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© Libro No. 673. Discurso sobre Economía Política. Rousseau, Jean-Jacques. Colección E.O. Marzo 29 de 2014.

 

Título original: © DISCURSO SOBRE ECONOMIA POLITICA. JEAN-JACQUES ROUSSEAU

 

Versión Original: © DISCURSO SOBRE ECONOMIA POLITICA. JEAN-JACQUES ROUSSEAU

 

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© Edición, reedición y Colección Biblioteca Emancipación: Guillermo Molina Miranda

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCURSO SOBRE ECONOMIA POLITICA

JEAN-JACQUES ROUSSEAU

 

 

 

DISCURSO SOBRE ECONOMÍA POLÍTICA

Economía o Œconomía

(Moral y Política)

 

 

Esta palabra viene de οικοσ, casa, y de υόμοσ, ley, y original­mente no significa otra cosa que el sabio y legítimo gobierno de la ca­sa, en pro del bien común de toda la familia. El sentido de este término se amplió más tarde al gobierno de la gran familia que es el Estado. Pa­ra distinguir entre ambas acepciones, en este último caso se le deno­mina economía general opolítica, y en el otro, economía doméstica o particular. En el presente artículo nos ocuparemos tan sólo de la pri­mera. Sobre la economía doméstica, véase PADRE DE FAMILIA.

Aun cuando entre el Estado y la familia se diesen tantas rela­ciones como pretenden algunos autores, no sería cierto que las reglas de conducta propias de una de esas sociedades conviniesen a la otra: ambas difieren demasiado en cuanto a sus dimensiones como parapo­der ser administradas de la misma forma, de modo que siempre existi­rá una diferencia extrema entre el gobierno doméstico, en el cual el pa­dre puede verlo todo por sí mismo, y el gobierno civil, en el cual el je­fe lo ve casi todo mediante ojos ajenos. Para que, en estos asuntos, las cosas fueran iguales, sería menester que el talento, la fuerza y todas las facultades del padre, aumentasen en razón de la dimensión de la fa­milia, así como que el alma de un poderoso monarca estuviese en rela­ción con la de un hombre ordinario en igual medida que la extensión de su imperio lo está con la herencia de un particular.

Pero ¿cómo podría el gobierno del Estado asemejarse al de la fa­milia, siendo tan diferentes sus fundamentos respectivos? Por ser el padre fisicamente más fuerte que sus hijos tanto tiempo como su ayu­da les es necesaria, el poder paterno parece, con razón, establecido por la naturaleza. En la gran familia, en la que todos los miembros son naturalmente iguales, la autoridad política, puramente arbitraria en cuanto a su institución, no puede fundarse sino en convenciones, ni puede el magistrado mandar sobre los otros sino en virtud de las leyes.

Los deberes del padre le son dictados por sentimientos natura­les y de forma tal que raramente le es permitido desobedecer. Los go­bernantes carecen por completo de una regla semejante y sólo están obligados para con el pueblo en aquello que le han prometido hacer y cuya ejecución el pueblo tiene el derecho de exigir.

Otra diferencia aún más importante consiste en que por no te­ner los hijos más que lo que reciben del padre, le corresponde a éste o de él emana evidentemente todo derecho de propiedad. Ocurre total­ mente al contrario en la gran familia: su administración general se es­tablece sólo para asegurar la propiedad particular preexistente. El principal objeto de todos los trabajos de la casa es el de conservar e in­crementar el patrimonio del padre para que éste pueda un día repartir­lo entre sus hijos y evitarles lapobreza, mientras que la riqueza del fis­co no es sino un medio, a menudo mal entendido, para mantener la paz y la abundancia de los particulares. En una palabra, la pequeña fami­lia está destinada a extinguirse y a dividirse un día en varias familias semejantes; pero como la grande está hecha para durar siempre en el mismo estado, es preciso que la primera aumente para multiplicarse, y no basta con que la otra se conserve, sino que, como es fácilmente de­mostrable, todo aumento le resulta más perjudicial que útil.

Por varias razones derivadas de la naturaleza de las cosas, el pa­dre debe mandar en la familia. 1) No ha de ser igual la autoridad del pa­dre y la de la madre, pero es necesario que el gobierno sea único y que en caso de división de opiniones haya una voz preponderante que deci­da. 2) Por muy ligeras que consideremos las incomodidades propias de la mujer, el que siempre conlleven para ella un intervalo de inactividad es razón suficiente para excluirla de aquella primacía, pues cuando la balanza está perfectamente igualada basta una paja para que se incline. Al marido le debe corresponder además la inspección de la conducta de su mujer, pues le interesa asegurarse que los hijos, a los cuales debe reconocer y alimentar, no pertenezcan a otro sino a él. La mujer, que no tiene nada parecido que temer, no tiene el mismo derecho que el mari­do. 3) Los hijos deben obedecer al padre, en principio por necesidad y además por reconocimiento; tras haber recibido de él la satisfacción de todas sus necesidades durante la mitad de su vida, deben consagrar la otra mitad a subvenir a las de aquél. 4) En cuanto a los domésticos, és­tos están obligados a prestar servicio al padre a cambio de la manuten­ción que éste les proporciona, salvo sí rompen el trato cuando ya no les conviene. No diré nada acerca de la esclavitud, pues es contraria a la na­turaleza y ningún derecho puede autorizarla.

Nada de todo lo anterior existe en la sociedad política, la cual, lejos de tener un interés natural en la felicidad de los particulares, bus­ca con frecuencia el suyo propio en la miseria de éstos. Cuando la ma­gistratura es hereditaria, es a menudo un niño quien manda sobre los hombres; cuando es electiva, las elecciones presentan mil inconve­nientes, y tanto en uno como en otro caso desaparecen las ventajas de lapatemidad. Si tenéis un solo jefe, estaréis bajo el arbitrio de un amo que carece de razones para amaros; si tenéis varios, deberéis soportar al tiempo su tiranía y sus divisiones. En una palabra, son inevitables los abusos y funestas sus consecuencias en toda sociedad en la que el interés público y las leyes carecen por completo de fuerza natural y son continuamente atacadas por el interés personal y las pasiones del jefe y demás miembros.

Aunque las funciones del padre de familia y del primer magis­trado deben tender al mismo fin, lo hacen por caminos bien distintos; su deber y sus derechos están hasta tal punto diferenciados que no es posible confundirlos sin formarse falsas ideas acerca de las leyes fun­damentales de la sociedad y sin caer en errores fatales para el género humano. En efecto, si la voz de la naturaleza es el mejor consejo que pueda escuchar el padre para cumplir bien sus deberes, para el magis­trado es sólo un falso guía que trata sin cesar de separarlo de sus obli­gaciones y que tarde o temprano lo arrastra a la perdición y a la del Estado si una sublime virtud no lo retiene.[1] La única virtud que el pa­dre de familia necesita, consiste en guardarse de la depravación e im­pedir que se corrompan sus inclinaciones naturales; por el contrario son éstas quienes pueden corromper al magistrado. Mientras al pri­mero, para obrar bien, le basta con consultar a su corazón, el segundo se convierte en un traidor cuando hace caso al suyo, por lo que deberá sospechar de su propia razón sin atenerse a más regla que la razón pu­blica, es decir, la ley. La naturaleza ha creado multitud de buenos pa­dres de familia, pero es dudoso que desde que el mundo existe, la sabi­duría humana haya podido formar a diez hombres capaces de gober­nara sus semejantes.

De todo lo que acabo de exponer se sigue que hay razón en dis­tinguir la economía pública de la economía particular, y asimismo que, como el Estado no tiene nada en común con la familia, a no ser la obligación común para sus jefes de procurar felicidad, no convienen a ambos las mismas reglas de conducta. He creído que estas pocas lí­neas bastarían para echar por tierra el odioso sistema que el caballero Filmer ha intentado establecer en una obra titulada Patriarcha, a la que dos hombres ilustres le han hecho el honor de dedicar sendos li­bros en su contra. Por lo demás, ese error es muy antiguo, pues ya el mismo Aristóteles estimó oportuno combatirlo por razones que pue­den descubrirse en el primer libro de sus Políticas.

Ruego a mis lectores que distingan bien asimismo entre la eco­nomía pública, de la cual me he de ocupar y que llamo gobierno, y la autoridad suprema, que llamo soberanía; distinción que consiste en que mientras la segunda posee el derecho legislativo y obliga en cier­tos casos al cuerpo mismo de la nación, la primera sólo posee el poder ejecutor y puede obligar tan sólo a los particulares.[2] Véase POLÍTICA Y SOBERANÍA.

Permítaseme por un momento utilizar una comparación común y poco exacta en muchos aspectos, aunque apropiada para hacerme comprender mejor.

El cuerpo político, individualmente considerado, puede enten­derse como un cuerpo organizado, vivo y similar al del hombre. El po­der soberano representa la cabeza; las leyes y costumbres son el cere­bro, origen de los nervios y sede del entendimiento, de la voluntad y de los sentidos, cuyos órganos son los jueces y magistrados; el comercio, la industria y la agricultura son la boca y el estómago que preparan la sustancia común; las finanzas públicas son la sangre de una sabia economía que, desempeñando las funciones del corazón, distribuye por to­do el cuerpo el alimento y la vida; los ciudadanos son el cuerpo y los miembros que hacen que la máquina se mueva, viva y trabaje, de modo que cualquier herida que ésta sufra en una de sus partes llevaría de inme­diato una impresión dolorosa al cerebro si es buena la salud del animal.

La vida que a ambos corresponde es elyo común al todo, la sen­sibilidad recíproca y la correspondencia interna entre todas las partes. Si cesa dicha comunidad, desaparece la unidad formal o las partes con­tiguas acaban encontrándose en una simple relación de yuxtaposi­ción; el hombre muere o el Estado se disuelve.

Así pues, el cuerpo político es también un ser moral dotado de voluntad. Esa voluntad general, tendiente siempre a la conservación y bienestar del todo y de cada parte, es el origen de las leyes y la regla de lo justo y de lo injusto para todos los miembros del Estado, en relación con éste y con aquéllos. Esta verdad muestra, dicho sea de paso, con cuánto sentido muchos escritores consideraron un robo la delicadeza prescrita a los hijos de Lacedemonia para poder ganarse su frugal ali­mento, como si todo lo que la ley prescribe pudiese no ser legítimo. Véase, en la voz DERECHO, la fuente de este gran y luminoso princi­pio, que ese artículo desarrolla. Es importante señalar que esa regla de justicia, segura en relación con todos los ciudadanos, puede resultar defectuosa en relación con los extranjeros, y la razón de esto es evi­dente: aunque la voluntad del Estado sea general para sus miembros, no lo es para otros Estados ni para sus miembros respectivos; para és­tos resulta ser una voluntad particular e individual cuya regla de justi­cia deriva de la naturaleza, lo cual está también comprendido en el principio antes expuesto, ya que en ese caso el cuerpo político pasa a ser la gran ciudad del mundo cuya voluntad general es siempre la ley de naturaleza, y cuyos Estados y miembros particulares sólo son miembros individuales.

De estas mismas distinciones aplicadas a cada sociedad políti­ca y a sus miembros se derivan las reglas más universales y más segu­ras para juzgar acerca de la moralidad de toda acción humana.

Toda sociedad política se compone de otras sociedades más pe­queñas y de diferente especie, cada una de las cuales posee sus intere­ses y sus máximas. Pero tales sociedades, que todos pueden ver por su forma exterior y autorizada, no son las únicas que existen realmente en el Estado: todos los particulares reunidos en torno a un interés co­mún componen otras tantas sociedades, permanentes o pasajeras, cu­ya fuerza, aun siendo menos aparente, no es menos real, y cuyas rela­ciones, si se examinan con detenimiento, nos proporcionan el verda­dero conocimiento de las costumbres. Se trata de todas aquellas aso­ciaciones, tácitas o formales, que tan variadamente modifican las apa­riencias de la voluntad pública mediante la influencia de la suya pro­pia. La voluntad de dichas sociedades presenta siempre dos tipos de re­laciones: para sus propios miembros, es una voluntad general; para la gran sociedad, es una voluntad particular. Con frecuencia es una vo­luntad recta bajo el primer aspecto y viciosa bajo el segundo. Cual­quiera puede ser al mismo tiempo un devoto, un valiente soldado o un médico aplicado y un mal ciudadano. Tal determinación puede ser ventajosa para la pequeña comunidad y perniciosa para la grande. Cierto es que por estar las sociedades particulares subordinadas a aquellas que las incluyen, conviene antes obedecer a éstas que a las otras, como cierto es también que los deberes de ciudadano preceden a los de senador y los del hombre a los del ciudadano. Pero por desgra­cia, el interés personal está siempre en razón inversa respecto del de­ber y aumenta a medida que la asociación se hace más estrecha y el compromiso menos sagrado, lo cual es prueba infalible de que la vo­luntad general es siempre la más justa y de que la voz del pueblo es en efecto la voz de Dios.

De ello no se sigue que las deliberaciones públicas sean siem­pre equitativas. Pueden no serlo cuando de asuntos extranjeros se tra­ta; ya he dicho la razón. Así, no es imposible que una república bien gobemada haga una guerra injusta; tampoco es imposible que el con­sejo de una democracia promulgue malos decretos o condene a ino­centes, pues jamás sucederá que el pueblo no seatentado por intereses particulares, presentados como los intereses del pueblo por algunos hombres hábiles valiéndose de su prestigio y elocuencia. Una cosa es, por tanto, la deliberación pública y otra la voluntad general. No se me argumente con la democracia de Atenas porque Atenas no era en rea­lidad una democracia sino, en gran medida, una aristocracia tiránica gobemada por sabios y oradores. Examinad con cuidado lo que ocu­

rre en cualquier deliberación y veréis que la voluntad general propen­de siempre al bien común, si bien existe siempre una escisión secreta, una confederación tácita que, en favor de miras particulares, elude la disposición natural de la asamblea. Así pues, el cuerpo social se divi­de realmente en otros varios cuyos miembros adoptan una voluntad general que es buena y justa respecto de esos meros cuerpos, pero in­justa ymalarespecto del todo del que todos aquéllos se desvinculan.

Vemos con qué facilidad se explican, gracias a estos principios, las aparentes contradicciones propias de tantos hombres colmados de escrúpulos y de honor en un aspecto y tramposos y bribones en otro, que desprecian los deberes más sagrados y son fieles hasta la muerte a compromisos con frecuencia ilegítimos. Es así como los hombres más corruptos rinden siempre homenaje a la confianza pública. Es así (tal como se señala en el artículo DERECHO) cómo hasta los truha­nes, enemigos de la virtud en la gran sociedad, adoran su simulacro en sus cavemas.

Al establecer la voluntad general como primer principio de la economía pública y como regla fundamental del gobierno, no he creído necesario examinar seriamente si los magistrados pertene­cen al pueblo o el pueblo a los magistrados, ni si en los asuntos pú­blicos se debe consultar el bien del Estado o el de los jefes. Hace tiempo que la práctica decidió esta cuestión en un determinado sen­tido y la razón en otro, de modo que en general sería una gran locura esperar que aquellos que de hecho son los amos preferirán un interés distinto al suyo propio.[3] Parece pues adecuado dividir también la economía pública en popular y tiránica. La primera es la de todo Estado en el que impera unidad de interés y voluntad entre el pueblo y los jefes; la otra existirá necesariamente allí donde el gobierno y el pueblo tengan intereses diferentes y, consiguientemente, volunta­des opuestas. Las máximas de la segunda están inscritas sobrada­mente en los archivos de la historia y en las sátiras de Maquiavelo. La otras sólo aparecen en los escritos de los filósofos que tienen la osadía de reclamarlos derechos de la humanidad.

 

 

I

 

 

La primera y más importante máxima del gobierno legítimo y popular, es decir, del que tiene por objeto el bien del pueblo,[4] es, por tanto, como ya he dicho, la de guiarse en todo por la voluntad gene­ral. Pero para seguirla es necesario conocerla y sobre todo distin­guirla de la voluntad particular, comenzando por uno mismo; distin­ción siempre dificil de hacer y para la cual sólo la más sublime virtud puede proporcionar luces suficientes. Como para querer hace falta ser libre, otra dificultad no menor consiste en asegurar a la vez la li­bertad pública y la autoridad del gobierno. Buscad los motivos que llevaron a los hombres, unidos por sus mutuas necesidades en la gran sociedad, a estrechar su unión mediante sociedades civiles: no encontraréis otro que el de asegurar los bienes, la vida y la libertad de cada miembro mediante la protección de todos. Ahora bien ¿cómo forzar a los hombres a defender la libertad de uno de ellos sin atentar contra la de los demás? ¿Y cómo subvenir a las necesidades públicas sin alterar la propiedad particular de los que están obligados a contri­buir a ella? Por muchos sofismas con los que coloreemos todo esto, no deja de ser cierto que si se puede constreñir mi voluntad yo no soy libre y que dejo de ser dueño de mi bien desde que otro puede tocarlo. Esta dificultad, que debería parecer insuperable, fue salvada me­diante la más sublime de todas las instituciones humanas o quizás mediante una inspiración celeste que le enseñó al hombre aquí abajo los decretos inmutables de la divinidad. ¿Qué arte inconcebible per­mitió encontrar el medio de subyugar a los hombres para hacerlos li­bres; poner al servicio del Estado los bienes, los brazos y hasta la vi­da de sus miembros sin constreñirlos ni pedirles consentimiento; en­cadenar su voluntad mediante su propia confesión; hacer valer su consentimiento contra sus rechazos y forzarlos a castigarse a sí mis­mos cuando hacen lo que deseaban? ¿Cómo es posible que obedez­can sin que nadie ordene o que sirvan sin tener amo, siendo de hecho tanto más libres cuanto que, bajo una aparente sujeción, uno pierde la libertad sólo si ésta puede perjudicar a la de otro? Estos prodigios son obra de la ley. Es tan sólo a la ley a quien los hombres deben la jus­ticia y la libertad. Es ese saludable órgano de la voluntad de todos quien restablece, en el derecho, la igualdad natural de los hombres. Es esa voz celeste quien dicta a cada ciudadano los preceptos de la ra­zón pública; quien le enseña a obrar según las máximas de su propio juicio y a no caer en contradicción consigo mismo. Asimismo es a ella, tan sólo, a quien los jefes deben hacer hablar cuando mandan, pues tan pronto como un hombre pretende someter a otro a su volun­tad privada con independencia de las leyes, sale del estado civil y en­tra de lleno en el puro estado de naturaleza, en el cual la obediencia es prescrita tan sólo por la necesidad.

Así pues, el interés más urgente del jefe y su deber más indis­pensable es velar por la observancia de las leyes de las que es encarga­do y sobre las cuales se funda toda su autoridad. Si debe procurar que los otros las observen, con más razón deberá observarlas él mismo, pues goza de todos sus favores, ya que su ejemplo tiene tal fuerza que, aun cuando el pueblo quisiese soportar que el jefe le libere del yugo de la ley, éste deberá guardarse de aprovechar tan peligrosa prerrogativa, que, además, otros tratarán inmediatamente de usurparle y a menudo en su propio perjuicio. En el fondo, como todos los compromisos de la sociedad son recíprocos por su naturaleza, no es posible ponerse por encima de la ley sin renunciar a sus ventajas, ya que nadie debe na­da a quien pretende no deber nada a nadie. Por la misma razón, ningu­na exención de la ley será jamás aplicada por título alguno en un go­bierno bien administrado. Incluso los ciudadanos meritorios ante la patria deberán ser recompensados con honores y nunca con privile­gios, pues la república acaba en la ruina desde que alguien puede pen­sar que vale la pena desobedecer las leyes: si la nobleza o el militar o cualquier otro orden del Estado adoptase una máxima semejante, to­do estaría perdido sin remedio.

La potencia de las leyes depende más de su propia sabiduría que de la severidad de los ministros, y la voluntadpública extrae su gran peso de la razón que la dictara. Por esto, Platón concibe como importante precaución poner siempre a la cabeza de los edictos un preámbulo razonado que muestre su justicia y utilidad. Y así, en efecto, la primera de las leyes es la de respetarlas: el mejor de los castigos no deja de ser un vano recurso imaginado por espíritus me­diocres para sustituir por el terror el respeto que no pueden obtener. Siempre se pensó que aquellos países donde los suplicios son más terribles son también aquellos en los que éstos se dan con más fre­cuencia, de suerte que la crueldad de las penas no significa otra cosa que la abundancia de infractores, y que si se castiga todo con igual severidad se obliga a los culpables a cometer crímenes para escapar al castigo de sus faltas.

Pero aunque el gobierno no sea el dueño de la ley, ya es mucho con ser su garante y disponer de mil recursos para procurar que se la venere. En esto consiste simplemente el talento para reinar. No hay ar­te alguno en hacer temblar a todos cuando se dispone de la fuerza, ni mucho tampoco en ganarse los corazones, pues desde hace tiempo el pueblo sabe por experiencia dar buena cuenta a sus jefes del mal que le ahorran y adorarlos cuando no le odian.

Como cualquier otro, el imbécil sumiso sabe castigar los crí­menes, mientras que el verdadero hombre de Estado sabe prevenirlos; su respetable imperio se extiende más sobre las voluntades que sobre las acciones. Si el hombre de Estado lograse que todo el mundo hicie­se el bien, no tendría ya nada que hacer y la obra maestra de sus afanes sería la de permanecer ocioso. Cierto es, al menos, que el mayor talen­to de los jefes consiste en disfrazar su poder para hacerlo menos odio­so y en conducir el Estado de forma tan apacible que parezca no tener necesidad de conductores.

Concluyo pues en que, así como el primer deber del legisla­dor consiste en adecuar las leyes a la voluntad general, la primera re­gla de la economía pública es la de administrar conforme a las le­yes. Y de este modo, para un buen gobierno del Estado bastará con que el legislador tenga en cuenta toda exigencia derivada del lugar, el clima, el suelo, las costumbres y la vecindad, así como cualquier circunstancia propia del pueblo que debe instituir.[5] Esto no signifi­ca que no quede una infinidad de detalles de policía[6] y economía pendientes de la prudencia del gobierno[7], si bien, siempre dispon­drá de dos reglas infalibles para conducirse con acierto en tales oca­siones: el espíritu de la ley aplicable a los casos por ella previstos y la voluntad general, fuente y suplemento de toda ley, que deberá ser consultada en defecto de ésta. Pero ¿cómo conocer la voluntad ge­neral -se me dirá- cuando no ha sido explicitada? ¿Habrá que reunir a toda la nación ante cualquier acontecimiento imprevisto? Dicha reunión hará menos falta cuanto más seguro esté el gobierno de que su decisión expresa la voluntad general; también es innecesaria en tanto que es un medio impracticable en un gran pueblo y rara vez se necesita cuando el gobierno es bienintencionado, pues los jefes sa­ben de sobra que la voluntad general está siempre a favor del parti­do que más defiende el interés público, es decir, el más equitativo, de suerte que basta con ser justo para tener la certeza de cumplir la voluntad general. Cuando se le contradice demasiado abiertamen­te, la voluntad general se hace notar a pesar del terrible freno de la autoridad pública. Buscaré lo más cerca posible los ejemplos a se­guir en un caso semejante. En China, el príncipe sigue siempre la máxima de quitarle la razón a sus oficiales cuando surge un alterca­do entre ellos y el pueblo.

Que en tal provincia se encarece el pan: el intendente va a la cár­cel; que en tal otra hay una sedición, el gobernador es cesado y los mandarines responden con sus cabezas a todo mal que ocurra en su ju­risdicción. No se examina de inmediato el caso en un proceso regular, pues una larga experiencia enseña que se prevenga el juicio de este modo. Raramente hay una injusticia que reponer por esta causa, y el emperador, persuadido de que el clamor público jamás se eleva sin ra­zón, sabe descubrir, entre los gritos sediciosos, que castiga, las justas demandas, que son atendidas.

Ya es mucho lograr que reine la paz y la justicia en toda la repú­blica; también lo es que el Estado permanezca en calma y la ley sea res­petada; pero si nada más se consigue, todo ello será más apariencia que realidad y al gobierno le será difícil hacerse obedecer si se preo­cupa sólo por la obediencia. Si bueno es saber emplear a los hombres tal como son, mejor aún es tomarlos tal y como se necesita que sean. La autoridad más absoluta es aquella que penetra hasta el interior del hombre y no se ejerce menos sobre la voluntad que sobre las acciones. Cierto es que, a la larga, los pueblos son como los hacen los gobier­nos. Sus miembros pueden ser guerreros, ciudadanos u hombres cuan­do el gobierno lo quiera; o bien, populacho y canalla cuando le plazca, y todo príncipe que desprecie a sus súbditos se deshonra a sí mismo al mostrar que no ha sido capaz de hacerlos estimables.[8] Formad pues a hombres si queréis mandar a hombres y si pretendéis que las leyes sean obedecidas, haced leyes que puedan ser amadas, de forma que pa­ra cumplir lo debido baste con pensar que debe hacerse. Este era el gran arte de los antiguos gobiernos en aquellos tiempos pretéritos en que los filósofos daban leyes al pueblo y sólo usaban su autoridad pa­ra hacerlo sabio y afortunado, admitiendo o rechazando con sumo cui­dado muchas leyes suntuarias, reglamentos de costumbres y máximas públicas. Ni siquiera los tiranos olvidaban tan importante faceta de la administración, de suerte que, mientras los magistrados cuidaban de corregir las costumbres de sus ciudadanos, con igual celo se aplica­ban ellos a corromper las de sus esclavos. Mas nuestros gobiernos mo­dernos, que creen haberlo hecho todo cuando obtienen riqueza, ni ca­paces son de imaginar que es preciso o posible llegar a tales metas.

 

 

II

 

 

Segunda regla esencial de la economía pública, no menos im­portante que la primera: ¿queréis que se cumpla la voluntad general?, haced que todas las voluntades particulares a ella se orienten; y, como la virtud no es otra cosa que la conformidad de la voluntad particular a la general, lo mismo da decir solamente: haced que reine la virtud.

Si los políticos estuviesen menos cegados por su ambición, ve­rían en qué medida es imposible que cualquier ordenamiento pueda marchar según el espíritu de su institución si no es dirigido por la ley del deber; sabrían que el mayor recurso de la autoridad pública se en­cuentra en el corazón de los ciudadanos y que cuando se quiere mante­ner el gobierno nada puede suplantar a las costumbres. Mas que gentes de bien que sepan administrar las leyes, hay, en el fondo, gentes hones­tas que saben obedecerlas.[9] Quien desafía a los remordimientos, no tar­da en desafiar a los suplicios, castigo menos riguroso, menos continuo y del que, al menos, cabe la esperanza de escapar. Y por muchas pre­cauciones que se tomen, a quien sólo le espera la impunidad por su ma­la acción, siempre encuentra medios para eludir la ley o para librarse de la pena. Cuando todos los intereses particulares se reúnen en contra del interés general, que no es el de la persona, los vicios públicos tienen más fuerza para debilitar las leyes que la que tienen éstas para reprimir los vicios, de modo que, al final, la corrupción del pueblo y de los jefes alcanza al gobierno, por muy sabio que éste sea: el peor de todos los abusos consiste en obedecer las leyes en apariencia para poder infrin­girlas de hecho con mayor seguridad. Poco tiempo tardan entonces las mejores leyes en convertirse en las más funestas, y en ese caso valdrá cien veces más que no existieran; serían el último recurso al que acudir. Vanamente se promulga, en tal situación, edicto tras edicto y reglamen­to tras reglamento; ello sólo sirve para añadir nuevos abusos, sin haber corregido los primeros. Cuanto más multipliquéis las leyes, tanto más las haréis despreciables y todos los vigilantes que instituyáis no serán más que nuevos infractores destinados a repartirse el pillaje con los an­tiguos o hacerse con el suyo propio. Así, el precio de la virtud pasa a ser el del bandidaje: los hombres más viles son los más acreditados y cuan­to más grandes son, más desprecio merecen; la infamia estalla en su dig­nidad y los honores los deshonran; compran el sufragio de los jefes o la protección de las mujeres y venden la justicia, el deber y el Estado; y el pueblo, que no advierte que sus propios vicios son la causa primera de sus desgracias, murmura y clama gimiendo: "Todos mis males vienen de esos a quienes pago para que de ellos me guarden".

Es entonces cuando los jefes se ven forzados a sustituir la voz del deber, que ha dejado de hablar en los corazones, por el grito del te­rror o el señuelo de un interés aparente con el que engañan a sus cria­turas, y cuando hay que recurrir a todas las pequeñas y miserables astu­cias que ellos llaman máximas de Estado y misterios de gabinete. Los miembros del gobierno emplean entonces todo el vigor que aún les queda en perjudicarse y suplantarse entre sí mientras se abandonan los asuntos o se resuelven sólo cuando el interés personal lo demanda y de la manera que éste aconseja. En fin, toda la habilidad de esos gran­des políticos consiste en fascinar de tal modo a aquellos de quienes ne­cesitan, que todos creen trabajar por su propio interés cuando en reali­dad trabajan por el de ellos. Digo el de ellos, en tanto y en cuanto el ver­dadero interés de los jefes consista en aniquilar al pueblo a fin de so­meterlo y arruinar su bien, asegurándose su posesión.

Mas cuando los ciudadanos aman el deber y los depositarios de la autoridad pública se aplican sinceramente a nutrir ese amor con su ejemplo y sus cuidados, todas las dificultades se desvanecen, y no es difícil administrar sin ese arte cuyo único misterio es la malicia. Esas almas ilustres, tan peligrosas como admiradas; todos esos grandes mi­nistros, cuya gloria se confunde con las desgracias del pueblo, ya no son indispensables; las costumbres públicas sustituyen al genio de los jefes y a medida que el reino de la virtud se va extendiendo, los talen­tos parecen menos necesarios. La ambición misma es entonces desea­da más bien por deber que por usurpación: el pueblo, convencido de que sus jefes trabajan sólo en pro de su felicidad, les dispensa por defe­rencia de trabajar para afianzar su poder, y así la historia nos muestra en mil ocasiones que la autoridad que el pueblo otorga a aquellos que ama y por los que es amado, es cien veces más absoluta que toda la tira­nía de los usurpadores.[10] Esto no significa que el gobierno deba tener miedo de usar su poder, sino que debe usarlo legítimamente. Mil ejem­plos da la historia de jefes pusilánimes o ambiciosos, vencidos por de­sidia o por orgullo, pero ninguno que haya acabado mal por limitarse a ser equitativo. Mas no debemos confundir moderación con negli­gencia, ni dulzura con debilidad. Ser justo exige ser severo; soportar la maldad que se puede reprimir con derecho es como ser malvado con uno mismo.

No basta con decir a los ciudadanos: sed buenos; hay que ense­ñarles a serlo, y el ejemplo, primera lección al respecto, no es el único medio. El amor a la patria es el medio más eficaz, porque, como ya he dicho, el hombre es virtuoso cuando su voluntad particular es en todo conforme a la voluntad general y quiere aquello que quieren las gen­tes que él ama.

Parece que el sentimiento humano se evapora y debilita cuando se reparte por toda la tierra, de modo que nos afectan menos las calami­dades de Tartaria o del Japón que las de un pueblo europeo. En cierta for­ma, es preciso limitar y reducir el interés y la conmiseración para poder activarlos. Ahora bien, como quiera que esa tendencia sólo beneficia a los que con nosotros conviven, es bueno que la humanidad concentrada entre conciudadanos adquiera en ellos una fuerza renovada gracias al hábito de verse y al interés común que los reúne. Verdad es que los ma­yores prodigios de la virtud fueron realizados por amor a la patria. Ese sentimiento dulce y vivo que añade la fuerza del amor propio a la belle­za de la virtud, le da una energía que, sin desfigurarlo, hace de él la más heroica de todas las pasiones. Él fue quien dio lugar a tantas hazañas in­mortales cuyo resplandor deslumbra nuestros débiles ojos, y a tantos grandes hombres cuyas antiguas virtudes parecen fábula cuando el amor a la patria se toma en escarnio. No nos sorprendamos por ello; los arrebatos de los corazones tiernos le parecen quimeras a quien jamás los sintió, y el amor a la patria, cien veces más vivo y delicioso que el que se dispensa a la amante, no se puede concebir sino se experimenta, pero es fácil apreciar en los corazones que él inflama y en las hazañas que inspira, ese ardor fulgente y sublime que ya no reluce en la más pu­ra virtud cuando de aquél se separa. Osemos comparar a Sócrates con Catón: el primero era más filósofo y el segundo más ciudadano. Cuan­do Atenas ya estaba perdida, Sócrates no tenía más patria que el mundo entero; Catón llevó siempre su patria en el fondo de su corazón; sólo vi­vió para ella y no pudo sobrevivirla. La virtud de Sócrates es la del más sabio de los hombres, pero entre César y Pompeyo, Catón parece un dios entre mortales. El primero instruyó a algunos particulares, combatió a los sofistas y murió por la verdad; el segundo defendió el Estado, la libertad y las leyes contra los conquistadores del mundo y finalmente de­jó la tierra cuando ya no vio patria alguna a la que servir. Un digno discí­pulo de Sócrates será el más virtuoso de sus contemporáneos; un digno émulo de Catón será, de aquéllos, el más grande. La felicidad del prime­ro será su virtud, mientras que el segundo buscará la suya en la de todos. Nosotros seríamos instruidos por uno y guiados por el otro, lo cual bas­taría para decidir la preferencia, pues nunca hubo un pueblo de sabios pero es posible lograr que un pueblo sea feliz.

¿Queremos que los pueblos sean virtuosos?, empecemos pues por hacerles amar a la patria; pero ¿cómo podrán amarla si para ellos la patria no representa algo distinto de lo que representa para los ex­tranjeros y ella sólo les da lo que a nadie le puede negar? Sería aún peor si el pueblo no pudiera gozar ni siquiera de la seguridad civil, que­dando sus bienes, su vida o su libertad a discreción de los poderosos sin que al pueblo le fuera posible o permitido atreverse a reclamar las leyes. Sometido así a los deberes propios del estado civil, privado in­cluso de los derechos del estado de naturaleza, y sin poder defenderse por la fuerza, el pueblo se vería reducido a la peor condición en la que un hombre libre pueda verse y la palabra patria sólo tendría para él un odioso y ridículo sentido.[11] No hay que creer que sea posible ofender o cortar un brazo sin que el dolor no acuda a la cabeza, ni tampoco que la voluntad general consienta que un miembro cualquiera del Estado hiera o destruya a otro distinto; del mismo modo, no cabe esperar que un hombre con uso de razón se saque a sí mismo los ojos con los de­dos. La seguridad particular está de tal modo ligada a la confedera­ción pública que si en nada se estimase la humana debilidad, tal con­vención quedaría disuelta por el derecho en cuanto un solo ciudadano del Estado pereciese por faltarle el auxilio que hubiera podido pres­társele, si un solo ciudadano hubiese sido sin causa retenido en pri­sión, o cuando un solo proceso se perdiese por una injusticia evidente; pues cuando se infringen las convenciones fundamentales no hay de­recho o interés alguno para el pueblo en mantener la unión social, a menos que éste no fuera retenido por la única fuerza que produce la di­solución del Estado civil.

En efecto, ¿no consiste el compromiso del cuerpo de la nación en proveer con el mismo cuidado a la conservación del último de sus miembros y a la de todos los demás? ¿Y es menos causa común la sal­vación de un ciudadano que la de todo el Estado? Si se nos dijera que es bueno que alguien perezca por todos, yo admiraría tal sentencia si la pronunciara un digno y virtuoso patriota consagrado voluntaria­mente y por deber a morir por la salvación de su país; pero si llegara a mis oídos que se le permite al gobierno sacrificar a un inocente para salvar a la multitud[12],tomaría esta máxima como una de las más exe­crables que jamás haya inventado la tiranía, como la más falsa que pro­ponerse pueda, como la más peligrosa que pueda admitirse y como la más directamente opuesta a las leyes de la sociedad. En lugar de que uno debiese perecer por todos, todos comprometieron sus bienes y sus vidas en la defensa de todos a fin de que la debilidad particular es­tuviese siempre protegida por la fuerza pública y cada miembro por to­do el Estado. Después de suponer que un individuo tras otro es supri­mido del pueblo, exigidles a los partidarios de tal máxima que expli­quen mejor lo que entienden por cuerpo del Estado y veréis que al fi­nal lo reducen a un pequeño número de hombres que no son el pueblo sino los oficiales del pueblo, los cuales, después de que se han obliga­do, por juramento particular, a perecer ellos mismos por la salvación del pueblo, pretenden probar de ese modo que es a éste a quien le toca perecer por la suya propia.

Para encontrar ejemplos de la protección que el Estado le debe a sus miembros y del respeto que le debe a sus personas, se han de bus­car tan sólo en las más ilustres y arrojadas naciones de la tierra, pues casi sólo en los pueblos libres se conoce el valor de un hombre. Sabe­mos cuánta perplejidad embargaba a toda la república de Esparta cuando había que castigar a un ciudadano culpable. En Macedonia, la vida de un hombre era asunto de tanta importancia que su poderoso monarca Alejandro, con toda su grandeza, no se hubiera atrevido a or­denar la muerte de un macedonio criminal mientras el acusado no hu­biese comparecido ante sus conciudadanos para defenderse y no hu­biese sido condenado por ellos. Pero fueron los romanos quienes se distinguieron de todos los pueblos de la tierra por los miramientos del gobierno para con los particulares, así como por su escrupuloso cui­dado en respetar los derechos inviolables de todos los miembros del Estado. Nada había entre ellos más sagrado que la vida de los simples ciudadanos; se necesitaba la asamblea de todo el pueblo para conde­nar a alguien; ni el senado ni los cónsules, con toda su majestad, te­nían el derecho de hacerlo, y en aquél, el pueblo más poderoso de la tierra, el crimen y la pena de un ciudadano suponían la pública desola­ción. Y así, pareció tan duro verterla sangre de un ciudadano por cual­quier crimen, que la ley Porcia conmutó la pena de muerte por la de exilio para todos aquellos que quisiesen sobrevivir a pesar de la pérdi­da de tan dulce patria. En Roma y en sus ejércitos se respiraba ese amor entre conciudadanos y ese respeto hacia el nombre romano que elevaba el ánimo e inflamaba la virtud de quien tenía el honor de lle­varlo. El sombrero de un ciudadano liberado de esclavitud, la corona cívica del que había salvado la vida de otro, era lo que con mayor com­placencia se admiraba en la pompa de los triunfos; y es de señalar que, de las coronas que honraban las bellas hazañas guerreras, sólo la cívi­ca y la de los triunfadores eran de hierba y de hojas, pues todas las de­más eran de oro. Así es como Roma fue virtuosa y se hizo la dueña del mundo. ¡Jefes ambiciosos!: el pastor también gobierna a sus perros y a sus ganados y no es más que el último de los hombres. La belleza del gobierno depende de que quienes nos obedecen puedan honrarnos. Por lo tanto, respetad a vuestros conciudadanos y os haréis respetar; respetad la libertad y aumentará vuestro poder; no sobrepaséis vues­tros derechos y éstos se harán ilimitados. Sea pues la patria como una madre para los ciudadanos, de modo que las ventajas que éstos disfru­tan en su país les haga amarlo. Que el gobierno les deje tomar parte en la administración pública para que se encuentren como en su casa y só­lo vean las leyes como garantes de su libertad. Estos derechos, en todo su esplendor, pertenecen a todos los hombres, pero, aun sin apariencia de atacarlos directamente, la mala voluntad de los jefes los anula fá­cilmente. La ley de la que se abusa, tanto sirve al poderoso de arma ofensiva como de escudo contra el débil, y el pretexto del bien público es siempre el más peligroso azote del pueblo. Lo más necesario y qui­zá lo más difícil del gobierno, es esa severa integridad que busca la jus­ticia para todos y principalmente la protección del pobre contra la tira­nía del rico. El mayor mal está ya hecho cuando existen pobres que de­fender y ricos que contener. La fuerza de las leyes se ejerce tan sólo so­bre la equidad, pues son igualmente impotentes ante los tesoros del ri­co y ante la miseria del pobre: el primero las elude; el segundo escapa de ellas; uno rasga el velo, el otro lo atraviesa.

Así pues, uno de los más importantes asuntos del gobierno con­siste en prevenir la extrema desigualdad de las fortunas, pero no incre­mentando los tesoros de los que los poseen, sino impidiendo por todos los medios que los acumulen; tampoco construyendo hospitales para pobres, sino preservando a los ciudadanos de caer en la pobreza. La de­sigual distribución de los hombres en el territorio, con aglomeración en un lugar y despoblación en otro; el fomento de las artes de diversión y de pura industria a expensas de los oficios útiles y penosos; el sacrificio de la agricultura al comercio; la necesidad del ciudadano por la mala ad­ministración de los dineros del Estado; en fin, la extrema venalidad que supone medir el respeto con los doblones y comprar con dinero la vir­tud misma: tales son las causas más apreciables de la opulencia y la mi­seria, de la sustitución del interés público por el particular, del odio mu­tuo entre ciudadanos, de su indiferencia por la causa común, de la co­rrupción del pueblo y del debilitamiento de todos los recursos del go­bierno; males todos, difíciles de sanar cuando aparecen pero que deben ser prevenidos por una buena administración a fin de mantener las bue­nas costumbres, el respeto a las leyes, el amor a la patria y el vigor de la voluntad general.

Empero, todas estas preocupaciones resultarán insuficientes si no se comienza aun desde más lejos. Acabo esta parte de la economía pública por donde debería haber comenzado. La patria no puede sub­sistir sin libertad ni la virtud sin ciudadanos: lo conseguiréis todo si formáis ciudadanos; si no, sólo tendréis malos esclavos, comenzando por los jefes del Estado. Ahora bien, formar ciudadanos no es asunto de un día y para que se hagan hombres hay que instruirlos desde ni­ños. Si se me dice que quien tiene hombres a su mando no debe buscar fuera de sus naturalezas una perfección que no son capaces de alcan­zar; que no debe desear destruir sus pasiones y que la ejecución de se­mejante proyecto no es ni deseable ni posible, mostraré mi acuerdo, pues un hombre sin pasiones es sin duda un mal ciudadano; pero tam­bién hay que convenir en que si no se les enseña a los hombres a amar alguna cosa, es imposible enseñarles a amar algún objeto más que a otro y a preferir lo verdaderamente bello a lo deforme. Si por ejemplo se les ejercita desde temprana edad a no estimar su propia individuali­dad más que en sus relaciones con el Estado, así como a no percibir su propia existencia, por así decir, sino como parte de la del Estado, po­drán llegar finalmente a identificarse con ese todo superior, a sentirse miembros de la patria, a amarla con ese exquisito sentimiento que el hombre aislado sólo consigue por su propio esfuerzo, a elevar perpe­tuamente su alma hacia ese gran objeto y a transformar así en sublime virtud esa peligrosa disposición de la que surgen todos los vicios[13]. No es sólo la Filosofía quien demuestra la posibilidad de esas nuevas orientaciones; la Historia ofrece mil ejemplos resplandecientes: si los ciudadanos son tan raros entre nosotros, es porque nadie se preocupa de que los haya y porque aún menos se admite la necesidad de formar­los. No es ya tiempo de cambiar nuestras inclinaciones naturales una vez que éstas han tomado su curso y el hábito se ha unido al amor pro­pio; tampoco es tiempo de salir fuera de nosotros mismos una vez que, habiéndose concentrado el yo humano en nuestro corazón, desa­rrolla en él esa despreciable actividad que absorbe toda virtud y presi­de la vida de las almas insignificantes. ¿Cómo podría germinar el amor a la patria entre pasiones que lo ahogan? ¿y qué les queda a los ciudadanos de un corazón dividido entre la avaricia, una amante y la vanidad?

Desde el primer momento de la vida hay que aprender a mere­cerla; y como desde el nacimiento se participa de los derechos de los ciudadanos, el instante del nacimiento debe señalar el comienzo del ejercicio de los deberes. Al igual que en la edad madura, también en la infancia deben existir unas leyes que enseñen a obedecer a los otros, y como la razón de cada hombre no es el único árbitro de sus deberes, la educación de los hijos no se debe confiar sólo a los padres por cuanto ésta interesa, más que a los padres, al propio Estado, ya que según el curso de la naturaleza, la muerte del padre le arrebata a menudo los úl­timos frutos de esa educación, mientras que la patria se resiente tarde o temprano de los efectos: el Estado permanece, mas la familia se des­hace. Si la autoridad pública, cuando reemplaza a los padres y se ocu­pa de tan importante función, adquiere sus derechos al cumplir sus de­beres, aquéllos carecen de razón para quejarse, pues con ello se limi­tan a cambiar de nombre, de modo que bajo el nombre de ciudadanos dispondrán en común de igual autoridad sobre sus hijos que la que ejercían separadamente bajo el nombre de padres, y no serán menos obedecidos cuando hablen en nombre de la ley que cuando hablaban en nombre de la naturaleza. La educación pública según reglas dicta­das por el gobierno y los magistrados nombrados por el soberano, constituye, pues, una de las principales máximas del gobierno funda­mental o legítimo. Si los niños son educados en común según el prin­cipio de la igualdad, se les inculcan las leyes del Estado y las máximas de la voluntad general, se les instruye para que las respeten por enci­ma de todo, se ven rodeados de ejemplos y objetos que les hablen sin cesar de la tierra madre que los alimenta, del amor que ella les dispen­sa, de los inestimables bienes que de ella reciben y de la compensa­ción que le deben, sin duda se amarán mutuamente como hermanos, jamás desearán otra cosa que lo que la sociedad desee, sustituirán por hazañas de hombres el vano e inútil parloteo de los sofistas y se con­vertirán un día en defensores y padres de la patria de la que durante tan­to tiempo fueron hijos[14].

Nada diré acerca de los magistrados destinados a presidir esta educación que constituye sin duda el asunto más importante del Esta­do. Sabido es que si se acordasen ligeramente semejantes señales de confianza pública y si esa sublime función no supusiese para aquellos que hubiesen cumplido dignamente con el resto de sus funciones, el precio de su trabajo, el honorable y dulce reposo en su vejez y la cul­minación de todos los honores, entonces toda la empresa sería inútil y la educación fracasaría, pues allí donde la lección no esté sostenida por la autoridad y el precepto por el ejemplo, la instrucción resulta in­fructuosa y la misma virtud pierde su crédito cuando está en boca de quien no la practica. Pero cuántos ilustres guerreros agobiados bajo el peso de los laureles predican el valor; cuántos magistrados íntegros, dignificados con púrpura, enseñan la justicia en los tribunales; unos y otros formarán así virtuosos sucesores y transmitirán de edad en edad, a las siguientes generaciones, la experiencia y el talento de los jefes, el ánimo y la virtud de los ciudadanos y la emulación, común a todos, para vivir y morir por la patria.

Sólo conozco tres pueblos que en otros tiempos hayan practi­cado la educación pública, a saber: los cretenses, los lacedemonios y los antiguos persas. En todos ellos tuvo gran éxito y en los dos últimos obró grandes prodigios. Cuando el mundo quedó dividido en nacio­nes demasiado grandes para poder ser gobernadas, la educación pú­blica dejó de ser practicable y otras razones que el lector puede apre­ciar fácilmente impidieron su ensayo en los pueblos modernos. Sor­prende que los romanos pudiesen prescindir de la educación pública, pero lo cierto es que Roma fue durante quinientos años un continuo milagro que el mundo no puede volver a contemplar. La virtud de los romanos, engendrada por el horror a la tiranía y por un innato amor a la patria, hizo de todas las casas otras tantas escuelas de ciudadanos, y el poder ilimitado de los padres sobre los hijos proporcionó tal severi­dad a la vigilancia particular, que el padre, más temido que los magis­trados, simbolizaba el tribunal doméstico, el censor de costumbres y el vengador de las leyes.

Es así como un gobierno atento y bienintencionado, que vele sin pausa por mantener o recordar al pueblo el amor a la patria y las buenas costumbres, previene a tiempo los males que, tarde o tempra­no, acarrea la indiferencia de los ciudadanos por la suerte de la repú­blica y mantiene dentro de estrechos limites ese interés personal que aísla de tal modo a los particulares que el Estado se debilita ante su po­tencia y nada puede esperar de la buena voluntad de aquéllos. Cuando el pueblo ama a su país, respeta las leyes y vive con sencillez, cuesta poco hacerle feliz, y en la administración pública, en donde la fortuna interviene menos que en la suerte de los particulares, la sabiduría está tan cerca de la felicidad que se confunde con ella.

 

 

III

 

 

No basta con tener ciudadanos y con protegerlos; es preciso, además, cuidar de su subsistencia. Satisfacer las necesidades públicas es una consecuencia evidente de la voluntad general y el tercer deber esencial del gobierno. Este deber no consiste, como pudiera parecer, en llenar los graneros de los particulares y en dispensarles de trabajar, sino en mantener la abundancia a su alcance de tal modo que para ad­quirirla, el trabajo sea siempre necesario y jamás inútil. Dicho deber afecta también a todas las operaciones que comporta el mantenimien­to del fisco y los gastos de la administración pública. Así, después de haber hablado de la economía general en relación con el gobierno de las personas, nos resta considerarla en relación con la administración de los bienes.

Esta parte no ofrece menos dificultades por resolver o contra­dicciones por superar que la precedente. Es cierto que el derecho de propiedad es el más sagrado de todos los derechos de los ciudadanos, y es más importante, en ciertos aspectos, que la misma libertad, bien sea porque tiende más directamente a la conservación de la vida, bien sea porque, como los bienes son más fáciles de usurpar y más difíciles de defender que la persona, debe respetarse más lo que es más fácil de arrebatar; bien sea, en fin, porque la propiedad es el verdadero garante de los compromisos de los ciudadanos, pues si los bienes no respon­diesen de las personas, sería muy fácil eludir los deberes y mofarse de las leyes. Por otro lado, es asimismo cierto que el mantenimiento del Estado exige también unos gastos, y como el que acepta el fin no pue­de rechazar los medios, resulta que los miembros de la sociedad de­ben contribuir con sus bienes a su sostén. Además es difícil asegurar por un lado la propiedad de los particulares sin atacarla por otro, y no es posible que los reglamentos que regulan el orden sucesorio, los tes­tamentos y los contratos, no perjudiquen en ciertos aspectos el poder de disposición de los ciudadanos sobre sus propios bienes y consi­guientemente su derecho de propiedad. Pero además de lo que acabo de decir sobre el acuerdo existente entre la autoridad de la ley y la li­bertad del ciudadano, conviene hacer una importante observación so­bre la disposición de los bienes que solventará muchas dificultades. Se trata de que, por su naturaleza, tal como ha mostrado Puffendorf, el derecho de propiedad no se extiende más allá de la vida del propieta­rio, de modo que, desde que muere, su bien deja de pertenecerle, por lo que prescribirle las condiciones bajo las cuales podrá disponer de él, supone en el fondo alterar en apariencia su derecho y no tanto am­pliarlo en efecto.

En general, aunque la institución de las leyes que regulan el poder de disposición de los ciudadanos sobre su propio bien corresponde sólo al soberano, el espíritu de esas leyes, que deberán ser aplicadas por el go­bierno, aconseja que los bienes familiares se enajenen o salgan lo menos posible de la familia cuando van siendo transmitidos de padre a hijo o de pariente en pariente. Existe una razón cierta de todo ello en favor de los hi­jos, pues para éstos el derecho de propiedad sería inútil si el padre no les dejara nada, y más aún cuando, por haber contribuido con su trabajo a la adquisición de los bienes del padre, quedan asociados al derecho de su je­fe. Mas, otra razón menos directa y no menos importante es que nada hay tan funesto para las costumbres y la república como los continuos cam­bios de estado y de fortuna de los ciudadanos; cambios que demuestran y originan mil desórdenes que todo lo revuelven y confunden, y por cuya causa, los que han sido educados para una cosa son destinados a otra dis­tinta, y quienes suben o descienden no pueden adquirir las nuevas máxi­mas y luces que convienen a su nuevo estado, ni mucho menos cumplir los deberes respectivos. Pasaré ahora a ocuparme del objeto de las finan­zas públicas.

Si el pueblo se gobernase a sí mismo y no hubiese intermedia­rios entre la administración del Estado y los ciudadanos, éstos se limi­tarían a pagar su cuota en cada ocasión proporcionalmente a las nece­sidades públicas y a las facultades de los particulares, de modo que, como nadie descuidará jamás la recuperación o el empleo de los mis­mos, no cabrá ni fraude ni abuso en su manejo; el Estado no se verá nunca sobrecargado de deudas ni el pueblo agobiado por los impues­tos, o bien, al menos, la seguridad de su empleo compensará la dureza de la tasa. Pero las cosas no pueden marchar así, y por limitado que sea un Estado, la sociedad civil será siempre demasiado numerosa co­mo para poder ser gobernada por todos sus miembros.[15]Los dineros públicos deben pasar necesariamente por las manos de los jefes, los cuales, aparte del interés del Estado, tienen el suyo particular, que no es el último en ser atendido. En cuanto al pueblo, que antes percibe la avidez de los jefes y de sus imprudentes gastos que las necesidades pú­blicas, murmura por verse desposeído de lo necesario en beneficio de lo superfluo ajeno y cuando tales maniobras colman su enojo, ni la más íntegra administración logra restablecer la confianza. Así pues, si las contribuciones son voluntarias no producen nada y si son obli­gatorias, son ilegítimas, y en esta cruel alternativa entre dejar que el Estado perezca o tocar el sagrado derecho de propiedad consiste la di­ficultad de una justa y sabia economía.

Tras la promulgación de las leyes, la primera tarea del funda­dor de la república, consiste en encontrar fondos suficientes para el mantenimiento de los magistrados y demás oficiales, así como para to­dos los gastos públicos. Dichos fondos reciben el nombre de aera­rium o fisco si es dinero, y dominio público si son tierras, siendo este último preferible al primero por razones evidentes. Quien reflexione suficientemente sobre esta materia no podrá opinar de forma distinta a la de Bodino, que considera al dominio público como el instrumento más honesto y seguro para atender las necesidades del Estado. Obser­vemos que cuando Rómulo dividió las tierras, lo primero que hizo fue destinar un tercio para tal uso. Reconozco la posibilidad de que un do­minio mal administrado termine por no producir nada, pero no es de la esencia del dominio el ser mal administrado.

Antes de utilizarlo, el fondo debe ser asignado o aceptado por  la asamblea del pueblo[16] de los Estados del país, que a continuación de­terminarán su uso. Mediante tal solemnidad, que convierte a los fon­dos en inalienables, estos cambian, por así decir, de naturaleza, y sus rentas son entonces tan sagradas que la menor desviación constituye no sólo el más infame de los robos sino también un crimen de lesa ma­jestad. Es una gran deshonra para Roma que destacase la integridad del recaudador Catón, y que cuando un emperador recompensó con al­gunas monedas el talento de un cantor necesitara aclarar que el dinero en cuestión pertenecía a su familia y no al Estado. Pero si existieron pocos Galbas, ¿dónde encontrar algún Catón? y si algún día el vicio nos deshonra, ¿quiénes serán los jefes con suficientes escrúpulos co­mo para abstenerse de tocar las rentas públicas confiadas a su arbitrio y no imponérselas de inmediato a ellos mismos, confundiendo sus va­nas y escandalosas disipaciones con la gloria del Estado y el engran­decimiento de su autoridad con el aumento de poder? En esta delicada parte de la administración, es la virtud el único instrumento eficaz, y la integridad del magistrado, el exclusivo freno capaz de contener su avaricia. Los libros y las cuentas de los regidores sirven menos para descubrir su infidelidad que para encubrirlos, y la prudencia está siem­pre menos pronta a imaginar nuevas precauciones que la picaresca a eludirlas. Olvidaos pues de registros y papeles y poned las finanzas en manos fieles: es la única manera de que se lleven con fidelidad.

Una vez establecidos los fondos públicos, los jefes del Estado son, por definición, sus administradores, pues dicha administración es una parte esencial del gobierno, aunque no de igual volumen que las restantes: su influencia aumenta a medida que disminuyen los res­tantes recursos y se puede decir que un gobierno alcanza su punto má­ximo de corrupción cuando no dispone de más nervio que el dinero. Ahora bien, como en esto el gobierno tiende siempre al relajamiento, podemos decir que el Estado no subsistirá si sus rentas no aumentan de continuo.

El primer signo de la necesidad de tal aumento es también el pri­mer signo de desorden interior en el Estado, de modo que el buen admi­nistrador, cuando quiere encontrar dinero para atender una necesidad  presente, no olvida indagar la causa remota de esa nueva necesidad; co­mo el marino que, adviniendo la inundación del barco, mientras pone en marcha las bombas no olvida buscar y taponar la vía de agua.

De esta regla deriva la máxima más importante de la administra­ción de las finanzas, cual es la de dedicar más esfuerzo a prever las nece­sidades que a incrementar las rentas. Por mucha diligencia que se arbi­tre, el auxilio que sólo llega tras el mal, y con lentitud, no alivia el sufri­miento del Estado: mientras se piensa cómo remediar un inconvenien­te, otro distinto aparece, y los nuevos recursos producen nuevos incon­venientes, de suerte que, al final, la nación se endeuda, el pueblo es opri­mido y el gobierno pierde su vigor sin poder hacer mucho más a pesar de contar con mucho dinero. Creo que del buen fundamento de esta má­xima derivaban los prodigios de los antiguos gobiernos, los cuales, con toda su parsimonia, conseguían más cosas que los nuestros con todos sus tesoros, y quizás de ahí derive la acepción vulgar de la palabra eco­nomía, que más bien se refiere al sabio manejo de lo que se tiene que a los medios para adquirir aquello de lo que se carece.

Con independencia del dominio público, que moldea al Estado en proporción a la probidad de quienes lo rigen, si conociésemos sufi­cientemente la fuerza de la administración general, sobre todo cuando sólo hace uso de medios legítimos, nos sorprenderíamos de todos los recursos de que disponen los jefes para prevenir todas las necesidades públicas sin tener que hacer uso de los bienes de los particulares. Co­mo son los amos de todo el comercio del Estado, nada les resulta más fácil que dirigirlo de modo que todo esté previsto y sin necesidad de tomar parte en él. El verdadero secreto de las finanzas y la fuente de la ri­queza consiste en la distribución de los productos agrícolas, del dine­ro y de las mercancías en una justa proporción y según el tiempo y el lugar, siempre que los administradores sean capaces de altas miras, ad­mitiendo en ciertos casos una pérdida aparente e inmediata a fin de ob­tener realmente inmensos beneficios en un futuro menos próximo. Cuando observamos que, en años de abundancia, el gobierno paga de­rechos por la salida del trigo en vez de cobrarlos, y en años de escasez los paga por su entrada, tenemos que aferramos a los hechos para po­der aceptar su certeza y si tales hechos hubiesen ocurrido en el pasa­do, pensaríamos que son una fábula. Supongamos que para prevenir la carestía de años malos se propusiese la creación de almacenes pú­blicos, ¿en cuántos países no serviría de pretexto para la creación de nuevos impuestos el mantenimiento de tan útil establecimiento? En Ginebra, tales graneros, creados y mantenidos por una sabia adminis­tración, constituyen un recurso público para los malos años y la prin­cipal renta del Estado en todo tiempo. Alit et ditat, es la bella inscrip­ción que puede leerse en la fachada del edificio. Para exponer aquí el sistema económico de un buen gobierno, consideré a menudo el de esa república, con la dicha de encontrar en mi patria el ejemplo de sabi­duría y felicidad que desearía reinasen en todos los países.

Si examinamos cómo crecen las necesidades del Estado, vere­mos que ello ocurre, con frecuencia, poco más o menos como entre los particulares: en menor medida por verdadera necesidad que por in­cremento de deseos inútiles.[17] Asimismo comprobaremos que nor­malmente no se aumenta el gasto como pretexto para aumentar la re­caudación, de suerte que el Estado ganaría en ocasiones con el desin­terés por hacerse rico, pues esa riqueza aparente le es más costosa que la pobreza misma. Cierto es que cabe poner a los pueblos en más es­trecha dependencia si por un lado se les da lo que por otro se les quita, política que utilizara José con los egipcios; mas tan vano sofisma re­sulta funesto para el Estado si el dinero no vuelve a las mismas manos de las que salió, con lo que lo único que se consigue con tales máxi­mas es enriquecer a los ociosos con el despojo de los útiles.

Una de las causas más ciertas y peligrosas de tal aumento es el gusto por las conquistas. Tal gusto, con frecuencia engendrado por una ambición distinta de la que parece anunciar, no es siempre lo que parece ser ni es tampoco siempre su verdadero motivo el deseo apa­rente de engrandecer la nación, sino más bien el deseo oculto de au­mentar desde dentro la autoridad de los jefes mediante el aumento de las tropas y la diversión que provocan los objetivos de la guerra en el espíritu de los ciudadanos.

Al menos es bien cierto que nada hay tan torcido y miserable co­mo los pueblos conquistadores, cuyos éxitos no hacen sino aumentar sus miserias. Aunque la historia no lo enseñase, bastaría la razón para demostrar que cuanto más grande es un Estado, más fuerte y onerosos son sus dispendios, ya que todas las provincias suministran contin­gente para gastos de la administración central y, además, cada una de ellas gasta en su administración lo mismo que si fuera independiente. Añádese a esto que toda fortuna se hace en un sitio y se consume en otro, lo cual acaba rompiendo el equilibrio entre producto y consumo y empobreciendo a muchos países para enriquecer a una sola ciudad.

Hay otra causa del aumento de las necesidades públicas que tie­ne que ver con la anterior. Puede llegar un tiempo en que los ciudada­nos, ya sin interés por la causa común, dejen de ser los defensores de la patria y los magistrados prefieran mandar a mercenarios antes que a hombres libres, aunque no fuese más que para someter mejor a los otros. Así ocurrió en Roma hacia finales de la República y durante el Imperio, pues todas las victorias de los primeros romanos, al igual que las de Alejandro, fueron hazañas de valientes ciudadanos que, si era preciso, sabían dar su sangre por la patria pero jamás llegaron a venderla. Mario fue el primero que, en la guerra de Yugurta, deshonró a las legiones incorporando a libertos, vagabundos y mercenarios. Convertidos en enemigos de los pueblos en cuya felicidad se empeña­ran, los tiranos formaron tropas en apariencia para contener al extran­jero y de hecho para oprimir al habitante. Para crear tales tropas, hubo que quitarle cultivadores a la tierra y por esa ausencia disminuyó la ca­lidad de los productos agrícolas, para cuyo mantenimiento se crearon impuestos que aumentaron su precio. Este primer desorden provocó la protesta del pueblo; para reprimirla hubo que aumentar las tropas y la consecuencia fue la miseria. Cuanto más aumentaba la desespera­ción, más forzoso aún era incrementarla a fin de prevenir sus efectos. Por otro lado, esos mercenarios, cuya estima podía medirse por el pre­cio por el que ellos mismos se vendían, orgullosos de su vileza y con desprecio de las leyes que les protegían y de los hermanos a los que quitaban el pan, se creyeron más honrados por ser satélites del César que defensores de Roma. Entregados a una obediencia ciega, creían que el Estado era el puñal alzado sobre sus conciudadanos y estaban dispuestos a degollara la primera señal. No sería difícil demostrar que esta fue una de las principales causas de lamina del imperio romano.

En nuestros días, la invención de la artillería y las fortificacio­nes ha obligado a los soberanos europeos a restablecer el uso de tro­pas regulares para proteger las plazas, pero, aunque con motivos más legítimos, es de temer que su efecto será igualmente nefasto. También habrá que despoblar los campos para formar ejércitos y guarniciones y para mantenerlos será preciso asimismo oprimir a los pueblos, y esos peligrosos ordenamientos crecen desde hace un tiempo con tal ra­pidez en nuestros países que no cabe esperar otra cosa que la despo­blación de Europa y, más tarde o más temprano, la ruina de los pue­blos que la habitan.

En cualquier caso, hay que reconocer que tales instituciones trastocan forzosamente el verdadero sistema económico, que es aquel que extrae del dominio público la principal renta del Estado, y sólo dejan el enojoso recurso de los subsidios e impuestos, de los cua­les paso a ocuparme.

Conviene recordar de nuevo que el fundamento del pacto so­cial es la propiedad y su primera condición la de que todos sean man­tenidos en el pacífico disfrute de sus pertenencias. Verdad es que, se­gún este mismo tratado, cada cual se obliga, al menos tácitamente, a cotizar en las necesidades públicas; mas, como dicho compromiso no puede perjudicar a la ley fundamental y presupone que los contribu­yentes reconocen la evidencia de la necesidad, resulta que, para ser le­gítimo, debe ser voluntario, y no mediante voluntad particular, como si fuese necesario el consentimiento de cada ciudadano de modo que cada cual pudiese aportar lo que quisiera, lo cual iría directamente con­tra el espíritu de confederación, sino mediante voluntad general, por pluralidad de votos y en razón de una tarifa proporcional que impida la imposición arbitraria.

El principio de que los impuestos no pueden ser legítimamente implantados sin el consentimiento del pueblo o de sus representantes, ha sido reconocido generalmente por todos los filósofos y juriscon­sultos que gozan de cierta reputación en materia de derecho político, incluido el mismo Bodino. Cuando algunos de estos autores estable­cieron máximas aparentemente contrarias, aparte de motivos particu­lares fáciles de descubrir, añadieron tantas condiciones y restriccio­nes que, en el fondo, la cosa se quedaba exactamente como estaba:

que el pueblo pueda negarse o que el soberano pueda no exigir es indi­ferente en cuanto al derecho y si sólo es cuestión de fuerza, es comple­tamente inútil indagar si es legítimo o no lo es.

Las contribuciones que se le imponen al pueblo son de dos cla­ses: las reales, que gravan a las cosas, y las personales, que se pagan por cabeza. Ambas reciben el nombre de impuestos o subsidios. Cuan­do es el pueblo quien fija la suma acordada, se habla de subsidio; cuan­do lo que se acuerda es el producto total de una tasa, se trata del im­puesto. Puede leerse en el libro El espíritu de las leyes, que la imposi­ción por cabeza favorece la servidumbre, mientras que la tasa real con­viene más a la libertad. Esto sería indiscutible si los contingentes por cabeza fuesen iguales, pues en ese caso no habría nada más despro­porcionado que una tasa semejante, siendo así que el espíritu de liber­tad consiste sobre todo en la estricta observancia de las proporciones. Pero la tasa por cabeza es exactamente proporcionada a los medios de los particulares, como es el caso de la que en Francia llaman capita­tion, tasa real y personal a la vez: es la más equitativa y, por consi­guiente, la que más conviene a los hombres libres. A simple vista, pa­rece fácil seguir dichas proporciones, puesto que, por referirse a la si­tuación que cada cual tiene en el mundo, las indicaciones son siempre públicas; pero, además de que la avaricia, el crédito y el fraude saben eludir incluso la evidencia, es raro que en tales cálculos entren todos los elementos que deben entrar. Primeramente hay que considerar la relación de cantidades por la cual, en virtud de la ley de igualdad, quien posea diez veces más deberá pagar diez veces más. En segundo lugar, la relación de usos: la distinción entre lo necesario y lo super­fluo. Quien simplemente posee lo necesario no deberá pagar nada; la tasa del que tiene algo superfluo puede igualarse, si es preciso, a la su­ma total de lo que exceda de sus bienes necesarios. Ante esto, el últi­mo dirá que, dado su rango, lo que es superfluo para un hombre infe­rior es necesario para él; pero es mentira, porque un Grande tiene dos piernas como tiene un vaquero, y como él, tan sólo tiene un vientre. Además, ese pretendido necesario es tan poco necesario para su rango que, si supiese renunciar a él para un fin loable, sólo merecería el res­peto. El pueblo se arrodillaría ante un ministro que acudiese a pie al consejo por haber tenido que vender sus carrozas ante una urgente necesidad del Estado. La ley, en fin, a nadie prescribe la magnificencia y el decoro no es nunca razón contra el derecho.

Una tercera relación, que nunca se tiene en cuenta y que debe­ría ser siempre la primera en ser considerada, es la de las utilidades que todos obtienen de la confederación social, la cual protege fuerte­ mente las inmensas propiedades del rico y apenas le permite al mise­rable disfrutar de la cabaña que él mismo construyó con sus propias manos. ¿No son para los poderosos y los ricos todas las ventajas de la sociedad? ¿No acaparan éstos todos los empleos lucrativos? Y cuan­do un hombre bien considerado le roba a sus acreedores o comete otras bribonerías, ¿no tiene asegurada su impunidad? Los bastonazos que propina, las violencias que comete y hasta las muertes y asesina­tos por su culpa, ¿no son otros tantos asuntos que se minimizan y que se olvidan en seis meses? Pero si le roban a ese mismo hombre, toda la policía se pone de inmediato en movimiento y pobres de los inocentes de quienes se sospeche. Si atraviesa un lugar peligroso no falta la es­colta; si se rompe el eje de su silla, todos acuden en su ayuda; si hay bu­llicio ante su puerta, dice una palabra y todo calla; si el gentío le inco­moda, hace un gesto y todo se arregla; si un carretero molesta en su ca­mino, sus gentes se disponen a molerle a palos, y antes se atropella a cincuenta honrados peatones camino de sus asuntos que a un bribón ocioso atrasado en su carruaje. Todos estos miramientos no le cuestan un céntimo: son el derecho del hombre rico más que el precio de la ri­queza. ¡Cuán diferente el cuadro del pobre!: cuanto más le debe la hu­manidad, más le niega la sociedad. Se le cierran todas las puertas, in­cluso cuando tiene el derecho a que se le abran, y si alguna vez obtiene justicia, es con mayor pena que con la que el otro obtiene gracia. Si hay que hacer un trabajo penoso o reclutar milicia, se le da la prefe­rencia; además de la suya, soporta la carga de la que su vecino rico que­da exento; todos se alejan de él cuando le sobreviene el menor acci­dente; si vuelca su mísero carruaje, en lugar de que alguien le ayude, puede alegrarse si evita al pasar las vejaciones de los acompañantes de un joven duque: en una palabra, ninguna asistencia gratuita le al­canza precisamente porque no tiene con qué pagarla y yo lo tengo por hombre perdido si tiene la desgracia de poseer un alma honesta, una hi­ja amable o un vecino poderoso. Otra cosa no menos importante a la que prestar atención, es que las pérdidas de los pobres son mucho me­nos reparables que las del rico, así como que la dificultad para adqui­rir crece siempre en razón de la necesidad. Con nada, nada se hace; es­to es cierto tanto en los negocios como en la Física. El dinero es si­miente de dinero y el primer doblón es a veces más difícil de ganar que el segundo millón. Más aún, todo lo que el pobre paga, lo pierde para siempre y va a parar o vuelve a las manos del rico, y como el pro­ducto de los impuestos va a parar, tarde o temprano, sólo a los miem­bros del gobierno o a sus allegados, aunque paguen su contingente, tie­nen un claro interés en aumentarlos.

Resumamos en cuatro palabras el pacto social de los Estados: Vo­sotros tenéis necesidad de mi, pues yo soy rico y vosotros sois pobres. Hagamos pues un pacto: yo permitiré que tengáis el honor deservirme con la condición de que me deis lo poco que os queda a cambio de la pe­na que me causará mandaros.[18]

Si con cuidado combinamos todas estas cosas, veremos que pa­ra repartir las tasas de manera equitativa y verdaderamente proporcio­nal, su imposición no debe hacerse sólo en razón de los bienes de los contribuyentes, sino por la razón compuesta de la diferencia entre sus condiciones y el superfluo de sus bienes, operación muy importante y difícil que cada día realizan multitud de honestos encargados que sa­ben aritmética, pero que un Platón o un Montesquieu no se hubieran atrevido a llevar a cabo sin temor y sin pedir al cielo luces e integridad.

Otro inconveniente de la tasa personal es que se deja sentir mu­cho y que su duración es excesiva, lo cual no impide que esté sujeta a muchos inconvenientes, porque en la inspección o en el proceso es más fácil ocultar la cabeza que las posesiones.

De las restantes imposiciones, el censo sobre tierras o falla real siempre se consideró como la más ventajosa en aquellos países en los que se tiene más en cuenta la cantidad del producto y la seguridad de la recaudación que la mínima incomodidad del pueblo. Se llegó a decir que había que gravar al campesino para despertarle de su pereza y que no haría nada si no tuviese nada que pagar. Pero en todos los pueblos del mundo, la experiencia desmiente esta ridícula máxima. En Holanda e Inglaterra, donde el labrador paga muy poco, y sobre todo en China, donde no paga nada, es donde mejor se cultiva la tierra; por el contrario, allí donde el labrador está gravado en proporción al producto de su tie­rra, la deja sin cultivo o se limita a obtener sólo lo que necesita para vi­vir, pues para quien pierde el fruto de su esfuerzo, el no hacer nada sig­nifica ganar y exponer el trabajo a una multa es un medio singular de ale­jar la pereza.

La tasa sobre tierras o sobre el trigo, sobre todo cuando es exce­siva, origina dos inconvenientes tan terribles que acaban despoblando y arruinando el país en el que se implanta.

El primero proviene de la falta de circulación de especies, pues el comercio y la industria atraen a la capital todo el dinero del campo y, al romper el impuesto la proporción que aún podía darse entre las ne­cesidades del labrador y el precio del trigo, el dinero sale continua­mente y no regresa jamás: cuanto más rica es la ciudad tanto más po­bre es el campo. El producto de las tallas pasa de manos del príncipe o del financiero a manos de artesanos y comerciantes, y el cultivador, que sólo percibe la menor parte, se agota al final teniendo que pagar siempre igual suma recibiendo cada vez menos. ¿Cómo podría vivir un hombre que sólo tuviese venas pero no arterias o cuyas arterias lle­vasen la sangre a tan sólo cuatro dedos del corazón? Chardin dice que en Persia, los derechos del rey sobre los productos agrícolas se pagan también con productos agrícolas. Esta costumbre, de la que cuenta He­rodoto que se practicó en ese país hasta los tiempos de Darío, puede impedir el mal del que acabo de hablar. Pero, a no ser que en Persia los intendentes, directores, empleados y guardas de almacenes sean otro tipo de gente distinta a la que son en otros países, me costaría creer que llegase hasta el mismo rey la mínima parte de dichos productos, que los trigos no se echasen a perder en los graneros o que el fuego no acabara con casi todos los almacenes.

El segundo inconveniente procede de una ventaja aparente que agrava los males antes de detectarlos. El trigo es un producto agrícola no encarecido por impuestos en los países que lo producen, y que, a pesar de ser absolutamente necesario, disminuye en canti­dad sin que aumente su precio, lo cual es causa de que mucha gente muera de hambre aunque el trigo siga siendo barato, así como de que el labrador sea el único que carga con el impuesto que no pudo des­falcar del precio de venta. Préstese mucha atención a no razonar del mismo modo cuando se trate de la talla real y de aquellos derechos so­bre mercancías que provocan el alza de sus precios, con lo que quie­nes los pagan en realidad no son los comerciantes sino los compra­dores. Y ello porque, por muy fuertes que sean dichos derechos, sin embargo son voluntarios, y el comerciante no los paga sino en pro­porción a las mercancías que compra, de modo que, como no compra más que en proporción a su débito, es él quien dicta la ley al particu­lar. Pero, y el labrador que, venda o no, está obligado a pagar a plazo fijo por el terreno que cultiva, ¿no tiene derecho a esperar que se le ponga a su producto el precio que a él le plazca?, y, sin embargo, cuando no puede vender su producto para su sustento, tiene que ven­derlo para pagar la talla, de suerte que a veces es la enormidad de la imposición lo que mantiene el producto aprecio vil.

Observad también que los productos del comercio y la indus­tria, lejos de hacer la talla más soportable, por la abundancia de dine­ro, sólo la hacen más onerosa. No insistiré sobre algo bien evidente, a saber, que si la mayor o menor cantidad de dinero de un Estado pue­de concederle mayor o menor crédito en el exterior, en modo alguno cambia la fortuna real de los ciudadanos, ni procura en absoluto una vida cómoda. Pero haré estas dos importantes observaciones: en pri­mer lugar que, a menos que el Estado disponga de productos super­fluos y que la abundancia de dinero no provenga de su endeudamien­to en el extranjero, las ciudades en las que hay comercio se sienten so­las por tal abundancia y el campesino se hace relativamente más po­bre. En segundo lugar que, cuando sube el precio de las cosas por la emisión del dinero, es preciso también que los impuestos suban pro­porcionalmente, de suerte que el labrador no resulte más gravado sin tener más recursos.

Cierto es que la talla sobre tierras es un verdadero impuesto so­bre el producto, y sin embargo, todos aceptan que no hay nada tan peli­groso como un impuesto sobre el trigo pagado por el comprador; ¿có­mo no darse cuenta que el mal es cien veces peor cuando ese impuesto es pagado por el mismo cultivador? ¿No estamos ante un ataque con­tra la fuente de subsistencia del Estado? ¿No significa esto provocar di­rectamente la despoblación del país y a la larga su propia ruina?: la peor escasez para una nación es la escasez de hombres.

Sólo un verdadero hombre de Estado puede fijar la base tributa­ria del impuesto con la mirada puesta más allá del objeto de las finan­zas, transformar las cargas onerosas en útiles reglamentos de adminis­tración y hacerle dudar al pueblo de si tales instituciones no tienen por finalidad el bien de la nación antes que el producto de las tasas.

Los impuestos sobre la importación de las mercancías extranje­ras que quieren los habitantes pero que el país no necesita; sobre la ex­portación de las del propio país cuando no las posee en abundancia, y sin las cuales no pueden pasar los extranjeros; sobre las producciones de artes inútiles y en exceso lucrativas; sobre las entradas en las ciuda­des de las cosas de puro agrado y en general, sobre todos los objetos de lujo, cumplen ese doble objetivo. Tales impuestos, que alivian la po­breza e incrementan la riqueza, son los que contribuyen a prevenir el aumento continuo de la desigualdad de fortunas, la opresión por los ri­cos de una multitud de obreros y de servidores inútiles, la multiplica­ción de gentes ociosas en las ciudades y la deserción de los campos.

Entre el precio de las cosas y los derechos que las gravan, hay que establecer una proporción tal que la avidez de los particulares no induzca demasiado al fraude a causa de la magnitud de los beneficios. Asimismo, hay que prevenir la facilidad del contrabando, dando pre­ferencia a las mercancías menos fáciles de esconder. Conviene en fin que el impuesto sea pagado por aquel que emplea la cosa tasada y no por quien la vende, pues a éste, la cantidad de derechos con los que se vería gravado le causaría más tentaciones y medios para defraudarlos. Esto es costumbre desde siempre en la China, el país con los impues­tos más fuertes y mejor pagados del mundo. Allí el comerciante no pa­ga nada, tan sólo el comprador paga los derechos, sin levantar por ello conspiraciones ni sediciones, ya que los productos necesarios para la vida, como el atroz o el trigo, están totalmente libres de impuestos, el pueblo no está en absoluto oprimido y el impuesto sólo afecta a gentes acomodadas. Por lo demás, todas esas precauciones deben ser dicta­das, más que por temor al contrabando, por el cuidado que el gobierno ha de poner en guardar a los productores de la tentación de ilegítimos beneficios que, tras convertirlos en malos ciudadanos, los tornarán bien pronto en gentes deshonestas.

Establézcanse fuertes tasas por la servidumbre, espejos, arañas y muebles, sobre los tejidos y dorados, patios y jardines de mansio­nes, espectáculos de toda especie, profesiones ociosas, como faran­duleros, cantores, histriones; en una palabra, sobre todos aquellos ob­jetos de lujo, diversión y ociosidad que a todos maravillan y que no pueden ocultarse por cuanto su único uso es mostrarse y serían inúti­les si no se vieran. No hay que temer que tales impuestos vayan a ser arbitrarios por recaer sobre cosas que no son de absoluta necesidad: es desconocer a los hombres el creer que tras haberse dejado seducir por el lujo podrán renunciar a él; antes renunciarán cien veces a lo necesa­rio y preferirán morir de hambre que de vergüenza. El aumento del gasto será una nueva razón para mantenerlo cuando la vanidad de la opulencia saque beneficio del precio de la cosa y de los gastos de la ta­sa. Mientras haya ricos querrán distinguirse de los pobres y el Estado no podría obtener una renta menos onerosa ni más afianzada que so­bre la base de tal distinción.

Por igual razón, la industria no tendría nada que temer de un or­den económico que enriqueciera las Finanzas, reanimase la Agricul­tura aliviando al labrador, y acercase insensiblemente todas las fortu­nas a ese término medio que fundamenta la verdadera fuerza de un Estado. Podría ser, lo confieso, que los impuestos contribuyesen a ha­cer pasar rápidamente ciertas modas, pero sería tan sólo para susti­tuirlas por otras, con las que el obrero ganaría sin que el fisco tuviera nada que perder. En una palabra, supongamos que el espíritu del go­bierno sea siempre el de establecer la base tributaria de todas las tasas según la riqueza superflua; ocurriría una de estas dos cosas: o los ricos renunciarían a sus gastos superfluos para no realizar más que gastos útiles, los cuales revertirían en beneficio del Estado, con lo que la eva­sión de los impuestos habría producido el efecto de las mejores leyes suntuarias, los gastos del Estado habrían disminuido por fuerza gra­cias al de los particulares y así el fisco recibiría lo mismo que hubiese desembolsado; o bien, si los ricos no disminuyen en absoluto sus pro­fusiones, el fisco obtendría como producto del impuesto, los recursos

que buscaba para satisfacer las necesidades reales del Estado. En el primer caso, el fisco se enriquece mediante el gasto que se ahorra; en el segundo, se enriquece además mediante el gasto inútil de los parti­culares.

Añadamos a todo esto una importante distinción en materia de derecho político y a la cual los gobiernos, ansiosos de hacerlo todo por sí solos, deberían prestar gran atención. He dicho que las tasas per­sonales y los impuestos sobre cosas de absoluta necesidad, al atacar di­rectamente al derecho de propiedad y, por tanto, al verdadero funda­mento de la sociedad política, siempre están sujetos a peligrosas con­secuencias si no se establecen con expreso consentimiento del pueblo o de sus representantes. No ocurre igual con los derechos sobre aque­llas cosas cuyo uso puede ser prohibido, puesto que, como en ese caso el particular no está en absoluto obligado apagar, su contribución pue­de tenerse por voluntaria, de suerte que el consentimiento particular de cada contribuyente sustituye al consentimiento general y en cierto modo hasta lo presupone, pues, ¿porqué razón habría de oponerse el pueblo a una imposición que sólo recae sobre aquel que está dispuesto a pagarla? Me parece cierto que todo lo que no está proscrito por la ley ni atenta a las costumbres pero puede ser prohibido por el gobierno, és­te puede permitirlo mediante el cobro de un derecho. Si por ejemplo, el gobierno puede prohibir el uso de carrozas, con mayor razón podrá imponer una tasa sobre carrozas, medio prudente y útil de censurar su uso sin acabar con él. Así pues, podemos considerar la tasa como una especie de multa cuyo producto indemniza por el abuso que castiga.

Quizá alguien me objete que aquellos que Bodino llama impos­tores, es decir, aquellos que imponen o inventan las tasas, por ser de la clase rica se guardarán de ahorrar para los otros gastando ellos mismos o de gravarse a sí mismos para aliviar a los pobres. Pero hay que recha­zar semejantes ideas. Si en cada nación, aquellos a quienes el soberano encarga el gobierno de los pueblos, fueran sus enemigos de Estado, no valdría la pena indagar cómo han de obrar para hacerlos felices.

 

 

 

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[1] La voz de la naturaleza tiende al interés personal o familiar (es por esto que el gobernante civil no debe oírla, y debe guiarse por la razón).

 

[2] Esta distinción está mejor planteada en el Contrato Social (1762). Ver en particular Libro III, cap. I.

 

 

[3] Rousseau no piensa la política en función de "lo que es", esto es, de los poderes realmente exis­tentes; sino de "lo que debe ser" en justicia. Por esto su progarna de reflexión política queda bien expresado =el subtitulo del Contrata Social: Principios de Derecho político.

[4] En el Contrato Social lo llamará "(gobierno de la) República". Esto es, sostenido en la vo­luntad general.

[5] Este pasaje expresa de modo sintético la profunda impresión que causara en el autor la lectu­ra del El Espíritu de las Leyes, del barón de Montesquieu (1748), como podremos apreciar a lo largo de todo el artículo

[6] El uso de la palabra "policía" en este y otros contextos del presente texto tiene un alcance mu­cho mayor que el uso comente en la actualidad. Se refiere a la administración política interna y cotidiana en general, a la "pequeña política", como cuidado del orden en diversos ámbitos de ac­tividad. Pan una mejor comprensión del término (rescatado por Foucault en su teoría de la gu­bernamentalidad, a fines de los años '70), ver especialmente M. Foucault: Omnes et Singulatim (...). En otra variante, puede verse el uso que el filósofo francés Jacques Ranciere hace del tér­mino en su libro El Desacuerdo.

[7] Este argumento tiene una fuerte afinidad con la teoría del poder de "prerrogativa" del poder ejecuti­vo, enunciada por John Locke en el capitulo XIV de su Segundo Ensayo del Gobierna Civil (1690).

[8] Este argumento tiene cierta afinidad con otro expuesto por Baruj Spinoza en el libro V de su Tra­tado Político (1677, póstumo).

[9] Adviértase la afinidad con los argumentos sobre la virtud de Montesquieu en El Espíritu de las Leyes, libro 111, caps. III y IV.

[10] Aquí Rousseau parece pasar por alto la advertencia de Montesquieu en el libro XI de su Espíritu de las Leyes, donde precisamente por esto señala: "¿Quién lo diría? ¡También la virtud nece­sita limites! "

[11] ¿Es ésta una velada alusión al derecho de resistencia contra la tiranía y la opresión? Difícil es decirlo con certeza. Nótese, sin embargo, la fuerte similitud entre este argumento y el desarro­llado por J. Locke, no sólo en el último capítulo, sino también en el capítulo VII, # 91 de su Se­gundo Ensayo sobre el Gobierno Civil.

[12] Se percibe aquí un germen de lo que aquel sutil y riguroso lector de Rousseau que fuera Imma­nuel Kant acuñará bajo la forma de la "segunda formulación" de su Imperativo Categórico, raíz de una importante tradición de deontología moral. Ver I. Kant: Fundamentación de la Metafísi­ca de las Costumbres (1785).

[13] Probablemente estos argumentos de Rousseau no hayan sido menos influyentes que los prove­nientes de la tradición greco-romana en la formación del concepto hegeliano de Sittlichkeit ("eticidad"), y de la doctrina hegeliana (fuertemente romántica) del Estado. Ver G. W F. Hegel: Filosofía del Derecho (1820).

[14] Difícil es no evocar aquí, entre otras preciosas referencias, la Grandeza y Decadencia de los Romanos de Montesquieu; ni, ya en un tono crítico frente a la tradición antigua de la moral cívi­ca, el discurso de Benjamín Constant de 1819, conocido como "De la Libertad de los Antiguos comprada con la de los Modernos". Ver igualmente la nota anterior.

 

[15] Adviértase que Rousseau, el introductor del concepto de la voluntad general como fuente de to­da soberanía legítima, es fuertemente escéptico respecto de las posibilidades del gobierno demo­crático (y más aún en su Contrato Social. Ver Libro III, cap. IV). Esto, no debemos olvidarlo, se sostiene en la diferencia que el autor establece entre soberanía y gobierno. Lo que se afirma es, por tanto, la dificultad o imposibilidad de que el pueblo en conjunto ejerza el poder ejecutivo (nuevamente, aquí la referencia fundamental es al Contrato Social).

[16] Dado que ella constituye el sujeto de la soberanía y la voluntad general.

[17] Para esta y otras referencias o alusiones sobre el lujo, lo innecesario, y el gusto por lo superfluo (que incluye el gusto por las artes y el refinamiento cultural), consúltese la imprescindible Carta a D`Alambert (1758), uno de los primeros textos que hicieron célebre a Rousseau.

 

[18] Un desarrollo pormenorizado acerca de este "pacto espurio", y sus fundamentos, se encontra­rá en el Discurso sobre los Orígenes de la Desigualdad entre los Hambres, célebre texto de Rousseau acerca del estado natural del hombre, y su "caída" en el envilecimiento producto del orden social y la propiedad, también conocido como Segundo Discurso, de 1754 (esto es, con­temporáneo del Discurso sobre la Economía Política.)