© Libro N° 14597. La Violencia Después Del Acuerdo De Paz: ¿Cómo Es Hoy (Y Cómo Será) La Guerra En Colombia? Trejos Rosero, Luis Fernando; Badillo Sarmiento, Reynell. Emancipación. Diciembre 13 de 2025
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LA VIOLENCIA DESPUÉS DEL
ACUERDO DE PAZ:
¿Cómo Es Hoy (Y Cómo Será)
La Guerra En Colombia?
Luis Fernando Trejos Rosero / Reynell Badillo
Sarmiento
LA VIOLENCIA
DESPUÉS DEL ACUERDO DE PAZ:
¿Cómo Es Hoy
(Y Cómo Será) La Guerra En Colombia?
Luis Fernando Trejos Rosero
/ Reynell Badillo Sarmiento
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ISBN
978-958-8677-96-5
Luis Fernando
Trejos Rosero / Reynell Badillo Sarmiento Julio de 2025
La violencia
después del Acuerdo de paz:
¿cómo es hoy (y
cómo será) la guerra en Colombia?
Contenido
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1. |
Introducción.. .
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3 |
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2. |
Transiciones,
momentos y ciclos de la violencia armada . . |
...... |
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4 |
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3. |
Fragmentación del
ecosistema de violencia. . |
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. 6 |
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3.1 |
Atomización
violenta de las AUC .
. . . . . . . . . . . . . . |
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6 |
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3.2 |
Atomización
violenta de las insurgencias . |
........... |
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7 |
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3.3 |
Efectos de la
atomización . . |
................ |
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8 |
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4. |
Rasgos del
conflicto actual que lo distinguen |
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del conflicto
armado tradicional. . |
................ |
. 11 |
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4.1 |
Desideologización
pero no despolitización de los grupos armados . . |
11 |
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4.2 |
Una(s) guerra(s)
más local(es) |
.......... |
........... |
........... |
. 12 |
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4.3 |
Los alter
ego y la negación plausible . . . . . |
......... |
|
13 |
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|
4.4 Violencias
urbanas más independientes . . |
........... |
14 |
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|
5. |
Conclusiones. . |
........................ |
. 16 |
||||||
|
|
Bibliografía . .
. . |
..... |
........... |
...... |
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17 |
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Siglas y
acrónimos . . |
..................... |
. |
19 |
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Introducción*
Colombia parece
enfrentar una nueva ola de violencia deri-vada del conflicto armado. La
cantidad de personas des-plazadas en los primeros seis meses de 2025 ya supera
el total registrado durante 2024 (Asamblea General de las Naciones Unidas, 22
de enero de 2025). Otros hechos, como los explosivos en Cali que dejaron al
menos siete muertos y decenas de heridos en junio de 2025, incremen-tan la
sensación de que estamos regresando a los noventa o a la época
oscura del paramilitarismo. Estas analogías son intentos por darle sentido
a una nueva cara del conflic-to armado que no resuena con lo observado durante
la dé-cada de 2010-2020.
Este trabajo parte,
sin embargo, de la hipótesis de que asi-milar la violencia actual con la guerra
que vivimos en los años noventa o a comienzos de los 2000 es un error.
Soste-nemos que las violencias armadas en Colombia atraviesan un proceso de
transición que aún no concluye, pero que ya deja ver algunos rasgos característicos.
En lugar de asumir que estos son solo el reciclaje de dinámicas pasadas,
pro-ponemos hacer un esfuerzo por diferenciarlos y ubicarlos en el presente. Lo
que no supone ignorar el pasado sino re-conocer las continuidades y las
rupturas.
Mientras escribimos
este artículo la violencia organizada continúa reconfigurándose, por lo que
inevitablemente ha-brá elementos que se escapen de nuestro análisis. Lo que
hacemos es observar patrones e hipotetizar que, a partir de este presente,
pueden identificarse ciertas regularidades que persistirán en el futuro
cercano. Estas características no son necesariamente exclusivas de la guerra
actual; de hecho, varias han estado presentes en otros momentos del conflicto.
No obstante, sí creemos que ayudan a ubicar la discusión en términos más
rigurosos que una simple narra-tiva de retorno al pasado. La guerra cambió y
los esque-mas para analizarla deben cambiar con ella.
Nuestra tesis
central es que el conflicto armado contempo-ráneo en Colombia está definido por
una fragmentación del ecosistema de violencia. Esto implica, primero, un
cam-bio cuantitativo: hoy hay muchos más grupos armados que en el pasado, y la
mayoría son disidencias de los actores tradicionales del conflicto o incluso
disidencias de esas disidencias. Sin embargo, más allá del aumento en el
núme-ro de actores, argumentamos que también se ha producido un cambio
cualitativo.
-
* Agradecemos
los comentarios recibidos a versiones iniciales de este artículo por parte de
los participantes en el grupo de expertas y expertos en paz y segu-ridad en
Colombia organizado por Fescol. Especialmente, las observaciones y la lectura
detallada de Elizabeth Dickinson, Andrés Aponte, Angélica Durán Martí-nez,
Laura Bonilla, Andrés Preciado, Gina Cabarcas, Andrés García y Ángela
Olaya. Asimismo, a
Melanie Merlano por su trabajo como asistente de investi-gación y la
recolección de múltiples indicadores de violencia.
Para ilustrar ese
cambio destacamos cuatro rasgos del con-flicto actual que lo distinguen del
conflicto armado tradi-cional: 1) la desideologización y politización paralelas
de la guerra; 2) la subnacionalización de las interacciones entre los actores
violentos; 3) la creación de alter ego por parte de los grupos
armados para generar negación plausible y diluir responsabilidades; y 4) el
aumento de las violencias urbanas.
Este artículo se
organiza en otras tres partes y una conclu-sión. En la segunda dialogamos con
la idea de que en Co-lombia existen diferentes ciclos de violencia, como
propone Francisco Gutiérrez Sanín. En la tercera rastreamos la frag-mentación
del ecosistema violento desde la atomización de las Autodefensas Unidas de
Colombia (AUC) y contras-tamos este proceso con las dinámicas previas a 2006.
En la cuarta desarrollamos los cuatro rasgos mencionados para mostrar que el
cambio no se limita al número de actores sino también a su naturaleza.
Finalmente presentamos las conclusiones.
Las cifras
utilizadas para sustentar nuestros planteamien-tos provienen principalmente de
una base de datos original que construimos a partir de los reportes anuales
de OCHA Colombia (Office for the Coordination of Humanitarian
Affairs) y de cifras oficiales de la Policía Nacional. La re-construcción
histórica fue elaborada a partir de informes del Centro Nacional de Memoria
Histórica (CNMH), el Sis-tema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo
(SAT) y fuentes secundarias como reportes de centros de pensamiento y trabajos
académicos.
Este esfuerzo se
enmarca en el proyecto “Transiciones posi-bles de la guerra y la paz en
Colombia a casi una década del Acuerdo de paz”, auspiciado por la
Friedrich-Ebert-Stif-tung en Colombia (Fescol), cuyo objetivo es generar un
es-pacio de análisis de alto nivel sobre la reconfiguración de las dinámicas de
la violencia armada desde la desmoviliza-ción a partir de noviembre de 2016 de
las Farc-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del
Pueblo) hasta la actualidad.
La violencia
después del Acuerdo de paz: ¿cómo es hoy (y cómo será) la guerra en
Colombia? 3
Transiciones,
momentos
y ciclos de la
violencia armada
Desde la década de
1940, Colombia ha vivido múltiples episodios de violencia difíciles de agrupar
bajo una única etiqueta. Diversos académicos han intentado organizar esta
historia en “ciclos”, entendidos como periodos en los que la violencia armada
comparte ciertos rasgos diferen-ciadores. Deas (2015) y Melo (2021) proponen
una periodi-zación en términos de ciclos de guerra y paz. En cuanto a la
violencia más reciente, Palacios y Safford (2012) identifi-can cuatro fases
históricas sucesivas de violencia política: la violencia sectaria bipartidista
(1945-1953), la mafiosa (1954-1964), la guerrillera (1960-1980) y las
violencias de la década de los noventa.
Más recientemente,
Francisco Gutiérrez Sanín (2020, 2025) ha propuesto que hemos atravesado tres
ciclos de guerra: la Violencia (1940-1960), la guerra contrainsurgente (años
60-2020), y un tercer ciclo que comienza a comienzos de la década de 2020. Toda
periodización es necesariamente in-completa y deja fuera ciertos matices. Por
eso, aquí no in-tentamos proponer otra. No obstante, nos sumamos al es-fuerzo
de Gutiérrez Sanín por comenzar a definir esta nue-va violencia que, al menos,
no se parece a la de décadas anteriores.
A nuestro juicio,
la principal característica que define este nuevo ciclo es la transición de un
conflicto armado tradi-
cional (de carácter
nacional y centrado en la lucha por la toma del poder) hacia múltiples
conflictos territorializados con objetivos menos claros. Esta transformación
vuelve más compleja cualquier lectura de la violencia, pues exige comprender
dinámicas locales que no siempre resultan evi-dentes para quienes no conocen a
fondo la subregión en conflicto. Precisamente por no reconocer esa complejidad
es que, a nuestro entender, seguimos haciendo lecturas equivocadas. Insistimos
en utilizar marcos nacionales para interpretar conflictos que están claramente
atravesados por lógicas y economías locales.
Este artículo
busca, entonces, tomar distancia del nivel na-cional sin perderlo de vista, y
proponer algunos factores que, aun cuando no explican por sí solos cada
conflicto es-pecífico, sí ayudan a dotar de sentido al panorama general cuando
intentamos agrupar estas violencias para repensar el conflicto armado colombiano.
Reconocer la existencia de múltiples conflictos no implica ignorar sus
conexiones. Por el contrario, supone comprender que dichas conexiones se dan en
contextos profundamente diferenciados.
La tabla 1 presenta
algunas de las diferencias más notables entre el ciclo anterior y el nuevo
ciclo de violencias arma-das. Las secciones siguientes se encargan de
desarrollar cada uno de estos elementos con mayor profundidad.
4 Friedrich-Ebert-Stiftung
e. V
Diferencias entre
el anterior y el nuevo ciclo de violencia armada
Tabla 1
Conflicto armado tradicional,
1964-2016
Oligopolio de la
violencia: tres grandes organizaciones polí-tico-militares (AUC,
Farc-EP, ELN), junto con otras que ad-quirieron relevancia por periodos
más acotados: EPL, M-19 y autodefensas locales o regionales.
Metarrelatos
globales o regionales: los grupos armados en-marcaban su lucha en guerras globales como el
comunis-mo/anticomunismo, el guevarismo, el bolivarianismo o el maoísmo.
Conflicto nacional: aunque existían
particularidades regio-nales (como los bloques y frentes de guerra con nombres
territoriales: Norte, Caribe, Oriental…), los grupos mante-nían objetivos y
coordinaciones de alcance nacional.
Responsabilidades
(más o menos) claras: los grupos solían asumir la autoría de delitos graves, como secuestros
o ma-sacres, para demostrar autoridad o competir con otros ac-tores.
Violencia urbana
subordinada: los actores criminales urba-nos operaban bajo subordinación o
tercerización por parte de los grupos armados más grandes.
Nuevo contexto de
violencias armadas,
2017-2025
Fragmentación del
ecosistema de violencia: constelación de nuevos grupos, muchos aún sin
identidades claramente de-finidas. Existe gran variación entre ellos en cuanto
a capa-cidades militares, extensión territorial y pretensiones. Es un conflicto
de “disidencias de las disidencias”.
Desideologización
con politización: los grupos ya no apelan a metarrelatos globales ni a ideologías
coherentes, pero sí construyen identidades políticas por medio de manuales,
constituciones y comunicados. No hay fervor ideológico, pero sí contenido
político.
Multiplicidad de
conflictos subnacionales: incluso los gru-pos armados con aspiraciones
nacionales muestran hoy comportamientos territorialmente diferenciados. Las
inte-racciones parecen responder más a lógicas locales que a alineamientos
ideológicos.
Alter ego criminales:
los grupos crean entidades de papel sin mando visible ni rostros conocidos que
asumen la res-ponsabilidad de acciones que el grupo principal no quiere
reconocer públicamente.
Violencias urbanas
más independientes: emergen actores urbanos con mayor autonomía económica y operativa,
ca-paces de sostenerse sin depender de las organizaciones ar-madas
tradicionales.
La violencia
después del Acuerdo de paz: ¿cómo es hoy (y cómo será) la guerra en
Colombia? 5
Fragmentación del
ecosistema de violencia
No es propósito de
este artículo hacer un recuento detalla-do de todos los grupos armados que han
participado en la guerra colombiana. Sin embargo, la Constitución de 1991 puede
considerarse un buen punto de partida, en tanto funcionó como el último gran
pacto de paz antes del nuevo milenio (Gutiérrez Sanín, 2011; Trejos y Badillo,
2023). Fue asumida como un mito político fundacional: una apertura democrática
que parecía allanar el camino hacia la pacifi-cación del país. Se creía que uno
de los múltiples ciclos de violencia se había cerrado, dado que varios actores
arma-dos –incluyendo a la Autodefensa Obrera (AO), al Ejército Popular de
Liberación (EPL), al Movimiento 19 de Abril (M-19), al Partido Revolucionario
de los Trabajadores (PRT) y al Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL)– se
desmo-vilizaron a principios de los años noventa. Algunos de estos incluso
tuvieron representación en la Asamblea Nacional Constituyente.
Sin embargo, los
dos grupos insurgentes más importantes, las Farc-EP y el ELN, no
participaron de ese pacto. Ambos consideraron tener el respaldo social y
económico suficien-te para continuar la lucha armada, a pesar del contexto
in-ternacional adverso tras la disolución de la Unión Soviéti-ca. El Centro
Nacional de Memoria Histórica (2015) mues-tra cómo, de hecho, estas guerrillas
aprovecharon la desmovilización de otras insurgencias para expandirse a sus
antiguas zonas de control. Paralelamente, las autode-fensas regionales
comenzaron a unificarse hasta culminar en las Autodefensas Unidas de Colombia
(AUC), fundadas oficialmente en 1997 (Romero, 2009; Zuluaga Nieto, 2015).
Con la aparición de
las AUC se configuró el escenario del conflicto armado pos1991,
dominado por tres grandes acto-res nacionales: las Farc-EP, el ELN y
las AUC. Los dos pri-meros encarnaban la insurgencia armada, orientada a
la toma del poder; las AUC, en cambio, agrupaban distintos proyectos
paramilitares y de autodefensas con el objetivo de derrotar esa insurgencia.
Casi tres décadas
después el panorama es mucho más complejo. Hoy en Colombia operan al menos una
docena de grupos armados, con identidades políticas difusas y di-versas
capacidades criminales y militares. A este fenómeno lo denominamos
fragmentación del ecosistema de violen-cia: un proceso de atomización en el
número de actores ar-mados que disputan el monopolio de la violencia al
Esta-do. No obstante, el cambio no es solo cuantitativo. A dife-rencia del
oligopolio anterior, los grupos actuales no se organizan bajo lógicas
claramente contrainsurgentes sino que presentan identidades y objetivos más
ambiguos.
3.1 Atomización
violenta de las AUC
Este proceso de
fragmentación puede rastrearse hasta la
desmovilización de
las AUC entre 2004 y 2006. Las Auto-
defensas Unidas de
Colombia fueron una suerte de confe-
deración
paramilitar que unió múltiples grupos de autode-
fensas locales y
regionales bajo una misma estructura
(CNMH, 2018a). Por
eso no sorprende que, tras su desmovi-
lización, muchos de
esos grupos permanecieran activos o
se reconfiguraran
en nuevas estructuras dedicadas al con-
trol local (Trejos
y Badillo, 2020).
Estos nuevos
actores fueron denominados por el Estado como “bandas criminales” (Bacrim).
Para 2013, se estimaba que en el país había más de treinta Bacrim, agrupando
en-tre 4.000 y 10.000 hombres (Bargent, 2013; HRW, 2010). Muchos de estos
grupos desaparecieron con el tiempo, ya sea por acción del Estado o por su
derrota a manos de or-ganizaciones rivales. Sin embargo, los más fuertes
sobrevi-vieron y absorbieron a otros. En 2025, el grupo más promi-nente es el
Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) (Badillo y Trejos, 2022).
En 2018,
el EGC sufrió una disidencia: el Frente Virgilio Pe-ralta Arenas
(FVPA), conocido como los Caparros, reducido hoy a un puñado de municipios del
bajo Cauca. Pero ni el Ejército Gaitanista de Colombia ni el Frente Virgilio
Peralta Arenas son los únicos grupos herederos de esa atomiza-ción. Las
Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), en el norte del Caribe,
provienen del bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (Badillo et
al., 2025). Los Rastrojos, aunque surgieron bajo el cartel del norte del Valle
y no estrictamente de las AUC, se fortalecie-ron en el vacío que dejó su
desmovilización (CNMH, 2016; 2018b). La Inmaculada, en Tuluá, es una facción
escindida de los Rastrojos (El Tiempo, 13 de junio de 2025).
En Buenaventura,
los grupos Shottas y Espartanos emer-gen de la Local, que a su vez proviene de
la Empresa, crea-da por exmiembros del bloque Calima de las Autodefensas Unidas
de Colombia (CNMH, 2025a). La Oficina de Enviga-do, aunque originada en el cartel
de Medellín, fue coopta-da por las AUC a través del bloque Metro
(CNMH, 2025b), al igual que los Pachelly en el Valle de Aburrá. En el sur del
país, en Putumayo, la Constru surgió tras la desmoviliza-ción del frente Sur
del Putumayo de las Autodefensas (In-Sight Crime, 2019).
Sin haber
pretendido hacer una lista exhaustiva, la abun-dancia de ejemplos demuestra que
el conflicto actual sigue
6 Friedrich-Ebert-Stiftung
e. V
marcado por los legados de la atomización de las AUC, in-cluso en
grupos que, por la cantidad de transformaciones, difícilmente pueden ser
vinculados directamente con el proyecto paramilitar original.
3.2 Atomización
violenta de las insurgencias
Este no es el único
proceso de fragmentación. Hoy presen-ciamos una atomización similar en el otro
extremo del es-pectro ideológico: las insurgencias. Aunque más reciente, este
proceso sigue en curso. El 10 de junio de 2016, cuando las Farc-EP aún no
se habían desmovilizado, surgió la pri-mera disidencia: el frente primero
Armando Ríos, en Gua-viare. En 2021 la Fundación Core identificaba al menos
treinta estructuras disidentes. En ese momento, estas disi-dencias parecían
oscilar entre la autonomía regional y dos proyectos de unificación: por un
lado, el liderado por Gentil Duarte e Iván Mordisco,
y por otro, la llamada Segunda Marquetalia, liderada por
alias Iván Márquez.
El primer bloque,
compuesto por frentes que nunca se des-movilizaron, se consolidó bajo la
etiqueta de Estado Mayor Central (EMC). La Segunda Marquetalia, en cambio,
agrupó a excombatientes rearmados tras haber firmado el Acuerdo de paz. Sin
embargo, ambos proyectos intentaron reactivar antiguas estructuras, por lo que
hoy esa distinción entre “disidentes” y “rearmados” es irrelevante (CNMH,
2024).
En 2024 ya
aparecían disidencias de las disidencias: de la Segunda Marquetalia emergió la
Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), y del Estado Mayor Central
el Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF). Incluso el ELN, que aún
no se ha desmovilizado, sufrió una escisión en Nariño: el frente Comuneros del
Sur. Cualquier clasifica-ción de estos grupos debe entenderse como provisional:
estamos ante un
proceso aún en reconfiguración. Todo esto implica que el conflicto
contemporáneo es, en su mayoría, un conflicto entre disidencias. En el gráfico
1 organizamos este proceso en cuatro categorías:
1. Grupo
original: actores del conflicto tradicional. Solo el ELN permanece
activo.
2. Primeras
disidencias: frentes regionales que emergen di-rectamente de los grupos originales.
Suelen surgir du-rante o después de procesos de paz.
3. Grupos
aglomeradores: estructuras que buscan articular a las primeras disidencias bajo un
mando más amplio: como el Estado Mayor Central o la Segunda Marquetalia para
las Farc-EP o el Ejército Gaitanista de Colombia para las AUC.
4. Segundas
disidencias: escisiones de los proyectos aglo-meradores que intentan hacer su
propio camino.
Cabe destacar que
las disidencias no requieren la desapa-rición del grupo original. Por ejemplo,
el frente Comune-ros del Sur se creó mientras el ELN sigue activo;
del mis-mo modo, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y el Estado
Mayor de los Bloques y Frentes coexisten con el Estado Mayor Central y la
Segunda Marquetalia, respecti-vamente. Este proceso puede repetirse y continuar
en el tiempo.
No afirmamos que
esta configuración sea definitiva, pero sostener esta mirada permite entender
de manera más or-denada las continuidades y rupturas de una guerra que, aun
cuando ha mutado, sigue anclada a muchas de sus raíces históricas.
Trayectorias de los
grupos armados en la guerra contemporánea en Colombia
Gráfico 1
La violencia
después del Acuerdo de paz: ¿cómo es hoy (y cómo será) la guerra en
Colombia? 7
Los procesos de
atomización son complejos porque, usual-mente, generan un aumento en la
conflictividad armada. Esto se debe a que las rupturas dentro de estas
organiza-ciones no suelen ser amistosas ni negociadas, sino que im-plican que
antiguos aliados compitan ahora por las mis-mas comunidades, territorios y
recursos que antes compar-tían (Atuesta y Pérez-Dávila, 2018; Alcocer y Hesles,
2025; Esberg, 2025).
Varias subregiones
de Colombia ilustran este fenómeno. El gráfico 2, por ejemplo (página 10),
muestra las tasas de ho-micidio en seis subregiones donde se han producido
gue-rras entre grupos armados1. Como se puede observar, estas tasas presentan
un incremento abrupto tras la identifica-ción de conflictos entre
organizaciones armadas. Otros in-dicadores, como el desplazamiento forzado,
también tien-den a aumentar significativamente.
Entre los casos
mencionados en el gráfico se encuentran grupos de distinta naturaleza: el
Ejército Gaitanista de Co-lombia y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra
Ne-vada en la Sierra Nevada de Santa Marta; el ELN y
el EPL en el Catatumbo; y el ELN junto con disidencias de
las Farc-EP en el norte del Cauca y en Arauca. Aunque en cada territorio
los grupos compiten por objetivos distintos, el efecto común de estas disputas
ha sido el incremento de repertorios específicos de violencia, como el homicidio.
Nuestro argumento
sobre la fragmentación del ecosistema de violencia también se refleja en la
clasificación anual del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) sobre los
con-flictos armados en Colombia. En la tabla 2 puede verse que
el número de
conflictos armados activos reconocidos por esta organización aumentó
significativamente, pasando de cinco a ocho en los últimos años. Esto respalda
la idea de un aumento en el número de actores armados, como he-mos documentado
hasta aquí.
Sin embargo, la
clasificación del Comité Internacional de la Cruz Roja ilustra también el
cambio cualitativo asociado a esta fragmentación. No solo han surgido nuevos
grupos sino que se observa una tendencia hacia la horizontaliza-ción de
la violencia, es decir, el predominio de guerras en-tre actores armados no
estatales. Mientras que en 2020 el 80% de los conflictos eran verticales (entre
el Estado y un grupo armado), en 2025 el Estado solo participa en el 40% de
ellos.
Lo que hoy
observamos es, entonces, una multiplicidad de conflictos entre fragmentos. Casi
todos los grupos armados activos en Colombia son el resultado de
desmovilizaciones incompletas o de fracturas internas. Esta fragmentación ya no
es una anomalía dentro del conflicto: es su núcleo. Y esto implica también que
los grupos armados se vuelven más difíciles de distinguir entre sí en cuanto a
sus modali-dades de violencia, sus propuestas políticas y sus formas de
gobernanza armada.
El primer paso para
definir mejor nuestra guerra es com-prender este nuevo escenario sin forzar su
asimilación a las organizaciones madres. Las cuatro características que
de-sarrollaremos a continuación tienen como propósito dar sentido a este nuevo
ecosistema fragmentado y mostrar que no solo cambia el número de actores sino
también sus formas de operar.
10 Friedrich-Ebert-Stiftung
e. V
Rasgos del
conflicto actual que lo distinguen del conflicto armado tradicional
4.1
Desideologización pero no despolitización de los grupos armados
Durante años, en el
conflicto armado tradicional las narra-tivas contenidas en documentos,
entrevistas y discursos de los actores armados tradicionales estuvieron
permeadas por referencias a ideologías de alcance global y, eventual-mente,
regional, como el marxismo, el leninismo, el maoís-mo, el anticomunismo o el
bolivarianismo. No fueron pocas las ocasiones en las que las insurgencias se
enfrentaron militarmente por contradicciones ideológicas, lo cual de-muestra el
peso real de esos referentes en sus agendas y estructuras.
En el caso de las
organizaciones guerrilleras, la ideología funcionaba como brújula para el
esfuerzo “revolucionario”: de ella se derivaba la visión de sociedad y de
Estado que cada grupo buscaba construir a nivel nacional. Además, es-tablecía
una suerte de frontera ética que limitaba el com-portamiento del grupo armado
frente a sus enemigos, fren-te a otras organizaciones insurgentes y frente a
las comuni-dades bajo su control o influencia (Gutiérrez Sanín y Wood, 2014).
En otras palabras, la ideología moldeaba tanto las dinámicas de cooperación
como de conflicto entre actores armados.
Las experiencias de
federalización o coordinación operativa entre grupos armados colombianos
también se vieron im-pulsadas por afinidades ideológicas. En el caso de las
in-surgencias, el primer antecedente fue la creación de la Coordinadora
Nacional Guerrillera en 1984, con el objetivo de propiciar espacios de
deliberación política y articular tanto el trabajo político como las acciones
militares de las insurgencias. Esta coordinadora incluyó al Comando Ricar-do
Franco (CRF), al ELN, al EPL, al M-19, al MAQL, al Movi-miento
de Integración Revolucionaria Patria Libre (MIR-PL) y al Partido Revolucionario
de Trabajadores de Colombia (PRT). Otro ejemplo es la fusión entre
el MIR-PL y el ELN, que dio origen a la Unión Camilista Ejército
de Liberación Nacional (UC-ELN) en 1987. Ese mismo año se conformó la
Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, integrada por el EPL, las Farc-EP,
el M-19, el Movimiento Armado Quintín Lame, el Partido Revolucionario de los
Trabajadores y la Unión Camilista-ELN.
Por su parte, los
grupos armados con vocación contrainsur-gente también buscaron alianzas
motivadas ideológica-mente. Desde mediados de los años ochenta comenzó a operar
la Coordinadora Nacional de Autodefensas, que buscaba articular experiencias y
fomentar la cooperación
entre grupos de
autodefensas regionales: en Córdoba bajo el liderazgo de Fidel Castaño; en el
Magdalena medio y Puerto Boyacá, comandadas por Henry Pérez; en Cundina-marca
conformadas por el ejército privado del narcotrafi-cante Gonzalo Rodríguez
Gacha; y en la Sierra Nevada de Santa Marta lideradas por Hernán Giraldo y Adán
Rojas (CNMH, 2022; Ronderos, 2014; Sánchez, 2023).
Posteriormente, en
1997, nacieron las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) como una federación
paramilitar con un Estado Mayor, vocería nacional y cierta autonomía de los
bloques y frentes que la integraban. Este proyecto se desmovilizó entre 2003 y
2006 tras un proceso de negocia-ción con el gobierno del presidente Álvaro
Uribe (2002-2010) (Ruiz, 2023; CEV, 2022). Incluso las AUC, que no
eran una organización insurgente, se guiaban por una lógica ideológica,
especialmente por medio de un discurso contra-insurgente y anticomunista
(Gutiérrez Sanín, 2019). Ese marco ideológico ayuda a explicar, en parte, su
forma de gobernar a los civiles bajo su dominio, las alianzas políti-cas que
establecieron y sus patrones de victimización (Feldmann, 2024).
En el conflicto
armado contemporáneo esta tendencia de “polos ideológicos” comenzó a cambiar desde
mediados de la década anterior, a medida que la ideología fue cediendo paso a
una visión mucho más pragmática del país, de sus regiones y de la guerra. El
proceso de desideologización se evidencia en una serie de alianzas y
cooperaciones regio-nales entre actores supuestamente antagónicos desde el
punto de vista político-ideológico. En el sur de Córdoba y el Urabá antioqueño
(zona del Parque Nacional Natural Para-millo), el bloque Iván Ríos –una
disidencia de las antiguas Farc-EP– y el Ejército Gaitanista de Colombia
actuaron como aliados (Verdad Abierta, 17 de febrero de 2015; CNMH,
2015). Más recientemente, en el sur del Chocó, unidades del EGC y una
disidencia comandada por Iván Mordisco han combatido
conjuntamente al ELN (Colombia+20, 18 de febrero de 2025).
Antes de entrar en guerra en el sur de Bo-lívar, el ELN y
el EGC incluso pactaron un acuerdo de no agresión.
Estas situaciones
muestran cómo, en el presente, la deci-sión de cooperar o confrontar
militarmente a otro grupo ar-mado difícilmente puede explicarse a partir de
compromi-sos ideológicos. Otras variables parecen ser mejores predic-tores de
estas decisiones: los recursos humanos y materiales disponibles, la trayectoria
histórica en el territo-rio o las alianzas ya existentes con actores legales e
ilega-les. Esto complejiza cualquier lectura externa: ya no basta
La violencia
después del Acuerdo de paz: ¿cómo es hoy (y cómo será) la guerra en
Colombia? 11
con identificar insurgentes y paramilitares, pues se trata de una red de
relaciones localizadas que escapan a marcos bi-narios.
Antes, bastaba con
conocer los compromisos ideológicos de un grupo armado para hacer conjeturas
relativamente informadas sobre sus alianzas y enfrentamientos. Hoy, esos
compromisos rara vez explican sus interacciones loca-les. Por eso es
fundamental reconocer que este cambio im-porta. Ahora bien, esta
desideologización no implica, de ninguna manera, que el conflicto se haya
convertido en una guerra puramente “criminal”. Por el contrario, sostene-mos
que muchos de los grupos comúnmente denominados “criminales” se han politizado
de manera significativa, aun-que no mediante grandes marcos ideológicos o
doctrinas estructuradas. Proponemos entender la política en la gue-rra desde
tres niveles.
Primero, las formas
y narrativas. Los grupos armados conti-núan usando y mostrando públicamente
símbolos como himnos, banderas, escudos y estatutos. Esto no es mera-mente
retórico. Dichos elementos discursivos se traducen en acciones concretas: el
respeto (al menos declarado) al derecho internacional humanitario, la inversión
en platafor-mas comunicativas como páginas web, la creación de es-cuelas de
entrenamiento político, entre otros (Badillo y Mi-jares, 2021). El discurso, en
este sentido, tiene efectos prác-ticos que no deben subestimarse.
Segundo, las
gobernanzas armadas en los territorios. No todos los grupos armados gobiernan a
civiles: algunos se enfocan únicamente en regular las interacciones entre
ac-tores criminales o en mantener las actividades económicas que los sostienen.
Pero cuando sí gobiernan, lo hacen me-diante la oferta de bienes y servicios
(seguridad, justicia, infraestructura, regulación de economías legales e
ilegales, etcétera) o mediante la imposición de normas de compor-tamiento
civil: cuarentenas, prohibición de ciertas prendas, control de horarios,
etcétera. En estos casos, los grupos re-gulan relaciones entre “gobernantes”
(ellos mismos) y “go-bernados” (las comunidades), lo cual los vuelve actores
in-herentemente políticos.
Esto sugiere que
muchos grupos buscan imponer un mode-lo de convivencia. Una línea de
investigación valiosa sería explorar la relación entre el discurso político de
estos gru-pos y sus prácticas de gobernanza. A priori, pareciera
que algunos proyectos están centrados en preservar mercados ilegales, como los
“combos” de Medellín (Blattman et al., 2025), mientras que otros, como el
Ejército Gaitanista de Colombia en Urabá, muestran un componente más
ideoló-gico o comunitario. Esta dimensión política merece mayor atención en el
debate académico.
El tercer nivel
tiene que ver con la forma en que los grupos armados viven la democracia
electoral. Estos participan en las elecciones de múltiples formas,
principalmente por me-dio del saboteo o la cooptación del
proceso. Ambas estrate-gias pueden dirigirse tanto a la oferta electoral,
afectando
a los actores
encargados de organizar o competir en la elección, como a la demanda electoral,
afectando el com-portamiento de los votantes.
En el caso
del saboteo, los grupos armados pueden atacar a funcionarios,
intimidar jurados o entorpecer la logística electoral. En Meta, por ejemplo, se
registró el asesinato de un jurado electoral (El Espectador, 29 de mayo
de 2022), lo que afectó directamente la oferta electoral en
esa zona. En otros casos, el sabotaje apunta a la demanda: en zonas
ru-rales de Santa Marta, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada
impidieron votar a los civiles (Colom-bia+20, 13 de marzo de 2022).
La cooptación,
por su parte, también puede dirigirse a am-bos niveles. Algunos grupos permiten
de forma selectiva las campañas políticas en sus zonas de influencia,
restrin-giendo de facto la oferta de
candidatos. Al mismo tiempo, pueden presionar a los votantes para apoyar a
ciertos aspi-rantes, modificando así la demanda electoral.
Aunque estos
patrones han sido bien documentados, aún entendemos poco sobre por qué los
grupos eligen una es-trategia u otra o por qué deciden intervenir sobre la
oferta o la demanda electoral. Una agenda urgente consiste en explicar esta
forma de participación política: ¿cómo influ-yen variables como el control
territorial, la legitimidad en-tre civiles o las relaciones con élites locales
en estas deci-siones? Lo cierto es que prácticamente todos los grupos ar-mados
activos en el nuevo contexto participan, de alguna forma, en la política
electoral. Esto demuestra que no esta-mos ante un escenario puramente criminal,
como algunos sostienen (Swissinfo, 29 de abril de 2024).
En síntesis,
consideramos un error profundo centrar el aná-lisis en la “falta de ideología”
como criterio diferenciador de la guerra contemporánea. Los grupos actuales son
tan políticos como los de hace unas décadas, pero nuestro en-tendimiento de lo
político debe expandirse y ajustarse a es-tas nuevas formas de actuar, gobernar
e intervenir en la democracia.
4.2 Una(s)
guerra(s) más local(es)
Los grupos armados
no solo interactúan por medio de la violencia. También se alían para ciertas
actividades, acuer-dan no agredirse, se dividen el territorio o, en efecto,
entran en guerra. Esto no es nuevo: ha ocurrido históricamente en Colombia y en
otros conflictos alrededor del mundo (Stani-land, 2012), pero la lógica que
estructura estas interacciones ha cambiado. Como explicamos en la sección
anterior, mientras que en el pasado las alianzas o enemistades so-lían estar
guiadas por compromisos ideológicos, hoy estas decisiones responden cada vez
más a dinámicas subnacio-nales que escapan a ese tipo de marcos.
A este proceso lo
denominamos re-territorialización de la guerra: la idea de que lo que ocurre en
ámbitos locales o subnacionales resulta más útil para explicar las interaccio-
12 Friedrich-Ebert-Stiftung
e. V
nes entre actores armados que cualquier principio ideológi-co enunciado
desde el nivel nacional. En otras palabras, la escala territorial ha pasado de
ser un campo de operación a convertirse en el nivel central de análisis.
Tomar en serio esta
re-territorialización permite explicar mejor situaciones como el pacto de no
agresión entre el ELN y el Ejército Gaitanista de Colombia en el sur
de Bolí-var, incluso mientras ambos grupos mantenían tensiones abiertas en el Chocó.
O la alianza puntual del ELN con disi-dencias para combatir
al EGC en Bolívar, al tiempo que lo enfrenta militarmente en Arauca o
el Catatumbo. No nega-mos que en la guerra persistan elementos nacionales. Pero
es cada vez más evidente que leer al país como un todo homogéneo resulta
limitado. Entender el conflicto hoy exi-ge un conocimiento localizado, sensible
a las dinámicas te-rritoriales concretas.
Nuestra propuesta
epistemológica para abordar estas inte-racciones subnacionales parte de tres
elementos clave:
1. El
territorio: ¿qué lo hace valioso para un grupo armado? ¿Qué actividades se
desarrollan allí? ¿Cuál es la relación del grupo con los civiles?
2 Los
actores armados presentes: ¿quiénes son? ¿Cuándo llegaron? ¿Qué trayectoria
tienen en la zona?
3 Las
interacciones entre ellos: ¿hay alianzas? ¿Competen-cia? ¿Algún tipo de
hegemonía?
En otro trabajo
(Trejos et al., 2019) desarrollamos esta pro-puesta con mayor detalle y
mostramos sus ventajas analí-ticas.
Un corolario de
esta perspectiva es que entender la guerra exige conocimiento local. Solo
quienes conocen de cerca un territorio pueden identificar con precisión las
razones detrás de las alianzas, enfrentamientos o pactos entre gru-pos. Esto no
implica que los análisis comparados o genera-les sean inviables: hoy existe un
conocimiento local sufi-cientemente robusto que permite trazar patrones más
am-plios. Hay académicos y actores de la sociedad civil especializados
prácticamente en cada región del país; enti-dades oficiales como la Defensoría
del Pueblo con presen-cia y capacidades de investigación territorial; y
organiza-ciones internacionales que recogen información de manera cotidiana en
todo el territorio nacional.
Por tanto,
cualquier persona interesada en entender un evento reciente en una subregión,
con el suficiente esfuer-zo de contextualización, puede formular
interpretaciones informadas. La alternativa (interpretar los hechos desde el
nivel central, sin conexión con el conocimiento local) no solo es limitada: es
una pérdida de las capacidades analíti-cas que se han adquirido durante décadas
en los territorios.
Y lo que es más
importante aún: muchas subregiones com-parten patrones. El sur de Córdoba y el
Urabá antioqueño
son zonas
hegemónicas donde el Ejército Gaitanista de Co-lombia ha consolidado una
gobernanza armada estable. Arauca y el Catatumbo son territorios donde
el ELN ha te-nido una presencia rebelde de largo aliento y ha
combatido a las disidencias para proteger ese control. El sur de Bolívar y el
sur del Chocó son zonas de presencia histórica del ELN, ahora retada por
el EGC. Montes de María y partes de la Sierra Nevada de Santa Marta,
consideradas pacificadas, han experimentado recientemente la llegada de nuevos
ac-tores violentos.
Por eso, reconocer
la complejidad subnacional de la guerra no significa fragmentar el país en
feudos desconectados. Al contrario, proponemos aprovechar este conocimiento
lo-cal para identificar similitudes entre subregiones y dar ex-plicaciones más
sofisticadas sobre el conflicto armado con-temporáneo. Pensar localmente no
implica renunciar a lo comparativo: es el primer paso para hacerlo bien.
4.3 Los alter ego y
la negación plausible
Un cambio notorio
respecto al conflicto armado tradicional tiene que ver con la forma en que los
grupos armados re-conocen –o evitan reconocer– su participación en actos de
violencia. Durante años, fue común que grupos de autode-fensa perpetraran
masacres en múltiples municipios del país sin ocultar su autoría,
presentándolas como castigos contra presuntos colaboradores de la guerrilla. De
manera similar, las guerrillas se responsabilizaban abiertamente de tomas
armadas o secuestros masivos, incluso cuando las víctimas civiles eran
numerosas. Ciertos delitos, como el narcotráfico, tendían a mantenerse en una
zona más ambi-gua, pero la autoría de hechos violentos solía ser asumida con
claridad.
En el conflicto
contemporáneo, por el contrario, los recono-cimientos públicos de
responsabilidad son mucho más es-casos. Por ejemplo, la gran mayoría de
asesinatos de líde-res sociales no han sido reivindicados por ningún grupo; y
eventos de alto perfil, como el más reciente (mayo de 2025) Plan Pistola2, han
sido negados por las organizaciones a las que se presume responsables.
Sostenemos que esta
ambigüedad en torno a la autoría está relacionada con los esfuerzos de
politización de los grupos armados. En el marco legal vigente, existe una
divi-sión dicotómica entre grupos “políticos” y grupos “crimina-les”. Si bien
el reconocimiento político sigue siendo una de-cisión discrecional del
gobierno, los grupos han comprendi-do que tomar distancia de ciertos delitos,
como el narcotráfico, la extorsión, las mal llamadas “limpiezas so-ciales” o
los asesinatos de civiles, puede facilitar ese reco-nocimiento.
2 “Los
planes pistola se pueden definir como un repertorio de violencia en el que los
grupos armados ilegales asesinan de manera selectiva integrantes de la Fuerza
Pública, en territorios donde tienen cierta influencia, como respuesta al
asesinato o captura de algún integrante relevante de la agrupación por parte de
las autoridades” (Mercado, 2025).
La violencia
después del Acuerdo de paz: ¿cómo es hoy (y cómo será) la guerra en
Colombia? 13
Sin embargo, muchos de esos delitos siguen siendo funda-mentales para su
sostenibilidad financiera o para mantener su control territorial y social. Por
ejemplo, comprometerse públicamente a no asesinar civiles podría debilitar su
capa-cidad percibida para imponer orden en un municipio, auto-ridad que suele
sostenerse, en parte, en la amenaza de vio-lencia.
Nuestro argumento
es que los grupos armados han encon-trado un mecanismo para resolver esta
tensión: la creación de alter ego criminales. Se trata de
grupos armados sin ros-tro, sin estructura visible, sin liderazgo conocido y
sin aspi-raciones políticas aparentes, que surgen repentinamente en territorios
donde los grupos armados “politizados” ejercen hegemonía. El propósito de
estos alter ego es permitir la comisión de ciertos actos
violentos al tiempo que ofrecen una vía de negación plausible. Si el grupo
principal es se-ñalado, puede desligarse formalmente del hecho y reducir su
exposición a sanciones penales o costos políticos en el contexto de
negociaciones con el Estado.
Estos alter
ego requieren un delicado equilibrio: deben es-tar lo suficientemente
desvinculados del grupo madre como para negar cualquier conexión formal, pero
lo bas-tante alineados en el territorio como para no disputar su autoridad ante
la población civil.
Ejemplos recientes
ilustran esta estrategia. En Santa Mar-ta, un grupo denominado la Muerte
publicó videos y pan-fletos anunciando una “limpieza social”. Las ACSN,
hege-mónicas en la zona y actualmente en diálogo sociojurídico con el gobierno,
negaron cualquier vínculo. Sin embargo, los homicidios se cometieron.
En el Valle del
Cauca, un grupo autodenominado Nueva Generación de los Rastrojos amenazó a la
alcaldesa de Río Frío. Aunque el grupo la Inmaculada, en proceso de
acerca-miento con el gobierno, ha sido señalado como responsa-ble de estas
amenazas, niega esos vínculos.
En Nariño, es un
secreto a voces que las Autodefensas Uni-das de Nariño son una extensión del
frente Comuneros del Sur, que se encuentra en proceso de negociación con el
go-bierno nacional (El País, 5 de diciembre de 2024).
Más recientemente,
en abril de 2025, en el sur del Cesar apareció un grupo autodenominado Nuevo
Renacer de la Mano Negra, que difundió panfletos amenazantes y, según varios
habitantes, está vinculado al Ejército Gaitanista de Colombia (entrevista con
civil).
También debe
tenerse en cuenta que al “desmarcarse” de ciertos repertorios de violencia
buscan no ser relacionados con infracciones graves al derecho internacional
humanita-rio. Esto tendría como objetivo evitar instancias penales
in-ternacionales y en caso de eventuales negociaciones o diá-logos con el
gobierno no asumir responsabilidad por la co-misión de delitos no amnistiables.
Estos grupos no son
disidencias ni escisiones reales. No es-tán siendo combatidos por los grupos
principales ni han declarado una guerra contra ellos. Tampoco se presentan como
organizaciones armadas formales: no se les conoce una estructura de mando ni portavoces
identificables. En realidad, son grupos de papel; entidades nominales crea-das
con el objetivo específico de dispersar la responsabili-dad del grupo
hegemónico en el territorio. La tabla 3 con-tiene algunos de estos ejemplos.
4.4 Violencias
urbanas más independientes
Debido a que el
conflicto armado ha afectado con mayor intensidad las zonas rurales del país,
la violencia urbana ha sido históricamente poco estudiada. Sin embargo, la
evi-dencia disponible indica que las ciudades también han sido escenarios clave
de la guerra. En Barranquilla, por ejemplo, las AUC desterraron o
absorbieron a todas las organizacio-nes criminales locales existentes antes de
su llegada (Tre-jos, 2013). En Santa Marta, lograron imponer su control
Tabla 3
Ejemplos de
potenciales alter ego criminales
|
Grupo politizado |
Alter ego |
Territorio |
|
Autodefensas
Conquistadores |
La Muerte |
Santa
Marta-Troncal del Caribe |
|
de la Sierra
Nevada |
|
|
|
La Inmaculada |
Nueva Generación
de los Rastrojos |
Tuluá, Valle del
Cauca |
|
Comuneros del Sur |
Autodefensas
Unidas de Nariño |
Nariño |
|
Ejército
Gaitanista de Colombia |
Nuevo Renacer de
la Mano Negra |
Sur del Cesar |
|
Los Costeños |
Bloque
Resistencia Caribe |
Área
Metropolitana de Barranquilla |
14 Friedrich-Ebert-Stiftung
e. V
frente a las Autodefensas de Hernán Giraldo (Badillo et al., 2025). En
Medellín, el bloque Metro prácticamente subordi-nó a todas las estructuras
locales (Durán-Martínez, 2024).
Dicho de otra
manera, cuando los actores armados nacio-nales decidían urbanizar la guerra,
sus capacidades milita-res solían traducirse en hegemonía o subordinación de
los grupos urbanos.
Sin embargo, el
panorama actual es distinto. A pesar de ser la organización con mayor presencia
territorial y número de hombres armados, el Ejército Gaitanista de Colombia
(EGC) no ha logrado controlar ninguna de las principales capitales del país. En
Medellín tuvo que pactar su presen-cia con el crimen local. En Barranquilla ha
intentado aliar-se con estructuras locales para derrotar a los Costeños, sin
mucho éxito. En Santa Marta, desde 2021 libra una guerra prolongada y
desgastante con las Autodefensas Conquista-dores de la Sierra Nevada (ACSN). En
Sincelejo solo logró establecerse tras un conflicto sangriento con el grupo
local los Norteños, y en Cartagena sostiene, desde 2019, una guerra abierta
contra múltiples organizaciones locales.
Lo notable es que
ninguno de estos grupos urbanos supera al EGC en número de
combatientes, capacidad militar o músculo financiero. Y, sin embargo, han
logrado resistir por años. Esto sugiere que la violencia urbana contemporánea
es menos subordinada al conflicto armado nacional. Más que un apéndice, la
violencia urbana es ahora un actor con autonomía relativa: los grupos locales
negocian, pactan o resisten frente a los nacionales.
Estos grupos no
parecen estar vinculados con economías transnacionales, sino que obtienen
rentas locales mediante la extorsión, el microtráfico, la apropiación de
tierras, entre otras actividades. Aun así, han desarrollado suficiente
in-fraestructura de violencia y capacidad organizativa como para no ser
absorbidos fácilmente. Esto indica que los pro-
cesos de paz o
negociación ya no pueden centrarse exclusi-vamente en los grupos armados de
alcance nacional, sino que deben incluir a estas estructuras urbanas, cada vez
más sofisticadas.
Además, los grupos
nacionales han recurrido a tercerizar la violencia urbana, subcontratando
actores locales. Por tan-to, cualquier proceso de paz debería incluir preguntas
clave sobre a quiénes subcontratan, cómo lo hacen y para qué. Sin esta
dimensión, incluso si se logra reducir la violencia rural, la urbana podría
permanecer inalterada.
Cabe destacar que
los grupos urbanos han mostrado capa-cidad para controlar temporalmente la
violencia y disposi-ción a participar en procesos de diálogo sociojurídico. En
Buenaventura, Medellín y Quibdó se pactaron treguas que redujeron
significativamente los homicidios. Sin embargo, esta capacidad de contención
debe evaluarse con cautela: no garantiza sostenibilidad ni desmovilización
ordenada.
Una tarea
pendiente, tanto para la academia como para el Estado, es entender mejor la
violencia urbana. Muchas pre-guntas siguen sin respuesta: ¿cuántas personas
integran estos grupos?, ¿qué implica esa membresía?, ¿de qué vi-ven?, ¿qué
tantos controles reales ejercen los líderes?, ¿cuál es el papel de las cárceles
en su funcionamiento? Sin esta información, cualquier estrategia de paz será
incompleta, pues no podrá ofrecer soluciones sostenibles a la violencia en las
ciudades.
Lo que sí es
evidente es que las ciudades colombianas se han convertido en epicentros de
formas de violencia que, aunque a veces parecen desconectadas del conflicto
rural, también se alimentan de él. Los grupos más militarizados ya no logran
imponerse como antaño: hoy deben pactar, tercerizar y negociar con estructuras
locales. En las ciuda-des, son apenas uno entre muchos.
La violencia
después del Acuerdo de paz: ¿cómo es hoy (y cómo será) la guerra en
Colombia? 15
Conclusiones
Este artículo ha
buscado definir la violencia contemporánea en Colombia. Partimos de la idea de
que el nuevo ciclo de la guerra está definido por la
fragmentación del ecosistema de violencia. Es decir, por la
aparición de múltiples actores ar-mados que son disidencias de aquellos que
libraron el con-flicto armado durante la guerra fría y hasta principios de los
2000 o están de alguna manera conectados con ellos. Sin embargo, el cambio no
es únicamente el incremento de los actores, sino que su naturaleza y sus
interacciones también se han modificado radicalmente. Para ello, proponemos
cuatro características explicativas: la paralela desideologi-zación y
politización de estos grupos, la subnacionalización de sus interacciones, la
dilución de la responsabilidad en acciones armadas a través de alter
ego criminales y la inde-pendización de las violencias urbanas.
Este trabajo busca
ser un punto de partida para quienes in-tentan dar sentido a las múltiples
guerras locales que hoy se desarrollan en el país. Hay debates urgentes, aunque
aquí apenas esbozados, que permanecen escasamente ex-plorados en la academia
colombiana: la participación de estos nuevos actores en la democracia
electoral; las lógicas que rigen sus interacciones, tanto violentas como no
vio-
lentas; los matices
de sus gobernanzas armadas o las es-trategias mediante las cuales asumen o
diluyen la respon-sabilidad por sus hechos violentos. Aunque el pasado ofre-ce
algunas pistas, el presente exige nuevos datos y nuevas interpretaciones.
Nuestro objetivo
principal es cuestionar ciertas lecturas do-minantes y evidenciar las
limitaciones de seguir entendien-do el conflicto contemporáneo como una guerra
nacional, cohesionada e ideologizada. Sabemos que nuestro marco analítico
requiere más evidencia empírica para consolidar-se, pero pensamos que permite,
al menos, formular predic-ciones útiles para interpretar el comportamiento de
los nuevos actores armados.
No pretendemos que
lo planteado aquí sea extrapolable a cada subregión. Por supuesto que hay
matices y diferencias que ignoramos. Pero sí esperamos contribuir a que los
de-bates sobre la guerra en Colombia adquieran un matiz dis-tinto, más sensible
a los cambios, más atento a las lógicas subnacionales y más dispuesto a
repensar las categorías con las que hemos descrito la violencia durante
décadas.
16 Friedrich-Ebert-Stiftung
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Acerca de los
autores
Luis Fernando
Trejos Rosero. Profesor-investigador del Depar-tamento de Ciencia Política y
Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte (Barranquilla). Director
del Instituto de Desarrollo Político e Institucional del Caribe de la misma
insti-tución y líder del grupo de investigación Conflictos y poscon-flictos
desde el Caribe.
Reynell Badillo
Sarmiento. Estudiante del doctorado en cien-cia política en la Universidad de
Chicago con maestría en estu-dios internacionales de la Universidad de los
Andes (Bogotá). E internacionalista de la Universidad del Norte.
FIN
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