© Libro No. 435. Economía, Sociedad y Educación. Vitarelli, Marcelo Fabián. Colección Emancipación Obrera. Junio 22 de
2013.
Título
original: © ECONOMÍA, SOCIEDAD Y EDUCACIÓN. Marcelo
Fabián Vitarelli
Versión Original: © ECONOMÍA, SOCIEDAD Y EDUCACIÓN. Marcelo
Fabián Vitarelli
ISBN: 978-987-05-8903-7
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©
Edición, reedición y Colección Biblioteca Emancipación: Guillermo Molina
Miranda
ECONOMÍA, SOCIEDAD Y EDUCACIÓN
Marcelo Fabián Vitarelli
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN
CAPITULO
1: ECONOMÍA Y EDUCACIÓN.
VIEJAS Y NUEVAS PROBLEMATIZACIONES EN SU
ENSEÑANZA.
INTRODUCCIÓN
EMERGENCIA Y PRODUCCIÓN DE LA ECONOMÍA
DE LA EDUCACIÓN
CONSIDERACIONES FINALES
CAPITULO
2: ECONOMÍA SOCIAL, MUNDO DEL TRABAJO E IMPLICANCIAS
EDUCATIVAS.
PALABRAS PRELIMINARES
LA ECONOMÍA SOCIAL COMO PRINCIPIO DE
ACCIÓN.
REDEFINICIONES DE LA CUESTIÓN SOCIAL Y
DEL MUNDO DEL TRABAJO.
ALGUNOS COMPONENTES PARA REPENSAR EL
CAMPO EDUCATIVO.
CAPITULO
3: ECONOMÍA SOCIAL Y DESARROLLO.
ANÁLISIS DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS
EN ARGENTINA.
CAMBIO EPOCAL: HACIA UNA ECONOMÍA
COMPLEJA
EL DESARROLLO LOCAL COMO POTENCIALIDAD
EN DOS CASOS DE ESTUDIO.
EL PAPEL DE LA EDUCACIÓN EN EL CAMBIO
CAPITULO
4: ECONOMÍA SOCIAL, POLÍTICAS PÚBLICAS E INCLUSIÓN.
EL CASO DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS.
INTRODUCCIÓN
CONCEPTOS INICIALES
MARCO HISTÓRICO O CONTEXTUAL
DESARROLLO DEL CASO DE ANÁLISIS
PROPUESTAS
ANEXOS
BIBLIOGRAFÍA POR CAPÍTULOS
INTRODUCCIÓN
La relación entre
economía, sociedad y educación ha sido abordada a lo largo de la historia del
pensamiento de múltiples y variadas maneras dando cuenta de su singularidad y
comportamiento en cada época histórica. Una vez más, y haciéndonos eco de este
posicionamiento, hoy la volvemos a presentar a la luz de los juegos de
regulaciones y tensiones que dibujan en el horizonte de una historia que piensa
al hombre y sus manifestaciones: la del tiempo presente.
Nuestro campo de
problematización y origen: las ciencias de la educación, implica análisis
epistemológicos, sociales y políticos del hecho educativo y reclama abordajes
de la economía como ciencia del hombre y de su entorno que complemente y
renueve la mirada de la educación.
En otras
oportunidades hemos expresado al tratar el complejo formado por la economía, la
educación y la sociedad , que el mismo es tan antiguo como la historia del
hombre sobre la tierra. Sin embargo nuestra época desde la aparición y el auge
del mercantilismo como forma explicativa viene reforzando posiciones en torno a
una idea del capital, del individuo y de las formas de apropiación moderna que
no siempre han traído aparejada mejoras en las condiciones de vida.
Sostenemos entonces
que teorías del capital humano, debates sobre la relación desigual entre
crecimiento y desarrollo, posturas credencialistas e intitucionalistas, y otras
ya no pueden dar cuenta, de una manera acabada, de las memorables ideas del
gasto educativo, o de la inversión u otras formas explicativas, como lo
hicieron otrora de la mano de los modelos de planificación pública y sectorial.
Hoy más que nunca
necesitamos mirar nuestro entorno, describirlo, reinterpretarlo con un sentido
renovado y ampliado en las visiones reinantes. Es por ello que se hace
pertinente sobrepasar la pesada carga que nos legara el neoliberalismo y sus
niveles interpretativos, de modo a introducir la polivalencia y la
pluricompetencia en las miradas de la economía y la educación. Nuestro tiempo
reclama conocer y abordar, diagnosticar e intervenir, proyectar y vehiculizar
planes de acción que ensayen formas diferenciadas de tratar el hecho y de
responder a las demandas y necesidades de una sociedad activa, participativa,
comprometida y que busca ejercer su plena ciudadanía.
Revisar cuestiones
referidas a la economía social pensamos nos ayuda en esta oportunidad con el
desafío que esto implica y con el respeto que tenemos hacia quienes son
especialistas en la materia. Nuestra preocupación es la de introducir las
coordenadas de una economía política y/o una economía social en el horizonte de
posibilidad de la formación de educadores para brindar las bases de un
empoderamiento desde otro lugar.
Desde hace un
quinquenio la problematización acerca de la necesidad de formación de
educadores en temas relativos a los que estamos presentando, es objeto de
nuestras preocupaciones marcadas y de nuestras prácticas de docencia,
investigación, transferencia y compromiso social de la universidad .
De este modo
presentamos cuatro capítulos para su tratamiento que constituyen cuatro
segmentos de abordaje y de problematización que detallamos a continuación:
En el capítulo 1
“ECONOMÍA Y EDUCACIÓN. Viejas y nuevas problematizaciones en su enseñanza” se
introduce el horizonte de posibilidad desde donde estamos pensando el tema. La
vinculación con la enseñanza para iluminar nuevas miradas en espacios de
incesante renovaciones en las recientes décadas en el ámbito de la formación de
profesionales universitario.
El capítulo 2.
“ECONOMIA SOCIAL, MUNDO DEL TRABAJO E IMPLICANCIAS EDUCATIVAS” introduce el
tratamiento específico de la economía desde otro ángulo y sus relaciones con el
pensamiento del mundo de las prácticas del trabajo. Las implicancias educativas
se esbozan como prolegómenos de desarrollos futuros.
En el capítulo 3
“ECONOMIA SOCIAL Y DESARROLLO. Análisis de experiencias significativas en
Argentina”, el planteo ronda en el marco de dar a conocer prácticas sociales y
de acercar análisis que arrojen luz y aprendizajes significativos, como muestra
de un campo emergente y de crecimiento desde los casos hacia la construcción de
la teoría.
El capítulo de cierre
“ECONOMIA SOCIAL, POLITICAS PÚBLICAS E INCLUSION. El caso de la provincia de
San Luis”, cuya autoría compartimos con mi colega y amiga, la Licenciada Erica
Wöhning, descubre un caso histórico en nuestra espacialidad, puesto que acontece
en el territorio en el que vivimos.
Sin duda alguna el
tratamiento de lo que ustedes leerán, constituyen siempre debates iniciales y
propuestas en revisión, pero sin embargo quieren aportar un conocimiento
pertinente y aplicado necesario de ser desentrañado. La economía social tiene
mucho que caminar como abordaje de la realidad y como campo de
conceptualizaciones que debemos tratar en los claustros universitarios para
despertar de formas explicativas que ya no problematizan y proponen. De allí el
desafío mayor luego de la lectura: EL COMPROMISO.
CAPITULO 1: ECONOMÍA
Y EDUCACIÓN.
Viejas y nuevas problematizaciones en
su enseñanza.
Este trabajo se inscribe en el
horizonte de investigación que venimos realizando en torno a las prácticas de
conocimiento y sus condiciones de producción y emergencia a partir de opciones
epistemológicas del pensamiento complejo. Releva introductoriamente tres
posiciones en torno a la economía y la educación que determinan prácticas
sociales e institucionales específicas y desarrolla, de una manera
pormenorizada, la primera de ellas. Nuestra indagación cobra relevancia en
particular dado que nos encontramos trabajando en la formación de profesionales
en enseñanza universitaria con compromiso intelectual, moral y político.
Introducción
De un tiempo a esta parte nos venimos
interrogando acerca de la multiplicidad de sentidos que adquiere lo que hemos
dado en llamar el “complejo economía y educación” (Vitarelli, 2008a), que se
constituye en objeto de especial interés al interior de nuestras prácticas del
conocimiento en el espacio de la enseñanza universitaria y que, luego de un
quinquenio, comienza a aproximar condiciones para la conformación de una
comunidad epistémica preocupada en tal sentido.
Nuestra problematización se inaugura al
sostener que el paradigma de la complejidad permite comprender el campo
epistémico de las ciencias humanas “para investigar, intervenir y transformar
las prácticas docentes, investigativas y profesionales atendiendo a las
complejidades específicas que cada una de ellas plantea en relación a los
sujetos y al conocimiento, las instituciones, los regímenes de prácticas y el
sistema social en el que se concretan” (Guyot, 2007, p. 36).
Esta hipótesis provisional de trabajo
adquiere su relevancia en este caso en relación con el pensamiento, tanto de
las prácticas educativas como también de los procesos epistémicos de los campos
de saber con los que trabajamos en la formación universitaria. Pensar,
entonces, la complejidad en el horizonte de las relaciones de los sujetos con
el conocimiento significa, para nosotros, en este preciso momento, un trabajo
de elucidación que tiene como objeto de estudio al complejo “economía y
educación”.
En el devenir de la episteme que nos
ocupa como investigación tres momentos se suceden, pero también coexisten al
presente de modo paradojal. El primer momento, o momento fundacional, no lo
trata en cuanto complejo, ya que la opción epistémica de la cual deriva
pertenece al paradigma del pensamiento único de la mano de la neutralidad
valorativa de la ciencia. Esta posición emergente, hacia mediados del siglo XX
en Estados Unidos, nos coloca en el surgimiento mismo de la Economía de la
Educación como espacio aplicado. Su impacto lo observamos en los modelos de
planificación educativa y formas de intervención en sistemas tanto locales como
regionales, nacionales e internacionales. Inversión, gasto, financiamiento y
rendimiento son algunos de los componentes base que ilustran la situación.
El segundo momento reconoce un cambio,
aunque no en la nomenclatura (que seguirá hablando de una “economía de la
educación”), que produce un desplazamiento en las opciones de conocimiento con
que se miran y se piensan estos campos en aplicaciones concretas. La educación,
la economía y la cultura comienzan a ser objetos de análisis en el marco de las
relaciones de poder. Podríamos hablar aquí del acontecimiento de pensar la
Economía de la Educación de la mano de una Economía Política con impronta
latinoamericana. Ella se presenta en un arco que se dibuja especialmente en
América Latina con el surgimiento de la teoría de la dependencia y el
acontecimiento fundacional de la CEPAL, incluyendo la permanencia de
intelectuales críticos que abrevan en la teoría marxista y cuyos desarrollos
explican formas de comportamiento económico de nuestros días (Cardoso y Faleto,
2003).
La complejidad de lo social y su
exploración, el develamiento de las transiciones epocales, las crisis
paradigmáticas del siglo XX y los fenómenos de interdependencia, entre otros
aspectos, nos van posicionando en la incertidumbre del análisis que realizamos
al presente. Este análisis reconoce rasgos sobresalientes, indaga las regiones
de penumbra que se producen, interpreta las formas de subjetivación existente
y, diagnosticando, propone en los distintos niveles que los regímenes de poder
pueden moverse, operar, intervenir y ser en el mundo (Vitarelli, 2007). Muchas
de estas posiciones están dando lugar a repensar la teoría misma que sustenta
las prácticas económicas y educativas a partir de la consideración de las
condiciones de emergencia y producción (Coraggio, 1995). Esta perspectiva, que
daríamos en llamar de transición entre un pensamiento único simplificador y un
pensamiento complejo, tiene sus manifestaciones tanto en Europa como en
Latinoamérica, siendo en este último caso de forma discontinua su comportamiento.
Finalmente el tercer momento en el cual
nos encontramos inmersos visualiza al complejo economía y educación y pone en
juego el entramado de relaciones de un dispositivo epistémico y de prácticas
que adquieren relevancia como línea de fuga o, bien, como ruptura con el
paradigma establecido como oficial y único. Este momento se basa en los aportes
y problematizaciones del pensamiento complejo que viene desplazando al
pensamiento simplificador de la realidad desde hace ya unas décadas, y aparece
como forma de posibilidad y ejercicio de la autonomía del conocimiento en
relación con el contexto, el sujeto y el entramado de fuerzas existentes
(Vitarelli, 2004). La visión del sujeto y su entorno, la consideración de las
condiciones de producción y emergencia, y una auténtica axiología de la
investigación, pueden tener lugar de la mano de intelectuales comprometidos,
moral y políticamente, que admiten y dan cuenta, críticamente, de la situación
presente (Vitarelli, 2008b).
Intentaremos a continuación
caracterizar el primero de estos momentos y visualizar su naturaleza teniendo
como horizonte de posibilidad la formación de profesionales comprometidos en la
universidad argentina que nos preocupa.
Emergencia y
producción de la Economía de la educación
En el horizonte que dibuja en el campo
epistémico la concepción de la neutralidad valorativa , hace su aparición la
Economía de la Educación como “una de las ramas de la ciencia económica que
presenta un mayor progreso” (Blaug, 1972: 9). La posición central que sostiene,
entonces, que la educación contribuye al crecimiento económico, acuñada en los
años 1950 y sostenida en la década siguiente, funda así la escuela de
pensamiento del Capital Humano. Su principal exponente, Theodore Schultz, llamó
la atención sobre el valor económico de la educación desde su trabajo publicado
en 1961 “Investment in Human Capital”. Para el autor, dicha teoría percibe los
recursos destinados a la educación como una forma de inversión que otorgará sus
beneficios en el tiempo futuro; en lo social, esto impactará en una mayor
productividad de los trabajadores educados. Encontramos entonces que la gran
corriente del pensamiento económico aplicado a la educación, es decir, la
teoría del Capital Humano, no sólo, no puede escapar a su época, sino que
además está fundamentada en el denominado modelo liberal clásico con el cual
las sociedades disciplinares aportaban al crecimiento de los estados
capitalistas, en este caso particular, el estado americano.
Esta ciencia o campo de aplicación
naciente podríamos caracterizarla, entre otras, a partir de las siguientes
consideraciones:
a) Basada en concepciones
determinísticas sobre las cuales la teoría construye formas explicativas,
alejadas de la realidad, que se encuentran presuntamente desinteresadas de la
axiología de la investigación y de los posicionamientos políticos de los países
que se perfilan a mediados del siglo XX como los centros del poder económico
mundial.
b) Regida por una linealidad temporal
que no admite bifurcaciones posibles en el orden de un resultado contrastable.
Su objetivación defiende el carácter de verdad irrefutable ajena al proceso que
la vio nacer, a los valores que la concibieron y a las mismas condiciones de
posibilidad desde donde emergieron.
c) Apoyada en una causalidad medida en
indicadores de comportamiento presuntamente neutrales que, al cuantificarse,
dan cuenta ordenadamente de conductas regulares o bien de “anomalías” en la
linealidad objetivada. Esta disposición permite la comparabilidad abstraída más
allá de las situaciones espacio-temporales, otorgando a la información que
brinda una máscara de “severidad y rigurosidad”, que la instituye como
conocimiento, haciéndolo “creíble” y “admisible” a los ojos de las comunidades
científicas (Gómez, 2003).
Es importante destacar también, ya en
el orden de las prácticas de intervención que hacen centro en el sistema
educativo, cómo el floreciente campo de la Economía de la Educación impactó
fuertemente, sobre todo entre 1960 y 1980 (Hallak, 1990), en los modelos de
planificación sistémica de la educación, en particular en Latinoamérica, y
estructuró áreas de tratamiento financiero en los Ministerios tanto de
Planificación, de Economía como de Educación:
Los países latinoamericanos deseosos de
alcanzar el más alto nivel de vida posible para sus poblaciones, han declarado
por medio de sus Ministros de Educación, en la reunión llevada a cabo en Lima
en mayo de 1956, que la educación constituye el mayor multiplicador económico,
social y cultural y, de acuerdo con esta declaración, han recomendado a todos
los países miembros de la OEA iniciar la planificación integral de la educación
(Betancur, et al., 1969:89).
De la mano de la Economía de la
Educación, entendida como inversión productiva, se comenzó a analizar el gasto
público para el sector y a ponderar las formas de comportamiento económico de
las instituciones educativas, sin importar el nivel de programabilidad de los
gobiernos. Estudios de costos, rendimiento por alumno, gastos corrientes,
presupuesto extraordinario y fuentes de financiamiento, todos ellos hicieron su
aparición de la mano de una racionalidad instrumental que organizó verdaderos
cuerpos de expertos-técnicos, que desde hace un tiempo damos en llamar
“analistas simbólicos” (Tenti, 1993), los cuales miden, analizan y comparan la
realidad educativa de una región a través de indicadores de comportamiento
estructural. Así, la economía de la educación y la planificación de sistema
compenetradas en complementariedad tuvieron auge en las oficinas de políticas
públicas y defendieron debates sostenidos acerca del destino de la educación de
un país, entendido en términos de rendimiento económico y de su capacidad
productiva .
Para finalizar, de modo provisional,
las consideraciones de esta opción fundacional, no podemos dejar de hacer
alusión al papel que jugó la Academia en la transmisión y difusión del
conocimiento específico como eje vertebrador de validación del saber. En tal
sentido, citaremos dos obras ejemplares que permanecen hasta nuestros días como
prototipos de la enseñanza en la formación de profesionales. La primera de
ellas es la de Blaug “Economics of education”, publicada originalmente en
Inglaterra hacia 1968, en pleno auge de expansión de la teoría de la Economía
de la educación. Esta suerte de manual o compendio, cuya versión española de
1972 acogida en toda Latinoamérica, (y las universidades argentinas no son la
excepción), se inaugura con la explicación y posicionamiento de la propuesta
del Capital humano. De igual manera, pasa revisión a la literatura sobre la
inversión humana, entroniza los modos de pensar el análisis del costo-beneficio
de los gastos en educación y cierra, provisionalmente, presentando el enfoque
de la previsión de la fuerza de trabajo en el sentido de la planificación de la
educación. De este modo se trata, entonces, el análisis del valor económico de
la educación y el análisis de los aspectos económicos del sistema educativo de
la mano de la concepción de la contribución de la educación al crecimiento
económico, con especial énfasis en los enfoques de previsión y tipo de
rendimiento.
El segundo texto que queremos traer a
la memoria es uno de fecha más reciente (1998), paradojalmente veinte años
después en pleno auge del neoliberalismo: “Economía de la Educación” de José
Luis Moreno Becerra, catedrático de la Universidad de la Laguna (España), quien
actualiza la producción de Blaug, en el contexto de análisis que obtiene
sentido a partir de las reformas educativas que vienen aconteciendo en el
mundo. En este orden, inaugura esta obra la explicación sobre la relación
educación/empleo/renta, se presenta el componente de costes, beneficios,
eficiencia y equidad, y las consideraciones que en Blaug ocupaban el lugar de
la planificación, este autor las plantea en términos de
educación/crecimiento/desarrollo y el financiamiento de la educación
postobligatoria. El contexto se ha ido modificando y el saber valida esos
desplazamientos con justificaciones a cada época. En tal sentido, la vertiente
de la planificación educativa de las décadas anteriores se continúa con las
consideraciones que Moreno Becerra realiza a partir de los Informes de UNESCO,
desde Fauré (1972) a Delors (1996), introduciendo los desafíos en economía y
educación a partir de nuevos contextos de producción y significación de
sentido.
Sintetizando lo expuesto hasta aquí, se
puede decir que la Economía de la Educación emerge en el seno de la ciencia
económica matematizable que hace centro en el capitalismo reinante de mediados
del siglo XX, con especial énfasis en el poderío económico de Estados Unidos
como representante de un mundo hasta entonces bipolar. De igual manera, esta
visión se apoya en el paradigma del pensamiento único simplificador de lo real
que determina el conocimiento de la mano de la neutralidad valorativa y aleja
al sujeto que lo produce o investiga. Esta opción epistemológica impacta en
prácticas educativas de alto poder de intervención en los sistemas educativos
nacionales planificando modelos de rendimiento productivo de país. Y como no
podía ser menos, ni estar ausente el saber, que genera poder, se valida y se
sostiene desde la reproducción de este conocimiento en la Academia, a través de
las sociedades científicas creadas para tal fin, de los “papers-review” y de la
transmisión de esta posición en las cátedras universitarias hasta el presente.
Consideraciones
finales
Desde hace unos años asumimos el
desafío de llevar adelante una propuesta de enseñanza de la economía ¾en tanto que ciencia social¾ y su relación con el campo de saber de
la educación, convencidos de la necesidad de replantear el universo conceptual
desde donde se encuentra instalada en los ámbitos de la Academia, tarea esta
que no resulta en absoluto sencilla. Hacemos referencia a un cuadro de
situación inicial en el que predomina la opción de una ciencia que ha olvidado
su sentido original de saber que sirve para la vida del hombre en sociedad, ha
vuelto la espalda a los sujetos, y opera en la vida de los pueblos bajo la
resolución de enfoques exclusivamente matemáticos, axiomáticos, avalorativos y
despersonalizadas, que hacen centro en un mercado abstracto y en un sentido de
utilidad que rápidamente se torna objeto de consideraciones universales. En
ocasión de las Jornadas Adriano Olivetti de Educación, realizadas en Buenos
Aires en 1970, uno de sus exponentes expresaba al respecto:
El verdadero y único peligro de una
economía de la educación demasiado inquieta por justificar las inversiones
escolares sería, teóricamente, dar crédito a la idea de que la educación
constituye un –sector– de la economía y en la práctica, reforzar una concepción
retrógrada de la educación, según la cual educación es sinónimo de escuela y,
más exactamente, de la escuela del siglo XIX (Bousquet, 1971:146).
En principio, nos hemos formado en una
concepción clásica del conocimiento , en donde el sujeto no entra en
consideración con el objeto de investigación, y el descubrimiento del hecho de
realidad necesita de la “descontaminación” del aparato subjetivo para alcanzar
su máximo grado de veracidad, de tal forma que se pueda acceder a un
conocimiento universal con estatuto científico. Ahora bien, con el paso del
tiempo, en este cauce inicial han confluido diversos torrentes permitiendo así
la introducción de nuevos cursos de agua y produciendo entonces una renovación
de sentido, de la mano del planteo de un dilema esencial a la hora de continuar
nuestro “oficio” de trabajo intelectual (Bourdieu, 1973). Podemos permanecer en
la línea de la formación inicial afianzando el paradigma que aún sigue siendo
oficial en la enseñanza y entonces nuestras contribuciones se instalarán, en el
mejor de los casos, en las interminables listas de sucesores de una escuela de
pensamiento. De otro modo, podemos hacer lugar a la pregunta radical que se
instala como elemento perturbador en nuestras percepciones acerca del mundo, el
hombre y sus formas de apropiación. Si nuestra opción se inscribe en este
último horizonte, el universo descrito y sostenido por las certezas matemáticas
ya no nos otorgará el sentido que otrora apoyara al conocimiento. De igual
manera un conjunto de consideraciones relativas a la adquisición y producción
del objeto de investigación mutará su horizonte de posibilidad y nos
encontraremos frente a un cosmos “reencantado” (Prigogine y Stengers, 1990),
desconocido, que iremos descubriendo sobre la base de lo aprendido, pero en
contra de ello, para poder pensar entonces de otro modo.
Sin embargo, no se trata sólo de
nosotros, en tanto que sujetos de la historia en carácter individual, sino,
como lo hemos anunciado antes: se trata de un “nosotros” colectivo, que
adquiere particular reconocimiento pues estamos abocados a la enseñanza, a la
formación del pensamiento para la vida social, a la consideración de la
reflexión y la acción que pueda solventarse en una praxis liberadora de lo
existente. De tal modo que la trayectoria a seguir tiene consecuencias que no
podemos dejar de considerar y de las cuales debemos hacernos cargo. Somos
formadores de formadores en circuitos de la educación superior de un país y
responsables de la reproducción del conocimiento al estilo de una verdad
indiscutible o bien somos sujetos que propician un cambio en las condiciones de
emergencia de los procesos formativos desde un ángulo diferente de la mirada.
En este orden, diremos con Wallerstein (2004):
Sigo pensando que la lucha es ardua,
pero también que forma parte de la transformación sistémica en la que estamos
viviendo y en la que seguiremos todavía por un tiempo. Por eso, sigo creyendo
que nuestros esfuerzos valen la pena. Pero debemos estar abiertos a escuchar
muchas voces y muchas críticas si queremos seguir adelante. Y por eso creo que
es prematuro pensar que lo que estamos construyendo es una teoría (Wallerstein,
2004:93).
Así, la tarea del intelectual se
presenta como un dilema de conocimiento, pero sobre todo como un dilema ético
de responsabilidad social y ciudadana que nos confronta, se vuelve tenso, nos
coloca en entredicho, pero que, finalmente, nos compete asumir en tanto que
“proyecto” del cual somos parte en una situacionalidad existencial.
Precisamente, intentaremos entonces desmitificar aquello que fuera instalado
otrora como absoluto de la mano del pensamiento único, dando lugar a la duda
acerca del mercado mismo, de la presunta igualdad que propugnan los Estados, de
un investigador “aséptico”, entre otros postulados, planteando con claridad
posible, y con sentido crítico, lo que acontece en lo real:
Considero además que lo más provechoso
es abordar estas tres exigencias en un cierto orden: en primer lugar, evaluar
intelectualmente hacia dónde nos estamos dirigiendo (nuestra trayectoria
actual); en segundo lugar, evaluar moralmente hacia donde queremos dirigirnos,
y, finalmente, evaluar políticamente cómo podríamos llegar más fácilmente
adonde creemos que debemos dirigirnos (Wallerstein, 2005:91).
Exigencia intelectual, exigencia moral,
exigencia política que nos remite a dilucidar la situación presente a partir de
la cual somos e intervenimos en términos de aportar al carácter de futurición
nuevos hilos que harán a un entramado diferente del cual nos apoderamos y
vivimos.
CAPITULO 2. ECONOMÍA
SOCIAL, MUNDO DEL TRABAJO E IMPLICANCIAS EDUCATIVAS.
Desde la visión compleja de las
relaciones entre Economía y Educación nos venimos planteando el objeto de
investigación que trabaja en la interpretación de las teorías económicas a
partir de la interacción con la historia del pensamiento económico a la luz de
la reflexión epistemológica específica. Este objeto de trabajo inserto en el
marco de una investigación de prácticas en el que acontece nos permite abordar
hoy a modo preliminar el juego de relaciones entre un paradigma alternativo
como lo es el de la economía social y sus múltiples determinaciones; todo ello
a la luz del horizonte del pensamiento educativo. En esta oportunidad
introducimos el pensamiento de la economía social como campo de saber y
analizamos las nuevas configuraciones en el mundo de las relaciones sociales
contemporáneas y en la resignificación del mundo del trabajo y el empleo. A
modo provisional y conclusivo nos planteamos un conjunto de desafíos que trae
aparejado este posicionamiento repensando sus formas de vinculación posibles
con el campo educativo. La problemática de la investigación educativa y sus
aportes a la enseñanza, tanto en el campo de la economía como en el de trabajo
y/o el de prácticas profesionales, nos atraviesa con múltiples determinaciones
que venimos ensayando en asignaturas de grado en la formación de licenciados en
ciencias de la educación en la Universidad Nacional de San Luis.
PALABRAS PRELIMINARES.
Desde el ciclo lectivo 2004 venimos
trabajando en el marco de los cursos de licenciatura en ciencias de la
educación correspondientes a “Economía y Educación” y de “Organización social
del trabajo y educación” de la mano de una visión compleja de la realidad de la
economía como ciencia social y de la educación como campo de problematización y
abordaje (Vitarelli, M.:2006). Ello adquiere particular interés al repensar la
economía como espacio de saber social, no meramente expresable en fórmulas
matemáticas, sino capaz de analizar y proponer sobre los fenómenos de la vida
cotidiana e intervenir en su comportamiento. Sin lugar a duda estas acciones
parten del convencimiento del replanteo epistemológico de las ciencias sociales
desde el espacio de investigación en el que venimos trabajando y formamos parte
activa que concibe al conocimiento como relativo a su tiempo histórico y
provisional para múltiples abordajes en una perspectiva transdisciplinaria . En
el horizonte del abordaje alternativo de teorías económicas explicativas de la
realidad contemporánea venimos introduciendo la problemática de la Economía
social de la mano del desarrollo local y su impacto en la reconceptualización
del mundo del trabajo contemporáneo. Estamos convencidos que este campo de problematización
nos arroja a desafíos aún no pensados desde el propio lugar de la formación y
por cierto de generación de prácticas diferenciadas, todo lo cual hemos
comenzado a indagar desde el ciclo lectivo 2005 a modo preliminar en abordajes
parciales de investigación educativa desde las propuestas de las asignaturas
antes descriptas.
La indagación acerca de la realidad en
la que vivimos, en la que estamos inmersos, nos remite a problematizarnos
acerca de las cuestiones de orden económico, político, cultural y educativo de
nuestra actualidad como sujetos formadores en instituciones educativas de nivel
superior dentro de un sistema social mayor en el que se delinean los caminos a
transitar.
De tal manera, reflexionar sobre
problemáticas actuales que se derivan en actuaciones sociales, nos permite
comprender el grado de involucramiento de algunos sectores menos favorecidos y
dilucidar posibles impactos sobre un campo como es la educación. Las
actividades económicas no siempre pertenecientes al circuito formal se tornan
una construcción social, que dependen de los comportamientos individuales y
colectivos por medio de los cuales se aseguran la supervivencia de las
familias, formando comunidades y grupos de ayuda mutua y de protección, que
estando en iguales condiciones de escasez de recursos, complementan la fuerza
de trabajo, los medios materiales y financieros, los conocimientos, las
capacidades, con la intención de lograr una mínima unidad económica que les
permita una operación viable.
Este cambio en la cultura del trabajo,
permite reflexionar sobre la idea de "anteponer lo solidario sobre el
individualismo", de realizar un alto en el camino y aprender desde la
resistencia, desde la negación a naturalizar la pobreza y de aquellos sectores
que implícitamente intentan decir algo a la sociedad; de alguna manera asumir y
afrontar lo que por alguna razón no se quiere ver.
LA ECONOMÍA SOCIAL COMO PRINCIPIO DE
ACCIÓN.
Para comenzar a situarnos dentro de la
temática en cuestión, es necesario definir los términos básicos para comprender
como se fueron constituyendo estos procesos de los cuales queremos dar cuenta.
La Economía Social, también reconocida
como “Economía Solidaria" en algunos espacios se presenta en nuestro país
tras una serie de sucesos, que derivaron en una crisis generalizada que intentó
modos de superación mediante nuevas propuestas de trabajo colectivo o
alternativas que permitiesen sobrellevarla. Si bien el término no se inicia ni
se agota en este período, el florecimiento que de alguna manera logra entre los
años 2000 y 2002 fue de gran importancia para la posterior conceptualización
que se intenta realizar de este término, para el caso argentino. Todo ello
permite entender cómo se fueron dando las relaciones y cómo pueden explicarse
de alguna manera las prácticas sociales y los principios a partir de los cuales
el sector de los trabajadores afectados desarrollaron nuevas prácticas de
comportamiento económico y social, para dar comienzo a lo que hoy llamamos
Clubes de Trueque, Asociacionismo, Cooperativas, etc.(Vuotto, M.:2006)
Toda economía es social, en la medida
en que no puede funcionar sin instituciones, sin el compromiso de las personas,
sin el apoyo de las comunidades y del Estado. De esta manera economía social
seria la que reconoce al interior de la economía dimensiones de análisis
sociales; es un término polisémico, porque designa a la vez un enfoque teórico
sobre la economía, y también un tipo de organizaciones, basadas en la
democracia y el empresariado colectivo (Lévesque y Mendell, 1999).
El término Economía Social surgió en la
primera mitad del siglo XIX, cuando empezó a ser utilizado por autores
franceses como Charles Dunoyer, Fréderic Le Play, Charles Gide y León Walras,
entre otros. En este tiempo, para muchos de sus defensores éste término no
designa sólo un tipo de organizaciones como las cooperativas y las mutuales
creadas por los trabajadores, sino también un cuestionamiento de la “economía
de los economistas”, un tema que integra la problemática social al estudio de
la economía.
En la exposición universal de 1900, en
París, se presentó un “Palacio de la Economía Social” descrito por el
economista francés Charles Gide como una cátedra donde lo central comprendía
tres partes:
a) los poderes públicos, es decir las
intervenciones públicas que atienden las necesidades sociales no satisfechas
por el mercado,
b) las asociaciones: entendidas como
las asociaciones obreras, y
c) las obras sociales de los patronos,
la filantropía. Incluye así las instituciones que contribuyen a mejorar las
condiciones de trabajo y de vida de los obreros, asegurar contra los riesgos
sociales, o permitir la independencia económica. Se trata entonces de las
“instituciones del progreso social”, título de una obra de Gide publicada en
1912 (Vienney, 1994).
La economía social como enfoque
alternativo emergente a la economía de mercado se posiciona en autores
pertenecientes a tradiciones intelectuales diversas, ya que el concepto de
economía social se forjó en la encrucijada de las grandes corrientes ideológicas
del siglo XIX (Defourny, 1999).
En el mundo occidental, se pueden
identificar dos grandes tradiciones de economía social. Una tradición
social-cristiana, llamada también solidarista, influenciada por la encíclica
“Rerum Novarum”, sensible al enorme costo humano de la revolución industrial y
que privilegia las dimensiones sociales y morales, y una tradición socialista,
centrada en la capacidad de autoorganización de la clase obrera.
En América Latina, a pesar del carácter
incompleto y fragmentario del Estado de Bienestar, los modelos populistas y
desarrollistas, basados en una fuerte presencia del Estado, también generaron
procesos de integración social. Con el crecimiento económico, apoyado por el
gasto público, se extendió el régimen salarial y la incorporación de la
población a los mercados modernos, se desarrolló la legislación laboral y el
Estado promovió la integración social mediante cuantiosas inversiones en
educación, salud y vivienda, tres de las principales vías de incorporación de
los sectores populares a la economía de mercado y a la sociedad moderna. Esta
tendencia integradora se revertirá a partir de la década 1980.
La capacidad de regulación de los
Estados nacionales, disminuida por la mundialización de las economías, lo es
también por la profundización de la crisis del Estado de bienestar, por razones
de equilibrio financiero. El sindicalismo se debilita en la medida en que
pierde su poder de negociación, y que los trabajadores ven su suerte ligada a
la de la empresa donde trabajan. Empieza a predominar la división entre los que
tienen un trabajo y los que no lo tienen (los excluidos) por sobre la oposición
capital-trabajo. La exclusión se ha vuelto uno de los problemas centrales aún
en las sociedades desarrolladas.
En este contexto, las organizaciones de
la economía social, basadas en la ayuda mutua y la solidaridad, adquieren una
nueva vigencia. Al lado de las organizaciones más institucionalizadas, empiezan
a desarrollarse las cooperativas de trabajo, para hacer frente al creciente
desempleo, y también aparecen nuevas iniciativas asociativas, que surgen para
aportar soluciones a necesidades no satisfechas por el mercado ni por el
Estado.
En Francia, en los años setenta,
cooperativas, mutuales y algunas asociaciones sin fines de lucro crean un
Comité Nacional de Coordinación de las Actividades Cooperativas, Mutualistas y
Asociativas, el CNLAMCA, y en 1980 elaboran la Carta de la Economía Social.
Luego, en la década de 1980, el Estado crea una Delegación de Economía Social,
e integra esta denominación en los textos reglamentarios y legislativos,
empezando por la ley del 20 de julio de 1983, primer texto jurídico que
contiene una referencia explícita a la economía social.
En España, hasta los años 1980, el
término economía social designaba casi exclusivamente el sector cooperativo.
Pero la irrupción de nuevas modalidades asociativas como las sociedades
anónimas laborales y la participación de las Mutualidades de Previsión Social
en los distintos foros de debates de la Economía Social, reclamó su
identificación con los principios básicos de la misma, y han obligado a
reflexionar sobre el impreciso concepto de economía social. Promovido por el
gobierno español, se realizaron varias jornadas de estudio sobre la economía
social en 1980, que sirvieron para que se iniciara un proceso de aproximación y
de reconocimiento mutuo de las diferentes organizaciones. La expresión
“economía social” también se ha abierto paso en los ámbitos del derecho y de
las estructuras políticas. Diversos textos legislativos la incluyen y se ha
creado en España el Instituto Nacional de Fomento de la Economía Social
(INFES), dependiendo del Ministerio de Trabajo, que sustituye a la antigua
Dirección General de Cooperativas y Sociedades Anónimas Laborales. La noción de
economía social se ha ido difundiendo luego en las instituciones de la
Comunidad Económica Europea.
En América del Norte es notable el
desarrollo que la economía social ha cobrado, en especial en la provincia
francesa del Québec en Canadá. Si bien esta región tiene una larga trayectoria
en la lógica de la cooperativa social en las últimas décadas ha visto resurgir
el papel de las fuerzas sociales en la toma de decisiones del desarrollo
económico del pueblo. Una muestra efectiva de ella es la creación del “Chantier
de l´économie sociale” como organización autónoma con toma de decisión de un
consejo mixto en donde todos los actores sociales están representados. Para
esta organización que cobra fuerza en los últimos diez años el concepto de
economía social combina dos términos que por lo común son puestos como opuestos
(GTES: 1996). El de economía que recurre a la producción concreta de bienes o
de servicios y el social que refiere a la rentabilidad social, y no puramente
económica de las actividades. De tal modo que la economía social reagrupa el
conjunto de actividades y de organismos, en el marco del empresariado
colectivo, que se organizan en torno a una serie de principios y reglas de
funcionamiento, tales como:
a) la empresa de economía social tiene
como finalidad servir a sus miembros o a la colectividad más que al beneficio o
productividad financiera;
b) posee una autonomía de gestión en
relación al estado;
c) en sus estatutos y modos de
funcionamiento conlleva procesos de toma de decisión democrática implicando a
todos los trabajadores;
d) defiende la primacía del trabajo y
de las personas por sobre el capital financiero y sus beneficios y
e) realiza sus actividades sobre los
principios de participación y de la toma de conciencia de la responsabilidad
individual y colectiva.
En América Latina algunos gobiernos han
perfilado instituciones para el trabajo estatal con las organizaciones de la
economía social, tal es el caso de Argentina donde el antiguo Instituto
Nacional de Acción Cooperativa y Mutual fue reemplazado por el Instituto
Nacional de Asociacionismo y Economía Social (INAES), organismo dependiente del
Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente, y ejerce las funciones de
promoción, desarrollo y control de la acción cooperativa y mutual. En
Argentina, el término economía social se utiliza para designar principalmente
el universo de las cooperativas y de las mutuales, organizaciones que tienen
una fuerte presencia y una larga tradición en este país.
El autor francés, Jean-Louis Laville ha
desarrollado el concepto de economía solidaria para designar las organizaciones
de la “nueva economía social”, que surgen en respuesta a la crisis del modelo
de desarrollo capitalista. Intentan aportar respuestas ante el desempleo
estructural, las necesidades que no son satisfechas por el mercado ni por el
sector público. El enfoque de Laville está basado en la perspectiva de la
economía sustantiva de Karl Polanyi (1983), que distingue cuatro grandes
principios económicos:
(1) El principio de administración
doméstica, que consiste en producir para satisfacer sus propias necesidades y
las de su grupo (familia, clan, etc.) Se trata de un grupo cerrado, que puede
tener varios tipos de organización interna, y cuyo tamaño puede variar
considerablemente;
(2) El principio de reciprocidad, que
corresponde a las donaciones entre individuos y grupos. El aspecto esencial de
la reciprocidad es que las transferencias son indisociables de las relaciones
humanas. Mientras en el mercado los sujetos adoptan la forma indiferenciada de
oferente y demandante, anónimos e indiferentes en sus situaciones y cualidades
individuales, la reciprocidad corresponde a la relación que se establece entre
grupos o personas gracias a prestaciones que adquieren su sentido en la voluntad
de manifestar un vínculo social entre las partes involucradas; (3) El principio
del mercado, que permite el encuentro entre una oferta y una demanda de bienes
y servicios intercambiados mediante la fijación de precios;
(4) La redistribución es el principio
según el cual parte de la producción se entrega a una autoridad central que
tiene la responsabilidad de distribuirla, lo que supone la existencia de reglas
y procedimientos que rigen esta redistribución.
Las dos características fundamentales
de las organizaciones de la economía solidaria son, según Laville, la
hibridación de los recursos, y la construcción conjunta de la oferta y la
demanda. La “hibridación de los recursos” consiste en la combinación de recursos
provenientes de diferentes fuentes: donaciones y voluntariado (principio de
reciprocidad), financiamiento público (principio de redistribución) y venta de
bienes y servicios (principio de mercado). Una característica fundamental de
las asociaciones de la economía solidaria es la “construcción conjunta de la
oferta y la demanda”. Los miembros y usuarios participan en la definición de
los servicios en función de las necesidades de los usuarios. Este ajuste
directo de la oferta y la demanda requiere una participación de los miembros en
la orientación y control de la organización.
REDEFINICIONES DE LA
CUESTIÓN SOCIAL Y DEL MUNDO DEL TRABAJO.
La explicación de la economía social
como principio rector de la sociedad actual se encuadra entonces en lo que
podemos caracterizar como una transición epocal en la que valores, normas,
economía, instituciones sociales, estado, educación, se encuentran todos
implicados. Un profundo cambio en la lectura de lo social nos enfrenta a un
momento de una gran incertidumbre (Wallerstein, I: 2004) en donde el
sistema-mundo capitalista atraviesa su crisis más profunda y nos posiciona
frente a aceptar la interdependencia del pensar y el actuar local y
globalmente. Nuevos términos nos ubican en el pensamiento de la cuestión
social, de la mano de: a) la liberación y desregulación de los mercados de
trabajo que pasan del estado de bienestar al estado capitalista y eficientista;
b) el fin del trabajo asalariado como centro de integración social y
resquebrajamiento de los beneficios asociados a esta posición, en donde el
modelo keynesiano y fordista ya no explican el valor trabajo; c) los acelerados
cambios en las modernas tecnologías que influyen en la liberación de los
mercados y su entornos globales de funcionamiento y d) los movimientos cada vez
más marcados de clientelismo político, políticas de asistencia por sectores y
la focalización de indicadores de rendimiento y eficiencia en el gasto público.
El cuadro de situación planteado nos conduce a pensar el presente en torno a la
construcción colectiva de las políticas sociales desde un modelo de
articulación de los actores dando cuenta de los cambios producidos en el mundo
del trabajo, la redefinición de los espacios sindicales y el nuevo pacto social
por una ciudadanía que prefiere apoyarse en la gobernanza en lugar de la
gobernabilidad.
Mientras los 60 se vivían como la época
de una ciudadanía social asociada a las formas políticas del estado de
bienestar en donde el trabajo era tomado como un valor de integración,
podríamos decir que los 90 fragmentaron esta situación, empobrecieron el
diálogo social y fortalecieron criterios de supervivencia individual
generadores de competitividad entre las personas, logrando un mayor
empobrecimiento, una inseguridad generalizada y una exclusión cada vez mayor
(Coraggio, J.: 1999). De tal modo que en un primer momento asistimos a un mundo
keynesiano laboralmente ordenado en donde se consagraba una filosofía de la
intervención del Estado en la economía, la planificación social y su
equilibración parcial. Este mundo decidido se caracterizaba por circuitos
generales de acumulación económica en una faceta sustantiva de la ciudadanía de
una situación de posguerra que busca la normalización y la integración social
incluyendo códigos de desarrollo orgánico (Alonso, L: 1999).
Una cultura del compromiso
caracterizaba las relaciones sociales entre el desarrollo del mundo keynesiano
hacia el bienestar de masas del fordismo. Sin embargo el compromiso es
desplazado por la satisfacción de una sociedad en la que la ciudadanía comienza
a deconstruirse, fragmentarse y cuestionarse como cohesión social y en donde se
va a producir una atomización del mundo del trabajo produciendo como efecto una
desocialización del modelo estabilizado y normalizado. La fragmentación de lo
social trae consigo mayores situaciones de vulnerabilidad y riesgo generalizado
en donde se tiene hacia una generalización del empleo atípico y en donde se
produce una precarización del empleo típico (D´Amours, M.: 2006). El sentido de
la intervención estatal cambia dejando de lado las políticas públicas de
regulación y negociación, en su lugar el “analista simbólico” irrumpe como el
arquetipo del reconocimiento y consagración de los derechos individuales sobre
los colectivos como nuevas formas políticas en donde el trabajo se rige por las
dinámicas de orden estrictamente mercantil. El analista simbólico encarna pues
en la sociedad de los 90 el pasaje de la cultura de la satisfacción al de la
cultura individualista, y el trabajo ya no cumple el rol de unificador
universal y básico del concepto de ciudadanía. Como efecto de ello en el
horizonte de la mercantilización social y del estado las políticas de
ciudadanía total corren su mirada de bien universal hacia políticas
asistenciales focalizadas de carácter paliativo; son las políticas para los más
débiles y fragilizados del sistema.
Frente al fenómeno de la
individualización, la flexibilización y de una ciudadanía fragmentada se torna
complejo concertar, de allí el verdadero desafío para la formulación de las
políticas públicas a favor de la economía social en nuestro tiempo. Ellas llevan
la impronta de una acción colectiva ciudadana en una iniciativa independiente
de las políticas de estado, en donde cada nueva iniciativa estratégica se
inspira en propuestas formuladas por quienes participan en la sociedad civil.
Allí el Estado debe prestar su apoyo a los participantes de la economía social
brindando medidas favorables y negociando su lugar en tal dominio; se trata de
un verdadero desafío, cuyo proceso se denomina “co-producción” de políticas
públicas (Mendell, M., Neamtam, N.: 2006).
La economía social hace nacer la
necesidad de definir una nueva manera de desarrollo económico y social apoyado
sobre la participación de la sociedad civil, los representantes de estado, el
sector privado, en donde todos deben aceptar un proceso de participación y de
construcción colectiva e intersectorial. Se hace necesario trabajar en red,
desplegar herramientas útiles al desarrollo, establecer nexos directos con la
investigación aplicada en el contexto de las propias necesidades de las
prácticas, y también avocarse a poblaciones específicas con necesidades
particulares (los jóvenes, la tercera edad, las discapacidades, etc.).
El surgimiento de espacios públicos
múltiples que coordinen una auténtica economía política de la ciudadanía nos
lleva a pensar en la gobernanza como concepto propio de nuestro tiempo, que
representa las alianzas entre movimientos sociales, sectores laborales, mundo
cooperativo y sector comunitario, entre otros, que favorezca una “gobernancia
distributiva” (Mendell, M.: 2006). Un caso ejemplificador de esta situación es
el diálogo solidario que ocurre entre lo público, lo privado y lo comunitario
en la conformación de proyectos pilotos integrados basados en una cultura de la
concertación de actores como se da en Canadá desde hace al menos dos décadas.
ALGUNOS COMPONENTES PARA REPENSAR EL
CAMPO EDUCATIVO.
En un mundo que reasigna un papel al
sujeto en el juego de tensiones que dibujan las regulaciones mercantilistas, la
educación también debe ser objeto de reflexión, puesto que actualmente lo están
haciendo aisladamente el pensamiento económico y el pensamiento social cada uno
por su lado. Las explicaciones programáticas de los enfoques del capital
humano, la inversión educativa y el gasto asignado ya no alcanzan para dar
cuenta de las mutaciones explicadas, ni tampoco las teorías de las credenciales
educativas, del desarrollo de los mercados institucionales o la de los
economistas radicales. Capital, desarrollo, inversión, crecimiento ya no pueden
dar cuenta de las necesidades de un mundo del trabajo fragmentado y con
dinámicas altamente excluyentes. Frente a este universo se hace indispensable
repensar:
a) Hoy más que nunca el papel social de
la escuela como espacio de construcción de la ciudadanía en una sociedad del
conocimiento. La preparación para el trabajo con las identidades, la
diversidad, la negociación, la colaboración basadas en movimientos que acepten
la incertidumbre, sepan actuar frente a ella y puedan operar proyectivamente.
Necesitamos de una escuela que devuelva sentido a la complejidad del
conocimiento en el siglo XXI;
b) El trabajo ciudadano como
construcción de calidad de vida y no como mera defensa de una autonomía de los
más fragilizados por las políticas neoliberales. Un espacio de democracia
participativa en donde los actores recuperen su propia voz, construyan sentido
a la vida política y desde el trabajo con la identidad histórico social
recuperen su dignidad en el espacio de lo público y puedan actuar en las
necesidades de cada coyuntura;
c) Una universidad pública que forme
profesionales no mercantilistas con mentalidad individualista, sino personas
con compromiso social, ética práctica y capacidad de diálogo intersectorial que
desarrollen desde muy temprano en sus planes de formación conciencia de la
realidad local y global desde una praxis emancipadora;
d) La histórica división existente
entre el saber erudito de los intelectuales en los espacios académicos y el
saber popular de quienes no acceden o participan en la toma de decisiones de la
educación formal. Una visión de conjunto recuperará la memoria de un proyecto
nacional de identidad cultural en donde podamos pensar nuestro sentido de
pertenencia y nuestro espacio social de construcción;
e) El trabajo interdisciplinario e
intersectorial desde la más temprana edad de la escolarización hasta los
espacios de la formación permanente en los que nos insertamos para asegurar un
diálogo que nos permita intervenir en la realidad y crear auténticas
condiciones de mejoramiento de nuestros escenarios de vida sobre el planeta
intentando salvar nuestro espacio bio-psico-social;
f) En definitiva el campo educativo
necesita comenzar a trabajar con este pensamiento en todos sus espacios y no
hacer de la educación el lugar de la reproducción a los intereses sectoriales,
sino el espacio de vanguardia para que estos cambios en la sociedad actual sean
posibles.
CAPITULO 3. ECONOMÍA
SOCIAL Y DESARROLLO.
Análisis de experiencias significativas
en argentina .
El capítulo presenta un análisis de
investigaciones recientes acerca del comportamiento de experiencias de economía
social y pública en la trama del desarrollo local en Argentina. Intenta aportar
elementos de reflexión susceptibles de enriquecer la investigación misma, las
prácticas de enseñanza sobre el tema o aprender lecciones de las experiencias.
El tratamiento tiene como horizonte el cambio en las concepciones de economía,
ahora basadas en una complejidad creciente e interdependiente en contextos históricos
particulares con sujetos protagónicos de sus prácticas.
CAMBIO EPOCAL: HACIA UNA ECONOMÍA
COMPLEJA.
Un profundo cambio en la lectura de lo
social nos enfrenta a un momento de una gran incertidumbre (Wallerstein, I:
2004) en donde el sistema-mundo capitalista atraviesa su crisis más profunda y
nos posiciona frente a aceptar la interdependencia del pensar y el actuar local
y globalmente. Nuevos términos nos ubican en el pensamiento de la cuestión
social, de la mano de: a) la liberación y desregulación de los mercados de
trabajo que pasan del estado de bienestar al estado capitalista y eficientista;
b) el fin del trabajo asalariado como centro de integración social y
resquebrajamiento de los beneficios asociados a esta posición, en donde el
modelo keynesiano y fordista ya no explican el valor trabajo; c) los acelerados
cambios en las modernas tecnologías que influyen en la liberación de los
mercados y su entornos globales de funcionamiento y d) los movimientos cada vez
más marcados de clientelismo político, políticas de asistencia por sectores y
la focalización de indicadores de rendimiento y eficiencia en el gasto público.
El cuadro de situación planteado nos
conduce a pensar el presente en torno a la construcción colectiva de las
políticas sociales desde un modelo de articulación de los actores dando cuenta
de los cambios producidos en el mundo del trabajo, la redefinición de los
espacios y el nuevo pacto social por una ciudadanía que prefiere apoyarse en la
gobernanza en lugar de la gobernabilidad. Una economía ahora centrada en el
trabajo (Coraggio, J.: 2001) supone la explicación de la economía social como
principio rector de la sociedad y alternativa a la incertidumbre encuadrada en
lo que podemos caracterizar como una transición epocal en la que valores,
normas, economía, instituciones sociales, estado, educación, se encuentran
todos implicados.
Los 90 fragmentaron la situación de
bienestar y de ejercicio de la ciudadanía plena, empobrecieron el diálogo
social y fortalecieron criterios de supervivencia individual generadores de
competitividad entre las personas, logrando un mayor empobrecimiento, una
inseguridad generalizada y una exclusión cada vez mayor (Coraggio, J.: 1999).
El compromiso es desplazado por la satisfacción de una sociedad en la que la
ciudadanía comienza a deconstruirse, fragmentarse y cuestionarse como cohesión
social y en donde se va a producir una atomización del mundo del trabajo
produciendo como efecto una desocialización del modelo estabilizado y
normalizado.
La fragmentación de lo social trae
consigo mayores situaciones de vulnerabilidad y riesgo generalizado en donde se
tiende hacia una generalización del empleo atípico y en donde se produce una
precarización del empleo típico (D´Amours, M.: 2006). El “analista simbólico”
irrumpe como el arquetipo del reconocimiento y consagración de los derechos
individuales sobre los colectivos como nuevas formas políticas en donde el
trabajo se rige por las dinámicas de orden estrictamente mercantil. El analista
simbólico encarna pues en la sociedad de los 90 el pasaje de la cultura de la
satisfacción al de la cultura individualista, y el trabajo ya no cumple el rol
de unificador universal y básico del concepto de ciudadanía.
La economía social hace nacer la
necesidad de definir una nueva manera de desarrollo económico y social apoyado
sobre la participación de la sociedad civil, los representantes de estado, el
sector privado, y las formas todas de una economía mixta (Coraggio, J.: 1998)
en donde los diferentes actores puedan aceptar un proceso de participación y de
construcción colectiva e intersectorial. Se hace necesario trabajar en red,
desplegar herramientas útiles al desarrollo, establecer nexos directos con la
investigación aplicada en el contexto de las propias necesidades de las
prácticas, y también avocarse a poblaciones específicas con necesidades
particulares (los jóvenes, la tercera edad, las discapacidades, etc.).
Otro desarrollo posible hace de la
Economía del Trabajo el lugar privilegiado en donde se ponen en marcha los
recursos, las actividades, las reglas, los agrupamientos que conforman la
Economía Popular ya no en su carácter de sumisos de la Economía del Capital
sino basados en la unidad doméstica como centro de obtención y distribución que
posibilita la “reproducción ampliada de la vida de cada uno de sus miembros”
(Coraggio, J.: 1999). Este movimiento requiere de un cambio de cultura y/o
mentalidades que puede ser entendido como dificultad desde la lógica mercantil
o bien puede ser para nosotros fuente de innumerables riquezas al atender
precisamente a los valores que sustenta. Consideramos de radical importancia
para el pasaje de la emergencia a la estrategia un cambio de valores, sin los
cuales por más esfuerzo de construcción económica alternativa que se haga, no
se tratarán las dificultades en todas sus dimensiones.
El ciclo de pasaje (Coraggio, J.: 2004)
que marca una economía mixta de transición necesita trabajar fervientemente con
los imaginarios sociales creando condiciones de libertad para poder operar un
cambio estructural donde aparezca en el horizonte de las consideraciones un
tiempo que ya no responde ni a la compra ni a la venta sino a lo
intergeneracional. De tal modo que el logro de un desarrollo social integral
que tenga como centro a la vida humana basado en la cultura del trabajo
responda a ejes de valores y opciones necesarias de ser dialogadas, instaladas
socialmente y reapropiadas. Así ingresan la solidaridad, la reciprocidad y la
confianza como posibilidad de construir un nosotros social; de igual manera se
requiere de un estado realmente democrático y participativo que tenga como
horizonte de racionalidad la reproducción ampliada de la vida y no el
clientelismo del capital. Necesitamos educar, capacitar e incrementar más
acciones tales como el comercio justo, las redes de trueque, el presupuesto participativo
que pongan de manifiesto la cultura ciudadana constructora de identidades que
desde lo local impacten hacia lo global.
EL DESARROLLO LOCAL
COMO POTENCIALIDAD EN DOS CASOS DE ESTUDIO.
• La experiencia TITRAYJU
El vocablo TITRAYJU surgió de la Mesa
Nacional de Organizaciones de Productores Familiares , donde el Movimiento
Agrario de Misiones (M.A.M.) participaba; la consigna de “Tierra, trabajo y
justicia para los excluidos del campo” es la forma bajo la cual llegaba hace
unos años el reclamo de los productores de materia prima minifundista en el
marco de las pérdidas ocasionadas en razón de la liberalización del mercado
yerbatero durante el menemato de consecuencias irreversibles.
Este proyecto de economía social es una
experiencia que tiene su inicio en el 2003 y continúa, constituyéndose en una
propuesta de comercio justo y solidario que congrega en su momento inicial a 50
familias que integran el M.A.M. nucleadas en la Cooperativa de Consumo para
Minifundistas y Tabacaleros Río Paraná Limitada . Las familias productoras
asumen el desafío de comenzar a comercializar sus productos, el primero de
ellos es la yerba mate, con nombre propio desarrollando circuitos alternativos
a la economía de mercado al evitar intermediarios y llegando directamente al
consumidor.
Cabe aclarar que entre 1995 y el 2001
ante sucesivas crisis del sector campesino y su universo de producción, la
Cooperativa y sus asociados en el marco de los reclamos del M.A.M., deciden
implementar estrategias alternativas para lograr ampliar su calidad de vida
incorporando nuevos actores y diferenciando políticas estratégicas de alianzas
sectoriales. Representantes del Programa Social Agropecuario, de Municipios de
la provincia de Misiones, de Programas Nacionales como el Pro Huerta y el
Cambio Rural, ambos del INTA van a impulsar, con asistencia técnica y
financiera externa, el establecimiento de Centrales Cooperativas de Servicio y
la realización de Ferias Francas , tomando como modelos las organizadas en el
sur de Brasil.
La capacitación y articulación a nivel
nacional de los dirigentes de las organizaciones de los productores
minifundistas, de la mano de la comercialización son los ejes en torno a los
cuales gira el proyecto cooperativo que se gestiona con financiamiento externo
y se pone en marcha a partir del 2001. En ese marco se desarrolla la reflexión
sobre la comercialización de los productos que vincula directa y de una forma
solidaria el productor con el consumidor impulsado bajo el mecanismo de un
comercio justo y solidario al ser propiciado por el Centro de Comercialización
Campesina e Indígena (Ce.Co.Ca.I) creado en Buenos Aires.
La llegada a un mercado de gran
envergadura como lo es el de Buenos Aires de la Yerba Mate “Titrayju” es el
coronamiento de un plan diseñado a principios del año 2000 por las
organizaciones de pequeños productores que integraban la “Mesa Nacional de Organizaciones
de Productores Familiares” y que implicó un importante esfuerzo económico y
socio-organizativo. Se comercializó inicialmente en forma directa (entregas a
domicilio y ferias) y luego asociando en la distribución a una red de
organizaciones sociales e instituciones públicas y privadas.
En la actualidad la comercialización
del producto yerbatero insume en casi un 80% de su producción al gran mercado
compuesto por el comercio directo (que no incluye las cadenas de supermercados)
y la venta asociativa de red que potencia un comercio justo (precio justo) y
solidario (con la toma de conciencia de la crisis que atraviesan los pequeños
productores yerbateros). De 50 familias productoras implicadas originariamente,
hoy se nutren 1100 familias que trabajan y viven principalmente de este emprendimiento
de economía social. Muchos son los desafíos a asumir y dar cuenta en el
presente pero creemos que conociendo y dando cuenta del caso podemos entender y
apreciar sus características dando sentido y pertenencia social.
La revisión crítica que a continuación
se presenta sucintamente, tiene como fuente primaria de información lo
detallado en la Web oficial del proyecto http://www.titrayju.com.ar visualizada
a partir del link de experiencias de la Red de investigadores latinoamericanos
de economía social y solidaria http://www.riless.org . De igual manera una
serie de fuentes secundarias de autores nos acercan información significativa y
complementan la mirada del espacio, hacemos referencia a los trabajos de
“Cadena alimentaria de Yerba Mate, diagnóstico de la región yerbatera, 2001 ”;
“Misiones, relevamiento yerbatero, 2002 ”, estos trabajos arrojan información
contextual que permite analizar la condición socio histórico en que la
propuesta Titrayju se va a gestar; “Evolución del comercio justo en Argentina:
el caso de la yerba mate Titrayju, Vázquez, 2002 ” y “Tecnología e
institucionalidad para la seguridad alimentaria de los pequeños productores
familiares, Carballo Gonzalez, 2003 estas investigaciones nos posicionan en algunos
elementos evaluativos de la propuesta.
A) Diagnóstico y Relevamiento.
Estas presentaciones de índole
exhaustiva y profundas del sector llevadas adelante por organismos
gubernamentales tanto nacionales como provinciales nos permiten en el “ciclo de
proyecto” descubrir los condicionantes socio – históricos y la emergencia de
fenómenos como el empobrecimiento y quiebra económica de los productores
minifundistas de la yerba mate, procesos de abandono y/o emigración de la
ruralidad en la provincia de Misiones por parte de los colonos y un flujo de
regulaciones del capital mercantil que se apoya en la liberalización del precio
de la yerba mate cuando desaparece la CRYM y el impacto que produce.
• Estamos antes un diagnóstico
referencial y un relevamiento del sector yerbatero que denuncia encubiertamente
una situación de crisis aguda que las políticas neoliberales de los 90
exacerbaron al despersonalizar y descontextualizar.
• De igual modo estos estudios nos
permiten conocer y tomar conciencia de la importancia como fuente de vida del
papel que ocupa la producción de yerba mate misionera en el contexto nacional y
de la composición de los emprendimientos industriales en el sector.
• Un dato significativo para la
posterior evaluación de aspectos del proyecto Titrayju es el alto porcentaje de
propietarios minifundistas en la producción de la mercancía y el escaso impacto
en la construcción de un capital financiero que responda a ello y vuelva a su
calidad de vida.
• Aparecen las grandes marcas conocidas
a partir de mecanismos de comercialización, cuya góndola de súper e hiper
mercados son la expresión de acuerdos económicos entre los intermediarios, el
marketing comercial y el monopolio que ejercen casi solamente cuatro
establecimientos yerbateros, además de la producción específica de empaquetado
de yerba mate para estas mismas cadenas de distribución comercial, situación
que agrava aún más lo ya expresado.
• Los estudios declaran una situación
inercial y lineal inicial del sector yerbatero específicamente y también dan
lugar a mirar las instituciones sociales campesinas como ámbitos de producción
cultural en donde se posibilitan desde las necesidades sociales de las
poblaciones afectadas la instauración de una cultura compartida que avanza en
la innovación flexible con participación y articulación intersectorial (Hintze,
2007).
• El endeudamiento producido por
factores tales como: la caída del precio unitario, el aumento de los costos a
partir de la suba de valor en los insumos dibujaron un complejo cuadro de
situación para el sector que tras veinte años de crisis llega al 2000 bajo
condiciones de empobrecimiento extremo y de imposibilidad de sostenimiento de
las condiciones de producción como reaseguro de la subsistencia de las familias
implicadas en los mismos.
• El desarrollo
socio-histórico–político de los estudios nos permite valorar la iniciativa de
autogestión en un doble proceso que emancipa a las personas política y
económicamente. La estrategia de conformación de espacios solidarios entre
productores y consumidores promueve entonces la ampliación de los espacios de
lo público, no necesariamente vinculados a nivel institucional con el Estado
(Kapron y Fialho, 2004).
Estos estudios técnico – políticos
permiten visualizar desde la gestión de los espacios públicos al 2000 (tengamos
en cuenta que son estudios aparecidos entre el 2001 y el 2002) la necesidad de
intervenir con una estrategia innovadora que permita recuperar la forma de vida
y su calidad ampliada, del tejido social rural de una provincia argentina.
Entendemos que desde ellos se abre un camino también para pensar la Economía
Social como un proceso de incipiente construcción que requiere ser sometido a
investigación en un largo proceso en donde tengan lugar los consensos y la
“fuga y salto hacia delante” (Hintze, 2007).
B) Las investigaciones evaluativas
Los trabajos de Vázquez (2002) y
Carballo Gonzalez (2003) desde la investigación académica nos ayudan a
comprender cómo el proyecto Titrayju pertenece al movimiento de la Economía
social al trascender la índole mercantil y referir a aspectos del mejoramiento
de la calidad de vida, del empoderamiento de las personas en los procesos de
asunción de responsabilidades, de la ampliación del conocimiento, la libertad y
la ciudadanía, consolidando lazos sociales solidarios y recuperando el sentido
de la vida en torno a la recreación del vínculo social, a través de la
ejecución conjunta de una actividad sostenible (Robert, 2004).
Siguiendo a Susana Hintze en relación a
la tipología de evaluación y teniendo como horizonte referencial el trabajo de
Vázquez (2002) diremos:
¿Qué evaluar?
Proyecto Titrayju . Misiones -
Argentina.
¿Cuándo evaluar?
Durante (concurrente) en el sentido de
la evaluación en marcha del proceso mismo del proyecto.
¿Cómo evaluar?
Enfoque interdisciplinario en un diseño
que combina lo cualitativo y lo cuantitativo.
¿Quién evalúa?
Combinación de autoevaluación y
evaluación externa.
¿Para quién evaluar?
Nivel meso (gestores del proyecto,
responsables de financiamiento y redes solidarias de comercialización).
¿Porqué evaluar?
Para producir teorías capaces de
recrear relaciones de fuerza a favor de la economía social a partir de redes de
comercio justo y solidario.
Diremos también que en la bibliografía
que se ha producido en relación a la experiencia Titrayju no aparece con
claridad identificado los planos tanto de las precondiciones como de los
objetivos y/o de los efectos sinergéticos, como así también de los resultados a
corto plazo. En su lugar se pueden apreciar (Bartolomé, 1990):
a) La performance que pone especial
énfasis y cuidado en los factores que corresponden a la dinámica interna y al
respecto nos preguntamos sobre: ¿Cuáles son los nudos de bifurcación en donde
la trayectoria de Titrayju sufrió modificaciones significativas?, ¿Se hubiese
desarrollado el proyecto si no existiera una situación de empobrecimiento de
los propietarios minifundistas…?, ¿Era previsible la ocurrencia del fenómeno de
comercialización de la casi totalidad de la producción de Yerba Mate Titrayju?,
¿Fue acertada la respuesta de los actores (propietarios-colonos) frente a la
emergencia de ferias francas y/o redes de comercio solidario?, ¿ Es posible
diseñar el proyecto Titrayju minimizando eventuales impactos por fuera de sólo
un 0,30% de la producción de la que se asignan?
b) Resultados a largo plazo en tanto
que la experiencia muestra el “éxito” o el “fracaso” que refiere a la compleja
función que asumen los valores en torno al marco temporal, a la delimitación
del campo, la escala, etc. Estamos frente a la evaluación de una política de
desarrollo cuyo proceso nos conduce a la detección progresiva de tendencias
consistentes.
c) Sustentabilidad tanto del proyecto
como del desarrollo social en términos de posibilidad de lograr continuidad de
los beneficios al ser interrumpido el apoyo y/o financiación de la o las
agencias donantes. En tal sentido la sustentabilidad ecológica está delineada
en este proyecto al tratarse de la recuperación de la producción yerbatera y a
la preservación del nicho ecológico en donde emerge y se desarrolla; de igual
manera la sustentabilidad económica alcanza un buen nivel al demostrar cómo sus
premisas se ajustan a las reglas económicas vigentes tanto en el lugar como en
las actividades involucradas, y finalmente las sustentabilidad organizacional
en la que el proyecto esta aprendiendo a caminar y va construyendo sentidos.
Quisiera traer a la luz los postulados
que expresan que “en lo referido a lo evaluativo, los universitarios pueden
convertirse en aliados de organizaciones sociales en su legitimación por
emprender un procedimiento evaluativo o por apropiarse culturalmente de esta
herramienta de gestión. En otros términos, la definición del uso social de la
innovación que presenta – el paradigma evaluativo de quinta generación-
requiere de la movilización de actores entre los cuales se encuentran los
investigadores universitarios” (Fontan, 2005). Los trabajos de Vázquez (2002) y
Carballo Gonzalez (2003) dan cuenta inicialmente de este movimiento que nos
desafía, nos motiva y nos compromete con un cambio de valores en las dinámicas
evaluativas, las concepciones epistemológicas y las opciones y determinaciones
de las prácticas sociales que ponemos en juego.
• Las Asociaciones Campesinas del Norte
de San Luis.
Las políticas neoliberales
implementadas en los `90 en Argentina fueron también produciendo su impacto en
el sector campesino minifundista ya que los habitantes de las tierras fueron
emigrando a las ciudades en búsqueda de un trabajo asalariado y desvinculando
su origen de la tierra que los vio nacer y desarrollar. La tierra comienza a
pasar a manos de latifundistas, los pequeños productores se empobrecen y con
ello sus condiciones de vida. El colono queda desprotegido y sin defensas para
poder hacer frente a una situación que lo va despojando de lo que posee, así
como también de su producción. Este cuadro de situación que se repite en la
argentina contemporánea, se observa también en la provincia de San Luis, en
particular en el interior de la misma donde sus habitantes viven de lo que
producen con sus manos en el ejercicio de amor y entendimiento con su tierra.
Problemas comunes y situaciones similares hacen del campesino un habitante
preocupado que comienza a dialogar con el otro y a defender sus derechos para
una subsistencia digna.
Un caso particular que ejemplifica la
situación descripta es la conformación de tres asociaciones campesinas del
Norte de San Luis . Más específicamente nos referimos: a) la Asociación de
productores minifundistas de Ayacucho y Belgrano (1996); b) la Asociación de
pequeños productores San Felipe-El Ceibo (2001) y c) la Asociación de
Campesinos del Valle (2004). Estas asociaciones campesinas reúnen desde sus
orígenes a la actualidad poblaciones pertenecientes a siete espacios
geopolíticos del territorio sanluiseño: San Francisco; La Majada; Lujan; Pozo
Cavado Norte; Sauce; Ojo del Río y Santa Martina. Estas personas reconocen su
origen campesino, defienden los valores y cultura de su tierra y al presente
desde hace ya 10 años se preguntan sobre el ser campesino, se preocupan por el
intercambio de sus producciones entre los miembros de las asociaciones,
desarrollan una cultura del campo y han creado ferias locales de reciprocidad
de los productos.
En relación al presente ejemplo que
produjo un alto impacto para nosotros cuando asistimos a su presentación y
tuvimos oportunidad de preguntar y trabajar durante los tres días de seminario
en la ciudad de san luis con sus actores directos, vemos actuar un sistema de
instituciones, de valores y prácticas que se da una sociedad a si misma con el
fin de resolver sus necesidades y deseos legítimos y los de todos sus miembros
(inter-generaciones) en los términos de la producción, la distribución, la
circulación y el consumo de los bienes y servicios. Ello se produce algo así a
modo de un metabolismo natural que permite definir, distribuir y organizar
recursos y capacidades, dando cuenta como las instituciones económicas son
verdaderas construcciones sociales. El desarrollo local viene de la mano de una
auténtica construcción social de significado y valor, como un “conjunto de
políticas desarrolladas por los actores sociales reunidos en un sub-espacio
dado, por voluntad propia, sin subordinarse a decisiones políticas externas y a
partir de una dinámica decisional definida por la relación de fuerzas que
vinculan a los diferentes sectores sociales que conviven en dicho sub-espacio”
(Rofman, 2006:2).
En la voz de sus actores la experiencia
aparece como un proyecto político alternativo que colaborativamente congrega a
los campesinos, los une, les devuelve el valor de la tierra y su cultura. Un
hecho significativo en esta experiencia de desarrollo local es el pasaje de lo
micro económico a lo meso económico; ya que gran parte de la fuerza de este
accionar radica en los juegos de relaciones y /o redes que construyen los
mismos actores, tal es el caso de su participación en movimientos de
reivindicación campesina de índole nacional, el trabajo mancomunado que
realizan junto a los extensionistas rurales del INTA, la asistencia técnica del
Pro-Huerta y aquellos programas de promoción del desarrollo local. La
participación, la revisión permanente de su quehacer y la construcción de
significado de estas experiencias muestran la posibilidad de un proyecto de
desarrollo alternativo basado en la unidad doméstica que permite
esperanzadamente el pasaje de la economía popular a la economía del trabajo,
basada en “las relaciones de parentesco, de afinidad, o étnicas, que organiza
recursos y capacidades y gestiona la resolución de necesidades y que
caracterizamos por el objetivo de lograr la reproducción ampliada (en
condiciones intergeneracionales siempre mejores) de la vida de sus miembros”
(Coraggio, 2003:21).
EL PAPEL DE LA EDUCACIÓN EN EL CAMBIO.
Contribuir en la construcción de un
entramado social más justo, requiere, tal como lo demostró Durkheim (1997,
reedición), de la educación como un instrumento clave en el proceso de
construcción, conservación y cambio del orden social. Sin embargo, la educación
per se no podrá superar tremenda inequidad sin producir un cambio en los marcos
valorativos sobre los que se construye la vida comunitaria de la sociedad. En
este sentido la construcción de una comunidad democrática tiene que ver con
recuperar la capacidad del capital social a través del ejercicio basado en: la
solidaridad, la confianza y la tolerancia entre los ciudadanos, lo que no
implica de ninguna manera la desaparición del conflicto, este juega un rol
dinamizador del cambio social. De esa forma, por medio de la confianza y la
mancomunión de intereses, se reduce las probabilidades de que un número grande
de individuos o grupos de una comunidad, siguiendo intereses meramente
particulares, se desvíe de los objetivos colectivos (Vitarelli, 2007).
CAPITULO 4. ECONOMÍA SOCIAL, POLÍTICAS PÚBLICAS
E INCLUSIÓN.
El caso de la provincia de San Luis .
El capítulo pretende: a) dar cuenta del desarrollo e
implementación de una política pública de alcance provincial y conocer la
lógica de acción de sus componentes, b) debatir e interpretar a la luz de
algunas herramientas conceptuales del desarrollo local y la economía social el
caso de estudio, y c) proponer líneas de acción provisionales desde el ángulo
de la mirada educativa, que permita dar cauce a nuevos movimientos en el orden
del pensar y el hacer de la experiencia analizada. El mismo recopila las condiciones
de emergencia y el proceso de desarrollo desde el 2003 a la actualidad en la
provincia de San Luis, Argentina.
INTRODUCCIÓN
Esta oportunidad significa para nosotros la posibilidad de
analizar, debatir y proponer líneas de acción en torno a una política pública
provincial tomada en esta oportunidad como caso de estudio, en una región de la
geopolítica de la Argentina de la cual formamos parte en relación a nuestra
situación espacio – temporal.
El PLAN DE INCLUSIÓN SOCIAL “TRABAJO POR SAN LUIS”, constituye un
caso prototípico de análisis que queremos abordar al trabajar sobre una
población numerosa de la geografía local, dando cuenta de una política social
de Estado. Para quienes habitamos en este territorio significa además un
verdadero desafío pensar y proponer cambios que puedan ayudar a implementar una
calidad de vida mejor en un grupo de habitantes con necesidades que son objeto
de reflexión.
Como hemos destacado se trata de una política de acción provincial
que alcanza a 40000 personas de los casi 400000 habitantes que tiene la
provincia de San Luis y además de ello tiene una duración temporal de casi
cinco años (inicio en el 2003), operando como contenedora de problemas sociales
mayores como la pobreza, la indigencia y otros.
Creemos que como caso de estudio posee líneas que son convenientes
analizar en los contextos regionales y nacionales ya que adquieren relevancia y
significatividad, no solo para quienes habitan el suelo “puntano” , sino en
tanto aprendizaje significativo para una realidad de país que ensaya formas de
contrato social diferenciado.
Hemos tomado como base del presente trabajo tres grupos de fuentes
diferenciadas, cada una de las cuales en si misma poseen alto valor
representativo, pero que a su vez en su conjunto nos posibilitan una mirada
global y de comprensión del tema, a saber:
a) Fuentes jurídico – normativas: las mismas están constituidas
por la Ley de creación del Plan de Inclusión Social y a partir de ellas los
decretos del Ejecutivo Provincial y otras leyes relacionadas directamente. La
fuente de información en este caso está conformada por el Digesto de la Cámara
de Diputados de la Provincia de San Luis;
b) Discursos oficiales de Gobierno: ellos reúnen a un conjunto de
declaraciones oficiales del Poder Ejecutivo Provincial en la figura de sus dos
gobernadores; Adolfo Rodríguez Saa (actual senador nacional por la provincia de
San luis) y Alberto Rodríguez Saa. Las fuentes de información en este caso
están constituidas por discursos aparecidos en material periodístico del medio
y nacional presentes en la prensa escrita y televisiva, como así también en
entrevistas públicas realizadas en diferentes oportunidades.
c) Artículos científicos y de divulgación: quienes dan cuenta
desde el mundo académico y de la investigación de aspectos relevantes que han
sido objeto de estudio particular. Los mismos han sido relevados de revistas
científicas que en su gran mayoría se encuentran en producción digital.
Para finalizar provisionalmente este apartado introductorio
quisiéramos dejar planteadas algunos interrogantes iniciales que intentaremos
develar a lo largo del proceso de escritura:
El “Plan de Inclusión Social”
¿Constituye una política social de desarrollo local?;
¿Posibilita pensar otra economía para los marginados del mercado?,
¿Contribuye al desarrollo de la “calidad ampliada de la vida” de
los habitantes?,
¿Es una política de alternancia desarrollada en momentos de crisis
social?,
¿Sus prácticas dan lugar a pensar y hacer una integración
económica del tercer sector?
Sin duda son sólo algunos cuestionamientos iniciales que iremos
desentrañando y que abrirán otros no previstos en el momento inicial.
CONCEPTOS INICIALES
Dinámica - cuestión social y mundo del
trabajo.
Para nosotros un “enfoque dinámico” de
la cuestión social se plantea no como una protesta sino como una discusión
esclarecedora que podríamos comprender como un juicio en cuanto racionalidad
material de los posibles sistemas alternativos, su evaluación sobria, racional
y realista, así como sus limitaciones y aperturas a la creatividad humana, un
ejercicio auténticamente sistémico y complejo, tal como se ha denominado en
nuestro tiempo en el término de “utopística” (Wallerstein, I: 1998). En esta
dinámica reconocemos y somos partícipes, sobre todo las jóvenes generaciones,
de una transición epocal en la que la lectura misma del hecho social va
cambiando, exige nuevas interpretaciones y nos reinserta como sujetos activos
en la historia presente con un compromiso renovado. La humanidad reconoce
sistemas mundos con capacidad para presentar una visión global coherente y la
crisis actual es la consecuencia de cambios fundamentales que atraviesa el
sistema-mundo capitalista emergente hace 500 años y expandido hoy a escala
mundial (Vitarelli, M: 2006). En esta visión lo local y lo global forman parte
de la lectura, del pensar y del hacer y nos confronta con desafíos no
imaginados en la emergencia en crisis de representaciones sociales aún no
analizadas en toda su profundidad.
Mercantilización, proletarización y
política social
Teniendo en cuenta el planteo de
relaciones y formas de diálogo entre Políticas sociales y Economía social
(Danani, 2004) se rescata que lo que se plantea es la desnaturalización del
lugar común planeado por el neoliberalismo. En tal sentido la autora traza
argumentos en torno a la crisis y las transformaciones en el horizonte de una
autovigilancia para hacer posibles las transformaciones en el orden de los
problemas estructurales.
Cabe destacar en primer término que el
punto de partida de estas consideraciones queda sostenido por las afirmaciones
de las políticas sociales como “aquellas específicas intervenciones sociales
del Estado que se orientan directamente a las condiciones de vida y de
reproducción de la vida de distintos sectores y grupos sociales, y que lo hacen
operando especialmente en el momento de la distribución secundaria del ingreso”
(Danani, 2004:11) La distribución secundaria del ingreso se orienta a los
mecanismos de redistribución que se le superponen a la distribución primaria
(proceso de producción) y que permite distinguir analíticamente las políticas
sociales de las económicas y entre las primeras y las políticas laborales. En
este orden de cosas se señala que las políticas sociales son constructoras de
modos de vida y de condiciones de reproducción de la vida de una sociedad, que
teniendo en cuenta la estructura de clases, son de carácter diferenciado en
función de los grupos que la conforman.
Continuando las consideraciones, la
autora pasa a reflexionar la cuestión de las políticas sociales y las
necesidades de reproducción de la vida social. De tal modo, se explicita que el
valor de cambio de la fuerza de trabajo no trae en si las necesidades
históricas de los productores (Topalov, 1979:44). De allí la explicitación que
“la forma mercancía de la fuerza de trabajo se opone a la reproducción ampliada
de la fuerza de trabajo o, lo que nuevamente es lo mismo, la mercantilización
del trabajo entra en contradicción con toda pretensión de reproducción ampliada
de la vida de todos” (Danani, 2004: 16). Este planteo se inscribe entonces en
el reconocimiento de que el capitalismo no reconoce las necesidades legítimas
de los trabajadores. Tal desconocimiento y/o reconocimiento se dirime en la
historia en las luchas por alcanzar los bienes producidos, que en el
neoliberalismo se han tornado inaccesibles a los trabajadores o alejados de sus
posibilidades reales.
Los trabajadores, ya sea por medio del
Estado o de la familia, pueden alcanzar satisfacer necesidades por fuera del
mercado, ya que ambas instituciones sociales posibilitan tejer tramas de
relaciones diferentes y hasta opuestas a las que el propio mercado determina.
Esping-Andersen (1990) denomina a la vía estatal como desmercantilización por
el cual se presta un servicio como asunto de derecho. De este modo la
desmercantilización vendría a plantear “las reivindicaciones de los
trabajadores, resultado siempre parcial y fragmentario en el que se produce un
movimiento contradictorio con la exigencia de la expansión de los circuitos
monetarios. Es en procesos de este tipo en los que claramente pueden
reconocerse las políticas sociales, aunque ello no signifique que toda política
social desmercantilice, pues no toda política social socializa la reproducción”
(Danani, 2004: 19). Esto último aparece con una importancia clara ya que en la
historia de lucha de clases podemos reconocer también el desplazamiento al ámbito
del estado que el mismo capital apoyó para abaratar los costos de reproducción;
de allí que sea necesario reconocer históricamente los procesos auténticos en
los cuales la satisfacción de las necesidades de los sujetos se erigen como
reconocimiento de sus propios derechos, produciendo vías de escapes al capital,
su lógica y su cultura.
En esta línea de pensamiento se puede
sostener que toda necesidad y su satisfacción, objeto del autoabastecimiento
por parte de los trabajadores, que se sustraiga a los intercambios mercantiles
y disminuya la dependencia en relación al salario, es desmercantilizadora; en
tal sentido el Estado y la familia ocupan un lugar primordial. Ahora bien, así
como se marca para el Estado un desplazamiento del mercado, también debe
tenerse especial cuidado en cuanto a la familiarización y el movimiento de
desmercantilización, puesto “no socializa la reproducción; por el contrario, la
privatiza, reenviando a la esfera familiar e individual la responsabilidad por
el bienestar” (Danani, 2004: 20). Esto significa entonces desplazar a la esfera
de lo individual y lo privado el ámbito del problema y resignificarlo desde una
lógica funcional al propio sistema capitalista. En los procesos de
socialización y de familiarización existen configuraciones políticas y sociales
que hacen que los procesos de desmercantilización nunca sean iguales. La esfera
doméstica desmercantilizada ha sido una base para la mercantilización del
trabajo, de allí la fuerza de la Economía Social como propuesta de construcción
de un sistema reflexivo.
Frente a la incapacidad demostrada del
modelo capitalista mundial para reinsertar las poblaciones que el mismo sistema
ha marginado surge la necesidad de construcción en donde “quienes nos
desempeñamos en el campo de la política social tenemos una inmensa tarea por
delante: en la reorientación de todo tipo de planes asistenciales en vigencia,
de la desasistencialización del trabajo, en la recuperación de las condiciones
y calidad del acceso y del uso de los servicios de educación, salud, hábitat;
en la contribución a elevar políticamente los “pisos”. Es necesario menos
desarrollo técnico para focalizar, y más para empujar la reapropiación de las
condiciones de la propia vida” (Danani, 2004:26).
Claus Offe aborda en el capítulo 2 de
su obra “Contradicciones en el estado de Bienestar” (1990) la Política social y
la Teoría del Estado para lo cual elucida las controversias relativas a una
teoría científico – social del Estado. Si embargo sostiene el autor, tanto las
perspectivas formalistas como las normativistas no hacen centro en la cuestión
nodal del estudio de la política social, sobre todo en aquellos aspectos que
han estimulado autores de procedencia marxista. Preguntas por la identidad de una
sociedad histórica, por las estructuras mismas de funcionamiento, por los
mecanismos de rupturas o continuidad se encuentran en el núcleo duro de
esfuerzos teóricos explicativos.
Siguiendo este planteo inicial se hace
alusión a los marcos funcionales de referencia, en el transcurso de los cuales
uno de los hipotéticos nudos se explica diciendo que la política social es el
modo en que el Estado realiza la transformación de los obreros no asalariados
en asalariados y esto se explica por argumentos racionales que la historia hace
suyos en el comportamiento de las formas de la vida humana. Planteado de esta
manera las capacidades laborales ya no sirven de base para la subsistencia, ni
tampoco los individuos entran mágica y/o automáticamente en un mercado laboral.
“Para presentar este problema de modo más preciso podría ser útil hacer una
distinción entre proletarización –pasiva- y –activa-. No es discutible que una
proletarización “pasiva”, masiva y continua, con la consiguiente destrucción de
las formas hasta entonces dominantes de trabajo y subsistencia ha sido un
aspecto socio – estructural importante del proceso de industrialización. Sin
embargo, hablando en términos sociológicos, no hay razón para que individuos
desposeídos de sus medios de trabajo o subsistencia procedan espontáneamente a
una proletarización “activa”, vendiendo su fuerza laboral en el mercado de
trabajo” (Offe, 1990:5)
Históricamente han existido vías de
escape a esta realidad: la migración, la huida hacia formas de subsistencia
sostenidas desde la inspiración religiosa, la prolongación de la fase previa de
ingreso al mercado laboral, los esfuerzos de movimientos políticos de lucha que
tratan de liquidar la forma mercantil de la fuerza laboral, todos ellos son
ejemplos de fuga del sistema establecido. Ahora bien el problema estructural de
la proletarización no se resuelve por si mismo; Claus Offe sostiene que la
transformación de esa fuerza laboral desposeída en asalariada ha sido posible
por medio de políticas estatales; en parte las políticas sociales incorporan
entonces la fuerza del trabajo al mercado laboral.
La explicación de la no continuidad
necesaria entre la proletarización pasiva y activa se da en razón de tres ejes
de debate: a) es necesaria en la reorganización social la motivación cultural
de convertirse en asalariados; b) son imperiosas una serie de pre-condiciones
socio-estructurales para que los asalariados funcionen como tal, ya sea en
razón de una planificación estatal, o bien de mecanismo de control por la clase
dominante de los asalariados que llevan a regular políticamente el cuerpo
asalariado, y c) es indispensable un equilibrio cuantitativo entre proletarios
pasivos y aquellos capaces de tomar empleo como asalariados en función del
volumen de demanda en el mercado. Esta realidad se complementa con las acciones
ideológicas y represivas del aparato estatal atendido por las políticas
estatales, como así también el hecho que hay que mantener a los trabajadores
dentro de la función asalariada. Sin embargo la fuerza laboral desposeída en
transformación es un proceso de índole socio-político cuya forma explicativa no
puede sujetarse a las meras relaciones económicas.
A lo antes dicho se agrega entonces que
la política social es una estrategia estatal para poder hacer efectiva la
incorporación a la relación salario-trabajo. La política estatal no es reacción
“a”, sino que contribuye a la construcción de la clase obrera y regula los
procesos de proletarización. La socialización, la colectivización forzosa y el
control cuantitativo constituyen entonces componentes claves de la política
estatal en los procesos de proletarización. “La transformación de fuerza
laboral desposeída en salario – trabajo activo, no se produce solo a través del
mercado, sino que ha de ser sancionada por una política normativa, mediante el
poder estatal. El propietario de fuerza laboral se convierte inicialmente en un
asalariado como ciudadano de un estado” (Offe, 1990:10). De tal modo
encontramos a la política social trabajando con la voluntariedad, con la
habilidad y con la perspectiva objetiva de venta de la fuerza laboral; el
predominio de estos componentes en las actuales políticas puede medirse entonces
a partir de la función represiva del estado de control social.
Quisiéramos detener, a modo
provisional, la reflexión ahora sobre:
• En primer lugar la mirada histórica
que coloca a la forma de producción capitalista como dominante en las
relaciones económicas modernas, trabaja o aparece entre lo que Coraggio
denomina la política pública y la política del capital. Sin embargo pensar un
modelo de economía plural es ampliar el horizonte en el orden de colocar en esa
dualidad un tercer elemento que reposiciona lo dicho y exige un pensamiento
plural complejo. Nos referimos a la fuerza que tiene en si misma la unidad
doméstica como eje de las relaciones bien en una economía informal, bien en una
economía del trabajo.
• En segundo lugar pensar la unidad
doméstica como eje de las nuevas relaciones económicas entre mercado y estado
exige repensar la economía informal no como una economía popular sino como una
economía del trabajo basado en principios diferenciadores de la vida humana.
• En tercer lugar y en función de lo
planteado nos parece que las consideraciones de una Economía Social llevan a
repensar el papel y lugar de las políticas sociales, no como instrumentos de
validación poderosos del sistema imperante, sino como posibilitadores de la
calidad ampliada de la vida y su reproducción.
• En cuarto y último lugar,
provisionalmente hablando, todo lo antes reflexionado no se hace posible si no
se asume un cambio cultural en las relaciones intersubjetivas, en las
subjetivas y las institucionales y en aquellas que encarnan a la solidaridad, a
la ética humana, al compromiso público, como algunos de los componentes a tener
en cuenta en un planteo diferente de la existencia.
Estado, sociedad y democracia
A partir de los años 70 el modelo
imperante entra en crisis y no alcanza a integrar los excluidos. El Estado
incapaz de promover el desarrollo económico y no pudiendo proteger más los más
desprotegidos, pierde toda legitimidad. Es por ello que durante los 80 y los 90
se transforma radicalmente acompañando el cambio de modelo de desarrollo. El
modelo se orienta hacia el exterior bajo el impulso del Fondo Monetario
Internacional y de los banqueros internacionales. El Estado hasta ahora
omnipresente en la economía tuvo que operar las reformas necesarias a la
integración de un mercado mundial: equilibrio financiero, abandono directo del
sostenimiento de ciertos productos, privatizaciones, supresión de controles,
apertura de fronteras de bienes y capitales. Todas estas reformas fueron
puestas en marcha con el alto costo de un crecimiento desmedido y considerable
de la pobreza.
Durante la década del 80 democracia y
pobreza van de la mano. Las diferencias sociales se acentúan en una región en
donde las ilegalidades eran ya considerables. Los años 90 en un primer tiempo
invirtieron la tendencia. La crisis mexicana de 1995 interrumpió este
mejoramiento que de una manera u otra no era profunda ni rápida para permitir a
América latina de saldar la deuda social heredada de la década perdida. Más
aún, los estados latinoamericanos en su gran mayoría abandonaron sus
capacidades de intervención y regulación; en consecuencia el tejido social se
debilitó y los gobernantes parecían atender la salida hacia un regreso al
crecimiento económico. Los síntomas del debilitamiento del tejido social son
numerosos mientras la respuesta de los gobiernos es la de un mayor
endurecimiento o mejor de una degradación de las democracias.
Un profundo cambio en la lectura de lo
social nos enfrenta a un momento de una gran incertidumbre (Wallerstein, I:
2004) en donde el sistema-mundo capitalista atraviesa su crisis más profunda y
nos posiciona frente a aceptar la interdependencia del pensar y el actuar local
y globalmente. Nuevos términos nos ubican en el pensamiento de la cuestión
social, de la mano de: a) la liberación y desregulación de los mercados de
trabajo que pasan del estado de bienestar al estado capitalista y eficientista;
b) el fin del trabajo asalariado como centro de integración social y
resquebrajamiento de los beneficios asociados a esta posición; c) los
acelerados cambios en las modernas tecnologías que influyen en la liberación de
los mercados y su entornos globales de funcionamiento y d) los movimientos cada
vez más marcados de clientelismo político, políticas de asistencia por sectores
y la focalización de indicadores de rendimiento y eficiencia en el gasto
público. El cuadro de situación planteado nos conduce a pensar el tiempo
presente en torno a la construcción colectiva de las políticas sociales desde
un modelo de articulación de los actores dando cuenta de los cambios producidos
en el mundo del trabajo, la redefinición de los espacios sindicales y el nuevo
pacto social por una ciudadanía que prefiere apoyarse en la gobernanza en lugar
de la gobernabilidad (Blanco, I.; Gomá R.: 2006).
El surgimiento de espacios públicos
múltiples que coordinen una auténtica economía política de la ciudadanía nos
lleva a pensar en la gobernanza como concepto propio de nuestro tiempo, que
representa las alianzas entre movimientos sociales, sectores laborales, mundo
cooperativo y sector comunitario, entre otros, que favorezca una “gobernancia
distributiva” (Mendell, M.: 2006) o “gobernanza democrática” (Natera, A.:
2004).
La gobernanza hoy mas que nunca se
constituye en el desafío político – social que envuelve al sujeto
latinoamericano en búsqueda de respuestas a su situacionalidad geo-económica,
como otrora lo encontrara en la “teoría de la dependencia”. El afán por explicar
la realidad, indagar la viabilidad de las acciones y poner en marcha una
concertación de relaciones entre actores, intereses y formas de convivencia,
convoca al sujeto histórico, su compromiso ético y su responsabilidad ciudadana
desde un punto de vista renovado a la luz de las necesidades actuales. El
presente de la ciudadanía demanda por un futuro en el que puedan inscribirse
con pleno sentido y acción eficaz materializando experiencias y formas de vida
que mejoren nuestro ser en el mundo de la mano de una resignificación de los
valores.
La lectura de autores como Boaventura
de Sousa Santos y de Juan Manuel Abal Medina nos conduce a la reflexión en
torno a la paradoja de encontrar las virtudes y los males del presente en la
vida democrática de los pueblos. De esta manera una serie de consideraciones
guían los pormenores de un tratamiento diferencial del tema que coloca al
pensamiento en la “vigilancia” de la encrucijada que nos afecta y determina.
La modernidad encuentra en el gobierno
del pueblo la forma de satisfacción de sus necesidades y el control de la vida
en comunidad. Sin embargo las nuevas formas hacen de la representación la forma
más acabada de legitimidad de lo social reemplazando la selección de personas y
la Asamblea por otros componentes “los partidos políticos y las elecciones
periódicas” (Abal Medina, J, 2004:2). En esta idea de representación es en
donde se viene produciendo la crisis en las últimas décadas, una crisis
política que cada vez nos muestra más el vaciamiento operado de lo social en lo
político. Por este motivo se hace imperioso en nuestro presente buscar las
claves para fortalecer la debilitada representación recuperando en las
instituciones la participación y creando espacios genuinos a tal fin. Es
necesario refundar el actual orden social fragmentado en donde la
representación de lo social se escapa y diluye a partir de la pérdida de
credibilidad en la “metanarración representativa” y en el debilitamiento de la
“ficción organizacional efectiva”; la relación representantes – representados
se ha roto y con ello el pacto social, dando lugar a una sociedad sin centro.
La pérdida de la representatividad
viene de la mano misma de formas democráticas políticamente correctas, lo cual
crea mayor confusión al ciudadano común, que deja ser ciudadano y se sumerge en
el terreno de las desigualdades y el colapso de las expectativas. Lo que en un
tiempo eran relaciones no mercantiles desde los ´90 se han mercantilizado y el
Estado ha delegado responsabilidades al mercado del capital (educación, salud,
seguridad social, etc.) “Lo que decimos es que, con gran lucidez analítica, debemos
pensar que la democracia hoy es parte tanto de nuestro problema, como de
nuestra solución. En cuanto parte de la globalización neoliberal, es parte de
nuestro problema, hay que criticarla y denunciarla. En cuanto parte de la
globalización alternativa, es parte de nuestra solución” (Sousa Santos, B,
2003:3). Se tratará entonces de una tarea no sencilla que tenga como cometido
reinventar la tensión entre democracia y capitalismo para lograr una democracia
alternativa basada ahora en las acciones remediales que apunten a solucionar
las patologías existentes de crisis de representación y de crisis de
participación.
Sousa Santos enumera y explica las
condiciones para una democracia como solución a nuestros problemas, y en ellas
aparecen elementos tales como: la lucha por la demo diversidad; el desarrollo
de criterios transculturales; la jerarquización según intensidad puesto que en
algunos sectores del planeta esta es bajísima, denunciarla y proponer
alternativa forma parte del programa de acción. De igual manera aparece la
necesidad de ejercer formas contra hegemónicas reinventando las relaciones
entre democracias representativas y democracias participativas. Finalmente se
expresa la conveniencia de articular la democracia local con lo nacional y lo
global. Este catálogo de propuestas requiere fundamentalmente de la renovación
de las relaciones de colaboración entre partes apoyadas en la transparencia de
las acciones y en la democracia de los saberes y los conocimientos de una
sociedad que hace del sujeto el centro de operaciones y que se rehúsa a ser
tratada como objeto.
Es necesario ampliar la agenda
ciudadana de acciones políticas para salir de una burocracia que se ha vuelto
vulnerable al mercado económico – político, e ingresar en las alternativas que
operen sobre los valores de la cooperación, la solidaridad, la horizontalidad
entre los ciudadanos y la pluralidad democrática. Esto se hace en parte posible
a partir de la creación de inteligibilidad entre los movimientos y
asociaciones, buscando afirmar el destino común. Esta tarea es la que queda en
parte por realizar sobre la base de la emergencia de los nuevos movimientos
sociales (NMSs) de las últimas décadas que operan entre la regulación y la
emancipación, o entre la subjetividad y la ciudadanía. Esta situación que se ha
dado en numerosas partes del planeta y en particular en América latina
(Comunidades Eclesiales de Base, Movimiento feminista, Movimiento ecológico,
Sandinismo, Partido de los Trabajadores, etc.), exige una ampliación de la
política y no su rechazo. Hoy tendríamos que ser capaces de sacar lecciones aprendidas
de estas situaciones y construir formas alternativas. Se trata entonces que “la
politización de lo social, de lo cultural, e incluso de lo personal, abre un
inmenso campo para el ejercicio de la ciudadanía y revela, al mismo tiempo, las
limitaciones de la ciudadanía de extracción liberal, incluso de la ciudadanía
social, circunscrita al marco del estado y de lo político por él constituido”
(Souza Santos, B., 1998: 28)
Otro desarrollo posible hace de la
Economía del Trabajo el lugar privilegiado en donde se ponen en marcha los
recursos, las actividades, las reglas, los agrupamientos que conforman la
Economía Popular ya no en su carácter de sumisos de la Economía del Capital
sino basados en la unidad doméstica como centro de obtención y distribución que
posibilita la “reproducción ampliada de la vida de cada uno de sus miembros”
(Coraggio, J.: 1999). Este movimiento requiere de un cambio de cultura y/o
mentalidades que puede ser entendido como dificultad desde la lógica mercantil
o bien puede ser para nosotros fuente de innumerables riquezas al atender
precisamente a los valores que sustenta. Consideramos de radical importancia
para el pasaje de la emergencia a la estrategia un cambio de valores, sin los
cuales por más esfuerzo de construcción económica alternativa que se haga, no
se tratarán las dificultades en todas sus dimensiones.
El ciclo de pasaje (Coraggio, J.: 2004)
que marca una economía mixta de transición necesita trabajar fervientemente con
los imaginarios sociales creando condiciones de libertad para poder operar un
cambio estructural donde aparezca en el horizonte de las consideraciones un
tiempo que ya no responde ni a la compra ni a la venta sino intergeneracional.
Esto supone pensar que “la economía es el sistema institucional que se da una
sociedad (siendo por tanto, un sistema históricamente cambiante) para definir,
generar, movilizar, organizar y distribuir recursos con el objetivo compartido
de resolver transgeneracionalmente y cada vez mejor las necesidades legítimas
de todos los ciudadanos” (Coraggio, J.:2005). De tal modo que el logro de un
desarrollo social integral que tenga como centro a la vida humana basado en la
cultura del trabajo responda a ejes de valores y opciones necesarias de ser
dialogadas, instaladas socialmente y reapropiadas. Así ingresan la solidaridad,
la reciprocidad y la confianza como posibilidad de construir un nosotros
social; de igual manera se requiere de un estado realmente democrático y
participativo que tenga como horizonte de racionalidad la reproducción ampliada
de la vida y no el clientelismo del capital. Necesitamos educar, capacitar e
incrementar más acciones tales como el comercio justo, las redes de trueque, el
presupuesto participativo que pongan de manifiesto la cultura ciudadana
constructora de identidades que desde lo local empujen hacia lo global.
En este sentido la construcción de una
comunidad democrática tiene que ver con recuperar la capacidad del capital
social a través del ejercicio basado en: la solidaridad, la confianza y la
tolerancia entre los ciudadanos, lo que no implica de ninguna manera la
desaparición del conflicto, este juega un rol dinamizador del cambio social. De
esa forma, por medio de la confianza y la mancomunión de intereses, se reduce
las probabilidades de que un número grande de individuos o grupos de una
comunidad, siguiendo intereses meramente particulares, se desvíe de los
objetivos colectivos.
Para actuar en forma cooperativa, dice
Putnam (2002), es necesario no sólo confiar en el otro, sino además creer que
el otro confía en uno. Lo mismo es válido entre partidos políticos, entre
empresarios y trabajadores, entre el gobierno y los grupos privados. Pero ¿cómo
surge la confianza a nivel social, es decir, entre personas que no se conocen?
En primer lugar, por normas de reciprocidad que los individuos internalizan y
que son reforzadas por sanciones informales y formales. A través de estas
normas se facilita la cooperación y se distingue una reciprocidad
"específica", que es el intercambio simultáneo de ítems del mismo
valor, de otra "generalizada", que adopta la forma "haré esto
por ti sin esperar nada específico a cambio, confiando en que algún otro hará
algo por mí el día de mañana" (se trata así de un "altruismo" de
corto plazo combinado con un "interés propio" en el largo plazo.)
La confianza surge también de la
existencia de redes de compromiso y participación cívicas que facilitan la
comunicación y el conocimiento mutuo, refuerzan las normas de reciprocidad y
aumentan los costos potenciales de desviarse de ellas. Aunque en todas las
comunidades hay tanto redes horizontales como verticales, cuanto más densas
sean las primeras (por ejemplo, las asociaciones vecinales, los clubes
deportivos, etc.), más probable será que las personas cooperen para resolver
sus problemas comunes. Bajo el supuesto de que las redes verticales, como las
que se establecen entre patrones y clientes, obstaculizan el desarrollar de la
confianza y la cooperación, pues el flujo de información y las obligaciones son
asimétricos se necesita generar procesos asociativos que al unir intereses
comunes, produzcan una forma de trabajo y una estructura organizacional de
mucho intercambio y liderazgo transversal.
MARCO HISTÓRICO O
CONTEXTUAL
La provincia de San Luis constituye en
las recientes décadas un caso de estudio particular en la República Argentina,
tanto en las formas de comportamiento y estructuración que adquiere su dinámica
social como en las prácticas políticas ejercidas y su impacto en diferentes
ámbitos.
La reapertura democrática en Argentina
significó para este territorio la posibilidad de pensar un desarrollo local que
de alguna manera reconstruyera el tejido social y productivo debilitado
estructuralmente en épocas anteriores que se encontraba arrojado a condiciones
de vida de pobreza y olvido histórico de sus poblaciones. Los sucesivos
gobiernos de un mismo partido político – el Justicialismo- bajo la figura de su
gobernante reelecto: el abogado Adolfo Rodríguez Saa, posibilitaron la puesta
en marcha y su continuidad temporal, de planes sociales, educativos, de salud,
de vivienda y de desarrollo productivo, entre otros, en el horizonte de la
reciente promulgación de la Ley de Radicación Industrial con el reinicio
democrático en Argentina (Olguín y otros, 2001).
Durante casi diez años la provincia de
San Luis creció en su dinámica de población considerablemente, las ramas de la
producción se diversificaron y la economía local se expandió. De hecho se
constituyó en una provincia con indicadores positivos de crecimiento económico
diferenciados en el total del país, entre los cuales el sector industrial y
luego el agrícola – ganadero fueron los exponentes más positivos . “La
conjunción de la restauración democrática con los planes de radicación
industrial parecieron ser los primeros y firmes pasos hacia el desarrollo para
la provincia de San Luis. Sin embargo, veinte años más tarde, cuando comienzan
a desaparecer los beneficios para las industrias, aún quedan muchas
expectativas sin concretarse” (Páez y otros, 2001).
Sin embargo este cuadro de situación
planteado, no pudo ser ajeno a la realidad nacional en lo que respecta a un
cambio en la dinámica social y en la relación que entre crecimiento y
desarrollo venía aconteciendo. Mientras en otra época se vivía como el ciclo de
una ciudadanía social asociada a las formas políticas del estado de bienestar
en donde el trabajo era tomado como un valor de integración, podríamos decir
que los 90 fragmentaron esta situación, empobrecieron el diálogo social y
fortalecieron criterios de supervivencia individual generadores de
competitividad entre las personas, logrando un mayor empobrecimiento, una
inseguridad generalizada y una exclusión cada vez mayor (Vitarelli, M, 2007).
Esta realidad, a la que la provincia de San Luis no pudo escapar, pero que
vivió de una manera diferenciada, trajo para si una situación de incremento de
la pobreza y la exclusión socioeconómica que a comienzos del nuevo milenio
haría eclosión y produciría estallidos sociales tanto a nivel nacional como en
focos locales .
Durante la década de los noventa se
llevaron a cabo profundos cambios en el sistema productivo nacional, estos
cambios nacidos en las políticas neoliberales fueron transformando la relación
de estado –sociedad en una relación de mercado desigual y fragmentario. Se
privatizaron empresas estatales, se desnacionalizó el aparato productivo y se
fue desmantelando el sector industrial nacional del país, todo lo cual sin duda
alguna contribuyó a un deterioro considerable de las condiciones de posibilidad
laborales con la destrucción de puestos de trabajo y el aumento de desempleo
(Feigelman, D. 2008). Vale agregar que en esta década el sistema educativo
atraviesa cambios estructurales, y uno de ellos es el que hace referencia a la
formación de trabajadores calificados para las distintas ramas de la industria
y los diversos sectores productivos. Con ellos queremos recordar también que la
formación para la inserción al sistema productivo queda cercenada y
desvinculada de la realidad laboral vigente en ese entonces.
En toda la región latinoamericana y en
Argentina en particular tres tipos de políticas sociales específicas fueron
destinadas en esta oportunidad, entre ellas a) las políticas orientadas hacia
los extremamente pobres (también llamados indigentes en Argentina); se trata
entonces de asegurar el mínimo de los servicios de primera necesidad y de
infraestructura social; b) las políticas de asistencia-beneficencia y de
privatización: las políticas sociales orientadas son políticas de asistencia
social. Paralelamente las clases media y rica que constituían los principales
beneficiarios del estado providencia, van a abandonar cada vez más el sector
público particularmente degradado (hospitales, enseñanza, sistema de
jubilaciones) para hacer su apoyo al sector privado. La privatización
constituye así la otra cara de las políticas orientadas, Argentina, Colombia,
Chile y México son ejemplo de ellos, allí vemos debilitarse los sistemas de
salud y de jubilación por ejemplo, se desarrollan en este momento clínicas privadas
modernas y ricas en donde se dispensan cuidados especiales a los más ricos
mientras los servicios de salud públicos se sumergen en profundas crisis. El
sistema de jubilación por capitalización se desarrolla en detrimento del
sistema de reparto y c) las políticas de descentralización que llaman a la
participación popular: las políticas sociales orientadas son en gran medida
aplicadas en las fases de descentralización. Ella responde no solamente a los
programas sociales para sectores específicos sino también a una voluntad de
reducir el déficit financiero: las políticas sociales clásicas del estado en
materia de salud, educación, servicios urbanos y vivienda (Vitarelli, M. 2008).
En diciembre del 2001, la sociedad
política argentina, se encuentra abandonada de todo cumplimiento de contrato
social, una de sus consecuencias es el descontrol político civil. Un ejemplo de
este estallido social en las calles de todo el país, lo constituye el
movimiento autoconvocado que los argentinos conocimos con el nombre de
“cacerolazo”. Desde el poder político – gubernamental emerge el acontecimiento
decisivo que será la renuncia del presidente Fernando de la Rua, hecho a partir
del cual en un plazo de diez días se sucedieron cinco presidentes, uno de ellos
es el entonces gobernador de la provincia de San Luis, el abogado Adolfo
Rodríguez Saa. Hacia el 1 de enero del 2002, asume por acuerdo interpartidarios
el abogado Eduardo Duhalde como presidente interino. La credibilidad política
está completamente desgastada, el malestar social es agudo y las condiciones de
vida de muchos argentinos se encuentran fuertemente deterioradas en sus
posibilidades estructurales.
Como respuesta a los focos encendidos
en un período de agudos conflictos y problemas estructurales, los gobiernos
nacionales y provinciales intentaron poner en marcha planes, programas,
experiencias, políticas, etc. que atendieran el cuadro de situación planteado y
ejercieran formas de contención social en plena crisis argentina. De este modo
el Gobierno de la Provincia de San Luis, crea en el 2003 el “PLAN DE INCLUSIÓN
SOCIAL -TRABAJO POR SAN LUIS” como paliativo público frente a la realidad
social dada, y comienza desde entonces el caso de estudio que queremos abordar
y que ha sido necesario contextualizar con algunos elementos de realidad local
y epocal.
DESARROLLO DEL CASO
DE ANÁLISIS
Por Ley Nº I-0001-2004 (5411 *R)
sancionada por el Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia de San Luis,
con fecha 5 /11/2003, se crea el PLAN DE INCLUSIÓN SOCIAL "TRABAJO POR SAN
LUIS", cuya ficha resumen presentamos a continuación:
PLAN DE INCLUSIÓN SOCIAL "TRABAJO
POR SAN LUIS"
Ley Nº I-0001-2004 (5411 *R)
Se declara el Estado de Emergencia
Social en todo el ámbito de la Provincia de San Luis, por el término de UN (1)
año, prorrogable,
Se crea el Plan de Inclusión Social
"Trabajo por San Luis",
Se dirige a todos los ciudadanos de San
Luis desocupados, dispuestos a mejorar sus posibilidades de conseguir empleo
mediante la inclusión en la cultura del trabajo,
Son beneficiarios: madres solteras,
mujeres jefas de hogar, mujeres mayores de CUARENTA (40), CINCUENTA (50) y
SESENTA (60) años, todas las personas con capacidades diferentes, hombres
mayores de CUARENTA (40) años, todos los jóvenes, mujeres y hombres mayores de
DIECIOCHO (18) años y de todo sector de la población en estado de emergencia
social.-,
Se podrán celebrar convenios con
empresas del sector privado para la incorporación de beneficiarios,
No siendo este Plan de inserción de
naturaleza laboral ni administrativa, la Autoridad de Aplicación establecerá
los derechos y obligaciones de los beneficiarios del Plan,
Se otorgará una colaboración económica
de carácter no remunerativo por todo concepto de PESOS TRESCIENTOS ($ 300,00),
Mensuales,
Se desarrollarán prácticas por los
beneficiarios en el marco de esta normativa que tendrán una duración de OCHO
(8) horas diarias, CINCO (5) días a la semana,
Gozarán los beneficiarios de las
coberturas de Aseguradora de Riesgo de Trabajo y de la Dirección de Obra Social
del Estado Provincial.
El Plan de Inclusión Social corresponde
a una inédita Política Social impulsada por el Gobernador de la Provincia de
San Luis, el abogado Alberto Rodríguez Saa, política que provoca un impacto en
la recuperación del trabajo como sinónimo de dignidad, confianza, capacidad de
progreso, independencia y libertad. De tal modo que los “excluidos” de la
comunidad puntana son ahora incluidos. Este Plan representa el programa más
fuerte impulsado por el Gobierno, ya que constituye “el eje de todas las
políticas:... incluir a todos los puntanos, incluir a todos los ciudadanos, que
todos sientan que estamos fundando y construyendo una casa que nos cobije a
todos” (Rodríguez Saa, A, 2003)
El Plan de Inclusión trata entonces de
mitigar la situación de incertidumbre social y económica de los habitantes de
la época, cuyo contexto hemos presentado oportunamente. Claro que, cuando se
analiza el hecho de las sucesivas prórrogas anuales del Plan desde el 2004 al
presente y se mira la realidad social en el continuo de tiempo y los cambios
efectuados, surgen interrogantes acerca de la necesidad de repensar el Plan de
inclusión social como política pública y su modalidad en nuestros días.
Desarrollo laboral
Los beneficiarios del plan, deben
cumplir jornadas laborales de 30 horas semanales realizando tareas
comunitarias. Estas tareas no siempre son vivenciadas como trabajo, sino
también como contraprestaciones en el imaginario de las personas. Por su parte
el beneficiario del Plan posee una Cobertura social que tiene como referente a
la Dirección de Obra Social del Estado Provincial (DOSEP) con una amplia
protección en materia de salud. El Plan tiene desde su creación en el 2003
continuidad como política social lo cual otorga a sus beneficiaros estabilidad
en el puesto de trabajo o contraprestación, es política del gobierno provincial
que el mismo continúe hasta que cada trabajador consiga un trabajo mejor y no
quede en el Plan, ningún beneficiario. Mediante el mismo se planteaba incluir a
todos los sectores desocupados – excluidos de la sociedad, terminando con la
cultura del subsidio que asistió a varias generaciones en el país,
estableciendo otra vez la cultura del trabajo; bajo esta realidad se creo el “Ministerio
de la Cultura del Trabajo”.
Modalidad de trabajo
Los trabajos a realizar han sido
definidos como: mantenimiento de calles y rutas, limpieza de edificios y
espacios públicos, caminos de acceso a las localidades, limpieza de canales de
riego, recuperación de los ríos que cruzan las ciudades de San Luis y Villa
Mercedes, convirtiéndolos en parques . Otras instancias recuperaron a parte de
los beneficiarios con la capacitación en diversas áreas, por ejemplo: salud,
gastronomía, turismo, construcción, seguridad comunitaria y seguridad vial.
Tanto los talleres de capacitación como los de alfabetización constituyen otra
forma más de inclusión de los trabajadores. Dentro del Plan funcionan brigadas
de forestación en todo el territorio de la provincia que llevan plantadas más
de 1.200.000 especies forestales, encaminándose con ello al cumplimiento del
Protocolo de Kyoto. De igual manera otra función o modalidad es la desarrollada
en el Sistema de Seguridad Comunitaria destinado a velar por la protección de
los ciudadanos y de sus bienes, bajo la figuras del Mediador y del Protector
comunitario.
“Remarco, sobre todo, dos trabajos: en
la campaña contra la epidemia de hepatitis limpiaron todos los tanques de agua
y el conurbano de San Luis fue el más mitigado. Y lo que se hizo en el
histórico Río San Luis, que con el tiempo le fueron cambiando el nombre y se
convirtió en un basural -lo llamaban el río seco, porque corría muy poca agua-.
Un río donde casi no corría agua es como hablar de un río que no es río. Y el
plan de inclusión lo convirtió en un parque que es orgullo de la provincia de
San Luis y se llama como lo nombrara alguna vez Juan José López en la geografía
de San Luis, Río San Luis. Hoy, gracias al plan de inclusión, gracias a los
pobres, se recuperó un río” (Rodríguez Saa, A, 2008:5).
Remuneración
La Argentina llegó a tener 17
"cuasi monedas", emitidas por la Nación, las provincias y hasta los
municipios, a raíz de la crisis del 2001. En 2003, esta situación se fue
superando hasta el rescate total por parte del Estado. Sin embargo volvió a
aparecer en 2003 en San Luis, curiosamente una de las pocas provincias que en
2001 y 2002 no emitió cuasi monedas. Estamos haciendo referencia al
"cheque de inclusión social", por el cual la administración
provincial paga en la actualidad unos 32 mil planes sociales a desocupados, de
entre $ 550 y $ 640 cada uno. Se comenzó pagando por quincena hasta que se
restableciera la economía familiar e inmediatamente el cobro fue mensual. Con
una chequera que lleva en cada cheque el nombre y numero de documento del
trabajador. Los trabajadores comenzaron cobrando $300. Cada aumento otorgado a
los empleados públicos se trasladó a los trabajadores del Plan. El Plan de
Inclusión Social representa el 26% del presupuesto provincial.
Los beneficiarios pueden canjearlo en
los comercios adheridos al sistema en toda la provincia. Los principales
supermercados reciben esos papeles que tienen valores diferenciados de 5, 10,
20 y 50 pesos. Los cambian luego en el banco Supervielle, que es el agente
financiero del Estado Provincial, que a su vez hace una retención del impuesto
a los Ingresos Brutos. Luego el equivalente a ese dinero se deposita a favor
del comerciante o titular de la cuenta corriente. Es la única entidad que
opera, ya que los otros harían una retención mayor por el clearing bancario.
Se trata de una "cuasi
moneda", ya que tiene circulación sólo provincial sin reconocimiento del
Banco Central de la Argentina para negociaciones con otras jurisdicciones.
El cheque de Inclusión Social fue
aceptado en su origen por más de 400 comercios e instituciones del ramo, lo que
dio un movimiento de circulación masivo. Ahora, esos cheques se aceptan para el
pago de tasas e impuestos municipales y provinciales y también para el pago de
consumos como la energía eléctrica y el agua.
Componente de identidad
Los beneficiarios del plan, tienen
himno, banda musical y equipo de fútbol propio. Además existe una bandera que
consta de 28 cuadrículas azules y blancas con el escudo de la provincia, la
cual los representa, y las personas tienen vestimenta propia que los reconoce.
“En toda la provincia, ustedes van a ver en las rutas gente con chalecos que se
encuentran forestando; en las calles van a ver gente con chalecos que hacen
seguridad. Todos ellos son brigadas de los planes sociales de inclusión, y
prestan un enorme servicio a la población” (Rodríguez Saa, A, 2008:5).
Componente cultural
El Programa de Inclusión Social, además
alienta, fomenta y favorece el desarrollo cultural de los trabajadores con
vocaciones y aptitudes para la expresión artística que incluye a 900
trabajadores. En este momento funcionan: 2 orquestas de guitarras, 8 agrupaciones
corales, 2 bandas populares de música, 9 agrupaciones teatrales, 8 agrupaciones
de danza folklórica, tango y española, 6 grupos musicales de géneros variados,
1 comparsa, 1 equipo de digitalizadores del Proyecto Biblioteca Digital, 2
coros de capacidades diferente (“Manos que hablan” y “Coro Sentimientos”), 1
equipo de trabajadores del cine y audiovisuales, 1 grupo de vestuaristas,
maquilladores y otros oficios del teatro y cine.
Inclusión en el mundo de la producción
.
La inclusión efectiva en el mundo de la
producción ha venido adquiriendo en el tiempo distintas estrategias
relacionales, entre ellas se cuenta con:
a) Las mini empresas.
Las mini empresas del Estado son las
herramientas que generan por un lado la integración al sistema productivo de
los incluidos, y por otra parte son futuras usinas que generarán nuevos
recursos para que la provincia los vuelva a volcar en los sectores más
carenciados. Ejemplo de ello están funcionando la Fábrica de Dulces y Licores,
Fábrica de Papel Reciclado y un núcleo Productivo de Aloe Vera.
En tal sentido el actual Ministerio de
Inclusión y Desarrollo, y en su momento el Ministerio de la Cultura del Trabajo
a partir del Sub Programa de Estrategias de Inclusión ha tenido como principal
objetivo la formación y la preparación para que los integrantes del Plan se
puedan integrar a la vida laboral a través de la Cultura del Trabajo. Es por
ello que la alfabetización ha ejercido un rol fundamental y su objetivo es
lograr el cero en analfabetización.
Para la capacitación real y específica,
se dictan cursos por parte de profesionales que en la primera etapa informan de
una propuesta productiva en particular, estos cursos tienen la característica
que pueden participar todos los interesados. En una segunda etapa se logra la
definición del posible mini emprendedor o del futuro integrante de la mini
empresa del Estado y en una tercera etapa es un curso cerrado solo para
aquellos que hayan decidido participar definitivamente de esa producción donde
se les aporta toda la capacitación técnica necesaria para lograr con éxito el
fin del proyecto.
b) Los mini emprendimientos.
Los mini emprendimientos del Estado son
otra de las formas de incluir a la vida productiva a los miembros del Plan,
donde el Estado le facilita la posibilidad durante un periodo, de ser parte del
Plan y generar su emprendimiento. Concluido esto el emprendedor sale del
sistema convirtiéndose en un integrante activo de la actividad privada.
c) La Firma de Convenios con el sector
productivo privado.
Significa sin mas la firma de Convenios
con el sector productivo privado, donde a través de aportes que realiza el
estado y la patronal, garantiza que se cumpla la ley Nº 5244 del Salario Mínimo
Vital y Móvil de la provincia habiéndose firmado entre otras con las siguientes
Empresas:
Alfredo Pérez Construcciones,
Transportes Juana Koslay, Cooperativa Telefónica y de servicios de San
Francisco, La casa de la impresora, F.A.T.E.C. S A, La Casa del Tren Delantero,
Motores San Luis, Planta de Minerales de Tugsteno de La Toma
Pihue, Premoldeados San Luis, RGA
MOVISTAR San Luis, Todo San Luis S. H. Globoaves, Universal S. R. L., Alquimaq
SRL, Costa Hermanos “Din Don”
Aiello Supermercados, Mercovial S.A.,
Club Rancho Móvil, Valentíni Sanitarios, Drago SRL, Cooperativa “10 de
Noviembre”, Sal “Dos Anclas” y otros...
Transformaciones del Plan de Inclusión
Social
La demanda inicial superó todas las
expectativas y fueron 49.000 los primeros inscriptos. Hoy, dando cumplimiento
de las distintas etapas de Estrategias de Inclusión (como convenios con
empresas que toman trabajadores del plan, puesta en funcionamiento de proyectos
productivos, personas que consiguieron por sus propios medios un trabajo mejor,
y aquellos mayores de 70 años que en número de miles fueron incluidos y hoy
consiguieron su jubilación), el número de trabajadores del Plan ha disminuido
su número a 24.500 trabajadores, más 7.000 que se encuentran en Seguridad
Comunitaria, dependiendo sus actividades del Ministerio de Seguridad.
En el marco de las políticas de pleno
empleo y mejor calidad de vida de los trabajadores, a través del Sub-Programa
Obras y Construcción de Viviendas, los mismos construyen sus propias viviendas
para aquellos que más necesiten. A su vez, también son los encargados de la
construcción de los materiales: bloqueras, fábrica de aperturas, etc. Más de
600 son las viviendas que tienen en construcción en 93 localidades de la
Provincia. Un número muy importante ya ha sido finalizado y entregado a las
familias.
PROPUESTAS
Queremos presentar de manera
provisional aquellos ítems que como educadores, de acuerdo a nuestra condición
profesional, hacen a la contribución que la educación puede realizar para
lograr la inclusión social.
Desde nuestro posicionamiento podemos
decir que la diferencia no explica la exclusión por sí misma, pero constituye
la base sobre la cual se construye. La diferencia está dada en la infancia, en
el género, en la discapacidad, en los migrantes, en los desamparados, entre
otros.
Frente a ello creemos se plantean una
serie de desafíos, entre los cuales citamos:
• Asegurar la cohesión social en
sociedades crecientemente plurales, diversas y mixtas. Si la diferencia no
puede constituirse en fundamento de la exclusión, sino que, al contrario, debe
considerarse fuente de riqueza personal y colectiva, hay que concederle un
espacio propio y debe aceptarse sin reservas. Pero ello no debe hacer olvidar
las dificultades que esa situación plantea.
• Evitar el “gasto de talento” de una
parte importante de la sociedad.
Es así que consideramos pertinente
replantear el campo de las políticas orientadas a la Inclusión Social en lo que
respecta a:
• Políticas orientadas a la reducción
de la pobreza. Su objetivo central consiste en el fortalecimiento de la
capacidad de crecimiento, considerando que un mayor nivel de producción de
riqueza es indispensable para evitar la pobreza que sufre una parte de la
población. Los países más comprometidos en la reducción de la pobreza han
acompañado este tipo de políticas de crecimiento con otras orientadas a la
progresiva redistribución de los recursos y a la mejora de las condiciones de
vida de los sectores más desfavorecidos. “complementar el crecimiento económico
con políticas que apunten a corregir las disparidades distributivas”. Especial
importancia tienen en este contexto las políticas orientadas a la interrupción
de la transmisión intergeneracional de la pobreza.
• Las políticas sociales, tanto las de
protección como las de desarrollo. La inclusión se considera como un derecho
humano, vinculado a nociones de justicia social. En contrapartida, la exclusión
supone un acto de discriminación y, como tal, resulta inaceptable. Implica la
exigencia de una responsabilidad pública a favor de la inclusión y en contra de
la exclusión. Esa responsabilidad corresponde prioritariamente al Estado.
Aporte de los sistemas educativos y de
formación
Los sistemas de educación y de
formación desempeñan un papel relevante en los contextos de los cuales hemos
venido hablando, pero su actuación debe complementarse con la que se desarrolla
en otros ámbitos. La educación es un factor fundamental de desarrollo, igualdad
social y fortalecimiento de los lazos entre los actores en una sociedad
democrática.
La educación puede actuar de manera
decidida a favor de los sectores de población que corren el riesgo de la
exclusión o que han caído en ella. La atención a ambos grupos – los excluidos y
los que están en riesgo de serlo –.
a) Una función preventiva
La demanda de una educación de calidad
para todos, que incluye una exigencia paralela de equidad, se traduce en una
serie de directrices de actuación, que merece la pena ser detallada:
• En primer lugar, se debe promover el
acceso a la educación y una escolarización completa de todos los niños y
jóvenes, pero especialmente de aquellos que pertenecen a colectivos en
situación de riesgo.
• En segundo lugar, se deben ofrecer
unas condiciones comparables de calidad educativa para todos, de manera que la
diferencia cualitativa no contribuya a reproducir el círculo de la exclusión.
• En tercer lugar, hay que esforzarse
por lograr la adquisición de un conjunto de competencias básicas por parte de
todos los escolares, que contribuya a aumentar el capital social o cultural de
los individuos y del conjunto de la población. La escuela debe desempeñar un
papel importante por esta vía para el aumento del capital social.
• En cuarto lugar atender a la calidad
de las instalaciones, de los materiales y los recursos pedagógicos y, muy
especialmente, del profesorado que desempeña su tarea en esos medios resulta
especialmente crítica para el logro del objetivo de la inclusión. Así mismo,
hay que explorar nuevos modos de atender a la diversidad existente en las
aulas, para permitir a todas las personas desarrollar al máximo sus
posibilidades y disfrutar de las mayores oportunidades posibles.
b) Una función remedial
Su objetivo consiste en proporcionar un
refuerzo especial a las poblaciones o individuos en situación de exclusión, en
forma de recursos pedagógicos adicionales, de extensión del período de
formación o de recuperación de las oportunidades de educación perdidas. La
exigencia de equidad implica tratar de manera diferente a los que son
desiguales, proporcionando más y mejores medios a quienes están en condiciones
más desfavorables.
• Acciones de educación de adultos,
especialmente las que tienen por objetivo el desarrollo de las competencias
básicas para desenvolverse con soltura en sociedades progresivamente más
complejas y tecnificadas. Los programas de alfabetización tradicional continúan
teniendo una importancia fundamental para permitir la inserción social de
muchas personas, a pesar de los esfuerzos realizados en este sentido por muchos
países. Por otra parte, las nuevas experiencias, como las de “alfabetización
informática”, han demostrado también su interés y sus posibilidades con vistas
a la inclusión social.
• Formación de la población
desempleada, siempre en riesgo de caer en una exclusión irreversible, con el
fin de mejorar sus habilidades para insertarse de forma activa y estable en el
mundo laboral. Y no se deben olvidar las iniciativas orientadas a la recuperación
educativa de las poblaciones marginadas, desplazadas o minoritarias, que
presentan sus propios problemas de integración. La educación ha demostrado la
validez de su actuación para dar respuesta a los problemas que dichos grupos
sociales plantean.
• Compensar la ausencia de titulación
de los jóvenes que abandonan el sistema educativo sin la cualificación
necesaria. Bajo la forma de programas de garantía social, de iniciación
profesional o denominaciones similares, ese tipo de oferta resulta fundamental
para compensar las diferencias de situación de partida al final de la
escolarización.
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