BIBLIOTECA EMANCIPACIÓN: Libro N° 13753. América Latina: Bajo La Sombra De La Guerra Fría. Schneider, Alejandro…

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LEAMOS SIN RESERVAS, ANALICEMOS SIN PEREZA Y SOMETAMOS A CRÍTICA TODA LA CULTURA

AMÉRICA LATINA: BAJO LA SOMBRA DE LA GUERRA FRÍA

Alejandro Schneider…

América Latina: Bajo La Sombra De La Guerra Fría

Alejandro Schneider…

AMÉRICA LATINA: BAJO LA SOMBRA DE LA GUERRA FRÍA

Alejandro Schneider

(compilador)

América Latina: bajo la sombra de la Guerra Fría / Schneider, Alejandro… [et al.]. – 1a ed – Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Teseo, 2021. 290 p.; 20 x 13 cm.

ISBN 978-987-723-307-0

1. Guerra Fría. 2. América Latina. 3. Comunismo. I. Schneider, Alejandro, comp.

CDD 320.09

Este libro es resultado del Proyecto UBACyT Programación Cien-tífica 2018-2020 dirigido por Alejandro M. Schneider, titulado “Democracias inestables en la historia reciente de América Latina (1954-2016)”, con sede en el Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani” (Facultad de Filosofía y Letras

– Universidad de Buenos Aires).

Buenos Aires, Argentina

Editorial Teseo

Hecho el depósito que previene la ley 11.723

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ISBN: 9789877233070

Imagen de tapa: Cristian Castillo en Unsplash

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Índice

Introducción. Pensar la Guerra Fría en América Latina 9

Alejandro Schneider y Matías Oberlin Molina

México, el cardenismo en los albores de la Guerra Fría 23

Hernán Bransboin

Guerra Fría y reforma agraria en América Latina: la

gestación del concepto de reforma agraria integral 49

Matías Oberlin Molina

Un horizonte cercano. Utopía, reforma agraria y pop en

el gobierno revolucionario de las fuerzas armadas en

Perú (1968-1976)..................................................... 83

Ariel Salcito

Desarrollo e inestabilidad política en América Latina.

Las experiencias desarrollistas de Frondizi y Kubitschek

en Argentina y Brasil............................................. 109

Julián Zícari

¿El petróleo es nuestro? Energía y desarrollo en la

América Latina de la Guerra Fría. Un abordaje de la

creación de Petrobras (1953) y la “Batalla del petróleo”

en Argentina (1958)............................................... 141

Jonatan Nuñez y Bruno Fornillo

El lugar de la Guerra Fría y de la doctrina de seguridad

nacional en la teoría de la dependencia. Un recorrido

por las obras de Theotônio dos Santos y de Ruy Mauro

Marini....................................................................... 161

Julián Kan y Franco Lucietto

Debates ideológicos y participación electoral en los

partidos comunistas de Chile, Guatemala y Uruguay

durante la Guerra Fría........................................... 201

Alejandro M. Schneider

8 • América Latina: bajo la sombra de la Guerra Fría

Repensando los orígenes del Movimiento de Liberación

Nacional-Tupamaros en la “Suiza de América” 231

Manuel Martínez Ruesta

La producción social de las juventudes en tiempos de

Guerra Fría: discursos y sentidos en el Festival Mundial

de la Juventud y los Estudiantes........................ 257

Pablo Vommaro

Presentación de los autores................................ 285

Introducción

Pensar la Guerra Fría en América Latina

ALEJANDRO SCHNEIDER Y MATÍAS OBERLIN MOLINA

¿Por qué hablar de Guerra Fría en América Latina a más de tres décadas de finalizado el conflicto? ¿Qué podemos extraer de un mundo bipolar para un presente multipolar?

En el último lustro acudimos a un escenario en el que las derechas a nivel continental han protagonizado proce-sos políticos, económicos, culturales y sociales. Pero sobre todo han rearticulado un discurso que se caracteriza por la definición de una otredad en torno a un antiguo enemigo en común: el comunismo. Enunciación que en estos días, además, vuelve a cobrar fuerza cuando se producen enor-mes movilizaciones y paros de trabajadores, campesinos, mujeres, jóvenes e indígenas en Colombia. A la par que se votan nuevos representantes constituyentes en Chile, la mayoría de ellos de izquierda, para cambiar su carta magna, pensada por una dictadura que justificó su accionar bajo los parámetros ideológicos de la Guerra Fría. En ese sentido, un viejo pero no extinguido fantasma vuelve a recorrer el continente; de ahí que el presente libro busque repensar y reflexionar sobre una serie de cuestiones en un período que merece ser revisitado.

En términos generales se acepta que el período se inició con el discurso que el presidente norteamericano Harry S. Truman dio ante la Cámara de Representantes cuan-do anunció el compromiso de Washington de erigirse en defensor del “mundo libre” frente a las tendencias expan-sionistas de la Unión Soviética en marzo de 1947.

En este sentido, si bien el escritor británico George Orwell (2013) pensó este término para ilustrar el nuevo orden mundial surgido tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial en el escenario europeo, cabe subrayar que el continente latinoamericano no fue simplemente un actor de reparto. De ahí que compartamos la afirmación efectua-da por Richard Saull (2004: 33), quien observó que “después de la Segunda Guerra Mundial el centro de la crisis se tras-ladó de Europa al sur global”.

Así, en América Latina, el argumento de la difusión del comunismo sirvió para que la diplomacia de Estados Unidos reforzara su presencia en el continente por medio del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas y la confor-mación de la Organización de Estados Americanos (OEA) entre 1947 y 1948. Aunque, cuando los diálogos entre los diplomáticos y los encargados de negocios no alcanzaron, también se optó por la menos sutil intervención militar y/o el empleo de diversas agencias gubernamentales de la Casa Blanca. En otras palabras, el objetivo era mantener el alineamiento de los países situados al sur del río Bravo a través del uso de distintos instrumentos ideológicos, políti-cos, económicos, sociales y culturales.

A partir de entonces, la cruzada antisoviética se expre-só en el giro político autoritario y represivo de varios gobiernos del continente: Gabriel González Videla (Chi-le), Manuel Odría (Perú), Alfredo Stroessner (Paraguay), Marcos Pérez Jiménez (Venezuela), Mariano Ospina Pérez (Colombia) y Fulgencio Batista (Cuba), entre otros. Como consecuencia de ello, en algunos casos, los partidos comu-nistas perdieron su legalidad y sus militantes fueron pros-criptos, perseguidos, encarcelados y torturados. Más aún, si en 1946 Moscú mantenía relaciones diplomáticas con quince naciones de la región a mediados de los cincuenta, estos vínculos se redujeron a tres (Smith, 2010).

En ese escenario, el acontecimiento que significó una bisagra de los nuevos tiempos en el continente fue el golpe de Estado contra Jacobo Árbenz en junio de 1954 en Gua-temala. Desde ese momento, con el trasfondo de la Guerra Fría en el horizonte, cualquier postulado reformista nacio-nalista era sospechado y juzgado como comunista; sobre todo, cuando se ponía en discusión la propiedad de la tierra y de los bienes del subsuelo. En idéntico sentido, a partir de esa interrupción constitucional, Estados Unidos, junto con la colaboración de diferentes grupos sectoriales y con fracciones de clases dominantes locales excluidas, empleó de manera sistemática diversas tácticas para desestabilizar política y económicamente gobiernos elegidos de forma democrática.

Sin embargo, el hecho más importante que condujo, en opinión de Saull (2004), a posicionar a América Latina en el centro de la Guerra Fría fue la Revolución cubana de 1959, impacto que no se detuvo en este continente, sino que también influyó en distintos movimientos de liberación nacional de Asia y África.

A pesar de que este acontecimiento se produjo por fue-ra y, en cierto sentido, contrario a la voluntad de la Unión Soviética, sus consecuencias se hicieron sentir tanto en el campo de las izquierdas como en el de las derechas. Desde entonces se abrió un ciclo histórico caracterizado por su alto nivel de conflictividad en todos los órdenes políticos e institucionales.

La oleada revolucionaria que se irradió desde La Haba-na hacia el resto de la región, con la aparición de numerosas vanguardias armadas, hizo que Washington redefiniera y ajustara la estrategia intervencionista en este lado del orbe. Más allá de que en la mayoría de los casos los partidos comunistas del continente adhirieron a la postura de Moscú de completar la revolución burguesa (sin saltar las etapas) y alcanzar el poder a través de la vía pacífica empleando la participación electoral, el temor a cualquier impugnación del statu quo condujo a abroquelar a las fuerzas conserva-doras y pronorteamericanas en su afán de defender el estilo de vida alcanzado.

Tanto la vía empleada por los cubanos para alcanzar el poder como la alternativa política, económica y social que impulsaban debía ser rápidamente contrarrestada por Estados Unidos. De ahí que, en esa coyuntura, la Casa Blan-ca ideó dos herramientas centrales y complementarias para disciplinar su presencia en el continente: la doctrina de la seguridad nacional y la Alianza para el Progreso.

Desde entonces, ambos dispositivos estuvieron signan-do la agenda cotidiana de los presidentes latinoamerica-nos. Tanto el envío de efectivos militares de la región a las escuelas de inteligencia y adoctrinamiento de Estados Unidos como el asesoramiento en materia política –jun-to con los préstamos monetarios otorgados por diferen-tes órganos financieros– fueron elementos distintivos de esos años. Sin importar que fuesen elegidos por el voto popular o fuesen producto de interrupciones castrenses, los gobiernos de la región diseñaron su labor doméstica al calor de estos preceptos. Las administraciones guberna-mentales analizadas en algunos artículos del presente libro ilustran de forma contundente la puesta en marcha de estas iniciativas políticas emanadas desde las grises oficinas del Distrito de Columbia.

Antes de empezar a comentar el contenido de este libro, quisiéramos hacer una breve reflexión historiográfica sobre la Guerra Fría. Así, en materia de producción académica, si bien en América Latina se había gestado una vasta biblio-grafía sobre los casos nacionales durante el mencionado período, aún hasta fines del siglo pasado existía un amplio vacío historiográfico entre las investigaciones locales y los estudios más globales que habían sido llevados a cabo en Estados Unidos.

En cierta medida, esta ausencia se debió a que los escri-tos elaborados al calor del conflicto –entre las décadas de los cincuenta y comienzos de los noventa– giraron en torno a las grandes potencias de esos años. De acuerdo con Vanni Pettiná (2018: 19), estos ensayos se pueden clasificar en tres grandes corrientes: ortodoxa, revisionista y posrevisionista. El investigador italiano distinguió estas vertientes según el criterio de considerar a qué país se le adjudicaba la respon-sabilidad de iniciar la Guerra Fría. De ese modo, para la primera de ellas, el origen de los enfrentamientos se debió a la política expansionista del comunismo impulsada por la Unión Soviética. Por el contrario, los estudios revisionis-tas consideraron el origen de esta “en la agresividad de las políticas neoimperiales estadounidenses”, las cuales “susci-taron las suspicacias” de Iósif Stalin. Por último, la tercera corriente historiográfica intentó “ofrecer una síntesis más equilibrada del conflicto” al analizar el comportamiento de ambos contendientes.

Ahora bien, este hiato historiográfico se fue ampliando a fines de los años ochenta porque el giro lingüístico y cultural puso en jaque el enfoque clásico comparativo, el cual, según Weinstein (2013: 6), “dependía de una homo-geneización de la nación para facilitar la comparación”, lo que llevaba a que los casos comparados tuvieran que ser “congelados” en un “cierto momento” determinado.

Sin embargo, la caída del muro de Berlín y los acon-tecimientos que derivaron de ese suceso político de alcan-ce internacional permitieron abrir un nuevo horizonte en materia historiográfica. De ese modo, emergieron un con-junto de investigaciones que buscaron dar cuenta de pro-blemas, percepciones y procesos que trascendieron la mira-da historiográfica de las dos potencias centrales, a través de novedosas estrategias de acercamiento a esas décadas. A grandes rasgos, a esa serie de pesquisas se las podría caratular como el nacimiento de una “nueva historia de la Guerra Fría” (Pettiná, 2018: 20). Cabe observar que uno de los elementos claves que contribuyó a esos abordajes fue la apertura de reservorios documentales inéditos, así como también la desclasificación de archivos, ya fuese en la ex Unión Soviética como en otros países.

Una de las primeras respuestas en ese camino fue el nacimiento de la denominada “historia global”, que, si bien surge en Estados Unidos y en Europa, posteriormente comenzó a desembarcar en la historio-grafía latinoamericana (Marchesi, 2017: 189). Aunque la historia global intentó profundizar en los procesos históricos trascendiendo la dicotomía entre externo e interno, su enfoque estuvo en gran medida puesto en la acción imperial. Sumado a eso, es necesario subrayar que la realización de investigaciones de historia global se convierte en una empresa sumamente costosa, por lo que no se han realizado estudios de ese tipo en forma sistemática desde América Latina (Marchesi, 2017).

Ligado a estas cuestiones, desde fines del siglo XX, comenzó a desarrollarse toda una serie de literatura esta-dounidense respecto a “zonas de contacto”, espacios no necesariamente determinados por los Estados, donde cir-cularon ideas, armas, personas y que hicieron posible la existencia de prácticas y discursos similares. Si bien esos intercambios habían sido destacados por diversos estudio-sos, aún eran explicados en términos nacionales. De acuer-do con Aldo Marchesi (2017), esta inclinación por analizar desde una perspectiva nacional se convirtió en una de las mayores dificultades para el examen de la Guerra Fría en América Latina. Retomando el desarrollo de las zonas de contacto, como principio de solución a esta dificultad del desarrollo historiográfico (y al calor del declive de los estu-dios comparativos) surgió la perspectiva transnacional, el cual fue pensado para “mostrar la alta permeabilidad de las fronteras” junto con “la intensa circulación de cuer-pos, ideas y objetos de consumo”, donde se cuestiona “la viabilidad de la comparación, especialmente entre naciones (Weinstein, 2013: 7).

En otros términos, el enfoque transnacional, por lo tanto, surgió como un abordaje que complejiza y “que pue-de ser aplicado a una amplia gama de asuntos” (Weinstein, 2013: 13). En cierta forma, también, los estudios latinoa-mericanos se enriquecen con la propuesta que nos sugiere Akira Iriye (2013) sobre el empleo del transnacionalismo al permitirnos pensar relaciones sociales que cruzan fron-teras, redes y flujos de personas, diásporas, reproducción de procesos culturales a escala regional, reconfiguración y expansión del capital a nivel mundial y movimientos socia-les que articulan lo local y lo global. En ese contexto, una de las principales obras que orientó a diversos estudios en el tema fue la investigación The Global Cold War (2007), de Odd Arne Westad; en ella, se procuró “incluir al Tercer Mundo, por primera vez, como objeto de estudio central para adquirir una comprensión completa del período y sus problemas” (Pettiná, 2018: 21).

En forma simultánea, desde América Latina, un con-junto de investigaciones desde fines del siglo XX y comien-zos del presente buscaron subrayar el protagonismo de los países de la región durante el conflicto (por su capacidad de desarrollar una agenda política autónoma de las poten-cias), por ejemplo, la obra de Kyle Longley (1997) sobre José Figueres en Costa Rica, la de Piero Gleijeses (2002) sobre las misiones cubanas en África o la de Ariel Armony (1999) sobre la presencia militar argentina en Centroamérica, solo por citar algunos ejemplos. Dentro de esta producción, no menos importante, se encuentra un libro coordinado por Daniela Spencer (2004) en donde se analiza la Guerra Fría en América Central, el Caribe y México. Por otro lado, como parte de la historiografía reciente se halla un escri-to de Tanya Harmer (2013) que emplea un enfoque meto-dológico innovador al pensar los enfrentamientos desde una mirada multidimensional y descentralizada. Por últi-mo, una aproximación a lo que se intenta hacer en este libro se encuentra en una obra publicada por Cambridge Univer-sity Press de May, Schneider y González (2018) sobre los movimientos armados en Centroamérica y el Caribe duran-te esos años. En resumen, iniciada la tercera década del siglo XXI, los estudios sobre la Guerra Fría en América Latina se presentan como un terreno fértil para el desarrollo de los cientistas sociales.

III

Sobre la base de lo mencionado con anterioridad, nuestro libro se presenta con la intención de tomar algunas de esas ideas y temas. A pesar de las dificultades que este tipo de pesquisa conlleva, como argumenta Marchesi (2017), estos artículos son el resultado no solo de una exhaustiva lectura bibliográfica sino que también son fruto del empleo de nue-vas fuentes primarias, tanto provenientes del país como del exterior. Así, el equipo de investigación se ha encontrado trabajando en repositorios y archivos tanto en Argentina como en Brasil, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, México, Perú, Puerto Rico y Uruguay.

La región fue pródiga en desarrollos organizativos, conceptuales y teóricos en los años que duró el conflicto bipolar, lo que pone de manifiesto que el sur global fue un protagonista ineludible del período: la guerrilla urbana y rural, la reforma agraria integral, el desarrollismo y la teoría de la dependencia son algunos de esos ejemplos.

Al igual que en los anteriores libros publicados, en el marco de los pasados proyectos UBACyT, el presente escri-to se fundamenta sobre la base de un conjunto de artícu-los que, a pesar de las distintas estrategias metodológicas empleadas, objetos analizados, escalas y problemas abor-dados, permiten de manera conjunta discutir un momento candente en la historia del continente. De este modo, se apunta a comprender la Guerra Fría a partir de una serie de aportes específicos, rescatando sobre todo los aportes historiográficos brindados por la historia global.

Los cambios domésticos e internacionales que provocó el advenimiento de la Guerra Fría no se produjeron en forma inmediata, sino que estos fueron un proceso lento, por medio de distintas tensiones internas en el ámbito polí-tico. El caso analizado por Hernán Bransboin en el seno del Partido de la Revolución Institucional en la década del cincuenta fue un claro indicador de esas pujas vibrantes en el escenario mexicano. En particular, analiza cómo el expresidente Lázaro Cárdenas intervino defendiendo a los sectores progresistas de ese partido bajo el gobierno de Miguel Alemán (1946-1952). Para eso, el autor examina esos debates y definiciones en un período que se caracteri-zó por la construcción y consolidación del sistema político priista, tanto en un sentido instrumental como en sus defi-niciones ideológicas.

En el segundo artículo, las lecciones que deja la Revo-lución mexicana aparecen nuevamente en escena a partir del análisis que efectúa Matías Oberlin Molina cuando se detiene a estudiar el impacto de su reforma agraria para otros procesos históricos de América Latina. Si bien aclara que es una labor titánica buscar historizar todos los movi-mientos agrarios que se produjeron en el continente en el siglo XX, el autor brinda una serie de claves, indicios y pistas para intentar comprender cómo la noción de refor-ma agraria sufrió distintas transformaciones en las décadas del cincuenta y sesenta al calor de la Guerra Fría. En esa coyuntura, Oberlin Molina explica cómo, promovido por los organismos internacionales, emergió la idea de reforma agraria integral, la cual no solo implicaba una redistribución de tierras sino que extendía ese concepto a la política de otorgamiento de créditos, asistencia técnica y acceso a cir-cuitos de comercialización y distribución de los productos, al tiempo que establecía nuevos márgenes a la discusión, alejando la reforma agraria tanto del proceso cubano como del mexicano.

La importancia del reparto agrario instrumentado desde los gobiernos durante esos años de tensión entre las potencias ha sido también tema de incursión de Ariel Salcito en Perú durante la presidencia de Juan Velasco Alvarado (1968-1975). Aunque el tema de la política doméstica peruana para con el sector rural ha sido abordado a través de una amplia bibliografía, el autor se detiene en la propaganda política que empleó el régimen para difundir su labor en el área. En ese sentido, reflexiona cómo se utilizó el afiche, inspirado en el pop art y en la tradición andina, como herramienta de divulgación de la labor gubernamental en materia agraria, adaptación artística y política que se denominó como “pop achorado”.

Como es sabido, en la década del sesenta no solo se abordaron debates en torno a la aplicación y alcance de las reformas agrarias en el continente. Más aún, este asunto y su impacto en las históricas demandas del campesinado latinoamericano fue incluido dentro de propuestas políticas de mayor alcance (entre otras, las que tuvieron que ver con el ideario del desarrollismo, esquema pensado y diseñado en el marco de la Alianza para el Progreso). En esa senda, el libro incluye dos artículos que analizan esta orientación ideológica y práctica política a partir de las medidas que se implementaron en esos años en Argentina y Brasil.

En el primero de ellos, Julián Zicari da cuenta de los proyectos desarrollistas que se llevaron a cabo en esos paí-ses durante las presidencias de Arturo Frondizi (1958-1962) y de Juscelino Kubitschek (1956-1961). Para eso repasa en forma comparativa las nociones de desarrollo en ambas naciones y cómo estas fueron incorporadas a cada situa-ción histórica en particular, y también cómo atravesaron la Guerra Fría, explicitando el alcance de sus objetivos, con-ceptos y premisas. En función de ello se detiene en describir algunas de las pujas internas de esos años, al tiempo que estudia las relaciones que mantuvieron con diferentes acto-res sociopolíticos del momento.

Por su parte, en el artículo de Jonatan Nuñez y Bruno Fornillo el eje de estudio es la cuestión del autoabaste-cimiento energético bajo el desarrollismo, sobre todo del petróleo. Para ello analizan las contingencias que atravesa-ron Brasil y Argentina para aumentar su disposición autó-noma de ese mineral en el marco del agudo cuadro de tensiones diplomáticas entre esos países y los intereses de Estados Unidos en el seno de la Guerra Fría y en un escena-rio signado por la Alianza para el Progreso. Con ese telón de fondo, explican los avatares que surgieron al momento de crearse la empresa estatal brasileña Petrobras y los pro-blemas que tuvo la denominada “Batalla del Petróleo” del presidente Frondizi en 1958.

La tutela sobre los gobiernos latinoamericanos ejercida por la diplomacia de Estados Unidos en esas décadas pro-vocó un intenso debate político y académico dentro y fuera de los muros de las altas casas de estudios. Como parte de esas polémicas, se inserta la pesquisa de Julián Kan y Franco Lucietto sobre el pensamiento de dos célebres exponentes de la teoría de la dependencia: Theotônio dos Santos y Ruy Mauro Marini. En ese artículo, los autores explicitan, a partir de los argumentos conceptuales expuestos por estos dos economistas brasileños, los vínculos existentes entre el impulso dado por Washington a la doctrina de seguridad nacional con las políticas domésticas desarrolladas bajo el escenario de la Guerra Fría.

En otro orden de temas, los enfrentamientos entre las grandes potencias no solo se circunscribieron a las ten-siones internas que experimentaron los propios gobiernos, sino que también cruzaron a los partidos de izquierda, sobre todo en un continente que era pensado como territo-rio exclusivo de uno de esos contendientes. A pesar de las campañas anticomunistas, las censuras, las persecuciones y los encarcelamientos a los militantes de esta corriente, el pensamiento y las acciones radicales crecieron en esos años turbulentos. Era claro que algunas condiciones objeti-vas (como la falta de acceso a la tierra, la pobreza y las dictaduras militares) propiciaron varios de los ingredien-tes esenciales para que la difusión de las ideas marxistas alcanzase cierto peso.

Más aún, este complejo escenario se encontró pródiga-mente enriquecido a partir de una sumatoria de aconteci-mientos que hicieron que los debates dentro de la izquierda lograran una mayor y amplia difusión. De ese modo, tanto los cambios en la reorientación política que se produjeron tras el XX Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética como el cisma que se dio entre este último país y China alimentaron y enriquecieron las polémicas entre las fuerzas de izquierda locales. En forma casi simultánea a esas disputas, las acciones de los barbudos de Sierra Maes-tra abrieron –con su metodología revolucionaria y con su negativa a respetar una etapa burguesa en su praxis– nuevas cuestiones en la agenda radical.

En ese convulsionado y crispado contexto signado por la Revolución cubana y los debates en el seno de la izquierda internacional, se inserta el artículo de Alejandro Schnei-der. De acuerdo con este investigador, estas polémicas en el marco de la Guerra Fría impactaron en forma desigual en el accionar político de los partidos comunistas en Amé-rica Latina. A fin de ello, el artículo examina las tácticas que implementaron los miembros de esa corriente en Chile, Guatemala y Uruguay, sobre todo, en función de adoptar, en algunos casos, la vía armada, y en otros, el camino elec-toral para alcanzar el poder. De ese modo, destaca que la dinámica de su intervención política estuvo mediada tan-to por factores domésticos como por los acontecimientos mundiales mencionados.

La situación de la izquierda uruguaya vuelve a reto-marse, desde otro punto de vista y con otros objetivos, en el examen que hace Manuel Martínez Ruesta sobre los orí-genes del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros. En ese sentido, el artículo sostiene que la experiencia de ese grupo armado, tanto por su independencia material como por su flexibilidad teórica y conceptual con respecto a Cuba, fue fruto en primera instancia de las aceleradas transformaciones sufridas en Uruguay desde la década del cincuenta antes que de alguna injerencia externa.

Por último, en el marco del crecimiento de la izquierda durante la Guerra Fría, el libro se cierra con el artículo de Pablo Vommaro sobre la emergencia de las juventudes como sujetos políticos y sociales en esas décadas. En esta coyuntura, surgieron diferentes organizaciones y ámbitos de militancia política, cultural y social. Dentro de esos espa-cios el autor se detiene a examinar el XI Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, que se desarrolló en La Habana en 1978. En ese escenario explora los principales discursos que allí se pronunciaron, sobre todo, en relación con el análisis y las interpretaciones que se hacen acerca de los procesos de politización y radicalización juvenil en esa época.

Presentamos entonces el fruto de la labor de los últimos años del equipo de investigación. Lejos de ser un trabajo que agote la cuestión de la Guerra Fría en América Latina, nuestro aporte busca insertarse en los desarrollos actuales de la historiografía sobre el conflicto, abriendo una serie de preguntas y lecturas sobre la base de problemáticas aún vigentes en esta convulsionada región del globo. La pre-gunta con la que iniciamos esta introducción empieza a responderse con una certeza: la Guerra Fría proyectó una sombra sobre el continente; una sombra que, sin embargo, no impidió el protagonismo y los originales aportes de los actores de la región.

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México, el cardenismo en los albores de la Guerra Fría

HERNÁN BRANSBOIN

El general Lázaro Cárdenas del Río fue un estadista con dimensión social cuya herencia fue tan sólida y vasta que la camarilla, el grupo neoliberal y oligárquico no logró destruir-la en las cuatro décadas en las que permaneció en el poder.

Andrés Manuel López Obrador1

Introducción

El general Lázaro Cárdenas del Río fue un cabal producto de la Revolución mexicana. Su gobierno (1934-1940) cons-tituye en la memoria del pueblo mexicano el momento en el cual las principales banderas de la revolución se cristaliza-ron en políticas concretas. Fue el gobierno cardenista quien mejor encarnó la esperanza de los sectores más progresistas de la revolución. Su política obrerista, la enorme reforma agraria –que además privilegió la organización ejidal de producción– y la nacionalización del petróleo son la mues-tra de la naturaleza del régimen cardenista. Sin embargo, su gobierno fue una anomalía en la historia posrevolucionaria. Fue el único momento en el cual el Estado hizo valer las reivindicaciones revolucionarias plasmadas en la constitu-ción de 1917. Los gobiernos posteriores no respondieron a las expectativas que la revolución generó.

1 La Jornada, 20 de octubre de 2020.

24 • América Latina: bajo la sombra de la Guerra Fría

La salida de Cárdenas del poder implicó un giro en el proceso posrevolucionario que derivó en el paulatino ascenso del sector más conservador al poder y la instru-mentación de un muy particular sistema político que garan-tizó la hegemonía de la burocracia del Partido de la Revolu-ción Institucional (PRI) por sesenta años.

La sucesión presidencial de 1940 fue un parteaguas en la historia de México. En ese preciso momento el país estaba en una encrucijada: o se producía la continuidad del gobierno cardenista mediante la elección del general Francisco Múgica o se daba un drástico giro a la derecha producto del rápido ascenso del empresario Juan Andrew Almazán. La sociedad estaba dividida y la violencia política estaba muy fresca en la mente de los mexicanos. Además, Múgica era visto tanto por los sectores más reaccionarios de México como por el gobierno de los Estados Unidos como un dirigente más radical que el mismo Cárdenas. Una suerte de peligro comunista, según la mirada de los diplomáticos estadounidenses. Ante esta situación Cárde-nas optó por una salida moderada. Manuel Ávila Cama-cho era el candidato que presumiblemente permitiría cierto consenso y garantizaría el mantenimiento de algunos de los logros obtenidos durante el sexenio cardenista.

Si bien el gobierno de Ávila Camacho no puede ser considerado totalmente opuesto al cardenismo, sí podemos afirmar que durante su transcurso el ala cercana al expresi-dente michoacano fue paulatinamente suprimida del esce-nario central del partido de gobierno. Probablemente, con la finalización de la Segunda Guerra Mundial, el contexto internacional hizo obsoleta la estrategia del frente popular antifascista. El inicio de la Guerra Fría hacía de la retórica de lucha de clases un elemento que había que eliminar, y esa retórica era parte del discurso cardenista.2 Además, el

2 Entre muchas otras cosas, fue reformado el artículo tercero de la constitu-ción, que impuso la educación socialista durante el gobierno de Lázaro Cár-denas, en el marco de una reforma educativa.

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Partido Comunista debía ser excluido del nuevo escenario. Este panorama explica que uno de los últimos actos impor-tantes durante el sexenio camachista fue la transformación del partido de gobierno. El 18 de enero de 1946 el Partido de la Revolución Mexicana era reemplazado por el Partido de la Revolución Institucional. Comenzaba la era del PRI.

Este cambio no fue profundo desde lo organizacional. Si bien algunas transformaciones se produjeron, lo cierto es que el esquema corporativo siguió prevaleciendo. Pero encontramos modificaciones significativas en dos elemen-tos fundamentales del período posrevolucionario. En pri-mer lugar, lo que quedaba de aquella generación que par-ticipó de la revolución quedó desplazada. Los militares revolucionarios, envejecidos, dieron paso a una generación de políticos civiles, asociados al conocimiento técnico para ocupar cargos estratégicos en el Estado mexicano. No es casual que con la fundación del PRI se adoptara la candida-tura presidencial para las elecciones de ese año de Miguel Alemán, quien fue el primer presidente no militar desde la revolución de 1910.

En segundo lugar, la creación del PRI implicó la acep-tación de que los objetivos de la revolución habían sido alcanzados. Supuestamente el PRI era la cristalización de esos ideales revolucionarios que ya no eran parte de un proceso en el que se intentaban alcanzar, eran ya una reali-dad. Durante décadas la gran familia revolucionaria luchó por lograr esos ideales que el PRI institucionalizaba con su creación. Al dar por concluido el proceso revolucionario los sectores más radicales, afines a la corriente cardenista, fueron dejados de lado y las facciones más conservadoras se hacían con el poder real en el país.

El inicio de la década de 1950 mostraba un panora-ma nada halagüeño para con la izquierda en México. La hegemonía priista que el gobierno de Alemán consolidó dejaba un muy estrecho margen de acción al general Cár-denas y a todos aquellos que seguían el legado que su sexe-nio presidencial había impulsado. En las páginas siguientes

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describiremos cómo Cárdenas actuó en este panorama tan hostil para los sectores más progresistas en el momento en que el inicio de la Guerra Fría daba lugar al endurecimiento de los sectores más reaccionarios de México.

Cárdenas hace equilibrio

El gobierno de Alemán (1946-1952) coincide con el inicio de la Guerra Fría. En este momento convergen algunos procesos que se alimentan mutuamente, lo que explica el giro que la historia mexicana tomó. Con la creación del PRI como estructura gubernamental y la consolidación de la hegemonía de una casta política que se caracterizó por la matriz conservadora en sus políticas, se fue gestando una transformación en el discurso revolucionario. Los “here-deros” de la revolución retomaron el discurso nacionalista que esta había inaugurado con un perfil netamente anti-imperialista. Históricamente en México, hablar de antiim-perialismo es referirse a la marcada tendencia de los Esta-dos Unidos por intervenir directa o indirectamente en el subcontinente. El sesgo antiyanqui era característico, y se encontraba incorporado a la tradición discursiva que la revolución dejó. Sin embargo, durante la presidencia de Alemán, se fue gestando una incorporación a la noción nacionalista. La postura antiimperialista empezó a añadir un profundo anticomunismo. Muestra de ello fue la denun-cia que hizo en septiembre de 1947 el presidente del PRI, Rodolfo Sánchez Taboada, quien manifestó su preocupa-ción por la influencia comunista exhibida por varios espa-cios políticos del país y prometió combatir a aquellos que defendieran las ideas comunistas por ser incompatibles con “la realidad mexicana” (Smith, 1998: 101). El discurso anti-comunista se asoció al antiimperialismo y se hizo hincapié en lo incompatible de esta corriente política con la esencia del ser nacional mexicano. En este sentido, el vínculo del

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Estado con la Iglesia y el supuesto lugar central que tenía la religión para el “ser nacional” jugaron un papel importante al contraponer el catolicismo mexicano, prototípico de la esencia mexicana, al comunismo soviético ateo.

En el caso mexicano, la polarización que generó el inicio de la Guerra Fría tuvo su especificidad. La actuali-zación de viejos enfrentamientos es la clave en la que se puede leer la grieta que se gestó en el país. La influen-cia de los Estados Unidos, el incremento de sus políticas intervencionistas y las tensiones sociales que se acumulaban reactivaron el histórico enfrentamiento entre cardenistas y anticardenistas. Entre estos últimos se puede encontrar a la Unión Nacional Sinarquista, al Partido Autonomista Nacional (PAN), a una parte de la Iglesia y a sectores del empresariado. Estos sectores tenían sus órganos de prensa que explicitaban sus posiciones. Denunciaban la supuesta interferencia del expresidente en la gestión del gobierno y lo retrataban como parte de una conspiración soviética. Pero este anticardenismo explícito se complementaba con posturas similares hacia el interior del partido de gobierno. La presidencia de Alemán constituyó una suerte de purga del cardenismo dentro del Estado. El fin del mandato de este presidente mostró un Cárdenas con mucho predica-mento en la escena política por su prestigio y por lo que representaba en el campo priista, pero dentro del aparato de gobierno su poder era absolutamente limitado. Sus com-pañeros y seguidores prácticamente no tenían lugares de poder real. No había cardenistas en el gabinete de gobierno ni en lugares relevantes del Poder Legislativo ni en las comandancias de las Fuerzas Armadas. Además, como plan-tea Soledad Loaeza, “el liderazgo cardenista estaba limita-do por la contradicción que generaba su presencia en el corazón de la fractura política más importante de la socie-dad y su condición de símbolo legitimador del partido en el gobierno y del Estado posrevolucionario” (2016: 749). Esta contradicción acompañará al general Cárdenas duran-te gran parte de su trayectoria.

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Uno de los momentos más conflictivos en el interior del partido gobernante se produjo en ocasión de la campa-ña presidencial de 1952. La camarilla alemanista intentaba consolidar su poder mediante una reforma constitucional que permitiera la reelección de su líder. Conocido es lo conflictivo de una postura reeleccionista en México.3

La voluntad de poder de Alemán se enfrentó a dos polos. Por un lado, el general Miguel Henríquez Guzmán, quien había intentado candidatearse como presidente por el oficialismo en 1946, intentó competir con Alemán dentro del PRI, pero la respuesta del sector alemanista fue una purga de los sectores que representaban al “henriquismo”. Sectores de las organizaciones obreras y campesinas de izquierda, que confrontaban con la burocracia de la Confe-deración de Trabajadores de México (CTM) y la Confedera-ción Nacional Campesina (CNC), también fueron obligados a salir de las filas del partido oficial. El propio Henríquez corrió la misma suerte y de esta forma se conformó una fuerza de oposición que compitió con el PRI en las elec-ciones de 1952.

El henriquismo se presentó levantando muchas de las banderas del cardenismo, y rápidamente la prensa de dere-cha y la alemanista se hicieron eco de ello, planteando que Cárdenas apoyaba la candidatura del flamante opositor al PRI. En esta situación, el expresidente jugaba una partida de ajedrez. Por un lado, se mantenía en una postura en don-de manifestaba la no injerencia en los asuntos del Estado, mostrándose respetuoso de la trayectoria institucional que naturalmente recorría México. Pero, tras bambalinas, actuó para evitar la reelección de Alemán, aunando esfuerzos con

3 Desde mediados del siglo XIX las posturas antireeleccionistas fueron muy fuertes en México. La idea de la reelección se asoció a las dictaduras, espe-cialmente a la figura de Porfirio Díaz. Recordemos que Francisco Madero formó el Partido Nacional Antireleeleccionista en 1909 para enfrentar a Díaz. Esta tradición política contraria a la reelección continúa hasta el día de hoy.

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su sucesor, Ávila Camacho. Era necesario evitar que la fac-ción alemanista lograse hegemonizar el poder en el partido.

Este enfrentamiento, siempre velado, entre Cárdenas y Alemán se manifestaba de diversas maneras. Hacia finales de 1949, Victoriano Anguiano, secretario general y líder del ala moderada del Partido Popular (PP), inició una escalada de declaraciones donde denunciaba la influencia de Cár-denas en su estado natal, Michoacán, especialmente con la candidatura a la gobernación de su hermano Dámaso Cárdenas. Anguiano fue criticado por la dirigencia priista y por el mismo Lombardo Toledano, fundador del Partido Popular (PP).4 Acto seguido, Anguiano renunció al partido e inició otra escalada de declaraciones que tuvieron acogida en los principales periódicos del país, tal es así que en 1951 el periódico El Excélsior publicó un editorial firmado por Anguiano titulada “Lázaro Cárdenas, su feudo y la polí-tica nacional”. Según Anguiano, “de ganar su hermano la gubernatura, Lázaro tendría control directo de los hilos del gobierno, consolidando su poder, instaurando una dinastía y consumándose de esa forma el feudalismo en el estado” (Mijares Lara, 2016: 83).

La lectura que se hizo desde el cardenismo fue que Anguiano estaba representando un ataque que tenía su ori-gen en el gobierno nacional. Era algo muy sospechoso que un personaje absolutamente menor como Anguiano tuviera un lugar preponderante en los periódicos de mayor tira-je y popularidad en México: solo el auspicio del gobierno podía explicar tal cosa. Se presumía que el gobierno inten-taba esmerilar el prestigio de Lázaro Cárdenas para intentar

4 El Partido Popular fue fundado por Vicente Lombardo Toledano en 1948. Era un partido de izquierda que representaba la resistencia de los sectores más radicales dentro del PRI que estaban siendo marginados por el gobierno de Miguel Alemán. Sus posiciones eran contrarias al perfil conser-vador que daba el gobierno y a la burocratización que se producía en la CTM liderada por Fidel Velázquez. Si bien representaba una suerte de opo-sición, estaba dentro de la constelación de partidos cercanos al priismo, absolutamente incorporados al sistema de partidos aceptables.

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neutralizar su influencia y lograr la ansiada reelección de Alemán.

El general Cárdenas se mostraba indiferente a la cam-paña en su contra, siempre posicionándose neutral en los conflictos dentro del partido y concentrándose en su tra-bajo como vocal ejecutivo en la Comisión Hidrológica de la Cuenca de Tepalcatepec.5 Sin embargo, su círculo más cercano accionó en defensa del líder michoacano. Ignacio García Téllez, secretario personal de Cárdenas, redactó un documento titulado En defensa del régimen cardenista. Este documento fue firmado por muchas personalidades cerca-nas a Cárdenas, entre ellos el general Múgica y exsecreta-rios, tales como Efraín Buenrostro o Melquiades Angulo. El documento fue más bien moderado, sin agresiones directas al gobierno nacional, pero defendía al período cardenista de los ataques que lo colocaban como demasiado radical y hasta comunista. Por otro lado, manifestaba la imperiosa necesidad de defender el principio de la no reelección ya que era una conquista histórica de la revolución “que corría el riesgo de desaparecer por claudicaciones personales”. De acuerdo con ese planteamiento, “la reelección era una vuel-ta al pasado que perjudicaba a México, ya que se corría el riesgo de que resucitaran los caudillos y las oligarquías” (Mijares Lara, 2016: 85).

El proceso electoral de 1952 fue muy conflictivo. Por un lado, el presidente, representando al ala conservadora del PRI, intentaba forzar una reforma constitucional que le permitiera acceder a la reelección. Por otro lado, el general Henríquez había constituido una fuerza opositora que, a pesar de la persecución y los obstáculos, intentaba posicio-narse como una fuerza seria que impidiera la consolidación del perfil conservador que estaban teniendo la presidencia

5 Lázaro Cárdenas fue nombrado por el presidente Alemán como vocal ejecu-tivo en la Comisión Hidrológica de la Cuenca de Tepalcatepec. Esta Comi-sión se dedicó a la realización de obras para el riego y la utilización de las aguas para el desarrollo agropecuario e industrial en el Estado de Michoacán.

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de Alemán y el PRI en general. Por otro lado, estaban los expresidentes Cárdenas y Ávila Camacho, quienes, supues-tamente respetando el principio de no injerencia de los exmandatarios, igualmente accionaban para impedir que el bando alemanista se quedara con el partido y con el Estado.

El perfil de ambos expresidentes era diferente. Los dos coincidían en el nefasto rol que cumplían los alemanistas en el poder. Pero en el caso de Cárdenas había una moti-vación ideológica añadida. El período alemanista implicó para Cárdenas un retroceso en cuanto a los logros centrales que su gobierno había alcanzado: la soberanía mexicana se había deteriorado, la injerencia estadounidense aumentaba y la posición de trabajadores y campesinos estaba siendo atacada mediante el uso de una burocracia rancia tanto en la CTM como en la CNC, que convirtieron ambas orga-nizaciones en absolutamente serviles a los intereses de los sectores más reaccionarios del PRI. Para Cárdenas era pri-mordial evitar la reelección y limpiar al gobierno de ale-manistas.

El problema que tenía Cárdenas era que su espacio era débil; como dijimos anteriormente, su fuerza política no tenía lugares destacados ni en el gobierno ni en el partido. Su capital era su prestigio por ser parte central de la gene-ración que hizo la revolución. Su palabra valía en tanto y en cuanto se mantuviera dentro de la “gran familia revolu-cionaria” del PRI. La candidatura de Henríquez tenía una plataforma que se basaba en las ideas medulares del carde-nismo; sin embargo, apoyar la candidatura del henriquismo implicaba aislarse de las organizaciones que tenían el poder real. Salir de esa estructura convertiría a Cárdenas en una palabra testimonial sin valor más allá de lo moral. Creo que es en este razonamiento en el que se pueden encontrar las razones por las que Cárdenas no apoyó a Henríquez y deci-dió combatir a los conservadores desde dentro del PRI.6

6 La relación entre el henriquismo y Cárdenas se deterioró luego de las elec-ciones de 1952. Por otro lado, muchos de los referentes del henriquismo

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La postura reeleccionista se fue desinflando poco a poco. Las críticas, en general, se hacían a supuestas malas influencias o a amigos equivocados del presidente, siempre tratando de dejar indemne a la figura presidencial. Alemán no mostraba explícitamente la voluntad de quedarse otro período en su cargo, simplemente dejaba que su círculo más cercano colocara la posibilidad en el tapete y luego reco-giera las repercusiones.

Pero la idea de la reelección estaba herida de muerte no bien comenzó. La imposibilidad de la reelección implicaba un reaseguro para evitar que el acceso a la presidencia se convirtiera en una empresa personal. Lo importante era impedir que el personalismo debilitara la institucionalidad lograda por los triunfadores de la revolución. La creación del PRI era la prueba irrefutable de su triunfo y esa victo-ria no podía ponerse en peligro por el surgimiento de un personaje providencial que echara por tierra lo logrado. El sistema priista daba mucho poder al presidente, pero no al sujeto, sino al cargo. En el Estado mexicano del PRI el príncipe es el garante de la continuidad, príncipe en tanto figura, no en tanto personalidad. Por ello, personajes como los expresidentes Abelardo Rodríguez o Emilio Portes Gil, simpatizantes de Miguel Alemán, rechazaron la posibilidad de la reelección. Más allá de lo ideológico, había cosas más importantes que salvaguardar (Mijares Lara, 2016: 92).

Más allá de los obstáculos que tenían los alemanistas para lograr su continuidad en el control del Estado, en el interior del PRI se lograba limitar lo máximo posible el lugar de los sectores de izquierda del partido. Por un lado, fueron expulsados todos aquellos que apoyaron la candida-tura del general Henríquez, especialmente aquellos que for-maron el Comité de Orientación Pro Henríquez Guzmán y, especialmente, la Unión de Federaciones Campesinas de México, organismo que le disputó el poder a la oficialista

fueron tomando un perfil más conservador y especialmente anticomunista desde la segunda mitad de la década de 1950.

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CNC. Una parte importante de los expulsados del PRI eran señalados como “el grupo cardenista”, lo cual mostraba cuál era la idea que se tenía desde el gobierno del expresidente.

Lo cierto es que Cárdenas nunca se manifestó a favor de la candidatura de Henríquez, pero tampoco la censu-ró. La búsqueda de Henríquez inicialmente fue por dentro del partido, tratando de lograr una democratización de los mecanismos mediante los cuales se determinaban las can-didaturas, pero finalmente debió disputar el poder desde fuera del partido. Apoyar a un candidato por fuera del PRI era imposible para Cárdenas. El expresidente sabía que sin la estructura partidaria no se podía llegar a la presidencia. La disputa estaba dentro del PRI: lo importante era evitar no solo la reelección de Alemán, sino lograr la candidatura de un sujeto que no respondiera al ala más reaccionaria del partido. Todo esto explica por qué Cárdenas nunca hizo público su apoyo a Henríquez.

El proceso de selección del candidato oficialista para las elecciones de 1952 fue complejo. No solo había que conciliar con los sectores que conformaban el partido, espe-cialmente con la CNC y la CTM, sino que había dos expre-sidentes con quienes había que llegar a un acuerdo. La voz del presidente, si bien la más importante en el proceso de “destape”, no era la única. En este sentido, a mediados de 1951, y como parte de la disputa con el henriquismo, surge el nombre de Fernando Casas Alemán, regente de la Ciudad de México. Aparentemente Casas Alemán tenía el apoyo del Poder Ejecutivo, y, en calidad de futuro candidato presiden-cial, se entrevistó con Cárdenas.

El supuesto apoyo del presidente le terminó jugando en contra a la candidatura del regente del Distrito Federal. Varios gobernadores se mostraron contrarios a que un ale-manista presidiera México, e incluso parte del círculo cer-cano al presidente se oponía. A medida que perdía fuerza la candidatura de Casas Alemán, fue haciéndose más grande la figura del secretario de gobernación, Adolfo Ruiz Cortines, quien era apoyado por algunos gobernadores, entre ellos

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Dámaso Cárdenas, hermano de Lázaro, flamante goberna-dor de Michoacán.

Ruiz Cortines también se entrevistó con Cárdenas, con quien se mostró interesado en mejorar la situación del cam-pesinado, continuando el legado cardenista en lo que hacía a la repartición de tierras. Probablemente esta predisposi-ción a los temas que más le interesaban al expresidente fue importante para ganarse su apoyo.

En realidad, tanto Cárdenas como Ávila Camacho con-dicionaron su apoyo al candidato Ruiz Cortines a que, una vez que se hiciera con la presidencia, eliminara los elemen-tos alemanistas del gobierno. “De no cumplirse este com-promiso, el nuevo presidente corría el riesgo de confron-tarse con Ávila Camacho y Cárdenas, pues en eso ambos estaban de acuerdo. Los expresidentes deseaban ver fuera del gobierno a la camarilla de Alemán” (Mijares Lara, 2016: 104). El resultado final de este proceso fue el triunfo de Ruiz Cortines y su llegada a Los Pinos.

Claramente Ruiz Cortines no era afín al ideario car-denista; en este sentido Henríquez estaba mucho más en consonancia con el sentir del expresidente. Sin embargo, Cárdenas privilegió la lucha por el poder real y no por cons-tituirse en un testimonio del pasado. El futuro presidente solo saldría de la disputa en el interior del PRI, y toman-do en cuenta la correlación de fuerzas y el contexto de la incipiente Guerra Fría que condicionaba el proceso político interno, a lo máximo que se podía aspirar era a lograr la erradicación del rancio grupo alemanista.

La debilidad de Cárdenas y del cardenismo dentro del PRI puede explicar algunos aspectos de la situación política del México de los años cincuenta y sesenta. Si bien el expre-sidente no pudo ser siempre consecuente con su pensa-miento respecto a la política interna, en lo relativo a la polí-tica exterior mexicana la cuestión fue diferente. En muchas ocasiones debió guardar silencio o tener expresiones muy moderadas en asuntos tales como conflictos sindicales o con grupos de campesinos. Incluso tuvo un perfil muy bajo

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en momentos en donde el salario real de los trabajadores se veía afectado por el contexto económico y las políticas del gobierno. Sin embargo, Cárdenas tuvo una activa participa-ción en asuntos de política internacional. En ese ámbito es donde se lo pudo observar con el protagonismo que había abandonado luego de su presidencia y convertirse así en una figura importante del antiimperialismo mexicano. Su posición respecto a la injerencia norteamericana y al golpe de Estado en Guatemala de 1954 fue claramente confron-tativa, siendo este un episodio que marcó fuertemente el contexto político mexicano. En las próximas páginas inten-taremos profundizar en este tema.

Cárdenas, Guatemala, Estados Unidos y la Guerra Fría

Desde fines de los cuarenta se lanzó en México una cam-paña anticomunista por parte de los principales medios de comunicación masiva. Esta campaña era parte de la batalla ideológica en los inicios de la Guerra Fría en México y coincidió con la exclusión de la izquierda “oficial” de los ámbitos que habían conquistado desde el sexenio cardenis-ta. Mediante esta campaña se atacó a cardenistas, a sindi-calistas independientes, a miembros de movimientos socia-les y a intelectuales que tuvieran inclinaciones cercanas al “peligro comunista” (Servín, 2002: 12).

A la campaña anticomunista dentro del PRI hay que entenderla dentro de una lógica donde la retórica oficia-lista profundizó el cariz nacionalista de su discurso. Ese nacionalismo servía en parte para contrarrestar la penetra-ción norteamericana, pero especialmente para ser utiliza-do como parte de la propaganda anticomunista. Por esto podemos entender que en 1948 el presidente del partido, Sánchez Taboada, haya dicho que iban a ser expulsados todos los que intentaran “hacer del PRI una guarida para los comunistas” (Mijares Lara, 2016: 116), iniciando así la

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purga de la izquierda. En realidad, el Partido Comunista era débil y por eso el Departamento de Estado no percibía un “peligro rojo” en México. Sin embargo, esto fue apro-vechado por el gobierno de Alemán para fomentar la idea de la penetración soviética y perseguir así a la izquierda dentro y fuera del PRI; en este sentido se comprenden los intentos por mancillar la figura de Cárdenas al acusarlo de ser el promotor del “avance” comunista en México. La gran excusa utilizada para atacar a Cárdenas fue su participación en los foros internacionales por la paz.

Desde fines de los años cuarenta Cárdenas participó activamente en organizaciones que tenían un claro sesgo antinorteamericano. El Movimiento por la Paz en México, el Congreso Mundial de los Partidarios por la Paz y el Con-greso Continental por la Paz y la Democracia eran esce-narios donde se intentaba intervenir en la opinión pública internacional en el marco de la Guerra Fría. El posiciona-miento de estos organismos era claramente prosoviético y procuraba contener la propaganda anticomunista que los Estados Unidos y sus voceros dispersaban por el mundo. La participación de Cárdenas en estos ámbitos se profundizó durante toda la década de 1950 a medida que la Guerra Fría se profundizaba. En este sentido era muy evidente que Cárdenas intentaba influir fuertemente en la política inter-nacional de México, cuestión que se acrecentó durante la presidencia de Ruiz Cortines. Así, parecía que el gobierno daba lugar a que su política internacional estuviera en con-sonancia ideológica con la postura cardenista, mientras que en términos internos era más difícil ver la influencia del expresidente michoacano.

Desde fines de la década de 1940 los Estados Unidos llevaron adelante una agresiva política diplomática median-te la cual intentaban alinear a todos los países latinoameri-canos bajo su liderazgo. La búsqueda de que el “patio trase-ro” cerrara filas bajo la tutela de los Estados Unidos implicó medidas de índole intervencionista en América Latina hasta bien entrada la década de 1980. Sin embargo, y a pesar del

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fuertísimo peso de la embajada norteamericana en Méxi-co, la política internacional mexicana guardó cierto per-fil que, sin ser absolutamente contrario al norteamericano, tuvo mucho de independencia e incluso por momentos fue opuesto a los mandatos de Washington. Uno de los momen-tos más evidentes de la contradictoria relación diplomática entre los Estados Unidos y México en política internacional fue la postura que tomaron ambos países en relación con la cuestión guatemalteca.

Desde 1951 en Guatemala gobernó Jacobo Árbenz Guzmán. Árbenz había participado de la revolución de 1944 que había derrocado al dictador Jorge Ubico y llevado a la presidencia a Juan José Arévalo. Esta revolución ter-minó con décadas de gobiernos oligárquicos en Guatemala, gobiernos que sostenían un sistema opresivo que dejaba a las masas indígenas-campesinas en una situación cuasi ser-vil. La violencia, el racismo y la injusticia era la moneda corriente en el país más grande de Centroamérica. Antes de la revolución, la dirigencia político-militar guatemalteca respondía a los intereses de la clase dominante constituida por los sectores hacendados cafeteros y a la potentísima influencia de la United Fruit Company (UFCO), dueña de una parte importante del país. El gobierno de Árbenz no solo fue la continuidad de la revolución de 1944 sino que fue su radicalización, aspecto que se observa en la reforma agraria que su gobierno implementó y que afectó a pode-rosos intereses, como los de la UFCO. Eso era imperdo-nable para el Departamento de Estado en el marco de la Guerra Fría.

En la campaña presidencial de los Estados Unidos en 1952, el candidato, a la postre presidente, Dwight D. Eisen-hower expresaba cómo debía ser la política norteamericana para América Latina. Esta política, denominada “positiva” por el futuro presidente, consistía en “frenar el expansio-nismo soviético”:

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América Latina tenía que apoyar la política exterior anti-comunista de Estados Unidos. Cualquier desvío de la visión estadounidense del orden mundial era una amenaza para la seguridad del país del norte y para el equilibrio de poder global. Estados Unidos tenía el derecho de corregir este mal comportamiento (Loaeza, 2016: 754).

En ese difícil contexto el gobierno de Árbenz llevó adelante una serie de políticas públicas que afectaron los intereses de los sectores más reaccionarios del país, pero lo que generó más rechazo en los Estados Unidos fue la reforma agraria de 1952, que perjudicó a la corporación frutícola UFCO. De allí en más comenzó una campaña de desprestigio del gobierno guatemalteco, considerado como una avanzada comunista en el continente.

En realidad, la conspiración para derrocar al presidente Árbenz comenzó a prepararse con anterioridad a la reforma agraria. Meses antes de que esto sucediera la UFCO le había ofrecido al gobierno de los Estados Unidos el uso tanto de sus instalaciones como de su personal para asistir a la CIA en el combate contra la amenaza del comunismo en Guate-mala (García Ferreira, 2013: 66). De allí en más el gobierno de Harry S. Truman barajó una serie de posibilidades para intervenir en Guatemala; estas posibilidades incluían hasta la contratación de sicarios para asesinar al presidente gua-temalteco. Al producirse la sucesión presidencial en Estados Unidos los planes golpistas se aceleraron. Eisenhower nom-bró secretario de Estado a John Foster Dulles y, al frente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), a su hermano Allen Dulles. Estos personajes son importantes, ya que su mesiánico anticomunismo le dio un perfil oscurantista a la política norteamericana. En septiembre de 1953 el “Plan de Acción” estaba en marcha y se planteaban dos objetivos básicos: “Primero remover en forma encubierta la amenaza del presente gobierno de Guatemala, controlado por comu-nistas” y, segundo, “instalar y sustentar, encubiertamente, un gobierno pro Estados Unidos” (García Ferreira, 2013:

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68). El plan coordinado por la CIA, popularmente conocido como PBSUCCESS, incluía acciones de desestabilización a partir de una campaña de prensa que generase el desgas-te ante la opinión pública local e internacional, un ahogo económico al gobierno de Guatemala y el apoyo a fuerzas militares que se instalaron en los países vecinos de Hondu-ras y El Salvador. Cabe aclarar que el plan tuvo el apoyo del dictador nicaragüense Anastasio Somoza.

A fines de 1953 el gobierno de Estados Unidos impuso como tema la penetración comunista en Guatemala para la X Conferencia Interamericana del Consejo de la Organi-zación de Estados Americanos (OEA), que se iba a realizar en Caracas en marzo de 1954. Como era de esperar, estas “negociaciones” en los preparativos de la conferencia fue-ron favorables para la postura norteamericana y el tema se examinó bajo esos términos. El gobierno de Árbenz estaba cada vez más aislado. La prueba de ello fue que los Esta-dos Unidos lograron imponer la resolución 93 en el docu-mento final de la conferencia de la OEA de Caracas. Esta resolución declaraba la “solidaridad para la preservación de la integridad política de los Estados americanos contra la intervención del comunismo internacional”. La postura contó con todos los votos de los países participantes, salvo el obvio rechazo de Guatemala y la abstención de Argenti-na y México (Mijares Lara, 2016: 125). La política exterior mexicana seguía la tradición de defender la no interven-ción en los asuntos de una nación soberana. Sin embargo, mostraba una gran contradicción, al ser el gobierno de Ruiz Cortines proclive a la persecución de comunistas en Méxi-co, alineándose a las directivas de los Estados Unidos en su cruzada anticomunista.

Esta gran contradicción entre la política exterior y la interior en México es parte de un complejo entramado que la crisis guatemalteca dejó al descubierto. Como plantea Soledad Loaeza (2016), el golpe en Guatemala actualizó una fractura que tenía décadas en México. El conflicto entre la derecha y la izquierda en el país estaba cristalizado en

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los posicionamientos de los grupos que representaban pos-turas referenciadas en el cardenismo y el anticardenismo. Por eso el golpe a Árbenz en particular y la Guerra Fría en general reprodujeron el viejo conflicto que dividió a la sociedad mexicana.

La izquierda, asociada al cardenismo, se movilizó en defensa del gobierno guatemalteco. En 1953 se formó la Sociedad de Amigos de Guatemala, órgano que intervino en la esfera pública denunciando la intervención de Estados Unidos, la violación de la soberanía guatemalteca, la inje-rencia de dictadores como Somoza y la presión impuesta por la multinacional UFCO para desestabilizar al gobierno democrático de Árbenz. El vínculo de la Sociedad de Ami-gos de Guatemala y el cardenismo era estrecho: varios de los colaboradores más cercanos al general eran miembros de la sociedad, entre ellos su secretario personal, Ignacio García Téllez. A pesar de que Cárdenas no se apersonó a las reuniones y actos de la organización, fue nombrado miem-bro honorario y en esa calidad enviaba mensajes de apoyo tanto a la sociedad como al gobierno de Guatemala.

Otras organizaciones se formaron para el mismo fin. El Comité Estudiantil contra la Intervención Extranjera en Guatemala se formó en la misma época y entre sus miembros más importantes estaban Cuauhtémoc Cárdenas y Janitzio Múgica; la evidente ligazón con el cardenismo era irrebatible.

Días antes del golpe de Estado, se hizo pública una posible compra de armas de Guatemala a Checoslovaquia. A partir de ello, Estados Unidos presionó a los países lati-noamericanos para aplicar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y convocar a una reunión de la OEA en Montevideo para tratar el asunto. Estados Unidos quería lograr la unanimidad en el rechazo a la supuesta infiltra-ción comunista y para alcanzar esa meta había que modi-ficar la postura de no intervención que sostenía la política exterior mexicana. Para esto, el gobierno norteamericano utilizó como presión la retención de préstamos del Banco

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Internacional de la Reconstrucción y el Desarrollo y del

Banco de las Exportaciones e Importaciones:

Esa decisión no era menor, pues durante la segunda semana de abril de ese mismo año, las autoridades mexicanas habían devaluado el peso, por lo que paralizar los créditos de las ins-tituciones financieras mencionadas explica que el presidente de la República diera un giro a la política exterior y respaldara la convocatoria de la OEA en Montevideo para discutir el caso de Guatemala (Mijares Lara, 2016: 129).

En ese contexto se hicieron públicas unas palabras de Cárdenas, quien, en una correspondencia privada con el embajador de Guatemala en México, se expresó solidario con el país vecino y censuró la posición imperialista de los Estados Unidos. Estas declaraciones fueron utilizadas por el embajador norteamericano en México para hacerle un planteamiento al presidente Ruiz Cortines. Si el gobierno aceptaba la posición de Cárdenas, esto implicaba que su política exterior se alineaba con la postura del expresidente. Si esto era así, México se posicionaba favorable al comu-nismo y se convertía en enemigo de los Estados Unidos. Esta disyuntiva tuvo eco en la prensa dentro de la cam-paña anticomunista.

La tensión que provocaba la situación guatemalteca se hacía evidente y la división latente entre cardenistas y anticardenistas tiñó todo el debate público. El gobierno de Ruiz Cortines tenía una tendencia claramente conservadora y autoritaria, por lo que no le costó tomar posición, aunque siempre haciendo equilibrio dentro de “la gran familia revo-lucionaria” representada en el PRI. A pesar de ello, a días del golpe de Estado, el presidente del PRI sostuvo que

[…]el PRI se siente en actitud de declarar categóricamente que en México se tienen como bandera los principios demo-cráticos de la Constitución de 1917 y se rechazan todas las ideas y los postulados que a ella se oponen. Siendo así, el

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Partido declara que repudia el comunismo y cualquier otro totalitarismo que pugne con su ideología.7

Estas palabras oficiales del PRI reflejaban fielmente la postura del presidente Ruiz Cortines. Una vez que el gol-pe se había hecho efectivo y Árbenz se había convertido en un exiliado político, Cárdenas intervino para salvar a los trescientos funcionarios y militantes guatemaltecos que estaban refugiados en la embajada mexicana en Ciudad de Guatemala. Poco tiempo después se supo que el propio Árbenz estaba entre los refugiados. El expresidente Cárde-nas apeló a la tradición mexicana de proteger a refugiados y exiliados políticos, ejemplificada con la posición que su gobierno tomó durante la guerra civil española con “los niños de Morelia”.8

Luego de dos meses de negociaciones, los refugiados guatemaltecos lograron salir de la embajada y dirigirse a México en calidad de exiliados políticos. Durante días el gobierno dictatorial guatemalteco del golpista Carlos Cas-tillo Armas y el de Eisenhower presionaron para lograr la extradición de Árbenz y de algunos funcionarios ligados al Partido Guatemalteco del Trabajo. Cárdenas se encargó personalmente de la defensa de los exiliados y de presionar al gobierno de Cortines para no acceder a la extradición. En este sentido, abogados cercanos al líder michoacano se encargaron de los trámites judiciales. La presión de la pren-sa conservadora y de sectores de derecha dentro y fuera del PRI ejercieron presión para evitar el mantenimiento del exilio político de los guatemaltecos. En los periódicos se

7 Declaraciones hechas el 12 de junio de 1954 al periódico El Universal y reproducidas en Loaeza (2016: 767).

8 Los “niños de Morelia” fueron un grupo de 456 menores de edad, hijos de republicanos, que fueron exiliados en México durante la presidencia de Cárdenas, en el marco de la Guerra Civil Española. Estos niños debieron quedarse en México definitivamente luego de la derrota republicana.

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criticaba asilar a “extremistas rojos” y se advertía el peligro de “la penetración comunista” en México.9

A pesar de que el gobierno de Cortines rompió con la izquierda (siguiendo la línea de la presidencia de Alemán) y transformó al Estado mexicano en un aparato aún más autoritario del que había recibido, en el asunto de los exilia-dos terminó teniendo una postura favorable al cardenismo. Luego de muchas negociaciones, fue rechazada la posibili-dad de que los exiliados guatemaltecos fueran enviados para ser juzgados por los tribunales de la dictadura, y, si bien esto incluyó a Árbenz, el gobierno evitó mantenerlo en el país y así comenzó el largo y tortuoso periplo del derrocado presidente de Guatemala.

El hecho de evitar las extradiciones fue tomado como un triunfo por las fuerzas cardenistas, pero también quedó en evidencia la división insalvable que imperaba en México.

La defensa del gobierno de Árbenz tiene dos lecturas al analizar al cardenismo del período que estamos abor-dando. Por un lado, Cárdenas y aquellos que constituyeron esta corriente dentro y fuera del PRI buscaron sostener la tradición en la política exterior mexicana de defensa de las soberanías atacadas por potencias extranjeras. La libre determinación de los pueblos era la bandera que no podía ser arriada. El grave problema que tenía la custodia de estos principios era que los Estados Unidos habían abandona-do definitivamente la política del buen vecino y sus afanes intervencionistas tomaban nuevos bríos con el inicio de la Guerra Fría. Las tensiones que este asunto generaba se manifestaron dentro y fuera del PRI, aumentando la distan-cia entre las diferentes facciones del partido.

9 Parte de la campaña anticomunista se había generado a partir del mito de que Árbenz era un agente de la Unión Soviética. Se escribieron textos en donde se planteaba que todas las medidas del gobierno fueron dictadas des-de Moscú y que su llegada al poder en el país centroamericano era parte de un plan más amplio para penetrar en América Latina y subvertir los valores tradicionales de los pueblos. Para profundizar este tema ver García Ferreira (2013).

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Pero el posicionamiento del cardenismo en relación con Guatemala no se limitaba a una cuestión de principios. El liderazgo de Árbenz era entendido como una continui-dad de los preceptos que defendió el general Cárdenas des-de su presidencia. La reforma agraria, el enfrentamiento con el imperialismo internacional y la defensa del campe-sinado eran ejes centrales que generaban una señal de filia-ción entre ambos mandatarios. El cardenismo percibía en los atacantes del gobierno legítimo de Guatemala a los mis-mos grupos que combatieron la nacionalización del petró-leo de 1938 o la reforma agraria cardenista. Imperialismo y multinacionales eran los enemigos de la revolución, de la de 1944 y de la mexicana. Además, Árbenz y Cárdenas eran los más fervientes representantes de los valores de dos revoluciones que tenían una naturaleza antioligárquica y de raigambre nacionalista. Sus gobiernos representaban los valores más intensos que propiciaban un cambio hacia una sociedad más justa. En varias ocasiones esta filiación se hacía evidente en los discursos que defendían el pro-ceso guatemalteco que quedó trunco por la alianza de la oligarquía y el imperialismo. En parte, se hacía cada vez más evidente que México también se había desviado del camino revolucionario.

En paralelo y con posterioridad a la crisis guatemalteca en México la campaña anticardenista se profundizó. Los periódicos denunciaban irregularidades en el manejo de los trabajos de riego en la cuenca de Tepalcatepec. Se intentaba generar, vanamente, la sospecha de corrupción en la figura del expresidente.

Lo cierto es que luego del golpe de Estado de Guate-mala la postura del exmandatario se profundizó. El último lustro de la década de 1950 expuso a un Cárdenas más activo, aunque contradictorio.

Los últimos años de Cárdenas manifestaron una clara radicalización de sus posturas en relación con la política internacional. Su gira por los países del este (fines de 1958 a mediados de 1959) fue interpretada por la prensa y por las

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fuerzas conservadoras de México como una profundización en su acercamiento con el eje soviético. Ese viaje, que inclu-yó a Checoslovaquia, Polonia, la Unión Soviética y China, hizo reflexionar al exjefe de Estado sobre la naturaleza de la revolución mexicana y en el estado en que se encontraba. En la Unión Soviética ensalzó la figura de Lenin y los logros que produjo la revolución de 1917:

Hoy les ha sido fácil crear una mística en la persona de Lenin, reformador social, a quien se debe la transformación de Rusia, que ha creado la Unión Soviética constituida por Repúblicas Socialistas y cuya transformación ha elevado a la Unión Soviética a una de las primeras potencias del mundo, por su riqueza industrial, agrícola, preparación de millares de técnicos, adelantos científicos y organización disciplinada hacia sus objetivos fundamentales: elevar su producción para mejorar la vida de los pueblos y que va logrando día a día con las enormes riquezas que contiene el suelo y subsuelo de este extenso territorio de la Unión Soviética (Cárdenas, 1972: 85).

Su periplo chino también despertó mucho su interés.

Allí escribía lo siguiente:

El trabajo que hombres, mujeres y niños realizan en este país por elevar condiciones de vida no tiene precedente en la his-toria. Ojalá todos los pueblos lleguen a conocer su esfuerzo y sacrificio y estimulen con su amistad la tarea redentora que el propio pueblo chino se ha impuesto para salir de la miseria y el atraso en que vivían (Cárdenas, 1972: 108).

En cierto sentido el viaje a Europa del Este lo llevó a cuestionarse la revolución mexicana y el estado en la que quedó luego de haber terminado su mandato. Las revolu-ciones comunistas eran revoluciones triunfantes: la mexica-na ya no lo era. El México en el que gobernaba el PRI era el de la represión de las huelgas de los ferroviarios y los maes-tros, era el de la campaña anticomunista hacia todo aquel que luchara por los intereses de obreros y campesinos, era el

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de la burocracia de las organizaciones campesinas y obreras que traicionaban día a día a quienes decían representar.

El general Cárdenas de los sesenta será un activo defen-sor de la Revolución cubana y será quien participe firme-mente de la Conferencia Latinoamericana y del Movimien-to de Liberación Nacional.10 Sin embargo, siempre fue parte del relato oficial. Su presidencia estaba dentro del discurso en donde el PRI era el heredero de la generación que hizo la revolución. Nunca rompió del todo con el aparato de poder en que se constituyó el PRI. Allí radica la gran contradic-ción del cardenismo.

Conclusiones

En este trabajo intentamos acercarnos a uno de los aspectos más importantes de la historia política mexicana en los ini-cios de la Guerra Fría. Este momento fue fundamental para la construcción y consolidación del sistema político priista, tanto en un sentido instrumental como en sus definicio-nes ideológicas. Esto implicó la persecución, expulsión y/ o debilitamiento de los sectores que representaban el ala izquierdista del partido. En este sentido, el cardenismo fue el sector más afectado. No obstante, el rol que empezó a tomar Cárdenas como defensor de la soberanía latinoame-ricana y su postura contraria al imperialismo norteameri-cano fue sustancial para mantener vivo un cuerpo de ideas políticas que durante mucho tiempo carecieron de un apa-rato partidario que las contuviera. Recién para la década

10 El Movimiento de Liberación Nacional (MLN), creado en 1961, fue el más importante intento por unificar a la izquierda mexicana. En él intervinieron cardenistas, comunistas y otras fuerzas políticas y sindicales que se integra-ron al MLN. Esta organización nacida bajo la influencia de la Revolución cubana intentaba coordinar a las izquierdas latinoamericanas para enfrentar al imperialismo norteamericano. Por diversos enfrentamientos internos esta organización hacia 1965 se había fragmentado gravemente, y desapare-ció en 1967.

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de los ochenta se producirá la canalización de una parte importante del ideario cardenista de la mano de Cuauhté-moc Cárdenas. La formación del Partido de la Revolución Democrática será un segundo paso, y el ascenso de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia fue el momento en que un dirigente de raigambre cardenista llegó al poder.

Es claro que el período que va entre fines de la década de los cuarenta y el golpe de Estado de Guatemala fueron años clave para despertar en Cárdenas la necesidad de vol-ver a intervenir en la esfera pública, especialmente en la década de 1960. Analizar esta intervención y sus contra-dicciones es un tema para futuros trabajos, aquí quisimos hacer una primera aproximación a los inicios de este proce-so cuyas consecuencias se ven hasta el presente.

Bibliografía

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Guerra Fría y reforma agraria

en América Latina: la gestación

del concepto de reforma agraria integral

MATÍAS OBERLIN MOLINA

I. Introducción

La asimetría de la estructura agraria de América Latina, expresada en la dualidad latifundio-minifundio, se remonta a los tiempos coloniales y se profundizó en la segunda mitad del siglo XIX con la organización de los Estados Nacionales. A lo largo del siglo XX, Latinoamérica fue un terreno de experimentación ideal para la reforma agraria. Consignas como “tierra y libertad” y “la tierra para quien la trabaja” fueron enarboladas tanto por una clase campesina en con-formación (Bartra, 2008) como por partidos políticos, orga-nismos internacionales y sectores de las fuerzas armadas y de la Iglesia. Leyes, decretos y otras iniciativas políticas se hicieran eco de estas demandas.

Aunque a los fines de este artículo historiar los proce-sos de reforma agraria en América Latina resulta demasiado ambicioso, una lectura en el largo plazo nos puede brindar una serie de claves, indicios y pistas para los escenarios en los que se desenvolvieron las diversas experiencias de reforma agraria. No nos embarcamos aquí en la quijotesca hazaña de recorrer fuentes y hacer un abordaje multidisci-plinario de las dimensiones que requeriría una historia de las reformas agrarias latinoamericanas, pero sí recorrer el siglo de las reformas con la mirada puesta en lo conceptual. Proponemos, entonces, analizar el devenir del concepto de reforma agraria en América Latina y el Caribe a lo largo del siglo XX.

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Entre el movimiento originado por la Revolución mexicana a principios de siglo y la adopción en los sesenta de políticas de reforma agraria por parte de casi todos los Estados latinoamericanos, la noción de reforma agraria sufrió distintas transformaciones. Las décadas de 1950 y 1960 –signadas por la Guerra Fría– resultan claves para pensar el desplazamiento semántico del concepto. Como veremos en el artículo, en la reforma agraria se expresa una tensión entre dos polos: la justicia social y el desarro-llo económico. En la segunda posguerra, y promovida por los organismos internacionales, surgió la idea de reforma agraria integral. Según la formulación que esta alcanzó en el marco de la Alianza para el Progreso,1 la reforma agraria integral no solo implicaba redistribución de tierras, sino que se extendía también al otorgamiento de créditos, asis-tencia técnica y acceso a circuitos de comercialización y distribución de los productos.

Los análisis de este concepto gestado en Latinoamérica recorren un arco narrativo que va desde tomarlo como una respuesta defensiva a la Revolución cubana hasta interpre-tarlo como la iniciativa superadora de un mero reparto de tierras. En este capítulo, nos proponemos abordarlo como una expresión de la tensión entre las experiencias regiona-les de reforma agraria de los cincuenta, la intervención esta-dounidense y el rol de los organismos internacionales.

La cuestión de la tierra en nuestro continente hunde sus raíces en una historia de dominación colonial que exce-de ampliamente los marcos temporales del conflicto bipo-lar. Antes, durante y después de la Guerra Fría, la reforma agraria aparece como una constante: el “hecho maldito” del continente agroexportador. La concepción de la reforma agraria, por lo tanto, tiene un anclaje histórico e implica una

1 La Alianza para el Progreso fue un programa de ayuda económica estadou-nidense hacia la región latinoamericana en el marco de la Guerra Fría y el triunfo de la Revolución cubana que se consagró a través de la Carta de Punta del Este (1961).

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disputa de sentido. El surgimiento de la noción de refor-ma agraria integral en el marco de la Guerra Fría, sostene-mos, implicó un desplazamiento semántico hacia el polo del desarrollo económico, encorsetándolo.

El concepto de reforma agraria y sus objetivos

Los debates en torno a cómo definir la reforma agraria han sido álgidos y las conclusiones son tan variables como los autores que se recorra.2 El concepto de reforma agraria ha sido (y continúa siendo) ampliamente discutido por refe-rentes de diversas disciplinas (Barracloug, 1965; Le Coz, 1974; Machado, 2000 y Stédile, 2020). En ese sentido, Oscar Oszlak sintetiza dicha literatura en dos grandes grupos: las posiciones agraristas, “habitualmente difundidas por mini-fundistas, medieros, arrendatarios y trabajadores sin tierra” y las posiciones ruralistas “que agrupaban a los grandes y medianos terratenientes” (Oszlak, 2016: 24-25).

A grandes rasgos, ambas posturas buscaban solucionar el problema de la estructura agraria latinoamericana, pero mientras los agraristas tenían como principal objetivo de la reforma agraria la justicia social, los ruralistas busca-ban una mejora tecnológica que incrementara la produc-tividad agrícola. Detrás de estos agrupamientos emerge la tensión entre una mirada que insiste en una distribución más equitativa de la tierra y los recursos para aquellos que la trabajan y una mirada que pone el énfasis en la innova-ción tecnológica y el aumento de la producción. En otras palabras, una tensión entre redistribución y productividad organiza los posicionamientos de los autores en torno al

2 Existe además un problema en torno a las tipologías de los distintos tipos de reformas agrarias, sobre el cual no profundizaremos en el presente artículo. Mencionaremos como referencia el artículo de Antonio García (1970), en el que, luego de revisar las tipologías vigentes, propone tres tipos: estructura-les, convencionales y marginales.

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concepto de reforma agraria (Ortega, 1990: 106; Le Coz, 1974 y Oszlak, 2016).3

Ahora bien, como afirma Thomas Carroll, “histórica-mente, las presiones que se ejercen por poseer las tierras han sido motivadas principalmente por consideraciones de igualdad y justicia social” (Carroll, 1973: 309). Mientras que en la primera mitad del siglo XX este parece haber sido el motor principal de las iniciativas vinculadas a la refor-ma agraria, al calor de la Guerra Fría el concepto sufrió una modificación sustancial corriéndose hacia el polo del desarrollo económico.

La reforma agraria latinoamericana en la primera mitad del siglo XX

El recorrido que proponemos tiene como punto de partida una geografía y un calendario: México, 1910. La revolu-ción que tuvo lugar allí abrió el camino a nivel continental para la reforma agraria y el constitucionalismo social,4 que quedaron plasmados en el artículo 27 de la constitución de 1917.5 A pesar de lo establecido en la carta magna, la rees-tructuración agraria tardó en llegar y se consolidó recién durante el gobierno de Lázaro Cárdenas (1934-1940).

Una de las características distintivas de la reforma agraria mexicana fue el reconocimiento de los ejidos, sis-tema comunitario de tenencia de la tierra. En el ejido, la

3 Según Ortega (1990: 106) la importancia de la productividad se fundamen-taba desde la idea de que su aumento facilitaría la redistribución.

4 El constitucionalismo social tuvo sus hitos fundacionales en la Constitución mexicana (1917) y en la Constitución de Weimar (1919) y sus repercusiones en la Constitución de la República Española (1931) y la Constitución argen-tina (1949). Entre sus características se encuentran la adopción de la función social de la propiedad (no fijada en función de la productividad sino de la justicia social) y la inalienabilidad de determinados bienes como el agua, los minerales o la tierra.

5 Entre los antecedentes, Velázquez Fernández (2017) enumera la Doctrina Social de la Iglesia, el Partido Liberal Mexicano, los planes como el Plan de Ayala, la Propuesta de Luis Cabrera o el Proyecto de Ley Agraria de 1912, la propuesta constitucionalista de 1914 y la ley agraria de 1915.

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comunidad que posee las tierras las distribuye entre los ejidatarios que no pueden venderlas, solo tienen derecho a ocuparla y trabajarla.6 Para la década de 1960, la mitad de los agricultores mexicanos eran ejidatarios (Carroll, 1973:

305).La chispa se expandió por el continente. Si bien faltan estudios sobre la influencia tanto de la Revolución mexi-cana como de su particular reforma agraria,7 alcanza con traer algunos ejemplos. En Argentina el primer proyec-to de reforma presentado ante el Congreso fue elaborado por el socialista Juan B. Justo en el año 1917, quien había mantenido un fluido vínculo con el Partido Liberal Mexi-cano (Yankelevich, 1994). En el caso peruano, la Revolución mexicana fue una de las influencias tanto para la fundación de la Alianza Popular Revolucionaria Americana8 (APRA) conducida por Raúl Haya de la Torre como para el indige-nismo que predicaba José Carlos Mariátegui y las formas de tenencia de la tierra que propugnaba.9 En Guatemala, nos encontramos con una serie de dirigentes políticos que

6 El ejido impide que la tierra se convierta en una mercancía, ya que solo posee valor de uso y no valor de cambio.

7 Recientemente Monterroso Cubías (2020) reconstruyó la propuesta de un grupo de exiliados centroamericanos en México que le escriben una carta a Cárdenas proponiéndole un plan para “prender la flama revolucionaria en Centroamérica”. Continuando en la región centroamericana, es más conoci-do el caso de cómo influyó la Revolución mexicana en el líder nicaragüense Augusto César Sandino. Al respecto dirá Carlos Fonseca Amador: “En 1912 viajó fuera del país hacia otras tierras, al igual que miles de nicaragüenses. Conoció varios países centroamericanos, México y Estados Unidos, de este último retornó a México, donde aún se olía a pólvora de las balas disparadas por los oprimidos campesinos que encabezó el guerrillero Emiliano Zapata” (Cit. en Santana, 2007: 113).

8 El APRA nace en la Universidad Nacional Autónoma de México en 1924 “como un proyecto de partido político latinoamericano (Santana, 2007: 110).

9 Mariátegui propugnaba por una reforma agraria que fomentara y protegiera a la comunidad indígena. El Ayllu aún poseía, según el autor, una vitalidad suficiente para convertirse en la célula del Estado socialista moderno. El Estado por lo tanto debía dirigir su acción a promover que dichas comuni-dades se transformaran en cooperativas de producción y consumo (Mariá-tegui, 2010: 121).

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vivieron en México antes del triunfo de Juan José Arévalo (1945-1951) y que luego formaron parte de su gobierno.10

El pensador boliviano Fausto Reinaga reconocía la influencia mexicana en su libro Tierra y libertad, publicado en 1953. Allí narró cómo había estudiado el tema agrario al viajar a México en 1945 representando al gobierno de Villarroel (Reinaga, 1953).11 Por último, de la mano de Pavó Acosta (2010) es posible ver rastros de la Revolución mexi-cana en la reforma agraria cubana de 1959, sobre la que profundizaremos más adelante.

Otra de las dimensiones de esta influencia es la cultural. Entre las variadas producciones artísticas desarrolladas al calor del proceso mexicano, se destacan los grabados del Taller de Gráfica Popular Mexicano, cuyo maestro fue Arturo García Bustos. La Secretaría de Información de la República de Guatemala contrató al grabador mexicano para organizar un Taller Libre de Grabado en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. El gobierno de Jacobo Árbenz ofreció becas, concursos y contratos para la realización por parte de los talleristas de cartelería que apoyara el proceso político: “Guatemala fue inundada de carteles elaborados por los participantes en el Taller Libre de Grabado” (Pelaez Almengor, 2005).

La difusión que adquirió la reforma agraria mexicana nos sirve para pensar por qué en algunos de los afiches que promovían la reforma agraria guatemalteca aparecía el lema “Tierra y Libertad”. Si bien continuó siendo utilizada por distintas expresiones del campesinado, esta consigna fue

10 Entre otros, Carlos Manuel Pellecer, Alfonso Solórzano Fernández y Ernes-to Capuano del Vecchio. Respecto al vínculo entre México y Guatemala, el capítulo de Hernán Bransboin –que forma parte de este libro– dedica una sección para reponer la cercanía política entre el guatemalteco Jacobo Árbenz y el mexicano Lázaro Cárdenas.

11 El texto de Flores (1963) narra cómo, en su rol de técnico en reforma agra-ria, había trabajado con campesinos del altiplano boliviano, y su asombro cuando descubre que estaban más al tanto de las hazañas de Emiliano Zapa-ta que de otros procesos más cercanos tanto geográfica como temporalmente.

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abandonada por los Estados latinoamericanos después de la Revolución guatemalteca. A partir de allí se adoptó para la propaganda oficial el lema “La tierra para quien la trabaja”.

La Guerra Fría en América Latina

Tras los acuerdos de Yalta y Potsdam (1945) asistimos a la división del globo en dos grandes zonas de influencia de las superpotencias triunfantes: Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El conflicto fue bautiza-do por George Orwell como Guerra Fría, término que fue adoptado tanto por la opinión pública como por los Estados nacionales y los centros de estudio. Sin embargo, la inser-ción de la región latinoamericana en el conflicto bipolar no fue inmediata y, recientemente, se ha insistido en la inter-vención del sur global en el desarrollo del conflicto (Saull, 2004). Esto ha producido en los últimos años un renovado interés en el período, que abrió un nuevo campo de estudio abocado a la Guerra Fría en América Latina (Spenser, 2004; Pettiná, 2018 y Marchesi, 2017).

Como otras dimensiones de las sociedades latinoa-mericanas, la reforma agraria fue atravesada por la dispu-ta entre estos dos modelos de desarrollo. Hasta la década del cincuenta, los debates e iniciativas relativos a la refor-ma agraria venían siendo nutridos por tradiciones diversas como el indigenismo, la Revolución mexicana, el comunis-mo, el constitucionalismo social, la función social de la pro-piedad e ideas modernizadoras. Este amplio abanico daba lugar a formulaciones del concepto que, aunque marcadas por la tensión entre justicia social y productividad, esta-ban más frecuentemente inspiradas por posicionamientos agraristas.12 De alguna manera, el ingreso a la Guerra Fría delimitó el marco de tradiciones y discusiones en las que debía desplegarse.

12 Ver Oszlak (2016).

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El ingreso de la región al conflicto bipolar es datado por diversos autores en distintos momentos; a fines de enfocarnos en el devenir del concepto de reforma agraria y su inserción en la Guerra Fría, proponemos la siguien-te cronología, que distingue dos momentos. El primero da cuenta del contexto en el que Estados Unidos comienza a mirar la cuestión de la reforma agraria desde el conflicto bipolar: el proceso guatemalteco (1951-1954). El segundo indica el período en que la reforma agraria ingresó en la Guerra Fría para los demás países y actores de la región: los años que transcurren entre la Revolución cubana y la puesta en marcha de la Alianza para el Progreso. Precisa-mente entre 1959 y 1961 se gestó el concepto de reforma agraria integral.

II. Las reformas de la década de 1950

En la década de 1950 asistimos a un escenario en el que se produce un doble fenómeno: por un lado, el surgimiento –y la cada vez mayor injerencia– de los organismos inter-nacionales; por otro, la concreción de tres leyes de reforma agraria. Dos de estas leyes fueron producto de revoluciones sociales (Bolivia en 1953 y Cuba en 1959), mientras que la tercera fue expresión de un gobierno electo democrática-mente (Guatemala en 1952). Detengámonos a analizar cada uno de estos fenómenos más en detalle.

Los organismos internacionales

Producto de los acuerdos que pusieron fin a la guerra, sur-gieron tanto a nivel global como continental una serie de organismos supranacionales: la Organización de las Nacio-nes Unidas (ONU) en 1945, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y el Desarrollo (FAO) en 1945, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en 1948, la Organización de Estados Americanos

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(OEA) en 194813 y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 1959. Vale la pena aclarar que el Instituto Inter-americano de Cooperación para la Agricultura (IICA), fun-dado previamente en 1942, se convirtió, a partir de la crea-ción de la OEA, en el instituto especializado en agricultura del sistema interamericano.

En conjunto, estos organismos internacionales permi-tieron el surgimiento y el desarrollo de una corriente de pensamiento económico desde finales de la década de los cuarenta que ponía el énfasis en la necesidad de promover un conjunto de reformas estructurales en Estados naciona-les periféricos para superar las trabas para el desarrollo.14 En particular, la corriente cepalina partía de la observa-ción de la división internacional del trabajo y la existencia de términos de intercambio negativos para los países que exportaban productos primarios. Esto traía aparejadas osci-laciones en las economías de los países periféricos que pro-vocaban “fuertes contracciones en la capacidad de importa-ción y, por lo tanto, un alto grado de vulnerabilidad externa y grandes desequilibrios en el ritmo de funcionamiento de la economía”. A partir de estas concepciones, la CEPAL abrió el debate en torno a la necesidad de una industriali-zación y la superación de las estructuras que estancaban el desarrollo. Silvia Lázzaro sostiene que esta corriente tuvo su culminación en la Carta de Punta del Este, en la que los distintos países de la región, en un marco de cooperación con Estados Unidos, “expresaron su decisión de impulsar y realizar ese conjunto de políticas, utilizando la planifi-cación como instrumento para plasmarlas en la realidad” (Lázzaro, 2012: 127-128).

13 El Consejo Interamericano Económico y Social (CIES) es uno de los tres Consejos de la OEA.

14 A inicios de la década del cincuenta, la FAO elaboró un informe en el que vinculaba los regímenes de propiedad con los bajos niveles de desarrollo. El latifundio de cultivo extensivo era el factor determinante tanto de la baja producción de alimentos como de las condiciones de vida de la población rural (Lázzaro, 2017: 194).

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Guatemala, 1952

Luego del derrocamiento de la dictadura de Jorge Ubico (1931-1944) apareció como horizonte posible la cues-tión de la reforma agraria.15 Uno de los primeros antece-dentes del debate fue la declaración que hizo el Partido de Acción Revolucionaria en 1946 de la necesidad de realizar una “reforma agraria democrática a través de la colectivización de la tierra [de] propiedad nacional, la supresión del latifundio, un incremento en la cantidad de tierra cultivada y un incremento en el crédito agríco-la para los pequeños propietarios” (cit. en Handy, 2013: 69). Otro antecedente de la reforma es el artículo de Max Ricardo Cuenca publicado en 1947 por la Confe-deración de Trabajadores de Guatemala (CTG) llamado “La reforma agraria democrática en Guatemala”. Esto desencadenó un debate entre la CTG y la Asociación de Agricultores de Guatemala (AGA): “El AGA sugirió que la acusación de la existencia de ‘feudalismo en el área rural era simplemente producto de fantasías de un sector’. Advirtió que la proyectada reforma ‘sería un error de la más infortunada clase para el país’” (Handy, 2013: 71). Ese mismo año el Congreso conformó una Comisión para Estudios Agrarios dirigida por Mario Monteforte Toledo. Miembros de la Comisión estudia-ron la legislación mexicana, israelí y costarricense, entre otras del bloque occidental (Handy, 2013: 70). El estudio de una posible reforma despertó una serie de oposicio-nes, como la de la Iglesia, que, a través de su artículo regular en la Acción Social Cristiana “Juan sin tierra”, acusaba al agrarismo de ser “la peor plaga” e importar soluciones de México (Handy, 2013: 71).

15 Respecto del desarrollo propio del Partido Comunista guatemalteco (actor clave en el desarrollo del debate agrario guatemalteco), que obtuvo su legalidad en 1951 bajo el nombre de Partido Guatemalteco de Trabajo, recomiendo el capítulo de Alejandro Schneider que forma parte de este libro.

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La reforma agraria guatemalteca de 1952 fue decre-tada por Jacobo Árbenz Guzmán bajo el eslogan de una “reforma agraria democrática”, retomando los postula-dos de la constitución de 1945 dictada tras el derroca-miento de Jorge Ubico (Carroll, 1973).16 Tanto la Cons-titución guatemalteca de 1945 como el decreto 900 de reforma agraria establecían la función social de la pro-piedad bajo el criterio de que las tierras no podían ser enajenadas permanentemente, por lo que se las concedía a individuos o a cooperativas en usufructo vitalicio. Las tierras afectadas eran pagadas a sus anteriores dueños en bonos de reforma agraria a veinticinco años basados en el valor impositivo declarado (no el valor venal).

El punto crítico fue la expropiación de 160 mil hectáreas de la United Fruit Company que se encon-traban ociosas (Carroll, 1973: 318). Esto movilizó al gobierno estadounidense a desplegar una campaña con-tra el gobierno de Árbenz –vinculándolo con el régimen soviético– y a financiar al ejército de Carlos Casti-llo Armas, que derrocó al presidente guatemalteco en 1954.17

Por lo tanto, destacamos en el caso guatemalteco varios aspectos en los que podemos leer la influencia de la experiencia mexicana. En primer lugar, el crite-rio elegido por el gobierno guatemalteco para definir la función social de la propiedad. Un segundo aspec-to es que las tierras expropiadas se pagaban con base en el valor impositivo declarado y no sobre el valor de mercado. Por último, el hecho de que las tierras

16 Handy (2013: 72) sugiere que la ley propuesta al Congreso fue fuerte-mente influida por los asesores José Manuel Fortuny, del Partido Comunista, y Víctor Manuel Gutiérrez.

17 Es sumamente llamativa y sugestiva la tenaz persecución que sufrió Árbenz en el exilio por parte de la CIA. Esto puede ser consultado en un minucioso artículo de Roberto García Ferreira (2006). Sobre el gol-pe en sí recomendamos la obra de Piero Gleijeses (2005).

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quedaban por fuera del mercado y eran entregadas en usufructo vitalicio.

Bolivia, 1953

La reforma agraria boliviana18 fue consecuencia de la revo-lución social conducida por el Movimiento Nacional Revo-lucionario (MNR), que, aunque ascendió al poder en 1952, no reconoció el problema de la reforma agraria hasta des-pués del levantamiento campesino iniciado en la región de Cochabamba.19 El gobierno de Víctor Paz Estenssoro inició entonces una serie de medidas más radicales. Hacia 1953 conformó un Comité de Reforma agraria al que le encargó, en un plazo de ciento veinte días, el estudio del proble-ma agrario y la elaboración de una propuesta legislativa (Carroll, 1973: 314).

La legislación elaborada fue finalmente sancionada el 2 de agosto de 1953 mediante un decreto en cuyos con-siderandos se retomaba la tradición incaica de la época precolonial, se narraba el despojo indígena y se apelaba al artículo 17 de la Constitución Política del Estado, según el cual “la propiedad para ser respetada debe cumplir una ‘función social’”. En este sentido, el segundo artículo fijaba que se reconocía y garantizaba la propiedad privada en la medida en que cumpliera “una función útil para la colec-tividad nacional; planifica, regula, racionaliza su ejercicio y tiende a la distribución equitativa de la tierra para ase-gurar la libertad y el bienestar económico y cultural de la población boliviana”.

La ley avanzaba también en otros aspectos. El primer artículo establecía que “el suelo, el subsuelo y las aguas del

18 Para una comparación más profunda entre la reforma agraria boliviana y la reforma agraria cubana recomendamos el reciente texto de Rocío Cali (2020).

19 Es sumamente importante el antecedente de la abolición de la figura del pongo (que estaba sometido a tareas serviles en las haciendas sin ninguna remuneración salarial) en el Primer Congreso Indígena en 1945.

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territorio de la República, pertenecen por derecho origina-rio a la Nación Boliviana”. El artículo 30 rezaba: “Queda extinguido el latifundio”. En la misma ley se revertían al dominio público todos los árboles de goma y castaña, que serían otorgados en concesión para la explotación (artículo 79). La medida establecía la compensación a los terratenien-tes con bonos a veinticinco años según el valor catastral vigente (artículo 155).

El texto planteaba que los objetivos debían ser: propor-cionar tierras de labrantía a los campesinos que no poseen, siempre que la trabajen (expropiando para ello a los latifun-distas que las posean en exceso); restituir a las comunidades indígenas las tierras que les fueron usurpadas, respetando sus tradiciones colectivistas; liberar a los campesinos de su condición de siervos; estimular la mayor productividad y comercialización en la industria agropecuaria; conservar los recursos naturales del territorio, y promover corrientes de migración interna de la población rural concentrada en la zona interandina para vertebrar el oriente con el occi-dente del territorio boliviano.

Como en el caso guatemalteco, en la legislación de la reforma agraria boliviana se destacaba la figura de la fun-ción social de la propiedad ligada a la idea de justicia social. La ley buscaba solucionar el problema de la asimetría agra-ria, retomando las tradiciones indígenas y llegando incluso a declarar la extinción del latifundio. Por otro lado, fijaba determinados recursos (suelo, subsuelo, agua y árboles de goma y castaña) como propiedad de la nación. Al hacerlo los dejaba por fuera del mercado. Por último, fijaba el valor de las tierras expropiadas con base en el valor catastral. Encontramos en estos elementos la influencia de la Revo-lución mexicana.

Cuba, 1959

Una vez derrotado el régimen de Fulgencio Batista en Cuba por el Movimiento Revolucionario 26 de Julio, se impulsó

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–casi de inmediato– la reforma agraria. Inicialmente la reforma se mantuvo en los marcos provistos por la Cons-titución cubana de 1940. En un logro de la llamada Gene-ración del 30, que había destituido a Machado, dicha carta magna habilitaba un espacio para avanzar en ese rumbo. Señala Rodríguez Beruff:

Aunque dicha generación no planteó ideológicamente cuál habría de ser el camino hacia la reforma agraria, por lo menos logró que se incluyera en la Constitución de 1940 una con-dena al latifundio. Esta condena […] sirvió de precedente legalista para fundamentar el alegato posterior, en pro de una reforma agraria, del Movimiento 26 de Julio y de los otros sectores de oposición al régimen de Batista (1970: 207).

La primera ley de reforma agraria, dictada el 17 de mayo de 1959, establecía la proscripción del latifundio y fijaba una extensión máxima de 30 caballerías (alrededor de 400 hectáreas). Las tierras expropiadas serían abona-das a los anteriores dueños con base en el valor fiscal con un bono a veinte años. Al mismo tiempo se creó el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), que fue el organismo encargado de administrar estas propieda-des. Como consecuencia de las expropiaciones surgieron tres posibles figuras de beneficiarios: los beneficiarios individuales (hasta un máximo de dos caballerías), las cooperativas y las fincas estatales. Las cooperativas se crearon donde existían economías de plantación (tierras azucareras), mientras que en las tierras de producción ganadera se crearon Fincas de Administración Directa –administradas por el INRA– y los trabajadores con-tinuaron siendo asalariados (Rodríguez Beruff, 1970: 224 y Carroll, 1973: 322). Nuevamente, como en el caso guatemalteco, los principales latifundios afectados por la ley de reforma agraria pertenecían a compañías estadounidenses.

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A partir de 1961, el gobierno cubano convirtió las cooperativas agrícolas en Granjas del Pueblo,20 asimilándo-las a las Fincas de Administración Directa, y de esta manera la reforma agraria cubana abandonó los marcos de la cons-titución de 1940. Las Granjas del Pueblo se constituyeron en unidades de producción asimilables a los sovjós soviéti-cos, en los que la tierra pertenecía al Estado y el trabajo era remunerado sin participación en los posibles beneficios (Rodríguez Beruff, 1970: 224-225).

Pavó Acosta sostiene que gran parte de los trabajos sobre la política agraria cubana (mayormente realizados en la década de 1970) buscaron incursionar en la influencia marxista leninista sobre el proceso “y esto se justificaba en buena medida por el cambio de proyección en los alcances de la reforma agraria que significó la puesta en vigor de la ley del 3 de octubre de 1963” (Pavó Acosta, 2010: 36). Sin embargo, el autor afirma que hay una influencia directa de la Revolución mexicana en la reforma agraria cubana,21 particularmente en la ley del 17 de mayo de 1959, y destaca las siguientes coincidencias:

a) en la afectación de las tierras mediante procedimiento expropiatorio, declarándose la utilidad pública y el interés social a partir de cierta extensión; b) en los expedientes de redistribución de tierras tramitados por la vía administrativa; y c) en el anuncio de la sustracción de los tribunales ordina-rios del conocimiento de las acciones agrarias y la creación de tribunales de tierra, ocurriendo en la práctica en ambos casos la sustracción, la institucionalización de un modelo admi-nistrativo que, si bien cumplió con sus propósitos iniciales,

20 Es sumamente interesante en este punto retomar la discusión entre “el Che Guevara” y los teóricos del cálculo económico, que se sintetiza en su artículo “Sistema presupuestario de financiamiento” (Guevara, 2006). Mientras que en una economía centralizada los incentivos son morales y pueden hacer surgir al “hombre nuevo”, las cooperativas mantienen incentivos materiales y por lo tanto llevan dentro el germen del capitalismo y la desigualdad.

21 Es un dato no menor que el expresidente Cárdenas fue invitado por Fidel Castro a la ceremonia militar celebrada el 26 de julio de 1959 que buscó el apoyo a la ley del 17 de mayo de 1959 (Pavó Acosta, 2010).

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revelaría luego sus limitaciones para resolver con agilidad y eficacia las reclamaciones (Pavó Acosta, 2010: 57-58).

La reforma agraria cubana tiene entonces, por lo menos, dos momentos. Un momento inicial con mucha mayor incidencia del proceso mexicano y un segundo momento en el que, al calor de los acontecimientos de la década del sesenta –que veremos en el siguiente apartado–, se volcó a un modelo más cercano al soviético.

III. Las reformas agrarias de la década de 1960 y la Alianza para el Progreso

En esta década se rompió el tabú sobre el tema en todos los países de la región. En la gran mayoría se conformaron comisiones para tratar el tema, se convocaron congresos para discutirlo e incluso se presentaron proyectos y ela-boraron leyes de reforma agraria. Existe un consenso en la literatura en relación con que la Carta de Punta del Este (1961) –como puesta en marcha de la Alianza para el Pro-greso– y la posterior expulsión de Cuba de la OEA fueron el punto de inflexión en torno a este tema en América Latina (Chonchol, 2003 y Lázzaro, 2017). La bibliografía también es unánime respecto de los acontecimientos de 1960-1961 que hicieron posible la expansión de la discusión sobre las reformas en la región: el triunfo de John F. Kennedy, la invasión estadounidense en Bahía de los Cochinos y la declaración de Cuba como país socialista.

Los comienzos de los años 1960 fueron, con todo, la época de oro de las reformas agrarias en el siglo XX. En efecto, para contrarrestar la influencia política de la Revolución cubana, el gobierno del presidente Kennedy propuso a los diversos países latinoamericanos el pacto de la Alianza para el Progre-so, firmado en Punta del Este (Uruguay) en 1961. Median-te este pacto, los gobiernos de América Latina se compro-metían a realizar cambios estructurales –como la reforma

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agraria– en contrapartida de la ayuda económica norteame-ricana. Pero la mayoría de los gobiernos, controlados por élites conservadoras, se limitaron a aprobar leyes de refor-ma agraria sin acompañarlas de acciones consecuentes. En todo caso, como resultado de esa política, varios países (Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Brasil y los países centroamerica-nos) aprobaron nuevas leyes de reforma agraria y esta dejó de ser considerada como un elemento exclusivo de la subver-sión comunista contra las “democracias” de América Latina (Chonchol, 2003: 209).

Sin embargo, la perspectiva histórica nos brinda una clave de lectura que nos ayuda a comprender de manera procesual lo que se firmó en la Carta de Punta del Este. Para ello incorporaremos al recorrido que venimos realizando dos instancias: por un lado, la reforma agraria venezolana; por el otro, el proceso de gestación del concepto de reforma agraria integral por organismos internacionales, que implicó una creciente coordinación entre ellos.

Venezuela, 1960

En septiembre de 1958 la Junta de Gobierno de Venezuela creó por decreto la Comisión de Reforma Agraria. Este organismo fue presidido por el ministro de Agricultura y Cría, Víctor Giménez Landínez, y se conformó con varias subcomisiones: economía, legal, social y agrotécnica.22 La Comisión presentó el anteproyecto de ley al presidente Rómulo Betancourt en mayo de 1959, fue aprobado por el Consejo de Ministros y se presentó como proyecto de

22 Tiene un texto de 1960 al que no hemos podido acceder aún: Reforma Agra-

ria Integral en Venezuela (Carroll, 1973: 327, nota al pie 22). Según Solón Barraclough, el ministro venezolano tenía un punto de vista más moderado con respecto a la reforma agraria: “Opina que, reducida a sus términos más sencillos, el propósito de una reforma agraria es ‘mejorar la condición del hombre de nuestros campos’” (1965: 128).

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ley en julio del mismo año.23 Finalmente fue ordenada su ejecución en marzo de 1960. La división en subcomisiones tuvo por finalidad:

Realizar un enfoque integral del problema agrario vene-zolano desde los puntos de vista que se consideraron más importantes, ya que se partía de la base que la Reforma Agra-ria no era solamente un asunto de tipo legal sino muy espe-cialmente revestía características de tipo económico, social y técnico (“Exposición de motivos al proyecto de Ley de Refor-ma Agraria”, cit. en Duque Corredor, 2009: 142).

Si bien la ley implicó la regulación de la tenencia de la tierra con base en la función social de la propiedad, esta-blecía que una propiedad solo podía expropiarse en el caso de que no hubiera propiedades públicas en la misma zona y fijaba un límite de tamaño absoluto debajo del cual no se podía expropiar. A su vez, la Ley de Reforma Agraria venezolana establecía la función social de la propiedad con base en una serie de características, la primera de las cuales era la siguiente: “La explotación eficiente de la tierra y su aprovechamiento apreciable en forma tal que los factores de producción se apliquen eficazmente en ella, de acuerdo con la zona donde se encuentra y con sus propias carac-terísticas” (ley 611, artículo 19). Aquí aparecía por primera vez la función social vinculada directamente a la producti-vidad. La norma establecía además tres tipos de superficies que se encontraban comprendidas por la posibilidad de una expropiación en función social (tierras incultivadas, traba-jadas indirectamente por arrendatarios y tierras adecuadas para el cultivo pero que se dedicaban a pastos naturales para ganadería extensiva). Además, las tierras expropiadas –a diferencia de los casos cubano, boliviano o guatemalteco–

23 Román Duque Corredor (2009) sostiene que la ley venezolana, dictada por Betancourt en marzo de 1960, consagró el concepto de reforma agraria integral.

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eran abonadas según el valor de mercado hasta 30 mil dóla-res en metálico y el resto en bonos (Carroll, 1973: 325).

Por lo tanto, observamos que el caso venezolano se distanció en una serie de puntos de las tradiciones que pro-venían de la experiencia mexicana. Por ejemplo, se definió la función social de la propiedad vinculándola a la produc-tividad y se fijó el monto de la expropiación ya no con base en el valor catastral sino con base en el valor comercial de las tierras. Por otro lado, se esbozó allí el concepto de reforma agraria integral. El antecedente venezolano es el que los organismos internacionales van a retomar.

La reforma agraria integral

Aunque pareciera haber consenso respecto de que el tér-mino reforma agraria integral surgió en América Latina, hay distintas versiones sobre el momento en que lo hace.24 Láz-zaro sostuvo que la expresión fue “acuñada como una répli-ca al proceso de reforma radical que se ensayaba por aquel entonces en la Cuba revolucionaria” y que fue “acuñado y consagrado en la Conferencia Mundial sobre Reforma Agraria” que se celebró en Roma en 1966 (2017: 197). Por otro lado, el exministro de Agricultura de Venezuela, Víctor Giménez Landínez (1979), afirma que fue en la X Confe-rencia Mundial de la FAO (1959) cuando se presentó por primera vez el enfoque integral no como una respuesta al proceso cubano sino como una ampliación del concepto más allá de la mera redistribución de tierras.

Frente a estas interpretaciones, nos proponemos tomar las actas de los encuentros de los organismos internacio-nales para analizar históricamente el uso del concepto de reforma agraria en esos años de transición. Intentaremos entonces reponer el proceso de surgimiento del concepto de reforma agraria integral a través de las actas y los informes de los organismos internacionales.

24 Ver Solón (1965), Giménez Landínez (1979) y Lázzaro (2017).

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En la X Conferencia de la FAO se afirma que la reforma agraria debe incorporar otras acciones más allá del reparto de tierras.25 Sin embargo, las actas dan cuenta de que no se utilizó allí la noción de reforma agraria integral. Lo que sí fue establecido es el rol que debía cumplir la FAO en los procesos de reforma: fundamentalmente brindar asesora-miento técnico a los Estados miembros (FAO, 1959: 148). En esa misma conferencia, a través de la resolución núme-ro 15, la FAO decide crear un Instituto Regional Latinoa-mericano de Investigaciones y Capacitación Agrarias. Una característica llamativa de esta conferencia es que podemos observar cómo el desarrollo productivo y la productividad agrícola cobran protagonismo en la definición:

La Conferencia agradeció al Director General sus manifesta-ciones e insistió en que, en muchos países, la reforma agraria era fundamental para dar impulso a la productividad agrí-cola y al desarrollo económico. También se reconoció que la aplicación de políticas de reforma agraria era en muchos países una medida de justicia social, considerándose asimis-mo su aspecto sociológico de primordial importancia (FAO, 1959: 143).

En la conferencia conjunta de la OEA y la FAO (Méxi-co, 1960), el concepto de reforma agraria integral fue aco-gido, propuesto por la delegación de Venezuela. La idea era que no se limitara “solamente a regular la propiedad y tenencia de la tierra, sino que contemple también el crédito oportuno, asistencia técnica adecuada, y seguridad de los mercados”. Además, el documento revelaba la importancia que revestía el asunto de la reforma agraria para “todos los Estados americanos” y el posible consenso con respecto

25 “Las medidas de reforma agraria, y, concretamente, las de redistribución de la tierra, solo obrarán con pleno efecto, por tanto, cuando vayan acompaña-das de mejoras en otras esferas íntimamente relacionadas, como crédito, comercialización, cooperativas, divulgación y desarrollo de la comunidad” (FAO, 1959: 141).

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a las soluciones “cuando el tema se sustrae de la dema-gogia política y se enfoca como una urgente necesidad de desarrollo económico y bienestar social” (IICA, 1960: 8). Se configura aquí un antecedente clave de la Conferencia que tendría lugar al año siguiente en Punta del Este.

Ese mismo año se llevó adelante, en el marco de la Operación Panamericana –iniciativa presentada por el pre-sidente de Brasil, Juscelino Kubitschek,26 a su par estadou-nidense, Dwigth Eisenhower, para acercar las diplomacias norteamericana y latinoamericana–, la firma de lo que se llamó el Acta de Bogotá. En ella se destacaban los objeti-vos que debían buscar los países de la región: aumentar la productividad y fortalecer el desarrollo económico. En su primer punto, se establecía un Programa Interamericano de Desarrollo Social27 cuya finalidad era el mejoramiento social en América Latina y el cual debía orientarse a la realización de determinadas medidas vinculadas a las con-diciones de vida rural y el uso de la tierra (revisión de sistemas legales e instituciones, iniciar o acelerar programas de modernización y apresurar la formulación de proyectos). La delegación de Cuba subordinó la aprobación del acta a la creación de un Fondo de Desarrollo para América Latina por una suma de 30 billones de dólares, moción que fue rechazada, por lo que Cuba fue el único país que votó en contra del Acta de Bogotá. De esta manera, en el Acta de Bogotá (1960) empezaron a perfilarse tanto lo que un año

26 Respecto del desarrollismo impulsado por Juscelino Kubitschek en Brasil recomiendo el capítulo de Julián Zícari que forma parte del presente libro.

27 El acta preveía la creación de un fondo especial de desarrollo social que sería administrado por el BID. El CIES se encargaría de organizar reuniones con-sultivas anuales para examinar los progresos sociales y económicos de los países miembros. Cerraba con un párrafo en el que las delegaciones acredi-tadas renovaban “su fe en los valores esenciales que constituyen los funda-mentos de la Civilización Occidental, y reafirman el propósito de asegurar el pleno bienestar del hombre americano en un ambiente de libertad y de respeto a la suprema dignidad de la persona humana” (Acta de Bogotá, 1960).

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después se cristalizaría en la Alianza para el Progreso como el creciente enfrentamiento con Cuba.

Durante el año 1961 se produjo, entonces, el punto de inflexión. Como hemos visto, a pesar del intento de Estados Unidos –a partir del golpe en Guatemala– de incorporar la reforma agraria al marco de la Guerra Fría, la Revolución cubana mantuvo en sus primeros años el tema agrario al margen del conflicto bipolar. Sin embargo, a lo largo de 1961 la tensión fue escalando de manera tal que, cuando se realizó la Conferencia de Punta del Este, el escenario había cambiado rotunda-mente. En marzo, el recientemente asumido presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, hizo una invitación a los países del continente para discutir el futuro de la región, continuando con la política del Acta de Bogotá. En abril se produjo la invasión de Cuba por un ejército de exiliados cubanos apoyados por el gobierno esta-dounidense. Las fuerzas invasoras, que partieron desde Nicaragua, fueron derrotadas en menos de tres días por las tropas de Fidel Castro en Playa Girón. En este mar-co, finalmente se concretó en Punta del Este la reunión convocada por Kennedy. Como resultado del encuentro, que comenzó el 5 de agosto, el 17 de agosto se sus-cribieron dos documentos: la famosa Carta de Punta del Este y la Declaración a los pueblos de América. En ambos documentos se dejó asentado el siguiente párrafo:

Impulsar, dentro de las particularidades de cada país, progra-mas de reforma agraria integral orientada a la efectiva trans-formación de las estructuras e injustos sistemas de tenencia y explotación de la tierra donde así se requiera, con miras a sustituir el régimen de latifundio y minifundio por un sistema justo de propiedad de tal manera que, mediante el comple-mento del crédito oportuno y adecuado, la asistencia técnica, y la comercialización y distribución de los productos, la tierra constituya para el hombre que la trabaja base de su estabi-lidad económica, fundamento de su progresivo bienestar y

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garantía de su libertad y dignidad28 (Carta de Punta del Este, punto 6, título I).

El mismo día que se aprobó la Carta de Punta del Este se creó el Comité Interamericano de Desarrollo Agrícola (CIDA), integrado por la OEA, el BID, la FAO, la CEPAL y el IICA. Su función era promover los objetivos de la Alianza para el Progreso: coordinar las actividades vinculadas a la reforma agraria, la planificación en el agro y los estudios sobre los obstáculos al desarrollo de la agricultura de los diversos organismos que la componían. Esta articulación a través del CIDA fue la consagración de la articulación de los desarrollos previos de los organismos internacionales y de la unidad entre el concepto de reforma agraria y el de desarrollo. En esa línea, en noviembre de 1961, el Proyecto 20629 de Capacitación y Estudios sobre Reforma Agraria30 –que buscaba “adiestrar”31 técnicos que llevaran adelante las reformas en la región– fue aprobado por el CIES.

Sin embargo, la creación del CIDA y del Proyecto 206 no eliminaba del todo las disidencias sobre la conceptuali-zación. Todavía en la VII Conferencia Regional de la FAO

28 En la Declaración a los Pueblos de América se firma un párrafo casi idéntico, solamente agregan el sintagma “donde así se requiera” luego de “programas de reforma agraria integral orientada a la transformación”.

29 Programa de Capacitación y estudios sobre reforma agraria del programa de cooperación técnica de la OEA auspiciado y financiado por el Consejo Interamericano Económico y Social y administrado por el IICA.

30 Según el IICA se le había presentado en 1960 al director ejecutivo de coope-ración técnica de la OEA la necesidad de un proyecto sobre capacitación y estudio sobre la reforma agraria : “Dicho Proyecto fue revisado y sometido nuevamente a consideración del Director Ejecutivo el 20 de junio de 1961, incorporando las modificaciones sugeridas por el Director Ejecutivo y por altos funcionarios técnicos gubernamentales y profesores universitarios” (IICA, 1963b: 2).

31 Es interesante lo que destaca el director general en el informe de 1963: “El IICA considera que la capacitación en reforma agraria debe tratarse como un asunto técnico de tipo interdisciplinario que abarca factores económicos, sociales, agronómicos e institucionales y que puede y debe mantenerse ajeno a la política” (IICA, 1963: 770).

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en 1962 parecía no haber acuerdo con respecto a la reforma agraria integral:32

Hubo varias diferencias de opinión respecto al concepto y los objetivos de la reforma agraria; algunos delegados sostenían que se trataba de un proceso esencialmente revolucionario, mientras otros opinaban que debería ser ordenado y evolu-cionario y desarrollarse dentro del marco legal y constitucio-nal de cada país (FAO, 1962: 266).

En dicha conferencia regional, Cuba presentó dos recomendaciones con respecto a las políticas de reforma agraria para la región. Por un lado, que se nacionalizasen las empresas agrícolas de propiedad extranjera. Por otro lado, que los países miembros mantuvieran intactas sus grandes unidades de producción agrícola y las explotaran colecti-vamente. Ambas recomendaciones fueron rechazadas.33 Se encomendó al director general de la FAO que tomara la iniciativa de solicitar un informe que bosquejara un pro-grama regional de reforma agraria antes del 30 de abril de 1963. También se destacó la necesidad de crear un insti-tuto de reforma agraria y que los gobiernos estudiaran la posibilidad de apoyarlo. Finalmente se recomendó tomar en cuenta de manera conjunta al CIDA y a los organismos que lo componían (además de los distintos programas vincula-dos) a la hora de pensar el programa regional de reforma agraria (FAO, 1962: 69). Ese mismo año, en el marco del Proyecto 206 se realizó en la Universidad de Costa Rica el Primer Curso Internacional de Reforma Agraria que se

32 Aunque sí se insiste en la alineación con la política propuesta por la Alianza para el Progreso.

33 En la comisión que se conformó, los observadores de la OEA “opinaron que debería mejorarse la coordinación con los programas que la OEA realiza actualmente en materia de reforma agraria”. El delegado cubano objetó la coordinación con organizaciones de las que su país era excluido. “Sin embargo, otros delegados acordaron que era importante fortalecer la cooperación entre los organismos internacionales y regionales que trabajan en este campo” (FAO, 1962: 64).

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dictó en América Latina, del que participaron 32 dirigentes técnicos de los programas de reforma agraria de 18 países. Esta política se multiplicó en los años sucesivos.

En la tercera reunión anual del CIES, realizada en Lima en 1964, se reafirmó la necesidad de cambios estructurales en la región haciendo hincapié en la reforma agraria como pilar fundamental (CIES, 1964: 848). Al mismo tiempo el informe final indicaba que, de acuerdo “a la doctrina acep-tada en América”, la reforma agraria debía ser por un lado “integral” (además de buscar la solución al problema de la tenencia de la tierra debía estar acompañada de asisten-cia técnica, económica y social) y por otro lado “integra-da”, es decir, que “su planeamiento y ejecución tienen que estar en armonía con el desarrollo planificado de todos los demás sectores de la economía” (CIES, 1964: 848). Tanto la puntualización de la necesidad de una asistencia técnica como el llamado a un planeamiento integral otorgaron a los organismos internacionales un papel destacado en la definición de políticas agrarias por parte de los Estados latinoamericanos. Los procesos de reforma agraria se inter-nacionalizaron, al tiempo que el concepto viró hacia a la productividad.

El concepto de reforma agraria integral fue final-mente retomado por la FAO en la VIII Conferencia Regional, realizada en marzo de 1965 en Viña del Mar (Chile): “La Conferencia se pronunció sobre la conve-niencia de una reforma agraria integral, considerando que la redistribución de la tierra por sí sola no es sufi-ciente” (FAO, 1965: 110). Al mismo tiempo señalaba las distintas instancias donde se había aceptado el concepto. La reforma agraria integral debía “estar encuadrada en el plan general de desarrollo económico y social” y se justificó la conveniencia de la adopción del término “considerando que la redistribución de la tierra por sí sola no es suficiente” (FAO, 1965: 110).

Como epílogo de este proceso de internaciona-lización podemos indicar que la primera Conferencia

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Mundial sobre Reforma Agraria, realizada en Roma en 1966, la definió del siguiente modo: “Se considera que la reforma agraria abarca un programa integral de medidas para eliminar los obstáculos que dificultan el desarrollo económico y social” (FAO, 1969: 187). Coincidimos con Lázzaro (2017: 197) al afirmar que el concepto de refor-ma agraria integral fue consagrado allí. Es sumamente llamativo que en 1979 fue nuevamente convocado un encuentro mundial para discutir sobre este tema. Este nuevo encuentro también se realizó en Roma (donde la FAO tiene sus oficinas centrales), pero ahora bajo el nombre de Conferencia Mundial sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural.

Las reformas agrarias después de la Alianza para el Progreso

Luego de la firma de la Carta de Punta del Este se dio una notable extensión de las políticas de reforma agraria en Latinoamérica, en parte porque de dichas iniciati-vas dependía la posibilidad de acceder a los beneficios de la Alianza para el Progreso. Se dictaron leyes, se formaron comisiones para estudiar el asunto y, con el asesoramiento de los técnicos de los organismos inter-nacionales, se fundaron institutos para estudiar el tema. En algunos países para cumplir con los requerimientos se aprobaron leyes sobre el tema que nunca se aplicaron. Tal fue el caso de Brasil (Sorj, 1981: 136) luego del golpe de Estado de 1964.

En otros Estados se aprobaron leyes que incorporaron el concepto de reforma agraria integral y plantearon en sus articulados objetivos centrados en el aumento de la produc-ción y la productividad, siguiendo el modelo de Venezue-la. Al no poner en discusión la asimetría de la estructura agraria (latifundio-minifundio), muchas veces terminaron funcionando como leyes de colonización que permitieron la incorporación de tierras estatales al mercado de tierras.

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Tal fue el caso de Ecuador,34 Colombia,35 Panamá36 y Hon-duras.37

En otros lugares se habilitaron debates sobre la refor-ma, pero no se llegó a legislar en estos años. En el caso argentino este fue impulsado por la Confederación General del Trabajo (CGT) y hasta se creó una Comisión Coordina-dora de Promoción de la Reforma Agraria (COCOPRA) en 1963, conformada por dirigentes sindicales, académicos y

34 En el caso ecuatoriano se constituyó en 1961 una Comisión de Reforma Agraria que incorporó a un experto de la FAO. Dos años después, en julio de 1963, a través de un golpe de Estado se estableció una Junta Militar en el gobierno. Dicha Junta se proclamó claramente como anticomunista (Ibarra, 2016: 54) y preparó un Plan Nacional de Desarrollo que buscaba continuar los lineamientos de la Alianza. Dicho plan incluía una reforma agraria limi-tada (Ibarra, 2016: 55-56).

35 La ley 135 de 1961 sobre reforma social agraria creó el Instituto Colom-biano de Reforma Agraria (INCORA). Entre sus objetivos estaban el de fomentar la adecuada explotación económica, acrecer el volumen global de la producción agrícola y “crear condiciones bajo las cuales los pequeños arrendatarios y aparceros gocen de mejores garantías” y tengan “más fácil acceso a la propiedad”. El INCORA administraría las tierras baldías. No declaró la función social de la propiedad, pero sí el “interés público”. El INCORA podría adquirir tierras bajo ese criterio para el establecimiento de nuevos núcleos rurales, pero siempre la prioridad sería otorgar tierras esta-tales. Por ello consideramos que se trataría de un proyecto de colonización.

36 La Constitución panameña de 1946 velaba sobre la función social de la pro-piedad privada y sobre las comunidades indígenas (Feraud Chávez, 2015: 28). En 1962, con la promulgación del Código Agrario, se creó la Comisión de Reforma Agraria. El Código Agrario panameño tuvo como objetivo prin-cipal “realizar la reforma agraria integral y abolir el acaparamiento de tie-rras incultas, ociosas o con fines especulativos” (Feraud Chávez, 2015: 47). Para estos fines solo se expropiarían tierras, como en Venezuela, en el caso que no existan tierras estatales en la cercanía. Las expropiaciones implica-ban un juicio y una indemnización que valoraba las mejoras mediante tasa-ción pericial y un promedio del valor catastral de los últimos cinco años.

37 En 1960 se creó en Honduras una Comisión de Reforma Agraria. En 1974 se dictó una ley en la que se indicaba que debía ser un proceso integral destina-do a suprimir el latifundio y el minifundio que garantizara la justicia social y aumentara la productividad y la producción. Podrían expropiarse las tierras privadas que no cumplieran con la función social de la propiedad (funda-mentalmente ociosas). Pero sobre todo serían afectadas las tierras estatales. Declaraba la inexpropiabilidad de las tierras cultivadas con bananos, piña, cítricos, caña de azúcar, café, palma africana y tabaco (artículo 38).

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diputados nacionales.38 En el caso salvadoreño, en 1970 se realizó el primer Congreso Nacional de Reforma Agraria, pero recién en 1975 habría atisbos de una iniciativa en tal sentido.39 Por último, hay dos casos particulares que, si bien iniciaron sus procesos de reforma en los marcos de la Alian-za, tuvieron otras derivas. Esta fue la historia de Chile y Perú40, cuestión que ameritaría una investigación mayor.

IV. Conclusión

La asimetría de la estructura agraria en América Latina, aca-rreada desde los tiempos de la colonia, se profundizó a fines del siglo XIX con la conformación de los Estados naciona-les. Por lo mismo, las iniciativas tendientes a transformarla

38 Paradigmático es el tema de la República Argentina, donde el sentido común indica que nunca se debatió el tema de la reforma agraria. No hace falta más que revisar los expedientes que ingresaron en la Cámara de Diputados entre los años 1958 y 1966 para notar la intensidad del debate. En ese marco la CGT organizó Jornadas Agrarias en 1963 y 1965 en las que conformó la COCOPRA. En 1966 tanto la COCOPRA como la CGT presentaron reco-mendaciones ante el Congreso pocos días antes del golpe de Estado encabe-zado por Juan Carlos Onganía. En 1973 el dirigente demócrata-cristiano Horacio Sueldo presentó un último proyecto de ley de reforma agraria. Resultaría sumamente interesante una investigación que reponga el vacío historiográfico en torno a la reforma agraria en Argentina desde el proyecto de Juan B. Justo (1917) hasta el de Horacio Sueldo (1973).

39 En las elecciones de 1967 fue proscripto el Partido de Acción Renovadora (PAR), la fachada electoral del Partido Comunista Salvadoreño, por incor-porar en su plataforma la reforma agraria. Las autoridades alegaron que no era admisible que una organización que avalara la expropiación de tierras se presentara a elecciones. Recién en enero de 1970, pocos meses después de iniciada la guerra con Honduras, se convocó el primer Congreso Nacional de Reforma Agraria. A este asistieron representantes de cuatro sectores: los trabajadores, los empresarios, el sector gubernamental y el no gubernamen-tal. En las memorias del congreso llaman poderosamente la atención dos cuestiones: por un lado, la exclusión del campesinado de la participación en el congreso y, por otro lado, el uso casi unánime de un concepto de reforma agraria inclinado hacia el polo del desarrollo económico.

40 Con respecto al caso de la reforma agraria peruano, recomiendo el trabajo de Ariel Salcito que forma parte de la presente edición.

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hunden sus pies en la historia del continente y tuvieron diversas expresiones durante el siglo XX. La Revolución mexicana que comenzó en 1910 fue el puntapié inicial, que puso a rodar en el continente la cuestión de la reforma agra-ria. La tradición inaugurada por el proceso mexicano hizo que las iniciativas de reforma de la primera mitad del siglo y hasta la década del cincuenta estuvieran motivadas por la idea de alcanzar una distribución más justa de la tierra.

En la década del cincuenta se inició un proceso de doble transición. Por un lado, mientras en Guatemala el gobierno estadounidense había rechazado de cuajo todo intento de reforma asociándolo de manera directa al comu-nismo, en los primeros años de la década del sesenta encon-tramos que esta potencia impulsó políticas de reforma agra-ria tanto a través de su diplomacia como de organismos internacionales en los que tenía injerencia. Por otro lado, una transición en los sentidos que el concepto de reforma agraria adquirió en los propios procesos latinoamericanos. Esta segunda transición se produjo entre 1959 y 1961.

Entre el triunfo de la Revolución cubana (1959) y la puesta en marcha de la Alianza para el Progreso (1961) los debates en torno a la reforma agraria se insertaron plena-mente en los marcos de la Guerra Fría. Este es el escenario en el que la noción de reforma agraria se fue alejando pro-gresivamente de un sentido anclado en la justicia social. En esos dos años, una serie de reuniones de organismos inter-nacionales y de iniciativas en el continente dieron lugar al concepto de reforma agraria integral. Esta noción se crista-lizó en la Carta de Punta del Este (1961), acta inaugural de la Alianza para el Progreso. Las implicancias de este novedoso concepto latinoamericano fueron muchas para las décadas subsiguientes.

En primer lugar, este concepto apareció como una ampliación de la noción de reforma agraria, al incorporar otras dimensiones como el acceso a créditos, a circuitos de comercialización y a asesoramiento técnico. Asimismo,

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permitió llevar la discusión a países en los que la reforma agraria no había llegado.

Un segundo nivel de las innovaciones que trajo la reforma agraria integral tiene que ver con que ligó las ini-ciativas de reforma a la actuación de los organismos inter-nacionales. Si la reforma era ahora una cuestión latinoa-mericana y debía ser implementada de manera integrada, el rol de articulación, justamente, quedaba en manos de los organismos internacionales. Estos también serían los for-madores de cuadros que llevarían adelante el asesoramiento técnico, tan caro al concepto de reforma agraria integral. En este sentido puede leerse el Proyecto 206, que buscaba “adiestrar” técnicos en el tema para superar las estructuras agrarias “defectuosas” de América Latina. Al mismo tiempo los organismos internacionales fueron clave en la defini-ción de la ejecución y la administración del financiamiento de la Alianza.

En un tercer nivel el concepto de reforma agraria inte-gral obturó la tradición agraria mexicana y la recientemente inaugurada por la Revolución cubana y encorsetó los deba-tes sobre el concepto dentro de los caminos de la producti-vidad y el desarrollo económico.

El concepto de reforma agraria integral, por lo tanto, no surgió solamente como una respuesta a los sucesos de Cuba, sino también a la tradición que la Revolución mexi-cana había iniciado en el continente. Al mismo tiempo implicó una ampliación de sentido del concepto original de reforma. Esta ampliación permitió abrir la discusión en los países en los que el tema permanecía como un tema tabú. En esa ampliación de sentido se operó un movimiento semántico que asimiló el concepto de reforma agraria al de desarrollo, que provocó un alejamiento no solo de las posibilidades que abría Cuba, sino de las influencias que había abierto la Revolución mexicana en la primera mitad del siglo y aún en la década de 1950, en las que el concepto estaba más bien vinculado a la idea de justicia social.

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Un horizonte cercano

Utopía, reforma agraria y pop en el gobierno revolucionario de las fuerzas armadas en Perú (1968-1976)

ARIEL SALCITO

Introducción

El 3 de octubre de 1968, un golpe de Estado encabezado por una facción de oficiales del ejército desalojó del poder al presidente constitucional del Perú, Fernando Belaunde Terry. La actividad del Parlamento fue clausu-rada y las elecciones periódicas de autoridades, suspen-didas. El hecho podría ser considerado un mero eslabón de la cadena de interrupciones del orden institucional característico de las naciones sudamericanas. El devenir del proceso revelaría las especificidades que otorgarían a la experiencia un carácter distintivo.

Al día siguiente el nuevo presidente, el general Juan Velasco Alvarado, anunció la nacionalización, sin indemnización, de la explotación de los hidrocarburos. Empresas estadounidenses y británicas fueron afectadas por la medida. Nueve meses después, la reforma agraria atacó otro de los fundamentos del pacto de dominación. La opresión secular padecida por el campesino indio, y su inextinguible tradición de resistencia, desembocaban en un giro dramático de la historia. La ley general de minería y la reestructuración de la banca, sin cuestionar la existencia de la propiedad privada, significaron un avance del Estado sobre el capital trasnacional. La ley

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de industrias transformaba la propiedad y gestión de las empresas a favor de un sistema compartido en forma igualitaria entre patrones y trabajadores. La naciona-lización de la industria pesquera reaccionaba ante los abusos en abastecimiento y precios de la producción volcada al mercado interno. Con el objetivo de transferir los medios de comunicación a diversas corporaciones de trabajadores, universidades, profesionales y organismos del Estado, en 1974 se llevó adelante la reforma de la prensa. La reestructuración del sistema educativo perse-guía la incorporación del indio a través del bilingüismo. El Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social (SINAMOS) procuró encauzar el apoyo popular hacia el proceso revolucionario, y desvirtuó el rol de los partidos políticos tradicionales.

Las líneas que siguen procuran ilustrar una de las facetas que caracterizaron este proceso. La propaganda política emanada desde el gobierno revolucionario se caracterizó por la combinación de tradiciones andinas de sesgo utópico, relecturas de intelectuales clásicos como José Carlos Mariátegui y novedosas tendencias artísticas internacionales, como el arte pop de los Esta-dos Unidos. La utilización del afiche como vehículo de difusión alcanzó relevancia a través de una de las medidas emblemáticas del gobierno de Velasco: la ley de reforma agraria. En su propaganda, se plasmó la singular constelación de influencias que expresó los tér-minos de una encrucijada histórica, donde el pasado y el presente confluyeron para alumbrar un futuro reno-vado de expectativas. Esta adaptación peruana recibió la denominación de “pop achorado”, y fue tal su influencia que, junto con la reputación de su creador, Jesús Ruiz Durand, se encontró destinada a sobrevivir largamente a las condiciones socio-políticas que incubaron su naci-miento y ulterior desarrollo.

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Influjos de época

La finalización de la Segunda Guerra Mundial implicó, dentro de sus múltiples consecuencias, la emergencia de un nuevo orden internacional, signado por el poderío cre-ciente de sus principales vencedores: Estados Unidos y la Unión Soviética. La polarización y división en bloques hos-tiles resultantes configuró los términos de la Guerra Fría, que caracterizaría el periodo comprendido entre los años 1947 y 1991. Más allá de las implicancias mundiales, en América Latina adquirió un espesor histórico particular. La problemática que nos proponemos analizar remite a con-tornos históricos y geográficos precisos. Al decir de Clau-dia Gilman:

Entre la entrada en La Habana de los guerrilleros vencedores de la Sierra Maestra y el derrocamiento de Salvador Allende y la cascada de regímenes dictatoriales en América Latina hay catorce años prodigiosos. Un periodo en el que todo parecía a punto de cambiar (2003: 35).

Las fluctuaciones del termómetro de la Guerra Fría enmarcaban los años dorados del estado de bienestar y la planificación centralizada propia del otro lado de la cortina de hierro. El equilibrio del terror trasladaba la alteración del statu quo a las áreas del denominado “tercer mundo”. En ellas convergían, a su vez, tensiones acumuladas del “tiempo largo” del desarrollo desigual y subordinado de cada sociedad.

Los procesos de descolonización en África, la revolu-ción en Vietnam y el ascenso de luchas sociales a escala pla-netaria alentaron la perspectiva de transformaciones inmi-nentes. A las inéditas identidades nacionales que surgían conforme avanzaba el proceso descolonizador se adiciona-ron reivindicaciones en torno de la adscripción racial, de género, carácter generacional, procedencia étnica o modo de vida campesino, entre otras posibilidades. Todas ellas

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implicaban, en sus diversas vertientes, el cuestionamiento radical de un orden previo signado por groseras desigual-dades de origen. Sumergirse en sus causas remitió a la con-formación de redes de pensamiento tendientes a explicar los términos del proceso histórico. La reflexión subsiguien-te vino acompañada de indignación creciente, que asumió como propia una rabia antigua, poseída por generaciones de opresión sin nombre. La victoria de los barbudos cubanos galvanizó la voluntad de transformación. Los ecos reverbe-raron con estruendo en el mundo de la cultura; la literatura, la música y las artes visuales se consideraron partícipes de la contienda. Una concepción relativa al arte como fenó-meno en esencia político residía en su base (Gilman: 2003; Longoni y Mestman, 2000). Involucrarse en la acción trans-formadora constituyó el corolario de este proceso.

Pero las coordenadas generales de la época eran tam-bién leídas por las clases dominantes locales e internacio-nales. Y las fichas dispuestas en el tablero disponían, a su vez, de un apreciable margen de interacción. La expresión “clases dominantes” designa un cuerpo variopinto y hete-rogéneo de facciones de las clases propietarias. Convivían en su seno desde terratenientes aferrados a sus privilegios tradicionales hasta sectores modernos de la burguesía local asociados con el capital trasnacional. La propia dinámica del proceso socioeconómico diferenció tanto los intereses como las estrategias de dichos sectores. Ante el ascenso de la marea revolucionaria, los sectores correspondientes a las esferas productivas precapitalistas acentuaron sus perfiles represivos. Sin embargo, el desarrollo de las fuerzas pro-ductivas, la extensión del mercado interno y la expansión de los aparatos del Estado mermaban su poder. Para los pujantes sectores beneficiarios de los procesos de moder-nización, la ineficiencia y el atraso de sus antiguos aliados cobraba nuevos sentidos. Enfrentar la amenaza del comu-nismo requería, más que soluciones represivas, modernizar las reminiscencias del pasado a través de reformas estructu-rales que propiciaran el desarrollo sostenido.

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El ideal desarrollista en boga situaba las causas del atraso en un estadio del proceso evolutivo. Una vez imple-mentadas las reformas, el subdesarrollo devendría supera-do como una rémora necesaria. Fue la interpretación que irradió desde la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y cuyo espíritu nutrió la Alianza para el Progreso. Las expectativas planteadas por el presidente John Fitz-gerald Kennedy en 1961 (modernización, reforma agraria, mejoras en sanidad, educación y bienestar) pretendían dete-ner el avance del comunismo, acicateado por el triunfo de la Revolución cubana. El carácter incompleto de las refor-mas, el asesinato de Kennedy y la disminución de las ayudas de Estados Unidos desalentaron las esperanzas iniciales. El énfasis en la asimetría de la relación entre los países sub-desarrollados respecto de los centrales primó sobre las tesis desarrollistas. América Latina fungía como reserva de ali-mentos y materias primas, con destino a los centros indus-triales beneficiados de su consumo. El tiempo agigantaba las desigualdades y retroalimentaba el circuito. La depen-dencia consagraba la primacía de los centros de poder y decisión sobre las naciones atrasadas.

Dos instituciones, insospechadas de albergar savia revolucionaria en las venas, fueron receptivas a los influjos de la época. La Iglesia católica se encontraba asociada a los sectores explotadores más retrógrados del continente. Una prolongada trayectoria histórica la situaba proveyendo sustento material e ideológico a terratenientes y dictadores de variada raigambre conservadora. Así, Manuel González Prada había caracterizado, a finales del siglo XIX, “la triada embrutecedora del indio”, donde el sacerdote acompañaba tanto al hacendado como al político local. Todavía en 1937, el Arzobispado de Lima pontificaba en una pastoral: “La pobreza es el camino más cierto hacia la felicidad humana. Solo el Estado que triunfe en hacer apreciar al pobre los tesoros espirituales de la pobreza puede resolver sus pro-blemas sociales” (Gall, 1970: 48, citado por Cotler, 2005: 275). Pero durante el transcurso de la segunda mitad del

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siglo XX, conforme se verificaban transformaciones en la concepción eclesiástica a partir de la Doctrina Social de la Iglesia, el clero peruano adoptó una actitud diferente.

A partir de la década de 1950, se destacaron sectores eclesiásticos preocupados por conciliar su vocación espiri-tual con la transformación del mundo. La llegada de sacer-dotes europeos difuminó las nuevas ideas dentro de los ámbitos de sociabilidad de la acción católica. Los “Cursi-llos de Cristiandad”, impartidos a los oficiales del ejército, expandieron su repercusión. Así emergieron comunidades eclesiales de base, rurales y urbanas, guiadas por sacerdotes que entendían la salvación como asunto concerniente “al reino de este mundo”. Los requerimientos del trabajo pas-toral los conectaron con las circunstancias cotidianas de las clases trabajadoras. Y la obscena injusticia del racismo, la explotación y la miseria sublevó la conciencia de una nueva generación de prelados. Una lacerante paradoja atormen-taba sus ministerios:

¿Cómo hablar de un Dios que se revela como amor cuando vivimos una realidad caracterizada por la miseria y la opre-sión? ¿Cómo proclamar al Dios de la vida ante los hombres y mujeres que mueren prematura e injustamente? ¿Cómo admitir que Dios nos concede el don del amor y la justicia cuando vemos el sufrimiento de los inocentes? (Gutiérrez, 2011: XIV).

La idea que subyace a las palabras de Gustavo Gutié-rrez, teólogo emblemático de este movimiento, representa la inquietud que desvelaba a los hombres de fe compro-metidos con sus comunidades. Cualquier indagación reli-giosa contrastaba con un impacto primordial: “El escándalo que significaba una situación de pobreza en un continente que se consideraba cristiano… en ese continente cristiano, hay una inmensa parte de la población que vivía en con-diciones inhumanas y anticristianas” (Gutiérrez, 2011). La realidad social configura un primer momento de reflexión y sentimiento en comunión: compartir el sufrimiento y las

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privaciones de esas masas dolientes, junto con su anhelo de justicia. A partir de allí, un segundo momento de apro-piación crítica y de perspectiva transformadora se abriría camino entre las urgencias de la cotidianidad: aquella que Gutiérrez identifica como reflexión teológica liberadora.

La crisis política y económica que afectaba al país moti-vó reuniones y declaraciones de sacerdotes, preocupados por la situación de las clases populares. Una sociedad, carac-terizada por abismales diferencias, replicaba, dentro de las intrínsecas peculiaridades del fenómeno religioso, análogos precipicios. Y, como remarcará Gutiérrez, a la experiencia de Dios se accede a partir del contexto histórico social y personal de cada individuo. La formación y la organiza-ción conformaban el horizonte propicio para el enfrenta-miento con las clases dominantes, abanderadas del pecado colectivo. A partir de allí se formó la Oficina Nacional de Información Social (ONIS). Su momento fundacional puede ubicarse en marzo de 1968. En la localidad de Cienegui-lla, cerca de Lima, se produjo el encuentro entre el obispo de Cajamarca, sesenta sacerdotes, misioneros extranjeros y laicos, con el objeto de discutir la realidad del Perú. Pro-ducto de las deliberaciones se redactó la Declaración de los sacerdotes peruanos. Con la utilización de estadísticas ofi-ciales como soporte, la declaración denunciaba la realidad de pobreza que asolaba a la mayoría de la población. La estructura agraria, la entrega del patrimonio nacional a los consorcios trasnacionales y la corrupción desembozada imperaban sobre el Perú.

Semejante diagnóstico implicaba, a su vez, tender un puente hacia corrientes de pensamiento tradicionalmente concebidas como antagónicas, el marxismo en primer lugar. Los futuros sepultureros de la burguesía podían ser identi-ficados con los bienaventurados detentadores de los dones del reino de los cielos. Las similitudes entre las teleologías del desarrollo histórico cobraron relevancia. Tomar el cielo por asalto consagraba, para unos, el decurso de una historia entronizada en la segunda venida del hijo del hombre, y el

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día del juicio final sucedáneo. El misterio de la resurrección de la carne cuestionaba la noción de lo imposible como impedimento concreto de ejercer agencia transformadora. El milagro de la resurrección de Cristo asociaba la fe reli-giosa con el anhelo justiciero de inversión del orden del mundo. Sobre las implicancias milenaristas que emergen de dichos postulados abundarán páginas subsiguientes. La “opción preferencial por los pobres” cobró impulso en el seno de las iglesias latinoamericanas, alcanzando expresión consumada en el Concilio de Medellín de 1968, cuyo coro-lario alcanzaría sesgo definido a través de la teología de la liberación, que acompañaría la activación revolucionaria característica de esos años (Cotler, 2005; Smith, 1994).

Las fuerzas armadas constituyeron otro sector invo-lucrado en las disyuntivas de la época. La especificidad peruana reside en la fundación, en 1953, del Centro de Altos Estudios Militares (CAEM). De este se derivó una concepción de la defensa nacional que trascendía las cues-tiones meramente militares. En su clásico estudio sobre la formación social peruana, Julio Cotler (2005: 285) anali-za las determinaciones que condicionaban el pensamiento de los mandos del ejército peruano. Los imperativos de la Guerra Fría, y la defensa frente al avance del comunismo, desplazaron las hipótesis de conflicto centradas en los paí-ses limítrofes, en particular el revanchismo respecto a Chile luego de la derrota en la Guerra del Pacífico (1879-1883). La asociación privilegiada con los Estados Unidos a través del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), suscripto en 1947 en Río de Janeiro, permitió acceder a la instrucción y al equipamiento militar moderno. Sin embar-go, afrontar el nuevo contexto traía aparejado adoptar un enfoque acorde a la magnitud de los inminentes desafíos:

La guerra revolucionaria es universal, ella avanza cada día, una pulgada o un kilómetro, en todos los países del mundo. En el Perú también. Es una guerra tan temible, o más temible, que una guerra nuclear. Ella amenaza los cimientos mismos

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de la civilización occidental y cristiana y la obra de tantos siglos. En pocos años ha sumido en la esclavitud espiritual a 220 millones de rusos y a 600 millones de chinos y ella no descansa: su objetivo es la humanidad entera y ningún tratado ni ningún acuerdo, lograrán que su doctrina renuncie a la conquista del mundo (Gallegos, 1960: 18-20, citado por Cotler, 2005: 289).

Semejante enemigo debía ser evaluado en función de peculiaridades específicas. Combatirlo requería una estra-tegia centralizada y organizada en forma piramidal. La for-mación de los cuadros castrenses que iban a emprender el combate no podía quedar librada a las cambiantes coyun-turas nacionales. Los manuales de historia militar, estrate-gias de batalla, logística y movimiento de tropas regulares poco aportaban en función del enfrentamiento en ciernes. Desde los albores de la Guerra Fría, estaba claro desde dónde debían partir las directivas centrales contra la infil-tración comunista. La Escuela de las Américas, fundada en 1946, estuvo asentada desde 1964 en el Canal de Pana-má, y cumplió la finalidad de instruir en los lineamientos del combate contra insurgente a destacados oficiales de los ejércitos latinoamericanos. Entre ellos se destacaron el futuro general Juan Velasco Alvarado y Rómulo Gallegos, teórico del CAEM:

Si se pretende luchar en forma clásica contra una guerra subversiva, el mejor ejército será destruido invariablemente y un día el enemigo, subterráneo e invisible, explosionará por todas partes, por sorpresa y antes que se puedan apuntar los cañones o desplazar las columnas, las masas populares serán dueñas del poder y por la fuerza y el terror, sumirán en la esclavitud espiritual a aquellos que no fueron ganados por la doctrina comunista (Gallegos, 1960: 18-20).

Ante un desenlace, tan ominoso como amenazante, urgía precisar mecanismos de defensa. El carácter real del enemigo, capaz de explosionar dispositivos militares adies-trados y modernos, surgió como incógnita por develar. A

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partir de enero de 1959 encontrar respuesta se tornó acu-ciante. Quiénes eran esas masas populares, hacia quiénes se proyectaba un poder de tamaña letalidad, desveló las pesadillas de calificados cuadros castrenses. La necesidad de emprender un análisis general de la situación nacional y su grado de desarrollo potencial devino imperativa. Des-de el CAEM se llevó adelante un balance detallado. Las conclusiones fueron elocuentes: “La triste y desesperante realidad es que en el Perú el poder real no se encuentra en el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial o electoral, sino en los latifundistas, exportadores, banqueros y en las compañías norteamericanas” (Villanueva, 1972: 87).

Los resultados condujeron a la adopción de una tónica desarrollista en el seno del ejército. Y aunque el auspicio político y económico de la Alianza para el Progreso pro-metía encarar soluciones de fondo para superar el subde-sarrollo, las dificultades y el pronto fracaso de las reformas impulsaron, a su vez, a crecientes sectores al estudio de la dependencia como factor causal. De esta suerte, una fac-ción, que encontraba las causas del atraso en la dominación oligárquica y en la dependencia externa, se erigió en el seno del ejército peruano. Sustraer a las masas populares de la atracción ejercida por ideas disolventes de la nacionalidad y la autoridad del Estado requería emprender acciones deci-sivas. Mejorar condiciones de vida, extirpar la pobreza y la opresión consuetudinaria de amplios segmentos de la población significaba a su vez proveer a la defensa nacional, ultima ratio de la institución militar.

El surgimiento de focos guerrilleros en áreas rurales de la sierra acrecentó estas prevenciones. La victoria rasan-te de las fuerzas armadas apenas encubrió la coincidencia entre vencedores y vencidos respecto a las causas estruc-turales del enfrentamiento. Mayor relevancia adquirió la movilización campesina en los valles subtropicales de La Convención y Lares. Liderados por Hugo Blanco, dirigente trotskista formado en Argentina, los campesinos arrendires pusieron en jaque la economía terrateniente a través de un

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amplio movimiento huelguístico, que incluyó estrategias de doble poder y de abierto desafío a las autoridades regiona-les. La represión desencadenada abortó dicho movimiento y encarceló a sus líderes, pero fue incapaz de restablecer el orden tradicional en la región. Las elecciones presidenciales de 1963 generaron la expectativa, en amplios segmentos sociales (que incluían al ejército), de un programa trascen-dente de reformas. La victoria de Belaúnde Terry, de la emergente coalición progresista Acción Popular, represen-tó el triunfo inicial de un extendido anhelo popular. Sin embargo, los términos ajustados de la victoria electoral, y la alianza entre las fuerzas de oposición (compuestas por el oligárquico Unión Nacional Odriista [UNO], encabeza-do por el exdictador Manuel Odría y sus antiguos enemi-gos del APRA, ya extirpados sus componentes ideológi-cos antimperialistas y liberadores), mantuvo mayoría en el Parlamento. Dicho predominio constituyó la herramienta propicia para obstaculizar la acción del nuevo gobierno. A su vez, la compleja negociación emprendida con la Inter-national Petroleum Company (IPC), por los términos abu-sivos de un anacrónico contrato, desembocó en un con-notado escándalo internacional (Cotler, 2005; Hernández, 2017). La parálisis legislativa y el empantanamiento de las reformas emprendidas por el gobierno de Belaúnde Terry, expresión local del desarrollismo, terminó por disipar el respeto menguante en el sistema democrático. Las condi-ciones que propiciarían el golpe de Estado y el gobierno revolucionario de las fuerzas armadas se concretarían el 3 de octubre de 1968.

El arte pop

Semejante conmoción en el mundo de las ideas, la política y la economía debía encontrar, a su vez, correlato en las artes. En las metrópolis capitalistas expresó sus propias tensiones.

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La proliferante producción artística significó la traducción directa de los años dorados de la posguerra. Tanto en los Estados Unidos como en Europa occidental se verificaron sus efectos. El estado de bienestar y la sociedad del pleno empleo generaron recursos susceptibles de ser canalizados hacia la expresión cultural, y la revolución tecnológica en los medios de comunicación la dispuso al alcance de todos los hogares (Hobsbawm, 1998).

El campo de las artes disponía de autonomía y reglas de funcionamientopropias. Ensusenosedebatíanfuerzascontra-puestas. El expresionismo abstracto regía las determinaciones fundamentales del quehacer artístico y acaparaba exposicio-nes y muestras. La inclusión en el ámbito académico acompañó dicha tendencia. Quienes militaban un arte vinculado a lo real cotidiano de la existencia quedaban colocados del otro lado de la grieta fundacional. Fuera de las mediaciones institucionales y los circuitos mejor referenciados, su práctica adoptó un com-promiso herético y disruptivo. Según Arthur Danto, esta divi-sión “tenía una intensidad casi teológica, y en otro estadio de la civilización ciertamente ellos podrían haberse quemado en las piras” (1995: 65). En esa identificación dicotómica se dirimía el conflictodelespectroartístico.

Elcontextonovedosodelaposguerratransformósucarác-ter y significado. Hasta los reductos de elite del tipo tradicio-nal fueron permeados por las lógicas de la sociedad de masas. La renovación subsiguiente se asentaba en un hecho incontras-table:

A partir de los años sesenta las imágenes que acompañaban a los seres humanos en el mundo occidental –y de forma creciente en las zonas urbanas del tercer mundo– desde su nacimiento hasta su muerte eran las que anunciaban o impli-caban consumo, o las dedicadas al entretenimiento comer-cial de masas. […] Las palabras que dominaban las socieda-des de consumo occidentales ya no eran las palabras de los libros sagrados, ni tampoco las de los escritores laicos, sino las marcas de cualquier cosa que pudiera comprarse (Hobs-bawm, 1998: 507).

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El triunfo universal de la sociedad de consumo consa-gró la primacía de la imagen publicitaria sobre el arte tra-dicional. Las trampas visuales de la exhortación al consumo constituyeron el objeto del naciente pop-art. Sus principales cultores (Andy Warhol, Roy Lichtenstein y Claes Olden-burg, entre otros), reprodujeron, resignificando, los iconos de la cultura de masas: el ejemplo de las sopas Campbell o el rostro de Marilyn Monroe son elocuentes muestras de esta tendencia. En consecuencia, el surgimiento del pop-art puede ser entendido como el resultado del arte popular urbano, modelado por la publicidad y con escaso sentido crítico (Lucie Smith, 2000: 223).

Confluyen, siguiendo a este autor, elementos carac-terísticos de la vida en las megalópolis modernas. Entre la moda, la democracia y la máquina surge la arcilla, que otorga sustancia a la cultura pop. Detentada en forma inicial por las clases dominantes, la moda fue filtrando sus influjos hacia los segmentos inferiores de la pirámide social. Dicho proceso otorgó una masividad que contrastó con la pérdida de exclusividad y “estilo”, que constituían sus marcas de origen. La emergencia de la máquina conllevó la exigencia de producción en cantidad como forma de sustentabilidad económica. Al multiplicar el dinero y el tiempo libre, tras-tocó la lógica de conservación de los bienes, a favor del goce instantáneo del producto adquirido:

Las cosas se pasaban de moda con mucha más rapidez que la que se gastaban. La moda aceleró el proceso de sustituir, y ayudó a mantener la industria en funcionamiento. Al mismo tiempo el proceso de democratización condujo al sentimien-to de que todo el mundo tiene derecho a ser elegante si lo desea (Lucie-Smith, 2000: 230).

Ante el expansivo horizonte de la satisfacción garanti-zada, y con el cielo como límite, se deificó el nuevo absoluto, bajo el pulgar de lo momentáneo. La obsolescencia acelera-da de los deseos y las cosas invadió percepciones y sentidos. Una obra de pop-art era admirada y desechada con idéntica

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velocidad. El debate respecto a su naturaleza condujo al planteo de origen en torno a lo visual. La noción del arte como representación, escindida de lo real-funcional de un objeto determinado, recibió el cuestionamiento colorido y dinámico del pop-art: “Fue como si los artistas empezaran a cerrar la brecha entre arte y realidad”, apunta Arthur Danto (1995: 66). Un artefacto podía convertirse en una obra de arte, aunque no dejara de existir como artefacto.

Bajo los efectos de dicha simbiosis mimética despunta el verdadero carácter del pop-art. Los emblemas de la cultu-ra popular devenidos en arte representaban la consumación de un fenómeno “transfigurativo”. El concepto, proveniente de la religión, designa la adoración de los aspectos ordina-rios de la existencia, elevando la rutina cotidiana al altar de la divinidad. En el caso del arte pop, se advierte al haber convertido los símbolos del día a día de la gente común en objetos de arte refinado. Pero como fenómeno en esencia estadounidense, representaba también el afán de las perso-nas “de a pie” de vivir su vida tal como les había sido dada. Ni paraísos distantes ni utopías atemporales encontraban lugar en esta construcción. La redención equivalía, antes que a una finalidad trascendente, al colorido indiferenciado del carro del supermercado. El parnaso del círculo artís-tico veía sus fronteras desmoronarse ante el avance de la sociedad de consumo. Pero ante su expansiva potencialidad, ante el ímpetu exportador de sus manifestaciones, dejaba un generoso campo de transformación al arraigar en con-textos diferentes. Las líneas que siguen abordan esta suerte de “transfiguración dentro de la transfiguración” propia de su aplicación en tierra peruana.

De Warhol a Tupac Amarú

El 24 de junio de 1969, Velasco Alvarado proclamó “Cam-pesino, el patrón no comerá más de tu pobreza”, al anunciar

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la promulgación del decreto ley de reforma agraria. La ley establecía la cancelación del latifundio y del minifundio, planteando su sustitución por un régimen de tenencia de la tierra que garantice la pequeña y mediana propiedad. A su vez, implicaba proteger la unidad de explotación económica a favor de un régimen de cooperativas. La ley limitaba el derecho a la propiedad de la tierra, basándose en el princi-pio normativo que la tierra debe ser de quien la trabaja, en detrimento de quienes deducían de ella algún tipo de renta fundiaria. Destinatarios directos de la ley eran las comuni-dades indígenas y los colonos de hacienda, que encontra-ban reivindicación luego de siglos de opresión económica y racismo explícito.

La difusión de la reforma agraria estuvo a cargo de un grupo de artistas y diseñadores encabezados por Jesús Ruiz Durand.1 El recurso seleccionado a tal fin consistió en la serie de afiches que constituiría su sello distintivo. Diver-sas influencias europeas, fundamentalmente la propaganda soviética –encarnada en publicistas como Aleksandr Ród-chenko y Vladímir Mayakovski– y el arte cinético, además de la utilización intensa de la cartelística realizada por los aparatos estatales de propaganda de la Revolución cubana, fungían como precedentes. En un escrito Durand (1987: 17) bautizará, en forma retrospectiva, este conjunto de obras con el nombre de “pop achorado”. El término aludía a las masas destinatarias, que conformaban un crisol de mesti-zaje de urbanización reciente. Su periodo de mayor dina-mismo correspondió a los inicios del gobierno de Velasco, entre 1969 y 1971. A los recursos visuales y estilísticos del

1 Jesús Ruiz Durand nació en 1940 en Huancavelica. Cursó sus estudios en la Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú. Integraba, junto con otros artistas e intelectuales peruanos, el equipo de trabajo de la Dirección de Difusión de la Reforma Agraria, dependiente del Sistema Nacional de Apoyo para la Movilización Social (SINAMOS). En su equipo de trabajo se destacaban los aportes de José Bracamonte, Emilio Hernández Saavedra, Carlos González y Ciro Palacios. La fotomecánica y la gráfica offset consti-tuían el soporte técnico primordial de sus producciones.

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arte pop en boga en los Estados Unidos adicionaba moti-vos tradicionales del campesino andino, reivindicando su cultura y tradición de resistencia ancestrales. La reforma agraria simbolizaba la vitalidad del mito y la utopía andina, que resurgían victoriosas tras siglos de opresión.

Respecto de la naturaleza del pop achorado, se han destacado fundamentalmente dos líneas de interpretación, que reproducen con variaciones mínimas debates históri-cos de la formación económico-social peruana. La primera (Mariátegui, 2012; Flores Galindo, 2005) enfatiza las con-diciones de explotación padecida por los indios, el racismo y el encubrimiento cultural vigentes desde la llegada de los europeos. El predominio demográfico, la identidad y vocación rebelde de mujeres y hombres andinos mantie-nen latente la utopía de inversión del orden del mundo. El mito de Inkarri expresa, en este sentido, la rearticulación de los miembros enterrados en regiones distantes en torno a la cabeza del inca. La resurrección del indio constituye un destino trascendente que, en momentos históricos espe-cíficos, concitó expectativas de transformación social. El pensamiento de Mariátegui durante la conflictiva década de 1920, o las reformas de Velasco, ilustrarían esta tendencia.

La impugnación a dicho enfoque resalta la apropiación de temáticas indígenas por parte de grupos urbanos blancos o mestizos (Vargas Llosa, 1996; Saintoul, 1988). En su con-frontación con los sectores dominantes, la figura del indio es instrumentada en beneficio de sectores distintos al cam-pesino andino. El pop achorado expresa, siguiendo estos lineamientos, los intereses de artistas e intelectuales inclui-dos dentro de las mediaciones institucionales de un Estado que se pretende transformador. Las influencias, recursos y estrategias de difusión pertenecen a un mundo inaccesible para el indio, que tampoco participa como consumidor del mercado ideológico-cultural en que el pop achorado se ins-cribe. Idealizado en forma artificiosa y estilizado sobre la base de cánones ajenos, el indio continúa hablado, o gra-ficado, por otros.

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La crítica cultural de Marta Traba (1973) se diferencia de los enfoques anteriores, y cuestiona las condiciones materiales dentro de las cuales se desenvuelve la recep-ción latinoamericana del arte pop. En tanto producto de las sociedades del mundo desarrollado, el arte pop posee una fisonomía definida. A pesar de la avidez, característica de la cultura latinoamericana, por asimilar las creaciones provenientes de las metrópolis, Traba encuentra diferencias irreconciliables. En primer lugar, tanto las técnicas como los materiales utilizados en los Estados Unidos denotan la opulencia económica de las sociedades del bienestar. Al sur de la frontera, la adaptación de los recursos por par-te de los artistas latinoamericanos contrasta por su libe-ralidad y despreocupación. Por otra parte, es claro desde dónde emana la originalidad de una manifestación artísti-ca, y desde dónde su afán de imitación. Por consiguiente, el pop art latinoamericano representa un reflejo degradado de la dominación estadounidense. Según Traba, el carác-ter individual de la apropiación artística constituirá una marca indeleble del pop art latinoamericano. La excepción residirá en las técnicas impresas de tiraje masivo, como la serigrafía. La cartelística revolucionaria cubana constituyó su ejemplo connotado.

Desde la concepción del presente texto se concede la disparidad existente entre sistema de producción y con-sumo, y la subordinación de su referente –el indio– a los dictados del primero. Pero considera que el planteo binario de tinte esencialista niega el proceso en que las culturas interactúan entre sí. Siguiendo a Danto, si en el terreno del arte planteamos el ya referido concepto de transfigura-ción, en el campo cultural y político de la sociedad peruana preferimos trasladar el eje hacia el término “transcultura-ción”. Teorizado por el antropólogo cubano Fernando Ortiz a partir de la década de 1940, será retomado por el crítico cultural uruguayo Ángel Rama. El concepto “revela resis-tencia a considerar la cultura propia, tradicional, que recibe el impacto externo que habrá de modificarla, como una

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entidad meramente pasiva o inclusive inferior, destinada a las mayores pérdidas, sin ninguna clase de respuesta crea-dora” (Rama, 2008: 53). La transculturación permite develar la idiosincrasia de una cultura, valorizando las respuestas que conjugan las creencias y costumbres ancestrales con las innovaciones externas. El concepto permite reflexionar la transformación conflictiva y constante de la cultura origi-nal, sin perder la capacidad de expresar su tradición singu-lar. De acuerdo con la postura del crítico uruguayo, se rea-liza un proceso de selección, en el seno del cual se revelan elementos, en ocasiones ocultos, que permiten redescubrir aspectos de la cultura receptora.

Desde este punto de vista, puede enjuiciarse la adapta-ción del pop como mero reflejo de la subordinación cultu-ral. La cultura latinoamericana ofrecía ejemplos autóctonos proclives a la reformulación en términos de reivindicación ideológica. El muralismo mexicano se erigía como un ante-cedente privilegiado, a favor de una proximidad intelec-tual innegable. Los historiadores (o científicos sociales en general) tienden a emocionarse al rastrear líneas de con-tinuidades. Manifestaciones artísticas, revistas culturales o publicaciones políticas justifican seguimientos cuya síntesis culmina en el posdoctorado, tras profusas presentaciones susceptibles de acreditación. La acción política suele gozar de menores licencias temporales. La relación de fuerzas, las coyunturas momentáneas, los análisis concretos de situacio-nes concretas, determinan las evaluaciones erradas o acerta-das que conducen a cada decisión. El propio Ruiz Durand se encarga de precisar las condiciones de producción que engendraron el pop achorado:

En esa época el pop estadounidense e inglés era nuestro pan de cada día, era el arte que consumíamos, y con voracidad. En ese contexto fue que se me encargó lo de los afiches, y recuerdo que tenía muy claro la idea de que esos afiches demandaban un mensaje urgente, inmediato, entusiasta. Yo no tenía tiempo de elaborar demasiadas ideas: simplemente se trataba de pensar que eran afiches para la calle, rústicos,

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de gran tiraje. […] Así fue que recurrí a imágenes de colores planos, capaces de comunicar a pesar de la agresión del clima; capaces de ser impresas con la tecnología más precaria. Pero había algo aún más importante. Dicha técnica me permitía utilizar imágenes documentadas en el campo: todos los afi-ches fueron basados en fotos que yo tomaba de los campesi-nos en su propio contexto, redibujadas luego a mano como si fueran historietas (Ruiz Durand, 1987: 17).

En este sentido, el pop achorado imita la adoración de lo cotidiano, característico de su par estadounidense. El colo-rido estridente de sus afiches remite a situaciones ordina-rias de la vida del campesino andino. Escenas del quehacer diario, instrumentos de labranza y acopio, rostros anóni-mos, vestimenta y vivienda típica son reflejados con pro-fusión de detalles. La difusión de su soporte visual intentó, a escala peruana, homologar la masividad obtenida por sus pares norteamericanos. Coexiste, en este punto, una tensión adicional respecto a su circulación. Aunque los referentes y los motivos refirieran a escenas de la vida campesina, el público al que se encontraban destinados residía en ámbitos urbanos. Las imágenes acicateaban el imaginario popular sobre el sujeto andino. Por supuesto, la finalidad política justificaba el propósito. El Perú había dejado de ser el país caracterizado por la separación tajante entre la costa urbana y la sierra rural. Décadas de creciente reivindicación y lucha por la tierra, la interpelación a sectores sociales no sus-ceptibles de caracterización racial dicotómica blanco-indio y la ampliación de horizontes a escala nacional y regional conferían sentido político a la difusión del pop achorado.

La masividad, los recursos estilísticos y la adoración de la vida cotidiana reflejaban los influjos del arte pop propios de su lugar de origen. Sin embargo, la versión peruana difi-rió en un aspecto crucial. La sociedad de bienestar y con-sumo proyectaba el disfrute de lo momentáneo como refe-rencia temporal. Y en ese presente perpetuo se consumaba su destino. Un individuo concebido como unidad de con-sumo, fragmentado y escindido de cualquier formulación

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colectiva, constituía su destinatario. Aún sumido en un rit-mo acelerado de modernización, en el Perú, el pasado cons-tituía un elemento imposible de soslayar a la hora de trans-formar el presente. El horizonte utópico conformaba un elemento arraigado en la tradición intelectual y política de la nación. Desde las rebeliones coloniales y las luchas inde-pendentistas hasta el socialismo en clave latinoamericana de Mariátegui, la utopía acompañaba proyectos políticos y aspiraciones colectivas de transformación social:

Las utopías, narraciones imaginarias de una realidad social imposible, en cuya trama se esboza un horizonte de reden-ción humana que contrasta con los límites de la utopía, poseen, para el análisis del discurso político, una entidad especial, que no se agota en el señalamiento de su carácter ilusorio (Fernández Nadal, 2000: 54).

Esa entidad especial encuentra cimiento en el despla-zamiento del significado. En la acepción corriente “uto-pía” e “imposible” son sinónimos que designan ideas que jamás podrán realizarse. Desligadas del acontecer coti-diano, cuanto más inverosímiles, mejor se ajustan a la defi-nición precedente. A diferencia de otros conceptos, de “uto-pía” disponemos de su partida de nacimiento. Nació en 1516, fecha de publicación de un libro de Tomás Moro con idéntico título. A partir de allí adquiriría un perfil defi-nido. Sus cultores combinarían en sus textos tres rasgos fundamentales: la construcción imaginaria ausente de refe-rencias a situaciones puntuales concretas; la representación global y totalizante de la sociedad y el desarrollo de plan-teos a través de la vida cotidiana. Un vasto fragmento tan metódico como ficticio de un territorio determinado cuya descripción alcanzaba costumbres, la forma de sus calles y la cotidianeidad del día a día (Flores Galindo, 2005). Un espacio de fronteras permeables entre realidad y ficción cobraba forma. Pronto devino en género contestatario, que expresaba la inconformidad ante el presente a través de la

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construcción de una sociedad fuera de la historia y sin lugar geográfico preciso.

Fernández Nadal (2000) distingue dos niveles de análi-sis para abordar la trasposición entre imaginación y crítica social. El primero alude a un punto de partida, una sociedad existente, concreta y conocida por todos. Allí se centra la crítica de lo real. El segundo refiere a un punto de llegada, el no-lugar que da nombre al concepto. En él se erige el desa-rrollo de una sociedad imaginada pero verosímil, “una irres-ponsable licencia de la imaginación”, al decir de Jorge Luis Borges. Por consiguiente, la dimensión ideológica enuncia-da a través del relato utópico adquiere entidad para relacio-narse con las condiciones concretas del contexto en que es producido. El discurso (o las imágenes, como en este caso) revela su capacidad de actuar sobre lo real, constituyéndose en palabra creadora y confiriendo vida a lo que enuncia.

La historia del Perú prodigaba razones sobre las que erigir la crítica de lo real. La brutal injusticia de la con-quista cimentó una sociedad caracterizada por profundos desequilibrios. El sistema de encomiendas y la mita minera sancionaron los pilares del despojo de la tierra y la coerción extraeconómica a través del régimen de servidumbre. El ordenamiento jurídico deslindó las repúblicas de españoles e indios. El racismo estructuró relaciones sociales en fun-ción de la valoración de una superioridad innata. El vértice blanco/español descendía hacia un sistema de castas ligado por vínculos de violencia y explotación (Quijano, 2000). Un universo de mestizos rebotaba entre múltiples desprecios. Resistencias y rebeliones en diversas escalas naufragaron en sangre insurrecta. La República profundizó las asimetrías. Las postrimerías del siglo XIX actualizaron los términos de la cuestión nacional. El siglo XX transcurrió en el seno de conflictos que combinaron novedosos y antiguos elemen-tos. Procesos abigarrados de modernización transforma-ron la sociedad sin eliminar sus antagonismos primordiales (Cotler, 2005; Flores Galindo, 2005).

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El cataclismo de la conquista resignificó conceptos cla-ves de la cultura vencida. Siguiendo a Alberto Flores Galin-do, uno de ellos fue la noción de “pachacuti”, entendida como “inversión del orden del mundo”. A diferencia de la dominación política, la cultura revelaría una extraordinaria capacidad de resistencia a la opresión colonial:

La utopía andina es los proyectos (en plural) que pretendían enfrentar esta realidad. Intentos de navegar contra la corrien-te para doblegar tanto la dependencia como la fragmentación. Buscar una alternativa en el encuentro entre la memoria y lo imaginario. Encontrar en la reedificación del pasado la solu-ción a los problemas de identidad (Flores Galindo, 2005: 44).

El sustrato histórico donde se asentaron dichos pro-yectos residió en invertir los roles entre dominados y dominadores. Diversas influencias modelaron el transcur-so duradero de su desarrollo. El milenarismo traído por monjes europeos proporcionó una linealidad teleológica al decurso histórico. La segunda edad de los hombres (la edad del hijo en la concepción católica) eclosionaría en una ter-cera edad (la del espíritu santo), donde los vencidos y los infelices encontrarían justicia redentora. Ninguno de los investigadores del tema (Imbelloni, 1976; Flores Galindo, 2005) relativiza la influencia de las cosmovisiones guara-níes concernientes a la búsqueda de “la tierra sin mal”. El mito originario daba lugar a la utopía. Las atrocidades de la dominación española confirieron nuevos sentidos al pasado incaico. Así devino en alternativa al presente:

Este es un rasgo distintivo de la utopía andina. La ciudad ideal no queda fuera de la historia o remotamente al ini-cio de los tiempos. Por el contrario, es un acontecimiento histórico. Ha existido. Tiene un nombre: el Tawantinsuyu. Unos gobernantes: los Incas. Una capital: el Cuzco. El con-tenido que guarda esta construcción ha sido cambiado para imaginar un reino sin hambre, sin explotación y donde los hombres andinos vuelven a gobernar. El fin del desorden y la

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obscuridad. Inca significa idea o principio ordenador (Flores Galindo, 2005: 46).

El punto de llegada, por consiguiente, constituyó el producto de una dilatada elaboración colectiva. Flores Galindo concluye sugiriendo los elementos que componen la utopía del retorno del inca. La noción cristiana de resu-rrección de la carne concurre en este sentido. La cabeza decapitada del último inca aguarda oculta la reunificación con los restantes órganos desmembrados y dispersos. Sin duda el destino del rebelde José Gabriel Condorcanqui, o Túpac Amaru II, se integra en el seno de dicha represen-tación, generosamente incluida en relatos transmitidos en forma oral, dramatizaciones y alegorías populares. Uno de los más renombrados afiches de Ruiz Durand, centrado en la figura del curaca andino, contiene la profundidad del destino de liberación manifiesto: “190 años después, Túpac Amaru está ganando la guerra.” El rostro, enhiesto y orgu-lloso, con un haz de colores que convergen como rayos sobre él, representa al líder capaz de enfrentar al pode-roso opresor.

De esta manera, el horizonte utópico subvirtió la tem-poralidad pasatista y momentánea del pop. Los afiches de Durand invocaban un pasado que regresaba al presente, para a su vez proyectarlo hacia el futuro. La invocación de la figura de Túpac Amaru II, emergiendo triunfante de la opresión, y la reformulación del antiguo mito de Inkarri, con sus miembros rearticulados, concurren en esta direc-ción. Campesinos y obreros, indios y mestizos, marcha-ban unidos hacia un horizonte irredento de justicia. Un gobierno militar, que se concebía a sí mismo como agente necesario de justicia social, asumía la función revoluciona-ria. Artistas e intelectuales peruanos consideraron al arte como una herramienta de participación en las enconadas luchas políticas de su tiempo.

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Conclusión

El orden internacional que surgió de las ruinas provocadas por la Segunda Guerra Mundial adquirió características definidas. En el periodo de posguerra el mundo se polari-zó y la división en bloques hostiles, liderados por Estados Unidos y la Unión Soviética, demarcó un tenso equilibrio geopolítico signado por arsenales nucleares capaces de des-trucción a escala planetaria. Ante la perentoria amenaza que suponía un enfrentamiento directo entre ambos conten-dientes, los focos de conflicto se trasladaron hacia las áreas del denominado “tercer mundo”, donde los lineamientos del nuevo orden confluirían con antiguos conflictos dotados de dinámicas regionales o nacionales. En América Latina, el triunfo de la Revolución cubana inauguró un periodo de excepcional conflictividad social, que involucró vastos sectores acicateados por el anhelo profundo de una socie-dad igualitaria.

Pronto se produjo el reflujo de aquellos “14 años pro-digiosos”, como los denomina Claudia Gilman. Una noche oscura de dictaduras militares sanguinarias anegaría la mayor parte del continente. Presa de sus contradicciones internas, y carente de un apoyo popular que nunca llegó a transformarse en sostén, la revolución nacional peruana languideció junto con su líder. Un país caótico y resquebra-jado se aprestaba a iniciar un recorrido jalonado por crisis y tragedias de magnitudes impredecibles. Los artistas que acompañaron este proceso partieron desde la afirmación del arte como herramienta de lucha política. Sumidos en los cánones artísticos de su tiempo, supieron nutrirse de una tradición de pensamiento, de largo arraigo en la intelectua-lidad peruana, receptiva con lo ecuménico, pero permeable ante los influjos locales. De esta forma fue recibido el pop art proveniente de la metrópoli. La subversión de su noción temporal y su individualismo extremo constituyó la cris-talización propia de una cultura dotada de la capacidad de

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reformular influjos externos y crear a través de estos nuevos valores y significados.

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Desarrollo e inestabilidad política en América Latina

Las experiencias desarrollistas de Frondizi y Kubitschek en Argentina y Brasil

JULIÁN ZÍCARI

El presente trabajo intentará dar cuenta de los proyectos desarrollistas que se llevaron a cabo en la Argentina y Brasil a través de las presidencias de Arturo Frondi-zi (1958-1962) y de Juscelino Kubitschek (1956-1961) respectivamente, en momentos muy turbulentos. Para hacerlo se lo dividirá en tres partes. Una primera con algunas precisiones respecto al desarrollismo, buscan-do explicitar sus objetivos, conceptos y premisas. Una segunda, que se abocará a recorrer las circunstancias históricas de los gobiernos de Frondizi y Kubitschek en sus países en función de su llegada a la presidencia, sus conflictos cruciales y su herencia. La tercera parte del trabajo evaluará los resultados que se obtuvieron en cada caso, tanto en términos económicos como en relación con los actores sociopolíticos del momento. Finalmente, a modo de cierre, el trabajo dará algunas conclusiones al respecto.

I. El desarrollismo. Algunas precisiones

El desarrollismo en Latinoamérica no cumplió un rol menor: muy por el contrario, fue una corriente sumamente

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influyente. Este representó en la cabeza de sus líderes el sueño de que sus países se convirtieran en naciones moder-nas, pujantes y desarrolladas, deviniendo eventualmente –en un futuro no muy lejano– en potencias industriales. Fue un fruto intelectual propio de la región, siendo deno-minado, no sin cierta exageración, como “el keynesianismo del trópico”. Además, entre sus objetivos debemos sumar que se buscaba no solo promover el desarrollo industrial y la modernización, sino también garantizar los equilibrios políticos y forjar una barrera contra el avance del comu-nismo en la región, algo vital durante la Guerra Fría, al razonar que los giros izquierdistas y revolucionarios eran hijos de la miseria, de la pobreza económica y de la pau-perización social. Así, se suponía que el subdesarrollo era el suelo sobre el cual abrevaba el comunismo y que, por ende, solo dejando atrás el atraso sería posible eliminar las fuentes que alentaban las luchas obreras y campesinas. Estas premisas se apoyaban también en otros beneficios que podría ofrecer el desarrollo latinoamericano, dado que no solo podía ser el mejor antídoto contra el comunismo, sino que a su vez permitiría que las potencias centrales se beneficiaran con la modernización local: los países desa-rrollados podrían aumentar sus exportaciones a la región proveyendo insumos y apuntalar el proceso de expansión y radicación de sus multinacionales, como además proveer de créditos a los países en proceso de crecimiento industrial. La iniciativa lanzada por el presidente John Kennedy desde Estados Unidos, conocida como “Alianza para el Progre-so”, se basaba justamente en estos postulados (Krakowiak, 2011). Por todo ello, a través del desarrollismo, se supondría un escenario en el que todos los actores ganarían (los países dejarían la pobreza, las potencias centrales podrían colocar sus excedentes, habría mejores condiciones de vida para las clases asalariadas periféricas, los militares encontrarían una barrera para contener al comunismo, así como también las clases altas hallarían una forma de impedir las avanzadas

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populistas en la región), asegurando las bases de reproduc-ción del capitalismo sin grandes quiebres.

En este sentido, no debemos olvidar que el crac del 29 les dio un fuerte golpe a los modelos agroexportadores de las naciones latinoamericanas, en las que la interrupción abrupta de la circulación de bienes y la fuerte disminución del comercio internacional sepultó –por lo menos en su forma clásica– a las repúblicas oligarcas. Así, en Améri-ca Latina comenzó a desplegarse una intensificación cre-ciente de la industrialización que ya tenía cierto arrastre previo. En este caso, luego de la gran depresión y la gue-rra (1930-1945), se trató de enfrentar la dura realidad que implicaba para Latinoamérica y sus naciones el fin de las condiciones internacionales que les habían permitido inser-tarse en el mercado mundial y consolidar sus Estados y sociedades. De esta manera, la industrialización se fue con-virtiendo en un hecho antes de ser una política decidida y finalmente se la proclamó como política central antes de devenir en una teoría más o menos articulada, en donde las nuevas concepciones sobre el desarrollo y la industrializa-ción fueron construyendo un matiz de identidad regional a partir de sus problemáticas comunes.

Así, el progresivo y casi silencioso crecimiento indus-trial ofreció nuevas oportunidades. Por un lado, permitió comenzar a reestructurar las economías domésticas a partir del despliegue de la industria liviana, principalmente diri-gida a los bienes de consumo, y a la sustitución de algunos de los bienes que antes se importaban. Por otro lado, las transformaciones económicas pasaron progresivamente a convertir al mercado interno en el motor del crecimiento en reemplazo del mercado externo. Finalmente, estos cambios alentaron la constitución de una nueva forma de Estado (conformado por nuevas funciones, premisas y actores) y nuevas ideologías, así como también severas mutaciones internas en las naciones: migraciones, aumento del prole-tariado industrial, suba de la sindicalización y la protesta y una participación cada vez más activa de las masas en la

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acción política, donde en general todo esto fue capitalizado por corrientes populistas. Fue allí donde el desarrollismo representó una noción mucho más decidida del proceso industrializador, que contuvo a las masas y se convirtió en la segunda fase de la industrialización local.

En efecto, el desarrollismo encarnó la búsqueda de concentrar los esfuerzos de los países latinoamericanos por medio de incentivos fiscales, cambiarios y financieros (con el uso de subsidios y privilegios), con el fin de promover el crecimiento industrial. Tuvo tres pilares básicos que lo caracterizaban: 1) priorizar el desarrollo de las industrias consideradas “de base” o pesada (como siderurgia, petróleo, metalmecánicas, etc.); 2) lograr una rápida acumulación y expansión del capital a partir del financiamiento público y extranjero; 3) posibilitar una fuerte intervención estatal gracias a la planificación centralizada de la economía, como de ciertas indicaciones e incentivos para que los capitales privados fueran dirigidos a las áreas consideradas claves, otorgando a su vez una función privilegiada a la voz de los “tecnócratas-expertos” en la elaboración de políticas.

Por su parte, si bien el desarrollismo no se propuso un claro programa de aumento del consumo de la pobla-ción o redistribuir los ingresos como lo intentaron las experiencias populistas, sí fue capaz de ofrecer algunas ideas seductoras para suscribir adeptos. Por un lado, su plan de aceleración y tecnificación del crecimiento les permitió a los gobiernos de Frondizi y Kubitschek brindar señales claras de que el futuro podría comenzar a entrar a sus naciones. La famosa premisa del “Plan de metas” de Kubitschek sobre “crecer cincuenta años en cinco” ilustra bastante bien toda una época. Durante la época de Frondizi también se pusieron en marcha las nuevas carreras universitarias (como psicología, eco-nomía, antropología, sociología, etc.) que atrajeron a la clase media, a los profesionales y a algunos intelec-tuales. Mientras que Kubitschek, con la construcción de Brasilia a cargo del arquitecto modernista Oscar

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Niemeyer, pudo patentar el crecimiento hacia adentro del país (no solo como metáfora) y la integración, en una clave de esplendor faraónico y grandeza nacional, por otra parte, el desarrollismo les permitía a sus dirigentes intentar ganar el apoyo militar –clave para la época–, dado que se basaba en el sueño de un país industrial y desarrollado a manos de un Estado poderoso. A su vez, además de la apertura de los mercados nacionales para la inversión extranjera, se presentaba también como el mejor antídoto para prevenir la expansión del comunis-mo en la región, lo cual les permitiría a estos procesos tener cierto apoyo de las potencias (especialmente los Estados Unidos).

Finalmente, debemos tener en cuenta lo que sepa-raba al desarrollismo como corriente teórica de sus pri-mos hermanos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la teoría de la dependencia. Con respecto a la CEPAL, el desarrollismo no suponía como un problema vital el deterioro de los términos de intercambio ni tampoco denunciaba la asfixiante rela-ción centro-periferia. Según la teoría de la dependencia, el desarrollismo se alejaba de esta al no entender el atraso económico como parte de una subordinación política periférica (y no solo económica) por parte de las elites locales en su articulación con el mercado mundial. En este sentido, era mucho menos polemista y críti-co. Mientras, la CEPAL y la teoría de la dependencia reprochaban al unísono que el desarrollismo era incapaz de promover reformas estructurales –como por ejem-plo la reforma agraria, donde solo indicaba tecnificar y mecanizar al campo, sin necesidad de distribuir la tierra–, como además su subordinación dócil y obe-diente, en materia política, financiera y tecnológica, al capital extranjero.

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II.Las trayectorias de los gobiernos de Frondizi y Kubitschek en Argentina y Brasil

Primera etapa. Las condiciones de llegada

Frondizi y Kubitschek guardaron fuertes similitudes a la hora de llegar a gobernar sus países. Aunque también es bueno no descuidar los marcados contrastes que los distan-ciaban. Por un lado, ambos fueron presidentes bajo regíme-nes de gobierno semidemocráticos, con fuertes exclusiones políticas. Frondizi llegó a la presidencia en 1958 gracias a un golpe militar que derrocó al peronismo tres años antes y que lo excluyó de la participación electoral durante die-ciocho años, siendo este el principal partido político argen-tino. Por otro lado, Kubitschek arribó a la presidencia no solo con la proscripción del Partido Comunista –un parti-do político igualmente no mayoritario y muy lejano de ser tan poderoso como el peronismo–, sino que también con una extrema restricción en la participación electoral para gran parte de la ciudadanía, ya que en Brasil los analfabetos tenían vedado el voto, por lo que solo pudo participar en las elecciones menos del 10% de la población.1 Por su parte, ambos gobiernos debieron hacerse lugar bajo una fuerte tutela militar. Sobre todo, bajo el influjo paranoico de la caza de brujas comunista que asolaba por esos tiempos a la región, siendo ambas auténticas “repúblicas pretorianas” (Rouquié, 1984), en donde Frondizi y Kubitschek eran tan solo interludios civiles conscientes de la dificultad de hacer desaparecer la sombra de las intervenciones castrenses que recaía sobre ellos. La Guerra Fría y la paranoia comunis-ta hicieron su aporte. Además de esto, uno y otro estaban

1 Paradójicamente, la exclusión que impedía a los analfabetos votar en Brasil, si bien recaía sobre un número particularmente alto de personas (la gran mayoría de la población), no era percibida en ese momento como una gran barrera democrática, sino que muchas veces pasó casi inadvertida. Sin embargo, la proscripción del peronismo sí era una marca notoria de la exis-tencia de un régimen de gobierno excluyente.

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firmemente decididos a llevar a cabo las premisas desarro-llistas tal cual las vislumbramos en el apartado anterior, buscando generar el despegue de sus economías hacia un sendero de acelerado crecimiento industrialista. Finalmen-te, sus gobiernos fueron hijos de precarias alianzas políticas que intentaron estabilizar la vida política nacional, siendo una secuela directa del fin de las experiencias populistas clá-sicas que gobernaron ambos países (el peronismo en Argen-tina, el varguismo en Brasil), entablando un frágil equilibrio entre militares, obreros, partidos de oposición, ruralistas y el contexto internacional. En ambos casos, además, fueron bastante endebles las condiciones sobre las cuales les tocó gobernar. Veamos esto.

Frondizi asumió la presidencia en mayo de 1958 frente a dos precipicios políticos: asumió con los “votos prestados” del peronismo (y por ello, en debilidad) y con un marcado rechazo del resto del arco político nacional, por lo que no tenía apoyo sólido en ninguno de estos dos grandes polos. Así, una vez asumido, y de manera pronta, modificó la ley sindical que restableció el sindicato único por rama y por industria, rehabilitando la fuente del poder peronista y buscando ganar algo de legitimidad y apoyo por parte de aquellos que precariamente formaban parte de su coalición. Luego, se abocó a la expansión de las inversiones en las industrias consideradas claves, como también se realizaron serios esfuerzos para atraer al capital extranjero y volver “atractivo” al mercado argentino. Justificó su discurso eco-nómico en la prédica tecnocrática de no buscar resolver los problemas “con maquillaje”, sino atacando sus bases mis-mas, por lo que problemas como la inflación, por ejemplo, no se solucionarían con un simple congelamiento de pre-cios, sino resolviendo su raíz, que era el de toda la eco-nomía: la falta de inversiones adecuadas. Así, se promovió la Ley de Inversiones Extranjeras (ley 14780/1958) y la de promoción industrial (ley 14871/1958), como a su vez algu-nos decretos que daban facilidades a sectores específicos –como el Decreto 3693 para la industria automotriz–. Con

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ello otorgó subsidios, menores impuestos, tipos de cambio preferenciales, protección arancelaria y créditos blandos, como también la posibilidad de girar regalías al exterior. Las industrias privilegiadas serían aquellas que directa o indirectamente promovieran la sustitución de importacio-nes y el desarrollo equilibrado, racional y vital, como tam-bién permitieran la autosuficiencia. Sin embargo, algunos puntos de estas leyes le restaron apoyos internos, ya que los empresarios nacionales protestaron al ser puestos en igualdad de condiciones con respecto a los extranjeros.

Por su parte, alentar las inversiones en sectores claves, denominados “de base”, implicaba expandir uno en parti-cular: el petróleo. En este caso, Frondizi había sido muy crítico durante el gobierno de Perón con respecto a la actitud de este de firmar contratos con la Standard Oil, llegando a escribir un libro muy resonador en contra de la “entrega energética” (Petróleo y política, en 1955). Ade-más, su campaña electoral tuvo un fuerte eco nacionalista y antimperialista,2 sobre todo en la defensa del petróleo. Sin embargo, Frondizi aplicó un giro imprevisto en esta mate-ria, permitiendo las inversiones extranjeras allí. Del mismo modo, a menos de un año de asumir, dio otro giro de timón al acordar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) la implementación de un plan de estabilización a cambio de un paquete de ayuda que, según sus críticos, era lo opuesto a su plan desarrollista inicial. Ya sobre mediados de 1959, a fin de evitar una intentona golpista, se desprendió de su principal socio intelectual –Rogelio Frigerio– y nombró a Álvaro Alsogaray –un liberal ortodoxo acérrimo– como su ministro de Economía. Con la designación de Alsoga-ray, Frondizi bloqueó que la oposición lograse recurrir a las fuerzas armadas para derribarlo y salvó temporalmen-te su gobierno. No obstante, la supervivencia del gobierno

2 Por ejemplo, en un acto de campaña declaró: “Nuestro triunfo será un gran paso adelante en la lucha contra el imperialismo colonialista y las oligar-quías nativas”. Citado en Sikkink (2009: 107).

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siguió amenazada: los sectores militares continuaron divi-didos con respecto a qué posición tomar, sin que desapa-recieran los sectores golpistas, ya que, si bien el gobierno había logrado cierta paz con la dirigencia obrera, no había ocurrido lo mismo con las bases.

En el caso de Brasil, la llegada de Kubitschek a la pre-sidencia ofreció un derrotero similar, aunque con algunas diferencias. Kubitschek arribó al gobierno en enero de 1956 y, al igual que Frondizi, su ascenso fue permitido tras el fin de una experiencia populista, policlasista y fuertemente movilizada. Es que la presidencia de Vargas había termina-do abruptamente en agosto de 1954 cuando este, acorralado por la oposición y en las vísperas de un golpe de Estado en marcha, decidió –como dice en su carta final– “dejar la vida para pasar a la historia”, suicidándose. Este hecho inaudito cambió totalmente el panorama político interno. El golpe de Estado no se produjo, la estabilidad democráti-ca se mantuvo y los principales rivales políticos de Vargas fueron derrotados, y debieron retroceder posiciones.

Así, se produjeron tres diferencias claves con respecto a Frondizi. Primero, la institucionalidad no fue interrum-pida, lo cual permitió realizar elecciones libres (salvo las restricciones ya señaladas), por lo que instituciones, fun-cionarios y programas continuaron su desarrollo. Segundo, la institucionalidad también contó con un apoyo decidido por parte de los militares, ya que el ministro de Guerra de Vargas, Henrique Lott, que prosiguió en funciones luego del suicidio de aquel, ante una intentona golpista que pudiera impedir la asunción de Kubitschek realizó un golpe preven-tivo en noviembre de 1955, que desbarató una vez más a golpistas y preservó la institucionalidad. Con esto, su leal-tad fue luego recompensada por Kubitschek, que lo ratificó en el cargo, como también sumando a muchos militares a integrar su gobierno. Finalmente, el final de la experiencia populista de Vargas no representó el anhelo del retorno de un líder en el exilio, sino que sus herederos políticos inmediatos fueron los propios partidos políticos creados

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por Vargas, los cuales no fueron proscriptos, sino que se mantuvieron dentro de un sistema de partidos competitivo y en funcionamiento.

En efecto, Brasil contaba en ese momento con un siste-ma de partidos mejor logrado que el argentino, ya que exis-tía un clásico partido de derecha liberal, la Unión Demo-crática Nacional (UDN), que presentó a su candidato en 1955, el general Juarez Távora. Por su parte, Vargas había creado dos partidos políticos que representaban algunas de las fuerzas internas que lo respaldaban. Así, había forma-do el Partido Social-Democrático (PSD), conformado por las burocracias tecnocráticas del Estado, y el Partido Tra-balhista Brasileiro (PTB), que giraba en torno a los líde-res sindicales y era la pata obrerista del varguismo. Dado el extraño sistema electoral brasilero, en el cual compiten independientemente el presidente y el vicepresidente, en las elecciones de octubre de 1955 la primera magistratura fue ganada por Kubitschek (del PSD), mientras que su vice fue Joáo Goulart (del PTB), y la UDN quedó sin acceso al ejecutivo.

Con este panorama inicial, y a pesar de algunas debili-dades que conllevaba, Kubitschek pudo ganar algunos ele-mentos a su favor. En principio, porque a través de la alian-za PSD-PTB podía hacer fusionar al populismo con el desa-rrollismo. Con esta fusión no solo incorporaba a la izquier-da, a las masas y a los sectores sindicales a su gobierno, sino que además logró sumar a los militares –sobre todo a los nacionalistas– a su gabinete y que estos compartieran las premisas desarrollistas, haciendo que los militares cumplie-ran su función “tutelar” dentro del gobierno y no tras bam-balinas. Esto permitió no solo continuidad institucional sino un Estado más rico en cuanto a sus burocracias, recur-sos y organización que el argentino. De este modo, Kubits-chek pudo desarrollar su gobierno con menores presiones que Frondizi y mayor libertad política y civil: nunca declaró el estado de sitio, como tampoco recurrió a represiones tan salvajes como en Argentina. Mientras que los obreros y los

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sindicatos fueron para Frondizi un aliado transitorio, que lentamente se volverían un factor de desestabilización, en Brasil fueron parte de la coalición gobernante, aunque en un rol subordinado.

Dadas estas condiciones, Kubitschek pudo lanzar su gobierno con un ambicioso “Plan de metas”. En efecto, el Plano do Metas no fue necesariamente un programa total-mente coherente y unificado (como tampoco una nove-dad absoluta, dado que continuaba elementos de gobiernos anteriores, ya vigentes al asumir Kubitschek), sino que su principal característica era privilegiar objetivos y planificar pautas que permitieran un desarrollo industrial acelerado, desplegando un decidido esfuerzo de coordinación y una casi obsesiva preocupación por cuantificar sus “metas” a partir de especificar gastos, volúmenes y plazos. Su princi-pal fuente intelectual fue el ingeniero Lucas Lopes, a par-tir de programas previos, el Banco Nacional de Desarro-llo (BNDE) y el asesoramiento de Roberto Campos. En el plan se empezaron a usar ideas como “cuellos de botella” o “nudos de crecimiento”, y se señalaban treinta “metas” por cumplir en cinco años, agrupadas en cinco áreas: ener-gía, transporte, alimentos, industrias básicas y educación. Por su parte, se proclamó una “meta síntesis” que pudiera representar a todo el plan, materializando la promesa de ser una fuerte transformación en la historia de Brasil: la construcción de la ciudad de Brasilia como nueva capital de la nación.

Segunda etapa. Los conflictos entre estabilidad y desarrollo

Una vez puestos en marcha los gobiernos y los planes ini-ciales de Kubitschek y Frondizi, debieron comenzar a pen-sar no solo en cómo plasmarlos de la mejor manera posible, sino también en cómo sobrevivir frente a situaciones cre-cientemente conflictivas.

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Así el panorama de Kubitschek, si bien pudo transitar la primera etapa de su gobierno sin grandes sobresaltos, comenzó a revertirse, al encontrar varios frentes de conflic-tos. El más importante de todos fue algo muy similar a lo que ocurriría en Argentina, aunque con una resolución dis-tinta. La economía brasilera, al igual que la argentina, estaba comenzando a deteriorarse: sus tasas de inflación crecie-ron (pasaron de 7% en 1957 a 24% en 1958), aumentó su déficit público y se dieron dificultades de financiamiento. Por su parte, la caída del precio del café –principal bien de exportación– y la creciente demanda de importaciones que requería el proceso de industrialización acelerado hicieron subir notablemente el déficit externo. La afluencia de capi-tal había disminuido mientras que los pagos de deuda y los giros de utilidades aumentaron.

Bajo este panorama se buscó aplicar un plan económico ortodoxo, llamado Plan de Estabilización Monetaria (PEM), aunque menos severo que el argentino: se propuso hacer un recorte del gasto estatal, limitar la expansión moneta-ria, subir impuestos, postergar los aumentos salariales de los empleados públicos e incrementar las tarifas de servi-cios públicos. Además, para equilibrar el sector externo, se intentó una política cambiaria más agresiva para incentivar las exportaciones, restringir los créditos para importar y reducir los subsidios cambiarios. La estrategia general del PEM suponía que no solo se solucionarían los desbalances fiscales y externos y se aseguraría la continuidad del “Plan de metas”, sino que, además –una vez puesto en marcha el PEM– el FMI apoyaría estos pasos liberando créditos para continuar con el desarrollo industrial, ya que el gobierno de Kubitschek apostaba no solo a obtener desembolsos por parte del Fondo, sino que además pretendía que este diera su conformidad para que el Eximbank y la banca europea hicieran lo mismo. Sin embargo, esta maniobra encontró más resistencias de las esperadas.

En efecto, el PEM comenzó a tener de manera abrupta un número cada vez mayor de enemigos. Por un lado, los

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dueños de las plantaciones de café se opusieron a él por los recortes que implicaban las reducciones de las com-pras del Estado a los excedentes de café (las cuales fueron menos generosas que otros años), señalándole que era un contrasentido pretender aumentar las exportaciones per-judicando a los grupos que las realizaban. Por otro lado, los sectores nacionalistas –especialmente los de las fuer-zas armadas– entendían que el programa era una sumisión al FMI y que “repetía la entrega” que se había realizado un año antes con respecto al petróleo. Finalmente, y más dramático aún, el FMI se negó a apoyar el plan, dado que lo encontraba “insuficiente” para estabilizar la economía, y exigió medidas más drásticas para solucionar los déficits y controlar la inflación.

Fue así que Kubitschek, rodeado de problemas y viendo peligrar sus apoyos, decidió huir hacia adelante: rompió con el Fondo y suspendió todas las negociaciones con él. Es que Kubitschek estaba al tanto de la situación argentina y consideraba que el plan propuesto allí era demasiado duro y con un alto costo recesivo. Además, aplicar un plan más exigente no solo lo llevaba a perder aliados internos, sino que tampoco garantizaba la obtención de los fondos pre-vistos, pagando un alto costo político a cambio de incier-tos resultados económicos, por lo cual el plan desarrollista apostó a una medida radical para asegurar a su coalición de gobierno. En una reflexión posterior Kubitschek señaló: “Si me hubiera sometido a las imposiciones del Fondo, habría tenido que renunciar al “Plan de metas”, la construcción de Brasilia y la industrialización del país, y haber dejado que la gente pasara hambre”. Por lo tanto, tomó un sendero diferente al de su par argentino.

Así, si en Brasil apostaron por una política más mode-rada económicamente y se priorizó conservar a los aliados del frente interno, en Argentina ocurrió todo lo contra-rio. Frondizi, una vez lanzado a la carga con su plan de estabilización convenido con el FMI e implementado por Alsogaray, debió hacerle frente a sus consecuencias.

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En efecto, el programa aplicado en Argentina, llamado Plan de Estabilización y Desarrollo, intentó contener los mismos problemas que en Brasil: inflación, déficit externo, déficit estatal y problemas de financiamiento, aunque en Argentina el plan de estabilización fue más bien un plan de ajuste que intentó cambiar los precios relativos y redis-tribuir fuertemente los ingresos. Este se basó en unificar y liberar el tipo de cambio, llevando a cabo una fuerte devaluación real (casi del 60%), y realizando una marcada transferencia de ingresos hacia los sectores exportadores –sobre todo los de bienes primarios–, acción que se intentó compensar parcialmente con retenciones de entre el 10% y el 20% (Rapoport, 2000: 556). Se restringió el crédito para que solo sea usado para actividades productivas y además se subieron las tasas de interés y las tarifas públicas. Se achicó el gasto público (casi un 22%), aumentaron los impuestos y se aplicó un programa de retiro voluntario para los emplea-dos estatales, congelando las vacantes y salarios.

Las consecuencias del plan fueron un inicial shock inflacionario (la inflación de 1959 superó por primera vez los tres dígitos, ubicándose el índice de precios minoristas en 129,50%), hizo caer las importaciones (bajaron más del 11%) y se contrajo la economía casi un 7%, reduciendo los salarios y la participación obrera un 16% y aumentando las ganancias empresariales, dado que se buscaba favore-cer la acumulación de capital. De esta manera, si bien con este plan se logró un financiamiento externo por casi 300 millones de dólares gracias a su acuerdo con el Fondo, las consecuencias políticas internas no fueron menores para Frondizi, que despertaron conflictos políticos, sindicales y militares por doquier.

Tercera etapa. El final de los gobiernos desarrollistas

Los sueños iniciales del desarrollismo latinoamericano se habían lanzado con la esperanza de lograr un acelerado cre-cimiento industrial y económico, tras la meta de convertir a

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sus naciones en potencias industriales, por lo que conside-raban que “no era imposible” que todos los actores internos pudieran dejar atrás sus diferencias en pos de conseguir entrar al futuro, conquistando un objetivo “que les convenía a todos”. Sin embargo, el devenir histórico y su contexto internacional –con sus improntas de seguridad, militaris-mo, peligros comunistas, obrerismo y oposiciones golpis-tas– afectarían la situación interna de cada país y de ambos gobiernos que nunca lograban consolidarse, que encontra-ron en las disputas políticas un duro obstáculo por resolver.

El juego político de Frondizi había logrado ser bastante más astuto de lo que primeramente pudo vislumbrarse. Logró resistir fuertes crisis internas y sobrevivirlas a todas, aunque realizando concesiones importantes y un derrote-ro imposible de explicar para aquellos que no comulgaban con sus ideas. Así, una vez pasados los peores efectos del plan de estabilización, Frondizi pudo recuperar la inicia-tiva política. Entre marzo y abril de 1961 logró desemba-razarse de las figuras que más lo limitaban en su gabinete, desprendiéndose del general Carlos Toranzo Montero y de Alsogaray. La economía creció en 1960 y 1961 y la infla-ción mayorista bajó a un dígito, como también aumentó fuertemente la tasa de inversión, mientras que los salarios reales –luego de una fuerte baja inicial– tuvieron cierta recuperación con tendencia al alza. Por su parte, durante la segunda mitad de 1961 se produjeron elecciones en cinco provincias. El peronismo intentó diversas estrategias para vencer al oficialismo allí. Sin embargo, fracasó en todas, y las listas de Frondizi resultaron victoriosas. Con este esce-nario, el gobierno creyó que podría lograr una progresi-va integración peronista en las provincias, ganar legitimi-dad al levantar su proscripción y –además– poder derrotar limpiamente al peronismo en elecciones, consolidando su poder interno. No obstante, la Guerra Fría y las eleccio-nes de marzo de 1962 configuraron el terreno decisivo que sepultó a su gobierno.

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En efecto, cuando en 1961 la Revolución cubana ter-minó por radicalizarse y caer bajo la esfera soviética, desde Estados Unidos se encendieron las alarmas. Luego del fra-caso de la invasión de bahía de Cochinos (abril de 1961) se buscó una contraofensiva diplomática, buscando expulsar a la isla de la Organización de Estados Americanos (OEA). El momento decisivo fue la conferencia de Punta del Este (Uruguay) en febrero de 1962. Allí Frondizi inicialmente votó a favor de la permanencia cubana junto a otros países (como Brasil y México). No obstante, la presión militar fue muy grande: Frondizi fue intimado a cambiar su voto para evitar un golpe militar, lo que llevó a que en una segunda votación modificara su posición con respecto a la isla y se alineara con Estados Unidos, los militares y las políticas de defensa hemisférica. Este nuevo cambio de actitud del presidente, acusado de realizar una nueva “traición” a un mes de las elecciones, implicó un alto costo político.

Si bien Frondizi apostó todo su capital político –y la supervivencia de su gobierno– a vencer electoralmente al peronismo, esto no fue posible, sobre todo con el nuevo giro del presidente. El peronismo, a pesar de todos sus vai-venes y dificultades, demostró continuar siendo un duro núcleo político. A pesar de los intentos de algunos líderes gremiales de construir un “peronismo sin Perón” o de los diversos esquemas provinciales para autonomizarse de su líder (llamados neoperonistas), el peronismo se impuso en marzo de 1962 en nueve distritos provinciales mientras que el oficialismo lo hizo solo en seis. La victoria peronista, especialmente la producida en la provincia de Buenos Aires –aunque con una baja diferencia–, obligó a Frondizi a anu-lar los resultados y a intervenir en cinco provincias como última estrategia de salvación antes del golpe de Estado. Esta resultó inútil a esa altura, ya que no tuvo efectos: los militares terminaron por hacer renunciar a Frondizi una semana después de las elecciones y luego lo encarcelaron. Si bien se mantuvo la fachada institucional al convertir al radical intransigente José María Guido en presidente, el

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equilibrio político en Argentina demostró ser finalmente imposible.

En el caso de Brasil, aunque el final del gobierno de Kubitschek se condujo por un sendero similar, fue bastan-te menos traumático que el argentino. En efecto, cuando Kubitschek decidió romper con el FMI a mediados de 1959, lo hizo porque la campaña electoral para las elecciones pre-sidenciales ya estaba por comenzar y, si bien él no se podía presentar en ellas, tenía firmes ambiciones de competir en las de 1965, por lo cual buscó dejar a su gobierno con una buena imagen y evitar la interrupción institucional. Ade-más, consideraba que su plan desarrollista ya estaba muy avanzado como para modificar su rumbo de manera drásti-ca, por lo cual apostó por una estrategia que no quebrara el orden interno. Así, dentro de su partido (el PSD), optó por proponer al héroe del contragolpe de 1955 y militar legalis-ta, Henrique Lott, ya que así no solo premiaba su fidelidad, sino que además podría garantizar que un delfín político –y parte de su gabinete– continuaran con su proyecto de desarrollo. A su vez, de imponerse Lott, la institucionalidad se vería fortalecida pues las fuerzas armadas no mirarían con tanto recelo la existencia de un militar-presidente.

Por su parte, Kubitschek también sabía que el general Lott no era un líder político de mucho carisma y que tampoco contaba con apoyos masivos. Por lo cual, si este era derrotado electoralmente, el sendero institucional y de desarrollo podría asegurarse, pues una derrota de Lott solo podría equivaler a un triunfo de la Unión Democrática Brasilera (UDB), la cual –al tener premisas derechistas y liberales– realizaría los ajustes y recortes necesarios para estabilizar la economía que él no pudo llevar a cabo. Asimis-mo, una victoria del UDB haría retroceder a las facciones golpistas que lo habitaban, garantizándose así también la continuidad democrática.

Sin embargo, los resultados finales de estas apuestas fueron ambiguos. Por un lado, Lott salió derrotado con el 28% de los votos, y se impuso Jânio Quadros, de la UDB, con

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el 48%.3 A pesar de esto, dicha derrota no fue tan amarga, dado que parte de la coalición de Kubitschek logró man-tenerse en el gobierno porque su vicepresidente, Goulart (pata obrerista de su alianza), volvió a imponerse electo-ralmente por el PTB y continuó en su cargo. Además, su último año como presidente fue una verdadera fiesta, en la que se convirtió en una de las máximas figuras políticas de Brasil, porque el año 1960 fue declarado “año de Brasilia” y se inauguró la nueva capital y hubo numerosos desfiles y celebraciones que lo tuvieron como protagonista. Todo esto le sirvió como gran pantalla publicitaria, en la cual pudo resaltar sus logros económicos y los éxitos del desarrollis-mo en su país y en el mundo.

III. Un balance de los proyectos. Resultados económicos y políticos

La evaluación económica del desarrollismo

Los planes económicos trazados tanto por Frondizi como por Kubitschek guardaron bastante similitud en su confec-ción original. Con todo, igualmente, es necesario señalar que lejos de representar el proceso industrializador lati-noamericano un proyecto netamente de industrialización por sustitución de importaciones (como suele repetirse en la literatura), esta –si bien existió y fue importante– ocu-pó un rol bastante más acotado de lo que en general se señala, por lo que no creemos que sea posible caracteri-zar dicho proceso solo de esa forma, ya que fue creciente-mente marginal. El proceso industrializador desarrollista se

3 A pesar de esto, el otro aspecto del plan inicial de Kubitschek también falló: un mes después de las elecciones se realizó otra intentona militar que jaqueó al gobierno y al sistema de partidos, amenazando el traspaso del mando. Esta, empero, no logró su cometido y la democracia pudo sostenerse un tiempo más.

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sostuvo en gran parte en el aumento del mercado domés-tico (“el desarrollo hacia adentro”, diría la CEPAL). En este sentido, el desarrollismo no buscó simplemente sustituir importaciones industriales, sino más bien crear y diversi-ficar industrias que previamente no existían construyendo sus eslabonamientos tanto “hacia atrás” como “hacia ade-lante”. Específicamente, para el desarrollismo, la creación de estas industrias se realizó con el objetivo de lograr la autosuficiencia, intentando romper los cuellos de botellas que impedían un crecimiento industrial sostenido.

En el caso argentino, uno de los objetivos fundamen-tales fue obtener el autoabastecimiento de petróleo, lo que representaba uno de los ítems más grandes en la composi-ción de las importaciones. Además, era un bien estratégico para el proceso de desarrollo porque no solo constituía el combustible indispensable para la industria y para alimen-tar a las nacientes automotrices, sino que también, una vez lograda la provisión interna, sus excedentes podrían expor-tarse. Este objetivo inicial y prioritario, debemos decir, se logró prácticamente en su totalidad, ya que en muy poco tiempo la producción petrolera se triplicó: pasó de produ-cirse un promedio anual de cinco millones de metros cúbi-cos entre los años 1955-1957 a producirse quince millones entre los años 1961-1963 (Sikkink, 2009: 131).

Las ramas de la industria que Frondizi entendió como “prioritarias” constituyeron el 94% de la expansión indus-trial. Tuvo un crecimiento arrollador la industria automo-triz, que comprendió por sí sola casi el 80% del crecimien-to industrial del periodo (Gerchunoff y Llach, 2003: 274). Este es el típico ejemplo argentino de problema de “escala insuficiente” para lograr producirse a bajo costo o poder exportarse, un obstáculo que Brasil no tuvo. A pesar de ello, se logró ampliar la mecanización agrícola y se expandió la inversión rural en casi un 40%.

Otra de las industrias “insignias” a la cual Frondizi apostó mucho para lograr la autosuficiencia fue la side-rurgia. En este caso, era necesario obtener una producción

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anual de cuatro millones de toneladas de acero. Sin embar-go, cuando Frondizi dejó su puesto los valores no cubrían ni la mitad de esto. Empero, los logros en esta materia fueron muy importantes. No solo porque logró inaugurarse la pri-mera planta de siderurgia integrada, sino también porque se promovió la producción de acero gracias a una empre-sa mixta que pudo triplicar sus volúmenes de producción entre 1958 y 1961; además el hierro logró pasar de 29 mil toneladas a casi 400 mil en igual lapso. Con respecto a la evolución general de la economía, es importante notar cómo el plan de ajuste acordado con el FMI fue un verda-dero punto de viraje de las principales variables.

En el caso de Brasil es más fácil realizar las evaluacio-nes económicas ya que los objetivos fueron expresamente clarificados en términos de volúmenes y plazos gracias al “Plan de metas”.

Con respecto al área de energía podemos decir que casi se cumplió la meta de obtener cinco millones de kilovatios de energía eléctrica para 1961. En petróleo, la producción se multiplicó por 30, pasando de 992 barriles en 1954 a 29.613 en 1960.

En el área de industrias básicas los logros fueron muy buenos, aunque en muchos casos no se lograron los obje-tivos previstos. Como se indicó, no se llegó a la cantidad establecida en la producción siderúrgica, que era una pro-ducción de 5 millones de toneladas anuales, aunque sí se alcanzó la autosuficiencia que era también algo primordial. Con respecto al estaño, níquel y plomo, se pudieron cumplir los objetivos sin problemas. La meta del aluminio se realizó un año después de lo programado y la de celulosa casi se completó totalmente (Sikkink, 2009: 192).

La meta automotriz de lograr la fabricación del 90% de las autopartes a nivel local casi se realizó en su totalidad. El objetivo de ampliar la recaudación impositiva se pudo hacer parcialmente, ya que esta pasó de 17,4% al 22,9% del PBI, aunque sobre todo fue gracias a la suba de impuestos indirectos más que a los directos. Empero, así y todo, el

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déficit fiscal casi se quintuplicó durante el periodo. Por su parte, el único objetivo relacionado con los cultivos (el de trigo) fue un completo fracaso; con respecto a la produc-ción de carbón, existió un retroceso notable. En otro orden, debemos decir que las metas de almacenamiento de granos e instalación de frigoríficos tuvieron desempeños modes-tos. Con vistas a la construcción de líneas férreas, se pudo conseguir la mitad de lo propuesto.

Vemos así que, en ambos casos, a pesar de algunos problemas u objetivos no logrados, las performances fueron muy buenas en general, ya que lograron darse varios saltos cualitativos hacia adelante. Aunque sin duda el periodo no puede ser caracterizado como un auténtico “milagro eco-nómico”. Asimismo, las limitaciones con las que se toparon no fueron menores, sobre todo en materia política y de contexto internacional: la estrategia de quebrar las trampas del atraso y hacer un delicado equilibrio en el contexto de la Guerra Fría sin dudas fue una difícil combinación.

Las relaciones con los actores sociopolíticos

Para entender el éxito o fracaso de las experiencias desa-rrollistas en Brasil y Argentina no se puede evitar hacer un breve relevamiento de las relaciones que guardaron ambos gobiernos con las fuerzas sociales que debieron enfrentar. En este caso, la evaluación histórico-política es la mejor herramienta con que podemos contar para entender los entramados de relaciones de poder de ese momento.

Tratemos de vislumbrar esto comenzando nuestro aná-lisis con las relaciones que guardaron ambos gobiernos con los sectores empresariales. Específicamente, empece-mos por el repaso de la relación que tuvieron los desa-rrollistas con quienes debían ser, según su prédica, los principales beneficiarios de sus políticas: los empresarios industriales. En este caso, la perspectiva general es bastante elocuente: los industriales respondieron bastante bien a las políticas alentadas por ambos gobiernos. En los dos casos

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los empresarios de la industria apostaron fuertemente –con sus bolsillos– a las políticas llevadas a cabo, y creció noto-riamente la inversión sectorial. Empero, si los industriales invirtieron su capital de acuerdo con los planes desarrollis-tas de Brasil y Argentina, paradójicamente, sus comporta-mientos como grupos políticos fue bastante más compleja.

En el caso de Frondizi, si bien el sector industrial se expandió mucho económicamente, los empresarios nunca le creyeron o lo apoyaron políticamente, y desconfiaron de él desde el primer momento: su pacto con Perón, el recono-cimiento y reempoderamiento de las instituciones empre-sariales y sindicales peronistas fueron piedras de toque muy difíciles de digerir, ya que eran consideradas “corporaciones totalitarias”. Además, no solo su pacto con Perón era urti-cante para ellos, sino que también los constantes rumores de que Frondizi era o estaba rodeado de comunistas fue algo que los distanciaba. Los grupos industriales argentinos nunca defendieron corporativamente al gobierno o a sus políticas, salvo la gestión de Alsogaray (que se preocupó por incorporar empresarios industriales a sus equipos y realizó consultas frecuentes con ellos, dedicándose personalmente a atenderlos) (Schvarzer, 1991). En este sentido, se podría decir que lo máximo que los grupos industriales estuvieron dispuestos a hacer por Frondizi fue no ya hacer propia la política oficial, sino más bien no incitar a que los militares depusieran al gobierno.

En Brasil los industriales tuvieron actitudes menos contrapuestas. Si bien guardaron bastantes discrepancias con algunas políticas de Kubitschek, sobre todo en lo referi-do a la Instrucción 113 de la Superintendencia de la Mone-da y Crédito (SUMOC) y el trato con preferencia para los capitales externos, en general se consideraron protagonistas de la política oficial. Así, cuando Kubitschek dejó su cargo, las declaraciones de estos señalaban que habían entendido los resultados obtenidos como una victoria industrialista. Incluso Kubitschek fue condecorado por las organizacio-nes industriales “por los servicios prestados a la industria

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nacional”. Por su parte, una gran diferencia con respecto a los industriales argentinos fue que los brasileros fueron más tolerantes a la inflación que a los recortes de finan-ciamiento: mientras que en Argentina apoyaron el plan de estabilización, en Brasil se opusieron a él y le realizaron duras críticas, ya que para los brasileros la inflación debía subordinarse a la marcha del proceso industrializador y no a la inversa.

Con relación al sector rural también observamos importantes diferencias de comportamientos con la elite empresarial en uno y otro país. Sin duda los ruralistas fueron el sector más crítico del gobierno de Kubitschek. Estos nunca compartieron la ideología desarrollista, como tampoco se entusiasmaron con sus políticas. Los ruralistas brasileros no eran liberales como los argentinos. Por ejem-plo, los poderosos productores de café, principal grupo del agro, dependían de las compras del Estado y de la fijación de los precios mínimos propuestos por este. Es notorio que cuando el gobierno anunció una disminución de las compras de los excedentes de café, los ruralistas intentaron realizar lo que se denominó una “marcha de la produc-ción” como forma de protesta movilizada (aunque esta fue automáticamente prohibida y Kubitschek envió al ejército para reprimirla). A su vez, también se diferenciaron de sus pares argentinos dado que desaprobaron con fuerza cual-quier programa de estabilización. Por su parte, su prédica tradicional no se dirigía a obtener devaluaciones como en Argentina para redistribuir ingresos a su favor, ya que la inelasticidad del precio internacional del café no les per-mitía capturar mayores rentas y sí les generaba pérdida de rentabilidad dada la suba de costos internos vía inflación. Por ello siempre detestaron el sistema de cambio múlti-ple sostenido por el gobierno, que solo se pudo abandonar cuando Quadros asumió. Podríamos decir que el programa desarrollista nunca contempló seriamente a los ruralistas. De hecho, el único objetivo del “Plan de metas” que con-templaba al campo (el del trigo) fue un total fracaso. Las

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posturas del gobierno con respecto al sector rural entonces solo se basaron en mejorar la infraestructura y buscar su mecanización. Además, debemos considerar que los rura-listas eran un grupo de menor presión en Brasil que en Argentina, donde nunca lograron eliminar las retenciones o concretar intervenciones a su favor.

En Argentina el camino con los sectores rurales reco-rrió otras pautas. Las relaciones con Frondizi comenzaron siendo muy malas, dada su desconfianza inicial por su pac-to con Perón. Empero, con el paso del tiempo se lograron acercamientos con Frondizi y tener cierto entendimiento, y apoyaron su plan de estabilización como la “racionalización administrativa” del Estado. La Sociedad Rural Argentina (SRA), a diferencia de los grupos industriales, tuvo socios suyos dentro del gobierno, aunque su duración en los car-gos dependió de los vaivenes de cada coyuntura (Palomino, 1988: 120). Ahora bien, la SRA no tuvo su principal batalla contra el gobierno nacional, sino más bien contra el de la provincia de Buenos Aires y el tibio intento de reforma agraria e impositiva que esta buscó (los otros proyectos de reforma agraria en otras provincias tuvieron impactos más acotados y locales, sin llegarse a nacionalizar). Aunque, finalmente, Frondizi terminó por interceder a favor de los ruralistas, poniendo fin a las reformas que buscaron aplicar-se en dicho lugar. Además, presión mediante, los ruralistas también lograron eliminar algunas retenciones dispuestas por el gobierno nacional (como la de carne), por lo que fueron más escuchados que sus pares brasileros.

Las relaciones del movimiento obrero con los gobier-nos desarrollistas también fueron bastantes complejas. En Argentina la mayoría de los grupos de trabajadores orga-nizados eran peronistas, con lo cual, cuando Frondizi ocu-pó la presidencia, las máximas ambiciones obreras a nivel político eran el retorno del peronismo y detener la fuerte represión contra los sindicatos, mientras que, a nivel eco-nómico, deseaban que se aplicaran políticas redistributivas como las llevadas a cabo por Perón. Así, para los obreros,

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en principio todo se subordinaba a esto. Por eso, Frondi-zi adoptó como estrategia primordial intentar divorciar al sindicalismo de su identidad peronista. En efecto, desde el comienzo este permitió que los líderes gremiales peronistas recuperaran protagonismo y se dedicó a dar aumentos de salarios. Sin embargo, esto no fue suficiente para ganar a los sindicatos, pues las huelgas igualmente se multiplicaron y el apoyo obrero fue débil y solo transitorio, cuando en algunos sectores fue francamente imposible. Además, el giro apli-cado con respecto a la política petrolera hizo que las cosas se tensaran aún más. La fuerte represión, el uso del “Plan CONINTES” (Conmoción Interna del Estado), basado en una lógica militarista de “seguridad”, declarar el estado de sitio y una política dura sin concesión contra la protesta obrera (que permitió la detención masiva de trabajadores y dirigentes gremiales en todo el país) le terminó por restar apoyos aquí. Por su parte, con el plan de estabilización de 1959 las relaciones empeoraron aún más, alejando a Fron-dizi de cumplir su objetivo de “desperonizar” a los traba-jadores, por la fuerte caída salarial que implicó. Frondizi entonces terminó siendo visto, al contrario de lo buscado, como “muy benévolo” con el capital antes que con el tra-bajo. Sin embargo, y a pesar de la fuerte reacción gremial contra el plan de ajuste, esta no logró detener su imple-mentación, como tampoco revertir la política petrolera. No obstante, la constante protesta gremial, si bien no alcanzó sus objetivos inmediatos, sí generó otros: no solo disipó “el clima de inversiones” que deseaba Frondizi, sino que además alentó la sensación de que el gobierno iba directo al caos (o al comunismo), y opositores y militares aprovecha-ron para intervenir con fines golpistas. No obstante esto, el número de huelgas fue bajando sistemáticamente desde el pico de 1959 hasta 1962 (James, 2006), donde los obre-ros comenzaron a negociar para recomponer sus salarios a cambio de aceptar las cláusulas de racionalización laboral en algunos sectores. Así y todo, los sindicatos terminaron, finalmente, por ser la piedra de toque de Frondizi, siendo

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uno de los sectores sociales más claramente indócil para con él, y fueron clave en la derrota electoral que terminó con su gobierno.

En el caso brasilero las actitudes fueron distintas, ya que allí los obreros tuvieron dos tipos de suscripciones masivas: el PBT controlado por Goulart –que era parte de la alianza gubernamental– y los comunistas, que tácticamente también apoyaron a Kubitschek. Además, los trabajadores no quedaron presa del anhelo de épocas mejores como los argentinos con el peronismo, sino que pudieron ser incor-porados (como una fuerza subordinada) a los planes del gobierno, por lo que el desarrollismo brasilero pudo lograr cierta fusión con el populismo, y contó con un grueso res-paldo sindical (Sodré, 1990: 377), aunque este nunca fue total. Por ejemplo, en San Pablo, principal distrito indus-trial del país –y, por ende, el que más obreros congregaba–, Kubitschek siempre tuvo bajo apoyo. Por su parte, los tra-bajadores durante este periodo lograron mejoras salariales que fueron apreciadas como un vivir en tiempos de movi-lidad ascendente, sin grandes represiones, aunque sí menos poder que el sindicalismo argentino y, con esto, menores salarios que allí.

Ahora bien, si los sectores obreros fueron un punto de intranquilidad o de desestabilización para ambos gobier-nos, la cuestión militar no ocupó un rol menor, ya que mar-có importantes diferencias en un gobierno y otro. En efecto, los militares brasileros tenían una visión de desarrollo pre-via a la llegada de Kubitschek, y pudieron entrelazar una convergencia con este, dado que ambicionaban un Estado poderoso y con grandes recursos y capacidades. Brasil, con su gran tamaño, era visto por sus militares como presa de un virtual peligro debido a su atraso relativo y baja capa-cidad técnica para hacer frente a los problemas de control territorial y de seguridad nacional o hemisférica. Según esta noción, su capacidad profesional, logística y estratégica era inseparable de la industrialización del país. Por su parte, su principal preocupación fue conservar el monopolio estatal

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del petróleo, y se diferenciaron en gran medida de sus pares argentinos porque pudieron ser cooptados por Kubitschek y pasaron a formar elencos estables de su gobierno, con car-gos de mucha jerarquía. Además, sumaron otra diferencia, ya que los argentinos veían con bastante más indiferencia la preocupación industrialista o los problemas económicos derivados del atraso. Es que la elite militar argentina fue fiel a los preceptos liberales característicos de sus secto-res dominantes tradicionales. A pesar de existir militares con ambiciones desarrollistas, estatistas e industrialistas, su obsesión por evitar el regreso del peronismo a los cargos estatales o las cuestiones de defensa hemisférica, como el “peligro comunista” (Rouquié, 1998: 191), eran preocupa-ciones que terminaban por imponerse ante todas las cosas, subordinando en consecuencia el desarrollo y el industria-lismo. Finalmente, la presión de los militares hizo que Fron-dizi cambiara su voto contra Cuba y que este pagara el alto costo político, siendo también ellos quienes lo depusieron por perder las elecciones justamente un mes después de ese cambio de posición, con lo que queda claro que la cuestión militar fue su piedra de toque perentoria e infranqueable.

IV. Reflexiones finales: desarrollo e inestabilidad política

A lo largo de este trabajo intentamos repasar las nociones de desarrollo en Argentina y Brasil y cómo estas fueron incor-poradas a cada situación histórica en particular, y cómo atravesaron la Guerra Fría, dando cuenta de las similitudes de sus proyectos y aun las diferencias de cada caso. Así vimos que en Brasil la relación política pudo conformarse de un modo diferente al argentino, ya que varios grupos militares junto a las fuerzas políticas del Congreso, sumadas al apoyo sindical basado en la alianza PSD-PTB, pudie-ron ser articulados para la realización del “Plan de metas”

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(Bendicho Beired, 1999: 295). En este país, por su parte, al no existir un partido político –o movimiento social– imba-tible electoralmente como el peronismo argentino, se pudo incorporar a otros actores y tener menores rupturas. Por ejemplo, el UDN logró acceder al gobierno por vía elec-toral y sus miembros no necesariamente debieron golpear la puerta de los cuarteles para poder aplicar sus planes, por lo que los grupos liberales, de derecha, militaristas y/ o anti-obreros pudieron ser parte de la arena política-legal sin sufrir una “impotencia electoral” que los relegara única-mente a tener un accionar golpista.

La situación argentina vimos que fue diferente. Allí Frondizi debió enfrentar treinta y dos “peticiones militares”, por lo que el militarismo cumplió en la Argentina un rol más fuerte que en Brasil. No por guardar peores creden-ciales democráticas o tener necesariamente menor respecto por las instituciones, sino porque en su autoasignado “rol tutelar” las fuerzas armadas eran las que debían velar no solo por la “amenaza comunista”, sino además por la latente incursión del peronismo (Potash, 1980: 421), puesto que este partido, al estar proscripto, incrementó sus acciones por fuera de la legalidad y del sistema de partidos, reco-rriendo diversas vías, que fueron desde la acción insurrec-cional y la guerrilla hasta las huelgas, sabotajes y demás formas de protestas propias del periodo de “la resistencia” (Di Tella, 1999: 317), amén de distintos tipos de ensayos de prueba-error para buscar (re)incorporarse a la vida ins-titucional. Así, las fuertes limitaciones del juego político argentino fueron –en parte– causas de la errática políti-ca de Frondizi y de sus espasmódicos movimientos: este se acercó al peronismo para ganar las elecciones, lo cual le generó desconfianza frente a empresarios y militares; simultáneamente, quiso captar al capital extranjero y a los industriales, adoptando un plan de ajuste diagramado por el FMI y el tesoro de los Estados Unidos, lo que lo alejó de los sindicatos. Cuando se distanció del peronismo, no logró ser incorporado tampoco por los sectores antiperonistas.

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Por su parte, el rechazo de estos, igualmente, no le permitió volver a ganar el apoyo peronista. Además, la fuerte repre-sión obrera, su cambio abrupto con respecto a la política petrolera y la falta de resultados con respecto al fin de la proscripción política peronista, así como sus concesiones al capital extranjero, fueron leídos –por los distintos actores– bajo la igual bandera de “traición” y desconfianza, lo que debilitaba aún más su posición, lo que terminó por llevar-lo al colapso. El incidente cubano terminó por condensar una vez más todo esto: de buscar encarnar primeramente la estrategia americana de la “Alianza para el Progreso”, en la cual el desarrollo era el mejor antídoto para prevenir el comunismo, buscó luego impedir el aislamiento cubano en la región, aunque finalmente dio un nuevo volantazo con respecto a esto presionado por los militares y votó por expulsar a Cuba de la OEA un mes antes de las elec-ciones a las cuales había apostado todo para asegurar su supervivencia. Esta nueva “traición”, rimbombante a nivel internacional, lo dejó casi sin aire político y demostró que el equilibrio y el anhelo de dejar a todos los sectores satis-fechos eran imposibles.

Kubitschek no necesitó captar al populismo como Frondizi y pudo tener más continuidades, sin ser un ecléc-tico combo de críticas y elogios como este respecto a su relación con el peronismo. En este sentido, en Brasil las elites políticas, más allá de algunas diferencias puntuales, se cerraron sobre sí detrás de un único proyecto económico: el desarrollista, mientras que en Argentina la fragmentación política hacía imposible lograr la convergencia hacia algún proyecto común.

Finalmente, empero, debemos tener en cuenta que ambos proyectos desarrollistas significaron, después de todo, un gradual desplazamiento, en el cual el desarrollo comenzó siendo un proyecto emparentado con la demo-cracia inclusiva para pasar a ser transformado en otro, que vio en la democracia a su principal obstáculo y que pasó a requerir, para obtener el desarrollo industrial, la condición

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de “seguridad” (Smulovitz, 1988: 21). De este modo, los sucesores de ambos gobiernos desarrollistas –tanto Qua-dros como Guido– interrumpieron varias de las premisas fundamentales del desarrollismo para aplicar las clásicas recetas liberales. Así, una vez asumido Guido, aplicó otro plan de estabilización para favorecer a los sectores agroex-portadores y redistribuir ingresos contra los trabajadores, mientras que el breve gobierno de Quadros replicó de igual manera: se realizó un vigoroso plan de ajuste que no pudo evitar hacer estallar con su conducta política y así durar tan solo siete meses como presidente. A su vez, tanto en Brasil como en la Argentina los sucesores de los gobiernos desarrollistas tuvieron como su principal objetivo redu-cir la amenaza del avance del populismo, es decir, frenar a los herederos de Vargas y Perón: el peligro del movi-miento obrero que se escondía detrás de esto forzaba el cierre del juego político y proponía la dirección militarista-autoritaria como la mejor forma de continuar en el futuro el camino del desarrollo del capitalismo en la región.

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¿El petróleo es nuestro? Energía y desarrollo en la América Latina de la Guerra Fría

Un abordaje de la creación de Petrobras (1953)

y la “Batalla del petróleo” en Argentina (1958)

JONATAN NUÑEZ Y BRUNO FORNILLO

Las etapas finales de la Segunda Guerra Mundial trajeron consigo cambios sustanciales en la dinámica de la economía política internacional. La Conferencia de Bretton Woods de julio de 1944, al tiempo que dio lugar a la creación de instituciones financieras que impondrían buena parte de la política económica del hemisferio occidental durante las próximas décadas, también brindó un espacio para discu-tir sobre problemáticas emergentes, tales como la necesi-dad de constituir agendas para el desarrollo en los países periféricos. Sin embargo, pese a que buena parte de estas preocupaciones fueron impulsadas por los representantes de gobiernos latinoamericanos asistentes a la conferencia, hacia finales de la década de 1940 y comienzos de la de 1950 la región no parecía haber propiciado un salto en torno a sus condiciones generales de acumulación, en un marco en el cual el escenario internacional se complejizaba debido a los coletazos de la incipiente Guerra Fría (Pettiná, 2018). Pese a la multicausalidad de las dificultades de la dinámica económica, un punto saliente a la hora de buscar denomina-dores comunes para la extensión del fenómeno en América Latina puede colocarse alrededor del cíclico deterioro de los términos de intercambio de los productos exportados

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por la región, los cuales sufrieron una sensible caída lue-go de la culminación de la guerra de Corea (1950-1953) (Bulmer-Thomas, 1998).

Pese a estos obstáculos, es de señalar que durante la primera mitad del siglo XX países como Argentina, Brasil, México y, en menor medida, Chile, habían alcanzado con cierto éxito una incipiente estructura industrial centrada en productos livianos. Sin embargo, hacia 1950 parte de sus élites políticas y económicas veían con preocupación la dependencia de importaciones de bienes de capital y se planteaban con fuerza la necesidad de avanzar en ramas productivas pesadas. Entre ellas eran señaladas la siderur-gia, la petroquímica y los bienes destinados a la construc-ción de infraestructura, a cuyo desarrollo le adosaban la posibilidad de cortar con parte de la subordinación externa (Halperin Donghi, 2011).

En ese marco, la cuestión del autoabastecimiento energético, en particular de petróleo, encontraba un lugar destacado por ser este insumo básico para impul-sar al conjunto de la economía. En la década de 1950, Sudamérica dio lugar a dos casos destacados que permi-ten observar el abigarrado tránsito de las iniciativas que caminaban en este sentido. Concretamente, hablamos de las discusiones en torno a la creación de la empresa estatal brasileña Petrobras, en 1953, y la llamada “Bata-lla del Petróleo”, afrontada por el presidente argentino Arturo Frondizi en 1958.

Al análisis de estos procesos dedicaremos el pre-sente texto. Además de esta introducción, el artículo tendrá otras tres partes. En la primera daremos cuenta de las disputas que desde la década de 1930 atravesaron distintos sectores sociales brasileños hasta la creación de Petrobras, cuyo hito más destacado quizás sea la campaña del petróleo de 1947 a 1953 sintetizada bajo la consigna “O Petróleo é nosso!”. En la sección siguiente estudiaremos el diagnóstico inicial, las controversias, las resistencias y los resultados de la “Batalla del Petróleo”,

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encarada por el gobierno de Arturo Frondizi en Argen-tina a partir de 1958. Finalmente, terminaremos el texto con algunos breves comentarios a modo de conclusión.

Los debates sobre política hidrocarburífera en Brasil, desde la Revolución de 1930 a la creación

de Petrobras

Si bien el proceso sociopolítico abierto con el golpe de Estado que instauró la Revolución de 1930 encabezada por Getúlio Vargas fue un cambio de élites sin rupturas mayores, la dinámica económica sí tendría pequeñas fisuras que en el mediano plazo alterarían las preocupa-ciones del aparato estatal. Una manifestación temprana de ello fue la pérdida relativa de poder de influencia de los sectores agrícolas oligárquicos en combinación con la incipiente presencia de políticas que beneficiaban los intereses industriales (Fausto, 2003: 162-163). En vistas de las exigencias para la estructura productiva que imponía este nuevo panorama, ya a comienzos de esa década figuras como el general Júlio Caetano Horta Barbosa, director de ingeniería del ejército, insistían en distintas publicaciones afines a las ideas nacionalistas con la urgencia de avanzar en la satisfacción de los requerimientos energéticos de Brasil de forma autosu-ficiente. De no hacerlo con premura, Barbosa advertía que se estaría incurriendo en una situación militarmen-te riesgosa, puesto que frente a un corte abrupto en los suministros (altamente probable en los esquemas de contingencia castrenses) se pondría en peligro la seguri-dad nacional. Uno de los principales requerimientos del general en ese sentido tenía que ver con el reclamo por la puesta en marcha de un Departamento Nacional de Combustibles, encargado de monopolizar las distintas etapas del vital recurso (Dias y Cuaglinos, 1993: 81).

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La preocupación de Barbosa en torno a la necesidad de la gestión estatal de los combustibles no era azarosa. En efecto, a comienzos de la segunda mitad del decenio, Brasil era el país con la mayor flota de autos de América del Sur, que consumía un promedio de 7000 barriles de petróleo por día. Lo complejo de la situación desde la pers-pectiva del nacionalismo petrolero se alojaba en el hecho de que los derivados del hidrocarburo eran importados y refinados por compañías multinacionales tales como Atlan-tic, Standard Oil, Anglo-Mexican (Shell), Texaco y Caloric (De Morais, 2013: 43).

El cierre del congreso del 10 de noviembre de 1937, que daría paso al período conocido como Estado Novo (1937-1945), profundizó las formulaciones de política eco-nómica abocadas hacia la sustitución de importaciones. Esta vez, la decisión de Vargas (apalancada especialmente por sectores nacionalistas del ejército) tenía que ver no solo con el avance en torno a manufacturas livianas, sino más bien con la puesta en marcha de industrias básicas. Un ele-mento central a la hora de decidir esta vía de acción tenía que ver con las dificultades que atravesaba la balanza de pagos, la cual era fuertemente deficitaria. Frente a ello, Var-gas dio lugar a múltiples medidas en pos de desincentivar las importaciones, por medio de lo cual esperaba frenar el drenaje de reservas internacionales (Fausto, 2003: 181).

En ese marco, la presión de los sectores de la sociedad civil y militares preocupados por el avance en la explo-ración de recursos hidrocarburíferos cobró otro nivel de recepción por parte del poder político. Propulsadas por la insistencia del general Horta Barbosa, por entonces ascen-dido al cargo de subjefe del Estado Mayor del Ejército, las autoridades del Consejo Federal de Comercio Exterior y el Consejo de Seguridad Nacional conformaron en 1938 una comisión secreta en este sentido. El fin de este organismo era establecer un marco normativo específico a fin de alcan-zar el control en clave soberana sobre la refinación, el trans-porte y la distribución del petróleo y sus derivados (Dias

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y Cuaglinos, 1993: 84). Fruto de esta presión, el presidente Vargas dio lugar al Decreto-Ley 395, el cual le otorgaba al abastecimiento nacional de petróleo el carácter de utilidad pública y colocaba al gobierno federal como el responsable de la importación, la exportación, el control de precios, el transporte y la construcción de infraestructura estratégica, como oleoductos. Más tarde ese mismo año, se lanzaría el Decreto-Ley 538, el cual constituía el Conselho Nacional do Petróleo (CNP), que tenía entre sus atribuciones el dictado de la política petrolera y el control del abastecimiento, la exploración, la extracción y la refinación “cuando se la juz-gara conveniente” (De Morais, 2013: 43-44).

Un año después de la creación del CNP, en 1939, se produjeron los primeros resultados positivos de las explo-raciones en el estado de Bahía, cuando expediciones geo-lógicas propiciadas por el organismo encontraron petróleo en la localidad de Lobato. Este hallazgo fue acompañado de otros a partir de 1941 en Rocôncavo Baiano, Candeias e Itaparica. Dichos descubrimientos atrajeron propuestas por parte de la Standard Oil para hacerse con los dere-chos de explotación y refinamiento, pero fueron rechazadas por Horta Barbosa, quien había sido nombrado por Vargas como presidente del CNP (Dias y Cuaglinos, 1993: 87).

Pese al aparente impulso del ejecutivo para avanzar en torno a la producción nacional de combustibles, lo cierto es que hacia 1942 las autoridades del CNP manifestaban públicamente su frustración por la falta de apoyo estatal concreto a la hora de poder materializar grandes plan-tas refinadoras, entre otras dificultades generales de pre-supuesto. Desesperanzado por la situación, Horta Barbosa renunció a su cargo a mediados de 1943, lo cual dio paso a un lapso en el cual cobraron mayor fuerza las prerrogativas de las compañías multinacionales (Fausto, 2003: 183).

La finalización de la Segunda Guerra Mundial, en la cual Brasil había tomado partido a favor de los aliados –incluso con el envío de tropas–, representó una fuerte alza en la demanda interna de combustibles en un marco

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en el cual estos aumentaron sensiblemente su precio. Tal fue así que entre 1945 y 1950 las importaciones de naf-tas se expandieron de 575.600 m3 a 2,3 millones de m3 anuales, lo cual convivió con un alza del costo del barril de petróleo del 85% entre 1945 y 1948. En ese contexto, la política de liberalización en la cual se había introducido a la CNP a partir de la resolución 1 de 1945, que habilitaba a la participación privada en la puesta en marcha de refi-nerías, generaba serias dudas, cuando no abierto rechazo, a los sectores nacionalistas (De Morais, 2013: 47-48). Hacia 1946 las iniciativas afines a los intereses del mercado se profundizaron de la mano de la llegada a la presidencia de Eurico Gaspar Dutra (1946-1951), varguista triunfador de las primeras elecciones nacionales en más de quince años (Fausto, 2003: 190-192).

A comienzos de 1947, la circulación del anteproyecto de ley conocido como Estatuto del Petróleo crisparía los ánimos de distintos grupos sociales debido a que venía a cambiar las reglas de juego hasta ese momento vigentes, ampliando aún más las posibilidades de participación de las compañías trasnacionales en la exploración hidrocarburí-fera en Brasil (Dias y Cuaglinos, 1993: 90). En ese marco, las discusiones en torno a cuál debería ser la política que debería tomarse respecto de la cuestión petrolera tuvo un centro importante en el Club Militar, ubicado en Río de Janeiro, alrededor del cual se nucleaba buena parte de la alta oficialidad del ejército brasilero. Ancladas en lógicas reivin-dicativas de la seguridad nacional, y con amplia repercusión en la prensa escrita (Carvalho Junior, 2005), centralmente allí dos eran las posiciones que se confrontaban: naciona-listas y liberales.

El principal representante de la primera de estas pos-turas era el general Horta Barbosa. Su posición se basaba en una defensa cerrada del monopolio integral del Estado en las distintas etapas de producción de petróleo, argumen-tando que dicho recurso sencillamente le pertenecía a la nación y a sus habitantes. Por otro lado, la posición liberal

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era defendida por el general Juarez Távora, quien sostenía que la política de exploración petrolera podría ser lleva-da adelante por empresas extranjeras, nacionales o mixtas. Asimismo, Távora sostenía que lo que hacía a la refinación debía ser encarada por empresas nacionales o mixtas (con un mínimo del 60% en manos de compañías brasileñas). El eje del planteo liberal pasaba por la centralidad ocupa-da por el petróleo en la estructura económica y militar, lo cual hacía imprescindible avanzar de forma urgente en el autoabastecimiento, frente a lo cual el monopolio estatal era visto como una preocupación de relevancia secundaria (Neto, 2012: 6-8).

Un hito importante en la masificación de lo que pasaría a ser conocido como la Campaña del Petróleo fue la cons-titución del Centro de Estudios y Defensa del Petróleo, en abril de 1948. En torno a él convergieron no solo los secto-res nacionalistas de las fuerzas armadas, sino también polí-ticos, intelectuales, estudiantes y asociaciones profesionales bajo la consigna “O petróleo é nosso!” (Fausto y De Holanda, 2007: 587-590).

Pese a esta agitación social, el proyecto de ley enviado por Dutra quedó empantanado en la propia dinámica de la discusión parlamentaria. Ello se produjo por la conjunción del llamativo escaso apoyo del propio oficialismo, represen-tado por el Partido Social Democrático (PSD), y la franca oposición de la izquierda del Partido Trabalhista Brasilero (PTB) (que adhería a la campaña de O petróleo é nosso!) y la derecha de la Unión Democrática Nacional (UDN), que reclamaba privatizaciones y aperturas más agresivas al capi-tal internacional (Neto, 2012: 8).

La ausencia formal del Partido Comunista Brasileiro (PCB) en este debate, de fuerte prédica en ciudades como Río de Janeiro y San Pablo durante la década de 1930, se explica por la anulación sobre sus actividades que impu-so el Supremo Tribunal Federal en mayo de 1947. Dicha cancelación se dio en el marco de un doble movimiento por parte de Dutra, el cual buscaba atender los reclamos

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de las ascendentes fuerzas conservadoras en su gobierno al tiempo que propiciaba una realineación de la política exterior brasileña en favor del bando estadounidense en la Guerra Fría. La prohibición del PCB por la justicia fue acompañada por la creciente intervención de sindicatos con presencia de militantes comunistas, los cuales para el final del mandato de Dutra llegaron a ser más de doscientos; asimismo, de una ley de 1948 revocatoria de los cargos de senadores, diputados y concejales provenientes del PCB (Fausto, 2003: 196-197).

No obstante esta conjunción de complejidades, en la campaña electoral hacia la presidencia de 1950 la temática petrolera volvió a cobrar un papel central. La plataforma de Vargas, candidato por el PTB y con apoyo de algunos líderes del PSD, se inclinaba por una definición nacionalista para el sector hidrocarbu-rífero, al cual observaba como neurálgico para avanzar en el proceso de industrialización del país. Por otro lado, Eduardo Gomes, representante de la UDN, insistía en la fórmula que aducía la necesidad de la apertura del mercado petrolero brasilero al capital trasnacional (Neto, 2012: 9).

La victoria de Vargas, el 3 de octubre de 1950, con el 48,73% de los votos, parecía abrir un camino seguro para la constitución de una empresa nacional que monopolizara la producción del “oro negro”. Sin embargo, el conjunto de tensiones que recorrían la cuestión en distintos niveles hizo que su tratamiento parlamentario no comenzara sino hasta diciembre de 1951, casi un año después de que empezara el cuarto mandato presidencial del gaúcho. El impulso se dio por medio del envío al poder legislativo del proyec-to de ley 1516, el cual no constituía el monopolio estatal como reclamaban los sectores nacionalistas, sino que pro-ponía una compañía mixta, con un 51% de las acciones en manos públicas, y amplias atribuciones para la tercerización de distintas etapas productivas en manos privadas (Dias y Cuaglinos, 1993: 101-103).

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En el mensaje al Congreso con el que acompañó la pre-sentación del proyecto, Vargas (1951) señalaba que lo que motivaba la importancia de la norma tenía que ver con que

El crecimiento de las importaciones de productos petrolífe-ros se produce, en volumen y valor, a un ritmo más rápido que el de los demás bienes que compramos en el extranjero. El porcentaje de divisas que se gasta para cubrirlos tiende a aumentar con el tiempo de tal manera que provoca aprensio-nes en relación con la futura regularidad del suministro de dichos productos al país (traducción de los autores).

Pese a que, como se señaló, la normativa no incluía la exclusividad estatal en la explotación hidrocarburífera, tanto los representantes parlamentarios de la Unión Democrática Nacional como los sectores castrenses encolumnados detrás de JuarezTávoraresistieronsuspuntoscentralesydilataronladis-cusión en comisiones. Uno de los elementos que más descon-fianza generaba a los militares liberales en cuanto a la campaña “O petróleo é nosso!” ysusprerrogativasteníaqueverconelfuerte apoyo que esta había recibido por parte del Partido Comunis-ta. Aliarse con una iniciativa con esa base de apoyo resultaba inadmisible para Távora, quien entendía que la política exterior brasilera debía abroquelarse decididamente al comando estra-tégicodelosEstadosUnidos(Neto,2012: 16).

La profundización de las discrepancias llevó a que el pro-yectosumaramúltiplesenmiendasenlosmesessiguientes,paso previo por múltiples comisiones e instancias de discusiones formales e informales, las cuales dieron lugar a un texto sus-tancialmente diferente del original. Lo central de los cambios pasó por la imposición de las posiciones nacionalistas en cuan-to a la constitución de una empresa monopólica en la propie-dad de sus acciones, aunque con la capacidad de colaborar con sectores privados en operaciones puntuales. El proyecto final entró en discusión parlamentaria el 10 de septiembre de 1953 y fue aprobado el día 21 de ese mismo mes. Su promulgación como ley, bajo el número 2004, se produjo el día 3 de octubre, terceraniversariodeltriunfoelectoraldeVargas(DiasyCuagli-

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nos, 1993: 101-104; Neto, 2012: 18-19). Petróleo Brasileiro SA, Petrobras, se constituyó formalmente el 2 de abril de 1954 por mediodelDecreto35308,elcualleotorgabaelrolalacompañía de poseer el monopolio estatal de la investigación, explotación, refinación ytransporte delpetróleoysusderivados.

En lo que hace al marco internacional en el cual Petrobras se puso en marcha, no debe dejar de considerarse que la llegada a la presidencia de los Estados Unidos del general Dwight Eisenhower, en 1953, trajo consigo un endurecimiento de la política exterior de los Estados Unidos (Pettiná, 2018: 87). En América Latina esto tuvo consecuencias severas, las cuales repercutieron en la evolución de los procesos socioeconómicos de los países de la región, cuando no representaron la directa intervencióncomolasufrida porGuatemala en1954. Unejem-plo de ello puede verse en la dinámica asistencia estadouniden-se entre 1953 y 1958. En ese lapso, Latinoamérica recibió ape-nasel7%(unosU$S783millones)delosdesembolsostotalesdel paísnorKaNCgLvMEXxNzMxj2F7FYi1AdRrTo6Nhu“envíasdedesarrollo” enformadepréstamosyayudasdediversotipo,equivalentealo quelededicarontansoloaCoreadelSur(Pettiná,2018: 113).

SegúnlainterpretacióndeFausto(2003:202),enBrasilello redundó en una carencia de financiamiento para que se avan-zara en el Plan de Reequipamiento Económico, también llama-do Plan Lafer, el cual guardaba fuertes similitudes con el Pro-grama de Metas que luego impulsaría el gobierno de Juscelino Kubitschek.

La “Batalla del petróleo”: diagnóstico, desarrollo y resultados

Hacia 1954, Frondizi afirmaba que “el momento actual es propicio para continuar la tarea emancipadora de la revo-lución en escala americana, como se dio en las horas ini-ciales de estos pueblos” (1955: LXVI). Esta encendida pré-dica era parte de la introducción de Petróleo y política, libro

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escrito por el entonces dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR). El extenso ensayo tenía por objetivo denunciar lo que Frondizi entendía como el espurio accionar histórico de las empresas petroleras multinacionales en Argentina, al tiempo que defendía de forma cerrada el monopolio estatal en manos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).

La publicación del libro se daba en un marco en el cual la retracción del ciclo económico llevaba a que el segun-do gobierno de Juan Domingo Perón (1952-1955) buscase nuevas alianzas geopolíticas, entre las que se destacaba el acercamiento a los Estados Unidos. En lo que hace al sec-tor hidrocarburífero, el punto más controvertido de esta aproximación al país norteamericano llegaría en 1955 por medio de la firma de un contrato con la Standard Oil de California. El objetivo del acuerdo era avanzar en las inver-siones para la exploración y extracción de petróleo en sue-lo argentino y limitar así las crecientes importaciones, las cuales generaban un fuerte estrés en las alicaídas reservas internacionales del país (Devoto y Fausto, 2008: 293).

Sin embargo, el polémico entendimiento con la petro-lera estadounidense pronto quedaría sin efecto como resul-tado del golpe de Estado llevado adelante por la autode-nominada “Revolución Libertadora” el 16 de septiembre de 1955. De fuerte sesgo antiperonista, la dictadura impondría inicialmente una persecución denodada contra los simpati-zantes del líder derrocado, que se expresaría por medio de la represión y la proscripción de la política formal (Novaro, 2010: 13-15). Si bien progresivamente las cúpulas sindicales y distintos cuadros del peronismo pasaron del enclaustra-miento en diversas formas de resistencia a la conformación de canales de negociación con los militares, la participación electoral del peronismo se vería prohibida en lo inmediato (James, 2010).

El problema sobre cómo abordar la cuestión peronista atravesó las filas de la UCR, y dio lugar al cisma entre la postura antidialoguista de Ricardo Balbín y la dialoguista de Arturo Frondizi. Aglutinando a sus seguidores en la Unión

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Cívica Radical Intransigente (UCRI), Frondizi alcanzó la presidencia del país en las elecciones de febrero de 1958, triunfando con el 44,8% de los votos. Como se haría público a comienzos de 1959, una parte considerable de los sufra-gios obtenidos por el líder de la UCRI fueron resultado de un pacto secreto con Perón, quien indicó a sus seguidores que se inclinaran por esa opción en lugar de votar en blanco como lo habían hecho en las elecciones constituyentes de 1957 (Novaro, 2010: 36-37).

El arribo de Frondizi a la Casa Rosada, en mayo de 1958, tuvo como premisa la necesidad de avanzar hacia la modernización por medio del desarrollo industrial. De acuerdo con Gerchunoff y Llach (2003: 249-250), el pri-mer postulado del programa desarrollista encarnado por el frondizismo señalaba la debilidad de las economías funda-das en la exportación de bienes agropecuarios y mineros debido a su exposición a la caída de sus precios inter-nacionales. Si bien se consideraba que en el caso argen-tino una parte de este problema se encontraba contenido por el entramado de producción manufacturero existente, se caracterizaba a la estructura industrial como desequi-librada. Frente a ello, era imprescindible avanzar en las ramas pesadas, lo cual haría al país menos dependiente de las importaciones. Rogelio Frigerio, principal colaborador de Frondizi, sintetizó la política económica seguida por el desarrollismo como “carne + petróleo = acero” (Nosiglia, 1983: 89).

Como expresaba la fórmula de Frigerio, un punto neu-rálgico de las ambiciones frondizistas tenía que ver con la urgente multiplicación de la producción de petróleo y gas, lo cual posibilitaría destinar divisas hacia otros sectores estratégicos. Siguiendo la premisa de “entrar en batalla en todos los frentes al mismo tiempo” (Sikkink, 2009: 115) fue que Frondizi preparó su discurso del 24 de julio de 1958. Allí, al tiempo que daba por abierta la “Batalla del petróleo”, el presidente expresó:

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El principal obstáculo al avance del país es su estrecha depen-dencia de la importación de combustibles y de acero. Esa dependencia debilita nuestra capacidad de autodetermina-ción y pone en peligro nuestra soberanía, especialmente en caso de crisis bélica mundial. […] Actualmente, la Argentina importa alrededor del 65% de los combustibles líquidos que consume. […] El país trabaja para pagar petróleo importado, petróleo que tenemos bajo nuestros pies y que hasta ahora no nos hemos decidido a extraer, en la cantidad que necesitamos. Esa dependencia de la importación ha deformado nuestra economía (Frondizi, 1963: 61-62).

Tal como lo manifestaba el mandatario, tan solo en 1957 Argentina había destinado unos U$S 300 millones en la compra de petróleo, los cuales representaron cerca del 25% de las importaciones totales del país (Ferrer, 2012: 300). Con el objeto de subsanar esta compleja situación para las cuentas nacionales, Frondizi había decidido dejar de lado los principios rectores de Petróleo y política y avanzar en la firma de entendimientos con petroleras extranjeras como Tennessee, la Banca Loeb y Pan American International Oil Company, entre otras. De acuerdo con el presidente,

Estos acuerdos permitirán atenuar la incidencia de la impor-tación de combustibles sobre nuestro balance de pagos y dejarán libres muchos millones de dólares que podremos aplicar a inversiones reproductivas. Pero la solución de fondo no puede provenir sino del máximo objetivo a alcanzar: el autoabastecimiento de petróleo (Frondizi, 1963: 66).

Las reacciones inmediatas a la decisión fueron suma-mente virulentas tanto dentro como fuera de la UCRI. El común denominador de las caracterizaciones de los con-tratos sencillamente los definía como una política “entre-guista” (Sikkink, 2009: 120). De cara a esta situación, y en confluencia con otros reclamos de más largo aliento, una parte considerable de los trabajadores del sector nucleados en el Sindicato Unido de Trabajadores Petroleros del Esta-do (SUPE) comenzó una huelga que se extendió durante

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veinte días en los meses de octubre y noviembre de 1958, con epicentro en la provincia de Mendoza (Scodeller, 2008). Encaminado rápidamente en clave dialoguista por parte de las cúpulas sindicales peronistas agrupadas en las “62 orga-nizaciones”, la resolución del conflicto sin grandes conquis-tas materiales o simbólicas dejó insatisfechas a las bases petroleras (Schneider, 2006: 119-120). Pese a este acuerdo puntual, el principio de entendimiento que la UCRI había alcanzado con el justicialismo comenzó a desgastarse, en tanto que la política de tratamiento de los conflictos labora-les se apoyó cada vez más en la represión propiciada por el plan CONINTES (Conmoción Interna del Estado), puesto en marcha en noviembre de 1958 (Rapoport, 2017: 460).

El contexto generalizado de hostilidades obligó a Fron-dizi a tener que pedirle a Frigerio la renuncia a su cargo como secretario de relaciones socioeconómicas de la presi-dencia, en vistas de que buena parte de quienes impugnaban los acuerdos los señalaban como obra de su autoría (Sik-kink, 2009: 121). Pese a estos cimbronazos, el gobierno de la UCRI no detuvo la continuidad de su agenda de desa-rrollo y en diciembre de 1958 consiguió sancionar la ley 14780, conocida como la ley de inversiones extranjeras. Resultante de las garantías que ella proveía a los capitales internacionales, entre los años 1958 y 1962 ingresaron al país unos U$S 508 millones, los cuales se concentraron en las industrias del acero y el petróleo, destacándose el arribo de la estadounidense Amoco Corporation (Rougier y Raccanello, 2021: 73).

En plan de atraer inversiones para la recuperación de hidrocarburos, un hecho interesante en vista de la sensi-bilidad que imponía la Guerra Fría al tejido de relaciones internacionales de los países del tercer mundo fue la misión a Moscú del diputado José Liceaga en octubre de 1958. Cen-trada en alcanzar un convenio comercial para la compra de maquinaria petrolera, la visita de Liceaga a la capital de la Unión Soviética terminó siendo en principio sumamente provechosa para los objetivos frondizistas. Ello se deriva de

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la concreción de un préstamo soviético para la Argentina de cerca de U$S 100 millones con una tasa de interés del 2,5%, cuya amortización comenzaría a materializarse por medio de un esquema de pagos escalonado a tres años. Pese a que el acuerdo se cumplió solo en un 40%, este sirvió para equilibrar el poder de influencia que tenían las empresas estadounidenses arribadas a Argentina en el período (Rapo-port, 1997: 349-364).

Sin lugar a dudas, el triunfo en Cuba del Movimiento 26 de Julio comandado por Fidel Castro sobre las fuerzas dictatoriales de Fulgencio Batista con su ingreso en La Habana el 1 de enero de 1959 representaría un giro coper-nicano en la relevancia estratégica de América Latina en el mapa de la Guerra Fría. Particularmente, las preocupa-ciones de los Estados Unidos alcanzaron su grado de alar-ma máxima cuando se selló la alianza entre los revolucio-narios cubanos y la Unión Soviética hacia 1960 (Petinná, 2018: 89-98).

En similar período, en Argentina la situación social se complejizaba como resultado del descontento que generaba la fuerte restricción en los ingresos que significó la pues-ta en marcha del plan de estabilización fiscal asociado al otorgamiento de un préstamo stand by de parte del Fon-do Monetario Internacional en diciembre de 1958 (Ferrer, 2012: 301). Hacia mediados de 1959, las fuerzas armadas exigían al presidente la purga de funcionarios considerados de simpatías peronistas, el recrudecimiento de la represión gremial y la explicación de los detalles del pacto que había alcanzado con Perón de cara a las elecciones de 1958. Fue en ese lapso que los sectores castrenses impusieron al inge-niero liberal Álvaro Alsogaray a cargo de los ministerios de Economía y Trabajo. Pese a estas complejidades e impo-siciones, la economía rebotó en los dos años siguientes, y consiguió una tasa de crecimiento promedio del 8% (Ger-chunoff y Llach, 2003: 265-267).

Hacia marzo de 1961, la reducción del poder en el interior de la estructura castrense de personajes que habían

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afrentado la autoridad de Frondizi, como el teniente gene-ral Carlos Toranzo Montero, llevó a que el presidente se pudiera deshacer de la presencia de Alsogaray en su gabine-te (Sikkink, 2009: 127). Sin embargo, pese a que fue reem-plazado por un economista conservador como Roberto Ale-mann, el movimiento fue visto con fuerte desconfianza por las altas esferas militares. Seguido de ello, otro hecho que propició la inquietud de estos sectores fue la reunión secre-ta que Frondizi mantuvo con Ernesto “Che” Guevara en Buenos Aires en agosto de 1961, en el marco del viaje del revolucionario argentino-cubano a la reunión del Consejo Económico Social Interamericano en Punta del Este.1 Las muestras de simpatía que se leían del encuentro entre Fron-dizi y Guevara fueron seguidas por la adhesión argentina en 1962 al contingente de países latinoamericanos que recha-zaban la exclusión de Cuba de la Organización de Estados Americanos (OEA) (Sikkink, 2009: 128-129).

Sin dejar de lado estos antecedentes, el hecho que col-mó las expectativas de los militares fueron los resultados de las elecciones en Buenos Aires del 18 de marzo de 1962, en las cuales el peronista Andrés Framini consiguió el 42,23% de los votos. Pese a que frente a la inquietud castrense Frondizi intervino rápidamente la provincia impugnando la elección, su suerte ya estaba echada y fue depuesto y detenido el 29 de marzo. A cargo del ejecutivo quedaría el presidente provisional del Senado, José María Guido (Novaro, 2010: 57).

Pese a todo, la “Batalla del petróleo” había sido exitosa en sus términos. De acuerdo con Rapoport (2017: 461), en 1962 se estaba cerca del autoabastecimiento de petróleo, cubierto en un 30% por empresas privadas y en un 70% por

1 Un hecho destacado del encuentro fue la puesta en discusión de las premisas centrales de la Alianza para el Progreso, estrategia propiciada por el presi-dente estadounidense John F. Kennedy para acelerar el desarrollo socioeco-nómico de América Latina.Preocupado, el primer mandatario juzgaba a la endémica pobreza de la región como un caldo de cultivo para el ascenso de movimientos revolucionarios similares al cubano (Pettiná, 2018: 120).

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YPF. Tan solo en ese año, la producción total de petróleo fue de 15,6 millones de m3, lo cual casi triplicaba los 5,7 millones de m3 de 1957. Del guarismo total de 1962, YPF era la responsable de 10,4 millones de m3, más que dupli-cando lo extraído en 1957.

A modo de conclusión

A lo largo de este texto hemos recorrido las contingencias que atravesaron Brasil y Argentina para aumentar su dispo-sición autónoma de petróleo en dos procesos centrados en la década de 1950, aunque con raíces de más largo aliento. En el primero de los casos estudiados, observamos el modo en el cual la progresiva complejización de la estructura pro-ductiva brasileña que siguió a las pequeñas fisuras abier-tas por la Revolución de 1930 llevó a una molecular pero creciente preocupación por el autoabastecimiento energé-tico. Esta inquietud, que en una primera instancia tenía tras de sí casi exclusivamente voces castrenses, de modo paulatino logró hacer confluir a diversos sectores sociales que se aglutinaron en torno a la Campaña del Petróleo de 1947 a 1953, sintetizada bajo el potente eslogan “O petróleo é nosso!”. Sin esta intensa movilización social, que se impuso a múltiples impugnaciones liberales y dilaciones del varguis-mo, es imposible comprender los sustratos constitutivos del nacionalismo que rodea a la valoración de Petrobras hasta nuestros días.

En lo que respecta a la “Batalla del petróleo” encarada por el presidente argentino Frondizi desde julio de 1958, esta puede ser comprendida como un agresivo intento de superar parte de las limitaciones estructurales que atrave-saban el desarrollo desigual y combinado de la economía argentina. Sin embargo, pese a que fue exitoso en sus térmi-nos en el mediano plazo, la premisa de Frondizi y Frigerio de “entrar en batalla en todos los frentes al mismo tiempo”

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generó el colapso de las frágiles bases de sustentabilidad de su gobierno. Al mismo tiempo, no debe dejarse de lado que todo este proceso estuvo montado sobre la proscripción del partido mayoritario, una fuerte represión al movimiento obrero y la tutela incesante de las fuerzas armadas.

Para finalizar, es imposible no señalar el marco de seve-ras condicionalidades que en la década de 1950 generaba para cualquier proyecto de desarrollo económico con pre-tensiones autárquicas la inquietante presencia de los Esta-dos Unidos. Preocupado por cuidar el avance de la influen-cia soviética en la que consideraba su “esfera de influencia” más cercana, a partir de la finalización de la guerra de Corea la política exterior estadounidense se tornó crecientemente agresiva, exigiendo cada vez con menores sutilezas la ali-neación tras de sí en el esquema de “bandos” de la Guerra Fría. Esta dinámica de comportamiento llegó a su paroxis-mo luego del estallido de la Revolución cubana en 1959, sobre todo a partir del acelerado acercamiento castrista a la unión Soviética. La puesta en marcha de iniciativas como la doctrina de seguridad nacional y el Plan Cóndor en las décadas siguientes son una muestra elocuente de la decisión del Departamento de Estado y las burguesías latinoamerica-nas de cercenar cualquier nuevo avance revolucionario.

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El lugar de la Guerra Fría y de la doctrina de seguridad nacional en la teoría de la dependencia

Un recorrido por las obras de Theotônio dos Santos y de Ruy Mauro Marini

JULIÁN KAN Y FRANCO LUCIETTO

1. Introducción

Este trabajo tiene como objetivo analizar el lugar que tuvie-ron la Guerra Fría y la Doctrina de Seguridad Nacional en los argumentos de dos de los máximos exponentes de la teoría o corriente de la dependencia, Theotônio dos Santos y Ruy Mauro Marini. Analizamos aquí a estos dos auto-res, recorriendo sus trayectorias personales, académicas y políticas, e intentamos dar cuenta de la influencia de una región atravesada por la Guerra Fría en la elaboración de sus argumentos. Si bien la concepción dependentista tuvo un desarrollo propio más allá de la Guerra Fría, observamos que esta le imprimió un clima de época a la teoría de la dependencia, en especial a la corriente marxista, que atra-vesó la producción de los principales exponentes. Pero esta influencia no fue solamente en las trayectorias académicas y políticas, marcadas por exilios, persecuciones y golpes de Estado, sino que también fue nodal en los núcleos argumen-tativos de ambos, donde encontramos una estrecha relación con el escenario de la Guerra Fría y la aplicación por par-te de Estados Unidos de la doctrina de seguridad nacio-nal (DSN). Los tipos de dependencia, como así también

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las alternativas o modelos de cambio social elaborados por dos Santos, y el concepto de subimperialismo acuñado por Marini difícilmente se puedan explicar sin dar cuenta de ese contexto que atravesó América Latina por esos tiempos.

El trabajo se estructura de la siguiente forma. Un primer apartado donde caracterizamos el surgimiento, las corrientes internas y el desarrollo de la teoría de la depen-dencia, poniendo en discusión esta denominación y dando cuenta de una heterogeneidad mayor de lo que se sostiene habitualmente. Luego, un siguiente apartado que aborda a dos Santos, desarrollando una primera sección sobre su trayectoria, su obra, su vida académica y política, para luego pasar al análisis de sus conceptos. Por último, el aparta-do que analiza a Marini, que también incluye una primera sección sobre su trayectoria y a continuación el análisis de su obra.

2. La “teoría”, “escuela” o “corriente”

de la dependencia: emergencia, características y principales debates

La escuela o corriente comúnmente denominada “teoría de la dependencia” (TD) surgió a mediados de la década de 1960 e incluyó tanto a cepalinos, heterodoxos y estructura-listas como a marxistas de diversas procedencias y trayecto-rias. Heredera de los planteos cepalinos de la segunda pos-guerra en torno a las discusiones sobre desarrollo, indus-trialización y autonomía en la región, durante sus décadas de esplendor tuvo variados despliegues e intensos debates que han quedado plasmados en lo que se suele identificarse como la TD. Este concepto muchas veces es difuso –cuando no arbitrario– porque, además de que podemos identificar dos grandes corrientes dentro de la TD (como la cepalina/

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estructuralista y la marxista1), dentro de cada una de ellas también hubo debates y matices. La idea de “teoría” otorga una imagen de un corpus sistematizado de conceptos que todos sus integrantes comparten. Por el contrario, la idea de “corriente de la dependencia” (CD) quizás es más atinada y ajustada que la frecuente denominación TD,2 porque reúne a quienes trabajan una problemática común como la depen-dencia, pero desde distintos enfoques.

Como corriente, a pesar de los matices y diferencias, existió un tronco en común, que fue pensar una caracte-rización acerca de que las economías de los países peri-féricos, subordinados o dominados estaban condicionadas y dependían de las economías de los centros, en un gra-do tal que les imposibilitaba tener un desarrollo capita-lista dinámico y autónomo. La idea de desarrollo en los centros y la contraparte del subdesarrollo en las periferias fue también lo que identificó a la CD. A diferencia de la tradición de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), los dependentistas sostenían que ni las correccio-nes en el comercio internacional, ni el incentivo a la entrada del capital extranjero, ni la mera intervención del Estado como agente garantizaban el desarrollo autónomo. Estas tesis estuvieron estimuladas por los fracasos en el proceso de industrialización que alentaba la temprana CEPAL en las frustradas experiencias “desarrollistas” en la región y en los índices económicos y sociales de aquellos años.

Los casos de André Gunder Frank, Fernando Henrique Cardoso y Enzo Falleto son los que se enlazan con la

1 Incluso dentro de la tradición marxista hay autores que no acuerdan entre sí y que generaron varios debates en torno a conceptos y usos de la “dependen-cia”. Como señaló Osorio: “La apropiación por el marxismo de la categoría ‘dependencia’ no fue un proceso fácil ni exento de contradicciones […] difí-cilmente puede hablarse de una teoría de la dependencia englobando en tal afirmación una temática que ha debido sufrir variadas mutaciones teóricas y políticas” (Osorio, 1984: 68).

2 Astarita (2010) plantea esta perspectiva de abordarla como una corriente y no como una teoría o escuela. Anteriormente, Palma (1987) había señalado un camino similar.

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corriente estructuralista, de mayor influencia cepalina en algunos aspectos, y se los puede ubicar en los orígenes del dependentismo, aunque no buscaron la constitución de una teoría unificada en torno al problema de la dependencia. Constituyen la variante no marxista dentro de la corriente, ya que ninguno de ellos se reivindicó estrictamente mar-xista, aunque usaron algunas categorías de este cuerpo teó-rico. En efecto, aunque los primeros trabajos de Gunder Frank estuvieron fuertemente influenciados por la teoría del capitalismo monopólico de Paul Baran y Paul Sweezy (reconocidos marxistas estadounidenses ligados a la revis-ta Monthly Review), el economista de origen alemán nunca se definió como marxista.3 Su tesis inicial radicaba en que cuanto más se vinculaban los países al mercado mundial, se acrecentaban las diferencias de sus economías porque se producía una transferencia de excedente de un país al otro, de ahí la idea de desarrollo en los centros y subdesarrollos en las periferias. Aparecen ahí críticas a las tesis de los par-tidos comunistas sobre el carácter feudal o precapitalista de América Latina, ya que Frank sostuvo que la región había sido capitalista desde los primeros tiempos de la conquista, donde la producción y conexión con el mercado mundial en formación reproducía capitalismo en las diversas regio-nes asociadas, alejándose de explicaciones en las relaciones sociales de clase y explotación a nivel interno y adoptando la tesis circulacionista.4

El reconocido trabajo de Cardoso y Faletto Desarrollo y dependencia en América Latina (1969) se enmarcaba dentro de un programa de investigación de corte más weberiano,

3 Su trabajo “The Developmente of Underdevelopment” publicado en Monthly Review en 1966 (que fue luego la base de su libro Capitalismo y subdesarrollo en América Latina, de 1967) originó el debate sobre la dependencia. Aun sin identificarse como marxista, Frank utilizó los conceptos de “lumpen-desarrollo” y “lumpen-burguesía” en la misma línea de Baran y Sweezy. Al respecto, véase Astarita (2010: 30).

4 En las décadas posteriores se interesó en la teoría sistema-mundo de Imma-nuel Wallerstein, y buscó aplicar este enfoque para el análisis de las proble-máticas de la dependencia.

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que ponía el foco en los obstáculos sociales y cultura-les del desarrollo económico entendido como un proceso histórico-estructural (Kan y Kitay, 2020). En este tenían especial importancia tanto la vinculación con el mercado mundial como las alianzas y disputas de los grupos socia-les dominantes o elites internas, los cuales, en definitiva, lograban definir las relaciones “hacia afuera”. La crítica de Cardoso y Faletto a Gunder Frank eran que el análisis de este último se caracterizaba por un economicismo “deter-minista”, donde el vínculo dependiente con los centros y el imperialismo determinaban plenamente las estructuras sociales internas de los países de la región. Para Cardoso debía tenerse en cuenta el “análisis concreto de situaciones de dependencia” (Cardoso, 1970). El imperialismo impli-caba que lo externo se internalizaba, pero se traducía en formas concretas de dominación del Estado, en determina-das clases sociales con sus respectivas fracciones y alianzas de clases y en enfrentamientos y conflictos. Así, la con-flictividad social y el orden político interno, ayudados por su corte profesional de sociólogo, estaban más presentes en sus argumentos. Como el imperialismo no determinaba en forma unívoca el estancamiento, podía haber desarrollo en la periferia, aunque condicionado por la situación de dependencia, ya que la penetración del capital industrial y financiero aceleraba la producción de plusvalía relativa e intensificaba las fuerzas productivas, lo que abría otros debates en torno al desarrollo en la periferia.

Tampoco Cardoso estaba interesado en la construcción de una teoría de la dependencia; no obstante, esto no le impedía manejarse con fluidez en los debates marxistas, como lo demuestra su profundo y encendido debate algu-nos años después con Marini (Serra y Cardoso, 1978; Mari-ni, 1978). En ese intercambio, Marini acusa a Cardoso de abandonar el enfoque dependentista para retornar al neo-desarrollismo de la CEPAL, desplazándose hacia posiciones cada vez más reformistas y de colaboración de clase. Tan-to cepalinos como dependentistas reconocen la existencia

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de vínculos e imbricación entre ambas perspectivas.5 Este panorama contribuye a ratificar la idea de CD más que de TD o escuela de la dependencia.

Los tres autores marxistas asociados a la TD son dos Santos, Bambirra y Marini. La tesis central del brasileño dos Santos, de la que también participó Bambirra, fue “la nueva dependencia” (dos Santos, 1968a), donde intentó explicar la forma que adoptaba la dependencia con la entrada del capital extranjero en el sector manufacturero de los países atrasados. Dos Santos cuestionaba las tesis de Lenin, quien había pronosticado que la inversión extranjera generaría desarrollo en la periferia, ya que el capital monopolista se aliaba con los factores que mantenían el atraso, el subdesa-rrollo y la dependencia. Esto implicaba que las economías de la periferia estaban condicionadas por el desarrollo y expansión de los países dominantes. En tanto estos últimos podían expandirse y autoimpulsarse, los países dependien-tes “solo lo pueden hacer como reflejo de esa expansión, que puede actuar positiva o negativamente” (dos Santos, 1968a: 180). Los países dependientes estaban en retraso y bajo la explotación de los países dominantes.

La dependencia suponía entonces explotación y extrac-ción del excedente de los países atrasados, que posibilita-ba el desarrollo industrial de algunos países y limitaba ese mismo desarrollo en otros. Dos Santos pronosticaba que la dependencia de América Latina continuaría en tanto no pudiera transformarse “en una economía autosostenible o independiente” (dos Santos, 1975: 181). Por otra parte, el autor no compartió la caracterización de Frank sobre Amé-rica Latina como capitalista desde la colonización, y planteó que se trataba de una “economía colonial exportadora” (dos Santos, 1975: 178).

5 Incluso podríamos agregar que en Raúl Prébisch hay una evolución desde planteos heterodoxos y estructuralistas a una economía política más anclada en los conceptos dependentistas, como se puede observar en su libro Capita-lismo periférico. Crisis y transformación (1981).

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El otro gran exponente marxista fue Marini, quien, por un lado, criticó agudamente a la corriente estructuralista de Frank, Cardoso y Faletto, pero, por otro lado, tuvo también discusiones en el interior de la variante marxista con dos Santos y Bambirra. Marini afirmó en 1991, en su post scrip-tum a Dialéctica de la dependencia, que la corriente marxista de la dependencia nacería “liberándola de las características funcional desarrollistas que se le han adherido en su ges-tación”. Sin duda, tanto dos Santos, Bambirra y Marini le imprimían una discusión política además de una discusión teórico-conceptual al devenir de la corriente dependentista. Los principales aportes de Marini consistieron en el tem-prano concepto de “subimperialismo” desarrollado en pro-fundidad en Subdesarrollo y revolución (1969) y las diferen-cias que el concepto indicaba en el interior de la periferia, en este caso para Brasil dentro de América Latina como líder regional, que evidenciaba una situación diferente de la región y del desarrollo capitalista (tanto en industria, en tecnología y en despliegue militar) desde la segunda pos-guerra en adelante. Esto lo llevó a alejarse un poco de los esquemas de Lenin (sin abandonar la teoría del imperialis-mo) y comprender el funcionamiento de la ley del valor en un escenario diferente al de comienzos del siglo XX. Brasil, como líder subimperialista –afirmaba Marini–, no se cons-tituía en un simple “títere del Pentágono y el Departamento de Estado” (Marini 1973: 66), aunque estaba en integración al imperialismo norteamericano bajo el impacto la Guerra Fría en la región pos Revolución cubana.6

El otro concepto clave en Marini fue el de “superex-plotación del trabajo” que aparecía como una cualidad de las periferias. Este concepto permitía vincular el desarrollo capitalista de la periferia con los centros, donde las prime-ras se especializaban en producción alimenticia mediante el uso de fuerza trabajo sobreexplotada que permitía una

6 En la segunda parte del trabajo retomamos en profundidad este concepto.

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transferencia de valor a los países centrales dentro del pro-ceso de producción a escala global.7

Tiempo después de esta generación fundadora de la CD, referentes posteriores a los clásicos de la variante mar-xista recién señalada hicieron sus consideraciones sobre las líneas, los debates y los perfiles de la dependencia tanto entre estructuralistas y marxistas como en el interior de estos últimos. Por ejemplo, Osorio (1984) consideró que el dependentismo marxista compartía con el desarrollis-mo tres ideas claves: el capitalismo como sistema mundial, entender el desarrollo y el subdesarrollo como dos expre-siones de un mismo proceso y la importancia de interrogar-se sobre la especificidad del capitalismo latinoamericano. Por su parte, Love (1990) entendía que tres de los cuatro elementos definitorios del análisis dependentista (la histó-rica distinción centro-periferia, el intercambio desigual y la negación del dualismo) provienen más directamente del estructuralismo latinoamericano que de las teorías mar-xistas del imperialismo. Para este autor, el único planteo dependentista abiertamente incompatible con los postula-dos de la CEPAL sería el de la incapacidad de las burguesías nacionales para llevar adelante el desarrollo, puesto que, para aquella agencia, la autonomía política necesaria para ello era alcanzable bajo las mismas relaciones burguesas de producción. Es sobre esta base que Kay (1991) distin-gue entre una vertiente reformista-estructuralista y otra marxista-revolucionaria de la dependencia. La vertiente

7 Este mecanismo de transferencia se producía mediante el funcionamiento de la ley de intercambio desigual, perspectiva teórica que Marini tomaba de Arghiri Emanuel y de Samir Amín. Existe un importante consenso acerca de que “Marini fue uno de los autores dependentistas que aplicó de forma más sistemática la teoría de Marx” (Astarita, 2010: 43), haciendo “el esfuerzo teó-rico más sistemático para determinar las leyes específicas que gobiernan las economías dependientes” (Kay, 1991: 110). La propia Bambirra (1991) afir-mó que tanto aquel autor como dos Santos y ella misma utilizaban “el mar-xismo con familiaridad [...] su instrumental teórico y metodológico, recreándolo en la medida en que le incorporábamos nuevos conceptos” (citada en Wasserman, 2017: 117).

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reformista es considerada una reformulación de los plan-teos cepalinos, mientras que la marxista se caracterizaría por su escepticismo respecto de la posibilidad de superar el subdesarrollo de los países dependientes en ese marco. Como señalaron Kan y Kitay (2020), Marini, dos Santos, Bambirra y Gunder Frank fueron tratados peyorativamen-te de “radicales” en las polémicas de la época, un adjetivo que luego reivindicaron para diferenciarse de sus conten-dientes.

Pero no todos los intelectuales vinculados al marxismo compartieron el optimismo y el entusiasmo de los depen-dentistas radicales. Agustín Cueva alertó sobre el carác-ter “marcadamente nacionalista” del dependentismo, en tan-to considera que reemplazaba las contradicciones de clase por “un sistema indeterminado de relaciones nacionales y regionales”, que quedan así constituidas como “unida-des últimas e irreductibles del análisis” (Cueva, 1974: 87). El sociólogo ecuatoriano consideró que el dependentis-mo compartía con las teorías convencionales del desarrollo capitalista la referencia a “modelos nacionales clásicos”, lo que llevaría a aquel enfoque a enfatizar el “carácter catas-trófico del capitalismo nacional en América Latina” debido fundamentalmente a su inadecuación con aquellos modelos. Para este autor, la crítica de la economía política marxis-ta no debía considerar modelos nacionales de desarrollo capitalista, sino que el análisis de Inglaterra en El capital habría sido solo un medio para la investigación teórica de las leyes generales del capitalismo en tanto modo de pro-ducción, sin considerar particularidad nacional alguna. Así, consideró que

En los autores de la teoría de la dependencia existe, en mayor o menor grado, una suerte de nostalgia del desarro-llo capitalista autónomo frustrado […] lo que confiere a su discurso un permanente hálito nacionalista y determina que la dependencia se erija en dimensión omnímoda del análisis (Cueva 1974: 87).

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En tanto la posibilidad de ser una teoría, también críti-cos como Cueva (1979) consideraron que no había “espacio teórico” para una teoría de la dependencia en la medida en que el desarrollo del capitalismo en América Latina podría explicarse por las mismas leyes generales del modo de pro-ducción y no habría diferencias cualitativas que justifiquen hablar de un objeto teórico diferente. En palabras de Car-doso (1970), “puede haber una teoría del capitalismo y de las clases, pero la dependencia, tal como la caracterizamos, no es más que una expresión política en la periferia del modo de producción capitalista cuando este se expande internacionalmente” (Cardoso, 1970: 109). En abierta con-traposición a estos planteos, la variante marxista intenta-ba “determinar la legalidad específica por la que se rige la economía dependiente […] en el contexto más amplio de las leyes de desarrollo del sistema en su conjunto”, dando cuenta de los “grados intermedios” en los que ellas se espe-cifican (Marini, 1973).

Lamentablemente, estas discusiones fueron clausura-das abruptamente. Las dictaduras militares de los años setenta, la derrota de las organizaciones guerrilleras y, posteriormente, la disolución de la Unión Soviética y el Consenso de Washington decretaron la “muerte” (transito-ria) del dependentismo como corriente intelectual (Beigel, 2006). Esto implicó la disolución de centros de investiga-ción y enseñanza y la persecución de sus integrantes, en el marco de una reorientación de la agenda de las cien-cias sociales latinoamericanas. Sobre este punto, resulta interesante destacar que, mientras en América Latina estas discusiones desaparecían forzosamente de la escena, en la academia anglófona se publicaba un número completo de la revista Latin American Perspectives (1981) dedicada a la relación entre dependencia y marxismo, donde prevalecían las miradas críticas.

Como señalaron Kan y Kitay (2020), encontramos que existió no solamente una “teoría marxista de la dependen-cia”, sino también un dependentismo que no se reivindicaba

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marxista y un marxismo no dependentista, todas perspec-tivas en diálogo y debate permanente atravesadas por la coyuntura de la Guerra Fría en América Latina. A con-tinuación abordamos cómo ese escenario atravesó a dos de los principales autores de la CD, cuyas obras siguieron rediscutiéndose tanto en el período de los noventa, cuando perdieron pesos los enfoques dependentistas, como durante la década de 2000 y el escenario más reciente, donde una hubo una recuperación de algunos de sus conceptos.

3. Theotônio dos Santos

La obra de dos Santos resulta una puerta de acceso privilegiada a los vertiginosos procesos históricos que sacudieron a Latinoamérica en los últimos sesenta años, ya que aporta la perspectiva de quien supo ser un talen-toso intelectual del pensamiento latinoamericano, como así también un activo y persistente militante por la jus-ticia social. Estos aspectos tan distintivos amalgamados en una individualidad se reflejaron en los encumbrados roles que le tocó desempeñar hacia el interior de las organizaciones políticas que lo contuvieron. Esa acti-va participación en el plano político y en el de las ideas resultó un elemento decisivo para interpretar las coordenadas temporales y geográficas de su producción, atravesada de manera dramática por el destierro.

Dos Santos nació en 1936 en Minas Gerais, Brasil. Desde su temprana juventud fue un inquieto lector, incli-nado inicialmente por la literatura y la poesía, pasión que lo acompañó durante toda su vida y lo vinculó a iniciativas culturales como la revista Complemento, para luego ampliar hacia otro tipo de lecturas, donde se destacaron los autores como Lenin, Gramsci, Caio Prado Jr. y Celso Furtado, entre otros (dos Santos, 2020: 16). A principios de la década de 1960 se involucró en la flamante Universidad de Brasilia

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(UnB), a través del rector Darcy Ribeiro, quien supo con-vocar al núcleo de jóvenes y talentosos investigadores que luego dieron forma a un grupo de estudio sobre la obra El capital de Marx (entre ellos se destacan Marini y Bambi-rra, compañeros de ruta con quienes compartió un camino común en lo político y teórico). La organización Política Operária (POLOP) resultó un primer registro ineludible en su biografía política, donde también participaron Luiz Alberto Moniz Bandeira y Emir Sader. La fundación de aquella organización fue inspirada por las luchas del ter-cer mundo y en especial la Revolución cubana, como así también por la crítica al estalinismo. La participación de dos Santos puede ser interpretada como una convergencia natural de su inquieta militancia territorial y universitaria, una suerte de decantación, pero también como una búsque-da propia de un proceso de maduración teórica y políti-ca, producto de la crítica a las teorías funcionalistas de la modernización, al desarrollismo cepalino y a la perspecti-va del Partido Comunista Brasilero. El golpe de Estado de 1964 encabezado por Humberto de Alencar Castelo Branco lo expulsó de la UnB y lo condenó por su activismo, lo que lo obligó a pasar a la clandestinidad. Recién en 1966 logró exiliarse en Chile, donde se reinsertó en la vida académi-ca a través de la Universidad de Chile y se incorporó en el Centro de Estudios Socio-Económicos (CESO). Allí, dos Santos publica El nuevo carácter de la dependencia (1968) y Socialismo o fascismo: el dilema latinoamericano (1968b); ambas obras traducen elementos fundantes y dejan entrever las bases conceptuales que acompañaron al autor a lo largo de su vida. La primera obra se define como una perspectiva tributaria a la teoría del imperialismo y devela la aspiración de construir no solo la actualización del concepto de la dependencia, al calor del escenario posterior a la Segunda Guerra Mundial y los avances tecnológicos e industriales, sino también como un aporte cualitativo a este, en cuanto a la dimensión geográfica e histórica de los estudios hasta allí existentes, en este caso privilegiando la especificidad

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latinoamericana dentro del carácter universal de la temáti-ca. Este trabajo refuerza el fuerte condicionamiento de la división internacional del trabajo como un producto histó-rico, capaz de modelar las relaciones entre el desarrollo y subdesarrollo, entre el centro y la periferia, las caracterís-ticas de las estructuras de clase y sus facciones, el tipo de alianzas hacia el interior y la convergencia con las burgue-sías monopolistas y los países centrales, como así también el registro específico del sentido de la acumulación de capital. En la segunda obra mencionada, el autor hace énfasis en el modelo político interpretativo desde una perspectiva ana-lítica asociada al problema de la dependencia, sintetizando la experiencia de sus trabajos sobre Brasil y las investi-gaciones sobre Latinoamérica, planteando la contradicción entre las dos fuerzas que pugnan, en última instancia, por transformar o conservar las condiciones que sostienen al subdesarrollo. La dimensión de los aportes realizados en este contexto, tanto por dos Santos como por el conjunto de investigadores asociados al CESO (entre los que podemos contar a Cardoso, Marco Aurelio García, Orlando Caputo, Marta Harnecker y Gunder Frank, junto a los anteriormen-te mencionados Bambirra y Marini [Martins, 1998]), deben ser necesariamente puestos en diálogo con las producciones de Walt Rostow y Samuel Huntington. Ambos autores sin-tetizan en buena medida las preocupaciones hemisféricas de los Estados Unidos, quienes anticiparon e inspiraron las respuestas traducidas en las iniciativas de la Alianza para el Progreso (AP) y la DSN, que encontraron en la seguridad y el desarrollo los espacios sensibles para dar respuestas a aquellos procesos sociales y políticos que pudieran poner en riesgo la influencia norteamericana en la región. Según dos Santos:

En la década del sesenta, la acción contrarrevolucionaria y contrainsurreccional de algunas burguesías asustadas con el avance revolucionario del tercer mundo se inspiró en la idea del papel de sus élites ilustradas. Según autores como

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Johnson, las élites militares, sobre todo técnicas, empresaria-les, sindicales, estudiantiles e intelectuales serían los agen-tes privilegiados de la modernización de la región. Bajo esta inspiración se armaron los golpes militares institucionales apoyados en la doctrina de seguridad nacional que identifi-caba la acción contrainsurgente con las tareas de desarrollo económico y modernización sociopolítica, con la ayuda de la Alianza para el Progreso y con reformas sociales instituidas bajo control militar (2020: 444).

Resulta interesante desde este punto de vista compren-der el rol que tuvo en estos años el CESO como espacio de convergencia teórica y, a su vez, como referencia del pensamiento alternativista. La vía democrática al socialis-mo fue, en esencia, la posibilidad real en términos políticos de articular las diversas tradiciones populares en sus más amplias manifestaciones en un programa de transformacio-nes que aspiraba a terminar con las bases de la dependen-cia. El CESO respondió en consonancia con la propuesta encabezada por Salvador Allende, constituyendo de mane-ra amplia la posibilidad de albergar en su seno a diversas tradiciones e impulsar una corriente de pensamiento pro-piamente latinoamericana, cumpliendo el doble papel de modelar la corriente dependentista y dotar de una pers-pectiva teórica a aquellos esfuerzos políticos. Nuevamente dos Santos encontró su ámbito de participación política, en esta oportunidad en el Movimiento de Izquierda Revolu-cionaria (MIR), que formó parte del heterogéneo sistema de apoyos que contuvo la experiencia encabezada por Allende. La preocupación por inducir al fracaso a la vía chilena al socialismo por parte de sus enemigos, en especial de los Estados Unidos, no puede desentenderse de los esfuerzos por fracturar las bases de la unidad de las fuerzas popu-lares, de la aleccionadora clausura brutal que experimentó este proceso tan particular y distintivamente sudamericano. Huntington pudo interpretar con gran claridad lo que esta-ba en juego en el plano de las contradicciones políticas, de la

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misma manera que lo hizo dos Santos, pero representando intereses de sentido contrario; según él:

La victoria de los vietnamitas contra el imperialismo francés, el levantamiento de los países árabes en Medio Oriente, el ascenso revolucionario en Latinoamérica, y las victorias de las luchas anticoloniales en África, configuraban un campo de batalla mundial donde el socialismo fue convirtiéndose en una bandera de lucha internacional, en regímenes políticos y experiencias de gobierno. La Guerra Fría permitió alejar las experiencias revolucionarias y progresistas del resto del mundo, así como a los sectores más avanzados de Estados Unidos y Europa occidental, dividiéndolos (2020: 688).

El golpe de Estado en Chile puso fin a la experiencia del CESO y en 1973 dos Santos debió buscar refugio en la embajada de Panamá para luego continuar su exilio en México, donde encontró continuidad a su actividad acadé-mica en el marco de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En este nuevo escenario, continuó su militancia y activismo denunciando a las dictaduras lati-noamericanas y atendiendo particularmente los procesos de reconstrucción política de la oposición a la dictadura brasilera, que ya llevaba más de diez años ininterrumpidos en el gobierno. En México vio la luz una de sus obras más difundidas y reconocidas, Imperialismo y dependencia (1978), donde sistematizó y condensó su producción desarrollada en Chile y en el marco del CESO. Identificó en ella, con precisión, el despliegue de la hegemonía imperialista de los Estados Unidos luego de la Segunda Guerra, el avance de la revolución científico-técnica, las características de una economía cada vez más internacionalizada, el rol de las empresas transnacionales y el desarrollo desigual y com-binado, que determinó formas históricas características de la articulación entre centro y periferia. Cabe mencionar la influencia de Nikolái Kondrátiev dentro de la obra de dos Santos, de quien incorporó la perspectiva de largo movi-miento a partir del análisis de las fases del comportamiento

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del capitalismo, focalizado en el período 1967-1973, y el impacto de la fase recesiva de los ciclos del capitalismo. El tipo de salida a esta crisis dependió, según el autor, del camino definido para emprender una restructuración social, y ante ello identificó tres tendencias en pugna en términos modélicos: el capitalismo transnacional impulsor del neoliberalismo, el capitalismo de Estado cuya expre-sión radicaba en las formas de dependencia negociada y el movimiento popular asociado al socialismo. En efecto, este cuadro trazado por el autor nos remonta a aquel dilema planteado entre socialismo y fascismo, pero con un desa-rrollo mucho más preciso en cuanto a sus formas, tensiones, alianzas y relaciones de fuerzas involucradas en el esquema. La perspectiva de revisar el período una década después, con el advenimiento de las dictaduras y el neoliberalismo en el espejo retrovisor, permitió dar una forma visiblemen-te mucho más acabada a aquellos aportes en el marco del CESO, los cuales fueron producidos desde el fragor de la lucha y el compromiso político con el proceso en marcha, aunque no por ello carentes del fino sentido prospectivo y su rigurosidad para la elaboración e interpretación de escenarios políticos posibles. Estos aspectos caracterizaron la trayectoria de dos Santos, así como también la perma-nente evolución, revisión y maduración de sus líneas de investigación, lo que en suma se traduce en una práctica sis-tematizada, cuyo reflejo fiel registran sus publicaciones.

El retorno definitivo a Brasil sucedió en 1980, a través de la amnistía, y nuevamente la acción militante lo colocó en la formulación del Partido Democrático de los Traba-jadores (PDT). Entre sus reconocidos integrantes podemos contar a Leonel Brizola, Moniz Bandeira y Dilma Rous-seff. El PDT formuló una propuesta programática socia-lista, pero a su vez una manifiesta inspiración varguista, lo cual está presente incluso en el nivel del diseño de sus siglas, y lejos está de una función oportunista. En todo caso es un elemento que permite acceder con mayor profundi-dad a la complejidad de la definición de socialismo bajo la

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perspectiva de dos Santos, el diálogo entre los escenarios y modelos políticos planteados en sus obras y el camino político emprendido para la construcción de un frentismo electoral, inclusive ante la distención relativa de la Guerra Fría y las demostraciones de extenuación que manifesta-ba la Unión Soviética hacia la segunda mitad de la década del ochenta. Con el retorno de la democracia en América Latina, la desintegración de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría, su viejo compañero del CESO, Cardoso, asumió la presidencia de Brasil, dando continuidad a los programas neoliberales del Consenso de Washington.8

3.1. El concepto de dependencia

Nos proponemos retomar el concepto de dependencia y los tipos y alternativas de cambio, elementos desarrollados por dos Santos a lo largo de su trayectoria, pero haremos un análisis más pormenorizado a través de su obra emble-mática Imperialismo y dependencia, publicada inicialmente en México en el año 1978. Dicha elección responde a que esta obra supo condensar trabajos anteriores, pero también, parafraseando a dos Santos, a aquel olor a “pólvora” (2020: 590), característico de ese contexto de luchas.

Según nuestro autor, el surgimiento del concepto de dependencia fue el resultado de la crítica a la teoría del desarrollo, en un contexto donde la industrialización de América Latina arrojó sus resultados en términos empíricos que poco tuvieron que ver con las expectativas sembradas allá por los años cincuenta. Así, la dependencia no es un fac-tor externo, por lo tanto no se debe interpretar la dinámica interna exclusivamente como un fruto de una determina-ción exógena, sino que surge como un producto histórico

8 Sin dudarlo, a modo de cierre sobre el derrotero intelectual y político de dos Santos, invitamos a la lectura de su libro Del terror a la esperanza: auge y deca-dencia del neoliberalismo (2008), donde realiza un balance global y profundo sobre mucho de lo recorrido durante estas líneas y propone una respuesta en clave política cargada de futuro.

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fruto de la expansión del capitalismo a nivel global, por lo que no es un efecto, sino parte del mismo proceso expan-sivo. Dos Santos concibió la ida de que los esfuerzos por conceptualizar a la dependencia en el marco de una teoría desde los países dependientes debían construirse de manera crítica, en el espejo de quienes pudieron dar forma a la teoría del colonialismo y del imperialismo, es decir, como una especificidad histórica y al mismo tiempo geográfica. En ese sentido, “no se trata de ‘aplicar’ conceptos genéricos a particulares, sino de redefinir conceptos universales según algunas situaciones específicas. El resultado es un nuevo concepto” (dos Santos, 2020: 881). La dependencia para dos Santos está “fundada en una división internacional del tra-bajo que permite el desarrollo industrial de algunos países y limita este mismo desarrollo en otros, sometiéndolos a las condiciones de crecimiento inducido por los centros de dominación mundial” (2020: 877). La interdependencia a nivel global hace a un sistema donde toman centralidad las capacidades científicas y tecnológicas aplicadas a la pro-ducción, que poseen los países centrales y sus monopolios como vehículo y expresión de la alta concentración del capital, cuyo origen son las revoluciones científicas y técni-cas que han permitido superar las crisis y el estancamiento. En efecto, constituye una interdependencia condicionante, en el marco de una relación que establece limitaciones al desenvolvimiento de los países dependientes, pero no for-man parte de un sistema determinado estructural e inmóvil, sino que tiene un carácter esencialmente dinámico y asen-tado también en aquellos sectores nacionales que encuen-tran el beneficio en la articulación con los sectores que representan los intereses dominantes de los países centra-les. Dos Santos definió a esta relación como el “compro-miso” o la “combinación” de los intereses que componen la situación de dependencia, ya que para él una dominación externa resultaba impracticable por principio (dos Santos, 2020: 881). Este tipo de relación devela el mecanismo esen-cial por el cual se desenvuelve la reproducción misma de

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la dependencia, que se manifiesta en el carácter desigual y combinado del desarrollo.

3.2. Tipos y alternativas de cambio social

Dos Santos identificó en América Latina la existencia de tres tipos de estructuras dependientes diferentes: aquellas donde se realizó un proceso de industrialización importan-te en los años treinta y cuarenta, aquellas donde este pro-ceso empezó en el período posterior a la Segunda Guerra y aquellas donde no se produjo o apenas se estaba iniciando. En efecto, estas diferencias son el resultado histórico de las coyunturas que coincidieron con el debilitamiento de los lazos de dependencia y de mayor autonomía relativa para avanzar hacia transformaciones en la estructura interna. Estos contextos han estado articulados con las crisis en los países centrales y con el realineamiento de las alianzas de las fuerzas sociales que impulsaron las transformaciones. De esta perspectiva, el autor avanzó hacia la construcción de “los modelos del cambio social” (dos Santos, 2020: 982), que contienen un fuerte carácter prospectivo, partiendo de una base histórica, para analizar la coyuntura abierta en el escenario de crisis abierto en 1966. Su hipótesis partía de la caracterización de este escenario como una transición con un desenlace abierto, en el marco de un enfrentamiento final entre el capital monopólico internacional y el movi-miento popular.

Para avanzar sobre el análisis encontramos una demar-cación de los “nuevos personajes sociales del desarrollo”, donde se incluye primero al “nuevo capital internacional”, segundo “el capitalismo de Estado” y tercero “el movimien-to popular”.

En cuanto al primero se destaca a las empresas transna-cionales (ET), bajo las formas de una nueva unidad empre-sarial en el contexto expansivo de los capitales extranjeros luego del fin de la Segunda Guerra, basada en la indus-tria y los servicios bajo la modalidad de la sustitución de

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importaciones y exportaciones en una nueva división inter-nacional del trabajo entre países centrales y dependien-tes. En palabras del autor: “El país subdesarrollado tiene que comprar máquinas y materias primas elaboradas del país inversionista para transformarlas en productos que son vendidos en su mercado interno” (dos Santos, 2020: 986). Los resultados mostraron una profunda dependencia finan-ciera y tecnológica, que en última instancia reflejó los con-dicionamientos políticos regulados desde las ET y sus casas matrices en los países centrales.

Para con el segundo dos Santos planteó una profunda crisis del modelo de desarrollo nacional independiente y el fracaso de las burguesías nacionales, donde la penetración del capital extranjero bajo las formas de las ET tuvo la capa-cidad de desplazarlas de la centralidad política y reducirlas bajo formas subordinadas de articulación económica. Sin embargo, dentro de esta categoría coloca a la tecnoburo-cracia, específicamente a las fuerzas armadas, como aquel sector capaz de conducir lo que el autor definió como “capi-talismo de Estado”, que implica la acumulación en diversas actividades económicas, tanto en la producción, inversión y servicios, fundamentalmente a partir de la Segunda Guerra Mundial en adelante. Tal como indica dos Santos:

Entre estas actividades, señalemos la investigación militar, la inteligencia, el reclutamiento obligatorio, la simulación de guerra. Teniendo a Estados Unidos como su principal líder, esta economía de guerra se extendió por el resto del mun-do de manera espectacular, acompañando la Guerra Fría, la generalización de los movimientos de liberación nacional y el surgimiento de más de un centenar de nuevos y poderosos Estados nacionales postcoloniales (2020: 668).

Según el autor, existió una relativa autonomía, aunque subordinada a la relación de los grandes capitales (la inde-pendencia del Estado termina donde comienzan los intere-ses de la propiedad privada); de hecho, resulta interesante identificar las tensiones entre desarrollo y seguridad en el

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marco de esta relación especial, que encuentra su correla-to en la subordinación política hemisférica con el combate contra la insurgencia, como extensión interna de la Guerra Fría. A pesar de cumplir con aquel rol definido desde los Estados Unidos, el autor también manifiesta reticencias por parte de las Fuerzas Armadas a cumplir estrictamente un rol de policía, orientado a la seguridad interna, y había, fun-damentalmente en las corrientes nacionalistas, una inclina-ción hacia los aspectos del desarrollo vinculados a la auto-nomía industrial y a la modernización de los sistemas de armas. Estas corrientes son las mismas que exploran los vínculos con los capitales europeos en el contexto de crisis abierto hacia fines de la década del sesenta, inclusive con Europa del Este. Para los Estados Unidos implicó un verda-dero problema, ya que la apuesta por las dictaduras milita-res para implementar la DSN como parte de su Guerra Fría expuso la imposibilidad de alternativas democráticas. Por lo tanto, ante su única carta, Estados Unidos debió profesar las doctrinas contrainsurgentes y el libre mercado, como partes indisolubles de la lucha contra el enemigo comunista.

El tercero, “el movimiento popular”, es analizado “en el cuadro del fracaso del populismo, como esquema polí-tico, y del desarrollo ‘nacional autónomo’, como esquema económico-social” (dos Santos, 2020: 996). Por lo tanto, las expectativas del autor se encuadraron dentro de una acción de estas fuerzas sociales hacia el surgimiento de una alternativa independiente, orientada por una ideología revolucionaria. Para dos Santos, el movimiento popular se encontró con la tarea de reorientar a antiguos liderazgos hacia posiciones consecuentes o a construir una alternativa socialista, ambas dominadas por un sentido de radicaliza-ción política al calor del desarrollo de una suerte de nacio-nalismo revolucionario. Este era condición necesaria para el desarrollo de aquellas tácticas que pudieran estimular el surgimiento y desarrollo de la insurrección popular como un factor desequilibrante en el contexto de la Guerra Fría.

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Desde los tres tipos hasta aquí desarrollados dos Santos elabora las alternativas correspondientes asociadas a cada uno de ellos. Aquí se devela el aspecto más puramente pros-pectivo de su obra y su poder predictivo en función de los escenarios por él construidos. Al identificar la crisis del desarrollo nacional independiente, para el autor surgen tres pilares distintos sobre los cuales se apuntalarán las bases del nuevo camino por transitar. El primero que describió fue la gran ET, en el marco de una nueva división internacional del trabajo. Aquí dos Santos analizó la aplicación de las políticas neoliberales y advirtió las tendencias de aquella reestructuración del capital cuya búsqueda tenía un doble movimiento. Por un lado, el repliegue de los Estados en la regulación del flujo de capitales, cuyos movimientos hacia la maximización de los beneficios toman registros impensa-dos hasta aquel entonces y, por otro lado, la intensificación de la participación del Estado en aquellas iniciativas, como por ejemplo “la guerra de las galaxias”, que transfirió enor-mes recursos a las ET.

El segundo de ellos es la “dependencia negociada”, asociada a los que hemos entendido por “capitalismo de Estado”. Allí se sostiene el rol del Estado como mediador y limitante del poder de las ET. En su esquema desta-có las concepciones de Helio Jaguaribe, a quien encuadra como teórico de esta perspectiva bajo la variante “nasseris-ta”, que radicaba en la capacidad de los Estados nacionales por emprender mayores niveles de autonomía, regulando las relaciones con el movimiento popular, las burguesías locales y los capitales extranjeros, detentando la interven-ción del Estado en la economía como atributo principal. Al respecto, dos Santos señala que “cabría a los milita-res dar vuelta a la dirección de sus cañones desviándolos del movimiento popular… volviéndolos contra las fuerzas externas que conducen [a] América Latina a esta dependen-cia” (dos Santos, 2020: 1019). También encuadró dentro de la “dependencia negociada” a la variante “subimperialista”, concepto definido tanto por Marini como por Vivian Trías.

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Para sintetizar el carácter dual de la “dependencia nego-ciada”, dos Santos expresó: “El capitalismo de Estado y el militarismo son dos aliados fundamentales del gran capital monopólico… es la fuente de su sumisión, pero también de su rebeldía. No hay pues cómo escaparse de esa dia-léctica” (2020: 1024).

Por último, “el modelo socialista” expresó el factor gra-vitatorio que potencialmente puede ejercer el movimiento popular para constituir un modelo alternativo para liquidar las condiciones que mantienen al continente en la depen-dencia. Es el movimiento popular el que debe encabezar, a través de la vía socialista, el polo de reagrupamiento alter-nativo capaz de antagonizar con las ET y la nueva divi-sión del trabajo. La perspectiva política para el movimiento popular repasa la relación entre formas de lucha, la expe-riencia, la síntesis y la comprensión histórica de la lucha antimperialista, de acuerdo con dos Santos:

El fracaso histórico del populismo no quiere decir que las versiones neopopulistas no correspondan a un cierto nivel de desarrollo de la conciencia de las masas sobre cual se pueda pasar como se borra una frase mala en el papel. El fracaso his-tórico de una corriente política es un fenómeno de décadas… No es sino a través de un vasto proceso de luchas internas, escisiones y divisiones bajo presión de las experiencias con-cretas que se van superando fuerzas históricas tan importan-tes como el populismo latinoamericano (2020: 1029).

En esta mención dos Santos pone en juego el criterio de articulación en función de la tipología desarrollada y el antagonismo entre la vía socialista y el neoliberalismo, sien-do las variantes de la dependencia negociada el escenario de disputa en la transición. Aquí, la necesidad de comple-mentar la vía socialista con las variantes de la dependen-cia negociada para garantizar la derrota del imperialismo. Sin embargo, desde la dependencia negociada –advierte el autor– existen elementos de complementariedad y lealtad hacia la ET. Para ello, esta última debería someter al capital

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estatal y aniquilar al movimiento popular, algo que al autor no le parece demasiado factible, aventurando que “para realizar esta operación bastante difícil, tendría que contar con fuerzas de represión mucho más eficaces de las que le otorga la sola acción militar e institucional” (dos San-tos, 2020: 1039). Esta idea resulta premonitoria a la luz del conocimiento más acabado de lo que fue estudiado años más tarde, como el accionar del terrorismo de Estado y la aplicación desmedida de la DSN en el marco de la Guerra Fría. La mención al rol de las tendencias fascistas defensivas (despojada de sus vertientes nacionalistas), garantes de la supervivencia del capitalismo dependiente y de su camino neoliberal hacia la nueva división internacional del trabajo, también llama la atención por la precisión con la que des-cribió los compromisos cívicos militares hacia el cambio del patrón de acumulación.

4. Rui Mauro Marini

La obra teórica de Marini es vasta y se encuentra atravesada por los diversos momentos de su trayectoria personal y política, marcada por los constantes exilios (México de 1965, Chile en 1969 y México en 1974) y los vaivenes de la realidad latinoamericana de aquellas décadas, particular-mente en el contexto de la Guerra Fría y de la implemen-tación de la DSN luego de la Revolución cubana. Además de haber sido uno de los grandes exponentes de la CD, fue un activo militante político y un analista de la coyuntura en diversos medios periodísticos. Previo al golpe de 1964 en Brasil, fue dirigente político de POLOP, donde compar-tió espacios de militancia y de formación con dos Santos, Bambirra, Moniz Bandeira, Michael Lowy y Sader, entre otros. Con varios de ellos, como dos Santos y Bambirra, y junto a Gunder Frank también compartió la fundación de la UnB dictando clases de economía política. Anteriormente

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había transitado una estadía en Francia, en la Ecole Libre des Sciences Politiquies de París, que lo había conectado con la obra de Marx en forma sistemática.

Pero el golpe militar de Castelo Branco en 1964 marcó su recorrido tanto personal y político como aca-démico. Primero fue exonerado de la UnB y al poco tiempo fue preso, luego liberado y detenido nuevamente, hasta que un nuevo habeas corpus le permitió alojarse en la embajada de México, país al que logra exiliarse en 1965 y permanece hasta 1969. Allí es donde comienza con su primera gran producción intelectual vinculado con el Centro de Estudios Internacionales de El Cole-gio de México, colaborando con el periódico El Día, y desarrollando seminarios de lectura del El capital que lo conectarán con el activo movimiento estudiantil de la UNAM. Sus artículos publicados entre 1965 y 1969, “Contradicciones y conflictos en el Brasil contemporá-neo” (1965), “El eje militar Brasil-Argentina y el subim-perialismo” (1965), “La ‘interdependencia’ brasileña y la integración imperialista” (1966), “La dialéctica del desa-rrollo capitalista en Brasil” (1966), “La política económi-ca del Brasil” (1966) y “Militarismo y desnuclearización en América Latina: el caso de Brasil” (1967) constituyen partes de lo que sería su primera gran obra plasmada en el libro Subdesarrollo y revolución en América Latina (1969), donde aparecen sus primeras argumentaciones marcadas por la Guerra Fría y la DSN, en las que nos concentraremos en esta parte del trabajo.

Luego vino su etapa en Chile entre 1969 y 1974, pri-mero en la Universidad de Concepción y luego en la Uni-versidad de Chile, y su ingreso y pertenencia al MIR en el contexto de crisis del gobierno de Eduardo Frei y triunfo de la Unidad Popular de Allende. Su destacada produc-ción intelectual de ese entonces lo coronó como una de las variantes más refinadas de la CD. Allí desplegó sus críticas a Gunder Frank y a Cardozo, enrolados con los iniciales planteos estructuralistas, como también sus debates más

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internos en el interior de la corriente marxista de la CD con dos Santos y Bambirra, sus viejos compañeros de mili-tancia. En su oba Dialéctica de la dependencia (1973) expuso los principales argumentos de su concepción dependentista a partir de los conceptos de superexplotación del trabajo, intercambio desigual y nuevamente el de subimperialismo, que son abordados desde la teoría de El capital. Sin duda es su gran obra y la que pone en cuestión los anteriores pos-tulados de la CD. En esos años publicó sus trabajos sobre las revoluciones cubana, vietnamita, rusa y china, a la vez que desde la revista Chile Hoy publicó artículos sobre el gobierno de Allende desde su lectura política enrolada en el MIR. La experiencia en Chile terminó con el sangrien-to golpe de Estado de Augusto Pinochet en septiembre de 1973, donde, luego de un breve paso por Panamá, se exilió en 1974 nuevamente en México y publicó el libro El refor-mismo y la contrarrevolución: estudios sobre Chile (1976), como resultado de aquellos artículos publicados en Chile Hoy y como balance del proceso de la Unidad Popular.

En México se radica en la Facultad de Ciencias Sociales de la UNAM, en el contexto de aglutinación de intelectuales críticos en el país azteca por persecución por exilio e impo-sibilidad de desplegar sus tareas en las universidades. Allí se reencuentra con Bambirra, dos Santos, Orlando Caputo y Jaime Osorio, estos últimos más jóvenes, con quienes había compartido el CESO en la Universidad de Chile. Desde allí continúa con sus polémicas con Cardoso y José Serra, mediante los escritos “Las razones del neodesarrollismo” (1978), “Plusvalía extraordinaria y acumulación de capital”

(1979) y “El ciclo del capital en la economía dependiente”

(1979), ya que aquellos habían respondido los argumentos de Marini de Dialéctica de la dependencia. En esta etapa fue parte del comité fundador de la destacada revista Cuadernos Políticos de la UNAM y dirigió el Centro de Información, Documentación y Análisis Político del Movimiento Obrero en América Latina (CIDAMPO).

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Luego de la amnistía política de 1979 en Brasil com-binó estadías en ambos países hasta que en 1984 se radicó definitivamente. Allí intentó, en forma bastante interrum-pida durante los primeros años de la democracia, desarro-llar actividades en la Universidad Estadual de Río de Janeiro (UERF), impulsado por Darcy Ribeiro cuando ocupó el car-go de vicegobernador. Tiempo más tarde, cuando se levantó la amnistía en 1987, pudo regresar a la UnB donde ejerció la docencia y coordinó la formación de posgrado en el área de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Luego se instaló en Río de Janeiro y desarrolló su última etapa de producción ligada al contexto de globalización y reformas que atravesaban el mundo y la región, en libros como Amé-rica Latina: dependencia e integración (1992) y en su menos conocida obra plasmada en varios tomos llamada La teoría social latinoamericana, en conjunto con Bárbara Millán y en interacción nuevamente con la UNAM de México.

La primera etapa de la producción de Marini es la que se encuentra influenciada por la coyuntura de la segun-da posguerra en general y por la de la Guerra Fría y la DSN en América Latina en particular. La primera década y media de su producción, signada por los avatares de sus primeros años en Brasil y sus exilios entre Chile y Méxi-co, constituyó la elaboración de su visión de su punto de vista dependentista. Esta etapa podríamos pensarla en dos momentos específicos, el primero de ellos con sus trabajos pioneros entre 1965 y 1969 publicados como artículos, que luego constituyeron su primer libro Subdesarrollo y revolu-ción (1969). Allí se refleja en la primera parte de su obra el concepto de dependencia a partir de un análisis pormeno-rizado de la situación de Brasil. Por esos años es cuando nace el concepto de subimperialismo, que, si bien no era nuevo –porque ya había sido empleado por Karl Kautsky–, constituía una categoría novedosa y nunca empleada por los otros dependentistas para su uso en regiones no centrales de desarrollo capitalista y su introducción en el esquema de la dependencia fue una novedad. De hecho, en la actualidad

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es uno de los conceptos más rescatados de la obra de Mari-ni, a pesar de la complejidad para ser utilizado en el esce-nario de la globalización y mundialización del capital de las últimas décadas.9

El segundo momento de esta primera etapa consti-tuyó su coronación como uno de los grandes teóricos de la CD. Fue por esos años que, a partir de los debates con otros autores de la corriente, elabora su contribución más distintiva en el debate con los anteriores desarro-llos. Su resultado es el libro Dialéctica de la dependencia (1973), en el que desde la teoría de El capital buscó una lógica interna de los mecanismos de dependencia entre el desarrollo capitalista de los países centrales basado en la producción de manufacturas industriales y el desarrollo capitalista de las periferias como pro-ductores de alimentos durante diversos ciclos desde la segunda mitad del siglo XIX en adelante. Ambos proce-sos estaban concatenados y a través del análisis de sus etapas Marini buscaba diferenciar la cualidad de cada uno de ellos, un proceso de acumulación en los centros donde predominaba la plusvalía relativa, y un proceso de acumulación de capital en la periferia donde predo-minó la plusvalía absoluta, sobre la que se desenvolvió un marcado proceso de “superexplotación del trabajo”, un concepto clave en la obra de Marini. Esta diferencia contribuyó a un desarrollo desigual entre la periferia y los centros, ambos procesos conectados en forma intrínseca en el marco de la acumulación capitalista a escala global. De esta forma, Marini ponía en primer plano las leyes del capital para explicar la dependencia de la periferia latinoamericana con respecto a los países centrales, desafiando las nociones más “artificiales” de los mecanismos de dependencia y/o de la exposición exclusivamente por factores exógenos.

9 Sobre los usos actuales de Marini véanse Clemente (2018), Kan y Kitay (2020), Katz (2018) y Luce (2018).

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4.1. El subimperialismo en su dimensión geopolítica militar atravesado por la Guerra Fría y la doctrina de seguridad nacional

Es en el concepto de subimperialismo donde apreciamos no solo un clima de época, sino también una gran influencia sobre la argumentación conceptual de Marini de la Guerra Fría y de la política de Estados Unidos en la región en el marco de la DSN. Si bien era un concepto ya usado por algunos marxistas clásicos como Kautsky,10 la propues-ta de Marini fue pensarlo para las periferias enmarcadas en relaciones de dependencia con los centros capitalistas en el escenario de la acumulación capitalista global de la segunda posguerra. En particular, Marini lo pensó para situaciones excepcionales que se destacaban dentro de las periferias como las de América Latina, donde el caso de Brasil se adecuaba a tal situación. Es decir, países con cierto desarrollo industrial, tecnológico y militar, con liderazgo regional dentro de esa periferia y asociados al imperialismo dominante de ese momento como era el de Estados Unidos. Marini asignó dos dimensiones al concepto de subimperia-lismo: una estrictamente económica11 y otra política, más bien geopolítica-militar.

La dimensión geopolítica del subimperialismo supo-ne el ejercicio de una política expansionista autónoma en la periferia por parte de un país, que no solo se

10 Marini destaca como antecedente de la teoría del “superimperialismo” de Kautsky la tendencia a la integración imperialista a través de la conforma-ción de grandes trusts empresariales ya en los albores del siglo XX (Marini, 1974: 68). Pero ese uso incluyó a países centrales en el marco de la industria-lización y el desarrollo capitalista que tuvo lugar entre mediados del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial.

11 La dimensión económica del subimperialismo implica una caracterización del desarrollo capitalista en la periferia donde un país (el subimperialista) se destaca del conjunto en su desarrollo. Esto ocurre por tener una composi-ción orgánica de capital media en la escala mundial de los aparatos produc-tivos nacionales, forma que asume la economía dependiente al llegar a la etapa de los monopolios y el capital financiero, donde se desarrollan “grados intermedios”.

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acompaña de una mayor integración al sistema produc-tivo imperialista, sino que se mantiene en el marco de la hegemonía ejercida por el imperialismo a escala inter-nacional. Este último aspecto reviste una importancia decisiva para el concepto de subimperialismo y resulta a su vez clave para el abordaje de este trabajo porque per-mite adentrarnos en su devenir en América Latina bajo las condiciones específicas del período en cuestión.

En sus primeros escritos, como La “interdependencia brasileña” y la integración imperialista (1966), Marini pre-sentó la idea del subimperialismo asociada a la expe-riencia del gobierno militar de Castelo Branco en Brasil y a su despliegue en apoyo a la intervención de Estados Unidos en República Dominicana. En el escenario de la Guerra Fría en la región, modificado luego de la Revolución cubana, Washington intentó frenar mediante la DSN, entre otras estrategias, un proceso de radi-calización política entendido como amenazante y que generaba empatía con el proceso de la isla. Aunque la adhesión a esta política implicó de parte de los militares brasileños cierta autonomía para la toma de decisiones diplomáticas, comerciales y de venta de equipamiento bélico, el carácter de su autonomía era relativa ya que dicha política se realizaba en estrecha asociación con una potencia, Estados Unidos, conforme a la estrategia anticomunista de la DSN y posteriormente a la Opera-ción Cóndor en América del Sur.

Marini señaló que esta cualidad geopolítica militar consistía en que Brasil actuaba en la región por fuera de sus fronteras con un “Estado militarista de tipo prusiano”, para cumplir con un doble papel de gendarme anticomunista (ahí su entrelazamiento con Estados Unidos) y de potencia regional autónoma, siempre como rasgo complementario y funcional a la expansión económica.12 Marini destacó

12 Kan y Kitay (2020) matizan esa caracterización de Marini de “métodos pru-sianos” por fuera de sus fronteras, ya que los ejemplos que el propio Marini

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que los gobiernos brasileños actuaban en sintonía con el Pentágono siguiendo las reglas de la Guerra Fría, donde el subimperialismo implicaba un perfil represivo, aunque no meramente subordinado a los dictados de Estados Unidos, ya que las clases dominantes buscaban su propia preemi-nencia, para garantizar los intereses de las corporaciones instaladas en el país. De esta manera, el subimperialismo es una categoría que viene a dar cuenta de un tipo de polí-tica exterior desarrollada por el régimen militar brasileño desde 1964 que buscaba superar la idea de “Brasil títere del Pentágono y el Departamento de Estado” (Marini, 1974: 66) que representa al imperialismo norteamericano como un deus ex machina. En consecuencia, estaba asociado a Estados Unidos en su rol de guardián anticomunista, en el marco de la Guerra Fría en la región, pero aquel desarrollo econó-mico diferente al resto de la periferia le daba márgenes de autonomía en relación con Estados Unidos.

Este contrapunto o ambivalencia del fenómeno subim-perialista se entiende a partir de las ideas que despliega en Subdesarrollo y revolución (1969), donde Marini desarrolla con mayor precisión el concepto en cuestión. Allí propone hablar de “cooperación antagónica”, una expresión original-mente utilizada por el marxista alemán August Thalheimer (1946), pero reutilizada para describir las relaciones con-tradictorias entre los países industrializados en el contex-to del liderazgo estadounidense de la segunda posguerra: cooperación para mantener el dominio colonial y contra el bloque socialista, pero también competencia por el reparto de los territorios sometidos. A nuestro autor le interesaba destacar el carácter conflictivo de la tendencia a la inte-gración imperialista, extendiendo este razonamiento a las relaciones entre los países imperialistas y los dependientes.

utiliza en su argumento no resultan tan contundentes para tal afirmación. Aun así, claramente el accionar de Brasil en la región obedeció a su entrela-zamiento con Estados Unidos en el contexto del impacto y desenlace de la Guerra Fría que estamos señalando aquí.

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Consideraba que el propio desarrollo del proceso de inte-gración (cooperación), en el caso de los países dependien-tes, “alienta su propia negación”, dado que su proceso de industrialización exportadora contribuía “a crear nuevas situaciones de conflicto desde dos puntos de vista, interno y externo, y a propiciar una crisis que altera las condicio-nes mismas en que se realiza esa industrialización” (Marini, 1966). Esta conflictividad alcanzaría eventualmente su pun-to crítico al imponer una disyuntiva entre sus componentes de cooperación-integración y de antagonismo-ruptura.

La coyuntura de Brasil en 1964 habría correspondido a un escenario de este tipo. El golpe de Estado de ese año habría sido una intervención en la lucha de clases tendiente a reestablecer la dominación y encauzar las tensiones en un curso consciente de “cooperación antagónica” a través del Estado. Así, la relación cooperación-antagonismo habría estado en el origen y en el resultado del régimen militar. El subimperialismo

Resulta en una amplia medida del proceso mismo de la lucha de clases en el país y del proyecto político, definido por el equipo tecnocrático-militar que asume el poder en 1964, aunados a condiciones coyunturales en la economía y la polí-tica mundiales. Las condiciones políticas se relacionan con la respuesta del imperialismo al paso de la monopolaridad a la integración jerarquizada […] y más específicamente su reacción ante la Revolución cubana y el ascenso de masas registrado en América Latina en la década pasada (Marini, 1977a: 209).

Hemos observado algunas de las características del proceso que llevó a Marini a utilizar la categoría “subim-perialismo” en su dimensión geopolítica en el contexto del capitalismo de posguerra y de la Guerra Fría desatada pos-teriormente. A continuación, profundizamos en el caso his-tórico que nuestro autor observó y analizó para elaborar este concepto, particularmente en su aspecto geopolítico en el marco de la DSN. Marini señaló que los cambios

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introducidos en Brasil por el gobierno de Castelo Branco en 1964 constituyeron el inicio de la práctica subimperia-lista que se alejó de la política externa independiente de Quadros y Goulart. La “interdependencia continental” fue inaugurada por el canciller Leitao da Cunha a través de una doctrina que Marini llamada de barganha leal (‘negociación leal’), elaborada por el general Couto e Silva en la Escuela Superior de Guerra unos años antes. Dicha doctrina afir-maba que Brasil, debido a su posición geográfica, no podía escapar de la creciente influencia norteamericana luego de la Segunda Guerra, considerando que la única alternativa posible frente a ese escenario era “aceptar conscientemente la misión de asociarse a la política de Estados Unidos al Atlántico Sur” (Marini, 1974: 76).

Nuestro autor analiza con mayor precisión el comienzo del despliegue subimperialista a partir de la toma de posición de su canciller y de su presidente. En torno al primero, señala una serie de declaraciones oficiales ante el recibimiento del canciller ecuatoriano a Brasil en junio de 1965, por ejemplo, en torno a la explicación del concepto de interdependencia: “Un concepto inmanente de la naturaleza de la alianza inter-americana, el de interdependencia de las decisiones en política internacional de los países del continente” (Marini, 1973: 76). Un concepto que reemplazó a la “concepción ortodoxa y rígida de la soberanía nacio-nal […] formulada en una época en que las naciones no reunían en sus responsabilidades, una obligación de cooperar entre sí, en la búsqueda de objetivos comu-nes” (Marini, 1973: 77). El canciller explicaba la política de interdependencia como “un refuerzo de los instru-mentos multilaterales para la defensa de la institución política más americana, la democracia representativa”, a lo que Marini agrega que “pocos tienen dudas de que los mecanismos previstos en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, contra agresiones o ata-ques abiertos son enteramente inadecuados a las nuevas

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situaciones producidas por la subversión que trasciende las fronteras nacionales” (Marini, 1973: 77). En torno al presidente, Marini destaca un discurso en relación con la invasión de Estados Unidos a República Domi-nicana en 1965, cuando Castelo Branco declaró que “la concepción de seguridad nacional adoptada por Brasil […] no se limita a las fronteras físicas de Brasil, sino que se extiende a las fronteras ideológicas del mundo occidental” (Marini, 1973: 77). Esto se enmarcaba en la concepción americana de la Guerra Fría y en el enemi-go interno que se debía combatir. Marini consideraba que detrás de estas afirmaciones de los gobernantes se expresaba una nueva política que iba más allá de la mera sumisión a Washington que hubo en los gobiernos ante-riores a Jânio Quadros y João Goulart. Además, se partía de una evolución que tenía que ver con este contexto especial atravesado por la Guerra Fría en lo político y que, en cierta manera, se presentaba como inevitable para la burguesía brasileña: la aceptación consiente de su integración al imperialismo norteamericano.

El análisis de Marini sobre la nueva política externa brasileña destaca las intenciones de intervenir Uruguay y Bolivia por parte de Brasil y la participación de este en la intervención en República Dominicana en el marco de la OEA como los principales hechos del despliegue subimpe-rialista. Brasil participó, junto a Costa Rica, Honduras, El Salvador, Paraguay y Nicaragua, de una “Fuerza Interame-ricana de Paz” conformada por la Organización de Estados Americanos (OEA) ante la intervención militar de Estados Unidos, teniendo una participación destacada. La fuerza reemplazó la cuestionada intervención norteamericana y estabilizó la conflictividad social previa. Esta fue, sin dudas, una de las acciones brasileñas más destacables en el ámbito de la política exterior de aquellos años. Sobre Uruguay y Bolivia no despliega ningún análisis más que la mención

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de la intención, que finalmente no se plasmó en hechos concretos.13

Finalmente, en un aspecto más belicista del carácter del subimperialismo en ese momento de la región, nuestro autor señala el cambio en los flujos comerciales de la indus-tria bélica en el contexto del desarrollo del complejo mili-tar industrial. El Plan Trienal 1964-1966 vinculó empresas nacionales con capitales extranjeros para la producción de industria pesada y asoció a la elite militar en pos de un plan de fabricación de instrumental bélico, para lo que el gobierno de Castelo Branco se acercó a Estados Unidos, sustituyendo los intercambios en industria bélica con países europeos. Marini estudia detalladamente este plan en Mili-tarismo y desnuclearización en América Latina: el caso de Brasil (1967), que luego fue parte de Subdesarrollo y revolución. Allí le otorga importancia notable al complejo industrial mili-tar brasileño porque es lo que le permite comprender los lazos entre lo interno y lo externo, entre lo económico y lo político y, en líneas generales, es lo que permite probar el entrelazamiento con Estados Unidos en ese contexto.

En síntesis, la dimensión política del subimperialismo hace énfasis en el carácter geopolítico y militar de esa cooperación antagónica entre el país subimperialista y los centros, que difiere de la rivalidad interimperialista tra-dicional. Así, el concepto recoge la matriz original de la teoría clásica del imperialismo, pero la complejiza al reco-nocer una nueva posibilidad de vinculación entre los cen-tros imperialistas y los países dependientes a partir del reconocimiento de una nueva configuración del proceso de acumulación capitalista posterior a la crisis del treinta

13 La situación de República Dominicana tampoco es desarrollada en profun-didad, pese a que es uno de los hechos de su argumento ya que implicó un efectivo despliegue en lo geopolítico militar de Brasil en la región. Aun así, solo aparecen pequeñas referencias en torno a los análisis de los posiciona-mientos del canciller y del presidente que se producen en ese contexto ya señalados más arriba. Kan y Kitay (2020) señalaron los matices en el aborda-je de Marini de la intervención de Brasil en República Dominicana.

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y a la Segunda Guerra. En particular abordamos aquí este desarrollo de Marini en torno a Brasil en el contexto de la Guerra Fría en la región y de cómo apareció en su argumen-tación esta situación. Según Marini, aquellos países que se constituyen en centros intermedios de acumulación pueden convertirse en subimperialistas, pero solo si en el terreno geopolítico practican acciones expansionistas circunscrip-tas al ámbito regional a la vez que amoldadas a la hegemonía mundial de Estados Unidos. Y esta potencia estuvo inmis-cuida en sus diversas tácticas de intervención en la región, pero con el foco en el anticomunismo desplegado luego de la segunda posguerra. El Brasil de las décadas de 1960 y 1970 sería el caso testigo de un país subimperialista que se distingue cualitativamente de sus vecinos, pero sería difícil pensarlo sin dar cuenta del mundo de ese momento y del impacto en la región de la Guerra Fría.

5. A modo de cierre

En este trabajo analizamos los principales postulados de dos Santos y de Marini, exponentes de la variante marxista den-tro de la heterogénea CD. Dimos cuenta de sus trayectorias personales, académicas y políticas y del análisis de sus prin-cipales conceptos. El golpe de Estado de 1964 en Brasil, el exilio en México, el paso por el CESO en Chile y sus inter-venciones políticas durante el gobierno de la Unidad Popu-lar de Allende, el segundo exilio en México y sus estadías en la UNAM enmarcaron en un clima de época a estos grandes referentes del pensamiento crítico latinoamericano. Ade-más de dar cuenta de ello, observamos aquí la importancia del contexto de una América Latina atravesada por la Gue-rra Fría y la doctrina de seguridad nacional impulsada por Estados Unidos como una de sus diversas formas de inter-vención en la región y cómo esto influyó en los conceptos claves de dos Santos y Marini, los que no pueden dejarse de

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analizar sin encontrar esa impronta del período en que se desarrollaron y fueron elaborados. Pensar la vigencia en la actualidad de conceptos como los estadios de dependencia de dos Santos o del subimperialismo de Marini no puede dejar de lado en qué momento de la región, del desarrollo capitalista y de los vínculos centro-periferia fueron desa-rrollados, para así evitar usos automáticos sin relecturas de estos al calor de las transformaciones regionales y globales de la pos-Guerra Fría en las últimas décadas.

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Debates ideológicos y participación electoral en los partidos comunistas de Chile, Guatemala y Uruguay durante la Guerra Fría

ALEJANDRO M. SCHNEIDER

Introducción

Durante gran parte del siglo XX los partidos comunistas (PP. CC.) fueron un actor trasnacional de relevancia en América Latina. A pesar de ello, existen escasos estudios dedicados a examinarlos de manera comparada. En ese sen-tido, en este artículo se intenta privilegiar una mirada que subraye la sincronicidad, la resonancia y la retroalimen-tación de determinados elementos intervinientes tanto a escala nacional como mundial.

En el transcurso de las décadas del cincuenta y del sesenta del siglo pasado diversos fenómenos mundiales, como la Guerra Fría, la Revolución cubana, los cambios en el Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS) tras la muerte de Iósif Stalin y las desavenencias políticas entre China y la Unión Soviética, entre otros, produjeron una convergencia de acontecimientos históricos que impacta-ron en forma desigual en el accionar político de los PP. CC. de América Latina. Las tensiones y la inestabilidad sociopo-lítica en el continente durante la Guerra Fría fue un rasgo central entre las décadas de 1950 y 1970. De esta manera, si bien el escritor británico George Orwell pensó este término para ilustrar el nuevo orden mundial surgido tras la finali-zación de la Segunda Guerra en el escenario europeo, cabe subrayar que Latinoamérica no fue un actor de reparto. Por

201

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el contrario, la región fue un campo de acción específico en el que las superpotencias establecieron sus intereses. En ese sentido, compartimos la afirmación efectuada por Richard Saull, quien observó que “después de la Segunda Guerra Mundial el centro de la crisis se trasladó de Europa al sur global” (2004: 33).

El presente artículo busca saldar –en cierta medida– este déficit desde una perspectiva global, observando que la actuación de los comunistas se debió tanto a factores locales como internacionales; para eso se examinaron las tácticas políticas que implementaron los PP. CC. de Chile, Guatemala y Uruguay en esos años en torno a una serie de temas candentes que marcaron su agenda partidaria. En particular, se analizan los debates y el impacto que tuvieron en esos agrupamientos la política de coexistencia pacífica que sostuvo el PCUS, el movimiento armado castrista y la disputa entre las dos potencias socialistas. De ese modo, la intervención de esos partidos no se la debe entender tan solo estudiando sus postulados ideológicos y su relativo ali-neamiento a las directivas del Kremlin, sino que también se la tiene que enmarcar a partir de otros procesos coetáneos. En ese sentido, la dinámica de la intervención política de los partidos comunistas estuvo mediada tanto por factores domésticos inherentes a la historia de su desenvolvimien-to en cada uno de esos países como a los acontecimientos mundiales antes nombrados.

En esa coyuntura histórica, de acuerdo con lo escrito por Michael Lowy (2007), los PP. CC. debatieron fuerte-mente sobre una serie de cuestiones a partir del triunfo de los barbudos de Sierra Maestra. Entre otros temas, en primera instancia se polemizó sobre las tareas políticas que estaban planteadas en ese momento en América Latina: si se debía franquear una etapa nacional-democrática o si se tenía que luchar por el socialismo. En forma paralela, en segundo término, se discutió sobre las vías y los métodos de lucha que se debían emplear para esos objetivos. Ambas cuestiones se encontraron íntimamente relacionadas, ya

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que el éxito de los jóvenes rebeldes de La Habana impugnó seriamente los mandatos ortodoxos del Kremlin sobre la conveniencia de efectuar una revolución en este lado del mundo. En ese sentido, durante varios años, la izquierda a nivel internacional observó y participó de manera apasio-nada en ese pugilato.1

En forma simultánea, un tema no menor en el seno de los debates que ocurrieron dentro de los PP. CC. fue el que se produjo en el interior del movimiento comunista internacional a raíz de las discrepancias surgidas entre el PCUS y el Partido Comunista chino. Desde el XX Congreso en 1956, Mao Tse Tung y su partido comenzaron a cuestio-nar diversos aspectos de la orientación política del Kremlin; entre otros puntos polemizaron sobre la incierta posibili-dad de coexistencia pacífica entre los bloques socialista y capitalista, la inevitabilidad de la vía armada para el triunfo de la revolución, el papel protagónico del campesinado y los enfrentamientos en los escenarios rurales, la continuidad de la lucha de clases bajo el socialismo, la caracterización de la Unión Soviética como un Estado “socialimperialista”, la figura de Stalin, etc. (Urrego, 2017).

Como consecuencia de estas divergencias entre Moscú, La Habana y Beijing, la mayoría de los PP. CC. sufrieron rupturas dentro de sus organizaciones, las cuales derivaron en la formación de nuevos grupos orientados hacia el cas-trismo y hacia el maoísmo (Jeifets y Jeifets, 2020).

Sin embargo, más allá de las diversas alternativas que se debatieron sobre la caracterización de la etapa que estaba transitando el continente y sobre los métodos que debían emplearse para alcanzar la revolución, todos los PP. CC. siguieron apostando a la búsqueda de alianzas con algún sector de la burguesía, sosteniendo una política de conci-

1 Más aún, esta pugna entre La Habana y Moscú cobró mayor peso y atención en la izquierda mundial cuando se llevaron a cabo las reuniones de la Orga-nización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS) y con las visitas de Ernes-to Che Guevara a China en 1960 y en 1965.

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liación de clases. De ese modo, al calor de la Guerra Fría y de las polémicas en el seno del campo de las izquierdas, los comunistas buscaron implementar acuerdos electorales con diferentes agrupamientos políticos, en particular, con los socialistas y con los demócratas cristianos. En ese marco, sostuvieron en los escenarios nacionales la propuesta del PCUS para todo el orbe de desarrollar y afianzar la polí-tica de crear un “frente nacional basado en la alianza con el campesinado y la burguesía nacional de espíritu patrió-tico” (PCUS, 1963: 13). En cierta forma, esta orientación de armar “frentes nacionales” con fuerzas sociales ajenas al proletariado fue una prolongación ideológica de la táctica de los “frentes populares” impulsados por el VII Congreso de la Internacional Comunista (IC) en 1935.

En los países analizados en el presente artículo, el papel desarrollado por los partidos comunistas de Chile y de Uru-guay fue el mejor ejemplo de esta estrategia política. Así, la creación de la Unidad Popular (UP) y el Frente Amplio (FA), respectivamente, representaron la máxima expresión alcanzada por esta política frentista que buscaba avanzar en el camino de la revolución a través de medios pacíficos respetando la institucionalidad burguesa. Como se obser-va en este ensayo, los documentos y declaraciones de los dirigentes de estos agrupamientos compartieron similares caracterizaciones sobre la etapa histórica en que se encon-traba el desarrollo capitalista en América Latina. Como consecuencia, tuvieron una mirada semejante en cuanto a las tareas políticas que se debían desarrollar para avanzar en lo que consideraron como uno de los principales obs-táculos que se debía enfrentar, como era la existencia del régimen de tenencia de la tierra a través del sistema de latifundios en el campo.

Por otro lado, valga aclarar que la mayoría de los diferentes grupos que emergieron de las filas del comu-nismo (tanto los que simpatizaron con el castrismo como los maoístas) continuaron sosteniendo en sus discursos, en sus programas y en su intervención política la búsqueda de

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acuerdos con fuerzas políticas burguesas. No es de extra-ñar que, en varios países de la región, estas organizaciones hayan establecido alianzas o hayan votado a sectores políti-cos burgueses que consideraban como “nacionales”, “patrió-ticos” o “democráticos”.

Por último, corresponde observar que en el artículo, por razones de espacio, no se profundiza el debate que man-tuvieron los PP. CC. con otras corrientes políticas como el trotskismo, el nacionalismo, etc. Asimismo, el presen-te escrito tampoco aborda la intervención partidaria sobre temas sindicales, culturales, juveniles y militares, entre otros espacios de militancia.

Los partidos comunistas antes del inicio de la Guerra Fría

Bajo las brisas que trajo la Revolución rusa, hacia fines de la década de 1910 emergieron los primeros PP. CC. en el con-tinente. Desde entonces, en términos generales, la trayecto-ria política de ese partido estuvo –en parte– condicionada por los análisis y lineamientos de la Internacional Comu-nista. En particular, esto se observó en lo que se refiere a los estudios que el Komintern efectuó sobre el escenario económico y político de América Latina.

Los análisis que se hicieron partieron de interrogar-se sobre el desarrollo económico en el continente, si este poseía características feudales o capitalistas: la respuesta a esa pregunta conllevó a impulsar tareas democrático-burguesas o socialistas. Más allá de los avatares que repre-sentaron los bruscos cambios en la orientación de la IC en las décadas del veinte y comienzos de los treinta, los PP. CC. reflexionaron e intervinieron sobre los límites institu-cionales que cada país tenía para lograr una mayor presen-cia o alcanzar el poder mediante la competencia electoral. Por otro lado, no fue menor el hecho que representó la

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consolidación de la orientación de Stalin de sostener su política de propugnar el “socialismo en un solo país” y de evitar extender la revolución proletaria a escala mundial.

En otras palabras, el resultado de esta concepción de pensar la revolución por etapas fue asociado con las reso-luciones del VII Congreso de la IC orientadas a buscar alianzas con fuerzas antifascistas tanto con aquellas que eran de orientación socialista como con corrientes demó-cratas liberales. De esa manera, se instrumentaron las bases ideológicas que justificaron los acuerdos entre el proletaria-do, el campesinado, la pequeña burguesía y la denominada “burguesía nacional”.

A partir de ese momento, los PP. CC. se convirtieron en máquinas electorales cada vez más abocadas a la com-petencia con el resto de las fuerzas políticas burguesas, que intentaban obtener una mayor presencia en los diferentes espacios parlamentarios. Para tener éxito en esta tarea, fue primordial tratar de construir coaliciones con otros parti-dos, en particular, con los socialistas.

El Partido Comunista de Chile (PCCh) se insertó en la vida institucional del país en forma temprana.2 Así, poco tiempo antes de las disposiciones del VII Congreso de la IC, la organización en la Conferencia Nacional de 1933 dejó a un lado la idea de hacer una revolución para abo-carse a la tarea de “profundizar la democracia” a través de la participación electoral como forma de avance hacia el socialismo (Venegas, 2010). La política que adoptó no fue solo por los debates internacionales, sino que también lo hizo luego de examinar la propia experiencia local tras su aislamiento político, su baja performance electoral y la importante represión en su contra. De ese modo, en los primeros meses de 1936 impulsó una coalición electoral y de gobierno conocida con el nombre de Frente Popular

2 Si bien el PCCh tiene como antecedente la creación del Partido Obrero Socialista en el año 1912, se acepta que la fecha fundacional fue la de 1922, cuando decidió adherirse a la III Internacional.

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(FP) a partir de un conjunto de acuerdos con el Partido Radical (PR), el Radical Socialista, el Socialista (PSCh) y el Democrático (Milos, 2008).

Dos años más tarde, la coalición triunfó en las elec-ciones presidenciales con el radical Pedro Aguirre Cerda (1938-1941). En esa coyuntura, su administración se carac-terizó por su diversidad en materia ideológica, siendo su principal objetivo la modernización del capitalismo; para eso impulsó, entre otras obras, la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO).3 Si bien el FP entró en crisis con su inesperado fallecimiento y con las diferencias internas en el seno de la alianza gobernante, el PCCh siguió dentro del acuerdo. De ese modo, en el marco de la Segunda Gue-rra Mundial y ante lo que se consideraba como el avance del fascismo en Chile, el partido sostuvo la candidatura de Gabriel González Videla (1946-1952).4 Más aún, la lección que dejó su participación en esa alianza dejó como un sig-nificativo legado la creencia de que era factible acceder al Poder Ejecutivo respetando los mecanismos institucionales de la democracia.

En cuanto a Guatemala, el Partido Comunista tuvo una trayectoria inestable desde su fundación en 1922 hasta su persecución y desaparición bajo la dictadura de Jorge Ubico en la década de 1930. Posteriormente, a fines de los años cuarenta, durante el gobierno de Juan José Aré-valo (1945-1951) diversos grupos marxistas comenzaron a reagruparse para dar forma a una nueva organización. Así, en 1949 se desarrolló el I Congreso, aunque solo pudo obtener su legalidad con la presidencia de Jacobo Árbenz (1951-1954) con el nombre de Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) (Alvarado, 1994).

3 El PCCh en la década de 1930 consideraba como una tarea central que se debía terminar con el régimen feudal imperante en el campo. Véase Acevedo Arriaza (2012).

4 Como contribución al apoyo brindado, el PCCh tuvo presencia en tres ministerios del gabinete del primer año de gobierno de González Videla (Furci, 2008).

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El PGT apoyó al gobierno de Árbenz durante todo su mandato; centralmente sostuvo la propuesta de transfor-mación y modernización de la estructura productiva en las áreas rurales a través de una reforma agraria que integrara a los campesinos.5 De ese modo consideraba, de acuerdo son lo sostenido en su II Congreso en diciembre de 1952, que había que desarrollar “el Frente Democrático Nacional por la dirección y por la base […] hasta lograr la instauración de un gobierno integrado por la clase obrera, los campesinos, el sector patriótico de la burguesía nacional y la pequeña burguesía”.6 Como fruto de esta caracterización y de su par-ticipación (tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislati-vo), el partido no alcanzó a visualizar la excesiva confianza que tenía el presidente en la propia clase dominante y en el ejército; por ende, ni Árbenz ni el PGT estuvieron lo sufi-cientemente preparados para enfrentar el golpe de Estado de 1954 (Figueroa, Paz y Taracena, 2013).

Finalmente, el Partido Comunista de Uruguay (PCU) nació en 1921 cuando en el VI Congreso Extraordinario del Partido Socialista de Uruguay (PSU) la mayoría de los militantes adoptaron las 21 condiciones que la III IC reque-ría para ser parte del movimiento comunista internacional. Así, a partir de ese momento, adhirió a las orientaciones propuestas por Moscú. En la década del treinta aceptó la propuesta de crear frentes populares antifascistas; a dife-rencia de Chile –que en esos años pudo concretar acuerdos con los socialistas–, el PCU apoyó por fuera de la parti-cipación de alguna alianza electoral al candidato del PSU (Emilio Frugoni) para los comicios de 1938. Luego, en la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial, continuó con esa orientación partidaria brindando sostén político a la administración del presidente (que era del partido colorado)

5 Por esos días, José Manuel Fortuny, uno de los principales líderes del PGT, se convirtió en asesor de Jacobo Árbenz en materia de reforma agraria y en otros asuntos de gobierno. Véase Salcedo (2017: 109).

6 Informe del II Congreso del PGT diciembre de 1952. En Alvarado (1994: 24).

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Juan José de Amézaga (1943-1947), al que se le propuso conformar un gobierno de Unidad Nacional.

El desempeño comunista durante los primeros años de la Guerra Fría

La primera respuesta que dio la Unión Soviética ante la puesta en marcha de la Guerra Fría impulsada por Harry Truman en marzo de 1947 fue el impulso de la Kominform (Oficina de Información de los Partidos Comunistas) en el mes de septiembre de ese año, sobre la base del informe elaborado por el secretario del PCUS, Andréi Zhdánov. De acuerdo con este documento, Moscú afirmó la existencia de dos campos antagónicos distintos: uno imperialista y anti-democrático y otro antiimperialista y democrático. En esa coyuntura, la tarea que se propusieron los PP. CC. a nivel mundial fue la de buscar la solidaridad entre las fuerzas democráticas que estaban a favor de aspirar a la paz en el planeta, sustituyendo el objetivo leninista de luchar por la revolución (Marcou, 1981).

Sin embargo, tras la muerte de Stalin (1953) se pro-dujeron importantes cambios en la Unión Soviética tanto a nivel doméstico como en el externo. El XX Congreso del PCUS (1956), además de designar a Nikita Kruschev como primer ministro (1958), dio el puntapié inicial para plantear la política de coexistencia pacífica como elemento rector de la diplomacia externa; sobre todo, cuando el XXII Con-greso –en 1961– buscó delimitar la rivalidad con el bloque capitalista al campo del desarrollo económico y cultural. La piedra angular de este pensamiento fue la creencia en el gradual predominio del sistema socialista por sobre el capi-talista; como parte de esta nueva disposición programática se produjo la disolución de la Kominform.

Aunque América Latina en los primeros años de enfrentamiento entre las potencias no desempeñó un papel

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gravitante, el escenario comenzó a cambiar con los prepa-rativos del golpe de Estado de 1954 en Guatemala y con las primeras medidas adoptadas por el gobierno revoluciona-rio de Cuba en 1959. En ese marco, numerosos gobiernos latinoamericanos adoptaron medidas y leyes anticomunis-tas, ilegalizando y reprimiendo a los PP. CC., en sintonía con la doctrina Truman. En el caso de los partidos que analizamos en este artículo, el grado de persecución estuvo en correspondencia con el contexto político interno, con la tradición de respeto a las instituciones democráticas de cada país y con la diferente condición de alineamiento que mantuvieron con Washington.

Al calor de los cambios programáticos impulsados a nivel mundial por el PCUS, algunos PP. CC. volvieron a recuperar la legalidad; a la vez, comenzaron a consolidar su vocación electoral, la cual se halló en total sintonía con los objetivos diplomáticos del Kremlin. En consonancia con ello, en el XXIII Congreso del PCUS (1966) se reafirmó la orientación general de que los partidos latinoamericanos conformaran amplios frentes políticos y sociales naciona-les con las fuerzas que consideraran como “progresistas” (Varas, 1991).

En Chile, el expresidente González Videla expulsó al PCCh de la coalición que participaba en 1947, reafirman-do en 1948 la senda anticomunista con el dictado de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia o ley maldi-ta. A partir de esa norma, el partido pasó a ser proscrip-to electoralmente, con cientos de militantes perseguidos y encarcelados hasta 1958. Al calor de ello, durante esos años, mantuvo un fuerte debate en su seno entre un sector de militantes abocados a sostener una táctica de lucha armada frente a otra que defendió la continuación de una postura moderada.7 Tras la finalización de esas discusiones internas,

7 A fines de la década del cuarenta emergió en el PCCh una posición liderada por el exsecretario de organización Luis Reinoso. Este dirigente, entre otras cuestiones, abogó por la acción revolucionaria directa mediante la creación

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la dirigencia partidaria difundió su Programa de Emergen-cia como las principales conclusiones de la IX Conferen-cia Nacional del PCCh (1952). Así, por un lado, propuso ampliar la base de acuerdos con los socialistas y con otras fuerzas políticas en el marco de conformar una alianza lide-rada por la clase obrera con sectores de la burguesía que se consideraban como progresistas. En ese sentido, prosi-guieron con la caracterización de que en Chile se debía llevar adelante una “revolución antiimperialista, antifeudal y antioligárquica”. Por otro lado, se convalidó la teoría sobre la “vía pacífica” al socialismo a través –centralmente– de la participación electoral.8 Como coralario de estas conclu-siones se conformó el Frente Nacional del Pueblo (FRE-NAP), el cual apoyó la candidatura presidencial de Salvador Allende en 1952; posteriormente, en 1956, con el ingreso de otras organizaciones se transformó en el Frente de Acción Popular (FRAP).9

Por su parte, en Guatemala, la dictadura de Carlos Castillo Armas (1954-1957) implantó una intensa represión sobre el campesinado, el movimiento obrero, las organiza-ciones sindicales y políticas y (dentro de ellas) el PGT, que fue declarado ilegal. Ante esta embestida, numerosos miem-bros del partido lograron refugiarse en México y otros paí-ses, donde elaboraron una serie de documentos en los que se autocriticaron por algunos errores políticos cometidos frente al gobierno de Árbenz, sobre todo con la subestima-ción efectuada hacia la alta oficialidad del ejército y por la “excesiva” confianza depositada en la denominada “burgue-sía nacional”. Sin embargo, las objeciones no se dirigieron a la orientación estratégica del PGT (de buscar acuerdos con

de un aparato armado: el activo. Véase: Furci (2008) y Loyola, M., (2008).

“‘Los destructores del partido’: notas sobre el reinosismo en el Partido

Comunista de Chile”, Revista Izquierdas, 2.

8 Corresponde indicar que estas formulaciones quedaron oficialmente esta-

blecidas tras el XX Congreso del PCUS y del X Congreso del PCCh, ambos

llevados a cabo en 1956.

9 Se puede consultar Daire (1988) y Furci (2008).

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otros sectores de la burguesía) ni hacia su caracterización de que la lucha se tendría que enfocar en concretar una “revolu-ción democrática, antifeudal y antiimperialista” (Figueroa, Paz y Taracena, 2013: 30, la cursiva en el original).

A la par de ese análisis, el partido se reconstruyó haciendo actividad gremial dentro de la Federación Autó-noma Sindical de Guatemala (FASGUA). Además, en el mar-co de buscar alianzas con sectores opositores al régimen, siguió con atención los distintos complots militares que se desarrollaron durante el segundo lustro de la década del cincuenta. En idéntico sentido, aspiró a lograr una “salida democrática” a través de lo que se denominó la “línea de la conciliación nacional” (Figueroa Ibarra, 2010: 40).

A diferencia de lo acontecido en numerosos países del continente, en Uruguay el PCU no fue declarado ilegal, pese a que hubo sectores políticos que demandaron esa medida para vetar su accionar. En ese contexto, a partir de 1955, con el XVI Congreso, el partido guiado por Rodney Aris-mendi inició un proceso de reconstrucción organizativa que se consolidó tres años más tarde con el XVII Congreso. Desde entonces se edificó la estrategia teórica y política que desarrolló durante toda la década del sesenta: la creación de un amplio frente electoral con otras fuerzas partidarias del sistema democrático burgués. No solo eso, también se propuso la unidad en el movimiento laboral y la reconstruc-ción del partido en todas sus facetas. Como consecuencia, el PCU se abocó a constituir una única central sindical (se creó la Convención Nacional de Trabajadores [CNT]), se amplió la estructura interna del partido, se refundó la juventud comunista y se extendió el trabajo organizativo en el ámbito rural (Silva, 2009).

En la coyuntura de la década de 1950, tras analizar el esce-nario económico, social y político del país, se definió la for-ma que debería adoptar un frente político con distintos secto-res sociales (excepto la burguesía “latifundista” e “imperialista”), en donde la clase obrera posea una función dirigente en dicho acuerdo, siendo su tarea inmediata la realización de una “revo-

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lución agraria antimperialista”. Con ese propósito, su eje cen-tral giró en torno a la construcción de una alianza con diversas organizacionespolíticas,sobretodoconelPSU,afindeavanzar electoralmente hacia una “revolución democrática” en contra del “imperialismo norteamericano y sus agentes” (PCU, 1958: 106). Elprimerpasoenesecaminofuelaconformaciónen1962 de la coalición electoral denominada Frente Izquierda de Libe-ración(FIdeL),enlaqueparticiparonelPCUjuntoconelMovi-miento Revolucionario Oriental (MRO), el Movimiento Popu-larUnitario,elComitédeIntelectualesyArtistas,laAgrupación BatllistaAvanzaryelMovimientoBatllista26deOctubre,entre otrasorganizaciones demenorcalibre.

En resumen, con excepción de Uruguay, en los comien-zos de la Guerra Fría, en los países antes mencionados los comunistasestuvieronperseguidosyfueronpuestosenlailega-lidad. No obstante, más allá de esas acciones represivas, conti-nuaron con la línea estratégica elaborada en la década del trein-ta de formar frentes populares. En el nuevo escenario de esos años, la fórmula que implementaron fue la de propiciar acuer-doselectoralesdemocráticospara“alcanzarlaliberaciónnacio-nal” contra los “latifundistas” y los “capitales norteamericanos”. Como resultado no modificaron sustancialmente su carac-terización sobre el tipo de desarrollo económico que tenía América Latina ni sus tácticas de intervención parlamen-taria; más aún, los acuerdos políticos con las otras fuerzas no proletarias se convirtieron en el transcurso del tiempo en fines estratégicos.

La influencia de la Revolución cubana

ElmovimientoencabezadoporFidelCastroyelimpulsoarma-do que le siguió significó un quiebre en la historia de la izquier-da en el continente. En el caso particular de los PP. CC. repre-sentóunfuertecimbronazocomonuncahabíasucedido;repre-sentó una fuerte impugnación a sus posturas moderadas e ins-

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titucionalistas. A partir de entonces comenzó a cuestionarse seriamente las teorías referidas a las vías de acceso al gobierno, el carácter futuro de la revolución, el papel que podría cumplir la lucha en el ámbito rural y el accionar que podía ejercer una pequeñavanguardiadecididaaalcanzarelpoder. Enlapráctica, todas las organizaciones radicales se sintieron conmovidas, lo que generó importantes debates en su seno; como consecuen-cia emergieron no pocos grupos que adhirieron a la revolución caribeña y al método de lucha guerrillera propiciada desde La Habana.

Al igual que en otros países de América Latina, las posturas que adoptó el PCCh fueron cambiando al calor del proceso cubano. De acuerdo con diferentes declara-ciones del exsecretario general del partido, Luis Corvalán, se observa que, si bien hubo un apoyo (primero tenue y luego más explícito) al movimiento liderado por Castro, la orientación que prevaleció fue la de sostener los prin-cipios ortodoxos emanados desde Moscú, contrarios a la actuación de La Habana. De ese modo, para la dirección partidaria el fenómeno que se produjo en la isla antillana fue resultado de sus “rasgos propios”, por lo tanto, no era un ejemplo que debía trasladarse mecánicamente a otras geografías. En ese sentido, para Chile lo más “factible” era que se alcanzase el poder por medio de una “vía pacífica”, la cual se lograría a través de una combinación de la “lucha de masas” y de la acción parlamentaria debido a la mayor presencia de “representantes del pueblo”.10 Ahora bien, en el marco del FRAP, estas afirmaciones acentuaron una serie de diferencias que se arrastraban desde hacía varios años con los dirigentes socialistas; sobre todo, porque estos últimos compartieron con los caribeños una mirada más radicaliza-da sobre la situación del país frente a la postura de defensa de la institucionalidad sostenida por los comunistas (Fer-nández y Garrido, 2016).

10 Al respecto, Corvalán (1971). Sobre las distintas conclusiones que fue elabo-rando este dirigente se pueden consultar: Daire (1988) y Furci (2008).

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En Guatemala, al calor de la Revolución cubana, se pro-dujo un endurecimiento de la dictadura del general Miguel Ydígoras Fuentes.11 En ese marco, el PGT adoptó su línea de intervención armada no solo por la lectura que hacía de su escenario inmediato –caracterizado por la brutal represión tras el golpe de Estado–, sino también por el éxtasis que provocó el triunfo antillano. De ahí que su III Congreso, en 1960, definió entre otras cuestiones que su objetivo era forjar “una revolución democrática-nacional” sobre la base de un gobierno “democrático y patriótico” integrado por “la clase obrera, el campesinado, la pequeña burguesía y la burguesía nacional”. En forma simultánea, expresó la nece-sidad de que se combinaran “todas las formas de lucha” para derrocar al régimen; como consecuencia, un grupo de mili-tantes (sobre todo provenientes de su rama juvenil) decidió efectuar un primer cuerpo guerrillero (el Destacamento 20 de Octubre) bajo la dirección del coronel Carlos Paz Tejada, exjefe de las Fuerzas Armadas del gobierno de Arévalo, en marzo de 1962.

Si bien esta experiencia terminó en un fracaso, meses más tarde, en un escenario signado por el proceso caribe-ño y por el incremento de la protesta popular contra el gobierno, la dirección del PGT decidió unirse a un gru-po de combatientes militares liderados por Marco Antonio Yon Sosa y Luis Turcio Lima, que venían actuando desde noviembre de 1960. Tras una serie de negociaciones, dieron a luz a las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) en diciembre de 1962.

Las FAR no conformaron una organización gue-rrillera homogénea. Esta estuvo cruzada por un con-junto de tensiones internas como resultado de los

11 Entre otras cuestiones, en una coyuntura signada por una fuerte campaña anticomunista y un estrecho acercamiento a Washington, en 1960 se instaló en territorio guatemalteco una base de entrenamiento de milicianos contra-rrevolucionarios cubanos para atacar a la isla caribeña.

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diversos grupos clandestinos que la constituyeron.12 De ese modo, mientras se combatía contra el gobierno, se produjeron una serie de debates en los que se plantearon cuestiones en torno a la clase de revolución por desple-gar (según el grado de desarrollo histórico), las políticas de alianzas que se debían establecer (la incorporación de la burguesía), la concepción de la vía armada (foquismo o insurrección), el papel del campesinado, etc. Seis años más tarde, en 1968, como resultado de estas discusiones, junto con importantes derrotas sufridas ante el ejército, las FAR se separaron del PGT, y este último partido perdió no pocos militantes que decidieron quedarse en la organización guerrillera.

En el sur de Latinoamérica, el triunfo cubano fue recibido con enorme simpatía por la militancia comunis-ta. Sin duda, esta atracción generó numerosos problemas en la dirección del partido ante la abierta hostilidad ofi-cial que en un comienzo el PCUS tuvo con La Habana. En ese sentido, la impronta del PCU estuvo marcada por una particular orientación de equilibrio entre estas posi-ciones antagónicas.13

De ese modo, desde la creación de la alianza FIdeL (en homenaje al líder revolucionario) en concordancia con la táctica de diseñar frentes electorales hasta la activa parti-cipación uruguaya en la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS) en julio de 1967, la dirigencia del PCU

12 En esas polémicas se cruzaron cuestiones distintas: desde las dudas que provocaba la factibilidad de la aplicación de las ideas provenientes de La Habana a otras que hacían alusión a la presencia de militantes trotskistas, los cuales entraban en abierta hostilidad con los comba-tientes procedentes del PGT.

13 No obstante, corresponde observar que en el XVII Congreso Arismendi advirtió de que no necesariamente la revolución socialista debía estar “acompañada por la guerra civil”, por ende, en algunas circunstancias, era “posible la transición pacífica” y el empleo del “Parlamento” (Arismendi, 1956: 33).

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desplegó una sutil moderación frente a la celosa mirada de Moscú.14

Arismendi, desde una postura de apoyo a Cuba, sostuvo en forma reiterada una serie de discusiones sobre el alcance continental de la revolución junto con las vías para alcanzar el poder. Si bien reivindicó la factibilidad y la aspiración del tránsito pacífico al socialismo, no descartó el empleo de la violencia para hacer frente a la clase dominante ante el avance de las luchas del movimiento obrero y de la izquier-da. De esa manera, la principal apuesta del PCU fue la de seguir con su política de cubrir todos los espacios legales que permitiera la democracia (sobre todo, al tratar de con-cretar la alianza electoral con el PSU) mientras organizaba un aparato armado secreto de la organización y apoyaba en términos logísticos la campaña de Ernesto Che Guevara en Bolivia (Garcé, 2014). A pesar de las declaraciones en las que convalidaba que, en ciertas circunstancias, se tendría que recurrir a acciones violentas, la dirigencia partidaria no logró impedir que algunos miembros de la Unión de Juventudes Comunistas se fueran de la organización para ingresar al MRO, para luego sumarse a distintas activida-des guerrilleras.15

El cisma chino-soviético y su impacto en los partidos comunistas

Como hemos mencionado, las tensiones bilaterales entre las dos grandes potencias se trasladaron al espacio de una izquierda latinoamericana que se encontraba en pleno esta-

14 Al respecto es interesante observar tanto el papel protagónico desarrollado por el PCU en la OLAS como la incomodidad de Arismendi ante el discurso de Fidel Castro en el cierre del encuentro. Véase Marchesi (2019).

15 En Cortina Orero (2012). Por otro lado, véase el artículo de Manuel Martí-nez Ruesta en el presente volumen sobre el impacto de la Revolución cubana en la izquierda uruguaya.

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do de ebullición tras la marea revolucionaria iniciada por los cubanos. La fragmentación del campo socialista condujo a un proceso de debates y rupturas tanto en el seno de aque-llos partidos comunistas y socialistas que actuaban dentro de los límites de la legalidad republicana como en algunas organizaciones que estaban llevando a cabo acciones gue-rrilleras. En nuestro continente, además de las polémicas que se dieron en torno a la diplomacia exterior de la Unión Soviética y el rol de los PP. CC., en particular, se discu-tió sobre dos cuestiones: la necesidad de emplear la lucha armada para la toma del poder y el destacado papel que desempeñaba el campesino en el escenario rural para lograr el avance y el asedio de las ciudades.

En Chile, a raíz de una serie de discrepancias internas que se desarrollaron en el partido en torno a la necesidad de la posibilidad de la vía pacífica al socialismo, en el marco de las polémicas sino-soviéticas, un puñado de militantes comenzaron a acercarse a algunos de los postulados del gigante asiático. En ese camino, en los primeros años de la década del sesenta, emergieron los grupos de Vanguardia Revolucionaria Marxista, Espartaco y el Partido Comunista Revolucionario. Al igual que en otros países, si bien en sus inicios estos colectivos estuvieron cruzados por debates y lecturas sobre distintos aspectos políticos (lo que llevó a un proceso de rupturas y formación de nuevas organizaciones), poco a poco fueron adoptando los principios y orientacio-nes propias del maoísmo; en particular, el último grupo mencionado tuvo un lugar destacado en lo que se consideró la “lucha contra el revisionismo” y la “vía pacífica” de los comunistas chilenos (Lo Chávez, 2012; Orellana, 2019).

En Guatemala el giro hacia el maoísmo estuvo cruzado tanto por la experiencia guerrillera contra los regímenes dictatoriales como frente a la importante influencia que ejerció el castrismo. En ese sentido, tras la ruptura de rela-ciones entre las FAR y el Movimiento Revolucionario 13 de noviembre (MR-13), en febrero de 1968, esta última orga-nización –liderada por Yon Sosa– se acercó a las posiciones

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chinas de la mano del exsecretario general de la Juventud del PGT, Gabriel Salazar. En ese marco, los documentos del MR-13, polemizando con las FAR, reafirmaron la necesidad de conformar una gran columna móvil armada sobre la base del apoyo campesino en diferentes áreas rurales (Figueroa, Paz y Taracena, 2013).

Finalmente, en Uruguay, la discusión se expresó tras un extenso documento de Arismendi dirigido al Partido Comunista chino, al que acusó de tener una “actitud frac-cional desembozada” que terminaba por favorecer a los sec-tores “anticomunistas”. El dirigente oriental explicó que las críticas que se le hacían al PCUS acababan “sembrando el antisovietismo”, por lo tanto, el PCU sostuvo que era nece-saria “la unidad del movimiento comunista internacional” en contra de la actitud de Beijing, a la que definió como “nacionalista”, “personalista” y “sectaria” (Arismendi, 1963: 75). A pesar de esas declaraciones, un grupo de militan-tes universitarios comenzó a simpatizar con las orienta-ciones maoístas, lo cual hizo que, poco a poco, se alejaran de la Unión de Juventudes Comunistas. Algunos de ellos, en 1963, se abocaron a crear una nueva organización: el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).16

En resumen, cabe observar que en todos estos países los diversos agrupamientos maoístas que emergieron en la década del sesenta (a pesar de poseer una retórica más beligerante) no lograron diferenciarse de los comunistas en varias de sus concepciones políticas, como su posición a favor de una revolución por etapas y en la necesidad de alcanzar acuerdos con sectores empresariales “patrióticos” para impulsar sus objetivos estratégicos.

16 Años más tarde, el MIR participó durante un breve lapso de tiempo junto con otros grupos políticos del colectivo denominado El Coordinador, ante-cedente inmediato del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T); en Rey Tristán, Eduardo (2002). “El Nacimiento de la izquierda revolucionaria uruguaya, 1962-1967”, Revista de Historia, 46.

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Hacia la construcción de los frentes electorales

En Chile, durante la década del sesenta, a medida que se fueron sucediendo las contiendas electorales la orientación general del PCCh estuvo centrada en tratar de ampliar la primigenia coalición que tejió con el Partido Socialis-ta de Chile hacia otras fuerzas políticas, en particular, al Radicalismo y al Partido Demócrata Cristiano (PDC). Más aún, esta búsqueda de acuerdos partidarios no disminuyó, a pesar de que estos últimos alcanzaron la presidencia con Eduardo Frei Montalva en 1964.

Sin embargo, la relación entre los principales socios de la alianza del FRAP no fue algo sencillo. En forma per-manente afloraron dos grandes discusiones en el período. En primer lugar, sobre la factibilidad de que se alcance el socialismo por medios pacíficos, tal como lo afirmaban los comunistas, cuestión que fue varias veces impugnada por el PSCh. En segundo término, la polémica sobre la conve-niencia (o no) de sumar fuerzas sociales burguesas; tema que –por momentos– la dirigencia de los socialistas recha-zó, postulando, por el contrario, la necesidad de sostener una política clasista.

En ese contexto, sumado a las discusiones que se dieron frente a la Revolución cubana y al cisma sino-soviético, el PCCh desarrolló –de acuerdo con Rolando Álvarez Valle-jos– una orientación política basada en la “lucha de masas”. A través de ella, el partido participó en toda “actividad de masas, por menor que pudiera parecer”, lo que no implicó escatimar “el uso de todos los espacios legales” ni tampoco despreciar los “métodos ilegales” (Álvarez Vallejos, 2007: 324). Del mismo modo, ante las críticas recibidas por su rechazo a incurrir en acciones guerrilleras, en los prime-ros años de la década del sesenta comenzó a reemplazar la fórmula de “vía pacífica” por el empleo de “vía no arma-da”, alertando que las organizaciones obreras tendrían que prepararse “para cualquier eventualidad” (Corvalán, 1962: 39). En forma paralela, desde 1963, se comenzó a “formar

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militarmente a miembros del Partido con miras a defender las conquistas del pueblo” (Corvalán, 2010: 156).

Sin embargo, más allá de estos debates y reposicio-namientos, el eje central sobre el que giró la política del PCCh fue el de buscar acceder al gobierno a través de un gran acuerdo electoral. Con el objetivo primordial de captar los votos descontentos del electorado demócrata cristiano, los comunistas, ante la presidencia de Frei, se ocuparon de mantener el apoyo en algunas de las medidas de la adminis-tración mientras criticaban otras. En ese sentido, la consig-na fue “unidad de acción de todas las fuerzas populares y progresistas que están con la oposición o con el Gobierno” (Santoni, 2012: 389).

En ese marco, en el XIV Congreso de 1969 el partido se abocó a establecer una amplia alianza “con todas las fuerzas progresistas”; esto implicó ratificar el acuerdo con el PSCh, al que se sumaron un sector que había roto con el PDC (el Movimiento de Acción Popular Unitario [MAPU]), el PR y otras organizaciones políticas menores. En los hechos, este fue el antecedente inmediato que permitió fundar la Unidad Popular en apoyo a la candidatura presidencial de Allende en 1970 (Daire, 1988; Furci, 2008).

En Guatemala durante la década del sesenta, mientras un sector de la militancia se volcó a la lucha armada, el par-tido continuó con su política de lograr una alternativa a las dictaduras y gobiernos fraudulentos por medio de acuerdos electorales. En ese sendero, avaló distintos agrupamientos opositores que procedían de la democracia cristiana y de la socialdemocracia. Tras las discusiones con la FAR, y el posterior egreso de militantes que tuvo la organización en 1968, la dirección del PGT publicó un documento donde hizo un balance crítico de lo actuado, en el que se modificó su línea de intervención partidaria. En ese sentido espe-cificó que la vía revolucionaria era por medio del uso de la violencia, pero no empleando el foquismo, sino a través de “un desarrollo multilateral y diversificado en diversas regiones” con el fin de responder a una situación de “guerra

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revolucionaria popular de carácter prolongado” (Figueroa, Paz y Taracena, 2013: 86).

En cierta forma esta apreciación se completó en el IV Congreso de 1969, cuando ese cónclave remarcó que “la estructura económico-social del país se caracteriza por la existencia de relaciones semifeudales de producción en descomposición”, por lo que se requería “un cambio revo-lucionario que resuelva […] las relaciones precapitalistas” y “conquiste la independencia nacional”. Como consecuencia, el proceso revolucionario tendría “dos etapas”; la primera, por su contenido sería “agraria, antiimperialista y popular”, la cual abriría “el camino a la segunda etapa: la revolu-ción socialista”. En función de ello, el Comité Central del PGT consideró la necesidad de que confluyeran las “fuerzas motrices de la revolución”: “los obreros urbanos y agrícolas, los campesinos pobres y medios, las capas medias asalaria-das y los pequeños industriales, comerciantes y agricultores no especuladores”.17

A partir de ese análisis, y sin descuidar la lucha armada, el partido también apeló a la unidad con las organizacio-nes “democráticas y progresistas”; como corolario, en las elecciones de 1970, convocó a votar a favor de la “oposi-ción democrática” representada en la Democracia Cristiana (Figueroa, Paz y Taracena, 2013: 97).

Como se ha mencionado, en Uruguay la estrategia oficial que siguió el PCU fue la de cumplir con los linea-mientos trazados por el XVI Congreso (1955) en función de formar un frente político con distintos sectores sociales con el fin de efectuar “una revolución agraria antimperia-lista”. Con ese propósito, su eje central giró alrededor de la construcción de una alianza con diversas fuerzas polí-ticas, sobre todo, con socialistas y demócratas cristianos. Durante la década del sesenta, mientras Arismendi se posi-cionaba frente a los debates provocados por la Revolución

17 Para un análisis más detallado se puede consultar PGT (1972: 49-58); la cur-siva corresponde al original.

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cubana y al cisma sino-soviético, los comunistas buscaron usufructuar todos los ámbitos legales que poseía el régimen democrático uruguayo. En la práctica, se buscó “ganar” la adhesión de las “masas” para ampliar la presencia militan-te en distintos espacios de intervención, entre otros, en el Parlamento, en los sindicatos y entre los estudiantes (Leib-ner, 2009).

En ese marco, el PCU, bajo la autoritaria presidencia de Jorge Pacheco Areco (1967-1972), buscó sellar la alianza electoral que dio origen al Frente Amplio.18 Para eso se intentó aprovechar el fuerte descontento existente con su gobierno para aunar posiciones entre distintas fuerzas polí-ticas desde la actuación en el Parlamento; en el camino se forjaron acuerdos, no sin ciertas dificultades, con diversos agrupamientos opositores al primer mandatario. La con-vergencia de ideas y de acciones contra el régimen se ace-leró en los comienzos de la década del setenta, cuando el PSU recuperó la legalidad; esto posibilitó la conformación definitiva de una alianza con los comunistas y la democra-cia cristiana, junto con sectores disidentes de los partidos colorado y blanco.

De ese modo, en febrero de 1971 estos partidos crearon el Frente Amplio, por medio del cual se postuló un sólido acuerdo programático. A través de este, los partidos fir-mantes se comprometieron con la necesidad de planificar la economía sobre la base de una extensa reforma agraria (eli-minando al latifundio y apoyando a los pequeños y media-nos productores) junto con la nacionalización de la banca y del comercio exterior, entre otras medidas. Si bien en su primera prueba electoral en 1971, en la que llevó como candidato a un militar (el general Líber Seregni), logró un 18% del sufragio, su irrupción en la arena política provocó un fuerte impacto en los partidos tradicionales y en vastos

18 Sobre el particular, cabe observar que en 1968 murieron asesinados por el régimen tres jóvenes miembros del PCU: Liber Arce, Susana Pintos y Hugo de los Santos. Véase Markarian (2010).

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sectores de la sociedad uruguaya de ese año. Poco tiempo después su desarrollo se obturó, tras el golpe de Estado de 1973 (Yaffé, 2018).

Breves conclusiones

Es evidente que los PP. CC. durante décadas fueron un actor trasnacional de primer orden cuyo impacto como agrupa-miento colectivo todavía no ha sido analizado en forma suficiente; menos aún, no se lo ha examinado en forma comparada, tratando de establecer similitudes y diferencias entre los distintos partidos.

Del mismo modo, a pesar de que la mayoría de los estudios sobre la Guerra Fría comprenden investigaciones sobre las grandes potencias contendientes, no se les ha pres-tado la suficiente atención a los debates (y sus consecuen-cias) que se han generado en el sur global. En ese sentido, el artículo ha mostrado la singular participación de los comu-nistas en tres países del continente durante las décadas del cincuenta y sesenta; en particular, en torno a la constante búsqueda de concertar alianzas electorales según los prin-cipios emanados por la IC en los años treinta. Asimismo, corresponde observar que esta orientación también se sos-tuvo por las características específicas que aportó cada país en su entramado institucional, donde el único lugar en que no se concretó fue en Guatemala.

Dejando a un lado la difícil y excepcional situación que vivió el PGT, en el resto de los lugares analizados la orien-tación propuesta por el PCUS alcanzó resultados satisfac-torios, con la concreción de la Unidad Popular en Chile y del Frente Amplio en Uruguay. Para alcanzar estos logros, sin duda, intervinieron elementos específicos propios de la historia institucional de cada uno de estos dos países.

De ese modo, una táctica pensada para una coyuntura específica marcada por el ascenso del fascismo se convirtió

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en una línea estratégica durante varias décadas. Tanto la irrupción de la Revolución cubana como el cisma sino-soviético no afectaron esta vocación electoralista, respetuo-sa de las instituciones democráticas burguesas.

En forma simultánea, si bien la tentación de adoptar posiciones a favor de la lucha armada estuvo presente en todos los casos, concretándose por su particular situación solo en Guatemala, tanto en Chile como en Uruguay se impuso la orientación de crecer partidariamente en la lega-lidad y de aspirar a alcanzar el socialismo a través de medios pacíficos.

Ahora bien, en todos los casos, se prolongó y convalidó el análisis efectuado en la década del veinte sobre el escaso grado de desarrollo económico alcanzado por el capitalis-mo en América Latina; por ende, su aceptación implicó seguir sosteniendo una concepción que justificaba la obli-gación de hacer una revolución por etapas, eliminando en primera instancia los resquicios “feudales” (sobre todo, en las áreas rurales) que existían en el continente. A su vez, en última instancia, esta premisa les permitió a los PP. CC. argumentar la necesidad de buscar acuerdos con distin-tos sectores empresariales para el armado de los frentes electorales.

De esa manera, se estableció una idea central rectora en la práctica de los comunistas: la creencia de que hay que valerse y aprovecharse de las divisiones internas dentro del campo burgués para poder conformar acuerdos que en un principio se pensaron como tácticos, pero que luego se convirtieron en estratégicos. En idéntico sentido, en íntima correspondencia con lo anterior, los PP. CC. sostuvieron durante muchos años la creencia de divisiones en el seno de las fuerzas armadas; por ende, también intentaron buscar acuerdos con aquellos oficiales que consideraban “patrio-tas”, los cuales se convertirían en posibles aliados en la cons-trucción de los frentes democráticos. Valga aclarar que esta concepción se aplicó incluso en Guatemala, país que desde

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1954 experimentó una fuerte y constante ofensiva contra-rrevolucionaria contra los trabajadores y los campesinos.

En síntesis, a pesar de que esas décadas estuvieron cru-zadas por intensas polémicas tanto alrededor de las tareas políticas que estaban planteadas en ese momento en el con-tinente como sobre las vías y los métodos de lucha, la orien-tación general que se impuso en los tres casos analizados fue la de conciliación de clase con diferentes sectores de la burguesía. Incluso en un país como Guatemala, donde el conjunto del empresariado mantuvo una posición abierta-mente anticomunista.

Bibliografía

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Repensando los orígenes del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros en la “Suiza de América”

MANUEL MARTÍNEZ RUESTA

Introducción

Desde mediados de la década de 1950 hasta el golpe cívico militar de junio de 1973, en una dinámica de polarización mundial y creciente radicalización del conflicto social en la región, una corriente discursiva impulsada por el gobierno de los Estados Unidos, acompañada por importantes secto-res de las fuerzas armadas uruguayas y los partidos Colora-do y Nacional (blanco), y difundida por la “prensa liberal”, buscó asociar el aumento de la conflictividad social en tierra oriental a “los intereses espurios de Moscú” y el desarrollo de movimientos armados al “ejemplo foquista de Cuba”.

La campaña mediática, sintetizada en la consigna “la crisis económica, política y social fue orquestada por la infiltración marxista comunista”, persiguió tres grandes propósitos: legitimar toda acción gubernamental contra el “enemigo foráneo”, homogeneizar al arco opositor bajo el rótulo de “comunismo” y liberar de “responsabilidades” a los partidos tradicionales por la crisis de la “Suiza de Amé-rica” (Comando General del Ejército, 1978: 12).

Dicho discurso, en pleno siglo XXI, sigue siendo expuesto en obras como El cielo por asalto (2004) de Hebert Gatto, La agonía de una democracia (2008) del expresidente colorado Julio María Sanguinetti y Una historia de los Tupa-maros (2009) del sociólogo francés Alain Labrousse, a la vez que es replicado en diversos blogs y foros de internet.

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232 • América Latina: bajo la sombra de la Guerra Fría

Teniendo como referencia aquella corriente discursiva, el objetivo del presente artículo es brindar elementos para poner en discusión la perspectiva que identifica al Movi-miento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T) –el movimiento político en armas más importante del período en Uruguay– como un agente foráneo, un elemento atípico de las costumbres y la tradición oriental, desintegrador de la “Suiza de América”, “una de las democracias más conso-lidadas y representativas del continente”. Para corroborar o rectificar dichas afirmaciones cabe preguntarse: ¿qué carac-terísticas económicas, políticas y sociales presentaba el país que vio los “primeros pasos” de la gesta tupamara?1

A fin de comenzar a develar dicha incógnita, las siguientes páginas se centrarán en el primer gobierno cole-giado nacional (1959-1963),2 período en el cual se gestó el grupo Coordinador (1962-1965), espacio germinal que dio origen a los Tupamaros.3 Para tal fin, en un primer momen-to, retomando la perspectiva esgrimida por Aldo Marchesi (2017) de “incorporar la historia transnacional y global a

1 Para una perspectiva complementaria del período, véase el documental Repensando los orígenes del Movimiento Tupamaro (Martínez Ruesta y FITDG: 2021).

2 A partir de la reforma constitucional de 1952 y hasta 1967, el Poder Ejecuti-vo de la Nación se constituyó en un órgano colegiado de nueve miembros llamado Consejo Nacional de Gobierno (CNG). El mandato sería de cuatro años y la distribución de los cargos de seis para el partido mayoritario y de tres para el segundo. Tras las elecciones de 1957, el Consejo quedó confor-mado por una mayoría blanca perteneciente a la alianza entre el herrerismo y el ruralismo, y una minoría de tres colorados: dos representantes de la Lis-ta 15 y uno de la 14.

3 Estuvo integrado por miembros de la Federación Anarquista Uruguaya (FAU), trabajadores rurales –en su mayoría aglutinados detrás de la figura de Raúl Sendic–, militantes sociales independientes y sectores escindidos de los partidos comunista y socialista –como el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) y el Movimiento de Apoyo al Campesino (MAC)–. Este se comenzó a conformar en 1962; desde su perspectiva “resultaba nece-sario rebasar el marco de las manifestaciones, de las declaraciones, de los enunciados teóricos referentes a la revolución”: había llegado la hora de “quitar la máscara democrática al gobierno” y concientizar a la población –mediante la acción directa y concreta– “de que sin revolución no habría cambio”. Al respecto, véase Fernández Huidobro (1986).

América Latina: bajo la sombra de la Guerra Fría • 233

la perspectiva latinoamericana a partir de interrelacionar diferentes escalas de análisis”, se hará una breve contextua-lización histórica sobre la década de 1950, tomando como eje a la Guerra Fría. Posteriormente, nos centraremos en las especificidades nacionales de Uruguay, y se describirá la debacle del modelo neobatllista4 y sus consecuencias polí-ticas, económicas y sociales. A continuación, se analizarán los elementos que posibilitaron el arribo a la presidencia del Partido Nacional en las elecciones de 1958, su actitud frente a la radicalización del movimiento obrero y su políti-ca internacional de acercamiento a los Estados Unidos (EE. UU.) y persecución del “enemigo comunista”.

Por último, a través de la bibliografía actualizada, la palabra de los protagonistas, la literatura testimonial y artículos periodísticos del período se abordará al grupo Coordinador, haciendo hincapié en los factores que esti-mularon su conformación y su relación material e ideo-lógica con Cuba.

4 El término hace alusión al dirigente colorado dos veces presidente del país (1903-1907 y 1911-1915), José Pablo Torcuato Batlle y Ordóñez. El primer batllismo se caracterizó por la dinamización de la economía urbana indus-trial y el crecimiento de las empresas públicas. A partir de dicho interven-cionismo estatal se fomentó ampliar las bases del creciente peso social y político de los sectores populares y medios urbanos, ampliación coronada con una nueva legislación laboral y social que incluyó la prohibición del tra-bajo infantil y las jornadas laborales de ocho horas. Sin querer quitarle tras-cendencia a dichas medidas, es importante mencionar la “otra cara del batllismo”: los salarios de la mayor parte de los trabajadores no alcanzaban a satisfacer sus necesidades básicas, y el pretendido pacto social se borraba de un plumazo cada vez que los perjudicados salían a expresar su disconformi-dad. Además, el batllismo supo levantar un muro de subjetividades que ais-laba a las luchas obreras más radicales (Zabalza, 2016: 34). Por neobatllismo se conoce a la etapa posterior a la crisis de 1930, que impulsó una industria por sustitución de importaciones hasta mediados de la década de 1950. Se basó en un auge agroexportador beneficiado del contexto mundial de pos-guerra, una ampliación del empleo público y una burguesía urbana que se complementaba con el consumo de la clase media. Al respecto, véase Nahum (2001).

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El mundo bipolar

A la confrontación ideológica entre dos visiones de la modernidad –socialista y capitalista–, representadas des-de el final de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y Estados Unidos, cabe añadir, continuando la interpretación de Vanni Pettiná (2018), la existencia de un antagonismo bipolar de orden militar, económico y jurisdiccional. Dicha disputa, en el subcontinente latinoamericano, se entrelazó con los procesos de cambio político, social y económico que se habían iniciado a partir de la crisis de 1929, y tuvo un punto de inflexión tras la Revolución cubana de 1959, en particular después del intento fallido de invasión militar a bahía de Cochinos (abril de 1961) por parte de exiliados cubanos y fuerzas estadounidenses.

Desde aquel conflicto, la política exterior norteameri-cana, en desmedro de sus antecesoras “contención global” y “represalia masiva”, adoptó la “doctrina de respuesta fle-xible”. El cambio de estrategia, impulsado durante la pre-sidencia de John Fitzgerald Kennedy (1961-1963), si bien mantuvo la “metodología” de derrocar gobiernos oposito-res o de invadir para impedir su concreción, la conforma-ción de sindicatos de orientación pro estadounidense y la campaña mediática –por intermedio de la “prensa liberal”– basada en difamar y denostar al “enemigo comunista”, se enfocó en implementar programas de entrenamiento y asis-tencia a las fuerzas de seguridad locales, incentivar refor-mas judiciales enfocadas en la detención y eliminación de la “subversión interna” y en promover políticas de ayuda económica como la Alianza para el Progreso.

Para el caso puntual de Uruguay, el cambio de para-digma internacional se desarrolló en medio de una cri-sis interna de carácter estructural, situación que precipi-tó que existiesen una gran variedad de elementos locales que hicieron único y particular el devenir histórico tanto de la “Suiza de América” como del MLN-T. Remarcar la

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yuxtaposición entre aspectos locales e internacionales es importante para acompañar la perspectiva planteada por Richard Saull (2004), la cual busca romper con la teoría de que el sur del continente americano se encontraba del lado “receptor” de las decisiones y se veía “afectado por cambios que se decidían afuera”, como agentes “apodera-dos”, que cumplían los objetivos de los supuestos “amos” en Moscú y Washington.

Érase una vez la “Suiza de América”

El modelo económico uruguayo estaba basado, principal-mente, en un pujante sector agroexportador, cuyo exceden-te era redirigido por el Estado a la industria nacional que se especializaba en bienes de consumo, la cual, por su estrecho mercado interno, podía sobrevivir a partir de subsidios a la producción y barreras proteccionistas.

Desde mediados de la década de 1950, tras el final de la guerra de Corea y la reestructuración económica europea, la economía local comenzó a sentir las primeras manifes-taciones que avizoraban el final del modelo neobatllista. El precio internacional de las materias primas exportadas decayó –al igual que su demanda–, mientras que se produjo un alza tanto en el precio del crudo como en el de los insu-mos importados requeridos por la industria local; por otra parte, retomando la perspectiva de Jaime Yaffé (2016), al desalentador panorama cabe agregar un estancamiento del rubro ganadero, producto del agotamiento de la capacidad de la pradera natural, el escaso espíritu innovador del sector y la falta de inversión.

A dicha balanza comercial desfavorable se le sumó el cada vez mayor “ensanchamiento del Estado” devenido en clientelista, que apelaba constantemente a sus reservas para mantenerse “a flote” (Finch, 1974), lo cual comen-zó a generar un déficit fiscal cada vez más significativo

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e inmanejable. En pocos años se pasó del imaginario del “Uruguay feliz” al del “Uruguay de la crisis”; si entre 1946 y 1955 el crecimiento acumulativo anual del PBI había sido del 4,2%, entre 1956 y 1973 fue de apenas un 0,6%; a su vez, el ingreso per cápita pasó de los $ 7100 en 1956 a $ 6000 en 1968, mientras que la tasa de inflación anual tuvo un promedio de 18,2% entre 1950 y 1960 y de un 43,3% para la década siguiente (Finch, 2005; Nahum, 2001).

Por otra parte, en el plano político, es posible reconocer un deterioro de la imagen positiva de los partidos Colorado y Nacional, espacios que tuvieron que afrontar cuantiosos casos de corrupción, la muerte de históricos dirigentes y el alejamiento de otros.5 Esta situación tuvo su correla-to en constantes reagrupamientos y escisiones –que fue-ron vaciando de contenido los programas con coexistencias antagónicas y yuxtaposiciones bajo un mismo lema–,6 y en el escaso caudal de votos que se necesitó para alcanzar la presidencia a lo largo de todo el período.7

Paralelamente, en pleno proceso de pauperización social y descomposición del welfare state, el aumento de la conflictividad sindical fue un hecho característico de la década de 1950. De aquel “caldeado” período sobresalie-ron las huelgas de la Administración Nacional de Com-bustibles, Alcohol y Portland (ANCAP) en 1951, las de los bancarios, las de los empleados de la salud pública y las de los de transporte en 1952. Al respecto, cabe destacar

5 Cabe mencionar a los blancos Luis Alberto de Herrera (1873-1959) y Daniel Fernández Crespo (1901-1964), y al colorado Luis Batlle Berres (1897-1964).

6 Por solo citar un ejemplo de las fragmentaciones en el interior de los parti-dos (lemas), para las elecciones de 1954 se presentaron, solo en el departa-mento de Montevideo, nueve listas coloradas agrupadas bajo cuatro suble-mas y diecinueve nacionalistas en tres. Al respecto, véase Real de Azúa (1988).

7 Martínez Trueba ganó en 1950 con el 19,5% de los votos; Luis Batlle Berre, en 1954 con el 28,9%; la fórmula Martín Etchegoyen-Benito Nardone, en 1958 con el 24%, y la Unión Blanco Democrática (UBD), en 1962 con el 27%. Al respecto, véase Cores (1999).

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que estas últimas recién pudieron ser “controladas” cuan-do el gobierno nacional implantó las Medidas Prontas de Seguridad (MPS).8

Al año siguiente tuvo lugar, por un lapso de 45 días, la huelga de los textiles, mientras que, en 1954, las moviliza-ciones fueron encabezadas por los gráficos y textiles, y en 1955 por los bancarios y metalúrgicos.9

Por otra parte, en 1956, el epicentro estuvo en los fri-goríficos de todo el país, siendo sus “focos” la ciudad de Fray Bentos (Río Negro)10 y la Villa del Cerro (Montevideo).11

Durante el mismo año, los peones de tambo, agluti-nados en el Sindicato Único de Peones de Tambo (SUPT), partieron de Capurro el 18 de diciembre y marcharon a pie hasta Montevideo, a donde arribaron el día 21.12 Meses después, en el departamento de Paysandú, se concretó la creación del Sindicato Único de Obreros Remolacheros (SUDOR), el cual, a fines de 1957, frente a las precarias condiciones laborales, promovió una huelga de 72 días.13

8 Recurso constitucional de suspensión de garantías individuales establecido en el artículo 168, inciso 17, el cual sostiene: “Tomar medidas prontas de seguridad en los casos graves e imprevistos de ataque exterior o conmoción interior. […] En cuanto a las personas, las medidas prontas de seguridad solo autorizan a arrestarlas o trasladarlas de un punto a otro del territorio, siem-pre que no optasen por salir de él. […] El arresto no podrá efectuarse en locales destinados a la reclusión de delincuentes”. Al respecto, véase Iglesias (2013).

9 En septiembre, bajo dicho contexto de demandas laborales, fue asesinada una obrera de la fábrica metalúrgica Ferrosmalt, María del Carmen Díaz. Para ampliar sobre dicha temática, véase Ferreira y Sosa (2016).

10 Aquel año los obreros del frigorífico Anglo recorrieron a pie los 310 kiló-metros que los separaban de la capital de la República; esta innovadora estrategia se repetiría en los sucesivos años. En 1961, durante el retorno de la caravana a Fray Bentos, fruto de un accidente automovilístico, perdió la vida el obrero Justo Páez.

11 Como saldo de aquellas jornadas de protesta en el Cerro, murieron dos tra-bajadores: Cesar Muñoz a manos de rompehuelgas y policías y Rubén Paleo tras una extensa huelga de hambre.

12 Dicha estrategia de “visibilización” también fue llevada a cabo por los traba-jadores arroceros del Sindicato Único de Arroceros (SUDA) en 1957.

13 La conformación de sindicatos y el desarrollo de “nuevas estrategias de pro-testa” en el ámbito rural se encuentran fuertemente vinculados a las rees-

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Otro episodio de gran trascendencia aconteció en octu-bre de 1958, cuando los operarios de la empresa monte-videana de neumáticos Fábrica Uruguaya de Neumáticos Sociedad Anónima (FUNSA) –en su mayoría miembros de la Federación Anarquista Uruguaya (FAU)– emprendieron la ocupación del centro de trabajo, con puesta en marcha de la producción bajo control obrero.

Dicho año, en paralelo al proceso de radicalización obrera, el mundo académico en general y en particular el movimiento estudiantil nucleado en la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) transitó un período de importante movilización en pos de conseguir la sanción de la ley orgánica,14 a la vez que evidenció una preocupación por afrontar la crisis que estaba atravesando el país y mermar sus daños sociales.

Esta actitud quedó reflejada en la instalación de una Comisión de Extensión Universitaria y Acción Social, en la conformación del consultorio jurídico15 y en los trabajos en el barrio Sur de Montevideo,16 entre otros ejemplos. En alusión a cómo la experiencia de colaborar en los barrios más carenciados de la capital estimuló su acercamiento al MLN-T, Lucía Topolansky señaló:

Íbamos todos los fines de semana a hacer bloques y, al estar todo el día trabajando y comiendo en colectivo, nos

tructuraciones internas que transitaron tanto el Partido Socialista de Uru-guay (PSU) como el Partido Comunista de Uruguay (PCU) entre media-dos de la década de 1950 y principios de los sesenta. Al respecto, véase González Sierra (1994); puntualmente sobre la experiencia en Paysandú, ver Sendic (1958).

14 Aprobada en octubre, estableció la autonomía universitaria, la libertad de cátedra, un cogobierno integrado por los tres claustros (docentes, egresados y estudiantes) y la gratuidad de la enseñanza, entre otros aspectos.

15 Dependiente de la Facultad de Derecho, contaba con asistencia gratuita al público en general.

16 Allí, los estudiantes de arquitectura efectuaron un censo de vivienda y población, mientras que los de medicina, una encuesta sanitaria. Posterior-mente, se creó un Centro de Barrio con servicio médico preventivo, apoyo escolar y consultorio jurídico. Al respecto, véase Oddone y Oddone (2010).

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iba confirmando los lazos de amistad. […] Durante todo ese tiempo yo me hacía la pregunta; esto está bien y hay que hacerlo y la solidaridad va a ser importante siempre, pero esto es lentísimo, el desborde de gente que llegaba supera-ba ampliamente nuestras posibilidades… hay que ir por otro camino, me dije.17

El primer gobierno colegiado blanco (1959-1963)

Bajo un contexto de multitudes en las calles, fábricas en manos obreras, huelgas de hambre, marchas a la capital, facultades tomadas y una constante represión policial, el “idilio oriental”, como una vieja represa que cede, comenzó a crujir y las “grietas”, a aparecer una tras otra.

La primera “víctima” fue el Partido Colorado, el cual, tras casi un siglo de hegemonía, cayó derrotado a manos de la alianza herrero-ruralista en las elecciones presiden-ciales de 1958.18 El gobierno colegiado, con mayoría batllis-ta, llegó a aquella contienda fragmentado internamente,19 desprestigiado por su proceder frente a la crisis y cues-tionado incluso por quienes se habían beneficiado de su política redistributiva, mientras que el Partido Nacional, su oponente, poseía en la figura de Luis Alberto Herrera un estandarte histórico de oposición al batllismo, y en esta oportunidad contaba con el aditamento de haber sumado al ruralismo como un nuevo aliado.

Con respeto a la ideología que el dirigente ruralista Benito Nardone –alias“ChicoTazo”– prKaNCgLvMEXxNzMxj2F7FYi1AdRrTo6Nhu en radio Rural, Lincoln Maiztegui Casas la sintetizó de la siguiente forma:

17 Entrevista del autor (2015).

18 El concepto “herrerismo” proviene de la facción blanca dirigida por Luis Alberto de Herrera; por otra parte, la palabra “ruralista” hace alusión a la Liga Federal de Acción Ruralista.

19 Al respecto, véase Real de Azúa (1988: 149-150).

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Una notoria hostilidad hacia el modelo batllista, que era juz-gado como explotador del trabajo del campo a favor de los “parásitos” de la ciudad; una feroz crítica al estatismo y una defensa del liberalismo económico; un nacionalismo agrario y violentamente anticomunista, y el sostén de un modelo social esencialmente conservador basado en la propiedad pri-vada y la familia (2012: 359).

El máximo exponente del ruralismo y presidente del Consejo de Gobierno entre 1960 y 1961 no solo “ayudó” a los blancos a alcanzar la victoria electoral, también posibili-tó el acercamiento de la CIA (Central Intelligence Agency) con altos representantes del gobierno nacional, como el jefe de Policía Cnel. Mario Aguerrondo (Broquetas, 2015).

Encuantoallazoquecomenzóagestarseentreelcolegiado y EE. UU., es posible identificar una gran variedad de episodios concatenados.20 En 1960 se firmó la primera carta de intencio-nes con el Fondo Monetario Internacional (FMI);21 el mismo año, el Parlamento aprobó un acuerdo de cooperación técnica eindustrial.22

20 En cuanto a dicho acercamiento, la historiadora Magdalena Broquetas afirmó: “Por motivos más circunstanciales en el caso de los herreristas y coincidencias ideológicasporelladodelosruralistas,elnuevogobiernoestrechóvínculosconsu homólogoestadounidenseenmateriadeplanesdedesarrolloyseguridadnacional

[…]. Duranteelperíodocomprendidoentre1959y1962laEmbajadanorteameri-cana en Montevideo promovió programas como el de Líderes Extranjeros […], tambiénapoyóeldesarrollodeespaciossindicalesalternativosquesesumaránala ConfederaciónSindicaldelUruguay(CSU),creadaen1951yasociadaalaOrgani-zación Regional Interamericana de Trabajadores (ORIT), de tendencia pro esta-dounidense”(2015:63-64).

21 Sobre su alcance, Jaime Yaffé señaló: “Si bien Uruguay era miembro fundador del FMI, hasta entonces nunca había contraído un acuerdo de préstamo no se había comprometido a seguir lineamientos impulsados por el organismo internacional

[…]. Esteprimeracuerdoestableciónosolocompromisosenmateriadeliberaliza-ciónyaperturacomercial[…],sinotambiénencuantoalaadopcióndeunapolítica monetaria orientada a estabilización de los precios mediante la contención de la demandainterna”(2016:171).

22 Apartirdeesteacuerdo,en1963elministrodelInteriorFelipeGilsolicitóasisten-ciaalaAgenciaparaelDesarrolloInternacional(AID)paraestablecerunPrograma deSeguridadPública(PSP),elcualseconcretóalañosiguiente,tuvounaduración dediezañosyconsistióen“prepararfuerzaslocalesencondicionesdellevaracabo operKaNCgLvMEXxNzMxj2F7FYi1AdRrTo6Nhu.ArKaNCgLvMEXxNzMxj2F7FYi1AdRrTo6Nhu,diri-

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A su vez, en agosto de 1961, tuvo lugar en Punta del Este la reunión del Consejo Interamericano Económico y Social (CIES), en la que todos los países del continente, con excepción de Cuba, apoyaron el desarrollo de la Alianza para el Progreso; cinco meses después, también en Punta del Este, se llevó a cabo la Reunión de Cancilleres, en la que se decidió la expulsión de Cuba de la Organización de Esta-dos Americanos (OEA). Por otra parte, durante el mismo año, el gobierno colegiado, por intermedio de un decreto, expulsó al embajador cubano Mario García Incháustegui y al primer secretario de la embajada soviética, aduciendo su intervención en asuntos internos del país, puntualmente su participación en la planificación de “huelgas desestabi-lizadoras”.

Aquella estrategia retórica, de presentar a la protesta sindical como una “agitación” financiada por “agentes externos” que formaba parte de un plan general de altera-ción del orden establecido, fue difundida por grandes perió-dicos de alcance nacional23 como Acción, El Día24 y El País, y compartida por organizaciones conservadoras de recien-te conformación, como la Asociación de Lucha Ejecutiva y Repudio de los Totalitarismos en América (ALERTA)25

gidasporoficiales entrKaNCgLvMEXxNzMxj2F7FYi1AdRrTo6Nhu porexpertosnor-

teamericanos”(Aldrighi,2007:382).

23 En alusión a dicha práctica, José Luis Baumgartner sostuvo: “El responsable

de las operaciones encubiertas de la CIA en los medios de comunicación y

estudiantiles era el representante de empresas norteamericanas Brooks

Read. Atendía a los agentes uruguayos que se ocupaban de las operaciones

de propaganda. Uno de ellos colocaba artículos políticos falsos elaborados

por la estación […], donde previo pago, aparecían como editoriales no fir-

mados (2011: 120-121).

24 A modo de ejemplo, en alusión a la primera marcha de la Unión de Trabaja-

dores Azucareros de Artigas (UTAA) a Montevideo, en 1962, el matutino

colorado señaló que los cañeros no eran uruguayos/as sino personas de paí-

ses limítrofes (Argentina y Brasil) llegadas a la capital del país rentadas o

engañadas por “agitadores foráneos” y por el “socio comunismo”, “serviles

de la horripilante tiranía que ordena desde Moscú”. El Día (6/6/1962). En

Merenson (2010: 126).

25 Autodefinido como grupo democrático, nacional e intelectual, laico y apolí-

tico, entre cuyos cometidos fundamentales figuraba el perfeccionamiento

242 • América Latina: bajo la sombra de la Guerra Fría

y el Movimiento Nacional por la Defensa de la Libertad (MONDEL).26 Estas, encolumnadas tras la Confederación de Sindicatos Uruguayos y mediante un discurso naciona-lista y anticomunista, alegaban actividades “subterráneas” que venía realizando el comunismo en el país y una depen-dencia absoluta del sindicalismo uruguayo en relación con el comunismo soviético que solo buscaba “erosionar los cimientos de la nación oriental”, lo que ameritaba, según su perspectiva, la ruptura de relaciones diplomáticas con la URSS y Cuba, la prohibición del Partido Comunista de Uruguay (PCU) –entre otros movimientos y partidos de izquierda– y la deportación de los cuerpos diplomáticos cubanos y soviéticos.

En paralelo a la irrupción de dichas organizaciones, desde mediados de la década de 1950, se perpetraron diver-sos atentados a locales y personalidades de izquierda. El primero tuvo lugar el 7 de noviembre de 1956 cuando fue incendiado el consulado de la URSS. A aquel episodio le sucedieron el fracasado intento por “tomar” la Universidad de la República (UdelaR) en octubre de 1960 –donde hubo disparos de armas de fuego–; el asalto a la sede central del PCU en enero de 1961, que terminó con la muerte de Serafín Billoto en un confuso episodio entre militantes del partido y miembros de organizaciones filo-fascistas; el asesinato del profesor Arbelio Ramírez, producto de un dis-paro calibre 38, tras el acto realizado en agosto de 1961 por Ernesto “Che” Guevara en el paraninfo de la universidad;

de la democracia representativa frente a la “amenaza proveniente de Mos-cú”. Al respecto, véase la campaña de afiliación publicada en el periódico El Bien Público (1960: 4).

26 En 1960, con respecto a las manifestaciones del período en contra de las políticas liberales del gobierno blanco, un artículo de dicho movimiento planteó: “En realidad lo que ocurre es que el ‘buró’ político del comunismo criollo, sirviendo los planes de sojuzgamiento mundial de los rusos, coordi-na, maneja y dirige todas estas manifestaciones que, en general, desembocan en la paralización del trabajo, atentando contra la economía familiar de los propios obreros y, sin duda, contra la economía nacional misma”. La Mañana (13/9/1960). En Broquetas (2012: 20).

América Latina: bajo la sombra de la Guerra Fría • 243

el atentado con explosivos a la editorial Pueblos Unidos, el 16 de mayo de 1962; y el atentado con bombas molotov al local de la seccional sur del PCU ubicado en la calle Yial 1614, el 11 de septiembre de 1962, en donde fue asesi-nado Olivio Raúl Píriz Cela, un bebe de cinco meses hijo de los caseros.27

Ante los hechos de violencia, la dirección del Partido Socialista de Uruguay (PSU) accedió a la propuesta acercada por un sector de sus afiliados que planteaban la necesidad de conformar una estructura que se encargase de la segu-ridad diaria del partido y sus miembros.28 Retomando las investigaciones de Duffau (2008) y Yaffé (2016) es posible señalar que el partido organizó tres grupos de autodefensa que llegaron a reunir unos cincuenta militantes; estos, res-pondiendo a una disposición geográfica, se dividieron en tres zonas: un núcleo en el litoral del río Uruguay (departa-mentos de Salto, Paysandú y Artigas) comandado por Raúl Sendic; otro al este del país29 y un tercero que reunía las

27 Con la excepción del último caso, todas las investigaciones policiales sobre lo ocurrido naufragaron rápidamente sin arrojar culpables ni condenas; en alusión a aquel proceder, el por entonces miembro del PCU Niko Schvarz, desde las páginas de Estudios (1962: 8-9), denunció la vinculación entre “gru-pos nazis como el MEDL” y la embajada norteamericana.

28 Al respecto, el por entonces dirigente José Enrique Díaz señaló: “Los llama-dos grupos de autodefensa no existieron como organización estable, regula-da y real ni dentro ni fuera del PS. Lo que tuvimos fueron compañeros selec-cionados eventualmente para proteger, en actos y manifestaciones, a unas pocas personalidades del PS (Cardoso, Trías y pocos más). Alguna vez se lla-mó a un pequeño grupo para intentar defender algún local amenazado, como la Casa del Pueblo y algún otro”. Entrevista del autor (2020).

29 Ambos autores se basan en el testimonio de Carlos Roberto Riverós para sostener que dicho grupo estuvo dirigido por Manuel Toledo, maestro y miembro del Partido Socialista en Treinta y Tres. Cabe señalar que al repre-guntarle al respecto este señaló: “Lo de Toledo es más una suposición que una certeza. Había otros compañeros también” (2021). Por otra parte, al consultar sobre la supuesta participación de Juan Manuel Toledo Amorín (2020) –hijo de Manuel– y de José Díaz (2020), ambos lo negaron. Sobre la trayectoria política de Manuel Toledo, véase Toledo Amorín (2020).

244 • América Latina: bajo la sombra de la Guerra Fría

zonas centro y sur, coordinado por Jorge Amílcar Mane-ra Lluveras.30

La génesis del Coordinador

En el Uruguay de 1962, durante un contexto de crisis econó-mica y movilizaciones sindicales, la izquierda se encontraba en un profundo proceso de transformación y redefinición inter-na. Allí, dos hechos del ámbito local terminarían de delimitar posiciones.

Acontecida entre abril y junio, la primera marcha de la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas (UTAA) a Mon-tevideo puso al descubierto una vez más la contracara de la publicitada “Suiza de América”; trayendo consigo décadas de explotación y censura a cuesta, doscientos cañeros irrumpie-ronenlacapitalparareclamarelcumplimientoefectivodecon-venios colectivos de trabajo y la sanción de una ley impulsada por el propio sindicato. Frente a ello, la respuesta del Estado fue contundente: represión policial, la no reglamentación del anteproyecto31 y la detención de más de treinta trabajadores en la cárcel de Migueletes, acciones que fomentaron la solida-ridad y el acercamiento de diversas organizaciones y espacios

30 En alusión a las particularidades de dichos grupos, Manera Lluveras afirmó: “Había posiciones dispares en la dirección del partido, algunas eran favora-bles a nosotros, otras totalmente contrarias, y coexistimos, vamos a decir, durante algunos años con la doble militancia. […]La disciplina del partido era muy laxa, muy elástica, y nos dejaba hacer, nos permitía hacer otras cosas también, trabajos clandestinos”. Entrevista realizada por Rolando Sas-so (2008). Disponible en Documentación y Archivo de la Lucha Armada “David Cámpora” (DALA DC) del Centro de Estudios Interdisciplinarios Uruguayos (CEIU), perteneciente a la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE) de la UdelaR.

31 EldiputadosocialistaGermánD`ElíafueelencargadodepresentarloenlaCáma-ra, pero no se logró el quorum para sesionar. Este incluía el establecimiento de jor-nadaslaboralesdeochohoras,elpagodehorasextrasylaradicacióndelafamiliaen elestablecimientoconeltrabajador,entreotrosaspectos.

América Latina: bajo la sombra de la Guerra Fría • 245

de izquierda a la “causa cañera” (Fernández Huidobro, 1990; Aldrighi, 2001).

Al momento de emprender el regreso, habiendo consegui-doorganizarunareddeapoyoyrespaldo,yconcientizadosdela presiónquelosgrandesterratenientespodíanejercerenlacapi-tal,laUTAAimpulsóuncambiodeestrategiaydeplandelucha. En alusión a dicha reconfiguración y al proceso de convergen-cia en el interior de la izquierda oriental, Eleuterio Fernández Huidobro –por entonces militante del Movimiento Revolucio-narioOriental(MRO)yfuturofundadordelMLN-T–,planteó:

UTAA tenía un plan, un plan que Sendic nos contó […]. En el norte, cerca de Colonia Palma, hay una estancia vacía, abandonada, improductiva, de 25.000 hectáreas. Nosotros las vamos a ocupar si Uds. nos ayudan, si Montevideo nos ayuda, si los sindicatos urbanos nos ayudan, si la clase obrera hace suya esta lucha. Porque si no bastará [con] que un comisario y un piquete del ejército vayan allá, para que en este país no haiga pasado nada, nos apaleen y nos manden presos. […] La caja de resonancia de lo que se haga allá, está acá. Ustedes tienen que ponerla en marcha. Aunque parezca mentira, a la represión de allá se la puede parar desde acá (1986: 27-28).

En cuanto al segundo episodio, este tuvo lugar en noviem-bre y sería el definitivo “parteaguas”: las elecciones naciona-les que dieron por vencedora a la Unión Blanco Democrá-tica (UBD), uno de los lemas del Partido Nacional. Aquellos comicios, que encontraron a la izquierda parlamentaria dividi-da en dos grandes bloques –el Frente Izquierda de Liberación (FIdeL), encabezado por el PCU y la Unión Popular (UP) por el PSU–, arrojaron un caudal de votos muy por debajo de lo esperado, lo que precipitó tanto que algunos acuerdos progra-máticos se rompiesen rápidamente como que los sectores más radicalizados se replanteasen nuevos caminos y estrategias por seguir.32

32 LaUPobtuvoel2,3%enlacontiendaelectoral,apartirdelocualostentódosbancas parlamentarias (una por Canelones y otra por Montevideo), pero tras un fuerte

246 • América Latina: bajo la sombra de la Guerra Fría

Particularmente dentro del PSU, el haberse quedado por primera vez en su historia sin participación parlamen-taria –sumado a la ya mencionada conformación de grupos de autodefensa–, estimuló que algunos de sus integran-tes reviesen la factibilidad de emplear la vía electoral para la transformación política del país. Sobre las consecuen-cias que trajeron aquellas elecciones dentro del seno de la izquierda, José Mujica Cordano –por entonces miembro de la Juventud Errerista, parte de la UP– recordó:

Procesada la elección y con un balance somero de lo que había pasado en esa izquierda emergente, que algunos lo tomaban como optimista por esto y por el otro, pero que para nosotros… sé que nos retiramos esa noche con esta con-vicción clara: por acá no va. Curiosamente le había pasado a otra gente en el Partido Socialista y tal vez a alguna otra gente le pasó lo mismo en el seno del FIdeL, es decir, sin conexiones formales el balance de esa elección en el campo de la izquierda y con el horizonte que había establecido la Revolución cubana (Campodónico, 2015: 79).

Los acontecimientos de aquel año terminaron de pre-cipitar que individuos escindidos del MRO, sectores de los partidos Socialista y Comunista, de la Federación Anarquis-ta Uruguaya33 e independientes, comenzaran a organizar en forma autónoma y paralela células de autodefensa armada frente a las embestidas de los grupos anticomunistas y la represión policial, y en torno a las reivindicaciones cañeras como elemento catalizador; reivindicaciones que, como se dejó de manifiesto, tras la primera marcha dejaron de ser reclamos de neto corte sindical –extensión de la jornada laboral, licencias, valor del jornal, etc.– para pasar a focali-zarse en la toma de tierras.

debateinterKaNCgLvMEXxNzMxj2F7FYi1AdRrTo6Nhu porelsectordeErro,querompiócon losacuerdoscontraídosyprovocóelalejamientodelPSU.

33 Sobre el papel de la FAU en el Coordinador, véase Mechoso (2002:

251-256).

América Latina: bajo la sombra de la Guerra Fría • 247

Otros factores que aglutinaron a aquellos espacios heterogéneos fueron su respaldo a la Revolución cubana, un marcado antiimperialismo y el reconocer el ascenso de la conflictividad social en el país, lo que demostraba, a su entender, las limitaciones del parlamentarismo y la nece-sidad de abandonar el debate teórico de la izquierda para pasar a concretar acciones en pos de apoyar e impulsar transformaciones tangibles. Fruto de dicha perspectiva, se erigió en el interior del grupo Coordinador la frase “las palabras nos separan, los hechos nos unen”.

Aquel impulso inicial, tal como planteó la historiadora y extupamara Clara Aldrighi, “capitalizó en un primer momento las redes de grupos radicales de la izquierda, polí-ticos o sindicales, ya organizadas con funciones de autode-fensa, poco jerarquizadas, flexibles en lo organizativo y en las formas de movilización” (2001: 73).

El movimiento tupamaro y la influencia cubana

En 1964, tras la ruptura de relaciones diplomáticas con Cuba por parte de Uruguay, los distintos sectores del Coor-dinador realizaron acciones de “apoyo a la revolución”, las cuales consistieron en arrojar cócteles molotov tanto a las residencias de cuatro de los miembros del Consejo de gobierno como a empresas estadounidenses (Coca Cola, General Electric y City Bank, entre otras).34

Indudablemente, lo acontecido en la isla desde media-dos de la década de 1950 no pasó inadvertido tanto para el germinal Coordinador como durante el posterior desarro-llo del MLN-T. Teniendo en consideración que su influen-

34 Al respecto, el dirigente anarquista Juan Carlos Mechoso señaló: “En ese momento hubo una movilización importante, bombas a varias firmas norte-americanas; la Mc Cormack fue una acción realizada por la militancia de la FAU, además de algunas vidrieras y bombas molotov en otras empresas”. Entrevista del autor (2020).

248 • América Latina: bajo la sombra de la Guerra Fría

cia abarcó diversos aspectos con heterogéneas intensidades, en el presente apartado nos detendremos en dos grandes ejes: los aspectos teóricos y materiales (armas, dinero y cur-sos de entrenamiento).

En el plano teórico, a partir de los documentos uno a cinco (1967-1970) del MLN-T, es posible reconocer con-tinuidades en el rol que se le atribuyó a la lucha armada como el mejor instrumento para “crear condiciones revo-lucionarias”, la “continentalidad” de la lucha revoluciona-ria y su estrategia de “desgaste” vinculada a “crear varios Vietnam en América”, la concepción del “hombre nuevo” u “hombre del mañana”, la impronta contra el “sistema anti-imperialista mundial” y la afirmación de que la única vía para la revolución socialista sería la lucha armada (Guevara, 2002; Aldrighi, 2001).

Por otra parte, el haber optado por la lucha armada urbana le valió a los tupamaros afrontar importantes dis-crepancias con diversas figuras de la corriente castrista. Según Regis Debray, Fidel Castro caracterizó la ciudad como “un cementerio de los revolucionarios y de recursos” (1967: 56); a su vez, referentes como Ernesto “Che” Gueva-ra y Carlos Marighella le confirieron un papel secundario de colaboradora y subsidiaria de la rural (Guevara, 2002; Marighella, 1970: 1-23). Debray sostuvo que, a su juicio, “las montañas” –es decir la guerrilla rural– podrían “proletari-zar” al campesino y hasta al burgués, mientras que la ciudad “aburguesaba” hasta al proletario (1967: 61-63).

A raíz de ello, y teniendo en consideración las condi-ciones geográficas nacionales deficitarias para implantar un “foco rural”, el movimiento tupamaro se nutrió de antece-dentes externos que le sirvieron como ejemplo; al respecto cabe mencionar la resistencia francesa a la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial, el Irgún judío que enfrentó a los británicos en Palestina, al Frente de Libe-ración Nacional argelino, la experiencia bajo el mando del general Georgios Grivas de la Organización Nacional de Combatientes Chipriotas (EOKA), la obra La guerra de la

América Latina: bajo la sombra de la Guerra Fría • 249

pulga de Robert Taber (1967) y los intercambios con mili-tantes exiliados –Abraham Guillen, Nell Tacci, Joe Baxter, Ciro Bustos y Leonel Brizola, entre otros– (Madrugi, 1970; Marchesi, 2019; Martínez Ruesta, 2019).

Otro punto de divergencia fue si era o no posible generar un movimiento revolucionario en un país como Uruguay, conocido internacionalmente por ser la “Suiza de América”, “en donde existía una extensa tradición democrá-tica y una población ‘amortiguada’”. Al respecto, cabe recor-dar que Guevara, en parte de su discurso en el paraninfo de la UdelaR, en agosto de 1961 –minutos antes del ya mencio-nado asesinato del espectador Arbelio Ramírez–, planteó la necesidad de “cuidar la posibilidad de expresar las ideas” [en Uruguay], de “avanzar por cauces democráticos hasta donde se pueda ir”, ya que “cuando se empieza el primer disparo, nunca se sabe cuándo será el último”.35

Con respecto al segundo eje, tanto el grupo Coor-dinador como los tupamaros buscaron en todo momento la “autogestión”, la independencia material. Prueba de ello es que las primeras “expropiaciones financieras” comenza-ron en 196336 y se mantuvieron hasta su derrota militar en 1972.37

35 Como material suplementario se recomienda reflexionar sobre la perspecti-va de Fidel Castro durante la I Conferencia de la Organización Latinoame-ricana de Solidaridad (OLAS) –disponible en María Gutiérrez (1967: 22-23)– y los puntos que se debatieron en la extensa reunión que tuvo lugar en la primavera montevideana de 1964, entre Debray y varios integrantes del futuro MLN-T, disponible en Fernández Huidobro (1987: 69-70).

36 Solo en el transcurso de ese año se intentó expropiar la sucursal del barrio Buceo del Banco de Cobranzas (junio), un depósito de la empresa Sudamex (junio) y la sucursal Brazo Oriental del Banco de Cobranzas (octubre).

37 Al respecto, Mauricio Rosencof sostuvo: “Claro, para nosotros era muy importante saber que, llegado el caso, contar con un apoyo de mayor magni-tud de parte de organizaciones revolucionarias de otros países […]. Pero no se puede construir una organización, ir a Cuba, tocar timbre, decir que se acaba de crear una organización revolucionaria, que se necesitan veinte mil dólares y esperar que los cubanos contesten […]. Hubo casos así. Nosotros no lo hicimos. Las armas y el dinero estaban acá. Hicimos muchas operacio-nes, desarmamos milicos, asaltamos cuarteles, expropiamos a Mailhos, el casino de Punta del Este, etc.”. En Campodónico (2012: 205-206).

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En cuanto al armamento con el que llegó a contar el movimiento, este se adquirió a partir del “desarme” a poli-cías y del robo a armerías, clubes de tiro y hasta de depen-dencias del Estado. Por otra parte, cabe mencionar que, en determinado momento, a partir del aumento de miembros sin experiencia en el manejo de armas, y ante la ausencia de espacios para realizar entrenamientos a gran escala, se decidió el envío de fusiles a la guerrilla comandada por Osvaldo Peredo en Bolivia.38

Por otra parte, en cuanto al vínculo directo con Cuba es significativo señalar que ningún representa del MLN-T fue invitado a participar de la primera reunión de la Organiza-ción Latinoamericana de Solidaridad (OLAS), llevada a cabo entre julio y agosto de 1967. Este primer contacto se mate-rializó recién a fines de aquel año, cuando por intermedio del periodista de Época Andrés Cultelli Raúl Sendic viajó clandestinamente a la isla (Campodónico, 2015:130-131).

Pero recién fue más formal y directo en 1970, basado en la recepción de refugiados por parte de la isla (Aldrighi, 2001: 118). Al respecto, José Mujica Cordano señaló:

La ayuda va a ser como un refugio […] la política era que esos compañeros se fueran para el exterior y son esos compañeros que van saliendo en esa situación, que algunos van a Cuba, y ahí como exiliados propician algunos cursillos que reciben de formación, que en realidad a posteriori van a servir mucho más en otras partes del mundo que acá, porque acá las cosas siguen otro curso.39

38 Al respecto, véase Carta del “Chato” Peredo al MLN-T (1970).

39 Entrevista realizada por Miguel Ángel Campodónico (s/f). Disponible en

DALA DC.

América Latina: bajo la sombra de la Guerra Fría • 251

Palabras finales

Como tratamos de demostrar a lo largo del presente capí-tulo, tanto para el caso del grupo Coordinador como para el movimiento tupamaro la influencia de la Revolución cuba-na no fue una relación de “sumisión y adoctrinamiento”; a nivel material y teórico ambos espacios lograron mantener su autonomía, e incluso en algunos aspectos conceptua-les la relación poseyó importantes discrepancias, como la viabilidad de iniciar la lucha armada en Uruguay y que la estrategia tuviese como epicentro la ciudad.

Así como las características geográficas nacionales condicionaron las estrategias que habrían de ser implemen-tadas y precipitaron que los tupamaros tuviesen que apelar a otras experiencias por fuera del castrismo ortodoxo, fue-ron también los factores internos del país los que fomen-taron la conformación primero del grupo Coordinador y posteriormente del MLN-T.

Sin la descomposición del modelo neobatllista; la crisis de representatividad de los partidos Colorado y Nacional; el aumento de la variedad y cantidad de manifestaciones obreras (urbanas y rurales) en oposición al viraje liberal de la economía y al deterioro de las condiciones de vida; la represión policial in crescendo a manifestaciones obreras y estudiantiles; el bajo índice de apoyo electoral para el FIdeL y la UP en las elecciones nacionales de 1962 y 1966; la campaña difamatoria contra el “enemigo comunista” a manos de los grandes medios de comunicación, la emba-jada norteamericana y el gobierno nacional; el nacimiento y desarrollo de organizaciones conservadoras nacionalistas y anticomunistas; la aplicación de medidas persecutorias que amenazaron libertades individuales por parte del pri-mer colegiado blanco; la seguidilla de atentados y ataques a instituciones e individuos de izquierda que precipitaron la conformación de grupos de autodefensa; la renovación y reestructuración de la UdelaR que se reflejó en su acti-vo trabajo social; y el arribo de militantes exiliados que

252 • América Latina: bajo la sombra de la Guerra Fría

compartieron sus experiencias con el grupo Coordinador el análisis sobre la gesta del MLN-T sería fragmentario e incompleto.

A partir de lo expuesto a lo largo del presente artículo, es posible afirmar que la experiencia del movimiento tupa-maro, tanto por su independencia material como por su flexibilidad teórica y conceptual con respecto a Cuba, si bien se desarrolló en plena Guerra Fría, fue fruto en prime-ra instancia de las aceleradas transformaciones sufridas en Uruguay desde la década de 1950.

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La producción social de las juventudes en tiempos de Guerra Fría: discursos y sentidos en el Festival Mundial

de la Juventud y los Estudiantes

PABLO VOMMARO

Las primeras décadas de la llamada Guerra Fría fueron un momento histórico de emergencia de las juventudes como sujetos políticos y sociales. A finales de los años cincuenta y durante todos los sesenta y setenta las y los jóvenes des-plegaron una creciente capacidad de organización, movili-zación y visibilidad pública que se expresó en la produc-ción de estilos singulares que diferenciaron los mundos de vida juveniles y de formas de politización radical que los constituyeron en protagonistas y dinamizadores de los con-flictos de la época.

En esta coyuntura, surgieron diferentes organizaciones y espacios de militancia política, cultural y social que entra-maban distintas esferas sociales como la estudiantil, la par-tidaria, la barrial-comunitaria, la vinculada con la fe reli-giosa y la del trabajo. Dentro de estos espacios, el Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes (FMJE) fue un encuentro internacional organizado en forma conjunta por la Federación Mundial de Juventudes Democráticas (FMJD) y la Unión Internacional de Estudiantes (IUS, por su sigla en inglés), que comenzó a realizarse en 1947, en los prime-ros años de la segunda posguerra y cuando comenzaba a visibilizarse el conflicto conocido como Guerra Fría.

El Festival estaba vinculado al denominado bloque socialista y se realizó en diversos países, la mayoría socialistas y alineados con la Unión Soviética (el primer FMJE se hizo en Praga, Checoslovaquia), aunque otros

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se organizaron en países considerados neutrales, como Austria (1959) o Finlandia (1962). Su onceava edición (en 1978) se celebró en La Habana, Cuba, siendo la pri-mera vez que el Festival se hacía en América Latina.

Tanto el FMJE como las organizaciones a partir de las cuales surgió (FMJD, creada en 1945, y la IUS, fundada en 1946), pueden ser consideradas como espa-cios de organización, movilización y encuentro de las juventudes referenciadas en ciertos ámbitos del socialis-mo y en movimientos definidos como revolucionarios o de liberación nacional y social a nivel mundial. Es decir, como expresión de una de las vertientes de la politización y la producción cultural juvenil del período (Hobsbawm, 2006).

A partir de lo dicho, en este artículo nos propo-nemos estudiar los discursos y sentidos producidos en estos Festivales acerca de las juventudes e identificar sus principales rasgos, singularidades y elementos en común. Para aportar a la comprensión de los proce-sos de producción social de las juventudes en espacios de participación, militancia y activismo político, nos basaremos en los documentos elaborados antes, durante y después del XI Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes (La Habana, 1978) y en los principa-les discursos que allí se pronunciaron y los pondre-mos en relación con análisis e interpretaciones acerca de los procesos de politización y radicalización juve-nil en la época.

Las juventudes de las rebeldías con causa

La juventud considerada como sujeto o actor social es un producto del capitalismo y la modernidad. El dispositivo escolar, en su doble dimensión de contenedor de niños y jóvenes y de instancia propedéutica para el mundo del

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trabajo y la política ciudadana, fue el espacio que el siste-ma de dominación construyó para los jóvenes (Balardini, 2000).1

Aunque su estudio genealógico podría llevarnos a épo-cas anteriores, fue a partir de la segunda posguerra cuan-do comenzó a considerarse en los países occidentales este período como un momento específico y diferenciado de la vida, con intereses, espacios y estilos singulares y que los caracterizaban. Para Valeria Manzano “la juventud como categoría sociocultural adquirió prominencia en el trans-curso del siglo XX” a partir de “los discursos psicológico, sociológico y educativo sobre la juventud” que “guarnecie-ron la nueva categoría con atributos cruciales de la moder-nidad a medida que circulaban transnacionalmente” (Man-zano, 2017: 22). Asimismo, Manzano señala que entre los años cincuenta y setenta del siglo XX la juventud devino en una categoría cultural y política y las y los jóvenes se convirtieron en los actores sociales más dinámicos, sien-do portadores tanto de “dinámicas sociales de moderniza-ción sociocultural” como de “descontentos expresados bajo las formas de rebelión cultural y radicalización política” (Manzano, 2017: 17). Estos descontentos, de acuerdo con la autora, “se plasmaron en una cultura juvenil contesta-taria” (2017: 18).

En la actualidad, los jóvenes son protagonistas de múl-tiples organizaciones que despliegan proyectos y prácti-cas diversas –muchas de ellas de carácter emancipatorio y alternativo–, constituyéndose en parte integrante de sujetos sociales que construyen propuestas alternativas de organi-zación política, social y cultural (Botero, Torres, Alvarado, 2008: 569). A partir de nuestra perspectiva centrada en la relación entre las y los jóvenes, sus formas de participa-ción política y la constitución de organizaciones sociales, políticas y culturales que pueden considerarse juveniles,

1 En la Argentina esto fue complementado por otras instituciones estatales, como el servicio militar obligatorio para los jóvenes varones.

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consideramos a la juventud como experiencia vital y cate-goría sociohistórica definida en clave relacional, más que etaria o biológica.2

En su ya clásico trabajo acerca de la juventud, Bourdieu (1990 [1978]) advertía que “las clasificaciones por edad […] vienen a ser siempre una forma de imponer límites, de pro-ducir un orden en el cual cada quien debe mantenerse, cada quien debe ocupar su lugar” (Bourdieu, 1990 [1978]: 164). Relativizando la noción de juventud, el sociólogo francés insinuaba que “siempre se es joven o viejo para alguien. Por ello las divisiones en clases definidas por edad […] son de lo más variables y son objeto de manipulaciones” (Bourdieu, 1990 [1978]: 164). Y concluía que

Hablar de los jóvenes como una unidad social, de un grupo constituido, que posee intereses comunes, y referir estos intereses a una edad definida biológicamente, constituye en sí una manipulación evidente. Al menos habría que diferenciar entre las juventudes (Bourdieu, 1990 [1978]: 165, destacado en el original).

Poniendo el foco en la cuestión generacional, Bourdieu señala que “la juventud y la vejez no están dadas, sino que se construyen socialmente en la lucha entre jóvenes y vie-jos” (1990 [1978]: 164). Para este autor, estas disputas se dirimen muchas veces como “conflictos entre sistemas de aspiraciones constituidos en edades diferentes” (Bourdieu, 1990 [1978]: 170). El sistema escolar, ámbito privilegiado de inserción de los jóvenes, tiene un rol fundamental en la definición de la dinámica de los conflictos generacionales que Bourdieu analiza en tanto “transmisión de poderes y privilegios” (1990 [1978]: 173).

2 A pesar de nuestro énfasis en las dimensiones histórico-social y relacional, no desconocemos el anclaje etario de la noción de juventud –aun en su clave generacional–. Al respecto, numerosos estudios, citados por ejemplo en Ghiardo (2004: 18), definen los límites biológicos de la juventud entre los 14 y 29 años, aunque otros los restringen entre los 18 y los 29 años.

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Coincidimos entonces con Redondo en que la juventud es una noción “escurridiza”, pero en cualquier caso mucho más sociohistórica –relacional y cultural– que biológica (Redondo, 2000: 180). De esta manera, más allá de las difi-cultades que presenta y de los límites que han mostrado muchas de sus definiciones, creemos que el concepto de “juventud” o “juventudes” –como ya proponía Bourdieu en 1978– no ha perdido relevancia para el análisis que rea-lizamos en nuestras investigaciones. Para ello, es preci-so avanzar hacia una definición posible que nos permita aprehender estas complejidades en todas sus dimensiones y significados. En esta dirección, recuperamos algunas de las ideas propuestas por Pérez Islas (2006), quien ha establecido criterios relevantes para definir lo que él llama “lo juve-nil”, incorporando los avances que se han producido sobre este tema en diferentes campos de la investigación social. Siguiendo a este autor, lo juvenil en la sociedad contempo-ránea puede ser entendido como:

• Un concepto cuyo significado debe desentrañarse tomando como punto de partida una perspectiva rela-cional, es decir, en la que cobre relevancia la consi-deración de los vínculos con un entorno social más amplio. De ahí que lo juvenil no solo supone la defi-nición positiva acerca de qué es y cómo puede ser definido un joven, sino además contemplar las disputas sociales en torno a la conceptualización misma de la(s) juventud(es). Así podremos reconocer lo juvenil como producto de una tensión que pone en juego tanto las formas de autodefinición como las resistencias a las formas en que son definidos por otros grupos socia-les (sean los adultos, las instituciones sociales y otros jóvenes, entre otros).

• La recuperación de las tensiones que se ponen en juego para conceptualizar lo juvenil supone que no poda-mos desconocer las relaciones de poder y dominación social involucradas en estas elaboraciones, así como sus

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límites simbólicos, que demarcan fronteras de exclu-sión en cuanto a un atributo asociado con la juventud, que algunos sectores sociales tendrían y del que otros carecerían (educación y modas, entre otros).

• Las modalidades de ser joven no pueden reificarse puesto que han cambiado, y lo seguirán haciendo, a lo largo de la historia y en función de las también cambiantes coyunturas sociales, políticas, económicas y culturales. Por eso, es preciso reconocer cómo van reconfigurándose a lo largo del tiempo.

Esto último es fundamental en nuestro trabajo, puesto que al estudiar las formas que asume la participación polí-tica entre los jóvenes deberíamos ser capaces de reconocer las características distintivas que adquiere lo juvenil en cada uno de los momentos históricos considerados. Esto es, no naturalizar sus características y dar cuenta del proceso de construcción de la categoría “juventud”, de su pluralización y de las formas de entender sus vínculos con la políti-ca en cada coyuntura. Es decir, proponemos considerar la diversidad de prácticas, sentidos y universos simbólicos y de significación que convergen en esta categoría, cruzada a su vez por variables como clase, género, etnia, cultu-ra, región y contexto sociohistórico, entre otras (Bourdieu, 1990; Reguillo, 2000).

Proponemos comprender los procesos de configura-ción generacional como emergentes de las dinámicas histó-ricas antes que como una característica inherente a la con-dición juvenil. Por eso, nuestro punto de partida confronta con la idea de que los jóvenes, en cuanto tales, tienen mayor predisposición ya sea a la acción y a la participación o al desencanto con la política y a la retracción de los compro-misos públicos. Siguiendo a Urresti, para comprender a los jóvenes es preciso “más que pedirles o juzgarlos por aquello que hacen o no hacen respecto de los jóvenes de generacio-nes anteriores, comprenderlos en su relación con la situa-ción histórica y social que les toca vivir” (2000: 178).

América Latina: bajo la sombra de la Guerra Fría • 263

Por eso, la juventud es una categoría que cobra signifi-cado únicamente cuando podemos enmarcarla en el tiempo y en el espacio, es decir, reconocerla como categoría situada en el mundo social (Chaves, 2006). De acuerdo con esto, analizamos las modalidades en que se produce la juven-tud (Martín Criado, 1998) a partir de experiencias y com-promisos vitales, sociales e históricos diferentes, que no hacen sino mostrar los límites –como nos recordó Bour-dieu– que presenta toda clasificación cuyo centro sea la edad biológica.

Retomando a Bajtín (1981), Alvarado, Martínez y Muñoz Gaviria (2009) proponen comprender al “sujeto joven” como cronotopo. Con esta denominación estos auto-res buscan remarcar “la capacidad constructora de espacios vitales de los jóvenes” a la vez que “espacio y tiempo no existen separadamente; no hay tiempo sin espacio y espacio sin tiempo” (Alvarado; Martínez; Muñoz Gaviria, 2009: 98). Esta “inseparabilidad del tiempo y del espacio” que ubica al tiempo “como cuarta dimensión del espacio” (Bajtín, 1981: 84-85) se expresa con énfasis en el sujeto juvenil según como lo piensan estos autores.

A partir de estos planteos, proponemos entender la juventud en tanto generación. La generación no puede ser considerada como una mera cohorte, puesto que –como ya lo había señalado Mannheim (1993 [1928])– la mera contemporaneidad cronológica no es suficiente para defi-nir una generación.3 Por el contrario, la idea de genera-ción, antes que a la coincidencia en la época de nacimiento, “remite a la historia, al momento histórico en el que se ha sido socializado” (Margulis y Urresti, 1996: 26). Sin embar-go, una generación tampoco puede comprenderse solo a partir de la coexistencia en un tiempo histórico común,

3 Una de las acepciones de la Real Academia Española para este término, refi-riendo justamente a la generación juvenil, es ‘conjunto de personas que, por haber nacido en fechas próximas y recibido educación e influjos culturales y sociales semejantes, se comportan de manera afín o comparable en algunos sentidos’. Disponible en: https://bit.ly/3xA08Kd.

264 • América Latina: bajo la sombra de la Guerra Fría

sino que –para ser tal– debe poner en juego de una u otra forma criterios de identificación común entre sujetos que comparten un problema.4

En Mannheim, la generación no es un “grupo concre-to”, sino más bien una “conexión” (1993 [1928]: 207). El autor húngaro plantea que los casos en los que las genera-ciones se convierten en grupos concretos son “especiales” y devienen del “tornar consciente” la “conexión generacio-nal” (Mannheim, 1993 [1928]: 207). Si bien la dimensión etaria fundamenta la dinámica de las generaciones, no la constituye. Además, relativizando el peso de la edad bio-lógica, Mannheim habla de un “envejecimiento corporal y uno espiritual”, que generan maneras de “ser joven” y de “envejecer” (1993 [1928]: 213).

Seguidamente, Mannheim establece una relación entre las “situaciones de clase” y las “conexiones generacionales”, en tanto ambas pueden expresar una “posición” social, sin remitir a un grupo concreto (1993 [1928]: 208). Esta posi-ción social expresada en el vínculo generacional constituye “determinados modos de conducta, sentimiento y pensa-miento”. Así, para Mannheim “la posición generacional se puede determinar a partir de ciertos momentos vitales […] que sugieren a los individuos afectados por ellos formas de vivencia y pensamiento” (1993 [1928]: 212). En otra obra, este autor plantea que la “situación generacional” consis-te en “estar expuesto a ciertos fenómenos socioculturales similares” (Mannheim, 1961: 48).

Urresti, en el mismo sentido, considera que la “posición de una perspectiva generacional particular” constituye una “situación en la cual se vivencia la experiencia social de manera diferente” (2000: 178). Para Alvarado, Martínez y Muñoz,

4 Para ampliar este punto ver Bonvilani, Palermo, Vázquez y Vommaro (2008).

América Latina: bajo la sombra de la Guerra Fría • 265

La generación, como categoría de apoyo para la comprensión de lo juvenil, remite a la edad, pero como una producción cultural, social e histórica. Así, la adscripción suscitada por una determinada generación […] se perfila como un hori-zonte continuo que persevera en su intento de intensificar la identificación juvenil y con ello la emergencia colateral de diferentes conflictividades, tanto en sí misma, como con otras generaciones (2009: 99).

Una generación, entonces, puede ser comprendida a partir de la identificación de un conjunto de sujetos que comparten la experiencia de lo que perciben como un con-flicto, un problema. Así, el vínculo generacional aparece y se constituye como efecto de un proceso de subjetivación, ligado con una vivencia común en torno a una experiencia de ruptura, a partir de la cual se crean mecanismos de iden-tificación y reconocimiento en tanto parte constitutiva de un nosotros (Lewkowicz, 2004).

De esta manera, Ignacio Lewkowicz propone definir una generación no como aquello ligado directamente a la edad de los individuos, como lo que se constituye por la proximidad en las fechas de nacimiento, sino más bien por el hecho de que las personas compartan un problema en tanto experiencia vital. Para este autor, una generación se configura cuando se tienen problemas en común que se expresan en una experiencia alteradora, y, en ese sentido, las generaciones se caracterizan, también, por sus movimien-tos de ruptura (Lewkowicz, 2004).

El vínculo generacional, entonces, no es instituido, sino que resulta de un proceso de subjetivación:

Una generación se constituye cuando el patrimonio legado se disuelve ante el embate de las circunstancias. Un saber transmitido se revela insolvente. Tenemos un problema: de esto no se sabe. Si nos constituimos subjetivamente como agentes de lo problemático del problema, advenimos como generación (Lewkowicz, 2004).

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En ese sentido, hipotetiza Lewkowicz, una generación parece surgir a partir de una experiencia originaria como punto en el que se constituye una sensibilidad, una subje-tividad. O bien a partir de una escena y de un lugar que se adopta en esa escena; adoptar ese lugar en la escena es la marca subjetiva. O también una cuestión de imágenes: ¿con qué imágenes se nace a la política? (Lewkowicz, 2004).

Bauman (2007) también señaló la importancia del aná-lisis generacional y su anclaje sociohistórico. Este autor define la generación como “un sujeto colectivo con una visión del mundo en particular, capaz de o inclinado a actuar por su cuenta y sus propios intereses particulares” (Bauman, 2007: 120-121). Asimismo, Bauman reconoce los aportes pioneros realizados por Ortega y Gasset y Mann-heim, los sitúa históricamente en la salida de la Primera Guerra Mundial, y afirma que “se podría decir que el des-cubrimiento de la generación en el sentido que propuso Ortega y Gasset y que canonizó después Mannheim […] fue por sí mismo un triunfo generacional: el de la generación de la Gran Guerra” (Bauman, 2007: 121).

En la dinámica histórica, como lo señala Bauman (2007), las generaciones pueden sucederse, pero también superponerse. De esta manera, el conflicto intergeneracio-nal se expresa en las dinámicas políticas, sociales y cultura-les de las sociedades en las que se producen. Pero también en un mismo momento histórico pueden coexistir, muchas veces en tensión, diferentes maneras de producir juventud y de ser joven ( Ghiardo, 2004: 44). Es decir, el aborda-je generacional de las juventudes y sus formas de vínculo con la política permite no solo considerar las dinámicas de generaciones sucesivas, sino también coexistentes, lo que amplía la mirada hacia los conflictos intrageneracionales.

Así comprendidos, los jóvenes son producidos –por el sistema de dominación–, en tanto colectivos organizados producen –resistencias, prácticas alternativas, creaciones, innovaciones– y se producen –generando estéticas, modos

América Latina: bajo la sombra de la Guerra Fría • 267

de ser y subjetividades, generacionalmente configuradas, que los singularizan–.

A partir de lo aquí analizado, podemos afirmar que el nacimiento de las juventudes como grupo social va de la mano de la irrupción de su participación política (ciu-dadana, revolucionaria o movimientista) y de su creciente importancia en el mundo del trabajo, así como de las figuras del joven soldado y el joven estudiante (Vommaro, 2015). Luego de la emergencia del sujeto juvenil a partir de la Revolución francesa y de su reinvención (Kriger, 2016) en el primer tercio del siglo XX (momento de irrupción del protagonismo juvenil en las guerras, los movimientos uni-versitarios y las revoluciones), se configura lo que muchos autores denominan “revuelta juvenil de los años sesenta”. Esta expresó un proceso de politización creciente en el cual las juventudes rebeldes sin causa, simbolizadas por James Dean y los primeros momentos del rock (desplegando las dimensiones culturales, estéticas, de sexualidades, de géne-ro y de estilos), devienen en rebeldes con causa, expresadas en la figura del “Che” Guevara y los jóvenes revoluciona-rios de la política en armas, los movimientos de liberación nacional y social, la lucha por los derechos civiles en Esta-dos Unidos y las rebeliones de 1968 y 1969 en diferentes regiones del mundo.

El Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes

Ya presentadas nuestras formas de abordaje de las juventu-des, sus procesos de producción social, histórica, cultural, relacional y situada y los modos de radicalización cultural y política luego de la segunda posguerra, nos enfocaremos en la interpretación del Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, así como de la Federación Mundial de Juven-tudes Democráticas y la Unión Internacional de Estudian-tes, como expresiones de un modo de politización juvenil

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en el marco de la Guerra Fría. Concretamente, y si bien el Festival se realizó en países no alineados con ninguno de los bloques en pugna como Finlandia y Austria, estos espacios condensaron buena parte de la actuación inter-nacional de las organizaciones juveniles identificadas con el campo socialista y los partidos comunistas de los cinco continentes.

Desde su primera edición en 1947 y hasta 1978, cuando se realizó en La Habana, el Festival se llevó a cabo diez veces y reunió un máximo de 34.000 delegados o representantes de organizaciones de 140 países. El XI Festival organizado en Cuba congregó a 18.500 integrantes de más de 2000 grupos juveniles de 145 países.

En sus diferentes slogans o frases convocantes la paz aparecía como sentido recurrente para motivar la movili-zación juvenil. El primer Festival se realizó en Praga, Che-coslovaquia (1947), bajo la consigna “¡Juventud, únete en la lucha por una paz firme y duradera!”. En la naciente Guerra Fría y con la Segunda Guerra Mundial aún fresca en las experiencias vitales de la época, el bloque socialista, encabezado por la Unión Soviética, buscaba constituirse en promotor de la paz frente a las agresiones de quienes que-rían detener el progreso de los pueblos hacia el socialismo, y convocaba a la juventud (en singular, homogénea) a unirse a esta causa internacional.

Edición Año Sede Asistentes Paísesre- Lema oficial

presentados

I 1947 Praga, 17.000 71 “¡Juventud, únete

Checoslovaquia en la lucha por una

paz firme y

duradera!”

II 1949 Budapest, Hungría 20.000 82 “¡Juventud, únete!

¡Adelante, por una

paz firme, por la

democracia, la

independencia

nacional de los

pueblos y por un

futuro mejor!”

América Latina: bajo la sombra de la Guerra Fría • 269

Edición Año Sede Asistentes Paísesre-

presentados

III 1951 Berlín, República 26.000 104

Democrática

Alemana

Lema oficial

“¡Juventud, únete frente al peligro de una nueva guerra, en pro de una paz duradera!”

IV 1953 Bucarest, Rumania 30.000 111 “¡No! ¡Nuestra

generación ya no

servirá a la muerte

y la destrucción!”

V 1955 Varsovia, Polonia 31.000 114 “¡Por la paz y la

amistad!”

VI 1957 Moscú, Unión 34.000 131 “¡Por la paz y la

Soviética amistad!”

VII 1959 Viena, Austria 18.000 112 “¡Por la paz y la

amistad!”

VIII 1962 Helsinki, Finlandia 18.000 137 “¡Por la paz y la

amistad!”

IX 1965 Argel, Argelia “¡Por la solidaridad,

(suspendido por la paz y la

la situación amistad!”

política y social)

IX 1968 Sofía, Bulgaria 20.000 138 “¡Por la solidaridad,

la paz y la

amistad!”

X 1973 Berlín, República 25.600 140 “¡Por la solidaridad

Democrática antiimperialista, la

Alemana paz y la amistad!”

XI 1978 La Habana, Cuba 18.500 145 “¡Por la solidaridad

antiimperialista, la

paz y la amistad!”

XII 1985 Moscú, Unión 26.000 157 “¡Por la solidaridad

Soviética antiimperialista, la

paz y la amistad!”

Ediciones del Festival desde sus inicios hasta 1985. Elaboración propia con base en FMJE (2005).

El Festival desarrollado en La Habana en julio de 1978 fue el primero que se hacía fuera de Europa (el de 1965, que iba a realizarse en Argelia, se suspendió) y el segundo

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en el que se utilizó la consigna “¡Por la solidaridad anti-imperialista, la paz y la amistad!”. A la paz se le sumaban un tipo específico de solidaridad –la antiimperialista– y la amistad. Así, paz y antiimperialismo como causas políticas internacionalistas y solidaridad y amistad como valores de la camaradería revolucionaria eran los encabezados de una convocatoria a las juventudes a movilizarse y organizarse en un mundo disputado.

En efecto, el año 1978 constituye una bisagra entre dos momentos de la Guerra Fría. El período de la llamada detente o distensión, que según diversos autores se extiende desde mediados de la década de los sesenta hasta fines de la década de los setenta del siglo XX (Veiga, Da Cal y Duarte, 1997), en el que el conflicto directo entre los dos bloques encabezados por Estados Unidos y la Unión Soviética dis-minuyó y se hizo menos frontal y más mediado. El segundo, que la mayoría de los autores consultados denominan “gue-rra de las galaxias”, se caracteriza por un enfrentamiento más directo e inicia en 1979, año en el que confluyen al menos tres hitos importantes: la Revolución sandinista en Nicaragua, la Revolución iraní y la invasión de Afganistán por parte de la Unión Soviética.

Si nos guiamos por el Llamamiento a la juventud del mundo, este Festival se realiza en el marco de un “proceso de distensión internacional de carácter irreversible” y de un “continuo progreso de la distensión internacional y coexis-tencia pacífica”. Es decir, se resalta la época de disminución del conflicto por sobre la nueva intensificación que sobre-vendría al año siguiente de este encuentro.

En este marco, la importancia que Cuba le otorgó al XI Festival realizado en su capital, La Habana, se expresa en elementos como que se declarara a 1978 como “Año del XI Festival”; que la decisión de realizar el evento en la isla se toma como resolución oficial del Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) realizado en diciembre de 1975; que esta es ratificada en el III Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) celebrado en 1977, cuando se

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aprueba la consigna del evento (“¡Por la solidaridad antiim-perialista, la paz y la amistad!”), y que Raúl Castro en su discurso inaugural enfatiza “joven del mundo, Cuba es tu casa”, haciendo hincapié en el lugar central que jugaba Cuba en la promoción del internacionalismo en aquellos años.

La resolución del Primer Congreso del Partido Comu-nista de Cuba (1975) expresa:

El Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba, valora la alta expresión de confianza y reconocimiento dada por el movimiento juvenil revolucionario, antimperialista, pro-gresista y democrático internacional hacia nuestro pueblo al escoger nuestro país como sede del XI Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes que se celebrará en 1978.

El próximo Festival tendrá por sede, por primera vez desde su fundación, un país de la América Latina. […] Esta poderosa manifestación universal, representativa y unitaria de la joven generación que lucha en todo el mundo –como parte de sus pueblos– contra el imperialismo, el colonialismo, el racis-mo y por la paz, la independencia nacional, la democracia y el progreso social […] Teniendo en cuenta todo lo anterior, el Primer Congreso del PCC considera que la presencia en Cuba de miles de jóvenes de todos los confines del planeta, de diversas razas, credos y concepciones políticas, ha de cons-tituir una magnífica oportunidad, para que nuestro pueblo y su juventud, expresen una vez más su espíritu solidario e internacionalista.

El Congreso manifiesta su confianza en que nuestro pueblo y su juventud cumplirán con honor sus deberes y responsabi-lidades para hacer del XI Festival un nuevo éxito de nuestra Revolución y de los jóvenes y los estudiantes revolucionarios y progresistas de todo el mundo, que luchan por la solidari-dad antimperialista, la paz y la amistad.

Dijimos que el Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes expresa un tipo específico de politización gene-racional (que se reconocía como socialista y revolucionaria) en el marco de la Guerra Fría. Para analizar los discur-sos y sentidos producidos en estos festivales acerca de las

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juventudes e identificar sus principales rasgos, singularida-des y elementos en común –centrados en el XI Festival de La Habana–, retomaremos la propuesta de Manzano, quien sostiene que la politización juvenil entre fines de los años sesenta y comienzos de los setenta se sostuvo sobre tres ejes principales: la cultura, la política y la sexualidad (2017: 16). Si bien Eric Hobsbawm (2006) otorga un lugar central al ejercicio de una sexualidad más diversa y libre que las décadas anteriores y al consumo de drogas en la ruptura de las normas impuestas por el mundo adulto que, siendo característica en los momentos de emergencia e irrupción generacional, se dio de un modo singular y particularmente disruptivo en esta época, estos elementos parecen no estar presentes en los documentos que relevamos del festival.5 Es decir, en el festival se despliegan las dimensiones cultural y política, que ocupan un espacio central en las diversas actividades realizadas, discursos pronunciados y documen-tos producidos, pero no aparecen visibles las cuestiones de género y sexualidades que muchos autores destacan como singularidades juveniles en la época.

Así, la idea de Hobsbawm de que “la liberación personal y social iban de la mano” en aquellos años (2006: 334) no se puede entrever en las fuentes analizadas. Existe una ape-lación a una configuración generacional nueva (en varios documentos se habla de una “joven generación”), que asu-ma en sus manos la construcción de un futuro mejor a partir de garantizar la paz en el presente, pero prevale-cen las esferas política y cultural por sobre la personal. La dimensión cultural del festival se desplegó de manera similar a la de otros eventos vinculados con los espacios socialistas y revolucionarios en la época. Según el diario El País del 14 de julio de 1978, en el encuentro se llevarían a

5 Para este artículo se relevaron los siguientes documentos: Discurso de Raúl Castro (apertura, 28 de julio de 1978); Discurso de Fidel Castro (clausura, 5 de agosto de 1978); Llamamiento o declaración (5 de agosto de 1978) y En busca de una nueva flor (canción oficial del festival).

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cabo “diversas manifestaciones deportivas, turísticas y cul-turales. Habrá un carnaval internacional, música popular y de cámara, canción política y folklórica, grupos de teatro, bailes populares, festival de cine joven, títeres, pantomima, recitales de música y poesía y certámenes de artes plásticas”. Sin embargo, en los documentos no encontramos mencio-nes a las cuestiones de género o a las sexualidades juveniles revolucionadas en aquella época. Más bien, prevalecen dis-cursos que nombran, hablan o producen a las juventudes desde el mundo adulto (Vommaro, 2015), con mandatos o prescripciones que toman más en cuenta el deber ser que las voces y expresiones de los propios jóvenes. Es decir, una producción de las juventudes a imagen y semejanza de lo que los adultos piensan y quieren que los jóvenes sean (Cha-ves, 2006). Resulta productivo entonces retomar las elabo-raciones de Duarte, quien introduce la noción de “mundo adultocéntrico” para destacar las construcciones que sobre las juventudes se realizan desde las visiones adultas. Así, el autor señala que “la condición de poder y control que los mayores poseen respecto de los menores y como estos, de una forma u otra, reaccionan resistiéndose a la situación, o bien amoldándose a ella por medio de diversos mecanismos (Duarte, 2002: 98).

Algunas expresiones de esta apelación adultocéntrica a la juventud durante el festival se encuentran en los docu-mentos estudiados. Por ejemplo, en el discurso inaugural, Raúl Castro se dirige a los “jóvenes amigos de todo el mun-do” y los nombra como “la joven generación de los países de los países socialistas, precursora junto a sus pueblos de un futuro universal, del mundo del mañana”. Conferir una etiqueta que nomina una generación como nueva o “joven” desde una exterioridad adulta y otorgar a las juventudes del presente un lugar en el futuro o el mundo del mañana pueden ser caracterizadas como operaciones adultocéntri-cas que expresan una subordinación del mundo juvenil a las concepciones adultas y una dificultad para escuchar las voces de los y las jóvenes manifestándose por sí mismas. Es

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decir, una apelación a la juventud desde la dirigencia adulta que se centra más en un deber ser –en concebir a las y los jóvenes a imagen y semejanza del adulto– que en reconocer los rasgos y las expresiones juveniles (Vázquez y Vommaro, 2012; Vommaro, 2015).

La apelación a las juventudes desde una concepción adultocéntrica se expresa también en estos tramos del dis-curso de Raúl Castro en el Acto de Inauguración del Festival Mundial, realizado en el Estadio Latinoamericano de La Habana, el 28 de julio de 1978:

La juventud constituye casi la mitad de la población del planeta. Es por naturaleza renovadora, combativa y audaz. Cuando esas cualidades admirables se ponen sin reservas al servicio de la humanidad y de sus pueblos, cuando esa fuerza se levanta en lucha, se revitalizan las esperanzas y se acre-cientan las fuerzas empeñadas en conquistar un futuro mejor para todos los hombres.

La operación de atribuirle a las juventudes rasgos que tendrían “por naturaleza” se puede ver en otros referentes de la radicalización política de la época, como Salvador Allende, y se relaciona con una visión idealizada y norma-tiva de las juventudes como portadoras del cambio social y la revolución, de una rebeldía inherente, esencial. Si bien en aquellos años existían desde luego otras juventudes, la imagen del joven revolucionario y rebelde es la que preva-lecía en los grupos militantes y en los espacios de politiza-ción revolucionaria. En efecto, en el discurso pronunciado en diciembre de 1972 en la Universidad de Guadalajara (México), Allende, luego de criticar el dogmatismo de algu-nos jóvenes que por haber leído el manifiesto comunista se atribuyen la potestad de “dictar cátedra”, expresa que “ser joven y no ser revolucionario es una contradicción has-ta biológica”, frase que condensa esta esencialización de la juventud y que se hará conocida y resonará décadas más tarde (Zapata, 2006).

América Latina: bajo la sombra de la Guerra Fría • 275

Por otra parte, el discurso de Raúl Castro ya citado contiene también una idea de continuidad, tradición y transmisión intergeneracional:

Somos el fruto de la heroica y centenaria lucha de genera-ciones de cubanos y también de la solidaridad y ayuda de muchos pueblos. Tenemos plena conciencia y no olvidamos ni por un instante esa deuda con todos y cada uno de los que en las coyunturas más adversas y difíciles nos tendieron su mano generosa o se batieron por Cuba en inolvidables jornadas de solidaridad.

Su discurso cierra con un llamamiento que retoma el slogan del festival:

¡Viva la juventud del mundo!

¡Viva la paz!

¡Viva la amistad!

¡Viva la solidaridad antimperialista!

Si bien en los documentos analizados no aparece la dimensión personal de la radicalización juvenil de aquellos años, que Hobsbawm (2006) liga a las transformaciones en el ejercicio de las sexualidades, el consumo de drogas y la emergencia de culturas y estilos musicales característicos y que Manzano (2017) vincula a las figuras del “pibe rocke-ro” y la “joven erotizada”, inescindibles según ella de la del “militante revolucionario”, se registran elementos innova-dores que podrían prefigurar una agenda emergente de cau-sas y compromisos juveniles. Por ejemplo, podemos identi-ficar cuestiones como el apartheid (presente en los discursos de Raúl y Fidel Castro y en el Llamamiento final), que se entrama con la denuncia al racismo y la discriminación y el reconocimiento a la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos. Asimismo, se presenta la defensa y la recuperación de los recursos naturales como tema de agenda juvenil que, aunque no se construye en una clave ambientalista, constituye una cuestión innovadora en

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la politización radicalizada de la época. Esto se aborda tanto en los centros de discusión política –denominados casas club– que tuvieron lugar durante el festival como en el Llamamiento final.

Un rasgo de época –generacional– que se encuentra en los documentos del festival es el creciente carácter inter-nacional de los movimientos juveniles y la internacionali-zación de los modos de ser, estar y presentarse ante otros de las juventudes, en este caso, radicalizadas en una clave revolucionaria. En efecto, según Manzano, entre los años cincuenta y setenta “la juventud trascendió las fronteras nacionales y pasó a formar parte de una red cada más inter-conectada de ideas, imágenes y sonidos” (2017: 29). Esta característica también es resaltada por Hobsbawm, quien afirma que una de las peculiaridades de la “nueva cultura” juvenil fue su “asombrosa internacionalización” (2006: 329).

Desde la consigna que encabeza el festival –“¡Por la solidaridad antiimperialista, la paz y la amistad!”– el inter-nacionalismo se deja entrever. Asimismo, tanto Fidel como Raúl Castro hablan del “joven del mundo” o de los “jóvenes de todo el mundo” y destacan no solo el internacionalismo como filosofía, ideología y consigna política, sino la inter-nacionalización de las luchas, las prácticas y las produccio-nes de sentido juveniles.6 Por ejemplo, en su discurso de clausura, Fidel Castro enumera diversas luchas nacionales y regionales llevadas adelante por las juventudes en el mundo y destaca las “justas luchas de todos los pueblos de América, África, Asia y Europa”.7

6 Cabe destacar que Cuba ya había albergado otros encuentros internaciona-listas no específicamente juveniles, como la I Conferencia Tricontinental, que se celebró entre el 3 y el 15 de enero de 1966 en La Habana. En esta con-ferencia se creó la OSPAAAL (Organización de Solidaridad de los Pueblos de Asia, África y América Latina). En la misma línea, en 1967 se fundó tam-bién en Cuba la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS). Para ampliar, consultar Rey Tristán (2005).

7 Discurso pronunciado por Fidel Castro en el Acto de Clausura del XI Festi-val Mundial de la Juventud y los Estudiantes, efectuado en el Estadio Lati-noamericano de La Habana, el día 5 de agosto de 1978.

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El Llamamiento aprobado como declaración final del XI Festival comienza con una apelación a “jóvenes y estudian-tes de todo el mundo”. Seguidamente, inscribe al encuentro como una “jornada trascendental del movimiento juvenil mundial” y destaca el “activo y hermoso papel que desem-peña la joven generación en el mundo de hoy”. Sobre el final, augura “nuevos éxitos del movimiento juvenil revolu-cionario, democrático y progresista internacional”, y cierra aclamando “la solidaridad antiimperialista, la paz y la amis-tad”, leitmotiv del encuentro.

Por último, el discurso de Fidel Castro contiene una agenda que busca acercarse y recuperar los problemas coti-dianos de las y los jóvenes, enfocándose en sus experien-cias inmediatas e incluyendo algunos temas que no eran los dominantes en los debates de este tipo de encuentros. Al dirigirse a las juventudes que viven en “países capitalis-tas desarrollados”, Fidel los interpela remarcando que están inmersos en “las crisis económicas, el desempleo que afec-ta fundamentalmente a los jóvenes, la explotación de los trabajadores, la corrupción y la enajenación”. Y al referirse a quienes habitan en “países subdesarrollados económica-mente y muchas veces neocolonizados” señala que desarro-llan sus vidas “rodeados de miseria, analfabetismo, insalu-bridad y atraso social”.

Palabras finales

En este artículo analizamos el Festival Mundial de la Juven-tud y los Estudiantes (encuentro internacional organizado en forma conjunta por la Federación Mundial de Juven-tudes Democráticas y la Unión Internacional de Estudian-tes), especialmente en su undécima edición, realizada en La Habana, Cuba, en 1978, y lo consideramos un espacio que expresó un tipo de politización y de configuración cultural juvenil (la revolucionaria y contestataria) en el marco del

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conflicto conocido como Guerra Fría. La decisión de estu-diar esta edición del festival se fundamenta en que fue el primero en realizarse en América Latina en un país en el que había triunfado una revolución de carácter socialista y que desde 1962 estaba alineado con el bloque soviético en el conflicto geopolítico mundial. Además, el encuentro suce-dió en un momento clave. Por un lado, para los movimien-tos juveniles de izquierda o revolucionarios de la región que vivían persecuciones y aniquilamientos por parte de las dic-taduras en muchos países del continente, que tenían fresco aún el golpe de Estado que puso un fin sangriento a la expe-riencia de la “vía no armada” al socialismo que constituyó el gobierno de la Unidad Popular encabezado por Allende en Chile (1973) y que un año más tarde se entusiasmarían con el triunfo de la revolución liderada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua. Por el otro, para la dinámica de la Guerra Fría, con el agotamiento del período de distensión y el ingreso a un período de escalada del con-flicto abierto entre las dos potencias en pugna.

Si bien el festival se constituyó en un espacio recono-cido de expresión y encuentro de las juventudes organiza-das en clave revolucionaria, antimperialista, progresista y democrática, en el estudio realizado no se pudo identificar la dimensión personal de la llamada revuelta juvenil de los años sesenta y setenta del siglo XX, vinculada con las sexua-lidades y con ciertas pautas de comportamiento, sociabili-dad, producción estética y consumos. Más bien, prevalecen las dimensiones políticas y culturales en las que es posi-ble encontrar similitudes con las formas de “radicalización política juvenil” y las “novedades de la cultura juvenil” de la época (Hobsbawm, 2006).

Si bien el festival se proponía fortalecer el lugar de las juventudes en las “luchas revolucionarias y antiimperia-listas” de la época, en muchos de los documentos consul-tados prevalece un discurso adultocéntrico, que produce y habla a las juventudes desde concepciones adultas basadas en un deber ser y en prescribir modos en los que las y

América Latina: bajo la sombra de la Guerra Fría • 279

los jóvenes tienen que inscribirse a imagen y semejanza de las anteriores generaciones, más que reconocer y potenciar sus modalidades singulares y actualizadas de producirse y expresarse.

Por otra parte, muchas de las discusiones desplegadas en el festival expresan una posible agenda juvenil emergente que contiene problemáticas que no eran dominantes en los debates políticos de la época, como la denuncia del racismo y la discriminación de las minorías y la defensa y recupera-ción de los recursos naturales, aunque no se enuncie en una clave ambientalista. Sin dudas, en esta agenda están ausen-tes dimensiones muy relevantes en aquellos años, como la de las formas novedosas y disruptivas de la sexualidad, las estéticas musicales y de estilos y los consumos de drogas, entre otros.

La realización de la undécima edición del festival en Cuba tiene un significado adicional: reconocer el lugar de América Latina en el movimiento revolucionario interna-cional (quizá como parte del proceso de internacionaliza-ción de las juventudes que señalaron Hobsbawm y Man-zano) a casi veinte años del triunfo de la Revolución cubana y un año antes de la irrupción de la Sandinista en Nica-ragua.

La importancia perdurable de los festivales se expresa, por ejemplo, en que estos continuaron realizándose aun luego de la caída de la Unión Soviética y la desintegración del llamado bloque socialista con el consiguiente fin de la Guerra Fría. En 1997 el festival se realizó por segunda vez en La Habana (decimocuarta edición, con más de 12.000 participantes de 136 países y con una consigna que reite-raba la utilizada en 1978). En 2005 se organizó en Caracas, Venezuela (17.000 delegados de 145 países), con el slogan “Por la solidaridad y la paz, luchamos contra el imperia-lismo y la guerra”. Y en 2017 se llevó a cabo en Quito, Ecuador (casi 18.000 jóvenes de 126 países, encabezados por la frase “¡Juventud unida contra el imperialismo, por la paz y las transformaciones sociales!”). El hecho de haber

280 • América Latina: bajo la sombra de la Guerra Fría

repetido en 1997 la consigna que identificó al festival de 1978 puede ser objeto de otro análisis que permita desen-trañar pervivencias y emergencias en las formas de poli-tización juvenil y en este tipo de espacios de sociabilidad en los diecinueve años transcurridos entre ambas ediciones realizadas en Cuba, período en el que finalizó la Guerra Fría, entre otros cambios.

Por último, expresamos que este artículo constituye una primera aproximación a uno de los principales espacios de politización, encuentro y sociabilidad de las juventudes identificadas con la lucha revolucionaria y el llamado cam-po socialista durante la Guerra Fría. Sin dudas, pensamos que es necesario profundizar en otras dimensiones de aná-lisis como las personales, subjetivas y simbólicas. Su estudio nos permitirá acercarnos a las maneras de habitar el festival de las y los jóvenes participantes, recuperando experiencias cotidianas y producciones estéticas, expresivas y valóricas. Para que esto sea posible, es necesario recurrir a otras fuen-tes tanto documentales como audiovisuales y orales. Asi-mismo, deberemos superar los problemas de acceso a los documentos que tuvimos para la escritura de este trabajo. Lo que queda claro luego del recorrido realizado es la rele-vancia de estudiar los modos y los espacios de la politiza-ción juvenil revolucionaria para comprender las modalida-des de producción de las juventudes en clave social, política y cultural en los años sesenta y setenta del siglo XX.

Bibliografía

Fuentes

Discurso pronunciado por Raúl Castro en el Acto de Inau-guración del XI Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, efectuado en el Estadio Latinoamericano de La Habana, el día 28 de julio de 1978.

América Latina: bajo la sombra de la Guerra Fría • 281

Discurso pronunciado por Fidel Castro en el Acto de Clau-sura del XI Festival Mundial de la Juventud y los Estu-diantes, efectuado en el Estadio Latinoamericano de La Habana, el día 5 de agosto de 1978.

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14 de julio de 1978.

“En busca de una nueva flor”, canción principal del festival, escrita por Mike Porcel e Ireno García e interpretada por Argelia Fragoso.

Llamamiento a la juventud del mundo, declaración final del XI Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, leída el 5 de agosto de 1978 en la clausura del evento.

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284 • América Latina: bajo la sombra de la Guerra Fría

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Presentación de los autores

Bransboin, Hernán David

Doctor en Historia (UBA). Docente en la misma casa de altos estudios. Autor de Mendoza Confederal. Entre la autono-mía provincial y el poder de Juan Manuel de Rosas (Prometeo, Buenos Aires, 2014) y de diversos artículos y capítulos de obras colectivas sobre historia política de Argentina y Amé-rica Latina de los siglos XIX y XX.

Fornillo, Bruno

Historiador (UBA). Doctor en Ciencias Sociales (UBA) y en Geopolítica (París VIII). Investigador del CONICET. Inte-gra el Instituto de Estudios sobre América Latina y el Caribe de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA). Docente de His-toria de América Contemporánea (UBA).

Kan, Julián

Doctor en Historia (UBA). Docente de Historia de América Contemporánea (UBA). Profesor adjunto ordinario de Pro-blemas de Historia de América Latina y de Historia Argen-tina en la Universidad Nacional de Quilmes. Docente de Economía Política Internacional de la Universidad Nacio-nal de San Martín. Investigador del Centro de Estudios IESAC de la UNQ, del CIHESRI-FCE-UBA y del Grupo de Trabajo de CLACSO “Integración regional y Unidad Latinoamericana”.

285

286 • América Latina: bajo la sombra de la Guerra Fría

Lucietto, Franco

Profesor en Historia (UBA). Adscripto graduado en Historia de América Contemporánea (UBA). Ha cursado la Maes-tría en Defensa Nacional en la Universidad de la Defensa (UnDef-FAdeNA). Actualmente se desempeña como Direc-tor de Asuntos Académicos del Instituto del Servicio Exte-rior de la Nación (ISEN).

Martínez Ruesta, Manuel

Profesor y Licenciado en Historia (UBA). Se encuentra realizando el Doctorado en Historia por intermedio de una beca UBA con el proyecto “El enfrentamiento entre el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros y el Esta-do uruguayo, durante el quinquenio 1967-1972: un debate en clave material y simbólica”.

Nuñez, Jonatan

Profesor en Historia (UBA). Actualmente realiza el docto-rado en Ciencias Sociales (UBA) con una beca para temas estratégicos del CONICET con lugar de trabajo en el Ins-tituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC-FSOC-UBA). Sus temas de investigación se vinculan con la problemática energética sudamericana, especialmente con la explotación de hidrocarburos en la frontera entre Argen-tina y Brasil.

Oberlin Molina, Matías N.

Profesor de Historia (UBA). Becario doctoral en Historia y maestrando en Estudios Culturales de América Latina (UBA). Fue adscripto de cátedras de Historia Latinoame-ricana Contemporánea de la carrera de Historia (UBA). Su campo de estudio son las reformas agrarias en América Latina, en particular la reforma agraria salvadoreña.

América Latina: bajo la sombra de la Guerra Fría • 287

Salcito, Ariel S.

Profesor en Historia (UBA). Docente en la misma casa de altos estudios. Magister en Estudios Culturales de América Latina (UBA). Autor de diversos artículos y capítulos de obras colectivas sobre historia política de América Latina de finales del siglo XIX y XX.

Schneider, Alejandro M.

Doctor en Historia (UNLP). Licenciado y Profesor en His-toria (UBA). Profesor Titular Regular de Problemas Lati-noamericanos Contemporáneos y de Historia de Améri-ca Contemporánea (UBA). Profesor de Historia Argentina III (UNLP). Miembro del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani” (UBA) y del Institu-to de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (IdIHCS-UNLP). Especialista en Historia de los trabajado-res y de la izquierda latinoamericana contemporánea.

Vommaro, Pablo A.

Posdoctor en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud por el CINDE-Universidad de Manizales, PUCSP y COLEF. Doctor en Ciencias Sociales (UBA) y Profesor de Histo-ria (FFyL-UBA). Investigador Adjunto del CONICET. Co-coordina el Grupo de Estudios de Políticas y Juventudes (GEPOJU- IIGG) y el Grupo de Trabajo CLACSO sobre Juventudes e Infancias. Docente en las Facultades de Filo-sofía y Letras y de Ciencias Sociales (UBA).

Zícari, Julián

Doctor en Ciencias Sociales, Magíster y Especialista en His-toria Económica. Licenciado en las carreras de Economía, Historia, Psicología y Filosofía (UBA). Docente en la UBA y en la UNDAV. Investigador del CONICET. Se especializa en el estudio de los conflictos sociopolíticos argentinos de

288 • América Latina: bajo la sombra de la Guerra Fría

la historia reciente, los problemas de la historia económica argentina y la filosofía política. Acaba de publicar el libro Crisis económicas argentinas. De Mitre a Macri, a través de la editorial El Continente.

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