Libro N° 6783. Capitalismo Y Corrupción: Un Problema Sistémico Y Sistemático. Varios.
© Libro N° 6783.
Capitalismo Y Corrupción: Un Problema
Sistémico Y Sistemático. Varios. Emancipación.
Diciembre 21 de 2019.
Título
original: © Capitalismo Y Corrupción: Un Problema Sistémico Y
Sistemático. Varios
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Sistemático.
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LA CORRUPCIÓN: MÁS ALLÁ DE LA MORALINA
Varios
La Corrupción: Más Allá De La Moralina
1
Capitalismo y corrupción: un problema sistémico y sistemático
Kjeld
Jakobsen y Marcelo P. F. Manzano
6
¿Guerra contra la corrupción o contra las alternativas al neoliberalismo?
Silvina
M. Romano
9
Piratas de saco y corbata
Rodolfo
Bejarano Bernal
12
La nueva corrupción y la República de los Empresarios
Oscar
Ugarteche
14
La mediatización de la corrupción
Osvaldo
León
18
Brasil: El combate a la corrupción como instrumento político
Roberto
Amaral
20
México: La corrupción y el sistema político
Irma
Eréndira Sandoval Ballesteros
23
Ecuador: ¿Y la corrupción contra el fisco?
Juan
J. Paz y Miño Cepeda
25
Argentina: el gobierno de Mauricio Macri CEOs al gobierno, corporaciones al
poder
Micaela
Ryan y Fernando Vicente Prieto
27
Colombia: La instrumentalización de la “lucha contra la corrupción”
Carlos
Alberto Lerma
Capitalismo Y Corrupción: Un Problema Sistémico Y Sistemático
El
término corrupción, en su sentido más amplio, se refiere a las estrategias
priva-das que subvierten los intereses colectivos de determinadas comunidades y
encontraremos casos tan antiguos como la propia historia.
Ya
en la Biblia, son varias las referencias a la corrupción de los reyes, de sus
amigos, de los príncipes y de los recaudadores de impuestos. El derecho griego
fue el primero en abordar el tema de la corrupción y el derecho romano, el
primero en tipificarla. En el siglo XVI las de-nuncias de Martín Lutero contra
la corrupción en el seno de la Iglesia Católica por medio de la venta de
indulgencias motivaron el llamado “cisma” que daría origen a las vertientes
pro-testantes.
Sin embargo, justamente
porque la corrupción estuvo siempre directamente asociada a las estrategias de
poder, obviamente que en cual-quier época o lugar es muy difícil denunciarla e
incluso tener claridad sobre dónde empie-zan y dónde terminan los actos corruptos.
La historia demuestra con muchos ejemplos que el desarrollo del capitalismo
está asociado a la constitución de lazos de corrupción entre los grupos
políticos que comandan a los Estados nacionales y los grupos privados que
tienen el poder económico.
Kjeld
Jakobsen es Doctor en Relaciones Inter-nacionales y miembro del Grupo de
Coyuntura de la Fundación Perseu Abramo del PT.
Marcelo
P. F. Manzano es economista y profe-sor universitario.
La
corrupción en el seno de las potencias capitalistas
El
investigador Eric Williams reveló que el negocio del tráfico de esclavos hacia
el Nuevo Mundo fue fundamental para el proceso de acumulación primitiva del
capitalismo de Inglaterra y que su elevada rentabilidad amplió la corrupción en
el sistema político británico a través de la compra de escaños en el parlamento
y garantizando títulos de nobleza a los comerciantes de esclavos1. También en
el ascenso de Estados Unidos a la condición de potencia capitalista, se
documentaron amplios expedientes de corrupción2. En 1887, por ejemplo, durante
una huelga de los trabajadores ferroviarios, los dueños de los ferrocarriles,
William Vanderbilt y Jay Gould, que habían apoyado la elección del Presidente
Rutherford B. Hayes, fueron recompensados con las tropas del ejército para
reprimir a los huelguistas al costo de cien muertos.
Desde
aquella época fue común la intervención militar estadounidense en otros países
para
1 En Capitalismo e Escravidão (WILLIAMS, 2012).
2 Ver los casos de los “barões ladrões” relatados
con abundancia de detalles en el trabajo de Carlos Drummond Medeiros (MEDEIROS,
2005).
1
defender
intereses de las empresas de EEUU. Como afirmó el general Smedley Butler, que
sirvió por 33 años y combatió en Filipinas, China y Centroamérica: «La mayor
parte de este tiempo no he sido más que un matador con clase a sueldo de la
gran empresa, Wall Street y la banca. Dicho en pocas palabras, he sido un
chantajista, un gangster del capitalismo» refiriéndose a las intervenciones
militares que comandó a favor de intereses de petroleras estadounidenses en
México, del National City Bank en Cuba y en Haití, del Brown Brothers
International Bank en Nicaragua, de empresas azucareras en la República
Dominicana y de la Standard Oil en China3.
Asociadas
a las estrategias expansionistas del imperialismo estadounidense, prácticas
corruptas se generalizaron entre los diferentes segmentos del sector público de
aquel país. Congresistas, presidentes de la república y miembros de las fuerzas
armadas a menudo eran recompensados financieramente por empresas.
En
1954, Allan Welsh Dulles, Director General de la Central Inteligence Agency
(CIA), también accionista de United Fruit Co, patrocinó con recursos públicos
un golpe de Estado en Guatemala, derribando al Presidente Jacobo Arbénz por
haber implantado una reforma agraria considerada perjudicial para los intereses
de la empresa. Los desdoblamientos políticos de aquella intervención llevaron
al genocidio de más de 200 mil guatemaltecos, la gran mayoría indígena, a cargo
de los diferentes gobiernos dictatoriales que se sucedieron4. La reciente
guerra contra Irak siguió en el mismo sentido para atender intereses de
empresas petroleras estadounidenses, como la Halliburton en la cual el
vicepresidente, Dick Cheney, tenía participación.
En
la posguerra fueron muchos los casos de corrupción. Un ejemplo notorio fue el
de la empresa estadounidense Lockheed, hoy
3 Ver en Stone e Kuznick (2015)
4 Cf. Grandin (2002)
Lockheed
Martin, fabricante de aviones militares. Fue denunciada a principios de los
años setenta por haber pagado sobornos a agentes públicos de diversos países
entre las décadas de 1950 y 1970. Se estima que en total los ejecutivos de la
empresa gastaron cerca de 300 millones de dólares (3.600 millones de dólares en
valores actualizados) en sobornos para que sus productos fueran adquiridos por
diferentes gobiernos5. Entre ellos, ministros y/o jefes de Estado de Alemania
Occidental, Italia, Japón, Arabia Saudita y hasta el Príncipe Consorte,
Bernard, de Holanda.
A
principios de los años noventa, la «Operación Manos Limpias» conducida por la
justicia italiana reveló uno de los más famosos esquemas de corrupción de los
últimos tiempos. En la operación estuvieron implicados empresarios, agentes
públicos y políticos en prácticas de corrupción para dirigir licitaciones y
contratos de obras públicas. Más de seis mil personas fueron investigadas,
incluyendo cuatro ex primeros ministros y se ordenó prisión a cerca de 1.300.
El impacto sobre la sociedad italiana y su clase política fue enorme. Al menos
cuatro partidos se extinguieron y la pérdida de confianza en los políticos
abrió el camino para la ascensión del magnate y político neoliberal, Silvio
Berlusconi, más tarde condenado por comprar servicios sexuales de una menor de
edad y por haber sobornado a un senador.
Sin
embargo, la corrupción no es exclusiva de las relaciones entre las esferas
pública y privada. A menudo, la corrupción puede invo-lucrar a actores
privados, pero que lesionan lo público en general. Vale recordar el caso
protagonizado por Volkswagen en EEUU que vendió 11 millones de vehículos entre
2009 y 2015 con un software que adulteraba las me-didas de emisión de
contaminantes. El deli-to, que contó también con la complicidad de las agencias
reguladoras, fue más tarde reco-nocido públicamente por el presidente de la
5 Esta información fue presentada por la propia
empresa a la justicia estadounidense en 1976, segui-da de las renuncias del
presidente y vicepresidente de la empresa.
2 531 mar/2018
empresa,
obligándola a gastar 6.500 millones de euros para lidiar con las
indemnizaciones, multas y reparaciones6.
En
fin, no parece exagerado decir que independientemente del sistema político, del
momento histórico o de los valores que orientan a cada sociedad, la corrupción
siempre despunta cuando hay concentración de poder y, más que eso, se convierte
en un estratagema para quien ya dispone de poder, conseguir aún más poder.
La
corrupción funcional al capitalismo
No
obstante, se debe resaltar que en el capitalismo la corrupción gana sentido
distinto e incluso funcional. El movimiento de concentración y centralización
del capital ha sido acompañado de casos emblemáticos de corrupción, no
raramente vinculados a estrategias competitivas de empresas de gran reputación
internacional. Como reveló el empresario Ricardo Semler, dueño de una empresa
de bienes de capital en Brasil, «es difícil vender a muchas ensambladoras e
incontables multinacionales sin antes dar propina al director de compras»7.
La
intensificación de la competencia intercapitalista lleva a la multiplicación de
prácticas espurias de subordinación de los intereses generales de la sociedad a
los del capital. Cuando la única medida a ser considerada es el beneficio de
las empresas y el pago de dividendos a los accionistas, no parece haber límites
para los embustes de los CEO›s que comandan las grandes corporaciones.
Toda
vez, desde el inicio de los ochenta con la reconfiguración procesada en el seno
del capitalismo, se produjo un vertiginoso proceso de aumento del poder de las
corporaciones internacionales en la misma medida en que
6 Ver el tema al respecto en el sitio G1,
disponible en: https://goo.gl/QT5e9H
7 Lea en https://goo.gl/1Bp6fU
declinó
la capacidad regulatoria de los estados nacionales8. Con el avance del
neoliberalismo y la intensificación de la globalización comercial y financiera,
crecieron tremendamente las presiones para que los gobiernos nacionales,
principalmente en la periferia, flexibilicen la protección y regulación de sus
respectivos mercados internos, so pena de ser excluidos de las cadenas globales
de valor, que ahora dictan la nueva división internacional del trabajo.
Ante
tan enorme poder de las corporaciones, las instituciones públicas de regulación
y control acabaron transformándose en objeto de negociación, algunas veces
explícitas – como en los parlamentos cooptados por los lobbies y por el
financiamiento privado de las campañas–, otras veces de forma ilícita por medio
de la corrupción directa de los agentes públicos.
En
Brasil, es notoria la expresión «crear di-ficultades, para vender facilidades»,
es de-cir, crear reglas y normas que dificultan el cumplimiento de la ley pero
que pueden ser «flexibilizadas» mediante soborno. En los países desarrollados,
sin embargo, las des-viaciones se dan cada vez más por vía in-versa,
particularmente, en cuanto a reglas y normas bancarias que son tan simples y
desburocratizadas que facilitan sobremane-ra el flujo y depósito de «dinero
sucio». Es el caso del sigilo bancario suizo que hace extremadamente difícil
identificar cuentas y depositantes que dejan sus dineros por allá o de la
figura del trustee que rige en las islas de Jersey y Guernsey (canal de la
Mancha), donde el depositante no se iden-tifica y los recursos quedan en el nombre
de terceros que reciben una comisión por el «servicio»9.
8 Ver al respecto Belluzzo (2012, cap. 4)
9 Este tipo de expediente sirvió, por ejemplo, al
ex alcalde de São Paulo y actual Diputado Federal Paulo Maluf que escondía
recursos desviados del Ayuntamiento de São Paulo en bancos de paraísos fiscales
y desafiaba a cualquiera a presentar alguna cuenta corriente en cualquier banco
del exterior con el nombre de “Paulo Maluf”.
3
Evasión
de divisas
El
poder corruptor del dinero también se hace presente en las estrategias de
evasión de di-visas que se generalizaron alrededor del pla-neta en las últimas
décadas, ampliando la economía subterránea que desvía dinero a los «paraísos
fiscales» u «off-shores». Los ca-sos recientes de los esquemas de evasión de
los «Panamá papers», «Swiss leaks / HSBC» y «Paradise papers» son reveladores
de la par-ticipación de parte de las élites de países eu-ropeos y
latinoamericanos con esas prácticas lesivas10. También es emblemático el caso
de la City londinense, motor económico de una de las más consagradas
democracias de Occi-dente, que es responsable del 24% de las ope-raciones
financieras “offshore” que se dan en el mundo actual11.
En
España, el Partido Popular (PP) adoptó es-quemas corruptos para financiar a sus
dirigen-tes y al partido. Según la legislación española, el financiamiento de
campañas se realiza con recursos públicos. Sin embargo, se permite a individuos
donar a partidos con valores limi-tados a 60 mil euros. El tesorero del PP,
Luis Bárcenas, administró entre 1990 y 2008 una «Caja 2» por un valor de 8
millones de euros procedentes de donaciones ilegales de empre-sas a cambio de
contratos públicos.
También
en Estados Unidos, los casos de frau-de financiero y de corrupción se
multiplicaron a la par de las sucesivas olas de desregula-ciones que ocurrieron
desde principios de los años 1990, principalmente a partir de la ges-tión de
Bill Clinton (1994 - 2000).
Uno
de los casos más notorios fue el de la empresa Enron que actuaba en los
sectores de energía y comunicaciones. El esquema se inició con la desregulación
del sector energé-tico estadounidense y contó con la complici-dad de Arthur
Andersen, la más antigua firma
10 Ver estudio al respecto en:
gabriel-zucman.eu/ files/AJZ2017.pdf
11 Ver en How Corrupt is Britain (WHITE,
2015).
de
auditoría y contabilidad de EEUU, además de grandes instituciones financieras
como Citibank, JP Morgan, Chase, Merrill Lynch, Goldman Sachs, entre otras.
El
objetivo era multiplicar el valor de las ac-ciones de la empresa y así embolsar
cientos de millones de dólares en el mercado de ca-pitales. Para inflar el
precio de las accio-nes, diversas ilegalidades puso en práctica el directorio
como, por ejemplo, ordenar que algunas líneas de transmisión fueran
des-activadas por algunas horas, generando un desequilibrio entre oferta y
demanda para provocar aumentos del precio de la energía y valorizar las
acciones.
Con
ellas en alza, los directores no sólo atraían a nuevos inversores en el mercado
de capitales, sino que aprovechaban para vender sus posiciones y ganaban
millones de dólares en la bolsa de valores. Además, al mismo tiempo que inflaba
artificialmente sus ganancias, Enron ocultaba del balance algu-nos miles de
millones de la deuda que poseía, de tal manera que parecía una empresa sóli-da
y altamente lucrativa.
En
2001, cuando el fraude fue revelado, las acciones cayeron de US $ 86.00 a US $
0.30 y la compañía fue a la bancarrota. Los emplea-dos de la empresa cuyas
jubilaciones estaban vinculadas a las acciones vieron que sus pen-siones se
volvían polvo, con una pérdida que alcanzó los 1.200 millones de dólares.
Diver-sos fondos de pensiones que habían invertido en los papeles del gigante
energético perdie-ron otros 2.000 millones de dólares, compro-metiendo las
jubilaciones de miles de perso-nas repartidas por el país. Arthur Andersen fue
a la quiebra y los bancos que participaron en la estafa tuvieron que indemnizar
a sus clientes con algunas decenas de millones de dólares.
En
2008, a pesar de las modificaciones en la legislación de Estados Unidos para
evitar nue-vos fraudes de ese tipo, el mundo se sorpren-dió con esquemas mucho
más sofisticados de
4 531 mar/2018
operaciones
con derivados financieros. Con-tando con la colaboración de diferentes ac-tores
e instituciones estadounidenses, se en-gendró un proceso de especulación con
títulos hipotecarios que culminó en brutales pérdidas para los contribuyentes
de aquel país y para una inmensa cantidad de prestatarios que per-dieron sus
casas.
El
colapso de 2008 generó una multimillonaria socialización de los daños,
conducida por el Federal Reserve Bank, sin que los responsables de alto rango
sufrieran mayores sanciones, ni fueran denunciados por actos de corrupción12.
Por el contrario, los ejecutivos de los bancos y las autoridades
gubernamentales continúan ocupando cargos de asesoría en instituciones
financieras, agencias de regulación y universi-dades, en el país y en el
exterior, con abulta-das remuneraciones.
Consideraciones
finales
No
existen datos precisos sobre los valores relacionados con la corrupción, pero
existen estimaciones a partir de la identificación de los flujos financieros
que escapan al control de las autoridades, que permiten evaluar que los fraudes
fiscales y de las instituciones financieras representan en promedio el 70% del
total de los flujos de dinero ilícito, siendo el tráfico de drogas el segundo
mayor, con un volumen cercano al 12%.
A
pesar de algunas medidas moralizadoras que se han adoptado para mitigar el
avance de la corrupción a escala mundial, los valores rela-cionados con el
lavado de dinero han crecido en los últimos años.
12 Para conocer mejor la promiscuidad
institu-cional que dio soporte a la llamada burbuja del subprime que resultó en
la crisis financiera de 2008, se recomienda el documental “Trabajo Interno”
(In-side Job, en su título original) dirigido por Charles Ferguson y ganador
del Oscar al mejor documental en 2011. Además, en el libro “Manda quem pode,
obedece quem tem prejuízo”, de Belluzzo y Galí-polo (2017) hay también una
buena descripción de aquel proceso.
En
1988, se “lavaron” US $ 340 mil millones, o el equivalente al 2% del PIB
mundial. En 1996, esa cifra saltó a US $ 1.100 millones, equivalentes al 3,5%
del PIB mundial y en 2005 el valor efectivo se duplicó, aunque en términos
porcentuales del PIB mundial se quedó en el 3%13. (Traducción: ALAI)
Referencias
bibliográficas
BATISTA,
Paulo N. O Consenso de Washington: uma visão neoliberal dos problemas
latino-americanos. In: Barbosa Lima Sobrinho et al. Em Defesa do Interesse
Nacional: Desin-formação e Alienação do Patrimônio Públi-co. São Paulo: Paz e
Terra, 1994. Disponible en: https://goo.gl/1CtJpX
BELLUZZO,
Luiz G. M. O capital e suas metamorfoses. São Paulo: Ed. UNESP, 2012.
________;
GALÍPOLO, Gabriel. Manda quem
pode, obedece quem tem prejuízo.
Campinas:
Facamp, 2017.
GRANDIN,
Greg. A Revolução Guatemalteca.
São
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MOURA,
Denise. BBC Brasil, 4/11/2012.
SCHNEIDER,
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Pete C.; Dobovsek, Boran. In Corruption, Fraud, Organized Crime and the Shadow
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SEMLER,
Ricardo. Nunca se roubou tão pouco. Jornal Folha de São Paulo. São Paulo:
21/11/2014. Disponible en: https://goo. gl/1Bp6fU
STONE,
Oliver e KUZNICK, Peter. A história não contada dos Estados Unidos. Barueri:
Faro Editorial, 2015.
13 Cf. Schneider (2016)
5
¿Guerra
contra la corrupción o contra las alternativas al neoliberalismo?
El
problema de América Latina es la corrup-ción, pero no la corrupción “a secas”,
sino especialmente aquella asociada a los gobier-nos progresistas o
posneoliberales1. Lo aseve-ran los think-tanks, los asesores de Institucio-nes
Financieras Internacionales (IFI) y voces expertas sobre lo que “sucede” en la
región2. Lo advertía John F. Kelly, ex
Comandante del Comando Sur de los EEUU y hoy Jefe de Gabi-
nete
de Trump3.
Aseguran
que los gobiernos progresistas se abusaron de los pobres para enriquecer a un
puñado de funcionarios de gobierno corrup-tos. Agrandaron el Estado y lo
repolitizaron, intervinieron en la economía y revalorizaron lo público, con el
único objetivo de “saquearlo” luego. Privilegiaron la utilización de
influen-cias y fondos públicos para beneficio personal y recurrieron a los
poderes del Estado para evitar la rendición de cuentas. Desde esta perspectiva,
los funcionarios y políticos invo-lucrados en gobiernos progresistas que
exalta-ron ese derrotero, son por definición corruptos y además ineficientes.
Son incapaces de ma-nejar al Estado como a una empresa privada, poniendo en
riesgo el rumbo de la economía y (supuestamente) del Estado en su totalidad4.
1 IMF blog: http://bit.ly/2lbvsfe
2 The Economist: http://econ.st/2CFixsX
3 CSIS http://bit.ly/2HIciZ
4 En informe reciente, asesores del FMI advierten
que en los gobiernos donde ha habido un giro a la de-recha, la economía ha
retomado el rumbo “correcto” http://bit.ly/2BD06YV
Silvina
M. Romano
Esta
serie de argumentos son los que urden la trama de un sentido común reproducido
por las derechas y la prensa hegemónica desde hace varios años y que ha
contribuido al me-nos a dos fenómenos: el primero y de corto-mediano plazo, es
el de la “judicialización de la política” desde arriba; el segundo es el de la
despolitización de la política, el desprecio por “lo público” y el prejuicio
respecto de lo estatal como ineficiente.
El
hecho de que este relato haya devenido en “sentido común”, de que haya calado
profun-do en la opinión pública, no es fruto de una campaña mediática
particular, o el resultado “inminente” del retorno de gobiernos de de-recha.
Tampoco obedece únicamente a fac-tores coyunturales. Por el contrario, forma
parte de un proceso histórico que encuentra parte de sus raíces en el ajuste
estructural implementado en América Latina a partir de la década de los ’80 y
que tuvo como actores principales a las IFI y a las agencias bilaterales del
gobierno estadounidense. La “moderniza-ción” del Estado, que tenía por objetivo
una mayor eficacia y eficiencia para acabar con la corrupción y el favoritismo,
fue argumen-to clave para el adelgazamiento/desaparición y desprestigio de lo
público en virtud de lo
Silvina
M. Romano es Dra. en Ciencia Política. Investigadora del Consejo Nacional de
Investi-gaciones Científicas y Técnicas en el Instituto de Estudios de América
Latina y el Caribe, Uni-versidad de Buenos Aires.
6 531 mar/2018
privado.
El Consenso de Washington puede ser un ejemplo de sistematización de tales
premisas como lineamientos para la acción de gobiernos dedicados a procurar que
el Estado se subsumiera a las necesidades del sector pri-vado. La
empresarialización del Estado5.
Las
reformas judiciales
Uno
de los sectores en los que se intervino tempranamente para la “modernización
del Estado” fue el judicial. Tuvieron especial pro-tagonismo los organismos de
“asistencia para el desarrollo” bilaterales y multilaterales, como la USAID y
el BID.6 Este asesoramiento en la transformación de los aparatos judiciales
constituye un eslabón más en una cadena de relaciones dependientes y
asimétricas esta-blecidas por la dinámica y normativas inscri-tas en la
asistencia para el desarrollo (al me-nos desde la Guerra Fría hasta la
actualidad)7. El objetivo era lograr la “buena gobernanza” por medio de una
reorganización del Estado, ajustando las leyes e instituciones a las
nor-mativas internacionales que permitieran el flujo de inversión extranjera
directa y el ac-ceso a mercados “sanos”. Debía garantizarse un “buen
funcionamiento” de las instituciones para garantizar el desarrollo8.
Guatemala
fue uno de los mayores receptores de asistencia para la reforma judicial, tras
la firma de los Acuerdos de Paz. Fluyeron ase-sores, recursos para
infraestructura e infor-mática y el “know how” de la experiencia en países
centrales, particularmente en EEUU9. El resultado fue una reforma superficial,
en el plano de lo técnico, con una fuerte dependen-cia de la asesoría y fondos
provenientes del extranjero. Los avances a partir de la crea-ción de la
Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (desde el juicio al
5 Estado & Comunes: http://bit.ly/2EN4HKP
6 Global Studies Law: http://bit.ly/2GH44if
7 UNAM: http://bit.ly/2oouBud
8 oas.org/JURIDICO/spanish/RepoBM.htm
9 Wilson Center: http://bit.ly/2FqbreL
dictador
Ríos Montt hasta el Caso la Línea)10 se ven limitados por estar enmarcados en
un Estado que en términos generales represen-ta los intereses de una minoría
privilegiada (tanto la vieja oligarquía como los nuevos em-presarios) asociada
directa o indirectamente a un Estado contrainsurgente y genocida. Un Estado
ausente en materia de bienestar socio-económico para las mayorías, que nunca
fue refundado11. Un Estado que, desde 1954 hasta la actualidad, sigue
dependiendo de los linea-mientos, recomendaciones y financiamiento del sector
público-privado estadounidense y las agencias de asistencia para el desarrollo
de otros países centrales. Guatemala es un país condenado por la opinión
pública inter-nacional debido a la corrupción y la violen-cia, pero de ningún
modo se lo coloca como el peor caso. Por el contrario, la corrupción es
particularmente “grave” en aquellos Estados donde hubo o están vigentes
procesos de cam-bio de la mano de gobiernos posneoliberales, notándose una
mayor presión local e interna-cional para una judicialización de la política
desde arriba.
Un
caso clave es el de Bolivia, país que recibió un importante flujo de asistencia
de la USAID en los ’80 y ’90, entre otros rubros, para la reforma judicial.
Estos fondos tendieron a beneficiar a gobiernos y sectores altamente corruptos
y que trabajaron sistemáticamente en desmedro del bienestar de las mayorías12.
Con la llegada del MAS y la refundación del Estado, se llevaron a cabo reformas
estructu-rales, incluida la democratización del apara-to judicial: es el único
país de América Latina donde los representantes judiciales son elegi-dos en las
urnas. Sin embargo, sigue fluyen-do asistencia, en particular proveniente de la
10 Ver: FIDH - http://bit.ly/1u1TQiP; CICIG
- http://bit.ly/2cbQ6Wd
11 Ver por ejemplo el vínculo entre elites y
“crimen organizado” – InSight Crime: http://bit.ly/2F2KX5d
12 Tellería, Loreta y González, Reina
(2015). He-gemonía territorial fallida. Estrategias de control y dominación de
Estados Unidos en Bolivia: 1985-2012. La Paz: Centro de Investigaciones
Sociales, Vice-presidencia del Estado, Presidencia de la Asamblea Legislativa
Plurinacional de Bolivia
7
National
Endowment for Democracy (NED) en el rubro de “reforma jurídica” a través de
fun-daciones13.
Una
de las últimas campañas desatadas contra el MAS, previa al referéndum de
febrero de 2015, se centró en la difamación y desmorali-zación del gobierno de
turno por “corrupción y tráfico de influencias”, sin pruebas feha-cientes. Sin
proceso legal adecuado, se ma-nufacturó el “caso Zapata”. La red de intere-ses
tejida entre la prensa local, fundaciones, think tanks y voces expertas
hicieron campaña destacando la corrupción como principal atri-buto del gobierno
de MAS. Luego del debido proceso judicial, se mostró que las acusacio-nes al
presidente y ministros de gobierno eran falsas, pero el Caso Zapata influyó
para que buena parte de la ciudadanía se inclinara por el NO al momento del
referendum14. Se des-vió la batalla política al campo judicial.
Brasil
es sin dudas el paradigma de la judi-cialización de la política desde arriba,
como parte de una campaña mediática, política y empresarial orientada
(aparentemente) a combatir la corrupción, pero que tiene por objetivo destruir
la imagen del Partido de los Trabajadores y “expulsar de la política” a sus
principales líderes. El impeachment a Dilma Rousseff muestra el modo en que
opera un aparato judicial intervenido desde fuera. El Juez Moro, líder del Lava
Jato, fue uno de los “mejores alumnos” de los cursos de capacita-ción
realizados por el Departamento de Justi-cia estadounidense para funcionarios
judicia-les latinoamericanos en el 2009, en el marco del “programa Puentes”15.
Técnicas de reco-lección de información como la “delación pre-miada”, así como
el espionaje (intervención de líneas telefónicas, mails, etc.) a funciona-rios
públicos o burós privados de abogados, parecen formar parte del know how
adopta-do. El juicio a Lula da Silva es otra muestra:
13 ned.org/region/latin-america-and-caribbean/
bolivia-2016/ [recuperado 15/11/2017].
14 youtu.be/GbFvWnGU72U
15 wikileaks.org/plusd/cables/09BRASILIA1282_a.
html
considerando
el modo en que “apresuraron” su expediente frente a otros casos, la ausen-cia
de pruebas y la campaña mediática que lo cubrió16, da cuenta del modo en que
EEUU y las derechas de América Latina están recu-rriendo a la “justicia” como
arma para una guerra librada contra la política de gobiernos y procesos
progresistas. Es “lawfare”, la gue-rra jurídica17.
El
objetivo
Esta
guerra contra la corrupción se equipara a la guerra librada contra las drogas
(íntima-mente vinculadas a los intereses del sector público-privado de EEUU):
más allá de los pro-tocolos y discursos políticamente correctos, apuntan a
aniquilar sectores, grupos, líderes y procesos que disputan con mayor o menor
fuerza y/o éxito alternativas al neoliberalis-mo (por ejemplo: que obstaculizan
el flujo de combustibles y materiales estratégicos, que amenazan el acceso a
mercados y la rentabili-dad de las inversiones). Para ello, se presen-ta como
objetivo de mediano-largo plazo la anulación de lo político, la despolitización
del Estado, evitar ante todo su intervención en la economía, lograr que devenga
en un ente téc-nico subsumido a las reglas del mercado. Se promueve que sea
dirigido por tecnócratas o empresarios capaces de vaciarlo de soberanía,
apartarlo de la causa de las mayorías. Hacerlo más eficiente para el sector
privado.
Este
es el objetivo de la “lucha contra la co-rrupción” librada desde los medios
hegemó-nicos, think-tanks, fundaciones y gobiernos como el de EEUU, que
exportan un modelo de democracia y gobernabilidad que nada tiene que ver con la
inclusión política, económica, cultural y social de mayorías históricamente
postergadas. Es la democracia de una “cla-se media” (imposible de ser definida)
cuya única causa sería la de “instituciones
16 Sotelo Felipe, M. (2018) “Lawfare, this
crime call justice”.EnProner, C., Citadino, G., Ricobom, G. y Domelles, J.
Commentson a notoriousveredict. The Trial of Lula. CLACSO:
http://bit.ly/2EOAzPm
17 CELAG: http://bit.ly/2onhxVM
8 531 mar/2018
transparentes”,
“índices de violencia cero” y “cárcel para todos los corruptos, para todos los
políticos”. La democracia de una sociedad que (aparentemente) desea ser
gobernada por empresarios y tecnócratas que no tengan “nada que ver” con la
política. Así, en los dis-cursos contra la corrupción, la “delincuencia” y “los
criminales”, se va reforzando la urdim-bre de la ideología dominante,
alimentada por
la
“frustración” generada por gobiernos que (aparentemente) traicionaron a sus
pueblos. Unido a este relato, resurge con fuerza el neo-liberalismo, un camino
que ya hemos transita-do en América Latina, que garantiza la salud de los
mercados y la profundización de la mi-seria, injusticia y violencia ¿y quién se
atreve-ría a afirmar que ese rumbo (¡ya transitado!) está exento de
corrupción?
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9
Piratas
de saco y corbata
Cada vez
vamos conociendo más
acerca de los territorios que conforman una de las regiones más exóticas
y desconocidas –al menos para quienes vivimos en el Sur– que podemos encontrar
en Nuestra América: la subregión Caribe.
Pero no por sus paradisia-cas playas y atractivos turísticos, sino
porque muchas de sus islas son mencionadas en cada nueva revelación que sale a
la luz como parte de las investigaciones del Consorcio Interna-cional de
Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) que viene trabajando
en la recopilación y análisis de las filtraciones más importantes de los
últimos tiempos sobre
cuestiones
fiscales y tributarias.
Ya
no nos resulta sorprendente escuchar que Panamá, Aruba, Islas Caimán o Bermudas
ha-yan sido paradas obligatorias de aquellos que han querido burlar a las leyes
de sus países y encontraron el refugio perfecto para ir acu-mulando la riqueza
obtenida por medios lí-citos o ilícitos; aunque, por el simple hecho de
recurrir al secretismo y a la opacidad que ofrecen, estos regímenes ya generan
una duda sobre el origen del dinero.
Según
ICJ, los destinos favoritos de los evaso-res y delincuentes son Bahamas, Islas
Vírgenes Británicas, Malta, Saint Kitts and Nevis y Aru-ba, a los cuales se
suman jurisdicciones como
Rodolfo
Bejarano Bernal es Coordinador de Investigaciones de la Red Latinoamericana
so-bre Deuda, Desarrollo y Derechos (Latindadd). Ha publicado recientemente
«Privilegios a cambio de nada», un análisis sobre los incenti-vos fiscales en
la región.
Rodolfo
Bejarano Bernal
Panamá,
Bermudas, Trinidad y Tobago y las Is-las Caimán, donde resulta bastante
expeditivo crear sociedades offshore con la intención de ocultar activos y
simular operaciones ficticias que permitan eludir el pago de impuestos, la-var
dinero sucio y facilitar la canalización de pagos de sobornos.
Muchos
de estos territorios están involucrados en los escándalos de corrupción que han
sacu-dido recientemente la región latinoamerica-na, ya sea porque son usados
para esconder el dinero en cuentas pertenecientes a la banca internacional
apéndice de los grandes centros financieros globales, o porque se mantiene en
reserva la información comercial y societaria sobre aquellas empresas creadas a
modo de “fachada”, con la finalidad de que no se sepa finalmente quiénes son
los verdaderos due-ños, lo cual es particularmente útil para aque-llos
funcionarios corruptos que no quieren ser detectados.
Pero
la existencia de estas guaridas no es producto de una simple casualidad o de
una decisión propia de la política fiscal de los go-bernantes de aquellos
territorios. Muchas de estas pequeñas islas ya eran utilizadas desde hace
varios siglos como refugio de piratas y corsarios, que atacaban a los barcos
que circu-laban en pleno auge del saqueo de la riqueza de las nuevas tierras o
“indias occidentales” hacia el viejo continente. Los países enemi-gos de España
en esa época avalaron las incur-siones de estos personajes y establecieron a
estos territorios como sus colonias; de ahí que muchas de ellas son, o han
sido, jurisdicciones pertenecientes a la corona británica, princi-palmente.
10 531 mar/2018
Las
guaridas
Con
el pasar de los años, la expansión de la globalización, junto con el desarrollo
de las tecnologías de comunicaciones y la profundi-zación de la desregulación
neoliberal, permi-tieron la libre movilidad de los capitales como nunca antes,
y estos territorios se fueron con-virtiendo en los puertos preferidos para
mo-dernos criminales que encontraron la forma de continuar con el legado dejado
por los pi-llos de mar, aunque ahora vestidos de saco y corbata.
El
poder empresarial, los especuladores fi-nancieros y políticos de todo el mundo
fueron legitimando la existencia de estas “guaridas” por medio de normas
internacionales y mar-cos legales nacionales que se adecuaron a los intereses
de los centros financieros globales –principalmente Wall Street y City of
London– y a los objetivos de aquellos que pretendían tener un lugar donde poder
acumular tranqui-lamente su riqueza.
Según
la organización internacional Oxfam1, son seis los territorios caribeños que
están dentro de la lista de las 15 guaridas fiscales más agresivos del mundo
financiero, encabe-zando la lista Bermudas e Islas Caimán, ambos territorios
pertenecientes al Reino Unido. Un poco más abajo en el ranking los acompañan
Curazao, Bahamas, Barbados e Islas Vírgenes Británicas, todos ellos, excepto
Curazao, vin-culados al reino británico. Hay que tomar en cuenta que Bahamas y
Barbados no se inde-pendizaron sino hasta hace pocas décadas, aunque la
dependencia económica los mantie-ne alineados a las pretensiones de la City.
Sin
embargo, no hay que olvidar que los gran-des jugadores de este juego y los que
ponen las reglas finalmente, son países como Suiza, Estados Unidos, Países
Bajos, Singapur, Lu-xemburgo, Alemania, entre otros, y son los
1 oxfamintermon.org/es/que-hacemos/proyec-tos/desigualdad/15-paraisos-fiscales-mas-agresivos-del-mundo
que
ostentan el mayor índice de secretismo financiero, indicador medido por la Tax
Justi-ce Network2.
La
característica común que tienen estos te-rritorios, además de que el impuesto a
la renta personal y a la renta corporativa simplemente es inexistente, es la
absoluta confidencialidad que ofrecen sobre la identidad de la persona o
empresa que es propietaria de una cuenta, lo que está protegido por leyes de
secreto bancario, permitiendo así evitar que se conoz-ca quienes están detrás
de operaciones que puedan resultar sospechosas en el marco de investigaciones
realizadas en algún otro país. Algo muy conveniente para los defraudadores,
lavadores y corruptos.
Otra
ventaja utilizada por corruptos y corrup-tores es la facilidad con la que se
pueden crear empresas fantasmas o de papel con la inten-ción de camuflar una
transferencia de dinero producto de un soborno por alguna actividad económica
que pueda justificar la emisión de facturas por algún bien o servicio otorgado,
aunque este nunca haya existido. Esta figu-ra era muy utilizada por la empresa
brasileña Odebrecht para realizar los pagos de sobornos a los funcionarios que
les eran útiles para sus propósitos, para ganar licitaciones de contra-taciones
millonarias en obras en casi todos los países de la región en que operaban. Al
mismo tiempo, estas empresas artificiales pueden a su vez ser socias de otras
empresas y así su-cesivamente, hasta crear tal número de capas que resulta casi
imposible rastrear las opera-ciones y determinar quién es el verdadero
be-neficiario.
Una
reforma indispensable
Lo
que se pierde en recursos por concepto de fuga de recursos que van a parar
hacia estos territorios offshore es un monto nada despre-ciable, sobre todo
considerando que el 75% de los pagos de corrupción a nivel internacional
2 taxjustice.net/2018/02/02/financial-secrecy-index-2018-watch-listen/
11
se
mueven a través de empresas registradas en guaridas fiscales, según la
organización Transparencia Internacional3.
Por
otro lado, las Naciones Unidas calculan que por delitos de corrupción se
pierden 2.6 billones de dólares cada año, lo que equivale a más del 5% del PIB
mundial4, recursos que bien podrían servir para financiar los progra-mas
necesarios para atender las necesidades más apremiantes de las poblaciones y
lograr un avance significativo hacia el logro de los Objetivos del Desarrollo
Sustentable.
Las
filtraciones y revelaciones de las que he-mos sido testigos han sido bastante
importan-tes para conocer cómo es que operan los pira-tas modernos, sin embargo
lo que ha salido a la luz es solo una pequeña muestra de todo lo que se esconde
bajo los mantos de secretismo y ocultamiento de información. El Intercam-bio
Automático de Información con fines tribu-tarios, los Reportes Corporativos
País por País y la publicación de los Registros de Beneficia-rios Finales de
Sociedades son la mejor ma-nera de avanzar hacia la eliminación de esta lacra,
pero lo que se ha hecho hasta ahora es insuficiente y parece que tampoco hay
volun-tad de ir más allá.
Muy
poco se puede hacer mientras que instan-cias como la OCDE sean las responsables
de determinar cuáles son las jurisdicciones que
3 efe.com/efe/america/economia/el-75-por-ciento-de-los-casos-corrupcion-se-produce-en-pa-raisos-fiscales-segun-ti/20000011-2514815
4 telesurtv.net/news/Corrupcion-en-America-La-tina-La-plaga-que-se-expande-20171209-0026.html
puedan
ser consideradas como guaridas fis-cales. En su más reciente reporte, la OCDE
reporta solo a Trinidad y Tobago como una “ju-risdicción no-cooperativa”,
dejando por fuera de tal clasificación a las ya conocidos guari-das fiscales y
dificultando, de esta forma, el accionar de países en desarrollo que quieran
tomar medidas para detener los flujos finan-cieros ilícitos.
Una
iniciativa importante para contrarrestar el problema del uso de guaridas
fiscales para sostener la corrupción, es la que Ecuador im-pulsó en el año 2017
cuando aprobó la ley que prohíbe que funcionarios públicos puedan es-tar
vinculados a cuentas y bienes en guaridas fiscales5, algo que debería ser
replicado por otros países.
Desde
la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos (Latindadd)
considera-mos necesario tomar acciones que lleven a una verdadera reforma del
sistema financie-ro internacional en un marco de participación democrática
global, que incorpore a todos los países –como la creación de un Tax Body en el
seno de Naciones Unidas–, que acabe con la opacidad y elimine los incentivos
perversos que alientan el uso indebido de la función pú-blica por parte de
funcionarios que, en lugar de trabajar por el bien de los electores, lo úni-co
que hacen es engrosar sus cuentas a costas de los menos favorecidos.
5 justiciafiscal.org/2017/07/ecuador-aprueban-ley-que-prohibe-vinculos-de-funcionarios-con-parai-sos-fiscales/
12 531 mar/2018
La
nueva corrupción y la República de los Empresarios
El
escándalo de Odebrecht, la mayor empre-sa constructora brasileña, donde se ha
visto que compraban candidatos a la presidencia o a las alcaldías u otros altos
funcionarios, ha puesto de manifiesto componentes novedosos en el tema de la
corrupción. Tradicionalmen-te la corrupción surge teóricamente desde el
funcionario del Estado, quien “privatiza” el servicio público y exige un pago
para efec-tuar el servicio público que es gratuito. Sea en un permiso de construcción, la compra
de bienes de capital, o en una multa de tránsi-to, la dirección de la
corrupción va desde el servidor público hacia el cliente privado y lo que se
investiga es el papel de los funcionarios públicos o de sus familiares. Lo que existía antes de la República de los
Empresarios era lo que Krueger llamó sociedades rentistas y la corrupción
consistía en que el funcionario pú-blico cobraba por darle al cliente algún
bene-ficio público. Después de las privatizaciones y de las reformas económicas
de la década del 90, todo esto se ha trastocado. El Estado se ha vuelto un botín asaltado
desde el sector privado. Se han
transformado de sociedades
rentistas
a sociedades de despojo.
Algunos
elementos para la caracterización de la corrupción presentados por el caso
Odebre-cht son:
a) la privatización de la corrupción
b) el mecanismo para corromper
c) la transnacionalización del fenómeno1
d) el tamaño del botín público saqueado
1 Oscar Ugarteche (2004) “La nueva corrupción.
Tipología y aproximaciones teóricas desde el caso Fujimori/Montesinos”, Nueva
Sociedad 194, Noviem-bre - Diciembre 2004, ISSN: 0251-3552.
Oscar
Ugarteche
La
privatización de la corrupción
Lo
que se aprecia ahora es el impulso desde el sector privado para apostar
ganadores a car-gos públicos desde dónde podrían obtener contratos de los que
devendrían, no ganancias legítimas relacionadas al margen de ganancia de su
actividad económica, sino trozos del erario público convirtiendo al Estado en
un botín saqueable. Los agentes privados despojan al Estado a través de un
mecanismo de apuestas similar al del mercado de derivados financieros.
La
empresa constructora apostó N millones de dólares a que un candidato ganaría
las elec-ciones presidenciales peruanas. Por las dudas, apostó a todos los
candidatos otorgándoles dinero para sus campañas presidenciales. El sentido de
la apuesta, empero, es que una vez que haya ganado, el ganador aprobaría la
reno-vación de adendas a contratos de construcción aprobadas por el ministerio
de transportes y comunicaciones del país. En el caso de México, lo que se
observa es una apuesta doble porque, de un lado, hubo dinero para todas las
campa-ñas electorales y de otro la entrega de una casa en Ciudad de México y de
un departamento en Miami al candidato ganador. En el caso mexica-no, la empresa
española OHL le entregó el bien a la cónyuge del presidente electo. Lo que
du-plica la apuesta es que además se le entregó dinero al presidente de PEMEX
para obras que dicha empresa llevara a cabo a futuro.
Como
cualquier apuesta a futuro contiene un elemento de riesgo porque, de un lado,
puede
Oscar
Ugarteche, Investigador titular, IIEC UNAM, SNI/CONACYT, coordinador del
proyec-to OBELA.
13
RELACION
COSTO BENEFICIO DE LA CORRUPCION NUEVA
Perú República Argentina Colombia Ecuador México Panamá
Dominicana
Sobornos 29 92 35 11 35.5 10.5 59
Beneficios 143 163 278 50 116 39 175
extra
Relación 493% 177% 794% 455% 327% 371% 297%
Fuente:
www.capital.com.pe/mundo/odebrecht-que-paises-recibieron-coimas-y-cuantos-millones-cobraron-noticia-1018602
ser
que los contratos de las obras no las ganen genuinamente ellos, y, de otro
lado, puede ser que las obras no se lleven a cabo. Un ejemplo es la
construcción de un ferrocarril rápido de Ciudad de México a Querétaro, cuya
licitación fue suspendida cuando fue destapado el escán-dalo del pago.
En
estos casos, entonces, la corrupción comienza afuera del Estado y llega al
funcionario público como “una propuesta que no puede rechazar.” Es de este modo
que cayeron los empresarios en Brasil antes que los políticos de una docena de
países (Angola, Argentina, Brasil, Colombia, Re-pública Dominicana, Ecuador,
Guatemala, Mé-xico, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela) señalados por el
propio Marcelo Odebrecht de haber recibido dinero suyo. Parecen estar exen-tos
Chile, los países centroamericanos (menos Guatemala) y Cuba, hasta ahora.
El
mecanismo para corromper
La
corrupción trasnacional tiene como rasgo que los pagos a candidatos a la
presidencia, alcaldes o presidentes de empresas públicas se hacen no dentro de
los espacios nacionales de sus “clien-tes” sino en paraísos fiscales mediante
cuentas a nombre de terceros. Así, por ejemplo, los pa-gos a Pedro Pablo
Kuczynski cuando era Ministro se hicieron a través de su empresa consultora
registrada en Miami, en una cuenta de banco de ésta en un paraíso fiscal. De la
misma manera están los pagos al ex presidente Alejandro Tole-do a través de una
cuenta análoga. Los pagos a través de conyugues son frecuentes igualmente, como
en el caso de México, donde la empresa
española
que construyó el segundo piso del ani-llo periférico en el tramo que está en el
Estado de México, que ganó la licitación de los peajes así como la construcción
de un tren rápido en dicho Estado, le regaló a la primera dama una casa en Las
Lomas y un departamento en Miami.
Para
terminar, la lógica de “ponme donde haya y no me des”, donde el funcionario
echa mano de fondos públicos o cobra por sus servicios, ha sido sustituida por
la del caballo por el que apuesta el agente privado. La relación costo
beneficio de la apuesta, según Marcelo Odebrecht, es de 416% promedio (ver
tabla) lo que es un fuerte in-centivo para los apostadores. Lo interesante es
que ha intervenido el Departamento de Justicia de Estados Unidos en el caso
Odebrecht, dado que los pagos son trasnacionales (utilizan el SWIFT de los
bancos y pasan por Estados Unidos los dineros una fracción de segundo camino a
la cuenta de destino) y en dólares. Este les puso la denuncia en primer lugar a
los empresarios que hacían los pagos. Esto no ha ocurrido con los empresarios
españoles todavía, por ejemplo, tal vez por el pago en especie.
La
solución a los casos de corrupción de esta na-turaleza es que el poder judicial
de cada país castigue de manera ejemplar a los políticos invo-lucrados. Todo
parece indicar, sin embargo, que hay países donde el poder judicial es muy
débil y no aparecen acusaciones fuertes ni campañas de prensa para hacer
visible lo que se ha denunciado internacionalmente. La prensa es tan
importan-te como el poder judicial en estos casos, porque les permiten a los
ciudadanos presionar y exigir justicia.
14 531 mar/2018
La
mediatización de la corrupción
El
tema de la corrupción, un problema per-manente a lo largo de la historia de la
hu-manidad, nuevamente está en escena. Obvia-mente gravita la exposición
mediática que ha adquirido ante la magnitud y extensión con que hoy se
manifiesta, pero como de por me-dio priman cálculos políticos, poco se habla de
las causas estructurales y sus expresiones tangibles, como los intocables
paraísos fisca-
les,
por ejemplo.
Por
cierto que es un problema serio e ineludi-ble a enfrentar, aunque en el juego
político su tratamiento se ha convertido en un discurso de ocasión para sacar
réditos inmediatos. Al punto que, por ejemplo, hay quienes prego-nan que de
llegar al gobierno o desde éste van a “acabar” (milagrosamente, de seguro) con
dicho flagelo. Es más, en América Latina se ha transformado en un eje de la
geopolítica del vecino del norte.
En
este contexto, capitalizando la justa causa del combate a la corrupción, el
conglomerado mediático hegemónico viene desplegando una campaña sincronizada
como adalid de esta lu-cha, no para informar y mucho menos con un sentido
educativo de rescate de valores, de la ética en la política, sino como
estrategia política selectiva (e incluso con tintes partida-rios) para
acorralar contrincantes, por lo ge-neral con discursos moralistas no exentos de
procedimientos y recursos poco éticos, como la manipulación.
Osvaldo
León, comunicólogo ecuatoriano, director de América Latina en Movimiento.
Osvaldo
León
Vale
tener presente que, en tanto espacio cla-ve de la mediación política y social,
el poder mediático tiene un peso gravitante en la con-formación de la opinión
pública, no solo por-que ello le permite influir en la configuración de actores
sino también por el margen de ma-niobra que disponen para establecer los temas
de debate, en tanto tienen el poder de deci-dir a quiénes dan visibilidad y a
quiénes no, qué relatos refuerzan y a cuáles desfiguran o acanallan, entre
otras prerrogativas.
Para
muestra dos botones
En
Colombia, Octavio Quintero, Director del
Grupo
Editorial El Satélite, comenta1:
“La
Corte Suprema de Justicia de Colombia ha resuelto abrir investigación
preliminar contra todos los congresistas de la Unidad Nacional (senadores y
representantes) bajo la sindicación de varios delitos: cohecho, colusión,
peculado, celebración indebida de contratos, tráfico de influencias y
enriquecimiento ilícito: ¡Hágame el favor!
“Y
semejante noticia ni siquiera abrió los noticieros de TV y radio, ni las
primeras planas de los diarios nacionales en sus ediciones digitales. Es más,
la indagación habría sido ordenada desde diciembre pasado por el magistrado,
Eyder Patiño, en virtud de una denuncia presentada en el 2013… Según la
denuncia, los congresistas, ‘a cambio de puestos de trabajo para sus
familiares,
1 La mermelada al banquillo, RED-GES/El
Satéli-te, 14-02-2018. (subrayado nuestro).
15
cupos
indicativos y adjudicaciones a dedo de contratos, habrían aprobado proyectos de
ley relacionados con los acuerdos de paz sin el debido estudio’.
“Bueno,
que al cabo de los años se decida adelantar la investigación, y que la noticia
no tenga el impacto mediático que se supone, lo que indica es que esas cosas,
‘por lo sabido se callan’ o se les otorga poca importancia”.
Mientras
tanto, en Brasil, el protagonismo mediático, particularmente del grupo O Globo,
aparece como un componente clave en el desenvolvimiento de la Operación Lava
Jato. Impulsada por el gobierno de Dilma Rousseff para combatir la corrupción,
en el transcurso ésta se torna en un operativo que gravita en su destitución,
sin prueba alguna, y en el evidente intento de sacar del juego político al
Partido de los Trabajadores (PT) y sus dirigentes, por la colusión entre
segmentos del Ministerio Público, la Policía Federal, el sistema Judicial y los
grandes medios.
En
efecto, a finales de 2014, se impulsa una cruzada de combate a la corrupción
focalizada en el gobierno y el PT, pues los medios hegemónicos blindan a
figuras opositoras gravemente comprometidas, tal el caso del entonces
presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, con cuentas secretas en
Suiza que fueron reveladas por ese país; Aecio Neves, excandidato presidencial
del opositor PSDB, denunciado por recibir jugosas propinas de Furnas; Geraldo
Alckim, gobernador de Sao Paulo, acusado de desvío de fondos para la merienda
estudiantil. De hecho, el 52% de quienes votaron en diputados para el juicio a
Dilma, estaba involucrado en actos de corrupción.
En
el marco de esta cruzada, con una serie de hechos montados artificialmente, los
me-dios actúan como principales propiciadores de las cuatro movilizaciones
golpistas que se realizan en 2015. La revista Veja (01 -11-2015) coloca en la
portada un montaje con la cara del expresidente Lula da Silva vesti-
do
con ropa de presidiario, siendo que para entonces no existía acción penal
alguna. Cuando la presidenta Rousseff invita a Lula para que se integre a su
gobierno, el juez de primera instancia Sergio Moro, intercep-ta ilegalmente una
llamada telefónica que es editada y amplificada por la Globo; y un largo
etcétera.
De
los diversos análisis realizados sobre el
tratamientomediáticodeestosacontecimientos podemos señalar: una cobertura
parcializada, adosada a una virtual censura privada; una gran
espectacularización de las detenciones (muchas de ellas arbitrarias), de las
delaciones premiadas y premeditadas, de las fugas selectivas de información
bajo sigilo, para condenar a personas e instituciones en proceso de
investigación, mucho antes de que exista decisiones judiciales; complicidad con
métodos ilegales utilizados por el juez Moro (interferencias telefónicas);
ocultamiento de información, como los actos de violencia contra locales del PT,
entre otros.
Periodisjueces
A
medida que se torna evidente que el campo de la comunicación adquiere una mayor
pre-dominancia, desplazando a otras entidades como las educativas, las
iglesias, los partidos políticos, etc., comienzan a sonar alarmas so-bre las
implicaciones que podría alcanzar esta dinámica. Y una de ellas se refiere al
terreno judicial. En este punto, Gérard Leblanc de la Universidad de
Sorbonne-Nouvelle, alerta-ba 2: “Lo que está en juego no es solamente la verdad
(el poder de discernir lo verdade-ro de lo falso que se arrogan ocasionalmente
los medios) sino también la sanción, es decir, el derecho de castigar, aunque
sea simbólica-mente”.
Y
bien, resulta que ya es una realidad la existencia de periodisjueces. Es un
térmi-no acuñado por Adalid Contreras, quien al
2 “Del modelo judicial a los procesos
mediáti-cos”, Comunicación y política, Gedisa, 1998.
16 531 mar/2018
analizar
el proceso contra el ex vicepresiden-te ecuatoriano Jorge Glas, señala3:
“ahora, medios y periodistas aspiran a cumplir los roles de jueces y fiscales
enjuiciando, juz-gando y condenando en los sets, lenguajes, estilos, alcances,
levedades y ritmos media-tizados. Resulta paradójico (por decirlo de algún
modo) ver cómo algunas autoridades de las entidades públicas, y también de la
justicia, son puestas en el banquillo de los acusados, rindiéndoles cuentas a
las ciuda-danías a través de sus respuestas y explica-ciones a sus eventuales
inquisidores, los/las periodisjueces, quienes con un nivel de co-nocimientos de
la extensión de una laguna y un dedo de profundidad sobre los temas en
cuestión, provocan una suerte de espacios educativos, por las cátedras que los
impli-cados dictan en sus respuestas a las acusa-ciones.
“Se
trata de típicos esquemas de posverdad con primicia informativa en los que
atrás quedó el recurso periodístico de la noticiabilidad, mientras que en su
manejo está bien presente lo que la Ley Orgánica de Comunicación llama
linchamiento mediático. Recordemos que la posverdad construye realidades a
partir de indicios que sin ser necesariamente verificados ganan validez en los
imaginarios, moviéndose en el mundo de las apariencias y de las emociones y
abriendo caminos para la especulación con culebrones que saben convocar
pasiones sin responsabilizarse de sus consecuencias. Como dice David Roberts,
son productos de la pospolítica desconectada de las reglas de la política
pública, que se generan en tiempos de desorden, levedad informativa y de
redes”.
Moralismo
impúdico
Aunque
la corrupción engloba todo acto frau-dulento contra la comunidad, por lo
general lo que prevalece es un tratamiento periodís-tico focalizado en los
indecentes implicados
3 De periodisjueces y accountability, 14/09/2017,
alainet.org/es/articulo/188061
en
la sustracción de dinero público. De ahí que, en esas “cruzadas” está ausente o
es mínima la referencia a cuestiones como el enriquecimiento de políticos sobre
la base de información privilegiada en el ejercicio de al-guna función pública
(compra y especulación de tierras en áreas previstas para construir
infraestructura, por ejemplo), los conflictos de interés de empresarios en
puestos de de-cisión política, el financiamiento poco trans-parente a partidos
políticos por parte de ne-gocios lícitos o ilícitos, la evasión fiscal, las
cuentas de nacionales en paraísos fiscales, entre otras.
Es
más, figuras públicas involucradas en algu-na o varias de las cuestiones antes
señaladas suelen tener espacios estelares como apósto-les de la moral. Y es que
la tónica discursiva que galvaniza estos operativos es el moralis-mo, esa
expresión que supone una sobrevalo-ración y exageración de la moral para
conver-tirla en la única medida del comportamiento humano, ignorando la
relativa independencia de los diversos ámbitos de la vida, como la política y
el derecho4. Por lo general como discurso, no necesariamente como práctica
consecuente.
En
esta línea, no solo que no se plantea inte-rrogante alguna respecto a la
intromisión de Estados Unidos en el contencioso interno en causas ligadas a la
corrupción -por más que ese país explícitamente haya señalado que se trata de
uno de sus principales ejes geopolíti-cos-, sino que se la glorifica… a nombre
de la moral.
De
hecho, también cabe tener presente que el propio recurso sistemático a la
espectacu-larización, al escándalo, para seducir audien-cias no es ajeno a la
estrategia empresarial de sobrevivencia ante el declive de sus negocios por la
explosión de Internet y la pérdida de credibilidad.
4 Küng, Hans, Una ética mundial para la economía
y la política, editorial Trotta, Madrid, 1999.
17
¿Hay
corrupción en Estados Unidos? Sí, tiene mucha y es legal
Con
este título, André Araújo presenta un análisis1 donde sostiene: “Estados Unidos
siem-pre tuvo la pretensión de ser la policía moral del mundo y, después del
surgimiento de la cultura de lo políticamente correcto, el tono moralista
subió”, precisando que en ese país “resolvieron el problema de la corrupción de
una forma lógica: legalizándola. Donde todo es legal no hay procesos por
corrupción”.
En
tal sentido, hace referencia a los PAC-Political Action Committees, pseudo
comités por una causa, que se ocupan de intermediar en las donaciones de
empresas contratistas a determinado candidato con el compromiso de que éste les
asegure un contrato futuro; los lobbies, un mega sector de negocios al servicio
de empresas y países, para incidir en las decisiones políticas en Washington;
la “planificación tributaria” de las grandes corporacio-nes para evadir o pagar
lo mínimo de impuestos; el mercado financiero donde es común la falsificación
de balances, el mecanismo de tapar un fraude con otro y así por el estilo; y el
nido mayor de corrupción: la industria bélica.
“Con
base en esta supuesta superioridad moral –señala– Estados Unidos, a través de
su Departamento de Justicia, lanzó sobre el planeta una gran red de pesca de
ilícitos sobre los que cobra peaje a través de multas e indemnizaciones,
convirtiéndose así en ‘socio’ de toda corrupción que ocurre en el planeta”.
“Se
extiende esa red bajo el pretexto de que los corruptos y corruptores usaron el
dólar como moneda o usaron el sistema bancario estadounidense o, si no
encuentran nada que los ligue a Estados Unidos, porque usaron Internet, que es
una red basada en Estados Uni-dos. Buscan un vínculo con Estados Unidos para
justificar un proceso en el Departamento de Justicia y así cobrar una
indemnización muchas veces mayor que el valor de la propina, un negocio
formidable”, añade. (O.L.)
1 “Há corrupção nos EUA? Sim, tem muita e é
legal”, alainet.org/pt/articulo/191154
En
este contexto, nos llega con una pertinen-cia cabal el “Mensaje del Papa
Francisco para la 52 Jornada Mundial de las Comunicacio-nes Sociales”, a
celebrarse el próximo 13 de mayo, en el cual señala: “deseo dirigir un
lla-mamiento a promover un periodismo de paz, sin entender con esta expresión
un periodismo «buenista» que niegue la existencia de proble-mas graves y asuma
tonos empalagosos. Me refiero, por el contrario, a un periodismo sin
fingimientos, hostil a las falsedades, a esló-ganes efectistas y a
declaraciones altisonan-tes; un periodismo hecho por personas para personas, y
que se comprende como servicio
a
todos, especialmente a aquellos –y son la mayoría en el mundo– que no tienen
voz; un periodismo que no queme las noticias, sino que se esfuerce en buscar
las causas reales de los conflictos, para favorecer la comprensión de sus
raíces y su superación a través de la puesta en marcha de procesos virtuosos;
un periodismo empeñado en indicar soluciones alternativas a la escalada del
clamor y de la violencia verbal”5.
5 w2.vatican.va/content/francesco/es/messa-ges/communications/documents/papa-frances-co_20180124_messaggio-comunicazioni-sociali.html
18 531 mar/2018
Brasil:
El
combate a la corrupción como instrumento político
Una
de las características más distintivas de la historia brasileña contemporánea
es su carácter recurrente, sugiriendo una secuencia de farsas y tragedias, un
perverso proceso cir-cular que retarda el desarrollo en sus diversos planos,
sea económico, político o social. No
habrá sido por casualidad –ni mucho menos por capricho de los dioses– que hemos
sido la única monarquía del continente, la última na-ción que se libró de la
esclavitud y la última en instalar la República. Sin embargo, una Re-pública
sin pueblo, sin voto, protectorado de la preeminencia de los militares y de la
oligar-quía rural que, con los ojos dirigidos a las bol-sas de valores de
Londres, comandaría el país, frustrando su desarrollo, hasta la revolución de
1930. A este movimiento cívico-militar
le tocó fracturar la alianza entre paulistas y mi-neiros, productores de café y
ganado, defen-sores de la economía agroexportadora, aleja-da de los intereses
del país y, principalmente,
de
su pueblo.
La
República tutelada
El
trasfondo de los problemas sociales y es-tructurales que acompañan a la
historia bra-sileña desde la Colonia es el carácter foráneo de su clase
dominante, cuyos intereses y ga-nancias jamás estuvieron vinculados al
desa-rrollo nacional.
Roberto
Amaral es escritor, politólogo, minis-tro de Ciencia y Tecnología en el primer
go-bierno de Lula.
Roberto
Amaral
En
las primeras décadas del siglo pasado, la población era predominantemente
rural, y la economía dependía del rentismo y de los precios internacionales del
café, con ‘élites’ económicas adversas a la industrialización y resistentes a
cualquier desarrollo que pudiera amenazar las estructuras económico-políticas
que garantizaban su poder. Es sobre ese esce-nario que comienza a configurarse
lo que se podría llamar la clase media urbana: funcio-narios públicos, pequeños
y medianos comer-ciantes, intelectualidad emergente, etc. y los jóvenes
militares.
En
1922, año de la Semana de Arte Moderna, los sentimientos moralistas de la clase
media se encuentran con la inquietud de la joven oficialidad, simbolizada en el
Levantamiento del Fuerte de Copacabana, la primera de una serie de irrupciones
militares que se producen hasta el golpe del 1 de abril de 1964, vestíbu-lo de
la dictadura militar que sólo llegaría a término en 1984. Con el Levantamiento,
sur-ge el ‘tenientismo’1 del cual nace la Columna Prestes (1924)2 e incluso la
revolución de 1930 que se desdobla (1937) en el Estado Nuevo, la dictadura que
sobrevivirá hasta 1945.
1 Nombre dado al movimiento político-militar y a
la serie de rebeliones de jóvenes oficiales (en la mayoría, tenientes) del
Ejército Brasileño en el inicio de la década de 1920. wikipedia.org/Tenentismo
2 Movimiento político militar cuyo máximo
exponen-te fue el capitán Luiz Carlos Prestes, que alcanza una tremenda
popularidad y que posteriormente ingresa en el Partido Comunista Brasileño y
llega a ser su Secretario General. wikipedia.org/Columna_Prestes
19
La
preeminencia de los militares, garantes de los gobiernos oligárquicos, se
establece insti-tucionalmente a partir del golpe de Estado del 15 de noviembre
de 1889, conocido como Pro-clamación de la República: un acontecimiento de
ellos, y sólo de ellos, es decir, sin pueblo y sin republicanos, que, al
derribar la deca-dente Monarquía, instauró la República de los grandes
terratenientes.
La
República tutelada, apoyada en un proceso electoral restringido y corrupto,
buscaba legi-timidad en un padrón que no abarcaba ni a las capas medias de la
población. En 1894, en la primera elección directa para presidente de la
República, el candidato victorioso, Pruden-te de Morais, se eligió con cerca de
270 mil votos, lo que representaba menos del 2% de la población brasileña.
Esa
democracia sin pueblo y sin voto sobre-viviría hasta 1930, año de la revolución
var-guista que se transformará en dictadura en 1937 y se extenderá hasta 1945,
cuando Ge-túlio Vargas, el dictador, es depuesto por un golpe militar.
Ruptura
constitucional
Esta
pequeña introducción tiene el propósito de poner de manifiesto el encuentro del
com-bate despolitizado a la corrupción con los gol-pes de Estado, de base
militar o no, como el de 2016. Uno de los temas centrales del le-vantamiento de
1922 era la denuncia de la co-rrupción electoral y la demanda de un sistema
electoral ‹justo›, es decir, sin fraude. Se esta-blece entre los militares,
mayoritariamente, la creencia de que los males del país residían en la
corrupción (un crimen civil), tema que luego fue absorbido por las corrientes
polí-ticas de derecha, que dominaban el debate político, y pasarían a
frecuentar los cuarteles militares. Así, el combate a la corrupción se
transforma en instrumento político de ape-lación a la ruptura constitucional,
invocada como necesaria para combatir la corrupción, cuando su objetivo ha sido
el de impedir la
continuidad
de gobiernos, llamados ‹populis-tas›, por haber dado lugar a la emergencia de
las masas.
El
horizonte que unifica las fuerzas conser-vadoras (auto -denominadas
‹liberales›) es la ‹moralización de las costumbres políticas› (cortina de humo
para el golpismo) que, a par-tir principalmente de los años 50 del siglo
pa-sado, pasa a contar con la acción de los gran-des medios de información. Su
papel, desde siempre, pero que se acentúa principalmente luego de la
redemocratización de 1946 (pri-meras elecciones tras la caída de la dictadura
del Estado Nuevo), es la construcción del dis-curso ideológico unificador del
pensamiento conservador-reaccionario, fundado en el com-bate a la corrupción,
en la manipulación de los conceptos de ética, libertad y democracia. Les
corresponde: 1) crear las condiciones sub-jetivas para el golpe (al que la
derecha re-curre cada vez que se ve amenazada en sus intereses) y 2)
legitimarlo mediante la cons-trucción autónoma de la narrativa. En el año 2016
(contra el lulismo), como en 1954 (contra Vargas, el hombre y lo que él
representaba), como contra Juscelino Kubitscheck en los años del desarrollismo
(1956-1961), como en la preparación de 1964, contra João Goulart y lo que
representaba como promesa de desarrollo nacional autónomo, distribución del
ingreso y emergencia de las masas, el eterno fantasma que provoca las pesadillas
de las clases domi-nantes.
A
partir del gobierno constitucional y democrá-tico de Vargas (1951-1954) y hasta
el derroca-miento del lulismo (2003-2016), se registra el avance del
pensamiento de centro-izquierda, caracterizado por la emergencia de las masas
asociada a un proyecto de desarrollo nacional autónomo. Tesis inaceptables para
la derecha brasileña. Se repiten los golpes con la misma justificación de la
lucha contra la corrupción.
La
victoria de la campaña contra Vargas, en 1954, se centraba en la denuncia de un
‹mar de lodo’ que correría en los inexistentes ‹po-ros› del Palacio del Catete,
sede del gobierno.
20 531 mar/2018
Lo
que en realidad se combatía era el proyec-to de desarrollo nacional autónomo y
de pro-tección de las clases trabajadoras.
El
gobierno de Juscelino fue atacado, como corrupto, desde el primer día, y volvió
a ser objeto de investigaciones bajo la dictadura. Igual que en el caso de
Vargas y João Goulart, nada sería comprobado, pero el presidente tuvo que
enfrentarse a dos levantamientos mi-litares y cerca de 10 pedidos de
impeachment. Su sucesor, el candidato de la derecha Jânio Quadros, el efímero,
tenía como símbolo de campaña una escoba y como lema «acabar con el robo».
João
Goulart (1961-1964) ya era combati-do desde su tiempo de Ministro de Trabajo
(1953) y desde siempre acusado de ‘populista’ y corrupto. En su gobierno
avanzaron los es-fuerzos hacia la emergencia de las masas y la efectividad de
una política exterior indepen-diente, proyectos fatales en la contingencia
brasileña. La larga campaña para su deposi-ción (1964) acusaba a su gobierno de
subver-sivo y corrupto.
La
Historia no se repite, sino como farsa o tragedia, pero al menos ella es
recurrente. Maquiavelo decía que a los hombres les gusta rehacer caminos ya
recorridos. La denuncia de corrupción fue el arma de la derecha bra-sileña para
justificar la destitución de Rous-seff en 2016, pero esta vez sus objetivos son
más profundos. Con la cantaleta de siempre, se trata de destruir el símbolo de
la emergen-cia de las masas, el ex presidente Luiz Inácio da Silva, a quien se
trata de destruirlo difa-mándolo como corrupto, es la imagen que de él intenta
dibujar la conspiración del sistema empresarial en alianza con los medios y el
poder judicial.
En
el caso de la destitución de Rousseff y del intento, en marcha, de destruir la
imagen del ex presidente Lula y de lo que represen-ta, hay un hecho inusitado:
fueron las fuer-zas de la corrupción, simbolizadas en la figura de Michel Temer
y de la cuadrilla que tomó por asalto el poder que, en nombre del com-bate a la
corrupción, comandaron el golpe y ahora maniobran la condena moral de Lula.
(Traducción: ALAI)
www.integracion-lac.info
21
México:
La
corrupción y el sistema político
Irma
Eréndira Sandoval Ballesteros
Todo
mundo esperaba que la llegada de la alternancia
política y una
competencia electoral más vigorosa, abrieran caminos ver-daderos para el
combate de la corrupción en México. Al parecer ha ocurrido todo lo con-trario.
La corrupción en nuestro país no se ha visto reducida y además de su constante
au-mento parece que ésta va en camino de lograr su carta de naturalización (o
legalización) en
la
vida política del país.
De
acuerdo a los índices de soborno de Trans-parencia Internacional, México es hoy
el país más corrupto de toda América Latina. Más de la mitad de los mexicanos
(el 51% de los encuestados) han tenido que hacer una tri-butación informal e
ilegal a través de la co-rrupción. En 2016 México recibió un puntaje de 30
puntos/100 en el Índice de Percepción Global de la Corrupción. Nuestro país es
más corrupto que la mayor parte de las econo-mías emergentes, más corrupto que
países con monarquías y dictaduras; e inclusive más corrupto que algunos países
que en décadas recientes atravesaron por guerras, genoci-dios, crisis
humanitarias y hambrunas.
La
corrupción además tiene una hermana sia-mesa que es la impunidad y ahí estamos
aún peor. El Índice Global de Impunidad del Centro de Estudios sobre Impunidad
y Justicia (CESIJ) de la Universidad de las Américas Puebla (UD-LAP), ubica a
México en el último lugar de todo el continente americano. Hoy, las exigencias
a favor de la rendición de cuentas y el combate a la corrupción se articulan
con los movimien-
tos
por la defensa de los derechos humanos, laborales y ambientales que han
precedido o sucedido a los terribles acontecimientos y ma-sacres de Tlatlaya,
Ayotzinapa, Apatzingán, Calera, Ostula, Ixmiquilpan y Nochixtlán, en donde el
denominador común continúa siendo hoy la impunidad.
Con
los gobiernos neoliberales que nos han empobrecido en todos los sentidos, se ha
in-tentado vender un concepto de corrupción culturalista y trivializado que
reduce la co-rrupción a sobornos o extorsiones de bajo ni-vel. Habría que
acabar de una vez por todas con estas mentiras malinchistas basadas en el
autodesprecio.
Cinco
líneas de acción
Frente
al preocupante escenario de corrup-ción e impunidad que nos tiene postrados
como nación, Andrés Manuel López Obrador ha sido el único líder político que ha
tomado con seriedad el abordaje de la corrupción como un fenómeno estructural.
Desde el punto de vista del análisis social entendemos la “corrupción
estructural” como una forma específica de dominación social sustentada en un
diferen-
Irma
Eréndira Sandoval Ballesteros es inves-tigadora del Instituto de
Investigaciones So-ciales IISUNAM y directora del Laboratorio de Documentación
y Análisis de la Transparencia y la Corrupción. Fue Diputada de la Asamblea
Constituyente de la Ciudad de México.
22 531 mar/2018
cial
de poder estructural en la que predomi-nan el abuso, la impunidad y la
apropiación indebida de los recursos necesarios para el bienestar social y la
protección de los dere-chos fundamentales.
Desde
el plano de la acción concreta, propon-dremos cinco líneas estratégicas de
acción para el combate a la corrupción estructural.
Primero,
austeridad republicana en todos los ámbitos de la vida pública. Actualmente
destaca el derroche de los recursos por parte de las altas burocracias. No
podemos conti-nuar con un pueblo pobre y un gobierno rico. Se instaurará una
Ley de Austeridad y salarios máximos para funcionarios y representan-tes
públicos. Se eliminarán las pensiones de ex-presidentes. Estas políticas de
austeridad republicana se aplicarán siempre respetando e incluso aumentando de
forma decidida los derechos sociales de la población en el marco del principio
de progresividad de los derechos humanos.
Segundo,
combate de los conflictos de inte-rés que surgen cuando gobernantes,
repre-sentantes y servidores públicos de alto nivel se encuentran subordinados
y comprometidos por intereses económicos, financieros o vín-culos políticos o
personales que afecten ne-gativamente el desempeño de sus encargos públicos y
alejan sus decisiones de la impar-cialidad. Estableceremos una separación
abso-luta y categórica entre la función pública y los intereses particulares.
Quedará prohibido que cualquier funcionario público y sus familiares se
vinculen con contratistas, inversionistas o empresarios nacionales o
internacionales para establecer cualquier tipo de negocios priva-dos. No habrá
más Odebrecht, no habrá más Casas Blancas, ni en Malinalco, ni en Miami, ni en
Atlacomulco. No habrá más guarderías ABCs, ni empresas IVANCAR.1
1 Véase: Wall Street Journal. “Mexico Finance
Minister Bought House from Government Contractor,” http://on.wsj.com/2ocyi69.
también Véase Redac-ción AN (2014), “La casa blanca de Enrique Peña
Tercero,
fomento de políticas de transpa-rencia total para que cada peso público sea
completamente vigilado a través de procesos de compras monitoreadas en tiempo
real. Instituiremos la obligatoriedad de programas de testigos sociales y
contralores ciudadanos en todas las compras públicas. Haremos obli-gatorios los
ejercicios de licitación pública y concursos abiertos para todo tipo de
adqui-siciones. Las licitaciones públicas serán en línea y con control social
para todo tipo de compra y contratación incluyendo las asig-naciones de
Asociaciones Público-Privadas y de manera trascendental la contratación de
Deuda Pública. Las compras públicas cumpli-rán con criterios de eficiencia,
transparen-cia, calidad, responsabilidad ambiental y so-cial. En ellas se priorizarán
los productos y servicios nacionales, en particular los prove-nientes de la
economía popular y solidaria y de las micro, pequeñas y medianas unidades
productivas.
Cuarto,
un programa anticorrupción en sec-tores fiscal y financiero. Combatiremos el
la-vado de dinero, la evasión y la elusión fiscal, los fraudes comerciales y el
blanqueo de ac-tivos a través de empresas fantasma. México ocupa el tercer
lugar como país exportador de capitales ilícitos a nivel global, con más de
514,259 millones de dólares en los últimos sie-te años. No queremos seguir
apareciendo en la lista de los Panamá Papers, los Swiss Leaks, o los Paradise
Papers, y no seremos como Nación partícipes de las “estafas maestras”.
Con
el gobierno del López Obrador se fomen-tarán políticas de colaboración
internacional para el combate a paraísos fiscales. A nivel na-cional se
reforzarán los controles del sistema bancario sobre lavado de dinero. Se
realizarán investigaciones minuciosas para cancelar las
Nieto”,
Aristegui Noticias, http://bit.ly/2GrWCrx; Joshua Partlow, “Mexico’s president
apologized for a corruption scandal. But the nightmare goes on for the reporter
who uncovered it”, Washington Post, July 22, 2016, http://wapo.st/2o8soDa. Y
para el caso de Ivancar puede consultar: Irma Eréndira San-doval, “Las
lecciones del caso Iván”, publicado en La Jornada, 9 de marzo de 2008.
http://bit.ly/2FbTEYt.
23
empresas
fantasmas que sirven para robar al erario y evadir la justicia. Realizaremos
una auditoría inmobiliaria en los Estados Unidos de personajes mexicanos
provenientes de la política y los altos negocios. También propon-dremos la
eliminación de programas de conso-lidación fiscal que ha servido de estratagema
para la elusión fiscal.
Quinto,
combatiremos la impunidad e irres-ponsabilidad de contratistas que, protegi-dos
en la normatividad del sector privado, se cobijan en la secrecía mientras se
nutren de recursos públicos. No queremos más “socavo-nes”, no más guarderías
ABC, no más publici-
dad
oficial onerosa para los concesionarios de los medios de comunicación. La
transparencia plena será nuestro instrumento principal para combatir la
irresponsabilidad de la gestión de las burocracias privadas y corporativas
sobre asuntos de interés público, que involucran y afectan dineros públicos y
activos estatales.
Para
lograr gobernantes, representantes, jue-ces y funcionarios más efectivos y una
socie-dad civil más dinámica, romperemos de tajo con la simulación burocrática
que ha converti-do la transparencia en un simple discurso y en una mercancía de
aparador. A grandes males, grandes remedios.
24 531 mar/2018
Ecuador:
¿Y
la corrupción contra el fisco?
El
capitalismo es una especie de telón de fondo sobre el cual se mueve la
corrup-ción. El ansia por la riqueza, el
deseo por las ganancias a cualquier coste, el interés por acumular recursos o
el sueño por ascender en la escala social hasta la cúspide de los mi-llonarios,
son factores que actúan sobre las individualidades humanas, tentándolas a
bus-car esa “comodidad” de la riqueza en forma
lícita
o ilícita.
De
hecho, el propio capitalismo tiene meca-nismos de enriquecimiento legitimados
tanto socialmente como por las leyes: apropiación del plusvalor generado por
los trabajadores en el proceso productivo, especulación moneta-ria y de bolsa,
cobro de intereses sobre dine-ro ajeno, reventa de mercancías con valores
superiores, inversiones en paraísos fiscales, captación de recursos públicos
para fines pri-vados, negociados con el Estado, etc.
Trayectoria
histórica
En
América Latina no solo cuentan los meca-nismos capitalistas de acumulación de
valor, sino toda una trayectoria histórica de acumu-lación originaria, que
nació en la época colo-nial y que se proyectó incluso hasta bien en-trado el
siglo XX.
Juan
J. Paz y Miño Cepeda es historiador ecuatoriano.
Juan
J. Paz y Miño Cepeda
Una
vez realizada la independencia, las repú-blicas latinoamericanas del siglo XIX
e inicios del XX estuvieron sujetas al dominio oligár-quico. En esas
condiciones, el Estado no jugó un papel regulador. En Ecuador, esta primera
época republicana también se caracterizó por la ausencia de impuestos directos
a las clases propietarias, porque los mayores ingresos al fisco provinieron de
los impuestos indirectos. Los únicos impuestos directos fueron el tribu-to de
indios y el diezmo.
Con
la Revolución Juliana y sus gobiernos (1925-1931), por primera vez en la
historia el Estado pasó a ejercer funciones económicas, se convirtieron en
obligaciones públicas las políticas sociales y laborales (nace el derecho
social) y se inauguró el sistema tributario di-recto con la introducción del
impuesto sobre las rentas y otro sobre los rendimientos del capital
(ganancias).
Desde
entonces, la elusión y la evasión tri-butarias han sido una constante. Durante
el siglo XX e inicios del XXI los intentos por consolidar capacidades estatales
y un régi-men tributario progresivo y efectivo en los impuestos directos como
el de rentas han chocado con las reacciones de sectores pri-vados que
consideran a tales impuestos como confiscatorios y excesivos. En las décadas de
1960 y 1970, incluso eran atacados de “co-munistas”.
25
Hoy,
cuando el mundo ha avanzado en los principios de redistribución de la riqueza,
ha tomado conciencia sobre la necesidad de for-talecer las capacidades
estatales y se tiene clara la acción socialmente benéfica de los impuestos
directos, podemos contar con es-tudios nacionales e internacionales sobre los
impactos de la evasión y la elusión tributarias, que son otros tantos
mecanismos de corrup-ción contemporáneos.
A
nivel mundial, el famoso libro de Thomas Piketty El Capital en el Siglo XXI
(2013) de-mostró que desde la década de 1980, el aper-turismo neoliberal agravó
la concentración de la riqueza y aumentó la desigualdad social, a tal punto que
los multimillonarios apenas re-presentan al 1% de la población mundial.
En
el ámbito latinoamericano, los estudios de la CEPAL sobre sistemas fiscales y
tributarios en la región demuestran que, entre 2002-2015, las fortunas
crecieron 21% anual; y que hasta 2014, el 10% más rico había amasado el 71% de
la riqueza, aunque su tasa impositiva media solo equivale al 5% de sus
ingresos.
También
demostró la CEPAL que en América Latina la media de recaudación tributaria es
del 20% del PIB, la tasa impositiva apenas es del 2,3%, mientras en Europa es
del 13,3%, y que perduran la evasión y elusión de im-puestos, tanto como la
fuga de capitales a paraísos fiscales. Por cierto, Ecuador no lle-ga a esa
media, aunque las elites económicas persisten en hablar de “excesiva” carga
tri-butaria.
De
acuerdo con los informes del Servicio de Rentas Internas (SRI), para 2017 hay
215 gru-pos económicos en Ecuador, pero la presión fiscal del impuesto a la
renta sobre ellos es de apenas el 2,29%, y adeudan U$ 2.260 millones al Estado;
son U$ 655 millones de perjuicio al fisco por empresas fantasmas; U$ 4.700
millo-nes salieron a paraísos fiscales; mientras en aduanas el perjuicio por
facturas falsas es casi de $ 2.000 millones.
También
hay 15.719 contribuyentes que han utilizado comprobantes de venta emitidos por
512 empresas fantasmas. El monto de tran-sacciones realizadas por estas
empresas con sus clientes asciende a U$ 2.100 millones, ge-nerando un perjuicio
al fisco de U$ 655 millo-nes en Impuesto a la Renta e Impuesto al Valor
Agregado (IVA).
Enfrentar
la corrupción privada
Frente
a esta escandalosa corrupción privada, en medio de la galopante
“descorreización” del Estado y de la sociedad que se vive en estos nuevos
tiempos, los medios de comuni-cación de mayor impacto en la colectividad no han
prestado sus espacios para denunciar, analizar u opinar sobre esas realidades
detec-tadas por el SRI. Ha importado y es magnifi-cada, en cambio, la
corrupción pública que, sin duda, genera más motivos políticos y con-mociona a
la sociedad por involucrar incluso a funcionarios de alto nivel, como ha sido
el escándalo de Odebrecht, cuyo monto llega a los U$ 33,5 millones en pagos,
una cifra que, a su vez, se queda corta frente a los montos de los fraudes al
fisco por evasión y elusión tributarias del sector privado.
Junto
al esfuerzo nacional por combatir la co-rrupción pública, es necesario que el
Estado institucionalice políticas más firmes y enér-gicas para igualmente
combatir la corrupción privada. Requiere no solo decisión política e
institucionalidad pública, sino gobiernos que quieran imponer el interés
nacional y estatal sobre los intereses privados y el rentismo em-presarial.
La
estafa al fisco por burlar las obligaciones en el pago de impuestos y
especialmente el de las rentas, impide la provisión amplia y de calidad de
servicios públicos. Pero también será ne-cesario, en países como los
latinoamericanos, crear en el futuro inmediato un nuevo esquema tributario
sobre patrimonios, herencias y rique-zas, a fin de consolidar la equidad y la
respon-sabilidad social de las elites económicas.
26 531 mar/2018
Argentina:
el gobierno de Mauricio Macri
CEOs
al gobierno, corporaciones al poder
Micaela
Ryan y Fernando Vicente Prieto
La
presidencia de Mauricio Macri, iniciada el 10 de diciembre de 2015, expresa dos
ras-gos novedosos en la historia argentina.
Por primera vez, una formación partidaria de de-recha llega al poder a
través de mecanismos electorales. Y
además, su gabinete está con-formado casi en su totalidad por CEOs (chief
executive officers) entrenados
en grandes empresas, tanto de
capitales locales como in-
ternacionales.
Esta
última característica es lo que llevó a la creación del término “ceocracia”,
que refiere a la implantación de la lógica de gestión del sector privado dentro
del Estado. Por ende, el objetivo central de los empresarios se im-planta en el
seno del Estado: favorecer los negocios de las corporaciones, lo que Macri
expresó como “abrir la Argentina al mundo”.
Como
señala el sociólogo Gabriel Vommaro (autor de los libros “Mundo PRO” y “La
larga marcha de Cambiemos”), “un tercio del ga-binete proviene de la actividad
privada y dos tercios que son políticos de larga data”. Pero el dato clave es
tener en cuenta quiénes ocu-pan los cargos claves y de dónde vienen.
¿El
mejor equipo de los últimos 50 años?
Cuando
Mauricio Macri presentó su gabinete de ministros en 2015, días antes de asumir
la presidencia, lo definió como “el mejor equipo de los últimos 50 años”. Pero
este equipo es
liderado
por una mesa chica conformada por los tres adalides de Macri, a quienes definió
como “sus ojos e inteligencia”.
Por
un lado está Marcos Peña, jefe de Gabi-nete y mano derecha del presidente,
quien filtra y define las líneas de acción y comunica-ción del gobierno y es el
jefe de las campañas electorales. Es heredero de los Peña Braun, terratenientes
vinculados al genocidio de la nación mapuche a fines de siglo XIX y dueños del
monopolio de supermercados patagónicos La Anónima.
También
forma parte Mario Quintana, millona-rio hombre del mundo de los negocios, ex
CEO de Farmacity, que se jacta de ser una rareza en el gobierno de Macri porque
“se hizo desde abajo”. El tercer integrante de esa mesa es Gustavo Lopetegui,
ex gerente de LAN. Quin-tana y Lopetegui formaron parte de la con-sultora
internacional McKinsey, cuyo método de planificación y organización implementan
desde la cúpula gubernamental. Juntos coor-dinan 22 ministerios, 13 organismos
descen-tralizados y 16 empresas.
Un
exponente destacado del poder económi-co en el gobierno es Juan Carlos
Aranguren,
Micaela
Ryan, licenciada en Ciencia Política (UBA); periodista, fotógrafa y docente.
Fernando
Vicente Prieto, comunicador e in-tegrante del espacio de comunicación de ALBA
Movimientos.
27
ex
CEO de Shell en Argentina y actual minis-tro de Energía. Desde su cargo,
impulsó po-líticas a favor de las empresas petroleras y autorizó sucesivos
aumentos en el precio de la electricidad y el gas. Todas estas medidas han
impactado directamente en el ingreso de las familias, al encarecer los
servicios públi-cos en forma significativa.
La
otra cara del ajuste económico es Alfonso Prat-Gay, consultor por más de diez
años de JP Morgan. Prat-Gay se desempeñó como mi-nistro de Hacienda hasta
diciembre de 2016 (año en que la inflación superó el 40%) pero fue apartado de
su cargo luego de enfrentar-se al presidente del Banco Central y adalid del
actual modelo económico, Federico Stur-zenegger.
Sturzenegger
fue alto directivo de la petro-lera estatal YPF luego de su privatización y
venta a la trasnacional Repsol, ocurrida en la década de 1990. Además, integró
el equipo del ex ministro de Economía Domingo Cavallo durante el gobierno de
Fernando De la Rúa (1999-2001), siendo el impulsor del llamado «megacanje» de
deuda, proceso por el cual los bancos se apropiaron de los depósitos de los
ahorristas en el año 2001, en los momen-tos previos al estallido de la gran
burbuja neoliberal. Por estos hechos Sturzenegger fue procesado por el Poder
Judicial, aunque luego fue sobreseído.
De
perfil bajo, estos funcionarios no enca-bezaron las listas electorales. Porque
en su afán de lograr el poder político, el partido de Macri debió aliarse a la
Unión Cívica Radical (actualmente fragmentado entre el oficialis-mo y la
oposición) y el partido Coalición Cí-vica, de Lilita Carrió. Sin embargo,
aunque aportaron gran parte de los votos, son conta-dos los cargos políticos
ocupados por miem-bros de estos partidos.
Por
último, el actual gobierno se completa con dirigentes provenientes de las ONG
(Or-ganizaciones No Gubernamentales) desarro-lladas durante los últimos veinte
años como
think
tanks del PRO, partido político crea-do en el 2010 por Macri. Estas
organizacio-nes –como la Fundación Creer y Crecer, más tarde el Grupo Sophia–
reclutaron a jóvenes católicos de sectores medios formados en la gestión social
desde una óptica empresarial. Tal es el caso de la actual gobernadora de la
provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, actualmente la figura política
con ma-yor “imagen positiva” (según la consultora Synopsis, supera el 54%
mientras que Macri alcanza el 40%) y potencial figura de recam-bio presidencial
en 2019.
La
gestión de la ceocracia
Los
números muestran que desde la asunción de Macri a la presidencia se ha
incrementa-do la desigualdad, de acuerdo a datos del propio Instituto Nacional
de Estadísticas y Censos (INDEC). Lejos de las promesas de campaña de “pobreza
cero”, las estadísticas de la Universidad Católica Argentina (UCA) señalan una
progresiva profundización de la pobreza que afecta principalmente a niños y
adolescentes (el 48% está debajo de la línea de pobreza).
El
modelo económico actual se basa en po-tenciar la actividad financiera mientras
se recorta el gasto público y los salarios. A la par, se generan beneficios a
los conglo-merados exportadores (en su gran mayoría, empresas extranjeras), con
la consiguiente fuga de divisas.
La
receta económica de los CEOs, que expre-sa la escuela neoliberal en todo su
esplen-dor, no logra cumplir ni siquiera sus propias metas. Con los medios de
comunicación a su favor y la creciente represión de la pro-testa social, el
empobrecimiento de los tra-bajadores y trabajadoras genera impactos de
dimensiones incalculables en el presente y en el futuro. Se trata de un proceso
en pleno desarrollo, guiado plenamente por la lógica del capital: socializar
las pérdidas mientras se privatizan las ganancias.
28 531 mar/2018
Colombia:
La
instrumentalización de la “lucha contra la corrupción”
En
Colombia la lucha contra la corrupción prácticamente inicia con la promulgación
de la constitución de 19911, a partir de esta, se formularon leyes, documentos
de política, se crearon organizaciones públicas y se traza-ron planes y
programas2, además de las insti-tuciones creadas para el control, seguimiento y
veeduría de la función pública. En 1996
el Estado suscribió la Convención Interamerica-na contra la Corrupción que
posteriormente fue desarrollada mediante la ley 412 de 1997 y en el 2005
promulgó la ley 970 por medio de la cual se aprueba la “Convención de las
Naciones Unidas contra la Corrupción”, adop-tada por la Asamblea General de las
Naciones
Unidas,
en 2003.
En
2012 se inició la implementación del obser-vatorio anticorrupción para detectar
riesgos y actos de corrupción en la gestión pública, liderado por la
Procuraduría General de la Na-
1 Dentro de los artículos, en el texto
constitu-cional, referidos a la lucha contra la corrupción se pueden encontrar:
23, 90, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 183, 184, 209 y 270.
2 Ley 80 de 1993, ley 190 de 1995, ley 1150 de
2007, ley 1474 de 2011, entre otras. El programa Presidencial de Lucha contra
la corrupción del gobierno Pastrana (1998-2002) el Programa para la Renovación
de la Administración Pública del gobier-no Uribe (2002-2010), la estrategia
integral contra la corrupción del gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018).
Carlos
Alberto Lerma
ción
y con participación de la Presidencia y la Contraloría General. Esto desde la
institu-cionalidad estatal. En la sociedad civil qui-zás el esfuerzo más
importante, sin que sea el único, es el de Transparencia por Colombia que
corresponde al capítulo Colombia de la ONG Transparencia Internacional y que
busca contribuir a la construcción de una ciudadanía proactiva en la protección
de lo público, pro-mover espacios de control social y participa-ción ciudadana,
generar mejor entendimien-to de la corrupción, entender el papel de los
privados y aportar a la construcción de una institucionalidad pública
democrática.
En
este contexto, se podría afirmar que Co-lombia posee una institucionalidad
pública y privada sólida capaz de combatir con éxi-to la corrupción, pero la
realidad es distinta y a pesar de los informes de progreso en la lucha contra
la corrupción sigue campeando con toda su fuerza en la sociedad colombiana,
como lo comprueban los recientes escándalos de los sobornos de Odebrecht, el
cartel de la Toga, el caso Nule, entre otros3.
3 sur.org.co/lawfare-corrupcion-criminalidad-regimen-politico-colombia/.
Carlos
Alberto Lerma, investigador, Corpora-ción Latinoamericana Sur.
29
Dentro
de las principales conclusiones de algu-nos investigadores que han analizado el
tema, tenemos las siguientes:
• En general concluyen que las medidas que se han
utilizado no han tenido efecto sobre los niveles de corrupción.
• Ha predominado un enfoque legalista, que
privilegia la expedición de normas formales sobre su implementación y sobre la
modi-ficación de las normas informales de com-portamiento.
• Existe una baja efectividad de la Rama
Ju-dicial y de los organismos de control, que impide implementar el régimen
sanciona-torio.
• Predomina la ineficiencia en la calidad de los
servicios que prestan las entidades, creando incentivos para la corrupción, a
través del pago para obtener los mismos.4
• En las entidades públicas se incrementa-ron los
mecanismos de control aumentando la tramitomania y provocando que la
res-ponsabilidad se diluya en la cadena admi-nistrativa –no hay responsables
reales por los desfalcos, dado que las decisiones no recaen en un solo
funcionario5– y además se generan nuevas oportunidades de co-rrupción asociadas
a la superación de cada control.
• Predomina una cultura de la legitimidad de la
corrupción, donde es normal el tráfico de influencias y el uso de recursos
públicos para fines privados, especialmente como prerrogativa de los altos
cargos.
4 Aunque hay que tener en cuenta que en el
sistema
de salud, una modalidad de la ineficiencia puede estar ligada a la política
institucional, espe-cialmente de los prestadores privados, quienes a través de
prácticas ineficientes desestimulan el uso de servicios y por esta vía
promueven el incremento de ganancias.
5 semana.com/nacion/articulo/las-causas-de-la-corrupcion/23515-3.
• Existe una percepción extendida de la
in-utilidad de la acción de los ciudadanos para hacer frente a la corrupción.
Escenario
paradójico
En
general, los análisis sobre la corrupción tienden hacia dos extremos: a ver el
Estado en términos de estructura y a analizar los pro-cesos administrativos y
los posibles vacíos en ellos que permiten o fomentan la corrupción y por otro
lado a ver a los individuos corrup-tos como casos aislados o excepcionales en
el funcionamiento del Estado y sus instituciones. Quisiera proponer una
perspectiva distinta.
Si
entendemos el poder del Estado, como “una relación social entre fuerzas
políticas media-das a través de la instrumentalidad de las instituciones
jurídico – políticas, de las capa-cidades del Estado y de las organizaciones
po-líticas” (Jessop, 2014), la corrupción no puede ser entendida como un hecho
extraordinario por fuera de esta relación social, sino como parte constitutiva
de la misma. Podría decirse que la corrupción es una forma que asume la
relación social en la cual se juega la disputa por el control del poder del
Estado.
Lo
que nos lleva a pensar que la corrupción está estrechamente ligada a la forma
cómo se reproduce el poder político; entendiendo que históricamente éste ha
sido monopolizado por la “clase política”6. Es decir, la corrupción es una
forma de la relación social, tradicional-mente utilizada por la “clase
política”, para sostenerse en el control del poder del Estado.
En
este entendido, las leyes y políticas públi-cas, encaminadas a hacer más
transparente la contratación pública, a establecer los límites de los
servidores públicos, endurecer los me-canismos de control, imponer sanciones,
en fin, contribuyen a mejorar los procedimientos
6 En el sentido que lo plantea Gaetano Mosca como
el predominio de una clase dirigente sobre toda la sociedad... Aunque es
necesario analizar su conveniencia en la discusión teórica más profunda.
30 531 mar/2018
en
el manejo de los recursos públicos, pero no son efectivas en la transformación
de la forma cómo se reproduce el poder7. Por lo cual asis-timos a un escenario
paradójico en el que co-existen hechos graves de corrupción con avan-ces en la
“lucha contra la corrupción” y, más paradójico aún, que políticas pensadas como
anticorrupción se conviertan en oportunida-des para la corrupción, como el caso
de los controles internos de las entidades que deben ser superados por los
contratistas, en muchas ocasiones, a través de sobornos.
Ahora
bien la instrumentalización de la lucha anticorrupción no solo se caracteriza
por de-jar intacta la forma de reproducción del po-
7 No solo el poder político... la naturaleza
política del poder no es un atributo exclusivo de una de-terminada forma de
poder, sino el efecto global de la combinación entre diferentes formas de
poder. Santos (1998), en “El Estado y los modos de repro-ducción del poder
social”.
der,
sino porque ella misma se utiliza como bandera de la clase política
tradicional, co-rrupta, para disputar el control del poder del Estado,
vaciándola de su contenido significa-tivo. Si quienes fueron corruptos tienen
éxito político y son quienes alzan las banderas anti-corrupción, la sociedad
queda entrampada en el sinsentido que finalmente beneficia a los corruptos, esa
es la paradoja actual.
Fuentes:
Jessop,
Bob. “El Estado y el poder”. Utopía y Praxis Latinoamericana, vol. 19, núm. 66,
julio-septiembre, 2014, pp. 19-
35
Universidad del Zulia Maracaibo, Venezuela.
Santos,
Boaventura de Souza (1.998). De la mano de Alicia: lo social y lo político en
la postmodernidad. Siglo del hombre editores, Bogotá.
revista
mensual
ACTUALIDAD
Y PENSAMIENTO LATINOAMERICANO
•
Realidad regional
• Procesos sociales
• Problemáticas contemporáneas
Un
esfuerzo conjunto de destacados analistas y pensadores/as, organizaciones
sociales y ciudadanas, escritores/as y comunicadores/as comprometidos/as con
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