BIBLIOTECA EMANCIPACIÓN: Libro N° 13830. De La Dictadura Franquista A La Democracia. La Leyenda De La Transición. Omegalfa.

Título Original: © De La Dictadura Franquista A La Democracia. La Leyenda De La Transición. Biblioteca OMEGALFA

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LEAMOS SIN RESERVAS, ANALICEMOS SIN PEREZA Y SOMETAMOS A CRÍTICA TODA LA CULTURA

DE LA DICTADURA FRANQUISTA A LA DEMOCRACIA

La Leyenda De La Transición

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OMEGALFA

De La Dictadura Franquista A La Democracia

La Leyenda De La Transición

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De La Dictadura Franquista A La Democracia

La Leyenda De La Transición

Notas para un debate

sobre la transición española

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De La Dictadura Franquista A La Democracia

(Notas Para Un Debate Sobre La Transición Española)

Volver la vista atrás, hacia este pasado inmediato, próximo y a la vez tan lejano..., nos parece pertinente cuando vemos montar sobre él tanta leyenda que dificulta y encubre pensar lo sucedido, saber dónde estamos y comprender por qué estamos donde estamos.

No es fácil volver sobre un período, caracterizarlo, compren-derlo; escoger los rasgos más definitorios, organizarlos en torno a un significante...; realizar un trabajo de interpretación a partir del yo que interpreta y periodiza el fluido de acontecimientos y les da un significado.

Vaya pues, por delante, este sujeto; desde donde volvemos la mirada. Hoy nos sabemos más solos, más ciegos, más viejos al tener menor certeza de que el futuro será cual lo imagina-mos. El espacio que nos rodea lo apercibimos más cerrado, más obtuso, más obscuro. La relación entre las personas, más me-diática, más institucionalizada, más subsidiaria: necesitamos más objetos que medien en nuestras relaciones, el Estado se ocupa de más cosas y más de nuestras cosas, otros actuan por mí y por mi relación con el otro. Las ideas circulantes respecto a la familia, a la escuela, a la droga, al sexo, respecto a la cárcel, a la delincuencia, a un posible cambio social,... las apercibimos

más reaccionarias, más uniformes, menos personales, más es-tereotipadas. La creación (¿por más subvencionada?) la cree-mos más escasa. El tiempo libre, no pillado por los objetos, por el Estado, por la economía, lo sabemos menor.

Vaya por delante que decir que estamos mal y que en aspec-tos fuertes de lo social hemos ido a peor, no es decir que somos partidarios de lo otro, de lo anterior. Contra ello pusimos nues-tra razón y nuestra acción; y hoy lo odiamos igual que antaño. Pero no siempre afirmar que hemos ido a peor es reaccionario, aunque suele serlo. Como no lo era cuando Rousseau respondía en este sentido a la pregunta que ofrecía en concurso público, en 1749, la Academia de Dijon: “Si el progreso de las ciencias y de las artes ha contribuido a corromper o a mejorar las cos-tumbres”, respuesta que era el inicio de un pensamiento y una sensibilidad que abrían el paso al Romanticismo y a la Revolu-ción.

Una dificultad se añade a la antes mencionada del mismo quehacer del conocimiento histórico al periodizar un segmento de esta historia, y es la confluencia (simultaneidad solo crono-lógica) en este período de dos fenómenos. El final del fran-quismo coincide con el fin de un tipo de sociedad (Estado del Bienestar, taylorismo), con el fin de una sensibilidad, de unas ideas (contracultura de los años sesenta),... Estamos dejando un mundo y entrando en otro.

La leyenda

Al volver la vista atrás sobre estos cortos años desde la muerte de Franco (1975) hasta la nueva constitución democrá-tica (1978), las elecciones parlamentarias (1977) que dan la victoria a la UCD y las elecciones del 82 que entronizan al PSOE, se ha caracterizado este período como Transición.

Desde enfoques distintos (Morán, Subirats, Carr-Fusi, Im-bert), ya sea subrayando la continuidad sociológica y la falta de ruptura por parte de una izquierda que quería ir más allá, ya sea enfatizando el cambio hasta darle una trascendentalidad que lo hacía exportable por parte de las posiciones más guber-namentales, se ha vestido la Transición con hábitos que no le son propios, ampliando unos rasgos político-administrativos hacia otras transformaciones sociales que ya habían tenido lu-gar, propias de una fase anterior (los años 60). Con ello se con-funde el punto de partida (de la dictadura) y el punto de llegada (a la democracia). Es sobre esta confusión que queremos discu-rrir.

Esta Transición en mayúsculas se presenta, más allá de unos cambios administrativos, como el paso del obscurantismo a la modernidad, del miedo a la libertad. Esta es la leyenda. La ne-cesaria adecuación de las formas políticas a las exigencias de la acumulación del capital en España, la tarea central de la Transi-ción, se reviste de cambios ya habidos, arropando una Transi-ción en mayúsculas, una abstracción no detallada, un todo sin nada, fetichizada, que suplirá una discusión necesaria sobre qué pasó y por qué, sobre dónde estamos ahora y por qué.

En los años 60 hay en España una transformación importan-te que va desde las estructuras socioeconómicas hasta la per-sonalidad de base de los españoles: se deja atrás una sociedad agraria-industrial, de escasa movilidad, y se avanza hacia una sociedad de corte capitalista monopolista, con fuertes migra-ciones en el interior y hacia el exterior, con cambios importan-tes en la vida cotidiana. Se puede hablar de una transición de un tipo de sociedad a otra, de una transformación en las cos-tumbres, en la vida cotidiana de la gente,... Por esto, a la muer-te del dictador, el recambio capitalista es tan fácil: todo está

preparado, sólo hay que evitar un posible desbordamiento del movimiento obrero y social, para lo cual bastará con un Pacto. Por esto la Transición se queda en Transacción y evita así la posible profundización en las transformaciones operadas en la década anterior.

Otra cosa es explicar por qué un posible desbordamiento no se produce; por qué es suficiente, para evitarlo, una estrategia de pactos y compromisos de las fuerzas políticas que se anuda básicamente en los Pactos de la Moncloa (1977); por qué aquel movimiento obrero y social asambleario, autónomo, no va más allá e impone una ruptura; por qué aquellas espectativas de cambio y de transformación social de tendencia anticapitalistas, a caballo de un mismo movimiento más general de la época (contracultura, huelgas salvajes, mayo francés, insumisión so-cial que se traduce en autorreducciones, antipsiquiatria, etc.) se desvanecen, e incluso se transforman en su contrario, afian-zándose una ideología resignada y cínica que entiende que lo que hay es todo lo que puede haber. Quizás también aquí cabe hablar de otra leyenda que auparía esta leyenda de la Transi-ción (como la leyenda de la revolución de Octubre aupa la ac-tual leyenda del fin del comunismo): la suposición de un movi-miento con una radicalidad que no tenía; el privilegio de unos rasgos, de unas militancias; sin hacer mayor hincapié en la debi-lidad estructural del nuevo movimiento obrero de los años 60, en la naturaleza del ciclo de luchas de los años 70 y en el marco internacional de la lucha de clases.

Si hoy queremos volver sobre todo esto y para ello afirma-mos, valoramos, hacemos hipótesis,... es para ver lo que ello puede aportarnos para entender el momento actual en que estamos. No se trata de hacer cuadrar el pasado con nuestras ideas sino de entenderlo.

La transición que ya fue

Antes de morir Franco el franquismo estaba agotado. La lu-cha de clases había seguido su curso después de la derrota pro-letaria (1937). El franquismo lleva hacia su término la revolu-ción burguesa (industrializa, urbaniza, proletariza) que quedaba aún pendiente.

Se trataba, en nuestro caso, de una revolución burguesa atí-pica: La crisis de 1868 se resuelve con un Pacto social entre la aristocracia y la burguesía (la Restauración de 1874), perdiendo la burguesía la reivindicación democrática y de reforma agraria típicas (con la desamortización los burgueses acceden a la tierra sin el previo “reparto” de tierras, tarea de la revolución burgue-sa).

De aquí que la revolución burguesa en España esté dirigida por la burguesía comercial y agraria y no por la burguesía indus-trial. Incluso en Cataluña, la parte más industrializada de Espa-ña, nos encontramos hasta 1936 con una población obrera dé-bil, concentrada en Barcelona y su comarca y agrupada en pe-queñas empresas.

Población obrera en Cataluña Concentrada en la provincia de Barcelona

1877	73%
1900	72%
1920	85%
1930	88%

y en pequeñas y medianas empresas:

Relación patrono y obreros en la industria y comercio (1920)

1:6,7 en Cataluña

1:8,6 en la provincia de Barcelona

1:7,1 en Barcelona ciudad

sólo en algunos sectores la concentración es importante:

*Provincia de Barcelona (1927)*
Construcción	1:24
Textil y ramo agua	1:77
Servicios públicos	1:162

(La Població obrera catalana, una població industrial? Pere Gabriel)

Es decir que la mitad de la población obrera en Barcelona provincia trabajaba en sectores donde la proporción media patrono/obrero era de 1:5 mientras que la otra mitad lo hacía en sectores de una proporción media de 1:56. Sólo la gran em-presa llega a los 500 trabajadores, fuera de contadas excepcio-nes como Maquinista o como Fabra y Coats que pasan de mil.

Después de los años de autarquía, del predominio de los te-rratenientes y de ciertas formas de capitalismo de Estado, el franquismo abre el paso hacia un capitalismo moderno, aunque sin efectuar reformas políticas o sociales: el capital monopolista de Estado. A partir de los años 60 se produce el gran proceso de industrialización. Mientras públicamente desde el régimen se desprecia lo foráneo, el interés privado consigue que el capi-tal europeo y estadounidense inviertan grandes sumas en Es-

paña, importándose bienes de equipo, energía, patentes, in-ventos... que se traducen en la creación de nuevas zonas indus-triales, fábricas, centrales eléctricas, pantanos, refinerías, lo que produce que cambie el paisaje urbano y rural y que genere un gran despoblamiento del campo que se dirigirá hacia nuevas aglomeraciones urbanas. Acompaña a este proceso industrial la inseparable, aún incipiente, sociedad de consumo, transfor-mándose la vida cotidiana con la llegada de la TV, el coche, el teléfono, los electrodomésticos.... Cambian las ideas con la mo-

vilidad (emigración y turismo), cambian las formas de negocia-ción entre capital y trabajo (Convenios colectivos, 1958) y las formas de lucha de una clase obrera que se ha extendido por todo el país. El conjunto de estos cambios sustenta esta trans-formación, esta transición hacia la modernidad de la que la lla-mada Transición quiere apropiarse.

Repasemos algunas cifras que pueden ayudarnos a situar el conjunto de estos cambios. (HORIZONTE ESPAÑOL, 1966 y 1972. Ruedo Ibérico. De l’antifranquisme à l’après franquisme. Brendel/SimónI).

Industrialización

El índice de conjunto de la producción industrial pasa de 100 refiriéndonos a 1929, a 338 en 1960. En 25 años (del 1940 al

65) la clase obrera industrial se triplica. De 1960 a 1963 la pro-ducción aumenta un 38,5%. Con el Plan de Desarrollo (1964-67) la inversión industrial se incrementa en un 25%, la productivi-dad aumenta un 5,5% y el PIB aumenta un 10%.

*Población activa*	*1940*	*1969*	*1970*
Agricultura	52%	41,3%	26%

Industria	24%	31,8%	38%
Servicios	24%	26,5%	36%

Urbanización

Del 1939 al 1951 un millón seiscientos mil españoles aban-donan el campo hacia municipios de más de 50.000 habitantes y más de un millón van a Barcelona, Madrid y Valencia. Del 1951 al 1960 Barcelona recibe 450.000 y Madrid 412.000. La población activa agraria que en 1940 representaba el 52%, en 1960 representa el 41,3% y en 1964, el 34,6%. Entre 1961 y 1969 mudan 3,5 millones de españoles básicamente hacia Cata-luña, Madrid y País Vasco, y hacia Europa. Durante el Plan de Estabilización (59-63) emigra un millón.

Consumo

El ingreso per capita pasa de 362$ en 1958 a 650$ en 1968

		*1960*	*1970*
Coches por 1.000 h.		9	70
Teléfonos “		59	135
TV	“	5	70

Recomposición del movimiento obrero

Con el auge de la industrialización aparece un nuevo movi-miento obrero. La clase obrera se ha extendido a nuevas zonas (Zaragoza, Pamplona, Valladolid); se trata de una población pobre, no especializada, con precariedad en la vivienda, en la sanidad,...; recién llegada (con lo que esto comporta tanto en el

medio rural del que se sale como en el medio urbano al que se llega), poco concentrada en grandes empresas: en 1958 la mi-tad de los obreros trabaja en empresas de menos de 100 traba-jadores, todavía en 1968 el 80% de las empresas emplean a 10 o menos trabajadores, las firmas de 50 a 500 trabajadores re-presentan el 18% del total (mientras que, por ejemplo, en Gran Bretaña representan el 56% y en Francia el 46%); en 1960 el 63% de las empresas emplea de 1 a 5 trabajadores, las empre-sas de 100 a 500 trabajadores representan el 2,6% y dan em-pleo al 27% de la mano de obra, mientras que las mayores de 500 trabajadores, representan el 0,4% y emplean al 28%.

En 1958 aparece una nueva regulación de la negociación ca-pital-trabajo (Ley de Convenios Colectivos) que trasladará la lucha anterior, más contra la administración, hacia la más direc-ta obrero-empresario. Con el Plan de Estabilización (1959-63): bloqueo salarial, elevación de los tipos de interés, fijación del cambio, reforma tributaria y contención de la inflación, se da un aumento del paro y una drástica disminución salarial (50% al desaparecer pluses y horas extras). Con el inicio del auge eco-nómico (1962) empieza un ciclo de luchas por el salario y las condiciones de trabajo. No es pues el estado de atraso... lo que provoca la lucha sino el progreso industrial de estos años: la industrialización logra lo que la oposición política no lograba con sus proclamas a la huelga general, la unidad de los trabaja-dores y la acción de masas.

1962-66. El auge económico y la emigración masiva da al movimiento obrero una situación de fuerza: se rompen los to-pes salariales, aparecen formas autónomas de organización (comisiones obreras) que se erigen en protagonistas y ponen en bancarrota al sindicalismo vertical. Grandes huelgas y moviliza-ciones en el Norte y en Asturias que fuerzan un estado de ex-

cepción (mayo-agosto, 62). Se extienden las huelgas en Catalu-ña en solidaridad con Asturias (Maquinista).

1966-72. Continúan las grandes huelgas y su organización autónoma: 1966, Bandas Echeverri, 163 días de huelga; 1970, Harry Walker, 62 días de huelga; 1971, SEAT, huelga y lock-out. Luchas por los aumentos salariales, por las condiciones de tra-bajo, por los aumentos lineales, por los representantes elegidos y revocables. En el 66, las Comisiones Obreras presentan candi-daturas para las elecciones sindicales y ganan; pero a continua-ción, durante los años 67-68 sus líderes son detenidos y las co-misiones desmanteladas policialmente. En el 69 es proclamado el estado de excepción. En todo este período el Partido Comu-nista lleva una tarea de encuadramiento de las Comisiones Obreras que al final quedan bajo hegemonía comunista.

1972-77. Movimiento autónomo y asambleario. Fin del auge económico. A partir del 74 empiezan a notarse los efectos de la crisis energética (1972) sin que se tomen las medidas correcti-vas (devaluación, aumento precio energía,...) que el restableci-miento de las tasas de beneficio del capital necesita pero que no se atreve a plantear en un momento grave de vacio político y legislativo y de fuerza del movimiento autónomo y asamblea-rio (pensemos que la Ley de Relaciones Laborales de abril del 76 contempla, en caso de despido improcedente, no el despido con indemnización sino la readmisión obligatoria, por ejemplo). Ante esta situación grave para la acumulación capitalista cie-rran filas todos los partidos que pactan (Pactos de la Moncloa, 1977: subordinación de los partidos a las necesidades de la acumulación) aumentos salariales siete puntos por debajo del índice de carestía, con el acuerdo de los sindicatos, que para tener más margen de maniobra no firman.

En los años 60 se opera pues en España una importante transformación en el aparato productivo y en la vida cotidiana de los españoles, en sus costumbres, en sus ideas, en sus for-mas de lucha. El capitalismo en España se ha modificado en profundidad bastando una transacción para pasar del régimen de dictadura con Franco al de la democracia actual. La lucha obrera y social que precipita la Transacción, es decir que es lo suficientemente fuerte para propiciar el Pacto, no es lo sufi-cientemente fuerte para llevar más allá sus conquistas sociales conseguidas durante toda esta década. El Pacto y el recurso al terrorismo por parte de todos los partidos del Estado consegui-rán el consenso necesario para llevar a cabo el conjunto de medidas que nos han llevado a la situación actual.

Transición y Transacción: Algunas consideraciones sobre la vía española a la democracia

¿Transición o transacción? No, no se trata de un mero juego de palabras, porque hablando con propiedad, la llamada transi-ción española a la democracia ha sido una operación transac-cional entre los gestores de la oposición antifranquista y los administradores del franquismo tardío. Secreteos, intrigas de palacio, compadreos de reservado en restaurantes de lujo, cha-laneos de sobremesa en los ágapes gentilmente ofrecidos por la embajada norteamericana a los jóvenes opositores y fran-quistas reformadores, movimientos en las sombras del viejo Borbón para salvar los muebles de la monarquía en la persona de su hijo, formado y designado por el general Franco para su-

cederle, blanqueo de camisas azules y decoloración de enseñas rojas, confidencias y exabruptos mezclados con abundantes golpes de mano en uno y otro bando, fueron urdiendo lo que se ha denominado un poco enfáticamente la Transición. El garito de las negociaciones se había abierto años antes, pero la vola-dura del delfín (Carrero Blanco) y la flebitis del Dictador en el verano de 1974 aceleraron el juego que en tantos rasgos y epi-sodios se ha asemejado a una partida de tahures de la política.

Frecuentemente se presenta la Transición como una opera-ción política amañada en las cancillerías de Washington, Bonn, París, etc., y en los foros de decisión de las firmas transnaciona-les (Trilateral). Por otro lado, como variante de esa interpreta-ción, la transición democrática toma el aire de un pacto entre caballeros del antiguo régimen y los administradores de los aparatos políticos y sindicales de la Oposición, que se limitaron a ejecutar las órdenes emanadas desde los centros de decisión del capital transnacional. En ambos casos, los acontecimientos internos, la evolución de la inestabilidad social interior, la esca-la huelguística, etc., aparecen como aspectos meramente se-cundarios, sin influencia en la marcha de los pactos y negocia-ciones. Porque creemos que no fue exactamente así, y que la dinámica de las luchas obreras y las movilizaciones populares fue el sobredeterminante de las decisiones adoptadas por quienes pasan por ser los artífices de la Transacción, es por lo que creemos justificadas estas páginas.

Sin embargo, la Transacción ha comportado una profunda transformación de la sociedad, de la estructura del Estado y del aparato productivo que viene a consumar y culminar el proceso de modernización y la plena integración del Estado Español en el orden económico europeo y mundial. No ha habido una tran-sición, sino muchas transiciones que conciernen a todos los

aspectos de la vida social, económica, ideológica, etc., de los súbditos de la monarquía democrática. Ha habido, pues, mu-chas transacciones, aunque la visión periodística del Pacto de la Transacción nos tienda a presentar ésta como el resultado de un pacto entre las personalidades de la Oposición y los fran-quistas reformistas, en la que las movilizaciones populares son sólo una referencia anecdótica que para nada interviene en la marcha de la negociación. En el desarrollo de los acontecimien-tos reales de la Transacción priman, por contra, los intereses de la cúpula militar, la neutralización del búnker de los franquistas irreductibles y la salvaguarda de la corona reinstaurada por Franco. Por supuesto, algo de verdad hay en ello, a juzgar por la facilidad con que los negociantes de la Transacción se pusieron de acuerdo y su capacidad para atajar el clima de agitación so-cial e imponer la monarquía constitucional.

¿Cómo fue posible que la Transacción se llevara a cabo en la forma y con los resultados que conocemos, si parecía que el movimiento popular antifranquista apuntaba hacia otros derro-teros? ¿Cómo se explica que de la noche a la mañana se cam-biaran las consignas desde la ruptura democrática por medio de la huelga general, como venía propugnando el PCE desde que acabara la guerra, hacia el Pacto con los franquistas y la acepta-ción de la monarquía sin que, por ello, las fuerzas hegemónicas de la Oposición perdieran legitimidad entre las filas del anti-franquismo y se vieran abandonadas de sus propias bases? ¿Por qué todo resultó tan modelicamente fácil para los administra-dores del Pacto Transaccional?

Estos y otros por qués son los que intentaremos abordar en las páginas que siguen. Y lo haremos, precisamente, tomando como referencia lo que en las abundantes -y redundantes-memorias, informes y análisis suele pasar desapercibido: el

movimiento obrero y, en un sentido más amplio, las moviliza-ciones espontáneas y autoorganizadas de la contestación social antifranquista que no presentaban planteamientos de negocia-ción inteligibles para el reformismo franquista y sus colabora-dores de la Oposición (desde el PCE, PSOE, maoistas, etc., hasta los demócratacristianos).

Si la Transición fue posible, no se debió a la habilidad de las personalidades sino a la debilidad real del movimiento obrero y a la escasa relevancia de las tendencias anticapitalistas de las que se reclamaba una parte del movimiento obrero que, sin embargo, se confundían con un antifranquismo cuya única aspi-ración se colmaba con el reconocimiento de las libertades for-males. En este sentido, no hubo traición alguna de los aparatos administrativos de la Oposición antifranquista a cualquier aspi-ración popular que fuera más allá de lo que fue finalmente con-cedido en la transacción. Los cuadros gestores de la Oposición negociaron, como es natural, en función de sus intereses profe-sionales específicos -a saber, garantizar su supervivencia como grupo social de representación política y sindical en el marco del Estado monárquico constitucional- y su legitimación vino de la inhibición generalizada de las masas populares que aceptó las razones esgrimidas por los administradores de los aparatos políticos y las hizo suyas. Fue esa base de consenso sobre la que se urdió la Transacción a la medida de los gestores políticos del nuevo Estado democrático.

Afirmar que el movimiento obrero, como expresión específi-ca de unos intereses de clase, o sea, las tendencias rupturistas o anticapitalistas del mismo, no fue capaz de hegemonizar, ni siquiera de mediatizar el proceso político-social de los últimos años del franquismo fue por su propia debilidad estructural. Una debilidad que hay que entender dentro del proceso de

proletarización de la población, de su evolución. Ahora bien, el justo dimensionamiento de las tendencias autónomas existen-tes desde unos años antes de la muerte del dictador y que per-sistieron hasta el inicio de la década de los ochenta, permite alcanzar algunas de las claves que en las crónicas y testimonios de la transacción son sistemáticamente marginadas. Que las movilizaciones autónomas de masas no hayan sido suficiente-mente relevantes como para evitar la transacción en los térmi-nos que se ha realizado, no quiere decir que su importancia haya sido nula. Al contrario, fue el elemento coadyuvante que precipitó el Pacto.

Se trata, pues, de elucidar en qué medida el trasfondo de in-gobernabilidad que propiciaban los movimientos autónomos actuaba como catalizador en las maniobras de negociación de los aparatos político-sindicales en el sentido de forzar el pacto ante la cada vez más evidente y creciente amenaza de perder hegemonía y legitimidad de los aparatos de la Oposición frente a una tendencia ascendente de la indisciplina laboral y social.

No es aventurado afirmar, en este sentido, que fueron esas tendencias autónomas, aún en su fragmentariedad y escasa consistencia, las que determinaron el acercamiento entre la oposición y los franquistas reformistas, una vez que el clima de ingobernabilidad que propiciaban las movilizaciones autóno-mas constituía una amenaza tendencial para una oposición que, encabezada por el PCE. CCOO, veía progresivamente como perdía capacidad para reconducir las movilizaciones, cuando tenía precisamente en su capacidad de control y gestión del movimiento obrero su baza para exigir su reconocimiento en la mesa de negociación. Los cambios tácticos de CCOO y del PCE en los años inmediatos a la muerte de Franco, que coinciden con los principales hitos de las tendencias autónomas dentro

del movimiento obrero, son bien ilustrativos de lo que se acaba de decir.

Tampoco hay que sobrevalorar, la importancia de unas mo-vilizaciones virulentas y proliferantes, pero que no se consolida-ron en un movimiento propiamente dicho. Fue a causa de esta debilidad que la transacción fue posible. La paradoja consistía en que a medida que los movimientos autónomos se extendían, el desplazamiento hacia posiciones pactistas por parte del PCE eran más ostensibles. La autonomía obrera expresada en las dinámicas asamblearias confrontaba al PCE -y, por extensión, al conjunto de la Oposición- con sus propias limitaciones y posibi-lidades de articular el movimiento obrero en torno a las CCOO. Pero curiosamente, esas fuerzas centrífugas de la autonomía obrera en lugar de provocar una desviación del PCE hacia la izquierda con el fin de recuperar una cierta legitimidad entre la clase trabajadora y reforzar su propia posición negociadora, tuvo unos efectos contrarios.

El PCE, ante la presencia de las tendencias autónomas y otras expresiones comunistas que ponían en entredicho su he-gemonía formal sobre el movimiento antifranquista, optó por combatirlas al tiempo que basculaba sus posiciones hacia el Pacto con los franquistas. En este sentido, el PCE, con su desca-rada lección de oportunismo, no hacía nada nuevo. Tradicio-nalmente, los partidos comunistas, cuando los términos de la lucha de clases generaba una presión desde la izquierda, siem-pre han tenido mayores facilidades para entenderse con la de-recha que con las tendencias proletarias de izquierda. En toda Europa no han hecho otra cosa a lo largo de este siglo; y en España, durante la II República, también hicieron lo mismo.

Ni siquiera fue posible que se entablara un verdadero deba-te en el seno de la izquierda antifranquista a la luz de las ten-

dencias autónomas. A ellas se respondió con los clichés y ana-temas heredados de los años veinte y la autonomía en su pro-pia debilidad e inmadurez fue incapaz de imponer sus tesis, ni siquiera en el terreno de las ideas políticas circulantes enton-ces. En fin, lo que hubiera podido ser un debate político quedó en polémica estéril por la escasa consistencia de unos (m. au-tónomo) y la excesiva madurez de otros (izquierda antifranquis-ta), aunque en este caso cabría hablar más bien de obsolescen-cia política de unos aparatos anclados en la ideología del estali-nismo tardío travestido en eurocomunismo. Lo mismo puede imputarse a los grupos a la izquierda del PCE que mimetizaron el oportunismo de los estalinistas y renunciaron a la ruptura, una vez que aquél había hecho al salto hacia la reforma. No obstante, todos ellos, en la medida de sus posibilidades contri-buyeron a aislar y silenciar las tendencias del movimiento obre-ro

Claro que tampoco hay que magnificar la amplitud y profun-didad de la oposición a la Dictadura. La actividad antifranquista se concentraba en torno a algunos núcleos de las áreas de nue-va industrialización (producto de la política desarrollista de los sesenta) y en las zonas tradicionales que, sin embargo, fueron duramente castigadas por la represión de postguerra. La tradi-ción de clase había quedado interrumpida en 1939. La guerra supuso el exterminio físico de una base proletaria activa que sufrió en las durísimas condiciones de postguerra una sistemá-tica labor de desgaste. La oposición antifranquista se nutría fundamentalmente de una nueva generación de proletariado surgida al calor del desarrollismo y de ciertos sectores universi-tarios. La precariedad del movimiento obrero tenía su reflejo en todos los órdenes cuantitativos y cualitativos.

Un movimiento obrero escasamente desarrollado y con una subjetividad de reciente formación (una clase trabajadora jo-ven, salida del desarraigo agrícola), es fácilmente permeable a las corrientes del marxismo ideológico también menos evolu-cionadas. No es extraño que, en ese panorama y con una base proletaria desconectada por treinta años de vacío de la expe-riencia de la lucha de clases, el estalinismo tardío del PCE y los "ismos" derivados de la lectura de Lenin se erijan en horizonte teórico del movimiento obrero

También hay que tomar en consideración el hecho de que el desarrollismo franquista, gracias a la favorable coyuntura inter-nacional, había conseguido una mejora de las condiciones de vida del proletariado. Los años sesenta son la era de la especu-lación inmobiliaria galopante, pero también de la oferta de las viviendas de pacotilla en propiedad, de las horas extraordina-rias (mal pagadas, pero abundantes), de la exportación de la mano de obra excedente (que revertía en afluencia de los aho-rros de los emigrantes), del seiscientos, los electrodomésticos y del despegue del consumo. Eso creó una base social fiel al ré-gimen franquista. No activamente fiel, no fascista, pero que tampoco presentaba problemas de tensión política.

"Vivir sin meterse en política" era la consigna del franquismo que penetró profundamente en la conciencia de los españoles. Esa inhibición generalizada, ese dejar hacer, fue la base real que mantuvo la Dictadura franquista. Y esa fue la rémora que no pudo vencer el sacrificado activismo de los militantes contra la Dictadura. Solo cuando se hacía evidente el cambio (por la inminencia de la muerte del dictador y, sobre todo, después del atentado que acabó con su delfín, Carrero Blanco) se extendió entre la población una expectativa de cambio que, en una rela-tiva proporción, se tradujo en un engrosamiento de las filas

activas del antifranquismo. Pero, si miramos hacia atrás críti-camente, una vez disipado el optimismo activista en que nos veíamos envueltos durante esos años, podremos darnos cuanta de la justa dimensión de las movilizaciones de la oposición anti-franquista (pactista, como de la rupturista y autónoma).

La despolitización de la mayor parte de la población españo-la está en la raíz de su mantenimiento en un segundo plano durante la Transacción. Acostumbrada a no meterse en política, también en esa ocasión dejaron hacer. O, dicho de otro modo, fue la politización inducida desde los aparatos ideológicos de la izquierda la que generó esa nueva forma de inhibicionismo ge-neralizado respecto a los asuntos públicos que caracteriza los sistemas democráticos. Que la mayor parte de la población asalariada votara socialista en 1982 no quería decir que de re-pente se había despertado una conciencia de izquierda, sino que respondía más bien al acoso ideológico que asociaba la idea de modernidad a la democracia y a la integración en Euro-pa.

La penetración de inversiones extranjeras ya operaba en cierta medida la integración en la cadena fordista que era nece-sario complementar con la adecuación político-ideológica. Eu-ropa era la garantía de futuro, modernidad y progreso. El PSOE encarnaba la promesa de que los españoles se sacudirían defi-nitivamente el pelo de la dehesa y tendrían la oportunidad de ser europeos. Para entonces, Europa ya no era en el imaginario de los españoles la fuerza demoníaca del liberalismo que de-nostara el Caudillo reiteradamente en sus discursos, sino el sugerente escaparate del supermercado.

Las maniobras pactistas fueron posibles porque el movi-miento obrero era débil, y las tendencias autónomas igualmen-te inmaduras (incipientes) y dispersas. No conviene olvidar que

aquí jamás estuvo el poder en la calle, como ocurriera durante los meses que siguieron a la revolución de los militares portu-gueses. Esa debilidad estructural explica que las tendencias autónomas no fueran capaces de resistir la normalización de-mocrática y se disiparan a lo largo de la Transición, sin una es-pecial represión, al revés de lo que ocurriera en Alemania en 1919 o en España en 1936. La falta de consolidación de un mo-vimiento autónomo, que no quiere decir exactamente una for-ma organizativa o institucional, es lo que determinó su desapa-rición; eso sí, con algunas notables resistencias (Euskalduna, Gijón, etc.). Pero para entonces, los movimientos autónomos, ya asentada la normalidad democrática, habían dejado de ser una causa de desestabilización económica y política para con-vertirse en problemas de orden público.

El ciclo 1974-77: periodo álgido de las luchas autónomas

El periodo comprendido entre 1974 y 1977 hay que conside-rarlo como el momento en que la masa proletaria comenzaba a constituirse como clase, es decir, como entidad autónoma, y con intereses específicos, respecto a los aparatos de represen-tación de la Dictadura y de la oposición democrática interclasis-ta (Junta Democrática y Plataforma). Fue ese un proceso de corta duración que no llegó a consolidarse más allá de la viru-lencia de las movilizaciones.

La tradición práctica leninista ha configurado el concepto de dictadura del proletariado como mera dictadura del partido (que se arroga la representación del proletariado). Sin embar-go, durante esos tres años de movilizaciones autónomas se verificó en muchos de los puntos de conflictividad una real dic-tadura del proletariado. Es decir, la dictadura de la clase obrera

que impone su reconocimiento práctico ante el capital. La in-disciplina laboral, el desbordamiento de los límites reivindicati-vos por medio de incrementos salariales que, al intentar ser reabsorbidos a través de la inflación,¹ desestabilizaban el equi-librio económico-financiero, además de una determinada corre-lación de fuerzas favorable a los trabajadores en muchas movi-lizaciones que permitía imponer una dinámica de asambleas que comportaba, a su vez, la supresión práctica de la legalidad imperante, etc., son algunos de los aspectos que caracterizan esa forma de dictadura del proletariado que ejercen los traba-jadores desde la afirmación unilateral de su condición asalaria-da.

Propiamente dicha, esta es la única forma de dictadura del proletariado posible; a saber: la que ejerce la clase obrera en tanto sujeto asalariado, que es tanto como decir, en tanto fuer-za de trabajo sometida al capital. La clase obrera se autonomi-za, así, frente al capital al que, por otra parte, aún reconoce como interlocutor del cual obtener sus reivindicaciones.

El inicio de la década de los setenta se caracteriza por un aumento continuado de la conflictividad laboral que se traduce en una fuerte presión salarial y en un clima de inestabilidad social que socava la consistencia del Régimen franquista. La propia naturaleza de la Dictadura, al criminalizar y demonizar como productos de las fuerzas oscuras del comunismo y la ma-sonería, lo que no eran sino, en su mayor parte, luchas reivindi-cativas de carácter salarial, estaba contribuyendo a darles una dimensión política que no se ajustaba con la realidad.

Durante ese periodo la iniciativa corresponde a la parte más activa de la población asalariada. Ella protagoniza las moviliza-ciones. No sólo el aparato represivo del Régimen se ve desbor-

dado por el número y amplitud de las huelgas y movilizaciones de la clase trabajadora, sino que sus repercusiones se dejan sentir, sobre todo, en la estructura productiva.² A lo largo de esos años y hasta la firma del pacto de La Moncloa (1977), la productividad va por detrás de los incrementos salariales. La apropiación de una parte creciente de la riqueza social por la clase trabajadora va en detrimento del proceso de acumulación de capital. Ahí radica el factor fundamental que precipitaría a las fracciones más dinámicas del capital autóctono y transna-cional a acelerar sus presiones sobre el aparato franquista. Las razones formalistas, referidas a la falta de un régimen nominal de libertades, al estilo democrático, que retrasaban la incorpo-ración del Estado Español a la Comunidad Europea encontraban en la acción desestabilizadora de los movimientos de masas su razón más profunda.

El ciclo de huelgas de los años sesenta se había consolidado en una relativa madurez del movimiento obrero, que en los años setenta amenazaba convertirse en una fuerza desbordan-te de las previsiones establecidas para una transición “no trau-mática”. No porque el movimiento obrero entrañara un proyec-to de clase, revolucionario o transformación radical de la socie-dad, sino porque su propia acción, creciente e indisciplinada (huelgas autónomas), se había convertido en un factor de des-estabilización que incidía directa y negativamente sobre los beneficios del capital.

La función de la Dictadura como garante de las condiciones represivas que hicieron posible la acumulación de capital en España desde el final de la Guerra Civil hasta el comienzo de los años sesenta, y que había favorecido la penetración del capital extranjero, ya había culminado su misión histórica. En ese mo-

mento, las mismas fracciones del capital que se había benefi-ciado de las condiciones creadas por la Dictadura exigían el inicio de un nuevo ciclo histórico, en el que el cambio político se contemplaba como una necesidad inexcusable, toda vez que se ponía de manifiesto la incapacidad de la Dictadura para mantener el orden social y productivo.

Es en este contexto donde se inscriben las intensas manio-bras aperturistas, reformistas, etc., que desde el propio Régi-men intentan un maquillaje (Espíritu del 12 de Febrero de 1974) que pretenden cambiar algo para que todo siga igual, o bien abrir una vía de diálogo con la Oposición, que sería a la postre la opción (reformista) viable para el reciclaje democráti-co del franquismo residual. También la representación política del capital extranjero, principalmente la francesa y estadouni-dense, conspiraba y mediaba entre el Régimen y la Oposición para hacer más controlable el cambio.

Durante ese tiempo se evidenciaron también dos aspectos contradictorios en el seno del movimiento obrero. De un lado, la hegemonía del PCE y las CCOO, con una incuestionable capa-cidad de movilización laboral y social; y del otro, las tendencias centrífugas dentro del propio movimiento de masas que repre-sentan rupturas puntuales e indisciplinas respecto a las direc-trices políticas y prácticas emanadas de la dirección comunista.

Ahí estribaban las dificultades del PCE-CCOO para controlar el movimiento de masas. O mejor dicho, los movimientos (es-pontáneos, autónomos e incontrolados) que sus propias convo-catorias de movilización propiciaban. En cierto modo, estaban atrapados entre su innegable capacidad de convocatoria y su capacidad real para hegemonizar los movimientos. La carta que podía jugar el PCE en su negociación con los franquistas refor-mistas era la de su capacidad de movilización. El PCE tenía que

demostrar que el futuro Estado democrático tenía que contar necesariamente con él. Pero, por otro lado, la necesidad de hacer alardes de movilización que convenciera a los franquistas recalcitrantes de la necesidad de sentarse a negociar el post-franquismo con los administradores del PCE, comportaba un desgaste político del partido y del sindicato, que veían cómo se les iban de las manos los conflictos. Tenían capacidad para de-cidir cuándo se iniciaba el conflicto, pero no para decidir cuán-do finalizaba.

El ascenso de movimientos que se escapaban al control del PCE fue la razón que precipitó la convergencia de intereses en-tre los sectores reformistas del aparato franquista, del capital democrático y de los antifranquistas, encabezados por el tán-dem PCE-CCOO. Con la muerte de Franco -y la intensificación de la indisciplina obrera- se volvía más urgente para unos y otros urdir el pacto.

Indisciplina laboral, ingobernabilidad social e imprevisibili-dad del proceso de acumulación marcan esos años de autoor-ganización de la fuerza de trabajo en toda una serie de movili-zaciones obrera³ que perturbaban y hasta podrían imposibilitar, de no ponérsele coto a tiempo, el Pacto de Transición consen-suado por los franquistas reformistas y la Oposición.

Expectativas y decepciones

La facilidad con que prendía el movimiento reivindicativo y la acción militante de pequeños núcleos radicales era lo que nos daba, entonces, una visión sobredimensionada de los plan-teamientos anticapitalistas realmente existentes en las movili-zaciones autónomas. La perspectiva y el análisis de su evolución

es lo que nos lleva a corregir algunas de nuestras apreciaciones de entonces, demasiado mediatizadas por la inmediatez de la intervención militante y las posibilidades abiertas por la des-composición evidente del aparato de Estado de la Dictadura.

El clima de esos años estaba fuertemente impregnado por la inminencia de un cambio político que, necesariamente, habría de producirse a la muerte del dictador. Las disensiones dentro del propio aparato de poder entre falangistas de diverso pelaje, opusdeistas, franquistas reformistas y toda suerte de oportu-nistas que medraron al calor de la Dictadura, revelaban las difi-cultades del continuismo. Por otro lado, la brisa del mayo del 68, el otoño caliente italiano, la caída de la dictadura de Marce-lo Caetano en Portugal y la muerte de Franco alentaron esas perspectivas de cambio. Para entonces, franquistas reformistas, empresarios y oposición ya estaban de acuerdo en que había que frenar a toda costa la escalada de huelgas autónomas (sal-vajes en la jerga periodística). ⁴

En aquel contexto parecía que era posible casi todo. El acti-vismo de un puñado de militantes podía ser determinante de movilizaciones masivas. Era una coyuntura de indudables ex-pectativas de cambio. Eso era algo que había calado profunda-mente en el imaginario colectivo de la población asalariada. Además, la propia experiencia de los años recientes así parecía confirmarlo. El ciclo huelguístico, desde finales de los sesenta, ponía de manifiesto la creciente pérdida del control sobre la situación social por parte de la Dictadura. La desafección hacia el Régimen no se disimulaba ni siquiera entre la clase media y la burguesía. Sin embargo, que Franco muriese en la cama, repre-sentaba igualmente una frustración histórica para la izquierda político-sindical.

La manera como acabó el régimen franquista significa el fra-caso real de cuarenta años de antifranquismo. El hecho mismo de no haber sido capaces de expulsar al dictador revelaba la debilidad real de la Oposición. Sin embargo, entre las capas más jóvenes de la población asalariada, de reciente incorpora-ción al entramado industrial alentado por el desarrollismo, des-conectados -para bien y para mal- de la tradición antifranquista de postguerra, la experiencia de los movimientos huelguísticos abría expectativas que no es que estuvieran a la izquierda o a la derecha de los planteamientos de la izquierda histórica (PCE, PSOE, CNT), sino fuera de la lógica imperante en la intervención de aquélla.

Vitoria 76 y el cambio de la estrategia sindical

Dentro de esa escalada de movilizaciones autonómicas (1974-77) se llega a la huelga general de Vitoria, que se saldó con una brutal represión policial (tres muertos y decenas de heridos).⁵ Los contactos entre los franquistas reformistas y la oposición no impedía que la represión policial sobre el movi-miento obrero continuase con igual ferocidad que en las etapas anteriores, hasta el punto que uno de los franquistas reformis-tas, Manuel Fraga, ministro con Franco y ministro del Interior en marzo de 1976, acometiera la solución del conflicto de Vito-ria de la manera a como la Dictadura nos tenía acostumbrados. La carnicería de Vitoria, sin embargo, no tuvo ninguna repercu-sión relevante sobre los aparatos políticos que negociaban la Transición. Continuaron las conversaciones y los tira y afloja para ajustar los términos del Pacto, como si nada hubiera pasa-

do. De hecho, Vitoria 76 marca un punto de inflexión en la pre-caria historia de las movilizaciones autónomas y en la conside-ración que, en adelante, les merecería a los aparatos políticos y sindicales cualquier iniciativa autónoma de los trabajadores.

Vitoria fue la lección sangrienta que daba el Gobierno tardo-franquista con la aquiescencia de la Oposición, a una clase obrera que amenazaba con desbordar los términos en que se estaba diseñando el recambio político de la Dictadura. Todos los integrantes del pacto estaban de acuerdo en que había que normalizar la situación social cuanto antes. A partir de esa fe-cha, se redoblan los esfuerzos de sabotaje de los sindicalistas contra el movimiento asambleario y desde la prensa se lanza una ofensiva publicitaria tendente a criminalizar los movimien-tos autónomos en las fábricas.

Si Vitoria había contribuido a decantar la posición de los sin-dicatos (CCOO y UGT) contra las tendencias autónomas, des-pués de la jornada de huelga del 12 de noviembre del mismo año, en el que ambas centrales se unieron en un organismo conjunto (COS), será cuando los sindicatos se esfuercen espe-cialmente por demostrar su capacidad de control y gestión del movimiento obrero Para entonces el pacto político ya estaba muy avanzado y los sindicatos tenían la función y el compromi-so de desactivar el movimiento obrero, condición indispensable para la viabilidad del pacto y reconducir la crisis de beneficios del capital. En realidad los beneficios acumulados durante la década precedente estaban siendo fuertemente erosionados por las movilizaciones obreras de los 70.

Después de Vitoria, los sindicatos (CCOO, UGT, ELA-STV y USO) se consagran a la desarticulación sistemática de las expre-siones autoorganizativas que surgen del movimiento obrero, de manera que en el segundo trimestre de 1976, a continuación

de la represión de Vitoria, desciende la conflictividad de mane-ra ostensible. Es así como se llega a la jornada de huelga sindi-cal del 12 de noviembre en la que los sindicatos (y a través de ellos la oposición) trata de demostrar a Suárez su capacidad de control sobre las movilización obrera. Cabe suponer que des-pués de esa fecha la posición negociadora de la oposición subiría unos cuantos enteros. Desde ese momento, los sindica-tos renuncian a la movilización para concentrarse en el fortale-cimiento de sus estructuras en los centros de trabajo. El aban-dono de la movilización coincide con la nueva orientación ten-dente a ganar afiliados y a distraer a las asambleas con la polé-mica en torno a la unidad/pluralidad sindical.

La aniquilación de Vitoria no era sólo un acto más de la bru-talidad policial franquista, sino el restablecimiento del principio de autoridad política del Estado en su condición de salvaguarda del orden económico capitalista. En cierto modo, Vitoria repre-sentaba la culminación del movimiento asambleario, dinámica autoorganizativa en la que los trabajadores se constituían como clase antagónica en ruptura práctica con la legalidad no sólo de la Dictadura, sino del sistema de representación democrático burgués. Ese era el peligroso contenido de fondo que Oposición y franquistas se apresuraron a eliminar sin escatimar esfuerzos. Además, la asamblea representaba una expresión de rupturis-mo obrero, de ruptura práctica desde el proletariado que se insubordinaba contra el decreto de congelación salarial de oc-tubre de 1975, por ejemplo, con unas acciones en las que la clase obrera luchaba por imponer desde sí misma y con sus propios medios los aumentos salariales. Por contra, la táctica reformista de la oposición y los sindicatos nunca presentó una opción rupturista sino, al contrario, una táctica continuista que buscaba mediaciones, a través de las visitas al obispado, las comisiones de negociación con el gobernador civil, etc., que, a

la postre, constituían un medio de legitimación de la autoridad franquista.

Dentro del movimiento obrero, salvo en las incipientes y fragmentarias movilizaciones autónomas, no se dieron expre-siones rupturistas, pues el movimiento obrero hegemonizado por el PCE y su correa de transmisión CCOO, con su práctica entrista dentro de la CNS, lo que había propiciado era una es-pecie de reconversión de los jurados de empresa franquistas en representantes sindicales de los comités de empresa de la de-mocracia. De manera que puede decirse que, al igual que suce-diera con el resto de instituciones de la Dictadura, en lo que se refiere al ámbito sindical no hubo propiamente una ruptura, sino continuismo que se fue transformando desde dentro hasta la sustitución de la CNS por la estructura de los sindicatos de-mocráticos, en un proceso paralelo al descrédito creciente de la CNS y su abandono de hecho por parte de los trabajadores.

Contradicciones y debilidades de la autonomía

La debilidad de las tendencias rupturistas en el movimiento obrero no pudieron evitar que se llevara a cabo la Transacción y el Pacto. A decir verdad, la alternativa rupturista (que indujera, por ejemplo, la instauración de la III República), -y aún más la ruptura anticapitalista- en ningún momento se presentó como una opción consistente, ni siquiera en las movilizaciones autó-nomas, más allá de la voluntad militante de los grupos activis-tas.

La indudable expectativa de cambio político era lo que hacía posible que el discurso rupturista y anticapitalista encontrara cierta audiencia en algunos segmentos del movimiento obrero; pero hemos de reconocer que en ningún momento fue un sen-

timiento mayoritario, ni siquiera en el ámbito de las moviliza-ciones autónomas.

El movimiento obrero, en su mayoría, no estaba dispuesto a ir más allá de las concesiones democráticas que los negociantes de la transacción estaban dispuesto a conceder. Y las circuns-tancias en las que se ha desarrollado aquélla a lo largo de la década de los 80 así parece demostrarlo. Incluso hay que reco-nocer que la politización del movimiento obrero autónomo fue relativamente baja. El movimiento asambleario, como el con-junto del movimiento obrero, se había manifestado fundamen-talmente como un movimiento sindical (salarial reivindicativo) pero no alcanzó el suficiente grado de madurez como para ge-nerar desde sí mismo una plataforma política distinta a la que defendían los sindicatos.

Sólo en el País Vasco las huelgas autónomas adquirieron un relativo carácter político (Huelga General por la amnistía en Vizcaya, por ejemplo). Pero en líneas generales, la politización del movimiento obrero hasta las elecciones de junio de 1977 se limitaba a plantear la liberación de los detenidos durante los procesos huelguísticos y a defender los derechos de libre reunión, asociación y expresión. De todos modos, es necesario superar una visión simplista y formalista de la importancia polí-tica de las luchas autónomas. La influencia política de éstas se revelaba de forma indirecta; precisamente, en las maniobras de los aparatos políticos-sindicales y en el agravamiento de las condiciones de la acumulación de capital.

Con todo, no fueron solamente las maniobras político-sindicales las que acabaron con las tendencias autónomas del movimiento obrero, sino las propias contradicciones de éstas últimas. La incapacidad de las movilizaciones autónomas para superar las limitaciones de las luchas hasta configurar un mo-

vimiento autónomo, propiamente dicho. Fue esa incapacidad, por ejemplo, la que hizo posible que el gobierno civil de Barce-lona resolviera el conflicto de los trabajadores portuarios de un plumazo, con intromisión en las competencias de la delegación de trabajo, una vez que se habían dado los primeros pasos ha-cia una coordinación de las luchas entre los estibadores de Bar-celona y los obreros de Roca, durante la larga huelga de éstos últimos.

En el otro extremo, tendríamos el caso de Fasa-Renault (Va-lladolid), donde la mayoría de delegados asamblearios que co-paban el comité de empresa, víctimas de sus propias contradic-ciones internas y de su incapacidad para intentar siquiera la consolidación de un movimiento en conexión con otros centros de agitación autónoma, vieron cómo se iba desmembrando el movimiento de las asambleas hasta que los sindicatos se hicie-ron con las riendas de la representación obrera. Similar perple-jidad ante el propio poder asambleario puede encontrarse en la

experiencia de otras fábricas (p.ej., Roca)².⁶

Desde luego, la tarea de recuperación del movimiento obre-ro mediante la desarticulación de las tendencias autónomas, no fue fácil para los sindicatos dada la importancia y el arraigo que, en muchos casos, existía de la conciencia asamblearia. Por eso las CCOO, que habían surgido de un movimiento de base, asambleario, en las minas asturianas, enseguida fue visto como la posibilidad del PCE para ganar influencia entre las filas obre-ras y llegar así a constituir el fundamento de su sindicato (CCOO). De hecho, las CCOO fueron el resultado de la recupera-ción sindical por parte de los militantes comunistas de la ten-dencia espontánea y asamblearia de las primeras comisiones obreras de base. La formación de las primeras comisiones obre-

ras fueron una realidad espontánea de la base trabajadora, y sólo en un segundo momento, una vez controladas por el PCE y con el descrédito extendido de la CNS entre los trabajadores, se perfilaron como una estructura de encuadramiento alternativa a la oficial, cuya consolidación en el periodo de transición de-mocrática se basaría precisamente en combatir y anular cual-quier expresión autónoma, de base.

Tendencias autónomas: una aproximación a la autonomía obrera

Si hablamos con rigor, hay que reconocer que no hubo un movimiento autónomo propiamente dicho. Hubo, eso si, nume-rosas expresiones autónomas, traducidas en huelgas que supe-raban los términos sindicales no tanto en sus reivindicaciones (salariales y laborales), como en su práctica asamblearia, autó-noma. Con todo, esas movilizaciones autónomas no llegaron a fraguar en un movimiento ni siquiera incipiente. Todas ellas se inscriben en una misma constelación caracterizada por su re-chazo de la representación sindical (oficial y de los sindicatos opositores) y el emprendimiento de acciones desde la expre-sión básica de la democracia directa (asamblea). Pero entre ellas no hubo, más allá de algunas manifestaciones de solidari-dad más o menos extendidas (huelga de Roca, por ejemplo), la coordinación mínima necesaria para que el ciclo de las huelgas autónomas pudiera configurar un movimiento.

Las razones por las que las huelgas autónomas no se conso-lidaron y, en consecuencia, fueron fácilmente yuguladas por las burocracias sindicales desde el seno mismo de las empresas, habría que buscarla en la propia naturaleza del proletariado que animaba los procesos de lucha autónoma. Por un lado, los elementos más activos de la autonomía provenían de los me-

dios proletarios que habían roto política y prácticamente con la izquierda antifranquista, habiéndose configurado como una tendencia anticapitalista. Pero eran núcleos sin ninguna tradi-ción en la historia española, pobre donde las haya en cuanto a la producción teórica revolucionaria o de desarrollo del pensa-miento crítico. Además, la única tradición de cultura proletaria, generada en torno a los ateneos y casas del pueblo, había des-aparecido con la derrota de la clase obrera en 1939.

Se trataba, pues, de avanzadillas proletarias nutridas de una tradición fragmentaria y casi siempre proveniente de las expe-riencias históricas de la izquierda comunista alemana del perio-do de entreguerras y, más recientemente, de la autonomía obrera italiana. Su experiencia práctica, no obstante, tomaba como referencia el breve periodo del ciclo de luchas proletarias que había impulsado su ruptura con los aparatos del antifran-quismo histórico. Ni siquiera puede decirse que como cultura política llegase a tener un cierto arraigo entre las masas prole-tarias. El terreno de acción, sin embargo, era el de un proleta-riado en fase de adaptación, recientemente desarraigado del campo. Proletariado de primera generación y, en los más jóve-nes, con una experiencia de vida industrial que se limitaba a cinco o diez años.

La indisciplina laboral en estos casos no provenía tanto de la superación histórica de la práctica sindical, como de un rechazo o resistencia a su adaptación a las formas de explotación de la fuerza de trabajo industrial, que llevan parejo el encuadramien-to sindical. En cierto modo, el rechazo del sindicalismo entre la mayor parte de los trabajadores era por defecto y no tanto en base a una experiencia propia, reflexionada y contrastada a la luz de las prácticas proletarias de otros países, como hacían los grupos militantes activos.

Si la transición fue, en realidad, una transacción entre los aparatos gestores de la Oposición antifranquista y los franquis-tas tardíos fue precisamente porque nadie estaba en condicio-nes de impedirlo. Y al decir nadie, hay que referirse a la izquier-da rupturista o revolucionaria, en general, y a los movimientos autónomos en particular. Fue la debilidad real de la autonomía obrera, a pesar de su virulenta irrupción en los primeros años de la década de los setenta, lo que permitió a los aparatos polí-tico-sindicales pactar, del mismo modo que la debilidad de la Oposición antifranquista aceleraba, a su vez, la cadena de clau-dicaciones que le llevó de la Ruptura Democrática al Pacto de Reconciliación Nacional.

No cabe duda que esos años representaron también una oportunidad perdida en lo que a la introducción de las nuevas ideas y expresiones prácticas que, con mejor o peor fortuna, aportaban los movimientos autónomos. Estos representaban una corriente de modernidad tanto en los referentes teóricos, como prácticos, que recuperaba toda la tradición reciente de la lucha de clases, así como la reconducción crítica de experien-cias y tradiciones de la cultura proletaria vinculadas al marxis-mo y anarquismo. Una oportunidad, en fin, para salir de la ra-quítica producción teórica que caracteriza el movimiento obre-ro hispánico y de la cual, en su vertiente marxista, la torpe retó-rica del PCE se había erigido en baluarte.

El PCE, cuyas cotas de creatividad no daban más que para pasar del jacobinismo leninista al institucionalismo eurocomu-nista, se convertía de ese modo en un agente activo a la hora de impedir el desarrollo de un debate que rompiera el misera-ble marco de teorización del estalinismo tardío del que era de-positario. Un debate que se nutriera con las aportaciones que, heredadas del movimiento comunista (consejismo, nueva iz-

quierda posterior a la segunda guerra mundial, etc.) introduje-ran nuevas perspectivas en la tradición del pensamiento mar-xiano revolucionario. Las movilizaciones autónomas fueron el espacio abierto en el que se iniciara ese debate y ese movi-miento que no pudo ser.

No pudo ser por la propia debilidad estructural de la auto-nomía obrera en la composición de la izquierda. La reconduc-ción del antifranquismo hacia el anticapitalismo se revelaba como una posibilidad viable en las luchas de fábrica, pero era inviable frente al Pacto de Transición. Las movilizaciones autó-nomas podían actuar como catalizador a la hora de precipitar el Pacto, pero no fueron capaces de imponer sus propias condi-ciones al Pacto, sobre la base de unas mínimas claudicaciones, frente al cambio democrático.

El maximalismo de las consignas anticapitalistas que apare-cían en los movimientos autónomos enmascaraban, en reali-dad, su incapacidad para realizar la ruptura con el franquismo tardío. En la componenda de la Transición, los aparatos nego-ciadores podían prescindir tanto de la presencia física (el mo-vimiento no tenía una entidad, era eminentemente una prácti-ca), como de sus reivindicaciones. Los movimientos autónomos en esos años no contaban con la misma correlación de fuerzas que tenían los anarcosindicalistas durante la II República, cuan-do "se podía gobernar sin la CNT-FAI, pero no contra ella". Ahí radica la diferencia fundamental entre ambas situaciones y la demostración de la debilidad objetiva de los movimientos au-tónomos. Su debilidad subjetiva es la que proviene de su radi-calización formal mediante prácticas antisindicales por parte de una masa proletarizada a marchas forzadas y sin la tradición y disciplina que caracteriza el encuadramiento sindical.

La hegemonización del Pacto

Un cambio táctico sustancial se produce después de no-viembre de 1976. En cierto modo fue la última representación del aparato estalinista para hacer valer sus derechos en la ne-gociación de la Transición, para evitar dudas acerca de su im-portancia en la Oposición y atajar las posibles intenciones opor-tunistas de algunos opositores que abrigaran la idea de nego-ciar con los franquistas, dejando al margen al PCE. Hay que te-ner en cuenta que para entonces, la UGT había sido fuertemen-te potenciada con la ayuda de la Internacional Socialista, al igual que el PSOE, y contaba con mayor permisividad para sus actividades por parte del aparato tardofranquista.

Todos, Oposición y herederos del aparato franquista, esta-ban interesados en alcanzar un acuerdo. Todos dan pasos hacia el mutuo encuentro, los franquistas reformistas, intrigando en los cenáculos del Régimen para neutralizar definitivamente a sus congéneres más descabellados (los detritus del falangismo, del delirio imperial y la revolución nacionalsindicalista pendien-te). De hecho, ya habían sido barridos de las esferas del poder con el ascenso del Opus Dei, y su influencia en la formación social española era nula, aunque conservaban ciertas preben-das e influencias en los cuerpos directamente represivos. Sin embargo, fueron limpiamente desplazados por los avispados franquistas en la negociación del postfranquismo.

La influencia de los Ultras estaba reducida a algunos núcleos nostálgicos de la autarquía, sustentados por la fracción del ca-pital (terrateniente y comercial) directamente vinculada al trato de favor dispensado por el franquismo, pero que no había sabi-do evolucionar hacia planteamientos políticos y productivos. Bien asentados en el aparato policial (falangistas) y en el Ejérci-to (militares franquistas), sus maniobras desestabilizadoras

quedaron limitadas al terrorismo y al asesinato de militantes izquierdistas.

Los atentados y asesinatos fascistas fueron utilizados por sus hasta hacía bien poco camaradas para jugar con el fantasma de la involución y presionar a la Oposición para el Pacto. Los fran-quistas pactistas aparecían, así, como fuerzas progresistas que ocultaban su origen y naturaleza gracias a la maniobra propa-gandística que colocaba la etiqueta de franquistas a los seg-mentos más violentos, y políticamente más obtusos, generados por la Dictadura.

Por otro lado, el compromiso de los reformistas se extendía a conseguir la neutralidad del Ejército en el Pacto de Transición. El rey, que había jurado los Principios Fundamentales del Mo-vimiento y era el legítimo heredero del general Franco -al fin y al cabo había sido nombrado por él- se encargaría de ir a hacer bolos por los cuarteles militares, entre cuyos mandos contaba con un amplio prestigio. Calmar los sables y hacerles entender que todos sus privilegios les serían garantizados en el nuevo régimen democrático y que participarían en nuevas oportuni-dades profesionales, gracias a la integración en la OTAN: ese fue el mérito de los franquistas reciclados en demócratas.

Que los militares estaban neutralizados ya en la primavera de 1977 lo puso de manifiesto el documento de los generales (Milans del Bosch, a la cabeza) en la que se pronunciaban con-tra la legalización del PCE. Ese hecho demuestra que a los mili-tares el proceso se les había ido de las manos, bien por inhibi-ción de la mayor parte de la cúpula militar, que se había dado cuenta que su situación en nada iba a cambiar, sino para legiti-marse en el nuevo régimen democrático, bien porque a conse-cuencia de lo anterior, los militares que aún alentaban una so-lución "a la turca" habían quedado definitivamente en minoría.

A su vez, el PCE también hace gestos convincentes para aproximar sus posiciones a los reformistas franquistas. Después del cambio táctico de las CCOO, el PCE renunció a la que había sido su consigna fundamental de los últimos años: la ruptura democrática. Sin ninguna imaginación, pero aún con menos vergüenza, se enarboló aquello de "ruptura pactada". Eran los años de la claudicación, cuando la pendiente política en la que había entrado el PCE hacía invocar a sus militantes "Juan Carlos escucha, el pueblo está en lucha". Poco después de la legaliza-ción, con motivo de su primer mitin, S. Carrillo anuncia el aban-dono de la reivindicación republicana. El PCE acepta la Monar-quía que le había legalizado. Así, en pocos años, el PCE había liquidado toda su legitimidad como fuerza histórica antifran-quista. Su último paso fue, precisamente, el de abandonar el subterfugio de la "ruptura pactada" para aceptar simple y lla-namente el pacto sin ruptura.

Las intrigas en el terreno político tienen su correspondencia en la labor de zapa de los sindicatos en el seno del movimiento obrero. Reconduciéndolo hacia posiciones razonables de mode-ración en las exigencias salariales y orientando los nuevos con-tenidos hacia el debate sindical, hacia la consolidación del mo-delo sindical para el régimen democrático en el que pugnaban las dos centrales mayoritarias (CCOO y UGT), con las minorita-rias (CSUT, SU, USO, CNT) intentando garantizar su futuro en la nueva situación que se avecinaba.

Es la época de criminalización de los autónomos y de todas las fuerzas desestabilizadoras del proceso pactista. Lo que es-taba en juego para la dirección de las centrales sindicales era la demostración de su capacidad de gestión de la fuerza de traba-jo y de (evitación) de las tendencias más radicalizadas del mo-vimiento obrero. De su éxito en desarticular a éste último, de-

pendería su reconocimiento e institucionalización dentro del nuevo aparato de Estado, como interlocutores del Pacto Social que, una vez consumado el pacto político (Moncloa), hiciese posible la reestructuración (reconversión industrial, con despi-dos masivos y cierres de empresas, en muchos casos subven-cionados por el Estado) y la reconducción económica en el sen-tido de incrementar las rentas del capital durante la Transición.

La coartada de la Transición (el miedo a la involución y la ne-cesidad de recuperar la economía nacional) en manos de los sindicatos legitimó por parte de sus representantes la asunción del discurso de la crisis en los términos estrictamente capitalis-tas que presentaban como única opción posible la salvaguarda de los intereses (beneficios) del capital. Se entra en la fase de discurso de la "economía nacional" y de la necesidad de que "todos" contribuyan a la recuperación económica.

A la muerte física de Franco, en la cama, le sigue la unidad de acción de todas las fuerzas pactistas respecto a su sucesor: el Estado democrático. A la pregunta retórica "después de Franco, ¿qué?", las fuerzas pactistas responden: "después de Franco, el Estado", de ese modo negocian la transición política y crean toda una burocracia regional para pactar la Constitu-ción, que culminará en 1983 con el reconocimiento de 17 co-munidades autónomas, con sus respectivos estatutos y parla-mentos. Esto ocasionará un aumento considerable del gasto público que hará que el Estado imponga una severa política de impuestos, pasando las declaraciones de renta personales de dos millones en 1983 a doce y medio en 1993.

Es mucho lo que se pacta, aparte de la Constitución: el re-parto a dedo del patrimonio inmobiliario sindical enajenado al acabar la Guerra Civil; el silencio más absoluto sobre el pasado, tanto sobre los hechos, como sobre las trayectorias personales;

el sistema electoral, para el que se escoge el modelo D'Hont, que favorece a los conservadores y excluye a las pequeñas for-maciones políticas; el mantenimiento, sin purgas, tanto del ejército franquista, como de la represora policía; el respeto y trato de favor, en el aspecto ideológico y económico, de la igle-sia católica, a pesar de calificarse al Estado como aconfesional; el consenso en la persecución de los independentistas vascos, incluida la llamada "guerra sucia" llevada a cabo desde el apa-rato policial del Estado (Batallón Vasco Español, GAL) y un largo etcétera en el que también hay que contar los más variados aspectos de la vida cultural y social.

Los años ochenta ven, así, configurarse una especie de neo-corporativismo en virtud del cual sindicatos, Gobierno y Patro-nal fijan las bases para llevar a cabo una profunda reestructura-ción del aparato productivo cuyo resultado más palpable se manifiesta en la recuperación de la cuota de productividad fa-vorable al capital, la pérdida de iniciativa de la población asala-riada en la negociación de sus condiciones laborales (modelo salarial) y el aumento del número de parados. Se produce, así, un cambio drástico en el comportamiento de la población asa-lariada, en el sentido de delegar la negociación en los profesio-nales de los sindicatos, que toman como referentes los acuer-dos-marco y los dictados de la inflación oficiales, frente a la táctica de negociación por medio de los representantes asam-blearios y sobre la base de reivindicaciones surgidas del propio proceso de discusión en las asambleas.

Pacto social y reconversión: la desarticulación del movimiento obrero

Desde tiempo antes de la muerte de Franco, el empresaria-do autóctono y el vinculado al capital transnacional ya había

explicitado la necesidad de proceder a reformas que impulsa-ran la modernización del sistema socio-productivo, de acuerdo con las necesidades que presentaba la inserción de la Península Ibérica en la cadena fordista transnacional. Para ello, el control del movimiento obrero era una condición indispensable. Una condición que sólo una fuerza de “izquierda” estaría en condi-ciones de llevar a cabo, pues sólo ella legitimaría la imposición de las medidas de crisis sobre un movimiento obrero excesiva-mente acostumbrado a las movilizaciones. Así fue como se re-creó el PSOE.

Hasta entrados los años 70 el PSOE apenas contaba con una escasa presencia, que se limitaba a algunos núcleos en las mi-nas asturianas y en el País Vasco, además de unas cuantas per-sonalidades del mundo de la cultura. Es a partir de los primeros síntomas de quebranto en la salud del dictador (verano 1974)

que la reconstrucción del PSOE se intensifica¹.⁷ Una vez elimi-nada la vieja guardia histórica del socialismo en el congreso de Suresnes, el PSOE aparece como la fuerza renovada que socava la hegemonía del PCE sobre la oposición, y que es suficiente-mente flexible como para aceptar la monarquía franquista y pactar la transición democrática con franquistas reformistas y comunistas, cosa a la que los “socialistas históricos” ponían problemas. El Pacto de la transición sancionaba el continuismo con las instituciones y aparatos de la Dictadura, por eso era necesario contar con una fuerza política que pudiera acceder al Gobierno como expresión simbólica y legitimadora del “cam-bio”, tal como sucedió con el PSOE.

La legitimación de la Transacción: la recreación del PSOE

Desde 1970, pero sobre todo desde 1973, los fondos canali-zados a través de la Fundación Friedrich Ebert y otros “amigos”

y financieros de la Internacional Socialista²,⁸ hicieron posible la reconstrucción urgente de un PSOE en condiciones de competir con el PCE por el protagonismo de la oposición antifranquista. Fondos extranjeros y tolerancia de las autoridades tardofran-quistas ayudan al PSOE a rehacer sus filas en el interior. Así, mientras se intensifica la represión contra el movimiento obre-ro (que alcanza incluso a CCOO), tiene lugar en Madrid el XXX Congreso de la UGT (ilegal) con el beneplácito del Gobierno de Suárez, que intentaba con ello limitar en el plano sindical el monopolio representativo de las CCOO. De ese modo, en un tiempo mínimo, el PSOE y la UGT, se erigen en fuerzas negocia-doras de la Oposición³.⁹

Entre tanto, el PSOE procede a realizar una depuración ideo-lógica (renuncia al marxismo y a cualquier veleidad socializan-te), mientras el PCE realiza su particular puesta al día renun-ciando, a su vez, al leninismo y reconociéndose en la nueva ideología eurocomunista. El PSOE aparece, así, a comienzos de los años 80, como el garante del plan de modernización en tan-to única fuerza política, legitimada por su carácter de izquierda moderada (el PCE, a pesar de todo, era visto con desconfianza por las fuerzas vivas del franquismo reformista), capaz de ges-tionar la reestructuración industrial y social.

Paralizar las movilizaciones obreras y sentar las bases de paz social y colaboración político-sindical necesarias para restaurar las condiciones de gobernabilidad social y la acumulación de capital son las líneas fundamentales que inspiran el Pacto de la Moncloa (octubre 1977). Un pacto político firmado por los par-

tidos políticos, pero que los sindicatos hicieron suyo con abso-luto entusiasmo. A partir de esa fecha, comienza a hacerse efectiva la transición pactada durante los años precedentes (los años de la transacción, propiamente dicha).

Como correlato al pacto político (de la Moncloa), a lo largo de la década de los 80 tiene lugar una serie de pactos (AMI, AES, ANE, Estatuto de los trabajadores) en los que se van confi-gurando un modelo de relaciones laborales que llevará hacia la desregulación del mercado de la fuerza de trabajo, tal como se perfila en la Ley de Reforma Laboral de 1994.

La característica fundamental que revisten los pactos socia-les desde 1977 es la aceptación de los aumentos salariales por debajo de las tasas oficiales de inflación, la disminución de la conflictividad laboral (número de huelgas y de horas) y la elimi-nación de las formas de resistencia autónomas. Con este pano-rama, el PSOE lleva a cabo la reestructuración comenzada por UCD, que tiene por objetivo la plena integración del sistema productivo español en el engranaje militar-industrial transna-cional (CEE y OTAN) y la implantación de la lógica económica, como última instancia argumental del discurso de la reconver-sión.

Con la legitimidad que le dan los once millones de votos de las elecciones de 1982, el PSOE se sentirá en condiciones de aplicar una política rigurosa en el ámbito general de la eco-nomía y, especialmente, en la industria: devaluación de la pese-ta, cierres de empresas (siderurgia, naval, electrodomésticos, minas) y privatización de sociedades públicas. El ingreso en la CEE se producirá a cambio de numerosas concesiones en el terreno industrial y agrario, solapado todo ello por la llegada de capital extranjero durante 1986-90 que produce una hinchazón de la economía española (Expo y Olimpiadas de 1992). De todo

ello queda una economía con una recesión agravada por la reorientación de las inversiones europeas hacia nuevos focos de atracción en los países del Este (Hungría. Polonia, Eslovenia y países de Extremo Oriente) en detrimento de las inversiones en el sur de Europa.

La aparente facilidad con que los tecnócratas del PSOE han gestionado la transición y la conflictividad derivada de la rees-tructuración (reconversión industrial) hay que atribuirla, entre otras causas, al debilitamiento del movimiento obrero en el que la burocracia sindical jugó una baza primordial a la hora de neu-tralizar las tendencias autónomas, introduciendo elementos de división interna en las mismas asambleas (discusión sobre la unidad sindical), el miedo al golpe militar y, desde luego, el fuerte aumento del paro que mantiene una línea ascendente hasta estabilizarse en torno al 17-20% en los años 90.

La gestión de la reconversión contribuyó a descabezar el movimiento obrero neutralizando la parte más militante del mismo. Pero sobre todo el factor decisivo fue la inadecuación de la estrategia sindical (incluida la de carácter asambleario) ante las nuevas condiciones en que se lleva a cabo la reconver-sión. Con las fábricas abocadas al cierre, la acción sindical evi-denciaba sus limitaciones, precisamente porque se revelaba incapaz de presentar una alternativa a la lógica de la negocia-

ción basada en la valorización del puesto de trabajo⁴.¹⁰

El chantaje golpista

Las puestas en escena del golpe militar en Febrero de 1981, más allá de todas las anécdotas sainetescas en las que un guar-dia civil de medio pelo vio cómo le dejaban en la estacada sus

cómplices, revistió una especial importancia para avalar el ac-ceso al Gobierno del PSOE. El miedo, hábilmente administrado desde los medios de adoctrinamiento de masas, sirvió para reforzar la opción del PSOE en su proyecto de control del mo-vimiento obrero, que se plegaría aún más a la “recuperación de la economía nacional”. Además, la representación golpista ser-viría para certificar el paso definitivo del Rubicón democrático para el Estado Español, al tiempo que se generaba un nuevo mito en torno a la figura del monarca que, a partir de entonces dejará de ser el rey nombrado por Franco, y que juró los princi-pios fundamentales del Movimiento, para ser el rey demócrata de “todos los españoles”. Era necesario, a fin de cuentas, que los últimos residuos del franquismo cuartelero asomara la ca-beza, para acabar de convencer al resto de la tropa que los in-tereses de la casta militar estaban definitivamente del lado de las instituciones democráticas.

Era necesario que los militares que aún no habían entendido por dónde iban los tiros del Pacto de Transición asomaran la gorra reglamentaria para retirarlos definitivamente de la esce-na. Desde luego, el peligro militar no era - ni entonces, ni ahora, ni nunca, claro está - desdeñable. Sobre todo, si tenemos en cuenta que el ejército español en sus últimos cien años de his-toria no cosechó sino derrotas en sus misiones imperialistas (Cuba y Filipinas, guerra del Rif, hasta la retirada y venta del Sáhara al rey Hassan de Marruecos) y en su hoja de servicios tan sólo se contabiliza una victoria; precisamente, la (única y malhadada) Victoria sobre la clase trabajadora, después de una guerra que le costó ganar tres años, a pesar de haber contado con la ayuda activa de la Alemania hitleriana y la Italia fascista, además de la inhibición de las democracias liberales.

Sin embargo, los militares ya habían sido debidamente neu-tralizados en los años anteriores al golpe de 1981. Para esta fecha ya se les habían dado suficientes garantías de que sus privilegios serían escrupulosamente respetados por el nuevo régimen democrático. Serían, precisamente, los socialistas en el Gobierno quienes les subieran los sueldos, facilitaran las jubila-ciones en condiciones ventajosas y continuaran favoreciendo los intereses de la casta militar en el manejo del presupuesto de Defensa y en la industria de armamento, en donde muchas empresas cuentan con presencia de altos mandos militares en sus consejos de administración.

Consenso y terrorismo

A continuación del golpe de 1981, el ascenso del PSOE al po-der reforzaría aún más la política de consenso en torno a un gobierno de izquierda, que sería el encargado de llevar a cabo una nueva fase de modernización capitalista en España. El ex-traordinario apoyo electoral obtenido en las elecciones de 1982 por el PSOE, avalaba su figura como vanguardia de una España que quería ser moderna y europea frente a la rancia pesadilla que encarnaba el esperpéntico oficial del tricornio pegando tiros en el Parlamento. Sobre esa base de legitimación, contaría el PSOE a la hora de tirar para adelante una inflexible política de reestructuración a lo largo de más de una década.

Pero tampoco conviene olvidar la utilización del terrorismo (de ultraderecha y de izquierda) a la hora de consolidar el con-senso y reorientar la movilización de masas hacia actos simbóli-cos de repulsa al terrorismo “desestabilizador e involucionista”. En torno a la explotación espectacular del terrorismo se conso-lida un nuevo frente de consenso bajo la fórmula de “todos contra el terrorismo”. Cunde el amedrentamiento entre la po-

blación asalariada y la violencia de masas (piquetes, sabotajes, ocupaciones, etc.) pasa a ser criminalizada por el nuevo discur-so democrático, como acciones “que hacen el juego” a los te-rroristas. Los espantosos asesinatos de los abogados laboralis-tas de Atocha tuvieron un carácter ejemplar y una indudable rentabilidad política a la hora de estrechar el consenso.

En este sentido, la instrumentalización de los asesinos de la ultraderecha y sus connivencias con el aparato policial cumplie-ron un papel relevante en la política de terror impuesta por el Estado transicional. Aún más evidente fue en el denominado “caso Scala”, en el que la provocación policial indujo una acción encaminada a desencadenar la represión y criminalización del movimiento libertario. El propio Martín Villa, ministro del Inte-rior, no se recató en reconocerlo ante millones de espectado-res, cuando en una entrevista televisiva, manifestó su preocu-pación por el auge que parecía que iba tomando el movimiento libertario.

Modernización y transición hacia el vacío

En 1982 un destacado militante comunista escribía, “¿Por qué las fuerzas políticas de la oposición histórica aceptaron el procedimiento reformista y archivaron el rupturista? Porque eran conscientes de sus debilidades coyunturales complemen-tarias con las debilidades de los reformistas. Sobre esta correla-ción de debilidades, que no de fuerzas, de cernía la espada de

damocles de la involución...”¹.¹¹ Tenía razón. En parte coincide con lo que aquí se viene afirmando; sin embargo, quedarse ahí, en el reconocimiento de las debilidades de la oposición y, con ello, pretender justificar la política de claudicaciones seguida

por el PCE, en tanto principal fuerza de la oposición, quizás sa-tisfaga a quienes en su análisis no son capaces de ir más allá del aparato, del Partido, como devotamente se decía entonces.

Pero el papel que jugaron el PCE y las CCOO en su combate sistemático contra las tendencias autónomas del movimiento obrero tiene también otro significado. A saber: el de los límites históricos, políticos e intelectuales de los partidos comunistas (en tanto administradores del sucedáneo ideológico marxista) para sobrepasar las reglas impuestas por el capital en cada co-yuntura de la lucha de clases.

Cuando en los años 20 la izquierda comunista germano-holandesa calificaba a Lenin y sus seguidores como la extrema izquierda de la ideología burguesa en el ámbito de la crítica teórica, podía parecer un exabrupto de la irremediable enfer-medad infantil del izquierdismo, sin embargo, la Historia acaba-ría dándoles la razón o, dicho de otro modo, los partidos comu-nistas se encargarían de confirmarlo en la práctica. A la hora de escoger entre la burguesía y el proletariado, los partidos comu-nistas indefectiblemente se inclinaban por la primera. Y en Es-paña así había sido durante el periodo 1936-39, y así volvería a repetirse en los años 70. El resultado de todo ello lo tenemos veinte años después: la extinción del PCE, siguiendo la tónica del resto de países capitalistas, como consecuencia de su total inadecuación a los cambios operados en la dominación (real) del capital.

Los sindicatos tampoco corren mejor suerte. Su labor de contención y desmovilización de los trabajadores los ha llevado a la marginación. La escasa afiliación sindical obtenida hasta 1977, a partir de esa fecha comienza a descender. Algo perfec-tamente comprensible, si tenemos en cuenta que lo único que puede reforzar la acción sindical es la reivindicación. Si se re-

nuncia a ella, es lógico que los trabajadores les dieran la espal-da.

Las centrales sindicales sobreviven gracias a las subvencio-nes estatales y a las transferencias de fondos camuflados en planes de formación a cargo del Fondo Social Europeo. El cam-bio de la dominación formal a la dominación real del capital ha convertido a los sindicatos en un anacronismo. Por otra parte, su política de pacto social ha traído como resultado una desre-gulación del mercado laboral que vuelve completamente inoperantes las formas organizativas sindicales. No es, pues, de extrañar que, atrapados en el callejón sin salida a que los ha conducido su sometimiento a las leyes de la economía de mer-cado y a los dictámenes del Gobierno, hayan rechazado partici-par en las acciones de protesta convocadas por la Plataforma Cívica de los Derechos Sociales que, apoyada por Izquierda Uni-da, pretendía conmemorar el 27 de enero de 1995 la jornada de huelga general del año anterior.

Por supuesto, la crisis de los aparatos sindicales y políticos de la izquierda está en la misma onda de declive de las forma-ciones político-sindicales surgidas después de la II Guerra Mun-dial, pero en el caso español es especialmente patético ver los residuos de la izquierda erigirse en el último bastión de la de-mocracia; precisamente, en un momento en que el estado de la transición revienta de escándalos (GAL, corrupción financiera).

Es la prueba, una vez más, de que la izquierda política actual, heredera de las dos corrientes dominantes en el movimiento obrero internacional (socialdemocracia y el marxismo-leninismo) continúan siendo la extrema izquierda de la demo-cracia burguesa, sin quererse enterar de que a estas alturas la Democracia decimonónica ha dejado de ser el instrumento de dominación política del Capital. Como si nada hubiera pasado,

los aparatos administrativos de la izquierda continúan aferra-dos a todos los clichés del “cretinismo parlamentario” que en su día denunciara Rosa Luxemburg.

Estas dos últimas décadas han sido las de la pérdida del sen-tido reivindicativo, alentada desde los sindicatos, que pedían sacrificios a la población trabajadora para la “recuperación de la economía nacional”, primero, y para la creación de empleo, más recientemente. Los resultados están a la vista. Profundiza-ción de la crisis, precarización creciente de las condiciones la-borales, alta tasa de desempleo, que no desciende del 17%/20% de la población activa. Los sindicatos, como los parti-dos, nada tienen que ofrecer a la población asalariada porque nada tienen que negociar. En unas condiciones de crisis estruc-tural, las exigencias de la acumulación de capital no permite márgenes de negociación salarial de ningún tipo.

Cuando la práctica de la desmovilización ha sido la tónica general de la transición, ¿cómo podemos extrañarnos de la pasividad generalizada ante la descomposición política reinante en la actualidad? Dos décadas predicando la sumisión a los dic-tados de la economía de mercado y del estado democrático continuista han contribuido a perpetuar muchos de los vicios heredados del régimen franquista, tanto en las prácticas políti-cas (oportunismo, clientelismo, autoritarismo, etc.), como en la conciencia de las gentes. La brillante ejecutoria de la Transac-ción democrática en el Estado Español ha impulsado una Tran-sición hacia el vacío.

En este sentido, la Transición ha sido un verdadero tránsito para la clase trabajadora española, que ha recorrido en unos pocos años el trecho que va de la dominación formal del capital a la fase de dominación real en la que estamos confrontados a nuestras propias limitaciones históricas como sujetos asalaria-

dos. De hecho, ya no podemos afirmarnos en nuestra condición (formal) proletaria porque cada vez tenemos menos margen para negociar. Ya no tiene sentido reivindicar nada, porque nada tienen que ofrecernos los administradores del Capital y la Política, salvo precarización, reducción de los ingresos y las prestaciones sociales, incremento del control social y margina-ción.

También están las -no por ocultadas, menos reales- desafec-ciones y deserciones que caracterizan una vida cotidiana que transcurre entre un marasmo de ambigüedades: resentimiento frente al trabajo y necesidad de él para obtener el dinero con que sobrevivir, inhibición de la acción social que “deja hacer” a los depredadores del sistema legitimados por esa misma inhibi-ción que representa votar cada cuatro años, consciencia de la miseria individual e intento de conjurarla en el consumo com-pulsivo de horrores, escándalos, imágenes efímeras, tópicos perseverantes, cachivaches electrónicos, alimentos dietéticos y toda suerte de sucedáneos de solidaridad con los desgraciados de otras partes del planeta.

Ese es, en parte, el resultado de nuestro tránsito a la llamada “sociedad postindustrial”. Esos son los ingredientes del drama cuyo argumento es la imposibilidad de afirmarnos en nuestra condición proletaria porque ni el Capital sabe qué hacer con nosotros (a no ser destruirnos mediante el paro, la margina-ción, la enfermedad o la guerra), ni nosotros qué hacer con el Capital.

La complejidad alcanzada en el sistema de producción social de mercancías está fuera del alcance de cualquier expresión de “control obrero” posible. Simplemente, no sabríamos qué hacer con los centros de producción, los medios de distribución y los demás servicios auxiliares de la reproducción social. En cierto

modo, el fracaso de las luchas obreras de la reconversión indus-trial así lo ponen de manifiesto. Los trabajadores más directa-mente implicados en los sectores reconvertidos fueron a la za-ga de las iniciativas de la Administración y sólo se encontraron en un estado de total perplejidad cuando descubrieron que conservar el puesto de trabajo y afirmarse en su condición (formal) obrera, de fuerza de trabajo, no tenía ningún sentido porque el valor de su fuerza de trabajo era nulo.

El cambio de coyuntura en la forma de dominación del capi-tal, ha modificado los términos en que se aplica la lógica de la valorización en el mercado de la fuerza de trabajo, de manera que la mercancía fuerza de trabajo en los sectores productivos obsoletos (siderurgia, astilleros, minería, etc.) ha perdido su valor de mercado. En esa tesitura, los trabajadores, ya no es-tamos en condiciones de negociar en función de un valor (ofer-ta de su fuerza de trabajo) que ya no cotizaba en la nueva co-yuntura del mercado capitalista. Habrá, pues, que presentar la confrontación con el capital en otros términos más realistas, en consonancia con la real dominación del capital.

En el futuro ya no podremos hacer valer nuestra condición de fuerza de trabajo para afirmar nuestra existencia. Llegados a este punto, por mucho que escurramos el bulto, la confronta-ción con la realidad más inmediata nos impone una reconside-ración de nuestro posicionamiento dentro de la lógica que do-mina en las relaciones sociales capitalistas. Quizás porque ya no es posible afirmarnos formalmente como asalariados haya lle-gado el momento de afirmarnos realmente desde nuestra es-tricta condición de seres humanos. De lo que no cabe duda es que, tal como están las cosas, esa es la posibilidad más arries-gada, pero también la más perentoria si no queremos dejarnos

arrastrar por la espiral aniquiladora que rige el curso de la His-toria dominada por la relaciones capitalistas.

De los movimientos sociales a los “profesionales de lo social”

Las fuertes reestructuraciones sociales que se produjeron a lo largo de los años franquistas como consecuencia de las trans-formaciones económicas que obligaban a concentraciones obreras en las grandes ciudades, sucedieron de forma tan rápi-da que crearon graves problemas de hacinamientos, escasez de infraestructuras y servicios sanitarios. Esto, unido al atraso en-démico de este país en lo que se refiere a estructuras de bie-nestar social, hizo que, a partir de los años 60 y parejo al desa-rrollo de la lucha obrera en la fábrica, se empezase a extender la lucha reivindicativa por la mejora de los barrios y contra los planes urbanísticos franquistas a favor de especuladores de todo tipo.

Al amparo en muchos casos de los grupos cristianos de opo-sición al franquismo fue creciendo un tejido social multiforme en el que se recreaban todas las tendencias políticas de oposi-ción pero sobre el que destacaba una voluntad real de contro-lar el máximo de aspectos que conciernen a la forma de vida de los trabajadores fuera de la fábrica. Las luchas por escuelas, ambulatorios, transporte, zonas verdes, viviendas, etc. se fue-ron sucediendo llegando a un espectacular crecimiento a lo largo de los años 70 en que una cierta tolerancia política permi-tió despegarse de la Iglesia.

Eran los años de los movimientos sociales: los estudiantes paraban la universidad y los institutos reclamando una mayor participación en la toma de decisiones; las mujeres, en lucha

por sus derechos, rompían las normas represoras franquistas, al igual que otros grupos discriminados como los homosexuales, los minusválidos, etc... los presos exigían, mediante fuertes motines, la reforma carcelaria y la amnistía...

Después de largos años de duros enfrentamientos: hoy aquí, mañana allá; con la muerte de Franco y el vacío de poder que a consecuencia de ello se dio, lo social estalló por todas partes. Todo parecía posible en ese momento, todo podía cambiarse si se participaba. Los marcos legales existentes eran rechazados sistemáticamente por su vinculación al pasado. Ningún Plan, ya sea urbanístico, de estudios, o de reforma de instituciones esta-tales, debía respetarse dado su origen sospechoso. Por todas partes proliferaban comités de afectados que lograban imponer sus criterios ante una Administración que, aturdida frente a un futuro incierto, se veía obligada a dialogar.

Junto a las reuniones informativas, las conferencias o las asambleas, abundaban los cineclubs, los grupos teatrales, las fiestas populares, etc... La gente quería saber sobre las luchas que se daban, pero también quería conocer cuales eran las dis-tintas tendencias políticas, las vanguardias artísticas o de pen-samiento y desarrollar aquellos aspectos de que nos privaba el franquismo. Para ello se devoraban libros, revistas o periódicos que, en aquellos años, también habían roto con los criterios de censura tradicionales y cumplían un importante papel de in-formación y propagación de las distintas expresiones del propio estallido social.

Los movimientos reivindicativos integraban en sus filas las mismas tendencias políticas que el movimiento obrero y al igual que este, en España en estos años, prevalecía la “indisciplina” que hacía difícil su encuadramiento. Fácil era encontrar mez-cladas la mera reivindicación con la insumisión social. Frente a

los grupos que practicaban el posibilismo político se alzaban otros que propugnaban la ruptura total con las formas de cultu-ra y civilización modernas: “abajo los muros de las prisiones, de las escuelas, de la familia, de la mente”.

La operación de transición tuvo que tapar también estas grietas de lo social a fin de conseguir la pacificación que necesi-taba para el desarrollo del proyecto de país que se tenía en mente. Para el desarrollo económico que se pedía y vaticinaba era necesario el abandono radical de las veleidades protagonís-ticas que se daban en estos grupos. Había que conseguir trans-formar ese entusiasmo por la acción en un entusiasmo por un diálogo de reforma hacia la “modernidad”.

Los primeros ayuntamientos democráticos, constituidos por los protagonistas políticos de estos movimientos más tenden-tes al diálogo, lo hicieron posible. Se concedieron parte de los servicios que se reivindicaban en los barrios pero, eso sí, con-servando el control institucional de los mismos mediante ex-pertos. Si los jóvenes pedían dinero para mantener un local elegido por ellos, se decidía abrir un Centro de Jóvenes con profesionales como “asistentes sociales”, “animadores de ca-lle”, en fin guardianes del orden, y los jóvenes volvían a encon-trarse en la calle esta vez divididos ya que los dóciles aceptaban de buen grado las leyes internas. Si las mujeres reivindicaban un local donde reunirse y poder desarrollar autónomamente un conocimiento sobre su cuerpo que les hiciese fuertes frente al poder médico, se les abrieron centros de planing de barrio in-tegrados por técnicos “ginecólogos, sicólogos, etc.” con lo que aún crecía más ese poder médico.... Las asociaciones de veci-

nos pasaron a depender de las subvenciones de los ayunta-mientos con lo cual se favoreció el poder de los grupos políticos afines. Se instituyeron las asociaciones de padres en los cole-

gios, las de estudiantes en los institutos y universidades, o los grupos de voluntarios por aquí y por allá. A los presos se les calló con una Ley de reforma penitenciaría, la criminalización de la droga y el aislamiento.

Pero esto no fue fácil. Fueron necesarios muchos pactos y, sobre todo, un crecimiento espectacular de la burocracia esta-tal a base de trasiegos de puestos funcionariales que pasaron a ser ocupados por personal formado en esas luchas. Se podía “confiar en ellos” y se delegaba así toda responsabilidad. Para cada problema apareció un experto y dejó de tener sentido reunirse para discutir causas y soluciones, ellos sabían más y el resto, “los aficionados”, podían dedicarse tranquilamente a lo suyo, consumir. Consumir incluso esos mismos servicios olvi-dando la consigna de “libres y gratuitos” tan aclamada esos años.

En fin, el consenso crecía, conformado por reformistas de todo tipo y sustentado en un constante abandono de la calle por una gente cansada, “quemada” como se decía entonces, y que había optado por la delegación del poder. Las ilusiones, una vez más, daban paso a la desesperanza. Así quedó vacío de sentido toda acción o pensamiento crítico que pudiera poner en peligro la estabilidad. Había sólo lo que podía haber.

Con la llegado de los socialistas al poder, la tendencia se fue profundizando hasta llegar un momento en que la apatía social se presentaba como un serio problema, dada la necesidad que tiene el Estado de un mínimo dialogo social que sirva de justifi-cación de su gestión y de medio de integración. Porque no es suficiente el voto sumiso, se intenta por todos los medios fo-mentar un movimiento, eso si estructurado y subvencionado, de voluntarios sociales en los que se puedan canalizar insatis-facciones e impotencias.

El cuidado de ancianos, la recogida de juguetes para niños inmigrantes, la ayuda humanitaria al tercer mundo, son míseros paliativos a los desastres que sigue arrastrando e incrementa el orden social moderno: el abandono, la soledad, la discrimina-ción y la miseria. Pero están muy lejos de poder conectar con las ideas de colectividad, mutua ayuda, autoafirmación y auto-gestión que se dejaban entrever aquellos años de impulso transformador. ■

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