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© Libro N° 8933. ¡Todo El Poder Para La Asamblea! Comunidad Y Participación En La Democracia Ateniense. López Barja De Quiroga, Pedro. Emancipación. Agosto 14 De 2021.

Título original: ©  "¡TODO EL PODER PARA LA ASAMBLEA!" Comunidad y participación en la democracia ateniense. Pedro López Barja de Quiroga

 

Versión Original: © "¡TODO EL PODER PARA LA ASAMBLEA!" Comunidad y participación en la democracia ateniense. Pedro López Barja de Quiroga

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© Edición, reedición y Colección Biblioteca Emancipación: Guillermo Molina Miranda

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¡TODO EL PODER PARA LA ASAMBLEA!

Comunidad y participación en la democracia ateniense

Pedro López Barja de Quiroga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡TODO EL PODER PARA LA ASAMBLEA!

Comunidad y participación en la democracia ateniense

Pedro López Barja de Quiroga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"¡TODO EL PODER PARA LA ASAMBLEA!"

Comunidad y participación en la democracia ateniense.

Pedro López Barja de Quiroga

 

Univ. de Santiago de Compostela

 

 

Biblioteca Omegalfa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN

 

 

Mi intención en el día de hoy es la de ofrecer un panorama significativo del funcionamiento de la democracia ateniense, esto es, llevar a cabo una lectura, entre las muchas posibles, que sub-raye lo que desde la atalaya de nuestro presente es importante olvidando otros aspectos más accesorios. Con otras palabras, les amenazo con una distorsión deliberada del tema que nos ocupa, no sólo por obvias razones de tiempo sino también porque sólo subrayando y seleccionando podemos empezar a comprender.

 

Con esto no quiero abogar en favor de una lectura simplista que pretenda trasplantar sin más algunos rasgos espigados del pasado griego a la realidad actual. Contamos con muchos ejem-plos de los riesgos implícitos en semejante actitud. A finales del siglo XIX, la propaganda antiabolicionista en los Estados Unidos recurría a menudo al ejemplo de Atenas como prueba de que esclavitud y democracia eran perfectamente compatibles; y muy recientemente, en 1990, una diputada del Frente Nacional de Jean Marie Le Pen hablaba largamente ante la Asamblea francesa sobre los metecos atenienses (que eran extranjeros residentes en el Ática sin derechos de ciudadanía ni de acceso a la propiedad de bienes inmuebles) para explicar cómo debe afrontar una demo-cracia el problema de la inmigración: naturalmente, discriminan-do a los inmigrantes.

 

 

 

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Sé que de todas estas cuestiones se tratará más extensamente otro día, pero considero adecuado iniciar mi exposición con esta señal de advertencia ante los riesgos inherentes a toda idealiza-ción excesiva de la Atenas democrática. Y para evitar tales exce-sos, nada mejor que partir de un prudente distanciamiento que nos permita comprobar las diferencias, enormes en todos los as-pectos, radicales en muchas de sus dimensiones, entre el pasado griego y nuestro presente. En una palabra, será necesario devol-verle al pasado sus rasgos específicos situándolos en su contexto histórico propio. En nuestro caso, se trata, evidentemente, de la Atenas democrática, es decir, la que arranca con las reformas de Efialtes en el 462 a.C. y llega hasta la destrucción definitiva de la democracia por el poder macedonio en el 322 a.C. En este siglo y medio, Atenas pasó por dos etapas bien distintas: la primera, de supremacía indiscutible en el Egeo, seguida de un largo conflicto con Esparta (la guerra del Peloponeso) que conducirá a la derrota de Atenas y a un breve y brutal paréntesis oligárquico en el 404. Con el restablecimiento de la democracia al año siguiente, da co-mienzo una nueva fase, durante la cual Atenas ocupa un lugar subordinado ante la hegemonía primero de Esparta, luego de Tebas y finalmente de Macedonia. Conserva, pese a todo, su prestigio y su independencia y aún habla con voz propia en los asuntos internacionales.

 

La distinción entre la Atenas triunfante del siglo V y la más modesta del siglo IV tendrá consecuencias importantes para nuestra exposición, como veremos. Pero antes, quiero exponerles brevemente el camino que vamos a seguir. Comenzaré con un análisis sucinto del concepto de pólis, imprescindible si queremos evitar las fáciles extrapolaciones a las que acabo de referirme, porque la democracia en una pólis, por definición, ha de presen-tar rasgos específicos, diferentes de la democracia implantada en un estado. Luego abordaré el núcleo de mi conferencia con un

 

 

 

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estudio detallado del funcionamiento institucional de la demo-cracia en Atenas, para concluir destacando su carácter tan singu-lar, no repetido nunca a lo largo de la Historia hasta nuestros días.

 

 

2. LA PÓLIS

 

 

Como digo, el primer concepto que debemos precisar es el de pólis, y hemos de hacerlo con especial énfasis, porque se ha di-fundido en exceso la traducción, singularmente inapropiada, de pólis como ciudad-estado. En primer lugar, no era absolutamente necesario que en cada pólis hubiera un núcleo urbano, aunque sea cierto que así ocurría en la mayor parte de los casos. De una de las póleis más importantes de Grecia, Esparta, sabemos que a finales del siglo V aún vivía dispersa en aldeas, sin santuarios ni edificios suntuosos (Tuc. 1,10,2). Aunque el proceso de urbaniza-ción volvió cada vez más raras situaciones como la de Esparta, todavía en el siglo II d.C., Panopeo en la Fócide (Grecia central) era una pólis, pero no una ciudad, pues carecía de teatro, de ágo-ra y de cualquier clase de edificios oficiales (Paus. 10,4,1).

 

Con todo, mayor reproche ha de recaer, en el binomio ciudad-estado, sobre este segundo término. El concepto moderno de estado tiene como uno de sus componentes centrales la noción de territorio, pues un estado se entiende como el ejercicio del poder soberano sobre un determinado territorio. La soberanía, desde luego, nunca fue un rasgo determinante de la pólis griega que, como tal, sobrevivió mal que bien incluso una vez integrada en el Imperio romano y sometida a él. Y lo mismo puede aplicarse también al territorio, porque los griegos atendieron siempre mu-cho más a la comunidad de ciudadanos que al lugar físico donde habitaban. Una pólis puede emigrar colectivamente, trasladarse a otro lugar, sin alterar por ello su ser como pólis: cuando el avance

 

 

 

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persa obligó a todos los habitantes de Focea, en la costa occiden-tal de la actual Turquía, a embarcarse y abandonar su ciudad (Hdt. 1,165), la pólis no desapareció por ello, sino que siguió exis-tiendo en el cuerpo ciudadano que peregrinaba de un lugar a otro del Mediterráneo buscando un lugar donde asentarse. Lo mismo ocurrió cuando, algunos años más tarde, los atenienses hubieron de abandonar Atenas al saqueo persa. En este punto, el lenguaje es fundamental: no se habla tanto de Atenas sino de los atenien-ses, no de Esparta sino de los espartanos. De modo sistemático, en los tratados internacionales, en las obras de historia o en las tragedias, la referencia a la pólis ateniense se hace como "hoi Athenaioi", "los atenienses", aunque nosotros, imbuidos de la noción moderna de estado, traduzcamos como "Atenas".

 

La pólis, por tanto, no es un estado sino una comunidad de personas sometida a una misma ley. El romano Cicerón no hará otra cosa que retomar la larga tradición griega de pensamiento político cuando traduce la res publica romana como una res popu-li, una cosa, algo, que es de todos, del conjunto del pueblo. De esta definición de la pólis se derivan dos consecuencias que serán importantes para nuestro tratamiento ulterior de la democracia de los atenienses. La primera de ellas atiende a la composición de la comunidad, que lógicamente ya no viene determinada por el territorio. A diferencia de los que sucede en un estado moderno, en Grecia no todos los nacidos dentro de las fronteras de la pólis adquieren la ciudadanía sino sólo los hijos de ciudadanos, porque, una vez más, el criterio decisivo es la comunidad, no el territorio. En Atenas había 30.000 ciudadanos varones adultos junto a 20.000 metecos varones adultos, muchos de ellos griegos, proce-dentes de otras póleis, que habían residido en Atenas desde hacía varias generaciones, sin que por ello cambiase su situación jurídi-ca, que era muy desfavorable: en efecto, no sólo carecían de de-rechos políticos sino que tampoco podían adquirir la propiedad

 

 

 

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sobre bienes inmuebles (casas y tierras). En el 451 a.C., Pericles logró que se aprobase una ley en Atenas que enduracía los requi-sitos para obtener la ciudadanía, pues a partir de entonces fue preciso que tanto el padre como la madre fuesen atenienses para que el hijo heredase tal condición. Esta ley, que se mantuvo vi-gente a lo largo del siglo IV, aumentó de hecho el aislamiento de los metecos penalizando los matrimonios mixtos.

 

La segunda consecuencia, a la que antes aludía, se refiere a la separación, e incluso el enfrentamiento entre el estado y la so-ciedad, tan característica de nuestra época y sin embargo inexis-tente en la Grecia antigua, donde la pólis se identifica, como he-mos visto, con la comunidad y no con el aparato de poder políti-co. Por esta razón, en Grecia no podía cuajar el concepto de dere-chos inherentes y universales del ciudadano, que le sirvan para protegerse frente a las injerencias cada vez más temibles del es-tado. Aunque algún pensador aislado pudo tal vez acercarse a esta visión garantista de la ley (Licofrón en Aristóteles), en térmi-nos generales, nunca hubo solución de continuidad entre los ciu-dadanos y la constitución política que regulaba su vida y sus insti-tuciones. Son numerosísimos los textos que de una u otra forma aluden a este principio. Comencemos por uno de los más céle-bres, la oración fúnebre que Tucídides pone en boca de Pericles para honrar a los caídos atenienses en el primer año de la guerra del Peloponeso. A nosotros no nos interesa ahora determinar si el historiador quiso o no recoger fielmente las palabras del célebre político, nos basta con saber que su intención era realizar una de las escasas apologías que han llegado a nosotros de la democracia ateniense. Pericles es muy claro al respecto: los atenienses somos como somos en nuestro quehacer cotidiano, en nuestra vida pri-vada tanto como en la pública, porque tenemos una constitución democrática, que permite desarrollar y mejorar la personalidad de cada ateniense tomado individualmente. Desde una perspecti-

 

 

 

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va justamente contraria, antidemocrática, Platón vendrá a coinci-dir en este isomorfismo, llamémoslo así, entre el hombre y la pó-lis: en una ciudad tiránica, la psicología de sus habitantes tendrá unos rasgos específicos, diferentes de los que encontramos entre quienes viven en una democracia o en una oligarquía. Era éste un principio tan evidente para Platón que ni siquiera se tomó la mo-lestia de intentar demostrarlo. La raíz profunda se encuentra en la ley concebida como educadora. Para nosotros, la ley debe adaptarse a la voluntad de los ciudadanos, y cambiar a medida que esta última vaya alterándose. La perspectiva griega era jus-tamente la contraria, pues la ley moldeaba el carácter de quienes estaban bajo su influjo, era su educadora. Por esta razón Sócrates en el Critón platónico se niega a huir del corredor de la muerte donde espera su ejecución por cicuta, porque el ciudadano se lo debe todo a la ley: fue engendrado según las leyes que rigen el matrimonio, educado de acuerdo con las leyes sobre educación.

 

En resumidas cuentas, la intimidad, la privacidad, tan anglosa-jona, no encuentran ni el más mínimo reconocimiento en el pen-samiento político griego, deficiencia que abría la puerta al totali-tarismo más drástico, al sometimiento absoluto y pleno del indi-viduo a la ley, como en la utopía platónica de la República.

 

 

Que la pólis sea una comunidad no significa que todos puedan o deban participar en el gobierno. Muy al contrario, la democra-cia tuvo un carácter verdaderamente excepcional en la historia de Grecia, donde abundaron siempre los gobiernos oligárquicos, más o menos moderados, que justificaban su supremacía política en su mayor contribución económica: porque eran ellos quienes en mayor medida soportaban los gastos de la entera comunidad, tanto en tiempos de paz como especialmente en tiempo de gue-rra, consideraban los oligarcas justo y apropiado que les corres-pondiera también una parte mayor en el gobierno de la pólis. Con

 

 

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todo, incluso en una oligarquía, los habitantes de una pólis son miembros de una comunidad, no súbditos. La diferencia se expre-sa gráficamente en el relato del enfrentamiento entre persas y griegos que conocemos con el nombre de Guerras Médicas: los persas acudían a la batalla empujados a latigazos por sus oficiales quienes cavaban trincheras detrás de sus filas para evitar que huyeran, mientras los griegos avanzaban libres, todos al mismo ritmo marcado por la flauta. Entre los persas, el monarca era un pastor que tenía a su cuidado un rebaño de ovejas, pero no había pastores entre los griegos, no había reyes. Y la diferencia pienso puede percibirse bien en el mismo texto de las leyes del arcaísmo griego. Uno de los textos legislativos más antiguos que ha llegado hasta nosotros, la ley de Dreros, en Creta, de mediados del siglo VII a.C. comienza proclamando: "la Ciudad ha decidido" (H.van Effenterre y F.Ruzé, Nomima, vol.I, Roma, 1994, nº81). No puede afirmarse con mayor rotundidad que es la entera comunidad quien se dota a sí misma de las leyes que precisa, sin recurrir a ninguna instancia superior. El contraste es evidente si recordamos que, por ejemplo, en el código de Hammurabi es el dios Marduk quien entrega la ley al monarca babilonio, igual que Moisés subió al Sinaí a recoger de Yaveh la Torah. Cuando es un dios quien or-dena, la reflexión y la discusión sobre lo justo e injusto de un sis-tema político resultan inviables.

 

 

3. DEMOCRACIA DIRECTA

 

 

Una vez que hemos revisado el concepto de pólis, entendere-mos con mayor facilidad, creo, que la democracia que llegó a im-plantarse en Atenas hubo de ser radicalmente diferente de la nuestra, en tanto que es la democracia de una comunidad some-tida a la ley, no la de un estado moderno. Por ello no es de extra-ñar que notemos en ella la ausencia de dos principios políticos

 

 

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que nosotros consideramos vertebrales en una democracia, en concreto, el gobierno representativo y la división de poderes. Consideremos cada uno de ellos por separado.

 

 

3.a. Gobierno representativo.

 

En Atenas imperaba la fragmentación del poder de modo que pudiera repartirse sucesivamente entre todos sin que nadie pu-diera concentrar en sus manos una cantidad excesiva. En este punto podemos considerarla heredera del llamado pensamiento geométrico que había ido desarrollándose desde el siglo VII a.C.: igual que la Tierra se halla en equilibrio en el centro del cosmos porque está sometida a fuerzas contrarias y equivalentes sin que ningún cuerpo celeste tenga poder sobre ella, en la ciudad se po-día obtener un equilibrio semejante depositando el poder en el centro de modo que todos estuvieran a la misma distancia de él. En Atenas, este objetivo se alcanzó mediante dos procedimien-tos: el sorteo y la decisión asamblearia. En cuanto al primero, Aristóteles (Política, 1317b) consideraba el recurso generalizado al sorteo como uno de los principales rasgos democráticos, por-que "una característica de la libertad es gobernar y ser goberna-dos por turno". Por el contrario, en las oligarquías se evitaba el sorteo y se recurría de modo preferente a la elección por parte de los ciudadanos. Basta con echar un vistazo al cuadro adjunto para comprobar que, aparte de la Asamblea, todas las restantes insti-tuciones atenienses se cubrían mediante sorteo. Sólo se emplea la elección para designar a los generales (strategoí) y a los cargos con responsabilidad financiera (tesoreros, etc.). Éstos últimos, además, sólo los pueden desempeñar personas que tengan un patrimonio mínimo con el fin de que si resultan culpables por malversación de fondos pudiera obligárseles a reponer lo perdido con su propio dinero. Tanto los estrategas como los tesoreros eran cargos anuales y estaban sometidos a un control particular-

 

 

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mente riguroso, pues si los restantes magistrados, como veremos más adelante, debían rendir cuentas al abandonar el cargo, los estrategas en cualquier momento podían ser depuestos por la asamblea. Comprendemos fácilmente ese temor a su excesivo poder, porque se trataba de magistraturas electivas, es decir, con apoyo popular, y que además gestionaban el dinero público y dirigían el ejercito. Como estratega reelegido año tras año, desde el 440 hasta su muerte en 429 dirigió Pericles los asuntos de Ate-nas con un predominio tan ostensible que, según Tucídides, en aquellos años, aunque se mantenía en apariencia la democracia, se trataba en realidad del gobierno del primer ciudadano, esto es, del propio Pericles.

 

El sorteo no se realizaba directamente sobre el conjunto de los ciudadanos sino de tal modo que la Boulé y los jurados constitu-yeran una representación equilibrada de las distintas partes del Ática. Para la Boulé, cada uno de los demoi (pequeñas circuns-cripciones territoriales en las que estaba dividida el Ática) tenía asignada una cuota que sabemos variaba en función del número de ciudadanos registrados en cada demos. Así se lograba que to-das las partes del Ática estuvieran representadas en la Boulé en proporción a su peso demográfico. Para los jurados, el procedi-miento era más complejo, aunque obedecía al mismo principio. Cada año se designaban seis mil jurados entre quienes se presen-taran voluntariamente: ignoramos qué ocurría cuando el número de voluntarios no alcanzaba esa cifra o la superaba, aunque es verosímil que, en éste último caso, se recurriera al sorteo. Los así elegidos debían prestar un juramento y (desde el 380 a.C.) reci-bían una tésera (pinakion) con su nombre y patronímico, sellada con el emblema que figura en el reverso de los trióbolos, moneda ateniense por valor de tres óbolos, que era la paga diaria que ob-tenían los jurados. De esta forma, se reunía un panel de seis mil jurados potenciales perfectamente identificados. Para constituir

 

 

 

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los tribunales, el procedimiento fue perfeccionándose con el tiempo hasta alcanzar una gran complejidad con una reforma en el 380 a.C., que, en síntesis, disponía lo siguiente: cada día, de ese panel de seis mil, quienes deseaban servir como jurados se pre-sentaban voluntarios y una aparato especial (el kleroterion, algo así como el loteador) seleccionaba al azar y utilizando los pinakia el número requerido (en función del número de juicios que fue-ran a celebrarse ese día), cuidando de que al final hubiera un nú-mero idéntico de jurados de cada una de las diez tribus. Un se-gundo sorteo repartía a los elegidos entre los distintos tribunales. El objetivo de todo este complicado proceso era asegurarse de que nadie pudiera saber de antemano qué casos habría de juzgar (pues tal conocimiento lo haría susceptible de soborno) garanti-zando al tiempo que cada tribunal, cada dikasterion venía a ser una representación aleatoria, pero proporcionada de las distintas partes de la pólis ateniense, puesto que las tribus, en tanto que agrupaciones de demoi, tenían también una base territorial. De este modo, al igual que en la Boulé, el voto de los jurados era equivalente, en proporción aritmética, al voto de todos los ciuda-danos en la Asamblea

 

En segundo lugar, después del sorteo, mencionamos la deci-sión asamblearia. Hemos visto que tanto los jurados como la Bou-lé se constituyen como representaciones proporcionales, en mi-niatura, del conjunto de la ciudadanía con el fin de que pudieran actuar como sus legítimos portavoces. Aún así, un elevado núme-ro de cuestiones siguió siendo competencia de la Asamblea, algu-nas de ellas más o menos honoríficas (como la concesión de la ciudadanía), pero también otras de la mayor trascendencia, como las declaraciones de guerra, los tratados de paz o la ley de presu-puestos, por llamarla así (el merismos), que establecía el reparto entre las diversas instituciones del dinero público.

 

El funcionamiento de la Asamblea era simple. Con un adelanto

 

 

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suficiente, la Boulé fijaba el orden del día y ordenaba exponerlo en las estatuas de los Héroes Epónimos con el fin de que todos pudieran conocerlas. Estos probouleumata podían indicar, sim-plemente, los asuntos que debían tratarse en la Asamblea o con-tener también una propuesta concreta para algunos de ellas, pe-ro en ambos casos, la Asamblea gozaba de plena libertad para añadir, modificar o enmendar la propuesta de la Boulé. Al llegar el día, quien lo deseara subía a la tribuna de los oradores para exponer sus puntos de vista. En principio, cualquiera podía hacer-lo, pero era natural que, la mayoría de las veces, sólo intervinie-ran quienes tuvieran una cierta educación oratoria. De este mo-do, resultó que en el régimen democrático el poder político pasó a depender directamente del poder de conviccion y no es de ex-trañar que, precisamente ahora, a partir de mediados del siglo V, comenzaran a proliferar en diversas ciudades griegas y sobre todo en Atenas, los sofistas, cuya misión era la de enseñar a quienes pudieran pagarlo los recursos oratorios y los conocimientos polí-ticos que permitían destacar en la gestión de los asuntos públicos. La aristocracia, que hasta ese momento había cimentado su po-der sobre clientelas más o menos amplias de dependientes y so-bre su mayor capacidad de gasto en beneficio de la comunidad, tuvo que acostumbrarse a esta nueva forma de hacer las cosas. Todo fue bien mientras los dirigentes, como en el caso de Peri-cles, siguieron perteneciendo a las familias tradicionalmente do-minantes en Atenas, pero a finales del siglo V, comenzaron a apa-recer personajes de origen plebeyo que se habían enriquecido y que lograron obtener para sí mismos la influencia hasta entonces reservada a las familias aristocráticas. Eran hombres nuevos sobre quienes recayó el odio, la burla y el sarcasmo de la vieja aristocra-cia, que los motejó de demagogos y los acusó de manipular ser-vilmente los apetitos del demos. En la comedia aparecen como curtidores, artesanos, etc., lo que da pie a pensar que sus fuentes

 

 

 

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de ingresos no dependían de la agricultura, como había sido tra-dicional hasta entonces entre los líderes políticos.

 

La introducción de la democracia en Atenas supuso por tanto un cambio en la forma de ejercer el poder político, que ahora dependía de la oratoria, y lógicamente también, alteraciones pro-fundas en la distribución de ese poder en el seno de la sociedad, pero no supuso la desaparición de los dirigentes como tales. En otras palabras, siguió existiendo un reducido grupo de personas cuya influencia era sobresaliente en la dirección de los asuntos públicos: son los denominados rhetores (oradores) o bien, dema-gogos según el tono más o menos despectivo que se quiera em-plear. Según nos cuenta Demostenes, con no disimulada compla-cencia, cuando en Atenas se supo que los macedonios habían atacado .... en la Asamblea nadie quiso hablar y todas las miradas

 

se dirigieron hacia él confiando en que con sus propuestas les indicara el camino a seguir. La diferencia estriba en que estos dirigentes nunca pudieron confiar en que sus ideas contaran con el beneplácito de la Asamblea, que en cualquier momento podía optar por desautorizarlos, como le ocurrió a Pericles en una céle-bre ocasión cuando los atenienses comprendieron que la guerra contra Esparta presentaba mayores dificultades de las que ellos habían supuesto. Sin duda, los oradores contaban con subordina-dos que les apoyaban, con testaferros que introdujeran sus pro-puestas en la Boulé para que llegaran a la Asamblea y podrían, varios de ellos, coaligarse entre sí frente a un tercero, pero todas estas estrategias carecen, evidentemente, de la típica rigidez de los partidos políticos modernos. Ésta es otra de las diferencias importantes que separan la democracia antigua de la nuestra: en Atenas no había partidos políticos, no podía haberlos porque, como hemos visto, el gobierno no era representativo sino directo, y los partidos son meras organizaciones preparadas para captar votos con los que auparse al poder. En Atenas había facciones,

 

 

 

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claro, grupos de presión incluso si queremos optar por una termi-nología modernizante, agrupaciones políticas siempre inestables y cambiantes que no contaban con la legitimidad que da el voto. Cuando Demóstenes se ponía de pie para hablar ante sus conciu-dadanos no tenía otro respaldo que su propio prestigio.

 

 

Hemos dicho anteriormente que todos los ciudadanos podían formar parte de la Asamblea, pero esto sólo es verdad en teoría. En la práctica, según lo ha mostrado la arqueologia, en la colina llamada Pnyx donde se celebraban las reuniones sólo cabían seis mil personas sentadas en bancos de madera. Sabemos que, de hecho, cuando se sobrepasaba esa cifra, los últimos en llegar se quedaban fuera y no se les permitía participar de ninguna forma en las deliberaciones. Naturalmente, esto sólo sucedía cuando se planteaban cuestiones vitales, como por ejemplo, una declaración de guerra, porque para asuntos más rutinarios quienes residieran lejos de la misma Atenas no se tomarían la molestia de empren-der un largo viaje a pie, salvo cuando el orden del día, por el mo-tivo que fuese, les afectara directamente.

 

Se nos plantea así una de las paradojas más interesantes de la democracia ateniense, pues resulta que la Asamblea contaba con una composición más desequilibrada que la Boulé o los jurados, en donde, como hemos visto, todas las partes del Ática se halla-ban equitativamente representadas. La agitada historia del siglo V hizo comprender a los atenienses los peligros que entrañaba una dependencia excesiva de las decisiones de la Asamblea, porque su composición podía variar grandemente en uno u otro momento. De hecho, los cambios constitucionales más trascendentes del siglo V tuvieron lugar, precisamente, cuando había importantes ausencias en la Asamblea, que distorsionaban claramente sus decisiones como expresión de la voluntad colectiva: primero en el 462, las reformas democráticas de Efialtes fueron aprobadas en el

 

 

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momento en que el ejército hoplítico estaba lejos del Ática, em-peñado en el asedio del monte Itome, en Mesenia; y en el 411, el golpe de mano oligárquico se produjo cuando la flota entera es-taba anclada en la isla de Samos. Comprendiendo estos peligros, en el siglo IV se introdujeron dos medidas que pretendían evitar-los: la graphé paranómon y los nomothetai.

 

Empezando por éstos últimos, los nomothetai, eran un modo de retirar de la Asamblea parte al menos de la responsabilidad en el proceso de cambio legislativo. Se estableció una diferencia en-tre los decretos, que la Asamblea podía alterar a voluntar, y las leyes, recopiladas por una comisión nombrada con este fin que llevó a cabo su trabajo entre el 410 y el 399. Las leyes, a diferen-cia de los decretos, tenían carácter constitucional y la Asamblea no podía modificarlas. Para introducir una ley nueva, la Asamblea debe primero aprobar la iniciativa, presentada por un magistrado o por un simple ciudadano, decidir el número de nomothetai que habrán de dirimir el asunto y designar cinco defensores de la an-tigua ley, pues toda innovación legislativa se presenta como un cambio en la antigua ley de modo que pueda adaptarse al proce-dimiento contradictorio. Los nomothetai eran elegidos, proba-blemente por sorteo, entre quienes hubieran prestado ese año juramento heliástico y constituían un jurado de diferente tamaño (501, 1.001, 1.501) según la importancia de la legislación pro-puesta. Tras oir al proponente de la nueva ley y a los abogados de la antigua, los nomothetai deciden en el día y reciben su corres-pondiente paga, como los jueces ordinarios. Es claro, a tenor de lo dicho, que con la figura del nomotheta no se pretendía una mayor competencia por parte del legislador, no se trataba de de-legar en una comisión de técnicos, sino dificultar el cambio legis-lativo y atribuirlo, no a la Asamblea sino a unos jurados en donde se hallen equitativamente representadas todas las partes del Áti-ca.

 

 

 

 

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Una finalidad, hasta cierto punto, semejante, tenía la graphè paranómon. En principio, sería sencillo evitar el juicio ante los nomothetai presentando un decreto ante la Asamblea que con-traviniera lo dispuesto en una ley anterior y para atajar esta vía de fraude se permitía a cualquiera paralizar una propuesta ante la Asamblea siempre que se comprometiera a presentar, a renglón seguido, ante los jurados ordinarios una graphè paranómon o cuestión de insconstitucionalidad. Si el jurado consideraba que el decreto era inconstitucional al proponente se le castigaba con una multa y por reincidente, a la tercera vez, con la pérdida de todos sus derechos cívicos. Conviene destacar que si el jurado optaba por la absolución el decreto entraba en vigor sin necesi-dad de que la Asamblea, que no había llegado a considerarlo, expresara su opinión al respeto. Hablar de inconstitucionalidad puede ser engañoso, porque lo que se dirimía en estos casos no eran cuestiones técnicas sino puramente políticas. Es evidente que ante una multitudinaria Asamblea a los oradores les resulta-ría difícil presentar una exposición articulada y extensa de las propias ideas. La graphè paranomon venía a resolver este pro-blema permitiendo que una representación equilibrada de la pólis ateniense decidiera en cuanto a la política más acertada para el futuro. No es extraño, por tanto, que en el siglo IV se recurriera a ella con notable frecuencia, hasta el punto de que el orador Anti-fonte se vanagloriaba de haber salido nada menos que setenta y cinco veces absuelto de tales procesos. Como instrumento predi-lecto de la lucha polìtica había venido a sustituir al ostracismo del siglo V, por el que la Asamblea (no los jurados) decidía expulsar de Atenas por diez años a una persona sin concederle ninguna posibilidad de defenderse ni acusarle de nada en concreto, salvo una vaga referencia a haber intentado alzarse con la tiranía. Aun-que el ostracismo seguía vigente en el siglo IV, no sabemos que se aplicase nunca después del 417/16 (ostracismo de Hipérbolo), sin

 

 

 

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duda porque se prefería recurrir a la graphé paronómon (introdu-cida en el 415). En ambos casos, se buscaban mecanismos capa-ces de dirimir el conflicto poítico, como lo prueba el comporta-miento de Esquines, quien presentó una graphè paronómon con-tra Ctesifonte por haber propuesto a la Asamblea que se aproba-se un decreto honorífico en favor de Demóstenes. La acusación iba dirigida, ya digo, contra Ctesifonte, pero el destinatario era claramente Demóstenes. En última instancia, se pretendía que el pueblo decidiera entre el "proyecto" político de Demóstenes y el de Esquines.

 

 

3.b.División de poderes

 

Hemos comentado anteriormente que la singularidad de la democracia ateniense residía, en primer lugar, en un gobierno directo, no electivo, y en segundo lugar, en la ausencia de división de poderes. En este segundo aspecto lo cierto es que pisamos un terreno más espinoso, porque algunos teóricos antiguos, refle-xionando sobre la diversidad constitucional, tan característica de la historia griega, se plantearon distingos que, en apariencia, se asemejan a la conocida fóormula de Montesquieu. Aristóteles distinguía, en toda constitución, tres elementos: el deliberativo (la Asamblea), el referente a los magistrados (donde incluye a la Boulé) y el de la administración de justicia. Pero ésta es una divi-sión formal, que no pretende, a diferencia de Montesquieu, ga-rantizar la protección del individuo frente al estado estableciendo un sistema complejo de mutuos controles entre los tres poderes. Por eso no extraña que en la práctica política hubiera más bien una "confusión" que una neta separación entre esos tres elemen-tos. En realidad, todo el poder se lo repartían la Asamblea y los tribunales de jurados, a menudo mezclando entre sí sus funcio-nes, y a los magistrados, con la sola excepción de los generales, sólo les quedaban asuntos más bien rutinarios, sometidos ade-

 

 

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más a un férreo control popular.

 

Ya hemos visto que, a través de la nomothesía y la graphé pa-ronómon, los tribunales en ciertos casos se apropiaban de la po-testad legislativa, pero también la Asamblea en pleno podía cons-tituirse en un tribunal, en algunos delitos particularmente graves, castigados con la pena de muerte, que eran sustancialmente tres: haber intentado acabar con la democracia, traición militar o ha-ber sobornado a un rhetór (orador) para que defendiese ante la Asamblea intereses contrarios a los de Atenas.

 

Desde el año 355 en adelante, siguiendo una tendencia que hemos visto operar en otras ocasiones, la decisión en tales delitos pasó a corresponder en exclusiva a los tribunales de jurados, ya no a la Asamblea, pero para el periodo anterior (es decir, entre 492 y 355 a.C.) conocemos 30 acusaciones de este tipo, un núme-ro ciertamente elevado. A este respecto, señala una autoridad moderna que "la democracia antigua se caracterizaba, en general, por la frecuencia de las acusaciones políticas, mientras que las oligarquías padecían el defecto contrario, esto es, que a los diri-gentes rara vez se les exigían cuentas por su labor" (Hansen); por el contrario, desde una óptica conservadora, una helenista se preguntaba si es que los estadistas atenienses traicionaban a me-nudo el orden constitucional, anteponiendo los intereses de par-tido al interés común (J. de Romilly, p.130).

 

El caso más célebre de esta clase de acusaciones políticas afec-tó a los generales atenienses que resultaron victoriosos en la ba-talla naval de las Arginusas hacia el final de la Guerra del Pelopo-neso. Se les acusó de no haberse detenido a recoger del mar los cadáveres de sus compatriotas muertos en combate (o según otra versión, los heridos). Se instó entonces a la Boulé para que redac-tara una proposición formal contra ellos, que la Asamblea debería votar a continuación. Cosas del azar, Sócrates formaba parte en-tonces de la pritanía que estaba al frente de la Boulé y, según

 

 

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cuentan sus panegiristas, fue el único que se opuso a tal medida porque la consideraba ilegal. A juzgar por el relato que se nos ha conservado, aquel proceso no fue muy distinto a un linchamiento público, en el que no se les permitió a los acusados ejercer una defensa en regla ni fueron juzgados por separado sino todos si-multáneamente. Al final, los generales, en su mayor parte, fueron condenados a muerte y ejecutados.

 

Pese a excepciones como ésta, que acabamos de comentar, en la que la Asamblea se constituye en tribunal, la tendencia que hemos venido observando es justamente la contraria, esto es, la judicialización de la vida política; porque los jurados no sólo po-dían arrogarse competencias legislativas sino que también les correspondía a ellos desarrollar las tareas de control de los magis-trados. Cuando el magistrado había manejado fondos públicos debía presentar las cuentas (al final de cada pritanía) ante los diez logistai designados por sorteo, uno por cada tribu, quienes, si no quedaban satisfechos, lo denunciaban ante un jurado que elos mismo presidían. Más importante era el control ejercido por los diez euthynoi (también elegidos por sorteo, uno por tribu) que se sentaban en el ágora junto a la estatua del Héroe Epónimo co-rrespondiente durante los tres días siguientes al término del examen de los logistai para recibir las quejas que cualquier ciuda-dano quiera presentar contra el ex-magistrado; tales quejas po-dían referirse tanto a agravios individuales como a acciones juz-gadas lesivas para los intereses comunes y los euthynoi, si las en-contraban fundadas, las presentaban ante un jurado. El cómico Aristófanes se encargó de destacar el uso que el pueblo (dêmos) podía hacer de sus atribuciones. En una comedia titulada Los Ca-balleros, Demos (pues los nombres de los personajes casi nunca son inocentes en Aristófanes) responde al Coro que le reprocha dejarse adular y seducir por cualquiera: "Mirad si yo astutamente les engaño a éstos <refiriéndose a los demagogos> que se tienen

 

 

 

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por muy listos y creen engañarme. Les observo cuando roban y finjo no verles. Después les obligo a su vez a vomitar una acusa-ción por sus bocas a modo de sonda". (vv.1111 y ss.).

 

 

A mediados del s.V, las reformas del misterioso Efialtes im-plantaron en Atenas la llamada democracia radical retirando a los arcontes casi por completo los poderes judiciales y entregándose-los a los jurados. A partir de ese momento los jurados ampliaron muchísimo sus competencias, convirtiéndose así en el signo dis-tintivo de la democracia ateniense, que es como decir de la pólis ateniense en general. En sus comedias, como hemos visto, Aristó-fanes suele reflejar la realidad de su época, caricaturizándola, exagerando los rasgos que más quiere destacar. En las Nubes (vv.215.-217) nos presenta un diálogo entre un miembro de una academia de sofistas y un personaje que quiere aprender las co-sas allí se enseñan. El de la academia le enseña entonces un mapa de toda la tierra y le señala donde está Atenas, a lo que el otro replica: "¿Qué dices? No lo creo, porque no veo a los jueces en sesión". Pensar en Atenas suponía automáticamente pensar en los jurados, sentados en sus tribunales un día y otro, casi todos los días del año, de acuerdo con la visión cómica de Aristófanes. Con él coincide, y no deja de resultar significativa la coincidencia, el llamado Viejo Oligarca, que es como se conoce al autor de un panfleto político anónimo de mediados del siglo V, que se nos ha conservado entre las obras de Jenofonte. Aunque el panfleto no se caracteriza precisamente por su sentido del humor, llama la atención que aquí recurra, como Aristófanes, a la exageración cómica: quienes censuran a Atenas porque allí los asuntos se mueven con lentitud tienen razón y una de las razones del retraso es que los ateniense debe resolver "tantas causas privadas y pú-blicas y tantas acciones de control (euthynai) cuantas no resuel-ven ni todos los demás humanos juntos" (3,2, cfr. 3,4). Desde una

 

 

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perspectiva distinta, vino a incidir en lo mismo Aristóteles (Políti-ca, 1274a), para quien la evolución institucional de Atenas vino marcada, precisamente, por la institución del jurado popular, pues una vez establecido por Solón, los avances posteriores hacia la democracia radical resultaron de algún modo inevitables. Por eso, en su opinión, el ciudadano se define como la persona que tiene abierta la posibilidad de participar en las deliberaciones (en la Asamblea) y en los jurados.

 

Esta judicialización deriva también, como apuntó Maine en día, de una característica elasticidad en la administración de justicia, en la que está notablemente ausente el principio de legalidad. Analizando los discursos forenses que se nos han conservado, vemos que los tribunales empleaban criterios muy subjetivos a la hora de emitir un veredicto. No era raro utilizar como argumento de la defensa el de haber realizado brillantemente los servicios para la comunidad que conocemos como liturgias o haber partici-pado en acciones militares. El orador Lisias, tras narrar cómo se había presentado voluntario para la expedición contra Agesilao, rey de Esparta, declara: "Y si obré así no fue porque no considera-ra yo arriesgado combatir contra los lacedemonios sino con obje-to de gozar por ello, si algún día me veía metido en un proceso injustamente, de vuestra mayor estimación y obtener todos mis derechos" (Lisias 16,17). Con otras palabras, los derechos no exis-ten por sí mismos, sino que dependen de la estimación pública que tenga cada persona. En estas condiciones se comprende que Aristóteles considere defectuoso el veredicto si, por tratarse de una ciudad demasiado grande, el tribunal no conoce previamente al acusado, una circunstancia que sería motivo de recusación en cualquier jurado moderno. La impresión resultante de todos estos testimonios es la de que se buscaba un ganador en el enfrenta-miento entre las partes, no tutelar un derecho preexistente. Puesto que los tribunales equvalían aritméticamente a la Asam-

 

 

 

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blea de todos los ciudadanos, a través de ellos manifestaba el pueblo sus preferencias por una u otra opción, que es como decir, por una u otra persona. Lógicamente pues, la actividad desplega-da ante los tribunales podía cimentar una carrera política, o bien podía destruirla. Pericles inició su actividad pública presentando una denuncia contra Cimón en la que le acusaba de haberse de-jado sobornar por el rey de Macedonia. No tuvo éxito y Cimón salió absuelto. De igual forma, más tarde, cuando sus oponentes quisieron debilitar la indiscutida preeminencia de Pericles, recu-rrieron de nuevo a los tribunales, denunciando a sus amigos, Fi-dias y Anaxágoras, y a su amante, Aspasia.

 

Sin duda, una de las "causas célebres" de la democracia ate-niense fue la que concluyó con la condena de Sócrates.

 

 

4. CONCLUSIONES

 

 

La democracia ateniense requería, para sobrevivir, de un enorme esfuerzo por parte de sus ciudadanos, quienes venían obligados a dedicar una parte importante de su tiempo a las tareas políticas. En el s.IV, la Asamblea se reunía, por imperativo legal y dejando a un lado las convocatorias extraordinarias, cuatro veces cada pri-tanìa, es decir, cuarenta veces al año, y las reuniones duraban todo el día, salvo casos excepcionales, anunciados de antemano, de dos días de reunión. En ellas se aprobaban, de media, unos 9

 

ó  10 decretos por sesión, por lo que se ha calculado que la Asam-blea emitió unos 30.000 decretos, cifra sin duda impresionante, que dice mucho de la íntima interrelación entre la democracia y el incremento de la burocracia (del papeleo, por emplear una ex-presión moderna). Por su parte, la Boulé se reunía unos 275 días al año (todos, menos los festivos) y aunque es verdad que las au-sencias eran frecuentes, debemos suponer una asistencia más o

 

 

 

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menos regular para que el órgano funcionara mínimamente. En una generación, unas 10.000 personas habrían formado parte de la Boulè, lo que supone aproximadamente la tercera parte del cuerpo cívico. En cuanto a los jurados, los cálculos modernos con-sideran que trabajarían unos doscientos días al año.

 

Todo esto es muy sorprendente porque implica que la demo-cracia funcionaba gracias a una activísima movilización por parte de sus ciudadanos. El sorteo se empleaba ante todo para selec-cionar entre un grupo de candidatos y sólo subsidiariamente se recurría la conscripción obligatoria. Por poner un paralelo mo-derno, en el ambiente que mejor conozco, las Juntas de Facultad se reúnen con una frecuencia mucho menor que la Asamblea ateniense. Se comprende que en la Oración Fúnebre, a la que ya hemos aludido, Pericles censurara acremente al ciudadano pasi-vo, al ápragmon a quien sólo le interesan sus asuntos privados y se desentiende del bienestar colectivo. Para potenciar al máximo este reparto entre todos del poder y la responsabilidad, estaba prohibido ejercer un cargo civil más de una vez en la vida, salvo el de miembro de la Boulé, que podía repetirse hasta un máximo de dos veces y no consecutivas. Los cargos militares eran, una vez más, la excepción, porque podían iterarse indefinidamente. Otros pensadores posteriores a Pericles y màs próximos al ideario oli-gárquico alabarán en cambio sin medida los regímenes en los cuales los ciudadanos pasivos forman una parte sustancial del conjunto, porque de este modo no plantearán problemas a la minoría que naturalmente debe asumir el gobierno.

 

Una participación tan activa en el gobierno de la pólis tenía, claro está, un alto coste finaciero. En los gobiernos oligárquicos las magistraturas y los honores fueron siempre gratuitos porque se entendía que debían ejercerlas quienes tuvieran un patrimonio suficiente. En Atenas, por el contrario y desde mediados del siglo V en adelante, fueron introducièndose diversas retribuciones por

 

 

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el ejercicio de cargos públicos. Los jurados cobraban 3 óbolos por sesión y, a título comparativo, sabemos que el salario medio dia-rio rondaba entonces los 6 óbolos. También los magistrados co-braban una pequeña cantidad en el s.V, pero dejaron de hacerlo en el s.IV. En cambio, la asistencia a la Asamblea se retribuía en el siglo IV (no en el V) también con 3 óbolos; también los miembros de la Boulé cobraban (5 óbolos, 1 dracma los prítanes) cada vez que asistían a una reunión. A todos estos gastos se añadía el teo-rikon, un fondo creado, probablemente por Pericles, con el fin de que los ciudadanos pudieran asisitir gratuitamente a las represen-taciones trágicas y cómicas.

 

Por último, al menos en la segunda mitad del siglo cuarto, per-cibimos incluso un atisbo de caridad pública, pues a los inválidos que no pudieran trabajar y tuvieran un patrimonio escaso, la Bou-lé, tras comprobar la veracidad de las alegaciones, les entregaba 2 óbolos diarios como sustento (Arist. Ath. Pol. 49,4). Todos estos gastos, y especialmente el de los jurados, suponían un desembol-so muy importante para las finanzas atenienses que, no conviene olvidarlo, se abastecían en parte gracias a un impuesto sobre la tierra (eisphorá) que recaía obviamente sobre los más ricos. Mientras Atenas tuvo un imperio, la carga finaciera quizás no se hiciera sentir con todo su peso, pero luego, la guerra primero y después la situación subordinada a la que se vio relegada en el siglo IV provocaron la protesta de los más ricos, que se sentían tiranizados al tener que costear un régimen político abierto a to-dos. Las críticas arreciaron sobre esta "pólis asalariada" (emmist-hós pólis) que, según se decía, entregaba todo el poder a la esco-ria de la sociedad, a los más pobres, a quienes apartaba del traba-jo con el señuelo de esa magra retribución diaria.

 

 

Más allá de las críticas, quedémonos con la imagen de esa in-tensa movilización política de todo el cuerpo ciudadano, delibe-

 

 

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radamente buscada y cimentada teóricamente sobre el conven-cimiento de que todos los varones, con independencia de su clase y condición, tienen la capacidad para elegir por sí mismos el des-tino que prefieren para la comunidad en donde viven. No se trata de que todos tengan derecho, pues ésa sería una percepción mo-derna, sino de que todos tienen la competencia necesaria, si se extiende la educación y se fomenta el aprendizaje que supone la participación cotidiana en las tareas políticas. No creo que estu-vieran muy equivocados dado que los atenienses, todos los ate-nienses, supieron hacer funcionar con éxito la maquinaria demo-crática durante más de un siglo y entusiasmarse con el régimen por el cual se gobernaban a sí mismos. Sucumbieron al final, ante el poder macedonio, igual que las restantes póleis griegas, no por el hecho de ser una democracia, puesto que tampoco las oligar-quías lograron conservar su independencia, sino porque eran una pólis y por tanto, con posibilidades limitadas de concentración de poder. La experiencia de la democracia directa no volverá a repe-tirse luego en la historia, y en el momento presente tampoco pa-rece que vaya a reeditarse en un futuro próximo. ■

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