© Libro N° 14670. La Guerra Del Pacífico 1879-1883. Mcevoy, Carmen Y Cid, Gabriel. Emancipación. Enero 3 de 2026
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LA GUERRA DEL PACÍFICO
1879-1883
Carmen Mcevoy Y Gabriel Cid
La Guerra Del Pacífico 1879-1883
Carmen Mcevoy Y Gabriel Cid
Reseña
Un nuevo libro escrito por Carmen McEvoy, historiadora peruana, y Gabriel Cid, historiador chileno y académico USS, ofrece una perspectiva única que va más allá de las narrativas nacionalistas. Un análisis que trasciende las descripciones de batallas y tratados diplomáticos para sumergirse en las capas más profundas y humanas de este conflicto determinante en la historia de Sudamérica.
Índice
Introducción
1. El eclipse del americanismo y el espectro de la guerra
2. La geografía itinerante de la guerra
3. La sociedad civil en armas
4. La política de la guerra
5. Los dilemas de la conquista territorial y la desocupación
6. Los sentidos de la derrota y la victoria
Epílogo. Mas allá de la guerra: el destino de las provincias “irredentas”
Comentario bibliográfico
Este libro es para Enrique, por el regalo de tu vida, cuyo fulgor nos sigue inspirando.
Introducción
Debido a su “desenvolvimiento” y a las múltiples “peripecias” por las que atravesaron los bandos en conflicto, la Guerra del Pacífico fue definida en su momento como una suerte de encuentro entre lo nuevo y lo viejo. Y es que la guerra trinacional tenía, de acuerdo con el editorialista de La Nación de Buenos Aires, la unidad fatal de la tragedia antigua y el carácter conmovedor y patético del drama moderno. Esta dualidad, que partía de viejas rivalidades, originadas en la etapa colonial, servía a intereses económicos muy concretos. Por la complejidad de sus orígenes y desarrollos, el mundo observaba con dolor y congoja “la sangre tristemente derramada en holocausto de un asunto de diez centavos” que se convirtió “en cuestión de vida o muerte”.
Al momento de escribir estas líneas han pasado 144 años desde que el estallido bélico se transformó en una “cuestión de vida o muerte”. Sin embargo, el paso del tiempo no ha disminuido la importancia de la Guerra del Pacífico en los imaginarios colectivos de los países participantes. Por la magnitud de la guerra, la pervivencia de los recuerdos fue inevitable. La reconfiguración territorial de América del Sur fue un legado decisivo cuyas consecuencias se perciben hasta la actualidad. Perú perdió los territorios de Tarapacá y Arica, Bolivia la provincia de Antofagasta, y quedó relegada a una condición mediterránea. Chile, por el contrario, expandió su territorio hacia el desierto de Atacama. Todos estos cambios territoriales se dieron en medio de dilatadas controversias diplomáticas, que se extendieron desde el fin de la guerra hasta el siglo XX, proyectándose incluso hasta nuestros días, con disputas que escalaron hasta la Corte Internacional de Justicia de La Haya en años recientes.
Aunque el impacto territorial del conflicto fue duradero, no fue la única huella. La guerra caló profundamente en las percepciones nacionales y llevó a las sociedades que se enfrentaron en 1879 a formular balances críticos sobre sus trayectorias históricas, así como a redefinir sus ideas de nación. La guerra ha incidido históricamente en la conformación de las naciones a través tanto de la construcción de la imagen de un nosotros colectivo como de la proyección de estereotipos sobre el otro. Se trata de imaginarios anclados en una visión mitificada del pasado, que cuesta poner en perspectiva crítica e histórica. En el caso específico del Perú, la Guerra del Pacífico se percibe como un punto de inflexión dentro de la trayectoria republicana del siglo XIX, un verdadero momento crítico del devenir nacional, no solo por la incalculable pérdida territorial y de moral pública, sino por la guerra civil y el proceso de desnacionalización económica que le sucedió. Sin embargo, el Perú venía sufriendo de un proceso de crisis sistémica, asociada al militarismo y a la crisis del modelo guanero, que el conflicto internacional no hizo sino evidenciar en toda su magnitud.
Como momento crítico en la historia republicana del Perú, comprender la Guerra del Pacífico con sus dinámicas y repercusiones resulta un desafío intelectual evidente, más aún cuando los avances de la disciplina histórica y el apaciguamiento de las pasiones de la guerra y la posguerra nos ponen frente a la tarea de pensar el conflicto de 1879 desde una perspectiva novedosa y de conjunto, menos interesada en alimentar rivalidades nacionales (como lo fue la labor de la historia tradicionalmente) y más atenta a reflexionar comparativamente sobre un fenómeno social, político y cultural tan complejo y dramático como son las guerras.
Este es el reto que asumimos. Estas páginas buscan pensar el conflicto armado desde la perspectiva de los problemas comunes que toda experiencia bélica lleva aparejada. ¿Cómo justificar ideológicamente una guerra?, ¿cómo alentar a la población a plegarse al esfuerzo bélico?, ¿cómo experimentaron los soldados el conflicto?, ¿cuál fue la participación de la sociedad civil?, ¿cómo las dirigencias políticas intentaron organizar burocráticamente la movilización militar?, ¿cuáles fueron las estrategias desplegadas por los ejércitos y las armadas para alcanzar la victoria?, ¿cómo los resultados de la guerra afectaron a la política interna de las naciones en conflicto?, ¿cómo influyó la experiencia bélica en la formación de las identidades colectivas?, ¿cuáles fueron las consecuencias sociales y económicas del enfrentamiento?, ¿cómo los Estados redefinieron sus estrategias de desarrollo en la posguerra?
El propósito este libro es responder dichas preguntas. Si se observan con cuidado, tales interrogantes no son exclusivas de una nación, sino que ayudan a analizar la guerra desde un prisma común. Esta es una mirada que no se ha desarrollado lo suficiente, al quedar capturada la interpretación del conflicto de 1879 dentro de los estrechos márgenes de un nacionalismo que ha contribuido a forjar mitos difíciles de erradicar, tanto en el Perú como en Bolivia y Chile. No obstante, ya en el siglo XXI creemos estar en condiciones de abandonar esa mirada mitificadora de la guerra y pensarla históricamente, porque creemos que una comprensión histórica de la guerra supone contextualizar a los países beligerantes en un momento global, en el que el capitalismo en expansión obligaba a los Estados a buscar soluciones radicales para sobrevivir en un escenario de crisis económica, siendo la guerra una de ellas. Asimismo, pensar históricamente la Guerra del Pacífico implica realizar un esfuerzo intelectual para dejar nuestros prejuicios de lado e intentar comprender a los actores del pasado en sus términos, con sus miedos y frustraciones, esperanzas e ilusiones, pasiones y razones, convirtiendo así, de una vez, la guerra en historia.
La historia que proponemos es singular. No solo por el formato de la colección, que demanda un esfuerzo de síntesis de problemas complejos, sino también porque como autores —una historiadora peruana y un historiador chileno— hemos encarado esta tarea con un propósito interpretativo y narrativo común, cuestión que no deja de ser inédita en las visiones disponibles de la guerra. También queremos adentramos en otros planos de análisis, destacar actores colectivos tradicionalmente eclipsados y relevar la multiplicidad de espacios geográficos en los cuales se experimentó la guerra.
Asimismo, hemos contemplado la necesidad de repensar la propia temporalidad del conflicto, retrotrayendo la narrativa hacia los dilemas para los cuales la guerra fue planteada como la salida necesaria, y prolongando sus sombras en los tumultuosos años de la posguerra, donde el espectro del conflicto seguía estando presente en la cultura, la política y la diplomacia de las naciones beligerantes.
Por supuesto, somos conscientes de que este trabajo cuenta con limitaciones que son el resultado de nuestras elecciones como autores. Ello es evidente en el caso de la experiencia boliviana en la guerra, que, si bien se aborda a propósito del estallido del conflicto y la campaña bélica en el desierto, no tiene el mismo protagonismo que nuestro abordaje de los casos peruano y chileno. Esto se debe a que la participación de Bolivia en la dimensión militar de la guerra se extendió solo por algunos meses, entre fines de 1879 y mediados de 1880, y porque nuestra experiencia conjunta de investigación se ha enfocado en Perú y Chile.
La investigación de este libro se dio en un contexto global inesperado y difícil signado por la pandemia de COVID-19, que no solo limitó al acceso a la información, sino que también implicó un desafío emocional enorme. Por ello, debemos agradecer especialmente a Juan Antonio Lan por su profesionalismo y ayuda en los tiempos más aciagos de la pandemia, para localizar bibliografía clave en la elaboración de este libro. También a la paciencia de Raúl Asensio, quien nos apoyó en los momentos más sombríos de la escritura de este volumen, en circunstancias familiares especialmente dolorosas. Además por su ojo crítico como editor, que nos ayudó a afinar nuestras ideas. A los revisores del libro, que contribuyeron a clarificar la presentación de nuestro argumento. Asimismo, debemos reconocer al Departamento de Historia de la University of the South-Sewanee y al Instituto de Historia de la Universidad San Sebastián, nuestros espacios académicos, por su permanente apoyo a nuestras investigaciones. Finalmente, cabe consignar que la investigación de este libro también contó con el apoyo de la Agencia Nacional de Investigación de Chile (ANID) a través del proyecto Fondecyt Regular 1201399, cuyos resultados se plasman aquí.
Sewanee y Chiguayante, abril de 2023
Capítulo 1
El eclipse del americanismo y el espectro de la guerra
Contenido:
El crepúsculo del americanismo
El desierto de Atacama: el territorio de los desafíos y el conflicto Respuestas nacionales a problemas globales: capitalismo y salitre
El estallido de la guerra
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Las décadas de 1860 y 1870 estuvieron marcadas por un doble proceso paradójico en América Latina. Por un lado, fue uno de los momentos en los que la solidaridad continental se manifestó con más fuerza, llegando al campo de las armas, para hacer frente a las tentativas intervencionistas de las potencias europeas. Por otro, sin embargo, estos ideales comenzaron a diluirse a medida que los intereses nacionales se hacían más fuertes y empezaban a divergir unos de otros.
En la vertiente del Pacífico, este último proceso se vio acelerado por la aparición de un nuevo recurso, que trastocó el equilibrio internacional y abocó a naciones hasta entonces aliadas a una carrera que terminaría en guerra: el salitre.
El crepúsculo del americanismo
Desde fines de 1865 se libró en las aguas del Pacífico sur una guerra marítima entre la monarquía española y una inédita coalición de las repúblicas de Perú, Chile, Ecuador y Bolivia. La alianza militar coronaba una larga trayectoria de esfuerzos por acercar posiciones entre los países de la región a través de acuerdos de unión en los ámbitos monetario, diplomático, aduanero e incluso confederal. Desde la primera Conferencia de Lima, realizada en 1847, hasta la llevada a cabo en Santiago en 1856 —a la que solo asistieron el anfitrión, Perú y Ecuador—, la idea de establecer alianzas entre los países de la región circuló entre algunos intelectuales y diplomáticos del continente, con más fracasos que logros.
El momento de mayor predicamento de estas ideas fue la década de 1860, cuando la situación internacional propició un auge de la solidaridad continental. La reincorporación de Santo Domingo a la Corona española en 1861, la invasión francesa de México, que culminó con el establecimiento del Segundo Imperio bajo el mando de Maximiliano en 1863, y las tensiones entre el Perú y España a propósito de las islas Chincha extendieron en la opinión pública la percepción de amenaza a los intereses americanos por parte de las potencias europeas. En respuesta, las sociedades civiles peruana, chilena y boliviana comenzaron a fundar instancias para promover la solidaridad continental y presionar a sus gobiernos para fortalecer su alianza. La Sociedad de Defensores de la Independencia Americana y la Sociedad Unión Americana, ambas creadas en 1862 en el Perú, fueron ejemplo de este enfoque, replicado en los años siguientes en otros países de la región.
La ocupación de las islas Chincha en 1864 por la poderosa flota española desató grandes críticas en la opinión pública latinoamericana, que cuestionó la medida de fuerza y denunció la violación de la soberanía de una república vecina. El Congreso Americano de Lima de 1864 pretendía establecer un frente común ante la amenaza española. Sin embargo, terminó en un fracaso, pues, al malestar por la forma en que el gobierno peruano, liderado por Juan Antonio Pezet, gestionaba la crisis se sumaron los recelos de los países asistentes, preocupados por la defensa de sus intereses nacionales.
El gobierno peruano puso en marcha una ofensiva diplomática para lidiar con la crisis. En enero de 1865 se firmó a bordo de la fragata Villa de Madrid el Tratado Vivanco-Pareja, que estableció la devolución de las islas Chincha al Perú previo pago a la escuadra española de una cuantiosa indemnización. Estas condiciones desataron un amplio rechazo en el país, que se tradujo en una movilización militar para deponer al gobierno de Pezet, iniciada en Arequipa por el coronel Mariano Ignacio Prado, a quien pronto se sumaron apoyos de otras ciudades. La revolución culminó a finales de ese año, con la proclamación de Prado como dictador.
Un hito clave en el conflicto fue la declaración de guerra contra España por parte del gobierno chileno en septiembre de 1865, que sin embargo no encontró apoyo en la región. El combate de Papudo, en noviembre, permitió a Chile capturar la goleta Covadonga y así aumentar su poder naval. Solo el mes siguiente se logró concretar la firma de un Tratado de Alianza Ofensiva y Defensiva, que estableció la fusión de las fuerzas navales de ambos países, que rápidamente iniciaron acciones conjuntas en el archipiélago de Chiloé, a la espera del arribo de los navíos comprados por el gobierno peruano en Europa. El único encuentro militar de esos meses tuvo lugar en Abtao, en febrero de 1866, sin un resultado claro.
Bolivia y Ecuador se incorporaron a continuación a la alianza, aunque sin participación efectiva en los combates. La guerra escaló en violencia en los meses siguientes. En marzo de 1866, el jefe de la flota española decidió bombardear Valparaíso. El puerto, evacuado en los días previos, fue sometido durante tres horas a un ataque impune, que ocasionó daños cuantiosos en la infraestructura de la ciudad. Poco después, la flota española zarpó hacia costas peruanas con el propósito de bombardear el puerto del Callao. Sin embargo, a diferencia de Valparaíso, el puerto peruano contaba con sus defensas históricas y con refuerzos de armamento moderno. La movilización de la sociedad de Lima y el Callao para los preparativos de la defensa del puerto fue masiva. El combate del 2 de mayo de 1866 fue muy intenso, y se extendió por varias horas. Mientras algunos buques españoles resultaron con daños, las bajas peruanas se estimaron en 63 muertos y 49 heridos, incluyendo el ministro de Guerra José Gálvez, que luchaba en la Torre de la Merced. Aunque el resultado fue ambiguo, el Perú y sus aliados lo celebraron como una victoria de la causa americanista.
La guerra contra España fue el momento culminante de la causa americanista, pero, irónicamente, también expuso los límites de un discurso de confraternidad que comenzaría a declinar de manera inmediata.
Imagen 1.1. Combate del 2 de mayo de 1866, Fuerte Santa Rosa.
Archivo Histórico de la Marina de Guerra del Perú.
Los nulos resultados del Congreso de Lima mostraron la fuerza y persistencia de los recelos nacionalistas en el ámbito diplomático. Mientras en el Pacífico se promocionaban los valores americanistas, en el Atlántico la sangrienta Guerra de la Triple Alianza o Guerra del Paraguay (1864-1870), que enfrentó al Paraguay contra Argentina, Uruguay y el Imperio brasileño, mostró de manera dramática que la idea de unión americana quedaba relegada solo a eso: a una idea.
En Chile y el Perú, pese a la causa común, las evaluaciones de la guerra contra España fueron divergentes, así como diferente fue su impacto en los imaginarios colectivos. En Chile, el resultado concreto de la contienda fue el incendio de Valparaíso, el puerto más importante y eje del comercio marítimo en el Pacífico sur. La destrucción supuso un repliegue del país sobre sí mismo, que hizo que el discurso americanista se viera con recelo y fuera poco evocador. Para el Perú, en cambio, la defensa del Callao se convirtió en una de las efemérides patrióticas más relevantes, al punto de que Jorge Basadre llegó a afirmar que, junto a la batalla de Ayacucho, el 2 de mayo era “el día cumbre de la historia republicana del Perú”. Se trató, en conclusión, de un legado paradójico: aunque inaugurado desde una lógica de fraternidad continental, los resultados de la guerra con España se tradujeron en un fortalecimiento del nacionalismo, ya fuera por el desengaño (en Chile) o por el éxito en la guerra (en el Perú).
La guerra contra España también puso de relieve la importancia del poderío naval en las guerras modernas, dando inicio a la carrera armamentista en la región. Tras la guerra, el gobierno chileno adquirió dos blindados, el Cochrane y el Blanco Encalada. Perú, que durante el conflicto había comprado los blindados Independencia y Huáscar, acordó en 1872 invertir en armamento naval la suma de cuatro millones de soles con el fin de mantener su superioridad marítima frente a Chile. Incluso en Argentina, el gobierno de Domingo Faustino Sarmiento ordenó la adquisición de una serie de buques, entre ellos tres acorazados, para equilibrar el poderío naval de sus vecinos. Se instalaba así una lógica de dudas y recelos entre los países de la región, ante la creciente conciencia de que el predominio en el mar era una condición indispensable para asegurar el triunfo en la guerra moderna. Los novísimos buques de guerra no solo aumentaban el poder de fuego y capacidad para bloquear puertos estratégicos, sino también permitían una mayor movilidad para el transporte de tropas en escenarios de operaciones distantes.
Imagen 1.2. Bombardeo de Valparaíso. Le Monde illustré, París, 26 de mayo de 1866.
La guerra de 1866 supuso el aprendizaje de la importancia de la guerra naval para una nueva generación de hombres de armas, entre la que destacaban nombres como Miguel Grau, Juan Guillermo Moore, Arturo Prat, Juan Williams Rebolledo, Juan José Latorre y Carlos Condell. Si bien en aquella ocasión batallaron juntos como aliados contra un enemigo común, las dinámicas de la guerra y sus consecuencias significaron el crepúsculo del americanismo como bandera común en la región. Las repúblicas otrora aliadas transitaban así desde los deseos de acercamiento y confraternidad a una situación de recelos recíprocos cada vez mayores. Una década después, la guerra convocaría nuevamente a esa generación de marinos, que esta vez lucharían en posiciones enemigas.
El desierto de Atacama: el territorio de los desafíos y el conflicto
El desierto de Atacama, que se extiende por más de 1600 kilómetros, es el lugar más árido del planeta. Durante el siglo XIX, su superficie se dividía entre el Perú, Bolivia y Chile. Sus condiciones climáticas extremas, salvo en algunos valles altiplánicos y en la costa de Tarapacá, dificultaban el establecimiento de poblados importantes. Sin embargo, pese a los rasgos inhóspitos, desde tiempos prehispánicos la riqueza minera de yacimientos de cobre, plata y nitratos había estimulado la creación de asentamientos de pequeño tamaño y escasa población.
El declive del “ciclo del guano” a mediados del siglo XIX hizo que las miradas peruanas, bolivianas y chilenas se concentrasen en el desierto de Atacama, ya que el salitre parecía ser el reemplazante natural del guano en el mercado global de fertilizantes, además de sus diversos usos en la industria militar moderna. Por esta razón, el desierto concitó un interés que décadas antes no tenía para unos Estados que hasta entonces apenas habían desplegado tímidos esfuerzos para fijar sus fronteras en esos parajes inhóspitos.
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El ciclo del guano: auge y declive
El guano, un fertilizante natural producido por la acumulación de excrementos de aves marinas, fue una importante fuente de riqueza para el Perú en el siglo XIX. Los depósitos de guano en las islas costeras del Perú, especialmente en las Chincha, comenzaron a ser explotados de manera sistemática en la década de 1840. Entre las décadas de 1850 y 1860 e inicios de los años setenta la comercialización alcanzó su mayor apogeo, llegando a aportar dos tercios de las entradas del Estado peruano, que en 1841 decretó la propiedad monopólica de su explotación. Como propietario de los depósitos, el Estado establecía acuerdos con los privados para su venta, generando enormes ingresos por las exportaciones del fertilizante, pues en promedio obtuvo cerca del 60% de valor de las ventas. Esto permitió expandir la burocracia estatal y militar, y dio lugar también a la construcción de ferrocarriles.
Sin embargo, el ciclo del guano también tuvo efectos negativos. El trabajo forzado en las islas guaneras supuso la explotación de miles de trabajadores. La dependencia de la exportación de un único producto dejó la economía vulnerable a las fluctuaciones del mercado mundial. Asimismo, la intensa explotación del recurso llevó al agotamiento de los yacimientos. En 1869, el Estado peruano terminó con las consignaciones y entró en negociaciones con el empresario francés Auguste Dreyfus. El así llamado Contrato Dreyfus concedió el monopolio de la explotación y exportación del guano a cambio de pagos mensuales al Estado. No obstante, en la década de 1870 la
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industria guanera entró en crisis y los pagos de Dreyfus comenzaron a decaer, lo que incidió en la incapacidad de cumplir con los empréstitos internacionales contraídos. En 1876, el Estado peruano se declaró en bancarrota. En ese escenario, la explotación de un nuevo fertilizante, el salitre, adquirió una enorme importancia para salir de la crisis económica provocada por el declive del ciclo guanero.
Depósitos de guano. Islas Chincha (1865)
Un espacio considerado históricamente como un “despoblado”, apenas objeto del interés circunstancial de cateadores y aventureros de la minería, pasó a convertirse en eje de las economías de la región. En 1859, un periódico de Valparaíso diagnosticó que el “porvenir industrial” de Chile estaba en el sur, pues en el norte no existían “más que áridos desiertos que un accidente tan casual como el hallazgo de minerales ha logrado hacer célebres, dándoles más importancia que
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dista mucho de ser imperecedera”. En la década siguiente, sin embargo, la importancia del salitre corroboró el error de cálculo del periodista y fijó en la zona la atención de las repúblicas del Pacífico en Atacama.
Mientras en Lima se realizaba el congreso que buscaba establecer una alianza en la región, Chile y Bolivia manifestaban profundos desencuentros diplomáticos por la definición de las fronteras en el desierto de Atacama. La controversia, que se remontaba a mediados de la década de 1840, se hizo más intensa a medida que la industria salitrera revelaba su importancia. En 1860, José María Santibáñez encabezó una misión diplomática boliviana para dirimir la cuestión de los límites con Chile, pero las negociaciones fueron infructuosas. Tres años después la tensión aumentó. El 5 de junio la Asamblea Legislativa Extraordinaria boliviana autorizó al presidente a declarar la guerra a Chile “siempre que, agotados los medios conciliatorios de la diplomacia, no obtuviere la reivindicación del territorio usurpado o una solución pacífica, compatible con la dignidad nacional”. Si bien la guerra con España en el Pacífico mantuvo las diferencias en suspenso, el conflicto reapareció una vez finalizada esta.
El Tratado de 1866, suscrito entre ambas repúblicas, deslindaba las fronteras del desierto y reconocía su importancia para la economía de ambos países. El texto fijó la frontera en el paralelo 24° sur y estableció una zona de beneficios mutuos ubicada entre los paralelos 23° y 25° sur, donde ambos Estados debían repartirse las ganancias de la explotación guanera y de los derechos de exportación de minerales. El Tratado también incluía la renuncia chilena a las
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pretensiones de soberanía sobre el puerto de Mejillones y establecía una comisión bipartita para definir con mayor precisión los nuevos límites. Cuatro años después comenzaron esta tarea el geógrafo francés Pierre Joseph Aimé Pissis, al servicio de Chile, y el coronel Juan Mariano Mujía, representando a Bolivia.
La década de 1870 convirtió el desierto de Atacama en un territorio de desarrollo económico decisivo para las economías peruana, boliviana y chilena. La creciente importancia de la industria salitrera, en reemplazo del guano, multiplicó las explotaciones del nitrato, las oficinas administrativas y las inversiones en infraestructura portuaria y ferroviaria. En 1871 se inauguró el primer ferrocarril, que unía el cantón salitrero de La Noria con Iquique. Si entre 1865 y 1867 el Perú exportó un promedio de 100.000 toneladas de nitrato, en 1875 las cifras superarían las 332.000 toneladas. El auge económico en la región también propició importantes flujos migratorios de mineros, cateadores, jornaleros, peones y aventureros de toda condición, que partieron al desierto, el otrora “país de la muerte” —como lo llamó el historiador chileno Benjamín Vicuña Mackenna— convertido ahora en eje de la atención no solo regional, sino también de los empresarios y capitalistas europeos.
El descubrimiento en 1870 del mineral de plata de Caracoles aumentó aún más la importancia del desierto para la economía chilena. “Esas riquezas van a transformar a Chile en poco tiempo, en un precioso Edén, en un foco de prosperidad envidiable”, afirmaba entusiasmado un diario de Copiapó, al constatar el enorme flujo migratorio hacia la región.
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Imagen 1.3. Mina Manto de Cobo, 1863, desierto de Atacama.
Colección Museo Nacional de Ciencias Naturales, España.
El yacimiento de Caracoles, enclavado en la frontera entre Chile y Bolivia, incrementó la presión de los Estados por delimitar de modo más preciso las fronteras de un territorio cuya población flotante hacía más intensas las disputas. La “avalancha de chilenos” descrita por la historiografía fue importante en Tarapacá y especialmente en Antofagasta, ciudad boliviana fundada en 1868 a partir de la caleta instalada por los empresarios chilenos del salitre José Santos Ossa y
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Francisco Puelma. El censo municipal de 1875 reveló que el 84% de sus 5384 habitantes eran ciudadanos chilenos.
Imagen 1.4. Trabajadores del guano, islas Chincha, 1865. Colección Bibliothèque Nationale de France.
La importancia económica y estratégica de la zona donde la presencia del capital chileno-británico se intensificaba gracias a la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta llevó a un nuevo tratado de límites en 1874. Suscrito en Sucre en agosto de ese año, refrendaba la línea fronteriza en el paralelo 24° sur, pero eliminaba la zona de beneficios mutuos considerada en el tratado de 1866, menos en lo
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relativo a la explotación del guano. Bolivia se comprometía a no aumentar durante un periodo de 25 años los impuestos a la exportación en los yacimientos mineros abiertos por capitales e industrias chilenos en dicha zona. Sin embargo, la presión internacional y las ganancias crecientes derivadas de la industria salitrera —paradójicamente en un escenario global de recesión económica— hicieron que la congelación de impuestos fuera un tema de conflicto creciente entre las diplomacias de la región. El salitre, el “oro blanco”, convertía lo que antes había sido un espacio yermo e inhóspito, sin mayor importancia estratégica, con asentamientos urbanos precarios instalados cerca de las pequeñas faenas mineras, en un territorio estratégico, cuyo control iba a provocar un conflicto de magnitudes inéditas en el Pacífico sur, entre naciones que apenas una década antes habían enarbolado la bandera de la fraternidad continental.
Respuestas nacionales a problemas globales: capitalismo y salitre
El 2 de agosto de 1872, Manuel Pardo inauguró el primer gobierno de corte civil tras medio siglo de hegemonía militar. El flamante mandatario se encontró con tres desafíos al iniciar su periodo: estar a la altura del entusiasmo popular, gestionar las cenizas humeantes de los hermanos Gutiérrez y superar el caos general de la administración.
Para Pardo se trataba de convivir con un orden político “basado en la fuerza material”, un orden económico y social fundado “en los dispendios del Tesoro” y un orden fiscal en los “descuentos del
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porvenir”. El viraje político y económico que había prometido en su campaña electoral era ineludible, por lo que la flamante administración propuso una vuelta a “la constitucionalidad de la República”. Para escapar de la maldición del guano, que había endeudado al país más allá de su capacidad, la salida era el trabajo productivo y una reforma fiscal que incluyera un impuesto a una serie de productos, entre ellos el salitre.
La difícil situación que enfrentaba la administración civilista tenía que ver con una república periférica (el Perú) que encaraba los desafíos de un capitalismo global en expansión, y puede entenderse a través del concepto “gran causa moral”, planteado por Pardo durante la campaña electoral. Para “salvar al Perú” y devolverle su vitalidad era necesario diversificar la economía, extremadamente dependiente del guano, e institucionalizar el Estado, algo que los caudillos militares no habían logrado, a pesar de los intentos del mariscal Castilla. Para conseguir el primer objetivo era necesario continuar con el levantamiento de catastros e incluso llevar a cabo un censo completo del Perú. En la copiosa correspondencia que Pardo sostuvo con sus redes de aliados regionales, así como en su Memoria de 1874, es evidente el interés, tanto de la burguesía limeña como de otras partes del Perú, por la expansión de la frontera hacia el sur. Esta compleja situación de un Estado dispuesto a sobrevivir a la crisis interna y externa es clave para explicar la estatización de las salitreras en 1876. El acto, que precipitó la Guerra del Pacífico, además de facilitar recursos indispensables para el despegue económico de la administración civilista, significaba la recuperación
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por parte del Perú de un territorio que en la práctica estaba bajo el control informal de Chile.
Imagen 1.5. Mineral de Caracoles, 1871, desierto de Atacama. André
Bresson, Bolivia: sept années d’explorations, de voyages et de
séjours dans l’Amérique australe (Paris: Challamel Ainé, 1886).
Al igual que ocurría en Chile, el control territorial estaba conectado con el deseo de “civilizar” la naturaleza, tarea para la que el despliegue ferroviario era crucial. A pesar de la bancarrota fiscal declarada en 1875, la expansión ferrocarrilera continuó. Entre 1872 y 1876 se construyeron 798 kilómetros de vía férrea, además de otras
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importantes obras públicas y la ampliación de la red telegráfica. El proyecto de urbanización se vio favorecido por la Ley Orgánica de Municipalidades de 1873, que, según Pardo, otorgaba grandes atribuciones y autonomías a los municipios. Esta reforma cedía parte del poder a los poderes locales, con la finalidad de mantener un control estatal que se sabía irremisiblemente perdido. En contrapartida, provincias y departamentos debían asumir el reto de generar sus propios recursos.
En el campo económico, Pardo propuso una política de estabilización y reforma fiscal, pues creía que solo el equilibrio entre rentas y gastos podía consolidar el crédito del país. Para lograrlo resultaba fundamental aumentar los recursos ordinarios internos. La fórmula “recaudación fiscal, producto inmediato y suficiente”, sintetizaba este esfuerzo, que contemplaba impuestos directos e indirectos. La ampliación y regulación de la base tributaria y la cesión de parte de lo recaudado a las municipalidades tenían por finalidad mejorar la recaudación fiscal y recuperar el control político de un país que tendía a la fragmentación. Y es que la corrosiva suma de guano y guerra civil, además de mellar las finanzas públicas, diluía la precaria cohesión política nacional.
Por eso, para afrontar la crisis económica interna —que obligó incluso a una cesación de pagos— estimular la exportación salitrera se convirtió en la estrategia a seguir. La Ley del Estanco de 1873 estableció la administración por parte de cuatro bancos (Nacional, Providencia, del Perú y de Lima) de un recurso que formalmente pasaba a ser propiedad del Estado. La norma intentaba mediar entre
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una multiplicidad de intereses en pugna, pero una situación política volátil, el alto costo de administrar un sistema que no contaba con fiscalizadores capacitados y la disputa entre el Callao y Valparaíso hicieron que fracasara. Es en este contexto que adquirió fuerza la propuesta de nacionalización.
Imagen 1.6. Oficina salitrera Pacha, Tarapacá. Colección Biblioteca Nacional de Chile.
La estatización de las salitreras se concretó mediante la ley promulgada el 28 de mayo de 1875, que consideraba un pago de algo más de 20 millones de soles a los propietarios. Hasta que el Estado creara su propia empresa, aquellos podían seguir operando bajo la
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condición de contratistas particulares. Los propietarios también podían rechazar la oferta estatal y conservar su propiedad a cambio de pagar un impuesto de 64 centavos por quintal (1,25 soles a partir de junio de 1876 y 3 soles desde 1878). Un esquema flexible autorizaba al Estado a comprar a las empresas salitreras fijando derechos aduaneros sobre el fertilizante. Pese a la incontrolable crisis de la deuda que afectaba al erario, hacia 1875 dos tercios de las oficinas salitreras habían sido estatizadas. Esto significaba todo un logro notable para un Estado como el peruano, amenazado por acreedores tan poderosos como el banquero Dreyfus, a quien Pardo acusó de financiar levantamientos para debilitar su poder y continuar con los viejos negociados.
Pocos meses antes de terminar su gobierno, Pardo declaró cerrado el proceso de estatización. Para entonces el Estado peruano controlaba el 70% de las compras en cartera y ya se había puesto en marcha la Compañía Salitrera del Perú, encargada de operar las plantas expropiadas y en buena parte controlada por la red de bancos. El pago mediante certificados al portador, sin el registro correspondiente de la propiedad estatizada, se prestó a un sinfín de especulaciones. El 30% del negocio que seguía en manos privadas estaba obligado a pagar un impuesto de exportación de 1,25 soles por quintal, mientras el Estado conseguía fondos para comprarlo.
Tras concluir el gobierno civilista, quedaba claro que el salitre era fuente de enriquecimiento rápido y una tentación de corrupción para las altas esferas del poder. Chile también confrontaba problemas asociados con la economía y la fragilidad institucional.
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La profunda crisis económica del capitalismo mundial de la década de 1870 se agudizó durante el mandato de Aníbal Pinto. Varios desastres climáticos arruinaron la agricultura y provocaron una hambruna generalizada, que se sumó al mal manejo diplomático de la cuestión limítrofe con Argentina. En medio de una situación extremadamente delicada, que incluía quiebras bancarias, falta de liquidez monetaria, caída de los precios del cobre y la plata, inflación desbocada, tormentas devastadoras en Santiago y en Concepción, sequías y una emigración de dimensiones inéditas, la imagen de Pinto, a quien Vicuña Mackenna definió como un “afásico”, se devaluó a pasos agigantados. El historiador Luis Ortega observa que las exportaciones chilenas cayeron en 26% y la capacidad para importar se redujo significativamente. Entre marzo de 1873 y el verano de 1879, el peso se depreció 40% respecto a la libra esterlina y las obligaciones derivadas de la deuda pasaron a constituir el 23% del gasto corriente del gobierno. La nacionalización de las salitreras peruanas fue la gota que rebalsó el vaso.
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Imagen 1.7. Antofagasta, 1879. Antonio Bisama Cuevas, Álbum gráfico militar de Chile (Santiago: Sociedad, imprenta y litografía Universo, 1909).
La prensa y parte de los hombres de Estado vieron la guerra contra Bolivia y el Perú como una excelente ocasión para reflotar un gobierno debilitado por los embates de la crisis política y económica. La correspondencia entre el diputado y periodista Lorenzo Claro y el presidente chileno Aníbal Pinto en diciembre de 1878 pone en evidencia los riesgos asociados a esta estrategia. La derrota podía suponer “la ruina del país por dos generaciones”, y la victoria el inicio de una permanente hostilidad con dos vecinos no solo sometidos sino también “arruinados”.
La temeraria empresa suponía jugarse a una carta “toda la bolsa” — la expresión es del presidente chileno Domingo Santa María— de una república cuyo erario se hallaba por esa fecha en los límites de la
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indigencia. A pesar de las recomendaciones de Lorenzo Claro, quien pronosticó que se le avecinaba al país la imposición de grandes sacrificios con el único objeto de “conservar el resultado” de un triunfo precario, la apuesta bélica se fortaleció gracias a las múltiples “explosiones patrióticas” que, como analizaremos en otro capítulo, se sucedieron a lo largo del país. Estas celebraciones pusieron en evidencia que en el otoño de 1879 miles de chilenos se aprestaban a ingresar ilusionados en un tiempo apasionante y a la vez incierto de guerra.
El estallido de la guerra
La crisis económica de mediados de la década de 1870 también repercutió en el gobierno del presidente boliviano, Hilarión Daza. Para paliar esta situación, a inicios de 1878, la Asamblea Nacional de aquel país estableció el pago de un impuesto de 10 centavos por cada quintal de salitre que sacara del país la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta, de capital chileno-británico. El impuesto violaba las condiciones establecidas en el tratado de límites de 1874. Al principio, el régimen de Daza confiaba en que las empresas salitreras pagarían el gravamen, pero el asunto derivó en una crisis diplomática. En febrero de 1879, ante la negativa de las empresas a pagar, el gobierno boliviano anuló el contrato de la compañía chilena y ordenó el embargo de sus bienes. Lo que no estaba en los pronósticos de Daza ni de los diplomáticos peruanos fue la respuesta del gobierno chileno. El 14 de febrero, dos compañías chilenas al mando del coronel Emilio Sotomayor procedieron a ocupar
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militarmente Antofagasta sin encontrar resistencia, pues la gran mayoría de sus habitantes eran chilenos.
La intervención militar desató una crisis diplomática. Aunque las relaciones entre Bolivia y Perú durante la década de 1870 estaban lejos de ser idílicas, la diplomacia boliviana procuró asegurar el cumplimiento del Tratado suscrito en 1873, que estableció la defensa mutua entre ambos países. Un periódico paceño señaló que, en el escenario de guerra que Chile había provocado, Bolivia debía encontrar aliados; y ninguno como el Perú, “con quien tan íntimas, tan estrechas relaciones hemos mantenido”, y que “sabrá, lo esperamos, colocarse en el terreno que le señalan sus antecedentes y su propio honor”.
Mientras Bolivia empujaba al Perú a ratificar la alianza, el gobierno chileno presionaba para garantizar su neutralidad. En este dilema, el gobierno peruano intentó mediar entre ambas partes. El ministro plenipotenciario José Antonio Lavalle sugirió un arbitraje, previa retirada de las tropas chilenas de la zona ocupada. Esta condición fue rechazada por Chile, lo que enardeció los ánimos. El consulado peruano fue atacado por la muchedumbre, convencida de que la mediación era un embuste para ganar tiempo y favorecer la posición boliviana. Los esfuerzos diplomáticos llegaron a un punto muerto, y en marzo el gobierno de Hilarión Daza declaró la guerra a Chile. En respuesta, las tropas chilenas se adentraron en el desierto de Atacama y capturaron la ciudad de Calama (23 de marzo de 1873).
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Imagen 1.8. Alianza Perú-Boliviana, 1879. Antonio Bisama Cuevas, Álbum gráfico militar de Chile (Santiago: Sociedad, imprenta y litografía Universo, 1909).
El fracaso de la diplomacia chilena para asegurar la neutralidad peruana en el conflicto supuso la activación del tratado de 1873. La presión interna se hizo insostenible, y obligó a Pinto a declarar la guerra como una estrategia de supervivencia. Para el diplomático estadounidense Thomas A. Osborn, la guerra no solo era una forma de resarcirse de las concesiones hechas poco antes a Argentina, sino la única manera de asegurar la continuidad de su gobierno. “Es difícil
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saber si el gobierno hubiera podido tomar otra medida y mantenerse”, afirmó.
El 3 de abril, el Congreso chileno autorizó la declaratoria de guerra al Perú, recurso extremo para asegurar la estabilidad económica del país mediante el salitre y para distender la presión interna. En las páginas donde se anunció la declaración de guerra, El Mercurio, el diario más importante de Valparaíso, proclamó que “la paz enerva, afemina los caracteres, embota las susceptibilidades generosas del orgullo y concluye por hacer olvidar a los pueblos que el honor es el primero de los elementos de la vida”. En cambio, mediante la guerra se estimulaba la “gloria nacional” por medio de una “pasión que vivifica, que depura los corazones, que ilumina los espíritus, que hace de un país aletargado por la miseria o por los vicios un centro de luz, de trabajo, de fraternidad, de todas esas virtudes que solo brotan al choque de los grandes aprestos”.
En el Perú, la labor del diplomático boliviano Serapio Reyes, junto con una atmósfera igualmente belicista, obligó al gobierno de Prado a ratificar el pacto de alianza. Tras cuestionar la “doctrina absurda” de las reivindicaciones territoriales y la actitud chilena de declarar la guerra “al amigo que trata de cortar la discordia”, el periódico oficial El Peruano reconoció que Perú debía cumplir “un papel digno de la civilización” y defender el derecho internacional en el continente aunque esto supusiera asumir el alto costo de la guerra. En ese escenario, el gobierno peruano no tenía más alternativa que declarar la guerra a Chile. Como aseguró el abogado y periodista colombiano
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Ricardo Becerra a Piérola en una carta: “La opinión pública arrastrará a Prado a la guerra o lo derribará”.
La guerra fue saludada en la opinión pública peruana con un alto grado de confianza en la victoria. Como declaró entusiastamente La Patria, “la guerra con Chile debe durar hasta que el Perú triunfe y humille por completo a su enemigo”. Como recordaría en sus memorias el diplomático José Antonio Lavalle, incluso en un escenario político tan fragmentado y tensionado como el peruano, la guerra concitaba adhesiones transversales. Para los simpatizantes de Prado, “porque veían en ella la manera de consolidar y popularizar al presidente”; los civilistas, que predominaban en el Congreso, porque veían en la guerra una forma de afianzar su control en ese espacio, “dominar el país y asegurar su triunfo en las próximas elecciones”. Los pierolistas, por su parte, “veían en ella el medio de que su caudillo volviese al país y la ocasión de su elevación mediante la manifestación de sus personales cualidades”.
Declarada la guerra, el 15 de abril, Prado ordenó la expulsión de los ciudadanos chilenos residentes en el Perú. Ese mismo día, diplomáticos peruanos y bolivianos acordaron que Bolivia debía movilizar a 12.000 hombres, mientras que Perú aportaría 8000 efectivos, además de su armada. Bolivia se comprometía a indemnizar al Perú por los gastos de guerra y aceptaba que el gobierno peruano gravara mercaderías bolivianas y la exportación de salitre de sus territorios a modo de compensación por la manutención de las tropas.
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Imagen 1.9. Salida de los ciudadanos chilenos de Iquique. La Ilustración Española y Americana, 13 de junio de 1879.
La crisis desatada por la riqueza salitrera desembocó, con un vértigo que terminó embriagando a los contemporáneos, en una guerra para la que se encontraban escasamente preparadas las maquinarias políticas, militares y económicas de los tres Estados cuyos intereses convergían en las fronteras del desierto de Atacama. Comenzaba así un conflicto de proporciones insospechadas y consecuencias históricas duraderas para todos los implicados. Como presagió con aguda lucidez Friedrich von Gülich, diplomático alemán instalado en
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Santiago, al informar sobre el estallido de la guerra, “de la disputa, originariamente por el salitre entre Chile y Bolivia, surge ahora gradualmente, como parece, una lucha por la supremacía sobre la costa occidental de Sudamérica”.
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Capítulo 2
La geografía itinerante de la guerra
Contenido:
El mar
El desierto
Lima
La sierra
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La Guerra del Pacífico fue una de las primeras guerras modernas en el continente. Iniciada en un periodo de grandes cambios tecnológicos y sociales, supuso la primera aparición en el territorio sudamericano de características que más adelante iban a convertirse en clásicas de las grandes contiendas bélicas: los bombardeos de la artillería contra las ciudades; el uso de la fuerza naval acorazada; la amplia movilización cívico-militar; el papel singular de la prensa no solo para informar de lo que ocurría sobre el terreno, sino también para elaborar narrativas en tiempo real, que justificaban las intervenciones y que apoyaban o rechazaban determinadas decisiones de los líderes políticos y militares; el uso de tecnologías mecánicas de reproducción, como la fotografía, para sensibilizar a la población civil y fijar imaginarios visuales, entre otras.
En ocasiones adquirió rasgos también de una guerra total, pues requirió de la movilización de todos los recursos de las naciones implicadas, y, al menos en el caso peruano, abarcó
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gran parte del territorio nacional. En sucesivas etapas, las fuerzas peruanas y chilenas (e inicialmente también bolivianas) se enfrentaron en tierra y mar, en el desierto y en las alturas andinas, en las zonas urbanas y en las rurales. Fue, en este sentido, una guerra itinerante, que en cuatro años atravesó diferentes etapas, según cambiaban los escenarios de batalla.
El mar
Si la guerra es capaz de brindar lecciones en términos estratégicos, el conflicto contra España de la década de 1860 supuso un dramático aprendizaje sobre la relevancia del poder naval. Conscientes de la importancia del dominio del mar para el equilibrio regional, los gobiernos peruano y chileno adquirieron en los años siguientes nuevos buques para engrosar su poderío.
Antes del inicio del conflicto, el poder naval de ambos países era impresionante. La armada peruana estaba compuesta por la fragata blindada Independencia, el mejor y más moderno navío de la escuadra, los monitores blindados Manco Cápac, Atahualpa y Huáscar, la corbeta Unión y la cañonera Pilcomayo. La escuadra chilena, por su lado, contaba con las fragatas blindadas gemelas Cochrane y Blanco Encalada, a las que se añadían las corbetas O’Higgins, Chacabuco, Abtao y Esmeralda, la cañonera Magallanes y la goleta Covadonga, capturada a la armada española en el conflicto de 1865. En contraste, Bolivia carecía de poder naval, por lo que en marzo de 1879 Hilarión Daza ofreció patentes de corso a quienes
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quisieran combatir bajo sus banderas. Sin embargo, la iniciativa no llegó a concretarse.
El hecho de que el primer teatro de operaciones fuera el desierto de Atacama dio un papel decisivo a las armadas. Al tratarse de una zona periférica para los tres países, era necesario trasladar tropas y abastecerlas por vía marítima. El amplísimo radio de operaciones — la distancia entre el Callao y Valparaíso supera los 2400 kilómetros
— hizo del dominio del mar una cuestión crucial. Las escuadras también se empleaban para bloquear los puertos enemigos, hostigar el traslado de tropas, bombardear posiciones estratégicas o proporcionar apoyo táctico en operaciones anfibias.
La importancia del mar quedó clara desde el primer momento. Apenas declarada la guerra, la armada chilena procedió al bloqueo del puerto peruano de Iquique. El plan del comandante Juan Williams Rebolledo era obstaculizar el comercio del salitre en Tarapacá, con un doble propósito: asestar un golpe a los intereses económicos del Perú, impidiendo la adquisición de material bélico, y obligar a la escuadra peruana a abandonar sus posiciones en el Callao, defendidas por sus impresionantes baterías y fortificaciones, para forzarla a un combate en aguas abiertas. La estrategia, sin embargo, no tuvo los frutos esperados, y la guerra naval quedó en un punto muerto, limitada a pequeñas acciones bélicas sin relevancia estratégica, como el combate de Chipana (12 de abril de 1879). De ahí que el gobierno chileno decidiera dar un paso más y llevara la acción de su escuadra más al norte.
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Mientras la Esmeralda y la Covadonga mantenían el bloqueo de Iquique, a mediados de abril el resto de la flota chilena atacó las instalaciones portuarias de Pabellón de Pica, Huanillos, Mejillones, Moliendo y Pisagua. En mayo, la guerra en el mar dio un giro decisivo, cuando la escuadra chilena decidió atacar a la flota peruana en el Callao, para destruirla. Esta, sin embargo, había zarpado hacia el sur, con rumbo a Arica, cruzándose ambas flotas en el mar sin avistarse. Al enterarse del desplazamiento de la escuadra chilena, Mariano Ignacio Prado vio la posibilidad de romper el bloqueo de Iquique y, desde allí, atacar las posiciones marítimas chilenas en Antofagasta.
Los combates de Iquique y Punta Gruesa (21 de mayo de 1879) fueron el primer encuentro importante entre ambas escuadras. Los dos mejores navíos de la escuadra peruana, el monitor Huáscar, comandado por Miguel Grau, y el blindado Independencia, al mando de Juan Guillermo More, se enfrentaron a la corbeta Esmeralda y la goleta Covadonga, ambas de madera, capitaneadas por Arturo Prat y Carlos Condell, respectivamente. En la rada de Iquique chocaron el Huáscar contra la Esmeralda. Tras ser espoloneada tres veces en cuatro horas por el Huáscar, la Esmeralda se hundió. Su capitán, Arturo Prat, había muerto en la cubierta del navío peruano al abordarlo durante el primer espolonazo.
Diez millas al sur, en Punta Gruesa, la Independencia intentaba dar caza a la Covadonga, que había emprendido la fuga. La estrategia de la nave chilena, dado su menor calado, era enfilar cerca de la costa para hacer encallar al navío peruano con las rocas submarinas
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del lugar, lo que logró con éxito. La Independencia no solo comenzó a hacer agua, sino que, mientras su tripulación trabajaba por evitar su hundimiento, fue sometida al ataque de la Covadonga. Cuando el Huáscar llegó en su ayuda, el blindado peruano estaba varado y la corbeta chilena había emprendido la fuga hacia el sur.
Imagen 2.1. Thomas Somerscales, Combate Naval de Iquique. Óleo sobre tela, 1881. Colección Museo Histórico Nacional
Aunque la flota peruana logró levantar el bloqueo de Iquique, el costo estratégico fue enorme. El mejor buque de la escuadra había quedado inutilizado, reduciendo el poder naval peruano a la mitad. Este desbalance sería determinante para el desenlace posterior de la campaña marítima. Chile no solo sumaba la victoria en Punta
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Gruesa, sino que incluso la derrota de la Esmeralda en Iquique fue reformulada como una “victoria moral” de quien, desde entonces, pasó a ser el héroe más relevante de la guerra para el bando chileno: el capitán Arturo Prat, cuyo culto heroico fue instantáneo. “Los chilenos”, sostenía un periódico peruano, “se han hecho idólatras de un nuevo culto que se llama Prat. Allí todo es Prat. Los nombres, los buques, los batallones, las sociedades, las estatuas y hasta los escapularios. Es aquella una verdadera pratomanía”.
Punta Gruesa mermó el poderío naval peruano, pero no supuso el final de la campaña marítima. Durante aquellos meses, el comandante Miguel Grau desplegó todo su talento militar al mando del Huáscar. El llamado Caballero de los Mares, por su conducta con los sobrevivientes de la Esmeralda en Iquique y sus gestos hacia la viuda de Prat, sembró el espanto y la paranoia en la costa chilena. Atacó puertos como Antofagasta, hostigó naves, capturó diversas presas, cortó las líneas de abastecimiento chilenas y entorpeció el desembarco de tropas, con lo que consiguió posponer el inicio de la guerra en tierra. Uno de los momentos estelares de Grau fue la captura del vapor de transporte Rímac (23 de julio de 1879), que llevaba a bordo un escuadrón de los Carabineros de Yungay. El hecho provocó un terremoto político-militar en las dirigencias chilenas y desató una ola de críticas sobre la conducción del conflicto. Renunciaron, entre otros, Juan Williams Rebolledo (jefe de la escuadra), Antonio Varas (ministro del Interior) y Basilio Urrutia (ministro de Guerra). Sus relevos fueron Galvarino Riveros, Domingo Santa María y Rafael Sotomayor, respectivamente.
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Imagen 2.2. Combate de Angamos. La Ilustración Española y Americana, 30 de noviembre de 1879.
Para Chile, dar caza al Huáscar se transformó en el objetivo estratégico número uno. El momento decisivo, tras meses de correrías en el Pacífico, llegó en octubre de 1879. El nuevo jefe de la escuadra, Galvarino Riveros, había establecido una red de vigías costeros que reportaban telegráficamente cualquier aparición del monitor peruano. Cuando fue visto en las inmediaciones de Antofagasta, junto con La Unión, fue interceptado por la flota chilena. La Unión logró huir del cerco y navegó hasta Arica, pero no así el Huáscar. El combate naval de Angamos (8 de octubre de 1879) se
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extendió por más de dos horas entre el buque peruano y los blindados chilenos Blanco Encalada y Cochrane, que lo cercaron. La artillería del Cochrane, al mando de Juan José Latorre, hizo estragos en el Huáscar: una de sus granadas averió la torreta de artillería, mientras que otra destruyó la torre de mando. Miguel Grau murió en la explosión, pero el resto de la tripulación siguió dando batalla, aunque la situación era irreversible para el dañado buque. En su desesperación, la marinería peruana intentó hundir el buque para evitar que fuera capturado por los chilenos, pero la operación no tuvo éxito. El Huáscar cayó en manos del enemigo y pasó a formar parte de la armada chilena.
Tal como había ocurrido con Prat, la muerte de Miguel Grau lo catapultó al sitial de héroe indiscutido del Perú, convirtiéndose en emblema de abnegación y valentía, digno de imitación y reverencia. El combate de Angamos también tuvo una consecuencia más inmediata para el devenir de la guerra: Chile pasó a tener un dominio incontestable sobre el mar, lo que le permitiría en adelante mantener expeditas las líneas de comunicaciones hacia el teatro de operaciones del desierto, desembarcar tropas donde fuera necesario, bloquear los puertos del enemigo y someterlos a bombardeo. Y eso fue lo que ocurrió desde fines de 1879, cuando la guerra cambió de escenario: el eje del conflicto se trasladó del mar al desierto.
El desierto
Tras la campaña naval, las dirigencias chilenas debatieron sobre la siguiente etapa del conflicto. Para algunos, la estrategia adecuada
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para finalizar la guerra consistía en avanzar directamente hacia Lima. Para otro sector, la región de Tarapacá, el corazón de la industria salitrera peruana, era un mejor objetivo, ya que su dominio permitía cortar el suministro económico de las fuerzas aliadas y negociar en mejores condiciones una indemnización de guerra.
Convertir el desierto en el principal escenario del conflicto implicaba un desafío militar enorme para las fuerzas contendientes. Atacama se caracteriza por su extrema aridez. Sus condiciones inhóspitas y la enorme amplitud térmica, con altas temperaturas, gran radiación solar durante el día y temperaturas gélidas durante la noche; la escasez de agua potable, salvo en una que otra quebrada o aguada, los precarios asentamientos urbanos en la zona —a excepción de ciudades costeras como Antofagasta, Iquique y Arica— y la extrema dificultad para la movilización y abastecimiento de los ejércitos hicieron que este teatro de operaciones de la guerra fuera impactante para quienes lucharon allí.
El testimonio de los soldados es elocuente. La vastedad impresionaba a quienes, como el chileno Alberto del Solar, se abrumaban ante la contemplación “desesperante de un desierto sin fin”. Las condiciones climáticas y el sol abrasador, esa “atmósfera de fuego” como la describió el soldado Arturo Benavides, volvían más ruda la experiencia de la guerra, sobre todo cuando estaba acompañada de falta de agua. La escasez del vital elemento enloquecía a los soldados, algunos de los cuales se suicidaron de desesperación. Otros lograban sobrevivir gracias a su propia orina, como el sargento mayor peruano Gustavo Angulo, quien recordaría que en una marcha de tres días
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hacia Tarapacá vio a varios de sus compañeros de armas morir deshidratados. “Yo también ya iba a caer porque ya no tenía orines que tomar, ya no podía hablar, mi lengua se pegaba al paladar, ya iba a quedar abandonado en las pampas del desierto”, decía.
Las dificultades de aprovisionamiento en el interior de la pampa también afectaban a la comida, que era igualmente escasa y difícil de conseguir. Un oficial peruano, Pablo S. del Carpió, consignó que en la campaña del desierto “hemos comido hasta la suela de nuestros zapatos, nos hemos repartido por pedazos iguales las tripas de las muías que morían en el camino”.
Consolidado el control chileno de Antofagasta, los dilemas sobre cómo llevar la guerra hacia Tarapacá se zanjaron con la elección de Pisagua, al norte de Iquique, como objetivo estratégico. Este movimiento debía aislar al ejército peruano-boliviano acantonado en Iquique, al cortar su conexión terrestre con el contingente estacionado en Tacna y Arica. Pisagua tenía, además, buen acceso a las fuentes de agua de Dolores y contaba con una buena conexión ferroviaria hacia el interior. El objetivo chileno era forzar la rendición de Iquique y convertir Tarapacá en una nueva base operativa.
El combate de Pisagua (2 de noviembre de 1879) demostró la importancia del poder naval en el resto de la guerra. En una audaz operación anfibia, el desembarco de las tropas chilenas contó con el apoyo de un intenso bombardeo de la flota a los fuertes aliados de la bahía. El sangriento combate terminó con la ocupación chilena de la localidad y el repliegue de las fuerzas peruano-bolivianas, comandadas por el general Juan Buendía, hacia el interior de
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Tarapacá, donde debía esperar el arribo desde Arica de las fuerzas comandadas por Hilarión Daza. La suma de ambos contingentes debía permitir un contrataque. Sin embargo, en Camarones, Daza decidió retornar a Arica junto a sus tropas tras días de marcha. “Desierto abruma”, indicó escuetamente en el telegrama enviado a Mariano Ignacio Prado para explicarle sus motivos.
Imagen 2.3. Batalla de Tarapacá. Le Monde Illustre, París, 17 de enero de 1880.
Privadas de esos importantes refuerzos, las tropas de Buendía fueron derrotadas en la batalla de Dolores o San Francisco (19 de noviembre de 1879), lo que permitió a los chilenos contar con paso libre hacia Iquique, que fue ocupada pocos días después. El 24 de noviembre,
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una expedición chilena enviada a perseguir a los restos dispersos de las fuerzas aliadas en la quebrada de Tarapacá sufrió una emboscada, pero el resultado del enfrentamiento no cambió la situación estratégica. Las fuerzas peruano-bolivianas emprendieron una fatigosa retirada a través del desierto hacia Arica para reagruparse, dejando la provincia en manos chilenas.
El desenlace de la campaña en Tarapacá tuvo efectos políticos sustanciales para los aliados, cuyos entretelones se analizan en detalle más adelante. Nicolás de Piérola depuso a Prado y en Bolivia la situación fue similar: Hilarión Daza fue derrocado y partió al exilio. Su sustituto fue Narciso Campero, quien asumió la conducción militar del ejército aliado. En Chile, la cuestionada campaña del desierto llevó a la dimisión de Erasmo Escala de la comandancia del ejército, y ocupó su lugar el general Manuel Baquedano.
La siguiente etapa de la guerra en el desierto se centró en Arica y Tacna. El puerto de Arica —el “Gibraltar del Pacífico”— estaba resguardado por una serie de fuertes y minas terrestres que dificultaban el acceso al imponente morro de la ciudad. En la bahía se encontraba apostado el Manco Cápac como batería flotante. Esta situación hizo que los chilenos desistieran de un asalto directo y miraran hacia Tacna. El propósito era aislar Arica por tierra y por mar. La escuadra chilena debía bloquear la bahía en espera del desenlace de las operaciones terrestres contra las posiciones aliadas en Tacna. En respuesta, Lizardo Montero, comandante peruano de la plaza, reforzó las defensas de la ciudad en espera del ataque. Los chilenos, sin embargo, optaron por realizar una serie de incursiones
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militares más al norte, en Moliendo y Moquegua, que incluyeron destrucción de infraestructura estratégica y saqueos.
Imagen 2.4. Entierro de muertos en el Campo de la Alianza, 1880.
Colección Museo Histórico Nacional, Chile.
El 22 de marzo, ambos ejércitos se enfrentaron en el cerro de Los Ángeles, con derrota peruana. El resultado del combate permitió a las fuerzas chilenas ocupar el departamento de Moquegua y, sobre todo, aislar a Tacna y Arica del resto del Perú, lo que complicó el envío de refuerzos desde Arequipa.
Mientras el presidente boliviano, Narciso Campero, se hacía cargo del ejército aliado y afianzaba sus posiciones defensivas en Tacna, las fuerzas chilenas emprendieron una nueva travesía por el desierto.
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Además de los habituales estragos derivados de la falta de agua, a la altura de Sama y Locumba el paludismo y la disentería ocasionaron numerosas bajas. El 25 de mayo, un fallido asalto nocturno peruano-boliviano contra el campamento chileno establecido en Quebrada Honda dio inicio a la batalla por Tacna.
Las tropas chilenas emprendieron un fatigoso avance por la arena para alcanzar las bien parapetadas defensas de las pampas del cerro Intiorko, renombrado desde entonces como Alto de la Alianza. La lucha fue encarnizada, hasta que a eso de las dos de la tarde comenzó la retirada de las fuerzas peruano-bolivianas, algunas de ellas con rumbo a Bolivia. El costo humano fue altísimo, y mostró el rostro más dramático de la guerra. “El campo está sembrado de cuerpos muertos y heridos, de una parte y de otra”, escribió un soldado chileno al finalizar el combate. En el bando aliado, había más de dos mil muertos, mientras que los muertos del lado chileno sumaban más de 450, además de unos 1370 heridos. Horas después el ejército chileno ocupaba la ciudad.
Las consecuencias de la batalla de Tacna fueron decisivas para el futuro de la contienda. Bolivia se retiró del conflicto, que se convirtió en una guerra cara a cara entre el Perú y Chile. La derrota llevó a que la aislada guarnición peruana de Arica se preparase para el asalto definitivo de las fuerzas chilenas. El 5 de junio, el coronel Francisco Bolognesi desestimó la capitulación y afirmó que defendería la plaza “hasta que haya disparado mi último cartucho”. Al amanecer del 7 de junio las tropas chilenas, comandadas por el coronel Pedro Lagos, asaltaron sorpresivamente las posiciones establecidas en el Morro,
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que resistieron tenazmente el embate. El combate fue breve pero encarnizado, hasta que a las ocho de la mañana las tropas chilenas se apoderaron del Morro. Entre 700 y 900 defensores murieron en la batalla, entre ellos el propio Bolognesi. El Manco Cápac fue hundido antes de ser capturado por la flota chilena. Según un testigo peruano, las tropas chilenas tomaron la ciudad desordenadamente, en medio de “una infernal algazara”.
Imagen 2.5. Juan Lepiani, El último cartucho. Óleo sobre tela, 1899.
Colección Museo de los Combatientes del Morro de Arica.
Además del Ejército del Sur y parte de su oficialidad, Perú perdió tras la derrota de Arica su cuartel terrestre y su base naval más próxima
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al teatro de operaciones de la guerra. El desierto, con su lucrativa actividad salitrera, cayó por completo bajo el dominio de Chile, que pudo entonces financiar el esfuerzo de guerra, y privó así al Estado peruano de recursos económicos clave para su defensa. Y lo peor estaba por venir. Tras el fracaso de las Conferencias de Arica (octubre de 1880), la guerra nuevamente cambió de eje. Del desierto pasó al corazón del Perú: Lima.
Chinos y culíes en la guerra
El ciclo del guano provocó una enorme demanda de mano de obra en Perú. La abolición de la esclavitud en 1854 implicó la búsqueda de nuevos obreros para trabajar en el guano, las plantaciones azucareras y el salitre, para lo cual se apeló a la contratación de migrantes chinos —conocidos como adíes— que bajo contratos sumamente precarios desarrollaron actividades en condiciones de semiesclavitud.
Hasta antes de la Guerra se estima que cerca de 100.000 adíes arribaron a las costas peruanas. Aunque algunos lograron desarrollar actividades vinculadas con el comercio, la gran mayoría trabajaba en condiciones deplorables.
El arribo de las tropas chilenas al territorio peruano despertó las simpatías en la población china no solo porque los vieron como liberadores, sino también porque había oficiales chilenos — especialmente Patricio Lynch y Arturo Villarroel— que hablaban algo de cantonés, lo que facilitaba su comunicación.
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Juramento de los chinos en Lurín. El Nuevo Ferrocarril. Santiago, 1881.
A medida que se internaban en Perú —lea, Cañete, Chimbote, Supe —, los chilenos iban liberando a los culíes, que comenzaban a colaborar con los expedicionarios como guías, camilleros y auxiliares. Algunos se desempeñaron como pontoneros y desactivadores de minas junto a Arturo Villarroel, para formar la llamada “Legión Vulcano”. Uno de los momentos más importantes de la colaboración china con las tropas chilenas fue el juramento de lealtad realizado en Lurín en los momentos previos a las batallas por Lima. Allí, dirigidos por Quintín Quintana —un comerciante cantonés y ex culí— un
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grupo de entre cien y mil chinos realizó un juramento de lealtad; en el acto se sacrificó un gallo en un altar y se bebió su sangre.
Las tensiones interétnicas en Perú estallaron tras los eventos de Chorrillos y Miraflores, cuando la población china sufrió la furia de los sectores populares y de los soldados peruanos dispersos, que saquearon negocios y dieron muerte a más de trescientos comerciantes como venganza.
Lima
La derrota del Ejército del Sur propició una reestructuración militar en el Perú, pues resultaba evidente que la siguiente fase de la guerra sería la lucha por la capital. A mediados de 1880 se decretó una movilización general de los reservistas y todo hombre de entre 16 y 60 años fue conminado a recibir entrenamiento militar. Llamativamente, estas reservas se organizaban por oficios y clases sociales. A finales de ese año, con el ejército chileno situado cerca de la capital, los reservistas fueron llamados a las filas ante el inminente ataque. Aun así, las defensas de la ciudad propiciaron en muchos peruanos un sentimiento de confianza. “Lima, creámoslo todos, Lima es invencible”, decía La Opinión Nacional.
En diciembre las fuerzas chilenas ocuparon el puerto de Pisco, que se convirtió en una cabeza de playa para reunir y abastecer fuerzas provenientes de Arica. La marcha de los invasores hacia el norte se detuvo en las afueras de la capital, en Lurín, donde se instaló un campamento para dar descanso y entrenar a los soldados, mientras se planificaba el asalto a la capital. “La orgullosa Lima; la antigua y
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opulenta ciudad de los virreyes sentirá muy en breve resonar en las calles el ruido de las pisadas de nuestros caballos victoriosos”, decía una proclama de Manuel Bulnes Pinto, el hijo del vencedor en Yungay en 1839. La idea de tomar la capital del enemigo, en un último esfuerzo bélico que supondría la victoria definitiva y el fin de la guerra, encendió los ánimos de soldados que, como Ignacio Silva, confesaba a su familia que “día a día tomamos más entusiasmo por concluir luego con esa raza indigna y miserable, llamada peruanos”.
Imagen 2.6. Chorrillos, 1881. Colección Museo Histórico Nacional, Chile.
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Ante el inminente arribo a Lima del ejército chileno, la preparación de las defensas de la capital adquirió un ritmo frenético. Piérola ordenó la construcción de una serie de líneas defensivas, tanto al sur de la capital como en Miradores y San Juan. Esta última tenía 15 kilómetros, y, como las demás, contaba con parapetos y trincheras. En algunas zonas se sembraron minas personales y en la vía férrea Miradores-Chorrillos se colocó un tren blindado artillado con su respectiva línea telegráfica. Los cerros que rodeaban Lima disponían también de las trincheras y baterías de rigor.
Según Jorge Basadre, los defensores contaban con cañones construidos apresuradamente en fábricas peruanas, así como con 30.000 fusiles, 60 ametralladoras, torpedos y dinamita. Los restos del diezmado Ejército del Sur, los reservistas limeños e improvisados batallones compuestos de voluntarios provenientes de otras provincias constituían el núcleo de las tropas. En términos estratégicos, Piérola dividió las líneas de defensa en sectores a cargo de los coroneles Miguel Iglesias, Andrés A. Cáceres, Justo Pastor Dávila y Belisario Suárez.
Luego de visitar por tres veces el futuro campo de batalla, el general Baquedano decidió que la estrategia chilena consistiría en un ataque frontal a las líneas peruanas. Esta propuesta no contaba con el apoyo unánime de sus oficiales José Francisco Vergara y Marcos Maturana, quienes creían que un movimiento envolvente por los flancos era más acertado. Con todo, la propuesta de Baquedano se impuso, ya que contaba con el apoyo de la artillería de la flota.
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Creía que las líneas de suministro eran más expeditas y que la longitud de las defensas peruanas las exponía a un ataque frontal, lo que efectivamente ocurrió. El 12 de enero fue un día especial para los expedicionarios, quienes desde las cuatro de la tarde abandonaron el campamento de Lurín para enrumbar al campo de batalla, situado a w kilómetros de camino por el desierto.
La alimentación en campaña
En tiempos de guerra, una actividad cotidiana como la alimentación puede convertirse en una lucha por la supervivencia. Alejados de los centros urbanos, en el interior del desierto los problemas logísticos para aprovisionar a las tropas se hicieron evidentes. El más sensible fue el suministro de agua. Según los cálculos, un soldado requería seis litros de agua diaria, mientras que los animales de veinte a treinta.
El desierto volvía el suministro dependiente de las máquinas destiladoras, de pozos, quebradas y de lo que pudieran cargar los soldados en sus caramayolas. La escasez de líquido es una constante en los relatos de los soldados: para paliarla, algunos bebían su orina o, desesperados, se suicidaban. En ocasiones el alcohol calmaba momentáneamente la sed, pero daba lugar a desmanes y actos de indisciplina.
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Grabado de Luis Fernando Rojas, “El delito de ser gorda. Un sacrificio por hambre en el regimiento Esmeralda”. Corre Vuela. Santiago, 29 de enero de 1908.
Así como el agua, el alimento dependía de la cercanía de los centros de abastecimiento. En los campamentos, la tropa chilena contaba con café, azúcar, pan, galleta, charqui, grasa, porotos y ají; mientras que para la cena se establecían 230 gramos de carne de vacuno, además de papas y cebollas. La realidad era muy diferente en la pampa. Por la dificultad de transportar alimento fresco en grandes proporciones, los soldados se veían obligados a racionar las porciones o a saquear gallinas, cerdos o corderos, además de verduras.
En el Altiplano, el rancho se componía de maíz tostado y algunas papas cocidas. Las provisiones se cocinaban a la manera tradicional, privilegiando los guisos para aumentar el rendimiento de la comida, especialmente de las escasas grasas y proteínas. Con todo, el hambre
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fue una constante en la tropa de ambos ejércitos, y, en el caso de los aliados, se recurría habitualmente a la hoja de coca para reducir esa sensación.
El 13 de enero comenzó el despliegue de los ejércitos. La división chilena al mando de Patricio Lynch, futuro jefe político-militar del Perú, tomó el sendero de Conchán con destino al Morro Solar. El resto de la tropa se situó frente a Villa y Santa Teresa. La segunda división, a cargo de Emilio Sotomayor, se perdió en la bruma y tardó en llegar a su destino. La tercera división, comandada por Pedro Lagos, tomó la ruta de Atocongo, para impedir que Iglesias o Cáceres recibieran apoyo de otras unidades peruanas estacionadas en las cercanías. En la madrugada, todas las fuerzas convergieron en el emplazamiento acordado, excepto la división de Sotomayor, que seguía desorientada por la densa neblina que caía sobre la zona desde los días previos a la batalla.
Los peruanos estaban al tanto del movimiento chileno y sabían que el objetivo de los invasores era conquistar la capital para forzar una paz favorable. En la madrugada, Cáceres se encargó de que su tropa comiese y tomara alcohol, un acto que se repitió en otras unidades. A las cuatro y media, Lynch atacó a las fuerzas peruanas; siendo el batallón comandado por Pablo Arguedas el primero en entrar en combate. La 2ª División, bajo el mando de Sotomayor, se retrasó casi una hora por las razones anteriormente anotadas. En el bando peruano, el general Pedro Silva ordenó al coronel Belisario Suárez tomar posición y reforzar la zona entre San Juan y Pamplona.
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La batalla fue encarnizada a lo largo de todo el frente de ataque, pues el combate se trabó simultáneamente en los diferentes puntos. Particularmente dramático fue el combate en el Morro Solar, pero, una vez rotas las líneas, comenzó el desbande de las tropas peruanas, perseguidas por una carga de la caballería chilena. “Hicieron tanta matanza que no dejaron a ninguno vivo, partir cabezas y cortar brazos, y nosotros de atrás animando a los granaderos a que no dejaran ninguno vivo”, apuntó el soldado Hipólito Gutiérrez. Las improvisadas fuerzas peruanas desplegadas en San Juan y Chorrillos no pudieron reagruparse, lo que extendió el desánimo en las filas de los defensores. “Un amargo desaliento se apoderó de nosotros”, escribió el reservista y periodista Alberto Ulloa. Manuel González Prada, por su parte, recordaría los vanos esfuerzos por detener el desbande de los desertores, pues “los dispersos acabaron por defenderse a tiros” de quienes insistían en que volvieran a la lucha.
En Chorrillos se montó una improvisada resistencia en las casas, lo que le dio al combate el carácter de guerra urbana. Los soldados chilenos, en medio del éxtasis colectivo de la batalla y “a medida que iban pasando larguísimos tragos del exquisito pisco” dieron rienda suelta a sus excesos. Dispersos en las calles del balneario, asaltaron las pulperías entre un diluvio de balas que cruzaban en todas direcciones mientras la oficialidad era incapaz de contener el desborde. Incluso los soldados peruanos en desbandada, recordaría el británico Robert Ramsay Sturrock, participaron en el pillaje. Tras la borrachera general de la tropa, escribió el oficial chileno Antonio Urquieta en su diario, las comisiones que buscaban a los soldados
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faltantes tuvieron serios problemas para llevarlos de vuelta a los cuarteles. La tropa embriagada cometió excesos, hasta el punto de matarse unos a otros. Al caer la noche de aquella sangrienta jornada de cara al mar, escribió el periodista y soldado chileno Justo Abel Rosales, “gruesas y gigantescas columnas de humo se elevaban hasta las nubes, produciendo horrorosos incendios, en medio de la alegría general de los soldados de todos los cuerpos, ebrios de vino, de sangre y de victoria”.
Imagen 2.7. Ruinas de Chorrillos, 1881. Colección Biblioteca Nacional de Chile, Sala Medina.
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Pese a lo sangriento del enfrentamiento, las batallas de San Juan y Chorrillos no fueron definitivas.
Los restos dispersos del ejército peruano se replegaron hacia un nuevo frente en Miradores, que se convirtió en el último bastión de defensa de la capital. A falta de elevaciones, se implementó una línea defensiva que consistía en parapetos, tapias y trincheras —los llamados “reductos”— que, antecedidos por un terreno minado, se extendían por más de diez kilómetros. Tras un breve armisticio el día 14, en la tarde del 15 de enero se reanudaron las hostilidades.
El enfrentamiento, centrado en los tres reductos más cercanos a la costa, fue favorable en un inicio a las tropas peruanas, que aprovecharon la falta de coordinación de las fuerzas chilenas y las tomaron por sorpresa. Un ataque liderado por Cáceres forzó a los invasores a replegarse. En respuesta se inició un fuerte bombardeo contra las líneas peruanas por parte de la armada chilena. Poco más de una hora después, las tropas comandadas por Pedro Lagos recibieron refuerzos y pasaron al ataque. Los embates sostenidos de las tropas chilenas obligaron a las defensas peruanas a retroceder hacia los reductos. Los enemigos, recordaba José Torres Lara, “avanzaban y avanzaban como un torrente incontenible en su cauce”, capturando nuevas posiciones.
Los reductos cayeron uno a uno, mientras las tropas de Cáceres aguardaban en vano el envío de pertrechos y refuerzos para iniciar un contraataque. Pasadas las cinco de la tarde, Piérola abandonó el campo de batalla y emprendió, junto con sus oficiales, la huida. En ese momento, el desbande de los defensores de los reductos fue
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general y la batalla adquirió ribetes sanguinarios. “Al cholo que encontrábamos vivo lo mataban sin pérdida de tiempo”, escribió Rosales. La derrota era total, y al día siguiente, para evitar que el resto de la flota peruana cayera en manos chilenas, sus propios oficiales hundieron la corbeta Unión y el monitor Atahualpa, anclados en el Callao.
En términos humanos, la batalla de Lima constituye uno de los combates más sangrientos de la historia del continente. Especialmente dramático fue lo ocurrido en Chorrillos. Aunque las cifras son contradictorias, los datos más certeros señalan unos 10.000 muertos peruanos (que otras fuentes elevan a 13.500), 6000 heridos y una cifra similar de prisioneros. Los chilenos sufrieron alrededor de 1300 muertos y más de 4100 heridos.
Sin embargo, los desastres de la guerra no se agotaron ahí. Tras la destrucción de Miraflores, soldados peruanos saquearon e incendiaron casas y negocios en su huida a Lima. Los comerciantes chinos fueron objeto de especial encono; muchos de ellos fueron asesinados, y sus almacenes saqueados. Lima y Callao, recordó el reservista Alberto Ulloa, quedaron “abandonadas a merced de un populacho excitado y de bandas de soldados irritados por su derrota, borrachos de pólvora y de vino”. La noche del 15 de enero, con un campo regado de cadáveres y con localidades consumidas por las llamas, debía ser “por largo tiempo recordada con vergüenza por los peruanos. Su propia gente intentó quemar Lima, luego saquearla”, apuntó en su diario el oficial naval británico Rudolph de Lisie.
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Imagen 2.8. Juan Lepiani, Defensa del tercer reducto de Miraflores, 1894. Colección Elejalde, Pontificia Universidad Católica del Perú.
Pese a lo encarnizado de las batallas por Lima, los miles de muertos que sucumbieron ya por defenderla o conquistarla, y la destrucción material de la ciudad y sus alrededores, los sangrientos combates de enero de 1881 no implicaron el final del conflicto. Y es que después de Miraflores la guerra nuevamente mudaría de geografía: el nuevo escenario sería la sierra.
Mujeres en guerra
El estallido de la guerra movilizó a las mujeres en diversos espacios. Aunque la prensa alentó al público femenino a participar desde la
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sociedad civil, en la práctica también se desenvolvieron en el ámbito militar. En la retaguardia, su labor fue crucial en agrupaciones que suministraban alimentos, cuidaban heridos y huérfanos y realizaban labores de beneficencia. En el frente, las “rabonas” peruanas y bolivianas, y las “cantineras” chilenas proveyeron ayuda sanitaria y alimentaria a los soldados. Muchas de ellas se enrolaron de manera voluntaria, por compromiso patriótico, pero la mayoría lo hizo por razones familiares, para acompañar a esposos e hijos al frente de batalla.
Soldado y rabona. Estudio Courret, c. 1870. Library of the Congress.
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En el caso de los aliados, la participación de las rabonas desdibujaba las fronteras entre el espacio doméstico y el ámbito militar, pues, como constató un observador francés, las tropas marchaban al frente seguidas de sus esposas e hijos, convirtiéndose en “ejércitos de familia”. En Chile, aunque se intentó regular la participación de cantineras, hubo casos de mujeres que se embarcaron como polizones o se disfrazaron de hombres para pelear. Algunas cantineras populares que se destacaron en combate fueron Irene Morales, Dolores Rodríguez y Carmen Vilches.
En Perú, la participación femenina tuvo su momento más importante durante la fase de resistencia a la ocupación. Antonia Moreno de Cáceres, la llamada “Mamá Grande”, contribuyó al comité patriótico de resistencia mediante dinero, información y armamento para las guerrillas. Otra mujer destacada fue Leonor Ordóñez. La tradición oral en torno a su figura sostiene que lideró una guerrilla en el combate de Huaripampa, donde fue tomada prisionera y fusilada por las tropas chilenas.
La sierra
Andrés A. Cáceres, el estratega de la resistencia serrana, fue uno de los primeros en señalar que la caída de Lima no significaba la derrota del Perú. Por su activa participación en la denominada guerra de recursos entre caudillos, que durante varias décadas atravesó la geografía peruana, su opinión poseía sustento histórico. “La toma de Lima por los chilenos”, afirmó el denominado Brujo de los Andes, no significaba “el completo aniquilamiento del poder militar del Perú, ni
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mucho menos la decisión de la guerra por la fuerza de las armas”, puesto que “aún quedaban recursos, territorios y energías para continuarla”.
La rendición de Lima supuso una redistribución del poder político en el Perú. La fragmentación y la terca resistencia de los poderes regionales a los afanes centralistas limeños había sido una constante en la vida política peruana. Aunque negativa para la consolidación de un proyecto nacional, esta tradición favoreció al país en la nueva coyuntura de resistencia al invasor. Tras la ocupación de Lima por parte de fuerzas extranjeras, la resistencia regional se convirtió en una estrategia de sobrevivencia del Estado peruano, fragmentado pero resistiendo con todos los medios a su alcance.
Las fuerzas chilenas, comandadas en un primer momento por el general Baquedano, capturaron el aparato estatal peruano, pero el poder político se “descentralizó” y retornó a los tradicionales núcleos regionales. La nueva configuración del poder, dividido en norte, centro y sur, junto con el minúsculo reducto limeño en el balneario de la Magdalena, recrearon la división que por muchos años había caracterizado la política peruana.
Bajo el mando de Lynch, una serie de expediciones, muchas de ellas con fines depredadores, partieron hacia la sierra. Los soldados chilenos sentían que la cordillera era un desafío aún mayor que el desierto, por la crudeza del clima, que causaba estragos físicos en algunos casos irreparables. Mientras perseguían a Cáceres y sus guerrilleros, sus narices y orejas se desollaban y el cuerpo se entumecía, al punto de que muchos soldados se desmayaban. La
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combinación del frío y soroche, a falta de medicina, se trataba con una copa de pisco y azotes en el cuerpo, hasta que la víctima reaccionara. Las tropas, describía un cronista, “marchaban como un ejército de fantasmas, cayendo los débiles aquí, levantando allá; extenuadas, jadeantes, fosforescentes las miradas por la fiebre y el soroche”.
Los cadáveres de delgadez extrema, muchos de ellos sepultados de cualquier manera en lo profundo de los Andes, eran lo opuesto a la salud y fortaleza de las tropas que se habían batido “como leones” durante las campañas marítima y terrestre. El lento deterioro físico y mental de una tropa mal alimentada, sin calzado, que casi dejaba su sangre en los guijarros del camino, fue objeto de duras críticas en la prensa santiaguina. La sierra y sus desafíos habían convertido a los valientes soldados del ejército chileno en “míseros esqueletos”, que deambulaban sin rumbo y sin sentido, expuestos a los ataques sorpresivos de una guerra irregular.
Junto con las innumerables penurias físicas y las constantes emboscadas de las guerrillas caceristas, los relatos de los soldados chilenos también muestran las dimensiones etnográficas de un viaje que para muchos de ellos los condujo al corazón de las tinieblas. El público predominantemente urbano pudo leer, gracias a periodistas y cronistas-soldados, sobre la geografía y la diversidad cultural de la sierra peruana, que aterraba igual que atraía. En uno de los relatos más interesantes referidos a los Andes centrales, Marcos Ibarra, soldado de la Sexta Compañía del batallón Tacna, se lamentaba de que las tropas tomaban mate de coca, usaban ojotas, consumían
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carne de llama, vestían uniformes remendados con trapos de “bayeta de colores” y estaban cubiertos de piojos. Era tal la precariedad que fue necesario enviarles botas y una muda de ropa nueva para que regresaran a Lima vestidos “decentemente”.
La infancia en guerra
La guerra no dejó indiferente a la población de menor edad.
Tripulación del Cochrane (detalle), 1879. En Antonio Bisama Cuevas, Álbum gráfico militar de Chile (Santiago: Sociedad, imprenta y litografía Universo, 1909).
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Desde el entusiasmo con que eran recibidas las noticias en las plazas y los colegios, la guerra despertó un amplio interés en las conciencias infantiles y juveniles. Si bien los ejércitos tenían restricciones de edad para el enrolamiento, en la práctica eran flexibles. Muchos menores formaban parte de las bandas de guerra y otros incluso participaban en combate.
Algunos niños chilenos partieron al frente como polizones, ya fuera por un sentido de aventura, como vía de escape a las penurias económicas, o para acompañar a sus parientes. José Emilio Amigo formó parte de la dotación de la Esmeralda con 10 años, mientras que Arturo Benavides se enroló a los 11 años al batallón Lautaro y a los 15 era ya un veterano. En el Perú, las necesidades de la guerra supusieron una amplia participación de niños y jóvenes. Algunos de ellos poseían instrucción militar, como los llamados “Cabitos”, alumnos de la Escuela de Clases de Chorrillos, que participaron en las batallas de Tacna, San Juan, Chorrillos y Miradores, como Isaías Clivio, Braulio Badani y Belisario Moreno.
En otros casos, la guerra interrumpió la vida escolar e incentivó la participación infantil con un sentido de urgencia. Un grupo de estudiantes limeños del colegio de Guadalupe participó en la defensa de la capital, entre ellos Manuel Bonilla, quien a los 13 años murió en la batalla de Miradores. En la sierra, los alumnos del colegio San Ramón se organizaron para enrolarse voluntariamente en el batallón Vengadores de Cajamarca y en la Columna de Honor, animados por una arenga del joven Gregorio Pita en las aulas del recinto. Trágicamente, en la batalla de San Pablo, Gregorio, junto con algunos
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de sus compañeros de clase, como José Manuel Quiroz y Enrique Villanueva, encontraron la muerte.
La guerra entró en una fase de desgaste, ante la imposibilidad de los chilenos para forzar a Cáceres a un combate abierto.
Imagen 2.9. A. Giraráin, Ataque de una montonera en Junín. Le Monde Illustré, París, 9 de septiembre de 1882.
Dos expediciones enviadas a la sierra, la primera comandada por Ambrosio Letelier a mediados de 1881 y la segunda un año después al mando de Estanislao del Canto, terminaron en sendos fracasos. Letelier incluso debió enfrentar una corte marcial por los excesos
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cometidos. El punto muerto de la guerra suscitó grandes deliberaciones en la prensa chilena, que cuestionaba la fragmentación de los batallones de la sierra, que los volvía en un “apetitoso sebo para el enemigo”.
Desde mediados de 1882, el reagrupamiento de las fuerzas de Cáceres permitió a los peruanos lanzar una impresionante contraofensiva en el valle del Mantaro. Para el Brujo de los Andes, el “plan general” consistía en “atacar al enemigo por todas direcciones, a fin de estrechar su círculo de acción y de recursos”. Para lograrlo atacó de manera simultánea a las fuerzas chilenas acantonadas en La Oroya, Tarmatambo y Marcavalle. En San Pablo (Cajamarca) y Concepción tuvieron lugar las victorias más relevantes de esta contraofensiva, que lograron la retirada de las fuerzas chilenas hacia Lima.
Para la opinión pública chilena fue particularmente dramático el impacto de lo sucedido en Concepción, entre el 9 y 10 de julio. El combate había mostrado el comportamiento de “una horda de indios salvajes sin patria y sin ley”. Un análisis, a todas luces racista, reseñaba el enfrentamiento entre “indios y cholos montoneros”, armados de “garrotes, hondas y lanzas”, y “los titánicos soldados” del Chacabuco, que con extremo heroísmo asaetaban “las compactas masas de los embrutecidos cholos”. Este episodio significó un quiebre importante en el discurso que presentaba al Estado chileno como una fuerza civilizadora.
Mostraba que la “cruzada civilizadora” tenía sus límites y que los Andes peruanos era uno de ellos.
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En un discurso de cuatro horas en la sesión extraordinaria convocada por el Congreso chileno a raíz del desastre, el historiador Vicuña Mackenna pidió un “castigo tremendo” para las cobardes matanzas que ocurrían en la sierra peruana. Otro congresista solicitó al gobierno “arrasar todos los pueblos de la sierra”, de manera que hiciera “sentir a Lima todo el peso de la guerra”. Desde su punto de vista, el mayor problema era que el Perú no quería la paz sino “la guerra a muerte”, un concepto que se refería a un enfrentamiento no convencional, en el que no se respetaban las civilizadas reglas de la guerra.
Imagen 2.10. Luis Boudat, Combate de Concepción. Óleo sobre tela, c.
1890. Pinacoteca del Ejército de Chile.
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La contraofensiva peruana tuvo un valor más simbólico que estratégico. Las acciones de represalia del ejército chileno en Cajamarca dividieron políticamente a la resistencia. Mientras Cáceres quería continuar la guerra, Miguel Iglesias se abrió a la posibilidad de la paz, incluso a costa de cesiones territoriales a Chile. Este fue el inicio de una guerra civil dentro de la guerra. En 1883, Cáceres envió una avanzada de sus fuerzas al mando de Isaac Recabarren a la ciudad norteña para destituir a Iglesias. Los chilenos trataron de aprovechar el movimiento para encerrar a las tropas de Cáceres con una doble maniobra. A un altísimo costo humano (un cuarto de sus efectivos murió o enfermó sin haber entrado en combate) la división al mando de Marco Arriagada empujó a Cáceres desde el sur hacia el norte. En paralelo, desde Trujillo la división comandada por Alejandro Gorostiaga debía apoyar a las fuerzas de Iglesias.
En julio, se produjo en Huamachuco la batalla decisiva, entre las fuerzas de Cáceres y Gorostiaga. Aunque inicialmente el combate pareció inclinarse hacia el lado peruano, que gozaba de ventaja numérica, la escasez de munición y bayonetas volcó la suerte hacia las tropas chilenas, que, apoyadas por la caballería, atacaron a bayoneta calada en una lucha cuerpo a cuerpo que se caracterizó por su crudeza. Los chilenos se negaban a capturar prisioneros, ya que consideraban que los combatientes peruanos no eran soldados regulares sino montoneros. Como recordaría un corresponsal peruano, el combate se convirtió “en una carnicería, en un corral de matanza, donde se violaron todas las leyes de la guerra”.
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Las fuerzas de Cáceres perdieron en Huamachuco más de la mitad de sus efectivos, lo que puso fin a cualquier posibilidad de rearticulación efectiva de la resistencia. Para entonces ya solo quedaba el ejército de Arequipa, al mando de Lizardo Montero. Una expedición chilena bajo las órdenes del coronel José Velásquez logró tomar la ciudad a fines de octubre de 1883, casi sin encontrar resistencia armada. Montero partió a Puno, donde esperaba contar con apoyo boliviano para reagruparse. Sin embargo, una expedición dirigida por el coronel Diego Dublé Almeyda también capturó la ciudad altiplánica sin encontrar resistencia. Una torpedera chilena instalada en el lago Titicaca impidió cualquier amago de colaboración boliviana en la zona, culminando así la fase militar de la guerra.
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Capítulo 3
La sociedad civil en armas
Contenido:
La opinión pública y la guerra impresa
La guerra en manos de Dios
Sociedad civil y organizaciones cívicas
Ciudades en guerra: Cajamarca y Coquimbo
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Más allá de los episodios bélicos, la Guerra del Pacífico se caracterizó por una intensa participación de la sociedad civil, que no se limitó a ser mero testigo o víctima de los acontecimientos. La contienda suscitó pasiones y adhesiones transversales en todos los países involucrados y puso en juego una serie de mecanismos para garantizar la lealtad de los ciudadanos a sus ejércitos y para defender la justicia de la causa a la que cada uno de ellos se adhería. Este capítulo deja de lado las batallas sobre el terreno y analiza los mecanismos de movilización, que le confirieron a la Guerra del Pacífico, en sus momentos más dramáticos, elementos de una guerra total en naciones que hasta entonces habían sido aliadas.
La opinión pública y la guerra impresa
Los periódicos cumplieron un papel fundamental en la Guerra del Pacífico. La calidad del ecosistema de comunicaciones de masas floreció durante el conflicto, incentivada por la amplia demanda de
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información sobre los sucesos bélicos, al tiempo que hombres de letras y publicistas pugnaban por establecer una suerte de mapa cognitivo de la guerra, sus dilemas y desafíos. Centro de noticias, organizadora de múltiples rituales patrióticos, integradora de valores divergentes, tribuna del pueblo, unas veces consejera y otra crítica del gobierno, además de núcleo de una retórica nacionalista, la prensa desempeñó un papel múltiple que fue clave en el desarrollo de la contienda.
La fotografía de guerra
La popularización de la fotografía en la segunda mitad del siglo XIX se expresó también en la guerra.
La guerra entre los Estados Unidos y México (1846-1848) y la guerra de Crimea (1853-1856) fueron los primeros conflictos reporteados gráficamente. En América Latina, la guerra de la Triple Alianza o del Paraguay (1864-1870) fue cubierta por los fotógrafos, trabajo que reflejó el lado dramático de la lucha.
La Guerra del Pacífico también fue escenario de una intensa labor de los fotógrafos, que mostraron el conflicto desde una perspectiva novedosa y más realista que la pintura, aunque eso no significó que carecieran de propósitos ideológicos. Fotógrafos como Carlos Díaz y Eduardo C. Spencer se enrolaron junto al ejército chileno para retratar tanto a las tropas como los espacios conquistados en la guerra.
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Carlos Díaz y Eduardo Spencer, vista de la cima del Morro de Arica después de la batalla, 1880. Colección Museo Histórico Nacional de Chile.
Por las limitaciones técnicas de la fotografía de la época, no lograron capturar escenas de batallas, pero sí vistas de los sitios de los combates, retratos colectivos de los batallones e imágenes de los territorios ocupados por las tropas chilenas. Muchas de estas fotografías se reprodujeron en la prensa chilena convertidas en grabados, especialmente en El Nuevo Ferrocarril.
Sin embargo, la guerra también podía ser capturada desde otra perspectiva. Fue lo que hizo Eugéne Courret tras las batallas de Chorrillos y Miraflores, cuando, impactado por los estragos, fotografió
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ambas poblaciones en ruinas. Con la ocupación de Lima el estudio Courret siguió con sus actividades, dedicado a retratar a la orgullosa oficialidad chilena. En todas estas variantes, como testimonio de la vanidad de los militares, de los estragos materiales y humanos, y como herramienta de propaganda de los vencedores, la fotografía fue un factor novedoso en la formación de la cultura visual de la guerra. Como en toda guerra, perfilar al enemigo y sus supuestas características fue una de las funciones principales de la prensa. Para dotar a la contienda de legitimidad moral era necesario identificar al adversario, sus cualidades y propósitos. En Perú y Bolivia, la propaganda bélica presentaba a Chile como un país expansionista, que para satisfacer sus ansias no dudaba en quebrar la convivencia continental y vulnerar el derecho internacional; una nación que, según un medio boliviano, solo conocía “el derecho del puñal”. Los chilenos, de acuerdo con El Espolón del Huáscar, eran “los piratas de América”, un país obsesionado por sus “dorados sueños de preponderancia y grandeza”. Para hacerse con “las riquezas de sus hermanos”, no había dudado “en lanzar un reto insolente a la humanidad y a la civilización del presente siglo”. A diferencia de Chile, aseguraba otro diario, el Perú desde su independencia se había caracterizado por su lucha permanente para “mantener incólumes los fueros de los débiles y de los oprimidos”. Los chilenos, en cambio, eran “sicarios de un gobierno de mercaderes, que, desertando de la comunión americana, ha levantado en los territorios de Bolivia, la hermana de la víspera, el estandarte de la conquista y de la reivindicación”, aseguraba La Opinión Nacional.
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Imagen 3.1. El Nuevo Ferrocarril, Santiago, 24 de mayo de 1880.
Por supuesto, la prensa chilena tenía un enfoque radicalmente diferente. Chile se percibía a sí misma como una “república modelo”, con una estabilidad institucional que la diferenciaba de sus caóticos vecinos. La participación en la Guerra del Pacífico se defendía apelando a dos argumentos. Por un lado, la prensa chilena sostenía que el despótico gobierno boliviano había vulnerado los tratados previos, con el fin de despojar a los ciudadanos chilenos del fruto de un esfuerzo de décadas en el desierto. Según El Ferrocarril, eran los chilenos quienes habían convertido “un arenal improductivo y
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maldito” en una avanzada de la civilización. La guerra era el último recurso para impedir la ilegítima usurpación de “una riqueza acumulada merced a la inteligencia, al coraje, al sudor y a la sangre de los chilenos”.
El segundo argumento resaltaba la condición de víctima de Chile frente a la conjura de sus vecinos —“la familia de Judas y de Caín”, según Las Noticias—, expresada en el Tratado de 1873. Era una guerra de supervivencia frente a un pacto artero de quienes querían destruir a Chile, una república que en su historia había sido, en palabras de un periódico santiaguino, “todo corazón, toda benevolencia, desprendimiento y obsequiosidad para sus hermanas”, y que podría considerarse la “inventora de la teoría de la solidaridad americana”. Por eso, agregaba desde Valparaíso El Mercurio, era preciso que “la venganza sea tan terrible como el insulto; que los degenerados descendientes de los Incas reciban el castigo que merecen por su traición cobarde, por su envidia ruin, por sus odios inveterados y gratuitos contra Chile”.
La propaganda de guerra no solo expresaba las trayectorias e intereses contrapuestos de los países en contienda, sino que en muchos casos apelaba a cuestiones de tipo racial. La racialización de las diferencias nacionales fue uno de los aspectos más importantes de la labor periodística de la época, que contraponía “cholos” a “rotos” como arquetipos étnicos de los países en guerra. La defensa de la supuesta superioridad racial chilena se fundamentaba en un mestizaje que no solo estaba extendido, sino que provenía de la unión de razas guerreras. El Mercurio expresaba una confianza absoluta en
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el triunfo, pues por el soldado chileno “circula la sangre de fuego del español mezclada con la lava de los volcanes de Arauco”. El icono por excelencia de este mestizaje era el “roto”, personaje tradicionalmente vilipendiado que ahora asumía una función catalizadora del orgullo nacional. El mestizaje chileno se contraponía a la heterogeneidad racial de los adversarios, especialmente de la población indígena, afrodescendiente y china, circunstancia que explicaría la inferioridad racial de los enemigos en términos raciales. “¡Descendientes directos del mono de Darwin!”, señalaba El Ferrocarrilito con unas palabras que ahorran más comentarios, “debéis comprender que el hombre, es decir, el chileno, ha sido designado para ser vuestro soberano. ¡Doblad ante él la rodilla, monos indecentes!”.
La prensa peruana también subrayaba la inferioridad racial del adversario. Según se sostenía, la nación chilena tenía su origen étnico en un mundo indígena “salvaje”, que no estaba a la altura de la civilización incaica. Los conquistadores que habían llegado al extremo austral eran lo peor de la sociedad colonial, un reducto de prófugos y delincuentes de poca monta. El prolífico publicista Manuel Atanasio Fuentes sentenciaba en las páginas de El Murciélago que la “raza chilena” no podía degenerarse porque desde sus orígenes ya era una raza corrompida. “Viene de ladrones, sus conquistadores, presidiarios más que gitanos, y de los salvajes: por eso, esa raza pura es hasta hoy lo que fue en su origen, de ladrones, de asesinos”. En la misma línea, El Comercio de La Paz destacaba la singular herencia indígena de los chilenos, que los convertía en “el vástago de las tribus
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errantes y antropófagos”, afirmando que “en sus venas corre la sangre espuria del indio salvaje y bárbaro africano”.
Imagen 3.2. “Agonía de Pinto y entierro del cóndor chileno por los gallinazos de Lima”. El Murciélago, Lima, 28 de julio de 1879.
Promover la causa y denigrar al adversario no fue la única función de la prensa durante el conflicto. Mayor debate interno generó su labor de fiscalización de las autoridades políticas y militares. Mientras El Peruano, en tanto medio oficial, buscaba controlar el flujo de información, magnificaba las victorias y atenuaba la importancia de las derrotas, El Comercio tenía una posición crítica frente a las autoridades, hasta el punto de que el régimen de Piérola decretó el
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cierre del periódico. En Chile no se cerró ningún medio, pero su papel como contrapuntos críticos del gobierno fue igualmente importante, como demuestra la permanente actividad de Benjamín Vicuña Mackenna desde las páginas de El Nuevo Ferrocarril. En algunos casos, la prensa puso en aprietos incluso a los altos cargos militares, al filtrar información sensible para el desarrollo de la guerra. Eloy Caviedes, corresponsal de guerra de El Mercurio, fue acusado de publicar datos sensibles sobre los movimientos de la armada, que ayudaron a la captura por parte de los peruanos del vapor Rímac. Asimismo, tras la batalla de Tacna, Caviedes cuestionó los métodos del general Baquedano, quien indignado lo detuvo por dos meses bajo la acusación de “difamar públicamente” al ejército.
El caso de Caviedes es importante porque refleja el surgimiento de una nueva figura en los medios de comunicación de la época: el corresponsal de guerra. Revestidos de la legitimidad de quien conoce de primera mano la guerra, los corresponsales saciaron con sus crónicas la necesidad de noticias de las crecientes audiencias nacionales. Conscientes de que narrar la guerra in situ y en tiempo real era muy apreciado por los lectores, los principales medios de prensa enviaron al frente corresponsales que pronto se hicieron famosos. Fueron los casos de Manuel Horta (El Nacional), José Rodolfo del Campo (El Comercio), Benito Neto (La Patria) y Julio Octavio Reyes (La Opinión Nacional) en el bando peruano; mientras que en Chile destacaban Daniel Riquelme (El Heraldo), Eduardo Hempel (El Ferrocarril), Julio Chaigneau (La Patria) y Eloy Caviedes (El Mercurio).
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La ocupación de Lima supuso un cambio radical en la dinámica comunicacional de la guerra. Las autoridades chilenas de ocupación clausuraron los medios locales e impusieron una prensa afín, compuesta por medios como La Actualidad, La Situación y El Diario Oficial. En sus páginas se destacaban los beneficios de la ocupación, y se afirmaba que ningún observador racional podía escandalizarse al ver “que una raza progresista entre en posesión de un territorio que haya dormido por largo tiempo en manos de un pueblo ocioso y afeminado”. Sin embargo, este esfuerzo chileno por monopolizar la opinión pública no llegó al resto del Perú. Por el contrario, la prensa regional desplegó una intensa actividad en el sur, la sierra central y el norte, denunciando la violencia de la ocupación y promoviendo la resistencia contra los chilenos.
La batalla comunicacional no se limitaba a las audiencias de los países directamente implicados. Peruanos, chilenos y bolivianos eran conscientes de la importancia que podían tener las prensa americana y europea para dotar de legitimidad a sus respectivas causas y ganar el favor de las principales potencias. El flujo funcionaba en los dos sentidos: la prensa de los países en guerra traducía reportajes y editoriales publicados en medios internacionales que eran favorables a su causa y, al mismo tiempo, los diplomáticos proporcionaban a estos medios información que magnificaba sus victorias y minimizaba las derrotas. La imagen de Chile era particularmente negativa en la prensa venezolana, colombiana y argentina, donde el escritor Ricardo Palma tenía un papel importante. Con frecuencia se lo presentaba como un país expansionista o incluso como “la Prusia americana”, al
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decir de un medio de Buenos Aires. Palma también envió múltiples crónicas a El Canal. Dirigido por el cónsul peruano en Panamá, Federico Larrañaga, y patrocinado por Piérola, este medio se publicaba en español, inglés y francés, y tenía como objetivo defender la causa peruana y cuestionar el papel del ejército de ocupación chileno.
La guerra en manos de Dios
Perú, Chile y Bolivia eran Estados confesionales, que reconocían al catolicismo como religión oficial. Se trataba, sin embargo, de jerarquías eclesiásticas diferentes, cada una de ellas arraigada en su propio país y con vínculos más o menos conflictivos con el Estado. Este arraigo nacional explica el papel que la Iglesia jugó no para propiciar la paz, sino para poner recursos morales, espirituales, humanos, monetarios e institucionales al servicio del esfuerzo bélico. Una de las primeras tareas que asumieron los sacerdotes fue justificar la legitimidad moral de la guerra. Para ello echaron mano de una serie de argumentos teológicos que, desde su punto de vista, explicaban por qué el favor de Dios estaba con su nación. Esta no era una tarea sencilla. Dado que los tres países eran católicos, tenían la misma religión, los mismos rituales y el mismo dios, justificar el favor divino requería de habilidad dialéctica y argumentativa. La clave consistía en establecer la justicia de la propia causa, lo que permitiría validar moralmente el uso de la fuerza contra el enemigo.
A esta tarea se empeñaron los eclesiásticos de los tres países desde el primer momento. En una carta pastoral de Francisco Orueta,
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arzobispo de Lima, señalaba en 1879 que el Perú se había esforzado por evitar la “calamidad de la guerra” e incluso había prestado su “generosa mediación para evitar una lucha sangrienta entre dos repúblicas hermanas”. Sin embargo, Chile desató la guerra con una “injusta agresión” que se fundaba en “frívolos” e “indignos motivos”. Por su parte, el clero chileno desplegó una intensa campaña desde los púlpitos para justificar su causa con argumentos similares. Así, el presbítero Rodolfo Vergara Antúnez recordaba que Chile disfrutaba de la paz propia de una “nación soberana y civilizada”, hasta que Bolivia y Perú lo obligaron a despertar del “sueño del trabajo”. “Dos naciones, que hasta ayer estrechaban nuestras manos con efusiones de la amistad, han pactado sigilosamente nuestra deshonra y nuestro exterminio”, enfatizaba quien también era redactor del periódico El Estandarte Católico. Por ello, la causa chilena era justa y contaba con el respaldo divino.
Además de validar la justicia de la causa nacional, el esfuerzo teológico-político de los curas también apuntaba a dar sentido a la guerra. Desde una perspectiva religiosa, la guerra era uno de los mayores males que podía enfrentar una nación, y, en general, se atribuía su origen a un castigo divino. “La guerra es un mal; y por lo mismo, un castigo de nuestros pecados”, sentenciaba el arzobispo de Lima. Los países no eran sino instrumentos de la providencia para llevar a cabo sus juicios. Esto sugería el obispo de Trujillo, José Domingo Arméstar, cuando planteaba ante sus feligreses que “el Señor se vale de los mismos pueblos como instrumento de su justicia para castigar sus delitos, permite el terrible flagelo de la guerra para
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que, sintiendo estos el peso de las calamidades que ella entraña, entre en los senderos de la verdad y del bien”.
Imagen 3.3. Francisco Orueta y Castellón, en Ricardo Palma, Tradiciones peruanas, séptima serie (Barcelona: Montanery Simón Editores, 1896).
Para el clero chileno, su nación era el instrumento empleado por la divinidad para castigar a sus enemigos por sus pecados, especialmente al Perú. Según Esteban Muñoz Donoso, el pecado peruano era la ingratitud, pues mientras “Chile liberó al Perú y le enseñó a pronunciar la dulce palabra de libertad”, estos habían
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respondido con un pacto artero con Bolivia para destruirlo. Pero si los peruanos habían olvidado la generosidad chilena, había “un Dios en el cielo” que estaba dispuesto a castigar su conducta, utilizando el flagelo de la guerra como instrumento correctivo.
La Iglesia también jugaba un papel central en el esfuerzo de guerra. Los sacerdotes llamaban emotivamente a la defensa de la patria y promovían el alistamiento de nuevas tropas. El sacrificio la vida en aras de la nación era propio de corazones cristianos genuinos, pues la religión insuflaba el sentimiento patriótico y lo purificaba de cualquier mezquindad, decían. El vínculo entre cristianismo y patriotismo se traducía en una serie de recompensas metafísicas que debían animar a los soldados a marchar al frente. “Si caéis en el puesto de honor, la patria eternizará en el bronce vuestro nombre y la Iglesia levantará en sus templos un altar que regaremos con lágrimas de gratitud”, exhortaba el sacerdote Ramón Ángel Jara a los soldados del batallón Chacabuco.
El discurso religioso no se limitaba a los hombres. Conscientes de las diferencias de género en tiempos de guerra, los sermones también ofrecían consuelo a las mujeres que quedaban en el frente doméstico. La parafernalia religiosa ayudaba a hacer tolerables las inevitables muertes de hijos, esposos, padres y hermanos. Los sacerdotes predicaban la resignación y abnegación cristiana como virtudes que permitían dotar de sentido a estas pérdidas. El ejemplo mariano era central en las prédicas. “El cristianismo ha fundado en el mundo la escuela de la mujer fuerte, bajo el ministerio de María”, explicaba el arzobispo de Lima. Con ese ejemplo se habían formado “las esposas
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y madres, que han enardecido a sus esposos y a sus hijos, para que inmolen sus vidas en los altares de la religión o en los altares de la patria”.
Ya sobre el terreno, varios hospitales de sangre se establecieron en recintos religiosos, especialmente en Lima, en las iglesias de Santa Sofía, San Bartolomé y San Pedro, entre otras. Asimismo, el clero propició colectas y donativos para el sostenimiento económico de la guerra, erogaciones para socorrer a las viudas y huérfanos del conflicto y la celebración de romerías y rogativas públicas para, en palabras del arzobispo Francisco Orueta, “inclinar en favor nuestro a la misericordia divina”.
Imagen 3.4. Capellanes chilenos en la guerra, 1881. Archivo Joaquín Matte Varas.
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En paralelo, surgieron numerosas agrupaciones de beneficencia alentadas por la Iglesia que canalizaron parte importante de la labor femenina en tiempos de guerra. En Perú se crearon instancias como la Sociedad de Señoras de la Caridad, la Compañía de María y la Cruz Blanca, mientras que en Chile destacaron la Sociedad Protectora de Santiago y Valparaíso, la Casa de María y la Sociedad del Perpetuo Socorro.
La religiosidad popular también jugó un papel durante el conflicto. El culto a Santa Rosa de Lima experimentó un auge a través de rogativas y escapularios para los soldados. En Chile, la advocación de la Virgen del Carmen cobró renovada actualidad, en tanto su vínculo con la guerra (al ser la patrona del ejército) era más explícito. Su culto se intensificó con rogativas y novenas en numerosas localidades e incluso en el campo de batalla. En el fragor de la batalla de Dolores, el capellán José María Madariaga (a quien la prensa presentaba como una versión chilena del héroe de las cruzadas medievales Pedro el Ermitaño) enarbolaba el estandarte de la Virgen del Carmen y arengaba a la tropa a combatir con mayor intensidad al enemigo.
Madariaga no era un caso aislado. Con el inicio de la guerra, decenas de sacerdotes se enrolaron para dar soporte espiritual a las tropas en el frente de batalla. Tanto Chile como Perú crearon la institución del Vicariato Castrense para coordinar estos esfuerzos.
En Perú se nombró al eclesiástico Antonio García, mientras que en Chile se dispuso que el presbítero Florencio Fontecilla desempeñara el papel central. Las labores de los capellanes eran múltiples: oficiar
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misas de campaña, prestar asistencia sanitaria, confesar a los soldados antes de entrar en combate y brindar auxilio espiritual a los moribundos en el campo de batalla. Un ejemplo de esta actividad nos lo proporciona el cura Gumersindo Gómez, quien asistió al ejército chileno durante la batalla por el control de Lima. La visión de la capital peruana y la sensación de inminente peligro hizo que la tropa se volviera más religiosa. “Muchos se van rindiendo a Dios”, escribió Gómez a su superior. “Nosotros seguimos confesando en los campamentos tanto del ejército de línea como en el de la reserva y mucho se va consiguiendo”.
Sociedad civil y organizaciones cívicas
La década de 1870 coincidió en los países involucrados en la Guerra del Pacífico con un periodo de florecimiento y expansión de las asociaciones cívicas. Sociedades mutuales, de beneficencia, instituciones gremiales, asociaciones filarmónicas, literarias, educativas y culturales, clubes políticos, cuerpos de bomberos, agrupaciones obreras y colectividades religiosas, entre otras, ponen en evidencia la riqueza y diversidad de la sociedad civil en la época. Estas diferentes asociaciones se movilizaron para apoyar el esfuerzo bélico y permitieron articular a las comunidades locales con el gobierno central en dimensiones como la beneficencia, el abastecimiento de las tropas, el ámbito sanitario, el enganche de voluntarios y la coordinación de manifestaciones patrióticas para incentivar la adhesión de los ciudadanos a la causa nacional.
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Esta dimensión civil de la contienda quedó de manifiesto desde los primeros días. En muchas localidades, se organizaron multitudinarias reuniones, procesiones y desfiles patrióticos para coordinar los esfuerzos y poner en evidencia el “espíritu cívico” de las provincias y pueblos. Más allá de las inevitables diferencias locales, el repertorio de acciones colectivas en las movilizaciones fue bastante similar en los países en conflicto. Al enterarse de la ocupación de Antofagasta por las fuerzas chilenas, los vecinos de Cochabamba organizaron el 28 de febrero de 1879 una multitudinaria concentración, en la que se escogió una directiva para canalizar el apoyo de la comunidad al gobierno y asegurar la continuidad de la lucha contra “la bastarda Inglaterra de la América”, según definió a Chile uno de los oradores. A continuación, se enarbolaron los pabellones boliviano y peruano, y varios voluntarios juraron en público morir en defensa de la bandera.
En Lima, cerca de 10.000 ciudadanos se reunieron en la plaza de Armas para escuchar a una serie de tribunos, que arengaron a la multitud con emotivos discursos que llamaban a la guerra contra Chile, aquel “país raquítico y endeble”, según Fernando Casos.
Como en muchas otras ceremonias similares, se firmó un acta dirigida al gobierno “para que sepa que puede contar con el patriótico concurso del pueblo de Lima, ya se trate de las personas o de sus bienes”. En Chile, las cosas no fueron diferentes. Los vecinos de Colchagua organizaron una junta de apoyo al ejército en campaña. Presidida por el intendente Manuel José Soffia, la asociación civil, con sede en San Fernando, se dividió en cinco comisiones: subsidios,
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ambulancias y provisiones, Guardia Nacional, amparo de las familias de los soldados ausentes y reclutamiento para el ejército expedicionario.
Las reuniones patrióticas eran un espacio propicio para el despliegue de la oratoria cívica. Al pie de monumentos, en el interior de teatros o en tabladillos improvisados en las plazas, los tribunos públicos hacían gala de sus dotes retóricas para conmover e interpelar a los ciudadanos. Vilipendiaban al enemigo, defendían la causa nacional e incentivaban el compromiso popular con la guerra. En el Cuzco, en la multitudinaria reunión realizada a propósito de la declaratoria de guerra, Pío Benigno Mesa, periodista, político y catedrático, fue uno de los oradores encargados de perfilar el sentido de la contienda ante el auditorio. Subrayó que “Chile nos ha mirado siempre mal” y “siempre nos tuvo rivalidad y envidia, irrogándonos males en cuanto pudiera”, e hizo un llamado a tener confianza en la victoria. Incluso invocó el pasado remoto como antecedente inspirador: “Recordad que vuestros antepasados los incas marcharon desde esta metrópoli a conquistar Chile hasta Copiapó”, sentenció. Como Roma, el Perú debía reducir a Chile, “la Cartago de los tiempos modernos”, a la ruina y la impotencia.
Los hombres de palabras chilenos realizaron una labor similar a la de sus pares peruanos. En Valparaíso, tras el inicio de la guerra con Bolivia, Máximo Lira, político, diplomático y periodista, tomó la palabra, arengó al auditorio e insistió en la legitimidad de la causa chilena, pues el país era víctima de una agresión injusta. “Somos nosotros los provocados, nosotros los engañados, nosotros los
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despojados”. Bolivia, cuyos gobernantes vivían “en la perpetua orgía del licor y de la sangre”, quería usurpar la prosperidad del desierto, “suelo regado con el sudor fecundo de nuestros obreros” y sus gobernantes. Por esa razón, eran necesario mantener el desierto a todo trance, incluso al alto costo de la guerra.
Imagen 3.5. Asilo de la Patria, Chile. El Nuevo Ferrocarril, 2 de enero de 1881.
Por supuesto, la participación de la sociedad civil no se circunscribió a la propaganda ni a las manifestaciones multitudinarias. Un papel incluso más decisivo tenía que ver con la gestión de apoyos materiales
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y humanos a la causa bélica. Los métodos para recolectar fondos eran diversos. Además de las erogaciones voluntarias, se organizaban bazares, rifas, funciones de teatro, conciertos y comidas. Los comités locales se encargaban de organizar estas actividades y publicar en la prensa las listas de donantes, como estrategia para incentivar la generosidad de los ciudadanos y estimular el orgullo local. Ninguna población quería ser menos que otras ciudades y provincias en su apoyo al esfuerzo colectivo.
El activismo local pronto dio paso a una articulación más amplia. Apenas un par de días después de la declaración de guerra, se creó en el Perú la Junta Central Administradora de Donativos para la Guerra con Chile, cuyo primer presidente fue el obispo del Cuzco, Pedro José Tordoya. La Junta se componía de diversos miembros, representantes de las asociaciones civiles más relevantes del país, y dividía sus acciones en cuatro áreas de trabajo: coordinación y comunicación con las provincias, recepción de donativos en dinero, recepción de los donativos en especie y gestión de los recursos recolectados. En Chile tenía una función similar la Sociedad de Socorros La Protectora, presidida por Carlos Walker Martínez, que extendió sus actividades entre 1879 y 1885. Con los aportes de las provincias, de las colonias extranjeras y de los dividendos de diversas actividades, recolectó 15.322 pesos durante su primer año de vida, un 14% de los cuales provenía de los aportes de los vecinos de Santiago. Además de recoger fondos para ayudar a huérfanos y viudas, la Sociedad ofició de nexo entre las familias de los soldados y las autoridades estatales. Cobraba los sueldos atrasados de los
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fallecidos en campaña, tramitaba las asignaciones que la ley establecía para quienes no habían recibido las ayudas contempladas en la ley y hacía efectivos los sueldos impagos y las gratificaciones de los licenciados por invalidez.
La protección de viudas y huérfanos fue preocupación central de la sociedad civil ante la ausencia de instituciones estatales que cumplieran ese propósito. En mayo de 1879 se formó en el Cuzco la Sociedad de Señoras de la Caridad que, según explicaba una de sus fundadoras, Tomasa Pacheco, tenía el propósito de recolectar fondos y ayudar a los huérfanos y las viudas resultantes de la guerra. La atención preferente por las víctimas del conflicto también fue una preocupación de la sociedad civil chilena, como lo demuestra el caso del Asilo de la Patria. Creado al alero de las autoridades religiosas tras el impacto mediático del combate naval de Iquique, el Asilo se propuso adoptar a los huérfanos de dicha batalla hasta los 14 años. De manera sintomática, la beneficencia reproducía las fronteras de clases sociales, pues los asilados estaban divididos estrictamente entre los hijos de los oficiales y los hijos de los soldados.
La modernización del armamento bélico
La Guerra del Pacífico se libró en una época de notables avances tecnológicos que afectaron al armamento, con el consiguiente aumento de la capacidad destructiva, como lo mostraron las guerras de Secesión estadounidense (1861-1865), la franco-prusiana (1870-1871) y la ruso-turca (1877-1878).
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Los nuevos fusiles de infantería contaban con un sistema de retrocarga, así como con mayores alcance, precisión y cadencia de tiro. Perú disponía de fusiles Chassepot de varias series, así como Winchester, Comblain, Peabody-Martini y Remington, entre otros. Esta diversidad dificultó el adecuado aprovisionamiento de municiones. Chile, por el contrario, tendió a estandarizar su armamento, privilegiando el uso de rifles Comblain II, lo que suponía ventajas logísticas.
Cañones Krupp del Regimiento de Artillería nº 2, 1881. En Antonio Bisama Cuevas, Álbum gráfico militar de Chile (Santiago: Sociedad, imprenta y litografía Universo, 1909).
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Las innovaciones tecnológicas también se hicieron notar en la artillería. Las ametralladoras fueron un arma destacada del conflicto, utilizadas tanto en tierra como en el mar. Destacaban la ametralladora Gatling, empleada para defender posiciones contra los ataques de infantería. Entre los cañones, sobresalieron las piezas fabricadas por Krupp, de las que Chile contó con mayor cantidad. Estas armas demostraron gran radio de alcance, capacidad de daño y maniobrabilidad.
En algunas batallas —como las de Arica, Chorrillos y Miraflores—, las minas eléctricas jugaron un papel importante en las posiciones defensivas peruanas, y provocaron la ira de la infantería chilena. En la guerra naval también se implementaron nuevas armas, como los torpedos Lay, que el Perú adquirió a los Estados Unidos, que el Huáscar quiso utilizar sin éxito en Antofagasta. Con dispositivos similares, los peruanos lograron hundir a la Covadonga y al Loa. La artillería naval también tuvo innovaciones, como los proyectiles Palliser, cuyas ojivas podían perforar el blindaje, y se mostraron decisivos en el combate de Angamos.
Los donativos recolectados por la sociedad civil no siempre tuvieron como propósito fines sociales. Con el devenir del conflicto, la adquisición de armamento se convirtió también en un objetivo popular. Este empeño fue especialmente sensible durante la campaña naval. Tras conocerse los resultados del combate de Iquique y el hundimiento de la Esmeralda, el comandante general de la marina chilena, Eulogio Altamirano, pidió “una suscripción que sea
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eminentemente popular, de un peso por persona, para que en ella tomen parte los hombres, mujeres y los niños de todas clases y condiciones” con el fin de adquirir una “Nueva Esmeralda”. La idea fue bastante popular en sus inicios. En Talca, por ejemplo, durante 1879 se recogieron más de 12.000 pesos para la nueva Esmeralda y para erigir un monumento en honor al capitán Prat. La pérdida del monitor Huáscar en Angamos dio lugar a una campaña similar en el Perú: adquirir un nuevo acorazado que debía denominarse Almirante Grau. Las erogaciones, coordinadas por la sociedad civil, llegaron desde diversos puntos del país. En Ambo (Huánuco), los vecinos hicieron llegar a la Municipalidad de Lima la suma de 2308 soles, además de un reloj y “una crucecita” de plata. En la misma provincia, el pueblo de Cayna donó 387 soles para el mismo propósito.
Ciudades en guerra: Cajamarca y Coquimbo
Por la envergadura del conflicto, la Guerra del Pacífico implicó una amplia y transversal movilización de todos los sectores de los países en guerra. De manera directa o indirecta, la experiencia bélica se hizo sentir en todas las localidades, desde las grandes urbes hasta los pueblos más recónditos. El reconocimiento de esta diversidad de actores comunitarios nos permite entender la guerra de 1879 desde una perspectiva diferente a como tendió a narrarla la historiografía más convencional, que, enfocada en las grandes ciudades, extrapoló lo que acontecía en ellas hacia el resto del país. Las nuevas perspectivas de las historias locales nos permiten leer el conflicto desde las provincias para apreciar tanto los aspectos comunes como
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las formas peculiares en que las ciudades vivieron una experiencia límite como la guerra. En las siguientes páginas examinaremos un ejemplo de cada país: Cajamarca y Coquimbo.
Como en el resto de las ciudades peruanas, en Cajamarca las noticias sobre la eventual declaratoria de guerra a Chile se tradujeron en una importante movilización para evidenciar el civismo de la población. Una reunión de vecinos suscribió un acta en donde, tras sostener que “el departamento de Cajamarca observa con atención la suerte de la patria y se resuelve a llenar el deber de contribuir con sus intereses y sus personas para el sostenimiento de sus derechos”, la ciudad se comprometía a formar dos batallones de guardias nacionales para la “defensa del honor nacional”. No fue un caso aislado. Siguiendo el modelo, pueblos del interior del departamento también convocaron manifestaciones en favor de la guerra. Así ocurrió en Jaén, Huambo y Cutervo. En este último pueblo, sus vecinos protestaron contra Chile, “esa nación desleal”, y aseguraron estar dispuestos “a sacrificarnos como hombres de corazón en aras de la patria”. Más allá de estas declaraciones, cuando la guerra comenzó a aproximarse al norte del Perú, los batallones formados en Cajamarca efectivamente entraron en batalla, combatiendo en Chorrillos y Miraflores.
Tras la ocupación de Lima por parte de las fuerzas chilenas, la ciudad de Cajamarca adquirió gran importancia. En ella se instaló el gobierno provisional de Lizardo Montero, constituido tras la deportación a Chile de García Calderón. En la imprenta de la municipalidad comenzó a publicarse La Realidad, a cargo de José Abelardo Gamarra. Cuando Montero se trasladó a Huaraz y luego a
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Arequipa, se designó al terrateniente local Miguel Iglesias, quien había combatido en la defensa de Lima, donde murió su hijo, como jefe superior político y militar del norte. Sin embargo, como reflejo de las desavenencias de las principales familias terratenientes de la zona, su autoridad fue resistida. José Mercedes Puga, por ejemplo, se puso al frente de un levantamiento en los pueblos de Chota y Hualgayoc.
Imagen 3.6. Catedral de Cajamarca, c. 1886. Colección Bibliothèque Nationale de France.
Las fisuras políticas locales quedaron en pausa con el arribo de las fuerzas chilenas a la zona. Para repeler la invasión, se formaron varias columnas en los poblados aledaños, mientras que en la capital regional se constituyó el batallón Vengadores de Cajamarca,
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compuesto por voluntarios, obreros y estudiantes del Colegio Nacional de San Ramón. Sin embargo, el entusiasmo era mayor que la preparación militar y el armamento. Un testigo local afirmó que los voluntarios “carecían de armamento y uniforme”, por lo que las tropas “ofrecían el más abigarrado de los aspectos, semejando a nuestras colecticias montoneras de antaño, en donde se agrupaba un paisanaje armado de rifles, escopetas y rejones”.
Las fuerzas chilenas de ocupación fueron vencidas en San Pablo el 13 de julio de 1882 por fuerzas conjuntas del departamento, en una victoria que caló hondo en el imaginario local. El Boletín de Cajamarca celebró exultante el combate. “La esperanza y el deseo de triunfo se avivan y la confianza en la salvación de la patria se asegura”, afirmó. Sin embargo, el triunfo y el entusiasmo fueron una ilusión momentánea. Unas semanas después una fuerza de 1200 hombres, al mando del comandante Ramón Carvallo, llegó para capturar la ciudad e imponer cupos de guerra por valor de 70.000 soles, una suma imposible de pagar para la desgastada economía local. Una comisión de vecinos cajamarquinos trató de interceder ante la tropa, asegurando que no serían hostilizados, pero la ciudad quedó semiabandonada y las fuerzas chilenas procedieron a la quema de las iglesias de La Merced y La Recoleta, con la acusación de que allí se ocultaba armamento, entre otros desmanes. Los ocupantes fusilaron a varios cajamarquinos acusados de atacar a los soldados chilenos y, en su intento de capturar a Iglesias, procedieron a quemar el poblado de San Luis, pues creían que era “el punto donde constantemente se reunían montoneros que bajaban a la costa”.
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El impacto de la ocupación de Cajamarca y los poblados aledaños fue decisivo para Miguel Iglesias. Semanas después, en la hacienda de Montán, explicó sus razones para defender el fin de la guerra, incluso con cesión territorial al enemigo. Las fuerzas chilenas, afirmó impactado, asolaban las localidades “ansiosas de venganza y exterminio” y hacían cualquier tentativa de lucha fuera un “sacrificio estéril”. Sobre Cajamarca pesaban “todos los horrores de una guerra sin ejemplo sobre seres inermes y desvalidos”.
Imagen 3.7. Coquimbo, 1883. Colección Bibliothèque Nationale de France.
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Si en Cajamarca la experiencia de la guerra fue traumática y directa, en Coquimbo el conflicto se vivió de manera significativamente diferente. La ciudad, caracterizada por su actividad portuaria y minera, fue uno de los epicentros de la zona norte de Chile durante la guerra. Como en otras muchas localidades del país, al recibirse las noticias del estallido de la guerra a través de los belicosos medios de la zona, como El Comercio y El Coquimbo, los vecinos del puerto organizaron una multitudinaria manifestación para apoyar la decisión del gobierno de ocupar Antofagasta. Además de las declamaciones patrióticas y la organización de comisiones con el fin de recaudar contribuciones y donativos, la declaración de guerra también supuso la movilización militar de los ciudadanos. A inicios de marzo, un pequeño contingente se embarcó voluntariamente hacia Antofagasta, pero a medida que la demanda de hombres se hizo más necesaria, el gobierno exigió el enrolamiento masivo por cada uno de los departamentos de la provincia. Particularmente relevante fue la movilización de sectores mineros como La Higuera, Panulcillo y Tamaya. Las poblaciones de la costa también se movilizaron para defender los puertos, como aconteció en Tongoy, Totoralillo y la propia Coquimbo. Ante la falta de recursos estatales, las erogaciones de los vecinos permitieron emplazar en el sector de Peñuelas dos cañones para fortificar el puerto frente a un eventual ataque enemigo. Los preparativos también incluyeron aspectos médicos, como la instalación en La Serena (a unos 15 kilómetros del puerto) de un hospital de sangre, financiado con aportes de la comunidad, para atender a los heridos de las campañas del norte.
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Aunque el movimiento de tropas hacia el sur de Perú fue permanente, la población coquimbana no experimentó la guerra en su territorio. Lo más cerca que estuvo la ciudad de sufrir los estragos de la violencia fue una sorpresiva visita nocturna del Huáscar a inicios de octubre de 1879. Las correrías del acorazado peruano desataron la angustia en el puerto, al decir de un corresponsal embarcado en La Unión, según el cual “no dejaba de notarse la agitación de los habitantes de Coquimbo, que corrían en distintas direcciones con luces en la mano”. No hubo intercambio de fuego, y días después el Huáscar fue capturado en Angamos. Tiempo después el acorazado arribaría al puerto, esta vez como trofeo de guerra, convertido en atracción para la población que atestaba el muelle para visitar el legendario navío.
La guerra para los coquimbanos fue una experiencia librada íntegramente en territorio enemigo. La prensa local se jactaba de la amplia presencia de sus coterráneos en las filas del ejército expedicionario. “Más de mil voluntarios coquimbanos, llenos de fe en el triunfo de la santa causa nacional y enardecidos por el valor y civismo, han acudido presurosos a derramar su sangre por la Patria, en los rudos combates que se libran, en las gigantescas luchas que Chile sostiene con sus desleales vecinos del norte”, sentenció un medio.
En el momento más álgido de la guerra, la provincia logró movilizar a más de 4000 soldados. El Batallón Coquimbo tuvo su bautismo de fuego en la batalla de San Francisco, aunque su accionar fue determinante en otra batalla: la de Tacna. En los Altos de la Alianza,
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el batallón cumplió una destacada acción. Según narró el ovallino Francisco A. Machuca, miembro del batallón, “los mineros coquimbanos, acostumbrados al cerro y al desierto”, habían sido de los primeros en alcanzar las posiciones enemigas, aunque a un alto costo humano. El mismo comandante del batallón, Alejandro Gorostiaga, resultó herido y el estandarte fue destrozado en el fragor de la batalla, “mutilado por diez balazos enemigos”.
Tras participar en Chorrillos y Miradores, buena parte del contingente coquimbano fue repatriado con honores. Según le comunicaba al intendente de la provincia el ministro de Guerra chileno, José Francisco Vergara, “la provincia de Coquimbo puede acudir en masa al encuentro de sus valientes hijos, con el orgulloso convencimiento de que estos han sabido cumplir con todo cuanto era lícito exigir de ellos en nombre de la vieja tradición”. Aunque posteriormente algunos miembros fueron reincorporados para la campaña de la sierra, donde participaron en la ocupación de Arequipa y Puno, buena parte de su contingente culminó su experiencia bélica hacia 1881. Tras retornar a la provincia, fueron recibidos como héroes. En La Serena, por ejemplo, la atmósfera impregnada de patriotismo ponía en evidencia lo que había significado la guerra para la comunidad local. “Sus calles, desde el centro a los suburbios”, evocaba el historiador local Julio Montebruno, estaban embanderadas y “todas las casas, hasta las más humildes, lucían en balcones, ventanas y puertas, con nunca visto derroche, follajes, flores, tapices, banderas, letreros de bienvenida y felicitación”.
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Capítulo 4
La política de la guerra
Contenido:
La dimensión política de la guerra
Formas de hacer la guerra: ficción pierolista y presidencia en campaña chilena
Viejos y nuevos liderazgos militares
Francisco Bolognesi y Manuel Baquedano: dos trayectorias militares y políticas
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La Guerra del Pacífico se contextualizó en un escenario de gran polarización política dentro de los Estados contendientes. El desafío del conflicto agudizó en muchos casos esas fricciones, pues el desarrollo de la guerra exigió al máximo las capacidades de negociación de las diferentes fracciones en pugna, las que además debían afrontar el frágil equilibrio entre lo político y lo militar, especialmente en el caso de los aliados.
Este capítulo indaga en el vínculo entre guerra y política. Aborda así las disputas de poder en la dirección del conflicto, las luchas políticas y generacionales entre las dirigencias militares, las mutaciones en los liderazgos castrenses y la forma en que el despliegue de la guerra fue incidiendo en las identidades de los cuerpos militares en lucha, entendiendo que la constitución de los ejércitos
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impactó decisivamente en el desempeño de los soldados en el campo de batalla.
La dimensión política de la guerra
La llegada al poder de Manuel Pardo y Lavalle, primer presidente civil desde la independencia, en agosto de 1872, fue el resultado de una de las campañas electorales más violentas de la historia peruana. El anterior presidente, José Balta, había sido asesinado unos días antes, y sus asesinos, los hermanos Gutiérrez, uno de los cuales era secretario de Guerra del mandatario, habían sido tumultuosamente ajusticiados.
Esta violencia no era algo inédito. En vísperas de la Guerra del Pacífico, Perú era un país de enormes riquezas naturales, pero tenía serios problemas de institucionalidad, inclusión social y control territorial. Una sucesión de caudillos militares había gobernado por medio siglo (1822-1872) en un contexto de desorden administrativo, continuos cambios de constitución, golpes de Estado y guerras civiles que depredaban y fragmentaban un país con una dificilísima geografía. Los quinientos millones de dólares de utilidades que había proporcionado el guano al fisco no fueron suficientes para lograr una mínima estabilidad.
Pardo debió hacer frente a una doble crisis, institucional y económica, que llevó al país a la bancarrota fiscal en 1874. Esta decisión significó un duro golpe para la economía, en especial para los rubros de comercio y finanzas. Tras el poder en 1877, en medio de una campaña electoral que dejó una profunda fractura entre las
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facciones políticas en pugna, Mariano Ignacio Prado intentó, sin éxito, remediar la situación. En la misa de honras fúnebres de Pardo, que había sido asesinado por un escolta, el arzobispo de Lima advirtió sobre un Perú dividido y en pugna consigo mismo. Este era el sombrío escenario cuando la guerra comenzó.
¿Estaba, por su parte, Chile preparado para una guerra internacional tras la amarga experiencia de la conflagración contra España (1864-1865), que había llevado al bombardeo de Valparaíso y dejado en evidencia la escasa preparación de la república? La Moneda tardó unos meses en organizar un comando militar eficiente, pero finalmente dio con la fórmula. Aníbal Pinto primero y Domingo Santa María después delegaron su autoridad a un representante que decidía en terreno la dinámica y logística de la guerra. Contaban además con el apoyo de un núcleo administrativo y de un puñado de operadores entrenados en el complejo arte de la política de facciones. Estos apoyos fueron clave para una guerra en la que Chile, en palabras de Santa María, se jugaba “toda su bolsa a una sola carta”. Considerando el panorama económico, político y social, la guerra era una apuesta a todas luces temeraria. La crisis económica de la década de 1870 también había afectado a esta parte del continente. Para conducir la guerra se optó por separar los mandos político y militar, subordinando el segundo al primero. Esta fórmula permitió que el poder civil chileno pudiera desplegarse en los territorios conquistados sin necesidad de que el presidente en persona se desplazara al escenario de la guerra. Ni Perú ni Bolivia ensayaron algo similar. Por el contrario, sus respectivos presidentes fueron
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personalmente responsables de la conducción de las tropas en el campo de batalla, lo que aumentaba su responsabilidad y los volvía mucho más vulnerables a los ataques de sus rivales políticos.
El servicio médico en la guerra
La guerra encontró a los ejércitos peruano y chileno sin estar preparados en el ámbito médico.
Yaco Pietrosanti, personal médico, Moquegua, 1879. Colección Samanez Ocampo, Pontificia Universidad Católica del Perú.
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La solución consistió en un sistema mixto, que aunaba la incorporación de médicos civiles en los batallones con la labor de voluntarios de universidades, asociaciones de doctores y sociedades de beneficencia, laicas y religiosas. También tuvieron un papel destacado las organizaciones femeninas.
Dado que la guerra se libró en territorio boliviano y peruano, los aliados podían apoyarse en la estructura hospitalaria de las localidades cercanas. Sin embargo, hubo ocasiones en las que el personal médico debió trasladarse al campo de batalla, en unidades especiales de ambulancia y Cruz Roja. Amparadas por el derecho internacional y las convenciones humanitarias, estas unidades teóricamente no podían ser atacadas y no distinguían nacionalidades al momento de atender a los heridos. No obstante, en ocasiones el fragor de la batalla llevó a las fuerzas militares a cometer excesos. En la batalla de Tacna, las tropas chilenas no respetaron al personal médico apostado en las inmediaciones del combate, destrozaron material sanitario y ultimaron a varios heridos.
Para el caso chileno, los heridos eran atendidos en los buques y en algunas instalaciones de las ciudades ocupadas, como los llamados “hospitales de sangre”, donde se efectuaban transfusiones. Otras veces la situación era más complicada. En Pisco, un cirujano recordaba que los heridos “no tenían más que agua azucarada con que aliviar sus dolencias”. En el suministro de alimentos, la provisión de insumos médicos —como vendas, camillas, medicamentos o morfina— se vio dificultada por la geografía de la guerra. Las condiciones no eran las óptimas y los heridos corrían el riesgo de
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desangrarse, contraer septicemia, gangrena o, en casos graves, sufrir la amputación de sus miembros.
La dificultad para deslindar las responsabilidades y el caudillismo hizo que en el bando aliado la guerra se supeditase a objetivos de tipo político antes que estratégicos. Hilarión Daza, quien se había convertido en presidente de Bolivia tras un golpe de Estado en 1876, asumió la conducción del ejército conjunto, pero tras los desastrosos resultados de la campaña de Tarapacá fue depuesto por un golpe militar. Su reemplazo fue el general Narciso Campero, quien a su vez sufrió la derrota de Tacna, que llevó al abandono de la guerra por parte del país altiplánico.
En el Perú, el desarrollo adverso de la campaña marítima obligó a tomar decisiones controvertidas. El 19 de diciembre de 1879, dos meses después de la derrota de Angamos, Prado inició un viaje secreto a Europa para adquirir armamento. Su partida dejó acéfala la conducción política y militar peruana, además de iniciar un amargo debate sobre su papel en la guerra, que duraría mucho tiempo. Tanto en una carta escrita antes de su súbita partida, como en el llamado “manifiesto de Nueva York” de 1880, señaló que mientras se careciera de “poderosos elementos navales” la campaña terrestre sería “lenta, costosa y difícil”. Como jefe de Estado, creía que debía rearmar el país, pues en caso contrario solo podía someterse a una “desesperante” resignación. Muchos, sin embargo, vieron su viaje como una huida, quizás motivada por el miedo a acabar como Balta y los hermanos Gutiérrez. Fuera cual fuera su móvil, de lo que no cabe duda es que fue un gravísimo error táctico. La salida del
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presidente del escenario político-militar creó un vacío de poder y dio una oportunidad a un revolucionario consuetudinario: Nicolás de Piérola.
Tras la partida de Prado, el mando supremo recayó en su anciano vicepresidente, el general Luis La Puerta, quien el 22 de diciembre fue removido por Piérola mediante un golpe de Estado.
Imagen 4.1. Arica vista desde el Morro, 1880. Antonio Bisama Cuevas, Álbum gráfico militar de Chile (Santiago: Sociedad, imprenta y litografía Universo, 1909).
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Con el apoyo de algunos contingentes del ejército, la Guardia Nacional y la gendarmería, el exsecretario de Hacienda de la administración Balta se declaró dictador del Perú no sin antes prometer que la hora de la reparación nacional había “finalmente llegado”.
La transgresión del orden constitucional, en plena guerra, se aceptó “como una de esas desgracias irremediables”. Más allá del hartazgo y la frustración, la guerra evidenció el desgaste de un gobierno al que se responsabilizaba del fracaso en el sur y de la pérdida de las salitreras. La ausencia de una buena parte de la oficialidad, destacada en la frontera, permitió que el golpe de Piérola se impusiera. Según un testigo, la dictadura pierolista fue el producto de “la trágica pugna entre dos debilidades”: un gobierno herido de muerte y una oposición en manos de un revolucionario voluntarista. Ambas “flaquezas” obedecían, sin embargo, a intereses muy concretos. Piérola acaudillaba al sector conservador y anticivilista, que había quedado marginado del reparto fiscal desde la llegada al poder de Manuel Pardo. Sin apenas oposición, fue apoyado por la guarnición de Lima y nombrado nuevo conductor político-militar de la contienda.
Frente a estas convulsiones, la conducción de la guerra en Chile fue muy diferente. Pinto había llegado al poder tras un proceso electoral que dividió a la clase política chilena en varias facciones, haciendo necesario apostar por la unificación, por lo que se intentó una política de consenso, tratando incluso de hacer convivir intereses contrapuestos. Décadas de experiencia política se combinaban aquí
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con la audacia y el pragmatismo propios del liberalismo en el poder. Enemigos de antaño, como el nacional Antonio Varas y el liberal Domingo Santa María, representaron a cabalidad esta voluntad unificadora que tan importante fue para la guerra.
El plan maestro de contienda fue elaborado por el gabinete presidido por Varas, quien había sido el hombre fuerte del gobierno conservador de Manuel Montt, e incluso organizó una red de espionaje en Valparaíso.
Imagen 4.2. El Banquillo, Lima, 12 de junio de 1880.
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A sus 62 años, era el hombre más experimentado y mejor imbuido de la mística estatal tan necesaria para echar a andar, en condiciones muy adversas, la compleja maquinaria bélica. Como él mismo reconocía, el principal problema para Chile era la inexistencia de un partido lo suficientemente fuerte como para imprimir por sí solo una dirección clara a una guerra de dimensiones tan colosales.
Imagen 4.3. Evacuación del Callao. Ilustración Española y Americana, Madrid, 30 de enero de 1881.
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En su mensaje al Consejo de Estado, Piérola reconoció que en el Perú la fragmentación también era un grave problema. Sin embargo, a diferencia de sus pares chilenos, en lugar de amortiguarla decidió incrementarla. Acusó al Poder Legislativo de todos los males que sufría el país y caracterizó a su administración como “regeneradora”. Su objetivo era levantar “un muro infranqueable entre el pasado y el presente, en homenaje a la patria vencida y arrollada”, y denunciar al Congreso, donde, de acuerdo con su visión, “todo había sido falsificado”, desde “las leyes hasta la representatividad”.
La pugna entre Ejecutivo y Legislativo venía de antaño. La novedad era que ahora se producía en plena guerra, cuando el Perú necesitaba un plan con objetivos militares concretos.
Imagen 4.4. Chorrillos después de la batalla, 1881. Colección Elejalde, Pontificia Universidad Católica del Perú.
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La llegada al poder de Piérola significaba para los conservadores la oportunidad de derribar a sus viejos rivales civilistas instalados en el Congreso. La condición marginal del pierolismo, antes petardero y revolucionario, permite entender los tintes radicales de su retórica, cierre de periódicos incluido.
Piérola también impulsó un acercamiento con el financista francés August Dreyfus. Su gobierno desconoció las negociaciones que los civilistas habían llevado a cabo en Europa con el banco Credite Industríale, y recurrieron a Dreyfus, quien era un viejo amigo de Piérola desde sus tiempos de secretario de Hacienda del presidente Balta. El acuerdo derivó en la consolidación de la deuda de 1874, que ya había sido condonada previamente en 60%, y en la adjudicación de la propiedad de los ferrocarriles nacionales a los tenedores de la deuda externa. Enfrentar una guerra internacional con un país políticamente fracturado y un Estado quebrado, empeñado con sus acreedores y con la riqueza salitrera secuestrada por el enemigo, ya era de por sí un reto enorme. Piérola además tendría que preocuparse cada día por la posibilidad de un golpe militar.
Formas de hacer la guerra: ficción pierolista y presidencia en campaña chilena
Durante el gobierno de Piérola, denominado por Manuel Atanasio Fuentes como de “farsas y bromas”, se crearon nuevas jefaturas político-militares, legiones de mérito y poblaciones fantasma como la
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llamada Ciudadela Piérola. Estas imágenes quiméricas pretendían paliar la incapacidad de la degradada dirigencia peruana.
Para enmascarar una realidad a todas luces inmanejable, Piérola combinó la religión, el relajo, la corrupción y la fe en una victoria imposible sobre un invasor que, a pesar de todas sus debilidades, contaba con burocracias entrenadas y con una misión clara: vencer. En junio de 1880, tras la derrota de Arica, mientras se iniciaba la destrucción sistemática del aparato productivo peruano por parte del ejército chileno, el dictador pronunció las siguientes palabras: “Que quemen, que arrasen nuestras indefensas poblaciones, que talen nuestros campos si pueden; estamos resueltos a todo, no renunciaremos a la vindicación de nuestro derecho, no cederemos una pulgada de nuestro suelo, no aceptaremos la paz que nunca serán capaces de imponernos”. Su retórica añadía también el componente mesiánico que había caracterizado su tumultuosa carrera política:
No soy sino el medio por el cual el país manifiesta su deseo, que es el de vengar la honra de la República. No tenemos elementos marítimos ni terrestres, pero tenemos todo, porque tenemos la ambición santa que guía al patriotismo de los peruanos en su único deseo.
En una ciudad como Lima, dada a la representación y al teatro, las condiciones histriónicas de Piérola y su círculo de seguidores ayudaban, mediante una serie de presentaciones públicas, además de artículos periodísticos, a olvidar que lo peor aún no había llegado. Sin embargo, la farsa se vino abajo con la llegada del ejército chileno. Entre el 15 y el 17 de enero, tras la salida apresurada de Piérola hacia
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la sierra, la capital peruana vivió la que quizás fue la más dolorosa de sus jornadas. Sus calles experimentaron en toda su intensidad el dolor, la humillación y la desesperación de la guerra. A los dos magnicidios ocurridos en los años anteriores y la fuga de Prado en plena guerra se sumaba ahora la huida del dictador. En una proclama aparecida pocos días después de su partida, Piérola aludió al carácter itinerante que, a partir de ese momento, tendría su gobierno: “Declarase residencia del gobierno el lugar donde se encuentre el Jefe Supremo y su Secretario General”.
Imagen 4.5. Oficiales chilenos durante la ocupación de Lima, c. 1881.
Colección Elejalde, Pontificia Universidad Católica del Perú.
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De esa manera estableció, tal vez sin proponérselo, la senda seguida por el general Cáceres durante los heroicos años de la Resistencia. La pérdida de la capital obligó a Piérola a iniciar un largo peregrinaje por varias ciudades serranas. En principio estableció su cuartel general en Tarma, donde fue recibido con música, flores y vítores. Allí creó dos jefaturas político-militares: una en el norte, que comprendía Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas, Loreto y Áncash; y otra en el centro, compuesta por Lima, el Callao, lea, Junín, Huánuco, Huancavelica y Ayacucho. Un año antes, en septiembre de 1880, había nombrado al prefecto arequipeño Pedro A. del Solar como jefe político-militar del sur, con una jurisdicción que incluía Arequipa, Apurímac, Cuzco, Puno, Moquegua, Tacna y Tarapacá. La jefatura del norte recayó en el contralmirante Lizardo Montero y la del centro en Juan Martín Echenique. Este último fue remplazado poco después por Andrés A. Cáceres.
El ejército organizado por Piérola fue la base del ejército de la Resistencia dirigido más adelante por Cáceres. Para su mantenimiento se crearon nuevos impuestos y recibió además el apoyo pecuniario y logístico de importantes hacendados serranos, como los hermanos Valladares y el obispo Manuel Teodoro del Valle. El dictador contó además durante algunos meses con la lealtad absoluta de la oficialidad militar sobreviviente de la campaña de Lima.
El apoyo inicial de Cáceres y Montero, junto con el soporte de las élites y los sectores populares de las diferentes provincias,
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permitieron que Piérola neutralizara los focos civilistas de la sierra e incluso iniciara un ensayo de reforma del Estado. El 28 de julio de 1881, se instaló en Ayacucho un Congreso presidido por el cuzqueño Pío Benigno Meza. Un grupo de congresistas civilistas decidió mantenerse al margen y otro sector no pudo acudir a la convocatoria, pero el cuerpo legislativo se instaló en el templo y convento de San Agustín. A pesar de la ocupación de gran parte del país, gracias a esta asamblea Piérola logró la tan ansiada legitimidad. El Ejecutivo, por su parte, tomó posesión del edificio de la prefectura, pasando Ayacucho a ser la capital del Perú, en sustitución de Tarma.
Imagen 4.6. Calle de Santo Domingo, Lima, 1881. Archivo Histórico de la Marina de Guerra del Perú.
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Chile también ensayó su propia estrategia de “Estado itinerante” para administrar las zonas ocupadas. Si bien el centro político se mantuvo en La Moneda, atravesando un sinfín de problemas, sobre el terreno se basó en la eficiente labor de los representantes presidenciales. Este papel fue ejercido por Rafael Sotomayor y, tras su muerte en el campamento de Yaras días antes de la batalla de Tacna, por su sucesor José Francisco Vergara. Para apoyar su labor se desplazaron vanguardias estatales que fueron cambiando de emplazamiento según avanzaban los combates: primero a Valparaíso, luego a Antofagasta y Tarapacá, y finalmente a Lima. De esa manera, el Estado chileno, comandado por Pinto y luego por Santa María, pudo culminar durante la ocupación del Perú su búsqueda de autonomía económica y monopolio de la violencia.
El modelo de “Estado itinerante” comenzó a ponerse en marcha en lo que había sido la Antofagasta boliviana, y se consolidó en Lima y la costa norte del Perú. Entre febrero de 1879 y enero de 1881, el ejército chileno recorrió miles de kilómetros, luchó en decenas de batallas y debió hacerse cargo del creciente contingente de población civil que vivía en los territorios ocupados. En Antofagasta e Iquique se puso en marcha un nuevo modelo de Estado y el discurso civilizatorio que lo acompañaba. Ambas ciudades fueron campos de prueba que permitieron ajustar prácticas y narrativas. Entre las puntas de lanza de la chilenización se encontraban las oficinas de correo y telégrafos. Apenas conquistaba una ciudad, la burocracia chilena se hacía cargo de ambas y cortaba los lazos con el país de origen. El objetivo era
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articular las nuevas provincias con las demás regiones chilenas. Para que este complicado proceso ocurriera debían converger los liderazgos políticos y militares, algo que no fue sencillo debido a la visión tradicional de la guerra que predominaba en un ejército para el que la Guerra del Pacífico constituyó un desafío de primer nivel.
Viejos y nuevos liderazgos militares
Las guerras civiles dieron forma a la política peruana en las primeras décadas de la república. Un sinnúmero de enfrentamientos armados permitió a los militares construir maquinarias y redes sociales para acceder, usualmente mediante golpes de Estado, a la primera magistratura de la nación. Las comandancias del interior del país, las prefecturas, las subprefecturas y las gobernaciones se convirtieron en correas de transmisión de los caudillos que luchaban por el poder. Pueblos, provincias y departamentos debían alinearse detrás de las facciones en pugna.
Cada pronunciamiento solía tener dos momentos: un enfrentamiento militar que decidía el nuevo mandatario y unas elecciones que lo legitimaban en el cargo. Sin embargo, la estabilidad era mínima. A los pocos meses se producía un nuevo levantamiento, que apelaba a cualquier infracción constitucional, y nuevamente se iniciaba el ciclo de violencia política. Esta dinámica impidió la racionalización y centralización del Estado peruano, y en su lugar fortaleció el papel de la otra institución clásica de la América hispánica: las corporaciones. La alianza entre caudillo y pueblo, de la que ha dado cuenta el trabajo de la historiadora italiana Gabriella Chiaramonti, supuso un desafío
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para la representación liberal de la sociedad. La fragmentación de la soberanía propició fuertes autonomías provinciales y departamentales e hizo imposible crear instituciones estatales modernas. Aunque el general Castilla apuntó en esa dirección, la inestabilidad política seguía siendo el gran problema en vísperas de la Guerra del Pacífico. No en vano ocho gobiernos militares se sucedieron durante la difícil década de 1860.
Los prisioneros de guerra
La magnitud de los conflictos bélicos en el siglo XIX y los avances del derecho internacional incidieron en la presencia de garantías humanitarias para civiles y militares. El código Lieber (1863), sancionado en el contexto de la Guerra de Secesión estadounidense, el Convenio de Ginebra (1863) y la Declaración de Bruselas (1874), reguló el tratamiento de soldados y civiles capturados en acciones de guerra, los que debían gozar de condiciones mínimas mientras estuviesen bajo custodia del enemigo.
Durante la Guerra del Pacífico, la experiencia de los prisioneros fue diversa, en función de su condición y de las circunstancias en que fueron capturados: ciudadanos chilenos confinados en el Perú tras la declaración de guerra hasta militares apresados en contexto de enfrentamientos, incluidos personajes de renombre, como Roque Sáenz Peña, detenido tras la batalla de Arica, y Guillermo Billinghurst, capturado tras los sucesos de Chorrillos.
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Desembarco de los prisioneros del Rímac en Arica, 1879. En Antonio Bisama Cuevas, Álbum gráfico militar de Chile (Santiago: Sociedad, imprenta y litografía Universo, 1909).
También se hicieron prisiones en el mar, como los sobrevivientes de la Esmeralda y los marinos apresados tras la captura del Rímac. Estos últimos fueron trasladados a Iquique y Tarma, ciudades que sirvieron como campamentos peruanos de prisioneros.
Los peruanos que cayeron en manos chilenas fueron trasladados a San Bernardo, entre ellos los sobrevivientes del Huáscar. Los prisioneros recibían ropa y alimentos, y gozaban de una libertad restringida de movimiento, bajo la promesa de no fugarse. Este pacto en general se respetaba, aunque hubo excepciones, como la fuga de
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tres prisioneros chilenos de Tarapacá, narrada por el sargento chileno Manuel Necochea.
El canje de prisioneros era una práctica habitual, que permitía su intercambio en condiciones pactadas por los contendientes. En general, se realizaba hombre por hombre y grado por grado, como sucedió en noviembre de 1879. Los prisioneros no eran únicamente militares. A medida que se consumaba la ocupación de territorio peruano, Chile comenzó a deportar a su territorio a connotados líderes políticos locales, como Francisco García Calderón, Manuel Candamo y José Antonio de Lavalle.
La desintegración del Estado guanero, lenta pero constante, agudizó los conflictos y puso de manifiesto la compleja relación entre Lima y el resto del país. Congresistas, autoridades locales, propietarios de tierras, jueces preceptores, militares “indefinidos” y sectores populares jugaban su papel en núcleos relativamente autónomos frente al gobierno central. Los llamados “indefinidos” eran miembros remanentes de los diferentes ejércitos que cada gobierno de turno había formado solo para ser desmantelados por el siguiente en asumir el poder. En busca de un destino de fortuna, se convirtieron en vanguardias de la movilización regional y tuvieron un impacto importante en la Guerra del Pacífico, especialmente durante la postrera etapa andina del conflicto.
Las nociones de “ciudadano en armas” convertido en soldado profesional y “resistencia popular” son clave para entender la formación del poder militar peruano durante la guerra y la resistencia frente a la invasión, aun cuando la capital había caído en manos
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chilenas. Incluso en Lima, las milicias tuvieron un papel central en la decisiva batalla de Chorrillos y Miradores. En estos cuerpos militares, preparados apresuradamente, combatieron abogados, magistrados, grandes propietarios, banqueros, exministros y diputados civilistas.
Imagen 4.7. Francisco García Calderón, El Perú Ilustrado, Lima, 16 de julio de 1887.
En la sierra, la composición del contingente militar era aún más heterogénea. La guerra de guerrillas del general Cáceres era una reedición de la estrategia de “pueblos en armas” que previamente
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había sido utilizada por múltiples caudillos. Incluso comandantes como Cáceres o Grau, que desempeñaron un papel heroico durante la contienda, tenían una historia previa de participación en las luchas facciosas que sacrificaban los intereses del Perú a los propios.
En Chile la guerra avivó las tensiones en el interior de un ejército que se debatía entre viejos y nuevos paradigmas. Al estallar el conflicto, Justo Arteaga Cuevas fue designado como general en jefe. Se trataba de un militar sumamente veterano que incluso había participado en las campañas de la independencia. Sus últimas acciones bélicas significativas se remontaban a la guerra civil de 1851. Nombrado a los 74 años, renunció en julio de 1879 antes de que diera inicio la campaña terrestre, molesto por lo que consideraba que eran intromisiones inadecuadas del mando civil. Su reemplazante, Erasmo Escala, un veterano de la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana (1836-1839), también presentó su renuncia a los pocos meses por similares motivos. Acusado por algunos de ser un “general imposible”, cuya separación del mando era “indispensable, porque, sin eso, estábamos perdidos”, Escala puso en evidencia tanto las tensiones entre los mandos civiles y militares como el choque generacional que implicaba la guerra moderna.
El nombramiento de Manuel Baquedano como comandante en jefe del ejército disminuyó las tensiones, pero tampoco estuvo exento de conflictos. El conglomerado castrense deseaba preservar los fueros y prerrogativas del pasado frente a los avances de un Estado cuyos operadores demandaban eficiencia y racionalidad. Así, Baquedano creía que los ascensos eran una prerrogativa propia, algo que el
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gobierno ponía en duda. Los “soldados de la república” se vieron obligados, además, a adaptarse al ritmo, la competencia interna y el uso de tecnología de punta que caracterizaron las acciones chilenas durante la guerra.
Históricamente, el ejército profesional era pequeño en Chile. Si nos atenemos a las expresiones de un testigo de la época, la tropa estaba compuesta por “semiindios ignorantes y salvajes”, que habían demostrado pelear como “demonios”, ya que mataban y saqueaban con ferocidad.
Imagen 4.8. Miguel Iglesias. Colección Elejalele. Pontificia Universidad. Católica del Perú.
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El comando militar lo formaban oficiales “al estilo español”. Aunque existía una escuela militar, la perenne crisis económica había impedido que cumpliera su misión a cabalidad, al punto de que el gobierno tuvo que cerrarla en 1876.
Nominalmente, el ejército chileno tenía 2440 plazas nominales (o unas 3500 según consignaba el oficial naval estadounidense Theodorus Masón, quien escribió una historia de la guerra), distribuidas en cinco batallones de infantería: el Buin, el 2º, el 3º, y el 4º; los zapadores, consagrados a las obras de fortificaciones y apertura de caminos en la frontera araucana; un batallón de artillería y dos regimientos de caballería (Cazadores y Granaderos). Los cuerpos de infantería tenían 300 plazas cada uno. Se trataba de unidades pequeñas, escasas de material, pensadas para la guerra en la frontera araucana. Según el historiador Gonzalo Bulnes, este ejército carecía de las articulaciones y servicios administrativos que en esa época poseían los de todos los países organizados. Faltaban las divisiones, no había intendencia, servicio de bagajes ni de sanidad, y el servicio de comisaría era rudimentario.
Con la guerra todo esto cambiaría. El historiador militar Sergio Rodríguez Rautcher sostiene que la dinámica de un ejército reducido, con material anticuado y dedicado a actividades de guarnición en la frontera araucana, terminó con la Guerra del Pacífico para dar paso a un modelo militar mucho más moderno.
Los cuerpos de línea se retiraron de la frontera y pasaron a constituir la base del ejército, que debió movilizar aceleradamente sus efectivos
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hasta alcanzar 15.000 hombres, incluidas las guardias nacionales de un puñado de provincias.
Junto con la modernización, otro factor importante de cambio fue el protagonismo de la prensa. La práctica de premiar y castigar en público influyó de manera profunda en el comportamiento de los combatientes. Estas actitudes tenían repercusiones en la remuneración y el prestigio de los soldados. Durante la guerra, se escribieron miles de cuartillas que destacaban el valor o la cobardía de tal o cual miembro del ejército. Los medios, según una opinión, “distribuían la gloria a su antojo”.
Imagen 4.9. Andrés Avelino Cáceres. Colección Elejalde. Pontificia Universidad Católica del Perú.
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Santa María era de la idea de que este peculiar mecanismo de ascenso simbólico, en el que participaban militares de menor rango, periodistas y público lector, era la causa directa de la soberbia de la tropa y del desprestigio de los jefes más veteranos que, como Erasmo Escala y Williams Rebolledo, fueron sustituidos por una nueva generación de militares.
Baquedano aseguró al presidente Pinto que en el ejército solo reinaban la unidad y el sentido de honor y del deber. Pero esto estaba muy lejos de ser cierto. La disputa abierta por el reconocimiento público marcó el camino del ejército chileno en el Perú. Aunque no se puede negar la pericia militar de la nueva generación de militares que surgió durante la guerra, en la que destacaba Patricio Lynch, la práctica del “descuartizamiento” del camarada como mecanismo informal para ganar ascensos o eximirse de responsabilidades se abrió paso y trastocó jerarquías tradicionales, que databan de los tiempos de la independencia.
Francisco Bolognesi y Manuel Baquedano: dos trayectorias militares y políticas
La guerra supuso un desafío para las culturas militares imperantes en el Perú y Chile. Los viejos paradigmas entraron en competencia con otros nuevos, producto de los cambios tecnológicos que hicieron de la Guerra del Pacífico algo muy distinto a lo que habían sido las contiendas anteriores en las que ambos países habían luchado. Esta convergencia de lo viejo y lo nuevo se puede ilustrar a través del
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análisis de la trayectoria de dos personajes emblemáticos, uno de cada bando: Francisco Bolognesi y Manuel Baquedano. Sus historias muestran también las diferentes fortunas de guerra que les correspondieron a vencedores y vencidos.
Francisco Bolognesi Cervantes nació en Lima en 1816, aunque durante su infancia se trasladó a Arequipa, donde residió y estuvo expuesto a la teoría y praxis de las revoluciones constitucionalistas gestadas al pie del Misti. Quizás por eso su vida expresa mejor que ninguna las ambigüedades de un ejército como el peruano, depredador pero también portador de valores republicanos. Hasta su inmolación el 7 de junio de 1880 en el Morro de Arica, fue parte de una experiencia militar colectiva plagada de luces y sombras. El frágil ejército peruano era un conglomerado de facciones que se vanagloriaba de construir alianzas políticas y de difundir valores, pero, al mismo tiempo, priorizaba una guerra de recursos que confiscaba y expoliaba. El infausto viaje del general Prado, quien privilegió su interés individual al colectivo, y el sacrificio de los miles de peruanos que murieron defendiendo la patria muestran las contradicciones de un ejército politizado que había nacido, a sangre y fuego, durante las guerras de independencia.
Uno de los principales deberes de la corporación militar, que había dirigido la política peruana por medio siglo, era la preservación del territorio nacional. La trascendencia de esta misión llevó a Ramón Castilla a proclamar que la clave del éxito descansaba en el sometimiento de los intereses individuales al interés colectivo de la nación peruana. La trayectoria de Bolognesi, que fue testigo de la
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proclamación de la independencia en Lima en su niñez, evidencia este requerimiento. Su personalidad se vio modelada por una serie de eventos ocurridos durante su estancia en Arequipa. El 22 de julio de 1844, a poco de iniciarse la batalla del Carmen Alto, que determinó el triunfo de la facción comandada por Castilla, Bolognesi cruzó la llamada tierra de nadie entre ambos ejércitos. Con solo 28 años, entusiasmado por la emoción de la guerra, perdió su caballo y una parte de su sombrero. Cuentan que Castilla quedó tan impresionado de su arrojo, que encomendó a sus ayudantes que reclutaran al joven miliciano para el ejército constitucionalista. Aunque le ofrecieron el grado de teniente coronel, Bolognesi desestimó el ofrecimiento de su futuro mentor para volcarse al mundo de los negocios.
Como es sabido, la revolución constitucional de 1855 culminó con la abolición de la esclavitud y el tributo indígena. El análisis de los manifiestos publicados en aquel momento nos ayuda a comprender los valores —honor, patria y deber— que Bolognesi pondría en práctica en Arica. Se trató de un breve momento republicano-liberal que influyó decisivamente en su personalidad. En los primeros meses de 1854, El Republicano de Arequipa hizo público su apoyo a la revuelta contra el presidente Echenique, encabezada por Castilla y sus aliados liberales. Desde su punto de vista, el rechazo contra el militar puneño expresaba un principio fundamental: cuando un gobierno creado para satisfacer las necesidades de un pueblo no cumplía su deber y violaba expresamente el pacto social que había jurado respetar, los ciudadanos debían intentar salvar la patria por todos los medios posibles.
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Con estas ideas en mente, Bolognesi se alistó en el ejército constitucionalista. En abril de 1855 inició su marcha al Cuzco y Lima, y poco después recibió en Chincheros el cargo de comisario de la División de Arequipa de manos de Pedro Gálvez. Este fue el inicio de una fulgurante carrera militar que lo llevó a convertirse en edecán de campo de Ramón Castilla en 1856. Poco después fue nombrado primer jefe de la sección de artillería y participó en “la división pacificadora” que enfrentó a Manuel Ignacio de Vivanco en el norte de la república.
Imagen 4.10. José Antonio de Lavalle, en Nicolás González, Nuestros héroes. Episodios de la Guerra del Pacífico, tercera serie (Lima: Joya Literaria, 1903).
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En 1858 ascendió al grado de coronel efectivo por su valiente comportamiento en la toma de Arequipa e ingresó al ejército regular. Esta toma fue un momento clave en lo que Jorge Basadre denominó el “apaciguamiento nacional”. Sin embargo, el ciclo de guerras civiles no solo no terminó, sino que se recrudeció en la década de 1860. Durante esos años, Bolognesi viajó a Europa con la misión de modernizar el parque militar gracias a los fondos generados por la riqueza guanera.
Estos años constituyen lo que hemos denominado la “república militarizada”. Como ya se señaló, el punto de inflexión máximo corresponde al asesinato de Balta a manos de sus resguardos en el invierno de 1871. Para entonces, Castilla había fallecido y Bolognesi era un “indefinido”, es decir, un militar licenciado con una pequeña pensión. Tras el magnicidio y los tres días de desorden, muerte y horror que le sucedieron, Bolognesi apoyó los intentos modernizadores del gobierno civilista. El futuro héroe del Morro consignó en un cuestionario las reformas que el ejército necesitaba de manera urgente. Entre las medidas que la primera administración trató de llevar adelante se encontraban una nueva ley de conscripción militar, la reducción del contingente, la reglamentación de los ascensos, la creación de un Colegio Militar y de una Escuela de Grumetes, así como la uniformización de la tropa.
Pardo creía que el regreso de los militares a los cuarteles y su empleo en la colonización en la selva podían servir de antídoto contra las revoluciones que desde la independencia habían quebrado material y
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moralmente al Perú. Se trataba de canalizar adecuadamente las energías de quienes, hasta entonces, habían conducido los destinos de la república, dejando tras de sí un legado de patrimonialismo y corrupción. Un sector del ejército, nucleado en torno al Club Militar 2 de Mayo, compartía esta visión de una sociedad donde civiles y militares tuvieran funciones claramente definidas. Sin embargo, los sucesos posteriores al asesinato de Pardo, el 16 de noviembre de 1878, se encargarían de mostrar que la suma inagotable de guerras civiles había deteriorado decisivamente la capacidad de defensa de la república. De ahí que fuera necesario retornar al espíritu de coraje y entrega de los primeros años de la república, tal como Bolognesi demostró durante la heroica jornada del Morro de Arica.
Manuel Baquedano tuvo un papel decisivo en la victoria chilena, lo que lo convirtió en una figura central de la política de aquel país en los años de la posguerra. Perú no era un entorno desconocido para él. A los 15 años había abandonado las aulas del Instituto Nacional para pelear junto a su padre, comandante del regimiento de Cazadores, en la Guerra de la Confederación. Tras la derrota de los remanentes peruanos en Portada de Guías el 21 de agosto de 1838 recibió el grado de alférez. Su valor se hizo evidente también en Yungay, donde el 20 de enero de 1839 participó en la carga de caballería que decidió la suerte de la guerra trinacional.
De regreso en Chile, convertido en teniente, Baquedano apoyó a Manuel Bulnes en su guerra contra los liberales en la década de 1850, ocasión en la que incluso llegó a enfrentarse a su padre y a su hermano. Como la gran mayoría de los militares chilenos de su
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generación, participó en la mal llamada “Pacificación de la Araucanía”, donde acumuló experiencia bélica en territorio enemigo, quemando rucas (viviendas tradicionales mapuches), expropiando tierras y matando indígenas. En los primeros meses de la Guerra del Pacífico recibió el mando de la caballería del Ejército del Norte, que llevó a la victoria en la batalla de Los Ángeles.
Ascendido al cargo de comandante en jefe del Ejército del Norte, Baquedano luchó en una sucesión de batallas, entre ellas la de Arica, donde entregó la vida Bolognesi. En la batalla de Lima impuso su estrategia favorita, la carga a la chilena, un ataque frontal de la tropa con un costo altísimo en vidas humanas. Aunque fue criticado por varios de sus subordinados por este tipo de tácticas, logró romper la línea defensiva concebida por Piérola y obligó a la rendición de la capital.
Baquedano fue recibido apoteósicamente a su regreso a Santiago en marzo de 1881. Conscientes de su popularidad, los grupos conservadores reflotaron una estrategia política que no se había intentado desde la lejana Guerra de la Confederación: utilizar el carisma de un general victorioso para catapultarlo a la presidencia. La figura de Baquedano simbolizaba la unidad nacional, el único valor capaz de “no esterilizar los sacrificios de la guerra y los resultados de nuestra victoria”. Según aseguró el diputado Luis Urzúa en el discurso con el que el Partido Conservador proclamó al general candidato a la presidencia, “a más de ser la encarnación de la gloria nacional, título poderoso para servir de vínculo y de centro a la unión de todos los chilenos”, Baquedano también poseía otra
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cualidad: “no haber militado jamás en los partidos, por lo que para nadie es una amenaza ni un peligro”.
Algunos opositores vieron la politización de la fama militar del vencedor de Lima como un peligroso antecedente, que podía contaminar la cultura política chilena de un desconocido “cesarismo” y “bonapartismo”. Quizás por esta razón Baquedano declinó la candidatura, lo que permitió que Domingo Santa María, el hombre fuerte de Aníbal Pinto, se impusiera sin competencia. No obstante, solo fue una pausa. Tras renunciar al mando militar, se postuló como senador y fue elegido, capitalizando de esta manera la popularidad que le había granjeado el conflicto de 1879. Su prestigio hizo que, en un último servicio, durante la guerra civil de 1891, asumiera la presidencia durante un breve gobierno de transición de dos días de duración.
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Capítulo 5
Los dilemas de la conquista territorial y la desocupación
Contenido:
Las conferencias de Arica
De Curayacu a Lima
De la Magdalena a Angol
De Huamachuco a Ancón
****
La movilización de la sociedad civil aseguró que las campañas militares contaran, al menos inicialmente, con un apoyo mayoritario. Sin embargo, el ruido de las armas no fue la única estrategia puesta en marcha por los gobiernos peruano, chileno y boliviano para lograr sus propósitos. Desde casi el inicio del conflicto se desarrolló una intensa actividad diplomática, que se hizo más acuciante a medida que las fuerzas chilenas se adentraban en territorio peruano y se acercaban a la capital.
Este capítulo narra esos esfuerzos diplomáticos, las expectativas que despertaron y las dificultades que rodearon las negociaciones de paz. Como veremos, las negociaciones tuvieron lugar antes y después de la conquista de Lima por las fuerzas invasoras chilenas, e incluyeron no solo a representantes de los países directamente involucrados, sino a diplomáticos de otras potencias, preocupados por el derrotero de la guerra.
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Las conferencias de Arica
La conferencia de Arica, llevada a cabo a bordo de la corbeta norteamericana Lackawanna en octubre de 1880, fruto de la gestión de la diplomacia de aquel país, fue el último esfuerzo continental por contener la guerra, tras las batallas de Tacna y Arica. Su fracaso fue el preludio de la invasión de Lima y de uno de los reveses más importantes de la diplomacia estadounidense. A inicios del año, el secretario de Estado del presidente Hayes, William M. Evarts, había advertido a su gobierno que el conflicto sudamericano podía contribuir a restaurar la hegemonía de los intereses europeos en la región. De ahí que fuera imperativo intermediar.
En julio, Evarts envió una circular al ministro estadounidense en Santiago, Thomas Osborn, en la que lo instaba a ofrecer la mediación de su gobierno a las autoridades chilenas. La propuesta fue aceptada por Aníbal Pinto, y Osborn comunicó al secretario de Estado que el presidente chileno deseaba poner fin a la guerra mediante la intervención de los Estados Unidos. El 6 de octubre, Osborn formalizó la oferta de mediación en una comunicación al ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Melquíades Valderrama. En el mismo espíritu, los ministros estadounidenses en Lima, Isaac Christiancy, y en La Paz, Charles Adams, hicieron ofertas similares a los gobiernos aliados.
Las negociaciones estimuladas por la diplomacia norteamericana se llevaron a cabo en un ambiente adverso para la paz, apenas unos meses después de las sangrientas batallas de Tacna y Arica, mientras
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el comandante chileno Patricio Lynch culminaba la destrucción sistemática de la agroindustria costeña del Perú.
Imagen 5.1. Mariano Ignacio Prado. Colección Elejalde, Pontificia Universidad Católica del Perú.
Como notó Domingo Sierra, encargado de la legación mexicana en Santiago, una “irritación extraordinaria” reinaba en los tres países. En un informe confidencial a su gobierno, destacaba que para los chilenos la noción de “la confraternidad americana” era un “ensueño ilusorio”; el “odio intenso” entre los países beligerantes se había
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incrementado y la guerra se transformó en una cuestión de “vida o muerte”.
Imagen 5.2. Hilarión Daza. Colección Sala Medina, Biblioteca Nacional de Chile.
En un contexto de desconfianza mutua, los delegados chilenos, Eulogio Altamirano, José Francisco Vergara y Eusebio Lillo, abordaron el Lackawanna solo por deferencia al presidente Pinto, resueltos a no transigir en nada. Un escepticismo similar embargaba a la delegación peruana, conformada por Antonio Arenas y Aurelio García y García. La entrevista de Christiancy con Nicolás de Piérola
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es muy reveladora del sentimiento peruano. El presidente se negó, inicialmente, a negociar con Chile, un país que consideraba tierra de “vándalos y salteadores”. Solo por respeto a los Estados Unidos aceptó la mediación. Bolivia, por su parte, estuvo representada por Mariano Baptista y Juan Crisóstomo Carrillo.
Thomas Osborn inició la conferencia el 22 de octubre. Reconoció que sentar las bases de una paz “honrosa y duradera” era una competencia exclusiva de Bolivia, Chile y el Perú, y ofreció los oficios de su país para mediar, si su participación se consideraba necesaria.
Imagen 5.3. Aníbal Pinto. Colección Sala Medina, Biblioteca Nacional de Chile.
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Altamirano reconoció la magnitud de la contribución estadounidense a la causa de la paz y aseguró que la delegación chilena deseaba un “desenlace inmediato” del conflicto.
Por cuestiones meramente prácticas, habían elaborado una minuta con las proposiciones que debían ser la base del tratado de paz. En su turno, Arenas resaltó la positiva acción de la “Gran República Americana” y agregó que el objetivo del gobierno peruano era llegar a una paz honrosa para todos los involucrados, para lo que se ofreció a examinar en detalle la propuesta chilena.
La minuta chilena establecía los siguientes compromisos previos a la firma de la paz: la cesión de los territorios de Antofagasta y Tarapacá, el pago de una indemnización de 20 millones de pesos (cuatro de ellos en efectivo), la devolución de la propiedad chilena nacionalizada por Perú y Bolivia, la devolución del transporte Rímac, la anulación del Tratado de Alianza Defensiva, la retención por parte de Chile de Moquegua, Tacna y Arica hasta que las condiciones previas fueran cumplidas y el compromiso por parte del Perú de no artillar el puerto de Arica, limitándolo a un uso estrictamente comercial. En una carta privada al presidente Pinto, Altamirano señaló que había tratado de eliminar “la aspereza de un ultimátum”, pero confiaba en que, dada su posición de fuerza en el ámbito militar en las negociaciones, los plenipotenciarios chilenos podrían “apretar la cuerda” a peruanos y bolivianos.
El 25 de octubre, los negociadores se reunieron nuevamente. Arenas señaló que las condiciones chilenas cerraban las puertas a una
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“discusión razonada y tranquila”. La primera proposición de la minuta constituía, en sus palabras, un obstáculo “insuperable” para la paz. Chile, argumentaba Arenas, había ocupado territorios que no estaban en disputa, lo que constituía una situación ilegal e incompatible con las instituciones republicanas que regían en América. Perú no podía consentir que se le despojase de parte de su territorio y menos aún de lo que constituía “la fuente principal de su riqueza”. Una paz que tuviera por base la desmembración territorial era “una paz imposible”, por lo que la continuación de la guerra era inevitable. Como americanos, los delegados peruanos deploraban el rumbo que las negociaciones estaban tomando.
Arenas se aventuraba a sugerir que el inminente fracaso de la conferencia se explicaba por “el influjo de ciertas pasiones”, que se ofuscaban en presentar como necesaria una “lucha de exterminio”, cuyas consecuencias, si no se controlaban, “se sufrirían mañana”.
Se trataba de un torneo de retórica, cuya contraparte era “una guerra mortal”. Llegado su turno, el delegado chileno, Eulogio Altamirano señaló que, tras el discurso de Arenas, quedaba claro que “toda esperanza de paz inmediata” era inútil. Dejó constancia también de que su gobierno no era responsable de los hechos que habían provocado la guerra. Chile buscaba una paz sólida, pero creía que era justo recompensar el sacrificio de su pueblo. La única manera de resguardar la paz era avanzar la línea de frontera, un hecho que retribuiría en parte los padecimientos producidos por la guerra.
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Imagen 5.4. Entrada de Hilarión Daza a Iquique, 1879. La Ilustración Española y Americana, Madrid, 30 de septiembre de 1879.
Para Altamirano, los territorios situados al sur de Camarones debían la totalidad de su desarrollo al capital y el trabajo chilenos. El desierto había sido “fecundizado con el sudor de los hombres de trabajo antes de ser regado con la sangre de los héroes”. Además, la historia de las guerras modernas —y aquí probablemente el plenipotenciario les recordaba a sus anfitriones estadounidenses la amputación territorial sufrida por México décadas atrás— estaba asociada a rectificaciones fronterizas como las que la delegación peruana consideraba inaceptables.
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Los veteranos
Uno de los problemas sociales más relevantes derivados de la Guerra del Pacífico fue la desmovilización de la tropa, así como las condecoraciones y recompensas pecuniarias que debían asignarse a sobrevivientes, inválidos, viudas y huérfanos del conflicto. Las primeras leyes se enfocaron en las viudas y huérfanos de los caídos en Angamos e Iquique durante la fase naval de la guerra. A los sobrevivientes se les aseguraron premios honoríficos. Sin embargo, a medida que los combates se hicieron masivos, los homenajes simbólicos a los combatientes se tornaron insuficientes.
Grupo de vencedores de Tarapacá, 1894. Colección Elejalde, Pontificia Universidad Católica del Perú.
Las primeras leyes chilenas sobre el tema se dirigían a costear las prótesis a los mutilados y brindarles pensiones por invalidez. Lo limitado de estas políticas despertó fuertes críticas en los veteranos,
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que se sentían postergados por el Estado, por lo que se promulgaron nuevas leyes en 1887, 1897 y 1924 para mejorar su situación. En el caso peruano, la crisis fiscal que siguió a la guerra limitó la capacidad de otorgar ayudas generales, asignándose caso a caso. En 1888, se suspendieron las pensiones de gracia y montepío y recién en 1901 se sancionó una ley que recompensaba a los combatientes en las victorias de Tarapacá y San Pablo.
En ambos países se establecieron comisiones para verificar los antecedentes de los solicitantes, en algunos casos falsos veteranos. Dado lo limitado de las ayudas, las agrupaciones de excombatientes contribuyeron a paliar esta situación y a reposicionar la memoria de la guerra, con una activa participación en las conmemoraciones. Fueron los casos de la Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia, Vencedores el 2 de mayo de 1866, Defensores Calificados de la Patria, la Sociedad Vencedores de Tarapacá y la Sociedad de Sobrevivientes de Arica. En Chile destacaron la Sociedad de Veteranos del 79 y la Sociedad Defensores de Chile en 1879, además de círculos de oficiales en retiro.
A nadie escapaba que estaba en juego la soberanía de una región con un potencial económico extraordinario. Los discursos de los aliados incidieron en la defensa del republicanismo continental. El delegado boliviano, Mariano Baptista, recordó a los presentes que debían pensar en el “porvenir continental”. La solidaridad que había aflorado durante las guerras de independencia, cuando las naciones del continente actuaron “como una sola familia, sin distinción de pabellones, empujados por el Plata, confundidos en Chile, agrupados
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en una sola fuerza en el Alto y Bajo Perú”, corría peligro de disolverse. Al desviar a las repúblicas hermanas de una corriente histórica natural, la Guerra del Pacífico las estaba colocando en un segundo momento de crisis americana, tras lo ocurrido en la Guerra de la Triple Alianza que había enfrentado al Paraguay con Argentina, Brasil y Uruguay. Someterse a las exigencias del gobierno chileno provocaría un continente de “vencedores y de vencidos”, donde unos tendrían “el sordo trabajo del desquite” y otros “el trabajo esterilizador de impedirlo”.
En una línea similar de argumentación, el delegado peruano Aurelio García y García recordó que en 1858, tras ocupar toda la costa ecuatoriana hasta Guayaquil, el ejército nacional había decidido, en aras de la integridad territorial de la “América Republicana”, retirarse de aquel rico apostadero naval. Desde su punto de vista, la solución consistía en que los tres países beligerantes se sometieran al fallo inapelable de los Estados Unidos. El arbitraje norteamericano era la única alternativa para evitar el “sendero tortuoso de la guerra”.
La respuesta chilena fue clara. El gobierno buscaba una paz estable, que respetase sus intereses presentes y futuros. El acuerdo debía basarse en las condiciones que Chile establecía para su propia seguridad. La idea de un arbitraje estadounidense se descartaba, pues suponía ceder ante los aliados, corriendo el riesgo de dejar desprotegidas poblaciones “esencialmente chilenas”. A pesar de la cerrada defensa del panamericanismo que hizo el delegado boliviano Juan Crisóstomo Carrillo, quien llegó a afirmar que la conferencia del Lackawanna estaba redefiniendo el derecho público sudamericano, la
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negociación fue un fracaso rotundo. El arbitraje, que en palabras de uno de los delegados significaba “justicia y honra para todos sin humillación de nadie”, sucumbió frente a la arremetida de un vigoroso nacionalismo chileno, que se lanzó por una senda poco transitada del derecho internacional. Este era un comportamiento inédito que muchos de los presentes no lograban comprender.
De Curayacu a Lima
El fracaso de la conferencia de Arica tuvo múltiples repercusiones. Las exigencias territoriales consolidaron la imagen de Chile como una nación expansionista, embarcada en una guerra de conquista contra sus vecinos. La continuación del conflicto obligó al Perú a reestructurar sus fuerzas armadas frente a una inminente invasión chilena, que ya no solo amenazaba los territorios fronterizos sino la misma capital del país.
En Chile se reactivó el debate sobre la posibilidad de llevar la guerra hasta el corazón del Perú para forzar al país vecino a negociar la paz, una estrategia con la que no todos estaban de acuerdo. El presidente Pinto recelaba de la conveniencia y utilidad de la expedición, mientras que los mandos militares, la opinión pública y otros líderes políticos se mostraban favorables. Como sintetizó en uno de sus discursos José Manuel Balmaceda, futuro presidente de Chile, “la paz posible está en Lima o no está en ninguna parte”.
Mantener activa la maquinaria de guerra supuso enormes desafíos logísticos para los chilenos. A las tropas destinadas a resguardar los territorios ya ocupados se sumaban los 27.000 soldados dispuestos
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a atacar la capital peruana, con todo lo que implicaba en términos de suministros, pertrechos y movilización naval. Mientras el gobierno de Piérola esperaba que el primer ataque se produjera al norte de Lima, la planificación chilena de la expedición se inclinó por un desembarco escalonado al sur de la ciudad. Primero se estableció una cabeza de playa en Pisco y luego, el 22 de diciembre, en la pequeña caleta de Curayacu, donde desembarcó la mayoría del contingente invasor. Desde allí las tropas avanzaron hasta el valle de Lurín, donde se instaló el campamento chileno en previsión de las batallas de San Juan y Chorrillos.
En paralelo al desarrollo de la campaña militar (descrito con detalle en el capítulo 2) se produjeron frenéticas tratativas diplomáticas para detener la guerra y evitar la destrucción de Lima. Tras la batalla de Miraflores, una comisión chilena compuesta por Isidoro Errázuriz y el coronel peruano Miguel Iglesias, tomado prisionero en el enfrentamiento, se reunió con Piérola y lo intimó a rendirse para evitar que la masacre continuara. El presidente peruano respondió con una rotunda negativa, pero a continuación telegrafió al cuerpo diplomático residente en Lima para evaluar las condiciones exigidas por los chilenos.
El pánico se apoderó de Lima, y muchas familias buscaron refugio en las legaciones extranjeras. El representante británico, Spenser St. John, y el diplomático francés, Edmond de Vorges, junto a Jorge Tezanos-Pinto tuvieron un papel decisivo en las negociaciones. En la noche del 14 de enero, Carey Brenton, oficial de la Marina británica,
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y el teniente Royck, del buque italiano Garibaldi, llegaron al campamento chileno en Chorrillos para conversar con Baquedano.
Imagen 5.5. Nicolás de Piérola. Colección Elejalde, Pontificia Universidad Católica del Perú.
Entre “las ruinas humeantes del pueblo, donde casi no había casa intacta”, Brenton se reunió con el capitán William Ackland, adjunto inglés en el ejército chileno, quien le solicitó que avisara con urgencia al ministro británico para que las mujeres y niños salieran de la ciudad. Temía que, “en caso de que los chilenos avanzaran sobre ese
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lugar en plena euforia por la victoria, [...] no habrían de respetar vidas ni propiedades y Lima podría correr la misma suerte que Chorrillos”. La reunión con Baquedano quedó establecida para el día siguiente. Antes de enviar a sus delegados a Chorrillos, el cuerpo diplomático extranjero se reunió con los almirantes de las flotas británicas y francesas apostadas en la bahía. Por parte del contralmirante Stirling (y no de Du Petit Thouars) se barajó incluso amenazar a Baquedano con un ataque a la flota chilena en caso de que no se respetaran la vida y las propiedades de los ciudadanos extranjeros. Sin embargo, la cuestión no llegó a plantearse.
El 15 de enero, por la mañana, llegó a Chorrillos la comisión diplomática integrada por Tezanos-Pinto, St. John y Vorges, además de algunos oficiales navales. La comitiva quería informarse sobre las condiciones de paz y evitar que Lima sufriera los mismos estragos que Chorrillos.
Para Baquedano, las negociaciones de paz solo podían empezar tras la rendición de Lima y el Callao, el desmantelamiento de las fortificaciones y la entrega de la flota peruana. Tras el alto el fuego, las condiciones para la paz serían las mismas que la delegación chilena presentó en la conferencia de Arica. Enterados de estas exigencias, los diplomáticos extranjeros pidieron una tregua hasta la medianoche con el fin de informar al gobierno peruano.
Aunque difícil, en algún momento el éxito de la mediación pareció posible. Algunos soldados, como Lucio Venegas, abrigaban la esperanza de que las tratativas pusieran fin a la guerra. “Nuestro espíritu”, afirmaba, “desea vivamente que cuanto antes termine la
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cruel vida del guerrero: que cese la lucha, que ya no haya más sangre, que ya no se sienta más el olor a los cadáveres”. Según el testimonio de St. John, los diplomáticos intentaron persuadir a Piérola por todos los medios “de la futilidad de seguir resistiendo”, pero el ruido de los tiroteos y la artillería en el sector de Miraflores terminaron abruptamente con la tregua y dieron inicio a la batalla decisiva por Lima. “La paz solo había sido un sueño”, escribiría de manera lacónica en su diario el periodista chileno Justo Abel Rosales.
Imagen 5.6. Tienda de José Francisco Vergara, ministro en campaña,
Luán, 1881. En Antonio Bisama Cuevas, Álbum gráfico militar de Chile (Santiago: Sociedad, imprenta y litografía Universo, 1909).
El estallido de la batalla de Miraflores hizo fracasar las negociaciones para evitar la destrucción de Lima. Muy ofuscado, Baquedano hizo saber al cuerpo diplomático extranjero su voluntad de atacar la capital, ya que consideraba que la ruptura de la tregua había sido una traición. “Esta deslealtad del enemigo me obliga a acelerar las operaciones de la guerra”, señaló para justificar “mi resolución de
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bombardear, desde hoy mismo, si lo creo oportuno, la ciudad de Lima, hasta obtener su rendición incondicional”.
La huida de Piérola y sus oficiales hacia la sierra ocasionó un vacío de poder en Lima e impidió que se pudiera acordar una nueva tregua. En este escenario, emergió la figura de Rufino Torrico, alcalde de la ciudad, quien, según el cuerpo diplomático, era el único con capacidad para representar en aquel crítico momento los intereses peruanos. Tras acordar la capitulación de la ciudad, a las dos de la tarde del 16 de enero se presentó en el cuartel general del ejército chileno, en Chorrillos, una comitiva compuesta por Torrico, Spenser St. John, De Vorges, el almirante británico Stirling, el francés Du Petit Thouars y el comandante italiano J. Sabrano.
Según Baquedano, la rendición debía ser incondicional y llevarse a cabo en un plazo de 24 horas. Torrico debía comprometerse a impedir toda resistencia armada contra las tropas chilenas, para lo que podía contar con el apoyo de una guardia urbana organizada por los diplomáticos extranjeros.
En la mañana del día siguiente, Torrico comunicó a Baquedano que los desmanes aún continuaban en Lima. “En la noche —escribía— los soldados desmoralizados y armados han atacado las propiedades y vidas de gran número de ciudadanos, causando pérdidas sensibles con motivo de los incendios y robos consumados”. Según lo convenido, por la tarde ingresó en la ciudad un contingente de 3000 soldados chilenos. El 18 de enero hizo su entrada el general Baquedano y se dirigió a la plaza de Armas.
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Al ocupar el Palacio de Pizarro, embanderado para la ocasión con el estandarte chileno, Baquedano se congratuló de que la toma de Lima significaba el “término de la gran jomada que principió en Antofagasta el 14 de febrero de 1879”. “La obra está consumada”, señaló. Como sabemos, se equivocaba, pues la guerra estaba lejos de terminar. Por más simbólica que fuese la toma de la capital nacional, las fuerzas de ocupación chilena tendrían que lidiar a continuación con los enrevesados vericuetos de la política peruana, en medio del vacío de poder que había dejado la huida de Piérola hacia la sierra.
Mucho más pragmático que su general, el presidente chileno Aníbal Pinto era consciente de que, lejos de haber terminado, la guerra entraba en una nueva etapa. En su correspondencia a José Francisco Vergara reconocía que “esta campaña de Lima nos dará mucha gloria, pero dejará las cosas en el mismo estado en que se encontraban después de Tacna y Arica”. La razón, argumentaba, era que “no habrá gobierno en el Perú que acepte las condiciones que nosotros le imponemos, y si lo hubiera caería al día siguiente de firmado el tratado”.
De la Magdalena a Angol
La ocupación de Lima dio paso a una intensa actividad en los círculos políticos, económicos e intelectuales peruanos. La negativa de los chilenos a reconocer al gobierno dictatorial de Piérola, la acefalía en que se hallaba la capital, el peligro de la anarquía y la necesidad de establecer bases inmediatas para un acuerdo de paz llevaron a organizar una junta de notables. La convocatoria se dirigía “a los
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ciudadanos de todas las opiniones políticas”, y pretendía crear un gobierno constitucional que aglutinase a todos “bajo de una sola idea y marchando a un solo fin”: liberar al Perú del yugo extranjero. Los objetivos eran reunir a “todas las clases sociales de la capital” y reestablecer el “gobierno normal de la República”. Este último recayó por votación en el abogado civilista arequipeño Francisco García Calderón, quien el 12 de marzo de 1881 instaló su gobierno en el balneario de la Magdalena.
La sucesión se produjo con la “benévola tolerancia” de los chilenos. Aunque asumió el inmenso desafío de “buscar una paz honrosa”, que salvaguardara “la dignidad y el porvenir del Perú”, el nuevo gobierno, a diferencia del de Piérola, instalado en Ayacucho, se vio obligado a una difícil convivencia con el invasor. La presencia chilena marcaba sus posibilidades y límites. El nuevo gobierno era una concesión de los invasores a la élite limeña, pero también una estrategia. La necesidad de contar con un interlocutor para negociar los términos de la paz y de la consiguiente retirada explica el apoyo de Patricio Lynch, jefe de los ocupantes, al gobierno de la Magdalena. La estrategia chilena consistía en forzar un acuerdo consensual, que “evitase tal vez la ingrata tarea de requisiciones coercitivas que puedan tomar un carácter violento y tan duro para el que les ejecuta como para el que las recibe”.
El frágil constructo jurídico que significaba el gobierno provisorio contaba con un espacio minúsculo de territorio “neutral” en la Magdalena y en la Escuela de Clases de Chorrillos, donde debía organizarse.
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Imagen 5.7. Oficiales peruanos, 1879. Colección Elejalde, Pontificia Universidad Católica del Perú.
A ello se sumaban las rentas generadas por la aduana de Ancón, un periódico (gráficamente denominado El Orden) y un pequeño contingente de gendarmes, autorizado por Lynch. No obstante, su carta más importante era la posibilidad de reactivar las redes nacionales e internacionales del Estado peruano. A las primeras se apeló para crear un frente político unificado, capaz de acordar una “paz digna”, y a las segundas con el fin de obtener apoyo financiero y diplomático para impulsar la retirada del Ejército chileno del territorio peruano.
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El apoyo de la comunidad financiera internacional era fundamental para hacer frente a las indemnizaciones exigidas por el gobierno chileno. El gobierno provisorio se vio obligado a retomar las conversaciones con la Sociedad General de Crédito Industrial y Comercial, entidad interesada en el salitre y el guano, que obtuvo la exclusividad de ambos productos a cambio de asumir el pago de una indemnización de veinte millones de pesos a Chile y de garantizar las obligaciones nacionales de ambos países.
El apoyo de los Estados Unidos era fundamental en la estrategia de García Calderón. Sus seguidores, además de deshacerse de los chilenos, pretendían socavar las bases de la dictadura pierolista. Stephen Hurblut, ministro norteamericano en Lima, era una figura clave en estas disputas. No solo rechazaba el régimen dictatorial, que consideraba producto de “actos revolucionarios”, sino que inclinaba sus simpatías hacia el gobierno provisorio, que veía como “un esfuerzo hacia el restablecimiento en este país de un gobierno regular y constitucional”. El apoyo norteamericano dio a los defensores del gobierno provisorio la fuerza necesaria para cooptar a los antiguos aliados de la dictadura. García Calderón llegó a negociar con Hurblut la cesión de una base naval en territorio peruano, además de conceder privilegios a una compañía estadounidense para la explotación del salitre y de otorgar a los norteamericanos un papel importante en la negociación de la deuda peruana.
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Imagen 5.8. Campamento chileno en Lurín, 1881. En Antonio Bisama Cuevas, Álbum gráfico militar de Chile (Santiago: Sociedad, imprenta y litografía Universo, 1909).
Arequipa, Moquegua, Puno y Cuzco reconocieron el gobierno de García Calderón en octubre de 1881. En Cajamarca, Montero se mostró “a favor de la mediación norteamericana” para lograr la retirada chilena. Estos apoyos se sumaron al más temprano de algunas ciudades costeñas ocupadas, como Trujillo, Chiclayo y Lambayeque. Unos meses después, otras ciudades del interior, como Cerro de Pasco, Huánuco y Tarma, se sumaron también a la causa comandada por Lima. El resto del país, principalmente los núcleos políticos de la sierra, se mantuvo fiel a la resistencia que el gobierno
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de Piérola representaba. El desprestigio del civilismo y de la banca capitalina fueron elementos fundamentales en el inicial rechazo hacia el gobierno de García Calderón. De ahí que una tarea central de los nuevos gobernantes fuera minar la legitimidad de la dictadura pierolista. En su mensaje al Congreso de Chorrillos, García Calderón señaló que la dictadura, tras coartar las libertades públicas, dilapidar recursos y acentuar el desgobierno, había concluido “causando la terrible hecatombe” de Chorrillos y Miradores.
Para noviembre de 1881, el jefe político-militar del norte, Lizardo Montero, decidió junto con los reductos sureños acaudillados por José de La Torre unir fuerzas con el núcleo limeño, representado por García Calderón, con el fin de presentar un frente unido ante los chilenos. Unos meses después la alianza se vio fortalecida por la adhesión del prestigioso jefe político-militar del centro, Andrés A. Cáceres. En su mensaje al Congreso de Chorrillos de noviembre de 1881, García Calderón reiteró la imperiosa necesidad de unificar la república para negociar en bloque con las fuerzas de ocupación.
La instrumentalización por parte de Chile del faccionalismo peruano era algo que, en palabras de García Calderón, debía evitarse a toda costa. La búsqueda de la concordia entre los principales grupos políticos peruanos, salvo Piérola, se convirtió en la tarea fundamental del gobierno provisorio. La renuncia del dictador, debido a la defección de sus aliados militares, en noviembre de 1881, evidenció el éxito inicial de esta estrategia. Sin embargo, las esperanzas pronto se disiparon, pues la actitud chilena hacia el gobierno de García
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Calderón cambió drásticamente y alteró el frágil escenario político local.
La negativa de Francisco García Calderón a firmar un tratado de paz que incluyera cesiones territoriales significó la caída de su administración y su deportación a Chile junto a importantes miembros de la élite política, económica y cultural peruana.
Durante los meses siguientes salieron hacia Chillán, Talcahuano y Angol figuras clave, como Manuel María Gálvez, Carlos Elias, Manuel Candamo, José María Quimper y José Antonio Lavalle. La correspondencia del nuevo presidente chileno, Domingo Santa María, muestra la estrategia de amedrentamiento de La Moneda contra García Calderón, a quien consideraban un aliado que no había respetado sus compromisos y aprovechado el apoyo chileno para seguir una agenda propia.
Una proclama de García Calderón publicada poco antes de zarpar del Callao denunciaba la “medida violenta” dictada por Chile, y la achacaba a su defensa cerrada de “la integridad del territorio y la soberanía de la nación”. El ya expresidente acusaba al faccionalismo de ser una de las causas principales de la tragedia nacional y llamaba a la unidad “de la familia peruana” como única vía para preservar la soberanía. “Solo es libre el pueblo que quiere y sabe serlo”, añadió. Luego de una breve estadía en Quillota, García Calderón viajó a Santiago, donde recibió ataques en la prensa y fue tildado de “traidor de América”. La agonía del exilio se acrecentó con un juicio criminal por supuesta emisión fraudulenta de billetes fiscales y constantes traslados de domicilio. Las injurias a las que se vio expuesto,
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narradas en detalle en sus Memorias del cautiverio, muestran la presión chilena pero también su valor para no aceptar la amputación territorial del Perú.
La deportación de García Calderón dejó un heredero oficial, el vicepresidente y contralmirante Lizardo Montero, además de dos activas maquinarias político-militares: las de los generales Andrés A. Cáceres, en la sierra central, y Miguel Iglesias, en los departamentos del norte. El cautiverio del presidente provisorio, la desaparición del espacio físico provisto por el invasor y la creciente hostilidad chilena determinaron que Montero estableciera su gobierno en Arequipa. Esta ciudad, aliada importante del civilismo durante el gobierno de Pardo, quedaba fuera del control del ejército chileno y cerca de los núcleos surandinos, e incluso bolivianos, que se habían adherido tardíamente al gobierno de la Magdalena. No obstante, aunque el gobierno arequipeño de Montero contó con un Congreso Nacional, una Guardia Nacional, abundante despliegue de rituales políticos legitimadores y un soporte económico importante, basado en cupos y erogaciones, impuestos tanto a la élite económica como a los distritos agrícolas sureños, era muy poco lo que podía hacer contra una estrategia chilena que había descabezado y deportado a la élite limeña.
De Huamachuco a Ancón
Mientras Montero trataba de poner en marcha su gobierno, su contraparte chilena apostaba por Miguel Iglesias como el líder peruano con el que se debía negociar la paz. El caudillo cajamarquino
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creía imprescindible avanzar en lo que denominaba la “paz posible”. Su temor era que, si la guerra continuaba, los chilenos se volverían cada vez más inflexibles y exigentes. Para consolidar su posición, recurrió al experimentado diplomático José Antonio Lavalle, que desde septiembre estaba recluido en Chile (y que, como vimos, había tenido gran protagonismo en el estallido de la guerra). Lavalle era consciente de las dificultades políticas e incluso personales que suponía aquella “paz posible”. Aun así, aceptó negociar con el delegado chileno, Jovino Novoa. “El que la firme —decía desde Chillán— firma quizás su sentencia de muerte material y, de seguro, la de su muerte política”.
Atrapados en los vericuetos de la política peruana, esta era la oportunidad que esperaban los dirigentes chilenos. En enero y febrero de 1883, Iglesias se convirtió en el principal referente para La Moneda, que lo dotó de recursos económicos y militares. Con vistas a la firma del acuerdo, Domingo Santa María urgió a sus representantes en el Perú a proporcionar “homogeneidad” a Iglesias y a posicionarlo “cuanto antes” como “presidente de todo el Perú”. Un gobierno unificado y reconocido por todos los peruanos era imprescindible para dotar de legitimidad al futuro tratado de paz.
Por su parte, con gran pragmatismo, Iglesias recordó a Lavalle que, dadas las circunstancias, para que las tratativas tuviesen éxito, debía negociar bilateralmente con Chile, desestimando los intereses bolivianos si era necesario. “Es preciso prevenirse contra ella”, advertía, pues el “instinto natural la impele a salvarse sola con sacrificio nuestro. Ese mismo instinto, ese deber, nos manda también
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salvarnos solos, sin permitir que otro, además de Chile vencedor, nos victime”.
Una vez de regreso en Lima, Lavalle se reunió con Novoa en marzo de 1883. La cesión de Tarapacá —territorio que “no representa más que riquezas”— parecía imposible de evitar, por lo que sus esfuerzos se centraron en Tacna y Arica. Ambas eran ciudades peruanas, por lo que cualquier concesión “me horrorizaba, pues un hombre podía vender su casa o su hacienda, o regalarlas; pero no podía vender ni ceder a sus hermanos”. Para solventar el dilema, Lavalle propuso que ambas provincias quedaran bajo dominio chileno durante diez años, tras los cuales se celebraría un plebiscito para definir la soberanía. “Si el gobierno de Chile acepta mis fórmulas sobre deuda y sobre Tacna y Arica, está salvado el Perú y lo ha salvado usted —escribió al presidente Iglesias—, pero si las rechaza, como temo, todo se ha perdido, la paz con usted es imposible y la ruina de nuestro país se consuma”.
Aunque Lavalle no abrigaba muchas esperanzas, en abril las posiciones de los negociadores se aproximaron. El presidente chileno acogió de manera favorable la idea del plebiscito, pues creía “evidente que después de una posesión de diez o quince años apenas habría en Tacna cosa alguna que no fuera chilena”. El tiempo demostraría su error, pero eso Santa María no lo sabía, por lo que ambas partes llegaron a un principio de acuerdo, que Iglesias firmó el 10 de mayo. Este acuerdo preliminar no convenció a todos los caudillos peruanos y desencadenó la última etapa de la guerra. Cáceres consignó en sus Memorias que la batalla de Huamachuco fue no solo “la más
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encarnizada de las que se libraron en la guerra del 79-83, sino también la más decisiva y de mayor trascendencia en el orden político”. La ferocidad del choque, donde el ejército peruano perdió cerca de la mitad de sus efectivos, se debió justamente a su carácter decisivo para el curso de la contienda. Según el Brujo de los Andes, “de ella estaba pendiente el tratado de paz. Los planes políticos de Chile y la suerte del Perú estuvieron, pues, aunque no lo parezca, entregados por cinco horas a la suerte de las armas, en los campos de Huamachuco”.
Imagen 5.9. Juan Lepiani, La respuesta de Bolognesi, 1894.
Colección Elejalde, Pontificia Universidad Católica del Perú.
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Cáceres no exageraba. Una victoria peruana no solo habría supuesto un duro revés militar para Chile, sino también para Iglesias, cuya posición en el norte era débil y dependía del apoyo de las fuerzas invasoras. Un eventual triunfo en Huamachuco hubiera permitido continuar la guerra de desgaste que estaba minando la moral de las tropas chilenas, el entusiasmo de la opinión pública de su país y la paciencia de sus dirigentes. Quizás hubiera sido posible revisar las condiciones y firmar la paz de una vez por todas.
La posición de Cáceres, contraria al acuerdo, se debilitó tras la derrota de Huamachuco, y el Estado chileno reconoció el 18 de octubre a Iglesias como “gobierno nacional de la República del Perú”. Dos días después se firmó el Tratado de Ancón, que contemplaba la cesión perpetua e incondicional de Tarapacá y la cesión por espacio de diez años de Tacna y Arica a la administración chilena. Transcurrido ese plazo se convocaría un plebiscito para que sus habitantes decidieran su integración definitiva a Chile o su permanencia bajo la soberanía peruana. El país favorecido debía proporcionar al otro, a modo de compensación, la suma de diez millones de pesos.
El tratado también incluía otras medidas complementarias. Los montos de la venta de un millón de toneladas de guano realizada por Chile el año anterior debían repartirse en partes iguales entre el gobierno chileno y los acreedores del Perú. Asimismo, Chile se comprometía a pagar igual proporción a los acreedores en futuras transacciones mientras durasen los depósitos. Los yacimientos guaneros de las islas de Lobos también serían administrados por
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Chile hasta alcanzar el millón de toneladas, tras lo que se devolverían al Perú. El gobierno chileno se comprometía además a ceder a su vecino del norte la mitad de las ganancias de la explotación del guano de estas islas desde el momento de la ratificación del tratado.
Imagen 5.10. Manuel Baquedano. Colección Sala Medina, Biblioteca Nacional de Chile.
Tres días después de la firma las tropas chilenas al mando de Patricio Lynch comenzaron su retirada de Lima. Previamente, desde mediados de año, ya había comenzado una retirada escalonada de los contingentes apostados en el norte. En julio también se desocuparon
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Trujillo, Chiclayo, Ica, Chincha, Pisco y Cañete. El mismo día en que las fuerzas chilenas salían de Lima, el pequeño ejército de Miguel Iglesias hizo su entrada en las calles. En el palacio de gobierno volvió a ondear la bandera peruana como símbolo del “término de los horrores de una guerra cruel y prolongada”.
La entrada de Iglesias en la capital debía ser el “punto de partida que os conduzca a días mejores”, según sentenciaba en una proclama dirigida al país. Consciente de que la resistencia de Arequipa (donde Lizardo Montero aún fungía de presidente) podía minar el acuerdo, ese mismo día el líder cajamarquino dirigió una proclama a los habitantes de la ciudad sureña, en la que afirmaba su deseo de evitar “que se derrame una gota más de sangre en aras de una defensa imposible, de una obcecación criminal”. “La victoria, hoy, es la paz”, sentenciaba.
Dos días después, una revuelta en la Ciudad Blanca forzaba a Montero a huir hacia Puno. La ocupación chilena de Arequipa, casi en paralelo a la firma del Tratado de Ancón, confirmaba desde lo militar el fin diplomático del conflicto. Aunque hubo actividad guerrillera intermitente contra las tropas chilenas que aún estaban apostadas en la sierra, la correlación de fuerzas era imposible de cambiar. El desenlace ya era inamovible. A la ratificación del tratado por el Senado peruano en marzo de 1884 se sumó la firma del pacto de tregua entre Chile y Bolivia en abril de ese mismo año. En este escenario político y diplomático, reiniciar las acciones bélicas no era factible. Incluso quienes eran públicos detractores del acuerdo, como Cáceres, reconocían que “en tales circunstancias de aniquilamiento
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y ruina, el deber y los intereses permanentes del Perú me han obligado a reconocer el referido tratado de paz como un hecho consumado”.
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Capítulo 6
Los sentidos de la derrota y la victoria
Contenido:
Imaginarios culturales, nacionalismo y memoria en la posguerra
Perú: la derrota o la posibilidad de reinventarse
Chile: de la victoria a la crisis de fin de siglo
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Por su envergadura y duración fue inevitable que la Guerra del Pacífico generara cuantiosos legados de tipo cultural y simbólico en los países en conflicto. Las guerras, ya sea que culminen en victoria o en derrota, impactan en los imaginarios de las sociedades combatientes y contribuyen a difundir discursos identitarios, estereotipos sobre el adversario, hitos históricos por recordar y personajes relevantes a homenajear. Estos nuevos sentidos se entrecruzaron con los procesos políticos durante y después de la guerra, fueron cambiantes con el tiempo y permearon de modo desigual a los diferentes sectores sociales; pero, de cualquier manera, hicieron que la guerra marcará un antes y un después para los países en conflicto.
Imaginarios culturales, nacionalismo y memoria en la posguerra
Una de las características distintivas del nacionalismo es la exaltación de figuras sacrificiales que, con su muerte en los campos de batalla, encarnan las nociones de compromiso y entrega por la
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patria. Discursos cívicos, sermones religiosos y proclamas militares antes de librar batallas repetían una y otra vez esta idea: el buen ciudadano debía estar dispuesto a dar su vida por la colectividad. Por eso, no resulta extraño que los principales héroes de la Guerra del Pacífico hayan sido —con las excepciones de Andrés A. Cáceres y Manuel Baquedano— soldados y marinos caídos en combate.
Pero morir en batalla no es suficiente para volverse un héroe. Miles de soldados murieron durante la guerra. Para convertirse en héroe es necesario que la muerte del combatiente se revista de una narrativa especial, que sea asumida por el Estado o al menos por un grupo importante que promueva su recuerdo y culto. Y es que los héroes no son naturales, sino que se construyen política y socialmente. En cada proceso de construcción heroica hay implícito un proceso de selección y focalización en aquellas figuras que se considera que mejor representarán los discursos y valores que se desea exaltar.
La campaña marítima ofreció numerosas oportunidades para crear nuevos héroes. En el caso chileno, Arturo Prat y su convicción de no rendirse ante un enemigo materialmente superior en la rada de Iquique se convirtieron en el mejor ejemplo de heroísmo. Según el historiador Benjamín Vicuña Mackenna, el capitán de la Esmeralda “desde el pañal al sudario” había sido un hombre superior, que encarnaba el “heroísmo del deber” como si hubiera sido “un verdadero semidiós de la antigüedad”.
El sacrificio de la vida tras una lucha en inferioridad de condiciones contra un enemigo superior se convirtió en un elemento central de los procesos de heroización en ambos países.
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Imagen 6.1. Misa de repatriación de los restos de Miguel Grau, 1890.
Colección Elejalde, Pontificia Universidad Católica del Perú.
El combate de Angamos supuso un masivo reconocimiento de la figura de Miguel Grau. En las exequias celebradas en Lima a fines de octubre de 1879, monseñor José Antonio Roca y Boloña señaló que el capitán del Huáscar encarnaba el ideal de “guerrero cristiano”, al que sumaba “audacia temeraria”, “el amor patrio llevado hasta el delirio” y la generosidad con sus adversarios. “Humano hasta el exceso”, le recriminaría por su parte González Prada en 1885.
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Para un periódico, Grau “personificaba la audacia y el genio de los antiguos héroes, la caballerosidad y el honor digno de la epopeya y la excelsitud del patriotismo”. Si Grau encarnaba este ideal en el mar, el coronel Francisco Bolognesi lo hacía en tierra. Su defensa de Arica en 1880, “hasta quemar el último cartucho”, se transformó en un modelo de patriotismo, evocado una y otra vez por la sociedad peruana. Bolognesi era “un héroe inmortal”, tal como lo había sido Leónidas para los espartanos, según lo definió el poeta Santos Chocano en La epopeya del Morro.
Miguel Grau
Miguel Grau Seminario nació en Piura en 1834, aunque durante su infancia vivió en Paita, donde cultivó su vocación marítima. A los nueve años se enroló como aprendiz en un buque mercante y recorrió diferentes puertos en Europa, Norteamérica y Asia. A los veinte años ingresó a la Marina de Guerra como guardiamarina.
Involucrado en las guerras civiles de la década de 1850, fue expulsado de la Armada, aunque una ley de amnistía lo reintegró. En la década de 1860, fue comisionado por el gobierno para supervisar la adquisición de nuevos buques en el escenario del conflicto con España. En 1866, al mando de la corbeta Unión, participó en el combate de Abtao.
Tras la guerra, después de una serie de desavenencias con los altos mandos de la Armada, trabajó en la marina mercante, época en la que también contrajo matrimonio con Dolores Cabero. Reincorporado
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a la Armada, fue ascendido a capitán de navío y puesto al mando del Huáscar.
Miguel Grau. Colección Elejalde, Pontificia Universidad Católica del Perú.
En la década de 1870, Grau tuvo una activa carrera política en las filas civilistas. En 1875 fue electo diputado por Paita, función a la que renunció para asumir como comandante general de Marina, el cargo más alto que había desempeñado hasta entonces. Elaboró varios informes con sugerencias de mejoras de las fuerzas navales
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peruanas, y, al estallar la guerra con Chile, fue nombrado jefe de la primera división naval.
Durante la contienda, levantó el bloqueo de Iquique y participó en el victorioso combate del 21 de mayo de 1879, donde demostró gran caballerosidad con los náufragos chilenos de la hundida Esmeralda. En los siguientes meses, al mando del Huáscar, mantuvo en jaque a las fuerzas navales chilenas, hasta que en octubre fue interceptado en Angamos por los blindados Cochrane y Blanco Encalada. Grau murió en combate, fulminado por una granada que destrozó su cuerpo. El único resto que quedó del mayor héroe peruano de la guerra fue un trozo de pierna.
Revestido de cierta sacralidad, el culto a los restos mortuorios de los héroes fue inevitable. Las ceremonias de repatriación concitaron gran entusiasmo patriótico tanto en Chile como en Perú. Los restos de Arturo Prat y sus compañeros fueron trasladados desde Iquique hasta Valparaíso en 1888, para ser inhumados en el imponente monumento que se levantó en su honor. Dos años después, el gobierno del mariscal Cáceres gestionó la repatriación de los restos de Miguel Grau, iniciativa que culminó con una multitudinaria ceremonia de sepultura. El culto a los restos de los héroes caídos en la guerra en Perú alcanzó su momento culminante con la inauguración, en 1908, de la originalmente llamada Cripta de los Héroes, sitio de memoria del conflicto elevado posteriormente a la categoría de “santuario patriótico”.
En los años de la posguerra proliferaron los homenajes públicos a los héroes, por medio de esculturas y monumentos, que se proponían
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fijar en el espacio público el imaginario patriótico. Erigidos a veces por iniciativa del Estado y a veces gracias a la participación entusiasta de la sociedad civil, estos monumentos evidenciaban el impacto de la guerra en las memorias colectivas de ambos países. El monumento a Miguel Grau levantado en el Callao en 1897, financiado mediante suscripción popular, fue uno de los hitos más importantes en esta oleada de monumentalización.
Imagen 6.2. Monumento a Francisco Bolognesi. Prisma, Lima, diciembre de 1905.
El mismo año surgió la iniciativa de homenajear a Bolognesi, proceso que se extendió hasta 1905, cuando se inauguró en Lima el impresionante monumento diseñado por el escultor catalán Agustí Querol i Subirats, en cuya base se colocaron bajorrelieves inspirados en las pinturas históricas de Juan Lepiani, de gran difusión en la época.
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En Chile, los monumentos de guerra también se multiplicaron a finales del siglo XIX e inicios del XX, con el fin de homenajear a héroes caídos en combate y exaltar el valor colectivo de quienes habían luchado en la guerra. Fueron los casos, entre otros, de los monumentos a Prat en Valparaíso (1886), al batallón Atacama (1886), a Luis Cruz Martínez (1912), a Ignacio Serrano (1913), a los héroes de la Concepción (1923), a Eleuterio Ramírez (1927) y a Manuel Baquedano (1928).
En paralelo a los monumentos, los rituales patrióticos también ayudaron a rememorar periódicamente los hitos clave de la guerra y a difundir los discursos nacionalistas ante auditorios masivos. Por supuesto, la selección de las batallas que se recordaban era diferente en cada país, así como el significado que se les atribuía.
En Perú, la defensa de Lima, encarnada en las batallas de Chorrillos y Miraflores, empezó a conmemorarse tempranamente. Dos momentos clave fueron la inauguración en 1891 del Osario de Miraflores, convertido desde entonces en punto de convergencia de las procesiones cívicas, y el levantamiento del Monumento al Soldado Desconocido en el Morro Solar en 1922. Lo mismo puede decirse de la conmemoración de la victoria en la batalla de Tarapacá. El combate de Angamos, por su parte, fue designado en 1921 como el Día de la Marina Nacional. La fecha servía también para afianzar la postura peruana en relación con las provincias irredentas (Arica, Tacna y Tarapacá), pues se instruyó a los profesores para dictar conferencias en las plazas sobre la batalla que debían terminar “con la lectura de
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las protestas de los tacneños, ariqueños y tarapaqueños, a raíz de la celebración del Tratado de Ancón”.
Imagen 6.3. Inauguración del monumento a la Marina, Valparaíso, 1886. En Antonio Bisama Cuevas, Álbum gráfico militar de Chile (Santiago: Sociedad, imprenta y litografía Universo, 1909).
Otras efemérides tuvieron un sentido más ambivalente, como las celebraciones de la batalla de Arica en dicha localidad. Si hasta 1908 fue patrimonio de la comunidad peruana avecindada en el puerto, desde 1910 fue patrimonializada por Chile, a medida que se radicalizaba el proceso de “chilenización”.
Con todo, entre las conmemoraciones chilenas de la guerra, ninguna tuvo más realce que el 21 de mayo, aniversario del combate naval de
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Iquique. En 1895, el gobierno decretó que la fecha fuera feriado escolar y en 1915 se amplió a festivo nacional.
En el ámbito ritual, incluso las derrotas podían convertirse en victorias morales y los caídos en combate, con su ejemplo, interpelar a las nuevas generaciones. Así, no resulta sorprendente que en el ritual de juramento a la bandera de los nuevos reclutas estuviera en ambos países marcado por el recuerdo de la guerra. En un contexto de implementación del servicio militar obligatorio (en 1898 en Perú, en 1900 en Chile), en Perú el rito se articuló en torno al aniversario de la batalla de Arica y el sacrificio de Bolognesi, mientras que en Chile se escogió la batalla de Concepción como referencia patriótica.
Arturo Prat
Arturo Prat Chacón nació en la pequeña localidad de Ninhue, en 1848, aunque pronto su familia se trasladó a Santiago. A los diez años ingresó a la Escuela Naval, como cadete, y se convirtió en un alumno destacado. Como gran parte de la generación de marinos que combatió en la Guerra del Pacífico, tuvo su bautismo de fuego en el conflicto con España, como guardiamarina. Más adelante llegó a ser profesor en la Escuela Naval y capitán de corbeta en 1873. Ese año contrajo matrimonio con Carmela Carvajal e inició estudios de derecho en la Universidad de Chile, donde se graduó en 1876 con una tesis sobre reforma electoral.
Tras el cierre de la Escuela Naval, Prat asumió como ayudante de la Gobernación Marítima de Valparaíso y aplicó sus conocimientos legales para la modernización del sistema legal de la Armada.
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Arturo Prat. Colección Sala Medina, Biblioteca Nacional de Chile.
En 1878, los conflictos diplomáticos con Argentina por la Patagonia se agravaron, y fue enviado como agente secreto a ese país y a Uruguay para recabar información sobre el poder militar trasandino. Aunque no descartó un conflicto, desestimó la seriedad de la amenaza argentina, y regresó a Chile a inicios de 1879.
Al iniciarse la Guerra del Pacífico fue comisionado para mantener el bloqueo de Iquique. Se dice que, al avistar los vapores de la flota peruana, afirmó: “Muchachos, la contienda es desigual, nunca se ha arriado nuestra bandera ante el enemigo, y espero que no sea esta la
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ocasión de hacerlo. Mientras yo viva esa bandera flameará en su lugar, y, si yo muero, mis oficiales sabrán cumplir con su deber”. Tras intentar abordar el Huáscar, murió acribillado. Horas después la Esmeralda se hundiría al recibir un tercer espolonazo del buque peruano.
La producción escrita también contribuyó al recuerdo de la guerra. La fijación del relato histórico fue una de las primeras preocupaciones de los historiadores de ambos países. Los libros de Benjamín Vicuña Mackenna y Diego Barros Arana sentaron las bases de la perspectiva chilena. Por su parte, Mariano Felipe Paz Soldán, impactado por lo que consideraba una historia “llena de falsedades, las más groseras”, escrita “instantes después de terminados los combates”, se propuso en 1884 dar la versión peruana en su Narración histórica de la guerra de Chile contra el Perú y Bolivia.
Así como los historiadores, los dramaturgos también estuvieron empeñados en utilizar el teatro como medio de difusión de discursos patrióticos y exaltación de los héroes. Tanto en Chile como en Perú, el drama fue el registro favorito para narrar las hazañas de los héroes nacionales, con obras como Bolognesi o los mártires de Arica (de A. Belisario Calle, 1884) o Eleuterio Ramírez o la batalla de Tarapacá (de Carlos Lathrop, 1883). En cambio, la comedia y la sátira fueron utilizados para denostar al enemigo. Por su parte, en el campo de la novela destaca la prolífica producción del escritor chileno Ramón Pacheco, quien apenas terminada la guerra comenzó a publicar textos con una notable impronta realista.
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En Perú, la culminación de la narrativa patriótica correspondió a la serie Nuestros héroes. Episodios de la Guerra del Pacífico, publicada entre 1898 y 1903. En sus volúmenes confluyeron significativos escritores, como Ernesto Rivas, Víctor Mantilla y Nicolás González. Ilustradores de la talla de Joan Pellicer i Montseny, Ramón Miró Folguera y A. Sánchez Narváez contribuyeron a resaltar mediante historias breves e imágenes vividas el valor peruano en el campo de batalla y el patriotismo popular ante una ocupación, fijando así el imaginario popular sobre la guerra.
Perú: la derrota o la posibilidad de reinventarse
El impacto de la derrota caló hondo en el Perú. El entusiasmo y el tono triunfalista de los primeros meses fue sustituido por el desengaño a medida que la guerra tomaba un rumbo adverso. La ocupación de Lima fue un golpe enorme para la autoestima peruana y dio lugar a la aparición en los siguientes años de una serie de diagnósticos sobre las causas de la derrota, que delinearon la sensación de trauma que caracterizó el ambiente intelectual de la posguerra. Como sentenció Francisco García Calderón, se trató de años en los que “el pesimismo se convierte en la filosofía del momento”.
Las razones invocadas para explicar la derrota fueron múltiples. Ya durante la guerra, las críticas, en general deslizadas en privado, fueron descarnadas. En el aniversario de la batalla de Arica, Carlos Elias sentenció en su diario privado que “si no hemos vencido en esta guerra, no ha sido por falta de valor o de heroísmo, sino porque los
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que han dirigido han sido inútiles, como Prado y La Puerta, o pigmeos ambiciosos como Piérola”.
Elias no estaba solo en su cuestionamiento a la dirección del conflicto. Según Manuel Candamo, las carencias de los dirigentes peruanos resultaban más patentes cuando se contrastaban con sus contrapartes chilenos. En una misiva a su esposa, escrita durante la deportación en Valparaíso, señalaba con envidia el involucramiento transversal de la clase dirigente chilena en la política: “Las cámaras están compuestas, por lo general, de lo mejor y todos los puestos públicos están desempeñados, no por soldadotes brutales y arbitrarios, sino por gente culta y que conoce sus deberes. Por eso nos han vencido y nos tienen como nos tienen”.
Muchas de las razones de la derrota tendieron a enfocarse en la crítica interna. Según Andrés A. Cáceres, Perú perdió la guerra “por causa de sus propios hijos más que la de las victorias del enemigo”. “Los desastres ignominiosos del Perú se deben a que nunca nos planteamos las situaciones netamente y como son en realidad, por falta de carácter, por cálculos mezquinos, por intransigencias que no reconocen un origen noble”, decía en 1883.
Para otros analistas, los yerros no se circunscribían al periodo de la guerra, sino que tenían raíces históricas más profundas. La derrota era consecuencia de una trayectoria republicana fracasada. Fue lo que plantearon en marzo de 1882 Maximiliano Frías y Julio Hernández en un manifiesto en el que señalaban que la derrota era resultado de un “edificio social” en ruinas. La causa última era “los vicios de la generación que se va”, una generación que, por medio
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siglo, había desempeñado “todos los papeles en la ruin farsa de nuestra administración pública”. Tal era la aflicción histórica del Perú, “la verdadera carcoma que le debilita, que le postra, que le envilece”. La historia republicana se caracterizaba por la “desorganización”, la corrupción, el faccionalismo y la ausencia de virtud cívica. En ese escenario, la derrota era segura:
Chile ha lanzado sus ejércitos sobre nuestros hogares con la seguridad de la victoria, porque sabía que éramos un pueblo enervado, vicioso, sin instituciones sólidas ni respetables, hondamente dividido por odiosidades de facción, incapaz de resistirle en tan miserables condiciones. Y no se engañaba a fe.
En otros casos, el diagnóstico fue más sombrío, al apuntar hacia la composición étnica y la escasa conciencia nacional de la sociedad peruana. En una carta a Piérola de febrero de 1882, Ricardo Palma explicaba la derrota con un argumento racial, fundado en la visión negativa de los indígenas, a quienes calificaba de “orgánicamente cobardes”. Desde su punto de vista, “la mayoría del Perú forma una raza abyecta y degradada”. Más adelante señalaba que “el indio no tiene el sentimiento de la patria; es enemigo nato del blanco y del hombre de la costa, y señor por señor, tanto le da ser chileno como turco”.
Estos comentarios de Palma no eran algo aislado. En otra misiva, Juan Antonio Lavalle le confidenciaba un año después a Miguel Iglesias sus dudas sobre la posibilidad de “regeneración” del Perú tras la derrota. “A los pueblos no los regenera nadie”, sentenciaba. “Se regeneran ellos mismos, y esa es la obra de años y aun de siglos,
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cuando tienen condiciones para regenerarse ¿Las tiene el Perú? No, a mi ver, mientras la base de su población sea la confusa mezcla de razas híbridas que la constituyen hoy”.
Pero si hubo un diagnóstico crítico sobre las razones de la derrota, ese fue el de Manuel González Prada, quien condensó con una retórica impactante el malestar de la época. En un discurso leído en el teatro Politeama en 1888, en una ceremonia para colectar fondos en ayuda de Tacna y Arica, señaló descarnadamente que “la mano brutal de Chile despedazó nuestra carne y machacó nuestros huesos; pero los verdaderos vencedores, las armas del enemigo, fueron nuestra ignorancia y nuestro espíritu de servidumbre”.
Además de la fragmentación y el caudillismo, González Prada achacó la derrota a la dificultad para construir una idea cohesionada de nación justo en el momento cuando era más necesario. “En el momento supremo de la lucha, no fuimos contra el enemigo un coloso de bronce, sino una agrupación de limaduras de plomo; no una patria unida y fuerte, sino una serie de individuos atraídos por el interés particular y repelidos entre sí por el espíritu de bandería”. Esta tétrica visión contrastaba con lo que ocurría en el otro bando: “Cuando el más oscuro soldado del ejército invasor no tenía en sus labios más nombre que Chile, nosotros, desde el primer general hasta el último recluta, repetimos el nombre de un caudillo, éramos siervos de la Edad Media que invocábamos al señor feudal”.
González Prada concluía con un llamado a reconstruir el país sobre la base de la ciencia, la educación de las nuevas generaciones, la erradicación del “espíritu de servidumbre” en el mundo indígena y,
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sobre todo, el cultivo del patriotismo en la población. Solo así se lograría despertar aquellos “dos sentimientos capaces de regenerarnos y salvarnos: el amor a la patria y el odio a Chile”.
Estas serían las emociones que permitirían la recuperación del Perú del trauma que había significado su derrota en la guerra.
Imagen 6.4. Manuel González Prado. Colección Biblioteca Nacional del Perú.
Más allá de los sombríos balances sobre las causas de la derrota, el reto de la reconstrucción nacional debía lidiar con múltiples desafíos: el decaimiento anímico, la falta de consenso entre las corrientes
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políticas, las guerras civiles de 1884-1885 y 1894-1895, una deuda pública enorme y un crédito internacional deteriorado.
La economía estaba en crisis debido a la guerra y a la destrucción de infraestructura productiva, pero también por la pérdida de la industria salitrera de Tarapacá y la ocupación de Arica y Tacna. El país se vio entonces obligado a explorar nuevas vías de desarrollo económico. Como constató Hildebrando Fuentes durante la conmemoración de la defensa de Lima, en 1903, la derrota tuvo un lado positivo, pues había “desaparecido el germen de su corrupción política, las riquezas de Tarapacá” y con ello “las frecuentes revoluciones con que el caudillaje ensangrentara las páginas de nuestra historia”.
Sin el salitre, solo quedaba reorientar la actividad económica hacia otros territorios. En 1888, se fundó la Cámara de Comercio de Lima con el propósito de coordinar y revitalizar las actividades comerciales en aras de la reconstrucción nacional. En paralelo abrió sus puertas la Sociedad Geográfica de Lima, con la finalidad de recabar información científica sobre el territorio peruano y sus potencialidades productivas. La industria azucarera y de algodón en la costa, nuevos yacimientos petrolíferos localizados en los departamentos costeros del norte, la explotación de minerales de plata y cobre en la sierra, además del auge de la economía del caucho en la Amazonia, hicieron posible cierta recuperación económica y sobre todo de una creciente diversificación de la matriz productiva nacional.
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Imagen 6.5. Factoría peruana en el Amazonas, 1886. Colección Bibliothèque Nationale de France.
Para encarar el problema de la deuda externa, el gobierno peruano firmó en 1889 un convenio con Michael Grace, representante de los intereses británicos. El polémico contrato Grace contempló la cesión por 66 años de los ferrocarriles del país, la libre navegación por el Titicaca, la entrega de guano y territorios en el Amazonas y el pago de una cuota anual, durante 33 años, como pago de la deuda. Si bien algunos sectores criticaron el acuerdo por considerar que era lesivo para la soberanía nacional, lo cierto es que propició el crecimiento de la inversión extranjera en el Perú en campos como la infraestructura y la minería. Permitió también potenciar la integración territorial a través del ferrocarril, mediante la incorporación de nuevas zonas productivas a la economía nacional e internacional.
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Chile: de la victoria a la crisis de fin de siglo
Si la derrota produjo en el Perú un sentimiento de desazón y pesimismo, en Chile la victoria atizó los ánimos triunfalistas. Las multitudinarias ceremonias de bienvenida a las tropas que comenzaron a retornar paulatinamente a partir de 1881 dan cuenta del entusiasmo y el orgullo patriótico en la población. Según afirmaba el general Baquedano en una proclama, tras la ocupación de Lima Chile se había convertido en “una nación grande, próspera, poderosa y respetable”. Tres años después, este diagnóstico se había tornado en un lugar común. El periodista y político Isidoro Errázuriz afirmó en una ceremonia de entrega de medallas a los soldados que con la victoria “la esfera de nuestro dominio se ha ensanchado; nuestros recursos han crecido de golpe; ha despertado entre nosotros la conciencia de nuestro deber y de nuestro derecho respecto a las naciones vecinas”. En definitiva, tras la guerra, el país había alcanzado el clímax de su desarrollo. “La edad viril ha comenzado para Chile”, sentenciaba.
Pintando la guerra
La Guerra del Pacífico coincidió con el apogeo de la pintura historicista, que se consideraba el género más adecuado para valorar la destreza de un artista. El objetivo de esta pintura no solo era reconstruir los sucesos del pasado, sino servir de inspiración patriótica, al ser expuestos los lienzos en museos y reproducidos en
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láminas y textos escolares. Por eso, la guerra tuvo gran protagonismo en las bellas artes.
En Chile, la participación de pintores fue una política oficial durante y después de la guerra. El director de la Academia de Pintura, Giovanni Mochi, viajó al Perú para producir óleos sobre la batalla de Chorrillos, labor que culminó en 1885. En paralelo, el pintor británico Thomas Somerscales alcanzó celebridad con obras sobre los combates de Iquique, Angamos y la muerte de Prat en la cubierta del Huáscar, tema que también fue objeto de representaciones alegóricas por parte de artistas como Cosme San Martín.
Ramón Muñiz, El repase, óleo sobre tela, 1888. Museo Fortaleza Real Felipe.
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En el caso peruano, las representaciones artísticas de la guerra fueron más tardías. Con seguridad, el artista más importante fue Juan Lepiani, destacadísimo cultor del género histórico, quien en la década de 1890 comenzó una serie de obras que exaltaron la determinación patriótica de Bolognesi en Arica (La respuesta de Bolognesi, 1891) y su sacrificio en combate (El último cartucho, 1899). Otras retrataban el valor colectivo, como La defensa del tercer reducto (1894), inspirada en la defensa de Lima. Pero la pintura no solo idealizó las batallas y héroes, también fue utilizada para denunciar los horrores de la guerra, como el famoso cuadro El repase (1888), del pintor español Ramón Muñiz, una de las obras más populares que representa la crueldad de las tropas chilenas con los heridos en Huamachuco y la lealtad de las rabonas en compañía de los soldados.
Al igual que en el Perú, la guerra dio paso a un periodo de reflexión, que en el caso chileno se centró en las causas de la victoria. Paradójicamente, los factores aducidos fueron muy similares en ambos países. En esta línea, uno de los elementos que rápidamente surgió para explicar el resultado de la guerra fue la trayectoria institucional de Chile en contraste con el permanente caos político peruano. Esta idea fue esbozada por el periodista y político conservador Zorobabel Rodríguez a finales del primer año de la guerra. No era el militarismo chileno lo que explicaba el éxito en la contienda, sino la estabilidad republicana. Mientras sus adversarios “llevaban medio siglo de asonadas, motines, revoluciones”, Chile se
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había concentrado en el trabajo, el emprendimiento económico y el respeto por la institucionalidad.
Por eso, “a los que se preguntan por qué ha vencido Chile y cómo es que Chile ha podido vencer, contestamos: Chile ha vencido en la guerra a los aliados del norte porque desde antes era ya su vencedor en los torneos de la paz, del trabajo y de la civilización”.
Las diferencias institucionales también les parecían un factor clave a algunos observadores extranjeros. En 1881, al analizar la ocupación de Lima, el periódico londinense The Times apuntaba en la misma dirección. Demográfica, económica y territorialmente, la alianza peruano-boliviana era superior, pero la victoria chilena se explicaba porque era, “en todos aspectos, un Estado mejor organizado”.
Un segundo factor aducido para explicar el éxito chileno era la amplia difusión del sentimiento nacional entre su población. Para Benjamín Vicuña Mackenna, “el atributo más grande y más potente del ejército de Chile, eternamente vencedor durante la última guerra ha sido, en consecuencia, su colectividad, es decir, el pueblo hecho soldado”; la lealtad hacia la nación, que no era patrimonio de las clases dirigentes, sino que se extendía hasta el soldado común, el “roto chileno” de la cultura popular. “El soldado chileno no sabe más que eso, no quiere saber más lo que ese emblema de la patria ausente significa”, sentenciaba el famoso historiador en su obra Álbum de la gloria de Chile.
Junto con la estabilidad política y la conciencia nacional, el tercer factor señalado en la época era la supuesta superioridad racial chilena, fundada en el extendido mestizaje frente al peso de la
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población indígena en el Perú. En una ceremonia patriótica, el periodista y dramaturgo Indalecio Segundo Díaz caracterizó a Chile como una “nueva Esparta”, ya que “nuestra raza es una raza especial, como ninguna otra de la América”. El periodista Horacio Lara también comparó a sus compatriotas con los míticos guerreros griegos. Los chilenos, sostuvo, eran una “raza sobria como la de Esparta”, caracterizada por el trabajo y la vocación guerrera. Tal era “el genio nacional del pueblo chileno”, que lo había llevado a “amar a la Patria con fanático ardor” durante la guerra.
Nicolás Palacios, veterano de la guerra, llevó al extremo la idea de la superioridad racial en su libro Raza chilena, publicado en 1904. Muchas veces el argumento se acentuaba con la representación de los peruanos como un pueblo étnicamente venido a menos. Tras la toma de Lima, un diario sostuvo que la mítica “raza de Manco Cápac” se había degradado hasta convertirse en “un monstruoso revoltijo de indios embrutecidos y de mongoles raquíticos”.
Tras la guerra, el Estado chileno se expandió no solo hacia el norte, sino también al sur, hacia la Araucanía. Este crecimiento territorial se derivaba directamente de la guerra, y era un crecimiento no solamente cuantitativo (más territorios) sino también cualitativo (mayor presencia estatal). La enorme riqueza salitrera permitió una ampliación de las redes ferroviarias, la realización de obras públicas de envergadura y la multiplicación de las oficinas públicas y la burocracia a lo largo del país. Sin embargo, no todo fue positivo. El fin de la guerra también vio reflotar una serie de tensiones políticas que habían quedado en suspenso por el conflicto, a las que se
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añadieron otras nuevas derivadas del hecho de que el Estado era ahora más grande y rico que nunca.
Imagen 6.6. Chile después de sus victorias. El Nuevo Ferrocarril, Santiago, 28 de octubre de 1880.
Estas tensiones estallaron de manera violenta durante el régimen del presidente José Manuel Balmaceda. Aunque en 1890 se jactaba ante el Congreso de que Chile llevaba décadas sin “un solo trastorno político”, apenas un año después la generación que había triunfado en Perú se veía enfrentada a una guerra fratricida, sin cuartel. Fue la guerra civil más dramática de su historia. En Concón y Placida, las
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batallas decisivas, murieron más chilenos que en Chorrillos y Miradores.
La guerra civil de 1891 abrió una época de predominio del Parlamento en la vida política chilena, que se prolongaría por más de tres décadas, rompiendo con la tradición presidencialista del país. Los problemas de la posguerra no solo fueron políticos, sino también económicos.
Imagen 6.7. Nos vamos al abismo. La Lira Chilena, Santiago, 29 de noviembre de 1903.
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Los diferentes gobiernos debieron enfrentar la inflación, al tiempo que maniobraban en el mercado cambiario para evitar la devaluación de la moneda, un problema que persistió por décadas. En paralelo, el desarrollo económico se volvió fuertemente dependiente del salitre. Desde finales de la década de 1880 hasta la crisis global de 1929, la industria del salitre representó cerca de la mitad de los ingresos del Tesoro Público chileno. A esta dependencia se sumó el clima de explotación laboral en las pampas salitreras, donde la base económica del Estado dependía de formas de trabajo premodernas y de condiciones de vida deplorables para los obreros.
Las riquezas del salitre generaron una paradoja durante la posguerra. En su discurso “Perú y Chile”, de 1888, Manuel González Prada señaló que, si bien Perú había padecido “la ferocidad araucana”, el país vecino se había contaminado “con el virus peruano”. Contra su tradición precedente, tras la victoria, había sido atacado “por el cáncer de la más sórdida corrupción pública”. Gracias al salitre, Chile se convirtió en un “magnate improvisado” y dejó de lado su tradicional frugalidad. Esta era la cara sombría de la nueva riqueza. Como sentenció un periódico de Buenos Aires en 1907, el trabajo y el esfuerzo con el que Chile había labrado su grandeza durante el siglo XIX habían dado paso al lujo, el despilfarro y la corrupción. El país, aseguraba, “está corroído hasta las entrañas por ese veneno del salitre”, convertido en “el famoso vino de los Borgia: entre los granos del fecundante nitrato está escondido el tósigo que enerva, que corroe, que mata”.
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Imagen 6.8. Inauguración de la cripta de los combatientes de Tacna y Arica, 1902. Zig-Zag, Santiago, 9 de abril de 1910.
Con estas trasformaciones, la cultura del Chile de la posguerra comenzó a dar un giro desde el triunfalismo hacia la sensación de decadencia. La así llamada “literatura de la crisis” denunció el malestar de una generación que percibía que, desde la victoria de 1879, Chile se encontraba en franco declive. “Me parece que no somos felices”, señaló en 1900 el dirigente del Partido Radical, Enrique Mac Iver, en su famoso Discurso sobre la crisis moral de la república. “La holgura antigua se ha trocado en estrechez, la energía para la lucha de la vida en laxitud, la confianza en temor, las expectativas en decepciones. El presente no es satisfactorio, y el porvenir aparece
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entre sombras”. Ocho años después, en la misma tribuna, el Ateneo de Santiago, el médico y escritor Nicolás Palacios reflexionaba sobre lo que llamaba la “decadencia del espíritu de nacionalidad”, y auguraba que en el ambiente flotaba “un vago presentimiento de males futuros, de intranquilidad por el porvenir, de presagios siniestros”.
Imagen 6.9. Manifestación patriótica en homenaje a las “provincias cautivas” de Tacna y Arica, 31 de julio de 1920. Mundial, Lima, 6 de agosto de 1920.
Este diagnóstico pesimista tendía a acentuarse cuando se confrontaba la situación de Chile con la de sus vecinos. Al tradicional
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resquemor frente al poderío militar argentino, país con el que recién en 1902 se firmaron acuerdos de paz para poner fin a décadas de tensiones fronterizas, se le sumaba una inquieta evaluación del progreso peruano durante el periodo de la República Aristocrática.
Imagen 6.10. “Tacna y Arica peruanas”. Mundial, Lima, 11 de septiembre de 1925.
Una crónica de la revista Pluma y Lápiz de 1903 señalaba que el renovado poderío militar y económico del Perú se debía al final de las guerras civiles, la erradicación del caudillismo y el desarrollo de nuevas áreas productivas, incentivado por la pérdida del salitre. “Por
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todas partes se levanta un Perú distinto del que nos hemos acostumbrado a mirar abatido y en decadencia, por causa de sus desastres militares de hace veinticinco años”, sentenció el periodista. Y lo que era más importante: el vecino del norte se tornaba amenazante ante la resolución de los diferendos limítrofes por Tacna y Arica, el gran tema pendiente de la posguerra.
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Epílogo
Mas allá de la guerra: el destino de las provincias “irredentas”
El Tratado de Ancón en 1883 puso fin al conflicto armado entre Perú y Chile, pero sus cláusulas abrieron flancos de controversias diplomáticas cuya resolución se extendería durante medio siglo. El departamento de Tarapacá quedó bajo soberanía perpetua e incondicional de Chile, pero el estatuto definitivo de Tacna y Arica quedaba pendiente. El artículo 3º del Tratado señalaba que el territorio de ambas provincias:
[...] continuará poseído por Chile y sujeto a la legislación y autoridades chilenas durante el término de diez años, contado desde que se ratifique el presente tratado de paz. Expirando este plazo, un plebiscito decidirá, con votación popular, si el territorio de las provincias referidas queda definitivamente del dominio y soberanía de Chile, o si continúa siendo parte del territorio peruano.
Para terminar de cerrar el diferendo, el país a quien favoreciera el plebiscito debía compensar económicamente a la contraparte. La aplicación de esta cláusula estuvo, sin embargo, sujeta a múltiples vaivenes y controversias, que tenían que ver con la evolución política de ambos países, pero también con la propia evolución de las ciudades conquistadas. De acuerdo con el censo levantado por Chile en 1885, la población del departamento de Tacna era de 29.523 habitantes, de los cuales 17.261 eran ciudadanos peruanos y 7446 chilenos. La dimensión demográfica pronto se reveló como central a la hora de dilucidar la puesta en marcha del plebiscito.
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Dos diferencias en la interpretación del acuerdo explicaron la postergación indefinida de la consulta. Mientras que para la posición peruana el plebiscito debía realizarse exactamente una década después de la ratificación del Tratado de Ancón, es decir, en 1894, Chile interpretaba que los diez años eran un periodo mínimo pero no mandatorio: el plebiscito podía convocar en cualquier momento a partir de los diez años, pero no necesariamente en 1894. La posición chilena se basaba, evidentemente, en la minoritaria presencia de connacionales en la región, lo que no presagiaba un buen resultado en el plebiscito.
El segundo punto de controversia se refería tanto a la modalidad de votación como al censo de votantes autorizados. Chile defendía que solo pudieran votar quienes sabían leer y escribir, mientras que el lado peruano quería impedir que pudieran votar los hombres solteros, sin vivienda fija. En ambos casos era evidente que cada país defendía las reglas que lo favorecían. Chile excluía a la población indígena analfabeta, que presuntamente votaría por el Perú, país que quería evitar la posibilidad de que participaran migrantes de última hora provenientes de Chile, sin arraigo efectivo en los territorios en disputa.
El plebiscito nunca se realizó pese a diversos esfuerzos diplomáticos, como el protocolo Billinghurst-Latorre (1898), que ponía como garante de los comicios a la reina regente de España.
En el ínterin, las negociaciones de la paz entre Bolivia y Chile, que se llevaban a cabo en paralelo, concluyeron en 1904 de una manera que hizo que la votación pareciera aún más lejana. Bolivia renunció a los
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territorios conquistados por Chile en la guerra a cambio de obtener una serie de facilidades de acceso al mar, entre ellas la construcción de un ferrocarril entre La Paz y Arica, ciudad cuya soberanía el Perú aún reclamaba.
Durante las primeras décadas del siglo XX, la política chilena en Tarapacá, Tacna y Arica dio un giro importante, iniciándose un proceso de “chilenización” caracterizado por la violencia y un exacerbado nacionalismo. En Tarapacá, región sobre la que no existían diferendos, el nacionalismo compulsivo alcanzó su punto culminante en 1918. En Arica y Tacna, el objetivo era afianzar la posición chilena ante el eventual plebiscito. Para ello se realizaron intensas campañas de prensa y se articuló a los residentes chilenos en torno a grupos nacionalistas, como las Ligas Patrióticas, que perseguían a la población peruana residente en la zona y vandalizaban sus propiedades, comercios, periódicos y escuelas. El gobierno chileno también incentivó la migración de trabajadores a la zona, y, en una medida polémica, en 1910 procedió a la expulsión de los sacerdotes diocesanos de Tacna y Arica, acusados de utilizar el ministerio religioso para promover la identidad peruana en la región. Con el fin de la Primera Guerra Mundial y el liderazgo del presidente estadounidense Woodrow Wilson en la reconstrucción del orden mundial, el gobierno peruano vio una ventana de oportunidad para reinstalar en los foros diplomáticos mundiales la cuestión de Tacna y Arica. Así, intentó conseguir la mediación estadounidense en el diferendo y puso en la agenda de discusión de la recientemente creada Sociedad de las Naciones el conflicto territorial por las
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“cautivas”. Este tema fue central para el gobierno del presidente Augusto B. Leguía, quien en su campaña electoral planteó la recuperación de las “irredentas” como un asunto de dignidad nacional. La cuestión diplomática permitía, en paralelo, exacerbar del sentimiento antichileno, ya presente en la sociedad peruana, para convertirlo en fuente de legitimidad del gobernante.
Recuperar las “cautivas”, incluso militarmente, pasó a ser un discurso recurrente en aquellos años. La revista Rojo y Blanco sostenía que era necesario avanzar en esa dirección, pues “la sangre derramada por nuestros padres reclama venganza y justicia; la voz de los muertos, desde el fondo de sus gloriosas sepulturas, nos dice que cumplamos cuanto antes el imperativo del deber que nos señala la ruta del sur, por donde deben ir nuestros soldados a conquistar la reintegración de la patria mutilada”. A fines de julio de 1920 recorrió las calles de Lima una multitudinaria manifestación, promocionada por la prensa como una oportunidad “para mantener vivo el odio a Chile”. Las 30.000 personas convocadas desfilaron hasta Palacio de gobierno bajo la atenta mirada del presidente Leguía y del mariscal Andrés A. Cáceres, demostrando según la revista Variedades “la justa y general ansiedad de reivindicación que anima a nuestros conciudadanos”.
La frontera estaba en tensión por aquellos años. En julio de 1920, el gobierno chileno ordenó una movilización militar general ante la perspectiva de un eventual conflicto bélico con Perú y Bolivia, que no pasó de ser una pura demostración de fuerza. En cualquier caso, los ánimos nacionalistas estaban a flor de piel, como lo atestiguó Jorge
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Basadre en su viaje a Arica a inicios de la década. En su ciudad natal pudo ver la proliferación de agrupaciones nacionalistas chilenas “de carácter paramilitar y semifascista” que ejercían violencia contra la población peruana. El mismo Basadre resultó herido en una de estas manifestaciones. La violencia también era simbólica: las escuelas se habían convertido en “agencias de propaganda continua” y se obligaba a los estudiantes peruanos a portar escarapelas chilenas y a cantar repetidamente himnos patrióticos de aquel país.
En este ambiente de gran efervescencia nacionalista, la reactivación de la idea del plebiscito cobró fuerza tras la conferencia de Washington en 1922, donde se acordó la mediación estadounidense. En 1925, el presidente Calvin Coolidge, en su función de árbitro, declaró que el Tratado de Ancón continuaba vigente, y, por tanto, el plebiscito debía realizarse, pudiendo votar los nacidos en Tacna y Arica, así como todos los residentes en la región, hasta el momento en que se suscribiese el protocolo final. También dictaminó que la provincia de Tarata debía reincorporarse a la soberanía peruana. Además, para monitorear la realización del plebiscito se conformó una Comisión plebiscitaria, compuesta de tres miembros: John Pershing (EE.UU.), Manuel Freyre (Perú) y Agustín Edwards (Chile).
La inminencia del plebiscito impulsó una fuerte campaña comunicacional para convencer a la población sobre las virtudes de pertenecer a uno u otro país. Chile postulaba una visión voluntarista y electiva de la nación, al punto de que uno de los afiches propagandísticos rezaba: “Donde está mi bienestar, está mi patria”. Perú, por el contrario, defendía una mirada esencialista de la
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comunidad nacional. De acuerdo con un periódico, era imposible que Tacna y Arica fueran chilenizadas porque ambas eran “parte integrante del alma nacional peruana”. Usando una metáfora biológica, el periodista sostenía que la sola idea de que pasaran a otro país “es como pretender transformar un organismo”, mutilar una de sus partes e injertarla en otro “organismo social”.
Pese a las expectativas depositadas en la solución plebiscitaria, la medida fracasó una vez más. Está vez era Chile quien quería acelerar los plazos, pues confiaba que las políticas de “chilenización” en la frontera garantizarían su triunfo. La diplomacia peruana, por el contrario, deseaba aplazar los comicios hasta que estuvieran dadas las condiciones para un proceso electoral transparente. Considerando el escenario de tensión en la frontera, el árbitro norteamericano, el general William Lassiter, desestimó la viabilidad de realizar el plebiscito. El general William Lassiter —quien había sucedido a Pershing en la Comisión— emitió un comunicado en junio de 1926, por el que declaró que era “imposible un plebiscito libre y justo”, y que eran “inútiles nuevos esfuerzos para seguir adelante el proceso plebiscitario”.
Todos los implicados eran conscientes de que la solución pasaba por negociar un nuevo acuerdo para resolver el diferendo, de manera que ya no dependiera de la realización del plebiscito. Tras intensas negociaciones diplomáticas, en junio de 1929 los gobiernos de Perú y Chile firmaron el Tratado de Lima. Se trataba de un compromiso por el que ambas partes cedían parte de sus ambiciones para dar por finalizada una de las aristas territoriales más importantes de la
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guerra. Según se acordó, Tacna se reintegraría al Perú, mientras que Arica permanecería bajo la soberanía chilena.
La solución fue alabada por el periódico tacneño El Pacífico, que, tras ver ondear ambas banderas en la cima del Morro de Arica en la conmemoración de la batalla del 7 de junio de aquel año, declaraba: “Llegó la hora de desarmar los espíritus, de abandonar la hosca hostilidad, de suavizar la mueca huraña. Llegó la paz, la verdadera paz; la compenetración de las mentes, la comunidad de los intereses, la unificación de los destinos”. Pero si el simbolismo de la cima del Morro era sugerente, las fiestas cívicas realizadas el 28 de agosto de 1929 en Tacna para celebrar la reincorporación de la provincia al Perú explicitaron los sentimientos nacionalistas en la población de manera multitudinaria. Desde entonces, la fiesta de la Procesión de la Bandera se convirtió en un día conmemorativo local de gran importancia, poniendo fin a casi medio siglo de alejamiento de la ciudad de la soberanía peruana.
La Guerra del Pacífico por fin había concluido.
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Comentario bibliográfico
Junto con las independencias, la Guerra del Pacífico es con seguridad el hito histórico del siglo XIX más debatido en las historiografías de los países en conflicto. Cuantitativamente la producción bibliográfica es enorme, difícilmente reseñable en unas páginas, y en las últimas décadas la renovación temática ha sido impresionante, al abordar ángulos que trascienden las habituales narrativas militares, diplomáticas y políticas. Por eso, aquí solo ofrecemos una orientación amplia sobre los trabajos más importantes que han nutrido el argumento que hemos desplegado en este libro, y que puede ser de utilidad para quienes estén interesados en profundizar en alguno de sus temas. Salvo un par de excepciones, hemos circunscrito las referencias solo a trabajos publicados en español.
El estallido de la guerra interesó de inmediato a los historiadores que utilizaron la disciplina para defender la postura de sus países frente a la opinión pública internacional, como fue la Historia de la Guerra del Pacífico (1880) de Diego Barros Arana —publicada también en francés— y la Narración histórica de la guerra de Chile contra el Perú y Bolivia (1884) de Mariano Felipe Paz Soldán. Asimismo, otros escribieron para satisfacer el interés de los auditorios locales, como Benjamín Vicuña Mackenna en Historia de la campaña de Tarapacá (1880), Historia de la campaña de Tacna y Arica, 1879-1880 (1881) e Historia de la campaña de Lima, 1880-1881 (1881). De esta primera etapa debe destacarse la monumental obra de Pascual Ahumada, Guerra del Pacífico (1884-1892), que posee el mérito de recopilar
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documentación diplomática, militar, política y periodística de los tres países en conflicto, y sigue siendo indispensable. En el siglo XX, la profesionalización de los estudios históricos, el acceso a nuevas fuentes y la distancia temporal con el conflicto contribuyó a la elaboración de obras de mayor rigor científico, entre las que destacan, en orden temporal, la Guerra del Pacífico (1911-1919) de Gonzalo Bulnes, los tomos VIII y IX —según la división de la novena edición de 2005— de la monumental Historia de la República del Perú de Jorge Basadre y los volúmenes de Rubén Vargas Ugarte, Historia general de la Guerra del Pacífico (1979), publicados en el centenario del conflicto.
Los capítulos que constituyen este libro son un esfuerzo de síntesis de este casi siglo y medio de producción bibliográfica que ha enriquecido nuestra perspectiva y le ha aportado los matices necesarios. En el primer capítulo, sobre la Guerra con España en la década de 1860 conviene revisar a Alberto Wagner de Reyna, Las relaciones diplomáticas entre el Perú y Chile durante el conflicto con España, 1864-1867 (Lima: Sol, 1963), y Gabriel Cid, “En defensa de la ‘Patria Grande’: guerra y americanismo en el Pacífico, 1864-1865”, en Carmen McEvoy y Alejandro Rabinovich (eds.), Tiempos de guerra. Conflicto armado, Estado y nación en el Perú, siglo XVII-XIX (Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 2018). Sobre las economías nacionales previas al conflicto, véase Heraclio Bonilla, Guano y burguesía en el Perú (Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1974); Paul Gootenberg, Imaginar el desarrollo. Las ideas económicas en el Perú postcolonial (Lima: Instituto de Estudios Peruanos, Banco
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Central de Reserva del Perú, 1998), así como el trabajo de Luis Ortega, Chile en ruta al capitalismo. Cambio, euforia y depresión, 1850-1880 (Santiago: DIBAM, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, 2005). La industria del salitre previa al conflicto es estudiada en el clásico trabajo de Óscar Bermúdez, Historia del salitre desde sus orígenes hasta la Guerra del Pacífico (Santiago: Universidad de Santiago de Chile, 1963). Desde una perspectiva cultural, véase el sugerente libro de Manuel Vicuña, La imagen del desierto de Atacama (XVI-XIX) (Santiago:
Universidad de Santiago de Chile, 1995). La propuesta de modernización del Perú previa a la guerra es estudiada por Carmen McEvoy en Un proyecto nacional en el siglo XIX. Manuel Pardo y su visión del Perú (Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 1994). Los desencuentros diplomáticos que llevaron a la guerra en 1879 se analizan en Manuel Ravest, La Compañía Salitrera y la ocupación de Antofagasta, 1878-1879 (Santiago: Editorial Andrés Bello, 1982) y recientemente por Hubert Wieland en “El tratado secreto Perú-Bolivia y la trama diplomática de la Guerra del Pacífico”, incluido en Tiempo de guerra (Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 2018). Un testimonio contemporáneo importante son las memorias de José Antonio Lavalle, Mi misión en Chile en 1879 (Lima: Instituto de Estudios Histórico-Marítimos del Perú, 1979).
La guerra como experiencia militar en mar y tierra, narrada en el segundo capítulo, ha sido examinada desde diferentes planos. Al día de hoy, Tragedia andina. La lucha en la Guerra del Pacífico (1879-
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1884) (Santiago: DIBAM, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, 2016) de William Sater sigue siendo el trabajo más completo y ecuánime al respecto. La dimensión marítima de la guerra es estudiada por Jorge Ortiz Sotelo, La armada en la Guerra del Pacífico (Lima: Asociación de Historia Marítima y Naval Iberoamericana, 2017). Los testimonios de los soldados se constituyen en una fuente inestimable para reconstruir la experiencia del conflicto. Su número es enorme para ser descrito en detalle, pero sugerimos algunas recopilaciones, como los dos volúmenes reunidos por Arturo Costa de la Torre, Diarios y memorias de la Guerra del Pacífico (La Paz: Casa Municipal de la Cultura “Franz Tamayo”, 1980), así como algunos datos proporcionados en Roberto Mendoza, En la penumbra del olvido. Testimonios de sobrevivientes de la guerra de 1879 (Lima: Roberto Ysaac Mendoza Policarpio, 2017). Para Chile, se recomiendan Patricio Ibarra, Las páginas de mi guerra. Relatos de la Guerra del Pacífico (Santiago: Legatum Editores, 2021) y Mauricio Pelayo y Claudio Tapia, Cartas desde el campamento (Santiago: Legatum Editores, 2021). Conteniendo fuentes de los tres países destaca Óscar Pinochet de la Barra, Testimonios y recuerdos de la Guerra del Pacífico (Santiago: Editorial del Pacífico, 1979). Para la perspectiva de la “historia de la vida cotidiana”, véanse Aramis López, “‘Con el fusil al hombro’: aproximaciones a la vida cotidiana y experiencias de los soldados indígenas peruanos durante la Campaña del Sur, 1879-1880”, Cuadernos de Marte, nº 15, 2018; y Carlos Donoso con Juan R. Couyoumdjian, “De soldado orgulloso a veterano indigente. La Guerra del Pacífico”, incluido en el segundo tomo de la Historia de la
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vida privada en Chile (Santiago: Taurus, 2006). Para la guerra en la sierra, el trabajo indispensable, recientemente reeditado, es el de Nelson Manrique, Campesinado y nación. Las guerrillas indígenas en la guerra con Chile (Lima: Taurus, 2022). Las Memorias de Andrés A. Cáceres (Lima: Milla Batres, 1986) y de su esposa Antonia Moreno, Recuerdos de la campaña de la Breña (Lima: Milla Batres, 1974) aportan testimonios de gran valor para reconstruir esa etapa de la guerra.
En los últimos años, la renovación metodológica de los estudios sobre guerra y sociedad han permitido ampliar las perspectivas, problemas, actores colectivos y escalas de análisis. En el tercer capítulo hemos dado cuenta de alguno de estos problemas, centrando nuestra atención en el espacio de la sociedad civil y la opinión pública. En el caso de la prensa, los aportes son múltiples. Entre estos destacan Ángel Castro, La prensa limeña en la guerra con Chile (Lima: Universidad Alas Peruanas, 2008); Gerardo Trillo, “La resistencia de la prensa. Panorama de la prensa regional peruana en la Guerra del Pacífico”, en el trabajo colectivo Relecturas de la Guerra del Pacífico. Avances y perspectivas (Santiago: UBO Ediciones, Universidad Bernardo O’Higgins, 2018); y Martín Colán, “Piérola y la prensa durante la Guerra del Pacífico (1879-1880)”, incluido en La Guerra del Pacífico. Aportes para repensar su historia, vol. 2 (Lima: Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2010). Para Chile, véase Mauricio Rubilar, “Escritos por chilenos, para los chilenos y contra los peruanos. La prensa y el periodismo durante la Guerra del Pacífico”, en Chile y la Guerra del Pacífico (Santiago:
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Centro de Estudios Bicentenario, Universidad Andrés Bello, 2011). Para los corresponsales, los trabajos clave son Juan Gargurevich, “Los corresponsales peruanos en la Guerra del Pacífico”, Conexión, vol. 4, nº 4, 2015; y Patricio Ibarra, “Los corresponsales de guerra chilenos en la Guerra del Pacífico (1879-1883)”, Estudios sobre el Mensaje Periodístico, vol. 26, nº 1, 2020.
El papel de la religión durante el conflicto ha generado bastante interés, y ha sido desarrollado por Armando Nieto en “La Iglesia en 1879”, En tomo a la Guerra del Pacífico (Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 1983) y recientemente por César Cordero, “El papel de la Iglesia limeña durante la guerra con Chile. Una aproximación a las cartas pastorales y las oraciones fúnebres (1879-1883)”, Discursos del Sur, nº 5, 2020. Para Chile, véase Carmen McEvoy, “De la mano de Dios. El nacionalismo católico chileno y la Guerra del Pacífico, 1879-1881”, Bicentenario, vol. 5, nº 1, 2006. La tradición de oratoria cívica y religiosa en tiempo del conflicto ha sido relevada también por la misma autora en Armas de persuasión masiva. Retórica y ritual en la Guerra del Pacífico (Santiago: Ediciones Centro de Estudios Bicentenario, 2010) y por Eduardo Torres A. en La voz de nuestra historia. El poder de la oratoria civil y religiosa en el Perú (siglos XVI-XIX) (Lima: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 2012). Respecto del rol de las provincias en tiempos de guerra, la producción bibliográfica ha sido ingente, en ocasiones como manifestación del orgullo local. Para el Perú, destacan las investigaciones de Mario Núñez M., Puno en la guerra con Chile (Puno: Unidad de Publicaciones UNA, 2012); del obispo José
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Dammert, Cajamarca durante la Guerra del Pacífico (Cajamarca: Obispado de Cajamarca, 1983); de Manuel Aparicio, Cusco en guerra con Chile (Cuzco: Instituto Nacional de Cultura, 2003); José Varallanos, La guerra con Chile y Huánuco (Huánuco: Amarilis Indiana Editores, 2015); Ismael Chapoñán, Lambayeque en la Guerra del Pacífico (Chiclayo: Editora 955 SLR, 2009); Jorge E. Valdez, El soldado olvidado. El departamento de Amazonas en la Guerra del Pacífico de 1879 entre el Perú, Bolivia y Chile (Lima: Publiser C&CH, 2007) y la tesis de maestría de Sara Vera-Piedra, “Participación de Piura en la Guerra del Pacífico (1879-1883)”, de 2018. El caso de Arequipa, mucho más controvertido historiográficamente, es abordado por Cipriano Quispe, Mauricio Núñez y Julio Abanto en Fragmentos para escribir la historia de la participación de Arequipa en la guerra con Chile (1879-1883) (Arequipa: Municipalidad Provincial de Arequipa, 2016) y especialmente en el estudio de Daniel Parodi, La laguna de los villanos. Bolivia, Arequipa y Lizardo Montero en la Guerra del Pacífico (Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Instituto Francés de Estudios Andinos, 2001), que tiene el mérito de que además estudia las conexiones con Bolivia tras su retirada del conflicto. Para Chile, además de los clásicos Atacama en la Guerra del Pacífico (Santiago: Impr. Colón, 1888), de Pedro Pablo Figueroa y de Florentino Salinas, Los representantes de la provincia de Aconcagua en la Guerra del Pacífico (Santiago: Impr. Albrion, 1893), se agrega el más reciente de Joel Avilez, Participación del Choapa en la Guerra del Pacífico (1879-1884) (La Serena: Volantines Ediciones, 2015). Para Coquimbo, véase
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Alex Ovalle, “Tradición, pujanza liberal y compromiso patriótico: instrucción pública y guerras nacionales en la provincia de Coquimbo, siglo XIX”, incluido en Región y nación. La construcción provincial de Chile. Siglo XIX (Santiago: Universitaria, 2020).
El cuarto capítulo aborda uno de los aspectos polémicos de la guerra, como su dimensión política. En el caso peruano, la literatura ha adquirido muchas veces un fuerte tono partisano para defender o denostar a las figuras políticas más relevantes de la contienda, como Prado, Piérola, Cáceres e Iglesias. Algunos trabajos recientes que abordan este problema desde una perspectiva más ecuánime y menos militante son el sugerente ensayo de Fernando Armas Asín, “En busca de la tercera vía: lucha partidaria y fragmentación política durante la Guerra del Pacífico”, Sequilao, nº 15, 2005; José Chaupis, El califa en su laberinto: esperanza y tragedia del régimen pierolista (1879-1881) (Lima: Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2012) y Emilio Rosario,
Parlamentos en conflicto: el Congreso de la República y la Guerra del Pacífico (1879-1881) (Lima: Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2014). En el caso chileno, que tradicionalmente se ha examinado con un frente político interno más cohesionado y que supo articular la conducción de la guerra entre civiles y políticos, ha sido reexaminado en sus tensiones en el estudio de Edmundo González, La política contra la estrategia en la Guerra del Pacífico, 1879-1883 (Santiago: Impresos Esparza, 1981). Los aspectos políticos de los presidentes durante la guerra —Aníbal Pinto y Domingo Santa María— han sido estudiados por Cristián Zegers,
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Aníbal Pinto. Historia política de su gobierno (Santiago: Universitaria, 1969) y por Alvaro Góngora en Domingo Santa María González (1824-
1889). Epistolario (Santiago: Ediciones de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos. Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, 2015).
El periodo de la ocupación chilena del Perú, estudiado en el quinto capítulo, cuenta con la amplia base documental suministrada por Carmen McEvoy en Chile en el Perú. La ocupación a través de sus documentos, 1881-1884 (Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú, 2016). Desde una perspectiva afín, las labores logísticas y políticas de la resistencia han sido estudiadas detalladamente por José de la Puente Candamo y José de la Puente Brunke en El Estado en la sombra. El Perú durante la ocupación chilena. Documentos administrativos (diciembre de 1881-julio de 1882) (Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2016), que reconstruye la labor de Manuel Candamo y Carlos M. Elias en el gobierno provisorio. Las Cartas a Piérola sobre la ocupación chilena de Lima, de Ricardo Palma (Lima: Milla Batres, 1964), constituyen otro aporte documental interesante. La visión de los diplomáticos extranjeros se expone en Celia Wu, Testimonios británicos de la ocupación chilena de Lima (Lima: Milla Batres, 1986). Un erudito trabajo en torno a la ocupación de Lima y la eventual intervención de las armadas británica y francesa se encuentra en Francisco Javier González Errázuriz, “¿Hundir la flota chilena? La amenaza extranjera al momento de la ocupación de Lima en enero de 1881: la leyenda, la realidad”, Intus-Legere, vol. 15, nº 2, 2021. El régimen de García
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Calderón ha sido estudiado en detalle por Margarita Guerra en La ocupación de Lima (1881-1883). El gobierno de García Calderón (Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, Instituto Riva-Agüero, 1991). Posteriormente, él mismo — junto a otros destacados personajes— sería deportado a Chile, temática que se aborda en José Carlos Martín, Peruanos deportados por Chile en la guerra del Pacífico (Lima: Editorial Universitaria, 1972). Un testimonio de primera mano se encuentra en las Memorias del cautiverio, de Francisco García Calderón (Lima: Librería Internacional del Perú, 1949). Una mirada muy sugerente, desde la perspectiva de la historia de la vida cotidiana, es la presentada por Emilio Rosario en su Lima tomada. Vida cotidiana durante la guerra contra Chile 1879-1883 (Lima: Municipalidad de Lima, 2021).
Desde la posición chilena, la valoración de la ocupación ha tenido como defensor a Sergio Villalobos, Chile y Perú. La historia que nos une y nos separa 1535-1883 (Santiago: Editorial Universitaria, 2002). Visiones más críticas se encuentran en Patricio Rivera, “Fantasmas de rojo y azul. Los saqueos de las tropas chilenas en la Guerra del Pacífico”, Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, vol. 43, nº 1, 2016; y en Milton Godoy, “Ha traído hasta nosotros desde territorio enemigo, el alud de la guerra: confiscación de maquinarias y apropiación de bienes culturales durante la ocupación de Lima, 1881-1883”, Historia, vol. 44, nº 2, 2011. Las tratativas diplomáticas para cerrar la guerra se examinan en Guerreros civilizadores: política, sociedad y cultura en Chile durante la Guerra del Pacífico (Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2016),
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de Carmen McEvoy, y en el reciente trabajo de Mauricio Rubilar, La Prusia americana. Chile y sus relaciones internacionales durante la guerra y posguerra del Pacífico (1879-1891) (Valladolid: Universidad de Valladolid, 2022).
El capítulo sexto, dedicado a los años de la posguerra y los imaginarios del conflicto, tiene una copiosa bibliografía. Los procesos de heroificación han sido abordados por Iván Millones en “El mariscal Cáceres: ¿un héroe militar o popular? Reflexiones sobre un héroe patrio peruano”, iconos, nº 26, 2006, y en el libro colectivo Bolognesi, editado por Mauricio Novoa (Lima: Ministerio de Defensa, 2015). Para el caso chileno, el trabajo clásico es el de William Sater, La imagen heroica en Chile. Arturo Prat, santo secular (Santiago: Centro de Estudios Bicentenario, 2005). En una línea similar se encuentran los textos de Gabriel Cid, “De héroes y mártires. Guerra, modelos heroicos y socialización nacionalista en Chile (1836-1923)”, Mélanges de la Casa de Velázquez, vol. 46, nº 2, 2016; y “Amazon’s in the Pantheon? Women Warriors, Nationalism and Hero Cults in 19th and 20th century Chile and Perú”, incluido en Women Warriors and National Heroes: Global Histories (Londres: Bloomsbury Academic, 2020).
Las políticas conmemorativas se examinan en Iván Millones, “Guerra y memoria: las conmemoraciones de la batalla de Tarapacá en Lima”, en La Guerra del Pacífico. Aportes para repensar su historia, vol. 1 (Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Línea Andina,
2007); y por Gabriel Cid, “Las disputas por la memoria en el Morro:
guerra, fiestas cívicas y nacionalismo en Arica, 1880-1929”, Revista
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de Historia, vol. 28, nº 1, 2021. Los monumentos de guerra se analizan en la tesis de 2019 de Rodolfo Monteverde, “Entre la posguerra con Chile y el plebiscito para recuperar a ‘Las cautivas’: espacio urbano y escultura pública dedicados a los proceres y héroes de la patria, Lima 1883-1929”; y en Alfonso Salgado, “Escultura pública e identidad nacional: Chile, 1891-1932”, incluido en Nacionalismos e identidad nacional en Chile. Siglo XX (Santiago: Centro de Estudios Bicentenario, 2010).
El discurso de revanchismo hacia Chile en la posguerra ha sido estudiado en detalle por Iván Millones en “Odio y venganza: Lima desde la posguerra con Chile hasta el Tratado de 1929”, incluido en El odio y el perdón en el Perú. Siglos XVI al XXI (Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2009); y recientemente por María Lucía Valle Vera, “El Oncenio de Leguía y las relaciones bilaterales Perú-Chile: entre el ‘antichilenismo’ popular y la búsqueda de concordia (1919-1930)”, Allpanchis, nº 86, 2020. Los discursos sobre la “decadencia” de Chile en la posguerra se encuentran compilados en Cristian Gazmuri, El Chile del centenario. Los ensayistas de la crisis (Santiago: Instituto de Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2001). Los imaginarios del conflicto en los textos escolares de cada país se estudian en Daniel Parodi, Lo que dicen de nosotros. La Guerra del Pacífico en la historiografía y textos escolares chilenos (Lima: Fondo Editorial de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 2012) y en Lo que decimos de ellos. La Guerra del Pacífico en la historiografía y manuales escolares peruanos (Lima: Fondo Editorial de la Universidad de Lima, 2019).
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Por último, la cuestión de Tacna y Arica desarrollada en el epílogo es abordada de manera general por Juan José Fernández, Chile y Perú. Historia de sus relaciones diplomáticas entre 1879 y 1929 (Santiago: ADICA: RIL Editores, 2004); Sergio González M., La llave y el candado. El conflicto entre Perú y Chile por Tacna y Arica (1883-1929) (Santiago: LOM Ediciones, 2008); y por William Skuban, Lines in the sand. Nationalism and identity on the peruvian-chilean frontier (Albuquerque: University of New México Press, 2007). Los recuerdos de la vida en las zonas chilenizadas de Jorge Basadre en su Infancia en Tacna (Lima: Villanueva, 1959) son un testimonio de gran valor.
En los recuadros hemos abordado un puñado de temas que han sido objeto de estudios novedosos y de gran interés. Sobre el ciclo del guano, la literatura es vasta, pero conviene leer a Heraclio Bonilla, Guano y burguesía en el Perú (Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1974) y el sugerente enfoque de Gregoiy T. Cushman, Los señores del guano. Una historia ecológica global del Pacífico (Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 2018). La labor femenina durante la guerra ha sido abordada por Maritza Villavicencio, “Acción de las mujeres peruanas durante la guerra con Chile”, Debates en Sociología, nº 10,1984; Juan José Rodríguez, “El bello sexo en guerra: cultura política y género durante la Guerra del Pacífico”, Illapa, nº 5, 2009; y Paz Larraín, Presencia de la mujer chilena en la Guerra del Pacífico (Santiago: Centro de Estudios Bicentenario, Universidad Gabriela Mistral, 2006). Sobre la infancia, cabe destacar que en 2008 el Ministerio de Cultura del Perú publicó un pequeño folleto titulado Niños héroes de la Guerra del Pacífico, que tiene un tono más bien
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reivindicativo. Desde una perspectiva historiográfica moderna puede consultarse Eduardo Hodge y Claudio Véliz, “La infancia en el intersticio. Los niños chilenos combatientes en la Guerra del Pacífico (1879-1883)”, en Chile y la Guerra del Pacífico (Santiago: Centro de Estudios Bicentenario- Universidad Andrés Bello, 2011). Una dimensión más dramática de la infancia se aborda en David Home, Los huérfanos de la Guerra del Pacífico: el Asilo de la Patria, 1879-1885 (Santiago: DIBAM, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, 2006). Acerca de la comunidad china, véase Diego L. Chou, “Los chinos en la Guerra del Pacífico”, Revista de Historia de América, nº 129, 2001. Para el caso de los prisioneros de guerra, el trabajo más completo es Patricio Ibarra, La guerra en cautiverio. Los prisioneros de la Guerra del Pacífico (Santiago: Editorial Legatum, 2018). La experiencia de los veteranos, desde una perspectiva comparada, se estudia en Carlos Méndez, Desierto de esperanzas. De la gloria al abandono: los veteranos chilenos y peruanos de la guerra del 79 (Santiago: Centro de Estudios Bicentenario, 2009). El servicio médico se estudia en Jorge Arias Schreiber, “Los médicos peruanos en la Guerra del Pacífico”, Acta Médica, nº 2, 1979; e Isidro Huete, “La medicina militar chilena durante la Guerra del Pacífico (1879-1884)”, Ars Médica, vol. 30, nº 1, 2016; mientras que la alimentación en campaña se reconstruye en Patricio Ibarra, “La ingesta de alimentos de los soldados durante la Guerra del Pacífico (1879-1883): una aproximación histórica y nutricional”, Diálogo Andino, nº 56, 2018. Por último, sobre la cultura visual hay diversos estudios. Para la pintura, véase Gabriel Cid, “Arte, guerra e identidad nacional: la
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Guerra del Pacífico en la pintura de historia chilena, 1879-1912”, incluido en Chile y la Guerra del Pacífico (Santiago: Centro de Estudios Bicentenario de la Universidad Andrés Bello, 2011); mientras que la tesis de Ana Karina Saldaña —“La historia nacional en la pintura de Juan Lepiani” (Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2018)— ha abordado en detalle la obra del prolífico pintor limeño. Para la fotografía, véase, entre varios otros textos, el de Renzo Babilonia, Guerra y fotografía. Perú, 1879-1929 (Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, Instituto Riva-Agüero, 2016). El trabajo de Antonio Bisama Cuevas, Álbum gráfico militar de Chile, campaña del Pacífico, 1879-1884 (Santiago: Sociedad, imprenta y litografía Universo, 1909), contiene centenares de fotografías de la guerra.
Carmen McEvoy es una reconocida historiadora peruana, experta en historia política, intelectual, de la guerra y de la violencia. Ganadora de la prestigiosa beca John Simón Guggenheim. Entre sus libros destacan: Patrias andinas, patrias citadinas (2022, con Gustavo Montoya); La república agrietada: ensayos para enfrentar la peste (2021). Es también columnista del diario El Comercio.
Gabriel Cid es doctor en Historia por la Universidad del País Vasco. Académico del Instituto de Historia de la Universidad San Sebastián (Concepción, Chile) e investigador ANID- Fondecyt. Especialista en historia intelectual e historia cultural de la guerra. Entre sus libros destacan Terror en Lo Cañas: violencia política tras la Guerra del Pacífico (2021, con Carmen McEvoy); Pensar la revolución: historia intelectual de la independencia chilena (2019).
FIN
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