© Libro N° 8619. Ciudadanía Y Control Social. Vieira, Liszt. Emancipación. Mayo 15 de 2021.
Título
original: © Ciudadanía Y Control
Social. Liszt Vieira
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Vieira
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Y CONTROL SOCIAL
Liszt Vieira
Ciudadanía
Y Control Social
Liszt Vieira
CIUDADANÍA
Y CONTROL SOCIAL
por
Liszt Vieira
Procedencia:
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0.pdf
Traducido del portugués por
Carlos Sánchez
Ciudadanía y control social
INDICE
1. Los derechos de ciudadanía 3
Otras visiones de ciudadanía
La crisis de la ciudadanía moderna
El rescate de la ciudadanía republicana
2. El renacimiento del concepto de sociedad civil 15
Habermas y el Mundo de la Vida
Habermas y la esfera pública
3. Esfera pública y nuevo asociacionismo 28
Movimientos sociales y grupos de interés
Espacio público y democracia
4. La esfera pública no estatal. 36
Lo público no estatal como sector productivo
Organizaciones sociales: ¿No estatales, o
para-estatales?
Ciudadanía, control social y democratización del
Estado
Bibliografía 62
1.
LOS DERECHOS DE CIUDADANÍA
La ciudadanía ha asumido históricamente varias
formas en fun-ción de los diferentes contextos culturales. El concepto de
ciu-dadanía, como derecho a tener derechos, se ha prestado a diversas
interpretaciones. Entre ellas, se ha hecho clásica la concepción de T.H.
Marshall (1967), que analizando el caso inglés, sin preten-siones de
universalidad, generalizó la noción de ciudadanía y de sus elementos
constitutivos.
La ciudadanía estaría compuesta por los derechos
cívicos y políti-cos -derechos de primera generación- y por los derechos
sociales -derechos de segunda generación-.
Los derechos civiles, conquistados en el siglo
XVIII, corres-ponden a los derechos individuales de libertad, igualdad,
pro-piedad, libre desplazamiento, derecho a la vida, a la seguridad, etc. Son
los derechos que sustentan la concepción liberal clásica.
Y los derechos políticos alcanzados en el siglo
XIX, tienen que ver con la libertad de asociación y de reunión, de organización
política y sindical, la participación política y electoral, el sufragio
universal, etc. Son también llamados derechos individuales ejer-cidos
colectivamente, y terminaron incorporándose a la tradición liberal.
Los derechos de segunda generación, los derechos
sociales, eco-nómicos o de crédito, fueron conquistados en el siglo XX a partir
de las luchas del movimiento obrero y sindical. Se trata del dere-cho al
trabajo, a la salud, a la educación, a la jubilación, al seguro de paro, en
fin, de la garantía de acceso a los medios de vida y al bienestar social. Tales
derechos tornan reales los derechos forma-les.
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- 3 -
En lo que se refiere a la relación entre los
derechos de ciudadanía y el Estado, existiría una tensión interna entre los
diversos dere-chos que componen el concepto de ciudadanía (libertad -
igual-dad). En tanto los derechos de primera generación –civiles y polí-ticos—
exigirían, para su plena realización, un Estado mínimo, los derechos de segunda
generación -derechos sociales, demandarían una presencia más fuerte del Estado
para ser realizados. Así, la tesis actual del Estado mínimo —patrocinada por el
neoliberalis-mo, que parece haber predominado sobre la socialdemocracia en esta
década— corresponde no a una discusión meramente cuanti-tativa, sino a
estrategias diferenciadas de los diversos derechos que componen el concepto de
ciudadanía y de los actores sociales respectivos.
En la segunda mitad de nuestro siglo surgieron los
llamados ―de-rechos de tercera generación”, cuyos titulares son, no el
indivi-duo sino los grupos humanos como el pueblo, la nación, colecti-vidades
étnicas o la propia humanidad. Es el caso del derecho a la autodeterminación de
los pueblos, derecho al desarrollo, a la paz, al medio ambiente, etc. En la
perspectiva de los ―nuevos movi-mientos sociales‖, serían derechos de tercera
generación los rela-tivos a los intereses difusos, como el medio ambiente, el consu-midor,
así como los derechos de las mujeres, de los niños, de las minorías étnicas, de
los jóvenes, de los ancianos, etc. La cuestión de las minorías trajo consigo la
innovación y el desafío de la ―dis-criminación positiva‖ para compensar los
prejuicios, contrapo-niendo la diferencia y la particularidad al patrón clásico
de la igualdad y la universalidad.
Ya se habla hoy de ―derechos de cuarta generación‖,
relativos a la bioética para impedir la destrucción de la vida y regular la
crea-ción, por la ingeniería genética, de nuevas formas de vida en el
laboratorio.
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- 4 -
Otras visiones de ciudadanía
La concepción de ciudadanía de Marshall se prestó a
numerosas críticas, desde las que excluyeron los derechos sociales del
con-cepto de ciudadanía, por no ser derechos naturales sino históricos
(Cranston, 1983) hasta las que clasificaron la ciudadanía en pasi-va, ―desde
arriba‖ vía el Estado, y activa, ―desde abajo‖, de insti-tuciones locales
autónomas. Habría así una ciudadanía conserva-dora —pasiva y privada— y otra
ciudadanía revolucionaria — activa y pública (Turner, 1990).
Para Cranston, los derechos naturales no estarían
vinculados a colectividades nacionales, y habría que desvincular la noción de
ciudadanía de la de nación. Los derechos naturales estarían limi-tados a la
libertad, la seguridad y la propiedad: son los derechos humanos que escaparían
a una reglamentación positiva por tratar-se de principios universales. Así, los
derechos sociales no serían considerados derechos naturales, como hizo la ONU
al incluir los derechos sociales en el conjunto de derechos humanos.
Por otra parte, Turner acusó a Marshall de
evolucionista y et-nocentrista, en tanto que M. Roche clasificó la concepción
de Marshall de apolítica. Ambos discrepan con la lectura de Marshall del caso
inglés y refutan la ubicación de los derechos civiles en un principio: el ―Bill
of Rights‖ sería fruto de un proceso político, de una lucha política por las
libertades individuales. Así, una acción política precedió al reconocimiento de
los derechos civiles im-plantados por la Revolución (Roche, 1987). Además de
esto, Marshall habría ignorado la crítica a la ―cultura de súbditos‖, pues el
inglés sería más súbdito que ciudadano, así como la crítica al imperialismo
inglés, que despreció los derechos civiles en las colonias británicas.
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La religión fue un factor importante para favorecer
u obstaculizar el desarrollo de la ciudadanía.
La versión calvinista del protestantismo reforzó el
individualismo y favoreció la ciudadanía haciendo énfasis en la sociedad y no
en el Estado. A su vez, el protestantismo luterano en Alemania fue diferente
del calvinismo holandés. La religión es escogida por el Príncipe para el
pueblo: Lutero refuerza la obediencia al Estado. El alemán es primero alemán,
después ciudadano, al contrario del francés, que primero es ciudadano y después
francés (Hermet, 1991). Siguiendo una línea agustiniana de inspiración platónica,
Lutero se aparta de la política, pues la ciudad de los hombres es mala. De ahí
la aceptación de la autoridad y el fuerte sentido de nacionalismo.
La tradición católica, por otra parte, habría
aportado consigo un débil sentido de identidad, al contrario del calvinismo con
su pro-liferación de sectas. La Iglesia favoreció a las monarquías en su lucha
contra el Sacro Imperio. Y, desde el siglo XVI al siglo XVIII, apoyó a las
monarquías absolutas católicas para oponerse al progreso de la Reforma
protestante, contribuyendo así con el cisma que iría más tarde a oponer la
ciudadanía latina referida al Estado a la ciudadanía calvinista volcada hacia
sí misma. El cato-licismo, así, fortaleció el Estado Central (Hermet, 1991).
Pero Richard Morse parece discrepar: la tradición
católica favore-cería el espíritu público y la ciudadanía. El iberismo
fortaleció la cultura política y el espíritu público, lo que podría constituir
una ―ventaja del atraso‖. Contraponiéndose al individualismo y al
contractualismo de la cultura anglosajona, en la cultura ibérica predominaría
el todo sobre el individuo, fruto de la visión tomista del Estado como promotor
del bien común (Morse, 1988). Pero, llevada a sus extremos, esta visión produjo
una concepción de la política como un ataque al Estado, sin control de la
sociedad. El
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iberismo se preocuparía más del Estado que del
ciudadano, redu-cido a una posición de colaborador obediente. La libertad, en
el iberismo, correría el riesgo de reducirse a la obediencia al Estado.
Morse parece aproximarse a la tradición cívica que
es muy distin-ta de la tradición civil de la Modernidad, con el Estado
garanti-zando los derechos individuales. La tradición cívica se ubica más desde
el punto de vista del Estado que desde el punto de vista del ciudadano. Llevada
al extremo, como en Esparta, la virtud del civismo llega a negar los derechos
individuales. La actitud con-temporánea que parece prevalecer es la de buscar
una estrategia para combinar lo civil —derechos individuales— y lo cívico —
deberes para con el Estado, responsable por el bien público—. Combinar la
―libertad de los antiguos‖ —participación política del hombre público— con la
―libertad de los modernos‖ —derechos individuales del hombre privado—.
Pero para eso parece ser necesaria la presencia
previa de un ele-mento aglutinador, el sentimiento de comunidad, de identidad
colectiva que sería, entre los antiguos, pertenecer a una ciudad, y entre los
modernos, pertenecer a una nación. La construcción de una ciudadanía plena
exige un sabio equilibrio entre los dos espa-cios —el público y el privado—
pues el predominio excesivo de un polo puede inviabilizar el otro (Carvalho,
1989).
En otras palabras, se trataría de buscar la
integración de la solida-ridad familiar existente en el espacio doméstico, con
las reglas impersonales, racionales, de las instituciones públicas. En fin, se
trataría de llevar la casa para la calle.
Otro abordaje interesante propone el concepto de
―ciudadanía para sí‖ (Leca, 1986), muchas veces presentado bajo el término de
―civismo‖. Recuérdese que el término ―civilidad‖, adoptado por Jean Leca, fue
empleado por Shills en un sentido al mismo tiempo individualista, parroquial y
holístico, tendiendo un puente entre
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sociedad civil y Estado. Es un intento de explicar
la paradoja de la construcción de la ciudadanía en una sociedad dominada por
valo-res individuales. Civilidad es la actitud individual de preocupa-ción por
el bien público, transmite la idea de espíritu público que se perdió en la
sociedad de mercado. Se aproxima a lo que Mon-tesquieu llamó virtud: amor a la
República y a la Democracia. Civilidad, en suma, es la conducta de una persona
cuya auto-conciencia individual está parcialmente sobredeterminada por su
auto-conciencia colectiva, siendo los referentes de esta última la sociedad
como un todo y las instituciones de la sociedad civil. La sociedad civil es
aquí concebida no sólo como mercado, sino co-mo el espacio, más allá de la
familia y de la localidad, y más acá del Estado, que significa todavía buenos
modales con los amigos y tolerancia con los enemigos (Shills, 1991).
La crisis de la ciudadanía moderna
El retorno al ideal republicano de la Antigüedad
promovido por el Renacimiento preparó el camino para el advenimiento de la
ciu-dadanía moderna en el siglo XVIII, durante las Revoluciones Americana
(1776) y Francesa (1789). La construcción de la ciu-dadanía moderna tuvo que
enfrentar tres problemas que la dife-renciarán de la ciudadanía antigua, en la
que los derechos eran reservados a los ciudadanos, y no todos los hombres eran
ciuda-danos.
El primero fue la edificación del Estado, la
separación de las insti-tuciones políticas y de la sociedad civil en el
interior de territorios más vastos, con una población mucho más numerosa que la
de las repúblicas antiguas. Recuérdese que en la Atenas de los siglos V y IV
antes de Cristo el número de ciudadanos oscilaba entre 60.000 y 30.000.
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El segundo problema fue el régimen de gobierno. El
ideal repu-blicano retomado por el Renacimiento es inseparable de la isono-mía
y de la igualdad. Este ideal sólo se realiza en gobiernos de-mocráticos o en
gobiernos mixtos donde existe un cierto arreglo entre la aristocracia y la
democracia, como ocurrió en las ciudades griegas y romanas. Sin embargo, el
ideal republicano de la Mo-dernidad fue retomado en medio de sociedades que en
su mayoría poseían gobiernos monárquicos y aristocráticos.
El tercer problema es que la sociedad pagana,
politeísta y escla-vista de la Antigüedad nunca inscribió al Hombre en el
derecho: los derechos humanos son inexistentes. La esclavitud es incompa-tible
con los principios cristianos de la dignidad igual de los hom-bres ante Dios y
con los derechos del hombre que surgieron en el siglo XVIII a impulsos de las
Revoluciones Americana y France-sa.
Estas tres cuestiones —la del Estado, la del
Gobierno y la del Hombre— van a obligar a los modernos a redefinir la
ciudadanía (Herzog et alii, 1995). Ante la incompatibilidad de principios
en-tre la monarquía absoluta y la ciudadanía, la idea republicana de ciudadanía
se inspiró en la democracia griega y en la república romana, buscando la
libertad civil de los antiguos: libertad de opinión, de asociación, y también
de decisión política. Si en Ro-ma el esclavo es el hombre sin derechos en
oposición al ciuda-dano, en la República Moderna los derechos civiles se les
recono-cen a todos, son derechos naturales y sagrados del hombre.
De conformidad con lo consagrado en la Declaración
de Derechos del Hombre de la Revolución Francesa, todos los hombres nacen
libres e iguales en dignidad y derechos. De ahí irradiaron las liber-tades
civiles de conciencia, de expresión, de opinión y de asocia-ción, así como el
derecho a la igualdad y el derecho a la propiedad que está en la base de la
moderna economía de mercado.
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El principio de la ciudadanía moderna, fundado
sobre la idea de humanidad, enfrentó muchas dificultades para su aplicación. La
primera se refiere al tamaño de las repúblicas modernas, que im-pide el
ejercicio directo del poder por el ciudadano. El Estado se destaca de la
sociedad civil, el poder no puede ya ser ejercido por todos. Para evitar el
despotismo, el principio republicano consagra la idea del control popular por
el sufragio universal, inspirándose en la visión de soberanía popular defendida
por Rousseau.
De acuerdo con la doctrina de la representación,
fundada en la soberanía popular, el origen y el fin de toda soberanía se
encuen-tra en el pueblo. El ciudadano no puede ya ejercer en persona el poder,
pero escoge con su voto a sus representantes. Este princi-pio se universalizó,
pero sufrió algunos períodos de derogación, como la llamada democracia
censaria, reservada a los propieta-rios.
Otra dificultad en la aplicación de la ciudadanía
moderna tiene que ver con el concepto de hombre y de su naturaleza. La
repúbli-ca moderna tardó mucho tiempo en admitir que la persona huma-na es
doble, que comprende al hombre y a la mujer. En términos generales, fue
solamente en el siglo XX que el sufragio universal se extendió a las mujeres.
En relación a la ciudadanía antigua, la ciudadanía
moderna sufrió una doble transformación. Por abajo, ella se amplió y se
extendió al conjunto de los miembros de una misma Nación. Por arriba, sin
embargo, ella se estrechó, pues la decisión política fue transferida a los
electos y representantes.
Otro elemento importante para la comprensión de la
ciudadanía es el principio contemporáneo de las nacionalidades que, tal como se
desarrolló en los siglos XVIII y XIX, remodeló la definición de ciudadanía. Por
el principio del derecho de los pueblos, la sobera-nía es atributo de la
nación, del pueblo, y no del príncipe o mo-
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narca. El principio de las nacionalidades recuerda
que la nación precede a la ciudadanía, pues es en el marco de la comunidad
nacional que los derechos cívicos pueden ser ejercidos. La ciuda-danía queda
así limitada al espacio territorial de la Nación, lo que contraría la esperanza
generosa de los filósofos del Iluminismo, que habían imaginado una república
universal.
La relación entre ciudadanía y nacionalidad
configura un campo de confrontación entre el pensamiento conservador y el
pensa-miento progresista. Para los conservadores, la ciudadanía se res-tringe
al concepto de nación, es decir, solamente son ciudadanos los nacionales de un
determinado país. La ciudadanía es vista como una relación de filiación, de
sangre, entre los miembros de una nación. Esta visión nacionalista excluyó a
los inmigrantes y extranjeros residentes en el país de los beneficios de la
ciuda-danía.
En el otro extremo, encontramos una visión opuesta,
enraizada en la doctrina tradicional de la República, según la cual la
ciudadanía no se basa en la filiación, sino en un contrato. Si la ciudadanía no
excluye la idea de nación, sería inaceptable restringirla a determi-nantes de
orden biológico.
En el plano jurídico hay dos polos opuestos de
definición de na-cionalidad, que determinan las condiciones de acceso a la
ciuda-danía. El primero es el jus soli, un derecho más abierto, que facili-tó
la inmigración y la adquisición de la ciudadanía. Por el jus soli, es nacional
de un país quien en él nace. El segundo es el jus san-guinis, según el cual la
ciudadanía es privativa de los nacionales y sus descendientes, aún nacidos en
el exterior. Es un derecho más cerrado, pues dificulta la adquisición de la ciudadanía.
Concepciones recientes, más democráticas, procuran
disociar por completo la ciudadanía de la nacionalidad. La ciudadanía tendría,
así, una dimensión puramente jurídica y política, apartándose de
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-11-
la dimensión cultural que existe en cada
nacionalidad. La ciuda-danía tendría una protección transnacional, como los
derechos humanos. De acuerdo con esta concepción, sería posible pertene-cer a
una comunidad política y tener participación, independien-temente de la
cuestión de la nacionalidad. Last, but not least, cabe recordar que los
problemas que afectan a la humanidad y el plane-ta atraviesan fronteras y se
tornan globales con el proceso de glo-balización que se acelera en este fin del
siglo XX. Cuestiones como las relativas a producción, comercio, capital
financiero, migraciones, pobreza, daños ambientales, desempleo,
informati-zación, telecomunicaciones, en fin, las grandes cuestiones
econó-micas, sociales, ecológicas y políticas, dejaron de ser sólo nacio-nales
para tornarse transnacionales. Es en este contexto que nace hoy el concepto de
ciudadano del mundo, de ciudadanía planeta-ria, que viene siendo paulatinamente
construido por la sociedad civil de todos los países en contraposición al poder
político del Estado y al poder económico del mercado1.
El profesor Bryan Turner (1990) indica dos posibles
líneas de desarrollo teórico de la noción (occidental) de ciudadanía. La
primera focalizaría las condiciones bajo las cuales se forma la ciudadanía en
sociedades constituidas con problemas de comple-jidad étnica (tales como el
Brasil), y la segunda abordaría el análi-sis de los problemas que encara la
ciudadanía global como con-traparte política del mundo económico.
El rescate de la Ciudadanía Republicana
Aún cuando el liberalismo ciertamente contribuyó
con la formula-ción de la idea de una ciudadanía universal, basada en la
concep-ción de que todos los individuos nacen libres e iguales, esta co-rriente
de pensamiento, por otro lado, redujo la ciudadanía a un
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-12-
mero estatus legal, estableciendo los derechos que
los individuos poseen contra el Estado. Es irrelevante la forma de ejercicio de
estos derechos, siempre que los individuos no violen la ley ni in-terfieran en
el derecho de los demás. La cooperación social apunta sólo a facilitar la
obtención de la prosperidad individual. Ideas como conciencia pública,
actividad cívica y participación política en una comunidad de iguales son
extrañas al pensamiento liberal.
La visión republicana cívica, por otra parte,
enfatiza el valor de la participación política y atribuye un papel central a la
inserción del individuo en una comunidad política. El problema es cómo
con-cebir la comunidad política en una forma compatible con la de-mocracia
moderna y con el pluralismo. O sea, cómo ―conciliar la libertad de los antiguos
con la libertad de los modernos‖.
Para los liberales, se trata de objetivos
incompatibles. El ―bien común‖ sólo puede tener implicaciones totalitarias. Los
ideales de la ―virtud republicana‖ son reliquias pre-modernas que deben ser
abandonados. Para el liberalismo, la participación política activa es
incompatible con la idea moderna de libertad. La libertad indi-vidual sólo
puede ser comprendida en forma negativa como au-sencia de coerción.
Diversos autores, sin embargo, muestran que no hay
necesaria-mente una incompatibilidad básica entre la concepción republica-na
clásica de la ciudadanía y la democracia moderna. Es posible concebir la
libertad que, aunque negativa —y por lo tanto moder-na- incluya la
participación política y la virtud cívica. La libertad individual solamente
puede ser garantizada en una comunidad cuyos miembros participan activamente
del gobierno, como ciu-dadanos de un estado ―libre‖. Para asegurar la libertad
y evitar la servidumbre, debemos cultivar las virtudes cívicas y dedicarnos al
bien común.
_____
-13-
Según Quentin Skinner (1992), la idea de un bien
común por en-cima de nuestros intereses privados es la condición necesaria para
el disfrute de la libertad individual. Este autor refuta la concep-ción liberal
de que la libertad individual y la participación política no admiten ser
reconciliadas.
Es conveniente, no obstante, no olvidar que la
realización comple-ta de la democracia es un proyecto inalcanzable. Se trata,
en vez de esto, de utilizar los recursos de la tradición democrática liberal
para profundizar la revolución democrática, sabiendo que se trata de un proceso
sin fin.
Combinando el ideal de derechos y pluralismo con
las ideas de espíritu público y de preocupación ético-política, una nueva
con-cepción democrática moderna de ciudadanía puede restaurar la dignidad a lo
político, y suministrar el medio para la construcción de una hegemonía
democrática radical (Mouffe, 1992).1
La práctica de la ciudadanía depende, en los
hechos, de la reacti-vación de la esfera pública, donde los individuos pueden
actuar colectivamente e involucrarse en deliberaciones comunes sobre todos los
asuntos que afectan a la comunidad política. En segundo lugar, la práctica de
la ciudadanía es esencial para la construcción de la identidad política basada
en valores de solidaridad, autono-mía, y del reconocimiento de la diferencia.
La ciudadanía partici-pativa es también esencial para la obtención de la acción
política efectiva, desde el momento en que ella habilite a cada individuo para
tener algún impacto en las decisiones que afectan el bienestar de la comunidad.
Finalmente, la práctica de la ciudadanía demo-crática es crucial para la
expansión de la opinión política y para cotejar nuestros juicios, representando
en este sentido un elemen-
1 Para un
análisis de la ciudadanía global y del papel de la sociedad civil en el proceso
de globalización, consultar nuestro libro ―Ciudadanía y Globa-lización‖
(Vieira, 1997).
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-14-
to esencial en la constitución de una cultura
política vibrante y democrática (Passerin d’Entrèves, 1992).
2.
EL RENACIMIENTO DEL CONCEPTO DE SOCIEDAD CIVIL
El resurgimiento contemporáneo del concepto de
sociedad civil ha sido interpretado como la expresión teórica de la lucha de
los mo-vimientos sociales contra el autoritarismo de los regímenes comu-nistas
y de las dictaduras militares en varias partes del mundo, especialmente en
Europa Oriental y en América Latina. La noción de sociedad civil resurgió en el
escenario teórico y político en los años 80, gracias sobre todo a la influencia
de autores como Keane (1988), Wolfe (1992), Cohen y Arato (1992), entre otros.
Este renacimiento se debe principalmente a tres
factores:
a) el
agotamiento de las formas de organización política basadas en la tradición
marxista, con la consecuente reevaluación de la propuesta marxista de fusión
entre sociedad civil, Estado y mer-cado;
b) el
fortalecimiento en Occidente de la crítica al Estado de bie-nestar social, por
el reconocimiento de que las formas estatales de implementación de políticas de
bienestar no son neutras, y el re-conocimiento de los llamados ―nuevos
movimientos sociales‖ que centran su estrategia no en la demanda de acción
estatal, sino en la proposición de que el Estado respete la autonomía de
determi-nados sectores sociales:
c) los
procesos de democratización de América Latina y de Euro-pa del Este, donde los
actores sociales y políticos identificaron su
_____
-15-
acción como parte de la reacción de la sociedad
civil ante el Esta-do (Avritzer, 1993).
El concepto de sociedad civil se encuentra en
ciernes en los pro-cesos que llevaron a la constitución de la modernidad
occidental, que se reveló incapaz de producir formas de solidaridad a partir de
una estructura de coordinación impersonal de la acción. Buena parte de la
filosofía política y de la sociología del siglo XIX estu-vo orientada hacia la
cuestión de cómo producir formas no parti-cularistas de acción en sociedades
donde las formas comunitarias de solidaridad no operan más, y donde el mercado no
es la solu-ción satisfactoria para la generación de formas de igualdad y
soli-daridad.
De aquí la vinculación entre la necesidad de
producir formas mo-dernas de solidaridad y el concepto de sociedad civil que
aparece asociado a las siguientes tres constataciones:
1. La sociedad
civil aparece asociada a procesos de diferenciación entre Estado y mercado,
derecho privado y derecho público. Ella identifica la vida ética y la
construcción de estructuras de solida-ridad con la limitación de la influencia
del mercado y del Estado sobre las formas interactivas de organización social.
Se trata de limitación y de regulación, no de abolición.
2.- El concepto aparece asociado al sistema legal
moderno, que cumple el papel de relacionar individuos sin la intermediación del
Estado, cuyo poder pasa a ser controlado por reglas de publicidad, que operan
como límites legales al ejercicio de la autoridad. Así, el sistema legal
establece, a través de los derechos positivos, la institucionalización no sólo
de la sociedad civil, sino también de sus formas de control sobre el aparato
administrativo del Estado moderno.
3.- El concepto de sociedad civil implica el
reconocimiento de instituciones intermediarias entre el individuo por un lado,
y el
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-16-
mercado y el Estado por otro. Estas instituciones
mediadoras cumplen el papel de institucionalizar principios éticos que no
pueden ser producidos ni por la acción estratégica del mercado ni por el
ejercicio del poder por el Estado. En este sentido, la recons-trucción de la
solidaridad social en la modernidad estaría asociada a la idea de autonomía
social (Avritzer, 1993).
El proyecto implícito en esta concepción de
sociedad civil critica tanto el paternalismo estatal como esta otra forma de
colonización de la sociedad basada en la economía de mercado sin regulación.
Busca realizar el trabajo de una política social
mediante progra-mas autónomos y descentralizados, basados en la sociedad civil,
en vez de los programas tradicionales del ―welfare state‖. Busca, asimismo,
realizar el trabajo de una política económica de regula-ción mediante formas no
burocráticas y menos intrusivas de legis-lación. Se trata de combinar la
―continuación reflexiva del welfare state‖ (Habermas) en la democracia liberal
con la ―continuación reflexiva de la revolución democrática‖ (Arato) en los
regímenes autoritarios.
Según Arato y Cohen, los movimientos sociales
contemporáneos se han apoyado en tipos eclécticos de síntesis, vinculados con
la historia del concepto de sociedad civil. Ellos presuponen, en dife-rentes
combinaciones, la división gramsciana tripartita entre so-ciedad civil, Estado
y mercado, al tiempo que preservan aspectos claves de la crítica marxista a la
sociedad burguesa. Ellos reivin-dican asimismo, la defensa liberal de los
derechos civiles, el énfa-sis dado por Hegel, Tocqueville y otros a la pluralidad
societaria, la importancia dada por Durkheim a la solidaridad social, y la
defensa de la esfera pública y de la participación política destaca-da por
Habermas y Hanna Arendt. En esta perspectiva, el fin úl-timo de las
revoluciones no es más la reestructuración del Estado a partir de un nuevo
principio, sino la redefinición de las relacio-
_____
-17-
nes entre Estado y sociedad, desde el punto de
vista de esta última (Arato y Cohen, 1994).
Por otra parte, Michael Waltzer concibe la ―idea de
sociedad ci-vil‖ como una moldura políticoteórica que incorpora diversas
propuestas históricas de sociedad, tales como la marxista asociada
a la
cooperación de los productores directos, la ―comunitaria‖ fundada en el ideal
rousseauniano de virtud cívica, la capitalista basada en las posibilidades
ofrecidas por el mercado, y la nacio-nalista que enfatiza la herencia común y
las tradiciones históricas de una nación.
Para Waltzer, la sociedad civil se apoya en seres
sociales que son al mismo tiempo ciudadanos, productores, consumidores y
miem-bros de una nación. Este autor señala asimismo los peligros de una
concepción despolitizada de sociedad civil, que prescindiría del Estado, como
fue propuesto por algunos disidentes del régi-men socialista del Este europeo.
La sociedad es un campo de ten-siones donde ambas esferas -Estado y sociedad
civil- deben con-trolarse mutuamente (Waltzer, 1992).
Ya Charles Taylor distinguía tres diferentes tipos
de sociedad civil. En sentido laxo, ella existe desde el momento en que hay
asociaciones libres fuera de la tutela del poder estatal. En un sen-tido más
estricto, cuando la sociedad como un todo puede estruc-turarse y coordinar sus
acciones mediante asociaciones libres de la tutela estatal. Y como alternativa
al segundo sentido, existirá sociedad civil cuando el conjunto de las
asociaciones puede de-terminar o influenciar en forma significativa el curso de
las políti-cas del Estado.
Habría dos grandes corrientes teóricas en la
historia del concepto de sociedad civil. La primera, tributaria de la visión
anti-absolutista de Locke, fue seguida por Adam Ferguson y Adam Smith, quienes
enfatizan el carácter económico de la sociedad
_____
-18-
civil y sostienen que las personas pueden
autorregularse en el mercado sin la intervención del gobierno. La segunda se
inscribe en la tradición de Montesquieu, Rousseau y Tocqueville, desta-cando
las relaciones sociales establecidas por agentes autónomos (Taylor, 1990).
Escaparía a los límites de este trabajo examinar la
historia del concepto de sociedad civil. Bástenos una rápida reseña de este
concepto oscuro en la teoría política, desde que el concepto aristo-télico de
Politike Koinonia fue traducido al latín como sociedad civil. En la Edad Media,
societas civilis no distinguía la sociedad del Estado. Los primeros autores
modernos que utilizaron el tér-mino sociedad civil procurando un principio
propio para la idea de sociedad, fueron Montesquieu, Paine y Ferguson (Keane,
1988).
La noción de sociedad civil ha variado a lo largo
de la historia. En los siglos XVII y XVIII fue empleada por Hobbes y Rousseau
para diferenciar la supuesta condición de estado natural, donde los hombres
habrían vivido en libertad, guiados sólo por sus pasiones y necesidades -la
societas naturalis- de la sociedad regida por las leyes y dirigida por un
cuerpo político donde libertad y razón de-berían coexistir - la societas
civilis - fundada en la concepción de contrato social. La hipótesis lógica del
estado de naturaleza estaba íntimamente asociada a la visión jusnaturalista del
derecho natural que sustentó la Declaración de los Derechos del Hombre de la
Revolución Francesa. En el siglo XIX la noción fue empleada por Hegel, para
quien las reglas del mercado son fundamentales para la estructuración de la
sociedad civil. Como los individuos y las instituciones privadas se comportaban
en la sociedad civil según sus propios intereses, la superación de estas
limitaciones sería alcanzada en y por el Estado, que asume en la dialéctica
hegeliana un papel preponderante, un ―espíritu absoluto‖ que organiza la
existencia real de los hombres.
_____
-19-
Hegel es el primer autor moderno que confiere
centralidad a la idea de sociedad civil. Ni la familia ni el Estado son capaces
de agotar la vida de los individuos en las sociedades modernas. Entre esas dos
esferas surge un conjunto de instituciones, el sistema de necesidades, la
administración de la justicia y las corporaciones. Sociedad civil, para Hegel,
implica simultáneamente determina-ciones individualistas y la búsqueda de un
principio ético que jamás podría venir del mercado, pero sí de las corporaciones.
Son conocidas las críticas a Hegel hechas por Marx,
para quien la conciencia es determinada por la existencia social y no al
contra-rio. Sociedad civil, para Marx, no significa instituciones
interme-diarias entre la familia y el Estado, sino que se reduce al sistema de
necesidades, es decir a la economía capitalista de la sociedad burguesa, vista
a partir de la contradicción entre propietarios y no propietarios de los medios
de producción. La solución marxista de abolición del mercado no se plantea en el
sentido de la diferencia-ción y sí en la perspectiva de fusión entre Estado y
sociedad. La clase capitalista sería históricamente superada y, por la
Revolu-ción, abolida junto con el Estado, visto como instrumento político de la
clase dominante.
Finalmente, cabe una rápida mención a Gramsci, que
critica en Hegel la reducción de la idea de sociedad civil a la defensa de una
esfera dominada por el derecho de propiedad, y en Marx la reduc-ción
economicista de la idea de sociedad civil. Gramsci fue el primer autor que
percibió la sociedad civil como lugar de organi-zación de la cultura y que
propuso una comprensión multifacética de las sociedades modernas como
interacción de estructuras lega-les, asociaciones civiles e instituciones de
comunicación . Sin embargo, el concepto gramsciano no escapa a la condición
efíme-ra que la tradición marxista atribuyó a los conceptos políticos. La
sociedad civil es el lugar de conquista de la hegemonía, pero tiene su papel
relativizado por la tarea de transformación de la infraes-
_____
-20-
tructura y por el reducido significado de la
política en la sociedad post-revolucionaria.
La expresión sociedad civil fue empleada por
Gramsci como un nivel intermediario de socialización entre los grupos primarios
- los agrupamientos ―naturales‖ en torno a la familia- y las normas
racionalizadas del Estado. En esta concepción, un papel preponde-rante les cabe
a los partidos, que tienen en la sociedad civil una centralidad social
determinante análoga a la del Estado en la so-ciedad política.
La noción de sociedad civil cambia
considerablemente a partir de los años 70. Ella resurge, principalmente en
Europa del Este, co-mo una tercera vía de oposición al Estado soviético tras el
fracaso de las tentativas de democratización en Hungría y Checoslova-quia. El
fin último de los movimientos sociales sería sólo la auto-organización de la
sociedad para forzar al Estado a una reforma estructural, sin poner en tela de
juicio el control del Partido Co-munista sobre el aparato estatal. De ahí la
concepción de sociedad civil contra el Estado, presente en la oposición polaca
de Solidari-dad y también en los nuevos movimientos sociales de Occidente. Por
más críticos que sean del mercado y del Estado, tales movi-mientos no se
organizan para acabar con ellos, sino para fortalecer las formas societarias de
organización. Tales movimientos nos traen nuevamente a la idea de sociedad
civil, pensada no como sistema de necesidades, tal como en Hegel y en Marx,
sino como ―movimientos democratizantes autolimitados que procuran prote-ger y
expandir espacios para el ejercicio de la libertad negativa y positiva, y
recrear formas igualitarias de solidaridad sin perjudicar la auto-regulación
económica‖ (ver Cohen y Arato, 1992).
Esta definición rescata en Hegel la idea de un
espacio político para la vida ética, en Marx la contradicción entre el espacio
de la interacción y el mercado, y en Gramsci la concepción de la socie-
_____
-21-
dad como esfera de reproducción de la cultura. Pero
ninguno de estos autores nos ofrece un modelo capaz de localizar a la socie-dad
civil en el interior de sociedades complejas y multidiferencia-das. Esta
tentativa nos lleva a Habermas, cuya obra ―Teoría de la Acción Comunicativa‖ es
una de las principales fuentes inspirado-ras del concepto contemporáneo de
sociedad civil.
Habermas y el Mundo de la Vida
El proceso de modernización, según Weber, se habría
caracteriza-do por la dominación de la razón instrumental de la ciencia y la
tecnología sobre las demás esferas sociales. La razón, sinónimo de libertad
para los pensadores del Iluminismo, acabó colaboran-do con las guerras
mundiales, el bombardeo nuclear de Hiroshima y Nagasaki, los campos de
concentración, la miseria y la opresión de las masas, tornándose, para los
filósofos de la Escuela de Frankfurt, sinónimo de dominación. Para buscar una
salida a este pesimismo, Habermas construyó un gigantesco y complejo siste-ma
filosófico basado en su teoría de la acción comunicativa.
Además de la razón instrumental, habría una razón
comunicativa, fundada en el lenguaje, que se expresaría en la búsqueda de
con-senso entre los individuos, por intermedio del diálogo. Esta razón
comunicativa se encuentra en la esfera cotidiana del ―mundo de la vida‖,
constituida por los elementos de la cultura, de la sociedad y de la
personalidad. La razón instrumental predominaría en el ―sis-tema‖, es decir, en
las esferas de la economía y de la política (Es-tado) que, en el proceso de
modernización capitalista, acabó do-minando y ―colonizando‖ el mundo de la
vida.
La razón instrumental acabó invadiendo las esferas
de la moral y de la estética. Habermas intenta rescatar el potencial
emancipador de la Razón al afirmar que la Modernidad es un proyecto inacaba-
_____
-22-
do. Recusa la reducción de la idea de racionalidad
a la racionali-dad instrumental-cognoscitiva de la ciencia que dominaría las
esferas de la racionalidad práctico-moral (derecho) y de la racio-nalidad
estético-expresiva (arte). Para él, es necesario hacer cesar la ―reificación‖ y
la ―colonización‖ ejercida por el ―sistema‖ so-bre el ―mundo de la vida‖,
mediante la lógica dialogal de la ac-ción comunicativa. (Habermas, 1984).
Combinando de forma original la tradición
hegeliano-marxista con el pensamiento neo-kantiano de la Razón y contribuciones
de diversas ciencias sociales, Habermas confiere centralidad al papel del
Derecho, cuya pretensión de validez pasa ahora a enraizarse en la Moral y ya no
en la Ciencia. Cabría al Derecho, elemento esencial para la estructuración de
la vida democrática, la elabora-ción y regulación de las normas que van a
orientar la búsqueda del consenso, por el diálogo, en la acción comunicativa.
El análisis habermasiano visualiza la sociedad como
esfera simul-táneamente pública y política, en la cual la explicación de la
ac-ción social se articularía con el movimiento político de defensa de la
sociedad contra la penetración de los subsistemas en las formas comunicativas
de acción. En la modernidad occidental ocurrió, según Habermas, un proceso de
diferenciación de las estructuras de racionalidad, que disoció las estructuras
sistémicas de las es-tructuras comunicativas del mundo de la vida. No se trata
de la teoría dualista de la diferenciación entre Estado y sociedad, sino de una
forma múltiple de diferenciación, pues las estructuras sis-témicas económicas y
administrativas no sólo se diferencian del mundo de la vida, sino que se
diferencian entre sí.
Es importante señalar que tanto el sistema como el
mundo de la vida son atravesados por las dimensiones de lo público y de lo
privado. En el sistema, lo público es el Estado y lo privado es la
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-23-
economía. En el mundo de la vida, lo público es la
participación política de los ciudadanos y lo privado es la familia.
La figura siguiente ilustra estas relaciones:
SISTEMA MUNDO
DE
LA VIDA
PÚBLICO Estado Participación
Opinión
pública
PRIVADO Economía Familia
El modelo tripartito genera, así, dos tipos de
dicotomía entre pú-blico y privado. Una en el nivel de los subsistemas
(Es-tado/economía) y otra en el nivel de la sociedad civil (formación de la
opinión pública/familia). Estas cuatro dimensiones se rela-cionan a través de
serie de intercambios que se hacen posibles por los medios de control dinero y
poder. Podemos así distinguir entre las instituciones de la esfera privada
coordinada comunicativa-mente (familia o relaciones de amistad) y aquéllas que
son coor-dinadas por los mecanismos sistémicos (economía). Lo mismo ocurre en
relación a las dos esferas públicas analíticamente distin-tas. En consecuencia,
es posible imaginar procesos de desprivati-zación que no involucran
estatización, así como mostrar que la intervención del Estado en la economía no
acarrea necesariamente la absorción o la supresión de una sociedad civil
autónoma.
El conflicto entre Estado y mercado, por una parte,
y las estructu-ras interactivas del mundo de la vida, por otra, llevan a este
último a organizarse en movimientos sociales sustentadores de la demo-
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-24-
cracia que, para Habermas, representa la
institucionalización en el sistema político de las sociedades modernas, de los
principios normativos de la racionalidad comunicativa. La esfera pública es el
lugar de discusión entre los principios divergentes de organiza-ción de la
sociabilidad. Los movimientos sociales constituyen los actores que reaccionan
ante la reificación y la burocratización, proponiendo la defensa de las formas
de solidaridad amenazadas por la racionalización sistémica. Ellos disputan con
el Estado y con el mercado la preservación de un espacio autónomo y
demo-crático de organización, de reproducción de la cultura y de forma-ción de
identidad y de solidaridad.
Habermas y la esfera pública
El concepto de esfera pública ocupa una posición
central en la teoría habermasiana como escenario de formación de la voluntad
colectiva. Es el espacio del debate público, de la confrontación de los
diversos actores de la sociedad civil. Se trata de un espacio público autónomo,
que presenta una doble dimensión: por un la-do, desarrolla procesos de
formación democrática de la opinión pública y de la voluntad política; por
otro, se vincula a un proyec-to de praxis democrática radical, donde la
sociedad civil se torna una instancia deliberante y legitimadora del poder
político, donde los ciudadanos son capaces de ejercer sus derechos públicos
sub-jetivos.
Esta concepción repudia tanto la visión
utilitarista, en la que los actores de la sociedad civil actúan
individualmente, sin ningún lazo de solidaridad, como la visión reduccionista
de cuño marxis-ta, que restringe el espacio público a una esfera determinada
por las relaciones económicas. El espacio público es visto como un escenario de
discurso, autónomo en relación con el sistema políti-
_____
-25-
co, como un lugar donde se realiza la interacción
subjetiva de ciudadanos conscientes, solidarios y participativos.
Es una concepción de cuño ético-procedimental,
basada en el principio del discurso, que no se afilia ni a la visión liberal ni
a la visión republicana. La democracia no se reduce a la representati-vidad
electoral, ni se justifica por una ley moral elevada y defini-dora de prácticas
políticas ideales, tales como se encuentran en el ideal de justicia de John
Rawls. La valorización del concepto de ciudadanía propició la revalorización de
las prácticas sociales, llevando a la participación política a trascender el
mero acto de votar.
La reconstrucción del espacio público se da, según
Habermas, dentro de una perspectiva emancipatoria, contemplando procedi-mientos
racionales, discursivos, participativos y pluralistas, que permitan a los
actores de la sociedad civil un consenso comunica-tivo y una autorregulación,
fuente de legitimidad de las leyes. Ni el espacio doméstico ni el espacio de
producción contienen este potencial democrático. La autonomía del espacio
público partici-pativo revaloriza la primacía de la comunidad y de la solidaridad,
posibilitando la liberación de la sociedad civil de los imperativos sistémicos,
es decir, de los controles burocráticos del Estado y de las imposiciones
económicas del mercado.
Habermas diverge de los liberales al conferir
centralidad a la ac-ción social y tornar secundarios los aspectos individuales.
Los fines colectivos no resultan de arreglos o disputas entre intereses
privados conflictivos, ni la política es vista como la maximización de
intereses individuales. La política es una instancia que tras-ciende los
intereses privados. El espacio público no se compagina con la visión liberal de
neutralidad, disociada de los intereses concretos de los actores sociales, sino
que por el contrario, permi-te la institucionalización de las pluralidades en
las sociedades
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-26-
civiles modernas y la posibilidad de consenso
mediante procedi-mientos comunicativos ejercidos en la esfera pública,
suminis-trando los criterios éticos de regulación de los discursos prácticos.
La esfera pública, por fin, es la instancia generadora de decisiones colectivas
y legitimadora de la democracia.
Por otra parte, Habermas tampoco puede ser
considerado republi-cano, pues unifica la acción colectiva en la esfera
comunicativa, y por lo tanto, procedimental, y no en los contenidos o valores
cívi-cos. El bien común, contenido y valor para los republicanos, no constituye
un objetivo en sí mismo, a ser necesariamente perse-guido, aún cuando sea
posible su supervivencia a pesar de las diferenciaciones sociales. En el
espacio público se desarrollarán debates públicos en torno a los intereses
colectivos, posibilitando una acción común a partir del principio del discurso.
Habermas ve desventajas en el ―idealismo excesivo‖
consistente en tornar el proceso democrático dependiente de las virtudes de
ciudadanos orientados hacia el bien común. Debido a la porosidad del espacio
público contemporáneo, la política no puede ya ser vista como atributo de las
élites (Benhabib, 1992), haciéndose indispensable la adopción de mecanismos y
procedimientos de participación, asegurando a todos, principalmente a los
grupos sociales minoritarios, igualdad de acceso al espacio público, me-diante
el discurso, independientemente de los contenidos.
La modernidad es vista no como punto de ruptura de
la tradición, como en Hanna Arendt, sino como un momento posible de
reali-zación de profundas transformaciones sociales, implicando un nuevo papel
de los actores sociales y una nueva configuración de la democracia
participativa, desde que se aplican los procedimien-tos discursivos.
El modelo discursivo parece adecuado a las
sociedades modernas, pues con el ingreso de nuevos grupos en la esfera pública
y la
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-27-
expansión de los derechos de ciudadanía en la
modernidad, no es ya posible imaginar un espacio público homogéneo y
políticamen-te igualitario. El modelo habermasiano amplía el ámbito de la
actividad política, fertilizándolo con los influjos comunicativos provenientes
de la sociedad civil.
3.
ESFERA PÚBLICA Y NUEVO ASOCIACIONISMO
Durante décadas predominaron en América Latina las
llamadas teorías de la transición democrática, que no obstante su innegable
contribución, subestimaron la organización autónoma de asocia-ciones civiles,
confiando en lo institucional. No se dedicaron a analizar el hiato entre la
existencia formal de las instituciones y la incorporación de la democracia a
las prácticas cotidianas de los agentes políticos en la sociedad. Dado que
concebían la democra-cia como ausencia de autoritarismo, no pudieron comprender
la existencia de una cultura política no democrática entrelazada con la
institucionalidad democrática.
Comienza hoy a desenvolverse otra perspectiva, de
carácter cultu-ralista, según la cual los estudios sobre democratización deben
acompañar a los procesos culturales, pues ―la democratización no se da en un
vacío‖: ella deja de ser abordada ―como fenómeno relacionado exclusivamente con
las instituciones políticas y pasa al terreno de las formas de acción social
que garantizarían la de-mocracia a lo largo de un proceso de modernización
societaria‖ (Avritzer, 1996).
En esta perspectiva, la democratización deja de ser
pasajera y funcional para tornarse forma permanente y proceso de ajuste
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-28-
entre legalidad y legitimidad, entre moral y ley.
Esta nueva inter-pretación abre un espacio para los movimientos sociales y
asocia-ciones de la sociedad civil en la comprensión misma del proceso de
democratización, incorporando nuevos conceptos, entre los que se destaca el de
esfera pública.
Los procesos de reproducción sociocultural se
convierten en for-ma política en el espacio público. Las asociaciones civiles
absor-ben iniciativas sociales difusas, encaminándolas al espacio públi-co para
la confrontación política. Las asociaciones y los movi-mientos sociales amplían
el espectro de lo político, incorporando nuevos temas en la agenda política,
desempeñando así un papel fundamental en la construcción del espacio público.
La adopción de una concepción societaria de la
democratización toma en consideración procesos de limitación del Estado y del
mercado identificados con el surgimiento de la ciudadanía, y per-mite ―conectar
la democracia en tanto práctica societaria con el horizonte político de los
actores partícipes del proceso de demo-cratización ― (Avritzer, 1996).
La perspectiva culturalista se diferencia también
de la visión re-publicanista, que concibe las asociaciones políticas como
deposi-tarias de la voluntad colectiva, correspondiéndole al Estado
reco-nocerlas y legitimarlas sin intermediación de las asociaciones de la
sociedad civil. En este caso, la esfera pública no estatal se con-vierte en un
espacio más dentro del Estado, tornándose en una esfera para-estatal en vez de
no-estatal.
Tanto las teorías de transición como la visión
republicanista ten-drían dificultades para ver la relación entre procesos
socio-culturales y procesos institucionales, despreciando así el papel del
asociacionismo. La perspectiva culturalista intenta recuperar la raigambre y la
esfera social pre-política de estas organizaciones.
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-29-
No se trata de negar la participación institucional
de las asocia-ciones civiles, sino de evitar una institucionalización
inmoviliza-dora, preservando el papel de estas asociaciones en el proceso
sociocultural.
Las asociaciones deben participar del Estado en
tanto espacio de formación de la opinión y de la voluntad política, pero no
como espacio administrativo, so pena de transformarse en para-estatales.
Según Leonardo Avritzer, habría tres tipos de
asociaciones con diseños formales distintos:
a) asociaciones
no conflictivas, como las recreativas, de ayuda mutua y religiosas,
numéricamente preponderantes, que por su naturaleza no tematizan problemas, no
estableciendo en conse-cuencia un campo ético-cultural
b) asociaciones
conflictivas con el campo sistémico, como los sindicatos, asociaciones
profesionales, educacionales, de salud, comunitarias, etc., que se
institucionalizan en campos pre-definidos de acción, burocratizándose con temas
fijos del pasado
c) nuevo
asociacionismo, con diseños simultáneamente solidarios, democráticos e
identitarios, como el movimiento de mujeres, ne-gros, indígenas, ecológicos, de
derechos humanos, configurando un campo ético-político-cultural que apunta
hacia una esfera pú-blica democrática.
Este tercer tipo no demanda directamente al Estado,
pero influye en el sistema político y económico planteando cuestiones
temáti-cas al Estado y al mercado, que no se limitan en modo alguno al mundo
societario.
Transformaciones históricas recientes indican la
ruptura con el patrón homogeneizador de acción colectiva, típico del populismo
latinoamericano, y el aumento considerable del número de asocia-
_____
-30-
ciones civiles en el continente. Tales cambios
muestran la indiscu-tible reducción de la influencia de la vida sindical en la
vida co-lectiva, así como el consecuente fortalecimiento de otros movi-mientos
formadores de opinión, como el de derechos humanos, por ejemplo. El
asociacionismo comunitario se fortalece, prolife-ran organizaciones no
gubernamentales de clase media, ocupando un espacio diferenciado y plural, al
tiempo que se desenvuelven las asociaciones temáticas del tercer tipo, los
llamados nuevos movimientos sociales.
Todavía según Avritzer, estas nuevas formas de
ocupación del espacio público pueden generar flujos democratizantes desde que
quedan aseguradas las siguientes condiciones:
a) el estatus
público de las asociaciones, que a veces pueden tener elementos privados; la
contabilidad pública y la organización in-terna democrática, por lo menos,
deben estar garantizadas;
b) la
democracia conectada con la equidad, con la preocupación de qué puede hacer el
nuevo asociacionismo por los no organiza-dos, evitando nuevas formas de
desigualdad;
c) medidas
para impedir el eventual papel antidemocrático de las asociaciones por el
particularismo y la adopción de reglas en be-neficio propio.
Es verdad, sin embargo, que las asociaciones se
organizan en torno a algunos intereses, excluyendo otros, conteniendo así
nece-sariamente algún tipo de exclusión. La equidad consistiría en no
privilegiar ciertos sectores, en general los más organizados, en detrimento de
otros, menos organizados, perjudicando todavía más a los excluidos. El concepto
de espacio público con énfasis en la dimensión societaria legitima las
reivindicaciones políticas de la sociedad civil, concebida como un espacio
propio y no sólo anti-institucional.
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-31-
Movimientos sociales y grupos de interés
A partir de los años 80 comenzó a declinar la
militancia partidista en razón de la pérdida de prestigio de los partidos
políticos, que dejaron de atraer el interés político de muchos ciudadanos,
quie-nes pasaron a involucrarse con otros grupos y actividades. Au-mentó la
distancia existente entre el sistema institucional de re-presentación en el
plano del Estado y la llamada sociedad civil organizada.
Las asociaciones de la sociedad civil juegan el
papel de formado-ras de la opinión pública y de constituyentes de la opinión
colec-tiva en los espacios situados por fuera del Estado y del mercado. Se
distinguen así de los ―grupos de interés‖, caracterizados por la lógica de los
intereses económicos particulares y por la defensa de los intereses privados
específicos, como por ejemplo las organiza-ciones sindicales y empresariales.
Los actores de la sociedad civil, organizados en
movimientos so-ciales, cumplen una función pública, absorbiendo la acción
comu-nicativa existente en el mundo de la vida y llevándola al nivel de la
esfera pública. Defienden el interés público y se constituyen como una
instancia de crítica y de control del poder. Los grupos de interés, por su
parte, poseen una visión corporativa, se organi-zan en “lobbies” e intentan
apropiarse de los espacios públicos en función de sus intereses particulares.
Los movimientos sociales enarbolan la bandera de la
autonomía y de la democratización de la sociedad, pero sería un error imaginar
que ellos podrían prescindir de las instituciones del Estado en cuanto sociedad
políticamente organizada. De ahí la necesidad de una estrategia dual (Cohen
& Arato, 1992): los movimientos so-ciales deben actuar en el plano
institucional y extra-institucional, apoyándose al mismo tiempo en las
organizaciones de base de la
_____
-32-
sociedad civil y en otros actores como los partidos
y los sindica-tos.
El prof. Sergio Acosta, en una aguda observación,
mostró que Habermas hizo una revisión de su clasificación de movimientos
sociales, que en la Teoría de la Acción Comunicativa eran consi-derados
defensivos, con la excepción del movimiento feminista, que aparecía como el
único propiamente ofensivo. A partir de la noción de ―política dual‖
desarrollada por Cohen & Arato, Ha-bermas en su libro ―Facticidad y
Validez‖ pasa a considerar los movimientos sociales como actores ―duales‖, con
una doble orientación política, simultáneamente defensiva y ofensiva (Costa,
1994).
La distinción entre movimientos sociales y grupos
de presión, en la práctica no siempre es muy clara. En principio, los primeros
ejercen una función pública, pues defienden intereses públicos de forma abierta
y transparente, fortaleciendo con su acción la esfera pública. Los segundos,
como se ha visto más arriba, se caracteri-zan por la defensa de sus intereses
particulares.
Ocurre que a veces las organizaciones de la
sociedad civil luchan por sus intereses particulares realizando acuerdos de
cúpulas, sin discusión pública. Fue el caso, por ejemplo, de ciertas
asociacio-nes de pobladores que concertaron acuerdos con el Estado en el mismo
estilo de los grupos de interés. En estos casos, ya no es más posible
distinguir, como observa Sergio Costa, las organiza-ciones de la sociedad civil
de los grupos de interés que utilizan al Estado para la consecución de sus
objetivos particulares (Costa, 1994).
Estos casos, sin embargo, en modo alguno pueden
eliminar la distinción analítica entre, por una parte, los movimientos sociales
y las organizaciones de la sociedad civil orientados hacia la de-
_____
-33-
fensa de la ciudadanía y del interés público, y por
otra parte, las asociaciones de carácter económico y políticoadministrativo.
Es lo que intenta llevar a cabo la idea de
―sectores intermedia-rios‖, que cae en un lugar común al colocar en el mismo
plano a todas las organizaciones entre el Estado y la sociedad civil, desde
asociaciones filantrópicas a partidos y sindicatos.
Es también lo que intentan hacer aquellos que en
vano procuran descalificar a las organizaciones de la sociedad civil,
equiparán-dolas a los grupos de interés. Sin embargo, los innumerables ejemplos
de movimientos sociales en lucha por el interés público, como bien lo ilustra,
entre otros, la Acción de la Ciudadanía con-tra el Hambre y la Miseria, en el
Brasil, son una demostración de que las asociaciones civiles desempeñan cada
vez más un papel de fortalecimiento de la esfera pública.
Espacio público y democracia
El proceso de construcción de la democracia ha sido
tradicional-mente analizado sobre todo desde la óptica de la relación entre el
Estado y la sociedad política. Más recientemente, sin embargo, con la nueva
dimensión cuantitativa y cualitativa de las asociacio-nes de la sociedad civil,
el proceso de democratización comenzó a ser visto como un proceso de cambio en
la cultura política (Garre-tón, 1991), en las prácticas sociales (Melucci,
1994) y en las for-mas de acción colectiva (Cohen & Arato, 1992).
El proceso de democratización en América Latina
puede ser exa-minado en función del cambio de actitudes en el comportamiento de
los actores sociales, y no sólo a partir de las relaciones entre el Estado y el
sistema político. Si tomamos este último criterio como
_____
-34-
parámetro, la democracia es vista sólo como régimen
político, como estructura institucional de relación entre las élites y el
Estado.
Pensar la democracia como una nueva relación entre
el Estado y la sociedad, a partir de la perspectiva societaria, exigirá, como
observara Avritzer (1997), enfrentar el desafío de buscar un dise-ño
institucional adecuado.
En los últimos años hemos asistido a cambios
significativos en las formas de acción colectiva y de ocupación del espacio
público por un conjunto diversificado de actores y asociaciones, creando un
polo distinto de la sociedad política para la satisfacción de las necesidades y
la constitución de nuevas identidades. En cuanto la representación queda a
cargo de la sociedad política, una estructu-ra de ―campaña‖ expresa el poder de
veto último de la sociedad civil.
La ocupación plural del espacio público puede, no
obstante, traer un desequilibrio en la relación entre los actores sociales y el
sis-tema político, con el predominio de la sociedad política, que pasa a
seleccionar la inserción de las asociaciones civiles en el Estado,
confiriéndoles un estatus semi-público.
Ocurre, entonces, ―un hiato entre las formas de
ocupación del espacio público y las formas de legalización de la vida
asociativa y de la relación entre sociedad civil y sociedad política‖
(Avritzer, 1996).
En estas circunstancias, los valores y las acciones
sociales presen-tes en la sociedad civil comienzan a entrar en franca oposición
con los valores sistémicos característicos del Estado y del merca-do, dando
lugar a transformaciones en las formas de sociabilidad, así como alteraciones
recíprocas entre la instancia de prácticas sociales y la instancia de
producción de subjetividad.
Un papel de particular importancia les cabe a los
movimientos sociales, que pueden contribuir con la democratización de los
_____
-35-
sistemas políticos por los cambios en las reglas de
procedimientos y en las formas de participación política, por la difusión de
nuevas formas de organización, y sobre todo, por la ampliación de los límites
de la política, politizando temas que hasta entonces eran considerados de la
esfera privada, como por ejemplo, las cuestio-nes de género que implican las
relaciones entre los sexos (Meluc-ci, 1994).
Un espacio público democrático es aquél que
garantiza que los influjos democratizantes generados en la sociedad se tornen
fuen-tes de democratización del poder. Los cambios en la cultura polí-tica
traídos por el incremento del asociacionismo indican la posi-bilidad de
superación de las formas tradicionales de clientelismo, populismo y
corporativismo presentes en la historia política de la América Latina. Esta
nueva cultura asociativa ciertamente contri-buirá en forma significativa con la
construcción de una estructura institucional más democrática, puesto que se
halla enraizada en la sociedad civil y no en las élites que tradicionalmente
controlan la sociedad política.
El punto de partida de la práctica democrática pasa
a ser la propia sociedad, vista como el origen del poder. Que el sistema
político ―esté anclado en las prácticas participativas que dieron origen a la
democracia constituye el horizonte de una utopía posible a fines del siglo XX‖
(Avritzer, 1996).
4.
LA ESFERA PÚBLICA NO ESTATAL
A partir de la década del 70, la noción de sociedad
civil cambió considerablemente. Hubo una verdadera ruptura conceptual que,
según Cohen y Arato, como vimos, se vincula con los movimien-
_____
-36-
tos sociales y políticos democratizantes de Europa
Oriental, de Asia y de América Latina. Expresiones como autonomía,
autoges-tión, independencia, participación, ――empowerment‖‖, derechos humanos,
ciudadanía, pasaron a ser asociadas al concepto de so-ciedad civil.
No se trata más de un sinónimo de sociedad, sino de
una manera de pensarla, de una perspectiva ligada a la noción de igualdad de
derechos, autonomía, participación, en fin, de los derechos civiles, políticos
y sociales de la ciudadanía. En virtud de esto, la socie-dad civil tiene que
ser ―organizada‖. Lo que era un estado natural en los filósofos
contractualistas o una condición de la política moderna en Hegel y Marx, se
torna ahora un objetivo para los activistas sociales del 2o. o 3er. Mundos: la
sociedad civil tiene que ser construida, reforzada, consolidada. Se trata del
medio y del fin de la democracia política (Fernandes, 1995).
Rescatada de los libros de historia por los
activistas de las últimas décadas, la noción de sociedad civil se transforma y
pasa a ser comprendida en oposición no sólo al Estado, sino también al
mer-cado. Trátase ahora de una tercera dimensión de la vida pública, diferente
del gobierno y del mercado. En lugar de sugerir la idea de un escenario para la
competencia económica y la lucha por el poder político, pasa a significar
exactamente lo opuesto: un cam-po donde prevalecen los valores de la
solidaridad.
Esta perspectiva se aproxima de la noción
anglosajona de ―tercer sector‖, o también de movimiento social u organización
no guber-namental, que a efectos de este trabajo se emplearán indistinta-mente,
a la luz de la concepción actual de la sociedad civil esbo-zada anteriormente.
Es en esta perspectiva que trabajan algunos
pensadores contempo-ráneos que suministraron importantes subsidios teóricos
para la actuación de las llamadas organizaciones no gubernamentales,
_____
-37-
tales como Alan Wolfe, por ejemplo. El propio
Habermas, como vimos, había roto con la relación ideológica unívoca entre
socie-dad civil y esfera privada, entendida como economía, y el Estado
entendido como esfera pública. Hay una esfera privada en el ―sis-tema‖
(economía) y una esfera pública no estatal, constituida por los movimientos
sociales, ONGs y asociaciones de la ciudadanía.
En la esfera estatal-privada están las empresas y
corporaciones estatales que, aún cuando formalmente públicas, encuentran su
lógica en la defensa de intereses particulares, económicos o secto-riales,
comportándose en la práctica como organizaciones de mer-cado. En la esfera
social-pública, todavía emergente, se encuen-tran los movimientos e
instituciones que, aún cuando formalmente privados, persiguen objetivos
sociales, articulando en la práctica la construcción de un espacio público
no-estatal. Es el caso de las organizaciones no gubernamentales que, como
sugiere Alan Wol-fe, son también organizaciones de no-mercado (ONMs) y además,
organizaciones no corporativas (Wolfe, 1992).
De esta esfera pública no estatal estarían
excluidos los partidos políticos que, aunque formalmente puedan ser
considerados como instituciones de la sociedad civil, en la práctica se
comportan co-mo instituciones pro-estatales. Orientados hacia la lucha por el
poder, los partidos acaban asumiendo las ―razones de Estado‖, pues su centro
estratégico no se sitúa en el interior de la sociedad civil que pretenden
representar, sino en el modelo de Estado que pretenden conservar o cambiar
(Franco, 1994).
Según Alberto Melucci, la existencia de espacios
públicos inde-pendientes de las instituciones del gobierno, del sistema
partidista y de las estructuras del Estado, es la condición necesaria de la
democracia contemporánea. Como intermediaciones entre el nivel del poder
político y las redes de la vida cotidiana, estos espacios públicos requieren
simultáneamente de los mecanismos de la re-
_____
-38-
presentación y de la participación. Ambos son
fundamentales para la existencia de la democracia en las sociedades complejas.
Los espacios públicos son puntos de conexión entre las instituciones políticas
y las demandas colectivas, entre las funciones de go-bierno y la representación
de conflictos (Melucci, 1988).
La construcción de esta esfera social pública, en
cuanto a partici-pación social y política de los ciudadanos, pasa por la
existencia de entidades y movimientos no-gubernamentales, no-mercantiles,
no-corporativos y no-partidarios. Tales entidades y movimientos son privados
por su origen, pero públicos por su finalidad. Ellos promueven la articulación
entre esfera pública y ámbito privado, como una nueva forma de representación,
buscando alternativas de desenvolvimiento democrático para la sociedad.2
Las organizaciones de la sociedad civil que cumplen
funciones públicas perciben su práctica como innovadora en la articulación de
una nueva esfera pública social, y se consideran precursoras de una nueva
institucionalidad emergente. El Estado, el mercado, las corporaciones y los
partidos no serían suficientes para la articula-ción y la ampliación de la
esfera pública como un todo, ni serían adecuados para la construcción de una
nueva institucionalidad social-pública. Al contrario, la presión de una esfera
social-pública emergente es la que podría reformar y democratizar
efec-tivamente el Estado, el mercado, las corporaciones y los partidos.
Los llamados nuevos movimientos sociales
-movimientos ecoló-gicos, feministas, de minorías, de consumidores, etc.- se
organiza-
2 No se trata
de presentar una visión idílica de las ONGs ni de negar el papel del Estado,
del mercado y de los partidos. Existen ONGs que defienden intereses
particulares, y nadie ignora la necesidad de fortalecer, ampliar y perfeccionar
las esferas estatal-pública y social-privada. Existen agentes privados para
fines privados (mercado), agentes públicos para fines públi-cos (Estado),
agentes privados para fines públicos (tercer sector) y tam-bién agentes
públicos para fines privados (corrupción) (Fernandes, 1995).
_____
-39-
ron de forma autónoma, fuera de los partidos
políticos, pues se han visto ahuyentados por la forma piramidal, burocrática y
pro-fesional de las luchas político-partidistas.
En suma, estas entidades y movimientos de la
sociedad civil, de carácter no-gubernamental, no-mercantil, no-corporativo y
no-partidista, pueden asumir un papel estratégico cuando se trans-forman en
sujetos políticos autónomos y levantan la bandera de la ética, de la
ciudadanía, de la democracia y de la búsqueda de un nuevo patrón de desarrollo
que no produzca la exclusión social y la degradación ambiental.
Un tema de gran interés es el que tiene que ver con
las redes, co-mo formas recientes de organización de la lucha social por parte
de las asociaciones y movimientos. Se trataría de una organiza-ción social de
nuevo tipo, heterogénea y fragmentada, muy dife-rente del centralismo
democrático de las organizaciones tradicio-nales. Según Ilse Scherer-Warren,
las redes traen importantes cambios en la sociabilidad y en la espacialidad,
creando nuevos territorios de acción colectiva, un nuevo imaginario social, una
comunidad virtual. Sin embargo, si bien amplían las posibilidades de
comunicación, también contienen un aspecto de exclusión, pues no todos tienen
acceso a la comunicación (Scherer-Warren, 1993).
¿Significarán las redes cambios en las formas
colectivas o elitiza-ción de la participación política? Alberto Olvera, en su
interven-ción en el XXI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología
- ALAS, Sao Paulo, setiembre de 1997, sostuvo que el gran desafío es no sólo
evitar que las asociaciones se conviertan en órganos de fusión Estado-sociedad,
sino también evitar que la agenda de los movimientos sociales implique la
marginalización de los sectores no organizados.
_____
-40-
Para Douglas Chalmers (1996), además de los cuatro
tipos ideales de estructuras de representación -clientelar, populista,
corporati-vista y de movilización de masas- habría actualmente un quinto tipo
constituido por lo que él denominó ―redes asociativas‖, co-nectando el Estado y
actores de la sociedad, inclusive actores po-pulares, mediante lazos
interpersonales, mediáticos y/o organiza-cionales.
En América Latina, donde los Estados se tornan cada
vez más ―policéntricos‖, con dispersión en la toma de decisiones, la
repre-sentación popular -y la representación política en general- viene
asumiendo cada vez más la forma de redes asociativas.
Una de las principales implicaciones de esta
tendencia al estado policéntrico y a las múltiples y cambiantes redes
asociativas, es que la redistribución y la participación no serán más obra de
un único liderazgo popular central, y sí de un sinnúmero de indivi-duos y de
organizaciones operando en diferentes escenarios. No habrá, así, una
―estrategia del sector popular‖ para enfrentar los impactos de las políticas
neoliberales sino, en vez de esto, coali-ciones sociales, sindicatos
progresistas, movimientos sociales, cada uno en su camino, cada cual pidiendo
recursos, pero aliados, y con la asistencia de una amplia gama de
profesionales. Sin em-bargo, emprender una acción común sin una organización
centra-lizada sigue siendo un desafío para la acción política basada en la
solidaridad y en la coordinación horizontal de los grupos popula-res, actuando
dentro y a través de estas redes (Chalmers, 1996).
Según Cohen y Arato, es fundamental concebir los
conceptos de sociedad civil y movimiento social en relación el uno con el otro.
Los movimientos sociales son concebidos como el elemento di-námico en el
proceso, que puede hacer realidad los potenciales positivos de las sociedades
civiles modernas.
_____
-41-
Es posible, así, articular el concepto de
movimiento social como virtualidad o potencialidad histórica con el estudio
empírico de las organizaciones de la sociedad civil, restableciendo una
articula-ción entre el plano sincrónico (sociedad civil como organizacio-nes
institucionalizadas) y el plano diacrónico (movimiento social como elemento
dinámico), entre desarrollo y estructura.
Según esta fórmula, una de las características de
los nuevos mo-vimientos sociales es la creación de redes de comunicación
alter-nativas, cuyo fin no es necesariamente influir sobre el Estado, sino su
propio desarrollo, haciendo avanzar la concientización. Así, la sociedad civil
―no es sólo el terreno, sino también el blan-co de los nuevos movimientos
sociales‖ (Cohen y Arato, 1992).
Una perspectiva basada en la sociedad civil, en lo
público no esta-tal, vería en consecuencia dos dimensiones en la acción
colectiva contemporánea: la política de influencia (de la sociedad civil so-bre
la sociedad política) y la política de identidad (centrada en la autonomía, la
identidad y la democratización de las relaciones sociales fuera del campo
político).
No se trata sólo de presionar al Estado para
reivindicar derechos, sino de modernizar la propia sociedad civil,
transformando las estructuras tradicionales de dominación, exclusión y
desigualdad que, fuera del aparato del Estado, se encuentran enraizadas en las
instituciones, normas, valores e identidades colectivas, basadas en
preconceptos de raza, clase y género.
El movimiento feminista, por ejemplo, siempre trató
de destruir las instituciones patriarcales de la sociedad civil, con miras más
al cambio cultural y normativo que a la obtención de ganancias en la esfera
económica y política. De la misma forma, el movimiento de ciudadanos que en
esta década se desarrolla en varias partes del mundo, no aspira tomar el poder,
sino transformar la relación entre el Estado y la sociedad civil, consolidando
en esta última la
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-42-
imagen de la diferencia, de la diversidad, así como
de la capaci-dad subjetiva de los individuos y de los grupos.
El movimiento ciudadano retoma el conjunto de las
reivindicacio-nes de los movimientos sociales post-68 (feminismo, pacifismo,
ecología, derechos cívicos, etc.), asociándolas a los postulados del movimiento
obrero (derechos sociales, reducción del tiempo de trabajo, redistribución de
rentas, autogestión), teniendo como eje un principio unificador: la ciudadanía.
Su objetivo no es la con-frontación directa con el Estado, pues reconoce el
poder del Esta-do y del mercado, y aún su legitimidad en un contexto democráti-co.
No se trata de reivindicar el poder del Estado, sino de influen-ciar a los
dirigentes y a la sociedad civil en su conjunto. Así, la idea de construcción o
reconstrucción de la sociedad civil ante el mercado y ante el Estado (y ante
los partidos políticos) constituyó la piedra angular de la ideología del
movimiento ciudadano (Ros-siaud, 1997).
El Estado y/o el mercado no pueden abrogarse más el
monopolio de planear y practicar acciones sociopolíticas de interés público,
dejando por fuera a toda la sociedad. Tanto el estatismo como el neoliberalismo
dejan a la sociedad en un segundo plano. La salida es a través de un
postliberalismo, donde se tenga un Estado so-cialmente controlado y un mercado
socialmente orientado.
La sociedad se tornó una ―esfera social-pública‖,
constituida a partir de ideas propias e independientes del Estado y del
mercado. Esta nueva esfera es no-estatal y no-mercantil, pues escapa al dominio
del Estado y a la lógica de lucro del mercado.
El estatismo intenta imponer la lógica del Estado
al mercado y a la sociedad civil. El neoliberalismo intenta imponer al Estado y
a la sociedad civil la lógica del mercado. Ambos ignoran la existen-cia de una
tercera instancia. Una integración constructiva y sinér-
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-43-
gica entre estas tres instancias sólo será
alcanzada si el Estado y el mercado pasan a ser controlados y orientados por la
sociedad.
Contra esta línea de pensamiento insurge la
ideología estatal-corporativa de la izquierda partidista basada en la teoría
del inte-rés histórico de clase. La conquista del poder por una clase
parti-cular sería la condición de la liberación general de toda la socie-dad.
La organización de la sociedad es vista como una táctica para conquistar el
poder del Estado y, a partir de ahí, reorganizar la sociedad desde arriba hacia
abajo.
A partir de una visión sociocéntrica, postliberal,
es posible visua-lizar una dinámica colectiva constituida por la asociación
Estado, mercado y sociedad civil, donde los intereses públicos serán
dis-cutidos y negociados. Y el desarrollo de esta dinámica debe ex-trapolar los
espacios de publicidad o las campañas de solidaridad, poniendo en práctica
acciones de pequeña escala realizadas en el ámbito local.
Una estrategia global de desarrollo debe tener como
base dos elementos fundamentales: la participación activa de los ciudada-nos,
orientada hacia la acción local, y una asociación entre Esta-do, mercado y
sociedad civil.
Los desafíos estratégicos a ser enfrentados por los
países en desa-rrollo serían, principalmente, revertir la tendencia a la
margina-ción, incluir en el mercado y en la ciudadanía a los millones de
excluidos, modernizar incorporando las innovaciones tecnológi-cas, promover la
transición hacia un nuevo patrón de desarrollo humano y sustentable, y asegurar
la inserción no sumisa e inter-dependiente en el orden mundial (Franco, 1996).
La cuestión social no puede ser más enfrentada como
un subpro-ducto de la economía, pues ésta no está preocupada por los que más
necesitan de sus beneficios: los excluidos del sistema. Es preciso una acción
que vaya más allá de la economía. El Estado
_____
-44-
aparece, mientras tanto, como responsable de crear,
a través de una política social, condiciones de vida dignas para todas las
ca-pas de la sociedad.
Solo, sin embargo, el Estado no es capaz de poner
en práctica tal política. De ahí la necesidad de, superando conceptos
neoliberales y estatistas, promover una acción conjunta entre Estado, mercado y
sociedad civil, donde representantes de estas tres esferas discuti-rían sus
propuestas y adelantarían soluciones.
Uno de los principales mecanismos de ejecución de
estas medidas serían las acciones locales.
La acción local es una acción adecuada a un nuevo
patrón de desarrollo sustentable. Si por ejemplo, tomamos el problema del
desempleo como referencia, en vez de grandes empresas automa-tizadas tendríamos
el trabajo local comunitario, utilizando tecno-logía avanzada de pequeña
escala. Es un trabajo productivo que emplea tecnología apropiada, conservando
los recursos y preser-vando el medio ambiente. Todas las necesidades como
energía, alimento, vestido, vivienda, salud, etc., son viables a través de la acción
local descentralizada. Además de esto, el trabajo local es capaz de incorporar
el espíritu de cooperación y solidaridad de la vida comunitaria, descartando
prejuicios y discriminaciones.
Lo público no estatal como sector productivo
Las asociaciones de la sociedad civil y los
movimientos sociales han sido más analizados desde el punto de vista de la
construcción de la ciudadanía democrática y de las nuevas relaciones
Estado-sociedad que como instancia de producción de bienes y servicios
sociales. Sin embargo, se está intensificando cada vez más la
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-45-
transferencia de bienes y servicios, anteriormente
a cargo del Es-tado, hacia el sector público no estatal.
En su dimensión productiva, el sector público no
estatal, también llamado tercer sector, sector social, organizaciones de la
sociedad civil u organizaciones sin fines de lucro, está constituido por
or-ganizaciones privadas sin fines de lucro dedicadas a la producción de bienes
y servicios públicos.
Se distingue del sector público por su actuación
descentralizada, su estructura más ágil y desburocratizada, así como por su
contac-to permanente con la población destinataria. Las organizaciones del
sector público no estatal poseen, en general, flexibilidad y agilidad de
gestión, y muestran una eficacia en la realización de sus objetivos sociales y
una eficiencia en el empleo de medios muy superior al sector público, marcado
usualmente por la buro-cracia y la lentitud de procedimientos administrativos.
Por otra parte, al contrario del sector privado,
volcado hacia la economía de mercado y basado exclusivamente en criterios
eco-nómicos de productividad que cada más adoptan un patrón tecno-lógicode
ahorro de mano de obra, el tercer sector no substituye el trabajo humano por
máquinas, empleando mano de obra en un clima de relaciones humanas más
solidario.
Se trata de un sector bastante diversificado y
frecuentemente muy difícil de deslindar. Abarca desde la filantropía, utilizada
a veces como instrumento de marketing empresarial, hasta proyectos so-ciales
adelantados por organizaciones no gubernamentales. Edu-cación, salud, medio
ambiente, niños de la calle, derechos huma-nos, cultura, recreación, deporte,
violencia, drogas, vivienda, pro-yectos comunitarios, son algunas de las
principales áreas de ac-tuación.
El Estado centralizador, burocrático y autoritario
fue superado con el advenimiento del Estado neoliberal, en sintonía con la
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-46-
agenda económica mundial del proceso de
globalización. Como el neoliberalismo transfiere hacia el mercado las
cuestiones sociales antes asumidas por el Estado, y como el mercado, por su
propia naturaleza, se vuelca hacia la producción económica de mercan-cías
procurando el lucro y no la redistribución de la renta o la prestación de
servicios sociales, recae en las manos de la sociedad civil, del sector público
no estatal, la tarea de ecuacionar el trata-miento y la solución de tales
problemas.
En este modelo, participación y ciudadanía se
vuelven conceptos fundamentales para orientar la actuación de las
organizaciones sin fines de lucro, ya sea orientadas hacia la sociedad, ya sea
para la realización de asociaciones con el Estado, en función del interés
público. Se comprueba,paradójicamente, que el mismo proceso de globalización
que debilita el poder de los Estados nacionales for-talece la sociedad civil,
que intensifica el grado de organización del tercer sector para realizar
funciones sociales que el Estado deja de cumplir y que el mercado jamás
cumplió.
En las últimas décadas el tercer sector se viene
expandiendo en forma extraordinaria. Datos referentes a siete países (Estados
Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Hungría y Japón) muestran que
el tercer sector poseía 12 millones de empleados a tiempo integral en 1990, más
5 millones de voluntarios. ―Esto significa que uno de cada veinte empleados y
uno de cada diez prestadores de servicios están ubicados en el sector sin fines
de lucro en estos países‖ (Salamon, 1997).
En Francia, se crearon más de 54.000 asociaciones
en el sector público no estatal solamente en el año 1987, contra 10 a 12.000
por año en la década del 60, y en Inglaterra, la recaudación de las
organizaciones filantrópicas creció en un 221% entre 1980 y 1986.
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-47-
En el Reino Unido, las organizaciones voluntarias
tienen un in-greso equivalente al 4% del PIB, involucrando en alguna forma al
39% de la población. En Francia el empleo en el sector público no estatal ya es
responsable por 6% del empleo total. En Alemania el tercer sector responde por
casi el 2% del PIB, empleando más personas que el sector agrícola. En Europa
Oriental, tras la caída del muro de Berlín, proliferó el número de
organizaciones volun-tarias sin fines de lucro, estimándose que alcanza en la
actualidad a más de 70.000. En los países del llamado tercer mundo existen más
de 35.000 organizaciones no gubernamentales involucradas directamente en
programas de combate al hambre, salud y planifi-cación familiar, educación,
vivienda y derechos de la ciudadanía (Rodrigues, 1997).
En los Estados Unidos, de acuerdo con Jeremy
Rifkin, mientras que el sector privado responde por el 80% de la economía y el
sector público es responsable de más del 14% del producto in-terno bruto, el
tercer sector contribuye en más del 6% con la eco-nomía, siendo responsable por
más de 9% del empleo total. Para este autor, el sector público no estatal es la
única salida posible de las sociedades ante el desempleo estructural (Rifkin,
1995). En los años 60, un tercio de la fuerza laboral estadounidense estaba
em-pleada en la industria; hoy es menos de 17 % y de aquí a diez años este
porcentaje caerá a 12%. ―Hacia el año 2020 se habrá producido una eliminación
virtual del trabajador de la industria en el mundo entero. Menos de 2% de la
fuerza laboral de este planeta estará en las industrias‖ (Rifkin, 1997).
Las organizaciones del sector público no estatal,
teniendo siempre como eje principal de actuación el interés público y la
ciudadanía, comenzaron a establecer asociaciones con el Estado, perdiendo
algunas veces el carácter contestatario que las caracterizaba en la década de
los 80, pero afirmándose en el escenario socio-público
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como entidades independientes, cuya personalidad
propia debe ser reconocida.
Llenando el vacío dejado por el Estado y procurando
compensar las desigualdades económicas y sociales agravadas por el proceso de
producción de las empresas de mercado, el sector público no estatal tiende a
cumplir un papel de creciente importancia. Para esto, bastará con mantener las
ventajas comparativas del tercer sector en relación con el Estado, es decir,
flexibilidad de acción, estrategia participativa y mayor contacto con la
población. Ade-más de la flexibilización y de la desburocratización, la ―esfera
de producción social‖ opera con la racionalidad comunicativa, es decir, con la
lógica de la solidaridad y de la cooperación en el suministro de servicios
públicos.
Al armonizar el interés público con la eficacia
administrativa, la producción de bienes y servicios en el sector público no
estatal se torna más eficiente que en los sectores estatal o privado.
Diversas actividades sociales, principalmente las
de salud y edu-cación, tienden a ser financiadas por el Estado, aunque
ejecutadas por organizaciones públicas no estatales, más eficientes que el
Estado y más económicas que el sector privado.
Organizaciones sociales: ¿No estatales o
para-estatales?
Es verdad que las organizaciones públicas no
estatales no tienen fines de lucro, ni son parte del aparato del Estado, y sus
funciona-rios no son públicos, puesto que se rigen por leyes privadas. Pero
esto, por sí solo, no garantiza la eficiencia deseada. Esas organi-zaciones, al
celebrar contratos de gestión con el Estado, se alejan del escenario social y
del espacio público fertilizado con los influ-jos comunicativos de la sociedad
civil, y pasan a girar en la órbita
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-49-
del Estado. Y esto sin mencionar la posibilidad de
que el propio Estado seleccione las organizaciones contratantes o estimule su
creación por mecanismos de cooptación y de clientela política.
¿Cómo garantizar que las organizaciones públicas no
estatales sean sustentables? En los cambios de gobierno, ¿cómo asegurar la
continuidad en los contratos de gestión? La transferencia de re-cursos del
Estado y la autonomía gerencial y financiera de las organizaciones no garantiza
por sí sola la reciprocidad ante el compromiso político del Estado con el área
social.
A través del contrato de gestión, el Estado separa
la formulación de la ejecución de las políticas públicas; deja de ser el
ejecutor de las políticas sociales, pero continúa como formulador, regulador,
fiscalizador y evaluador. La transferencia de la ejecución hacia la sociedad
civil debe incorporar la cuestión social en la gestión de los servicios. La
transferencia de la ejecución de las tareas no debe resultar en la
transferencia de la responsabilidad del Estado.
Las organizaciones públicas no estatales que, por
el contrato de gestión, reciben recursos del Estado para la ejecución de bienes
y servicios sociales, deben ser controladas tanto por el Estado que transfiere
los recursos -pero no las responsabilidades- como por la propia sociedad. Al
desburocratizar el Estado, el contrato de ges-tión puede aumentar la
gobernabilidad, ampliando áreas de apoyo en la sociedad, pero sería ilusorio
imaginar que un nuevo modelo político de relación Estado-sociedad pudiese ser
alcanzado por la vía administrativa, sin tomar en consideración la necesidad de
negociación política con los actores sociales que se enfrentan en el espacio
público.
En síntesis, el papel del Estado puede ser
analizado a partir de tres perspectivas básicas:
a) Una
posición estadocéntrica, que entiende que es función inde-legable del Estado
asegurar el bienestar social, formular y aplicar
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-50-
políticas sociales; la delegación de tareas
tradicionales del Estado para el mercado o para organizaciones de la sociedad
civil es vista como privatización y evasión de responsabilidades inherentes a
la función estatal, por imposición de la política neoliberal y de los ajustes
estructurales del FMI.
b) Una
posición mercadocéntrica, según la cual el Estado debe privatizar las funciones
que pueden ser asumidas por el mercado con mayor eficiencia y optimización de
recursos, pues es el mer-cado que produce riquezas y suministra empleo a los
trabajadores. La transferencia hacia el mercado de empresas económicas o
acti-vidades sociales antes desarrolladas por el Estado es una caracte-rística
central de los gobiernos neoliberales, que promueven la integración económica
con el proceso de globalización.
c) Una
posición sociocéntrica, que sustenta que el papel del Esta-do debe ser
redefinido en función de la dinámica de los actores de la sociedad civil
presentes en la esfera pública, a partir de una perspectiva societaria; lo que
importa es garantizar el interés pú-blico y no el hecho de la propiedad de ser
estatal, privada, e inclu-sive pública no estatal, debiendo una nueva relación
Estado - so-ciedad abrir camino para la profundización de la democratización,
no sólo política, sino también social y económica.
La transferencia de la gestión de actividades
estatales para organi-zaciones sociales, difícilmente se podría enmarcar en las
modali-dades así descritas. En la realidad, estas organizaciones sociales que
celebran contratos de gestión con el Estado no serían organi-zaciones privadas,
ni estatales, ni tal vez no estatales: ellas po-drían considerarse como
organizaciones para-estatales, teniendo en cuenta que se constituyen o
funcionan en torno al Estado. La transformación de instituciones estatales,
tales como hospitales y universidades, en instituciones para-estatales,
impropiamente de-nominadas instituciones de la sociedad civil, constituiría una
_____
-51-
―nueva tentativa de fusión entre Estado y sociedad
civil‖ (Avritzer, 1997).
Esto no significa, sin embargo, que por esta razón
tales organiza-ciones dejarán de ser útiles y quedarán imposibilitadas de
prestar servicios relevantes a la sociedad. Estas organizaciones producto-ras
de bienes y servicios sociales podrán compatibilizar eficiencia e interés
público, desde que están sometidas al control del Estado y de la sociedad civil
con el objetivo de evitar su burocratización y mercantilización.
Por otra parte, la expresión ―para-estatal‖ no
parece ser adecuada a los casos de organizaciones autónomas de la sociedad
civil, con trayectoria reconocida en el espacio público, que concretan
aso-ciaciones con el Estado para la gestión de bienes y servicios pú-blicos. El
financiamiento estatal de estas organizaciones públicas no estatales conlleva,
asimismo, una serie de cuestiones que nece-sitan ser resueltas. Uno de los
problemas principales son los crite-rios públicos para la evaluación del
desempeño a fin de evitar los riesgos de favoritismo burocrático y clientelismo
político.
Más allá de su función de control social, de su
vocación política de lucha por los derechos de la ciudadanía, por la
democratización del Estado y de la sociedad, la sociedad civil también puede
asu-mir la responsabilidad económica de ejecución de programas y servicios
sociales. Al hacerlo, sin embargo, asume un perfil pro-ductivo que exige
fiscalización y control por parte de Estado y de la propia sociedad. Según
Nuria Cunill (1995), ―desde el ámbito privado, es posible -y necesario-
enfrentar la producción de bienes públicos, siempre que esto, a su vez, no
suponga la abdicación de la responsabilidad pública por parte del Estado‖.
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-52-
Ciudadanía, control social y democratización del
Estado
La ciudadanía ocupa un lugar central en la búsqueda
de un nuevo paradigma que deberá superar las limitaciones del Estado
tecno-crático y del Estado liberal. Para desarrollar mejor este punto,
nosparece adecuado utilizar las categorías de gobernabi lidad y de gestión de
gobierno (―governança‖), tal como han sido concebidas por Eli Diniz (1996).
La gobernabilidad se refiere, en principio, a las
condiciones sis-témicas más generales sobre las cuales se da el ejercicio del
poder en una sociedad, tales como las características del régimen políti-co
(democrático o autoritario), la forma de gobierno (parlamenta-rismo o
presidencialismo), las relaciones entre los poderes, los sistemas de partidos
(pluripartidismo o bipartidismo), el sistema de intermediación de intereses
(corporativista o pluralista), etc. (Diniz, 1996).
La gestión de gobierno (―governança‖) tiene que ver
con la capa-cidad para gobernar, en sentido amplio, vale decir la capacidad de
acción estatal en la implementación de las políticas y en laconse-cución de las
metas colectivas. Se refiere al conjunto de meca-nismos y procedimientos para
lidiar con la dimensión participati-va y plural de la sociedad. Sin abandonar
los instrumentos de con-trol y supervisión, el Estado se torna más flexible,
capaz de des-centralizar funciones, transferir responsabilidades y ampliar el
universo de actores participantes (Diniz, 1996).
Para Bresser Pereira (1997), la gestión de gobierno
es la capaci-dad de hacer efectivas las decisiones gubernamentales, a través
del ajuste fiscal, la reforma administrativa y la separación entre formulación
y ejecución de las políticas públicas. Y la gobernabi-lidad tiene que ver con
la existencia de instituciones políticas ap-tas para garantizar una mejor
intermediación de intereses y tornar
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-53-
más legítimos y democráticos a los gobiernos,
perfeccionando la democracia representativa y abriendo espacios para el control
social o democracia directa. Entre los elementos de la gobernabi-lidad, señala
la existencia de mecanismos de responsabilización (accountability) de los
políticos y de los burócratas ante la socie-dad.
El mismo autor, basándose en Adam Przeworski,
analiza la re-forma del Estado en la óptica de la teoría del principal -
agente, según la cual el ciudadano - principal - debe controlar a los
políti-cos que, a su vez, deben controlar a los burócratas. Es sin duda muy
pertinente su abordaje de la ―lógica de los sitios de control‖, que permite
distinguir con claridad el espacio público del privado y, dentro del espacio
público, el espacio estatal del espacio públi-co no estatal.
Creemos que la actual crisis de legitimidad del
Estado revela, en el fondo, la crisis de la democracia representativa
parlamentaria clásica. Los ciudadanos no se reconocen más en instituciones que,
por definición, fueron creadas por ellos. La democracia, princi-palmente en
América Latina, atraviesa por un impasse entre las tentaciones de retorno al
autoritarismo y los profundos cambios institucionales necesarios para su
profundización. La consolida-ción democrática no puede alcanzarse sin la
reforma del Estado.
El rescate de la legitimidad del Estado pasa,
ciertamente, por el perfeccionamiento de los instrumentos de gobernabilidad, en
el sentido que le da Diniz, o de gestión de gobierno en el sentido de Bresser
Pereira, según las condiciones históricas y culturales de cada país. A nuestro
modo de ver, no obstante, es en el concepto de gestión de gobierno
(―governança‖) que le da Diniz o de go-bernabilidad en el sentido de Bresser
Pereira, que se encuentra la piedra de toque para recuperar la perdida
legitimidad del Estado.
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-54-
La acción estatal desvinculada de las nociones de
interés público, bien común y responsabilidad política, pierde legitimidad.
Solamente la participación de la ciudadanía, en los
moldes de una democracia asociativa, puede contraponerse a las características
negativas del modelo representativo, como son por ejemplo, la fragilidad de las
instituciones, de los partidos, del sistema electo-ral, del Legislativo, junto
con la hipertrofia de la autoridad perso-nal del Presidente. En la actualidad
se comprueba el agotamiento del poder público, la inercia en la prestación de
servicios, la au-sencia de canales para la expresión de derechos, y en suma, la
omisión del Estado en la atención de necesidades fundamentales mediante
políticas sociales efectivas.
Aumentar la eficacia del Estado significa no sólo
aumentar la eficiencia de la maquinaria burocrática y perfeccionar los
meca-nismos técnicos de gobernabilidad. La reforma democrática del Estado exige
mejorar las condiciones de ―governance‖ del sistema estatal, perfeccionando las
capacidades de mando y de coordina-ción, pero fundamentalmente redefiniendo las
relaciones con la sociedad civil, mediante la creación y articulación de
canales de negociación entre la sociedad y el Estado.
La existencia de canales permanentes de negociación
junto a los diversos órganos del Estado, permitirá la institucionalización de
la participación de la ciudadanía en las decisiones gubernamentales.
Diversos países ya cuentan con la existencia de
Consejos, con la participación de representantes del Gobierno y de la sociedad
civil, para la elaboración de las políticas públicas. En la misma dirección
apunta el funcionamiento de las Cámaras Sectoriales de negociación, que
involucran a los actores interesados y a las auto-ridades gubernamentales, así
como los ejemplos de presupuesto participativo en el plano local.
_____
-55-
En el modelo representativo, los partidos políticos
se orientan hacia la conquista y la preservación del poder. La creciente
profe-sionalización de la política y la comercialización de las campañas
electorales aumentan la distancia entre representantes y represen-tados. Son
las asociaciones, organizaciones y movimientos de la sociedad civil quienes
abonan, con sus reivindicaciones, la esfera pública, contraponiéndose al poder
de los medios, del gobierno y del mercado.
Está claro que también tienen lugar nuevos procesos
de masifica-ción, que bloquean a la ciudadanía activa mediante, por ejemplo, la
integración electrónica de telespectadores. Una esfera pública democrática
requiere, sin embargo, una vida asociativa libre, con la regulación de los
medios y del mercado. La democracia exige una cultura política gestada en la
libertad.
La noción de espacio público no puede ya más
limitarse a la vi-sión liberal de un mercado de opiniones, donde los intereses
orga-nizados procuran influir en los procesos decisorios. En el modelo llamado
discursivo, de inspiración habermasiana, la esfera pública actúa como instancia
intermediadora entre los impulsos comuni-cativos generados en la sociedad civil
(en el ―mundo de la vida‖) y las instancias que articulan, institucionalmente,
las decisiones políticas (parlamento, consejos). No se trata más de un ―sitio‖
al Estado, sin intención de conquista, sino de un sistema de ―com-puertas‖
entre el Estado y la sociedad. Al trasponer estas com-puertas, los influjos
comunicativos de la sociedad civil acaban influenciando las instancias
decisorias (Habermas, 1997).
Para llevar a cabo esta función integradora, la
ciudadanía demo-crática debe, evidentemente, ser más que una definición
estatuta-ria meramente legal. Es necesario que ella se convierta en el
ele-mento central de una cultura política compartida. Una sociedad
multicultural sólo puede mantenerse unida si la ciudadanía demo-
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-56-
crática no se limita a la visión liberal de los
derechos políticos, expandiéndose para abarcar derechos culturales y sociales.
Si el movimiento socialista, de inspiración
marxista, acabó cuan-do en el poder degeneró en un totalitarismo, el
liberalismo apoyó las dictaduras autoritarias y acostumbra a mirar la
democracia en forma instrumental: es buena en cuanto sirve a sus intereses
eco-nómicos. La democracia, que es un valor universal, es utilizada como
ideología por los grupos dominantes. Ahora bien, la demo-cracia no es sólo un
régimen político con partidos y elecciones libres. Es sobre todo una forma de
existencia social. Democrática es una sociedad abierta, que permite la creación
de nuevos dere-chos.
Los movimientos sociales, en sus luchas,
transformaron los dere-chos declarados formalmente en derechos reales. Las
luchas por la libertad y la igualdad ampliaron los derechos civiles y políticos
dela ciudadanía, crearon los derechos sociales, los derechos de las llamadas
―minorías‖ - mujeres, niños, ancianos, minorías étni-cas y sexuales - y, por
las luchas ecológicas, el derecho a un me-dio ambiente sano. Los grupos
excluidos podrían ser compensa-dos mediante políticas diferenciadas discutidas
públicamente. Es siempre a través del debate político que las cuestiones se
hacen públicas, posibilitando que los ciudadanos ejerzan la función de crítica
y de control sobre el Estado.
Un Estado democrático es aquél que considera
legítimo el conflic-to. No sólo trabaja políticamente los diversos intereses y
necesi-dades particulares existentes en la sociedad, sino que procura
instituirlos como derechos universales formalmente reconocidos. Los individuos
y grupos se organizan en asociaciones, movimien-tos sociales, sindicatos y
partidos, constituyendo un contra-poder social que limita el poder del Estado.
Una sociedad democrática no cesa de trabajar sus divisiones y diferencias
internas, y siempre
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está abierta a la ampliación de los derechos
existentes y a la crea-ción de nuevos derechos (Chauí, 1995).
La ciudadanía, definida por los principios de la
democracia, se constituye en la creación de espacios sociales de lucha
(movi-mientos sociales) y en la definición de instituciones permanentes para la
expresión política (partidos, órganos públicos), lo que sig-nifica
necesariamente conquista y consolidación social y política. La ciudadanía
pasiva, otorgada por el Estado, se diferencia de la ciudadanía activa en que el
ciudadano, titular de derechos y debe-res, es esencialmente creador de derechos
para abrir nuevos espa-cios de participación política (Chauí, 1984).
En la ciudadanía activa se inspiran las propuestas
de democracia directa basada en los mecanismos constitucionales de referendo,
plebiscito, iniciativa popular, posibilidad de revocación de man-datos,
exigencia de rendición de cuentas, etc., asegurando de esta forma,
complementariedad entre la representación política tradi-cional y la
participación popular directa. Este tipo de concepción, fundada en el dinamismo
de la creación y la libertad de nuevos sujetos y nuevos espacios públicos,
superaría la visión liberal del modelo de ciudadano patriota propuesto para
toda la sociedad, como si ella fuese homogénea y unidimensional. La ciudadanía,
en consecuencia, implicaría la vinculación necesaria entre demo-cracia,
sociedad pluralista, educación política y democratización de los medios de
comunicación de masas (Benevides, 1994).
Si ―el gran hecho político del siglo XX fue el
haberse consolidado la democracia‖ (Bresser Pereira, 1997), es también cierto
que la legitimación del Estado, con base exclusiva en la democracia
re-presentativa se agotó por su creciente distanciamiento de la mayo-ría
absoluta de la sociedad. La política se subordinó a la econo-mía, dominada por
un sector financiero que busca riqueza sin producción. En estas condiciones, el
poder político del Estado no
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-58-
deja de perder legitimidad. En América Latina, el
desarrollo eco-nómico no redujo las desigualdades sociales: la intensificación
continua de la pobreza y el triste espectáculo de la miseria llevó a un proceso
de banalización del horror.
A los excluidos que fueran expulsados del mercado
de trabajo, vinieron a unirse las nuevas generaciones que jamás ingresarán a
este mercado. Según Boaventura de Sousa Santos, el Estado es democrático para
las zonas ―civilizadas‖ del contrato social, y fascista para las zonas
―salvajes‖ de exclusión social. La igualdad que el liberalismo defiende en el
dominio jurídico-político debe ser ampliada para abarcar los dominios económico
y social. La solidaridad debe ser practicada en relación con la diferencia y no
sólo entre iguales. De aquí la importancia de reivindicar la igual-dad cuando
la diferencia inferioriza, y el derecho a la diferencia cuando la igualdad
implica pérdida de aspectos característicos (Santos, 1997).
Para Tarso Genro (1997), la ciudadanía exige nuevas
formas de organización del Estado democrático, que dejaría de ser un
ins-trumento predominante de reproducción de las desigualdades
so-cioeconómicas, para convertirse en un instrumento de regulación, orientando
las relaciones entre los sujetos sociales, con miras a la superación de las
desigualdades. Tendríamos, entonces, un Estado regulador, controlado por los
propios ciudadanos.
La transparencia y el control social del Estado por
la sociedad civil sólo pueden asegurarse mediante la combinación de las
ac-tuales instituciones con la adopción de los mecanismos de consul-ta,
referendo, plebiscito y otras formas de participación directa, a través de
instituciones colegiadas – que emergen de la democracia directa - que puedan
remitir inclusive a la estructuración y el con-trol de los presupuestos
públicos (Genro, 1997).
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La relación de representación política debe ser
articulada con las representaciones de hecho y de derecho, que tengan capacidad
de representar a la ciudadanía activa, que hoy organiza a la sociedad civil
―por abajo‖, con nuevas formas de poder que construyen nuevas formas de
legitimación.
Así, la existencia de un espacio público no estatal
es la condición necesaria de la democracia contemporánea, que como vimos,
su-fre hoy una profunda crisis de legitimidad. Enfrentar los desafíos de
perfeccionar los instrumentos de gobernabilidad y de crear nuevas estructuras
para la gestión de gobierno (―governança‖), son requisitos necesarios para
superar la crisis actual de la demo-cracia representativa.
La recuperación de la legitimidad del Estado
depende de la demo-cratización de sus instituciones. Los parlamentos y los
partidos políticos perderán legitimidad si se confinasen a los marcos
insti-tucionales diseñados y controlados por la élite política, apartándo-se de
los influjos comunicativos provenientes de la sociedad civil. La reforma de las
instituciones estatales requiere, así, de meca-nismos que aseguren la
participación directa de los ciudadanos, como en los ejemplos citados de
referendo, revocatoria de manda-tos, iniciativa popular, participación en
consejos que deciden las directrices de las políticas públicas.
Algunos de estos mecanismos, sin embargo, tales
como el plebis-cito o el referendo, desempeñarían un papel más auxiliar que
cen-tral, al estimular una movilización electoral por ―una sola vez‖ y un tipo
de respuesta ―sí o no‖ para cuestiones complejas que, en general, pueden ser
mejor encaminadas en las redes asociativas con sus cualidades multifacéticas y
con debates de mayor profun-didad (Chalmers, 1996).
El control social ha sido tradicionalmente visto
como el aumento de la capacidad de influencia de la sociedad sobre el Estado.
Con
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el desarrollo de las organizaciones públicas no
estatales surge la necesidad de una autoridad democráticamente fundada para
justi-ficar y regular este tercer sector. Elcontrol social pasa a tener un
doble carácter: perfeccionar los mecanismos de control de la so-ciedad sobre el
Estado e inventar formas de control de la sociedad sobre la sociedad.
La doble dimensión de la esfera pública no estatal
-por una parte, el control social del Estado y la acción colectiva para la
afirma-ción de derechos e identidades culturales, y por otra, la produc-ción de
bienes y servicios públicos- encuentra su último funda-mento y su denominador
común en el concepto de ciudadanía. Es la ciudadanía la que suministrará el
―élan vital‖ para la creación de una nueva institucionalidad política, donde la
sociedad civil cumplirá un papel central en la construcción de un espacio
públi-co democrático, única fuente posible de gobernabilidad y de legi-timidad
del sistema político.
Los espacios públicos no estatales son escenarios
de negociación entre las instituciones políticas y las demandas colectivas,
imbri-cando las funciones de gobierno y la representación de conflictos.
Como intermediaciones entre el Estado y la
sociedad, estos espa-cios públicos, como señalásemos anteriormente, requieren
simul-táneamente de los mecanismos de representación y participación. Ambos son
necesarios para la existencia de la democracia en las sociedades complejas y
para el control democrático del Estado por la sociedad, garantizándose la
expresión de la voluntad políti-ca de los ciudadanos y no sólo el interés del
mercader o el deseo del príncipe. ■
Biblioteca Omegalfa
www.omegalfa.es
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