© Libro N° 8615. Ciencia Política. Perspectiva Multidisciplinaria. Autores Varios. Emancipación. Mayo 15 de 2021.
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original: © Ciencia
Política. Perspectiva Multidisciplinaria. Autores Varios.
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CIENCIA POLÍTICA Perspectiva Multidisciplinaria
Autores Varios
Ciencia Política
Perspectiva
Multidisciplinaria
Autores Varios
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María José Añón Roig Víctor Moreno Catena
Catedrática de Filosofía del Derecho de la Catedrático de Derecho Procesal de la
Universidad de Valencia Universidad Carlos III de Madrid
Ana Belén Campuzano Laguillo Francisco Muñoz Conde
Catedrática de Derecho Mercantil de la Catedrático de Derecho Penal de la
Universidad CEU San Pablo Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
Jorge A. Cerdio Herrán Angelika Nussberger
Catedrático de Teoría y Filosofía de Jueza del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos
Derecho. Instituto Tecnológico Catedrática de Derecho Internacional de la
Autónomo de México Universidad
de Colonia (Alemania)
José Ramón Cossío Díaz Héctor Olasolo Alonso
Ministro de la Suprema Corte Catedrático de Derecho Internacional de la
de Justicia de México Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del
Owen M. Fiss Instituto
Ibero-Americano de La Haya (Holanda)
Luciano
Parejo Alfonso
Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la
Universidad de Yale (EEUU) Catedrático de Derecho Administrativo de la
Luis López Guerra Universidad
Carlos III de Madrid
Tomás Sala
Franco
Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
Catedrático de Derecho Constitucional de la Catedrático de Derecho del Trabajo y de la
Universidad Carlos III de Madrid Seguridad Social de la Universidad de Valencia
Ángel M. López y López José Ignacio Sancho Gargallo
Catedrático de Derecho Civil de la Magistrado de la Sala Primera (Civil)
del
Universidad de Sevilla Tribunal Supremo de España
Marta Lorente Sariñena Tomás S. Vives Antón
Catedrática de Historia del Derecho de la Catedrático de Derecho Penal de la
Universidad Autónoma de Madrid Universidad de Valencia
Javier de Lucas Martín Ruth Zimmerling
Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Catedrática de Ciencia Política de la
Política de la Universidad de Valencia Universidad de Mainz (Alemania)
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CIENCIA POLÍTICA
PERSPECTIVA MULTIDISCIPLINARIA
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ABRAHAM A. HERNÁNDEZ PAZ
México D.F., 2015
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© Xóchitl A.
Arango Morales
Abraham A. Hernández Paz
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El presente libro es el resultado del trabajo
colaborativo que se ge-neró en los siguientes cuerpos académicos de la facultad
de Ciencias Políticas y Administración Pública y grupos de investigación de las
diferentes instituciones:
MÉXICO
Universidad Autónoma de Nuevo León
Facultad de Ciencias Políticas y Administración
Pública Cuerpos Académicos:
–
Administración Pública
–
Participación Ciudadana y Democracia
–
Comunicación Política, Opinión Pública y Capital Social
– Gestión y
Política Educativa
– Mercados y Estudios Regionales Internacionales
Universidad Autónoma Metropolitana Universidad Autónoma de Baja California
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
ESPAÑA
Universidad de Zaragoza
ÍNDICE
PRÓLOGO 11
Rafael Velázquez Flores
Universidad Autónoma de Baja California
Capítulo 1
LA CIENCIA POLÍTICA. UN BALANCE 15
Víctor Alarcón Olguín
Universidad Autónoma Metropolitana
Capítulo 2
SISTEMA POLÍTICO Y FORMAS DE GOBIERNO 29
Carlos Gómez Díaz de León
Universidad Autónoma de Nuevo León
Capítulo 3
DEMOCRACIA Y TIPOS DE DEMOCRACIA 49
Karla Rodríguez Burgos
Universidad Autónoma de Nuevo León
Capítulo 4
PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y EL EJERCICIO DEL PODER 67
Francisco Sánchez García
Oswaldo Leyva Cordero
Universidad Autónoma de Nuevo León
Capítulo 5
SISTEMA ELECTORAL Y PARTIDOS POLÍTICOS 83
María de Lourdes López Flores
Universidad Autónoma de Nuevo León
Capítulo 6
PARTIDOS POLÍTICOS 101
Gerardo Tamez González
Víctor Néstor Aguirre Sotelo
Universidad Autónoma de Nuevo León
Capítulo 7
GOBERNABILIDAD Y LEGITIMIDAD: DEL PACTO SOCIAL Y
POLÍTICO ENTRE
GOBERNANTES Y GOBERNADOS 115
Juan David Gómez-Quintero
Joaquín Gregorio Tovar Barreto
Universidad de Zaragoza
10 Índice
Capítulo 8
PODER LEGISLATIVO Y GRUPOS DE PRESIÓN 133
Xóchitl A. Arango Morales
Universidad Autónoma de Nuevo León
Lidia Aguilar Balderas
Universidad Autónoma de Puebla
Capítulo 9
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: EL CRECIMIENTO DE LA
DISCIPLINA Y NUEVOS
CAMPOS DE ESTUDIO 149
Severo Efraín Villarreal Solís
Universidad Autónoma de Nuevo León
Capítulo 10
GRUPOS VULNERABLES EN EL ESCENARIO POLÍTICO 167
Claire Wright
Víctor Néstor Aguirre Sotelo
Universidad Autónoma de Nuevo León
Capítulo 11
TEORÍA DEMOCRÁTICA MODERNA-FEMINISMO 181
Verónica Cuevas Pérez
Abraham A. Hernández Paz
Universidad Autónoma de Nuevo León
Capítulo 12
LA PARTICIPACIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN
LA ARENA PO-
LÍTICA: APROXIMACIÓN DESDE LA CIENCIA POLÍTICA 201
Alma Rosa Saldierna Salas
Dr. José Salvador Alvídrez Villegas
Universidad Autónoma de Nuevo León
Capítulo 13
EL ESTADO Y LAS RELACIONES INTERNACIONALES 223
José Manuel Vázquez Godina
Salvador González Cruz
Universidad Autónoma de Nuevo León
PRÓLOGO
RAFAEL VELÁZQUEZ FLORES
Universidad Autónoma de Baja California
Desde las primeras civilizaciones, el hombre se ha
preocupado por entender el funcionamiento de la sociedad en sus diferentes
dimensiones. Siempre se ha buscado una mayor comprensión de los fenómenos
sociales para encontrar op-ciones que puedan llevar a mejores interacciones
humanas. Un área de particular interés entre los estudiosos ha sido el
comportamiento político. Desde la antigua Grecia, diversos filósofos buscaron
fórmulas para explicar la organización y el funcionamiento del gobierno.
Aristóteles, Platón, Sócrates, Cicerón, Tucídides y muchos otros aportaron
ideas muy importantes para entender la conducta del ser humano en el ámbito
político. Pero no fueron solamente los griegos quienes estudiaron estos
fenómenos. También en la antigua India, China, Roma y otras civilizaciones,
surgieron destacados pensadores que contribuyeron con relevantes conocimientos
sobre lo que entonces se conocía como filosofía política. Su apor-tación fue
fundamental para que más tarde otros pensadores dieran forma a la Ciencia
Política (CP) moderna.
Las ideas de autores como Nicolás Maquiavelo,
Thomas Hobbes, Montes-quieu, Jean-Jacques Rousseau, John Locke, entre otros,
pusieron las bases para la construcción de una Ciencia independiente encargada
de estudiar el compor-tamiento político de los seres humanos. Bajo esta lógica,
podríamos dividir en dos grandes etapas el desarrollo de esta rama del
conocimiento. La primera fase se ubica con los filósofos clásicos de la
antigüedad y la segunda comprende a los pensadores de la época de la
Ilustración. En otras palabras, existe la Ciencia Política clásica que se
origina en la época antigua y una moderna a partir de los escritos de los
pensadores citados arriba. Obviamente, existen autores contempo-ráneos que
también han aportado elementos importantes para entender la Ciencia Política,
como son Max Weber, Norberto Bobbio, David Easton, Giovanni Sar-tori, Wilfredo
Pareto, Antonio Gramsci, Gianfranco Pasquino, Gaetano Mosca, Maurice Duverger,
Joseph Schumpeter, Robert Dahl, Arendt Lijphart, Leonardo Morlino, Guillermo
O’Donnell, y una larga lista. Todos ellos han ofrecido signifi-cantes
aportaciones al desarrollo de la Ciencia Política contemporánea.
En el marco de esta rama del conocimiento, ha
existido una larga y profunda discusión entre los académicos por definir el
objeto de estudio y su método. Al-gunos proponen que el principal objeto de
estudio es el gobierno y su forma de organización. Otros consideran que el
Estado es el interés clave entre los especia-listas de la disciplina. Pero
otros van más allá y afirman que el poder es el centro de estudio de la Ciencia
Política. Es decir, la principal preocupación de los especia-listas debe ser,
desde esta perspectiva, la obtención, el ejercicio y el mantenimiento del poder
puesto que este término representa una categoría central en cualquier relación
social. Podríamos afirmar que la Ciencia Política se dedica al estudio del
poder al interior del Estado; mientras que la disciplina de las Relaciones
Interna-cionales, hermana de la CP, se encarga de analizar el fenómeno del
poder fuera de las fronteras del Estado. En este sentido, ambas disciplinas son
necesarias para entender el poder en sus diferentes manifestaciones.
En cuanto a su método, la Ciencia Política ha
recurrido a diferentes enfoques teóricos para explicar el fenómeno político.
Los más representativos han sido el institucionalismo, el estructuralismo, el
funcionalismo, el conductismo, la teoría normativa, así como la elección
racional y la teoría de juegos. La variedad de enfoques ha enriquecido y
fortalecido el acercamiento de los especialistas a la realidad política.
Asimismo, existen metodologías que los politólogos han usado para sus trabajos
académicos, como son la cuantitativa, cualitativa, comparativa, inductiva,
deductiva, dialéctica, entre otras. Todos estos métodos de análisis han servido
de fundamento para que la Ciencia Política tenga una base metodológica
consistente y sólida. Ello le ha dado independencia y autonomía a tal
disciplina. Sin embargo, es claro que la Ciencia Política debe ser
multidisciplinaria. Es decir, debe abrirse y buscar el apoyo de otras ramas del
conocimiento, como son la Economía, la Filosofía, la Sociología, la Historia, el
Derecho, la Antropología, así como las Relaciones Internacionales. Una visión
multi e interdisciplinaria fortale-cerá sin duda un entendimiento más profundo
de la realidad política.
En este contexto, el libro que el lector tiene en
sus manos representa un aporte fresco, novedoso e multidisciplinario al estudio
de la Ciencia Política. En primer lugar, el texto ofrece una visión amplia de
los principales temas vinculados de manera directa a la Ciencia Política. En
este libro, el lector podrá encontrar un análisis profundo de temas básicos de
la disciplina como son: el sistema político, formas de gobierno, democracia,
participación política, sistemas electorales y de partidos políticos, gobernabilidad,
legitimidad, poder legislativo, grupos de pre-sión, Administración Pública,
medios de comunicación, relaciones internacionales así como las teorías
feministas. En segundo lugar, esta obra convoca a destaca-dos académicos
especialistas en diferentes áreas de esta ciencia, tanto nacionales como
extranjeros. Este rasgo garantiza una pluralidad y variedad de pensamiento, lo
cual es necesario en este tipo de trabajos. Por lo tanto, el libro no está
casado con una ideología o una sola visión analítica. En tercer lugar, el libro
ofrece una forma sencilla y amigable para introducir al estudiante en la
Administración Pú-blica y la Ciencia Política. Cada capítulo presenta
herramientas pedagógicas para apoyar la enseñanza en esta materia. Hoy día, los
estudiantes y los interesados en el tema necesitan de una guía clara que los
lleve a entender de forma concreta los principales temas relacionados a la
actividad política del ser humano. El libro que el lector tiene en sus manos
logra este propósito.
Para muchos, la Ciencia Política representa un
conocimiento abstracto, subjeti-vo y complicado de entender. Sin embargo, obras
como ésta facilitan el aprendiza-je y entendimiento de los fenómenos vinculados
al poder, al Estado y al gobierno. La labor de los académicos es fundamental
para la creación de herramientas de enseñanza pero también para la generación
de nuevo conocimiento. La política, como fenómeno social, no es permanente. Es
una realidad en constante cambio. Por ello, libros como el presente son
necesarios para la actualización de los co-nocimientos y para el análisis de
los temas que van surgiendo coyunturalmente al interior de los Estados y fuera
de ellos. Es necesario felicitar a los autores y coordinadores de este libro
porque su esfuerzo por explicar los temas básicos de la Ciencia Política es
loable.
En México, la Ciencia Política es una disciplina
muy joven. Fue a partir de los años cincuenta del siglo pasado cuando
instituciones académicas empezaron a formar especialistas en esta materia.
Asimismo, en esa misma época empezaron a surgir destacados académicos
interesados en investigar y enseñar estos temas. Hoy podemos afirmar sin temor
a equivocarnos que existen en el país un gran nú-mero de reconocidos
especialistas que también han aportado nuevo conocimiento a la disciplina y que
sus textos y enseñanzas llegan más allá de las fronteras na-cionales. En este
sentido, el libro hace una importante contribución al desarrollo de la
disciplina en México. Sus páginas muestran la solidez y rigurosidad
metodo-lógica y argumentativa que caracteriza a la academia mexicana
contemporánea.
Para todos es claro que la política en México es de
naturaleza altamente com-pleja. Después de la etapa revolucionaria, el país
gozó de un grado aceptable de estabilidad política; pero fue a base de un
sistema autoritario y poco democrático. Las bases de esa estabilidad
posrevolucionaria fueron una presidencia fuerte, un partido dominante, el
corporativismo sindical, el control de los medios de comu-nicación, una
oposición débil y prácticamente inexistente, una cultura política escasa de
parte de la sociedad civil y un relativo crecimiento económico que per-mitió
apaciguar a los diferentes sectores sociales que se conformaban con cierto
nivel de vida sacrificando las libertades democráticas. Sin embargo, a finales
de los años sesenta del siglo pasado el régimen priista empezó a mostrar visos
de agota-miento. Aparecieron elementos novedosos y se agravaron algunos
existentes que representaron una amenaza a la estabilidad del sistema político.
El fraude electo-ral, la corrupción, la represión, el descontento social, la
masacre de Tlatelolco de 1968 y el agotamiento del modelo económico trastocaron
las bases del sistema priista. Las recurrentes crisis económicas y las nuevas
políticas liberales desdibu-jaron la unidad del PRI y un sector del partido se
separó, lo que representó una situación inédita para México. La disciplina al
partido hegemónico se resquebra-jaba. La caída del sistema en la elección de
1988 mostró de nuevo los métodos fraudulentos del grupo en el poder y llevó a
reformas electorales importantes. Sin embargo, el año de 1994 representó una
crisis política profunda por la aparición del Ejército Zapatista en Chiapas, el
asesinato del candidato presidencial y los errores de diciembre que llevaron a
una profunda crisis financiera.
Como respuesta a los eventos anteriores, el país
empezó a experimentar una apertura democrática gradual. Para el año 2000, el
sistema político sufrió cam-bios profundos cuando el PRI perdió la elección
presidencial frente al PAN. Hoy, México tiene un sistema político más
competitivo y con un mayor número de actores. Asimismo, la presencia e
influencia de distintos grupos de presión le dan a la política en México un
rasgo de complejidad muy alto. Explicar el actual sis-tema político mexicano y
sus cambios requieren de la formación de especialistas que puedan explicar y
analizar el funcionamiento de la política en el país. En este sentido, este
libro hace una aportación importante para entender la dinámica del sistema
político mexicano.
El libro Ciencia Política: Perspectiva
multidisciplinaria coordinado por los des-tacados académicos Xóchitl A. Arango
Morales y Abraham A. Hernández Paz, es una obra de alto valor para los
estudiosos e interesados en estos temas. La Facul-tad de Ciencias Políticas y
Administración Pública de la Universidad Autónoma de Nuevo León, sin duda, esta
obra se convertirá en un libro de texto de consulta obligada para los
estudiosos de la Ciencia Política en México.
Capítulo 1
LA CIENCIA POLÍTICA. UN BALANCE
VÍCTOR ALARCÓN OLGUÍN*
Universidad Autónoma Metropolitana
SUMARIO: 1. PREMISA INTRODUCTORIA. 2. ¿SE PUEDE
AFIRMAR QUE LA CIENCIA POLÍTI-CA HA LOGRADO UN NIVEL DE ACEPTACIÓN COMO
DISCIPLINA CIENTÍFICA RECONOCI-DA EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS SOCIALES? 3.
¿CUÁLES SON LOS INDICADORES MÁS CONSISTENTES QUE PERMITEN ESTUDIAR LOS AVANCES
Y APORTES CIENTÍFICOS DE LA POLITOLOGÍA? 4. EN EL CONTEXTO DE VALORAR LOS
APORTES Y DESAFÍOS LEGADOS POR LA CIENCIA POLÍTICA DEL SIGLO ANTERIOR, ¿CÓMO
PODEMOS UBICAR UNA AGEN-DA DE AUTO-REFLEXIÓN QUE SE SITÚE DENTRO DEL ESPACIO
PARTICULAR DE NUESTRA
REALIDAD LATINOAMERICANA?
Resumen: El objetivo de este texto se concentra en
establecer una serie de proposiciones que nos sirvan para establecer un juicio
exploratorio de conjunto en torno a los avances logrados por el desarrollo y
esencia de la disciplina politológica. Para ello, se parte de considerar las
siguientes inte-rrogantes, ¿Se puede afirmar que la ciencia política ha logrado
un nivel de aceptación como disciplina científica reconocida en el campo de las
cien-cias sociales?, Si la respuesta a la primera pregunta puede defenderse
como positiva, ¿cuáles son los indicadores más consistentes que permiten
estudiar los avances y aportes científicos de la disciplina? En el contexto de
valorar los aportes y desafíos legados por la ciencia política, ¿cómo podemos
ubicar una agenda de auto-reflexión que se sitúe dentro del espacio particular
de nuestra realidad latinoamericana?
Palabra clave: Ciencia política, Politología,
Disciplina.
Keywords: Political Science, Politology,
Discipline.
1. PREMISA INTRODUCTORIA
La intención de estas páginas debe considerarse
apenas como un esfuerzo para colocarnos en la puerta que nos permita entrar a
un complejo entramado de ejes y problemáticas que ubiquen y comparen los grados
alcanzados por la disciplina.
* Politólogo.
Profesor Investigador Titular «C», Departamento de Sociología, Universidad
Autó-noma Metropolitana-Unidad Iztapalapa (México). Miembro del Sistema
Nacional de Investi-gadores (SNI).
16 Víctor
Alarcón Olguín
En diversas latitudes, pero muy especialmente
dentro de las exigencias marca-das por la realidad latinoamericana, misma que
prosigue enfrascada en los deba-tes esencialistas respecto a definir si hay o
una disciplina; y si ésta se expresa como una simple extensión imitativa de
tipo colonial; o bien puede afirmarse que se han comenzado a generar
condiciones de hibridación, creatividad y autonomía que nos van llevando a la
confección de aportes con carácter más propio.
De esta manera, lo que verá en las páginas
siguientes se concentrará en atender estos tres dilemas analíticos antes
mencionados, a reserva de que sin duda, éstos a su vez se desdoblarán en una
serie de problemáticas adicionales que por el mo-mento sólo tendrán una
enunciación inicial, misma que deberá resolverse en otros momentos y lugares.
Sin embargo, conviene señalar que este texto parte
de una pregunta previa: ¿qué tipo de conocimiento debe estar asociado con la
ciencia política? La res-puesta nos lleva a una dicotomía que justamente ha
prevalecido en el cuerpo de destino con el cual pretenden identificarse los
politólogos actuales: preservar las ideas sin convertirnos en simples
anticuarios que buscan asociarse con historia-dores y filósofos, a partir de
pensar y reflexionar a la política como un ejercicio fundamentalmente ético y
de valores asociados con la naturaleza humana. O por el contrario, nos
encontramos con la perspectiva que vislumbra un estudio realis-ta, factual y
contextual de la política surgida desde los efectos y las consecuencias que se
producen mediante las acciones concretas de los individuos, en donde lo que
importa es la decisión en sí misma y su eficacia, lo cual implica una visión
co-yuntural y azarosa del quehacer humano, por cuanto vislumbra que los
conceptos y los valores pueden —y siempre deben— ser puestos a prueba de manera
perma-nente, con la pretensión científica de que se obtengan las mejores
alternativas para el desarrollo y crecimiento de las propias sociedades.
Hasta ahora, estos argumentos se han tratado de
afianzar bajo modalidades di-versas, asemejando banderías que en forma por
demás paradójica, tienen mucho más de prejuicio que de cientificidad, y mucho
más de ideología militante que de un ánimo orientado a buscar el diálogo, la
posibilidad de compartir experiencias y en consecuencia, generar alternativas
razonadas y razonables para atender a las diversas inquietudes que sin duda
surgen de las identidades y actores inicialmente en pugna, pero que al final
podrían arribar a consensos importantes que permi-tan abrir agendas de
cooperación, comunicación y complementación entre sí, y no por ello cabría
suponer que alguien tiene que perder forzosamente al final del proceso.
De esta manera, la colocación de los adjetivos
«anticuario» u «realista prag-mático», si bien responden a consideraciones muy
parecidas a los puntos de vista que han tratado de ubicar diferencias
importantes en torno a la idea de lo cultu-ral-histórico versus lo científico,
u de modo más particular entre lo hermenéutico-
La ciencia política. Un balance 17
interpretativo y el hiper-determinismo factualista
de la polimetría, todo ello en sí mismo nos debe llevar a la postura de
proponer —siguiendo a los clásicos de la propia disciplina—, al arribo de
puntos intermedios y equidistantes que sean aceptables entre las partes, a
efecto de hacer notorias las desventajas asociadas con apostar a condiciones
únicas o de carácter excluyente en la generación, difu-sión y preservación de
los saberes colectivos.
2. ¿SE PUEDE
AFIRMAR QUE LA CIENCIA POLÍTICA HA LOGRADO UN NIVEL DE ACEPTACIÓN COMO
DISCIPLINA CIENTÍFICA RECONOCIDA EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS SOCIALES?
Un primer elemento para poder argumentar en
positivo de que la politología ha podido mostrar un alto grado de evolución en
materia de su cientificidad, po-dría darse a partir de que ésta cumple con dos
importantes pasos en ese cometido: en primer lugar, es capaz de generar
conocimientos de carácter ideográfico-des-criptivo, esto es, cumple con el
objetivo inicial de toda disciplina de ir generando taxonomías y
clasificaciones que nos orientan a poder designar y darle sentido a las cosas,
así como definir entonces los alcances de los atributos y los signifi-cados con
que podemos generar las bases de un lenguaje con el cual podamos comunicar y
orientar a nuestro pensamiento, así como poderlo derivar tanto en acciones
inmediatas y / o procesos de largo alcance. Pero quizás el atributo más
interesante es que la ciencia puede hacer autorreflexión y autocrítica de sí
misma (Piaget, 1979; Bourdieu, 2003), sin por ello terminar en ser
autorreferencial a la manera de los esquemas cerrados que fueron aplicados en el
marco de la llamada teoría de sistemas y que han tenido en el campo de la
sociología a Talcott Parsons y Niklas Luhmann, o en la ciencia política a David
Easton y Karl Deutsch entre sus mejores exponentes.
En un segundo paso, la ciencia política ha podido
colocarse en la dirección que permite «conjugar», sistematizar y dar un orden
coherente a dicho lenguaje for-mal. (Blalock Jr., 1984) Esto es, experimentar
con las diversas rutas para encontrar explicaciones plausibles a nuestras
necesidades, con el propósito de acercarnos a las soluciones más eficaces, y
que las mismas produzcan también la mayor acep-tación y beneficio posible. Bajo
esta premisa, el carácter nomotético-prescriptivo dentro de la investigación
científica nos obliga a generar un conocimiento de se-gundo nivel, que ha
pasado de la mera observación y clasificación interpretativas, a una
comprensión integral de los fenómenos, a partir de que se han podido comparar,
jerarquizar y decidir en torno a los escenarios que mejor responden en el marco
de las condiciones y recursos existentes, a las propias expectativas de los
actores involucrados (Morton, 1999; King, Keohane y Verba, 2000).
18 Víctor
Alarcón Olguín
Puesto de otra manera, el progreso y la evolución
de la ciencia política se puede asumir por cuanto ahora podemos disponer de
investigaciones o estudios de caso que muchas veces nos sirven para agregar
nuevas palabras y conceptos a nuestro léxico, así como también comenzamos a
disponer de habilidades más complejas que nos permitan eslabonar y crear
enunciados cada vez más fundamentados en leyes, teorías e hipótesis, con los
cuales comenzamos a generar asociaciones, inferencias y deducciones que
vinculan procesos o situaciones que en un primer momento parecían no tener
relación o causalidad entre sí (King, Keohane y Verba, 2000; Schmitter, 2013).
Se ha pasado entonces de lo aparente y lo obvio, a
tratar con niveles de mayor complejidad, profundidad y sentido. Sin embargo,
ello sólo será posible si somos capaces de interactuar asimilando cada uno de
estos pasos, a efecto de poder disponer de metodologías cada vez más fuertes y
capaces de diferenciar en forma precisa y adecuada respecto a la correcta
selección de conceptos, preguntas y téc-nicas que nos acerquen a generar
conocimientos cada vez más objetivos y consis-tentes, ya sea que éstos provengan
de la experimentación y corroboración, o bien de la debida búsqueda que muchas
veces nos obliga a ir al pasado para tratar de encontrar la evidencia o el dato
que no puede ser construido o simulado de ma-nera simple. De esta manera, puede
verse que la ciencia política (como acontece con el resto de las ciencias
sociales) necesita que se posean las habilidades y capa-cidades que provienen
de una necesidad por comprender el origen y la esencia de las cosas, sin perder
su sentido, lo cual afortunadamente nos mantiene adscritos a una suerte de
perspectiva «anticuaria» de preservación (Bunge, 1999)
Pero por otra parte, resulta muy importante
percibir la importancia de que una disciplina puede ser mucho más útil en la
medida que asume que su desarrollo no puede dar vueltas en círculos solo
alrededor de lo conocido, sino que su compro-miso principal es responder a los
cambios propios o provocados por otros indivi-duos o instancias ajenas a uno
mismo, y que nos obligan a salir precisamente de las condiciones seguras, para
así adentrarnos a la incertidumbre y la exigencia por encontrar una nueva solución.
Quizás la dificultad que se tiene para asimilar este paso se debe a que el ser
humano se ha movido a una velocidad y en un contexto de aceleración del
presente (y por tanto de los consumos de bienes culturales y de conocimientos)
que en mucho viene superando a los elementos de valoración ética, histórica e
incluso emocional con los cuales hemos vivido hasta antes de la era (post)
(hiper) moderna en la que nos encontramos. (Wallerstein, 2005).
Pero así como se ha dado con claridad en el marco
de la filosofía de la ciencia una seria aceptación desde hace poco más de medio
siglo, de que dentro del cam-po de lo social se han dado pasos sustanciales que
se manifiestan incluso al nivel de una «revolución científica» y de «cambio de
paradigmas» (Kuhn, 1971), esto es justamente el reto que ha tenido que irse
decantando y definiendo en el campo de la disciplina politológica, a efecto de
hacer las vinculaciones que tiendan los
La ciencia política. Un balance 19
puentes entre los ya mencionados niveles
ideográfico-interpretativo y nomotético-prescriptivo, rebasando los argumentos
de lucha estéril que perciben este proceso como una suerte de subordinación —e
incluso eliminación— del primer nivel de conocimiento social (y de las
disciplinas que hasta ahora se han visto a sí mismas como deudoras a este
proceso de construcción de taxonomías, como la historia, el derecho y ciertas
formas de la sociología y la economía) a manos del segundo paradigma, el cual
se percibe básicamente por una actitud adscrita a argumentar que los campos
disciplinarios de lo social sólo pueden ser significativos en sus
contribuciones, si los mismos sean capaces de aplicar ciertos métodos y
técnicas que provean elementos mínimos de certidumbre progresiva, y con menores
cargas de ideología y prejuicios. (Elster, 1990; Dogan 2001; Panebianco, 2011).
Siguiendo a esta lógica, las disciplinas sociales
deberían tener menos reservas de todo tipo para colocarse entonces dentro de un
espacio más abierto y flexible; aunque por otra parte no necesariamente esto
tendría que tener como consecuen-cia que el proceso de experimentación y
corroboración siempre deba validarse debido a la presencia de datos de
naturaleza únicamente estadística. De lo con-trario, como justamente ha sido
criticado desde el corazón mismo de la disciplina politológica, el componente
matemático u polimétrico estaría convirtiéndose en una condición crucial que
marcaría la línea divisoria entre lo científico y lo que no lo es, cuestión que
no necesariamente debería ser de dicha forma (Sartori, 2011).
De igual manera, estas posiciones han encontrado su
recíproco inverso en al-gunas de las versiones del marxismo, los estudios
culturales o postcoloniales, en la idea de que no hay negociación posible
respecto a mover sus principios, cuando el hecho mismo es que sin duda nadie
niega por principio la presencia e impor-tancia de respetar las diferencias, si
es que verdaderamente se maneja una postura plural, deliberativa e incluyente a
partir de conocimientos o saberes construidos desde evidencias y no sólo desde
intuiciones. Si bien se parte desde un escenario de incertidumbres que
difícilmente serán eliminados por completo, la aspiración del conocimiento
objetivo intenta partir entonces desde la presencia de consensos sólidos y
persistentes en el tiempo (Boghosian, 2009).
Para el caso de la disciplina politológica, este
fenómeno se puede identificar en torno a dos contextos muy específicos: por una
parte, el papel jugado hasta ahora en torno a visualizar el cuerpo de estudio
bajo las directrices generadas por la llamada historia de las ideas y el
pensamiento político, el cual desde la anti-güedad ha permitido una
sistematización de los modelos y conceptos a través de las ideologías y en sus
ámbitos de aplicación cultural que han llevado a tener en los Estado-Nación al
conjunto de variables y contextos de aplicación de dichos modelos de
integración y funcionamiento concreto de dichas ideologías. La varia-ción
tipológica existente y los niveles de creencia construidos culturalmente nos
ofrecen entonces un modo de interpretar y comparar los usos y dimensiones de la
20 Víctor
Alarcón Olguín
actividad política en su especificad, con lo que
puede hablarse de sus alcances y límites explicativos (Graciarena, 1979).
Sin embargo, la revolución positivista y conductual
(behaviorista) que se pro-duce desde principios del siglo XX hace que la
disciplina politológica experimente un cataclismo similar al sufrido casi tres
siglos antes con Galileo y Copérnico en el marco de trasladarse de la
astrología a la astronomía moderna. La introducción de los factores
cuantitativos y el deseo por ir más allá de los estudios de caso ais-lados
(incluidos los Estados-Nación) hicieron potenciar el referido ámbito de la
comparación como un instrumento de recolección y descripción de atributos que
necesitan ligarse también a otros procesos sociales simultáneos.
Con el advenimiento del capitalismo, la
reorientación del mundo se fue con-centrando en una lógica de dos tipos: el
desarrollo tecnológico definido para in-crementar la explotación, acortar los
tiempos de producción y acumular ganan-cias. Fenómenos como la desigualdad y la
pobreza, antes explicados por causales de orden divino que serían compensadas
en el más allá, ahora se encontraban atrapadas bajo la necesidad de alentar al
consumo, mismo que genera como su necesidad más puntual la conquista de la libertad.
Pero dicha emancipación no sólo será económica, sino también dentro de los
demás ámbitos de la vida social, y especialmente en la parte política. Pero
como ocurre en estos casos, no cualquier persona está capacitada para lograrlo,
lo cual es una paradoja que debe estudiarse en sus fundamentos, por lo que el
argumento de la educación y la cultura cívica se advierten como los medios
«niveladores» con los cuales la política puede entrar a escena en medio de la
era democrática y las masas (Kaplan, 1976; Nun. 1979).
La moderna ciencia política trata de entender
entonces cuales son los com-portamientos y acciones que impiden arribar a la
igualdad y la democracia como evidencia misma de un ejercicio libre de la
persona y los derechos que ahora son reconocidos de manera amplia y publica.
Implica que la política debe ser algo más que simples creencias, sino
capacidades y habilidades ciertas que deben estar disponibles para toda persona
si éste realiza las decisiones correctas, como por ejemplo, aprenderlas dentro
de los espacios educativos y posteriormente desem-peñarlas en los ámbitos
sociales como lo son las instituciones de gobierno, las asociaciones políticas
tales como los partidos, los sindicatos o grupos profesio-nales, etc.
Para lograrlo, esto implica la introducción de
modelos analíticos menos in-tuitivos y ’generalistas; por ende debe pasarse,
como fue la conclusión adoptada por pensadores cruciales como Harold Lasswell,
Charles Merriam, y más tarde gente como Paul Lazarsfeld, Charles Lindblom,
James Burnham o David Reis-man, de que una auténtica revolución copernicana en
el ámbito de la ciencia política sólo ocurriría si se potenciaba su capacidad
explicativa a través de cua-tro nuevos ámbitos de acción y medición con fines
comparativos: el componente
La ciencia política. Un balance 21
psicológico-motivacional, el componente racional,
el componente asociativo de corte deductivo-inferencial y finalmente, el
componente prospectivo-prescriptivo con el cual debe acompañarse toda propuesta
de acción en materia de decisiones con alcances e impactos de naturaleza
pública (Lindblom, 1990).
Esta manera de ver a la política bajo lentes nuevos
hace también un impacto profundo en otros campos afines, como la sociología y
la economía misma. LA exigencia de ir al trabajo de campo para recolectar y
crear bases de datos, series de tiempo, así como encuestar / entrevistar a las
personas en torno a conocer todo tipo de opiniones / percepciones sobre el
acontecer diario, termina por constituir esa ruptura de fondo que antes tenía
al estudio bibliotecario o los pasillos de las oficinas de gobierno (o las
cortes palaciegas) como su fuente principal de informa-ción para generar la
educación y los consejos a seguir por parte del gobernante.
Esta revolución científica además se ve acompañada
de otro importante ele-mento: la ampliación y masificación de las fuentes
mismas con que se genera la información. De manera progresiva, desde los
primeros diarios, la radio, la televi-sión, hasta llegar a la era de las redes
sociales y el internet, todos estos medios son vías de acceso y ventanas a una
interminable condición de elementos con los cua-les podemos crear múltiples
maneras de abordar y resolver los asuntos públicos.
El nacimiento de las políticas públicas como
manifestación concretas de las ciencia del gobierno (policy sciences) da una
idea con que se ofrece una expec-tativa muy similar a lo que ocurre en muchos
otros campos de conocimiento, en tanto se pasa del saber enciclopédico y
poligráfico con que los intelectuales (scholars) habían sido el epicentro de la
vida pública hasta mediados del siglo XX, para ahora dar paso a los
profesionales de corte cada vez más especializado, cuya base de conocimientos
no necesita de una formación general, sino que la misma se concentra de manera
prioritaria en los ámbitos que ahora se le demandaran profesionalmente
(Lindblom, 1990).
La crítica sencilla a esta postura era (y sigue
siendo en muchos ámbitos) es que el politólogo se forma a la manera de un
operador fabril concentrado en un solo procedimiento; el nacimiento del técnico
social es una consecuencia de dicha lógi-ca que se apodera como parte de dichas
lecturas que vislumbran la reconversión y aligeramiento del peso que
significaba el pasado en relación a la promesa que significaba tomar el rumbo
de las nacientes y promisorias ciencias sociales bajo estos supuestos.
Sin embargo, el desarrollo de las ciencias, como
parte misma de las sociedades, no es ni ha sido homogéneo (y quizás hay que
decirlo, ojalá nunca lo sea). Pese a los avances de este paradigma, desde los
epicentros mismos de la creación de dichos paradigmas nunca han cesado de
existir voces que con mucha prudencia resaltan que el conocimiento si bien no
puede quedarse en medio de la oscuridad atávica de los prejuicios que causen
daño u cualquier tipo de exclusión, tampoco
22 Víctor
Alarcón Olguín
puede apostar a ciegas por una visión del mundo de
la vida que sólo haga caso a los registros demoscópicos o muestras estadísticas
que paradójicamente arriban a las mismas generalizaciones absolutizantes que se
presupone tratan de erradicar.
La defensa por la preservación de la cultura, los
valores y la memoria histórica han convertido entonces al asunto de la
naturaleza epistemológica de la ciencia política un asunto no menor, no sólo en
cuanto a su especificidad se refiere, sino al papel que estos elementos juegan
en general dentro del conjunto de las ciencias. En beneficio de esta
vindicación cabe mencionar la presencia de los enfoques inter, multi y trans
disciplinarios, así como la idea de la hibridación, bajo la premisa de que
estamos en la condición de poder generar contextos de mucha mayor interac-ción
e interdependencia, en lugar de seguir proponiendo perspectivas de
asimila-ción, dominación e incluso eliminación de tramos sustanciales de
conocimientos, que si bien pueden estar en el nivel de creencias, estos pueden
ser pistas impor-tantes para comprender y saber navegar de un tipo de sociedad
a otra, así como entender los niveles de estructuración, funcionalidad y
complejidad organizativa que se presentan dentro de los procesos y sociedades
motivo de nuestros análisis y acciones (Lamo de Espinosa, et.al. 1994).
Como puede advertirse, la idea que se desea
transmitir aquí es que estamos en condiciones de generar vías intermedias (o si
se les quiere ver como puntos de intersección y convergencia) que permitan
recuperar logros ya vislumbrados en el ámbito de la filosofía y la sociología
de la ciencia (por ejemplo, con los teorías clásicas de rango medio postuladas
desde los escritos de Robert K. Merton), y que sin duda son necesarias para el
ámbito de la ciencia política, si es que deseamos escapar del reduccionismo principista
que hace descalificarse mutuamente a los anticuarios y los hiper-modernos
dentro de la propia disciplina (Merton, 1985).
3. ¿CUÁLES SON
LOS INDICADORES MÁS CONSISTENTES QUE PERMITEN ESTUDIAR LOS AVANCES Y APORTES
CIENTÍFICOS DE
LA POLITOLOGÍA?
Convencido de que abordar la ciencia política desde
los ángulos anticuario e hiper-moderno pueden ofrecer una visión comprehensiva
útil y complementaria entre sí, uno podría señalar los aspectos positivos que
han aportado cada una de las mismas para lograr una visión sistemática de los
alcances y límites que posee la ciencia política hasta el momento presente.
Desde el lado anticuario, el cultivo de las
dimensiones histórico-conceptual de la política está claramente asociado con
los primeros textos de sistematización de las ideas y las ideologías. Existen
al menos dos tradiciones importantes que han emergido a lo largo del siglo XX:
la vertiente anglosajona con pensadores
La ciencia política. Un balance 23
radicados principalmente en Oxford y Cambridge,
quienes han visualizado la idea de que el estudio de la política se inserta en
contextos específicos que facili-tan a su vez valorar la vigencia de un
determinado autor, concepto u corriente de pensamiento. Por ejemplo, a lo largo
del siglo XX puede destacarse la vigencia de autores como Quentin Skinner, J.A.
Popock, Michael Oakeshott, Isaiah Berlin, o John Plamenantz.
Una segunda vertiente la podemos ver con la
pretensión de detenerse más con-cretamente en ver las estructuras internas de
un determinado modelo de pensa-miento, pensando más en las peculiaridades
lógicas de razonamiento que hacen consistente o no a dicha propuesta de
pensamiento. En este sentido, los aspectos éticos y contextuales vienen a
ocupar el papel de la variable dependiente, por cuanto éstos ocurren al margen
de la propia percepción de los sistemas anali-zados. Bajo esta perspectiva,
quizás puede hablarse de los aportes de la llamada Escuela italiana de Turín,
la cual tiene desde luego a pensadores como Alessan-dro Passerin D’Entreves,
Renato Treves, Norberto Bobbio y más recientemente a Michelangelo Bovero e
inclusive a Luigi Ferrajoli o Maurizio Fioravanti, a sus principales
exponentes.
Desde el lado hipermoderno, conviene pensar que el
desarrollo de la ciencia política se ha tratado de orientar a un esfuerzo de
generar las bases que configuren su estudio fijando primero la naturaleza del
campo de estudio de la ciencia políti-ca, el tipo de preguntas a resolver, los
métodos y técnicas aplicables, así como los elementos disponibles para
interpretar, sistematizar y reportar los resultados de las investigaciones.
En un primer plano, las diferencias parten del
valor que unos y otros la dan a parte epistemológica, como por ejemplo acontece
con el caso sintomático de Giovanni Sartori, Mattei Dogan, John Dryzek,
Angelino Panebianco, Ian Sha-piro, Gianfranco Pasquino u Leonardo Morlino, cuya
base es primero aprender a pensar para luego comenzar a hacer Otra vertiente se
refiere a ver las subdivi-siones de la ciencia política cada vez más como
campos propios que se mueven a través de complejas redes de intercomunicación, mientras
que otros los obser-van como dinámicas de actores y procesos (por ejemplo,
partidos, legislaturas, movimientos sociales); pero lo cual también implica
desarrollan mecanismos de aproximación cada vez más especializados (Robert
Goodin, Hans Klingemann o Kenneth Shepsle). Hay otra vertiente muy importante
que podemos ubicar desde la perspectiva de corte institucionalista, como lo
podríamos ver en la visión desde clásicos como Maurice Duverger, George Burdeau
o más recientemente Dieter Nohlen, quienes se preocupan por ver los contextos y
niveles de observación y diferenciación que se buscan dentro de los objetos de
estudio como base para fijar entonces el tipo de intereses y preguntas.
24 Víctor
Alarcón Olguín
Por otra parte, nos encontramos al nivel casi
diríamos selvático que defienden la producción de textos que en forma concreta
avanzan en la construcción de análisis asociados con campos particularistas
(manuales de política comparada, políticas públicas y los de vinculación
concreta con otras disciplinas, tales como psicología política, antropología
política, etc.).
Finalmente, tenemos los trabajos que han colocado a
la politología en el ám-bito coyuntural, en donde los temas de análisis se
determinan a partir de las áreas de decisión y aplicación particulares, como lo
son estrategias y técnicas para el liderazgo u la selección de personal, ganar
campañas electorales, promover comu-nicaciones asertivas, el manejo de crisis,
mediación y resolución de conflictos, la administración del tiempo; u bien
pensar en aspectos de corte normativo como los problemas de la democratización
y evaluación de la calidad de los gobiernos, entre muchos de los temas que se
despliegan en la dimensión de las políticas apli-cadas.
Como puede verse, frente a los que defienden una
idea de que la ciencia polí-tica no se caracteriza por su versatilidad y
riqueza, esta simple y sencilla descrip-ción de las diversas áreas en que se ha
desplegado, debería ser más que suficiente evidencia de que la ciencia política
enfrente entonces problemas de armonización y sistematización de sus lenguajes,
a la par de condiciones adecuadas para gene-rar un diálogo menos prejuicioso e
ideologizado respecto al papel mismo que la disciplina debe jugar en el campo
mismo de las ciencias, para así saber conectarlo entonces con la necesaria
discusión de cómo pretendemos insertar un mejor desa-rrollo de las prácticas e
instituciones de gobierno dentro de nuestra especificidad latinoamericana, De
ahí que pasemos al tercer punto que anima a esta reflexión.
4. EN EL
CONTEXTO DE VALORAR LOS APORTES Y DESAFÍOS LEGADOS POR LA CIENCIA POLÍTICA DEL
SIGLO ANTERIOR,
¿CÓMO PODEMOS UBICAR UNA AGENDA DE AUTO-REFLEXIÓN
QUE SE SITÚE DENTRO DEL ESPACIO PARTICULAR DE NUESTRA REALIDAD LATINOAMERICANA?
Lo que hasta aquí se ha podido discutir en estas
notas de trabajo, el desarrollo de la ciencia política en América Latina
presenta condiciones bastante asimétricas no sólo en lo que respecta a sus
niveles de comprensión y aceptación dentro de la propia comunidad científica,
sino evidentemente en lo relativo a su aceptación y reconocimiento social.
Ha sido claramente ubicado por muchos de los
analistas que se han dedicado a vislumbrar desde hace varias décadas el proceso
de conformación de las ciencias sociales y de la ciencia política en particular
dentro de nuestro horizonte cultural
La ciencia política. Un balance 25
(p.ej. Jorge Graciarena, José Nun, Marcos Kaplan,
Norbert Lechner. Guillermo O’Donnell u Orlando Fals Borda), que nuestra
disciplina ha sufrido de los im-pactos de cada uno de los debates y paradigmas
que se han enunciado en los dos apartados previos. Somos anticuarios y
modernos, a veces una cosa más que otra, debido esencialmente a los procesos
mismos de la formación y profesionalización con que los politólogos se han
constituido, además de que los patrones de comu-nicación, educación y
profesionalización han permitido condiciones de arraigo y desarrollo más
promisorios en algunas naciones (De Sierra, 2007).
Sin embargo, es posible destacar que América Latina
en general vive un proce-so de vertiginoso crecimiento dentro de la disciplina.
La creación de asociaciones nacionales, el mayor intercambio y movilidad de
estudiantes ya no sólo hacia los centros europeos o estadounidenses, sino al
interior de la propia región lati-noamericana, propician que los autores y sus
escritos sean conocidos de manera más rápida, con lo que puede hablarse de la
conformación de núcleos y agendas de investigación capaces de cobrar mayor
fuerza e impacto (al margen de que dichos conocimientos o no se desplieguen en
otros idiomas, especialmente el in-glés), gracias precisamente a la mayor
capacidad que implican la formación de grupos de investigación de alcance
multinacional, así como contar con medios de publicación y bases de datos menos
costosas gracias a la existencia de los espacios virtuales (Barrientos, 2014).
Esta idea no debe confundirse con los problemas
propios del reconocimiento y validez con que los conocimientos se transforman
en productos que deben ser medidos en su impacto a través de sistemas de
política científica, los cuales se interesan más en la «utilidad y beneficio»
social que conllevan. Si bien esto no es un asunto menor, a partir de que es
claro que en sociedades con carencias, cada actor debe hacerse responsable y es
sujeto de rendición de cuentas, sobre todo si se manejan recursos públicos, esto
nos obliga a considerar una serie de elementos centrales si es que pretendemos
apoyar a una disciplina como la politología más allá de ciertos componentes,
mismos que aquí se sintetizan en dos puntos:
– América
Latina puede reducir distancias y diferencias a partir justamente de avanzar en
esfuerzos conjuntos de construcción de experiencias de investi-gación, mismas
que obliguen a trabajos de sistematización conceptual y me-todológica con un
carácter más propio, y no sólo simplemente trasplantar modelos u experiencias
aplicadas en otras latitudes y tradiciones científicas.
– América
Latina puede trazar en sus desarrollo politológico un importante salto en la
medida que se consolide la profesionalización y el asociacionis-mo gremial en
sus respectivos países, a efecto de seguir fortaleciendo polos de cooperación y
así potenciar zonas que aprovechen sus coincidencias teó-ricas y problemáticas
(como lo haría natural entre México, CA y el Caribe,
26 Víctor
Alarcón Olguín
la región andina: Colombia, Ecuador, Perú y Chile,
así como el sector de Mercosur, especialmente con los casos de Brasil,
Argentina y Uruguay).
En la idea de que puede y debe haber mayor
interacción entre dichos países y zonas de comunicación inmediata, no podemos
renunciar evidentemente a los esfuerzos de cooperación que puedan darse con
equipos y tradiciones como las de otras regiones del mundo. Sin embargo, estas
no pueden seguir siendo enar-boladas como parte de un simple procesos de
colonialismo intelectual, sino parte de una proceso si bien global y abierto,
sí que sea capaz de colocar la discusión sobre el desarrollo de la ciencia
política a partir de logros y tareas cada vez más comunes.
A manera de conclusión se establece que, la ciencia
política debe verse como un esfuerzo de construir y preservar. Difícilmente una
visión será suficiente, pero es importante que si existen más de una, éstas
sean capaces de convivir, enriquecerse y aceptarse como parte de un proceso,
pese a que las miradas y posibles respues-tas pudieran ser distintas en un
inicio. Pensar en una +ética de responsabilidad y valores como parte de los
contenidos que debe sustentar a todo conocimiento objetivo no necesariamente
nos haría abandonar la exigencia que la ciencia tiene respecto a explorar todas
las posibilidades, incluyendo hasta las más irracionales en apariencia.
La buena ciencia política, anticuaria o
hipermoderna, curiosamente en el fon-do responde a preocupaciones de fondo que
poco han variados desde los tiempos más remotos: reducir los riesgos, crear
oportunidades y sobre todo, dar sentido y perspectiva a que las grandes tareas
son posibles gracias a la cooperación. El empleo de los mejores medios y
recursos hacen entonces plausible dicha tarea.
De ahí que en América Latina, los desafíos son sin
duda enormes, porque esta-mos en medio de una batalla que debe superar
prejuicios, los cuales van más allá de la simple legitimación del prestigio y
la utilidad de la disciplina, sino que nos obliga a demostrar la pertinencia de
que nuestros conocimientos puedan hacer las cosas un poco mejor para todos
nosotros.
ACTIVIDAD
1. Elabore
10 oraciones con las ideas más importantes del capítulo.
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La ciencia política. Un balance 27
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Capítulo 2
SISTEMA POLÍTICO Y FORMAS DE GOBIERNO
CARLOS GÓMEZ DÍAZ DE LEÓN*
Universidad Autónoma de Nuevo León
SUMARIO: 1. ESTADO Y SISTEMA POLÍTICO. 2.
DEFINICIONES DE SISTEMA POLÍTICO. 3. DEFINICIÓN DE ESTADO DESDE LA PERSPECTIVA
JURÍDICA. 4. ESTADO, ÓRGANOS, FINES, FUNCIONES Y COMETIDOS. 5. FORMAS DE ESTADO
Y FORMAS DE GOBIERNO. 6. FOR-MAS DE GOBIERNO. 7. SISTEMA PRESIDENCIAL, SISTEMA
PARLAMENTARIO Y SISTEMAS MIXTOS. 8. SISTEMAS AUTORITARIOS Y SISTEMAS
TOTALITARIOS.
Resumen: El presente capítulo expone las
principales teorías sobre la con-ceptualización, origen, formas y funciones del
Estado, desde una perspectiva sociológica y jurídica; asimismo aborda dos
conceptos que revisten parti-cular relevancia para el estudio de los sistemas
políticos: las formas de Es-tado y las formas de gobierno; haciendo referencia
a la manera en que se relacionan los elementos fundamentales del Estado y a la
forma en que se posicionan y relacionan los órganos de gobierno; para finalmente
analizar las formas más comunes de los modelos contenidos en la clasificación
de sistemas de gobierno.
Palabra clave: Sistema político, Estado, Formas de
gobierno, Sistemas de go-bierno.
Keywords: Political System, State, Forms of
government, systems of govern-ment.
1. ESTADO Y SISTEMA POLÍTICO
La conceptualización del Estado como sistema
político emerge en el marco de la Teoría General de Sistemas, que surge del
contexto del estudio biológico desa-rrollado por Ludwig von Bertalanffy (1976,
p. 29) a mediados del siglo XX y que propone su aplicación analítica en otras
disciplinas, incluyendo las ciencias socia-les. Es así que desde una
perspectiva sociológica y siguiendo a Bobbio (1989, p.
* Tiene
Doctorado en Derecho Público por la Universidad de Paris XI Sceaux desde 1986.
Es miembro Nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACyT desde
2007. El Dr. Gómez es líder del cuerpo académico de «Administración Pública» e
investigador, docente de nivel licenciatura en Ciencias Políticas, así como del
doctorado en filosofía con orientación en Ciencias Políticas. El Dr. Gómez es
consultor de la UANL, de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración
Pública. Tiene diferentes publicaciones en libros y revistas científicas.
30 Carlos
Gómez Díaz de León
75) aparece
el concepto de Estado como un componente fundamental del sistema social. Sin
embargo, identificamos dos grandes teorías que explican esta integra-ción del
Estado en el sistema social, así como su función. La teoría marxista y la
funcionalista.
Para la primera, la formación social se integra con
dos elementos que no tienen el mismo nivel para la determinación respecto al
desarrollo del sistema. Estos dos elementos son la base económica y la
superestructura. Las instituciones políticas, es decir el Estado pertenece al
ámbito de la superestructura. El factor determinante «en última instancia» es
la base económica. La concepción funcionalista, en cam-bio, basada en las
aportaciones del sociólogo norteamericano Talcott Parsons, y que es la dominante
en nuestros tiempos por la influencia que ha tenido desde la politología
norteamericana y en Europa en las últimas décadas, y el descrédito de los
modelos socialistas, considera al sistema global dividido en subsistemas
carac-terizados por las funciones esenciales que cada uno de ellos desempeña
dentro del sistema social para el mantenimiento del orden, equilibrio y
adecuado funciona-miento. Este enfoque define cuatro funciones que deben ser
realizadas por un sis-tema y que se convierten en requisitos imprescindibles
para atribuir efectivamente la conceptualización de sistema social a un ente
determinado:
• La
adaptación, que se configura por la relación del sistema con el medio exterior,
dentro del cual se encuentra y con el que, a su vez, interactúa. (Adaptation)
• La
persecución de objetivos, que consiste en la movilización de las energías del
sistema hacia las metas que se han propuesto. (Goal atteinment)
• La de
integración, que se define por las acciones que permiten mantener la coherencia
del sistema. (Integration)
• Lo que
denomina «latencia», que es la capacidad de motivación del sistema para
alcanzar los objetivos señalados. (Patern-maintenance)
A estas funciones corresponden precisamente cada
uno de los subsistemas so-ciales. Al subsistema político (goal atteinment) se
le asigna la función de dirección de la sociedad, lo cual se convierte en
gobierno. Su génesis y aplicación al estu-dio del sistema político se atribuye
a autores como David Easton, Almond, M. Weinstein o H. Jaguaribe, que aplican
por primera vez la teoría sistémica a la vida política, añadiendo a su
fundamento la concepción estructural funcionalista del sociólogo estadounidense
Talcott Parsons sobre el análisis sistémico y estructural de la vida social que
define funcionalmente los procesos de cambio en la sociedad y en la política. A
diferencia del enfoque marxista, no existe diferencia de niveles entre las
diversas funciones del sistema social. Al subsistema que se le atribuye una
influencia preponderante es al subsistema cultural y no al económico (Bobbio,
p. 75). En este sentido, mientras que en la teoría marxista se plantea el
problema de la ruptura del sistema, en cambio, la teoría funcionalista se
preocupa por el or-
Sistema político y formas de gobierno 31
den, por la conservación y mantenimiento del
sistema. Así, el enfoque de sistema político ha desarrollado los conceptos de
entradas, demandas, apoyos, salidas, productos, retroalimentación, caja negra,
y ha presentado un esquema de análisis político más organizado, generalizando
una terminología propia e independiente del análisis jurídico y sociológico
dominante antes de los años cincuenta.
2. DEFINICIONES DE SISTEMA POLÍTICO
Veamos en primer lugar algunas definiciones de
sistema político que nos per-mitirán comprender de manera más clara cómo se ha
venido enriqueciendo el enfoque sistémico para el estudio de Estado y del
proceso de gobierno.
Cuadro 1
CONTRASTIVO DE DEFINICIONES DE SISTEMAS POLÍTICOS
Autor Definición
Un
sistema político es un conjunto de interacciones políticas. Lo que
David Easton (The politi- distingue las interacciones políticas del resto de interacciones
sociales
cal system: 1969) es
que se orientan hacia la asignación autoritaria de valores a una so-
ciedad
Jean William Lapierre Un
sistema político es un conjunto de procesos de decisión que con-
(L’analyse de systèmes: ciernen
la totalidad de una sociedad global
1976)
Un
sistema político es un sistema de interacciones, existente en todas
Gabriel Almond (A func- las sociedades independientes, que realiza las funciones de
integración
tional approach to com- y adaptación, tanto al interior de la sociedad como en relación
con las
parative politics: 1976) otras, mediante el uso o la amenaza del uso de la violencia
física más
o
menos legítima
Conjunto
capaz de autodirigirse a partir de la información que recibe
Karl Deutsch del
medio ambiente, con el cual interactúa mediante flujos (Modelo
Cibernético).
Maurice Duverger (Ins- Sistema
político es la entidad en el cual confluyen los actores políticos.
tituciones políticas y Las
instituciones políticas son, a su vez, las partes integrantes de un
Derecho Constitucional: subsistema político que es lo que se
denomina régimen político.
1955)
Conjunto
formado por unas determinadas instituciones políticas, que
Samuel Phillips Hun- tienen
unas determinadas expresiones formales identificables en el ré-
tington
(Political Order gimen jurídico, en relación con un cierto nivel
de participación que
in Changing Societies: se
manifiesta en conductas observables empíricamente y referidas al
1968) ejercicio
del poder político por medio de las instituciones y los actos
del
gobierno.
Fuente: Cuadro de elaboración propia.
32 Carlos
Gómez Díaz de León
El politólogo canadiense David Easton es el
generador de un modelo teórico del Estado a través de la teoría de sistemas,
creando un enfoque de estudio de la política como ente desde una doble
perspectiva: biológica y política. El resultado de su trabajo se convierte en
la primera definición del concepto efectivamente independiente del análisis
jurídico y constitucional dominante antes de los años cincuenta en concordancia
con la teoría organicista. Así, tomando Estado-Nación como muestra de estudio,
en la concepción de Easton se configura como un siste-ma complejo, dentro del
cual los elementos que lo integran, considerados como grupos o como individuos,
interactúan de manera muy intensa en función de ciertas pautas de
comportamiento. De esta forma, para Easton, lo que define a un sistema político
es su función de distribuir valores que la sociedad considera útiles como el
dinero, la educación, el poder, etc. (Easton, 2006, p. 111). Dichas
interacciones operan mediante flujos entre entradas y salidas (inputs y
outputs) a través de un cambio dinámico que se retroalimenta (feedback). Las
entradas son las demandas, recursos y apoyos que el sistema recibe de los
actores de la sociedad. Estas entradas se trasladan del ambiente social al
sistema político res-ponsable de la agregación y articulación de esas demandas,
funciones que cumple la caja negra (black box), formada por aquellos que ocupan
determinados roles, sean individuos o grupos, los cuales son capaces de
orientar los contenidos del proceso político; que actúan como filtro del
sistema, a través de mecanismos de reducción y selección de demandas. Los
outputs son la respuesta del sistema a aquellas demandas, las decisiones y
acciones que se toman tras el proceso de decisión y que cuando interactúan con
el entorno, generan nuevas demandas y apoyos, por lo que el proceso vuelve a
comenzar. Este modelo se ha denominado circuito de retroalimentación, o de
autoreproducción, o de autoperpetuación (fe-edback loop) y permite a las
autoridades sondear el estado del sistema y corregir errores y perturbaciones.
Su modelo principal estaba orientado por una visión
organicista de la política, como si ésta fuera un ser vivo. Su teoría es una
declaración de lo que hace que los sistemas políticos se adapten, sobrevivan,
se reproduzcan y sobre todo que cam-bien. Así, con el apoyo de la teoría
cibernética, Easton crea un modelo de circuito cerrado cuyo interior funciona e
interactúa, unidad básica del análisis, constru-yéndolo mediante abstracción; y
denominándolo sistema político. Éste concentra distintos elementos entre los
que define:
• Comunidad
política: grupo de personas vinculadas por una división políti-ca del trabajo.
• Régimen
político: conjunto de condicionamientos que tienen las interaccio-nes
políticas, que se compone por:
– Valores:
principios orientadores de la acción, objetivos a alcanzar.
Sistema político y formas de gobierno 33
– Normas: elementos que explicitan qué
procedimientos son aceptables en la transformación y distribución de las
demandas.
– Estructuras de autoridad: modelos formales e
informales con los que el poder es organizado y distribuido.
• Autoridad:
característica común que poseen aquellos que ocupan roles acti-
vos en la política que llevan a cabo la gestión
política de un sistema: poder legitimado.
Easton interrelaciona el sistema político con su
entorno socioeconómico y cul-tural a través de las demandas y apoyos. Las
primeras reflejan las insatisfaccio-nes que genera el sistema, lo que exige
cambios en la distribución de los valores societarios escasos. Los apoyos
permiten buscar soluciones a las demandas que posibiliten su estabilidad. De
esta forma evalúa al sistema político en su dinámica y no en su estática,
considerando la existencia de una permanente crisis e inesta-bilidad que en
agudos momentos de conflicto y conmociones pueden conducir a un cambio del
sistema. Considera pues, positivamente tanto a la estabilidad como el cambio,
porque éste, en un momento determinado es el que puede favorecer la
retroalimentación del sistema político. De esta forma, el hecho de que algunos
sistemas sobrevivan es porque generan una capacidad de respuesta a las
perturba-ciones que se vinculan con su capacidad de adaptación a las mismas,
permitiendo su supervivencia. Si el sistema sobrevive se denomina sistema político
estable; si por el contrario quiebra se denomina sistema político disfuncional.
Los conceptos fundamentales de este enfoque, según su autor, son la carga, la
capacidad de car-ga, la demora, la anticipación y la ganancia. Estos elementos
permiten la medición de los flujos y la construcción de indicadores de
actuación del sistema.
• La carga es
el total de información que es tomada en un momento dado.
• La
capacidad de carga es definida como una función del número y clase de los
canales de disponibles.
• La
anticipación es la capacidad del sistema para reaccionar anticipadamen-te con
base a previsiones de consecuencias futuras.
• La demora
es una medida de la tardanza en informar y actuar sobre infor-mación referida a
las consecuencias de las decisiones tomadas.
• La ganancia
es la extensión de la respuesta del sistema a la información que recibe.
34 Carlos
Gómez Díaz de León
Figura 1
MODELO SISTEMA DE EASTON
Fuente: Easton, 2066, p. 48).
El enfoque de Easton (2006, p. 48) permeó
notablemente en la concepción sistémica en la ciencia política hasta finales de
los años sesenta, donde destacan las aportaciones de Harold Lasswell con el
modelo de políticas públicas, Karl Deutsch con su modelo de sistema cibernético
y Robert Dahl con sus aportaciones a la teoría pluralista.
Se considera a Harold Laswell el pionero del
enfoque de políticas públicas. Con su perspectiva, integra además de otras
disciplinas sociales, la aportación combinada de la ciencia política y de la
administración pública en el análisis del proceso de gobierno. El proceso de
políticas públicas en términos muy sintéticos, inicia con la integración de la
agenda a partir de las demandas sociales, las cuales son trasmitidas al aparato
gubernamental a través de los actores políticos de los diferentes partidos políticos
y del propio aparato administrativo. Se discuten los proyectos y se delibera a
fin de que el legislativo autorice los recursos que son finalmente asignados a
proyectos y programas. Estos proyectos que emanan del sistema político
constituyen precisamente las políticas públicas que son evaluadas por la
ciudadanía con la manifestación republicana del sufragio. Si el ciudadano está
conforme con las políticas, deposita su confianza en los gobernantes para que
continúen en la titularidad del gobierno y si no, decide cambiarlo dándose de
esta manera la alternancia política, característica fundamental de la
democracia
Sistema político y formas de gobierno 35
moderna. Como consecuencia de esta continua
comunicación, la agenda pública se ajusta a las nuevas necesidades y demandas y
es como se opera el proceso de gestión de políticas públicas. (Ver Modelo
abajo).
Figura 2
MODELO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE HAROLD LASWELL
Fuente: Elaboración Propia.
Veamos ahora el enfoque jurídico o institucional
para el estudio del Estado.
3. DEFINICIÓN DE ESTADO DESDE LA PERSPECTIVA
JURÍDICA
En el ámbito disciplinario de la Ciencia Política,
el Estado constituye el objeto de estudio privilegiado de ésta. Junto con el
poder, desde los tiempos antiguos la reflexión sobre la organización política
de la sociedad se ha centrado en alguno o en ambos conceptos poder y Estado.
Para una mejor delimitación del concepto conviene destacar que por Estado nos
referimos a la comunidad política, es decir a aquella organización que tiene
que ver con intereses colectivos, a diferencia de otras organizaciones sociales
que existen desde las primeras comunidades primi-tivas como la familia. Las
fuentes principales para su estudio han sido, por una parte, la historia de las
instituciones políticas y por otra, la historia de las doctri-nas políticas. De
acuerdo con Bobbio (1989, p. 69), esta última precedió al estu-dio de las
instituciones que integran el sistema político. En efecto, la reflexión en
36 Carlos
Gómez Díaz de León
principio se centró en la relación entre gobernante
y gobernado y posteriormente se hizo necesario el analizar las instituciones
políticas para reconstruir el contexto en el que se daban estas relaciones
entre ambos actores sociales. En este sentido conviene hacer una aclaración que
nos permitirá comprender mejor ambos con-ceptos, Estado y Sistema político.
En estricto sentido, el concepto de sistema
político es un concepto relativamen-te contemporáneo que trata de explicar
desde una perspectiva distinta a la jurídi-ca y a la sociológica el fenómeno
político para dar mayor comprensión al proceso de gobierno. En términos
generales se refiere a un conjunto de instituciones, gru-pos y procesos
políticos, caracterizados por un cierto grado de interdependencia recíproca
(Urbani, p. 152). Un sistema político es la expresión organizativa de un
conjunto de interacciones estables a través de las cuales se ejerce la política
en un contexto limitado por la población. Este sistema viene formado por
agentes, insti-tuciones, organizaciones, comportamientos, creencias, normas,
actitudes, ideales, valores y sus respectivas interacciones, que mantienen o
modifican el orden del que resulta una determinada distribución de utilidades,
conllevando a distintos procesos de decisión de los actores, que modifican la
utilización del poder por parte de lo político a fin de obtener el objetivo
deseado. En este capítulo aborda-remos primeramente las nociones relativas al
Estado y a las formas de gobierno y más adelante abordaremos el concepto de
sistema político.
El término Estado tiene diferentes connotaciones;
en la definición que contiene el diccionario de la lengua española (Alonso,
1988), éste se refiere al Estado como el «Orden, clase, jerarquía, calidad de
las personas que componen un reino, una república o un pueblo, como el de
eclesiásticos, el de plebeyos, el de nobles, etc. [...] Cuerpo político de una
nación [...] País o dominio de un príncipe o señor de vasallos». Como podemos
ver, la definición es muy general y se refiere a diferentes órdenes o estructuras
sociales. Otras de las definiciones que maneja la lengua es-pañola nos permiten
ubicar al Estado como el ámbito de interrelaciones de orden social en una
comunidad.
Importantes debates se han suscitado por parte de
los estudiosos de la filosofía política para definir el concepto de Estado y su
naturaleza, pues en ocasiones se le analiza como una comunidad política que ha
alcanzado su desarrollo gracias a la evolución que ha tenido la sociedad; a
veces se le considera como sinónimo de sociedad; otras, como el espacio en que
se desarrollan las finalidades políticas y jurídicas del grupo social, o bien,
se le equipara con el concepto de poder o con el de nación; sin embargo, es
importante destacar que el concepto de Esta-do corresponde al campo
disciplinario de la teoría política, aunque se encuentra estrechamente
vinculado con el derecho, que es incluso el que le da vida, siendo por lo tanto
una realidad histórico-política. Es así, que en el Diccionario Jurídico
Mexicano, se apunta que el Estado no es una mera realidad natural, sino que
constituye un conjunto de funciones jurídicas cuya comprensión es necesaria
para
Sistema político y formas de gobierno 37
entender el comportamiento de la comunidad
política. En este sentido, nos señala el Diccionario, el Estado crea derecho,
aplica la Constitución; contrata, representa a sus habitantes, tiene
jurisdicción, ejecuta sanciones; celebra tratados, es sujeto del Derecho
Internacional; en suma, es titular de derechos y obligaciones.
Desde el punto de vista de la teoría jurídica, para
Kelsen (1988, p. 215-216), el Estado se puede personificar como el orden
jurídico nacional, el autor lo delimita como «la comunidad creada por un orden
jurídico nacional (en oposición al inter-nacional). El Estado como persona
jurídica es la personificación de dicha comu-nidad o el orden jurídico nacional
que la constituye». Kelsen también personifica al Estado como orden y como
comunidad constituida por ese orden, presupone su existencia como realidad social
subyacente, toda vez que el orden jurídico es creado por el Estado y tiene
validez para él como hecho social preexistente. De la misma manera, Kelsen
considera al Estado como una unidad sociológica que, según afirma, se comprueba
haciendo ver cómo los individuos que pertenecen al mismo estado forman una
unidad, y cómo dicha unidad no está constituida por el orden jurídico, sino por
un elemento que nada tiene que ver con el derecho, las acciones recíprocas. La
fundamentación del estudio jurídico del Estado parte del hecho que siendo la
norma jurídica uno de los elementos integrantes del Estado, la disciplina
científica que estudia al fenómeno social y cultural jurídico está en re-lación
íntima con la ciencia que estudia al Estado, que es el todo relacional huma-no
organizado política y jurídicamente y del cual el Derecho es una parte
funda-mental. Efectivamente, el Estado lo configura la propia sociedad que ha
decidido organizarse políticamente a través de su propio sistema jurídico,
sistema que tiene como fuente los fenómenos sociales característicos del grupo
a que corresponda, pero además, involucra valores propios, cultura, costumbres
e historia, que inclu-ye, casi siempre a la religión. Cierto es que las
costumbres crean el derecho y las dos, costumbre y derecho, son producto de la
actividad humana, como lo señala Serra Rojas (1985; p. 53) al afirmar,
refiriéndose a Groppali que el derecho no sur-ge sino en la sociedad, porque
sólo los hombres, por sus facultades mentales más desarrolladas, han sido capaces
de experimentar que, reprimiendo determinados actos y eliminando a sus autores,
se verifica en el grupo social una disminución de repetición de dichos actos, y
porque solamente en la sociedad humana a un lado y junto al derecho, se
desarrollan otros fenómenos de orden económico, familiar, político, religioso,
que en las agrupaciones animales no se encuentra nunca.
Ahora bien, el ser humano es un ser político, pues
su propia inteligencia y la búsqueda de solución a la satisfacción de sus
necesidades en grupo, le han obliga-do a estructurar las mejores formas de
convivencia social que le permitan alcanzar sus finalidades. El Estado por sí
mismo no conlleva únicamente finalidades polí-ticas, éstas deben estar
totalmente relacionadas con el bienestar social. Política, derecho y bienestar
social están totalmente inmersas en la idea del Estado, pues la norma jurídica
busca imponer el equilibrio social mediante la obligatoriedad
38 Carlos
Gómez Díaz de León
impositiva, misma que no podría darse sin el poder
de decisión política, y este poder lo tiene la fuerza pública del propio
Estado; por ello, ambas ciencias, la del Estado y la del Derecho, están
íntimamente relacionadas.
4. ESTADO, ÓRGANOS, FINES, FUNCIONES Y COMETIDOS
Considerando una interpretación formalista que es
la que se desprende del en-foque jurídico que analizamos más arriba,
identificamos al sistema político con el Estado. El concepto de Estado desde
esta perspectiva, alude a un orden jurídico de convivencia que organiza y
combina elementos sociales complejos en aras de servir a la sociedad. Los
elementos constitutivos de éste son la población, asentada en un territorio y
provista de un poder público que se caracteriza por ser soberano y que tiene a
su cargo el cumplimiento de los fines sociales de mantenimiento de la paz y el
orden público, el bienestar, el progreso y el desarrollo integral de los
miem-bros de esa comunidad política (Serra, p. 205). De acuerdo con diversos
autores, las funciones del Estado se desarrollan a través de los órganos de
gobierno que se identifican respectivamente con los tres poderes que señala la
teoría política clási-ca, a saber: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial.
Estas funciones son comunes a cualquier forma de sociedad política y en el
Estado moderno se han separado para su ejercicio en la búsqueda de un
equilibrio que evite la corrupción del poder en un solo órgano y/o persona. En
este sentido, las funciones del Estado constituyen cate-gorías generales,
abstractas y universales, válidas para cualquier sociedad política, país o
época. En el marco de las funciones, algunos autores distinguen las formales y
las reales, identificando a estas últimas como las que le dan sustancia y
contenido a la administración pública (Cortiñas-Peláez, p. XII). Siguiendo a
Serra (p. 478), observamos que las funciones se ejercen por medio de los
órganos del Estado, que son esferas de competencia determinada para cada uno de
éstos. Es a través de estos órganos que se desarrolla el arte de gobernar. Los
cometidos del Estado en cambio, constituyen categorías concretas y particulares
que pueden variar según el avance técnico y cultural de cada país y de cada
circunstancia histórica, por lo cual éstos se encuentran en constante mutación
de acuerdo con las demandas y necesi-dades que plantea la población.
Básicamente, los cometidos se pueden clasificar en cuatro categorías, a saber:
esenciales, de servicio público, sociales y privados. En cada caso la población
beneficiada se ve en diferente posición con respecto a cada uno de los tipos de
cometidos (ver figura 2-11).
Acosta Romero (P. 60), en su texto sobre derecho
administrativo, define al Estado como «una organización política soberana, de
una sociedad humana es-tablecida en un territorio determinado, con
independencia y autodeterminación, con órganos de gobierno y de administración
que persiguen determinados fines mediante actividades concretas». Por su parte,
Serra Rojas concluye que El Estado
Sistema político y formas de gobierno 39
es una parte de la sociedad humana, asentada sobre
un territorio jurídicamente organizado, bajo la forma de un gobierno
independiente que se propone la reali-zación de aquellos fines, que se
determinan conforme a sus condiciones históricas (p. 215). A continuación
presentamos gráficamente el concepto de Estado con sus componentes
fundamentales.
Figura 3
ESTADO
Organización con Fines y Órganos
del que Actividades
Poder ejecutan
C Política Mitigar la
escasez Legislativo
A económica
R Soberanía Planes
A Ejecutivo
C Propiciar
T Territorio Programas
E Desarrollo Admón. pública
y
bienestar
R
Í Símbolos Presupuestos
S Judicial
T
Marco
legal Reducir
I
el
conflicto
C social
A Poder Funciones Cometidos
S
Fuente: Elaboración propia.
Como podemos apreciar, los principales elementos
del Estado como territorio, símbolos, comunidad política, marco legal, poder
político, constituyen las carac-terísticas. Sus fines de desarrollo y bienestar
pueden desdoblarse en mitigar la escasez económica derivada de la pobreza y la
desigualdad, propiciar el desarrollo humano y el bienestar, y reducir el
conflicto social. Para ello, en el ejercicio de sus funciones gobierna a través
del accionar de los tres poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Estas
actividades las realiza a través de programas, planes y proyectos que
materializan los presupuestos para dar cumplimiento a los diversos cometi-dos
que se le plantean a la organización política.
5. FORMAS DE ESTADO Y FORMAS DE GOBIERNO
En lo que se refiere a las relaciones que se
establecen en el seno del Estado, existen dos conceptos que revisten particular
relevancia para el estudio de los
40 Carlos
Gómez Díaz de León
sistemas políticos: las formas de Estado y las
formas de gobierno. Por una parte, haciendo referencia a la manera en que se
relacionan los elementos fundamentales del Estado (territorio, población y
gobierno), se puede arribar a la clasificación de las formas de Estado, y por
la otra, haciendo referencia a la forma en que se posicionan y relacionan los
órganos de gobierno (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) se determinan las
formas de gobierno (Acosta, p. 74).
En este sentido, al hablar de las formas de Estado
nos referimos a la estruc-tura o contorno de la organización política, es decir
a la configuración total y unitaria de las instituciones políticas de una
comunidad política nacional, de un Estado-Nación. La tipología más extendida en
nuestros días sobre las formas de Estado son el Unitario y el Federal, mientras
que las formas de gobierno típicas se clasificarían en parlamentario y
presidencialista (ver figuras 2-12 y 2-13). El Estado Unitario de acuerdo con
Serra (p. 531), se integra por un poder central, sin autonomía para las partes
o regiones que la componen, y es el único que regula toda la organización y
acción de un poder que coordina a todas las instancias públicas. De ahí deriva
su organización centralista. En esta forma de organiza-ción estatal, todos los
ciudadanos están sujetos a una autoridad única, al mismo régimen constitucional
y a un orden jurídico común. Su funcionamiento se ar-ticula mediante la
centralización política y la descentralización administrativa. El Estado
Federal en cambio se integra con diversas entidades que conservan su autonomía
constitucional con cierto grado de descentralización política, pero que se unen
para ciertos fines de representación nacional. La existencia de entidades
federativas implica desde luego una delimitación territorial, una población y
ór-ganos de gobierno autónomos que dirigen esa colectividad humana. Coexisten
en consecuencia diferentes ámbitos de gobierno, así como órganos de poder: el
federal, el estatal y el municipal.
Por otra parte, una manera adicional de clasificar
las formas que adoptan los Estados, atiende a la forma de legitimación del
titular del Estado, ya sea que se trate de una Monarquía o una República y a la
temporalidad de éste. Así por ejemplo, la forma de sucesión del titular de una
monarquía es mediante la heren-cia, mientras que en una república se renovará
periódicamente, según los plazos previstos en la Constitución respectiva. El
mandato de la titularidad en la monar-quía termina con la muerte del soberano o
su abdicación a favor de su heredero/a y el mandato en la república termina con
el plazo establecido en la Constitución a favor de quien haya sido electo para
tal fin. Sin embargo, esta última clasifica-ción no determina el tipo de
régimen de gobierno, es decir que ya sea república o monarquía pueden a su vez
clasificarse en democrático, autoritario o dictatorial, según sea el caso.
El régimen político por su parte, se refiere a la
distribución y jerarquización normativa y constitucional de los poderes
públicos del Estado, así como a las formas jurídicas institucionales aplicables
a su renovación y funcionamiento. Las
Sistema político y formas de gobierno 41
formas de gobierno configuran al régimen político.
La forma de gobierno se re-fiere a la manera de organizar y distribuir las
estructuras y competencias de los órganos que componen el gobierno.
En conclusión, podemos afirmar que las formas de
gobierno consideran los modos de formación de los órganos esenciales del
Estado, sus poderes y sus rela-ciones, mientras que las formas de Estado están
determinadas por la estructura de éstos y se refieren a las relaciones que se
establecen entre población, territorio y soberanía, según se integren en un
orden estatal único o estén descentralizadas en los diferentes ámbitos de
competencia de conformidad con el pacto constitu-cional. En lo que se refiere específicamente
a las formas de organización política y administrativa de los Estados, las
formas de organización tanto políticas como administrativas son métodos o
sistemas encaminados a la estructuración de las funciones jurídicas.
Constituyen los medios a través de los cuales se conseguirán propósitos tales
como la atención técnica de un servicio, los problemas de una re-gión y el
aseguramiento de ideales democráticos, o, en última instancia, la adecua-da
participación popular en los asuntos públicos. Estas formas de organización
pueden clasificarse en forma de centralización, descentralización o
desconcentra-ción política o administrativa.
Figura 4
PERSPECTIVA JURÍDICA DEL ESTADO
Fuente: Elaboración propia.
6. FORMAS DE GOBIERNO
A lo largo de la historia de la humanidad, los
hombres han diseñado diversas instituciones que de acuerdo con sus creencias,
costumbres y hábitos de obedien-cia, les han permitido gobernarse manteniendo
la estabilidad y el orden social
42 Carlos
Gómez Díaz de León
para la consecución de los fines colectivos de paz,
progreso y justicia, lo que ha significado el crear formas de organización
política y con ello han venido surgien-do diferentes regímenes políticos y
formas de gobierno. Esta organización que provee orden, estabilidad y dirección
a cualquier sociedad es precisamente el sis-tema político. La función principal
que cumple este sistema es la de conducir los esfuerzos de la comunidad hacia
los propósitos que esta misma se ha propuesto. De acuerdo con la participación
mayor o menor en las decisiones que conciernen a la colectividad, así como el
grado de imposición o consenso es como se determi-nan los regímenes políticos y
las formas de gobierno.
En el curso de la historia hemos conocido variadas
formas de gobierno, según el grado y número de participación de los gobernados.
De acuerdo con Bobbio (1989, p. 144), en la tradición clásica de la ciencia
política podemos distinguir tres tipologías de formas de gobierno: la
clasificación de Aristóteles, la de Maquiavelo y la de Montesquieu. La primera
clasificación nos la ofrece el filósofo estagirita Aristóteles, en su obra
Política expone la teoría general de las constituciones, y re-corre en su análisis
los conceptos de la ciudad (polis), del ciudadano y de la virtud política, y
deduce de eso las seis formas posibles de gobierno, buenas o malas: — con la
autoridad de uno solo— la monarquía o la tiranía; —con la de varios— la
aristocracia o la oligarquía; —con la de todos— democracia o la demagogia. Hay
dos cosas que caracterizan las formas de gobierno según Aristóteles: la persona
o personas sobre las que recae el gobierno, y el objetivo que dicho gobierno
persi-gue. Así por ejemplo, conocemos la tiranía, que es el gobierno del
tirano, de uno solo, que impone contra derecho el gobierno, y lo ejerce sin
justicia y con discre-cionalidad. Un ejemplo de éste es el gobierno de Nerón,
quien provocó el incendio de Roma (julio del 64 d.C.) y la persecución implacable
de los cristianos en el siglo I de nuestra era. También han existido gobiernos
aristocráticos y despóticos, es decir aquellos que son dirigidos por unos
cuantos notables, como en el caso de gobiernos colegiados de notables que
gobernaron en el período más álgido de la Revolución que conmovió a Europa a
fines del siglo XVIII. Por último tenemos la democracia, el gobierno de todos y
para todos. En contrapartida se ubica el modelo demagógico, como deformación de
la democracia y que se sustenta en la manipulación y el engaño al pueblo.
La siguiente clasificación corresponde al
tratadista florentino Maquiavelo, que en su obra el Príncipe disminuye su
tipología a dos formas de gobierno, en fun-ción de que se trate del gobierno de
uno solo o de una asamblea o cuerpo colegia-do. Si bien distingue entre
repúblicas aristocráticas y democráticas, la diferencia fundamental se
identifica con el número de personas que participan en la función
gubernamental. Finalmente el tratadista francés Montesquieu retorna a una
triple clasificación, retomando las dos que propone Maquiavelo, República o
Monar-quía, y agregando una degeneración del gobierno de uno solo al incorporar
el des-potismo. En esta forma se consideran las experiencias históricas que
ofrecieron
Sistema político y formas de gobierno 43
las monarquías orientales antiguas, las repúblicas
integradas por las asambleas democráticas griegas, las repúblicas
aristocráticas romanas, y las formas despó-ticas de oriente vigentes hasta bien
entrado el período contemporáneo (Japón, China, algunos países árabes, entre
otros).
En la actualidad cualquier gobierno que pretenda
justificarse frente a sus go-bernados se autodefinirá como democrático, ya que
éste se ha constituido en el paradigma universal del sistema político moderno,
que promueve los valores de igualdad, libertad, justicia y participación.
Por otra parte, la premisa expresada en el párrafo
anterior da lugar a otra cla-sificación mucho más actual de las formas de
gobierno. Desde la perspectiva de la teoría clásica de la división y equilibrio
de poderes diseñada por el Barón de Mon-tesquieu y en las categorizaciones de
los sistemas políticos modernos y que reúnen las características de una
democracia (Sartori: 1994: p. 97), los regímenes pueden clasificarse en dos
tipos, según la preponderancia en la relación entre los poderes. Estos dos sistemas
son por una parte, el sistema presidencial en el cual se observa una
preponderancia del órgano Ejecutivo sobre el poder Legislativo y por otra parte
el parlamentario, en el cual existe preeminencia del Legislativo e incluso en
muchos casos el propio poder Ejecutivo emana del parlamento para configurar el
gabinete de gobierno. Por ello a este último se le denomina parlamentario.
Figura 5
TEORÍA DE LA DIVISIÓN DE PODERES
Legislativo
Legislativo
Judicial Ejecutivo
Judicial Ejecutivo
Teoría de división de poderes Régimen parlamentario
(Montesquieu)
Preeminencia
del órgano legislativo
(Inglaterra
y Alemania)
Ejecutivo
Legislativo
Judicial
Régimen
presidencial
Preeminencia
del órgano ejecutivo
(México,
Francia)
Fuente: Elaboración propia.
44 Carlos
Gómez Díaz de León
Si bien la teoría clásica parte de un necesario
equilibrio de poderes que man-tenga balanceadas las instituciones mediante un
sistema de pesos y contrapesos tendería a una cierta igualdad, la realidad es
que en la práctica en la mayoría de los casos, los sistemas políticos modernos
y que además podemos catalogar como democráticos, se colocan en la
clasificación entre régimen parlamentario o presi-dencial. Según el peso de
condiciones históricas, culturales, e instrumentales, estos dos tipos de
sistemas son los que prevalecen en nuestros días.
7. SISTEMA
PRESIDENCIAL, SISTEMA PARLAMENTARIO Y SISTEMAS MIXTOS
De acuerdo con la metodología clasificatoria que
nos propone Sartori, para que estemos en presencia de un sistema presidencial
es necesario cumplir con ciertos criterios. En primer lugar, que el jefe del
Estado sea electo popularmente de manera directa o casi directa. Un segundo
criterio proviene del hecho de que el gobierno o el propio Ejecutivo, no puede
ser designado o desbancado por un voto del legislativo. La integración de los
miembros colaboradores del titular del Ejecutivo es una prerrogativa del presidente.
Aun y cuando en algunos casos la Constitución prevea una ratificación por parte
del Congreso, la designación co-rresponde al presidente. Un tercer criterio que
nos señala este autor se refiere a la dirección efectiva del gobierno que tiene
a su cargo el presidente (1994, p. 99).
Los sistemas parlamentarios en cambio, de acuerdo
con el mismo autor (p. 116), deben su nombre a la soberanía del parlamento
sobre el gobierno. En estos sistemas el poder Ejecutivo se comparte, es decir
que el gobierno requiere del apoyo del parlamento para la integración del
gabinete, para apoyar las políticas públicas, para evitar la destitución de los
miembros del gobierno, etc. Sin em-bargo, al interior de estos sistemas podemos
apreciar variantes, según el poder preponderante en el gobierno. Por un lado
está el modelo inglés, en el cual el Eje-cutivo prevalece sobre el parlamento.
En el otro extremo está el modelo francés de la tercera y cuarta república, en
el cual se gobierna por asamblea y finalmente tenemos el tercer modelo en el
cual son los partidos los que controlan al gobier-no. Estos serían los casos en
los cuales los partidos determinan el funcionamiento del sistema. En este
sentido, señala Sartori (p. 116) que el problema subyacente del parlamentarismo
es el de tener partidos cuyos miembros no se aparten en las votaciones de las
cámaras, de los lineamientos del partido. Por lo tanto, agrega, los partidos
adecuados para el parlamentarismo deben mantenerse unidos en el apoyo del
gobierno que han designado.
Un sistema alterno al presidencial y al
parlamentario que permite ubicarlo como modelo es el sistema semi-presidencial.
Así como el prototipo del sistema presiden-cial son los Estados Unidos de
Norteamérica y del parlamentarismo el sistema
Sistema político y formas de gobierno 45
inglés, en el caso del sistema presidencial, el
modelo es la V República de Francia.
Las premisas fundamentales de este sistema según
Sartori (pp. 148-149), son 5:
1. El jefe de
Estado (Presidente) es electo mediante sufragio universal para un determinado
período de tiempo;
2. Se comparte
el poder Ejecutivo entre el Presidente y un primer ministro, lo que conlleva
una estructura dual de poder con tres características y que complementan las
premisas;
3. El
Presidente es independiente del Parlamento, pero no puede gobernar solo, sino
que su voluntad es canalizada y procesada a través del gobierno que encabeza el
primer ministro;
4. El primer
ministro y su gabinete son independientes del presidente ya que dependen del
parlamento y están sujetos a su voto de confianza o censura;
5. La
estructura dual provoca diferentes balances de poder, a condición de que se
mantenga el nivel de autonomía de ambos componentes.
El caso de México, con fundamento en el artículo 40
constitucional, se ubica en un régimen presidencial, republicano, democrático y
con una organización federal (Ver figura 6). El caso de Estados Unidos de
Norteamérica es también un sistema presidencial pero con importantes
limitaciones que derivan del peso específico que tiene el Congreso en el
funcionamiento general del sistema con in-dependencia de que se trate de una
república federal.
8. SISTEMAS AUTORITARIOS Y SISTEMAS TOTALITARIOS
Frente a la clasificación correspondiente a
sistemas políticos democráticos, cu-yas formas más comunes corresponden a los
modelos parlamentarios y presiden-ciales, se encuentran aquellos regímenes
políticos que están basados en ciertas prácticas opresivas que impiden el
ejercicio de la libertad y la autonomía, además de que se fundan en el abuso
del poder, la arbitrariedad y la impunidad de la autoridad frente a los
gobernados. Estos sistemas que siguiendo a Linz podemos llamar genéricamente
como «no democráticos» son dos: los autoritarios y los totalitarios.
En realidad, el grado de utilización de la fuerza
represiva así como de la libertad que ofrezca el sistema, es lo que diferencia
a los regímenes totalitarios de los auto-ritarios. De conformidad con la
concepción de Linz (1975), los regímenes autori-tarios son sistemas políticos
con un pluralismo político limitado y no responsable; sin una ideología
elaborada y propulsiva (sino con las mentalidades característi-cas); sin una
movilización política intensa o vasta (excepto en algunos momentos de su desarrollo),
y en los que un jefe (o tal vez un pequeño grupo) ejerce el poder
46 Carlos
Gómez Díaz de León
dentro de límites que formalmente están mal
definidos pero que de hecho son fá-cilmente previsibles. De acuerdo con el
enfoque que destaca sus rasgos principales, sus características se centran en
cuestiones como la concentración de poder en ma-nos de un líder o una pequeña
élite que no es constitucionalmente responsable ante la ciudadanía, y el
ejercicio arbitrario del poder sin consideración de otros cuerpos que puedan
limitarles (efectiva separación de poderes), y también la inexistencia de
mecanismos que permitan una efectiva alternancia en el poder, como las
elec-ciones libres multipartidistas. Los sistemas autoritarios presentan
ciertos rasgos de los regímenes democráticos, pero deforman el funcionamiento
institucional con prácticas que desvirtúan la legitimidad. Así por ejemplo, si
bien existen elecciones y partidos de oposición, éstas son controladas por las
autoridades, sin que exista la posibilidad real de alternancia. Por ello se
habla de un pluralismo limitado, con aparente libertad de expresión, y otros
mecanismos, presentes en las democracias.
Por otra parte, se da una evidente manipulación de
las masas a través de mo-vilizaciones, acarreos corporativistas y otros
mecanismos fundados en el caci-cazgo y en el culto a la personalidad. En este
sentido podemos identificar ciertos regímenes que nacidos de elecciones más o
menos democráticas se transforman en sistemas autoritarios y posteriormente en
sistemas altamente represivos, con características de totalitarios. Tal es el
caso de los modelos generados en Italia con el fascismo de Mussolini, del nacionalsocialismo
desarrollado en Alemania a partir de la elección de Adolfo Hitler como
Canciller, el franquismo y el falangis-mo en España, y algunos casos más en
América Latina con una orientación más civilista como es el caso de México con
el General Lázaro Cárdenas, Argentina con el Peronismo y Brasil con el régimen
de Getulio Vargas y un control fundado en la manipulación corporativista. En
estos últimos casos se mezclan ingredientes populistas, con importantes
movilizaciones de masas, pero con características de los regímenes autoritarios
señalados más arriba.
En el otro extremo, tenemos los sistemas
totalitarios cuyas características defi-ne Linz de la siguiente manera:
1. Se observa
un centro de poder monista con cierto pluralismo institucional derivado de ese
mismo centro y mediatizado sin que se genere cualquier dinámica social;
2. Existe una
ideología exclusiva, autónoma y con la cual se identifican los líderes, y que
además sirve como fundamento para su política y es utilizada para legitimar
esta política.
3. La
participación ciudadana es alentada, exigida y compensada a través del mismo
partido para tareas políticas y colectivas.
Algunos totalitarismos han sido derivados de
fuertes movimientos sociales ge-nerados en Revoluciones de las que emanan
gobiernos que imponen mediante represión condiciones de dominación y gobierno,
limitando las libertades y cual-
Sistema político y formas de gobierno 47
quier tipo de disidencia. Los modelos típicos de
este tipo de regímenes son los que nos ofrecen la Unión Soviética después de la
Revolución de octubre, la China comunista a raíz de la ascensión de Mao Tse
Tung al poder, y otros regímenes que persisten aún en nuestros días, como es el
caso de Corea del Norte. El común de-nominador de estos sistemas es que se
legitiman desde una perspectiva antagónica al sistema capitalista y sus
fundamentos tienen sus raíces en la ideología marxista comunista. Sin embargo,
también pueden observarse en la historia casos de siste-mas políticas
autoritarios sustentados en contextos de capitalismo subdesarrolla-do como es
el caso de las dictaduras latinoamericanas del último cuarto del siglo XX
(Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, entre otros).
El caso de México, a pesar de contar desde hace
mucho tiempo con las insti-tuciones propias a la democracia, ha sido
clasificado como régimen autoritario. Si bien desde el fin de la Revolución
Mexicana se han celebrado elecciones con diversos partidos, el contexto social
no ha sido caracterizado como democrático, tal es el caso de Duverger (1970) y
el propio Linz. Sin embargo, otros autores sí consideran que México cuenta con
las condiciones propias de una democracia. González Casanova (1966) en su clásica
obra La democracia en México consi-deraba que se daba el suficiente equilibrio
de poderes como para considerar a nuestro régimen como democrático.
En este contexto histórico veamos la configuración
actual del Régimen político mexicano.
Figura 6
RÉGIMEN POLÍTICO MEXICANO
Fuente: Elaboración propia.
48 Carlos
Gómez Díaz de León
En un
intento de clasificar al régimen político
mexicano, lo ubicamos en el gru-
po de democracias en transición de acuerdo con el
enfoque de Juan Linz. Si bien podemos encontrar rasgos indudables de sistemas
democráticos modernos, tam-bién se encuentran todavía serias deficiencias en
materia de rendición de cuentas, corrupción, impunidad, defensa de los derechos
humanos y algunos otros aspec-tos que minan la percepción democrática del
sistema. Por lo tanto, constituye un reto el diseño institucional para un mejor
gobierno.
ACTIVIDAD
Realiza un cuadro de doble entrada en donde
contrasten los sistemas políticos y formas de gobierno de diferentes países del
mundo, selecciona países por continente.
BIBLIOGRAFÍA
Acosta, R. M. (1988), Teoría General del Derecho
Administrativo. México: Porrúa.
Aguilar, V. L. (1992), El estudio de las políticas
públicas. México: Porrúa.
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UNAM, I. d. (1999), Diccionario Jurídico Mexicano.
México: Porrúa.
Capítulo 3
DEMOCRACIA Y TIPOS DE DEMOCRACIA
KARLA RODRÍGUEZ BURGOS*
Universidad Autónoma de Nuevo León
SUMARIO: 1. DEMOCRACIA DIRECTA. 2. DEMOCRACIA
LIBERAL: SOCIAL Y ECONÓMICA.
3. DEMOCRACIA
PARTICIPATIVA. 4. OTROS TIPOS DE DEMOCRACIA. 5. PROBLEMAS DE LAS DEMOCRACIAS
LATINOAMERICANAS ACTUALES. 6. LA TRANSICIÓN A LA DEMOCRA-CIA EN MÉXICO.
Resumen: El presente artículo muestra un amplio
panorama en torno al tér-mino de democracia, abordando de manera general el
significativo tema de la transición, así como también menciona algunos tipos de
democracia, esto con el objeto de conceptualizar y referir el proceso de
adopción de los regí-menes democráticos en América Latina, además de exponer
los problemas actuales que se presentan en las democracias latinoamericanas.
Finalmente se analiza el caso Mexicano; y los cambios históricos que fueron el
partea-guas que generaron las condiciones necesarias para la transición
democrá-tica en nuestro país.
Palabra clave: Democracia, Transición a la
democracia, Tipos de democra-cia.
Keywords: Democracy, Transition to democracy, types
of democracy.
1. DEMOCRACIA DIRECTA
La democracia es un sistema político en el que se
tiene el derecho al voto para elegir a los representantes en elecciones
periódicas, sin embargo, a lo largo del
* Doctora en
Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Nuevo León de donde es
Pro-fesora de Tiempo Completo Sus líneas de investigación son democracia,
cultura política, par-ticipación ciudadana y metodología aplicada. Actualmente
cuenta con Perfil PROMEP y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores.
Entre sus publicaciones se encuentran: Per-cepción y conceptualización de la
democracia actual mexicana (2014), Habilidades investiga-tivas (2014), Grupos
de enfoque (2014), Participación política y hábitos comunicativos de los
jóvenes universitarios en Nuevo León (2013). Estudios sobre la percepción de la
democracia en Monterrey (2013), Percepción del consumidor en la actuación de
las empresas socialmente responsables (2013), Investigación cuantitativa:
diseño, técnicas, muestreo y análisis cuanti-tativo (2012), Percepciones
asociadas a la democracia en el municipio de Monterrey, Nuevo León, México.
(2012). Promoción de la participación ciudadana (2010). Democracia, origen y
perspectiva (2008). Contacto: karoburgos@yahoo.com.mx.
50 Karla
Rodríguez Burgos
tiempo, a este concepto se le han agregado
características, derechos, libertades, requisitos económicos, sociales y
políticos que han llevado a pensar que la demo-cracia es un sistema político
que ya no puede existir más.
En una democracia directa, los ciudadanos pueden
votar directamente en las elecciones, decidiendo lo que se tiene que hacer para
el bien de la sociedad. Aris-tóteles (2004) se declaraba en contra de la
democracia, ya que era un gobierno de las masas, en donde los pobres buscarían
obtener su propio beneficio, por lo que se generaría una lucha de clases
(Rosenberg, 2006).
Rousseau (2006) sugirió que la única forma de que
existiera una verdadera democracia era con una mayor cantidad de gobernantes
que de gobernados, en Estados pequeños donde todo mundo se conociera,
reuniéndose frecuentemente para discutir los asuntos públicos y donde no
existiera diferencia de riquezas. Por lo tanto, Rousseau propone una democracia
directa y deliberativa, en donde la ciudadanía decidiera sobre los asuntos
públicos por medio de la deliberación de las propuestas.
La democracia directa le permite a los ciudadanos
involucrarse directamente en los asuntos públicos, discutiendo o debatiendo las
decisiones que debían to-marse para el mejoramiento de la sociedad, sin
embargo, hay que tomar en cuenta que este tipo de democracia se daba sin
contemplar a todos los ciudadanos para debatir acerca de los asuntos públicos o
problemas que enfrentaba la sociedad, es por ello que surgió la democracia
representativa, en donde un grupo de gober-nantes elegidos por la sociedad son
quienes van a tomar las decisiones acerca de los asuntos públicos. (Rodríguez
Burgos, 2010).
La representación es la forma en la que un elegido
actúa de acuerdo con los intereses de los que lo eligieron, esto es,
representando al elector para la toma de decisiones en los asuntos públicos, de
acuerdo con Duverger (2001). Montesquieu (2007) definía a la democracia como
una república, donde el poder residía en el pueblo. La elección de quienes
serían los gobernantes debía ser por sorteo, y la elección de los mismos debía
ser por votación de los ciudadanos buscando la igualdad y bienestar para todos.
Aunque existen teóricos que entran dentro de la
categorías de democracia re-presentativa, se observó que la corriente liberal
se entremezcla con esta definición, es así que primero delimitaremos la
democracia liberal en general, para después separar esta corriente en dos
vertientes, primero la democracia social en donde se le da un mayor peso a la
igualdad social de las personas, para después dar paso a la democracia
económica, en donde los exponentes de esta corriente explican la democracia con
características económicas que debieran cumplir.
Democracia y tipos de democracia 51
2. DEMOCRACIA LIBERAL: SOCIAL Y ECONÓMICA
De acuerdo con Cerroni (1992), el liberalismo
otorga la dignidad igual de los hombres, al igual que define los procedimientos
que se necesitan para asegurar la competencia libre entre las personas en la
búsqueda del poder. En las aportaciones que hace Mill (1970) al pensamiento
liberal moderno, además de darle importan-cia a la libertad individual, también
le agrega la característica de participación a través del voto, eligiendo
periódicamente a los representantes.
En una democracia liberal los individuos buscan
mayores libertades civiles, de expresión, de asociación, con la mínima
interferencia por parte del Estado para contribuir al bienestar social de todos
los ciudadanos. Por otra parte, el libera-lismo económico se asocia en un
sentido laissez faire, esto es, de libre mercado, donde se debe dejar que el
mercado se ajuste por sí mismo con la interferencia mínima del Estado (Carter,
2005).
La democracia social definida por Sartori (2002),
se basa en la igualdad, en donde los miembros de la sociedad se vean y se
traten como iguales. Además incluye la efectividad de derechos sociales y la
disminución de las desigualdades sociales para toda la población (Paramio,
1996). Por lo tanto, la democracia so-cial se relaciona con conceptos
políticos, económicos y culturales (Moya Palencia, 1982).
La sociedad con la que se encuentra Tocqueville
(2005), era una sociedad ba-sada en la soberanía del pueblo, con principios
establecidos en la Constitución de los Estados Unidos, tales como orden,
ponderación de los poderes, libertades y respeto a los derechos. Por tanto, se
encuentra con una democracia socialmente más desarrollada tanto en igualdad de
derechos como en libertades, diferente al tipo de democracia que se presentaba
en ese momento en Europa.
La democracia social fue seguida por James Bryce
(2007), en donde explica que en los Estados Unidos se desarrollaba una
democracia con mayor igualdad entre hombres y mujeres, no en política, sino en
aspectos sociales y legales, además de ser más respetuosa con los individuos,
quienes no estaban dispuestos a sacrificar su libertad. Agrega a la concepción
de Tocqueville una mayor igualdad, denotada como igualdad de estima, en donde
todos los ciudadanos debían tratarse como iguales (Sáenz López, Gorjón Gómez
& Rodríguez Burgos, 2008).
Como una forma de adaptar las teorías democráticas
a los resultados presen-tados en las sociedades avanzadas, se incorporan
términos económicos a estas teorías, no sólo como una nueva concepción, sino
para legitimar la distribución del poder en las sociedades (Morán, 1996). Por
lo tanto, la incorporación de términos económicos a la democracia se da primero
como una forma de explicar la definición de la democracia de una forma
económica, vista como una compe-tencia de libre mercado entre gobernantes por la
obtención de la mayor cantidad
52 Karla
Rodríguez Burgos
de votos, además de incorporar bases o elementos
económicos que favorecen el sostenimiento de las democracias. (Sáenz López,
Gorjón Gómez & Rodríguez Burgos, 2008).
De acuerdo con Sartori (2002), la democracia
económica se basa en la igual-dad económica, esto es, tener una mejor
redistribución de la riqueza para el bien de todos, sin embargo también hay un
desarrollo de las teorías económicas de la democracia, en donde se utilizan
conceptos y términos de la ciencia económica para explicar los procesos
políticos.
El término de democracia económica fue acuñado por
Marx (1999), quien to-mando en consideración un modelo de democracia directa,
agrega características como igualdad y libertad, pero además se debía buscar la
eliminación del Estado, y al ser todos los ciudadanos iguales, se daría una
planificación de la economía con una mayor eficiencia en el uso de los recursos
traducidos en un mejoramiento para todos por igual.
Aunque considerada también como democracia
industrial, Sidney & Beatrice Webb describen ésta como una parte de la
democracia económica, la cual debe darse en el trabajo, esto con el objetivo de
tener una representación en favor de los derechos de los trabajadores (Sartori,
1999); dicho de otra manera, es la par-ticipación de las personas en el área
laboral, en la toma de decisiones, mediante estructuras y procesos que deben
seguirse, que implican un intercambio de auto-ridad y responsabilidad en el trabajo.
Calificada como una definición ¨minimalista de la
democracia¨ (Paramio, 1996) o como sólo un método político para la elección de
los líderes encargados de tomar las decisiones políticas (Morán, 1996), fue la
ofrecida por Schumpeter (1950), quien define a la democracia como un método
para la designación de quienes nos gobiernan, esto es, una lucha de
competencias por el voto del pueblo, en donde el pueblo elige a un gobierno por
medio de la elección de un líder. Es así que existe una clara competencia entre
líderes, muy parecida a la competencia de mercado.
Por otro lado, Anthony Downs describe a los
partidos políticos como máqui-nas que buscan la mayor cantidad de votos
posibles por medio del desarrollo de políticas que convenzan al electorado para
la obtención del poder (Heywood, 2004). De acuerdo con Downs (2001), un sistema
democrático reunía caracterís-ticas como competencia entre partidos en
elecciones periódicas, el partido electo tiene el control hasta las siguientes
elecciones, los partidos perdedores no intentan impedir el ascenso al poder del
partido ganador y cada individuo tiene un solo voto en cada elección.
A partir de estas características deduce que en una
democracia los partidos compiten en una lucha para la obtención de votos, para
una vez obtenido el control, el partido elegido lleva a cabo políticas que
satisfagan las necesidades de
Democracia y tipos de democracia 53
ciertos grupos de interés, por lo tanto dice que la
función social del partido está relacionada con las motivaciones privadas que
deben realizar a fin de quedarse en el poder, obtener beneficios y tener un
mayor prestigio y por parte de los ciuda-danos, considerándolos racionales,
consideran las elecciones como un medio de elección del gobernante que más les
beneficie (Downs, 2001).
3. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
La democracia participativa contiene una diversidad
de formas de participa-ción, sin embargo todas encerradas en un mismo ideal,
los ciudadanos deben ser más activos, informados y racionales no sólo para
elegir a sus representantes, sino también para participar en la toma de
decisiones. Esto se da en función de una mejor educación ciudadana, desarrollo
de una cultura política e incluso en debates públicos que permitan discutir las
diferentes opciones. (Sáenz López & Rodríguez Burgos, 2010).
La democracia descrita por Weber (1991) tiene que
ver con un sistema político que proporciona elecciones periódicas para el
cambio de gobernantes, permitien-do la participación de la mayor parte de la
población para influir en la toma de decisiones mediante la elección de los
gobernantes para que ocupen un cargo pú-blico (Lipset, 1987). La relación entre
el papel de la burguesía en la formación de la democracia en una sociedad
industrial fue establecida por Weber, sin embargo, en esa época los países gobernados
democráticamente eran una excepción (Gon-zález Enríquez, 1996).
Por su parte, John Dewey (2004) indica que la
democracia solo se dará en la medida en la que los ciudadanos estén más
involucrados activamente en el pro-ceso político, siendo elemento indispensable
la educación de los ciudadanos, re-conociendo los intereses mutuos como ¨factor
del control social¨ para así generar un cambio continuo en los hábitos
sociales. Con ciudadanos educados se podrían hacer mejores elecciones y para
obedecer las resoluciones que dictaban sus gober-nantes. Por tanto, se
considera que una sociedad es democrática en la medida en la que se facilita la
participación de los ciudadanos en condiciones iguales (Dewey, 2004).
Pateman señaló que el término participación tomo
fuerza en el panorama po-lítico para dar paso a nuevas formas y derechos de
participación a los ciudadanos (Vergara Estévez, 2005), agregando que las
teorías de democracia participativa requieren de una participación de los
ciudadanos para darle un sentido de com-petencia que debe ser desarrollado en
una democracia (Pateman, 1999), siendo además necesaria una mayor igualdad para
que el sistema político sea más par-
54 Karla
Rodríguez Burgos
ticipativo, en donde los ciudadanos se comprometan
directamente en la toma de decisiones (Bernazza, Iriarte y Vázquez, 2003).
Por otro lado, Touraine (2006) define a la
democracia participativa como la penetración de un mayor número de actores que
se inmiscuyen en problemas sociales, individuales y colectivos para una mejora
en la toma de decisiones. Las condiciones básicas que deben darse son la
libertad de los individuos para elegir a sus gobernantes en elecciones
periódicas, y además deben complementarse con tres dimensiones, el respeto a
los derechos fundamentales, que los individuos se sientan ciudadanos y la
representatividad de los dirigentes (Touraine, 2006).
Mclaughlin (1992) marca estándares mínimos y
máximos que debe cumplir una ciudadanía, como mínimos indica que la ciudadanía
debe tener una actitud pasiva ante las leyes, pero debe ser activo en el
ejercicio de los derechos políticos. Por el lado de los máximos, el autor dice
que para que exista una «auténtica de-mocracia» se debe buscar tener una
participación más amplia, en donde todos los ciudadanos cuenten con la
oportunidad de ser activos, si así lo desean.
De acuerdo con O’Donnell (1994), tanto la
democracia participativa como la ciudadanía descansan sobre la participación,
es así que, el tener ciudadanos activos, brindará nuevas oportunidades para
participar en la regulación de los sistemas de toma de decisiones en la
sociedad. Por lo tanto, para alcanzar un mayor grado de democracia, es
necesario robustecer los sistemas de participación ciudadana, que hagan cumplir
una parte de la «fiscalización» que es la rendición de cuentas de los
funcionarios públicos.
4. OTROS TIPOS DE DEMOCRACIA
Además de las definiciones de democracia en donde
se incluyen libertades, e igualdades, también se le da gran importancia a la
participación, sin embargo lo anterior, existen otras características que deben
tomarse en cuenta en una demo-cracia para que subsista este régimen. Es así que
aparecen otros tipos de democra-cia como la deliberativa, la consensual, la
procedimental y la constitucional, las cuales serán descritas a continuación.
En la democracia deliberativa se buscan razones
para justificar las leyes que se adoptan apelando a principios de libertad y
justicia, aceptando los derechos que les corresponden a los ciudadanos, pero
permitiendo que dichos derechos puedan ser interpretados y aplicados con
cambios mediante el proceso de deliberación en el proceso político, para
encontrar términos justos de cooperación que puedan ser aceptados por la
mayoría (Encyclopedia of Democratic Thought, 2001).
El énfasis de la democracia deliberativa se
encuentra en el discurso público, mediante el respeto de la diversidad cultural
y de los valores liberales (Carter,
Democracia y tipos de democracia 55
2005). Las teorías que sustentan la democracia
deliberativa dan un énfasis a la argumentación razonada que debe seguirse,
mediante debates informados, impar-ciales y civiles, para llegar a un acuerdo
en las decisiones políticas (Carter, 2005). Las cámaras de representantes son
el espacio en donde debe darse la deliberación mediante la legislación de los
asuntos que les concierne a todos los ciudadanos (Ramírez Sáiz, 2002).
La democracia deliberativa es una concepción de
democracia política en donde las partes involucradas, los ciudadanos y los
gobernantes, buscan razones para justificar las leyes que se adoptan,
conteniendo una serie de principios para la evaluación de las democracias
actuales y especificando el proceso por el cual se llevarán a cabo esos
principios (Encyclopedia of Democratic Thought, 2001).
Habermas (1999) indica que el proceso que se debe
tener en cualquier país democrático debe conllevar el discurso y la
deliberación. Entre las condiciones que deben darse dentro de un país
democráticamente constituido se encuentran la formación de una sociedad civil,
la construcción de un espacio público y la crea-ción de una cultura política,
siendo estas cualidades referidas a las democracias europeas.
Además indica que en las sociedades modernas existe
una deficiencia de demo-cracia, siendo un modelo de representación en la toma
de decisiones (Habermas, 1989), en donde necesita ser corregido debido a que
los medios de comunicación, las restricciones a la libertad de expresión, la
falta de información completa, entre otros factores, hacen difícil el proceso
de deliberación que toda democracia debe tener (Aguilera Portales, 2006).
La democracia consensual es cuando se tiene una
posición diferenciada entre gobernantes y gobernados, esto es, cuando la
ciudadanía está en desacuerdo y tie-ne diferentes preferencias a las elegidas
por los que ostentan el poder, por lo que se busca satisfacer las necesidades
de una mayor parte de la población por medios como la inclusión y el compromiso
con la sociedad.
La Enciclopedia del Pensamiento Democrático (2001)
describe diez caracte-rísticas distintivas en una democracia consensual, entre
las que se encuentran el compartir el poder entre coaliciones multipartidistas;
no existe un peso predomi-nante en las relaciones del ejecutivo y legislativo,
existencia de múltiples partidos, un gobierno federal descentralizado,
legislaturas bicamerales con igualdad de po-der, constituciones fuertes,
revisiones judiciales de la legislación por parte de las cortes supremas, independencia
en los bancos centrales, sistemas de grupos de interés corporativistas y una
representación proporcional.
Por otro lado, la democracia procedimental
identifica como procedimientos de decisión popular las elecciones regulares,
derecho para votar en las elecciones, procedimientos reconocidos para
determinar a la ciudadanía, protecciones al pro-ceso participativo de los
ciudadanos como las libertades de expresión, asociación
56 Karla
Rodríguez Burgos
y libertad de prensa. La democracia procedimental
permite observar a la demo-cracia como un procedimiento en la toma de
decisiones que bajo circunstancias de libertades e igualdades políticas puede
producir formas de vinculación en la toma de decisiones aceptadas por los
participantes (Encyclopedia of Democratic Thought, 2001).
La democracia concebida por Rawls (1993) se define
como un procedimiento que tiene como elemento principal la justicia,
relacionada con la igualdad de la libertad y en lo económico, esto es, la
justicia tiene como elemento principal la igualdad de las libertades básicas de
los ciudadanos, teniendo libertad para pen-sar, para actuar, así como también
debe existir una igualdad económica entendida como una mayor igualdad de
oportunidades para los que menos tienen.
El término de democracia constitucional hace
referencia a la relación que exis-te entre la democracia y la Constitución,
como resultado de la ¨democratización del constitucionalismo¨ (Justo López,
1987), en donde los fines, principios y téc-nicas del constitucionalismo en
relación con la democracia están basados en el estado de derecho y las
limitaciones del poder.
La democracia constitucional definida por Buchanan
& Tullok (2007) sirvió para relacionar la integración de problemas
políticos y económicos en la organi-zación social. Esta idea nos dice que en la
medida en que el interés personal tome lugar, será necesario tomar en
consideración la organización de la constitución política, la cual sirve como
una regla para las decisiones que pueden ser realizadas colectivamente, sin
embargo este tipo de democracia es criticado al no tener una operación directa
de la regla de mayoría.
Ferrajoli (1998) describe dos tipos de democracias,
una formal en donde esti-pula que se deben llevar a cabo los procedimientos
para la toma de decisiones de manera colectiva, y por otro la sustancial que
consiste en respetar los derechos fundamentales y las normas sustanciales. Por
lo tanto, concluye que la demo-cracia está relacionada con los derechos
fundamentales, permitiendo espacios e instrumentos jurídicos que son necesarios
para obtener el derecho de la libertad, que permite el desarrollo y realización
de la democracia.
Por otro lado, Robert Dahl (1999) menciona que las
democracias debieran ser llamadas poliarquías, debido a que el control de las
decisiones gubernamentales por medio de los funcionarios electos, elecciones
periódicas, derecho a voto, dere-cho a libertad de expresión, acceso a fuentes
de información y derecho a formar asociaciones políticas, dándole prioridad a
las libertades, de expresión, de aso-ciación y de acceso a la información,
también señala que se debe tener derecho a voto, con una libre competencia en
elecciones que se lleven a cabo periódicamente de forma libre y justa, siendo
un gobierno democrático aquel que responde a sus preferencias, sin establecer
diferencias políticas entre ellos (Dahl, 1989).
Democracia y tipos de democracia 57
5. PROBLEMAS
DE LAS DEMOCRACIAS LATINOAMERICANAS ACTUALES
La relación que había entre la democracia y riqueza
fue observada por Lipset (2001) en el estudio de los requisitos sociales de la
democracia. En los resultados que presenta, observó cómo la mayoría de los
países ricos eran democráticos, y la mayoría de los países democráticos eran
ricos, por lo que para algunos países el adoptar un régimen democrático
conllevaba al desarrollo económico como se presentaba en los países
industrializados.
Por otro lado, Przeworski (1992) también indica que
los países desarrollados muestran condiciones de estabilidad económica, con una
mayor unión, inversión, crecimiento económico, gasto de la riqueza y una mejor
distribución del ingreso. Por lo tanto, las democracias desarrolladas tienden a
tasas de crecimiento mayo-res que los regímenes autoritarios.
Así pues, al observar que los países con regímenes
democráticos tenían mejo-res niveles de desarrollo económico, se genera un auge
en el mundo para adop-tar un régimen democrático pensando que de esta forma
podrían solventar los problemas sociales, políticos y económicos que
enfrentaban. Es así que surgen problemas en torno a la transición democrática,
el quiebre de las democracias y la consolidación democrática.
Los países considerados en una transición hacia la
democracia, eran aquellos que presentaban algún tipo de cambio político, en
donde el país se encontraba en un proceso de apertura, liberalización o
transición a la democracia. Esta transi-ción incluía cambios en las
instituciones políticas, en los partidos políticos, en el poder judicial, en el
poder ejecutivo, en las elecciones, entre otros (Lesgart, 2003).
Przeworski (1988) señala que la transición de un
régimen autoritario a un sistema democrático consistía en dos procesos
principalmente: el primero tenía que ver con la liberalización del régimen
autoritario y el segundo era el instaurar instituciones democráticas. Mientras
que la transición definida por O’Donell & Schmitter (1991) era un proceso
en el cual se disuelve un régimen autoritario y se establece, ya sea, algún
tipo de democracia, otro tipo de régimen autoritario o una alternativa
revolucionaria.
El quiebre de las democracias, de acuerdo con Linz
(1990), se debe a las des-igualdades sociales y económicas que prevalece en los
países debido a la concen-tración que existe del poder económico en pocas
personas, la dependencia que existe con otros países, los problemas
socioeconómicos prevalecientes, así como también debido a la inestabilidad de
las instituciones democráticas que permiten la movilización de las masas.
Por otro lado, es importante destacar que la
democracia en los países latinoa-mericanos presentan problemas para su
consolidación, al tomar modelos o con-
58 Karla
Rodríguez Burgos
ceptos esquematizados de países europeos o de
Estados Unidos, para aplicarlos en América Latina, sin tener en consideración
las condiciones económicas, sociales y políticas que imperan en estos países,
esperando en este caso que sea la democra-cia quien solucione los problemas que
enfrentan.
Aunque Cansino (1999), por su parte, señala que hay
una relación muy cerca-na entre la consolidación de las democracias en América
Latina y la eficacia de las instituciones que llevan a cabo el proceso de la
toma de decisiones para enfrentar los problemas económicos que tienen estos
países, por lo que la consolidación democrática se da años después de que un
régimen se ha adoptado, siempre que no se genere alguna crisis, entonces hay un
avance en la consolidación de la de-mocracia y esto provoca que se mantenga el
régimen.
En consecuencia, señala que las características que
deben ser tomadas en cuen-ta en un proceso de consolidación democrática para
América Latina deben ser la estabilidad del gobierno, la no intervención
militar en los asuntos políticos, el aumento de organismos y la cantidad de
partidos, además de existir una identidad partidista (Cansino, 1999).
Por otro lado, Ronald Inglehart (2007) indica que
las cualidades que han dado pie a la consolidación de la democracia son, entre
otros, la tolerancia de los in-dividuos, la confianza interpersonal, el énfasis
valorativo en los derechos civiles y en la participación política, así como un
sentido de bienestar subjetivo, lo que refleja altos niveles de desarrollo
económico, características fundamentales para el desarrollo de la democracia y
de la cultura política.
El problema de la transición no está ligado a lo
político de la democracia, ya que los problemas que se presentan se deben a los
objetivos sociales que se persi-guen configurados como objetivos democráticos,
pero siendo éstos superados por lo que puede hacer un régimen político (Salinas
Figueredo, 1999).
En este caso debe tomarse en cuenta que la
democracia no tiene problemas para su consolidación, sino que es la forma en la
que se espera que este sistema de gobierno sea un solucionador de problemas, no
sólo en el aspecto social, también en los problemas políticos y económicos que
enfrentan las sociedades latinoame-ricanas.
Por consiguiente, es erróneo culpar a la democracia
de los problemas de subde-sarrollo económico y social como indica Nohlen
(1995), ya que no es la democra-cia la que ha provocado estos problemas, sino
la falta de políticas que sustenten el desarrollo de los países. Schmitter y
Karl (1991) mencionan que bajo un régimen democrático se determinan los
compromisos o estructuras políticas que deben ser alcanzados por los grupos de
interés, quienes juegan un papel importante en la toma de decisiones y en la elaboración
de la política.
Democracia y tipos de democracia 59
Es a partir de los años ochenta que se da un auge
de la democracia en los países de Latinoamérica, en donde el objetivo que se
pretende alcanzar es más bien un mejoramiento social, en vez de encontrar un
aseguramiento político, buscando sobre todo la igualdad de las condiciones
sociales en la población de los países de América Latina (Ansaldi, 2007).
Si bien es cierto que en países que han tenido un
sistema democrático por más de 40 años, como lo indica Lijphart (2004), tienen
un mejoramiento económico, además de mejores niveles y condiciones de vida, hay
que tomar en cuenta que cuando hablamos de las condiciones de vida de los
países latinoamericanos, no estamos bajo las mismas condiciones.
Como indica Nohlen (1995), no hay que ligar el
subdesarrollo de los países de América Latina con el proceso de
democratización. Esto es, no se debe pensar que la democracia ha ocasionado los
problemas sociales actuales de esos países, sino se deben entender las
condiciones desfavorables, económicas y sociales por las que pasan estos
países, para corregir que cualquier régimen que se escoja será igualmente
criticado. Con esto hay que aclarar que no es un problema en sí de la
democracia, sino un problema cultural, político, social y económico que debe
ser resuelto sobre todo en países de América Latina.
6. LA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA EN MÉXICO
La transición mexicana a la democracia puede ser
situada desde el movimiento estudiantil en 1968, la reforma política en 1977,
las primeras elecciones competi-das en 1988 y la alternancia de 2000, siendo
interpretado este último movimiento como el inicio de la transición de acuerdo
con Hernández Avendaño (2004).
De manera que la transición mexicana a la
democracia puede situarse entre 1988 y el 2000, debido a los eventos que
sucedieron entre estas fechas, cimentan-do las bases de la democracia y que
dieron finalmente el triunfo al candidato de la oposición en el 2000 (Hernández
Avendaño, 2004).
En las elecciones de 1988, el candidato del PRI,
Carlos Salinas de Gortari, gana con un 48.7% de los votos frente al candidato
del Frente Democrático Nacional, actualmente Partido de la Revolución
Democrática (PRD), Cuauhtémoc Cárde-nas, quien obtiene un 31% de acuerdo con
los resultados electorales (Sirvent, 2002).
Debido a que esta contienda fue considerada como
fraudulenta (Ackerman, 2007), se generó la necesidad de realizar cambios en los
procesos electorales. Ade-más en las mismas elecciones de 1988, el PRI pierde
varias entidades federativas, siendo éstas Baja California, Estado de México,
Michoacán, Morelos y el Distrito Federal (Sirvent, 2002).
60 Karla
Rodríguez Burgos
Además de lo anterior, el PRI pierde dos tercios de
la Cámara de Diputados en el Congreso, cifra requerida para que un solo partido
pudiera realizar y aprobar reformas constitucionales (Sirvent, 2004). Es así
que los dos partidos de la opo-sición, el PAN y el Frente Democrático Nacional,
consiguieron por primera vez casi la mitad de los escaños en el Congreso entre
los dos, situación que merma el poder que tenía hasta ese entonces el PRI
(Cansino, 2000).
En el Atlas de Resultados Electorales Federales
1991-2009, encontramos que en 1994, Ernesto Zedillo gana las elecciones del PRI
con un 48.8%, frente a su más cercano opositor Diego Fernández de Cevallos del
PAN quien obtuvo el 25.9% de los votos. Sin embargo, la situación del país en
ese momento se encon-traba en condiciones inestables de acuerdo con Cansino
(2000). Acontecimientos como el levantamiento zapatista, la muerte de Luis
Donaldo Colosio, candidato presidencial del PRI y del líder del partido dominante
Francisco Ruiz Massieu, afectaron el funcionamiento del partido, y por ende al
sistema político mexicano (Piñeyro, 1999).
Aunado a esto, cuando Ernesto Zedillo accede en
1994 al poder, se genera una crisis en México conocida como, el error de
diciembre, en donde al flexibilizarse la paridad del peso frente al dólar se
generó una devaluación en México.
Es hasta 1996 cuando se realizan reformas a la
Constitución que permitirían la disminución del poder ejecutivo, siendo éstas,
la autonomía e independencia del Instituto Federal Electoral, organismo que se
encargaría de organizar las elec-ciones (Hernández Avendaño, 2004) quienes
además de tener autonomía para elegir a sus consejeros, también pudieron
restringir la intervención de los partidos políticos en la toma de decisiones
(Ackerman, 2007).
También a partir de esta reforma se crea el
Tribunal Electoral, institución que protege los derechos políticos de los
ciudadanos, teniendo como función la fisca-lización a la autoridad electoral,
permitiendo así el acceso de todos los partidos a los medios de comunicación,
eliminando la sobre representación en el Congreso y estableciendo condiciones
para el acceso a nuevos partidos (Hernández Aven-daño, 2004).
Es así que en 1997, debido a los cambios en las
reformas electorales, el PRI pierde la mayoría absoluta en la Cámara de
Diputados (Sirvent, 2004), quedando con un 39.11%, el PAN obtiene un 26.63% y
el PRD 25.7%, mientras que en la Cámara de Senadores los resultados son
similares con un 38.5% para el PRI, 26.9% para el PAN y 25.8% para el PRD (IFE,
2010).
Estos cambios fueron el parteaguas que generaron
las condiciones necesarias para la transición democrática, definida por Cansino
(2000), a partir de que se producen cambios institucionales y contando con
prácticas políticas más defini-das. A partir de lo anterior, las políticas
necesitaban ser discutidas, garantizadas
Democracia y tipos de democracia 61
por la Constitución y además debían de existir
mecanismos para el incremento de la participación de la ciudadanía. (Cansino,
2000).
La transición en México de acuerdo con Woldenberg
(2002), se da al instaurar instituciones democráticas para hacerlas funcionar,
refiriéndose con esto a la crea-ción de instituciones autónomas, operadas por
quienes están a cargo, y no que sean organismos que dependan del poder
ejecutivo en donde no se podían realizar cambios ni una libre toma de
decisiones.
Además también señala que para que se dé la
transición democrática en Mé-xico era necesario realizar Reformas Electorales,
a fin de evitar el fraude en las votaciones. Aunado a esto, era necesario
desarrollar a los otros partidos políti-cos, creando instituciones que tuvieran
el poder de regular a ambos (Woldenberg, 2002).
Por ende, concluye que es a través de cambios a la
Reforma Electoral que se darán las condiciones necesarias para tener elecciones
confiables (Woldenberg, 2002), y que finalmente harán que se recupere la
confianza que se ha perdido a través del tiempo, ocasionada por fraudes
electorales.
Es así que en el año 2000 se da la alternancia de
partido en el poder, cuan-do el candidato del PRI, Francisco Labastida Ochoa
pierde las elecciones con un 36.11% ante el candidato del PAN, Vicente Fox
Quezada, quien obtiene un 42.52% de los votos (IFE, 2010) terminando con la
llamada «dictadura perfecta» (Ansaldi, 2007), en donde en México se sostuvo al
PRI por setenta años, desde su creación en 1929.
El PAN, en el año 2000, no sólo gana las elecciones
federales, sino además gana las elecciones de 21 estados, mientras que el PRI
únicamente se queda con 10 estados del país, siendo éstos Nayarit, Sinaloa,
Durango, Zacatecas, Chiapas, Oaxaca, Hidalgo, Tabasco, Tlaxcala y Guerrero, el
PRD nada más gana Michoa-cán y el resto de los estados los gana el PAN (IFE,
2010).
El proceso de consolidación de la democracia, se va
dando con elecciones pe-riódicas, reguladas, con alternancia de los partidos,
sin embargo, en el 2006, las elecciones presidenciales se vieron ganadas por el
candidato del PAN, Felipe Cal-derón, quien obtuvo un 35.89% de las votaciones,
mientras que su más cercano opositor de la Coalición por el Bien de Todos (La
Coalición por el Bien de Todos estaba conformada por la alianza del Partido de
la Revolución Democrática, el Partido del Trabajo y Convergencia) Andrés Manuel
López Obrador obtiene un 35.33%, quedando con un margen de 0.5% de diferencia,
lo que generó una crisis postelectoral que dejó finalmente al país en un
ambiente de inestabilidad política (Zovatto, 2007).
En las últimas elecciones federales de 2012, el PAN
pierde la presidencia de la República, quedando en tercer lugar con Josefina
Vázquez Mota (25.39%), en
62 Karla
Rodríguez Burgos
segundo lugar se coloca el PRD representado por
Andrés Manuel López Obrador con 31.61% de los votos y en primer lugar regresa
el PRI, en donde el entonces candidato, Enrique Peña Nieto, gana las elecciones
con un 38.21% (INE, 2014).
Como se muestra con anterioridad, el caso mexicano
está plagado de informa-ción para el análisis, de datos duros que ayudan a
comprender mejor el fenómeno de transición, pero más que como una crítica, o
recapitulación, es observado por su potencial para tener más elementos que
ayuden a resolver las problemáticas que se presentan actualmente en las
democracias latinoamericanas, lo que destaca la importancia de abordar este
tema, así como de su estudio.
Adicionalmente es de destacar la relación del
fenómeno democrático y la ri-queza o estabilidad económica de algunos países,
no con el objeto de culpar a la democracia de los problemas sociales actuales,
sino para entender las condiciones desfavorables, económicas y sociales por las
que pasan algunos países.
Es por todo lo anterior que de la democracia está
en proceso de construcción y entendimiento en México; desde hace algunos años
se utiliza como sinónimo de libertades, derechos, participación, transparencia,
honestidad, sustento de las instituciones, bandera en discursos políticos,
entre otras muchas funciones, carac-terísticas y elementos que debe contener
una democracia, haciendo que la demo-cracia cargue un peso cada vez más grande
e insostenible y que por lo tanto, algu-nos autores mencionen que la democracia
es un sistema que está por quebrarse. (Rodríguez Burgos, 2010).
ACTIVIDAD
1. Construye
tu propia definición de Democracia.
2. ¿Cuáles son
los elementos, características y valores que debe tener una democracia?
3. ¿Existe la
democracia en México?
4. ¿Cómo puede
contribuirse a mejorar la democracia en México?
5. ¿Cuáles son
las ventajas y desventajas de una democracia?
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Capítulo 4
PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y EL EJERCICIO DEL PODER
FRANCISCO SÁNCHEZ GARCÍA*
OSWALDO LEYVA CORDERO**
Universidad Autónoma de Nuevo León
SUMARIO: 1. LA CIUDADANÍA. 2. LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA. 3. PARTICIPACIÓN POLÍTICA.
Resumen: La participación ciudadana es un elemento
fundamental de los sistemas democráticos, es por ello que en el presente
capítulo se definirá el concepto de ciudadanía siendo éste el actor más
importante dentro de la arena política, así como lo relativo a los conceptos
vinculantes a la partici-pación ciudadana y participación política, finalizando
con la bibliografía. Palabra clave: Participación política, poder, ciudadanía.
Keywords: Political participation, Power, Citizen.
1. LA CIUDADANÍA
Las democracias tienen como función central la
búsqueda de mejores con-diciones de vida para el pueblo. Ahora bien aunque el
pueblo es la fuente de la soberanía, entendida esta como la máxima autoridad
que existe en dentro de una organización política, es además el destinatario de
las acciones públicas del Esta-do, es decir, de la tareas que debe realizar
para beneficio de toda la comunidad.
* Doctor en
Filosofía con acentuación en Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias
Políticas y Administración Pública de la Universidad Autónoma de Nuevo León;
docente de tiempo completo en la misma Facultad; Reconocido con el Perfil
deseable PROMEP. Líneas de Inves-tigación: Cultura política y participación
ciudadana.
** Doctor en
Gerencia y Política Educativa por el Centro de Estudios Universitarios de Baja
California; Doctorante en Filosofía con acentuación en Ciencias Políticas de la
Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad
Autónoma de Nuevo León. Do-cente de tiempo completo en la misma Facultad;
Reconocido con el Perfil PROMEP. Líneas de investigación: Gestión y política
educativa, y métodos cuantitativos.
68 Francisco
Sánchez García - Oswaldo Leyva Cordero
No es el pueblo entendido en su totalidad los que
tienen derecho a participar en el proceso de elección de los gobernantes, ni en
la toma de decisiones de los órganos de gobierno. Lo que posee esos derechos
son los ciudadanos.
El concepto de ciudadanía aparece en la antigua
Grecia ya Aristóteles en su libro de La Política «El ciudadano, pues, que los
es absolutamente... se distingue tan bien como en el participar del público
juicio y del público gobierno» (p. 109) Por esa magistratura entiende a los que
tenga el derecho a participar en la asam-blea. Eso significaba en la antigua
Atenas los 20 años para acceder a la Asamblea y los 30 para pertenecer a los
tribunales como juez. En este sentido el ser ciudadano implica el goce del derecho
de participación, más aun como señala Aristóteles que sólo es plenamente
ciudadano el que tiene participación en los poderes públicos.
Para caer en la categoría de ciudadanos los
habitantes de las ciudades griegas debía participar en los asuntos políticos,
ya sea en sus asambleas, en el ejército o en algún cargo público como
funcionario o jurados, el no participar el rehuir sus deberes cívicos con
llevaba la pena más dura para los antiguos la pérdida de la ciudadanía (Heater,
2007, 28).
En Roma la historia es diferente la ciudadanía
implica un condición jurídica y una condición socio-participativa, esto
involucra la existencia de reglas para alcanzar la condición de ciudadano,
gozar de los derechos que esto implicaba. Esto es prerrogativas, y obligaciones
entre las que incluían en prestar servicios a la república. Las ideas griega y
romana sobre la ciudadanía coinciden en la obli-gación de los que ciudadano es
su participación en los asuntos públicos. Ahora bien esta noción de la ciudadanía
desaparecerá con la llegada del cristianismo. En donde se funde la visión
religiosa y política, para dar forma a estructuras de gobierno en las que la
autoridad política y la religiosa se funden. De esta manera se establece como
requisito para la pertenencia a un grupo la profesión de la fe. Además
desaparece la noción de ciudadanía para dar paso a la de pueblo. La vida
política pasa a segundo término y queda la vida religiosa como la más
importante. En este sentido la participación política no es un asunto al que
los habitantes en general tengan acceso y este se restringe a los señores
feudales.
Sin embargo, la aparición de una naciente clase
media en las ciudades de Euro-pa, que acceden a la educación al tener recursos
para ellos, se dan cuenta que no poseen derechos políticos pero si poder
económico. Esta situación será cuestiona-da por pensadores como Marsilio de
Padua y Maquiavelo vean a la política como una actividad diferente a la
religiosa, y buscan que población su participación en la vida social en la vida
pública de sus comunidades. De manera particular Maquiavelo expone una visión
republicana del gobierno en la que observa como condición la necesidad de la
existencia de ciudadanos virtuosos que conlleve al establecimiento de Estados
fuerte. Para Maquiavelo los ciudadanos son de nueva cuenta los que se
involucren en las decisiones políticas de la comunidad y esto im-
Participación política y el ejercicio del poder 69
plicaba tres condiciones; participar en los asuntos
públicos en el pago de impuesto y en la defensa de su Estado.
Las grandes revoluciones de los siglos XVII, y
XVIII, la de Inglaterra, Estados Unidos y la de Francia, dan un fuerte
desarrollo a la idea de la ciudadanía como una factor de legitimidad de los
gobiernos que deben buscar el bienestar de la población. Esto implicó
simultáneamente el desarrollo de una serie de derechos que volvieron al hombre
al su categoría jurídica de ciudadanos. En este sentido el teórico inglés
Thomas H. Marshall, sostiene que los derechos del ciudadano se fueron dando en
tres partes; civil política y social. Estos derechos corresponden a tres tipos
de ciudadanías. Esto significa que los derechos evolucionaron de igual forma
primero los derechos civiles, en segundo lugar los políticos y en tercer lugar
los derechos sociales. En los primeros encontramos derechos como el de la
propiedad y la libertad de tránsito, en los segundos tenemos derechos como el
de la libre asociación y la posibilidad de votar o ser electo para un cargo
popular, y los terceros hay derechos como a la educación a un trabajo digno a
la salud. En este regreso de la idea de ciudadanía se hace necesario recuperar
también la noción de participación ciudadana como condición que permita el
desarrollo del ser humano como parte central de la vida política de una
comunidad que aspira a la democracia. Ve al ciudadano como elemento político
como el que tiene «el derecho a participar en el ejercicio del poder político
como miembro de un cuer-po investido de autoridad política, o como elector de
los miembros del tal cuer-po» (Marshall 1949. p. 302.) A estos tres tipos de
ciudadanías debemos agregar ciudadanía multicultural al, que implica como
señala Adela Cortina (2009) una ciudadanía multicultural, dada «la diversidad
de culturas que hace que la ciuda-danía se compleja, pluralista y diferenciada
y, en lo que se refiere a sociedades en que conviven culturas diversas», (p.
152). Misma ciudadanía que Wilhelmi deno-mina ciudadanía cultural y busca
asegurar que la participación ciudadana se dé desde las identidades culturales,
otro tipo de ciudadanía ambiental, que implica la existencia de mecanismos para
la participación en temas medioambientales. (p. 262).El tipo ideal que expone
Adela Cortina de ciudadanía cosmopolita, en la que todos los habitantes de se
sepan y sientan ciudadanos del mundo, con derechos reconocidos, como los de la
ciudadanía social y multicultural.
En el caso mexicano la ciudadanía se alcanza a los
18 años y en ese momen-to se puede votar por los gobernantes, pero será a
partir de los 21 en los que se puede ser electo para diputado federal, 25 años
para senador y a los 35 años para presidente. A los 18 años puede ser nombrado
a ocupar empleos o comisiones del servicio público e incluso iniciar leyes.
La concepción de ciudadanía ha tenido en realidad
un largo periplo en su de-sarrollo. Cobrará especial importancia en América
Latina cuando tras la caída de los regímenes dictatoriales se determina que la
opción para el desarrollo de los es-tados era el establecimiento de gobiernos
democráticos. Pero la pregunta era qué
70 Francisco
Sánchez García - Oswaldo Leyva Cordero
tipo de democracia, la llamada democracia
procedimental, en ésta la participación ciudadana se reduce al ejercicio del
voto, lo que se traduce en un ciudadano míni-mo, que terminada las elecciones y
designado el nuevo gobernante se concentra en los asuntos de su vida privada.
Otra opción es la democracia participativa, pero esta requiere de una tipo de
ciudadano diferente al ciudadano de la democracia procedimental, exige un
ciudadano activo en los asuntos de la comunidad. Un ciudadano que está preparado
para asumir el reto de la participación política, que tiene la voluntad de
participar y posee el conocimiento de sus deberes y obligacio-nes, y asume como
suyo el reto de involucrarse en la solución de los problemas de la sociedad.
Esto implica la transformación de hombre común en «ciudadano».
Este proceso de ciudadanización se ha dado como en
todas partes con carácter fragmentario e inacabado. Paradójicamente los mayores
avances en el terreno de la ciudadanía según Esteban Castro se ha dado en
aquellos países en donde los sistemas autoritarios, eran dictaduras militares,
que negaron a las personas todos sus derechos, lo impulso a la sociedad a
exigir esos derechos. (Esteban Castro, 2002). Al hacerlo de esa manera los
habitantes de esos países adquirieron en el ejercicio y la práctica su condición
de ciudadanos. Dejaron de lado la tutela de los gobernantes para vivir la
experiencia real de su ciudadanía y el ejercicio de derechos ciudadanos que les
serán reconocidos en sus nuevas constituciones. Lo que ocurre es que la
democracia y la participación se convierten en una experien-cia y como señala
Richard Bernstein lo que «recalca es la cultura y la práctica de la democracia
en la vida de todos los días. La democracia es una fe reflexiva en la capacidad
de juicio inteligente, de deliberación y de acción de todos los se-res humanos,
cuando se les proporcionan las condiciones adecuadas.» (Aguilera Portales 2008;
51). Esto sirve esto para crear los cimientos de una cultura cívica política y
comunitaria en la sociedad.
En este sentido Bartels (1996) observa que el
interés político basado en la noción de preferencias expuestas, sugiere que
varios grupos de y clases de indi-viduos debieran perseguir objetivos dados,
cuando los miembros de los grupos expuestos, vean esas metas como un reflejo de
sus intereses. Los ciudadanos que estan interesados en la política o que
conversan de manera informal sobre ella, participan más en el proceso político
que los que no están tan implicados (Mil-brath y Goel, 1977).
2. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
El establecimiento de gobiernos democráticos en
América Latina enfrentaba una frágil estabilidad económica y política que ponía
en riesgo a las nacientes democracias en los años ochenta y noventa del siglo
XX. La solución ante este peligro fue asumir que la única forma de salvar a las
democracias era ampliar los
Participación política y el ejercicio del poder 71
espacios de la democracia. Es decir democratizar la
democracia. Esto se lograría con el establecimiento de formas de gobierno tipo
democracia republicana, en este sentido hablamos de democracias participativas
y deliberativas Esta forma de gobierno enlaza las nociones de pueblo como el titular
de la soberanía pero la misma ejercida por ciudadanos que son iguales ante la
ley. De igual forma este modelo exige que los ciudadanos no se vean asimismo
solo como portadores de derechos, sino ciudadanos que tienen una serie de
obligaciones, poseedores de una cultura participativa en una gama mayor de
asuntos sociales y políticos. Lo que conlleva una cultura cívica y política, en
la que este arraigado la participación en los asuntos sociales y políticos de
la comunidad.
Una de las cuestiones centrales está dado por la
autopercepción del propio ciudadano que en primera instancia el ciudadano debe
considerar que tiene algo realmente importante que decir, que su opinión es tan
válida como la de cualquier otro ciudadano, es se llama eficacia interna. En
segunda instancia el ciudadano debe estar convencido de que su opinión es
tomada en cuenta por parte de los gobernantes, es lo que se denomina eficacia
externa. Si reúne las dos condiciones el ciudadano podrá ser un ciudadano activo
que se involucre en los temas de la sociedad. En este sentido el ciudadano
percibe su capacidad de participación y su grado de influencia en los asuntos
políticos, tanto interna donde se piensa que puede ser efectivo en el terreno
político y externa en el cual el sistema político responde a las acciones de
los ciudadanos, el cual se denomina eficacia política (Rojas, 2006).
Esto implica un tipo de ciudadano educado, sobre
sus derechos y obligaciones, pero además con una educación que le permita un
conocimiento reflexivo y críti-co de la realidad. Zaller (1992) citaba a
Converse (1964), donde explica que las personas que obtienen una alta
puntuación en pruebas de conocimiento político, son substancialmente más
estables en sus reportes de actitud, que la gente que ob-tiene baja puntuación
en conciencia política, sin embargo, la gente que se describe a sí misma como
altamente interesado en política, Zaller los toma en cuenta como una forma de
participación afectiva, no son significativamente más estables que las personas
que expresan poco interés político.
Los ciudadanos al poseer estas condiciones puedan
dialogar, deliberar entre sí y con el gobierno y tomar las mejores decisiones.
Michelangelo Bovero expone la idea de esta participación ciudadana no debe
reducirse sólo al acto de elegir a nuestros representantes, sino el juego
democrático sale del control de la ciudada-nía y se corre el riesgo de que sea
sólo el juego de los representantes, mismo que al no tener la vigilancia de la
población sobre sus actos pueden decidir a las espaldas de la población. No basta
con ser ciudadano de un día, los ciudadanos deben par-ticipar asumiendo la
figura de entes críticos de las acciones. «El ciudadano como elector es una
especie de juez de los candidatos, pero después de las elecciones debe
prolongar su actividad volviéndose juez de los elegidos». (1998).
72 Francisco
Sánchez García - Oswaldo Leyva Cordero
Un ejemplo de la percepción que tiene el ciudadano
con respecto al impacto que pueda tener su participación en las democracias
actuales, es el caso de los resultados presentados por la Corporación
Latinobarómetro en el informe 2013, donde se analiza la democracia y las
expectativas que tiene los ciudadanos sobre ésta en cada uno de los 18 países
de América Latina, como se muestra a conti-nuación.
Gráfico 1
CARACTERÍSTICAS MÁS REPRESENTATIVAS DE LA
DEMOCRACIA DESDE LA
PERCEPCIÓN DEL CIUDADANO EN AMÉRICA LATINA 2013
No
sabe
6,2
La
gente
es
libre
de
expresarse
47
poliˆcamente
El
gobierno
no
gasta
fondos
publicos
5,8
La
gente
elige
a
sus
gobernantes
en
28,3
elecciones
limpias
y
justas
El
gobierno
reduce
las
diferencias
entre
12,7
ricos
y
pobres
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Fuente: Latinobarómetro, 2013.
Los resultados obtenidos en este informe destaca
los juicios que realizan los ciudadanos en su experiencia, donde se percibe que
la característica más impor-tante de una Democracia es la libertad de expresión
en la política con un 47%, en segundo lugar con un 28.3% la selección de
gobernantes en las elecciones limpias y justas, en el caso de la desigualdad,
reflejada en la reducción de las diferencias entre pobres y ricos se menciona
con un 12.7%, sin embargo existen ciudadanos con un 6.2% los cuales todavía no
sabes cómo se ve reflejada la democracia en la vida diaria.
En este contexto la participación ciudadana es un
elemento central de las de-nominadas democracias participativas y
deliberativas, este tipo de democracia pretende incorporar a los ciudadanos y
los grupos sociales, se asume la constante participación de la ciudadanía en
los asuntos de la comunidad en los procesos de toma de decisiones, y en el
proceso de supervisión, evaluación y control de las po-líticas públicas, con la
finalidad responder a demandas planteadas al gobierno por
Participación política y el ejercicio del poder 73
los distintos actores políticos. Tejera Gaona ve
«la participación ciudadana como aquella dirigida a incrementar la injerencia y
control ciudadanos en el empleo de los recursos del Estado, incidiendo en las
instituciones gubernamentales que los administran» (Tejera Gaona, 2006; 47).
Por su parte Elice Navarro define «la participación ciudadana como el derecho y
la oportunidad, individual o colectiva, que tiene los ciudadanos de manifestar
sus intereses y demandas a través de actos y actitudes legales a fin de influir
en la formulación y toma de decisiones guberna-mentales en los diferentes
niveles: nacional, regional o local; contribuyendo de esa manera a mejorar la
gestión pública y la calidad de vida de los ciudadanos» (Elice Navarro, 2004).
En sentido la participación incluye la intervención de los ciuda-danos en
asuntos que van más allá de temas exclusivamente políticos e incluye asuntos en
los que no es necesaria ni obligatoria la participación de gobierno. Tiene por
finalidad que sea la propia ciudadanía organizada la que busque me-jorar sus
niveles socioeconómicos y políticos. La participación ciudadana incluye
entonces la intervención en asuntos sociales, ecológicos, educativos,
económicos y se puede realizar de manera individual o colectiva a través de las
organizaciones no gubernamentales (ONG’s).
La participación puede ser espontanea para
enfrentar un tema de particular urgencia o puede ser organizada en torno a
temas o asuntos relevantes para la comunidad. Debemos dejar claro que la
participación dirigida a asuntos de la comunidad como sería la participación en
voluntarios, asociaciones de barrios, de padres de familia, de iglesias y
sindicatos, corresponde a espacios propios de la vida social, y en estos no es
necesaria la intervención del Estado. Mientras que la participación política
sería aquella destinada a elegir a candidatos a cargos de representación
política y a tratar de influir en la toma de decisiones. Asimismo también se
debe diferenciar del concepto de atención ciudadana, aunque tienen un elemento
en común que es la interacción de los ciudadanos con la administra-ción
pública, la atención ciudadana se refiere a los medios instituidos en el
gobier-no para atender de manera directa a los particulares en trámites y
servicios y para recibir, canalizar y responder sus sugerencias, quejas o denuncias.
Los gobiernos democráticos tienen un interés
particular de fomentar la partici-pación ciudadana. Por un lado, es mandato
constitucional que exige en su artículo 26 la organización de «sistema de
planeación democrática» además «esta será democrática y deliberativa», y que
busca recoger «las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporales al
plan y programas de desarrollo». Los ciudada-nos y los gobiernos que busquen la
legitimidad deben establecer mecanismos que permitan y fomente la participación
ciudadana. Estas prácticas tiene un efecto positivo que va más allá del apoyo
al gobierno en turno, permiten al ciudadano por un lado ejercer sus derechos y
por otro ejercitarse como ciudadanos, lo que los lleva a ser mejores
ciudadanos, además de valorar de una manera más positiva a los gobiernos
democráticos que les permiten este tipo de participación.
74 Francisco
Sánchez García - Oswaldo Leyva Cordero
Desde esta perspectiva Merino (1996) establece que
la participación ciudada-na, es un factor importante en la consolidación de la
gobernabilidad democrática, ya que busca que los ciudadanos participen e
influyan en sus decisiones en la vida colectiva. De modo que puedan intervenir
en las actividades públicas represen-tando intereses particulares, al
participar los ciudadanos irrumpen en el espacio público, ejerciéndose en el
ámbito de lo cotidiano y en el espacio local (Ziccardi, 1998). Apostar por la
participación ciudadana conlleva asumir nuevas formas de relacionarse con la ciudadanía
que permitan trabajar a políticos y ciudadanía conjuntamente en un clima de
colaboración
La participación permite concretar el ejercicio de
la ciudadanía en sus diferentes dimensiones: la ciudadanía civil asociada a
derechos propios de la libertad indi-vidual, la ciudadanía política que se
sustenta en los principios de la democracia liberal y que supone el derecho de
participar como elector y elegido, a través del sufragio universal y la
ciudadanía social que refiere a los derechos a la salud, la educación, la
seguridad social, la vivienda que debe garantizar el Estado al conjun-to de la
ciudadanía (Marshall, 1998). Todas las formas de participación presentan
ventajas y desventajas, además es difícil decidir cuál de ellas es la más
adecuada, no obstante la democracia puede funcionar con ciudadanos mejor
informados.
La participación ciudadana se distingue de la
llamada participación comuni-taria y de la social porque, aun cuando éstas
también nos hablen de un tipo de interacción especial entre la sociedad y el
Estado, los objetivos y fines de la acción que caracterizan a estas últimas, se
ubican y agotan, fundamentalmente, en el plano social (Cunill, 1991).
Cuadro 1
Tipos de
participación sobre el ejercicio de la ciudadanía
Participación Es
aquélla en la que los ciudadanos se involucran de manera directa en acciones
Ciudadana públicas,
con una concepción amplia de lo político y una visión del espacio pú-
blico como
espacio de ciudadanos.
Participación Acciones
con las que los ciudadanos tratan de influir en las decisiones que toman
política los
representantes públicos, e introducir nuevos temas en la agenda. Es una parti-
cipación
mediada por los mecanismos de la representación política.
Participación Puede
ser individual o colectiva e incidir en ámbitos sociales o comunitarios.
social Presupone
aumentar la motivación, la capacidad y la posibilidad de que los indi-
viduos
colectivamente e intervengan en los asuntos sociales. El interlocutor prin-
cipal no
es el Estado sino otras instituciones sociales.
Participación Representa
un componente esencial de la realización humana, en tanto que es un
comunitaria medio
para relacionarse con el resto de la sociedad, permite satisfacer inquietu-
des
personales, como también reivindicar necesidades. El interlocutor principal
de estas
acciones no es el Estado y, en todo caso, lo que se espera de el es recibir
apoyo
asistencial.
Fuente: Elaboración propia.
Participación política y el ejercicio del poder 75
Ziccardi (1998) hace una tipología de las formas de
participación partiendo de criterios como si está reglamentada la misma, si se
da desde la sociedad, si existe un intercambio de bienes o servicios y si esta
busca ampliar la participa-ción. De esta manera divide la participación en
institucionalizada como aquella que está reglamentada por el gobierno y busca
la participación ciudadana. No institucionalizada como aquella que no está
reglamentada. Autónoma es la que se realiza desde organizaciones no gubernamentales
sin el control del gobierno. La autoridad y la sociedad se relacionan mediante
un intercambio de favores. La incluyente o equitativa como la forma de
participación que busca incentivar que toda la ciudadanía participe.
Cuadro 2
Tipos de participación con relación a la
dependencia gubernamental
Tipo de parti- Características
cipación
Institucionali- Esta
reglamentada para que la ciudadanía participe en los procesos decisorios del
zada gobierno
local.
No institucio- Participación
informal o formal pero que no está reglamentada.
nalizada
La
ciudadanía participa a través de algún tipo de asociación no gubernamental
Autónoma que,
aunque participe en instancias de gobierno, no depende ni es controlada por
éste.
Clientelistica La
autoridad y los individuos o grupos se relacionan a través de un intercambio de
favores o
cosas.
Incluyente o Se promueve la participación de toda la
ciudadanía, independientemente de la
equitativa pertenencia
o identidad partidaria, religiosa o de clase social.
Fuente: Ziccardi (1998).
En este sentido Hernández Yaneth recupera en su
estudio las distintas formas de participación ciudadana que existe. Estas
formas de participación han evolu-cionado en lo que la autora denomina
generaciones de formas de participación tres en total. La primera generación
incluye como forma de participación la elec-toral, es decir se da partir de la
elección de candidatos a cargos populares. La segunda generación incluye
instrumentos como son: referéndum. Referéndum: es la consulta a la población
para que se apruebe rechace mediante el voto un texto constitucional, una
reforma legal, o un tratado internacional. Plebiscito. Es otro mecanismo de
participación vía votación para que se apruebe rechace una polí-tica del
gobierno. Iniciativa legislativa popular, es el derecho que tiene el pueblo de
impulsar una nueva ley. En estos casos se debe llegar a la consulta popular. La
constitución política mexicana, en su artículo 35 refiere la posibilidad de
partici-pación ciudadana a través de dos mecanismos uno de ellos es la
iniciativa legisla-
76 Francisco
Sánchez García - Oswaldo Leyva Cordero
tiva popular y la otra la consulta popular, en la
que pueden votar o proponer la realización de una consulta popular.
Otras formas de participación sería la Afirmativa
Ficta, en la que se da por aceptada una reclamación o un asunto cuando los
gobiernos mantenga el silen-cio y no contesten una petición, la Revocación de
Mandato, mediante esta figura se podía destituir a un funcionario electo antes
de que termine su mandato, y la Voz Ciudadana, esta figura implica que los
ciudadanos de un municipio puedan participar en la decisiones de gobierno. Una
variante de la promoción de la ley por parte de la ciudadanía es la denominada
Iniciativa ciudadana, en la que uno o varios ciudadanos podían presentar
propuestas de ley.
De manera particular con los mecanismos de esta
generación, se establecen forma de democracia directa que mediante la consulta
al ciudadano se le hace corresponsable de la creación o aprobación de leyes, lo
que regresa al ciudadano la titularidad del poder legislativo, que en el modelo
de democracia electoral no tiene el ciudadano, dado que son sus representantes
que actúan a su nombre sin consultarlos sobre las leyes trascendentales para la
sociedad.
En el caso de los mecanismos de tercera generación
estos son: Presupuesto participativo, que es una mecanismos mediante el cual
los ciudadanos decide en que se va a gastar una parte del presupuesto.
Asambleas de Barrios, Asambleas zonales, en los que la sociedad desde grupos
comunitarios presenta propuesta o demandas al gobierno(Yaneth, 2005).. Tenemos
también la participación en Foros de Debate, en los que el ciudadano puede
expresar sus propuestas, los Ca-bildos abiertos, en se reúnen a los ciudadanos
para participar en las decisiones del mismo, era una modalidad que ya existía
desde tiempos de la colonia en Hispanoamérica. Los comités de proyectos, cuya
función es definir los criterios para el desarrollo técnico administrativo,
definir las políticas, objetivos y metas así como los mecanismos de evaluación
y seguimiento de las políticas públicas. La auditoría social, cuya función
básica es evaluar la calidad de la democracia que se practica. Los
observatorios ciudadanos que dan seguimiento a las acciones de los
representantes populares o de los organismos de gobierno.
Como se ve los mecanismos de segunda y tercera
generación exigen una ma-yor participación ciudadana y esto se logra con un
nuevo tipo de ciudadano, uno preocupado por lo que sucede en su comunidad y
además se involucran en los asuntos públicos. Debemos destacar que el
desarrollo de estos mecanismos de participación se debe a los temores
tradicionales a formas de gobierno autorita-rias en la región y esto a generado
una democracia bajo vigilancia ciudadana.
Participación política y el ejercicio del poder 77
3. PARTICIPACIÓN POLÍTICA
Para autores como Brussino, Rabbia y Sorribas
(2009) de acuerdo con Conway (1990) nos dicen que «la participación política
incluye todos aquellos compor-tamientos que realizan personas y grupos para
influir en los asuntos públicos: a través de estas prácticas, los ciudadanos
explicitan sus preferencias respecto a qué tipo de gobierno debe regir una
sociedad, cómo se dirige al Estado, y cómo acep-tan o rechazan decisiones
específicas del gobierno que afectan a una comunidad o a sus miembros
individuales» (p. 279). Desde nuestra perspectiva la participación política en
un Estado democrático es la acción que el ciudadano exterioriza para intervenir
en la selección de sus representantes e incidir directa o indirectamente en la
toma de decisiones por parte del gobierno.
Por lo anterior la participación política es
considerada como la acción política mediante la cual el ciudadano exterioriza
sus apoyos o demandas para incidir en la toma de decisiones y ejecución de
políticas por parte la autoridad; desde el punto de vista de Vallés (2006) se
entiende por «acción política la conducta indi-vidual o de grupo que incide a
veces de forma muy remota, a veces muy directa en el proceso de gestión de los
conflictos sociales» (p. 309). Asimismo es claro que la participación política se
puede manifestar de manera individual, pero a su vez es evidente que ésta puede
transformarse en una acción colectiva. Todo grupo social tiene la necesidad de
tomar decisiones obligatorias para todos los miembros con el objeto de cuidar
la supervivencia interior como exterior, así la Democracia puede considerarse
como un conjunto de reglas primarias o fundamentales que establecen quien está
autorizado para tomar las decisiones colectivas y bajo qué procedimientos
(Bobbio, 1996).
Sin embargo para poder entender las tendencias de
la participación política se tiene que analizar desde una visión más compleja.
En primer lugar estudiar las preferencias e intereses individuales, grupos y
organizaciones, además de las características del mismo sistema político, y el
espacio público. En segundo lugar la relación de la participación política con
los procesos sociopolíticos tomando en cuenta las bases culturales de la vida
política (Benedicto, 2004).
Una de las propuestas de diferentes investigaciones
sobre esta temática, es con-siderar no solamente las actividades reguladas por
el gobierno, sino también las actividades que se encuentran fuera de esa
estructura. Esta idea de la participa-ción política se estima como
multidimensional, porque se considera que cada con-junto de actividades se
encuentra determinado por una composición de diferentes dimensiones.
De esta manera podemos encontrar diferentes formas
de dividir a la participa-ción política. Para Durand Ponte (2004) La
participación política se caracteriza por darse estrictamente en el ámbito la
actividad social denominada política, lo que implica la elección de
representantes y tratar de influir en sus decisiones. En
78 Francisco
Sánchez García - Oswaldo Leyva Cordero
este sentido empieza por dividirla en primer lugar
en participación subjetiva que consiste en el posicionamiento personal del
ciudadano frente a la política, en los que son su sentir y sus emociones los
criterios determinan su posición política. En segundo lugar la denominada
participación práctica esta se da por la acción realizada que busca obtener
fines propiamente políticos, es decir, la participación práctica busca
satisfacer una demanda. Desde ese criterio hace una tipología del ciudadano. Si
tiene participación subjetiva y práctica es un militante. Si tiene
par-ticipación práctica pero no posicionamiento subjetivo estamos ante un
moviliza-do. Mientras si no realiza acciones políticas pero si asume una
posición subjetiva ante la política tenemos un participante pasivo. Si no
participa de forma práctica ni subjetiva, estamos ante el apolítico.
Otra división es la que realizan Sandoval y
Hatibovic (2010) que dividen la participación por la forma de darse en
convencional y no convencional. De acuer-do a la participación convencional es
definida «como las formas tradicionales de acción ciudadana destinadas a
influir en la elección de gobernantes y en las decisiones que éstos pueden
tomar» (p. 12), la manera en que el ciudadano exte-rioriza su participación es
mediante el voto, la promoción de algún candidato o su pertenencia a un partido
político. La participación política no convencional de acuerdo a Sandoval et
al. (2010) es aquella que «se refiere al conjunto diverso de acciones
voluntarias destinadas a influir directa o indirectamente en resoluciones que
afectan a distintos ámbitos de la vida social y cultural» (p. 12), y se
exteriori-za mediante marchas, boicots o en acciones de desobediencia civil.
Conforme a lo anterior la participación política
convencional está represen-tada por aquellos actos o actividades que se llevan
dentro de los cauces legales y están aprobadas por la sociedad en la cual se
desarrollan; en contraste las formas en que se expresa la participación
política no convencional no siguen un marco legal y por lo regular no son
aprobadas por la mayoría de la sociedad.
Estos dos tipos de participación política permiten
hacer distinciones entre los ciudadanos que actúan de forma convencional o no
convencional, en este sentido nos es útil la clasificación que hace en su
investigación David (2012) quien, mane-ja seis tipos de ciudadanos en función
de su nivel y tipo de participación:
Los inactivos que por lo regular no se involucran
en los diferentes tipos de par-ticipación política. Los especialistas en
derecho a voto que solo acuden a votar y no participan de ninguna otra manera.
Los activistas del partido que son propen-sos a ser parte activa de un partido
político. Además, su propensión a participar en las campañas públicas y debates
públicos es superior a la media. Los partici-pantes orientados a los problemas
que participan en los debates públicos, campa-ñas públicas y peticiones. Los
manifestantes que se involucran en todos los modos de actividad de protesta
como las manifestaciones legales e ilegales (desobediencia civil), peticiones y
acciones de protesta en línea. Los activistas completos que se
Participación política y el ejercicio del poder 79
involucran en todo tipo de actividades es decir su
participación política es tanto de forma convencional como no convencional.
En todo caso, lo que ocurre es una relación entre
el ciudadano y el poder político. Esta relación debe buscar el fortalecimiento
de la forma de gobierno democrático, que al hacer partícipe a los ciudadanos de
las tareas del gobierno permite un incremento en la gobernabilidad del sistema
política. Provoca también un aumento en la legitimidad de las acciones que
realiza. Con ello se logra una relación menores niveles de tensión entre el
gobierno y la sociedad.
Una cuestión importantes en este marco, es el
avance de los movimientos so-ciales de iniciativas ciudadanas, de grupos u
organizaciones no gubernamentales que ponen de manifiesto que existen muchas y
diferentes formas de participación política, en algunos casos las prácticas de
participación se llevan a cabo dentro de los canales legales o tradicionales,
mientras que en otros se desarrollan a través de procedimientos más o menos
legales jurídicamente. La inclusión de esta dimen-sión dentro del modelo pluralista
permite entender la protesta y la acción política directa, no como una peligro
de desestabilización del sistema político, sino como un elemento más de acción
política (Barnes y Kaase, 1979, en González, S. 2007).
Como se observa en la gráfico 2, la participación
política no se centra única-mente en actividades de participación tradicional,
sino que también se tomaron en cuenta el contacto que pudiera tener el
ciudadano con el gobierno, las activi-dades comunitarias en el ámbito local y
el involucramiento que pudiera tener el ciudadano con grupos políticos y no
políticos en su comunidad, sin embargo los niveles de participación son muy
bajos, con tan sólo un 13%.
Gráfico 2
FORMAS DE PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN MÉXICO,
2012
Reparˆr
circulares
o
3%
Colocar
mantas,
carteles
o
3%
Mandar
cartas
a
un
periódico
4%
Llamar
a
un
programa
de
radio
4%
Promover
una
idea
de
forma
4%
Enviar
mensajes
por
redes
4%
Pedir
ayuda
a
diputados
o
5%
Escribir
al
Presidente
o
a
las
5%
Asisˆr
a
manifestaciones
6%
Solicitar
apoyo
a
un
parˆdo
8%
Pedir
apoyo
a
alguna
8%
Firmar
cartas
de
apoyo
9%
Quejarse
ante
las
autoridades
15%
Organizarse
con
otras
personas
19%
Fuente: Elaboración propia con base en los de datos
ENCUP, 2012
80 Francisco
Sánchez García - Oswaldo Leyva Cordero
Con respecto al desarrollo de nuevas prácticas de
participación, han aparecido en relación a la incorporación de las nuevas
tecnologías en la política, además se amplía las posibilidades de comunicación
y participación ciudadana, estas tecno-logías no solo son utilizadas por los
ciudadanos, sino que también por los parti-dos políticos, lideres y
asociaciones, debido a que las usan como mecanismos para mejorar la
interactividad con los ciudadanos y electores. De tal forma que se han
desarrollado nuevas prácticas participativas que han facilitado una mayor
impli-cación de los ciudadanos, además permite ampliar la legitimidad del
modelo de democracia participativa. Estas nuevas formas de participación
política pretenden ser vías alternativas a través de las cuales el ciudadano se
sienta miembro de una comunidad política (Mateos, 2012).
ACTIVIDAD
Describe en media cuartilla, una propuesta para
aumentar la participación ciudadana en tu estado de origen.
BIBLIOGRAFÍA
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gobernabilidad democrática y ciudadanía social en América Latina. En F. B.
Gómez, Las transformaciones del derecho en Iberoamérica. Granada: UANL.
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México: Porrúa.
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Capítulo 5
SISTEMA ELECTORAL Y PARTIDOS POLÍTICOS
MARÍA DE LOURDES LÓPEZ FLORES*
Universidad Autónoma de Nuevo León
SUMARIO: 1. BREVE INTRODUCCIÓN AL SISTEMA
ELECTORAL. 1.1. Sufragio y Elecciones. 1.2. La representación política. 1.3.
Relevancia de los Sistemas Electorales. 2. COMPONENTES DEL SISTEMA ELECTORAL.
2.1. Representación Nacional y Demarcaciones electorales. 2.2. La oferta
política y los cargos que se eligen. 2.3. Umbrales de acceso y barreras
legales. 2.4. Las Autoridades Electorales. 3. CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS
ELECTORALES. 3.1. Principio de Mayoría. 3.2. Mayoría Relativa. 3.3. Mayoría
absoluta. 3.4. Principio de Representación Pro-porcional. 3.5. Sistemas
electorales mixtos. 4. SISTEMAS DE PARTIDOS. 5. RELACIÓN ENTRE SISTEMAS
ELECTORALES Y SISTEMAS DE PARTIDOS.
Resumen: Este capítulo se ocupa de aspectos
relevantes de los sistemas elec-torales y de partidos políticos. Partiendo de
los antecedentes históricos de la representación política, se examinan los
conceptos centrales de los sistemas electorales, su importancia, funcionalidad
y modalidades. Además, se revisa la tipología de los sistemas de partidos y la
relación que guardan con los sistemas electorales.
Palabra clave: Sistemas electorales, Sistemas de
partidos, representación.
Keywords: Electoral systems, Party system,
representation.
1. BREVE INTRODUCCIÓN AL SISTEMA ELECTORAL
La competencia por ejercer el poder político en una
sociedad que se precie de ser democrática, está regulada por diversos factores
que determinan su funciona-miento y efectividad en el propósito de convertir la
voluntad popular en represen-tación pública. El estudio de los sistemas
electorales se concentra, esencialmente, en los principios que sustentan el
modelo de integración de la representación polí-tica, sea mayoritario o
proporcional, y en los mecanismos utilizados para colmar cada uno de esos principios.
Al seguir esta proposición es importante distinguir al
* Doctora en
Política Pública, es Maestra en Educación y Licenciada en Ciencias Políticas y
Administración Pública por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es docente en
la misma institución desde 1986, tarea que, de 1997 a 2008, combinó con la
función electoral. Actual-mente es profesora de posgrado en de la Facultad de
Ciencias Políticas y Administración Públi-ca y en la Facultad de Derecho y
Criminología de la UANL.
84 María de
Lourdes López Flores
sistema electoral del «régimen electoral», que se
refiere concretamente, al conjun-to de normas formales previstas en la
Constitución y las Leyes electorales.
Mientras que el régimen electoral define las reglas
del juego político, el sis-tema electoral define el modelo representativo de
una sociedad. En este sentido el régimen electoral es el camino que se sigue
para materializar, en el espacio de representación política, al sistema
electoral.
Los sistemas electorales están intrínsecamente
relacionados con los sistemas de partidos políticos; esta relación es
bilateral, toda vez que el diseño y comporta-miento de uno, afecta al otro y
viceversa.
Por considerarlos objeto de estudio básico de la
Ciencia Política, en este capí-tulo se revisan aspectos relevantes de ambos
sistemas; para este propósito en los primeros cinco apartados, se aborda de
manera general, desde los antecedentes históricos de la representación
política; después se presentan los conceptos cen-trales de los sistemas
electorales, empezando por la definición de su función e importancia, para
posteriormente revisar las modalidades posibles y las variables que comprenden.
En el quinto y sexto apartado se revisa rápidamente la tipolo-gía de los
sistemas de partidos, que es definitoria de las condiciones reales de la
competencia electoral y la relación que guardan los sistemas de partidos con
los sistemas electorales. En la última sección, se ofrecen algunas
consideraciones so-bre el Sistema Electoral Mexicano.
1.1. Sufragio y Elecciones
Un sistema electoral no surge espontáneamente en la
sociedad; de hecho es el resultado del acuerdo entre actores políticos y
sociales que pretenden introducir un modelo determinado de democracia,
entendida ésta, como un régimen de gobierno que requiere el consentimiento de
la población, expresado mediante la emisión del su-fragio. En su acepción más
amplia, el sufragio es el derecho que tienen los integrantes de una comunidad
política, de participar conjuntamente en la adopción de decisiones que incumben
al gobierno de esa colectividad política y fundamentalmente, decidir quién
integra los órganos de gobierno. (Andrade Sánchez, 1990; Aragón, 2007). El
grado de involucramiento de los ciudadanos depende fundamentalmente de
conside-rar el voto solamente como un derecho, o asumirlo también como una
obligación; algunos países imponen a los ciudadanos, sanciones por no acudir a
votar.
La tendencia general en los países democráticos es
que el sufragio sea: univer-sal, libre, igual, secreto y directo1. En el caso
de México, los principales requisitos
1 «El voto de
los ciudadanos ha de valer igual, ha de emitirse sin intermediarios y ha de ser
la manifestación de una decisión libre, esto es, de una voluntad no
coaccionada. El secreto del
Sistema electoral y partidos políticos 85
para emitir el sufragio son: ciudadanía, edad,
estar inscrito en el padrón de electo-res, tener credencial para votar y estar
en pleno ejercicio de los derechos político-electorales. El derecho al sufragio
es uno de los principales bienes públicos de los Estados democráticos.
1.2. La representación política
La figura de la representación política surge
durante la Edad Media, como un mecanismo de protección de los intereses
particulares de la nobleza, frente a los abusos del soberano. Esta
representación, de carácter imperativo, obligaba a los representantes a atender
exclusivamente el mandato de quienes le habían elegido. Con la propagación del
pensamiento liberal a partir del siglo XVII, la idea de la representación
política se desarrolla para incorporar el interés general como pro-pósito de un
gobierno representativo y así se crea una fuente de legitimidad del gobierno,
en donde la soberanía popular sustituye al derecho divino. Las grandes
revoluciones de finales del Siglo XVIII, como la francesa y la Independencia de
los Estados Unidos de América, apuntalan la expansión de la idea de la
representa-ción popular como base de los gobiernos modernos.
1.3. Relevancia de los Sistemas Electorales
En las sociedades democráticas, las instituciones
políticas establecen las reglas del juego político democrático y en sí mismo,
el sistema electoral es una institu-ción política flexible, que se adapta a las
condiciones de cada sociedad, por lo que es posible que existan tantos sistemas
electorales como sociedades democráticas haya. Pero, en cualquier caso, el
sistema electoral cumple la función de estructu-rar las preferencias políticas
de los electores y producir resultados electorales que formalicen el ejercicio
del poder político (Nohlen, 1994). La articulación de las expectativas
electorales de los ciudadanos permite disminuir e incluso erradicar las
tensiones que produce la competencia partidista. La eficiencia de un sistema
electoral puede medirse en función de la capacidad que tenga para incorporar la
diversidad social en la oferta política. Un sistema electoral podrá
considerarse justo en la medida que favorezca la participación de grupos
minoritarios, y cana-lice su expresión hacia los espacios formales de decisión
pública. En síntesis, un sistema electoral sirve para ordenar y dar un cauce
institucional a la competencia partidista porque brinda certeza, tanto a
competidores como a los electores y pro-duce arreglos institucionales que
favorecen la interacción política y la estabilidad social.
voto garantiza, precisamente, la libertad de
emitirlo» (Aragón, 2007).
86 María de
Lourdes López Flores
Que la contribución fundamental de los sistemas
electorales pueda materia-lizarse, depende de múltiples factores: en primer
término, el contexto social y político en que se desarrollan juega un papel
fundamental; la tradición o vocación democrática de los ciudadanos es uno de
los aspectos más relevantes, de poco sirve abrir espacios para la expresión y
la participación política, si las elecciones no son un aspecto significativo en
la vida pública de los ciudadanos. El involucra-miento en las decisiones colectivas
a través del ejercicio del sufragio es el primer eslabón en la cadena de la
democracia electoral (Dahl, 1991); los efectos de un sistema electoral dependen
en gran medida del modo en que está constituida la sociedad: de su homogeneidad
o heterogeneidad; de la cantidad y dispersión de la población; de la diversidad
ideológica, religiosa, étnica o socioeconómica; de la existencia de partidos
políticos, consolidados o emergentes y también, de manera muy significativa, de
la cultura política.
El funcionamiento de un sistema electoral
generalmente entraña la introduc-ción de valores políticos afines al modelo
democrático que se pretende, y requiere también de un cuerpo de leyes y reglas
partidarias que reglamenten y ordenen la disputa electoral entre partidos
políticos y al interior de ellos (Cox, 2004).
2. COMPONENTES DEL SISTEMA ELECTORAL
El sistema electoral debe hacerse cargo de la forma
en que se establece el víncu-lo entre los ciudadanos y sus representantes, este
lazo se crea a través de la emisión del sufragio o voto. Las democracias
contemporáneas se allanan predominante-mente al modelo representativo, en el
cual los ciudadanos eligen representantes a partir de las propuestas
presentadas por los partidos políticos o de postulaciones independientes a
éstos.
Para ordenar ese procedimiento de elección, un
sistema electoral debe atender distintas variables, cuya combinación asigna al
voto valores específicos que pro-ducen un modelo determinado de representación.
Sin discusión, se reconoce en el sufragio la manifestación plena de la
soberanía popular, y en las democracias representativas esta manifestación se
ajusta a cuatro cuestiones fundamentales: además del principio que se adopte
para convertir votos en escaños, y que fue revisado en el apartado anterior,
son elementos esenciales del sistema electoral: 1. El ámbito territorial en el
que se vinculan electores y representantes, es decir, las demarcaciones o
circunscripciones electorales; 2. en quienes recae el voto, esto es: partidos y
candidatos y; c) las barreras legales y umbrales de acceso a la represen-tación
(Nohlen, 1994).
Sistema electoral y partidos políticos 87
2.1. Representación Nacional y Demarcaciones
electorales
El diseño de las instituciones representativa cruza
por distintos dilemas que se van resolviendo en aras de garantizar la
estabilidad de las estructuras del poder político. En un inicio, armonizar el
cumplimiento del ejercicio soberano del poder político a los ciudadanos, con
las intenciones y expectativas de las elites burgue-sas, llevó a acotar los
alcances de la voluntad popular; de ahí el surgimiento de la democracia
delegativa, creada para encauzar el principio de un ciudadano un voto. Se puede
decir que éste es el tópico central en el diseño de sistemas elec-torales: cómo
hacer que el derecho individual ejercido mediante el sufragio, no fragmente a
las estructuras políticas y, qué hacer para que la universalidad del voto
(accesible para todos), no ponga en riesgo la ventaja de las élites económicas.
En el siglo XVIII, Edmundo Burke justificó el
rechazo del mandato imperativo en la representación política, argumentando que
los representantes, una vez elec-tos, no son portadores de un interés
específico, sino que se convierten en represen-tantes de la nación. Esto es,
que los representantes son responsables ante toda la nación y no solamente
frente a los electores que votaron por ellos. En el sistema político
norteamericano, la reelección ha jugado un papel importante para esta-blecer un
vínculo estrecho entre representantes y representados, dejando en esta figura,
la de la reelección, la oportunidad que tienen los electores de sancionar el
desempeño de sus representantes, castigándolos o premiándolos.
El centro de la preocupación de las teorías sobre
la representación política tiene dos vertientes, una es el método de la
elección de representantes, y la otra, de lo que nos ocuparemos a continuación,
es la definición de las demarcaciones electorales.
Las elecciones se realizan para definir la
representación política que correspon-de a un ámbito territorial definido; la
estructura de las demarcaciones electorales, comúnmente denominadas
circunscripciones o distritos, se refiere al área geográ-fica específica,
prescrita por la ley, donde se concentran los electores a cuyos votos
corresponde un número de representantes necesario para garantizar la igualdad
del valor de los votos.
El total de las demarcaciones electorales
corresponde al número de escaños en disputa y resulta de dividir el total de la
población entre los escaños. En el caso de los sistemas electorales
proporcionales o mixtos que se votan mediante listas, los criterios para
definir la magnitud de las demarcaciones deben estar previstos en las normas
constitucionales y legales en materia electoral. La manipulación de los trazos
geográficos para delimitar el territorio de los distritos electorales para
beneficiar o perjudicar a determinados competidores, especialmente en siste-mas
mayoritarios, puede producir el denominado «efecto salamandra» (Nohlen, 1994;
Colomer, 2004).
88 María de
Lourdes López Flores
Cuando solamente es un escaño en la demarcación, se
trata de una circunscrip-ción o distrito uninominal; si en la circunscripción
se asigna más de un asiento, entonces es plurinominal. El nivel de competencia
es distinto en cada modalidad; se requieren más votos cuando se compite por un
escaño, que cuando están dis-ponibles más de uno (Lijphart A., 1995).
En México, la definición de la demarcación
territorial de los distritos electo-rales uninominales está prevista en el
artículo 53 de la Constitución Política2 y la base para su establecimiento es
el censo poblacional que se realiza cada diez años, lo que implica una
periodicidad replicable para la revisión de los límites distritales. Por lo que
se refiere a la definición de las circunscripciones plurinomi-nales, la
Constitución remite a la legislación electoral la precisión de los criterios
correspondientes (López & Centeno, 2014). Con la Reforma Político Electoral
de 1977, se estableció que serían 300 un total de distritos electorales
uninominales, más 100 de Representación Proporcional (RP), con lo que se
acrecentó la repre-sentatividad de Cámara de Diputados. Posteriormente, con la
reforma de 1986, se duplicó el número de diputados de RP, para quedar en 200,
equivalente al 40% del órgano legislativo.
2.2. La oferta política y los cargos que se eligen
La emisión del voto por parte del electorado es la
conducta agregada que materializa las estrategias implícitas en el sistema
electoral que a final de cuentas debe ser el reflejo de la estructura social
prevaleciente. Los diseños electorales son prácticamente únicos, como también
lo es la sociedad en la que se introduce. En condiciones de fragmentación
social, es posible que se instaure un sistema proporcional soportado por un
sistema multipartidista; cuando la sociedad es homogénea, es altamente probable
que se consolide un sistema bipartidista, o un pluralismo limitado de partidos
políticos (Cox, 2004). En cualquier circunstancia, el sistema electoral, induce
la modalidad en que los electores conocen y reciben la oferta política para
pronunciarse frente a ella.
2 El artículo
53 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que «.
La demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales será
la que resulte de dividir la población total del país entre los distritos
señalados. La distribución de los distritos electorales uninominales entre las
entidades federativas se hará teniendo en cuenta el último censo general de
población, sin que en ningún caso la representación de un Estado pueda ser
menor de dos diputados de mayoría. Para la elección de los 200 diputados según
el principio de RP y el Sistema de Listas Regionales, se constituirán cinco
circunscripciones electorales plurinominales en el país. La Ley determinará la
forma de establecer la demarcación territorial de estas circunscripciones».
Sistema electoral y partidos políticos 89
Tradicionalmente, la competencia electoral ha
privilegiado la competencia partidista, aunque la figura de los candidatos
juega un papel importante. En este sentido, hay países que han incorporado la
figura de las candidaturas no partidis-tas o independientes aplicables,
esencialmente, en la representación uninominal. Cuando se vota por candidaturas
personales, basta con señalar la opción prefe-rencial; en el caso de las listas
propuestas por partidos, se identifican tres moda-lidades básicas:
a) Listas
cerradas y bloqueadas. En esta lista, no es posible modificar el orden en que
se presentan los candidatos. Los electores emiten solamente un voto para
expresar su preferencia entre las listas propuestas por los partidos
po-líticos.
b) Listas
cerradas y no bloqueadas. En esta modalidad es factible cambiar el orden de los
candidatos que, a través de la lista, postulan los partidos políti-cos. Aunque
el elector tiene a su disposición solamente un voto para definir su preferencia
por un candidato en particular, tiene la potestad de cambiar el orden de
prelación de los candidatos que postula el partido.
c) Listas
abiertas. En este caso es posible conformar una lista distinta a la que
originalmente proponen los partidos. Para esto, cada elector cuenta, al menos,
con dos votos: uno previsto para optar por la lista del partido que prefiera, y
otro para apoyar a un candidato particular que aparezca en esa lista. Cuando
tiene a su disposición varios votos, el elector puede elaborar una lista
propia, con base en las propuestas de los partidos (Nohlen, 1994).
La dimensión del órgano que se elige es otro factor
relevante del sistema elec-toral, y tiene un fuerte impacto en la
proporcionalidad de los resultados y la cantidad de partidos representados.
Aunque en apariencia este elemento no es característico del sistema electoral,
indudablemente es el factor determinante para establecer el alcance de la
competencia electoral y la asignación de escaños (Li-jphart A., 2000). La
importancia del número de cargos legislativos que se eligen, particularmente
mediante principios de proporcionalidad se justifica, al menos, con dos
argumentos: en primer término, el número reducido de cargos electivos en los
congresos o parlamento, obstaculiza el alto grado de proporcionalidad; la
probabilidad de integrar una representación proporcional exacta, o cercana a la
exactitud, se incrementa cuando el número de escaños es mayor. En segundo
lugar, por lo general, los países densamente poblados cuentan con cuerpos
legis-lativos amplios y los que tienen poblaciones reducidas tienen parlamentos
más pequeños, pero en ambos casos la tendencia general es que el número de
escaños equivale a la raíz cúbica de la población. Las elecciones por mayoría
suelen no ser proporcionales, y esta desproporción se incrementa cuando el
número de legisla-dores es inferior a la raíz cúbica (Shugart & Taagepera,
1989).
90 María de
Lourdes López Flores
2.3. Umbrales de acceso y barreras legales
Se denomina umbral o barrera legal, al porcentaje o
cantidad de votos que debe alcanzar un partido para tener derecho a participar
en la distribución de escaños por el principio de representación proporcional.
El análisis comparado muestra que en los diversos sistemas electorales
predominan dos tipos de barreras legales:
1. Umbrales
altos, cuando se requiere más del 5% de la votación para tener acceso a los
escaños.
2. Umbrales
bajos, cuando se requiere menos del 5%.
Los umbrales altos tienden a beneficiar a los
partidos grandes, y los umbrales bajos favorecen la representación
pluripartidista al permitir a los partidos mino-ritarios formar parte de los
parlamentos. En el caso de México, actualmente, a partir de la reforma
electoral del año 2014, el umbral se incrementó del 2 al 3%.
En adición a la barrera legal, formalmente existe
otro umbral, denominado efectivo o real, que es una medida estadística,
mediante la cual se define el costo de alcanzar un escaño. Este resulta de la
relación matemática entre el número de asientos y el porcentaje de votos; en
este caso, también es relevante el número de candidatos o partidos que
compiten; la constante es que mientras más grande es el distrito, menor será el
umbral efectivo. Otra variable a considerar es el porcentaje de participación
ciudadana en las elecciones: cuando la participación es baja, en términos de
votos, es más fácil para los partidos pequeños lograr el umbral de inclusión
porque con un número menor de votos es posible alcanzar el porcentaje
establecido.
Puede suceder que, derivado del resultado
electoral, un partido alcance el um-bral legal para participar de la
repartición de escaños pero que éste no sea sufi-ciente, en relación a otros
partidos para obtenerlo. Esto depende de la fórmula de RP que se aplique para
la distribución.
Las barreras legales pueden ser interpretadas como
la puerta de acceso o de sa-lida por la que un partido cruza al participar en
el sistema electoral. En el caso de México, lograr el porcentaje de votación
del 3%, les da a los partidos políticos la oportunidad de obtener el registro
definitivo, y por consiguiente, además de tener la posibilidad de obtener al
menos un escaño en la cámara de diputados, tienen el derecho a recibir
prerrogativas: esto es, participar del régimen especial que la Constitución y
las Leyes electorales conceden a los partidos políticos, como son el
financiamiento público, el acceso a los medios de comunicación y tener
represen-tación ante los órganos, entre otras prerrogativas.
Sistema electoral y partidos políticos 91
2.4. Las Autoridades Electorales
Un aspecto también relevante en el diseño de los
sistemas electorales, es la definición de la estructura responsable de recibir
y contabilizar los votos. Dada la naturaleza de las elecciones, consideradas el
mecanismo idóneo para la inte-gración de la representación pública,
invariablemente en el mundo se consideran como una función de Estado. Esto no
significa, necesariamente, que los gobiernos organicen siempre los procesos
electorales; esta obligación se cumple de diversas maneras. En algunos países,
como Inglaterra y España, la tarea electoral es cum-plida por entes privados,
que son contratados por el gobierno para actuar sólo cuando se celebran las
elecciones; en otros, como los Estados Unidos de América, la función se ejerce
desde las estructuras de la administración pública, pero se des-concentra hasta
los condados, que es la estructura equiparable a los Municipios en México. Otra
modalidad es la de Argentina, en la que el Gobierno cumple la tarea de manera
centralizada a través del Ministerio del Interior el cual, para cada elección y
a nivel nacional, instala una estructura operativa que recibe y cuenta los
votos.
En el caso de México, después de un largo período
de desconfianza en la or-ganización y resultados de las elecciones, desde 1990
la función estatal se cumple a través de un organismo especializado, el cual
inicialmente fue un órgano des-concentrado del Gobierno Federal, pero que en
1996 obtuvo autonomía técnica y jurídica, para ser dirigido por ciudadanos. El
originalmente denominado Insti-tuto Federal Electoral (IFE), en el año 2014 se
transformó en Instituto Nacional Electoral (INE), y aunque sus atribuciones se
han incrementado, la tarea electoral básica, es decir, la recepción y el
cómputo de los votos, descansa en un ejército de ciudadanos que son reclutados
mediante procedimientos aleatorios. Con este modelo se busca dar la confianza a
los electores y que tengan la seguridad de que sus votos están en manos de
ciudadanos.
3. CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS ELECTORALES
A partir del análisis comparado de las democracias
en el mundo, se pueden identificar tres tipos básicos de sistemas electorales:
sistemas de mayoría, los sis-temas de RP y los sistemas mixtos y combinados.
Dieter Nohlen señala que el cri-terio básico para alinear en esta clasificación
a un sistema electoral determinado, es el del principio de representación que
pretende (Sistemas Electorales y Partidos Políticos, 1994).
92 María de
Lourdes López Flores
3.1. Principio de Mayoría
En la representación por mayoría se elige al
candidato que obtiene la mayoría (absoluta o relativa) de los votos emitidos
por la totalidad de los electores. La aplicación de este principio busca
esencialmente la formación de mayorías que trae como consecuencia la asignación
desproporcionada de los escaños. Al utilizar esta modalidad para elegir
representantes al Congreso o Parlamento, un partido o una coalición de partidos
puede asegurarse el control del mismo, limitando las manifestaciones de la
pluralidad política y generar problemas de sobrerrepresen-tación política
(Valdés, 1998). Para la elección de cargos del Poder Ejecutivo, el principio de
mayoría es prácticamente el único aplicable y definitivamente el más
conveniente, porque la sola sumatoria de los votos ofrece claridad sobre la
defi-nición del ganador.
3.2. Mayoría Relativa
Usualmente, los sistemas de mayoría relativa o
pluralidad, se basan en distritos uninominales o unipersonales, y como se
señalaba, el candidato ganador es el que obtiene el mayor número de votos en
relación a otros candidatos. La principal debilidad de este sistema de elección
es que quien obtiene la mayor cantidad de votos, no necesariamente cuenta con
la mayoría absoluta de los mismos, en este caso, el resultado puede derivar en
problemas de legitimidad política. La aplica-ción pura del principio de mayoría
relativa, favorece a los partidos con mayor peso electoral, aunque esta
condición resulta de la distribución de la votación restante entre sus partidos
opositores (por ejemplo, la suma de los votos que re-cibieron los partidos
perdedores, puede superar la votación que recibió el partido ganador, por lo
que en todo caso, sólo representa a la minoría más grande). Los regímenes
políticos que se apuntalan primordialmente en el principio de mayoría,
pretenden contar con condiciones para el ejercicio pleno del poder político,
aco-tando la interacción con los opositores partidistas.
3.3. Mayoría absoluta
Para corregir las fallas de mayoría o mayoría
relativa, en algunos sistemas electorales se ha introducido la variante de
reconocer al ganador sólo cuando ha alcanzado al menos la mitad más uno de los
votos, la cual es denominada mayoría absoluta (Valdés, 1998). Una ventaja del
modelo de mayoría absoluta es el que le da a los cargos unipersonales el
respaldo mayoritario del electorado y consecuen-temente la fuerza política para
ejercer su mandato. En caso de que en la elección, ningún candidato alcance la
mayoría absoluta, procede la realización de una se-
Sistema electoral y partidos políticos 93
gunda ronda de votación también conocida como
ballotage. De este método se pueden identificar al menos tres modalidades (Cox,
2004):
a) Sin
barreras de acceso, que implica que a la segunda vuelta, pasarán los candidatos
que hayan obtenido más votos; será ganador quien logre la ma-yoría simple.
b) Acceso
simple: cuando ningún candidato alcanza la mitad más uno de la votación
recibida, se celebra a segunda vuelta con la participación solamen-te de los
dos candidatos que obtuvieron más votos, sin importar la distancia entre
primero y segundo lugar.
c) Mecanismo
compuesto de acceso, el cual impone restricciones para la reali-zación de la
segunda vuelta. Por ejemplo, que la distancia entre el primero y segundo lugar
sea reducida (menos del 10%), y que el primer lugar no haya alcanzado el 40 o
45% de la votación total emitida.
En algunos países, la segunda vuelta también se
utiliza en elecciones legislati-vas, en el caso de que en algún distrito o
demarcación electoral, en la primera ron-da de votación ningún candidato
alcance el 50%. En la segunda vuelta participan los mismos candidatos o los que
alcancen un porcentaje de votación predetermi-nado. El ganador de la segunda
vuelta se define por mayoría relativa. Otra posi-bilidad es ir a la segunda
ronda sólo con los dos candidatos mejor posicionados.
3.4. Principio de Representación Proporcional
El debate teórico sobre la preeminencia de la
Representación Proporcional (RP) sobre la elección mayoritaria, se alimenta en
la percepción de que la primera favorece la toma de decisiones por consenso,
esto es, que se logra la incorporación de todas las posiciones en torno a un
asunto determinado especialmente en países con sistemas multipartidistas
(Lijphart A., 2000). Como método de asignación de espacios de representación
política es mucho más complejo que la aplicación de la regla de la mayoría, pero
facilita la integración más representativa de los Con-gresos o Parlamentos y
por lo tanto, se considera que afianzan el establecimiento de regímenes
democráticos.
Los sistemas electorales de RP tienen el propósito
de vincular, de manera equi-librada, los votos obtenidos con la asignación de
escaños para asegurar la presen-cia en el parlamento de representantes de los
distintos segmentos de electores; si coinciden votos y escaños, la
representación será exacta; si el porcentaje de votos supera al porcentaje de
escaños asignados habrá «subrepresentación», si es en el sentido inverso, es
decir, que el porcentaje de escaños asignado es superior al porcentaje de votos
obtenidos, habrá «sobrerrepresentación» (Duverger, 1992). El punto de partida
es el establecimiento de la cuota de representación, es decir: la cuota de
habitantes de un estado que valga un representante. Este factor, relacio-
94 María de
Lourdes López Flores
nado con el número de escaños que integra el
Congreso o Parlamento, determina el alcance de la proporcionalidad (Colomer,
2004).
En la búsqueda de la representación exacta, se han
diseñado fórmulas matemá-ticas, mediante las cuales, se puedan vincular, de
manera eficiente, votos con esca-ños; la variedad es amplísima, y el modelo que
cada democracia adopte depende, en gran medida, del contexto político que
impone la competencia partidista. Es decir que, los factores que afectan el
diseño tienen que ver con la cantidad de partidos y el tamaño de éstos: cuántos
partidos alcanzarán una tajada de ese gran pastel que es la representación pública.
En la actualidad, los principales métodos utilizados para la asignación
proporcional de escaños son de dos tipos: sistemas de listas basadas en el
método de divisor o cifra mayor y; método de cociente o cuota electoral (Cox,
2004; Colomer, 2004). Los métodos más utilizados son: el D’Hont, de
Sainta-Lagué, Droop y el Hare. (Reynolds, Ben, & Ellis, 2006).
Para la definición del tipo de representación, las
fórmulas de asignación de cu-rules son muy relevantes, pues éstas pueden
producir un efecto «reductor», en el caso de que se favorezca a pocos partidos,
o «multiplicador», si se favorece a mu-chos. En cualquier caso, el fin virtuoso
de la proporcionalidad podría ser «despro-porcionado», al propiciar que muchos
partidos lleguen al congreso con pocos re-presentantes, y viceversa: que pocos
partidos lleguen con muchos (Nohlen, 1994).
La fórmula D’Hont se utiliza en algunos países de
América Latina, como Ar-gentina, Guatemala y República Dominicana. El sistema
electoral mexicano se caracteriza por la baja proporcionalidad y se construyó
para favorecer un efecto multiplicador de los partidos de oposición, aunque la
tendencia actual es la reduc-ción de partidos con representación en el
Congreso. En nuestro país, la asignación de escaños se hace mediante la
aplicación de las fórmulas de Hare, combinada con la fórmula de resto mayor
(Valdés, 1998).
3.5. Sistemas electorales mixtos
En los sistemas electorales mixtos se busca
combinar las bondades de los siste-mas de mayoría y los de RP. Usualmente, en
este tipo de sistemas coexisten dos o más métodos que utilizan distintas
fórmulas para hacer valer los votos. Estos sis-temas tienen su base en la
estructura de mayoría simple en distritos uninominales, que se perfecciona con
diputaciones adicionales, asignadas mediante fórmulas de RP. Según sean
elecciones presidenciales o de asamblea, los sistemas electorales suelen
clasificarse separadamente, de ahí que puedan coexistir diversos principios de
votación y su asignación de escaños parlamentarios. Hay tres tipos
predomi-nantes de sistemas electorales mixtos:
a) Sistemas de
coexistencia, que son aquellos que definen reglas diferentes para diferentes
votantes o escaños, en diferentes distritos.
Sistema electoral y partidos políticos 95
b) Sistemas de
asignación en múltiples niveles, en los que al voto de un elector se aplican
dos o más reglas. En los sistemas proporcionales cada elector vota sólo por una
lista, aunque se aplica en dos o más distritos sobrepues-tos, para conceder más
escaños, con base en los mismos votos. Este modelo recurre frecuentemente a la
aplicación de la fórmula de Hare, conocida también como exacta y la fórmula
Droop, entre otras, que necesitan un criterio adicional para distribuir, los
escaños restantes.
c) Sistemas
paralelos, que involucra dos votos y dos reglas. Cada votante tiene dos votos,
uno destinado al candidato y otro para una lista. Los escaños se determinan en
diferentes segmentos, a partir de cada uno de los votos apli-cando dos reglas
distintas, que incluyen las de mayoría absoluta o relativa y la de RP.
(Colomer, 2004).
El sistema electoral mexicano es de tipo mixto. En
el caso de la elección de cargos del poder ejecutivo, como la de Presidente de
la República o Gobernador, se aplica el principio de mayoría relativa. En el
caso del Congreso de la Unión, se combina el sistema de mayoría con el de RP en
un esquema de asignación en múl-tiples niveles. La Cámara de Diputados, hasta
hoy se integra por 500 legisladores: 200 electos por el principio de mayoría
relativa y 200 electos por el principio de RP, con base en 5 listas plurinominales
que se eligen por el voto ejercido en el principio de mayoría. Esto es que,
cuando el elector vota por un partido o candi-dato, vota también por la lista
de RP. Este sistema a su vez coexiste con los siste-mas electorales de los
estados, en los que hay una variada gama de métodos para asignar las curules de
representación que corresponden a los Congresos Estatales.
4. SISTEMAS DE PARTIDOS
Los partidos políticos, como institución, cobraron
importancia en el siglo XIX, pero su figura se fue perfilando desde los inicios
de la edad moderna, esto es, en el siglo XVIII. En esta etapa, los
representantes a las asambleas públicas o en el par-lamento atendían
fundamentalmente a los intereses de dos segmentos de la pobla-ción: por una
parte, los nobles o aristócratas, y por la otra, el interés del pueblo. Con la
expansión del modelo republicano y el sufragio como mecanismo de de-cisión, se
diseñaron reglas para ordenar la disputa electoral por el poder político. Los
partidos políticos modernos se formaron asociados a las estructuras
repre-sentativas del parlamento y reflejan la composición de la sociedad en sus
partes. En el origen sólo dos visiones se expresaban, los conservadores, que
pretendían mantener el status quo, y los liberales, que buscaron imponer en la
representación política, el cumplimiento de los principios de soberanía popular
e igualdad entre los individuos. En la actualidad, en la mayor parte de los
países del mundo, el espectro de los partidos políticos se mueve entre estos
dos extremos. Pero desde
96 María de
Lourdes López Flores
el origen, los partidos políticos son, como lo
define Leonardo Valdés: «un instru-mento privilegiado de organización política,
de comunicación entre gobernados y gobernantes, y de conformación de la
representación política ciudadana» (1998). En el deber ser, los partidos son
articuladores de la participación popular en la integración de los órganos de
gobierno y el ejercicio del poder político.
El referente básico en el estudio de los sistemas
electorales, es la emisión de votos y el punto de llegada, es la adjudicación
de puestos de representación pú-blica; entre ambos, aparecen diversos elementos
cuyo diseño e interacción pueden producir efectos distintos en el modelo de
representación. El sistema electoral está íntimamente relacionado al sistema de
partidos políticos, el cual comprende la cantidad y variedad de la oferta
política puesta a disposición de los ciudadanos para que éstos elijan a sus
representantes en el poder ejecutivo, en el legislativo o en ambos. Los
sistemas electorales y los sistemas de partidos se afectan mutua-mente.
Mientras que el sistema electoral es el conjunto de
reglas y procedimientos diseñados para designar mediante los votos populares a
los representantes públi-cos, el sistema de partidos puede entenderse como «la
composición estructural de la totalidad de los partidos políticos en un Estado»
(Nohlen, 1994, p. 38). Para Giovanni Sartori, está constituido por las
interacciones derivadas de la competen-cia entre partidos (2005). Debemos
asumir entonces, que el comportamiento de los partidos políticos está supeditado
a las condiciones de la competencia por el poder político, las cuales varían de
una sociedad a otra.
En estudios pioneros sobre el tema, Duverger
identificó al sistema electoral como el factor explicativo de la estructura y
desarrollo de los sistemas de parti-dos, posición que fue criticada por otros
teóricos como Sartori, Lapalombara y Winer, quienes consideran que los sistemas
de partidos están determinados por variables adicionales, como son: a) el
número de partidos, b) su tamaño, c) la distancia ideológica entre ellos, d)
sus pautas de interacción, e) su relación con la sociedad o con grupos sociales
y f) su actitud frente al sistema político (Nohlen, 1994). Con base en estos
elementos se han elaborado diversas tipologías que aportan elementos para el
análisis de los sistemas de partidos; en este apartado se revisan algunas de
ellas.
5. RELACIÓN
ENTRE SISTEMAS ELECTORALES Y SISTEMAS DE PARTIDOS
Una vez conocidas las diferencias genéricas entre
ambos sistemas, es impor-tante recordar que entre ellos existe una relación en
doble vía. Toda vez que los sistemas electorales son diseñados para reducir las
tensiones que genera la compe-
Sistema electoral y partidos políticos 97
tencia electoral, están encaminados a producir
estructuras definidas de represen-tación. Una consecuencia notoria es la
integración del poder legislativo que refleja el comportamiento del sistema de
partidos. Los elementos del sistema electoral relativos a la definición de las
demarcaciones, al método para procesar los votos y los umbrales de inclusión,
inciden directamente en la determinación de la oferta política. La aplicación
de los principios de mayoría y proporcionalidad, o la com-binación de ambos, impone
pautas específicas para la interacción partidista: los sistemas electorales de
mayoría tienden a fortalecer los sistemas bipartidistas; los sistemas de
proporcionalidad favorecen a los sistemas partidistas plurales y, con los
sistemas mixtos se refuerza el régimen de partido dominante.
En un círculo virtuoso, con alta propensión a
desvirtuarse, los partidos po-líticos con representación en el legislativo,
tienen la capacidad para introducir cambios legales al régimen electoral que
les permita mejorar su status quo en el sistema de partidos. Impulsar la
formación de nuevas fuerzas políticas que par-ticipen de la competencia
electoral y de las prerrogativas que les confiere la vida política, es una
potestad de los partidos en el poder, sea ejecutivo o legislativo. Cuando el
contexto social hace evidente que la oferta política, formalmente
re-presentada, no satisface las expectativas ciudadanas, mediante adecuaciones
al sistema electoral es posible reducir las tensiones y canalizar, a través de
procesos formales de participación, las demandas sociales. Y también, en
sentido inverso, cuando la sociedad parece satisfecha o al menos se conduce de
manera pasiva frente a los procesos políticos, también mediante cambios en el
sistema electoral, las élites partidistas encuentran la oportunidad de fortalecer
sus privilegios.
En el caso concreto de México, el sistema electoral
es de tipo mixto. Como ya se ha dicho, el principio de mayoría relativa y por
lo tanto de una ronda o vuelta, se aplica para elegir al Presidente de la
República, Gobernadores de los Estados, los Presidentes Municipales quienes
encabezan los Ayuntamientos, y por ese principio, se eligen además, a nivel
federal, a un segmento de las Cámaras de Diputados y de Senadores, el resto es
electo bajo el representación proporcional. En los Estados de la Federación, el
poder legislativo se integra también bajo am-bos principios. Esta pauta es el
resultado de un proceso constante de adecuaciones legales y constitucionales
que se han dado en el transcurso de casi cuarenta años, el cual inició con la
reforma electoral de 1997 que favoreció la incorporación de nuevos partidos
políticos a la competencia electoral e introdujo la representación
proporcional.
Desde entonces y con distinto ritmo se han hecho
ajustes que permitieron tran-sitar de un régimen de partido hegemónico a uno
plural de partidos políticos. En este trayecto, el umbral de inclusión ha sido
establecido, en distintos momentos, entre el 1.5% y el 3%, por lo que la
configuración de la oferta política ha tenido un comportamiento que puede
calificarse como elástico, ya que desde 1997, el número de partidos políticos
ha variado constantemente. No obstante lo anterior,
98 María de
Lourdes López Flores
además de los partidos mayoritarios, que son: el
Partido Revolucionario Institu-cional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN),
ambos con más de 70 años de antigüedad y, el Partido de la Revolución
Democrática (PRD), que se formó en 1989, tomando el registro del extinto
Partido Mexicano Socialista (PMS), me-diante la formación de coaliciones
electorales, se han mantenido presentes en la competencia electoral los
partidos minoritarios.
No obstante, el desempeño de los partidos políticos
no ha sido el idóneo para articular las demandas populares. Los mecanismos
diseñados para crear condicio-nes para una competencia electoral equitativa han
derivado en el establecimiento de un régimen de privilegio para los partidos
políticos, distanciándolos del ánimo popular. La más reciente reforma
electoral, aprobada finalmente en el año 2014, consolida ese régimen.
Al establecer el 3% de la votación como umbral de
acceso formal y definitivo al sistema de partidos, se favorece la preeminencia
de los partidos políticos mayo-ritarios y la incorporación y permanencia de
nuevas tendencias partidistas parece una opción lejana. Por otra parte, se han
incorporado figuras como la reelección de los legisladores que favorece la
permanencia de las élites partidistas consolida-das, en detrimento de la
posibilidad de renovar los cuadros políticos; si bien tam-bién se abre la posibilidad
de contar con candidaturas no partidistas, los términos previstos en las normas
aprobadas, dificultan su instrumentación.
Por otra parte, la concentración de la competencia
electoral en tres fuerzas partidistas predominantes, ha conducido al
estancamiento en la redefinición de las demarcaciones electorales,
distorsionando los alcances de la representación popular.
Si bien en el plano formal se ha resuelto el
problema de la confianza en la recepción de los votos, y que éstos cuenten
efectivamente para los destinatarios electos por los ciudadanos, la competencia
real que de esto deriva, ha llevado a complicar las reglas electorales,
trasladando a la etapa de campañas electorales la manifestación de los dilemas
que inciden en la calidad de las elecciones.
Sistema electoral y partidos políticos 99
ACTIVIDAD
Realiza un cuadro de doble entrada en donde
compares los sistemas electorales de diferentes países, uno por cada
continente.
País Descripción del sistema electoral
BIBLIOGRAFÍA
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Capítulo 6
PARTIDOS POLÍTICOS
GERARDO TAMEZ GONZÁLEZ*
VÍCTOR NÉSTOR AGUIRRE SOTELO**
Universidad Autónoma de Nuevo León
SUMARIO: 1. PARTIDOS POLÍTICOS. 2. ESTRUCTURA DE
LOS PARTIDOS. 2.1. Estructura Di-recta y Estructura Indirecta. 3. ELEMENTOS DE
BASE. 4. SISTEMA DE PARTIDOS. 5. FUNCIO-
NES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. 6. CLASIFICACIÓN DE
LOS PARTIDOS. 7. DEFINICIÓN DE PARTIDO POLÍTICO. 8. EVOLUCIÓN DE LOS PARTIDOS
POLÍTICOS.
Resumen: Los partidos políticos tienen un papel de
importancia para enten-der las democracias liberales. En este sentido, el
presente capítulo aborda la historia, evolución, definición, estructura,
elementos y funciones de los partidos políticos. También, analiza la
conformación del sistema de partidos, los factores que lo integran y la
clasificación del mismo según su ideología, al mismo tiempo que se expone la
forma en que se relaciona y es influencia-do por el sistema electoral, para
finalmente, conocer los diferentes sistemas electorales más representativos que
existen en el mundo.
Palabra clave: Partidos políticos, Sistema de
partidos, Sistema electoral, Cla-sificación de los partidos políticos.
Keywords: Political parties, Party system,
Electoral system, Classification of political parties.
1. PARTIDOS POLÍTICOS
Es inconcebible el desarrollo de la Democracia y de
los Estados modernos sin los partidos políticos, el presente material reconoce
la visión de los mismos como una herramienta fundamental para las democracias y
su papel central.
* Doctorado
en Gerencia y Política Educativa, pertenece al Sistema Nacional de
Investigadores de CONACYT, perfil PROMEP. Pertenece al cuerpo académico
«Gestión y política educativa». El Dr. Tamez es director de la facultad de
Ciencias Políticas y Administración Pública de la UANL.
** Doctorado
en Filosofía con acentuación en Ciencias Políticas. Actualmente Secretario
Acadé-mico de Internacionalización y Plan Bilingüe de la Facultad de Ciencias
Políticas y Adminis-tración Pública de la UANL, perfil PROMEP. Pertenece al
cuerpo académico «Participación ciudadana y democracia».
102 Gerardo
Tamez González - Víctor Néstor Aguirre Sotelo
La realidad, describe un mundo cambiante donde el
rol de los partidos políti-cos, es preponderante, y además, no está exento de
las modificaciones, de la evo-lución que de ellos se exige para seguir teniendo
cabida en la escena política. Las dinámicas en las que están inmersos no son
las mismas que hace algunos años, ni siquiera los partidos políticos lo son,
ejemplo de ello es la transformación que se ha presentado en torno a la
participación política, situación que los ha trastocado de forma significativa.
Con el objeto de entender estos y otros cambios, es
necesario remontarse a la conceptualización, origen, historia, funciones y
demás fundamentos básicos; que en mucho aportarán para potencializar la visión
de los partidos políticos como herramientas de la vida democrática de un país,
no solo en el ámbito académico, sino por su función de vínculo entre ciudadanos
y gobierno en donde indudable-mente se encontraran algunas áreas de
oportunidad.
Los partidos políticos juegan un gran papel en la
actualidad, no se podría en-tender las democracias liberales sin ellos, la
selección de candidatos, las campañas políticas, las votaciones, sus
resultados, las apelaciones. Lo anterior forma parte de la vida democrática de
un país y se vuelven el centro de atención de los medios de comunicación, con
el fin de que la ciudadanía participe, decida y emita su voto. Los partidos son
el enlace entre ciudadanía y gobierno, el cual dirige los destinos del estado
tanto en los aspectos políticos como económicos y sociales. Incluso en
democracias no liberales y no competitivas el partido político tiene un rol
central en el Estado, como es el caso del partido comunista en China.
«Los partidos políticos son la gran herramienta
para la democracia» (Roskin, Cord, Medeiros, & Jones, 2006). Por lo que es
importante conocer un poco de su historia, clasificación, estructura, elementos
de base, funciones, además de conocer también los diferentes sistemas de
partidos y su relación con el sistema electoral, la vigencia y evolución de los
partidos políticos además del marco ju-rídico de los partidos políticos en
México, iniciando con la Constitución, la Ley General de Partidos políticos y
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
De acuerdo con Andrade Sánchez (2012, p. 124) «El
partido político es un fenómeno relativamente reciente. En realidad, no se
asienta en la vida política de los Estados sino hasta bien entrado el siglo
XIX. Sus raíces más antiguas las encontramos en la Inglaterra del siglo XVII.»
El origen de los partidos políticos está ligado a la vida parlamentaria, en el
parlamento inglés se formaron los pri-meros grupos de representantes que tenían
ideología similar, como estos tenían una estructura o maquinaria política en
sus lugares de origen, la unificación de estos dos elementos dio origen a la
configuración de los primeros partidos polí-ticos.
Partidos políticos 103
El surgimiento de los partidos políticos es una de
las principales caracterís-ticas de los gobiernos modernos. Según Duverger
(1957), los partidos políticos, tal como los conocemos hoy, eran prácticamente
inexistentes en el año de 1850. El surgimiento de los partidos políticos está
vinculado con el surgimiento de la democracia, del voto y la representación
parlamentaria.
Cuanto más ven crecer sus funciones y su
independencia las asambleas políticas, mas sienten sus miembros la necesidad de
agruparse por afinidades, a fin de actuar de acuerdo; cuanto más se extiende y
se multiplica el derecho al voto más se hace necesario organizar a los
electores a través de comités capaces de dar a conocer a los candidatos y
canalizar los sufragios en su dirección. El nacimiento de los partidos está
ligado, pues, al de los grupos parlamentarios y los comités electorales.
(Duverger, 1957, p. 15)
«El mecanismo general de esta génesis es simple:
creación de grupos parlamen-tarios, en primer lugar; en segundo lugar,
aparición de comités electorales; y, final-mente, establecimiento de una
relación permanente entre estos dos elementos.» (Duverger, 1957, p. 16). Esto
dará origen a los partidos conservadores y liberales clásicos de la primera
etapa del desarrollo de la democracia.
Sin embargo, de acuerdo con este mismo autor
(Duverger, 1957). Histórica-mente los partidos de masas tienen otro origen, les
llama un origen externo, por ejemplo los partidos socialistas, los cuales son
conformados como partidos políti-cos por organizaciones políticas previas como
lo son los sindicatos, cooperativas agrícolas, las iglesias, las logias
masónicas, los periódicos, sociedades secretas o agrupaciones clandestinas, y
asociaciones de antiguos combatientes. Este tipo de organizaciones darán origen
posteriormente a los partidos socialistas, o de extre-ma derecha: fascismo o de
extrema izquierda: comunismo.
Hasta el año de 1900 la mayoría de los partidos
existentes eran del primer tipo, mientras a partir de ese año los partidos que
surgen son en su mayoría de creación externa. (Duverger, 1957).
2. ESTRUCTURA
DE LOS PARTIDOS
2.1. Estructura Directa y Estructura Indirecta
Generalmente los partidos surgidos en la primera
fase histórica, grupos parla-mentarios y comités electorales, son más
centralizados, mientras que en los parti-dos de origen externo son generalmente
más descentralizados. (Duverger, 1957). En relación a la influencia de los
parlamentarios en los partidos políticos, teórica-mente en los partidos
centralizados tienen mucha influencia, mientras que en los partidos
descentralizados es el partido el que controla a los parlamentarios.
104 Gerardo
Tamez González - Víctor Néstor Aguirre Sotelo
Los partidos de estructura directa son aquellos que
están compuestos por indi-viduos, únicamente como tales puedes formar parte del
partido. En cambio aque-llos partidos de estructura indirecta, lo componen
otras organizaciones sociales tales como sindicatos, organizaciones campesinas,
empresariales, etc. (Duverger, 1957). Por ejemplo, en el siglo pasado en
nuestro país, el PAN únicamente acepta-ba a individuos como miembros del
partido, mientras que el PRI lo conformaban ciertos sectores como la CTM, y la CNC
que a su vez estaba conformado por sindicatos u organizaciones campesinas, de
esta manera el PRI era un partido que contaba con elementos de una estructura
indirecta mientras que el PAN sigue siendo un partido de estructura directa.
3. ELEMENTOS DE BASE
Cada partido es distinto en cuanto a su
organización interna y en cuanto a los elementos de base que lo distinguen, sin
embargo de acuerdo con Duverger (1957), en términos generales podemos
establecer los siguientes: el comité, la sec-ción, la célula y la milicia.
Comité: El número de miembros de un comité es
pequeño, por tanto su acceso es de carácter limitado, no busca tanto la
cantidad sino la calidad. Por lo tanto, no busca el reclutamiento ni la
propaganda y es más bien un grupo cerrado. A pesar de ello, el comité puede
disponer de un gran poder. «Constituye una agrupación de notables, escogidos
por su influencia.» (Duverger, 1957, p. 48). Su actividad es estacional,
llegando al máximo en tiempo de elecciones y posteriormente su actividad
disminuye. Generalmente los partidos de derecha están organizados de esta
manera.
«A estos comités de notables podrían oponerse los
comités de “técnicos”, compues-tos por gentes escogidas no tanto por su
influencia personal como por su conocimiento de los medios que permiten una
acción electoral: los comités de los partidos norteame-ricanos, por ejemplo»
(Duverger, 1957, p. 49).
Sección: La sección tiene un carácter amplio, la
sección busca cantidad en primer término, la sección es abierta, el que desee
entrar es bienvenido. El comité reúne notables y la sección llama a las masas.
(Duverger, 1957). Su base geográfi-ca es más limitada que el comité. Su
actividad es importante durante los tiempos electorales, pero también lo es,
cuando no hay elecciones, pues en este periodo se busca la educación política
de las masas. La organización de la sección es más compleja en cuanto a la jerarquía
y la división de tareas. La sección fue inventada por los partidos socialistas.
La Célula: Su base de agrupación es profesional:
junta a los miembros de un partido que trabajan en un mismo lugar; células de
fábrica, de taller, de tienda,
Partidos políticos 105
de oficina, etc. Su número es reducido: tres
miembros pueden integrar una célula. Por lo demás, se busca que estas no sean
muy numerosas, el ideal es que sean de 15 a 20 miembros. Es un grupo
permanente, puesto que se reúnen en su lugar de trabajo y el contacto es
constante, por lo que los miembros se conocen bien y la solidaridad hacia el
partido es más elevada. Si el partido hace bien su trabajo en cuanto a la
educación política tendrá sobre sus miembros un gran control. Por La ventaja de
la célula es que puede actuar tanto en forma legal como en forma clan-destina.
La célula es característica de los partidos comunistas cuya organización es más
centralizada y más disciplinada.
La milicia: Es parecido a un ejército privado,
cuyos integrantes se organizan militarmente, con una formación similar a la de
los soldados, sin embargo, sus miembros continúan siendo civiles, pero están
aptos para combatir a los contra-rios por medio de la fuerza. Su movilización
no es permanente pero están listos para cuando sea necesario. La milicia es el
elemento de base característico de los partidos fascistas o de extrema derecha.
La organización es jerárquica y centra-lizada.
Este tipo de elementos de base no es exclusivo de
un partido político, más bien en la actualidad es una combinación de algunos de
ellos, según las necesidades del partido. Por otra parte, en la actualidad no
importa tanto los miembros del parti-do como a inicios del siglo pasado, sino
los electores y la mercadotecnia política dirigida a ellos, todo con el fin de
ganar las elecciones.
4. SISTEMA DE PARTIDOS
El sistema de partido se compone tanto de factores
propios como de factores generales. Entre los factores internos encontramos la
tradición, la historia, las condiciones económicas y sociales, la religión, las
etnias, los grupos nacionales, etc. mientras que entre los factores generales
el régimen electoral sería el más re-levante. (Duverger, 1957).
La clasificación más simple sería la de contar el
número de partidos dentro del sistema, si existe uno sería un sistema de
partido único, si existen dos seria bipartidista y más de dos sería
multipartidista. Sin embargo, no es únicamente el numero lo que cuenta, también
cuenta si las elecciones son equitativas, y si los partidos pequeños tienen
capacidad o no de negociar y de su peso dentro de la conformación de alianzas.
El sistema de partidos hace referencia al número de
partidos, a sus interrelacio-nes, a sus alianzas, a la capacidad de negociación
de cada uno de ellos. También hace referencia a su ideología y a su
comportamiento frente al régimen electoral que puede ser tanto de mayoría
relativa como de representación proporcional.
106 Gerardo
Tamez González - Víctor Néstor Aguirre Sotelo
El número de partidos depende entonces de la
combinación de diversos fac-tores. Un autor clásico en cuanto a este tema es
Giovanni Sartori (1987) quien clasifica a los sistemas de partidos de la
siguiente manera:
1. Sistema de
partidos no competitivo:
a) Partido
Único: Es el único partido permitido legalmente dentro del siste-
ma: Ejemplo: Los partidos comunistas de China,
Cuba, Corea del Norte y Vietnam.
b) Partido
Hegemónico: La ley permite varios partidos, pero no existen las condiciones
para una competencia justa, el partido hegemónico cuenta con todas las
condiciones y el apoyo del aparato estatal para seguir con el control político.
Ejemplo: El PRI antes del año 2000.
2. Sistema de
partidos competitivo:
a) Partido
Predominante. Existen condiciones electorales justas entre los partidos, sin
embargo, existe un partido que gana las elecciones en for-ma consecutiva
durante un periodo prolongado de tiempo. La rotación en el poder entre los
diferentes partidos no es una realidad. Ejemplo: El Partido Democrático Liberal
de Japón antes de 1980 y el Partido del Congreso en la India.
b) Bipartidismo:
Existen dos partidos que se turnan constantemente en el poder, en cada elección
ambos tienen posibilidades reales de acceder o mantenerse en él. Ejemplo. El
bipartidismo entre demócratas y Republi-canos en Estados Unidos y entre
Conservadores y Laboristas en Gran Bretaña.
c) Pluralismo
Moderado: Es cuando existen de 3 a 5 partidos políticos. La fragmentación
partidista es moderada y los partidos ideológicamente también tienden hacia el
centro. En este sistema se realizan coaliciones gubernamentales en forma
frecuente para la formación de los gobier-nos. Ejemplo, Países Bajos, Suiza,
Bélgica y República Federal Alemana (Ware, 1996).
d) Pluralismo
Polarizado: Existe una multiplicidad de partidos. El centro ideológico se
debilita y empiezan a tomar fuerza la extrema izquierda o la extrema derecha.
Cuando los gobiernos se vuelven débiles o impo-pulares, los partidos del centro
pierden fuerza y los partidos extremistas se convierten en una opción viable.
Ejemplos, el caso de alemán en la República de Weimar. (Ware, 1996).
e) Atomización
partidista: Existen de 15 a 20 partidos pequeños, ninguno es verdaderamente
relevante. Este tipo de sistema existe en las primeras etapas de la vida
democrática de un país. Conforme la democracia se va
Partidos políticos 107
fortaleciendo el número de partidos va
disminuyendo. En caso contrario, el sistema colapsa y se convierte en un
sistema autoritario.
5. FUNCIONES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
De acuerdo con (Roskin, Cord, Medeiros, &
Jones, 2006) los partidos políti-cos cumplen las siguientes funciones:
1. Son puente
entre los ciudadanos y el gobierno. Los partidos políticos son las
instituciones por excelencia para hacer llegar las demandas de los ciudada-nos
al gobierno. Son los intermediarios.
2. Aglutinan
los diferentes intereses de la sociedad. Si cada grupo de interés se
convirtiera en un partido político, la sociedad sería un caos, por tanto los
diferentes grupos con intereses afines se ven obligados a coaligarse y
coope-rar.
3. Integran a
los diferentes grupos dentro del Sistema Político. Los partidos políticos
aglutinan diferentes grupos de interés dándoles la oportunidad de participar en
la conformación de la plataforma política del partido. Los integrantes del
partido se sienten representados y desarrollan un sentido de lealtad y respeto
a las reglas del sistema político.
4. Socialización
Política. En la medida que integran a diferentes grupos, les enseñan las reglas
del juego político. Preparan a los candidatos, les enseñan cómo hablar en
público, como manejarse en los mítines. Ayudan por tanto a la creación de
políticos más competentes y comprometidos con el sistema.
5. Movilización
del Electorado. En las campañas políticas los partidos políti-cos movilizan a
sus electores en la búsqueda del voto.
6. Organización
del Gobierno. El partido político que obtiene el poder, obtie-ne también
puestos del gobierno, y trata de establecer las políticas públicas de acuerdo a
su ideología.
6. CLASIFICACIÓN
DE LOS PARTIDOS
En primera instancia haríamos una clasificación de
los partidos de acuerdo a su base ideología, esto es mejor representado por una
línea que a continuación presentamos:
108 Gerardo
Tamez González - Víctor Néstor Aguirre Sotelo
Figura
1
CLASIFICACIÓN
DE LOS PARTIDOS DE ACUERDO A SU IDEOLOGÍA
Exrema
Izquierda Izquierda Centro Derecha Extrema Derecha
Comunista Socialista Social- Liberales Nazismo
Demócrata
Demócrata
Cristiano Conservadores Fasciscmo
Fuente: Elaboración propia.
Sin embargo, la evolución de los partidos hoy en
día hace que en un ambiente de competencia libre y democrática, los partidos se
muevan hacia el centro, para atraer más electores, o simplemente la ideología
pasa a segundo término y lo más importante es ganar votos y convertirse en
gobierno. Los individuos pierden más la conciencia de la posición ideológica en
cuanto a la política y son las personali-dades y no los partidos y su posición
ideológica los que atraen más a los electores.
Algunos autores como Garner, Ferdinand & Lawson
(2009, p. 263) establecen la siguiente tipología de los partidos políticos:
1. Liberal o
radical: partidos que buscan derechos de igualdad legal política, en lo
económico abogan por el libre mercado.
2. Conservador:
tienden a apoyar formas tradicionales de relaciones sociales, incluida la
jerarquía. También llaman hacia el nacionalismo. Son neolibera-les y apoyan las
políticas económicas del libre mercado.
3. Democracia
Cristiana: Estos se desarrollaron después de la Segunda Guerra Mundial, bajo la
influencia Católica y tratan de encontrar una tercera vía
entre el liberalismo y el socialismo. Promueve las
relaciones autoritarias tra-dicionales, prefiriendo que las mujeres se
mantengan en el hogar educando a los hijos. Promueven el estado benefactor.
4. Socialismo
o Social Democracia: Estos partidos abogan por que los traba-jadores controlen
los medios de producción. Usualmente mantienen cer-canas relaciones con los
movimientos sindicales y muchos eran afiliados a la Internacional Socialista.
También abogan por el estado de bienestar. Sin embargo, contrario a los
comunistas, aceptan la necesidad de mantener las economías de mercado, aunque
también prefieran alguna forma de planea-ción estatal.
5. Comunismo:
Estos partidos estaban inspirados en la Revolución Rusa de 1917 y buscaban
expandir el comunismo basado en las enseñanzas de Marx y Lenin. Estos partidos
también se distinguen por su doctrina organizacio-nal de lealtad incondicional
al partido y estricta disciplina de partido.
Partidos políticos 109
6. Partidos
Regionales: Estos partidos aparecen para defender los intereses de una región
particular de un país y buscan, en forma abierta o encubierta, establecer su
propio estado.
7. Partidos
ambientalistas: Estos aparecen recientemente, inicialmente surgen de grupos de
presión interesados en la defensa del medio ambiente. Típica-mente obtienen el
apoyo de los jóvenes y de las clases medias y tienden a ser escépticos frente a
las políticas del libre mercado. Abogan por que las decisiones sean tomadas en
consenso y por la justicia social.
8. Partidos
Nacionalistas: estos ciertamente florecen en las antiguas colonias, en la
medida en que los nuevos regímenes tratan de establecer sus valores
nacionales. Estos también se desarrollaron en el
Este Europeo y en Rusia con el fin de la Guerra Fría. Generalmente aspiran a
una posición hegemó-nica en el sistema político lo que dificulta la cooperación
con otros partidos.
9. Partidos
Islámicos: Los partidos políticos islámicos son relativamente re-cientes,
debido a la naturaleza autoritaria de muchos regímenes Islámicos en el Medio
Oriente. Al igual que los partidos nacionalistas, los partidos islámicos buscan
hablar por la sociedad como un todo y no por los intereses de parte de ella, en
consecuencia buscan también una posición hegemónica dentro del sistema
político.
7. DEFINICIÓN DE PARTIDO POLÍTICO
Después de lo anterior, finalmente llegamos a una
definición de partido polí-tico, pero antes distinguiremos la diferencia entre
un partido político y un grupo de presión:
Un grupo de presión: Conjunto de personas con
intereses en común que tienen como objetivo influir en las instancias
gubernamentales para que sus decisiones los beneficien. Ejemplos: Sindicatos
obreros o empresariales, Iglesias, Estudiantes, Corporaciones, etc.
Un partido político: es un conjunto de personas con
intereses en común y con afinidades ideológicas y que tienen como objetivo
llegar al poder, es decir, conver-tirse en gobierno. Ejemplos: PRI, PAN, PRD.
De acuerdo con Ware (1996, p. 5) un partido
político es una institución que busca influir en el estado, frecuentemente
intenta ocupar posiciones en el gobier-no, y usualmente tiene más de un interés
dentro de la sociedad y en consecuencia intenta aglutinar intereses.
Para Andrade Sánchez (2012, p. 121) el concepto de
«partido político, debe-mos considerar que se trata, en principio, de
agrupaciones organizadas con carác-
110 Gerardo
Tamez González - Víctor Néstor Aguirre Sotelo
ter permanente, cuyo propósito es gobernar o
participar en el gobierno mediante la proposición o designación de personas
para ocupar puestos públicos.»
Los partidos políticos juegan un rol esencial en
los sistemas políticos actuales, su importancia es tal que no se podrían
conocer la realidad estatal sin su presen-cia, ya sea dentro de una democracia
occidental o un partido de estado como el sistema chino. (Andrade Sánchez E.,
2012). Sin embargo, el rol que han jugado dentro del sistema ha ido
evolucionado en la historia reciente.
8. EVOLUCIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
Al terminar la segunda guerra mundial, la ideología
era un elemento clave que caracterizaba a los diferentes partidos, sin embargo,
a partir de ese momento los partidos han evolucionado hacia lo que se llama
«partidos ‘catch-all’ (atrapa todo), partidos que dedican menos atención a la
ideología y más a las estrategias para ganar sobre el votante medio». (Garner,
Ferdinand, & Lawson, 2009, p. 258) Por lo tanto, la ideología pierde
importancia y lo relevante ahora es buscar el voto de los electores y ganar las
elecciones. El resultado ha sido que ya no es tan nece-sario el proselitismo
personal de los integrantes de partido, la búsqueda de miem-bro para engrosar
la lista de los militantes, sino más bien buscar el voto a través de los medios
de comunicación, este fenómeno otorga más poder a los dirigentes y a la cúpula
y disminuye la importancia de los miembros comunes del partido.
Más recientemente los partidos europeos y
americanos han mutado y se convierten en «cartel parties». Como la membresía de
los partidos ha declinado, esto ha fortalecido la autoridad de la maquinaria
política, la cual se ha tornado crecientemente profesional en su manejo de
todos los medios alternativos para hacer llegar sus mensajes a los votan-tes.
(Garner, Ferdinand, & Lawson, 2009, p. 258).
Los partidos políticos colocan ahora su atención en
la mercadotecnia política y en contratar a profesionales listos para hacer
ganar al candidato que surja, la personalidad del candidato adquiere mayor
relevancia que el partido como orga-nización pasa a segundo término. En
consecuencia se busca determinar el produc-to final que será vendido a los
electores.
Hay una creciente división entre los profesionales
del partido y los miembros... los partidos en Europa ‘han reducido su presencia
en la sociedad, y se han convertido en parte del Estado’. Están menos
preocupados en jugar la función de la oposición y más preocupados en prepararse
para gobernar. El corolario de esta es que la fundamental diferencia entre los
miembros del partido y lo ciudadanos comunes en la vida interna de los partidos
se ha erosionado. (Garner, Ferdinand, & Lawson, 2009, p. 272).
Anteriormente se hablaba de propaganda al referirse
a la difusión de la ideolo-gía de los partidos políticos. Sin embargo, hoy en
día no se habla más de propa-
Partidos políticos 111
ganda sino de mercadotecnia política. Es decir
todas las estrategias de la merca-dotécnica comercial se adaptan ahora para las
cuestiones políticas. El ciudadano pendiente de la vida cívica y de su
comunidad, que decide racionalmente su voto se va perdiendo para centrarnos
exclusivamente en el elector y convencerlo por cualquier medio, aludiendo
generalmente a los sentimientos para que vote a favor de determinado partido.
En la década de los 90, muchos autores hablan de
las crisis en los partidos polí-ticos. Puesto que muchos partidos políticos que
habían gobernado durante largos periodos empezaron a colapsar en consecuencia
comenzaron a buscar canales alternativos de participación política. (Ware,
1996). Por su parte en sistemas no competitivos, los partidos comunistas
desaparecieron casi por completo y en el caso de México en el 2000 el PRI
perdió la elección frente al PAN.
En la era de la globalización la democracia se
esparce y se generalizar, a mayor democracia mayor competencia de los partidos,
sin embargo, los partidos se desi-deologizan y por tanto los partidos se
vuelven más pragmáticos y más moderados, los extremos van desapareciendo y los
partidos tanto de izquierda y de derecha se acercan más al centro. Puesto que
los electores temen a los extremistas.
Es en este punto en que los partidos políticos
desideologizados empiezan a perder el atractivo político y la legitimidad de
que gozaban en épocas anteriores por lo que los ciudadanos siente que ya no son
realmente representados por los partidos políticos y empiezan a reclamar otras
formas de participación ciudada-na, como son los referéndums, plebiscitos,
consulta popular, y por supuesto, las candidaturas independientes dentro del
ámbito electoral.
México: Partidos Políticos, Sistema Electoral y
Legislación electoral
En cuanto a México, podemos decir que contamos con
un sistema de partidos multipartidista, contamos con al menos tres grandes
partidos a nivel nacional como lo son el PRI, el PAN, y el PRD quienes se
disputan frecuentemente la pre-sidencia de la república, además de contar con
gubernaturas estatales, además de otros partidos de menor envergadura como los
son el PVEM, el PT, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, además de otros
partidos creados en el 2014 como lo son MORENA, Partido Encuentro Social y Partido
Humanista.
Como menciona Sartori, (1987) lo importante en
realidad no es el número de partidos sino su capacidad para hacer alianzas e
influir dentro del sistema políti-co. Por otra parte contamos como un sistema
electoral mixto, pues 300 de nues-tros diputados se eligen por mayoría relativa
y 200 por representación propor-cional. De acuerdo con Duverger (1957) un
sistema electoral de mayoría relativa nos produce un sistema bipartidista,
mientras que un sistema de representación proporcional nos produce uno multipartidista.
112 Gerardo
Tamez González - Víctor Néstor Aguirre Sotelo
En México la creación, permanencia, así como los
derechos y obligaciones de los partidos políticos están regulados por la ley en
el artículo 41 constitucional se establece:
I. Los partidos políticos son entidades de interés
público; la ley determinará las nor-mas y requisitos para su registro legal,
las formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los
derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden.
Los partidos políticos tienen como fin promover la
participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de
los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos,
hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del po-der público, de acuerdo
con los programas, principios e ideas que postulan mediante el sufragio
universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la
paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales.
Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e
individualmente a ellos; por tanto, que-dan prohibidas la intervención de
organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de
partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.
Las autoridades electorales solamente podrán
intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en los términos
que señalen esta Constitución y la ley.
Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a
participar en las elecciones de las entidades federativas y municipales. El
partido político nacional que no obtenga, al menos, el tres por ciento del
total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se
celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso
de la Unión, le será cancelado el registro.
Conforme los diferentes países van
democratizándose, de acuerdo al modelo occi-dental, las campañas políticas y la
búsqueda del voto se vuelven centrales con el fin de llegar a convertirse en
gobierno. Votar es el mecanismo por excelencia para tomar deci-siones
colectivas, de la misma manera votar es el medio por el cual se expresa la
mayoría para la elección de cierto candidato o de ciertas políticas públicas
(Garner, Ferdinand, & Lawson, 2009). Las elecciones son el método para
asegurar las preferencias a través del voto, las elecciones son «el elemento
clave del ejercicio de la democracia es la celebra-ción a intervalos periódicos
de elecciones libres y justas, que permitan la expresión de la voluntad
popular». (Unión Interparlamentaria, 1997).
Acorde con la anterior en nuestro país contamos con
una Ley General de Ins-tituciones y Procedimientos Electorales la cual regula
en su artículo 2 lo siguiente:
a) Los
derechos y obligaciones político-electorales de los ciudadanos;
b) La función
estatal de organizar las elecciones de los integrantes de los Pode-res
Legislativo y Ejecutivo de la Unión;
c) Las reglas
comunes a los procesos federales y locales, y
d) La
integración de los organismos electorales. (Congreso General de los Es-tado
Unidos Mexicanos 2014).
e) La Ley
General de partidos Políticos, establece los derechos y obligaciones de los
partidos (artículo 25), de sus obligaciones en materia de transparen-cia, de
los asuntos internos de los partidos, de los documentos básicos de los partidos
como: declaración de principios, programa de acción y estatutos. También se
mencionan los derechos y obligaciones de los militantes, de los
Partidos políticos 113
órganos internos de los partidos, de los procesos
de integración de órganos internos y de Selección de Candidatos, de la justicia
partidaria, del acceso a la radio y a la televisión, del financiamiento de los
partidos políticos, del financiamiento público y del privado. Del régimen
financiero de los partidos políticos, de los frentes, las coaliciones y las
fusiones.
Uno de los apartados más importantes de la LGPP es
que en el artículo 25 se mencionan las obligaciones de los partidos políticos,
entre las más importantes destaca que deben:
• Rechazar
toda clase de apoyo económico, político o propagandístico prove-niente de
extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así como de las
asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las
personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos políticos;
• Abstenerse
en su propaganda política o electoral, de cualquier expresión que denigre a las
instituciones y a los partidos políticos o que calumnie a las persona;
• Abstenerse
de realizar afiliaciones colectivas de ciudadanos.
• Garantizar
la paridad entre los géneros en candidaturas a legisladores fede-rales y
locales. (Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 2014)
Entre sus prerrogativas más importantes se
encuentran las siguientes según el artículo 26:
• Tener
acceso a radio y televisión en los términos de la Constitución y la Ley
General de Instituciones y Procedimientos
Electorales.
• Participar,
en los términos de esta Ley, del financiamiento público corres-pondiente para
sus actividades.
Anteriormente se consideraba a los partidos
políticos como pertenecientes a la esfera privada, eran individuos que se
agrupaban con el interés de formar una asociación política que establecían sus
objetivos y estrategias en forma privada, sin embargo, actualmente los partidos
cada vez han sido más regulados por parte del Estado. En el caso de México, en
2014, se creó una Ley General de Partidos Políticos, por lo que ahora están
altamente regulados, para ser reconocidos como partidos políticos y para permanecer
como tales necesita cumplir ciertos requisi-tos. Lo anterior debido a que en
nuestro país, los partidos políticos reciben fondos del erario público por lo
que también se someten a las leyes de transparencia y de fiscalización que se
exigen a otras instituciones del Estado. Los partidos políticos vienen a formar
parte entonces de las instituciones del Estado.
La concepción teórica del partido como la vía
prevista para el acceso de los ciuda-danos al gobierno se ha matizado al
abrirse paso a la Figura de las candidaturas «inde-pendientes», que se
incorporó el texto del art. 41 constitucional en la reforma de 2012. La
posibilidad de que los ciudadanos organizados por fuera de los partidos puedan
pro-
114 Gerardo
Tamez González - Víctor Néstor Aguirre Sotelo
poner candidatos responde a un proceso de pérdida
de prestigio y credibilidad de los partidos —fenómeno de alcance mundial—, en
parte debido a su apartamiento de las demandas populares y al predominio en
ellos de élites dirigentes que tienden a defender sus propios intereses según
se deriva de la llamada ley de hierro de la oligarquía y en parte por una
embestida constante dirigida desde otros poderes sociales que buscan
in-corporarse al ejercicio del poder al margen de las organizaciones
partidistas.» (Andrade Sánchez, 2012, p. 135).
Finalmente, vivimos en un mundo cambiante donde el
rol de los partidos po-líticos se ha ido modificado para adecuarse a las nuevas
realidades, en algunos países los partidos políticos tradicionales están tan
desacreditados que las nuevas organizaciones políticas evitan llevar el nombre
de «partidos». Por otra parte, la ciudadanía busca nuevas formas de
participación política, que no implique necesariamente la intermediación de los
partidos políticos. Sin embargo, como se dijo al principio es inconcebible el
desarrollo de la Democracia y de los Estados modernos sin los partidos
políticos.
ACTIVIDAD
ESTUDIO DE CASO: realizar un análisis en grupos de
tres estudiantes, respecto a cómo el sistema de partidos de México pasó de un
Partido Hegemónico o Predominante a un sistema Multipartidista. De un sistema
no competitivo a uno competitivo. De un sistema corporativista a uno no
corporativista y la influencia de la representación proporcional en la
conformación actual de los partidos. Explica cuál ha sido la evolución y
cambios que ha sufrido el PRI durante este período de transición.
BIBLIOGRAFÍA
Andrade, S. E. (2012), Introducción a la Ciencia
Política. México: Oxford.
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
(23 de mayo de 2014), Ley General de Institu-ciones y Procedimientos
Electorales. México: Diario Oficial de la Federación.
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
(23 de mayo de 2014), Ley General de Partidos Políticos. Mexico: Diario Oficial
de la Federación.
Duverger, M. (1957), Los Partidos Políticos.
México: FCE.
Garner, R., Ferdinand, P., & Lawson, S. (2009),
Introduction to Politics. New York: Oxford Uni-versity Press.
Roskin, M., Cord, R., Medeiros, J., & Jones, W.
(2006), Political Science: An Introduction. New
Jersey: Pearson.
Sartori, G. (1987), Partidos y Sistemas de
Partidos. Marco para un análisis. Madrid: Alianza Edito-rial.
Unión Interparlamentaria. (1997), Declaración
Universal Sobre la Democracia. Ginebra.
Ware, A. (1996). Political Parties and Party
Systems. New York: Oxford University Press.
Capítulo 7
GOBERNABILIDAD Y LEGITIMIDAD: DEL PACTO SOCIAL Y
POLÍTICO ENTRE GOBERNANTES Y GOBERNADOS
JUAN DAVID GÓMEZ-QUINTERO*
JOAQUÍN GREGORIO TOVAR BARRETO**
Universidad de Zaragoza
SUMARIO: 1. UN BREVE RECORRIDO POR LAS DEFINICIONES
DE LA GOBERNABILIDAD.
2. DEMOCRACIA
Y GOBERNABILIDAD. 3. SOBRE LA LEGITIMIDAD Y SU INCIDENCIA EN LA GOBERNABILIDAD.
3.1. Tipos de Legitimación.
Resumen: El capítulo aborda los antecedentes,
algunas definiciones y el de-bate actual sobre los conceptos de Gobernabilidad
y Legitimidad. El plan-teamiento de partida sostiene que no existe una versión
única y definitiva de ambos conceptos, al contrario, son corrientes de
pensamiento diversas en-riquecidas por autores clásicos y contemporáneos a los
largo de la historia. Entre estas perspectivas destacan el pensamiento
conservador, el liberal y el socialista que aportan nociones muchas veces
contrapuestas en sus formas de concebir al Estado, la ciudadanía y la
democracia. La invitación a los lec-tores no es asumir estas corrientes como
dogmas incuestionables, sino como perspectivas que pueden enriquecer la
formación de una mirada analítica sobre la sociedad actual.
Palabra clave: Gobernabilidad, democracia,
legitimidad.
Keywords: Gobernability, democracy, legitimacy.
* Licenciado
en Sociología por la Universidad de San Buenaventura de Medellín (Colombia) y
doctor en Sociología por la Universidad de Zaragoza (España). Cuenta con más de
30 publica-ciones sobre temas tales como desarrollo, sociedad civil e
inmigración.
** MASTER
(IMAS) en études de développement —Institut de Hautes Études Internationales et
du Developpement— Suiza; Se ha desempeñado como profesor universitario y
coordinador en la formulación, gestión e implementación de proyectos.
Actualmente, estudiante del doctorado «Sociología de las Políticas Públicas y
Sociales».
116 Juan
David Gómez-Quintero - Joaquín Gregorio Tovar Barreto
1. UN BREVE
RECORRIDO POR LAS DEFINICIONES DE LA GOBERNABILIDAD
Gobernabilidad es una palabra relativamente nueva
que proviene del verbo gobernar, que tiene su origen en el término latino
gubernare, que significa «pilotar un barco». De tal manera, podríamos afirmar
que, etimológicamente, la Goberna-bilidad es la habilidad o capacidad para
gobernar.
No obstante, el término no debe remontarse a la
antigüedad, ya que empezó a utilizarse y hacerse popular en la segunda mitad
del siglo XX.
La Gobernabilidad no es un tema de reciente
preocupación en las ciencias so-ciales, si bien algunos autores como Camou
(2001: 32), Prats i Català (2001: 104-105), identifican el Reporte Trilateral
elaborado en el año de 1975 por Crozier, Huntington y Watanuki, como el esquema
básico para el análisis del tema. Existe una historia aún más lejana en el
tiempo, no referida propiamente al concepto de la Gobernabilidad como tal, pero
sí a la forma como el Estado debe garantizar su adecuado funcionamiento y responder
a las necesidades y expectativas de la sociedad en su conjunto.
En ese orden de ideas, reconocemos la existencia de
una extensa y larga tradi-ción del pensamiento político y filosófico interesado
en aportar argumentos para tratar de entender las relaciones que se establecen
entre el Estado y la Sociedad. No obstante, nuestra intención no es hacer un
recorrido exhaustivo sobre los orígenes del Estado, ni del rol que deben
desempeñar sus ciudadanos. Al contra-rio, se trata de adelantar un ejercicio
académico menos exigente. Concretamente, consiste en reconocer que algunas
civilizaciones, diferentes pensadores clásicos, y corrientes contemporáneas, se
han preocupado por analizar e interpretar el pro-pósito de la función de
gobernar.
Para iniciar, le daremos sentido y contenido a este
tema tomando como marco de referencia, casi que obligado, la cultura griega y
romana. Si bien las mismas se destacaron por ser sociedades altamente
desiguales, (por ejemplo en Roma estaban patricios, plebeyos y esclavos), la
noción y el ejercicio político de la ciuda-danía fue entendido y asumido como
un bien preciado concedido por los dioses, también considerado como legado
hereditario o como una condición familiar, política o económica. Esto dio, entre
otros resultados, una fuerte distinción y di-ferenciación estamental.
La cultura Ateniense (Siglo VIII a.C.), entendía la
esfera pública como un asun-to donde aquellas personas consideradas ciudadanas
debían participar de forma activa (Susín, 2008; Giner, 2013; Gallego, 2012;
Sancho, 2012); al respecto, Pla-tón (Siglo V a.C.), en su libro La República,
(Platón 2009: IV 443 ed.: 354), recal-caba la necesidad de definir un acuerdo
de voluntades entre Estado y Ciudadanos,
Gobernabilidad y legitimidad 117
donde ambos se preocupaban, proponían alternativas
y asumían mutuamente res-ponsabilidades para gobernar de forma adecuada.
En contraste, la cultura romana (753 a.C. 476 d.C.)
le imprimió a la democra-cia una alta dosis del derecho público, dándole vida a
las instituciones jurídicas, a las formas del poder público y la administración
del territorio (Cortina, 2001; Susín, 2008; Giner, 2013). Las decisiones
tomadas podían estar vigentes para todo el Estado siempre y cuando hubieran
sido aprobadas por la Asamblea de las Cen-turias, la cual abarcaba a todo el
pueblo romano y detentaba la soberanía (Giner, 2013).
En síntesis, la cultura griega le concedió al
Estado la tradición Republicana, haciendo de la política el arte de administrar
lo público, donde los hombres bus-caban el bien colectivo. Hoy en día, este
tipo de democracia es conocida como «democracia participativa». La cultura
romana, origen de la tradición liberal, donde la política era considerada un
medio para garantizar los intereses de la vida privada y los propios ideales de
felicidad, actualmente la conocemos bajo la deno-minación de la «democracia representativa»
(Cortina, 2001: 2). Dos perspectivas diferentes que, al mismo tiempo, aportaron
elementos clave al sentido práctico de la Gobernabilidad, el manejo de los
asuntos de la esfera pública y la mediación del Estado frente a la siempre
conflictiva la relación público-privado.
Algunos teóricos clásicos se interesaron también
por entender la forma como el Estado debía gobernar para dar respuestas a las
necesidad de los súbditos o ciu-dadanos. Al respecto, Maquiavelo (1469-1527),
en su obra El Príncipe, es uno de los primeros autores en reconocer que Estado
y Sociedad no son la misma cosa, si bien se necesitan mutuamente y se
complementan, cumplen funciones diferentes. Como postulado ideológico concibe
el Estado como una organización que tiene su propia vida y dinámica, que se da
sus propias leyes (Maquiavelo, 2008). Esta concepción implícitamente lleva a
entender al Estado como único dueño del po-der, adjudicatario de su propia
soberanía y niega la existencia de fuerza superior que lo pueda reemplazar.
Autores como Hobbes, Locke y Rousseau le
imprimieron, con matices dife-rentes, un mayor contenido y sentido a la
relación Estado-Sociedad. A diferencia de sus predecesores, sus ideas no se
basaron en la existencia de fuerzas divinas o mágicas, historias de ficción o
fábulas que ilustraran y explicaran las relaciones entre los individuos y
gobernantes. Al contrario, interpretaron de forma acertada los hechos sociales
y políticos vividos por los hombres en ese inmenso océano, tejido de redes y
convenciones sociales que han servido de sustento para recrear la historia.
Thomas Hobbes (1588-1679), filósofo y político
liberal inglés, fue uno de los pioneros en plantear de forma clara y concreta
dicha relación. Uno de sus plan-teamientos consistió en reconocer que, si bien
el Estado se encarga de definir los
118 Juan
David Gómez-Quintero - Joaquín Gregorio Tovar Barreto
designios de la sociedad, son los hombres quienes
delegan en él su derecho a par-ticipar a partir de un acuerdo de voluntades.
Todo esto es posible gracias al esta-blecimiento de leyes que conformarán un
cuerpo jurídico institucional sólido de la administración de los asuntos
públicos y privados de la sociedad (Hobbes, 2009).
Un argumento diferente postula John Locke
(1632-1704), filósofo inglés que planteó que es la misma sociedad quien define
su propio gobierno, teniendo como principio fundamental la garantía de la
libertad e igualdad de los hombres ante la ley y negando la posibilidad de que
un ciudadano pueda tener más derechos que los demás (Locke, 1991).
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) nos propone otra
posibilidad. El estado de naturaleza fue un sistema fundado sobre la
desigualdad y la injusticia. Con el fin de superar esta situación los hombres
se vieron en la necesidad de crear un contrato social, el cual permite hacer
realidad la voluntad general, la soberanía, la confianza en la comunidad, en
particular, las leyes serán elaboradas por el mismo pueblo como cuerpo político
soberano (Rousseau, 2005).
Immanuel Kant (1724-1804), quien entre sus
postulados definió que, antes de aceptar la existencia de gobiernos
paternalistas y despóticos, su apuesta era por la dignidad y la igualdad de las
personas ante la ley. Con este autor, se pueden descifrar los orígenes del
Estado de Derecho, donde se definieron y establecieron de forma concreta los
atributos jurídicos de los ciudadanos como miembros del «estado civil» (Kant,
2006: 143-144; también citado por Susín, 2008: 35). La importancia de sus
aportes radican en sostener que la esencia y elaboración de las leyes no está
sólo en dotarlas de contenidos pragmáticos, llenos de ideología y esencialismos
sobre el deber ser. Al contrario, es necesario tener presente las condiciones
objetivas de la realidad social, las cuales le impregnan sentido lógico de
aceptación y legitimación moral para guiar la voluntad humana y la misma
sociedad. Se trata entonces de la formulación de principios objetivos, —en su
formulación denominados imperativos—, de orden netamente práctico, los cuales
los hombres asumen no necesariamente guiados por su facultad racional, pero sí
cumpliendo con la condición de ser categóricos o absolutos.
Max Weber (1864-1920) sostuvo que la relación entre
Estado e Individuo se establece mediante la dominación determinada por la
probabilidad de encontrar obediencia por parte de la sociedad frente a una
forma o tipo de autoridad. La misma expresa y se puede constatar en tres
tipologías básicas (Weber, 1984: 172-173):
a. La
Tradicional: Basada en la creencia de que son las tradiciones históricas las
que determinan el ejercicio y peso de la dominación.
b. La
Carismática: Donde la dominación es ejercida por una persona que asu-me el
poder gracias a sus atributos individuales, como por ejemplo su lide-razgo.
Gobernabilidad y legitimidad 119
c. La
Racional: Basada en la existencia de un marco normativo legítimo que deposita
en el Estado el ejercicio de la autoridad legal.
Particularmente la dominación racional coloca un
especial acento en reconocer al Estado como aquel que tiene el poder y la
dominación de hacer uso exclusivo del monopolio legítimo del manejo de la
violencia para garantizar el manteni-miento del orden establecido. Por ello,
tiene la necesidad de definir la existencia de un cuerpo jurídico, compuesto de
una jerarquía administrativa-racional con sentidos y contenidos normativos
legales, permitiéndole a todos los ciudadanos participar de los aspectos relacionados
de interés y bien público (Weber, 1984: 174-178).
Después de repasar de forma general las tradiciones
clásicas e ilustradas en torno a la relación entre los gobiernos de los estados
y los ciudadanos, es más que necesario mirar al mundo occidental contemporáneo.
Para echar un vistazo a las teorías contemporáneas,
identificaremos cuatro co-rrientes teóricas que son conocidas como las
concepciones convencionales sobre la gobernabilidad. Veamos el siguiente cuadro
síntesis:
Cuadro 1
CORRIENTES TEÓRICAS Y AUTORES RELEVANTES SOBRE LA
GOBERNABILIDAD
CORRIENTE
CONSERVADORES
PROBLEMA CONCEPCIÓN
DE
GOBERNABILIDAD
Crisis del Estado Asistencial. Reducir la democracia para sal-
var la
economía de marcado.
El
intervencionismo estatal ha Acción
del gobierno y de los
ido demasiado lejos y la econo- poderes
públicos, eliminando
mía de mercado sufre los exce- sus acciones negativas sobre el
sos del expansionismo estatal. mercado.
Crisis Fiscal: Originada por la so- Impermeabilizar a las institucio-
brecarga de las instituciones del nes democráticas de las deman-
Estado. das
sociales inconvenientes para
A las demandas: el
mercado.
a. No se les puede dar respuesta
Si es
necesaria la introducción
por la falta de recursos. de elementos autoritarios, es un
b. Si se dan respuestas, se paga
un precio demasiado costoso. riesgo que se debe asumir.
EXPONENTES
O’Connor, J; Huntington, P.
120 Juan
David Gómez-Quintero - Joaquín Gregorio Tovar Barreto
CORRIENTE PROBLEMA CONCEPCIÓN DE
GOBERNABILIDAD
NEOCONSERVADORES La
ineficacia de la gobernabili- Dado
que la sociedad se auto-re-
dad se
evidencia en los resulta- gula
—especialmente en lo que
dos del
carácter pernicioso que respecta a las
relaciones econó-
supone
cualquier relación entre micas—, la acción
del gobierno
Estado y
Sociedad. sólo se
justifica si se constriñe a
los
límites que marcan los de-
Son
contrarios a cualquier actua-
rechos
individuales y, en último
ción
estatal que vaya más allá de extremo, interviene
sólo para
los
derechos individuales. asegurar
la seguridad pública y
Abogan por
un Estado Mínimo. de los
contratos.
Sobrecarga y
distorsiones del Se hace necesario restaurar la
mercado
que caracterizó la co- autonomía de la
política restrin-
yuntura de
crisis del Estado asis- giendo su
alcance hasta el límite
tencial. del mercado para, simultánea-
LIBERALES mente,
reconstruir la libertad de
éste.
Su mayor
preocupación es la re- Es
necesaria la depuración de
ordenación
de la relación entre la vida política,
liberándola de
Estado y
mercado a fin de man- expectativas «excesivas» —igua-
tener la
libertad política y eco- litaristas— y
también, en la me-
nómica. dida de las posibilidades, libre
de
las presiones de los diversos
grupos
de interés.
El poder
político ampara una Es necesario poner
en descubier-
MARXISTAS explotación
que beneficia a un to
aquello que mantiene la efi-
núcleo
reducido de la sociedad. cacia de la
acción del gobierno:
Su
legitimidad cambiante y el
Mientras
se mantenga la propie-
potencial
recurso a soluciones
dad
privada de los medios de autoritarias.
producción, el
poder político
actuará
para defender los intere-
ses del
capitalismo.
Fuente: Arbós y Giner (1994: 28-33).
EXPONENTES
.AJasay, HayekR;Nozick,
deA;.F
S;Brittan,A;Tocqueville,De
.JSegura,C;Offe,C; Cabo,deJ;Habermas,
Recordemos que una definición conceptual permite,
por lo general, dar con-tenido, razón y sentido, esto es, entender e
interpretar determinado problema o proceso social; sin embargo, en las ciencias
sociales no existen definiciones únicas de un concepto como tal. Las mismas son
plurales, en algunos casos convergentes, y en otras, se diferencian
profundamente. Inmerso en la definición de un concepto hay una apuesta, una
postura política, un deber ser. Un concepto como Goberna-bilidad,
particularmente en nuestro caso, no es la excepción, así que, ilustraremos
algunas definiciones con el propósito de dar a entender su sentido y utilidad
en el marco de las ciencias sociales.
Gobernabilidad y legitimidad 121
Una perspectiva de estudio, le confiere a la
Gobernabilidad el papel y la res-ponsabilidad fundamental de llevar a cabo el
ejercicio de gobernar, contando para tal fin, con la existencia de una serie de
instituciones y procedimientos democráti-cos (Lechner, 2001). Bajo esta
argumentación, se identifican cuatros dimensiones básicas para su estudio
(Montero, 2012: 11-19; Prats i Català, 2001: 120):
a. El
Gobierno, como marco de referencia de ejercicio del poder.
b. El marco
institucional, la promulgación e implementación de leyes defini-das, previo
acuerdo entre Estado y Sociedad.
c. Las
relaciones entre diferentes actores estratégicos para la toma de decisio-nes
colectivas y la tramitación de los conflictos.
d. La
definición de un sistema de reglas y de procedimientos formales o infor-males
—que pueden registrar diversos niveles de institucionalización— den-tro del
cual formulan sus expectativas y estrategias.
Una segunda perspectiva concibe la Gobernabilidad
como una cualidad de la democracia, siendo un componente permanente y
diferenciador de una comuni-dad política determinada (Arbós y Giner, 1994;
Camou, 2001: 51; Prats i Catalá, 2001: 122), la cual le confiere un quehacer,
unas funciones y un deber ser, así como define la actuación de las
instituciones en un espacio considerado como legítimo por la ciudadanía.
Una tercera aproximación conceptual considera la
Gobernabilidad como un instrumento técnico fundamental al servicio del Estado,
en tanto contribuye apor-tando a la generación de condiciones más equitativas y
al aumento de opciones para superar la pobreza. Bajo esta perspectiva, se debe
tener un marco normativo de referencia, unos objetivos y unas metas a cumplir.
Un ejemplo, al respecto, son los Objetivos de Desarrollo del Milenio (O.D.M.)
(PNUD, 2004: 25).
Esta definición posee algunas características. La
primera, considerarle una he-rramienta utilizada para la formulación, el
seguimiento y la evaluación de indi-cadores y metas de una política pública
determinada. La segunda, se encuentra bajo la presión de múltiples actores que
buscan incidir de forma directa e indi-recta en la cuestión pública; algunos de
ellos considerados «internos» —iglesia, instituciones estatales, partidos
políticos, asociaciones, fuerzas militares, ong’s, organizaciones sociales, gremios,
grupos empresariales, sindicatos; y actores «ex-ternos» —multinacionales,
organismos de cooperación internacional, estados so-cios, agencias de
cooperación—. Esto significa, la existencia de un mapa diverso de actores que
buscan tener algún tipo de control en el manejo de los recursos del poder, por
tal razón, el análisis de la gobernabilidad no debe centrarse de forma
exclusiva en abstracciones teóricas sobre «el Estado», «el sector privado» o
las «organizaciones de la sociedad civil»; es imprescindible estudiar los
intereses, las
122 Juan
David Gómez-Quintero - Joaquín Gregorio Tovar Barreto
formas de actuación, las necesidades de las
organizaciones, grupos y personas (Prats i Catalá, 2001: 122).
De forma particular, algunos autores como Arbós y
Giner (1994) y Camou (2004), subrayan que la Gobernabilidad no se puede
concebir simplemente de forma dicotómica (Gobernabilidad/Ingobernabilidad).
Todo lo contario, se le debe considerar como un fenómeno pluridimensional,
donde bajo su misma diná-mica están inmersos cuatro niveles significativamente
complejos (Arbós y Giner, 1994: 36 a 41):
a. El dilema Legitimidad/eficacia: La eficacia de
un gobierno se evalúa según la consecución de sus objetivos. Se suman las
demandas de diferentes acto-res y sectores sociales, quienes formulan demandas
sociales no coincidentes con las de la agenda gubernamental, esperando ser
asumidas por el go-bierno con los mismos criterios de prioridad, generando así
mayor presión sobre los recursos.
b. Las
presiones y demandas del entorno o la sobrecarga de responsabilidades: El
Estado y gobierno se enfrentan a tres esferas de exigencias, cada día más,
ejerciendo mayor presión:
• La esfera
propia del Estado y la sociedad gobernada.
• La esfera
social del Estado.
• El entorno
estatal mismo del propio gobierno.
c. La
reestructuración de la sociedad civil. Muchas organizaciones que hoy agrupan
clases «subordinadas» entran en el juego general político. Entre otras cosas,
aparece el importante fenómeno al que se le denominan gestión colectiva del
conflicto social junto al gobierno colectivo de la sociedad.
d. El cambio
tecnológico: La intensidad de los procesos de cambio técnico puede aumentar, en
muchos casos, la gobernabilidad; sin embargo, el cam-bio tecnológico debe
entenderse como un proceso que se intenta planificar y controlar pero que posee
un elemento clave de imprevisibilidad y que, por tanto —dado su gran alcance—
desorganiza de una manera sistemática el ámbito del orden social y los
proyectos gubernamentales».
No podemos dejar de mencionar el trabajo
adelantado, desde la década de los noventa del siglo XX, por un grupo de
investigadores que llevaron a cabo el pro-yecto denominado Indicadores
mundiales de Gobernabilidad (Kaufmann, Kraav y Mastruzzi, 2010), por encargo
del Instituto del Banco Mundial. Estos autores definen la Gobernabilidad como
las tradiciones e instituciones a través de las cuales se ejerce la autoridad
en un país, y consideran que incluye el proceso por el cual los gobiernos son
elegidos, controlados y reemplazados; la capacidad del gobierno para formular y
aplicar eficazmente políticas acertadas y el respeto de la ciudadanía y el
Estado por las instituciones que regulan las relaciones económicas
Gobernabilidad y legitimidad 123
y sociales entre ambos. Los indicadores que
proponen miden seis amplias dimen-siones de Gobernabilidad:
1. Voz y
rendición de cuentas: la medida en que los ciudadanos de un país pueden
participar en la elección de su gobierno, así como la libertad de expresión, la
libertad de asociación y la libertad de prensa.
2. Estabilidad
política y ausencia de violencia: la probabilidad de que el go-bierno esté
sujeto a actos de desestabilización a través de medios inconsti-tucionales o
violentos, incluidos actos de terrorismo.
3. Eficacia
del gobierno: la calidad de los servicios públicos, la capacidad de la
administración pública y su independencia de las presiones políticas, y la
calidad de la formulación de políticas.
4. Calidad del
marco regulatorio: la capacidad del gobierno para establecer políticas y
reglamentaciones acertadas que permitan y promuevan el desa-rrollo del sector
privado.
5. Estado de
derecho: el grado de confianza de los agentes en las reglas socia-les y su
nivel de acatamiento, incluidos la calidad del cumplimiento de los derechos de
propiedad, la policía y los tribunales, así como el riesgo de que se cometan
delitos.
6. Control de
la corrupción: la medida en que se ejerce el poder público en beneficio
privado, incluidas las modalidades de corrupción en pequeña y gran escala, y el
control del Estado por minorías selectas.
Para terminar este punto, acogemos la definición
brindada por Camou, que aporta una descripción tan elemental como útil.
Argumenta que la Gobernabili-dad puede ser entendida como «un estado de
equilibrio dinámico entre el nivel de las demandas societales y la capacidad
del sistema político para responderlas de manera legítima y eficaz» (Camou,
2004:10).
El mismo autor considera que está definición, en sí
misma, contiene tres ele-mentos fundamentales para comprender y estudiar la
Gobernabilidad. El primero de ellos, La Eficacia (efectividad o eficiencia);
Rial (1987) la define como una propiedad particular de los gobiernos y los
actores para alcanzar el logro de sus metas. El segundo elemento, La
Legitimidad, entendida por Flisfisch (1989) como calidad del desempeño
gubernamental con un alto contenido de ‘aceptación so-cial’; y Arbós y Giner
(1993), como aprobación, consentimiento y obediencia cívica de la ciudadanía a
las formas de actuación eficaz de las instituciones de go-bierno. El tercer
elemento, resultado de las conclusiones brindadas por los autores del Reporte
Trilateral (Crozier, Huntington y Watanuki, 1975), La Estabilidad, entendida
como la capacidad de adaptación y una mayor flexibilidad institucional respecto
de los cambios de su entorno nacional e internacional, económico, social y
político (Camou, 2004:32).
124 Juan
David Gómez-Quintero - Joaquín Gregorio Tovar Barreto
2. DEMOCRACIA Y GOBERNABILIDAD
La Gobernabilidad, como cualidad irrefutable de la
democracia, es el eje sobre el cual giran las demandas sociales y la capacidad
de respuesta gubernamental. In-mersa bajo esta afirmación se encuentra su
función central: Contribuir, mediante múltiples significados y contenidos, a la
Eficacia, la Legitimidad y la Estabilidad de la arquitectura institucional
estatal (Arbós y Giner, 1994; Camou, 2001).
Al ser así, cuando un Estado asume como forma de
gobierno la democracia debe definir las instituciones que habrán de administrar
el ejercicio del poder. Al respecto, se considera un Estado democrático cuando
garantiza (PNUD, 2004: 26; Camou, 2001: 45):
• Una
ciudadanía integral.
• Asegura un
conjunto de derechos y libertades básicas (de opinión, de infor-mación, de
asociación, de reunión, etc.).
• Define la
organización de los poderes y su buen funcionamiento.
• El
procedimiento de toma de decisiones se rige por el principio de mayoría.
• Cuenta con
un régimen electoral, que no se reduce exclusivamente a las elecciones.
Para lograr tan importante empresa, gobernantes y
gobernados definen la for-ma de planificar, administrar y gestionar, en la
medida de las posibilidades, los recursos existentes (naturales, económicos,
sociales, políticos, culturales, huma-nos...), con el propósito de dar
respuesta, por una parte, a los intereses y deseos de sus miembros y, por otra,
a las demandas sociales. Dicho de otra manera, se trata de resolver preguntas
esenciales de la cuestión pública como: ¿Cuáles son las prioridades?, ¿Con qué
recursos se cuentan?, ¿En qué tiempo se harán?, ¿Quiénes son los responsables?
No obstante, para que un gobierno democrático
ejerza sus funciones y obli-gaciones necesita definir sus leyes y normas, sin
embargo... ¿esto cómo se hace? En un escenario democrático, por medio de la
denominada relación de Gobierno, también conocida como el vínculo existente
entre Gobernantes, de los poseedores del poder de mandar, y de los Gobernados,
de los destinatarios del deber de obe-decer (Bobbio, 1989: 5). Esta relación se
materializa mediante un contrato social, —denominado Constitución Política—, donde
quedan pactados los derechos, de-beres, condiciones, funciones y compromisos
que deberán cumplir ambas partes.
Si bien dicha relación de gobierno se puede
considerar con un matiz significati-vamente dicotómico —donde los unos no
pueden existir sin los otros—, la misma no es simple, lineal o cordial. Al
contrario, está llena de matices y condiciones. Desde cualquier orilla que se
estudie sus actores, dependiendo del contexto socio-político, siempre serán
diversos; pero, más allá de eso, con intereses y múltiples
Gobernabilidad y legitimidad 125
motivaciones. Para lograr sus objetivos
establecerán alianzas, relaciones de coo-peración y solidaridad; definirán el
territorio político delimitando sus fronteras; establecerán sus tácticas y
estrategias para acceder al poder; buscarán superar y controlar a «ese otro»,
considerado diferente. Es el enfrentamiento continuo por detentar el poder de
mandar y poseer el control del sistema de gobierno. Estamos indudablemente en
el escenario del conflicto, donde su presencia y dinamización es una constante
en cualquier tipo de sociedad política, y aún más, en aquellas de-nominadas
democráticas. Al respecto, Savater nos recuerda que la «Democracia nació entre
conflictos y sirvió para aumentarlos en lugar de resolverlos... Por lo tanto,
lo único garantizado es que habrá más conflictos que tranquilidad»(Sava-ter,
1995: 248-250).
El argumento anterior no habrá de conducirnos a
mirar con malos ojos la presencia del conflicto en el marco de acción de la
Gobernabilidad. Al contrario, puede ser significativamente positivo si se
utiliza para conocer las diferencias, los intereses, los deseos, es decir,
cuando su trámite y su resolución se hace de forma positiva, utilizando como
principal recurso el diálogo y la comunicación. El pro-blema radica cuando su
uso es negativo —especialmente mediante la utilización de la violencia bajo
cualquiera de sus expresiones—, desacreditando, negando, minimizando o buscando
desaparecer a «ese otro» considerado diferente. El con-flicto, por definición,
es un elemento articulador de la pugna de intereses que rodea a la
gobernabilidad.
Teniendo en cuenta ese referente ¿Cómo se práctica
la gobernabilidad? La mayoría de veces su ejercicio político no se entiende
propiamente como una «cua-lidad», sino, como una «condición» para el uso
exclusivo de los recursos del Estado. Se convierte así, en herramienta de
acceso y control al poder estatal de forma particular, formalista, abstracta y
llena de vaguedades. De forma más ex-plícita, un porcentaje significativo de
gobernantes, diferentes partidos políticos, diversos líderes políticos, algunas
corrientes académicas, múltiples organizaciones sociales, medios de
comunicación, a favor de los dueños del poder político o eco-nómico...
reconocen la validez, importancia y contribución de la Gobernabilidad al
fortalecimiento de la democracia, sin embargo, necesariamente ello no impli-ca
su implementación de forma efectiva. Al respecto, hoy en día los sondeos de
opinión, las múltiples movilizaciones ciudadanas, la creciente apatía ciudadana
y la desafección política muestran que temas significativamente sensibles como
el desempleo, la inseguridad o la movilidad urbana, están íntimamente ligados
al in-conformismo y la débil credibilidad de los ciudadanos hacia sus
mandatarios, su clase dirigente y los mismos partidos políticos. Esa tendencia
refleja que estamos ante un desbalance del «equilibrio dinámico» entre las
demandas sociales y las respuestas gubernamentales. Esto es, una crisis de
Gobernabilidad.
A pesar de la situación anterior, no podemos
argumentar de forma categórica que la Gobernabilidad, por sí sola, es la vía
para la resolución efectiva de todos los
126 Juan
David Gómez-Quintero - Joaquín Gregorio Tovar Barreto
problemas que afectan a una sociedad. Tampoco, se
puede considerar la panacea para que un gobierno tenga la capacidad absoluta de
dar respuestas a todos los problemas de una sociedad. A pesar de ello,
considerada como cualidad, es en sí una variable fundamental para identificar
los problemas, definir prioridades, planificar e implementar políticas
públicas, así como para evaluar los resultados de la gestión gubernamental
sobre asuntos considerados sensibles de la cuestión pública.
Tenemos una primera conclusión preliminar. La
Gobernabilidad es el eje sobre el cual giran las demandas sociales y la
capacidad de respuesta gubernamental. Al respecto, al momento de llevar a cabo
su estudio de forma práctica, en un gobier-no determinado, es importante tener
en cuenta estos tres elementos:
a. >La
Eficacia: La capacidad de gestión gubernamental para administrar los recursos.
b. La
Legitimidad: Entendida como el reconocimiento, aceptación, respeto y obediencia
de sus ciudadanos; y
c. La
Estabilidad: Su capacidad de adaptación a los cambios y de mantenerse en el
tiempo.
3. SOBRE LA
LEGITIMIDAD Y SU INCIDENCIA EN LA GOBERNABILIDAD
La Gobernabilidad, como ejercicio político referido
exclusivamente al ámbito del poder estatal, tiene dentro de sus fines
esenciales satisfacer las necesidades, intereses y demandas colectivas de la
sociedad. Algunos de esos fines, de forma no tan generalizada «como lo
desearíamos encontrar», se obtienen con significativos niveles de eficiencia,
gracias al reconocimiento, cooperación, participación, apro-bación y obediencia
de diferentes sectores de la sociedad. En otras situaciones, no necesariamente
excepcionales «como lo deberíamos de esperar», detrás del logro de algunos de
esos fines, se encuentran actores representativos del mundo social, económico y
político, con marcados intereses particulares que, en la búsqueda por alcanzar
sus intereses, inciden de forma directa sobre el poder estatal.
Esta situación se presenta en cualquier sociedad,
es una realidad complejamen-te inminente y forma parte de la cotidianidad del
paisaje político. Al ser así ¿Por qué la sociedad otorga la facultad de
obedecer al Estado? La respuesta a esta pre-gunta, en buena medida, se
resuelve, teniendo en cuenta dos referentes centrales que le dan vida y sentido
al Estado, el poder de su Legitimidad y la administración de la Justicia.
Gobernabilidad y legitimidad 127
Desde la perspectiva de Max Weber, el concepto de
Legitimidad es entendido como la aceptación y validez de un orden social
determinado entre un número representativo de miembros de una sociedad (Weber,
1984). Esta aceptación ma-yoritaria de un orden social se regula por medio de
un marco normativo, donde se explicitan las reglas del juego democrático. Para
no quedar convertidas en letra muerta, se necesita de dos actores clave: de una
parte, la sociedad, quien dinamiza y da vida a dichas reglas re-creándolas en
la cotidianidad de la vida social, econó-mica, cultural y política, expresando
sus demandas, exigencias, apuestas, y tam-bién, cooperando, colaborando y
siendo solidaria; de otra parte, el Estado, repre-sentado en aquellos
encargados de administrar el poder político y la justicia. Para conseguirlo
deberán contar con una significativa credibilidad y plena confianza por parte
de la sociedad. El juego, en sí, consiste en poner a prueba la obediencia
«habitual» de las personas que forman parte de la infraestructura
administrativa y de la sociedad vinculada, de una u otra forma, a dicho poder
(Serrano, 1994).
La forma, como se define el otorgamiento del
reconocimiento y la obediencia al poder estatal, tiene múltiples explicaciones
y argumentaciones. Por ejemplo, autores europeos clásicos como Hobbes (2009),
Kant (2006), Locke (1991), Ma-quiavelo (2008), Rousseau (2005), y Weber (1984),
convergen en un punto en común: reconocer que la Legitimidad del poder del
Estado se logra mediante el otorgamiento de la voluntad general y la
obediencia, dada la firma de ese pacto de voluntades entre súbditos o
ciudadanos. La diferencia de sus argumentaciones estriba en la forma como se
concibe el ejercicio de la Legitimidad, dada la función que cumplen los
gobernantes y los deberes y derechos que asumen los gobernados.
Veamos en el siguiente cuadro las principales ideas
de sus argumentos:
Cuadro 2
PRINCIPALES PROPUESTAS TEÓRICAS EN EL MARCO DE LA
LEGITIMIDAD
PERSPECTIVA
DE AUTOR
LEGITIMIDAD
OBLIGACIÓN MAQUIAVELO
DEBER Y HOBBES
CONDICION PARA LA LEGITIMIDAD
GOBERNANTES GOBERNADOS
Son administradores del poder y Patriotas, con un alto sentido de
adjudicatarios de su propia So- pertenencia e identidad y se con-
beranía. sideran parte
fundamental del
mismo.
Detentan el poder político supre- Depositan sus derechos al Esta-
mo. do.
Administran y manejan la justi- Súbdito poseedor de deberes y
cia. obligaciones.
128 Juan
David Gómez-Quintero - Joaquín Gregorio Tovar Barreto
PERSPECTIVA
DE AUTOR LEGITIMIDAD
KANT
LOCKE
DERECHOS LIBERTADES ROUSSEAU
WEBER
CONDICION PARA LA LEGITIMIDAD
GOBERNANTES GOBERNADOS
Garantizan:
libertad legal, la Poseen
la capacidad de regular
igualdad civil y la independencia su propia libertad, autonomía e
civil. Se traduce en la titularidad independencia y sus mismos lí-
y disfrute de una serie de dere- mites.
chos y facultades.
Deciden el
tipo de Estado, ajus-
tando las
respuestas a sus propias
necesidades.
Garantizan el respeto y cuidado Modelo de ciudadanía altamen-
de los derechos, a partir de lo de- te participativa, libre, racional y
terminado por la Sociedad y los portadora de unos derechos na-
individuos. turales.
Garantizan el Contrato Social: La Posee un status: Ser Libre. Se
voluntad general está por encima debe a sí mismo su propia sobe-
de la particular. ranía.
Participa
de forma directa en la
toma de
decisiones frente al Es-
tado.
Tiene el poder y la dominación Legitiman su aceptación y acata-
de hacer uso exclusivo del mo- miento, no por vía de la impo-
nopolio legítimo del manejo de sición de la autoridad, sino, a
la violencia para garantizar el partir de su pleno compromiso.
mantenimiento del orden esta-
blecido.
Define la existencia de un cuer- Los ciudadanos participan de los
po jurídico, compuesto de una aspectos relacionados de interés
jerarquía administrativa racional, y bien público.
con sentidos y contenidos nor-
Obedecen a
una autoridad esta-
mativos legales. tal,
reconociéndose como dignos
de
confianza y solidarios frente a
lo
sucedido en su entorno.
Fuente: Elaboración propia de los autores a partir
de la información bibliográfica acopiada.
Bajo cualquier perspectiva teórica que se asuma, el
Estado deberá contar con las herramientas y los medios —institucionales,
jurídicos y legales—, necesarios para:
a) Administrar
los recursos
b) Brindar y
prestar de forma eficiente los servicios
c) Afianzar el
orden institucional
Gobernabilidad y legitimidad 129
d) Garantizar
los derechos y el bienestar colectivo
e) Dar
respuestas a las necesidades, expectativas, intereses y demandas socia-les.
A pesar de esas condiciones, es importante tener en
cuenta que la legitimidad no opera necesariamente en un Estado considerado
democrático, mediante impo-sición de la ley o mandato determinado, de allí la
frase popular: Un hecho político podrá ser institucionalmente reconocido pero
no legítimamente aceptado. Esto significa que las diferentes ramas del poder
podrán legislar para crear diferentes leyes, así como diseñar la estructura
jurídica e institucional del Estado. Para que esto suceda, se necesita de su
reconocimiento mediante la voluntad general (Rous-seau, 2005) y la creencia en
su legalidad (Weber, 1984).
Sin embargo, puede suceder que no toda la sociedad
en su conjunto apruebe una ley o mandato determinado; incluso, que ni conozca o
practique parte de ese marco jurídico. No obstante, para esto las democracias
dieron cabida a la par-ticipación ciudadana —bajo diferentes formas y matices—,
con el propósito, no siempre conseguido, de darle forma y sentido a la
legitimidad.
El dilema radica en una condición hasta al momento
nada fácil de resolver: la participación directa de todos los ciudadanos.
Aunque para solucionar este pro-blema se han creado diferentes mecanismos de
representación, esto no deja de ser un inconveniente, porque prácticamente se
convierte, de forma paradójica, en un criterio legitimador de la voluntad
particular de los representantes (De Vega Gar-cía, 1998:9). Como también lleva
a fragmentar los procesos de legitimación polí-tica, siendo así, el ciudadano podrá
legitimar determinadas acciones o problemas considerados de interés públicos,
pero no necesariamente significa que legitime en su conjunto, el ejercicio del
poder estatal, incluso lo puede desaprobar, interpelar o confrontar (Ibíd: 8).
Si esta situación se presenta en todas las
sociedades consideradas democráticas ¿Cuál es la relación existente entre
Legitimidad y Gobernabilidad? Básicamente la relación se explica a partir de la
forma como una sociedad interpela, justifica, acepta y obedece el manejo del
poder político del Estado, mediante su Gobernabi-lidad, buscando garantizar el
bienestar colectivo, el respeto, defensa y protección sobre los bienes y
recursos considerados de uso público por determinada socie-dad. Razón, por la
cual se necesita de un consenso generalizado de un número significativo de la
población, de tal forma, «...que asegure la obediencia sin que para ello sea
necesario, salvo casos marginales o excepcionales, recurrir al uso de la fuerza
organizada» (Monoreo y Monereo, 2006: XIII-XIV). No olvidemos que dicho uso
recae sobre el Estado, quien tiene el monopolio exclusivo de la violen-cia;
esto se traduce en el manejo, control, dirección y vigilancia de aquellas
insti-tuciones creadas para tal fin, como son las fuerzas militares, policía,
organismos de seguridad, el aparato o la rama judicial.
130 Juan
David Gómez-Quintero - Joaquín Gregorio Tovar Barreto
3.1. Tipos de Legitimación
En este punto tendremos como referente central a un
autor como Serrano. Para él, la diferencia existente entre las diferentes
argumentaciones que se tienen sobre la legitimidad se encuentra en las
distintas interpretaciones sobre el principio de justicia. Punto fundamental
será entender, no sólo las discusiones filosóficas y teó-ricas, también por la
forma como se concibe la administración, organización, las funciones y los
límites del poder político (Serrano, 1994: 12-13).
Los tipos de Legitimación ilustrados por este autor
son los siguientes:
Cuadro 3
TIPOS DE LEGITIMACIÓN
TIPO ARGUMENTO AUTOR
LA LEGITIMIDAD La
Legitimidad sólo representa una auto justificación no suscep-
COMO LEYENDA tible
de ser examinada o cuestionada racionalmente, es decir, Max
DEL GRUPO considerarle
una especie de «leyenda» o «ideología» con la que Weber
DOMINANTE el
grupo dominante busca justificar su posición.
LEGITIMACIÓN La
legitimidad no es el resultado de un consenso entorno a va-
lores y
normas, sino consecuencia de la capacidad del sistema David
A TRAVÉS DE
político
de repartir beneficios y ventajas entre los distintos gru- Easton
DÁDIVAS
pos
sociales.
La tesis
central de esta corriente consiste en afirmar
que cual-
quier
contenido puede obtener validez jurídica mediante una Max
decisión
de la autoridad y, por el mismo camino, perderla. La
LEGITIMACIÓN Weber-
dominación
legal, propia del Estado moderno, se caracteriza
POR DECISIÓN Carl
porque en
ella no se obedece directamente a la persona que
Schimitt
detenta el
poder, sino a la regla estatuida. En la dominación legal
la
autoridad sostiene su Legitimidad en la legalidad.
LEGITIMACIÓN Plantea
la necesidad de desligar el concepto de Legitimidad de
las
decisiones personales, para, de esta manera, poder investigar Niklas
A TRAVÉS DE
adecuadamente
las condiciones de la institucionalización y la Luhmann.
PROCEDIMIENTOS
capacidad
de aprendizaje en los sistemas sociales.
Esta
posición cuestiona la existencia de un criterio racional que
LEGITIMIDAD, nos
permita sustentar la crítica a la diversidad de estándares nor-
mativos de
las distintas sociedades. Considera que rechazar la
PLURALIDAD Richard
existencia
de un orden o principio trascendente (divino, natural,
CULTURAL Y Rorty
histórico
o racional) para fundamentar los valores y normas de
RELATIVISMO
una
sociedad deja como única alternativa viable el etnocentris-
mo.
Fuente: Tomado de Serrano, Enrique. (1994). 21-33.
Gobernabilidad y legitimidad 131
ACTIVIDAD
EJERCICIO 1
Con la idea de reflexionar de forma práctica sobre
las diferentes definiciones que hemos dado, indaga en diferentes páginas web
gubernamentales, pueden ser de tu propio país o de otros países, propuestas de
políticas públicas, planes o agendas de gobierno, el marco constitucional o
jurídico. Las preguntas guías de trabajo son las siguientes:
1. ¿Cómo se
define o se concibe la gobernabilidad? ¿Qué similitudes y diferencias existen
entre las nociones dadas en este capítulo?
2. Elige una
administración gubernamental e intenta identificar en su presentación (página
de inicio de su portal web) los conceptos que has estudiado, cuáles aparecen y
cómo apare-cen. Realiza una lectura analítica y crítica de esa presentación
gubernamental.
3. ¿Cuáles son
los actores (ciudadanos, sociedad civil, organizaciones, etc.) que salen en la
presentación de la administración gubernamental seleccionada en la pregunta
anterior y qué papel se les asigna?
Realiza una reflexión personal sobre la importancia
de la gobernabilidad para las Ciencias Sociales. Podrías, por ejemplo, indicar
cuál sería el papel o la función de un profesional de las ciencias sociales en
este tema al interior de una administración gubernamental.
EJERCICIO 2
Al leer con detenimiento estos temas, nos han
surgido algunas preguntas que te proponemos reflexiones sobre ellas, inclusive
que las tengas presentes en tu cotidianidad académica:
1. ¿Cuáles son
los usos dados a la Gobernabilidad en los asuntos de la cuestión pública?
2. ¿Cuál es la
relación existente entre la Gobernabilidad y la Legitimidad?
3. ¿Podrías
dar un ejemplo de cómo los gobernantes implementan la gobernabilidad en tu
municipio, provincia o país?
¿Cuáles son las mayores demandas sociales
existentes en tu municipio, provincia o país? ¿Cómo se expresan, cómo se
exigen, cómo se manifiestan por parte de los ciudadanos y de la sociedad civil?
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Capítulo 8
PODER LEGISLATIVO Y GRUPOS DE PRESIÓN
XÓCHITL A. ARANGO MORALES*
Universidad Autónoma de Nuevo León
LIDIA AGUILAR BALDERAS**
Universidad Autónoma de Puebla
SUMARIO: 1. CONCEPTO FUNCIONES DEL PODER
LEGISLATIVO. 2. LOS GRUPOS DE PRE-SIÓN Y GRUPOS DE INTERÉS. 2.1. Concepto y
funciones.
Resumen: En el presente capítulo se abordarán dos
actores que se identifican por sus acciones mutuas y constantes dentro de la
arena política: el sistema legislativo mexicano y los grupos de presión así
como grupos de interés. A través de un análisis del concepto, funciones y
relación entre ambos, se llega al término de lobbying o cabildeo así como las
formas en que este puede pre-sentarse; lo anterior, con el objeto de
reflexionar sobre la posibilidad de que los grupos de presión actúen como
transgresores del sistema político cuando buscando generar injerencia en la
toma de decisiones gubernamental.
Palabra clave: Poder legislativo, grupos de
presión, grupos de interés, cabil-deo.
Keywords: Legislature, pressure groups, interest
groups, lobbying.
1. CONCEPTO FUNCIONES DEL PODER LEGISLATIVO
El sistema de gobierno de México es presidencial,
integrado por tres poderes:
ejecutivo, legislativo y judicial. En este capítulo
se abordará el poder legislativo, el
* Xóchitl A.
Arango Morales tiene maestría en Políticas Públicas y doctorado en Filosofía
con acentuación en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y
Administración Pública de la Universidad Autónoma de Nuevo León; la Dra. Arango
es docente de tiempo completo, miembro del cuerpo académico de Administración
Pública, su línea de investigación es la ética pública, ha realizado
investigaciones y expuesto en congresos en temas relacionados con la ética,
administración pública y el sistema legislativo mexicano
** Lidia
Aguilar Balderas es Licenciada en Derecho, tiene maestría en Ciencias Políticas
con espe-cialidad en el Sistema Político Mexicano y Doctorado en Sociología
Política, por la Universi-dad Autónoma de Puebla. Miembro del Sistema Nacional
de Investigadores SNI, nivel I, pro-fesora investigadora de tiempo completo en
la Facultad de Derecho de la BUAP, miembro del Cuerpo Académico, «Estudios de
Política y Procesos de Gobierno». Sus líneas de investigación son análisis
jurídico político, partidos políticos y estudios de elites y grupos de poder
político.
134 Xóchitl
A. Arango Morales - Lidia Aguilar Balderas
cual recae en el Congreso de la Unión, integrado
por un cuerpo legislativo bica-meral, la Cámara de Diputados y la Cámara de
Senadores.
Los legisladores como representantes de la
ciudadanía, son actores que parti-cipan dentro de la arena política tomando
decisiones fundamentales para el orde-namiento de la sociedad en su conjunto,
de tal forma que cuando dichos actores interactúan entre sí, la decisión que
ellos tomen cualquiera que ésta sea, impacta de manera determinante en el
funcionamiento del resto del sistema. Entre los actores con los que interactúan
los diputados y senadores, se encuentran el Ejecu-tivo (presidente de la
república), el poder judicial, los Medios de Comunicación, los Partidos
Políticos, los Organismos No Gubernamentales, así como las y los Ciudadanos y
los Empresarios, entre otros.
Es por lo anterior que en el presente capítulo se
abordarán los dos órganos del poder legislativo (diputados y senadores), los
cuales se caracterizan por ejer-cer acciones mutuas y constantes de control
dentro de la arena política, primero se describirán las funciones del sistema
legislativo en México y en un segundo apartado se hará referencia a los grupos
de presión o grupos de interés, concepto, clasificación, ventajas y
desventajas.
Uno de los sistemas que genera un impacto
significativo en el funcionamiento del Estado es el sistema legislativo, el
cual representa un gran peso para cualquier sistema democrático, ya que es
desde donde se generan las leyes que protegen y ordenan a la sociedad.
Es en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, título tercero en su capítulo II junto con sus cuatro
secciones, en dónde se hace mención del Poder Legislativo, desde el artículo 50
hasta el 79. El artículo 50 menciona que el poder legislativo de los Estados
Unidos Mexicanos se deposita en el Congreso General, que se dividirá en dos
cámaras, una de diputados y otra de senadores. La conformación de la Cámara de
Diputados se establece en el artículo 52, en el que estipula que se integra por
300 diputados electos según el principio de votación de mayoritaria relativa,
mediante distritos electorales uninominales, y 200 dipu-tados que serán electos
según el principio de representación proporcional bajo el esquema de listas
regionales. Los diputados tendrán una responsabilidad en el cargo por tres
años, de acuerdo a una reciente reforma al artículo 59, ahora los di-putados
tienen la posibilidad de reelección inmediata hasta por cuatro ocasiones.
La integración de la Cámara de Senadores se
estipula en el artículo 56 consti-tucional, el cual menciona que se integra por
128 senadores, de los cuales, en cada Estado y en el Distrito Federal dos serán
elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa y uno será
asignado a la primera minoría bajo la misma bo-leta electoral, siendo en total
32, también son designados 32 senadores según el principio de representación
proporcional. Los miembros del senado cuentan con
Poder legislativo y grupos de presión 135
posibilidad de reelección consecutiva para un
periodo más, según lo estipulado en el ya mencionado artículo 59 de la ley
suprema.
El Legislador como representante de la ciudadanía
tiene a su cargo varias fun-ciones1 establecidas mediante un ordenamiento
constitucional, las cuales se men-cionarán a continuación:
• Función
presupuestal. Tiene como objetivo evaluar el ingreso y egreso del erario
público.
• Función
deliberativa. Tiene como objetivo garantizar los derechos demo-cráticos de las
minorías parlamentarias, así como permitir el debate para enriquecer el trabajo
legislativo.
• Función de
control. Tiene como objetivo supervisar las labores de la Admi-nistración
Pública. De acuerdo con Cabrera, implica la labor política por excelencia y
genera una permanente rendición de cuentas.
• Función
electoral. Tiene como objetivo designar el nombramiento del Presi-dente de la
República para el caso de muerte, interdicción, renuncia o des-aparición, para
lo cual el Congreso o en su receso la comisión permanente, puede nombrar a un
presidente sustituto o interino2.
• Función de
comunicación. Tiene como objetivo establecer el vínculo entre representados y
representantes, así como la congruencia de éstos (Cabrera, 2012, p. 5).
En el mismo tenor Berlín Valenzuela menciona las
funciones parlamentarias que van desde ser «representativas, deliberativas,
financieras, legislativas, de con-trol, políticas, de inspección,
jurisdiccionales, de indagación, de comunicación y educativas» (Berlín, 1994,
p. 129).
La importancia de los parlamentarios o legisladores
radica en que son electos para representar a la comunidad, con el objetivo de
realizar tareas legislativas, así como de gestión, representación, control,
jurisdiccionales y de fiscalización entre otras; la representación política que
los legisladores ostentan, tiene incluso mayor legitimidad que otros poderes,
esto se justifica porque dicho poder cuando esta compuesto por un
pluripartidismo, se entiende que está integrado por represen-
1
2
Si atendemos a las facultades que en sí son
ejercidas por el poder legislativo mexicano, se pueden identificar los
siguientes tipos: Facultades legislativas, facultades
político-administrati-vas, facultades de fiscalización y control así como las
facultades jurisdiccionales. Véase (Casar, 2010, pp. 91-95 y Fernández, 2004,
pp. 307-338).
Fracción XXVI del artículo 73 constitucional. Para
conceder licencia al Presidente de la Re-pública y para constituirse en Colegio
Electoral y designar al ciudadano que deba substituir al Presidente de la
República, ya sea con el carácter de interino o substituto, en los términos de
los artículos 84 y 85 de esta Constitución.
136 Xóchitl
A. Arango Morales - Lidia Aguilar Balderas
tantes de diversas fuerzas políticas y sociales,
minorías y mayorías, con ideologías divergentes, así como también con una
variedad de programas en donde se en-cuentra representada la voluntad de la
población.
No obstante el planteamiento anterior, también
puede ocurrir que la represen-tación política de la que gozan los legisladores
termine por pervertirse, ocasionan-do con ello una crisis de la misma con
diferentes magnitudes de manifestaciones. Por ejemplo Nicolas Tenzer define a
la crisis, como un estado intelectual, social, económico, político, cultural,
donde la perturbación es tan grande que ya no se disciernen las salidas
posibles. En materia política, nos dice, la configuración del mundo moderno se
basa en la ilusión de un espacio político. La crisis política reviste cuatro
aspectos fundamentales:
1. El
estrechamiento del ámbito político, con el encierro de la política en una
visión particularista y encuadradora de los problemas, y donde el historicis-mo
o el mesianismo tradicionales hacen las veces de política.
2. El
sentimiento de la inutilidad de la política.
3. La
desaparición del sentimiento de comunidad, de alcanzar un sentido co-mún, es
decir, de construir un espacio en el que las palabras tengan el mismo sentido
para todos y donde valga la pena laborar en una tarea común.
4. La idea,
tan marcada como falsa, de un serio antagonismo entre la sociedad y la
política. (Tenzer, 1992, p. 11).
Es por ello que, al ser el parlamento el ente donde
se alberga la soberanía popular de acuerdo con Vargas y Petri (2008), «se
constituye en un pilar funda-mental en la conducción de los asuntos públicos,
razón por la cual sus funciones tienden a ser de representación, deliberación,
legislación y fiscalización, dándose en la práctica una combinación de las
mismas, tendientes a garantizar la repre-sentatividad proyectada en actuaciones
de comunicación, educación, indagación entre otras (p. 10).
Podemos decir con lo anteriormente expuesto, que el
Poder Legislativo es el principal medidor de la democracia, ya que mediante la
representación de los diputados y senadores ante los ciudadanos, se identifica
al pueblo, actúa en su nombre, sirve de freno al poder, y orienta la gestión
política y legislativa.
El poder legislativo en México detenta hoy en día
un nuevo periodo que le da la oportunidad de fungir como «vitrina del
pluralismo», el giro que hoy se esta-blece en el congreso de la unión es la
negociación y el consenso para un mejor desempeño en el marco de la
democratización del país. Es decir, se busca que se vea al legislador como el
representante del pueblo que buscará negociar, cabildear y generar un impacto
positivo en la comunidad a la cual representa.
No obstante los aspectos profundamente positivos de
una composición plural de las cámaras, en otra vertiente, se corre el riesgo de
que tanta pluralidad parla-
Poder legislativo y grupos de presión 137
mentaria, conlleve a una de las grandes
problemáticas con las que tienen que con-vivir los ciudadanos cada periodo
electoral en el sistema legislativo, es la llamada parálisis legislativa.
Everardo Rodríguez en Linz (1990) nos dice que «la cercanía de las elecciones
hace necesario la diferenciación entre las fuerzas políticas. Si los partidos
de oposición cooperan en políticas exitosas con el partido gobernante, éste
recibirá el crédito, mientras que si algunos partidos de oposición apoyan
me-didas impopulares impulsadas por el gobierno, tendrán que compartir los
costos electorales» (2005, p. 46), mientras tanto, la ciudadanía es la más
afectada en dichas acciones políticas.
En el lado opuesto del incumplimiento de los
legislativos, su poder deriva de la coerción y de las creencias acerca de la
legitimidad3, para ello ésta se caracteriza por desempeñar dos funciones
básicas y exclusivas, como son las de determinar las metas, se refiere a dejar
claros los objetivos que quiere lograr en cada legisla-tura y mantener el orden
para realizar un trabajo eficiente y eficaz.
Por otro lado, el control legislativo se refiere a
la capacidad que tienen las le-gislaturas para presentar, modificar, demorar y
rechazar iniciativas de ley, la cual se divide en control positivo (proactivo)
y control negativo (reactivo); el primero se refiere a la capacidad, interés y
voluntad del legislador de oposición por ofrecer visiones tendientes a
enriquecer, aportar, y apoyar la iniciativa de ley, sin que esto cree un
conflicto parlamentario en las relaciones del gobierno con la oposición; en el
lado opuesto, el control negativo concierne a las actuaciones de los
parlamen-tarios, cuya finalidad o intencionalidad es frenar, limitar o evitar
la aprobación del proyecto de ley o incluso alargar dicho proceso lo más que se
pueda (Vargas y Petri, 2008).
Resulta también pertinente identificar que el
denominado control legislativo en su connotación moderna implica «la suma de
instrumentos y mecanismos que po-see el congreso para desarrollar un amplio
control y fiscalización de la actuación de las actividades del gobierno y en
donde las minorías parlamentarias juegan un papel muy principal). (Aragón,
1995, en Espinoza-Weldon, 2007, p. 294).
De igual forma, diversos estudios en diferentes
países señalan que hoy en día la mayor parte de los ciudadanos no se sienten
representados por sus representantes. En el caso del Latinobarómetro muestran
que el promedio de las calificaciones
3 Independientemente
de que cuando se habla de legitimidad del poder legislativo, se hace
indi-soluble referencia a aquella legitimidad que deriva de la representación
política condicionada por el proceso electoral, existen también otros tipos de
legitimidad, uno que llama la atención, por el tema que aquí se trata es el de
llamada Legitimidad Funcional, en este caso, citando a Cecilia Mora-Donattio
plantea al respecto que esta «tiene relación con la eficacia a través de la
cual las instituciones democráticas... desarrollan todas y cada una de las
funciones que constitucionalmente se les atribuyen y justamente por ser
eficaces se legitiman a sí mismas» (Mora-Donattio, 2007, p. 281).
138 Xóchitl
A. Arango Morales - Lidia Aguilar Balderas
de las instituciones políticas y de representación
(congresos y partidos políticos) ubican a estas en los últimos dos lugares
desde hace varios años.
La reflexión sobre los asuntos públicos implica
concentración, de otra forma se puede caer en la creación de «leyes al vapor».
El tema de la imagen de los congre-sos es fundamental, ya que los legisladores
deben reconstruir su imagen pública, los diputados podrán asumir en plenitud y
con legitimidad social su rol como agentes que practican la transparencia, por
lo que deben comenzar por generar normas y prácticas que se apliquen a los
propios legisladores.
En este mismo orden de ideas, sería ideal que los
legisladores cada cierta fre-cuencia emitieran informes o reportes precisos y
puntuales ante sus electores, respecto a los logros, así como las limitaciones
a las que se enfrentan en el trabajo legislativo.
En mucho se trata del tema cada vez más de
vanguardia, se trata de la deno-minada «rendición de cuentas»4, esta tiene dos
dimensiones básicas. Incluye por un lado, la obligación de políticos y
funcionarios de informar sobre sus decisiones y de justificarlas en público
(answerability). Por otro, incluye la capacidad de sancionar a políticos y
funcionarios en caso de que hayan violado sus deberes públicos (enforcement).
(Shedler, 2004.p. 12).
De acuerdo con Chávez (2006, p. 101) «El futuro de
un país se encuentra determinado por el tipo de parlamento que posea. No puede
haber democracia sólida sin un congreso con desarrollo institucional que
garantice la estabilidad política, la confianza y seguridad jurídica; y que
además, promueva férreamente el desarrollo económico y social».
Una de las variables que ha generado discusión, es
la pertinencia de la profe-sionalización como un paliativo para el fenómeno
legislativo, definamos que se entiende por Profesionalización legislativa, de
acuerdo con Ríos (2009, p. 21) es «la capacidad de los legisladores para la
creación y evaluación de leyes y políticas públicas». Ríos considera que la
profesionalización no sólo es un hecho aislado del legislador, debido a que
éste se apoya de un grupo de especialistas, quienes les proporcionarán los recursos
de investigación y análisis para la creación y evalua-ción de políticas
públicas.
4 «Rendición
de cuentas» es un término que traduce de manera limitada el significado de la
palabra anglosajona accountability, que en inglés significa «el estado de ser
sujeto a la obliga-ción de reportar, explicar o justificar algo; [...] ser
responsable de algo (liable) [...] ser sujeto y responsable para dar cuentas y
responder a preguntas (answerable)». Accountability se derivan de account, que
significa «descripción oral o escrita de eventos o situaciones particulares
[...] explicación de una conducta a un superior [...] razones, sustentos [...]
balance de ingresos y gastos [...] registros financieros [...]» (The Randon
House Dictionary of the English Language, en Ugalde, 2002, p. 11).
Poder legislativo y grupos de presión 139
De acuerdo con Valencia (2009), la
profesionalización del legislador se puede dividir para su estudio en cuatro
elementos, el primero de ellos es: Experiencia legislativa. Ésta se refiere al
tiempo que un legislador permanece en el Congreso, pues a través del tiempo
cuando el diputado aprende y llega a dominar procesos y técnicas legislativas,
es mediante este aprendizaje que la actividad legislativa se ve favorecida. Por
otro lado, Carrera legislativa, se refiere a los cargos que ocupan dentro de
las comisiones de la Cámara de Diputados, es decir, el trabajo técnico
especializado que se realiza en las comisiones en términos de producción para
las propuestas de iniciativas a los problemas que aquejan a la sociedad.
Valencia afirma que en México la Cámara alta engloba una mayor experiencia
acumulada en los legisladores en relación a la Cámara baja.
La especialista Valencia menciona que la
capacitación de los legisladores está sustentada en la experiencia de los
mismos, es decir, el conocimiento previamente adquirido por el propio
legislador. Bajo estos elementos, los partidos políticos tienen la tarea de
seleccionar a sus mejores hombres para acceder a los cargos de representación;
lo pertinente a preguntar sería ¿qué es lo que más les conviene a los partidos?
Un candidato con un currículo que garantice el buen desempeño de su función o
alguien que con su movilización garantice el triunfo electoral del partido (p.
74).
La profesionalización de los legisladores no
garantiza la efectividad del trabajo legislativo; sin embargo, el contar con un
Congreso en donde la profesionaliza-ción es imperante, ayuda de manera
determinante y paulatina a la concreción de un trabajo más elaborado.
2. LOS GRUPOS
DE PRESIÓN Y GRUPOS DE INTERÉS 2.1. Concepto y funciones
El término pluralismo, de acuerdo con Norberto
Bobbio, «es el modelo de una sociedad compuesta por varios grupos o centros de
poder, los cuales limitan, con-trolan y contrastan el centro de poder
históricamente identificado con el Estado» (1991, 1184), lo cual puede generar
una desestabilización del contexto social y provocar tensión entre los
diferentes grupos. Específicamente en el caso de los grupos económicos, es
necesario establecer algunos contrapesos; al respecto, Ro-bert Dahl plantea que
los mecanismos jurídicos y constitucionales pueden trastor-narse si algunos
ciudadanos o grupos adquieren porciones desproporcionadas de poder en
comparación con otros ciudadanos, el poder potencial de un grupo debe ser
controlado por el poder de otro grupo.
A manera de concreción, el pluralismo es un sistema
político en el que el po-der no lo monopoliza una élite más o menos compacta u
homogénea y capaz de
140 Xóchitl
A. Arango Morales - Lidia Aguilar Balderas
imponer sus intereses particulares sobre el interés
general, sino que está disperso y en manos de una multiplicidad de grupos de
interés, asociaciones y organiza-ciones incapaces cada una de ellas de
imponerse sobre las demás, pero con poder suficiente para intervenir en las
decisiones que más les afectan, resultando de todo ello, una cantidad muy
grande de compromisos y negociaciones.
Se puede decir que son diversas las circunstancias
que impulsan el pluralismo en el congreso de la unión, desde luego que en
primera línea de aproximación, se ubican a las consecutivas reformas
político-electorales que desde 1977 han pro-curado las condiciones formales de
fortalecimiento de los grupos parlamentarios, además de la representación
proporcional que apertura la posibilidad de que las minorías realmente pudieran
acceder a dichos espacios.
El siguiente mapa señala cómo en el pluralismo los
grupos de interés devienen grupos de presión y tratan de incidir sobre los
tomadores de decisiones públicas.
Mapa 1
MAPA DEL PLURALISMO
Grupo de interés
Arena política
Grupos de presión
Cabildeo
Poder Ejecutivo
Fuente: Gómez, 2006, 28.
Por sí mismos o por un tercero en un convenio de
contraprestación de servicios
Poder legislativo
A través de la historia en todo el mundo, han
existido grupos en pro de la defensa de sus intereses, ejemplo de ello es la
iglesia, hasta las presiones militares de cada época por mencionar algunas;
Alexis de Tocqueville se sorprendía de la propensión estadounidense a formar
asociaciones o grupos desde que dos o más individuos o entidades privadas,
reunidas y organizadas por un interés común,
Poder legislativo y grupos de presión 141
buscaban actuar conjuntamente en defensa de ese
interés, así como de hacer co-nocer sus pretensiones o negociar con otros
actores sociales.
Los grupos o asociaciones que mantienen un objetivo
en común, tienen su ori-gen en la Alemania imperial y en la Francia
republicana, los cuales se hicieron más evidentes a partir de la II Guerra
Mundial en Europa y Estados Unidos.
Los objetivos que unen a las asociaciones son
espirituales o materiales y éstos pueden darse en el ámbito de lo social; en
esta categoría pertenecen los grupos de interés y de promoción y en la segunda
categoría se clasifican a los partidos polí-ticos. El caso de los grupos de
presión comulgan en ambas categorías.
Aterrizando la forma en cómo se organiza el poder
legislativo en México, en términos de la conformación de los grupos
parlamentarios, se establece el siguien-te cuadro que muestra los mecanismos
formales de su constitución al interior de las cámaras.
Cuadro 1
LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS
UNIDOS
MEXICANOS
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos mexicanos
Marco Obligación Sujeto
Legal
PÓLITICO-ADMINISTRATIVO
Para la
conformación de los grupos parlamentarios los partidos comu-
nicarán a
la cámara a más tardar el 28 de agosto, la integración de su Grupos
Art 14,4 grupo
y enviarán:
parlamentarios
Denominación
del Grupo parlamentario; listado de integrantes; y
nombre del
coordinador.
Para la
elección de la Mesa Directiva, los Grupos Parlamentarios pos-
tularán a
quienes deban integrarla, conforme a los criterios estableci-
dos en el
artículo 18.
Art 17 Art.
18 Grupos
Los
integrantes de la Mesa Directiva los Grupos parlamentarios
Parlamentarios
cuidarán que los candidatos cuenten con una trayecto-
ria y
comportamiento que acrediten prudencia, tolerancia y respeto en
la
convivencia, así como experiencia en la conducción de asambleas.
En la
primera sesión ordinaria de la Legislatura, cada Grupo Parlamen-
Art. 26 tario
de conformidad con lo Grupos
Que
dispone esta ley, entregará a la Secretaría General: el acta de parlamentarios
constitución;
normas de funcionamiento.
142 Xóchitl
A. Arango Morales - Lidia Aguilar Balderas
Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos mexicanos
Marco Obligación Sujeto
Legal
PÓLITICO-ADMINISTRATIVO
La Junta
de Coordinación Política dispondrá una subvención mensual
Art. 29,1 para
cada Grupo Parlamentario, integrada por una suma fija de carác- Grupos
y 2 ter
general y otra variable, en función del parlamentarios
Número de
diputados.
Art. 45, Elaborar
su programa anual de trabajo; Comisiones
ordinarias
de
6 b) Rendir
un informe semestral de sus actividades
CDD
Comisiones
Art. 45,6 d)
Sesionar cuando menos una vez al mes ordinarias
de
CDD
Art. 72 Para
la constitución de los grupos parlamentarios deberán presentar: Grupos
Acta
constitutiva, nombre del coordinador y estatus o normas internas. parlamentarios
Fuente: Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
http://www.diputa-dos.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/168.pdf
Existen controversias en bibliografías acerca de la
denominación de estos gru-pos, algunos prefieren llamarles grupos de interés y
algunos otros grupos de pre-sión. Autores como Bobbio, Linz, García Pelayo,
Morlino utilizan los dos térmi-nos de manera indistinta.
Con frecuencia los grupos de interés llegan a un
punto de insuficiencia del sistema político que buscan ingresar en la arena
política para defender sus deman-das, el grupo de interés queda circunscrito a
un ámbito no estrictamente político y es aquí en donde pasan de ser un grupo de
interés a convertirse en grupo de pre-sión, es decir cuando este grupo entra en
la esfera política operando como actor, entonces se transforma en grupo de
presión.
Una de las características que distingue a los
grupos de interés es que sus miem-bros comparten precisamente intereses comunes
o que los lleva a actuar de mane-ra conjunta para defender dichos intereses e
influir en las políticas gubernamen-tales, con el objetivo de asegurar
decisiones favorables a sus intereses o que no vayan en contra de los mismos.
A menudo los grupos de interés son de conocimiento
público, como los sin-dicatos, las organizaciones patronales, las grandes
empresas, las asociaciones de profesionales, las Organizaciones de la Sociedad
Civil, etc.
La mayoría de la sociedades modernas reconocen y
legitiman a los grupos de interés y regulan las modalidades de su accionar, de
modo que no afecten la forma
Poder legislativo y grupos de presión 143
en que se encuentra regulada en cada país la toma
de decisiones políticas. Una modalidad característica de la canalización
institucional de los grupos de interés, son los consejos económicos y sociales
que existen en varios países. Es habitual que los grupos de interés realicen
sobre los poderes públicos una actividad parti-cular denominada lobbying, con
el fin de tratar de incidir a su favor en el proceso de toma de decisiones
públicas.
Los grupos de interés se pueden transformar en
grupos de presión cuando los responsables utilizan la acción sobre el aparato
gubernamental para hacer triun-far sus aspiraciones y reivindicaciones.
Por otro lado, los grupos de presión se definen
como el conjunto de individuos que se organizan para defender intereses o
ideales comunes. Los estudios que realiza el escritor francés Jean Meynaud
sobre este fenómeno quedan reflejados en varias de sus obras. En Los grupos de
presión (1965), Meynaud clasifica estos grupos en dos variantes: 1)
organizaciones profesionales, que buscan conquistar ventajas materiales para
lograr un mayor bienestar (como sindicatos, corporacio-nes profesionales,
asociaciones de consumidores, cámaras de comercio y un largo etcétera) y 2)
agrupaciones de vocación ideológica, cuya finalidad es defender posturas
espirituales o morales, o promover una causa determinada (grupos reli-giosos,
patrióticos, defensores del medio ambiente o de los derechos de mujeres,
hombres, animales y otros).
Las características de los grupos de presión son:
1. Tienen, por
lo común, una organización permanente, con órganos propios que los dirigen y
representan.
2. El factor
que une y reúne a sus integrantes es la defensa de un interés común entre ellos
y que es particular con referencia a la sociedad global.
3. Sus
integrantes, en principio, no ocupan cargos de gobiernos.
4. Devienen en
fuerzas políticas (se politizan) al desplegar una acción encau-zada a ejercer
influencia en la adopción de decisiones políticas, pero no se proponen obtener
cargos de gobierno para sus componentes, ni participan por tanto directamente
en los procesos electorales.
Existen numerosas clasificaciones de los diferentes
grupos de presión. Von Beyme (1986) los dividía en: «grupos de interés
económico especializado», definido como aquellos que buscan ante todo su propio
beneficio y los «grupos de interés público», son los que están motivados
primordialmente por defender los intereses de los demás. A partir de esta
contraposición el mismo Von Beyme (1986: 82) diferencia cinco grupos
principales: a) or-ganizaciones de empresarios o inversores (business
associations); b) sindi-catos; c) grupos profesionales y corporativos de clase
media (professional associations); d) grupos de promoción y asociaciones
cívicas, de iniciativa
144 Xóchitl
A. Arango Morales - Lidia Aguilar Balderas
privada (promotional groups, public interest
groups); y finalmente, e) aso-ciaciones politicas.
Los grupos de presión, a diferencia de los grupos
de interés, influyen o presio-nan en el gobierno, en la opinión pública o en
los centros de toma de decisiones a la hora de hacer uso de la presión para
reivindicar, defender o cumplir sus intere-ses. Por lo tanto, se diferencian
claramente de los partidos políticos, porque éstos buscan directamente el poder
político.
Algunas de las ventajas de los grupos de presión
son que: ayudan a que se ge-nere discusión en asuntos de decisión política,
permiten la organización y expre-sión de intereses que afectan a la población,
permiten a quien toma las decisiones escuchar diferentes puntos de vistas y
generan equilibrio entre intereses.
Las desventajas son: el recurso económico y
organizativo da la posibilidad de imponer intereses minoritarios al interés
general, emplean métodos no legítimos como el chantaje y la corrupción para
lograr sus fines, deteriorando con esto el sistema político, permiten la
acumulación de poder en unas cuantas manos, por mencionar algunas.
De acuerdo con Maurice Duverger, los grupos de
presión no participan direc-tamente en el ejercicio del poder, sino que actúan
sobre éste; la forma de actuación de dichos grupos son: la persuasión, acciones
directas (huelgas, protestas, apoyo a candidatos, financiamiento de campaña,
audiencias, cabildeo), amenaza o intimi-dación, el dinero, sabotaje de la
acción de gobierno.
Los grupos de presión hacen uso de dos técnicas de
persuasión, por un lado el lobbying o cabildeo y por otro el empleo de los
medios de comunicación, ini-ciemos por un término que genera controversia,
lobbying o cabildeo como se les llama en español, dicho término fue introducido
por Maurice Duverger en Euro-pa pero surge en los Estados Unidos como una
técnica de los grupos de presión quienes encontrándose en los pasillos o
vestíbulos de los congresos o edificios gu-bernamentales hacían trabajo de
convencimiento sobre algún interés en particular sobre los parlamentarios o
funcionarios del gobierno.
La técnica del lobbying tiene por objetivo influir
en las decisiones del gobier-no, estas personas lobistas son contratados como
profesionales que buscan pro-mocionar los intereses de los grupos a los que
representan; el sociólogo Linz los define como organismos activos de mantener
contacto con los poderes públicos, particularmente el poder legislativo. Estas
asociaciones privadas tienen objetivos que pasan por filtros de las decisiones
políticas.
Para G. Sartori el término grupos de presión es de
mayor interés por encima de grupos de interés debido a que, interés no sirve
para calificar a los grupos que ejer-cen presión política, Finer rechaza las
expresiones grupo de presión y de interés y prefiere el término lobby ya que
este término para él, abarca tanto a los grupos de
Poder legislativo y grupos de presión 145
interés como a los de presión y se usa para
designar la acción de personas venidas del exterior y que se mezclan entre los
legisladores en los pasillos para influir en las decisiones. Concretando los
términos, lobby es el grupo que ejerce influencia sobre cualquier autoridad
pública para promover los intereses o causas de sus miembros; lobbying es la
actividad ejercida para influir sobre el Congreso sobre un asunto y lobbyists
es la persona que recibe un pago por aprobar o evitar la aprobación una determinada
legislación.
La técnica del lobbying puede ser utilizada de
forma directa, es decir, ejercien-do presión directamente contra los poderes
públicos sin hacer uso de los medios u opinión pública o mediante los partidos
políticos; otra manera de usar la técnica es de forma indirecta mediante la
movilización de la opinión pública para influir mediante acciones como cartas,
llamadas a medios, llamadas telefónicas a los tomadores de decisiones.
El cabildeo es un término que se utiliza en
español, como técnica puede ser favorable para entablar una negociación con los
órganos tomadores de decisio-nes, siempre que se conozcan de manera clara y
abierta los objetivos e interés del grupo que intenta influir; en algunos
países existen reglas que norman el compor-tamiento de los cabilderos, así como
también se rigen por códigos de ética.
El cabildeo puede darse de varios tipos, entre los
más utilizados se mencionan:
• Cabildeo
directo. Es la acción directa que se realiza ante los poderes públi-cos, sin
actuar a través de la opinión pública.
• Cabildeo
indirecto. También se le asigna el nombre de movilización de la base, genera
movilización de la opinión pública mediante peticiones, tele-gramas, cartas,
etc. Dichas acciones se realizan mediante la acción sobre los medios colectivos
de comunicación.
• Cabildeo
empresarial. Promovido por un grupo específico empresarial cuando sus intereses
se ven afectados o también cuando desean alcanzar algún privilegio.
• Cabildeo
administrativo o gubernamental. Éste se realiza por agencias es-pecializadas
que buscan incidir en la toma de decisiones públicas emanadas del poder
ejecutivo.
• Cabildeo
legislativo. Esta forma de cabildeo se ejerce por grupos, gremios, gobiernos
locales e inclusive oficinas especializadas ante el poder legislativo.
Existe una gran variedad de formas típicas de
presión que ejercen acción direc-ta sobre los grupos de presión contra el
gobierno, buscando generar conflicto so-cial; las presiones que se ejercen por
mencionar algunas, son: huelgas, resistencia pasiva, retiro de capitales del
país; estos grupos típicos son grupos de empresarios, medios de comunicación,
grupos de agricultores, agrupaciones religiosas, organi-zaciones de
trabajadores, ejército.
146 Xóchitl
A. Arango Morales - Lidia Aguilar Balderas
Los grupos de presión o grupos de interés se
analizan como unidades básicas de observación de descripción de fenómenos
políticos que acontecen en la arena política de los países, una teoría que le
da explicación a dicho comportamiento es la teoría de grupos, en ella se
establece que el surgimiento de los diferentes grupos mantiene un carácter
dinámico y ante cualquier descontento provocado por la acción de un grupo,
surgirá otro alternativo que actúe de contrapeso al primero. Entendida de esta
manera, la teoría de grupos puede considerarse como un conjunto de posiciones
analíticas que explica el comportamiento de alguno de los actores
intervinientes en el proceso político desde tres perspectivas de análisis,
desde lo individual, desde lo organizativo, y desde lo funcional o sistemático.
Si lo pensamos desde el ámbito del poder
legislativo, si éste no funciona eficien-temente legislando para proteger u
ordenar a la sociedad, causa efectos adversos que se convierten en detonantes
de problemas; es por ello que puede afectar a otros sistemas que están en
relación con el legislativo, por lo que se debe buscar su eficacia a fin de que
no contamine el resto de los sistemas; esto es como un en-granaje en donde la
imperfección de uno impacta de manera negativa en el otro, generando como
consecuencia ineficiencia en el resto de los engranajes.
Se puede concluir que históricamente las
colectividades han generado influen-cia en los tomadores de decisiones a favor
de sus intereses, ha sido en los sistemas políticos plurales y democráticos qué
más evidencian esta situación, pues a medi-da que en la integración legislativa
se incorporan partidos diversos, esto conlleva a plantear la existencia de
competencia política que deviene de los procesos elec-torales, para después
aterrizar en la conformación de los grupos parlamentarios, los cuáles históricamente
han representado los diferentes intereses políticos de los sectores sociales y
de los grupos de poder que interactúan en el sistema político.
No obstante el planteamiento anterior, no se puede
soslayar que independien-temente de los aspectos positivos que conlleva el
pluralismo legislativo, también se puede convertir en un arma de doble filo al
llevar al extremo la representación de los intereses grupusculares y/o de
facción. Consecuentemente, los grupos de interés o grupos de presión se
convierten en transgresores del sistema político cuando buscando generar
injerencia en la toma de decisiones gubernamentales o influir en actos del
gobierno, corrompen a los funcionarios, servidores públicos, legisladores,
autoridades en general y están desarticulando y generando actos de corrupción
para beneficio de un grupo específico.
Es precisamente con la acción del lobbying, en
dónde se pueden pervertir las acciones legislativas que llevarían a que en el
ejercicio de sus facultades, los legis-ladores puedan usar el sistema para
inducirlo en beneficio de grupos que distan mucho de compaginar sus intereses
con los de las colectividades.
Poder legislativo y grupos de presión 147
ACTIVIDAD
Identifica 5 diferentes grupos de presión que
existen en México.
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Capítulo 9
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: EL CRECIMIENTO DE LA
DISCIPLINA Y NUEVOS CAMPOS DE ESTUDIO
SEVERO EFRAÍN VILLARREAL SOLÍS*
Universidad Autónoma de Nuevo León
SUMARIO: 1. LOS OBJETOS TRADICIONALES DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 2. EL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMO
DISCIPLINA CIENTÍFICA. 3. LA EVOLUCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN EL
CONTEXTO NORTEAMERICANO.
Resumen: En este capítulo se contempla llevar a
cabo una reflexión acerca del objeto tradicional de estudio de la
administración pública, destacando los nuevos alcances de su análisis teórico y
práctico. Se pretende además, examinar la evolución de esta disciplina social
en Europa continental hasta la conformación de una disciplina científica. La
visión progresista norteame-ricana será importante incluirla en el texto, con
la finalidad de observar en ese contexto, el desarrollo y la transformación de
la administración públi-ca como ciencia social e identificar las causas y
fundamentos teóricos que propician los nuevos objetos de estudio, sus
perspectivas y su conceptua-lización, finalmente se aborda el núcleo del debate
donde se amalgaman los nuevos campos de estudio que contribuyen a la
reconstrucción de las relaciones entre el Estado y una sociedad más
participativa.
Palabras clave: Administración pública, nueva
gerencia pública, gobernan-za, políticas públicas, rendición de cuentas.
Keywords: Administration Public, New Public
Management, Governance, Policy, Accountability.
* Doctor en
filosofía con acentuación en Ciencias Políticas por la UANL,
Profesor-Investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración
Pública de la Universidad Autónoma de Nuevo León, es colaborador del cuerpo
académico de Administración Pública.
150 Severo
Efraín Villarreal Solís
1. LOS OBJETOS
TRADICIONALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
El desarrollo de la teoría de la administración
pública ha dependido sustancial-mente de la transformación y renovación de las
instituciones políticas y adminis-trativas en los diferentes contextos
nacionales.
Por otro lado, las instituciones dedicadas al
estudio del fenómeno administra-tivo y aquellas formadoras de especialistas en
la función pública han sido influen-ciadas de distinta forma. Las diversas
corrientes disciplinares como la ciencia po-lítica, la economía, la psicología,
el derecho, la sociología y la administración han aportado una gran variedad de
teorías y argumentaciones para analizar y explicar el fenómeno de la acción
administrativa en el Estado moderno.
Se advierte que la disciplina de la administración
pública, aún en nuestros días está en la búsqueda de una definición, pretende
consolidarse como una disciplina autónoma y específica. Los diferentes
planteamientos teóricos han generado una confusión para definirla, la tradición
europea (Francia) la concibe como ciencia administrativa o ciencia de la
administración, en otros casos la prefieren llamar ciencias administrativas
como un conglomerado de distintas disciplinas sociales (Management, Public Policy,
Policy Sciences, Governance, etc.) refiriéndonos a la corriente Norteamericana.
El estudio de las tendencias actuales en la
administración pública, se inicia con el debate de los desaciertos de las
acciones gubernamentales insertadas en el paradigma tradicional de la
disciplina reflejada en la práctica administrativa. La capacidad de respuesta
institucional se ha reducido sensiblemente, afectando la eficiencia, la
eficacia y la legitimidad de la acción gubernamental. En este contex-to, la
operación y función adecuada de los organismos y dependencias de la
admi-nistración pública en los tres niveles de gobierno, representa un gran
desafío para la gestión tradicional, como consecuencia, se han desarrollado
nuevos campos de estudio y con ello se amplían las perspectivas y contenidos
teóricos, así como prácticos de la disciplina.
Es común observar nociones de administración
pública con influencia del de-recho, de la ciencia política o de la
administración, que intentan definir a la admi-nistración pública de acuerdo al
ámbito de la influencia de cada disciplina. Para el estudioso de la disciplina,
José J. Sánchez González, (Uvalle, 2005, pp. 30-34), los objetos tradicionales
de la ciencia de la administración tienen que ver con su devenir histórico y
teórico, los más representativos que aborda en su propuesta de reflexión son:
• En primer
lugar el objeto de la ciencia de la administración es el Estado, la noción de
Estado como elemento que integra a todas las fuerzas de la socie-dad para
potenciar su desarrollo, en este sentido la administración pública
Administración Pública 151
es la actividad organizadora del Estado. El Estado
es el objeto de estudio, uno de sus instrumentos es la administración pública;
• El segundo
objeto de la ciencia de la administración es el gobierno, la pers-pectiva
norteamericana (Woodrow Wilson, Frank Goodnow entre otros), comenzaron a
suscribir límites del objeto de estudio de la administración pública,
considerando al gobierno como materia de estudio;
• El tercer
objeto de estudio relacionado con la ciencia política es el poder, el poder es
el objeto de la administración pública como un campo de la ciencia política, en
una forma instrumental no en la arena política y sus disputas, el orientado al
poder que se desprende de las funciones inherentes al aspecto gubernamental de
sus tareas administrativas y su interacción con la presen-cia del poder en la
sociedad, Baena de Alcázar (1988);
• El cuarto
objeto de estudio de la disciplina administrativa es el poder eje-cutivo,
considerando la importancia que significa la separación de poderes públicos, el
ejercicio de recursos y la atención a demandas sociales represen-ta la
mediación permanente entre el Estado y la sociedad a través del poder
ejecutivo, que implica un fenómeno identificable;
• El quinto
objeto de estudio de la disciplina es la relación que existe entre los poderes
(ejecutivo, legislativo y judicial), como lo señala Félix Nigro (1981) la
relación y conexión con estos tres poderes públicos tradicionales es la puesta
en práctica, en el caso de leyes aprobadas en el poder legislativo, des-de la
perspectiva de administración de su ejecución. En el caso, de impartir la
justicia con base en la pauta jurisdiccional (poder judicial). A pesar de que
en los poderes se desprenden acciones de carácter administrativo, es el poder
ejecutivo el que proyecta mayor relevancia, identidad y coherencia, y
especialmente impacto a través de sus acciones administrativas;
• El sexto
objeto de estudio tradicional es la burocracia, desde la concepción de Max
Weber (1966), hasta los estudios del Guy Peters, La política de la burocracia
(1999), la óptica abordada es la tarea que tiene la burocracia en el
fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos contemporáneos y su
eventual vinculación con la sociedad actual, especialmente cuando se ha
sostenido una crítica permanente y es objeto de profundas reflexiones;
• El séptimo
objeto de estudio tradicional de la disciplina tiene que ver con un tema nodal:
las organizaciones. La teoría de la organización se desarrolló análogamente a
la administración pública, teniendo una influencia notable en la explicación
del fenómeno administrativo, Herbert Simon (1947), en su publicación doctoral
sostuvo que la teoría de la organización era de ca-rácter universal, eliminando
las fronteras entre la administración pública y la privada.
152 Severo
Efraín Villarreal Solís
Una consideración acerca del objeto de estudio de
esta disciplina, tiene rela-ción con la visión pragmática de las
administraciones públicas, definida como un conjunto de acciones poco
homologadas y diversas en el contexto Latinoameri-cano, ubicándolas de acuerdo
a una amplia variedad de estrategias, estructuras y procesos organizacionales
caracterizados por una gran complejidad y un dinamis-mo gubernamental en
entornos inestables. Los objetos tradicionales han aportado fundamentos
teóricos que han contribuido a enriquecer los conocimientos y las técnicas de
investigación en la administración pública como disciplina y como práctica.
Añadiríamos que una apreciación importante inmersa
en este capítulo, es mo-tivar a la reflexión acerca de la administración
pública como disciplina científi-ca vinculada a la práctica en las
administraciones públicas de nuestra región de América Latina y a su desarrollo
institucional, particularmente en nuestro país, ampliando con ello la
perspectiva hacia nuevos objetos de estudio de la ciencia de la administración,
como es el caso de los estudios de políticas públicas, la nueva gestión pública
o la gobernanza.
2. EL
DESARROLLO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMO DISCIPLINA CIENTÍFICA
Después de esta revisión fundamental donde se
clarificaron los objetos carac-terísticos del estudio de la disciplina de la
administración pública, nos remonta-remos a la historia para apreciar el
desarrollo y la conformación de la adminis-tración pública como disciplina
científica. Observando la evolución que ha tenido en principio, en la Europa
Continental, el caso de Alemania y Francia son muy relevantes, las
características en el bastimento teórico de la administración públi-ca en
Europa es el siguiente:
La evolución de la administración pública, fue
configurada por la influencia del derecho administrativo que postergó cualquier
intento de investigación en la incipiente práctica. En Alemania se desarrolló
desde el siglo XVII una ciencia aplicada de la administración pública llamada
ciencias camerales hasta principios del siglo XVIII, este campo se orientó al
estudio específico de las instituciones administrativas, Lorenzo Von Stein
publicó entre 1866 y 1867 su obra La teoría de la administración, en ella se
propuso construir una ciencia social que explicara las relaciones sociales y en
donde el conocimiento sería el fundamento para la acción administrativa. Sin
embrago, hasta ese momento el derecho administrativo era hegemónico para
cualquier investigación y ejercía su influencia en la adminis-tración pública.
Administración Pública 153
De acuerdo con el profesor Gómez (1998), «En el
siglo XVIII, en Francia sur-gió la ciencia de la policía que orientaba a la
administración como un arte para dirigir los asuntos públicos con fines
prácticos. El estudio de Nicolás de Lamare, El tratado de la policía, publicado
entre 1704 y 1710, agrupa la dimensión del de-recho positivo y el estudio de
las estructuras administrativas, por lo cual se empe-zaba a edificar una
ciencia administrativa, pero fue hasta el siglo XIX, cuando se concentraron
diversos estudios para fortalecer a la administración pública como una ciencia
con estatus científico. La obra de Bonin, Principios de administración pública,
publicada en 1808, impulsó el estudio de las relaciones entre la sociedad y los
administradores en un proceso continuo de resultados, se insistió en la
sepa-ración del derecho administrativo y la ciencia administrativa» (p. 10).
Podemos argumentar que es Francia el origen de la
ciencia administrativa mo-derna, sin embargo la separación entre administración
pública y ciencia política así como su disociación del derecho, se dio a partir
del desarrollo de la admi-nistración científica. La disciplina del derecho no
fue suficiente para explicar el fenómeno administrativo asociado a la conducta
humana y a la optimización de los recursos, cedió campo ante el avance
tecnológico y económico principalmente en los Estados Unidos de Norteamérica,
donde se desarrolló un enfoque prag-mático y técnico de la administración,
apartándose del tema especulativo clásico Europeo.
La noción contemporánea de la administración
pública, surge a finales del siglo XIX y principios del siglo XX en Estados
Unidos, con una visión progre-sista de la ciencia administrativa, observando el
desarrollo indistinto y a la par de la administración privada y pública.
Además, el estudio menos acentuado del derecho administrativo, fueron las
características del avance de la administración pública en los Estados Unidos.
Es destacable el pensamiento de Woodrow Wilson
(Shafritz J. y Hyde A., 1999), presidente de los Estados Unidos (1913-1916),
quién publicó en 1887, el notable texto El estudio de la administración
Pública. En éste, abordaba entre otros, el tema del objeto de estudio
administrativo: «El objeto de estudio admi-nistrativo es descubrir, primero, lo
que el gobierno puede hacer legítimamente y bien, y segundo, cómo puede hacer
estas cosas apropiadas con la mayor eficiencia posible y con el menor costo
posible de dinero o de energía, en ambos puntos hay una necesidad de claridad,
y se requiere un estudio para dilucidar esos aspectos, antes de esa reflexión
es necesario: Tomar en cuenta lo que otros han hecho en esa línea (La historia
del estudio); precisar cuál es su tema; y determinar cuáles son los mejores
métodos para desarrollarlo y clarificar las concepciones políticas para
adentrarnos en él» (p. 73).
En la publicación Clásicos de la Administración
Pública de Shafritz J. y Hayde A. (1999), Woodrow Wilson sostenía acerca del
tardío resultado del estudio de la
154 Severo
Efraín Villarreal Solís
ciencia de la administración como fruto de la
ciencia de la política que se remonta a 22 siglos. Señalaba que era un «brote»
del siglo que transcurría, y cuestionaba su letargo: ¿Por qué esperó hasta
nuestro ajetreado siglo para exigir nuestra aten-ción?», la administración es
la parte más obvia del gobierno; es el gobierno en acción; es el lado
ejecutivo, el operativo, el más visible del gobierno y, desde luego, es tan
antigua como el gobierno mismo. Es el gobierno en acción, y naturalmente
esperaríamos encontrar que el gobierno en acción hubiera llamado la atención y
provocado el análisis de los escritores de política, desde los albores de la
historia del pensamiento sistemático» (p. 74).
La administración pública carecía de sustento
teórico propio de acuerdo a Hugues Harry Lhérisson en su estudio introductorio
del Texto Administración Pública. El Estado Actual de la Disciplina de Naomi B.
Lynn y Aarón Wildavsky (1999), sus principales postulados y métodos eran
aportados por el derecho y la ciencia política. Por otra parte, «los principios
y conceptos básicos de la adminis-tración pública como subcampo de la ciencia
política tales como: ética, partici-pación política, democracia, equidad y respeto
a la norma, entre de otros, tenían otro significado con relación a los
principios de la administración científica, como eficiencia, eficacia y
productividad, la brecha con la ciencia política implicó el de-sarrollo de una
nueva perspectiva adoptando nuevos valores» (p. 16).
Lo anterior propició el desarrollo de la
administración pública como disciplina adoptando las propuestas y principios de
Frederick Taylor1, para fortalecer las bases científicas de la administración
pública. Los principios de la administración de acuerdo a Taylor eran cuatro a
saber (Robbins, 1994, pp. 32-33):
• Desarrolla
una ciencia para cada elemento en el trabajo de un individuo, lo que remplaza
el antiguo método grosso modo;
• Selecciona
científicamente y luego capacita, enseña y desarrolla al traba-jador (antes los
obreros escogían su propio trabajo y se entrenaban a sí mismo lo mejor que les
era posible);
• Coopera con
los obreros, a fin de asegurarse que todo el trabajo sea realiza-do de acuerdo
con los principios de la ciencia que ha sido desarrollada;
1 Para
establecer una fecha y señalar cuándo nació la teoría administrativa moderna,
se puede estimar que fue el año de 1911, en este año se publicaron Los
Principios de la Administración Científica por Taylor, ampliamente aceptados en
todo el mundo. En ellos se describía entre otras cosas, el método científico
para definir la única y mejor forma para realizar un trabajo, se estableció el
papel de planear y controlar, y el de los trabajadores de desempeñarse en la
forma como se les instruía, Taylor presentó sus ideas y estas fueron
inmediatamente adoptadas en los EUA, además se diseminaron el Francia,
Alemania, Rusia y Japón, comenzaba así la gran influencia del cientificismo en
la administración.
Administración Pública 155
• Divide el
trabajo y la responsabilidad en partes iguales entre la administra-ción y los
trabajadores. La administración se hace cargo de todo el trabajo para el cual
está mejor preparada que los trabajadores. (Con anterioridad, casi todo el
trabajo y la mayor parte de la responsabilidad recaía en los obreros).
Los estudios aportados por Taylor y sus seguidores
fueron incorporados al sec-tor público, con ello se estableció una prolongada
relación entre la administración privada y la administración pública. Es
importante mencionar las contribuciones del Francés Henry Fayol (1841-1925),
con sus catorce principios de la admi-nistración que influyeron a las
corrientes administrativas que se desarrollaron en Estados Unidos. El caso de
Francis Goodnow, su estudio sobre la separación entre la
política-administración fue sobresaliente. Surge el pensamiento de Leo-nard D.
White, divergente al punto de vista de la dicotomía clásica, aportando a la
reflexión la perspectiva de la administración pública como un arte que busca la
eficiencia y eficacia, con enfoque de sistema trataría de alcanzar los fines
que busca el Estado.
Haciendo referencia de autores como Woodrow Wilson
(1887) y Francis Goodnow (1900), la administración pública a principios del
siglo XX, en Estados Unidos fue llamada como la era «progresiva» con base en la
conceptualización generalizada en esa época de que la tarea del gobierno
suponía un serio compro-miso con el desarrollo general de una nación, como el
motor central en su avance. Por tal motivo, requería un gran aparato
administrativo, sólido y efectivo. La influencia para desarrollar esta visión
fue el modelo inglés del siglo XVII, a partir de éste se desarrollaron las instituciones
administrativas de la Unión Americana. (Véase Arrellano, 2004, p. 18).
La idea que se concibió en ese momento entendía que
la administración públi-ca estuviera separada de las influencias políticas y
económicas que podrían y de hecho lo hacían en las decisiones públicas. Ante
esta imagen se diseñaban meca-nismos que impulsaban el accionar de la
administración pública progresiva: un gran cuerpo burocrático técnico, un
servicio civil de carrera, el desarrollo de un sistema minucioso de normas y
procesos rígidos sujetos a mejoramiento constan-te, supervisado por instancias
técnicas.
3. LA
EVOLUCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN EL CONTEXTO NORTEAMERICANO
De acuerdo a la tradición norteamericana el
análisis y estudio de la adminis-tración pública ha pasado por las siguientes
etapas: la ortodoxia; la heterodoxia; la corriente neoclásica; las políticas
públicas; la nueva administración pública;
156 Severo
Efraín Villarreal Solís
la nueva economía pública; la gestión pública; y la
nueva gestión Pública. Dicha propuesta se aborda por los estudiosos Edgar
Ramírez y Jesús Ramírez, (Arellano, 2004, p. 101). Perspectiva que compartimos
en esta reflexión.
En primera instancia, el modelo de organización
objeto de estudio de los Clá-sicos Ortodoxos, se caracterizaba por una
administración científica que se respal-daba de principios universales, desde
el punto de vista organizacional, por una estructura jerárquica
tradicionalmente vertical, altamente centralizada en donde se ejercía el poder
de manera descendente, el control se instrumentaba de forma personal y
burocratizada.
Este modelo privilegia el proceso y de acuerdo a
este esquema, se cumplirían favorablemente los objetivos para el que fue
diseñado. El factor humano está ausente en sus consideraciones, concebido como
una máquina y basado en el principio de la previsibilidad. El componente humano
se omitió de este diseño organizacional, además la imposibilidad de la clásica
dicotomía entre política y administración abordaría con dificultad el reto de
la eficiencia organizacional en un entorno político complejo.
Con la visión anterior la administración pública
debería, como la administra-ción científica, aplicarse a maximizar la
eficiencia, la eficacia y la economía. El enfoque empresarial se vio nutrido
por la influencia de Frederick Taylor. Leonard White en su libro Introduction
To The Study of Public Administration, (1926), afirmaba que «el estudio de la
administración pública debe partir de la base de la administración; no del
fundamento de la Ley, por lo tanto corresponde más los asuntos de la Asociación
Estadunidense de Administración que a las decisiones de los tribunales». Por su
parte, Gulick (1937), opinaba que la eficiencia era el «axio-ma principal de la
escala de valores de la administración», por lo tanto la política no podía
entrar en «la estructura de la administración sin producir ineficiencia».
Con el paso del tiempo se retomaría esta referencia
en los años noventas, por David Osborn y Ted Gaebler, en un texto llamado La
Reinvención del Gobierno, la influencia del espíritu empresarial en el sector
público (1994).
En el caso de la corriente Heterodoxia, ésta era
una respuesta al argumento insostenible de la separación entre la política y la
administración pública, el in-terés y el egoísmo de los administradores entra
en el campo real, la influencia del cuerpo de funcionarios en el proceso de
decisión de la política, imprimía nuevos derroteros al modelo clásico, se
proponía limitar a la burocracia.
Para estudiosos como Chester Barnard (1938), el
factor humano cobra vital importancia en una forma de «cooperación»
organizativa, al imprimir el tema de las relaciones humanas de carácter
informal, con un nuevo tono dentro de las organizaciones, para este autor, la
metáfora de la «máquina» como organización no tenía sentido.
Administración Pública 157
Además del problema de la neutralidad del factor
humano en las decisiones de política, será el factor humano, fuente permanente
de complejidad en el diseño de las organizaciones, al dejar de concebirlos como
autómatas, la nueva noción se aproxima a considerarlos como individuos
estratégicos con una naturaleza com-pleja sin someterse a reglas y con impactos
en las metas organizacionales previs-tas.
Es importante aclarar que con estas dos corrientes
de estudio se integra el en-foque clásico de la administración pública, se
pasaría a una nueva etapa o ciclo que comienza con nuevas críticas, llamada La
Administración Pública Neoclásica: la importancia de la decisión.
En esta corriente de estudio las censuras de
Herbert A. Simon, a los principios de la administración pública fueron
significativas, les llamaba «proverbios», en una clara argumentación a su
inaplicación e interpretación ambigua. El enfoque neoclásico aborda el tema de
la decisión, partiendo del complejo análisis previo orientado a los límites
relacionados al factor humano, es decir a su incapacidad de integrar todas las
opciones posibles que debería considerar antes de tomar deci-siones, al reducir
la complejidad y los riesgos, los individuos no consideran el total de
variables de su dimensión, repercutiendo en la calidad de decisión. Esta
co-rriente considera que la racionalidad instrumental es la esencia de la
organización humana conocida como administración, la toma de decisiones se
configuraría en esta postura teórica, como el principal elemento explicativo
para conocer y enten-der el comportamiento en las organizaciones. (Harmon y
Mayer, 2001, p. 162).
Las políticas públicas como corriente de estudio se
conciben como elementos o productos institucionalizados del sistema político.
Forman parte constitutiva de las acciones o de los resultados de las
actualizaciones de la estructura formal del sistema político inmerso en el
ámbito del Estado. De acuerdo con B. Guy Peters (1982), se definen como «el
conjunto de actividades de las instituciones de gobier-no, actuando
directamente o a través de agentes, y que van dirigidas a tener una influencia
determinada sobre la vida de los ciudadanos».
Esta corriente cultural propia de occidente,
contribuye al gobierno fuertemente cuestionado por la razón, en esa lógica
emerge una propuesta de Policy Sciences de Harold D. Lasswell, orientado al
proceso de la política, buscando articular sistemáticamente ciencia
(interdisciplinaria) y decisión (democracia) de gobierno (Véase Aguilar, 1992,
p. 39). El programa fue formulado en 1951, intentaba ser una respuesta a la
fragmentación de las ciencias sociales y a la necesidad de buscar mayor
conocimiento e integración del gobierno en sus decisiones públicas, al mis-mo
tiempo se ampliaba la brecha con los principios de la administración pública
tradicional, buscando entender a la acción gubernamental a partir de un nuevo
marco de análisis, nace una nueva disciplina que ha pretendido comprender una
nueva realidad más compleja e indefinida.
158 Severo
Efraín Villarreal Solís
De acuerdo con Theodore Lowi (1972), las políticas
públicas se manifiestan en cuatro diferentes tipos que a continuación se
describen:
a) Como
políticas regulatorias o reglamentarias que establecen reglas de
com-portamiento, cuya esencial herramienta es la legislación, se basan en
as-pectos disuasorios tales como multas o incluso privación de libertad para
incorporar sanciones y respetar los patrones de conducta establecidos;
b) Las
políticas redistributivas se orientan a clasificar a los individuos según
criterios que permiten acceder a ciertas ventajas, o las restringen, están
ins-trumentadas a través de esquemas fiscales y posteriormente los impuestos
son canalizados en programas de asistencia pública;
c) Las
políticas distributivas se centran en el interés gubernamental de garan-tizar
igual acceso a los recursos;
d) Las
políticas esenciales o constitutivas que definen reglas como los códigos o
reglamentos, sirven al país como un todo al atender las necesidades ope-rativas
del propio gobierno y de la administración pública, y determinan principios que
sustentan la protección de la seguridad nacional (pp. 298-310).
El idioma inglés tiene la ventaja de interpretar de
diferente forma a los siguien-tes términos: Policy implica el cuadro de la
acción del gobierno, Politics determina la lucha por el poder, y Polity
representa el marco general donde convergen las otras dos.
Al presentarse cambios en la concepción de la
legitimidad que respalda la ac-ción pública, aparecen nuevos actores
antagonistas con diversos intereses, impli-cando modificar el patrón de hacer
política. Además, con la modificación del fun-damento racional-legal, se genera
el replanteamiento del sustento, por medio de una nueva relación de confianza
con actores, asociaciones y grupos con interés en asuntos públicos. La
determinación de la agenda en un marco analítico racional integra: la
identificación de un problema, la formulación de soluciones, la toma de
decisiones, la puesta en marcha del programa y la evaluacion de la acción.
Los nuevos valores filosóficos permearon en la
administración pública e in-trodujeron nociones acerca de la democracia, la
equidad y la participación en las organizaciones. Aparece, La Nueva
Administración Pública: Organizaciones más humanas y democráticas. Abraham
Maslow (1943) y Elton Mayo (1964) tuvie-ron gran influencia en otros autores
como Douglas Mc. Gregor (1957) y Waren Bennis (1966). Las propuestas
humano-relacionistas y de gestión participativa se conceptualizan en una
organización, se analizan las limitaciones en las organiza-ciones para que
individuos concilien algunos temas, como su autorrealización con los objetivos
impuestos por la organización. Se orientan estrategias de los admi-nistradores
para tratar de conciliar objetivos y visiones distintas y en ocasiones
Administración Pública 159
contrapuestas. Para ello se propone rediseñar las
organizaciones descentralizan-do, delegando funciones y evaluando el desempeño
de los individuos, de acuerdo con las metas que se hayan establecido ellos
mismos. Este precepto democrático permite a las organizaciones adaptarse al
medio ambiente, (Bennis, 1966).
La administración pública fue sometida a diversas
críticas, irrumpe una nueva corriente denominada «La Nueva Economía Política»,
la disciplina fue objeto de replanteamiento en el tema relacionado a su
cientificidad, Vincent Ostrom en 1974, propone un método para el análisis de la
administración pública, prevenía un objeto de estudio distinto: el estudio de
la toma de decisiones colectivas como método y objeto de estudio, además
debería ser trasladado de la economía, disci-plina científica más consolidada.
Las ideas de Ostrom, armonizan con las ideas de
Buchanan y Tullock en 1962, con una noción argumentativa muy pragmática: el
egoísmo humano. Estos es-pecialistas analizan cómo el bien común, no es otra
cosa, que el resultado de la suma del bienestar alcanzado por el individuo, su
comportamiento interesado requiere del gobierno para acordar y consensuar
acerca de decisiones colectivas. El parámetro de eficiencia en el gobierno es
el logro de la mayor suma de benefi-cios individuales con el menor costo posible,
abandonando la dicotomía entre la política y administración, basado en que las
reglas administrativas tienen un claro interés político de los individuos.
Para al análisis de la disciplina, (Ostrom, 1974,
p. 54), propone la teoría de la elección pública, a partir de esta conjetura,
se pudo desarrollar una metodología incorporando elementos científicos para su
estudio. Proporciona una noción más reflexiva de la motivación humana para la
cooperación, plantea aspectos y pro-puestas para hacer a la administración
pública más eficiente y democrática. Estos elementos son analizados en su
teoría democrática, además recomendaba la frag-mentación de las decisiones para
controlar el poder, sostenía que las decisiones no deberían de generarse de una
sola fuente de poder, criticando a la jerarquía de las organizaciones que
respaldaban los enfoques clásicos y ortodoxos.
El Estudio de la Gestión Pública aparece como una
propuesta emergente para replantear una disciplina administrativa cada día más
influenciada por diversas corrientes de estudio, especialmente para afrontar
las grandes dificultades de operación procedentes de los grandes aparatos
gubernamentales, cada día más expandidos. Así mismo, sumado al costo de
mantenimiento y la forma de fun-cionamiento de estas estructuras eran temas
recurrentes entre los críticos de la disciplina tradicional, la sociedad
cuestionaba su tamaño y la escasa eficacia de las acciones de gobierno
emprendidas (Cabrero, 1997).
Los países en vías de desarrollo con crisis de
eficiencia, eficacia y legitimidad crónica. Además, con fenómenos habituales de
inflación y deuda e incapaces de evitar las fluctuaciones cíclicas de los
procesos económicos del contexto inter-
160 Severo
Efraín Villarreal Solís
nacional, y los países industriales con economías
de mercado afectados por el entorno, consideraron pertinente reevaluar la
función del Estado, generando con ello una reforma administrativa: dio inició
la modernización gerencial de los años ochentas, el movimiento global de
reforma con un contenido ideológico proponía un cambio de valores en el sector
público, su reducción inminente, incentivos tipo mercado, mejorar su desempeño
y equilibrar sus recursos fiscales, la privatización y la reducción de costos se
impusieron como los valores centrales de la reforma gerencial (Banco Mundial,
1983).
La exigencia en la calidad de los servicios, la
prontitud y el mejor trato con los ciudadanos ponían en un gran desafío al
modelo clásico Weberiano, implicaba asimismo, redefinir la formación de los
administradores públicos transfiriendo el uso de instrumentos de la gerencia
privada. De acuerdo Gruening, algunas herramientas incorporadas fueron: la
administración por objetivos, la gestión es-tratégica, la medición del
desempeño y el presupuesto base cero (Gruening, 1998).
Esta corriente de estudio significó una concepción
que reflejó una nueva ma-nifestación emergente, surgida en regímenes
conservadores de los Estados Unidos de América y Gran Bretaña, Estados-nación
que a partir de 1980 orientaron sus políticas económicas al «neoliberalismo».
Esta dimensión del gerencialismo im-pregnaría el entorno, como lo afirmó Peters
y Waterman en 1982, en un texto lla-mado en Busca de la Excelencia. La práctica
de la administración pública estaba influenciada en ese momento en los Estados
Unidos, con una clara orientación ba-sada en una gestión más sensible con el
componente humano, como complemento a la dirección racional, en un marco
organizacional que intentaba estar orientado hacia los servicios con calidad y
la promoción del cambio organizacional, esta noción reflejaba el interés por
mejorar la práctica de la administración pública, como lo argumentan Ramírez y
Ramírez (2004).
Esta perspectiva no estableció un paradigma y su
ambigüedad representó difi-cultades para teorizar (Bozeman, 1998, p. 209), sin
embargo es reconocida como uno de los fundamentos claves que dieron sustento y
delinearon a la nueva gestión pública en los años siguientes, la investigación,
la educación y la práctica en ad-ministración pública, comparten elementos
comunes que tienen que desarrollarse en un futuro en el paradigma de lo
público, llamado por Bozeman como «rompe-cabezas» de la nueva reconfiguración de
lo público, como base para impulsar la práctica y la educación en una misma
dimensión de estudio.
La Nueva Gestión Pública (NGP) se integra de
diversas propuestas teóricas, después de la reforma gerencial de los años
ochentas con alto contenido econó-mico como respuesta a la crisis financiera.
En la década de los años noventas el Banco Mundial (1998), afirmaba que «la
acción recíproca entre el Estado y el mercado» había proporcionado un
aprendizaje esencial para fomentar el desa-rrollo, de tal suerte que el
gobierno debería actuar con el mercado a «modo de
Administración Pública 161
complemento». Por consiguiente, se propuso promover
reformas adicionales de segunda generación, ante los resultados negativos en
especial de la región Lati-noamericana, se orientaron a mejorar las condiciones
sociales y a tratar de reducir la pobreza, a reestructurar el gobierno central
y sus relaciones con los gobiernos locales, a combatir la corrupción, a
transparentar y simplificar el entorno legal y reglamentario, a reformar el
servicio civil, a mejorar la recaudación de impuestos entre otras reformas. (Basado
en el trabajo de Burky, Shahid y Perry, 1998).
La NGP, derivada de esa segunda generación de
reformas se caracteriza por la promoción y aplicación de siete doctrinas a
saber, de acuerdo a Christopher Hood: 1. la participación de profesionales de
la administración; 2. explicitación de estándares y evaluación del desempeño de
las agencias mediante estos referen-tes; 3. énfasis en el control de los
resultados; 4. desagregación de unidades en el sector público; 5. cambio en la
competencia entre las agencias del gobierno; 6. én-fasis en la técnicas de gestión
del sector privado (Gerencialismo como ideología) y, 7. alta disciplina en el
uso de los recursos del gobierno (Hood, 1991).
Para Laufer y Burlaud, Management Public: Gestión y
Legitime, la nueva ge-rencia pública está formada como un campo de confluencia,
donde resaltan una seria de disciplinas como el management, las ciencias de la
organización, las admi-nistrativas y las ciencias políticas. La argumentación
de estos autores, se orienta en el sentido de que las bases o fundamentos de la
NGP tienen una reunión en la frontera de lo privado y lo público, refiriéndose
a la influencia en ambos, no des-tacando algún sector exclusivo. Concuerdan
varios estudiosos de administración pública (e. g., Hughes, 1996; Gruening,
1998) que las bases teóricas de la gerencia pública se concentran en dos
grandes corrientes de pensamiento: En la economía y en la gerencia privada
(Martínez, 2007, p. 28).
La redefinición de lo público, se asume en virtud
de que las reformas han teni-do asimetrías en función de la aplicabilidad de
los modelos que no han proporcio-nado resultados locales, al persistir la
pobreza y las desigualdades de riqueza. El Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo2 (PNUD) en 1999, propuso a los gobiernos reformas más concretas
para lograr resultados con un componente más social, ante este escenario se
demandan nuevas reformas de las administra-ciones públicas replanteando la participación
social en los procesos políticos y en las decisiones locales, el término
Gobernanza y eficacia administrativa redefinen lo público de forma incluyente
por parte de los actores del sistema político en los procesos de decisión
pública más abiertos.
2 El Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, es un organismo miembro de la ONU y
desde 1965, trabaja para reducir la pobreza en el mundo, el PNUD colabora en el
caso Mé-xico con el gobierno federal, con los gobiernos estatales y
municipales. Con el sector privado y la sociedad civil, brindando información
técnica, asesorías y recomendaciones para generar políticas públicas y
proyectos orientados al desarrollo.
162 Severo
Efraín Villarreal Solís
El concepto de Gobernanza que propuso el PNUD,
refiere a «Reexaminar la idea convencional de que la Gobernanza es un campo
exclusivo del Gobierno» y «fomentar la reformulación emergente que sugiere que
la Gobernanza incluye a todos los organismos del Estado, la sociedad civil y el
sector privado». (V. Confe-rencia Mundial sobre Gobernanza: del Gobierno a la
Gobernanza: Hacia el siglo XXI, 1999).
A decir de Dan Guttman, la gobernanza es una
reforma que aprende de la ex-periencia, es un esfuerzo de las élites dirigido a
la reconstrucción social nacional y mundial, los objetivos de la reforma son
las burocracias estatales aparentemente ineficientes y corruptas, el proceso
integra a instituciones no estatales para gene-rar contrapeso a las burocracias
estatales. La perspectiva histórica de la gober-nanza es limitada, a decir de
este autor (Guttman, 2004), el mito de su creación se establece hace poco más
de un cuarto de siglo, durante la era de Reagan/ Thatcher, con fuerte
influencia de la teoría de la elección pública y del institucionalismo
económico, propiciado a partir de las fallas del Estado benefactor. El
argumento esencial muestra en esta historia un gran Gobierno inmovilizado, que
necesita la ayuda de la sociedad civil y del mercado. Para Aguilar Villanueva
(2008), «el con-cepto de gobernanza es un concepto pos crisis, y sostiene, es
el proceso mediante el cual los actores de una sociedad deciden sus objetivos
de convivencia —funda-mentales y coyunturales— y las formas de coordinarse para
realizarlos: su sentido de dirección y su capacidad de dirección» (p. 90).
Las principales reformas aplicadas en los países
miembros de la OCDE, inten-taron mejorar los resultados del sector público y
redefinir su papel en la econo-mía, es patente en esa etapa, la influencia de
los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en el
impulso e inserción de la noción de la nueva gestión pública en la acción
gubernamental y en la agenda de reforma ad-ministrativa que incluye el enfoque
del gobierno abierto.
Los objetivos de las reformas tenían que ver con
una mayor atención a los resultados; transferir competencias y lograr una mayor
flexibilidad; una mayor responsabilidad y un control fortalecidos; una
orientación hacia el cliente y el servicio; una mayor capacidad de definición
de las estrategias y de las políticas; introducir la competencia y otros
elementos del mercado, y mejorar las relaciones con otros niveles
administrativos, además inscrito en el paradigma de la NGP, un gobierno de
proximidad y abierto con redes participativas que impulsen mayor transparencia
y rendición de cuentas, y la evaluación de los resultados de la ges-tión.
En el contexto de nuestra región Latinoamericana,
especialmente en nuestro país, se comienza a percibir en el ámbito intelectual
y académico una reelabo-ración conceptual y metodológica en la disciplina de la
administración pública,
Administración Pública 163
se pretende construir una mayor capacidad de
análisis y puesta en marcha de instrumentos racionales y estrategias orientadas
a transformar a las instituciones gubernamentales.
La primera generación de reformas en América
Latina, donde emergieron de forma característica los principios económicos,
orientó la política fiscal de los Estados Sociales rumbo al ajuste fiscal y al
equilibro de sus finanzas publicas. Las expectativas fueron de amplio alcance
al desincorporar y reducir el tamaño del Estado, las organizaciones públicas
fueron sometidas a medidas que se orientaron a privatizar y desaparecer
entidades y programas gubernamentales, considerados no prioritarios. La
reorganización de la estructura orgánica fue un precepto inevi-table, los
resultados desiguales e inciertos.
Al considerarse una nueva perspectiva de las
relaciones del Estado y la socie-dad, en la región de América Latina,
particularmente en nuestro país, con la inten-ción de reconstruir el espacio
público a través de una cogestión social de políticas y servicios públicos, los
objetos tradicionales de la administración pública evolu-cionan y amplían su
cobertura y contenido hacia una noción interdisciplinaria de las ciencias
sociales. Los campos que enriquecen a la administración pública como la nueva
gestión pública, la gobernanza, el gobierno abierto y de proximidad, y las
políticas públicas introducen una nueva lógica con elementos gerenciales de
inclu-sión social, donde los ciudadanos participan en el espacio público para
mejorar el desempeño gubernamental e impulsar la transparencia y la rendición
de cuentas a la sociedad. Implica transformar la cultura de las organizaciones
públicas y de los practicantes de la administración pública, de la misma forma,
de académicos, de investigadores y docentes que participan en la formación del
servicio público.
ACTIVIDAD
Desarrolla una línea del tiempo de la
administración pública.
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Capítulo 10
GRUPOS VULNERABLES EN EL ESCENARIO POLÍTICO
CLAIRE WRIGHT*
VÍCTOR NÉSTOR AGUIRRE SOTELO**
Universidad Autónoma de Nuevo León
SUMARIO: 1. SOBRE LOS DEBERES DEL ESTADO PARA CON
LAS MINORÍAS. 2. FÓRMULAS PARA LA INCLUSIÓN DE LOS GRUPOS VULNERABLES EN EL
ESCENARIO POLÍTICO.
Resumen: El presente capítulo analiza la
problemática de la incorporación y participación de los grupos vulnerables en
el escenario político, con el obje-tivo de ofrecer algunas reflexiones teóricas
acerca de los deberes del Estado y posibles formas de actuación. Ofrecen
algunas reflexiones teóricas acerca del Estado para con las minorías, presenta
y evalúa varias fórmulas para incorporar a las minorías en el Estado, ofrece
también un estudio de caso acerca de los conflictos sobre los territorios
indígenas en América Latina y finalmente presenta un estudio de caso acerca de
los migrantes indígenas en el Estado de Nuevo León.
Palabra clave: Minorías, grupos vulnerables,
migrantes, indígenas.
Keywords: Minorities, Vulnerable groups, migrants,
natives.
1. SOBRE LOS DEBERES DEL ESTADO PARA CON LAS
MINORÍAS
La problemática de la incorporación y participación
de los grupos vulnera-bles en el escenario político es un problema histórico
que sigue presente en las sociedades modernas en todas las latitudes del mundo.
Los niños, las mujeres, los
* Es
Profesora Tiempo Completo, Facultad de Ciencias Políticas y Administración
Pública de la UANL, Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (Candidata),
Doctora en Ciencia Política de la Universidad de Salamanca (España) y líder del
Cuerpo Académico «Participación Ciudadana y Democracia». Sus líneas de
investigación incluyen los procesos políticos en Amé-rica Latina.
** Doctorado
en Filosofía con acentuación en Ciencias Políticas. Actualmente Secretario
Aca-démico de Internacionalización y Plan Bilingüe de la Facultad de Ciencias
Políticas y Admi-nistración Pública de la UANL. Pertenece al cuerpo Académico
«Participación Ciudadana y Democracia».
168 Claire
Wright - Víctor Néstor Aguirre Sotelo
inmigrantes, las minorías culturales, y las
personas discapacitadas, entre otros, se encuentran en una posición de
vulnerabilidad e incluso de desigualdad y necesitan respuestas efectivas en
varios ámbitos por parte del Estado.
El objetivo del presente capítulo es ofrecer
algunas reflexiones teóricas acerca de los deberes del Estado y posibles formas
de actuar con grupos vulnerables es-pecíficos. Además, se ilustran los desafíos
que se presentan en este sentido a través de dos estudios de caso.
En este capítulo, nos enfocamos en la situación de
las minorías culturales en términos generales y los pueblos indígenas en
términos específicos, dada su im-portancia en el contexto socio-histórico de
América Latina en general y de Mé-xico específicamente. Cabe destacar que la
población indígena en México es un sector con los más altos índices de rezago
económico y social a nivel nacional. De los 17 millones de personas que viven
en municipios con alta y muy alta margi-nación, 6.1 millones de ellas son indígenas.
Es decir, la población indígena que representa 10% de la población nacional
constituye el 60.4% de la población que vive en municipios de alta y muy alta
marginación1. En México, ser indígena —en términos generales— significa contar
con menos recursos que la media nacional.
No obstante, hace falta hacer una precisión: hoy en
día, como antes —en el contexto de importantes invasiones de territorios por
parte de gobiernos y empre-sas extractivistas, entre otros— muchos indígenas se
han convertido también en migrantes. Esta doble condición de indígena-migrante
representa un desafío que es muy importante en términos éticos, y que es muy
diferente de la situación pre-sentada por los pueblos indígenas que permanecen
en sus territorios. En estas pá-ginas se ofrecerán algunas breves reflexiones
teóricas acerca de ambas situaciones y los diferentes dilemas que plantean,
desde el punto de vista de la gobernabilidad.
El presente capítulo se estructura de la siguiente
manera: en el primer apartado, se ofrecen algunas reflexiones teóricas acerca
del Estado para con las minorías; en el segundo apartado, se presentan y se
evalúan varias fórmulas para incorporar a las minorías en el Estado; en el
tercer apartado, se ofrece un estudio de caso acer-ca de los conflictos sobre
los territorios indígenas en América Latina; luego en el cuarto apartado se
presenta un estudio de caso acerca de los migrantes indígenas en el Estado de Nuevo
León; finalmente se presentan las principales conclusiones y reflexiones
planteadas a lo largo del texto. Para recapitular la información y las
lecciones aprendidas, se plantea una actividad al final del capítulo.
En este capítulo, es primordial aclarar que nos
preocupa la situación de los su-bordinados culturales específicamente, sin
descartar la posibilidad de subordina-
1 CDI-PNUD.
Sistema de Indicadores sobre la Población Indígena de México, con base en:
INE-GI, XII Censo General de Población y Vivienda 2000 y II Conteo de Población
y Vivienda 2005, disponible en www.cdi.gob.mx.
Grupos vulnerables en el escenario político 169
dos económicos o sociales, como es el caso de las
mujeres en la mayoría de las so-ciedades contemporáneas. La teoría de los
derechos de las minorías basada en los grupos etnoculturales se concentra en
crear categorías para distinguir los diversos tipos de minorías que existen al
interior del estado y cuáles son los diferentes tipos de demandas que cada
grupo reclama. En este sentido, de acuerdo con Kymlicka, (2009), encontramos
tres principales categorías de minorías etnoculturales; los grupos indígenas,
las minorías nacionales, y los inmigrantes, cada grupo formu-lando diferentes
tipos de demandas. En términos generales, los pueblos indígenas exigen derechos
de autogobierno, leyes consuetudinarias, y reclamos de tierras. Las minorías
nacionales por su parte, demandan autonomía territorial y que su lengua sea
reconocida como lengua oficial. Finalmente, los migrantes exigen leyes de
naturalización y leyes que les ayuden a integrarse a la sociedad mayoritaria y
que respete sus derechos laborales.
Es importante destacar que una nación política se
construye desde diversas naciones culturales para poder dar lugar a un Estado
soberano y por lo tanto, los Estados modernos no tienen por qué ser
culturalmente heterogéneos (Wright, 2009). No obstante, de acuerdo con Kymlicka
(2003), el estado nacional está hecho a la medida de la cultura mayoritaria, la
que se apodera del aparato estatal y le imprime su cultura y lo utiliza a su
vez para promover dicha cultura, caracte-rizada principalmente por el uso de una
lengua oficial. En este momento la etnia dominante deja de pensar en las demás,
y el estado nacional emerge tratando de borrar al resto de las culturas
minoritarias al interior del estado y de implantar a las minorías étnicas una
cultura homogénea. Siguiendo la lógica de Kliksberg (2005) estaríamos aquí en
una sociedad sin ética, pues la etnia mayoritaria deja de pensar en las demás
etnias, discriminándolas o excluyéndolas.
Para entenderlo mejor, Kymlicka (2003) hace un
símil entre su propuesta y la explicación marxista del capitalismo. En dicho
estado, el burgués se siente como pez en el agua, para él, son válidas la
libertad de expresión, la libertad de movi-miento, la igualdad de la ley y la
democracia como forma de gobierno, pero para una persona que vive en extrema
pobreza dentro de un estado capitalista, dichas libertades no significan nada;
¿para qué sirve la libertad de movimiento si no se cuenta con dinero para viajar?
y ¿para qué sirve la libertad de estudiar la carrera de tu elección si no
tienes dinero para solventar los gastos que implica la Universi-dad? Otra
crítica de este concepto restringido y elitista de la libertad se encuentra en
la obra de Philip Pettit (1997).
En este sentido, una persona perteneciente a una
minoría étnica se encuentra en la misma situación, culturalmente hablando, que
un pobre en un estado bur-gués, con una igualdad jurídica, con un
reconocimiento de derechos humanos y sociales pero sin la posibilidad de
acceder plenamente a ellos, a menos que, en este caso renuncie a su identidad
étnica. Al encender la televisión, al tratar de mejorar su educación, al buscar
un puesto de trabajo, se encuentra siempre con que se ha-
170 Claire
Wright - Víctor Néstor Aguirre Sotelo
bla otra lengua, se tiene otra cosmovisión, que no
es la suya. El problema no es ser diferente, el problema es que la mayoría
cultural excluye de forma institucional al que es diferente.
Para Taylor, (2009) el reconocimiento de los
derechos individuales a grupos étnicos claramente diferenciados del resto de la
mayoría cultural no sirve de nada, puesto que no se reconoce el derecho más
importante: el derecho a ser uno mis-mo, el derecho a la identidad. No se trata
de que los demás sean tolerantes, de que la mayoría decide, como si tolerar
fuera una concesión. Se trata de reconocer que el resto de las culturas al
interior del estado tienen igual valor que la cultura mayoritaria; es decir todas
ellas tienen la misma validez y deben de contar con el mismo reconocimiento
legal por parte del estado. Por lo tanto, para este autor, no se pueden ejercer
los derechos individuales sin que antes estén garantizados los derechos
colectivos, en este caso, el derecho a la identidad de las minorías étnicas.
No se trata, pues, de una cuestión de ética en el
sentido de fomentar el valor de la tolerancia, se trata más bien de un cambio
más profundo en la estructura ética del Estado, en el que la etnia mayoritaria
otorga igual valor al resto de la culturas minoritarias, y por tanto,
brindarles un acceso efectivo a la representación políti-ca y a los beneficios
sociales que éste otorga. Para poder evitar la discriminación, se trata de
otorgar el debido respeto a todos los seres humanos de todos los gru-pos étnicos,
sean éstos mayoritarios o minoritarios. En el fondo, se trata de evitar la
exclusión o autoexclusión de los grupos étnicos del progreso, la educación, la
salud y de todos los beneficios que conlleva el desarrollo humano. Se trata, en
fin, de otorgar igual valor a cada ser humano independientemente de la
identidad cultural a la que se pertenece. (Taylor, 2006).
Para parafrasear a Kliksberg (2005) tener ética es
pensar en los demás, en este caso en las demás culturas minoritarias. Una
cultura mayoritaria que reconoce a las culturas minoritarias con igual valor,
sería una sociedad con ética, pues dicha sociedad habrá tomado conciencia de
las dificultades que encuentran los grupos minoritarios y el hecho de que sus
oportunidades decrecen en la medida en que son «diferentes». En esta misma
línea, Etzioni e Iris Marion Young (2001) men-cionan que una sociedad justa es la
que busca evitar la opresión. Puesto que los oprimidos no tienen las mismas
oportunidades, es más difícil lograr el estilo de vida que ellos mismos se
proponen.
Es en este cruce de caminos entre el Estado y la
ciudadanía diferenciada que el multiculturalismo se ofrece como salida a una
posible contradicción existen-cial. El multiculturalismo acepta las diferencias
culturales en una misma nación política y busca tratarlas a través de
dispensaciones legales por razones culturales o religiosas o a través de
políticas públicas con acciones afirmativas en los cam-pos educativos,
laborales y culturales. De esta forma, el multiculturalismo busca integrar a
los colectivos culturales a la vez que los reconoce como diferentes. La
Grupos vulnerables en el escenario político 171
propuesta multiculturalista se presenta con varios
desafíos: presenta amenazas al presupuesto de la igualdad de los ciudadanos; en
algunos casos el reconocimiento de la diferencia ha llevado a ghettos y recelos
entre los diferentes grupos por el trato diferente, en algunas ocasiones con
resultados violentos; y aceptar ciertas normas culturales puede llevar a una
contradicción con la legislación nacional o internacional sobre derechos
humanos universales, como pueden ser, por ejemplo, los derechos de la mujer.
Además, en el caso de aquellos grupos que se identifi-can como nación política
y no solamente como nación cultural (tales como los indígenas en América Latina
o grupos como los catalanes, vascos, flamencos o escoceses), la propuesta
multiculturalista se queda corta.
Frente a las limitaciones del multiculturalismo, la
interculturalidad se ha for-mulado como una propuesta alternativa, tanto desde
Europa como desde Améri-ca Latina. En este caso, la interculturalidad reconoce
las diferencias entre grupos y más bien busca establecer un diálogo entre
diferentes culturas para que puedan participar en igualdad de condiciones y
aprender mutuamente, la una de la otra. De momento, la articulación más
importante y sonada de este modelo se encuen-tra en la Constitución Política
del Estado Boliviano de 2009 (Camisón Yagüe, 2012); sin embargo, en la práctica
se viene empleando como base de unas políti-cas públicas especialmente en el
campo de la educación (Dietz y Mateos Cortés, 2011). Queda por verse si la
interculturalidad se convierta en un nuevo paradig-ma para tratar las
diferencias culturales en el mismo Estado y en qué contextos. No obstante, al
constituir una propuesta con apoyo de diversos sectores sociales, es digna de
tomarse en cuenta.
2. FÓRMULAS
PARA LA INCLUSIÓN DE LOS GRUPOS VULNERABLES EN EL ESCENARIO POLÍTICO
En este apartado, se identificarán las principales
fórmulas implementadas para la inclusión de los grupos vulnerables (en este
caso minorías culturales) en el es-cenario político.
Para Iris Marion Young (2004), todo grupo
minoritario al interior del estado merece la atención de éste y por lo tanto
merece un presupuesto especial trátese de grupos migrantes, religiosos,
indígenas, minorías nacionales, etc. Sostiene que todos los grupos minoritarios
son víctimas de un imperialismo cultural por parte de la etnia mayoritaria que
se identifica con la cultura del estado, por lo que al ser víctimas de dicho
imperialismo, deben de recibir un subsidio especial para lograr la
sobrevivencia y seguir existiendo como grupo identitario.
Por otra parte, Habermas (1999), con su patriotismo
constitucional propone que se establezcan políticas públicas que ayuden a
aquellos grupos marginados
172 Claire
Wright - Víctor Néstor Aguirre Sotelo
social y culturalmente dentro de la sociedad.
Afirma que el estado liberal permite que se realice este tipo de discriminación
positiva, con el objetivo de ayudarlos a que alcancen la igualdad de
oportunidades como el resto de la población.
Una vez lograda esta meta, menciona Habermas
(1999), lo más importan-te es que todos los grupos culturales se sientan parte
de la comunidad política, que se desarrolle una conciencia cívica, en donde
todos los ciudadanos, inde-pendientemente de la cultura a la que pertenezcan,
observen las ventajas que les proporciona dicha organización. El estado debe,
por lo tanto, asegurar la igual participación de todos los ciudadanos,
independientemente de su identidad, en la conformación de las leyes que la
gobiernan. Una vez que todos se sientan partí-cipes del gobierno y todos
reciban los mismos derechos y oportunidades reales, entonces no es necesario el
reconocimiento jurídico de derechos colectivos. En recientes años, mucha
atención se ha prestado a mecanismos como las cuotas o la redistritación
electoral, que en muchos casos han logrado la participación efectiva de las
minorías a través de acciones afirmativas o discriminación positiva (Van Cott,
2004). Además, en sociedades complejas, los mecanismos de democracia directa o
participación ciudadana enfocados hacia las minorías también se han propuesto
como formas de conseguir mayor igualdad política (Wright, 2014).
Para Appiah (2009), lo más importante es que el
estado emprenda una especie de reforma educativa donde se les enseñe a todos el
respeto a los derechos huma-nos de todas las personas por igual,
independientemente de la raza, el sexo, la et-nia, la lengua, etc. El autor
opta por una re-educación de los ciudadanos en donde aprendan a vivir
respetando las diferencias. Ésta sería la política pública más im-portante en
defensa de los derechos de las minorías culturales, étnicas o raciales.
En este sentido, Parekh (2001) nos menciona que uno
de los errores más gra-ves es cuando la etnia mayoritaria empieza a etnizar a
los grupos minoritarios, sintiéndose dueña del estado nacional. Para la etnia
mayoritaria, el resto de los grupos; o son ajenos, o no son parte por completo
de la nación, ya sean éstos inmigrantes o indígenas. La re-educación, para
Parekh, sería empezando a reco-nocernos nosotros mismos como una etnia más al
interior del estado.
El proceso en Occidente en la lucha por la igualdad
y la equidad tendría su última fase de desarrollo en el reconocimiento de la
igualdad de los derechos de todos los grupos etnoculturales al interior del
estado. Históricamente el desarro-llo por la lucha sería: la igualdad jurídica,
igualdad política, igualdad económica, igualdad social y finalmente la igualdad
cultural. Los derechos culturales se ex-presarían en forma individual con el
derecho a la identidad, es decir, el derecho a ser uno mismo.
La cultura es el ámbito básico donde una sociedad
genera valores y los transmite generacionalmente. El trabajo en cultura en
América Latina, para promover y difundir sistemáticamente valores como la
solidaridad de profundas raíces en las culturas indí-genas autóctonas, la
cooperación, la responsabilidad de unos por los otros, el cuidado
Grupos vulnerables en el escenario político 173
conjunto del bienestar colectivo, la superación de
las discriminaciones, la erradicación de la corrupción, actitudes pro
mejoramiento de la equidad en una región tan marcada-mente desigual, actitudes
democráticas, puede claramente ayudar al desarrollo, además de contribuir al
perfil final de la sociedad. (Kliksberg, 2005, p. 61)
Ahora que se han examinado las diversas fórmulas
para conseguir la inclusión política de las minorías culturales en el Estado, a
continuación se ofrecen dos es-tudios de caso para subrayar los avances, los
desafíos y los retrocesos a la hora de implementar alguna de ellas en la
práctica.
Este capítulo ha buscado ofrecer una visión
panorámica acerca de la inclusión de los grupos vulnerables en el escenario
político, detallando los deberes por parte del Estado y posibles vías para
hacer factible dicha inclusión. En este sentido, cabe destacar que el primer
paso en integrar a los grupos vulnerables es a la vez sencillo y simbólico:
reconocer a las minorías culturales al interior del Estado, tomando conciencia
de las dificultades que enfrentan las minorías étnicas para lograr esta-blecer
el estilo de vida que han elegido.
Para algunos autores, es necesario integrar a estas
minorías, pero dicha in-tegración debe de ser una integración política y no
cultural, es decir, hacerlos partícipes en las decisiones políticas que toma la
comunidad, en las leyes que se aprueben, y que perciban que dicho Estado
representa una serie de ventajas para todos sus integrantes independientemente
de la etnia a la que pertenezcan. Para otros autores, la política pública más
importante sería en el ámbito educativo, pues dicha política no se debe de
restringir en facilitar el acceso a la educación a los indígenas en escuelas
bilingües, sino que debe de estar dirigida a toda la población, donde se enseñe
a todos, el respeto de los derechos humanos indepen-dientemente del origen
étnico.
En este capítulo se han abordado varias
problemáticas éticas en relación con los pueblos originarios de América Latina,
que llevan siglos sufriendo atropellos en sus territorios ancestrales. Incluso
para los indígenas que han elegido migrar a una zona urbana, y que de alguna
manera han tomado la decisión de adaptarse a la nueva sociedad; también ahí
encuentran dificultades para superarse en la educación, en el aspecto de salud,
en el respeto de sus derechos laborales y en en-contrar una voz para articular
sus demandas. Las soluciones ofrecidas por parte del Estado en ambos contextos
constituyen un inicio pero falta mucho por hacer, tanto en el plano simbólico
como en el plano político.
Por lo tanto, es importante efectuar la siguiente
reflexión: si el objetivo es bus-car la armonía y la paz, el Estado no debe ya
pretender la asimilación cultural, la idea de «un estado, una cultura» debe de
erradicarse, la etnia mayoritaria debe reconocer la igual validez de las
culturas minoritarias con el fin de evitar la diso-lución de la sociedad, de
evitar el conflicto y la división. Se pretende que el marco jurídico estatal se
impregne de ética y reconozca la igual validez de todas las cultu-
174 Claire
Wright - Víctor Néstor Aguirre Sotelo
ras, pero más aún que la sociedad interiorice que
tienen igual valor las diferentes culturas con las que interactúa. De esta
manera se facilitará el establecer políticas públicas que ayuden a las etnias
en desventaja a terminar con la exclusión y dis-criminación de que son objeto y
hacerles protagonistas de su propio futuro.
ACTIVIDAD
Estudio de Caso 1: Los pueblos indígenas y los
conflictos territoriales en América Latina
El Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de
las Naciones Unidas calcula que existen 5.000 pueblos indígenas y un total de
370 millones de personas indígenas en 70 países del mundo. Sin embargo, una
pregunta importante se destaca: ¿quién es indígena? En la década de los
ochenta, el criterio para la definición de un pueblo indígena radicaba en su
existencia ante-rior a la llegada de otros pueblos colonizadores y sus
estructuras culturales, políticas y econó-micas contrapuestas a sistemas
occidentales (Kempf, 2007:161). Más recientemente, a través de instrumentos
como el Convenio 169 de las Naciones Unidas, se ha puesto énfasis en el
criterio de la autoidentificación (Ibid, 163). Este cambio ofrece una
herramienta de empoderamiento a aquellos grupos que se consideran a sí mismos
como indígenas, pero que a nivel nacional no son reconocidos como tal: en vez
de ser indígena sólo a raíz de una definición impuesta «por arriba» o «desde
fuera», ellos mismos pueden afirmar su propia identidad indígena y participar
en procesos de (re)construcción de la misma, «por abajo».
Como ya se ha destacado, los pueblos indígenas se
encuentran entre los más pobres y mar-ginados de los Estados latinoamericanos
que habitan. De acuerdo con las cifras oficiales del gobierno de México, la
población indígena alcanza los 10 millones de habitantes y representa 9.8% de
la población nacional(1). Esta población se localiza mayoritariamente en cinco
enti-dades federativas del sur y sureste del país: Oaxaca, Chiapas, Veracruz,
Yucatán y Puebla(2). Los municipios indígenas concentran las mayores expresiones
de pobreza que se registran en el país, dado que el 89% de estos municipios
tienen un nivel de marginación alto o muy alto. La mayoría de los habitantes de
esas localidades no disponen de los servicios básicos que les permitan tener
condiciones de vida satisfactorias y además, les provean de las condiciones
materiales indispensables para emprender sus propios procesos de desarrollo con
identidad. La carencia de estos servicios crea una brecha de atención que se
suma a otras barreras, como las étnicas y geográficas, que conducen a las
situaciones de exclusión que padece la gran mayoría de los indígenas del país.
Asimismo, en su informe de 2003, el Relator
Especial de las Naciones Unidas —Rodolfo Stav-enhagen— apunta a las
dificultades culturales que se presentan a la hora de acceder a los ser-vicios
del Estado por parte de las comunidades indígenas, sobre todo por la barrera
lingüística en los campos de la educación y la justicia.
(1) Sistema
de Indicadores sobre la Población Indígena de México, CDI-PNUD con base en:
INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda 2000 y II Conteo de Población
y Vivienda 2005.
(2) CDI-PNUD.
Sistema de Indicadores sobre la Población Indígena de México, con base en:
INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda 2000 y II Conteo de Población
y Vivienda 2005, disponible en www.cdi.gob.mx.
Grupos vulnerables en el escenario político 175
Además de las dificultades socio-económicas y
culturales, también es importante destacar la presencia de conflictos sobre el
uso de recursos en los territorios indígenas. En el contexto geopolítico en que
los recursos energéticos —agua, gas, minerales— son altamente codicia-dos por
gobiernos y empresas tanto nacionales como internacionales, los pueblos
indígenas se encuentran muchas veces asentados tierras que constituyen una zona
de conflicto (Martí i Puig, Wright, Aylwin, Yáñez, 2013). México no es ajeno a
este proceso, y en recientes años se han registrado un total de 32 conflictos
en territorios indígenas(3). Casos emblemáticos incluyen la concesión del
territorio a una minera canadiense y la intención de explotar minerales en el
territorio de Wirikuta (San Luis Potosí) o los pueblos zapotecos de Ejutla y
Ocotlán (Oaxaca) en defensa de su territorio frente a las mineras.
Estos conflictos, en muchos casos ponen sobre el
tapete la cuestión de las legítimas autoridades y el sistema de justicia de los
pueblos indígenas y cómo compatibilizarlos con el Estado mexi-cano. En su
informe de 2003, el Relator Especial Rodolfo Stavenhagen apunta a varios
conflictos entre el Estado y los pueblos indígenas, entre ellos la falta de
conciencia sobre los sistemas de justicia indígenas y la integridad de sus
tierras, afirmando: «Se observan violaciones de derechos humanos en el marco de
numerosos conflictos agrarios y políticos en las regiones indígenas, y
principalmente en el contexto del sistema de procuración y administración de
justicia»(4).
En el fondo, los conflictos sobre el uso de
recursos naturales en territorios ancestrales de los indígenas tienen su raíz
en diferentes paradigmas de desarrollo. Por una parte, el concepto occidental
de desarrollo se basa en la extracción de recursos naturales a cualquier coste
para producir ganancias económicas. Por otra parte, los pueblos indígenas han
propuesto otros pa-radigmas de vida, que se basan en la reciprocidad entre el
hombre y la naturaleza. Por ejemplo, en el mundo andino se ha propuesto el paradigma
«buen vivir» que se enfoca en la calidad de las acciones y de la vida de la
comunidad e indudablemente se expresa en términos éticos (Martí i Puig, Wright,
Aylwin, Yánez, 2013).
En este contexto, en muchos casos, más que escuchar
a los pueblos indígenas o facilitar su par-ticipación, los Estados-Naciones de
América Latina los han reprimido, a través de acciones de cooptación,
criminalización y represión (Wright, 2013). Por su parte, las empresas
multinacio-nales que buscan acceder a los recursos primarios despliegan una
variedad de estrategias para convencer a dichos pueblos, a través de la
intimidación o experiencias mínimas en el marco de la llamada «responsabilidad
socio-corporativa». En ambos casos, el actuar del Estado y de las empresas
dista de ser «ético» para con los pueblos indígenas en sus territorios
ancestrales.
Empero, hay ocasiones en que la opresión cultural y
la opresión económica-física coincide, como es el caso de los grupos
originarios en América Latina, no obstante esto no quiere de-cir que estos
grupos busquen la soberanía o la independencia de sus respectivas entidades o
comunidades, más bien estas minorías buscan establecer leyes especiales para
garantizar el respeto cultural y disminuir la marginación que sufren; estos
grupos generalmente buscan un tipo de autonomía que les permita mantener sus
instituciones culturales nativas. De acuerdo con Spinner-Halev, los grupos
indígenas exigen generalmente autonomía buscando alguna for-ma de autogobierno
que les permita conservar su identidad y sus formas de vida tradicionales.
(Spinner-Halev, 2000).
(3) Sobre
los conflictos en territorios indígenas en América Latina ver la base de datos
dirigida por la Dra. Natividad Gutiérrez Chong de la Universidad Nacional
Autónoma de México: www.sicetno.org.
(4) Informe
del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las
libertades fundamenta-les de los indígenas, Sr. Rodolfo Stavenhagen E/CN.
4/2004/80/Add. 2, p. 2.
176 Claire
Wright - Víctor Néstor Aguirre Sotelo
Mientras que la autonomía constituye una propuesta
política para algunos Estados-Nación, existe un modelo alternativo que más bien
busca la participación y el empoderamiento de los pueblos indígenas en las
decisiones que les afectan: la figura de la consulta. En ese sentido, el
Convenio 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de
1989 se ha convertido en un gran referente para los pueblos indígenas y los
defensores de los derechos de los pueblos indígenas. El convenio tiene dos pilares
básicos: el respeto hacia la cultura de los pueblos indígenas y su
participación efectiva en las decisiones que les afectan. Reconoce, además, la
relación especial entre los pueblos indígenas y los territorios, que queda
plasmada y respetada. El concepto de la consulta ha sido asumido y promovido
por los pueblos indígenas, que buscan por lo menos ser escuchados. A pesar de
que el Convenio 169 haya sido ratificado por la mayoría de los Estados
latinoamericanos, solamente en Perú se ha intentado legislar so-bre la materia
y en cualquier caso el proceso ha sufrido muchos retrocesos debido a la falta
de voluntad del gobierno para empoderar a los pueblos indígenas (Wright, 2014).
No cabe duda de que —en términos generales— los
Estados Latinoamericanos no han desarro-llado propuestas significativas para
con los pueblos originarios de la región; más bien los ha tra-tado como
obstáculo a su desarrollo económico y proyectos de homogenización
sociocultural. No obstante, los mismos pueblos indígenas han sobrevivido y
resistido durante varios siglos y siguen formando grupos minoritarios e
importantes en la región. Es probable que una respuesta ética no pase ni por el
multiculturalismo ni por la interculturalidad, dada su vinculación fuerte con
sus tierras; más bien, es necesario buscar nuevos paradigmas de relaciones, en
los que los mismos indígenas sean los protagonistas.
Como ya se ha destacado, las exigencias de
reconocimiento son diferentes si hablamos de gru-pos indígenas o si hablamos de
grupos migrantes, sin embargo, ¿qué pasa cuando los migrantes son indígenas?
Spinner-Halev (2000) sostiene que deben de ser diferentes los derechos o las
prerrogativas que se les otorgan a los distintos tipos de minorías.
Afirma que, mientras los pueblos indígenas exigen
generalmente autonomía buscando alguna forma de autogobierno que les permita
conservar su identidad, los migrantes, en cambio, pi-den políticas públicas que
les ayuden a integrarse de forma más rápida a su nueva sociedad. Por ejemplo,
piden escuelas bilingües, pero con la idea de ir aprendiendo el idioma de su
nueva sociedad y finalmente integrarse. De acuerdo con esta perspectiva, los
inmigrantes no se preocupan tanto por entender su cultura, sino más bien por
entender la cultura a la que han arribado, pues es ahí donde tienen que
sobrevivir. (Spinner-Halev, 2000). Quienes emigran y eligieron vivir en cierta
sociedad, ya hicieron su primera elección. Y se presume que por lo mis-mo están
dispuestos y de algún modo preparados para adaptarse en cierta manera a la
nueva cultura, «al dejar atrás las certidumbres de su viejo modo de vida.»
(Walzer, 2009, p. 151). No hay duda de que en ciertos momentos extrañen su
antigua forma de vida, y las comunidades que conforman al llegar a su nuevo
destino son diferentes de las que dejaron atrás en un sentido muy importante:
los derechos individuales, la economía de mercado, etc.
Las olas de migraciones internas como la descrita
arriba, ponen a estos colectivos en una situa-ción de vulnerabilidad
socioeconómica dadas sus diferencias culturales y lingüísticas, lo cual
constituye un desafío para los gobernantes a nivel estatal. A pesar de
enfocarse principalmente en la situación de las comunidades indígenas en zonas
rurales y en sus territorios ancestrales, Rodolfo Stavenhagen, Relator Especial
de las Naciones Unidas, también señaló en 2003 que
Grupos vulnerables en el escenario político 177
existe un importante fenómeno migratorio de
personas indígenas a zonas urbanas y que haría falta elaborar un programa de
protección social dirigido a estos colectivos(5).
Como bien apunta Fortuny, las diferencias étnicas
no necesariamente se borran con la migra-ción de campo a ciudad (2010). Además,
de acuerdo con Durin, las ciudades latinoamericanas —incluidas las mexicanas—
se vuelven «el escenario de adaptación y recreación de viejas y nuevas
desigualdades e identidades étnicas» (Durin, 2010: p. 17). La misma
investigadora es-tablece los distintos campos que constituyen un desafío para
los gobernantes de dichas zonas urbanas: «los ámbitos educativo, cultural,
residencial, de servicios sociales y de participación política» (Ibid, p. 25).
De acuerdo con Habermas, los desafíos para la
integración política resultarán más difíciles entre mayores sean las
diferencias de cosmovisión, «de raza o de etnia o las diacronías
his-tórico-culturales que deben ser superadas» (Habermas, 2009, p. 170). El
problema es cómo lograr la equiparación jurídica y el igual reconocimiento de
todos los grupos que se definen culturalmente dentro de la entidad y cuyos
integrantes deseen conservar las características de tradición, forma de vida u
origen étnico, y su identidad. (Habermas, 2009).
Esto nos lleva a la auto-comprensión ético-política
de la sociedad que resulta afectada por los inmigrantes, pues se plantea la
cuestión de que si los inmigrados encuentran su límite en cuanto a su
reconocimiento como grupo cultural dentro del marco jurídico de la sociedad de
acogida, o si esta sociedad ya ha sido modificada culturalmente por los
migrantes y se hace necesario un reconocimiento jurídico de los nuevos grupos
culturales. (Habermas, 2009).
Una última etapa consiste en una «disposición a la
culturalización, esto es, no sólo una dispo-sición a la adaptación externa,
sino a la interiorización de los modos de vida, las prácticas y las costumbres
propias de la cultura» (Habermas, 2009, p. 198) de la nueva sociedad de
acogida, en consecuencia se acepta la asimilación casi total y completa,
afectando así de manera pro-funda la identidad y la cultura originaria del
migrante.
Por poner un ejemplo real, así es el caso de los
migrantes indígenas al estado de Nuevo León. Como destaca Durin (2004), el
Noreste de México se ha convertido en un foco de migración indígena, proceso
que inició en la década de los noventa. Los datos recientes de la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas confirman esta tendencia.
Cabe destacar que el aumento ha sido más pronunciado en Nuevo León, donde la
población indígena creció desde 29.602 habitantes indígenas en 2000 hasta 81.909
habitantes indígenas en 2010, una cifra que se acerca al triple en diez años.
De hecho —de acuerdo con los mismos datos de la CDI— representa el mayor
aumento de población indígena en términos porcentuales experi-mentado por
cualquier Estado mexicano entre 2000 y 2010(6). Sin duda alguna, las
migraciones internas de personas indígenas al Estado de Nuevo León constituyen
un problema social de gran importancia.
El desarrollo simbólico y normativo más importante
relativo a los migrantes indígenas por parte del Estado de Nuevo León ha sido
el cambio en la Constitución Política del Estado Libre y So-berano de Nuevo
León, la que a partir de 2011 incorpora en su segundo artículo, 3° párrafo, un
reconocimiento de los migrantes indígenas en los siguientes términos: «Los
indígenas que
(5) Informe
del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las
libertades fundamenta-les de los indígenas, Sr. Rodolfo Stavenhagen E/CN.
4/2004/80/Add. 2, p. 22.
(6) Por
ejemplo, en aquellos Estados con mayor presencia de comunidades indígenas
—tales como Chia-pas, Veracruz y Oaxaca— el número de habitantes indígenas se
ha mantenido relativamente estable.
178 Claire
Wright - Víctor Néstor Aguirre Sotelo
habitan en la Entidad tienen derecho a preservar y
enriquecer sus lenguas y sus conocimientos; colaborar en la protección de su
hábitat, patrimonio cultural, lugares de culto y demás elemen-tos que
constituyan su cultura e identidad; a decidir sobre sus normas internas de
convivencia, organización social, económica, política y cultural. Sus formas e
instituciones de gobierno garantizarán la participación de las mujeres
indígenas en la toma de decisiones relacionadas a la vida comunitaria, en un
marco que respete el pacto federal y la soberanía de los Estados»(7). Dicho
cambio se produjo debido a los esfuerzos de una coalición de diputados y
representan-tes de la sociedad civil.
Además de las iniciativas impulsadas al nivel
estatal, también cabe referirse a los esfuerzos por parte de los gobiernos
municipales. Por ejemplo, en el caso de Monterrey (municipio en que de acuerdo
con las cifras oficiales la población indígena se duplicó desde 10,918 personas
en 2000 a unas 21,477 personas en 2010), se han llevado a cabo dos acciones
concretas. Por una parte, de acuerdo con el Plan Municipal de Desarrollo
2012-2015 del gobierno municipal de Monterrey, se establece entre las principales
líneas de acción la atención a grupos minoritarios, entendidos en términos
étnicos, con la realización de convenios de colaboración con institu-ciones
estatales y federales (incluyendo la Comisión Nacional para la Atención para el
Desa-rrollo de los Pueblos Indígenas) y la capacitación de «las comunidades
indígenas residentes en Monterrey en prácticas de autogestión para la
identificación, formulación y administración de proyectos económicos, sociales
y comunitarios(8)».
Asimismo, en dicho municipio, en marzo 2013, se
creó una Comisión Especial de Grupos Indígenas con la siguiente justificación:
«es preciso crear una Comisión Especial que tenga como finalidad proponer
acciones, programas, normas y políticas en materia de grupos étnicos, con el
propósito de abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y
comunidades indígenas, impulsando su desarrollo regional, fortaleciendo las
economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos»(9). Además
se establecen las siguientes atribuciones: «pro-poner acciones, programas,
normas y políticas en materia de grupos étnicos, con el propósito de abatir las
carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas,
impul-sando su desarrollo regional, fortaleciendo las economías locales y
mejorar las condiciones de vida de sus pueblos»(10).
A raíz de lo expuesto, queda patente que los
gobiernos subnacionales (tanto a nivel estatal como a nivel municipal) en Nuevo
León se han dado cuenta del desafío propuesto por la mi-gración interna
indígena a las zonas urbanas y en los últimos años han empezado a desarrollar
marcos normativos y políticas públicas en pos de ello. Además, en el caso del
gobierno del Estado de Nuevo León se observa una clara apuesta por la
interculturalidad, en contraste con el enfoque multiculturalista o de
«desarrollo con identidad» en las acciones llevadas a cabo por parte del
gobierno federal. No obstante, queda por ver el impacto de las políticas en la
práctica, la perspectiva de los migrantes indígenas sobre los mismos, y el
grado en que se va construyen-do una sociedad multi o incluso intercultural en
términos prácticos y cotidianos.
(7) Comisión
de legislación y puntos constitucionales, Expediente N° 7283/LXXII, 29 de
noviembre de 2011.
(8) Plan
Municipal de Desarrollo 2012-2015, publicado en la Gaceta Municipal de
Monterrey, Vol. III, Edición Especial, enero 2013, p. 46.
(9) Acta
Número 7, Sesión Ordinaria del Ayuntamiento, 8 de marzo de 2013, p. 9.
(10) Ibíd.
Grupos vulnerables en el escenario político 179
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Capítulo 11
TEORÍA DEMOCRÁTICA MODERNA-FEMINISMO
VERÓNICA CUEVAS PÉREZ*
ABRAHAM A. HERNÁNDEZ PAZ**
Universidad Autónoma de Nuevo León
SUMARIO: 1. BREVE PANORAMA DE LA TEORÍA FEMINISTA.
2. LAS REFORMAS EN MATE-RIA ELECTORAL Y SU CONTRIBUCIÓN A LA VIDA DEMOCRÁTICA
DE MÉXICO. 3. PERSPEC-TIVA DE GÉNERO EN ESTUDIOS DE CIENCIA POLÍTICA.
Resumen: Este capítulo busca mostrar como el
feminismo aporta a la cons-trucción de la democracia institucional a través de
las leyes afirmativas y como el feminismo se conecta con temas de análisis de
Ciencia Política, como la participación política de las mujeres y la
perspectiva de género, que repercute en avances respecto a uno de los objetivos
del milenio: el empoderamiento femenino. La presencia de las mujeres es cada
vez más una realidad debido a las reformas electorales y también a los estudios
con perspectiva de género desde la visión de la ciencia política, ambos ámbitos
de análisis han servido para evidenciar y sustentar la posición estructural que
guarda este grupo social y visibilizan la vulnerabilidad en la que se
encuen-tran las mujeres.
Palabras Clave: Teoría Política, Feminismo,
Perspectiva de género, Reforma electoral.
Key Words: Political Theory, Feminism, Gender,
Electoral Reform.
* Es doctora
en Filosofía con acentuación en Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias
Políti-cas y Administración Pública de la Universidad Autónoma de Nuevo León;
docente de tiempo completo, profesora de posgrado y subdirectora de la
facultad; Reconocido con el Perfil de-seable PROMEP. Pertenece al cuerpo
académico de «Participación Ciudadana y Democracia» Líneas de Investigación:
Género y participación ciudadana.
** Doctor en
Gerencia y Política Educativa por el Centro de Estudios Universitarios de Baja
California; Docente de tiempo completo en la misma Facultad; Especialización en
Gestión y Política Pública por la FLACSO; Línea de investigación: Gestión y
política educativa.
182 Verónica
Cuevas Pérez - Abraham A. Hernández Paz
1. BREVE PANORAMA DE LA TEORÍA FEMINISTA
El movimiento feminista surge como la necesidad de
visibilizar la ausencia de las mujeres en la construcción de la realidad
social. Históricamente la presencia femenina se ubica dentro del espacio de lo
privado lo cual la ponía a cargo de la toma de decisiones dentro del entorno de
lo familiar, supeditándola a un espacio específico de acción.
Una de las características esenciales de la Teoría
feminista es que siempre, des-de su surgimiento ha propuesto una agenda de
acción, que siempre se traduce en un beneficio social.
Las reivindicaciones del movimiento buscan desde
sus orígenes filosóficos combatir la vulnerabilidad a la que los seres humanos
nos enfrentamos. Por su-puesto que a través de la mejora siempre de la
condición imperante en la vida de las mujeres.
En el ámbito de lo público se ubica el desarrollo
de la economía, la política, la cultura; áreas de acción donde los hombres
construyeron una sociedad aun-que no incluyente. El contrato social establecía
que un hombre libre era aquel que tenía propiedades y tenía por lo tanto el
carácter de ciudadanía. Bajo esta premisa, la ciudadanía vinculada al poder
económico daba acceso directo a los asuntos públicos. Asuntos a los que una
mujer no podía tomar parte al estar bajo la patria protestad del padre, siendo
niña, o del marido, en una edad casadera. Es importante señalar que la
condición del matrimonio era concertada por el tutor sin que las mujeres
cuestionaran o decidieran la unión con el prospecto elegido por el padre. La
historia da cuenta de cómo las hijas eran consideradas valiosas al ser casadas
con familias que pudieran traer posición económica o política al padre a través
de los matrimonios concertados. Lo anterior sólo como un ejemplo de la posición
que guardaba la figura femenina dentro del contrato social anterior a la
ilustración.
El debate feminista no tiene como argumento
reproducir las acciones masculi-nas, sino que las acciones femeninas tengan
valor social, que se consideren apor-taciones que tengan un impacto en la
política social y sean medidas como bienes públicos. De ahí que el feminismo
replanteo el problema: no se trata de ver como la mujer puede tener acceso a
las funciones sociales respetadas, y tradicionalmen-te masculinas, en el ámbito
de lo político y lo económico, sino de redefinir cuales son las actividades
socialmente valoradas. El problema no reside en que se le nie-gue a las mujeres
la participación, sino que la sociedad devalúa las actividades y actitudes
tradicionalmente femeninas (Ochman, 2006, p. 381).
El conocimiento aceptado por la sociedad se ha
elaborado sin el punto de vista femenino, esto hasta la ilustración donde surge
un cambio en la estructura de pensamiento político y donde aparece el
pensamiento científico sustentando las
Teoría democrática moderna-feminismo 183
demandas sociales de derechos civiles y políticos,
por supuesto que un movimien-to realizado por hombres.
Grandes pensadores del pensamiento Ilustrado en la
segunda mitad del siglo XVIII realizaban grandes críticas a la Iglesia y el
Estado pugnando por el tránsito de un poder religioso al poder civil del
Estado. Voltaire, Montesquie, Stuart Mill, Rousseau establecieron las
reflexiones filosóficas de la época basados en el pen-samiento racional, donde
impera la razón, dejando atrás el pensamiento religioso para la explicación de
la realidad social. Es el pensamiento Ilustrado el que da paso a la Revolución
Francesa y estadounidense donde se instaura el concepto de ciudadanía.
Así es pues que la igualdad era considerada una
virtud propia de aquellos que poseyeran un patrimonio, con lo que la igualdad
como concepto aparece; sin embargo el acceso a la igualdad era exclusiva de
unos cuantos, solo aquellos que gozaban de poder económico. Los desposeídos
perdían su categoría de ciudada-nía; los hombres pobres y analfabetos, negros y
mujeres quedaron excluidos de la luz de la ilustración de ser objeto de
ciudadanía, con lo cual los asuntos públicos solo se discutían entre hombres blancos,
educados y con cierto patrimonio. Eran los ciudadanos que cumplían esta
condición los que podían elegir o ser elegidos para transformar la sociedad.
Es en este entorno donde surge la primera ola
feminista, el feminismo ilustrado quienes tenían como objetivo el
reconocimiento de la inteligencia femenina, el derecho a la educación y la
reforma de la institución del matrimonio. La primera figura feminista es la
activista Mary Wollstonecraft quien escribe el primer ensayo feminista que
establecía la necesidad de accesar a las vindicaciones antes mencio-nadas. El
escrito se titulaba: A vindication of the Rigts of Women.
La segunda ola feminista llamado el feminismo
sufragista aparece a finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, cuyas
reivindicaciones tenían que ver con la obtención de la plena ciudadanía y el
acceso a la educación universitaria. Esta ola sufragista se genera con el
liderazgo de Lucrecia Mott y Elizabeth Candy Stanton con un movimiento
Neoyorkino que pedía el reconocimiento de la plena ciudadanía. El movimiento
toma un carácter liberal y social. Muchos de los argu-mentos de esta época se
sustentaban de la declaración de independencia estadu-nidense que buscaba la
emancipación de la corona británica, argumentos con los que las mujeres de la
época solicitaban la emancipación de los padres o esposos para formar parte de
la vida de las universidades sin necesitar la autorización de algún tutor o
protector para participar del espacio.
La tercera ola feminista se manifiesta en la
modernidad junto con la necesidad del mundo de ser globalizado. La agenda toma
un carácter internacional donde el debate muestra la coincidencia de la
condición femenina en el mundo. Esta ola surge a mediados de 1960 y se extiende
a los 90’s. Centra el debate en los asuntos
184 Verónica
Cuevas Pérez - Abraham A. Hernández Paz
públicos y privados como objeto de política
pública. Las reivindicaciones que se agendan tiene que ver con la libertad
sexual (problemas como la salud femenina, violencia y aborto centran el debate)
y la paridad.
Estas tres olas feministas dejan en evidencia como
la lucha de las mujeres tiene más que ver con una postura que busca disminuir
las desigualdades o lo que es lo mismo disminuir la vulnerabilidad de las
personas. Con la búsqueda de la pari-dad y la libertad sexual femenina son
apoyados por otros conglomerados sociales o movimientos sociales. Las
sufragistas norteamericanas vieron en los discursos emancipadores de los
independistas norteamericanos contra la corona británica, la misma condición
reflejada en sus vidas; donde una instancia diferente a ellas proclamaba su
tutela. En cada uno de los momentos relevantes de las transfor-maciones
culturales, sociales y políticas las mujeres tuvieron que demandar ser
visibles.
La movilización en pos de mejoras sociales son
acciones que son propias de lo masculino y las conquistas también son para
acuñadas para lo masculino como si la invisibilidad fuera una característica
femenina. Los norteamericanos, los fran-ceses y todas las sociedades
reformistas tuvieron que ser cuestionadas sobre la limitante de género para la
trasformación social.
La exclusión de uno de los géneros en la estructura
social ha sido sistematizada por lo que la tarea feminista ha sido la de
visibilizar la vulnerabilidad. La eman-cipación es un logro histórico siempre y
cuando proporcione bienestar para algún sector o grupo social, es en este marco
de reflexión que debe conceptualizarse al Feminismo, como una teoría política
que tiene como objetivo disminuir la vulne-rabilidad con la búsqueda de
bienestar para las mujeres.
¿Podría la sociedad moderna llamar resentidos a los
filósofos de la ilustración por percibir a la iglesia como una institución
opresora?, ¿podría la sociedad mo-derna acusar a los independistas
norteamericanos de resentidos por querer tomar decisiones sobre sus destinos y
ser emancipados de la corona británica? ¿Podría culparse a las mujeres por
buscar validar su existencia ante una estructura social que permita su plena
inclusión sin que algún argumento de índole cualquiera les permita su plena
realización?
Uno de los argumentos que impacta de manera
negativa al feminismo es la des-cripción de éste como un movimiento de mujeres
resentidas que limita la filiación de hombres y mujeres a la visión feminista.
Las movilizaciones y demandas socia-les de cualquier grupo social son elementos
de transformación social y la política es el medio por el cual tales
movimientos y grupos pueden lograr sus objetivos. Señalar el movimiento
feminista como un movimiento de mujeres resentidas no es un argumento válido en
la realidad de cualquier país que se llame o autonombre democrático.
Teoría democrática moderna-feminismo 185
Es a través de la teorías políticas como la teoría
de la justicia de John Rawls, la teoría democrática de Carole Patemman,
Multiculturalidad de Will Kymilcka, la tolerancia como valor de Isahia Berlín,
la libertad de pensamiento de Hannah Arendt, la inclusión del otro de Iris
Young y el Feminismo que la modernidad está construyendo mejores democracias
que en cualquier otro momento del devenir histórico social.
La teoría feminista no trata de incursionar a las
mujeres al mundo de los hom-bres, sino que trata de incluir a las mujeres al
mundo sin limitantes de género. No se trata de perseguir lo que posee el hombre
con un objetivo de excluir lo mascu-lino de la vida femenina sino con una
visión inclusiva de lo femenino en la vida social, que permita la realización
de todos. La teoría feminista no busca lo que los hombres tienen sino demanda
participar de lo construido, busca para las mujeres los accesos totales a la
vida privada y pública.
El acceso al poder libre y sincero es la bandera
que la democracia como forma de gobierno globalizado. Por lo anterior, la
globalización busca para las mujeres la mejora de vida por medio del
empoderamiento femenino. La globalización busca que los ojos de ambos géneros
opinen y reflexionen sobre la realidad impe-rante, como una oportunidad para
aportar a la historia previamente construida la perspectiva de ambos géneros.
Es también importante acercarnos al feminismo como a una teoría general, que
nos permite ver la sociedad moderna bajo una nueva luz, revaluar los valores
que la fundamentan y encontrar soluciones a los problemas que ya no podemos
resolver bajo los paradigmas heredados de los siglos pasados (Ochman, 2006, p.
386).
La globalización ha permitido que la condición
femenina se ha abordado como debate internacional y aún más a propiciado la
creación de la agenda inter-nacional en busca de la paridad, a continuación se
enlistan algunos ejemplos de cómo la agenda femenina ha sido atendida por los
organismos internacionales. La tercera ola feminista a puesto en la agenda de
instituciones internacionales las presencia de lo femenino para la construcción
de la democracia. Una democracia sin la atención a la desigualdad femenina es
una democracia incompleta, la idea del empoderamiento femenino es un índice
social de inclusión. A continuación algunos ejemplos de las acciones
internacionales respecto al tema.
Año Evento Propuesta
1967 Asamblea
General de las Naciones Estable las
primeras declaraciones sobre la elimi-
Unidas nación de la discriminación de
la mujer.
1975 Conferencia Internacional
de la Propuso como objetivos mejorar las condiciones
Mujer de vida y desarrollo de estrategias
para la mejora.
1979 Asamblea
General de las Naciones Aprobó la
convención sobre la eliminación de to-
Unidas das las formas de
discriminación contra la mujer.
186 Verónica
Cuevas Pérez - Abraham A. Hernández Paz
Año Evento Propuesta
VI
Conferencia Mundial sobre la En
particular establece varios ámbitos de acción, el
1995 mujer:
Conferencia de Beijing, ac- séptimo
hace referencia a la mujer en el ejercicio
ción para
la igualdad, el desarrollo del poder y
la toma de decisiones.
y la paz.
1999 Protocolo
Facultativo de la Con- Sobre la
eliminación de todas las formas de discri-
vención minación contra las mujeres.
Fuente: (Tu Obra UNAM)
http://www.tuobra.unam.mx/publicadas/021104144006.html.
El Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) tiene como objetivo la paridad que se mide a través del
Índice de Desarrollo Humano (IDH) los indicadores que establece como índice de
desarrollo que ayudan a combatir la vulnerabilidad y la resiliencia de las
personas que son: la esperanza de vida, acceso a la educación y el nivel de
ingreso. Las acciones van encaminadas a los accesos de salud, matrícula y el
ingreso como población económicamente activa.
Es en este ámbito donde el tema de la paridad toma
relevancia, el empodera-miento precisamente establece una reflexión en los
puestos y los ingresos a los que tienen acceso las mujeres. El empoderamiento
femenino permite que la visión femenina aborde las problemáticas sociales
dentro de lo público y lo privado. Em-poderar a las mujeres como agentes de
cambio requiere de su presencia en puestos de poder en la toma de decisiones.
Sin embargo las conductas seudodemocráticas y las prácticas enraizadas y naturalizadas
hacen difícil el acceso al poder de las mujeres en el ámbito político y/o
económico.
En política cuando uno gana otro pierde, esta
conceptualización sigue operan-do en las formas de hacer política; por esta
razón que las mujeres enfrentan una resistencia al cambio al aspirar a cargos
de representación impulsadas desde los partidos políticos. Las inercias
existentes en el ambiente político y las formas de hacer política impactan el
objetivo globalizador de empoderamiento femenino, puesto que en política se
entiende el empoderamiento femenino como una pérdida para lo masculino.
El empoderamiento social femenino es visto como una
amenaza y además que se advierten las acciones femeninas como acciones de
resentimiento, alguien que pugna para que otro pierda, es ahí donde aparece el
filtro social que percibe a lo femenino como un ente invasor al ir por la
búsqueda del poder, en todo los ámbi-tos de la sociedad: económico, político,
social y cultural.
La política no sólo debe ser considerada un espacio
de ganancias y pérdidas sino el espacio donde el disenso permita el avance de
la sociedad, para esto, nece-sitamos las visiones de los agentes de cambio,
hombres y mujeres deben ser parte del continuo en la toma de decisiones
políticas, decisiones que impactan la vida pública y privada ciudadana.
Teoría democrática moderna-feminismo 187
Cuando la participación es abierta ganamos todos,
este es una premisa de-mócrata; por lo que la participación de las mujeres
favorece a todos y todas, la perdida numérica masculina se traduce en riqueza
de visión porque permite a la sociedad la inclusión de otras visiones lo que
combate la desigualdad y permite la existencia de la diversidad; ideas
sustentadas dentro del modelo político imperan-te: el modelo democrático.
Las sociedades se transforman con la participación
de sus ciudadanos, los de su tiempo, por lo que visualizar los movimientos con
nuevas agendas permite avances que pugnan por la realización de los individuos
de su tiempo: de igual manera a ocurrido con el feminismo. La globalización
como fenómeno político a permitido que la agenda femenina se haya instaurado
dentro de los planes de desarrollo de todas las economías que se consideren
democráticas
El pensamiento político es que ha logrado la
construcción de mejores realida-des para la participación ciudadana. El sistema
político estructurado en sistemas de partidos y sistema electoral aportan en el
mismo sentido a la construcción de ciudadanías. Estas instituciones
democráticas permiten al administrar el conflicto que el sistema político opere
y permita un entorno de participación social. Es en las transformaciones de
estas instituciones donde el pensamiento político feminis-ta ha encontrado ecos.
Las reivindicaciones que ha permitido el sistema
electoral a través de las cuotas de género aportan a la paridad en el sistema
de partidos. Los partidos se han visto en la necesidad de financiar
candidaturas femeninas, además que se da un proceso de capacitación a las
mujeres inmiscuidas en los partidos políticos.
Desde el punto de vista de la administración
pública cada vez más la paridad se convierte en un valor político que hace ver
al sistema administrativo del Estado como un espacio incluyente. La paridad se
convierte en un spot político que legi-tima las tareas administrativas y
políticas del Estado.
Sin embargo el desarrollo de leyes electorales e
instituciones políticas no lo-gran la transformación sin el elemento de la
cultura política, cambiar lo imperan-te, es decir, cambiar el conjunto de usos
y costumbres que permiten o frenan la implantación de los nuevos conceptos
democráticos.
El ejercicio del poder y el espacio político donde
se da la lucha por el poder es el primer espacio de transformación que se
convierte en el motor transformador del entorno social y que logran permear en
el conocimiento de política por la sociedad, la transición democrática tiene el
reto de contar con ciudadanos y ciu-dadana politizados y dispuestos a
participar por el bien común y reconocer en el bien individual en el bien
social.
La transición requiere de un ambiente ciudadano
altamente politizado y dis-puesto a su participación, se requiere del
reconocimiento de la democracia par-
188 Verónica
Cuevas Pérez - Abraham A. Hernández Paz
ticipativa. Un sistema político y un régimen
político centrado en las necesidades ciudadanas y unos ciudadanos vigilantes de
quienes se encuentran en el ejercicio del poder para generar un ambiente
democrático que salvaguarde los valores de igualdad, representatividad y sobre
todo de libertad en el espacio de lo público y lo privado.
La teoría política ha aportado instrumentos como la
transparencia de la in-formación, tribunales electorales, la teoría
administrativa ha brindado conceptos como la rendición de cuentas y la
profesionalización, conceptos que dan para-digmas de cambio para entender la
política del nuevo Estado democrático mexi-cano. La transición a la democracia
requiere del sistema político mexicano pero también una transformación de un
ciudadano(a) pasivo(a) a un ciudadano(a) participativo(a) de los asuntos
públicos.
Del sistema político requiere la garantía de un
acceso democrático al poder, un sistema político que establezca las condiciones
de competencia equitativa de todos los actores, un sistema político que dé
certeza de limpieza de sus procesos al ciudadano y así lograr su legitimidad a
través garantizar el respeto a la pluralidad política.
Los ciudadanos requieren de interés sobre los
asuntos públicos, una vigilancia cercana sobre el desempeño de los actores
políticos, un ciudadano que crea y que sea transformador de la realidad hacia
su modernización y crecimiento. Mas-solo (2007) al respecto establece: el
aumento de la gobernabilidad democrática supone contar con sistemas
democráticos capaces de dar seguridad y bienestar a la población. Pero
significa también que los sistemas deben ofrecer suficientes posibilidades de
participación de manera tal que los diversos miembros de la so-ciedad puedan
pensar que sus problemas y reclamos son procesados en el sistema político. (p.
8).
Una de las minorías sociales que puede y debe echar
mano de este modelo de democracia son las mujeres para poder hacer visible sus
necesidades diferenciadas que no son tomadas en cuenta por el entorno generado
para la participación ex-clusivamente masculina. En la medida en que las
mujeres lleguen a constituir una «masa crítica» en las ramas del poder
ejecutivo y legislativo en todos los países de América Latina, podrán tener
mayor capacidad para influir en los debates y en la agenda política de su país.
(Massolo, 2007, p. 9)
La presencia de la mujeres en la vida política es
un elemento indispensable para la construcción de la igualdad y por ende el
fortalecimiento de este valor democrático, sin embargo; es igual de importante
que las mujeres accedan a los procesos de organización desde la perspectiva de
la democracia participativa, para lograr la conquista de la vida pública con la
perspectiva de género, es decir a través de la organización que se hace visible
la estructura patriarcal sobre la que
Teoría democrática moderna-feminismo 189
se sustentan las relaciones, sociales, políticas y
culturales en la que esta cimentado la vida pública y la vida política que
enfrentan los ciudadanos.
Revisar las formas en la que los ciudadanos
participan permite observar las condiciones de vida que la democracia ha traído
a los ciudadanos y también como la democracia ha acercado o alejado a los
ciudadanos de las instancias políticas; el alejamiento de los ciudadanos a la
vida política presenta problemas para la sustentación del contrato social, en
tanto los ciudadanos sientan que la política no resuelve sus demandas y
necesidades optarán por formas menos instituciona-lizadas para lograr sus
objetivos.
Una amplia literatura sobre la deserción de los
partidos ha establecido que las lealtades vitalicias que anclaban a los
votantes a los partidos se han estado erosio-nando en muchas democracias
establecidas, lo que contribuye a una reducción en la concurrencia electoral y
genera un electorado más inestable expuesto al influjo de fuerzas de corto
plazo. (Norris, 2002, p. 4)
La feminización de los fenómenos o problemáticas
sociales muestra la cara opresora de la sociedad que tiene poca experiencia y
familiaridad de las mujeres en el espacio público. La feminización de la
migración, la desigualdad salariar por género, la violencia simbólica dentro de
los espacios privados, la participación política son fenómenos que deben ser
analizados con la llamada perspectiva de género.
Las acciones afirmativas, como las leyes de
paridad, permite observar como la desigualdad en el día a día de la
participación femenina se encuentran recurrentes en toda la estructura social;
organizaciones, instituciones y grupos sociales. Sin embargo, estas acciones
afirmativas que se traducen en presencia femenina en el ámbito público es
señalado como un atentado a los derechos masculinos.
Las feministas afirman también que resolver el
problema de diferencia exclu-sivamente a través de los derechos especiales,
frecuentemente lleva a la estigma-tización de los beneficiados. Los debates
actuales sobre las políticas de la acción afirmativa (discriminación positiva)
son un claro ejemplo de ello. Si las mujeres necesitan que por ley se les
asigne un porcentaje de cargos políticos o adminis-trativos, o si los negros
tienen que tener cuotas para entrar a las universidades, es porque son débiles,
inferiores, y necesitan de la protección paternalista, no de igualdad política
(Ochman, 2006, p. 378).
Sin embargo sin la existencia de las acciones
afirmativas, visibilizar las proble-máticas en los diferentes ámbitos no se
traducirían en la presencia, primeramente numérica y después con una presencia
fortalecida por la experiencia de la parti-cipación en lo público. La
oportunidad de ocupar espacios permite la familiari-zación y transformación de
los espacios y también de la toma de decisiones con nuevas visiones antes
difícilmente presentes en la instrumentación de lo público.
190 Verónica
Cuevas Pérez - Abraham A. Hernández Paz
Las leyes afirmativas son la primera etapa de
instauración de los cambios so-ciales que dan cabida a las transformaciones de
la realidad social, por lo que se enlistan a continuación reformas en materia
electoral que han sido motor de di-chos cambios para beneficio en la presencia
de las mujeres en el ámbito político.
2. LAS
REFORMAS EN MATERIA ELECTORAL Y SU CONTRIBUCIÓN A LA VIDA DEMOCRÁTICA DE MÉXICO
Como elemento relevante dentro del desarrollo el
sistema político el sistema electoral permite la institucionalización del
conflicto dentro de los proceso de votación, a su vez regular el conflicto
permite el respeto al contrato social, lo que garantiza el respeto a las
instituciones. Por lo tanto, el regulador que ha permitido la transformación
democrática de los sistemas políticos es el del desarrollo del sis-tema
electoral. Este desarrollo ha permitido un fenómeno particular para la vida
política mexicana, la transición a la democracia sin enfrentamientos violentos,
lo que ha generado la opinión de que el sistema político mexicano como estable,
lo que ha fortalecido el desarrollo de México en otras áreas, como la
económica.
La permanencia de las instituciones genera certeza
hacia varios niveles sociales dentro del ámbito por esa razón la reformas al
sistema electoral dan cuenta del cómo se ha transitado a una transición
democrática de un país. Cada una de las reformas electorales ha buscado
congregar las demandas que ponían en riesgo la competencia hacia el poder y los
criterios establecidos ahí han obligado a quienes participan en política a
atender las reglas del juego.
La participación de diferentes aspirantes a la
carrera del poder se da a través de los partidos políticos. Estos aglutinan una
cantidad diversa de ciudadanos que aspiran al poder a través de la competencia
por el voto, se dice entonces que los partidos buscan representar los intereses
de sus representados, por lo tanto son las instituciones más cercanas al
ciudadano. Es entonces importante que el siste-ma electoral y sus reformas
contemplen el papel de los partidos políticos como corresponsable del equilibrio
del sistema político. El sistema electoral sienta las bases y es determinante
en la manera en que los partidos políticos acceden a la contienda electoral.
Las reformas electorales comienzan en México a
partir de 1997 cuando aten-día la presidencia el Lic. José López Portillo; esta
reforma abre paso a la represen-tación proporcional dentro del legislativo, se
abre la representación proporcional de 100 diputados y 300 de elección directa,
otro acierto de esta reforma tiene que ver con la decisión de controlar la
participación de los partidos políticos a través del financiamiento público,
esto como forma de asegurar que los recursos sean lícitos y dar certeza a las
actividades electorales. Esta reforma fue instrumentada
Teoría democrática moderna-feminismo 191
aún con una participación directa del Presidente de
la República a través de la fi-gura del Secretario de Gobernación que era quien
se encargaba de la organización del proceso electoral antes de la aparición del
IFE.
La reforma de 1986 consistió en el aumento de
diputados a 500; 300 electos por votación directa y 200 de representación
proporcional con la característica de que la lista de dichos puestos es
cerrada, lo que autoriza al partido a seleccionar internamente a quienes
acceden a dicho número de representantes. Esta reforma impulsa la cláusula de
gobernabilidad que garantiza que no haya sobre represen-tación de quien haya
adquirido la mayor cantidad de votos; ya que los puestos otorgados a cada
partido corresponden al porcentaje de votos obtenidos.
Además se le brinda espacios de propaganda en los
medios de comunicación estatales a cada partido político. Hasta este momento
como es de esperarse las transformaciones fueron cautelosas pero dieron paso a
la reconfiguración de la participación política en México; como sabemos las
transformaciones ocurren de tal manera que no se colapsa el sistema político,
además de que el partido en el poder sigue protegiendo el monopolio del poder
en el país.
Sin embargo, aunque se visionaban grandes avances
en la contienda electoral de 1998 se sigue con opacidad en el momento de
contabilizar los votos, como ejemplo podemos mencionar la cuestionada caída del
sistema de conteo de votos en el proceso electoral de ese año que lleva al
presidente Carlos Salinas de Gortari a la Presidencia de la República.
Otra reforma que es una de las más importantes en
el desarrollo del sistema electoral mexicano es la aparición del Instituto
Federal Electoral (IFE) (órgano constitucional autónomo) como un órgano
descentralizado del gobierno que se encargara de las elecciones lo que permite
la profesionalización en la organización de las elecciones. Esta reforma ocurre
entre 1989 y 1990. Otro eje importante de esta reforma consistió en la creación
del Organización Tribunal Electoral Fede-ral (TRIFE) que de cualquier forma permitía
que la política formara parta de la solución de los problemas electorales a
través de los colegios electorales que se componían desde el Congreso de la
Unión.
A este respecto: «En relación a la cámara de
diputados la reforma de 1989-1990 estableció una nueva modalidad de la llamada
cláusula de gobernabilidad mediante la cual se garantizaba al partido
mayoritario una mayoría absoluta». (Vianello, 2008). La reforma de 1993
establece controles de fiscalización hacia los partidos políticos por parte del
IFE estableciendo como topes de presupuesto, limitantes y prohibiciones, además
de que aparecen las auditorías a los partidos.
Un segundo tema en esta reforma es lo referente al
tema de la transparencia electoral con la inclusión de observadores electorales
y por otro lado y no menos importante empieza la credencialización de los
ciudadanos. Otra de las reformas importantes para la representación de los
ciudadanos en el legislativo que se lleva
192 Verónica
Cuevas Pérez - Abraham A. Hernández Paz
a cabo en la reforma de 1993 es el aumento de los
senadores en la que cada esta-do puede acceder a cuatro de ellos tres por
mayoría y uno por segunda mayoría, garantizando así que treinta dos senadores
fueran de un partido político distinto al más votado.
La reforma de 1994 da paso a unas elecciones
legitimadas a través de la pre-sencia de los consejeros ciudadanos; aunque el
gobierno seguía inmiscuido en la organización del proceso electoral a través de
la figura del secretario de goberna-ción el procesos electoral sirvió para dar
la suficiente certeza ciudadana debido en gran medida a los hechos violentos
suscitados con antelación a esa sucesión presidencial; la figura de los
consejeros ciudadanos se encontraba por encima de los representantes de la mayoría
legislativa en el órgano electoral.
Otro de los fortalecimientos de esta reforma fue la
presencia de observadores ciudadanos pero no solo el día de le elección sino
durante todo el proceso desde la planeación hasta la ejecución el día de las
elecciones, también se incluyen los observadores extranjeros, lo cual posiciona
a México como un país realmente democrático en el ambiente internacional.
La reforma de 1996 le dio una nueva conformación al
Instituto Federal Elec-toral (IFE), el Instituto es presidido ahora por un
consejero presidente y ocho consejeros electorales aprobados por las dos
terceras partes del legislativo, en quienes reside poder de decisión; formula
que permanece hasta hoy. Por otro lado, el Tribunal Federal Electoral pasa a
ser parte del Poder Judicial de la Federación como órgano especializado.
Lo anterior hace posible la persecución de delitos
electorales y como tal las sentencias vinculadas al sistema de justicia
mexicano, el debate de las penas toma relevancia para el ejercicio de la
justicia en México; los magistrados son seleccio-nados por dos terceras partes
del senado y nombrados por La Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de
que se estructuran cinco salas regionales durante el proceso electoral para
conocer casos en cinco circunscripciones plurinominales.
La función del Tribunal Federal Electoral (TRIFE)
pasa a ser el juez de las elec-ciones en dos niveles, juzgando los actos
ilegales cometidos durante las elecciones pero también juzgando los actos de
inconstitucionalidad del órgano electoral; Se establece: «El Tribunal dejó de
ser un mero controlador de la legalidad para vigilar también la
constitucionalidad de los actos de las autoridades electorales» (Vianello,
2008, p. 670)
Otro aspecto digno de ser mención es el recurso
ciudadano para impugnar ante los tribunales los actos de autoridades
electorales en contra de los derechos polí-ticos ciudadanos; lo que abre la
posibilidad de impugnar leyes federales, estatales o municipales que vayan en
contra del espíritu de la Constitución. En la misma reforma de 1996 se
establece una regla para equilibrar la representación, fijando un número tope
de 300 diputados por ambos principios, por mayoría y por repre-
Teoría democrática moderna-feminismo 193
sentación proporcional, dando paso a la
representación de partidos minoritarios en el legislativo.
En el ámbito de los senadores en la reforma antes
mencionada se cambia la fórmula para la selección de los 128 senadores. Todas
estas reformas dieron paso a una seria reconfiguración del panorama político de
México en las elecciones de 1997, la oposición gana espacios en la Cámara de
Diputados lo que abre la negociación política entre dos partidos, el Partido
Revolucionario Internacional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN). La
reforma de 1996 dio paso en el año 2000 a la alternancia del poder en el país
con el triunfo del candidato de Acción Nacional a la presidencia del país, y
equilibrando la representatividad en ambas cámaras, la de diputados y la de
senadores.
Más tarde en las elecciones de 2006 da paso a unas
elecciones muy reñidas, es-tableciendo la diferencia del ganador por un punto
porcentual, lo que dio cabida en su momento a reclamos del perdedor y
evidenciando la necesidad de una nueva reforma que no deje dudas sobre el
ganador. La reforma de 2006 es importante para este estudio en particular
puesto que se instrumentan dos transformaciones en cuestiones partidistas, la
ley de equidad de género en las candidaturas y el esta-blecimiento de nuevos
requisitos para la fundación de partidos políticos.
La reforma de 2007 buscaba asegurar un control
sobre los recursos utilizados por los partidos políticos; recursos humanos y
políticos financiados por el erario demandan de un seguimiento y vigilancia de
su ejercicio por lo que se establecen topes de campaña, compras de tiempo en
medios y de ejercicio de campaña. Tam-bién esta reforma incluye nueva
temporalidad en los funcionarios electorales para garantizar la legitimidad
delos procesos electorales y generar certezas ciudadanas.
Como se ha tratado de evidenciar, las reformas
institucionales del sistema elec-toral lograron reconfigurar el escenario
político del país puesto que permitieron la aparición de la alternancia al
poder además de generar una contienda competitiva en los órganos
representativos como es el poder legislativo en el país. Uno de las reforma en
particular sobre la imposición de la cuotas de género se encuentra con-templado
dentro de los siguientes artículos dentro del COFIPE (Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales) en los artículos:
Artículo 218
3. Los
partidos políticos promoverán y garantizarán en los términos del presente
or-denamiento, la igualdad de oportunidades y procurarán la paridad de género
en la vida política del país, a través de postulaciones a cargos de elección
popular en el Congreso de la Unión, tanto de mayoría relativa como de
representación proporcional.
Artículo 219
1. De la
totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados
como de senadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante
el Instituto Federal Electoral, deberán integrarse con al menos el cuarenta por
ciento de candidatos propietarios de un mismo género, procurando llegar a la
paridad.
194 Verónica
Cuevas Pérez - Abraham A. Hernández Paz
Artículo 220
1. Las listas
de representación proporcional se integrarán por segmentos de cinco
candidaturas. En cada uno de los segmentos de cada lista habrá dos candidaturas
de género distinto, de manera alternada. (Honorable Congreso de la Unión, 2008)
Podemos ver cómo estos artículos han ayudado a la
configuración del poder legislativo con la presencia femenina a nivel de la
política nacional. Los escaños que ocupan las mujeres están cercanos al
cumplimiento de las cuotas establecidas del 30% de representación mínima de uno
de los géneros; en este caso las mujeres. Los partidos políticos en su
estructura han permitido la presencia femenina más como regla que como forma de
comportamiento; estas acciones positivas han po-tenciado la presencia femenina pero
aún queda trabajo por hacer en esta materia; así lo evidencian los números.
3. PERSPECTIVA DE GÉNERO EN ESTUDIOS DE CIENCIA
POLÍTICA
La categoría de análisis género es de vital
importancia en el desarrollo de los individuos en un realidad social; ya que
las prácticas socializadas y aceptadas de género determinan los primeros
simbolismos a los que se enfrenta una persona al estar en contacto con la
realidad que lo circunda: el nombre, los juguetes, el color de la ropa.
Aproximarse a lo que es el género y su construcción ayuda a conocer las
conductas que se han naturalizado por todos los individuos. Por eso, es
impor-tante definir esta unidad de análisis.
El género se ha definido como una red de creencias,
rasgos de la personalidad, actitudes, sentimientos, valores, conductas y
actividades que diferencian a mujeres y varones; como una categoría de análisis
en la que se articulan tres instancias bá-sicas: a) la asignación del género,
b) la identidad del género y c) el rol de género y también como un elemento
constitutivo de las relaciones sociales donde el género es una forma primaria
de relaciones significantes de poder basadas en las diferen-cias que distinguen
los sexos (Burín y Bleichmar, Lamas y Scott 1996 citados por Peña 2004, pp.
15-16). (Peña Molina, 2004, pp. 15-16)
La interacción social que se da entre hombres y
mujeres en el escenario social otorga un significado de valorización positiva o
negativa al desempeño de los roles sociales otorgados a cada género, además de
darle una valorización impor-tante para el desarrollo de la actuación social
con cierto orden estandarizado. Para leer el significado que tiene el ejercicio
de roles es necesario el estudio de la identidad colectiva (la significación
desde la organización social) y la identidad individual (lo que el individuo
decide ser como sujeto individual).
Por otro lado, y en el mismo orden de ideas, en la
investigación de Rodríguez, Matud y Espinosa (2008) se afirma que el género es
una construcción social que
Teoría democrática moderna-feminismo 195
establece una diferenciación de roles sociales
asumidos de manera inconsciente por hombres y mujeres que los naturaliza, y por
lo tanto, deja de cuestionarlos. A través de esta naturalización se generan
actitudes sociales que establecen ca-pacidades diferentes entre hombres y
mujeres. Entonces, es de vital importancia traer a la consciencia esta
reflexión como primer paso para el cambio. Además es necesario conocer cuáles
son las características del rol de las mujeres y como estos la limitan y cuáles
la proyectan.
Las construcciones de género anteceden a la
presencia de los individuos, ya que, su construcción obedece a un proceso
histórico y cultural en cada realidad social; entonces en esta realidad
existen, ya de forma aceptada y fosilizada, ciertos estereotipos surgidos de
estas categorías genéricas que brindan identidad al hecho biológico del sexo,
al hecho bilógico de ser mujer.
De nueva cuenta la teoría filosófica de Young
brinda una línea de pensamiento al respecto, y ayuda a entender cómo es que las
mujeres se apropian de la realidad que las circunda, aprendiendo los rasgos del
género que les corresponde y llegan a naturalizar los estereotipos de los que
son objeto. La construcción de la realidad es androcéntrica; ya que como se
explicó con anterioridad impera la conceptuali-zación del opuesto como la
reafirmación de lo que se es o lo que no se es.
Al ser hombre las características otorgadas al
género obedecen a la apropia-ción de la realidad a través de lo corpóreo. La
dominación del entorno natural busca generar el espacio social que sirva a los
individuos a su desarrollo y bien-estar. El cuerpo del hombre sirve para la
experiencia con lo externo, se apodera del espacio público para cambiar la
realidad a su favor. Los hombres perciben la realidad como un objeto para ser
transformado, las actitudes masculinas son encaminadas a poseer la realidad a
través de su control.
Las mujeres entonces son un objeto de la realidad
que puede apoyar o ayudar a los fines masculinos para lograr la estabilidad y
un sentido de confort personal dentro de la realidad social. Young; 2005 en
Aguilera, 2008 establece al respecto que la razón deontológica moderna ha
identificado a unos seres como sujetos, ha señalado a otros como objetos. Ese
proceso de constitución posiciona a la mujer en una relación asimétrica dentro
de las relaciones sociales, que atrapa su pro-pia voz para expresar el punto de
vista de su fluida existencia, al tiempo que la constriñe por normas sociales
que no dejen brotar esa subjetividad tan libremente como debiera ser.
(Aguilera, 2008, p. 235)
La construcción de los géneros es una construcción
de la mente masculina, las características de género reproducidas
sistemáticamente por las mujeres son construcciones hechas por el ojo de los
hombres; por lo tanto, las mujeres solo asumen la realidad, no han participado
en su construcción, lo que Young llama la subjetividad negada. Las mujeres no
tienen el hábito de participar puesto que no han practicados otras formas de
asumirse mujer, ya que no han experimentado
196 Verónica
Cuevas Pérez - Abraham A. Hernández Paz
otra forma de vivir. Los hábitos se generan a
través de la práctica; por eso, las mujeres no tienen como hábito el apoderarse
de la realidad. Su cuerpo no es para dominar la realidad sino para protegerse
de ella. No son sujetos que se apropian de la realidad sino objetos apropiados.
La realidad existe empezando de la interpretación
de los sujetos, a partir de que poseen un cuerpo para experimentar en ella, a
través de la interacción ge-neramos una representación de la realidad cuyos
significados son compartidos por los demás sujetos, normalizando o
naturalizando la conducta social. «Esta subjetividad trascendental se traza,
según la autora, a partir de la noción de un pensamiento que no solo piensa,
sino que al tiempo, crea significado». (Aguilera, 2008, p. 236)
Las mujeres no han construido una subjetividad
propia, sino que reproducen una interpretación masculina de lo que debería ser
o constituirse como personas en interacción con ellos (género). El género
femenino es una construcción desde el ojo masculino de lo que debe ser la
realidad. El género mujer vive un género de una subjetivad negada, en palabras
de Iris Young, vive la subjetividad masculina.
Las mujeres no han experimentado con su cuerpo la
realidad sino que se apro-pian de los significados ya colectivamente asumidos y
naturalizados, ingresar al campo de la política (un ámbito masculino por
antonomasia) requiere de sub-jetivarse masculino teniendo sexo femenino, jugar
bajo las reglas impuestas, el lenguaje, las actitudes, sin cuestionarlas. Si se
quiere ser política debe de tenerse las faldas bien puestas como Rosario Robles
(siendo jefa de gobierno), no ser ga-llina. Se asume el Kitsch político o el
political correct, formulismos arraigados en la forma de hacer política.
(Rodríguez T., 2005) Se convierte en reproductora de estereotipos sociales en
la política.
Lo que lleva a la diferenciación pero ahora entre
el grupo de las mujeres políti-cas y el resto de las mujeres, de nuevo el yo y
el otro altamente opuesto e incluso excluyente. Se repite el patrón de
exclusión. «la mujer sólo llega a ser sujeto cuan-do es capaz de asimilar la
subjetividad masculina, en la medida que no existe una posición de sujeto
separada hecha a partir de la experiencia femenina. (Aguilera, 2008, p. 237)
La tarea femenina es entonces subjetivarse no desde
la diferencia sexual, sino comenzando de la exposición de su propio cuerpo a la
realidad, a partir de lo que es para cuestionarse lo que le ayuda y lo que no
para dar un significado propio y nuevo a su realidad, en un marco de
diversidad, no con el afán de normar. «El conocimiento de lo que somos, y del
proceso que nos ha llevado a ser lo que so-mos, nos informa de nuestros
límites, pero también de nuestras posibilidades para transgredir aquellos límites»
(Aguilera, 2008, 235).
Con esto no se infiere que La acción femenina tenga
que ir encaminada a desestabilizar lo construido socialmente, sino a la
desestructuración de códigos
Teoría democrática moderna-feminismo 197
y significados que impidan el ejercicio de la
libertad femenina de asumir nuevos significados y sentidos de su existencia
dejando atrás la subordinación. Profundi-zar en los estudios de género apoyaría
a la identificación de los espacios en el que las mujeres priorizan sus
actividades dentro del ámbito político, la perspectiva de género establece como
los roles ejercen influencia en la toma de decisiones de las mujeres a
participar dentro un partido, organización o sindicato, espacios que sirven de
trampolín para la inclusión de los ciudadanos a la arena de la política.
La participación política y ciudadana de las
mujeres es importante en la cons-trucción de una democracia puesto que da
evidencia del valor de la igualdad, entre más participen las mujeres en el
espacio público se construye una mejor ciudadanía, que las mujeres encuentren
espacios y tiempo para el ejercicio de las actividades que les interesen son
indicadores de su acceso a la vida paritaria.
El estudio de la perspectiva de género en la
implantación de una vida democrá-tica da paso al respeto de la pluralidad. La
democracia demanda de la presencia fuerte y decidida de toda la ciudadanía, y
en particular las mujeres deben tener una participación preponderante para
lograr que la vida pública dé cabida a su presencia, las vea como clientes de
servicios públicos y objetos de políticas que permitan su participación plena
en la vida del país. Pensarse y asumirse como ciudadanas es un rol femenino que
debe de ser incentivado por quienes realizan políticas públicas; por otro lado
las mujeres deben de pensar y replantearse los roles de género que limitan el
ejercicio de la ciudadanía plena.
El reflexionar en el tema de la participación
política y cívica de las mujeres desde la perspectiva de la ciencia política
pone a relieve como la vida femenina ha estado presente en el pensamiento
política como objeto de política pública, sin embargo no existe política
públicas que les permita romper los estereotipos sociales presentes en la
realidad femenina; es decir, las políticas públicas buscan mejorar la realidad
solo como objetos y no sujetos.
Es decir, las acciones afirmativas buscan
posicional la presencia femenina en la vida política; sin embargo, las
características culturales que rodean la vida públi-ca demanda de ellas asumir
un papel subordinación. La cultura está construida desde lo masculino por lo
que demanda de ellas la reproducción de los patrones masculinos o bien un papel
de bajo perfil. Es decir una vez que las mujeres llegan a la vida pública se
enfrentan a prácticas que limitan su participación en igualdad; por ejemplo la
práctica de cerrar tratos fuera del espacios de trabajo.
Estas prácticas limitan la vida femenina dentro de
los espacios públicos puesto que en muchas ocasiones el cierre de tratos
involucra centros nocturnos, clubs deportivos, etc., diseñados para el
esparcimiento masculino y donde la presencia femenina no está normalizada. Por
eso es importante que la realidad cambie para reconocer que las mujeres
llegaron para quedarse y no permitir que nada limite su
198 Verónica
Cuevas Pérez - Abraham A. Hernández Paz
presencia en la vida pública, y mucho menos el
hecho biológico de haber nacido mujer.
La frontera entre lo social y lo político es
esencialmente inestable y requiere de constantes desplazamientos y
renegociaciones entre los agentes sociales. Las cosas siempre podrían ser
diferentes, y por tanto todo orden se predica sobre la base de la exclusión de
otras posibilidades. Desde ese punto de vista, todo orden puede ser llamado
«político», puesto que constituye la expresión de una estructura par-ticular de
relaciones de poder. El poder es parte constitutiva de lo social porque lo
social no podría existir sin las relaciones de poder mediante las cuales recibe
su forma. (Mouffe,2009,p. 91)
Las reforma en materia electoral permiten la
configuración de las instancias de poder, al respecto Mouffe 2009 establece que
el cambio y transformación de las esferas en el poder es una condición de la
democracia para que el poder se configure con los que son que refleje en lo que
están siendo objeto de las políticas que impactan la vida pública y privada de
los ciudadanos. La parte en conflicto no puedes acusarse mutuamente de
invasoras sino que deben dar pasos a la cons-trucción de consensos.
Se necesitaría cierto tipo de vínculo común entre
las partes en pugna, de modo tal que no se tratara a los opositores como
enemigos que hay que erradicar ni se considerase que sus demandas son
ilegítimas, lo cual es precisamente lo que ocu-rre en la relación antagónica
amigo/enemigo. (Mouffe,2009,p. 92).
La redefinición de lo público abre la posibilidad
no solo de una mayor partici-pación de las mujeres, sino también de atenuar la
crisis de una sociedad capitalista excesivamente individualizada.
(Ochman,2006,p. 379). Realizar acciones afirma-tivas permite que se realicen
los virajes en todos lo ámbitos de la vida social, la vida política; las leyes
son el input que permite cambiar los ambientes para la acción comunitaria.
Sin embargo la emancipación femenina va más allá de
la presencia de leyes; la atención a los resultados de la implementación de las
leyes y la nueva presencia de las mujeres en diferentes contextos de acción a
los del entorno familiar obliga a la atención del estado en rubros que se
consideraban exclusivamente del ámbito del individuo, para convertirse en
problemáticas públicas; cuyo fenomenología debe ser atendida por el Estado;
quien es el encargado del Estado de Bienestar Social. La emancipación de la
mujer queda traducida a la salida al mercado del trabajo pagado de un
porcentaje relativamente alto de la población activa femenina. Y ello produce
en la sociedad en su conjunto cambios y nuevas necesidades. No explican por qué
se deshace la familia, simplemente lo constatan, y advierten que ello varía las
condiciones del mercado y fuerza al Estado, o a la libre competencia, a ofrecer
los servicios que antaño las familias —las mujeres— ofrecieran. Y salen caros,
en eso están de acuerdo. (Valcarcel, 1995, p. 135)
Teoría democrática moderna-feminismo 199
Es decir, que los fenómenos sociales que ocurren
por los cambios en el ejer-cicio de vida femenina son atendidos por el mercado.
El Estado desatiende las problemáticas por lo que las mujeres deben recurrir a
los servicios de empresas que permitan la realización; por lo que el costo
económico de trabajar fuera de casa es absorbido por la familia y no por
políticas de bienestar social por parte del Estado; lo que ubica de nuevo la
presencia externa femenina como algo ne-gativo para el entorno económico familiar
y debe una vez más plantearse cuál de los escenarios es preferible atender: el
de la realización personal o la aportación y sustento maternal familiar. El
matrimonio no está diseñado para ser una relación entre iguales, la tasa de
divorcios se dispara, y, si no lleva más velocidad, es por-que las precarias
condiciones económicas no permiten a las mujeres divorciarse (Valcárcel, 1995,
p133).
Por todo la anterior, (l)a gran aspiración de las
teorías feministas es redefinir la conceptualización misma de lo privado y lo
público, para resolver los problemas de la discriminación y marginación de cada
vez mayor número de individuos. (Ochman, 2006, p. 379)
Por lo anterior realizar cambios en la cultura y en
particular en la cultura po-lítica es una de las acciones que apoyarían el
establecimiento de dichas acciones legales y normativas. Las leyes no tienen
impacto reales si no son acompañadas de cambios culturales dentro de la
estructura social.
Los estudios de la cultura y cultura política en
particular pueden mostrar algu-nos avances con respecto a las conductas
inducidas por la leyes pueden convertir-se en una realidad con el pasar del
tiempo; para que de esta manera la sociedad encuentre en las diferencias de
género una oportunidad de mejorar las condicio-nes para todos y todas.
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Tu Obra UNAM. (s.f.), http://www.tuobra.unam.mx.
Obtenido de http://www.tuobra.unam.mx/ publicadas/021104144006.html.
Capítulo 12
LA PARTICIPACIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN
LA ARENA POLÍTICA: APROXIMACIÓN DESDE LA CIENCIA POLÍTICA
ALMA ROSA SALDIERNA SALAS*
DR. JOSÉ SALVADOR ALVÍDREZ VILLEGAS**
Universidad Autónoma de Nuevo León
SUMARIO: 1. POLÍTICA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 2.
COMUNICACIÓN POLÍTICA. 2.1. Evolución de la Comunicación Política. 2.2. Teorías
de los efectos de la Comunicación Po-lítica. 2.3. Teoría de la agenda o
Agenda-Setting. 2.4. Teorías del malestar mediático. 2.5. Teorías de la
Movilización Política. 2.6. Comunicación: Herramienta de la Política para
formación de Ciudadanos. 3. MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y POLÍTICA EN MÉXICO. 4.
REFORMAS A LA REGULACIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN MÉXICO.
Resumen: Los medios de comunicación actualmente se
perciben como una herramienta para la actividad política. Este capítulo
contiene reflexiones so-bre su aporte debido a que constituyen un elemento de
presión en la formu-lación de asuntos públicos y políticos a través de la
información e imágenes que se presentan en sus contenidos. El presente texto,
analiza además el papel los medios de comunicación, su posición estratégica
como influencia en la formación de corrientes de opinión, movilizando a los ciudadanos,
así como también produciendo diferentes representaciones de actividad
políti-ca.
Palabra clave: Comunicación política, medios de
comunicación, Efectos de la comunicación, Ciudadanos, Regulación.
* Doctora en
Filosofía con Acentuación en Ciencias Política por la UANL.
Profesora-Investi-gadora Tiempo Completo de la Facultad de Ciencias Políticas y
Administración Pública de la UANL. Investigadora Asociada del Laboratorio de
Comunicación Política de la facultad. Miembro del Sistema Nacional de
Investigadores CONACYT: Nivel Candidato. Sus líneas de investigación se centran
en las Actitudes y Comportamiento Político, formación de Ciudada-nos, Cultura
Política. Se le puede contactar: asaldierna9@gmail.com.
** Doctor en
comunicación audiovisual por la Universidad de Salamanca (2012), Profesor de
tiempo completo de la facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública
de la UANL. In-vestigador Asociada del Laboratorio de Comunicación Política de
la facultad. jose.alvidrezvl@ uanl.edu.mx elemento estratégico, entre otros,
que ayudan a formar la idea de la relevancia que tienen hoy en día para la
llamada sociedad de la información, y la forma en que actúan al generar
conocimiento político.
202 Alma
Rosa Saldierna Salas - José Salvador Alvídrez Villegas
Keywords: Political communication, Media, Effects
of communication, Citi-zens, Regulation.
1. POLÍTICA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
El presente material ofrece una visión extensa
sobre los medios de comunica-ción; ya sea como herramienta, o bien como enlace,
elemento de presión,
Los efectos de los medios de comunicación en la
formación de la opinión pú-blica como en la formación de ciudadanos es el eje
central de este material, tema que pese a ser fuertemente estudiado, no se
agota, en virtud de su complejidad y que tiene un objeto loable como lo es el
coadyuvar al fortalecimiento de la cultura política.
Aunado a lo anteriormente expuesto, se analiza a
los medios como instru-mento, ya que se considera que a través de éstos se
puede conocer a la sociedad, por la forma en que se perciben en ellos valores,
creencias y actitudes políticas, además de tener en cuenta su papel
sobresaliente para el logro de la legitimación del poder.
Los medios de comunicación son una herramienta para
la actividad política (Ricoy, 2006); su aporte es importante debido a que
constituyen un elemento de presión en la formulación de asuntos públicos y
políticos a través de la informa-ción e imágenes que se presentan en sus
contenidos. Esa facultad les permite ocu-par una posición estratégica en la
construcción de realidades, además de poseer el papel preponderante como
transmisores de información a las masas, influyendo de esa manera en la
formación de corrientes de opinión, movilizando a los ciu-dadanos, así como
también produciendo diferentes representaciones de actividad política (Abundis,
2007).
Autores como Pérez (1994), afirman que es a través
de los medios de comuni-cación que lo público se hace transparente, además de
contribuir en la generación de conocimiento, incluido el conocimiento político.
En ese sentido, los medios de comunicación al llegar a una gran cantidad de
ciudadanos, tienen la capacidad de diseminar la información que se gesta en la
arena política, desde iniciativas de re-forma de ley, generación de nuevas
medidas políticas y por supuesto la búsqueda del voto, a través de las campañas
electorales, debates, spots políticos, etc.
Debido a esto, es que en el seno de la Ciencia
Política surge el interés por la investigación de los efectos de los medios en
el proceso de formación de la opi-nión pública, de legitimación del poder, así
como en la formación de ciudadanos (Schenck & Hensel, 1987). Para Wolton
(1998), la dependencia entre los medios y la política es tan antigua que existe
desde los intercambios que se realizaron en la organización de las primeras
ciudades, afirma que su relación nace durante el
La participación de los medios de comunicación en
la arena política 203
proceso de negociación entre
gobernantes-gobernados, siendo necesaria la comu-nicación para influir en los
ciudadanos y de esa manera poder legitimar las medi-das políticas, sociales o
los modelos económicos a implementar (Reyes, O’Quinn, & Morales, 2011).
La influencia de los medios de comunicación en los
ciudadanos es tan fuerte que puede decirse que a través de éstos se puede
conocer a la sociedad, es decir, los medios son un reflejo de la colectividad
que los está visionando, su impacto ejerce una fuerte influencia en la
modificación de valores, creencias y actitudes políticas, además tener un papel
preponderante para el logro de la legitimación del poder (Zaller, 1992).
El análisis de los efectos de los medios de
comunicación en el ámbito político ha sido fuertemente estudiado. De acuerdo
con Colome (1994), la política se entiende como la movilización de voluntades
que requiere de dos elementos: la comunicación y el seguimiento. No sólo que se
proporcione la información, como podrían ser los spots informativos con
respecto a Reformas de Ley recién apro-badas (comunicación) sino que a través
del seguimiento se trace un camino que desemboque en un hecho como lo sería el logro
de la legitimación y consenso por parte de la población hacia dicha Reforma.
En ese sentido, la comunicación dentro de los
sistemas democráticos ejerce el rol que le permite conocer el ejercicio de los
gobernantes y transmitirlo a la población en general, para de esa manera
contribuir en la formación de pautas de comportamiento de los individuos en su
relación con el gobierno (Newton K., 2006). Los antecedentes de estos estudios
pueden encontrarse en trabajos sobre la opinión pública, las campañas
electorales y la propaganda política (Merriam & Gosnell, 1924), en los que
se consideraban a los sistemas de comunicación como instrumentos organizativos
de la actividad política y administrativa (Morogas, 1979).
Estudios sobre las elecciones en Estados Unidos
(Lazarfeld, Berelson, & Gau-det, 1948) han sido de relevante importancia
para tomar en cuenta la importancia y la influencia de los medios de
comunicación sobre los individuos y su relación con la política, así como
también el impacto ejercido en la organización del esta-do y en la generación
del compromiso político en los ciudadanos (García-Luengo
& Maurer,
2009). El estudio de esta relación y sus implicaciones es el objeto de estudio
de la «Comunicación Política».
La búsqueda de una organización política, conlleva
a que los medios sean uti-lizados para la formación de una cultura: la cultura
política (Macluhan, 1965). En ese sentido, una acción que distingue la forma en
que se desarrolla la comu-nicación política en los terrenos de sistemas
políticos democráticos de los dic-tatoriales es que en los regímenes
totalitarios ofrecen una pequeña cantidad de
204 Alma
Rosa Saldierna Salas - José Salvador Alvídrez Villegas
comunicación entre la elite y la masa, en regímenes
democráticos la comunicación es continua para generar opinión pública (Fagen,
1966).
Autores como Kurt y Gladys Lang (1966), pusieron de
manifiesto cómo los individuos que se exponen a contenidos provenientes de los
medios acordes a sus valores, rechazan los que son contrarios, realizando un
filtrado de los contenidos que reciben. Un ejemplo de esto es un estudio
realizado por Zaller, quien busca comprender los efectos producidos por los
medios de comunicación estadouni-denses durante la guerra de Vietnam. Su
análisis se centró en el cambio de actitu-des provocadas por los comentarios y
posiciones de los medios de comunicación y demostró que la prensa liberal tuvo
el efecto de cambiar las actitudes hacia la guerra, pero sólo entre los que
eran liberales y que estaban predispuestos a creer en las noticias acerca del
mundo real (1992).
Los análisis realizados en los 60’ con respecto a
la influencia de los medios de comunicación y la política, estaban centrados en
el comportamiento humano; para la década de los 70’ y 80’ sufren cambios y toma
importancia el estudio de los discursos político; posteriormente, debido a la
evolución de los medios de comunicación, en los 90’, los medios ahora son
vistos como un puente entre los ciudadanos y los políticos (Guerrero, 2003;
Rospir, 2003). Los medios han modi-ficado la forma de hacer política y ahora
son utilizados como medio de difusión del conocimiento político, constituyen un
canal de comunicación entre las institu-ciones políticas y los ciudadanos, con
el aporte de poder influir y determinar los temas que debate la opinión pública
y generar ciertas modas o modificar ideolo-gías y comportamientos. Si bien el
ciudadano tiene diferentes fuentes de recursos de información sobre política,
pero es a través de los medios de comunicación que se asimila esa información
sobre hechos y personajes (Gamson, 1992).
Esa función que ejercen los medios de favorecer las
relaciones y facilitar la for-mación de un criterio, actitud y cultura política
de los individuos (Rojas, 2006), es a través de la televisión una de las
principales fuentes de formación de opinión pública al tener la capacidad de
llegar a gran cantidad de población, siendo un elemento clave en la educación
política de un país (Sartori G., 2005).
La formación en política, como se ha expresado, es
fuertemente influenciada por los medios, pero también la audiencia tiende a
filtrar información gracias a su experiencia propia para generar un
conocimiento personal que se adiciona al conocimiento popular compartido por la
sociedad a la que pertenecen. El rol de los medios es transmitir la información
política digerida y traducida para el pú-blico en general (McCombs & Evatt,
1995) y así como establecer puentes entre el sector político y gran parte de la
sociedad contribuyendo a la conformación de democracias más estables (Avery,
2009). De ahí la importancia de la influencia que tienen los medios en las
sociedades y democracias actuales, ya que para una buena parte de la población
que carece de un conocimiento previo propio sobre
La participación de los medios de comunicación en
la arena política 205
política, la información que es presentada en los
medios es posible que sea to-mada como hechos reales no cuestionables, lo que
puede llevar a los ciudadanos a socializar políticamente en una manera no
oportuna o con poca capacidad de decisión propia.
Los medios de comunicación tienen un papel
importante en el camino de la consolidación de la democracia, en la medida en
la que se democraticen y cum-plan con su función de informar con veracidad a la
ciudadanía. No hay que olvi-dar, como señala Richard McKeon (1951), «una
sociedad democrática se define como una sociedad basada en la comunicación» (p.
522). Sobre todo en épocas actuales, donde la conexión del ciudadano con los
medios es casi continua y se produce por tanto un flujo de mensajes de gran alcance.
En la medida en que los ciudadanos adquieran las herramienta necesarias para
tomar decisiones sin ser manipulados, los medios no serán el «poder invisible»
que señala Bobbio (1986).
En una democracia ideal, los medios reciben el
respaldo de la ciudadanía al cumplir tres funciones clave para que se preserve
la transparencia y confianza en ellos (Guerrero, 2006): 1) que provean a la
ciudadanía información suficiente para que sus miembros sean capaces de
fundamentar sus elecciones, opiniones y decisiones. Los medios pueden verse por
tanto como una fuente de recurso educa-tivo, informativo y formativo; 2) que
ofrezcan espacios donde se pueda generar el debate abierto y, finalmente, 3) que
sean el ojo vigilante a favor de la ciudadanía, lo que se conoce como «el
cuarto poder protector».
Los medios deben de cumplir la función de generar
espacios donde se encuen-tre a libre acceso información que permita a los
ciudadanos tener los recursos necesarios para activarse políticamente, que
influyan en la formación de estos ciudadanos y adicionalmente promover la
vigilancia del comportamiento de las instituciones políticas con la finalidad
de monitorear el buen desempeño en sus funciones que les permita elevar los
niveles de confianza en éstas. En democracias estables se debe buscar
proporcionar el entendimiento de lo sucedido en la esfera política. Con
respecto a eso, se puede decir que los medios tienen una función indicadora:
alertando al público sobre los acontecimientos y cambios que están teniendo
lugar en el entorno, así como también su función de traductor de len-guajes:
haciendo comprensibles los hechos para una gran parte del público que los
consume (McCombs & Evatt, 1995).
2. COMUNICACIÓN POLÍTICA
Los medios de comunicación son utilizados para
desempeñar diversas funcio-nes desde informar, generar corrientes de opinión
hasta contribuir en la conforma-ción de la legitimidad en las acciones de los
políticos en su función gubernamental
206 Alma
Rosa Saldierna Salas - José Salvador Alvídrez Villegas
(Reyes, 2007; Yanes, 2007). En ese sentido, la
relación estrecha que entablan estas dos disciplinas contribuye al origen de
una nueva área de investigación: La Co-municación Política.
La definición de Comunicación Política ha sido
enriquecida por diversos au-tores. Dan Nimmo y David Swanson (1990) la definen
como «el uso estratégi-co de la comunicación para influir en el conocimiento
político, las creencias y la acción sobre asuntos públicos». Por su parte
Eaulau, Eldersveld y Janowitz (1956), consideran que la comunicación ejerce un
rol mediador en el intercambio bidireccional de información entre los
ciudadanos y los gobernantes, propiciando que se refuercen o modifiquen
actitudes o acciones, y definen a la comunicación política como un proceso
interviniente en la transmisión y movilización de la in-fluencia política entre
el poder y los ciudadanos. En ese análisis del equilibrio de fuerzas entre
gobernantes y gobernados, el papel de los medios de comunicación es elemental
en una democracia sana, tomando siempre en consideración la im-portancia de la
legitimidad, la cual para su obtención debe estimar tres elementos: la
política, la información y la comunicación (Weber, 1979).
Por su parte, Morogas (1979), afirma que la
comunicación política tiene dife-rentes niveles: 1) Los medios de comunicación
son elementos organizativos de la actividad política (no propaganda); 2)
contribuyen a la formacion de cultura en los ciudadanos; 3) mantienen un
equilibrio entre lo político y lo económico y 4) tienen funciones de persuasión
política (elecciones, campañas, etc.). Estas diversas funciones permiten que
los ciudadanos tengan acceso a través de diversos canales al intercambio de
conocimiento que les permite tener la información necesaria para conocer las
decisiones de sus gobernantes y su impacto en la sociedad, con-solidándose la
posibilidad de exigir y propiciar demandas por parte de los ciuda-danos a los
gobernantes y obtener respuestas a éstas (Panebianco, 1989).
El uso de los medios de comunicación permitiendo la
crítica y el cuestiona-miento sano hacia medidas políticas y sus repercusiones
e implicaciones, es una característica esencial de las democracias sanas y
estables con instituciones políti-cas sólidas y con gestores de medios críticos
al sistema (Mazzoleni, 2010).
2.1. Evolución de la Comunicación Política
Los antecedentes en los estudios de la comunicación
política se pueden encon-trar en trabajos sobre la opinión pública, las
campañas electorales y la propagan-da política (Merriam & Gosnell, 1924),
en los que se consideraban los sistemas de comunicación como instrumentos
organizativos de la actividad política y ad-ministrativa.
En los años 40’, surgen los estudios con una
metodología más compleja, preva-lecen estudios sobre la propaganda como
herramienta de persuasión para captar
La participación de los medios de comunicación en
la arena política 207
electores. Estudios sobre las elecciones en Estados
Unidos han sido de significativa importancia para evidenciar la influencia de
los medios de comunicación sobre los individuos. Se inicia el proceso de
comparación entre regímenes totalitarios y democráticos, como resultado de las
dos Guerras Mundiales. Autores como Lazarfeld, Berelson y Gaudet (1948), hacen
un análisis sobre la práctica pro-pagandística que realizan los gobiernos
totalitarios coaccionando a eliminar la probabilidad del surgimiento de ideas
contrarias al poder, condición no desarro-llada en las democracias donde se
promueve la libertad de expresión. Además, analizan también las condiciones
electorales en el contexto de Estados Unidos, en donde los resultados
concluyentes ponen en manifiesto que la intención del voto es similar en grupos
homogéneos, con características similares en contexto, formación, recursos por
mencionar algunas, además de que el impacto de los me-dios no contribuyen a
cambiar la decisión, al contrario sólo refuerzan la opinión preconcebida que
tienen los votantes hacia los candidatos (Bernard, Berelson, F., & McPhee,
1954).
Manuel Guerrero (2003) considera que los primeros
estudios realizados en los años 60’ con respecto al impacto de los medios en la
política se centraba en el comportamiento ciudadano. Se analiza la capacidad
que tienen los medios de comunicación para influir y manipular a los
individuos. En ese sentido, prevalece en el comportamiento de los ciudadanos,
el hecho de que los medios de comuni-cación siguen cumpliendo el papel de
reforzar opiniones pre-existentes, así como también surge el interés en
considerar otros factores inherentes a los individuos como su entorno ecoómico,
social y cultural, percepción de los medios de co-munición, tipo de medio de
comunicación que utilizan, conversación con otros individuos sobre política,
etc. (Mapper, 1960).
Por otro lado, Kurt y Gladys Lang (1966) encuentran
que la conexión entre el incremento de los canales informativos puede generar
sentimientos de desco-nexión con la política, es decir, una desafección
política en los ciudadanos. Este sentimiento es reforzado por la forma en que
los noticieros muestran las noticias relacionadas a temas políticos, dañando la
percepción que se tiene del gobierno y de las instituciones políticas.
Continuando en la línea del tiempo, en los años 70’
y 80’ se hace un cam-bio al análisis del discurso político. Es en el año de
1973, cuando finalmente la Asociación Internacional de Comunicación da el
reconocimiento a la división de estudios de Comunicación Política, surgiendo
disertaciones sobre los usos de la comunicación en la arena política, su
relación con el poder, con los ciudadanos y dando origen al marketing político
al surgir la publicidad electoral. Es en esta época cuando se marca la dependencia
fuerte entre la televisión y la informa-ción política, la creciente presencia
de televisores en los hogares estadounidenses conlleva un efecto en el
comportamiento electoral: volatilidad electoral (Chafee, 1978).
208 Alma
Rosa Saldierna Salas - José Salvador Alvídrez Villegas
En 1976, Robinson, en su artículo «Public Affairs
and the Television and the growth of political malaise: the case of the selling
of the Pentagon», describe el fenómeno de la pérdida de veracidad en las
instituciones políticas. La manera negativa en que se presentan las noticias
sobre política, en especial la televisión y su influencia para deteriorar la
confianza en gobiernos e instituciones políticas (Robinson, 1976).
Para contrarrestar esta situación se recurre a
otras herramientas como el mar-keting político. El desgaste de la imagen de la
política, los políticos y el desencanto hacia el tema por parte de los
votantes, conlleva a que la elite promueva meca-nismos para reactivar a la
ciudadanía y continuar teniendo legitimidad. En los procesos electorales, se
comienza a hacer uso del marketing político, surge como elemento necesario en
la obtención de votos (Dupoirier y Meynaud, 1984).
Es en esa época cuando se centra el análisis no
sólo en la información, sino también en el tipo de medio de comunicación que
están utilizando los ciudadanos. Con respecto a las campañas electorales en
Gran Bretaña, Francia y Bélgia, se encuentra evidencia que la televisión
continúa prevaleciendo sobre otros medios como fuente de información sobre
políticos, pero no logra cumplir la función de posicionar la presencia de un
partido político, proveer información para la toma de decisión a la hora de
ejercer el derecho al voto y sobre todo, proveer los elementos necesarios que
motiven a la discusión y debate sobre los temas de campaña (Cayrol, 1986).
La comunicación política desarrolla estudios
enfocados en la obtención de su-fragios, se basa en el candidato como elemento
clave para el logro de la mayoría de votos, más que en las propuestas y
plataformas de los partidos políticos.
En los 90’ la influencia de los medios es analizada
como una herramienta de la democracia mediática. Los medios constituyen ahora
un canal de comunicación de las instituciones políticas a través del cual los
ciudadanos reciben información y orientación sobre el acontecer político
diario. Sin dejar de lado que aunque exista la confrontación de posturas entre
ideologías de izquierda o derecha, dife-rencia en las posturas hacia ciertas
medidas políticas en las que está implicado el bienestar de la sociedad, se
continúa priorizando la personalización de los candi-datos, continúa
acrecentándose el auge de la mercadotecnia política, propaganda política,
debates políticos, etc. (Tourine, 1995).
Es también en la época de los 90’ cuando surge el
interés en analizar y dar res-puesta a los estudios realizados en los 60’ con
respecto al hecho de que los medios contribuyen a la generación de sentimientos
de descontento hacia la política. Au-tores como Holtz-Bacha (1990), encuentran
evidencia de que los consumidores de medios, en especial los noticieros en
televisión y la prensa escrita, eran los más interesados en política y que más
participaban políticamente, iniciándose el deba-te en los estudios de comunicación
política con respecto a la diferenciación entre
La participación de los medios de comunicación en
la arena política 209
el tipo de medio de comunicación y el tipo de
contenido (Norris, 2000; Eveland, Shah y Kwak, 2006).
En los últimos años, los estudios de comunicación
política se han centrado en continuar analizando la relación que existe entre
el uso, consumo, tipo de medio de comunicación, además de que surge la
necesidad de observar otros factores inherentes a la personalidad de los
individuos como la familia, su relación con otros y sus niveles de conversación
sobre política. Newton (2006), señala que los individuos al recibir la
información a través de los medios de comunicación rea-lizan un
filtrado-selección, por lo que los efectos producidos serán minimizados o
modificados.
Considerando el surgimiento de nuevos canales
informativos como lo es el internet y el uso de redes sociales que están al
alcance de manera instantánea de los ciudadanos, permitiendo el uso de nuevos
espacios para el debate político, con la libertad de expresar sin temor a la
censura (O’Reilly, 2009), el uso del internet promueve que ciudadanos
participen activamente en la política; en la actualidad los estudios sobre
comunicación política se encuentran enfocados en la participa-ción política de
los ciudadanos a través de las redes sociales como el facebook y el twitter y
se hace ahora una diferencia en el tipo de compromiso, uno online y otro
offline (Gil de Zuñiga, Jung, & Valenzuela, 2011).
El flujo de informacion entre los gobernantes y los
ciudadanos fluye en los dos sentidos casi en tiempo real, permitiendo el
acercamiento que antes no se tenía, gestando nuevas metodologías en la
investigación en la Comunicación Política.
2.2. Teorías de los efectos de la Comunicación
Política
En Ciencias de la Comunicación el análisis de los
efectos mediáticos es funda-mental (Perse, 2011), al igual que en la Ciencia
Política, sobre todo en relación con el efecto que tienen los medios de
comunicación en el proceso de la formación de la opinión pública (Schenck &
Hensel, 1987). Existe evidencia científica de la importancia que tienen los
medios de comunicación como factor determinante en la formación de cogniciones
en los individuos, transmitiendo información que incide en la formación de
criterios y actitudes hacia la política.
2.3. Teoría de la agenda o Agenda-Setting
Surge a partir de los estudios de Maxwell McCombs
en la década de los 60’. La línea de investigación se centra en el impacto que
tienen los mensajes políticos en la audiencia, estudiándose en el contexto de
la comunicación de masas y el comportamiento del votante durante procesos
electorales, marcando la pauta en la organización de las campañas políticas y
repercutiendo en las decisiones de los
210 Alma
Rosa Saldierna Salas - José Salvador Alvídrez Villegas
votantes (McCombs & Shaw, 1972). Los medios,
sobre todo los impresos, mar-can la relevancia de una noticia estructurando la
realidad social y política. En ese sentido Krauss y Davis, (1991), p 193:
...la prensa es posible que en muchas ocasiones no
alcance al fin a decirle a la gente qué pensar, pero su éxito es asombroso en
cuanto a decir a sus lectores acerca de qué pensar...
Mc Combs y Shaw, analizan las elecciones
presidenciales de 1968 en Estados Unidos, y encuentran que la cobertura y el
énfasis que se hace con respecto a al-gunos temas por los medios de
comunicación, influyen en la prioridad asignada a dichos temas por parte de los
votantes (1995). Por su parte, Shaw (1979, p 76), afirma que resultado de la
acción de los medios de comunicación, el público va a poner atención o
descuidar, enfatizar o pasar por alto ciertos acontecimientos públicos. Si en
los contenidos presentados a través de los medios de comunicación se excluye o
se incluye cierta información, será información que de igual manera será
asimilada o excluida en el conocimiento de los usuarios de medios, por tanto la
cobertura puede ir formando la opinión pública de los ciudadanos (Iyengar &
Simon, 1993). Los medios de comunicación tendrán el poder de definir,
precisa-mente, la agenda del lector o del espectador: cada vez que leemos un
periódico o vemos un telediario es como si los medios de comunicación nos dijesen:
«hoy hablamos de...», indicándonos así los asuntos que hay que conocer y sobre
los cuales hay que formarse una opinión» (Boni, 2008:115). Por su parte,
Navarrete (2008) considera que la agenda-setting es una teoría de efectos, en
la que se pen-saba que los medios tenían como objeto lograr un efecto
generalizado sobre las masas sin tener en cuenta ni el contexto ni sus
criterios. Se entendía en un inicio que el público era un ente inerte que sólo
recibe mensajes y los asimila sin cues-tionar, el medio no decide por el
público sobre qué opinar, pero sí decide qué es lo que va a estar en la agenda
pública.
La consecuencia de los efectos puede ser de largo
alcance, especialmente cuan-do se está en la búsqueda de la legitimidad de las
acciones de los gobernantes, el apoyo a medidas políticas o se busca la
movilización o motivar la participación política de los individuos.
2.4. Teorías del malestar mediático
El análisis de la influencia de los medios en la
política no sólo tiene repercusión con respecto a los temas que se deben
considerar prioridad. El impacto se pue-de analizar desde el ámbito del
análisis del comportamiento de los ciudadanos. Los medios pueden compartir
información que genere opinión pública presentan-do contenidos digeridos y
traducidos al público en general.(McCombs & Evatt, 1995).
La participación de los medios de comunicación en
la arena política 211
Como se ha mencionado previamente, una etapa en la
evolución de los estu-dios de comunicación política se ha centrado en que los
contenidos mediáticos contribuyen a la formación de desconfianza en las
cuestiones políticas, producien-do un efecto negativo en las democracias. Este
fenómeno se ha definido desde el paradigma que engloba las teorías que estudian
el conocido malestar mediático o videomalestar (Schereiber & García, 2003).
Esta teoría tiene sus orígenes en los trabajos de
Kurt y Gladys Lang (1966), quienes fueron los primeros en sugerir la conexión
entre el incremento de los canales informativos y el aumento de los
sentimientos de desconexión con la po-lítica, la denominada desafección
política. Por su parte, Robinson (1976), afirma que a la hora de tomar
decisiones democráticas, los ciudadanos actúan bajo la influencia de la
información proporcionada por los medios de comunicación, en particular la
televisión; en ese sentido Weaver (1972), señala que el formato de las noticias
es el que fomenta ese tipo de sentimientos. Para autores como Fallows (1997) la
televisión tiene dos atributos: uno favorable que consiste en entretener y
divertir, a la vez de uno negativo que consiste en confundir y deslegitimar al
sistema político, debilitando la democracia.
Se puede concluir que la perspectiva del media
malaise o videomalestar, se pue-de resumir en dos supuestos:1) los procesos de
comunicación política tienen una repercusión significativa en el compromiso
cívico necesario en una democracia estable y 2) que este compromiso es en forma
negativa. Esa representación negati-va amenaza la cohesión civil al provocar el
desinterés sobre los asuntos públicos.
2.5. Teorías de la Movilización Política
La contraparte del malestar mediático surge en los
trabajos de Pippa Norris (1996), quién piensa que el consumo de noticias y de
televisión sobre asuntos políticos genera un aumento considerable en la
participación política de los indi-viduos al estimar el de los medios como
herramienta para poder llegar al público en general.
Esta propuesta tiene sus orígenes en los años 90’
cuando Holtz-Bacha (1990) hace una revisión a las teorías del malestar
mediático a través del caso de Alema-nia Occidental y obtiene como principal
hallazgo el hecho de que la exposición a noticiarios televisivos y a los
periódicos de información general no estaban re-lacionados con sentimientos de
desafección política. Detecta que los ciudadanos al estar expuestos de manera
consistente a noticias en general, estaban más docu-mentados en términos
políticos y por tanto confiaban más en el gobierno y en el sistema político y
serán más participativos (García Luengo, 2002).
Dentro de este paradigma, Pippa Norris (2000)
propone la teoría del círculo virtuoso. Su evidencia se encuentra al analizar
el papel que juega la comunicación
212 Alma
Rosa Saldierna Salas - José Salvador Alvídrez Villegas
política en la generación de efectos positivos al
fomentar el aumento del activismo político, de los que ya eran activos
políticamente. La autora pone en evidencia que la exposición consistente a
noticias y a campañas electorales genera un ma-yor conocimiento en términos
políticos y por tanto conseguirá que los individuos tengan más confianza en el
sistema político. El medio juega el rol de conectar al público con el mundo de
la participación cívica. Con respecto a eso, el proceso de comunicación puede entenderse
como un círculo virtuoso en el largo plazo re-forzando el activismo. En este
proceso la relación bidireccional fluye en el sentido de que los más expuestos
a la cobertura de los medios de temas públicos son los más comprometidos, pero
ese círculo no se generará si los individuos no tienen un interés previo en la
política.
El círculo virtuoso también se puede resumir en dos
supuestos que se expresan en contraparte a la teoría del malestar mediático: 1)
los procesos de comunicación tienen una repercusión significativa en el
compromiso cívico necesario en una de-mocracia estable y 2) que esta forma de
compromiso es positiva.
2.6. Comunicación: Herramienta de la Política para
formación de Ciuda-danos
El principio democrático se centra en que las
decisiones que afectan a la co-munidad deben ser tomadas por los ciudadanos, su
función es participar y decidir (Silva-Herzog, 1999), para lo que debe existir
libertad, igualdad política, así como instituciones estables y con legitimidad
(Diamond & Morlino, 2005). Dicha le-gitimidad la proporcionan los
individuos, pero para su consecución debe existir una ciudadanía activa que se
involucre y tenga responsabilidades que no sólo se circunscriban al voto. La
democracia no implica únicamente vivir en ese régimen, sino que es necesario
que se construya día a día con la participación activa de los ciudadanos
(Arangure, 1983).
En su trabajo, Linz y Stepan (1996), afirman que se
puede considerar democrá-tico a todo aquel régimen que permite que existan
preferencias políticas haciendo uso de la libertad de asociación, información y
comunicación entre todos los par-ticipantes (gobernantes y gobernados), es
decir, que exista una socialización de los ciudadanos en el ámbito de la
política.
El ciudadano debe ser educado para que de esa
manera se fomente el que quiera participar en política, a entender su
implicación importante, necesaria y efectiva (Maldonado, 2004).
Se debe recalcar que la calidad de la democracia se
da en la medida en que sus ciudadanos son participativos, con medios de
comunicación democráticos. Esta idea enlaza con la propuesta de la Comisión
Internacional sobre la educación del siglo XXI de la UNESCO, la cual pone en
manifiesto la necesidad de formar una
La participación de los medios de comunicación en
la arena política 213
cultura ciudadana que vaya gestando en los
individuos esa necesidad de participar activamente en el desarrollo de su
sociedad, así como en la formación de actitudes y aptitudes que edifiquen una
cultura política democrática, con lo que los ciuda-danos deben de tener un
conocimiento político (UNESCO, 1994).
En ese sentido, los estudios de la ciencia política
y comunicación política se centran en analizar la generación del conocimiento
político a través de los medios de comunicación, definiendo el conocimiento
político como el nivel de entendi-miento con respecto a lo relacionado a la
política (Brussino, Sorribas, & Medra-no, 2008), el cual contribuye a que
los ciudadanos expresen sus preferencias, que elijan a sus representantes. El
efecto que ejercen queda evidenciado en los com-portamientos y actitudes de la
sociedad (Newton, 2006). Su efecto no circunscribe al nivel cognitivo, sino que
llega a afectar aspectos como la participación política. Ejemplo de ello es la
cantidad de información política en los medios en periodos electorales,
encontrándose evidencia del aumento en los niveles de consumo de medios y
elevados niveles de participación electoral (Street J., 2005).
El conocimiento político le permite al individuo
tomar decisiones de forma ra-cional (Downs, 1957), permitiendo identificar las
acciones que tienen que realizar para mantener la estabilidad de la comunidad,
su desarrollo y evolución. Un acer-vo de información política que posibilita a
los individuos mejorar sus elecciones políticas, promoviendo una competencia
cívica, algo sumamente importante para dar estabilidad a la democracia (Almond
& Verba, 1963). Dicho conocimiento es indispensable para gestar sociedades
participativas en el juego político, lo cual se ve reflejado por altos niveles
de compromiso cívico y actitudes políticas positivas entre sus ciudadanos.
3. MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y POLÍTICA EN MÉXICO
En el caso mexicano, Nanteras (2007) es pionero en
el análisis de la relación de los medios en la generación de actitudes
políticas, analizando una muestra de alumnos de los niveles de secundaria y
primaria, tanto de escuelas públicas como privadas en la ciudad de México. El
autor encontró que la exposición a la información política transmitida en los
medios es baja (49.3%), algo similar a lo encontrado en la Encuesta nacional de
la juventud (2005). Además detectó que sólo un 10% de los estudiantes analizados
mostraban altos grados de consumo de información política, concluyendo así que
el grado de interés e implicación po-lítica es más bien bajo en ese estrato de
la sociedad. Junto a ello, sus datos ponen de manifiesto que el tipo de escuela
y el nivel de información tienen una influencia sobre la situación política de
los niños, demostrando que los que estudiaban en escuelas particulares
presentaban mayores accesos a la información política que las escuelas
públicas. Finalmente, también detectó que el interés hacia la política
214 Alma
Rosa Saldierna Salas - José Salvador Alvídrez Villegas
fue bajo (48%), pero no se muestra una posible
relación entre consumo informa-tivo y el interés hacia la política.
Por su parte, Moreno (2008) analizó el impacto de
las noticias en la confianza en cuestiones político-electorales en el caso de
las elecciones de 2006. El autor encontró que las noticias en radio,
televisión, generaban desconfianza en los pro-cesos electorales. Otro estudio
en el contexto mexicano es el realizado por Muñiz y Maldonado (2011)
desarrollado en la zona metropolitana de Monterrey en una población de
estudiantes de preparatoria, en el que encuentran evidencia de que en efecto
los medios de comunicación ejercen una influencia en las actitudes políticas de
los jóvenes, pero ese efecto puede verse disminuid o aumentado de-pendiendo de
las opiniones preconcebidas de los individuos, tales como el cono-cimiento
político previo, por lo que el impacto dependerá del acervo específico de cada
individuo (Muñiz & Maldonado, 2011).
Los datos disponibles con respecto a la política y
los medios de comunicación son escasos; se dispone de datos relacionados con la
implicación en temas de polí-tica por parte de la población, como lo muestra la
Encuesta Nacional de Cultura Política (ENCUP, 2012) en su reciente publicación
en el que queda evidenciado que 8 de cada 10 ciudadanos perciben a la política
como un tema complicado, tie-nen confianza institucional en la Iglesia,
maestro, Militares y Televisión, mientras que desconfían en las instituciones
como los Sindicatos, diputados, Senadores, es decir, instituciones primarias,
lo cual no existe en una democracia consolidada. Otro dato importante a
recalcar, es que 65% de los entrevistados declararon tener poco interés en la
política.
Además, se encontró evidencia de un incremento en
la percepción de que la vo-tación es la única manera de participar en política,
siendo 8 de cada 10 mexicanos los que consideran que únicamente se puede formar
parte del juego político por medio del voto. Este sentimiento de total
desinterés en la política puede deberse en alguna medida a las percepciones que
tienen los ciudadanos con respecto a la corrupción en los niveles de gobierno,
ya que en este rubro son vistos en niveles muy elevados, sobre todo en el
municipio. Con respecto a los sentimientos de eficacia política, cuatro de cada
10 ciudadanos piensan que no tienen ninguna posiblidad de influir en las
decisiones del gobierno, aunque este resultado está por debajo de la media
(ENCUP, 2012).
Por otro lado, la Encuesta Nacional de Valores 2012
(IMJ, 2012), realizada por el Instituto de la Juventud de México, pone en
evidencia la falta de interés en política por parte de los jóvenes. Ello debido
a que el 89.6% de los encuestados no están interesados en la política del país
y reprueba a los partidos políticos y a los funcionarios.
Pero, ¿qué sucede con los medios de comunicación?
¿En qué están contribu-yendo para cumplir su función de herramienta para la
formación de ciudadanos
La participación de los medios de comunicación en
la arena política 215
participativos, informados y elementos activos de
la política?, ¿cómo se utilizan y cuál es la finalidad del uso de los medios de
comunicación en México?
La Encuesta Nacional de Valores realizada en México
en 2012 dio a conocer datos ilustrativos con respecto a la relación medios de
comunicación-usuarios jóvenes principalmente (IMJ, 2012). Así, el 61.7% afirmó
que se informan re-gularmente a través de la televisión, mientras que un 16.9%
lo hace por medio del internet. Sólo un 9.6% lee regularmente el periódico
frente a un 39.4% que nunca lo hace, en tanto que el 62.5% dijo tener una
cuenta en redes sociales para informarse. Por su parte el COLMEX encuentra evidencia
de que al menos el 1% de sus encuestados se interesa por las secciones de
política en los diarios, medio de comunicación que casi no utilizan, y si lo
hacen es con fines de entretenimiento, ya que tres de cada 10 jóvenes
únicamente leen la sección de deportes y sólo el 7% utiliza el periódico para
enterarse de cuestiones políticas, y para resumir, el 49% no tiene el hábito de
leer diarios, en contraste con el 95% de los jóvenes que afirmó estar pendiente
de la televisión. En ese rubro, los datos muestran el hecho de que un tercio de
los encuestados prefiere ver telenovelas que otro contenido te-levisivo, siendo
las mujeres las que ven más telenovelas (Gómez & Aguilar, 2013).
Los datos anteriormente presentados muestran que el
rol de formador de ciu-dadanos desempeñado por los medios de comunicación, no
puede ser ejercido del todo en el contexto mexicano. La población participante
en este estudio deja en evidencia que los medios de comunicación sólo son
utilizados por motivos de diversión y no como un factor informante con respecto
a la política.
4. REFORMAS A
LA REGULACIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN MÉXICO
La historia de los medios de comunicación en México
se remonta a los años de 1930-1945, con el auge de la economía y de la entrada
al país de capitales extranjeros, propiciando una estructura comercial para la
radio y la televisión (Bohmann, 1997: 95-101) incrementando de 13 estaciones a
162 de radio. Para Ma. Cristina Reyes Montes, la función de los medios de
comunicación en México estuvo acotada por las disposiciones y controles del
Estado, los medios no tenían independencia del Gobierno (Reyes M., 2007).
Para los años 80’s surge en México preponderancia
de la televisión, radio y prensa para la difusión de los temas políticos, sobre
todo después de las elecciones de 1988, cuando los ciudadanos demandan un mayor
acceso a la comunicación (Reyes M., 2007). Así mismo, de acuerdo a Ma. Cristina
Reyes, en 1994 tiene lugar uno de los acontecimientos más relevantes en la
comunicación política en
216 Alma
Rosa Saldierna Salas - José Salvador Alvídrez Villegas
México, por primera vez se transmite por radio y
televisión un debate entre los aspirantes a la presidencia en México (Reyes M.,
2007:122).
Escobedo (2006)considera que otro momento
importante se presenta con la al-ternancia en el poder en el año 2000, lo cual
facilita el hecho que ahora los medios de comunicación ya tienen una relación
de subordinación ante el Estado. Con la alternancia en el poder, se inicia el
camino a la estabilidad democrática del país, pero además se obtiene una
libertad de expresión en los medios de comunicación. Por primera vez, se
presentan contenidos de sátira política, con un alto nivel de crítica hacia el
gobierno en turno, como lo fue el programa «El privilegio de man-dar»,
presentado en una de las cadenas de televisión de programación abierta con
mayor impacto en la población mexicana.
El presidente Vicente Fox, enuncia los lineamientos
de política con respecto a la comunicación social, en el que queda estipulado
el derecho a la información, a la libre expresión y el derecho ciudadano a
participar en las decisiones públicas (PCG, 2006), con lo cual se marca la
pauta para la modificación del marco legis-lativo en materia de medios de
comunicación. Todo este avance, se detiene y no sólo eso, sino que da marcha
atrás cuando el Presidente Felipe Calderón decreta la siguiente reforma a la Ley
Federal de Radio y Televisión (LFRT, 2006), permi-tiendo con esto que los
medios reduzcan los tiempos del Estado, que las empresas de radio y televisión
utilizaban del espacio radioeléctrico para el servicio público como una forma
de pago de impuestos. Sólo que esta ley, deja de lado un elemento primordial
para la democracia: la libertad de expresión no sólo de los medios sino también
de la ciudadanía.
Por otro lado, de acuerdo al Código Federal de
Instituciones y procedimientos electorales en 2008 queda prohibida la compra de
tiempo de campañas a parti-culares y a los propios partidos políticos, el
tiempo estará estipulado a través el Instituto Federal Electoral.
El 11 de junio de 2013, se presenta otra reforma en
materia de comunicación, se publica en el Diario Oficial de la Federación la
Reforma Constitucional en ma-teria de telecomunicaciones. Esta nueva reforma
presenta cambios principalmente en el hecho de que estipula como derecho humano
el acceso a la tecnología de la información, la comunicación así como el
internet. Este hecho contribuye a la accesibilidad de la información para la
sociedad. Además las telecomunicaciones quedan estipuladas como un servicio público,
en donde el papel del Estado es el de garantizar el acceso a las
telecomunicaciones así como también garantizar mecanismos de protección.
Otro de los puntos relevantes es la creación de dos
nuevas autoridades: El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la
Comisión Federal de Com-petencia Económica (COFECE). Así mismo el 14 de julio
de 2014, también se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley de
Telecomunicaciones y Ra-
La participación de los medios de comunicación en
la arena política 217
diodifusión que entró en vigor el 13 de agosto de
2014 derogando la Ley Federal de Telecomunicaciones y la Ley federal de Radio y
Televisión. Esta nueva ley tiene como propósito regular el uso y
aprovechamiento así como la explotación del es-pectro radioeléctrico, el acceso
a infraestructura activa y pasiva. También se busca la regulación de los
derechos de los usuarios y audiencias.
El recién creado Instituto Federal de
Telecomunicaciones (IFT) será el encarga-do de promover la supervisión del uso,
aprovechamiento y explotación del espec-tro radioeléctrico, servicios
satélites, redes públicas de telecomunicación. Por otro lado la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT) podrá emitir la opi-nión técnica no
vinculante al IFT para el otorgamiento de prórroga, revocación, autorización de
cesiones o cambios de control accionario, además de garantizar la continuidad
de la prestación de servicios de telecomunicaciones y la planeación de
políticas de cobertura universal.
Con respecto al espectro y recursos orbitales, solo
serán otorgados a través de la licitación pública con un pago previo de una
contraprestación, la cual no será factor determinante para su otorgamiento.
Será factible el arrendamiento del espectro radioeléctrico de uso comercial o
privado previa autorización del IFT.
En referencia a los contenidos, se regula la
multiprogramación, el avance se logra en el desarrollo de la competencia entre
televisoras de TV paga y TV abierta. Se regula la obligación del Must Carry (TV
de paga incluyendo en su servicio pro-gramación de TV abierta) y del Must offer
(Las televisoras de TV abierta deben de poner a disposición de la TV de paga
sus contenidos para que sean transmitidos), publicidad, tiempos de Estado y
boletines en cadena nacional.
Quedan estipulados los derechos de las audiencias,
por primera vez se regula el derecho a recibir contenidos que reflejen
pluralismos ideológicos, políticos y sociales, así como culturales y
lingüísticos. Se hace énfasis que debe estar clara-mente diferenciadas la
información noticiosa de la opinión de quien la presenta. Se regula que en la
presentación de los contenidos exista el respeto a los derechos humanos, el
interés en la niñez, la igualdad de género y la no discriminación.
Otro punto importante que se establece que al menos
uno de los noticiarios con mayor audiencia a nivel nacional tenga subtítulos y
traducción en lengua a señas. La controversia surgió al someterse a
consideración la posibilidad de blo-quear algunos contenidos de internet,
apartado que fue retirado del documento. A diferencia del registro de
comunicaciones el cual si entrará en vigor.
De acuerdo a ley, las empresas están obligadas a
conservar sus registros duran-te dos años, deben de estar conformados por el
nombre y domicilio del suscriptor, tipo de comunicación, número de destino,
fecha, hora y duración de la comuni-cación, teniendo la autoridad la facultad
de consultar el sistema en tiempo real y si es posterior la consulta debe de
existir previa autorización al concesionario, además de existir la posibilidad
de localizar a través del teléfono a una persona.
218 Alma
Rosa Saldierna Salas - José Salvador Alvídrez Villegas
La controversia surge por considerar este punto una
violación masiva de los de-rechos humanos.
La nueva reforma en materia de comunicación deja
elementos importantes a considerar en la reflexión de la situación de la
comunicación política en el país. La evolución de las formas de comunicación y
el acceso a la información han ido mo-dificando las relaciones entre los medios
de comunicación, los ciudadanos y los gobernantes, la elite política cada vez
está más expuesta al realizar su labor guber-namental. El reto está en lograr
que esta relación se mantenga estrecha a pesar de la crítica y la demanda ciudadana,
y que esa apertura no genere un retroceso en la libertad de expresión con
mecanismos de censura disfrazados de reformas de ley.
Partiendo de la idea expuesta con anterioridad,
desde la cual los medios de comunicación tienen una influencia en la formación
política de los ciudadanos, es indiscutible la importancia del estudio del
impacto de los mismos, sobre todo si se tiene en cuenta, que se está frente a
temas que se renuevan constantemente pro-ducto de las dinámicas a las que se
sujetan por su relación con las nuevas tecnolo-gías de la información, esto
además de que si se considera lo expuesto, se reconoce su contribución para conformar
democracias más estables y formar puentes.
De manera que como se observó antes, el papel de
los medios es cambiante, lo mismo la forma en que las personas se relacionan
con ellos y la manera en que afecta su vida en sociedad, por lo que se
insistirá en la importancia de conocer si los medios llevan a los ciudadanos a
socializar políticamente en una manera oportuna o en cambio, con poca capacidad
de decisión propia.
Finalmente, es de señalar el valor que recobran
conceptos como la transparen-cia y la confianza, que se pretenden fortalecer
para mejorar esa forma en que se relacionan, en una era en que la información y
el conocimiento tienen particular importancia para el desarrollo de las
sociedades.
ACTIVIDAD
1. Explica
cuál es la importancia de los medios de comunicación antes, durante y posterior
a periodos electorales, da una amplia reseña.
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Capítulo 13
EL ESTADO Y LAS RELACIONES INTERNACIONALES
JOSÉ MANUEL VÁZQUEZ GODINA* SALVADOR GONZÁLEZ
CRUZ**
Universidad Autónoma de Nuevo León
SUMARIO: 1. CONCEPTO DE ESTADO Y SOBERANÍA. 2. LA
SOBERANÍA Y LAS RELACIONES INTERNACIONALES. 3. EL ESTUDIO DE LAS RELACIONES
INTERNACIONALES DEL SIGLO XXI. 3.1. Actores o integrantes del sistema
internacional contemporáneo. 3.2. El Estado-Nación. 3.3. Empresas
Trasnacionales, internacionales y globales. 3.4. Organismos Internacionales. 4.
MÉXICO Y SU PARTICIPACIÓN EN EL SISTEMA INTERNACIONAL. 4.1. Objetivos de la
política Exterior. 4.2. La política exterior en el nuevo orden internacional.
Resumen: El Estado-Nación y La Soberanía son
conceptos claves en las re-laciones internacionales. Ambos conceptos están
íntimamente vinculados con la ciencia política y las relaciones internacionales
contemporáneas. En el presente capítulo se abordara la importancia del
Estado-Nación en el sis-tema internacional y la participación de México a
través del tiempo en la es-fera global, para finalizar con las conclusiones,
actividades y la bibliografía. Palabra clave: Estado-Nación, Soberanía, Sistema
Internacional, Política Ex-terior.
Keywords: Nation-state, Sovereignty, International
System, Foreign Policy.
* Doctor en
Gestión y Política Educativa; profesor de Tiempo Completo de los programas de
licenciatura en ciencias políticas y de la maestría en ciencias política.
Profesor con perfil PRO-MEP, con maestría en Políticas Públicas y Candidato a
Doctor del Programa en Filosofía en Relaciones Internacionales, Negocios y
Diplomacia por parte de la Facultad de Ciencias Po-líticas y Administración
Pública de la UANL. Miembro del cuerpo académico de Relaciones Internacionales.
** Candidato a
Doctor del Programa en Filosofía con Orientación en Ciencia Política.
Secretario Académico de la Licenciatura en Relaciones Internacionales. Profesor
con Perfil PROMEP. Miembro del Consejo Técnico de Diseño del Examen de Egreso
de la Licenciatura en Relacio-nes Internacionales convocado por el Centro
Nacional Evaluación de la Educación Superior, A.C. «CENEVAL». Profesor de
Tiempo Completo, Master in Administration and Manage-ment por la Universidad de
Hamline en Saint Paul, Minnesota y Licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales
por la UANL.
224 José
Manuel Vázquez Godina - Salvador González Cruz
1. CONCEPTO DE ESTADO Y SOBERANÍA
El Estado-Nación y la soberanía son pieza
fundamental en las relaciones inter-nacionales. Para el estudio de las
relaciones internacionales es fundamental iniciar con el concepto de
Estado-Nación y de la soberanía ya que es necesario frag-mentar cada una de las
partes del sistema internacional para realizar un estudio científico; la
realidad internacional nos indica los vínculos políticos, económicos y sociales
son a través del interés que tiene el Estado-Nación.
Dentro del desarrollo de los países a nivel
internacional es importante analizar cómo estos se van transformando en su
estructura y organización así como cada uno de elementos que los constituyen.
Para poder entender el establecimiento y conformación de un estado-nación es
importante establecer de manera primaria una definición general de lo que es el
estado para de ahí partir hacia un desarrollo del concepto desde sus distintas
aristas.
El desarrollo de los diversos conceptos de Estado
se encuentra la definición de García Máynez en su obra introducción al estudio
del derecho que el estado es «aquella organización jurídica de una sociedad
bajo un poder de dominación que se ejerce en determinado territorio. Tal
definición revela que son tres los elementos de la organización estatal: la
población, el territorio, y el poder» (García, p. 98, 2006).
A pesar de los cambios en el sistema internacional,
la formación de bloques económicos, las alianzas, etc., Los estados-nación
continúan siendo el actor más importante de la sociedad internacional, ya que a
través de ellos se realizan las actividades internacionales como es la firma de
tratados comerciales, convenios internacionales, relaciones
intergubernamentales, invasiones, guerras, tratados de paz, etc., de esta
manera podemos afirmar que el estado es la parte medular en donde se concentra
el desarrollo de las relaciones internacionales.
El Estado actúa en el sistema internacional de
acuerdo a los intereses del man-datario y de aquellos que comparten su
ideología. En otros casos hay Estados que actúan de acuerdo a los intereses
generales de un proyecto de nación, que busca su realización y cumplimiento
independientemente del mandatario que en ese mo-mento se encuentre a cargo de
la administración del Estado.
Cada Estado plantea sus objetivos de política
exterior los cuales son desarro-llados y llevados a efecto a través de una
serie de instrumentos diplomáticos y jurídicos que den certeza de cada uno de
los actos que realice el Estado ya sea al interior del mismo o al exterior con
otras naciones. Los objetivos de la política exterior se logran a través de
instrumentos diplomáticos y jurídicos dependiendo del interés, de las
condiciones políticas, económicas e inclusive de la fuerza militar.
«Sin lugar a dudas las tensiones entre el derecho
internacional y los derechos estatales y el impacto en las decisiones de
tribunales y cortes internacionales, y
El Estado y las relaciones internacionales 225
en general de organismos internacionales, sobre los
Estados y sus ordenamientos jurídicos internos ha crecido de forma exponencial
en los últimos años» (Colmer; A; 2013).
Actualmente el Estado-Nación está viviendo
transformaciones, las cuales, en algunos de los casos son generadas al interior
de los mismos estados a través de la intervención cada vez más activa de las
sociedad civil la cual, al no palpar que a través de los procesos democráticos
para la elección de sus representantes estos difícilmente dan cumplimiento a
las necesidades generalizadas de las sociedades para lo cual los ciudadanos ya
sea en grupos o a través de organismos no guber-namentales se coordinan para de
manera conjunta solicitar a sus gobernantes el cumplimiento de sus proyectos de
nación. De lo anteriormente comentado po-dríamos mencionar que todo es un
efecto que genera los procesos de globaliza-ción de los estados en los cuales y
tal como lo menciona Waltz al decir que «la globalización es un proceso
moldeado por los mercados, no por los gobiernos. La globalización significa
homogeneización: los precios, los productos, los salarios, la riqueza, las
tasas de intereses y los márgenes de ganancia tienden a converger en todo el
mundo» (Waltz K; 2005).
La estructura jurídica y social de los estados
tiende actualmente y de mane-ra importante a la búsqueda del cumplimiento y la
observancia de los derechos fundamentales de los gobernados por parte del
estado a través de su legislación interna y alineada a la legislación
internacional o tratados signados por el propio estado. De igual modo se busca
que la actividad económica del estado permee y genere riqueza a través de las
actividades productivas en la cual involucre la par-ticipación de todos los
sectores sociales para que de esta forma la misma se distri-buya de una manera
más justa y equitativa entre todos los gobernados. Esto se ha convertido en
temas de principales de las destinas agendas a nivel internacional.
De acuerdo a lo anterior se encuentra contemplado
en la reformas de la Cons-titución de los Estados Unidos Mexicanos en los
últimos años el cual establece en su artículo primero párrafo primero y segundo
el cual establece que «En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas
gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta constitución y en los
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de
las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse,
salvo en los casos y bajo las condi-ciones que esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se
interpretaran de conformidad con esta Constitución y con los tratados
internacionales de la materia favorecien-do en todo tiempo a las personas la
protección más amplia.
226 José
Manuel Vázquez Godina - Salvador González Cruz
2. LA SOBERANÍA Y LAS RELACIONES INTERNACIONALES
La soberanía se ha convertido en un elemento
valioso con el que cuenta el Estado-Nación ya que a través de ella el Estado
tiene la capacidad de auto deter-minarse y auto legislarse sin la intervención
de otras entidades políticas que le im-pongan ordenamientos jurídicos. La forma
de organizarse en su sistema político, jurisdiccional y la creación de normas
es una facultad y atribución que emana de los gobernados para poder decidir el
tipo de gobierno y organización del Estado.
La figura de la soberanía en el marco de las
relaciones internacionales se en-cuentra influenciada y modificada por la
intención de los gobiernos locales con la intencionalidad de establecer
vínculos.hacia el exterior lo que conlleva a supedi-tarse en primera instancia
a la legislación federal para que posteriormente pueda interactuar con los
sistemas jurídicos internacionales.
Los vínculos entre los sistemas jurídicos
internacionales es un efecto estudiado por los especialistas para lo cual
Colmer menciona que «las tensiones entre el derecho internacional y los
derechos estatales y las decisiones de los tribunales y Cortes internacionales,
y en general de organismos internacionales, sobre los estados y sus
ordenamiento jurídicos internos ha crecido en forma exponencial en los últimos
años. Una defensa ha sido integrarse en organizaciones regionales de Estados
para tener un mayor peso y capacidad de negociación en el orden jurí-dico,
político y económico internacional. También esta crisis de las fronteras y la
ciudadanía hacia afuera, con lo que supone el debilitamiento de la soberanía de
los estados» (Colmer; 2013).
El proceso de Globalización y los nuevos enfoques
de las relaciones interna-cionales ha provocado que el Estado se convierta en
un ente cambiante tanto a su interior como al exterior cada vez más dinámico y
con el deber de tener un mayor contacto con el resto de los estados. Esto con
la intención de poder proponer y participar en el diseño de políticas públicas
a nivel mundial, así como la creación de ordenamientos que rijan la nueva
realidad económica, cultural y política de los estados, con el objetivo primordial
de poder homogenizar criterios.
Los fenómenos políticos, económicos y sociales que
hemos vivido a finales del siglo XX y principios del XXI ha ocasionado nuevas
formas de las relaciones internacionales que al mismo tiempo van generando
formas de innovadoras de desarrollar comercio internacional a todos los niveles
del Estado-Nación impo-niendo relaciones diplomáticas que a su vez van de la
mano del respeto de los de-rechos fundamentales de los seres humanos,
principalmente de los connacionales.
Para lo cual Cortes Rodas manifiesta que «si se
habla de la posibilidad de una segunda globalización, se trata que ahora de que
en la agenda política internacio-nal se establezcan sus lineamientos. En esta
se debe exigir, por razone de justicia global y respeto a los derechos humanos,
que se dé una más razonable e incluyen-
El Estado y las relaciones internacionales 227
te formulación de políticas que determinen el
funcionamiento de las instituciones de gobernanza global como el FMI, la OMC,
el Banco Mundial y el Consejo de Seguridad de la ONU.
Los problemas actuales de la agenda global ha
provocado el desarrollo de una serie de propuestas sobre un orden internacional
enmarcado por el respeto mínimo de justicia y derechos humanos. John Rawls,
Jürgen Habermas, Thomas Pogge, Cristina Lafont Regina Kreide, Allen Buchannan,
Charles Beitz, David Held, y Robert Keohane, entre otros han propuesto desde
diferentes perspectivas la construcción de una política que se oriente a la
regulación del orden económico mundial enmarcado en un nuevo discurso de los derechos
humanos.» (Rodas; F; 2012).
La tendencia mundial del Estado-Nación es
restablecer los principios básicos del derecho natural que son la justicia y la
equidad permeados estos en cada una de las leyes que constituyen el orden
jurídico nacional e internacional de los mis-mos estados para lo cual tenemos
lo que menciona Roberto Núñez y Escalante en Corcuera Cabezut al establecer que
«La humanidad requiere que los derechos fundamentales del hombre no pueden
subordinarse a la autoridad del carácter nacional (...) los derechos humanos tienen
jerarquía de universalidad, y por tanto su reconocimiento y afirmación
constituyen la única base sólida del bien común internacional fundado en el
imperio del Derecho» (Cabezut; S; 2012).
Por lo tanto la soberanía como se mencionó desde el
inicio, es una de las pre-rrogativas más importante con la que cuentan los
gobernados ya que es la capaci-dad de poder elegir los destinos de un estado a
través del ejercicio de los derechos consagrados en las constituciones de los
estados y las cuales son el resultado de la actividad en primera instancia de
un poder constituyente que dio origen al es-tablecimiento del documento rector
de una sociedad y que a la postre dio origen igualmente a un marco jurídico el
cual busca alinearse a los principios constitu-cionales y de esta manera
provocar el establecimiento de una relación armónica entre el estado y sus
gobernados, entre sus propios gobernado y del estado frente al resto de los
estados.
3. EL ESTUDIO
DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES DEL SIGLO XXI
Las relaciones internacionales han pasado por
diferentes etapas desde sus orí-genes hasta la actualidad; las cuales podemos
seguir como fenómeno y disciplina:
a) Como
fenómeno hay que considerar el concepto de Relaciones Internacio-nales como el
vínculo político, económico y social entre dos o más comu-nidades políticas,
soberanas, autónomas e independientes. Considerando
228 José
Manuel Vázquez Godina - Salvador González Cruz
este concepto, las relaciones internacionales
surgen desde el momento que entran en contacto dos comunidades que puede ser
desde la época de las tribus o clanes, con la firma de los primeros tratados
entre las ciudades-estados griegos (Esparta, Tebas y Esparta), hasta la
actualidad en la cual se observan fenómenos en el sistema internacional que
tienen carácter de relaciones internacionales.
b) Como
disciplina independiente. A pesar de que las relaciones internaciona-les han
sido tomadas por diferentes áreas como la historia, la sociología, el derecho y
la política como disciplina independiente surge en el siglo XX con la escuela
idealista a partir de las ideas de Widrood Wilson en sus 14 puntos.
La disciplina de las relaciones internacionales ha
sido muy debatido por los es-pecialistas desde su nacimiento debido a que no se
encuentra un objeto específico para su estudio, sin embargo el objeto de
estudio de las relaciones internaciona-les es la sociedad internacional. Esa
sociedad que se encuentra formada por una gran cantidad de elementos como: el
Estado, los organismos internacionales, las empresas internacionales, las
Agencias Financieras, los Organismos No Guberna-mentales Internacionales, etc.
Los fenómenos políticos, económicos, sociales y
culturales que se presentan en el sistema internacional son estudiados por los
relacionistas. Para que pueda tener carácter de ciencia es necesario de acuerdo
E. H. Carr que cuente con una obser-vación, descripción, interpretación y
critica del fenómeno. Para lo cual es necesa-rio que al fenómeno o al conjunto
de fenómenos que son observados, primero se les ponga un nombre, posteriormente
utilizar una teoría dentro de las relaciones internacionales y posteriormente
culminar con una crítica.
3.1. Actores o integrantes del sistema
internacional contemporáneo
Para comprender el sistema internacional
contemporáneo es necesario iniciar con el concepto del sistema internacional o
sociedad internacional para lo cual hemos tomado el concepto de Neira que
menciona que la sociedad internacional existe cuando un grupo de Estados,
conscientes de ciertos valores e intereses co-munes, constituyen una sociedad
en el sentido de que ellos mismos se consideran vinculados por un conjunto
común de normas que rigen sus relaciones mutuas y colaboran en el
funcionamiento de instituciones comunes.
De acuerdo a Hobbes los intereses del Estado en el
sistema internacional es alcanzar y mantener la seguridad del Estado,
satisfacer las demandas de sectores políticamente relevantes de la población
nacional y potenciar el prestigio interna-cional del Estado. Estas necesidades
o intereses del Estado reflejan las actividades
El Estado y las relaciones internacionales 229
que realiza en el sistema internacional. Estos
intereses reflejan los objetivos que tiene la sociedad en conjunto o bien del
grupo que se encuentra gobernando.
Una de las formas en las cuales se denomina el
sistema internacional con-temporáneo es la globalización que de acuerdo a
Giplin (1990) este fenómeno surge desde el momento que se incorpora la Economía
a los estudios de Política Internacional, las tendencias hacia la ampliación de
los mercados que se venían presentando desde antes de la Segunda Guerra
Mundial. Pero a pesar de que la globalización tienen sus inicios en el siglo
XV, cuando los continentes comienzan a intercambiar productos, cultura, tecnología,
etc., y con el descubrimiento de un nuevo continente (América), no fue, sino,
hasta la década de los noventas cuanto la globalización adquiere
características propias en el contexto del sistema inter-nacional.
Los actores del sistema internacional son aquellos
actúan de una o de otra ma-nera en la arena política internacional y que se
componen de la siguiente manera:
a) Estado-Nación.
b) Empresas
supranacionales, internacionales y globales.
c) Organismos
internacionales gubernamentales (OIG) y organismos Interna-cionales no
Gubernamentales internacionales (ONG’s)
d) Guerrillas.
e) Narcotráfico
f) Individuo.
3.2. El Estado-Nación
A pesar de los cambios en el sistema internacional,
la formación de boques económicos, las alianzas, etc., los Estados-Nación
continúan siendo el actor más importante de la sociedad internacional, ya que a
través de ellos se realizan las actividades internacionales como es la firma de
tratados comerciales, convenios internacionales, relaciones
intergubernamentales, invasiones, guerras, tratados de paz, etc., de esta
manera podemos observar que el Estado-Nación es la parte fun-damental para que
se lleven a cabo las relaciones internacionales.
El Estado-Nación actúa en el sistema internacional
de acuerdo a los intereses del mandatario en turno y de los objetivos de la
política exterior, cada uno de las entidades estatales establece sus propios
objetivos que los lleva a efecto a través de una serie de instrumentos
diplomáticos. La forma de actuar depende de los objetivos de la política
exterior, de esta manera podemos ver estados muy activos en el sistema
internacional y otros muy pasivos.
230 José
Manuel Vázquez Godina - Salvador González Cruz
Los objetivos establecidos en la política exterior
se logran de acuerdo a los instrumentos diplomáticos utilizados. La utilización
de instrumentos diplomáti-cos utilizados para alcanzar los objetivos de la
política exterior depende del perfil del estado y de las condiciones políticas,
económicas y militares que se encuentra frente a los demás integrantes del
sistema internacional.
De acuerdo a las características de la política
interna del Estado-Nación él va actuar en el sistema internación. El
Estado-Nación actúa en el sistema interna-cional. De acuerdo al realismo el
Estado-Nación actúa bajo ciertos intereses de control político, económico y
militar del sistema internacional y de esta manera mantener la paz y la
seguridad internacional.
El Estado-Nación ha evolucionado a través del
tiempo. Inicia en Francia en siglo XVIII, pero su mayor auge ha sido posterior
a la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día se habla de un Estado Moderno que
algunos autores lo definen como un conjunto de arreglos legales que implican la
soberanía y se personifican en un gobierno. La gente al interior del Estado
vive en un conjunto de interacciones sociales y se le denomina sociedad. Por
ejemplo de 1989 a 1993 Checoslovaquia estaba organizada como un Estado único.
En 1993 se divide en dos Estados: la República Eslovaca y la República Checa.
Pero antes y después de la división la gente estaba involucrada en familias,
amistades, clubes y arreglos económicos, que sólo fueron afectados de manera
indirecta por la naturaleza de la organiza-ción del Estado.
Por lo general encontramos cierta incertidumbre
entre la sociedad y el Estado ya que para algunos autores mencionan que si la
sociedad es fuerte (es decir los grupos de presión y de interés) imponen sus
decisiones por encima del Estado, estamos frente a un Estado ineficaz y débil,
pero por otra parte cuando nos en-contramos que las decisiones del Estado se
encuentran por encima de la sociedad nos encontramos con Estados totalitarios.
Como fue el caso de la Alemania de Hitler que eliminó muchos clubes privados y
todos los sindicatos, y en su lugar estableció sus propias organizaciones.
Muchas de las personas confunden al Estado con la
Nación, sin embargo para el estudio de las relaciones internacionales en
necesario realizar una distinción entre ambas palabras. A menudo escuchamos a
los jóvenes utilizando ambos tér-minos como sinónimos en forma vaga, junto con
otra palabra que es «país», a pesar de que existe cierta relación entre ambas
no es lo mismo. En muchas conversaciones las personas utilizan las tres
palabras como sinónimos, sin darse cuente de la diferencia que existe entre ambas.
Es necesario que los estudiantes de relaciones internacionales y de ciencias
políticas identifiquen y comprendan la diferencia que existe entre ellas.
Los científicos políticos pueden realizar
distinciones, sin embargo para los es-tudiantes muchas veces se les complica.
Pero como nación podemos establecer
El Estado y las relaciones internacionales 231
que es un grupo grande de personas que están
vinculadas y reconocen una se-mejanza entre sí, debido a una cultura común; en
particular, un idioma común parece importante en la creación de la
nacionalidad. Por su parte el Estado es una unidad política que cuenta con una
soberanía máxima. Por ejemplo México, Brasil, Argentina, Estados Unidos son
Estados. El pueblo judío es una nación pero Israel es un Estado. Otro de los
ejemplos es el pueblo vasco quienes se encuentran ubicados a lo largo del
noreste de España y el sureste de Francia.
3.3. Empresas Trasnacionales, internacionales y
globales
Otro de los actores en el sistema internacional son
las empresas que a partir del proceso de globalización en la década de los
noventas dejan de pensar en el mercado local para enfocarse en el mercado
internacional. Para comprender la actividad de las empresas en el sistema
internacional es necesario recurrir al enfo-que neoliberal de las relaciones
internacionales que nos mencionan que la forma de mantener un orden en la
sociedad global es a través de la cooperación entre los Estados que componen el
sistema global.
Para algunos autores las Empresas Trasnacionales
(ET), son consideradas como un poderoso instrumento de opresión de la fuerza de
trabajo de los países de origen, que debilitaba la organización sindical,
exportaba puestos de trabajo y comprimía salarios. Pero, sobre todo, se les
percibía como la expresión con-temporánea de la dominación económica y política
de los países industrializados sobre el Tercer Mundo, apropiándose de fuentes
de materias primas, controlando mercados exteriores, eliminando empresas competidoras
locales, aprovechando los bajos salarios de los países en desarrollo para su
beneficio.
Las ET son aquellas empresas trasnacionales son
aquellas empresas que pro-ducen en más de un país. De acuerdo a Castells (2006)
la economía global no es, en términos de empleo, sino una pequeña parte de la
economía mundial. Pero es la parte decisiva, la economía global incluye, en su
núcleo fundamental, la globalización de los mercados financieros cuyo
comportamiento determina los movimientos de capital, el crédito, las monedas y,
por tanto, las economías en todos los países.
Actualmente las empresas trasnacionales tienen
creciente presencia en América Latina, facilitada por las políticas de apertura
económica y regionalismo abierto preconizado en los años noventa por la CEPAL.
Además originado por las gran-des potencias industriales que comienzan a operar
en el mercado internacional.
El crecimiento de las empresas trasnacionales trajo
como consecuencia que los neoliberales observaran que un futuro incierto ya que
pronosticaban a principios de la década de los noventas una lucha por el poder
global con el Estado e incluso llegaron afirmar que llegaría un momento en el
cual las empresas superarían el
232 José
Manuel Vázquez Godina - Salvador González Cruz
poder supremo de los estados. La presión que
reciben los estados de las empresas trasnacionales, internacionales o globales
es cuando no existe convenios con el Estado y se retiran en el momento que
ellos desean y le provocan problemas in-ternos como puede ser el caso del
desempleo, pobreza, etc.
Las empresas han logrado realizar un sistema
llamado red de redes. Las empre-sas que se encuentran establecidas en su lugar
de origen se comienzan a expandir en todas las direcciones, en todos los
continentes y al interior de cada país. Esta situación ha dejado efectos
positivos y negativos, entre los positivos encontramos la gran variedad de
productos que podemos encontrar en un solo país, competen-cia entre ellos, pero
también encontramos efectos negativos como son los ingresos que en su mayoría
no se quedan en el país sino, que se van al país de origen.
3.4. Organismos Internacionales
Los organismos internacionales son aquellos grupos
de estados-nación que se encuentran integrados entre si y que buscan un
objetivo determinado, los or-ganismos internacionales tienen la característica
primordial de que lo integran solamente los estados-nación y que pueden ser de
diferentes vertientes como eco-nómicos, políticos o sociales.
Los organismos internacionales es una expresión que
se refiere a aquellas agen-cias que son creadas y sostenidas por diversos
países, como respuesta a objetivos similares en un ámbito regional o mundial
(Maldonado, 2000). Los problemas como la pobreza, le educación, la salud y el
narcotráfico dejan de ser problemas locales y se convierten en problemas
internacionales y los países comienzan a integrarse con la intención de poder
resolver estos problemas en común, creando políticas públicas globales.
Es importante señalar que los organismos
internacionales es un tema que ha sido objeto de numerosas revisiones. Para
algunos estudiosos de las relaciones in-ternacionales queda en tela de duda la
función de los organismos internacionales como función de la paz debido a que
desde 1945 a la fecha no se ha mantenido una paz permanente en el sistema
internacional.
Con el ánimo de establecer la cooperación
internacional, la comunidad de naciones han creado organismos especializados
permanentes que promueven con-venios multilaterales, que brindan a los países
asociados, beneficios de distinta ín-dole, que por sí solos no podrían obtener,
ya sea por falta de recursos económicos, tecnológicos y legales, entre otros.
Los orígenes de los organismos internacionales los
encontramos en 1887, cuando los Estados-Nación se reúnen con el objetivo de
estandarizar el sistema de pesas y medidas, a partir de este momento podemos
afirmar que los Estados-Nación se reúnen y se ponen de acuerdo cuando existe un
interés en común; del
El Estado y las relaciones internacionales 233
mismo modo podemos sostener que el objetivo de los
organismos internacionales es el establecimiento de la paz y evitar la guerra.
Posterior a la Primera Guerra Mundial y con la
firma del Tratado de Versalles se instala la Sociedad de Naciones que tiene
como misión establecer la paz a nivel mundial y organizar a los Estados para
terminar con la diplomacia secreta y dar paso a una diplomacia pública, y con
este organismo surge otro que es la Organi-zación Internacional del Trabajo
(OIT).
Posterior a la Segunda Guerra Mundial, comienza
otra etapa del desarrollo de los organismos internacionales con la formación de
la Organización de las Nacio-nes Unidas (ONU); con una Europa devastada surgen
Agencias Financieras como el Fondo Monetario, el Banco Mundial.
A partir de 1945, los organismos internacionales
adquieren fuerte relevancia en la discusión mundial sobre las políticas
económicas y sociales. Los grandes esfuerzos de los países por mantener el
orden y la paz mundial se vieron refleja-dos en la integración regional, sin
embargo después de cincuenta años no se ha observado de la perpetuidad en la
paz mundial debido a los constantes conflictos bélicos en los cuales se ha
visto amenazada la paz mundial.
La misión y objetivos de la ONU solamente se podían
lograr con la formación de organismos internacionales para lo cual se dan la
tarea de formar organismos internacionales de acuerdo a las necesidades de los
Estados, y aquellos que cum-plían con sus objetivos desparecían.
Existen diferentes tipos de Organismos
Internacionales como:
a) Organismos
Internacionales de carácter económico. Ejemplos: Organiza-ción Mundial del
Comercio (OMC).
b) Organismos
Internacionales de Carácter Político. Ejemplo: Organización del Tratado del
Atlántico Norte (OTAN), Organización de Liberación Pa-lestina (OLP),
c) Organismos
Internacionales de Carácter Social. Ejemplo: Organización de las Naciones
Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Organización
Internacional del Trabajo (OIT), Organización Mundial de la Salud (OMS).
Los organismos internacionales han sido pieza
fundamental para mantener el orden en el sistema internacional. En los últimos
tiempos hemos observado un desconcierto internacional en lo político debido a
los ataques por parte de los grupos terroristas quienes han amenazado la paz
internacional y crean un descon-cierto en el sistema internacional.
Estos organismos internacionales han tenido la
tarea de mantener el orden mundial, sin embargo para algunos países les han
servido como pieza fundamen-tal para alentar sus inspiraciones como fortaleza
global sobre todo aquellas po-
234 José
Manuel Vázquez Godina - Salvador González Cruz
tencias mundiales que se respaldan en los
organismos para mantener su poder en sistema internacional y hay otros países
que se ayudan de estos organismos para seguir sobreviviendo en el sistema.
4. MÉXICO Y SU
PARTICIPACIÓN EN EL SISTEMA INTERNACIONAL
El interés de México por participar en el sistema
internacional se refleja en los principios y objetivos de su política exterior,
estos últimos los encontramos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) de cada
Presidente de la República. Los principios se encuentran en la fracción IX del
artículo 89 constitucional, que menciona que el Poder Ejecutivo debe de
observar los siguientes principios: La no intervención, la autodeterminación de
los pueblos, la solución pacífica de con-troversias, la proscripción de la
amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la cooperación
internacional para el desarrollo y la lucha por la paz y la seguridad
internacional.
México desde su formación como Estado-Nación (1824)
ha participado en el sistema internacional, un sus orígenes podemos destacar el
trabajo de la Secreta-ría de Relaciones Exteriores y de sus representantes por
la búsqueda del reconoci-miento como Estado independiente y soberano por parte
de las grandes potencias. De 1824-1850 México sufrió de invasiones. Primero por
parte de España que pretendía continuar manteniendo como colonia en el año de
1829, posteriormen-te la Guerra de los Pasteles con Francia en 1839 y en 1845
la invasión de Estados Unidos.
En 1862 México nuevamente sufre de los ataques de
las potencias Mundiales y esta vez fue la invasión francesa. Esto debido a que
el presidente Juárez deja de pagar la deuda a España, Inglaterra y Francia, los
representantes de cada uno de los países llegaron al Puerto de Veracruz y
firman el tratado de la Soledad. España e Inglaterra quedaron de acuerdo pero
Francia inicia la invasión en ese año y en 1864 llega Maximiliano a ser
Emperador de México, culminando su mandato en 1867 con la formación de una nueva
república, a la que Juárez llamó República Restaurada.
Durante el Porfiriato la Participación de México en
el sistema internacional fue gracias a los cambios en la política y en la
economía, sin dejar a un lado la labor del Secretario de Relaciones Exteriores
Matías Romero. Durante este período se negoció la deuda con Estados Unidos y se
resolvió el problema fronterizo con Guatemala quien deseaba que Chiapas se
anexara a sus territorios.
La época de la Revolución Mexicana trajo consigo
graves problemas para las relaciones internacionales de México debido a la
forma mediante la cual llegan
El Estado y las relaciones internacionales 235
los gobiernos como Huerta, Carranza y Obregón ya
que se convierten en gobier-nos de facto. El período posrevolucionario es de
una gran actividad en el sistema internacional ya que Isidro Fabela Secretario
de Relaciones Exteriores tiene la misión de conseguir el reconocimiento del
Gobierno Mexicano por parte de los países de América y Europa, algo no muy
sencillo de lograr.
La participación de México en el sistema
internacional de 1930 a 1970 fue de la siguiente manera:
a) Firma de un
tratado de buena vecindad con Estados Unidos.
b) Principios
de la Doctrina Estrada.
c) El
presidente Lázaro Cárdenas se opone a la invasión de Italia a Etiopía.
d) Participación
de México en la Segunda Guerra Mundial (con el Batallón 201).
e) Firma de la
carta de las Naciones Unidas.
f) Se firma un
Acuerdo con Estados Unidos para resolver el problema de los Braceros en 1954.
g) En 1964
Estados Unidos regresa el territorio del Chamizal a México.
h) Organización
del Tratado de Tlatelolco en 1967 con la participación de 21 países
latinoamericanos.
La participación de México en el sistema
internacional de 1970-1988
a) El
Presidente Luis Echeverría presenta ante la ONU la idea de formular una Carta
de Derechos y deberes Económicos de los Estados en 1972.
b) El
Presidente José López Portillo propone ante la ONU un Plan Mundial de Energía
en el año de 1979.
c) México y
Venezuela Firman el Acuerdo de San José en 1980.
d) En 1981 se
México organiza la Cumbre Internacional NorteSur en Cancún.
e) 1982 México firma con el Fondo Monetario
Internacional (FMI) la Carta de Intención y un programa de ajuste.
f) Reunión de
países latinoamericanos en México (grupo contadora) en 1983
g) En 1985
México presenta su solicitud de ingreso al GATT.
Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) inicia con
una serie de acciones como: reformas políticas y económicas internas, adelgazar
administrativa al Estado, promover una política comercial, disminuir los
subsidios, disminuir las empresas paraestatales de esta manera presentar al
mundo una apertura diplomática que tendría como resultado la firma de tratados
comerciales, políticos y sociales con países de América del Norte,
Centroamérica, Latinoamérica, Europa y Asia.
236 José
Manuel Vázquez Godina - Salvador González Cruz
A principios de la década de los noventas a nivel
global se estaban presentaban cambios en lo político, económico y social. El
sistema internacional dejaba de ser bipolar y pasaba a ser multipolar; se habla
de un triunfo del capitalismo sobre el socialismo y de la globalización.
Aquellos países que deseaban ingresar a este nuevo modelo económico tenían que
realizar cambios en su política-económica interna.
Debido a estos cambios geopolíticos a nivel
internacional México intensifica su actividad en el sistema internacional
iniciando con unos objetivos de la política exterior muy ambiciosos como era
lograr una mejor inserción de México en el mundo, para apoyar el desarrollo
político, económico y social del país, proteger los derechos e intereses de los
mexicanos en el extranjero y promover la imagen de México en el exterior.
Para conseguir dichos objetivos se comienza a
trabajar desde el interior, esta-bilizando la situación política y la economía,
posteriormente comienza a negociar un tratado de libre comercio con Estados
Unidos y Canadá, fortaleciendo los lazos políticos con los países
latinoamericanos, asistiendo a las cubres de Ibe-roamérica celebradas en
México, España y Brasil. Otras de las estrategias fue adherirse a la
Organización para la Cooperación Económica (OCDE) en 1993. De esta manera
México fue visto a nivel internacional como un país en potencia que en los
próximos años podía competir con las grandes economías del mundo.
La intensidad hacia el exterior continuaba con el
gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000), se mantenía una buena relación
bilateral con Estados Unidos, se fortalecían los lazos políticos y económicos
con los países latinoamericanos y del Caribe, continuaba participando en las
cumbres Iberoamericanas, se firma un Tratado de Libre Comercio con la Unión
Europea (TLCUE) y participa como integrante de la Cooperación Económica de
Asía-Pacífico (APEC).
Durante el gobierno de Vicente Fox (2000-2006), se
presentan acontecimien-tos políticos que tienen como resultado otro cambio en
el sistema político interna-cional. Los acontecimientos del 11 de septiembre de
2001 permiten que Estados Unidos deje de ser el Estado fuerte y poderoso que
había demostrado años ante-riores. El sistema internacional pasa de unipolar o
Estado hegemon a un sistema multipolar. Este sistema también se puede pude
clasificar políticamente como una «Anarquía Global» caracterizada debido a la
falta de un gobierno único y una norma global. Existiendo en esta sociedad
global una gama de intereses políticos y económicos por parte de cada uno de
los actores que componen el sistema in-ternacional.
El nuevo sistema internacional tiene la
característica de la existencia de una diversidad de actores políticos,
económicos y sociales. México participa en este concierto internacional a
través de su política exterior; los objetivos de la Política
El Estado y las relaciones internacionales 237
Exterior del nuevo gobierno fueron encaminados a
que México continuara parti-cipando políticamente en América Latina y el resto
del mundo.
La forma de actuar del presidente Fox en los
discursos internacionales como: conferencias, congresos, foros internacionales;
no dejaba claro su ideología y su posición política. A diferencia de los
presidentes de antaño que definían su po-sición política a través de acciones
como fue el caso de Luis Echeverría Alvares, Gustavo Díaz Ordaz, López
Portillo, etc.
De esta manera percibimos una participación de
México en el sistema interna-cional muy activa que se incrementa con el paso
del tiempo ya sea organizando cumbres internacionales, votando a favor o en
contra de las propuestas que se presentan en la asamblea general de las
Naciones Unidas y en los organismos regionales, Firmando convenios y tratados
con diferentes países y promoviendo a candidatos para presidir los organismos
internacionales.
Cada uno de los cambios que sufre el sistema
internacional también lo viven los Estados a su interior por medio de reformas.
Durante los cambios del sistema internacional de la década de los noventas se
percibe un país que va cambiando el rumbo del barco del sur al norte. Velázquez
(2009) menciona la élite política que ha dominado el país en los últimos diez
años no ha considerado al Continente de América Latina como una de las
alternativas en búsqueda del poder político.
Posterior a la culminación de la Guerra Fría y el
triunfo del capitalismo en opinión de Guilpin (1996) y Keohane (1997) la
política exterior se comienza a enfocar a resolver los problemas de orden
económico dejando de lado su carácter tradicional para adoptar uno más
pragmático. Así se justifica la forma de actuar del gobierno de Fox y Calderón
al otorgarle prioridad a una alianza económica con Estados Unidos que la
búsqueda de un liderazgo político frente a los países de América Latina.
Los Estados que integran el sistema internacional
no están al margen de las influencias del capitalismo global. Sepúlveda (2008)
indica que desde el momento que surge la globalización se registra una mayor
conciencia de las influencias que México recibe del ámbito externo y que en
ocasiones condicionan su comporta-miento político, sus indicadores económicos,
sus patrones culturales y la proyec-ción de su imagen en el mundo. Él continúa
diciendo que para definir la esencia de una política exterior destinada a
satisfacer los objetivos e intereses del Estado mexicano es necesario despejar
algunos supuestos dilemas que opacan el diseño de una estrategia como los
falsos entre la política doméstica y la política exterior.
Los cambios que se perciben en la política exterior
de México a partir de la llegada de Fox son compartidos por Sepúlveda y
Rodríguez (2009) quienes con-cuerdan que México aplica cambios en la política
exterior como producto de la apertura política interna que se venían
presentando desde el tiempo de Carlos Salinas. El país se encuentra en un
momento de redefinir su estructura social y
238 José
Manuel Vázquez Godina - Salvador González Cruz
sus fundamentos ideológicos cuyos resultados van a
depender de las actitudes de vanguardia o atraso de la política exterior.
Durante la década de los noventas y años anteriores
México había demostrado un interés político en América Latina convirtiéndose en
un estado hegemónico, sin embargo, se cumple la teoría de la hegemonía que nos
dice que cuando existe un vació de poder siempre hay alguien que ocupe ese
lugar, esto sucedió en el caso de México ya que al cambiar sus intereses
políticos llegó otro país a ocupar este espacio. Brasil aprovecha esta
situación en América Latina y se convierte en un fuerte competidor para México.
En forma general los resultados de la política
exterior promovida por Vicente Fox no tuvo los frutos deseados, ya que su carta
fuerte era la ley emigrante con Estados Unidos no se logra y la cantidad de
problemas políticos que enfrento con países latinoamericanos y del Caribe; así
Velázquez (2005) llega a considerar en crisis a la política exterior de México
con respecto a América Latina.
4.1. Objetivos de la política Exterior
Para poder alcanzar los objetivos de la política
exterior planteados en el Plan Nacional de Desarrollo es necesario contar con
los instrumentos adecuados, po-demos mencionar instrumentos diplomáticos
comerciales o políticos dependiendo de las características de la política
interna y de lo que se vive en el sistema inter-nacional actual.
La formulación de los objetivos de la Política
exterior han sido establecidos de acuerdo a los intereses de los grupos de
élite que se encuentran en el poder, para lo cual Garzón (2009) indica que
durante el período de 1984-2009, los presidentes han sido responsables de
establecer los objetivos en materia de política exterior, dando con ello cuerpo
a la cartografía a partir de parámetros precisos de actua-ción que dan un
carácter personal a su desempeño en la materia. De esta manera percibimos que
el poder ejecutivo formula los objetivos de la política exterior sin considerar
ningún otro grupo de interés político como sería a los diputados, la opinión
pública, los partidos políticos, los empresarios etc.
Los objetivos de la política exterior son
importantes para lo cual Garzón (2009) realiza un estudio de los objetivos de
la política exterior establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND),
desde el momento que es creado por el presi-dente Miguel de la Madrid Hurtado
hasta el presidente Felipe Calderón Hinojosa concluyendo que dichos objetivos
son establecidos directamente por ellos, sin la intervención de otros actores
del sistema político.
El estudio de Garzón otorga una clarificación
teórica de cómo los objetivos de la política exterior de México establecidos en
el Plan Nacional de Desarrollo son establecidos por cada uno de los presidentes
en turno, sin considerar los intereses
El Estado y las relaciones internacionales 239
político o social de los diferentes acotes que
componen el sistema político. A pesar de no contemplarse en la ley es necesario
que el gobierno considere los intereses políticos, económicos y sociales de los
diversos grupos que componen el sistema político mexicano.
Si nos apegamos estrictamente a lo que establece la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el establecimiento de los
objetivos de la Política Exterior es una de las facultades del Presidente de la
República.
En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) de Vicente
Fox encontramos ob-jetivos de la política exterior como: la defensa de la
soberanía, la promoción y el desarrollo económico y cultural; la defensa de los
intereses y derechos de los mexicanos en el exterior, el fortalecimiento de los
mecanismos de cooperación in-ternacional; la participación más activa en los
foros regionales y multilaterales, y la atención de temas coyunturales de la
agenda global. Posterior a la implementa-ción de los objetivos se lleva a cabo
una evaluación son evaluadas por la comisión de política exterior del Senado de
la República.
Los Objetivos mencionados en el párrafo anterior
que se presentaron como parte de una agenda de gobierno que Borja (1997) toma
como ejemplo para su estudio llamándole «política burocrática» ya que responde
de manera muy ade-cuada al alto grado de centralización de la toma de
decisiones de la política exte-rior en México por el poder Ejecutivo Federal y
la figura presidencial como factor determinante.
La centralización en la toma de decisiones de la
política exterior se manifiesta con López Portillo al decidir no ingresar al
GATT o bien el caso de Miguel De la Madrid para ingresar a la Ronda de Uruguay;
y así en cada uno de los sexenios se han tomado decisiones que afectan o
benefician al país.
A pesar de los cambios que se han mencionado para
Garzón (2009) la transfor-mación de la Política Exterior de México en el último
cuarto de siglo no responde al comportamiento de un mundo en tránsito entre dos
siglos como el que nos ha tocado vivir. Establecidos constitucionalmente los
principios que le dan identidad internacional y una idea del papel que queremos
jugar globalmente, más allá de principios o preceptos, la política exterior de
México se percibe como una nave a la deriva a la que los oleajes del cambio le
han afectado perdiendo la dirección y extraviando el rumbo del país en su
relación con el mundo.
Las transformaciones que ha vivido el sistema
internacional en los últimos años nos haría pensar en la necesidad de reformas
en los principios de la política exterior sin embargo estos se han ido
ajustando a las necesidades del momento de esta manera vemos que la Política
Exterior Mexicana continua basándose en principios fundamentales que han tenido
de su origen la misión de promover los «intereses nacionales», busca innovar
acciones y respetar los derechos de las de-más naciones (Garzón, 2009).
240 José
Manuel Vázquez Godina - Salvador González Cruz
Los principios han prevalecido desde 1931. Desde su
origen hasta la fecha Mé-xico no manifiesta ambiciones territoriales, ni
tampoco intervenir militarmente en otro país e imponer una ideología. Este es
uno de los puntos que ayuda a compro-bar la vigencia de los principios de la
Doctrina Estrada manifestando un interés de pacificación y respeto a los demás
estados que componen el sistema internacional.
Una de las facultades del Poder Ejecutivo de
acuerdo al Artículo 89 es la elabo-ración de los objetivos de la política
exterior, pero es necesario que el presidente en turno considere algunos
factores internos y externos para tomar decisiones Andrade (2004) sostiene que
los objetivos de la política exterior son establecidos por los gobernantes en
función de su interpretación de los valores de las circuns-tancias
socio-políticas en que viven y de la prioridad que estimen debe darse a algunos
de estos valores en relación a otros.
Hay una gran variedad de medios para acercarse a
esos objetivos o para con-seguirlos pero no todos los medios son compatibles
entre sí y algunos son ade-cuados para ciertos objetivos, empero no para otros.
De ahí que la naturaleza de los objetivos influya en la elección de los medios
y, a la vez, que la elección de determinados medios pueda convertir en
inalcanzables a algunos objetivos. Este es uno de los puntos que nos indican la
trascendencia que tiene el presidente al momento de elaborar los objetivos de
la política exterior, posteriormente tendrá que buscar los medios para alcanzar
cada uno de ellos.
Cuando entramos al terreno de los factores exógenos
que influyen en la for-mulación de objetivos de la política exterior de México
tenemos que considerar la influencia que ha tenido Estados Unidos en los
últimos años Soriano (2012) señala que la relación de México con Estados Unidos
se ha visto prácticamente secuestrada por los temas de seguridad, y por los
problemas que ha generado la creciente cooperación bilateral para el combate al
narcotráfico.
Durante el gobierno de Felipe Calderón, Estados
Unidos incremento la presen-cia de sus agencias policiales y de inteligencia en
México. Amplió su papel en la seguridad nacional del país de forma impensable
hace años, incluyendo vuelos de aviones no tripulados en el espacio aéreo
mexicano.
La clara influencia de Estados Unidos hacia la
política exterior de México du-rante el gobierno de Vicente Fox y Felipe
Calderón provoco un distanciamiento hacia los países de América Latina y
viceversa ya que los países de Latinoamérica comenzaron a buscar otras opciones
que les permitiera seguir en su lucha de inte-gración económica de América
Latina.
Esta situación que ha vivido México en la época de
Felipe Calderón como presidente con intervención de Estados Unidos en un
problema local no ayudó a la imagen del país frente a los países de América
Latina, ya que en lugar de bene-ficiarle perjudicó, debido a que los países
latinoamericanos le dieron la espalda
El Estado y las relaciones internacionales 241
como se observó en la toma de decisiones de los
foros regionales así como en las candidaturas propuestas que no fueron
beneficiadas.
En éste mundo cada vez más complejo,
interdependiente y abundante de in-formación, los gobiernos y los elaboradores
individuales de políticas encaran el problema común de hacer que el
conocimiento experto influya en la toma de decisiones gubernamentales. Los
elaboradores de políticas necesitan información básica sobre el mundo y las
sociedades que gobiernan, cómo funcionan las po-líticas actuales, posibles
alternativas y sus costos y consecuencias probables (G. McGann, 2002).
El conocimiento del exterior ayuda a plantear mejor
los objetivos. Parce que los presidentes que dirigieron el país durante el 2000
al 2012 tenían un descono-cimiento de esa realidad que se basa en instinto y no
en un diagnóstico previo de la situación internacional situación que se
presentaba tanto en el poder ejecutivo como en el poder legislativo ya que de
acuerdo a la evolución de la actividad del senado en materia de política
exterior hay sesiones en las cuales no se discutían asuntos internacionales.
La política exterior en el mundo desde su base
original en el derecho de gente tienen dos esenciales fuentes de ejecución: la
subjetiva, a través de la que, gené-ricamente, se han designado agentes
diplomáticos, y la objetiva, manifiesta en los tratados, esto es, los acuerdos
bilaterales entre naciones soberanas (Rabasa, 1983). A pesar de estos
comentarios acertados en su momento sin embargo hoy en día la diversidad del
sistema internacional ha permitido que los Estados rea-licen no solamente
acuerdo bilaterales, sino, multilaterales y de acuerdo a los interés de cada
uno de ellos.
De acuerdo a Seara (1984) y Velázquez (2006) el
Estado elabora los objetivos de su política exterior de acuerdo a las
necesidades o bien a los intereses de la nación; de esta manera hay dos tipos
de interés, uno que es el personal y otro que le corresponde a la opinión
pública.
Para el realismo político la política exterior es
formulada de acuerdo a los intereses de unos cuantos y el interés de un
gobierno lo transforman en el interés nacional de esta manera los objetivos de
la política exterior son de forma vertical y unilaterales debido a que los
grupos de interés internos no se involucran direc-tamente en la formulación de
la política exterior.
De acuerdo a realismo político en los últimos años
la rama ejecutiva ha utili-zado el artículo 89 constitucional para argumentar
que es su responsabilidad el diseño y ejecución de la política exterior las
cuales son verificadas por la Cámara del Senado de la República.
Al momento de diseñar los objetivos de la política
exterior solamente se in-volucran a los integrantes del grupo que se encuentra
en el poder Seara (1983)
242 José
Manuel Vázquez Godina - Salvador González Cruz
menciona que la función del ejecutivo en materia de
política exterior a pesar de ser unilateral, no la ejerce de manera arbitraria
ya que las decisiones las toma en consideración de numerosos factores, unos de
carácter endógeno y otros exógeno; es decir unos se dan dentro de México y
otros corresponden al entorno interna-cional dentro del cual se mueve el país;
de esta manera a pesar de que la cons-titución no lo contemple, el presidente
debe de tomar en cuenta estos factores a los que hace referencia Seara y que
estén acorde al orden internacional actual, de esta manera nos indica la
importancia que tiene hoy en día al estar de vecino con una de las potencias
del mundo, ¿pero esto será positivo o negativo políticamente para nuestro país?
Continuando con las ideas del autor dice que la
política exterior de México no se puede elaborar en abstracto pasando por alto
una serie de elementos que la condicionan en mayor o menor grado. De ellos,
unos tienen carácter perma-nente, como la geografía y otros pueden experimentar
variaciones a lo largo de la historia como: la economía, partidos políticos,
medios de comunicación, grupos intelectuales, iniciativa privada, etc. Sin
embargo hoy en día se ha dejado a un lado el elemento de la historia en algunos
puntos y en otros prevalece como es el caso de los principios de la política
exterior que continúan aplicándose a pesar de haber pasado ya más de cincuenta
años y el sistema político internacional se ha transformado.
Por tal razón Seara (1983) indica que para la
elaboración de los objetivos de la política exterior de México, es necesario
tomar en cuenta diferentes factores como: la globalización, la regionalización,
el modelo económico, el desarrollo de la economía a nivel internacional y en
América Latina, así como los diferentes or-ganismos internacionales y
regionales de carácter social, político y comercial; sin embargo lo que le
falta al autor por mencionar son las orientaciones personales que tienen las
personas que dirigen al país, como el interés personal, el perfil de estudio y
las experiencias que haya tenido durante su trayectoria política.
Como se ha venido mencionando, los Estados llevan a
cabo su política exterior de acuerdo al interés nacional y al interés personal,
y en el caso de nuestro país también influyen los principios de la política
exterior para la elaboración de los objetivos de la política exterior, y de
acuerdo a Seara (1983) la formulación de la política exterior de México desde
1932 tiende a la defensa de los intereses nacio-nales en el exterior, pero al
igual que todos los demás países al formular su políti-ca exterior muchas de
las veces no coincide el interés del grupo que se encuentra en el poder con el
interés de la opinión pública; de esta manera nos percatamos de esa distancia
que existe entre el Ejecutivo y el Legislativo y sobre todo cuando este último
a su interior existen diferentes ideología y se trabaja más por el
con-sentimiento del partido que por la sociedad que representa.
El Estado y las relaciones internacionales 243
Hoy en día es importante que al momento de
establecer los objetivos de la política exterior se considere la situación
actual del sistema internacional ya que está cambiando constantemente no
solamente en la política, sino también en la economía, la tecnología y en las
relaciones culturales.
Durante el gobierno de Fox se respeta mucho los
principios de la política exte-rior dejando a un lado las ambiciones políticas
y dirigiéndose a las cuestiones eco-nómicas internacionales provocando al mismo
tiempo una política exterior dispar ya que por momentos no se percibía con
claridad las intenciones del presidente.
Ambiciones económicas que iniciaron desde la década
de los noventas donde se incrementa la interacción política y comercial entre
los países a nivel regional e internacional.
Al fenómeno de integración y fragmentación entre
los países los teóricos de las relaciones internacionales le da el nombre de
globalización, una de las reglas del capitalismo global como le llama Braudell
(1994), era de que los Estados se tenían que acoplar a esta situación que
estaba viviendo el mundo, el mismo Velázquez (2009) menciona que la política
exterior constituye un mecanismo fundamental que determina el logro de los
propósitos de una nación. Ello adquiere connota-ciones internacionales al observar
algunos de los principios consignados en su Carta Magna: la autodeterminación
de los pueblos, la solución pacífica de contro-versias, la no intervención, la
proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones
internacionales, la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación
internacional para el desarrollo y la lucha por la paz y la seguridad
internacional.
Los objetivos de la política exterior de México son
variados comprenden su utilización como palanca de desarrollo doméstico
constituyéndose en instrumento privilegiado para promover flujos adicionales de
financiamiento externo adquisi-ción de tecnología o ampliación de comercio
exterior. Pero su destino fundamen-tal es de índole política, identificando los
fines que se propone alcanzar el Estado en su relación internacional y
determinando las estrategias y los instrumentos necesarios para cumplir esos fines.
4.2. La política exterior en el nuevo orden
internacional
Para definir la esencia de una política exterior en
este nuevo orden global es necesario que los objetivos e intereses del Estado
mexicano se encuentren desti-nados a satisfacer las necesidades del estado
moderno consiente de la situación política y económica que se vive al interior
y al exterior del estado para lo cual se requiere despejar algunos de los
supuestos dilemas que han operado el diseño de una estrategia.
Una política exterior que no tome en cuenta
realidades internas no tendrá viabilidad; una política doméstica desvinculada
de las reglas del juego interna-
244 José
Manuel Vázquez Godina - Salvador González Cruz
cionales tendrá una mínima eficacia. Si en alguna
etapa histórica se manejó el artificio de que la política interna y política
exterior eran dos planos distintos de la realidad, ahora debe existir un
reconocimiento pleno de la naturaleza unívoca de la política, aunque posea dos
vertientes o manifestaciones.
Para Keohane y Nye (1989) el proceso de
conformación de la política exterior de forma descentralizada se logra a través
de efectos, resultado y de compromisos entre los principales participantes: el
Presidente, el Congreso y los grupos de pre-sión. De acuerdo a su esquema, el
peso político de estas instituciones es similar, por lo cual se entabla una
lucha entre individuos influyentes, grupos y organiza-ciones con la intención
de establecer los intereses a corto plazo y las políticas para la consecución
de los objetivos esenciales.
Estas teorías clarifican a los actores
participantes en la política exterior que de una u otra manera influyen en las
decisiones de la política exterior pero para Cas-tañeda (2000) la política
exterior viene siendo el resultado de un complejo juego de continuidad y
cambio, mientras que para Velázquez (2006) la política exterior constituye un
mecanismo fundamental que determina el logro de los propósitos de una nación.
Mientras que González (2002) indica que la política
exterior vine siendo el conjunto de políticas, decisiones y acciones que
integran un cuerpo de doctrina coherente y consistente basado en principios
claros, sólidos e inmutables forjados a través de su evolución y experiencia
histórica, permanentemente enriquecido y mejorado por el que cada Estado, u
otro actor o sujeto de la sociedad internacio-nal, define su conducta y
establece metas y cursos de acción en todos los campos y cuestiones que
trascienden sus fronteras, o que pueden repercutir al interior de las suyas, y
que es aplicado sistemáticamente con el objeto de encauzar y aprovechar el
entorno internacional para el mejor cumplimiento de los objetivos trazados en
aras del bien general de la nación y de su desarrollo durable, así como la
búsqueda del mantenimiento de relaciones armoniosas con el exterior.
Para comprender la participación que tiene el
Estado en el sistema internacio-nal tenderemos que referirnos a Calduch (1993)
que menciona: la política exte-rior es aquella parte de la política general
formada por el conjunto de decisiones y actuaciones mediante las cuales se
definen los objetivos y se utilizan los medios de un Estado para generar,
modificar o suspender sus relaciones con otros actores de la sociedad
internacional. Él mismo nos menciona que la política exterior no se puede
separar de la política interior del Estado.
En otras ocasiones la política exterior se explica
a través de la toma de decisio-nes, convirtiéndose en una serie de decisiones
discretas que pueden ser analizadas sin tener que dar cuenta de nociones tales
como poder, anarquía o las realidades objetivas del contexto del Estado.
Consecuentemente, el comportamiento del es-
El Estado y las relaciones internacionales 245
tado podría ser fielmente observado y rigurosamente
analizado estudiando cómo los tomadores de decisiones llegan a sus decisiones
(Gámez, 2005).
Mientras que para Berridge (2001) la política
exterior es la política pública de los Estados orientada hacia el mundo externo
y para Hermann (1990) son los tomadores de decisiones responsables de las
relaciones internacionales del Estado los encargados de diseñar e instrumentar
esta política, cuyo objetivo central es maximizar el interés nacional,
reduciendo los costos y aumentando los beneficios de la participación del
Estado en el Sistema Internacional.
La política exterior es un movimiento significativo
en los patrones externos dirigidos a las relaciones diplomáticas, culturales
comerciales y militares, que es acompañado de nuevas políticas respecto a los
agentes externos en el país y del exitoso intento de los tomadores de
decisiones para reestructurar la política exte-rior (A. Gámez, 2009).
Esos patrones externos, son las condiciones del
sistema internacional a las cua-les los Estados deben de acoplarse para poder
desarrollares políticamente, para lo cual los principios de la política
exterior se encuentran descontinuados son respecto a los acontecimientos del
sistema internacional.
En opinión de Gámez (2006) la política exterior se
puede definir como la ex-presión de un Estado condicionado por el juego y
recursos políticos internos, pero también por limitaciones internacionales
impuestas por autores externos como la liberación económica y política. Este
punto de vista nos aclara como los objetivos de la política exterior de un
Estado son influenciados por otros, para lo cual nos ayuda a indagar y a
comprobar otro de los objetivos que es la influencia que tiene Estados Unidos
sobre México y esto en los últimos sexenio provocó un alejamien-to de los
países latinoamericanos.
La integración internacional de México descansa en
el nacionalismo econó-mico y la promoción de un sentido de solidaridad con
otros países en desarrollo (Velazquez, 2006) principios de acuerdo a los
realistas como Allison cambia y se acopla a las necesidades de una nueva
realidad que surge en el sistema interna-cional.
Los cambios que ha sufrido el sistema internacional
en política y economía ocasionan que el Estado redefina su política exterior.
Méndez (2009) menciona que el tema de la construcción de una nueva política
exterior implica redefinir nuestro entendimiento de los actores sociales.
La propuesta debe quedar planteada en un marco de
complejidad, donde las decisiones no se tomen en consideración a corto plazo o
por tendencias políticas de fuerte contenido ideológico. Al igual que Seara
(1983), Velazquez (2006) y Méndez (2009) dicen que la nueva política exterior
debe de reflejar un enten-dimiento de los el Poder Ejecutivo y el Senado e
inclusive ser factor para darles
246 José
Manuel Vázquez Godina - Salvador González Cruz
cuerpo y viabilidad a los nuevos actores que se
están conformando las nuevas necesidades del sistema tanto global y regional.
La situación compleja del nuevo orden internacional
obliga a diseñar nuevas estrategias de política exterior, así como visualizar
la actualización constante de objetivos y estrategias, fundados en los
principios e historia de la nación. Impulsa al Estado a llevar una política
exterior que tenga al hombre como centro de sus preocupaciones. Que haga de la
defensa de la justicia y la dignidad, una leit motiv de la actuación del
gobierno mexicano al interior y al exterior (Gutiérrez, 2001) a diferencia de Méndez
(2009) quien se empeña en mencionar que la política exterior debería de
acoplarse a las nuevas necesidades del sistema internacional.
La política exterior de un país surge desde el
momento que se plantean los ob-jetivos, a partir de estos momentos surgen las
estrategias que deben de llevarse a cabo para alcanzar cada uno de estos
objetivos que son planteados por el equipo que se encuentra en el poder;
Chanona (1997) indica que la política exterior es un conjunto de lineamientos,
estrategias y acciones generales que llevan a cabo los Estados en sus
relaciones con la Sociedad Internacional, por lo que en el proceso de
elaboración de objetivos es necesario la participación de los diferentes
actores del sistema político mexicano, ya que aquí surge el interés de la
nación; sin em-bargo como nos mencionan otros autores como Seara (1984), las
decisiones en materia de política exterior han sido unilaterales.
Como conclusión podemos decir que la política
exterior como un conjunto de políticas coherentes, racionales y planificadas
que sirven no solamente al inte-rés particular de los que dirigen al Estado,
sino, también al interés nacional; así también, la responsabilidad del diseño y
ejecución recae en un Estado de carácter monolítico y nacional, por esta razón
para algunos teóricos de las relaciones in-ternacionales llegan afirmar que los
intereses del Estado no van de acuerdo con los intereses del pueblo o aquellos
que los representan, debido a que no los toman en cuenta al momento de
desarrollarlos.
Así también que la política exterior de México
desde su formación como Esta-do independiente en 1821 hasta la fecha ha buscado
la pacificación y han demos-trado frente al sistema internacional que la
intención como país soberano no es buscar riquezas económicas ni poder
político.
Los instrumentos para conseguir los objetivos de la
política exterior siempre han sido dentro de un poder blando como es respaldo
en su momento de la Doc-trina Drago, la Doctrina Calvo y la Doctrina Carranza;
Doctrinas que se carac-terizaban por mantener una defensiva en contra de las
potencias y defenderse a través del Derecho internacional de los ataques
militares que podían sufrir.
Otra de las conclusiones es afirmar que la política
exterior se encuentra basa-da en un interés personal del presidente en turno.
Que posterior a la Revolución durante el mandato de Plutarco Elías Calles busca
mantener una buena relación
El Estado y las relaciones internacionales 247
con América Latina, principalmente los países de
Centroamérica, lo que le va oca-sionar serios conflictos con los
norteamericanos.
Concluimos mencionando que las relaciones
internacionales aparecen como fenómeno y ciencia y que esta última utiliza una
descripción, conceptualización y una teoría para poder explicar las causas del
fenómeno internacional. El estudio de las relaciones internacionales inicia con
el conocimiento de Estado y Soberanía ya que de aquí parte el interés de los
Estados por participar en el sistema interna-cional.
El sistema internacional está integrado por actores
estatales y no estatales que tratan de influir en las decisiones de las
políticas públicas globales, uno de los actores y el más importante a través
del tiempo es el Estado-Nación, debido a que es a través de ellos como se
logran los acuerdos, tratados, bloques etc., a pesar de existir otro tipo de
actores como los organismos internacionales, las empresas globales, etc., el
Estado permanece como el actor primordial del sistema interna-cional.
Otra de las conclusiones es referente a la política
exterior de México la cual está compuesta de objetivos y principios, los
primeros son establecidos por el po-der ejecutivo y se alcanzan de acuerdo a
los instrumentos y a las características de la política interna que pueden ser
tratados, convenios, etc.
ACTIVIDAD
1. Realizar
una línea del tiempo de la participación de México en el sistema internacional.
2. Realizar un
cuadro comparativo de cómo se define el concepto de soberanía en relación a por
lo menos tres distintas constituciones de diversos países.
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