existan,
sino que su poder se ha incrementado tanto que ni siquiera debe mencionarse,
salvo que se esté dispuesto a pagar costosos peajes económicos, sociales y
políticos.
Si
algún país en el mundo de hoy puede recibir el calificativo de imperialista es
Estados Unidos, convertido, de lejos, en el mayor imperio de la historia de la
humanidad, según se deduce de su enorme poderío de todo orden y del conjunto de
sus actuaciones, incluidas las más brutales y descaradas agresiones militares.
Que este imperio y los demás que existen en el mundo nieguen su naturaleza
mediante constantes invocaciones a la democracia y al empleo de instituciones
financieras que se presentan tras el eufemismo de ser de la “comunidad
internacional”, pero que en realidad controlan con puño de hierro, no modifica
la contundencia de los hechos. A la vista está el subdesarrollo de América
Latina, región del mundo sometida desde hace décadas a los ucases de Estados
Unidos –o del FMI o del BM o del BID o de la AID o de la OMC–, todos los cuales
aparecen como unas “ayudas” que en realidad no existen. Y las políticas
neoliberales o de “libre comercio” o como quieran llamarse son una evolución de
las medidas de dominación de los imperios, que cada vez chocan con mayores
dificultades para mantenerse en funcionamiento sin aumentar su expoliación al
resto del mundo, como bien lo expresan las crisis que los sacuden con notoria
periodicidad.
Es
sabido que el “libre comercio” en Colombia –cuya señal de partida la dio el
Presidente Virgilio Barco, así su definitiva implementación empezara en el
gobierno de César Gaviria– fue la forma nacional que asumió el llamado Consenso
de Washington. Y se conoce también que su aplicación nació de una extorsión del
Banco Mundial, según lo explicó en El Tiempo del 27 de febrero de 1990 el ex
ministro de Hacienda Abdón Espinosa Valderrama:
“El
equipo económico del gobierno (de Barco) ha dado, en sus postrimerías, prueba
de heroico estoicismo al guardar escrupuloso silencio sobre el origen de la mal
llamada apertura de la economía colombiana. Ha preferido asumir valientemente
su responsabilidad a compartirla con la institución de donde provino su
exigencia como requisito sine qua non para desbloquear el otorgamiento de sus
créditos.
En
efecto, el Banco Mundial los tenía virtualmente suspendidos (…) Si (el
gobierno) quería obtener nuevos préstamos, siquiera equivalentes al pago de
capital, debía comprometerse a liberar sus importaciones, o, en términos más
benignos, abrir su economía…
Anteriores
experimentos de liberación de importaciones, también impuestos desde afuera
como supuestos requisitos de la aceleración del desarrollo, tuvieron adversos
resultados: estrangulamiento exterior en 1966 y recesión económica en 1981-82”.
Comprender
el capitalismo y el “libre comercio” exige tener en cuenta, por lo menos, las
siguientes consideraciones de tan autorizados analistas. Según Milton Friedman,
uno de los principales ideólogos de la globalización neoliberal, “Hay una y
solo una responsabilidad social de las empresas, cual es la de utilizar sus
recursos y comprometerse en actividades diseñadas para incrementar sus
utilidades”. De acuerdo con el lince de las finanzas George Soros, “En un
entorno sumamente competitivo, es probable que las personas hipotecadas por la
preocupación por los demás obtengan peores resultados que las que están libres
de todo escrúpulo moral. De este modo, los valores sociales experimentan los
que podría calificarse de proceso de selección natural adversa. Los poco
escrupulosos aparecen en la cumbre”. En palabras de Colin Powell, Secretario de
Estado de Estados Unidos, “nuestro objetivo con el Alca (que se convirtió en
los TLC en el continente) es garantizar a las empresas norteamericanas, el
control de un territorio que va del polo ártico hasta la Antártida, libre
acceso, sin ningún obstáculo o dificultad, para nuestros productos, servicios,
tecnología y capital en todo el hemisferio”.Y a Henry Kissinger no le tembló la
voz para afirmar que “la globalización es, en realidad, otro nombre para el
papel dominante de Estados Unidos”.
Pero
ni siquiera de las peores verdades sobre la política exterior de los países
capitalistas e imperialistas, incluida la de Estados Unidos, se concluye que
Colombia deba aislarse del mundo o que al menos deba negarse a tener relaciones
económicas y diplomáticas con esa nación. De ninguna manera. Lo que sí se
deduce es que hay que repudiar la tesis ingenua o tramposa de que los
colombianos seremos felices si, primero, hacemos felices a las trasnacionales
estadounidenses de todos los órdenes, de donde sacan que la política exterior
colombiana debe ser una extensión de la de la Casa Blanca, que en el territorio
nacional solo debe producirse lo que le convenga a la superpotencia y que es de
signo positivo entregarles a los inversionistas gringos y extranjeros la
propiedad de la parte principal del aparato económico que se le permita
mantener a Colombia, todo en medio de la miseria y la pobreza generalizadas que
son inherentes a este tipo de relaciones internacionales. Y en especial se
concluye que no existe ni la menor posibilidad de proteger el interés nacional
en cualquier trato con el extranjero si quien tiene la representación legal de
dicho interés, es decir, el jefe del Estado, en realidad representa las
conveniencias foráneas.
La
incomprensión entre muchos de la naturaleza rapaz del capitalismo se explica
porque también es de su esencia ideológica camuflarse, empleando a fondo los
eufemismos. Y de esto no escapa el TLC, como bien lo muestran tantas falsedades
dichas sobre él o los quince cortos párrafos del preámbulo en el que se
utilizan todas las palabras de moda para engatusar con sus propósitos, tales
como “amistad”, “cooperación”, “oportunidades”, “integración”, “creatividad”,
“innovación” y “transparencia”, al igual que las frases “reducir la pobreza”,
“beneficio mutuo”, “combatir la corrupción”, “salvaguardar el bienestar
público”, entre otras, en tanto que ni siquiera aparecen los términos
utilidades, lucro, ganancias, enriquecimiento y aún menos se dice que su primer
objetivo, y el que supedita a cualquier otro, es asegurarles altas
rentabilidades a los monopolistas estadounidenses, de manera que se estimule su
codicia que, como se sabe, es lo único que los moviliza. ¡A tanto llega el
propósito de ocultar la verdad, que en forma ejemplar se cumple el adagio de
que esta brilla por su ausencia!
Antes
de demostrar por qué el texto del TLC implica causarle daños mayúsculos al
interés de la nación colombiana, arrebatándole cualquier posibilidad de
desarrollo en términos de la economía capitalista, valen otras consideraciones
que pongan en su sitio las concepciones neoliberales.
(1)
El denuncio legal, que contendrá aspectos que superan este texto
de popularización, lo formularé una vez Álvaro Uribe Vélez y George W. Bush
firmen el TLC, acto que debe ocurrir en la fecha que Estados Unidos escoja,
dándole paso al inicio del trámite definitivo en los respectivos Congresos. En
Colombia, si el Senado y la Cámara de Representantes lo aprueban, el Tratado
deberá superar la revisión de la Corte Constitucional para que pueda
convertirse en ley de la República. De ahí que incluso los uribistas calculen
que, si el TLC supera todos los trámites, solo entrará en aplicación en 2008.
2.
VERDADES Y FALACIAS DEL “LIBRE COMERCIO”
Es
falsa –mentirosa, incluso, por parte de quienes no la esgrimen por ingenuidad–
la teoría según la cual los países que más exportan son los que más se
desarrollan, porque puede demostrarse que hay unos que aun cuando venden más
que otros en el exterior, son más atrasados, en tanto los hay que exportan
menos pero se hallan en un mayor avance. Las cifras son elocuentes. Si se
compara la relación entre las exportaciones y el Producto Interno Bruto (PIB),
que es como se miden estas cosas, se encuentra que en 2004 esta proporción era
de 9,55 por ciento en Estados Unidos, de 11,84 por ciento en Japón, de 20,84
por ciento en Colombia, de 70,55 por ciento en Angola y de 84 por ciento en el
Congo. Y a nadie se le ocurriría decir que Colombia posee un mayor desarrollo
que Estados Unidos y Japón o que los países africanos citados son los más
avanzados del grupo.
Acerca
de convertir las exportaciones en el becerro de oro de la economía, así en el
caso de Colombia pueda demostrarse que el “libre comercio” conduce es a mayores
importaciones, caben otras consideraciones. ¿Para qué se exporta? Para generar
actividad económica pero, en especial, para conseguir dólares, divisas, que
permitan importar y contratar deuda externa. Y si las importaciones son de
bienes de capital y de otras mercancías que no se producen en Colombia y son
claves para su desarrollo, nadie objeta la ecuación. Pero si se exporta para
importar lo que se produce, ¿no resulta mejor exportar menos y no hacerle un
daño enorme a la economía nacional? Además, las importaciones de bienes
suntuarios para satisfacer los gustos de unos cuantos, ¿sí justifican disminuir
los salarios de los colombianos y regalar las materias primas mineras para
poder exportar? ¿O es que van a negar los neoliberales que son el bajo precio
de la mano de obra y de los bienes mineros las principales ventajas
competitivas de las exportaciones nacionales? ¿Y cómo aceptar la tesis
neoliberal de que es buen negocio exportar materias primas para importar bienes
manufacturados, la misma concepción que durantes siglos les impusieron los
imperios a las colonias que expoliaron?
En
contraste con lo anterior, puede demostrarse que el auténtico progreso de
países con condiciones de extensión y habitantes similares a las de Colombia
descansa en el desarrollo y fortaleza de su mercado interno, es decir, en su
capacidad para generar economía en torno a las compras y las ventas entre los
colombianos, pues estas sustentan el 80 por ciento de la actividad del aparato
económico, porcentaje incluso mayor en países como Estados Unidos y Japón. Y se
cae de su peso que el principal propósito de los imperios al someter a otras
naciones es apoderarse de sus mercados internos, lo que por esa misma razón
estimula a sus pajes en Colombia a tirar cortinas de humo sobre su importancia,
calificando el propio de “mercadito”.
En
línea con las anteriores consideraciones también puede demostrarse que la
principal fuente de inversión en los países no es la externa sino la interna,
verdad que rebate la tesis neoliberal de que no importa lesionar las fuentes
del ahorro nacional porque estas serán reemplazadas por inversión extranjera.
Incluso, los propios flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) que se mueven
por el mundo, y que van y vienen principalmente entre países desarrollados,
demuestran que país que no genere su propia dinámica de desarrollo ni siquiera
es lo suficientemente atractivo para captar en forma notable a los
inversionistas foráneos. En 2005, de los 900 mil millones de dólares de IED que
se hizo en el mundo, el 69 por ciento fue a países desarrollados y apenas 68
mil millones a América Latina y el Caribe. Y en ese mismo año, el de mayor IED
en Colombia en los últimos siete –y con una participación notable en la
minería, en la cual invierten haya o no políticas neoliberales–, esta alcanzó
alrededor del 5 por ciento del total de la inversión en el país, cifra que
representa un porcentaje inferior al uno por ciento del total de la realizada
en el mundo.
¿De
lo anterior se deduce, entonces, que los países no deben exportar ni importar y
que deben rechazar de plano toda inversión extranjera? Por supuesto que no. Ya
se señaló que las relaciones económicas internacionales pueden ser provechosas
y esa afirmación hace referencia, como es obvio, a vender y comprar y a
invertir o recibir inversión, pero, eso sí, dependiendo de lo que le convenga
al interés nacional y no al de los extranjeros, porque de saber instrumentar
esas relaciones, entre otras cosas, depende si se logra el progreso o si este
se anquilosa o retrocede. El detalle de cómo deben ser dichas relaciones supera
el propósito de este texto, pero sí cabe dejar sentado que sus misterios ya
fueron revelados precisamente por los países que han tenido éxito en el
desarrollo del capitalismo, los cuales, en la conocida imagen del que patea la
escalera por la que subió para que otros no puedan seguirlo, les imponen a sus
satélites exactamente lo contrario de lo que ellos hicieron para construir su
progreso, empezando por crear unos mercados internos enormes. Faltan a la
verdad quienes, por ingenuos o por vivos, afirman que el “libre comercio” que
se impone en el mundo fue la teoría y la práctica que usaron Estados Unidos,
Francia y Japón, por ejemplo, para alcanzar la situación económica que hoy
ostentan. Si algo debe repudiarse de los imperialistas de todos los tiempos y
pelambres es una de las máximas que orientan sus relaciones internacionales:
“Hagan lo que les digo, no lo que hago”. ¿Cómo no recordar las historias en las
cuales, cuando no procedieron a sangre y fuego, los colonialistas españoles les
entregaron a los aborígenes americanos espejitos a cambio de sus objetos de
oro?
Poner
las cosas en su sitio con respecto a la importancia que se le concede a
construir la economía de un país como Colombia haciendo énfasis en la defensa y
desarrollo del mercado interno y en la capacidad para generar ahorro nacional,
y no en la falacia del desarrollo por la vía de las exportaciones, exige
desnudar otro secreto bien guardado por los neoliberales. Es indiscutible que
el avance de la economía en función principal de la fortaleza del mercado
interno implica que hay que sacar de la miseria y la pobreza al mayor número de
ciudadanos, porque de su capacidad de compra depende qué tanto puede crecer el
aparato productivo y, con él, la propia riqueza de diferentes sectores de la
burguesía. Por el contrario, el crecimiento económico basado en lo que se logre
exportar tiene como uno de sus fines enriquecer a algunos, pero manteniendo en
la pobreza y la miseria a porcentajes de poblaciones mayores que las “normales”
en los países capitalistas avanzados. Porque quienes les compran a los
exportadores no son sus compatriotas, sino los habitantes con mayores ingresos
de las potencias o las pequeñas capas con capacidad de compra de los demás
países subdesarrollados. La política de enriquecer a reventar a unos pocos en
medio de la pobreza general, hasta el punto de poder equipararlos con los
monopolistas de las naciones desarrolladas, como ocurre en el caso del mexicano
Carlos Slim, no es nueva en América Latina, pero sí se profundiza con el
neoliberalismo. ¿O no fueron las exportaciones de café de Colombia o las de
estaño de Bolivia o las de cobre de Chile estrategias de desarrollo por
exportaciones que no sacaron del atraso a los países, pero sí enriquecieron a
un puñado?
Son
esas concepciones reaccionarias las que en mucho explican por qué un
funcionario de la ONU decía que los monopolistas latinoamericanos se parecen a
sus pares de Estados Unidos y Europa, pero que, en cambio, la pobreza en estas
tierras no se asemeja a la de los países desarrollados sino a la de los
africanos, empezando porque en las metrópolis lo normal es que acose a un diez
por ciento de la población, mientras que aquí lo corriente es que martirice a
bastante más de la mitad. El secreto de tantas iniquidades latinoamericanas
–que explican a la región como la de mayor desigualdad social del mundo y a
Colombia como la undécima en la lista–, reside en una razón última que se ha
agravado en los últimos tres lustros pero que se remonta a los inicios del siglo
XX: los mandamases de estos países lograron separar su suerte personal de la
suerte de sus naciones, de forma que les va bien aunque a la inmensa mayoría de
sus compatriotas les vaya mal, porque unieron sus intereses a los de las
trasnacionales extranjeras, las cuales, además, generan y coexisten con las más
aberrantes de las corruptelas nativas. Si algo puede demostrarse en Colombia es
que a todo lo largo del siglo XX nunca se ensayó un modelo económico que
tuviera como fin elevar en serio la capacidad de compra de la población,
concepción retardataria como la que más que los neoliberales pretenden llevar
hasta el extremo.
El
debate sobre el verdadero significado del “libre comercio” puede y debe
librarse con el apoyo de la experiencia nacional y extranjera más reciente,
pues esa política no es nueva, dado que viene aplicándose con consecuencias
desastrosas desde hace años en América y el mundo. En el caso de Colombia, y de
acuerdo con lo ya mencionado, ha sido la orientación de los cuatro últimos
gobiernos, a partir de 1990 con el de César Gaviria Trujillo, período en el
cual la economía nacional sufrió la peor crisis de su historia, con pérdidas
irreparables para la industria y el agro y con el consecuente retroceso,
también sin antecedentes, de todos los indicadores sociales. Y esa crisis tuvo
como causas principales el gran aumento de las importaciones agrícolas e industriales
–las cuales lesionaron la producción interna y generaron desempleo y pobreza–,
las políticas de privatización que convirtieron en monopolios privados los
monopolios públicos y que degeneraron en negocios lo que eran derechos
ciudadanos, las medidas cambiarias y financieras que les otorgaron mayores
garantías a los especuladores y la definitiva toma por parte del capital
extranjero de áreas enteras de la economía en las que, o actuaba asociado con
el Estado, o no estaba, o tenía presencias menores, tales como la minería, las
finanzas, el comercio al por menor y toda el área de servicios públicos
domiciliarios. Luego la decisión de suscribir el TLC con Estados Unidos, que
tiene como propósito hacer irreversible y profundizar el “libre comercio”, ni
siquiera cuenta a su favor con el subterfugio de poder alegar que traerá
grandes beneficios para las gentes o que al menos tendrá consecuencias
desconocidas, pues ya hay experiencia de sobra para anticipar lo que ocurrirá.
Y si
la apertura –que fue la aplicación anticipada en Colombia de las políticas que
se recogerían en la Ronda de Uruguay del GATT, las cuales le dieron vida a la
Organización Mundial del Comercio (OMC)– causó los daños que causó, ¿cómo serán
los que sobrevendrán con el TLC, si este puede definirse como un tratado
OMC-plus, en el sentido de que con este tipo de acuerdos Estados Unidos
confirma las normas de la OMC y define unas nuevas que no ha podido imponer en
dicha organización?
Existen
estudios de Planeación Nacional y del Banco de la República que explican, entre
otras consecuencias negativas del TLC, que el porcentaje de crecimiento de las
importaciones doblará el de las exportaciones, al igual que hay uno del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), del cual se hablará también, que anuncia
las pérdidas que sufrirá Colombia en sus ventas a la Comunidad Andina (CAN), el
principal mercado para sus bienes industriales de exportación. Además, nada
permite concluir que se vaya a modificar la tendencia a tener unas
exportaciones centradas en las materias primas, especialmente en las mineras,
característica que refleja el corte colonial de la economía colombiana y que el
neoliberalismo profundiza pero no crea, porque es obvio que para poder vender
carbón, café o petróleo en el exterior no se requiere destruir los sectores
agropecuarios o manufactureros que se perderán con el TLC o privatizar el
sector público de la economía. Y es seguro que se fortalecerá también el
control por parte de las trasnacionales de las exportaciones que pueda hacer
Colombia, al igual que el de las principales empresas que se lucran de vender
en el mercado interno.
Ningún
colombiano se atrevería a proponer que Colombia compita en condiciones de
absoluta igualdad con Estados Unidos, si no estuvieran detrás los inmensos
poderes económicos que aúpan esa idea, así como la gran capacidad de engaño de
los medios masivos de comunicación, los cuales se aprovechan de las ignorancias
y los entusiasmos de las gentes, a las que, con el respaldo cínico de la
tecnocracia neoliberal, les meten el cuento de que el problema de la
competencia internacional no guarda relación con las condiciones de cada país,
sino con la buena voluntad con la que las personas aboquen los negocios. Como
una muestra de las tremendas desigualdades entre las partes, que convierten la
competencia dentro del TLC en una ficción, sirve saber que el Producto Interno
Bruto (PIB) de Estados Unidos es 129 veces mayor que el de Colombia, por lo que
poner a los colombianos a competir con los gringos es tanto como enfrentar a
una persona corriente con un gigante que mide tanto como un edificio de 54
pisos. Y también en tal aspecto el Tratado es peor que las normas de la OMC,
porque estas, así sea con cláusulas mediocres que apenas si rozan el fondo del
problema, establecen el trato especial y diferenciado entre los países, como
una manera de reconocer las diferencias entre ellos. ¿Por qué si las
concepciones democráticas exigen que las legislaciones internas de los países
reconozcan y regulen las diferencias entre las partes –casos arrendador y
arrendatario o empleado y empleador–, concediendo derechos distintos para medio
proteger a los débiles, el TLC crea una igualdad mentirosa, que solo se atreven
a alegar las mentalidades ventajistas para justificar el sometimiento de la
parte débil por la fuerte?
El
notable incremento de las exportaciones de México a Estados Unidos con el TLC
suscrito por estos y Canadá (TLCAN), que pasaron de 52 mil millones de dólares
a 160 mil millones entre 1990 y 2002, permite dos glosas que también prueban
que ese no debe ser el camino de Colombia. La primera, que en la etapa del
“libre comercio” el porcentaje de crecimiento de la economía mexicana fue el
peor de toda su historia y que sus indicadores sociales son tan malos como los
colombianos, y eso que tienen la válvula de escape de los millones de personas
que, acosadas por el desempleo y el hambre, han tenido que emigrar a Estados
Unidos. ¿Qué ocurrirá en ese país si el gobierno estadounidense decide no dejar
entrar más mexicanos, ni siquiera por “el hueco” y a trabajar en condiciones
miserables, cambio al que pueden conducir medidas como la infame muralla de
concreto que se decidió construir en la frontera común? Y la segunda, que nadie
puede soñar siquiera con que Colombia podrá exportarle a Estados Unidos en
cantidades similares a las de México, por la simple e inmodificable razón de
las distancias que separan a los unos de los otros.
También
contiene una buena dosis de falsedad llamar al Tratado como de “Libre
comercio”, porque este conduce al control de los monopolios y estos no generan
ninguna libertad y porque sus disposiciones van bastante más allá de determinar
en 6 capítulos las relaciones de importación y exportación de Estados Unidos y
Colombia. Así, en otros 17 capítulos, el interés colombiano también se verá
negativamente afectado por lo que se define en propiedad intelectual,
inversiones, solución de controversias, sector financiero, telecomunicaciones,
negocios transfronterizos y medio ambiente, entre otros aspectos. Y habrá un
empeoramiento de las condiciones laborales del país, así este no haya quedado
pactado, porque sus cláusulas empujan, en la práctica, en esa dirección, so
pena de que Colombia pierda competitividad a la hora de exportar, de defenderse
de las importaciones o de atraer inversionistas extranjeros.
Entre
las manipulaciones sobre por qué Colombia debe firmar el TLC aparece como una
de las principales el objetivo de mantener los menores aranceles que hoy pagan
algunos empresarios colombianos que exportan a Estados Unidos, en razón de lo
establecido por la Casa Blanca en Atpdea (Andean Trade Promotion and Drug
Eradication Act).(2)
Conocer,
entonces, a cuánto equivalen los aranceles dejados de pagar por este mecanismo
es una necesidad para pasar de la retórica neoliberal a la realidad de las
cifras. De acuerdo con el empresario colombiano Emilio Sardi, la verdad de las
cuentas del Atpdea es la siguiente:
“Se
afirma con gran bombo que cerca de la mitad de nuestras exportaciones a EEUU
están incluidas en Atpdea, pero se esconde que casi el 70 por ciento de ellas
(unos 3.400 millones de dólares en 2005) serán de petróleo o sus derivados.
Ésas no se verán afectadas por la pérdida del Atpdea y se seguirán haciendo. La
rebaja en aranceles que se obtiene en los otros productos tiene importancia
para un par de sectores, pero no es grande para la economía nacional como un
todo. De los 1.400 millones de dólares que se estima cubrirá el Atpdea que no
son petróleo y sus derivados, las flores representarán aproximadamente la
tercera parte. Su arancel es del orden del 6,5 por ciento, lo que representa
una rebaja arancelaria de unos 30 millones de dólares. Sus exportadores no
quisieran perderla, pues, como diría el filósofo de Palenque, es mejor ganar
más que menos, pero no por eso van a dejar de venderlas. Las exportaciones de
confecciones, que por la competencia china van cayendo, tienen aranceles del
orden del 15 por ciento, pero nadie ha establecido cuál es el valor agregado
verdadero que generan. No es presumible que el valor agregado de las
operaciones de maquila llegue siquiera al 40 por ciento de lo exportado, que se
estima en 500 millones de dólares. Luego la rebaja arancelaria real se ubicaría
en máximo 30 millones de dólares. Y de ahí para abajo realmente ni vale la pena
entrar en el detalle. De las 5.600 partidas arancelarias favorecidas, Colombia
registra exportaciones apenas en 913, de las que sólo 18 exportan más de 10
millones de dólares, mientras 603 no pasan de exiguos 100.000 dólares. ¡Ni
siquiera para diversificar nuestra oferta exportadora a EEUU han servido el
Atpa o el Atpdea! Allá están interesados sólo en nuestros productos básicos. Es
evidente que el ahorro arancelario por el Atpdea es realmente apenas del orden
de unos 100 millones de dólares o, a lo sumo, 120 millones de dólares anuales.
Si fuera cierto que el Atpdea es improrrogable, sería mucho más sensato buscar
ayudar a los afectados con medidas como las que ha tomado el Gobierno para
proteger a algunos sectores del agro contra la reevaluación que precipitarse a
firmar un mal tratado, para obtener una rebaja arancelaria que no alcanza a ser
el 0,1 por ciento de nuestro PIB” (Deslinde, septiembre de 2006).
Con
respecto a las exportaciones de confecciones a Estados Unidos, de las que se
habla tanto para defender que se mantengan a cualquier precio los aranceles
otorgados por Atpdea, estas vienen disminuyendo, y seguramente van a caer más
por causa de la muy dura competencia de los productores asiáticos, que actúan
con salarios tan bajos que los hacen imbatibles. De acuerdo con Proexport, “las
exportaciones de confecciones hacia Estados Unidos continúan cayendo. Pasaron
de 195,9 millones de dólares entre enero y mayo de 2005 a 157,6 millones en
2006, una caída de 19,54 por ciento”, lo que, si no se empeoran las cosas, debe
dar una ganancia por aranceles no pagados del orden de 56,7 millones de dólares
a todo lo largo del año, cifra relativamente baja que en la práctica es menor
si también se considera que una parte de esas ventas son exportaciones de
algodón previamente importado de Estados Unidos (en 2005 dichas importaciones
sumaron 116 millones de dólares).
Otra
manera de mostrar que la preservación de lo obtenido por aranceles en Atpdea no
tiene fuerza suficiente para justificar el TLC es conocer que ese mecanismo,
que con ligeras modificaciones antes se llamaba Atpa (Andean Trade Preferente
Act), se remonta a 1991, al comienzo de la apertura iniciada en el gobierno de
César Gaviria Trujillo. Y luego de quince años de experiencia salta a la vista
que esas rebajas arancelarias no producen un cambio de fondo en la capacidad
exportadora del país y, mucho menos, en las condiciones de pobreza y miseria
que avergüenzan a los colombianos ante el mundo. Para lo que sí ha servido el
Atpdea es para embellecer las imposiciones estadounidenses y para ser utilizado
como instrumento de extorsión a favor del TLC, al crear un grupito de ruidosos
exportadores que, como gana con los menores aranceles y el Tratado, afirma que
su caso es el de toda la nación, teoría que repite sin cesar –¡y sin
demostrar!– la sumisa tecnocracia neoliberal. Se está así, entonces, ante el
conocido caso de la carnada que oculta el anzuelo, con la diferencia de que con
el Atpdea la carnada se la comen unos cuantos, en tanto el arpón se clava en la
garganta del resto de los colombianos. ¿Quienes deciden en Colombia no se
darían cuenta de que Estados Unidos creaba con el Atpdea una auténtica quinta
columna a favor del “libre comercio” y de cualquier TLC que decidiera imponer?
¿Tampoco sabían que la Casa Blanca preparó el terreno para el TLC con
Centroamérica (Cafta)(3) mediante el mismo truco de conceder temporalmente unos
aranceles menores a través de diferentes mecanismos, como la ICC y CBERA, a
pesar de que en el istmo ni siquiera existía el pretexto del narcotráfico?
Tampoco
resiste análisis otro lugar común en defensa del TLC con Estados Unidos, necio
como el que más, que dice que hay que firmarlo a toda costa por lo mucho que
Colombia le compra y le vende a ese país. Cuando bien analizadas las cosas la
primera conclusión que debiera sacarse de ese dato es que constituye otra
prueba de la deformación que padece la economía nacional, pues lo razonable
sería tener mayores relaciones con los países fronterizos, como sucede en la
Unión Europea que, con todo y sus aspectos censurables, sí sirve para mostrar
la importancia de fortalecer los vínculos con los vecinos. ¿No enseñan los
libros de texto de economía capitalista que esta avanza mejor en aquellos
mercados cuyos costos de transporte tienden a cero, que es lo que en condiciones
ideales ocurre en las áreas urbanas o a nivel de países que comparten
fronteras? De otra parte, desde que apareció el campesinado, una clase
milenaria, se estableció que no deben ponerse todos los huevos en el mismo
canasto, máxima aún más cierta en las economías nacionales que en la
individuales, porque así se protegen mejor en las inevitables crisis que
sacuden a unos u otros países y a unos u otros sectores, de donde nuevamente se
ratifica la conveniencia de distinguir entre quienes hacen afirmaciones falsas
porque ignoran y los que las expresan de manera maliciosa a sabiendas de qué se
trata y cómo van ellos en el negocio.
No
sobra, además, echarle números al tamaño del mercado estadounidense que se le
abre a Colombia con el TLC, distinguiendo entre el potencial, teórico, y aquel
al que efectivamente puede aspirarse de acuerdo con las realidades económicas
de aquí y de allá y del resto del mundo, de manera que ni incautos ni astutos
ganen indulgencias con las conocidas cuentas de la lechera. Porque del hecho
cierto de ser “el mayor del mundo” (11,8 billones de dólares) no se deduce que
sea tan grande como piensan algunos y menos que pueda conquistarse en una
proporción suficiente para superar los problemas económicos y sociales de
Colombia, que es de lo que se supone se trata la discusión sobre si el Tratado
le conviene o no al país. Porque apenas el 8 por ciento del gasto estadounidense
(1,48 billones de dólares) se destina a importaciones, dado que el resto se
utiliza para adquirir bienes y servicios generados internamente. Además, 207
mil millones de dólares de importaciones son de combustibles, que se venden
allí sin necesidad del TLC (Colombia vende el 1,8 por ciento). 580 mil millones
de dólares se destinan a compras de vehículos y autopartes, bienes de capital y
equipos, renglones de los que Colombia no vende un dólar ni lo venderá con el
Tratado. Otros 200 mil millones de dólares se destinan a materias primas y
elementos para la industria, y de ellos los colombianos aportan 130 millones de
dólares, equivalente al 0,13 por ciento, suma que muy difícilmente podrá
aumentar. Y de los algo más de 400 mil millones de dólares restantes, 370 mil
millones son bienes de consumo, pero de ellos Colombia no vende nada de sus
principales renglones, tales como farmacéuticos, electrodomésticos, juguetes,
joyería, motocicletas, instrumentos musicales y equipos de fotografía, y
tampoco hay razones para pensar que con el TLC esta situación cambiará de
manera importante, porque ese mercado, como lo muestran las anteriores cifras,
ya está en lo fundamental copado por los poderosos competidores del resto del
mundo, los cuales incluso han capturado buena del mercado interno colombiano.
¿No es una bobería decir que porque Washington le va a eliminar a Colombia unos
aranceles que en promedio son de apenas 2,7 por ciento, con eso va a cambiar la
composición de las importaciones estadounidenses? ¿No es una evidente
manipulación que como gran cosa se les ofrezca a los colombianos tomarse algo
de las importaciones gringas de lácteos y tabaco, cuando ellas suman apenas
2.700 millones de dólares y hay que disputárselas con 28 países, y eso contando
solo a los que más venden en Estados Unidos?(4)
Y es
mentira, además, decir que si Colombia no firma el TLC con Estados Unidos
dejará de vender en ese país o se aislará de la economía mundial. Porque lo
cierto es que, exceptuando a México y Canadá, todos los principales
exportadores a Estados Unidos no tienen TLC firmados con Washington. Y en lo
que respecta a facilitar aún más las importaciones de bienes estadounidenses
que sean benéficas para los colombianos, pues solo a un necio se le puede
ocurrir que para ello se requiere de un tratado de “libre comercio”. Lo máximo,
entonces, que le sucedería a Colombia sin el TLC, en sus relaciones de
exportación al Imperio, sería, como ya se dijo, el aumento de los precios de
venta de algunos productos que hoy se benefician con el Atpdea, cifra que, hay
que reiterar, es mucho menos importante para la suerte del país de lo que
afirman los neoliberales y que en todo caso es en mucho inferior a los nuevos y
enormes costos que, como se verá, cobrará Estados Unidos por mantenerla. Al
poner en su sitio el verdadero poder de las exportaciones para desarrollar un
país, y dentro de eso los auténticos alcances del Atpdea, no es porque se
niegue la conveniencia de exportar o porque se desprecie la suerte de las
exportaciones que hoy se benefician con los menores aranceles a Estados Unidos,
las cuales están en capacidad de competir sin esas ventajas o podrían
beneficiarse, a costos infinitamente menores que los del TLC, de diversos tipos
de respaldo por parte del Estado colombiano.
Si
el TLC entra en vigencia no será una coyunda de menor cuantía y fácil remoción.
Al convertirse en ley de la República sus 1.531 páginas (la Constitución tiene
108), dado su carácter de acuerdo internacional, adquirirá un nivel similar al
de las normas constitucionales en el sentido de que nadie en Colombia, en
ningún nivel u organismo del Estado, podrá aprobar algo que contradiga su
texto. En el capítulo de propiedad intelectual Colombia se compromete, además,
a adherir a otros 4 acuerdos internacionales que fortalecerán aún más el poder
monopólico de las trasnacionales estadounidenses en estos tópicos, imposición
más humillante porque en el TLC no se contempla que Estados Unidos adhiera a
los tratados sobre asuntos laborales y medio ambiente de los que sí hace parte
Colombia. Nada en el Tratado podrá modificarse, ni en una coma, sin la
autorización de Washington, cambio que, si se logra, habrá que pagárselo con
nuevas y onerosas concesiones en otro aspecto. Y su denuncia, como se llama la
manera de terminarlo por decisión de cualquiera de las partes, deberá derrotar,
como es obvio, las más duras presiones de la Casa Blanca.
Además,
la aplicación del TLC, como ocurrió con la apertura, fortalecerá todavía más a
los pocos colombianos que se lucran de sus relaciones privilegiadas con el
Imperio, en tanto que aumentará el debilitamiento de quienes tienen su suerte
personal atada a la de la nación, lo que agravará el círculo vicioso que ya se
padece: mientras más domina Estados Unidos más se fortalecen sus correveidiles
criollos y con ello más fácilmente pueden dominar las trasnacionales a
Colombia. ¿Qué garantiza, por último, que, con el correr de los años, el
Imperio no imponga otra tanda de condiciones aún más leoninas que las de hoy,
una vez su dominación sea casi absoluta porque se hayan reducido a poco o a
nada los sectores económicos colombianos que no sean extensión del capital
extranjero?
Digno
de todo repudio fue también el trámite que Álvaro Uribe le dio al TLC, dada su
evidente lógica plutocrática y porque al final se pasó por la faja los propios
puntos de vista de una parte fundamental de los sectores empresariales
escogidos por él para darle un cierto viso democrático a su decisión de
suscribirlo. En efecto, en nada tuvo en cuenta las reiteradas posiciones de
rechazo de las centrales obreras y de todas las organizaciones campesinas,
indígenas y estudiantiles del país, ni atendió al voto casi unánime y en contra
del tratado de las consultas indígena, arrocera y de cultivos de tierra fría y
desoyó por completo la posición de la Asociación Nacional por la Salvación
Agropecuaria, agremiación que agrupa a fuerzas representativas del campesinado
y el empresariado. E incluso al final, cuando llegó la hora de nona, Uribe les
impuso su decisión a las principales agremiaciones de la Sociedad de
Agricultores de Colombia (SAC), las mismas que durante el trámite había
preferido como a las únicas dignas de tener en cuenta en el sector
agropecuario.
Como
se verá, el TLC, entre otros hechos graves, consolidará y hará irreversibles
las pérdidas económicas de la apertura, ratificará que la salud, la educación,
los servicios públicos domiciliarios, el medio ambiente y los alimentos sean
vulgares negocios, le arrebatará a Colombia los principales instrumentos
económicos que usaron las potencias capitalistas para desarrollarse, arruinará
áreas estratégicas de la producción nacional industrial y agropecuaria, hará
imposible que el país avance por los caminos de la ciencia y las tecnologías
complejas, les entregará el control del ahorro nacional y de la biodiversidad a
los extranjeros, le arrebatará al país los principales instrumentos que se
requieren para orientar su economía y enfrentar las crisis cambiarias y
financieras, definirá una justicia a la medida de las conveniencias de los
negociantes estadounidenses, consolidará la toma de las principales empresas
que sobrevivan por parte de los inversionistas extranjeros, generará una
dependencia indeseable del comercio exterior colombiano con el de Estados
Unidos, determinará una mayor pobreza y miseria de la nación, entrabará aún más
la defensa y el progreso de la cultura nacional y convertirá a Colombia en una
especie de colonia estadounidense, hechos todos que configuran el delito de
traición a la patria que tipifica el Artículo 455 del Código Penal. Porque este
es aplicable a quien “realice actos que tiendan” a someter a Colombia, “en todo
o en parte al dominio extranjero, a afectar su naturaleza de Estado soberano”,
pues es obvio que la independencia y la soberanía política se pierden en
cualquier país en el que los extranjeros se tomen la parte principal de la
economía. Y quedará en evidencia que Álvaro Uribe Vélez también violó el
Artículo 457 del mismo Código, que establece la “Traición diplomática”, en la
cual incurre quien en un acuerdo o relación con otro país “actúe en perjuicio
de los intereses de la República”.
(2)Mediante
esta ley casi todos los productos de los países andinos (exceptuando a
Venezuela) pueden exportarse sin aranceles a Estados Unidos. Para Colombia las
partidas arancelarias desgravadas son 5.687. El Atpdea es una decisión
unilateral de Washington que termina el 31 de diciembre de 2006 y que se
explicó como una compensación a estos países por sus luchas contra el
narcotráfico. A Colombia solo se le otorgó una vez el Presidente Álvaro Uribe
Vélez expidió el decreto 2085, que le amplió a las trasnacionales el monopolio
de los medicamentos y los agroquímicos.
(3)
La oposición ciudadana ha impedido que el Congreso de Costa Rica ratifique
dicho tratado.
(4)
9 países le exportan a Estados unidos el 72 por ciento de los lácteos que
importa y 19, el 65 por ciento del tabaco.
3.
ACATAMIENTO NO ES NEGOCIACIÓN
Quien
conozca el trámite que concluyó en el TLC aceptado por el gobierno de Colombia
tendrá que concluir que en este caso las palabras “negociación” y
“negociadores” hay que utilizarlas entre comillas, pues lo que hubo fue una
adhesión a los puntos de vista de Estados Unidos, tal y como muchos lo
explicamos a lo largo del proceso. El libro editado por la Red Colombiana
frente al Libre Comercio y el Alca (Recalca), que cuenta el proceso y que con
acierto se titula De la indignidad a la indignación, constituye una excelente
denuncia de cómo ocurrió, paso a paso, uno de los pasajes más vergonzosos en la
historia de la diplomacia colombiana.
Según
Eugenio Marulanda, presidente de Confecámaras, uno de los asistentes a la
reunión entre Álvaro Uribe Vélez y Robert Zoellick en la que se decidió iniciar
la “negociación”, el representante comercial de Estados Unidos advirtió:
“Listo, se hace el acuerdo. Pero nosotros ponemos las condiciones. Lo toman o
lo dejan”(5). Y como era de esperarse, el Presidente de Colombia lo tomó, a
pesar de que el mismo Zoellick y durante el proceso también Condolezza Rice,
Secretaria de Estado del Imperio, machacaron que “libre comercio es libre
comercio”, afirmación nada sutil con la que le reiteraron que serían los
estadounidenses los que dirían la última palabra, porque la Casa Blanca se
había arrogado el derecho de establecer qué se entiende por “libre comercio”.
Cuando empezaban los trámites de las “negociaciones” que a la postre llevarían
al TLC, Rafael Mejía, Presidente de la SAC, le escribió a Álvaro Uribe Vélez:
“No sobra recordar cómo el señor Ministro de Hacienda indicó que de querer
garantizar recursos de financiamiento externo por parte de las entidades
internacionales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial y el BID, se requería
desmontar la protección al sector agropecuario ante la fuerte presión de estos
organismos al respecto” (28 de marzo de 2003). Y para que no quedaran dudas se
hizo vox pópuli que de lo que se trataba era de tramitar un acuerdo básicamente
igual a los TLC suscritos por Estados Unidos con México, Centroamérica y Chile.
¿Podrá haber algo más arbitrario y regresivo que una política cuyo objetivo es
imponerles a todos los países de América tratados que al suscribirse son
fundamentalmente iguales entre sí y que al concluir el período de transición,
de unos pocos años, se convierten en idénticos, a pesar de las enormes
diferencias que existen entre los países? ¿No es monstruoso, por ejemplo, que
la receta sea idéntica para Brasil y Haití?
Pero
no obstante que lo anterior quedó establecido desde antes de empezar las
“negociaciones”, el gobierno de Colombia se dedicó a lo largo de veinte meses a
crear la falsa idea de que se trataba de concertar un acuerdo positivo para las
dos partes y no de una simple adhesión. El problema que se le creó con esta
patraña es que fracasó en ocultar que de lo que se trataba era de ponerse “el
mismo traje del TLC con Chile”, como con desfachatez ironizó Juan Manuel
Santos, pero sí sirvió para mostrar, también por este medio, que no hubo asunto
de importancia que no se definiera de acuerdo con los intereses de Estados
Unidos.
En
un inventario de sometimientos que es incompleto y que se redactó dentro del
tono generoso de un periódico afecto al gobierno y al “libre comercio”, en
Portafolio del 27 de febrero de 2006, se tituló “TLC: business are business” y
se dijo:
“Colombia
quería negociar solo un tratado comercial, sin los países andinos, y E.U.
decidió que Perú y Ecuador debían estar… y así se hizo (…) Colombia consideraba
que el Atpdea, la ley de preferencias unilaterales, sería el punto de partida
de la negociación y Estados Unidos decidió que se debía comenzar de cero. Y así
se hizo (…) Colombia creyó que se podía negociar la eliminación de algunos
subsidios y ayudas que Estados Unidos da a sus productores del campo, pues era
la única forma de competir con la producción de ese país. Estados Unidos dijo
que eso lo negociaba en la OMC y no en el TLC andino. Y así fue, mientras que
Colombia entregó a cambio de nada la protección agrícola de las franjas andinas
de precios (…) Colombia creyó que podía llevar textos propios para negociar,
innovando la tradición norteamericana, pero finalmente comprobó que ese país
tienen sus reglas para negociar, y punto (…) Colombia creyó que el gigante
podría tener consideraciones para corregir asimetrías frente a un país débil. La
realidad es que Estados Unidos es el imperio y así lo demuestra, sin importar
quien sea el interlocutor”.
Luis
Guillermo Restrepo Vélez, miembro del equipo de propiedad intelectual de
Colombia en materia de salud en el trámite del TLC y quien renunció a su cargo
antes que alcahuetear la entrega que se preparaba, explicó: “En cuanto a la
forma como el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha conducido el
proceso, sería mucho más transparente decirle al país (…) que realmente nunca
existió negociación”. Y explicó: “Me queda la certeza de que desde el inicio de
la negociación, sabían de la rígida postura de los negociadores
estadounidenses, que no aceptarían un texto que no fuera igual o superior al
Cafta. Y emplearon sus mejores capacidades no para negociar con ellos, sino
para obtener paso a paso, gradualmente, con estrategias de todo tipo algunas de
las cuales el país conoció por su gravedad y trascendencia, concesiones del
sector salud que los acercaran a su meta”(6), la de satisfacer las exigencias
de Estados Unidos.
Incluso,
clama al cielo que Álvaro Uribe, que se presume ducho en negocios pues desde
joven se dedicó con éxito a acrecentar la fortuna que heredó de su padre, otro
conocido negociante, hubiera cohibido a sus voceros a recurrir a expedientes
usuales en el trámite de cualquier transacción, a pesar de que la utilización
de los mismos por parte de Estados Unidos le concedía a Colombia toda la fuerza
moral y política para hacerlo. El primero de estos casos consistió en que
Colombia puso en negociación absolutamente todos los intereses del país en
todos sus sectores económicos, hasta el punto de que Estados Unidos quedó
autorizado para hacer cualquier petición, por descabellada que fuera, contra el
interés nacional. Esto, en contraste con la posición del gobierno
estadounidense que, antes de empezar las “negociaciones”, se dotó de una
extensa ley aprobada por su Congreso, la Ley de Comercio de 2002 (Trade Act of
2002 –que contiene Trade Promotion Authority –TPA–, Trade Preferential Act y
Atpdea), que le impuso precisos límites a sus potestades, bajo la advertencia
de que si los funcionarios de la Casa Blanca se salían de esas condiciones el
Tratado no sería ratificado por la Cámara de Representantes y el Senado. Así, y
como era de esperarse, desde el primer día de la negociación se convirtió en
una especie de muletilla que los voceros gringos dijeran: “Eso no puede
acordarse porque nuestro Congreso no lo aprobaría”, recurso que nunca pudieron
utilizar los colombianos. Y ante esta salvaguardia elemental por parte de un
país que, como era obvio, no iba a poner en discusión sus intereses
estratégicos, ¿qué hizo el gobierno de Colombia? ¿Imitó a su contraparte? Ni
pensarlo. Incluso, utilizó sus mayorías en el Congreso colombiano para impedir
que se aprobara la llamada “Ley espejo”, cuyo nombre obedeció a que proponía
que se imitara la ley de comercio estadounidense y con los mismos propósitos:
darle instrumentos de negociación al Ejecutivo, prohibiéndole sacrificar
asuntos irrenunciables del interés nacional.
Algo
parecido ocurrió cuando Estados Unidos explicó que por razones de seguridad
nacional no permitiría que en el trámite del TLC se conversara siquiera sobre
la parte principal de sus subsidios agrícolas, los cuales suman 71.269 millones
de dólares al año. Y las razones del gobierno gringo para defender dichos
subsidios no pudieron ser más contundentes. Al decir de George W. Bush,
“Es
importante para nuestra nación cultivar alimentos, alimentar a nuestra
población. ¿Pueden Ustedes imaginar un país que no fuera capaz de cultivar
alimentos suficientes para alimentar a su población? Sería una nación expuesta
a presiones internacionales. Sería una nación vulnerable. Y por eso, cuando
hablamos de la agricultura (norte) americana, en realidad hablamos de una
cuestión de seguridad nacional”(7).
¿Utilizó
Colombia el mismo concepto de seguridad nacional que, para el efecto, se
confunde con el de seguridad alimentaria, para proteger su agro, arguyendo que
por las mismas razones que los estadounidenses no eliminaban sus subsidios, los
colombianos no eliminarían sus aranceles agropecuarios? Por supuesto que no. Lo
que sucedió fue inaudito: el ministro de Comercio Jorge Humberto Botero, el
representante de Álvaro Uribe Vélez en la “negociación”, corrió a publicar un
artículo en el que anunció que el gobierno no esgrimiría el concepto de
seguridad alimentaria para defender el agro del país (La República, 21 de abril
de 2004), felonía que completó con otra que en un país diferente habría
conducido a su destitución inmediata: el 16 de mayo de 2004, en el diario La
Patria, afirmó: “Mil y mil gracias por los subsidios (agrícolas extranjeros),
porque nos permiten, por ejemplo, comprar trigo barato” para los sectores
populares.
El
descaro de Álvaro Uribe en su actitud de sumisión ante Estados Unidos llegó a
tanto, que no vaciló en hacer en público afirmaciones que nadie en la mitad de
una negociación haría, y menos un negociante de su trayectoria, a no ser que
tuviera decidido someterse al interés de la contraparte. Tal el caso del día en
que Uribe, en momentos en que se confirmó que Estados Unidos venía por la lana,
por el telar y por la que teje, y subía el tono de las voces colombianas de
repudio al TLC, no tuvo empacho en declarar que firmaría “rapidito” y así le
llovieran “rayos y centellas”, con lo que le garantizó a Washington que
Colombia no se levantaría de la mesa sin importar cuán atrabiliaria fuera su
conducta. ¿No es de la primera lección de “cómo negociar” transmitir la idea de
que se está dispuesto a romper si la negociación no concluye en condiciones
satisfactorias? ¿Qué posición puede defender quien haga saber que firma porque
firma?
También
fue común que el gobierno colombiano, unilateralmente, se anticipara a aprobar
normas internas contrarias al progreso de Colombia que se sabía iban a ser
pedidas por el gobierno de Estados Unidos en el trámite del TLC. Así sucedió,
entre otras, con la reforma a la política de hidrocarburos, que le quitó al
capital extranjero la obligación de asociarse con Ecopetrol en esos negocios. Y
también se les regaló a los gringos la ley de garantías a los inversionistas y
la que castiga hasta con cárcel la copia de algunos productos, exigencias que
los negociadores estadounidenses ya habían hecho en el trámite del Tratado. Si
se trataba de un negocio en el que “hay que dar para recibir”, según explicó el
uribismo, ¿por qué estas medidas se entregaron de forma unilateral y sin que
mediara contraprestación alguna? Tales preguntas mantienen toda su vigencia,
aun aceptando, en gracia de discusión, que dichas modificaciones fueran
positivas para el país (que no lo son), porque lo que se discute en esta parte
es por qué Colombia desechó instrumentos elementales de cualquier negociación.
Y no
quedó en el TLC ningún artículo que proteja a Colombia de un pasaje como el que
ya vivieron los países centroamericanos que firmaron el Cafta con Estados
Unidos, a los que se les impuso la obligación de modificar un conjunto de leyes
antes de entrar en vigencia dicho Tratado, en tanto el Imperio, en el artículo
102 de la ley interna con la que lo aprobó, dejó establecido que no modificará
ninguna de sus leyes porque estas prevalecen sobre lo acordado.
Para
completar el grave sacrificio del interés y la dignidad nacional, el gobierno
de Colombia permitió que los estadounidenses reabrieran la “negociación” luego
de su cierre el 27 de febrero de 2006, concesión que le generó nuevas pérdidas
al país y que tuvo como primer pretexto la traducción al español de los textos
del TLC que se habían “negociado” en inglés. Como si fuera poco, George W.
Bush, conocedor del alma de la contraparte, no inició el trámite del Tratado en
el Congreso de Estados Unidos hasta tanto Álvaro Uribe Vélez no ordenó ceder en
la autorización para importar carnes de reses gringas de más de treinta meses,
luego de que durante semanas los ministros de Agricultura y Comercio hubieran
dicho que esa exigencia era inaceptable porque aumentaba el riesgo de contagio
con el mal de las vacas locas, enfermedad existente en Estados Unidos y no en
Colombia. Y que no resulte, como es muy probable, que en el trámite en el
Congreso gringo aparezcan nuevas exigencias contra el país, porque quién puede
poner en duda que esas también las aceptará el uribismo.
Cerraron,
así, con broche de oro, Álvaro Uribe y sus “negociadores”, un proceso de
“negociación” en el que la pusilanimidad fue la norma y en el que cedieron,
cedieron y cedieron hasta la humillación ante cada exigencia de los
estadounidenses, sumándole a las pérdidas económicas y sociales la indignidad
de representar de esa manera a Colombia. Si esas conductas las hubiera asumido
el gobierno norteamericano, ¿cuánto tiempo habría pasado antes de que la prensa
de ese país lo condenara, exigiéndole dignidad y equiparándolo con Quisling?
(5)
El Espectador, 10 de agosto de 2003.
(6)
Carta de renuncia, Bogotá, 2 de diciembre de 2005.
(7)U.S.
President George W. Bush in remark to the Future Farmers of America, 27 de
Julio de 2001, Washington, DC.
4.
LAS PÉRDIDAS ESTABAN DECIDIDAS DESDE ANTES
Para
los sectores informados, el contenido de la casi totalidad del TLC ya se
conocía desde antes de empezar las “negociaciones”, pues era de público
conocimiento el acuerdo de “libre comercio” entre Estados Unidos, México y
Canadá y durante el trámite se conocieron los textos de los suscritos con Chile
y Centroamérica. Se sabía, además, que el Imperio tiene para estos efectos una
especie de texto pro forma que cada país debe suscribir con ligerísimas
modificaciones y que los cambios de un TLC a otro consistían en mejorarle
alguna gabela a Estados Unidos. Y nadie ocultaba que las “negociaciones” se
reducían a correr unos meses más o menos los procesos de eliminación de los
aranceles, tiempo en el que Washington procedía con cierta paciencia porque
sabía que era el mismo que usaban los “negociadores” de los gobiernos vasallos
para manipular a la opinión pública, creando la impresión de que defendían los
intereses nacionales.
Y
las cosas ocurrieron de acuerdo con las advertencias, porque la totalidad de la
enclenque industria nacional quedará expósita frente a la muy poderosa
estadounidense en un plazo máximo de diez años, lapso en el que también deberá
desprotegerse casi todo el sector agropecuario (menos leche, pollo, maíz y
arroz). La “negociación” sobre aranceles nunca puso en duda si tenían que
llegar a cero por ciento, sino que se limitó a establecer en qué plazo se
alcanzaría esa meta en cada sector, de manera que se le diera un cierto orden a
la ruina de los agredidos: cuáles productos se arruinarán en el primer año de
vigencia del Tratado (los de la llamada “Canasta A”), cuáles en el quinto
(“Canasta B”), cuáles en el décimo (“Canasta C”, y ahí ya va toda la industria)
y cuáles un poco después (“Canasta D”, en la que quedó una porción menor del
agro), de acuerdo con algunos detalles que se comentarán más adelante.
Cualquiera
que tenga en perspectiva el destino del país tendrá que reconocer que una
década es muy poco cuando se trata de definir el futuro de un sector económico
y más si se piensa en el interés de toda la población, para no mencionar que se
engaña o engaña quien afirme que en ese lapso Colombia podrá desarrollar las
habilidades suficientes para enfrentar con éxito al más poderoso de los
competidores. Que nadie se haga ilusiones. El establecimiento de esos plazos
como los máximos para eliminar los aranceles y toda protección no tiene como
propósito evitar el empobrecimiento y la ruina de muchos, y menos impedir que
el país en su conjunto quede para siempre encadenado al atraso económico y a
una aberrante pobreza y desigualdad social, pues es obvio que en ese lapso
Estados Unidos mantendrá o aumentará sus ventajas. ¿Hay alguna razón que
indique que los productores estadounidenses van a sufrir disminuciones
importantes de su competitividad frente a los colombianos en el corto o mediano
plazo? ¿Por qué podrían derrotar en el corto plazo los exportadores colombianos
a los muy poderosos competidores del resto del mundo que les ganan en el
mercado estadounidense, a los cuales ni siquiera son capaces de vencer en el
mercado nacional? ¿No hay que ser muy ignorante o muy tramposo para decir que
Colombia se volverá competitiva con la “agenda interna” o con el demagógico
“Agro: ingreso seguro”? Lo cierto es que el verdadero objetivo de los plazos de
desgravación es permitirles a los monopolistas gringos adecuar su producción a
las nuevas exportaciones que ellos van a ganar y dividir a los productores
colombianos, al generar entre algunos de los damnificados la ilusión de que sí
podrán competir en el TLC, con lo que se dificulta la constitución del gran
frente de resistencia civil que debe organizarse. Con esta misma racionalidad
puede entenderse por qué la aplicación del “libre comercio” en Colombia la
definieron en dos etapas: la que empezó en 1990 con César Gaviria y la de
ahora, en la que Uribe pretende concluir el proceso.
Como
se mencionó, los propios estudios del establecimiento muestran las grandes
pérdidas que sufrirán el agro y la industria de Colombia por causa del TLC. En
“Efectos de un acuerdo bilateral de libre comercio con Estados Unidos”,
publicado por el Departamento Nacional de Planeación en 2003, se explica que
las importaciones crecerán casi el doble que las exportaciones, 11,92 contra
6,44 por ciento, y que, en consecuencia, la producción colombiana se reducirá
en ocho de los diez sectores en los que la dividieron para el análisis, por lo
que aparecen como perdedores los cereales, otros productos agrícolas, minas y
energía, cueros y maderas, alimentos, carne bovina y otras carnes, otras
manufacturas y servicios y finca raíz. Por su parte, el Banco de la República
de Colombia, en su estudio “El impacto del Tratado de Libre Comercio con
Estados Unidos en la balanza de pagos”, también debió reconocer que el país
perderá en su comercio exterior, pues entre 2007 y 2010 las ventas colombianas
a Estados Unidos crecerán al 14 por ciento frente a unas compras que aumentarán
en 35,6 por ciento, nueva realidad que “aumentará la dependencia” de Colombia y
convertirá en desfavorable la balanza comercial que hoy favorece al país.
Las
pérdidas en la relación importaciones y exportaciones que afectarán al conjunto
de la industria y el agro colombiano son fáciles de aceptar si de lo que se
trata no es de engañar en el debate, porque la eliminación de los aranceles
–hoy por hoy casi el único instrumento de protección de Colombia, mientras que
es secundario en Estados Unidos– se hará con una diferencia notable en contra
del país, pues el arancel promedio colombiano se reducirá cuatro veces más que
el estadounidense, dado que el de aquí es del orden del trece por ciento (con
sectores que superan bastante ese porcentaje), en tanto el de allá se ubica en
el 2,7 por ciento. Y también explican las pérdidas que vienen con el TLC otros
dos hechos conocidos desde antes de iniciarse la “negociación”: el descomunal
poder del aparato productivo de Estados Unidos y los enormes subsidios que el
gobierno les concede a todos los productores, y no solo a los del sector
agropecuario.
Por
los anuncios de Estados Unidos y las experiencias de todos sus TLC, era de
público conocimiento que ese imperio no permite que siquiera se mencione en la
mesa de “negociaciones” la parte principal de sus subsidios al agro. ¿Su
pretexto? Que el tema solo lo debatirá en la OMC, lo que no lo avergüenza para
exigirles a los vasallos que califica o se autocalifican de “socios” que ellos
sí tienen que eliminar sus aranceles de protección, aun cuando su existencia la
autoriza dicha organización. Por ello la Casa Blanca solo aceptó desmontar en
el Tratado la parte de los subsidios a las exportaciones que se refieren al
Acuerdo sobre Agricultura de la OMC, lo que significa que, además de las
“ayudas internas” por 54.639 millones de dólares, se mantendrán los créditos,
garantías de crédito y seguros que subsidian directamente las exportaciones
estadounidenses. Luego el ministro Jorge Humberto Botero engaña al Congreso
cuando le dice que en lo acordado en el TLC “se eliminan los subsidios a las
exportaciones de EE.UU. que tengan como destino el territorio nacional” (carta
del 3 de marzo de 2006).
Fue
por este tipo de posiciones abusivas de la Casa Blanca, entre otros asuntos,
por lo que Brasil, Argentina y Venezuela se negaron a continuar con la
conformación del Área de Libre Comercio de las Américas (Alca), posición en la
que no solo no los acompañó Álvaro Uribe Vélez, faltando a su deber de
representante legal del interés nacional, sino que utilizó para suplicarle a
Washington suscribir a cambio el TLC, pacto que, dado su carácter bilateral, le
dio más poderes a Estados Unidos que los que de hecho tendría en el trámite de
un tratado multilateral como el Alca.
Y
tampoco fueron objeto de negociación en el TLC los subsidios que Estados Unidos
les otorga a sus industriales, los cuales, aunque menos conocidos que los
agrarios porque así les conviene a sus trasnacionales y a sus correveidiles,
son incluso mayores que aquellos, aunque asuman formas diferentes. Para
mencionar solo un instrumento de financiación gratuita del Estado a la
industria estadounidense, son de origen público el 40 por ciento de los 320 mil
millones de dólares que ese país gasta en Investigación y Desarrollo
(I&D)(8).
Entre
las falsedades que dijeron los voceros del gobierno durante la negociación
estuvo la de que iban a “negociar bien”, transmitiendo la falacia de que
Estados Unidos le iba a dar un trato especial a Colombia, cosa que, hay que
reconocerlo, nunca dijo ni sugirió la Casa Blanca, que con franqueza siempre
explicó que el único TLC posible era el que copiara las fórmulas que al
respecto tiene establecidas el Imperio. Incluso, con descaro el gobierno gringo
advirtió que no habría consideraciones de índole política en la “negociación”,
porque como daba plata para el Plan Colombia(9) ni siquiera toleraba que ese
aspecto se pusiera sobre la mesa de “negociaciones”. Los colombianos que, por
ingenuos, se ilusionaron con que habría condiciones preferenciales para el país
como premio a la sumisión de Uribe Vélez ante la política exterior de Estados
Unidos, tienen que aceptar que ese sueño tuvo origen en sus propias
especulaciones o en las mañas de la cúpula uribista y no en ninguna afirmación
o insinuación estadounidense.
En
los auditorios informados, donde no puede mentirse con la desfachatez con que
se hace en otros ambientes, la cúpula uribista ha tenido que aceptar que habrá
“perdedores” en Colombia, pero agregando que serán más los “ganadores” e
introduciendo el truco analítico de no hacerle al TLC un balance de su impacto
nacional, sino sectorial, como si lo primero, y lo que define el juicio, no
fuera su efecto general. Para este propósito, ¡cómo le han servido los tres o
cuatro gatos gordos que ganarán más a pesar de la mayor desgracia de los
colombianos, empezando por los altos ejecutivos criollos de las empresas
gringas que operan en Colombia! Pero cuando se los apura en el debate y les
toca hablar con franqueza del alto impacto negativo para el país, presentan como
un logro suficiente para justificar el Tratado convertir en permanentes los
menores aranceles a las exportaciones colombianas consagrados en el Atpdea, más
alguna otra posibilidad de menor cuantía en relación con una nueva exportación.
Aunque parezca mentira, dicen que el gran “triunfo” para Colombia reside en
mantener casi las mismas posibilidades de exportación que se tienen desde hace
más de quince años y cuya limitación para resolver los problemas del país es
manifiesta, mientras callan sobre los nuevos e inmensos costos que aceptaron
pagar para mantener algo muy parecido al statu quo en las exportaciones. Y
agregan que la otra ganancia vendrá de la estabilidad en las reglas del juego
que tendrán los inversionistas de Estados Unidos, como si se desconociera que a
estos lo que les interesa es centrarse en la minería de exportación y en la
toma de los monopolios ya existentes, sean públicos o privados, que venden
bienes y servicios para el mercado interno colombiano, negocios que, además, se
hacen con la condición de facilitarles el envío al exterior de las utilidades
que consigan.
Una
de las verdades que más debiera avergonzar al uribismo acaba de ser expuesta en
el texto Evaluación de la negociación agropecuaria en el TLC Colombia-Estados
Unidos, escrito por los conocidos especialistas Luis Jorge Garay, Fernando
Barberi e Iván Mauricio Cardona. Estos, además de confirmar con cifras las
pérdidas que sufrirá el país, demuestran que lo acordado por Colombia fue
bastante peor que lo firmado por los países centroamericanos en el Cafta, lo
que ya es mucho decir, porque a estos también les fue muy mal. Según Garay y
sus compañeros de estudio, mientras a aquellos les permitieron exceptuar
algunos productos, a Colombia no; al tiempo que ellos pudieron mantener
requisitos de desempeño (compra de la cosecha nacional a cambio de poder
importar), Colombia no; en tanto que a Centroamérica no se le exigió una
cláusula de preferencia no recíproca (que se explicará luego), a Colombia sí;
mientras el 4,9 por ciento de los productos colombianos quedaron con
desgravación a más de 10 años, así quedaron el 32,2 por ciento de los de Costa
Rica, el 27,1 por ciento de los de Nicaragua, el 25,8 por ciento de los de
Honduras, el 20,6 por ciento de los de El Salvador y el 18,7 por ciento de los
de Guatemala. Y mientras el valor de las importaciones a Colombia con
desgravación inmediata ascendió al 94,5 por ciento del total, las de los
centroamericanos ascendieron a 69,4 por ciento. Además, a diferencia del TLC
entre Estados Unidos y Chile, Colombia se comprometió a no utilizar el Sistema
Andino de Franjas de Precios (SAFP) desde el inicio del Tratado. En contraste
con el acuerdo de “libre comercio” entre Washington y Marruecos, Colombia no
logró salvaguardas con vigencias superiores al período de desgravación ni logró
excluir ningún producto. Y para confirmar que el TLC que tiene decidido
suscribir Álvaro Uribe Vélez es el peor de América, el país “debió renunciar a
la posibilidad de aplicar cualquier tipo de salvaguardia especial agropecuaria
que se acuerde en un futuro en el marco de la OMC, compromiso que no había
adquirido ningún otro socio comercial de los EEUU, salvo Perú”.
¿Cómo
juzgar a los avezados hombres de negocios que gobiernan a Colombia, quienes
olvidan lo que saben de su oficio cuando de lo que se trata no es de defender
el interés personal sino el nacional? Y todavía no se han visto las otras
enormes gabelas que se les otorgaron a las transnacionales gringas, diferentes
de las que en general lograron en la relación exportaciones-importaciones.
(8)
El Tiempo, Wall Street Journal Américas, 29 de septiembre de 2006. Estados
Unidos aporta el 31,9 por ciento de la inversión en I&D en el mundo.
(9)
Mediante el Plan Colombia (2000), la Casa Blanca, además de imponer la política
antinarcóticos, determinó el rumbo de la economía colombiana de acuerdo con los
postulados del “libre comercio”. Con el nombre de Plan Colombia se han gastado
3.700 millones de dólares aportados por Estados Unidos y 6.900 millones de
dólares puestos por Colombia.
5.
MASACRE AGROPECUARIA
Por
razones de espacio, y porque hay análisis en abundancia para demostrar las
grandes pérdidas agrarias que provocó la apertura definida en 1990, la cual
constituyó la primera fase del “libre comercio” en Colombia, no se detallará lo
ocurrido. Pero sí debe recordarse que con ella las importaciones agrícolas se
multiplicaron por más de diez, se perdieron alrededor de un millón de hectáreas
de cultivos transitorios y el empobrecimiento rural llegó a niveles inauditos.
Y es clave saber que si las pérdidas no fueron mayores, ello obedeció a que la
desprotección no fue absoluta, gracias al Sistema Andino de Franjas de Precios
(SAFP) y a otras medidas que se implantaron y que permitieron mantener altos
niveles de protección en ciertos sectores seleccionados. Luego no hay que ser
muy perspicaz para comprender que lo que viene con la desprotección absoluta
del agro que traerá consigo el TLC es rematar a los productos agonizantes y
liquidar, golpear o reducir a poco a nuevos sectores.
Para
darse una idea del calibre del riesgo al que le abre la puerta el TLC con su
decisión de poner en cero por ciento los aranceles, sirve saber que el arancel
más alto fijado por el SAFP como promedio anual entre 1994 y 2003 llegó a 75,5
por ciento en carne de cerdo, 184,5 por ciento en trozos de pollo, 70,5 en
leche entera, 48 en trigo, 38,5 en cebada, 65,3 por ciento en maíz amarillo,
68,2 por ciento en maíz blanco, 82,5 por ciento en arroz, 56,1 por ciento en
soya, 70,3 por ciento en sorgo, 105,1 por ciento en aceite de palma y 97 por
ciento en aceite de soya. Además, la carne de res ha tenido aranceles del orden
del 80 por ciento y han existido otros mecanismos de protección, como las
licencias previas o condicionar la importación a comprar la cosecha nacional
del producto que se desee importar.
El
sistema de desgravación de los productos que no se desprotegen del todo desde
el primer día consiste en acordarles un contingente (cuota) que se podrá
importar con cero arancel, en tanto que el resto de lo que se traiga de Estados
Unidos pagará aranceles determinados, los cuales se irán reduciendo año por
año, hasta llegar a cero por ciento en el plazo pactado. Entonces, en la
práctica, las importaciones serán mayores que el contingente libre de arancel y
los precios de los bienes producidos en Colombia deberán bajar desde el
principio, porque las importaciones más baratas podrán –o deberán, mejor–
presionar a la baja los precios de venta del producto nacional, aun cuando
todavía exista protección.
Los
importadores saben, de otra parte, que pueden aumentar de manera considerable
lo traído de Estados Unidos si combinan el contingente sin arancel con compras
de cantidades gravadas, de donde salen precios promedio de importación que
pueden ser menores que los costos de producción internos. Por ejemplo, de maíz
blanco, que quedó con un contingente de libre acceso de 136.500 toneladas y
arancel de 20 por ciento para la parte restante que se desee importar, podrían
entrar a Colombia 273 mil toneladas, el doble, con un costo efectivo
arancelario de 10 por ciento.
En
los análisis sobre lo que ocurrirá también debe tenerse en cuenta que los
aranceles de protección que se fijaron en el TLC, además de definirse bajos y
disminuyendo año por año hasta desaparecer, se calcularon teniendo en cuenta
los promedios de los precios de varios años. Pero esta operación, que puede
tener cierta validez estadística, se estrella contra la realidad de la vida.
Porque para muchos productores la quiebra puede venir si en el momento de sacar
su producción lo precios caen, así hayan sido remunerativos en otras ocasiones.
Y este riesgo es, por supuesto, mayor en productos de ciclos semestrales o en
el negocio de la carne de pollo, donde el capital se pone en riesgo cada seis
meses o cada 40 días. Es por estas realidades y por la certeza de que el
desorden en el comercio desordena la producción por lo que en los países
desarrollados la norma son las políticas públicas que les dan garantías de
costos y de precios a las gentes del agro.
En
el TLC, y como otra astucia, los plazos fijados para la desgravación no
terminan en el último día del año acordado sino en el primero, de manera que
cinco años equivalen a cuatro y así… En la llamada “renegociación”, además,
Estados Unidos impuso que, exceptuando arroz y azúcar, los plazos de
desgravación de los demás productos no empezarán a contarse a partir de la
legalización del Tratado, según lo acordado inicialmente, sino desde el 27 de
febrero de 2006, la fecha del anunciado cierre del acuerdo. De esta manera
Estados Unidos adelantó en por lo menos un año la desprotección de Colombia.
¿Cuánto le costará al país este otro acto de sumisión de Álvaro Uribe?
El
primer gran damnificado en el agro será el sector de los cereales, certeza que
suelen compartir por lo menos en privado hasta los criollos partidarios del
TLC, pues no hay ninguna posibilidad de resistirles a las productividades
gringas y a sus enormes subsidios. Y al justificar dicha pérdida suelen afirmar
que el trigo y la cebada –que quedaron en canasta A, es decir, en cero
protección desde el primer día de vigencia del Tratado– ya casi desaparecieron
de la geografía nacional, a la par que ocultan que podrían reaparecer si se
quisiera y que su agonía no es un castigo del cielo sino el efecto de las
decisiones que se tomaron desde 1990, incluidas las de la administración Uribe
Vélez. Las teorías con que arguyen que es positivo comprar en el exterior el
trigo y la cebada que Colombia podría producir con grandes beneficios para el
país constituyen mediocridades. La primera es que resulta mejor sembrar flores
en la Sabana de Bogotá que trigo o cebada, inventándose una contradicción por
tierra que no existe, pues hasta un colegial sabe que en el altiplano
cundiboyacense, en Nariño y en otras zonas de clima frío hay tierras de sobra
para aumentar el área en invernaderos para flores –si hubiera más mercado, que
tampoco lo hay– y para cultivar de manera extensa cualquier otro bien que se
quiera. Y alegan también que en el trópico, por razones del menor asoleamiento,
no pueden ser productivos estos cereales, afirmación insostenible que es el
colmo que se esgrima justo cuando se está descifrando el genoma y que silencia
que el país fue autosuficiente en cebada hasta 1990, año en el que todavía era
un importante productor de trigo, a pesar de que desde 1956 empezó la política
de Estados Unidos de imponerle a Colombia la compra de los llamados
“excedentes” agrícolas. Y si el problema es lo tropical, ¿cómo explican que
Washington también haya decidido usar el TLC para acabar con el trigo en Chile,
país de zona templada?
En
el caso del maíz (amarillo y blanco), el TLC también busca hacer irreversibles
las importaciones que hoy llegan a 1.800.000 toneladas, cuando en 1990 eran de
apenas 17.000, y aumentar esas compras en por lo menos otro millón en un plazo
brevísimo, porque la cuota de libre importación acordada para el primer año
llega a 2.236.000 toneladas (con crecimiento del 5 por ciento anual) y porque
los aranceles para la parte restante empezarán en el muy bajo nivel del 20-25
por ciento y se eliminarán en apenas 12 años, plazo que se acordó con el
evidente propósito de engañar a los colombianos. Y el sorgo desaparecerá de
inmediato, dado el tamaño del contingente de libre importación (21 mil
toneladas) y lo bajo del arancel que le fijaron a la parte restante (25 por
ciento).
La
desgravación del arroz concluirá el primero de enero del año diecinueve contado
a partir del 27 de febrero de 2006, el contingente de libre acceso inicial será
de 79 mil toneladas de calidad blanco (con un crecimiento del 4 por ciento
anual), el arancel para la importación por fuera de cuota empezará en el 80 por
ciento y su desgravación tendrá un período de gracia de 6 años. Pero estas
cláusulas, que no se explican por la generosidad del Imperio ni por la conducta
de los “negociadores”, sino por la resistencia del sector encabezada por la
Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria, no impedirán su crisis,
incluso antes de lo que aceptan los panegiristas del “libre comercio”. Esto
porque, como ya se mencionó y lo confirma la experiencia de años anteriores,
las importaciones agropecuarias, así sean relativamente menores, presionan a la
baja los precios de compra en el mercado nacional, al dotar de un mayor poder a
los intermediarios.
Con
la complicidad de la principal agremiación de cultivadores de algodón de esos
días, este fue el cultivo más rápidamente golpeado por la apertura de 1990,
porque ni siquiera fue incluido en el Sistema Andino de Franjas de Precios
(SAFP) ni en ninguno de los otros instrumentos de protección que sí se les
otorgaron a los demás. Si hoy algo de este se cultiva es porque el gobierno, no
obstante los incumplimientos de sus promesas a los algodoneros, los subsidia
mediante un precio de sustentación, defensa que tendría que mantenerse con el
TLC, donde le determinaron cero arancel desde el primer día, lo que pone en
duda su supervivencia. Y la pone en duda porque será muy difícil o imposible
mantener vivo el cultivo del algodón en Colombia sobre la base de lograr que la
Tesorería del gobierno colombiano enfrente a la de Estados Unidos, y eso en el
supuesto de que se intentara.
La
soya fue otro de los productos duramente golpeados por la apertura, y
difícilmente podrá sobrevivirle al TLC, pues la soya boliviana que hoy se
importa será reemplazada por la más barata de Estados Unidos, en un caso
clásico de “desviación de comercio”. Así lo indica también la libre importación
de fríjol y torta de soya desde el primer día de vigencia del Tratado y la
eliminación del arancel de otros aceites en 5 años y del crudo de soya en 10
(pero con contingente de 30 mil toneladas), los cuales, además, quedaron con
bajos aranceles de protección, del 23 y 24 por ciento. Y las importaciones de
soya deben sustituir lo productos más costosos derivados de la palma africana
que se consumen en Colombia, tal y como era de esperarse y como lo explica
Garay en su estudio, en el que calcula que las ventas de los palmeros podrán
reducirse hasta en el 19 por ciento.
La
papa procesada, de consumo cada vez mayor en el país por el cambio de las
costumbres, al igual que la fresca, quedó en Canasta A, de desprotección
inmediata. Y la congelada se desprotegerá del todo, desde el 15 por ciento de
arancel, en apenas 5 años. En el papel, el fríjol quedará protegido por 10
años, pero en la realidad será sacrificado mucho antes porque la mitad del
arancel con el que empieza su desgravación, de 60 por ciento, se eliminará el
primer año, con el agravante del adelanto ya mencionado de los plazos.
La
carne de pollo quedará totalmente desprotegida en 17 años, pero ese plazo es
más demagógico que efectivo por cuanto, según ha explicado Fenavi, la
agremiación de los avicultores, el arancel para los cuartos traseros (perniles
y rabadillas) sazonados quedó en apenas el 70 por ciento, cuando la tonelada
cuesta en Estados Unidos 506 dólares y en Colombia 1.650, en razón de que, como
es sabido, los estadounidenses consideran desechos esas partes de las aves.
También puede arruinar al sector que después de cerrada la “negociación” el 27
de febrero de 2006, Estados Unidos impusiera cero arancel a los cuartos
traseros troceados, a la carne deshuesada mecánicamente y a la sin pellejo,
concesión inaudita que el gobierno colombiano ha ofrecido corregir pero sin que
lo haya hecho. Y la carne de las gallinas ponedoras de huevos que terminaron su
vida útil, considerada también de desecho, podrá importarse pagando un arancel
de apenas el 45 por ciento. Fenavi acierta cuando en aviso en la prensa
denunció: “Si la negociación fue mala, la renegociación fue peor”.
En
cuanto a la carne y los despojos de cerdo, quedarán desprotegidos en apenas un
lustro contado a partir del 27 de febrero de 2006, plazo que augura que habrá
una crisis antes de esa fecha, según han dicho sus dirigentes, pues además no
quedó ninguna limitación al volumen que puede importarse y sus aranceles de
protección empezarán en los muy bajos niveles de 30 y 20 por ciento,
respectivamente. Razón tiene, entonces, Fredy Velásquez, presidente de la
Asociación Nacional de Porcicultores, cuando explica que “fuimos sacrificados
por conveniencias políticas con Estados Unidos”, sacrificio que puede costarles
la ruina a muchos de los 80 mil productores, pues apenas alrededor de tres mil
son tecnificados.
La
protección contra las importaciones de carne de reses gringas se eliminará en
el muy corto plazo de 10 años, pero desde el primer día habrá libre acceso para
lo que Washington definió a su antojo como High Quality Beef (calidades prime y
choice), que representa el 60 por ciento de su oferta exportable. Entrarán con
cero arancel 4.621 tonelada de vísceras (el 12 por ciento del mercado
nacional), cuota que tendrá un crecimiento del 5 por ciento anual, pero con la
advertencia de que llegarán más porque por ser desecho en Estados Unidos se
comercializa a precios bajísimos, en tanto que el arancel de protección, que se
irá reduciendo hasta desaparecer, empezará en apenas el 50 por ciento real.
Igual puede decirse de la carne de calidad estándar, con cuota de 2.100
toneladas, pero con el mismo bajo arancel para la parte por fuera de la cuota.
Y con lo impuesto por la Casa Blanca sobre importaciones de carnes de reses de
más de treinta meses, a pesar del riesgo del mal de las vacas locas, se le
abrieron las puertas a la carne del ganado lechero ya desechado en ese país.
Tan contrario a lo propuesto por la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegan)
terminó siendo lo acordado en carne y leche, que José Félix Lafaurie,
presidente de esta agremiación y quien fuera viceministro de Agricultura de
César Gaviria, tuvo que evadir el balance apelando a un retruécano: “Nos fue
como nos fue”.
En
el análisis de las pérdidas que tendrán los productores de carnes de cerdo y
res debe considerarse que estas también sufrirán por efecto de su sustitución
por pollo importado, fenómeno suficientemente documentado en este y en casos
como el de los derivados de la soya en reemplazo de los de la palma africana y
que en Colombia ha ocurrido en la misma medida del “libre comercio” y del
empobrecimiento nacional: mientras entre 1995 y 2005 el consumo anual de carne
de res por habitante disminuyó de 20 a 17,4 kilos y el de cerdo de 3,3 a 2,8
kilos, el de pollo aumentó de 11,8 a 16,5 kilos (40 por ciento). Luis Jorge
Garay calculó además, empleando en parte estudios de Fedegan, que en el
escenario de una caída del precio del pollo de 30 por ciento, la demanda de
carne de bovino en Colombia debe verse reducida en 6 por ciento y la de cerdo
en 24 por ciento.
Y
los lácteos se desprotegerán entre 11 y 15 años, pero con graves pérdidas desde
el principio, pues a partir del primer día entrará un contingente de nueve mil
toneladas con cero arancel, cuota que crecerá al 10 por ciento anual. Además,
el arancel de protección contra la leche en polvo por fuera de cuota quedó en
el bajo nivel del 33 por ciento y los lactosueros –el desecho que queda de la
producción de quesos– se dejaron en desprotección inmediata, producto al que
Fedegan había pedido clasificar igual que a la leche en polvo, como de “extrema
sensibilidad”, y concesión que los lecheros pidieron no hacer porque sería el
“acabose” del sector (Portafolio, 6 de febrero 2006).
Con
razón, por otra parte, la Oficina de Comercio de Estados Unidos celebró como un
éxito lo acordado en frutas y hortalizas, porque las estadounidenses podrán
ingresar a Colombia sin problemas de ningún tipo y con cero arancel desde el
primer día (tienen 15 por ciento), mientras que las nuevas exportaciones
colombianas de estos sectores deberán vencer, además de los bajos precios
gringos y los de los otros países competidores, las férreas barreras sanitarias
y fitosanitarias estadounidenses. Viene al caso recordar que al inicio de las
negociaciones del TLC la secretaria del Departamento de Agricultura de Estados
Unidos expresó que esperaban aumentar las exportaciones de hortalizas, entre
otros sectores.
El
azúcar hay que diferenciarlo porque también demuestra hasta la saciedad el
carácter descaradamente arbitrario de las imposiciones de la Casa Blanca y la
actitud sumisa del gobierno de Colombia. Como la producción azucarera de
Estados Unidos es de las más costosas del mundo, el azúcar colombiano (o el
centroamericano) tiene tantas condiciones para tomarse ese mercado que en la
“negociación” Colombia pidió una cuota de libre acceso inmediato de 500 mil
toneladas anuales, más un fuerte incremento año por año. Pero como Imperio es
Imperio y vasallo es vasallo, la Casa Blanca escogió al azúcar como el único
producto excluido del Tratado, pues solo en este caso el arancel jamás llegará
a cero por ciento. Colombia, que produce 2,7 millones de toneladas, solo consiguió
una cuota de exportación de escasas 50 mil toneladas, con un crecimiento anual
del ínfimo uno y medio por ciento. Para empeorar las cosas, el país se
desprotegerá frente a las importaciones de jarabe de maíz gringo en 9 años,
endulzante que desplazará en proporciones importantes las ventas de azúcar
nacional en el mercado interno y que terminará por golpear, de carambola, a los
paneleros. Y el uribismo, como si fuera poco, aceptó desgravar los confites y
chocolates gringos de manera inmediata, en tanto en la cuota de azúcar que
Estados Unidos otorgó se incluyen los productos con alto contenido de ese
producto (confites y chocolates), bienes que tampoco se desgravarán.
Entre
los aspectos con los que hizo demagogia el gobierno durante la “negociación”
estuvo el de las “fuertes” salvaguardas con las que se dotaría Colombia para
enfrentar el esperado y rápido aumento de las importaciones agropecuarias
estadounidenses, instrumentos que dijeron reemplazarían unos aranceles
irremplazables. ¿Y qué pasó? Que las salvaguardas que ofrecieron con una
vigencia indefinida y para casi todos los productos quedaron, a la hora de la
verdad, convertidas en unos paliativos que desaparecerán una vez concluya el
período de desgravación y solo cubrirán el arroz, el fríjol y el pollo. Su
diseño, además, es de una mediocridad tal que no tiene ninguna capacidad para
impedir las pérdidas que sufrirán dichos productos.
Por
otra parte, mientras que Estados Unidos y Perú establecieron en el TLC
certificaciones de origen para el pisco peruano y los whiskys Tennessee y
Bourbon estadounidenses, Colombia nada logró en este sentido para su café, más
allá de una carta rodillona del ministro Botero y de una respuesta displicente
de un funcionario gringo que en nada obliga a ese país. El Imperio, además,
pudo darse el lujo de imponerle a Colombia la libre importación al país de café
colombiano y peruano procesado en Estados Unidos, concesión tras la que
inevitablemente llegarán de contrabando cafés asiáticos y africanos. En el
colmo de los colmos, el uribismo también aceptó un contingente de importación
de cafés de África y Asia transformados en Estados Unidos, cupo que no por pequeño
carece de significado porque tiene la gravedad de haber abierto una puerta que
nunca debió abrirse. Y la Casa Blanca también le impuso a Colombia “trabajar
juntas hacia un acuerdo en la OMC” sobre empresas comerciales del Estado,
acuerdo que podría arrebatarle al Fondo Nacional de Café su capacidad para
intervenir en las exportaciones y en las compras internas, un viejo sueño de
los intermediarios estadounidenses.
De
acuerdo con lo concedido como de libre importación para el primer año, Estados
Unidos ganó derecho a exportar, y con toda certeza, 4.629.000 toneladas de
productos del agro, en tanto Colombia obtuvo el derecho a vender 63 mil
toneladas ciertas, desglosadas en cincuenta mil toneladas de azúcar, cuatro mil
de tabaco y nueve mil de lácteos, aunque la última cifra habrá que verla.
Porque la cuota de exportación de carne de res de Colombia que aparece en los
informes oficiales y que fue mañosamente atada a una cuota de OMC que nunca se
ha podido cumplir, lo dicen los propios “negociadores”, no tiene ni la más
remota posibilidad de concretarse en el corto plazo, y porque, como se verá,
las ventas de biocombustibles, de nuevas frutas y de hortalizas son inciertas.
Si se hacen las cuentas del área bajo cultivo y los empleos que sufrirán los
embates del TLC solo en arroz, maíz, fríjol, papa, cebada y trigo se llega a un
millón y medio de hectáreas y a unos 460 mil empleos. Si se suman palma
africana y caña panelera y de azúcar hay que agregar 570 mil hectáreas y otros
430 mil empleos. Y entre pollo y cerdo están en juego 250 mil empleos y 80 mil
productores.
Y
para hacerles más difícil a los productores agropecuarios competir con las
importaciones más baratas que llegarán de Estados Unidos, el texto del TLC y la
propia lógica del “libre comercio” los golpearán de otras maneras. En el
artículo 16.9 del Tratado se dice que si un país signatario no permite patentar
plantas “a la fecha de entrada en vigor de este acuerdo (el caso de los
andinos, porque sus normas lo prohíben), realizará todos los esfuerzos
razonables para permitir dicha protección mediante patentes”, norma que
golpeará a los fitomejoradores y a los agricultores colombianos, pues
fortalecerá el monopolio de semillas de las trasnacionales, que incluso podrán
perseguir legalmente a quienes las resiembren sin pagar los derechos que se
definan(10). El TLC encarecerá los agroquímicos y la droga veterinaria, porque
con el capítulo de propiedad intelectual se prolongará de veinte a treinta años
el monopolio de las trasnacionales estadounidenses sobre muchos de estos. Es
conocida también la política que busca cobrar, y cada vez más cara, el agua que
se utiliza en el agro, paso previo a la privatización de los distritos de riego
y del propio líquido, aberración esta última que permite el Tratado. El
sistemático incremento de los precios de los combustibles, y de los
agroquímicos que los utilizan, no tiene como única explicación el aumento de la
cotización del petróleo, porque también cuentan los altos impuestos que los
gravan (38 por ciento en la gasolina) y que contrastan con los menores que se
cobran a las trasnacionales para atraerlas al país, así como con las
modificaciones legales para que al sector de hidrocarburos se lo tomen las
trasnacionales, asuntos todos relacionados con las adecuaciones al “libre
comercio”.
No
es sorprendente, entonces, que Rafael Hernández, presidente de Fedearroz y de
la junta directiva de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), haya
afirmado:
“Los
negociadores de Colombia cedieron totalmente frente a las pretensiones de EU.
Veo un panorama oscuro para la mayor parte del sector agropecuario” (El Tiempo,
28 de febrero de 2006). “No fue un tratado equitativo, como se comprometió el
Presidente de la República con nosotros, sino una imposición de Estados Unidos.
Por eso me retiré de la mesa de negociaciones”. “El Ministro de Agricultura
habla olímpicamente de que las zonas afectadas con el TLC se pueden
reconvertir. Pero hay zonas como Saldaña que no se puede sembrar sino arroz.
Tratar de reconvertirlas es un error. Eso lo sabe el Presidente de la
República. Yo se lo planteé en Washington” (Declaraciones en Usosaldaña, 16 de
marzo de 2006).
Y
citas del mismo tenor pueden transcribirse de los restantes dirigentes de la
SAC, exceptuando a los de los sectores exportadores, con la diferencia de que
el común de aquellas se expresaron antes de concluir la “negociación”, mientras
que las de Hernández son posteriores. Pero si algunos cambiaron la tonada no es
porque a sus sectores les haya ido bien, con logros siquiera remotamente
cercanos a las tímidas propuestas que hicieron sus dirigentes, sino porque
decidieron acomodarse frente al poder y la chequera del Mesías que desquicia y
manipula a Colombia, luego de haberse decidido a dar unas volteretas que,
presumiendo el pudor, no podrán relatarles a sus nietos con orgullo.
(10)
Por efecto del TLCAN, el agricultor canadiense Percy Schmeiser fue condenado a
cárcel luego de una acusación de Monsanto.
LA
QUIMERA DE EXPORTAR MÁS
Una
vez los “negociadores” colombianos no pudieron seguir insistiendo en la falacia
de que iban a proteger el país ante las importaciones agropecuarias
estadounidenses subsidiadas, pasaron a decir que lo importante era el acceso de
algunos productos al mercado de Estados Unidos (!?), porque las exportaciones
convertirían en “ganador” al agro nacional. Y ante la pregunta de cómo
modificarían las normas sanitarias y fitosanitarias de Estados Unidos,
conocidas por constituir barreras de protección mayores que las mismas
arancelarias, juraron cambiarlas en la “negociación”. A este punto le dieron
tal importancia una vez ya nadie quiso insistir en el ridículo de que la
producción nacional no iba a ser sacrificada por los productos estadounidenses,
que José Félix Lafaurie, presidente de Fedegan, alcanzó a afirmar que “sin
acceso real al mercado de Estados Unidos, el TLC no es moral ni políticamente
sostenible”. Pues bien, aunque dicho Tratado no hubiera sido defensable en
Colombia ni siquiera con unas mejores posibilidades para vender productos del
agro en el mercado estadounidense, la verdad es que dicho acceso no se logró,
así algunos afirmen lo contrario.
Al
respecto, el ministro de Comercio, Botero Angulo, en carta dirigida al Congreso
de Colombia, fue capaz de decir que los productos colombianos tendrán “acceso
real” a Estados Unidos, pues lo acordado en medidas sanitarias y fitosanitarias
evita el “abuso en la imposición de barreras no arancelarias”. Y el ministro de
Agricultura, Andrés Felipe Arias, afirmó que “el acceso alcanzado para nuestros
productos es acceso real”. Mentiras. Porque si algo se impuso fue el
mantenimiento de las talanqueras con las que la Casa Blanca, con estas razones,
protege el agro estadounidense.
Antes
de la firma del Tratado, la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) explicó:
“Las negociaciones con EU han sido difíciles, en la medida que al inicio de las
mismas ese país manifestó el interés de preservar su statu quo en materia
sanitaria, es decir, no ir más allá de lo que hoy existe en el Acuerdo de
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC”. Además dijo que “Si no se tiene
la posibilidad de recurrir al mecanismo de solución de controversias tal como
está planteado en el capítulo sanitario del TLC, las posibilidades de lograr
que (sic) los desarrollos sanitarios del comité o los grupos de trabajo son
nulas”(11). ¿Y qué se acordó? Artículo 6.2 del TLC: “Disposiciones generales:
1. Las partes confirman sus derechos y obligaciones existentes con respecto a
cada una de conformidad con el Acuerdo MSF” (Acuerdo MSF quiere decir las
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC). “2. Ninguna parte podrá
recurrir al mecanismo de Solución de Controversias establecido bajo este
Acuerdo para ningún asunto que surja bajo este capítulo”. A lo anterior le
añadieron, para engañar a los desconocedores del tema, un Comité Permanente que
en nada cambia las cosas, porque en él Colombia no tiene ningún poder decisorio
y porque su primer propósito es “impulsar la implementación por cada una de las
partes del Acuerdo MS y F” de la OMC (artículo 6.3). Más claro no canta un
gallo, así sea gringo.
Pero
ante la actitud contumaz de los ministros de Agricultura y Comercio de Colombia
de faltar a la verdad con respecto a lo pactado en acceso al mercado de Estados
Unidos por razones sanitarias, falsedad que ha contado con la complicidad de
algunos dirigentes gremiales del agro, no sobra otro análisis, este de Luis
Jorge Garay en el libro citado atrás:
“A
pesar de la opinión expresada por el gobierno y los gremios, conviene señalar
que de la lectura del texto no parecen derivarse obligaciones concretas para
las partes que garanticen que a la luz de los puntos incluidos, puedan
solucionarse los problemas de índole sanitaria y fitosanitaria de Colombia y
abrirse así oportunidades de exportación para varios productos colombianos,
tales como los cárnicos, las frutas y las hortalizas. En buena parte lo que se
desprende del texto del compromiso son manifestaciones de intención. A manera
de ejemplo, en el literal c) del texto de compromiso se afirma que la parte
exportadora puede presentar evidencia científica para sustentar la evaluación
de riesgo de la parte importadora, pero en ningún momento obliga a la parte
importadora a tener en cuenta la evidencia científica presentada por la parte
exportadora”.
Y
para acabar de desnudar a los ministros de Álvaro Uribe en sus falacias, sirve
también la explicación dada por Juan Lucas Restrepo, jefe de los “negociadores”
de Colombia en la mesa de asuntos sanitarios, quien, en sus propias palabras,
dice que el poder de decisión quedó en manos de los estadounidenses: “Pero lo
que temíamos –y aún tememos– es que, en la práctica, se restrinja
indefinidamente el ingreso de los productos colombianos a ese mercado con
argumentos paraarancelarios, como un excesivo rigor en el cumplimiento de las
normas sanitarias y de inocuidad” (Carta Ganadera, “Informe especial TLC y
ganadería”, p.134).
Luego
si el día de mañana Colombia logra exportarle algún producto agropecuario nuevo
a Estados Unidos, ello no sucederá porque el TLC le haya otorgado ese derecho,
sino porque a Washington –de manera unilateral, y según sus conveniencias, como
es obvio– se le dio la gana de dar esa posibilidad, la cual, es seguro, le
cobrará al país de alguna manera.
Entonces,
si las pérdidas agrarias para Colombia habrán de ser muy grandes, las ganancias
serán exiguas y no las compensarán de ninguna manera. Constituye un engaño
afirmar que en exportaciones de banano y café se consiguió algo con el Tratado,
pues el libre acceso de estos productos al mercado estadounidense se remonta a
casi un siglo, derecho que se ha pagado a grandes costos y que la Casa Blanca
no puede modificar sin violar la propia legalidad comercial consagrada por ella
en varias instancias y en la propia OMC. En flores lo que se consigue es lo que
se tiene con el Atpdea, que representa unos 26 millones de dólares al año en
menores aranceles, suma que si se perdiera no sería el fin de ese sector, que
bien podría funcionar avanzando en competitividad, con menores utilidades para
sus empresarios o con subsidios del Estado colombiano iguales a la suma
perdida(12). Y lo logrado en exportaciones de tabaco también es mediocre,
porque los gringos impusieron un contingente con libre acceso inmediato de apenas
cuatro mil toneladas y desgravación a 15 años, a partir de un arancel
prohibitivo del 350 por ciento, ¡el más alto del TLC!
Con
respecto a las afirmaciones alegres del uribismo, que ponen a Colombia a
exportar ingentes cantidades de frutas y hortalizas, carne de res, lácteos y
biocombustibles, sirven unas reflexiones. Ya se dijo que las barreras
sanitarias son un obstáculo cierto y hasta ahora infranqueable para exportarle
a Estados Unidos varios de estos bienes, a lo que hay que agregarle que el país
tampoco tiene oferta exportable, caso que es evidente en el sector
hortifrutícola e incluye hasta la ganadería, según ha explicado la propia
Federación Nacional de Ganaderos (Fedegan). En efecto, esta ha dicho que
conseguir la capacidad nacional exportadora será obra de 20 ó 30 años cuanto
menos de incrementos en el hato y de un lapso similar para cambiar el tipo de
ganado que se produce en Colombia por el que les gusta a los consumidores
gringos(13). Tan escasas son las posibilidades en este sentido, que el programa
exportador de Fedegán no se refiere a un país exportador, ni a una región
exportadora, sino a “Fincas para la exportación”.
En
el caso del alcohol carburante hay que saber que su producción para el consumo
interno se sustenta en subsidios que superan los cien millones de dólares
anuales y que cualquier galón de exportación tendría que lograrse a partir de
la situación improbable de derrotar en la competencia a la muy poderosa
producción brasileña y a la propia industria estadounidense, que compite
teniendo a su favor fuertes subsidios oficiales al maíz de donde allá se extrae
el alcohol, además de los muchos que también recibe el proceso industrial. Que
no resulte que Colombia termine por tener problemas con el alcohol carburante
importado, posibilidad que autoriza la legislación nacional y el TLC. Sobre la
exportación de biodiesel producido a partir de aceite de palma africana hay
menos certeza aún y caben iguales o mayores dudas que sobre el alcohol, porque
los subsidios para su consumo en Colombia tendrían que ser mayores y porque ni
siquiera existe en el país una empresa que haga esa transformación a escala
industrial. Incluso, ¿no llama la atención que al momento de terminar este
texto, y con la venia del uribismo, se haya hundido en el Congreso el proyecto
de ley que ordenaba mezclarle el 5 por ciento de biodiesel al ACPM que se
emplea en Colombia?
Pero
incluso si se lograran exportaciones importantes de biocombustibles a Estados
Unidos, ni así el TLC sería defendible. Porque ello no evitaría las grandes
pérdidas señaladas y porque se sustentarían a un costo por subsidios enorme
para Colombia. ¿Hasta cuándo insistirán en meterle gato por liebre al país,
legitimando las políticas regresivas por la vía de exceptuar a unos cuantos de
las consecuencias de las decisiones que les hacen daño a casi todos?
En
el texto acordado se desnuda de otra manera la actitud en extremo sumisa del
gobierno colombiano. Allí se consignó (Apéndice uno del capítulo dos),
¡desafuero casi increíble pero cierto!, que si en el futuro Colombia suscribe
un tratado con otra nación a la que le dé mejores condiciones agrarias que las
otorgadas a Estados Unidos, deberá trasladárselas al Imperio; pero que si es
este el que pacta con un tercero cláusulas superiores a las que le otorgó a
Colombia, no tendrá que concedérselas a los colombianos. ¿Y no se supone que la
reciprocidad en los términos de los tratados internacionales debe ser uno de
sus presupuestos mínimos o que si hay cláusulas discriminatorias, estas deben
favorecer a la parte débil? ¡Cuánto debe agradecer Álvaro Uribe Vélez que una
indignidad como esta la ignore casi toda la nación!
Además,
en otro acto de acatamiento al Imperio, en el TLC el gobierno aceptó reconocer
como “equivalente al de Colombia” el sistema de inspección de carnes y aves del
Servicio de Inocuidad Alimentaria e Inspección –FSIS– del Departamento de
Agricultura de Estados Unidos en relación con el mal de las vacas locas y la
influenza aviar, concesión gravísima que pone en grave riesgo sanitario al país
y que además se hizo violando las normas andinas al respecto y poniéndola en
vigencia desde mayo de 2006, mucho antes de la fecha en la que empezará el
trámite de aprobación del TLC. Es falso, entonces, que el caso de las vacas
locas hubiera sido un asunto “paralelo” al Tratado, como dijo el Ministerio de
Comercio. Porque en lo que firmaron Arias y Botero al respecto ni siquiera
dejaron establecido que solo podría importarse carne de reses de menos treinta
meses, límite de edad que, como se vio, terminó por eliminar el Imperio en otro
pasaje en el que a lo desventajoso para Colombia se le sumó la indignidad del
sometimiento.
Es
irrefutable concluir, por tanto, que mientras las pérdidas agropecuarias
constituyen certezas, las anunciadas ganancias son apenas posibilidades,
ilusiones, quimeras, sobre las cuales nadie puede ofrecer ninguna certidumbre.
Al respecto basta con leer las astutas pero irresponsables afirmaciones sobre
las supuestas exportaciones agropecuarias colombianas conseguidas con el TLC,
en las que son comunes los “podría”, “posiblemente”, “es de esperarse”, “en el
futuro”, “si”, etc., etc., que bien ilustran que los que así peroran no van a
ser arruinados con el Tratado y que poco les importa el interés nacional.
Pero
incluso si se reemplazaran unos productos de venta en el mercado interno por
otros de exportación, los daños sociales serían inmensos, pues es evidente que
solo por excepción podrían hacerlo los mismos productores que van a arruinarse.
¿O es que cada lote de tierra sirve para sembrar cualquier cosa y, entonces,
basta con decidir cambiar un cultivo por otro para hacer dicha sustitución? A
quien se arruina en el maíz, por ejemplo, ¿cómo le sirve que otro colombiano
–en otra parte del país, además– gane cultivando uchuvas? ¿Y qué pasará en las
poblaciones que perderán la producción de las zonas rurales de las que viven?
Claro que para los neoliberales nativos, para quienes la economía que no sea la
del capital extranjero se reduce a meros números que no representan personas,
poco o nada importan las consecuencias sociales de las decisiones.
Una
vez se confirmó que las pérdidas agropecuarias del TLC iban a ser inmensas,
Álvaro Uribe, con el propósito de coronar su entrega, diseñó un programa, no
encaminado a resolver los problemas que habrá de generar el Tratado, problemas
insolubles, sino a comprar el respaldo que requiere en el Congreso y entre la
dirigencia gremial del empresariado agropecuario. El plan, llamado “Agro,
ingreso seguro”, cuyo nombre doloso les desnuda el alma a sus autores, le
ofrece al sector unos recursos por completo insuficientes para impedir la
crisis, pero sí suficientes para facilitarles más instrumentos clientelistas a
los parlamentarios uribistas que deberán aprobar el Tratado. Y esos pesos
también servirán, como ya se está viendo, para dejar al descubierto el lamentable
espectáculo de unos representantes gremiales engarzados en disputárselos, a
pesar de ser notorio el objetivo del gobierno de dividirlos y comprarles su
respaldo a un acuerdo que empobrece a los productores que los contrataron para
defenderlos. Otra vez la astucia de separar la suerte de los dirigentes de la
de los dirigidos y la personal de la de la nación. Ojalá nadie informado
incurra en la estupidez de decir en público que esa suma, de 500 mil millones
de pesos anuales durante unos seis años, servirá para neutralizar los conocidos
y enormes subsidios que Estados Unidos les regala y les regalará cada año a sus
productores agropecuarios. Un papel parecido, de manipulación de incautos y
creación de clientelas dentro y fuera del Congreso, tendrá la llamada “agenda
interna” que según afirman aportará los programas y la plata para la
infraestructura que hará competitiva a Colombia frente a Estados Unidos. Porque
quien lo desee puede confirmar que el gobierno no tiene de dónde sacar nuevos e
importantes recursos para ese fin, por lo que esta tendrá la misma y escasa
plata de siempre, pero estrenando nombre.
(11)
www.sac.org.co/pages/tlc/tlc.asp
(12)
En las cuentas de Garay da que el promedio 2001-2004 de los menores aranceles
por Atpdea de los productos agropecuarios llega a 43,7 millones de dólares.
(13)
Lo importante es la agregación de valor, ¿Nos sirve el modelo brasileño?, Carta
a Fedegan, edición especial sobre el TLC, sin fecha.
ATAQUE
MATRERO A LA SOBERANÍA
Es
evidente que la estrategia agrícola que Estados Unidos pretende consolidar con
el TLC consiste en monopolizar o en controlar en grandes proporciones la
producción de la dieta básica de los colombianos (cereales, principalmente, y
cárnicos, lácteos y oleaginosas), ofreciendo a cambio la posibilidad (que no la
certeza) de exportarles a los estadounidenses más productos tropicales además
de café, banano y flores (uchuvas, pitahayas, etc.), ventas que deberán hacerse
a precios muy bajos porque habrá que derrotar en la competencia a casi todos
los demás países del continente y a muchos del mundo. La propuesta, parte de
las imposiciones del Plan Colombia(14), no puede ser más leonina. Porque con
ella Estados Unidos “renuncia” a sembrar los tropicales que el clima le impide
cosechar, mientras que Colombia sí se condena a no producir bienes que la
naturaleza le permite sembrar. Y en estos negocios los colombianos serán
perdedores de otra manera, incluso en el supuesto caso de que pudieran
aumentarse las ventas de bienes propios del trópico, pues es bien sabido que
con la parte fundamental de las ganancias se quedan las trasnacionales del
comercio internacional de alimentos y los monopolios que en las metrópolis
venden al final de la cadena, como bien lo muestra la suerte de los cafeteros,
a quienes por su grano no les llega ni el 10 por ciento del precio que paga el
consumidor final. ¿Carecerá de relación el probable aumento de las
exportaciones de tabaco colombiano con las ganancias de las trasnacionales y la
condición paupérrima de los campesinos de este cultivo?
Pero
a la gravedad de la especialización en tropicales porque empobrece a muchos y
al país como un todo, incluida la industria, al debilitar el mercado interno,
se suma un aspecto que puede ser el peor: como estos no constituyen dieta
básica –hay quienes los llaman productos postre–, especializarse en ellos le
arrebata a Colombia la seguridad alimentaria (o soberanía alimentaria), uno de
los fundamentos nada menos que de la soberanía nacional, la cual constituye el
derecho político sin el cual ninguna nación podrá responder a sus necesidades
de progreso y bienestar.
El
concepto de seguridad alimentaria no fue acuñado por los países pobres de la
tierra sino por los europeos e incluso existe en las teorías de la FAO-ONU. Y
tiene que ver con la importancia fundamental de tener a la mano los alimentos,
a partir de reconocer que la comida es un bien que hay que distinguir de los
demás, por el hecho evidente de que si se pierde el acceso a ella no solo se
padece de una carencia sino que se deja de existir. Y la disponibilidad de que
se habla en este caso no es de la económica, la de poseer dinero con qué
adquirir los alimentos, pues estos podrían no estar disponibles aunque se
dispusiera con qué comprarlos, sino de la relación física y en todo momento, la
cual puede desaparecer por diversas circunstancias. La historia de la humanidad
abunda en casos de hambrunas que muestran bien de qué trata la seguridad
alimentaria, concepto que, como es obvio, debe definirse en relación con lo
nacional y no con lo global (como dicen los neoliberales), pues son muchas las
situaciones que pueden interrumpir los flujos del comercio internacional, como
se ha visto a lo largo de la historia.
El
sitio de Cartagena en 1811, en el que las tropas del imperio español sometieron
por hambre a la Ciudad Heroica, se constituye en el recordatorio del tipo de
mundo en que se vive, así la desvergüenza de unos y la ingenuidad de otros lo
niegue. Que estas no son cosas del pasado puede demostrarse hasta la saciedad,
como bien se encargó de recordarlo un alto funcionario del gobierno
estadounidense, quien explicó que, como mecanismo de presión, las exportaciones
de alimentos a un país podrían ser suspendidas(15). ¿No constituye una severa
advertencia que la ONU y la FAO, el Fondo Mundial de Diversidad de Cultivos,
once importantes instituciones agrícolas y setenta países hayan decidido
construir en Noruega unos silos subterráneos y blindados para depositar en
ellos tres millones de semillas de diversas especies para precaver a la
humanidad en caso de “guerra nuclear, impacto de asteroides, atentado
terrorista masivo, pandemia, catástrofes naturales o cambio climático
acelerado”?
Es
más, quien se ponga en la perspectiva adecuada en la que hay que ponerse, e
incluya en sus análisis las décadas, los siglos y los milenios, tendrá que
aceptar que crisis en la producción de alimentos y graves interrupciones en los
flujos del comercio internacional de estos no constituyen posibilidades sino
certezas, sobre las que apenas puede ponerse en duda la fecha en que ocurrirán.
Por tanto, hay que calificar como un atentado contra Colombia y la propia
especie la imposición neoliberal de concentrar en unos cuantos países la
producción de comida del mundo, política monstruosa que es más indignante
cuando se sabe que ella tiene como único sustento la decisión miserable de unos
cuantos monopolistas de embolsillarse unos miserables dólares.
Y la
defensa de la seguridad alimentaria pero convirtiéndola en un problema que solo
atañe a que los campesinos produzcan en sus parcelas sus propios alimentos, así
fuera posible y no terminaran arruinados, deja sin respuesta una pregunta:
¿quién les garantiza esa seguridad a los habitantes urbanos y a los rurales que
no son propietarios de tierras? El campesinado, por tanto, al igual que los
empresarios y los obreros agrícolas, debe defender el mercado urbano del país
como el principal objetivo de sus esfuerzos.
Ante
lo retardatario de los objetivos agrarios del TLC, y ante el desespero que los
acosa, los neoliberales criollos han recurrido a dos teorías para velar el
desafuero que tienen decidido imponer: que proteger el agro nacional es
defender los intereses de unos cuantos terratenientes y que las importaciones
subsidiadas deben agradecerse porque con ellas se les ofrece comida barata los
colombianos, disparates que es natural que no convenzan pero que sí los
retratan de cuerpo entero.
Hay
que tener muy poco apego a la verdad para decir que en el agro nacional solo
hay grandes hacendados y que serán estos los principales lesionados con el TLC.
Porque los propietarios rurales llegan a 3.733.513 y el 87 por ciento de los
predios ocupa entre 0 y 20 hectáreas, a la par que apenas 2.431 tienen más de
500 hectáreas. Este predominio numérico de los pequeños y medianos propietarios
es cierto hasta en la ganadería, donde están las mayores propiedades rurales
pero en la que también hay 236 mil fincas, alrededor de la mitad del sector,
que sostienen menos de 10 reses cada una, con un promedio de 5. Y es fácil
entender que los que más sufrirán con el TLC serán los productores más débiles,
campesinos e indígenas, que carecen hasta de los más elementales recursos, como
bien lo expresa que más del 90 por ciento de los habitantes de las zonas
rurales se halle por debajo de la línea de pobreza, horrible realidad de la que
también son responsables tres lustros de “libre comercio”.
Además,
son los asalariados que trabajan con los empresarios los que más sufren cuando
se arruinan sus patrones. Solo alguien muy ignorante o muy cínico puede
presentarse, en el capitalismo, como amigo de los pobres levantando la tesis de
que para ellos es bueno que desaparezca el empresariado. ¿No llama la atención
que a los campeones del neoliberalismo colombiano les molesten tanto algunos de
los ricos del agro de aquí, mientras favorecen, y de qué manera, a ciertos
magnates nativos y a todos los de Estados Unidos? ¿Por qué silencian que las
supuestas exportaciones de biocombustibles, con las que generan esperanzas,
solo podrán darse, si es que ocurren, manteniéndoles grandes subsidios
oficiales a algunos colombianos que se cuentan entre los más adinerados del
país?
La
afirmación de que lo único que importa en relación con los pobres es que los
bienes que consuman sean baratos constituye un populismo ramplón, porque oculta
el principio elemental de la economía que explica que solo hay consumo donde,
primero, hay ingreso y que este solo aparece cuando, antes, hay trabajo y
producción. Es obvio que los ideólogos de un mundo en el que la gente es solo
consumidora, y que de ahí deriva su único interés, pertenecen al sector cada
vez menor de personas que tienen asegurada su ocupación y su ingreso y que, por
tanto, solo se preocupan por cuánto les cuestan los bienes. Que les pregunten a
los desempleados y subempleados qué prefieren: si bienes nacionales caros y
empleo o bienes norteamericanos baratos y desempleo, sin perder de vista que
por la Colombia que hay que luchar es por una en la que el empleo, los buenos
salarios y los costos menores no sean mutuamente excluyentes.
Los
supuestos precios menores con los que los neoliberales les endulzan el oído a
los despistados contienen otra verdad que poco mencionan: que ellos provendrían
de la eliminación de aranceles –de bienes agrarios e industriales– por 690
millones de dólares, según cuentas del estudio citado de Planeación Nacional.
Pero lo que no dicen es que esa suma, que también dejaría de ingresarle al
fisco, la tendría que recuperar el gobierno con un aumento igual de los
impuestos, y que el incremento de estos –por la concepción del “libre
comercio”, que así lo exige para supuestamente atraer inversión extranjera–
castigaría al pueblo mediante el aumento del IVA y los mayores tributos a los
salarios.
Por
otra parte, es evidente que son muchos los casos en los que la existencia de un
producto más barato no significa que así mismo le llegue al consumidor final,
porque puede suceder que quien lo monopoliza utilice su bajo precio para
eliminar a los productores que le compiten pero que no le trasfiera dicho
precio menor al consumidor final o que solo lo haga de manera temporal o
parcial, mientras consigue el monopolio. Que esto puede ser así lo explican los
propios estudios del Ministerio de Agricultura de Colombia que analizaron lo
ocurrido con las importaciones más baratas de la apertura, las cuales
arruinaron a muchos colombianos pero no se convirtieron en alimentos más
baratos para las gentes. En efecto, de acuerdo con lo que el mismo ministro de
Agricultura, Andrés Felipe Arias, debió reconocer ante la Comisión Quinta del
Senado el 11 de octubre de 2005,
“En
la mayor parte de las cadenas analizadas en dicho estudio se encontró que no
existe una relación entre los precios al productor y los precios al consumidor
de bienes similares o derivados, o no lo hay entre el costo de importación y
los precios al consumidor. Este es el caso, al menos, de las cadenas de carne
de pollo, los huevos, la carne de cerdo, la leche, el arroz blanco y el
azúcar”(16).
Además
de las razones expuestas, también se configura como proditoria la decisión de
Álvaro Uribe Vélez de firmar el TLC porque este viola, de manera por lo demás
flagrante, el Artículo 65 de la Constitución Política de Colombia, que dice:
“La producción de alimentos gozará de especial protección del Estado”,
violación que se empeora por tener origen en que los alimentos estadounidenses
se exportan al amparo de enormes subsidios estatales, configurando dumping, una
especie de delito del comercio internacional que suele anticiparse a elevados
incrementos en los precios una vez cumple con el propósito de eliminar a los
competidores.
(14)
Sobre el agro el Plan Colombia señala: “En los últimos diez años, Colombia ha
abierto su economía, tradicionalmente cerrada (...) el sector agropecuario ha
sufrido graves impactos ya que la producción de algunos cereales tales como el
trigo, el maíz, la cebada, y otros productos básicos como soya, algodón y sorgo
han resultado poco competitivos en los mercados internacionales. Como resultado
de ello –agrega– se han perdido 700 mil hectáreas de producción agrícola frente
al aumento de importaciones durante los años 90, y esto a su vez ha sido un
golpe dramático al empleo en las áreas rurales. La modernización esperada de la
agricultura en Colombia ha progresado en forma muy lenta, ya que los cultivos
permanentes en los cuales Colombia es competitiva como país tropical, requieren
de inversiones y créditos sustanciales puesto que son de rendimiento tardío”
(negrillas en este texto).
(15)
Roddick, Jacqueline, El negocio de la deuda externa, El Áncora Editores, p. 80,
Bogotá, 1990.
(16)
El estudio citado, de Luis Jorge Garay y otros, se titula La Agricultura
colombiana frente al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Ministerio
de Agricultura, Bogotá, 2005.
6.
DESASTRE INDUSTRIAL
Como
en el caso del agro, el análisis de lo que le ocurrirá a la industria con el
TLC exige tener en cuenta lo que le sucedió con la apertura, cuando la
producción fabril sufrió más que la agropecuaria, verdad poco conocida porque
la han ocultado los dirigentes gremiales del sector. En efecto, entre 1991 y
2005 la participación del agro en la economía nacional cayó 2,9 por ciento (de
16,3 a 13,4 por ciento) y la de la industria se redujo 3,6 por ciento (del 17,7
al 14,1 por ciento), cifras que se refuerzan con otras: el crecimiento promedio
del sector agropecuario colombiano entre 1993 y 1999 fue muy bajo, de 7,35 por
ciento, pero el de la industria fue negativo en 5,9 por ciento, en buena medida
porque en 1999 cayó en el enorme porcentaje de 14 por ciento. Y si la crisis
industrial no llegó a más se debió a que las trasnacionales instaladas en
Colombia, como era de esperarse, resistieron mejor a las mayores importaciones
y a que –con todo cálculo, como también ocurrió con ciertos productos del agro–
la merma de los aranceles se hizo de forma tal que algunos sectores padecieran
menos. Para poner un solo ejemplo, los menores aranceles a las importaciones de
automóviles se calcularon de manera que las ensambladoras extranjeras que
operan en el país soportaran las pérdidas.
De
acuerdo con el estudio citado de Planeación Nacional, tendrán graves problemas
con el TLC la “fabricación de maquinaria y equipo; madera; algunos alimentos;
hilados y fibras textiles; algunos productos químicos; derivados del petróleo y
el carbón; cauchos y plásticos; como también los dedicados a la fabricación de
productos metálicos”. Y es sabido, porque así lo mencionó su vocero gremial,
que también sufrirán los productores de autopartes.
Vendrán,
además, pérdidas grandes en las exportaciones colombianas a los países vecinos,
porque el TLC, en los hechos, acaba con la Comunidad Andina (CAN), efecto que
Álvaro Uribe Vélez no puede alegar que ignoraba porque lo hizo público, entre
otros, su amigo Hernán Echavarría Olózaga (El Tiempo, 16 de diciembre de 1999),
quien lo explicó como uno de los inevitables efectos del “libre comercio”
concebido por Estados Unidos. Y si se dice que acaba con la CAN en los hechos
es para enfatizar que ello ocurrirá, así Venezuela u otro país miembro no se
retiren de ese acuerdo subregional, porque, en la práctica también, al
otorgársele aranceles de cero por ciento a Estados Unidos, desaparecen en una
proporción notable los efectos prácticos del Arancel Externo Común, el eje de
la integración andina.
Que
las pérdidas en las exportaciones colombianas a los países de la CAN –y las
venezolanas, ecuatorianas, peruanas y bolivianas– serán importantes lo explicó
oportunamente la propia Organización, de acuerdo con un estudio realizado en
2004 por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID (SG/dt 276, nomenclatura
CAN), en el que se explica que inevitablemente el TLC generará lo que los
técnicos llaman una “desviación del comercio”, concepto que en este caso
significa el aumento de las exportaciones estadounidenses a los países andinos,
en detrimento de las ventas que hoy se hacen entre ellos. El BID detalló que el
TLC pone en riesgo alto el 40,8 por ciento de los negocios intraCAN, en riesgo
mediano el 23,2 por ciento y en riesgo bajo el 19,9 por ciento, para un total
amenazado del 84 por ciento, situación en la que el que más perderá será
Colombia, porque de los nueve mil millones de dólares que cuestan las
exportaciones dentro de la subregión el país aporta casi la mitad, 4.200
millones.
De
acuerdo con el análisis del BID, el TLC amenaza las siguientes exportaciones
colombianas en la zona andina: a Ecuador, papeles y cartones, pañales y toallas
higiénicas, preparaciones tensoactivas, malta, confites, azúcar, productos
laminados, botellas, dénim, textiles y confecciones, medicamentos, policloruro
de vinilo y vehículos; a Perú, azúcar, policloruro de vinilo, herbicidas y
fungicidas, papel y cartón, cemento y confites; a Venezuela, azúcar, papeles y
cartones, productos de limpieza, confecciones, preparaciones para bebidas,
vehículos y sus partes, fungicidas y herbicidas, refrigeradores, medicamentos,
confites, extractos de café, leche, galletas, cosméticos, champúes,
dentífricos. Y existe también el listado de los renglones que quedarán amenazados
en el caso de las ventas de los demás países de la región.
Como
lo muestra el listado, las pérdidas colombianas ocurrirían con un agravante
vinculado a otra realidad cuidadosamente palidecida por los partidarios del
TLC: que el 82 por ciento de sus exportaciones a los países andinos es de
bienes manufacturados, los cuales, por contener más trabajo, más valor
agregado, son de una mayor importancia relativa para el país. Lo sobresaliente
de este porcentaje contrasta con que el 83 por ciento de lo que Colombia
exporta a Estados Unidos son materias primas agrícolas y mineras, proporción
indeseable porque lo que saca a los países del atraso es la transformación de
los bienes que brinda la naturaleza, y que representa la misma cifra que se
padecía en 1990, situación que confirma que el “libre comercio” apresa a
Colombia en unas exportaciones de tipo colonial con las que no se integra al
mundo con bienes que contengan una mayor transformación.
Entonces,
el TLC con Estados Unidos no es de desear por otras razones, incluso dentro del
debate de cómo debe ser la integración económica que le conviene a Colombia.
¿Cómo puede ser bueno para los colombianos tener más negocios con los
estadounidenses, pero al precio de reducir los intercambios con los inmediatos
vecinos, cuando lo obvio es que es con estos con quienes deben ser más
vigorosas las relaciones? ¿Y no es una de las facetas más importantes de las
relaciones con los países andinos el que en ellas se den con mayor facilidad
que con Estados Unidos los intercambios industriales? ¿En qué queda la supuesta
“complementariedad” de la economía gringa y la de Colombia de la que hablan
tanto los neoliberales, sino en que los gringos producen bienes complejos y los
colombianos materias primas?
Además,
el pésimo manejo que el gobierno de Álvaro Uribe les dio a las relaciones con
Venezuela –donde Colombia vende la mitad de lo que exporta en la zona andina–,
país al que intentó someter dentro de la CAN a una mayoría automática con Perú
y Ecuador para derogar las normas que molestaran al Imperio, facilitó otro
cambio en las relaciones económicas regionales que también debe costarles
sufrimientos a los colombianos(17). Se trata de la decisión del gobierno
venezolano de integrarse definitivamente con Mercosur –cosa que sucedió luego
de que Colombia y Perú cerraran la negociación del TLC, que destruía en la
práctica la CAN–, porque por este lado también debe darse un fuerte aumento de
importaciones, a través de Venezuela, de bienes argentinos y brasileños, salvo
que Colombia estuviera dispuesta a pagar el precio de cerrar la frontera
venezolana. En el clásico sándwich entre Estados Unidos y Mercosur tiende a
quedar el país, con las pérdidas que eso podrá infligirle tanto en sus ventas a
sus vecinos como en el mercado interno. E ilustra lo que está en juego en
Venezuela en relación con la amenaza de Mercosur que hacia allá van el 80 por
ciento de las exportaciones de carnes y el 91 por ciento de las de lácteos
colombianas, además de la ya mencionada importancia de las ventas de productos
industriales.
Es
obvio que las industrias colombianas que habrán de resultar más perjudicadas
con el TLC serán las llamadas pymes (pequeñas y medianas empresas), así como
las todavía más débiles que califican como minis y micros, en razón de su
propia debilidad estructural. Pero, además, por otra causa que también han
callado los que debieran ser los primeros en pregonarla: globalizar significa
crear un mercado de envergadura global para que actúen mejor que nadie los
capitales de iguales proporciones, que van a vender incluso en nichos donde
antes no podían, porque precisamente por su tamaño no les convenía cubrir
mercados relativamente menores, que eran los tradicionalmente atendidos por los
pequeños y medianos empresarios de todos los países. Incluso las industrias maquiladoras,
que les elaboran parte de los procesos a las trasnacionales en unas condiciones
de expoliación que escandalizarían a los colombianos si las conocieran,
exigirán cada vez inversiones mayores.
Y se
darán nuevas pérdidas en las industrias licoreras colombianas, las cuales se
sumarán a las ya sufridas en años anteriores por la sustitución de los licores
nacionales por los importados. Las cuentas que muestran los daños que provocará
el TLC son simples y estos tendrán como consecuencia contraer el gasto público
de varios departamentos. Porque se acordó desgravación total a 10 años y hoy
los aguardientes colombianos entran sin arancel a Estados Unidos y los rones
pagan uno del 8 por ciento, en tanto los licores gringos tienen arancel de 20
por ciento para entrar a Colombia. Pero pudo ser peor, pues se requirió de la
protesta de las industrias licoreras asociadas en Acil para que los
“negociadores” no dejaran el sector en Canasta A, es decir, con desgravación
inmediata.
Una
de las dificultades con las que se tropieza para conocer mejor el impacto del
TLC sobre la industria nacional es la posibilidad, ya utilizada en la apertura,
que tienen algunos empresarios –calificados de “hermafroditas” por un ex
ministro de Hacienda– de pasar de productores a intermediarios, convirtiéndose
en importadores de los mismos bienes que quiebran sus fábricas, luego de
decidirse a separar su suerte personal de la de la nación. Recuérdese que una
vez quedó en firme la certeza de que los productores de pollo perderían en
grande con el TLC, desde el propio Palacio de Nariño se hizo el llamado a que
fueran ellos los que importaran los cuartos traseros gringos. Además de este
cambio de naturaleza, el silencio de los voceros de la Andi y de la Acopi sobre
las severas pérdidas industriales que sufrirá Colombia encierra otras dos
explicaciones: el viejo poder del capital extranjero en la Asociación Nacional
de Industriales (Andi) se acrecentó con las mayores pérdidas que les causó la
apertura a las factorías del capitalismo nacional, hasta el punto de ser los
intereses del capital extranjero los que hoy definen el rumbo de la
organización, como bien lo prueba su actitud de ponerse al lado de Afidro y en
contra de Asinfar en el conflicto entre las agremiaciones del capitalismo
extranjero y las del nacional en torno a la producción de medicamentos
genéricos. No es casual tampoco que la Andi haya decidido mantener su sigla
pero cambiándole el tradicional significado por el de Asociación Nacional de
Empresarios, pues así refleja mejor, como también lo muestra el caso de Afidro,
el aumento del peso en la organización de quienes producen poco o nada en
Colombia pero sí son fuertes importadoras de artículos de sus casas matrices. Y
el caso de la Acopi, cuyo presidente fue capaz de caer en el ridículo de
afirmar que las enclenques pymes colombianas serán “ganadoras netas” en el TLC,
se explica porque, como no es lo mismo vivir de la industria que de los
industriales, prefirió atar sus intereses a los del poder oficial, seguramente
más decisivo a la hora de continuar cómodamente sentado en su sillón. Dos casos
más en los que quienes deciden separaron su suerte personal de la de la casi
totalidad de los colombianos.
El
TLC dañará a la industria nacional no solo por la vía de impedirle usar
aranceles frente a los bienes más baratos de Estados Unidos, al igual que
emplear otros mecanismos que, como las licencias previas o la calidad de los
bienes, se han usado para impedir o estorbar las importaciones en el mundo, con
el sentido de estimular los aparatos productivos locales. Tal el caso de los
colombianos que remanufacturan bienes industriales usados, pues muchos de estos
perderán toda protección de manera inmediata y el resto en diez años, plazo por
completo insuficiente para defenderse de la muy poderosa producción
estadounidense de este tipo, los cuales fueron definidos de una manera en la
que, según un dirigente gremial de la industria colombiana, “un usado más otro
usado da un remanufacturado”. Fue tal el control de Estados Unidos en la
“negociación”, que ni siquiera la ropa y los zapatos usados quedaron de
prohibida importación, pues los dejaron en un listado de licencia previa que
anuncia que cualquier día podrán importarse sin ningún obstáculo, luego de
modificar una simple resolución. ¡Y en la misma condición quedaron los residuos
tóxicos y peligrosos! Cómo se nota el propósito de Washington de llenar a
Colombia con sus desechos: vísceras de reses, trozos de pollos, lactosueros y
gallinas y vacas viejas. ¡Triste condición la de los países que terminan
convertidos en la caneca donde los imperios tiran sus residuos!
Lo
acordado en el capítulo de propiedad intelectual del TLC, cruzado con los
aranceles de cero por ciento y la libertad de importar, lleva a concluir que
parte de la estrategia estadounidense es hacer muy difícil, si no imposible,
que Colombia pueda adentrarse por los caminos de la industrialización compleja,
cosa que no le resultará muy sorprendente a quien recuerde que la Corona
española prohibió que en sus colonias americanas se montaran industrias, pues
los bienes industriales necesarios debían importarse de Europa a través de
España. Porque en la medida en que el Tratado mejora la competitividad de las
trasnacionales por la vía de alargarles los monopolios que se derivan del
sistema de patentes, también por este lado se volverá más difícil o imposible
imitarles sus avances científicos, los cuales gozarán también con la ventaja de
poderse vender tan baratos como les convenga a las trasnacionales en su
propósito de impedir que les surjan competidores. Prohibir que existan
aranceles que protejan el desarrollo de la producción interna y alargar el
plazo del momento en el que pueda imitarse la tecnología compleja de las
trasnacionales son dos caras de la misma moneda de la recolonización
imperialista de Colombia. Porque es sabido que si bien en unos casos a los
imperios les interesa instalar en otros países parte de su producción, en otros
no, siempre dependiendo de las conveniencias, y cuando lo hacen es a través de
sus propias trasnacionales y pugnando por mantener el monopolio científico y
tecnológico.
Ya
se ha dicho de la gravedad de que Colombia pierda su producción agropecuaria
estratégica y su seguridad alimentaria, pero conviene subrayar que incluso
puede ser peor lo que le impone el TLC en industria, pues no resulta posible
construir un país próspero que no transforme las materias primas agrícolas y
mineras, sea que las produzca o las importe. Y porque, en últimas, el nivel de
los salarios y de la vida de la población que de estos se deriva depende de si
se labora o no con la fuerza de los desarrollos tecnológicos y las
transformaciones que estos posibilitan, pues de ninguna manera dicho nivel de
vida puede evadir en general el grado de productividad del trabajo. Desde esta
perspectiva, la maquila, cuya característica tecnológica es el ensamblaje y los
procesos de baja tecnología, a su vez inherentes a los bajos precios de la mano
de obra, constituye también una estrategia reaccionaria en el campo de la
producción industrial y de las condiciones sociales del país. Y como la
industria maquiladora neoliberal desintegra los aparatos productivos nacionales
y es un apéndice de las necesidades de importación y exportación intrafirmas
trasnacionales, todo resulta peor.
Para
completar el cuadro del futuro de Colombia en el TLC debe decirse que la
experiencia de los países que han tenido éxito en la construcción del
capitalismo demuestra que sin un vigoroso respaldo estatal, que tiene que
incluir una adecuada protección por aranceles y otros mecanismos frente a las
asechanzas foráneas, no es posible construir un sector industrial digno de tal
nombre. Que lo anterior es cierto lo demuestra la experiencia de Estados Unidos
y los restantes países desarrollados, e incluso de China, India y Corea del
Sur, así los neoliberales criollos recurran a la falacia de afirmar que es el
“libre comercio”, como lo definen en Washington, el que explica sus desarrollos
fabriles.
Por
lo que le sucederá a la industria colombiana con el TLC, sector en el que se
consolidarán las pérdidas de la apertura y vendrán otras nuevas, también deberá
responder Álvaro Uribe Vélez, pues dichas pérdidas contribuirán a convertir en
retórica las posibilidades de progreso de los colombianos, al igual que la
independencia y la soberanía de Colombia.
(17)
Como se verá adelante, el TLC también viola las normas andinas que no autorizan
la expropiación indirecta, que permiten controlar los flujos de capitales por
más de un año, que autorizan ponerles requisitos de desempeño a los
inversionistas extranjeros y que defienden la biodiversidad de cada país
andino.
7.
MÁS MONOPOLIOS Y ATRASO CIENTÍFICO
Aun
cuando el Tratado se califica como de “libre comercio”, lo cierto es que se
trata de mucho más que comercio y que de libre tiene bien poco, en la medida en
que es parte de la organización de un mundo controlado por los monopolios y los
imperios, los cuales representan, por definición, la ausencia de libertad
económica y política. Y si esto es cierto en general con el TLC, peor resulta
con el capítulo de propiedad intelectual, cuyo único propósito es establecer
monopolios por la vía de prohibir, con todas las formalidades legales del caso,
la competencia, con lo que ello significa como sistema para elevar los precios
de las mercancías e impedir, al mismo tiempo, el desarrollo de industrias
competidoras.
El
capítulo de propiedad intelectual no guarda relación solo con medicamentos,
agroquímicos y biodiversidad, aunque esos sean los aspectos más conocidos.
Determina también la suerte de todas las industrias, tales como las de la
química, electrónica, telecomunicaciones, aeronáutica, genética,
nanotecnología, nuevos materiales, etc. Que Colombia sufra con tan escaso
desarrollo industrial y que quienes se dicen voceros del sector sean tan
sumisos a las políticas del Imperio, por lo que sobre el tema poco se habla, no
controvierte que el TLC busca encadenar el país a un mayor atraso científico y
tecnológico, así como a la pobreza que le es inherente. Es tan importante para
cualquier nación el avance de la ciencia y la tecnología, que algunos analistas
incluso afirman que el principal objetivo de Estados Unidos con los TLC reside
en acrecentar su poder incrementando el monopolio de la producción compleja.
El
TLC aumenta el tiempo de duración del monopolio originado en las patentes de 20
a 25 y más años en medicamentos y en otros bienes y a 30 y más años en
agroquímicos y otras áreas, ampliación que agrava la decisión de Colombia con
la apertura de reconocer patentes por veinte años, anticipándose a las
determinaciones de la OMC. Y ya dos décadas de monopolio constituyen un lapso
excesivo que no tiene nada de “natural”, calificativo que tanto en política
como en economía ha justificado más de un desafuero. Porque, en efecto, el
monopolio por patentes y los años que lo protegen fueron fijados, a su antojo,
en las legislaciones internas de los países a los que así les convenía y solo
mucho después estos empezaron a imponerlos en los tratados internacionales. Y
está demostrado que la inversión en investigación y desarrollo se recupera en
los dos o tres primeros años de comercialización del producto patentado. Por
tanto, cuánta razón abrigan quienes proponen cada vez con mayor energía que los
países y la humanidad toda creen maneras de financiar la investigación mediante
mecanismos diferentes a concederles monopolios a las trasnacionales, sistema
que resulta indeseable por muchas razones. ¿Cómo defender que se estimule la
invención otorgando monopolios, monopolios que, a su vez, entraban la
invención? ¿Cómo estar de acuerdo con financiar la investigación en
medicamentos otorgando monopolios, cuando estos, al elevar los precios, impiden
que los supuestos beneficiados por la investigación puedan pagar por los fármacos
que impiden su enfermedad y su muerte? Tiempos llegarán en que estas prácticas
abusivas, como la esclavitud, aparezcan como hechos exóticos de la prehistoria
del género humano.
El
texto acordado establece una serie de normas que superan el capítulo semejante
de la OMC, el llamado Adpic (que trata de las normas de propiedad intelectual
no solo en medicamentos), al aumentar las razones que permiten que el monopolio
de las trasnacionales se otorgue por más causas y por más tiempo. Con razón los
TLC impuestos por la Casa Blanca suelen denominarse OMC-plus y, para efectos de
los derechos de propiedad intelectual, ADPIC plus. Y con razón también se
explica que el plus tiene que ver, como ya se mencionó, con que las
trasnacionales de Estados Unidos y de los demás países industrializados no
lograron imponer en la OMC todas y cada una de las medidas que querían, aunque
lograron muchísimo, pues allí tropezaron con la fuerza unida de muchos de los
países débiles del mundo ¿No constituye deslealtad con Colombia que Álvaro
Uribe la haya separado de los países americanos que se negaron a someterse al
Alca cuando este intentó imponerlo la Casa Blanca y que, además, también la
haya apartado del resto del mundo en relación con las normas de la OMC, todo
para facilitarle la dominación, mediante el TLC, a Estados Unidos?
Este
capítulo, por otra parte, contiene en su texto el compromiso de Colombia de
ratificar o adherir a otros diez tratados internacionales cuyas conveniencias
para las trasnacionales estadounidenses son manifiestas, porque en todos ellos
se fortalecen las normas de propiedad intelectual en el mismo sentido de sus
aspiraciones. Los nuevos a los que Colombia tendrá que sumarse son los
siguientes: Tratado de Budapest, sobre el reconocimiento internacional del
depósito de microorganismos a los fines del procedimiento en materias de
patentes; Tratado de Singapur, sobre derecho de marcas; Tratado sobre el
derecho de patentes y Protocolo concerniente al arreglo de Madrid relativo al
Registro Internacional de Marcas. Para comentar solo uno, el último de la lista
les concede a las trasnacionales la ventaja de no tener que patentar país por
país, pues, con una sola solicitud, consiguen el monopolio en más de cuarenta
países, mecanismo que, al decir de los conocedores, viola la Constitución
colombiana y las normas andinas.
Este
caso también muestra cómo no son idénticos sino contradictorios o antagónicos
los intereses de la producción nacional y de Colombia, por una parte, y los de
las trasnacionales y Estados Unidos, por la otra. Porque es obvio que el
monopolio tecnológico les significa a las trasnacionales mayores ganancias y a
Estados Unidos mayor progreso científico y tecnológico, en tanto que a los
colombianos y al país dicho monopolio les representa mayores precios de los
medicamentos y más atraso y estancamiento científico y tecnológico. Otro buen
ejemplo de cómo la misma medida produce resultados diferentes dependiendo del
tipo de país.
Además,
en la escala de la producción industrial hay tres tipos de países: los
innovadores, que como su nombre lo indica corren las fronteras del
conocimiento; los imitadores, que copian los productos de los primeros; y los
que no son ni lo uno ni lo otro, porque se reducen a importar casi todo lo
complejo que requieren. Es en el último nivel en el que se ubica Colombia,
quizá con la excepción de la industria productora de medicamentos genéricos,
que hoy abastece el 67 por ciento del mercado nacional, en unidades, un caso
típico de imitación industrial. Entonces, y usen el pretexto que usen, lo que
hacen los sistemas de patentes es entorpecer la imitación, con la gravedad que
esto entraña, porque no puede llegarse a país innovador, el objetivo a
alcanzar, si primero no se pasa por la escuela de la copia. Esta es la
experiencia de Estados Unidos, Alemania y Japón, por ejemplo, potencias
industriales que hoy imponen las patentes como parte del derecho internacional,
pero que se desarrollaron sin otorgar ese tipo de reconocimientos. Otra vez el
caso del que le da una patada a la escalera por la que subió, para que nadie
pueda seguirlo.
AUMENTARÁ
LA ENFERMEDAD Y LA MUERTE
Si
hubiera que escoger un solo aspecto para demostrar con facilidad lo indeseable
del TLC serviría el capítulo de propiedad intelectual referido a medicamentos,
porque, al elevar los precios, incrementa la enfermedad y la muerte en
Colombia, en un país en el que el sistema de salud no suministra el 40 por
ciento de las prescripciones que requiere la atención de sus afiliados, para no
mencionar la situación de los millones que carecen de cualquier protección en
salud. Y el aumento de los precios puede llegar a tanto, ¡a 940 millones de
dólares anuales!, según la OMS-OPS (Organización Mundial de la
Salud-Organización Panamericana de la Salud), que no solo sufrirán las personas
sino que les creará graves problemas a las finanzas del sistema general de
salud. Esto, porque aunque el gobierno lo niegue, el Tratado aumenta el
monopolio derivado de las patentes y de otras prácticas vinculadas con estas,
haciendo más difícil la producción de medicamentos genéricos.
El
pleito sobre el precio de los medicamentos terminó convertido en una lucha
entre las trasnacionales de la farmacéutica que hacen todo lo posible por
mantener el monopolio de sus fármacos y las empresas que en países como
Colombia pugnan por producir los llamados medicamentos genéricos, los cuales,
al copiar los que fabrican las trasnacionales, una vez vencida la patente,
rompen el monopolio, generan competencia e inducen la baja en los precios. La
lucha ha sido tan enconada que los negociantes extranjeros no han vacilado en
mentir, regando la especie de que los medicamentos genéricos son de mala
calidad y no curan, cuando estos, de manera estricta, contienen las mismas
moléculas, iguales componentes activos, que es justamente lo que cura, porque
son copias de productos de las trasnacionales que perdieron la patente o que
nunca la tuvieron(18). Y son conocidas, como se confirmará en este texto, las
bárbaras presiones de las trasnacionales de las medicinas tendientes a impedir
que el gobierno colombiano les controle los precios.
Los
estudios que comparan los precios indican que cuando un producto se queda sin
patente, sus precios se reducen entre el 22 y el 80 por ciento, dependiendo del
número de medicamentos genéricos que entren al mercado. Con relación a las
medicinas “de marca”, los genéricos cuestan solo una cuarta parte, en promedio,
y hay casos en que valen 35 veces menos. Su importancia en Colombia se explica
porque, como ya se dijo, gracias a su calidad y menores precios, responden, en
volumen, por el 67 por ciento del mercado nacional de medicamentos.
Los
detalles de lo acordado en el TLC permiten demostrar que también en este
aspecto Colombia perderá y que Estados Unidos ganará. Mediante el Artículo
16.10.3 del TLC, que habla del “método de uso” de los medicamentos, se “deja
abierta la posibilidad de patentes de uso”, de segundos y más y de métodos de
uso, de acuerdo con lo expresado en “Comparativo textos Cafta y Perú en
propiedad intelectual”, documento interno del Ministerio de Protección Social
(2006), citado por una de las principales autoridades sobre el tema en
Colombia, Germán Holguín Zamorano, Director de Misión Salud(19). El poder
patentar nuevos usos diferentes a los concebidos originalmente les abre a las
trasnacionales la posibilidad de cubrir con monopolios productos que nunca
tuvieron patente o que la perdieron, lo que conduciría a la posibilidad de un
patentamiento vitalicio, porque cada patente confiere derechos de monopolio por
veinte años.
En
el mismo documento se explica que los artículos 16.9.1 y 16.9.11 significan que
“La aceptación de cambios de criterios de patentabilidad (de ‘aplicación
industrial’ a ‘utilidad’) conlleva ampliar el espectro de la materia
patentable”, porque permitiría patentes por desarrollos triviales de moléculas
conocidas, convirtiendo en patentables fármacos que hoy carecen de esa
posibilidad. Y como ya se dijo, el artículo 16.9.2 le ordena al gobierno de
Colombia realizar todos los esfuerzos para otorgar patentes a las plantas,
situación que atenta contra la biodiversidad, patrimonio natural de nuestra
nación, y que “preocupa” al Ministerio de la Protección porque “ello tendría
directa incidencia en los medicamentos fitoterapéuticos”.
El
TLC revive el contenido del Decreto 2085 de 2002, engendro que Álvaro Uribe
expidió por exigencia de Estados Unidos a cambio del Atpdea y que el Tribunal
Andino de Justicia declaró “inaplicable” por ser contrario a las normas de la
CAN, normas que el gobierno colombiano terminó por hacer modificar, empujando
el retiro de Venezuela de la comunidad regional. En este aspecto, cero y van
dos arrodilladas sucesivas por imponer una norma diseñada para alargar el
monopolio de los medicamentos en cinco años y en agroquímicos en diez, con el
agravante de que el Tratado la empeora. Y hace peores las cosas porque el
artículo 16.10.1.a protege también “productos similares”, lo que, según el
Ministerio de la Protección Social, “puede extender la protección a medicamentos
con cambios pequeños”, con el consabido alargamiento en el tiempo de los
monopolios. Además, establece una protección por “al menos cinco años”
(artículo 16.10.1), nuevo acto de sumisión que según el mismo Ministerio
“convierte el plazo de protección de cinco años en un piso que puede ser
superado por presiones internacionales”. ¡Y con la conocida sumisión de los
gobiernos colombianos a los extranjeros! Lo acordado también es peor que el
2085, porque omite la excepción de falta de comercialización del producto
protegido, que sí consagraba aquel si se desabastecía el mercado, puntualiza
también Germán Holguín. Pero en especial lo acordado es bastante más grave
porque el 2085 podía ser derogado o modificado por decisión unilateral del
gobierno de Colombia, en tanto que modificar el TLC exige pedirle permiso a
Estados Unidos.
Otra
norma, referente al mismo engendro, es la que consagra el agotamiento del
derecho de monopolio si el medicamento no se somete a aprobación dentro de los
cinco años siguientes al momento en que es aprobado en Estados Unidos (artículo
16.10.1,b (ii), la cual quedó redactada de manera que dicho agotamiento solo es
aplicable en caso de “aprobación por referencia” (artículo 16.10.1.b), figura
que existe en Perú pero no en Colombia. Y es digno de mención que el artículo
no cubre a Colombia porque fue tomado literalmente del TLC con Perú, y Estados
Unidos no aceptó su modificación ni en una coma. O sea que en el país se
protegerán como “nuevos” medicamentos “viejos”, con el consiguiente impacto
sobre los precios y la posibilidad de las gentes de acceder a ellos.
También
permitirá alargar el tiempo de las patentes el subterfugio de los “retrasos
irrazonables” en su expedición y en la aprobación de la comercialización del
producto (artículos 16.9.a y b), aspectos sobre los cuales el Ministerio de la
Protección concluye: “Esto… se convierte en una extensión… de la patente, de
forma injustificada, dilatando el ingreso de competidores al mercado”. Y con la
condición todavía peor de que mientras en Estados Unidos la extensión del
término de la patente no puede pasar de 5 años, en Colombia, por virtud del
TLC, será indefinida.
Adicionalmente,
en el Tratado se establece el denominado linkage, es decir, el vínculo entre
las patentes y los registros sanitarios (artículo 16.10.3), figura ideada por
las trasnacionales farmacéuticas para demorar la oferta de medicamentos
genéricos. En Estados Unidos, donde existe, dicha figura es responsable de que
el 72 por ciento de las solicitudes de aprobación de medicamentos genéricos se
alarguen por 30 semanas o más, en perjuicio del consumidor y del sistema de
salud.
Ante
hechos tan protuberantes, ¿cómo se explica que el gobierno diga que el capítulo
de propiedad intelectual no les amplió los derechos de monopolio a las
trasnacionales gringas? ¿Cómo se puede decir a la opinión pública, como lo hizo
Álvaro Uribe por escrito, que “salvamos los genéricos y la salud pública”? En
parte porque dicen mentiras y en parte porque manipulan dos hechos. En el caso
de los linkage, la cúpula uribista afirma que su efecto negativo quedó
disminuido en una carta adjunta al TLC que estipula la llamada Excepción Bolar,
la cual hace más rápido el ingreso de un competidor al mercado cuando expira la
patente. Pero lo que no dice es que, según los especialistas, dicha carta quedó
con una redacción confusa que no garantiza la mencionada excepción.
Y en
el caso de las patentes de segundos usos, porque arguye que la “ayuda de
memoria” de una reunión celebrada entre el Presidente Uribe y la Oficina de
Comercio de Estados Unidos (USTR) aclara que el TLC no obliga a Colombia a
otorgar patentes de segundos usos. Lo que se oculta es que esa “ayuda de
memoria” no tiene la firma de ningún funcionario de Estados Unidos ni forma
parte de los anexos del Tratado, luego carece de toda validez. ¿Serán capaces
de explicar por qué firmaron artículos que consideran inconvenientes, hecho que
lo confirma su propia solicitud a Estados Unidos de “mejorarlos” o aclararlos
con cartas adjuntas y “ayudas de memoria”? ¿Y por qué dieron por terminada la
negociación sin que dichas cartas y dicha “ayuda de memoria” las hubieran firmado
los negociadores estadounidenses?
¿No
constituye deslealtad con la nación que se juró defender el que Álvaro Uribe
Vélez haya empeorado las normas de propiedad intelectual con las que el
imperialismo estadounidense somete a Colombia a la barbarie científica y
tecnológica, lesionándole su soberanía? ¿Y qué decir de que, con su conducta,
ratificara la idea cada vez más repudiada en el mundo de imponerles a los
medicamentos, que tratan con el derecho constitucional a la salud y la vida,
los mismos criterios de propiedad intelectual que el “libre comercio” les
impone a las demás mercancías, empeorando, como si fuera poco, las normas de la
OMC?
(18)
Un medicamento genérico que no asegure la bioquivalencia y la
biodisponibilidad, es decir, que no cumpla con los mismos fines que uno “de
marca” no es un genérico sino una falsificación, un fraude. Y como las
falsificaciones también ocurren con los productos “de marca”, al respecto no
valen las afirmaciones tendenciosas de las trasnacionales. La defensa de los
genéricos, por tanto, debe incluir la exigencia al Estado para que impida toda
falsificación de medicamentos.
(19)
Holguín Zamorano, Germán, “El Tratado de Libre Comercio y los medicamentos:
breve análisis del texto oficial”, Educación y Cultura, mayo de 2006. Este y
otros análisis sobre el impacto del TLC en Colombia pueden consultarse en
www.recalca.org.co y www.moir.org.co/robledo.php
PARA
PRODUCCIÓN MEDIOCRE, EDUCACIÓN MEDIOCRE
En
el texto del TLC no se dice nada sobre educación, salvo en una medida
disconforme que le permite a Colombia imponer condiciones al comercio
transfronterizo de servicios con Estados Unidos de enseñanza primaria y
secundaria y al “requisito de una forma de tipo específico de entidad jurídica
para los servicios de enseñanza superior” (¡qué tal la redacción!), que al
parecer hace referencia a que las universidades privadas deben constituirse
como sin ánimo de lucro, condición que no es gran cosa porque, según explicó
Carlos Angulo, rector de la Universidad de los Andes, “no ha sido obstáculo
para que muchas de ellas encuentren la fórmula para repartir utilidades”
(Dinero, 12 de noviembre de 2004). Y en el Tratado se establece, en el artículo
11.14, sobre definiciones, que las inversiones y el comercio transfronterizo
son cosas diferentes, pues por este se entiende un servicio que se produce en
un país para consumir en el otro –una llamada telefónica o educación a través
de internet, por ejemplo–, diferenciándolo de lo que ocurre con una inversión
de un ciudadano de un país en el territorio del otro.
Que
el TLC no haga más menciones a la educación reviste, entonces, especial
gravedad porque en el Tratado operan lo que en la jerga del “libre comercio” se
conoce como “listas negativas”, que significa que lo que no se exceptúe de
manera expresa queda cubierto por todo lo acordado, de donde se concluye que
para el estadounidense que lo desee la educación en Colombia será otro negocio
que debe tratarse como cualquiera de los demás.
Entonces,
con el TLC puede haber educación pública en Colombia, pero podría no haberla,
pues nada en él la determina y ni siquiera la señala como deseable, cuando es
sabido que su privatización es pieza cardinal de las concepciones neoliberales.
Incluso, podría ocurrir que la aplicación de lo acordado la amenace tanto,
hasta el punto de reducirla a poco o desnaturalizarla por completo. Este podría
ser el caso: en el capítulo diez se establece que los estadounidenses podrán
invertir en Colombia en casi todos los sectores, entre los que está la
educación, que son idénticos sus derechos como inversionistas a los del Estado
colombiano (que para el efecto es un inversionista más) y que los gringos no
podrán recibir un trato inferior al de los colombianos. Entonces, el Estado de
Colombia podría ser demandado por un norteamericano que invierta en una
universidad privada en el país y que alegue que ella no está recibiendo el
mismo trato de las instituciones públicas financiadas con los recursos
oficiales. Del pleito podría salir que los dineros oficiales para la educación
superior cuestionados tendrían que acabarse o repartirse, con los mismos
derechos, entre las universidades públicas y las privadas de propiedad de
estadounidenses. Y es evidente que la política de créditos educativos que
aplica el Icetex, fortalecida por el gobierno de Álvaro Uribe con un crédito
del Banco Mundial y que trata por igual a las universidades privadas y a las
públicas, podría entenderse como un anticipo de la interpretación de “libre comercio”
que se plantea en este párrafo.
Además,
el TLC induce al atraso y a la privatización de la educación colombiana de
otras maneras que no aparecen explícitas en el texto y que se derivan de la
forma como afectará el desenvolvimiento económico y de las normas sobre
propiedad intelectual. Primero, porque al lesionar el avance económico se
restringen los ingresos de las familias y los del Estado, con la inevitable
consecuencia de reducir la capacidad de gasto de la sociedad en educación.
Segundo, porque las importaciones sin aranceles de los productos complejos
arruinan la producción nacional que exista o pueda existir y condenan a
Colombia a importarlos o a proveerse de las trasnacionales que queden operando
en el país y cuyos avances en ciencia y tecnología realizan en los países donde
se hallan sus casas matrices. Tercero, porque el capítulo de propiedad
intelectual crea nuevas posibilidades de patentar y alargar los períodos de
monopolio de las transnacionales sobre las innovaciones científicas y
tecnológicas, lo que hace aún más difícil para la industria nacional imitar
para poder adentrarse en tales desarrollos. Y cuarto, porque existe una
relación inevitable entre el aparato productivo que tenga y quiera tener una
nación con su aparato educativo, pues hasta absurdo resulta pensar en un agro y
una industria de bajo perfil tecnológicos respaldadas por unas instituciones
educativas de alto nivel y calidad. Para una economía de pacotilla en Colombia,
una educación de pacotilla, es la consigna neoliberal.
Y si
es manifiesto que el sino del estudio de las ciencias naturales en Colombia
será el anquilosamiento, a las ciencias sociales deberá sucederles incluso algo
peor: abandonar cualquier fundamento científico y todo rasgo de independencia
frente a los poderes establecidos, para convertirse en caja de resonancia de
cualquier idea que el pensamiento único, parte constitutiva de la ideología del
“libre comercio”, quiera imponer. Esto, para justificación y gloria de la
globalización neoliberal, de la dominación imperialista y de las andanzas de
las clases reaccionarias de Estados Unidos y de Colombia.
De
tan retardatario norte económico y educativo se deduce una política que se
aplica en Colombia desde los propios inicios del “libre comercio”: la
privatización de la educación, la cual incluye formas tan diversas que van
desde el incremento de los colombianos obligados a estudiar en las
instituciones privadas hasta el cada vez peor financiamiento de las públicas,
pasando por el deterioro de las condiciones laborales de los docentes. Y la
razón por la cual dicha privatización constituye por norma una educación
mediocre se explica por el hecho inexorable de que crear y transmitir
conocimientos de alto nivel exige elevados costos, los cuales solo pueden ser
sufragados por el Estado o, pensando con generosidad excesiva, por el minúsculo
número de colombianos que, condenado a la educación privada, logra evadir la
“de garaje”.
8.
LAS TRANSNACIONALES SE QUEDARÁN CON TODO
Todo
el TLC está construido sobre la falacia de afirmar que es democrático e
igualitario porque les concede los mismos derechos a los estadounidenses y a
los colombianos en cada uno de los dos países. Mas esa teoría no soporta
análisis incluso en los casos en los que no aparecen normas discriminatorias,
como es bien claro con respecto a los derechos que se les otorgan a los
inversionistas, otro de los capítulos que algunos conocedores señalan como el
fundamental para Estados Unidos. Y la supuesta igualdad no ocurre en los
hechos, porque lo que hay es una tremenda desigualdad entre la verdadera
capacidad de los inversionistas de cada país para invertir en el otro, de donde
se deduce que de lo que se trata es de proteger a los inversionistas
estadounidenses en Colombia, antes que a los colombianos en Estados Unidos,
realidad más cierta si prosigue, como lo estimula el TLC, la toma de las
principales empresas colombianas por parte del capital extranjero. ¿Cuántas
trasnacionales tienen su casa matriz en Colombia y cuántas en Estados Unidos?
Luego este capítulo del TLC les entrega, realmente, el mercado colombiano a los
monopolistas gringos para que instalen negocios de todo orden mientras que el
Imperio, teóricamente, les concede allá el mismo trato a unos inversionistas
nativos que existen por excepción y que suelen ser rentistas relativamente
menores que invierten allá en el sector inmobiliario o en unas acciones,
negocios que, si se miran bien, le suman a la riqueza estadounidense y le
drenan a la acumulación nacional. Estas enormes diferencias también explican
por qué para Estados Unidos puede no ser problemático suscribir normas que para
Colombia sí resulta muy grave aceptar, dado lo lesivas que son para su
desarrollo.
El
capítulo establece, mediante el llamado trato nacional (Artículo 10.3), que los
inversionistas y las inversiones estadounidenses no podrán recibir del Estado
colombiano un trato inferior al de los colombianos y sus inversiones en
Colombia, cláusula que significa que el país no podrá utilizar su poder para
estimular la economía nacional, otorgándoles un respaldo exclusivo a sus
ciudadanos o a su Estado.
El
trato nacional a los estadounidenses también puede llevar a situaciones que en
la práctica le impidan a Colombia estimular determinados sectores claves para
el progreso nacional, porque no se pueda atraer hacia ellos solo al Estado o a
los inversionistas colombianos, en tanto los extranjeros (de Estados Unidos, en
este caso) no lleguen porque tienen intereses superiores en otros países. Y es
sabido que las empresas intensivas en uso de capital (todas las de complejidad
tecnológica) requieren para montarse de especiales respaldos estatales, además
de protecciones de otro orden, que también impide el TLC. ¡O podría suceder que
para que algún tipo de desarrollo se diera en Colombia hubiera que convertir en
norma subsidiar a los inversionistas gringos! Que se tenga en cuenta, por otra
parte, que en la medida en que el capital foráneo se toma la economía nacional,
aun sin el TLC, los subsidios estatales, como parte de los que hoy reciben las
empresas de flores que operan en Colombia, los pagan los nacionales y enriquecen
a los extranjeros.
En
este capítulo aparece otro recorte de la soberanía nacional que lesiona a
Colombia, porque prohíbe imponer requisitos de desempeño, otra de esas viejas
prácticas que en buena medida explican el desarrollo de las potencias
capitalistas y que autorizan las normas de la Comunidad Andina. En el TLC, por
ejemplo (Artículo 10.9), se prohíben condiciones que le resultan convenientes a
Colombia, como exigirles a las empresas estadounidenses, a las que se les
entrega el territorio y el mercado nacional para que hagan sus negocios, que
exporten una determinada parte de su producción, que incluyan en su negocio una
participación de productos nacionales, que transfieran un determinado
conocimiento o tecnología o que se asocien con alguna empresa del Estado,
condición esta última que existía para el caso de Ecopetrol y las
trasnacionales de los hidrocarburos hasta que el gobierno de Álvaro Uribe la
desmontó cuando creó la Agencia Nacional de Hidrocarburos, anticipándose a lo
que se acordaría en el TLC. Y esta misma lógica tiene que ver con la decisión
de hace unos años de acabar con las sociedades entre el Estado colombiano y el
capital extranjero en los negocios del níquel y el carbón.
En
el capítulo también se establece que las inversiones estadounidenses en el país
deberán recibir “un trato acorde con el derecho internacional consuetudinario”,
es decir, con el introducido por la costumbre (Artículo 10.5 y Anexo 10-A),
derecho en extremo amplio e impreciso que puede prestarse para múltiples
interpretaciones y reclamos contrarios al interés de Colombia. Aún más, en el
TLC, para que no queden dudas a quién favorece, se especifica que este “se
refiere a todos los principios del derecho internacional consuetudinario que
protegen los derechos económicos e intereses de los extranjeros”. ¿Qué tal
esto? ¿No se supone que la primera condición que debe tener un contrato, como
el TLC, es que sea preciso en sus términos al establecer derechos y obligaciones?
¿En cuál manigua de preceptos desconocidos se embrolla a Colombia con estas
cláusulas? Además, ¿qué si no los imperios y las trasnacionales, de acuerdo con
sus intereses, han definido las costumbres del derecho internacional?
Mediante
el punto de “Expropiación e indemnización” (Artículo 10.7) se limitan las
facultades que autorizan al Estado colombiano a hacer expropiaciones,
asegurándoles con largueza las indemnizaciones a los inversionistas
estadounidenses afectados, aun en circunstancias de guerra en Colombia. Y se
habla del Estado colombiano y de los inversionistas estadounidenses, porque en
este caso son todavía más palmarias que en otros las desigualdades entre las
partes. ¿Cuántas empresas de colombianos podrán ser susceptibles de una
expropiación en el territorio de Estados Unidos?
En
el TLC aparece, además, una figura que ha generado escándalo entre los
demócratas del mundo, pues ella les concede gabelas monstruosas a los
inversionistas gringos: la llamada “expropiación indirecta”, la cual puede
ocurrir cuando las decisiones oficiales afectan negativamente, no la propiedad
de las empresas sino sus ganancias, sus posibles utilidades y hasta su
preestablecimiento, de manera que el Estado puede ser obligado a pagar
indemnizaciones por ello. Es tan leonina la norma que aunque en el texto se
intente transmitir la idea contraria, lo cierto es que, en “circunstancias
excepcionales”, podrá aplicarse hasta a los actos del Estado “diseñados y
aplicados para proteger intereses legítimos de bienestar público, tales como la
salud pública, la seguridad y el medio ambiente”, lista a la que, como si fuera
poco, se le precisa que “no es exhaustiva”, lo que significa que la
“expropiación indirecta” puede caberles a las decisiones oficiales en cualquier
sector. Para ilustrar el abuso, sirve un ejemplo: si ciertos cambios en la Ley
100 de salud o en la 142 de servicios públicos le disminuyeran las ganancias a
un inversionista de Estados Unidos, este podría demandar a la Nación por
“expropiación indirecta”, indemnización que en este caso alcanzaría niveles
astronómicos, lo que podría inducir al gobierno a no correr con el riego de
tomar la medida.
Cómo
será de lesiva la figura de la “expropiación indirecta” que ella no aparece en
las normas de la OMC, a pesar de que todos los imperialismos, y no solo el
estadounidense, han intentado implantarla. Y cómo será de arbitraria que no
hace parte de la normativa andina y que les concede a los inversionistas
norteamericanos en Colombia más derechos que a los colombianos aquí, lo que
inducirá a estos, en el colmo del absurdo si no fuera en el “libre comercio”, a
traspasar el registro de sus inversiones en Colombia a Estados Unidos, para
poder aprovecharse de esta gabela descomunal. Y los efectos perniciosos de la
“expropiación indirecta” que además significa dejar sin vigencia la inmunidad
soberana, un principio de aplicación universal que señala que los Estados no
pueden ser demandados por cierto tipo de actividades, ya pueden conocerse por
lo sucedido con el TLC entre Estados Unidos, México y Canadá, países en los que
a 2005 ya ha habido cinco fallos a favor de los demandantes por 35 millones de
dólares y hay en pleito reclamaciones por 28 mil millones de dólares.
Y
que esta figura repudiada por los demócratas del mundo se va a usar en Colombia
si el TLC entra en vigencia ya lo anunció nada menos que Afidro, la agremiación
afiliada a la Andi que representa a las insaciables trasnacionales de los
medicamentos. En carta al ministro de Comercio, Jorge Humberto Botero (28 de
julio de 2006), con el tonito soberbio con el que suelen expresarse quienes se
sienten empuñando las riendas, le dicen que no apruebe el texto de la “Circular
número 03 de 2006”, que contiene un “borrador de discusión” sobre controles a
los precios de las medicinas en Colombia. Que no lo haga porque “esto atenta de
manera directa contra las moléculas que gocen (sic) de derechos de propiedad
Intelectual, como los plasmados en los textos del Tratado de Libre Comercio con
los Estados Unidos”, en razón de que dichas determinaciones podrían
constituirse en
“Violación
al principio de inversión frente a Tratados Internacionales: Frente a tratados
internacionales, vale la pena señalar que este borrador de circular podría
verse incurso dentro de la tipificación de la expropiación indirecta, debido a
que su expedición implicaría una modificación injustificada de las condiciones
bajo las cuales la empresas asociadas en Afidro desarrollan el curso ordinario
de sus negocios y su viabilidad económica”.
¡Controlar
los precios que fijan unos monopolistas voraces sobre productos que definen la
enfermedad, el dolor y la muerte de los colombianos podría ser “expropiación
indirecta”, la cual se pagaría con enormes indemnizaciones del Estado
colombiano, que podría ser condenado en tribunales internacionales de arbitraje
diseñados por las mismas trasnacionales gringas que interpondrán las demandas!
¡Y es bien probable que a la hora de los alegatos los reclamantes exijan tener
en cuenta “los principios del derecho internacional consuetudinario que
protegen los derechos económicos e intereses de los extranjeros”! ¡Y eso que el
Tratado, yéndoles bien a los uribistas, no entrará en vigencia antes de un año
y medio después de esta presión que ofende el interés y la dignidad nacional!
Justicia
a la medida del capital extranjero
Como
era de esperarse en un TLC con Estados Unidos, hay una extensa sección en el
texto que les concede a sus trasnacionales el poder de “someter a arbitraje una
reclamación” contra el Estado colombiano, arbitraje que se regirá por un
conjunto de normas diferentes a las de la justicia nacional y un tribunal
privado para que falle, de manera que el Tratado le crea una justicia especial
al capital estadounidense que se vincule a Colombia.
Este
horror en contra de la soberanía de Colombia, porque la justicia es uno de sus
pilares, además de unas normas diseñadas por las trasnacionales y en su
beneficio, pretende meter de contrabando una falsa igualdad que no puede
existir entre los derechos de los individuos y los del Estado y, mucho menos,
con los de los extranjeros. Y quiere igualar también a los jueces de la
República, cuya naturaleza de servidores públicos no puede desconocerse, con
los abogados negociantes, que en estos tribunales de arbitraje tienen otras de
sus fuentes de enriquecimiento, realidad que los empuja a ser muy cuidadosos
con los intereses de las trasnacionales que pleitean, porque de sus actuaciones
dependerán los nuevos contratos.
Y la
experiencia indica que estos tribunales internacionales de arbitraje operan a
costos muy altos, en especial en los países desarrollados, lo que afecta los
intereses del Estado colombiano y los vuelve inalcanzables para las pequeñas y
medianas empresas, hecho este último que confirma una de las características
más repudiables del “libre comercio”: la naturaleza plutocrática de las
concepciones y de las prácticas que lo animan.
Ante
el grave atentado de este capítulo en contra de la soberanía y el interés
nacional, ¿cómo podrá argüir Álvaro Uribe Vélez que sí cumplió con el mandato
constitucional de defender los intereses de los colombianos en sus relaciones
con los extranjeros?
9.
SIN DIRECCIÓN ECONÓMICA NI DEFENSA EN LAS CRISIS(20)
De
acuerdo con la Anif y Fedesarrollo, a las que podrá acusarse de otras cosas
menos de desafectas al “libre comercio”,
“la
integración de los mercados de capitales con países desarrollados conlleva
riesgos para los países en desarrollo. La literatura ha identificado posibles
costos para este tipo de países, que surgen principalmente de cuatro aspectos:
I) aumento de la volatilidad de los mercados de capitales: mayor
susceptibilidad a los shocks externos; exceso de volatilidad en el precio de
los activos a través de comportamientos en manada de inversionistas extranjeros
o de efectos contagio; II) aumento de la vulnerabilidad a las crisis
financieras: el comportamiento en manada puede aumentar la probabilidad o la
magnitud de las “burbujas” del mercado, incrementando los precios de los
valores por encima de los subyacentes, seguido por una inevitable crisis del
mercado); III) preocupación por el aumento de la propiedad extranjera de las
firmas domésticas: los intereses de los accionistas extranjeros (hacer
ganancias de capital de corto plazo) pueden ir en contravía de los intereses de
crecimiento de las firmas en el largo plazo y del desarrollo del país; y IV)
limitaciones en la capacidad de monitoreo y supervisión: la globalización puede
reducir la efectividad del monitoreo y supervisión de los intermediarios
financieros y que puede inducir riesgos sistémicos”(21).
Un
incauto podría concluir que Colombia, entonces, no avanzará en la integración
del mercado de capitales con Estados Unidos. Pero alguien que no lo sea
deducirá que, precisamente porque así son las cosas, sí lo hará, conjetura que
tendría a su favor lo dicho a los largo de este texto. Y que ello será así es
lo que establecen los capítulos de inversiones y servicios financieros, al
igual que el de comercio transfronterizo de servicios.
El
TLC confirma las decisiones neoliberales de la década de 1990 en relación con
los derechos de los inversionistas extranjeros en el sector financiero
–confiriéndoles trato nacional y de nación más favorecida, en este caso, a los
estadounidenses–, prerrogativa que apunta a hacerlas irreversibles. Y avanza en
otras nuevas, en especial las planteadas como actividades transfronterizas de
servicios bancarios y de seguros. El Tratado les concede, además, poder operar
en Colombia sin necesidad de crear filiales, pues les bastará con una sucursal
de sus monopolios financieros, figura con la que podrán actuar a costos menores
y con escasas responsabilidades, en detrimento de la capacidad de competencia
de los bancos y compañías de seguros instalados en el país.
Además,
el gobierno de Colombia acordó que, a más tardar en cuatro años luego de entrar
en vigor el TLC, modificará sus normas sobre administración de cartera,
establecimiento de sucursales bancarias y de aseguradoras y consumo
transfronterizo de servicios de seguros y relacionados con estos. Y en ese
mismo plazo deberá conceder otras prerrogativas sobre los fondos de pensiones y
cesantías, cambios que conducirán, sumados a los derechos como inversionista, a
mejorarle las condiciones al capital financiero estadounidense para la toma del
sector.
Con
estos cambios, desde Colombia se podrán comprar en Estados Unidos todos los
ramos de seguros, exceptuando los que sean obligatorios, los del tipo prepago
en salud y los que tengan como beneficiario al Estado.
Se
le entrega así, del todo, al capital extranjero la potestad de tomarse el
ahorro nacional en su beneficio, paso que aumenta las prácticas que dolarizan
la economía y que puede llevar a su dolarización definitiva, con la consecuente
pérdida de otro de los elementos constitutivos de la independencia y la
soberanía frente a los poderes extranjeros.
Lo
negativo de entregarles a los extranjeros el control del ahorro nacional no es
grave solo por lo que ello significa en la pérdida de la orientación soberana
de la economía de un país. En palabras del ciudadano estadounidense George
Soros, conocido lince internacional de las finanzas, “Permitir que los bancos
extranjeros entren en los mercados nacionales es un asunto totalmente distinto.
Es probable que se lleven la mejor parte de todo el mercado donde disfrutan de
ventajas competitivas y que dejen a los negocios minoristas menos rentables sin
existencias”.
Además,
y como también era de esperarse, el TLC le concede un conjunto de nuevas
gabelas al capital financiero estadounidense, incluso a sus formas más
descaradamente especulativas, pues no en vano es este el tipo de capital que
lleva más de un siglo consolidando su preponderancia sobre todas las demás
formas y poniéndole su impronta a la economía mundial. El Tratado, por tanto,
les da trato de inversiones a lo que son meros actos de especulación financiera
de capitales que van y vienen de país en país a la caza de mayores tasas de
interés, vaivenes que suelen hacerles graves daños a las economías de los
países, pues es definitivamente falso sostener que siempre y en cualquier caso
todo capital extranjero es bienvenido, como lo pretende santificar el “libre
comercio”.
A
manera de ejemplo, se sabe que inversiones de portafolio en exceso pueden
revaluar la moneda del país “favorecido”, lo que golpea, al mismo tiempo, a
quienes producen para el mercado interno y a quienes producen para exportar,
pues dicha revaluación encarece las exportaciones y abarata las importaciones.
Y porque la salida del país de los llamados “capitales golondrina” provoca
devaluaciones abruptas que también de forma abrupta y exorbitante encarecen las
deudas públicas y privadas. Otra situación que pone en duda la idea de que toda
inversión extranjera es positiva para los colombianos es la que, como ocurrió
con Bavaria, no le agrega ni un peso de inversión real al país, pues lo único
que hay es el traspaso de la propiedad de una empresa ya existente de un
nacional a un extranjero, intercambio que en el “libre comercio” lleva
implícito el derecho del inversionista a sacar de Colombia, en cualquier
momento y en cualquier circunstancia, incluso en la mayor crisis de balanza de
pagos, las utilidades de su inversión.
Es
notorio, entonces, que la libertad que se les confiere con el TLC a los
especuladores financieros estadounidenses, y a través de estos a los de todo el
mundo, de hacer ganancias sin importar el daño que le causen a Colombia, le
impone, además, elevados costos a la capacidad del gobierno para intervenir
adecuadamente en la fijación de dos precios que afectan de manera decisiva a
toda la economía: la tasa de interés y el costo de las divisas, cuyos
movimientos al alza o a la baja determinan en la suerte de los negocios
agropecuarios e industriales más que muchas de las decisiones que toman los
mismos productores. De ahí que ya bastante literatura económica, incluida la de
partidarios del “libre comercio”, señale los perjuicios que les provoca a los
países igualar las inversiones foráneas en bienes y servicios con las de
portafolio.
Así,
el artículo 10.9 incluye entre las inversiones cubiertas por el TLC los “bonos,
obligaciones, otros instrumentos de deuda y préstamos” y entre las
transferencias de recursos al exterior que se garantizan se cuentan casi todas
sus formas, incluidos “intereses” y pagos por “un convenio de préstamo”,
transferencias que podrán hacerse incluso en las peores circunstancias de
crisis y, como es obvio, a grandes costos para la nación, cuando es evidente la
desproporción implícita en medidas que imponen tratar casi de la misma manera
los períodos normales que los anormales. Y el TLC no solo contempla la
protección de la deuda privada sino de toda la pública, porque el único
endeudamiento externo que no quedó protegido fue el bilateral entre los
gobiernos de Estados Unidos y Colombia.
Los
alegatos de los “negociadores” en el sentido de que el Anexo 10-E dota a
Colombia de los instrumentos legales para atender con suficiencia situaciones
de crisis son falsos, porque cualquiera puede constatar que, cuando mucho, si
es cierta la interpretación que le da el gobierno nacional a una redacción en
extremo imprecisa, dichos mecanismos solo podrán aplicarse por un año. ¿Y quien
ha dicho que ese período, incluso aceptando una interpretación bien discutible,
es siempre suficiente para atender un problema que puede alargarse y que, para
peor, puede no tener origen en las decisiones del gobierno colombiano sino en
las del estadounidense? Para completar, el mismo anexo exceptúa de los
controles por un año los “pagos o transferencias de transacciones corrientes”,
los “asociados con inversiones en el capital de sociedades” y buena parte de
los “pagos provenientes de préstamos o bonos”, es decir, los suficientes para
convertir la supuesta excepción en una burla.
Lo
que establece el TLC es que Colombia renunció a tener una precisa cláusula de
balanza de pagos, norma que aparece en los artículos XII y XVIII de la OMC, en
el XII del G-3 (acuerdo con México y Venezuela) y en la Decisión 439 (artículo
20, capítulo VII) de la Comunidad Andina. Es tal la agresión que se pretende
cometer contra el interés nacional, que hasta en el Convenio Constitutivo del
FMI aparecen configuradas esas garantías.
En
consecuencia, el TLC convierte al Estado colombiano en una especie de
minusválido, carente en lo fundamental de poder discrecional para controlar los
movimientos de divisas incluso en los peores momentos, a pesar de que estos
pueden generar en las crisis internacionales auténticos tsunamis económicos de
gravísimas consecuencias para los países, en particular para los débiles. Y si
el país queda casi del todo desprovisto de las facilidades que le otorgan las
cláusulas de balanza de pagos, ¿con qué instrumentos deberá enfrentar las
crisis que pueden presentársele en relación con las reservas de divisas, los
pagos de deuda, la relación entre importaciones y exportaciones, las tasas de
interés y el precio de las monedas, crisis que en la globalización neoliberal
son tan seguras como la gran corrupción que la acompaña? Pues dejando que las
llamadas fuerzas del mercado operen en beneficio de especuladores extranjeros
para que salgan indemnes en absoluto, sin importar cuanto desempleo, pobreza y
hambre deban sufrir los colombianos. De ahí que la receta preferida por los
neoliberales para reestablecer el equilibrio entre ingresos y egresos externos
consista en disminuir el consumo nacional a fin de reducir las importaciones,
medida draconiana que equivale a incrementar la pobreza hasta donde sea
necesario.
Como
los neoliberales criollos arguyen que varias de las medidas que se critican
están siendo aplicadas en Colombia, hay que decirles entonces que eso ocurre
porque se está en el peor de los gobiernos, pero que lo nuevo con el TLC reside
en que ellas se hacen irreversibles o que su modificación queda sujeta al
permiso de Washington. Y es obvio que no es igual la amenaza de una medida que
puede revertirse a voluntad a una que no, al igual que también es patente que
lo que se impone con el Tratado es abdicar de la soberanía nacional en asuntos
que para la nación son intangibles, por lo que es de principios su plena
salvaguarda. Todos los días, pero en especial en las crisis que, como se ha
dicho, son periódicas en el capitalismo, Colombia pagará con pérdidas y
sufrimientos, si el TLC entra en vigencia, la decisión de Álvaro Uribe Vélez de
aumentar la coyunda que somete el país al dominio extranjero y le reduce su
naturaleza de Estado soberano.
(20)
Sobre estos asuntos pueden leerse distintos análisis de Helena Villamizar y en
especial su texto TLC: expropiación de la política económica, próximo a
aparecer en libro de editado por Recalca..
(21)
Anif y Fedesarrollo, “Preparación para las Negociaciones Comerciales en el Área
de Servicios Financieros”, Abril de 2004.
10.
ASALTO A LAS TELECOMUNICACIONES
Con
este capítulo se establece que las empresas colombianas de telecomunicaciones,
muchas de ellas de carácter oficial (Telecom se privatizó a precio de quema
cuando ya se sabía qué era lo que Estados Unidos iba a imponer en el TLC en
este aspecto), tendrán que alquilarle a los negociantes estadounidenses sus
equipos y sus redes para que les hagan competencia y, además, tendrán que
hacerlo a menos precio o, como dicen con sus eufemismos, “en términos,
condiciones y tarifas que sean razonables”, es decir, “orientadas a costos”
operacionales y no a los de montar la infraestructura. ¿Qué diría un
propietario de una trasnacional si lo obligaran a alquilarle su empresa a un
competidor y, como si fuera poco, a cobrar por su uso lo que le fije aquel que
será su contrincante? Y los que se beneficiarán por el uso de los equipos
colombianos podrán ser empresas estadounidenses de telecomunicaciones o
vulgares revendedores de servicios que ni siquiera tendrán que instalarse en
Colombia, porque podrán operar desde Estados Unidos, otra gabela oculta tras el
pomposo nombre de comercio transfronterizo de servicios.
Para
dejar más claro en beneficio de quién se establece el TLC, de estas normas se
exceptúa la telefonía móvil, como se sabe bajo el control de las
trasnacionales, y se señala que en este caso no se aplicará el capítulo de
solución de controversias al artículo 13.2, opuesto a las prácticas
monopolísticas. ¿Alguien puede dudar de cuál será la tendencia en las tarifas
una vez “el libre comercio” haya concluido su labor de convertir en monopolio
privado lo que ha sido monopolio público?
El
truco contra el interés nacional de Colombia es fácil de reconocer y empezó a
darse desde que entraron en vigencia los criterios del “libre comercio” en el
país, los mismos que se aumentarán con el TLC. Como no existía ninguna
posibilidad de que una trasnacional pudiera vencer a las empresas estatales de
las telecomunicaciones si, simplemente, se dejaba funcionar la competencia,
entonces han utilizado, y van a seguir utilizando, el poder de las
determinaciones estatales, no en beneficio de la nación colombiana que se
supone es la beneficiaria del Estado, sino de los negociantes extranjeros.
Pasos en esta dirección fueron haber excluido del negocio de la telefonía móvil
a Telecom y haberla obligado a alquilar baratos sus equipos a dos competidores,
decisión que como era de esperarse lesionó sus finanzas. La posterior
privatización fue otro paso en beneficio del capital extranjero, el bajísimo
precio de venta también tiene explicación en que ya era conocido que el TLC le
quebrantaría más los ingresos y su enajenación se vincula con dicho Tratado de
otra manera: en el texto de este se establece que una empresa estatal no podrá
ser, al mismo tiempo, oferente del servicio de telecomunicaciones y regulador
del sector, como en parte era Telecom, porque dicen que ello hace que el Estado
cometa el crimen de ser juez y parte, como si pudieran igualarse las
prerrogativas que debe tener el Estado, incluso el peor, con las de cualquier
vulgar mercachifle en trance de enriquecerse, y para más indignidad,
extranjero.
En
análisis efectuados por Empresas Públicas de Medellín (EPM) sobre lo que
significará este capítulo del TLC se dice que “se acomoda perfectamente a las
exigencias” de Estados Unidos, hasta el punto de contener cláusulas de
desagregación de las redes que acaba de echar atrás la Federal Communications
Commision, de donde concluye: “El capítulo de telecomunicaciones no es solo de
adhesión sino que además es más oneroso para los operadores colombianos que las
mismas circunstancias aplicadas en USA a sus operadores” (11 de noviembre de
2005). Sobre las consecuencias de lo acordado explica: “Se podría inundar el
país de operadores virtuales de telecomunicaciones, que operando en USA,
presten servicios de larga distancia, transmisión de datos, internet y correo
electrónico, incrementando posiblemente los ingresos del sector, pero desviando
la facturación hacia Estados Unidos”. Entre las consecuencias negativas
aparecen el “descreme” del mercado, es decir, que los estadounidenses se queden
con los mejores clientes colombianos, y que, además, las pérdidas para el
Estado por menores impuestos lleguen a miles de millones de pesos, parte de los
cuales financian la telefonía social (6 de diciembre de 2005). Y es
especialmente grave que el alquiler de los equipos con tarifas “orientadas a
los costos” termine por generar la baja en la inversión y el atraso
tecnológico, según se lo explicó el alcalde de Medellín al Presidente Uribe
Vélez (16 de enero de 2006).
En
consecuencia, además, constituye una maniobra que el ministro Botero, en Carta
al Congreso, se ufane de que no habrá privatización de las telecomunicaciones
porque en el TLC ninguna norma la ordena, cuando, en los hechos, otras de sus
disposiciones sí la inducen.
De
poco le servirá a Álvaro Uribe que la mayoría que conforman sus partidarios en
la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, la instancia
competente para juzgarlo, termine por hacer caso omiso de las fehacientes
pruebas en su contra y opte por absolverlo, pues si así ocurre, otra cosa dirá
tarde que temprano la opinión pública informada y, con ella, de manera
inevitable y severa, la historia.
11.
TAMBIÉN ACAPARARÁN LAS COMPRAS PÚBLICAS
Otro
de los instrumentos consuetudinarios del desarrollo de los países ha sido el
empleo de la soberanía nacional para establecer requisitos en la contratación
pública, de manera que se favorezca el interés nacional por la vía de preferir
a los nacionales frente a los extranjeros o mediante el estímulo a sectores
económicos seleccionados. Unos ejemplos: definir que en una licitación oficial
solo puedan participar los ciudadanos del país o que deban usarse determinados
insumos originarios de empresas localizadas en su territorio, son maneras de
estimular la acumulación de la riqueza y la producción internas. Tan cierto es
esto como instrumento del desarrollo que, como se verá, aunque el TLC se dirige
contra esas prerrogativas, no puede menos de mantenerlas en algunos casos. Este
es, además, otro aspecto en el cual el acuerdo con Estados Unidos empeora lo
acordado en la OMC, pues en ella muchos países no han suscrito el capítulo de
compras públicas. Y también se confirma que, con la falacia de la igualdad entre
las partes, en los hechos se les otorgan a los estadounidenses en Colombia más
posibilidades que a los colombianos en Estados Unidos, por la simple razón del
mayor poder económico de los empresarios estadounidenses.
Aunque
los detalles de este artículo también superan los propósitos de la presente
acusación, sí debe explicarse que dentro de las compras públicas se incluyen
mercancías y servicios en compra, alquiler, construcción, operación,
transferencia y concesión, con algunas particularidades y excepciones que no
alcanzan a desvirtuar que de lo que se trata es de facilitarles a los
estadounidenses sus negocios en Colombia, mediante el mismo concepto del trato
nacional, el cual señala que los vendedores estadounidenses no podrán tener
condiciones menos favorables que las otorgadas a los colombianos.
El
articulado, además, explica que cubre licitaciones y compras directas y
reglamenta con minucioso detalle cómo es que operarán las adquisiciones, de
manera que se haga difícil o imposible evadir, a favor de los colombianos, las
normas acordadas, hasta establecer un Comité sobre Contratación Pública
(Artículo 9.15) constituido por representantes de las Partes y que las
impugnaciones deberán tramitarse ante autoridades imparciales e independientes
de las entidades contratantes (artículo 9.11). En los textos del Tratado
publicados por el Ministerio de Comercio de Colombia aparece una carta adjunta
en la que se dice que para los efectos de ser imparciales e independientes
sirven el Consejo de Estado y el Tribunal Contencioso Administrativo (párrafo 1
de 9.11) y la Procuraduría (párrafo 3 artículo 9.11) de Colombia, pero como el
documento no lleva la firma de ningún funcionario de Estados Unidos, pone en
duda si, al final, será parte del acuerdo. En el capítulo se establece, además,
que opera para las entidades del gobierno central de Colombia y, con algunas
particularidades, también debe aplicarse a las gobernaciones.
Como
gran gracia, los partidarios del TLC –y entre ellos el director de la Acopi,
uno que no debiera serlo si pensara en los intereses de sus afiliados– han
celebrado que el capítulo no se aplica a las compras públicas iguales o
inferiores a 125 mil dólares (312 millones de pesos), porque por debajo de esa
cifra se pueden reservar las compras para empresas nacionales. Pero dicha
cifra, por pequeña, antes que demostrar lo positivo del texto confirma lo
negativo, al dejar en evidencia lo que deberán perder las empresas colombianas
frente a las trasnacionales estadounidenses que las reemplazarán en sus ventas
al Estado en casi todo tipo de bienes y servicios(22). Que Estados Unidos haya
reservado para sus nacionales las compras públicas hasta 100 mil dólares confirma
el carácter arrodillado del gobierno de Colombia, porque a quién se le puede
ocurrir que tienen carácter igualitario la reserva de hasta 125 mil dólares de
compras del Estado colombiano frente a los 100 mil del estadounidense, habida
cuenta de todas las desigualdades que hay de por medio.
Para
completar la discriminación en contra de Colombia, y confirmando el papel de
las compras públicas como un instrumento clave de los desarrollos nacionales,
Estados Unidos excluyó de la eliminación de los aranceles a los alimentos
colombianos en las cuantiosas licitaciones que realiza el gobierno de ese país.
Este
capítulo es otra prueba más, y bien fácil de comprender, de cómo el TLC le
arrebata a la nación otro de esos instrumentos clásicos de la construcción
económica de los países capitalistas exitosos y de que Álvaro Uribe Vélez, en
lugar de fomentar los intereses nacionales en su condición de representante
legal de ellos, resolvió facilitar que Estados Unidos los vulnerara.
(22)
En el caso de las obras públicas (construcción, operación, concesión y
transferencia) lo reservado para los nacionales será de ocho millones de
dólares en los tres primeros años y de 7,4 millones después.
12.
DEMAGOGIA Y DETERIORO AMBIENTAL
El
primer punto del balance ambiental de un país debe ser el del nivel de vida de
las gentes, que a su vez depende del empleo, el ingreso, la salud, la
educación, la recreación, la vivienda y los servicios públicos domiciliarios,
entre otros, condiciones relacionadas con la cantidad de riqueza que genere la
sociedad y con la manera como esta se distribuya. Y el análisis muestra que el
TLC reducirá la capacidad productiva de Colombia y que generará desempleo y
pobreza, concentrando aún más la riqueza, como ha sucedido desde que empezaron
las políticas del “libre comercio”.
Además,
la pobreza es uno de los principales factores del deterioro del medio ambiente
natural, en razón de que cuidarlo es para el pobre un lujo insostenible. Y
también lo deteriora convertir la codicia en el principal valor para movilizar
a los individuos, porque en la práctica tras la ganancia “todo vale”,
concepción que arremete contra la sociedad y el medio ambiente y que,
eufemismos aparte, es la raíz ideológica de la globalización neoliberal. Y
convertir a Colombia cada vez más en una colonia de Estados Unidos amenaza de
manera especial el cuidado del medio ambiente, pues si algo caracteriza a los
imperios, y a las trasnacionales a las que les sirven, es que en el extranjero
son capaces de imponer medidas y conductas tan reaccionarias que ni siquiera se
atreven a ponerlas en práctica en su propio país (recuérdense los presos de
Estados Unidos en Guantánamo). En este caso ni siquiera cabría la posibilidad
de sindicarlos de estúpidos por usar sus capitales para dañar la propia casa,
pues el agredido será un territorio diferente al que habitan, lo cual les
facilita presionar medidas dañinas para los colombianos, bien sea porque
protejan poco el medio ambiente o porque lo hagan en exceso, dependiendo de si
a los inversionistas les conviene una u otra cosa, según tengan como negocio,
por ejemplo, la minería o la biodiversidad.
Aunque
no lo dice por cuanto, como se dijo, el TLC utiliza un sistema de aspectos
cubiertos en el que lo único que no se incluye es lo que expresamente se
exceptúa, sus normas cubren el agua, los bosques, los páramos, los alimentos y
los mares, así como toda la vida animal y vegetal, los cuales serán tratados
como otros bienes o servicios. Así, por ejemplo, el agua resulta ser igual al
petróleo, los alimentos al carbón, la vida vegetal a los zapatos y las
medicinas a las sillas: negocios, solo y vulgares negocios en los que el
interés de los colombianos tendrá que supeditarse a la insondable codicia de
los propietarios de las trasnacionales, incluido, como se sabe, el derecho de
privatizarlo todo mediante venta, arrendamiento o concesión.
En
contraste, la idea inicial que surge de la primera lectura del capítulo sobre
medio ambiente del TLC es que expresa una debida preocupación porque se respete
y se cuide. Pero con el análisis de lo que dice y lo que calla, se concluye que
no es más que un estilo calculado para inducir al error al lector.
El
texto empieza con el eufemismo del “desarrollo sostenible” (que ha servido para
justificar cualquier cosa), pero deja bien establecido que la política
ambiental debe ser compatible con las prácticas y las orientaciones comerciales
y, ahora sí, le reconoce a cada parte signataria el derecho soberano a
establecer su propia legislación ambiental, legislación que puede ser
cualquiera porque en el Tratado no se acuerda absolutamente nada al respecto. Y
ante la obvia preocupación de las gentes con concepciones democráticas de que
el TLC convierta la normativa ambiental, rebajándola, en un mecanismo para
atraer inversionistas, aparece un artículo, el 18.2, que al tiempo que da la
impresión de que ello no podrá suceder, lo autoriza de manera expresa, aun
cuando lo hace mediante ese lenguaje turbio que se emplea a todo lo largo del
texto. Allí se dice, incluso, que las partes pueden asignar recursos destinados
a fiscalizar el cumplimiento de las normas ambientales, pero que ello debe
reflejar un “ejercicio razonable de tal discrecionalidad” y que debe ser una
“decisión adoptada de buena fe” (?!). El acuerdo, como gran cosa, reconoce como
“inapropiado” disminuir la legislación ambiental para conseguir negocios y dice
que cada parte “procurará” no emplear ese estilo para atraer inversionistas,
como si el “inapropiado” y el “procurará” fueran palabras que obligaran a algo.
Y el artículo también le permite a Estados Unidos, precisamente el que inducirá
el deterioro del medio ambiente, lavarse las manos al establecer que ninguna de
las partes queda facultada “para hacer cumplir la legislación ambiental en el
territorio de la otra parte”.
En
el artículo 18.10 del TLC, sobre biodiversidad, también aparece ese lenguaje
melifluo que se propone engañar al lector, en este caso trasmitiendo la idea de
que se va a proteger el interés de Colombia, cuando lo que el texto hace es
dejarle las puertas abiertas a la biopiratería, consistente en que las
trasnacionales se apoderan del material genético nacional y a partir de este
producen y patentan bienes por los que no le pagan ningún derecho al país
saqueado. Y también constituye palabrería lo que dice el texto con respecto a
los derechos de los pueblos indígenas sobre sus conocimientos tradicionales,
pues estos no quedan salvaguardados de ninguna manera. Incluso, la carta
adjunta que al respecto publica el Ministerio de Comercio, con todo y que es
demagógica porque no le otorga ningún poder real a nadie para defender a los
aborígenes ni garantizar el control sobre la biodiversidad, no aparece firmada
por ningún representante de Estados Unidos. ¿Será confirmada o desechada por el
Congreso de Estados Unidos, donde suelen modificarles a los TLC tramitados lo
que se les antoja?
Pero
vale repetir que el TLC le ordena a Colombia ratificar o adherir a diez
acuerdos internacionales, entre los que están los siguientes relativos a
derechos de propiedad intelectual relacionados con plantas y animales: Tratado
de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de
Microorganismos para los fines del Procedimiento en Materias de Patentes,
Tratado de Cooperación en Materia de Patentes. Convenio Internacional para la
protección de las Obtenciones Vegetales (Convenio UPOV) y Tratado sobre el
Derecho de Patentes. Y recordar que el artículo 16.9.4 ordena que “una Parte
que no otorgue protección mediante patentes a plantas a la fecha de entrada en
vigor de este acuerdo, realizará todos los esfuerzos razonables para permitir
dicha protección mediante patentes”.
Un
manera sencilla de entender esta agresión contra Colombia consiste en tener en
cuenta que los derechos sobre la biodiversidad y los relativos a las
comunidades indígenas están protegidos en las normas andinas 486 y 391 y en el
Convenio de Diversidad Biológica, del cual el país es signatario y Estados
Unidos, no, convenio que la Casa Blanca no aceptó siquiera discutir en las
“negociaciones”. Y con respecto a las normas andinas, sobre las cuales el
ministro de Comercio de Colombia ha intentado engañar sugiriendo que se aplican
a los TLC suscritos con Estados Unidos, hay que decir que ello no es cierto,
porque estas solo tendrán aplicación –son sus palabras– “entre los países
miembros”, pero, como es obvio, no de los TLC sino de la CAN. De ahí que Efraín
Olarte Olarte explicara:
“1)
Los recursos genéticos colombianos no serán inalienables, imprescriptibles e
inembargables: esto solo opera para la CAN. 2) Colombia, ante E.E.U.U., no
podrá ejercer soberanía sobre sus recursos genéticos patentados en los
laboratorios de USA: esto solo opera para la CAN. 3) Los recursos genéticos y
sus productos derivados no serán patrimonio de nuestra nación: esto solo opera
para la CAN. 4) E.E.U.U. no está obligado a reconocer la capacidad de decidir
de nuestras comunidades indígenas, afroamericanas y campesinas sobre los
recursos genéticos del país: esto solo opera para la CAN. 5) E.E.U.U. queda
exento de la prohibición de patentar, o mejor dicho, puede patentar las
plantas, los animales y los procedimientos especialmente biológicos para la
producción de plantas o animales(23)”
Por
si alguien duda aún de que el TLC santifica la biopiratería, en el aparte de
medidas disconformes, donde hubiera podido aparecer el derecho de Colombia a
esgrimirle a Estados Unidos las normas andinas sobre el tema, no se hizo. Lo
que sí se estableció fue el minúsculo derecho de que cuando un estadounidense
adelante investigaciones en diversidad biológica en el territorio de Colombia
deberá involucrar a uno o más investigadores colombianos, pero advirtiendo que
la medida no significa tener que llegar a acuerdos con dichos investigadores
“con respecto a los derechos sobre la investigación o el análisis”. No es
casual, por supuesto, que el TLC no le garantice nada al país propietario de la
biodiversidad, en tanto que sobre la propiedad de los restantes bienes o
servicios sean tan meticulosas las normas que protegen a sus propietarios. Pues
es bien sabido que el inmenso banco genético colombiano es muy superior al de
Estados Unidos y que, en contraste, la biopiratería la monopolizan las
trasnacionales, y en parte principalísima las estadounidenses. ¡Cómo no
recordar que la piratería en las Antillas, en los días de los imperios
coloniales, fue legal y respetada mientras le resultó conveniente a la Corona
inglesa!
Para
coronar ese estilo demagógico que además oculta verdades hay un último
artículo, el 18.12, que relaciona el TLC con los acuerdos internacionales sobre
medio ambiente. El artículo, como si ello fuera útil, “reconoce la importancia”
de los tratados, pero si ”todos son parte”, es decir, Colombia y Estados
Unidos, fórmula sibilina como la que más porque no compromete a nada y sí
esconde que Estados Unidos es uno de los países que menos acuerdos sobre medio
ambiente ha suscrito en el mundo, como ocurre con el Convenio de Basilea sobre
el Control de los Movimientos Transfronterizos de Desechos Peligrosos, negocio
que consiste en que los imperios convierten en basureros de venenos a los
países satélites. Y el Artículo 2.8, en combinación con el anexo 2.2, compromete
a Colombia a permitir la importación al país de residuos (incluidos peligrosos
y tóxicos), de acuerdo con la Resolución 001 del 2 de enero de 1993, la cual es
precisa en estipular que en ciertos casos pueden establecerse licencias para la
importación, pero que estas solo podrán negarse cuando haya “producción
nacional registrada suficiente y competitiva en términos de precios, calidad y
oportunidad de entrega”. ¡Las importaciones de desechos de cualquier tipo
tratadas como si fueran de automóviles sin usar de más de dos años de
fabricados, porque a estos se les aplica la misma resolución!
Y la
experiencia del TLC entre México, Canadá y Estados Unidos muestra que las
demandas por expropiación indirecta han sido corrientes en reclamos
relacionados con el medio ambiente. En efecto, y para mencionar solo un caso,
Canadá perdió 4,8 millones de dólares con la empresa estadounidense S.D. Meyers
por haber prohibido una importación de policlorobifenilos (PCB), ¡a pesar de
que dicha prohibición se la autorizaba el Convenio de Basilea(24)!
(23)
“Los acuerdos ocultos del TLC”, en La otra verdad, Nº 017, agosto de 2006.
(24)
Public Citizen, Capítulo 11 del TLCAN y los litigios de inversionistas contra
Estados, octubre de 2005.
13.
A ABARATAR MÁS EL TRABAJO
Como
era de esperarse, y al igual que en el caso del medio ambiente, el TLC contiene
un capítulo de asuntos laborales, pues ¡cómo no cuidarse de que se les achaque
despreocupación por la suerte de los trabajadores! Pero el primer problema que
tiene el Imperio para convencer al respecto es que el Tratado no contiene el
derecho de los trabajadores colombianos de irse a laborar a Estados Unidos, que
debería ser el primer derecho consecuente con el que se les otorga al capital,
a las mercancías y a los monopolistas de ir y venir, con toda libertad, de
Estados Unidos a Colombia y viceversa. Como en otros temas, Estados Unidos ni
siquiera permitió que este aspecto hiciera parte de las conversaciones,
seguramente porque cualquier ciudadano de ese país puede venir a Colombia sin
que medien visas y, principalmente, porque ni este ni ninguno de los otros TLC
que tramita la Casa Blanca, ni el Alca en su momento, tienen como objetivo
constituir un continente en el que todos los países disfruten de niveles de
vida relativamente altos y similares. Por el contrario, la decisión
estadounidense de construir un enorme muro de centenares de kilómetros en la
frontera con México para impedir que los millones de hambreados por el “libre
comercio” en el continente busquen mejor fortuna en Estados Unidos demuestra
que en la América que auspician en una parte se amontonará la riqueza y en otra
la pobreza. En este aspecto sí que no se parecen en nada estos tratados al que
constituyó a la Unión Europea, así despistados y manipuladores los presenten
como semejantes.
Con
un texto idéntico al ya comentado del capítulo de medio ambiente, el de asuntos
laborales también hace demagogia sobre la estabilidad de las normas para que
estas no se empeoren con el objetivo de conseguir negocios, pero abre todas las
posibilidades para que así ocurra. Aquí aparece, como en aquel, la misma
sospechosa redacción que señala que las partes pueden incrementar sus recursos
para fiscalizar el cumplimiento de la legislación, pero que ello debe reflejar
un “ejercicio razonable de tal discrecionalidad” y que debe ser una “decisión
adoptada de buena fe” (?!). También utiliza el alcahuete término “inapropiado”
para juzgar el cambio de las normas y el tramposo “procurará” que ello no
suceda, con lo que le da el pase a cualquier modificación. E igualmente
especifica que ninguna parte queda facultada “para hacer cumplir la legislación
laboral en el territorio de la otra”.
Este
intento de manipular al lector, que aparece exacto en los capítulos de medio
ambiente y laboral, destapa un hecho medular e inevitable de los TLC: el precio
de la mano de obra debe disminuir y los cuidados ambientales empeorar, aun
cuando digan lo contrario. Porque entregadas casi regaladas las materias primas
mineras a los extranjeros, traspasada la propiedad pública a menos precio a las
trasnacionales y tomada la decisión de reducirles a poco o a nada sus
impuestos, ¿con qué otra cosa van a competir entre sí estos países para atraer
a los inversionistas de Estados Unidos que se supone van a reemplazar la
capacidad nacional de generar ahorro que destruye el “libre comercio”? ¿Y no
muestra la experiencia nacional e internacional que uno de los fundamentos del
“libre comercio” es el empeoramiento de las condiciones laborales, situación a
la que se ha llegado mediante modificaciones legales y el desconocimiento
práctico de las garantías sindicales establecidas en las leyes?
Al
final del capítulo se precisa que cuando se habla de salarios mínimos no se
refiere a que deben mantenerse los actuales, sino al “nivel del salario mínimo
general establecido” por cada país (artículo 17.7), nivel que cada uno podrá
poner donde le plazca. Y ya hay documentos del Banco Mundial, avalados por el
gobierno de Colombia, que señalan que el salario mínimo colombiano debe
reducirse más, como una manera de “adecuar” el país al “libre comercio”. ¿No se
despidió el ex director de Planeación Nacional, antes de irse trabajar a sueldo
en el BID, con declaraciones en las que propuso un salario mínimo inferior al
actual y que el rural fuera menor que el urbano? Bien sea porque se violen las
leyes o porque se modifiquen, si el TLC entra en vigencia caerán los salarios y
los demás derechos laborales de los colombianos, salvo que una lucha social de
enormes proporciones lo impida, pues de ese envilecimiento, hay que reiterarlo,
depende la capacidad de los empresarios para exportar o para defenderse de las importaciones
y para atraer el capital extranjero.
¿No
se pone contra su patria un Presidente de la República que pacta un acuerdo con
una potencia extranjera que, de manera oculta, impone, en la práctica y como
tendencia inexorable, competir con los bajos costos de la mano de obra nacional
y el deterioro del medio ambiente?
A
USA, pero por “el hueco”
Como
ya se dijo, el TLC no modificó la indigna relación que le permite a cualquier
estadounidense entrar a Colombia con solo lucir el pasaporte, mientras que
obliga a los colombianos del común a colarse por “el hueco” a ese país, ante la
imposibilidad de cumplir con las cada vez más difíciles condiciones que Estados
Unidos les impone a los latinoamericanos que desean viajar allí, incluso cuando
van de turistas. Además, solo por excepción puede un colombiano obtener una
visa de trabajo para laborar en el territorio del Imperio, derecho que se
otorga si así lo requiere el interés estadounidense. Y la condición se hace más
rígida cuando quien desea migrar sueña con trabajar en la profesión en la que
hizo estudios universitarios, porque aun cuando consiga la visa puede no lograr
la homologación de su título ni la licencia para trabajar en esa profesión en
Estados Unidos, licencia que tiene la dificultad adicional de que hay que
tramitarla estado por estado.
Y
aun cuando sobre las posibilidades de los profesionales colombianos que quieran
vivir y ejercer en Estados Unidos los neoliberales han creado ilusiones con el
TLC, lo cierto es que allí nada se estableció al respecto. El tema se trató en
el capítulo once, pero como “Comercio transfronterizo de servicios”, el cual,
para este caso, define los servicios profesionales como aquellos que
desarrollan personas que tienen títulos de nivel universitario y cuyo ejercicio
profesional exige de alguna autorización legal (matrículas, licencias, etc.). Y
lo transfronterizo significa que la profesión se ejerce en el territorio de una
parte y el servicio se presta en el de la otra, como sucede, por ejemplo, con
un plano arquitectónico que se realiza en Estados Unidos para una construcción
en Colombia o viceversa.
En
el capítulo se definió que los servicios transfronterizos podrán prestarse con
la misma condición del llamado trato nacional, es decir, en igualdad de
condiciones en Colombia y en Estados Unidos para los ciudadanos de ambas
partes, pero no se estableció nada para el reconocimiento de los títulos y las
licencias, lo que significa que no quedó aprobada la prestación de dichos
servicios. A lo más que se llegó fue a pactar que se creará una comisión que
estudiará los casos de la ingeniería y la arquitectura (no se mencionan otros)
y como un asunto de las “licencias temporales” (hasta por tres años y pueden
ser o no renovables), pero sin que se obligue a llegar a acuerdos en ningún
plazo, luego podrá o no podrá darse este comercio transfronterizo, dependiendo
de lo que decida después, y como lo decida, el Imperio. Porque una vez Colombia
se sometió a todos los designios de este, ¿con qué fuerza podrá exigir que el
asunto se resuelva a su favor?
Y es
de advertir que si se llega a algún acuerdo sobre servicios profesionales
transfronterizos, se caería también en la figura de los derechos iguales para
las fuerzas desiguales, lo que podría significar más pérdidas que ganancias
para los colombianos.
14.
CULTURA, PERO LA DE LOS GLOBALIZADORES
Como
en parte sucede con el medio ambiente, el mayor efecto que el TLC le hace a la
cultura nacional es lesionarle su base económica, lo que debilita las
posibilidades de la Nación para elevar el nivel cultural al disminuirle su
capacidad para proveer y consumir las diversas manifestaciones de la cultura,
mediante la vinculación, y en las mejores condiciones, de muchos colombianos.
¿Cuántos literatos y pianistas puede haber en un país? Depende, en primer
término y aunque no sea la única explicación, del número de habitantes que
puedan comprar libros, periódicos y revistas y de la cantidad de pianos que
pueda pagarse la sociedad. Así, como es obvio, con cada manifestación de la
cultura, incluidas, y seguramente con mayor razón, sus expresiones populares.
Además, como las condiciones económicas nacionales también condicionan el gasto
del Estado en respaldo a la cultura, este también tiene como base lo que suceda
en la economía de la sociedad. Y si las concepciones ideológicas, como ocurre
con las neoliberales, pugnan por dejar que todo lo provean las fuerzas del
mercado, pues tanto peor, porque ello sirve de pretexto para rebajar el apoyo
oficial a este sector.
Son
evidentes las pérdidas de Colombia en el TLC en relación con el cine y la
televisión, pues si bien quedaron algunas excepciones que los diferencian del
resto de los servicios, de todas maneras el Imperio avanzó en desprotegerlos,
¡precisamente frente al inmenso poder que en este renglón tienen sus empresas
tanto dentro como fuera de Estados Unidos! Los magnates de ese país podrán
poseer el cuarenta por ciento de las sociedades concesionarias de la televisión
abierta y el cien por ciento de la televisión por cable, la cual, como se sabe,
será cada vez más importante. Además, a partir de 2010, se reducirá al 30 por
ciento (desde el 70 y el 50 por ciento) la producción nacional que tendrá que
pasarse por la televisión abierta entre semana, y no podrá aumentarse del
cincuenta por ciento dicha participación en los días sábados, domingos y
festivos. Y con respecto al cine nacional, no podrá imponerse más de un 15 por
ciento en salas y de un 10 por ciento en la televisión abierta. A quienes pueda
parecerles que estos porcentajes son suficientes para proteger el interés
nacional, en razón de la actual debilidad de estos sectores, hay que
recordarles que el TLC se diseñó para durar a perpetuidad y sin posibilidades
de modificarse sin permiso de Estados Unidos.
De
otra parte, los directores y gerentes de los periódicos colombianos tendrán que
ser nacionales de Colombia, pero los de los noticieros de radio y televisión,
no. Como es notorio por la limitación que se impone en la prensa escrita,
resalta lo que significa entregarles a ciudadanos extranjeros, cuyos intereses
por regla general son diferentes a los de los colombianos, la posibilidad de
orientar la información en radio y televisión.
Aparece
una reserva de protección para la marca Artesanías de Colombia, algo sobre
derechos de comunidades locales en relación con su patrimonio cultural
inmaterial, siempre que no se contradiga con las normas de propiedad
intelectual, y una medida disconforme sobre las relaciones culturales con otros
países diferentes de Estados Unidos. A este respecto, la medida disconforme 6
sobre “Industrias y actividades culturales” en relación con “Inversión y
comercio transfronterizo de servicios”, exceptúa de la aplicación del Tratado
cuatro artículos de trato nacional y nación más favorecida (10.3, 10.4, 11.2 y
11.3), en el sentido que Colombia podrá darle un trato especial a las
“industrias y actividades culturales” de otros países diferentes de Estados
Unidos “en materia de cooperación o coproducción cultural”.
En
ese mismo aparte se señala que las normas de trato nacional y Nación más
favorecida del capítulo de inversiones, al igual que el de comercio
transfronterizo de servicios, “no aplican a los ‘apoyos del gobierno’ para la
promoción de las industrias o las actividades culturales”, cláusula que puede
quedar en letra muerta si se consolidan las concepciones del “libre comercio”
en Colombia, tal y como lo muestra la eliminación de las extensiones
tributarias para este sector propuesta por el gobierno de Álvaro Uribe en la
reforma tributaria en trámite al momento de escribir este texto. ¡Que las
gentes de la cultura no bajen la guardia, pues las cosas podrían tornarse
peores de lo que ya son!
Si
algo es manifiesto del proceso de la globalización neoliberal, es que ella no
pugna por constituir una cultura universal con los mejores aportes de todas las
naciones, sobre la base de permitirles a estas desarrollarse de la mejor
manera, sino que pretende convertir en la cultura del globo las manifestaciones
culturales de los globalizadores, incluidas aquellas expresiones que no pasan
de ser la basura con que las trasnacionales del entretenimiento alienan
multitudes. Y aunque a la secta neoliberal le debe parecer absurdo defender que
la nación colombiana pueda, al mismo tiempo, nutrirse de lo mejor de la cultura
universal y aportarle a esta con amplitud y excelencia, en este aspecto también
entra en contradicción Álvaro Uribe con la ley al suscribir el TLC, pues la
cultura propia constituye otro pilar de la soberanía y la independencia de
Colombia, y estas son, a su vez, soportes de su progreso cultural.
15.
LA LEGALIDAD LOS MATA
El
título de este capítulo tiene que ver con la frase de Odilon Barrot, quien, en
el gobierno de Luis Bonaparte, en el siglo XIX, en Francia, exclamó: “La
legalidad nos mata”. Hacía referencia, de esta manera, a las leyes vigentes que
no les eran útiles a sus propósitos absolutistas, aun cuando hubieran sido
elaboradas por ellos mismos, por lo que apremiaba a pasárselas por la faja, tal
como ha venido ocurriendo en Colombia, donde los neoliberales pusieron como
norma la ausencia de normas, según la aguda observación de Francisco Mosquera.
Algo parecido le ocurre al uribismo con el TLC y la Constitución Política de
Colombia. Porque si bien en ella quedó establecido el norte del “libre
comercio” que habría de aplicarse hacia adelante –con determinaciones muy
precisas, por ejemplo, a favor de la privatización del sector público de la
economía y de los lineamientos que orientan al Banco de la República,
institución independiente de todo menos de la lógica del FMI–, también contiene
un conjunto de derechos y de criterios que pisotea el Tratado.
Aunque
cada quien, con sus análisis sobre el TLC y la Constitución, podrá establecer
los artículos vulnerados, los siguientes casos constituyen un listado, que no
agota el tema, de contradicciones antagónicas entre lo que estatuye la ley
fundamental y lo que quiere imponer la Casa Blanca, con la obsecuencia de
Álvaro Uribe Vélez.
Lo
primero es contar que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en fallo
histórico en respuesta a una acción popular en defensa de los derechos
colectivos de los ciudadanos violados por el TLC, le ordenó al Presidente de la
República, como medida cautelar, “abstenerse de la suscripción parcial o total,
y/o la refrendación de acuerdo alguno que resulte lesivo de los derechos
colectivos antes enunciados o de cualquiera otro que surja de conexidad con los
mismos”, entre los que destacó los relativos a la salud, el aprovechamiento de
los recursos naturales, los derechos de los campesinos y las comunidades
indígenas y el de la seguridad alimentaria, consagrados en los literales c),
f), i) y n) del artículo 4º de la ley 472 de 1998, así como en los artículos 8,
49, 65, 70, 71, 72, 78, 79 y 80 de la Constitución Política.
El
Tribunal explicó:
“se
considerarán dañinas para los derechos colectivos las cláusulas del Tratado en
discusión que impongan obligaciones a Colombia en los aspectos anteriormente
enunciados en la parte motiva de la presente providencia y son entre otros los
siguientes: Permitir el aumento del plazo de duración de las patentes a
productos farmacéuticos de empresas extranjeras, patentamiento de segundos usos
y cambios menores sobre productos farmacéuticos ya patentados, así como la
extensión del tiempo de protección a los datos de prueba presentados para la
aprobación de una patente por fuera de las normas de la Decisión 486 de la
Comunidad Andina de Naciones, CAN. Permitir el patentamiento de seres vivos,
animales o plantas, del patrimonio natural de la Nación colombiana. Aceptar el
ingreso de productos agrícolas subsidiados por el fisco de los Estados Unidos,
bajo el sistema de cupos que excedan la capacidad de la producción nacional,
condición que a modo de compensación a las empresas nacionales afectadas por
las pérdidas económicas consiguientes, conduzca a proponer ante el Congreso de
Colombia, el establecimiento de medidas con cargo al Presupuesto Nacional, que
impliquen en consecuencia, creación de gasto público. O permitir la entrada de
productos bajo régimen de tarifa cero por aranceles y demás tributos a las
importaciones, sin la idéntica reciprocidad para los productos colombianos de
exportación. Aceptar la importación al país de máquinas o partes de máquinas
remanufacturadas. Aceptar la introducción al país de ropa o cualesquiera clase
de bienes usados o considerados de desecho por la industria de los Estados
Unidos”.
El
hecho de que luego el Consejo de Estado –en fallo tan mal sustentado que
nuevamente puso en duda su independencia del Ejecutivo y disminuyó su ya escasa
credibilidad entre los colombianos–, declarara la nulidad de lo actuado por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, no le quita importancia a las
decisiones de este, porque, primero, el Consejo decidió argumentando cuestiones
de competencia legal, al decir que el Tribunal no podía condicionarle al
Presidente de la República el trámite del TLC.
Y
segundo, porque ni el Tribunal ni el Consejo de Estado se refirieron a la
constitucionalidad del Tratado, que es lo que tendrá que resolver la Corte
Constitucional si el Congreso lo aprueba.
El
primer artículo de la Constitución que viola el TLC es el 226 del capítulo
llamado “De las relaciones internacionales”, pues este establece que la
“internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y
ecológicas” de Colombia debe darse “sobre bases de equidad, reciprocidad y
conveniencia nacional”, principios que por lo que se ha visto son abiertamente
vulnerados por el Tratado. Además, el artículo 277 dice que la integración de
Colombia debe ser, “especialmente, con los países de América Latina y el
Caribe… inclusive, para conformar una comunidad latinoamericana de naciones”. Y
ya se vio cómo el TLC desquició la Comunidad Andina y tiene como uno de sus
propósitos ir enlazando el continente, pero en función de la estrategia de
Estados Unidos de impedirles a las naciones que se unan en cualquier acuerdo
que les cimiente su independencia del Imperio.
El
preámbulo de la Constitución empieza diciendo que “El pueblo de Colombia, en
ejercicio de su poder soberano… decreta, sanciona y promulga la siguiente
Constitución”. ¿Habrá alguien informado que crea que el TLC tiene origen en el
ejercicio del poder soberano del pueblo de Colombia? En el capítulo “De los
principios fundamentales” el Tratado atropella, entre otros, los artículos 1,
2, 3, 5, 7 y 8, que hablan de “la prevalencia del interés general” y que ponen
entre los “fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la
prosperidad general”, “defender la independencia nacional” y “proteger a todas
las personas residentes en Colombia” en sus “bienes”, al igual que concluyen
que “la soberanía reside exclusivamente en el pueblo”. También dicen que el
Estado debe proteger “la diversidad étnica y cultural de la nación” y sus
riquezas naturales. Y el atropello que el TLC le hace al artículo 9 es
manifiesto, pues este establece que “las relaciones exteriores del Estado
colombiano se fundamentan en la soberanía nacional” y “en el respeto a la
autodeterminación de los pueblos”, al igual que insiste en que “la política
exterior de Colombia se orientará hacia la integración latinoamericana y del
Caribe”.
El
TLC se contradice también con el derecho fundamental consagrado en el artículo
11, que determina que “El derecho a la vida es inviolable”, porque amplía y
alarga en el tiempo el monopolio de los medicamentos y aumenta sus precios,
causando más enfermedad y más muerte. Y también pugna con el 13 que ordena: “El
Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas a favor de grupos discriminados o marginados”. ¿No concentra,
y con descaro, el TLC la riqueza en manos de los monopolistas, discriminando y
marginando a más? ¿No se sabe que el TLC dirige uno de sus filos contra la
producción agropecuaria y que es en las zonas rurales donde hay mayor pobreza,
afectando, en especial, a campesinos, jornaleros, indígenas y negros? ¿Y por
qué no se le aplicó al TLC la parte de este artículo de la Carta que indica que
la “igualdad sea real y efectiva”?
Vulnera
también el TLC el derecho fundamental al trabajo, consagrado en el artículo 25,
pues allí se dice que este gozará, “en todas sus modalidades, de la especial
protección del Estado” y dicha protección resulta vana si no se protege el agro
y la industria. Y lo mismo sucede con el artículo 44, que habla de los derechos
fundamentales de los niños a la vida, la integridad física, la salud… ¿O
insistirá el uribismo en que quiere mucho a los niños, mientras suscribe un
Tratado que echa a sus padres del trabajo o les deteriora las condiciones de
contratación?
Incluso,
lo acordado en el TLC atenta contra el artículo 60 de la Constitución, que dice
que el Estado “promoverá (…) el acceso a la propiedad”, porque es obvio que el
fomento de la propiedad de los monopolios solo puede hacerse en detrimento de
las demás propiedades. Además, la violación del artículo 65 es manifiesta, pues
este señala que “La producción de alimentos gozará de la especial protección
del Estado”, caso en el que no debe perderse de vista que lo que se ordena
proteger es “la producción”, por lo que ni siquiera cabe la demagogia de argüir
que la comida que se importará será “más barata” o la astucia de tirarles
alguna indemnización a los productores lesionados. Y también sufren los
artículos 70 y 71, que hablan de proteger y fomentar la cultura y las ciencias
nacionales.
En
el artículo 50, “De las leyes” que puede aprobar el Congreso, se le otorga la
potestad de modificar los aranceles, regular el comercio exterior, las
actividades financieras, bursátil y aseguradora y el régimen de patentes, entre
otras funciones que le arrebata el TLC. Y allí se estatuye que está entre los
derechos de la Cámara y el Senado “aprobar o improbar tratados que el gobierno
celebre con otros Estados”, con lo que, en consecuencia, “podrá el Estado (…)
transferir parcialmente determinadas atribuciones”. Pero, y este pero no logra
superarlo ni de lejos el TLC, dichos tratados tienen que ser “sobre bases de
equidad, reciprocidad y conveniencia nacional”, fundamentos que no hay forma
que logre cumplir el de “libre comercio”.
El
Tratado, además, se opone al artículo 334, que establece que “La dirección
general de la economía estará a cargo del Estado” colombiano, porque es obvio
que esa función se le transfiere a la Casa Blanca y al capital trasnacional
estadounidense. Y también se contradice con el 339 que indica “Habrá un Plan
Nacional de Desarrollo”, en el que “se señalarán los objetivos y propósitos
nacionales de largo plazo”, pues no puede negarse que ellos quedarán
dependiendo de los intereses norteamericanos y sujetos al vaivén de sus
determinaciones económicas, como corresponde con el hecho indiscutible de que
el TLC anexa la economía de Colombia a la de Estados Unidos.
Incluso,
y a pesar de que el Banco de la República representa, seguramente por
excelencia, el neoliberalismo que se expresa en la Constitución de 1991, el TLC
viola el artículo 371 que le otorga a este entre sus “funciones básicas (…)
regular la moneda, los cambios internacionales y el crédito”, pues, como se
vio, en la práctica esas funciones no podrán regularse dadas las gabelas que el
Tratado establece en beneficio de los especuladores financieros de Estados
Unidos. E igual ocurre, y por las mismas razones, con el artículo 373, que
señala que “El Estado, por intermedio del Banco de la República, velará por el
mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda”.
La
inconstitucionalidad de la figura monstruosa de la expropiación indirecta, la
cual busca abrirles las puertas a abusos sin fin de los inversionistas
estadounidenses, se presenta porque ella no existe en la Constitución Política
de Colombia y porque les concede a los extranjeros más derechos que a los
colombianos en el territorio nacional. Y el mismo comentario, con el agravante
de su absurda imprecisión, puede decirse de convertir en norma legal colombiana
lo que el TLC llama el “derecho internacional consuetudinario”.
Razones
más, por si faltaran, para condenar la actitud contumaz de Álvaro Uribe de
firmar un Tratado en flagrante y delictuosa violación de varios de los
artículos medulares de la Constitución Política de Colombia. De esta manera,
solo recurriendo a una gran ironía se puede proclamar la cabal existencia del
Estado de Derecho que se supone habilita a Colombia como país democrático. Y
solo sumándole a la ironía un grosero cinismo, puede atribuírsele a dicho
Estado un carácter “social” que, por más que se mencione, es la gran negación
que precisamente remata el TLC.
16.
CONCLUSIONES
Como
se ha visto a lo largo del texto, aunque este no agote el tema, porque da para
un análisis de mayor detalle, como será el que se depositará en la Comisión de
Acusaciones de la Cámara de Representantes en la acusación por traición a la
patria a Álvaro Uribe Vélez, este esfuerzo de popularización de lo que le
sucederá a Colombia si el TLC entra en vigencia demuestra que la agresión es
bastante más grave de lo que algunos piensan. Porque el Tratado, en últimas,
convertirá a Colombia en una especie de colonia de Estados Unidos, solo que no
por medio de la ocupación militar sino de una manera más sutil: manteniéndole
la ficción de su independencia económica y política pero, en la práctica,
anexándola a la economía del Imperio, mediante el expediente de condicionarle
toda su legislación económica a las conveniencias foráneas.
Esa
anexión conducirá, como se ha visto, de una parte, a arrebatarle a Colombia la
posibilidad de producir en las ciudades y en el campo de manera diversa y con
gran dinamismo y, de la otra, concentrará aún más la riqueza entre los
monopolistas extranjeros y los criollos vinculados con estos, al tiempo que
dejará en la pobreza y la miseria a cada vez más colombianos, incluidos entre
ellos capas medias que en un capitalismo diferente gozarían de unas condiciones
de existencia más llevaderas. Porque, como se ha visto, el Tratado le arrebata
a Colombia, casi como en una operación de escalpelo, todos los instrumentos que
el propio Estados Unidos, al igual que sus pares, usó para construir su
economía, antes y durante su conversión en una potencia económica. De ahí que
sean tan confusas las opiniones que expresan que lo que hay que hacer es
ponerse a pensar en cómo desarrollar a Colombia luego de aprobado el TLC, como
si este y el progreso nacional pudieran coexistir, cuando lo cierto es que si
esa coyunda se impone, los colombianos quedarán sin ninguna posibilidad de
resolver los problemas nacionales, por lo que todos los principales esfuerzos
deberán dirigirse a quitarse de encima dicho cabezal. Hablar del progreso de
Colombia bajo la férula del TLC es tanto como si en 1810 se hubiera pensado en
el desarrollo de la Nueva Granada sin modificar las relaciones con España.
Es
fácil coincidir en que si se pierde la soberanía económica se pierde también la
política, lo que a su vez profundiza la toma de decisiones en bien de los
dominadores y en contra de la nación. ¿O puede pensarse que si las
transnacionales gringas se toman todas las principales actividades económicas
del país, condición a la que apunta el TLC, podrá haber un ejercicio de la
política que no esté determinado por las directrices imperiales, salvo que
medie una conmoción social de enormes proporciones? ¿Puede darse la soberanía
política allí donde no existe la soberanía económica? ¿Y será posible que estas
verdades elementales no las conozcan Álvaro Uribe Vélez y la panda que lo rodea
si, precisamente por sus funciones, están en capacidad de conocer mejor que muchos
cuáles son las relaciones entre lo económico y lo político?
En
consecuencia, este senador no puede hacer otra cosa que denunciar a Álvaro
Uribe Vélez por su flagrante violación de los artículos 455 y 457 del Código
Penal. Pero esa denuncia, por último, no puede interpretarse como que el TLC ya
sea un hecho inevitable, según señala la demagogia neoliberal. Por el
contrario, la primera aspiración de este texto es fortalecer la más amplia
resistencia civil que pueda concebirse para derrotar el Tratado, anhelo que se
convertirá en realidad si se desarrolla la fuerza social suficiente mediante la
más amplia unidad en la que participen los trabajadores y empleados de todos
los sectores, los indígenas y el campesinado, las amas de casa y los
pensionados, los estudiantes y los intelectuales y los empresarios del campo y
la ciudad que quieran unirse contra de la mayor amenaza que haya sufrido
Colombia desde 1819. Así, doscientos años después de lograda la primera
independencia, podrían los colombianos impedir un nuevo y definitivo
ayuntamiento y con ello sentar las bases para una Colombia auténticamente
democrática y próspera.
Bogotá,
septiembre de 2006.
PERFIL
JORGE ENRIQUE ROBLEDO CASTILLO
Nació
en Ibagué en 1950, donde vivió hasta 1968. Es Arquitecto de la Universidad de
los Andes y entre 1976 y 2002 fue profesor de tiempo completo en la Universidad
Nacional de Colombia, Sede Manizales, lo que lo hace sentir también manizaleño.
Llegó al Senado en 2002 y en 2006 fue reelegido en la lista del Polo
Democrático Alternativo (PDA).
La
Universidad Nacional de Colombia le confirió las distinciones Medalla al
Mérito, Maestro Universitario y Orden Gerardo Molina. Ha publicado 11 libros
sobre diferentes temas, decenas de artículos y es columnista de los diarios La
Patria, La Tarde y el Nuevo Día. Además, ganó la XVII Bienal de Arquitectura en
Teoría, Historia y Crítica.
Jorge
Enrique Robledo es uno de los más activos congresistas colombianos, como bien
lo muestran sus 35 citaciones a debates de control político en la plenaria del
senado y en la Comisión Quinta entre 2002 y 2006, con los que ha logrado
reconocimiento por la seriedad y claridad de sus análisis económicos, sociales
y políticos.
El
senador Robledo es uno de los colombianos que más conoce de la globalización
neoliberal, concepción a la que con profundidad y sencillez le ha desnudado su
naturaleza retardataria en todo tipo de escenarios, convirtiéndolo en el más
reconocido vocero de los sectores que en el país pugnan por derrotar el Tratado
de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos.
------------------------------------
LIBROS
DE JORGE ENRIQUE ROBLEDO CASTILLO
–
"El drama de la Vivienda en Colombia", El Ancora Editores, Bogotá,
1985.
–
“Un siglo de bahareque en el antiguo Caldas”, El Ancora editores, Bogotá, 1993.
–
“Contra la corriente”, ARS editores, Manizales, 1994.
–
“La ciudad en la colonización antioqueña: Manizales”, Editorial Universidad
Nacional de Colombia, Bogotá, 1996.
–
“Lo que oculta la privatización”, ARS Editores, Manizales, 1997.
–
“Contra la Corriente, Volumen II”, ARS Editores, Manizales, 1998.
–
“El café en Colombia, un análisis independiente”, El Áncora Editores, Bogotá,
1998.
–
“www. Neoliberalismo.com.co, balance y perspectivas”, El Áncora Editores,
Bogotá, 2000.
–
“Democracia de papel”, Intermedio, 2006.
–
“Contra la corriente, Volumen III”, …………. 2006.
