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Libro N° 14624. Historia De La OTAN. De La Guerra Fría Al Intervencionismo Humanitario. Hernández Holgado, Fernando


© Libro N° 14624. Historia De La OTAN. De La Guerra Fría Al Intervencionismo Humanitario. Hernández Holgado, Fernando. Emancipación. Diciembre 20 de 2025

 

Título Original: © Fernando Hernández Holgado. Historia De La OTAN. De La Guerra Fría Al Intervencionismo Humanitario

 

Versión Original: © Historia De La Otan. De La Guerra Fría Al Intervencionismo Humanitario. Fernando Hernández Holgado

 

Circulación conocimiento libre, Diseño y edición digital de Versión original de textos:

https://ww3.lectulandia.co/book/historia-de-la-otan/


 

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© Edición, reedición y Colección Biblioteca Emancipación: 

Guillermo Molina Miranda




LEAMOS SIN RESERVAS, ANALICEMOS SIN PEREZA Y SOMETAMOS A CRÍTICA TODA LA CULTURA

HISTORIA DE LA OTAN

De La Guerra Fría Al Intervencionismo Humanitario

Fernando Hernández Holgado


 

 

 

HISTORIA DE LA OTAN

De La Guerra Fría Al Intervencionismo Humanitario

Fernando Hernández Holgado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos clases de inquietudes se plantean en este libro. La primera, dilucidar hasta qué punto la OTAN transformada a principios de los noventa se diferencia, en mayor o menor medida, de la antigua OTAN, fundada cincuenta años atrás. El estudio de las diversas fases de su desarrollo es el punto de partida de un análisis histórico de su carácter y objetivos. El Nuevo concepto estratégico, aprobado en la cumbre de Washington, y la intervención militar ejecutada en Kosovo son, en parte —a juicio del autor—, recursos destinados para atraer apoyos a una organización que, en el fondo, arrastra los mismos problemas que surgieron en su fundación. La segunda inquietud deriva de la primera y alude críticamente a la justificación de las misiones de imposición y mantenimiento de la paz durante los últimos años, examinándose el intervencionismo militar humanitario protagonizado por Occidente a través de cuatro casos concretos. Se enjuicia también el discurso en el que se fundamenta la Alianza y la presunta novedad de la posguerra fría como justificación a su supervivencia tras la disolución del antiguo bloque soviético y la desaparición de su tradicional enemigo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fernando Hernández Holgado

 

Historia De La OTAN

 

De La Guerra Fría Al Intervencionismo Humanitario

 

 

ePub r1.0

 

Titivillus 15.08.2025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título original: Historia de la OTAN. De la guerra fría al intervencionismo humanitario Fernando Hernández Holgado, 2000

 

Editor digital: Titivillus

 

ePub base r2.1

 

 

 

 

 

 

 

Índice

 

 

 

Presentación. Veinte años después

 

El mundo después del 11 de septiembre de 2001

 

La OTAN del nuevo siglo

 

Veinte años creciendo

 

Un nuevo (¿viejo?) enemigo

 

Prólogo

 

PRIMERA PARTE: LA OTAN DE LA GUERRA FRÍA (1949-1989)

 

I. En los orígenes de la guerra fría (1947-1950)

 

   Roma contra Cartago

 

   Una lógica excluyente para usos domésticos

 

   “El desorden europeo”

 

   Economía y política mezcladas en el Plan Marshall

 

   Unilateralismo estadounidense: tres pasos adelante

 

   Hacia la alianza occidental

 

   El Pacto de Bruselas (1948) como puente hacia el Atlántico

 

   Las conversaciones del Pentágono

 

   Las negociaciones oficiales del Tratado de Washington

 

   Interioridades del Tratado de Washington

 

   El mito sacrificial norteamericano

 

   En el corazón de la guerra fría

 

1. El NSC 68

 

   La sombra de Corea

 

   La estrategia hacia adelante y la división alemana

 

   La Alianza Atlántica: de Tratado a Organización

 

   El malogrado proyecto de la CED (Comunidad Europea de Defensa)

 

   Los Acuerdos de París de 1954. La RFA en la OTAN y el rearme europeo

 

 

 

Página 5

 

   La doctrina nuclear. Imagen de la lanza y el escudo

 

   El crecimiento escalonado del gasto militar estadounidense

 

   El complejo militar-industrial (CMI)

 

   La manipulación de la propia información: las brechas (gaps)

 

   La respuesta flexible y las guerras limitadas

 

   Un vistazo a la organización interna de la OTAN

 

   La OTAN y las políticas domésticas de sus miembros

 

   Una historia salpicada de crisis 1. Las diversas crisis de la Alianza

 

   La OTAN y la crisis de Suez (1956)

 

   El panorama después de Suez

 

   Las discrepancias del general

 

   Primera formulación de un pilar europeo de la OTAN

 

   Consecuencias para Europa de la «respuesta flexible»

 

   La OTAN ve cuestionada su existencia

 

   El litigio del “reparto de las cargas” («burden sharing»)

 

   Rearme europeo en la crisis de los setenta

 

   Beligerancia de la administración Carter

 

   Comienza la segunda guerra fría

 

   Relación sinérgica entre la OTAN y el Golfo Pérsico

 

   El unilateralismo global de Reagan

 

   Europa, rehén de los Euromisiles

 

   Desencuentros en las relaciones Europa-Estados Unidos

 

   De la crisis nuclear a las Tecnologías Emergentes (ET) en armamento convencional

 

   Reactivación de la Unión Europea Occidental (UEO)

 

   La UEO caminando detrás de la OTAN

 

   La última crisis

 

SEGUNDA PARTE: LA OTAN DE LA POSGUERRA FRÍA (1989-…)

 

IV. Una alianza militar a la busca de una misión (1989-1991)

 

   Cuestión de supervivencia

 

   El nuevo atlantismo de James Baker

 

 

 

 

Página 6

 

   La unificación-absorción alemana

 

   La función política de la nueva OTAN

 

   El peligro de una política exterior y de defensa genuinamente europea

 

   Un conflicto providencial: la Guerra del Golfo (1990-1991)

 

   El “Nuevo Orden Mundial”

 

   La OTAN y la Guerra del Golfo

 

   Atlantistas y europeístas frente a frente

 

   La Cumbre de Roma se adelanta a Maastricht

 

   El nuevo concepto estratégico

 

   El ambiguo texto de Maastricht

 

   El pilar europeo de la OTAN y la “división del trabajo”

 

V. Las nuevas amenazas

 

   Los enemigos necesarios

 

   Las “nuevas amenazas”

 

   La “amenaza nacionalista”. La antigua Yugoslavia

 

   La “amenaza nacionalista”. Los nacionalismos “ambiciosos”

 

   El enemigo “islámico”

 

   Las migraciones del sur como amenaza

 

   Terrorismo internacional y narcotráfico

 

   Huntington frente a Fukuyama

 

VI. Legitimación del intervencionismo militar

 

   Intervencionismo armado a la orden del día

 

   El debate sobre la “injerencia humanitaria”

 

   Operación “devolver la esperanza”: espectáculo mediático en año electoral

 

   El prestigio internacional de los aliados

 

   Somalia como primer “laboratorio” del intervencionismo humanitario

 

   Restore democracy (“restaurar la democracia”) en Haití

 

   Una relación privilegiada

 

   Operación “Turquesa”: Francia interviene una vez más en Ruanda

 

   Crónica de un genocidio anunciado

 

   El disfraz humanitario de la operación “Turquesa”

 

   Armas para los genocidas

 

   Operación “Alba” en Albania

 

 

Página 7

 

   Otra vez los refugiados

 

   Unas elecciones de urgencia

 

   La responsabilidad occidental en la crisis albanesa

 

   La imagen del Otro en las intervenciones militares humanitarias

 

   Extensión del intervencionismo militar. La UEO y los Euroejércitos

 

   Extensión del intervencionismo militar. Casos alemán, francés y español

 

   El intervencionismo ruso

 

VII. O fuera de zona, o fuera de juego

 

   Rumbo al Este: el Consejo de Cooperación del Atlántico Norte (CCAN)

 

   1992: tímidos intentos por salir “fuera de zona”

 

   Contradicciones internas de la nueva OTAN

 

   “O fuera de zona o cerramos”

 

   Descrédito de la ONU y de la OTAN en Bosnia-Herzegovina

 

   1994: la Cumbre de Bruselas y la Asociación para la Paz (APP)

 

   Las Fuerzas Operativas Combinadas Conjuntas (FOCC)

 

   1995: el peor año de la OTAN de la posguerra fría

 

   Realpolitik norteamericana en los Balcanes

 

   Interioridades de Dayton

 

   La OTAN traslada su teoría a los hechos: IFOR

 

   A cada uno su Papel

 

   La ampliación de la OTAN

 

   La OTAN y la ribera sur del Mediterráneo

 

   La Alianza y la defensa europea: una relación desequilibrada

 

   Kosovo en 1998. La credibilidad de la OTAN de nuevo en peligro

 

   Bombardeos aéreos: puenteando a la ONU

 

   La Cumbre de Washington. ¿Hacia una OTAN global?

 

   Lecciones de Kosovo

 

   Occidente se rearma

 

VIII. Algunas conclusiones

 

   ¿Nueva OTAN o más de lo mismo?

 

   Desequilibrado reparto de cargas

 

   La lógica del enfrentamiento

 

   Supervivencia de la OTAN e hiperdesarrollo de su función política

 

 

Página 8

 

   El concepto “fuera de zona”

 

   Una reflexión sobre el intervencionismo militar “humanitario”

 

   Etnocentrismo y militarismo: dos parientes cercanos

 

Abreviaturas

 

Bibliografía

 

Sobre el autor

 

Notas

 

 

 

 

 

 

 

 

Me preguntó cuáles eran las causas o motivos que generalmente conducían a un país a guerrear con otro. Le contesté que eran innumerables y que iba a mencionarle solamente algunas de las más importantes. Unas veces, la ambición de príncipes que nunca creen tener bastantes tierras y gentes sobre que mandar; otras, la corrupción de ministros que comprometen a su señor en una guerra para ahogar o desviar el clamor de sus súbditos contra su mala administración. La diferencia de opiniones ha costado muchos miles de vidas. Por ejemplo, si la carne era pan o el pan carne; si el jugo de cierto grano era sangre o vino; si silbar era un vicio o una virtud; si era mejor besar un poste o arrojarlo al fuego; qué color era mejor para una chaqueta, si negro, blanco, rojo o gris, y si debía ser larga o corta, ancha o estrecha, sucia o limpia, con otras muchas cosas más. Y no ha habido guerras tan sangrientas y furiosas, ni que se prolongasen tanto tiempo, como las ocasionadas por las diferencias de opinión, en particular si era sobre cosas indiferentes. A veces, la contienda entre dos príncipes es para decidir cuál de ellos despojará a un tercero de sus dominios, sobre los cuales ninguno de los dos exhibe derecho ninguno. A veces, un príncipe riñe con otro por miedo de que el otro riña con él. A veces se entra en una guerra porque el enemigo es demasiado fuerte, y a veces porque es demasiado débil (…). Si un príncipe envía fuerzas a una nación donde las gentes son pobres e ignorantes, puede legítimamente matar a la mitad de ellas y esclavizar a las restantes para civilizarlas y redimirlas de su bárbaro sistema de vida.

 

Jonathan Swift, Viajes de Gulliver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

José Manuel López Blanco, in memoriam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación. Veinte años después

 

 

EL MUNDO DESPUÉS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2001

 

Pocos títulos más apropiados que este de la novela de Dumas padre, secuela de Los tres mosqueteros, para el prefacio de un libro editado en el año 2000. En realidad, me quedo corto: han sido casi veintidós. La distancia que separaba la etapa primera de la guerra de los Treinta Años y su final, con el comienzo de la guerra de la Fronda, era ciertamente grande. Pero la que media entre el año 2000 y el momento en que redacto estas líneas —a escasos días de la segunda cumbre atlántica de Madrid— se convierte en abismal a la luz de los acontecimientos ocurridos entre tanto.

 

Creo que en este aspecto todo el mundo, tanto defensores como detractores de la OTAN, estarán seguramente de acuerdo. No por casualidad, asomados al mirador del tiempo transcurrido, nos topamos con un acontecimiento histórico esencial, casi un parteaguas secular: los atentados del 11-S de 2001 y la reacción armada de los Estados Unidos, apoyada en mayor o menor medida por sus aliados. Esta reacción fue la invasión y ocupación de Afganistán (2001-2021) y de Irak (2003-2011). En ambas campañas militares, Estados Unidos y sus aliados contaron con la colaboración de la OTAN a través de sendas misiones de apoyo, insólitas, por cierto, para una organización que había nacido en 1949 estrictamente ceñida al ámbito euroatlántico. Fue en 2001, además, cuando la OTAN activó por primera vez el artículo V del Tratado fundacional del Atlántico Norte, de asistencia mutua en el caso de ataque sufrido por uno de sus socios[1]: otro indicio de que se había entrado en una nueva era.

Organizaciones independientes como Cost of War Project han calculado el número de víctimas mortales de estas guerras en cerca de un millón[2]. Hablamos de guerras directamente provocadas por Occidente y sus aliados que, encabalgadas con otros conflictos tanto o más sangrientos de raíz fundamentalmente interna, pero no exentos de intervención extranjera —las guerras civiles de Siria y Yemen, por ejemplo— han desencadenado gigantescos movimientos de población del Sur al Norte, huyendo de las guerras, de las hambrunas, de la pobreza. Los tradicionales y más bien rígidos conceptos de “migrante” y “refugiado” se han confundido en las figuras de asiáticos y africanos que continúan arribando hoy día a las costas europeas — los que no mueren en el camino— en proporciones cada vez mayores. Según

 

 

Página 12

 

datos de ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, casi seis millones de personas, la mitad de ellos niños, se vieron obligadas a abandonar Siria a lo largo de la última década, refugiados en su mayor parte en otros países del “Sur”, como Turquía, Líbano, Jordania, Irak o Egipto[3].

 

Tras el breve y vacilante ínterin de la llamada “Posguerra Fría” (1991-2001), el parteaguas del 11-S inauguró, por tanto, una nueva era caracterizada por el repunte del gasto en armamento y un militarismo rampante. Un militarismo entendido en su sentido más amplio, y traducido en términos mentales o culturales, como marco fundamental de pensamiento o manera de mirar el mundo. Me refiero aquí a aquella lógica binaria del amigo/enemigo, del “nosotros” contra “ellos” o del “conmigo o contra mí” que proclamó George Bush Jr. en vísperas de la invasión de Irak de 2003 y que en su momento me ocupé de comentar en este libro y en algún otro[4]. Un nuevo término histórico —en realidad pura ideología— fue acuñado para balizar esta nueva etapa: War on Terror, “guerra contra el terror”, un relato o marco cultural de lo más apropiado para impulsar tanto el aumento de los presupuestos militares como el recorte generalizado de libertades cívicas, al amparo del manido debate entre “libertad” y “seguridad”. Para autores como Ramón Fernández Durán, en un sistema-mundo capitalista dominado cada vez más por el capitalismo financiero, el 11-S marcó el paso de una breve etapa de “globalización feliz” a otra de “guerra permanente”[5].

 

Pero bastante se ha escrito sobre todo esto recientemente, con ocasión del décimo aniversario de los famosos atentados de Nueva York y Washington. Solamente reseñaré aquí una cosa. Acontecimiento y estructura se relacionan íntimamente en este periodo “post-11 de septiembre de 2001” a la hora de singularizarlo como una era o fase histórica nueva respecto a la breve etapa anterior de la “Posguerra Fría”. Porque, al margen del acontecimiento puntual, de resonancia inmensa, son las tendencias de largo alcance las que individualizan dicho periodo todavía en curso. Lo vemos, por ejemplo, en las cifras de desplazados de guerra a nivel mundial: el año 2011, por ejemplo, inauguró una acusada tendencia alcista que rozó los 90 millones en 2021, más del doble de la cifra registrada en 1991, año señero del final de la Guerra Fría por la disolución del Pacto de Varsovia[6]. Otra tendencia de largo alcance es la representada por el gasto militar mundial que, en 2021, superó por primera vez los dos billones de dólares. El repunte, tras el “valle” de los años noventa, arrancó significativamente a partir de 2001 para alcanzar sendos picos en 2010 y 2020: lejos de menguar por las oleadas pandémicas, el actual conflicto ucraniano lo ha disparado y lo disparará aún más[7]. Conviene, por cierto,

 

 

Página 13

 

destacar que el lema de la “guerra contra el terror” no ha sido en absoluto exclusivo de Estados Unidos y sus aliados. Como bien han explicado autores como Carlos Taibo, el pujante discurso nacional-imperialista de Vladímir Putin, recién llegado al poder en 2000, se estrenó con la feroz represión del independentismo checheno bajo la bandera de la lucha contra el “terrorismo global” y la “amenaza islamista”[8].

 

 

LA OTAN DEL NUEVO SIGLO

 

Pero vayamos a la OTAN. Este libro dejó, allá por el 2000, a la Organización del Tratado del Atlántico Norte recién acabada de salir de una difícil tesitura: la de mantenerse en un mundo que, en la última década del siglo, había dejado —con bastante brusquedad, sorprendiendo a tirios y troyanos— de ser bipolar, dicotómico. Por utilizar una imagen profusamente utilizada por sus responsables, Roma se había quedado sin su Cartago.

 

En este texto tuve ocasión de rastrear los a menudo desesperados intentos de los defensores de la Alianza por “encontrar” —con mayores o menores dosis de mixtificación— un nuevo enemigo en cuyo espejo pudiera mirarse como personaje necesario a finales del pasado siglo. Las “nuevas amenazas” que surgieron en cumbres, proclamas y conceptos estratégicos fueron múltiples, al calor de la popular tesis de Huntington sobre el “choque de civilizaciones”[9]. Abundaron, en esta galería de “enemigos”, desde los “nacionalismos exacerbados” —un clásico— hasta el islam más estereotipado y agresivo, este último en una suerte de profecía que se autocumpliría precisamente con los atentados del 11-S. Pero a lo largo de los noventa fue, sin embargo, el discurso del “intervencionismo militar humanitario” exhibido por distintas instancias y en diferentes conflictos —Somalia, Kosovo, Albania, Ruanda, los Balcanes— el más recurrido a la hora de justificar las operaciones armadas de Occidente durante aquellos años de Posguerra Fría. El “intervencionismo humanitario” se convirtió por entonces en la nueva “causa justa” que legitimó moralmente toda clase de intervenciones armadas, emboscando de paso intereses diversos.

 

Por lo que se refiere a la OTAN, a lo largo de los noventa la organización atlántica se mostró particularmente empeñada en seguir justificando su existencia, tras la repentina desaparición del secular enemigo contra el que oficialmente se había creado. Ese objetivo vino a realizarlo de dos maneras: apostando por su ampliación hacia el Este en el marco de un discurso colaborador y defendiendo al mismo tiempo su “derecho” a intervenir

 

 

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militarmente “fuera de zona” —esto es, fuera del territorio de los países socios—, amparada precisamente en la coartada del intervencionismo humanitario. En este libro tuve ocasión de glosar su “pacifista” retórica explicitada en iniciativas de colaboración con los países del antiguo bloque del Este a través de una sucesión de organismos —Consejo de Cooperación del Atlántico Norte en 1991, Asociación para la Paz en 1993 y Consejo de Asociación Euroatlántico en 1997—, que en realidad escondían intereses bastante más pragmáticos. Uno de estos intereses no era otro que el desmantelamiento de la industria militar de los territorios del antiguo bloque soviético —bajo el loable lema de la “reconversión” de la industria militar en civil—, paso previo para su rearme con material occidental.

 

Los organismos de colaboración euroatlántica citados fueron el vestíbulo de entrada de los países del llamado grupo de Visegrado —Polonia, República Checa y Hungría—, los tres por entonces decididamente pro-estadounidenses y atlantistas. En 1997, durante la primera cumbre de Madrid, la OTAN ya aprobó la solicitud de ingreso de estos tres países, los “primeros de la clase” de la Asociación para la Paz. Un par de años antes, la OTAN había dado un fundamental paso adelante al intervenir militarmente por primera vez en su historia —escudada en el discurso humanitario y con la aquiescencia de la ONU— con el bombardeo de posiciones serbobosnias durante la última guerra balcánica, acción que precipitaría a la postre la paz de Dayton de 1995.

 

Esta nueva actitud intervencionista experimentó una nueva vuelta de tuerca con el bombardeo aéreo de la OTAN en la primavera de 1999 contra la entonces menguada República Federal de Yugoslavia, esta vez sin autorización expresa del Consejo de Naciones Unidas, bombardeo que puso fin al conflicto de Kosovo y detuvo, ciertamente, el proceso de limpieza étnica de la población albanokosovar impulsado por Slobodan Milosevic. Pocas semanas después, el nuevo “concepto estratégico” aprobado en la cumbre atlántica de Bruselas de abril de 1999, la del cincuenta aniversario de la firma del tratado, supuso la entronización del principio intervencionista por razones “humanitarias” en el marco del abordaje de problemas de seguridad de lo más amplios, en una interpretación absolutamente laxa del artículo V. No está de más recordar el malestar que por entonces dicho discurso y práctica intervencionistas provocaron en la Federación Rusa, malestar que se vería ampliado con la profundización del proceso de ampliación atlántica al Este durante los años siguientes.

 

Y es que la ampliación no se detuvo con Polonia, República Checa y Hungría[10], sino que prosiguió en el siglo siguiente, marcado ya por los

 

 

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atentados del 11-S y sus consecuencias: la OTAN activó de manera efectiva su artículo V para colaborar en la invasión y ocupación estadounidense de Afganistán, comienzo de lo que sería la campaña militar más larga y cara de su historia. La más o menos difusa amenaza de los riesgos de los “actos de terrorismo”, recogida en el Concepto Estratégico de la cumbre de Bruselas de 1999, se había transformado tres años después en el enemigo por antonomasia de Occidente: el “terrorismo global”.

 

La ampliación atlántica, decíamos, continuó con los nuevos ingresos de 2004: los países bálticos, Bulgaria, Eslovenia, Eslovaquia y Rumanía, con lo que las fuerzas de la OTAN se asomaron por primera vez al mar Negro y se plantaron en la frontera septentrional rusa. Nuevos ingresos, aunque de menor enjundia, fueron los de Albania y Croacia (2009) y, por último, el de Macedonia del Norte (2020). Sería necesario un nuevo libro que explicase los efectos de esta continua dinámica de sucesivas ampliaciones sobre el rearme de los nuevos miembros y el consiguiente estímulo del gasto militar europeo y mundial, con las empresas estadounidenses y europeas a la cabeza, bajo el doble principio de evitar duplicaciones de recursos y asegurar la “estandarización del armamento OTAN”. Era esta última una cuestión muy antigua, la del armamento convencional homologado, que ya empezó a cobrar nuevo vigor en los años setenta del siglo pasado, cuando los altos responsables atlánticos comenzaron a prestarle una mayor atención.

 

Las nuevas incorporaciones, al margen de su evidente valor político y estratégico, debían rentabilizarse en el aspecto económico: de ahí la crónica reclamación de los voceros de la OTAN de que cada país socio gastase como mínimo el 3 % de su PIB en armamento. Justificar esta exigencia, sin embargo, podía resultar bastante difícil, sobre todo en medio de coyunturas económicas tan poco favorables, como la crisis del 2008 o del 2014. De lo desesperada que ha sido siempre para la OTAN la búsqueda de “amenazas globales” que justificaran este gasto dan idea ocurrencias tan peregrinas como la de incluir entre ellas la “contaminación del aire”, cosa que ya se había hecho en 1976[11] y que el secretario Stoltenberg repitió en 2021[12]. A este autor, sin embargo, le cuesta creer cómo se puede combatir el cambio climático gastando más en armamento: paradojas del “pensamiento militar”. Todo argumento vale con tal de empujar el negocio de las armas.

 

 

VEINTE AÑOS CRECIENDO

 

 

 

 

 

Página 16

 

En cualquier caso, el resultado de esta dinámica de crecimiento desplegada durante cerca de dos décadas fue doble: nuevas bases atlánticas situadas cada vez más cerca del territorio ruso y procesos de rearme de las nuevas incorporaciones, en beneficio de las industrias occidentales implicadas. Una dinámica típicamente capitalista de esta clase, alimentada únicamente por la búsqueda de beneficio de unas cuantas empresas y países, por fuerza tenía que generar consecuencias complejas entre los vecinos del “otro lado”, y una de ellas fue la creciente y continua sensación de amenaza percibida por la Federación Rusa. No olvidemos, además, que los territorios de los nuevos socios empezaron a llenarse de bases OTAN —Polonia, Lituania, Rumanía, República Checa—, algunas con funciones logísticas para las operaciones en curso en Asia —Afganistán, Irak— en las que colaboraba asimismo la Alianza, mientras que otras pasaron a albergar las nuevas instalaciones del Escudo Antimisiles (ABM) desarrollado por el Gobierno de Bush Jr. a partir del año 2000 y adoptado por la OTAN en 2010.

 

Una sensación de amenaza de esta clase, al margen de su “justificación” o no, esto es, de su carácter más o menos real o inventado, siempre resulta susceptible de ser utilizada en su provecho por el gobernante de turno. Eso es lo que parece haber hecho Vladímir Putin en el actual conflicto con Ucrania, sobre todo desde que el Gobierno de este país se planteó el ingreso en la OTAN en 2010, en claro incumplimiento del original compromiso de la Administración Bush padre con Gorbachov —ahora fariseicamente negado como fake new— de respetar el estatus de Ucrania como país neutral tras el final de la Guerra Fría. Evidentemente, lo sucedido con la revuelta del Maidán de 2013 y el conflicto político-militar con la región oriental de Donbás a partir de 2014 no hizo sino complicar las cosas, pero ese es tema para un analista más sesudo que el que firma estas líneas. Lo que sí me gustaría resaltar aquí es una verdad de perogrullo, demostrada una vez más a la luz del aumento del gasto militar y del rearme de las dos últimas décadas: a más armas, más posibilidad de conflictos violentos. Si vis pacem, para pacem, non bellum. El actual conflicto ucraniano constituye, en buena parte, la cosecha de lo sembrado. En este sentido, se encarama —y se explica en último término— sobre una espiral de expansionismo político-militar y de rearme absolutamente irresponsable en la no previsión de sus consecuencias, prolongada cerca de dos décadas, al menos por el lado occidental.

 

Por lo demás, no es posible dejar de ver en esta actitud tan ciega de los responsables de la OTAN hacia las consecuencias de su propia escalada expansivo-militar una clara semejanza con la irresponsabilidad que ha

 

 

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desplegado históricamente y sigue desplegando el actual sistema-mundo capitalista en su vertiente más neoliberal, en tanto que depredador de los recursos del planeta según un modelo de crecimiento continuo hiperconsumista. Sin profundizar en esta tesis, sí me gustaría apuntar la similitud de sus respectivas lógicas basadas en un desarrollo y crecimiento continuo de miras cortas —el beneficio económico o el negocio inmediato— que se traduce, a efectos reales, en destrucción: de personas en tanto víctimas de los conflictos militares y del medio ambiente o de nuestro ecosistema en su conjunto.

Los países de la OTAN encabezados por Estados Unidos seguirán impulsando la fabricación y el comercio de armamento movidos únicamente por el beneficio de sus empresas proveedoras, mientras que los conflictos producidos y la destrucción ocasionada generarán aún más demanda. Es lo que estamos viendo con la guerra de Ucrania y la afluencia de armamento a la zona: las armas y las guerras se retroalimentan, con el resultado de un nivel de destrucción —humana y medioambiental— cada vez mayor. En cuanto al sistema-mundo capitalista en sí, avanza hacia el colapso engañado por el falso mantra que desde hace años se viene cantando a sí mismo sobre la “sostenibilidad” medioambiental y la “lucha contra el cambio climático” y, por lo que se refiere a Europa, la guerra en Ucrania lo está poniendo en evidencia.

 

Sirva un ejemplo al respecto: ¿no es una ironía que, movidos por su toma de posición en la guerra de Ucrania, dos de los países teóricamente más sensibilizados con la defensa del medio ambiente hayan empezado a dar pasos agigantados hacia atrás, perdiendo de esta manera todo el terreno ganado hace años? La reciente decisión del Gobierno noruego de aumentar sus exportaciones de gas-petróleo a Europa, para compensar el progresivo cierre de los gaseoductos rusos al continente, le ha obligado a acelerar de manera importante el ritmo de extracciones y prospecciones de sus yacimientos. La perspectiva es un aumento enorme de los ingresos, dada la tendencia alcista del precio, pero que paraliza y amenaza al mismo tiempo su proyecto de “transición energética” en forma de sobreexplotación de yacimientos existentes y deterioro de nuevos fondos marinos. Riqueza a cambio de suicidio medioambiental. Un “sapo” parecido se ha tenido que tragar la coalición gobernante alemana, particularmente el Partido de los Verdes, con la “vuelta al carbón”, el combustible más contaminante, en respuesta a los cortes del suministro de gas ruso. En esta fase de “guerra permanente” del

 

 

 

 

 

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capitalismo financiero global que decía Fernández Durán, la carrera hacia el colapso se acelera.

 

 

UN NUEVO (¿VIEJO?) ENEMIGO

 

Si durante años la OTAN tuvo problemas para inventarse enemigos y “causas justas” que justificaran su intervención y, por tanto, su existencia, lo sucedido en Ucrania la está resarciendo de sus antiguos esfuerzos al facilitarle un villano de libro. Después de haber sido sostenido durante años en buena medida por Occidente, Putin ha pasado a encarnar el perfil mezclado de un nuevo Hitler —con las forzadas comparaciones con la fallida política de apaciguamiento europea en 1938 frente al régimen nazi—, heredero a la vez del antiguo enemigo comunista estaliniano. Como resultado, y de manera paradójica, la OTAN está ahora mismo de enhorabuena: al tiempo que esconde el bulto al negarse a imponer una zona de exclusión aérea en Ucrania, por el fundamentado temor de provocar una escalada militar y quizá nuclear sin precedentes, está consiguiendo la unanimidad de sus socios a la hora de aumentar el gasto militar de cada uno de ellos, empezando por la poderosa Alemania. A eso se le llama nadar y guardar la ropa. Las hiperbólicas razones morales en favor del rearme de Ucrania que entonan los valedores de la guerra tienen un límite: el que pone en riesgo a sus propios países, a su propia gente, a sus propios negocios. Llaman a la pelea al pueblo ucraniano, jalean su resistencia desesperada y lo arman —¿a cambio de qué?, ¿cuándo y cómo se cobrarán la factura?—, lo que equivale a pelear por cuerpo interpuesto.

 

Más allá de argumentos presuntamente morales que pretenden llamar a una acción inmediata, a saber, el envío acelerado de armas al Estado ucraniano por parte de los países de la OTAN, ¿no deberíamos detenernos un momento y preguntarnos por los intereses puestos en juego? Miremos en todo caso la historia de la Alianza desde 1949 en busca de alguna actuación concreta movida por algún principio de moralidad. No creo que encontremos ninguna, al menos en este libro. Los argumentos morales de esta clase cumplen su función en el terreno de la propaganda, cuando se trata de movilizar oportunamente voluntades u opiniones públicas en favor de decisiones como la de enviar armas a un país en conflicto o convencer a la ciudadanía propia de la necesidad de aumentar el gasto militar. Ese es el momento de las presuntas “causas justas” como la que nos llueve ahora con ocasión del conflicto ucraniano.

 

 

 

 

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Nada más simplón que una “causa justa”, como un cromo de Historia arrancado de su álbum, es decir, de la compleja cadena de acontecimientos que lo explica. Como una palabra mágica que, una vez pronunciada, da carta blanca a la violencia y al terror y se desentiende de toda consecuencia que no sea la destrucción del otro. ¿Acaso cada episodio de guerra y de violencia masiva no ha buscado y conseguido su “causa justa”? El bombardeo aliado de la ciudad alemana de Dresde de febrero de 1945, una ciudad carente de infraestructura industrial de guerra, con cerca de 40.000 muertos, civiles en su inmensa mayoría, fue posible gracias a una “causa justa”, a saber, la guerra contra el régimen nazi. El principal responsable de las 600.000 víctimas civiles de los bombardeos aéreos sobre Alemania, el mariscal Bomber Harris, héroe condecorado —en 1953— de la Royal Air Force británica, representó, en palabras de W. G. Sebald, “el principio más íntimo de toda guerra, es decir, la aniquilación más completa posible del enemigo, con todas sus propiedades, su historia y su entorno natural”[13]. El principio de la guerra —el mal— al servicio de un bien.

 

Más allá de la esfera de la propaganda, el terreno preferido de toda “causa justa”, hay que preguntarse por el porqué. Un ejemplo más. Las bombas atómicas lanzadas en agosto de 1945 sobre la población civil de Hiroshima y Nagasaki, acción defendida en su momento por aquellos que se habían colocado en el lado “correcto” de la Historia, una expresión que ha vuelto a escucharse mucho en estos días[14], ¿acaso no se explican mejor por el mensaje que pretendió lanzar Estados Unidos al mundo, y muy especialmente a la URSS, en un momento en que la guerra ya estaba ganada? ¿Es acaso posible hablar de “causas justas” en una guerra, una vez iniciada la espiral de la destrucción? En mi opinión, la única calificación moral que merece la guerra es la de “injusta”, en sí y por sí. La justicia no tiene nada que hacer en ello, como tampoco tiene que ver nada con la producción de armas que la hacen posible.

 

Pero este prefacio corre el riesgo de convertirse en otro libro. Me gustan los vestigios. En el vestigio uno o una puede deducir lo que fue, pero también lo que pudo ser a la luz de lo que al final llegó a ser. Tres planos temporales en uno: un pasado, un futuro hipotético que no llegó a ser y un presente existente. Este libro, contemplado veinte años después, es un vestigio que nos habla de un mundo pasado, el de la Guerra Fría y el del periodo siguiente, una Posguerra Fría que nació a un horizonte de posibilidades que terminaron malográndose. Limitado fundamentalmente a la OTAN, explica los denodados esfuerzos de una organización militar ahormada según los parámetros de la

 

 

 

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Guerra Fría por seguir existiendo y empujando al alza el gasto militar, una vez desaparecido su tradicional enemigo, aferrada a una lógica binaria, de buenos y malos, de lados correctos e incorrectos de la Historia. Explica también, de alguna manera, la importancia de los discursos propagandísticos, de las “causas justas” como el “intervencionismo militar humanitario”, cuando no hay nada de “humanitario” en lo militar.

 

El mundo del siglo XXI empezó como un lugar bastante más inhóspito que el que asistió al final de la Guerra Fría. Que se lo pregunten a la población civil afgana, iraquí, siria o del África subsahariana que busca refugio —si no perece antes— en las costas y fronteras europeas. Ahí están los datos resumidos sintéticamente en este texto sobre las dos últimas décadas: más guerras, más víctimas civiles, más desplazados de guerra, más migrantes-refugiados. Y más gasto militar, con una OTAN mayor y más fuerte, tanto uno como otra reforzados en este mismo momento por la actual guerra de Ucrania. A la luz del panorama actual, veinte años después de la publicación de este libro que ahora es vestigio, uno no puede evitar preguntarse si en el futuro nos quedará algún vestigio que analizar. Pero no nos pongamos distópicos. La palabra latina “vestigio”, vestigium, con la que originalmente se designaba la huella dejada por la planta de un pie, procede de vestigare —seguir una pista, rastrear— origen de nuestro verbo “investigar”. Ya el término nos da la pista a seguir: ante la avasalladora propaganda de todo tiempo de guerra, con sus discursos cerrados de causas justas y lados correctos de la Historia, detengámonos por un momento a rastrear los vestigios, a ver qué encontramos al final.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Prólogo

 

 

 

 

 

No deja de ser sorprendente que el objeto principal del texto que el lector tiene en sus manos —la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)

 

— apenas haya suscitado entre nosotros, en los últimos quince años, sino un puñado de trabajos breves, de tal suerte que pocas obras de enjundia hayan llegado a nuestras librerías. Y hablo de sorpresa porque a duras penas puede ponerse en cuestión que la OTAN ha ocupado un papel central en un buen número de debates que han suscitado inequívoca atención en nuestra maltrecha opinión pública. Ahí están, para testimoniarlo, lo que entiendo son agresiones al espíritu y a la letra de la democracia —un manipulado referéndum en 1986 y un impresentable designio de arrinconar, diez años después, los compromisos contraídos al calor de aquél— que por desgracia han quedado impunes, activas e ilegales presencias del ejército español en conflictos bélicos —Serbia y Montenegro—, alicaídos debates sobre intervenciones presuntamente guiadas por motivos humanitarios y formidables imposiciones de las reglas del juego de un nuevo desorden internacional que en muchos de sus trechos recuerda poderosamente al viejo.

 

Ante tantas materias que, por lógica, estaban llamadas a suscitar discusiones y estudios, lo que puede uno encontrar en los anaqueles de nuestras librerías es poca cosa. Quien decida llevar adelante la tarea de la pesquisa hallará, eso sí, alguna publicación oficial, u oficiosa, de la OTAN que, con inequívoco carácter hagiográfico, elude discutir lo principal. De manera significativa descubrirá, con una mezcla de estupor y de lamento, que tampoco en nuestra izquierda han visto la luz reflexiones que, más allá de lo coyuntural o de lo muy general, permitan profundizar en el conocimiento de lo que la OTAN ha sido en el pasado y de lo que presumiblemente es hoy. Semejante carencia debe atribuirse por igual —parece— a las inercias de una buena parte de nuestra izquierda, poco preocupada por actualizar conocimientos y reflexiones, y a la crisis innegable que el movimiento social directamente vinculado con estos menesteres —el pacifismo— arrastra desde lustros atrás.

 

La aparición de este libro de Fernando Hernández parece llamada a cancelar el vigor de las afirmaciones que acabo de realizar, o a hacerlo al menos en lo que se refiere a las que identifican carencias fundamentales en la

 

 

 

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consideración de la OTAN realizada desde la izquierda resistente (y ojo que esta afirmación tiene una dimensión que trasciende lo que ocurre entre nosotros, no en vano este libro carece de parangón en la literatura que sobre estas cuestiones ha visto la luz en el occidente europeo en los diez últimos años). Por cierto que el calificativo “resistente” que acabo de esgrimir, aunque atinado, no se antoja suficiente para dar cuenta del lugar, especial y afortunado, desde el que se produce la reflexión de Fernando, integrante — como él gusta de recordarlo, haciendo suya una formulación de Xabier Agirre

 

— de esa comunidad antimilitarista que está al borde del exterminio por los ejércitos humanitarios y las ONG militarizadas.

 

Al lector le bastará con echar una ojeada al índice de La OTAN y el intervencionismo humanitario para tomar conocimiento de las aspiraciones y querencias del libro. En su primera parte, y por lo pronto, se examinan con detalle los perfiles presentados por la Alianza Atlántica durante los cuatro decenios que convencionalmente vinculamos con la “guerra fría”. En las páginas correspondientes se incluye una crítica y preciosa información sobre el nacimiento de la OTAN, los debates mantenidos entre algunas potencias europeas y los Estados Unidos, las doctrinas nucleares al uso o las dimensiones alcanzadas por el complejo militar-industrial.

 

Como es lo suyo, la segunda parte de la obra se ocupa en diseccionar lo que la OTAN ha sido desde el momento —situémoslo en el año 1989— en que muchos de los rasgos de la “guerra fría” empezaron a desvanecerse, dejando expedito el camino a mutaciones significativas en el escenario europeo — entre ellas la unificación alemana y el progreso hacia la moneda única en la UE— a una guerra singularísima como la protagonizada por los EEUU en el golfo Pérsico y a la gestación de un presunto “nuevo orden internacional”. Al calor del análisis de transformaciones como las invocadas, el libro de Fernando Hernández se ocupa en perfilar los rasgos decisivos de lo que es hoy la OTAN. Subraya al respecto, en primer lugar, su desesperada búsqueda de nuevas misiones y amenazas —nacionalismo, fundamentalismo, migraciones, terrorismo— que den sentido a su existencia una vez la organización militar rival, el Pacto de Varsovia, se autodisolvió en 1990. Desmenuza con finura y detalle, en segundo término, una tramada operación encaminada a procurar una nueva legitimación para la Alianza y asentada en la fraudulenta conversión de ésta en una instancia filantrópica entregada al servicio del intervencionismo humanitario; al respecto sopesa lo ocurrido al amparo de conflictos como los de Somalia, los Grandes Lagos, Haití, Albania, Bosnia-Hercegovina o Kosovo. Identifica, en tercer lugar, el designio

 

 

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otaniano de acometer acciones fuera del área que originariamente era la propia de la Alianza, en un escenario marcado tanto por la ampliación de la OTAN en Europa central como por las intervenciones en Bosnia-Hercegovina —de tono menor— y en Kosovo —de visible enjundia—, aireadas por unos medios de comunicación decididos a ocultar sus ingentes dobleces. En las páginas del libro se da cuenta, en suma, del dramático reflejo de todo lo anterior en las resoluciones —dieron en postular lo que en realidad es un derecho de intervención no sometido a cortapisa alguna— aprobadas por la OTAN con ocasión de la impresentable cumbre celebrada en Washington en abril de 1999.

 

De resultas de todo lo anterior, no es difícil extraer unas cuantas conclusiones sobre la OTAN de nuestros días, una organización que, se diga lo que se diga, apenas ha cambiado: lo que ha experimentado, antes bien, ha sido una gigantesca operación de lavado de imagen. Tal operación, inteligentemente desplegada en torno al mito del intervencionismo humanitario, ha dado pronto sus frutos, como lo demuestra la situación que ahora padecemos entre nosotros: resulta palpable que la mejora operada en la imagen de las fuerzas armadas españolas se debe, en exclusiva, a la fraudulenta identificación de aquéllas con las tareas desempeñadas por los cascos azules. De por medio, claro, se ha hecho valer en nuestra opinión pública una sorprendente aceptación de las presuntas bondades del intervencionismo humanitario y se ha optado por olvidar que comúnmente éste no es otra cosa que un instrumento más al servicio de intereses espurios: quienes han corrido a cargo de las operaciones correspondientes —y singularmente la OTAN— exhiben antecedentes penales que, por sí solos, invitan a recelar de sus nuevas querencias, primero, y a rechazarlas, después. Y es que la Alianza Atlántica, aunque a menudo se olvide, es la principal organización de seguridad de algunos de los países más ricos del planeta, circunstancia que por sí sola invita a recordar que sus intereses en modo alguno pueden considerarse universalmente compartibles. En un escenario en el que el doble rasero impera por doquier, sobran los datos para concluir que la condición aparentemente democrática de nuestros Estados en modo alguno es una garantía de que sus movimientos en la arena internacional se ajustan al respeto de la justicia y de los derechos humanos, y ello por mucho que uno esté en la obligación de recordar que los Saddam Hussein y los Slobodan Milosevic de turno son responsables de un sinfín de conflictos y miserias.

 

Volviendo a algo que antes mencioné de pasada, agregaré, en fin, que en las páginas de este libro se hallan omnipresentes las inquietudes que en su

 

 

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momento dieron alas a lo mejor de los movimientos pacifistas. Los análisis de Fernando Hernández en modo alguno esquivan la certificación de hasta qué punto el pensamiento único al uso ha ensalzado sin rebozo las presuntas virtudes asociadas con las intervenciones militares, en franco olvido de otras fórmulas, contrastadas, de resolución de los conflictos. Con irrefutable lucidez, esos mismos análisis recuerdan que nuestros gobernantes se autoatribuyen una inequívoca, etnocéntrica y patriarcal superioridad moral, que no sólo los convierte en sorprendentes garantes de los derechos humanos, sino que rebaja sensiblemente la condición de los supuestamente socorridos, siempre percibidos como infraseres, al tiempo que oculta las muchas responsabilidades que nuestros países tienen en la gestación de los conflictos. El libro de Fernando Hernández demuestra de manera fehaciente, en suma, que es tan posible como necesario reconstruir un movimiento social, el trenzado en torno a un pacifismo radicalmente antimilitarista, que algunos han enterrado prematuramente.

 

Carlos Taibo, abril de 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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PRIMERA PARTE: LA OTAN DE LA GUERRA FRÍA (1949-1989)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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El sistema fundado sobre la guerra, a pesar de toda la repugnancia subjetiva que inspira a una parte importante de la “opinión pública”, ha demostrado su eficacia desde los comienzos de la historia conocida; ha proporcionado las bases necesarias para el desarrollo de numerosas y excelentes civilizaciones, incluyendo aquella que hoy día es la civilización dominante. Ha establecido, de modo lógico y sin ambigüedades, las bases sociales fundamentales. Se trata, por lo demás, de un fenómeno ya conocido. Mientras que el establecimiento de un sistema durable fundado sobre la paz (…) significaría una aventura hacia lo desconocido que comportaría los inevitables riesgos de lo imprevisto, por muy pequeños que fueran éstos y por muchas que fueran las precauciones que se tomasen.

 

¿La paz indeseable? Informe sobre la utilidad de las guerras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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I. EN LOS ORÍGENES DE LA GUERRA FRÍA (1947-1950)

 

 

   ROMA CONTRA CARTAGO

 

Sólo dos potencias quedaban en el mundo (…) los Estados Unidos y la Unión Soviética. Habíamos llegado a una situación sin parangón desde la Antigüedad. Desde Roma y Cartago no había vuelto a haber semejante polarización de poder en esta tierra (…). Que los Estados Unidos dieran pasos para fortalecer a los países amenazados de agresión soviética o de subversión comunista (…) era proteger la seguridad de los Estados Unidos, era proteger la libertad misma[1].

 

 

Cuando aún era subsecretario de Estado con la administración Truman, Dean Acheson pronunció estas palabras el 27 de febrero de 1947 en un intento por convencer a una delegación del Congreso de los Estados Unidos de la conveniencia de ayudar militarmente a Grecia y Turquía. Empezaban a soplar los primeros vientos de la guerra fría, que daría formalmente comienzo con la famosa declaración del presidente Truman al Congreso pocos días después[2]. Dejando a un lado el sesgo etnocéntrico del discurso, Acheson rescataba del baúl de la historia las evocadoras imágenes de Roma y Cartago para ilustrar su interpretación de la situación mundial en aquellos momentos: la existencia de una polarización máxima a nivel internacional y la total e irrevocable incompatibilidad entre las dos superpotencias, los Estados Unidos y la Unión Soviética. Trascendiendo la evocadora imagen histórica, relumbraba además un principio de índole moral, la bandera que todavía hoy sigue enarbolando la OTAN para fundamentar su nacimiento en 1949 y su permanencia más de medio siglo después en el mundo de la posguerra fría: la defensa de una libertad quintaesenciada y abstracta, tanto más pura cuanto más grosera era la caracterización del enemigo soviético como encarnación de la idea contraria de esclavitud.

 

Algunos años más tarde, y haciendo nuevo énfasis en el carácter moral del enfrentamiento, el general D. Eisenhower llevaba aun más lejos el maniqueísmo de esta visión del mundo:

 

 

   las fuerzas del bien y del mal están agrupadas y armadas y opuestas como lo han estado raras veces en la historia. La libertad se mide contra la esclavitud, la luz contra las tinieblas.[3]

 

Roma contra Cartago; la libertad frente a la esclavitud; Occidente contra Oriente; la luz contra las tinieblas. Este es el lenguaje codificado del enfrentamiento que presidió, con altibajos, tensiones y distensiones, los

 

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cuarenta años transcurridos de guerra fría. La lógica excluyente y militarista que sancionó el nacimiento de la mayor organización armada del planeta. La OTAN, según sus impulsores y según reza todavía hoy el articulado del Tratado de Washington, nació para defender el bloque occidental de los países democráticos de cualquier amenaza exterior. En apariencia, la lógica explicativa se afirmaba en lo externo, residía en el contexto internacional. De continuo se invocaba el peligro del totalitarismo soviético, la amenaza que suponían para Europa las tropas del frente oriental que habían conquistado Berlín: al respecto era recurrente la imagen de la llanura de Europa Central inerme ante aquellas hordas mogolas de última hora. En la retórica atlantista, Estados Unidos, como principal potencia emergente de la II Guerra Mundial y valedora de la libertad y la democracia, se enfrentaba a la responsabilidad de sacrificar el cómodo y espléndido aislamiento al que tendía por naturaleza y acudir en auxilio de sus aliados.

 

 

   UNA LÓGICA EXCLUYENTE PARA USOS DOMÉSTICOS

 

A la luz del tiempo transcurrido, se sabe ya que no era tal la amenaza que en su momento fue utilizada para justificar la cristalización de un bloque militar en Occidente. Todos los historiadores de la guerra fría, revisionistas y no revisionistas[4], han coincidido finalmente en la “naturaleza limitada de los objetivos de Stalin” (Gaddis, 405). El estado soviético no pretendía expandirse fuera de las fronteras que había alcanzado al final del gran conflicto mundial, tal y como defendieron los inspiradores de la OTAN y de la estrategia nuclear de los Estados Unidos, que inauguraría una desenfrenada carrera de armamentos.

 

Durante los primeros años de la guerra fría, los datos oficiales norteamericanos acerca de la existencia de 175 divisiones soviéticas y 75 de Europa Oriental sirvieron para crear el clima de amenaza adecuado. De hecho, fue en este momento cuando se gestó el mito de la abrumadora superioridad de las fuerzas convencionales soviéticas sobre las de Occidente, mito que en un principio sirvió para justificar la firma del Tratado de Washington y el desarrollo armamentístico nuclear de los Estados Unidos: Europa, se decía, se encontraba en tal situación de vulnerabilidad que necesitaba del paraguas atómico de su aliado atlántico. En contra de la propaganda oficial de la época, es sabido que a finales de la II Guerra Mundial Stalin empezó a desmovilizar del escenario europeo gran parte de sus tropas de tierra, en un proceso que culminaría en 1949. Las tropas

 

 

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soviéticas no eran tantas ni estaban tan bien preparadas como se denunciaba en los informes norteamericanos. Pero es que además tenían una función propia, que no era la de invadir Europa Occidental: debían asegurar el orden en las zonas ocupadas de Europa y llevar a cabo las campañas de represión política contra las minorías nacionales de la Unión Soviética[5]. Por otra parte, y dado que constituían la mejor fuerza de trabajo en una sociedad desangrada y desarticulada por la guerra, la mayoría de los efectivos militares se dedicaron durante aquellos años a labores de desactivado de minas, reconstrucción de edificios, trabajo en granjas colectivas, etc. En cuanto a las divisiones destacadas al oeste del territorio soviético, su principal tarea consistía en ejercer de tropas de ocupación y someter a las poblaciones hostiles (Evangelista, 125)[6].

 

Siendo como era falsa la percepción de esta amenaza, el retórico ropaje de la defensa de la libertad que antes mencionábamos “tenía una finalidad doméstica, y no sólo en los Estados Unidos, sino también en Gran Bretaña, Italia, Francia y dondequiera que resultase útil para las fuerzas conservadoras acudir a este lenguaje para desacreditar a sus rivales o atacar a sus propios gobiernos por ser blandos con el comunismo” (Kennedy, 1989, 460). La lógica del enfrentamiento externo servía así a intereses de política interior, una regla que valía tanto para un bloque como para el otro. La feroz represión contra la disidencia interna que llevó a cabo el régimen de Stalin tras el conflicto mundial se amparó asimismo en la ruptura de la anterior alianza bélica y en el renovado enfrentamiento con las “potencias imperialistas” de Occidente.

 

 

 “EL DESORDEN EUROPEO”

 

La decisión de la administración norteamericana de comprometerse en una alianza militar con Europa —rompiendo por vez primera una tradición de “aislamiento” que había durado cuarenta y nueve años— llegaba precedida de otras dos decisiones que jalonaron los comienzos de la guerra fría: la Doctrina Truman de marzo de 1947, solicitando al Congreso norteamericano la aprobación de un programa de ayuda militar a Grecia y Turquía[7], y la presentación en junio de ese mismo año del Plan Marshall, el Programa de Recuperación Europea.

 

La Doctrina Truman venía a estrenar el ropaje retórico de la defensa de la libertad al que antes hacíamos referencia, disfrazando de hecho la aceptación

 

 

 

 

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de la carga británica del control del Mediterráneo Oriental y aplicando de esa forma la primera medida de contención del bloque comunista[8]:

 

   los pueblos libres del mundo nos piden ayuda para conservar sus libertades. Si titubeamos en nuestro liderazgo, podemos poner en peligro la paz del mundo… y con seguridad pondremos en peligro el bienestar de nuestra propia Nación.[9]

 

De esta forma, el flanco sudoriental europeo fue el primero en experimentar la política de contención[10]. En cuanto al resto de la Europa Occidental, no podía encontrarse en unas condiciones más preocupantes para los intereses norteamericanos. Desde el punto de vista económico, el bilateralismo acechaba a Europa y amenazaba el desarrollo alcanzado por los Estados Unidos: en 1947, un 61 % del comercio europeo estaba organizado de forma bilateral. Si volvían a levantarse las barreras comerciales interestatales que presidieron la Europa de posguerra, peligraba la capacidad productiva y exportadora del coloso norteamericano, acelerada durante los años del conflicto mundial. En los Estados Unidos se respiraba ya el fantasma amenazador de una nueva crisis de sobreproducción, semejante a la que sacudió el país al término de la I Guerra Mundial[11]. Los aliados europeos, agotados y endeudados tras el esfuerzo bélico, difícilmente podrían sufragar los gastos de reconstrucción interna y adquirir las necesarias mercancías de su socio norteamericano. Al mismo tiempo, y casi sin transición desde el final del conflicto mundial, las maltrechas potencias coloniales se habían esforzado por defender militarmente sus posesiones de ultramar: Francia en Indochina, Holanda en Indonesia, Gran Bretaña en Malasia. Era en este contexto donde se enmarcaba la renuncia británica a seguir ayudando militarmente a Grecia y Turquía, y sus problemas en la región estratégica de Oriente Medio, en la que Gran Bretaña llegaría a contar también con la decisiva colaboración norteamericana. Para los Estados Unidos existía, por tanto, el peligro de que con la escasez de divisas Europa reorganizara el comercio con sus colonias y ex-colonias sobre una base bilateral, sin utilizar dólares: regresar, en suma, al competitivo período de entreguerras, de ominoso recuerdo por la inestabilidad política que había generado.

 

Las dificultades económicas de posguerra de los aliados europeos se conjugaban, como no podía ser menos, en situaciones de inestabilidad sociopolítica dentro de cada país. George Kennan, que desde la Oficina de Planificación Política del departamento de Estado se ocupaba de estudiar los asuntos europeos con vistas a la elaboración del futuro Plan Marshall, describía así la situación política en Italia:

 

El partido comunista… tiene más de dos millones de miembros y controla el 19 % de los

 

 

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escaños del Parlamento… Posee un control sustancial de las posiciones clave del movimiento obrero. Desde estas fuertes posiciones está en condiciones de ingerirse gravemente en cualesquiera medidas que pudieran estimular la confianza en un futuro no comunista para Italia (1972, 271).

 

La preocupación suscitada por el también poderoso partido comunista en Francia era semejante. Como datos inquietantes para la política norteamericana, Kennan destacaba el respaldo del 28,5 % de los votos en las primeras elecciones celebradas tras la guerra y el control del movimiento obrero. Conviene, en este punto, hacer una precisión: lo que veían o querían ver los estrategas norteamericanos en Europa —los planes expansivos de la Unión Soviética— se hallaba a gran distancia de la realidad[12]. La fuerza de los comunistas en el norte de Italia, por ejemplo, “poco tenía que ver con los planes maestros de Moscú” (Kennedy, 1989, 464) aunque no por ello dejaba de constituir un firme obstáculo a los planes políticos y económicos de los Estados Unidos. Sin contar con que el Partido Socialista, que no simpatizaba en absoluto con la Kominform recién constituida en 1947, había entrado en coalición electoral con el PCI después de la guerra. De hecho, y lejos de romper las reglas del juego político para decantarse por la fórmula de una democracia popular al estilo soviético, en febrero de ese mismo año los comunistas se habían coaligado con socialistas y democristianos para formar gobierno (Platt y Leonardi, 198).

 

 

   ECONOMÍA Y POLÍTICA MEZCLADAS EN EL PLAN MARSHALL

 

Es la intrincada relación entre la problemática económica y política de la Europa de posguerra lo que explica la doble funcionalidad del Programa de Recuperación Europea presentado por el secretario de Estado George Marshall al Congreso en junio de 1947. El Plan Marshall fue concebido como el mejor medio de sostener y garantizar las exportaciones de los Estados Unidos a Europa[13], garantizando su compra mediante préstamos, y a la vez como la mejor garantía contra desórdenes sociales y políticos (Florensa, 92). Desde Washington se esperaba que una Europa en trance de recuperación económica sería menos vulnerable a la propaganda comunista, lo cual no impidió que el simple proyecto y perspectivas del Plan Marshall fuera utilizado, de manera inmediata, como palanca para desalojar a los partidos de izquierda de las posiciones dominantes que pudieran disfrutar en Europa. Retomando el elocuente caso de Italia, fue la utilización del Plan Marshall por la Democracia Cristiana en las elecciones de 1948[14] —junto con el apoyo de

 

 

 

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la embajada de Estados Unidos y la campaña electoral de los estadounidenses de origen italiano— el principal recurso que le permitió alcanzar la mayoría absoluta en el nuevo Parlamento. A partir de entonces, ningún miembro del PCI volvería a sentarse en un sillón ministerial durante todo el período de guerra fría.

 

Se ha dicho que el Plan Marshall constituyó el primer impulso a la unificación europea —inducido desde fuera, y a nivel económico estrictamente— tras la II Guerra Mundial, al imponer con carácter previo a la concesión de la ayuda la creación de una oficina que la coordinara a nivel continental: el Comité para la Cooperación Económica Europea, posteriormente la Organización Europea de Cooperación Económica. Y es que la fragmentación del mercado de Europa Occidental y los riesgos de que cada estado se cerrara en sí mismo, o en torno a su relación especial con sus dominios coloniales, preocupaba sobremanera a Washington. Según George Kennan, uno de los asesores del proyecto del Plan Marshall,

 

 a nuestro modo de ver una de las deficiencias más importantes de la economía europea era su excesiva fragmentación, la falta de flexibilidad competitiva en los intercambios comerciales, la falta en particular de un gran mercado de consumidores (1972, 276).

 

En la metodología adoptada por la administración estadounidense para gestionar el Plan se destaca con claridad el interés por promover mecanismos de integración económica en Europa Occidental, un proceso que iría profundizándose con los años. El interés de Estados Unidos se cifraba en “la formación de un único y gran mercado (…) donde eventualmente los aranceles podrían ser suprimidos para siempre” (Florensa, 100). Así, la meta del multilateralismo constituía uno de los principales móviles económicos del Plan de Recuperación Europea: sentar las bases de un nuevo sistema económico multilateral basado en el dólar como patrón de referencia[15] y que se encaminara progresivamente hacia una integración de mercados.

 

Pero si el Plan Marshall podía ser un instrumento de integración económica, su puesta en marcha tuvo una nueva funcionalidad política al excluir de facto a los países del bloque soviético en los primeros momentos de la guerra fría. Servía de esta forma tanto para cohesionar a un bloque como para excluir al otro, a pesar de la retórica del secretario de Estado cuando afirmaba que su plan homónimo estaba “dirigido no contra un país o doctrina, sino contra el hambre, la pobreza, la desesperación y el caos”[16]. George Kennan reconocería años después que uno de los requisitos fundamentales del Plan consistía en evitar el cauce de ejecución que habría resultado más adecuado dadas sus características: la Comisión Económica para Europa, que

 

 

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acababa por aquel entonces de fundar Naciones Unidas, y a la que pertenecían los países del bloque soviético que empezaba a configurarse (1972, 278). Además, dadas las condiciones impuestas por los Estados Unidos —entre ellas, la aprobación y gestión de los proyectos de ayuda por una institución norteamericana, la ECA, con misiones repartidas en los países beneficiarios— el Plan resultaba desde el principio incompatible con las economías del Este y contribuía de ese modo a dividir Europa en el marco de la estrategia de contención: los puentes quedaban cerrados y las fronteras empezaban a congelarse.

 

 

   UNILATERALISMO ESTADOUNIDENSE: TRES PASOS ADELANTE

 

Por parte estadounidense la firma en abril de 1949 del Tratado del Atlántico Norte, también llamado de Washington, puede considerarse como el tercer gran paso en un política decididamente unilateral —tras la Doctrina Truman y el Plan Marshall— que, en la práctica, no hizo sino impugnar y poner al descubierto la debilidad del nuevo orden jurídico internacional basado en la fundación de la Organización de las Naciones Unidas en 1945. En cuanto a la parte soviética, la política desarrollada en la Europa ocupada por sus tropas reflejaba asimismo la voluntad de consolidar a todo trance un anillo de influencia en torno a sus fronteras —a manera de glacis defensivo— entre otros objetivos[17]. Quizá, en estos primeros momentos de la guerra fría, la diferencia entre ambas actitudes residiera más bien en cuestiones de discurso. Los redactores estadounidenses del Tratado de Washington, por ejemplo, se esforzaron sobremanera por vincular el texto con el articulado de la Carta de las Naciones Unidas, procurando despejar cualquier suspicacia sobre su compatibilidad con el orden jurídico internacional. Y lo hicieron no solamente para adquirir cierta legitimidad de cara al exterior, sino también para sortear a la oposición internacionalista del interior representada por gentes como H. Wallace, que protestaban por el intervencionismo estadounidense en asuntos que habrían debido quedar a cargo de Naciones Unidas —como la intervención en Grecia en 1947 y el Programa de Reconstrucción Europea— y que argumentaban que, con semejante actitud, se estaba suscitando la creciente hostilidad de la URSS (Kaplan, 1984, 35). Evidentemente, resulta difícil imaginarse la exteriorización de una disidencia semejante en el bloque soviético por aquellas mismas fechas, al igual que ocurriría algunos años después en los propios Estados Unidos, en la época del Macartismo. Quedaba así, de facto, enterrado el compromiso de la regulación de conflictos entre

 

 

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estados a través de una organización internacional —Naciones Unidas— liderada por un directorio de potencias: las que se sentaban en los sillones permanentes del Consejo de Seguridad. A la sombra de la guerra fría y de la división mundial en esferas de influencia, las Naciones Unidas se convertían de ese modo en un escenario más de enfrentamiento, en un instrumento ciertamente limitado[18] al servicio de ambas potencias.

 

 

   HACIA LA ALIANZA OCCIDENTAL

 

El Plan Marshall debía forzosamente alcanzar su corolario en algún tipo de asociación militar en Europa. En el clima de amenaza percibido, y sobre todo a partir de febrero de 1948 tras el golpe de estado comunista en Checoslovaquia, empezaba a cobrar fuerza el discurso de que la recuperación económica europea no tendría sentido sin una garantía militar regional: una organización que diera cobertura de seguridad a la Europa que se estaba reconstruyendo a la sombra de la ayuda norteamericana.

 

Ya existía, sin embargo, una pequeña alianza militar de marco europeo: el Tratado franco-británico de Dunkerque, firmado en marzo de 1947 — coincidiendo con la Doctrina Truman— contra un fantasioso más que hipotético rearme alemán. La novedad del proyecto que empezó a imponerse al año siguiente residía en un hecho obvio: al igual que una Europa devastada por la guerra no podría recuperarse económicamente en solitario —y necesitaba por tanto de la ayuda del Plan Marshall— tampoco podría rearmarse y garantizar su seguridad sin la colaboración del coloso norteamericano. Fue de hecho en la segunda mitad de 1947 cuando empezaron a darse los primeros pasos efectivos hacia una organización militar que protegiera el ámbito europeo pero que, de alguna forma, estuviera vinculada con las potencias transatlánticas: Canadá y los Estados Unidos. Los sucesos del año siguiente no hicieron más que acelerar el proceso[19], que tuvo dos fases bien definidas: la firma del Tratado de Bruselas y la constitución de la Organización de Defensa de la Unión Occidental[20] en septiembre de 1948, y la firma del Tratado de Washington el 4 de abril del año siguiente[21].

 

 EL PACTO DE BRUSELAS (1948) COMO PUENTE HACIA EL ATLÁNTICO

 

 

 

 

 

 

 

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Historiadores y politólogos británicos han destacado la importancia del ministro laborista de Exteriores Ernest Bevin en las múltiples negociaciones que desembocarían en el Tratado de Washington (Baylis, 7). Parece ser que ya en el verano de 1945 Bevin había concebido el proyecto de un grupo de defensa europeo que, centrado en el eje franco-británico, garantizara una cobertura también a países mediterráneos y de la costa del Atlántico. El primer paso hacia la realización de ese proyecto se dio, como ya se ha visto, con la firma del Tratado de Dunkerque en marzo de 1947. Durante las negociaciones, iniciadas a finales de 1946, resultó evidente la preocupación británica por la delicada situación política y económica que atravesaba el país vecino, así como por la debilidad del gobierno socialista encabezado por León Blum. Aunque formalmente el tratado se firmaba frente a un hipotético rearme alemán, su motivación era ante todo doméstica, reflejando la voluntad común de estrechar lazos entre los dos estados para superar mejor sus respectivos problemas. Si la situación de Francia era dramática, con su crisis nacional de combustible y la consiguiente dependencia del carbón inglés, la de Gran Bretaña no lo era menos. Por aquellas fechas veía desmembrarse su imperio colonial —India, Burma y Ceylán, y la responsabilidad del mandato de Palestina— después de haberse apresurado a entregar el relevo del dominio del flanco sudoriental del Mediterráneo —Grecia y Turquía— y de Oriente Medio a los Estados Unidos.

 

En una entrevista con el presidente del Congreso francés en septiembre de 1947, Bevin se declaraba ya partidario de “organizar los estados occidentales en un unidad coherente”: la palabra clave aquí era “occidental”, y no simplemente “europeo”. La implicación de Canadá y de los Estados Unidos ya estaba presente, como no podía ser menos, en el proyecto de Bevin. En apoyo de su postura, el secretario canadiense de Exteriores declaró el 17 de ese mismo mes que había llegado la hora de pensar en crear algún tipo de asociación occidental de seguridad. A partir de este momento, en las gestiones de Bevin con los políticos europeos y norteamericanos figuraría inevitablemente en la agenda la necesidad de contar con la implicación de los Estados Unidos[22].

 

El proyecto occidentalista de Bevin quedó perfectamente plasmado en el discurso que pronunció el 22 de enero de 1948 ante la Cámara de los Comunes. El nuevo bloque debería comprender, por el lado europeo, a Francia, los países del Benelux, Italia, Grecia, los países escandinavos y posiblemente Portugal; España y Alemania quedarían para más adelante. Los Estados Unidos, por supuesto, eran requeridos para formar parte y respaldar

 

 

 

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esa Unión Occidental[23]. El secretario de Estado Marshall acogió favorablemente el proyecto y prometió su apoyo: sin embargo, las opiniones al respecto diferían en el seno del gobierno[24], mientras que en el Congreso y el Senado, de mayoría republicana, la postura dominante era reacia a implicar al país en una alianza transatlántica. Fueron estas divergencias las que llegaron a desesperar a Bevin, que juzgaba esencial el compromiso norteamericano.

 

Las negociaciones a nivel europeo se aceleraron con la crisis checoslovaca[25] y culminaron finalmente en el Pacto de Bruselas o de la Unión Occidental, firmado el 17 de marzo de 1948 por Francia, Gran Bretaña y el Benelux. Seguía el modelo del Tratado americano de Río[26], que contemplaba la respuesta automática y armada de todos los miembros en caso de un ataque dirigido contra cualquiera de ellos[27]. Al hacer referencia al Pacto de Bruselas es costumbre citar la alocución del presidente Truman al Congreso, apoyando la iniciativa europea el mismo día de su firma:

 

   los Estados Unidos proporcionarán a las naciones libres, por los medios adecuados, el apoyo que exija la situación. Estoy seguro de que a la decisión de los países libres de Europa de protegerse a sí mismos corresponderá una igual decisión por nuestra parte de ayudarlos en esa protección.[28]

 

Como si de un sello de garantía se tratase, esta histórica declaración — escenificada en una crisis de guerra, con su correspondiente carácter de emergencia[29]— expresaba cabalmente la decisión de Washington, adelantada con anterioridad por Marshall, de empezar a negociar la firma de un Tratado más amplio que vinculara a las dos potencias norteamericanas. Los partidarios en el departamento de Estado de crear una alianza militar transatlántica[30] ya podían presentar el Pacto de Bruselas como el equivalente de la Organización Europea de Cooperación Económica para el Plan Marshall: los europeos se habían puesto mínimamente de acuerdo. Había llegado la hora de negociar el tratado transatlántico.

 

 

   LAS CONVERSACIONES DEL PENTÁGONO

 

Pero el primer borrador se negoció en secreto entre Estados Unidos y Gran Bretaña, a espaldas del resto de los socios europeos del Pacto de Bruselas. Frente a interpretaciones demasiado reduccionistas que otorgan en exclusiva a la administración Truman la responsabilidad del proyecto y fundación de la OTAN, no es posible negar el impulso del gobierno laborista británico en las

 

 

 

 

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negociaciones, allanando previamente el terreno en Europa. Los primeros socios fundadores de la OTAN se nos presentan repartidos así en tres niveles de importancia, de mayor a menor: un primer escalón, con Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá, presentes en las conversaciones secretas del Pentágono desarrolladas durante la última semana de marzo al 1 de abril de 1948; un segundo nivel formado por los países signatarios del Pacto de Bruselas, que participaron en la negociación del Tratado de Washington durante ese verano; y, por último, un tercero constituido por los países invitados a incorporarse a la nueva Alianza: Dinamarca, Islandia, Italia y Noruega.

 

En las llamadas Pentagon Talks (Conversaciones del Pentágono), generalmente ocultadas en la historiografía oficial de la OTAN, participaron únicamente delegaciones de Estados Unidos[31], Canadá y Gran Bretaña. Las negociaciones tuvieron lugar en el más estricto secreto, aunque la Unión Soviética se enteró de inmediato gracias al espía del KGB Donald MacLean, que formaba parte del equipo británico. El 1 de abril ya disponían de un proyecto de alianza, el Pentagon Paper, en el que a propuesta norteamericana se evitaba toda restricción territorial y se consensuaba la participación en el pacto de un buen número de países, sin que hubiera acuerdo sobre la integración de Suiza, Italia, España y Portugal[32]. El principal desacuerdo, sin embargo, descansaba en el tipo de respuesta en caso de ataque contra cualquiera de sus miembros. La delegación británica había propuesto la fórmula del artículo IV del Tratado de Bruselas: respuesta armada de carácter automático en caso de agresión, mientras que los equipos de Estados Unidos se habían mostrado más cautos, prefiriendo conservar un cierto margen de maniobra.

 

 

 LAS NEGOCIACIONES OFICIALES DEL TRATADO DE WASHINGTON

 

Se ha dicho que el Pentagon Paper, al consensuar previamente las posturas de los tres países, tuvo una importancia crucial en las negociaciones del Tratado de Washington, que dieron comienzo a principios de julio de ese mismo año entre las dos potencias norteamericanas y los cinco países signatarios del Pacto de Bruselas. Pero antes de ello los partidarios del Pacto Atlántico en el departamento de Estado tuvieron que esforzarse por ganar los votos necesarios para su causa en el Congreso y el Senado, de mayoría republicana[33]. Para conseguirlo, debieron imponerse a dos posturas de muy distinta naturaleza y predicamento en las dos cámaras: la aislacionista, la más tradicional y arraigada, y la de los pacifistas e internacionalistas, que

 

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consideraban que una alianza militar en tiempo de paz como la que se proponía podría perjudicar el sistema de seguridad internacional basado en la institución de Naciones Unidas. El proceso llevó su tiempo, y dio un significativo paso hacia adelante con la llamada Resolución Vandenberg[34], que aprobó “la asociación de los Estados Unidos (…) con proyectos regionales y colectivos basados en la continua y efectiva defensa propia y ayuda mutua”, y siempre “de acuerdo con los propósitos, principios y disposiciones” de la Carta de las Naciones Unidas[35]. Conviene destacar aquí el lenguaje exquisitamente elegido del texto, obligado como estaba a sortear tanto el escollo de los internacionalistas como el de los aislacionistas: las soluciones respectivas consistían en invocar de manera reiterada la Carta de las Naciones Unidas y recurrir al término “asociación” en vez de “integración” (Kaplan, 1984, 42).

 

La primera ronda de negociaciones entre Canadá, Estados Unidos y el conjunto de los países del pacto de Bruselas tuvo lugar del 6 de julio al 9 de septiembre en Washington, dando como resultado el borrador del futuro Tratado de la Alianza Atlántica. El proceso sufrió un nuevo retraso con las elecciones presidenciales estadounidenses de noviembre. Tras su reelección, el nuevo impulso de Truman permitió la continuación de los trabajos de corrección del texto, con Dean Acheson sustituyendo a Marshall en la secretaría de Estado. Revisten interés las posturas de los diversos representantes en las negociaciones: Francia, por ejemplo, se mostraba especialmente deseosa de garantizar el inmediato envío de tropas estadounidenses a su territorio por encima de cualquier otra consideración, para enfado del resto de las delegaciones. Los representantes británicos llevaban el encargo de conseguir a todo trance una cláusula que asegurara eficazmente la implicación militar de Estados Unidos contra cualquier agresión; además, y al contrario que los franceses, se oponían a una eventual integración de Italia debido a sus “dificultades domésticas”. Respecto a la delegación norteamericana, Dean Acheson resolvió olímpicamente las discrepancias de los últimos momentos de las negociaciones. En su apresuramiento por ultimar el texto del Tratado, y de manera unilateral, invitó a Dinamarca, Portugal, Islandia, Italia y Noruega a incorporarse a las conversaciones. En palabras del secretario de Exteriores británico Ernest Bevin, no hubo más remedio que “tragarse la píldora con una sonrisa” en interés del más amplio objetivo de comprometer a los Estados Unidos en la defensa de Europa (Baylis, 25).

 

 

 

 

 

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De esta forma, Acheson resolvía unilateralmente las discrepancias de los futuros aliados acerca de la inclusión en la futura Alianza Atlántica de estados como Italia y Portugal, dos casos que contravenían ciertamente las disposiciones y criterios del propio Tratado de Washington que estaba a punto de firmarse. En el caso del Portugal gobernado por la dictadura salazarista, se incumplían de manera flagrante los principios de “democracia y libertad individual” que constituían el fundamento ideológico del Tratado. De hecho, su presencia en el mismo venía exigida por criterios geográfico-estratégicos que no tenían tanto que ver con el propio territorio peninsular portugués como con la posesión de las Azores, escala obligada en la ruta del Atlántico Norte. Asimismo Italia también contravenía otro criterio del futuro Tratado: su ámbito geográfico, dada su condición de país mediterráneo y no atlántico. Pero como reconocía un informe de la CIA menos de un mes antes de la firma del Tratado del Atlántico Norte, la razón de su inclusión era la propia necesidad de fijar al estado italiano definitivamente en la órbita occidental incrementando la autoridad del gobierno cristianodemócrata de De Gasperi[36]. El Tratado del Atlántico Norte se engarzaba así con el Plan Marshall en la estrategia norteamericana de apoyar a su aliado político para reducir la influencia de las fuerzas de izquierda italianas.

 

 

   INTERIORIDADES DEL TRATADO DE WASHINGTON

 

Cerca de un mes después del plante de Acheson, el 4 de abril se firmó finalmente el Tratado fundacional de la Alianza del Atlántico Norte. Mientras duraron las negociaciones —desde julio de 1948 hasta marzo de 1949, con algunos impasses— el Pacto de Bruselas siguió un rumbo de desarrollo absolutamente hipotecado a la futura creación de la Alianza Atlántica, que forzosamente tendría que abarcarlo y trascenderlo. Públicamente al menos desde el 28 de abril de 1948, cuando el secretario de Exteriores canadiense M. Saint-Laurent propuso “un sistema único de defensa mutua que englobara y superara el del Tratado de Bruselas” (Delmas, 1962, 156), dicho Tratado tenía los días contados y no tardaría en cumplir su misión de puente tendido hacia la Alianza Atlántica, pasando entonces a desempeñar una función puramente ornamental. Aun así, en septiembre de ese mismo año —cuando ya había sido consensuado el primer borrador del texto de la Alianza— se creó la Organización de Defensa de la Unión Occidental —futura Unión Europea Occidental— en el marco del Tratado de Bruselas, con el mariscal Montgomery al frente de su Comité de Comandantes en jefe. En rigor, la

 

 

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defensa europea representada por el Pacto de Bruselas era una realidad puramente virtual destinada a facilitar el compromiso militar de los Estados Unidos durante las negociaciones del Tratado de Washington[37].

 

Una revisión mínimamente profunda del articulado del Tratado de Washington revela, al igual que sucedía con la Resolución Vanderberg, el tipo de compromisos textuales con que hubo de transigir el departamento de Estado para contar con la aprobación de las Cámaras. El artículo V frustró la pretensión británica —y, en general, europea— de garantizar una respuesta armada de carácter automática de los Estados Unidos en caso de que cualquier país miembro resultase atacado:

 

Art. V: Las Partes acuerdan que un ataque armado contra una o más de ellas, que tenga lugar en Europa o en América del Norte, será considerado como un ataque dirigido contra todas ellas y, en consecuencia, acuerdan que si tal ataque se produce, cada una de ellas, en ejercicio del derecho de legítima defensa individual o colectiva reconocido por el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, ayudará a la Parte o Partes atacadas, adoptando seguidamente, de forma individual y de acuerdo con las otras partes, las medidas que juzgue necesarias, incluso el empleo de la fuerza armada, para restablecer la seguridad en la zona del Atlántico Norte (Manual de la OTAN, 232).

 

 

La expresión “las medidas que juzgue necesarias” (such action as it deems necessary) logró satisfacer a los sectores del Congreso y del Senado más reacios a comprometer de manera demasiado rígida el poder militar de los Estados Unidos en la defensa de Europa. Por otro lado, la frase “incluso el empleo de la fuerza armada” (including the use of armed force) contentaba asimismo a los aliados europeos deseosos de asegurarse la garantía militar del coloso norteamericano. Finalmente, la constante invocación a la Carta de las Naciones Unidas tenía por objeto conseguir para el Tratado la legitimidad necesaria, aun cuando la solución acordada resultara discutible. Desde el punto de vista del derecho internacional, el texto se atrincheraba en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, que reconoce el derecho genérico…

 

   de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un Miembro de Naciones Unidas, hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales (Naciones Unidas, 30).

 

Pero a la vez eludía hábilmente toda alusión a los artículos 52, 53 y 54, referidos al capítulo VIII sobre los “Acuerdos Regionales” (Kaplan, 1984, 44). Aceptar la consideración de “acuerdo u organismo regional de seguridad” habría ocasionado serios impedimentos a la OTAN. Por un lado, no habría podido aplicar ninguna medida coercitiva, aún en caso de defensa, sin una autorización previa del Consejo de Seguridad de la ONU (art. 53); y por otro,

 

 

 

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habría debido “mantener en todo tiempo al Consejo de Seguridad plenamente informado de las actividades emprendidas…” (art. 54). La OTAN era de hecho

 

una organización regional de seguridad[38], pero no se consideraba como tal con el fin de disfrutar de una mayor libertad de movimientos. Con ello, los países firmantes del Tratado del Atlántico Norte, con Estados Unidos a la cabeza, no hacían más que aprovecharse en su beneficio del “instrumento limitado”[39] que suponía el andamiaje teórico de las Naciones Unidas.

 

El propio secretario general de la ONU, M. Trygve Lie, acogió mal la creación de la OTAN, declarando que “si los pueblos aceptan que las alianzas regionales reemplacen la seguridad colectiva, la esperanza de una paz duradera resultará gravemente perjudicada”[40]. En efecto, el sistema de seguridad colectiva pactado tras la II Guerra Mundial empezaba a convertirse en una carcasa ornamental, en un escenario más de enfrentamiento de los dos bloques: en suma, en el manto invisible del rey desnudo de la guerra fría.

 

 

 EL MITO SACRIFICIAL NORTEAMERICANO

 

La historiografía pro-atlantista ha insistido tradicionalmente en el “sacrificio” de los Estados Unidos al comprometerse en la fundación de la OTAN, integrándose así en la primera alianza militar en tiempo de paz tras casi ciento cincuenta años de aislamiento. Washington habría aprendido, pues, del error cometido tras el final de la I Guerra —cuando se encerró en sí mismo, despreocupado de los asuntos en Europa y Asia que desembocarían en la aparición de los fascismos— para asumir las responsabilidades derivadas de su poderío económico, político y militar. Según esta versión, las dos administraciones encabezadas por Truman habrían resistido heroicamente tanto la peligrosa tentación del aislacionismo, como los cantos de sirena de ilusos pacifistas e internacionalistas como Henry Wallace, defensor a ultranza de la primacía de las Naciones Unidas. Todo logro conlleva un esfuerzo, y el fruto del sacrificio de los Estados Unidos —renunciando a las mieles de su espléndido aislamiento— habría redundado en beneficio del mundo libre.

 

Según esta versión, los liberales de Wallace aparecían como peligrosos ilusos cegados por la rigidez de sus propios principios. Pero a la luz de informaciones posteriores, como aquella que desvelaba la falsedad de los datos de la amenaza soviética tras la II Guerra, Wallace se nos presenta precisamente como una de las escasas mentes lúcidas que se atrevieron a denunciar la responsabilidad norteamericana en el advenimiento de la guerra fría. Se opuso a los tres pasos unilaterales que hemos ido reseñando —

 

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doctrina Truman, Plan Marshall y Tratado de Washington— ya que, en su opinión, no habían hecho más que socavar el sistema internacional fundamentado en Naciones Unidas excitando al mismo tiempo la hostilidad de la Unión Soviética[41]. Con una clarividencia tanto más meritoria cuanto infrecuente, advertía de que “el pacto (del Atlántico Norte) sustituye el único mundo de las Naciones Unidas por dos mundos hostiles de una “nación dividida”, y proponía “un acuerdo entre ambas naciones (Estados Unidos y la URSS) para renunciar a todas las bases militares en otros países de la ONU, y frenar la exportación de armamento a otras naciones” (Kaplan, 1984, 45).

 

Las recomendaciones de Wallace cayeron, como es sabido, en saco roto. El 5 de abril de 1949, al día siguiente de la firma del Tratado de Washington, los países signatarios del Tratado de Bruselas reclamaron a los Estados Unidos la rápida aprobación de un programa de ayuda militar. El día 6 recibieron una respuesta positiva, y el 25 de julio el programa fue votado en el Congreso, por demócratas y republicanos. La ayuda se elevaba a 1.314 millones de dólares, y contenía, además de la ayuda militar a los miembros europeos de la Alianza Atlántica —cerca de mil millones— partidas dirigidas a Grecia, Turquía —en virtud de la Doctrina Truman— Irán, Corea, Filipinas, Canadá y países del Pacto americano de Río (Delmas, 1962, 159). El océano Atlántico se acercaba así a la febril imagen concebida por Acheson de un Caribe gigantesco, en el que las naciones de Europa Occidental se hubieran convertido en el litoral oriental de un nuevo mar americano.[42]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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II. EN EL CORAZÓN DE LA GUERRA FRÍA

 

 

1. EL NSC 68

 

La política norteamericana durante los años cincuenta, la época central y emblemática de la guerra fría, adquirió su más cabal y completa expresión en un documento oficial —del Consejo Nacional de Seguridad— de enorme importancia que sólo llegaría a ser conocido por el público a raíz de su desclasificación y publicación en 1975: el llamado NSC 68[43], elaborado por un equipo de asesores del departamento de Estado con Paul Nitze a la cabeza. En el NSC 68 la mitología de la guerra fría se nos presenta con toda su carga de dioses y demonios, enfrentados de manera irreconciliable:

 

Hay un conflicto básico entre la idea de libertad bajo un gobierno de leyes, y la idea de esclavitud bajo la siniestra oligarquía del Kremlin (…). La idea de libertad, por otra parte, es característica e insoportablemente subversiva de la idea de esclavitud. Pero la conversión no es cierta. El implacable propósito del estado esclavo de eliminar el desafío de la libertad ha situado a los dos grandes poderes en polos opuestos (…) Ningún otro sistema de valores es tan completamente irreconciliable con el nuestro, tan implacable en su propósito de destruir el nuestro, tan capaz de aprovechar en su propio beneficio las más peligrosas y divisionarias tendencias de nuestra propia sociedad, ninguno evoca tan hábil y poderosamente los elementos de irracionalidad en la naturaleza humana por doquier, y ninguno tiene el apoyo de un gran y creciente centro de poder militar (Rearden, 92).

 

Más arriba hemos podido ver cómo a principios de la guerra fría se magnificó la amenaza percibida —la del poderío militar soviético— con el fin de fundamentar las bases del enfrentamiento[44]. El NSC 68 se destacaba ante todo por el carácter irreversible del que dotó a dicho enfrentamiento. Frente al pensamiento de Kennan, que abogaba por una contención más política[45] que militar y dirigida en última instancia a la conversión final[46] del enemigo soviético, Paul Nitze, su sucesor en el departamento de Estado, mantuvo que la oposición era irreversible. La lucha, principalmente militar, sólo terminaría con la eliminación de uno u otro adversario: no por casualidad el NSC 68 recomendaba encarecidamente el aumento del presupuesto militar estadounidense hasta niveles insospechados. El lenguaje del NSC 68 cerraba el círculo militarista: el enemigo no debía ser convertible, y por ello se le encerraba en la esfera de lo irracional, de lo monstruoso. Los dos oponentes aparecían absolutamente desdibujados, aislados de cualquier proceso histórico, convertidos en imágenes morales antitéticas y absolutas.

 

 

 

 

 

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En el lenguaje de textos como el que nos ocupa, resulta curioso advertir cómo la satanización del enemigo político suponía automáticamente la idealización del sistema propio, en virtud del grosero juego de oposiciones sobre el que se fundamentaba. Por otro lado, la agresividad de la posición propia se parapetaba detrás de un discurso defensivo. Para justificar que la primera potencia militar y nuclear del planeta se hallaba en una posición amenazada, era necesario presentar una cierta imagen de debilidad: el NSC 68 lo conseguía aludiendo a la vulnerabilidad intrínseca de su propia virtud, de su propia tolerancia:

 

Una sociedad libre es vulnerable cuando resulta fácil para la gente caer en excesos: los excesos de una mente permanentemente abierta esperando con nostalgia la prueba de que el maligno plan (evil design) pueda llegar a convertirse en noble propósito, el exceso de la fe convirtiéndose en prejuicio, el exceso de la tolerancia degenerando en indulgencia con la conspiración… (Rearden, 102).

 

La propia debilidad representaba un peligro. El pensamiento de Nitze se instalaba en el mismo corazón de la guerra fría, cuando la lógica del enfrentamiento entre bloques servía asimismo para eliminar las oposiciones internas, la disidencia doméstica. El NSC 68 fue elaborado a principios de 1950, en plena caza de brujas de la época del senador McCarthy, cuando el secretario de Estado Acheson aireaba el espantajo de la “marea roja” (the red tide) al igual que había ocurrido tras la I Guerra Mundial. Un fiel trasunto, como si de un juego de espejos se tratara, de la nueva oleada de purgas estalinianas que había comenzado a finales de la década de los cuarenta en el bloque soviético, entre las que destacaron el proceso Rajk, en Hungría (1948), y el proceso Husak-Slansky, en Checoslovaquia, que se prolongaría hasta 1952.

 

 

   LA SOMBRA DE COREA

 

A lo largo de la guerra fría, el estallido repentino de guerras y conflictos ha sido tradicionalmente aprovechado para poner en prácticas políticas agresivas previamente diseñadas: Corea, Afganistán o la propia Guerra del Golfo de 1991 en los estertores del período constituyen buenos ejemplos. La invasión de Corea del Sur por los ejércitos norcoreanos el 25 de junio de 1950 se convirtió en la primera gran coartada del proyecto norteamericano de aumento sostenido del gasto militar y fortalecimiento de la capacidad bélica de sus aliados, reflejado cabalmente en el NSC 68[47]. De hecho, cuando llegó a sus manos en abril de 1950, el presidente Truman desestimó el documento,

 

 

 

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para disgusto del secretario de Estado Acheson (Rearden, 26). Tan sólo dos meses después de la invasión de Corea, en septiembre de ese mismo año, fue aprobado como modelo de estrategia política a seguir durante los próximos años. A su sombra el presupuesto de defensa norteamericano experimentó un aumento sin precedentes. Partiendo de un gasto de menos de 13.000 millones de dólares en 1950, equivalente al 4,8 % del PNB, alcanzó los 48.700 millones en 1953, el 13,5 % del PNB (Rearden, 29). El principal impulso del desarrollo en calidad y cantidad del armamento nuclear arrancó de esta época, profundizándose posteriormente con la administración Eisenhower (1952-1961). Pero el NSC 68 no sólo proyectó su sombra sobre la década de los cincuenta. Como fuente básica de la política exterior norteamericana, los principios defendidos en su texto estuvieron vigentes durante todo el período de guerra fría y proporcionaron, como hemos visto, el marco ideológico esencial del enfrentamiento con el bloque soviético.

 

Otra de las consecuencias de la guerra de Corea fue la mayor implicación de los Estados Unidos en Europa: el Tratado de Washington firmado en abril de 1949 cristalizó al año siguiente en una organización armada liderada por un general estadounidense, con una estrategia propia y abundantes recursos militares y humanos. Puede decirse que, como organización, la Alianza Atlántica nació y se fortaleció a la sombra del conflicto de Corea. La amenaza esgrimida se presentaba como evidente: si la URSS había utilizado a los norcoreanos para amenazar Asia, lo mismo podría hacer en el Viejo Continente con los aliados de sus países satélites.

 

 

   LA ESTRATEGIA HACIA ADELANTE Y LA DIVISIÓN ALEMANA

 

En la reunión del Consejo Atlántico[48] celebrada en Nueva York en septiembre de 1950 fue adoptada la llamada “estrategia hacia adelante”, que exigía el fortalecimiento de los recursos militares europeos y planteaba como novedad la defensa del territorio de la República Federal Alemana (RFA). Frente a un hipotético avance de las tropas soviéticas, se proponía así renunciar a una defensa localizada a lo largo del Rin/Ijssel —que habría defendido la frontera francesa dejando expuesta la llanura alemana— para extenderla más al este, hacia la línea del Elba. Para ello, Acheson ofrecía un mayor compromiso militar norteamericano, reflejado en el envío de tropas a Europa, pero exigía al mismo tiempo la colaboración alemana en forma de tropas y recursos industriales para su abastecimiento (Delmas, 1962, 160) toda vez que por aquellas fechas la administración Truman se hallaba

 

 

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comprometida a fondo en la guerra de Corea[49]. Frente a la resistencia francesa al rearme alemán, Acheson planteó su exigencia en términos claros: sin contribución alemana —que ya había sido solícitamente ofrecida por el canciller Adenauer, y que reclamaban otros países como Holanda— no habría ayuda militar ni tropas norteamericanas en Europa (Kaplan, 1984, 160). Se daba así el primer paso hacia la militarización de la RFA, profundizando la división de Alemania.

 

La consolidación de “una manejable porción de Alemania”, en palabras de un miembro del Departamento de Estado norteamericano[50] se había gestado durante los primeros años de la guerra fría a través de un proceso de doble vertiente, económica y política. La primera dio sus primeros pasos en 1947, con la creación de un sistema económico único en las zonas de ocupación francesa, británica y norteamericana en Alemania, culminando al año siguiente con la integración del territorio occidental en el ámbito del Plan Marshall. La segunda vertiente tuvo su momento principal en el compromiso de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y los países del Benelux de auspiciar un proceso constituyente en la Alemania Occidental[51], que quedaría rematado con la aprobación de la Ley Fundamental alemana en mayo de 1949 y la proclamación de la República Federal con Adenauer como canciller.

 

Como se han ocupado de señalar algunos autores, el proceso constituyente alemán estuvo íntimamente conectado con los planes de reconstrucción europea, tanto económicos como militares, que “requerían la explotación de los recursos alemanes y su incorporación a Occidente”: no fue, pues, una coincidencia que la RFA fuera creada un mes después de la firma del Tratado de Washington (Kaplan, 1984, 3). La nueva Europa del Plan Marshall y de la OTAN necesitaba del potencial humano y material de Alemania[52]: la solución fue la consolidación política y militar de la RFA, sacrificando toda tentativa de unificación y consagrando la división alemana durante los cuarenta años de guerra fría.

 

El verano de 1950 marcó un momento de inflexión trascendental. Todavía en junio de ese año Acheson declaraba públicamente en el Congreso que la decisión de desmilitarizar Alemania seguía siendo incuestionable. De puertas para adentro, sin embargo, se había abierto un profundo debate y eran numerosas las presiones para vincular económicamente a la RFA con Europa Occidental y encontrar un marco aceptable para la contribución militar alemana a la OTAN. El clima de la guerra de Corea actuó de catalizador del proceso, y los propios congresistas norteamericanos clamaron por el rearme

 

 

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de la RFA: no entendían que se fuera a defender el territorio alemán sin que los propios alemanes colaboraran de alguna forma en la defensa. De ahí la exigencia planteada por Acheson en el Congreso Atlántico de Nueva York de septiembre: aunque sembrado de dificultades y tropiezos, se vislumbraba ya el camino de la Alemania Occidental hacia la OTAN.

 

 

LA ALIANZA ATLÁNTICA: DE TRATADO A ORGANIZACIÓN

 

A finales de 1950, en el Consejo Atlántico de Bruselas se tomó la decisión de poner la fuerza integrada de los países OTAN —formada por las tropas y recursos que cada estado prestaba a la organización— bajo el mando supremo de un comandante norteamericano: el primero fue el general Eisenhower[53], designado por Truman. Por primera vez se creaba así una comandancia única de fuerzas integradas en tiempo de paz, ostentada además por un general estadounidense, una tradición que se ha mantenido hasta hoy. Al año siguiente, y siempre con el conflicto de Corea como telón de fondo, fue cristalizando la estructura fundamental de la OTAN: en 1951 se creó el Comité de Defensa y el Comité de Defensa Económica y Financiera, formado por ministros de Asuntos Exteriores, Defensa y Finanzas, además de un Secretariado Internacional. A las reuniones del Consejo Atlántico empezaron a asistir suplentes de los ministros de Exteriores, que al año siguiente se convirtieron en representantes permanentes, con lo que la dinámica de la organización cobraba mayor agilidad. Finalmente, en la reunión del Consejo celebrada en Lisboa en 1952, se decidió el establecimiento permanente en París del Consejo del Atlántico Norte, que sería presidido por la nueva figura del secretario general[54].

 

En el proceso de construcción de la burocracia de la OTAN, resulta notable la asunción de ciertas prácticas que con el tiempo y la costumbre fueron consolidándose con fuerza, como es el caso del reparto de funciones entre un europeo como secretario general y un oficial norteamericano en la comandancia suprema de las fuerzas acantonadas en Europa, el SACEUR[55]. Otra práctica no registrada en texto alguno, pero afirmada por una especie de pacto tácito, era la inveterada costumbre del Consejo Atlántico de tomar todas sus decisiones por unanimidad: una mecánica que, a pesar de las apariencias, más que como expresión de una voluntad de consenso habría de ser contemplada como indicativo de una unidad férrea, sin fisuras, como correspondía a una organización militar.

 

 

 

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   EL MALOGRADO PROYECTO DE LA CED (COMUNIDAD EUROPEA DE DEFENSA)

 

En octubre de 1950 el jefe del gobierno francés, René Pleven, presentó un curioso proyecto de defensa europeo que llegó a ser aprobado por la OTAN, pero que finalmente quedaría truncado cuatro años después precisamente por la negativa de la propia Asamblea Nacional francesa a ratificarlo. El proyecto de la CED sería recordado con posterioridad como el primer diseño de una defensa puramente europea, que no logró imponerse por haberse adelantado demasiado a su tiempo. Todavía hoy los representantes franceses lo mencionan con frecuencia para justificar y legitimar su pretensión de dotar a la Unión Europea del llamado segundo pilar: una identidad común de política exterior y de defensa.

 

La propuesta nacía fundamentalmente para salvar el obstáculo de la oposición francesa a la participación de un ejército alemán autónomo en la OTAN, y consistía en la creación de una fuerza integrada bajo la autoridad de un Ministro de Defensa europeo y con un Estado Mayor también europeo, aunque a plena disposición de la OTAN. La nueva fuerza serviría bajo bandera europea, y estaría compuesta por tropas de todos los países, incluida la RFA: habría, pues, soldados alemanes sin que hubiera propiamente un ejército alemán. A primera vista pudo parecer sorprendente que el proyecto, a pesar de satisfacer sus exigencias de aceptar la colaboración alemana, fuera recibido por los políticos norteamericanos con una cierta frialdad (Kaplan, 1984, 162). Lo cierto es que, a pesar de las reticencias de numerosos funcionarios del departamento de Estado —que interpretaron el Plan Pleven como una manera de dar largas a la voluntad norteamericana de integrar los recursos alemanes en la defensa occidental— tanto la administración Truman como la de Eisenhower a partir de 1952 presionaron obstinadamente para su aprobación. Es en este contexto donde hay que inscribir la ayuda militar masiva norteamericana a Francia en la guerra de Indochina; al parecer, el gobierno Laniel-Bidault llegó a utilizar la CED como una estratagema para obtener la mayor cantidad posible de ayuda militar de los Estados Unidos en la continuación de dicho conflicto. En cualquier caso, el final de la CED en 1954 coincidió con la estrepitosa derrota de Dien Bien Fu y la renuncia de Francia a mantenerse en Indochina: serían los Estados Unidos quienes la relevaran, después de haber sufragado durante años su empresa militar en las colonias del sudeste asiático[56].

 

 

El proceso de aprobación del nuevo Tratado de la CED fue especialmente difícil y laborioso, y se prolongó durante unos dos años y medio. El Tratado

 

 

 

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llegó incluso a ser firmado previamente por la OTAN en mayo de 1952, y el Congreso de los Estados Unidos aprobó los protocolos. Sin embargo, más de dos años después, la Asamblea Nacional de Francia lo rechazó el 30 de agosto de 1954 con los votos de gaullistas y comunistas. Un mes antes, el Senado estadounidense había exigido al presidente que otorgara la plena soberanía a la RFA en caso de que Francia no ratificara la CED. La reacción inmediata de los aliados de la OTAN, encabezados por Estados Unidos y Gran Bretaña, fue la de insertar a la Alemania Occidental en la OTAN como miembro de pleno derecho[57].

 

 

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El método para ingresar a la RFA en la OTAN se sirvió, como había ocurrido con la propia fundación de la OTAN, del puente convenientemente tendido por el Pacto de Bruselas. En virtud de los Acuerdos de París del 23 de octubre de 1954[58], Italia y la RFA pasaron a ingresar en la Unión Europea Occidental — antigua Unión para la Defensa de la Europa Occidental— al tiempo que se invitaba formalmente a la RFA a entrar en la OTAN. Además, la UEO procedía a fortalecer su relación con la Alianza Atlántica: los Acuerdos de París añadían un nuevo artículo al Tratado de Bruselas, el famoso artículo IV[59], por el cual los países miembros de la UEO se comprometían a “colaborar estrechamente con la OTAN”, de manera que abdicaban de toda cuestión técnica militar en dicha organización para evitar “duplicidades”[60]. Por otro lado, en los acuerdos se consignaba el compromiso norteamericano de seguir desplegando más fuerzas en Europa, junto con la decisión británica, reclamada por Francia, de ampliar su despliegue militar en la Alemania Occidental.

 

Como fruto de estos acuerdos, celéricamente tramitados tras el fiasco de la CED, la UEO quedó anulada militarmente durante la mayor parte del período considerado de guerra fría, y la OTAN dio un paso de gigante en el rearme de Europa. El 9 de mayo de 1955 la RFA ingresó formalmente en la Alianza Atlántica, el mismo año en que Washington se comprometió a mantener de forma indefinida sus tropas en el territorio del Viejo Continente. Durante toda la década de los cincuenta la OTAN procuró impulsar un proceso de rearme convencional en Europa que redundó en beneficio de la pujante industria militar de los Estados Unidos. A lo largo de estos años la cuantía de la ayuda militar norteamericana —en su mayor parte donaciones de armamento usado

 

 

 

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y créditos destinados a la compra de armamento de fabricación propia— llegó a rondar los 20.000 millones de dólares[61], rebasando así con creces el monto de los créditos de ayuda civil del Plan Marshall[62]. Desde 1952, la institución atlántica del Examen Económico Anual comenzó a precisar cada año las necesidades en gasto militar y despliegue de fuerzas que debían hacer frente los distintos países miembros de la OTAN, en función de sus respectivas capacidades. Después de los Estados Unidos, Gran Bretaña fue el país que durante todos estos años gastó más dinero en defensa (Dockrill, 53), con desastrosos efectos para su economía en forma de inflación creciente y déficit de su balanza de pagos[63].

 

Desde principios de los años cincuenta la OTAN impulsó asimismo cuantiosas inversiones en infraestructuras sufragadas por un sistema de financiación común en el que los Estados Unidos aportaron una parte importante, dada su utilidad para la inmensa maquinaria militar norteamericana desplegada en Europa[64]. De esta forma se financió la construcción de una gigantesca red de bases aéreas, oleoductos, depósitos de combustible, instalaciones portuarias y radares de alerta[65], que en el flanco sur del territorio OTAN las fuerzas armadas norteamericanas aprovecharían debidamente para proyectarse a lo largo del estratégico corredor del Mediterráneo[66]. Con este mismo fin, se sirvieron asimismo de las facilidades conseguidas con la incorporación efectiva de Grecia y Turquía a la Alianza Atlántica en 1952[67] y con los pactos bilaterales de defensa firmados durante la década de los cincuenta[68].

 

 

   LA DOCTRINA NUCLEAR. IMAGEN DE LA LANZA Y EL ESCUDO

 

La OTAN empezó a desarrollarse como organización en el marco de la desquiciada carrera del armamento nuclear. En 1954, el Consejo Atlántico decidió que la OTAN respondería con todos sus medios a su alcance, incluso nucleares, a todo “ataque importante” (major attack) soviético, aun cuando sólo fuera realizado con armamento convencional. Un año después tomó la decisión de dotar a sus fuerzas de las “armas más modernas”, es decir, el armamento atómico. A partir de este momento, la Alianza Atlántica seguiría fielmente la estrategia nuclear dictada por los Estados Unidos[69], a pesar de que la inmensa mayoría del armamento atómico[70] —y sobre todo la capacidad de proyectarlo, los llamados sistemas vectores— era norteamericano y no quedaba sometido al control de la OTAN. En 1966 el

 

 

 

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general francés André Beaufre, que unos años antes había llegado a ser Jefe de Estado Mayor Adjunto del SHAPE[71], lo explicaba con toda claridad:

 

De ello resulta que toda la parte nuclear de los planes de guerra, que constituye la espina dorsal de la estrategia de la Alianza, no sólo está fuera de la OTAN, sino que es estrictamente secreta para los no norteamericanos. Por este hecho, las autoridades competentes interaliadas no pueden estudiar verdaderamente la estrategia de la Alianza. Únicamente las autoridades norteamericanas pueden tener la necesaria visión de conjunto (Beaufre, 49).

 

Este problema, añadido a otros de distinto tipo, llevaría a Francia a abandonar la estructura militar el mismo año en que el libro de Beaufre salía a la luz. A partir de 1957 empezaron a desplegarse las primeras armas nucleares tácticas —de mediano y corto alcance— en suelo europeo, controladas estrictamente por mandos norteamericanos: la decisión de su disparo, con sus imprevisibles consecuencias, no dependía ni del Consejo Atlántico ni de su secretario general. Por medio de la OTAN, y aparentemente para cobijarse bajo el paraguas nuclear norteamericano, los países de Europa Occidental hipotecaban de esta forma su futuro y su propia soberanía, al igual que los estados de Europa del Este encuadrados en el Pacto de Varsovia (1955). En cuestión de política nuclear, la Alianza Atlántica se limitaría a pisar sobre las huellas dejadas por Washington: las distintas doctrinas nucleares de los Estados Unidos, represalia masiva desde 1954 y Doctrina McNamara de respuesta flexible desde 1961, fueron adoptadas de manera mimética por la Alianza Atlántica respectivamente en 1954 y en 1967.[72]

 

Con la adopción por la OTAN del recurso al armamento nuclear, nacía la alegoría de la lanza y del escudo como emblema de la defensa atlántica. El escudo —fuerzas convencionales europeas de tierra y de mar, a las que posteriormente se añadieron armas nucleares tácticas de corto y mediano alcance— permitiría soportar durante un breve lapso de tiempo un hipotético ataque soviético contra Europa, mientras que la lanza —el potencial destructivo de los bombarderos estratégicos norteamericanos con arsenal atómico— jugaría un doble papel: aniquilador en caso de que se produjera dicho ataque, y disuasorio con el objetivo preciso de que nunca llegara a producirse por el simple impacto psicológico de su amenaza. La situación, sin embargo, no dejaba de mostrar su lado irónico, ya que los países europeos de la OTAN debían amenazar o contraatacar con unas armas que ni les pertenecían ni podían controlar. Ni la lanza era suya, ya que el Mando Aéreo Estratégico jamás pasó a formar parte de la OTAN, ni la mayor parte de su escudo, ya que las armas nucleares tácticas permanecerían bajo control exclusivo

 

 

 

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norteamericano. Y de ese escudo sólo les pertenecía el armamento convencional, en su mayor parte fabricado y vendido por los propios Estados Unidos.

 

 

 EL CRECIMIENTO ESCALONADO DEL GASTO MILITAR ESTADOUNIDENSE

 

Como se ha apuntado más arriba, los Estados Unidos dieron un tremendo impulso a los gastos militares en 1950, con el estallido de la guerra de Corea: partiendo de unos 13.000 millones de dólares en 1950, el presupuesto militar se elevó dos años después a 48.700 millones de dólares (Rearden, 28). Algunos autores se han ocupado de señalar el beneficioso efecto keinesiano —generador de una conveniente demanda de bienes y servicios y, por tanto, factor reductor del paro— que produjo este remonte del gasto militar en una época económicamente difícil y proclive a la recesión (Senghaas, 130). De esta manera se habría venido a repetir, si bien a menor escala, lo sucedido durante la II Guerra Mundial, cuando la masiva inversión en armamento permitió la definitiva superación de la crisis de finales de los veinte y de la década de los treinta. A partir de ese momento los gastos militares de los Estados Unidos continuaron aumentando a impulsos de los conflictos y crisis en los que fueron implicándose —tras Corea, Vietnam— sin que se vieran acompañados de los efectos reductores de las cifras de desempleo que se habían producido en años anteriores. Es en estas cifras del gasto militar donde observa Dieter Senghaas la confirmación de una curiosa regularidad, formulada en el llamado teorema de las crisis: el aparato militar norteamericano ha crecido invariablemente de forma escalonada apoyándose en cada momento en una crisis o conflicto, tras los cuales el gasto en defensa nunca ha retornado a los niveles previos, dibujando así una línea progresiva, ascendente. El siguiente gráfico de los gastos militares desembolsados por los países de la OTAN entre 1950 y 1984 ilustra cabalmente este teorema:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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FIGURA 1. Gasto militar de la OTAN (1950-1984).

 

Evidentemente lo que más llama la atención de este gráfico es el gran peso relativo del gasto de defensa norteamericano en el gasto total de los países de la OTAN, debido a su formidable maquinaria militar. Desde el primer impulso posbélico de 1950, el gasto militar alcanzó cotas insospechadas rompiendo así el ancestral tabú de que una excesiva inversión en estas partidas resultaba incompatible con el crecimiento económico. Ya en 1952 el fundamental documento antes citado del NSC 68 allanaba el camino al señalar que los efectos económicos del programa de inversiones militares podrían incrementar el PNB estadounidense en una proporción mayor que su coste (Rearden, 126). De 1961 a 1969, por ejemplo, los gastos militares ascendieron a 546.000 millones de dólares, y en ese último año el presupuesto militar —81.000 millones de dólares— alcanzó el 56 % del presupuesto federal (Melman, 104). Para entonces ya se había reconocido la funcionalidad económica del gasto militar al permitir dar salida a los excedentes productivos, manteniendo al mismo tiempo un nivel artificial de demanda que actuara como protección frente a épocas de recesión, tal y como se ocupaba de recoger el llamado Informe sobre la utilidad de las guerras, elaborado por un comité interdisciplinar de expertos contratados por el gobierno norteamericano en 1963[73].

 

   EL COMPLEJO MILITAR-INDUSTRIAL (CMI)

 

 

 

 

 

 

 

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Este espectacular crecimiento del gasto militar norteamericano durante la guerra fría se reflejó en la creación de lo que se dio en llamar el complejo militar-industrial, un fenómeno que sería profundamente estudiado a partir de los años setenta[74]. Invariablemente, a la hora de rastrear los orígenes del concepto, es costumbre citar la advertencia que hizo el propio presidente Eisenhower en su discurso de despedida de 1961 cuando alertó sobre los peligros de “una influencia desproporcionada (…) por parte del complejo bélico-industrial”[75]. En aquel entonces se hablaba de una nebulosa relación entre el Pentágono y sectores de la industria bélica, pero años después el proceso se fue complejizando hasta cristalizar en una verdadera estructura paralela, en un “sistema compuesto estructurado de fuerzas sociales, instituciones e ideologías que montan complejos individuales de armamento cuya cohesión convierte el complejo del armamento norteamericano en un hecho social autónomo” (Senghaas, 123). El CMI vendría a actuar como un mecano compuesto por distintas unidades —Presidencia y Administración, Pentágono y fuerzas armadas, industria bélica, Congreso, medios de comunicación de masas, universidades y entidades científicas— dotado de autonomía propia y vertebrado fundamentalmente en torno al eje Pentágono-ejército-industria de armas, como queda perfectamente ilustrado en el denso intercambio de personal entre estos dos sectores, a modo de relación simbiótica[76].

 

La existencia del CMI, criticada desde una perspectiva liberal como la amenaza de un gigantesco poder fáctico instalado en el centro del sistema político y económico estadounidense, era sin embargo celebrada por los sectores ultraderechistas del Congreso. En el pensamiento de políticos como el senador Goldwater, el CMI cobraba una nueva significación como armadura de los Estados Unidos en su combate contra el comunismo, reflejo de su riqueza y de su poder:

 

 

Este complejo es para nosotros el escudo que nos protege. Es la campana bajo la cual prospera nuestra nación y alcanza el bienestar. Es nuestra armadura, por desgracia en un mundo dividido.

 

a la vez que era glorificado, en la retórica pacifista, como garante de la paz:

 

Es un producto de la iniciativa norteamericana, de la abundancia de ideas y la genialidad… una respuesta a un gigantesco desafío global. En esta empresa se trata tal vez del complejo más eficiente que jamás se edificara para cumplir una misión universal. Su objetivo final es la paz en nuestro tiempo, sin tener en cuenta el cuadro de agresividad y militarismo que la izquierda se esfuerza en prestarle[77].

 

 

 

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Pero la realidad era más prosaica, y el objetivo del CMI destacaba mucho más por su estrechez de miras que por su universalidad. Al actuar como un subsistema autónomo, el funcionamiento del CMI se caracterizaba por perseguir su propio interés forzando continuamente al alza los gastos en armamento, fuera cual fuera el entorno político internacional y la situación económica del país. Los efectos fueron múltiples y diversos. Por un lado aumentó la influencia del ejército en la política estadounidense y en la toma de decisiones sobre asuntos internacionales, con el resultado final de una política exterior militarizada.[78] Se dio la desquiciada situación de que los contratos de fabricación de un tipo determinado de armamento se adelantaban a la doctrina estratégica que lo requería: el armamento pasaba a ser la causa, y no la consecuencia de la estrategia, con lo cual el impulso de la carrera armamentística encontraba su verdadero origen en los oscuros pliegues del complejo militar-industrial. De esta forma, los sistemas de armas se fabricaban antes de que tuvieran una misión que cumplir: la justificación venía después, previa creación de la alambicada situación de amenaza requerida.

 

En el ámbito económico, el CMI fue a su vez el instrumento de un capitalismo de estado que vulneró las reglas del libre mercado que la misma administración norteamericana decía defender: durante toda la década de los sesenta, el 80 % de los pedidos de armamento de la secretaría de Defensa no se hizo sobre una base de competencias —por concurso— sino por negociación individual y adjudicación directa (Senghaas, 153). Las consecuencias más destacables de este tipo de prácticas fueron la fijación de precios excesivos, la generación de enormes costos adicionales y, a la postre, la profundización del característico proceso inflacionario de los años sesenta que provocaría la devaluación del dólar en 1971 y la crisis del sistema de cambios fijos establecido en Bretton Woods. A fin de cuentas, el keinesianismo militar no resultó tan beneficioso como se pensó en un principio, ya no supuso un significativo aumento del índice de empleo a la vez que generó efectos inflacionarios (Nouschi, 302). No por casualidad, la industria militar se ha caracterizado siempre por la incontrolada subida de precios que entraña[79] y por su bajísima ratio o proporción entre inversión de capital y puestos de trabajo generados.

 

 

 

   LA MANIPULACIÓN DE LA PROPIA INFORMACIÓN: LAS BRECHAS (GAPS)

 

 

 

 

 

 

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En el ámbito de la información interna y externa —secreta y pública— la existencia del complejo militar-industrial, esa gigantesca estructura enquistada en el corazón del sistema económico y político estadounidense, provocó una curiosa situación de autismo. La única información valiosa y relevante para la maquinaria de estado, susceptible de ser utilizada por los estamentos de la administración, terminó siendo aquella que magnificaba la amenaza, soviética o de cualquier otra naturaleza, y que por ello justificaba la inversión militar que se pretendía garantizar. A la luz de este hecho cobraba sentido la continua tendencia de los servicios secretos norteamericanos a exagerar el poder soviético durante toda la guerra fría, como veíamos ya en los informes inmediatamente posteriores al final de la II Guerra Mundial. También encajaba en esta explicación el asunto de los llamados gaps o “brechas” de los que se sirvió la administración norteamericana para justificar cada nuevo repunte del gasto militar. La primera “brecha” fue propiamente la magnificada amenaza de la superioridad soviética en armamento convencional, que fue convenientemente aprovechada hasta los últimos momentos de la guerra fría. Pero la más escandalosamente fraudulenta fue la llamada brecha de los misiles (missile gap) utilizada por J. F. Kennedy en su campaña electoral de 1961, en la que presentó de manera alarmista a una América vulnerable por primera vez a los misiles intercontinentales soviéticos. Explotando una supuesta situación de inferioridad se encubría mejor lo que no era sino un comportamiento agresivo, a la sazón un trascendental paso hacia adelante en el proceso de rearme de los Estados Unidos[80]. Años después se reconocería abiertamente el engaño, que sirvió oportunamente para impulsar costosísimos programas militares. De hecho, durante la época Kennedy (1961-1963) cristalizó definitivamente el complejo militar-industrial norteamericano tal y como ha sido definido más arriba, en el marco de la asunción de una nueva estrategia que sintonizaba perfectamente con los intereses de dicho complejo: la doctrina de la respuesta flexible.

 

 

 LA RESPUESTA FLEXIBLE Y LAS GUERRAS LIMITADAS

 

La doctrina de la respuesta flexible, adoptada oficialmente por los Estados Unidos en 1961 y por la OTAN en 1967, fue presentada por la administración Kennedy como una solución más adecuada que la doctrina anterior —massive retaliations, o represalias masivas— a la diversidad de amenazas con las que presuntamente se enfrentaban los Estados Unidos en la nueva década. De hecho, nacía de la crítica a la política tradicional de disuasión nuclear de los

 

 

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años cincuenta, que al basarse esencialmente en la amenaza del uso total del inmenso poderío atómico estadounidense ante cualquier tipo de agresión, aunque solo fuera ejecutada con armamento convencional, recortaba sus propias posibilidades de utilización y su margen de maniobra en conflictos menores o “guerras limitadas”. El conflicto de Corea se citaba a menudo como ejemplo de “guerra limitada”, en la que de nada había servido el inmenso potencial atómico estadounidense. En opinión de H. Kissinger, uno de los primeros teorizadores de la respuesta flexible en 1957, el “exceso de poder” de los Estados Unidos generaba el curioso efecto de que cuanto más potentes eran las armas nucleares, menor era el deseo que se sentía de emplearlas. Estados Unidos, según su opinión, había desperdiciado su ventaja estratégica sobre la URSS durante la mayor parte de la década de los cincuenta —la época en que su superioridad tecnológica en armamento atómico y vectores había sido indiscutible— al limitarse a guardarse sus bombas atómicas “como un instrumento más en un concepto de la guerra que no concebía otra meta que la victoria total y ninguna otra forma de hacer la guerra que no fuera la total”.

 

El concepto de “guerra limitada” constituyó el modelo central de desafío que los nuevos estrategas estadounidenses se plantearon a finales de los cincuenta y principios de los sesenta. Guerras limitadas que se desarrollarían previsiblemente en una zona especial de peligro “desde el extremo oriental de Turquía en torno a la periferia de Eurasia” (Kissinger, 1962, 183): en su mayor parte, en los territorios de los nuevos estados independientes que habían empezado a organizarse entre sí en el movimiento de los No Alineados. Teóricos como H. Kissinger y W. W. Rostow empezaron a complejizar el imaginario de la amenaza contra Occidente, hasta entonces monopolizada por el comunismo soviético. W. W. Rostow, como principal teórico del desarrollismo, alertaba sobre las “ambiciones nacionalistas” de los nuevos países independientes de Asia y África que, recién emancipados de la dominación colonial e inmersos en el período transicional de las sociedades pre-industriales a las modernas[81], resultaban especialmente vulnerables a la propaganda comunista. Ante tal proliferación de amenazas con el consiguiente riesgo de múltiples guerras limitadas, el discurso oficial norteamericano adquiría nuevamente los necesarios tintes victimistas que justificaban un intervencionismo mundial aún más agresivo. Al pretender contrarrestar con éxito cualquier tipo de agresión en su zona de intereses — desde actividades guerrilleras hasta ataques atómicos— la doctrina de la

 

 

 

 

 

 

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respuesta flexible se tradujo en un enorme incremento y diversificación de las capacidades militares norteamericanas[82].

 

La doctrina de la respuesta flexible, adoptada formalmente por la OTAN en 1967, preveía también la hipótesis de una guerra limitada, incluso nuclear, en suelo europeo. En caso de una invasión masiva de tropas soviéticas, el avance sería frenado durante unas semanas principalmente con armamento convencional, antes de recurrir a las armas nucleares estratégicas que podrían desatar una guerra total, termonuclear, que implicase ya al propio territorio de los Estados Unidos: esas cuantas semanas permitirían poder negociar la paz a los representantes de ambos bandos, antes de que el conflicto siguiera degenerando (Posen y Van Evera, 9). De ese modo, la asunción atlántica de la respuesta flexible por la OTAN tuvo como consecuencias directas para Europa Occidental la ampliación de la red de bases norteamericanas, la constante presión por parte de Estados Unidos para el rearme convencional de sus aliados y la extensión del armamento nuclear de corto y medio alcance emplazado en territorio europeo. En 1969 había 320.000 soldados norteamericanos estacionados en Europa Occidental, y la RFA figuraba a la cabeza de los países con mayor número de bases militares, con 124 instalaciones (Senghaas, 101). Curiosamente, los Estados Unidos se sirvieron precisamente de este hecho para plantear el problema del “reparto de cargas” (burden sharing) y exigir a sus aliados occidentales contraprestaciones económicas por el gasto ocasionado por la protección militar del suelo europeo. Las presiones se concentraron en gran medida sobre la RFA, que se vio obligada a comprar armamento convencional norteamericano más allá incluso de sus necesidades reconocidas, entre otras contrapartidas económicas[83]. Por otro lado, la OTAN mantuvo el despliegue de armamento nuclear de mediano alcance que había iniciado a finales de los cincuenta con la instalación de 45 misiles balísticos Júpiter y 60 Thor en Gran Bretaña, Italia y Turquía. Entre 1962 y 1969, 96 misiles de tipo Cruise siguieron desplegados en territorio de la RFA llegando a amenazar la URSS (Aguirre, 1984, 148), y para principios de los setenta se calculaba que había en Europa unos 7.000 ingenios nucleares tácticos o de corto alcance, todos bajo control estadounidense[84].

 

   UN VISTAZO A LA ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA OTAN

 

 

 

 

 

 

 

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Europa Occidental no sólo veía recortada su soberanía al depender de la estrategia nuclear norteamericana a través de la OTAN sin contar con el control del armamento atómico emplazado en su territorio: el mismo efecto perverso se manifestaba en el mecanismo real de la toma de decisiones de la Alianza Atlántica. En 1966 el general Beaufre, al que ya hemos mencionado antes, explicaba minuciosamente los distintos aspectos que ilustraban la “prepotencia norteamericana” en la OTAN, una de las razones que motivó la retirada de Francia de la Estructura Militar Integrada ese mismo año. Según Beaufre, no era el Consejo Atlántico quien controlaba y tomaba las decisiones en la OTAN: ese ente oculto había que buscarlo no en la estructura civil de la Alianza, sino en la estructura militar, presuntamente dependiente de aquélla. Tampoco se trataba del “Comité Militar en sesión permanente”, formado en exclusiva por militares de alta graduación norteamericanos, británicos y franceses[85]. Beaufre desvelaba que los principales mandos de la Estructura Militar de la OTAN, militares estadounidenses en su mayoría, actuaban de forma autónoma presionando sobre el Consejo Atlántico y el secretario general. La relación de poder quedaba, pues, invertida. Al ser mayoritariamente norteamericanos, los llamados mandos de primer nivel[86] sólo dependían en la práctica del Pentágono y de la administración estadounidense, y se colocaban por encima de la estructura civil de la que en teoría eran simples instrumentos. Citando textualmente a Beaufre, “es esta situación la que ha colocado en la práctica toda la organización de defensa (de la OTAN) bajo el estrecho control del Estado Mayor norteamericano” (Beaufre, 42).

 

Precisando aun más, Beaufre destacaba que no era simple casualidad que el principal mando militar de la OTAN, la Comandancia Suprema en Europa (SHAPE) encabezada invariablemente por un norteamericano, se encontrara muy cerca de París, sede del Consejo Atlántico[87]. Generalmente era el SHAPE quien tomaba la iniciativa de proponer al Consejo, con quien mantenía un contacto estrecho y permanente, los planes de defensa que finalmente debía aprobar. El organismo ejecutor ejercitaba así funciones de dirección sobre su organismo teóricamente superior, dependiendo a su vez única y directamente del Pentágono[88]. Como reflejo y consecuencia de esta prepotente “americanización del mando supremo”, por utilizar la expresión de Beaufre (43), se produjo un hecho que también contribuyó al deterioro de las relaciones franco-norteamericanas y que a la postre desembocaría en la salida de Francia de la Estructura Militar Integrada de la Alianza: la utilización por el ejército norteamericano de bases en territorio francés para intereses

 

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propios, y no del conjunto de la OTAN, como fue el caso de la intervención de Estados Unidos en Líbano en 1958 (Beaufre, 117). Surgía así el espinoso asunto de la funcionalidad colateral de la infraestructura atlántica europea para los Estados Unidos, cuyo financiamiento, como se ha visto más arriba, había corrido a cargo de los distintos países miembros según participaciones variables.

 

Durante el tiempo de existencia de la OTAN de la guerra fría, los Estados Unidos aprovecharon recurrentemente y de manera unilateral las instalaciones atlánticas en territorio europeo para sus propias intervenciones militares: desde la ya mencionada en 1958, hasta las actividades de apoyo al ejército israelí en 1967, otra nueva intervención en Líbano en 1982[89] y el bombardeo de territorio libio en 1986. En 1977 Estados Unidos disponía de 199 facilidades militares en el Mediterráneo[90], bien a través de comandos de la OTAN o de pactos bilaterales, con una mayor densidad localizada en el sector oriental[91]. La conservación de esta gigantesca infraestructura se debía a razones de interés estratégico propio, compartido o no por sus aliados. Entre los objetivos reconocidos abiertamente se contaba el apoyo a los “Estados amigos de fuera de la OTAN, particularmente Israel” y el mantenimiento “de las líneas de abastecimiento del Tercer Mundo en el área mediterránea”[92].

 

 

   LA OTAN Y LAS POLÍTICAS DOMÉSTICAS DE SUS MIEMBROS

 

Esta funcionalidad estratégica de la infraestructura de la OTAN para misiones militares en el corredor del Mediterráneo hacia Oriente Medio —en territorios “fuera de zona”, no cubiertos por el artículo VI del Tratado de Washington— que satisfacían intereses norteamericanos compartidos o no por sus socios europeos, tenía su correlato interno en otra virtualidad mucho más sutil: la influencia de los Estados Unidos sobre las decisiones de política interior de los países miembros de la Alianza. Un aspecto poco conocido, pero presente desde el mismo momento de creación de la OTAN, como quedó reflejado en la preocupación norteamericana por la influencia social de los partidos comunistas en Francia e Italia a finales de la década de los cuarenta. Los ejemplos serían innumerables, pero aquí nos limitaremos a mencionar tres, quizá los más notorios y escandalosos debido a la importancia geoestratégica de los tres países a los que se refieren: Grecia, Turquía e Italia.

 

En el primer caso, es ilustrativo recordar que el golpe de estado militar de 1967 —el Golpe de los Coroneles— se realizó conforme a un plan de la OTAN

 

 

 

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originalmente concebido para hacer frente a una invasión soviética: la llamada operación “Prometeo”, que contemplaba la ocupación militar del país y la represión selectiva de la sociedad civil[93]. Dejando a un lado el asunto de la participación de la CIA en el golpe, la administración norteamericana y la OTAN no dudaron en apoyar al régimen militar resultante. En septiembre de 1970 el gobierno Nixon consiguió el levantamiento formal del embargo de armamento con el fin de que las fuerzas armadas griegas desempeñasen su cometido “en el área de defensa de la OTAN”[94], y menos de dos años después los dos gobiernos firmaron un acuerdo para convertir los puertos griegos en la principal base de la VI flota en el Mediterráneo (Gil Pecharromán, 28). Dados estos antecedentes, sumados al apoyo norteamericano a la invasión turca de Chipre tras el golpe pro-junta militar de julio de 1974[95], una de las primeras decisiones que tomó el nuevo régimen griego tras la caída del régimen de los coroneles fue precisamente el abandono durante ese mismo año de la Estructura Militar de la Alianza Atlántica[96].

 

En cuanto a Turquía, no tuvo nada de secreta la implicación de la administración norteamericana y de la maquinaria militar del flanco sur de la OTAN en el golpe militar de septiembre de 1980 (Lowe, 84, 85). El resultado inmediato fue la satisfacción, por parte de la junta militar, de todas las peticiones que habían sido denegadas por los gobiernos anteriores de Ecevit y Demirel: se reabrieron las bases norteamericanas y se crearon otras más — Kars, Konya, Van— a la sombra de los nuevos tratados bilaterales firmados. Se amplió asimismo la base de Incirlik, en el este del país, y Turquía aceptó finalmente el libre acceso por su territorio de la Fuerza de Despliegue Rápido de los Estados Unidos (RDF)[97]: una demanda fundamental dado el estallido de la revolución iraní a principios de 1979 y el consiguiente abandono de las bases estadounidenses en la región del Golfo Pérsico. El apoyo norteamericano y atlántico se prolongó durante los años del régimen militar (1980-1983) que, según Amnistía Internacional, arrojó un saldo represor de varias decenas de muertos y miles de detenidos políticos bajo la ley marcial[98].

 

A lo largo de 1990, ya en los comienzos de la posguerra fría, fue desvelada la existencia de una organización clandestina, relacionada directamente con la OTAN y patrocinada por la CIA y el SIFAR —Servicio de Información de las Fuerzas Armadas Italianas— que durante más de treinta años planificaría y efectuaría actividades de desestabilización política en Italia: la llamada red Gladio. Este verdadero ejército clandestino[99], estrechamente relacionado con políticos democristianos, grupos

 

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ultraderechistas y sectores del ejército, fue fundado en 1956 por un acuerdo entre el SIFAR y la CIA en medio de una delicada situación política. Entre 1953 y 1960, el partido gobernante de la Democracia Cristiana (DC) mantuvo un fuerte debate interno entre el ala izquierda partidaria de una apertura a sinistra —búsqueda de una coalición con el Partido Socialista de Nenni— y la oposición de la mayoría del partido, que contaba con el apoyo de la Iglesia y de la embajada estadounidense (Platt y Leonardi, 203). Fue en este contexto donde la CIA y el SIFAR, ante el crecimiento sostenido de la base electoral del Partido Comunista y previendo una situación de emergencia que implicara a los territorios de la OTAN en forma de “subversión interna”[100] o de invasión soviética, diseñaron una gigantesca operación denominada Gladio que contemplaba la creación de células de información, propaganda, sabotaje y guerrilla por todo el país. En un documento del SIFAR fechado el 1 de junio de 1959, donde aparecía descrito con detalle la gama de operaciones a realizar, se destacaban explícitamente las relaciones consultivas y de asesoramiento con mandos norteamericanos de la Estructura Militar de la OTAN: la comandancia del mando sur radicado en Nápoles y órganos del propio SHAPE, el cuartel general de las fuerzas aliadas en Europa[101].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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III. UNA HISTORIA SALPICADA DE CRISIS

 

 

 LAS DIVERSAS CRISIS DE LA ALIANZA

 

El exquisito respeto a la independencia de decisión de los estados miembros, en el marco de una presunta asociación de países soberanos, es solamente un mito más de los muchos que ha desgranado el discurso de la OTAN durante sus cincuenta años de existencia. En su estrategia de información pública, tratada con especial cuidado desde 1956[102], la Alianza Atlántica se ha empeñado siempre en presentarse a sí misma como una “organización dinámica y vigorosa que constantemente se adapta a las condiciones de hoy”[103], esto es, como un ente caracterizado esencialmente por su capacidad de flexibilidad y adaptación a los vaivenes de la historia.

 

Pero si dejamos a un lado manuales y documentos propagandísticos, un segundo pliegue discursivo elaborado por historiadores apologistas de la OTAN nos introduce en una metahistoria atlántica algo más matizada. Desde que Hoffman escribió en 1981 —precisamente en plena crisis de los euromisiles

 

— que “la historia de la Alianza Atlántica es una historia de crisis” (1981, 327), nadie se atrevió a cuestionar tan afortunada frase. Los defensores de la OTAN pasaron, pues, a levantar una segunda barricada discursiva, más fácil de defender que la anterior, y que exaltaba la habilidad y el tesón con que la organización atlántica había superado las diversas crisis en las que había llegado a jugarse realmente su futuro[104]. Así, el reconocimiento de los accidentes sufridos por la OTAN en forma de recurrentes crisis de legitimidad venía a redundar en beneficio de la propia organización, al ensalzar su capacidad de supervivencia a las mismas.

 

A lo largo de este capítulo se describirán a grandes rasgos las principales crisis de legitimidad que padeció la OTAN a lo largo de su historia, y que en mayor o menor medida afectaron a la cohesión interna de la organización. La crisis generada por los sucesos de Suez en 1956; la motivada por el abandono francés de la estructura de la OTAN en 1966; la desencadenada por la llamada doble decisión de 1979, que aprobó el despliegue de una nueva remesa de misiles nucleares de medio alcance en territorio europeo durante el primer mandato del presidente Reagan y, por último, la profunda crisis de legitimidad provocada por el propio final de la guerra fría. Dejando a un lado otras menores —pero de gran importancia local, como los diversos conflictos

 

 

 

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entre países miembros de la Alianza[105]— las cuatro crisis citadas tuvieron el efecto de poner en cuestión la piedra angular sobre la que se levantó la estructura militar de la OTAN: su legitimidad y la necesidad de su propia existencia, siempre construida discursivamente sobre el temor a la amenaza soviética.

 

Por otra parte, en este recorrido tendremos ocasión de detenernos en dos problemas que durante toda la historia de la OTAN atravesaron las distintas coyunturas históricas de las crisis mencionadas, anudándose íntimamente con ellas y resolviéndose con mayor o menor fortuna. Nos referimos tanto a la crítica cuestión del “reparto de las cargas”, esto es, a la distribución de los gastos de la OTAN entre Estados Unidos y sus socios europeos, como a la mayor o menor autonomía del llamado pilar europeo de la OTAN. Asuntos ambos que remiten al que siempre ha sido, y lo sigue siendo, el problema capital de la Alianza: la desequilibrada relación entre Estados Unidos y Europa Occidental en el seno de una misma organización militar que siempre se ha considerado como un pacto de asociación igualitaria entre estados soberanos.

 

 

   LA OTAN Y LA CRISIS DE SUEZ (1956)

 

Curiosamente la primera gran crisis de los aliados de la OTAN, que degeneró en un verdadero enfrentamiento interno e incluso en la perspectiva de disolución de la Alianza, tuvo lugar justamente a raíz de un conflicto “fuera de zona” —fuera del ámbito comprendido en el artículo VI del Tratado de Washington— y además frente a un enemigo que no era el soviético, aunque menudearon las acusaciones de complicidad con el mismo: el nacionalismo árabe del egipcio Gamal Abder Nasser. Nasser, encumbrado al poder en 1954, representaba para Washington precisamente aquellos “nacionalismos ambiciosos” a los que se refería Kissinger, según veíamos más arriba, arraigados en sociedades “preindustriales” embarcadas en delicados procesos de transición. Como es sabido, el conflicto de Suez se desencadenó con ocasión de la nacionalización egipcia del Canal, cuya sociedad gestora pertenecía a Gran Bretaña y Francia, aunque los motivos últimos del enfrentamiento con estas dos potencias y con Estados Unidos residieron en última instancia en el discurso panarabista nasseriano, que además se insertaba bien en el emergente movimiento de los países No Alineados. Finalmente, Francia y Gran Bretaña decidieron una acción de represalia y

 

 

 

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recuperación del Canal en connivencia con Israel y a espaldas de Washington, para irritación de la administración Eisenhower.

 

Resultó especialmente llamativa la agresividad del discurso francés contra Nasser, cuya política panárabe representaba un enorme apoyo a las causas independentistas de Marruecos y Argelia. La satanización del dirigente egipcio se basó en dos aspectos que con posterioridad serían utilizados hasta la saciedad: si por un lado se le asimiló con Hitler, por otro se le acusó de tener la “ambición de recrear las conquistas del Islam”[106]. Gran Bretaña, por su parte, llegó a proponer a los Estados Unidos que la OTAN interviniera militarmente en la crisis de Suez. Dicha intervención habría significado la primera misión directa “fuera de zona”, que aún tendría que esperar unos cuarenta años en realizarse, terminada ya la guerra fría. Eisenhower no sólo rechazó la propuesta británica, aparentemente reacio a comprometerse con causas coloniales desprestigiadas y principalmente ocupado en la campaña electoral para su reelección, sino que además dio a entender que una acción unilateral británica pondría en peligro la decisión de mantener la OTAN (Kissinger 1996, 570). Pero las discrepancias entre los tres países aliados alcanzaron su punto culminante cuando se ejecutó la acción militar franco-británica de ocupación del Canal de Suez. La administración Eisenhower se opuso enérgicamente en la ONU[107] y no cedió hasta conseguir la retirada de las tropas, que terminaron siendo sustituidas por los primeros “cascos azules”. Públicamente Washington apareció enfrentado a sus aliados europeos de la OTAN, y el secretario de Estado John Foster Dulles llegó incluso a acusarles de violar el artículo I del propio Tratado de Washington: un artículo puramente retórico que recogía el compromiso de los países miembros de resolver sus disputas por medios pacíficos (Kissinger, 1996, 582).

 

 

 EL PANORAMA DESPUÉS DE SUEZ

 

El conflicto de Suez marcó un antes y un después en las relaciones de los tres países de la OTAN y en los respectivos papeles internacionales que jugarían a partir de entonces. Gran Bretaña vio confirmado su rol subsidiario de la potencia estadounidense en sus antiguas posesiones coloniales, en un proceso que había empezado tras la II Guerra Mundial con la desesperada llamada de auxilio que había dado origen a la Doctrina Truman. Tras la caída de Eden, el gabinete conservador de McMillan procuró restaurar la tradicional “relación especial” con su principal aliado, y pudo dar continuidad al desarrollo de una

 

 

 

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capacidad nuclear propia pero hipotecada por la futura dependencia de la tecnología norteamericana. Para Francia, Suez significó el empeoramiento de sus relaciones con los Estados Unidos —ya deterioradas por el asunto de la CED— y la firme decisión de dotarse de una fuerza nuclear disuasoria

 

propia[108]: determinación que a la postre complicaría aun más dichas relaciones. Los Estados Unidos, por su parte, salieron fortalecidos de la crisis, cómodamente instalados de manera definitiva en su papel de potencia global. Suez significó, según Kissinger,

 

 

   la iniciación de los Estados Unidos en las realidades del poder global, una de cuyas lecciones es que los huecos siempre son ocupados y que la principal pregunta no es si esto ocurrirá, sino quién los ocupará. Tras haber desplazado a Gran Bretaña y a Francia de sus papeles en Oriente Medio, los Estados Unidos descubrieron que la responsabilidad del equilibrio del poder en esa región había caído íntegramente sobre sus hombros (1996, 585).

 

En diciembre de ese mismo año, el Consejo del Atlántico Norte insistía en la necesidad de fortalecer la cooperación política de los aliados y de mantener estrechas consultas sobre política exterior en cuestiones que afectasen colectivamente a la Alianza: la sombra de la desunión de Suez se destacaba claramente en el llamado Informe del Comité de los Tres sobre Cooperación No Militar dentro de la OTAN. Algo más de dos años después, la OTAN celebraba su primer aniversario en un clima político enrarecido por las tensiones entre Grecia y Turquía por Chipre y entre Islandia y Gran Bretaña por la “guerra del bacalao”: la cod war, que no cold war (Irazazábal, 18). Pero era Francia el país que más preocupaba a la Alianza, ya que las discrepancias con los Estados Unidos y con Gran Bretaña se iban profundizando cada vez más.

 

 

   LAS DISCREPANCIAS DEL GENERAL

 

En julio de 1958 el nuevo gobierno del general De Gaulle se había negado a desplegar en territorio francés los misiles nucleares Thor de alcance medio de la OTAN, cuyo gatillo sólo era manejado por los Estados Unidos. En septiembre de ese mismo año el general envió un memorándum a Eisenhower y a McMillan en el que proponía la creación de un directorio político a tres potencias dentro de la OTAN —Francia, Reino Unido y EEUU— que diseñara de manera colegiada los planes estratégicos de la organización, incluyendo aquellos que contemplaban el uso de las fuerzas nucleares. La propuesta incluía asimismo la extensión del ámbito de actuación de la OTAN allí “donde fuera apropiado”, en función de los intereses de sus miembros: Francia fue,

 

 

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por tanto, el primer país en proponer una OTAN global que pudiera operar militarmente sin restricción territorial alguna, más de cuarenta años antes de que fuera ampliado el ámbito de acción definido por el artículo VI del Tratado del Atlántico Norte en la cumbre de Washington, celebrada en abril de 1999 con ocasión del cincuentenario de la creación de la Alianza. El memorándum del general De Gaulle fue diplomáticamente desestimado, siendo esta negativa la que desencadenó a la postre la progresiva y escalonada retirada francesa de la Estructura Militar atlántica, que culminaría en 1966[109].

 

Antes de consumarse definitivamente, la retirada francesa hubo de atravesar varias etapas. El rechazo estadounidense y británico al memorándum tuvo como respuesta inmediata el abandono, por parte de la flota francesa del Mediterráneo, del mando integrado atlántico en marzo de 1959. Posteriormente, con la entrada en escena del gobierno Kennedy, el desencuentro franco-estadounidense no hizo sino profundizarse. La nueva doctrina estratégica de respuesta flexible exigía una dirección centralizada del uso de las armas nucleares (Delmas 1969, 108) y la administración norteamericana se mostró absolutamente contraria al desarrollo nuclear independiente tanto británico como francés. En julio de 1962 Kennedy proclamó la Declaración de Interdependencia entre los Estados Unidos y una Europa Unida, en la que se mostraba partidario de una futura reforma de la OTAN sobre la base de una asociación paritaria (equal partnership). Washington acuñaba así la doctrina de los dos pilares de la Alianza, de la que tanto se hablaría posteriormente, a la vez que apoyaba las esfuerzos de Gran Bretaña por integrarse en la Comunidad Económica Europea (CEE), que quedarían frustrados a principios de 1963 por la negativa francesa.

 

 

 PRIMERA FORMULACIÓN DE UN PILAR EUROPEO DE LA OTAN

 

Pero la retórica del pilar europeo de la OTAN no tardaría en revelarse como falsa a la luz de las decisiones tomadas por la administración Kennedy inmediatamente después de su solemne declaración. En julio de 1962 pidió la integración de todas las fuerzas nucleares europeas en la OTAN y para ello presentó el proyecto de la Fuerza Multilateral naval (MLF) formada por submarinos equipados con misiles nucleares Polaris y asignada a la Alianza Atlántica. La propuesta pretendía asegurar el control en manos norteamericanas de todo el armamento nuclear existente en Europa[110] implicando a la vez a sus aliados europeos de forma doble: las tripulaciones

 

 

 

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serían multinacionales y el coste se repartiría entre los aliados, sin que ningún país superara un porcentaje del 40 % de la financiación de la fuerza completa (Delmas 1969, 113). Las ventajas para los Estados Unidos eran evidentes. La financiación conjunta de la flota suponía un buen negocio en contratos de venta de armamento y a la vez se obstaculizaba el desarrollo nuclear autónomo de Francia y de Gran Bretaña[111].

 

Casi al mismo tiempo, en el otoño de 1962, la administración estadounidense suspendía bruscamente la fabricación de un tipo de misil nuclear de largo alcance disparado desde el aire —el Skybolt— cuya venta a Gran Bretaña había sido decidida y tramitada con la administración anterior de Eisenhower. Las explicaciones técnicas no lograron ocultar la verdadera razón política: reducir la capacidad nuclear independiente de su aliado atlántico (Kissinger 1996, 643). La compensación ofrecida por los Estados Unidos, y aceptada formalmente en el acuerdo de Nassau entre Kennedy y McMillan, fue la oferta de venta de cinco submarinos con sus respectivos misiles Polaris, pero con el compromiso de que la flota estaría asignada a la OTAN y por tanto el control nuclear permanecería en manos norteamericanas; se trataba del primer contingente que podría encarnar el proyecto de la MLF. La misma oferta le fue presentada a Francia, que la rechazó rotundamente.

 

En 1963, el deseo de limitar el club de potencias nucleares llevó a los Estados Unidos a firmar con la URSS y el Reino Unido un tratado para la eliminación definitiva de los ensayos nucleares atmosféricos. Se producía así un nuevo desencuentro con Francia, que junto con China se negó a firmar el acuerdo, empeñada como estaba en construir una force de frappe (fuerza de choque) independiente y con capacidad de disuasión propia[112]. En junio de ese año la escuadra francesa del Atlántico y del Canal de la Mancha abandonó la OTAN, y el proyecto de la MLF continuó siendo debatido y cuestionado — por el asunto del control nuclear centralizado bajo mando norteamericano— hasta su definitivo abandono en el otoño de 1966. Poco antes, el 21 de febrero, De Gaulle anunciaba la retirada de todas las unidades francesas del mando de la OTAN y solicitaba la evacuación de las bases norteamericanas y canadienses del territorio nacional.

 

 

   CONSECUENCIAS PARA EUROPA DE LA «RESPUESTA FLEXIBLE»

 

La crisis francesa acabó cerrándose en falso. Liberados de la oposición de De Gaulle, el expediente nuclear se solventó con la formación de un nuevo comité atlántico —el Grupo de Planes Nucleares, GPN— como foro de

 

 

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consultas e información a los aliados sobre la estrategia nuclear a seguir, y del que estuvo ausente Francia. El GPN carecía de hecho de toda capacidad decisoria para el lanzamiento de las armas atómicas en caso de conflicto, privilegio exclusivamente reservado al presidente de los Estados Unidos (Generales por la Paz y el Desarme, 117). Con varios años de retraso, la OTAN adoptó formalmente la doctrina estratégica norteamericana de la respuesta flexible que, como ya hemos visto, maximizaba todas las formas posibles de rearme, desde el atómico al convencional, en correspondencia con la diversidad de conflictos previstos: desde guerras limitadas, —con uso opcional de armamento atómico táctico—, que se argumentaba interesadamente que podían estallar incluso en Europa, hasta una guerra total, termonuclear.

 

En el amplio abanico de conflictos posibles que imaginaba la doctrina de la respuesta flexible, la administración norteamericana apuntaba la amenazante posibilidad de una guerra limitada en Europa en la que los Estados Unidos no juzgaran conveniente responder no ya con su armamento nuclear estratégico —misiles intercontinentales, submarinos nucleares— sino con el armamento nuclear táctico desplegado en suelo europeo. Ello se debía al peligro de que, en virtud de un proceso de escalada, la guerra limitada pudiera degenerar en una guerra total en la que el propio territorio norteamericano quedara expuesto a los misiles intercontinentales soviéticos. En 1963, el secretario de Defensa McNamara había planteado de esta forma la situación:

 

   tal vez hayamos de enfrentarnos con situaciones en Europa donde no nos convenga —y tampoco a nuestros aliados— el empleo siquiera inicial de armas nucleares tácticas… siempre y cuando seamos capaces de solventarlas con medios convencionales (…) Por añadidura, aun cuando el uso de armas tácticas no comporte necesariamente una escalada inevitable hacia la guerra nuclear global, sí representa un umbral bien definido más allá del cual penetramos en lo incógnito.[113]

 

La recomendación de McNamara parecía más bien una amenaza en función de la perspectiva de incertidumbre que implicaba. En caso de ataque soviético, con armamento nuclear o no, el paraguas nuclear norteamericano —bombarderos estratégicos, submarinos nucleares, misiles intercontinentales

 

— ya no estaba garantizado. Y tampoco el uso de armas nucleares tácticas, cuya decisión estaba en manos de los Estados Unidos. Ante un ataque de ese tipo, la capacidad disuasoria quedaba reducida a que los aliados contaran en su territorio con ejércitos convencionales numerosos y bien pertrechados.

 

El armamento necesario para ello debía adquirirse principalmente en los Estados Unidos, que en aquel momento se encontraban en pleno apogeo de su

 

 

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complejo militar-industrial. Como resultado, durante los años sesenta y setenta abundaron las presiones norteamericanas para que Europa Occidental invirtiera en armamento convencional, recurso que le correspondía según un clásico argumento de división del trabajo[114] perfectamente acorde con la voluntad estadounidense de frenar y limitar todo desarrollo nuclear independiente de los aliados europeos. El caso de Alemania Occidental, la potencia europea que por aquellos años ostentaba los mayores índices de crecimiento económico, resultaba especialmente significativo. Enfrentada de continuo a la perspectiva de una guerra limitada en su propio territorio de frontera con el bloque soviético, y chantajeada bajo amenaza de retirada de las fuerzas norteamericanas de su territorio, la República Federal Alemana fue el aliado que más invirtió en armamento convencional precisamente en los tiempos de la distensión y la coexistencia pacífica.

 

 

   LA OTAN VE CUESTIONADA SU EXISTENCIA

 

La misma paradoja reflejaba el Informe Harmel, aprobado por el Consejo Atlántico en diciembre de 1967, al empeñarse en conciliar lo irreconciliable: la apuesta por el proceso de distensión entre los bloques y la voluntad de rearme continuo. En el texto del informe podían rastrearse ciertos temores muy significativos, como cuando se afirmaba que el logro de la distensión no debía dar lugar a fisuras en la Alianza. Y es que desde la crisis de los misiles de 1962, el término distensión había adquirido una dimensión de legitimidad y popularidad que podía resultar preocupante para el futuro de una organización militar que no había dejado de rearmarse durante todos esos años, y que además había padecido la crisis francesa y serios desencuentros internos sobre el asunto del armamento nuclear. Por otra parte, no era menos cierto que en la dinámica de la distensión, los aliados europeos habían jugado un papel más o menos autónomo en sus iniciativas de acercamiento y negociación con la Europa del Este y con la URSS —como las de Wilson y De Gaulle, a partir de 1964, y la Östpolitik[115] de Brandt desde 1966— adelantándose y arrastrando en cierta forma a la propia administración norteamericana.

 

En definitiva, cuando numerosas voces se levantaban para cuestionar su existencia[116], la OTAN parecía esforzarse por reciclarse en la época dorada de la distensión asumiendo una nueva función política. Se había operado un cambio importante de discurso con respecto a la OTAN de los años cincuenta: su discurso legitimador a finales de los sesenta, al menos en Europa

 

 

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Occidental, “ya no era la defensa, por lo menos en la retórica pública; su principal justificación estaba convirtiéndose en el relajamiento de la tensión” (Kissinger 1980, 76). Por otra parte, a la Alianza le resultaba imperativo presentar un frente sin fisuras. Con ocasión del vigésimo aniversario de la firma del Tratado del Atlántico Norte, celebrado en Washington en 1969, el presidente Nixon volvía a advertir en contra de una “distensión selectiva”, preocupado como estaba por el rumbo autónomo de las políticas de sus aliados con la Europa del Este y la URSS. Nixon reconocía además la gravedad de la situación recientemente vivida por la OTAN, al declarar que uno o dos años antes se había puesto de moda lamentarse de la crisis de la Alianza Atlántica y presagiar su pronta desaparición. A continuación añadía que, entretanto, aquellos rumores se habían acallado (Brandt, 303). Si hemos de dar por cierta la observación de Nixon, quizá no fuera ajeno al silenciamiento de aquellos rumores un hecho fundamental que había ocurrido recientemente —la invasión de Checoslovaquia por las tropas soviéticas— y que había sido acogido por la OTAN con un absoluto silencio. Un silencio que tal vez fuera reflejo de un discreto alivio, ya que el enemigo daba evidentes muestras de estar vivo y en buena forma, justificando así la propia razón de ser de la Alianza.

 

 

   EL LITIGIO DEL “REPARTO DE LAS CARGAS” («BURDEN SHARING»)

 

La crisis que sufrió la OTAN a finales de los sesenta estuvo atravesada por otro problema surgido a principios de la década anterior, y que a la postre se convertiría en un litigio crónico entre Estados Unidos y los socios europeos durante el resto de la guerra fría. Ya hemos visto que a principios de la década, y en el marco de la adopción por parte de los Estados Unidos de la doctrina estratégica de la respuesta flexible y de la creación del todopoderoso complejo militar-industrial en este país, la administración Kennedy había presionado a favor del rearme convencional de sus socios europeos de la OTAN. La situación económica de los Estados Unidos, tan distinta de la del decenio anterior, no era ajena al renovado interés por vender armamento a Europa Occidental. Durante los años sesenta la balanza de pagos norteamericana empezó a arrastrar un déficit crónico y creciente. Si en los cincuenta sus bienes y servicios habían inundado Europa al abrigo del Plan Marshall, la situación se había tornado la contraria como resultado de los milagros europeo y japonés. Europa y Japón exportaban cada vez más a Estados Unidos, que se endeudaba progresivamente y exportaba capital —

 

 

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multinacionales— al Viejo Continente; además, en la segunda mitad de los sesenta el déficit de su balanza de pagos se agravó aun más con los gastos ocasionados por la guerra de Vietnam.

 

La línea discursiva utilizada por las administraciones de Kennedy y Johnson se apoyaba una vez más en el mítico sacrificio norteamericano por la defensa de Europa. Se argumentaba que eran los norteamericanos quienes cargaban sobre sus hombros con la defensa del suelo europeo, y que sus socios debían compensarles de alguna forma por ese sacrificio o invertir en su propia defensa adquiriendo armamento convencional a los Estados Unidos. De manera interesada, empezó a popularizarse la demagógica imagen de que, durante la década anterior, Europa se había dedicado a atesorar oro mientras los Estados Unidos coleccionaban bombas nucleares (Rostow 1973, 249). Dada la mayoritaria presencia de bases y soldados norteamericanos en su territorio, fue Alemania Occidental quien tuvo que soportar las mayores presiones. La RFA se vio forzada, durante la mayor parte de la década de los sesenta, a adquirir una enorme cantidad de armamento norteamericano; más del que necesitaba, según reconocería posteriormente el canciller W. Brandt. Además, ante las renovadas presiones de la administración Johnson en 1966, Alemania Occidental se vio forzada a adquirir empréstitos norteamericanos a medio plazo (Brandt, 305), entre otras concesiones económicas[117].

 

Las recriminaciones a Europa Occidental por no gastar lo suficiente en su propia defensa no se detuvieron allí. Entre 1966 y 1977, el senador norteamericano Mike Mansfield planteó una serie de enmiendas buscando recortar el número de tropas norteamericanas desplegadas en Europa —unos 300.000 soldados— que tuvo como resultado un debate constante en las cámaras y, en consecuencia, la correspondiente presión política sobre los aliados europeos. La coincidencia de este período con la escalada creciente de gastos militares norteamericanos en la guerra del Vietnam no fue casual. Para colmo, los debates estaban impregnados de un profundo resentimiento por la falta de apoyo de sus socios europeos en dicho conflicto. Según el discurso de buena parte de congresistas y senadores, Estados Unidos estaba conteniendo en solitario al comunismo en Vietnam, y para colmo tenía que seguir haciéndose cargo de la defensa de sus ricos aliados.

 

Las distintas administraciones —Johnson y Nixon— lograron derrotar las enmiendas Mansfield presentadas hasta 1972, pero al mismo tiempo las utilizaron para presionar a sus aliados. Como resultado de estas presiones el ejército alemán —el Bundeswehr— adquirió un notable grado de desarrollo durante los sesenta y setenta, y a lo largo de esta última década, como

 

 

 

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promedio, los miembros europeos de la OTAN registraron un gasto creciente en armamento convencional —principalmente en programas de modernización

 

— a razón de un incremento anual del 3 % (Flanagan, 19). En 1968 se creó en la OTAN un órgano informal que agrupaba a todos los miembros de la alianza salvo Francia e Islandia, el Eurogrupo, que no tardó en anunciar un Programa de Mejora de la Defensa Europea de cinco años de extensión en el que se invirtieron cuantiosos recursos. Hasta mediados de los setenta el debate del reparto de las cargas conoció un cierto respiro, pero volvió a surgir con más fuerza en 1974 con la aprobación de la nueva enmienda Jackson-Nunn, que planteaba como respuesta automática el recorte del número de tropas desplegadas, en caso de que los aliados europeos no compensaran adecuadamente el déficit de la balanza de pagos estadounidense en plena época de crisis. Al año siguiente, el gobierno Ford consiguió evitar las reducciones de tropas asegurando en el Congreso que la balanza de pagos norteamericana había sido plenamente compensada: de hecho había mejorado con creces, en gran medida gracias a la devaluación del dólar de principios de década (Lunn, 15; Sloan, 40).

 

Los debates sobre el asunto del reparto de las cargas acumularon una gran tensión. Los aliados europeos llegaron incluso a acusar a Washington de pretender negociar con sus tropas como si fuesen “mercenarios” (Lunn, 15; Rostow, 1973, 409) y se ocuparon de destacar que su presencia en suelo europeo redundaba también en su propio interés, algo que, por lo demás, resultaba obvio. Al respecto cabe observar también que las tropas del Reino Unido desplegadas en suelo alemán no disfrutaron de las mismas compensaciones comerciales que recibió Estados Unidos (Rostow, 1973, 408). Por otra parte, en las discusiones solía ocultarse un hecho particularmente ilustrativo: que la mayoría de los bienes y servicios utilizados por las fuerzas armadas en el extranjero se producían en los Estados Unidos (Senghaas, 11). Siguiendo el tradicional modelo colonial del enclave, las tropas norteamericanas generaban una demanda que, en gran parte, era satisfecha por la producción nacional, con los consiguientes efectos beneficiosos para el propio país. Para terminar, y a modo de argumento definitivo, el famoso economista y asesor presidencial con las administraciones Johnson y Kennedy, W. W. Rostow, reconocía en 1973 que no había “ningún ahorro presupuestario sustancial mezclado con las retiradas de tropas de Europa: las unidades americanas cuestan, por lo menos, tanto de mantener en casa como en el extranjero” (Rostow, 1973, 597).

 

 

 

 

 

 

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   REARME EUROPEO EN LA CRISIS DE LOS SETENTA

 

A mediados de los setenta, y después del descrédito internacional ocasionado por la estrepitosa derrota en Vietnam y el caso Watergate, la nueva administración Carter se propuso continuar e intensificar el proceso de rearme de Europa Occidental, según el modelo Kennedy de fortalecimiento del pilar europeo de la OTAN. Para entonces el mercado europeo de armas norteamericanas había decrecido en importancia frente al de Asia —ver la figura 2— y cada vez con más frecuencia lo que vendían los Estados Unidos a sus socios europeos no era tanto el armamento acabado como la tecnología necesaria para producirlo —“know-how”— generalmente en forma de programas de coproducción. Con este objetivo, y escudándose en la necesidad de modernizar y “estandarizar” el diverso armamento aliado[118], en 1977 el gobierno Carter propuso dos iniciativas complementarias entre sí: el Programa de Defensa a Largo Plazo (Long-Term Defence Programme, LTDP) y el llamado Compromiso del 3 %. El LTDP, adoptado formalmente por la OTAN al año siguiente, consistía en un ambicioso programa de modernización del armamento aliado europeo, tanto nuclear táctico como convencional, cuyo cumplimiento exigía el compromiso de incrementar los gastos militares a razón de un 3 % anual como promedio. Se trataba, en suma, de asegurar el mismo ritmo de crecimiento —y de adquisición de tecnología y armamento norteamericano— que hasta ese momento habían tenido los gastos militares en Europa Occidental, pero en esa ocasión en medio de la difícil situación económica provocada por la crisis de 1974-1975, que acababa de afectar al Viejo Continente con algunos años de adelanto sobre los Estados Unidos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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FIGURA 2. Dólares a precios corrientes en millardos.

 

El mercado del armamento estadounidense: encargos de armas

 

a través del Programa de Ventas Militares al Extranjero

 

(Foreing Military Sales Program) por regiones, 1966-1980.

 

Precisamente debido al cambio radical de coyuntura económica, los resultados del proceso de rearme no llegaron a satisfacer las expectativas norteamericanas. Por un lado los países europeos se resistieron a ejecutar un programa tan costoso a largo plazo en medio de una fase recesiva de sus economías, que a la postre terminaría por prolongarse hasta bien entrados los ochenta. Por otra parte, las iniciativas de la administración Carter reflejaban con demasiada claridad las presiones de venta de armamento y tecnología norteamericana, disimuladas detrás del consabido argumento de promover la necesaria estandarización del armamento aliado evitando la duplicación de recursos e inversiones. Dado que el desarrollo de la industria armamentística europea era menor, los Estados Unidos podían fabricar los equipos adecuados a menor coste, lo que redundaba necesariamente en un mayor volumen de ventas de armas y tecnología norteamericanas a Europa Occidental (Klare, 170).

 

Conviene, por otra parte, destacar un dato fundamental: a partir de la devaluación del dólar de 1971 había empezado a invertirse el sentido del flujo del capital y de las inversiones a través del Atlántico, que a lo largo de los sesenta se habían dirigido preferentemente hacia Europa mientras las

 

 

 

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mercancías europeas inundaban el mercado norteamericano. De esa forma, durante la década de los setenta las exportaciones norteamericanas hacia Europa Occidental vivieron una fase de recuperación al abrigo del dólar devaluado, mientras que los estados europeos empezaban a acusar los efectos de las crisis sucesivas del 1974-1975 y del 1979-1980. El gobierno Carter intentó cebar el anzuelo de la venta de tecnología armamentística comprometiéndose a desarrollar una doble vía (two way street) más equilibrada en el comercio del sector entre Europa y los Estados Unidos, como compensación al “reparto de la carga” de defensa, pero los resultados dejaron mucho que desear para los socios europeos (Flanagan, 24). Como prueba de ello, a principios de los ochenta la proporción en el comercio trasatlántico de armamento todavía era de diez a uno a favor de los Estados Unidos (Owen, 213).

 

 

   BELIGERANCIA DE LA ADMINISTRACIÓN CARTER

 

Estas dos iniciativas, el LTDP y el compromiso del 3 %, han de ponerse en relación con otros aspectos de la beligerante política armamentística de Carter, emboscada detrás de un discurso liberal de defensa de los derechos humanos a nivel mundial (Halliday, 195). Fue precisamente con Carter cuando se resucitó una doctrina estratégica nuclear especialmente agresiva cuyo desarrollo había quedado interrumpido a principios de la década de los setenta, en pleno proceso de distensión con la URSS y de recorte del hipertrofiado presupuesto del Pentágono: la llamada doctrina nuclear de contrafuerza (counterforce). La contrafuerza pretendía acabar con la disuasión mutua de ambos bloques, al impulsar la producción de armas nucleares muy precisas, capaces de un primer golpe —first strike— que, en un primer momento, dejaran fuera de combate a las fuerzas nucleares enemigas —forces

 

— y las incapacitaran para una represalia efectiva contra el país atacante. Venía además complementada por un nuevo desarrollo de los sistemas defensivos contra misiles, que pudieran repeler con éxito un ataque o una represalia nuclear, anulando así su capacidad disuasoria. En definitiva, la asunción de una capacidad de contrafuerza por parte norteamericana significaba romper el equilibrio entre bloques y dar al traste con el proceso de distensión construido sobre los acuerdos SALT I (1972)[119] de reducción de armamento estratégico y sistemas defensivos.

 

Fue precisamente bajo las administraciones Ford y Carter cuando los Estados Unidos se dotaron de una capacidad adecuada de contrafuerza[120], en

 

 

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pleno clima negociador de la distensión (Halliday, 186). Un ejemplo de ello lo tenemos en los tristemente famosos misiles Cruise (Crucero) y Pershing II, armamentos de alta precisión y por tanto susceptibles de ser utilizados como armas de contrafuerza, aptas para una estrategia de primer golpe. El programa de fabricación del Cruise se había iniciado a principios de los setenta, y en junio de 1977 Carter dio el impulso definitivo a su fabricación al tiempo que se negaba a incluir este tipo de misiles de alcance medio en la agenda de las conversaciones SALT II de aquel mismo año. En cuanto al Pershing II, las investigaciones para su producción habían comenzado en 1969, y en mayo de 1978 el ejército estadounidense anunció su intención de desplegar una brigada equipada con este tipo de misiles en Alemania Occidental. En febrero de 1979, la empresa armamentística estadounidense Martin recibió un pedido para producir misiles Pershing II por valor de 360 millones de dólares. Y todo ello mientras continuaban las negociaciones con la URSS sobre limitación de armamentos para guardar las apariencias (Generales por la Paz y el Desarme, 137).

 

En 1979 las armas de contrafuerza ya existían y la inversión estaba hecha: su despliegue en Europa fue incluso acordado durante el mes de enero en la cumbre de Guadalupe (Halliday, 200). El pretexto para su despliegue, la necesaria justificación que lo presentara como una medida defensiva, fue la previa modernización por parte soviética de los anticuados misiles de alcance medio SS-4 y SS-5 por los modernos SS-20. Así, nuevamente se esgrimió el falaz argumento de la “brecha”, en este caso relativa a los misiles de alcance medio, para justificar un nuevo paso hacia adelante en la tensión entre los dos bloques (Bastian, 8). El 12 de diciembre de 1979 el Consejo del Atlántico Norte proclamó su famosa doble decisión, por la que aprobaba formalmente la instalación de los Cruise y Pershing II en suelo europeo, a la vez que se manifestaba proclive a continuar con las conversaciones de limitación de armamento nuclear con la URSS. Esta última decisión tenía un efecto puramente propagandístico, ya que en la práctica se saboteaban las conversaciones al pretender negociar desde una posición de fuerza. La decisión de la OTAN, sin embargo, no estuvo exenta de polémica y generó resistencias que se profundizarían posteriormente, ya con la administración Reagan; de hecho, fue tomada bajo una intensa presión norteamericana, en contra de los pareceres de numerosos aliados y en vísperas de la reunión de la CSCE en Madrid[121]. Por aquel entonces las presiones norteamericanas sobre Europa eran, por cierto, dobles; en el mismo foro de la OTAN y en vísperas de la decisión del 12 de diciembre, el secretario de Defensa Brown se esforzaba

 

 

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en vano por conseguir que sus socios tomasen las mismas medidas de represalia contra el Irán de Jomeini que habían tomado los Estados Unidos, sumidos en plena crisis de los rehenes[122].

 

Al mismo tiempo, la administración norteamericana no descuidaba el desarrollo del armamento convencional. En 1977 Carter ya había planteado la creación de fuerzas especiales que pudieran intervenir eficazmente en el Tercer Mundo[123], y en enero de 1978, el secretario de Defensa Harold Brown encargaba al Pentágono la elaboración de un plan de rápido despliegue de una fuerza de unos cien mil hombres para una posible intervención en el Golfo Pérsico o en otras regiones. El gobierno Carter resucitaba de esta forma planes abandonados tras la derrota de Vietnam, mostrándose dispuesto a superar el síndrome homónimo. El proyecto se aceleró con el estallido de la revolución iraní en 1979 y la retirada de las bases norteamericanas del territorio. Ese mismo año se creaba formalmente la Fuerza de Despliegue Rápido (Rapid Deployment Force, RDF) destinada en primera instancia a la región del Golfo Pérsico, y que adquirió la justificación que necesitaba con la invasión de Afganistán efectuada en diciembre por el ejército soviético. De cara al exterior, la determinación de crear la RDF adquiría así carta de legitimidad en tanto que instrumento de contención militar frente a un fantasioso más que hipotético avance de los ejércitos soviéticos hacia el Golfo Pérsico[124]. El gobierno norteamericano fortaleció y completó asimismo su red de bases y facilidades locales para la proyección de la RDF sobre la “tercera zona estratégica”, según la terminología de Brzezinski (Halliday, 207), llegando a acuerdos con Oman, Kenya, Somalia y Egipto (Lunn, 25).

 

Como resultado de todo ello, y a pesar de su retórica pacifista, las inversiones militares aumentaron durante todo el período de la administración Carter (Halliday, 196). Algunos autores se han ocupado de destacar la funcionalidad económica de este rearme norteamericano de finales de los setenta, a modo de reedición del keinesianismo militar de décadas anteriores pero en un contexto distinto, marcado por altas tasas de inflación y reducción de la demanda[125]. Esta vez se habría producido un aumento del gasto público casi exclusivamente limitado al ámbito de la producción militar, a la vez que se impulsaban fuertes paquetes de medidas anti-crisis en el marco de políticas monetarias restrictivas que pesarían gravemente sobre los sectores más desfavorecidos de la sociedad. estadounidense.

 

 

   COMIENZA LA SEGUNDA GUERRA FRÍA

 

 

 

 

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En 1979 la crisis del petróleo ya se había hecho sentir fuertemente en los Estados Unidos, con cierto retraso con respecto a Japón y Europa Occidental. A principios de año estalló la revolución islámica en Irán, con lo que arreciaron los últimos preparativos para la puesta a punto de la Fuerza de Despliegue Rápido, y en noviembre se produjo la toma de la embajada norteamericana en Teherán, desencadenando la llamada crisis de los rehenes[126]. 1979 fue el annus terribilis de la administración Carter, con una fuerte recesión económica en el interior y un creciente deterioro de su imagen internacional, problemas que precipitaron un salto cualitativo en la beligerancia de su política y que desembocarían en el grave empeoramiento de las relaciones con la URSS reflejado en la doble decisión de diciembre. De hecho, la histórica decisión de los euromisiles fue adoptada en uno de los momentos de máximo descrédito interno de la administración Carter, cuando en el mes anterior se había producido la ocupación de la embajada norteamericana en Teherán y la toma de más de cien rehenes. Por ello 1979 es considerado como el primer año de la llamada “segunda guerra fría”[127], que alcanzaría sus mayores niveles de tensión a finales de 1983 (Halliday, 214) para reducirse progresivamente al abrigo del proceso de perestroika y glasnost auspiciado por M. Gorbachov a partir del año siguiente.

 

La imagen de debilidad proyectada por Carter, simbolizada en la crisis de los rehenes de la embajada norteamericana en Irán —con el añadido del intento frustrado de su liberación— contrastaba dramáticamente con la de las tropas soviéticas invadiendo Afganistán. Fue explotando este contraste, y acusando a la administración demócrata de ser demasiado “blanda” con sus enemigos, como la oposición republicana encabezada por Ronald Reagan consiguió ganar las elecciones presidenciales a finales de 1980. Pero de la falsedad de estas acusaciones podían dar cuenta buenos conocedores de la política de Carter como Zbigniew Brzezinski, consejero de seguridad nacional y hombre clave en la etapa más temprana del renovado tensionamiento de la segunda guerra fría. Ante el balance de logros de la administración a la que había servido Brzezinski, resultaba obvio que Reagan no tuvo necesidad de innovar demasiado: bastaba con seguir una senda abierta previamente:

 

Fue el presidente Carter quien, por vez primera en tiempo de paz, incrementó el presupuesto de defensa. Fue el presidente Carter quien ordenó la creación de una Fuerza de Rápido Despliegue. Fue el presidente Carter quien decidió el despliegue del misil MX. Fue él quien creó una estructura de seguridad regional en el Golfo Pérsico[128].

 

 

   RELACIÓN SINÉRGICA ENTRE LA OTAN Y EL GOLFO PÉRSICO

 

 

 

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La cuantiosa inversión norteamericana en una fuerza adecuada de proyección militar en la región de Oriente Medio y el Golfo Pérsico no podía menos que ejercer su efecto sobre la OTAN y sobre el número de tropas desplegadas en Europa Occidental, con mayor motivo en un contexto de recesión económica como el de finales de los setenta. Durante el último año de la administración Carter, la revolución islámica en Irán y la invasión de Afganistán fueron utilizados por Washington, según su particular análisis de la situación mundial, como coartadas que justificaban un mayor esfuerzo militar conjunto según el tradicional esquema de división del trabajo. El argumento utilizado se basaba en el interés que revestían los acontecimientos ocurridos en Asia Sudoccidental para los países de la OTAN en su conjunto, expresado de forma concreta en el abastecimiento de productos energéticos de la región del Golfo. La división del trabajo propuesta consistía en que los Estados Unidos dedicaran los recursos que fuesen necesarios a la Fuerza de Despliegue Rápido y a la estructura logística de intervención en Asia Sudoccidental, mientras sus socios europeos se esforzaban por alcanzar el incremento anual del 3 % en inversiones militares, comprometiéndose además a cubrir las deficiencias de efectivos que pudiera ocasionar un posible desplazamiento de fuerzas norteamericanas a la región asiática.

 

Como telón de fondo, se percibía la voluntad norteamericana de implicar a sus aliados europeos, aunque fuera de manera indirecta, en la gestión de un problema de seguridad surgido “fuera de zona” OTAN. Un problema que les atañía de manera directa, al tratarse de una región de tanta importancia estratégica para Occidente como el Golfo Pérsico[129], al contrario de lo que había ocurrido con el conflicto “fuera de zona” de Vietnam, en el que Washington había lamentado profundamente la falta de apoyo europeo a su aventura intervencionista[130]. En el esquema propuesto y aceptado de división del trabajo, los Estados Unidos pedían a Europa Occidental tanto asistencia directa como indirecta.

 

La asistencia directa, contemplada en un marco bilateral, abarcaba varios aspectos: el desplazamiento de efectivos navales europeos al Índico como fuerzas que pudieran actuar o colaborar en un posible conflicto “fuera de zona”[131]; el desarrollo de programas de ayuda económica y militar a los países aliados de la región[132]; y la cesión de facilidades y accesos a bases en route para las intervenciones militares que fueran necesarias, asunto en el que los socios del sur de Europa jugaban un papel fundamental, dada su localización en el corredor estratégico del Mediterráneo[133] (Lunn, 26, 27). También se debatió la asistencia directa en el marco multilateral de la OTAN,

 

 

 

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aunque con escaso éxito. En abril de 1980 Estados Unidos presentó a sus socios europeos una propuesta que implicaba una asistencia e implicación militar lo más directa posible por su parte: la creación de una “fuerza de despliegue rápido” interaliada en la zona del Golfo Pérsico y del Océano Índico. Al parecer, los aliados rechazaron sin ambages la idea. El secretario general de la OTAN Lord Carrington declaró que la petición estadounidense debía formularse fuera del marco de la Alianza, mientras que Italia y otros aliados argumentaron que la tarea correspondía a las Naciones Unidas (Coffey, 20). Fue una innovadora y fallida iniciativa de ampliación del ámbito de la OTAN que no volvería a ser recordada hasta más de una década después, cuando los tiempos de la posguerra fría pusieran de moda la asunción de las llamadas “misiones fuera de zona”, trascendiendo el territorio limitado por el art. VI del Tratado de Washington.

 

En cuanto a la asistencia indirecta, gestionada en el marco multilateral de la OTAN, se traducía en el compromiso mencionado de elevar los gastos militares y aumentar la capacidad convencional necesaria para hacer frente a la retirada de parte de las tropas norteamericanas del suelo europeo. Dadas las políticas económicas restrictivas de gasto público que los países europeos se veían obligados a ejecutar, las expectativas norteamericanas se vieron generalmente defraudadas y en ocasiones llegó a estallar la polémica. Ese fue el caso de la República Federal Alemana, que ante las acusaciones de incumplimiento del compromiso del 3 %, se ocupó de resaltar la sustancial contribución del Bundeswehr a la defensa europea principalmente en términos de movilización de soldados conscriptos, un recurso que no quedaba adecuadamente reflejado en la medición del gasto militar (Lunn, 55).

 

 

EL UNILATERALISMO GLOBAL DE REAGAN

 

La ascensión de Reagan a la presidencia a principios de 1981 supuso la consagración de la doctrina más agresiva de enfrentamiento con el bloque soviético que había existido hasta la fecha, y que quedaba resumida en el título del famoso artículo de Colin S. Gray y Keith Paine publicado en Foreign Policy en el verano de 1980: “La victoria es posible”. Según estos autores, la meta que debían perseguir los Estados Unidos no era tanto contener al bloque rival sino derrotarlo. Se trataba de imponerse —prevail— al enemigo en una hipotética guerra nuclear prolongada, presionándolo militarmente y obligándolo a retirarse en una serie de frentes —roll back— de manera que, como resultado, se acabara ganando la guerra fría (Generales por

 

 

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la Paz y el Desarme, 56). Lo cual entrañaba la perspectiva de múltiples conflictos y la recuperación del concepto de la “guerra limitada”, nuclear o no nuclear, que muy bien podría darse en Europa Occidental. Para la realización práctica de esta doctrina, el armamento nuclear idóneo ya estaba siendo fabricado: las armas de contrafuerza o de primer golpe, algunas de las cuales —misiles Pershing II y Cruise— serían desplegadas a partir de 1983 en el futuro teatro de operaciones europeo, escenario previsto de una guerra nuclear limitada. Reagan se concentró asimismo en los misiles estratégicos MX e impulsó la fabricación de una nueva arma de contrafuerza: la Iniciativa de Defensa Estratégica (SDI), una especie de sistema defensivo espacial que hiciera de escudo contra cualquier ataque nuclear enemigo (Halliday, 215). La SDI, al igual que las armas de primer golpe y a pesar de su imagen menos agresiva, suponía una amenaza directa contra el precario equilibrio de la disuasión mutua de las dos superpotencias nucleares, desde el momento en que una de ellas se garantizaba su propia invulnerabilidad y se colocaba por ello en una posición óptima para ejercer un primer ataque.

 

Tales proyectos necesitaban de la inversión necesaria, y Reagan inauguró su mandato proponiendo el mayor incremento del presupuesto de defensa conocido hasta la fecha en tiempo de paz: un promedio anual del 8,1 % entre 1981-1987, con un aumento total previsto del 59 % (Posen y Van Evera, 3). En la línea ya trillada del keinesianismo militar, la cuantía de este desembolso contrastaba tan dramáticamente con la reducción del gasto público en otras partidas del presupuesto federal[134], que el presidente la justificó apelando a la conciencia de culpabilidad de sus conciudadanos: el sacrificio era necesario dado que los Estados Unidos habían descuidado sus obligaciones como superpotencia durante las “blandas” administraciones anteriores, y eso había que pagarlo. En 1983, el secretario de Defensa Weinberger justificaba la necesidad de los altísimos gastos militares en términos de “pagar una deuda”, una “factura” anterior que se remontaba a la época de la distensión:

 

Debemos ahora pagar la factura de nuestro fracaso colectivo en preservar un adecuado equilibrio de fuerzas durante la pasada década o las dos últimas[135].

 

Las inversiones no se limitaron a los ingenios nucleares, sino que al igual que lo que ocurrió con la administración Kennedy, se maximizó el desarrollo de todo tipo de armamentos. Dentro del presupuesto de defensa de 1985, las partidas dedicadas a “fuerzas de proyección” convencionales experimentaron un aumento del 34 % debido, según el mismo Weinberger, a “la expansión de los intereses de Estados Unidos en el Tercer Mundo y el aumento de los

 

 

 

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conflictos en esta zona”[136]. En continuidad con la política de la administración anterior en sus últimos años, la región prioritaria era el Golfo Pérsico, “la clave indispensable para la defensa de la posición mundial en Norteamérica”, en palabras del analista Robert Tucker[137]. Para fortalecer su posición en la región, la administración Reagan continuó demandando a los países de la OTAN convenientes accesos en ruta y disposición para cubrir los vacíos defensivos que pudieran producirse en el Viejo Continente.

 

Es en este contexto donde tuvo lugar la incorporación de España a la Alianza Atlántica, que se hizo efectiva en junio de 1982, en un proceso en cierta forma precipitado por la política reaganiana (Barbé, 1984, 208). A principios de década resultaba obvio para muchos jefes militares españoles que la OTAN necesitaba mucho más a España que España a la OTAN (Preston y Smyth, 119), a pesar de que la incorporación a la estructura atlántica era considerado como un buen activo en las interminables negociaciones sobre la entrada en la Comunidad Europea. Aparte de servir de “retaguardia estratégica” frente a una hipotética invasión soviética en Europa, la extraordinaria situación geográfica del territorio español contribuyó a fortalecer el flanco meridional de la OTAN. Hay que recordar al respecto que el flanco sur atlántico se había visto debilitado en 1967 por la salida francesa de la Estructura Militar, pero estaba siendo reconstruido con el retorno griego a la misma y con el estrechamiento de las relaciones turco-norteamericanas tras el golpe de septiembre de 1980. En febrero de 1981, tras el tejerazo, el nuevo gobierno ucedista de Calvo Sotelo daba un giro a su política exterior al anunciar la prioridad de la incorporación española a la OTAN, sin esperar siquiera a la renovación del tratado hispanoamericano de 1976. El presidente del gobierno rompía así con una tradición de su propio partido que, sin renegar de su vinculación atlántica, lo había acercado a las posiciones de países neutralistas y no alineados[138]. La precipitación española no dejaba de resultar sorprendente toda vez que se abandonaba un condicionante expresado con anterioridad —la resolución del contencioso hispano-británico de Gibraltar— y que la incorporación atlántica no entrañaría ningún tipo de seguridad para las plazas africanas de Ceuta y Melilla, que quedaban fuera de su ámbito de cobertura. Paul Preston ha apuntado como motivo de tal precipitación la necesidad de acelerar el ingreso español en la Comunidad Europea, presionando y debilitando la oposición francesa a la ampliación (Preston y Smyth, 156). A esa razón habría que añadir, sin embargo, las propias presiones de la administración Reagan, deseosa de contar con un

 

 

 

 

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apoyo táctico adecuado para sus intervenciones a lo largo del corredor estratégico del Mediterráneo.

 

En noviembre de 1981 Washington se felicitó de la colaboración aliada en la operación Bright Star, en la que Reino Unido, Portugal, España, Italia, RFA y Turquía proporcionaron recursos de apoyo al despliegue de tropas norteamericanas en Egipto, Sudán, Somalia y Omán (Lunn, 41). Igual de importantes eran los puntos de apoyo táctico en la ribera sur del Mediterráneo. En 1982, año en el que se renovó el Tratado de Amistad Hispano-norteamericano, Rabat y Washington firmaron un acuerdo por el que las bases aéreas marroquíes quedaban a plena disposición de la Fuerza de Despliegue Rápido. En mayo de ese mismo año, la directiva de seguridad nacional correspondiente —NSDD 32— expresaba bien a las claras lo que se exigía de los socios atlánticos: asistencia económica y militar para mantener el control del Golfo Pérsico, lo que incluía el acceso a las bases militares situadas en los países OTAN necesarias para un rápido despliegue en Asia Sudoccidental[139].

 

En la doctrina Reagan podían advertirse ecos y resonancias mesiánicas, de redención de culpas pasadas y complejos de debilidad, como los provocados por las penosas imágenes del fallido rescate de los rehenes norteamericanos en Teherán con la administración Carter. Por otro lado, resultaba notoria la insistencia en el papel propio y único de la superpotencia norteamericana en el mundo, diferenciándose del discurso liberal de la administración anterior, más centrado, al menos en un primer momento, en la defensa de los derechos humanos a nivel mundial y en el lenguaje de la distensión de bloques. Se apuntaba así una tendencia al unilateralismo global, cuyas lejanas raíces se remontaban al Destino Manifiesto y a la doctrina del National Interest de A. Mahan, frente a la tradición norteamericana liberal significada por W. Wilson y continuada por Kennedy y los primeros años de la administración Carter. Halliday ha definido el unilateralismo como “la búsqueda de los Estados Unidos de sus propios objetivos de política exterior, sin tener en cuenta en gran medida los intereses de sus aliados” (Halliday, 219). De hecho, durante los dos períodos presidenciales de Reagan menudearon los desencuentros y conflictos entre los Estados Unidos y sus socios europeos, disimulados con mayor o menor eficacia en el seno de la

 

OTAN.

 

 

 

   EUROPA, REHÉN DE LOS EUROMISILES

 

 

 

 

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Con los preparativos del despliegue de los llamados euromisiles —Pershing II y Cruise— previsto para 1983, el fantasma de una guerra nuclear limitada comenzó a recorrer nuevamente Europa. Fue el presidente Reagan el encargado de convocarlo, al declarar en octubre de 1981 que se podía “considerar la posibilidad de utilizar armas tácticas nucleares contra tropas en el campo de batalla europeo, sin que ello conduzca a las grandes potencias a apretar el botón”[140]. Desde la adopción de la doctrina estratégica de la respuesta flexible en 1967, volvía a abrirse así la perspectiva de una guerra nuclear limitada en Europa Occidental, en la que tanto el territorio de la URSS como el de Estados Unidos quedaran a salvo de una guerra total, a modo de santuarios, según la jerga técnica militar de la época. Si a principios de los años setenta el proceso de distensión entre bloques había anulado los rumores sobre la posibilidad de un conflicto semejante en suelo europeo, los temores retornaban diez años después. El resultado para la OTAN fue una crisis de legitimidad sin precedentes, en forma de múltiples resistencias tanto en Europa como en Estados Unidos a la cada vez más agresiva política exterior de Reagan.

 

Las protestas, centradas en primera instancia en el despliegue de los euromisiles, fueron enormemente variadas, y superaron tanto en intensidad como en amplitud a las primeras campañas contra las armas nucleares realizadas en Europa, como la protagonizada entre 1958 y 1962 por el CND (Campaign for nuclear disarmement). En esta ocasión las resistencias se extendieron por toda Europa, fundamentalmente en los países receptores de las nuevas armas nucleares: RFA, Gran Bretaña, Bélgica, Holanda e Italia. Algunos días antes de que Reagan hiciera las declaraciones más arriba citadas, cerca de 250.000 personas se concentraron en Bonn contra el despliegue de los misiles. Aquel fue el momento clave a partir del cual el partido de los verdes alemanes empezó a adquirir prestigio mundial al tiempo que consolidaba su fuerza interna (Kelly, 1997, 161). A finales del año siguiente, en Gran Bretaña, tuvo lugar la mayor manifestación femenina contra las armas nucleares conocida hasta la fecha: cogidas de la mano, miles de mujeres europeas y norteamericanas rodearon el perímetro —de más de 14 km— de la base norteamericana de Greenham Common. Las protestas tenían además un marcado carácter heterogéneo y diverso que amplificaba su alcance y resonancia. Incluso antiguos generales de la OTAN se sumaron al movimiento de resistencia aportando su experiencia y sus conocimientos. El caso más conocido fue el del alemán Gerd Bastian, organizador del grupo “Generales por la Paz y el Desarme” del que formaron parte, entre otros, un

 

 

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vicecomandante supremo de la OTAN en Europa encargado de la planificación nuclear y un ex-jefe de estado, el mariscal Costa Gomes[141].

 

La importancia de este movimiento contra las armas nucleares no pasó desapercibida a los analistas de la época. Stanley Hoffmann, por ejemplo, después de destacar sus dimensiones continentales no restringidas por las fronteras de cada país, resaltaba “la activa participación de las mujeres y de un amplio número de movimientos religiosos y de iglesias” y lo consideraba un movimiento tanto más poderoso cuanto más “inasible” y diverso, al presentar en una misma causa una “convergencia de distintas preocupaciones, temores y aspiraciones”. Por último, a Hoffmann no se le escapaba un dato fundamental: que el movimiento era particularmente fuerte “en el país que ha sido, hasta ahora, el más firme aliado de los Estados Unidos en el continente y la pieza clave de la estrategia de la OTAN: la República Federal Alemana” (1981, 328).

 

Pero la administración Reagan no cedió de principio ante esta masiva manifestación de “alergia nuclear” europea y en 1983 procedió al despliegue de los Cruise y Pershing II. ¿Por qué ese empecinamiento? Aparte de las razones económicas que justificaban su producción y mantenimiento, en el marco de la política ya comentada del keinesianismo militar[142], Holloway apuntó en su día una función política de los euromisiles. La OTAN habría concluido que “los nuevos misiles eran necesarios para fortalecer los vínculos entre las dos partes de la Alianza”, esto es, Europa y los Estados Unidos. Ahondando en esta hipótesis y según otros autores, la instalación terrestre, en suelo europeo, de armas nucleares que permanecerían bajo absoluto control norteamericano[143] las habría convertido en visibles símbolos políticos de la alianza transatlántica (Aguirre, 1984, 143). La explicación resulta bastante convincente, sobre todo a la luz de las difíciles relaciones, en lo económico y lo político, que mantenían por aquellas fechas los socios europeos con los Estados Unidos.

 

 

 ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ              Ȁ          ̀ Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            DESENCUENTROS EN LAS RELACIONES EUROPA-ESTADOS UNIDOS

 

En el terreno económico, a principios de los ochenta se habían producido graves enfrentamientos con los Estados Unidos, a raíz del proyecto del gaseoducto soviético que abastecería a Europa y de las relaciones comerciales con Oriente Medio y con los países del Este, dos asuntos que tenían mucho que ver con la estrategia que había seguido Europa Occidental para salir de la crisis de los primeros setenta. Por aquellos años, tanto Europa como Japón se

 

 

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habían esforzado por compensar el desequilibrio de sus balanzas comerciales —producido en primera instancia por el brusco encarecimiento de las materias energéticas— con crecientes exportaciones a Oriente Medio y a Europa del Este[144], al abrigo del proceso culminado a mediados de década con la firma del Acta de Helsinki. En el caso alemán, y como resultado de la Ostpolitik, para 1976 la RFA había exportado más mercancías a la Europa Oriental que a los Estados Unidos (Kelly, 1983, 69). A principios de los ochenta, las exportaciones al Este representaban el 6 % de las exportaciones de Europa Occidental y del 6 al 9 % de las la de RFA, así como el 1,5 % de su PIB (Frank, 50).

Este creciente flujo económico Oeste-Este —en el que Washington tenía una participación mínima— se vio bruscamente amenazado con el agresivo unilateralismo de Reagan. En 1981 la nueva administración empezó a presionar a sus socios para que aplicaran sanciones económicas a la URSS y a Europa Oriental, —principalmente con ocasión de la crisis polaca—, y a sabotear el proyecto del gaseoducto soviético-europeo, que tanto interés revestía para Europa Occidental al reducir su dependencia energética de Oriente Medio constituyendo al mismo tiempo un buen negocio para su producción de acero. En cuanto a Oriente Medio, durante los años setenta los países europeos habían tenido numerosas ocasiones de disentir de la política norteamericana en el conflicto judeo-palestino. Para colmo, la agresiva medida del embargo a Irán y el apoyo norteamericano a la invasión israelí de Líbano en 1982 ahondaron aun más estas discrepancias que tan graves consecuencias económicas podían tener para Europa.

 

Por otro lado, durante la época de la distensión en Europa Oriental se había producido asimismo un proceso paralelo de intensificación de sus relaciones económicas y comerciales con sus vecinos de Occidente, a desmedro del comercio entre los propios países socialistas y de éstos con la URSS. Las dos Europas se habían acercado mutuamente, impulsando unos flujos económicos recíprocos que los distanciaban de las políticas de los Estados Unidos y de la URSS. A la luz de estos hechos, Frank explicaba así la insistencia norteamericana en “la amenaza soviética” a principios de los ochenta, aclarando al mismo tiempo el significado político que Holloway y otros autores descubrían tras el empecinamiento de Reagan en el rearme nuclear de Europa:

 

Tal vez otra respuesta a la cuestión de la amenaza soviética sea que no sólo la URSS, sino también Estados Unidos, es cada vez más débil en el terreno económico y político, así como en el ideológico en Europa Occidental, y que ambas superpotencias sólo pueden

 

 

 

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confiar en sus armas nucleares y en sus tropas para ejercer una influencia decisiva y manejar la política económica y comercial de Europa Occidental (Frank, 69).

 

Para André Gunder Frank, el único as que a principios de los ochenta tenían los Estados Unidos para negociar en Europa era el de sus armas nucleares y sus tropas desplegadas en suelo europeo. Pero ese as solamente tenía valor en un contexto de tensión con el bloque enemigo —de hecho, se había desvalorizado durante la época de la distensión— y sólo podía ser utilizado y rendir beneficios en un necesario y conveniente clima de enfrentamiento.

 

 

   DE LA CRISIS NUCLEAR A LAS TECNOLOGÍAS EMERGENTES (ET) EN ARMAMENTO CONVENCIONAL

 

Ninguna crisis afectó tan profundamente a la OTAN como la provocada por el papel de las armas nucleares a primeros de los ochenta (Flanagan, 1). Sin embargo, desde el primer momento las voces críticas procedentes de ámbitos oficiales contra el armamento nuclear de primer uso, o en general contra la producción y despliegue de nuevas armas atómicas[145], se presentaron acompañadas de un continuo e insistente eco: el fortalecimiento de la capacidad militar convencional, a modo de necesaria e ineludible compensación. Se argumentaba que la adopción de una estrategia nuclear defensiva, menos agresiva, podía y debía servir de acicate al desarrollo del armamento convencional de los aliados europeos, un viejo objetivo largamente acariciado. En mayo de 1982, con la llamada Iniciativa Weinberger, Estados Unidos propuso a sus socios europeos de la OTAN la aplicación de las llamadas Tecnologías Emergentes (ET) para la defensa convencional. La propuesta despertó algunos recelos, dado el alto coste previsto de las inversiones en armamento sofisticado y la ventaja de Estados Unidos en ese terreno.

 

Ese mismo año, tanto el general Rogers, comandante supremo de las fuerzas de la OTAN en Europa, como Manfred Wörner, ministro de Defensa alemán y futuro secretario general de la Alianza Atlántica, plantearon la posibilidad de una sustancial reducción de las armas nucleares tácticas de corto alcance instaladas en la RFA a cambio de la mejora de la capacidades convencionales europeas recurriendo a las Tecnologías Emergentes (Lunn, 65). A partir de entonces, y mientras se desarrollaban las conversaciones de reducción de armamento nuclear táctico y estratégico con la URSS (INF y START), la postura de los Estados Unidos consistió en entrelazar

 

 

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estrechamente, como si de una ecuación se tratara, la posible reducción de cabezas nucleares con nuevas inversiones en armamento convencional en Europa. Tras el despliegue de los euromisiles a finales de 1983, la presión en contra del armamento nuclear y a favor del convencional se incrementó con las críticas europeas a la Iniciativa de Defensa Estratégica (SDI). No podía extrañar que la SDI fuera criticada en Europa, ya que venía a convertir a los Estados Unidos en un verdadero santuario a salvo de un ataque nuclear, limitando esta posibilidad al territorio europeo y rompiendo al mismo tiempo la lógica de la disuasión recíproca entre bloques.

 

De manera paralela, un tercer eslabón se engarzó con la presión en contra del armamento nuclear y a favor del convencional: las renovadas presiones norteamericanas para que sus socios europeos aumentaran sus gastos militares. Los tres eslabones se presentaron claramente vinculados con el reavivamiento del problema del “reparto de las cargas” en los años ochenta, a raíz de la propuesta de los senadores Nunn y Roth, conocidos por su apoyo al fortalecimiento de las capacidades convencionales en Europa con armamento estadounidense. En 1984 estos dos senadores presentaron una enmienda en la que reclamaban un recorte de 30.000 soldados al año entre 1987 y 1989 — una reducción total de un tercio de las tropas desplegadas en Europa— si los estados europeos no cumplían ciertos requerimientos, entre los que se contaban el compromiso del 3 % como incremento anual del gasto militar, la mejora de la capacidad convencional y nuevas inversiones en las bases de uso norteamericano (Sloan, 44). La enmienda fue derrotada por un estrecho margen, pero a su vez fue utilizada por la administración norteamericana para presionar a sus socios en la línea sugerida. Mientras tanto, los países europeos de la OTAN mostraban su preocupación por el impacto de los contratos de compra de armamento norteamericano, que se traducían en un doble efecto: impacto negativo en la balanza comercial y pérdida de puestos de trabajo nacionales (SIPRI, 1985, 235).

 

A la luz de estos hechos conviene recordar un hecho fundamental, apuntado en su momento por M. Klare: que el debate acerca de las armas nucleares hacía olvidar con frecuencia que la mayor parte de los gastos militares se dedicaban a armamento convencional, y no a los ingenios atómicos. En el presupuesto norteamericano previsto para 1984, los programas de armamento nuclear sólo consumían el 10 %. El resto estaba destinado a la mejora de las tres armas —infantería, marina y aviación—, fundamentalmente a la Fuerza de Despliegue Rápido (FDR) creada en 1979. Klare hacía así una llamada de alerta sobre la puerta falsa con que podría

 

 

 

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cerrarse el debate sobre el armamento atómico, esto es, la “crisis nuclear” de la OTAN. Y señalaba con acierto que las Tecnologías Emergentes aplicadas al armamento convencional podrían servir como “escape político” de las campañas pacifistas centradas exclusivamente en las armas nucleares (Aguirre, 1984, 82). Los años siguientes confirmaron la exactitud de estas observaciones.

 

Las cantidades de misiles de corto y medio alcance fueron reducidas por los acuerdos INF de diciembre de 1987, impulsados principalmente por la ofensiva diplomática de M. Gorbachov. Los misiles Pershing y Cruise — junto con los SS20— empezaron a ser retirados de Europa para proceder a su destrucción en los Estados Unidos; a finales de 1988 ya se habían eliminado cerca de un 20 %. Para entonces las armas nucleares se hallaban fuertemente cuestionadas, a la sombra del accidente de la planta ucraniana de Chernobyl en 1986. Durante los dos últimos años de la guerra fría se hicieron públicos dos graves problemas generados por la producción masiva de este tipo de armas en los Estados Unidos. El primero se refería a la polución radioactiva y química generada por los aproximadamente 60.000 ingenios nucleares fabricados desde los años cuarenta: los enormes costes de los programas de descontaminación se calculaban en unos 150.000 millones de dólares. El segundo problema se refería a la incapacidad del complejo del Departamento de Energía norteamericano (DOE) para seguir produciendo y almacenando más armamento nuclear debido a las dificultades de producción de tritio (SIPRI, 1989). Por otro lado, el crash de Wall Street en 1987 y los altísimos déficits de la balanza comercial y del presupuesto federal empezaron a imponer recortes en los programas militares. Además, el grandioso proyecto espacial de la Iniciativa de Defensa Estratégica anunciado por Reagan empezó a peligrar: no lograría sobrevivir al final de la guerra fría, al menos en su planteamiento inicial. Los programas de modernización de armamento convencional, sin embargo, no sufrieron recorte alguno, y el ejército de los Estados Unidos no tardaría en demostrar su abrumador nivel tecnológico en ocasiones como la invasión de Panamá, en noviembre de 1989, y sobre todo en la Guerra del Golfo, ya en la posguerra fría.

 

 

 REACTIVACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA OCCIDENTAL (UEO)

 

A principios de los ochenta, y de la mano principalmente de Francia, la Unión Europea Occidental salió de un letargo que había durado más de treinta años. Su entrada en escena se puso inmediatamente en relación con la cuestión del

 

 

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“reparto de las cargas” en la OTAN, la apuesta por un mayor peso y compromiso de Europa Occidental en la Alianza y, por último, con la construcción de una hipotética dimensión de seguridad y defensa en el proceso de unificación europeo. Ya durante los años setenta Francia había propuesto impulsar nuevamente la UEO como medio de vinculación con la OTAN —recordemos que desde 1966 permanecía fuera de la Estructura Militar y de otros órganos atlánticos— y a la vez como instrumento de cooperación europea en materia de defensa. El proyecto remitía a una idea antigua, cuyo rechazo por las autoridades de la OTAN había justificado, entre otros motivos, la retirada francesa con De Gaulle. Por aquellos días Francia había intentado, en palabras del general Beaufre, “hacer que la Alianza (fuera) plenamente compatible con el desarrollo de un sistema de seguridad europeo, estrechamente asociado a los norteamericanos” (Beaufre, 116) ayudando al mismo tiempo a la construcción de un pilar europeo de la OTAN.

 

Las posibilidades de revitalización de la organización militar durante tanto tiempo hibernada fueron discutidas en 1973 y 1975, y en diciembre de 1980 la asamblea de la UEO se comprometió formalmente a caminar en ese sentido (Flanagan, 42). Para entonces, entre finales de los setenta y principios de los ochenta el gobierno Giscard había impulsado un ambicioso proyecto de reorganización de su ejército —reducción de efectivos y modernización de armamento convencional— que tuvo su simbólica culminación en la puesta a punto de la Fuerza de Acción Rápida, con 47.000 efectivos. De esta forma, la maquinaria militar francesa se revalorizaba a ojos de la OTAN, con los Estados Unidos pidiendo asistencia militar directa a sus socios europeos para las operaciones “fuera de zona”, principalmente en Asia Sudoccidental y en el Índico[146]. Al mismo tiempo las fuerzas francesas quedaban fortalecidas como idóneo instrumento intervencionista, en el marco de una política exterior unilateral que si bien podía calificarse de modesta en comparación con la de Estados Unidos, gozaba de una larga tradición arraigada en la época dorada del imperio colonial. Precisamente por aquellos años menudearon las intervenciones militares francesas en apoyo de sus regímenes aliados en las antiguas colonias: en 1977 y 1978 tuvieron lugar las operaciones Verveine y Léopard en Shaba, respaldando al dictador Mobutu Sese Seko; en 1983 y 1984 las operaciones Epervier y Manta en Chad, y en 1979 la operación Barracuda en la República Centroafricana (Kabunda, 1996b, 66).

 

En la cumbre Mitterrand-Köhl de octubre de 1982, Francia inició asimismo un fructífero diálogo con la RFA que venía a dar continuidad a la relación mantenida entre De Gaulle y Adenauer a principios de los sesenta. Al

 

 

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igual que con los intentos de fortalecimiento de la UEO, Francia se acercaba de esta forma a la OTAN dando un inteligente rodeo y evitando la apariencia de someterse a la estrategia de los Estados Unidos. Al mismo tiempo, tanto París como Bonn contemplaron este diálogo como un mecanismo de fortalecimiento de una cierta identidad europea que trascendía lo puramente económico (Flanagan, 55). A partir de este momento el acercamiento franco-alemán constituiría el eje de numerosas iniciativas “europeístas” de gran contenido simbólico, como fue por ejemplo la de crear una brigada mixta franco-alemana, acordada en 1988[147]. De manera paralela, durante la década de los ochenta prosiguieron los esfuerzos para robustecer la UEO, en el problemático contexto de las crecientes diferencias entre Europa Occidental y los Estados Unidos que hemos visto hasta ahora: ante el unilateralismo reaganiano, la mayoría de los países europeos parecían cada vez más decididos a asumir un papel propio, menos subordinado, en las cuestiones de política exterior, seguridad y defensa.

 

La UEO recibió un primer impulso con la “Declaración de Roma” de 1984, en los que los ministros de Defensa y Asuntos Exteriores de Francia, Gran Bretaña, RFA, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo se comprometieron a mantener encuentros periódicos para construir un consenso cada vez mayor sobre temas de defensa, control de armamentos y política internacional — dentro y fuera del área OTAN— así como para estimular el proceso hacia la integración europea. En el terreno militar, los países de la UEO dejaron claro que la responsabilidad recaía exclusivamente en la Alianza Atlántica, pero acordaron asimismo estimular las actividades del Grupo Independiente Europeo de Programas (IEPG), un organismo vinculado a la OTAN (1976) diseñado para coordinar los equipamientos en armas de sus socios europeos. Pero en su primer encuentro ministerial tras la Declaración de Roma, celebrado en Bonn en abril de 1985, los ministros de la UEO no llegaron a ningún acuerdo sobre el sensible tema del apoyo o rechazo de la Iniciativa de Defensa Estratégica de Reagan. Al parecer, y dada la mayoritaria actitud crítica con el proyecto, hubo presiones norteamericanas para evitar que la UEO llegara a una posición conjunta (Flanagan, 43).

 

El segundo impulso a la UEO se produjo en octubre de 1987, con la Plataforma Común sobre los Intereses de Seguridad Europea adoptada en La Haya, en la que los países miembros se declararon “dispuestos a proseguir la integración europea, incluyendo la seguridad y la defensa, y a realizar una contribución más efectiva para la defensa común de Occidente”[148].

 

 

 

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Nuevamente aparecían, mano a mano, los dos aspectos centrales del discurso de la UEO renovada: el énfasis en su viabilidad como factor del proceso de unificación europeo —que por aquellas fechas vivía días de euforia con la entrada en vigor del Acta Única— y su estrecha articulación con la OTAN[149]. En la declaración de la Plataforma, de hecho, se hacía una mención explícita al vínculo transatlántico materializado en la permanencia de las tropas estadounidenses en Europa: la reactivación de la UEO aparecía así marcada por una relación de subordinación y complementariedad con la Alianza Atlántica. Por otro lado, cada vez iría resultando más evidente que los dos aspectos centrales del discurso citado no convivían cómodamente entre sí. Detrás de cada uno podía reconocerse a un actor distinto: el gobierno británico, que sólo veía la UEO como un factor de refuerzo de la OTAN, y el francés, de vocación decididamente europeísta (Barbé, 1995a, 117).

 

 

   LA UEO CAMINANDO DETRÁS DE LA OTAN

 

En la sesión ministerial de agosto de 1987, los países miembros de la UEO abordaron un problema fuera de la zona OTAN que les interesaba de manera especial, la guerra entre Irán e Irak, y estudiaron la adopción de medidas conjuntas que garantizasen la libertad de navegación en la ruta petrolífera del Golfo Pérsico. En la siguiente sesión de octubre, procedieron a coordinar su presencia militar en el Golfo para tareas de vigilancia y desminado tras los ataques a los buques mercantes en esa región. De esta forma la UEO revelaba una virtualidad para la intervención militar más allá del ámbito europeo —en cualquier lugar del mundo— que no disfrutaba la OTAN, limitada en su ámbito geográfico por el artículo VI del Tratado del Atlántico Norte. Una virtualidad otorgada tanto por el propio Tratado de Bruselas modificado —artículo VIII.3[150]— como por lo acordado en la Plataforma Común sobre los Intereses de Seguridad Europea de La Haya de 1987, en la que los países miembros se comprometieron a coordinar sus respectivas políticas “sobre las crisis que surjan fuera de Europa en la medida en que sean susceptibles de afectar a nuestros intereses de seguridad” (Pérez González, 33).

 

Conviene señalar que el papel desempeñado por la UEO con ocasión de la guerra entre Irán e Irak, satisfacía las demandas norteamericanas más arriba mencionadas de asistencia militar directa de sus socios europeos en un área “fuera de zona”: Asia Sudoccidental. Según J. Coffey, la iniciativa de actuación de los socios europeos fuera del ámbito comprendido en el art. VI

 

 

 

 

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del Tratado de Washington partió de los Estados Unidos y, a pesar de algunas resistencias, sólo fue satisfecha gracias a los “buenos oficios” de la UEO (Coffey, 22). Quizá fuera ése uno de los factores del cambio de discurso de la administración Reagan, que de una actitud escéptica a mediados de década, en 1987 pasó a apoyar explícitamente el proceso de construcción de un pilar europeo de la OTAN a partir de la reactivación y fortalecimiento de la UEO. Un segundo factor remitiría al progresivo “reparto de las cargas de la defensa” en la Alianza Atlántica, que empezaba a materializarse dentro de un marco específicamente europeo con el compromiso de mejorar el equipamiento militar convencional. El placet estadounidense al proceso quedó sancionado en 1988, cuando un comité de senadores[151] y congresistas de Estados Unidos, junto con parlamentarios de Canadá y Europa Occidental, firmaron un informe demandando que la OTAN apoyara explícitamente la construcción de un “verdadero pilar europeo” en la Alianza (Sloan, 51).

 

Si los dos factores citados no bastaran para explicar suficientemente el cambio de actitud de una administración tan unilateralista como la de Reagan, habría que recordar aquí que los sucesos ocurridos en el Golfo Pérsico en aquellos momentos revestían la máxima gravedad para los intereses de todos los socios de la Alianza Atlántica en su conjunto. Una situación que no se había dado anteriormente con otros conflictos fuera de la zona OTAN, como fue el caso de Vietnam, donde Estados Unidos se vio privado del apoyo explícito europeo[152]. La respuesta de los socios europeos al apoyar a los Estados Unidos en la zona era previsible, como lo sería su posterior actuación en la Guerra del Golfo de 1990-1991, ya en la posguerra fría. A principios de 1981 la cuestión ya se había planteado en un importante estudio conjunto realizado por los cuatro institutos de política exterior más influyentes de Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania y Francia, en el que se abordaban las crecientes divergencias entre Washington y sus socios europeos de la OTAN que más arriba hemos bosquejado. Después de constatar las respectivas diferencias de planteamientos en diversos temas, se aconsejaba lo siguiente:

 

Allí donde los intereses occidentales están en juego, Europa y los Estados Unidos deberían ponerse de acuerdo en la necesidad de una capacidad occidental para intervenir y deberían tomar medidas para mejorar su capacidad de hacerlo (…).

 

La región donde principalmente peligraban dichos intereses era la de Oriente Medio y el Golfo, en forma de amenazas contra el suministro de petróleo debidas a “la amenaza del poder militar soviético”, “las rivalidades nacionales y étnicas”, “revoluciones o conflictos internos” o una guerra árabe-israelí. El informe señalaba la necesidad de contar con una fuerza militar de

 

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rápido despliegue cuya formación recayera sobre los Estados Unidos, pero que debía ser apoyada por una contribución europea en hombres y material[153].

 

 

   LA ÚLTIMA CRISIS

 

La última crisis que sufrió la OTAN de la guerra fría fue provocada precisamente por el final de la misma. Si a mediados de los setenta, durante los años centrales de la distensión, la Alianza Atlántica había visto seriamente debilitada su propia legitimidad y cuestionada su razón de ser, el brusco deterioro y desaparición del bloque soviético la pusieron en un aprieto aun más grave por cuanto ni siquiera logró prever a tiempo nada de lo ocurrido. 1989, el año de la caída en cascada de buena parte de los regímenes de Europa del Este, fue un año de nerviosismo e inseguridad para la OTAN, que tuvo que celebrar una cumbre especial de jefes de estado y de gobierno en diciembre, además de la que en mayo había conmemorado el cuadragésimo aniversario de la organización. La impresión generalizada en Europa era que la Alianza reaccionaba tarde y mal a los celéricos acontecimientos producidos en el Este, y que la razón de su existencia empezaba a verse seriamente cuestionada por el debilitamiento de su enemigo. Como dato curioso, meses después de que las últimas tropas soviéticas abandonaran Afganistán, y mientras se desarrollaban conversaciones para la reducción del armamento convencional existente en Europa, la OTAN aún se empeñaba en impulsar el objetivo de un incremento real del 3 % en el gasto militar de los aliados, evidentemente a instancias norteamericanas. No por casualidad los últimos años de la guerra fría fueron testigos de un nuevo brote de la larga polémica del “reparto de las cargas”, íntimamente relacionada con la maltrecha condición de la economía estadounidense.

 

Persistía además el descontento de la opinión pública europea, principalmente la alemana, por el mantenimiento del armamento nuclear y las tropas norteamericanas en su suelo, como se ocupaba de reconocer estoicamente el halcón James Schlesinger, que había sido secretario de Defensa de Estados Unidos entre 1973 y 1975. Evitando enfrentarse al problema con “el método del avestruz”, Schlesinger diagnosticaba en 1989 una crisis de efectos más duraderos que las anteriores, que afectaba de lleno a la estrategia nuclear de la Alianza, a la vez que anticipaba un próximo recorte de las fuerzas estadounidenses desplegadas en Europa. Paradójicamente, en su opinión, “una avalancha de éxitos puede acarrear problemas aún mayores que

 

 

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un período de adversidad” (Schlesinger, 18), con lo que incluso podía resultar necesario apoyar al enemigo con tal de que no arrastrara consigo a su oponente en su caída. A finales de ese año, el secretario general de la OTAN, Manfred Wörner, apostaba no ya por la eliminación del Pacto de Varsovia, sino por su reestructuración para que llegara a convertirse en una organización más parecida a la propia OTAN, y celebraba que la URSS hubiese renunciado a pedir la disolución de la Alianza para destacar al mismo tiempo su importancia como factor de estabilidad (Wörner, 1989b, 4). Tal parecía que las dos organizaciones trataran de apoyarse mutuamente, desaparecida la estabilidad propiciada por cuarenta años de enfrentamientos. Durante los años siguientes la OTAN tendría que esforzarse por escapar a la ley de la simetría, que a los ojos de todo el mundo exigía su desaparición junto con la del enemigo que había justificado y legitimado su nacimiento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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SEGUNDA PARTE: LA OTAN DE LA POSGUERRA FRÍA (1989-…)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Porque la noche cae y no llegan los bárbaros.

 

Y gente venida desde la frontera

 

afirma que ya no hay bárbaros.

 

¿Y qué será ahora de nosotros sin bárbaros?

 

Quizá ellos fueran una solución después de todo.

 

K. Kavafis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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IV. UNA ALIANZA MILITAR A LA BUSCA DE UNA MISIÓN (1989-1991)

 

 

 CUESTIÓN DE SUPERVIVENCIA

 

A comienzos de la década de los noventa proliferaron en los medios académicos, para fastidio de los estrategas de la Alianza, cálculos y profecías que auguraban si no la pronta desaparición de la OTAN ante el desvanecimiento de su enemigo secular, al menos su debilitamiento y pérdida de la importancia que antaño había disfrutado. Títulos de libros y artículos como “El fin de la OTAN”, o “La última misión de la OTAN”, reflejaban de forma cabal el humor de los tiempos. El debate enfrentaba principalmente a los teóricos liberales con los realistas. Aquéllos venían a confiar en la creciente y afortunada irrelevancia de las organizaciones militares tras el final de la guerra fría y el advenimiento de un nuevo sistema de seguridad colectiva, con lo que encadenaban el destino de la OTAN al del Pacto de Varsovia (PAV). Los últimos, por su parte, sin renunciar en absoluto a la necesidad de la fuerza militar en los asuntos internacionales, llegaban a la fatal conclusión de que ninguna alianza armada podría sobrevivir en ausencia de una clara amenaza (Gordon, 1). Interviniendo ante el Senado norteamericano, incluso un teórico realista como Kennetz Waltz anunciaba que la Alianza estaba condenada a desaparecer, aunque más lentamente que el Pacto de Varsovia; en su opinión, los años de la OTAN, si no los días, estaban contados[1].

De manera paradójica, era posible morirse de éxito o, como señalaba Ornstein citando a Oscar Wilde, “dos grandes tragedias hay en la existencia humana: una es no realizar jamás el deseo más anhelado… la otra es realizarlo”. De ahí la curiosa ambivalencia de aquella lauda textual de la victoria de Occidente sobre el comunismo que fue el exitoso panfleto “El fin de la historia”, de F. Fukuyama. El discurso optimista del oscuro funcionario del departamento de Estado norteamericano consiguió halagar los oídos de los políticos de Occidente, pero a costa de generar al mismo tiempo un curioso efecto perverso. Si la historia terminaba en triunfo y el conflicto–motor del mundo desaparecía para ser sustituido por la cooperación entre estados, ya no tenía sentido ni armarse ni seguir manteniendo victoriosas organizaciones armadas como la OTAN. Resulta ilustrativo observar hasta qué punto la

 

 

 

 

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concepción del “fin de la historia” llegó a irritar a atlantistas como Hoffmann, que ya a finales de 1990 se esforzaban por identificar otras amenazas que volvieran a poner en marcha el motor de la historia, como el nacionalismo o el fundamentalismo islámico (Hoffmann 1990, 115). Para su alivio, muy poco tiempo después aparecería otro panfleto que, disfrutando de un éxito editorial semejante, poseía en cambio la capacidad discursiva necesaria para justificar el fortalecimiento político y militar de la OTAN, en un ambiente internacional definido precisamente por la existencia ad aeternum de conflictos insalvables entre culturas: el famoso “choque de civilizaciones” de Samuel Huntington[2].

 

   EL NUEVO ATLANTISMO DE JAMES BAKER

 

En estos tiempos sombríos para la OTAN, y antes de que 1989 tocara a su fin, la administración Bush se había apresurado, por medio del secretario de Estado James Baker, a garantizar a priori la permanencia de la Alianza. El razonamiento no dejaba de ser curioso: resultaba fundamental mantener el “vínculo transatlántico” y que los Estados Unidos continuaran siendo un “poder europeo”. Una vez clarificado este objetivo, se imponía buscar nuevas funciones para la OTAN. La Alianza no venía explicada o justificada por sus funciones, sino al contrario. El autodenominado Nuevo Atlantismo de Baker, anunciado en diciembre en el Club de Prensa de Berlín (Baker, 1990), cerca de un mes después de la caída del muro, pretendía ampliar la función política de la Alianza convirtiéndola en el foro privilegiado de las conversaciones Este-Oeste y, por tanto, en el corazón de una “nueva arquitectura de seguridad para Europa”. Baker proponía, como nuevas funciones para la OTAN, que se erigiera en el ente fiscalizador del proceso de desarme en el continente europeo[3,] propuesta que fue rechazada tajantemente por Francia, ya que esa labor le correspondía de hecho a la Conferencia para la Seguridad y Cooperación en Europa. Baker propuso además que la Alianza asumiera un papel activo en la resolución de los conflictos “fuera de zona” (Kirkpatrick, 15), lo cual exigía que los socios consensuaran sus diferentes políticas internacionales y llegaran a acuerdos de actuación común al abrigo del artículo IV del Tratado de Washington[4]. Cabe destacar al respecto la importancia de esta última propuesta, anunciada meses antes de la invasión de Kuwait por Irak, suceso que a la postre propiciaría la colaboración de los socios de la Alianza —aunque insuficiente para algunos— en la operación militar multinacional “Tormenta del Desierto” a principios de 1991. Una vez

 

 

 

 

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más volvía a asomar la cabeza el asunto del “reparto de las cargas”, en una coyuntura crítica para la economía estadounidense cuyo déficit público se antojaba ya insostenible.

 

La intención de la Alianza de colocarse en el corazón de la nueva arquitectura de seguridad europea no tuvo, en un primer momento, el éxito deseado. El término “sistema de seguridad colectiva”, que tanto se popularizó durante los dos primeros años de la posguerra fría (Barbé, 1995a, 36) al igual que había ocurrido después de la II Guerra Mundial con la firma de la Carta de las Naciones Unidas, no parecía encajar bien con la supervivencia de una organización militar como la OTAN cuando su trasunto en el Este ya estaba acelerando los trámites de su disolución. 1990 vino a ser de hecho un año de gloria para la Conferencia para la Seguridad y Cooperación en Europa (CSCE), como “marco natural” del proceso de acercamiento Este-Oeste. En su solemne Cumbre de París celebrada en noviembre, los dirigentes de las veintidós naciones de la OTAN y del Pacto de Varsovia —que desaparecería formalmente en febrero del año siguiente— firmaron una batería de acuerdos históricos como el Tratado de Limitación de Fuerzas Convencionales en Europa (CFE) o la Carta de París para una Nueva Europa, que parecían anunciar un nueva era de distensión y concordia en las relaciones internacionales.

 

 

   LA UNIFICACIÓN-ABSORCIÓN ALEMANA

 

Pero 1990 no fue un año tan malo para la OTAN, ya que dio un paso de gigante en su proceso de supervivencia al mantener a la nueva Alemania unida en el seno de la Alianza; de esa forma, el fantasma del neutralismo en Europa volvía a ser aplastado con éxito. La administración Bush fue muy consciente del peligro que habría supuesto para la OTAN una Alemania unida que redefiniera su status y se distanciara tanto de la organización militar occidental como del Pacto de Varsovia: nuevamente era necesario escapar a la ley de la simetría. A finales de 1989 una atlantista tan clarividente como Jane Kirkpatrick escribía que la OTAN sin Alemania no sería viable, especialmente cuando Francia no estaba plenamente integrada (Kirkpatrick, 11); y en efecto, desde el abandono francés de la estructura militar en 1967, Alemania había sido el eje sobre el que había gravitado la defensa atlántica en el continente. El propio Bush contemplaba una nueva Alemania neutral como el peor de los escenarios posibles, dado que ello podría conducir a una Europa sin la OTAN[5]

 

 

 

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y por tanto, al fin del vínculo transatlántico entre Europa y los Estados Unidos. Por ello, en noviembre de 1989 el secretario de Estado, Baker, ya se había ocupado de explicitar los tres principios que, según los Estados Unidos, deberían presidir el proceso de reunificación: el primero de ellos, y no por casualidad, era que la Alemania unida permaneciera en la Alianza (Caracuel, 61).

¿Qué ocurría mientras tanto con el Pacto de Varsovia? Como se ha señalado en el capítulo anterior, en diciembre de 1989, Wörner celebraba que el PAV hubiera renunciado formalmente a pedir la disolución de la OTAN para aceptar su permanencia como factor de estabilidad, y a la vez que otorgaba a su rival un papel semejante, lejos de pedir su desaparición, apostaba por su reestructuración para que llegara a ser una organización más parecida a la propia Alianza (Wörner 89, 4). Fueran sinceras o no estas palabras, las expectativas que el PAV pudiera tener de sobrevivir se vieron lógicamente trastocadas por el desbancamiento de los regímenes aliados de la URSS en sus países miembros. Durante la primavera y el inicio del verano de 1990 tres formaciones políticas hostiles a la URSS ganaron las primeras elecciones generales —la Unión Demócrata Cristiana en la RDA, el Foro Democrático en Hungría y el Foro Cívico de V. Havel en Checoslovaquia— mientras Solidaridad consolidaba su triunfo en Polonia. En la Cumbre del PAV que tuvo lugar en junio de 1990 en Moscú, un mes antes de la Cumbre atlántica de Londres, los jefes de gobierno que encabezaban las delegaciones checoslovaca, húngara y germano-oriental eran ya los representantes de las nuevas formaciones políticas que recientemente habían ganado las elecciones:

 

V. Havel, J. Antall y Lothar De Maizière, respectivamente. En dicha reunión se acordó revisar el carácter, funciones y actividades del Pacto de Varsovia, mientras en la práctica se procedía a calendarizar el desmantelamiento de su estructura militar.

 

Mientras el PAV se encaminaba definitivamente hacia su disolución, en marzo de 1990 se iniciaron las llamadas “Conversaciones 2 + 4” —los gobernantes de las dos Alemanias más Gran Bretaña, Francia, URSS y los Estados Unidos— con el fin de llegar a un acuerdo sobre la unificación alemana. La postura inicial soviética y del primer ministro de la RDA H. Modrow había defendido una Alemania neutral y una unificación progresiva en forma de “comunidad contractual”, que fuera estableciendo paulatinamente estructuras comunes de tipo confederal. Sin embargo, la primera reunión formal del 2 + 4 se celebró cuando ya la Unión Cristianodemócrata de De Maizière —equivalente de la CDU de Köhl— se

 

 

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había alzado con el poder en la RDA. A partir de ese momento se acordó una rápida unificación que, en sentido estricto, era una verdadera absorción del territorio de la RDA en la estructura jurídica de la RFA (Neila, 503), sin cambiar una sola coma de la Ley Fundamental de Bonn[6]. En cuanto a la pertenencia o no a la OTAN de la futura Alemania, la decidida postura de la administración Bush y de sus aliados contó incluso con el apoyo de los gobiernos checoslovaco y polaco, que estando todavía dentro del PAV, consideraron de manera harto extraña que la neutralidad alemana habría sido incluso más perjudicial que su pertenencia a la Alianza por cuanto la habría aislado de Europa. Respecto a la postura soviética, que obligada por las circunstancias había evolucionado de la neutralidad de la nueva Alemania a una fórmula dual de integración en las dos alianzas militares, quedó a la postre desactivada con la disolución progresiva y anunciada del PAV. Así, en el “Tratado sobre un arreglo definitivo de la cuestión alemana”, firmado en Moscú el 12 de septiembre de 1990, su artículo sexto señalaba que…

 

El derecho de la Alemania unida de pertenecer a alianzas, con todos los derechos y obligaciones que se derivan del mismo, no se verá afectado por el presente tratado[7].

 

Con lo cual, y dado que la desintegración política y militar del Pacto de Varsovia era ya casi un hecho consumado, la genérica mención a las “alianzas” sólo podría referirse a la OTAN. Desde el mismo día de la reunificación, el 3 de octubre de 1990, la nueva Alemania se consideró miembro de pleno derecho de la Alianza Atlántica.

 

 

 LA FUNCIÓN POLÍTICA DE LA NUEVA OTAN

 

Ya a fines de 1989 resultaba evidente para los estrategas de la Alianza que la supervivencia de la OTAN dependería de su capacidad de adaptación a los nuevos tiempos por medio del fortalecimiento, en primera instancia, de su función política en detrimento de su función militar. Se trataba, en suma, de propiciar una evolución parecida a la que significó el Informe Harmel en una época igualmente difícil para la OTAN, cuando empezaban a soplar fuertes vientos de distensión y de acercamiento entre el Este y el Oeste. Los comunicados de la OTAN en los momentos finales de la guerra fría reflejan esa clara voluntad de “ampliar su función política”[8], que en un primer momento se había traducido en el ambicioso intento del Nuevo Atlantismo de Baker de

 

 

 

 

 

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usurpar ciertas tareas propias de la CSCE, y que casi inmediatamente no tardó en frustrarse debido en parte a la oposición francesa.

 

A mediados de 1990, encauzado ya el proceso de reunificación alemana dentro de la OTAN, la postura norteamericana evolucionó hacia la demanda del fortalecimiento institucional de la CSCE, en el que la Alianza se reservaba un importante papel. En junio el presidente Bush ya recogía ese punto en su encuentro con Gorbachov, y ese mismo mes el Consejo Atlántico de la OTAN aprobaba una batería de propuestas en el mismo sentido con vistas a la Cumbre de la CSCE prevista para noviembre en París, al tiempo que reservaba para la Alianza una destacada función en el proceso de cooperación regional y de establecimiento de relaciones con el antiguo bloque. En concreto, se abogaba por una relación de complementariedad con la CSCE[9], a la que se reconocía su valor en la nueva arquitectura de seguridad para Europa. La vinculación era, por supuesto, interesada. Para la OTAN la consolidación institucional de la CSCE no era en absoluto un fin en sí mismo, sino un medio adecuado de asegurar su propia supervivencia adquiriendo nueva carta de legitimidad. En la nueva relación que contemplaba con la CSCE, la Alianza se otorgaba a sí misma un papel político central. De la confianza que la OTAN depositaba en la CSCE como foro paneuropeo, dan una acertada idea estas palabras de su secretario general, Manfred Wörner, a principios de 1991:

 

Los progresos de la CSCE no se han debido a su cohesión interna y a su dinamismo, sino al consenso interno de la Alianza en esta Conferencia y al apoyo al papel de la misma. Sin la Alianza, la CSCE quedaría a la merced de un consenso entre 34 estados con intereses y sistemas sociales diversos […]. En el futuro próximo, la CSCE no podría reflejar más que un estado preexistente de seguridad colectiva. No sería capaz de crearla (Wörner, 1991a, 7).

 

Puede percibirse cierto resquemor en este comentario, toda vez que las menciones a la OTAN habían brillado por su ausencia en las solemnes declaraciones de la Cumbre de noviembre de 1990 en París. Precisamente en aquellos momentos los defensores de la OTAN se mostraban especialmente preocupados por las esperanzas que comenzaban a manifestarse en Europa acerca de la construcción de un sistema de seguridad colectiva que tuviera como núcleo central a la CSCE, marginando a una Alianza que no conseguiría encontrar el espacio político que tanto necesitaba, con el riesgo asociado de terminar siguiendo los pasos del Pacto de Varsovia. Cabe observar que este proyecto resultaba tanto más peligroso cuanto que coincidía en el tiempo con otro que también venía a discutir la supremacía política y militar de la OTAN en Europa: el de la construcción de una Política Exterior y de Seguridad

 

 

 

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Común (PESC) más o menos autónoma de la de Estados Unidos, como una faceta más del proceso de integración europeo en marcha.

 

 

   EL PELIGRO DE UNA POLÍTICA EXTERIOR Y DE DEFENSA GENUINAMENTE EUROPEA

 

Ambos proyectos, lanzados en la crítica etapa de transición a la posguerra fría, serían tildados, tras su fracaso posterior, de falsas e ilusorias esperanzas sin posibilidad alguna de viabilidad (Kay, 63; Gordon, 4), pero en su momento llegaron a generar una gran preocupación en los medios atlantistas. La situación no era para menos; la amenaza vigente durante cuarenta años de guerra fría se desmenuzaba de manera acelerada forzando la rápida reducción de los presupuestos de defensa de los países miembros. En la primavera de 1990, el Comité de Planes de Defensa renunció formalmente al objetivo, perseguido desde la década de los setenta, de alcanzar el incremento real del 3 % en el gasto militar de los países aliados, y el proceso de unificación alemán acarreó el abandono de la doctrina de la “defensa avanzada”, con lo que tuvo que procederse a la retirada de numeroso armamento. En este ambiente, inmunes a los cantos de sirena del Nuevo Atlantismo de Baker, los dirigentes franceses reiteraron su decisión de no volver a formar parte de la Estructura Militar Integrada de la OTAN, al paso que abogaban por la construcción de una identidad específicamente europea en los temas de seguridad y defensa. El anuncio oficial se produjo además en el marco de una declaración conjunta franco-alemana, en abril de 1990, en la que se sugería la celebración de una Conferencia Intergubernamental (CIG) para crear una Unión Política Europea que recogiera una Política Exterior y de Seguridad Común (PESC). Con esta segunda CIG, añadida a la ya convocada el año anterior para alcanzar la Unión Económica y Monetaria, el proceso de integración económica regional trascendía el ámbito económico para internarse en otros mucho más resbaladizos y polémicos. Fue a mediados de año cuando la Comunidad Europea aprobó formalmente la realización de esta segunda CIG, desencadenando una dinámica que apuraría una primera etapa con la firma del Tratado de Maastricht en diciembre de 1991.

 

Durante cerca de año y medio estuvo servido el debate entre las dos posiciones principales, europeístas y atlantistas: verdadera “fractura” (Barbé, 1995a, 35) en el seno de la Comunidad Europea. Y la UEO, en función de sus dobles lazos con la OTAN y con la Comunidad Europea consignados en el Tratado Modificado de Bruselas, se encontró disputada por los dos sectores.

 

 

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El enfrentamiento estalló ya durante la presidencia italiana del segundo semestre de 1990, con la ocupación de Kuwait por Irak como telón de fondo: la propuesta italiana, claramente europeísta, abogaba por una rápida disolución de la UEO en la Comunidad Europea a realizar en Maastricht, además de la incorporación al nuevo Tratado de Unión Política de una cláusula de mutua asistencia militar, ya contenida en el Tratado de Bruselas. Evidentemente la OTAN quedaba ninguneada en la propuesta, y en un momento crítico para su futura supervivencia. La decidida oposición, abanderada por Gran Bretaña, consiguió reunir también a Holanda, Dinamarca y Portugal (Barbé, 1995a, 132).

 

Como era de esperar, la propia OTAN rechazó oficiosamente dicha propuesta. En el texto citado más arriba, el secretario general, M. Wörner, expresaba asimismo su preocupación por aquel nuevo escollo que debería salvar la Alianza si quería sobrevivir. Sobre todo porque la posición europeísta de disolver la UEO en la Comunidad Europea entrañaba, en su opinión, la construcción de una “organización meramente defensiva de Europa Occidental”, esto es, específicamente europea y, por tanto, alternativa en vez de complementaria a la OTAN (Wörner 1991a, 7). Desde la declaración del Nuevo Atlantismo de Baker a finales de 1989 en Berlín, la administración Bush se mostró bastante molesta ante cualquier profesión de fe europeísta, y menudearon incluso las visitas de altos cargos a capitales europeas para presionar en contra de una “identidad europea de defensa” (Barbé, 1995a, 159).

 

 

   UN CONFLICTO PROVIDENCIAL: LA GUERRA DEL GOLFO (1990-1991)

 

El conflicto del Golfo Pérsico fue utilizado hasta la saciedad como presunta ilustración del carácter vano de las esperanzas de un mundo pacífico tras el final de la guerra fría, y por tanto de la inviabilidad de una arquitectura de seguridad mundial en la que no ocupara un lugar principal el uso de la fuerza militar. Así, para Gordon, la guerra del Golfo recordó a Occidente “que los conflictos armados quizá no se hubieran quedado obsoletos después de todo, y que una organización militar transatlántica merecería ser preservada” (Gordon, 3), esto es, la OTAN. De alguna forma, para los defensores de la utilidad de la Alianza Atlántica y por tanto del “vínculo transatlántico” entre los Estados Unidos y Europa, lo ocurrido en el Golfo desmentía en la práctica las esperanzas depositadas exclusivamente en organismos internacionales no

 

 

 

 

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militarizados como, por ejemplo, la CSCE. Tal y como rezaba el editorial de la revista Foreign Office a finales de 1990, antes incluso de que la fuerza multinacional entrara en batalla y en un momento en que “muchos estaban especulando acerca de un nuevo, más benigno orden internacional con la posibilidad correspondiente de transferir a otros gran parte de la carga de América”, la crisis iraquí había dejado claro tres cosas:

 

Primero, el mundo sigue siendo peligroso, y los intereses americanos siguen siendo vulnerables. Segundo, los Estados Unidos continúan siendo el poder global dirigente. Por último, los Estados Unidos, mal que les pese, ni pueden ni deben actuar solos.[10]

 

Los Estados Unidos demostraron ciertamente en el conflicto que eran la potencia hegemónica militar, en una exhibición de armamento convencional sofisticado sin precedentes. Tan sólo en unos meses consiguieron enviar más de mil quinientos aviones y medio millón de soldados a la zona, realizando una proyección de fuerza impresionante ante la que palidecieron las aportaciones de sus aliados. La otra “falsa esperanza” que mencionábamos en el epígrafe anterior, la aspiración a una identidad europea de seguridad y defensa más o menos independiente del aliado norteamericano, quedó también desmentida con ocasión del conflicto. El 21 de agosto de 1990 Francia convocó a la UEO para coordinar una respuesta europea a la invasión de Kuwait, que finalmente quedó limitada a tareas de vigilancia marítima del embargo a Irak decretado por Naciones Unidas. Ya en 1987 y 1988 la UEO había realizado tareas de vigilancia y desminado en la región, ejercitando por vez primera su capacidad para actuar en conflictos “fuera de zona” merced al artículo VIII.3 del Tratado de Bruselas modificado[11]. Se trataba de una acción muy limitada a efectos prácticos pero dotada de una fuerte carga simbólica, toda vez que su promotora, Francia, volvía a insistir por aquellas fechas en que no volvería a la Estructura Militar Integrada, reclamaba incluso su eliminación (Grant, 54) y se oponía a una actuación abierta de la OTAN en la crisis del Golfo. Para los sectores más atlantistas, este gesto revelaba de hecho la incapacidad de la Comunidad Europea para proteger sus propios intereses vitales sin la ayuda de los Estados Unidos, debido a su modestísimo carácter que restaba además protagonismo a la Alianza (Kay, 180).

 

La UEO, por otra parte y dejando a un lado la valoración de su actividad durante el conflicto, no acababa de engarzar con la Comunidad Europea, como se verá más adelante. En diciembre de 1990 Francia y Alemania presentaron una propuesta de futura integración de la UEO en la CE que encontró una fuerte oposición en los Estados Unidos (Kay, 126). La iniciativa

 

 

 

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franco-alemana fue hecha pública en un momento trascendental, el mismo mes en que se convocaba la CIG de la Unión Política, y revelaba la voluntad de utilizar el conflicto del Golfo en favor del discurso europeísta. La reacción estadounidense consistió en el envío de una dura y escueta nota a los miembros de la UEO expresando su firme oposición. Se insistía, además, en que todas las decisiones que comprometieran una identidad de seguridad y defensa europea en actividades “fuera de zona” requerían consultas previas con los Estados Unidos, y que no debería existir una estructura de mando integrada a nivel de la UEO que duplicara la de la OTAN (Kay, 126).

 

En suma, el conflicto del Golfo sorprendió a la Comunidad Europea sin una política exterior y de defensa común y en pleno debate entre atlantistas y europeístas. Frente al Reino Unido, que participó en la operación “Tormenta del Desierto” colaborando estrechamente con los Estados Unidos en virtud de su casi secular “relación especial”, Alemania no pudo desplazar tropas al exterior debido a limitaciones constitucionales[12]. Francia, por su parte, aportó una cantidad relativamente pequeña de efectivos militares, unos 10.000 soldados, y ello a pesar de su renuencia a participar en la guerra, un gesto que habría respondido a la voluntad de no dejar que se deterioraran demasiado las relaciones con los Estados Unidos. No hubo tampoco una iniciativa diplomática común: el mismo 15 de enero, víspera del ataque aéreo, Francia presentó un plan apoyado por Alemania, España, Bélgica, Italia, Holanda y la URSS, que vinculaba la retirada iraquí con una propuesta de solución al problema judeo-palestino y que, por ello mismo, fue rotundamente rechazada por los Estados Unidos. De ahí que por aquellas fechas un ministro belga llegara a acuñar una frase ofensiva para aquellos que se esforzaban para que la Comunidad Europea tuviera algún día una política exterior y de defensa común, calificándola de “gigante económico, enano político y gusano militar”.

 

El carácter simbólico de la operación “Tormenta del Desierto” como intervención militar occidental de los nuevos tiempos de la posguerra fría no se agotaba en los rasgos apuntados. Si bien la hegemonía militar estadounidense fue absoluta, y secundaria la contribución europea, dicha proporción no se mantuvo en el “reparto de las cargas”, esto es, en la financiación de la campaña. Con un déficit público y un endeudamiento insostenibles, Washington se ocupó de cobrar a buen precio sus servicios militares a los aliados: Alemania aportó 5.500 millones de dólares, Japón 9.000 y Arabia Saudí 13.500 (Nouschi, 395). Y se llevó, además, la parte del león en el negocio de exportación de armamento a la región del

 

 

 

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Golfo: desde 1990 hasta 1997 los miembros del Consejo de Cooperación del Golfo firmaron contratos de compra de armas por valor de unos 36 millardos de dólares (CSCA, 1997, 117). Otro rasgo del operativo fue su carácter de guerra televisiva o virtual, en la que el control de la información suministrada jugó un papel determinante. La opinión pública occidental fue intoxicada por la supuesta eficacia de armas sofisticadísimas que golpeaban “quirúrgicamente” sin apenas “daños colaterales”[13]. Posteriormente el Pentágono reconocería que apenas un 7 % de las cerca de 90.000 toneladas de bombas lanzadas estaban controladas por láser y constituían, por tanto, armas de precisión (Nouschi, 459, 560). La última característica de la guerra del Golfo hacía referencia al enemigo a batir; no se trataba del tradicional rival soviético o “comunista”, sino de un “dirigente absolutista y ambicioso como Sadam Hussein” (Wörner 1991a, 6): el imaginario de un enemigo en apariencia novedoso, acorde con los nuevos tiempos de posguerra fría, pero que disfrutaba de una larga tradición en Occidente.

 

 

 EL “NUEVO ORDEN MUNDIAL”

 

El intervencionismo armado de Occidente y sus aliados, en la operación “Tormenta del Desierto” planificada y liderada por los Estados Unidos, pretendía encontrar su legitimación en las diversas resoluciones dictadas por el Consejo de Seguridad (CS) de las Naciones Unidas sobre el conflicto del Golfo, de ahí la histórica referencia a un “Nuevo Orden Mundial” presuntamente inaugurado con el final de la guerra fría. Pocas veces podrá hallarse en la historia un término tan equívoco y ambiguo, de tanta capacidad simbólica y significados diferentes, como el acuñado por el presidente G. Bush en septiembre de 1990 ante el Congreso defendiendo la implicación militar norteamericana en la crisis. “Nuevo Orden Mundial” parecía evocar la visión de un nuevo sistema internacional en el que las principales naciones del mundo colaboraban por vez primera en la resolución conjunta de los principales conflictos del globo, tras décadas de enfrentamiento durante la guerra fría. A modo de ilustración, ahí estaban las numerosas resoluciones dictadas por el CS desde agosto de 1990[14] que culminarían en la 678, por la que la coalición multinacional se encontró legitimada para forzar violentamente la retirada de las tropas iraquíes de territorio kuwaití. La Resolución 678, votada el 29 de noviembre por todos los miembros permanentes del CS menos China, parecía sentar un hito histórico en la colaboración de las grandes potencias mundiales, auspiciada y legitimada por

 

 

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una ONU que abandonaba la inoperancia e inefectividad de cuarenta años de guerra fría. Sólo habían existido dos precedentes de una resolución semejante, aunque una de ellas fuera ciertamente polémica y remitiera a uno de los períodos más violentos de la guerra fría y por tanto más alejados de toda ilusión de un “orden internacional”: la que en 1950 legitimó la intervención militar multinacional durante el conflicto de Corea, votada por el CS en ausencia de la URSS. En todo caso, el término “Nuevo Orden Mundial” evocaba en el imaginario de Occidente las mismas esperanzas surgidas en el breve paréntesis abierto tras el final de la II Guerra Mundial y cerrado en los inicios de la guerra fría, con la creación de la ONU y el compromiso de las potencias vencedoras con un sistema internacional pacífico y estable.

Los hechos, sin embargo, no tardaron en contradecir y cuestionar el discurso. En primer lugar, el argumento justificador de la intervención armada —restauración de la legalidad internacional tras la invasión iraquí de Kuwait

— sirvió en realidad para enmascarar el verdadero e impopular objetivo de preservar el acceso de Estados Unidos y de sus aliados a las reservas petrolíferas de la región del Golfo[15]. Un objetivo que, lejos de significar una novedad, había atravesado los cuarenta años de guerra fría cobrando especial sensibilidad a finales de los setenta, con el estallido de la revolución islámica en Irán y la creación de la Fuerza de Despliegue Rápido norteamericana[16]. De hecho, la operación “Tormenta del Desierto” no fue más que la puesta en práctica de la recomendación hecha a principios de los ochenta por los cuatro institutos de política exterior más influyentes de Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania y Francia, cuando demandaban una intervención militar en la región de Oriente Medio y el Golfo Pérsico en caso de que el suministro de petróleo se viese amenazado:

 

   la principal tarea de reunir una fuerza de rápido despliegue recae sobre Estados Unidos, pero los europeos harían cierta contribución en hombres y material[17].

 

Exacta prefiguración de lo ocurrido diez años después: los intereses de la coalición aliada habían sobrevivido intactos al cambio de época. Lo único que distinguió la operación “Tormenta del Desierto” del proyecto de principios de los ochenta fue el grado de consenso conseguido tanto en el bando aliado como entre los miembros permanentes del CS, donde la URSS, sumida en una profunda crisis económica y política, consintió en otorgar el placet a la aventura militar.

 

En segundo lugar, y para seguir incidiendo en la dicotomía entre los hechos y el discurso aparente, desde los primeros momentos de la acción

 

 

 

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armada menudearon las contradicciones y los desajustes. El discurso del “orden mundial” se cobijaba en la autoridad de la ONU, pero el despliegue norteamericano en la península Arábiga y el Golfo había comenzado manera unilateral antes de que el CS hubiera aprobado resolución alguna[18], cinco días después de la invasión iraquí de Kuwait. Que este dato no se reducía a una simple cuestión de formalidad quedó demostrado a la luz de los hechos posteriores. A partir de la definitiva resolución 678, que legitimaba el uso de la fuerza militar, el CS pareció desentenderse de la gestión del conflicto (Pérez González, 36). De hecho, el Comité de Estado Mayor del CS abdicó totalmente del mando militar en favor de los Estados Unidos, que iniciaron el ataque el 16 de enero pasando por encima de iniciativas negociadoras de última hora y trascendiendo los objetivos de la resolución 678 de autorizar el uso de la fuerza para, en caso necesario, “restaurar la paz internacional y la seguridad en la zona”. Antes de conseguir el placet de la ONU, la administración Bush ya tenía decidido destruir la capacidad bélica y económica de Irak para que dejara de ser una potencia regional[19], lo que a la postre supuso devolver a este país a la era preindustrial y realizar de este modo la amenaza expresada por el secretario de Estado Baker al ministro de Exteriores iraquí a principios de 1991[20].

A luz de los datos de la destrucción humana y medioambiental que supuso la operación “Tormenta del Desierto”, su relación con cualquier mención a un “orden” en las relaciones internacionales no podía menos que parecer una broma macabra[21]. Por otra parte, y desde una perspectiva mucho más cínica, algunos autores expresaron incluso sus recelos sobre la coincidencia de los intereses norteamericanos con la visión de un “Nuevo Orden Mundial” en el que la ONU tuviera un papel demasiado preponderante. Según W. Pfaff, por ejemplo, resultaba…

 

   muy improbable que la opinión pública estadounidense aceptara más intervenciones militares americanas que implicaran luchas y víctimas al servicio de un consenso internacional que no dominaran los Estados Unidos. Ciertamente Washington esperaría liderar cualquier nuevo “orden mundial”, estuviera organizado o no bajo los auspicios de Naciones Unidas (Pfaff, 1991, 44).

 

 

   LA OTAN Y LA GUERRA DEL GOLFO

 

La relación sinérgica que ya durante la guerra fría había funcionado entre la Alianza y la implicación norteamericana en la región del Golfo Pérsico volvió a manifestarse durante el conflicto de 1990-1991. De hecho, y a pesar de

 

 

 

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algunas afirmaciones pesimistas que lamentaron la falta de una mayor implicación de la OTAN en la guerra[22], su colaboración política y militar fue muy aplaudida en los propios medios de la Alianza y, por tanto, rentabilizada para defender la utilidad y supervivencia de la misma. W. H. Taft IV, representante permanente de Estados Unidos en la OTAN, se ocupó de destacar tanto el apoyo político como técnico de sus socios europeos, sobre todo cuando Turquía, miembro de la Alianza, fue amenazada por Irak en diciembre de 1990. A partir de ese momento el componente aéreo de la Fuerza Móvil del Mando Aliado en Europa (ACE) —con aviones alemanes, belgas e italianos— fue desplazado a territorio turco, y se desplegaron nuevos misiles de defensa aérea, incluidos Patriots holandeses (Taft, 8). Aparte de esto, y como dato fundamental de los nuevos tiempos de posguerra fría que asistían al progresivo desmantelamiento del Pacto de Varsovia, más de la mitad de las tropas norteamericanas enviadas al Golfo fueron trasladadas desde el frente europeo (Rubinstein). Por todo ello, el secretario general de la Alianza, M. Wörner, no carecía de razón al afirmar que, comparando el conflicto del Golfo con otros “fuera de zona”, la solidaridad demostrada por los aliados no había tenido precedente alguno, ni siquiera diplomático (Wörner, 1991a, 9). La operación “Tormenta del Desierto” contrastaba demasiado claramente con anteriores intentos similares que resultaron fallidos, como el de la propuesta norteamericana de creación de una fuerza conjunta de despliegue rápido en el Golfo Pérsico y Oriente Medio, presentada a la OTAN en 1980[23].

 

Algunas sombras, sin embargo, parecían cernirse sobre el horizonte. La Alianza había presentado problemas de adaptación a las nuevas condiciones, toda vez que su maquinaria militar se había sentido demasiado constreñida al ámbito y funciones de los artículos V y VI del Tratado de Washington. Por otra parte, en Estados Unidos se habría producido cierto resentimiento ante gestos como la coordinación europea a través de la UEO, y no de la OTAN, de la flota multinacional que había desarrollado operaciones de vigilancia del embargo en el Golfo Pérsico en aplicación de las resoluciones de la ONU. Detrás de esta actitud se percibía la voluntad de crear una identidad de seguridad y defensa europea que pudiera competir o solaparse con las funciones de la OTAN, apoyándose en una organización específicamente europea como la UEO que, además, contaba con una mayor legitimidad que la Alianza para actuar en conflictos “fuera de zona”. En consecuencia, durante 1991, dos temas de debate presidirían las sesiones del Consejo del Atlántico Norte: la actuación de la OTAN en los conflictos “fuera de zona” y el desarrollo de una identidad

 

 

 

 

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europea en defensa y política exterior, cuya negociación en la CIG de la Unión Política debería desembocar en la firma del Tratado de Maastricht a finales de año.

 

 

 ATLANTISTAS Y EUROPEÍSTAS FRENTE A FRENTE

 

El desenlace del conflicto del Golfo avivó, como era de esperar, el debate entre atlantistas y europeístas sobre la nueva Política Exterior y de Defensa Común (PESC) durante el primer semestre de 1991, bajo la presidencia luxemburguesa. Frente a frente, la propuesta franco-alemana, secundada por Italia, España, Bélgica, Luxemburgo y Grecia, y la británica, apoyada por Dinamarca, Holanda y Portugal. La primera defendía la disolución gradual de la UEO en la Unión Europea, mientras que la segunda propugnaba su mantenimiento como puente entre la OTAN y la UE. No hubo acuerdo, y la situación se repitió durante el segundo semestre bajo presidencia holandesa, debido a las diferencias entre los negociadores y a la presión vigilante de los Estados Unidos (Barbé 1995a, 137). Los debates se complicaron con el estallido de la guerra en la antigua Yugoslavia, que animó a su vez las esperanzas de articular una política europea común respecto al conflicto. Precisamente en relación con el conflicto balcánico se produjo una declaración de fe europeísta que molestó profundamente a Washington: en junio de 1991, el ministro de Defensa luxemburgués, Jacques Poos, anunció que la intervención mediadora de la Comunidad Europea en Yugoslavia — cuando las tropas del Ejército Federal entraron en Eslovenia— señalaría “la hora de Europa, no la de los Estados Unidos” (Gordon, 4). Las desafortunadas declaraciones de Poos serían recordadas con frecuencia por los apologistas de la OTAN, ejemplarizando la falsa ilusión de una política europea autónoma que acabaría estrellándose contra la dura realidad de una guerra ante la que no supo actuar con una mínima eficacia.

 

De cualquier forma, tras la guerra del Golfo pudo percibirse un cambio de actitud en la administración Bush, y por tanto en la OTAN, que terminó por combinar el pragmatismo económico con la voluntad de mantener el liderazgo político en la seguridad europea (Barbé 1995a, 158). Ya en la primera mitad de 1991, surgieron tendencias que sugerían un reparto de funciones entre la OTAN y un pilar europeo definido por una UEO capacitada para actuar en “conflictos fuera de zona”, y auxiliada por la infraestructura atlántica, de este modo, la UEO estaría fuertemente vinculada a la Alianza a la

 

 

 

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vez que al proyecto de creación de la PESC[24]. Apuntábase así una división de funciones entre la Alianza y su pilar europeo, con lo que el crónico problema del “reparto de las cargas” podría finalmente encontrar la solución deseada por los Estados Unidos. En febrero de 1991 Wörner ya anunciaba que el Consejo del Atlántico Norte elaboraría propuestas encaminadas a establecer una relación complementaria de la UEO con la OTAN (Wörner 1991a, 8).

 

Mientras la Comunidad Europea no lograba romper el nudo gordiano de la futura PESC, la OTAN no perdía el tiempo y avanzaba en la definición de su política. En el comunicado del Consejo del Atlántico Norte reunido a principios de junio en Copenhague, además de seguir comprometiéndose con el fortalecimiento institucional de la CSCE, la OTAN respaldó formalmente “la afirmación de una identidad europea en el ámbito de la seguridad y la defensa”, que podría contribuir a reforzar la solidaridad transatlántica. En el texto del comunicado final ya aparecía registrada —de manera muy sutil— la voluntad de fiscalizar e influir sobre las negociaciones de la futura PESC, resaltando la “relación de complementariedad y transparencia” que debería existir entre aquel proceso negociador y el propio de la Alianza. Al mismo tiempo, el comunicado se ocupaba de subrayar que la OTAN seguiría constituyendo el “el foro aliado fundamental de consultas y el lugar donde se pueden conseguir acuerdos políticos sobre compromisos de seguridad y defensa contraídos por sus miembros en el Tratado de Washington”[25]. En cuanto a la manera de abordar los conflictos “fuera de zona”, se resaltaba la importancia del artículo IV del Tratado de Washington, que establecía consultas entre los socios cuando su integridad territorial, su independencia política o su seguridad resultara amenazada: “seguridad” era aquí el concepto ambiguo a utilizar, presentando como modelo precedente de funcionamiento la colaboración proporcionada por la OTAN en el conflicto del Golfo Pérsico. Cobraba fuerza también la sugerencia de la división de funciones entre la OTAN y la UEO, que podría operar directamente en conflictos “fuera de zona” manteniendo al mismo tiempo una estrecha relación con la Alianza (Taft, 11).

 

 

   LA CUMBRE DE ROMA SE ADELANTA A MAASTRICHT

 

En el proceso de negociación de la PESC durante el año 1991, E. Barbé mencionaba como factores de fracaso, al margen de la fractura entre europeístas y atlantistas, las presiones de Washington sobre gobiernos europeos y la predeterminación por parte de la OTAN de los resultados de la

 

 

 

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Cumbre de Maastricht (1995a, 138). En este sentido, la trascendental Cumbre atlántica de Roma, celebrada en noviembre, prefiguró lo posteriormente acordado en el Tratado de la Unión Europea. Retomando el proceso negociador de la PESC, en octubre Gran Bretaña matizó su posición proponiendo una UEO que funcionara como pilar europeo de la OTAN y que al mismo tiempo estuviera ligada —pero no subordinada— a la Unión Europea. En la propuesta británica se destacaba la primacía de la OTAN como “foro esencial” de acuerdos en seguridad y defensa, y se mencionaba además la función militar diferenciada de la UEO en misiones “fuera de zona” (Barbé 1995a, 139). Como se puede observar, la postura británica evolucionaba a la par que la de la administración estadounidense y del Consejo Atlántico: era el mismo discurso anunciado en Copenhague y expresado por la representación norteamericana en la Alianza[26], lo que demostraba que la “relación de complementariedad y transparencia” entre los dos procesos negociadores —el de la OTAN y el de la PESC— funcionaba debidamente.

 

Durante el mismo mes de octubre se produjo una reacción oficiosa de Francia y Alemania a la propuesta británica, defendiendo la posición ya tradicional de vincular la UEO con la Unión Europea, en la que tendría que disolverse progresivamente. Además, y con la evidente pretensión de dar un golpe de efecto que demostrara la firmeza de sus convicciones, Köhl y Mitterrand anunciaron la decisión de crear un ejército conjunto a partir de la brigada franco-alemana, concebido como núcleo de unas futuras fuerzas armadas europeas: el llamado Eurocuerpo. La iniciativa sentó bastante mal tanto a Washington como a los mandos militares de la Alianza: la Casa Blanca reaccionó con particular consternación (Grant, 59) y el general J. Galvin, comandante supremo de las fuerzas aliadas en Europa, se quejó de que no hubiera sido consultada previamente con la OTAN y con los Estados Unidos[27]. Por otra parte, sin embargo, la postura franco-alemana no estaba exenta de cierta ambigüedad, debido a que siempre se podía argumentar que, lejos de debilitar a la Alianza, la reforzaba: ése fue el caso del ministro alemán de Defensa, que se apresuró de despejar los recelos suscitados principalmente en Washington declarando que “el papel central de la OTAN” no se ponía en duda[28].

 

Las declaraciones de la Cumbre de Roma celebrada los días 7 y 8 de noviembre de 1991, junto con el nuevo concepto estratégico aprobado, señalaron en el ámbito teórico la culminación del proceso de supervivencia de la OTAN que había comenzado con el final de la guerra fría. Todos los pasos dados anteriormente —ampliación de la función política, destacada inserción

 

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en la nueva arquitectura de seguridad europea— se resumían en sus textos, condicionando y determinando gravemente lo que habría de ser acordado en Maastricht. En su relación con la CSCE, la Alianza apoyaba su fortalecimiento institucional y sugería que se destinasen instrumentos para ejecutar sus decisiones: al año siguiente, durante la Cumbre CSCE de Helsinki, la OTAN enseñaría sus cartas proponiéndose como su “brazo armado” para realizar misiones específicas (Ghebali, 1992, 6). La OTAN buscaba una misión para legitimarse y sobrevivir, para lo cual confiaba en colocarse bajo el “paraguas” de la CSCE; de ahí su interesada voluntad en apoyar a la organización paneuropea. Sin embargo, y esto nos da una idea de la invasora hipertrofia de la función política de la Alianza, lanzaba al mismo tiempo un programa de cooperación político-militar con los países europeos del antiguo bloque soviético que, de hecho, venía a usurpar una función propia de la CSCE[29]: la iniciativa se materializaría en enero del año siguiente con la primera reunión del Consejo de Cooperación del Atlántico Norte[30]. La estrategia de la Alianza con respecto a la CSCE era, por tanto, doble: si por un lado la fortalecía según sus intereses —ya veremos que en una etapa posterior, y ante el fracaso de sus expectativas, dejaría de hacerlo— por otro procedía en la práctica a un progresivo vaciamiento y sustitución de sus funciones.

 

Respecto a la PESC, y al igual que sucedió en Copenhague, en la cumbre de Roma se insistía en la relación de “complementariedad y transparencia” que debería imperar entre el proceso negociador de la futura identidad de la política exterior y de seguridad europea y la OTAN. La voluntad atlántica no podía ser más explícita en un momento en que en Europa todavía no se había llegado a ningún acuerdo sobre la hipotética PESC:

 

Paralelamente a la emergencia y al desarrollo de la identidad de seguridad europea y del papel defensivo, queremos intensificar el vínculo esencial transatlántico que la Alianza garantiza y, al mismo tiempo, mantener totalmente la unidad estratégica y la indivisibilidad de la seguridad para todos sus miembros. Gracias al Tratado de Washington la Alianza constituye el foro decisivo de consultas entre sus miembros, así como el lugar donde impulsar medidas relativas a la seguridad y a la defensa de los Aliados[31].

 

El orden jerárquico estaba suficientemente explicitado: no se aceptaría una PESC independiente o al margen de la OTAN, sino complementaria y subordinada. Tras las vacilaciones y temores de la administración norteamericana, sobre todo durante el año anterior, era posible, según señalaba M. Wörner, “alcanzar la unión de Europa no sólo manteniendo, sino incluso reforzando el vínculo transatlántico” (Wörner 1991b, 7). De alguna forma, la Cumbre de Roma supuso una dura prueba para los gestos simbólicos

 

 

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franceses que, como el reciente anuncio de la futura creación de un cuerpo de ejército europeo, apuntaban hacia una defensa demasiado autónoma de la OTAN. Durante la Cumbre, el presidente George Bush fue tajante al desafiar directamente a sus socios a que manifestaran, si acaso la tenían, su voluntad de organizar independientemente su propia defensa[32]. Viendo que nadie recogía su desafío, y después de aclarar que no veía un “sustituto para la Alianza como el principal actor” de la arquitectura de defensa en Europa, el presidente norteamericano manifestó su apoyo a la UEO como pilar europeo de la OTAN: un instrumento complementario y subordinado que, lejos de debilitarla o hacerle sombra, podría fortalecerla aun más.

 

En el mecano de la seguridad europea en la posguerra fría planificado en Roma, la OTAN se erigía así como pieza central y nuclear al lado del reforzamiento institucional de la CSCE y del proceso de integración de la Unión Europea, con la función que ocupara finalmente la UEO en el mismo. En cuanto a esta última organización, su afianzamiento como complemento militar subordinado a la OTAN —encarnando el viejo concepto del pilar europeo de la Alianza— se presentaba como una conveniente vía de solución al crónico problema del “reparto de las cargas”, replanteado por Washington en un momento en que tanto los gastos militares de sus socios como los suyos propios se reducían considerablemente. Desde 1987, año en que alcanzaron su cota más alta, el gasto militar total de los aliados de la OTAN había descendido de manera continuada hasta alcanzar un mínimo histórico en 1991, determinado en buena medida por la evolución a la baja del propio presupuesto federal de defensa estadounidense (SIPRI, 1997, 194). No dejaba, pues, de resultar irónico que en pleno descenso de su presupuesto militar, los Estados Unidos animaran a sus aliados a rearmarse con el argumento de “repartir las cargas” de la defensa del Viejo Continente —lo cual supuestamente constituía además un avance en el proceso de adquisición de su identidad europea— mientras se esforzaban al mismo tiempo por asegurar su liderazgo político y militar en el seno de la Alianza.

 

 

   EL NUEVO CONCEPTO ESTRATÉGICO

 

La Cumbre de Roma revistió además una especial importancia por cuanto adaptó a los nuevos tiempos de la posguerra fría la estrategia de la Alianza, acuñando el llamado Nuevo Concepto Estratégico en cuya elaboración participó también Francia. En la “Declaración de Roma sobre Paz y

 

 

 

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Cooperación”, como novedad, el enemigo dejaba de ser el bloque soviético: ahora eran “riesgos de naturaleza más amplia, como la proliferación de armas de destrucción masiva, la ruptura de los aprovisionamientos en recursos vitales” —en clarísima evocación al conflicto del Golfo— y “los actos de terrorismo y sabotaje” que pudieran afectar a la seguridad de la Alianza[33]. El texto del Nuevo Concepto Estratégico era todavía más explícito: frente a la antigua amenaza de una invasión procedente del Este, los nuevos riesgos eran “multidireccionales y complejos”, y en concreto se citaba:

 

 la inestabilidad derivada de las grandes dificultades económicas, sociales y políticas —incluidas las rivalidades étnicas y las disputas territoriales— a que se enfrentan muchos países de Europa central y Oriental[34].

 

Los peligros de inestabilidad no se reducían a los territorios de los países de Europa Central y Oriental, sometidos a traumáticos procesos de ajuste económico, sino también a los de la ribera sur del Mediterráneo, la “periferia sur de Europa”. Para hacer frente a tales “amenazas”, la Alianza acordaba recurrir al exiguo artículo IV del Tratado de Washington[35], que resultaba a todas luces demasiado pobre e insuficiente como instrumento de intervención: algo que no se remediaría hasta la aprobación del siguiente Nuevo Concepto Estratégico en la Cumbre del quincuagésimo aniversario celebrada en Washington en abril de 1999. Otra vía para trascender el ámbito definido por el artículo VI del Tratado quedaba discretamente apuntada en el apartado “Misiones de las fuerzas armadas de la Alianza”:

 

   además, los aliados podrían ser invitados a contribuir a la estabilidad y a la paz mundiales proporcionando fuerzas para misiones de Naciones Unidas[36].

 

Al año siguiente se daría un nuevo paso en esta dirección poniendo la propia estructura militar de la OTAN al servicio de la ONU y de la CSCE, solución que permitiría trascender con cierta comodidad las limitaciones territoriales del Tratado de Washington y que adquiriría plena realización en la intervención militar en la antigua Yugoslavia. Pero el avance logrado en Roma como primer intento de rebasar al tradicional ámbito de acción de la Alianza no fue sencillo, ya que al respecto hubo fuertes discusiones en el seno del “grupo de revisión de la estrategia”. Al parecer, el entusiasmo demostrado por altos oficiales de la Alianza para asumir funciones “fuera de zona” contrastó con la actitud francesa. Francia se opuso a toda mención explícita al lenguaje “fuera de zona” en el texto del Nuevo Concepto, insistiendo en que la OTAN no debería asumir nuevas misiones (Kay, 62). En cualquier caso, y a pesar de no existir ninguna mención formal, la Alianza estaba llamada a

 

 

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intervenir fuera de su territorio por medio de la doble vía de un uso abusivo del artículo IV y de su disposición a poner tropas bajo bandera de la ONU.

 

Con el fin de hacer frente a estas novedosas misiones, el Nuevo Concepto Estratégico acordado en Roma se ocupaba asimismo de adaptar su estructura de fuerzas. El modelo a seguir era el de ejércitos más reducidos y flexibles que pudieran ser movilizados en un plazo corto de tiempo a cualquier flanco del territorio aliado, con “elementos terrestres, aéreos y marítimos de reacción rápida e inmediata capaces de responder a una amplia gama de eventualidades, muchas de ellas imprevisibles”[37]: la intervención militar en el conflicto del Golfo constituía el ejemplo ideal. Conviene señalar aquí que si bien las armas nucleares perdían importancia en la nueva estructura de fuerzas de la OTAN, con grandes reducciones de armamento de medio y corto alcance[38], cobraba en cambio singular interés el desarrollo tecnológico del armamento convencional, en el que los Estados Unidos tenían una capacidad decisiva y una superioridad abrumadora sobre el resto de sus socios: no en vano se habían dedicado a innovarlo constantemente desde el período de la segunda guerra fría[39].

 

 

   EL AMBIGUO TEXTO DE MAASTRICHT

 

En vísperas de la Cumbre de Maastricht, europeístas y atlantistas todavía no se habían puesto de acuerdo sobre la futura PESC y la función de la UEO en la misma. Las negociaciones que condujeron al Tratado de la Unión Europea (TUE) fueron muy apresuradas, prácticamente de “última hora”, y estuvieron condicionadas por los acuerdos de Minsk que certificaron la desintegración de la URSS: políticamente era fundamental ofrecer una imagen de estabilidad al resto de Europa (Barbé 1995a, 141). El resultado, por lo que respecta al título V, “Disposiciones relativas a la política exterior y de seguridad común”, fue un texto de compromiso, cargado de ambigüedades e imprecisiones.

 

En principio, y contrariamente a lo expresado en el artículo J del título V[40,] el TUE no estableció ni instituyó una política común en estos aspectos, sino solamente los procedimientos que habrían de seguirse para realizarla en caso de que sus miembros llegaran a hacer coincidir sus respectivas políticas (Azaola, 87): primera decepción para la postura europeísta, cuando acontecimientos tan inesperados e importantes como la desintegración de Yugoslavia estallaban en suelo europeo. Toda ulterior precisión se aplazaba, además, a la Conferencia Intergubernamental de 1996, que debería evaluar y

 

 

 

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reformar el Tratado[41]. Centrándonos ya en el texto acordado, conviene detenerse en la carga de ambigüedades que contenía. Sirva como ejemplo el ámbito reservado para la PESC, que habría de abarcar:

 

 todas las cuestiones relativas a la seguridad de la Unión Europea, incluida la definición, en el futuro, de una política de defensa común, que pudiera conducir en su momento a una defensa común (art. J.4.1).

 

 

Cuidadosamente se omitía toda referencia al concepto “militar”, a la vez que se distinguía entre “política de defensa” y “defensa”. Nótese por otro lado la utilización de las expresiones “en el futuro” y “pudiera”. Por otra parte, toda decisión respecto a asuntos “que tuvieran repercusiones en el ámbito de la defensa” debía tomarse por unanimidad. En suma, la ambición europeísta de acrisolar una futura PESC se quedó en simple retórica. El mismo éxito tuvo la voluntad de subordinar la UEO a UE como su órgano o instrumento ejecutivo con vistas a fundirlo con posterioridad en la propia Unión Europea. En el Tratado se acordó que la Unión pediría a la UEO que formara parte integrante del desarrollo de la Unión Europea, y que elaborara y pusiera en práctica las decisiones y acciones de la Unión que tuvieran repercusiones en el ámbito de la defensa. Hasta aquí un tímido acercamiento entre la UE y la UEO. Pero el texto se apresuraba a matizar:

 

   con arreglo al presente artículo (J.4) la política de la Unión no afectará al carácter específico de la política de seguridad y defensa de determinados Estados miembros, respetará las obligaciones derivadas para determinados Estados miembros del Tratado del Atlántico Norte y será compatible con la política común de seguridad y defensa establecida en dicho marco[42].

 

Las salvedades eran bien precisas, y afloraba aquí la relación de compatibilidad que la OTAN, en sus encuentros de Copenhague y Roma, había demandado tener con el diseño de una futura identidad defensiva europea.

 

La vinculación de la UEO con la OTAN, en cambio, no adolecía de las imprecisiones que hemos visto tenía en su relación con la Unión Europea. A iniciativa y exigencia británica, las disposiciones al respecto quedaron reflejadas en una Declaración aneja al TUE (Barbé 1995a, 141 y 144), un gesto simbólico que ilustra la voluntad de deslindar con claridad los ámbitos de la UEO y de la Unión Europea. Hay que recordar al respecto que en aquel momento componían la UEO nueve países —Bélgica, Alemania, España, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Italia, Luxemburgo y Portugal— todos ellos integrados en la OTAN, frente a los doce que contaba en aquel momento la Unión Europea. Como no podía ser menos, en la “Declaración relativa a la

 

 

 

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Unión Europea Occidental” el vínculo con la Alianza quedó perfectamente salvaguardado y fortalecido:

 

   La Alianza seguirá siendo el foro principal para consultas entre sus miembros y el lugar donde se decidan las políticas relativas a los compromisos de seguridad y de defensa de los aliados de acuerdo con el Tratado de Atlántico Norte.

 

Prácticamente la misma frase podía leerse en el comunicado de la reunión del CAN de Copenhague[43] —junio de 1991— o en la Declaración de la Cumbre de Roma[44]. El término “foro principal o esencial de consultas” establecía con claridad el orden jerárquico impuesto por la Alianza en la nueva arquitectura de seguridad en Europa. Además, la UEO se comprometía formalmente en la Declaración Aneja al TUE a actuar “de conformidad con las posiciones adoptadas en la Alianza Atlántica”[45]. De esa forma, la mención de la UEO como futuro “componente defensivo de la Unión Europea” quedaba inextricablemente ligada al objetivo del fortalecimiento del pilar europeo de la Alianza Atlántica.

 

 

 EL PILAR EUROPEO DE LA OTAN Y LA “DIVISIÓN DEL TRABAJO”

 

En suma, con la influencia ejercida sobre el Tratado de la Unión Europea, la OTAN se afirmaba en el papel principal del nuevo sistema de seguridad europeo, imponiéndose a una UEO que debía su reactivación a la posibilidad de funcionar en un futuro indefinido como pilar europeo de la Alianza. La relación de “transparencia y complementariedad” que, según los portavoces de la OTAN, debía existir con la UEO y con la Unión Europea, encubría de hecho una relación de control y dependencia. Incluso a un nivel estrictamente militar, el desarrollo de la UEO se veía limitado por los condicionamientos de la Alianza, que había empezado a perfilar una “división del trabajo” entre los dos pilares. Esgrimiendo el argumento de la duplicación innecesaria de recursos, la Alianza se reservaba el grueso de la capacidad militar mientras que la UEO, directamente o a través de las fuerzas encomendadas a su cargo — como el Eurocuerpo— podría aportar tropas u otros recursos convencionales menores pero necesarios. Ya a finales de 1991, el secretario general Wörner había respondido así a la pregunta de si estaba de acuerdo con que la UEO contara con sus propios efectivos:

 

En mi opinión, tendrá un tipo de fuerza muy modesta, formada con toda probabilidad por la brigada francoalemana o por el futuro cuerpo de ejército que integran estos dos países. Pero el grueso de la capacidad militar dependerá de la OTAN. Hay varias razones que

 

 

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justifican esta alternativa. Primero, crear unas fuerzas propias significa, de alguna forma, duplicar innecesariamente esfuerzos. En segundo lugar, no creo que los europeos tengan suficiente dinero para formar una estructura propia independiente de la OTAN, ni para crear la infraestructura en la que se debe apoyar ésta. Me refiero a comunicaciones, bases, etc. Creo que todos los razonamientos apuntan a algún tipo de complementariedad sobre la base, más o menos, del doble compromiso de las fuerzas[46].

 

Aparece aquí el segundo aspecto de la “división del trabajo” mencionada. La UEO poseía una virtualidad de la que carecía la OTAN: plena libertad, merced al artículo VIII.3 del Tratado de Bruselas[47], para actuar fuera de la zona comprendida por los territorios de sus estados miembros. Una posibilidad que resultaba cada vez más probable a la vista de las crisis que podían estallar —y que de hecho habían estallado ya en los Balcanes— en las periferias este y sur de Europa. Si las mismas tropas y recursos podían ser asignados tanto a la Alianza como a la UEO, se abría la perspectiva para la OTAN de actuar indirectamente en ese tipo de misiones: a eso se refería Wörner con el doble compromiso de fuerzas.

 

Las posibilidades de la Alianza de trascender el ámbito definido por el artículo VI del Tratado de Washington no se limitaban a la utilización de sus recursos bajo gorra de la UEO. Si bien es cierto que la extensión de iure de los límites del artículo VI había sido rechazada en 1989 (Herrero, 1991, 73), y que en la Cumbre de Roma no había podido incluirse mención explícita alguna a las misiones “fuera de zona”, existía la posibilidad de extender de facto el ámbito de actuación a través de otras dos formas, al margen de la hipotética utilización de la UEO. La primera, ya mencionada, se basaba en una interpretación a todas luces forzada del artículo IV del Tratado de Washington, puesto que chocaba con el ámbito explícitamente restringido en el artículo VI[48]. La segunda, muy importante, ya aparecía consignada[49] en el Nuevo Concepto Estratégico de 1991 cuando se acordó la posibilidad de poner tropas y recursos de la Alianza a disposición de la ONU y de la CSCE. Mediante esta solución, el artículo VI del Tratado de Washington era sencillamente ignorado. Aceptando el estatuto de organización regional reglamentado en la Carta de las Naciones Unidas, que había sido cuidadosamente evitado durante la guerra fría, la Alianza aprovechaba así la oportunidad que se le presentaba de trascender su ámbito de acción. Así lo explicaba M. Wörner a finales de 1991:

 

   tal vez haya campo para que la Alianza colabore con su logística, recursos de inteligencia e incluso con sus fuerzas de reacción rápida en los mandatos CSCE o de las Naciones Unidas para operaciones de mantenimiento de paz o misiones de observación. Conceptos como “dentro” y “fuera de zona” irán poco a poco perdiendo relevancia (Wörner, 1991b, 8).

 

 

 

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Esta sería la vía de urgencia utilizada para justificar una intervención formal de la OTAN fuera de su ámbito, en clara contradicción con lo estipulado en el Tratado de Washington. La solución no dejaba de tener su lado irónico. Tal y como veíamos en el capítulo I[50], en la elaboración del Tratado de Washington se había procurado evitar toda asimilación a la condición de “organización regional” para no tener que arrostrar las limitaciones derivadas de los artículos 52, 53 y 54 del capítulo VIII sobre los “Acuerdos Regionales” de la Carta de las Naciones Unidas. La mayor de estas limitaciones se encontraba en el artículo 53, que prohibía cualquier medida coercitiva, aun en caso de defensa, sin una autorización previa del Consejo de Seguridad. En esta primera etapa de la posguerra fría, en cambio, la OTAN concibió utilizar precisamente este articulado de la Carta para trascender su ámbito de actuación, con lo que de facto venía a reconocerse como “organización regional”. Inferencia ésta última un tanto apresurada, porque años después, con la intervención militar en Kosovo de la primavera de 1999, la Alianza se permitiría violentar las propias reglas que había aceptado al bombardear Serbia y Kosovo sin una autorización expresa del Consejo de Seguridad.

 

Aprobado el Nuevo Concepto Estratégico cuyos efectos se habían dejado sentir en Maastricht, la OTAN cerraba a finales de 1991 su primera fase de supervivencia en la posguerra fría pergeñando un ambicioso proyecto que se vería colmado durante los años siguientes. A pesar de los augurios sobre su disolución, la Alianza conseguía desplazarse al corazón de la emergente arquitectura de seguridad europea (Grant, 60) dispuesta a sortear los dos escollos principales que se interponían en su camino: la creación de un sistema de seguridad colectiva paneuropea representado por la CSCE, y la cristalización de una PESC autónoma de la propia OTAN y por tanto de los Estados Unidos.

 

De la voluntad atlántica de proyectarse al exterior e intervenir “fuera de área” hablaban tanto las iniciativas de relación con los antiguos países del antiguo Pacto de Varsovia —solapando y usurpando de paso funciones propias de la CSCE— como los intentos de trascender militarmente sus límites por medio de las tres formas más arriba apuntadas: la UEO, el artículo IV del Tratado de Washington y la puesta de recursos a disposición de misiones de la ONU y de la CSCE. De esa forma, el hiperdesarrollo de su función política no redundaba en desmedro de su función militar, que empezaba a ser convenientemente adaptada en el proceso de reestructuración y flexibilización de fuerzas y efectivos anunciado en el Concepto Estratégico: los ejércitos occidentales debían adaptarse a las nuevas misiones según el modelo de la

 

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fuerza multinacional enviada al Golfo Pérsico en la operación “Tormenta del Desierto”.

 

Al mismo tiempo, y de manera semejante a lo ocurrido en dicha operación militar con la colaboración y financiación de los aliados europeos y Japón, la Alianza se ocupaba en esta primera etapa de fortalecer su pilar europeo a través de una UEO que contribuyera a solucionar, en beneficio de los Estados Unidos, el crónico problema del “reparto de las cargas”. La iniciativa tendría cierto éxito, puesto que durante los cinco o seis años siguientes Estados Unidos reduciría su presupuesto militar en un 10 % mientras el de los principales socios europeos de la Alianza crecía levemente[51]. No en vano el orden de la posguerra fría se caracterizaba por ser multipolar en lo económico, que no en lo militar. Porque como señalaba M. Wörner, aunque la nueva topografía del sistema de poder mundial sólo registraba una superpotencia, la única que reunía los cuatro requisitos de “voluntad de mando, capacidad de proyección de fuerza, fortaleza económica y presencia diplomática militar mundial”, también era cierto que no podía mandar en solitario ni soportar sola las cargas materiales, “y mañana menos que hoy” (Wörner 1991c, 58). Necesitaba, pues, ayuda para soportar la carga de su hegemonía.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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V. LAS NUEVAS AMENAZAS

 

 

   LOS ENEMIGOS NECESARIOS

 

En 1961, bajo la administración Kennedy, el Departamento de Estado norteamericano reunió a un grupo de expertos con el fin de que abordaran un estudio sobre la paz y las consecuencias que un proceso de desarme podría tener para los Estados Unidos, como resultado de las negociaciones bilaterales que por aquel entonces se estaban desarrollando con la URSS. Las conclusiones del grupo interdisciplinar elegido quedaron plasmadas en un informe que años después se filtró a la prensa y llegó a ser publicado. El texto suscitó auténtico asombro, pero de su veracidad no cabía duda; el propio Premio Nobel de economía, Kenneth Galbraith, que había declinado la invitación para formar parte del grupo, se encargó de prologar la edición asegurando su fiabilidad. En el transcurso de su análisis de la sociedad actual, que consideraban organizada y estructurada sobre el principio de la guerra — no tanto sobre el principio de hacer la guerra como sobre el de poder hacerla —, los expertos concluían lo siguiente:

 

La existencia de una amenaza exterior, a la que se da crédito, es, por consiguiente, esencial a la cohesión social así como a la aceptación de una autoridad política. La amenaza debe ser verosímil, su amplitud debe estar en proporción con la complejidad de la sociedad amenazada, y debe ser presentada, cuando menos, como pesando sobre la sociedad entera[52].

 

De ahí que les pareciera especialmente preocupante un hipotético escenario en el que el gobierno estadounidense pactara y se reconciliara con la URSS, sumergiéndose en un proceso de desarme recíproco que teóricamente desembocara con el tiempo en el desmantelamiento de sus respectivos ejércitos. Mucho se ha especulado sobre la gran rentabilidad que supone la existencia de un “enemigo” para un sistema político, y más aún para una mentalidad cultural, la occidental, cuyo desarrollo histórico ha estado definido por relaciones de oposición y exclusión con la imagen del Otro, del que no pertenece a la propia cultura. Desde Jerjes amenazando Grecia —erigida simbólicamente en cuna de la civilización europea enfrentada a Asia— hasta el Imperio Otomano y el Islam en tierras de cruzada como las penínsulas balcánica e ibérica. Pascal Bruckner, por ejemplo, ha definido con acierto la noción de “enemigo” como:

 

 

 

 

 

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una provisión de futuro, una forma para un grupo de garantizar su cohesión, de afirmarse por oposición, de reformarse corrigiendo sin cesar la imagen borrosa que le tiende el otro. Es la seguridad de durar a través de la hostilidad del otro que, paradójicamente, nos fortalece al negarnos[53].

 

Era precisamente la posible pérdida de esa “seguridad de durar” lo que más temía la administración Kennedy a principios de los sesenta, frente a una perspectiva de distensión con el bloque soviético de consecuencias imprevisibles. Pero más de treinta años después, el escenario que se hizo realidad resultaría todavía más asombroso: el enemigo se disolvía a marchas forzadas sin disparar un solo tiro. Ya hemos visto que las consecuencias para la OTAN se dejaron sentir de inmediato, con la crisis de legitimidad vivida a finales de la guerra fría. Todavía en 1990, cuando los regímenes europeos del Pacto de Varsovia se derrumbaban en cascada, los portavoces de la Alianza seguían justificando su propio derecho a existir aferrándose al de la propia URSS. Y en diciembre de 1991, con su desintegración, se vieron privados también de aquel último argumento. A excepción del propio discurso atlántico, siempre tan triunfalista, la disolución de la Alianza planeaba como una amenaza en la mente de todo el mundo, el elemento cohesionador de la OTAN ya no existía. Todavía en 1990, dos autores tan solventes como D. Stuart y W. Tow escribían que la principal razón de la supervivencia de la OTAN, que contrastaba con la disolución de otras alianzas militares, era precisamente “la claridad y especificidad de la amenaza percibida de la Unión Soviética” (313), algo que desaparecería justamente un año después.

 

 

   LAS “NUEVAS AMENAZAS”

 

Retomando la imagen utilizada por el propio secretario de Estado, Dean Acheson, en el período álgido de la guerra fría[54], Roma —con la que identificaba a los Estados Unidos— había acabado por destruir a Cartago. ¿Y después qué? J. C. Rufin, en El Imperio y los Nuevos Bárbaros (19), maneja hábilmente la comparación. Después de la destrucción de Cartago, Catón el Viejo, su principal instigador, ironizaba sobre el futuro de la república: ¿qué sería de Roma sin los cartagineses? Ante el vacío abierto por la desaparición de su secular enemigo, con la consiguiente angustia generada, el historiador griego Polibio, al servicio del poder romano, puso manos a la obra. En su Historia, recreó el pasado de Roma insuflándole un sentido mesiánico, elaborando un metarrelato y una teleología propios. Para ello, Polibio anunció que la victoria sobre Cartago estaba escrita en el destino de la república

 

 

 

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romana, que trascendía de ese modo a su antiguo enemigo y convertía el episodio de su derrota en algo necesario, fijado desde el principio de los tiempos. Haciéndose historia, las guerras púnicas pasaban a convertirse en una simple etapa en la misión de Roma de llevar la paz y la civilización al resto de los pueblos, esto es, a los no-romanos, los pueblos bárbaros.

 

Volviendo a la Alianza Atlántica, desde el primer momento el discurso de la OTAN procuró rentabilizar la crisis de su enemigo, otorgándose la exclusiva responsabilidad de una derrota que, como la de Cartago, también estaba escrita en su destino:

 

Vivimos en una época que lleva la impronta de nuestro éxito. La OTAN nos ha aportado la paz: la paz más prolongada que ha conocido Europa desde la época del Imperio Romano. Esta paz nos ha abierto perspectivas de cambio. El Este se acerca al Oeste. Ciento cincuenta años después del manifiesto comunista, puede decirse sin lugar a dudas que el comunismo ha fracasado. Su ideología obsoleta y su ineficacia contrastan agudamente con nuestros valores y conceptos, así como con la flexibilidad de nuestro sistema ante las aspiraciones del ser humano. Los acontecimientos siguen el rumbo que les hemos trazado y así seguirá siendo mientras mantengamos la iniciativa (Wörner 1989, 21).

 

En un segundo momento, al paso que se insistía en la homogeneidad de la comunidad atlántica, fundamentada en “los valores de la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho”, en un texto oficial como era el Nuevo Concepto Estratégico de 1991 se identificaban ya, como vimos en el capítulo anterior, las “nuevas amenazas” o “riesgos” que justificaban el mantenimiento de una organización militar tan poderosa como la Alianza:

 

Contrariamente a la amenaza predominante en el pasado, los riesgos que aún pueden poner en peligro la seguridad de los Aliados son multidireccionales y complejos, lo que les convierte en más difíciles de prever y analizar.[55]

 

Algunas líneas más adelante el documento se mostraba más explícito y aludía, al margen de la inestabilidad que pudiera derivarse de la crisis de la URSS y de los países de la Europa Central y Oriental sumidos en traumáticos procesos de transición, a “la proliferación de armas de destrucción masiva, la ruptura de los aprovisionamientos en recursos vitales y las acciones de terrorismo y sabotaje”. Las referencias al conflicto del Golfo resultaban obvias. Pero a principios de año el secretario general Wörner había sido mucho más preciso al describir las nuevas amenazas con las que se enfrentaba la OTAN a lo largo de todo su perímetro sur, en una zona de tensión que abarcaba desde el Magreb a Oriente Medio:

 

Las tensiones se ven exacerbadas no sólo por la permanencia en el poder de dirigentes absolutistas y ambiciosos como Sadam Hussein, sino también por un telón de fondo caracterizado por problemas de desarrollo fuertemente arraigados que fomentan el

 

 

 

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crecimiento de la población, la migración, los conflictos derivados de la falta de recursos, el fundamentalismo religioso y el terrorismo. Por todo ello, hoy menos que nunca, podemos considerar que la seguridad de la Alianza termina en nuestras fronteras o concierne solamente a aquellos aliados por vínculos particulares a estas regiones (Wörner 1991a, 6).

 

El tono alarmista resultaba obvio, toda vez que en el texto se mezclaban fenómenos de distinta índole y cuyo tratamiento no tenía por qué corresponder necesariamente a una organización militar como la OTAN, o justificar el mantenimiento de potentes estructuras armadas. La principal característica de este texto podría definirse como un confusionismo interesado, tendente a generar un efecto psicológico de desazón y tensión, se remitía para ello, de manera directa, a un conflicto contemporáneo, la guerra del Golfo, que como veíamos en el capítulo anterior[56], había sido utilizado en la nueva etapa de la posguerra fría como ejemplo del vano e ingenuo carácter de las esperanzas de un mundo pacífico despertadas con la desaparición del enfrentamiento entre bloques. Una prueba del carácter providencial que adquirió este conflicto fue su manipulación, la magnificación que se hizo de la “amenaza” representada por el estado iraquí al nuevo orden de la posguerra fría. De ahí la exageración de las informaciones sobre la capacidad bélica de Irak —el tercer ejército más poderoso del mundo, según se decía— hasta que la operación “Tormenta del Desierto” se reveló como un auténtico paseo militar: 100.000 víctimas iraquíes frente a decenas de bajas en el bando aliado.

 

De manera curiosamente simétrica, la guerra del Golfo comparte su carácter providencial al inicio de la posguerra fría con otro conflicto desencadenado en los comienzos de la etapa anterior: la guerra de Corea, con la intervención de una tropa multinacional, mayoritariamente norteamericana, en aparente defensa de la legalidad internacional vulnerada a raíz de la invasión de Corea del Sur por Corea del Norte[57]. En ambos casos, y en tanto conflictos señeros de la guerra fría y de la posguerra fría respectivamente — en los que participaban potencias occidentales— quedó ejemplarizado el triunfo de la “solución militar” sobre las esperanzas anteriormente concebidas de una resolución pacífica arbitrada a nivel internacional. Según E. Barbé:

 

La guerra del Golfo va a desempeñar la función de “vuelta al pasado hobbesiano” en términos teóricos: la geoestrategia y el culto al armamentismo recuperan el escenario mundial durante unas semanas (1995b, 279).

 

Además, y esto resulta especialmente significativo, tanto la intervención militar de Irak como la de Corea fueron legitimadas por sendas resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas[58]. La institución de la ONU

 

 

 

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fue, de esta forma, convenientemente utilizada para dotar de legitimidad jurídica a ambas “soluciones militares”. Por lo que respecta al caso iraquí, bajo las especiales circunstancias que rodearon la aprobación de la famosa resolución 678 —debilitamiento de la URSS, ambigua postura de una China criticada por los sucesos de Tiannamen— los Estados Unidos utilizaron el Consejo de Seguridad “para forzar el acuerdo de entrar en guerra”, en claro contraste con los numerosos ejemplos en los que las resoluciones de las Naciones apoyadas incluso por los Estados Unidos no se pusieron en práctica o fueron sencillamente ignoradas, siendo el caso de Israel el más representativo (Said 1996, 443).

 

Volviendo a los imaginarios de amenazas, en el mismo año de 1991, el comandante supremo de las fuerzas de la OTAN en Europa completaba la relación de Wörner con “el nacionalismo a ultranza, las diferencias étnicas, el terrorismo o la proliferación de armas de destrucción masiva” (Galvin, 14). Según algunos teóricos, se trataría de “nuevas amenazas” que habrían ocupado el lugar de las antiguas, como la guerra nuclear y la convencional a gran escala (Kennedy, 1993, 167). Sin embargo, y como tendremos ocasión de ver, es posible rastrear el origen de algunas de estas amenazas en el período anterior de guerra fría. Lo que realmente las une y caracteriza, más que su presunto carácter novedoso, es su simplificación exacerbada y caricaturizada, junto a la falta de precisión y de rigor de sus distintas definiciones, rasgos todos ellos reveladores de su origen artificioso e interesado.

 

 

 ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ              Ȁ          ̀ Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ                     LA “AMENAZA NACIONALISTA”. LA ANTIGUA YUGOSLAVIA

 

El carácter presuntamente novedoso de la “amenaza nacionalista” sí que estuvo justificado por la sorpresa que depararon a Occidente las tensiones nacionalistas surgidas en el mismo corazón de Europa, un lugar donde anteriormente habían sido ignoradas o despreciadas, a pesar de la eclosión del nacionalismo étnico que acompañó la ascensión de Slobodan Milosevic al poder yugoslavo desde mediados de los ochenta. Al respecto resultaba muy ilustrativa la profecía de un atlantista como S. Hoffmann, que en 1990 declaraba lo siguiente, en contraste con el optimismo de Fukuyama:

 

   no hay razón alguna para esperar que la arena tradicional de la política mundial vaya a estar vacía o a resultar aburrida: a excepción quizá, extraña y afortunadamente, de Europa, a pesar de los profetas de recurrentes catástrofes (1990, 116).

 

 

 

 

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Sería precisamente en Europa donde el fenómeno nacionalista adquiriera una gran virulencia, desencadenando una sangrienta guerra en los Balcanes, y donde la OTAN acabaría por intervenir directamente, cerrando un ciclo que se había abierto en la Cumbre de Roma con sus pretensiones de trascender su ámbito de acción y de afirmar la necesariedad de su existencia en la nueva arquitectura de seguridad europea. No en vano la mayoría de los apologistas de la OTAN coinciden en afirmar que la Alianza sólo pudo demostrar su carácter imprescindible e indispensable con su primera misión directa en Bosnia-Herzegovina en 1995, tras los acuerdos de Dayton (Gordon, 4). Pero si el fenómeno nacionalista se caracteriza por su complejidad, no ocurre lo mismo con el imaginario de amenaza pergeñado en el discurso atlantista.

 

Un ejemplo palmario lo constituye el conflicto yugoslavo, donde el nacionalismo agresivo de raíces étnicas del régimen de S. Milosevic no llegó a ser reconocido como tal por Occidente durante la segunda mitad de los ochenta. Ni siquiera en 1990 la anulación del estatuto de región autónoma que disfrutaba Kosovo, con la represión subsiguiente contra la mayoría albanesa, mereció crítica alguna por parte de los medios occidentales y de la propia Alianza, enfrascada por aquel entonces en el conflicto del Golfo Pérsico. Lo que a los estados occidentales les interesaba, por encima de cualquier otra consideración, era la integridad territorial de la república yugoslava en un momento en que la estabilidad de las fronteras europeas era un asunto prioritario; mención aparte de que nacionalismos emergentes como el croata, el esloveno o el bosnio podían evocar peligrosamente otros conflictos nacionales no resueltos en la propia Comunidad Europea. Y con mayor motivo cuando la disolución del enemigo exterior había desplazado los problemas domésticos a un primer plano. J. Rupnik supo describir acertadamente la postura occidental al respecto:

 

El hecho de colocar la unidad de Yugoslavia por encima de cualquier consideración ha sido interpretado por el poder serbio federal como la luz verde de Occidente ante el uso de la fuerza por parte del ejército Yugoslavo[59].

 

La actitud de indiferencia occidental y, por tanto, de tácito apoyo al contendiente más poderoso, quedó suficientemente demostrada con un hecho sobre el que todavía hoy no se han sacado las debidas consecuencias. El reconocimiento por parte de la Comunidad Europea de las repúblicas de Croacia y Eslovenia, a iniciativa alemana, no tuvo lugar hasta enero de 1992, meses después de sus respectivas declaraciones de independencia —en junio de 1991— y cuando la guerra iniciada por el régimen serbio ya había concluido con la conquista y limpieza étnica de cerca de una cuarta parte del

 

 

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territorio croata. El tan mencionado “apresuramiento” de Alemania y Austria en el reconocimiento de las dos nuevas repúblicas, considerado erróneamente como acicate de su independentismo, tuvo lugar en una fecha significativamente tardía: diciembre de 1991. Para entonces, la guerra ya se había decantado definitivamente con la victoria del Ejército Popular Yugoslavo (JNA) y el régimen de Milosevic ya había conseguido lo que había pretendido desde el principio: no la ocupación de todos los territorios de Eslovenia y Croacia —lo cual habría sido una flagrante contradicción, toda vez que el nacionalismo serbio siempre ha reconocido al esloveno o al croata

 

— sino la extensión de su propio territorio a costa de aquellos que contaban con poblaciones de etnia serbia[60], y que violentando la propia constitución federal habían sido declarados previamente regiones autónomas serbias.

Pero la actitud occidental de tolerancia hacia el régimen serbio data de más antiguo, cuando ni siquiera se lo reconocía como “nacionalista”. Ya se ha dicho que sus movimientos anticonstitucionales no fueron en absoluto contestados desde Occidente, con ejemplos tales como la abolición en 1990 de los estatutos de autonomía de Kosovo y de Vojvodina, o la creación de repúblicas autónomas serbias en las Krajinas y en la Eslavonia croata, además de en tres regiones de Bosnia-Herzegovina. A principios de 1991, una delegación de alto nivel del JNA se desplazó a París, Londres y Moscú para tantear las distintas reacciones internacionales ante un eventual golpe militar que desarmara a las milicias territoriales eslovenas y croatas, con anterioridad a las declaraciones de independencia de las repúblicas homónimas. La delegación regresó a Belgrado con seguridades de que Occidente no intervendría[61]. Por si este apoyo no hubiera bastado, en junio de ese mismo año el secretario de Estado norteamericano, J. Baker, visitó Belgrado y respaldó al régimen de Milosevic declarando que no toleraría la desintegración de la república federal (Rieff, 18). Ese mismo mes, Eslovenia y Croacia se declararon independientes y el JNA invadió Eslovenia[62]. Por último, en plena guerra y con la superioridad abrumadora del JNA sobre las milicias eslovenas y croatas, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó en septiembre de 1991 una resolución de embargo de armas en la región a propuesta del representante yugoslavo que, evidentemente, beneficiaba al bando agresor (Agirre, 213).

 

Fue sobre todo después, una vez estallada una nueva guerra mucho más sangrienta en Bosnia-Herzegovina, cuando los dirigentes occidentales intentaron justificar su incapacidad o desinterés por reconducir el conflicto por otros cauces, principalmente con su actuación en la Fuerza de Protección

 

 

 

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de la ONU (UNPROFOR). El método de Naciones Unidas consistió en tratar a todos los contendientes por igual, desdibujando las importantes diferencias que presentaban los distintos proyectos nacionales enfrentados, obviando la trascendental distinción entre agresores y agredidos y, fundamentalmente, simplificando de manera grosera el conflicto. Todo se redujo de repente a un estallido de “odios étnicos que se perdían en la historia”, imposibles de desentrañar para el pensamiento occidental que teóricamente hacía siglos que los había superado, y que enfrentaban a gente, por utilizar la inefable descripción del embajador español en la ONU, Miguel Ángel Mazarambroz: “anclada en unos odios históricos permanentemente recordados en su memoria elefantiásica” (Agirre, 139). El nacionalismo en abstracto se presentaba así dibujado con trazos malignos, prestados de las variantes concretas más agresivas y basadas en criterios étnicos, quedando transformado en una “amenaza” para la paz. El concepto resultante, tan groseramente desdibujado, podía utilizarse así para nombrar tanto el proyecto nacional de carácter multiétnico de una Bosnia-Herzegovina que defendía su territorio internacionalmente reconocido, como los nacionalismos agresivos y de tintes fascistas representados por S. Milosevic y F. Tudjman.

 

No es ocioso recordar, por otra parte, que durante la década de los ochenta, los países occidentales armaron hasta los dientes al JNA en plena deriva nacionalista del régimen serbio, en evidente similitud con el caso de Sadam Hussein. La “nueva amenaza” había sido pertrechada precisamente tanto por los países de la OTAN como por la URSS, a base de ventas directas de armamento o programas de co-producción. Dada la relación directa entre rearme y estallido de conflictos, incluso un antiguo miembro de la secretaría de Estado norteamericana —que en gran medida había sido partícipe de ese comercio— había declarado en 1982 que los Balcanes de aquella década podían convertirse en otro Oriente Medio, o nuevamente en el escenario de una conflagración mundial como en 1914[63]. Irónicamente, entre los principales suministradores extranjeros de armamento al JNA en 1990 se encontraban países como Gran Bretaña, Francia, Italia, Suecia y España, todos los cuales participarían en la misión “pacificadora” de Naciones Unidas un año más tarde (Agirre, 41).

 

 

   LA “AMENAZA NACIONALISTA”. LOS NACIONALISMOS “AMBICIOSOS”

 

El imaginario occidental del nacionalismo a ultranza o virulento, relacionado con “dirigentes absolutistas y ambiciosos” del Tercer Mundo, por utilizar la

 

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expresión de Wörner más arriba citada, refiriéndose en concreto a Sadam Hussein (1991a, 6), y discernible de la tradicional “amenaza comunista”, no se limita al período de la posguerra fría, y por ello no puede calificarse de novedoso. Íntimamente ligado a la mentalidad etnocentrista, su origen se remonta, cuando menos, al origen de la propia guerra fría, acompañando los procesos de descolonización en Asia y África. De hecho, desde sus mismos orígenes, la propia concepción de la “amenaza soviética” estaba preñada de etnocentrismo. En 1947 el artífice de la doctrina de la contención, G. Kennan, ya intentaba explicar la hostilidad del comunismo soviético hacia Occidente recurriendo a valores culturales, que no políticos. Sus explicaciones quedaban así deformadas por la lente de sus prejuicios etnocentristas:

 

 

Los rusos no tienen, por tanto, ninguna concepción de las relaciones cordiales permanentes entre Estados. Para ellos, todos los extranjeros son enemigos potenciales. La técnica de la diplomacia rusa, como la del Oriente en general, se concentra en impresionar al adversario con la fuerza aterradora del poder ruso… (Kennan, 1972, 457).

 

Aparecía así el Oriente —el imaginario occidental del Oriente— como factor explicativo de la conducta rusa y, por tanto, soviética. La relación entre etnocentrismo y anticomunismo no puede extrañar demasiado, una vez que todas las lógicas de exclusión acaban por encontrarse y reforzarse entre sí. La lógica de exclusión político-ideológica no podía menos que fortalecerse solapándose con otras anteriores, de tradición más rancia y reconocible. Al fin y al cabo de lo que se trataba era de excluir al enemigo, al Otro, dejando sentado el carácter irreversible e incuestionable de la oposición. Otro gran teórico de la guerra fría, Paul Nitze, reforzaba en 1950 la oposición establecida por Kennan, como ya veíamos en el capítulo II. En la mitología de dioses y demonios de la época, la descripción que hacía Nitze en el documento oficial NSC 68 de la política de Moscú y de Beijing tenía claras resonancias etnocéntricas: Occidente frente a Oriente, libertad frente a esclavitud, razón frente a irracionalidad y fanatismo. Como bien señala Klein, su imagen de la “sombría oligarquía del Kremlin”, artífice del Gran Plan del dominio del mundo —The Great Design— evocaba una fortaleza-corte de intrigas y malevolencias bizantinas (Klein, 114).

Otro ejemplo de etnocentrismo de guerra fría nos lo ofrece W. W. Rostow, destacado asesor de las administraciones Kennedy y Johnson. Detrás de su famosa “teoría del desarrollo” o de la “modernización”, se acierta a descubrir un etnocentrismo emboscado bajo ropajes universalistas, como puede observarse en su explicación de los sistemas comunistas y de las ideologías nacionalistas reunidas en el movimiento de países No Alineados de mediados

 

 

 

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de los años cincuenta. Teniendo como premisa un modelo de desarrollo universalista, que sigue las fases del operado en Occidente con la Revolución Industrial en Europa y que se pretende aplicable a cualquier tipo de sociedad en el mundo, para W. W. Rostow el comunismo soviético no es:

 

   una forma de organización social que surge naturalmente de los imperativos de la industrialización moderna. Es una forma patológica de organización estatal moderna que puede ser impuesta por una minoría determinada a una sociedad transicional frustrada y desalentada en su esfuerzo por lograr el movimiento hacia la modernización por métodos menos autocráticos (1962, 463).

 

En el camino único de las sociedades “tradicionales” y “preindustriales” hacia la modernidad, progresando hacia la necesaria etapa de industrialización, se corre así el peligro de desviarse, de alcanzar el status de sociedad moderna por métodos anormales, no-democráticos. El comunismo es, pues, una anormalidad, una patología, una enfermedad en la que pueden caer los países en vías de desarrollo. Lo padecen solamente ese tipo de sociedades “transicionales”, como lo fue la Rusia de los zares o la China del Kuomintang. De ahí que las sociedades “transicionales” de Asia y África, recién independizadas o en proceso de independencia en la época en que escribía Rostow, aparecieran en el discurso desarrollista como las presas más fáciles para la inoculación del comunismo. Durante la segunda mitad de los cincuenta, cuando tuvo lugar la crisis de Suez y el golpe militar en Irak,

 

 la mayoría de los Estados medio-orientales se encontraban en la etapa temprana de transición del status tradicional al moderno en que la vida política es especialmente fluida dentro de la élite controladora y en que es relativamente fácil conseguir la infiltración y la influencia exterior (Rostow, 1962, 399).

 

¿Y los nacionalismos? En su obra Los Estados Unidos en la palestra mundial son recurrentes las referencias de W. W. Rostow a las “ambiciones nacionalistas del mundo árabe” y al “ardiente nacionalismo”, refiriéndose principalmente al Egipto de Nasser (1962, 403). Según el discurso desarrollista, era otro enemigo nacido del resentimiento hacia el mundo desarrollado. En 1965, mientras asesoraba a la administración Johnson, Rostow afirmaba que era necesario:

 

   limitar el poder de los extremistas […], tanto si tales extremistas son comunistas como ambiciosos nacionalistas deseosos de tomar el mando para dominar sus respectivas regiones. Nosotros estamos con quienes defienden los intereses nacionales o regionales legítimos, pero respetando las interdependencias excepcionalmente estrechas del mundo moderno y practicando una política de desarrollo y paz, no de engrandecimiento (1973, 439).

 

 

 

 

 

 

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Nacionalismo y ambición: el mismo vínculo establecía H. Kissinger refiriéndose a las revoluciones anti-imperialistas del Tercer Mundo. Frente a los países que habían experimentado una dominación colonial directa —como la India— donde las potencias coloniales habían creado unas estructuras administrativas y unas fronteras duraderas, Kissinger oponía los países de dominación colonial indirecta como los de Oriente Medio —Siria, Egipto, Palestina—, cuyas fronteras se habían establecido para “dar permanencia a las rivalidades y debilidades” de sus pueblos. De ahí que en estas áreas de “unidades volátiles por sí mismas y no viables económicamente” (Kissinger, 1962, 298) estallaran revoluciones anticoloniales y antioccidentales de manera recurrente como una manera de afirmar una precaria identidad nacional. Su nacionalismo anticolonialista nacía de una carencia y se expresaba por tanto como un resentimiento patológico. Conviene subrayar este carácter de “anormalidad”, de “monstruosidad” que revestían las revoluciones o movimientos “antioccidentales” en opinión de Kissinger, que evidentemente estaba pensando en ejemplos como el Egipto de Nasser o la Indonesia de Sukarno. Su motor vital era el resentimiento, la frustración, la carencia. De ahí la ambición y la envidia hacia las sociedades desarrolladas y sobre todo hacia los Estados Unidos; un mundo, en suma, de sentimientos y referencias negativas.

 

El etnocentrismo occidental invoca, en su relación de imaginarios de enemigo, sus propios demonios familiares, y por ello más que informar sobre el Otro informa sobre Sí mismo, sobre los temores, neurosis y complejos de una cultura que, a pesar de su poder y dominio sobre el resto del mundo, todavía es capaz de sentirse amenazada. En el pensamiento agresivo y militarista, la hipertrofiada percepción de la amenaza siempre ha sido el gran pretexto de la agresión. En 1947 y a manera de suprema paradoja, cuando los Estados Unidos habían salido de la II Guerra Mundial convertidos en la potencia hegemónica por antonomasia, G. Kennan todavía se lamentaba así de la suerte de su país:

 

 

En la actualidad los Estados Unidos somos una potencia sola y amenazada en el mundo. Nuestros amigos se han agotado y han sacrificado su poder en la causa común. Fuera de ellos —fuera del círculo de quienes comparten nuestra lengua y tradiciones—, nos enfrentamos con un mundo hostil, resentido en el mejor de los casos. Una parte de este mundo está subyugado al servicio de una gran fuerza política que busca nuestra destrucción. El resto es por naturaleza celoso de nuestra abundancia material, ignora o menosprecia los valores de nuestra vida nacional y se muestra escéptico respecto a nuestra capacidad para gobernar nuestro propio destino y hacer frente a las responsabilidades de la grandeza nacional. Por sí sola, esa parte del mundo no sería una amenaza para nosotros, al menos no en estos momentos; sus fines son básicamente nacionales, locales. No comprende ninguna unidad nacional dotada de recursos humanos y materiales que le permitan soñar en la

 

 

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dominación del mundo. Pero las torres del Kremlin producen una vasta sombra. Ésta ha caído ya sobre muchos de esos países, por lo demás dispuestos a tolerar o incluso acoger con agrado la existencia de nuestra nación como gran potencia (1972, 287).

 

 

   EL ENEMIGO “ISLÁMICO”

 

Volviendo al texto citado de M. Wörner, la Alianza de la posguerra fría mencionaba el “fundamentalismo religioso” (1991a, 6) referido exclusivamente a la religión musulmana, como otra amenaza que justificaba el mantenimiento de su estructura militar. En 1995 el sucesor de Wörner, el belga Willy Claes, fue todavía más explícito al declarar que el fundamentalismo islámico era “al menos casi tan peligroso como lo fue el comunismo. La OTAN puede ayudar a neutralizar la amenaza de los extremistas islámicos si la Alianza redefine su papel tras ganar la guerra fría”[64]. Pero al igual que el “nacionalismo” ambicioso o virulento, no se trataba de una “amenaza novedosa”, y a pesar de que la desaparición del enemigo soviético contribuyera a crear ese efecto, a mediados de los años ochenta G. Kennan ya lo mencionaba como el principal peligro para los intereses de Estados Unidos y de sus socios occidentales, relacionándola estrechamente con el fenómeno del terrorismo:

 

 

Está el oscuro fenómeno del ascenso que se ha producido en todas partes del mundo de un fundamentalismo religioso localmente destructivo, y existe el terrorismo al que suele ocurrir con frecuencia esa clase de fundamentalismo (Kennan, 1992, 25).

 

El mismo argumento que utilizaría la administración Reagan para ordenar el bombardeo sobre Libia en 1986, un año después de que G. Kennan realizara estas declaraciones. Pero los orígenes del imaginario del “enemigo fundamentalista”, asimilado groseramente a la cultura árabe y al Islam en general, no se detienen en la segunda guerra fría. El ensayista palestino, Edward Said, ha estudiado en profundidad el proceso de grosera simplificación y fácil reduccionismo al que durante años fue sometido “lo árabe”, calificándolo de verdadera “guerra cultural”:

 

 

Durante varias décadas, en Norteamérica se ha librado una guerra cultural contra los árabes y el islam: las espantosas caricaturas racistas de árabes y musulmanes sugieren que todos ellos son o terroristas o jeques, y que la zona es una gran extensión, árida y ruinosa, apta sólo para sacar provecho de ella o para la guerra (Said 1996a, 463).

 

O terroristas o jeques. Esta “gigantesca y caricaturesca simplificación” (Said 1996a, 472) atravesó varias etapas. Primero fue la imagen del avaricioso jeque enriquecido, proyectada durante las sucesivas crisis del petróleo por los

 

 

 

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medios occidentales; luego, a principios de los ochenta, la irrupción del Islam en los medios informativos estadounidenses y, por tanto, mundiales fue verdaderamente traumática. Acontecimientos como la revolución islámica en Irán, la crisis de los rehenes norteamericanos en Teherán o la guerra civil en Líbano fueron utilizados para presentar una imagen interesadamente confusa, alarmista y amenazadora, carente de todo rigor y matización. Siguiendo a Said:

 

Hubo una época en la cual apenas podían analizarse (en el espacio público proporcionado por el debate internacional) conflictos políticos en los que se viesen envueltos suníes y chiítas, kurdos e iraquíes, tamiles y cingaleses, o sijs e hindúes —la lista es larga— sin tener finalmente que recurrir a las categorías e imágenes del “terrorismo” y el “fundamentalismo”, procedentes íntegramente de las preocupaciones y centros intelectuales de núcleos metropolitanos como Washington y Londres. Se presentaban como figuras pavorosas carentes de contenidos diferenciales o definiciones, pero capaces de dar poder moral y aprobación a quienes las utilizan, y reprobación moral y carácter criminal a quienes designan (1996a, 476-477).

 

Imágenes para una lógica de exclusión militarista, en tanto creadora de una imagen irreversible del Enemigo, de un Otro con el que no cabe relación enriquecedora alguna, ni siquiera de conocimiento. De hecho, la propia creación de tal imaginario impide todo conocimiento mínimamente riguroso y todo diálogo abierto con la realidad. Aplicando al caso que nos ocupa la propuesta teórica del antropólogo mexicano Roger Bartra sobre el origen y desarrollo del imaginario del “hombre salvaje” en Europa, la imagen del Otro no haría más que ocultar la verdadera otredad. En El salvaje en el espejo, Bartra se encarga de demostrar que la imagen que los conquistadores españoles de las Indias proyectaron sobre los indígenas era un producto completamente europeo que, lejos de ayudarles a comprender las culturas americanas, en realidad se las ocultaba: la imagen prejuiciada se interponía impidiendo su conocimiento. De esa forma, los europeos habrían llevado consigo su propio salvaje para preservar su propia identidad y evitar disolverse “en la extraordinaria otredad que estaban descubriendo” (Bartra, 17). Algo parecido cabría deducir del imaginario actual del “Islam” en los Estados Unidos estudiado por Said frente a la compleja realidad que, presuntamente, intenta aprehender. Como señalábamos en el epígrafe anterior, la mentalidad etnocéntrica occidental sólo informa verazmente sobre una realidad: sus propios prejuicios, temores y complejos. Y en un curioso juego especular, al oponerse al Otro pretendería definirse a sí misma en términos de exaltación, a modo de fiel negativo de lo representado como malo y pernicioso en términos absolutos:

 

 

 

 

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Así, oponerse a la irracionalidad y al extremismo inherentes al terrorismo y al fundamentalismo —en mi ejemplo hay sólo un pequeño grado de parodia —significa también apoyar la moderación, la racionalidad y la centralidad ejecutiva de un carácter “occidental” vagamente definido […]. La ironía reside en que lejos de dotar al carácter occidental de la seguridad y “normalidad” estable y confiada que asociamos con el privilegio y la rectitud, esta dinámica “nos” llena de virtuosa cólera y sentimientos defensivos, que hacen que acabemos viendo a los “otros” como enemigos dispuestos a destruir nuestra civilización y forma de vida (Said, 1996a, 477-478).

 

El imaginario del Islam como amenaza para Occidente debe su extraordinario potencial a una larguísima tradición. Hundiendo sus raíces en los más profundos pliegues de la mentalidad etnocéntrica y eurocéntrica, se halla instalado en la particular percepción que las culturas occidentales han tenido durante siglos de una entidad más amplia: el “Oriente”. Edward Said ha buceado en el secular proceso de gestación de un “orientalismo” europeo concebido como un “sistema de ficciones ideológicas” asociado al propio proceso histórico de dominación del “Oriente”. A grandes rasgos, el pensamiento “orientalista” definiría un Oriente inferior, irracional y subdesarrollado frente a un Occidente superior, racional y desarrollado. Dado el juego de oposiciones irreductibles, el Oriente así definido sería una entidad amenazante —un enemigo tradicional: las horas mogolas, “el peligro amarillo”, el Islam de la Yihad— a la que habría que temer, mantener a raya y finalmente dominar (1990, 353).

 

Según Said, el orientalismo norteamericano sucedió al europeo en correspondencia con el entronizamiento de Washington como superpotencia mundial, y por tanto nuevo gestor de sus antiguos dominios coloniales en el Oriente. La propia “teoría de la modernización” del norteamericano W. W. Rostow no sería más que un reflejo de ese pensamiento orientalista, ya que proseguiría con el tradicional juego de oposiciones ventajoso para Occidente: sociedades industriales frente a pre-industriales o transicionales; desarrolladas frente a subdesarrolladas o en vías de desarrollo. Sus pretensiones universalistas ocultarían un etnocentrismo acendrado: la norma y el modelo a seguir, la vía única del desarrollo que se imponía debía ser la misma que habían seguido hace siglos Europa Occidental y los Estados Unidos. La ironía de la situación se descubre en que, teorías aparte, el modelo que se impuso fue el de un desarrollo mutilado y dependiente en una economía globalizada en la que los países “desarrollados” jugaban con ventaja, apartándose de los patrones teóricos a seguir.

 

Tras la “teoría de la modernización” de los años sesenta, el orientalismo norteamericano y occidental vino a conocer las reediciones que hemos mencionado más arriba, a través de las crisis del petróleo y de la segunda

 

 

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guerra fría, acrisolando en el proceso un imaginario de enemigo de Occidente cada vez más simplificado y caricaturizado. Si ya a mediados de los ochenta Kennan lo entronizaba como principal amenaza dejando de lado al comunismo soviético, en los inicios de la posguerra fría el Islam ocupaba con diferencia el puesto número uno. Como señala una vez más Said:

 

 desde la caída de la Unión Soviética, EEUU ha llevado a cabo una búsqueda activa y explícita de nuevos enemigos oficiales, una búsqueda que ahora se ha centrado en el islam como oponente prefabricado […] La evidencia de la existencia de esa grandiosa estrategia es irresistible. En 1991, The Washington Post filtró la noticia de la existencia de un estudio continuo por parte de los departamentos de defensa y espionaje estadounidenses de la necesidad de encontrar un enemigo común: el islam fue el candidato (Said, 1996b).

 

A la vista de todo lo anterior, la sorpresa de los aliados de la OTAN, y sobre todo de los Estados Unidos, fue mayúscula cuando el islamista partido del Bienestar (RP) ganó las elecciones generales de diciembre de 1995 en Turquía, país que había cobrado un especial valor estratégico como instrumento de la política norteamericana contra Irak. A partir de entonces, la república turca se puso en primera línea de combate de la OTAN contra un enemigo islámico… interior. El gobierno encabezado por el primer ministro Necmettin Erbakan, líder del RP, apenas duró un año, y al parecer fue su política de acercamiento diplomático a Irán, Libia e Irak lo que acabó por colmar la paciencia del poderosísimo estamento militar nacional y, por supuesto, de Washington[65]. En febrero de 1997, los principales jefes militares forzaron la dimisión del primer ministro al imponer al poder civil un paquete de medidas para frenar la islamización del país. En mayo el ruido de sables era ensordecedor, y en junio Erbakan terminó por dimitir. Cerca de un año después, el propio partido del Bienestar fue ilegalizado.

 

 

   LAS MIGRACIONES DEL SUR COMO AMENAZA

 

En nuestro texto-guía sobre las amenazas contempladas por la Alianza (Wörner 1991a, 6) se hacía también mención al crecimiento de la población y a las migraciones en las fronteras de la OTAN; la referencia a los países de la ribera sur del Mediterráneo no podía ser más obvia. Aparecía así un imaginario de amenaza profundamente arraigado en la mentalidad etnocéntrica occidental, que habiendo gozado de cierto éxito en los años sesenta con la difusión de tesis demográficas neomaltusianistas, parece haber cobrado nuevas fuerzas a finales de la guerra fría. Recogiendo conclusiones de la Conferencia de Nueva Delhi de 1989, el Informe del Club de Roma

 

 

 

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publicado en 1991 presentaba una serie de datos sobre el crecimiento demográfico mundial que anunciaban un futuro particularmente alarmante: se calculaba que la población mundial contaría con 6.200 millones en el año 2000 y superaría los 8.500 en el 2025, correspondiendo con mucho ese inmenso aumento poblacional a las regiones menos desarrolladas del mundo (King y Schneider, 46). Cuando más adelante relacionaba estos datos con los movimientos migratorios, el informe cargaba los tintes alarmistas a un nivel ciertamente escandaloso para un estudio de esa categoría y presunto rigor:

 

Para mediados del siglo próximo, los habitantes de los países actualmente industrializados constituirán menos del 20 % de la población mundial. Podemos imaginar un mundo futuro como un ghetto de naciones ricas, pertrechadas de sofisticadas armas para protegerse contra las hordas de gentes hambrientas, carentes de instrucción y de trabajo y enfurecidas, acumuladas en el exterior (77).

 

La Conferencia sobre Población y Desarrollo celebrada en El Cairo en 1994 contribuyó a alarmar aun más el ambiente. Según las estimaciones más bajas de Naciones Unidas, la población mundial alcanzaría los 7.800 millones de personas en el 2050, y en la proyección más alta los 12.500 millones[66]. El panorama tomaba un tono aun más sombrío con la perspectiva de que varios de los países subdesarrollados adquirirían armamento nuclear en un futuro próximo, un asunto planteado ya en el Informe del Club de Roma (King y Schneider, 77). El imaginario de amenaza no podía quedar así más groseramente perfilado: el crecimiento demográfico como arma arrojadiza del Sur contra el Norte, con masas de emigrantes a modo de ejércitos de desharrapados. Como señalaba J. C. Rufin, retomando la metáfora del Imperio Romano y los bárbaros:

 

El sur está recobrando en nuestra imaginación el rasgo fundamental que en la antigüedad diferenciaba a los romanos de los bárbaros: la capacidad de ser una marea desbordante por medio de las migraciones. Y entre los romanos el temor a esto era tan antiguo como profundo y permanente, hasta tal punto que resultaba connatural en ellos (63).

 

Varios años después, sin embargo, ha podido observarse que las magnificadas y alarmistas perspectivas del crecimiento demográfico no llevan camino de cumplirse. Los estudios demográficos han empezado a constatar un descenso continuo en las tasas de natalidad de los países del Sur, que reduce drásticamente las cifras calculadas en las últimas conferencias de población. Refiriéndose al Mediterráneo— limes o frontera por excelencia entre el Norte y el Sur— Anna Bosch cita estudios de países de la ribera sur en los que se demuestra que el proceso de transición demográfica ya había empezado en los

 

 

 

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años sesenta, de manera que en la actualidad sus efectos se estarían haciendo sentir con particular intensidad. Tal proceso estaría caracterizado por varios factores, entre los que podrían contarse la reducción de la tasa de fecundidad femenina, un mayor uso de los métodos anticonceptivos, el acceso de las mujeres a la educación y su participación activa en el mundo laboral[67]. A Bosch le resulta sorprendente “que la realidad percibida desde la orilla norte del mediterráneo sea tan diferente de aquella que muestran los datos empíricos y los estudios realizados por quienes viven en la orilla sur”, y afirma que lo más destacable de estas poblaciones…

 

   no es ya un crecimiento exponencial, pues las gráficas descendentes a partir de los años sesenta demuestran lo contrario, sino que tienen capacidad biológica para un crecimiento exponencial. Lo que asusta a Occidente no es cómo esas poblaciones gestionan su capacidad reproductiva, pues vemos claramente que siguen unas pautas parecidas a las de la transición demográfica europea. Lo que asusta en realidad es que disponen de un potencial reproductivo que no tiene y no puede tener la envejecida Europa (Bosch, 10).

 

Como veíamos en el epígrafe anterior con el enemigo “fundamentalista-terrorista”, el imaginario de la superioridad demográfica y migratoria del Sur se distancia asimismo de los datos de la realidad en proporción directa a su poder de sugestión y amenaza. El demógrafo Andreu Domingo, que también ha confirmado la reducción de dimensiones de la supuesta “bomba demográfica” del Sur, apunta una interesante reflexión sobre la ciencia de la Demografía, cuyo respaldo científico ostentan las recurrentes cifras alarmistas sobre el crecimiento poblacional de los países subdesarrollados:

 

La Demografía aporta el grado deseable de “cientismo” al discurso político, por medio del fetiche de su nombre, el recurso a sus técnicas de análisis y a su capacidad predictiva. Es así como la Demografía pasa a ser una de las piezas esenciales en la construcción del futuro, de un futuro que previéndose inquietante, conforma la actual división Norte-Sur y distorsiona nuestra intelección del presente, de un futuro lleno de espejismos.[68]

 

La interesada distorsión que aporta la Demografía no puede menos que recordarnos la “Teoría de la Modernización” de W. W. Rostow que mencionábamos más arriba, dado que el modelo de desarrollo económico europeo y norteamericano, concebido como patrón absoluto y universal, se corresponde simétricamente con el modelo demográfico dominante. Una distorsión que nunca nos sorprenderá lo suficiente por el alcance de su postura. Frente al imaginario de “las hordas de hambrientos” mencionadas en el Informe del Club de Roma, los datos empíricos nos muestran una realidad diametralmente distinta. Europa no está actualmente en minoría frente a la amenaza poblacional del Sur, ya que con 242 millones de habitantes reúne el 60 % de la población total de 400 millones que compone la región del

 

 

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Mediterráneo; por su parte, la población de Oriente Medio y el Magreb alcanza los 158 millones, un 40 % del total. De los seis países mediterráneos más densamente poblados, cuatro son europeos: Malta, Italia, Albania y Francia.

 

Los datos referentes a los recursos son todavía más interesantes, toda vez que su reparto no aparece en las agendas de soluciones de la creciente brecha Norte-Sur: la ecuación más utilizada por los demógrafos neomaltusianos es que el crecimiento demográfico reduce los recursos existentes generando subdesarrollo, cuando la solución debiera incidir en la distribución enormemente desigual de los mismos. La diferencia entre el país más rico según el PNB por habitante, Francia, con el más pobre, Egipto, es de 35 a 1. La comparación del promedio del PNB por habitante entre los seis países más ricos —Francia, Italia, España, Israel, Chipre y Portugal —con los seis más pobres —Egipto, Siria, Marruecos, Jordania, Líbano y Túnez presenta una relación de 13 a 1 (Bosch, 11). Precaria realidad la de los pobres bárbaros magnificados en la representación de su amenaza.

 

 

 TERRORISMO INTERNACIONAL Y NARCOTRÁFICO

 

El terrorismo internacional se ha convertido en otra gran amenaza de la posguerra fría, asociada tanto al “enemigo islámico” como al narcotráfico; una amenaza que al igual que las anteriores tampoco puede calificarse de novedosa. Fue, a modo de ejemplo, el principal argumento utilizado por la administración Reagan en el bombardeo contra Libia de 1986, de forma que también ha funcionado como un “enemigo de continuidad” procedente de los tiempos de la segunda guerra fría. En la reunión de los ministros de Defensa de la OTAN celebrada en Travëmunde en octubre de 1993, el secretario de Defensa norteamericano Les Aspin ya anunció la gran amenaza a combatir: “a lo que nos enfrentamos ahora es a un puñado de armas nucleares en manos de grupos terroristas, de Estados terroristas”[69]. A finales de 1995 el director de la CIA, John Deutsch, en una alocución ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de representantes pronosticó un “tremendo crecimiento del terrorismo en el próximo decenio, no sólo dirigido contra norteamericanos sino en todo el mundo”. Para Deutsch, las razones de este auge terrorista se encontraban en las diferencias étnicas y religiosas, y citaba países —Irán, Irak y Corea del Norte— y movimientos —Hamás, Hezbolá— como ejemplos de “enemigos de la democracia”[70]. Por su parte, en su informe de 1996, el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos presentaba al terrorismo como

 

 

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expresión de la violencia de lo que daba en llamar “sub-estados”, como la “principal amenaza del siglo XXI”[71]. El autor de la teoría del “choque de culturas”, Samuel Huntington, ha sido uno de los teóricos que se ha ocupado del fenómeno del terrorismo de la posguerra fría, convirtiéndolo en un imaginario de amenaza ideal, tanto más perfecto y eficaz cuanto más groseramente perfilado:

 

El terrorismo es el arma de los débiles y, como hasta ahora, Occidente es el más fuerte en cuanto a capacidad armamentística, quienes tratan de igualársele recurren al terrorismo y a la búsqueda de la capacidad nuclear. Lo peligroso es la coincidencia de ambos[72].

 

Con lo que el terrorismo se asimila a otra importante amenaza: la proliferación de armas de destrucción masiva, en concreto armamento nuclear. En la idea de Huntington, antiguo defensor de la “teoría de la modernización”, subyace el mismo pensamiento etnocéntrico que asociaba el Sur —los débiles, las culturas subdesarrolladas— con el resentimiento hacia Occidente provocado por su presunto complejo de inferioridad. Porque a pesar de los numerosos casos de terrorismo occidental —y genuinamente norteamericano, como la tristemente famosa milicia de Michigan— el terrorismo como “principal amenaza del siglo XXI” procede invariablemente del Sur, y sus “sub-estados” son bien conocidos: Libia, Corea del Norte, Irán, Sudán o Afganistán. El Sur, incapaz de desarrollar una capacidad importante en armamento nuclear y convencional, recurre a la vía más fácil, al terrorismo, a la “traición”, al “arma de los débiles”.

 

La utilidad de tal amenaza se ha revelado principalmente en dos esferas: la internacional y la nacional. Desaparecido el enemigo soviético, el vacío ha sido ocupado por una serie de estados tan satanizados —“estados terroristas”— a los que ni siquiera se les ha reconocido la condición de tales y que, por tanto, parecen haber quedado al margen de todo derecho internacional. Sirva como el ejemplo el ataque con misiles norteamericanos efectuado contra Sudán durante el verano de 1998, ignorando olímpicamente y vulnerando el derecho internacional tan invocado durante la guerra del Golfo. Debilitado por la actualidad del caso Lewinsky, Clinton ordenó un ataque con misiles contra una presunta fábrica de armas químicas que finalmente resultó ser una pacífica factoría en la que la propia ONU patrocinaba un programa de alimentos y medicinas. El mismo ejemplo sirve para ilustrar la oportuna conexión entre política exterior e interior: al igual que las guerras, la “amenaza terrorista” siempre ha sido convenientemente utilizada para desviar la atención de la opinión pública de temas molestos y generar oportunos climas de cohesión nacional. Al respecto, un caso curioso

 

 

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fue el del Jumbo de la TWA que cayó al Atlántico en julio de 1996 después de despegar de Nueva York. Desde el primer momento se barajó la hipótesis de un atentado terrorista, con lo que se generó un clima de tensión y alarma que duró más de un año mientras se realizaban exhaustivas investigaciones y reconstrucciones de lo sucedido. Por fin, en una noticia que apenas tuvo repercusión comparado con el efecto de las versiones difundidas hasta ese momento, a primeros de mayo del año siguiente el FBI declaró que las pruebas reunidas no apuntaban a un atentado terrorista, sino a un simple fallo técnico.

 

La asociación del terrorismo con el narcotráfico tampoco ha sido una novedad de la posguerra fría, al menos en América Latina. Noam Chomsky ha analizado con detalle la “guerra contra la droga” proclamada por el gobierno Bush a principios de septiembre de 1989, en un momento en que, de manera paradójica, desde bastantes años antes se venía acusando un importante descenso en los consumo de cocaína y de otras drogas ilegales en los Estados Unidos (Chomsky 1992, 135). Si con relación a estos datos el inicio de una campaña de estas características podría haberse calificado de inoportuna, su sentido de la oportunidad quedó de manifiesto en noviembre de ese año con la invasión norteamericana de Panamá. La “guerra contra las drogas” contribuyó a crear el clima interior adecuado que pudiera justificar y legitimar una intervención semejante, dada la asociación del general Noriega con actividades de narcotráfico.

 

Desde finales de la guerra fría, la “guerra contra las drogas” ha tenido una funcionalidad exterior para los Estados Unidos que se ha traducido en mayores niveles de injerencia y en un proceso de remilitarización de la región latinoamericana, particularmente peligroso dada la debilidad e inestabilidad de las nuevas democracias. Autores como Samuel Blixen se han referido a una moderna reedición de la antigua doctrina norteamericana de la seguridad nacional planeando sobre América Latina durante la posguerra fría. Si en la guerra fría la guerra contra el comunismo había sido el pretexto de la injerencia norteamericana, la nueva excusa había tomado la forma de “la guerra contra las drogas” anunciada por George Bush (Blixen, 335). Los efectos resultantes no habrían quedado limitados a la propiciación, a través de la lucha contra las drogas, de un papel directo para las fuerzas armadas de los Estados Unidos en América Latina, sino que además se habrían fomentado procesos de remilitarización local en las democracias de la región. Al respecto, Theo Roncken ha señalado un ejemplo significativo relativo a Bolivia, cuyas relaciones con EEUU desde la transición a la democracia en 1982 habían girado en torno el eje central del “problema de las drogas”. En

 

 

 

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1990 el presidente Paz Zamora hubo de aceptar la activa participación del ejército boliviano —con asesorías y efectivos estadounidenses— en la lucha anti-drogas como condición impuesta por los Estados Unidos para desembolsar las partidas de dinero necesarias (Roncken, 291, 310). Otro ejemplo lo constituye México; a fines de 1995, el secretario de Defensa William Perry anunció ante altos mandos del ejército mexicano que entre Estados Unidos y México existían fuertes lazos políticos y económicos — éstos últimos simbolizados por el TLC— pero que faltaba un tercer vínculo. Ese tercer vínculo, el lazo formal entre los dos ejércitos, empezó a ser asegurado a partir de aquel año con la creciente vinculación de los militares mexicanos en la lucha antinarcóticos, en coordinación con los norteamericanos (Fazio, 317). Un último ejemplo se refiere a Argentina; el gobierno Menem, a principios de 1998, firmó una serie de acuerdos de cooperación militar con el gobierno estadounidense que convirtieron formalmente a Argentina en socio estratégico o “aliado extra-OTAN”[73]. Dichos acuerdos, centrados en la lucha conjunta contra el narcotráfico y el terrorismo, contemplaban intercambios a nivel logístico, acceso argentino a armamento norteamericano, capacitación de personal y entrega de fondos para la lucha antinarcóticos (Rossi, 86).

 

Este reforzamiento de la cooperación militar entre Estados Unidos y América Latina se vio acompañado de una intensificación del comercio de armamento en la región. Si desde el final de la guerra fría América Latina ha sido la región del mundo que más había reducido su gasto militar[74], decisiones como la tomada en 1997 por la administración Clinton de levantar de facto el embargo de armas de alta tecnología a América Latina —impuesto en 1977 por Carter— parecen responder al deseo de revertir esa tendencia. Esta medida se ha justificado como coherente con la nueva realidad de las democracias consolidadas de la región, pero no es posible dejar de observar que el efecto generado es precisamente el opuesto: un reforzamiento del peso específico del estamento militar en las sociedades de América Latina, que tradicionalmente ha sido excesivo. En cualquier caso, la veda del comercio de armas se ha levantado en la región. El lobby armamentista norteamericano ha forzado finalmente un levantamiento formal del embargo decretado por Carter, ya que Lockeed Martin y otras grandes corporaciones han apostado recientemente por Latinoamérica y Asia como el gran mercado de ventas de armas durante los próximos 20 o 25 años[75].

 

 

   HUNTINGTON FRENTE A FUKUYAMA

 

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Si la tesis del “fin de la historia” de F. Fukuyama aportó a los nuevos tiempos de la posguerra fría el necesario mensaje apoteósico del triunfo de la democracia liberal occidental como forma de gobierno definitiva, con el sesgo etnocéntrico emboscado detrás de su universalismo rampante, no es menos cierto que el texto suscitó cierta irritación entre los sectores empeñados en seguir justificando la necesidad de los enfrentamientos armados y, por tanto, del mantenimiento de gastos y estructuras militares como la OTAN. Fue Samuel Huntington, otro personaje ligado al departamento de Estado, quien satisfizo a dichos sectores aportando una conveniente teoría sobre el carácter absoluto y eterno de la conflictividad mundial en su famoso artículo sobre el “choque de las civilizaciones”, publicado en el verano de 1993[76], unos tres años después del artículo de Fukuyama. La fama adquirida por ambos textos a partir de sencillos artículos publicados en revistas muy especializadas y nada populares nos recuerda la extraordinaria acogida y sentido de la oportunidad que han disfrutado ciertos opúsculos a lo largo de la historia, como si la época o el ambiente hubieran estado esperando ansiosos su aparición. En este sentido, tanto el artículo de Fukuyama como el Huntington se insertan una tradición comenzada probablemente con la publicación del panfleto del abate Sieyes sobre el Tercer Estado, en una fecha tan oportuna y conveniente como 1789.

 

Huntington volvía a poner en marcha el motor de la historia a través de la apoteosis del conflicto, al que dotaba de una carácter absoluto etnificándolo y desideologizándolo a la vez. En efecto, según nuestro autor el conflicto entre civilizaciones ha existido desde el principio de los tiempos, también durante el “paradigma” de la guerra fría, con lo que sobrevive a su final e incluso se manifiesta más crudamente, con mayor virulencia, en esta nueva etapa. Pero lo más revelador de su teoría no es la entronización del conflicto como motor de la historia, sino su carácter irresoluble y eterno. Las distintas civilizaciones —unas más que otras, como la occidental y la islámica— siempre estarán condenadas a enfrentarse entre sí ad aeternum en la distribución del poder mundial, sin que se adivine una resolución final del enfrentamiento como ocurre en la lucha de clases marxista. De esta forma Huntington absolutiza el concepto de “enemigo”, que en principio es una categoría cambiante, dotándole de un atributo esencial basado en criterios étnicos. El “islámico”, o el “confuciano”, siempre será enemigo del “occidental” esté en paz o en guerra con él. Para un pensamiento militarista, centrado en la lógica de la exclusión, no puede haber por tanto una concepción de “enemigo” más

 

 

 

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adecuada. El propio Huntington reconoce, incluso, la necesidad de la creación del “enemigo” en el mismo proceso de afirmación y desarrollo de las civilizaciones:

 

Para los pueblos que buscan su identidad y reinventan la etnicidad, los enemigos son esenciales, y las enemistades potencialmente más peligrosas se darán a lo largo de las líneas de fractura existentes entre las principales civilizaciones del mundo” (Huntington, 20).

 

Otro aporte de Huntington al pensamiento militarista radica en la percepción de la propia situación. Si Fukuyama celebraba escandalosamente el triunfo de la civilización occidental y universalista, Huntington parte de una posición de decadencia de la misma. Tras el final de la guerra fía, Occidente vive actualmente tres procesos de decadencia —económica, demográfica y moral— con lo que pierde peso específico en la distribución del poder mundial. Lejos de triunfar, Occidente se ve amenazado. Los tonos sombríos con que Huntington carga su cuadro del mundo actual son los que precisamente justifican la agresividad de su pensamiento, emboscado tras el argumento defensivo de la pura supervivencia:

 

   el espejismo de armonía producido al final de dicha guerra fría pronto se disipó con la multiplicación de los conflictos étnicos y “la limpieza étnica”, el quebrantamiento de la ley y el orden, la aparición de nuevos modelos de alianza y conflicto entre Estados, el resurgimiento de movimientos neocomunistas y neofascistas, la intensificación del fundamentalismo religioso, el final de la “diplomacia de sonrisas” y la “política de síes” en las relaciones de Rusia con Occidente, la incapacidad de las Naciones Unidas y los Estados Unidos para acabar con sangrientos conflictos locales, y el carácter cada vez más reafirmativo de una China en alza (33, 34).

 

En su recorrido por las civilizaciones mundiales, Huntington encuentra una de ellas particularmente agresiva, hasta el punto de que casi la presenta como incompatible con la existencia de la civilización occidental. El Islam, y no el fundamentalismo —de nuevo el grosero reduccionismo que criticaba Edward Said— aparece asociado a las principales amenazas al poder de Occidente:

 

El problema subyacente para Occidente no es el fundamentalismo islámico. Es el islam, una civilización diferente cuya gente está convencida de la superioridad de su cultura y está obsesionada con la inferioridad de su poder (259).

 

Habría por último que destacar el profundo sesgo etnocéntrico del pensamiento de Huntington, en consonancia con la lógica militarista de exclusión que lo preside. Huntington intenta presentarse en un terreno de nadie, no definiéndose ni como universalista ni como multiculturalista, y en este sentido parece haber evolucionado algo. A finales de los años sesenta fue uno de los “científicos sociales” de la teoría de la modernización —y

 

 

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universalista, por tanto— que recomendaba medidas de urbanización forzosa de las poblaciones vietnamitas para privar al Vietcong de su apoyo popular en el campo (Chomsky, 1969, 18,19). Su concepto de civilización no puede ser más simple, toda vez que se sirve de la religión como rasgo esencial de etnicidad. Tal y como señalábamos más arriba, a mayor simplicidad mayor eficacia, de ahí la utilidad de una concepción semejante para perfilar burdamente al Islam en general y en su conjunto como amenaza. Su etnocentrismo aparece de manifiesto en la jerarquía que establece en su relación de civilizaciones; entre las ocho que descubre, hay algunas que son, a todas luces, inferiores. La latinoamericana, por ejemplo, presenta una “identidad dividida”: puede ser o bien una subcivilización dentro de la civilización occidental o una civilización aparte, íntimamente emparentada con Occidente y dividida en cuanto a su pertenencia a él. Es, en realidad, una civilización mestiza y, por tanto, imperfecta. En cuanto a la africana, “posiblemente” sea una civilización, aunque Huntington recurre al historiador Braudel para negarle ese status; ni siquiera llega por tanto al grado inferior del mestizaje. Respecto a la cultura occidental, si bien Huntington renuncia a toda pretensión universalista de promover la modernización —y con ello la “occidentalización”— de otras civilizaciones, no oculta que la considera la mejor de todas. Esto queda demostrado por una serie de características entre las que se cuenta, principalmente, su poder: es la única que ha influido sobre todas las demás a lo largo de la historia del mundo. Precisamente ese poder, esa supremacía, será una de las cualidades que habrá de mantener para lograr sobrevivir y no seguir declinando. Occidente, y Estados Unidos como su estado más poderoso, deberá esforzarse por:

 

 1) mantener su superioridad militar mediante normativas de no proliferación y de contraproliferación con respecto a armas nucleares, biológicas y químicas y los vectores para lanzarlas; 2) promover los valores e instituciones políticos occidentales presionando a otras sociedades para que respeten los derechos humanos tal y como se conciben en Occidente y para que adopten la democracia según los criterios occidentales y; 3) proteger la integridad cultural, social y étnica de las sociedades occidentales restringiendo el número de no occidentales admitidos como inmigrantes o refugiados (220).

 

Nótese que Huntington no recomienda promover valores universalistas de modernización en lo político y en lo económico de las sociedades no-occidentales como había hecho treinta años antes, en plena eclosión de la teoría del desarrollo de W. W. Rostow: ahora denuncia que “el universalismo es una fachada”. Pero no por ello deja de aconsejar cínicamente la imposición en el terreno político de valores definidos abiertamente como “occidentales” sin máscara alguna, y ello simplemente porque así conviene a Occidente en

 

 

 

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general y a los Estados Unidos en concreto para mantener su primacía mundial. En cuanto a la última recomendación, lo que revela a las claras es que es más bien el concepto de “raza” a la usanza nazi lo que configura de manera esencial su idea de civilización, a pesar de que su mención directa escasee ciertamente en sus textos. Para detener el proceso de deterioro “moral” de Occidente, Huntington está convencido de que es necesario conservar sus esencias —por lo que se refiere a Estados Unidos, la esencia WASP: White, American, Saxon, Protestant— lo más puras posibles.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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VI. LEGITIMACIÓN DEL INTERVENCIONISMO MILITAR

 

 

   INTERVENCIONISMO ARMADO A LA ORDEN DEL DÍA

 

Todas las “nuevas amenazas” groseramente dibujadas en el discurso de la nueva OTAN de la posguerra fría ya a principios de 1991, se presentaban como procedentes de la propia periferia de la Alianza, en una “zona de tensión” que se extendería “desde el Magreb a Oriente Medio” (Wörner 1991a, 6) y que recogería también a los territorios de Europa Central y Oriental expuestos a problemas de inestabilidad que pudieran afectar a los aliados europeos. Siguiendo la lógica propia del discurso, una imaginería tan rica y diversa de enemigos exigía la puesta en práctica de mecanismos de intervención — diplomática, política e incluso militar— en aquella fuera de zona preñada de peligros. En el capítulo IV hemos podido detenernos en la forma en que la OTAN comenzó a dotarse de tales mecanismos, recurriendo a forzadas interpretaciones del articulado del propio Tratado de Washington. A un nivel más amplio, la cuestión del intervencionismo militar atlántico fuera de zona remitía a un debate que comenzó con el inicio de la posguerra fría y que todavía hoy no está cerrado, el que enfrenta a quienes defienden la prioridad del principio de soberanía nacional y no injerencia en las relaciones entre estados y quienes lo sacrifican o relativizan en beneficio de fines morales como, por ejemplo, la defensa de los derechos humanos.

 

Poco después de la publicación del texto de Wörner citado más arriba, el secretario general de la ONU, Boutros-Ghali, presentaba un documento que de alguna forma abría el debate sobre la legitimidad del injerencismo. La Agenda para la Paz de 1992 poseía un carácter ciertamente emblemático, en tanto que expresión del renacimiento de las Naciones Unidas. Si entre 1947 y 1987, prácticamente toda la época de la guerra fría, se habían organizado únicamente trece operaciones de mantenimiento de la paz, sólo durante los cinco años transcurridos desde entonces hasta 1992 se habían realizado otras trece, lo cual constituía un buen ejemplo del renovado dinamismo de la ONU. Inmerso en este clima, el documento presentaba un panorama mundial confuso, donde se mezclaban sin orden ni concierto los procesos de globalización económica con las nuevas amenazas a la seguridad mundial:

 

Hemos entrado, a nivel mundial, en una era de transición mundial caracterizada por tendencias singularmente contradictorias. Asociaciones regionales y continentales de Estados que elaboran mecanismos para fortalecer la cooperación y suavizar algunas de las

 

 

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características contenciosas de las rivalidades causadas por consideraciones de soberanía y nacionalismo. Se desdibujan las fronteras nacionales ante el avance de las comunicaciones y el comercio mundial, así como por obra de las decisiones de los Estados de ceder ciertas prerrogativas soberanas a asociaciones políticas comunes de mayor envergadura. No obstante, al mismo tiempo, se hacen nuevas y violentas declaraciones de nacionalismo y soberanía, y la cohesión de los Estados se ve amenazada por brutales luchas étnicas, religiosas, sociales, culturales y lingüísticas. Atentan contra la paz social, por una parte, las nuevas afirmaciones de discriminación y exclusión y, por la otra, actos de terrorismo que tienen por objeto minar el proceso evolutivo y las transformaciones por medios democráticos (Boutros-Ghali, 6).

 

No podemos dejar de detenernos brevemente en el confusionismo interesado que destila este párrafo. Las ideas de cooperación y pacificación —“suavizar rivalidades”— se asimilan sutilmente a la globalización económica y a la extensión del comercio mundial, mientras que el nacionalismo, en abstracto, es asociado con la brutalidad, la violencia y el atraso. Con respecto a este último aspecto, el hecho de que Boutros-Ghali tuviera en mente la guerra que en aquellos momentos se estaba desarrollando en Bosnia-Herzegovina, no lo disculpaba de la necesidad de tratar con un mínimo de rigor la cuestión de las tensiones nacionales, aunque sólo fuera por hacer justicia a los contendientes de dicho conflicto, porque lo contrario llevaba a situar al mismo nivel tanto al agresivo nacionalismo étnico del régimen serbio como a su víctima, el proyecto nacional multiétnico del gobierno bosnio[77], en consonancia con la grosera caracterización de la “amenaza nacionalista” que más arriba se ha descrito. Por lo demás, Boutros-Ghali ya apuntaba una necesaria relativización del principio de soberanía nacional a favor del injerencismo en la resolución de los conflictos internacionales. A pesar de afirmar que “la piedra angular de esta labor es y debe seguir siendo el Estado”, señalaba también que:

 

   ha pasado ya el momento de la soberanía absoluta y exclusiva; su teoría nunca tuvo asidero en la realidad. Hoy deben comprenderlo así los gobernantes de los Estados y contrapesar las necesidades de una buena gestión interna con las exigencias de un mundo cada vez más interdependiente (Boutros-Ghali, 9-10).

 

Una idea prácticamente gemela podía encontrarse en el documento Una llamada a la acción, de la Comisión de Gestión de los Asuntos Políticos Mundiales fundada por W. Brandt en 1992:

 

 

La soberanía ha sido la piedra angular del sistema interestatal. Sin embargo, en un mundo cada vez más interdependiente, las nociones de territorialidad, independencia y no intervención han perdido parte de su significado. En ciertas áreas, la soberanía tiene que ser ejercida colectivamente, sobre todo en relación a los intereses comunes […] Los principios de soberanía y no intervención deben adaptarse de manera que reconozcan la necesidad de un equilibrio entre los derechos de los estados y las gentes y entre el interés de las naciones y el interés de la comunidad mundial[78].

 

 

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El paso apuntado revestía su importancia, toda vez que se revisaba un principio absoluto del derecho internacional formalmente incuestionado durante toda la guerra fría, aunque repetidamente vulnerado en la práctica. Esta última observación no es ociosa, dado que sitúa a los acérrimos defensores del sacrosanto principio de la no injerencia en un terreno esencialmente teórico, desenmascarando sus invocaciones a una presunta “edad dorada” ubicada en la guerra fría en la que dicho principio habría permanecido incólume. Para desmentirlas basta con citar la política norteamericana en Vietnam o la invasión soviética de Afganistán en 1979, cuando los apologistas rusos de la intervención militar no dudaron en servirse del ejemplo de la criminal actitud del Comité de No Intervención durante la guerra civil española para descalificar a sus críticos[79]. En cuanto a los defensores de la posición contraria, este último ejemplo de oportunista utilización de un caso histórico ha servido asimismo para apuntalar una regla que, dejando a un lado cualquier tentativa de disfrazar intereses espúreos detrás de la exaltación a priori del discurso injerencista, demasiado a menudo ha tropezado con clamorosas e ilustrativas excepciones como Kurdistán o Chechenia.

 

 

 EL DEBATE SOBRE LA “INJERENCIA HUMANITARIA”

 

En cualquier caso, el debate sobre la legitimidad del injerencismo ha presidido los primeros años de la posguerra fría, teniendo como principal frente de batalla el llamado “intervencionismo humanitario” fundamentado en principios morales que, según sus defensores, se impondrían a cualquier consideración de derecho internacional. Un buen ejemplo de este debate lo constituyó la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos celebrada en junio de 1993. En lo que fue una auténtica ceremonia de la confusión, marcada por el fracaso de la Conferencia de Londres para la antigua Yugoslavia y por la violencia ejercida por las tropas estadounidenses enviadas a Somalia en misión “humanitaria”[80], el clima de las discusiones no pudo estar más viciado. A la postura soberanista, defendida por China y por una gran mayoría de países asiáticos, que insistía en la defensa de los derechos humanos “colectivos” —económicos y sociales— frente a los “individuales” —políticos—, se enfrentó una postura intervencionista a favor del carácter universal de este último tipo de derechos, sostenida principalmente por los países occidentales. Si es cierto que estados como China se pusieron en evidencia al rechazar toda crítica contra su

 

 

 

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política represiva en materia de derechos humanos[81], no lo es menos que delegaciones como la estadounidense exhibieron un alto grado de hipocresía al erigirse en paladines mundiales de su defensa. El primer secretario de Estado de la nueva administración Clinton, Warren Christopher, aprovechó la Conferencia para presentar un plan de fortalecimiento de la ONU a fin de que interviniera militarmente allí donde se violaran los derechos humanos[82]. De la constancia con que se siguió este objetivo dieron buena cuenta gestos tan claramente unilateralistas como el bombardeo con misiles contra territorio iraquí realizado durante ese mismo mes de junio o la política de impago de la enorme deuda contraída por los Estados Unidos con la ONU.

 

Más de seis años después, en septiembre de 1999, el debate entre soberanistas e intervencionistas proseguía en el seno de Naciones Unidas con ocasión del bombardeo de Kosovo y Serbia decidido y efectuado por la OTAN en la primavera de ese mismo año, sin autorización del Consejo de Seguridad. Con este precedente, y en su intervención ante la Asamblea en su primer día de sesiones, Bill Clinton justificó la acción de la OTAN y el forzamiento consiguiente del derecho internacional en aras de evitar una catástrofe humanitaria que, en realidad, fue precipitada o cuando menos agravada por los bombardeos[83]. Como dato curioso, y como si se tratara de una rememoración de lo ocurrido durante la Conferencia sobre los Derechos Humanos de Viena, al tiempo que Clinton defendía el principio de “injerencia humanitaria” por motivos estrictamente morales, proseguían los ataques de bombarderos estadounidenses y británicos en Irak. Respecto a la posición contraria, la Federación Rusa —su principal valedora junto con China— protegía un interés muy concreto detrás de su defensa a ultranza del principio de no injerencia: el empeño de llevar adelante una guerra genocida contra el pueblo checheno sin mediaciones ni estorbos.

 

Por último, es de rigor señalar que entre la Conferencia de Viena de 1993 y la alocución de Clinton en septiembre de 1999 se había dado una importante diferencia en los términos del debate sobre el injerencismo humanitario. Si en Viena las discusiones habían girado en torno a intervenciones armadas auspiciadas y legitimadas por las Naciones Unidas —que posteriormente podrían ceder el mando operacional a contingentes nacionales, como fue el caso de Somalia en su segunda etapa— la campaña de bombardeos aéreos sobre Serbia y Kosovo, destinada en teoría a prevenir el genocidio de la población albanokosovar, fue decidida y gestionada unilateralmente por la OTAN, al margen del Consejo de Seguridad de la ONU.

 

 

 

 

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En todo caso, durante los años transcurridos entre la Conferencia de Viena y los bombardeos de la OTAN en Kosovo, el principio moral de “injerencia humanitaria” vino a encarnarse en diversas intervenciones armadas que recibieron la sanción de organismos internacionales como la ONU o la OSCE. Operativos militares como los de Somalia, Haití, Ruanda y Albania han podido ser analizados y valorados a partir de la comparación entre sus objetivos declarados y sus resultados finales, más allá del discurso moral en el que todos ellos se fundamentaban. Pero antes de empezar con esta breve y forzosamente limitada relación de intervenciones militares de signo humanitario, convendría señalar que la idea de “injerencia armada” con fines humanitarios o pacificadores, sostenida por principios morales que se antepondrían a cualquier consideración de derecho internacional, dista mucho de ser novedosa. Lejos de quedar restringida a los nuevos tiempos de posguerra fría, ya a principios de la etapa anterior se dio un interesante precedente con la misión armada estadounidense enviada a Grecia en 1947, en el marco de la Doctrina Truman. Marginando a la ONU de la crisis por razones de urgencia y efectividad[84], y en respuesta a la petición de ayuda británica, los Estados Unidos apoyaron militarmente al gobierno monárquico que se hallaba enfrentado a la guerrilla comunista del DSE (Ejército Democrático Griego). Dejando a un lado los efectos del operativo militar contrainsurgente, en el discurso justificador del mismo no es posible dejar de descubrir argumentos que serían utilizados muchos años después: desde su concepción como misión “pacificadora” y “defensiva” frente a una “agresión interna”, hasta la utilización del recurso de la indignación moral ante los desmanes de uno de los contendientes, ocultando al mismo tiempo los propios y los del aliado[85].

 

 

   OPERACIÓN “DEVOLVER LA ESPERANZA”: ESPECTÁCULO MEDIÁTICO EN AÑO ELECTORAL

 

En diciembre de 1992 desembarcó en Somalia una fuerza multinacional, mayoritariamente estadounidense, en el marco de la operación Restore Hope —Devolver la esperanza— bajo el mando de los Estados Unidos, pero respaldada por una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La labor de las tropas consistía formalmente en garantizar la distribución de alimentos y ayuda sanitaria a la población local, que se hallaba sumida en un grave conflicto interno, garantizando el trabajo de los cooperantes internacionales desplazados a la zona. A la caída del dictador Siad Barre, el

 

 

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frente opositor del Congreso de la Somalia Unificada se había roto y las diversas facciones combatían entre sí. A las víctimas del conflicto se unían las provocadas por la hambruna, y la labor de las organizaciones internacionales se veía obstaculizada por los saqueos de la ayuda enviada.

 

Desde el principio resultó evidente el carácter propagandístico del operativo militar, plasmado en el “desembarco-espectáculo” de 1.800 marines cerca de Mogadiscio[86], así como el protagonismo buscado y conseguido por la administración norteamericana. En realidad Restore Hope inauguraba una segunda fase en la implicación de Naciones Unidas en la zona, que sucedía a una anterior mucho más desconocida —UNOSOM I— iniciada en abril de 1992 y que había contado con muy escaso apoyo del gobierno Bush.

 

En lo que Jeffrey Clark denominaba acertadamente “la respuesta esquizofrénica de Washington” (Clark, 118), fue en julio de 1992 cuando se produjo una brusca inflexión en la política de la administración estadounidense hacia Somalia, en un momento en que habían empezado a arreciar las presiones en los medios informativos a favor de una acción contundente que paliara la hambruna. En abril de 1991 el gobierno Bush se había negado incluso a tratar la crisis somalí en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, contraviniendo una resolución del propio Senado. Cuando en enero del año siguiente el Consejo abordó el asunto, la delegación estadounidense procuró reducir la implicación de las Naciones Unidas en la crisis, forzando a la baja el número de “cascos azules” paquistaníes que debían ser enviados por criterios de ahorro: de los 500 previstos a tan sólo 50. En un dato sumamente curioso a la luz de lo ocurrido con posterioridad, el gobierno estadounidense se asustó del coste de la operación —23 millones de dólares— que suponía el despliegue de observadores que garantizaran la aplicación del alto el fuego firmado en marzo por los dos principales contendientes: el presidente Alí Mahdi y el general Aidid (Amir, 68). Solamente a mediados de julio la administración Bush empezó a prestar atención a la crisis, en un contexto presidido por el clamor de las peticiones de intervención en Bosnia y en Somalia en los medios informativos, así como por la cercanía de las fechas electorales. En clara contradicción con las medidas tomadas tan sólo unos meses antes, en agosto la Casa Blanca anunció su compromiso de transportar los 500 “cascos azules” pakistaníes —ahora sí eran 500— a Somalia. Siguió luego la gira propagandística de Bush por la región y su anuncio de comprometerse a fondo en la operación humanitaria, tras haber conseguido la aceptación de sus condiciones en el Consejo de las Naciones Unidas conforme a una política de “o lo tomas o lo dejas”, según

 

 

 

 

 

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algunos[87], o de amenazar con una intervención nacional unilateral según otros[88]. La principal de esas condiciones no era otra que conservar el mando exclusivo del operativo militar en la segunda fase de la intervención humanitaria —UNITAF— que se prolongó de diciembre de 1992 a abril de 1993.

 

A la luz de estos hechos, resulta obvio que 1992 era el año electoral decisivo en que Bush necesitaba justificar una activa política exterior si quería ser reelegido (Freedman, 20). Y dado que había preferido inhibirse ante el conflicto bosnio[89] —ni siquiera envió un contingente nacional a la Fuerza de Protección de Naciones Unidas— Somalia representaba, como bien señala Jeffrey Clark, la oportunidad de “una exitosa demostración del compromiso americano con los principios humanitarios… a un riesgo y coste aceptables” (109). Tal vez incluso tenga razón Luttwak cuando, en un alarde de cinismo, explicaba así la arbitrariedad de la elección de Somalia:

 

   es bien sabido que la Administración de Bush entró en principio en Somalia para compensar su no intervención en Bosnia. Desde luego, no faltaban países africanos adecuados para una intervención humanitaria convincente que no costara demasiadas víctimas estadounidenses, a diferencia de cualquier combate con los serbios. Las guerras civiles y la matanza de civiles, los saqueos y el hambre consiguientes arrasan Angola, Liberia, Ruanda, Sudán y Zaire. En realidad, el presidente de la Junta de jefes de Estado Mayor, Colin Powell, y sus estrategas sólo escogieron su costa porque se adaptaba al desembarco anfibio que los marines estadounidenses estaban deseando poner en práctica, mientras la televisión daba extraordinaria publicidad a sus sufrimientos[90].

 

Cinismos aparte, no deja de resultar convincente la argumentación desplegada por el director del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington, toda vez que a la luz del tiempo transcurrido, ha sido manifiesta la ausencia de cualquier finalidad geoestratégica por parte de los Estados Unidos en la decisión de intervenir militarmente en Somalia, como en su momento habían planteado algunos autores[91]. Al igual que había ocurrido con la República federal yugoslava y con tantos Otros países con el final de la guerra fría, Somalia había perdido la importancia estratégica que antaño había disfrutado para los Estados Unidos así como para la URSS.

 

 

 EL PRESTIGIO INTERNACIONAL DE LOS ALIADOS

 

Motivaciones semejantes, vinculadas a sus políticas nacionales respectivas, explicarían la participación del resto de los estados occidentales en la intervención militar en Somalia. Como en el caso de los Estados Unidos, razones de política interior —de respuesta a sus propias opiniones públicas—

 

 

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se anudaron estrechamente con otras de política exterior, dirigidas a conseguir una prestigiosa imagen internacional. Francia, por ejemplo, que envió tropas inmediatamente después de los Estados Unidos, “no podía dejar el monopolio de la intervención a los americanos, tanto por su papel en el Consejo de Seguridad como por su tradicional política en África”[92]. Tales consideraciones parecían pesar tanto en el ánimo de los gobernantes europeos que incluso el gobierno alemán, a pesar de sus limitaciones constitucionales, forzó la participación de sus tropas en la operación; según el ministro de Defensa, Klaus Kinkel, “debido a que nuestra imagen en el mundo es tan importante, tenemos que preocuparnos lo antes posible de que el ejército alemán pueda participar en misiones de paz de la ONU, o sea, con fuerzas militares[93]”.

En cuanto a Italia, su papel de comparsa en la intervención humanitaria en calidad de antigua potencia colonial en Somalia se revelaba necesario. El gobierno italiano se veía directamente implicado por la crisis somalí en calidad de corresponsable de la misma, y por ello contemplaba como prioritario un adecuado lavado de imagen. Al respecto es necesario recordar que los diversos gobiernos y partidos italianos, desde la democracia cristiana hasta el socialista —incluyendo al PCI en un determinado momento— habían apoyado fielmente al dictador Siad Barre[94], cuyo régimen había sido el principal responsable de la calamitosa situación que vivía el país somalí a principios de la década de los noventa. Los fondos de la cooperación civil italiana habían servido para financiar los planes trienales de desarrollo ejecutados en los años ochenta por el gobierno de Barre, que por aquellas fechas ya se había apartado de la esfera de influencia de la Unión Soviética para alinearse oportunamente en la de Occidente. Como señala Mohammed Amir, la “tarta de los fondos” benefició principalmente a los grupos empresariales italianos.

 

En cuanto a la cooperación militar, entre 1971 y 1985, Somalia era el tercer país adquisidor de la industria bélica italiana; éste es el origen de buena parte de las armas que a principios de 1992, en plena guerra civil, inundaban el país. En 1985 se creó la DIATMA (Delegación Técnico-Militar Aeronáutica) para promover el desarrollo técnico militar entre Italia y Somalia. La DIATMA, que permaneció en suelo somalí hasta 1990, pocos meses antes de la derrota de Siad Barre en enero de 1991, instruyó y asesoró a su ejército durante todo ese tiempo, siendo por tanto cómplice de la represión a sangre y fuego que fue ejercida a partir de 1988 contra las insurrecciones que estallaron en varias zonas del país. Italia fue el último país en suspender las ayudas al régimen de

 

 

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Barre, en medio de las condenas de organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional por su política de exterminio contra sus opositores (Amir, 66, 67). Fueron estos hechos los que, en gran parte, coadyuvaron al caos de la guerra civil entre los grupos del Congreso de la Somalia Unificada que se disputaron el poder a la caída de Barre, situación que sirvió de pretexto al despliegue de la operación Restore Hope.

 

 

   SOMALIA COMO PRIMER “LABORATORIO” DEL INTERVENCIONISMO HUMANITARIO

 

Como factor explicativo de la intervención en Somalia, Vicenç Fisas ha apuntado otro que indudablemente podría resultar compatible y añadirse a los ya mencionados. En su opinión, la operación Restore Hope habría servido de experimento o campo de pruebas idóneo para el discurso injerencista que, según hemos visto, se había venido abriendo paso desde el final de la guerra fría:

 

La operación de Naciones Unidas en Somalia constituye […] también un laboratorio donde se pone a prueba una nueva modalidad de operaciones para los “cascos azules” y un campo de experimentación para la nueva doctrina norteamericana sobre intervencionismo[95].

 

En cualquier caso habría que descartar, como resulta más que obvio, toda preocupación sincera del gobierno Bush y de sus aliados por la situación de los derechos humanos en Somalia como motivo de la intervención. En el caso específico norteamericano, la brusca inflexión operada a mediados de 1992 en el tratamiento de la crisis[96] constituye una prueba suficiente, así como la política desarrollada hacia Somalia años atrás. De hecho, la situación de guerra civil que atravesaba el país somalí, a finales de 1992, no era más que la consecuencia directa de la caída en desgracia un año antes, precisamente por su brusca devaluación en términos de importancia política y estratégica, del antiguo peón de los Estados Unidos en la zona que fue Siad Barre. Tras romper su alianza con la URSS en 1978, el dictador Barre buscó apoyo en los Estados Unidos para su guerra contra Etiopía y lo consiguió: cerca de 200 millones de dólares en armamento y más del doble en ayuda económica (Clark, 111). El sangriento régimen de Barre duró hasta principios de 1991, cuando fue finalmente derrotado por las fuerzas del Congreso de la Somalia Unificada. A partir de entonces el frente opositor se dividió, desencadenando la nueva fase de guerra civil con la que se encontraron las tropas multinacionales enviadas en misión humanitaria.

 

 

 

 

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Pero quizá la refutación más eficaz del presunto “humanitarismo” estadounidense como razón del operativo militar en Somalia descanse precisamente en los hechos que marcaron su desarrollo posterior, y que terminaron por condenarle al fracaso. Lo que empezó como una intervención humanitaria no tardó en degenerar en una carnicería donde se vieron envueltas las propias tropas multinacionales. Los enfrentamientos con los somalíes empezaron a menudear ya antes de que los Estados Unidos retiraran en mayo de 1993 la mayor parte de sus tropas y entregaran el mando formal de la misión a las Naciones Unidas, dando comienzo a la fase UNOSOM III, que se prolongaría hasta mayo de 1995. A principios de esta etapa la administración Clinton conservó unos 18.000 soldados de los cerca de 30.000 enviados por Bush en diciembre del año anterior; un contingente que se iría reduciendo progresivamente al ritmo de los enfrentamientos y de las cada vez más numerosas bajas. Es de rigor señalar que si bien el compromiso norteamericano en Somalia se redujo un tanto con respecto a la fase anterior, fueron oficiales estadounidenses los que en la práctica continuaron al mando de las operaciones militares, a pesar del nombramiento formal del general turco Cevik[97].

 

El 13 de junio de 1993 “cascos azules” de Pakistán abrieron fuego contra cientos de jóvenes somalíes que se manifestaban en las calles de Mogadiscio para protestar por la presencia de la ONU, causando al menos veinte muertos y cincuenta heridos. Por su parte, el responsable de las fuerzas norteamericanas respaldó plenamente esta acción punitiva[98], al tiempo que se sucedían los bombardeos aéreos de las Naciones Unidas, enconando aún más los ánimos. El lunes 12 de julio fueron 80 los somalíes que murieron a consecuencia de los bombardeos de helicópteros norteamericanos sobre un barrio de la capital[99]. Este mismo suceso fue el que hizo saltar la chispa de la división entre las tropas que estaban bajo el mando de Naciones Unidas. El general Loi, jefe del mando italiano, que con anterioridad había exigido la participación de Italia en la toma de decisiones militares, afirmó entonces que la misión en Somalia había degenerado en una guerra abierta entre las tropas de Estados Unidos y el general Aidid, y que los soldados norteamericanos actuaban de acuerdo a sus propios criterios sin coordinar sus movimientos con la ONU[100]. Estas críticas, respaldadas por el gobierno italiano, motivaron que el vicesecretario general de las Naciones Unidas y encargado de la misión de paz en Somalia, Kofi Annan[101], solicitara a Italia su destitución, la cual no fue aceptada. El gobierno de Italia arremetió a su vez contra el mando de la ONU, destacando la falta de acuerdo que existía entre los diferentes mandos en

 

 

 

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relación con los métodos que debían seguirse con la crisis, y abogando por abordar el conflicto desde una perspectiva político-diplomática antes que militar[102]. Incluso medios oficiales del Vaticano criticaron el control que ejercían los Estados Unidos sobre los mandos de la ONU[103]. Lejos de amilanarse por las críticas, la administración Clinton anunció la duplicación de sus helicópteros de combate en Somalia, con vistas a proseguir los bombardeos[104].

 

Las matanzas de somalíes no dejaron de repetirse, y a finales de agosto la operación se ganó un motivo más de descrédito cuando tropas de élite estadounidense asaltaron y destrozaron por error una oficina de la ONU en Mogadiscio[105]. Sin embargo, la muerte de 13 soldados norteamericanos, ocurrida el 3 de octubre de 1993, determinó la decisión del presidente Clinton de retirar sus tropas de Somalia, que por esas fechas se habían reducido a menos de 5.000. Cuando los norteamericanos pudieron ver en sus televisores las imágenes de los cadáveres de varios marines mutilados y arrastrados por las calles de Mogadiscio, el grado de impopularidad de la intervención hizo necesario el repliegue[106]. La intervención somalí terminaba tal y como había empezado: motivada por razones de política interior norteamericana. A finales de ese mismo año, el desastre de la polémica intervención le costó la secretaría de Defensa a Les Aspin[107].

 

En marzo de 1995, la intervención humanitaria tuvo un grotesco final con la imagen de los últimos marines retirándose apresuradamente mientras las embarcaciones disparaban misiles contra la costa de Mogadiscio, con un saldo oficial de 8 muertos[108]. Por aquellos días el secretario de Estado, Warren Cristopher declaró, negándose a reconocer el fracaso del operativo:

 

La intervención en Somalia ha estado en línea con la mejor tradición de Estados Unidos. Fuimos en misión humanitaria y hemos salvado cientos de miles de vidas. Le hemos dado al pueblo somalí una oportunidad para su reconciliación[109].

 

Años después ciertos detalles de la intervención, que en su momento fueron ocultados, comenzaron a surgir a la luz pública. Diversas investigaciones periodísticas multiplicaron la cifra oficial de las víctimas somalíes de las tropas norteamericanas, que de unas doscientas se habrían elevado probablemente a más de mil, una información confirmada incluso por el propio Robert Oakley, representante especial de Estados Unidos en Somalia. Al contrario que los Estados Unidos, Canadá, Italia y Bélgica iniciaron con posterioridad investigaciones sobre las violaciones de derechos humanos cometidas por sus tropas[110]. Conforme fueron apareciendo pruebas

 

 

 

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—testimonios e incluso fotografías— de las torturas practicadas por los “cascos azules” de estos contingentes, pocas dudas quedaron sobre el fracaso de la primera intervención “humanitaria” de la posguerra fría.

 

Un fracaso salpicado, además, de implicaciones criminales que han disfrutado de una total impunidad. Alex de Waal ha descrito acertadamente lo que ha dado en llamar “la impunidad humanitaria” en operaciones como las de Somalia, dotadas de un carácter intrínseco e irreversiblemente benévolo según el discurso de sus promotores. Ha sido precisamente esta cualidad la que ha exonerado a sus responsables de los abusos y crímenes cometidos, situando al intervencionismo humanitario en una especie de limbo legal. Cuando al attorney (juez de instructor) militar se le preguntó por la responsabilidad de las tropas de UNOSOM en las matanzas de civiles, replicó tranquilamente que las Naciones Unidas no habían firmado los Convenios de Ginebra, y que por tanto no estaban ligadas a sus disposiciones. La resolución del Consejo de Seguridad permitía a las tropas la utilización de cualquier medio para cumplir con el objetivo humanitario: tal argumento de autoridad bastaba para garantizar una impunidad impensable en cualquier otra situación y que constituía una auténtica burla a los principios del derecho internacional[111].

 

 

   RESTORE DEMOCRACY (“RESTAURAR LA DEMOCRACIA”) EN HAITÍ

 

La intervención militar norteamericana[112] en Haití, ejecutada en septiembre de 1994 con el respaldo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, no fue una operación de injerencismo humanitario propiamente dicha. No obstante, entraba de lleno en la categorización de intervencionismo militar justificado por principios morales, dado que sus propósitos reconocidos no eran otros que la restitución en el poder de un presidente democráticamente elegido —Jean Bertrand Aristide, depuesto en octubre de 1991 por un golpe de estado— y la protección de los derechos humanos en la isla. El desembarco de los marines el 19 de septiembre, inaugurando la operación Restore Democracy con gran despliegue de medios informativos cubriendo el evento, recordó indudablemente el desembarco de Mogadiscio efectuado casi dos años antes. Unas imágenes, por otro lado, dotadas de una capacidad simbólica que incluso superaba la de Somalia. Por primera vez, y como ilustrando una versión benévola del Nuevo Orden Mundial anunciado en 1990 por Bush, los marines norteamericanos invadían Haití no para dar un nuevo golpe de estado[113], sino para reinstaurar la democracia. Otro detalle

 

 

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significativo era que Estados Unidos intervenía por primera vez en su patio trasero con un permiso de Naciones Unidas: la resolución 940 de julio de 1994, que autorizaba y delegaba en los Estados Unidos la misión de restituir a Aristide en el poder bajo cualquier medio.

 

Si bien en un primer momento la decisión del presidente Clinton pudo sorprender y dejar sin argumentos a los tradicionales críticos del intervencionismo estadounidense en América Latina, el propio desarrollo de la operación “Restaurar la Democracia”, al igual que ocurrió en Somalia, no tardó en poner al descubierto los intereses que la explicaban. Desde el mismo comienzo el operativo fue equívoco, ya que el aparatoso y aparentemente amenazador desembarco de marines fue pactado previamente con el general golpista Raoul Cèdras: de ahí que a lo largo de los días que siguieron a la pacífica invasión, las fuerzas policiales haitianas y los attachés[114] congeniaran tan bien con sus invasores. El despliegue mediático se volvió en contra de la administración norteamericana cuando en las televisiones de todo el mundo se pudo ver a los represores del régimen aterrorizando a los partidarios de Aristide, que habían salido a las calles a celebrar la invasión, ante la pasividad de los marines. Además, no tardaron en surgir las primeras voces criticando el pacto suscrito el 18 de septiembre por una comisión negociadora norteamericana, encabezada por el ex presidente Carter[115], con la junta militar haitiana capitaneada por Cèdras, pacto que explicaba el carácter “pacífico” que tuvo la invasión del día siguiente.

 

El llamado Acuerdo de Puerto Príncipe recogía el compromiso del Ejército y la policía haitianos de trabajar “en estrecha colaboración con la misión militar de los Estados Unidos”[116], y contemplaba el “retiro anticipado y honorable” para “ciertos oficiales de las Fuerzas Armadas haitianas”, además de la votación de una ley de amnistía en el Parlamento actual, favorable a Cèdras. Asimismo se acordaba que el embargo económico contra el régimen, decretado por las Naciones Unidas, fuera levantado sin dilación. El pacto, que según su articulado debía ser ratificado por Estados Unidos y por un gobierno civil títere que ni siquiera había sido reconocido por la administración norteamericana, contravenía de manera ostentosa las disposiciones de un acuerdo anterior sancionado tanto por Naciones Unidas como por la OEA, y cuyo incumplimiento había motivado la resolución 940. Por el Acuerdo de Isla del Gobernador, firmado el 3 de julio de 1993 en Nueva York entre Aristide y el régimen haitiano con la mediación del representante de la ONU, Dante Caputo, Cèdras se había comprometido a ceder el poder al ex presidente y abandonar el país antes del 30 de octubre de

 

 

 

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ese mismo año. A su vez, Aristide había aceptado la promulgación de una ley de amnistía para los militares, pero aprobada por un nuevo parlamento democrático y restringida solamente a los delitos políticos, no a los delitos de sangre, violaciones o secuestros. Además, el perdón del acuerdo no afectaba a los delitos cometidos hasta la firma del mismo. Contrariamente a estas cláusulas, la amnistía negociada por la comisión estadounidense era total, podía ser aprobada por el parlamento actual dominado por los militares y no tenía límite temporal[117]. En cuanto a la salida de Cèdras, Carter decidió prescindir de esa cláusula en su particular pacto ya que, según llegó a justificar él mismo, obligar a alguien a partir al exilio era “una grave violación de los derechos humanos”[118].

 

En protesta, Dante Caputo dimitió de su cargo como representante especial de la ONU y de la OEA, quejándose de “la falta total de consultas, e incluso de información” por parte de las autoridades estadounidenses[119]. Para el ex canciller argentino, Cèdras se había “salido con la suya: se ha quedado en Haití, y con tropas de Estados Unidos en lugar de las de la ONU”[120]. Cuando menos, resultaba paradójico que un país mandatado para ejecutar una resolución de Naciones Unidas contraviniera sus términos —la aplicación de un acuerdo anterior incumplido— y negociara a espaldas de la ONU y de la OEA. Pierre Sané, secretario general de Amnistía Internacional, también calificó el acuerdo de Puerto Príncipe de inaceptable debido a que garantizaba “la impunidad a la Junta Militar y a unas fuerzas culpables de asesinatos, violaciones y torturas”[121], y lo criticó con dureza el 20 de septiembre en una intervención ante Naciones Unidas (Montoya, 274). Pero fue la actitud del propio Aristide la que más preocupó a la administración Clinton, ya que en un primer momento se ciñó a lo acordado en Isla del Gobernador, negándose tácitamente a regresar a Haití. Unos días después, sin embargo, Aristide acabó cediendo, a pesar de que el Pentágono se resistió a satisfacer su petición de que las tropas norteamericanas desarmaran al ejército haitiano[122]. Una condición que sí fue aceptada finalmente, ya que resultaba imprescindible para la imagen de la operación, fue el exilio de Cèdras, que se produjo un día antes de la llegada de Aristide. Tropas estadounidenses escoltaron su salida a Panamá, con su familia y casi todas sus posesiones. Su despedida de Haití le reportó un último beneficio: alquiló sus dos lujosas mansiones a Estados Unidos, garantizándose una jugosa pensión anual y evitando al mismo tiempo que fueran saqueadas por el pueblo o expropiadas por el nuevo régimen[123].

 

 

 

 

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 UNA RELACIÓN PRIVILEGIADA

 

El trato de favor otorgado a Cèdras por los Estados Unidos, así como el hecho de que el alto mando militar haitiano se aprestara a trabajar conjuntamente con el ejército invasor, no reflejaba más que la vigencia de una larga tradición de cooperación. El origen del ejército y de la policía de Haití no era otro que la gendarmérie, creada por los marines durante la época de la ocupación, un período en el que ambas formaciones armadas colaboraron estrechamente en operaciones contrainsurgentes. Posteriormente, ya en la guerra fría, la relación de cordialidad nunca llegó a romperse, como lo demuestra el hecho de que el propio Cèdras y varios altos oficiales golpistas trabajaran para la CIA, al menos desde 1986 hasta el golpe de 1991. Otro personaje clave del régimen represor, el jefe de policía Michel François, que pasó a ser considerado como una “bestia negra” por los Estados Unidos en el clima enardecedor de la operación “Restaurar la Democracia”, había aprendido su oficio en la Escuela de las Américas de Fort Benning (Montoya, 278, 279). El primer ministro del régimen golpista, Marc Bazin, había sido de hecho el candidato apoyado por los Estados Unidos en las elecciones de 1990, frente a la figura de un Aristide que era considerado un peligro para los intereses norteamericanos en la isla. Todos estos datos, más el detalle fundamental de que la invasión norteamericana no conllevara del desmantelamiento del ejército —algo que sí ocurrió en Panamá en 1990— explican el peculiar carácter pacífico de la intervención militar. Es sabido que el Pentágono se oponía a la misma, y que el general Colin Powell tuvo un papel decisivo en la firma del Acuerdo de Puerto Príncipe[124]. No obstante, si todo lo anterior es cierto, cabe preguntarse por qué la administración Clinton terminó por recurrir a una medida como la invasión que, al menos de puertas afuera, presentaba una innegable dosis de dureza con sus antiguos aliados.

 

Al igual que sucedió con la intervención humanitaria decidida por Bush en Somalia, las razones de búsqueda de “prestigio internacional” parecían anudarse con otras de política electoral en la decisión de invadir Haití. Sin embargo, en este último caso la cuestión de los refugiados constituía una variante decisiva que lo convertía en un verdadero problema de “seguridad” para los Estados Unidos. El diferencial de importancia de la intervención somalí y de la haitiana para la política de Clinton quedó de manifiesto al tratarse de acontecimientos que llegaron a solaparse en el tiempo. Su comparación arrojaba un balance favorable a la operación “Restaurar la Democracia”. Como se encargó de señalar H. Kissinger:

 

 

 

 

 

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Si es cierto, como ha afirmado el presidente Clinton, que “no es nuestra tarea reconstruir la sociedad de Somalia ni su estructura política”, ¿por qué se anuncia en esa misma conferencia de prensa que enviaremos tropas a Haití para “reciclar su ejército y reconstruir la nación”? ¿Nos da vergüenza decir que es porque Haití, que está cerca, es un problema de seguridad, mientras que Somalia, que está lejos, no lo es?[125].

 

Profundizando en los motivos de la intervención militar en Haití que podrían esconderse tras la retórica de defensa de los derechos humanos en el Nuevo Orden Mundial, habría que recordar que durante el año electoral de 1992 Bill Clinton criticó duramente la política de Bush respecto al régimen haitiano. Bush no había vacilado en repatriar a todos los “balseros” que se habían lanzado al mar para escapar del clima imperante de terror y persecuciones; desde que Aristide fue derrocado, y hasta la invasión de 1994, se calcula que llegaron a salir del país unas 60. 000 personas[126].

 

La situación se complicó aun más cuando Clinton ocupó la presidencia y, cumpliendo con lo anunciado durante su campaña electoral, ordenó un embargo económico contra Haití al tiempo que alentaba a los “balseros” a buscar “puertos seguros”. Como se ha ocupado de apuntar Roberto Montoya, esta política tuvo el efecto bumerang de estimular el flujo de “balseros” hasta un nivel insoportable, a la vez que de fortalecer al régimen militar enriquecido con el contrabando. A mediados de 1994, y en menos de un mes, los guardacostas llegaron a recoger a más de veinte mil personas en alta mar, de forma que Clinton tuvo que corregir su política de asilo. Instaló frente a las costas de Haití un barco como lugar de tránsito desde donde se decidía el futuro de los huidos: una mínima parte eran aceptados en los Estados Unidos, mientras los demás se repartían en campamentos de los países del área o eran repatriados. Las imágenes de los refugiados hacinados en las bases de Guantánamo[127] o Panamá no podían contrastar más con la política de asilo estadounidense respecto a los “balseros” cubanos, evidencia del doble rasero de la política de Clinton en materia de derechos humanos (Montoya, 283, 284). Como resultado de todo ello, y dada además la cercanía de las elecciones legislativas de noviembre, la administración estadounidense se vio prácticamente obligada a decidirse por la intervención en Haití: el medio más urgente de recomponer su deteriorada imagen así como de detener la marea de refugiados que llegaban a las costas de Florida.

 

Aun así, en lo que constituye un detalle sumamente revelador, Washington sólo consintió en intervenir cuando tuvo garantías de Aristide de que renunciaba a presentarse como candidato en las elecciones previstas para finales de 1995[128], aceptaba la amnistía de los militares —prevista en el Acuerdo de Puerto Príncipe— y renunciaba a aplicar un programa de

 

 

 

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gobierno radical (Montoya, 285). Temiendo un coste en dinero y en bajas semejante al que le había causado la intervención en Somalia, Clinton se apresuró a asegurar la pronta retirada de los marines apenas una semana después de iniciada la invasión, y con tal de aparentar una imagen de normalidad, anunció asimismo el inminente regreso de los refugiados que se hallaban en Guantánamo[129]. La intención de Washington era acelerar el relevo de la fuerza de marines por otra de “cascos azules” donde la presencia estadounidense fuera mucho menor. Mientras tanto, y durante el período de ocupación, procedió a reformar las fuerzas de seguridad haitianas, pero suavizando al máximo la purga de los antiguos mandos, contrariamente a los deseos de Aristide[130]. Al presidente repuesto por tan poco tiempo en el cargo no le quedaba más opción que resignarse, dada la pésima situación del país y su dependencia crónica de la ayuda exterior.

 

Más de tres años después, cuando finalizó el mandato de la ONU y los últimos “cascos azules” abandonaron Haití, era unánime la opinión de que la situación económica y política del país había mejorado muy poco. Y aunque el flujo de “balseros” no era comparable al de 1994, el problema de los refugiados para los Estados Unidos seguía estando presente. Poco antes de la marcha de las tropas de Naciones Unidas, los guardacostas norteamericanos interceptaron un viejo barco de pesca con 417 haitianos a bordo, el grupo más grande que había sido interceptado en dos años[131].

 

   OPERACIÓN “TURQUESA”: FRANCIA INTERVIENE UNA VEZ MÁS EN RUANDA

 

A finales de junio de 1994 comenzó en Ruanda una intervención humanitaria del mismo modelo seguido en las operaciones Restore Hope y Restore Democracy en Somalia y Haití: la operación Turquoise (Turquesa). La resolución 929 del Consejo de Seguridad de la ONU autorizó a Francia a “utilizar todos los medios necesarios” para poner freno a las matanzas que se venían sucediendo en la guerra civil que enfrentaba a las fuerzas gubernamentales de la etnia hutu con el Frente Patriótico Ruandés (FPR), mayoritariamente tutsi, que había invadido el país procedente de Uganda en octubre de 1990. El operativo militar se desplegó demasiado tarde y resultó demasiado débil —por el número de efectivos desplazados— para poder tener éxito en su cometido teórico. El genocidio de la minoría tutsi de Ruanda había comenzado en una fecha tan temprana como principios de abril, tras el atentado mortal que le costó la vida al presidente ruandés Juvenal Habyarimana. Fue a partir de entonces cuando el nuevo gobierno hutu fue

 

 

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ejecutando un plan genocida planificado previamente, que además de masacrar a los tutsis eliminó a buena parte de sus opositores hutus, con el escalofriante saldo de más de 800.000 muertos entre la población civil.

 

La intervención francesa se producía demasiado tarde para detener un genocidio ya comenzado, y en una fase crítica de la guerra civil en la que el FPR había derrotado de manera decisiva a las fuerzas hutus y procedía a la ocupación completa de Ruanda. Así las cosas, y dada la hostilidad hacia París del FPR, explicada por el tradicional apoyo francés al gobierno hutu, la labor de los militares galos tuvo que limitarse a abrir corredores humanitarios a través del territorio gubernamental que garantizaran la salida de los desplazados de guerra hutus a los países fronterizos como Zaire, donde se levantaron gigantescos campamentos de refugio. La operación “Turquesa” se presentó públicamente como un operativo de emergencia humanitaria, destinado a durar apenas dos meses[132]: una especie de “intervención quirúrgica” que redujera los efectos de la guerra civil y procurara evitar un posible “contragenocidio” de la población hutu a manos de las fuerzas tutsis triunfantes. Posteriormente, sin embargo, se fueron conociendo diversos detalles de la operación que, al sensibilizar a la opinión pública francesa, forzaron a la propia Asamblea Nacional a ordenar una investigación. En diciembre de 1998, una comisión oficial —la Mission Quilès— publicó sus resultados, que evidenciaban no sólo el fiasco humanitario de la operación “Turquesa”, sino la complicidad del gobierno francés con el genocidio de la primavera de aquel año que sirvió como pretexto de dicha intervención (Colom, 24).

 

El apoyo militar francés al gobierno hutu de Habyarimana, responsable de la represión masiva y del exilio de miles de tutsis[133], se remontaba a 1975 — dos años después de su subida al poder— a través de un acuerdo de cooperación que aseguraba la presencia de una veintena de asesores militares en el país. Cuando el FPR lanzó una ofensiva en octubre de 1990 desde sus bases en Uganda, el presidente Mitterrand[134] aprobó la operación Noroît, una clásica intervención militar de las tropas francesas de élite en apoyo de sus aliados en apuros y enmascarada bajo la coartada de la protección de los ciudadanos franceses. Muy semejante, por cierto, a otra operación que se desarrolló muy poco antes: la intervención militar franco-belga en Zaire, en septiembre de 1990, que valiéndose asimismo del pretexto de proteger y repatriar a sus conciudadanos, ayudó a Mobutu Sese Seko a sofocar la insurrección de sus propias tropas (Matala, 125). Prolongándose hasta 1993, la operación Noroît entrañó tanto el asesoramiento del estado mayor y la

 

 

 

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formación del ejército ruandés para la conducción de operaciones, como enfrentamientos directos entre las tropas francesas y el FPR. Durante ese tiempo el ejército ruandés, exclusivamente hutu, pasó de 5.000 a 35-40.000 efectivos, a pesar de lo cual no logró detener la ofensiva general del FPR iniciada en febrero de 1993 (Colom, 25).

 

 

   CRÓNICA DE UN GENOCIDIO ANUNCIADO

 

Fue en ese momento cuando proliferaron los indicios de que el gobierno de Ruanda preparaba un genocidio masivo contra la población tutsi del país, pero Francia continuó apoyando militarmente al régimen. En febrero de 1993 la presencia armada francesa había aumentado hasta alcanzar más de seiscientos soldados, justificados teóricamente para “proteger a los ciudadanos franceses y de otras nacionalidades”, aunque numerosos testimonios daban fe del apoyo artillero y de la asesoría que estaban brindando al ejército ruandés (Smyth y Brittain, 39). En agosto de 1993 se firmó en la ciudad tanzana de Arusha un acuerdo de paz entre el gobierno de Habyarimana y el FPR, que no llegó a cumplirse mientras se aceleraban los planes de la masacre. En enero de 1994, el responsable de la pequeña misión de la ONU —MINUAR— destacada en Ruanda, el general canadiense Romèo Dallaire, envió un telegrama al departamento de operaciones para el mantenimiento de la paz explicando los planes en marcha del genocidio, denunciando la existencia de escondites de armas en Kigali y pidiendo autorización para destruirlos como una forma de prevenir las matanzas. Dallaire había recibido la información de un alto funcionario de seguridad ruandés, al que se le había encomendado organizar los planes para exterminar a la minoría tutsi y a los hutus opuestos a la operación. Además, el general canadiense avisó a las embajadas de Francia, Estados Unidos y Francia de lo que se preparaba, sin que ninguna de ellas moviera un dedo. Posteriormente el propio Kofi Annan, que por aquel entonces era responsable del departamento de operaciones de mantenimiento de la paz, reconocería que él mismo ordenó a Dallaire no tomar ninguna acción militar ni dar protección especial al informante[135].

 

El 6 de abril fue abatido el avión en el que viajaba Habyarimana junto al presidente de Burundi, probablemente por mercenarios franceses al servicio de los sectores más extremistas del ejército contrarios al acuerdo de Arusha. Aquello fue la señal del comienzo del genocidio, y las primeras víctimas fueron aquellos miembros del gobierno y de las instituciones que pudieran oponerse al mismo. El 8 de abril se constituyó el nuevo gobierno hutu, de la

 

 

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facción más radical; la lista de ministros fue elaborada en la propia embajada francesa. Como el avance del FPR sobre Kigali continuaba, el gobierno francés empezó a moverse con rapidez para ayudar a sus aliados. Por medio de la operación Amaryllis el ejército tendió un puente aéreo con París para repatriar a los ciudadanos franceses y de paso a la parentela de Habyarimana, que había decidido abandonar el país ante la cercanía de las milicias tusis, al tiempo que servía para entregar más armamento al ejército ruandés. Por lo demás, tanto las tropas francesas como los escasos “cascos azules” que quedaban[136] se limitaron a contemplar pasivamente las matanzas. En pleno genocidio, el Consejo de Seguridad aprobó por unanimidad una resolución que recortaba aun más la dotación de la MINUAR, que el 21 de abril quedó reducida a 270 miembros. Como bien señala Artur Colom, la pasividad de Estados Unidos se explicaba por los efectos del “síndrome de Somalia”, aparte de que una fuerte presencia de tropas internacionales habría supuesto un obstáculo para el triunfo del FPR, una perspectiva que no desagradaba a Washington[137]. En cuanto al gobierno francés, le convenía que las Naciones Unidas abandonaran la escena cuanto antes para poder intervenir unilateralmente con mayor comodidad (Colom, 26-28).

 

 

EL DISFRAZ HUMANITARIO DE LA OPERACIÓN “TURQUESA”

 

Con la coartada del intervencionismo militar humanitario sancionado por Naciones Unidas, y prácticamente en solitario debido a la retirada de la mayor parte de los efectivos de la ONU, por medio de la operación “Turquesa” las tropas francesas protegieron a los principales responsables del genocidio de los tutsis y les abrieron un pasillo hasta Zaire. El operativo militar fue rápido, tocando a su fin en agosto de 1994. Como ocurrió con la participación de Somalia en UNOSOM, el gobierno francés pretendió lavar su imagen y presentar ante el mundo una apariencia de “neutralidad” e incluso de “benignidad”, ya que, según su discurso, la presencia de sus tropas había servido para prevenir otro genocidio: el que habría llevado a cabo el FPR una vez tomado el poder, esta vez contra la población hutu. Las tropas francesas no hicieron, pues, el menor intento de desarmar a los principales responsables del genocidio tutsi, sus antiguos aliados, ya que eso habría supuesto romper la regla de la imparcialidad. Además, según el primer ministro Balladur, esa función ni siquiera figuraba en el mandato de Naciones Unidas[138]. Como resultado de esta complicidad encubierta, el gobierno y el ejército hutu en el

 

 

 

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exilio se hicieron con el control de los campamentos de refugiados del Kivu, en el este de Zaire, y lo conservaron durante más de dos años hasta que el régimen mobutista, tradicional aliado de Francia, empezó a tambalearse.

La operación “Turquesa” marcó solamente el principio de una estrategia destinada a facilitar el regreso triunfante del gobierno genocida hutu a Ruanda. De otro modo no podrían explicarse hechos como las incursiones de las milicias de hutus radicales —interahamwes— en territorio ruandés procedentes de los campos de refugiados; la pasividad y connivencia del ejército mobutista con tales incursiones (Kabunda, 1996a, 10); y, sobre todo, el envío secreto de armas occidentales a los genocidas hutus “protegidos” en los campos del Kivu. Durante más de dos años los genocidas estuvieron atrincherados en los campos de refugiados, reprimiendo y controlando a la población civil que había tenido la desgracia de refugiarse con ellos, comprando armas y apropiándose de la ayuda enviada desde Occidente en el circo mediático-humanitario que se orquestó en torno a la cuestión de los refugiados del Zaire. Y todo ello a la espera del momento propicio para volver a entrar en Ruanda y recuperar el poder. Estos hechos no llegaron a ser plenamente conocidos hasta el desmantelamiento de los campos en 1996, a raíz de la revuelta de los tutsis banyamulenges contra Mobutu, aliados del régimen ruandés. Fue entonces cuando periodistas de todo el mundo pudieron ver la infraestructura que la camarilla genocida en el exilio había mantenido durante todo ese tiempo, apropiándose de la ayuda humanitaria internacional:

 

Los jefes hutus disfrutaron, gracias a la complicidad del ejército zaireño, de países amigos como Francia y a la ceguera voluntaria de las Naciones Unidas, de todo lo que carecían los refugiados que arrastraron al exilio[139].

 

En el campo de Mugunga, por ejemplo, los interhamwes que lo controlaban se apropiaban de la mitad de la ayuda internacional, la vendían en el mercado negro a los zaireños y con el beneficio adquirían armas a los mismos países que les enviaban ayuda humanitaria; mientras tanto, organizaban incursiones armadas al interior de Ruanda[140]. Cuando en noviembre de 1996 los tutsis banyamulenges de Zaire aplastaron a los interhamwes y a los últimos soldados de antiguo ejército hutu, los genocidas intentaron escapar en un convoy de veintisiete vehículos que finalmente tuvo que ser abandonado. Tras la fuga de sus carceleros, los refugiados huyeron de los campamentos para regresar a Ruanda. Durante más de dos años la población civil refugiada había permanecido prisionera de la camarilla genocida, siendo utilizada como escudo humano y cebo humanitario para conseguir ayudas internacionales. Como señala con acierto Artur Colom, no

 

 

 

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podía menos que resultar llamativo el contraste entre la escasez de medios del nuevo gobierno ruandés en 1994 y el “circo mediático y el business humanitario” de las más de doscientas ONGs que operaban en los campos de refugiados del Kivu (29). Según declaraciones de un responsable del gobierno de Ruanda en 1996, el Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

 

   tiene mucho que reflexionar sobre su papel durante dos años en los campos de refugiados en el este de Zaire. Alimentaron durante todo ese tiempo a los genocidas, retrasando el retorno de miles de refugiados que se hallaban virtualmente secuestrados.

 

El mismo funcionario destacaba el dramático desequilibrio entre los medios de las ONGs y las agencias de Naciones Unidas y los de su gobierno. Por aquellas fechas, un colosal proyecto de repatriación de refugiados de Médicos Sin Fronteras (MSF) de Bélgica, con una duración prevista de sólo un mes, exigía una financiación de 12 millones de dólares, una suma equivalente a la mitad del presupuesto del gobierno ruandés de aquel año[141]. El gobierno ruandés siempre sospechó de la actuación de MSF de Francia, a la que en 1995 llegó a acusar de servir de correo de los radicales hutus entre los distintos campamentos de refugiados, junto con otras 36 ONGs[142]. Tal colaboración no se antoja tan inimaginable cuando algunas ONGs, como Cáritas, habían trabajado estrechamente con el anterior gobierno ruandés debido a sus relaciones con la iglesia católica local, que tuvo un papel importante, en las matanzas[143]. Fueran ciertas o no las acusaciones anteriores, resulta cuando menos paradójico que durante dos años ni ACNUR ni la gran mayoría de las ONG desplegadas en la zona[144] denunciaran hechos tan graves y tan difíciles de disimular como la represión de los propios refugiados en los campamentos, las incursiones armadas hacia Ruanda desde los mismos o los aprovisionamientos de armas.

 

 

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Los datos de abastecimiento de armamento al gobierno genocida hutu en los campos de refugiados del Kivu empezaron a salir a la luz pública en noviembre de 1996, poco después de su desmantelamiento. Los archivos abandonados en su huida desvelaron primeramente operaciones de compra de armamento a firmas británicas y francesas[145], que resultaban por tanto culpables de haber violado el embargo impuesto por el Consejo de Seguridad en junio de 1994. Por aquellas fechas se produjeron las primeras filtraciones a

 

 

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la prensa del tercer informe de la Comisión de Investigación sobre Ruanda de Naciones Unidas, que investigaba las violaciones del embargo de armas decretado contra dicho país en mayo de 1994. En dicho informe, fechado a finales de octubre, la comisión investigadora mencionaba a 11 países que no habían querido facilitar ningún tipo de datos[146], y citaba como exportadores de armas a Bulgaria, la República Checa, Francia, Bélgica, Italia, el Reino Unido y la antigua Yugoslavia. Se destacaba, además, la complicidad de Zaire en el rearme de los paramilitares hutus refugiados en los campamentos del Kivu[147]. La filtración del informe, junto con otro sobre violaciones de derechos humanos cometidos por “cascos azules” de la ONU, no podía producirse en un peor momento, toda vez que por aquellas fechas, a iniciativa francesa, se estaba debatiendo en el Consejo de Seguridad la posibilidad de aprobar una nueva intervención militar humanitaria en la región. El proyecto consistía en una especie de segunda operación “Turquesa”, en esta ocasión en el este de Zaire, con el propósito de proteger a los refugiados que habían empezado a abandonar los campamentos del Kivu. La situación era especialmente delicada, debido a las victorias que los tutsis banyamulenges y la Alianza de Fuerzas Democráticas de Liberación de Congo-Zaire (ADFL) estaban obteniendo sobre las tropas mobutistas. Se estaba dibujando, de hecho, el escenario que tanto había temido París en 1994: un cambio de poder en Ruanda que terminara por desestabilizar al régimen aliado de Mobutu. Una presencia internacional en el este de Zaire, con la toma de aeropuertos estratégicos como los de Goma y Bukavu, probablemente habría obstaculizado el avance rebelde. Boutros-Ghali, otro gran impulsor de la intervención en Zaire, no dudó en recurrir a la comparación entre la situación de 1994 y la de 1996 para justificar una acción inmediata:

 

En 1994 nos enfrentamos a un genocidio de hutus contra tutsis. Ahora nos enfrentamos a un nuevo genocidio, un genocidio por hambre[148].

 

La intervención militar multinacional, pese a ser aprobada el 16 de noviembre por el Consejo de Seguridad[149], nunca llegó a realizarse debido principalmente al regreso forzado de los miles de refugiados a territorio ruandés, que eliminaba el pretexto de la operación; a las reservas de Zaire y Ruanda, cuyo gobierno recelaba de la participación francesa en la misma y, por último, a la reacia actitud norteamericana. Volviendo al informe sobre las ventas de armamento a la región, resultaba obvio que su publicación habría contribuido a aumentar las dudas y vacilaciones sobre la conveniencia de una segunda operación “Turquesa”. Los gobiernos favorables a una intervención

 

 

 

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militar humanitaria habrían tenido problemas para conciliar, frente a sus opiniones públicas respectivas, los principios morales que decían defender con la evidencia de que habían estado armando hasta el último momento a los propios causantes de la “crisis humanitaria”. La publicación del informe habría supuesto, además, un duro golpe para las posibilidades de reelección del egipcio Boutros-Ghali como secretario general de Naciones Unidas, que por aquellas fechas ya estaban suficientemente mermadas debido al previsto veto norteamericano. Egipto había sido uno de los países que había ofrecido tropas a la operación “Turquesa”, y dos años antes de la misma, en 1992, había vendido armamento al régimen ruandés por valor de seis millones de dólares. Boutros-Ghali tuvo que conocer por fuerza la existencia de dicha operación, ya que por aquel entonces era viceministro de Asuntos Exteriores encargado de África en el gobierno egipcio[150]. La transacción fue financiada por el Credit Lyonnais, cuando todavía estaba nacionalizado, por lo que la decisión implicaba al gobierno francés. De hecho, la venta constituyó un crédito secreto de ayuda militar francesa a Ruanda (Smyth y Brittain, 38).

 

 

   OPERACIÓN “ALBA” EN ALBANIA

 

Entre abril y agosto de 1997 varios países europeos encabezados por Italia enviaron 6.000 soldados a Albania —la operación Alba— con respaldo de la OSCE y del Consejo de Seguridad de la ONU, con la misión de garantizar el reparto de ayuda humanitaria a la población civil. Hacia finales de marzo, en el momento álgido de la discusión sobre el envío de tropas a Albania, la comisaria de Ayuda Humanitaria de la Unión Europea, Emma Bonino, había reclamado una intervención humanitaria urgente, como poco antes había hecho con Zaire. Bonino calculaba que en Albania, sumida en el caos provocado por una revuelta popular contra el régimen de Sali Berisha, sólo quedaban alimentos para diez días, e insistía en que era necesario proteger la entrega de la ayuda humanitaria con soldados para evitar que los camiones fueran saqueados por las bandas armadas[151]. Para entonces, aunque Berisha conservaba todavía la presidencia del país, había acabado por ceder a las pretensiones de los partidos de oposición y el 13 de marzo se había creado un “gobierno de reconciliación nacional”, presidido por el socialista Bashkim Fino, convocando elecciones generales anticipadas para finales de junio y anunciando una amnistía para los insurrectos.

 

El hecho de que Berisha hubiera entregado al partido socialista la presidencia del gobierno y la cartera de Defensa reflejaba lo desesperado de

 

 

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su situación. Durante la primera semana de marzo había intentado aplastar sin éxito a sangre y fuego las revueltas, achacándolas a la acción conjunta de “comunistas” y de “bandas criminales” en un último esfuerzo por conseguir apoyo occidental a su política represiva[152]. Pero la explicación del levantamiento era mucho más compleja, y traducía de manera directa el explicable descontento de una población que había sido estafada —en un 80 % (Glenny, 24)— por las entidades del “sistema piramidal de ahorro” promocionadas por el propio Berisha. De hecho, y aparte de otros sobrados motivos de descontento con el régimen, la revuelta estalló con especial fuerza en el sur del país cuando el presidente anunció que no pagaría ni un céntimo a los defraudados por la estafa, incumpliendo una promesa anterior.

Cuando Berisha se vio traicionado por el ejército, que empezó a desertar de sus cuarteles, no tuvo más remedio que aceptar las demandas de sus opositores y conformarse con una presidencia formal a la espera de las próximas elecciones. Hacia mediados de marzo había perdido ya el apoyo de sus principales aliados: Estados Unidos, Alemania e Italia[153]. Para entonces, y junto con el gobierno de reconciliación nacional cuyos representantes habían reconocido su impotencia para controlar la revuelta, Berisha había pedido formalmente el envío de una fuerza de pacificación tanto a la OTAN como a la Unión Europea y a la ONU. La Alianza Atlántica se apresuró a rechazar la petición[154], algo comprensible a la luz de tres hechos principales: la peligrosidad que entrañaba una intervención militar “pacificadora” en un contexto de rearme masivo de la población; la tradicional política colaboradora de la OTAN con Berisha y con sus fuerzas armadas, que no constituía un secreto para nadie en el país; y, por último, la delicada fase de negociaciones que la Alianza estaba manteniendo con la Federación Rusa en aquellos momentos, con vistas a la firma de un acuerdo bilateral que superara sus recelos al proyecto de ampliación al Este en marcha. En cuanto a la Unión Europea, sumida en el proceso de negociaciones para la reforma del Tratado de Maastricht —la Conferencia Intergubernamental (CIG)— su postura respecto a la crisis albanesa reflejó cabalmente el grado de desacuerdo respecto al proyecto europeísta de consolidar una identidad común de seguridad y defensa. La UEO, que habría debido servir de instrumento militar en caso de un acuerdo de los Quince, optó por no intervenir a pesar de que una hipotética intervención no ya pacificadora sino “humanitaria” en Albania habría encajado a la perfección en el modelo de futuras misiones aprobado en su reunión de Petersberg de 1992.

 

 

 

 

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Alemania y Gran Bretaña se revelaron como los socios más reacios a una intervención militar europea, limitándose a favorecer la mediación que por aquellas fechas llevaba a cabo el delegado de la OSCE, el ex canciller austríaco Franz Vranitzky. Descartadas la OTAN y la UEO, sólo quedaba la OSCE, cuya autoridad podría respaldar una iniciativa multinacional por parte de los países europeos más interesados en intervenir: Italia y Grecia. Esa fue la solución por la que finalmente se optó durante la última semana de marzo, con la alambicada fórmula del envío de la ayuda humanitaria protegida por tropas para evitar saqueos. La intervención militar también se justificaba, como tuvo ocasión de señalar el ministro italiano de Exteriores Lamberto Dini, por la necesidad de proteger a las organizaciones internacionales de ayuda humanitaria que operaran en la zona[155], de ahí la oportunidad del desesperado llamamiento de Emma Bonino a favor de que se evitase la situación de hambruna que había pronosticado para Albania a corto plazo. El 27 de marzo la OSCE decidió formalmente la intervención de tropas, y dos días después el Consejo de Seguridad, con la única abstención de China frente a catorce votos a favor, aprobaba la resolución correspondiente, sancionando el envío de “una fuerza multinacional de carácter temporal y limitado para facilitar la distribución rápida y segura de la asistencia humanitaria”. De ese modo, y con algún retraso, durante la segunda quincena de abril se desplegó la Fuerza Internacional de Protección en Albania (FIP), compuesta por efectivos de Italia, Francia, Grecia, Turquía, Rumanía y España, bajo mando de un general italiano. Que el pretexto de la intervención descansaba en el estómago de los albaneses quedó confirmado por el frívolo o quizá más bien cínico comentario del embajador italiano en la ONU el día de la aprobación de la resolución: “si se alimenta a la gente, los estómagos llenos quitan muchos nervios”[156].

 

 

 OTRA VEZ LOS REFUGIADOS

 

Los problemas de nervios, en todo caso, no eran atribuibles solamente a los albaneses. Si Italia había sido la principal impulsora y defensora de la operación “Alba”, ello se debía al problema causado por los miles de refugiados del conflicto que llegaban a los puertos de Brindisi y de Bari en cualquier objeto que flotara. Hacia mediados de marzo la mayor parte de la flota pesquera y militar albanesa se encontraba en estos puertos, y el número de prófugos se calculaba en 5.000. El 24 de marzo, los primeros ministros Bashkim Fino y Romano Prodi formaron un acuerdo de cooperación para

 

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impedir nuevas salidas de Albania y repatriar a los albaneses que se acercaran al territorio italiano: para entonces eran ya 11.000 las personas confinadas en campos cercanos a los puertos. A partir de ese momento la marina italiana se desplegó en el canal de Otranto, el brazo del Adriático más estrecho entre los dos países, con la misión de interceptar las embarcaciones. El 28 de marzo una corbeta italiana hundió el Kader I Rades, un barco que había partido del puerto sureño de Vlorë con más de un centenar de personas a bordo. Sólo hubo 34 supervivientes, que culparon a la corbeta de haber golpeado a propósito y repetidas veces el casco del Kader hasta hundirlo, frente a la versión de la marina italiana que atribuía el choque a un accidente[157]. El suceso motivó el retraso del despliegue, y creó cierta inquietud entre los mandos militares cuando rebeldes de Vlorë amenazaron de muerte a las tropas italianas que se desplegaran en el sur.

 

Que la sensibilización humanitarista del gobierno italiano era el pretexto de una intervención destinada en primera instancia a desactivar la crisis de los refugiados interceptándolos in situ era un secreto a voces, algo que fue incluso reconocido por mandatarios europeos como el ministro alemán de Exteriores, Klaus Kinkel, que afirmó con poca diplomacia que “Italia ve en esto (la operación “Alba”) un elemento para detener el flujo de prófugos”[158]. En menor medida, la preocupación de Atenas obedecía al mismo motivo, al que había que añadir su temor por la seguridad física de la minoría griega del sureste de Albania. Por lo demás, la operación “Alba” no era ninguna novedad. Venía a ser una especie de versión multinacional de la operación “Pelícano”, realizada en 1991 y 1992 en el marco de un acuerdo italo-albanés que contemplaba el patrullaje de las costas de Albania y el despliegue militar italiano en los principales puertos de Durrësi y Vlorë[159]. Si la operación “Pelícano” sirvió para contener la marea de refugiados de 1991, cuyas estremecedoras imágenes hicieron tristemente famoso al pueblo albanés, en 1997 la operación “Alba” se ponía en marcha para reducir los efectos de una crisis que se preveía y temía semejante.

 

La distribución del contingente por naciones reflejaba los diferentes grados de sensibilidad con respecto al problema albanés. Italia aportaba lógicamente el mayor número de tropas, seguida de Francia, Turquía y Grecia[160]. Francia, a pesar de que en un principio se había mostrado reacia al envío de tropas, no había podido permanecer ajena a una operación militar en el Mediterráneo por razones de prestigio. El gobierno griego había secundado a Italia en la iniciativa, y se mostraba preocupado tanto por la afluencia de refugiados como por la situación de la minoría greco-albanesa.

 

 

 

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Turquía intervenía aparentemente por motivos de afinidad cultural con Albania, y en cuanto a España, el aporte de poco más de trescientos efectivos respondía claramente a factores de política interior. Desde finales de los ochenta, la implicación en todas las misiones militares multinacionales posibles —de pacificación o de intervención humanitaria— había sido una constante de la política militar de los distintos gobiernos españoles, empeñados en lavar la deteriorada imagen de las fuerzas armadas en un país de fuerte tradición antimilitarista. Una idea del grado de disposición del ejército a participar en ese tipo de misiones nos la da el hecho de que la misma fuerza de la Legión que intervino finalmente en Italia se había preparado previamente para desplazarse a Zaire, en el marco de una intervención humanitaria de iniciativa francesa que finalmente resultó frustrada. El destino era indiferente, y podía ser tanto Albania como Zaire; lo principal era publicitar una benévola imagen del ejército español cuando ya habían empezado los planes de su completa profesionalización y la captación de efectivos resultaba urgente.

 

Con el mandato de proteger el envío de ayuda humanitaria y la labor de las organizaciones internacionales sobre el terreno, en abril los contingentes militares de la operación “Alba” se desplegaron principalmente por las ciudades albanesas del norte, que no vivían un clima de revueltas tan alborotado como en el sur. La toma de puertos y aeródromos resultaba un objetivo estratégico, con el fin de ayudar a la maltrecha policía del gobierno de reconciliación nacional a impedir que la gente saliera del país. A principios de abril, antes de la partida del primer contingente, el ministro de Defensa italiano ya anunciaba su intención de reconstruir la policía albanesa, en colaboración con la OSCE[161]. La operación “Alba” finalizó relativamente pronto y las tropas abandonaron el país en agosto, una vez realizadas las dos rondas electorales que dieron el triunfo al partido socialista. Para entonces, aunque los enfrentamientos seguían produciéndose y se repetirían al año siguiente causando una grave crisis gubernamental, la intervención armada había satisfecho el objetivo que la había animado.

 

Sólo restaba la expulsión de los albaneses que habían conseguido acceder a los puertos italianos durante la primavera. A finales de noviembre el primer ministro Prodi firmó el decreto de expulsión, y los primeros en ser repatriados fueron los casi dos mil refugiados que, siguiendo las instrucciones de las autoridades italianas, se habían alojado voluntariamente en centros de acogida. A pesar de que el gobierno intentó suavizar la repercusión pública de una medida tan drástica con la entrega de unas 300. 000 liras a los mayores de

 

 

 

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edad y la mitad a los menores, finalmente ordenó a la policía que los expulsara a la fuerza debido a los intentos de resistencia pasiva que opusieron[162]. Proseguía, sin embargo, una intervención más sutil a manera de continuación de la operación “Alba”. Se trataba de una nueva misión, más reducida y exclusivamente italiana, destinada a “reorganizar y hacer operativas las Fuerzas Armadas albanesas” y que emplazaba destacamentos del ejército de tierra y marina en Tirana y en el puerto de Durrësi[163]. Resultaba evidente que Italia quería estar preparada en caso de que se desencadenara un tercer éxodo masivo.

 

 

   UNAS ELECCIONES DE URGENCIA

 

El director de un orfanato de Vlorë le confesaba a un periodista español, al comienzo de la operación “Alba”, que todo el mundo en la ciudad se estaba preguntando cuál era la verdadera misión de la fuerza multinacional, y añadía que en Albania nadie estaba pasando hambre, desmintiendo el desesperado llamamiento de la comisaria Bonino:

 

Esto no es una crisis de comida. Uno no puede comprar todo lo que quiera, pero los alimentos básicos están en el mercado. Nadie está pasando hambre en Albania, no hay un problema de malnutrición[164].

 

No se trataba de un testimonio aislado. Las imágenes transmitidas por los medios de información que cubrían el despliegue militar así lo confirmaban. Que el objetivo principal del despliegue militar multinacional era, pura y llanamente, atajar lo más rápidamente posible la crisis de los refugiados quedaba también de manifiesto en la labor realizada durante la doble ronda electoral del verano. Unas elecciones absolutamente irregulares que fueron convocadas apresuradamente con el fin de garantizar tanto una salida honrosa al corrupto y criminal régimen de Berisha, apoyado hasta el último momento por sus aliados occidentales, como un recambio de poder adecuado que asegurara una mínima estabilidad al país. El partido socialista, heredero del partido laborista del dictador Enver Hoxha pero convenientemente reciclado como socialdemócrata, reunía los requisitos apetecidos, con Fatos Nano como principal representante de su facción más moderada y aperturista. Nano representaba la opción equidistante entre un Berisha irrecuperable para Occidente por corrupto e impopular, y las opciones más radicales defendidas por los comités de salvación que proliferaron en el sur del país durante la

 

 

 

 

 

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primavera, sobre los que ostentaba cierto ascendiente debido a su origen sureño y a su condición de represaliado del régimen[165].

 

En una fecha tan temprana como finales de junio, con el país desarticulado por las revueltas, la convocatoria de unas elecciones generales podía parecer un absurdo. No lo era, sin embargo, si se interpretaba como una simple escenificación cosmética destinada a legitimar un cambio lo menos traumático posible de régimen, contando para ello con el reconocimiento y la sanción de Occidente. Al respecto, es forzoso señalar que la misión de la OSCE encargada de fiscalizar el desarrollo de las elecciones, con menos de quinientos observadores internacionales para más de 4.500 colegios electorales, tuvo muy pocos escrúpulos. El gran número de irregularidades producidas, que provocó la dimisión de algún que otro funcionario honrado, no fue óbice para que el presidente de la OSCE, Javier Rupérez, certificara la validez de las elecciones que dieron la victoria al partido socialista[166]. En cuanto a las fuerzas de la operación “Alba”, también tuvieron su función en la legitimación de los comicios; el jefe de la fuerza multinacional, el general Forlani, no tuvo empacho en afirmar en vísperas de la primera jornada electoral que sus tropas garantizarían que las elecciones serían libres. Extraña garantía, toda vez que en las mismas declaraciones informó de que sus soldados ni protegerían los colegios ni escoltarían las urnas hasta su destino final[167].

 

 

   LA RESPONSABILIDAD OCCIDENTAL EN LA CRISIS ALBANESA

 

Resulta llamativa la agilidad que demostraron los antiguos aliados occidentales de Sali Berisha en apoyar al nuevo recambio de poder, el partido socialista, que durante los últimos años había sufrido una intensa represión — más bien el pueblo albanés en su conjunto— que no había encontrado ningún eco en el exterior. Sin necesidad de remontarse al comienzo de la presidencia de Berisha en 1992, a finales de mayo de 1996 tuvieron lugar unas elecciones marcadas por un fraude mayúsculo que fueron aceptadas por la Unión Europea sin ninguna crítica. Sólo Estados Unidos pidió su repetición, consciente del grado de corrupción que había alcanzado el régimen a esas alturas, así como de la profundidad del descontento de la población albanesa. A pesar de que la OSCE había reconocido el carácter fraudulento de los comicios, que otorgó al partido de Berisha el 87 % de los escaños del Parlamento, el embajador italiano no dudó en avalarlos oponiéndose a que se repitiera la convocatoria (Glenny, 29; Barjada y Perrone, 11).

 

 

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¿Por qué ese apoyo tan cerrado? Desde que subió al poder, Berisha se había convertido en una pieza clave de la estabilidad en los Balcanes meridionales, poco después de la descomposición de la federación yugoslava. Temiendo que en Kosovo o en Macedonia pudiera estallar una guerra abierta como sucedió con Bosnia-Herzegovina, la administración Clinton se mostró generosa con un régimen de “vocación occidental” que se apresuró a estrechar lazos con la OTAN. En una fecha tan temprana como junio de 1992, tres meses después de la primera victoria electoral del Partido Democrático, Albania fue admitida en el Consejo de Cooperación del Atlántico Norte y se convirtió en el primer estado ex comunista que pidió formalmente su ingreso en la OTAN. Posteriormente, y en el marco de la firma de un acuerdo marco de la Asociación Para la Paz (APP) de la OTAN, el ejército albanés desarrolló intensos lazos de cooperación con la Alianza, colaborando en las labores de vigilancia del embargo de armas a la antigua Yugoslavia. En 1994 cedió asimismo bases propias en apoyo a las operaciones aéreas de la OTAN en Bosnia-Herzegovina, además del uso de su espacio aéreo y marítimo. A principios de 1996, el general Adem Capani —que en plena revuelta del año siguiente, y como hombre de máxima confianza de Berisha, sería nombrado ministro de Defensa— podía vanagloriarse en una publicación oficial de la OTAN de que su país se hallaba situado a la cabeza de la APP: Albania fue el primer país en suscribir un acuerdo de este tipo y el socio que más cantidad de ejercicios militares había realizado en su territorio. Como no podía ser menos, Capani también se ocupaba de mencionar el respaldo albanés al embargo decretado por la ONU a Serbia y Montenegro, resaltando “las graves pérdidas que esta actitud ha ocasionado a nuestra economía”, dado que con anterioridad Albania exportaba oficialmente petróleo a Serbia (25, 26). Otra muestra del grado de acuerdo de Berisha con Occidente fue su renuncia a exigir la independencia para Kosovo —Albania había sido el único estado que en octubre de 1991, con el régimen anterior, la había reconocido— conformándose con reivindicar la restitución de su autonomía (Taibo, 1999, 95). Si a esto añadimos que en 1994 Berisha dejó de apoyar a los sectores nacionalistas más radicalizados de la minoría albanesa en Macedonia (Glenny, 1995, 106), a instancias de Estados Unidos, es posible hacerse una idea bastante exacta del grado de entendimiento del anterior régimen albanés con las potencias occidentales.

 

Por otra parte, los ambiciosos proyectos de privatización del régimen de Berisha no pudieron menos que satisfacer plenamente a las potencias interesadas en la penetración económica en Albania, con Italia a la cabeza,

 

 

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que se aprovechó desde el primer momento de la política neoliberal del gobierno y del bajísimo precio de la mano de obra. A partir de 1992 el FMI empezó a conceder líneas de crédito a Albania, que hasta principios de 1997 ascendieron a 8.800 millones de dólares convirtiéndose en el país con mayor asistencia per cápita de toda la Europa del Este. Entre 1992 y 1995 las cifras oficiales hablaban de un altísimo crecimiento del PIB que fue aplaudido por Occidente, con un techo del 13,4 % en 1995[168]. Pero la realidad que se escondía detrás de este aparente milagro económico era muy otra. La mayor parte del capital que acumulaba Albania procedía tanto del contrabando con Serbia y Montenegro que violaba el embargo de la ONU (Glenny, 29) como, según algunas versiones, de la mafia italiana, que blanqueaba su dinero a intereses considerablemente bajos[169]. Y la actividad productiva no prosperaba: la construcción y el sector servicios consumían los capitales, cuyos beneficios no tardaban en repatriarse.

 

Al abrigo de la liberalización financiera y de la afluencia de capitales, comenzaron a aparecer sociedades que ofrecían altísimas rentabilidades — hasta de un 100 y de un 120 %— en plazos muy cortos: un fenómeno muy extendido en Europa Oriental y en Rusia tras la caída del muro de Berlín. Las llamadas pirámides financieras tuvieron un éxito inmediato, y en ninguna parte se prolongó tanto su duración como en Albania, donde se nutrieron de las remesas de dinero enviadas por la numerosa población emigrante llegando a atraer capitales de Grecia y de Italia. Pero hacia 1996 el sistema piramidal presentó los primeros síntomas de crisis. Empezaron las restricciones de créditos, y tras el acuerdo de Dayton en Bosnia-Herzegovina, la ONU levantó las sanciones comerciales a Serbia y Montenegro, con lo que el negocio del contrabando perdió gas. Al parecer las pirámides deberían haberse derrumbado en este momento, pero el gobierno de Berisha prolongó su agonía empeorando aun más su situación. En la campaña de las fraudulentas elecciones de mayo, el Partido Democrático (PD) se apoyó en ellas a cambio de su promoción. La principal pirámide financiera, VEFA, mostró su claro apoyo al PD y Berisha sembró el país de sucursales de la misma. Cuando a finales de año y comienzos del siguiente se produjo la crisis en cadena, se calcula que entre el 65 y el 80 % de la población resultó afectada por unas pérdidas totales de cerca de 2.000 millones de dólares (Raffone, 15).

 

Tras la crisis y las peculiares elecciones de junio y julio, la economía albanesa quedó estancada. El turismo incipiente desapareció con ocasión de las revueltas y la entrada de capital extranjero se recortó en la mitad. Las exportaciones disminuyeron en un 35 %. Las empresas italianas, muchas de

 

 

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ellas de calzado, siguieron aprovechándose del bajísimo precio de la mano de obra, utilizando incluso a menores[170]. Respecto a la OTAN, no perdió el tiempo. El 1 de agosto de 1997 el nuevo ministro de Defensa solicitó ayuda a la Alianza para reconstruir las fuerzas armadas albanesas. Siguiendo las normas de la APP, se elaboró un Programa de Asociación Individual que fue aprobado en septiembre de ese año por el Consejo del Atlántico Norte, con asistencia del primer ministro Fatos Nano. El programa incluía asesorías y capacitaciones de personal, a la par que procuraba canalizar la ayuda militar bilateral de socios de la Alianza con Albania (Katsirdakis, 24, 25).

 

 

 LA IMAGEN DEL OTRO EN LAS INTERVENCIONES MILITARES HUMANITARIAS

 

Poco antes de la operación “Alba”, un periodista español describía así la situación con la que iban a encontrarse sus compatriotas de la fuerza multinacional:

 

   una población desesperada, asustada y embrutecida, que un día puede recibirlos como salvadores y al siguiente dispararles para robarles la ayuda alimentaria y médica, el dinero y las armas.

 

Tras calificar a Albania de “país plagado de miseria, superstición, luchas de clanes y crueldades gratuitas”, el autor señalaba que el estado albanés tenía…

 

   además de estas calamidades, centenares de miles de fusiles Kalashnikov y otras armas en manos inconvenientes, la estructura familiar destrozada, generaciones enteras sin más principio que el afán de la supervivencia, ciudades y la misérrima industria en ruinas, rabia infinita, rencor contra toda autoridad y el crimen como lo único organizado[171].

 

En lo que constituye un elocuente detalle, la descripción del periodista se apoyaba en las memorias de una viajera británica, Edith Durham, que visitó Albania a principios de siglo. No resulta extraño, dado que las imágenes que evoca el artículo parecen directamente emparentadas con las del lenguaje eurocéntrico de los antiguos tiempos coloniales, con el “orientalismo” europeo estudiado por Edward Said, como veíamos en el capítulo anterior. Para nuestro periodista de los umbrales del siglo XXI, el albanés —el Otro— volvía a ser el que había sido para los colonizadores occidentales: un ser imprevisible e incomprensible en su irracionalidad, violento y cruel, reducido a la pura animalidad. Sucedía así algo semejante a lo que David Rieff había diagnosticado en el comportamiento “occidental” hacia la totalidad de los

 

 

 

 

 

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pueblos balcánicos tras el estallido de los conflictos de principios de los noventa:

 

A medida que el combate avanzaba, empezaron (los europeos occidentales y los norteamericanos), como lo habían hecho intermitentemente desde la época de Bismarck, a sentirse una vez más cómodos hablando y pensando respecto a los Balcanes como si la región no se encontrara en Europa, como si no fuera civilizada. La verdadera Europa, la Europa que seguía siendo un lugar civilizado era, naturalmente, la que se encontraba en el territorio de la Unión Europea […]. Evaluado toscamente, este enfoque se podría explicar como un silogismo: “Los europeos no pueden hacerse este tipo de cosas entre sí; por tanto, los habitantes de la antigua Yugoslavia no pueden ser europeos” (51, 52).

 

Al igual que el pueblo serbio o bosniaco, expulsada de la historia y de la razón, Albania retrocedía un siglo para dejar de ser europea. Un escritora y periodista italiana, Maria Antonietta Macciocchi, no pudo menos que sorprenderse e indignarse de la reacción de la mayoría de los intelectuales y fuerzas políticas de su país ante la crisis albanesa de 1997. Según su testimonio, para una buena parte de sus compatriotas el albanés pasaba a ser sinónimo de mafioso, ladrón y criminal:

 

A través de las imágenes de televisión se puede ver a los prófugos cacheados por la justicia, en busca de armas. Se insinúa que roban a los niños, que son “más mafiosos que refugiados[172].

 

Esta xenofobia contra los albaneses actuó de resorte legitimador de la operación “Alba”: para que no “invadieran” Italia, había que interceptarlos en su propio país. Era el lado oscuro y políticamente incorrecto del discurso del “humanitarismo armado”[173]. La otra cara, la políticamente correcta, era más benévola y paternalista: los albaneses eran presentados como víctimas pasivas a las que había que asistir, pero no acogiéndolos, sino dándoles de comer. Víctimas, por otra parte, también animalizadas, como la imagen del brutal criminal asimilado a la Mafia. El discurso del intervencionismo humanitario deformaba y falseaba así una realidad compleja y multiforme: se obviaba, por ejemplo, que los “rebeldes” del sur de Albania se habían organizado en comités de salvación nacional, y enviado representantes a negociar con las otras fuerzas políticas y con los mediadores extranjeros. Más allá de la crueldad y brutalidad que se les atribuía en tanto “seres irracionales”, se habían dotado de un discurso propio y sus reivindicaciones se resumían en una sola, muy explícita y bastante lógica: que Berisha abandonara la presidencia. Y se obviaba, además, la propia responsabilidad italiana, europea y estadounidense en el deterioro de la situación económica, social y política que explicaba la crisis vivida durante la primavera.

 

 

 

 

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La imagen dúplice del Otro como criminal-víctima, aislado de toda racionalidad, atraviesa el discurso del llamado “humanitarismo armado” en todas sus realizaciones históricas de la posguerra fría, reflejando un acendrado etnocentrismo. Puede reconocerse tanto en la intervención en Albania como en la de Somalia, donde el discurso que alimentó la operación Restore Hope simplificó al máximo de manera interesada la complejidad de la situación existente. En Somalia todo se redujo a luchas “clánicas” de “señores de la guerra”, términos que evocaban un paisaje medieval, premoderno, irracional y caótico en el que todos eran igualmente culpables y en el que el Occidente moderno, racional y ordenado no había tenido ninguna responsabilidad. Un discurso grosero y simplista que cerraba el paso a toda comprensión de lo que era un problema político, económico y social complejo, ocultando datos tan interesantes para el análisis como el pasado colonial y poscolonial de la zona, el abastecimiento de armas a la región o la responsabilidad occidental en su empobrecimiento, claramente demostrada en los planes de ajuste económico que sufrió Somalia a manos del FMI durante la década de los ochenta[174]. El mismo perfil discursivo aparece en los casos citados de Haití, Ruanda y Zaire; en todos ellos se encuentra el mismo discurso del Otro representado interesadamente como víctima o como villano. Al respecto Brauman apuntaba con mucho acierto lo siguiente:

 

Cuando un genocidio se convierte en una “crisis humanitaria”, ya no es más que un suceso trágico entre otros, en los que se obvian las condiciones de su aparición, las complicidades, las responsabilidades en beneficio de una exigencia que se convierte en hegemónica: la de la ayuda urgente. El genocidio ya no es, en el mejor de los casos, más que el telón de fondo de un escenario en el que se desarrolla la representación edificante de nuestros buenos sentimientos[175].

 

Y es que no es posible dejar de advertir que la proyección interesada de esa imagen del Otro remite, como si de un negativo se tratara, a la proyección también interesada de una imagen del Uno mismo, del Sí propio. Por medio de este juego de espejos, el que interviene en el Caos se convierte en hacedor de Orden, en héroe civilizador, en Razón y Bondad incuestionables. Tal y como señalábamos en el capítulo anterior, si es cierto que la imagen occidental del Otro oculta la verdadera otredad —la compleja realidad sociopolítica y humana de Albania, de Somalia o de Haití— su contraimagen, la imagen que de Sí mismo proyecta Occidente, quizá también sea encubridora de una realidad bien distinta e informe verazmente sólo del prejuicio propio, del temor a lo ajeno, del íntimo mecanismo de una racionalidad instrumental, excluyente y autista ante todo lo que no sea su propia cultura.

 

 

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No obstante, al margen del etnocentrismo presente en el discurso del “humanitarismo armado”, conviene subrayar la otra profunda disociación manifestada entre los principios morales que lo justifican teóricamente y los intereses concretos que defiende en los hechos: dicotomía entre lo que se pretende proyectar y lo que realmente se hace. Frente a la retórica de la defensa de los derechos humanos, se ha podido identificar en los casos comentados los resortes más o menos ocultos de las intervenciones militares humanitarias. Problemas de refugiados en Haití y Albania; proyección por parte de los gobiernos de una determinada imagen pública en época electoral, como en Somalia y también en Haití; apoyo encubierto a alguna de las partes en conflicto, como el ejemplo francés con los campos de refugiados ruandeses en Zaire; razones de “prestigio internacional” o de legitimación del propio ejército… son algunos de los prosaicos intereses que han animado esta particular forma de intervencionismo armado. Durante estos años de posguerra fría, los gobiernos occidentales han reaccionado ante las “crisis humanitarias” movidos no tanto por criterios de moralidad hacia los que las sufrían, sino por temor a los efectos que pudieran tener sus desgracias sobre sus propios intereses. Como afirmaba cínicamente un diplomático francés en una imagen admirablemente gráfica,

 

 uno de los problemas esenciales de seguridad planteado hoy a las naciones europeas ya no es repeler un ataque frontal y masivo sino estar en condiciones de impedir que los incendios forestales nacidos en la periferia del “pueblo europeo” ganen, poco a poco, terreno. Ello supone llevar a cabo acciones de naturaleza preventiva, pero también poder, si fuera necesario, intervenir sobre el terreno rápidamente (Gadaud, 23).

 

Que los bosques se quemaran poco podía importarle al “pueblo europeo”, siempre y cuando los incendios no afectaran a sus cultivos.

 

 

   EXTENSIÓN DEL INTERVENCIONISMO MILITAR. LA UEO Y LOS

 

EUROEJÉRCITOS

 

Apoyándose en la presunta benevolencia de intervenciones humanitarias como las comentadas, durante los primeros años de la posguerra fría el discurso del intervencionismo militar se fue imponiendo gradualmente. La legitimación para actuar militarmente fuera de las fronteras propias se generalizó tanto en las doctrinas defensivas de los distintos países occidentales como en las de la OTAN, la UEO o los novedosos cuerpos multinacionales europeos. Respecto a la Alianza Atlántica, ya habíamos visto en el capítulo IV los esfuerzos realizados durante la Cumbre de Roma de

 

 

 

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noviembre de 1991 para trascender las limitaciones territoriales del artículo VI del Tratado de Washington, bien a través de una forzada interpretación del artículo IV, bien del apoyo en misiones concretas a organizaciones internacionales como la ONU o la CSCE. Fue este último recurso, como veremos en el capítulo siguiente, el que terminó facilitando a la OTAN una intervención cada vez más activa y preponderante en un territorio situado fuera de su ámbito teórico de actuación: la antigua Yugoslavia.

 

Tal y como había sido anunciado en octubre de 1991 por Köhl y Mitterrand, en mayo de 1992 la Brigada Franco-Alemana se convirtió oficialmente en el Cuerpo de Ejército Europeo (CEE), el popularmente llamado Eurocuerpo, que con unos 35.000 soldados estaba teóricamente disponible para la UEO. El proyecto no había podido menos que molestar en un primer momento tanto a la administración Bush como a los mandos militares de la Alianza, según veíamos en el capítulo IV. Entre sus misiones figuraban, al lado de las tradicionalmente defensivas del territorio europeo en el marco de los Tratados de Washington y Bruselas, misiones de restablecimiento o imposición de la paz e intervenciones militares humanitarias fuera de ese mismo territorio. En diciembre de ese mismo año se firmó un acuerdo trascendental entre los jefes de estado mayor del Eurocuerpo y los de la OTAN, ratificado a principios de 1993, por el cual la Alianza se imponía claramente sobre el ejército europeo, y que al parecer fue forzado por Alemania y aceptado resignadamente por Francia. Según dicho acuerdo, en caso de crisis y de operaciones de mantenimiento de la paz dirigidas por la OTAN, el Eurocuerpo se pondría a las órdenes del SACEUR, el mando europeo de las tropas de la Alianza. Además, en tiempo de paz, el SACEUR ejercería ciertos derechos sobre el Eurocuerpo en cuestiones de compatibilidad con el planeamiento y doctrina de la OTAN. De esta forma quedaron definitivamente superadas las reticencias norteamericanas del año anterior. Más allá de su carácter simbólico como embrión de una hipotética defensa autónoma paneuropea, tal y como pretendía el gobierno francés, el Eurocuerpo pasaba a ocupar un lugar complementario y subordinado en la topografía de seguridad definida por la primacía de la OTAN. Por otra parte, según algunos autores el Eurocuerpo habría disfrutado de una publicidad exagerada y de una capacidad simbólica inversamente proporcional a su real importancia militar, de ahí que en círculos de la OTAN se le calificara más bien de “ejército de parada y desfile” (Kay, 128). Bélgica, Luxemburgo y España

 

 

 

 

 

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se incorporaron posteriormente al Eurocuerpo, que llegó a ser plenamente operativo a finales de 1995.

 

Si bien el Eurocuerpo se adelantaba a la OTAN en la superación de sus restricciones territoriales a la acción militar, nacía determinado por su dependencia con respecto a la Alianza. Lo mismo podría decirse de otro cuerpo exclusivamente europeo creado a mediados de 1995 por Francia, España, Italia y Portugal, más como un símbolo europeísta que como un instrumento militar efectivo: el llamado Euroejército del Sur, compuesto de la Eurofuerza Operativa Terrestre (EUROFOR) y de la Fuerza Marítima Europea (EUROMARFOR). Como su antecesor, este nuevo euroejército podía ser adscrito tanto a la OTAN y a la UEO, pero tenía una vocación de proyección exterior mucho más acusada. Diseñado como una fuerza de intervención rápida, su función teórica consistía en dar veloces respuestas a posibles focos de inestabilidad que estallaran en la ribera sur mediterránea, actuando en misiones de gestión de crisis, operaciones de mantenimiento de la paz e intervenciones militares humanitarias. No obstante, a pesar de la ambición de estos objetivos, conviene recordar que la infraestructura fundamental para toda proyección de fuerza importante —satélites de comunicaciones y capacidad de transporte de tropas— permanecía en manos norteamericanas: de ahí la dependencia fundamental que presentaban los euroejércitos con respecto a los recursos de la Alianza.

 

En 1992 la UEO aceptó a Grecia y estableció sólidos vínculos de colaboración con países de la Alianza como Turquía, Noruega y Dinamarca. Al mismo tiempo ganaba cierto grado de operatividad con la creación de la Célula de Planificación Militar, establecida por el Tratado de Maastricht, en dependencia directa del Consejo Permanente de la OTAN. Y en junio de ese año tuvo lugar la histórica reunión de Petersberg, en la que al lado de las clásicas tareas defensivas a ejecutar dentro del marco del artículo IV del Tratado de Bruselas, se incluyeron “misiones humanitarias y de rescate; misiones de fuerzas de combate en resolución de crisis, incluyendo mantenimiento de la paz”, todas ellas fuera de la zona delimitada por los territorios de los países miembros. Pero la UEO de Petersberg nacía lastrada por una grave limitación: los países miembros aprobaron una propuesta británica por la que la organización europea se comprometía a no dotarse de una estructura de mando militar independiente, para no solaparse con la OTAN. Y sin cuarteles estables y sin infraestructura propia, se convertía en un ente formalmente militar pero inoperativo: un tigre de papel. A pesar de su

 

 

 

 

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discurso intervencionista, la UEO ocupaba también un lugar subordinado en la estructura de seguridad presidida por la Alianza.

 

 

   EXTENSIÓN DEL INTERVENCIONISMO MILITAR. CASOS ALEMÁN, FRANCÉS Y ESPAÑOL

 

En cuanto a las nuevas políticas de defensa de los países occidentales, los Libros Blancos de Defensa de Francia y Alemania, presentados en 1994, constituyen una clara muestra de interiorización, por parte de estos países, del discurso del intervencionismo militar. En el caso alemán la apuesta por las operaciones militares en el exterior exigía previamente remover un obstáculo jurídico importante: la prohibición impuesta por los aliados vencedores en la

 Guerra Mundial, plasmada en la constitución alemana, de envíos de tropas al extranjero. En julio de 1994, una sentencia del Tribunal Constitucional salvó el impedimento al dictaminar que el ejército alemán podía ser enviado a realizar misiones en el exterior, aunque no fueran exclusivamente de intervención humanitaria. La sentencia de Karlsruhe cerraba una polémica que no había impedido, de hecho, la participación de fuerzas alemanas fuera de su territorio al menos en seis ocasiones (Peters, 48)[176]. Comentario aparte merece la primera elaboración del nuevo concepto del ejército (Bundeswehr) de la nueva Alemania Unida, en un documento elaborado por el ex ministro de Defensa Stoltenberg y por el general Klaus Naumann[177], que fue filtrado a la prensa en 1992. En dicho texto se afirmaba que los “conflictos de cualquier tipo” eran pertinentes para la seguridad de Alemania, y que se situaban principalmente en “el arco de crisis que se extiende desde Marruecos hasta la India”. Entre los intereses de la seguridad alemana se mencionaba el mantenimiento del “libre comercio mundial y el acceso a recursos estratégicos”, en evidente referencia al conflicto del Golfo Pérsico. Estas directrices constituyeron el núcleo discursivo del Libro Blanco presentado en abril de 1994 (Peters, 55).

 

El proceso de reforma de la política de defensa francesa no fue tan llamativo como en el caso alemán, debido a la acendrada tradición intervencionista en las antiguas colonias africanas y asiáticas durante la guerra fría. El Libro Blanco de Defensa francés, presentado en febrero de 1994 defendía un discurso europeísta, apostando por un “polo de estabilidad e integración” europeos, pero reconociendo la importancia de la Alianza en la articulación de una Europa de la defensa. Para la realización de ese proyecto, se reclamaba un fortalecimiento de la UEO “a través del recurso a los medios

 

 

 

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existentes de la OTAN”, con lo que la administración francesa parecía resignarse a evitar la duplicación de efectivos que habría supuesto crear fuerzas ex novo para la organización europea. En el Libro Blanco ya se reflejaba un progresivo acercamiento francés a la Alianza, manifestado en la voluntad de participar en las reuniones del Consejo Atlántico y del Comité Militar, tal y como quedaría demostrado con la asistencia del ministro de Defensa al encuentro de Sevilla celebrado en septiembre. Se mantenía, no obstante, la decisión de no volver a incorporarse a la Estructura Militar Integrada, en la línea de la tradición gaullista. Particular importancia merecía la plasmación del discurso intervencionista en este texto de las líneas maestras de la defensa, ya que se citaban varios tipos nuevos de escenarios de intervención del ejército francés, aparte de la defensa del propio territorio. Además del tradicional “mantenimiento de los compromisos bilaterales con las antiguas colonias”, las fuerzas armadas quedaban capacitadas para intervenir en operaciones de paz y en conflictos regionales que pudieran afectar o no a los intereses de Francia[178].

 

Por su parte, el Estado español también se dotaba de un discurso intervencionista reflejado en el Nuevo Concepto Estratégico, aprobado el 25 de enero de 1994. Este documento revestía una especial importancia ya que preparaba el desarrollo del nuevo Plan Estratégico Conjunto que sustituiría al de 1990 y que ya había empezado a quedarse desfasado. El nuevo Concepto se definía como prioritariamente defensivo “en caso de amenaza al territorio español o al de la Unión Europea Occidental”, y por supuesto, al de cualquier territorio de la OTAN, pero incluía por primera vez otros objetivos fuera del ámbito señalado. Así, se incorporaban como nuevas misiones del ejército español las “actividades de mantenimiento o de imposición de paz” y el apoyo a “las iniciativas de cooperación internacional que cuenten con el respaldo de la ONU”, sancionando formalmente prácticas anteriores como la participación española en la Fuerza de Protección de la ONU —UNPROFOR— en Bosnia-Herzegovina[179]. Las fuerzas armadas españolas quedaban legitimadas para intervenir allí donde fuere preciso garantizar la salvaguarda de los intereses nacionales y la seguridad colectiva, “tanto en el marco de la ONU como en otros organismos internacionales”, para lo cual se procedía a organizar una fuerza de acción rápida compuesta por tres brigadas[180]. En el mismo documento se aludía a la multiplicación de “posibilidades de aparición de nuevas crisis que requerirán una respuesta rápida para evitar su extensión”. Los focos de inestabilidad se situaban desde el este europeo hasta el Magreb y el Mediterráneo; este último ámbito era calificado por el ministro de Defensa

 

 

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como “un escenario inquietante para la paz y la seguridad en Europa por su virtual conflictividad”. El Estado español, como miembro de la OTAN y dada su situación estratégica al sur de Europa, veía de ese modo revalorizada su importancia en ese espacio geográfico concreto[181].

 

La reformulación de las políticas defensivas de los países europeos tuvo su efecto inmediato en la reorganización de sus respectivos ejércitos. Para ejecutar las nuevas misiones más allá del ámbito territorial de los países de la OTAN y de la UEO, ya fuera en la Europa Central y Oriental o en “el arco de crisis” que prolongaba el corredor estratégico del Mediterráneo hacia la región del Golfo Pérsico, se necesitaban fuerzas armadas más ágiles, de fácil proyección, dotadas de una tecnología convencional más sofisticada y menores, aunque más cualificadas, dotaciones de personal. Es en este proceso general de reconversión donde hay que entender reformas de tanto alcance como la profesionalización completa del ejército francés, belga, portugués o español. Durante la posguerra fría, los ejércitos masivos, fundamentados en sistemas de conscripción y concebidos para hacer frente a la tradicional amenaza de la invasión de tropas soviéticas, perdían sentido frente a otros de menor tamaño pero mayor grado de profesionalización y de proyección exterior, que pudieran articularse en operaciones multinacionales. El modelo central pasaba a ser la Fuerza de Despliegue Rápido (RDF), creada por los Estados Unidos a finales de los setenta, o la más modesta Fuerza de Acción Rápida Francesa de la misma época, destinadas las dos a operar en otros escenarios continentales.

 

 

   EL INTERVENCIONISMO RUSO

 

Para terminar con este breve repaso a la extensión del discurso intervencionista, preciso es mencionar el renovado auge de un injerencismo militar, el de la Federación Rusa, cuya aparente novedad no ha hecho más que enmascarar un fenómeno secular: el tradicional dominio ejercido sobre los pueblos que antaño compusieron la URSS y años atrás formaban parte del imperio zarista. A partir de la creación de la Comunidad de Estados Independientes, Rusia se apropió un papel de potencia central frente a los países de su periferia, reflejada en el arrogado derecho a la intervención militar en territorios como Tayikistán, Georgia o Chechenia. La adopción del discurso legitimador del intervencionismo armado, generalizado en las políticas de defensa europeas, tuvo su correlato en la más reciente formulación de la doctrina militar rusa. Como señalaba Carlos Taibo:

 

 

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El fortalecimiento del nacionalismo ruso se ha traducido en tendencias hacia una mayor implicación de Rusia en los conflictos que tienen por escenario la periferia de la vieja URSS. En Rusia muchas fuerzas políticas estiman que ésta debe asumir un papel de “gendarme regional”, del que son buen reflejo, a título de ejemplo, las propuestas de creación de unos “cascos azules” rusos. La doctrina militar vigente desde 1993 enuncia, por otra parte, un auténtico derecho de injerencia en los asuntos internos de los países miembros de la CEI. Determinados comportamientos militares del ejército ruso en Moldavia, en Abjazia y en Tayikistán apuntan en el sentido descrito (Taibo, 1995, 86).

 

Quizá el caso más clamoroso de este intervencionismo militar ruso en su periferia haya sido el de Chechenia, con las dos sangrientas guerras que han arrasado esta pequeña república del Cáucaso norte, la primera en 1994-1996 y la segunda en 1999, inacabada en el momento de redactar estas páginas. Al respecto no es posible dejar de comentar el doble rasero que han demostrado tener los países occidentales a la hora de juzgar este conflicto, mientras reclamaban una intervención militar por “razones humanitarias” en Zaire o en Kosovo. Las razones son numerosas, pero la principal no es otra que los intereses económicos de Occidente en el traumático proceso de transición ruso a la economía capitalista; en el orden de prioridades establecido, los negocios se anteponían claramente a los principios éticos. A modo de ejemplo, en 1993 William Pfaff justificaba cínicamente el desentendimiento occidental respecto a los conflictos que sacudían a la antigua URSS:

 

   se puede considerar razonablemente, aunque resulte cruel, que estas luchas tienen una escasa repercusión en Occidente, salvo en la medida en que puedan desestabilizar la recuperación de Rusia (1993, 17).

 

Esto es, que lo que pudiera ocurrirles a los pueblos agredidos por el nacionalismo ruso no era relevante siempre y cuando no afectara al proceso de transición económica de la Federación presidida por Yeltsin, y por tanto a las inversiones occidentales en la región. En el mismo artículo, Pfaff oponía este desentendimiento de lo ocurrido en el Cáucaso norte a la necesidad de la OTAN de intervenir militarmente en Bosnia-Herzegovina con un fin claramente expresado: evitar una guerra balcánica que pudiera perjudicar los intereses de los socios europeos actuales y futuros de la Alianza. De esta forma, es en el nudo gordiano de los intereses de Occidente donde se anudan las razones tanto para intervenir militarmente como para no hacerlo. Por último, resulta obligado observar que el discurso empleado por los distintos gobiernos de la Federación Rusa para justificar su agresión contra el pueblo checheno se ha asemejado sospechosamente al occidental. En lo que constituye un palmario ejemplo de fácil reduccionismo y etnocentrismo exacerbado “a la rusa”, el “enemigo checheno” se ha visto adornado de todas

 

 

 

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aquellas cualidades con las que el discurso de los países de la OTAN ha construido su imaginario de “nueva amenaza”. Definido a la vez como “fundamentalista”, “criminal” y “mafioso”, el pueblo de Chechenia ha sido demonizado sin reparar en distinción o discriminación alguna. Población civil no combatiente o minoría rusa, todos los chechenos han sido condenados por el discurso legitimador de una guerra que ha respondido a intereses mucho más concretos[182].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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VII. O FUERA DE ZONA, O FUERA DE JUEGO

 

 

 RUMBO AL ESTE: EL CONSEJO DE COOPERACIÓN DEL ATLÁNTICO NORTE (CCAN)

 

Fue en la histórica Cumbre atlántica de Roma, celebrada en noviembre de 1991, cuando la Alianza dio el primer paso hacia el Este, aunque modesto, con la creación del Consejo de Cooperación del Atlántico Norte (CCAN) a propuesta norteamericana. Se trataba de una iniciativa novedosa, una especie de foro de consultas sobre temas de política y seguridad con todos aquellos países del antiguo bloque soviético interesados en establecer vínculos con la Alianza. El proyecto del CCAN respondía sencillamente a la voluntad atlántica, expresada en anteriores Cumbres, de desarrollar una función política propia que justificara la supervivencia de la OTAN tras el final de la guerra fría. Dicha función, sin embargo, no podía menos que ejercerse en detrimento de la CSCE, el foro tradicional y “natural” de diálogo y consultas paneuropeo. Es en este contexto donde cabe entender la inicial hostilidad de Francia al proyecto del CCAN[183], toda vez que el gobierno francés había sido el gran impulsor de la Conferencia de la CSCE celebrada en noviembre de 1990 en París, y estaba decidido a promocionarla como principal ámbito de discusión política nucleado en torno a los estados europeos.

 

Visto con la perspectiva de lo que ocurriría después, con la creación de la Asociación Para la Paz y del propio proceso de ampliación atlántica, la iniciativa del CCAN pudo parecer modesta, llegando incluso posteriormente a ser tachada de poco operativa, dada su debilidad institucional, su limitado presupuesto y, sobre todo, el hecho de que no ofreciese una “garantía de seguridad” a sus estados miembros (Kay, 66). No obstante, revistió una particular importancia no solamente como instrumento de la nueva función política de la Alianza, sino como símbolo, en lo político y en lo militar, del rumbo “occidental” que habían tomado los países europeos del antiguo bloque soviético. Por lo demás, y esto quizá sea aun más importante, el CCAN institucionalizaba una relación vital para la propia supervivencia de la OTAN. En un momento en que se alzaban numerosas voces cuestionando su razón de ser en la posguerra fría, debió de resultar estimulante para sus defensores ver cómo sus antiguos enemigos aceptaban gustosos entrar en sus estructuras, por muy periféricas que fueran. En esta fase tan delicada para la Alianza, tres

 

 

 

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países en concreto desempeñaron un valioso papel como defensores de la permanencia de la Alianza, Polonia, Checoslovaquia República Checa y Hungría —el “Triángulo de Visegrado”— que años después serían los primeros en ser admitidos como nuevos miembros de la OTAN[184].

Como ya se ha dicho, el CCAN institucionalizó por primera vez en forma de foro conjunto lo que habían sido contactos individuales, principalmente con los países mencionados del Triángulo de Visegrado. Este grupo se constituyó en febrero de 1991 con el compromiso común de promover la integración de los tres países en el orden legislativo, político, económico y de seguridad europeo, aunque sin citar expresamente a la OTAN, cuando todavía existía el Pacto de Varsovia[185]. En lo que constituyó un detalle de gran capacidad simbólica, el 1 de julio de ese mismo año, durante la ceremonia de disolución formal del pacto, el primer ministro Antall llegó a afirmar lo siguiente:

 

Una OTAN rejuvenecida representa una garantía para la seguridad europea […]. La presencia de Estados Unidos en Europa, la integración europea y la OTAN son compatibles[186].

 

Como no podía ser menos, declaraciones semejantes serían citadas hasta la saciedad como ejemplo de que la OTAN recibía incluso su sentido no ya de sus propios miembros, sino de los mismos países que antaño se le habían enfrentado[187].

 

Los socios del CCAN, cuyo número empezó a crecer rápidamente, podían mantener relaciones regulares con el Consejo del Atlántico Norte a través de sus embajadores, así como encuentros anuales de ministros de Defensa[188] y reuniones con los comités subordinados, incluido el Comité Militar. La primera reunión del CCAN tuvo lugar el 20 de diciembre de 1991 en Bruselas, tres días después de la creación de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), y a ella asistieron, además de todos los ministros de Exteriores aliados, los representantes de Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Lituania, Estonia, Letonia, Bulgaria y Rumanía[189]. En este primer encuentro se apuntaron ya los diversos temas que centrarían las conversaciones sobre la seguridad europea: control de armamento, planificación de la defensa, relación entre el poder militar y el político en las nuevas democracias y conversión de la industria de defensa para fines civiles, entre otros. A la reunión extraordinaria del CCAN celebrada en Bruselas, en marzo del año siguiente, ya se incorporó la mayor parte de los países de la CEI con sus propios representantes[190]. Tanto Albania como Georgia pasaron a formar parte del CCAN en el encuentro

 

 

 

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de junio en Oslo, celebrado un día después de la reunión del Consejo Atlántico en la misma capital.

 

 

   1992: TÍMIDOS INTENTOS POR SALIR “FUERA DE ZONA”

 

La reunión del Consejo Atlántico de junio de 1992 en Oslo revistió una especial importancia a la luz tanto del Nuevo Concepto Estratégico aprobado en la Cumbre de Roma, con el acento puesto en los “riesgos multidireccionales y complejos” que pudieran afectar a la seguridad de los aliados[191], como de la guerra que asolaba la república de Bosnia-Herzegovina desde la primavera. En Oslo, de manera formal, la Alianza se ofreció a prestar sus recursos militares, previo estudio individual de cada caso, en operaciones de mantenimiento de la paz —OMP— que pudieran emprenderse bajo responsabilidad de la CSCE. Se entendía que tales misiones se realizarían en territorios que rebasaban el ámbito fijado por el artículo VI del Tratado de Washington, y que no podían ser otros que los de la antigua Yugoslavia. La decisión reflejaba la voluntad norteamericana de ofrecer sus recursos a una fuerza de la CSCE que pudiera intervenir en el conflicto balcánico. Tal giro en la política de la administración Bush hacia la región derivaba, al parecer, del creciente temor de que un fracaso en los Balcanes pudiera minar la credibilidad de la OTAN (Kay, 74). Un temor bien fundado a juzgar por el efecto que, en las opiniones públicas de los países de la OTAN, estaban ejerciendo sucesos como la “matanza de la cola del pan” en Sarajevo, apenas un mes antes de la reunión de Oslo.

 

Al respecto es preciso señalar que ya antes de que estallara la guerra en Bosnia-Herzegovina en toda su crudeza a lo largo del mes de marzo, desde finales del año anterior el gobierno bosnio presidido por Izetbegovic venía solicitando en vano el despliegue de una fuerza internacional de paz en su territorio. A pesar de que desde principios de año la ONU había desplegado contingentes de “cascos azules” en los territorios croatas ocupados por las fuerzas serbias durante la guerra de 1991, y que el propio cuartel general de la Fuerza de Protección de Naciones Unidas —UNPROFOR— se encontraba radicado en Sarajevo, el Consejo de Seguridad había descartado extender el ámbito de la misión de paz a Bosnia-Herzegovina[192]. La impasibilidad de la “comunidad internacional” ante el conflicto bosnio estaba empezando a pesar seriamente sobre la credibilidad de sus instituciones.

 

 

 

 

 

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La propuesta aprobada en Oslo había sido sugerida previamente por el secretario general de la OTAN Manfred Wörner cuando, en enero de ese año y a “título personal” planteó la cesión de los medios logísticos y de las fuerzas de la OTAN a misiones de paz bajo la égida de la CSCE o de la ONU (Barbé, 1995a). A finales de ese mismo mes, durante un encuentro de la CSCE celebrado en Praga, la ministra canadiense Barbara McDougall realizó la misma sugerencia acompañada de una fuerte crítica a la propia CSCE por su falta de reacción ante el conflicto balcánico[193]. No obstante, existía un alto grado de desacuerdo tanto dentro de la CSCE como de la propia Alianza acerca de la propuesta de Oslo. Francia, de manera especial, consideraba que una creciente vinculación de la OTAN con la CSCE podría derivar en un mayor peso de la política norteamericana en los asuntos europeos. Y lo que todo el mundo descartaba era una implicación seria de tropas, ya fueran “cascos azules” o soldados de la OTAN, en el marco de una “misión de mantenimiento de la paz” cuando no había ninguna paz que mantener en Bosnia-Herzegovina. De ahí que la propuesta de Oslo revistiera un carácter esencialmente simbólico, a modo de mensaje de velada amenaza a los contendientes del conflicto para que cesaran en los combates (Kay, 75).

 

La propuesta de Oslo, apoyada por una declaración del CCAN[194], quedó recogida en el Documento de Helsinki Los Desafíos del Cambio, al término de la Cumbre de la CSCE de julio de 1992. En el texto aprobado se establecía que la CSCE debía ser considerada como una organización regional, según lo estipulado en el capítulo VIII de la Carta de las Naciones Unidas, con autoridad suficiente para llevar a cabo misiones de paz propias. Se acordaba además que teóricamente podía solicitar ayuda, para realizar ese tipo de misiones, tanto a la OTAN, como a la UE, a la UEO o incluso a la CEI. Según algunas versiones, la fórmula elegida reflejó la derrota de la postura estadounidense, que había intentado vincular más sólidamente a la OTAN con la CSCE, convirtiendo a aquélla en su “brazo armado” (Ghebali, 1992, 6). En este punto los Estados Unidos parecían haber vuelto a chocar con Francia, que recelaba tanto de la invasión que había venido haciendo la OTAN de las funciones políticas de la CSCE —con la creación del CCAN— como de sus tentativas por conseguir mandatos “fuera de zona”.

 

La Alianza, sin embargo, encontró finalmente por aquellas fechas un medio de justificar su existencia a través de un modesto mandato “fuera de zona”. Se trataba de reforzar con ejercicios navales en el Adriático el embargo de armas impuesto por la ONU a todo el territorio de la antigua república de

 

 

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Yugoslavia, en colaboración con la UEO. La decisión fue tomada en una reunión paralela a la de Helsinki e ilustraba el gusto por los gestos simbólicos que compartían los mandatarios de las dos organizaciones militares. Sólo en junio de ese año los representantes del Consejo de Seguridad de la ONU habían consentido a regañadientes en extender el mandato de UNPROFOR a Bosnia-Herzegovina, forzados por la presión de sus respectivas opiniones públicas. Sin embargo, y aquí radicaría la farsa de la actuación de los “cascos azules” en Bosnia-Herzegovina, las Fuerzas de Protección de las Naciones Unidas, desmintiendo su propio nombre, no hicieron nada para proteger al pueblo bosnio. Su mandato no consistía ni en imponer una paz ni en mantenerla, sino en escoltar convoyes de ayuda humanitaria a las poblaciones sitiadas. Y como tenían que negociar la entrada de dichos convoyes —o la apertura de aeropuertos, o los desplazamientos de población— con el bando agresor serbobosnio, el más poderoso, las fuerzas de Naciones Unidas no tardaron en convertirse en involuntarios cómplices del mismo, cuando no en sus rehenes[195].

 

En cuanto a la actitud de Estados Unidos, no podía ser más indiferente después de haber sido uno de los últimos países en reconocer a las nuevas repúblicas[196]; ni siquiera destacó tropas al contingente multinacional de UNPROFOR, y estuvo ausente de las iniciativas pacificadoras promovidas por los mediadores de la ONU y de la UE[197], dos hechos que contradicen la tesis del “designio intervencionista” en la antigua Yugoslavia que algunos sectores le han atribuido[198]. La Alianza Atlántica reaccionaba, como lo haría durante los años siguientes, únicamente por temor a perder credibilidad política en un momento trascendental para su propia supervivencia. Por lo demás, sabido era que el embargo de armas a la región balcánica, en el que los Estados Unidos prestaban sus recursos navales a través de la OTAN, no perjudicaba más que al gobierno legítimo de Sarajevo, dada la abrumadora superioridad de las fuerzas serbobosnias pertrechadas por el Ejército Popular Yugoslavo (JNA) [199]. La razón de ser del embargo de armamento, para el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, no era otra que evitar la internacionalización del conflicto a costa del bando más desfavorecido. En cuanto a la UEO, los sectores que defendían su estrecha vinculación y su eventual disolución en la Unión Europea, vieron en la vigilancia del embargo una oportunidad para ilustrar su vocación y discurso europeístas, tal y como había sucedido con las misiones semejantes ejecutadas por la organización militar europea en el

 

 

 

 

 

 

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Golfo Pérsico[200]. El paisaje balcánico servía así de escenario de representación al gusto de los diferentes actores políticos internacionales.

 

 

   CONTRADICCIONES INTERNAS DE LA NUEVA OTAN

 

Mientras tanto, el Consejo de Cooperación del Atlántico Norte proseguía su camino. En el plan de trabajo para 1993 aprobado en diciembre del año anterior, el CCAN añadía dos temas más de consulta y cooperación a los anteriormente mencionados: el establecimiento de sistemas democráticos y de economías de mercado. De manera paralela, en esa misma declaración volvió a destacarse la disposición de los países miembros para respaldar y contribuir a las OMPs que se llevasen a cabo bajo autoridad de la ONU y responsabilidad de la CSCE. A comienzos de 1993 la República Checa y Eslovaquia tuvieron representaciones separadas en el CCAN y se creó el llamado Grupo Ad Hoc del CCAN sobre Cooperación en el Mantenimiento de la Paz.

 

La existencia y desarrollo de este Grupo Ad Hoc exigía la fijación de las contribuciones de cada país a las OMPs de las que desearan formar parte, la interoperatibilidad de los equipos militares y el intercambio de información sobre las características de cada ejército. Especialmente significativo fue el informe elaborado por los embajadores del CCAN en su reunión del 15 de marzo de 1993 en Bruselas y presentado para su aprobación a los ministros de Asuntos Exteriores en Atenas el 11 de junio. En este informe el CCAN aprobaba tanto la doctrina de la intervención, basada en la Agenda para la Paz de Boutros-Ghali[201], como la organización práctica de las OMPs en colaboración con la ONU y la CSCE. En el siguiente encuentro del Grupo Ad Hoc del CCAN sobre Cooperación en el Mantenimiento de la Paz, celebrado el 3 de diciembre en Bruselas, asistieron dos países neutrales más, aparte de Finlandia: Suecia y Austria, con lo que la trama de seguridad diseñada por la OTAN trascendía el ámbito de los antiguos países comunistas y abarcaba también a estados de tradición neutral. Como resultado de tales esfuerzos, los contactos entre mandos de los ejércitos de los dos antiguos bloques se desarrollaron considerablemente, hasta el extremo de que las relaciones militares dejaron atrás a la cooperación política (Kay, 67). La tendencia presentaría un grado aun más acusado con la creación del nuevo proyecto de la Alianza aprobado en la Cumbre de Bruselas de enero de 1994: la Asociación Para la Paz (APP).

 

 

 

 

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Mientras la OTAN se dotaba de nuevos órganos subordinados, a manera de las capas de una cebolla, ampliando su función política de cooperación a costa del protagonismo de otras entidades, la realidad del conflicto balcánico parecía minar sus esfuerzos. Cerrada la puerta de la CSCE, aún era posible intentar ejecutar alguna función militar por medio de Naciones Unidas. En virtud de una declaración de diciembre del año anterior, por la que se comprometía a “responder de forma positiva a aquellas iniciativas que el secretario general de la ONU pudiera adoptar recabando la ayuda a la Alianza para la puesta en práctica de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”[202], la OTAN facilitó infraestructura propia para asegurar una “zona de exclusión aérea” en Bosnia-Herzegovina. La medida, sin embargo, al igual que la labor desarrollada por el contingente de UNPROFOR, no era más que un parche absolutamente ineficaz que tenía por fin aparentar que la “comunidad internacional”, o la OTAN en concreto, estaba intentando contener el conflicto. En la práctica, las fuerzas de UNPROFOR, al limitarse a cumplir con su mandato específico de proteger la ayuda humanitaria enviada a Bosnia —algo absurdo en medio de un genocidio— estaban sirviendo de mistificación o de coartada para la inacción de las principales potencias.

 

No podía haber un contraste mayor entre la actividad política de la OTAN, con la creación del CCAN y su voluntad de imponerse a la CSCE, y su pobre función militar en apoyo de la misión de la ONU en el conflicto balcánico. Un contraste que se intensificaba aun más al comparar el desarrollo teórico de las actividades de mantenimiento de la paz en el CCAN con la falta de aplicación de esos mismos principios en el caso bosnio. Por otro lado, Bosnia empezaba a preocupar seriamente a la nueva administración Clinton, que aunque había basado su campaña electoral del año anterior en los problemas internos del país, se había aventurado a criticar la postura indiferente del gobierno Bush ante el conflicto balcánico. Las promesas hechas por Clinton de que, si era elegido, pondría a fin a la “limpieza étnica” ejecutada por los serbobosnios (Rieff, 25) no podían menos que ser recordadas conforme se agravaba la situación de la joven república. En agosto de 1992 Clinton había prometido que Estados Unidos sería “el catalizador de una reacción mundial contra la agresión” (Holbrooke, 1995b, 73), y en febrero de 1993 se había conformado con lanzar ayuda humanitaria a la población bosnia desde el aire, una medida absurda, de efectos puramente cosméticos. Para mediados de 1993, algunos observadores como el futuro negociador de la paz de Dayton, Richard

 

 

 

 

 

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Holbrooke, eran conscientes del perjuicio que, contra todo pronóstico, estaba causando el problema bosnio al primer gobierno Clinton:

 

Pero las cosas no iban bien en Washington. Bosnia estaba comenzando a dañar la política exterior de EEUU por toda Europa. La prensa era implacable en sus críticas a la administración (1999a, 91, 92).

 

Respecto a la OTAN, la contradicción entre sus ambiciosos objetivos impulsados principalmente por los Estados Unidos —extensión de la función política en el desarrollo del CCAN, previsión de misiones fuera de zona— y sus escasas realizaciones era demasiado evidente. Tal y como años después escribiría el antiguo miembro del consejo de seguridad nacional norteamericano, David Gompert:

 

El manejo de la crisis yugoslava por parte del gobierno de EEUU entre 1990 y 1992 contradijo y socavó su política respecto a la idea central y el cometido de la OTAN en la Europa de la posguerra fría, (que) suponía la responsabilidad de responder precisamente ante el tipo de conflicto que se estaba desarrollando en los Balcanes… Como era predecible, el intento de mantener la crisis yugoslava al alcance de la mano no salvó a EEUU de los efectos de, o la responsabilidad por, el fracaso que siguió[203].

 

Conviene subrayar, adelantándonos a discursos esgrimidos con posterioridad, que las llamadas a una mayor profundización del compromiso militar de la OTAN en el conflicto de Bosnia no respondían a planteamientos éticos, sino más bien a frías consideraciones de política interior y exterior. Lo que estaba en juego para estos estrategas no era tanto la supervivencia del estado multiétnico bosnio y de sus gentes, como la credibilidad de la OTAN o, en el particular caso estadounidense, la credibilidad de su propio gobierno. Como señalaba Holbrooke en un memorándum enviado en enero de 1993 al secretario de Estado Warren Christopher y al consejero de seguridad nacional Anthony Lake, antes de que tomaran posesión de sus cargos:

 

Bosnia será la clave de la política estadounidense en Europa […] Esta administración no puede permitirse comenzar con un desastre internacional o metiéndose en un atolladero. A pesar de todas las dificultades y riesgos, creo que la inacción o la continuidad por parte de la administración Clinton de la política de Bush en Bosnia, es lo menos deseable. La inacción continuada conlleva un riesgo a largo plazo que podría interrumpir las relaciones EEUU-Europa, debilitar la OTAN, aumentar la tensión en Grecia y Turquía, y causar estragos en las relaciones con Moscú (1999a, 84).

 

 

 “O FUERA DE ZONA O CERRAMOS”

 

En otoño de 1993 tres analistas de la fundación RAND, estrechamente ligada a la administración estadounidense, publicaron un sugerente artículo que

 

 

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tendría una gran repercusión en la política exterior del gobierno Clinton[204]. Por su estilo agresivo, Asmus, Kugler y Larrabee parecían encuadrarse en esa corriente del “nuevo intervencionismo” surgida a principios de década y que con tanta pasión se oponía a las tendencias aislacionistas de la sociedad norteamericana[205]. Los autores presentaban el escenario de rigor en el discurso de la posguerra fría: amenazas por doquier tres años después de la caída del muro de Berlín. Respecto a Europa, identificaban dos principales “arcos de crisis” que generaban situaciones de inestabilidad: uno al este, entre Alemania y Rusia, y otro al sur, a través del Mediterráneo hacia Asia suroccidental. Para hacer frente a tales desafíos, abogaban por una “gran estrategia” de tres vertientes: económica, política y militar.

 

En su descripción de la estrategia militar a seguir, los autores comenzaban afirmando que el Consejo de Cooperación del Atlántico Norte no era suficiente. Había que profundizar los lazos con los países europeos del antiguo bloque soviético e integrar primeramente a los países del grupo de Visegrado —República Checa, Hungría y Polonia— tanto en la UE como en la OTAN. Su integración en estas estructuras se debía a razones de estabilidad: era la mejor garantía de que no surgieran conflictos en su seno que pudieran afectar a Occidente. Reconocían asimismo que su ingreso en la Alianza tendría que ser progresivo, y recomendaban la creación de “acuerdos de asociación” para cada miembro, preparando así el camino de la futura ampliación. Se trataba de un clara referencia a la Asociación Para la Paz, institución atlántica que vería formalmente la luz en la Cumbre de Bruselas de enero del año siguiente, a propuesta norteamericana. El principal argumento utilizado para recomendar el ingreso exclusivo de estos tres países en una primera ronda de ampliación de la Alianza, que vendría a satisfacer los intereses de Washington, no era otro que el hecho de que sus líderes fueran pronorteamericanos. De ese modo, su presencia en la Alianza fortalecería la posición de los Estados Unidos junto con las de otros miembros atlantistas como Gran Bretaña, Portugal y Holanda, frente a las posturas más europeístas de los demás aliados. Además, apuntaban un dato nada despreciable: debía evitarse a toda costa que el grupo de Visegrado entrase antes en la UEO, a través de la UE, que en la OTAN, porque en ese caso serían los países europeos los garantes de su seguridad; para mayor precisión, se citaba el caso de Polonia con respecto a Alemania.

 

Tras proponer la ampliación de la OTAN al este, los analistas pasaban a afirmar que la línea divisoria entre crisis “dentro y fuera de la zona OTAN” había perdido todo sentido, y reconocían que la mayoría de las futuras crisis

 

 

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tendrían lugar fuera del tradicional ámbito de acción de la Alianza. La limitación del artículo VI del Tratado de Washington no parecía ser un problema para nuestros autores, que recurrían a una abusiva interpretación del artículo IV[206]. Para desarrollar estas funciones fuera de su área, recomendaban que la Alianza se dotara de unos instrumentos militares más ágiles, de rápida proyección, y proponían la reorganización del Cuerpo de Reacción Rápida de la OTAN, creado en 1991. Por último, y a fin de reformar la Alianza en el sentido apuntado, los analistas de RAND planteaban como necesaria una “europeización” de la misma, es decir, la asunción por parte de los socios europeos de mayores cuotas de responsabilidad, a la vez que su consentimiento para aumentar su contribución en recursos. Y para ello insistían en que era tan deseable como inevitable una “reconciliación” con Francia, debido al peso de este país en la Unión Europea. Sus propuestas, en suma, contenían una buena dosis de urgencia. Si la Alianza no reorganizaba el Oeste y se ampliaba al Este, entrenando su músculo militar para las misiones “fuera de zona”, terminaría por desaparecer. La frase utilizada no podía ser más explícita: NATO must go out of area or it will go out of business, “la OTAN sale de su zona o cerrará por falta de actividad” (31).

 

Un planteamiento semejante aunque mucho menos preciso, publicado por aquellas mismas fechas, fue el del consejero de Seguridad Nacional Anthony Lake. En su calidad de “nuevo intervencionista”, Lake proponía para la posguerra fría una “estrategia de ampliación”, frente a la de “contención” acuñada por Kennan al principio de la guerra fría. Tras la retahíla de amenazas de la época actual —terrorismo, conflictos étnicos, proliferación de armas de destrucción masiva…— la estrategia de ampliación pasaba por “ampliar la comunidad libre de democracias de mercado del mundo” (116) y requería, asimismo, una reforma de la OTAN que sería anunciada en la Cumbre de Bruselas de enero del año siguiente. A propósito de las crisis de Bosnia y de Somalia, Lake sentaba un argumento que sería repetido hasta la saciedad por las distintas administraciones demócratas: Estados Unidos se reservaba el derecho a actuar unilateral o multilateralmente cuando lo juzgase oportuno, en función de sus propios intereses. El debate al respecto se había avivado con ocasión de la intervención en Somalia, y además eran muchas las voces que se habían levantado en Estados Unidos a favor de una intervención activa en el conflicto de Bosnia-Herzegovina, que se apartara de la línea mantenida hasta el momento por las potencias que apoyaban la misión de Naciones Unidas. No obstante, Lake se mostraba muy cauto con respecto al problema bosnio:

 

 

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Pero, aunque tenemos razones obvias para participar e involucrarnos, éstas no eliminan otros intereses estadounidenses en relación con Europa y Rusia, y no justifican los elevadísimos costes que implicaría asumir unilateralmente la responsabilidad de imponer una solución (123).

 

Lo que no era más que la asunción de una cierta dosis de esquizofrenia. No obstante, las presiones internas seguían siendo muy fuertes; además de la credibilidad de la política exterior de Clinton, lo que estaba en juego era el futuro de la Alianza. En mayo de 1993, un editorial del Washington Post ya había apuntado lo que sería el camino a seguir: “[…] una respuesta contundente de la OTAN a la actual crisis haría más que justificada su existencia tras la guerra fría” (Warnke, 123). Por lo demás, las disensiones respecto a la política balcánica ya llevaban algún tiempo manifestándose en el seno de la Alianza.

 

 

   DESCRÉDITO DE LA ONU Y DE LA OTAN EN BOSNIA-HERZEGOVINA

 

Durante 1993 y 1994 la credibilidad de la ONU y de la OTAN continuó deteriorándose, encadenada al ostentoso fracaso de su labor en Bosnia-Herzegovina. La administración Clinton, por su parte, realizó algunos intentos por desmarcarse de la política de “estricta neutralidad” seguida hasta el momento, como fue la negativa a aceptar el plan Owen, que suponía la cantonalización étnica de la república bosnia sancionando las conquistas territoriales y la limpieza étnica realizadas por las milicias serbobosnias. Ese “rumbo de disensión” norteamericano tuvo su lógico efecto en la Alianza, y se tradujo en constantes presiones para aumentar el papel de la misma en la misión de Naciones Unidas. En junio, por ejemplo, la OTAN tomaba el control operativo de la flota desplegada en el Adriático para vigilar el embargo de armamento a la antigua Yugoslavia, poniendo fin a la dinámica de doble mando paralelo OTAN-UEO que había funcionado hasta el momento. Al parecer, a pesar de que la UEO presentó la exigencia de que se mantuviese su “visibilidad política” en dicha misión, la Alianza se negó a ello, un gesto que cabría interpretar como el deseo de un protagonismo exclusivo[207]. Durante la primavera y el verano de ese año se multiplicaron las tentativas norteamericanas de implicar a la OTAN en ataques aéreos contra las posiciones serbobosnias que cercaban Sarajevo, así como de levantar el embargo de armamento a la antigua Yugoslavia que perjudicaba principalmente al gobierno bosnio. Francia, Gran Bretaña y Grecia se negaron en redondo; la última, por su contencioso con la república de Macedonia y sus simpatías

 

 

 

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hacia el régimen de Belgrado, y las dos primeras porque temían represalias serbias contra sus “cascos azules” desplegados en Bosnia, dado que eran los países que habían aportado más cantidad de tropas a UNPROFOR (Marcovici, 57). La condición de “rehenes” de las fuerzas de UNPROFOR fue un problema no compartido por Washington, ya que desde el principio los Estados Unidos se negaron a desplegar tropas, y constituyó una variable de primer orden en las decisiones tomadas tanto por la ONU como por la Alianza durante aquellos años.

 

A lo largo de 1993 se dio la curiosa circunstancia de que a pesar de que abiertamente se reconocía el fracaso de la “comunidad internacional” en la crisis bosnia, ninguna institución deseaba responsabilizarse de dicho fracaso, y la Alianza no era una excepción. Al respecto, y dado el carácter colosal del descalabro, conforme fue avanzando el año los funcionarios de la OTAN empezaron a endosar abiertamente la responsabilidad a Naciones Unidas. Como señalaba el secretario general Wörner:

 

En el conflicto yugoslavo, el liderazgo está en manos de las Naciones Unidas, y todo el mundo lo quiere así […]. La responsabilidad recae en la ONU, no en la Alianza. Nosotros hemos hecho, y seguimos haciendo, lo que nos dicen que hagamos[208].

 

Para colmo, las relaciones entre Washington y el secretario general de la ONU, Boutros-Ghali, se habían enturbiado a raíz de la anunciada retirada de la mayor parte del contingente norteamericano de Somalia, poniendo apresuradamente fin a la fase II de UNOSOM. El motivo no había sido otro que las cotas de impopularidad alcanzadas en la opinión pública estadounidense por la operación Restore Hope —el llamado “síndrome de Mogadiscio”— cuando un tiroteo en la capital somalí se saldó con la muerte de 13 marines a principios de octubre[209].

 

En 1994 la administración Clinton redobló sus esfuerzos para distanciarse de la política europea hacia el problema bosnio, bajo presión de su propia opinión pública sensibilizada por hechos como el atentado de febrero en el mercado de Sarajevo. Un gobierno que había hecho bandera de la defensa de los derechos humanos en el mundo —Somalia, Haití— no podía permanecer pasivo ante aquella situación: ése era el mensaje cada vez más difundido en la sociedad estadounidense, aunque esa misma sociedad se mostrara reacia a enviar tropas nacionales, afectada por el reciente “síndrome de Mogadiscio”. Precisamente en un momento en que algunos países europeos habían planteado seriamente la posibilidad de retirar sus contingentes para finales de ese invierno[210], la tristemente famosa “matanza del mercado” pareció

 

 

 

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espolear a los gobiernos occidentales, preocupados únicamente —es preciso recordarlo— por su propia credibilidad política y no por consideraciones de orden moral. Reflejo de esta reacción fue el ultimátum de la OTAN decretado en febrero, y aprobado por todos los miembros del Consejo del Atlántico Norte salvo Grecia, para que las milicias serbobosnias retiraran su armamento pesado del cerco de Sarajevo. Si bien las fuerzas serbobosnias aceptaron las condiciones y no hubo necesidad de bombardeo —para satisfacción de la mayoría de los aliados— a manera de compensación los serbobosnios contaron con una valiosa ayuda: la mediación de la Federación Rusa. Los “cascos azules” rusos, que fueron festejados por las milicias serbias en lo que constituyó una grotesca burla de la “imparcialidad” de Naciones Unidas, se ocuparon de controlar el armamento pesado y se instalaron en la zona del cerco. Con lo cual, y aparte de garantizar la estabilidad del frente en aquella zona —imposibilitando que las fuerzas bosnias pudieran recuperarla— las tropas rusas sirvieron de escudo a los serbios contra los aviones de la OTAN (Markovici, 60; Rieff, 207, 208). A pesar de que este fiasco fue presentado por los gobiernos occidentales como una gran victoria, los acontecimientos posteriores no tardaron en desmentir esta lectura optimista.

 

Durante el primer semestre de 1994 tuvo lugar el primer gran gesto simbólico a la vez que efectivo de la autonomía de la diplomacia estadounidense con respecto al problema bosnio, cuando impulsó la formación de la Federación Bosniocroata en virtud del acuerdo firmado en Washington el primero de marzo. La creación de la Federación ponía formalmente fin a los enfrentamientos del año anterior entre las milicias bosniocroatas de Herzeg Bosna, apoyadas por el régimen de Tudjman, y las fuerzas de la república multiétnica de Bosnia-Herzegovina. Mientras tanto, la ofensiva serbobosnia proseguía. A finales de marzo, los batallones del general Mladic atacaron el enclave oriental de Gorazde, una de las seis zonas protegidas por la ONU desde mayo del año anterior. El ataque de Gorazde, con el escándalo de la entrada en el propio enclave de soldados serbobosnios disfrazados de refugiados y escoltados por “cascos azules”, más los simbólicos e ineficaces bombardeos de la OTAN que siguieron al suceso, representó una nueva vuelta de tuerca en el descrédito de las instituciones internacionales (Rieff, 209-211).

 

En abril, Washington dio otro paso adelante en su progresiva implicación en el conflicto con la creación del Grupo de Contacto, al que se incorporó junto a Rusia —otro actor novedoso que había irrumpido con su mediación en el ultimátum de febrero—, Francia, Gran Bretaña y Alemania. Como era de

 

 

 

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esperar, la iniciativa sentó mal a la Unión Europea, sumida por entonces en una auténtica parálisis respecto al problema bosnio; sirva como ilustración el detalle de que el país que ostentaba la presidencia de la UE en aquel semestre, Grecia, había violado las propias normas del Tratado de Maastricht al imponer unilateralmente un bloqueo a la república de Macedonia. Según algunas versiones, la creación del Grupo de Contacto habría sido resultado tanto de la petición hecha a principios de ese año por el ministro de Exteriores británico a la administración Clinton para que se implicara más activamente en el problema bosnio[211], como del deseo de la Federación Rusa de asumir un papel protagonista en las gestiones de paz. Lo cierto fue que aunque la Unión Europea como tal perdió toda oportunidad de pasar a la historia como el actor político que consiguió el fin de los enfrentamientos en Bosnia-Herzegovina, el Grupo de Contacto no lo hizo mucho mejor; incapaces sus miembros de llegar a un acuerdo mínimo, sería la diplomacia norteamericana la que al año siguiente tomara el relevo en exclusiva.

 

Los dos últimos meses del año volvieron a suponer un fuerte golpe al prestigio de la “comunidad internacional” ante el conflicto bosnio, y en esta ocasión la credibilidad de la OTAN se vio aun más seriamente amenazada. A principios de noviembre, a petición del Congreso, el gobierno de los Estados Unidos se retiró unilateralmente de las labores de vigilancia del embargo de armas a la ex Yugoslavia ordenado por la ONU, con lo que se hizo patente la división de posturas tanto en el Grupo de Contacto como en la propia Alianza. El nuevo secretario general de la OTAN, el belga Willy Claes, se apresuró a afirmar que su organización cumpliría fielmente con el mandato de Naciones Unidas de vigilancia del embargo naval, pero la retirada de las prestaciones norteamericanas en cuanto a uso de satélites e infraestructura de inteligencia convirtió las operaciones de dicho embargo en una burla, según llegó a reconocer el propio presidente de la asamblea de la UEO[212]. Los efectos de la medida evidenciaron, como no podía ser menos, la abrumadora dependencia de la UEO y de los medios militares europeos con respecto a los recursos militares norteamericanos. Pero lo más llamativo, en un gesto de prepotencia estadounidense que venía a dar continuidad al de junio del año anterior, fue que a pesar de que solamente quedaron barcos europeos en la zona, el SACEUR —un general norteamericano— conservó el mando de las operaciones navales (Gnesotto, 44). Por otra parte, a nadie se le escapaba el hecho de que la debilidad efectiva del embargo en el Adriático empezaba a favorecer los envíos de armamento al gobierno de Bosnia-Herzegovina, y de manera indirecta al croata, en virtud del “impuesto” de armas que este último

 

 

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gobierno imponía sobre aquél a cambio del permiso de paso por su territorio. La medida estadounidense obedecía en realidad a un planteamiento de realpolitik que lograría sus mayores efectos en 1995, con las ofensivas de los ejércitos croata y bosnio en Eslavonia occidental, en la Krajina y en la región occidental de Bosnia[213].

 

Durante el mismo mes de noviembre, y en respuesta a los ataques de aviones serbios en Bihac —violando la zona de exclusión aérea garantizada por la OTAN— la Alianza ordenó nuevos bombardeos que, a pesar de ser convenientemente publicitados como el “mayor ataque aéreo desde la

 

   Guerra Mundial”, no ocasionaron más que algunos desperfectos en la base de Ubdina que no tardaron en ser reparados (Holbrooke, 1999a, 99). Estos simples “alfilerazos”, como lo había llamado Holbrooke quejándose de su ineficacia, habían sido planificados con exquisito cuidado y calificados como “ataques de prevención” y no de “castigo”, para evitar represalias contra los “cascos azules” desplegados en el terreno. De ese modo, y en tanto organismo encargado de hacer respetar la zona de exclusión aérea, la OTAN volvía a aparecer como un tigre de papel. Respecto a Estados Unidos, el gobierno Clinton no hacía más que actuar siguiendo la brújula de su propia opinión pública, y por ese camino había acabado en la ambigua postura de levantar el embargo de armamento sin comprometerse en una acción más enérgica a favor del gobierno presidido por Izetbegovic. Según el analista William Pfaff, si el objetivo primordial de Europa no era otro que proteger a sus “cascos azules” sobre el terreno, aún a costa de seguir sacrificando al pueblo bosnio:

 

   el propio Washington no tiene intención de hacer nada por esas víctimas que suponga un gasto significativo para EEUU o que pudiera inquietar a la opinión pública norteamericana que, en las elecciones de este mes, confirmó su reticencia a ver a las fuerzas estadounidenses interviniendo en el exterior[214].

 

 

 1994: LA CUMBRE DE BRUSELAS Y LA ASOCIACIÓN PARA LA PAZ (APP)

 

La escasa actividad militar de la Alianza en Bosnia-Herzegovina durante 1994 presentó un acusado contraste con la actividad política iniciada en enero con la Cumbre de Bruselas. En dicha Cumbre se aprobó formalmente una nueva iniciativa norteamericana que venía a extender la influencia de la Alianza hacia el Este, siguiendo el camino iniciado por el CCAN: la Asociación Para la Paz (APP)[215]. Un convenio APP no era más que un modelo de programa de cooperación político-militar entre la OTAN y cada uno de los países del CCAN y de la CSCE que quisiera firmarlo. Su ventaja, frente al CCAN,

 

 

 

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residía en su carácter bilateral: no era un foro multilateral, sino un convenio “personalizado” entre la Alianza y el país en cuestión.

 

Evidentemente, la APP era justamente el tipo de programa que ya habían propuesto y esbozado los analistas del RAND, Asmus, Kugler y Larrabee, en su emblemático artículo publicado el año anterior: un programa que pilotara el proceso de adaptación de los futuros nuevos miembros de la Alianza Atlántica. De esa forma, el nuevo proyecto se enmarcaba en la nueva estrategia de “ampliación” al Este acuñada por el consejero de seguridad nacional Anthony Lake. Ocurría, sin embargo, que el momento no era propicio para airear los planes de ingreso del “grupo de Visegrado”; la ampliación de la OTAN, defendida principalmente por Alemania[216], era una idea a la que la Federación Rusa se oponía frontalmente. Además, la propia administración norteamericana estaba dividida al respecto. El Pentágono y el departamento de Defensa acogían con frialdad el proyecto de ampliación, mientras que un influyente grupo del departamento de Estado la defendía contra viento y marea[217]. Finalmente se acordó que la APP sería presentada como una “alternativa” a la ampliación, y así fue aprobada en la reunión de ministros de Defensa de Travemünde, en octubre de 1993, y en la propia Cumbre de Bruselas de enero de 1994. Moscú quedó aplacado e incluso el presidente Yeltsin calificó la idea de “brillante”, anunciando que la Federación Rusa firmaría un convenio APP a corto plazo (Kay, 71). Sin embargo, a nadie se le escapaba que la APP podía ser —y lo era de hecho— el puente tendido hacia la futura ampliación[218].

 

La APP ofrecía, además, un marco adecuado para estrechar lazos militares tanto con estados cuyo ingreso en la OTAN se consideraba a la sazón impensable —las antiguas repúblicas soviéticas del Asia Central, por ejemplo

 

— como con países de tradición neutral: Austria, Suiza, Suecia y Austria. A manera de segunda “capa de cebolla” al lado del CCAN, la APP se extendió como una gran red que aumentó enormemente no solamente la información, sino también la influencia de la Alianza Atlántica sobre los sistemas defensivos de países tan variopintos como Uzbekistán o Albania. Los nuevos socios APP debían aprobar un documento marco común, en el que cada país se comprometiese a defender ciertos valores y a desarrollar ciertos objetivos. Entre los primeros se citaban la preservación de las sociedades democráticas y el acatamiento de los principios de derecho internacional. Los objetivos eran más numerosos y matizados: el fomento de la transparencia en los procesos de elaboración de los presupuestos nacionales de defensa; la garantía del

 

 

 

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control del poder militar por el político; el mantenimiento de fuerzas militares adecuadas para contribuir a misiones internacionales bajo el auspicio de la ONU y de la CSCE; el desarrollo de lazos de cooperación militar con la OTAN que posibilitasen que la planificación, adiestramiento y maniobras de sus ejércitos se realizaran de manera conjunta, con el fin de ejecutar misiones de mantenimiento de la paz y operaciones humanitarias; y el desarrollo a largo plazo de fuerzas más capacitadas que pudieran operar con las de los países miembros de la OTAN[219]. La firma del documento marco posibilitaba el desarrollo con la Alianza de un Programa de Asociación Individual, y el establecimiento de una oficina de enlace con la sede atlántica de Bruselas a cargo de su propio presupuesto nacional.

 

Al igual que había ocurrido con el CCAN, la APP enfatizó principalmente la cooperación militar antes que la política. El caso húngaro es significativo: de 232 programas propuestos en 1995, sólo 4 promovían el control democrático de sus fuerzas armadas (Kay, 73). Un aspecto nada desdeñable de esta relación cooperativa era el de la reforma de los ejércitos de los socios APP. Aquí era donde entraba la segunda parte de los proyectos de reconversión de la antigua industria militar de los países del Este en industria civil, auspiciados anteriormente por el CCAN. A través de los convenios bilaterales, la OTAN asesoraba y fiscalizaba el nuevo equipamiento militar de los socios APP, necesario para la realización de aquellas nuevas misiones —OMP, por ejemplo— que deberían realizar en colaboración con la Alianza. Dado que el nuevo armamento a adquirir debía satisfacer unos criterios mínimos de interoperatibilidad, la industria militar occidental, norteamericana y europea, se convertía en la principal abastecedora. Además, el desarrollo de estos programas por los nuevos socios APP posibilitaría con el tiempo, previa realización de entrenamientos en maniobras conjuntas con fuerzas OTAN, su participación en futuras operaciones de mantenimiento de la paz como la que tendría lugar en Bosnia casi dos años después.

 

 

   LAS FUERZAS OPERATIVAS COMBINADAS CONJUNTAS (FOCC)

 

La Cumbre de Bruselas presentó otra iniciativa norteamericana además de la APP que, a pesar de ser aceptada, tardaría algún tiempo en desarrollarse debido fundamentalmente a la oposición francesa: el concepto de la Fuerza Operativa Combinada Conjunta (FOCC)[220]. La FOCC respondía al modelo norteamericano de task force —fuerza de tarea— organizado para misiones

 

 

 

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concretas de urgente proyección exterior y utilizado en la operación “Tormenta del Desierto” de 1990-1991. Para los socios europeos tampoco era ninguna novedad: el concepto había sido utilizado por el ejército británico en Malvinas, en 1992, y por el francés en Zaire, en 1991 (Barry, 205). Se trataba de fuerzas combinadas —reunían efectivos de tierra, mar y aire— y conjuntas en el sentido de que agrupaban varias unidades de naciones diferentes bajo un estado mayor común desplegado de manera provisional. Y se fundamentaban en el principio de las “fuerzas separables pero no separadas”, es decir, que podían movilizar una parte de los recursos de la Alianza siempre y cuando contaran con la aprobación de todos los miembros del Consejo del Atlántico. Tres socios de los catorce que componían la OTAN podían, por ejemplo, efectuar una misión utilizando recursos prestados de los demás. Frente a las misiones defensivas del territorio atlántico, contempladas en el artículo V del Tratado de Washington y que movilizaban teóricamente todos los recursos de la OTAN, las FOCC estaban expresamente concebidas para misiones “fuera de zona”, donde participaran sólo aquellos miembros que decidieran hacerlo, pero contando con los recursos de los demás aliados previa aprobación del Consejo Atlántico. El concepto permitía la realización de operativos militares con cierta agilidad —interesaba la rapidez de decisión y de proyección— en territorios fuera del ámbito de los países miembros. Los perfiles contemplados de las misiones eran los mismos para los que la Alianza había ofrecido sus recursos en operaciones “fuera de zona”, al menos desde la reunión del Consejo Atlántico en junio de 1992: gestión de crisis, operaciones de paz — imposición y mantenimiento— e intervenciones humanitarias.

 

El concepto FOCC se presentaba además abierto a la participación en el mismo de estados no pertenecientes a la OTAN, con lo cual su utilidad era múltiple: permitía y justificaba con mayor medida un despliegue “fuera de zona”; repartía los costes de la operación entre un número mayor de estados y reforzaba las relaciones con los socios APP, tanto antiguos países del bloque soviético como estados europeos de tradición neutral. La administración Clinton tampoco ocultaba la esperanza de que el nuevo concepto pudiera implicar más a Francia en la Alianza (Kay, 134). El acercamiento francés a la OTAN se había iniciado tímidamente con la trascendental decisión de poner el Cuerpo de Ejército Europeo a disposición de la Alianza a principios de 1993[221], y con su colaboración en los planes militares de la OTAN en Bosnia-Herzegovina, apoyando la misión de Naciones Unidas. Pese a su inicial aceptación del concepto FOCC, Francia discutiría su desarrollo durante más de dos años, en un debate enredado de manera compleja con el de la reforma de

 

 

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la estructura militar de la OTAN. En cualquier caso, la práctica terminó adelantándose a la teoría: el modelo FOCC acabaría por implantarse en el operativo IFOR de la Alianza en Bosnia-Herzegovina a finales de 1995.

 

Por último, los Estados Unidos habían concebido la iniciativa de la FOCC como un instrumento que asegurara la perseguida relación de “transparencia y complementariedad” entre la OTAN y la UEO, que en realidad era de subordinación y dependencia, tal y como veíamos en el capítulo IV. En la Cumbre de Bruselas se había acogido favorablemente una decisión franco-alemana del año anterior en la que, al paso de reclamar mayor capacidad operativa para la UEO, se planteaba la posibilidad de que la UEO utilizase los medios de la Alianza en operaciones puramente europeas. El concepto FOCC permitía la realización de operativos militares protagonizados por socios de la UEO para una misión concreta, sirviéndose para ello de la indispensable infraestructura de transporte y comunicaciones de la OTAN. Al respecto cabe recordar que el Tratado de Bruselas modificado podía legitimar misiones “fuera de zona”, según el artículo VIII.3[222], con mayor facilidad y de una manera menos forzada que el de Washington. De ese modo, el modelo FOCC podía contemplarse como la encarnación práctica de la complementariedad buscada entre la OTAN y la UEO, la piedra de toque que hacía posible tanto una “división del trabajo” entre Estados Unidos y Europa —con la consiguiente resolución del crónico problema estadounidense del “reparto de las cargas” como la articulación práctica del “pilar europeo de la Alianza”.

 

 

 1995: EL PEOR AÑO DE LA OTAN DE LA POSGUERRA FRÍA

 

1995 señaló el momento culminante de la crisis de legitimidad de la OTAN, con la matanza de julio en Srbrenica y el descrédito absoluto de la labor de la “comunidad internacional” en el conflicto bosnio, pero también significó la decisiva superación de la misma. Mientras que la ONU no se recuperó del indiscutido fiasco de su labor y la Unión Europea fracasó en su mediación en el conflicto, la Alianza Atlántica, a iniciativa estadounidense, aprovechó la coyuntura balcánica para extraerle una rentabilidad insospechada. Posteriormente los historiadores atlantistas podrían calibrar con precisión el alcance del peligro superado y reconocer abiertamente que la OTAN estuvo a punto de perecer en la crisis balcánica (Kay, 74) cuando el peligro ya había pasado. Tras la paz de Dayton y el despliegue de una misión propiamente OTAN en Bosnia-Herzegovina en relevo de UNPROFOR, la Alianza pudo por fin

 

 

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trasladar a los hechos la teoría que había defendido hasta entonces: su pretensión de ocupar un lugar central en la nueva arquitectura de seguridad europea de la posguerra fría.

 

A principios de año las relaciones entre los mandos de la ONU y los dirigentes de la OTAN habían empeorado tanto que las malas palabras habían sustituido a la fría cordialidad anterior. En el XXXII congreso internacional sobre temas de seguridad celebrado en Munich a principios de febrero de 1995, los dirigentes de la OTAN revelaron su disgusto por el papel que había estado jugando la Alianza en el conflicto balcánico hasta ese momento, y reclamaron “manos libres para intervenciones futuras”. Llegaron incluso a calificar de “farsa” la intervención de las fuerzas de la OTAN en Bosnia, por su supuesta falta de competencias. Según estos dirigentes, la exigencia impuesta por el Consejo de Seguridad de obtener el permiso de la ONU para intervenir había impedido acciones militares consideradas imprescindibles. Willy Claes, el secretario general de la OTAN, no se anduvo con rodeos: “Si la Alianza no puede definir por sí misma las reglas de sus intervenciones militares, tendrán que buscarse otros idiotas para apoyar las intervenciones de paz”[223]. Detrás de este conflicto entre la OTAN y la ONU, podían identificarse con precisión las partes enfrentadas: la administración estadounidense, que no había dejado de pedir bombardeos de cierta eficacia —al menos simbólica— sobre las posiciones serbobosnias, y los aliados europeos encabezados por Francia que habían desplegado los mayores contingentes de “cascos azules”, y que por tanto temían por su seguridad en caso de represalias.

 

El llamado conflicto de la doble llave ocupaba un lugar importante en este enfrentamiento. Por entonces la autorización para efectuar ataques aéreos de la OTAN con el fin de hacer cumplir los ultimátums como el de febrero del año anterior o garantizar la “zona de exclusión aérea” debía ser doble: de las autoridades de UNPROFOR y del mando militar de la Alianza. La cadena de mando militar, que partía del máximo oficial de UNPROFOR y llegaba hasta el oficial norteamericano de la OTAN, pasaba previamente por el representante de la ONU en Bosnia, que era el responsable de la autorización[224]. Las críticas de Wörner mencionadas más arriba se hacían precisamente eco de esta dependencia de los mandos militares atlánticos con respecto a los altos representantes de la ONU. La polémica de la doble llave alcanzó uno de sus puntos culminantes en mayo, cuando las milicias serbobosnias, en respuesta a una serie de ataques aéreos de la OTAN, capturaron a más de 350 “cascos azules” y los utilizaron como escudos humanos ante nuevos bombardeos. El episodio tuvo una importancia trascendental, que sólo después habría de ser convenientemente valorada. Las imágenes de los rehenes se convirtieron en el símbolo que mejor resumía el fracaso y la humillación de UNPROFOR, y la Alianza, en cuanto colaboradora de la misión, resultaba gravemente afectada. En su calidad de secretario de Estado adjunto para Asuntos Europeos, Richard Holbrooke, se manifestó a favor de realizar nuevos bombardeos, pero los países europeos se inclinaban por negociar la liberación de sus rehenes. El propio Holbrooke expresaría posteriormente sus sospechas de que habían existido pactos secretos entre la ONU —los mandos militares franceses de UNPROFOR— y el general Mladic, negociando la liberación por los prisioneros por el compromiso de que la Alianza no volviera a atacar las posiciones serbobosnias (1999a, 103). Sea como fuere, el secretario general Boutros-Ghali tomó la decisión de ordenar o denegar personalmente los ataques aéreos de la OTAN, con lo que el conflicto de la doble llave subió algunos grados de temperatura[225].


Según algunas versiones, en este momento el nuevo presidente francés, Jacques Chirac, se habría mostrado a favor de adoptar medidas militares más enérgicas, o en caso contrario, de la retirada total de las fuerzas de UNPROFOR (Holbrooke, 1999a, 104). Tal comportamiento no habría sido de extrañar en un dirigente que había comenzado su mandato anunciando la reanudación de las pruebas nucleares submarinas en la Polinesia francesa, clarísimo gesto de una política extremadamente nacionalista, celosa del prestigio nacional en el exterior[226]. Resultaba evidente que la repetición de sucesos como la crisis de los rehenes de mayo en Bosnia habría podido perjudicar gravemente esta política de Grandeur, y con mayor motivo si es cierto que “era el ejército francés lo que más le importaba a Chirac”[227]. En cualquier caso, la posición francesa era lo suficientemente delicada como para que Chirac abandonara la actitud de distanciamiento de su predecesor y, durante un viaje a Washington, pidiera a la administración Clinton que interviniera más activamente en Bosnia. A esas alturas, la cuestión balcánica estaba a un paso de privar de toda credibilidad a la OTAN, tal y como había hecho con la ONU, y además en un momento en que los ambiciosos planes de ampliación al Este ya se habían puesto en marcha. Un alto oficial francés afirmó el 30 de junio que si Estados Unidos y Europa se distanciaban en aquellos momentos, la consecuencia sería un verdadero terremoto en la Alianza. Por parte norteamericana, el secretario de Defensa William Perry declararía posteriormente que, en el verano de 1995, tuvo la inequívoca sensación de que la OTAN “estaba en proceso de deshacerse”[228].

 

 

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A principios de junio Chirac anunció la creación para el mes siguiente de una Fuerza de Acción Rápida compuesta de contingentes franceses, británicos y holandeses, destinada a reforzar a UNPROFOR. Pese a que posteriormente algunos autores han subrayado la importancia de esta decisión en la evolución del conflicto (Neville-Jones, 158), lo cierto fue que la iniciativa nacía cargada de ambigüedad: el nuevo cuerpo podía servir tanto para proteger la retirada del contingente multinacional de UNPROFOR como para reforzarlo[229]. De hecho, existía un plan previsto y aprobado por el Consejo Atlántico en la primavera de 1995 para cubrir la retirada de las fuerzas de la ONU con participación de tropas terrestres norteamericanas, aunque la administración Clinton siempre había descartado enviar soldados de infantería a Bosnia-Herzegovina[230]. La Alianza se encontraba, pues, en una encrucijada que no la libraba de un compromiso mucho mayor de acción fuera cual fuera el rumbo que tomase. Si optaba por inhibirse en el conflicto y apoyaba la retirada del contingente de UNPROFOR “prisionero” en el terreno, debería intervenir para garantizarla militarmente, aunque no implicara a tropas de tierra norteamericanas. Y si decidía relevar a UNPROFOR, debería implicarse militarmente de todas formas. De manera paradójica, la opción más peligrosa y que más riesgo de bajas entrañaba parecía ser la primera[231], con la circunstancia agravante de que la credibilidad de la OTAN se vería seriamente perjudicada ante el manifiesto reconocimiento de su fracaso. No resulta difícil imaginarse lo que habría ocurrido en ese caso: el primer operativo militar a gran escala de la OTAN de la posguerra fría, quizá el más importante después de la II Guerra Mundial, no habría sido más que una colosal operación de retirada.

 

La matanza de Srbrenica agudizó aun más la situación, señalando la cota ínfima de popularidad de la misión de Naciones Unidas en los Balcanes. Fue la ofensiva del general Mladic en Bosnia oriental la gota que terminó colmando el vaso, cuando a principios de julio atacó el enclave considerado “área segura” desde abril de 1993, y teóricamente protegido por “cascos azules” holandeses. El destacamento abandonó el enclave, y ante la matanza de casi 8.000 personas que siguió, las autoridades de Naciones Unidas intentaron desentenderse de su responsabilidad culpando a los propios bosniacos de no haberse “desmilitarizado”, y luego al propio concepto de “áreas seguras”[232]. Los ataques aéreos que el representante de la ONU, Yasushi Akashi, ordenó a regañadientes fueron cancelados como respuesta a una petición de las autoridades holandesas, ya que habían recibido informes de que los serbobosnios habían hecho prisioneros a algunos de sus soldados

 

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(Rieff, 260-262; Holbrooke, 1999a, 110). El enclave oriental de Zepa, también abandonado por “cascos azules” ucranianos, cayó pocos días después. Sin embargo, el máximo triunfo de la política genocida de Karadjic y Mladic se presentaba acompañado de importantes síntomas de decadencia: el desgaste producido por más de tres años de guerra; la posición de vulnerabilidad de la llamada República Srpska de Bosnia, que había conquistado más territorios de los que podía defender y, por último, el enajenamiento del apoyo del régimen serbio de Milosevic, debilitado por las sanciones económicas internacionales.

 

 

   REALPOLITIK NORTEAMERICANA EN LOS BALCANES

 

Los factores anteriores, junto con la ofensiva del ejército croata en agosto y septiembre recuperando Eslavonia occidental, la Krajina y territorios de Bosnia con el apoyo de las fuerzas del gobierno de Sarajevo, fueron los que apuraron el conflicto bosnio hasta su final. En rigor, ni siquiera pudo hablarse de una “decisiva” intervención de la OTAN, ya que, tras Srbrenica y Zepa, a lo más que se llegó en la Conferencia de Londres del 21 de julio fue a decidir que la Alianza utilizara la fuerza aérea para defender el tercer enclave oriental, Gorazde, prescindiendo del sistema de doble llave, esto es, de la autorización de la ONU. En cuanto a los famosos bombardeos aéreos realizados entre el 30 de agosto y el 14 de septiembre, pese a que fueron más intensos que cualesquiera otros anteriores, constituyeron simplemente una efectiva escenificación simbólica de la voluntad de la OTAN —y de Estados Unidos— de intervenir en el conflicto bosnio imponiéndose a la ONU, que quedaba así arrumbada a un lado por ineficaz tras el remate del abandono de las “áreas seguras” de Bosnia oriental. Además de esta eficacia simbólica, los bombardeos de agosto reportaron un inesperado beneficio a Kofi Annan, por aquel entonces máxima autoridad del departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz. Si hemos de conceder crédito a la versión de Holbrooke, dado que Boutros-Ghali estaba ilocalizable la mañana del 28 de agosto, la embajadora estadounidense en la ONU, Madeleine Albright, transmitió a Annan las intenciones estadounidenses de bombardear las posiciones serbobosnias en torno a Sarajevo, y recibió su visto bueno sin que fuera necesario consultar con su superior. Al parecer, Annan ese día se ganó su puesto de futuro secretario general de la ONU[233] (Holbrooke, 1999a, 151). En cuanto a la decisión de los bombardeos, fue una iniciativa estadounidense

 

 

 

 

 

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apoyada por el secretario general W. Claes, que no llegó a convocar a los miembros del Consejo del Atlántico Norte, sino que simplemente les informó de que había dado la orden a los mandos militares. Probablemente, de no haber sido por esta “maniobra burocrática”, por utilizar el término de Holbrooke, el Consejo habría retrasado o incluso rechazado los bombardeos (1999a, 146), lo cual nos proporciona una cabal idea del peculiar sistema de decisiones de un organismo teóricamente asambleario como es la Alianza Atlántica.

 

La fórmula de los bombardeos ofrecía además la virtualidad de destacar la implicación norteamericana y de la Alianza en el conflicto evitando al mismo tiempo la medida más peligrosa y, por lo demás, absolutamente descartable a priori a pesar del plan aprobado por la OTAN en la primavera de ese año: la que contemplaba la participación de tropas terrestres de Estados Unidos sobre el terreno, ayudando a cubrir la retirada de UNPROFOR. Pero a buen seguro los bombardeos no habrían ejercido efecto alguno reseñable de no haber sido por el conjunto de factores que posibilitó la consumación del conflicto: agotamiento del contendiente serbobosnio, privado del apoyo de un régimen serbio debilitado por las sanciones internacionales, y ofensiva croata preparada desde mucho tiempo atrás y estimulada por la realpolitik de la diplomacia estadounidense. Los bombardeos —preciso es insistir en ello— tuvieron una importancia esencialmente simbólica, escenificando la epifanía de la OTAN en el lugar y en el momento adecuados, una vez eliminados los demás actores internacionales. Años después, cuando los Estados Unidos pretendieran recurrir a la misma fórmula para resolver el conflicto de Kosovo, fracasarían estrepitosamente por ausencia de los dos factores antes mencionados: un ejército bien pertrechado con capacidad de enfrentarse a las fuerzas serbias —el Ejército de Liberación de Kosovo no lo era, al contrario que las fuerzas armadas croatas— y la decisión del régimen de Belgrado de dar marcha atrás por pura conveniencia política.

 

Un factor absolutamente fundamental en la finalización del conflicto fueron, pues, las ofensivas militares realizadas por el ejército croata en mayo y agosto, recuperando respectivamente Eslavonia occidental y la Krajina, junto con algunos territorios de Bosnia occidental que también fueron absorbidos en septiembre. El régimen de Tudjman llevaba dos largos años esperando aquella oportunidad, mientras se rearmaba con ayuda, directa o indirecta, estadounidense[234]. Pero el otro factor esencial del reequilibrio de poderes en la región, que de hecho posibilitó la victoria croata, no fue otro

 

 

 

 

 

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que el cambio de actitud del régimen de Milosevic hacia sus protegidos serbobosnios de Pale y los serbios de Knin:

 

El presidente serbio habría asumido que la solución del conflicto más conveniente para sus propios intereses pasaba por abandonar a la gente que él mismo había lanzado a la guerra en 1991 y 1992 y asumir un papel pacificador (Agirre, 241).

 

Con respecto a la parte serbia Holbrooke basó su diplomacia, como gráficamente la describió Rieff, en “separar al brujo de sus aprendices” (283), con lo que no solamente pactó con el “brujo” Slobodan Milosevic, sino que terminaría elevándolo a la categoría de benéfico pacificador. Esa era, sin duda, la mejor y más honrosa opción que podía aceptar un régimen tachado de genocida y acosado por las sanciones internacionales y por el descontento interno. Curiosamente, la ofensiva de los ejércitos croata y bosnio reprodujo con notable exactitud el principio de acuerdo ofrecido por el equipo negociador norteamericano, encabezado por R. Holbrooke, con el presidente Milosevic, por el cual las tropas sólo tomaron aquellos territorios que debían tomar y se detuvieron ante aquellos que no debían, siguiendo las recomendaciones estadounidenses. Los porcentajes previstos del reparto de territorios en Bosnia-Herzegovina eran un 49 % para la República Srpska y un 51 % para la Federación Bosniocroata, conforme al plan del Grupo de Contacto de 1994. Los movimientos de tropas se atuvieron a ese guión negociado entre el equipo estadounidense y Milosevic, que posteriormente sería sancionado en Dayton con algunos retoques. En una entrevista mantenida con Tudjman el 17 de septiembre, mientras todavía duraba la ofensiva croata, Holbrooke le comentó lo siguiente:

 

 

   que la ofensiva tenía gran valor para las negociaciones. Sería mucho más fácil retener en la mesa lo que había sido ganado en el campo de batalla que hacer que los serbios entregaran territorios que habían controlado durante varios años. Le recomendé que tomara Sanski Most, Prijedor y Bosanski Novi[235] —todas ellas importantes ciudades que habían sido símbolos mundiales de la limpieza étnica (1999a, 224-225).

 

Pero la notable meticulosidad desplegada por Holbrooke en sus sugerencias a Tudjman contrastó con su escasa insistencia al pedirle que respetara a la población serbia de los territorios recuperados. Resultaba obvio que la nueva limpieza étnica ejecutada por el régimen croata en la Krajina no fue para los Estados Unidos más que un “mal necesario” en la recomposición del mapa balcánico, importante detalle que hablaba bien a las claras del compromiso del gobierno Clinton con el respeto a los derechos humanos.

 

La realpolitik norteamericana fue ejercida —casi resulta ocioso decirlo— a espaldas del Grupo de Contacto, que se limitó a refrendar el preacuerdo

 

 

 

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negociado por Milosevic, Tudjman e Izetbegovic. El curso de las entrevistas y negociaciones con los diferentes actores políticos internacionales reflejó de manera cabal el reparto de funciones ideado por la administración estadounidense. Una vez asegurado el lugar central de la Alianza y de los Estados Unidos en el proceso de paz, todo el mundo tenía algo que aportar, según afirmaba Holbrooke con una fuerte dosis de inconsciente cinismo en una comunicación a Christopher fechada el 23 de agosto:

 

Pero nunca debemos olvidar que si alguna vez llegamos a algún acuerdo, los necesitaremos a todos —la UE para la ayuda económica, nuestros aliados de la OTAN para la nueva fuerza de paz post-ONU, la ONU para legitimar las resoluciones, la Conferencia islámica para cualquier ayuda adicional y los rusos y los griegos por su influencia (por poca que sea) sobre Belgrado (1999a, 126).

 

Que la OTAN estaba destinada, ya antes de la firma formal de los acuerdos de paz, a ocupar el apetitoso lugar simbólico de la garantía de los mismos quedaba claro desde el primer momento. A principios de octubre, durante un encuentro de los ministros de Defensa de la OTAN celebrado en Williamsburg (Estados Unidos), se acordó desplegar en cuanto se firmara la paz una fuerza multinacional bajo mando de la Alianza, que sustituyera a UNPROFOR. Para entonces ya se habían rubricado dos acuerdos durante el mes anterior que desembocarían en la firma de la paz definitiva el 21 de noviembre en la base norteamericana de Dayton (Ohio) y que serían formalmente sancionados el 14 de diciembre en París. La simbología de todo ello no dejaba de tener su importancia. La ceremonia formal del acuerdo de paz no podía menos que celebrarse en París, como correspondía a la finalización de un conflicto europeo, pero el acuerdo definitivo fue firmado en una base militar de los Estados Unidos, para que la administración Clinton pudiera rentabilizarlo políticamente de cara a las elecciones presidenciales de diciembre de 1996.

 

 

INTERIORIDADES DE DAYTON

 

Los detalles de la negociación de Dayton también resultaron muy sugerentes. Fue el negociador estadounidense, Richard Holbrooke, quien organizó el plan de trabajo y dirigió las negociaciones. Las delegaciones del Grupo de Contacto simplemente fueron informadas del curso de las conversaciones, colaborando ocasionalmente cuando era necesario y ratificando el resultado final. En opinión de la negociadora británica, “no estaban para interferir” (Neville-Jones, 159). Los países del Grupo de Contacto habían sido divididos en dos grupos: el ruso-norteamericano y el europeo, teóricamente subordinado al representante de la UE, Carl Bildt. En la práctica, sin embargo, sólo formalmente la participación rusa tenía el mismo status que la norteamericana, mientras que la autoridad de Bildt sobre sus presuntos subordinados era puramente decorativa. La UE venía a demostrar así, en los hechos, la inanidad del objetivo declarado de articular una identidad común europea en temas de seguridad y defensa: una meta que supuestamente debía alcanzarse en la reforma prevista del Tratado de Mastricht, en la primavera de 1997. Tanto la propia formación de Grupo de Contacto en 1994, como las negociaciones de Dayton al año siguiente, desmintieron en los hechos esa voluntad europeísta. Por otra parte, el reparto de mandos militares y civiles de la misión de mantenimiento de la paz no pudo menos que beneficiar a los Estados Unidos. La jefatura del contingente multinacional de la OTAN fue norteamericana, y era intención de la administración Clinton hacerse también con el mando civil. Dada la oposición europea, Washington cambió de táctica y pasó a conceder a este último puesto la menor autoridad posible. En cuanto al espinoso asunto de la doble llave, que tantos problemas había causado desde el año anterior, se saldó con la separación rígida de las autoridades civiles y militares, jamás un mando civil volvería a interferir en la cadena de mando militar (Neville-Jones, 161-162).

Sin extendernos sobre los acuerdos territoriales y constitucionales firmados en Dayton[236], no es posible finalizar este apartado sin subrayar tres grandes rasgos definidores de la consumada realpolitik de Washington. El primero y más destacable no fue otro que el encumbramiento del principal responsable del genocidio de la población bosnia, Slobodan Milosevic, a la categoría de pacificador del conflicto. Y lo mismo podría decirse del otro régimen nacionalista agresivo, el del croata Tudjman, después de la limpieza étnica ejecutada en los territorios recuperados durante aquel verano. En el caso concreto de Milosevic, la negociación con el “el brujo desligado de sus aprendices” tuvo sus costes, y presumiblemente uno de ellos fue la marginación del problema kosovar de las negociaciones. La problemática de la mayoritaria población albanesa de Kosovo, reprimida duramente por el régimen serbio desde la anulación de su estatuto de autonomía en 1990, fue arrinconada con tal de sacar adelante el acuerdo de Dayton, con lo que el pan de hoy se convertía en hambre para mañana. Sacar a Kosovo de Dayton supuso, como más adelante se vería, el golpe de gracia para el admirable movimiento de resistencia no violenta iniciado años atrás y encabezado por la Liga Democrática de Kosovo, con la esperanza de llamar la atención de la “comunidad internacional” sobre su desesperada situación. Desaprovechada

 

 

 

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aquella última y definitiva oportunidad de denunciar la represión que padecía, la población albanesa empezaría a darle la espalda a la metodología no violenta que tan pocos resultados efectivos le había dado, para cifrar sus esperanzas en la acción guerrillera del ELK, el Ejército de Liberación de Kosovo. Un último rasgo de la realpolitik estadounidense hace referencia a los planes de rearme contemplados en Dayton. Curiosamente, los acuerdos de paz no posibilitaron procesos negociados de desarme progresivo, sino todo lo contrario: lejos de desarmar a la parte serbobosnia, el acento se puso en el rearme de la otra parte bajo asesoría estadounidense, a fin de conseguir un equilibrio militar en un futuro no muy lejano. Fácil era suponer que, a la larga, una remilitarización semejante no podría conllevar más que el riesgo de un nuevo conflicto, toda vez que el acuerdo constitucional de Dayton no hacía más que sancionar un reparto de territorios conquistados en el campo de batalla y uniformizados conforme a criterios étnicos[237].

 

   LA OTAN TRASLADA SU TEORÍA A LOS HECHOS: IFOR

 

Para finales de año comenzó el despliegue en territorio bosnio de la fuerza de la OTAN —IFOR, Implementation Force— con lo que la Alianza ponía en práctica la teoría que había venido defendiendo desde el Nuevo Concepto Estratégico de 1991. En su primer gran operativo militar de la posguerra fría, y por medio de una misión “fuera de zona”, la OTAN conseguía así instalarse en el corazón de la nueva arquitectura de seguridad europea. La Alianza no participaba ya como refuerzo de una misión en el terreno de Naciones Unidas, sino que actuaba como protagonista principal legitimada por una resolución del Consejo de Seguridad bajo el capítulo VII de la Carta de la ONU[238]: ése había sido el expeditivo método utilizado para trascender las limitaciones territoriales del artículo VI del Tratado de Washington. IFOR constituía, además, un modelo de Fuerza Operativa Combinada Conjunta llevada a la práctica antes incluso de que en el seno de la Alianza se consensuara el desarrollo de ese concepto, que tendría lugar en la reunión ministerial celebrada en junio del año siguiente en Berlín. Se trataba de una misión militar ad hoc, limitada en el tiempo hasta diciembre de 1996, que utilizaba infraestructura de la OTAN coordinando al mismo tiempo recursos de países no miembros, que ya habían ensayado su interoperatibilidad con los ejércitos aliados a través de los convenios APP: eran los casos de Finlandia, los Estados

 

 

 

 

 

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Bálticos, Hungría, Polonia, República Checa, Rumanía, Ucrania e incluso Rusia[239].

 

Como muestra inequívoca del “vínculo transatlántico”, Estados Unidos aportaba la mayor cantidad de tropas, un tercio del total de 60.000 soldados, mientras que Gran Bretaña contribuía con 13.000 y Francia con 10.000. Este último país había llegado, por cierto, al punto de máximo acercamiento con la Alianza, merced a la crisis bosnia. Su colaboración en los preparativos de IFOR, junto al hecho de que tropas terrestres francesas se hubieran colocado por primera vez en su historia bajo mando de la OTAN, habían llevado al gobierno francés a anunciar en diciembre de 1995 su incorporación al Comité Militar. De esa forma, la misión IFOR acercaba a los socios europeos a su aliado estadounidense, posibilitando una mayor contribución de aquéllos a los gastos de la Alianza. Por otra parte, el nombramiento a finales de año de Javier Solana como nuevo secretario general, tras la forzada dimisión del belga Willy Claes, no podía más que favorecer el proyecto atlantista de aumentar el compromiso y la contribución europeas al fortalecimiento de la OTAN. A Willy Claes, que tan buen resultado había dado a Washington[240] en los bombardeos de agosto, se le intentó sostener hasta el último momento, hasta que no tuvo más que retirarse por un oscuro caso de corrupción[241]. Tras la dimisión de Willy Claes Washington impuso a su candidato, el ministro de Exteriores español Javier Solana, frente al candidato apoyado por la mayor parte de los socios europeos, el ex primer ministro holandés Ruud Lubbers. Según algunas versiones, Lubbers fue vetado por sus dudas durante los años ochenta en apoyar el despliegue de los misiles Crucero y Pershing II en Europa (Alonso, 91); no obstante, Solana tampoco tenía un pasado muy atractivo para Washington como antiguo opositor a la Alianza. Una hipótesis más factible haría referencia al papel desempeñado por Solana como ministro de Exteriores durante la doble presidencia, de la UE y de la UEO, desempeñada durante el segundo semestre de 1995. Cuando ya había sido convocada para el año siguiente la Conferencia Intergubernamental (CIG) que debería reformar el Tratado de Maastricht, Solana había hecho una inequívoca profesión de fe del reforzamiento de la OTAN por medio de una mayor contribución europea, frente a posturas más europeístas como la de Holanda. Además, según informó con bastante indiscreción un portavoz del gobierno estadounidense, Solana había asegurado previamente a la administración norteamericana que era partidario de la integración española en la Estructura Militar Integrada, algo que a buen seguro debió de haber pesado en su nombramiento[242].

 

 

 

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En el reparto de funciones previsto ya antes de Dayton, los socios europeos no sólo aumentaron su contribución en tropas al operativo militar de la Alianza, sino que se comprometieron de manera especial con la reconstrucción económica de Bosnia-Herzegovina. En la Primera Conferencia Internacional de Donantes, el esfuerzo militar de Washington contrastó con su esfuerzo económico, ya que sólo aportó la décima parte de los fondos aprobados: 600 millones de dólares. En la segunda Conferencia, celebrada en abril del año siguiente, la participación estadounidense aumentó hasta alcanzar la sexta parte del total de 1.200 millones de dólares. Europa, a través de la aportación comunitaria y de cada estado, pagaba más de un tercio de la factura. Las cifras totales, sin embargo, seguían quedándose cortas para las necesidades de reconstrucción del país, ya que los daños de la guerra se estimaban en unos 80.000 millones de dólares[243].

 

Si la OTAN había logrado instalarse definitivamente en el corazón de la nueva arquitectura de seguridad europea a través de su actuación en el conflicto balcánico, había sido a costa de usurpar funciones anteriormente ejecutadas por otros organismos. La CSCE constituía un buen ejemplo de ello, toda vez que desde 1990 había seguido un rumbo de declive que no podía contrastar más con la ascensión de la Alianza. En 1991 la CSCE no había logrado intervenir eficazmente en los conflictos de Eslovenia y Croacia, y desde entonces estuvo ausente de la escena balcánica hasta que en Dayton se recurrió a ella para una función muy concreta: organizar y fiscalizar las elecciones generales previstas para septiembre de 1996 y garantizadas por IFOR en la totalidad del territorio bosnio, es decir, en la Federación Bosniocroata y la República Srpska. Su aparición no podía ser más lamentable: volvía convertida en una organización puramente técnica y escasa de medios. Su progresiva caída en desgracia desde la Cumbre de París de 1990[244] había dado un salto cualitativo en diciembre de 1994, cuando en la Cumbre de Budapest se aprobó formalmente su institucionalización. Cambiando la primera sigla, de Conferencia pasó a convertirse en Organización y se transformó en la OSCE. A pesar de este aparente fortalecimiento, la nueva OSCE quedó definitivamente rebajada de categoría; de foro central del proceso de distensión a mediados de los setenta, quedó convertida en un organismo técnico de funciones limitadas. En Budapest se enfrentaron dos concepciones de la CSCE, una maximalista y otra minimalista (Ghebali, 1995, 24). La maximalista, defendida por la Federación Rusa,

 

pretendía convertir la CSCE en una especie de ONU paralela, con su propio Consejo de Seguridad y un ámbito de prevención y regulación de conflictos que se habría extendido desde Vancouver hasta Vladivostok: la OTAN y la propia Comunidad de Estados Independientes se habrían convertido en los organismos encargados de aplicar sus resoluciones, con lo que sus respectivos status habrían quedado igualados. La propuesta minimalista, respaldada por los socios más atlantistas de la Alianza, oponía por contra un modelo de CSCE minimizado y subordinado al hiperdesarrollo de la OTAN. No podía ser de otro modo, ya que la Federación Rusa relacionaba de manera directa su propuesta con sus esfuerzos por intervenir en el conflicto bosnio, en el que por aquellas fechas la Alianza había comenzado a ampliar su papel. Una vez impuesta la postura minimalista, la OSCE desempeñaría un papel absolutamente secundario como quedó demostrado en Bosnia-Herzegovina.

 

La misión encomendada a la OSCE, que estrenó su nuevo nombre el 1 de enero de 1995, no fue otra que la de fiscalizar los comicios generales de Bosnia-Herzegovina celebrados en septiembre de 1996. Fue indudablemente una tarea incómoda, pues por aquellas fechas resultaba evidente que no se daban las condiciones que garantizaran unas “elecciones libres, justas y democráticas”, tal y como reconoció Flavio Cotti, uno de los altos funcionarios de la OSCE (Cotti, 11). Que se realizaran de todos modos y que la propia OSCE certificara al mismo tiempo su validez constituía una contradicción que, al igual que en las elecciones de Albania de 1997, acabaría por convertirse en costumbre[245]. Más que con los publicitados esfuerzos por reconstruir un pequeño país de los Balcanes, la votaciones en Bosnia tenían principalmente que ver con las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Dado que según las encuestas al uso, más del 60 % de la población norteamericana se oponía al despliegue de tropas nacionales en Bosnia, Clinton se había apresurado a prometer que sus soldados estarían de vuelta antes del 20 de diciembre; y si las elecciones bosnias se hubieran retrasado, no habría sido posible el retorno de las tropas que formaban un tercio del contingente total de IFOR[246]. Finalmente, Clinton salió reelegido y el mismo 20 de diciembre se activó el relevo de IFOR: SFOR (Stabilization Force) una fuerza mucho más reducida, de 34.000 soldados, con un mandato de dieciocho meses. Otros países como Eslovenia, Bulgaria, Albania e Irlanda se sumaban al contingente multinacional, mientras que la presencia estadounidense se reducía considerablemente.

 

 

 

 

 

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¿Y Rusia? Su papel en las negociaciones de Dayton había sido absolutamente secundario, al margen de alguna que otra concesión[247], e incluso había aceptado la petición norteamericana de participar en los operativos IFOR y SFOR, poniendo tropas bajo el mando de la OTAN —unos 2.000 soldados— en un gesto sin precedentes. Teniendo en cuenta que con anterioridad el gobierno ruso había perseguido una solución del conflicto bosnio que implicara a la OSCE en vez de a la OTAN, en consonancia con su propuesta presentada en la Cumbre de Budapest, además de su oposición a los planes de ampliación de la OTAN, no podía menos que resultar extraña tan colaboradora actitud. Una explicación podría apuntar a las dificultades internas que estaba atravesando Yeltsin en 1995, presionado por fuerzas que tradicionalmente lo habían apoyado pero que se mostraban muy críticas con la impopular guerra de Chechenia iniciada en diciembre del año anterior. Por otra parte, habría sido difícil considerar como casual una importante concesión hecha por la administración norteamericana al apurado gobierno respaldado por Yeltsin, precisamente en vísperas de las negociaciones de Dayton. A finales de octubre, el secretario de Defensa norteamericano William Perry y el ministro de Defensa ruso Grachov acordaron una modificación del Tratado de Armas Convencionales en Europa (CFE) que favorecía el aumento de la presencia militar rusa en el Cáucaso norte, reforzando de ese modo los efectivos que estaban librando duros y desafortunados combates en Chechenia. El acuerdo, que no contabilizaba en la reducción prevista una larga serie de regiones y distritos en el sur del país, suponía de hecho el espaldarazo norteamericano a una guerra genocida que había sido criticada tímidamente en la OSCE y que, incluso en el interior de Rusia, contaba con numerosos detractores[248]. Una concesión tan importante por parte de la diplomacia norteamericana tal vez explicara de manera convincente el comportamiento especialmente constructivo del gobierno ruso tanto en las negociaciones de Dayton como en el operativo militar de la OTAN en Bosnia-Herzegovina.

 

 

   LA AMPLIACIÓN DE LA OTAN

 

La oposición rusa también hubo de ser vencida, o persuadida, para que prosperara el plan de ampliación de la OTAN. Dicho proyecto ya había sido esbozado por la administración estadounidense en 1993, en consonancia con la nueva “estrategia de ampliación” de Anthony Lake, aunque hasta finales de

 

 

 

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1994 no fue revelado abiertamente para no despertar con demasiada antelación los recelos de la Federación Rusa[249]. A la luz de los hechos posteriores no puede menos que sorprender la cuidada planificación del proceso, ya que el calendario elaborado por Washington en 1994 se cumplió con notable exactitud. Una vez acordado que el proceso sería lento pero constante —frente a las premuras de gentes como Kissinger y Brzezinski— se decidió que los candidatos serían aceptados en 1997 y que el ingreso formal se produciría con ocasión del quincuagésimo aniversario de la Alianza (Holbrooke, 1999a, 97). En cuanto al número e identidad de los candidatos, la postura de Washington sintonizó perfectamente con la expresada por los analistas de la Fundación RAND —Asmus, Kugler y Larrabee— en su famoso artículo sobre la ampliación de la OTAN publicado en el otoño de 1993[250]. Fueron tres y no más los admitidos: Polonia, Hungría y la República Checa.

 

En 1995 se dio un debate dentro de la Alianza y con los candidatos potenciales sobre el proyecto de ampliación. Durante la primera mitad del año se trató el “¿cómo?” y el “¿por qué?”, y durante la segunda mitad el “¿cuántos?” y el “¿cuándo?”. La razón que justificaba la ampliación para Washington y Berlín, sus principales defensores, no era otra que la estabilidad: se argumentaba que la Alianza debía amparar o proteger procesos democráticos como los que estaban atravesando los antiguos países comunistas europeos. El argumento, sin embargo, se caía por su propio peso, como bien se encargaron de señalar algunos analistas norteamericanos, desmentido por la observación de que la Alianza se disponía a extenderse no a los países con mayores problemas internos y necesitados por tanto de estabilidad, como Albania o Eslovaquia, sino precisamente a los más estables como Polonia o Hungría. De hecho, estos mismos críticos de la ampliación volvían el argumento del revés: los planes de extensión de la OTAN acabarían por surtir el efecto contrario al deseado, haciendo que la Federación Rusa se sintiera insegura y desestabilizando de ese modo a Europa (Brown, 76). En realidad, la ampliación parecía obedecer más bien a una necesidad interna de la propia Alianza, deseosa de legitimarse y asegurar su supervivencia; esto era algo, por lo demás, reconocido en círculos cercanos a la administración norteamericana Utilizando la gráfica expresión de los analistas del RAND mencionados más arriba, la OTAN debía salirse “fuera de zona”, esto es, intervenir activamente en Bosnia y ampliarse a los antiguos países comunistas

 

— si no quería “cerrar por falta de actividad”. La perspectiva de suscitar la agresividad de la Federación Rusa se convertía entonces en un riesgo necesario.

 

 

 

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La hostilidad rusa a los planes de ampliación surgió inmediatamente después de su anuncio formal en diciembre de 1994, justamente cuando la Federación se disponía a formalizar un convenio APP con la OTAN. A partir de entonces el escrupuloso cumplimiento del calendario fijado por Washington se acompañó de un cierta discreción en las declaraciones públicas, siempre y cuando resultara necesario hacerlo. A principios de 1995, por ejemplo, los responsables atlánticos se comprometieron a mantener “aparcado” el proyecto hasta después de las elecciones presidenciales en Rusia, programadas para el verano de 1996, para no perjudicar al presidente Yeltsin (Kay, 99). Otra táctica seguida fue la de hacerle “tragar la píldora” de la ampliación a cambio de un acuerdo especial de asociación con la OTAN, que fue finalmente firmado en mayo de 1997 en París. Y, como no podía ser menos, la aceptación rusa estuvo directamente condicionada por diversas concesiones hechas por Occidente, tal y como había ocurrido con la manera en que la OTAN había gestionado el conflicto bosnio. La forma en que se renegoció el Tratado de Fuerzas Armadas Convencionales en Europa (CFE, o FACE) en 1996 constituyó un buen ejemplo. A mediados de noviembre de 1995, fecha tope para la aplicación del Tratado firmado en 1990, Rusia manifestó su pretensión de alterar las cantidades de armamento pactadas en la llamada “zona de los flancos”. Debido a la guerra de Chechenia, Moscú había desplazado de hecho a su flanco del Cáucaso norte una cantidad de fuerzas terrestres muy por encima de los niveles autorizados. Las tácticas seguidas por Moscú para validar tal concentración de tropas y recursos fueron variadas: desde la presión sobre Armenia y Georgia para que le transfirieran parte de sus “techos” nacionales de armamento hasta la intención de descontar las unidades de “cascos azules” rusos de las limitaciones de personal. Finalmente, y contando con la garantía de Estados Unidos, la Conferencia de Revisión del Tratado FACE celebrada en mayo de 1996 reformó los techos de armamento y desgajó algunas zonas del área de los flancos en beneficio ruso[251]. Aparte de estas importantes concesiones políticas, que posibilitaron al régimen de Yeltsin la continuación de la guerra en Chechenia, las económicas quizá tuvieran una importancia todavía más significativa: la Federación Rusa siguió recibiendo ayudas de manera creciente del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, alcanzando su cota máxima en el verano de 1998 con 22.000 millones de dólares[252].

 

En 1996 Washington tuvo un motivo añadido para defender la ampliación de la OTAN: el presidente Clinton se había comprometido firmemente a ello en el programa del partido demócrata con vistas a las elecciones presidenciales

 

 

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de finales de año, asegurando que la integración de los nuevos candidatos se produciría en 1999. Tanto Clinton como el senador Robert Dole, el candidato republicano, buscaban los votos de los 23 millones de estadounidenses originarios de Europa Central y Oriental, incluidos los de origen polaco (Kay, 101; Rosner, 13). La única diferencia existente entre ellos era que Dole había prometido que la ampliación se adelantaría un año si era elegido. El asunto molestó a algunos aliados de la OTAN como el primer ministro canadiense, que olvidándose de que se había dejado el micrófono encendido, en un preciso momento de la Cumbre de Madrid de julio de 1997 se quejó de que la campaña norteamericana de ampliación de la OTAN en dos años estaba “hecha por razones políticas de corto plazo, para ganar las elecciones”[253]. Un asunto, por cierto, que no quedó aclarado hasta la misma Cumbre de Madrid fue el de la identidad de los nuevos miembros, cuando formalmente resultaron elegidos Polonia, la República Checa y Hungría conforme a los planteamientos de Washington y frente a la actitud de la mayoría de los aliados europeos, que deseaban incluir también a Eslovenia y Rumanía.

 

Que la administración Clinton hubiera restringido de ese modo la lista de los once países que a principios de 1997 habían pedido el ingreso formal en la OTAN se debía a diversas circunstancias. Por un lado, y tal y como habían señalado los analistas del RAND en 1993, los regímenes de los tres países admitidos eran pronorteamericanos y podrían apoyar los planteamientos atlantistas de Washington y de sus aliados frente a sus socios más “europeístas”. El hecho de que los tres hubieran defendido firmemente la supervivencia de la OTAN tras el final de la guerra fría, cuando en la propia UE se elevaban voces que la cuestionaban, era algo que no podía olvidarse fácilmente[254]. Además, y dado que los países de Visegrado encabezaban la lista de los futuros miembros de la Unión Europea, su integración relativamente rápida en la OTAN habría respondido al objetivo de evitar que entraran antes en la UE y, en consecuencia, recibieran de la misma garantías de defensa a través de la UEO. Los dos motivos mencionados se resumirían en una sola actitud: la de buscar en los tres estados de Europa Central un medio de reforzar a la OTAN rebajando el peso relativo de la Unión Europea en la Alianza[255].

 

Si a ello añadimos la satisfacción por parte de estos tres países de ciertos criterios mínimos de estabilidad política y económica, los mismos que los convertían en los próximos candidatos a ingresar en la Unión Europea, nos hallaríamos ante un grupo compacto y diferenciado de otros estados más inestables o menos recomendables para una primera ola de ampliación

 

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atlántica, como Eslovaquia, Bulgaria o Rumanía. Por último, y teniendo en cuenta que una de las funciones previstas de la Asociación Para la Paz había sido la de adaptar convenientemente las estructuras militares de los futuros miembros de la OTAN, hacia 1997 los países del grupo de Visegrado habían destacado sobre todos los demás. Este último factor explicaría que países de condiciones políticas y económicas incluso mejores que las de los tres de Visegrado —como Eslovenia, por ejemplo— hubieran quedado rezagados en la carrera hacia la OTAN. Desde que la Alianza aprobó el concepto de la Asociación Para la Paz en enero de 1994, Polonia, la República Checa y Hungría se habían destacado como los socios más dispuestos a colaborar en el mismo con vistas a su futuro ingreso en la OTAN. Polonia firmó el Documento Marco el 2 de febrero de 1994, y en seguida propuso celebrar en su territorio las primeras maniobras conjuntas de la Alianza. El 10 de marzo la República Checa firmó el mismo convenio, y poco después sus autoridades políticas manifestaron la intención de crear un pequeño ejército y hacerlo operativo con los procedimientos de la OTAN, incrementando para ello su presupuesto militar. Hungría firmó el convenio APP el 8 de febrero, pocos días después de Polonia, y emprendió entonces una profunda reorganización y modernización de su ejército, disponiéndose también a realizar maniobras conjuntas con la OTAN. Por último, estos tres países aportaron una considerable cantidad de tropas a la misión IFOR en Bosnia-Herzegovina[256].

 

Por lo demás, Estados Unidos había demostrado desde hacía años un interés semejante por el grupo de Visegrado, con lo que la relación había sido correspondida. Con la aprobación de la Ley de Participación en la OTAN de 1994, el Congreso norteamericano había autorizado al presidente Clinton a enviar ayuda militar y armamento sobrante a los socios más activos de la APP y, en particular, a Polonia, Hungría, la República Checa y Eslovaquia (Rosner, 12; Caracuel, 222). Además, la Ley de Revitalización de Seguridad Nacional, aprobada por el Congreso de los EEUU el 4 de enero de 1995, señalaba que los Estados Unidos, los aliados europeos y la propia OTAN deberían asistir a Polonia, Hungría, la República Checa y Eslovaquia para que se convirtieran en miembros de pleno derecho de la Alianza Atlántica antes del 10 de enero de 1999 (Caracuel, 224). Durante el proceso, Estados Unidos había contraído una serie de compromisos con estos países que no podía defraudar, toda vez que la carrera hacia la OTAN parecía haberse convertido en un concurso de méritos. En 1996, con el fin de respaldar su candidatura de ingreso en la OTAN, la República Checa inició conversaciones con

 

 

 

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Washington para adquirir seis bombarderos F-16 que sustituyeran a sus anticuados Mig-21, una inversión que suponía la quinta parte de su presupuesto de defensa. Los nuevos encargos de armamento de los tres países de Visegrado crecieron tanto que incluso el FMI se alarmó; en junio de 1997, su director administrativo advirtió personalmente al secretario del Tesoro estadounidense de que tales gastos podrían afectar negativamente a sus compromisos con la institución financiera. Aun así, Hungría y la República Checa continuaron adquiriendo F-16 y F-18, gastándose 8 millardos de dólares en reactores, una cantidad que superaba el conjunto de los presupuestos de defensa anuales de los tres países del grupo de Visegrado (Kay, 104).

 

Durante la cumbre de julio de 1997 celebrada en Madrid, la administración norteamericana logró imponer su tesis de una ampliación limitada a tres miembros —Polonia, la República Checa y Hungría— frente a la mayoría de los aliados europeos, que habían pretendido incluir también a Eslovenia y Rumanía. Para ello, difundió unas abultadísimas cifras del coste de la ampliación que, como pudo comprobarse después, tenían entre otros objetivos el de reforzar sus planteamientos en la Cumbre de Madrid. De otro modo no habría podido explicarse por qué la cantidad inicialmente estimada entre 27 y 35 millardos de dólares a lo largo de un período de entre 10 y 12 años, fuera bruscamente rebajada, varios meses después de la cumbre, a 1,3 millardos a lo largo de diez años. Entre otras razones para defender una ampliación reducida frente a otra más extensa, Estados Unidos había insistido principalmente en el argumento económico, al presentar una ampliación a cinco miembros como irrealizable. En cualquier caso, la administración estadounidense se había curado en salud recortando su participación en la factura resultante, entre un 7 y un 10 % (Kay, 107); estaba previsto que la mayor parte del coste corriera a cargo de los nuevos miembros.

 

Por otro lado, a lo largo de 1997 los aliados europeos no se mordieron la lengua y aseguraron que Washington había inflado a propósito los cálculos de costes de la ampliación para justificar sus ventas de armamento a los candidatos recién admitidos (Kay, 106). Y durante el encuentro de ministros de Defensa de la OTAN celebrado en noviembre en Maastricht, varios representantes europeos aseguraron que la voluntad de Estados Unidos de ampliar la Alianza respondía a su búsqueda de nuevos mercados para su armamento de alta tecnología[257]. Estados Unidos daba así un nuevo paso a su favor en la resolución del crónico problema del “reparto de las cargas”, ya que reducía su participación absoluta en los gastos de la Alianza[258], a la vez

 

 

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que los compensaba sobradamente con el negocio multimillonario de la ampliación de la OTAN.

 

 

   LA OTAN Y LA RIBERA SUR DEL MEDITERRÁNEO

 

Al tiempo que proseguía con su proceso de ampliación al Este, la Alianza había iniciado en 1995 el llamado Diálogo Mediterráneo, en forma de entrevistas con los dirigentes de cinco países de la ribera sur mediterránea — Egipto, Israel, Marruecos, Mauritania y Túnez— que recibiría nuevo impulso en la Cumbre de Madrid de julio de 1997. Durante dicha Cumbre se acordó la creación de un organismo específico, el Grupo de Cooperación Mediterráneo, para promover actividades de cooperación política y fundamentalmente militar con el llamado formato “16+1”, esto es, de relación bilateral entre la Alianza y cada uno de los países mencionados. Como resultado de estas iniciativas, Egipto, Jordania y Marruecos aportaron tropas propias a las misiones de pacificación en Bosnia-Herzegovina IFOR y SFOR (Nordam, 29). Sin embargo, tales actividades estaban estrechamente vinculadas a una percepción muy especial y extremadamente deformada de la zona mediterránea. Tal y como veíamos en el capítulo V, desde el comienzo de la posguerra fría (Wörner, 1991a, 6) el discurso atlantista no ha dejado de definir la ribera sur del Mediterráneo como una frontera particularmente peligrosa, uno de los dos “arcos de crisis” que rodearían Europa amenazando su estabilidad y la de Occidente en general[259]. Una frontera —un limes, por utilizar la acertada imagen de J. C. Rufin— que acrisolaría todos y cada uno de los nuevos imaginarios de enemigo representados por Occidente: las migraciones, el terrorismo, el Islam y las armas de destrucción masiva.

 

Según una percepción semejante, detrás de las actividades de cooperación promocionadas oficialmente por la Alianza no habrían podido menos que descubrirse iniciativas bien distintas, de índole militar y agresiva, algo que resulta claramente observable en el proceso de reforma de los ejércitos occidentales durante la posguerra fría. La reducción de efectivos en el área central ha venido acompañada de un reforzamiento del flanco sur, siempre en forma de unidades de veloz proyección exterior como la División Multinacional Sur del Cuerpo de Reacción Rápida de la OTAN, creado en 1991, o los cuerpos EUROFOR y EUROMARFOR[260], utilizables tanto por la Alianza como por la UEO. La creciente importancia del flanco meridional de la Alianza ha tenido asimismo su correlato exacto en la mayor valoración de la

 

 

 

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Europa del sur dentro de la misma[261]; de ahí el interés otorgado a recientes procesos como la plena incorporación española en la Estructura Militar Integrada o el acercamiento francés a la OTAN. Además de estos preparativos militares, las autoridades de la Alianza han procedido a diseñar planes de intervención previendo futuras crisis, como el elaborado por el Grupo Especial Mediterráneo de la Asamblea del Atlántico Norte a finales de 1996[262]. Dicho informe contemplaba como modelo más probable de intervención militar de la OTAN no una respuesta a una agresión, sino un operativo armado en apoyo de una acción política a raíz de un conflicto. La intensidad del compromiso militar variaba según la diversidad de las situaciones: desde operaciones de mantenimiento de la paz, sin empleo de la fuerza a priori, hasta imposición de la paz ejerciendo una dosis mayor de violencia.

 

Quizá lo más llamativo de estos proyectos fuera su vocación intervencionista: antes de que se produjera el conflicto, la OTAN se preparaba a intervenir militarmente con arreglo a planes preconcebidos. A finales del año siguiente se filtró a la prensa española un documento aprobado por los jefes de Estado Mayor de los 16 países aliados, en el que se calificaba el área de Marruecos, Argelia y Túnez como “zona de inestabilidad potencial”, y se pedía al nuevo mando suroccidental español que adquiriera la capacidad necesaria para desplegar hasta 50.000 soldados en el Magreb, en hipotéticas operaciones de mantenimiento de la paz[263]. Pero más llamativa aún resultaba la facilidad con que se recurría a soluciones militares para hacer frente a problemas que eran fundamentalmente sociales, dado que en el documento citado la referencia a la “inestabilidad” del Magreb venía asociada a “fuertes movimientos transnacionales y emigraciones masivas”. Poco tiempo después, las unidades multinacionales de proyección exterior empezaron a entrenarse para ejecutar en un futuro no muy lejano estas tareas. Durante el verano de 1998, la Eurofuerza de Operación Rápida —EUROFOR—, compuesta por contingentes de Francia, España, Italia y Portugal, realizó unas maniobras que reproducían los operativos planificados. Los efectivos de las cuatro naciones participantes simularon formar una coalición para, bajo mandato de la ONU, ejecutar un operativo de mantenimiento de la paz en un conflicto entre países de la ribera sur del Mediterráneo. El objetivo de la misión consistía en evacuar de la zona de crisis a los residentes europeos y garantizar la entrega de ayuda humanitaria: una reproducción exacta de la operación “Alba” en Albania, que no pudo ser coordinada ni desde la OTAN ni desde la UEO, y que en realidad respondió al único objetivo de frenar in situ

 

 

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las oleadas de refugiados que habían comenzado a llegar a las costas italianas. Las maniobras sirvieron además para ensayar el concepto de la Fuerza Operativa Combinada Conjunta, aprobado formalmente por la Alianza en junio de 1996[264].

 

 

   LA ALIANZA Y LA DEFENSA EUROPEA: UNA RELACIÓN DESEQUILIBRADA

 

Los avances logrados por la Alianza tras su intervención en el conflicto bosnio a finales de 1995 no podían presentar un mayor contraste con el lento desarrollo de la llamada “identidad de defensa europea” anunciada en Maastricht. En la Cumbre de Berlín celebrada a primeros de junio de 1996, el Consejo del Atlántico Norte aprobó finalmente, tras dos años de debate, el concepto de la Fuerza Operativa Combinada Conjunta (FOCC)[265]. El retraso se había debido a la pretensión francesa de crear una nueva cadena de mando específica para las FOCC, negándose a que quedaran bajo el mando de la Estructura Militar Integrada (EMI) que tradicionalmente estaba liderada por generales norteamericanos. París argumentaba que puesto que estaba previsto que el concepto FOCC se aplicara únicamente a misiones “fuera de zona” —ya que había sido diseñado para asegurar un mayor protagonismo a la UEO en las famosas “misiones Petersberg”[266]— no era necesario que tales operativos quedaran bajo el mando de la mastodóntica EMI, concebida precisamente para la defensa del territorio atlántico y en la que Francia aún no se había aventurado a entrar. Durante las discusiones, la administración francesa llegó incluso a cuestionar el sentido de la permanencia de la EMI en la OTAN de la posguerra fría, dado que los conflictos de los que tendría que ocuparse serían con toda probabilidad conflictos “fuera de zona”, más que de defensa del artículo V del Tratado de Washington, y por tanto la EMI no habría sido ya necesaria. La administración estadounidense, por su parte, recelaba de que las FOCC pudieran llegar a tener demasiada autonomía, de modo que los Estados Unidos se vieran algún día implicados —a través del aporte de su infraestructura— en operaciones “fuera de zona” que no pudieran dominar. Según su postura, el mantenimiento de la EMI era un dogma indiscutible, toda vez que expresaba cabalmente su papel hegemónico en la Alianza y su superioridad militar sobre los aliados.

 

Finalmente en Berlín se llegó a un acuerdo más favorable a Washington que a París, ya que la EMI sobrevivió para experimentar posteriormente una reforma que no satisfizo en absoluto las pretensiones francesas. Se creó, sin

 

 

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embargo, el embrión de una nueva cadena de mando para misiones “fuera de zona” dentro de la propia EMI, a través de los “núcleos” FOCC. En algunos mandos de la EMI se instalarían esos pequeños núcleos que podrían ser operativos y convertirse en cuarteles FOCC si así lo decidiese el Consejo del Atlántico Norte. Por otro lado, en Berlín se acordó formalmente la cesión de medios e infraestructura OTAN a la UEO en misiones “fuera de zona” aprobadas por el Consejo Atlántico, con lo que se sancionaban dos conceptos anteriores. El primero era el de “doble gorra”, según el cual las mismas fuerzas de la Alianza podrían actuar como tales o como UEO, y el segundo el de las “fuerzas separables pero no separadas”, esto es, que podrían segregarse fuerzas de la OTAN para misiones propias de la UEO a través del instrumento de las FOCC. En cualquier caso, los Estados Unidos mantenían el control sobre sus propios recursos, transporte e infraestructura de telecomunicaciones, imprescindibles en toda operación de proyección de fuerzas que se preciase. Al respecto, no podía menos que llamar la atención la abismal diferencia entre las tecnologías militares de Estados Unidos y de Europa en la misión IFOR: 47 de las 50 terminales de satélites utilizadas en el operativo eran norteamericanas[267]. El acuerdo de Berlín aseguraba a Washington, en tanto que dueño de los recursos prestados, el derecho de control y de inspección sobre cualquier operativo europeo en el que no participara directamente[268]. Además, en última instancia, cualquier operación propiamente europea debía ser aprobada por el Consejo del Atlántico Norte, en el que cada país —y sobre todo los Estados Unidos— conservaba su derecho de veto. Por lo demás, la “división del trabajo” entre la OTAN y la UEO, de la que tanto se había hablado desde la reunión de Petersberg, quedaba en entredicho. Después de lo ocurrido en Bosnia-Herzegovina, resultaba evidente que la OTAN no iba a conformarse con permanecer en territorio atlántico, limitada a las funciones defensivas del artículo V, y ceder a la UEO las iniciativas de intervención “fuera de zona”. Como bien se encargó de advertir el secretario de Estado norteamericano durante la reunión de Berlín, “había muy pocas operaciones europeas en las que Estados Unidos no quiera o no pueda participar”[269]. A la luz de lo acordado, la “relación de transparencia y complementariedad” perseguida por la Alianza desde los días de la aprobación del Nuevo Concepto Estratégico no podía menos que sonar a fábula. La legendaria “identidad europea de defensa”, que aún no había cobrado cuerpo desde las retóricas declaraciones de Maastricht, se desarrollaba de hecho en el marco de la OTAN y en estrecha subordinación a la misma.

 

 

 

 

 

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La aprobación del ingreso de los países de Visegrado en la OTAN, durante la cumbre de julio del año siguiente en Madrid, presentó a una Alianza en plena expansión que se asemejaba muy poco a una Unión Europea dividida e indecisa acerca del rumbo a seguir sobre su propia ampliación, tal y como quedó demostrado en la Cumbre de Amsterdam de junio de ese año. La Cumbre de Amsterdam dio al traste con las expectativas de muchos socios europeos desde la apertura de la Conferencia Intergubernamental (CIG) en marzo de 1996 en Turín, que habría debido desembocar en la reforma del Tratado de Maastricht[270]. Al margen de otras discrepancias, y ciñéndonos a la cuestión de la defensa europea, resultó decepcionante para las posiciones más europeístas que no se lograra avanzar ni un ápice desde las retóricas y ambiguas declaraciones de Maastricht. En el texto acordado en Amsterdam, el proyecto de futura integración de la UEO en la UE quedaba, como en Maastricht, en suspenso y sin calendarización alguna, defraudando la propuesta europeísta[271]:

 

En consecuencia la Unión (Europea) promoverá relaciones institucionales más estrechas con la UEO, con vistas a la “posibilidad”[272] de la integración de la UEO en la Unión, a

decidir por el Consejo (Europeo)[273].

 

A manera de compensación por esta parálisis textual, la UE avanzaba un tanto en sus relaciones con la UEO al recoger en el nuevo Tratado de Amsterdam las propias misiones Petersberg y establecer nuevos cauces de coordinación entre dichas organizaciones. La figura del nuevo ministro de Exteriores —“Mr. PESC”— una figura absolutamente subordinada al Consejo Europeo o “Cumbre de presidentes” era un ejemplo de ello, ya que podía dirigirse a la UEO para que llevara a cabo misiones decididas por la UE. No obstante, y al igual que había ocurrido a finales de 1991 en Maastricht, la UEO daba pasos mucho más concretos y efectivos de acercamiento, si no de subordinación, a la OTAN. En la declaración de la UEO adjunta al acta final del Tratado de Amsterdam, la UEO volvía a resaltar que:

 

   la Alianza Atlántica continúa siendo la base de la defensa colectiva de acuerdo con el Tratado del Atlántico Norte. Permanece como foro esencial de consulta entre los Aliados y como marco en el que se deciden las políticas relativas a los compromisos de seguridad y defensa de acuerdo con el Tratado de Washington. La Alianza se ha embarcado en un proceso de adaptación y de reforma para así poder ejecutar más eficazmente el amplio espectro de sus misiones. El proceso apunta al fortalecimiento y renovación del vínculo transatlántico, incluyendo la construcción de una Identidad Europea de Seguridad y Defensa dentro de la Alianza[274].

 

 

 

 

 

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No era simplemente la defensa colectiva, del territorio de la UE, lo que seguía perteneciendo al ámbito exclusivo de la OTAN, sino las propias decisiones sobre política de seguridad y defensa europeas. Por lo demás, la identidad europea de defensa quedaba encerrada con doble llave dentro del marco de la OTAN, a través de la propia Alianza y de la UEO. En la misma declaración citada, la UEO establecía una larga lista de campos en los que se comprometía a colaborar con la OTAN —mecanismos de consultas en caso de crisis, participación en procesos de planeamiento de defensa— y se hacía eco de la capacidad de utilizar recursos militares atlánticos, tal y como había sido acordado en Berlín el año anterior.

 

De esa forma, y en una fase clave de su desarrollo, la Unión Europea Occidental se acercaba a la Alianza con mucha mayor rapidez que a la Unión Europea. Hasta entonces la UEO no había sido más una organización puramente simbólica, dado que la altisonante Declaración de Petersberg de 1992 había conllevado, a exigencia británica, una incapacidad operativa crónica[275]. La intervención de la OTAN en Bosnia-Herzegovina había acabado incluso con sus posibilidades simbólicas, como quedó de manifiesto cuando la Alianza se hizo con el mando exclusivo de la vigilancia del embargo de armamento a la antigua Yugoslavia en el Adriático. Y en vísperas de la Cumbre de Amsterdam, había vuelto a fracasar estrepitosamente en un conflicto europeo que habría encajado a la perfección en los perfiles de las misiones previstas en Petersberg: la crisis albanesa de la primavera de 1997. Por contra, el desenvolvimiento operativo de la UEO se iniciaba precisamente en el momento de máxima crisis del proyecto de una identidad europea de defensa más o menos autónoma de los Estados Unidos, en un proceso de desarrollo estrechamente ligado al de la Alianza, como una especie de apéndice útil de la misma.

 

A principios de diciembre de 1997 la OTAN aprobó formalmente la nueva Estructura Militar Integrada, tras casi dos años de discusiones y retrasos debido a la pretensión francesa de que el mando de Nápoles en el Mediterráneo estuviera dirigido por un militar europeo, la disputa entre Grecia y Turquía acerca del submando de tercer nivel en el Egeo y el contencioso hispanobritánico sobre Gibraltar. La posición de la administración francesa, a pesar del tono de los debates originados, tuvo mucho de simbólica, dado que Washington jamás habría cedido el mando de su VI Flota, el mayor dispositivo militar del Mediterráneo e instrumento esencial de su política en Oriente Medio. Además, a pesar de la negativa

 

 

 

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norteamericana, París no bloqueó la aprobación de la nueva estructura y continuó de hecho en la línea de acercamiento progresivo a la OTAN[276]. Por otro lado, la solución elegida por la Alianza para el problema planteado por Francia de una identidad europea de defensa reflejada en el nuevo reparto de mandos, nunca habría podido ser aceptada por la diplomacia francesa, ya que era puramente cosmética: de ahí la decisión de París de seguir al margen de la nueva EMI. Lo máximo que llegó a consentir Washington fue la creación de un nuevo cargo militar absolutamente secundario, un adjunto al SACEUR — comandante en jefe de las tropas de la OTAN en Europa— que sólo participaría en eventuales operaciones exclusivamente europeas. Según la estructura finalmente aprobada, sólo en caso de que el Consejo Atlántico decidiera una intervención militar de este tipo, el SACEUR encargaría al adjunto europeo la organización del operativo, que si quería contar con medios prestados de la OTAN tendría que estar estrechamente vigilado e inspeccionado por los mandos norteamericanos. En la nueva estructura militar de la OTAN de la posguerra fría, en suma, incluso la concepción del “pilar europeo de la Alianza” palidecía visiblemente, toda vez que los principales mandos seguían estando ocupados por militares estadounidenses: desde la jefatura suprema del SACEUR hasta el fundamental mando operativo del Mediterráneo.

 

La contribución europea a la OTAN había que buscarla, más bien, en la aportación de recursos militares convencionales y en el financiamiento de los gastos totales de la Alianza, esto es, en el polémico y crónico asunto del “reparto de las cargas”: los costes de la misión SFOR en Bosnia-Herzegovina constituían un buen ejemplo de ello[277]. Hacia 1998 la proporción de material militar de alta tecnología utilizado era de uno a diez a favor de los EEUU frente a Europa, mientras que la de tropas era la opuesta[278]. Por entonces la UE aportaba, además del 80 % del contingente de SFOR, más del 70 % del presupuesto total para el mantenimiento de la paz y la reconstrucción civil en Bosnia. Aun así, en la reunión de ministros exteriores de la OTAN celebrada en diciembre del año anterior, la secretaria de Estado Albright no vaciló en exigir una mayor contribución europea. Se daba así una situación que, según algunos autores, convertía a los países de la UE en auténticos “burros de carga” o en los músicos de una orquesta sin voz ni voto sobre la partitura a interpretar:

 

La constante repetición de que Europa debería pagar más —sin dejar que los que pagan a la orquesta participen a la hora de decidir la música— es uno de los elementos más corrosivos de las críticas estadounidenses. Los gobiernos de Europa occidental, profundamente conscientes del valor del marco de la OTAN dirigido por EEUU, no tienen la

 

 

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menor intención de romper el vínculo transatlántico. Pero cada vez están más irritados por el hecho de que lo que realmente exigen el Congreso y la administración estadounidenses es que los europeos financien su hegemonía (Wallace y Zielonka, 16-19).

 

 

   KOSOVO EN 1998. LA CREDIBILIDAD DE LA OTAN DE NUEVO EN PELIGRO

 

A principios de 1998 la Alianza volvió a encontrarse con un nuevo estallido de violencia en los Balcanes, que durante más de un año minó su credibilidad cuando ya se disponía a recoger los frutos de su experiencia bosnia. Los preparativos de la emblemática Cumbre del quincuagésimo aniversario a celebrar en Washington, símbolo de la supervivencia atlántica en los azarosos tiempos de la posguerra fría, coincidieron precisamente con la escalada violenta en Kosovo y con la perspectiva de desestabilización de los Balcanes meridionales.

 

Tres sucesos principales fueron los responsables del cambio operado en 1998. Primero, la radicalización del discurso nacionalista agresivo serbio debido a los resultados de las elecciones del otoño de 1997, que obligaron al Partido Socialista de Slobodan Milosevic a pactar con fuerzas políticas de tintes claramente fascistas, como el Partido Radical de Seselj (Taibo, 1999, 101). En una situación económica deteriorada por el efecto de las sanciones internacionales recientemente levantadas tras Dayton, y enfrentado a una población descontenta por lo ocurrido durante los últimos años, no cabía duda alguna de que el régimen de Milosevic pretendería rentabilizar el conflicto kosovar para asegurarse una mínima cohesión interna. En segundo lugar, y como consecuencia tanto de la exclusión del problema kosovar de la agenda de Dayton como de las propias disensiones internas, la estrategia de resistencia no violenta defendida por la Liga Democrática de Kosovo (LDK) de Ibrahim Rugova parecía haberse agotado tras casi diez años de esfuerzos. La omisión de toda referencia a Kosovo en las negociaciones de Dayton no era, preciso es recordarlo, sino un efecto más de la realpolitik norteamericana desplegada en el conflicto bosnio con el consentimiento de sus socios europeos, al que habría que añadir el fundamental detalle de la rotunda negativa de la “comunidad internacional” a reconocer el derecho de autodeterminación del pueblo de Kosovo. Detrás de una actitud semejante se ocultaban razones de tipo geoestratégico, ya que Occidente temía que un proceso de autodeterminación iniciado en Kosovo pudiera repetirse en Macedonia o en Grecia alterando nuevamente el mapa político y generando en los Balcanes una desestabilización aún más profunda que la experimentada a principios de década. Estas razones no eran, sin embargo, las únicas, porque

 

 

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también podían reconocerse motivaciones relacionadas con la política interior de numerosos estados occidentales con problemas “nacionales” aún por resolver. En cualquier caso, una vez agotada la estrategia no violenta del LDK por su falta de resultados prácticos, y ante la renovada represión ejercida por el régimen serbio, no pudo resultar extraño que la población albanesa empezara a cifrar sus esperanzas en el recurso a la violencia a través de la incipiente guerrilla del Ejército de Liberación de Kosovo (ELK). En tercer lugar, los sucesos ocurridos en Albania en la primavera de 1997 habían conseguido romper el precario equilibrio de fuerzas existente en los Balcanes meridionales. El destronamiento de Sali Berisha, tradicional aliado de Occidente que durante los últimos años había garantizado una mínima estabilidad en la región circundante en virtud de sus relaciones con el LDK y las fuerzas nacionalistas albanesas de Macedonia[279], dio paso a un proceso de recomposición regional de fuerzas aderezado con la distribución masiva de armas entre la población, muchas de las cuales acabaron pasando a manos del

 

ELK.

 

Como resultado de estos tres factores, las primeras ofensivas del ELK a finales de 1997 y principios de 1998 se encontraron con una respuesta especialmente sangrienta del régimen serbio, que daba así un conveniente salto cualitativo en su estrategia represiva de la mayoría albanesa. Para colmo, durante el verano de 1998 tuvo lugar en Albania una intentona golpista de las fuerzas leales de Berisha contra el gobierno presidido por Fatos Nano, con lo que el escenario se desestabilizaba un poco más. A lo largo de ese año la Alianza amenazó de continuo con bombardeos aéreos sobre Serbia[280], a modo de ilustración del discurso intervencionista que pretendía sancionar formalmente en la Cumbre del quincuagésimo aniversario. Pero la repetición de sus vanas amenazas, junto con el recrudecimiento de la represión serbia contra la población civil, no pudo menos que sumergir a la OTAN en una nueva y profunda crisis de legitimidad, semejante a la que había experimentado entre 1992 y 1995 a raíz del problema bosnio. Por otra parte la actitud occidental registró una considerable carga de cinismo, toda vez que hasta la ruptura de los acuerdos de paz firmados en octubre de 1998 entre Milosevic y el enviado estadounidense Holbrooke, se limitó a condenar el “exceso de violencia” de la represión serbia negándose a priori, y de manera simultánea, a reconocer el derecho de autodeterminación del pueblo kosovar. Como señalaba Catherine Samary, a lo largo de esta etapa la exigencia de poner fin al conflicto:

 

 

 

 

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   pasaba a los ojos de los occidentales por una negociación entre Milosevic y Rugova y por una represión por el Poder Serbio de una UCK (ELK) denunciada como “terrorista”. Eran los “excesos” de la represión serbia lo que se condenaba con “amenazas de ataques aéreos” (Samary, 33).

 

Todavía en este momento, al igual que había ocurrido en Dayton, Occidente —y, por supuesto, Rusia— prefería transigir con el régimen de Milosevic con tal de mantener cerrada la caja de Pandora de las reivindicaciones nacionales pendientes en la región. En julio de 1998, por ejemplo, el Grupo de Contacto —al que se había unido Italia— seguía apoyando “la autonomía y no la independencia de la provincia”[281], y ello cuando ya eran miles los desplazados dentro de Kosovo hostigados por la policía, el ejército y los paramilitares, con lo que la perspectiva de restitución de la autonomía dentro de las fronteras serbias no podía resultar muy halagüeña para la mayoría albanesa[282]. Durante esta etapa, el temor a desencadenar un proceso de reivindicaciones nacionalistas que pudiera desatar un nuevo conflicto bosnio —esta vez en la todavía más sensible zona de los Balcanes meridionales— pesaba en el ánimo de Occidente mucho más que su indignación moral ante las tropelías de Slobodan Milosevic. El gobernante serbio era aún, a pesar de la carga simbólica de las amenazas de bombardeos aéreos y siguiendo el ejemplo asentado en las negociaciones de Dayton, “parte de la solución del problema” (Delage, 12). Solamente dejó de serlo para convertirse finalmente en “el problema” cuando prosiguió empecinadamente con la sangrienta represión de la mayoría albanokosovar, dictada por razones de política interior. Hacia finales de 1998 parece ser que empezaban a preocupar más a Occidente —o a Estados Unidos— las desestabilizadoras consecuencias que la política genocida de Milosevic en Kosovo pudiera generar en los Balcanes Meridionales —sobre todo tras la algarada albanesa de mediados de año— que la posibilidad de nuevas reivindicaciones nacionalistas en la región: algo que, por otra parte, podía considerarse como una consecuencia y un riesgo añadido de lo primero. Por lo demás, el desgaste de credibilidad de la OTAN provocado por sus vanas y recurrentes amenazas de intervención empezaba a resultar especialmente gravoso. La situación pareció agotar su límite cuando, a finales de año, Slobodan Milosevic incumplió lo pactado en octubre con el enviado estadounidense Holbrooke al negarse a retirar la mayor parte de sus tropas en Kosovo y acentuar todavía más la represión sobre la población civil.

 

A principios de 1999 las imágenes de la matanza de la aldea de Racak conmovieron al mundo, escasos meses antes de la celebración de la solemne Cumbre de Washington. Que Milosevic seguía empeñado en no ceder a

 

 

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aquellas alturas del conflicto resultaba evidente en gestos como la depuración del estado mayor de su ejército, cuando se rodeó de sus más fieles generales eliminando a los más tibios. Para entonces, los servicios de información de la Alianza ya sabían que el régimen serbio estaba planificando el genocidio de la mayoría albanesa —el Plan Herradura[283]— que tendría lugar meses después. En este momento la OTAN, y sobre todo el lobby intervencionista de Washington[284] temían ya que la política de “huida hacia adelante” de Milosevic pudiera precisamente desencadenar esa desestabilización regional que tanto temían. Si proseguía la represión contra la población albanokosovar con el consiguiente flujo de refugiados, los efectos sobre los países limítrofes, Albania y Macedonia, podrían ser desastrosos. Además, preciso es señalar que Washington había demostrado desde hacía varios años una especial sensibilidad por la situación de los Balcanes meridionales, explicada por la previsible implicación de miembros de la OTAN como Grecia y Turquía en un hipotético conflicto. Así había quedado reflejado en la iniciativa norteamericana de resolución del conflicto grecomacedonio en septiembre de 1995, con participación del propio Holbrooke; en el despliegue de un pequeño contingente de “cascos azules” de Estados Unidos en territorio de Macedonia[285] y en las relaciones de cooperación militar establecidas con Albania antes y después de la caída de Berisha[286]. En todo caso, que Milosevic se hubiera convertido, o corriera el riesgo de convertirse en “el problema”, no significaba que Washington y sus socios hubieran cambiado su opinión acerca del otro problema: la inconveniencia de reconocer al pueblo kosovar el derecho inalienable de autodeterminación. Poco después de la famosa matanza de Racak, y en vísperas de las frustradas negociaciones de Rambouillet, fuentes de la Alianza todavía insistían en que…

 

   Es fundamental que los kosovares renuncien a exigir la independencia, porque crear nuevas fronteras es un mal ejemplo. La comunidad internacional no quiere nuevas fronteras por conflictos étnicos o nacionalistas […]. La independencia en Kosovo abriría numerosos conflictos en la zona: en Bosnia, en Grecia, en Turquía, en Chechenia…[287]”

 

 

   BOMBARDEOS AÉREOS: PUENTEANDO A LA ONU

 

En febrero de 1999 la diplomacia occidental intentó sin éxito forzar un acuerdo entre el régimen serbio y la resistencia albanokosovar en Rambouillet (Francia) siguiendo el modelo practicado en Dayton. Las conversaciones se desarrollaron en dos rondas y ciertos indicios apuntan a que, entre una y otra, Washington ya se había decidido por ordenar de una vez por todas los

 

 

 

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bombardeos. Así lo demuestra el hecho de que en el texto de la segunda ronda se exigiera el despliegue de un operativo específico de la OTAN —semejante al de Bosnia-Herzegovina— que garantizara la aplicación de los acuerdos, acompañado de unas cláusulas absolutamente draconianas respecto a las normas de dicho despliegue. Y ello precisamente cuando Belgrado había consentido en la primera ronda de negociaciones la entrada en su territorio de tropas internacionales desvinculadas de la Alianza[288]. Tales condiciones, aun cuando hubiera quedado eliminada del texto cualquier mención a un futuro referéndum de autodeterminación en Kosovo, tuvieron que haber sido presentadas a sabiendas de que serían inaceptables para la parte serbia, que por otro lado no había interrumpido los combates e incluso había intentado detener a los negociadores albaneses. Para Catherine Samary, la diplomacia estadounidense asumió un papel director en esta fase B de Rambouillet con el objetivo político de “obtener la firma de los albanokosovares y la ruptura con Belgrado” (33), procurándose así la necesaria legitimación para efectuar los tan postergados bombardeos aéreos.

 

Dos lógicas de poder chocaron entonces. Por un lado la OTAN, dispuesta a imponerse en aquel pulso político e ilustrar así simbólicamente el discurso abiertamente intervencionista que iba a ser sancionado próximamente en Washington. Un discurso que, tras varios años de ensayo en Bosnia-Herzegovina con una serie de proyectos asociados —CCAN, APP, ampliación al Este— iba a ser definitivamente puesto a prueba en Kosovo y del que dependía la legitimidad de la nueva Alianza de la posguerra fría. La otra lógica militarista era la del régimen de Milosevic: una vez dada por perdida la provincia serbia de Kosovo en función de su abrumador desequilibrio demográfico[289], su defensa pública se convertía en un recurso más para ahogar oposiciones internas y mantenerse en el poder. Por otro lado, la defensa de la provincia asumiendo el riesgo de que Serbia fuera finalmente bombardeada no tenía por qué ser numantina. Precisamente los bombardeos habrían podido aportar a Belgrado el pretexto que necesitaba para renunciar al territorio de Kosovo —o a la mayor parte del mismo, en caso de una hipotética partición—, toda vez que se aceptaba a priori que no podría ser conservado (Taibo, 1999, 108). Sea como fuere, los movimientos más o menos arriesgados de Milosevic respondían a una única lógica: la de mantenerse el mayor tiempo posible en el poder imponiéndose a sus opositores.

 

A esas alturas, la Alianza sabía que contrariamente a lo que había sucedido con Bosnia-Herzegovina, una operación de castigo aéreo sobre

 

 

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territorio serbio jamás habría contado con el respaldo del Consejo de las Naciones Unidas ni tampoco de la OSCE[290]. La medida utilizada al ordenar unilateralmente el 23 de marzo la ofensiva aérea no pudo resultar más lesiva para los principios del derecho internacional, ejemplificando cabalmente el discurso del “intervencionismo humanitario” fundamentado en principios morales. Como explica con acierto Remiro Brotons (19, 20), el mismo día 23 Javier Solana anunció el comienzo de las “operaciones aéreas” —este eufemismo, junto con el de “campaña” se utilizaría durante los 78 días de bombardeos— apoyándose únicamente en el “deber moral” y en el hecho de que la OTAN había “apoyado completamente todas las resoluciones relevantes del Consejo de Seguridad”. Además, tardó cuatro días en comunicar la orden al secretario general de la ONU, que por su parte se había movido en una cauta ambigüedad, algo que resultó evidente en su primera declaración del día 24: pues si bien Kofi Annan reconoció que “hay momentos en los que el uso de la fuerza puede ser legítimo para la búsqueda de la paz”, también se ocupó de destacar que “el Consejo debe estar involucrado en cualquier resolución que recurra al uso de la fuerza”[291]. Tal ambigüedad, por otra parte, no podía extrañar demasiado dada la crítica dependencia de su organización respecto a Estados Unidos: a mediados de aquel año la deuda estadounidense con la ONU ascendía a 1.500 millones de dólares, cuando el presupuesto anual de la organización era de 1.290 millones (Arias, 63). En suma, la iniciativa de la OTAN no solamente violaba el propio Tratado de Washington en vísperas de su quincuagésimo aniversario[292], sino que rompía incluso las reglas del recurso utilizado hasta el momento para intervenir militarmente “fuera de zona”: el respaldo de una resolución explícita del Consejo de Seguridad de la ONU, tal y como había ocurrido en Bosnia-Herzegovina. Durante los más de setenta días de bombardeos, la ONU no pudo hacer otra cosa que refugiarse en la acción humanitaria a través de ACNUR y de las organizaciones asistenciales, legitimando de facto la ofensiva aérea.

 

La decisión exhibida por la OTAN un mes antes de la celebración de la Cumbre de Washington no tardó en revelarse sumamente desafortunada, ya que el régimen de Milosevic se sirvió del clima de guerra creado —y de la retirada de periodistas y observadores de la OSCE a causa de los bombardeos— para ejecutar su Plan Herradura: limpieza étnica y expulsión de la mayoría albanokosovar, y desestabilización consiguiente de los países limítrofes utilizando para ello los flujos de refugiados que podía regular abriendo y cerrando las fronteras. Para colmo, y en un ambiente de exaltación patriótica,

 

 

 

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la posición interna de Milosevic se vio tan fortalecida que pudo reprimir abiertamente a la oposición. Prácticamente nadie, salvo los paladines más recalcitrantes de la Alianza, pudo negar que la campaña aérea, forzada por el lobby intervencionista de Washington —frente a la oposición del Pentágono

 

— no fue más que una sangrienta chapuza. El retiro adelantado de su principal responsable, el general Wesley Clark o las críticas de personajes tan reputados como el presidente del Comité Militar constituyen manifiesta evidencia de ello[293]. Los bombardeos, realizados con múltiples efectos colaterales y sin una sola baja por parte aliada, no pudieron presentar mayor contraste con el genocidio que contribuyeron a acelerar y a agravar, aunque ya estuviera planificado de antemano y hubiese sido iniciado con anterioridad. Para rematar el episodio con un toque de ironía macabra, al cabo de unos meses la propia OTAN no tuvo empacho en reconocer, remedando en cierta forma lo ocurrido con los selectivos bombardeos de Bagdad en 1991, que su magnificada ofensiva aérea había causado escasos daños al ejército serbio[294].

 

También resultó obvio que la Alianza dio luz verde a los bombardeos con la convicción de que no durarían y de que el régimen serbio se rendiría rápidamente, y ello a pesar de que desde el principio se ocupó de aclarar que no habría intervención terrestre (Samary, 33, Taibo, 1999, 110). Cuando la limpieza étnica fue puesta en práctica y los refugiados empezaron a salir de Kosovo a millares, los responsables de la OTAN arguyeron con poca verosimilitud que habían ignorado tales planes, y que por ello no habían tomado las precauciones necesarias. Entre la ignorancia criminal y el conocimiento cómplice, algunos datos que posteriormente fueron saliendo a la luz han apuntado hacia esta última posibilidad. Se sabe, por ejemplo, que el entonces director de la CIA, George Tenet, había advertido a la administración

 

Clinton de que los ataques aéreos contra Yugoslavia acelerarían la campaña de limpieza étnica en Kosovo[295], ya conocidos de antemano[296]. A pesar de las reservas del Pentágono, parece ser que Albright y los consejeros de Seguridad Nacional forzaron la decisión de bombardear[297,] con lo que habrían aceptado la posibilidad de que Milosevic ejecutase el Plan Herradura como un mal menor que finalmente terminara redundando en su propio beneficio, ya que habría justificado a posteriori la “legitimidad moral” de la ofensiva aérea.

 

Fuera o no intencionada, semejante capacidad de imprevisión y de indiferencia ante lo que ocurriría inmediatamente después quedó confirmada por el propio desarrollo de la campaña. Ante los problemas de

 

 

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desestabilización causados por las avalanchas de refugiados en Albania y Macedonia, y en una especie de “huida hacia delante”, la Alianza se dedicó a multiplicar indefinidamente sus objetivos aéreos insistiendo al mismo tiempo en que no habría intervención terrestre. Como resultado, los destrozos en Serbia y Kosovo fueron mayúsculos —con los correspondientes efectos en las economías vecinas como Rumanía y Bulgaria— y menudearon no ya los daños colaterales, sino los objetivos civiles como la radiotelevisión de Belgrado, y en general toda la infraestructura industrial, de transporte y comunicaciones del país[298]. Para colmo, el episodio aún oscurecido del bombardeo de la embajada china de Belgrado[299], a principios de mayo, no hizo más que deteriorar aun más las difíciles relaciones de los aliados con los miembros del Consejo de Seguridad que se oponían a la campaña aérea, al paso que llamó la atención sobre el espinoso tema de la elección de los objetivos. Al respecto resulta ilustrativa la metodología usada por la Alianza, ya que sólo tres países aliados —EEUU, Reino Unido y Francia— eran consultados previamente por las autoridades militares acerca de la selección de objetivos a bombardear, con los cálculos de víctimas civiles previstos. Francia, por ejemplo, solamente participó en la aprobación de objetivos a partir del bombardeo del Ministerio del Interior Yugoslavo, efectuado el 3 de abril[300]. Como no podía ser menos, las conversaciones para decidir o no sobre una hipotética intervención terrestre fueron asimismo secretas, y se desarrollaron a cuatro bandas —EEUU, Reino Unido, Alemania e Italia— permitidas por Solana a instancias de Sandy Berger, consejero de seguridad nacional de Clinton[301].

 

La compleja labor de ingeniería política con que se puso fin a los bombardeos y se llegó a un acuerdo con Milosevic demostró hasta qué punto la situación se le había escapado las manos a la Alianza. El acuerdo fue gestionado en el marco del G-8 —los siete países más ricos y Rusia— y pasó a recibir su correspondiente sanción en el Consejo de Seguridad, con lo que la ONU pudo redimirse un tanto y retornar como “agente pacificador” al escenario del conflicto, tras su permanente marginación durante la ofensiva aérea. A esas alturas, la Alianza estaba tan deseosa de poner fin a los bombardeos como el propio régimen serbio, dado que habían empezado a menudear abiertamente las protestas de aliados como Grecia e Italia. La resolución del CS que puso fin a la campaña revelaba, de hecho, un pacto realizado apresuradamente y sostenido con alfileres. Según la resolución 1244, se decidía “desplegar en Kosovo, bajo los auspicios de Naciones Unidas, presencias internacionales, una civil y otra de seguridad”, formada

 

 

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ésta última con “participación sustancial de la OTAN”[302]. Esto es, que la misión aprobada era de la ONU —UNMIK— pero las fuerzas militares —KFOR

 

— no eran propiamente, o al menos en exclusiva, de la Alianza. La situación de confusión fue tal que, en la pelea por hacerse la primera foto de la triunfal entrada en Prishtinë, tropas rusas procedentes de Bosnia —de SFOR— se apresuraron a desplazarse a la capital el 11 de junio para tomar el aeropuerto en un operativo a todas luces simbólico, con tanques pintados por su cuenta con las siglas de la KFOR[303].

 

 

   LA CUMBRE DE WASHINGTON. ¿HACIA UNA OTAN GLOBAL?

 

Lejos de aplazarla, los bombardeos aéreos convenientemente interpretados en clave triunfalista, sirvieron de telón de fondo simbólico a la solemne Cumbre del quincuagésimo aniversario de la firma del Tratado del Atlántico Norte, celebrada en Washington durante los días 23 y 24 de abril. Sin el menor recato, y en un significativo gesto de fuerza, la OTAN aprobó el bombardeo de la radiotelevisión serbia con un saldo de treinta muertos el mismo día 23 de abril. La guerra estuvo presente en todo momento durante la cumbre, representada asimismo por los intereses de las grandes empresas armamentísticas estadounidenses, puesto que las campañas aéreas funcionaban como escaparates de armas de alta tecnología en acción. De forma curiosamente significativa, las cuatro grandes corporaciones que dominaban el teatro de operaciones en los Balcanes coincidían casi exactamente con las empresas más poderosas de los apoteósicos tiempos del complejo militar industrial estadounidense, durante la primera mitad de los sesenta. La renovada Lockeed Martin había absorbido a las antiguas Lockeed Aircraft y General Dynamics, que habían encabezado la lista de principales contratos militares en el período de 1960-1967 (Melman, 112). En dicha lista el tercer y cuarto puesto correspondían respectivamente a Boeing y a MacDonnell Douglas, que después de su fusión proporcionaba en el teatro balcánico los cazabombarderos F-18 y los helicópteros Chinook y Apache[304].

 

Al margen de este simbolismo tan explícito, la Cumbre de Washington consiguió pasar a la historia por haber aprobado un Nuevo Concepto Estratégico que vino a sustituir al de Roma, de noviembre de 1991, y que sancionaba formalmente lo que no había sido más que una práctica ya ensayada: la realización de misiones “fuera de zona” que trascendieran el

 

 

 

 

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ámbito territorial definido en el artículo VI del Tratado del Atlántico Norte. Los preparativos para la adopción de un texto semejante databan como poco de la reunión ministerial de Bruselas, en mayo de 1998, cuando acababa de revivir con especial virulencia el conflicto en Kosovo. En dicho encuentro, la secretaria de Estado norteamericana, Madeleine Albright, planteó la legitimación de intervenciones “surgidas desde más allá del área noratlántica”, que deberían recibir una sanción formal en la Cumbre del quincuagésimo aniversario[305]. Varios meses después, los preparativos del Nuevo Concepto Estratégico dieron otro paso adelante en la reunión celebrada a finales de año en Bruselas, donde Albright volvió a insistir en la propuesta, dado que la Alianza podía enfrentarse a “amenazas de distintos lugares, incluidas las fronteras inmediatas” que podrían “afectar a los intereses vitales” de los aliados. En medio del debate suscitado, en el que la posición francesa era la más reacia, Solana terció con un comentario que sólo en parte se ajustaba a la realidad: “no dramaticemos; de hecho, ya estamos actuando fuera de zona”[306]. Y era cierto, puesto que la Alianza llevaba varios años interviniendo en Bosnia-Herzegovina, pero con mandatos concretos respaldados por resoluciones del Consejo de Seguridad. Lo que Albright estaba proponiendo en Bruselas, con la crisis de Kosovo como telón de fondo y después de haber amenazado con bombardear Serbia sin el respaldo de Naciones Unidas, era algo bastante distinto. Estados Unidos proponía poder actuar militarmente “de acuerdo con la Carta de la ONU”, pero sin atenerse a ninguna resolución específica. A la luz de lo sucedido posteriormente, resultaba obvio que la delegación estadounidense estaba preparando el terreno para lo que vendría después. Al respecto no es posible dejar de reseñar la postura mantenida en aquel momento por Kofi Annan, tan distinta de la ambigüedad o del discreto consentimiento que desplegaría frente a la campaña aérea del año siguiente. Desde París, Annan quiso participar en el debate suscitado declarando rotundamente que toda intervención militar “debe estar subordinada al aval del Consejo de Seguridad”[307].

 

Frente a la postura francesa, el Nuevo Concepto Estratégico de Washington terminó recogiendo de manera sutil la propuesta norteamericana. El medio utilizado fue interpretar las misiones “fuera de zona” como respuestas a agresiones o amenazas a la seguridad de los aliados, entendida ésta de manera exorbitadamente amplia. Dado que para ese tipo de respuestas no era necesario mandato alguno del Consejo de Seguridad, puesto que se amparaban en el derecho de defensa colectiva recogido en el artículo V del Tratado de Washington, una crisis como la de Kosovo, que había afectado a la

 

 

 

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periferia de la Alianza, podía encajar en ese perfil. El recurso partía de una descripción previa de los “nuevos desafíos y riesgos para la seguridad” bastante más explícita que la del anterior concepto estratégico:

 

La seguridad de la Alianza continúa expuesta a gran variedad de riesgos militares y no militares, que son multidireccionales y con frecuencia difíciles de predecir. Estos riesgos comprenden la incertidumbre y la inestabilidad en la región euroatlántica y sus alrededores y la posibilidad de que en la periferia de la Alianza surjan crisis regionales susceptibles de evolucionar rápidamente. Algunos países del área “euroatlántica”[308] y sus alrededores se enfrentan a graves dificultades económicas, sociales y políticas. Las rivalidades étnicas y religiosas, las disputas territoriales, la inadecuación o el fracaso de los esfuerzos de reforma, las violaciones de los derechos humanos y la disolución de Estados pueden producir inestabilidades locales e incluso regionales (párrafo 20).

 

Una vez descritos los peligros, la Alianza se reservaba el derecho de responder a ellos invocando el derecho a la defensa colectiva recogido en el artículo V del Tratado del Atlántico Norte. Algo que, por otra parte, no era nada novedoso, ya que el párrafo 24 del Nuevo Concepto de Washington reproducía casi palabra por palabra el párrafo 13 del anterior Concepto de Roma. Sus ideas básicas se mantenían vigentes: concepción “global” de la seguridad —no limitada a la estricta defensa del territorio aliado —y abusiva interpretación del artículo IV del Tratado de Washington, añadiendo al término “consultas” —el único textual— los “esfuerzos coordinados” y las “respuestas” a las amenazas percibidas. Lo que sí constituía una novedad, como podía descubrirse en el párrafo 20 más arriba citado, era la mención de un “área euroatlántica” indefinida, término que desbordaba las regiones descritas con mayor concreción en el anterior Concepto Estratégico. Si en el Concepto de Roma se había puesto el acento sobre la amenaza que suponían para la Alianza posibles situaciones de inestabilidad en Europa Central y Oriental (párrafo 10) o en la periferia sur europea (párrafo 12), en el Concepto de Washington la hipotética inestabilidad se extendía al “área euroatlántica y sus alrededores” (párrafo 20) con lo que la ambigüedad espacial aumentaba (Herrero, 1999, 59). Y si por “euroatlántico” había que entender el ámbito del Consejo Euroatlántico que había sustituido al CCAN como institución asamblearia que reunía a 24 países además de los 19 aliados, y que incluía desde Letonia a Uzbekistán, no podía extrañar que la Alianza de la Cumbre de Washington fuera calificada de OTAN “global”.

 

¿Hasta qué punto la Alianza del Nuevo Concepto Estratégico de Washington podía ser considerada, en rigor, como global? En realidad, la globalidad de la nueva OTAN quedaba restringida y limitada por la unilateralidad de los Estados Unidos. Y el unilateralismo estadounidense

 

 

 

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quedaba salvaguardado en la doctrina del “nuevo intervencionismo” de Washington. Como ya se habían ocupado de señalar los “nuevos intervencionistas”, el hecho de que Washington actuara en marcos multilaterales no excluía que pudiera seguir interviniendo unilateralmente allí donde quisiera; en palabras de uno de sus máximos representantes, Anthony Lake:

 

   sólo existe un factor prioritario que pueda determinar si Estados Unidos debe actuar de manera unilateral o multilateral, y es el interés de Estados Unidos. Debemos actuar de manera multilateral cuando ello favorezca nuestros intereses —y debemos actuar unilateralmente cuando sirva a nuestros propósitos—. En cada caso, la sencilla cuestión es: ¿qué funciona mejor? (Lake, 24-25).

 

En efecto, la respuesta no podía ser más simple. Mientras en la Cumbre de Washington se discutía sobre el carácter global de la nueva OTAN, los Estados Unidos bombardeaban unilateralmente Irak, con la colaboración particular del Reino Unido. Las operaciones habían empezado el 15 de diciembre, sin respaldo alguno de Naciones Unidas y para disgusto de algún antiguo aliado como Francia, que se había retirado hacía tiempo del dispositivo de vigilancia de las zonas de exclusión aérea. Washington se permitía actuar en una región del mundo como líder de la Alianza, en el marco de una organización multilateral, y en solitario en otra: su criterio era sencillamente su propio interés nacional.

 

 

   LECCIONES DE KOSOVO

 

El discurso oficial de la Alianza no tardó en extraer la lección correspondiente de la guerra de Kosovo, con el impresionante despliegue exhibido de armamento convencional norteamericano de alta tecnología. Tras la decisión tomada en junio de nombrar a Javier Solana como futuro “Mr. PESC” —la figura que se había aprobado en la Cumbre de Amsterdam— el nuevo secretario general de la OTAN, el británico George Robertson, se ocupó de explicitar el mensaje. Europa tenía que “realzar sus capacidades militares”[309], esto es, invertir más en gasto militar, para que la distancia tecnológica con Estados Unidos no fuera tan abrumadora. Robertson, a cuyo lado había palidecido durante la ofensiva de la OTAN en Kosovo incluso una figura tan agresiva[310] como el general Wesley Clark, seguía la línea oficial de rigor y exigía el reforzamiento de la capacidad militar europea sin que ello conllevara el debilitamiento del papel director de los Estados Unidos en la Alianza. De acuerdo con su peculiar lógica, su planteamiento quedaba

 

 

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sintetizado con esta frase: “más Europa en la OTAN no significa menos Norteamérica”[311].

En un reparto de papeles de alta capacidad simbólica, mientras un halcón británico se instalaba en la secretaría general de la Alianza, Javier Solana pasaba a ocupar el cargo de responsable de la política exterior y de seguridad europea y, posteriormente, también el de secretario general de la UEO. La lección que extrajo Solana de la guerra de Kosovo fue la misma que la de Robertson. Cuando apenas llevaba un mes en su nuevo cargo, se atrevió a pedir a los estados de la UE que aumentaran sus presupuestos de defensa para que a Europa “se la tomara en serio”[312]. Por otro lado, el discurso de Solana se complementaba a la perfección con el de la OTAN, ya que partía del principio de que el desarrollo militar europeo debía ser dependiente del efectuado por la Alianza, nunca prioritario ni sustitutivo. De hecho, la misión militar de KFOR reflejaba en la práctica este planteamiento, puesto que a pesar de que la ofensiva aérea había corrido a cargo esencialmente de los Estados Unidos, los socios europeos habían asumido la mayor parte de los costes del despliegue de las tropas sobre el terreno. Siguiendo el modelo del relevo de SFOR en Bosnia-Herzegovina, a principios del año 2000 Estados Unidos proporcionaba a KFOR un contingente de 7.500 soldados, mientras que las tropas europeas aliadas sumaban más de 35.000. Y era previsible que en un futuro próximo la participación norteamericana se recortara todavía más, ya que por aquellas mismas fechas la Alianza decidió entregar al Cuerpo de Ejército Europeo el mando de KFOR.

 

Las negociaciones del futuro modelo de defensa europea fueron finalmente catalizadas con ocasión de la intervención militar en Kosovo, pero el rumbo que adquirieron había sido señalado con anterioridad. Tras el decepcionante impasse de la Cumbre europea de Amsterdam, que no había avanzado prácticamente nada desde Maastricht, fue Gran Bretaña el país que dio comienzo al proceso en el último trimestre de 1998. Tanto en el Consejo Europeo de Pörtschach de octubre como en la Cumbre francobritánica de Saint-Malo de diciembre, Tony Blair abandonó la tradicional posición británica opuesta a la fusión de la UEO en la UE, para empezar a abogar por el desarrollo de una “capacidad autónoma de intervención militar”[313]. A pesar del aplauso de los sectores europeístas, el viraje británico no ocultaba, sin embargo, el carácter subordinado y dependiente respecto a la Alianza del que pretendía dotar a esa nueva identidad europea de defensa: lo cual explica la

 

 

 

 

 

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aprobación que mereció por parte de la administración Clinton. A finales de 1998, y según Madeleine Albright:

 

Nuestro interés está claro: queremos una Europa con fuerzas militares modernas y flexibles, capaces de apagar fuegos en su patio trasero y que trabajen con nosotros a través de la Alianza para defender nuestros intereses comunes. Los esfuerzos europeos para hacer más a favor de su propia defensa hacen que sea más fácil, no más difícil, nuestra colaboración continuada[314].

 

La propuesta recibió la sanción correspondiente en la Cumbre atlántica de abril en Washington. En la Cumbre europea de Colonia celebrada en junio se acordó, obtenida la conformidad británica, fijar los últimos días del año 2000 como fecha límite para la integración de la UEO en la UE, y crear unas estructuras político-militares europeas para empezar a ejecutar las decisiones de la UE respecto a política exterior y defensa. No obstante, quedaba un problema de cierta significación, y era el reparto de tareas entre la UEO y la OTAN que se había sugerido en Colonia. De forma confidencial la secretaria de Estado norteamericana había protestado por esa distribución, que juzgaba contradictoria con lo acordado en la Cumbre atlántica de Washington:

 

Las conclusiones de Colonia sugerían una división de tareas entre la OTAN y la UE, de forma que la OTAN sería confinada a la defensa territorial y la UE se encargaría de la gestión de crisis. EEUU no quiere ver limitado el campo de acción de la OTAN[315].

 

Además de seguir insistiendo en el fortalecimiento de la capacidad militar europea con la gráfica frase de “ustedes no pueden seguir construyendo la Identidad Europea de Seguridad y Defensa sin carne”, la posición norteamericana no hacía más que insistir en lo explicitado en la Cumbre de Berlín de junio de 1996, con ocasión de la aprobación del concepto de las Fuerzas Operativas Combinadas Conjuntas (FOCC). Frente a la posición francesa, Washington ya se había ocupado de aclarar entonces que la Alianza no se resignaría a ejecutar únicamente funciones de defensa colectiva contempladas en el artículo VI del Tratado de Washington, sino que también, y sobre todo —dado que previsiblemente serían las más frecuentes— dirigiría misiones “fuera de zona”. El episodio de la intervención militar en Kosovo había sido una evidente prueba de ello. Por lo demás, el criterio británico para el “reparto de tareas” entre la OTAN y la UEO, al igual que el norteamericano, era inequívoco: Europa participaría en solitario allí donde Estados Unidos no quisiera comprometerse[316].

 

La Cumbre europea de Helsinki, celebrada en diciembre de 1999, logró finalmente satisfacer algunas expectativas norteamericanas. En primer lugar

 

 

 

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la capacidad militar europea se fortalecía, con la decisión de crear para el año 2003 un cuerpo de reacción rápida con 50.000 soldados, desplegable en 60 días y especializado en “misiones Petersberg”, esto es, gestión de crisis, operaciones de paz —imposición y mantenimiento— e intervenciones humanitarias. El nuevo cuerpo dependería de unas estructuras de mando europeas, aprobadas ya en Colonia —un Comité Político y Militar (COPS), un Comité Militar y una Jefatura militar— que deberían ser creadas antes de marzo del 2000. No se trataba de un ejército permanente, sino de un modelo que podría ser operativo en caso de que así lo decidiese el Consejo Europeo. La vinculación del nuevo cuerpo militar a la OTAN quedaba, asimismo, afirmada a través del concepto atlántico de las Fuerzas Operativas Combinadas Conjuntas (FOCC). Una vinculación que se presentaba como inevitable, toda vez que los recursos fundamentales para toda proyección militar exterior de cierta entidad eran norteamericanos. La OTAN podía “prestárselos” al nuevo cuerpo, pero garantizando a Washington el derecho de control e inspección de la misión a realizar en caso de que decidiera no intervenir de manera directa. Por lo demás, el engarce del nuevo cuerpo de reacción rápida con la cadena de mando atlántica se realizaba a través de la figura contemplada en la nueva Estructura Militar de la OTAN, el adjunto europeo al SACEUR estadounidense.

 

En segundo lugar, durante la Cumbre europea de Helsinki, Washington vio cumplido un deseo sobre el que había insistido repetidamente durante los últimos años: ver al fiel aliado de Turquía admitido formalmente como candidato a ingresar en la Unión Europea. Al igual que había sucedido con el ingreso de los países de Visegrado en la Alianza, Washington abrigaba la esperanza de influir aun más en la naciente identidad europea de política exterior y defensa por medio del concurso de Turquía en la misma. El efecto de la decisión de Helsinki, en la que el nuevo “señor PESC” tuvo una participación bastante activa, no tardó en manifestarse. Antes de que terminara el año, Turquía expresó su intención de participar activamente en las decisiones sobre intervenciones político-militares que se adoptaran en el futuro de la UE, en calidad de candidato formal al ingreso en la misma[317]. Y se permitió una muy poco diplomática maniobra al amenazar indirectamente con vetar el préstamo de recursos de la Alianza en operaciones estrictamente europeas. Washington podía contar, de esta forma, con un poderoso aliado en el incipiente ámbito decisorio europeo sobre política exterior y de seguridad.

 

 

 

 

 

 

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   OCCIDENTE SE REARMA

 

A semejanza de lo ocurrido con los diversos conflictos de la guerra fría — Corea y Afganistán son dos buenos ejemplos— la intervención militar en Kosovo de la primavera de 1999 no hizo sino reforzar una tendencia al alza del gasto militar occidental registrada con anterioridad. Un refuerzo que probablemente vaya en aumento, a juzgar por las continuadas presiones a favor del rearme efectuadas tanto desde la OTAN como desde la Unión Europea. Por lo que se refiere a Estados Unidos, la tendencia a la baja del gasto militar iniciada en 1987 alcanzó su punto de inflexión en 1999; fue en este año cuando experimentó un tímido aumento en términos reales con respecto al anterior (SIPRI 1999, 278). El presupuesto militar estadounidense aumentó en 1999 debido a una partida suplementaria añadida en octubre de 1998, pero el cambio de tendencia venía de lejos: llevaba tiempo preparándose. A partir de 1992 —bajo el efecto de la guerra del Golfo —las partidas de investigación y desarrollo (I+D) del presupuesto federal dedicadas a armamento convencional ya habían empezado a crecer en términos relativos (SIPRI 1993, 307) y el descenso del gasto militar comenzó a bajar el ritmo en 1996 (SIPRI 1997, 195). En cuando a los socios europeos de la OTAN, la inflexión de tendencia se había producido precisamente en 1996, antes que en Estados Unidos, para reforzarse con la ampliación al Este aprobada en 1997 y los encargos de armamento de los nuevos candidatos[318]. El proceso de profesionalización de los ejércitos europeos, en consonancia con el Nuevo Concepto Estratégico de la OTAN de 1991 y la extensión del discurso del intervencionismo militar, había sido el principal factor responsable de este cambio de tendencia.

 

La década del continuado descenso del gasto militar procedía así a cerrarse, no sin antes haber causado profundas transformaciones en la industria armamentística. En Estados Unidos, y ciñéndonos al sector aeronáutico, el progresivo recorte de los encargos del Pentágono originó un doble efecto. Las grandes empresas iniciaron grandes procesos de fusión para reducir costes y se abrieron cada vez más al exterior, de forma que el centro de gravedad de sus mercados empezó a bascular hacia Europa y Asia. Sólo entre 1991 y 1997 se realizaron 56 fusiones en Estados Unidos por valor de 89,3 millardos de dólares en transacciones: fue en esta época cuando Lockeed Martin recompró Northrop Grumann, Raytheon asumió Hughes y Boeing absorbió McDonnell Douglas (Belanger y Carroue, 18). A su vez, la mayor apertura al exterior de estas corporaciones aceleró un proceso semejante de

 

 

 

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concentración en Europa, a modo de respuesta defensiva estimulada por los principales gobiernos de la UE. El consorcio Airbus, el principal competidor europeo de las empresas estadounidenses, lideró dicho proceso — principalmente con las fusiones de Aérospatiale y DASA— transformándose al mismo tiempo en sociedad anónima privada.

 

El nuevo escenario de rearme en los umbrales del siglo XXI se completaba con el repunte del volumen del comercio mundial en el sector, que desde 1995 había experimentado un aumento constante con la región del Golfo Pérsico como principal zoco armamentístico. Otros mercados, sin embargo, cobraban nueva pujanza, como el del sureste asiático o el latinoamericano. Decisiones como la tomada por la administración Clinton a mediados de 1997 de levantar el embargo de armamento de alta tecnología a Latinoamérica, tan aplaudida por Lockeed Martin, venían ciertamente a dar por cerrada la época de vacas flacas para la industria militar occidental.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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VIII. ALGUNAS CONCLUSIONES

 

 

   ¿NUEVA OTAN O MÁS DE LO MISMO?

 

La pregunta fundamental de si la OTAN de la posguerra fría —en sus casi diez años de andadura— se diferencia esencialmente de la del período anterior debería contestarse negativamente. Sólo el desafortunado efecto de un discurso oficial engañoso —que se ha difundido de manera especial en este país para apoyar la decisión gubernamental de integrar a España en la nueva estructura militar atlántica violando las condiciones del referéndum de 1986

 

— podría ocultar el rasgo esencial de continuidad entre las dos Alianzas: el mantenimiento del llamado vínculo transatlántico, verdadera cadena forjada por la hegemonía estadounidense. Dicho término, presente en los textos oficiales de la Alianza desde su nacimiento hasta hoy con una constancia que no debería pasar desapercibida, no define más que la capacidad histórica de Estados Unidos, ejercida tras el final de la II Guerra Mundial, de influir de manera decisiva en la política exterior y de seguridad de sus socios europeos para satisfacción de sus propios intereses. En la posguerra fría, como a finales de los años cuarenta, el vínculo transatlántico ejemplificado en la OTAN refleja, en suma, aquella primaria voluntad descrita por George Kennan de dominar the great area, el área central, finalizada la II Guerra. Y vendría a resumir lo que tan sintéticamente expresa Richard Holbrooke cuando califica a Estados Unidos de “potencia europea”. Que Estados Unidos haya sido y siga siendo una “potencia europea”, con voz y algo más que voto en los asuntos internos y en la política exterior europea, se debe precisamente a la existencia de la OTAN y a su supervivencia tras el final de la guerra fría.

 

¿Nueva OTAN de la posguerra fría? No puede ser tan nueva cuando Estados Unidos ha conseguido intervenir en los asuntos europeos durante la década de los noventa con una influencia tanto o más decisiva que durante la guerra fría, a través del mantenimiento del vínculo transatlántico. Véase al respecto el impacto que ha ejercido la política de Washington sobre el proyecto europeo de una identidad común de política exterior y de seguridad, defendido en 1990 por los sectores más europeístas al abrigo tanto del proceso de unificación como del nuevo escenario de distensión que acababa de abrirse en el Viejo Continente. Aquel proyecto, que contemplaba una identidad europea autónoma, que no contradictoria con la Alianza, fue primeramente bloqueado y reducido a una cláusula retórica —en los textos de

 

 

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Maastricht y Amsterdam— para con posterioridad quedar rebajado, en la práctica, a la categoría de instrumento meramente complementario y subordinado a la OTAN. Una cabal ilustración de este continuo proceso de deterioro de la originaria propuesta europeísta se encuentra en la trayectoria del Euroejército, el Cuerpo de Ejército Europeo, teórico instrumento de la futura identidad defensiva europea. Creado en 1991 con ese objetivo por Köhl y Mitterrand, fue progresivamente comprometiéndose con la OTAN —en 1993

 

— para finalmente tomar el mando del operativo KFOR y aliviar así al aliado estadounidense de los gastos ocasionados por el despliegue de su contingente nacional. El Euroejército, en fin, ha empezado esta década funcionando como un cuerpo más bajo mando de la OTAN, en su primera misión real de su breve historia.

 

La constante insistencia en el discurso atlántico sobre una “relación de complementariedad y transparencia” entre el proceso de construcción de una identidad europea de defensa, por un lado, y el proceso de evolución de la OTAN, por otro, ha disfrazado en la práctica la imposición de una relación absolutamente desequilibrada, donde la defensa europea tan sólo ha empezado a desarrollarse recientemente como un simple apéndice del organismo atlántico. Al lado del Euroejército, la evolución de la Unión Europea Occidental constituye otro ejemplo de ese desequilibrio. Reducida a la condición de organismo testimonial casi desde su origen merced a sus acuerdos de colaboración con la OTAN, raquíticamente revitalizada en los años ochenta como emblema y símbolo de las posiciones más europeístas, la UEO se ha mantenido durante los últimos años en un limbo artificial, a medio camino entre la OTAN y la UE. Desde Maastricht ha estado condenada, como Tántalo, a aspirar a fundirse en la Unión Europea sin poder conseguirlo jamás, gracias a la iniciativa de Gran Bretaña y de otros socios europeos atlantistas respaldada por Estados Unidos. Durante el tiempo en que la UEO se encontró en semejante encrucijada, fue la Alianza quien estrechó lazos con dicha organización —después de ningunearla en misiones como la vigilancia del embargo del Adriático— de modo que cuando finalmente Gran Bretaña cedió en 1998 para terminar aceptando su futura fusión con la Unión Europea, lo hizo con la condición de que la nueva identidad de defensa europea así conformada permaneciera bajo la dependencia tanto de la política decisoria como de los recursos norteamericanos de la OTAN.

 

Por lo demás, existe un detalle sumamente significativo que resume la permanencia de los principios y objetivos de la OTAN más allá del final de la

 

 

 

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guerra fría: la supervivencia de la Estructura Militar Integrada (EMI) que ha superado la prueba de la transición sin cambio importante alguno al nivel de sus máximas autoridades. Frente a la propuesta francesa presentada en la cumbre de Berlín de 1996, que cuestionaba la supervivencia de semejante estructura debido a su carácter arcaico —contrastando con la novedosa imagen de una OTAN de la posguerra fría dedicada casi en exclusiva a la realización de misiones “fuera de zona”— se impuso finalmente el pragmatismo de Washington. Como resultado, la EMI ha sobrevivido intacta en tanto encarnación de la hegemonía estadounidense en la OTAN. La administración norteamericana ha conservado para sus militares, sin cuestionárselo siquiera, no solamente la jefatura suprema de los ejércitos en Europa (SACEUR) sino también el fundamental mando subordinado de Nápoles. Desmintiendo la retórica pretensión expresada por Washington de equilibrar la Alianza sobre dos pilares, válida únicamente a la hora de repartir los costes económicos generados por la OTAN, el manifiesto desequilibrio político y militar entre Estados Unidos y Europa ha sobrevivido, sin mayores problemas, al final de la guerra fría. En la nueva EMI recientemente aprobada, y como patética evidencia del nuevo peso europeo en la OTAN de la posguerra fría, ha quedado la figura de un SACEUR adjunto que solamente podrá entrar en acción en misiones puramente europeas de escasa entidad, siempre y cuando de que así lo decida el Consejo del Atlántico Norte, dependiendo además del préstamo de unos recursos OTAN fiscalizados por las autoridades norteamericanas.

 

No obstante, sería falso y además simple concentrar exclusivamente en Estados Unidos la responsabilidad del vínculo transatlántico y de los beneficios reportados en forma de satisfacción de intereses diversos. En el primer capítulo se ha podido constatar cómo, a pesar del papel director de Washington, la propia firma del Atlántico Norte fue buscada con ahínco no solamente por la clase dirigente británica, sino también por la francesa, temerosas las dos del clima de inestabilidad existente al término de la

 

   Guerra Mundial. Basta recordar al respecto los ímprobos esfuerzos de Ernest Bevin por implicar a Estados Unidos en las cuestiones europeas, o las peticiones de los representantes franceses a Washington para que ordenara el despliegue de tropas en su territorio. Por muy desequilibrados que hayan sido y sean sus dos pilares, una Alianza que se ha mantenido en pie durante cincuenta años no ha podido hacerlo merced a la voluntad de uno solo. El vínculo transatlántico ha sido, pues, un puente de dos direcciones tendido sobre el océano. Más allá del discurso de la defensa contra la amenaza

 

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exterior, los dirigentes europeos han mirado hacia Washington, cuando así les ha convenido, en busca de apoyo para resolver sus problemas internos y afirmarse en el poder. El caso de la Democracia Cristiana de Italia resulta paradigmático: gracias, entre otros factores, al apoyo estadounidense realizado en buena medida a través de la OTAN, logró monopolizar el gobierno durante casi cuarenta años impidiendo toda participación en el mismo del partido comunista.

 

 

   DESEQUILIBRADO REPARTO DE CARGAS

 

Más allá de retóricas vacuas, lo que Estados Unidos ha pretendido y conseguido al defender el establecimiento de una “relación de complementariedad y transparencia” con sus socios europeos ha sido sencillamente bloquear todo proyecto defensivo autónomo, descargando además en ellos parte del coste de su propia hegemonía. Por lo demás, el asunto del “reparto de las cargas” —burden sharing— puede reconocerse como otro rasgo de continuidad de la Alianza al lado del mantenimiento del “vínculo transatlántico”, ya que su discusión ha presidido con altibajos los dos períodos de guerra y de posguerra fría desde que la administración Kennedy empezó a plantearlo a principios de los sesenta. Asociada al fenómeno del complejo militar industrial y al poderoso negocio armamentístico de Estados Unidos —así como a la evolución de su déficit comercial con Europa occidental— la cuestión del “reparto de las cargas” no ha reflejado más que las constantes presiones de Washington sobre sus socios para que aumentaran de continuo su gasto militar y compraran armamento de tecnología norteamericana. El ejemplo de la Alemania Federal es suficientemente significativo al respecto, obligada a comprar armas que en realidad no necesitaba, según llegó a reconocer el propio Willy Brandt. Durante toda la guerra fría Estados Unidos planteó en la estrategia militar atlántica una “división del trabajo” con sus socios europeos —Washington se ocupaba del equipamiento nuclear de la OTAN, y sus aliados del convencional

 

— que respondía a sus intereses comerciales como máximo productor mundial de armamento.

 

Desenredando el asunto del “reparto de las cargas” hemos tropezado así con otra una de las características funcionales de la Alianza Atlántica que ha logrado asimismo sobrevivir en la posguerra fría: la voluntad estadounidense de utilizar el marco, las relaciones, los compromisos y las reglas de la OTAN para extender y mantener sus mercados de armamento. Al respecto habría que

 

 

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recordar la pertinaz recomendación norteamericana sancionada cada año en la Alianza de alcanzar un incremento en los presupuestos de defensa de sus socios de un 3 % anual, objetivo que solamente empezó a incumplirse cuando las sucesivas “crisis del petróleo” se dejaron sentir con fuerza en Europa. Ha sido precisamente en los tiempos de la posguerra fría cuando, una vez cerrado el ciclo del descenso del gasto militar iniciado en 1987, Washington ha podido retomar con cierto éxito aquel viejo objetivo al socaire del proceso de ampliación atlántica al Este y de los planes de modernización tecnológica y profesionalización de la mayoría de los ejércitos europeos.

 

 

   LA LÓGICA DEL ENFRENTAMIENTO

 

El vínculo transatlántico de doble sentido, sostenido por la hegemonía estadounidense, sólo ha podido afirmarse en el terreno discursivo sobre una lógica militarista de enfrentamiento y de exclusión. Una lógica que, pese a variar de contenido con el tiempo, ha sobrevido formalmente intacta tras la desaparición del “enemigo soviético” que sirvió de pretexto a la propia creación de la Alianza. Los rasgos formales de tan extrema lógica son conocidos: concepción de un enemigo irreconciliable, al que es necesario destruir para no ser destruido; magnificación de la amenaza, para disfrazar la propia agresión como comportamiento defensivo y presentarla por tanto como justificada; imagen satanizada y deshumanizada del enemigo, para favorecer el clima de agresión e imposibilitar todo diálogo o salida negociada al conflicto de turno. Durante toda la guerra fría, tanto la Alianza como su rival, el bloque soviético, se sirvieron de esta lógica de enfrentamiento y de oposición irreconciliable para conseguir la cohesión política y social necesaria en sus respectivos campos y defender así sus propios intereses. Se trataba pues de un eficaz recurso discursivo, una imagen del mundo y de la realidad interesadamente proyectada en colores planos, sin matiz alguno que abriese cualquier posibilidad de fuga de la oposición esencial que se buscaba. Como ha podido verse en el primer capítulo, una lógica semejante no podía proyectarse en el vacío, con lo que a lo largo de la guerra fría terminó por solaparse y encajarse mal que bien en anteriores lógicas de exclusión, de más larga estirpe, revelando de esa forma un inequívoco sesgo etnocéntrico. Ocurrió entonces que los groseros perfiles del enemigo soviético dibujados en los años cincuenta se superpusieron y acomodaron sobre anteriores concepciones igualmente toscas del “enemigo asiático”, o del “oriental”,

 

 

 

 

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como podía comprobarse palmariamente en el NSC68 elaborado por Paul Nitze.

 

Con la brusca desaparición del enemigo soviético durante los años 1990 y 1991, la Alianza se vio privada de repente del discurso necesario para sobrevivir: su lógica formal de exclusión y enfrentamiento se vació con peligrosa rapidez de unos contenidos que había venido reelaborando durante cuarenta años. Fue, de hecho, la peor crisis de legitimidad que vivió la OTAN en toda su historia. Por puro reflejo, el discurso atlantista empezó a hablar de “amenazas”, ya que no de enemigos, surgiendo por entonces un conflicto realmente providencial en el Golfo Pérsico que fue convenientemente aprovechado para la construcción de un nuevo discurso, de un nuevo contenido que rellenara esa lógica repentinamente vaciada. Por lo demás, la imagen de Sadam Hussein y del país iraquí presentada por el bando occidental no fue, de ningún modo, novedosa: se instalaba en una genealogía de enemigos que arrancaba de la época de las primeras descolonizaciones, con las imágenes del “nacionalismo egoísta y ambicioso” proyectadas por W. Rostow y H. Kissinger, entre otros, en pleno apogeo de la etnocéntrica teoría de la Modernización. Otro imaginario de enemigo al que empezó a recurrirse con sospechosa fruición —el “Islam–terrorista”— tampoco surgió ex novo: cuando menos había sido formalmente elaborado desde el período álgido de la segunda guerra fría, a principios de los años ochenta, en un proceso que siglos atrás hundía sus raíces en la deformadora concepción occidental del Islam estudiada por Edward Said.

 

En suma, la misma lógica formal de enfrentamiento de la guerra fría empezó a poblarse de enemigos presentados como nuevas amenazas, de imágenes deformadas que reproducían en ocasiones estereotipos milenarios, de especial predicamento en antiguas tierras de cruzada como la nuestra. La imaginería de las “nuevas amenazas” de la posguerra fría, que justificaban en última instancia la necesidad occidental de seguir rearmándose, se fue edificando con caricaturas y esperpentos que, es obvio decirlo, disfrazaban y ocultaban la realidad a la que decían referirse. Gracias a la recomposición de los contenidos adecuados, la lógica de exclusión pudo mantenerse en pie y la Alianza dotarse de un nuevo discurso justificador. Frente al excesivo triunfalismo del fin de la historia de Fukuyama, preocupante por cuanto presentaba un mundo peligrosamente vaciado de enemigos, surgió oportunamente un discurso de enfrentamiento —el choque de civilizaciones de Huntington— que apuntalaba un renovado militarismo. Todos los requisitos se hallaban presentes: el enfrentamiento entre enemigos se antojaba

 

 

 

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irreconciliable, toda vez que sus raíces no eran políticas ni ideológicas, sino culturales; y Occidente aparecía como un coloso debilitado y amenazado, expuesto a nuevos peligros que justificaban su agresión como defensa. Una vez acrisolada la imagen de un mundo poblado de nuevos enemigos —el Islam, el terrorismo, el “nacionalismo ambicioso”— la Alianza podía al fin respirar con cierto alivio.

 

Repasando la historia de la OTAN, resulta curioso observar que sus principales crisis de legitimidad han estado tradicionalmente condicionadas por el debilitamiento de su lógica formal de enfrentamiento y de sus contenidos correspondientes. Así, la época de la distensión a mediados de los años setenta marcó una profunda crisis que abrió paso a indeseables iniciativas autónomas de socios europeos, dispuestos a trabar lazos y relaciones de manera unilateral con los enemigos del otro lado del telón de acero. A lo largo de aquella etapa el bloque occidental asistió a fenómenos como la Ostpolitik alemana y fortaleció sus relaciones económicas y políticas con su enemigo formal, de modo que, para preocupación de Washington, el vínculo transatlántico empezó a debilitarse. De ahí que coincidiendo siempre con los momentos en que el enfrentamiento parecía relajarse, a través de la OTAN se procediera a forzar periódicas crisis diplomáticas con el enemigo, a reanimar tensiones anteriores, a crear nuevas sensaciones de peligro. El agresivo discurso desplegado por Washington durante la segunda guerra fría es, quizá, el ejemplo más adecuado. Una vez magnificada la amenaza soviética, presentando a Europa en situación de inferioridad ante una posible agresión, la instalación de los euromisiles volvió a tensar el enfrentamiento hasta extremos insoportables. El vínculo transatlántico volvió a afirmarse de esta forma en el oportuno clima del terror nuclear.

 

Por lo demás, la historia de la OTAN ha estado presidida por la inestabilidad, por la aparición de continuas crisis que debían ser conjuradas con oportunos tensionamientos: de ahí la importancia de los conflictos que reforzaran regularmente la cohesión interna en cada uno de los bloques. Las crisis fueron de diverso origen y naturaleza: desde divergencias de intereses en territorios “fuera de zona” —la crisis de Suez, por ejemplo— hasta intrusiones de discursos nacionalistas que quebraban la solidaridad aliada y por tanto el vínculo transatlántico, como fue el caso de nacionalismo del general De Gaulle y la salida francesa de la Estructura Militar Integrada de la OTAN. Pero la peor de todas las crisis fue la que hacia el final de la guerra fría afectó a los presupuestos formales de la existencia de la Alianza, amenazando el pretexto originario de su fundación: la súbita desaparición del enemigo

 

 

 

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cuya imagen continuamente reelaborada durante cuarenta años había posibilitado el mantenimiento del vínculo transatlántico. Sin una amenaza que se cerniera sobre Europa, y de la cual hubiera que protegerla, ¿de qué forma podría Estados Unidos seguir siendo una potencia europea?

 

 

   SUPERVIVENCIA DE LA OTAN E HIPERDESARROLLO DE SU FUNCIÓN POLÍTICA

 

La supervivencia de la Alianza en los nuevos tiempos de la posguerra fría se ha parecido demasiado a una huida hacia adelante: desde el principio resultó evidente que, si quería sobrevivir, no podía permanecer donde había estado hasta entonces. En un primer momento el rasgo más destacable del discurso atlántico fue su empeño en justificar la supervivencia y necesidad de la maquinaria militar de la Alianza a pesar de la desaparición de su secular enemigo. El conflicto del Golfo le proporcionó una buena coartada, sobre todo a partir de la amenaza iraquí a Turquía, territorio atlántico: la OTAN se vio así comprometida formalmente en el conflicto. Sin embargo, los vientos de la época eran hostiles a la permanencia de la Alianza; planeaba en el ambiente una ley de simetría que planteaba como lógica su desaparición tras el eclipsamiento del Pacto de Varsovia. Es en esta coyuntura histórica donde puede valorarse adecuadamente la inestimable ayuda proporcionada en tan difícil tesitura por los gobiernos de Polonia, Hungría y Checoslovaquia, al pedir el ingreso de sus países en la organización atlántica y presentarle en bandeja un buen motivo de justificación que garantizara su existencia. A pesar de ello, el clima de distensión reinante había favorecido la aparición de dos proyectos que ensombrecían el futuro de la OTAN, puesto que entre ambos el vínculo trasatlántico quedaba tan empequeñecido como marginado: el proyecto de una política exterior y de defensa autónoma europea y el renacimiento de la Conferencia de Seguridad y Cooperación para Europa. El rumbo tomado por la Alianza desde entonces tendría que tener buen cuidado en sortear esos dos escollos.

 

El proyecto de una política exterior y de defensa autónoma europea, tan mal acogido en un principio por el presidente Bush, experimentó un bloqueo decisivo en Maastricht, cuyo discurso al respecto estuvo obviamente condicionado por los debates y conclusiones de la trascendental cumbre atlántica de Roma celebrada un mes antes. Desde entonces, la propuesta europeísta original de forjar una identidad europea de seguridad y defensa a partir de la fusión de la UEO en la Comunidad Europea sufrió un retraso que duraría años: sólo a finales del año 2000 la UEO se habrá fusionado en la UE en

 

 

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unas condiciones de evidente dependencia tanto de la política decisoria como de los recursos de la Alianza. Mientras tanto, la UEO disfrutó de una fantasmagórica existencia sin llegar a desarrollar nunca una mínima estructura operativa, consecuencia directa y poco conocida de la reunión de Petersberg celebrada en 1992. La crisis de la primavera de 1997 en Albania fue la prueba definitiva que dejó en ridículo a la UEO y reveló las profundas diferencias europeas en cuestiones de política exterior, en vísperas de la revisión del Tratado de la Unión Europea a realizar en Amsterdam. En cuanto a la CSCE, la Alianza intentó primeramente, bajo un discurso de “fortalecimiento institucional”, apoyarse en la emblemática conferencia con vistas a obtener cierta legitimidad y constituirse en su brazo armado para determinadas misiones “fuera de zona”. Fue sobre todo tras el fracaso de sus esfuerzos en la cumbre de Helsinki, celebrada en 1992, cuando la OTAN empezó a mirar hacia la ONU en busca de cobertura para sus actuaciones. Desde entonces, y de manera paralela a lo ocurrido con la UEO, las expectativas de algunos países —principalmente Francia y la Federación Rusa— de convertir a la CSCE en una nueva ONU paneuropea no tardaron en verse decepcionadas. La CSCE quedó rebajada finalmente a la precaria condición de un organismo puramente técnico —se convirtió en OSCE a partir de 1995— subsidiario y del todo inoperante en todos los conflictos a los que se enfrentó: desde Bosnia– Herzegovina hasta Chechenia. El proceso no deja de revestir una particular importancia histórica, pues desde la solemne cumbre de París, celebrada en 1990, la CSCE había encarnado la esperanza del advenimiento de un sistema de seguridad colectivo paneuropeo, el mismo objetivo que había resultado frustrado en 1947 —respecto a la ONU— con el estallido de la guerra fría. La Alianza Atlántica volvía de este modo a ser responsable, por segunda vez, del fracaso de semejantes expectativas.

 

La cumbre de Roma celebrada en noviembre de 1991 significó un paso de gigante en la supervivencia de la Alianza. El nuevo concepto estratégico aprobado en Washington en 1999 no fue, de hecho, más que el remate y la formalización de lo ya apuntado en Roma: el discurso de los nuevos enemigos, el hiperdesarrollo de la función política de la OTAN y la posibilidad de desbordamiento del territorio de actuación atlántico, contraviniendo los límites estipulados en el artículo VI del propio Tratado de Washington. Ya se ha dicho que lo decidido en Roma relativo a la defensa europea predeterminó a Maastricht, con lo que uno de los dos escollos arriba mencionados había empezado a superarse. El proyecto de una identidad común europea de

 

 

 

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política exterior y defensa recibiría definitivamente su golpe de gracia, en el terreno práctico y real, con el fracaso de la mediación de la UE en el conflicto balcánico. Largamente le sería recordada por Washington y por la OTAN a la Unión Europea la desafortunada frase del primer ministro luxemburgués Jacques Poos, cuando en 1991 se atrevió a declarar que “había llegado la hora de Europa” refiriéndose a la intervención europea en las negociaciones de paz. En Roma, y a manera de rememoración de los tiempos del Informe Harmel, la Alianza expresó su decisión de desarrollar su función política, en un proceso que la llevaría a solaparse y a usurpar funciones propias de la CSCE: de hecho, eso fue lo que significó el establecimiento de lazos de cooperación político–militar con los países ex— comunistas y después con los estados neutrales europeos, a través de las instituciones del CCAN, la APP y, por último, el Consejo Euroatlántico. Dotándose de semejantes estructuras subsidiarias que cada vez implicaban a un mayor número de países, a manera de las capas de una cebolla, la OTAN inició un proceso de hiperdesarrollo político que a la postre culminaría en la creación de un gigantesca red de influencias: el indefinido “espacio euroatlántico” del nuevo concepto estratégico de Washington, flanqueado por los estados del Diálogo Mediterráneo y por aliados estratégicos “extra OTAN”, como Argentina o Jordania.

 

 

   EL CONCEPTO “FUERA DE ZONA”

 

Las declaraciones de la cumbre de Roma de 1991 se hicieron ya eco, en su discurso de las nuevas amenazas y enemigos, de los problemas de inestabilidad que pudieran generarse —y que de hecho ya habían empezado a estallar— en las periferias este y sur de la Alianza. Preocupaba sobremanera a Occidente, al menos de manera más directa a los estrategas de la OTAN, los trastornos de todo tipo que pudieran derivarse de los traumáticos procesos de ajuste económico y conversión en democracias formales que por aquellas fechas estaban teniendo lugar en Europa Central y Oriental. Esto explica la pretensión atlántica de llegar a trascender de alguna forma los límites territoriales del artículo VI del Tratado de Washington, a través de una interpretación a todas luces forzada del IV, ya que por “consultas” se pasaba a entender acciones bien concretas. Por lo demás, el mismo hecho de que la OTAN magnificara su función política estableciendo lazos políticos–militares con los países de Europa Central y Oriental a través de foros subsidiarios

 

 

 

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como el CCAN y la APP suponía ya, de algún modo, actuar “fuera de zona”. En un principio, sin embargo, la Alianza no había previsto ni contemplado intervención militar alguna: por el momento su supervivencia se cifraba en hacerse un sitio entre el proyecto de una defensa autónoma europea y la promoción de la CSCE.

 

La oportunidad de contar con una presencia o función militar “fuera de zona” se presentó en 1992, cuando frustradas las expectativas de conseguir un mandato similar en la CSCE, la Alianza fue requerida por la ONU en calidad de “organización regional” para apoyar determinadas resoluciones del Consejo de Seguridad respecto al conflicto balcánico. Primero fue la vigilancia del embargo de armamento a la ex–Yugoslavia en el Adriático —tarea en la que compitió con la UEO hasta que esta organización fue desplazada en junio de 1993— seguida de la garantía, bajo amenaza de ataques, de “zonas de exclusión aérea” y “refugios seguros” en el territorio de Bosnia–Herzegovina, asolado por los combates. No obstante, lo que comenzó como una simple tentativa de legitimación de escasa importancia —a la luz de las disensiones en el campo occidental acerca de la política a seguir en Bosnia— fue adquiriendo mayor peso con los años, dado que la credibilidad de la Alianza no tardó en verse salpicada por el escandaloso desastre en que se había convertido la misión de paz de Naciones Unidas. Hacia 1993 no era ya la ONU la única institución deslegitimada por su fracaso: también la Alianza estaba sufriendo las consecuencias en forma de grave deterioro de su imagen.

 

Fue a partir de mediados de 1993 cuando Washington empezó a moverse de manera decidida en un doble sentido: por un lado empezó a distanciarse progresivamente de la política occidental de “neutralidad” frente al conflicto bosnio —que de hecho perjudicaba al contendiente más débil, el gobierno legítimo de Bosnia–Herzegovina— a la vez que asumía un discurso abierta y activamente intervencionista respecto a la política estadounidense y atlántica en Europa. El emblemático artículo de los tres analistas del RAND —Asmus, Kugler y Larrabee— publicado en Foreign Affairs en el otoño de 1993 dictaba el rumbo a seguir: decidida ampliación de la OTAN al Este y superación de las limitaciones territoriales del Tratado de Washington. Curiosamente, la agresividad de semejante estrategia se disfrazaba tras su justificación como medida lógica y necesaria para la supervivencia de la OTAN. En una frase admirablemente gráfica, la Alianza debía salir de zona — ampliarse al Este, e intervenir política y militarmente en Europa sin limitación territorial alguna— si no quería cerrar el negocio y desaparecer. Apoyada por los llamados “nuevos intervencionistas” de la secretaría de Estado y de la

 

 

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consejería de Seguridad Nacional, esta estrategia se vio realizada paso a paso durante los años siguientes. El proceso de ampliación al Este comenzó de hecho, aunque con alguna ambigüedad, con la iniciativa de la Asociación Para la Paz (APP) presentada en la cumbre de Bruselas de enero de 1994, y culminó en 1997 con la aprobación formal de las candidaturas de los nuevos miembros: Polonia, la República Checa y Hungría.

 

Respecto al conflicto bosnio, la estrategia norteamericana se tradujo de manera diversa. Y no obró, conviene destacarlo, por motivaciones de índole moral, sino por razones de estricto cálculo político: el progresivo agravamiento del conflicto, o un completo exterminio del pueblo bosnio, habría significado la definitiva quiebra de la credibilidad de la Alianza en un momento fundamental para su supervivencia. Por una parte, la realpolitik estadounidense priorizó la consecución de un equilibrio militar de los contendientes en el escenario de guerra, respaldando política y militarmente tanto al gobierno bosnio como al croata. Por otro lado, y ante el creciente descrédito de UNPROFOR, comenzaron a menudear los enfrentamientos entre autoridades de la OTAN y de la ONU por la cuestión del doble mando. Al tiempo que exigían medidas más enérgicas —al menos simbólicamente— los portavoces atlánticos empezaron a desmarcarse del completo fracaso en que a mediados de 1995 se había convertido la misión de Naciones Unidas. Finalmente la Alianza consiguió imponerse en el pulso y el episodio de los bombardeos aéreos de agosto y septiembre de 1995 le permitió recuperarse del deterioro que había sufrido su credibilidad durante los últimos años. El fin de los combates no fue en absoluto una consecuencia de los bombardeos, ya que obedeció a una compleja serie de razones —agotamiento del bando serbobosnio, privado del apoyo del régimen de Milosevic, y rearme de la Federación Bosniocroata, entre otras— pero los ataques aéreos ordenados por la OTAN tuvieron la eficacia simbólica de generar esa ilusión. La paz de Dayton, que puso definitivamente fin al conflicto, fue de hecho una especie de diktat norteamericano, entre cuyas condiciones la administración Clinton impuso el protagonismo de la Alianza, frente a la ONU, en el operativo militar que se encargaría de garantizar la paz en Bosnia. Con ello, la OTAN pudo presentarse a sí misma como la única organización que había logrado resolver con éxito el conflicto bosnio, frente al doble fracaso de la ONU y de las iniciativas europeas. La Alianza quedaba así redimida asegurando su supervivencia y liderazgo en los nuevos y difíciles tiempos de la posguerra fría.

 

 

 

 

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El conflicto de Kosovo, reavivado en 1998 justo cuando la Alianza se preparaba a celebrar la solemne cumbre del quincuagésimo aniversario del Tratado de Washington, destinada a sancionar su vocación intervencionista a través de un nuevo concepto estratégico, amenazó con dar al traste con el aparente éxito logrado en Bosnia–Herzegovina. Conforme los enfrentamientos se fueron agudizando, las autoridades de la Alianza terminaron por decidirse por un bombardeo selectivo sobre Serbia y Kosovo que ilustrara simbólicamente su posición de fuerza, desentendiéndose de las consecuencias que dicha acción militar pudiera tener sobre la inerme y mayoritaria población albanokosovar a la que se decía defender. Como resultado, la publicitada campaña de bombardeos aéreos no solamente no evitó los planes de genocidio de dicha población, sino que además facilitó al régimen de Milosevic la oportunidad de acelerarlos, merced a la retirada de periodistas y observadores internacionales del territorio kosovar y al clima de guerra generado. De ese modo, la OTAN volvía a demostrar en los hechos que, lejos de actuar por criterios pretendidamente morales, reaccionaba únicamente para imponer su liderazgo y afianzar, con ello, el mantenimiento del esencial vínculo transatlántico. Con su intervención en Kosovo la Alianza vino a consagrar, en la práctica, su vocación de actuar “fuera de zona” al aceptable coste de mancharse las manos de sangre: directamente con los bombardeos continuados sobre Serbia y Kosovo e indirectamente contribuyendo a la aceleración de un proceso de limpieza étnica.

 

 

   UNA REFLEXIÓN SOBRE EL INTERVENCIONISMO MILITAR “HUMANITARIO”

 

El discurso del intervencionismo militar se ha generalizado no sólo en la OTAN, sino en todas las políticas de defensa occidentales, incluso en la de la Federación Rusa con respecto al territorio de la CEI. Ello ha sido posible, en gran medida, gracias a la apología de una modalidad de intervención que ha logrado situarse en el centro del debate suscitado: el intervencionismo militar humanitario fundamentado en criterios morales que habrían de anteponerse a consideraciones y principios de derecho internacional. En este sentido, Kosovo ha sido un caso paradigmático: la OTAN justificó el 23 de marzo la orden de bombardear en ausencia de una resolución del Consejo de Naciones Unidas o de mandato alguno de la OSCE, organizaciones ambas a las que se había pedido sin éxito su colaboración. No vamos a detenernos, sin embargo, en este caso, ya que resulta demasiado obvio que dicha intervención poco ha tenido que ver con el humanitarismo, a no ser que entendamos por tal la

 

 

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sistemática violación de derechos humanos cometida durante los dos meses largos que duraron los bombardeos.

 

A partir de los casos estudiados en este libro —Somalia, Haití, Ruanda, Albania, Haití— es posible extraer algunas conclusiones relevantes en el debate planteado por el intervencionismo militar humanitario. La primera se resumiría en que, al menos en dichos ejemplos, la intervención occidental no ha respondido en absoluto a los principios que ha pretendido defender, esto es: la prevención de genocidios por hambrunas o masacres, la restitución en el poder de un mandatario democráticamente elegido o la defensa de cualquier derecho humano vulnerado. Muy al contrario, detrás de los discursos moralizantes se han emboscado a veces intereses concretos tan egoístas como, en los casos de Haití o Albania, el bloqueo de flujos de refugiados in situ para evitar que pudieran acceder a las costas de Estados Unidos o de Italia. En el ejemplo somalí, no puede menos que resultar evidente que la brusca preocupación sentida por el gobierno Bush hacia los sucesos de Somalia — tras una prolongada indiferencia— se debió únicamente a razones de política interior, con el fin de presentar una mejor imagen pública ante las inminentes elecciones presidenciales. El ejemplo francés en Ruanda es todavía más grave, ya que por medio de una intervención humanitaria se disfrazó el apoyo a un gobierno aliado responsable de genocidio, con la esperanza de que al cabo de un tiempo y una vez armado convenientemente, pudiera recuperar el poder. Esto por lo que se refiere a los principales responsables de cada operación: en cuanto a los actores secundarios de dichas intervenciones humanitarias —Italia en Somalia, España en Albania, por citar dos ejemplos

 

— su participación ha estado asimismo ligada a razones igualmente egoístas: desde el deseo de lograr un mayor peso o presencia en la escena internacional, hasta la voluntad de lavar la deteriorada imagen de sus respectivas fuerzas armadas.

La segunda conclusión no remitiría a los casos presentes de intervencionismo militar humanitario, sino a los ausentes, a menudo más clamorosamente explícitos que aquellos. El hecho de que las altas instancias de la ONU o de la OTAN jamás se hayan planteado intervenciones militares — igualmente fundamentadas en criterios morales— en conflictos tan sangrantes como los de Chechenia o Kurdistán es altamente revelador. La única explicación posible coincide con la que se proponía más arriba para los ejemplos estudiados: porque detrás de los principios morales esgrimidos — merecedores por otra parte de todo respeto y aprobación— en las intervenciones militares humanitarias se han emboscado intereses

 

 

 

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absolutamente prosaicos y nada altruístas. Son esos intereses los que en cada situación han dictado si se debía o no intervenir, y de qué manera. Véase al respecto el ejemplo de Haití: la intervención militar en apariencia realizada contra Cèdras sólo se produjo cuando el perjuicio creado a Estados Unidos por las avalanchas de balseros había empezado a pesar más que las relaciones fraternales con un antiguo aliado, que antes habían hecho impensable toda intervención militar que no sirviera para fortalecer al régimen. Con todo y eso, la invasión de 1994 sirvió además para garantizar una salida honrosa al dictador y tutelar una transición política que no amenazara los intereses de las élites del país.

 

Es obvio, por otra parte, que una conclusión tan crítica con el intervencionismo militar humanitario como la reflejada en este texto no tiene por qué entrañar la defensa a ultranza de un sacrosanto principio de no intervención que, por otro lado, jamás ha gozado de muy buena salud, ni siquiera en los tiempos del enfrentamiento entre bloques de la guerra fría. Tal actitud supondría, como es evidente, legitimar posiciones tan aberrantes como la del gobierno mexicano frente a Chiapas o la de China con el Tibet, tristemente famosas por su empeño negador del derecho de autodeterminación de los pueblos encerrados contra su voluntad dentro de sus fronteras.

 

 

   ETNOCENTRISMO Y MILITARISMO: DOS PARIENTES CERCANOS

 

Una tercera conclusión no incidiría tanto en los motivos, ocultos o no, del intervencionismo militar humanitario, sino en las imágenes proyectadas sobre las víctimas del conflicto en el que se interviene, así como en las de los actores occidentales humanitaristas o pacificadores. A lo largo de los casos estudiados en este texto, lo que se descubre es un acendrado etnocentrismo que impregna absolutamente ambos imaginarios, añadiendo de esa forma un nuevo motivo de recelo hacia ese tipo de injerencismo armado. En la cobertura mediática occidental de las operaciones humanitarias, tanto la población albanesa como la somalí, la haitiana o la ruandesa han terminado reducidas y repartidas en dos grandes y burdas categorías: o víctimas o villanos. En la operación Restore Hope, por ejemplo, el hombre o la mujer somalí sólo podía ser un señor de la guerra —al estilo premoderno, medieval

 

— o una víctima anónima y masificada de la hambruna, quedando ambas categorías transformadas y sublimadas en sendos arquetipos de maldad y desgracia. Tal grosera simplificación no ha evidenciado, quizá incluso de manera inconsciente, más que un soberano desprecio hacia aquellos a quienes

 

 

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se pretendía socorrer, alimentar o pacificar, y por contra, un igualmente abrumador sentimiento de superioridad occidental articulado a través de las imágenes que la propaganda occidental ha presentado de los propios actores humanitarios. Porque tan reveladoras de una mentalidad etnocentrista son las imágenes proyectadas sobre el Otro —el sujeto que no pertenece a nuestra cultura— como las que de Sí se desea proyectar. No es causalidad que los soldados protagonistas de las intervenciones humanitarias se hayan frecuentemente transfigurado, en la cobertura mediática de las mismas, en héroes pacificadores o incluso en ángeles de la paz, por citar la hiperbólica expresión de cierto mando militar español destacado en Bosnia–Herzegovina.

 

Tampoco resulta casual que el prejuicio etnocéntrico se haya asociado de una manera tan estrecha a las intervenciones militares de signo humanitario protagonizadas por los países occidentales. Dicha relación presenta un reflejo paralelo, a mayor escala todavía, en la semejanza existente entre el lenguaje etnocéntrico y el militarista presentes en el propio discurso de la Alianza Atlántica desde los tiempos de su fundación. Una semejanza que a fin de cuentas no tendría por qué extrañar, dado que al fin y al cabo, tanto el militarismo como el etnocentrismo no son, en último término, más que lógicas de exclusión. En el discurso militarista se excluye al Enemigo del mismo modo que el pensamiento occidental etnocentrista excluye, reduce, desprecia o domina al Otro, al extranjero en términos culturales. Resulta obvio que no me estoy refiriendo aquí a la concepción tradicional y limitada del militarismo, que ha restringido el fenómeno a una simple invasión de ciertas parcelas del ámbito civil por parte de las jerarquías militares. Por el contrario, comparto la definición más amplia y profunda del término manejada por la feminista Cynthia Enloe cuando propone hablar de la llamada militarización interna de las personas. Para Enloe, militarizarse no consistiría tanto en vestir un uniforme como en comenzar a asumir e interiorizar una visión del mundo —groseramente simplista— constituida por un Nosotros y un Ellos que se opondrían irreductiblemente, y en la que el Ellos pasaría a ser sistemáticamente percibido como una amenaza: el enemigo por excelencia. Dicho proceso alcanzaría su culminación en cada persona cuando se interiorizaran los valores y hábitos mentales asociados a un mundo militarizado, que esencialmente se reducen a la exclusión de los demás —la característica concepción de un mundo poblado de enemigos, de diferencias interpretadas como amenazas— y al encumbramiento de la violencia y de lo militar como única solución posible de los conflictos, entendidos estos en su sentido más genérico.

 

 

 

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El militarismo así concebido ha presentado, como queda de manifiesto en el discurso de la OTAN de la guerra fría, rasgos de un llamativo etnocentrismo, como si una lógica de exclusión gustara de apoyarse en la otra, de afirmarse y resituarse en otra anterior. Siguiendo a Bradley Klein, es posible afirmar que la política exterior estadounidense y la Alianza Atlántica han desarrollado a lo largo de su historia “una serie de prácticas políticas destinadas a hacer y rehacer el orden mundial a imagen de la identidad occidental”. Los ejemplos son frecuentes —recordemos aquí brevemente la tradicional concepción del enemigo comunista asiático, orientalizante— pero no deja de resultar curioso que sean aún más numerosos y llamativos los casos de etnocentrismo presentes en la actual OTAN de la posguerra fría, o en las intervenciones militares humanitarias antes citadas. La recargada imaginería de los nuevos enemigos que amenazan a Occidente, siguiendo el afamado bestiario de Huntington, no es, en última instancia, más que un catálogo de prejuicios etnocentristas de amplia raigambre y tradición aun más longeva. Baste a título de ilustración con mencionar un viejo “enemigo” tan autorizado en el imaginario secular occidental como es el Islam, asimilado al fenómeno del terrorismo y de la delincuencia organizada en tiempos más recientes.

 

Finalmente resulta obligado citar al menos la otra lógica de exclusión que formaría tríada con las anteriores, y que define y redondea todo sistema o registro militarista que se precie: el patriarcado. Aunque ni siquiera ha sido mencionado en este estudio, cuando menos habría que apuntar que el discurso militarista desplegado por la OTAN desde su fundación ha sido y es profundamente patriarcal. Exhibiendo falsas pretensiones de universalismo, proyecta y describe la imagen de un mundo violento donde la fuerza es exaltada y donde discurso y lenguaje reflejan la primacía del varón. Una primacía presente tanto en la marginación política de las mujeres como en la rígida separación de roles masculinos y femeninos, tal y como acertadamente ha denunciado Stasa Zajovic en su calidad de doble militante feminista y antimilitarista. Lo cual, por cierto, no ha librado a las mujeres de los perjuicios de estas políticas: más bien al contrario, ya que históricamente han padecido guerras y conflictos con especial intensidad. El lenguaje militarista reviste, pues, una evidente marca de género. La exclusión de las mujeres de ese mundo de violencia —de su imagen y valores, que no de su realidad y consecuencias— se alinea así con la exclusión del Enemigo y con la marginación del Otro, acrisolando un discurso que no puede resultar más ajeno al mundo de los sentimientos: el habitado por las personas que han sido y siguen siendo sus víctimas.

 

 

 

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GPN:   Grupo de Planes Nucleares.

IDS:    Iniciativa de Defensa Estratégica (SDI)

IFOR: Implementation Force (Bosnia-Herzegovina)

KFOR:                Fuerza Internacional de Paz en Kosovo.

LDK:  Liga Democrática de Kosovo.

MINUAR:         Misión de Naciones Unidas en Ruanda.

MLF:  Flota Multilateral Naval.

OMP:  Operación de Mantenimiento de la Paz.

PESC: Política Exterior y de Seguridad Común Europea.

RAND:               Fundación Reseach & Development

RDF:   Fuerza de Despliegue Rápido (Rapid Deployment Force)

SACEUR:          Comandante de las tropas aliadas de Europa (Supreme Allied Commander

   Europe)

  

SACLANT:       Comandante de las tropas aliadas del Atlántico (Supreme Allied Commander

   Atlantic)

  

SALT: Conversaciones sobre Limitación de Armas Estratégicas (Strategic Arms

   Limitation Talks)

  

SFOR: Stabilization Force (Bosnia-Herzegovina)

SHAPE:             Cuartel de la Comandancia de las tropas aliadas en Europa (Supreme

   Headquarters Allied Powers in Europe)

  

START:             Conversaciones sobre Reducción de Armas Estratégicas (Strategic Arms

   Reduction Talks)

  

TLC:   Tratado de Libre Comercio

TUE:   Tratado de la Unión Europea.

UEO:  Unión Europea Occidental.

UNMIK:            Administración de Naciones Unidas en Kosovo.

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FERNADO HERNÁNDEZ HOLGADO (Madrid, 1964) es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid y profesor de esta universidad desde 2015. Es autor de Miseria del militarismo. Un análisis del discurso de la guerra (Virus, 2003) y Mujeres encarceladas. La prisión de Ventas: de la República al franquismo (Marcial Pons, 2003). Recientemente ha editado con Tomás Montero el volumen colectivo Morir en Madrid. Los fusilamientos masivos del franquismo en la capital, 1939-1944 (Machado Libros, 2020).

 

 

 

Notas

 

 

   https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_17120.htm?selectedLoca le=es <<

 

 

   https://theintercept.com/2021/09/01/war-on-terror-deaths-cost/ <<

 

   https://eacnur.org/es/refugiados-sirios <<

 

 

   Miseria del militarismo: un análisis del discurso de la guerra (Virus, 2001). Disponible en: https://www.viruseditorial.net/paginas/pdf.php?pdf=mi seria-del-militarismo.pdf <<

 

   Capitalismo (financiero) global y guerra permanente: el dólar, Wall Street y la guerra contra Irak (Virus, 2003). Disponible en: https://www.viruseditori al.net/paginas/pdf.php?pdf=capitalismo-financiero-global-y-guerra-permanent e.pdf <<

 

   https://www.acnur.org/datos-basicos.html <<

 

   https://www.dw.com/es/sipri-gasto-militar-mundial-aument%C3%B3-en-2

 

020-pese-a-la-pandemia/a-57331722 <<

 

   Rusia en la era de Putin (Los Libros de la Catarata, 2010). <<

 

   “The Clash of Civilizations?”, Foreign Affairs, 72, 1993; El choque de las civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial (Paidós, 1996). <<

 

   Vanguardia de la adulada “Nueva Europa” por oposición a la “Vieja” (Alemania y Francia), según la famosa frase de Donald Rumsfeld, secretario de Defensa con Bush Jr. en enero de 2003, cuando pulsaba los apoyos europeos a la inminente invasión de Irak. <<

 

   https://elpais.com/diario/1976/10/23/sociedad/214873218_850215.html

 

<< 

 

   https://www.portalambiental.com.mx/cambio-climatico/20210519/la-otan -propone-que-ejercitos-analicen-impacto-del-cambio-climatico <<

 

   Sobre la historia natural de la destrucción (Anagrama, 2003). <<

 

   “Sánchez avisa de que España está en el lado correcto de la Historia”, Europa Press, 6 de marzo de 2022, disponible en https://www.europapress.es/ nacional/noticia-sanchez-avisa-espana-lado-correcto-historia-no-falta-diplom acia-sobrado-agresion-20220306113943.html <<

 

   Citado en Kissinger, 1996, 481. <<

 

   Adoptamos la definición más extendida y popular del concepto “guerra

 

fría”, que se identifica con el sistema bipolar surgido tras el final de la

   Guerra Mundial; convencionalmente abarca, pues, el período que media entre la doctrina Truman de 1947 y la disolución de la URSS en 1991 (Barbé, 1995b, 235). En el caso de la OTAN de la posguerra fría, reducimos en un año su final, coincidiendo con la disolución de su principal oponente militar, el Pacto de Varsovia, en 1990. <<

 

   Citado en Kennedy, 1989, 460. <<

 

   Los historiadores revisionistas —norteamericanos en su mayoría: William. A. Williams, Gardner, Kolko, Horowitz…— revisaron la interpretación tradicional que sostenía que la responsabilidad de la guerra fría recaía solamente en la URSS, dadas sus presuntas ambiciones expansionistas; mantuvieron además que, para que el sistema capitalista sobreviviera tras el fin de la II Guerra Mundial, era necesaria la ilimitada expansión de la economía norteamericana fuera de sus fronteras. Las ambiciones de expansión eran, por tanto, las de Estados Unidos, disfrazadas tras una política económica de “puertas abiertas” (Gaddis, 407). <<

 

   En febrero de 1944, por ejemplo, procedieron a la deportación del pueblo checheno a Kazajstán. <<

 

   M. Evangelista nos informa de que la mayoría de las fuentes mencionan la existencia de activos grupos armados antisoviéticos en las regiones occidentales de la URSS desde mediados de los cuarenta hasta bien entrados los cincuenta. Los grupos más activos operaban en los países bálticos y al oeste de Ucrania y Bielorrusia. <<

 

   Respondiendo de ese modo a la petición de ayuda lanzada por el ministro británico Bevin, que a principios de 1947 advirtió alarmado al secretario de Estado Marshall que ya no podría seguir apoyando militarmente al régimen monárquico de Grecia, enfrentado a los comunistas del DESE, el Ejército Democrático Griego. El anuncio fue hecho oficial en el memorándum entregado por el embajador inglés al gobierno Truman el 21 de febrero de 1947. <<

 

   Según recoge en sus memorias el autor de la famosa teoría de la contención, G. F. Kennan propuso en su momento, en respuesta a la petición británica, una modalidad de ayuda económica y apoyo político —no militar— dirigidos exclusivamente a Grecia. En su opinión, “el acento estaba en la moral interna y en la firmeza de la postura diplomática, no en los preparativos militares. Por esta razón no me agradó encontrar en el texto del mensaje del Presidente al Congreso una propuesta para la ayuda a Turquía, así como a Grecia. Sospechaba que el objetivo principal era la ayuda militar, y que lo que había ocurrido era que el Pentágono había explotado unas circunstancias adecuadas a fin de infiltrar un programa de ayuda militar a Turquía en lo que debía ser en un principio un programa económico y político para Grecia” (1972, 260). <<

 

   Discurso al Congreso sobre Grecia y Turquía. Doctrina Truman, 12 de marzo de 1947, citado en Kaplan, 1984, 33. <<

 

   Dean Acheson, vicesecretario de Estado en el momento de la presentación de la Doctrina Truman, justificaría posteriormente en sus memorias la necesidad de esta política de contención en Grecia: “Como manzanas en un barril infectado por una podrida, la corrupción de Grecia habría infectado Irán y todo el este. También habría llevado la infección a África a través de Asia Menor y de Egipto, y a Europa a través de Italia y de Francia” (citado en Kaplan, 1984, 33). <<

 

 

   Hobsbawm cita la elocuente declaración del Premio Nobel de Economía Samuelson, que en 1943 apuntaba la posibilidad de que se diera en los Estados Unidos “el período más grande de desempleo y de dislocación de la industria al que jamás se haya enfrentado economía alguna” (Hobsbawm, 234). <<

 

   En apoyo de esta posición, tradicionalmente se ha argumentado con el reparto de zonas de influencia acordado entre Roosevelt, Churchill y Stalin entre 1943 y 1945 (Hobsbawm, 231). Incluso un historiador conservador como J. L. Gaddis reconocía que “Stalin mostraba notoriamente muy escaso interés en la suerte que corrieran los partidos comunistas de aquellas áreas fuera de su control” (Gaddis, 405). <<

 

   En la primera presentación pública del Plan Marshall, Dean Acheson dejó muy claro que el ritmo de exportaciones estadounidenses no podría mantenerse sin un programa de reconstrucción europeo (Florensa, 96). <<

 

   Desde la situación privilegiada que suponía controlar el ministerio unificado de Hacienda y Finanzas, en la última coalición con socialistas y comunistas de febrero de 1947. Poco antes, como es sabido, el político democristiano De Gasperi había mantenido una entrevista fundamental con Truman y su secretario de Estado Byrnes en Washington (Platt y Leonardi, 198). <<

 

   La Conferencia de Bretton Woods forjó el nuevo sistema monetario del mundo occidental, instituyendo la paridad fija del dólar con el oro. Sobre la meta norteamericana del multilateralismo en estos años, ver Chomsky 1992, 74. <<

 

   Citado en VV. AA. (1996), 55. <<

 

   Un gran número de autores mantiene, como A. Watson, que “la Unión Soviética veía en Naciones Unidas una maquinaria inapropiada para resolver los conflictos entre las grandes potencias, que deberían ser abordados mediante negociación directa” (citado en Barbé, 1995b, 232). <<

 

   En el caso estadounidense, frente a posiciones que confiaban y apostaban por la institución de las Naciones Unidas —como H. Wallace— destacaban las posturas de teóricos como Kennan y políticos como Marshall y Acheson: sin descalificarla como inútil, la consideraban simplemente un instrumento muy limitado de la política norteamericana (Kaplan, 1984, 31). <<

 

   El golpe de febrero de 1948 en Praga y el bloqueo de Berlín Occidental, que empezó el 24 de junio de ese mismo año y se prolongó hasta octubre de 1949. En sus memorias, Kennan refleja el verdadero clima de guerra que reinó en Europa y en Estados Unidos durante la crisis checoslovaca, juzgándolo absolutamente exagerado. En su opinión, tanto la consolidación del poder comunista en Checoslovaquia como “el primer intento de los rusos para hacer salir a los aliados occidentales de Berlín (…) eran reacciones defensivas por parte soviética al éxito inicial del Plan Marshall y a los preparativos que se estaban haciendo en el lado occidental para instalar un gobierno alemán separado en Alemania Occidental” (1972, 330). <<

 

   Futura Unión Europea Occidental (UEO). <<

 

 

   Como se explicará más adelante, el retraso se debió, entre otros motivos, a las elecciones norteamericanas de noviembre de 1948 en las que salió reelegido H. Truman. <<

 

   En sus memorias, G. Kennan escribe que “el 13 de enero (1948) el secretario del Foreign Office británico, Ernest Bevin, informó al general Marshall de que Gran Bretaña proponía un acercamiento a Francia y a los países del Benelux, con vistas a iniciar discusiones sobre problemas comunes de defensa, deseando saber cuál sería nuestra actitud al respecto. Nuestra respuesta, enviada entre el 15 y el 20 de enero, fue alentadora”. Kennan supone que ese apoyo se debió en gran parte a la actitud de John Foster Dulles, que en diciembre del año anterior había vuelto de un viaje a Francia “preocupado y convencido de que había que dar algún tipo de seguridad política a los franceses” (1972, 327-328). <<

 

   “El poder y los recursos de los Estados Unidos (…) serán necesarios si vamos a crear un mundo sólido, estable y saludable” (Extractos del discurso de Ernest Bevin a la Cámara de los Comunes, 22 de enero de 1948, en Smith, 158). <<

 

   Sobre las discusiones al respecto dentro del departamento de Estado, ver los capítulos 4 y 5 de Joseph Smith (1990): Origins of NATO. Kennan y Bohlen, por ejemplo, se oponían a la constitución de una alianza transatlántica: según ellos, bastaba con proporcionar asistencia militar suficiente al Pacto de Bruselas (Boyle, 74). <<

 

 

   Kennan describe el clima de guerra que se vivió a principios de marzo tanto en Europa como en Estados Unidos: el 11 de marzo se difundió la noticia de la misteriosa muerte del ministro checo Jan Masaryk, y una semana antes el general norteamericano L. Clay envió desde Berlín un desafortunado telegrama que puso en alarma al gobierno y al ejército norteamericano (1972, 329-330). <<

 

   Firmado el 2 de diciembre de 1947 entre Estados Unidos y los países de América Latina, a excepción de Nicaragua y Ecuador. Constituyó el primer ejemplo de “acuerdo regional” en el marco jurídico del Capítulo VIII de la Carta de las Naciones Unidas, lo cual tenía su importancia, puesto que el art. 53 de la Carta señalaba con precisión que “el Consejo de Seguridad utilizará dichos acuerdos u organismos regionales, si a ello hubiere lugar, para aplicar medidas coercitivas bajo su autoridad. Sin embargo, no se aplicarán medidas coercitivas en virtud de acuerdos regionales o por organismos regionales sin autorización del Consejo de Seguridad” (Naciones Unidas, 31). <<

 

   Artículo IV del Tratado de Bruselas: “En el caso de que una de las Altas partes Contratantes sea objeto de una agresión armada en Europa, las otras le proporcionarán, conforme a las disposiciones del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, ayuda y asistencia por todos los medios a su alcance: militares y otros” (reproducido en del Arenal, 468). El artículo 51 de la Carta garantizaba “el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado (…) hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales” (Naciones Unidas, 30). <<

 

   Reproducido en Kennan, 1972, 330. <<

   Ibídem. Ver nota 19. <<

 

   Al lado de Marshall y Acheson, su sucesor en la secretaría de Estado a partir de enero de 1949, se suele citar a Robert A. Lovett, vicesecretario de Estado; a John Hickerson, asesor para Asuntos Europeos, a Theodore Achilles y a Lewis Douglas, embajador en Gran Bretaña. <<

 

   La delegación norteamericana estaba encabezada por Lewis Douglas, embajador en Gran Bretaña. Jugaron también un papel destacado John Hickerson y Theodore Achilles (Baylis, 15). <<

 

 

   Todos los que firmarían el Tratado de Washington —Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Islandia, Luxemburgo y Noruega— más Suecia, que no llegaría a firmarlo. De los otros cuatro candidatos considerados, Suiza tampoco optaría por entrar. <<

 

   Kennan tiene una opinión bastante negativa de la actividad persuasora del departamento de Estado —principalmente Marshall y Robert A. Lovett— con los congresistas y senadores; principalmente con Arthur Vandenberg, portavoz republicano de política exterior en el Senado y futuro autor de la resolución homónima (1972, 333-334). <<

 

   Presentada el 19 de mayo y aprobada por el Congreso el 11 de junio de 1948. <<

 

   La Resolución Vandenberg, recogida en Smith, 161. <<

 

   El informe aparece citado en Garcés, 421. <<

 

   Los gestos, como puede deducirse de lo tratado hasta ahora, iban dirigidos más a las dos Cámaras y a la opinión pública de los Estados Unidos que al departamento de Estado. <<

 

   Como lo era formalmente el Tratado de Río, sujeto a las disposiciones del Capítulo VIII de la Carta de las Naciones Unidas. <<

 

   Ver nota 18. <<

 

 

   Citado en Delmas, 1962, 157. <<

 

   Kaplan refiere que “los liberales y pacifistas que habían aceptado reacios el Plan Marshall sostenían ahora haber encontrado en la OTAN la confirmación de sus temores, despertados al principio por la ley de ayuda a Grecia. Los portavoces cuáqueros eran particularmente elocuentes en sus preocupaciones por el destino de las Naciones Unidas” (Kaplan, 1984, 45). <<

 

   Citado en Kaplan, 1990, 99. <<

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   National Security Council. <<

 

 

   Sobre el asunto de la magnificación y exageración de la amenaza soviética, el propio G. Kennan reconoce lo siguiente en sus memorias: “Mis opiniones, además, chocaban con los cálculos exagerados de la fuerza militar rusa que se hacían (no queramos saber ahora por qué) en la aserción oficial de necesidades de defensa de la OTAN…” (1972, 388). <<

 

 

 

   “La contención política de una amenaza política” (Kennan, 1972, 294).

 

<< 

 

   Apuntada en su famoso artículo “Las fuentes de la conducta soviética”, firmado con el seudónimo de “Mr. X” y aparecido en la revista Foreign Affairs en el verano de 1947. En dicho texto preveía la posibilidad de que se dieran crisis internas en el sistema soviético de partido único. <<

 

 

   Nadie discute que “la guerra coreana, de manera intencionada o por accidente, sirvió para poner el NSC 68 inmediatamente en marcha” (Kaplan, 1984, 147). Todos los historiadores destacan el papel de Acheson —“comisario de la guerra fría”, en palabras de Ronald Steel— como principal valedor del proyecto del NSC 68. En cuanto al estallido de la guerra, la versión oficial norteamericana insistía en el carácter agresivo y provocador de la invasión del territorio de Corea del Sur. Curiosamente, el propio G. Kennan —sustituido en su puesto de asesor del dpto. de Estado por Nitze, protegido de Acheson— ha apuntado en sus memorias la probabilidad del carácter defensivo de la operación militar. La invasión de Corea habría estado así precedida de ciertos movimientos interpretados por la parte soviética como “provocación”: entre otros, y principalmente “nuestra reciente decisión de proceder inmediatamente a la negociación de un tratado de paz por separado con Japón, sin la participación de los rusos, y de acompañar dicho tratado con la retención indefinida de guarniciones norteamericanas y facilidades militares en suelo japonés” (1972, 405). En otras palabras, y sin que quede con ello justificada, la invasión de Corea del Norte muy bien podría contemplarse como una respuesta defensiva a la invasión de Japón. <<

 

   Compuesto en los representantes de cada país miembro. A las primeras reuniones del Consejo Atlántico, bastante espaciadas en el tiempo, asistían solamente ministros. Posteriormente, y debido a necesidades organizativas que exigían un contacto más constante, el Consejo Atlántico se fue reuniendo con mayor frecuencia —actualmente con carácter semanal— y estuvo formado primero por suplentes de los ministros y luego por representantes permanentes o embajadores. Algunas sesiones del Consejo del Atlántico Norte tienen carácter especial, y sus representantes pueden ser ministros o jefes de gobierno: es el caso de las llamadas “cumbres”. El Consejo del Atlántico Norte se reunía en París, y tras la retirada de Francia del Comité Militar y de la Estructura Militar Integrada, empezó a hacerlo en Bruselas, donde sigue instalado actualmente. <<

 

   Por parte norteamericana, era recurrente la insistencia en fortalecer la capacidad militar convencional de Europa Occidental, ante la percepción de la amenaza soviética. Francia, por aquellas fechas, se hallaba empantanada en la guerra contra el independentismo vietnamita, contando para ello con una ayuda militar norteamericana que no dejaría de considerar insuficiente. Y Estados Unidos había retirado tropas del frente europeo para desplazarlas a Corea. <<

 

   Robert Murphy, director de la Oficina de Asuntos Alemanes y Austríacos. La cita aparece recogida en Wiggershaus, 117. <<

 

 

   La Declaración de las Tres Potencias Ocupantes más los países del Benelux, firmada el 1 de junio de 1948. Tres semanas después y en señal de protesta, la URSS procedía a bloquear Berlín Oeste. <<

 

   Siguiendo las declaraciones del propio Acheson en sus memorias, Wiggershaus mantiene que “la inclusión del potencial económico alemán —al menos el de las zonas occidentales— en el programa de recuperación había sido desde el primer momento un elemento esencial de las consideraciones y demandas americanas y europeas, porque esa parecía ser la única manera de fortalecer los estados europeos y garantizar el éxito de su recuperación” (Wiggershaus, 115). Vistos los beneficios que el Plan Marshall proporcionó a la economía norteamericana, se comprende mejor el interés de Acheson por vincular a la Alemania Occidental al Programa. <<

 

 

   D. Eisenhower ostentó la presidencia de los Estados Unidos entre 1952 y 1961. <<

 

 

   El primer secretario general fue el británico Lord Ismay. <<

 

 

   Supreme Allied Commander in Europe. <<

 

   Resulta interesante observar el giro que experimentó la política norteamericana hacia las colonias del sudeste asiático después de la guerra de Corea. Si hasta entonces Washington había contemplado con agrado la retirada británica de la India en 1947 e incluso había presionado a Holanda a favor del abandono de sus posesiones asiáticas, enarbolando para ello la retórica wilsoniana, la excepción surgió en Indochina. La administración Truman contradijo su retórica anticolonialista y abandonó la política de no intervención para apoyar militarmente a Francia en su lucha contra el Viet-Minh, en un contexto rediseñado según los códigos de la guerra fría. De esa forma, “aquello que había sido considerado como nacionalismo antes de 1950, será después llamado comunismo” (Kaplan, 1989, 347). El apoyo, en forma política, se amplió incluso a la OTAN, que en 1952 bendijo la guerra conducida por Francia. Resulta curioso observar, por otro lado, en los esfuerzos franceses por procurarse la ayuda occidental —norteamericana principalmente— en su empresa por conservar las colonias: en el Tratado de Washington Francia insistió en que quedaran protegidos dentro del artículo VI los “departamentos franceses de Argelia”. En cuanto a Indochina, hay que decir que Francia se merece el dudoso honor de haber planteado por primera vez la extensión de la “zona OTAN” al ámbito mundial, sus esfuerzos por garantizarse el máximo respaldo occidental a sus esfuerzos militares en el sudeste asiático. La propuesta, planteada en 1952, molestó a Washington, que no tuvo necesidad de presentar formalmente su veto ya que los países escandinavos, Benelux y Canadá le hicieron ese servicio (Kaplan, 1989, 354).

 

   Gran Bretaña ya se había decantado con anterioridad por lograr la incorporación alemana a la defensa europea aun prescindiendo de Francia, y Estados Unidos recurrió a la amenaza de cortar toda ayuda militar a Francia si se oponía al ingreso de la RFA en la OTAN (Kaplan, 1989, 372). <<

 

   Resultado de dos conferencias: la de Londres, del 28 de septiembre al 3 de octubre, y la de París, del 20 al 22 de octubre de 1954. <<

 

 

   De ahí que la UEO fundamente su existencia más bien en el Tratado de Bruselas modificado de 1954 que en el Tratado homónimo de 1948. <<

 

   Un argumento, por cierto, que sería utilizado posteriormente hasta la sociedad por los sectores más atlantistas para evitar un excesivo fortalecimiento o un aumento de la autonomía de la UEO con respecto a la

 

OTAN. <<

 

 

   El manual de la OTAN de 1962 estimaba la ayuda militar norteamericana desembolsada desde 1949 a los países del Tratado en 22.000 millones de dólares (Documentation…, 112). Según el general Beaufre, sólo en 1952 fueron destinados 3.000 millones de dólares en ayuda militar a los países de la OTAN (Beaufre, 45). <<

 

 

   El Programa de Reconstrucción Europeo (1949-1952) llegó a desembolsar

 

12.817 millones de dólares en ayuda civil (Florensa, 100). <<

 

   Estos efectos adversos en la economía, más la reimplantación del servicio militar obligatorio en 1947, contribuirían a la derrota del partido laborista en 1951. Además, desde finales de la década de los cuarenta Gran Bretaña dedicó ingentes recursos al desarrollo de armamento nuclear, aparte de los gastos obligados por el mantenimiento de sus posesiones en Asia y África. <<

 

   Estados Unidos sufragó más del 43 % de los gastos en infraestructuras desembolsados entre 1951 y 1956, reduciendo posteriormente su cuota en años siguientes (30.8 % para el período 1961-64) mientras Alemania Occidental elevaba la suya alcanzando el 20 % en el primer quinquenio de los sesenta (Documentation…, 133). En 1966 la inversión total de infraestructuras militares en Europa había alcanzado los 3.000 millones de dólares (Beaufre, 46). <<

 

 

   En 1951, cuando Eisenhower fue nombrado SACEUR, sólo quince aeródromos funcionaban en Europa Occidental; años después llegarían a ser cerca de cien las bases aéreas operativas. La red de oleoductos llegó a sumar más de tres mil quinientos kilómetros, y se crearon más de trescientas estaciones de radar de Noruega a Turquía (Kaplan, 1984, 172). <<

 

   Por ejemplo en la intervención británico-norteamericana en Líbano de 1958; en el aprovisionamiento al ejército israelí en la guerra de los Seis Días; en la nueva intervención norteamericana en Líbano (1982); en los bombardeos contra Libia en 1986; en la Guerra del Golfo en 1991, etcétera.

 

<< 

 

   Sobre las razones de la incorporación de estos dos países a una organización cuyo ámbito geográfico —el Atlántico Norte— les era ajeno dada su condición de países mediterráneos, G. Kennan apunta en sus memorias la única explicación plausible del deseo de ciertos círculos del gobierno norteamericano “de poseer bases militares allí” (1972, 338). Por lo demás, el criterio del ámbito geográfico ya se había incumplido desde la misma firma del Tratado de Washington en el caso de Italia. <<

 

 

   En 1952, con Israel y Egipto, y en 1953, con España. En 1955 se crea el pacto de Bagdad, a iniciativa británica, entre Turquía e Irak, al que pronto se sumarían Gran Bretaña, Irán y Pakistán, y que tras la retirada de Irak derivaría en 1958 en la CENTO (Organización del Tratado Central), cuyo Estado Mayor estuvo dirigido desde 1961 por un general norteamericano. Durante los años cincuenta, los Estados Unidos apoyaron la CENTO con pactos bilaterales de defensa con Turquía, Irán y Pakistán. <<

 

 

   Según el testimonio de ex-generales de la OTAN a principios de los ochenta, “la historia de la OTAN revela que su estrategia siempre ha terminado por seguir a la de los Estados Unidos. No es sorprendente, pues, que el concepto central de la estrategia bélica nuclear de los Estados Unidos se refleje en la OTAN” (Generales por la Paz y el Desarme, 99). <<

 

 

   En 1946 Gran Bretaña comenzó las investigaciones para el desarrollo del arma nuclear, que probó por primera vez en 1952 en la costa oeste de Australia. En el proceso no contó con el apoyo de los Estados Unidos, que guardaba celosamente su información nuclear en virtud de la Ley Mac-Mahon. Francia probó su primer ingenio nuclear en 1960, en el Sahara argelino. Pero el arma nuclear dependía de manera absoluta de su capacidad de proyección contra el territorio enemigo, y Washington disfrutó de un monopolio absoluto en este terreno con su flota de bombarderos intercontinentales, el Mando Aéreo Estratégico (SAC, Strategic Air Command) que desde el principio de la guerra fría estuvo en condiciones de acceder a territorio soviético. A pesar de que la URSS probó su primer ingenio nuclear en 1948, sólo en 1960 el territorio norteamericano quedó expuesto al ataque de sus misiles balísticos intercontinentales (Delmas, 1969). <<

 

   Supreme Headquarters Allied Powers Europe: Cuartel General Supremo de las Potencias Aliadas en Europa. <<

 

 

   El retraso en este último caso, en el de la adopción atlántica de la doctrina de la “respuesta flexible”, se debió a la oposición francesa (Barbé, 1984). <<

 

   La Paix Indésirable?…, 95. <<

   Destacan, entre otros autores, Seymour Melman y Dieter Senghaas. Ver bibliografía. <<

 

   Citado en Melman, 331. <<

 

   En 1969, más de 2.000 jefes de ejército retirados ocupaban empleos en las 100 mayores empresas de armamento de los Estados Unidos, tres veces más que en 1959. La mayoría de ellos estaban empleados en las diez compañías mayores, y a menudo se sentaban en sus consejos de administración (Senghaas, 166). <<

   Senghaas cita un hecho significativo sobre el mayor peso relativo del Pentágono en la administración estadounidense: a finales de los sesenta, en unos 50 países, el número de funcionarios del Pentágono duplicaba al de funcionarios del departamento de Estado destacados en los mismos (Senghaas, 176). <<

 

   Sobre la inflación generada por los gastos militares, ver Aguirre, 1984, 168. <<

 

   Sobre los gaps, ver Senghaas, 209, Klein, 117 y Nouschi, 302. En sus memorias, H. Kissinger reconoció la inexistencia del missile gap (Kissinger, 1980, 72). <<

 

   Proceso único, necesario, inevitable y lineal, según W. W. Rostow. Se entiende que las naciones “desarrolladas” ya han vivido ese proceso tiempo atrás, con la Revolución Industrial. <<

 

   Durante los dos primeros años de la administración Kennedy, los índices de crecimiento militar, en todas las armas y ramas, fueron los siguientes: “(…) 100 % para el número de las armas nucleares, que estaban a disposición de las fuerzas de combate estratégicas movilizadas, 45 % para el número de divisiones listas para el combate, 33 % para el número de las escuadrillas de caza tácticas, 60 % de crecimiento en las fuerzas tácticas de combate nuclear estacionadas en Europa Occidental, 75 % para la capacidad de transporte aéreo (air lift), 100 % de crecimiento en la construcción general de buques, 600 % en los potenciales de lucha contra los movimientos de liberación” (Senghaas, 95). <<

 

   En sus memorias, el ex-canciller W. Brandt reconoció en 1976 que “…los norteamericanos nos querían vender más armas de las que nosotros podíamos necesitar” (Brandt, 305). A menor escala, la misma situación se dio con las tropas británicas desplegadas en la RFA. En 1967 estas tropas —que en 1955 ascendían a 77.000 hombres— fueron reducidas a 6.000, y la RFA se comprometió a adquirir material militar británico por valor de 125 millones de dólares (La carrera de armamentos, 58). <<

 

   El dato aparece recogido en La carrera de armamentos, 213. En ocasiones, el almacenamiento de ingenios nucleares se producía sin consentimiento oficial e incluso sin conocimiento de los países anfitriones, como ha revelado recientemente la revista norteamericana The Bulletin of the Atomic Scientists: así ocurrió con Dinamarca y también con España, que no siendo miembro de la OTAN llegó a almacenar hasta 200 bombas atómicas en las bases estadounidenses entre 1958 y 1976 (El País, 21 de octubre de 1999).

 

   En 1960 el general Beaufre fue destinado a ese cuerpo, del que lamentó su inoperancia. <<

 

   Por aquellos años, los mandos de primer nivel eran los siguientes: el SACEUR (Mando Supremo Aliado en Europa), con mando norteamericano y sede primeramente en Francia y posteriormente en Bélgica; el SACLANT (Mando Supremo aliado del Atlántico), con mando y sede norteamericana; el Mando de la Mancha o Mando Aliado del Canal, que desapareció en 1994 para quedar englobado en el SACEUR, y el Grupo Estratégico Regional Canadá–Estados Unidos. En 1966 los Estados Unidos contaban con siete mandos, los más importantes; Gran Bretaña ostentaba cinco y Francia uno. Del SACEUR, el mando de mayor importancia a efectos prácticos, dependían otros cuatro de segundo nivel, entre los cuales destacaba por su vital importancia estratégica el del Sur de Europa, con sede en Nápoles y regentado invariablemente por generales norteamericanos. La famosa VI Flota norteamericana estaba, y lo sigue estando, “asignada” a este mando. <<

 

   En 1966, con la retirada de Francia de la Estructura Militar, el Consejo Atlántico trasladó su sede a Bruselas y el SHAPE a Mons, también en Bélgica.

 

 

   Por lo demás, a primeros de los ochenta la situación no había mejorado en absoluto, como revelaron varios ex-generales de la OTAN, buenos conocedores de la dinámica interna de la organización. “Toda persona que haya ocupado un puesto militar importante en la OTAN sabe que la planificación militar se mantiene separada de las decisiones y las influencias políticas, con lo que se asegura la autonomía de las decisiones militares (…). La subdivisión estructural de la OTAN en dos ramas que funcionan con relativa independencia entre sí ha llevado a una situación en que los planes militares se sobreponen cada vez más a los objetivos políticos y pueden escapar ya al control político” (Generales por la Paz y el Desarme, 114). A esta afirmación habría que añadir que los mandos superiores militares seguían a principios de los ochenta igual de “americanizados” que en los sesenta. <<

 

   En esa ocasión con tropas francesas, en calidad de fuerzas de pacificación.

 

<< 

 

 

   Donde actuaba desde 1948 la VI Flota, que en 1975 comprendía unos cuarenta buques de combate —submarinos atómicos incluidos— y 21.000 soldados. Esta flota no estaba destinada a la OTAN, sino prevista: en caso de guerra, sería eventualmente asignada <<

 

 

   Según datos de 1977, Turquía disponía de 61 puntos diferentes de facilidades militares, Grecia 24, Italia 58, España 28 y Portugal 22 (Barbé, 1984, 100). <<

 

   La cita, procedente de datos oficiales del Congreso de los Estados Unidos publicados en 1977, aparece recogida en Barbé, 1984, 101. <<

 

   Ver Gil Pecharromán, 19; Lowe, 60-61; Cabrera, 21. Lowe cita como principal fuente para el estudio de la Operación Prometeo la obra de Andreas Papandreu Democracy at Gunpoint, Penguin, Harmondsworth 1973. <<

 

   El embargo nunca fue efectivo: la ayuda militar estadounidense se elevó de 95.2 millones de dólares en 1966 a 106.9 millones en 1970 (Lowe, 63). <<

 

 

   Un golpe ultraderechista que supuso la inmediata expulsión del arzobispo Makarios y constituyó a la vez la oportunidad perfecta para que Turquía ejecutara la largamente proyectada invasión de la isla, con la consiguiente división étnica de las dos comunidades de greco y turcochipriotas. La solución convenía a los Estados Unidos, que se habían enemistado con Makarios por la política neutralista del Chipre independiente (1960) y su negativa en 1970 a integrarse en la OTAN. Chipre jugaba un papel estratégico de primer orden en el corredor estratégico del Mediterráneo. <<

 

   Abandono que duraría hasta 1980. <<

 

 

   Compuesta de una fuerza de 220.000 soldados, había sido creada en 1979 para intervenir con la máxima rapidez principalmente en Asia Sudoccidental.

 

   Según el Informe de Amnistía Internacional de 1983, desde la fecha de septiembre de 1980 el número de ejecuciones ascendía a 24, y más de cien condenados a muerte esperaban condena. Aparte de los datos oficiales, un gran número de detenidos habían fallecido a causa de las torturas generalizadas. A 30 de noviembre de 1982, y según informaciones del propio gobierno, había 23.752 presos políticos. <<

 

 

   Formado por casi un millar de personas, llegó a contar con 139 depósitos secretos de armas distribuidos por todo el país. El caso Gladio estalló a partir de las revelaciones de un agente de la CIA en julio de 1990; un mes después Andreotti reconocía la existencia de una estructura secreta dentro de los servicios secretos, y en enero del año siguiente se publicaba la lista de nombres de los componentes de la red. <<

 

 

   La “subversión interna” podía darse también bajo la forma de una victoria del PCI en elecciones democráticas. Temiendo resultados adversos para la DC en las fundamentales elecciones de 1948, el Consejo de Seguridad

 

Nacional llegó a solicitar apoyo militar para operaciones clandestinas en Italia, así como una movilización nacional en los Estados Unidos “en caso de que los comunistas obtengan el dominio del gobierno por medios legales” (citado en Chomsky, 1992, 328). Es en esta línea de desarrollo donde se inserta la integración italiana en la OTAN y la concepción de la Operación Gladio. <<

 

   El documento fechado el 1 de junio de 1959 con membrete oficial del SIFAD aparece reproducido en Coglitore y Scarso, 118. <<

 

   El 13 diciembre de ese año fue aprobado el Informe del Comité de los Tres sobre Cooperación No Militar dentro de la OTAN, en el que se prestaba una especial importancia a la estrategia informativa de la Alianza. En concreto se destacaba la necesidad de una política informativa común, coordinada entre los diferentes países miembros, que resaltara “el carácter defensivo y los importantes aspectos no militares de la Alianza”, como los lazos de cooperación de carácter económico, científico, cultural, etcétera (del Arenal, 147). <<

 

   “Las futuras tareas de la Alianza”, o Informe Harmel de diciembre de 1967. Reproducido en del Arenal, 153. <<

   Ver, por ejemplo, el enfoque del estudio de Haftendorn sobre la crisis de

 

1966-67, o el artículo del propio Hoffmann sobre la crisis de los euromisiles. Irazazábal hace un interesante repaso por los diferentes aniversarios de la OTAN, describiendo el paso de la OTAN por los mismos “con no demasiada gloria y bastantes penas” (Irazazábal, 16). <<

 

   Como la Cod War, o “Guerra del Bacalao” entre el Reino Unido e Islandia, o el conflicto greco-turco en Chipre. <<

 

 

   Declaraciones del primer ministro francés, Guy Mollet, citadas en Kissinger, 1996, 567. <<

 

 

   Se dio la paradoja de que cuando Francia y Gran Bretaña vetaron una resolución propuesta por la delegación estadounidense de renuncia al uso de la fuerza, los Estados Unidos votaron con la URSS otra resolución en la Asamblea General exigiendo la retirada de las fuerzas francesas, británicas e israelíes de Egipto. <<

   El 13 de febrero de 1960 Francia realizó su primer ensayo nuclear en el Sahara argelino. <<

   De Gaulle ya se ocupaba de advertirlo, al observar que “el gobierno francés considera indispensable para la seguridad esa organización (la propuesta del directorio en la cima de la OTAN). En lo sucesivo, todo el desarrollo de su actual participación en la OTAN dependerá de ella” (citado en Kissinger, 1996, 653). <<

 

 

   Beaufre apunta que, tras las crisis de los misiles de Cuba, Kennedy decidió a toda costa asegurar una dirección nuclear estrechamente centralizada. “Por consiguiente era preciso encontrar el medio de integrar en el sistema norteamericano las fuerzas nucleares británica y francesa”, el objetivo al que respondía la MLF. Señala además que, en el proyecto de la MLF, la flota multinacional estaría “bajo un control central teóricamente colectivo, aunque de hecho estrechamente norteamericano” (Beaufre, 76,77). <<

 

 

   Gran Bretaña había realizado su primer ensayo nuclear en 1952, en la costa oeste de Australia. Su problema, al igual que el de Francia, cuyo desarrollo nuclear era más lento, era el de los vectores: para ello, a finales de los cincuenta sólo contaba con una anticuada flota de bombarderos. <<

 

 

   Ese mismo año De Gaulle anunció la próxima realización de ensayos nucleares en la Polinesia francesa, en los atolones de Mururoa y Fangataufa. Sólo en 1975 consentiría Francia en abandonar las pruebas nucleares atmosféricas, las subterráneas en 1996, tras una intensa presión internacional.

 

<< 

   Basado formalmente en criterios técnicos, con el manido pretexto de evitar la duplicación de recursos. <<

 

                La Östpolitik —“política hacia el Este”— del socialdemócrata W. Brandt, caracterizada por la apertura y el acercamiento a la RDA y a Europa Oriental, fue iniciada o al menos prefigurada en 1966, cuando ocupó el ministerio de Asuntos Exteriores de la RFA. En 1969 Brandt accedería a la Cancillería Federal. <<



W. Brandt refiere que dos años después, con ocasión del vigésimo aniversario de la Alianza, el propio presidente Nixon “señaló que uno o dos años antes se había puesto de moda lamentarse de la crisis de la Alianza Atlántica y presagiar su pronta desaparición, rumores que se habían acallado entretanto”. (Brandt, 303). Dentro de ese “entretanto”, había tenido lugar un suceso tan importante como la invasión soviética de Checoslovaquia. <<

Página 416

Cuando el acuerdo offset expiró en 1977, los pagos alemanes de compensación a los Estados Unidos habían ascendido en total a unos 10.000 millones de dólares (Sloan, 38). <<

Página 417

El armamento del Pacto de Varsovia, mayoritariamente soviético, era mucho más homogéneo. <<

Página 418

Strategic Armes Limitation Talks. Las conversaciones se iniciaron en 1969, culminando en el tratado de 1972, que reducía el número y el despliegue de los sistemas defensivos (ABM, Anti Balistic Missile) y limitaba la cantidad de misiles estratégicos de ambas partes. El segundo acuerdo (SALT II) fue firmado en 1979, pero no llegó a ser ratificado por los Estados Unidos. <<

Página 419

La capacidad de contrafuerza o de primer golpe era mucho más cara que la capacidad de represalia o de segundo golpe, debido a la mayor sofisticación y precisión del armamento utilizado (Posen, 25). A principios de los setenta, y bajo la directa responsabilidad del secretario de Defensa James Schlesinger (1973-1975), se iniciaron los programas de desarrollo de armamento nuclear de primer golpe: Cruise, MX de alta precisión y Trident II. <<

Página 420

La doble decisión neutralizó de hecho una propuesta previa de desarme escalonado del canciller socialdemócrata H. Schmidt, que a lo largo de 1979 había recibido críticas por su resistencia a incrementar el presupuesto de Defensa. Las dudas y resistencias a la decisión de instalar los euromisiles procedieron principalmente de Dinamarca, Noruega, Bélgica y Holanda, frente a la actitud favorable de Gran Bretaña, Italia y la RFA. <<

Página 421

Los estados europeos, ya afectados por la primera crisis del petróleo y faltos en su inmensa mayoría de la producción energética que disfrutaban los Estados Unidos, se resistieron a bloquear sus relaciones comerciales con Irán. Quizá no sea tan descabellado interpretar el consentimiento final a la decisión de instalar los euromisiles como una necesaria compensación a la falta de apoyo en la crisis iraní. La compensación era, desde luego, tanto política como económica: en 1979 el costo de la instalación de los misiles se estimaba en más de 8.000 millones de dólares, de los cuales unos 3.300 corrían a cargo de los socios europeos (El País, 13 de diciembre de 1979). <<

Página 422

Por medio de la directiva presidencial 18 (PD-18), menos conocida que la PD-59, que establecía un nuevo compromiso de contrafuerza (Halliday, 197).

<<

Página 423

El propio creador de la RDF —R. Komer— declaró ante el Congreso en 1980 que “su uso más probable no era el de resistir a un (altamente implausible) ataque soviético, sino el de lidiar con desórdenes autóctonos y regionales, en particular con el “nacionalismo radical” (citado en Chomsky, 1992, 50). <<

Página 424

P. Sweezy y H. Magdoff. Citados en Aguirre, 1984, 86. <<

Página 425

Los rehenes norteamericanos serían liberados en enero de 1981, ya bajo la presidencia de R. Reagan. <<

Página 426

Sobre la “segunda guerra fría”, ver Halliday y Chomsky, 1984. <<

Página 427

Citado en Halliday, 212. <<

Página 428

Con el 62 % de las reservas mundiales de petróleo y el 26 % de las de gas (Méndez y Molinero, 524, 526). <<

Página 429

En sus textos, Kissinger suele insistir recurrentemente en ello, como cuando escribió en sus memorias que durante los bombardeos de las navidades de 1972, “ni un solo aliado de la OTAN nos apoyó ni apuntó siquiera un indicio de comprender nuestro punto de vista” (citado en Chomsky, 1984, 161). <<

Página 430

Las únicas fuerzas navales en Europa capacitadas por aquel entonces para ese tipo de misiones eran las francesas y las británicas; éstas últimas demostrarían en 1982 su eficacia en el conflicto de las islas Malvinas. <<

Página 431

Lo cual no impedía que surgieran discrepancias sobre los criterios establecidos por los países de la OTAN para otorgar su apoyo a los distintos regímenes de la región del Golfo. <<

Página 432

La disposición y el grado de colaboración de países como Portugal, Grecia, Turquía y España varió bastante según las distintas coyunturas políticas. Allá por 1980, la infraestructura militar en Turquía resultaba imprescindible: de ahí la colaboración y el apoyo dado por los Estados Unidos al golpe del general Evren. El 27 de junio de ese mismo año tuvo lugar un suceso que todavía hoy está lejos de ser aclarado con precisión. Un DC9 de una compañía italiana con 81 personas a bordo se precipitó al mar al noroeste de Sicilia, como consecuencia de una acción militar de aviones de la OTAN, entre ellos dos F-111 y un AWACS norteamericanos, contra un caza libio. A pesar de la reciente sentencia del juez romano Rosario Priore, a partir de las declaraciones de oficiales implicados, las autoridades oficiales de Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, así como los propios mandos militares italianos, siguen negando la existencia de esta acción de guerra nunca declarada (El País, 5 de septiembre de 1999; Plataforma contra la OTAN, 155). <<

Página 433

Sobre el keinesianismo militar reaganiano, ver Chomsky, 1991. <<

Página 434

Citado en Lunn, 35. <<

Página 435

Citado en Chomsky, Steele y Gittings, 1985, 74. <<

Página 436

Autor del influyente artículo “The Purposes of American Power”, publicado en Foreign Affairs, invierno 1980-81. <<

Página 437

El discurso “neutralista” del presidente Suárez había permitido que en 1980 España fuera sede de la Conferencia de Seguridad y Cooperación Europea (Barbé, 1984, 206). <<

Página 438

La NSDD 32 está comentada en Simpson, National Security Directives of the Reagan and Bush Administrations. <<

Página 439

Declaraciones del 16 de octubre, citadas en Garcés, 210. <<

Página 440

En 1983 publicaron un interesante libro, que apareció posteriormente en español con el título La OTAN al descubierto. Generales por la Paz y el desarme. Trece ex-generales de la OTAN analizan la estrategia nuclear de la Alianza Atlántica. <<

Página 441

Los misiles Cruise, por ejemplo, fueron fabricados por las grandes corporaciones norteamericanas Boeing y General Dynamics, que absorbían a principios de los ochenta el 31 % y el 67 % respectivamente de los contratos del departamento de Defensa. Los 464 Cruise europeos sólo eran una parte de los que fueron construidos para ser desplegados en submarinos, navíos y bombarderos (Aguirre, 1984, 137). <<

Página 442

En cuanto al asunto de la decisión del lanzamiento del armamento nuclear, la situación no había variado desde finales de los cincuenta. En 1983, el almirante norteamericano La Rocque escribía lo siguiente en The Times: “Las armas nucleares norteamericanas son armas nucleares norteamericanas, independientemente de que estén situadas en los Estados Unidos, en el mar o en Europa. Las armas nucleares norteamericanas en Europa y las que vendrán después, están totalmente bajo el control del Gobierno de los Estados Unidos. Se utilizarán únicamente siempre y cuando decida hacerlo el Gobierno de los Estados Unidos (…) Ningún miembro de la OTAN tiene poder de veto sobre las armas nucleares norteamericanas” (Generales por la Paz y el Desarme, 124). <<

Página 443

Entre los rubros de exportación cabe citar el armamento. Al respecto, la evolución de un país como la RFA fue celérica. Para finales de los setenta se había convertido en el sexto país exportador de armas, por detrás de Estados Unidos, la URSS, Francia, Italia y Gran Bretaña, según datos del SIPRI citados en Kelly, 1983, 62. <<

Página 444

Gentes tan influyentes en su momento como Bundy, Kennan y McNamara publicaron en Foreign Affairs (primavera de 1982) una propuesta de renuncia al “primer uso” de armas nucleares, acompañada lógicamente del robustecimiento de las fuerzas convencionales por razones militares y políticas <<

Página 445

Francia dispone de facilidades militares en el África Subsahariana y en el Índico —Djibuti, Comores— muy convenientes para posibles operaciones “fuera de zona” OTAN. Los Estados Unidos, por otro lado, han colaborado ocasionalmente prestando apoyo aéreo y logístico a todas las operaciones francesas en Zaire y Chad (Kabunda, 1996b, 67). <<

Página 446

Germen del futuro Euroejército. <<

Página 447

Citado en Barbé, 1995, 116. <<

Página 448

En la sección I.4 de la declaración de la Plataforma se afirma que “(…) la seguridad europea de los países de Europa Occidental solamente puede estar asegurada mediante una relación estrecha con los aliados de América del Norte” (citado en Caracuel, 202). <<

Página 449

“A petición de una de ellas, el Consejo (de la UEO) será inmediatamente convocado para permitir a las Altas Partes contratantes concertarse sobre cualquier situación que pueda constituir una amenaza para la paz, en cualquier lugar que se produzca, o poner en peligro la estabilidad económica” (“Protocolo modificando y completando el Tratado de Bruselas. París, 23 de octubre de 1954”, en del Arenal, 477). <<

Página 450

Entre los que se contaba el senador Sam Nunn, incansable polemista del asunto del “reparto de las cargas” y autor de la Enmienda Nunn-Roth de 1984, con la que presionó a favor de las compras de armamento convencional norteamericano en Europa. <<

Página 451

Véase nota 130. <<

Página 452

Kaiser, Lord, de Montbrial, Watt (1981), Western security: what has changed? What should be done? Citado en Frank, 1983. 44. <<

Página 453

Citado en Caracuel, 35. <<

Página 454

El artículo “¿The Clash of Civilizations?” fue publicado en Foreign Policy, verano de 1993. Como sucedió con el texto de Fukuyama, la popularidad conseguida le permitió al autor la publicación de varios libros que ampliaron y enriquecieron su tesis. <<

Página 455

Citado en McGeehan, 9. <<

Página 456

“Las Partes se consultarán cuando, a juicio de cualquiera de ellas, la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las Partes fuese amenazada” (en Manual de la OTAN, 232). <<

Página 457

Citado en Caracuel, 65. <<

El proyecto original de Köhl, apoyado por Bush, pasaba por evitar a toda costa un “acercamiento escalonado” tendente a la unificación de las dos Alemanias que, en el proceso, pudiera legitimar a la RDA como estado. Recientemente un antiguo colaborador suyo, Michael Mertes, ha revelado cómo el ex–canciller se opuso ya a finales de 1989 a la simple posibilidad de que la RDA ingresara en la Comunidad Europea (“Köhl evitó la legitimación de Alemania Oriental como un Estado democrático”, El País, 8 de noviembre de 1999). <<

Revista de la OTAN n.º 5, octubre de 1990, págs. 30–32. <<

Comunicado del Consejo de Ministros del Atlántico Norte, diciembre 1989, en Revista de la OTAN n.º 6, diciembre 1989. <<

Comunicado final de la reunión ministerial del Consejo del Atlántico Norte (CAN) en Turnberry, 7 y 8 de junio de 1990, en Revista de la OTAN n.º 3, junio 1990. <<

Foreign Affairs, fall 1990, vol. 69, n.º 4. <<

Ver nota 150 de la primera parte. <<

Nada más terminar la guerra, Köhl se pronunció por un papel de “mayor responsabilidad internacional” de la Alemania unida, incluida una posible intervención militar de su país en futuros conflictos, para lo cual sería necesario reformar la Constitución alemana (en El Independiente, 1 de marzo de 1991, pág. 11). <<

Se calcula que hubo unas 100.000 víctimas civiles (Nouschi, 460). << 

Recogidas en Varea y Maestro (1997): Guerra y sanciones a Irak. <<

Remiro Brotons, Antonio, Civilización, bárbaros y salvajes en el Nuevo Orden Internacional, citado en CSCA, 111. <<

Ver capítulo III, epígrafe 12. <<

Citado en Frank, 44. Ver nota 153 de la Primera Parte. <<

En Varea y Maestro, 25. También en Pérez González, 33. <<

Varios periódicos norteamericanos así lo revelaron. Además, las fases y objetivos finales de la guerra fueron establecidos en una directiva presidencial firmada por Bush el 15 de enero, un día antes del ataque aéreo (Mariano Aguirre, “Bush decidió acabar con Sadam”, en El Independiente, 5 de marzo de 1991). <<

Citado en Varea y Maestro, 30. <<

Para Fred Halliday, “[…] esta guerra tuvo poco o nada que ver con algo llamado un Nuevo Orden internacional” (cita recogida en Barbé, 1995b, 273).

<<

Se trataba de los mismos sectores que en épocas anteriores habían reclamado sin éxito la implicación de la OTAN en misiones “fuera de zona”, más allá del territorio comprendido en el artículo VI del Tratado de Washington. Patrick Duffy, presidente de la Asamblea del Atlántico Norte, se quejó el 24 de agosto de 1990 de “la inadecuación de la estructura de la Alianza” para actuar en un conflicto como el del Golfo (citado en Garcés, 233). <<

Ver capítulo III, epígrafe 12. <<

La idea aparece apuntada en abril de 1991 por el embajador italiano en la OTAN (Jannuzi, 6) y por el propio Wörner de manera más imprecisa en febrero (1991a, 12). <<

“Funciones básicas de seguridad de la OTAN en la nueva Europa” y “Comunicado final de la reunión ministerial del Consejo del Atlántico Norte”, 6 y 7 de junio de 1991, en Revista de la OTAN n.º 3, junio 1991. <<

Ver artículo de W. Taft IV citado. <<

El Independiente, 19 de octubre de 1991, pág. 20. <<

“Defensa alemana del ejército europeo”, en Diario 16, 18 de octubre de 1991, pág. 17. <<

A partir de este momento no fueron inusuales las declaraciones de políticos atlánticos esforzándose por negar que con las iniciativas de la OTAN hacia la Europa del Este se pretendiera suplantar o duplicar el trabajo de la CSCE (Wörner, 1991b, 5). <<

Página 482

Ya en la sesión del CAN en Copenhague, en junio del mismo año, se proclamó la voluntad de estrechar lazos con los países europeos del Este. Ver Comunicado “Asociación con los países de Europa central y Oriental”, en Revista de la OTAN n.º 3, junio 1991. <<

“Declaración de Roma sobre paz y cooperación”, 7–8 de noviembre de 1991, en Revista de la OTAN n.º 6, diciembre de 1991, pág. 20. <<

Al parecer, Bush interpeló de esta forma a sus socios europeos: “Si el objetivo final es organizar independientemente vuestra propia defensa, el momento de decirlo es ahora”. El episodio, reseñado en el Financial Times del 8 de noviembre de 1991, aparece recogido en Aguirre y Alonso, 252. <<

“Declaración de Roma…”, pág. 22. <<

“Nuevo Concepto Estratégico de la Alianza”, 7 y 8 de noviembre de 1991, en Revista de la OTAN n.º 6, diciembre de 1991, pág. 26 <<

Ver nota 4. <<

“Nuevo Concepto Estratégico de la Alianza…”, pág. 30. <<

Ibídem. <<

El 17 de octubre de 1991, la 50.ª sesión del Grupo de Planes nucleares de la OTAN aprobaba la reducción en un 80 % del arsenal nuclear de la Alianza, que incluía la destrucción del armamento de corto alcance radicado en Europa. <<

Ver capítulo III, epígrafe 16. <<

“Se establece una política exterior y de seguridad común” (citado en Azaola, 87). <<

Se acordaba que el artículo J.4 sería revisado sobre la base de un informe que el Consejo de Ministros presentaría al Consejo Europeo en 1996. <<

“El Tratado de la Unión Europea: un breve diccionario”, en Política Exterior, otoño 1992, pág. 96. <<

“La OTAN constituye a un tiempo el foro aliado fundamental de consultas y el lugar donde se pueden conseguir acuerdos políticos sobre compromisos de seguridad y defensa contraídos por sus miembros en el Tratado de Washington”, en Revista de la OTAN n.º 3, junio 1991, pág. 30. <<

“La Alianza es el foro esencial de consultas entre los Aliados y donde armonizan sus políticas de seguridad y defensa según el Tratado de Washington” (Nuevo Concepto Estratégico), en Revista de la OTAN n.º 6, diciembre 1991, pág. 27. <<

Citado en Barbé, 1995a, 159. <<

“Hay que esperar a que los europeos se pongan de acuerdo”, entrevista con M. Wörner, en Revista Española de Defensa n.º 46, pág. 46. <<

Ver nota 150 de la primera parte. <<

Ver al respecto Herrero, 1991. <<

Ver epígrafe 11 del capítulo IV. <<

Ver epígrafe 10 del capítulo I. <<

Según datos de Military Balance (citados en Rois, 195). <<

La Paix Indésirable? Rapport sur l’utilité des guerres, pág. 113. <<

De La Mélancolie démocratique (citado en Nouschi, 409). <<

Ver epígrafe 1 del capítulo I. <<

“Nuevo Concepto Estratégico de la OTAN”, en Revista de la OTAN n.º 6, diciembre de 1991, pág. 26. <<

Ver epígrafe 6. <<

Ver epígrafe 2 del capítulo II. <<

Aunque la intervención militar en Corea no fuera votada por la URSS, que se había retirado del CS, y sí por la China nacionalista frente a la abstención de la China comunista en la votación de la resolución 678. <<

Citado en Nouschi, 415-416. Sobre el apoyo occidental a la Federación Yugoslava. Ver Hren, “Yugoslavia, una crisis permanente”. <<

En algunos casos con población serbia mayoritaria y en otros no. Ver Taibo y Lechado, 69-73. <<

Laura Silber y Allan Little, en The Death of Yugoslavia, págs. 137-138 (citado en Aguirre, 93). <<

Estados Unidos tardó aun más tiempo que la Unión Europea en reconocer a las nuevas repúblicas independientes de Eslovenia y Croacia. En marzo de 1991 la administración Bush todavía exhortó al primer ministro Ante Markovic a proseguir las reformas económicas en el marco de la Federación Yugoslava, y en junio Baker volvía con el mismo argumento (Taibo y Lechado, 95). <<

Citado en Klare, 242. <<

El Mundo, 3 de febrero de 1995 <<

“El ejército turco prepara la caída del Gobierno islamista sin sacar los carros de combate a la calle”, en El País, 4 de mayo de 1997. <<

Página 518

Naciones Unidas. Documento preparatorio de la Conferencia de El Cairo. (Citado en Bosch, 10). <<

Página 519

Anna Bosch (Bosch, 10) cita, en concreto, la ponencia de Abdel-llah Yaakoubd, “La transition démographique au Maghreb: faits et facteurs”, presentada en el Seminario Internacional sobre Transición demográfica y Desarrollo en el Magreb, INSEA 1995. <<

Página 520

Andreu Domingo y Valls, “Miratges demogràfics a la Mediterrànea”. Conferencia presentada en el ciclo de conferencias sobre el Mediterráneo, Club Empúries, diciembre de 1994. (Citado en Bosch, 10-11). <<

Página 521

“Estados Unidos asegura que el mayor peligro para la paz procede del armamento nuclear en manos terroristas”, en El País, 21 de octubre de 1993.

<<

Página 522

“La CIA predice un auge del terrorismo en los próximos años”, en El País,

20 de diciembre de 1995. <<

Página 523

“El terrorismo, principal amenaza en el siglo XXI, según el IIS”, en El País, 25 de abril de 1996. <<

Página 524

“La amenaza viene de China”, entrevista a S. Huntington, en El País, 24 de mayo de 1995. <<

Página 525

En octubre de 1997, Clinton presentó al Congreso la propuesta de nombrar “aliado principal no miembro de la OTAN” a la República Argentina, de esa manera se integró en un grupo formado por Israel, Egipto, Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda y Jordania. <<

Página 526

“La OTAN también planea sobre América Latina”, por Ernesto Velit Granda, en Egin, 22 de marzo de 1998. <<

Página 527

“Estados Unidos levanta de hecho el embargo de armas de alta tecnología a Latinoamérica”, en El País, 8 de abril de 1997. <<

Página 528

“The Clash of Civilizations?”, en Foreign Affairs, verano de 1993. <<

Página 529

La incapacidad de Boutros–Ghali para enfrentarse a la tragedia de Bosnia–Herzegovina, y lo que es peor, su insensibilidad frente a la misma, fueron notorias. Valga como botón de muestra la declaración efectuada en su única visita a Sarajevo en 1992, durante los más de tres años que duró el conflicto: “Bosnia es una guerra de ricos. Comprendo su frustración, pero aquí tienen una situación mejor que en otros diez puntos del planeta… Puedo darles una lista” (citado en Holbrooke, 1999a, 242). <<

Página 530

“Resumen de propuestas”, en Una llamada a la acción, resumen de Nuestra Comunidad Mundial, Informe de la Comisión de Gestión de los Asuntos Públicos Mundiales (citado en Barbé, 1995b, 303). <<

Página 531

Ver artículo de A. Bovin, corresponsal de Izvestia, recogido en Chomsky, Steele y Gittings, 96-97. <<

Página 532

El 17 de junio los aviones norteamericanos bombardearon por cuarta vez territorio somalí. Por aquellas fechas la ciudad bosniaca de Gorazde soportaba una de las mayores ofensivas de toda la guerra, y el ministro de Exteriores Siladjic intervino en la Conferencia para exigir el cese del ataque serbobosnio y el levantamiento del embargo de armamento sobre la antigua Yugoslavia, que perjudicaba principalmente al gobierno de Bosnia-Herzegovina. <<

Página 533

Deseosa de evitar el problema de la represión en el Tibet, la delegación china vetó la participación del Dalai Lama en la Conferencia de Derechos Humanos. <<

Página 534

“EEUU propone el uso preventivo de la fuerza para defender los derechos humanos en el mundo”, en El País, 15 de junio de 1993. <<

Página 535

“Clinton defiende en la ONU el derecho de injerencia humanitaria para evitar matanzas”, en El País, 22 de septiembre de 1999. <<

Página 536

Al respecto, Truman fue rotundo en su declaración de marzo: “hemos pensado en cómo las Naciones Unidas podrían ayudar en esta crisis. Pero la situación es tan urgente que requiere una acción inmediata, y las Naciones Unidas y sus organizaciones dependientes no están en condiciones de aportar la ayuda requerida” (citado en Kaplan, 34). <<

Página 537

En la campaña de propaganda que rodeó el operativo, organizada por los Estados Unidos para impedir el conocimiento público de los programas represivos, se llegó a lanzar el embuste de un supuesto “rapto” de niños por los guerrilleros, cuando en realidad era el propio gobierno griego quien estaba evacuando por la fuerza niños del territorio de los rebeldes. Sobre los detalles del operativo militar, ver Chomsky, 1987, 36-38; 1984, 197-199. <<

Página 538

“Luces, cámara: ¡invasión!”, en El País, 10 de diciembre de 1992. <<

Página 539

Como afirma H. Kissinger en “Los riesgos de una intervención”, en El País, 21 de diciembre de 1992. <<

Página 540

Según Edward N. Luttwak, del centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington, la administración Bush “prácticamente obligó a Naciones Unidas a entrar en Somalia para librarse de su intervención unilateral”, en El País, “La verdad innombrable”, 19 de julio de 1993. <<

Página 541

Una inhibición que, como se ha explicado en el capítulo anterior, significaba de hecho apoyar al contendiente más poderoso en el conflicto: el agresivo nacionalismo étnico de S. Milosevic. <<

Página 542

Edward N. Luttwak, idem. <<

Página 543

Como Michel Collon en ¡Ojo con los media! <<

Página 544

Valeurs Actuelles, 21 de diciembre de 1992 (citado en Collon, 295). <<

Página 545

“Suenan en EEUU las primeras voces de alarma sobre los riesgos de la intervención en Somalia”, en El Mundo, 7 de diciembre de 1992. <<

Página 546

Siad Barre tomó el poder en 1969, estableciendo un férreo gobierno militar. En una primera fase se alineó en la órbita soviética en busca de ayuda en su enfrentamiento contra Etiopía. Durante aquellos años, entre 1970 y 1976, Etiopía adquirió todo su armamento de Occidente —en un 80 % importado de Estados Unidos— mientras que Somalia era abastecida por la URSS y por sus aliados. Pero a partir de 1977 cambiaron las tornas; tras la revolución de 1974, el nuevo régimen etíope cambió de aliado, y lo mismo hizo Siad Barre. Etiopía pasó a adquirir armamento del bloque soviético mientras que Somalia lo recibía de Occidente, principalmente de Estados Unidos a través de terceros países como Italia y Arabia Saudí. A principios de los ochenta, sin embargo, los Estados Unidos exportaban armas de manera directa y masiva al régimen de Siad Barre a cambio de facilidades para la Fuerza de Despliegue Rápido norteamericana (SIPRI 1985, 314). Como dato curioso, la relación privilegiada entre los gobiernos somalí e italiano no se perdió ni siquiera durante la etapa soviética de Barre. Por aquellas fechas, el PCI sustituyó a la Democracia Cristiana como principal interlocutor (Amir, 65). <<

Página 547

“Un campo de pruebas”, en El País, 31 de agosto de 1993. <<

Página 548

Como bien se encarga de señalar Jeffrey Clark, dicha inflexión se produjo más de seis meses después del establecimiento de un alto el fuego en la zona, y más de nueve meses después de que Somalia hubiera sido calificada como “la mayor emergencia humanitaria del mundo” (Clark, 120). <<

Página 549

El vicecomandante de la operación seguía siendo un norteamericano, Thomas Montgomery, al igual que el representante especial del secretariado general de la ONU para Somalia, el almirante Howe. Norteamericanos eran también los dos portavoces de ONUSOM, además de buena parte de los funcionarios civiles, entre los que se encontraban miembros del departamento de Estado. La metáfora “cabeza de turco” no podía aplicarse de manera más precisa al general Bir. “Estados Unidos asume el protagonismo”, en El País, 13 de julio de 1993. <<

Página 550

“Cascos azules” de Pakistán matan a 20 somalíes”, en El País, 14 de junio de 1993. <<

Página 551

“Matanza en Somalia en un bombardeo de la ONU”, en El País, 13 de julio de 1993. <<

Página 552

“La ONU pide a Italia que destituya a un general en Somalia”, en El País, 15 de julio de 1993. <<

Página 553

El ghanés Kofi Annan fue nombrado Secretario General de la ONU a principios de 1997 en sustitución de Boutros-Ghali. <<

Página 554

“Italia acusa a Naciones Unidas de invadir su soberanía con la polémica sobre la crisis somalí”, en El Mundo, 16 de julio de 1993. <<

Página 555

“El Vaticano critica el control de EE. UU. sobre el mando de la ONU en Somalia”, en El País, 5 de julio de 1993. <<

Página 556

“Italia asegura que la ONU controlará más a los “cascos azules” en Somalia”, en El País, 16 de julio de 1993. <<

Página 557

“Tropas de élite de EE. UU. asaltan por error una oficina de la ONU en Mogadiscio”, en El País, 31 de agosto de 1996. <<

Página 558

“Trece soldados de Estados Unidos mueren tras dos días de combate en Somalia”, en El País, 5 de octubre de 1993. <<

Página 559

Les Aspin había comenzado a trabajar para el Pentágono en 1966, como asesor del secretario de Defensa Robert McNamara, principal impulsor de la guerra del Vietnam (1964-1975). <<

Página 560

“Cohetes estadounidenses matan a ocho somalíes en los últimos minutos de la evacuación de Mogadiscio”, en El País, 4 de marzo de 1995. <<

Página 561

“Somalia, polémico balance de una acción humanitaria”, en El Mundo, 7 de marzo de 1995. <<

Página 562

“Soldados de Estados Unidos mataron a 1.000 somalíes”, en El Mundo, 24 de marzo de 1998.

“Italia reconoce los crímenes cometidos en Somalia, pero exculpa al ejército”, en El País, 9 de agosto de 1997. Como en el caso de Italia, el reconocimiento de los crímenes no entrañó la inculpación del ejército, dándose así la paradoja de que la comisión oficial investigadora pudo confirmar los hechos denunciados —torturas y brutales violaciones— y calificar al mismo tiempo de “ejemplar” el comportamiento del ejército italiano. <<

Página 563

Alex de Waal recoge el dato en The Observer, 22 de marzo de 1998, en “África, entre la impunidad y la intervención”, en Le Monde Diplomatique, abril 1998. <<

Página 564

Formalmente se trataba de una fuerza multinacional bajo mando estadounidense, pero la participación de contingentes de otros países en la tropa de invasión terrestre —Barbados, Belice, Jamaica y Trinidad— era minúscula. <<

Página 565

En 1915 los marines invadieron Haití permaneciendo en la isla hasta 1934. <<

Página 566

Partidarios del golpe militar armados por el régimen de Cèdras. Entre el derrocamiento de Aristide y la intervención de septiembre, las fuerzas públicas del régimen y los paramilitares se habían cobrado más de 3.000 vidas de opositores al régimen (Montoya, 274). <<

Página 567

Los otros dos negociadores, significativamente, representaban a las dos entidades que se oponían mayoritariamente a una invasión militar: Colin Powell por el Pentágono y Sam Nunn, del Senado. <<

Página 568

Textualmente, el punto 4 establecía que “las actividades militares de la Misión Militar de EEUU serán coordinadas con el alto mano de las Fuerzas Armadas haitianas, en “El acuerdo de Puerto Príncipe”, en El País, 20 de septiembre de 1994. <<

Página 569

“Aristide desaira a Clinton e ignora el acuerdo de Puerto Príncipe para su retorno a Haití”, en El País, 21 de septiembre de 1994. <<

Página 570

“Diario de un pasteleo”, en El País, 25 de septiembre de 1994. <<

Página 571

Declaraciones citadas en Montoya, 273. <<

Página 572

“Aristide desaira a Clinton e ignora el acuerdo de Puerto Príncipe para su retorno a Haití”, en El País, 21 de septiembre de 1994. <<

Página 573

“El acuerdo de Haití es inaceptable”, entrevista a Pierre Sané, en El País, 23 de septiembre de 1994. <<

Página 574

“Aristide agradece a Clinton la intervención a cambio de protección para los haitianos”, 22 de septiembre de 1994. <<

Página 575

“El general golpista Raoul Cédras abandona Haití y se asila en Panamá con su familia”, en El País, 14 de octubre de 1994. <<

Página 576

“Clinton asegura que pondrá “todos los medios” para que los militares abandonen el poder”, en El País, 20 de septiembre de 1994. <<

Página 577

“Síndrome de Vietnam”, en El País, 4 de noviembre de 1993. <<

Página 578

“Clinton mueve ficha”, en El País, 17 de julio de 1994. <<

Página 579

Sobre las condiciones de los refugiados haitianos y cubanos en la base norteamericana en Guantánamo en el verano de 1994, ver el reportaje de Vicente Verdú “Odisea en un refugio sin piedad”, en El País, 2 de octubre de 1994. <<

Página 580

Según la constitución vigente no podía ser reelegido dos veces seguidas. Pero la sujeción a esta norma resultaba a todas luces injusta, toda vez que Aristide solamente había gobernado durante siete meses antes del golpe militar de octubre de 1991. <<

Página 581

“Clinton asegura que los soldados norteamericanos se retirarán pronto”, en El País, 25 de septiembre de 1994. <<

Página 582

Según declaraciones de Burton Wides, asesor jurídico de Aristide, en octubre de 1994 (Montoya, 286). <<

Página 583

“Las fuerzas de la ONU dejan Haití en la misma desolación que cuando llegaron”, en El País, 5 de diciembre de 1997. <<

Página 584

Dada la experiencia norteamericana en Somalia y la hostilidad manifiesta del FPR, el primer ministro Balladour se apresuró a asegurar al comienzo de la operación que sus tropas estarían de vuelta a finales de julio; “Operación “Turquesa”, en Revista Española de Defensa, julio-agosto de 1994. <<

Página 585

En el poder desde 1973, Habyarimana había instaurado un régimen de apartheid contra la minoría tutsi, que en época precolonial y colonial había disfrutado de un status social superior al de la población hutu. Sobre el proceso de “retribalización” dirigido por el poder colonial belga con la colaboración de la iglesia católica, que agudizó las diferencias étnicas entre hutus y tutsis, ver “Zaire, Ruanda y Burundi. Crisis neocolonial”, en Cuadernos África América Latina, n.º 24 y “Los pecados de la Iglesia en Ruanda”, de A. Armada, en El País, 12 de enero de 1997, sobre la represión de Habyarimana, Smyth y Brittain. <<

Página 586

La mención expresa a Mitterrand no es casual. Tradicionalmente, desde el comienzo de la V República, la gestión de los asuntos africanos ha permanecido bajo dominio exclusivo —domaine reservé— de la presidencia sin que existiera obligación alguna de informar no ya a la Asamblea, sino al propio gobierno. <<

Página 587

La información procedía de una entrevista de Annan para la revista The New Yorker (recogida en “Kofi Annan descartó en 1994 la intervención de los “cascos azules” en Ruanda”, en El País, 4 de mayo de 1998). <<

Página 588

En pleno genocidio el Consejo de Seguridad acordó por unanimidad reducir la dotación de MINUAR, manteniéndola en 270 miembros (Colom, 28).

<<

Página 589

Sobre las tensiones entre Francia y Estados Unidos en África central. Ver Kabunda, 1998. <<

Página 590

Citado en Colom, 28. <<

Página 591

“La última batalla de los genocidas ruandeses”, en El País, 18 de noviembre de 1996. <<

Página 592

“La crisis de Zaire saca a la luz graves fallos en la actuación de las ONGs”, en El País, 10 de diciembre de 1996. <<

Página 593

Ibídem. <<

Página 594

Ibídem. <<

Página 595

Así lo afirma el periodista Ramón Lobo en “La prensa y la tragedia de los Grandes Lagos”, El País 22 de diciembre de 1996. En cuanto al papel de la iglesia católica en las matanzas, el Papa Juan Pablo II llegó a reconocer la participación de sacerdotes en las matanzas. Y no solamente sacerdotes, sino también obispos como Agustín Misago, encausado por genocidio, ver “El obispo de la muerte”, en El País Semanal, 7 de noviembre de 1999, págs. 39-44. <<

Página 596

Precisamente Médicos Sin Fronteras fue la única ONG que denunció la adquisición de armamento por parte de las milicias hutus con ayuda humanitaria. Ver “Las ONG, ¿lavado de conciencia o solidaridad?”, en El País, 25 de enero de 1998. <<

Página 597

“Firmas del Reino Unido y Francia también vendieron armas a los hutus”, en El País, 19 de noviembre de 1996. <<

Página 598

“Los secretos de la ONU”, en El País, 13 de diciembre de 1996. Entre dichos países se contaban España y Portugal. <<

Página 599

La ONU también investigaba una supuesta operación de tráfico de armas hacia Ruanda desde España, en mayo de 1994, es decir, en pleno genocidio de la minoría tutsi y cuando el embargo de la ONU ya había sido decretado. Ver “Naciones Unidas investiga una operación ilegal de tráfico de armas hacia Ruanda desde España”, en El País, 10 de noviembre de 1996. <<

Página 600

“Gali pide al Consejo de Seguridad que actúe ya”, en El País, 9 de noviembre de 1996. <<

Página 601

Habiendo tomado nota del escándalo causado por lo ocurrido en los campos del Kivu, el texto de la resolución aprobada aseguraba que la operación tendría objetivos “meramente humanitarios” y que no pretendía “alterar el equilibrio de las fuerzas militares, ni apoyar el restablecimiento de campamentos en los que puedan operar elementos armados”. Ver “La ONU aprueba una intervención limitada”, en El País, 16 de noviembre de 1996. <<

Página 602

Según datos de Vicenç Fisas, recogidos en Colom, 27. <<

Página 603

“Bonino calcula que en Albania quedan alimentos para 10 días”, en El País, 22 de marzo de 1997. <<

Página 604

Explicación que fue repetida miméticamente por el ministro de Exteriores, Lamberto Dini, a principios de marzo, cuando declaró que la revuelta estaba dirigida por “bandas de delincuentes incitadas por extremistas de izquierda”, que tenían por objeto “atacar Tirana”; en El País, 6 de marzo de 1997. Dini hacía estas declaraciones cuando Berisha ya había ordenado la intervención del ejército en varias zonas del sur. <<

Página 605

El representante estadounidense en la reunión especial de la OSCE, celebrada en Viena el 15 de marzo, fue el primero en sugerir su dimisión, seguido de Dinamarca, Alemania y Suecia. En general, todos los gobiernos europeos confiaban en que su retirada desactivaría la revuelta, ya que ésa era la principal demanda de los rebeldes; en El País, 16 de marzo de 1997. Italia, principal socio comercial de Italia, era el miembro de la UE más reacio a la dimisión de Berisha: todavía durante la semana anterior a la reunión de la OSCE, el ministro Dini había apoyado públicamente su política represiva en el sur del país (ver nota 152). <<

Página 606

A principios de marzo, el secretario general Javier Solana descartaba una posible intervención declarando que la OTAN no era la policía del mundo”, en El País, 5 de marzo de 1997. <<

Página 607

“Italia prepara el envío urgente de tropas a Albania”, en El País, 26 de marzo de 1997. <<

Página 608

“El Consejo de Seguridad de la ONU respalda el envío de un contingente multinacional a Albania”, en El País, 30 de marzo de 1997. <<

Página 609

Los refugiados acusaron además a la tripulación de la corbeta de no haberles socorrido adecuadamente durante el naufragio, en “Los supervivientes culpan a la corbeta y piden sus muertos”, en El Mundo, 31 de marzo de 1997. En octubre de 1997 fueron recuperados los cadáveres de las 52 personas, la mayoría mujeres y niños, que perecieron ahogadas. <<

Página 610

“Italia prepara el envío urgente de tropas a Albania”, en El País, 26 de marzo de 1997. <<

Página 611

Sobre la operación Pelícano, ver Spagnoli, 55-59. <<

Página 612

A los que se añadían Rumanía, España, Austria y Dinamarca. <<

Página 613

“Mandamos a Albania soldados, no niñeras”, entrevista con el ministro de Defensa Andreatta, en El País, 6 de abril de 1997. <<

“Los albaneses piden con lágrimas en los ojos que no se les expulse de Italia”, en El País, 5 de diciembre de 1997. <<

“Italia ayudará a reorganizar las Fuerzas Armadas albanesas”, en El País, 13 de agosto de 1997. <<

“Valona, un fusil en cada casa”, en El País, 20 de abril de 1997. <<

Fatos fue encarcelado durante más de tres años por el régimen de Berisha, siendo liberado durante las revueltas de la primavera. Estando en prisión, en 1996 consiguió que su partido renunciase al marxismo y se comprometiera firmemente con la vía capitalista. <<

Poco antes de la primera vuelta electoral de finales de junio, el jefe de la misión de la OSCE, el británico Brian Pridham, dimitió negándose a legitimar una “democracia sumaria” basada en “resultados electorales prefabricados”. Finalmente, los resultados electorales fueron calificados de “aceptables y adecuados” por Catherine Lalumière, coordinadora especial de la OSCE (Raffone, 14). Rupérez, por su parte, afirmó que en las elecciones “no se registraron incidentes que pudieran cambiar la consideración global, por lo cual debemos certificar que éstas reflejan la voluntad de la población”, en El País, 1 de julio de 1997. Los medios informativos recogieron abundantemente las “incidencias” de las elecciones: robos de censos que, por otra parte no estaban actualizados, reimpresión de papeletas por la OSCE en el último momento debido a errores en los nombres; falta de material electoral en colegios electorales, etc. Ver, por ejemplo, “Los albaneses votan hoy sin esperanza en un clima de intimidación y fatalismo generalizados”, en El País, 29 de junio de 1997. <<

Declaraciones recogidas en “Los albaneses votan hoy sin esperanza en un clima de intimidación y fatalismo generalizados”, en El País, 29 de junio de 1997. <<

“Bancarrota en los Balcanes”, en El País Negocios, 16 de febrero de 1997. <<

“Las pirámides se alimentaron de la guerra de Bosnia”, en El Mundo, 15 de febrero de 1997. <<

“El enfermo crónico de Europa”, en El País Negocios, 21 de julio de 1998. <<

Hermann Tertsch, “Objetivos claros”, en El País, 15 de abril de 1997. <<

“Los refugiados albaneses y la espiral de xenofobia”, en El País, 25 de marzo de 1997. <<

Acertadamente Artur Colom habla de “la militarización de lo humanitario y la humanitarización de lo militar como uno de los signos de nuestro tiempo (Colom, 28). <<

“En 1989, los gastos para el cuidado de la salud fueron reducidos en un 78 % en relación a 1975. En 1989, el Estado somalí no destinaba más que cuatro dólares por año y niño para la enseñanza, cuando hasta 1982 había dedicado 82 dólares”. en Solidaire, 1 de diciembre de 1993, y Le Monde Diplomatique, julio de 1993 (citado en Michel Collon, “¡Ojo con los media!”…). <<

Rony Brauman, “Le Sacre de l’urgence” (citado en Nouschi, 529, 530).

<<

El ejército alemán participó en la operación humanitaria de la frontera turco-iraquí en 1991; en UNPROFOR, Bosnia-Herzegovina, y en la intervención de Somalia. Un problema semejante al alemán lo ha experimentado Japón, como potencia derrotada en la II Guerra Mundial, ya que ha contado con una idéntica limitación constitucional. Una ley aprobada en 1992 acabó con la prohibición del envío de tropas japonesas al extranjero, pero restringiéndolo a la participación en operaciones internacionales de mantenimiento de paz, en “Japón acepta por primera vez apoyar militarmente a las tropas de Estados Unidos desplegadas en Asia”, en El País, 24 de septiembre de 1997. <<

Naumann presidiría poco después el Comité Militar de la OTAN. <<

“De cara al futuro”, en Revista Española de Defensa, mayo 1994, págs. 65 y 66. <<

Sobre la importancia de la participación del ejército español en UNPROFOR, con la Legión a la cabeza, como forma de lavar su maltrecha imagen heredada del franquismo, ver Agirre, 167, 168. <<

La Brigada Paracaidista, la Brigada de la Legión y la Aerotransportable.

<<

“Aprobado el nuevo Concepto Estratégico”, en Revista Española de Defensa, marzo 1994, pág. 12. <<

Para la guerra de 1994-96, Carlos Taibo ha apuntado como motivos de la misma la emergencia de un discurso “imperial” ruso, el manido recurso a la búsqueda de un enemigo externo que haga olvidar los problemas internos económicos y sociales, ciertas consideraciones geoestratégicas y geoeconómicas y el deseo de poner freno a una posible extensión del ejemplo checheno —la vía de la independencia— al Cáucaso norte (2000, 53-57). En cuanto a la última guerra, resulta evidente la utilización electoral de la misma por el nuevo primer ministro, Vladimir Putin, para afirmarse en el poder. <<

Hostilidad que quedó reflejada en el intento de París de negar el rango ministerial a las reuniones del CCAN. Los restantes países reaccionaron creando un grupo informal de ministros de Defensa en el marco del propio CCAN (Kay, 67). <<

Eslovaquia se independizó en 1993. La República Checa, junto con Polonia y Hungría fue admitida como candidato formal en la Cumbre atlántica de Madrid de julio de 1997. <<

Los lazos de estos países con la OTAN se remontaban a 1990, cuando los jefes de los gobiernos húngaro y checo, J. Antall y V. Havel, aceptaron la propuesta presentada en la Cumbre de Londres de julio de 1990. Hungría solicitó su asistencia como observador de la OTAN, y en marzo de 1991 el primer ministro Havel participó en una sesión especial del Consejo del Atlántico Norte, apostando por la permanencia de una OTAN renovada como pilar central de la seguridad europea. Manifestó también su esperanza de que la Alianza no permaneciera cerrada para siempre a las naciones vecinas que perseguían sus mismos objetivos, en evidente alusión a su país. Ver “Discurso pronunciado por el Presidente Havel ante el Consejo del Atlántico Norte”, en Revista de la OTAN n.º 2, abril de 1991. <<

Citado en Caracuel, 49. <<

Véase un ejemplo en Wörner, 1991b, a propósito de las elogiosas declaraciones de V. Havel respecto a la Alianza. <<

Ver nota 183. <<

Por entonces, las nuevas repúblicas de la CEI todavía estaban representadas por el antiguo embajador de la URSS. <<

Georgia no asistió, y la delegación rusa representó a Tayikistán, república en la que por aquel entonces se estaban librando violentos combates entre unidades militares rusas que apoyaban al gobierno local y un movimiento guerrillero con presencia de grupos islámicos. <<

“Es poco probable que los riesgos que amenazan la seguridad de la Alianza surjan de una agresión premeditada contra territorio aliado. Lo es más que se generen por la inestabilidad derivada de las graves dificultades económicas, sociales y políticas —incluidas las rivalidades étnicas y las disputas territoriales— a que se enfrentan muchos países de Europa Central y Oriental”, en “Nuevo Concepto Estratégico de la Alianza”, en Revista de la OTAN n.º 6, diciembre de 1991. <<

Salvo el mantenimiento de un pequeño contingente en Sarajevo con el mandato limitado a la apertura y control de la ciudad para vuelos humanitarios. <<

“Segunda Parte de la Conferencia CSCE: retorno a Helsinki desde París, vía Berlín y Praga”, en Revista de la OTAN n.º 2, abril 1992 <<

La declaración del CCAN del 5 de junio reproduce exactamente la propuesta recogida en el Comunicado del Consejo Atlántico del día anterior, en “Comunicado final del Consejo del Atlántico Norte emitido tras la reunión celebrada en Oslo el 4 de junio de 1992”, en Revista de la OTAN n.º 3, junio 1992. <<

Sobre la misión de UNPROFOR, ver Agirre, Rieff, Koulischer. <<

Ver nota 62. <<

Holbrooke, 1999a, 95; 1999b, 57. La participación de Cyrus Vance era excepcional, poco representativa de la actitud del gobierno Clinton, como señala discretamente Holbrooke (1999b, 57). <<

Véase a título de ejemplo el desafortunado capítulo sobre Yugoslavia en Collon, 1995. Respecto a la indiferencia de la administración Bush respecto a los conflictos balcánicos, es algo reconocido, si bien excusado, por sus propios responsables —como el ex embajador Zimmermann— y duramente criticado por sus sucesores del gobierno Clinton. <<

Ver epígrafe 3 del capítulo V. <<

Ver epígrafe 8 del capítulo IV. <<

Ver epígrafe 1 del capítulo VI. <<

“Comunicado de la reunión ministerial del Consejo del Atlántico Norte”, en Revista de la OTAN n.º 6, diciembre de 1992. <<

Citado en Holbrooke, 1999a, 55 <<

Asmus, Kugler, Larrabee (1993): “Building a New NATO”. <<

Sobre dicha corriente, en su versión más moralizante, ver Stedman, 1993.

<<

Ver nota 4. <<

Ver epígrafe 2 de este mismo capítulo. Sobre la decisión de la Alianza de hacerse con el control operativo y de la “visibilidad política” del embargo, ver Barbé (1995a, 180). <<

“Es injusto culparnos de no actuar en Bosnia”, entrevista con Manfred Wörner en El País, 30 de octubre de 1993. <<

Ver epígrafe 5 del capítulo VI. <<

El primer gobierno en plantear esa posibilidad fue el español, en enero de 1994, en protesta por el acoso sufrido por el contingente español en la Herzegovina occidental a manos de las milicias bosniocroatas (Fernández Arribas, 68-69). <<

Es la tesis de Pauline Neville-Jones, que representaría a Gran Bretaña en las negociaciones de Dayton. Siguiendo su versión, el otro fruto de la gestión realizada por Douglas Hurd a principios de año habría sido la iniciativa norteamericana de creación de la Federación Bosniocroata en marzo (Neville-Jones, 155). <<

Declaración recogida en Kay, 130. <<

Bosnia-Herzegovina dependía, para la recepción del armamento enviado, de su embarque en puertos croatas de la costa dálmata, y Croacia imponía una doble condición para su traspaso: interceptaba artillería y armamento pesado, ya que eso habría significado armar a un posible enemigo, y se quedaba con un porcentaje del armamento ligero para su propio ejército. Holbrooke afirma que ya se producían envíos, violando el embargo, en tiempos de la administración Bush. En un memorándum fechado en enero de 1993 y enviado a Christopher y a Lake, sugería la entrega encubierta de armamento al gobierno bosnio para compensar su excesiva dependencia de las armas enviadas por “países islámicos”, incluido Irán. La entrega debía ser encubierta, a través de terceros, para que Estados Unidos no apareciese públicamente violando un embargo que había votado previamente. Holbrooke afirma que sus sugerencias fueron desestimadas (1999a, 84-87). El asunto saltó a la luz en 1996, y el consejero A. Lake fue acusado por el Congreso de no haber impedido el envío de cargamento secretos de armas de Irán a Bosnia. <<

“Política inútil, mensajes inútiles”, en El País, 1 de diciembre de 1994.

<<

En inglés, PFP (Partnership for Peace). <<

Ver al respecto la postura del ministro de Defensa Volker Rühe a favor del ingreso de los tres países de grupo de Visegrado en “Europa y la Alianza: factores fundamentales para la paz y la estabilidad”, en Revista de la OTAN n.º 3, junio de 1993. <<

En este grupo figuraban el consejero de Seguridad Nacional A. Lake; el subsecretario de Estado Strobe Talbott: y los secretarios adjuntos Peter Tarnoff, de Asuntos Políticos, y Richard Holbrooke, de Asuntos Europeos y Canadienses (Kay, 70, 71). <<

Lo que se reconoció después abiertamente. Véase como ejemplo el artículo firmado por Zbigniew Brzezinski y Anthony Lake “Ampliar la OTAN para consolidar la paz”, en El Mundo, 7 de julio de 1997. <<

“Asociación Para la Paz: invitación”, en Revista de la OTAN n.º 1, febrero de 1994. <<

En inglés, CJTF (Combined Joint Task Force). <<

Ver epígrafe 17 del capítulo VI. <<

Ver nota 150 de la primera parte. Según Gordon, entre los perfiles de misiones que podría ejecutar la UEO, figuran pequeñas misiones de mantenimiento de la paz o de observación militar en Europa Central y en las fronteras de Rusia —Moldova, los Estados Bálticos— y operativos en África: “[…] los africanos podrían ser menos reacios a aceptar una misión militar de la UEO que una dirigida por antiguos poderes coloniales como Gran Bretaña, Bélgica o Francia” (Gordon, 260). <<

“Dirigentes de la OTAN reclaman manos libres para intervenciones futuras”, en El País, 6 febrero 1995. <<

Sobre la cadena de mando OTAN-ONU, tal y como funcionaba en 1994. Ver Aguirre y Sáez, 65. <<

Uno de los protagonistas del conflicto de mayo fue Yasushi Akashi, representante de la ONU en Bosnia, cuya relación con los representantes estadounidenses ya arrastraba problemas desde el año anterior (Holbrooke, 1999a, 103). Sobre el enfrentamiento de Akashi con la embajadora de EEUU en la ONU, Madeleine Albright, ver Kay, 80. <<

Sobre las razones técnicas y políticas de la reanudación de los ensayos nucleares, ver Garrido Rebolledo, 215-219. <<

Junto con el de los rehenes, David Rieff refiere otro episodio humillante para el ejército galo —la ocupación de los controles de un vecindario de Sarajevo, en la que los serbobosnios se vistieron con los uniformes de soldados capturados— como puntos de inflexión de la política francesa respecto al conflicto (Rieff, 279-280). <<

Declaraciones citadas en Kay, 80. <<

Holbrooke destaca ese carácter ambiguo (1999a, 104). Rieff afirma con rotundidad que la Fuerza Rápida de Reacción iba a ser utilizada para sacar a los contingentes de la ONU (279). <<

Sobre el plan de retirada elaborado por el Pentágono y la OTAN. Ver Holbrooke, 1999a, 104-106. <<

Parece ser que esta perspectiva se antojaba como la más peligrosa, dada la distribución del contingente de “cascos azules”. Rieff señalaba que “vigilar una retirada por medio de la lucha era la más difícil y peligrosa de las operaciones militares” (282). Además, a buen seguro habría entrañado la participación de tropas terrestres norteamericanas según el plan previsto por la OTAN y el Pentágono. Según reconocía Holbrooke (1999a, 106), si la administración Clinton hubiera negado ese apoyo, la brecha del “vínculo transatlántico” entre Estados Unidos y Europa, pilar fundamental de la OTAN, habría significado el final efectivo de la Alianza. <<

Tuvieron que pasar más de cuatro años para que la ONU admitiera su responsabilidad en un informe hecho público en noviembre de 1999, en “La ONU admite su responsabilidad histórica en la matanza de miles de civiles en Srbrenica”, en El País, 18 de noviembre de 1999. <<

Sus antecedentes no eran muy buenos, dada su responsabilidad en la negligencia de la misión de la ONU durante el genocidio de la primavera en 1994 en Ruanda (ver epígrafe 9 del capítulo VI), así como en ONUSOM (Somalia) y en la propia Bosnia-Herzegovina. Todo lo cual no fue óbice para que resultara elegido secretario general en diciembre de 1996, tras el veto unilateral y decisivo de Estados Unidos a Boutros–Ghali <<

Al año siguiente fueron filtrados a la prensa los datos de las exportaciones argentinas de armamento a Croacia violando el embargo de la ONU, entre 1991 y 1995 6.500 toneladas de armas y municiones fueron vendidas a través de empresas uruguayas fantasmas y embarques desde Panamá. El suministro era de tal envergadura que habría servido para pertrechar a tres ejércitos como el argentino. La República Argentina participó como miembro no permanente en el Comité de Sanciones encargado de actuar en la antigua Yugoslavia y contribuyó con 900 “cascos azules” al despliegue de UNPROFOR en Croacia. Ese mismo año también se supo que Arabia Saudí había enviado al gobierno bosnio armamento por valor de 300 millones de dólares. Según las fuentes saudíes que filtraron la noticia, las autoridades norteamericanas tuvieron conocimiento de los envíos; en “Arabia saudí envió 300 millones de dólares en armas al Gobierno bosnio con la complicidad de EEUU”, en El País, 3 de febrero de 1996. <<

En el mapa consensuado en Dayton, Prijedor y Bosanski Novi quedaron finalmente en poder de la República Srpska. <<

Una visión crítica de los acuerdos de Dayton en Taibo, 1996. <<

Sobre los planes de rearme contemplados en Dayton. Ver Neville-Jones, 166-169, y Aguirre, 244-247. <<

El capítulo VII se refiere a la “acción en caso de amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión”. <<

Aportaban también tropas países de fuera de Europa, como Egipto, Jordania, Marruecos y Malasia. <<

Según refiere Holbrooke, era opinión unánime en Washington que los tres personajes que más habían colaborado en la decisión de bombardear habían sido el general Joulwan (SACEUR), Kofi Annan y Willy Claes (1999a, 151). <<

Willy Claes, antiguo ministro de Economía y Asuntos Exteriores belga, fue condenado finalmente en 1998 por el Tribunal de Casación de Bélgica a tres años de cárcel por “corrupción pasiva”. Durante su etapa de ministro, Claes estuvo implicado en el caso Agusta, un soborno de la industria de armas italiana del mismo nombre para conseguir un contrato de venta a Bélgica de 46 helicópteros a finales de los años ochenta; en “El Supremo belga condena a tres años de cárcel por corrupción al ex-líder socialista Willy Claes, en El País, 24 de diciembre de 1998. <<

Sobre la postura de Solana, ver su artículo “La agenda de seguridad europea para otoño de 1995”, publicado en vísperas de su nombramiento, en Revista de la OTAN, n.º 6, noviembre de 1995. A finales de año Holanda había planteado una integración rápida de la UEO en la UE, algo inaceptable para las posiciones más atlantistas como las de Gran Bretaña, “Solana reclama ante la UEO una política de defensa”, en El País, 7 de diciembre de 1995. Sobre las declaraciones del portavoz norteamericano. Ver “Solana reveló a EEUU que él es partidario de que España entre en la Estructura Militar de la OTAN”, en El País, 3 de diciembre de 1995. <<

“La Conferencia Internacional de Donantes asegura el dinero necesario para reconstruir Bosnia”, en El País, 14 de abril de 1996. <<

Ver epígrafe 2 del capítulo IV. <<

Sobre los problemas de la OSCE para manejar las elecciones presidenciales bosnias ver “La OSCE no sabe, no contesta”, en El País, 17 de septiembre de 1996. No se produjo desplazamiento alguno importante de refugiados de unas zonas a otras debido, lógicamente, a razones de seguridad. Sobre la labor de la OSCE en las elecciones albanesas de 1997, ver el epígrafe 14 del capítulo VI. <<

Ver el artículo de Misha Glenny, “El porqué de las elecciones en Bosnia”, en El País, 13 de septiembre de 1996. <<

Como el compromiso norteamericano de aceptar una “Cumbre pre-Dayton” en Moscú, que no llegó a realizarse debido a una indisposición de Yeltsin (Holbrooke, 1999a, 292). <<

“Estados Unidos y Rusia acuerdan modificar el tratado de armas convencionales”, en El País, 30 de octubre de 1995. <<

Ver epígrafe 6 del capítulo VII. <<

Ver epígrafe 4 del capítulo VII. <<

“Desarme convencional: de la guerra fría a la nueva Europa”, en Revista Española de Defensa, abril 1997, págs. 42-47. <<

K. S. Karol, “Un vaso de vodka”, en El País, 23 de julio de 1998. <<

Citado en Kay, 102. <<

Ver epígrafe 1 del capítulo VII. <<

Sobre el argumento del carácter pronorteamericano de los dirigentes del grupo de Visegrado y de las garantías de defensa a estos países a través de la OTAN (Asmus, Kugler y Larrabee, 35). Nicole Gnesotto también recoge estos planteamientos (44-45). <<

Polonia aportó 800 soldados, los mismos que la República Checa, y Hungría 400. <<

“NATO Lowers the Bill for Enlargement”, en The Washington Post, 14 de noviembre de 1997. <<

Al tiempo que en 1994 aprobaba el ingreso de los nuevos miembros en la OTAN, el Congreso había recortado la aportación norteamericana a la infraestructura atlántica: de 229 millones de dólares a 86 millones para 1995 (Kay, 108). <<

Asmus, Lesser y Larrabee, analistas del RAND, describen dos “arcos de crisis”: “el primero es el arco oriental que va del norte de Europa al sur, entre Alemania y Rusia a través de los Balcanes. El segundo es el arco meridional, que recorre el norte de África y el Mediterráneo hasta Oriente Medio y Asia Sudoccidental” (25). <<

Ver epígrafe 17 del capítulo VI. <<

Sobre la creciente importancia de la Europa meridional en la OTAN de la posguerra fría, ver Asmus, Lesser y Larrabee, 28. Dicha importancia queda actualmente reflejada en los planes de ampliación de la base norteamericana de Rota, “EE. UU. presiona a España para convertir Rota en su base más importante del sur de Europa”, en El País, 25 de noviembre de 1999, o en el reforzamiento de las bases italianas, “Italia, la gran base de operaciones de las FFAA de EE. UU.”, en El Mundo, 10 de febrero de 1998. <<

Pedro Moya, “Le role de l’OTAN en Méditerranée”, Projet de rapport. Groupe Special de Méditerranée, Asamblea del Atlántico Norte, 25 de agosto de 1997. El informe reproduce las conclusiones del Grupo Especial del Mediterráneo reunido el 4 de diciembre de 1996 en Lisboa. <<

“La OTAN pide a España que pueda desplegar hasta 50.000 soldados para controlar el Magreb”, en El Mundo, 4 de diciembre de 1997. <<

“Eurofor, asignatura aprobada”, en Revista Española de Defensa, julio-agosto 1998. <<

Sobre los obstáculos al desarrollo del concepto FOCC y el acuerdo de Berlín, ver Kay, 134-139. <<

Gestión de crisis, operaciones de imposición y mantenimiento de la paz e intervenciones humanitarias. Sobre la reunión de Petersberg, ver epígrafe 17 del capítulo VI. <<

“La OTAN funda hoy su nueva estructura militar y su identidad europea”, en El País, 3 de junio de 1996. <<

“El Consejo del Atlántico Norte decidirá qué recursos y capacidades de la OTAN pueden ponerse a disposición de la UEO para llevar a cabo operaciones bajo mando de dicha organización; se mantendrá informado de su uso ejerciendo la supervisión asesorado por las Autoridades Militares de la Alianza y celebrando consultas regulares con el Consejo de la UEO, y revisará su uso de manera regular”, Reunión ministerial del Consejo del Atlántico Norte, Berlín, 3 de junio de 1996, en Revista de la OTAN n.º 4, julio 1996, pág. 31. <<

“La OTAN aprueba su nueva identidad europea tras superar las reticencias norteamericanas”, en El País, 4 de junio de 1996. <<

Una visión crítica de los resultados de la Cumbre de Amsterdam respecto al tema de la seguridad europea en Lenzi, 1997. <<

Defendida en el documento presentado en marzo de 1997 por Alemania, Francia, Italia, España, Luxemburgo y Bélgica, proponía una integración gradual de la UEO en la UE a través de tres etapas bien definidas (Dezcallar, 10, 11). La oposición británica contó con el apoyo de Irlanda, Austria, Suecia y Dinamarca. <<

El entrecomillado es nuestro. <<

Artículo J.7.1 del título V del Tratado de Amsterdam, en Europe Documents, n.º 2048, 31 de julio de 1997. <<

“Declaración de la UEO sobre el papel de la UEO y sus relaciones con la UE y con la Alianza Atlántica”. Apartado B.8, en Europe Documents, idem.

<<

Ver epígrafe 17 del capítulo VI. <<

Resulta significativo el hecho de que Francia, sin estar integrada en la nueva estructura militar atlántica, desempeñase un papel en la ofensiva militar de la OTAN en Serbia y Kosovo mucho más destacado que otros países completamente integrados, como Grecia o España, dotados de mandos subregionales. <<

En diciembre de 1997 el Consejo Atlántico decidió prorrogar el plazo del mandato de SFOR, que finalizaba en junio de 1998. La administración estadounidense había reducido de manera progresiva el número de tropas aportadas, presionada por el Congreso —que exigía el cumplimiento de la promesa anterior de retirada de los efectivos— y por su propia opinión pública. <<

Según declaraciones del secretario general de la UEO, José Cutileiro, en El País, 7 de noviembre de 1998. <<

Ver epígrafe 15 del capítulo VI. <<

La intervención terrestre para “imponer la paz” estuvo descartada desde un principio, al igual que en el conflicto de Bosnia. Recuérdese que en este último caso lo más cerca que se estuvo de una intervención de este tipo fueron los planes de la OTAN para cubrir la retirada del contingente de UNPROFOR desplegado en el terreno, ver epígrafe 8 del capítulo VII. <<

Declaraciones de Klaus Kinkel, ministro alemán de Exteriores, como portavoz del grupo de los seis, “El Grupo de Contacto exige un alto el fuego inmediato”, en El País, 9 de julio de 1998. <<

Tanto el ELK como la más moderada LDK, presidida por Ibrahim Rugova, estimaban como irrenunciable el principio de autodeterminación y consideraban inaceptable la restitución de un estatuto de autonomía que no les ofrecía garantía alguna. Algo absolutamente lógico, toda vez que hasta octubre de 1998 ya eran 200.000 los desplazados albaneses en el interior de Kosovo (Taibo, 1999, 105). <<

Según fuentes de la propia Alianza como el teniente general Jackson, comandante en jefe de la KFOR, “Los rusos han sido extraordinarios en Kosovo”, en El País, 10 de octubre de 1999. <<

Ver nota 217. Al grupo citado habría que añadir a Madeleine Albright, que de embajadora en Naciones Unidas había pasado a ser secretaria de Estado en 1997, y a Sandy Berger, consejero de Seguridad Nacional desde 1996. <<

En lo que constituye un significativo detalle, sólo en Macedonia accedió Washington a desplegar un contingente de “cascos azules”, provisto por cierto de un mando autónomo. Sobre la cooperación de Washington y de la OTAN con los distintos regímenes albaneses, ver epígrafe el 15 del capítulo VII. Holbrooke se hace asimismo eco de la preocupación de Washington por los Balcanes meridionales (1999a, 473). <<

Ver al respecto Glenny, 1995, 107. <<

“EEUU quiere atacar en dos semanas si Milosevic no se sienta a negociar con Kosovo”, en El País, 24 de enero de 1999. <<

Dichas condiciones incluían la libertad absoluta de movimientos de personal y tropas de la OTAN y el uso de todo tipo de infraestructuras por todo el territorio yugoslavo contando con inmunidad absoluta a cualquier proceso administrativo o criminal que se iniciara en su contra por las autoridades locales, “The Rambouillet Agreement”, en Labour Focus on Eastern Europe, n.º 63. <<

Según el último censo realizado en 1991, el 82.2 % de la población era albanesa y el 10 % serbia (Taibo, 1999, 18), siendo mucho menor el crecimiento vegetativo de ésta, con lo que a medio plazo el territorio de Kosovo sería “recuperado” demográficamente por la población albanesa. <<

El Consejo de Seguridad nunca habría aprobado una resolución formal que legitimara los bombardeos, y con mayor motivo dada la parálisis que padecía respecto al caso iraquí. Durante el verano de 1998 Solana intentó en vano conseguir un mandato de la OSCE que respaldara la ofensiva aérea, “La OTAN no requiere mandato de la ONU para intervenir en Kosovo, según Solana”, en El País, 23 de junio de 1998, y “La OTAN no intervendrá en Kosovo sin el apoyo explícito de la ONU”, en El País, 8 de agosto de 1998. Es de suponer que, también en este caso, chocaría con la oposición rusa. <<

Remiro Brotons, 20. Los textos de las declaraciones de Solana el 23 de marzo y de Kofi Annan al día siguiente, en Meridiano CERI, abril 1999, n.º 26, págs. 26-27. <<

Sobre la inconveniencia de justificar las operaciones aéreas a partir del artículo IV del Tratado de Washington, ver Herrero, 1999. <<

Clark, brazo militar del lobby intervencionista del Consejo de Seguridad Nacional desde los tiempos de Dayton, fue relevado prematuramente de su cargo el 28 de julio de 1999 después de sufrir fuertes críticas procedentes del Pentágono durante todo el desarrollo de la campaña aérea, “El Pentágono ordena el relevo prematuro del jefe militar de la OTAN por su dirección de la guerra”, en El País, 29 de julio de 1999. El general alemán Klaus Naumann, por su parte, se despidió de su cargo con fuertes críticas a la planificación de la guerra, en El País, 5 de mayo de 1999. <<

“La Alianza reconoce que causó pocos daños al ejército serbio”, en El País, 29 de junio de 1999. <<

Thomas W. Lippmann, “Kosovo miscalculations traced to Albright”, en The Washington Post, 7 de abril de 1999, citado en Veiga, 34. <<

Ver nota 283. <<

Sobre el peso de Albright en la decisión, Veiga, 34. <<

Tras la guerra, economistas serbios independientes calcularon los costes de reconstrucción del país en 29.000 millones de dólares, “Economistas serbios cifran en 4.5 billones de pesetas la reconstrucción, en El País, 24 de junio de 1999. <<

Contrariamente a la versión oficial del “error” debido al uso de mapas anticuados, oficiales de la OTAN revelaron que la embajada china en Belgrado había sido retirada de una lista de objetivos prohibidos cuando se descubrió que estaba siendo utilizada para monitorizar comunicaciones militares, con lo que habría sido bombardeada a propósito, “NATO bombed Chinese deliberately”, en The Observer, 17 de octubre de 1999, y “La OTAN atacó la Embajada china deliberadamente, según un espía”, en El País, 17 de octubre de 1999. <<

“La OTAN preveía los daños colaterales”, en El País, 22 de septiembre de 1999. <<

“La OTAN planificó en secreto una invasión terrestre de Yugoslavia”, en El País, 21 de septiembre de 1999. <<

Citas de la resolución 1244 recogidas en Sáenz, 7. <<

Las tropas rusas fueron festejadas por la población serbia, a semejanza del recibimiento otorgado a los “cascos azules” rusos cuando en 1994 tomaron posiciones en los barrios periféricos de Sarajevo, ver epígrafe 5 del capítulo VII. <<

“Los cuatro halcones. Raytheon, Lockeed Martin, Boeing y Northrop y Grumann dominan la industria armamentística que combate en Kosovo”, en El Periódico, 6 de mayo de 1999. <<

“EEUU quiere ampliar el radio de acción de la OTAN”, El País, 30 de mayo de 1998. <<

“La OTAN se dispone a definir las funciones fuera de su zona de cobertura”, en El País, 9 de diciembre de 1998. <<

“Annan matiza a la OTAN”, en El Mundo, 9 de diciembre de 1998. <<

El entrecomillado es nuestro. “Concepto Estratégico de la Alianza”, en Revista de la OTAN, verano de 1999. <<

“Robertson opina que la guerra de Kosovo reveló la debilidad defensiva de Europa”, en El País, 5 de agosto de 1999. <<

Robertson había manifestado una particular agresividad en su lenguaje durante la ofensiva aérea, y la postura británica había sido la más decidida a favor de una intervención terrestre. <<

“Robertson intentará reforzar la identidad europea en la OTAN”, en El País, 15 de octubre de 1999. <<

“Solana pide a la UE más inversiones militares para ser tomada en serio”, en El País, 18 de noviembre de 1999. <<

“Blair califica de histórico el pacto con Francia para una defensa común”, en El País, 5 de diciembre de 1998. <<

“La OTAN, preparada para el siglo XXI”, en El País, 7 de diciembre de 1998. <<

“Washington quiere que la UE institucionalice lazos con la OTAN y que no vaya por libre en defensa”, en El País, 3 de diciembre de 1999. <<

Blair así lo declaró con ocasión de su viaje europeo, a finales de 1998, en El País, 5 de diciembre de 1998. <<

La amenaza fue indirecta, puesto que quedó recogida en una carta del ministro turco de Exteriores al secretario general de la OTAN, George Robertson, “Turquía exige participar en la toma de decisiones político-militares en la UE en El País, 16 de diciembre de 1999. <<

Ver epígrafe 13 del capítulo VII. <<






FIN

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