© Libro N° 14747. Venganza De La Colonia. De Zavala, Lorenzo. Emancipación. Enero 24 de 2026
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VENGANZA
DE LA COLONIA
Lorenzo
De Zavala
Venganza De La Colonia
Lorenzo De Zavala
ÍNDICE
Presentación de Chantal López y Omar Cortés
Venganza de la colonia de Lorenzo de Zavala
CAPÍTULO PRIMERO
Noticias exageradas de los últimos sucesos. Suspenden las especulaciones
de los negociantes de Europa con México. Preparativos de invasión. Antipatías
de los negociantes ingleses de México. Paralización de giros. Circunstancias en
qué fue elevado Guerrero a la presidencia. Desasosiego general. Confianza ciega
de Guerrero. Su nombramiento fué verdaderamente popular. Su poca firmeza. Sus
dogmas políticos. Bocanegra, ministro de Relaciones. Su carácter. Moctezuma,
ministro de la Guerra. Zavala, de Hacienda. Estado en qué encontró este ramo.
Su exposición al Congreso. Sus primeras medidas. Su debilidad e inexperiencia.
Deficiente enorme de las rentas. Principios de nuevos descontentos. Motivos.
División del Estado de Occidente en dos. Nueva expulsión de españoles. Don
Andrés Quintana Roo. Su carácter y servicios.
CAPÍTULO SEGUNDO
Colonización. Leyes generales y particulares sobre ella. Texas y
Guazacualcos. Austin. Su industria y constancia. El fruto de sus tareas en este
ramo. Diversas concesiones de tierras. Colonia francesa en Guazacualcos. Su mal
éxito. Ley antipolítica contra las adquisiciones hechas por extranjeros.
Obstáculos opuestos a los progresos de este ramo. Prosperidad futura de Texas,
Chihuahua y California. Rápidos adelantos de los Estados Unidos del Norte en
este género. Reflexiones. Inquietudes a la entrada del general Guerrero a la
presidencia. Algunas de sus causas. Política mezquina de aquel jefe.
Libelistas. Su imprudencia y descaro. Noticias de la expedición española.
Actividad de Guerrero. Desembarco en Cabo Rojo. Movimiento de la República
contra los invasores. Celo y ardimiento del general Santa Anna. Su marcha
rápida contra el enemigo. Sus peligros. El general Terán. Su cooperación con el
general Santa Anna. General Garza. Su cobardía. Sus consecuencias. Ocupación de
Pueblo Viejo por Santa Anna y de Tamaulipas por el general español Barradas.
Providencias de éste para adquirir víveres. Oposición que encontró por todas
partes. Enfermedades entre su tropa. Comparación entre estos invasores y los
antiguos conquistadores del pais. Excursión de Barradas a Altamira. Ocupa esta
villa. Ataque de Santa Anna a Tampico de las Tamaulipas. Valor de este jefe y
de sus tropas. Sus riesgos. Otra falta del general Garza. Maniobras interiores
del partido español para introducir la discordia. Escritores asalariados por
los españoles. Su poca fe y falta de decoro. Facultades extraordinarias
concedidas al presidente. Reformas útiles sobre Hacienda. Ataques dados al
ministro de este ramo. Periódicos españoles en Nueva York y Nueva Orleáns,
escritos en el sentido de los libelistas de México. Falsas alarmas en México de
otra expedición. Nombramiento del general don Anastasio Bustamante para el
mando del ejército de reserva. Combinación entre los generales Santa Anna y
Terán para atacar al enemigo. Ataque el día 1" de septiembre. Rendición y
capitulación de los españoles. Reflexiones. Noticia de este suceso en Mexico.
Alegría universal. Premios concedidos por el general Guerrero. Tropas que
concurrieron a la acción. Don Agustín Paz. Su carácter, opiniones y virtudes.
Su muerte. Misión de don Ignacio Basadre. Inutilidad de este paso. Indulto a
los conjurados de Tulancingo. Nombramiento del señor Gorostiza para Londres.
Cualidades de este individuo. Don Sebastián Mercado pasa de encargado de
negocios a Holanda. Intrigas secretas de los ministros de Guerrero contra
Zavala. Maniobras de otros en el mismo sentido. Petición de la legislatura de
Puebla para la separación del ministro de Hacienda y salida de Mr. Poinsett de
la República. Guerrero coopera a estas maniobras. Carta de este individuo al
general Jackson. Separación de Zavala del ministerio. Bocanegra ocupa su plaza.
El señor Viezca entra en Relaciones. Carácter de este ministro. Arreglo de
obispados. Perfidia de la legislatura del Estado de México. El Payo del
Rosario. Sus escritos y persecuciones. Don José María Tornel. Es nombrado
ministro para los Estados Unidos. Don Anastasio Torrens. Encargado de negocios
en Colombia. Ministros extranjeros en México.
CAPÍTULO TERCERO
Obra de Mr. Ward, publicada en Inglaterra. Juicio sobre ella. Rumores en
México sobre revolución. Proclama de la legislatura de Veracruz. Proclamas de
los generales Santa Anna y Bustamante. Prometen obediencia a las leyes. Frases
ambiguas de estas proclamas. Sedición de Campeche. Causas aparentes de ella.
Gobierno militar de Yucatán. Reflexiones. Noticias en México de este suceso.
Comisiónase a don Lorenzo de Zavala para pasar a aquel Estado. Motivos para su
nombramiento. Del embarco de Zavala en Sisal. Su arresto. Reflexiones que hace
al comandante militar del puerto. Violencias de don José Segundo Carvajal.
Efectos que causa la llegada de Zavala en el Estado. Resolución para su
reembarco. Nota oficial dirigida a él. Amenazas que se le hacen. Su salida. Conjuración
de Jalapa. Don Anastasio Bustamante, jefe de la conspiración. Don José Antonio
Facio, director de ella. Plan adoptado por los conjurados. Noticia de este
suceso en México. Efectos que causa. Aturdimiento del gabinete. Su debilidad.
Audacia de los rebeldes. Guerrero, a la cabeza de las tropas. Deserción de
varios jefes militares. Rumbo que toma Guerrero. Extravagancia de sus medidas.
Nombramiento de presidente interino por la Cámara de diputados. Falta de
acierto en la elección. Preparativos en México para un movimiento. Noticias que
tiene el Poder ejecutivo. Su abandono. Traición de Esteva. Rómpense las
hostilidades en la noche del 22. Ocupan los rebeldes la Ciudadela. Resistencia
inútil del comandante don Pedro Anaya. El general Quintanar, a la cabeza de la
revolución. Intimase rendición al gobierno. Victoria de los facciosos. Don Luis
Quintanar, don Lucas Alamán y don Pedro Vélez forman el gobierno. Carácter de
estas personas. Arresto hecho a don Lorenzo de Zavala. Asesinato cometido en
don Severiano Quesada. Noticias de los acontecimientos de México en el campo de
Guerrero. Fuga de este caudillo.
CAPÍTULO CUARTO
Negociaciones de minas. Noticias exageradas de su riqueza. Oro,
Guanajuato, Zacatecas y Sombrerete. Gastos hechos en estas minas hasta mayo de
1829. Utilidades. Baja en Londres de las acciones de minas. Sus causas.
Paralización del comercio. Tribunales de circuito y distrito de la federación.
Establecimientos eclesiásticos. Número de canónigos. Cantidad empleada en su
manutención. Empleo útil que podría hacerse de estas sumas. Eclesiásticos
seculares y regulares. Reforma de éstos hechas en Yucatán. Número de conventos
de ambos sexos que hay en la República. Establecimientos literarios. Influencia
del clero en ellos. Don Francisco Pablo Vázquez. Su detención antes de entrar
en Roma. Su ida a esta corte. Nombramiento de seis obispos. Modo cómo se
verificó. Abatimiento de la República en estas transacciones. Orgullo y
ambición de la curia romana. Reflexiones sobre esto. Intolerancia religiosa.
Incompatibilidad de ésta con un sistema liberal. Jerarquía eclesiástica.
Insubsistencia de la democracia con su permanencia. Reflexiones. Tratados
concluídos con las naciones extranjeras. La Francia reconoce la independencia.
Relaciones diplomáticas. El curso que toman. Mr. Bresson, nombrado por el
gobierno francén en 1828 para agente en las nuevas repúblicas. Sus conferencias
en New York. Pasa a Colombia. Proyectos de monarquía en aquella república.
Instrucciones dadas por el emperador don Pedro a su ministro en Europa sobre
esta misma materia. Inconvenientes que encontró la Santa Alianza.
CAPÍTULO QUINTO
Consideraciones generales. Anuncios de la política de la nueva
administración. El vicepresidente Bustamante entra a México. Opiniones de los
diputados acerca de si se reunirían. Razones en pro y contra. Vacilan
igualmente los nuevos gobernantes. Motivos de sus opiniones. Apertura de las
sesiones. Aparato militar con que se acompaña. Discurso del vicepresidente.
Contestación evasiva del presidente de la Cámara. Efectos diversos que causa la
noticia de los sucesos de Jalapa en los Estados. Reflexiones acerca del
vicepresidente. El general Terán. Su conducta ambigua. Carta que le dirigen 25
diputados. Otra que le envía Alpuche. Imprudencia de éste. Acusación de Terán
contra él. El general Santa Anna. Movimiento que hace. Desiste de él.
Providencias del nuevo gobierno en México. Tumultos en varios Estados. Varios
diputados mudan de opinión. La cámara de senadores adicta al nuevo gobierno.
Decretos que éste solicita para asegurarse. Exposición del general Guerrero a
las cámaras. Dictamen de don Andrés Quintana Roo. Exactitud de sus
observaciones. Algazara en las galerías. Ministros: don Lucas Alamán, don
Rafael Mangino, don José Antonio Facio y don José Ignacio Espinosa. Breves
reflexiones acerca de ellos. Proyecto de coalición en los Estados internos. Don
Vicente Romero. Don José Salgado. Don Juan José Codallos. Principios de nuevos
movimientos. Proyectos en Morelia. Medidas que toma el gobernador. Llegada del
general Cortázar. Conspiración del ayuntamiento. Fuga del señor Salgado.
Congreso general. Aprueba los tumultos de los Estados. Don Lorenzo de Zavala
absuelto por el Senado. La legislatura de Chihuahua. Decreto que da a favor de
Guerrero. La de Jalisco, por Pedraza. Conducta de la de Zacatecas. Preparativos
hostiles en San Luis. Medidas que toma Bustamante para tranquilizarlos.
Reflexiones. Manifiesto publicado por el vicepresidente. Consideraciones acerca
de él.
CAPÍTULO SEXTO
El señor Salgado en Zamora. Proyectos de coalición. Asamblea legislativa
de San Luis Potosí. Iniciativas de ésta contra dos ministros. Otra para la
traslación del Congreso general. Milicia cívica del mismo Estado. Apoya a la
legislatura. Opinión pública. Cada uno la invoca a su favor. Defección del
gobernador Romero. Sitio de Salgado en Zamora. Desampara la plaza. Es hecho
prisionero. Movimiento de don J. J. Codallos. Carácter de este jefe.
Pronunciamiento suyo en Barrabás. Su plan. Petición de los militares en México
para que se disolviese el Congreso. Prisión del diputado Alpuche. Idem del
diputado Cerecero y otros. Idem del coronel Valderas. Lazos tendidos al autor
de este Ensayo para perderlo. Ataques dados a la imprenta. Don Francisco
Tarrazo. Su elogio y muerte. Salida de Don Vicente Guerrero de su hacienda.
Nuevas revoluciones. Don G. Armijo. Don Nicolás Bravo. Destinados a perseguir a
Guerrero. Causas de la enemistad entre estos dos generales. Preferencia de
Victoria sobre ellos. Ataque entre Bravo y Alvarez. Ocupación de Acapulco por
las tropas de éste. Don Felipe Codallos. Su misión infructuosa a Yucatán.
Reunión de Tabasco a la federación. Asuntos de Hacienda. Exposición de don R.
Mangino. Reflexiones. Decreto del Congreso general sobre tejidos ordinarios de
algodón. Prohibición a los americanos del Norte para colonizar en Texas. Breve
descripción de esta comarca. Leyes de colonización. Reflexiones sobre ellas.
Política mezquina de la administración de Bustamante. Medidas que deben
adoptarse para colonizar. Providencias tomadas por el ministerio de Hacienda.
Estado de la imprenta en aquella época. Breve descripción sacada de El Correo
de la Federación de la misma.
CAPÍTULO SÉPTIMO
Diversas partidas de guerrillas. El coronel don Francisco Victoria. Es
hecho prisionero. Es ejecutado en Puebla. Don Juan Nepomuceno Rosains es
ejecutado igualmente. Persecuciones contra el partido caído. Expulsión de siete
diputados del Estado de Chihuahua. Ordenes para prender al diputado Almonte.
Evita su desgracia ocultándose. Prisión del diputado Gondra y de otros
individuos. Conspiración inventada. Sentencia contra los diputados Alpuche y
Cerecero. El señor Salgado y don Mariano Cerecero sentenciados a pena capital.
El segundo es indultado por el presidente. Esfuerzos de la señora de Salgado
para libertar a su esposo. Fuga de éste de la prisión. Atentados de don Pedro
Otero. Asesina a nueve individuos. Premio que da el gobierno por esta acción.
Otras ejecuciones en México. Reflexiones. Apoyos facticios que busca la
administración. Falsos rumores de expedición española. Circula esta noticia el
ministro Alamán a los Estados. Falsedad de estos rumores. Creación de un Banco
de avío. Decreto dado a este efecto. Reflexiones sobre esto. El general Armijo
en Acapulco. Acciones entre Codallos, Garda y Otero. Derrota del primero en La
Loma. Alvarez desampara a Texca. La ocupa Armijo. Nuevas ejecuciones. La
guarnición de México pide la eliminación de varios miembros de ambas cámaras.
La península de Yucatán. Convención en el pueblo de Becal. Resoluciones que
toma. Movimientos de los indios apaches en los Estados de Occidente. Llegada
del general Pedraza a Veracruz. Orden para impedir su desembarco. Arbitrariedad
de esta medida. Contestaciones entre este general y don Anastasio Bustamante.
CAPÍTULO OCTAVO
Falsas noticias de El Registro Oficial. El coronel Alvarez sitia al
general Armijo. Valor de ambos combatientes. Don Félix Merino, segundo jeje.
Muerte de cinco hombres de una avanzada. Derrota de las tropas del gobierno.
Muerte de Armijo. Retiranse las tropas de Alvarez. Ocupación de Acapulco.
Muerte del coronel Mauliaa. Silencio acerca del general Guerrero en estas
circunstancias. Motivo de él. Modo como El Registro Oficial dió cuenta de esta
acción. Movimientos en San Luis Potosi. Conspiración. del coronel Márquez. Es
hecho prisionero. Se le ejecuta juntamente con Gárate. Sentencia de muerte
contra Cataño y Veramendi. Muerte del primero. Idem de Colin. Esfuerzos por la
causa de la libertad hechos por Rocafuerte, Rejón, Heredia y Quintana.
Acusación que hace éste contra el ministro Facio. El general Barragán en
Jalisco. Su conducta moderada. Exposición que dirigió al Congreso general.
Carácter y conducta política de los ministros. Paralelo entre Bustamante y
Guerrero en su conducta administrativa. Impreso de la época sobre el estado de
la cosa pública.
CAPÍTULO NOVENO
Conclusión.
APÉNDICE
PRESENTACIÓN
En el mes de agosto de 1950, la editorial Empresas editoriales,
S.A. publicó, bajo el título, Venganza de la Colonia un
trabajo de Lorenzo de Zavala que en realidad es un extracto del segundo tomo de
su obra magna, Ensayo crítico de las revoluciones de México desde 1808
hasta 1830. Incluye desde el capítulo sexto hasta el décimotercero, la
conclusión, y el apéndice de la referida segunda parte. Pues bien,
basándonos en esta edición, en la que por desgracia, no se mencionan los datos
que acabamos de señalar, digitalizamos esta obra que ahora colocamos en los
estantes de nuestra Biblioteca Virtual Antorcha.
Lorenzo de Zavala aborda la realidad político-militar del México
independiente, entre 1829 y 1830, esto es, el régimen presidencial de Vicente
Guerrero, el intento de reconquista por parte de la monarquía española, las
dificultades generadas por la estructura federalista con la lucha separatista
de Yucatán, el levantamiento militar encabezado por Anastasio Bustamante con el
denominado plan de Jalapa, la práctica destitución de Vicente
Guerrero y los barruntos de guerra civil que tanto sufrimiento, dolor y retraso
sufrió la población.
Es tesis de Zavala el afirmar la nefasta influencia que los trescientos
años de dominio español tuvieron para los habitantes de México que, si bien
alcanzó su independencia política-administrativa de la Metrópoli, no logró
superar los prejuicios y atavismos que le encadenaban, impidiéndole pensar y
actuar en libertad. Las cadenas del tradicionalismo y de la costumbre
limitaban, en opinión de Zavala, las posibilidades de ese pueblo y, sobre todo,
de sus temerosas clases dirigentes.
Dejándose llevar por esta tesis, Lorenzo de Zavala, al elaborar una
comparación entre las posibilidades de desarrollo del recién independizado
pueblo mexicano de cara al norteamericano, no duda en sentenciar que este
último representaba el ideal a seguir, el faro del que debía de
estar atento el pueblo mexicano para, imitándole, alcanzar su felicidad. Y con
esta argumentación, el insigne historiador prácticamente se desdibuja
idealizando a los norteamericanos, al otorgarles cualidades que lejos, muy lejos
estaban de poseer.
Así, si en lo general se pudiese otorgar veracidad a las argumentaciones
de Zavala, cuando llega a las exageraciones alzando sobre un piedestal a los
norteamericanos, definitivamente puede afirmarse que se pierde por completo,
llegando a extravíos de tal magnitud que conducirán al desmoronamiento de sus
primogenias interesantes tesis.
Con todo, la información histórica que Zavala vierte en Venganza de
la Colonia, sin duda será de interés para todo aquel deseoso de transitar por
los laberínticos sucesos inmediatos al triunfo de la Independencia de México.
Chantal López y Omar Cortés
CAPÍTULO PRIMERO
Noticias exageradas de los últimos sucesos. Suspenden las especulaciones
de los negociantes de Europa con México. Preparativos de invasión. Antipatías
de los negociantes ingleses de México. Paralización de giros. Circunstancias en
qué fue elevado Guerrero a la presidencia. Desasosiego general. Confianza ciega
de Guerrero. Su nombramiento fué verdaderamente popular. Su poca firmeza. Sus
dogmas políticos. Bocanegra, ministro de Relaciones. Su carácter. Moctezuma,
ministro de la Guerra. Zavala, de Hacienda. Estado en qué encontró este ramo.
Su exposición al Congreso. Sus primeras medidas. Su debilidad e inexperiencia.
Deficiente enorme de las rentas. Principios de nuevos descontentos. Motivos.
División del Estado de Occidente en dos. Nueva expulsión de españoles. Don
Andrés Quintana Roo. Su carácter y servicios.
Las noticias de los últimos sucesos de México, escritas a Europa con la
exageración con que siempre se refieren estos acontecimientos, y mucho más por
personas que tenían interés en presentarlos bajo un aspecto odioso, produjeron
entre los especuladores el efecto natural de que suspendiesen sus empresas
mercantiles, y el de que las dos o tres casas que juegan en aquel mercado con
los préstamos y vales de las nuevas repúblicas publicasen noticias alarmantes
que hicieron bajar el precio de los bonos, ya muy abatidos con la suspensión
anterior de los pagos de dividendos. En estas circunstancias, el gobierno de
Madrid preparaba ya una expedición contra las costas de México, última
tentativa de aquel caduco gabinete para entretener las esperanzas irrealizables
de una reconquista ofrecida a las cortes que componían la Santa Alianza. De
manera que las pinturas exageradas hechas por los negociantes ingleses y por
los emigrados españoles de los desastres de México; las pocas simpatías que les
inspiraba el triunfo del partido popular; el ominoso silencio de la expirante
administración de don Guadalupe Victoria; la emigración de más de mil
españoles, muchos de ellos acaudalados; la incertidumbre de la dirección que
tomarían los negocios bajo la presidencia democrática de Guerrero, coincidiendo
con los preparativos que se hacían por parte del gobierno peninsular para una
invasión, paralizaron los giros y causaron la suspensión de las expediciones
mercantiles, produciendo todo esto la desconfianza de los especuladores.
Tales eran las circunstancias en las que don Vicente Guerrero entró a la
presidencia de la República en primero de abril de 1829. Su elevación a este
puesto eminente fue el triunfo del partido popular. Jamás se vió, sin embargo,
en la República Mexicana una época en que todas las clases de la sociedad
estuviesen menos asentadas. El ejército, o mejor diré, esos batallones aislados
de tropas asalariadas, no teniendo ninguna influencia ni esperando tenerla,
buscaban un partido que se la diese; las gentes sin méritos ni ocupación creían
haber llegado el tiempo de elevarse a los más altos destinos; el clero temía
que la licencia, tomando mayor vuelo con la impunidad, acabase de desarraigar
las pocas semillas de moral y de religión que no ha cuidado él mismo de fundar
con solidez; los tribunales obraban con remisión; los escritores de folletos
rompieron todos los diques del honor y de la decencia; la pobreza pública
aumentaba los robos a que estimulaba la impunidad. En suma, Guerrero creyó que
abandonando al pueblo a sí mismo, y manteniendo religiosamente el sistema
federal, daría el ejemplo de un gobierno paternal y consolidaría las
instituciones.
Relajáronse todos los vínculos de la obediencia; la confusión más
completa existía en todos los gremios sociales. Ninguno respetaba las
autoridades, porque el presidente mismo se exponía al desprecio público con la
entera confianza con que se abandonaba a los embates de la multitud. No se crea
por esto que Guerrero diese motivo para algún género de censura por su conducta
privada. Todo lo contrario; constantemente aplicado a los negocios, pocas horas
de descanso se permitía en el seno de su familia.
Vamos a desenvolver este cuadro refiriendo los hechos rápidamente.
El general Guerrero entró a la presidencia con el voto de la mayoría
popular, de esa mayoría cuyo valor, fuerza y poder está en razón directa de su
civilización o capacidad mental, de su riqueza y de su energía. Su inauguración
fue hecha en medio del aplauso ingenuo, voluntario y sincero de la mayoría
numérica. Colocado en el puesto, no conoció ni sus peligros, ni sus recursos,
ni sus deberes, ni sus derechos. Sus resoluciones jamás eran efecto de la
convicción ni el fruto de razonamientos meditados: sus actos eran, por decirlo
así, ocasionales; de consiguiente no podían llevar consigo el sello de aquella
firmeza, de aquella constancia que nace de la consciencia y el sentimIento
profundo que se tiene de la justicia, o de la utilidad y conveniencia de sus providencias.
Esta aserción tiene algunas excepciones, que bastan para atribuir semejante
conducta a otro principio que el de un alma incapaz de grandes acciones o a un
espíritu imbécil. En aquellas graves cuestiones en que había fijado sus ideas y
formado una opinión, era Guerrero firme, pero severante, y aun obstinado. La
causa de la independencia, la de la federación, el odio al gobierno monárquico,
un respeto inviolable a la representación nacional, la expulsión de españoles
del territorio de la República, la nivelación de las clases: ved aquí los
principales e inmutables dogmas de su creencia política. Todos los que
manifestaban tener una fuerte adhesión a este su pequeño código merecían su
confianza, y esto explicará el motivo de sus antipatías activas y pasivas; esto
es, el origen del odio que le tenían y él tenía a las personas que opinaban de
otro modo. De consiguiente, no medía las aptitudes ni tenía cuenta de las
conveniencias sociales para la elección de sus ministros y demás empleados. Muy
pequeño debía ser el círculo en que podía escoger las personas a quienes tenía
necesidad de confiar el depósito de la Constitución que idolatraba y de las
leyes cuya observancia deseaba de buena fe.
Formó su ministerio de los individuos siguientes: don José María
Bocanegra, que había sido nombrado por el señor Victoria secretario de
Relaciones Interiores y Exteriores en el mes de enero, quedó en la misma plaza;
don Lorenzo de Zavala entró a la secretaría de Hacienda; don Francisco
Moctezuma continuó en Guerra y Marina, para cuyo destino fue nombrado desde
diciembre anterior, y don José Manuel de Herrera, el mismo que fue secretario
de Estado en tiempo de Iturbide, entró a desempeñar el ministerio de Justicia y
Negocios Eclesiásticos. De éste se ha hablado ya, y sólo añadiré acerca de él
lo que Tácito dice de Flavio Sabino: Disoluta luxu mens, et proinde vita somno
languida. En efecto, su vida no era más que un letargo perpetuo. Voy a decir lo
que siento de los señores Bocanegra y Moctezuma, y los lectores juzgarán si al
hablar de estos individuos mi pluma es conducida por otro interés que el de la
verdad histórica. Un hombre que, como yo, sale al público escribiendo una obra
de la naturaleza que lo es ésta, no necesita darse a conocer de otro modo, pues
en cada página se pinta el carácter del escritor sin sentirlo él mismo.
Don José María Bocanegra, abogado del Estado de Zacatecas, fue diputado
en el primer Congreso Constituyente, en donde sostuvo el partido de Iturbide
hasta el punto en que este desgraciado jefe comenzó a separarse de la senda en
la que pudo haber hecho la felicidad de su patria y elevándose a una gloria
inmortal. Suscribió la proposición que pedía al Congreso la elevación de aquel
caudillo al trono, y aunque por el modo en que se hizo no era justificable este
paso, no hay duda en que un buen patriota y hombre de bien podía desear y aun
cooperar a que se crease una monarquía nacional en aquellas circunstancias.
Bocanegra reclamó contra las demasías del gobierno imperial constantemente, y
debe decirse que su honradez no se manchó con ningún acto de servidumbre, ni
mucho menos hizo tráfico con la libertad de sus comitentes. Ha sido
posteriormente diputado, y del seno del Congreso fue sacado para el ministerio.
En cuanto a sus capacidades, Bocanegra es uno de aquellos hombres que con poco
espíritu y muy medianos conocimientos se encuentran repentinamente colocados en
un rango superior y progresan entre las gentes de pocas luces, porque son
precisamente los que se necesitan para satisfacer la vanidad de aquellos que
repugnan un espíritu superior que pueda inspirar temores y humillar el amor
propio. Su falta es la de no conocerse ni saber medir la esfera de sus
alcances. Su carácter pacífico, minucioso. tímido e irresoluto, es un grande
obstáculo a las medidas que necesitan tomarse en un gobierno, y mucho más cuando
éste comienza a formarse en medio de disensiones civiles. Su entrada al
ministerio de Relaciones no se marcó con ningún acto ni resolución que indicase
que había cambiado o debido cambiar la cosa pública.
Don Francisco Moctezuma, cuyo nombre excita recuerdos melancólicos por
las desgracias de sus antepasados, tiene la misma flema, poquedad de espíritu y
limitada capacidad que dicen los historiadores tenía el segundo emperador de
esta familia. Unido a Guerrero y Bravo por antiguas relaciones de amistad y
comunidad de servicios a la patria, dividía sus afecciones entre ambos
contendientes y no podía resolverse a pertenecer a uno de ellos, aun cuando
estos dos jefes se miraban como enemigos. Es imposible concebir un alma más
fría ni formarse idea exacta de la indiferencia con que veía las cosas más
interesantes. Sólo Herrera le era comparable, y el gabinete de Guerrero parecía
adornado con la estatua de Medusa cuando un asunto grave se ponía en
resolución. El ministro Zavala no se paraba en destrozar la cabeza del
monstruo. Pero semejante hombre no convenía en un gabinete de historia natural.
Don Lorenzo de Zavala fue llamado al ministerio de Hacienda en 16 de
abril de 1829. Como al tiempo de su nombramiento para este encargo era
gobernador del Estado de México, impetró permiso de la legislatura para poder
obtener esta comisión del gobierno federal. La legislatura aunque en receso
entonces, se reunió para conceder la licencia, y después de este paso entró en
posesión del ministerio. He hablado anteriormente del estado en que se
encontraban las rentas de la Unión. Los lectores no habrán olvidado que las
aduanas marítimas se hallaban empeñadas en millón y medio de pesos, y que los
especuladores que anteriormente solicitaban con ansia las órdenes del gobierno
para hacer una ganancia inmediata y sin riesgo, descontándolas en las aduanas
marítimas a cuenta de los derechos que causaban los efectos extranjeros que se
importaban, en la época de que voy hablando imponían condiciones duras al
ministerio para entregar alguna cantidad de numerario. La revolución de la
Acordada, verificada en diciembre de 1828, y la expedición española que se
preparaba desde principios de 1829, hicieron suspender los envíos de mercancías
a las costas de México, de manera que se reunían estas circunstancias: falta de
importaciones que causasen derechos; deuda de la anterior administración en
millón y medio de pesos, en órdenes que se amortizaban por los muy cortos
ingresos que había en las aduanas marítimas; falta de crédito por la suspensión
de pagos; expulsión de los españoles con sus caudales; deudas atrasadas en un
mes a los empleados y a muchos cuerpos del ejército, y sobre todo esto, aumento
indispensable de gastos con motivo de la expedición española que atacó a la
República.
Oigamos lo que decía el nuevo secretario de Hacienda a las dos cámaras
del Congreso general a su ingreso en esta plaza:
Llamado. al ministerio de Hacienda por el Presidente de la República en
las tristes circunstancias en que se halla el erario, tengo por uno de mis
primeros deberes presentarme a las cámaras a manifestar las intenciones del
ejecutivo, después de descubrir el estado de abatimiento en que se encuentra el
ramo principal de la organización social, y del que depende casi exclusivamente
la existencia política de los Estados. Nada de misterios, nada de ocultaciones;
tampoco se ocupará el ministerio en acusar ni inculpar a ninguno por las
desgracias de que hoy se resiente la República. La Constitución ha establecido
tribunales para juzgar a los funcionarios, y el más terrible de todos, el de la
opinión, ejercerá su severa magistratura sobre todos nosotros. En el día vengo
a hablar en el seno de los representantes del pueblo con la noble franqueza que
debe hacerlo el ministro de un gobierno libre y eminentemente democrático.
Haríamos traición a la patria si pudiésemos disimular nuestra actual situación.
La República se elevará a sus gloriosos destinos o va a precipitarse a un
abismo de infortunios.
Una revolución dilatada, y que ha cambiado la faz de medio mundo, se ha
verificado en pocos años entre nosotros; era preciso que arrastrase la
subversión del sistema antiguo, y sin dar tiempo a reemplazar los
establecimientos que era necesario destruir nos ha rodeado repentinamente de
ruinas. Las rentas públicas han desaparecido: no ha podido nacer el crédito en
un momento en que los temores hacen tesaurizar las existencias en numerario, y
debilitándose este resorte de la fuerza social se relajan los hombres, las
cosas, la resolución, el valor y hasta las virtudes. El concurso de las cámaras
y del pueblo es absolutamente necesario en estas circunstancias para restituir
al cuerpo político la vida y el movimiento, y el ejecutivo está persuadido de
que los que han dado tantos testimonios de amor a la patria y a la libertad no
dejarán a los mal contentos ni la triste esperanza de volver a la esclavitud.
Al presentarme en este augusto recinto debo hablaros como un célebre
orador en las mismas circunstancias. Las rentas del Estado se hallan
destruídas, el erario vacío, la fuerza pública sin resorte: mañana, hoy mismo,
en este momento necesita de vuestra intervención.
No he tenido tiempo para examinar la multitud de expedientes que forman
la triste historia de nuestras rentas, ni puedo por lo monto, como quisiera,
deciros con documentos y detalladamente el estado de nuestro erario. Estoy, sí,
bastante instruído para aseguraros que no podemos permanecer en la situación en
que nos hallamos sin temer una disolución cuyas consecuencias no se pueden
calcular. Es, pues, de sumo interés para los propietarios, para los empleados,
para los gobernantes, para los que conservan un resto de amor a la libertad,
apresurarse a hacer sacrificios por la conservación de las instituciones, de la
libertad y del crédito nacional.
El actual ministerio está penetrado de que sin crédito nada podemos
hacer; lo está igualmente de que la conservación de éste depende únicamente de
la exactitud en el cumplimiento de los compromisos y la más sagrada
religiosidad en los pagos. ¿Cómo no temblará el ejecutivo al pronunciar la
palabra crédito cuando se ha faltado dentro y fuera de la República a los más
solemnes pactos con los prestamistas? ¿Podría justificarnos la mala fe de uno u
otro o la quiebra de algunos? Jamás, señores: los compromisos son
independientes de las faltas de sus agentes. El gobierno ofrece que éstas serán
examinadas y castigadas si fueren culpables sus autores; pero asegura que
resucitará el crédito a fuerza de repetidos testimonios de buena fe y exactitud
en el cumplimiento de los compromisos nacionales. ¿En qué pueden hoy fundar sus
esperanzas los tenedores de nuestros bonos? Los agiotistas ponderarán nuestras
disensiones, así como los enemigos de la libertad y de la independencia;
mientras que los primeros hacen ese comercio fácil y lucrativo sobre el crédito
de la nación, que es un objeto de especulación para los hábiles negociadores.
Los últimos sucesos ocurridos a fines del próximo año han dejado
consecuencias de que nos resentiremos por mucho tiempo. Se han pintado con
exageración en los periódicos nacionales interesados en desacreditarnos, y las
cartas de los españoles y extranjeros poco adictos al nuevo orden de cosas,
escritas con el mismo espíritu, han producido en los países ultramarinos una
impresión funesta a nuestro crédito, y aun a la opinión que se había podido
adquirir de la estabilidad de nuestras instituciones. Ha bajado de consiguiente
el valor de nuestros pagarés considerablemente, y no ha faltado algún
funcionario extranjero que se ha aventurado a decir que no valían el papel
sobre que estaban escritos.
Tal grado de abatimiento en el crédito de una nación que cuenta con
recursos inmensos para nivelarse a las más poderosas, requiere de nuestra parte
medidas enérgicas, prontas y eficaces. El Congreso general tiene el poder,
tiene los deseos; el Presidente de la República nada omitirá de cuanto pueda
contribuir a la gloria y prosperidad nacional; la franqueza y la buena fe serán
siempre el mejor garante de la pureza de sus intenciones; él me manda que yo me
dirija a las cámaras con esta manifestación.
El ministro juzga que las más solemnes protestas para hacer los pagos de
las deudas del erario no inspirarán ninguna confianza a los acreedores, si no
se varía enteramente el método de verificarse. ¿De qué sirven las hipotecas
especiales si el gobierno en sus apuros ha de echar mano de los caudales que
producen los derechos hipotecados? Es necesario formar un departamento
separado, que sea únicamente destinado a intervenir en los fondos destinados al
pago de los intereses y amortización de la deuda. Mucho tiempo hace que tuve el
honor de manifestar esta misma opinión al Congreso general: trabajé un proyecto
de ley para realizarla, y por una fatalidad inconcebible no se han discutido
por las cámaras las cuestiones interesantes del crédito público; como si la
República no estuviese altamente comprometida en los empeños que ha contraído.
Una caja nacional destinada únicamente a la deuda, y dirigida bajo la
inspección inmediata de la nación, es un establecimiento indicado por la
naturaleza de las cosas. Dotada de las rentas destinadas a la amortización de
la deuda, al Poder ejecutivo tocará protegerla; su contabilidad anual a la
Cámara de diputados, y los inspectores que ella le pondrá, asegurarán un empleo
conforme a sus sagrados objetos. El orden y la economía en los gastos del
gobierno, independientes de la deuda, serán una consecuencia importante; pero
no pudiendo dar otro destino a las rentas, será imposible el abuso de ellas.
Dentro de poco tiempo tendré el honor de presentar a la Cámara el estado
aproximado de nuestras rentas. Él es miserable, y debe llamar ejecutivamente la
atención del Congreso. Los Estados, a excepción de uno u otro, no pagan los
contingentes, y lo que es más melancólico, ni aun la deuda de los tabacos que
han recibido de la federación. La última memoria de Hacienda instruye bastante
en este particular. Las aduanas marítimas producen una mitad menos de los años
anteriores de 26 y 27, y sus productos están empeñados con los que han hecho el
triste tráfico de dar en créditos, que no tenían más valor que 10 ó 20 por
ciento, una mitad, y otra en numerario para recibir libranzas contra ellos por
el valor íntegro, y cuando mucho con un descuento de 15 por 100. La renta del
tabaco ha desaparecido. Lo que podría producir alguna utilidad de
consideración, que es la venta hecha a los Estados, está reducido a deudas. De
aquí la escandalosa detención en que tiene la federación a los cosecheros,
obligados por sus necesidades a hacer un comercio clandestino que desmoraliza
la nación. Sobre este monopolio, incompatible con el sistema liberal y
democrático, presentará el gobierno sus ideas con oportunidad. En el día sólo
puede decir que la ley de 25 de febrero último, que facultó al ejecutivo para
vender a los Estados o particulares al precio de seis reales libra, pudiendo
recibir una mitad en créditos, ha desvirtuado el efecto del monopolio y
debilitado la de los contratos hechos con los Estados, que habiendo tomado a
peso libra, y fabricado con los tabacos tomados a este precio, deben sufrir
mucho en la concurrencia que hoy tendrán que sostener con la federación. Dada
aquélla, y habiendo producido estos efectos, ya no tiene otro remedio que
proponer al ejecutivo sino el de modificarla en cuanto a la admisión de
créditos, valor de la rama por numerario y precio en que puedan los compradores
venderlos a los Estados. También sobre esto presentará el gobierno un proyecto
a la mayor brevedad.
Ha cerrado el gobierno enteramente la puerta al ruinoso medio de
adquirir numerario, tomando la parte para que le autorizaban los decretos de 21
de noviembre y 24 de diciembre de 1827 de créditos reconocidos, cuyo valor
nominal es cinco veces menor que el efectivo. Al tomar esta resolución ha
creído que se retrogradará de una bancarrota, a donde nos precipitaría ese
arbitrio destructor del crédito, y de todas las esperanzas de adquirirlo. Se ha
resuelto mandar que para pagar a los que hicieron este comercio, útil para los
agiotistas y perjudicial y oprobioso para la nación, se admita una tercera
parte en los libramientos dados por el ministerio y dos en numerario hasta
extinguir la suma librada. Esta providencia da una idea de que el ministerio
actual respeta los compromisos anteriores, pero que no puede ser indiferente a
la ruina total del erario, cuyo principal alimento son las aduanas marítimas,
con particularidad las de Veracruz y Tampico de las Tamaulipas.
Los ingresos de la capital apenas han llegado en los últimos nueve meses
a 790,000 pesos, suma equivalente a la séptima parte de los gastos del Distrito
Federal. De manera que el ministerio de Hacienda se ha visto obligado a
recurrir a anticipaciones de derechos, siempre degradantes y muchas veces
ruinosas, y a transacciones que han hecho representar al secretario de este
ramo más bien como el agente de un Banco que como el superintendente de las
rentas de una gran nación. De aquí el desorden extraordinario de todas las
rentas; de aquí esa confusión inextricable de deudas, préstamos, sueldos
atrasados, adelantos, etc., etc. Una casa de comercio tiene más orden y método
que la administración del tesoro público entre nosotros; las comisarías, las
aduanas, las tesorerías. las oficinas todas presentan la imagen del caos y de
la obscuridad. Al entrar en todas las oficinas que pertenecen a la Hacienda me
he sentido arredrado de penetrar en este laberinto. Yo invito a los señores
diputados para que pasen por sí mismos a palpar lo que me veo en la necesidad
de anunciar, para que al menos sean más disculpables los errores de un ministro
que encuentra sólo un cúmulo inmenso de papeles sin orden, la tesorería sin
dinero, el erario empeñado por anticipaciones hechas, deudas a varios cuerpos
del ejército, a muchos empleados, y rodeado de acreedores, tanto más importunos
cuanto que sólo esperan sus pagas para alimentarse y acallar los llantos de sus
familias hambrientas.
¿Quién, señores, no se intimidará a la presencia de este cuadro, débil
diseño de lo que pasa en realidad? Sin embargo, yo he admitido un encargo que
trae consigo inmensas responsabilidades, y la más terrible de todas, la de la
opinión; porque me ha llamado el ilustre ciudadano que hoy preside sobre los
destinos de la patria y he jurado servir a ésta cuando necesite de mis débiles
esfuerzos, y hoy, más que nunca, debo por muchos títulos emplearlos para poner
en evidencia la malignidad o ligereza de algunos. Los hechos hablarán y darán
el testimonio más irrefragable de la verdad.
Antes de terminar debo decir francamente que no tengo intención de
inculpar a ninguno de mis antecesores sobre el estado de las cosas. La
revolución, si bien produce muchos bienes por sus remotos resultados, de pronto
es un mal que trastorna el estado de los negocios públicos, y no sustituye un
nuevo orden sino después de muchas desgracias. Los que sólo juzgan por las
apariencias al comparar el estado actual de la sociedad mexicana con la
brillante esclavitud de los tiempos virreinales, pronunciarán desde luego un
juicio no muy ventajoso en favor de los sucesos que han precedido a nuestra
libertad e independencia. Pero profundizando la cuestión, ¿quién podrá vacilar
entre un estado de cosas y otro? El vuelo que ha tomado el espíritu, la nobleza
de nuestros actuales sentimientos, el genio que se desenvuelve rápidamente, la
elevación que toma el carácter y el generoso orgullo que engendran las
impresiones de libertad e independencia, ¡cuántas ventajas no hacen al triste
estado en que estábamos, reducidos a un pequeño círculo de ideas, y contentos
con el brillo de nuestras mismas cadenas!
La nación se elevará dentro de poco a sus grandes destinos, si podemos
dar a la revolución el curso que naturalmente debe tener. Por mi parte debo
anunciar que ocupándose el Congreso general del importante ramo de Hacienda, y
dando impulso al crédito, podremos hacer rápidos adelantos. La nación tiene
elementos y recursos; muy fácil es ponerlos en acción. El pueblo está en la
disposición en que se hallan todos los que acaban de salir de la esclavitud,
que no rehusan ninguna especie de sacrificio para la conservación de sus
derechos; éste es el tiempo de exigirlos y de hacerlos prontamente.
El excelentísimo señor Presidente se ocupa asiduamente con su ministerio
en medidas de economía, de las que espera buenos resultados. Quizá un quinto
del producto de las rentas generales se emplea en gastos que no son
absolutamente necesarios para la conservación de la sociedad. Los abusos son
comunes en los tiempos de desorden; pero el gobierno cree que es menos malo
hacer sacrificios pecuniarios algunas veces que exponer la nación a
reclamaciones, que con apariencias de justicia, podrán traer consecuencias
funestas. Además, los abusos del favoritismo monárquico son mucho más
dispendiosos y evidentemente menos útiles que los que nacen de las revoluciones
populares.
Concluiré haciendo presente al Congreso general y proponiendo a la
Cámara de representantes:
1° Que es de la mayor urgencia tomar medidas para cubrir el deficiente
de más de tres millones anuales.
2° Que el honor nacional está comprometido en que la deuda pública se
arregle de modo que los acreedores tengan las garantías necesarias para sus
reembolsos, que no intimiden por su obscuridad, y que se hagan con ellos
convenios que los pongan en estado de conocer su suerte.
3° Es absolutamente necesario hacer cesar todas las causas destructivas
de la confianza pública y sustituir los medios de establecerla sólidamente.
El corto término que falta para cerrar las sesiones obliga al ministro
que habla a manifestar a las cámaras la urgentísima necesidad de trabajar
incesantemente en los objetos que propone. Si por una desgracia se concluye el
período de las sesiones ordinarias sin haber tomado medidas eficaces para
evitar los males que traerán las escaseces del erario, no puede el ejecutivo
responder de las consecuencias. El prestigio inmenso del actual Presidente
sostendrá hasta cierto punto la tranquilidad y el orden, pero su estabilidad
dependerá de la solidez de las instituciones. Sólo diré, por último, que hasta
hoy se deben por la tesorería general en el distrito, por los tres meses
últimos: a la tropa, 318,645 pesos; de la lista civil, 77,844; lo que hace la
enorme suma de 396,489 pesos, que se aumenta diariamente.
La primera providencia que tomó el secretario de Hacienda fue la de
mandar suspender la amortización en su totalidad de las órdenes sobre derechos
en las aduanas marítimas; dispuso que los tenedores de estos vales, o créditos
amortizables con derechos causados por los efectos que se introdujesen,
deberían verificarlo únicamente por terceras partes, a fin de conseguir algún
ingreso en numerario, insuficiente aun para las más precisas atenciones del
erario. Esta providencia fue censurada por los escoceses, que ya comenzaban de
nuevo a levantar la cabeza por medio de su periódico El Sol y sus ecos en los
Estados. Zavala no hubiera tenido cuenta con los miserables declamadores; pero
su debilidad y falta de experiencia en aquellas transacciones, le hicieron revocar
aquella providencia salvadora, o al menos utilísima y justa en sus tristes
circunstancias. Desde entonces se cerraron todos los conductos de ingreso al
erario. Los Estados de Zacatecas, Yucatán, Veracruz y Durango eran los únicos
que pagaban corrientemente sus contingentes. Pero el de Yucatán no era ni aun
suficiente para pagar la guarnición de aquella península; los productos de
Zacatecas estaban empeñados por tres meses; de manera que de tres millones que
debían los Estados a la federación, sólo entraban escasamente ciento cincuenta
mil pesos mensuales nominalmente, pues se distribuían en la manutención de las
tropas que hacían el servicio en aquellos Estados. Se ha visto lo que producía
la aduana de México; en suma, hasta la cantidad de doce millones que al menos
se necesitaban en los primeros ocho meses de aquel año económico, con motivo de
la invasión, había un deficiente mensual de cuatrocientos mil pesos, sin contar
con el pago de los dividendos que hacía dos años que estaban suspensos.
Entonces el secretario Zavala se engolfó en esos desastrosos contratos que
había reprobado con tanto ardor en Esteva, sin dejar por eso de hacer esfuerzos
para levantar las rentas públicas a un estado que ofreciese al menos esperanzas
de mejor porvenir. Después veremos a la administración siguiente hacer
bancarrotas más escandalosas sin los riesgos del enemigo extranjero en el
territorio mexicano, y cuando los puertos de la República eran frecuentados, en
consecuencia de la derrota de la división española mandada por el general
Barradas en la época del general Guerrero, por las tropas mexicanas bajo las
órdenes del siempre valiente general Santa Anna, como veremos más adelante.
En estas circunstancias, los directores de la baja democracia -por
explicarme así-, que no se veían llamados al Consejo, en donde creían deber
entrar sin otro título que el de haber concurrido a la derrota del poder y al
triunfo de la última revolución, comenzaron a declararse contra sus mismos
jefes. Ya Guerrero no era para ellos el deseado de la nación y padre de los
pueblos. Elevado al poder, según se explicaban, había olvidado a sus antiguos
amigos, a sus hermanos, a sus colaboradores. Todos se creían con derecho a un
destino, a una recompensa, y creían que la victoria conseguida era la conquista
de las plazas que ocupaban por muchos años anteriores los que las poseían. Ved
aquí el grande escollo del triunfo de las facciones, y muchas veces de los partidos.
Lós administradores de rentas, los comisarios, los oficiales del ejército, los
enviados y cónsules, todos los que obtenían alguna plaza lucrativa, debían, en
su opinión, ser reemplazados por los que o habían peleado o intrigado en favor
del nuevo presidente. Es una observación que no debe perderse de vista que en
el pueblo mexicano, después de la independencia de la antigua metrópoli, los
directores de las revoluciones abrazan constantemente el partido de los
vencidos cuando el vencedor quiere establecer el orden y la disciplina y
hacerse obedecer, pues parece que por desgracia la obediencia se ha convertido
en oprobio. Ya veremos luego a los mismos que se rebelaron contra la elección
constitucional de Pedraza para elevar al señor Guerrero, procurar la caída de
este caudillo y conseguirla. Dum adipiscerentur dominationes, multa caritate,
et majore odio, postquam adepti sunt.
Los primeros meses de esta administración no fueron turbados por ningún
movimiento. Los Estados se mantuvieron en la mayor tranquilidad y en el pleno
goce de su soberanía. Agitábase únicamente la cuestión de si se dividiría el
Estado de Occidente en dos, como lo estaba antes de la creación del sistema
federal bajo la denominación de Sonora y Sinaloa. Esta discusión, que sólo
afectaba a algunos vecinos de aquellas pequeñas aldeas, fue remitida a la
decisión constitucional de las legislaturas de los Estados, que resolvieron la
separación, formándose de consiguiente dos Estados. Claro es que a una
distancia tan grande, y sobre localidades, recursos, clase de población,
capacidad social, costumbres y otras circunstancias que se deben tener
presentes para la decisión de una materia de tal importancia, no estarían los
diputados que pronunciaron muy instruídos para resolver con el debido
conocimiento de causa. Pero al ver la obstinación de unos diputados de Sonora,
que se negaban a concurrir al congreso de Sinaloa; al considerar el empeño de
los unos para la unión y de los otros para la división, empeño que amenazaba ya
combates entre los contendientes, era necesario tomar una resolución pronta que
hiciese callar a presencia de la ley a los interesados. Quizá aquellos pequeños
Estados, a pesar de su pobreza, falta de población y poca cultura, se
gobernarán mejor, o al menos con más tranquilidad, que los de Puebla, México,
Jalisco y Yucatán, con su media civilización, sus periódicos, sus abogados, sus
canónigos y sus tropas.
En los primeros meses de este año comenzó de nuevo a agitarse en las
cámaras la cuestión de expeler a los españoles de la República. Con la ley del
año 27 había salido una porción considerable, y permanecieron más de seis mil,
a beneficio de las excepciones de la misma ley muchos, y otros por favor
particular de los ejecutores.
Difícil es resistir a la voz de la humanidad doliente, y el corazón
sensible de un magistrado lo forzaba a no cumplir el decreto con aquellas
personas que se presentaban cargadas de familia y de miseria, cuyo destino iba
a ser el de perecer en un país extranjero, por falta de recursos y los rigores
del clima. Pero durante dos generaciones no se han de poder borrar de la
memoria de los mexicanos las escenas de horror de que fueron testigos en tiempo
de la pasada revolución y las sangrientas venganzas de los peninsulares contra
sus padres. Había además, por desgracia, otras personas movidas por el interés
de sus bienes, pero eran pocas. La ley se dió más rigurosa, de manera que
dejaba poco lugar a las excepciones y un plazo de treinta días para salir.
Entonces don José María Tornel, gobernador del Distrito y diputado en la Cámara
de representantes, publicó un bando contra los españoles, digno de los tiempos
de los Callejas y Venegas. Amenazaba con la cárcel a los que no saliesen dentro
de un corto número de días, y multitud de gentes honradas corrían por las
calles de México buscando un asilo para ocultarse de la terrible persecución.
Con motivo de esta cuestión, que ocupaba a las cámaras, a los periodistas, y
era por lo general la materia de las conversaciones públicas, don Andrés
Quintana Roo y don Lorenzo de Zavala publicaron algunos escritos en los que
reclamaban contra la injusticia de la medida. Las Cartas al Payo del Rosario
que escribió el segundo honran sus sentimientos y testifican que no siempre se
dejaba arrastrar del espíritu del partido en las cuestiones vitales y de grande
interés.
Don Andrés Quintana Roo, de quien he hablado en el tomo primero, es hijo
del Estado de Yucatán, desde donde fue enviado a México en 1808, siendo muy
joven, para entrar en la carrera de la abogacía. Un talento claro, aplicación
constante al estudio, gusto delicado en la elección de los autores, hicieron
desde temprano de este joven yucateco uno de los primeros hombres de la Nueva
España. Vivía en la casa misma de la familia de su actual esposa, doña Leona
Vicario, y estas dos almas ardientes, confundiendo el amor con el entusiasmo
más exaltado por la causa de la independencia, se lanzaron en la carrera de la
revolución, desafiando los peligros, las incomodidades y aun la muerte. Ambos
sufrieron prisiones, y uno y otro supieron evadirse de la mano cruel de los
inquisidores y del virrey para salir a juntarse con las partidas armadas de
insurgentes que recorrían el país. Un profundo sentimiento de patriotismo, más
bien que los atractivos pasajeros del amor, unió para siempre estas dos almas
sublimes. Quintana se vió obligado a indultarse después de siete años de
inmensos trabajos, cuando ya no había esperanzas para los patriotas, y después
de haber servido con su brillante pluma y sus talentos a la causa sagrada de la
patria. Posteriormente fue de los primeros que se reunieron al general Iturbide
en 1821, y después ha desempeñado varios encargos públicos. Su aplicación
continua a la lectura lo ha hecho perezoso para otro género de ocupación, y la
experiencia adquirida en tantas revoluciones ha infundido en él una calma que
se confunde con la indiferencia; sin embargo, cuando los males públicos son de
tal gravedad que amenazan grandes peligros a la libertad de la patria, su pluma
viene al auxilio de esta santa causa, y algunos rasgos dignos de Tácito
inspiran terror a los tiranos y despiertan al pueblo.
CAPÍTULO SEGUNDO
Colonización. Leyes generales y particulares sobre ella. Texas y
Guazacualcos. Austin. Su industria y constancia. El fruto de sus tareas en este
ramo. Diversas concesiones de tierras. Colonia francesa en Guazacualcos. Su mal
éxito. Ley antipolítica contra las adquisiciones hechas por extranjeros.
Obstáculos opuestos a los progresos de este ramo. Prosperidad futura de Texas,
Chihuahua y California. Rápidos adelantos de los Estados Unidos del Norte en
este género. Reflexiones. Inquietudes a la entrada del general Guerrero a la
presidencia. Algunas de sus causas. Política mezquina de aquel jefe.
Libelistas. Su imprudencia y descaro. Noticias de la expedición española.
Actividad de Guerrero. Desembarco en Cabo Rojo. Movimiento de la República
contra los invasores. Celo y ardimiento del general Santa Anna. Su marcha
rápida contra el enemigo. Sus peligros. El general Terán. Su cooperación con el
general Santa Anna. General Garza. Su cobardía. Sus consecuencias. Ocupación de
Pueblo Viejo por Santa Anna y de Tamaulipas por el general español Barradas.
Providencias de éste para adquirir víveres. Oposición que encontró por todas
partes. Enfermedades entre su tropa. Comparación entre estos invasores y los
antiguos conquistadores del pais. Excursión de Barradas a Altamira. Ocupa esta
villa. Ataque de Santa Anna a Tampico de las Tamaulipas. Valor de este jefe y
de sus tropas. Sus riesgos. Otra falta del general Garza. Maniobras interiores
del partido español para introducir la discordia. Escritores asalariados por
los españoles. Su poca fe y falta de decoro. Facultades extraordinarias
concedidas al presidente. Reformas útiles sobre Hacienda. Ataques dados al
ministro de este ramo. Periódicos españoles en Nueva York y Nueva Orleáns,
escritos en el sentido de los libelistas de México. Falsas alarmas en México de
otra expedición. Nombramiento del general don Anastasio Bustamante para el
mando del ejército de reserva. Combinación entre los generales Santa Anna y
Terán para atacar al enemigo. Ataque el día 1" de septiembre. Rendición y
capitulación de los españoles. Reflexiones. Noticia de este suceso en Mexico.
Alegría universal. Premios concedidos por el general Guerrero. Tropas que
concurrieron a la acción. Don Agustín Paz. Su carácter, opiniones y virtudes.
Su muerte. Misión de don Ignacio Basadre. Inutilidad de este paso. Indulto a
los conjurados de Tulancingo. Nombramiento del señor Gorostiza para Londres.
Cualidades de este individuo. Don Sebastián Mercado pasa de encargado de
negocios a Holanda. Intrigas secretas de los ministros de Guerrero contra
Zavala. Maniobras de otros en el mismo sentido. Petición de la legislatura de
Puebla para la separación del ministro de Hacienda y salida de Mr. Poinsett de
la República. Guerrero coopera a estas maniobras. Carta de este individuo al
general Jackson. Separación de Zavala del ministerio. Bocanegra ocupa su plaza.
El señor Viezca entra en Relaciones. Carácter de este ministro. Arreglo de
obispados. Perfidia de la legislatura del Estado de México. El Payo del
Rosario. Sus escritos y persecuciones. Don José María Tornel. Es nombrado
ministro para los Estados Unidos. Don Anastasio Torrens. Encargado de negocios
en Colombia. Ministros extranjeros en México.
Después de haber dado el Congreso Constituyente de la Unión en 1826 una
ley general de Colonización que arreglaba este importante ramo de riqueza y de
población, dejando en manos de los Estados la facultad y el derecho de
colonizar por sus leyes particulares, varias legislaturas formaron las que
creyeron convenientes para sus respectivos terrenos incultos y capaces de
recibir población que explotase sus riquezas agrícolas. Las de Coahuila y
Texas, y de Veracruz, fueron las que llamaron más la atención de los
extranjeros por la ventajosa posición en que se hallan situados los fértiles y
solitarios bosques de las orillas del Sabina, San Jacinto y Guazacualcos. Don
Esteban Austin, natural de los Estados Unidos del Norte, había dado principio a
una vasta empresa de colonización desde 1820 entre los ríos Brazos y Colorado,
en las cercanías de San Antonio de Béjar. Este activo e industrioso extranjero
trabajó infructuosamente por muchos años para conseguir el derecho de
enriquecer poblando y cultivando aquellas florestas inhabitadas, y después de
continuos sacrificios de todo género y de una constancia digna de sus
progenitores los ingleses, ha formado una colonia floreciente que ofrece la
perspectiva de prosperidad y dicha futura a sus felices habitantes y a sus más
remotos descendientes. Otras concesiones hechas en el mismo Estado comienzan a
tomar auge, y es de esperar que dentro de dos o tres generaciones esta parte de
la República Mexicana, más rica, más libre, más ilustrada que todo el resto,
servirá de ejemplo a los otros Estados, que continúan bajo la rutina semifeudal
y son dirigidos por el influjo militar y eclesiástico, herencia funesta de la
dominación colonial.
Las tierras de Guazacualcos en el Estado de Veracruz fueron en parte
concedidas a Mr. L' Ainé de Villeveque, diputado que fue en la Cámara de
Francia, para que las colonizase bajo ciertas condiciones. Varias familias
francesas habían venido a radicarse en virtud de estos convenios, enviadas por
Villeveque; pero ni eran aptas para los penosos trabajos que demanda una
empresa semejante, ni se tomaron las precauciones debidas para preservarlas de
la influencia del clima, ni había los fondos necesarios para los primeros e
indispensables gastos que se erogan en estas negociaciones, ni los encargados
tenían los conocimientos que se requieren; de manera que muchos de los
pobladores murieron, y todos los demás, o se dispersaron en la República o
regresaron a su país. Aquellos terrenos permanecerán incultos todavía por
muchos años.
En el año de 1828 el Congreso mexicano dió una ley sobre ventas de
bienes raíces en la República, hechas o por hacer a los extranjeros, sumamente
antieconómica y además injusta. La casa de Baring, de Londres, había comprado
algunos centenares de leguas cuadradas al ex marqués de San Miguel de Aguallo
en el Parral, entre los Estados de Chihuahua y Coahuila. El valor excedía de un
millón de pesos, y desde el momento en que pasaron a las manos de Baring
empezaron a recibir cultivo y mejoras que jamás tuvieron ni tendrán en las del
actual propietario. El celo judaico heredado de los españoles, de que los
extranjeros no se hagan ricos con las tierras ni producciones del país, y el
temor ridículo y mezquino de que la Gran Bretaña adquiría una grande influencia
en los negocios, si una casa inglesa tenía la propiedad de un extenso terreno,
excitaron el celo de varios diputados para provocar, no ya la formación de una
ley que prohibiese tales adquisiciones para lo sucesivo, sino una sentencia
judicial por la que el Congreso anulaba la venta hecha a Baring como ilegal,
pronunciándose de esta manera el cuerpo legislativo como lo podía hacer un
tribunal y dando de consiguiente una ley ex-post facto. Es increíble que
semejante escándalo haya pasado en ambas cámaras y que el Poder ejecutivo
hubiese dado la sanción. Pero hemos sido testigos de este suceso y visto dar
este ejemplo de la notoria infracción de uno de los artículos más esenciales de
la Ley fundamental.
Los grandes obstáculos que se opondrán a la colonización de las vastas y
fértiles comarcas de la República Mexicana son el sistema de pasaportes, igual
o peor que el que rige en las viejas monarquías de la Europa continental, y la
política rigurosa que es su consecuencia; la intolerancia religiosa o el culto
exclusivo de la religión romana, la influencia militar en todos los actos y
transacciones de la vida civil y los restos de antipatía judaica que existen
aun entre algunas gentes contra los extranjeros. Obsérvase generalmente que los
Estados de la República de México limítrofes a los norteamericanos no conservan
ninguna preocupación en este respecto; por esta razón, y por la de que las
influencias de la metrópoli -esas funestas influencias jerárquicas que hacen de
la capital y de los Estados que la rodean él teatro de perpetuas intrigas, de
guerras civiles, el origen de continuas discordias y de alarmas-, llegan muy
atenuadas, encuentran resistencia en los nuevos hábitos que se van adquiriendo
con la pureza de costumbres republicanas y con los progresos de una
civilización popular; así que se puede augurar muy favorablemente de los
futuros destinos de dichos Estados. Coahuila y Texas, el territorio de Nuevo
México, Chihuahua, las dos Californias y los dos nuevos Estados de Occidente,
serán dentro de medio siglo mucho más poderosos, ricos y poblados
proporcionalmente que los Estados meridionales de la gran República Mexicana.
San Luis Potosí, Zacatecas, Jalisco y Durango participarán de aquel movimiento
vital, si, como es de esperar, las personas de influencia en aquellos Estados
trabajan en disminuir el poder de las preocupaciones heredadas y estimulan los
progresos de la enseñanza primaria, único camino sólido para establecer un
gobierno libre y estable.
Es admirable el rápido progreso que hacen los Estados Unidos del Norte,
en donde no existen esos obstáculos ficticios que opone una mezquina política y
preocupaciones mantenidas por el espíritu de superstición a la entrada y
establecimiento de extranjeros en las vastas y desiertas florestas de la
República. El mexicano que ama verdaderamente su país no puede dejar de ver con
cierta especie de envidia las relaciones que se publican diariamente del
aumento de población, de prosperidad y de riqueza que presenta en los Estados
Unidos del Norte el fenómeno de una progresión jamás vista en ninguna nación,
que resuelve todos los problemas de la ciencia económico-social y es el mayor
argumento contra la triste y sombría legislación colonial que aún subsiste
prácticamente en los mexicanos. Admira el saber que en Vandalia, capital del
Estado de Illinois, en donde hace diez años no había más que tres casas, existe
en el día una sociedad de historia y literatura, presidida por el juez Hall,
hombre de espíritu y talento que acaba de publicar unos mapas de los Estados
Unidos. En todo este Estado, que era en 1785 parte de la Luisiana, no había más
que el pueblo de Kamskakia, habitado por unos cuantos franceses del Canadá.
La hospitalidad con que se recibe a los emigrados, la protección que dan
las leyes, y más que éstas, la justificación de los magistrados, la tolerancia
y el verdadero amor de la humanidad, hacen estos prodigios. Así obran unos
pueblos con otros cuando sus gobiernos, por miras de una detestable política,
no excitan odios nacionales entre ellos. Temible debe ser para el interés de la
Unión el que con el tiempo esos remotos Estados que no reciben de México sino
malos ejemplos vayan creando hábitos de independencia absoluta. El sentimiento
que liga los pueblos a la idea abstracta de un gobierno se compone del
reconocimiento por la protección que les concede, de afecciones por sus leyes y
sus usos y de la participación de sus glorias. Pero cuando un Estado se halla
de tal manera dividido que cada ciudadano no reconoce otra protección que la de
los magistrados de su pueblo; otras leyes, otros respetos y relaciones que las
de su pueblo; otra gloria, en fin, que la que está ligada a las armas de su
pueblo, olvídase fácilmente que han compuesto un gran todo, y procuran cortar
sus relaciones con un gobierno que sólo les era una carga pesada del que no
recibían ningún beneficio, y se acostumbran a mirar la patria toda entera en su
provincia o en la ciudad en que viven. De esta manera podrá obrarse
insensiblemente en los espíritus una revolución semejante a la de las
repúblicas italianas de la Edad Media, en las que, como observa muy bien
Sismondi, la felicidad y libertad de que disfrutaban los pequeños Estados los
separaban naturalmente de los grandes, con los que habían anteriormente formado
una nación, por los actos de despotismo, los grandes abusos, los extravíos de
la ambición, las guerras civiles sin objeto y las paces sin reposo; viéndose el
fenómeno de que uno o muchos pueblos renunciasen a los tributos de las grandes
naciones, a la grandeza, a la fuerza, para buscar la libertad en la disolución
de su lazo social.
A su tiempo hablaré acerca de algunos de esos territorios, que una
administración inhábil ha querido preservar de la ocupación de un país vecino
con medidas hostiles y coercitivas.
Ya he dicho que con la entrada del general don Vicente Guerrero a la
presidencia, lejos de mejorarse el estado de las cosas, parecía que un genio
malhechor insuflaba en los espíritus de las diferentes clases de la sociedad el
descontento, cuyas causas se hubieran buscado inútilmente en actos de
arbitrariedad o de despotismo. Lejos de esto, si los vínculos sociales se
relajaban más cada día, si la anarquía amenazaba al Estado, era porque la
administración había pasado toda entera a manos del pueblo; era porque Guerrero
no adoptaba un sistema fijo y combinado, como se lo propuso el que pudo
salvarlo; era porque vacilaba en todas sus providencias y desaprobaba al día
siguiente lo que había resuelto el anterior; era también porque en el gabinete
no solamente no obraban de acuerdo sus ministros, sino que se conjuraron contra
el de Hacienda, cuya presencia les estorbaba; y era, por último, porque jamás
la impunidad de los que atizaban la discordia fue tan escandalosamente
permitida.
Guerrero creía que con respetar las formas federales, escribir
diariamente a cuarenta o cincuenta personas cartas confidenciales, recibir con
afabilidad a toda clase de gentes, dar entrada en el despacho a todo el que
quería, y con la conciencia de su pureza de intención, conservaría su
popularidad, contentaría al ejército, acallaría a los maldicientes y
conseguiría consolidar un gobierno democrático. Ved aquí su grande error. Los
oficiales que habían ascendido un grado en cada una de las anteriores revoluciones
no veían con mucho agrado el triunfo de una revolución absolutamente popular;
los innumerables pretendientes a destinos públicos no podían ser satisfechos;
muchas gentes sin oficio que habían cooperado a la conjuración de diciembre se
veían en la misma situación anterior; folletistas asalariados por el partido
descontento calumniaban sin pudor ni recato a los que podían mantener con vigor
las leyes y el orden público. Su imprudencia llegaba hasta negar el desembarco
de los enemigos en las costas cuando toda la República se preparaba a la
defensa de la independencia amenazada. El presidente se veía obligado a
desmentir en sus proclamas dirigidas al pueblo las aserciones de escritores
asalariados por los españoles o sus partidarios. La tesorería general se
hallaba exhausta y sin medio de cubrir las más urgentes atenciones. En estas
circunstancias se anunció la proximidad del desembarco de una división del
ejército español en uno de los puertos de las costas de la República.
Todos sabían que la expedición había salido de La Habana en el mes de
julio de este año de 1829, pero ninguno podía decir positivamente hacia qué
puerto se dirigía el ataque. En esta incertidumbre, el general presidente no
omitió ningún arbitrio de los que pudiesen contribuir a rechazar al enemigo y
reanimar el espíritu público.
El desembarco de las tropas enemigas se verificó en Cabo Rojo, a doce
leguas de Tampico el Viejo, en 27 de julio. Esta expedición se componía de
3,500 hombres, bajo las órdenes del general brigadier español don Isidro
Barradas, con municiones y armamento suficiente para formar un ejército
numeroso en el caso de encontrar en el país el partido que los españoles
emigrados de la República habían asegurado existir. Una fragata con cerca de
500 hombres, extraviada del convoy, tuvo que arribar a Nueva Orleáns.
Mientras Barradas desembarcó con sus tropas y ocupaba los pequeños
pueblos en donde no podía encontrar bastante resistencia, todos los Estados de
la República se movían en masa para prepararse a la defensa unos, para atacar
al enemigo los otros. Los de Zacatecas, San Luis Potosí, Tamaulipas, Nuevo
León, Veracruz y México enviaron sus valientes tropas a combatir en las costas
mismas del desembarque. El general Santa Anna, de cuyo valor y ardimiento he
hablado repetidas veces en esta obra, fue nombrado general en jefe del ejército
mexicano. En esta vez el ilustre caudillo dió todo el vuelo a su carácter y
desplegó su infatigable actividad, una de sus primeras cualidades. Hizo
préstamos forzosos, ocupó los buques mercantes y de guerra del puerto de
Veracruz, dispuso el embarque de la infantería, mientras que la caballería se
dirigía por la costa; y habiendo reunido hasta cerca de dos mil hombres, con
esta fuerza marchó al encuentro del enemigo, habiéndose embarcado él
igualmente, exponiéndose a ser atacado por la fuerza marítima del comandante de
la escuadra española, Laborde, que había conducido la expedición. En esta vez
Santa Anna no contaba más que con su fortuna, porque es evidente que su pequeña
flotilla no hubiera tenido otro recurso, en caso de un ataque, que echarse
sobre las costas a perecer o entregarse al enemigo. Felizmente Laborde no hizo
ningún movimiento combinado con Barradas y sólo cumplió con dejar en Cabo Rojo
a los expedicionarios.
Por el lado del norte de este punto obraba el general don Manuel Mier y
Terán de un modo diferente, pero siempre perjudicial a los invasores. Terán se
fortificaba en las cercanías de Tampico de las Tamaulipas, en Altamira, en la
Hacienda del Cojo y otros puntos que él consideraba capaces de defensa. Sin el
ardor e impetuosidad de Santa Anna, pero con más conocimientos, preparaba
ataques regulares, mientras que el otro se lanzaba como un león sobre la presa.
El general don Felipe de ]a Garza, a quien ya hemos visto levantarse contra
Iturbide y luego pedir gracia, recibir a este incauto caudillo en Soto la
Marina y conducirlo al suplicio, ese mismo Garza fue encargado por el general
Terán de hacer un reconocimiento de las fuerzas del enemigo, y sin resistencia
o con muy poca, se puso él mismo en manos de los invasores, en donde permaneció
un corto tiempo. Pasó después al campo del general Santa Anna, y este jefe,
despojándolo de toda autoridad, en lugar de sujetarlo a un consejo de guerra,
como debió hacerlo, lo envió a México con comisiones, que ni a uno ni a otro
convenían. Informó al general presidente contra Garza en su comunicación
oficial, y este asunto quedó cubierto con el velo del misterio, sin poderse
saber si Garza fue un traidor o un cobarde y vil mexicano.
Barradas, después de algunos encuentros con las partidas de milicianos
de las costas, se dirigió a Pueblo Viejo, que está colocado sobre la orilla
derecha del río Pánuco a una legua de la costa. Esta es una pequeña población
de casas de palmas y de adobes de 2,000 a 3,000 habitantes a lo más. En
seguida, atravesando este río en balsas y canoas, se apoderó de Tampico de las
Tamaulipas, puerto principal del Estado de este nombre, cuyos adelantos rápidos
en seis años que hace está habitado anuncian una grande prosperidad futura. A
tres millas de este puerto se halla un fortín sobre la costa en el ángulo que
forma el río y el mar, que Barradas mandó ocupar con el objeto de proteger en
la entrada de aquella barra a los buques que viniesen de los puertos españoles
para auxiliarlo o de cualquier otro para hacer el comercio. Desde el momento en
que ocupó estos puntos publicó una proclama anunciando que había recobrado, en
nombre de su soberano, una parte interesante de las colonias españolas en el
virreinato de México, e invitaba por una ordenanza, que publicó al mismo
tiempo, a los comerciantes de las naciones extranjeras a concurrir al puerto
que había ocupado, prohibiendo la introducción de algunos efectos, arreglando
los derechos de entrada de otros y franqueando de toda carga los víveres, que
ofrecía además pagar con religiosidad y de contado.
En estas circunstancias llegó el general Santa Anna a Pueblo Viejo, que
había abandonado Barradas por no poder cubrir a la vez varios puntos, y
acampado a una milla de distancia del enemigo, sólo estaban separados por el
río intermedio entre las dos poblaciones. Barradas, al desamparar este lado del
río, había inutilizado los cañones que estaban en el fortín de la barra y los
que había en Pueblo Viejo, y echado mano de todos los víveres y provisiones que
se encontraban en este lugar. Tenía algunos heridos de resultado de la pequeña
acción ocurrida en su tránsito desde Cabo Rojo, entre su vanguardia y las
partidas de patriotas que le salían al encuentro sobre los médanos de arena.
La estación era de las más calurosas en aquellas costas, y por
consiguiente las tropas invasoras comenzaron desde el momento de su desembarque
a experimentar la funesta influencia del clima. Cada día se aumentaba el número
de enfermos, y el campo de batalla, antes de ningún ataque, se había convertido
en un vasto hospital. El desaliento era la consecuencia de este estado de
cosas, y como las tropas, lejos de experimentar una acogida hospitalaria de
parte de los vecinos de los pueblos, como se le había ofrecido, encontraban una
resistencia universal y la aversión menos equívoca, podían decir lo que en otro
tiempo un pueblo de Inglaterra invadido por las fuerzas de los normandos: Los
enemigos nos arrojan al mar, y el mar nos echa sobre los enemigos.
Barradas y sus compañeros buscaban inútilmente simpatías en un país que
ha sacudido la dominación española para siempre. Gratificaban a los paisanos
que podían haber a las manos, compraban a precios exorbitantes los víveres que
tomaban. Un fraile mexicano llamado Bringas, que había en tiempo de la pasada
revolución servido la causa de los españoles desde el púlpito y en el
confesonario, fue tratado con menosprecio y con horror.
Los conquistadores del tiempo de Fernando y de Isabel hablaban a los
indios en nombre de una divinidad que había puesto en sus manos los rayos que
lanzaban; y sus armas, maravillosas para aquellos pueblos, y sus caballos, y el
color de los invasores, y sus enormes buques causando espanto y admiración
entre aquellas gentes, abrieron un camino fácil a sus pequeñas huestes. Los que
en la guerra primera de la Independencia vinieron a sostener la dominación
vacilante de la antigua metrópoli encontraban un ejército de americanos
dirigidos por oficiales americanos, a quienes las preocupaciones religiosas y
las impresiones de la primera educación colonial retenían en sus antiguas
cadenas; encontraban obispos, frailes y canónigos que predicaban la ciega
obediencia al rey y a sus agentes; encontraban la Inquisición, que con su
infernal policía perseguía en las familias y en los bienes la sospecha de un
deseo de ser libre; encontraba, setenta mil españoles acaudalados, o que
ocupaban los primeros empleos públicos, cuya influencia y poder se extendía
hasta las últimas extremidades del país. ¡Qué elementos para poder conservarse!
Sin embargo, ¡cuánta sangre mexicana y española no corrió por el espacio de
diez años! La civilización había entre tanto invadido, por decirlo así, aquel
territorio de tinieblas; el ejército mexicano entró en otra esfera; el
sentimiento de su poder sustituyó en la nación a la innoble adhesión a una
vergonzosa dependencia, y un golpe eléctrico derribó los antiguos ídolos y
descorrió el velo de ignominiosos errores. ¿Qué podían encontrar los
legionarios de Fernando VII en una república en donde el sentimiento de la
independencia es cada día más profundo, y en la que se combate diariamente por
ser más libres?
Después de haber ocupado Barradas la villa de Tampico de las Tamaulipas,
tentó el internarse por el rumbo de Altamira (a) Magiscatzin. Esta es una villa
distante siete leguas del campo de Tampico, que había fortificado el general
Terán y encargado la defensa al general Garza, en donde éste se situó con
quinientos hombres, esperando los refuerzos que debían llegarle de San Luis y
otros puntos. El 17 de agosto encontró Barradas algunas tropas fortificadas en
dos angosturas difíciles de flanquearse, por la fragosidad de los bosques que
las circundaban y por dos trincheras artilladas que tenían por su parte. En
este punto se dió una pequeña acción, que no pudieron sostener las pocas tropas
indisciplinadas y no fogueadas que lo defendían, y se retiraron después de
alguna resistencia, que costó sangre a ambas partes, y Barradas entró en dicha
villa el día siguiente. Esta acción fue anterior al suceso de que he hablado
poco antes con respecto del mismo Garza.
En estas circunstancias llegó el general Santa Anna a Pueblo Viejo.
Apenas ocupó este punto y el de la Barra, dispuso aprovecharse de la ausencia
de Barradas para atacar a Tamaulipas, en donde habían quedado de cuatrocientos
a quinientos hombres bajo las órdenes del coronel español Salmón, que sostenía
aquella villa. Santa Anna había tomado una lancha cañonera al enemigo, y con
este auxilio y canoas de transporte y pescadoras atravesó el río la noche del
20 con quinientos hombres, y desembarcando entre la Barra y la villa, comenzó a
atacar al enemigo en las calles mismas de la ciudad, habiendo experimentado una
resistencia obstinada en el fuerte que intentó tomar por asalto. El ataque fue
sangriento como la defensa, y evidentemente hubiera ocupado el general mexicano
la villa y rendido al enemigo si el general Barradas, avisado desde el
principio del combate, no hubiera venido en auxilio de sus compañeros con mil
hombres. La situación de Santa Anna fue entonces verdaderamente crítica, y sólo
pudo salvarse por la presencia de ánimo con que recibió al enemigo, y
principalmente por la suspensión de armas que había propuesto Salmón y aceptado
Santa Anna antes que ninguno de los dos supiesen si las tropas que se veían
venir de lejos eran amigas o enemigas. El general mexicano se queja con mucha
razón de que don Felipe de la Garza no haya atacado al enemigo por la
retaguardia cuando desamparó precipitadamente la villa de Altamira para correr
a auxiliar a Salmón. Es evidente que pocas horas que hubiera detenido a Barradas
habrían bastado para que los españoles se rindiesen en el cuartel general.
Santa Anna atravesó el río tranquilamente con sus tropas y volvió a su campo.
El resultado de esta acción fue de la mayor importancia para las armas
mexicanas. El enemigo, que había creído o que había procurado hacer creer a las
tropas que los mexicanos no tenían valor, ni disciplina, ni armas, ni deseo de
pelear, recibió una lección terrible con este ataque brusco, inesperado y
oportuno, que manifestaba la actividad y destreza del jefe, el ardor y
atrevimiento de las tropas republicanas. El desaliento que causó este golpe a
los invasores fue principio de su próxima ruina y el anuncio del triunfo
nacional.
Veamos lo que pasaba en la capital en estas circunstancias.
Si hemos de juzgar por las apariencias, debe creerse que el gobierno
español tenía espías repartidos en la República: escritores asalariados,
instigadores para introducir la discordia y agentes de diferentes clases que
provocasen el desorden y la guerra civil mientras sus tropas atacaban por las
costas. Dos escritores de libelos infamatorios, llamados Bustamante el uno yel
otro Ibar, negaban que los españoles hubiesen invadido el país, aun cuando
habían ya llegado los partes oficiales de su desembarque en Cabo Rojo. El
primero, cuando era ya imposible sostener por más tiempo una aserción que
desmentía el grito general y los documentos oficiales impresos, aseguraba que
no eran españoles, sino americanos del Norte que habían ocupado la provincia de
Texas. El segundo llamaba a gritos a la sedición al ejército, diciendo que
debía primero destruir el gobierno nacional y pasar después a batir al enemigo.
Todos los días lanzaba una o muchas calumnias para quitar la fuerza moral del
gobierno y destruir enteramente el crédito de las administraciones. Las medidas
del ministerio encontraban no una censura nacional, ni la juiciosa crítica, ni
la acusación siquiera verosímil, ni la sátira, ni el sarcasmo a que dan lugar
los abusos de un gobierno extraviado, sino las calumnias más groseras, las más
imprudentes imposturas, las injurias más indecentes que puede producir la
rabia, el encono, el despecho mismo reunido a la insolencia, a la bajeza y a la
falta de toda caridad. El aturdimiento en que se hallaba la nación, absorta toda
entera en destruir con rapidez a los españoles, que después de nueve años de
arrojados de la República osaban volver a pisar como reconquistadores el
territorio mexicano, impidió que por entonces los ánimos se ocupasen de
semejantes calumnias. El Congreso general, convencido de que la rapidez en las
resoluciones era lo que más convenía en aquellas circunstancias, revistió al
presidente don Vicente Guerrero de facultades extraordinarias por un decreto
dado en 12 de agosto, con las únicas restricciones de no poder privar de la
vida a ningún mexicano ni desterrarle fuera del territorio de la República, y
bajo la obligación de dar cuenta al próximo Congreso de enero de 1830 (en cuya
época deberían cesar las facultades concedidas) de los casos en que hubiera
recurrido a las medidas extraordinarias y los motivos que para cada caso
hubiese tenido. El Congreso cerró sus sesiones con este decreto, dejando al
Poder ejecutivo una especie de dictadura, que atrajo al gobierno toda la
odiosidad de este nombre, sin haber sacado ninguna de las ventajas. Veamos lo
que por su parte hizo el Congreso general y las grandes reformas emprendidas en
el ramo de Hacienda.
El secretario de este ramo propuso al Congreso general la abolición del
estanco de tabacos, exponiendo, además de las consideraciones económicas que
reclaman contra la existencia de semejante monopolio en un país en que por
todas partes crece en abundancia esta planta, la inmoralidad que produce el
tráfico clandestino e inevitable; lo contradictorio que era un establecimiento,
apenas sostenible en el sistema colonial, en una república que ha adoptado
instituciones democráticas. Las cámaras adoptaron la propuesta del ministerio,
dando en consecuencia el 23 de mayo el decreto de la abolición de aquel
monstruoso estanco, que en tiempo del gobierno colonial llegó a producir hasta
cuatro millones de pesos por año, a beneficio de las leyes fiscales que
impedían la siembra y el cultivo de esta planta en la extensión de la Nueva
España, reduciéndola a ciertos puntos determinados de las villas de Córdoba,
Jalapa y Orizaba, y con el auxilio de quinientos guardas que recorrían el país
en todos sentidos y ahogaban en su nacimiento los vigorosos renuevos que la
fecunda naturaleza producía sobre las cenizas mismas que aun existían de los
incendios hechos en los años anteriores para aniquilar en sus gérmenes el
tabaco. Tales leyes no convenían ni podían ejecutarse con el rigor que se
verificaba en tiempo del despotismo virreinal sin un continuo ejercicio del
poder militar, cuya tendencia es siempre hacia un sistema de unidad y de
despotismo. Cuarenta mil tercios de tabacos, la mayor parte inservibles, y seis
o siete mil cajones de labrados en el mismo estado, hacían la existencia de
millones de que hablaba el ministro Esteva en sus memorias anteriores. El valor
nominal de esos montones de paja era de cinco o seis millones de pesos,
suponiendo a once reales la libra, como quería la ley Colonial, cuando el
tabaco nuevo, aromático y escogido, se vendía de contrabando a tres reales
libra a lo más. Esteva decía cada año en sus memorias: Tengo la satisfacción de
anunciar a las cámaras que la existencia actual es de cinco o más millones de
pesos en tabacos en rama o labrados.
Zavala concibió el proyecto, y lo ejecutó, de hacer vaciar los almacenes
de esos fardos, que los encombraban inútilmente, y descubrir las verdaderas
existencias de la tesorería nacional.
Zavala hizo otro tanto con la Casa de Moneda de México, formando un
reglamento que hará honor a la administración de Guerrero. Arregló igualmente
la administración del ramo de minería, poniendo en manos de los propietarios el
manejo de sus rentas, que estaba en las de los comisarios generales. Zavala se
propuso establecer, durante la peligrosa crisis de la invasión, un sistema de
contribución directa, en cuya formación se asoció con los señores Mangino,
Tagle, Marín, Rejón, Gómez Farías, Godoy y otras personas respetables e
instruídas de la República. Estos fueron los resortes que se movieron para
crearle enemigos. Zavala, en fin, propuso a las casas prestamistas de Londres
que pusiesen en las aduanas marítimas personas de su confianza que recibiesen
los productos de los derechos de aquellos efectos que procediesen de la Gran
Bretaña, para el pago de los dividendos, siempre que este producto no pasase de
la octava parte que asignaba la ley.
Por todas partes parece que se uniformaba el grito público para
separarlo de la administración que él no había solicitado. A Santa Anna
escribían diariamente cartas contra su manejo y conducta, llenas de falsedades;
se hacía otro tanto con los gobernadores de los Estados, que no podían alcanzar
a ver en estos pasos el principio de su ruina y el más seguro anuncio de sus
desgracias.
Los españoles trabajaban igualmente por fuera para debilitar la opinión
del gobierno y desalentar a los negociantes de los Estados Unidos del Norte en
la continuación de sus relaciones mercantiles. En Nueva Orléans tenían un
periódico titulado El Español, que repetía y comentaba las calumnias de los
libelistas de su partido de Mexlco, o inventaba otras que a su vez copiaban
aquéllos.
En New York, El Redactor, asalariado por los agentes del gobierno
español, y El Mercurio, dirigido también en el mismo sentido, aunque con menos
acrimonia, hacían pinturas exageradas de los menores desastres: representaban
el país como entregado a la anarquía, al saqueo, al desorden. Todo el furor de
los españoles emigrados se manifestaba en estos periódicos, órganos de sus
diatribas, de sus amenazas, y también el testimonio de su impotencia, de su
encarnizamiento y de su odio inextinguible contra los autores de la
independencia y destructores de su dominación, de su monopolio y de sus
miserables maniobras.
Mientras los españoles permanecían en Tampico, corría en México la
noticia de que habían desembarcado algunas tropas enemigas en las costas de
Huatulco, sobre el mar Pacífico, en el Estado de Oaxaca, y se anunciaba como
cierto que la escuadra española había regresado a tomar la división del centro
del ejército, cuya vanguardia se denominaba la de Barradas. El presidente
dispuso entonces que el vicepresidente, don Anastasio Bustamante, pasase a
situarse con tres mil hombres entre las tres villas de Jalapa, Córdoba y
Orizaba, desde donde podría hacer un movimiento sobre las costas de
Guazacualcos, Veracruz o Tuxpan, y conservaría las tropas en un clima templado
sin los peligros de la tierra caliente.
Guerrero no estaba ni un solo momento tranquilo mientras los españoles
permanecían en el territorio.
Entre tanto, los generales Santa Anna y Terán se combinaban para atacar
al enemigo, reducido a los dos puntos de Tampico y la Barra, en donde, como he
dicho, había un fortín con una guarnición considerable. Este ataque memorable
comenzó en la noche del 9 de septiembre, habiendo la división de Santa Anna
atravesado el río por la parte del Sur y aproximándose Terán con la suya por la
del Norte, quedando el cuartel enemigo entre los dos generales mexicanos, cuyas
fuerzas eran al menos de cinco mil hombres. El general Terán se apoderó del
punto de Doña Cecilia, que era una de las fortalezas colocadas entre la Barra y
el pueblo de Tampico, y el general Santa Anna se dirigió a atacar este pueblo,
mientras había ordenado a una parte de sus tropas que se dirigiese a tomar por
asalto el fortín de la Barra.
Doce horas de combate continuo, en medio de un torrente de agua que
llovía en aquellas circunstancias, hicieron esta acción terrible y desastrosa
por ambas partes. Los españoles se defendían con valor, orden y disciplina, y
con la obstinación nacional, aumentada por la situación en que se hallaban, sin
un punto a donde retirarse y obligados a escoger entre rendirse a discreción o
perecer.
Los mexicanos combatían con su natural impetuosidad, estimulada por la
gloria de hacer desaparecer en un corto período al enemigo de las costas de la
República, y por el temor de la llegada de nuevas tropas, que cada momento se
esperaban. Era imposible que la división española pudiese resistir por mucho
tiempo a un doble número de enemigos llenos de entusiasmo y vigor con el
sentimiento de su poder, con armas iguales, esperanzas de auxilios momentáneos
y orgullosos de tener, por decirlo así, el depósito sagrado de la independencia
entre las manos, llamando por lo mismo las miradas de la nación entera.
Después de un combate reñido, el cuartel general español izó bandera
parlamentaria, suspendiendo en consecuencia el ataque. En el fuerte de la Barra
se empeñó el combate con furor por el temerario arrojo del coronel Acosta y el
capitán Tamariz, oficiales mexicanos que se precipitaron entre los puentes y
fueron víctimas de su valor, causando al mismo tiempo la pérdida de más de
doscientos hombres, que se arrojaron al asalto sin probabilidad de buen éxito.
El 11 de septiembre se firmó la capitulación, por la que los españoles
se rendían en los términos siguientes:
ARTÍCULOS DEL CONVENIO HECHO EN PUEBLO VIEJO DE TAMPICO, EN 11 DE
SEPTIEMBRE, ENTRE LOS COMISIONADOS DE LAS FUERZAS ESPAÑOLAS Y MEXICANAS
1° Mañana a las nueve del día evacuarán las fuerzas españolas el fuerte
de la Barra con sus armas y tambor batiente, para entregarlas, junto con las
municiones de guerra, al ejército mexicano, quedando bajo el mando del general
Manuel Mier y Terán, segundo jefe del ejército. Dichas tropas pasarán a Tampico
de Tamaulipas junto con sus oficiales, quienes conservarán sus espadas.
2° A las seis de la mañana del día siguiente, toda la división española
que se halla en Tampico de Tamaulipas marchará a las órdenes del general Terán,
y entregará sus armas, banderas y municiones de guerra en los arrabales de
Altamira, reteniendo los oficiales sus espadas.
3° El ejército y gobierno mexicanos garantizan solemnemente a todos los
individuos de la división invasora sus vidas y propiedades particulares.
4° La división española pasará a la ciudad de Victoria, donde
permanecerá hasta su embarque para La Habana.
5° Se concede al general español permiso para mandar uno o dos oficiales
a La Habana para conseguir los transportes en que han de conducirse sus tropas
a dicho puerto.
6° Será de cuenta del general español pagar los gastos de manutención de
su división mientras permanezca en el país, lo mismo que los de los
transportes.
7° Los enfermos y heridos de la división española que no puedan marchar
se mantendrán en Tampico hasta que puedan trasladarse al hospital del ejército
mexicano, donde serán asistidos por cuenta de la división española, la que
dejará los cirujanos, practicantes y soldados necesarios para cuidar de ellos.
8° Se proporcionarán a la división española los bagajes necesarios para
su marcha, que pagará dicha división al precio corriente del país, lo mismo que
los víveres que se le han de suministrar.
9° El coronel de la división española queda encargado del cumplimiento
de esta capitulación, con respecto a las tropas que se hallan en la Barra, y
hará que se franquee el paso al jefe que manda en la punta llamada Doña
Cecilia.
10' El general Mier y Terán nombrará dos oficiales para que faciliten
estas operaciones con arreglo al precedente artículo.
El precedente convenio queda arreglado y firmado por los infrascritos el
día y fecha arriba mencionados.Pedro Landero. José Ignacio Iberri. José Antonio
Mejía. José Miguel Salmón. Fulgencio Salas. Ratifico la precedente
capitulación: Isidro Barradas.
Artículos adicionales.
Propuesto por el general español.
En caso que llegasen a este puerto algunas fuerzas españolas
pertenecientes a la división del general Barradas no se les dejará desembarcar,
y se les dará aviso de este convenio.
Propuesto por el general mexicano.
El general, comandantes, oficiales y tropas que pertenecen a la división
del general Barradas prometen solemnemente no volver jamás ni tomar armas
contra la República Mexicana.
Esta capitulación se cumplió religiosamente por ambas partes: los
prisioneros españoles fueron tratados con la humanidad y miramientos debidos al
infortunio, y que se tributan en todos los países civilizados a un enemigo
vencido y humillado. Oportunamente fueron remitidos a La Habana, partiendo su
general Barradas para los Estados Unidos, no habiendo creído conveniente
sujetarse a los cargos que pudo hacerle su gobierno por la conducta que observó
en la expedición.
Este fue el término trágico de la expedición española, en la que el
gobierno español, después de gastar un millón de pesos y de haber sacrificado
al menos mil quinientos hombres, dió al mundo civilizado el testimonio menos
equívoco de su torpeza, de su impotencia, y presentó una nueva ocasión a los
mexicanos para acreditar su patriotismo, su valor y sus virtudes.
La independencia de las antiguas colonias españolas en el continente
americano es una cuestión resuelta por un hecho perfecto, sostenida por la
opinión de todos los habitantes de aquellos países, sancionada por el voto de
todos los pueblos libres y reconocida por los gobiernos civilizados.
Sólo el gabinete de Madrid, cuya orgullosa fatuidad protocola aún el
reino de Jerusalén y de Nápoles entre sus títulos, desconoce el decreto
irresistible de la Providencia que ha conducido los sucesos a este grande y
sublime desenlace. En las nuevas repúblicas americanas se han extinguido del
todo hasta las más remotas afecciones, han desaparecido los intereses, se han
cambiado las preocupaciones que existían de adhesión al gobierno español. No
hay ya ningún vínculo, ni una sola necesidad, ni siquiera un recúerdo que pueda
hacer practicable la reconquista.
Una memoria confusa de las iniquidades de los españoles, de sus
riquezas, de sus monopolios, será todo lo que pasará a la posteridad; y los
sepulcros que encierran a los generosos ciudadanos que fueron sacrificados por
la crueldad de sus agentes cubrirán con sus huesos muchos hechos memorables,
pero nunca el odio de su pasada dominación.
La noticia de la completa derrota de los españoles llegó a México el 20
del mismo septiembre por la noche, y en un momento la ciudad se cubrió de
iluminaciones, y el pueblo corrió a la casa del presidente Guerrero a
felicitarle por tan fausto suceso. Este jefe, rodeado de cuanto había en la
capital, desde el más pobre hasta el más rico; confundido entre las oleadas de
los que le hablaban a la vez y la llamaban el padre de la patria, sólo
contestaba con lágrimas de gozo, y recibía en sus brazos a toda clase de
ciudadanos, entre los que no se conocía en aquellos felices momentos ninguna
diferencia de partidos ni opiniones. Parecía haber desaparecido en aquella
noche de alegría universal todos los odios y resentimientos. Todo lo ocupaba el
júbilo producido por el triunfo. El general Santa Anna escribía al presidente
como César al Senado romano: Veni, vidi, vinci; y el primer magistrado de la
República Mexicana, creyó ver en este feliz suceso el principio de una era más
fausta para la nación y un agüero favorable para su gobierno. Su corazón,
ulcerado con los ultrajes que diariamente se ]e hacían por los libelistas; su
espíritu, abatido entre el choque de intereses encontrados, y sin la energía
suficiente para adoptar y seguir una marcha constante; su físico, debilitado
por la herida incurable que recibió en el pulmón cuando en la acción de
Jalmo]onga sostenía la causa de la República, todo pareció olvidarse en
aquellos días. En la noche del 1° de octubre llegaron a la capital, conduciendo
las banderas tomadas al enemigo, los oficiales Mejía, Stávoli, Woll y Beneski,
y el presidente dispuso dedicarlas a la Virgen de Guadalupe y ofrecer este
trofeo a la patrona de los mexicanos, cuya imagen había sido entre los
insurgentes e] labarum maravilloso en los tiempos de su primer movimiento
nacional. Nada faltó a esta augusta ceremonia, viéndose entonces la calzada que
se extiende desde México hasta la villa de Guadalupe (alias) Hidalgo, cuya
extensión es de tres millas, cubierta de un gentío inmenso, que saludaba a don Vicente
Guerrero con aclamaciones de una alegría sincera, y si me es lícito decirlo
así, legítima.
Las primeras providencias del presidente Guerrero, después de haber
cumplido con estas formalidades religiosas, fueron elevar a las plazas de
generales de brigada a don Antonio López de Santa Anna y don Manuel Mier y
Terán, en virtud de sus facultades extraordinarias. ¡Premio merecido y
oportunamente acordado! Concedió igualmente otros ascensos a aquellos que más
se habían distinguido, y manifestó a las tropas que batieron al enemigo el
distinguido servicio que habían hecho a la patria, dándoles las gracias en su
nombre. Me es sumamente sensible no recordar todos los jefes y cuerpos a cuyos
esfuerzos y valor se debió la victoria. Pero no debo por eso dejar de rendir
homenaje a los que tengo presentes, cuyos nombres deben pasar a la posteridad.
Los batallones número 9, número 5, el de Tres Villas, número 3, número 2,
mandados por los coroneles Landero, Heredia, Mejía, Durán y Lemus; los cívicos
de las costas de Tuxpan, Tamiagua, Huejutla, Pánuco y Tamaulipas, y el número 3
de caballería, fueron las tropas que entraron en acción y trabajaron con
constancia hasta arrojar al enemigo.
Por este tiempo murió en la capital don Agustín Paz, senador por el
Estado de México. Este era un hombre de la clase indígena dedicado desde su
primera edad al oficio de albañil. Su aplicación constante al trabajo, su buena
conducta y afición a la lectura, le hicieron adquirir entre las personas
distinguidas un lugar que se procura siempre a los que deben sólo a sus
esfuerzos una carrera honesta. Esta fue la causa porque lo hicieron diputado en
1822. Paz era uno de los caracteres singulares de la época. No habiendo
aprendido por principios el idioma español ni recibido en los primeros años de
su juventud las lecciones prácticas de esta lengua en la buena sociedad, jamás
pudo llegar a hablarla ni con pureza ni con propiedad. Pero empeñado en la
carrera política, se dedicó con ardor y constancia a la lectura de autores
económicos y políticos, y creía que estudiándolos hasta aprender muchas páginas
de memoria podría hacer lucir su erudición en el Congreso. Sus intenciones eran
rectas, su carácter firme, sus deseos buenos; y si estas cualidades bastasen
para obrar bien, es cierto que este diputado hubiera contribuído a hacerlo.
Pero fue partidario de los escoceses, y partidario ciego; de consiguiente,
hostil siempre a Iturbide e infatuado en la monarquía constitucional con una
familia extranjera. Posteriormente moderó mucho sus opiniones, y su carrera de
diputado y senador por siete años lo había hecho más dócil a las lecciones de
la experiencia. La República perdió con su muerte un ciudadano honrado que
hubiera sido útil posteriormente.
Una de las extravagancias de la administración de Guerrero fue el
proyecto de una misión secreta cerca del gobierno de Haití, para la que fue
nombrado el coronel don Ignacio Basadre. Aunque don Lorenzo de Zavala era
todavía secretario de Hacienda, nunca supo el objeto de semejante misión, que
se le ocultó cuidadosamente. Su celo por el honor del gobierno le obligó, sin
embargo, a manifestar al presidente que si, como se decía, Basadre llevaba la
comisión de excitar un movimiento entre la clase degradada de una isla vecina a
Haití, sería dar un paso contra el derecho de gentes, que podría ocasionar
reclamaciones serias de los gobiernos civilizados y traería consecuencias
funestas a la República. Basadre salió para su misión cargado de patentes de
corso, que se le dieron para poder autorizar hostilidades en el mar contra los
buques españoles, como lo habían hecho las repúblicas de Colombia y Buenos
Aires y otras. El partido que después arrojó a Guerrero de la presidencia dió a
este negocio una importancia que no tenía, para acumular acusaciones contra
aquella administración. El perjuicio efectivo fueron doce mil pesos invertidos
en esta misión insignificante, en tiempo en que la tesorería se hallaba
exhausta.
Menos extravagante, aunque más trascendental, fue el perdón concedido
por el presidente Guerrero a los generales y oficiales desterrados fuera de la
República, en consecuencia del molote de Tulancingo de que he hablado. Guerrero
deseaba dar esta prueba de su generosidad y clemencia, aunque estaba
evidentemente persuadido de que desde el momento en que entrasen en la
República comenzarían a minar su autoridad y vendrían a engrosar el partido que
le era contrario. Sin embargo, no podía olvidar sus antiguas relaciones de
amistad con Bravo ni resistir a las solicitaciones de los amigos de éste y de
los otros desterrados, sostenidas por el ministro Moctezuma y aprobadas por
Zavala. La medida estaba resuelta, y se expidió el decreto de indulto de todos
los que habían tenido parte en la conjuración de Tulancingo, restituyéndoles
sus destinos y pagándoles sus sueldos corridos hasta entonces. Jamás hubo un
indulto más amplio y que manifestase mayor franqueza y buena fe.
Los generales Bravo y Barragán, que habían salido de New York antes de
tener noticia de esta resolución, contaron con que serían recibidos en su
patria en circunstancias en que, invadida por los españoles, no serían inútiles
sus esfuerzos y su influjo para concurrir a su derrota; y aunque llegaron
cuando el enemigo estaba vencido, su intención fue elogiada con mucha pompa por
sus partidarios. Desembarcaron sin ninguna dificultad, pues ya estaba publicado
el decreto de su indulto.
Don Manuel Eduardo Gorostiza, que estaba ejerciendo las funciones de
encargado de negocios cerca del rey de Holanda y Países Bajos por la República
Mexicana, fue nombrado ministro por el gobierno del general Guerrero cerca del
gabinete de Saint-James. Gorostiza nació en Veracruz, estando su padre, que era
oficial español, ejerciendo un encargo en aquella plaza. Desde su tierna edad
volvió a la tierra de sus padres, en donde ha seguido los intereses de la
península y la causa de los liberales españoles. Ha escrito unas comedias, cuyo
mérito principal es el de haber sabido imitar, y aun traducir, algunas piezas
de los teatros extranjeros, trasladándolas sobre la escena española con las
sales y gracias nacionales. No carece de mérito dramático, y aunque muy mediano
en el género lírico, no dejó por eso de ser aplaudido por los españoles cuando
cantaba las proezas del general Morillo y anticipaba sus triunfos en la
expedición que bajo la dirección de este caudillo atroz se destinó a la
reconquista de la república de Colombia. En cuanto a sus conocimientos
diplomáticos, no tiene el autor datos suficientes para pronunciar su opinión.
Bien que en Europa cualquiera podía desempeñar una misión insignificante, con
tal que tuviese decencia y maneras de la buena sociedad. En lugar de Gorostiza,
fue nombrado encargado de negocios de Holanda don Sebastián Mercado, antiguo
patriota mexicano y emigrado de su país desde el año de 1814.
He referido anteriormente cómo se había formado ya un partido osado que
anunciaba sin embozo sus proyectos de echar por tierra la administración del
general Guerrero. Los tiros principales se dirigían contra el secretario de
Hacienda Zavala, a quien, lejos de sostener los otros ministros, habían hecho
una coalición para juntarse a los enemigos comunes y libertarse de él a toda
costa. Los agentes del secretario de Justicia Herrera, en Puebla y Valladolid;
otros en México, ministros subalternos, demasiado obscuros para que merezcan
ocupar ni aún un nombre oprobioso en la historia, pero bastante aptos para
excitar disensiones, esparcir calumnias, dirigir cartas alarmantes, publicar
libelos infamatorios, trabajaban sin cesar contra el mismo a quien debían sus plazas,
sus destinos y su subsistencia, como el sostén principal del partido yorkino.
Pero Herrera, Bocanegra, Tornel, Valdés, comisario de México, y el mismo
Guerrero, creyeron poder desprenderse de Zavala, sobre el cual hacían recaer
toda la odiosidad que los del partido contrario ponderaban con sagacidad para
dividirlos y debilitarlos, y que los individuos referidos, con sus adictos
adoptaban y. abrazaban con ardor para dominar el gabinete. El general Santa
Anna, por otra parte, escribía al presidente pidiéndole la variación de
ministros, y había roto con Zavala una amistad que éste nunca solicitó, cuyo
poco valor reconoció después, viendo la ligereza con que se hacía amigos y
enemigos dicho general.
Don Lorenzo de Zavala recibió en estas circunstancias una comunicación
de la asamblea del Estado de México, por la que se le participaba un acuerdo
derogatorio de la licencia que obtuvo en abril para desempeñar el ministerio de
Hacienda, previniéndose en el mismo acuerdo que no se le diese posesión del
gobierno del Estado sin previa resolución de la asamblea. Al mismo tiempo, la
del Estado de Puebla hizo una exposición al presidente de la República para que
separase a los ministros Zavala y Moctezuma y diese pasaporte al ministro de
los Estados Unidos del Norte de América, Mr. Poinsett. La legislatura del de
México había dado igual paso con respecto a este último punto, dando por razón
que Mr. Poinsett tenía modales finos y agradables, y que de esta manera
alucinaba a los mexicanos.
En todas estas pequeñas maniobras se descubría visiblemente la mano de
los ministros Herrera y Bocanegra, y la tímida e incierta política de Guerrero,
con cuyo conocimiento se hacían estas cosas. Lo más notable y digno de fijar la
atención sobre el carácter de este jefe fue la conducta que observó con Mr.
Poinsett, acusado por los enemigos del partido yorkino como el principal agente
entre ellos, y uno de los mayores apoyos de Guerrero. Si el hecho era cierto,
claro es que este general debía estarle agradecido. Pero si era falso, entonces
se desvanecían los pretextos de acusación hechos al ministro americano, como
que tomaba parte en las facciones que agitaban la República. Guerrero pasó una
carta confidencial al presidente de los Estados Unidos, Mr. Jackson, pidiéndole
la remoción de Mr. Poinsett, cumpliendo de este modo uno de los más fervientes
votos de los escoceses, y de los que creían ver en este ministro un espíritu
diabólico o un genio a la manera de los que se hacen figurar en los cuentos
árabes. Zavala, cansado de tantas intrigas y vilezas, renunció el ministerio en
1° de octubre, paso que había dado tres meses antes y al que se opusieron los
mismos que ahora lo arrojaban.
Al retirarse dijo al presidente Guerrero estas notables palabras:
Yo me retiro cansado de sufrir ingratitudes y calumnias. Una tempestad
amenaza a usted dentro de poco tiempo.
En seguida le aconsejó que llamase a la capital a las personas más
notables que estaban en los Estados, y que se rodease de gentes que valían más
que los que le intentaban dirigir. Esta fue la postrera vez que Zavala habló
con Guerrero acerca de asuntos públicos y los últimos consejos que le dió de
gobierno. Si los hubiera escuchado, todavía quizá viviría aquel jefe
infortunado, no hubiera la patria llorado tantas víctimas, y no por eso
dejarían los que hoy dirigen los negocios públicos de tener una influencia
conforme a sus talentos y disposiciones. Dios lo dispuso de otra manera.
DOn José María Bocanegra fue nombrado secretario de Hacienda, y en el
ministerio de Relaciones, que ocupaba, entró don Agustín Viezca. Si la honradez
y la pureza de costumbres republicanas, maneras agradables y delicadas,
carácter dulce, intenciones patrióticas, fueran calidades suficientes para
hacer un buen ministro, la elección del señor Viezca hubiera sido una de las
mejores. Pero en tiempo de convulsiones se necesita firmeza, actividad,
penetración, energía y una vigilancia continua para no ser envuelto en las
tramas que se urden por todas partes. El señor Viezca, dotado de un carácter
sumamente flexible, no era muy a propósito para dar tono a un ministerio
inerte, movimiento a una máquina desmontada. Veía venir los males públicos,
aumentarse los peligros del gobierno, enervarse la administración; palpaba el
desenlace próximo de un gran suceso en las disposiciones hostiles de un partido
emprendedor. Pero ¿qué podía hacer para contener el torrente que se
precipitaba, sin encontrar ayuda en sus compañeros, apoyo en el presidente ni
recursos y poder en sí mismo, y para hacer respetar una autoridad ya
vilipendiada, envilecida y ultrajada, sin que haya dado una sola señal de vida?
Pero el gabinete se ocupaba de una cuestión de disciplina eclesiástica y
era la del modo de proveer de obispos las sillas episcopales vacantes en la
República. Ya hemos visto anteriormente que la mayor parte de esos prelados
habían muerto y que dos salieron del país por odio a las nuevas instituciones.
El ministro de Negocios Eclesiásticos don J. M. Herrera, procurando buscar un
apoyo en el clero, o quizá esperando ocupar una de aquellas prelacías, promovió
en el gabinete la cuestión de provisiones, y agitó cuanto pudo esta delicada
materia hasta que logró arreglar el modo de hacer los nombramientos de una
manera que causará en lo sucesivo muchos trastornos.
Era cosa muy singular el ver ocuparse el Consejo de ministros de la
provisión y nombramiento de prelados eclesiásticos en las diócesis, mientras el
gobierno estaba amenazado por una facción y la República en vísperas de una
guerra civil. Era exactamente la conducta de los emperadores griegos, que
disputaban sobre la visión del Tabor, el culto de las imágenes, el matrimonio
de los eclesiásticos, el tiempo de la celebración de la Pascua, y otras
cuestiones semejantes, mientras el enemigo conquistaba las provincias del Asia
Menor y se acercaba a las puertas de Constantinopla. El presidente Guerrero
jamás debió hacer uso de las facultades extraordinarias, que le habían
concedido las cámaras para proveer a la seguridad de la República, en arreglar
jerarquías eclesiásticas ni en ocurrir al pontífice a pedir de gracia lo que
debe hacer por obligación. El más terrible golpe que puede darse a las
instituciones democráticas es el hacer depender sus gobiernos, en alguna
manera, de la Silla Apostólica. Muy justo es que los pueblos tengan sus
pastores que les dirijan y enseñen conforme a los dogmas de su religión y sus
doctrinas; pero es una cuestión vital en el día para las nuevas repúblicas la
del arreglo de su culto y el asunto del patronato. ¡Que teman sus directores
implicarse en discusiones de disciplina con la Santa Sede! Este es uno de los
escollos que deben evitar de todos modos.
Después veremos los resultados de estos primeros pasos, y haré
reflexiones sumamente importantes acerca de la enfermedad constitucional, por
decirlo así, que tienen aquellas repúblicas en cuanto a las clases
privilegiadas.
Separado Zavala del ministerio de Hacienda, la legislatura del Estado de
México, que había derogado la licencia que le dió para funcionar en aquella
comisión, expidió un decreto prohibiendo que tomase posesión del gobierno del
Estado, bajo el pretexto de que habiendo dado en el ejercicio del ministerio
algunos decretos contrarios a los intereses del Estado, estando en el gobierno
éste los haría cumplir. Aquí se descubrió la perfidia de sus enemigos, que por
un decreto lo llamaban a ejercer sus funciones de gobernador para sapararle del
ministerio, y por otro, luego que se separó, lo privaron del ejercicio a que le
llamaba la Constitución del Estado, y de que no podía ser suspenso sin las
formalidades que requiere la misma Constitución. Pero todo era ya un desorden,
y con este motivo salió un folleto intitulado: Pobre del señor Guerrero, para
de aquí al mes de enero, escrito por don Pablo Villavicencio, llamado
vulgarmente el Payo del Rosario.
El espíritu de este papel era el exhortar al presidente a no dejarse
adormecer por los que le rodeaban y a decirle que la injusticia hecha con el
gobernador del Estado amenazaba su próxima caída.
El gobernador del Distrito, Tornel, puso en prisión a Villavicencio por
este impreso, mientras que otros libelistas que ofendían la moral, insultaban
la decencia y predicaban la rebelión continuaban escribiendo impunemente.
Villavicencio es uno de esos hombres que se forman en las revoluciones
de los pueblos, y sin haber recibido ninguna instrucción, conducidos por un
buen sentido y talentos naturales, escriben con menos incorrección, y algunas
veces menos perjuicio, que muchos que se han llenado la cabeza de estudios
inútiles. Escritor popular, sostuvo desde el año de 1822 la causa democrática,
V fue considerado como el tribuno de la plebe. Fue el sucesor de otro más
notable y mucho más instruído folletista, llamado don Joaquín Fernández de
Lizardi (alias) el Pensador Mexicano, cuyo nombre fue célebre para la época en
que vivió en la República y cuyos escritos combatieron siempre la tiranía y la
superstición. Justo es hacer mención de estos individuos en una obra destinada
a dar a conocer los motores de las masas y directores de la opinión. Ni los
Gracos ni los Saturninos eran instruídos ni más estimados por los plebeyos de
su tiempo.
En el mes de octubre fue nombrado don José María Tornel, de quien he
hablado, ministro plenipotenciario para la república de los Estados Unidos del
Norte, y para secretario suyo don J. A. Mejía, el mismo que concurrió a la
derrota de los españoles en Tampico, como coronel del número 3.
Después de la muerte de don Pablo Obregón había quedado desempeñando, en
calidad de encargado de negocios, el secretario de la legación, don Manuel
Montoya, hombre mediano, pero honrado y con alguna práctica de negocios.
Evidentemente Montoya hubiera desempeñado mejor, con menores gastos y menos
boato, aquella comisión. Pero Guerrero era hombre que no podía resistir a las
instancias de sus confidentes, y el señor Bocanegra hizo este servicio a Tornel
sin ninguna ventaja de la República.
En Colombia continuaba desempeñando la comisión de encargado de negocios
don Anastasio Torrens, que había pasado a aquella república en clase de
secretario de la persona que entonces se pensó nombrar: éste era el señor
Molinos del Campo. Torrens desempeñó su comisión con celo y actividad; instruía
al gobierno de los proyectos ambiciosos del general Bolívar, de los proyectos
de la monarquía bajo la rama de Orleáns en aquella república, presentados por
el agente francés Mr. Bresson; de la contestación del ministro inglés Capbell y
de la positiva denegación del gabinete de Londres. De todo tenía conocimiento
Torrens, y su adhesión constante, aunque mesurada, en Colombia, por la libertad
y forma republicana, y sus conexiones con el general Santander, el banquero
dinamarqués Leidesdorf y otros partidarios de las instituciones liberales,
hicieron que el libertador Bolívar diese su pasaporte al agente mexicano, al de
los Estados Unidos del Norte, Mr. Harrison, cónsul; al Ínglés, Mr. Anderson, y
a Mr. Leidesdorf. Torrens regresó a México, en donde permanece retirado, porque
no puede hacer alianza con la tiranía. La República del Centro nombró ministro,
en lugar del señor Mayorga, en 1827, a don José María del Barrio. La de
Colombia no había sustituÍdo ninguno al señor Santa María, que salió en 1828.
El gobierno inglés nombró en lugar de Mr. Ward a Mr. Pakenham, encargado de
negocios, y en la misma clase está Mr. Gratten por la Holanda. La Prusia nombró
un cónsul general, y la Francia, como hemos visto, hizo lo mismo hasta la
revolución de julio de 1830, en que la veremos reconocer formalmente la
independencia de algunas repúblicas modernas. El presidente de los Estados
Unidos nombró en lugar de Mr. Poinsett a Mr. Buttler, como encargado de
negocios. A su tiempo hablaré de la llegada de este agente diplomático.
CAPÍTULO TERCERO
Obra de Mr. Ward, publicada en Inglaterra. Juicio sobre ella. Rumores en
México sobre revolución. Proclama de la legislatura de Veracruz. Proclamas de
los generales Santa Anna y Bustamante. Prometen obediencia a las leyes. Frases
ambiguas de estas proclamas. Sedición de Campeche. Causas aparentes de ella.
Gobierno militar de Yucatán. Reflexiones. Noticias en México de este suceso.
Comisiónase a don Lorenzo de Zavala para pasar a aquel Estado. Motivos para su
nombramiento. Del embarco de Zavala en Sisal. Su arresto. Reflexiones que hace
al comandante militar del puerto. Violencias de don José Segundo Carvajal.
Efectos que causa la llegada de Zavala en el Estado. Resolución para su
reembarco. Nota oficial dirigida a él. Amenazas que se le hacen. Su salida. Conjuración
de Jalapa. Don Anastasio Bustamante, jefe de la conspiración. Don José Antonio
Facio, director de ella. Plan adoptado por los conjurados. Noticia de este
suceso en México. Efectos que causa. Aturdimiento del gabinete. Su debilidad.
Audacia de los rebeldes. Guerrero, a la cabeza de las tropas. Deserción de
varios jefes militares. Rumbo que toma Guerrero. Extravagancia de sus medidas.
Nombramiento de presidente interino por la Cámara de diputados. Falta de
acierto en la elección. Preparativos en México para un movimiento. Noticias que
tiene el Poder ejecutivo. Su abandono. Traición de Esteva. Rómpense las
hostilidades en la noche del 22. Ocupan los rebeldes la Ciudadela. Resistencia
inútil del comandante don Pedro Anaya. El general Quintanar, a la cabeza de la
revolución. Intimase rendición al gobierno. Victoria de los facciosos. Don Luis
Quintanar, don Lucas Alamán y don Pedro Vélez forman el gobierno. Carácter de
estas personas. Arresto hecho a don Lorenzo de Zavala. Asesinato cometido en
don Severiano Quesada. Noticias de los acontecimientos de México en el campo de
Guerrero. Fuga de este caudillo.
El ministro inglés en México, Mr. Ward, había publicado en Inglaterra
una obra indigesta sobre esta república, semicopia del Ensayo político de Mr.
Humboldt, con algunas adiciones sobre la estadística del país, recogidas de las
relaciones hechas por los gobernadores de los Estados y empresarios de minas.
Mezcla relaciones mutiladas e imperfectas de los sucesos políticos de la
República y presenta un cuadro confuso de los hechos más importantes.
Agregó a su obra algunas vistas pintorescas de tres o cuatro lugares de
aquella deliciosa comarca, y esto era bastante para que en Europa, en donde
sólo se conoce a las Américas por las románticas relaciones escritas para
divertir y hacer dinero, corriesen los dos volúmenes que abrazaba la obra, sin
que ninguno se tomase el trabajo de examinarla. Sin embargo, no se nota en ella
ni mala fe ni una parcialidad nacional que manifestasen en el escritor un fin
poco generoso o un objeto mezquino e interesado. Censura con decencia las
faltas que ha notado, las disculpa, y aun las disminuye, atribuyéndolas, como
es justo, al régimen colonial y a la educación eclesiástica de nuestros padres.
De los Estados Unidos del Norte habla con verdad y admiración, y su juicio no
está contaminado por el espíritu de rivalidad que existe entre las dos
naciones, la patria del autor y esta grande república.
Posteriormente ha publicado Mr. Ward un apéndice a su obra, reducido a
referir los sucesos ocurridos en México después de su salida de aquel país. Es
un escrito calumnioso, dedicado únicamente a denigrar las primeras personas del
partido popular y a hacer odiosa en Europa su preponderancia en México. Entre
las muchas falsedades que contiene, se encuentra la especie, propagada en la
República por los adversarios del general Guerrero, de que este jefe contrató
vender la provincia de Texas a los americanos del Norte en doce millones de
pesos. ¡Calumnia inventada para debilitar entre los mexicanos el aprecio que
tenían a aquel caudillo por sus servicios! Guerrero jamás soñó en tal convenio.
A principios del mes de noviembre se anunció de una manera positiva y
general que los generales Bustamante, Santa Anna y Múzquiz trataban de formar
una conjuración contra el gobierno federal y suplantar al sistema existente la
forma unitaria o central, disolviendo en consecuencia las asambleas de los
Estados y el Congreso General. Una proclama de la legislatura de Veracruz, en
que se manifestaban estos recelos, dió en aquellos días más valor a este rumor.
He referido anteriormente cómo Bustamante fue nombrado por el presidente
Guerrero general en jefe de una división de tres mil hombres, que se
acuartelaron en la villa de Jalapa, y se denominó ejército de reserva. Santa
Anna, después de la derrota de los españoles, se había venido a reunir a éstos
sin esperar órdenes ningunas del gobierno, y todos creían que tenía el proyecto
de hacer una nueva revolución. Ambos generales desmintieron la voz pública por
proclamas que circularon impresas, en las que aseguraban al gobierno y a los
ciudadanos que, lejos de promover ningún género de desorden, serían los
primeros en dar el ejemplo de obediencia a las leyes, subordinación al gobierno
y respeto religioso a las instituciones juradas. En sus discursos, sin embargo,
se notaba cierto embarazo y algunas frases que decían lo bastante para no
conocer que un gran suceso amenazaba a la República.
En 18 de noviembre llegó al gobierno general la noticia de que la
guarnición de Campeche, en Yucatán, había proclamado la forma central, y que
las autoridades civiles de aquella ciudad juraron por la fuerza, en medio del
tumulto, obedecer a los conjurados. Este movimiento nació repentinamente, en la
tarde del 5 del mismo mes, de una orgía en que varios oficiales, acalorados con
el vino, creyeron poder hacer un cambio en las instituciones de una gran
república. Parece que el gobernador de aquel Estado, don Tiburcio López, hombre
honrado, pero incapaz de grandes resoluciones y sin energía, había tenido
contestaciones acaloradas con la autoridad militar acerca de suministros de
numerario para las tropas. Esta será siempre una de las causas de disensiones y
alborotos en las nuevas repúblicas. Aquel movimiento y sus consecuencias es uno
de los grandes argumentos contra la compatibilidad entre el régimen militar, en
la manera actualmente reglamentado, y las fórmulas republicanas adoptadas en el
país. Ochocientos hombres de guarnición en Campeche, y otros tantos en Mérida,
fueron suficientes para echar abajo las leyes constitucionales, deponer al jefe
supremo del Estado de Yucatán, disolver la asamblea legislativa y establecer un
régimen militar que, bajo la denominación genérica de centralismo, sujetaba una
península de 700,000 habitantes a las ordenanzas del ejército. ¿Cómo podrá
concebir esta ignominiosa metamorfosis, este vergonzoso cambio, este oprobioso
envilecimiento, un habitante de los Estados Unidos del Norte, en donde los
militares son nada y los ciudadanos todo, en donde cada habitante tiene
arraigado profundamente el noble sentimiento de su libertad y confunde sus
derechos con su existencia? Es porque cuatrocientos mil indios degradados no
experimentan ninguna variación en su modo de estar y de vivir; es porque
doscientos mil de una clase poco menos ruda no han podido entrar en una esfera
de ideas que eleva el espíritu y da dignidad y energía a la razón; es porque un
corto número de hombres osados se presentan en la escena a solicitar la
dirección de los negocios y el fruto de los trabajos útiles de las clases
productoras. ¿Qué puede resultar de este estado de cosas? Naturalmente, el
choque perpetuo entre los que participan y gozan de las rentas públicas y del
mando, y la indiferencia de las masas, cuya situación no varía, cualesquiera
que sean los diversos aspectos y las formas diferentes con que se anuncie un
nuevo orden de cosas.
El movimiento de Campeche, a cuya cabeza fue puesto don Ignacio Roca,
comandante de la plaza, aunque con alguna resistencia de su parte, se comunicó
al momento a la capital, Mérida; y las tropas de esta ciudad, puestas bajo las
órdenes de don José Segundo Carvajal, comandante general entonces de todo el
Estado, proclamaron el gobierno militar bajo el nombre de repÚblica central.
Reasumieron todos los poderes y formaron una acta por la cual protestaban nó
unirse a la confederación mexicana hasta que esta república no adoptase las
mismas instituciones; esto es, un régimen militar sin otra ley que la fuerza ni
otras reglas que las que se escribiesen con la punta de las bayonetas.
Lo más extravagante era que esta usurpación de los poderes públicos se
hacía en nombre del Estado, cuyas autoridades populares habían sido despojadas
y vilipendiadas, cuya Constitución fue hollada; era la arbitrariedad más
completa que se haya conocido en los anales de los pueblos; el despotismo que
encontrase menos obstáculos, freno ni límites; pero no provocado, ni irritado
por ninguna resistencia por parte de los habitantes, ni ensangrentado, por el
curso pacífico que tomaron las cosas. Era un escándalo, sin embargo, el ver
formarse esta vanguardia de un poder absoluto en las repúblicas americanas, que
habían peleado por su independencia y libertad.
Tengo datos para creer que por parte de algunos se intentaba establecer
en Yucatán el régimen, si es que merece este nombre, del Dr. Francia en el
Paraguay. Basta considerar las diferentes posiciones locales y las diversas
circunstancias de las personas que mandaban y obedecían, para conocer al
momento lo absurdo de aquella concepción. Bolívar había intentado hacer lo
mismo en Colombia; pero Carvajal no era libertador de un gran pueblo ni el
pueblo podía querer sujetarse a un gobierno semejante. Cualquiera que sea la
distribución de los poderes públicos en un Esrado, cualquiera que sea la forma
que los caracteriza, un gobierno jamás puede ser más que la acción libre y
permanente que la sociedad ejerce sobre sí misma para conseguir los objetos de
su institución primitiva. Llamar al pueblo de una manera cualquiera a
participar de la formación de las leyes que deben dirigir el Estado y
satisfacer sus necesidades, es resolver la sola cuestión vital en cuya
profundidad van a confundirse todos los principios de orden y de prosperidad.
Ved precisamente lo que intentaron aquellos oficiales yucatecos, sin luces, sin
experiencia, sin previsión ni capacidad. Conozco a muchos personalmente y puedo
asegurar a los lectores que no fuera posible concebir cómo han podido gentes
semejantes llegar a usurpar tranquilamente un poder absoluto, si no se
explicase por las razones que tengo expuestas. Como no escribo la historia de
aquel Estado, no entro en explicaciones que darían a conocer con toda claridad
la situación moral y los destinos futuros de aquella península.
Luego que llegó a México la noticia de aquel suceso, el presidente
Guerrero comisionó a don Lorenzo de Zavala, natural del Estado de Yucatán, para
que con la brevedad posible pasase a él con amplios poderes para tranquilizar y
llamar al orden, por las vías de persuasión, a los jefes militares extraviados.
Zavala, como se ha dicho, era uno de los patriarcas de la libertad e
independencia de su patria. Había trabajado desde el año de 1810, con otros
ciudadanos de que se ha hecho mención, en abrir los ojos al pueblo, y publicado
escritos que creaban ideas de independencia individual, suscitaban cuestiones
de derecho civil y político y hacían entrar a los yucatecos por primera vez en
el campo de las discusiones políticas.
Había merecido los sufragios de sus conciudadanos para destinos en el
país y fuera de él, y hasta el año de 1826 obtuvo constantemente su
representación en los congresos y en el Senado. No podían olvidar los yucatecos
sus largos padecimientos ni el honor con que siempre supo representar sus
derechos. Los que componían el gabinete de Guerrero veían en esta circunstancia
una oportunidad de retirarlo del centro de la República, en donde, aun cuando
estaba en inacción, no se consideraban seguros de que el presidente, viendo
aumentarse los males públicos cada día, lejos de disminuirse con su separación
del Consejo de ministros, como se lo habían ofrecido tantas veces, volviese a
echar mano de este individuo.
Fue nombrado, pues, sin más garantía para su persona que las facultades
que se le conferían, sin ninguna escolta, sin ninguna precaución. Partió de
México en 19 de noviembre, y embarcándose en Veracruz el 28 del mismo en buque
fletado para el efecto, se dirigió al puerto de Sisal, distante doce leguas de
Mérida, en el que ancló en 5 de diciembre. A su desembarco supo que todo el
Estado había obedecido sin resistencia a las autoridades militares y que las
órdenes del gobierno general sólo tenían efecto en cuanto a los ascensos que
quisiese conceder a los rebeldes. Zavala se presentó, sin embargo, al
comandante militar de aquel puerto, llamado don J. M. Sandoval, a quien le
manifestó el objeto de su misión, y le representó con energía y firmeza lo
absurdo de aquella conjuración, los desastres a que quedaría expuesto el país,
la criminal ambición de los jefes revolucionarios, la usurpación hecha al
Estado por unos cuantos militares y, por último, el peligro de que los
españoles de La Habana hiciesen una tentativa sobre el territorio en el estado
de desorden en que se hallaba.
Sandoval es un militar del Estado de Michoacán, relacionado en su país,
y por consiguiente no participaba de las ideas de muchos oficiales de Yucatán,
que hubieran querido desde luego hacerse independientes de México. El batallón
número 6, que residía en Campeche, era compuesto en su mayor parte de oficiales
y tropas mexicanas, y era de presumir que tampoco podía contarse con ellos para
la separación. Pero estaban de acuerdo, en cuanto a la sustitución de un
gobierno central militar, al régimen federal establecido en la nación. El plan
había tenido su origen entre los jefes residentes en Jalapa, se había extendido
a todos los militares de la República y en Campeche estalló antes de la época
convenida, por las circunstancias que he referido.
El comandante militar Sandoval, aunque repugnaba la total separación de
México, que le hacía temer el comisionado Zavala, no pudo convenir en
permitirle pasar a la capital, Mérida, oponiéndole una ordenanza publicada por
el dictador Carvajal, por la que se prevenía a los jefes de los puertos no
permitiesen el desembarco de ningún general mexicano; y aunque Zavala no lo
era, se le debía considerar como tal, por su empleo de gobernador del Estado de
México y por los altos destinos que había desempeñado. Dió cuenta por
extraordinario al jefe militar Carvajal, y Zavala, por su parte, pasó una nota
al mismo Carvajal, en la que le decía únicamente que, comisionado por el
supremo gobierno de la República para pasar a Europa a un asunto importante,
esperaba se le permitiese subir a ver a su familia y hacer algunas
disposiciones domésticas... Zavala tenía, en efecto, un pasaporte del gobierno
mexicano. en el que se expresaba que pasaba a Europa, con escala a Yucatán, a
desempeñar una misión de importancia en la primera.
Esta precaución se había tomado para hacer respetar su persona, en el
caso de que los jefes militares rebeldes al gobierno intentasen cometer una
tropelía contra él. Sin embargo, el comandante militar le intimó a que no se
separase de su persona ni entrase en comunicaciones de ninguna especie con los
habitantes del Estado.
La noticia de la llegada de Zavala causó tal alarma entre los militares
rebeldes, que el jefe Carvajal, que se hallaba en una feria en el pueblo de
Izamal, a quince leguas de la ciudad de Mérida, bajó precipitadamente a esta
capital. El espíritu público de los pocos amantes de la libertad se excitó de
tal manera, que ya creían próximo el momento de ver restablecidas las
instituciones y el orden constitucional. El comisionado mexicano recibió mil
testimonios de aprecio de sus compatriotas, mil votos por el éxito de su
empresa; pero notaba que estos votos, que estos deseos estériles eran
contrapesados con mucha ventaja por la fuerza organizada de las bayonetas, por
el terror que se había infundido en el pueblo, por la debilidad del gobernador
del Estado, falta de valor civil en los diputados de la asamblea y silencio
sepulcral del resto de la población.
La facción militar no sólo había usurpado el poder, sino que también
había usurpado el nombre del pueblo, y hablaba al Estado como el órgano de la
voluntad general. Ya se sabe que ésta es en el día la frase usual de las
facciones en las nuevas repúblicas, así como lo era en otro tiempo en Europa la
misión de los reyes por Dios.
En la noche del 7 de diciembre recibió Zavala del coronel Carvajal la
contestación siguiente:
Gobierno militar, político y de Hacienda de Yucatán.
La nota de V. S. de 5 del corriente, a las ocho de la noche, me instruye
haber llegado a ese 'puerto con pasaporte para Europa, como enviado cerca de
varias potencias de aquel continente, y que, deseoso de ver a su familia en
esta capital, le impidió venir a ella el comandante militar de ese puerto, a
pesar de haberle manifestado su pasaporte y la inviolabilidad de su carácter.
Después de esto concluye V. S. con que no tiene mucha necesidad de ver a su
familia, y que si estimo conveniente se reembarcará inmediatamente. Las
circunstancias en que V. S. aparece en Sisal; su venida en un buque de la
carrera de Campeche, que no es verosímil siga viaje a Europa; la representación
que dice tiene cerca de varias potencias de aquel continente, y, sobre todo, el
estado político de este país, que en el goce de los preciosos bienes de reposo
y tranquilidad no debo dar lugar a que se altere, despertando confianzas de los
pocos descontentos con la novedad de ingresar V. S. a este suelo, o con la
exaltación que ya se manifiesta contra su persona; todo, todo me obliga a tomar
una resolución que concilie los extremos, haciendo respetar su carácter y
favoreciendo la continuación de su viaje a desempeñar su encargo, que acaso
será cierto, pues no presenta el nombramiento que le constituye con el carácter
que expresa. Si el buque en que V. S. ha llegado puede continuar su viaje a
Europa, desde luego, reembarcado V. S., dispongo salga de ese puerto; mas es
conveniente que V. S. entienda que si luego aparece en cualquier punto del territorio
yucateco será reputado como atentador del pronunciamiento de estos pueblos
unidos a sus guarniciones, y la resolución que se tome con V. S. tendrá toda la
extensión de que son capaces los hombres resueltos a sostener sus derechos. A
V. S. no puede octiltarse toda la latitud de que esto es susceptible, y yo
cumplo con manifestárselo para que en todo evento no pueda V. S. inculpar más
que a su imprudente conducta, pues el norte de mis operaciones es hoy
exclusivamente el cumplimiento estricto de las actas dél pronunciamiento en
favor de la República Central, generalizado en toda esta provincia y la de
Tabasco. Si V. S. no continúa su viaje a Europa en el propio buque, he resuelto
pase en el mismo al puerto de Campeche, en donde permanecerá, con los que le
acompañan, a bordo de una cañonera, hasta que se presente algún barco
extranjero que lo conduzca a su destino, tratándosele entre tanto con las
consideraciones que merece su persona, sin que ésta sea molestada en manera
alguna, pues las medidas de precaución que recomiendo ahora mismo, tienen por
objeto evitar que en lo absoluto peligre la tranquilidad de V. S.
Un capitán habanero llamado Gutiérrez, al entregar este oficio, añadió:
El gobierno supremo me ordena prevenga a usted que si por cualquier
evento vuelve a pisar las playas de esta provincia será pasado por las armas
inmediatamente.
Dejo a los lectores el disgusto de hacer comentarios acerca de esta
frase. Zavala tomó en el momento la resolución de regresar a Veracruz por el
mismo buque en que había sido conducido, y éste fue el término de aquella
misión peligrosa.
Mientras pasaba esto por el Estado de Yucatán, en la villa de Jalapa se
representaba una escena más seria y de una trascendencia sumamente funesta. El
vicepresidente de la República, don Anastasio Bustamante, a quien hemos visto
nombrado por el presidente don Vicente Guerrero general en jefe de la división
de reserva, de cuartel en aquella villa, rodeado de los descontentos del
partido yorkino y muchos jefes del partido escocés, en vez de ocuparse, como
debía, en mantener la disciplina, la subordinación y el orden de sus tropas
para repeler al enemigo en el caso de una segunda invasión, cedió a la
tentación de apoderarse de la presidencia de la República, atacando a Guerrero
con las mismas tropas que éste le había confiado. El principal director de esta
grande conjuración era don J. Antonio Facio, que hizo un papel tan obscuro en
la rebelión de Tulancingo, pero que en esta vez ha hecho uno de los primeros.
El día 4 de diciembre, don Anastasio Bustamante publicó su plan de
conspiración, reducido a decir que él y el ejército que mandaba estaban
dispuestos a atacar y destruir al gobierno nacional para hacer cumplir la
Constitución y las leyes, y, además, que serían separados de sus destinos y
reemplazados por los patriotas vencedores aquellos que no hubiesen cumplido
bien conforme a la opinión pública, esto es, al juicio del mismo Bustamante y
de sus partidarios. Esto era pronunciar la sentencia de muerte contra Guerrero
para sentarse en su silla, la proscripción de sus ministros para colocar los
del partido victorioso, la deposición de todos los que ocupaban plazas
lucrativas para entrar los militares; en fin, era una anticipada distribución
de los empleos y cargos públicos, como el botín de su victoria. Este era el
principal artículo de su plan. Aquella legión se denominó: Ejército protector
de la Constitución y de las leyes.
La noticia de esta conjuración militar causó en el gabinete de Guerrero
tal sorpresa y aturdimiento, que no tomó por lo pronto ninguna resolución. Este
desgraciado general comenzó entonces a conocer lo peligroso de su situación, y
al echar la vista a su derredor no encontraba ni consejo, ni energía, ni
combinación, ni siquiera el consuelo de la confianza.
El plan se había preparado por escritos, cartas y emisarios sediciosos
que exageraban los errores y extravíos de la administración. Catilina decía a
sus cómplices: Nos pro patria, pro libertate, pro vita certamus; illi pro
potencia paucorum. El plan de Bustamante alegaba lo mismo, y el artículo 4°
estaba modelado sobre el texto de Salustio: Vos divitias, decus, gloriam:
tendremos las riquezas, los honores y la gloria. Jamás hubo más osadía, ni
mayor imprudencia por parte de los conspiradores, ni menos resistencia y más
debilidad por la del gobierno. En aquéllos la audacia suplía al derecho, en
éste la cobardía y la inercia destruían el prestigio que da la opinión y el
apoyo de las leyes. Era el anciano Pertinax, que prefería la muerte a la
resistencia. Pero en el virtuoso romano habia valor y heroísmo. en el caudillo
mexicano abandono y falta de consejo.
Sin embargo, un resto de aliento determinó a Guerrero a ponerse al
frente de las pocas tropas que le permanecieron fieles, en medio de la
deserción general, que se aumentaba por todas partes. Un batallón que había
mandado a Tacubaya bajo las órdenes de Gil Pérez se declaró contra el gobierno.
Este mismo Gil Pérez había proclamado a Guerrero en Puebla el año anterior. Las
tropas de Veracruz, aunque con ciertas restricciones, abrazaron el proyecto; el
general Terán hizo otro tanto, proponiendo igualmente modificaciones. Pero ya
se sabe que pasado el Rubicón es necesario no parar hasta el Capitolio.
Mientras Bustamante se dirigía a México por el rumbo de Puebla, Guerrero
salía de aquella capital hacia el de Ayacapistla, al sudeste de México, entre
cerros, bosques y barrancas. Guerrero era llamado por un partido numeroso del
Estado de Puebla, en donde antes de ocupar la ciudad el enemigo podía reunir a
su división de dos mil quinientos hombres más de cuatro mil cívicos bien
armados que deseaban sostenerlo. Pudo muy bien llamar en su ayuda a los
nacionales del Estado de México, y con una fuerza de diez mil hombres y la
opinión popular, de que aún gozaba, acabar con la pequeña división de los
rebeldes de Jalapa, compuesta de sólo tres mil hombres. Pero parecía haberse
propuesto huir de cuantos podían servir de apoyo a su causa y a su partido, y
aumentar los embarazos de su posición haciéndola más difícil. No se puede
concebir cuál sería su objeto al desamparar a México en tan críticas
circunstancias. Mas en el caso de hacerlo, es claro que debió dirigirse al
encuentro de los conjurados, levantar por actos de valor y energía el espíritu
abatido de sus partidarios e inspirar a las pocas tropas que le permanecían
fieles el respeto que causa un jefe que sabe defender su causa con dignidad.
La Cámara de diputados había procedido a nombrar un presidente interino
de la República, a falta del propietario, que salía con tropas, y del
vicepresidente, que se habia rebelado contra el primer jefe de la nación.
La elección para este destino recayó en don José María Bocanegra. No se
necesitaba de tantos errores para acabar de echar a pique al general Guerrero.
Esta elección equivalía a muchos. En aquellas circunstancias hubiera sido a
propósito un Casio, un Bruto: se echó mano de un abogado, sin valor ni
prestigio. El espíritu de vértigo se había apoderado de aquel partido y era
necesario ya que la nación lo abandonase.
Mientras el presidente Guerrero andaba errando con sus dos mil hombres
por rumbos por donde evitase al enemigo que había salido a combatir, en México
se preparaba un pronunciamiento en favor del plan de Jalapa. Había nombrado el
mismo Guerrero en el mes de noviembre gobernador del Distrito Federal a don J.
Ignacio Esteva, de quien se ha hablado lo bastante en esta obra para darlo a
conocer. Guerrero sabía que Esteva le había faltado en tiempos anteriores,
engañándolo; pero las mentidas protestas de éste le persuadieron, y a sus
inexpertos ministros, que le estaba adicto de buena fe. Al mismo tiempo tramaba
Esteva con los escoceses el modo de entregar la capital, que estaba confiada a
su cuidado, a los militares rebeldes; y ved aquí cómo las autoridades, a excepción
del comandante general de México don Pedro Anaya, o estaban vendidas a los
conjurados, o engañadas por su falsa confianza, o por último, abandonaban por
temor o indolencia la causa del presidente y de la tranquilidad pública.
El día 22 de diciembre por la tarde, don Lorenzo de Zavala tuvo noticia
de que por la noche debería haber un movimiento en la capital, cuyo objeto
sería proclamar el plan de los conjurados de Jalapa. El mismo gobernador del
Distrito, Esteva, era uno de los principales directores de la conspiración, y
estaba de acuerdo con el comandante de los gendarmes o celadores del orden
público, don Eugenio Tolsa; el del cuerpo de inválidos, don N. Castro; los
oficiales sueltos del partido escocés que se hallaban en México y algunos
piquetes de tropa permanente. A la cabeza de todos debía colocarse el general
don Luis Quintanar. Zavala participó al momento esta noticia al encargado del
Poder ejecutivo, Bocanegra, y al comandante general don P. Anaya. Bocanegra por
toda providencia, hizo llamar a Esteva, a quien preguntó fríamente si era
cierto que se preparaba un ataque contra el gobierno para aquella noche. Esteva
contestó que él respondía por la tranquilidad pública, con lo que quedó
Bocanegra satisfecho, como si hubiese tomado una gran medida que cortase de
raíz los males que tan próximamente amenazaban la República. El comandante
Anaya se limitó a esperar con valor el momento del ataque.
A las doce de la noche de este día avanzaron sobre el Palacio, que
ocupaban los supremos poderes, las partidas de tropas de que he hecho mención.
Los artilleros que estaban de guarnición en la Ciudadela arrestaron al
comandante de esta plaza, don Lucas Valderas, coronel de cívicos y adicto de
buena fe al gobierno de Guerrero. Aquella fortaleza quedó en poder de los
conjurados, y en toda la ciudad sólo el Palacio se sostenía con treinta o
cuarenta cívicos bajo las órdenes del comandante Anaya. Nada había que pudiese
dar esperanzas de una resistencia prolongada. El simulacro de Poder ejecutivo,
compuesto de Bocanegra, presidente, y de los ministros Viezca y Moctezuma,
presentaba el más lastimoso espectáculo.
A las seis de la mañana del 23 recibieron una misión de Quintanar,
reducida a intimar la rendición del edificio y retiro de los que mandaban a sus
casas. Se otorgó al momento, y de esta manera tomaron los conspiradores
posesión de la capital de la República, después de un ataque de pocas horas, en
el que habría a lo más diez o doce entre muertos y heridos. No hubo ningún
desorden, ninguna calamidad por lo pronto.
El partido victorioso quería hacer resaltar la justicia de su causa con
la comparación entre este triunfo y el del partido popular en el mismo mes, un
año antes, que había ofrecido la imagen de un saqueo y de tanta sangre
derramada. Siempre el partido de los pocos es más organizado, cauto e hipócrita
en sus venganzas.
Los faccíosos nombraron luego un Poder ejecutivo interino, compuesto de
don Luis Quintanar, don Lucas Alamán y don Pedro Vélez. El primero es un viejo
servidor de los españoles en clase de oficial subalterno; servidor también de
Iturbide en la de general. Lo hemos visto sufrir un destierro por su adhesión a
aquel caudillo.
Quintanar ha sido hombre de valor, de aquel valor individual que
distingue a los hombres poco civilizados, del que sabe combinar, dirigir las
masas a un objeto, a un fin determinado. Las relaciones de familia de su esposa
lo obligaron a servír de instrumento en esta vez y prestar su nombre para una
rebelión. Sus cualidades domésticas son respetables, su capacidad moral
ninguna.
Don Pedro Vélez es un magistrado de la Suprema Corte de Justicia,
honrado y bastante instruído en su profesión. Se echó mano de él para el
momento, y no rehusó quizá por temor.
Hablaré de don Lucas Alamán con extensión a su tiempo. No quiero
anticipar un cuadro al que deben preceder hechos notorios que han marcado con
caracteres indelebles el tiempo de su administración.
Don Lorenzo de Zavala, don Manuel C. Rejón y don Fernando del Valle, que
se habían ocultado desde la noche anterior en la Casa de Moneda, temiendo los
furores del partido vencedor, fueron arrestados al día siguiente. Al primero se
le mantuvo en la Ciudadela hasta el 29 del mes, en el que se le ofreció la
libertad con la condición de firmar una exposición en la que reconociese la
autoridad del nuevo gobierno establecido. No opuso ningún obstáculo en dar este
paso, por el que reconocía la fuerza de los hechos, la consecuencia de un
triunfo, y a continuación fue trasladado a su casa. por el mismo general
Quintanar. Una de las personas más ínteresadas en la libertad de Zavala fue el
ilustre magistrado don Juan Raz y Guzmán, herido en su misma casa cuando la conspiración
de la Acordada, a deshoras de la noche, y quizá creído de que Zavala haya sido
parte en su desgracia. Los señores Valle y Rejón fueron puestos en libertad el
mismo día 23, no habiendo un solo pretexto para mantener dos representantes del
pueblo en arresto.
En la noche del 30 fue asesinado don Severiano Quesada en la puerta de
su misma casa. Quesada era uno de esos hombres inquietos, que se ocupan en
tiempo de convulsiones políticas en atizar el fuego de la discordia, en mover
la plebe y sembrar la división. Tenía un partido numeroso entre la canalla y
era enemigo declarado del partido que acababa de triunfar. Como la victoria
sólo había sido efecto de la sorpresa, temieron quizá que este corifeo popular
excitase una reacción que hubiera sido funesta en aquellas circunstancias. A
esto atribuyo el asesinato cometido con este hombre, que tenía algunas buenas
cualidades. Pocos días después se cometió otro asesinato en un oficial de
cívicos llamado Losada. Algunos atribuyeron este suceso a la misma causa.
El rumor de la ocupación de la ciudad de México por los facciosos llegó
al campo del presidente Guerrero acompañado de las más melancólicas
circunstancias. Los que habían oído los tiros de artillería a tres o cuatro
leguas de México corrieron a ser los nuncios de esta fatal noticia, pintando ya
la ciudad entregada al saqueo y a los partidarios del gobierno sacrificados al
furor de los vencedores. Guerrero acabó de perder el poco ánimo que le restaba
y se abandonó a la suerte. La inacción había sido el principio de su ruina; el
terror que este suceso le inspiró acabó de consumarla. La única providencia que
tomó fue la de advertir secretamente al coronel don Francisco Victoria que se
preparase con cincuenta caballos para escoltarlo en la fuga que debía verificar
por la noche. El gener;al don Ignacio Mora, que mandaba la división, nada sabía
de esta resoluclon, y toda la oflclalidad esperaba órdenes del primer jefe para
saber cual debería ser la medida que se tomaría en tan críticas circunstancias.
Guerrero desapareció por la noche con el coronel Victoria y la pequeña
escolta, y Mora al día siguiente se encontró abandonado, sin instrucciones, sin
ninguna orden, sin siquiera un aviso de la salida de Guerrero. La división de
Mora, abandonada entre barrancas, rodeada por todas partes de cuerpos enemigos
que se le proximaban, sin un punto en donde retirarse, se vió en la necesidad
de adherirse al plan de los rebeldes, lo que verificó al día siguiente de la
desaparición del general Guerrero. Este caudillo huyó precipitadamente hacia el
rumbo del Sur, y se dice que luego que pasó el río Mezcala, dijo al coronel
Victoria: Ahora estamos seguros de nuestros enemígos. ¡Ah! ¡No contaba el
sencillo general con los fUnestos efectos de la perfidia y de la traición!
Continuó sU marcha hasta su hacienda de Tierra Colorada, en las cercanías de la
ciudad de Tixtla (alias) Guerrero, en donde permaneció tranquilo por algunos
días entre sus amigos y parientes. Volveremos a su tiempo a hablar de este
jefe.
CAPÍTULO CUARTO
Negociaciones de minas. Noticias exageradas de su riqueza. Oro,
Guanajuato, Zacatecas y Sombrerete. Gastos hechos en estas minas hasta mayo de
1829. Utilidades. Baja en Londres de las acciones de minas. Sus causas.
Paralización del comercio. Tribunales de circuito y distrito de la federación.
Establecimientos eclesiásticos. Número de canónigos. Cantidad empleada en su
manutención. Empleo útil que podría hacerse de estas sumas. Eclesiásticos
seculares y regulares. Reforma de éstos hechas en Yucatán. Número de conventos
de ambos sexos que hay en la República. Establecimientos literarios. Influencia
del clero en ellos. Don Francisco Pablo Vázquez. Su detención antes de entrar
en Roma. Su ida a esta corte. Nombramiento de seis obispos. Modo cómo se
verificó. Abatimiento de la República en estas transacciones. Orgullo y
ambición de la curia romana. Reflexiones sobre esto. Intolerancia religiosa.
Incompatibilidad de ésta con un sistema liberal. Jerarquía eclesiástica.
Insubsistencia de la democracia con su permanencia. Reflexiones. Tratados
concluídos con las naciones extranjeras. La Francia reconoce la independencia.
Relaciones diplomáticas. El curso que toman. Mr. Bresson, nombrado por el
gobierno francén en 1828 para agente en las nuevas repúblicas. Sus conferencias
en New York. Pasa a Colombia. Proyectos de monarquía en aquella república.
Instrucciones dadas por el emperador don Pedro a su ministro en Europa sobre
esta misma materia. Inconvenientes que encontró la Santa Alianza.
Trasladaremos nuestra atención a objetos que interrumpan por algún
tiempo la relación de este encadenamiento de ataques y resistencias, que
mantienen el espíritu en agitación y ansiedad continua, acerca de la suerte de
las personas por las que se sienten simpatías y de una generación entregada a
desastrosas querellas. Veamos ahora cuál era en 1829 en lo general el estado de
la riqueza pública, el de los establecimientos literarios y religiosos, de las
escuelas de primera enseñanza, del comercio e industria y otras cosas
igualmente importantes.
Los lectores recordarán el ardor con que los ingleses abrazaron las
negociaciones de minas desde principios de 1824 hasta fines de 1827, en que
comenzaron a recibir desengaños muy costosos. Especuladores sagaces habían
acertado a explotar de las bolsas del pueblo inglés sumas cuantiosas,
ofreciendo a los accionistas tesoros inagotables de las inmensas riquezas que
se encierran en las montañas de Guanajuato, Sombrerete y Mineral del Monte; y
el pueblo de Inglaterra, esencialmente comerciante y emprendedor, creyó
encontrar un nuevo manantial de riquezas en aquellas brillantes especulaciones.
Desde el año de 1826 hasta mayo de 1829 los accionistas ingleses habían gastado
en las minas del Oro, Guanajuato, Zacatecas y Sombrerete 5.129,157 pesos.
Máquinas, agentes, comisiones y alimentos eran suficientes para consumir no
sólo esta cantidad, sino aún todas las riquezas británicas. Yo he visto
infinidad de piezas de bronce, hierro y acero esparcidas sobre los caminos
entre Veracruz y México, pertenecientes a las máquinas que se destinaban para
las minas; y no se puede negar que, aunque ha habido entre los agentes muchas
personas recomendables por su laboriosidad, inteligencia y economía, otras han
manejado con abandono y negligencia culpable las empresas.
Los productos de las referidas minas en los mismos años fueron de
2.603,447 pesos, resultando por consiguiente un deficiente de 2.794,400 pesos.
De esta cantidad se deben deducir 61,871 del exceso del valor de oro, un
aumento de utilidades sobre los gastos en 1829 de 149,004 y el valor existente
de los montones de tierra metálica, que se calculaba ascender a 479,667; y
deducidas estas tres cantidades de los 2,794.400 pesos del déficit, resulta la
pérdida, hasta 30 mayo de 1829, de 1.913,205 pesos; suma bien pequeña si se
consideran los obstáculos que han debido vencerse para poner en corriente
aquellos minerales, la mayor parte emborrascados y llenos de agua. En el
Mineral del Oro se advierte que el año de 826 nadá produjo; habiendo causado el
gasto de 161,984 pesos; que en el de 827 dió únicamente 359 pesos, habiendo
erogado en gastos 102,771; y que en 828, costando 13,498, dió de producto
74,505. Los minerales de Sombrerete -y Zacatecas han tenido la misma
progresión.
A pesar de estos adelantos visibles, las acciones de minas han
experimentado en la plaza de Londres una baja progresiva, no correspondiente a
las esperanzas que ofrecían los productos ascendentes de esta aventurada
especulación. Pero los ingleses, tan sólidos en sus cálculos como positivos en
todas sus transacciones, así políticas como comerciales, han abandonado una
empresa expuesta a los azares imprevistos de un país sujeto a continuas
disensiones, como a los misteriosos caprichos de la naturaleza, cuya profundidad
ha ocultado a las exquisitas investigaciones de los sabios el arbitrio de
conocer por reglas fijas cuáles son los lugares en que oculta este género de
riquezas. Bastante ha proporcionado a los mortales sobre la superficie del
globo.
El comercio comenzó, como se ha observado ya, a venir en decadencia
después de los sucesos de la Acordada, y más que todo, por temor de la
expedición española, que se preparó, verificó y acabó en el curso de los ocho
primeros meses de este año memorable. Las transacciones mercantiles se
paralizaron, y es cierto que se notaba una inquietud que no daba lugar a esas
negociaciones, que demandan el sosiego y la confianza de la protección de las
autoridades y observancia de las leyes.
Al hablar anteriormente del establecimiento constitucional de la Corte
Suprema de Justicia de la Federación, omití hacer mención de los tribunales de
circuito y de distrito, que hacen el completo de la administración federal de
este ramo. Se crearon los siguientes juzgados de distrito: en Mérida de
Yucatán, que comprende los Estados de Chiapas, Tabasco y Yucatán; en Puebla,
que abraza los Estados de Veracruz, Oaxaca y Puebla; en Guanajuato, que
encierra los Estados de Michoacán, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí y
territorio de Colima; en Guadalajara, que incluye Jalisco y Zacatecas; en
Rosario, que contiene los Estados de Sonora y Sinaloa y los territorios de las
dos Californias; en Monterrey, que comprende los Estados de Tamaulipas, Nuevo
León, Coahuila y Texas; en México, que abraza el Distrito Federal, el
territorio de Tlaxcala y el Estado de México; en el Parral, que encierra los
Estados de Durango, Chihuahua y territorio de Nuevo México. Los jueces de
distrito, por la misma ley, son veintiuno en los Estados de Chiapas, Chihuahua,
Coahuila y Texas, Durango, Guanajuato, México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca,
Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Jalisco,
Yucatán, Zacatecas, Alta California y Nuevo México.
Aunque he hecho mención del número de obispados que hay en la República
y del estado de las eatedrales, no especifiqué el de las prebendas que existían
en toda ella, que ascendían a ciento setenta y siete, de las cuales había
noventa vacantes. Suponiendo por un cálculo moderado que estos eclesiásticos,
cuyo único ejercicio es cantar en las iglesias catedrales alabanzas a Dios,
tengan unos con otros la asignación anual de tres mil pesos, resulta que el
pueblo mexicano destina de los productos de su industria naciente la enorme
suma de 531,000 pesos anuales, correspondiente a un capital de 10.620,000
pesos. Cantidad que empleada productivamente aumentaría extraordinariamente las
riquezas industriales de aquella república, tan escasa en el día de capitales
circulantes. Después consideraremos este establecimiento bajo un aspecto
político.
El número de eclesiásticos había disminuído notablemente después de que
con la independencia de la República comenzaron a abrirse a los jóvenes las
puertas en las magistraturas, en los congresos, en las misiones diplomáticas y
en el comercio, y con motivo también de la falta de obispos para consagrar
sacerdotes. Sin embargo, en 1829 se contaban tres mil cuatrocientos
eclesiásticos en mil doscientas parroquias. El número de regulares se había
disminuído considerablemente, pero no sus conventos y sus inmensas posesiones.
El Estado de Yucatán, cuyos adelantos en esta materiason superiores a los de
los otros, suprimió en 1824 todos los conventos de franciscanos, que eran los
únicos que había en aquella península, y redujo a los que no quisieron
secularizarse, cuyo número no pasaba de quince, a vivir en un solo convento de
las limosnas de los fieles. Dejó además un convento de religiosas, único que ha
habido en aquel Estado.
En la República Mexicana hay por ahora setenta y ocho conventos de San
Francisco, veinticinco de Santo Domingo, veintiuno de San Agustín, diciséis del
Carmen, diecinueve de la Merced y seis Colegios apostólicos, haciendo el total
de ciento cincuenta y cnco conventos, con mil seiscientos ochenta y ocho
religiosos. Añáadase a éstos los de religiosas, que son: cinco de la
Concepción, cuatro de Santa Clara, cinco de Santa Catalina, siete de Santa
Teresa, cuatro de la Enseñanza, dos de Santa Inés, dos de Santa Mónica, dos de
San Jerónimo, once de las Capuchinas, dos de la Encarnación, dos de Jesús,
María y otros doce bajo otras denominaciones, con mis doscientas religiosas.
Resultan doscientos doce conventos de ambos sexos, además de las cofradías,
hermandades y otras obras piadosas que abrazan al menos una vigésima parte de
la riqueza territorial.
Todos los establecimientos literarios que hay en la República, a
excepción del Colegio de Minería y de las universidades, se hallan bajo la
influencia directa del clero. Hay diez seminarios conciliares en las ciudades
de México. Puebla, Oaxaca, Chiapas, Mérida de Yucatán, Guadalajara, Morelia.
Durango y Monterrey, en los cuales hay establecidas veinte cátedras de
teología, ocho de derecho canónico, nueve de derecho natutal y civil, cinco de
historia eclesiástica y Sagrada Escritura, cuatro de ceremonias eclesiásticas,
tres de derecho constitucional, diecinueve de filosofía, veinticuatro de
latinidad, dos de geografía y una de lengua mexicana. En todos los demás ramos
del orden social se notan los adelantos que naturalmente produce la
civilización progresiva de la actual generación, pero los establecimientos que
están bajo la dirección del clero permanecen ligados con esas cadenas que han
detenido la marcha de la prosperidad general y de la ilustración; cadenas
trabajadas durante los primeros siglos de la barbarie, cuyo primer eslabón y
principal fuerza depende de esa nefanda Roma, brillante dominadora en tiempo de
la aristocracia tiránica, y de sus césares, más tiranos; sombría e hipócrita
opresora bajo el poder sacerdotal.
Estos seminarios fueron establecidos para educar jóvenes destinados a
tomar la carrera eclesiástica, y de consiguiente no debe extrañarse que se
hayan puesto veinte cátedras de teología, cinco de historia eclesiástica y
veinticuatro de latinidad al lado de tres de derecho constitucional y nueve de
derecho natural y civil. Lo que sí debe parecer extraño es que después de once
años de independencia y siete de gobiernos democráticos subsistan sobre el
mismo pie. ¿Qué se puede esperar de estos elementos de educación pública en un
país que ha adoptado instituciones democráticas? ¡Choques continuos y perpetuas
discordias!
En Guadalajara se estableció en tiempo del gobernador don Prisciliano
Sánchez, en 1825, un instituto literario en lugar de la universidad que había.
Este establecimiento está dirigido por don Pedro Lissautte, hábil profesor de
matemáticas, de quien he hecho mención anteriormente, y deben esperarse muy
buenos frutós de él. Se enseñan matemáticas, física experimental, historia,
derecho constitucional, economía política y filosofia.
El Colegio de Minería de la ciudad de México, que ocupa uno de los más
hermosos edificios de la República, pero que amenaza ruina por la debilidad de
sus cimientos, es otro establecimiento sumamente útil. En él se enseña
mineralogía, matemáticas, física experimental, dibujo y algunos elementos de la
lengua griega. Muchos son los hombres célebres que han honrado aquel
establecimiento con sus luces, y no debo omitir el nombre de don Andrés del
Río, ilustrado español, criado en México desde su tierna edad, cuyos
conocimientos en mineralogÍa, zoología y matemáticas hacen de este individuo
uno de los más bellos ornamentos de la literatura mexicana. En el día se ocupa
de publicar en los Estados Unidos del Norte una obra elemental de mineralogía.
No tengo datos para hablar con exactitud sobre el número de escuelas de
primeras letras de la República y de los escolares que podían contener; puedo,
sí, hacer un estado comparativo entre el Estado de México y el de Nueva York
que son dos Estados iguales, con poca diferencia, en población y en extensión
de territorio.
En la Memoria que presenté, como gobernador del Estado de México, me
parece haber contado cuatrocientas escuelas de primeras letras, entre las
cuales se distinguía la del pueblo de Huejutla, dirigida por el señor Sánchez
Contreras, que sin otro estímulo, al principio, que el deseo de contribuir a la
ilustración de sus conciudadanos, formó su establecimiento en la miserable
aldea en que reside, a setenta leguas de la capital; y su constante aplicación
le hizo aparecer como una luz en medio de una noche obscura entre las montañas
en donde está situado su pueblo.
Había en el Estado de México 12,600 niños de ambos sexos que aprendían a
leer y escribir. En la ciudad de Tlalpam, capital entonces del Estado, había
una buena escuela para niños de ambos sexos y un mal colegio en donde nada se
enseñaba ni se aprendía, y que costaba al Estado cerca de 10,000 pesos. En la
Memoria que ha presentado el actual gobernador del Estado de New York aparece
que hay 9,316 escuelas de primera enseñanza, y por las relaciones que han
trasmitido 8,818 de éstas, había en ellas 508,657 niños, desde la edad de seis
hasta la de dieciséis años.
La suma que reciben los profesores, entre rentas por el Estado,
gratificaciones y pagos particulares, es la de 605;722 pesos anuales. Ved aquí
el mejor empleo que puede hacerse del producto de las contribuciones de los
ciudadanos.
Hemos visto en otro lugar como el gobierno mexicano comisionó a don
Francisco Pablo Vázquez para que pasase a Roma con el objeto de entablar
negociaciones entre aquella república y la Silla Apostólica, sobre las bases de
una perfecta igualdad, del mismo modo que con cualquiera de las naciones
independientes católicas.
Vázquez estuvo detenido por el espacio de tres años entre Bruselas,
París y Londres, antes de poder pasar a la ciudad santa, porque la corte romana
no tenía por conveniente recibir un agente de las nuevas repúblicas. Por
último, el año de 1830, tan luego como recibió las propuestas para los nuevos
obispados vacantes, se arriesgó a echarse a los pies de Su Santidad como un
eclesiástico celoso por la salud espiritual de siete millones de almas que,
careciendo de pastores, perdían el inmenso beneficio de sus exhortaciones,
indulgencias, gracias y concesiones celestiales, de que es la Silla Apostólica
el depositario universal, y distribuye por conducto de los obispos según su
doctrina, aunque no según la de la Iglesia.
Por supuesto que no se hizo mención de ningún gobierno, de ninguna
república, de ningún Estado. La cuestión sólo fue presentada bajo el aspecto de
que unas regiones llamadas mexicanas, careciendo de obispos, esperaban que Su
Santidad, motu proprio, es decir, no por consideración a los Estados soberanos
que reclaman, no por ningún tratado entre el Papa y la República Mexicana, no
por concordatos, cuya palabra es una herejía para los ultramontanos, sino por
compasión, y atendiendo únicamente al bien de los fieles, Su Santidad viniese
en acordar las bulas para los obispados de Puebla en el mismo señor Vázquez, de
Michoacán en el señor don Cayetano Portugal, de Durango en el señor Zubiria, de
Chiapas en el señor García Guillén, de Jalisco en el señor don Miguel Gordoa y
de Nuevo León en el señor Balaunzarán.
El señor don Francisco no fue recibido jamás por Su Santidad en
audiencia pública, y sólo veía al cardenal Bernetti como por contrabando. Se
temia que el embajador español pasase una nota reclamando contra cualquiera
consideración que se dispensase al representante de una de las nuevas
repúblicas rebeldes, cuyas regiones concedió al rey Católico por una bula de la
Silla Apostólica.
Es un oprobio para la nación mexicana el que se le haya hecho pasar por
semejante ignominia. No ha sido igual la conducta que ha observado Gregorio XVI
con el ministro de Portugal a quien ha reconocido solemnemente en septiembre de
1831.
Voy a hacer algunas reflexiones acerca de una de las principales causas
de los desastres que han de sobrevenir al país, así por el silencio vergonzoso,
o tal vez la cooperación criminal de los directores de la nación en tiempo de
estas transacciones, o mejor diré, humillaciones, como por la incompatibilidad
que en mi opinión hay entre los elementos adoptados acerca del sistema de
gobierno y sistema religioso.
Mis consideraciones, en cuanto a esta segunda parte, son enteramente
originales, y creo que deben abrir mucho los ojos a los legisladores de las
nuevas repúblicas, porque están fundadas sobre las bases del nuevo sistema
social creado en los Estados Unidos del Norte y adoptado en varios Estados
independientes de América.
Por regla general no se ha conocido ninguna corte tan osada en sus
pretensiones, tan obstinada en sus opiniones, tan tenaz en sus providencias y
tan pérfida en sus compromisos como la de la Roma antigua y moderna.
La primera, sin embargo, llamada a pronunciar entre dos pequeños Estados
que se disputaban unos terrenos, usurpándolos para sí, sólo empleaba la fuerza
para sostener su felonía y su perfidia; pero la segunda, que ha perdido el
vigor, la energía y las virtudes de aquélla, sólo ha empleado la hipocresía y
las armas terribles del fanatismo y de la superstición para pretender a la
dominación universal. Un pontífice detestado por los políticos e ilustrados, y
canonizado por la curia romana, Gregorio VII, establece los fundamentos de la
monárquia universal de los papas, depone a un emperador, y sus sucesores los
Alejandros, los Inocencios, los Pascuales, consolidan con la sangre de
innumerables víctimas el triunfo de sus principios de usurpación. Todo el
Mediodía de Europa se convierte en teatro de sus sangrientas querellas,
sostenidas, en lugar de legiones de soldados, por frailes y monjes que reducen
a cenizas ciudades enteras y se recrean en ver arder a sus habitantes entre las
llamas que han encendido. La filosofía y la imprenta vinieron, después de
algunos siglos, al auxilio de la humanidad doliente, y las disputas entre la
corte romana y los gobiernos de las otras naciones, cesando de ser sangrientas,
se reducen a tratados y concordatos. Las investiduras de los obispos y abades,
las cuestiones del palio arzobispal, las dispensas matrimoniales, las
presentaciones a beneficios eclesiásticos, las secularizaciones, los bienes de
manos muertas vinieron a ser los objetos de eternas y obscuras disertaciones.
Los obispos, los religiosos y demás eclesiásticos se dividían siempre entre los
papas y sus soberanos, y de allí han provenido esas bulas de la Cama Domini,
Unigenitus, Unam Sanctam y otras innumerables por las que los pontífices han
dividido los reinos y hecho bandos entre los ciudadanos. De allí vinieron
también esas pragmáticas de los reyes Católicos, esas guerras de Carlos V, esas
declaraciones del clero de Francia y esas reformas que han separado por último
más de treinta millones de almas de la comunión romana, sin contar con las
anteriores disensiones de la iglesia griega.
Paso ahora a proponer mis reflexiones, a las que he creído conveniente
que precediesen las anteriores que ocurren a todos los literatos
despreocupados, instruídos en las desastrosas contiendas entre el sacerdocio y
el imperio.
Los americanos del Norte -dice Carlos Bota- gozaban antes de la
independencia, en materia de religión, de mayor libertad que en su patria
nativa, pues nO trasladaron a estas comarcas la jerarquía eclesiástica o ese
orden de cosas y de dignidades establecidas en Inglaterra, habiendo combatido
contra dichas jerarquías con ardor, y siendo esta contienda la principal causa
que los había estimulado a salir de su patria para una tan larga como peligrosa
peregrinación. No debe, por tanto, extrañarse el que esta generación de hombres
no sólo hayan adoptado las bases del gobierno inglés, sino que, no contentos
con ellas, hayan apropiádose instituciones más amplias y de mayor libertad, y
que además hayan sido arrastrados de aquel fervor que naturalmente nace en el corazón
del hombre por los obstáculos que encuentra a sus opiniones políticas y
religiosas, especialmente en medio de la adversa fortuna que habían encontrado
... Ni debe pasarse en silencio -continúa- que aún la condición de la sociedad
en las colonias americanas de la Inglaterra debía hacer a los habitantes
enemigos de toda superioridad e inclinados a la libertad. No había entre ellos
sino una sola clase de hombres.
Las instituciones de los Estados Unidos del Norte están fundadas sobre
esta última base. Ninguna ley, ninguna costumbre, ninguna consideración
dispensa en la sociedad a alguna clase privilegios, rentas ni fueros. La
esencia de las instituciones consiste en el perfecto equilibrio individual, que
se halla establecido por el conocimiento que cada americano tiene de sus
derechos sociales y por la ley que viene en apoyo de ellos. Un magistrado que,
fuera de su tribunal, osase atropellar al más pobre o desvalido miembro de la
sociedad, encontraría la resistencia individual, la resistencia de las masas y
la resistencia de la opinión.
Los nortemericanos creyeron que era imposible fundar un sistema de
absoluta igualdad si el gobierno daba alguna intervención directa a los
sacerdotes de cualquier culto o hacía la profesión de cualquiera doctrina
religiosa uno de los elementos de sus instituciones. Desde el momento en que
entrase esta composición heterogénea faltaría el equilibrio que hace toda la
armonía y la base principal de su sistema. Es la razón por qué en el estado
actual de esta sociedad no se conocen otros intereses que los de ciudadanos:
simples ciudadanos: Así es que delante del magistrado y de los jurados
nacionales no se debaten ni discuten las cuestiones bajo otra regla, regla
única y universal, que la de las mismas leyes para todos. El ministro, el
militar, el sacerdote y el comerciante no tienen otra ley, otro juez ni otra
consideración cualquiera en sus transacciones comunes.
La religión en los Estados Unidos se halla como estaba en el tercer
siglo de la Iglesia, cuando habían cesado las persecuciones y antes del reinado
de Constantino. El gobierno jamás considera ninguna de las diversas sociedades
cristianas sino como filósofos que tienen sus opiniones diferentes, ni sus
adquisiciones de bienes raices o muebles sino como las de una compañía de
ciudadanos. Un negociante concibe el proyecto de levantar una iglesia para éste
o el otro culto, a fin de negociar el capital que invierte en su construcción y
terreno que ocupa: los shakers de Libalium o Niskaguna compran tierras para
establecer sus sociedades de hombres trabajadores, que profesan la vida común y
la castidad, y que se reúnen a danzar en su templo los domingos; un hombre
viene de Roma con bulas o sin ellas, y se llama arzobispo católico de New York
o de Baltimore; otro arzobispo de la religión protestante muere, y se juntan
dos o tres mil ciudadanos a nombrar otro que ocupe su lugar; los metodistas
salen a las llanuras de Hoboken o de Long Island a gritar en nombre del
Espíritu Santo y a hacer gestos y contorsiones en medio de una concurrencia de
cinco o seis mil personas; el cristiano concurre a sus templos el domingo y
cierra sus talleres para entregarse al culto divino; el judío pasa el sábado en
la sinagoga y el domingo trabaja. Entre estas diferentes creencias,
preocupaciones, errores, intereses, el gobierno es enteramente extraño y jamás
toma la más pequeña parte: todos se respetan, todos se consideran como miembros
de una sociedad, de una sola familia, y los hijos de un solo padre común. De
Una misma casa, padres, esposas, hijos, hermanos que profesan diferentes
cultos, después de trabajar toda la semana en sus oficios respectivos, salen el
día consagrado al Señor para ir a tributarle alabanzas conforme les dicta su
conciencia. Jamás es turbado por esa negra intolerancia, que hace entre
hermanos un crimen el pensar de diferente modo, ni la sociedad doméstica es más
feliz en ninguna parte del globo.
¿Qué sería del gobierno de los Estados Unidos si tuviese necesidad de
entenderse con el Papa, con los obispos anglicanos, con los sectarios de Ana
Lee y con todos esos diferentes apóstoles o prelados de tantas sectas? Todavía
sería peor si en el seno de la libertad universal y democrática que profesa
diese la preferencia a uno de los cultos con que se adora en el país al Dios
del universo.
Pasemos a México.
He dicho varias veces que un pueblo irreligioso no puede ser gobernado,
y creo que el cristianismo es el culto más compatible con las instituciones
liberales y la civilización. pero el interés de la verdad no se opone a los
intereses de la religión revelada. Las leyes y principios fundamentales
adoptados para el gobierno de la República Mexicana están en contradicción con
los artículos de intolerancia y con las leyes que consagran el culto público
católico como exclusivo, y aun como religión del Estado.
No es pequeña en Inglaterra la parte que tiene la protección que aquel
gobierno dispensa a la iglesia anglicana en las revoluciones que la han agitado
por muchos años y que continuarán poniéndola en combustión, sin embargo de que
la Inglaterra no es una democracia. Desde que las leyes protegen una clase
cualquiera de la sociedad cesa el equüibrio individual. Cuando Una parte de
ciudadanos puede alegar en su favor el patrocinio del gobierno desaparece el
sistema de igualdad; y nada es más monstruoso que proclamar como principio
fundamental de la Constitución la soberanía popular, o si se quiere la
soberanía del pueblo, y entrar destruyendo a continuación los derechos de los
ciudadanos con el mantenimiento de los abusos recibidos de la administración
colonial.
¿Qué libertad es aquella de que se goza en un pais en donde sus
habitantes no pueden legalmente pensar por sí mismos sobre las materias
interesantes de su suerte futura?
Parece una especie de ironía, o de insulto hecho a una nación, el
decirle: Nuestros ciudadanos son libres, pero no pueden pensar sino de ésta o
de la otra manera.
Pero la principal consideración es la de la interrupción del equilibrio
individual con las leyes de excepción, las leyes de privilegio y las leyes de
contribuciones eclesiásticas. El nervio principal del Estado en un gobierno
popular es la unidad, la comunidad de intereses sociales.
Es absolutamente esencial que todos se sostengan entre sí por su mutua
correspondencia; que uno no dé ni reciba más que los otros; que el derecho
individual de un ciudadano no encuentre en la ley una protección que aquélla no
dispense a otro, sino únicamente en casos necesarios, exclusivamente necesarios
para la conservación del orden social.
Pero luego que la Constitución de un país cede algo en favor de
cualquiera clase, crea un nuevo resorte en la combinación del Gobierno y nuevos
intereses heterogéneos que destruyen el equilibrio. En las pequeñas repúblicas
de la Grecia, luego que un ciudadano era bastante rico, o había adquirido una
grande influencia capaz de perturbar este equilibrio, era desterrado de la
patria; y se mantenían de esta manera, con repetidos actos de injusticia, por
falta de otros, en esa igualdad que hoy han establecido sobre bases eternas y
de justicia universal los americanos del Norte.
La jerarquía eclesiástica, con sus rentas, sus fueros y su poder, es de
tal naturaleza, que no es posible conservar este elemento en un gobierno
popular sin mantener al propio tiempo el principio destructor de la paz pública
y de la igualdad. El que sanciona su existencia sanciona la discordia perpetua.
Cuando el general Lafayette propuso en Francia, después de la revolución
de julio de 1830, la creación de una monarquía con formas republicanas, todos
los profundos pensadores vieron en este programa un contraprincipio, una
contradicción envuelta en el mismo propósito. En efecto. admitida la forma
monárquica, que en su composición actual es en la Europa un resultado de las
transacciones sucesivas habidas después de muchos siglos de combates entre los
pueblos, los nobles y el clero, es una cosa absurda no mantener al mismo tiempo
los privilegios de estas órdenes que forman el apoyo del trono. Ved aquí el
origen de las disensiones en esa Francia, medio monárquica y medio republicana.
En nuestras repúblicas de la América del Sur se ha hecho en sentido inverso lo
que Mr. Lafayette quería en Francia. El programa de nuestros legisladores ha
sido el de crear instituciones democráticas con elementos monárquicos, lo cual
es todavía más imposible de permanecer, porque una parte de la Constitución
llama y provoca al pueblo a la libertad, a la igualdad, al equilibrio
individual, y la otra sujeta su conciencia y sus pensamientos, eleva clases
privilegiadas y establece una lucha perpetua de intereses y de opiniones. Esta
es la razón por qué la jerarquía eclesiástica ha tenido en todos tiempos
tendencia irresistible al gobierno monárquico o a la aristocracia. Ella ha sido
el apoyo principal de ambas formas de gobierno, de que esencialmente debía
hacer una parte. Y por esta razón también hemos visto siempre a los propugnadores
de la democracia procurar su extinción. Desde Arnaldo de Brescia, primer
apóstol de las libertades italianas en el siglo XII, hasta los radicales de
Inglaterra y los republicanos de Francia, todos los defensores de un sistema de
igualdad jamás han cesado de hacerle la guerra. En las nuevas repúblicas de
América se repetirán las mismas escenas inevitablemente, porque es muy natural
el esfuerzo para sostener lo que se tiene.
Ni se crea por esto que yo pretendo el que se establezca una absoluta
igualdad, una igualdad imaginaria que la Providencia no ha creado; ni tampoco
el que a mano armada se acabe con los obispos, con los frailes y con los
canónigos. Sería preciso estar loco para pensar así. La igualdad tan buscada,
tantas veces solicitada, no es una absurda nivelación de todas las
superioridades, ni menos una confusión anárquica de todos los elementos y de
todos los intereses sociales, sino el dominio de las superioridades reales y la
clasificación de las subordinaciones; esto es, la dominación y la subordinación
racionales, legítimas, voluntariamente aceptadas.
Este pensamiento fundamental en todas las revoluciones populares, que
busca sin cesar en todas partes el modo de desasirse de las sombras que le
rodean, está plantado en toda su plenitud en los Estados Unidos del Norte.
¿Podrá desenvolverse en México con la misma facilidad y reducir a práctica
estas teorías simples y elementales del sistema popular?
La cuestión es sumamente complicada y no puede resolverse por
constituciones hechas a la moda, por decirlo así, por la sanción de ciertos
principios abstractos. Que los encargados de reorganizar esas nuevas sociedades
lo mediten bien, que aprendan en las duras lecciones de lo pasado. Yo, por mi
parte, creo muy poco en la eficacia de las constituciones; únicamente me
atengo, en tiempo de convulsiones, a la fuerza de los partidos, a su
dominación, a los elementos que componen la sociedad y a las transacciones de
los contendientes.
En otra parte he hablado de la clase militar, y los principios aquí
establecidos comprenden igualmente sus privilegios.
1830. Hasta la época de que voy hablando la nación mexicana había ya
concluido tratados de amistad y comercio con Colombia, Guatemala, Inglaterra,
Dinamarca, Hannover y Paises Bajos. Aun estaba pendiente el que se principió
desde 1825 con los Estados Unidos del Norte, detenido por las intrigas de
hombres incapaces de prever las consecuencias trascendentales que nacen de las
rivalidades sembradas desde temprano entre dos pueblos vecinos. Mr. Poinsett,
ministro de los Estados Unidos, sustituído por Mr. Buttler, salió de México en
enero de este año.
La revolución de julio, que en Francia cambió con la dinastía reinante
la marcha de los sucesos, hizo que esta poderosa nación que, como hemos visto,
no había entablado relaciones de amistad con la República Mexicana, adoptase
desde los primeros días de su nueva regeneración principios más francos de
política respecto de los nuevos Estados independientes de América, más
conformes a los intereses de su comercio. Así es que se principiaron ya desde
fines de este año los tratados de amistad entre los gobiernos de México y
Francia, habiendo sido encargado por parte del primero don Manuel Eduardo
Gorostiza, y por la segunda MM. Martín y Arago, como ministros
plenipotenciarios de ambos gobiernos.
Por este mismo año pasó a México como enviado extraordinario y ministro
plenipotenciario de la República de Chile don Joaquín Campino, que había
desempeñado la misma comisión cerca del gobierno de los Estados Unidos del
Norte.
Este chileno es uno de los americanos más liberales e ilustrados de las
nuevas repúblicas. Su estancia en México fue de muy corta duración.
Las relaciones diplomáticas con los nuevos Estados del Sur, aun no
presentan una tendencia decisiva como en Europa. Un ministro inglés, por
ejemplo, en Párís, sabe que su primera obligación es la de observar la marcha
política de aquel gobierno, para que pueda oportunamente el suyo oponerse, ya
sea al engrandecimiento territorial, ya a la mayor influencia en la balanza de
la Europa, ya a la extensión de un ramo de comercio que pudiese perjudicar al
de la nación británica; de consiguiente está en acecho continuo de sus
relaciones con los otros gabinetes, del número de sus ejércitos y de su marina,
de los enlaces de familias que se meditan o proponen, de la clase de personas
que más frecuentan la corte, de las relaciones e intrigas de ésta, etc., etc.
En México, el ministro inglés y el ministro de los Estados Unidos no tienen
necesidad de entrar en ninguno de estos detalles y observaciones. Se limitan a
que los tratados de comercio no concedan más a una nación que a otra, y esto
depende de las primeras bases adoptadas entre ambos gobiernos más bien que de
la habilidad y destreza de los negociadores, y después permanecen como unos
simples observadores de los convenios primitivos. Hay, sin embargo, una
excepción a esta regla, y es la de los agentes de las dos naciones que dividen
entre sí el comercio de los mares, que se observan en todos los ángulos de la
tierra y espían el momento de sacar las mayores ventajas aun de las más
pequeñas circunstancias. La Inglaterra, por el extremo oriental de la República
Mexicana, y los Estados Unidos por el lado del Norte, forman establecimientos
que con el tiempo han de crear relaciones políticas de grande interés, y que
los gobernantes de México no han sabido hasta ahora preparar.
En cuanto a proyectos de otro orden que deben hacer temer a los
sudamericanos las intrigas diplomáticas de algunos gabinetes de Europa, he
recogido cuanto he podido para presentar a los lectores todo lo que baste a dar
una idea de la marcha que llevaban las cosas hasta abril de 1830.
En mi opinión, la principial salvaguardia de los nuevos Estados, en
todas sus transacciones y relaciones políticas, debe ser la franqueza, la buena
fe y si es posible la publicidad. Los representantes de aquellas repúblicas no
deben permitir que sus gobiernos hagan misterios de sus enredos diplomáticos,
ni que los ministros nacionales parezcan o sean los encargados de alguna nación
extranjera o sus dependientes, ni que obligaciones contraídas con sus gobiernos
o con sus súbditos estimulen a sacrificios deshonrosos.
He indicado anteriormente que Mr. Bresson, agente nombrado por el
gobierno francés en 1828, propuso en Bogotá el plan de monarquías para la
América y que el general Bolívar no estaba muy ajeno de este proyecto. Una
materia tan grave, que puede interesar la suerte futura. del nuevo continente,
no parece ajena de esta obra, destinada más bien a tocar los puntos más
importantes para la política de México, y descubrir los errores y los peligros
en que pueden incurrir y estrellarse sus directores, que en dar relaciones
estériles de sucesos y personas cuya existencia efímera no trae consecuencias
graves al país.
Mr. Bresson, expresamente comisionado por el gabinete de las Tullerías
para tentar acerca del establecimiento de monarquías en la América del Sur,
llegó a New York a mediados del año de 1828. Entre las personas de quienes pudo
adquirir noticias acerca de la situación política de las nuevas repúblicas,
para donde era enviado, trató con frecuencia y procuró tomar informes relativos
a su misión de un personaje distinguido, español emigrado, que había sido
diputado en las Cortes últimas de España en 1823, cuya ilustración y
sentimientos le dan un lugar distinguido en la sociedad. Creo que será
interesante para los lectores tener conocimiento del resultado de las
conferencias habidas entre Mr. Bresson y este individuo respetable, consignadas
por escrito en las cuestiones y respuestas que fueron el resumen de ellas. Un
coronel mexicano llamado José Antonio Facio, que había servido en España mucho
tiempo de escribiente en una de las secretarías del Despacho, y que ha hecho
después mucho ruido en México, solicitó entrar en las confianzas de Mr.
Bresson, cuyas opiniones y misión tenían mucha analogía con las opiniones de
Facio. No sé cuál fue el resultado de esta tentativa. Ved aquí el texto de las
cuestiones y su solución.
Resumen de una pequeña discusión sobre el interés de la Francia en
reconocer la independencia de la América española.
Pregunta
La voluntad de ser independientes, ¿es general y enérgica en todos los
Estados de la América del Sur?
Respuesta
Es indudable.
Pregunta
¿Y cómo es que con esa voluntad general, con ese vínculo de unión, la
discordia y la anarquía se los comen?
Respuesta
Porque además de independientes quieren ser libres, y no saben serlo
todavía; porque no pueden serlo enteramente antes de ser industriosos y
morales; porque no han faltado ni faltan interesados a que nunca lo sean, y
porque éstos han tenido bastante influjo para engendrar y fomentar la anarquía
como el camino más corto para llegar al despotismo, o sea para mandar en el
país sin contradicción ni responsabilidad.
Pregunta
¿Diremos, pues, que deben renunciar su independencia hasta que tengan el
saber y demás requisitos que les faltan para ser libres?
Respuesta
De ningún modo. En materia de bienes esenciales a nadie le ocurre soltar
los que tiene para conseguir los que le faltan, sino busca los que le faltan y
conserva los que tiene. Además los americanos, como los demás pueblos, son el
producto de la educación que han recibido; ¿y quién puede imaginar que el
gobierno español haya querido ni siquiera darles ni consentirles la capacidad
de ser libres? Si pues el gobierno español no los educó para que fuesen
industriosos, morales y libres, la responsabilidad es de éste, no de aquéllos.
Por esta razón, y porque nadie nace sabiendo, es de rigurosa justicia conceder
a los Estados nuevos de América el mismo tiempo y la misma indulgencia que
probablemente necesitaron los Estados europeos para formarse, y que en general necesitan
todos los aprendices para llegar a ser maestros.
Pregunta
¿Y qué interés tiene la Francia en la suerte de la América del Sur?
Respuesta
Tiene varios; pero el mayor de todos consiste en recibir sus frutos y
metales de primera mano y en asegurar un gran mercado independiente y directo a
las producciones francesas.
Pregunta
¿Y cómo se aseguraría mejor este interés? ¿Reconociendo su independencia
desde ahora o no reconociéndola todavía?
Respuesta
Si el reconocimiento se retarda continuará atrasándose y esterilizándose
el país, porque la falta de reconocimiento servirá de pretexto para mantener en
pie los ruinosos ejércitos que tiene para su defensa, muy superiores a los que
son compatibles con la población y recursos actuales; porque los hombres
empleados en el ejército hacen mucha falta para las minas y cultivo de la
tierra, y porque no se pueden dotar escuelas ni emprender mejoras, a fin que
las generaciones venideras sean más industriosas y morales que la presente y
las pasadas, mientras que la atención del gobierno y los fondos de la nación
tengan que emplearse de preferencia en el ejército. Si el reconocimiento se
retarda, se tendrá por incierta la suerte del país, y esta incertidumbre
excitará la emigración de capitales y contendrá la introducción de los de
fuera, sin los cuales no podrá producir ni comprar tanto. Si se retarda,
continuarán los ambiciosos y enemigos domésticos en posesión de la grande arma
de los anarquistas, la difamación, con la cual pulverizan y anonadan a los
hombres más rectos y las propuestas más patrióticas, suponiendo y vociferando
que su objeto o tendencia no es el bien del país que invocan, sino retrotraerlo
gradual y solapadamente al yugo de que ha salido o entregarlo a otro,
engendrando y propagando de este modo la desconfianza y el desorden de que es
víctima; y si, a la vista de ese estado de cosas, y del deplorable descuido que
han tenido algunos pueblos de Europa en reconocer la independencia de la
América, la España se anima a reconquistarla, el perjuicio de todo el mundo
será incalculable; porque tan cierto es que la España no puede vencer la
ojeriza que le tienen los americanos, como que puede arruinarles y destrozarles
muchas de sus provincias. ¿Y quién hallaría cuenta en esta devastación? ¿Serían
los cosecheros, los manufactureros y los comerciantes de Francia? Seguramente
que no; pero tal vez la hallarían estos Estados Unidos en la vecindad de su
territorio. Que la Francia y la Europa entera lo mediten bien: si debilitan a
México, si México no se regenera pronto, México será de estos Estados Unidos
antes de veinte años, y entonces no consumirá los productos ni las artes
europeas; sino los de esta agigantada confederación de que será parte. Por
todas estas razones, y por otras que omito, creo que toda la Europa tiene un
interés grande en reconocer la independencia de los Estados nuevos de América
cuanto antes; y que a la Francia, cuya religión, costumbres y producciones le
aseguran la predilección del país, le interesa mucho más particularmente ahora
que los ingleses están cayendo en odiosidad general y que su ministerio ha
cedido al francés la gloria de capitanear la civilización del mundo y la marcha
de las mejoras sociales.
Pregunta
Pero en países cuyos gobiernos no tienen estabilidad, donde hoy manda
Juan y mañana Pedro, ¿con quién tratan los gobiernos extranjeros que puedan
garantizar sus contratos?
Respuesta
Con los mismos con quienes han tratado ya sin dificultad los gobiernos
de Inglaterra y de estos Estados Unidos; porque aunque los gobiernos se muden,
las naciones quedan, y éstas cumplirán sus contratos, a menos que contengan
dolo, o fraudes de consideración, o cláusulas deshonrosas o muy gravosas.
Además, la Francia es muy poderosa y los Estados nuevos de la América son muy
débiles, ¿y cuándo han ignorado los fuertes el modo de hacer cumplir sus
contratos a los que no lo son?
Pregunta
Y si la Francia se resolviese a reconocer la referida independencia, con
tal que el país adoptase las instituciones que ella propusiese, ¿sería
imprudente descubrir o exigir esta condición?
Respuesta
Lo sería sin duda. Es menester partir del principio que, por estar
ocupados los tronos de Francia y de España por individuos de una misma familia,
es natural que los hispanoamericanos tengan alguna desconfianza de las
intenciones del gobierno francés, mientras no reconozca su independencia; por
consiguiente, si antes de este acto solemne se propusiera o exigiera aquella
condición, se miraría probablemente como una estratagema diplomática para
entretener o frustrar la negociación, o como indicio vehemente de la
insinceridad del proponente; y si por un acaso (que lo dudo) se admitiese la
condición, la acompañaría siempre el odio con que todos los pueblos miran las
imposiciones dictadas por los extranjeros, y sería la fuente de los choques
futuros de los partidos y de la esterilidad e inmoralidad a que conduce la
anarquía, que es la mayor calamidad de que tiene que precaverse el grande
interés que la Francia tiene en esta cuestión. Al contrario, si empieza por
reconocer la independencia, desvanece en el acto todas las dudas y aprensiones,
se granjea una gran confianza, ciega la fuente principal de las intrigas y
robos y presenta un porvenir de seguridad y goces que promueve todas las
empresas y mejoras que conducen a la celebridad, a la consideración o a la fortuna;
y como los americanos suponen que la España no puede hacerles ningún daño sin
los auxilios de la Francia, es claro que los enviados de ésta tendrán entonces
un influjo inmenso en el país, con el cual podrán preparar los ánimos de sus
habitantes, dirigir la opinión pública y conseguir todo lo que quieran.
Por el mes de octubre partió Mr. Bresson para la Nueva Orleáns en
compañía del duque de Monte Bello, hijo del mariscal Lannes, encargado de
coadyuvar con Bresson al objeto indicado. Su destino era, primero, pasar a la
ciudad de México; pero los sucesos de diciembre de 1828 y el triunfo del
partido popular hicieron mudar de dirección al agente borbonista y trasladar el
foco de las intrigas monárquicas a Colombia, en donde el general Bolívar,
triunfante entonces del partido liberal, y deslumbrado, según algunos, con el
brillo del poder monárquico, abrigaba a los que opinaban en este sentido.
La imparcialidad de historiador no permite adelantar aserciones acerca
del punto a que se extendían los proyectos del libertador de Colombia. Pero un
personaje respetable de aquella república, personaje digno de toda fe, me ha
asegurado que el señor Briseño, deudo y amigo íntimo de Bolívar, extendió las
cláusulas y condiciones bajo las que podía admitirse un príncipe de la casa de
Orléans (reinante hoy en Francia) a ocupar el trono constitucional de Colombia.
El mismo personaje me ha referido que el ministro inglés contestó: Que
no entraba en las ideas del gobierno de S. M. B. cambiar la forma de gobierno
de las nuevas repúblicas; pero que en el caso de que se estableciesen
monarquías, daría la preferencia siempre a la casa de Borbón de España sobre
cualesquiera otra de Europa.
Por el mismo tiempo, el autor de este Ensayo fue invitado en México, por
un agente extranjero, para entrar en un plan de monarquía constitucional, bajo
el mando de un príncipe de la misma familia de Orleáns. Tuvo varias
conferencias con aquel extranjero, y pudo averiguar que el proyecto tenía
profundas raíces en las nuevas repúblicas. Esto fue por el mes de febrero de
1830. El exemperador del Brasil, que entonces reinaba tranquilamente en aquella
comarca, envió instrucciones que tenían la misma tendencia a su ministro
plenipotenciario cerca de las grandes potencias de Europa, marqués de Santo
Amaro.
Los despachos fueron firmados en Río de Janeiro en 21 de abril de 1830,
por el ministro de Estado Miguel Calmon du Pin E. Almeida. Copiaré algunos
artículos de aquellas instrucciones para que los lectores se penetren de que ha
habido, hay y habrá, entre las grandes potencias europeas, proyectos de
monarquizar las nuevas repúblicas.
1° Además de los negocios relativos a la actual cuestión portuguesa,
existen igualmente otros urgentes, que S. M. I. ha tenido a bien confiar al
experiméntado celo y lealtad de V. E.
2° Consta a S. M. I. que los soberanos preponderantes de Europa, después
del establecimiento de la nueva monarquía en la Grecia, se proponen ocuparse
del medio de pacificar la América llamada aún española. La derrota que sufrió
en Tampico la última expedición militar española contra México suministra sin
duda a los mismos soberanos un poderoso motivo para obligar a la corte de
Madrid, ya tantas veces y tan inútilmente escarmentada, a convenir en algún
ajuste que tenga por objeto la deseada pacificación. No es ciertamente posible
que el mundo civilizado continúe por más tiempo observando con fría
indiferencia el cuadro lastimoso, inmoral y peligroso en que figuran tantos
pueblos, abrasados por el volcán de la anarquía y casi próximos a una completa
aniquilación.
3° Siendo, pues, muy posible que las grandes potencias traten de
discutir este negocio, y que V. E. como embajador americano sea consultado
sobre él, S. M. I. cree en su alta prudencia que sería muy conveniente a los
intereses del imperio habilitar a V. E. con las instrucciones necesarias para
tomar parte en el mismo negocio con el carácter de su plenipotenciario ...
5° Procurará V. E. demostrar y hacer sentir a los soberanos que tuviesen
parte en esta negociación que el único medio eficaz, señalado para la
pacificación y constitución de las antiguas colonias españolas, es el de
establecer monarquías constitucionales o representativas en los diferentes
Estados que se hallan independientes. Las ideas propaladas, y los principios
adquiridos en el curso de veinte años de revolución, obstan a que la generación
presente se someta de buena gana a la forma de gobiernos absolutos. En sí el
carácter y costumbres de los hispanoamericanos son adaptados, por un lado, a la
monarquía; sus nuevas ideas y principios, ya combatidos por tantas desgracias;
són inclinados, por otro lado, a la forma mixta. Esto supuesto, conviene que V.
E. insista en este punto con todas sus fuerzas.
6! Cuando se trate de fundar monarquías representativas (y solamente en
este caso) V. E. hará ver la conveniencia que hay en transigir con el naciente
orgullo nacional de los nuevos Estados de América. Ya separados de sí e
independientes unos de otros, México, Colombia, Perú, Chile, Bolivia y las
Provincias Argentinas, pueden ser otras monarquías distintas y separadas.
Los artículos 7° y 8° son relativos a las cuestiones pendientes entre el
Brasil y las naciones vecinas. El artículo 9° dice:
9° En la elección de los príncipes para los tronos de las nuevas
monarquías y cuando sea menester traerlos de Europa, no vacilará V. E. en dar
su voto a favor de aquellos miembros de la augusta familia de Borbón que se
hallaren en el caso de pasar a América. Estos príncipes, además del prestigio
que les acompaña por ser los descendientes o deudos inmediatos de la dinastía
que por tantos años reinó sobre esos mismos Estados, ofrecen, por sus poderosas
relaciones de sangre y amistad con tantos soberanos, una garantía sólida para
la tranquilidad y consolidación de las nuevas monarquías.
10° Y si efectivamente fuese elegido algún joven príncipe, como, por el
ejemplo, el segundogénito del duque de Orleáns u otro que ya tuviese hijos,
será conveniente, y S. M. I. desea que V. E. haga desde luego la propuesta de
un casamiento entre ellos y las princesas del Brasil. Me incumbe también
declarar a V. E. que se haga expresa mención del segundogénito de Orleáns, por
haberse mostrado dispuesto S. A. R. el duque a casarlo con la joven reina de
Portugal, aunque no recupere el trono.
11° V. E. podrá asegurar y prometer que S. M. I. empleará todos los
medios de persuasión y consejo a fin de pacificar los nuevos Estados para el
indicado establecimiento de monarquías representativas, obligándose desde luego
a abrir y cultivar relaciones de íntima amistad con los nuevos monarcas.
Teniendo la gloria de haber fundado y sostenido casi solo la monarquía
constitucional del nuevo mundo, S. M. el emperador desea ver imitado su noble
ejemplo, y generalizado en América, aun no constituída, los principios del
gobierno que ha adoptado.
Los artículos que concluyen estas instrucciones son todos relativos a la
consolidación de la paz entre las Provincias Argentinas, los auxilios que daría
el emperador del Brasil para monarquizarlas y las condiciones que exigiría en
aquel caso.
Estos proyectos de intervenir en los negocios de las Américas del Sur
estaban muy avanzados entre las grandes potencias continentales y sólo se
pulsaban los inconvenientes:
1°, de la oposición obstinada que se temía por parte de los
norteamericanos, a cuyo gobierno no se había comunicado nada y se vacilaba
sobre hacerle algunas proposiciones.
2°, a la oposición igualmente obstinada, aunque menos invencible, de la
Gran Bretaña, cuyo gobierno, iniciado en los secretos, había contestado
decisivamente que no creía deber intervenir ni permitir que se interviniese
bajo ningún pretexto en el arreglo interior de las nuevas repúblicas
americanas, mientras no se comprometiesen de una manera irremediable los
intereses de los súbditos británicos o de las otras potencias. Sobre esto
ocurrió un debate muy serio y acalorado en la Cámara de los Comunes en junio de
este mismo año.
3°, se encontraba asimismo la resistencia de costumbre en el gabinete de
Madrid, que no quería entrar en ninguna transacción fundada sobre las bases de
independencia. En este estado se hallaban las cosas de América en Europa,
cuando la revolución de julio y el Bül de Reforma en Inglaterra vinieron a
interrumpir a los soberanos para ocuparlos en intereses más próximos e
inmediatos.
Yo no creo que este asunto se halle absolutamente abandonado. Los
políticos de Europa tienen ideas tan confusas y alteradas de la situación moral
y disposiciones sociales de nuestros países que están persuadidos de que son, o
como los griegos modernos, o como los pueblos de la Europa en los siglos X y
XII. Yo he concurrido a las sociedades en que se hallaban los más acérrimos
republicanos en París, y me hablaban de México como de una región que sólo
podía gobernarse por un monarca. Claro es que tuve ocasión de manifestarles sus
errores; pero en la Europa entera no se conocen nuestras circunstancias sino
por los aventureros que, después de dos años de residencia, van a París o
Londres a imprimir o vender un manuscrito que titulan pomposamente: Historia de
México o Viaje a las Américas o cosas semejantes, y los literatos creen saber
ya lo bastante para pronunciar sobre nuestras cosas, cuando se han llenado las
cabezas de cuentos. Esta regla tiene, sin embargo, sus excepciones, pero son
tan pocas que apenas se podrían citar quince a veinte personas en Inglaterra, y
todavía menos en Francia, que puedan ser consideradas como capaces de formar un
juicio recto y exacto acerca de las cosas de América.
CAPÍTULO QUINTO
Consideraciones generales. Anuncios de la política de la nueva
administración. El vicepresidente Bustamante entra a México. Opiniones de los
diputados acerca de si se reunirían. Razones en pro y contra. Vacilan
igualmente los nuevos gobernantes. Motivos de sus opiniones. Apertura de las
sesiones. Aparato militar con que se acompaña. Discurso del vicepresidente.
Contestación evasiva del presidente de la Cámara. Efectos diversos que causa la
noticia de los sucesos de Jalapa en los Estados. Reflexiones acerca del
vicepresidente. El general Terán. Su conducta ambigua. Carta que le dirigen 25
diputados. Otra que le envía Alpuche. Imprudencia de éste. Acusación de Terán
contra él. El general Santa Anna. Movimiento que hace. Desiste de él.
Providencias del nuevo gobierno en México. Tumultos en varios Estados. Varios
diputados mudan de opinión. La cámara de senadores adicta al nuevo gobierno.
Decretos que éste solicita para asegurarse. Exposición del general Guerrero a
las cámaras. Dictamen de don Andrés Quintana Roo. Exactitud de sus
observaciones. Algazara en las galerías. Ministros: don Lucas Alamán, don
Rafael Mangino, don José Antonio Facio y don José Ignacio Espinosa. Breves
reflexiones acerca de ellos. Proyecto de coalición en los Estados internos. Don
Vicente Romero. Don José Salgado. Don Juan José Codallos. Principios de nuevos
movimientos. Proyectos en Morelia. Medidas que toma el gobernador. Llegada del
general Cortázar. Conspiración del ayuntamiento. Fuga del señor Salgado.
Congreso general. Aprueba los tumultos de los Estados. Don Lorenzo de Zavala
absuelto por el Senado. La legislatura de Chihuahua. Decreto que da a favor de
Guerrero. La de Jalisco, por Pedraza. Conducta de la de Zacatecas. Preparativos
hostiles en San Luis. Medidas que toma Bustamante para tranquilizarlos.
Reflexiones. Manifiesto publicado por el vicepresidente. Consideraciones acerca
de él.
Cuando uno detiene su consideración sobre los sucesos de las repúblicas
suramericanas, parece advertir que una especie de vértigo se ha apoderado de
todos sus habitantes, que son arrastrados por un movimiento rápido y continuo,
que animados por pasiones desconocidas, se acometen, se cruzan y se combaten,
de manera que la vista más penetrante no acierta a seguirlos ni a distinguir
sus diferentes direcciones. Pero la historia, encargada de revelarnos los
nombres de los personajes que han figurado, sus móviles secretos, sus
caracteres y los resortes que los hacen obrar, desenvuelve pasiones generosas,
pensamientos profundos, proyectos elevados en cada una de las pequeñas
facciones que a primera vista nos habían parecido bajas, mezquinas y
superficiales. El espíritu de partido desfigura todos los pasos, todas las
acciones y los actores en estas escenas son presentados regularmente con
coloridos que alteran su fisonomía moral y dan ideas inexactas de los
acontecimientos; y como no ha pasado todavía el tiempo suficiente para que la
verdad pueda aparecer desnuda de las afecciones personales, estos países
carecen de aquellos escritos y anales que deben dar lugar entre los demás
pueblos a éstos, que tienen tantos títulos a la admiración y aprecio de los
hombres que aman la causa de la libertad y encierran tantas lecciones útiles
para los hombres de Estado. Vamos a entrar en la narración de un nuevo género
de sucesos, de la conducta de una administración apoyada sobre principios de
terror, cuya marcha, diametralmente opuesta a la qUe hemos visto adoptar en las
dos anteriores, se ha moldeado en cuanto lo permitían las circunstancias a la
del gobierno colonial; marcha uniforme, vigorosa y que ha hecho callar por
algún tiempo el espíritu de partido, después de haber combatido, destrozado, y,
al parecer aniquilado al bando popular, sin detenerse los directores de esta
aristocracia militar en los medios que empleaban, ni en los obstáculos que
podían oponer las leyes o la opinión. Dedimus projecto grande patientire
documentum.
El día 31 de diciembre de 1829 entró a la capital don Anastasio
Bustamante, rodeado de las tropas cuya victoria había sido el no haber
encontrado resistencia en ninguna parte. Tomó posesión de la presidencia de la
República, habiendo avisado a las cámaras que al día siguiente pasaría a hacer
la solemne apertura de las sesiones, como se acostumbra en 1° de enero de cada
año, conforme a la Constitución.
Los diputados no sabían qué hacer en aquellas circunstancias. Veían
despojados por la fuerza de las bayonetas al presidente legítimo don Vicente
Guerrero y a su presidente interino don José María Bocanegra; veían ocupado el
poder por un usurpador, oprimida la capital por las tropas de éste y la
República en anarquía. Se dividieron en opiniones acerca de si se reunirían a
oponer resistencia a la naciente opresión o si se disolverían publicando un
manifiesto a la nación en el que, poniendo a la vista el verdadero estado de
las cosas, proveyese por sí sola al remedio de los males públicos. Pero unos
temían que disuelto el Congreso, el poder de la facción dominante no tendría ya
ningún obstáculo y que sería conveniente conservar al menos este simulacro de
poder representativo para oponerse a la ruina de la libertad que se preparaba.
Otros veían con la subsistencia del Congreso un título de legitimidad y un
testimonio de aprobación tácita dado en favor de los rebeldes. Con este motivo,
un diputado que posteriormente ha sufrido persecuciones de los nuevos
gobernantes, dijo que no podía convenir en la reunión de las cámaras, que sólo
serían empleadas como instrumento por los tiranos.
Retirémonos a nuestros Estados, exclamó, y apresurémonos a anunciar a
nuestros comitentes que no hay en México otro poder ni otro derecho que el de
la fuerza y que delante de esta soberanía militar de las bayonetas, sin reglas,
sin deberes, sin conciencia, no hay constitución, ni leyes, ni bien, ni mal, ni
pasado, ni porvenir. Que esta es la soberanía de la fuerza, y la forma más
absoluta del poder absoluto. Renunciad, señores, vuestras dietas, vuestras
comodidades y a vuestros temores. La patria exige de nosotros nuevos
sacrificios.
No produjo efecto esta enérgica excitación y la mayoría decidió reunirse
en 1° de enero. Ocupáronse luego en la elección de la persona que debían
nombrar para la presidencia de la Cámara de diputados, y nombraron a don José
María Alpuche e Infante, diputado por el Estado de Tabasco.
Mientras los representantes vacilaban acerca de si se reunirían o no,
los nuevos mandarines no acertaban a resolver si les convendría más bien esta
reunión o el que los diputados abandonasen el puesto. Unos decían que
era necesario revestir al nuevo gobierno con la legalidad que le darían
las dos cámaras reunidas, admitiendo en su seno al vicepresidente como
representante del Poder ejecutivo, y que nada sería más fácil que conseguir un
decreto que declarase moralmente imposibilitado al general Guerrero para
ejercer las funciones de la presidencia; en cuyo caso, era claro que el
vicepresidente debía substituirlo. De esta manera se legalizaría la rebelión, y
los Estados nada tendrían que oponer a la autoridad legitimada del jefe de la
conspiración de Jalapa, cuyo poder hasta entonces sólo estaba apoyado sobre las
bayonetas.
Fundaban este raciocinio en los ejemplos de lo pasado, pues aunque esta
misma Cámara había nombrado a Guerrero para la presidencia, se había visto que
el mismo Congreso que elevó al general Iturbide al trono y lo colmó de honores,
lo había desterrado posteriormente. Que nada era más fácil que obtener de los
cuerpos representativos lo que se quisiese en tiempo de facciones, pues unos
por el temor, otros por dulzura y muchos por la esperanza de recompensa,
cederían sin dificultad a las circunstancias, mucho más cuando el ruido del
triunfo deslumbraba a los incautos y no dejaba percibir la verdadera opinión
nacional.
Los que no querían la reunión de las cámaras exponían que
un Congreso compuesto en su mayor parte de yorkinos, todos adictos a
Guerrero, harían una guerra sorda y obstinada a los victoriosos; que
trabajarían incesantemente oponiéndose siempre a las disposiciones del Poder
ejecutivo, y que preparando la contrarrevolución, escudados de la
inviolabilidad, llamarían en tiempo oportuno al legítimo presidente a gobernar
la nación. Pero que embarazando la reunión de los diputados, alegando que
aquella Cámara no era acepta a la opinión pública y aplicando a sus miembros el
artículo 4° del plan de Jalapa, como se había hecho ya con el presidente,
quedaba el campo libre para convocar otro Congreso, y para hacer nombrar
diputados con arreglo a la opinión pública restablecida en toda su plenitud y
esplendor con los tres mil soldados que habían entrado en México bajo las
órdenes del vicepresidente Bustamante. Que en cuanto a los Estados, solamente
se debía hacer cuenta del de Zacatecas; pues en los demás se tomarían medidas
para derribar sus legislaturas y quitar sus gobernadores, para poner otros que
fuesen llamados por la reciente y legítima opinión pública, acallada
anteriormente por los gritos y algazara del pueblo.
El vicepresidente Bustamante prefirió la continuación de las cámaras,
reservándose los arbitrios de hacerlas confirmar todo lo hecho.
El día 1° se abrieron las sesiones con el aparato militar de costumbre,
añadiendo, sin embargo, por precaución, algunos cañones cargados a metralla. En
la República, como hemos observado repetidas veces, nada se hace sin la
intervención de las tropas. El acto augusto, pacífico, eminentemente pacífico,
de dar principio los legisladores a sus funciones, va siempre acompañado de dos
o tres mil bayonetas formadas en batalla, para que el presidente concurra a
leer el discurso de apertura. Ambas cámaras tienen también tropas a las órdenes
de sus presidentes; y parece una condición sine qua non aquellas asambleas no
pueden deliberar; casi no hay asamblea en aquellos Estados que no esté rodeada
de uniformes y fusiles. En Inglaterra y en los Estados Unidos, países verdaderamente
libres, no existen estas anomalías.
En esta ocasión el aparato militar fue más brillante, más lucido; esto
es, más terrible y amenazador. Las tropas habían conseguido un triunfo; sólo un
débil resto de consideración a la representación nacional contenía su furor
contra los diputados, a quienes se consideraba como el único obstáculo al
establecimiento de un gobierno militar. El vicepresidente leyó una larga
diatriba contra la administración que acababa de derrocar y procuraba disminuir
la odiosidad de una rebelión tan abiertamente criminal, acusando al legítimo
presidente de los sucesos que, si hacían ilegítima su autoridad, eran
evidentemente el principio de donde emanaba la de Bustamante. En efecto, si la
elección de Guerrero era nula por la revolución popular de la Acordada, la de
Bustamante era doblemente nula, porque a ella se debió igualmente su
nombramiento para la vicepresidencia, y al grito militar de Jalapa la ocupación
del puesto que en enero obtenía. Acusaba además a todos los ministros y hacía
una declaración vaga, apasionada, contra su manejo y dirección dada a todos los
negocios; concluía diciendo que tantos abusos, tantos desórdenes, haciendo
temer la anarquía, le habían obligado a ocupar la presidencia. El presidente
del Congreso contestó de una manera evasiva a la gran cuestión que se
presentaba, y sólo dejó escapar algunas frases, que manifestaban la diferente
manera con que el suceso era visto por la Cámara de que era miembro. Así
terminó esta solemne función.
Las noticias de los acontecimientos de Jalapa, Puebla y México causaron
diferentes efectos en los Estados del interior. Varios gobernadores y
diputados, que perteneciendo al partido popular debían su elevación al triunfo
de éste, creyeron o fingieron creer que en efecto el deseo de mejorar la marcha
de la administración de Guerrero había obligado a Bustamante a un acto que
repugnaba a la opinión que se tenía generalmente de su carácter.
Bustamante era considerado como un mexicano honrado, modesto y amigo de
las leyes; un militar subordinado y valiente; un amigo fiel del presidente
Guerrero, quien había contribuído a su elevación; había sido recibido en las
logias yorkinas y su nombre ocupaba un lugar distinguido en los primeros grados
de esta sociedad. De consiguiente, ninguno podía sospechar que volviendo
repentinamente las espaldas a sus antiguos hermanos, amigos y compañeros,
pasase a las filas de los del partido escocés, no sólo para renunciar a sus
anteriores opiniones, a sus pasadas afecciones y compromisos sino para oprimir,
perseguir, despojar a los mismos a quienes debía tantas obligaciones. Ved aquí
una de las causas de la sorpresa que causó en muchos Estados aquel movimiento.
El general Terán, cuya conducta siempre oscura, siempre misteriosa y
vacilante, no da lugar a formar juicio acerca de la marcha que puede seguir en
una crisis cualquiera; ocupando una posición ventajosa en la República por su
situación local, a una distancia considerable del centro de los movimientos
revolucionarios, con tropa a su disposición y los recursos que ofrecen los
puertos de Matamoros y Gálveston, fue uno de los que llamaban la atención de
los pronunciados de Jalapa por una parte y de los del partido vencido por otra.
Terán había escrito que se adhería al plan de los conjurados con la condición
de que el artículo 4° no comprendiese a los que ocupasen destinos públicos por
nombramiento popular. Condición ambigua y obscura, pues daba lugar a dudar si
el presidente y los gobernadores de los Estados serían o no comprendidos en
ella, supuesto que no son empleos dados por el gobierno; condición además
destructiva de todas las leyes que aseguran la estabilidad de los empleos dados
por el gobierno, y que abría la puerta a un despojo universal de todos los
actuales poseedores de destinos públicos.
Sin embargo, una restricción semejante dió un rayo de esperanza a los
que buscaban por todas partes un apoyo cualquiera para poder hostilizar al
partido vencedor. Esta es la condición de las facciones. En el momento que les
falta un jefe, no se detienen en substituir cualquier otro que pueda servir al
triunfo de su causa y ofrezca esperanzas de mejorar, por de pronto, su
condición. Santa Anna y Terán fueron entonces los candidatos designados para
ser colocados a la cabeza de la reacción y del partido popular. Veinticinco
diputados de la Cámara de representantes firmaron desde luego una exposición
gratulatoria, por la que daban las gracias, en nombre de la patria, al general
Terán por haber preservado a la soberanía nacional del golpe que le preparaban
los militares de Jalapa, echando por tierra al Congreso general con ese
artículo 4°, que era una abierta declaración de guerra a las asambleas
legislativas de los Estados, después de haber derrocado al presidente de la
federación, y que amenazaba diariamente la disolución de las cámaras del
Congreso de la Unión. Esta carta fue dirigida por el presidente de la misma
Cámara de diputados don José María Alpuche, acompañándole otra privada, por la
que le invitaba a oponerse a la usurpación que Bustamante hacía de los poderes
públicos, con la fuerza que Guerrero le había confiado para el servicio
nacional. El general remitió las cartas que había recibido al nuevo gobierno,
acompañando esta denuncia con protestas de adhesión al nuevo orden establecido
y de aversión a la persona de Alpuche.
Habían ocurrido tres o cuatro años antes algunas contestaciones
acaloradas por la imprenta entre Alpuche y Terán. El primero, además, había
maltratado a este general en la discusión habida en el Senado con motivo del
nombramiento que se hizo en él para pasar de ministro plenipotenciario a
Londres, y era difícil que olvidase un agravio público recibido, y las
calificaciones, quizás injustas, con que fue tildado. Alpuche obró con mucha
imprudencia, invitando por escrito a un enemigo suyo para formar la revolución
contra el gobierno, que aunque hasta entonces era de hecho, no debía por ningún
título atentarse contra él, pues el mismo presidente había abandonado el puesto
sin oponer resistencia y no podía dejarse abandonada la nación a la anarquía.
Ahora no sé si Terán debió más bien reducirse a contestar a Alpuche que no
quería tomar parte en ninguna reacción ni obrar con él en ningún caso de
mancomún, o convertirse en su acusador ante las nuevas autoridades, pareciendo
aprovecharse de una carta confidencial para vengar antiguos resentimientos.
Esta conducta al menos parece poco generosa, y más cuando se considera que bien
pudo valerse de otros medios más puros para instruir al gobierno de los
movimientos que se preparaban contra él, si el celo de la tranquilidad lo
estimulaba a dar este paso. Volveremos a hablar de Alpuche con motivo de la
acusación intentada contra él.
El general Santa Anna, que había observado una conducta equívoca
mientras se levantaba la tempestad sobre la cabeza de Guerrero; que en lugar de
pronunciarse con energía contra la coalición, veía hacer uso de su nombre, de
su prestigio, de su reciente gloria adquirida en los campos de Tamaulipas, y
emplear su influencia para aumentar el descontento contra la administración;
Santa Anna vió al fin que se había confiado demasiado en su propia reputación y
en su valor y quizás en las promesas de los conjurados. Cuando supo la marcha
desastrosa de Guerrero, el triunfo de Bustamante y el desenlace que se
preparaba, se puso en movimiento, publicando una proclama en la que decía estas
palabras:
Pasarán sobre mi cadáver antes de despojar al benemérito don Vicente
Guerrero de la presidencia.
Y dirigiéndose hacia el rumbo de Perote, con intención de continuar a
México, se propuso atacar a los que habían ya ocupado la capital y afirmado su
dominación por entonces. Santa Anna recibió un triste desengaño, porque las
mismas tropas que le habían acompañado en los triunfos de septiembre contra los
españoles, lo abandonaron en una empresa que no tenía para ellas ningún
atractivo y, contra la opinión generalmente esparcida entonces, de que el
movimiento de Jalapa era para establecer la forma central y destruir esa
multitud de cuerpos legislativos, que habían hecho creer a los soldados,
absorbían todas las rentas del Estado y los dejaban sin el prest. No pudo el
general Santa Anna continuar su proyecto, en circunstancias en que el partido
que intentaba levantar estaba dividido, acobardado; cuando el contrario,
orgulloso de su triunfo reciente, había ahogado los sentimientos nacionales,
dominaba sin oposición en la capital y hacía que sus agentes ocupasen con la
fuerza de las armas los empleos en la mayor parte de los Estados. Santa Anna
creyó que no tenía otro recurso que plegarse a la fuerza de las circunstancias
y publicó una proclama reducida a decir que ya que el mismo presidente Guerrero
había abandonado el puesto, no tenía que hacer otra cosa que obedecer a la
autoridad legítima del vicepresidente Bustamante. Se retiró tranquilamente a su
hacienda, en donde ha permanecido sin dar ninguna señal de inquietud hasta el
día.
Mientras Bustamante afirmaba su autoridad en México por la actividad de
sus agentes y la energía de sus providencias, se dirigían emisarios a los
Estados para deponer las autoridades existentes y colocar en su lugar personas
de la confianza de los nuevos gobernantes. En Querétaro, en Tamaulipas, en
Oaxaca, en Tabasco, en Guadalajara, en el Estado de México, en Morelia, Estado
de Michoacán, se formaron tumultos para disolver las asambleas legislativas y
deponer a los gobernadores, bajo pretexto de que los individuos que componían
aquéllas y ocupaban estos destinos estaban comprendidos en el artículo 4° del
plan de Jalapa, que era entonces y fue por muchos meses la ley universal. Los
que hacían estos movimientos, apoyados por las tropas que había en cada Estado,
representaban al gobierno de México:
Que habiéndose pronunciado la opinión pública contra aquellos
funcionarios, el pueblo y el ejército pedían al Poder ejecutivo que, con
arreglo a la nueva ley dada por el Ejército de reserva, fuesen declarados
aquellos tumultos legítimos y legalmente hecha la deposición de las
autoridades.
Estas exposiciones pasaban a las cámaras de la Unión, cuya conducta
vamos a ver cuál era entonces.
El Congreso general continuaba sus sesiones; pero la Cámara de diputados
había comenzado ya a variar de conducta. Muchos diputados habían dejado de
asistir a las sesiones, y algunos mudaron de opiniones con el cambio hecho con
la revolución. Las galerías eran ocupadas por los oficiales y gentes que
estaban comprometidas en el buen éxito de la facción dominante, y no omitían
ningún arbitrio de los que pudiesen intimidar a los miembros de la cámara, para
votar en el sentido que les convenía, o al menos para ahuyentar a los menos
firmes. Muy raros eran los diputados que, como don Isidro R. Gondra y don
Anastasio Cerecero, desafiaban desde la tribuna nacional los gritos, las
amenazas y los insultos de la tropa desenfrenada, que desde las galerías daban
apenas tiempo para escuchar los discursos de estos celosos defensores de la
libertad. La cámara de senadores estaba compuesta en su mayor parte de
individuos adictos al partido vencedor y sólo dos o tres osaban contrariar las
medidas que proponía el nuevo gobierno para asegurar su dominación.
Dos fueron entre éstas las que, formando la base de su derecho, se
consideraban como esenciales a la marcha legal de los nuevos funcionarios. Una,
la declaración de que el plan de Jalapa era santo, justo y nacional; otra, un
decreto por el que declarase el Congreso que el presidente don Vicente Guerrero
estaba moralmente imposibilitado para ejercer sus funciones. Muy natural era
que los que habían usurpado el poder buscasen el modo de justificar su
levantamiento y purificar su dominación con el bautismo de una ley que tenía
por objeto santificar un acto de rebelión.
Hemos visto que después del triunfo popular de la Acordada, Guerrero no
solicitó una declaración semejante, que sin duda la hubiera obtenido; se
contentó con el humilde decreto de amnistía, que entonces se concedió a los que
habían impuesto la ley por un triunfo conseguido con mucha sangre. Esto sólo
bastaría para dar a conocer la diferente marcha de los partidos que pelean en
la República Mexicana, si no existiesen tantas otras señales características
para distinguirlos. El uno reclama con altanería, de las cámaras, la ley que
santifique su victoria; el otro pide humildemente perdón por haber vencido; el
uno derriba al presidente y exige un decreto que lo declare incapaz de mandar;
el otro nada altera y espera el período constitucional para hacer entrar a su
candidato. Luego veremos otros actos que marcan, de una manera clara y precisa,
los objetos a que tienen tendencia y el fin que se proponen unos y otros, para
darlos a conocer dentro y fuera del país, así para que en el interior la masa
imparcial y los hombres sensatos y bien intencionados busquen y apliquen el
remedio a los males como para que en el exterior se haga justicia a quien la
tenga.
Estas dos cuestiones se agitaron con mucho calor en la Cámara de
diputados. Aun estaban pendientes, cuando llegó una exposición del presidente
don Vicente Guerrero, reducida a dejar en manos del Congreso general y de las
legislaturas de los Estados la resolución de si la deposición violenta que se
le había hecho era válida, ofreciendo además sujetarse con docilidad y
resignación al decreto que pronunciasen acerca de la materia. Esta exposición
la dirigía desde su hacienda de Tierra Colorada, a donde decía haberse retirado
para evitar las tropelías de una facción orgullosa de su triunfo.
Don Andrés Quintana Roo, de quien se ha hablado ya varias veces,
extendió, con motivo de la declaración que se exigía de la Cámara acerca de la
imposibilidad moral de Guerrero para continuar ejerciendo la presidencia, un
dictamen que él solo sería suficiente para dar a conocer el estado de las cosas
en aquella época. No creyó deber entrar en una discusión seria, en una cuestión
que no ofrecía un lado ni aparentemente racional para justificar la usurpación
del poder que acababa de hacerse.
¿Qué quiere decir, exclamaba Quintana, imposibilidad moral? ¿Hemos de
hacer juez al Congreso de la capacidad mental de Guerrero para complacer al que
le ha reemplazado? ¿Y cuál sería en este caso la regla, el modelo que se
propondría seguir esta asamblea en semejante calificación? ¿No es este mismo
Guerrero a quien la nación ha colmado de honores, a quien ha declarado
benemérito de la patria, a quien los mismos que hoy pretenden declararlo
imbécil, lo exaltaron otras veces hasta compararlo con los más ilustres
personajes históricos? ¿Desde cuándo ha perdido el uso de la razón? ¿Qué
alteración se ha notado en sus facultades morales? ¿Qué muestras ha dado de
fatuidad? Y ¿cómo se quiere, señores, que los representantes de los Estados
Unidos Mexicanos pronuncien un fallo semejante, declarando demente al hombre
que no lo está en realidad, añadiendo de esta manera a la injusticia el insulto
y la ignominia? Pero ésta recaería sobre nosotros; sobre nosotros mismos, que
hace un año lo nombramos presidente de la República; sobre nueve Estados que le
dieron sus sufragios; sobre los otros que han obedecido tranquilamente por ocho
meses; sobre el ejército que ha triunfado de los enemigos exteriores bajo su
dominación; y, por último, sobre la nación entera, que ha admirado su
patriotismo y canonizado sus servicios eminentes. Contentémonos y contentemos
al poder que domina, con decir que Guerrero está imposibilitado para gobernar,
sin entrar en el examen de las causas de semejante imposibilidad.
No podía discurrirse de una manera más precisa, para enunciar lo difícil
de la posición de los representantes, rodeados de gente armada, de oficiales
sin freno ni disciplina, que amenazaban a los diputados que tenían bastante
valor para no ceder ciegamente a las pretensiones del partido dominante.
Declarando imposibilitado a Guerrero para gobernar, sólo enunciaban un hecho,
un suceso; la consecuencia del triunfo de una fuerza que lo privaba del actual
ejercicio del poder. Era una verdad trivial, si se quiere, pero era al mismo
tiempo una evasiva que satisfacía a las urgentes exigencias del momento y una
providencia que daba a la nación un centro de acción, una autoridad común que
evitase la anarquía. El Congreso declaró, pues, lisa y llanamente que el general
presidente don Vicente Guerrero estaba imposibüitado para gobernar la nación, y
este decreto fue el que legalizó la permanencia de Bustamante en el mando.
El segundo proyecto relativo a declarar justo el plan de Jalapa, olía a
las canonizaciones que se solicitaban de Roma sobre las acciones de algunos
hombres que habían manchado su vida con crímenes y creían lavarlos con una
indulgencia plenaria. Era, ni más ni menos, lo que se ha querido hacer con
Constantino, quien después de haber asesinado a su hijo, a su mujer, a sus
amigos y parientes, se bautizó, pretendiendo con esto quedar limpio de sus
maldades. El decreto fue expedido suprimiendo las calificaciones de santidad y
legalidad, dejándolo únicamente como justo. Esto equivalía a decir, que sólo se
le podia beatificar y no canonizar.
Todos estos decretos y otros de que se hará mención se daban en medio
del ruido y algazara de los vencedores, que no solamente cubrían las galerías,
como he dicho, sino que rodeaban a los diputados luego que salían del salón de
las discusiones y los amenazaban con puñales y con asesinatos. La ciudad de
México estaba entonces entregada a la merced de unos cuantos oficiales que
apaleaban, estropeaban e insultaban a los que consideraban ser del partido
contrario o habían tenido con ellos anteriormente algún motivo de
resentimiento. Se vieron muchos ejemplares de estas tropelías, pero jamás
ningún castigo.
Cuando he referido la proclamación de Iturbide en el seno del Congreso,
cuando he hablado de la ley de expulsión de españoles, he dado cuenta con
imparcialidad de lo que aconteció, y no he omitido ninguna circunstancia que
pudiese dar una idea exacta del género de temor que obligase a los diputados a
votar de este o del otro modo. Nada, sin embargo, era comparable a lo que se
vió en la época de que voy hablando. Iturbide dominaba la facción que lo elevó
al trono y su honor y su gloria lo obligaban a contenerla dentro de ciertos
límites; el pueblo que gritaba en las galerías, cuando en tiempo de Victoria se
dió la ley de expulsión, era de gente desarmada; la administración era dulce y
tranquila, y por la ciudad no se notaban violencias. En esta vez Bustamante
estaba subyugado por un partido que a su vista cometía desórdenes; los que en
las galerías y en las puertas de las cámaras amenazaban a los diputados y
habían intentado ya varios excesos, estaban armados, y los asesinatos
recientemente ejecutados, de que se ha hablado, hacían temblar a los
representantes por su existencia. Muchas veces las sesiones no se pudieron
continuar y se levantaban en medio de los gritos y de la confusión, teniendo
que esconderse muchos diputados por temor de ser atropellados.
El día 7 de enero compuso el vicepresidente Bustamante su ministerio de
los individuos siguientes:
Don Lucas Alamán fue nombrado secretario de Relaciones;
don Rafael Mangino, de la Tesorería, o de Hacienda;
don José Antonio Facio, de la Guerra, y,
don José Ignacio Espinosa, de Justicia y Negocios Eclesiásticos.
Todos éstos pertenecieron constantemente al partido que llamaban
escocés; fueron siempre desafectos a Iturbide, al sistema federal, a Bustamante
mismo, y enemigos de Guerrero.
La elección de estas personas para componer el gabinete fue el indicio
menos equívoco de la marcha que seguiría la nueva administración, que elevada
entre elementos tan heterogéneos, se ignoraba la dirección que tomaría. Ya
ningún hombre de previsión dudó que se adoptaría una política diametralmente
opuesta a la que había gobernado la República desde 1824. Se sabía que Mangino
y Espinosa habían manifestado siempre en el Congreso, cuando fueron diputados,
opiniones antipopulares, cuya tendencia era a concentrar el poder y disminuir
los derechos de los ciudadanos. Se había visto a Alamán, en el primer
ministerio que obtuvo, emplear indistintamente la astucia, la intriga, la
adulación o el rigor, según convenía, para aumentar su poder y elevar, a
expensas de la libertad, las prerrogativas de una clase de la sociedad. Facio
era un hombre desconocido en el país y sólo se sabía que había servido una
plaza de escribiente en la secretaría de Guerra en España. No era ciertamente
aquella una buena escuela para un republicano, y pocas lecciones de igualdad
podían tomarse en una corte como la de Madrid, de esa política sencilla, franca
y generosa, tan esencial a las repúblicas democráticas, así como muy pocos
ejemplos que imitar del respeto debido a los derechos del hombre. Regresó a
México en 1823, cuando la nación había conquistado su independencia y acababa
de conseguir su libertad; de manera que la patria no le debía un solo
sacrificio, una sola lágrima. Ved aquí los que debían dirigir los destinos de
la República Mexicana. He dicho algo, por ahora, para dar a conocer las
opiniones de estos individuos: oportunamente hablaré de sus calidades
características y personales como hombres públicos.
Desde el mes de agosto del año anterior, algunos Estados del interior, a
cuya cabeza estaba el de Jalisco, habían formado el proyecto de crear una
convención de sus diputados en la villa de León, para asegurar, decían, la
soberanía e independencia de los Estados, amenazada por algunos ambiciosos.
Nada es más importante que el que los Estados tomen precauciones para conservar
sus derechos, tan legítima como justamente adquiridos; pero aquella medida, en
tiempo de la administración débil y vacilante de Guerrero, además de inútil,
era un nuevo elemento de discordia en medio de tantos como agitaban entonces la
República, por las razones que hemos manifestado. El presidente comisionó para
tranquilizar los ánimos de los promovedores de aquellas novedades a don Valentín
Gómez Farías, senador por Zacatecas, federalista exaltado y, si bien tenaz y
obstinado en sus opiniones, hombre activo, aplicado a sus deberes y honrado.
Farías consiguió inspirar confianza acerca de las intenciones de Guerrero y por
entonces se suspendió aquel proyecto de coalición. La entrada de Bustamante a
México resucitó aquel designio, y los gobernadores de San Luis, don Vicente
Romero, y de Michoacán, don José Salgado, no solamente se dispusieron a llevar
a efecto aquella coalición, sino que con este fin organizaron tropas y se
prepararon a resistir al gobierno establecido en México. El segundo, tan luego
como tuvo noticia del movimiento de Jalapa, dió órdenes para que el coronel don
J. José Codallos pasase a la capital con dos mil hombres armados, con el objeto
de sostener el gobierno federal en la administración constitucional de
Guerrero. Pero la noticia de la ocupación de México por las tropas de
Bustamante obligó a Codallos, que recibió esta noticia en el camino, a
suspender su marcha y a pedir órdenes a Salgado, manifestándole que no podía
reconocer el nuevo gobierno.
Mientras que en Querétaro una asonada militar disolvía la asamblea
legislativa, en Morelia se preparaban las tropas permanentes que allí había,
bajo las órdenes de un oficial llamado Manero, a hacer otro tanto. El principal
móvil de esta facción era don Mariano Michelena, el mismo que figuró como
agente de Arizpe, como miembro del Poder ejecutivo, como enviado a Londres y
como contratista de buques que nunca parecieron y de vestuarios inservibles.
Salgado, en lugar de prepararse a la resistencia, llamando a Codallos a Morelia
o mandándolo, como él mismo proponía, a restablecer en Querétaro el orden
constitucional interrumpido, para lo que tenía un número suficiente de tropas,
ocurrió a un arbitrio que debía conducirlo a la ruina. No estando reunida la
legislatura, convocó una junta de autoridades civiles, eclesiásticas y
militares, con otras personas, muchas del partido escocés, para que le
aconsejasen lo que convendría hacer en aquellas circunstancias. En el momento
conoció que había dado un paso falso, pues del seno de aquella reunión salieron
las primeras voces de su destitución y de la legislatura del Estado. Ocurrió
entonces a congregar esta asamblea, creyendo reparar su error con esta nueva
medida, para tomar un partido en la confusión en que se hallaba. La legislatura
dió un decreto por el cual desconocía las autoridades que ocupaban la capital,
remitiéndose a la decisión del Congreso general, sin advertir que aquella
asamblea estaba enteramente bajo la influencia del nuevo gobierno y rodeada de
sus bayonetas.
Los decretos de que he hablado anteriormente, ambos relativos a
legalizar el movimiento de Jalapa y sus consecuencias, llegaron a los pocos
días a Morelia, y el gobernador Salgado se vió obligado a reconocer en
Bustamante al jefe supremo de la federación, en virtud del decreto mencionado.
Creyó este honrado magistrado que aquel sería el término de la revolución con
respecto al Estado que gobernaba, y que sujetándose a los vencedores,
continuaría tranquilamente ejerciendo sus funciones constitucionales. No veía
que el triunfo de un partido sobre otro es siempre la elevación de los unos y
la caída de los otros; no creía que en Morelia se seguiría el mismo ejemplo que
en Querétaro y que posteriormente se imitó en San Luis, Oaxaca y otros Estados.
Regularmente nos juzgamos de mejor condición que los demás, cuando los vemos
acometidos de una desgracia que por lo pronto no nos toca, aunque las
circunstancias sean iguales. Algo más, procuramos atribuirla a alguna falta que
acusamos en ellos, y de que nos creemos exentos, aunque en realidad así no sea.
Quizás el gobernador de Michoacán manifestaba una moderación de sentimientos
que no tenía; no osaba descubrir lo que pensaba y se creía obligado a guardar
miramientos que disminuían la fuerza de su partido, sin hacer por eso ilusión a
sus enemigos; a esto debe atribuirse el descuido en no haber tomado
precauciones para resistir el ataque que debía despojado de su autoridad,
disolver la legislatura y exponer la vida de este magistrado a los riesgos que
corrió posteriormente.
El gobierno de México había dispuesto que el general de brigada don Luis
Cortázar, que se hallaba en Celaya con 2,000 hombres de tropas, pasase a
Morelia, porque se temía que el señor Salgado opusiese resistencia a las
resoluciones que emanaban de México. Cortázar se dirigió en efecto a aquella
ciudad con su tropa y conservó buena armonía con el gobernador, quien procuraba
apoyarse en la autoridad de este general para no ser violentamente despojado,
como lo habían sido otros. Muy precario debe ser el poder que sólo se funda
sobre la voluntad de un jefe militar, sujeto él mismo a las vicisitudes de la
revolución. Cortázar fue relevado a los treinta días por el gobierno de México,
que no podia aprobar su conducta respecto de las autoridades de Michoacán que sostenía,
pues las intenciones del gabinete de Bustamante eran cooperar a la destitución
de los gobernadores y legislaturas por medio de tumultos militares, lo que
evitó el general Cortázar en Morelia. Entonces el gobierno de México nombró en
su lugar a don Victores Manero, jefe imbécil y por lo mismo apto para dejar
obrar a los facciosos.
Así aconteció, en efecto; éstos se valieron del ayuntamiento de la
ciudad para que declarase que desconocía la autoridad del gobernador don José
Trinidad Salgado y la de la asamblea legislativa, dando un decreto para que
dicha asamblea convocase a nuevos diputados, apoyando esta soberana declaración
en el artículo 4° del plan de Jalapa. Aquí tenemos unos cuantos regidores
constituídos en intérpretes de la voluntad del Estado, que atacando las
supremas autoridades, simples directores de la policía de una ciudad, osan
destruir todo el orden establecido por las leyes. Pero estaban protegidos por
la fuerza militar y el gobernador no tenía ninguna capaz de hacer resistencia a
aquélla. Entonces Salgado no tuvo otro recurso que salir de la capital del
Estado y dirigirse a la ciudad de Zamora, con el fin de reunir fuerzas
suficientes para sostener su autoridad y la del congreso del Estado, hollada
por un ayuntamiento rebelde. Esto aconteció a principios de marzo de 1830. Si
el señor Salgado se hubiera declarado desde el principio opuesto, a la
revolución de Jalapa y puéstose en combinación con los Estados que se
manifestaban dispuestos a oponer resistencia; si en lugar de debilitar las
fuerzas y la opinión del coronel Codallos, las aumenta dejándole obrar en la
esfera que aquel valiente militar pretendía hacerlo y, dando las muestras de
energía que desplegó más tarde, se pone en movimiento en el Bajío hasta San
Luis, Jalisco y Zacatecas, tal vez la causa del partido popular hubiera sido
menos desgraciada. No se atrevió por entonces a tomar ninguna resolución
vigorosa, y sin ponerse en estado de resistir a sus enemigos, no por eso
consiguió apaciguar su colera.
En este intermedio el Congreso general se ocupaba en aprobar todos los
tumultos parciales de los Estados y la anulación de sus legislaturas y
gobernadores. El decreto del ayuntamiento de Morelia fue sancionado por las
cámaras de la Unión; y otros tantos decretos sancionaron también la deposición
de una parte de los diputados de Jalisco, de todos los de Querétaro, Durango,
Tamaulipas, Tabasco, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Chiapas y México. El decreto
dado acerca de la legislatura de este último merece una mención especial. El
Congreso declaró nulo todo cuanto se había hecho en el Estado de México desde
el año de 1827 hasta la fecha de este memorable decreto; y mandaba reponer la
legislatura constituyente, que había concluído su tiempo en febrero de dicho
año de 1827, habiendo entrado tranquilamente la legislatura constitucional y
continuando así sus períodos siguientes. Esta fue una parodia del decreto de 4
de mayo de 1814, por el que Fernando VII declaró como no corrido el tiempo de
su prisión en Francia, y todas las cosas restituídas al año de 1808. La
diferencia única es que los gobiernos despóticos no tienen reglas, leyes, ni
deberes; pero el Congreso de una nación constituída tiene límites que no debe
pasar. La discusión acerca de este decreto fue de las más ruidosas y el
escándalo llegó a su colmo. Un diputado propuso que se abandonase el poder
absoluto al gobierno, otro que se trasladase el Congreso a otro punto y don
Carlos Bustamante quería que, a falta del número suficiente de diputados, la
Cámara autorizase a algunos de las galerías para entrar a la deliberación. La
sesión se suspendió el 27 de febrero, pero el lunes 1° de marzo aprobó la
Cámara de diputados el proyecto que había tenido origen en el Senado. Los
diputados del partido popular habían ya cedido a las circunstancias, con las
pocas excepciones que veremos después. Sucede con frecuencia en estos casos,
que las asambleas dan muy pocas veces pruebas de firmeza; porque como cada
individuo aisla su conciencia de la ley que se emite, no viéndola como su
propia obra sino como obra de todos, tampoco se cree responsable de ninguno de
sus efectos. Hay, además, en estas corporaciones cierto número de individuos
que no participando ni de las afecciones ni de las pasiones de los partidos
contendientes, se inclinan hacia el más fuerte. Por último, hay otra clase
degradada y envilecida que sigue siempre a la fortuna y abandona con facilidad
a sus antiguos aliados para hacerse otros más felices.
En estas mismas circunstancias la cámara de senadores absolvió a don
Lorenzo de Zavala de la acusación intentada contra él por algunas órdenes que
libró estando en el ministerio de Hacienda sobre amortización de créditos en
las aduanas marítimas y ventas hechas de tabacos con arreglo a la ley. Este
acto de justicia pronunciado en medio de la grita de un partido que había
calumniado, perseguido y deshonrado a este funcionario, hecho entonces el
anatema de los facciosos, es un testimonio ineluctable de su inocencia y de la
injusticia de sus enemigos. Muy amarga era la posición en que se encontraba,
abandonado por los de su partido y perseguido por los del que acababa de
triunfar.
Cuando enemigos ardientes y diestros, dice un escritor, han calentado
las cabezas del bajo vulgo bajo pretextos especiosos, no es fácil poner freno
ni medida. Dado una vez el movimiento, se comunica de masa en masa y adquiere
una fuerza irresistible. El hombre inocente, a quien la calumnia persigue en
nombre de la moral y de la virtud, no es ya más que una víctima consagrada al
anatema. Todos los ataques que contra él se dirigen se consideran como
legítimos, y todas sus defensas como culpables. La mentira tiene razón en la
boca de sus perseguidores y la verdad es mentira en la suya; se alteran todos
los hechos y todos los principios se confunden. Entonces, satisfecho el malvado
de poder pronunciar la palabra honradez en el momento en que viola todas las leyes,
el más vil detractor lisonjeado de poder representar un papel, viene a lanzar
sus tiros entre la multitud. Los libelos, las difamaciones, las invectivas se
suceden y se renuevan; es una especie de vértigo que ocupa los espíritus, hasta
que, por último, esta rabia epidémica se agota por sus propios excesos, como se
acaba un incendio por falta de combustibles.
Los Estados occidentales de México veían con desconfianza al gobierno
nuevamente establecido, y temían que tuviese el proyecto de centralizar la
forma de administración. El pequeño Estado de Chihuahua dió un decreto
desconociendo la autoridad de Bustamante; el de Jalisco había dado otro
reconociendo al general Pedraza; el de Zacatecas, a cuya cabeza estaba el
respetable don Francisco García, se mantenía en observación de todo lo que
pasaba, armado con seis mil nacionales bien disciplinados y con recursos suficientes
para oponerse a cualquiera tentativa contra sus autoridades y soberanía; el de
San Luis Potosí, cuyo poder ejecutivo ejercía don Vicente Romero como
gobernador, preparó tres mil hombres bien armados y equipados, prontos a
marchar, según se decía en los papeles públicos de la ciudad de San Luis, sobre
Guanajuato, en donde el partido dominante era el de adherirse a las autoridades
de México. La legislatura de San Luis de acuerdo con el gobernador Romero y el
inspector de la milicia nacional Márquez, declararon que no obedecerían un
poder usurpado al legítimo presidente de la República.
Todo estaba en fermentación en los Estados referidos; y el ministerio
obraba entonces con sagacidad para dividir las fuerzas de los que estaban
resueltos a oponer una resistencia tanto más terrible, cuanto que los
habitantes del Bajío, que hicieron una guerra tenaz a los españoles, son
valientes, y aquellas fértiles llanuras ofrecen recursos inagotables. Añádase a
esto que el gobierno no podía desprenderse de las tropas que ocupaban la
capital y otros puntos, sin exponerse al peligro de una reacción popular y se
conocerá cuán crítica era en aquella época la situación de los nuevos
gobernantes.
Pero hasta entonces todas eran amenazas, y el ministerio sólo oponía a
ellas promesas de cumplir exactamente la Constitución y las leyes. Los
desórdenes que se cometían en la casa misma de los supremos poderes de la
Unión, no eran considerados como obra del gabinete y mucho menos del
vicepresidente. Éste empleaba su influencia particular respecto de los
descontentos, apelando a sus antiguas relaciones de amistad; les recordaba sus
conexiones íntimas y la familiaridad en que habían vivido sirviendo juntos una
misma causa desde el año de 1821, siendo compañeros en las desgracias; y los
excitaba a unir sus sentimientos, así como sus esfuerzos, a consolidar el
orden, establecer la paz, asegurar la libertad y los goces inefables que
proporcionan.
¿Bustamante escribía de buena fe que tenía el ánimo de mantener ilesas
las instituciones establecidas? En el caos de ideas, en medio del tumulto de
acontecimientos que sobrevenían; en la confusión de negocios de que se veía
rodeado, quizá él mismo creía haber hecho una acción laudable usurpando el
poder, persuadido de que sería capaz de mejorar la suerte de los mexicanos.
Esto es cuanto un historiador imparcial puede decir de este caudillo hasta la
época de que voy hablando. Aun no había manchado sus manos con la sangre de
ninguno de sus conciudadanos, aun no se había anotado ningún acto deliberado de
perfidia ni de maldad que emanase de él mismo. Su aturdimiento en los primeros
momentos de encontrarse a la cabeza de una república entregada a la anarquía, era
bastante excusa para no poner remedio pronto a los excesos de sus nuevos
aliados. El coronel Márquez, los gobernadores Romero y Salgado y otras personas
influyentes en los Estados, no podían persuadirse que aquel don Anastasio
Bustamante, cuya moderación, cuyo patriotismo, cuyos servicios lo habían hecho
tan recomendable; a quien habían visto en sus reuniones mostrar tanto celo por
la federación, tanto amor al orden, tan grande amistad por Guerrero, se hubiese
convertido repentinamente en un ambicioso, en un tirano, en un falso y pérfido
enemigo de sus antiguos conmilitones.
En principios de febrero publicó el vicepresidente un manifiesto, que
tenía por objeto desacreditar oficialmente la administración que acababa de
derribar. No había ningún género de faltas, de delitos, de infracciones, de que
no acusase al presidente Guerrero y a sus ministros. Recordaba con estudiadas
hipérboles los desórdenes de la revolución de la Acordada, a que él mismo era
deudor de la vicepresidencia; pintaba con los más exagerados coloridos las
escaseces del erario, atribuyéndolas a los que ciertamente no habían tenido
parte en ellas, como hemos demostrado. Provocaba el odio del ejército contra
los que no le pagaban sus sueldos, por haber empleado, decía, los caudales
públicos en dilapidaciones escandalosas. En suma, no había ninguno de los
vicios de que adolecía la nación desde tiempo inmemorial, ninguna de las
desgracias públicas de que se quejaban los habitantes en todos tiempos, ni de
los desórdenes, tan comunes en los países que acababan de experimentar fuertes
sacudimientos, que no los atribuyese a la administración del general Guerrero.
Era una invectiva indecorosa, llena de falsedades; de imputaciones
generales, muy ajena del tono majestuoso y mesurado y del lenguaje positivo y
lleno de dignidad que debe emplear un magistrado de tal categoría, que se
dirige al pueblo. Era, además, un ejemplo de funestas consecuencias que
presentaba a los que posteriormente estuviesen en disposición de usurpar el
poder, contra el que jamás faltan artículos de acusación, con justicia o sin
ella. Cualquiera que haya sido el autor de aquel manifiesto, hizo un mal grave
a su patria, y dejó para la posteridad un documento de oprobio para el caudillo
que tuvo la desgracia de suscribirlo.
Quindi non terra, ma peccato et honta
Guadagnerrá, per se tanto piu grave,
Cuanto piu leve simil damno conta.
Dante.
CAPÍTULO SEXTO
El señor Salgado en Zamora. Proyectos de coalición. Asamblea legislativa
de San Luis Potosí. Iniciativas de ésta contra dos ministros. Otra para la
traslación del Congreso general. Milicia cívica del mismo Estado. Apoya a la
legislatura. Opinión pública. Cada uno la invoca a su favor. Defección del
gobernador Romero. Sitio de Salgado en Zamora. Desampara la plaza. Es hecho
prisionero. Movimiento de don J. J. Codallos. Carácter de este jefe.
Pronunciamiento suyo en Barrabás. Su plan. Petición de los militares en México
para que se disolviese el Congreso. Prisión del diputado Alpuche. Idem del
diputado Cerecero y otros. Idem del coronel Valderas. Lazos tendidos al autor
de este Ensayo para perderlo. Ataques dados a la imprenta. Don Francisco
Tarrazo. Su elogio y muerte. Salida de Don Vicente Guerrero de su hacienda.
Nuevas revoluciones. Don G. Armijo. Don Nicolás Bravo. Destinados a perseguir a
Guerrero. Causas de la enemistad entre estos dos generales. Preferencia de
Victoria sobre ellos. Ataque entre Bravo y Alvarez. Ocupación de Acapulco por
las tropas de éste. Don Felipe Codallos. Su misión infructuosa a Yucatán.
Reunión de Tabasco a la federación. Asuntos de Hacienda. Exposición de don R.
Mangino. Reflexiones. Decreto del Congreso general sobre tejidos ordinarios de
algodón. Prohibición a los americanos del Norte para colonizar en Texas. Breve
descripción de esta comarca. Leyes de colonización. Reflexiones sobre ellas.
Política mezquina de la administración de Bustamante. Medidas que deben
adoptarse para colonizar. Providencias tomadas por el ministerio de Hacienda.
Estado de la imprenta en aquella época. Breve descripción sacada de El Correo
de la Federación de la misma.
La salida violenta del gobernador del Estado de Michoacán don José
Salgado de su capital de Morelia, en consecuencia del despojo tumultuario que
se intentaba hacerle de su autoridad legítima, fue la señal y el principio de
una guerra civil desastrosa, así como lo había sido en 1828 la fuga del
gobernador Zavala por la persecución que se intentó contra él. Salgado, como
llevo dicho, se dirigió a la ciudad de Zamora, una de las más adictas a su
persona y a su partido en el mismo Estado de Michoacán. La intención de Salgado
era levantar una fuerza que combinada con la de Romero, de San Luis, pudiese
oponerse a los proyectos de la tiranía militar, que amenazaba a la República
con el establecimiento de un régimen central, objeto principal del
pronunciamiento de Jalapa, según la opinión que entonces se tenía, y se
confirmó posteriormente. El gobernador de Michoacán se situó en la ciudad de
Zamora con 600 hombres mal armados y desprovisto de recursos, esperando que don
Vicente Romero se reuniese con él para comenzar sus operaciones sobre Querétaro
y llevar a efecto la coalición que se tenía proyectada entre los Estados
occidentales y del Norte. La legislatura de San Luis Potosí había hecho una
iniciativa al Congreso general, cuyo contenido era el excitarlo a salir de
México, en donde se le consideraba sin libertad para deliberar, y que se
trasladase a un lugar en donde no tuviese que temer violencias e insultos a que
estaban expuestos los diputados por parte de algunos militares. Pedía además,
que los ministros Alamán y Facio fuesen separados del gabinete, respecto a que
ninguno los creía de buena fe adictos a las instituciones federales. La milicia
cívica del mismo Estado formó una acta que contenía lo mismo, manifestando
disposiciones hostiles en el caso de que no se accediese a su demanda,
añadiendo que no obedecerían al nuevo gobierno mientras no protegiese las
legislaturas y gobernadores despojados tumultuariamente. Ambos partidos, o más
bien facciones, alegaban en su favor la opinión pública; pero la que dirigían Alamán
y Facio era más osada, estaba mejor organizada, tenía más recursos y la fuerza
que nace de esa tendencia aristocrática en la que se respeta más la
clasificación de las superioridades, y en la que la conciencia de su poder es
el secreto de su unión. Entre los otros existía ese sentimiento de
independencia individual, que el temor de perderlo conduce muchas veces al
aislamiento, a la insubordinación y a la anarquía. Si se hubiese tratado de
decidir la cuestión por votos, la administración de Bustamante hubiera tenido
ciento en contra por uno en favor; pero cien soldados armados, organizados y
disciplinados hacen huir a mil paisanos.
Las maniobras del ministro Alamán en Guanajuato, en donde tenía un
partido considerable, oponían un gran obstáculo entre la comunicación de los
dos Estados de San Luis y Michoacán; pero lo que acabó de desconcertar las
medidas de Salgado, fue la deserción de Romero, que engañado por las falsas
promesas del vicepresidente, reconoció lisa y llanamente el nuevo gobierno,
recogiendo por fruto de su defección y debilidad el oprobio de haber sido
despojados él y la legislatura, la humillante calificación con que le notaron
los de su partido, y el remordimiento de haber faltado, sin siquiera la
recompensa que suele darse a los traidores.
Entonces Salgado quedó expuesto solo a los ataques de las tropas del
Bajío, que a las órdenes del coronel don Antonio Garcia, y luego a las del
general don Gabriel Armijo, fueron destinadas a atacarle. Quince días pudo
resistir en Zamora, y la noche del 23 de marzo se vió en la necesidad de
abandonar la plaza que ya no podía sostener. Las tropas sitiadoras ocuparon la
ciudad, y una partida de caballería destinada a perseguirlo, hizo prisionero a
este caudillo que pocos días antes era el supremo magistrado del Estado en que
ahora se le destinaba a ser víctima.
Fue conducido a Morelia con el aparato humilde de un criminal. Salgado,
reducido a una estrecha prisión y entregado al brazo militar, debía, según la
jurisprudencia del nuevo gobierno mexicano, ser juzgado por un consejo
ordinario de guerra; pero conforme a la Constitución federal, sus jueces debían
ser los magistrados de la Suprema Corte de Justicia, previa declaración de las
cámaras de haber lugar a formación de causa.
Esta había sido la conducta seguida con don Nicolás Bravo y don Miguel
Barragán, cogidos con las armas en las manos contra el legítimo presidente de
la República don Guadalupe Victoria. No se alegó entonces esta ominosa ley de
27 de septiembre de 1823, dada antes de la Constitución federal contra los
facciosos iturbidistas y salteadores de caminos, y ninguno osó pretender que el
gobernador de un Estado pudiese tener por jueces cinco a siete oficiales, que
en tiempo de facciones deben tener interés en condenar a los del partido
contrario que caigan en sus manos. Este es uno de los grandes cargos que la
posteridad hará al gobierno de Bustamante. Volveremos a su tiempo a hablar del
señor Salgado.
El coronel don Juan José Codallos, no creyendo deber sujetarse a las
autoridades establecidas en México, se dirigió a la parte del sur de Michoacán
con algunos cívicos y se situó en el cerro de Barrabás, uno de los puntos más
fortificables entre aquellas montañas. Desde este lugar inaccesible, célebre en
los anales de la primera revolución, publicó en 11 de marzo (1830) un plan en
el que exponía los motivos de su resistencia y de la disposición hostil en que
se colocaba; llamando a la nación por juez de su conducta e invitando a los
Estados a seguirla.
Codallos era un militar valiente, emprendedor y sincero amante de la
libertad de su patria. Los actos de despotismo exaltaban su imaginación
ardiente y siempre siguió con constancia el partido popular. Ni la clase
militar a que pertenecía y que había hecho la última revolución, ni los
atractivos que le presentaba el gobierno lIamándolo a la obediencia, ni las
exhortaciones de su hermano el general don Felipe Codallos, ciego partidario de
los nuevos gobernantes, ni el amor tierno que tenía a su esposa y pequeños
hijos pudieron hacerle desistir de la causa peligrosa que había abrazado. Sin
recursos, sin esperanzas, casi solo entre bosques y montañas inhabitables, se
resolvió a oponer una resistencia inútil, aunque no sin glorias. El lector verá
en el plan que publicó ese desgraciado caudillo, que sólo era estimulado por un
noble sentimiento de libertad, y que previó con mucha anticipación los males
públicos que amenazaban al país bajo la dirección de hombres que ponían interés
en gobernarle militarmente. El plan estaba concebido en estos términos:
El jefe y oficiales que suscriben, viendo que algunos militares bajo el
pretexto de Constitución, leyes y opinión pública, se han convertido con
impunidad en atentadores contra la soberanía de los Estados, declarando
ilegitimidad en sus honorables legislaturas y gobernadores, sin otra facultad
que la ministrada por las bayonetas; palpando la felonía con que se ha
sorprendido la buena fe de los pueblos, que celosos del pacto nacional
celebrado en 1824, fueron engañados con el plan de Jalapa que les parecía garantizar
dicho pacto; habiendo visto que lejos de sostener la Constitución y las leyes,
las ultrajan, y desengañados de que cualquier atrevido, en logrando seducir
algunas tropas a la revolución, o la parte del pueblo incauto y afecto a las
innovaciones que tal vez no entiende, se sobrepone a las autoridades,
despojándolas de sus destinos; observando igualmente que no se toma ninguna
medida enérgica para conservar la integridad de la federación, acometida en las
interesantes Californias, en los fértiles terrenos de la hermosa Texas y en la
península de Yucatán; es demostrado que los actuales gobernantes tienen parte
en estos acontecimientos o, por lo menos, que pesa más sobre sus intereses el
temor de perder su presa que la independencia nacional y la forma de gobierno
adoptada y jurada libremente por todos los pueblos. En fin, convencidos
íntimamente de que bajo este orden de cosas la nación se encuentra en el
momento crítico de perder su existencia política, que tantos y tan grandes
sacrificios ha costado a los mexicanos; nos hemos resuelto decididamente a
sacrificarnos en las aras de la patria, sosteniendo a todo trance el siguiente
plan:
1° Las honorables legislaturas de los Estados, sus gobernadores y demás
funcionarios públicos que hayan sido despojados de sus destinos, desde el 4 de
diciembre último, serán inmediatamente restituídos a sus puestos según existían
en aquella fecha.
2° El augusto Congreso general, con arreglo a la Constitución, no
conocerá de las cuestiones que se hayan suscitado o puedan suscitarse acerca de
la validez de los diputados y gobernadores de los Estados, por pertenecer
exclusivamente éstos a su gobierno interior, y sólo cuidará de que sus actos no
se opongan a las leyes generales_.
3° El gobierno federal prestará con energía todos los auxilios de su
resorte a los Estados, para que tengan su debido efecto los artículos
anteriores; y de no verificarlo, se juzgará a los responsables como traidores
al sistema de federación.
4° Del mismo modo serán juzgados todos los empleados públicos que a la
vista de este plan obren en sentido opuesto.
5° El augusto Congreso de la Unión, tan luego como se halle libre de la
coacción con que ha dado leyes ajenas de sus principios y anticonstitucionales,
resolverá sobre la persona que legítimamente deba subir a la silla
presidencial, y si juzgare de absoluta necesidad para la salud del pueblo hacer
una nueva elección de presidente, podrá verificarla.
6° Luego que la soberanía nacional adopte el presente plan, parte del
ejército permanente será destinado a Yucatán, Texas y demás fronteras de la
República para sostener su integridad, y la otra parte será retirada de la
capital a los puntos donde crea conveniente el soberano Congreso para que sus
deliberaciones sean enteramente libres.
7° Hasta que los cuerpos del ejército se hallen a la distancia necesaria
a juicio del Congreso general, deliberará su soberanía sobre la persona que
deba ser presidente legítimo, o acerca de la nueva elección.
8° Inmediatamente que se presente a sostener este plan un jefe de mayor
graduación o más antiguo que el que suscribe, mereciendo toda la confianza de
la tropa pronunciada, le será entregado el mando de las armas.
9° El ejército sostenedor de la soberanía de los Estados, se denominará:
Federal Mexicano; el que respetará las autoridades, las personas y propiedades
de los mexicanos, castigando severamente a los que atentasen contra ellas.
10° Si, como no es de esperar, el gobierno de la Unión no adopta este
plan, los Estados formarán una coalición para sostener su soberanía
estableciendo un gobierno provisional en toda su pureza.
11° Se remitirá un ejemplar de este plan a las augustas cámaras de la
Unión, Exmo. Sr. Vicepresidente, a las honorables legislaturas de los Estados,
a sus gobernadores, a los comandantes generales y de división, para que,
mereciendo su aprobación, se adhieran a él.
Cuartel general en la fortaleza de Santiago (a) Barrabás.
Marzo 11 de 1830.
A principios de este mes hicieron los generales y oficiales del
ejército, partidarios del gobierno establecido por la revolución, una petición
al que acababan de formar, reducida a que disolviese el Congreso general,
aplicando a sus diputados el art. 4° del plan de Jalapa, respecto a que no eran
aceptas a la opinión pública, de la que ellos eran los intérpretes y
representantes. Esta exposición circuló impresa, y ninguno dudaba que el
gabinete accediese a una petición tan conforme a la marcha que se había adoptado.
En la noche del 7 fue arrestado el diputado don José María Alpuche, en
consecuencia de la acusación que el general Terán hizo de él, remitiendo la
carta original por la que le invitó a contrarrestar las demasías de los nuevos
gobernantes. Alpuche además se había manifestado con tal imprudencia y audacia
dispuesto a formar una reacción, que lejos de ocultar sus intenciones las
publicaba él mismo, hasta llegar el caso de decir a uno de los ministros (don
Rafael Mangino), que no comulgarían el jueves santo en la catedral, pues antes
de este día, para el que sólo faltaban tres o cuatro semanas, ya estaría
derribado el gobierno de los usurpadores, como lo llamaba a gritos.
Alpuche hacía entonces lo mismo que el Dr. Mier había hecho en tiempo
del señor Iturbide; pero muy grande era la diferencia entre las dos épocas y
los dos eclesiásticos. El gobierno de Iturbide sólo amenazaba, el de Bustamante
ejecutaba; Iturbide quería intimidar, el gabinete de Bustamante, infundir
terror; Iturbide creía que la gloria de su nombre y el recuerdo de sus grandes
servicios serían suficientes para sostenerse; el gobierno de Bustamante debía
desconfiar de su propio mérito, por decido así, y tenía necesidad de buscar
apoyo en las mismas fuerzas y medidas a que debía su elevación; Iturbide se
había propuesto dejar la memoria de sus pasadas atrocidades, y temblaba con la
sola idea de derramar sangre; el ministerio de Bustamante venía con el ánimo de
ensayar un nuevo resorte, un resorte aún no puesto en práctica, después de
hecha la independencia; éste era el de presentar espectáculos de destierros y
de sangre para hacerse temible. Vamos a verlo entrar en esta ruta.
En 25 de mayo fueron arrestados el diputado don Anastasio Cerecero, un
hermano suyo, el general Figueroa, el coronel Pinzón y otros catorce individuos
más, por suponérseles complicados en una conspiración. Cerecero, de quien se ha
hablado repetidas veces, fue víctima de su candor, de la astucia del gabinete y
de la perfidia de un malvado, llamado vulgarmente Medio Rey.
Los agentes del gobierno se valieron de éste para que se presentase a
Cerecero como capaz de corromper una gran parte de la tropa de policía llamada
de gendarmes, en cuyo cuerpo servía el mismo Medio Rey. No era la primera vez
que Cerecero había caído en iguales lazos, como se ha visto en la conspiración
del tiempo de Iturbide. Creyó fácilmente que podría echar abajo a un gobierno
que acababa de elevarse sobre las ruinas del otro, cuando los ánimos estaban
por una parte abatidos y consternados, y por la de los vencedores exaltados con
su triunfo y orgullosos de su victoria. Se persuadió que un instrumento tan vil
y despreciable podía ser a propósito para conmover de nuevo a la sociedad y
transformar repentinamente el aspecto de los negocios públicos, y sin más
examen, entró con Medio Rey en conferencias que el pérfido proporcionó en un
lugar en donde pudiese ser escuchado. La consecuencia fue la prisión de este
candoroso diputado y de su hermano don Mariano, que estuvo en la misma
conferencia. Contra el general Figueroa y demás individuos presos no había otra
prueba que el haber sido adictos al general Guerrero, y haber declarado Medio
Rey que el señor Cerecero le había dicho que contaba con ellos.
Pocos días después fueron puestos en prisión don Lucas Valderas, coronel
de cívicos, un tal Elguea, otro llamado Vega, don Agustín Gallegos y algunos
otros acusados por conspiradores. Los agentes del gobierno se valieron de un
hombre desconocido llamado Esteban Gutiérrez, para que éste los denunciase como
sospechosos de conspiración, presentando para el efecto falsos documentos y
mentidas provocaciones. Se siguieron las causas por sus trámites, y era
imposible encontrar ni aún apariencia de un delito figurado entre personas que
apenas se conocían, que no se habían visto mucho tiempo hacía y que podían
probar con testigos irrecusables que todas las circunstancias con que se fingía
estar acompañado el intento eran absolutamente inverosímiles. Fue preciso ponerlos
en libertad después de muchos padecimientos; y la malicia de los gobernantes se
llevó hasta hacer el aparato de condenar a pena capital al falso denunciante
Gutiérrez, haciéndolo luego indultar por las cámaras, que eran ya como el
senado romano en tiempo de Tiberio o Calígula. También fueron puestos en
libertad al cabo de algún tiempo el general Figueroa y los demás a quienes no
se pudo probar nada.
La capital estaba cubierta de soldados, de espías y de agentes
provocadores.
Voy a referir dos casos que bastan para dar idea de la obscura y artera
política del gobierno.
El día 20 de mayo pasó a visitarme don Cirilo Tolsa, como lo había hecho
varias veces, con el objeto de invitarme a organizar una reacción que pudiese
substituir un gobierno nacional a la anarquía militar que se establecía
diariamente. Yo resistí constantemente a sus solicitudes, y en este día le
manifesté francamente que mi ánimo era salir de la República dentro de pocos
días. Entonces me dijo:
Para dar a usted una prueba de mi amistad, voy a escribirle una carta
invitándolo a ponerse a la cabeza de una revolución, y usted, ocurriendo al
gobierno con la carta misma, dará un testimonio de su resolución de no tomar
parte en ningún complot contra él; y yo podré aparecer con este motivo para
descubrir grandes iniquidades. El ministro Facio me ha comisionado para
provocar a usted a una reacción, con el objeto de que usted fuese pasado por
las armas dentro de pocas horas; yo mismo contestaré esto cuando se me llame
para hacerme cargos.
Yo no podía aceptar propuesta semejante que me haría pasar por un
denunciante, a Tolsa por un pérfido, el gobierno por malvado y que me
implicaría en enredos que procuraba evitar retirado como estaba en mi casa.
El otro suceso fue una carta fingida, que se suponía escribi yo al
gobernador de Zacatecas don Francisco García, con quien se figuraba estar ya en
correspondencia para preparar una reacción, y en la que se pretendía decirle
yo, que en una hacienda cerca de la capital de aquel Estado pusiese un número
de fusiles a mi disposición, con otras cosas semejantes. El vicepresidente
Bustamante me manifestó aquella carta, que decía habérsela dado uno que fingió
haberla hallado en la puerta de un almacén de comercio, en donde se suponía la
había dejado caer por descuido el conductor. La firma estaba visiblemente hecha
con la estampilla que servía para poner mi signatura en los billetes de
lotería, cuando yo era ministro de Hacienda. El fin era seguirnos causa a García
y a mí y quitar dos enemigos temibles de la tiranía. Mi contestación a
Bustamante fue llena de firmeza y dignidad.
Usted sabe, le dije, que jamás hago revoluciones por cartas; y es además
un medio muy ruin para perseguir a un ciudadano.
Entonces me resolví definitivamente a salir de un país en el que no se
podía vivir ya más con tranquilidad.
Un gobierno que atentaba de tantos modos contra las libertades de los
ciudadanos, que empleaba medios tan inmorales para libertarse de las personas
que aborrecía, que se valía de medios tan bajos para perseguir, no podía dejar
subsistir la libertad de imprenta, arma terrible y poderosa para descubrir las
maldades de los que mandan.
Se publicaba un diario titulado El Atleta, mal redactado, pero que
oponía, sin embargo, una censura obstinada a las demasías de aquel poder
militar y advertía a los Estados de los peligros que les amenazaban si no
tomaban precauciones contra las tentativas de los que con capa de protectores
de la Constitución absorbían todos los poderes, destruían las asambleas
legislativas, aprisionaban ciudadanos, autorizaban desórdenes y preparaban
suplicios. Los medios legales no satisfacían a los ministros o no eran bastante
suficientes para hacer un ejemplar que manifestase a los escritores públicos
que no ofenderían con impunidad a los gobernantes, ni ejercerían contra ellos
la censura de que ellos usaron con tanta amplitud como licencia en la
administración de Guerrero.
Muchas multas, prisiones y amenazas se emplearon inútilmente. Entonces
se echó mano de publicar un decreto, que equivalía a una ley, por el que el
gobierno se arrogaba el derecho de imponer multas a su arbitrio a los
impresores de libelos. A continuación condenó al dueño de la imprenta de
Ontiveros a pagar una multa de tres mil pesos, por haber impreso uno de los
números de El Atleta. Con esto consiguió hacer cesar aquel periódico, y, con
él, el único papel público que denunciaba los extravíos del gobierno. Creyeron
con esto, diré con Tácito, extinguir en aquella hoguera la voz del pueblo
mexicano, la libertad de los Congresos y la conciencia del género humano,
habiendo además encarcelado y desterrado a los que podían reclamar los derechos
del pueblo.
Por este tiempo murió en la capital el senador don Francisco Tarrazo,
nacido en la ciudad de Campeche en el Estado de Yucatán. Sin mucha instrucción,
sin un talento extraordinario, Tarrazo había hecho brillar en las discusiones
del Congreso una elocuencia varonil y su voz sirvió de apoyo a los derechos de
sus conciudadanos. Su conducta fue pura, su patriotismo noble y desinteresado,
y su nombre un título de gloria y de honor para su patria. Se puede decir de
este mexicano lo que decía Tácito de Pisón, con motivo de su muerte natural en
medio de tantas persecuciones. Rarum in tanta claritudine fato objit. Parecía
leerse en la tumba de un solo hombre de bien no perseguido, el epitafio de una
multitud de víctimas ilustres que después fueron sacrificadas.
El presidente Guerrero, que hasta marzo se mantuvo en su hacienda, salió
de ella para comenzar una guerra de partidas, igual a la que había hecho
durante diez años a los españoles, sosteniendo la causa de la independencia.
Todas las gentes que habitan la costa Grande, desde Acapulco hasta Zacatula, se
levantaron a la aparición de su antiguo jefe, despojado y perseguido por las
tropas de Jalapa. Parecían recordar sus pasadas fatigas y recibían con
afectuosas memorias a su compañero don Vicente, como ellos lo llamaban. El
coronel don Juan Alvarez, los Polancos, los Ramos, los Gallardos, nombres
conocidos entre aquellas montañas y en aquellas costas ardientes, todos
corrieron a alistarse bajo las banderas de su antiguo jefe, y éste,
dirigiéndose a uno de los puntos más escondidos y seguros de la Sierra Madre,
se ocupaba en esparcir cartas, órdenes, proclamas, todas en el sentido, poco
más o menos, del plan del coronel Codallos que han visto los lectores.
Por la parte de la costa Chica del Estado de Oaxaca levantaba al mismo
tiempo partidas de guerrillas el coronel Santa María; y a la parte de las
montañas de Taxco, un antiguo guerrillero llamado Juan Cruz se pasó a la cabeza
de 600 hombres.
A Codallos se le aumentaba diariamente el número de soldados y dependían
de él varias partidas que se extendían hasta Colima y el Estado de Jalisco,
bajo las órdenes de Gordiano Guzmán y otros jefes menos conocidos.
De manera que antes de dos meses las partidarios de Guerrero contaban
con una fuerza de más de tres mil hombres, aunque esparcida en diferentes
puntos. La disposición de los ánimos era verdaderamente alarmante para los
nuevos gobernantes, porque, hablando imparcialmente, debe confesarse que el
partido popular, aunque desorganizado ya con la persecución de sus principales
jefes, aunque aterrorizado con las medidas rigurosas que se tomaban, aunque
desprovisto de recursos con la deposición de las autoridades y legislaturas que
pertenecían a él, respiraba en todos los ángulos de la República y, desde
México hasta las Californias, una gran parte del pueblo hacía votos por el
triunfo de las armas de Guerrero.
El gobierno de México destinó para combatir las fuerzas del coronel
Alvarez, que eran las más temibles, al general don Gabriel Armijo, ocupado en
el Estado de Michoacán en perseguir al coronel Codallos, cuya actividad y valor
suplían a la escasez de recursos y corto número de gente armada que hasta
entonces contaba.
Armijo era un antiguo general que hizo toda su carrera sirviendo al
gobierno español contra sus compatriotas, y fue quizás el único mexicano que
nunca cambió sus ideas con respecto a la independencia de su patria. Lo hemos
visto tomar parte en la sedición de Tulancingo, y cómo Guerrero, en
consideración a su edad, le permitió quedarse en la República a pesar de la ley
que lo desterraba, y últimamente lo indultó generosamente con otros cómplices.
Pero Armijo, que había estado enfermo para no salir a cumplir su destierro, se
puso en campaña luego que tuvo oportunidad de emplear sus armas contra los
antiguos insurgentes y su benefactor Guerrero. Los ejemplos de ingratitud
desalientan para los actos de beneficencia voluntaria, y éste no es un pequeño
mal para la moral pública de un pueblo. Pero el gabinete de Bustamante se había
propuesto ahogar todos los buenos sentimientos, y no sólo empleó a Armijo, sino
a Bravo, amigo antiguo y compañero de Guerrero, igualmente beneficiado por él
en la amnistía, para que sirviese de instrumento de su desgracia, sin duda con
el objetn de conseguir, con la destrucción del uno, la pérdida de reputación
del otro.
El general Bravo es hijo de la ciudad de Chilpancingo (alias) ciudad de
los Bravos, en donde, como es natural, tiene una influencia muy grande, así
como el general Guerrero la tiene en su patria Tixtla o ciudad de Guerrero,
distante una de otra cinco leguas.
La división de partidos en que han estado estos dos antiguos patriotas y
respetables ciudadanos, ha dividido igualmente los ánimos de aquellas comarcas
del Estado de México, todavía con más ardor que al resto de la República,
porque entraba en la cuestión el orgullo y la vanidad de paisanaje. ¿Cuál pudo
haber sido desde 1823 el principio de las rivalidades entre estos dos amigos,
compañeros de armas, de infortunios y de gloria? Es una cosa que no se puede
explicar de otra manera que buscándola en los diferentes caracteres de los dos
personajes y, quizás más que todo, en el deseo de aparecer cada uno de ellos el
primero, después de la caída de Iturbide.
Mientras vivió aquel caudillo, cuya superioridad era indisputable, ambos
estuvieron unidos y vivían en una imperturbable armonía. La desaparición de
Iturbide abrió el campo a los tres hombres más distinguidos, condecorados con
la sublime denominación de beneméritos de la patria y en esta manera elevados a
la apoteosis estando vivos. Estos fueron Victoria, Guerrero y Bravo.
El primero reunió más sufragios para la primera presidencia
constitucional y hemos visto a Bravo levantarse para derribarlo, mientras que
Guerrero lo sostenía. He aquí el origen de las enemistades de estos ilustres
ciudadanos, entre los cuales indisputablemente Victoria ha dado pruebas de
mayor moderación o de un patriotismo más ilustrado. Algún día, me dijo Victoria
varias veces, cansada la República de choques continuos, de guerra civil y de
proscripciones, recordará con complacencia los pacíficos días de mi
administración; y los que hoy me acusan de apático, se convencerán de que la
nación necesita más la calma y la circunspección que los esfuerzos inútües para
hacerla andar. Quizá en el fondo decía bien este caudillo honrado.
El general Bravo había sido destinado igualmente a combatir a los
insurgentes del Sur y a emplear su influencia para tranquilizar aquellos
pueblos. Bravo ocupó el fuerte y puerto de Acapulco para quitar a los
partidarios de Guerrero los recursos que podía ofrecer esta plaza y el lugar de
una retirada en caso de un revés. En 24 de abril se dió una acción sumamente
reñida entre las tropas de Bravo y las de Alvarez en las cercanías de Acapulco.
Bravo se vió obligado a retirarse a la ciudad, de donde, en consecuencia de una
pérdida considerable, tuvo que salir pocos días después, dejándola en manos del
coronel Pita, quien antes de quince días capituló con la guarnición, que
proclamó a Guerrero, habiendo de esta manera quedado en poder de aquellos
partidarios.
Este golpe reanimó mucho las esperanzas de los guerreristas, que aun
creían poder restablecer en el gobierno a un caudillo, que no habiendo podido
sostenerse cuando tenía el mando de la República, los recursos y la ley en su
favor, ni oponer resistencia a un puñado de facciosos, que sin más apoyo que su
audacia y la calumnia pudieron hacerle caer, no era verosímil que pudiese
conducir con más acierto una contrarrevolución que demanda más combinaciones,
más genio y una capacidad superior a la que se necesita para conservar lo que
se tiene. Además, aunque en realidad el general Guerrero era amante de la
libertad y pertenecía al partido popular, muchos individuos ilustrados que
pertenecían igualmente a este partido rehusaban prestar su cooperación a los
esfuerzos de aquel desgraciado general, sea por preocupación, sea porque no lo
creyesen apto para confiarle la suerte de una causa tan noble. Esto puede
servir de explicación para entender cómo una administración tan notoriamente
antiliberal y despótica como la de Bustamante, Facio y Alamán tuviese en su
favor una fuerza tan considerable para combatir al partido popular de Guerrero.
Aunque los facciosos de Yucatán habían visto el triunfo de las tropas de
Jalapa sobre el gobierno de Guerrero, no.quisieron con todo unirse al nuevo
gobierno, porque no había adoptado el sistema central, como habían esperado que
sucediese, y como en efecto todos creían entonces ser el proyecto de los
jalapistas.
El gobierno de Bustamante comisionó en aquel tiempo a don Felipe
Codallos para que pasase a aquella península a invitar a los rebeldes a adoptar
el plan de Jalapa, ese plan fatídico y lleno de esperanzas lisonjeras para los
que tomaron parte en él y que en realidad era la caja de Pandora para la
República.
Codallos había estado de comandante general de Yucatán, de donde fue
separado por el presidente Guerrero, en consecuencia de reclamos hechos contra
él por el gobernador y representaciones hechas por diputados del mismo Estado.
Conservaba, de consiguiente, relaciones íntimas con los jefes de la conjuración
y existían entre él y aquéllos simpatías por uniformidad de opiniones. Sin
embargo, Codallos no fue admitido en Yucatán, ni aun se le permitió
desembarcar, reduciéndose las contestaciones entre él y el jefe Carvajal a
simples e insignificantes cumplimientos, habiendo regresado a Veracruz sin otro
fruto que un nuevo desengaño. Mas el gobierno de México estaba muy ocupado en
los sucesos del Sur para distraerse en una cuestión que, como la de Yucatán, no
era de mucha importancia para el gabinete, aunque sí lo era para la federación,
escandalosamente interrumpida por los militares que dirigían aquella empresa.
El Estado de Tabasco que había sido obligado a adoptar el sistema de
Yucatán por el comandante militar don Alejandro. Zamora, volvió al orden
constitucional en 12 de diciembre, tan luego como este jefe, que tomó una parte
activa en la revolución de la Acordada, vió la tempestad que amenazaba a la
República con el plan de Jalapa que entonces llegó a su noticia.
Muy difícil era al pequeño Estado de Tabasco, en contacto con los de
Oaxaca, Chiapas y Veracruz, poder resistir a las fuerzas federales, que lo
obligarían luego a seguir el sistema de la mayoría. La situación de Yucatán,
separado por el mar o por ríos caudalosos, pantanos, lagunas y bosques por la
parte de tierra, opone muchas dificultades a las tentativas de las fuerzas
mexicanas para reducir a los rebeldes militares. Pero como la población no
puede estar contenta con el gobierno arbitrario establecido por el acta de 17
de noviembre de 1829, es preciso que suceda una de dos cosas: o que se sometan
de nuevo al régimen constitucional establecido en 1824 o que al fin se
despedacen por una cruel guerra civil, lo que en Yucatán sería tanto más
desastroso cuanto que aquella península es pobre y estéril.
Así como he insertado la exposición de don Lorenzo de Zavala a la
entrada al ministerio de Hacienda, no debo omitir presentar al lector la que
hizo don Rafael Mangino a los veinte días de haber tomado posesión de este
mismo destino, para que pueda formar juicio acerca del estado de este ramo
importante de la administración. No sé si esta sola exposición es una
contestación suficiente a las innumerables acusaciones que multiplicaron y a
las calumnias que se publicaron contra el gobierno del general Guerrero y
especialmente contra el ministro de Hacienda. Pero evidentemente es un
argumento en favor de los esfuerzos que debió hacer aquel funcionario para
atender en lo posible a las urgentísimas necesidades que sobrevinieron con la
invasión española y la ausencia de recursos, con la interrupción del comercio
por la misma causa y otras que se han expuesto. Parecía obvio que al entrar el
nuevo gobierno en la arena, para presentar los males públicos, a cuyo remedio
se decía llamado por la opinión pública, exhibiese, digámoslo así, pruebas
evidentes, incontestables, de los abusos, de los desórdenes que se habían
cometido y que debía corregir. Oigamos la exposición del señor Mangino:
Angustiado el supremo gobierno por la carencia de recursos para cubrir
el inmenso cúmulo de atenciones del momento que gravitan sobre el moribundo
erario federal y no permitiendo la exigencia de las circunstancias que se
espere a reunir los datos precisos para formar la Memoria del ramo de Hacienda,
que tendré el honor de presentar a las Cámaras, me manda el Exmo Sr.
Vicepresidente anticiparme a dar a los dignos representantes de la nación una
breve idea de la azarosa situación en que se encuentra, con el fin
importantísimo de salvar a la República del abismo a que pueden conducirla las
escaseces del erario.
Los productos comunes de las rentas federales nunca pudieron cubrir los
presupuestos, y así fue que los empréstitos extranjeros llenaron el déficit,
mientras existieron fondos disponibles de esa procedencia.
Agotado este recurso, se adoptó para el mismo objeto el de los préstamos
nacionales, como admisión de créditos, y aunque de esta manera se lograron por
lo pronto algunos fondos para salir de los apuros del momento en que se
hicieron los negocios, éstos causaron después una disminución progresiva de
ingresos que al fin redujo a nulidad el más importante de los ramos del erario
federal, que es sin duda el de las aduanas marítimas.
Empeñados en su totalidad, a consecuencia de estos contratos, los
rendimientos que ellas debían tener por muchos meses, se encontró el gobierno
precisado a rescindirlos, bajo cierto respecto, con anuencia de los principales
prestamistas, disponiendo que sólo se compensasen sus créditos en razón de 68
por 100 de los derechos causados o por causar en las aduanas marítimas,
percibiendo el erario en efectivo el 32 restante; y pendiente áún la
amortización de esta deuda, se contrató otro nuevo empréstito de 2.180,000
pesos, en créditos y dinero amortizable en iguales términos, por cuyo resultado
deberán entrar en la tesorería 150,000 pesos mensuales hasta el próximo julio,
dejando afecto al pago el 68 por 100 de los productos de aduanas marítimas aún
por más tiempo.
El temperamento de reducir las compensaciones al expresado 68 por 100 no
ha tenido los resultados que pudieran esperarse. Los tenedores de órdenes, que
antes de esta medida se apresuraban a amortizarlas sin aguardar los plazos del
arancel, usan ahora de ellos para demorar la exhibición del 32 por 100 en
numerario, y, de consiguiente, no puede contarse en lo pronto con el ingreso de
su importe.
De todo ha resultado, que en lugar de 500,000 pesos o más que debiera
percibir mensualmente el tesoro federal por productos de las aduanas marítimas,
sólo cuenta en la actualidad con los 150,000 pesos de los prestamistas y con
otros 50,000 a lo sumo del 32 por 100.
La renta del tabaco, que según los datos exhibidos por el departamento
de cuenta y razón, produjo en el año económico anterior el ingreso de más de
1.000,000 de pesos, únicamente ofrece ya, a consecuencia de su enajenación, el
auxilio de 50,000 pesos mensuales, estando 30 de ellos consignados al pago de
créditos de los cosecheros del mismo fruto, y es de advertir que aun este
recurso va a desaparecer dentro de algunos meses.
Los ramos de correos, lotería, salinas y las rentas del distrito y
territorios de la federación, por un cálculo bastante aproximado, según datos
también de dicho departamento, darán un producto ordinario líquido de 100,000
pesos mensuales, poco más o menos.
Por consiguiente, todos los ingresos que actualmente tiene el erario
federal por las rentas que le pertenecen, en virtud de la ley de la materia,
apenas llegan a 320,000 pesos en cada mes, con cuya suma es imposible cubrir ni
aun los objetos que más ejecutivamente reclaman la atención del gobierno.
Los pagos corrientes de la lista civil y militar de sólo esta capital
importan mensualmente sobre 140,000 pesos, y los haberes también corrientes de
las tropas de la guarnición que hay en ella y sus inmediaciones, sobre otros
160,000 pesos; ambas partidas componen la de 300,000 pesos cada mes, y así del
total calculado de los productos de las rentas, sólo quedarán disponibles
20,000 pesos, sin contar con otras erogaciones ordinarias y precisas de la
tesorería general.
Yo agraviaría la ilustración de las cámaras si me detuviera a manifestar
la imposibilidad de cubrir con tan mezquina suma los enormes gastos del
servicio en todos los Estados y territorios de la República. Así es que el
soldado, el empleado, el pensionista, la viuda, reclaman en todas partes los
socorros indispensables para su precisa subsistencia. Los comisarios generales
representan sin cesar el gran conflicto en que se encuentran por falta de
recursos y para proporcionárselos en alguna pequeña parte, giran varias
libranzas contra la tesorería general, que no puede pagarlas.
No es sólo esto, el atraso de cuatro, seis meses y hasta un año o más
que ha habido en muchos pagos forman una deuda enorme, por la cual a cada
instante es reconvenido el ministerio por todos los medios que puede sugerir la
miseria que aqueja a los acreedores.
Nuestras legaciones se ven reducidas a la indigencia, aumentando en los
países extranjeros el descrédito nacional que ha ocasionado la falta de
cumplimiento de nuestras obligaciones con aquellos negociantes, y si ellas
logran que algunos de éstos les proporcionen auxilios para su subsistencia, el
gobierno tiene el rubor de demorar, o acaso no poder hacer, los reintegros
correspondientes.
Las repetidas noticias que se reciben acerca del estado de las cosas en
las fronteras del Norte, exigen medidas ejecutivas e importantes, que no pueden
llevarse a efecto sin cuantiosas erogaciones.
En tan apuradas circunstancias, me previno el Exmo. Sr. Vicepresidente
que excitase el celo y patriotismo de los señores gobernadores de los Estados y
venerables cabildos eclesiásticos a fin de que hiciesen esfuerzos
extraordinarios para proporcionar algunos auxilios; mas S. E. ha tenido el
dolor de ver por las contestaciones recibidas hasta ahora, que ni remotamente
han correspondido a sus esperanzas, cuando algunos Estados se hallan con
sobrados recursos para mantener numerosos cuerpos de milicia cívica sobre las
armas y cuando muchos de ellos son deudores el erario de la Unión por gruesas
cantidades de atraso en el pago de sus respectivos contingentes y valor de los
tabacos que han recibido del gobierno federal.
Dispuso también el Exmo. Sr. Vicepresidente que se convocase a los
principales propietarios y negociantes nacionales y a los prelados de las
comunidades religiosas de esta capital, con el objeto de solicitar un
empréstito voluntario, realizable en los tres meses inmediatos; pero aunque han
concurrido muchos de los señores citados y casi ninguno de los concurrentes se
ha negado a prestar al gobierno los auxilios pecuniarios que estén en sus
respectivas facultades, sólo ha podido obtenerse de todos una oferta que pasará
poco de 100,000 pesos.
Pensó por último S. E. que se convocara con el mismo objeto a los
comerciantes extranjeros, pero habiendo yo conferenciado con algunos de los
principales de ellos, quienes me prometieron excitar a los demás a fin de que
prestaran al gobierno algún auxilio, no produjo esta idea el resultado que se
deseaba.
Tales son las medidas adoptadas por el supremo gobierno para ocurrir en
lo pronto a algunos de sus principales compromisos, siendo ellas las únicas que
caben en el círculo estrecho de sus atribuciones y cuyo éxito ha oído ya la
cámara.
La intervención de las rentas de los Estados tendría acaso otros más
favorables, aunque siempre insuficientes para llenar el déficit del erario
federal; pero por más legal que ella sea, el supremo gobierno no ha podido
decidirse a decretarla en circunstancias de que el funesto espíritu de partido
tal vez se prevaldría, imputando al jefe de la República las siniestras miras
con que se quiso mancillar su pronunciamiento como general del Ejército de
Reserva.
Entre tanto el descontento, compañero inseparable de la miseria,
comienza ya a manifestarse. Los desafectos a nuestras instituciones atribuyen a
estas mismas las escaseces provenidas de la falta de su observancia. La
puntualidad con que los funcionarios de los Estados perciben sus dotaciones y
las milicias cívicas sus haberes, cuando los empleados y el ejército de la
federación experimentan todo género de privaciones, es un objeto de murmuración
de que la malignidad pretende deducir argumentos contra nuestra forma de
gobierno. Los amigos del desorden trabajan incesantemente, ponderando estas
circunstancias para desacreditar al gobierno y resfriar el entusiasmo de las
tropas, que, en cambio de su laudable decisión por el restablecimiento de la
Constitución y de las leyes, se ven desatendidas, careciendo aún de los
socorros indispensables para su subsistencia.
En suma, la tranquilidad pública, el honor nacional, la integridad de
nuestro territorio, la forma de gobierno, la libertad, y aun la independencia
misma de la patria, pueden peligrar si los Estados de la Unión no hacen en esta
vez extraordinarios sacrificios y si la sabiduría de las cámaras no dicta las
prontas y eficaces medidas que exigen las tristes circunstancias a que un
concurso de fatalidades ha reducido el erario federal.
Con este importantísimo objeto, el supremo gobierno propone que se forme
una comisión compuesta de individuos de ambas cámaras, la que, oyendo al
ministro que suscribe o a todos los secretarios del despacho, se ocupe de
absoluta preferencia en discutir y redactar los proyectos de ley que sobre esta
materia reclama con la mayor urgencia la crítica situación en que se halla la
República por falta de fondos del erario.
México 1° de febrero de 1830.
Rafael Mangino.
Esta breve exposición, aunque inexacta en algunos puntos, por ejemplo,
en la utilidad de un millón que supone haber dado la renta del tabaco en el año
anterior, es una descripción verdadera del estado de las rentas dc la
República. La utilidad imaginaria de la renta del tabaco era la siguiente: se
compraban por ejemplo a los cosecheros de las villas un millón de libras de
tabaco, unas con otras a tres reales; como la ley mandaba que se vendiese a
once, el ministro presentaba la cuenta diciendo, que habiendo comprado un
millón de libras que debían revenderse a un peso de ganancia sobre cada libra,
se debía utilizar un millón de pesos. Pero como este tabaco no se vendía, se
acumulaba cada año una cantidad que al cabo de algunos años vino a hacer los
montones de paja de que he hablado. A esto se debe añadir que muchos Estados no
pagaban las deudas de los tabacos que recibían y, de consiguiente, la
federación tenía este nuevo quebranto. Sobre todo, como no había dinero
efectivo para satisfacer a los cosecheros, y se les debía ya más de un millón
de pesos desde tiempos muy atrás, éstos se veían obligados a hacer otras ventas
clandestinas para poder continuar su giro, que de otro modo hubiera cesado. Tal
era el estado de esta renta, que felizmente ha desaparecido de la República
Mexicana, y con ella todas las consecuencias tristes de un monopolio creado por
la avaricia colonial y conservado por el espíritu de rutina de los herederos de
los hábitos españoles.
En el mes de mayo del año anterior se dió un decreto por el Congreso
general, reducido a prohibir la importación de géneros ordinarios de algodón en
la República. Nada era más antieconómico que esta medida, que el presidente
Guerrero apoyó con toda su influencia, así porque la creía en su estrecha
política muy útil para fomentar las manufacturas del país, como porque era
conforme a la preocupación popular de que por este medio se disminuiría la
exportación del numerario. Yo me acuerdo que antes de pasar a la discusión de
este proyecto en las cámaras le manifesté con viveza que, si quería el bien de
la mayoría, lo que debía procurarse era que tuviese los efectos más baratos y
que pudiese vestirse, lo que únicamente se podría conseguir facilitando las
importaciones de aquellas mercancías. Nada es más difícil que desvanecer una
preocupación arraigada.
Luego veremos al señor Alamán seguir una ruta, si no tan antieconómica
en sus consecuencias, al menos tan absurda como ridícula y mezquina.
En 6 de abril de 1830, el Congreso suspendió los efectos de la ley de 22
de mayo, ampliando los términos de la introducción de las mercancías de que
habla hasta 19 de enero de 1831.
El decreto que suspendió los efectos de aquella ley es una de las
muestras de la política estrecha adoptada por la administración de Bustamante.
En primer lugar, prolongaba la importación de aquellos géneros solamente por
nueve meses, aunque, como después se vió, el ánimo era derogar aquella
disposición bárbara. Más franco hubiera sido y más benéfico decir que, no
habiendo en la nación mexicana telares de algodón ni manufacturas suficientes
para vestir el décimo de la población, y siendo una de las primeras atenciones
del gobierno desterrar la vergonzosa desnudez en que se halla mucha parte de
ella, se permitía la introducción de todos los efectos que pudiesen disminuir
esta oprobiosa calamidad. En segundo lugar, el mismo decreto destina una
vigésima parte del producto de los derechos que causasen en lo sucesivo estos
efectos, para el fomento de tejidos de algodón, compra de máquinas y telares,
conducción de manufactureros; erigiéndose el gobierno en inspector general de
estos artefactos. Inútil es hacer reflexiones sobre esta disposición bajo el
aspecto económico. Todos los maestros de esta ciencia levantan la voz contra
tales medidas gubernativas. Luego las consideraré por el lado más importante,
para dar a conocer las ideas de las personas que dirigían la República.
En tercer lugar, se ve en ese mismo decreto un artículo antipolítico y
quizás el principio de grandes desavenencias que se preparan para lo sucesivo
con una nación vecina y poderosa. El artículo es el 11°, que dice:
En uso de la facultad que se reservó el Congreso general en el artículo
79 de la ley de 18 de agosto de 1824, se prohibe colonizar a los extranjeros
limítrofes en aquellos Estados y territorios de la federación que colindan con
sus naciones. En consecuencia se suspenderán los contratos que no hayan tenido
su cumplimiento y sean opuestos a esta ley.
Es una opinión muy generalizada, tanto en la República Mexicana como
fuera de ella, que la rica porción del territorio llamado antes la provincia de
Texas, y que hoy hace una parte considelable del Estado de Coahuila y Texas,
está muy expuesto a ser ocupado por los habitantes de los Estados Unidos del
Norte. Semejante opinión, que parece fundada sobre la clase de población que en
el día ocupa una extensión considerable de aquellas tierras, sobre la
emigración continua que se advierte invadida, sobre los varios artículos
insertos en muchos periódicos de los mismos Estados Unidos, sobre las
propuestas de que han estado encargados algunos de sus ministros cerca del
gobierno mexicano, sobre la fertilidad y ventajosa posición de Texas, y, más
que todo, sobre la clase de población, sus costumbres, su idioma, su
tolerancia, su amor a la libertad, sobre la necesidad de formar una sociedad
absolutamente igual a la de su país originario; semejante opinión, digo, y sus
fundamentos, no pueden ser contrarrestados por un decreto que, lejos de
disminuir las causas de aquella temida separación, parece precipitada.
Examinemos la cuestión con alguna profundidad.
La provincia de Texas, situada sobre el golfo de México entre los
Estados Unidos del Norte y el Río Grande y en su mayor parte entre los grados
35 y 38 de latitud, fue causa de grandes discusiones entre los Estados Unidos y
el gabinete español con motivo de las Floridas en 1819.
Como el objeto principal del presidente Monroe era entonces adquirir
esta hermosa península, que interrumpía la entera posesión de las costas de la
gran nación americana desde las orillas del Sabina hasta la Nueva Escocia,
cedió voluntariamente los pretendidos derechos que alegaban tener los
norteamericanos sobre la provincia de Texas con motivo del tratado por el que
entraron en posesión de la Luisiana, cuyos límites decían extenderse hasta el
Río Grande.
Ya desde aquel tiempo había algunos americanos establecidos en los
desiertos que bañan los ríos Brazos, San Jacinto y Nueces. La política estricta
del gobierno español, sin embargo, el celo con que había prohibido la
introducción de todo extranjero y la estación de tropas bajo el mando de jefes
militares, con autoridad despótica e ilimitada en aquellos lugares, no había
dado lugar al aumento de la emigración.
La independencia de México, verificada en 1821, abrió la puerta a los
extranjeros que no encontraban ya obstáculos ningunos en las fronteras, y hemos
visto como Mr. Austin comenzó desde esta época memorable su establecimiento,
que es uno de los más florecientes en el día.
En 1824 el Congreso general dió una ley de colonización que debía servir
de base a las de los Estados, reservándose únicamente la facultad de prohibir
la entrada de los naturales de alguna nación, cuya permanencia en el país
pudiese comprometer la paz pública, y sólo por imperiosas circunstancias.
Igualmente exigió la necesidad del consentimiento del gobierno general en las
empresas de colonización comprendidas entre algunas leguas de las fronteras o
de las costas.
La legislatura de Coahuila dió en 24 de marzo de 1825 su ley de
colonización, cuyo exordio era que deseando el Congreso constituyente del
Estado soberano de Coahuila y Texas aumentar por todos los medios posibles la
población de sus terrenos incultos y desiertos, promover el cultivo de sus
tierras fértiles y fomentar los capitales y los progresos del comercio y de las
artes, decretaba:
Que todos los extranjeros que en virtud de la ley general de 18 de
agosto de 1824, que garantizaba la seguridad de las personas y de las
propiedades en el territorio de la nación mexicana, deseasen establecerse en
los terrenos del Estado de Coahuila y Texas, eran libres para hacerlo y se les
invitaba por esta ley a verificarlo.
No se necesitaba de un llamamiento tan solemne y liberal para que, tanto
los americanos del Norte como muchos extranjeros que buscan terrenos sanos,
fértiles y cercanos al mar o a algún río navegable, concurriesen a centenares a
establecerse en aquellos lugares.
Así es que en el año de 1829 ya se contaban 20,000 habitantes en la
parte de Texas, que diez años antes sólo tenía tres mil. Estos colonos, que
llevan consigo el espíritu de independencia y de libertad política y religiosa
de sus países originarios con su industria y actividad, no podían adaptarse a
las costumbres, usos, hábitos y preocupaciones de los antiguos, establecidos en
corto número. De consiguiente, mientras su población era inferior, aparentaban,
como hacen los extranjeros de todos los pueblos, acomodarse a lo que veían;
pero cuando su población se aumentó considerablemente con respecto de los
otros, éstos comenzaron a entrar en las ideas de sus huéspedes; como
naturalmente acontece cuando dos pueblos se mezclan, participa el menos culto
de las ventajas de la civilización. Se fue formando, pues, una generación
nueva, cuyos progresos no podían dejar de alarmar al gobierno de la capital,
que veía que las transacciones civiles, las actas públicas, los periódicos y el
lenguaje común eran en inglés, y que las costumbres y manera de vivir eran
absolutamente amoldadas sobre las de los Estados Unidos. De todas las
conquistas conocidas, la de la industría y de las luces es la más sólida e
irresistible.
Desde que la política del gobierno de México rompió los diques que por
trescientos años opuso el sistema colonial al ingreso de extranjeros, debió
ocuparse de los medios de proporcionar a los nuevos huéspedes leyes y garantías
que los aficionasen a la nueva patria. El gran programa de esta importante
transacción debió ser: Refundir la sociedad nueva con la antigua y formar de su
fusión una sociedad libre, una nación digna de presentarse en el mundo
civilizado como el modelo de los esfuerzos que el género humano hace para los
adelantos de la perfección social, o al menos como una mejora sobre lo que
hasta el día se ha presentado en orden a proporcionar al mayor número las
ventajas de la asociación.
Imposible es, en verdad, mejorar la constitución de los Estados vecinos
del Norte, pero los dones que la Providencia ha concedido a la República
Mexicana ¿son por ventura un beneficio inútil? Ved aquí el punto a donde
tienden mis observaciones.
Los nuevos colonos que se establezcan en los terrenos desiertos de la
República Mexicana, no pueden tener mayor interés en pertenecer a la república
de los Estados Unidos del Norte que a la primera, que les ha abierto la puerta
generosamente para establecerse, que les ha concedido terrenos para cultivar y
los ha elevado a la clase de ciudadanos. Los enlaces de familia, las conexiones
que siempre se contraen, los intereses de comercio y el gran mercado que les
abren los vastos Estados de aquella rica nación, son otros tantos vínculos que
deben unirlos estrechamente con ella. Es necesario, pues, que un grande
interés, un interés que sea superior a todos los referidos los obligue a
segregarse de la patria adoptiva, exponiédose a perder su tranquilidad y el reposo
tan deseado para los hombres laboriosos, para los propietaros que han levantado
su fortuna en medio de desiertos, de bosques solitarios, luchando con las
fieras e indios salvajes y contra tantos obstáculos como opone la naturaleza,
tan áspera y rebelde en su principio, tan dulce, dócil y benefica cuando se han
vencido sus primeras resistencias.
Este grande interés es el de la libertad en el ejerClClO de todas las
facultades físicas e intelectuales, que nO se oponen a las leyes justas de
igualdad, niveladoras de los derechos de los asociados. Esta es la solución de
ese problema que el ministerio mezquino de la administración de Bustamante
quiso resolver con cuatro renglones, que envuelven la declaración de
hostilidades contra una nación rica, poderosa, cuya política toda consiste en
predicar y, más que todo, en hacer prácticos los prlnclpios de la libertad más
indefinida.
Si el gobierno mexicano, en lugar de esas trabas antipolíticas, hiciese
de la nueva sociedad formada en Texas una escuela de libertad y civilización,
enviando a esta rica comarca ciudadanos que ocupa inútilmente en sus ejércitos;
si en vez de regimentar quinientos o mil hombres armados, que consumen y nada
producen, festinados a oponer una débil resistencia en caso de ataque, fundase
establecimientos de colonos agricultores, artlstas y comerciantes; si dejando a
un lado ese sistema de violencia y opresión, impracticable ya en las nuevas
repúblicas y mucho más entre gentes que conocen sus derechos, adoptase una
marcha franca, generosa, liberal, que haga desaparecer esos sombríos anuncios
de un por venir envuelto en tristes presentimientos, la República Mexicana nada
debería temer sobre la integridad de su territorio. Una frontera de más de mil
doscientas millas sería conservada por los nuevos pobladores de cualquier país
que fuesen. El tiempo de las conquistas militares ha pasado ya en América, y
sólo se conocerán, al menos por algunos siglos, la de la libertad y la de las
luces.
A estas armas sólo pueden oponerse armas iguales; porque los progresos
de la táctica militar se han detenido delante de los adelantos de la razón
pública, de la convicción popular, fruto precioso de la imprenta y de la
filosofía. Los americanos del Norte oponen siempre sus periódicos, el brillante
ejemplo de su prosperidad creciente, las lecciones positivas de sus goces
sociales, la doctrina sublime de su moral, de su actividad, de su admirable
constancia; presentan el espectáculo de las virtudes republicanas, de su
conciencia, de sus derechos, y a la vista de esta prosperidad, de estos goces,
de su moral, de esta libertad, de estas virtudes, la Europa se mueve en masa
para imitarlos; la soberbia Albión reconoce el poder de instituciones más
liberales que las suyas, que hicieron su orgullo por tantos años; las nuevas
naciones americanas se esfuerzan a seguirlos y el género humano parece que se
detiene a contemplar el último grado de perfección a que pueden llegar los
habitantes de este globo.
¿Qué diremos, pues, de la política de ese gabinete, que ha querido
oponer un dique de papel a los torrentes impetuosos del Niágara? Las escaseces
de numerario obligaron al ministro Mangino a solicitar de las cámaras una ley
que acortase los plazos dados a los dueños o consignatarios de efectos, a
cuarenta días una mitad y a ochenta la otra, de noventa a ciento ochenta que
les concedía el arancel. Igualmente se concedió al gobierno la facultad de
hacer préstamos, dando por hipoteca los derechos que causasen los efectos
ordinarios de algodón al premio mensual de tres por ciento, que son treinta y
seis al año. Poco después, no pudiendo conseguir las cantidades necesarias para
el pago de las tropas, tuvo el Congreso necesidad de acceder a la demanda del
ministro de una nueva autorización para hacer préstamos al cinco por ciento
mensual. Aunque el decreto que concedía este exorbitante premio de setenta por
ciento al año limitaba el término de la concesión a tres meses y a dos millones
de pesos, el mismo decreto se ha repetido cuantas veces los plazos de los unos
se van cumpliendo; resultando que el sistema de bancarrotas ha continuado
aunque bajo diferentes denominaciones.
Algunas reformas hizo el señor Mangino a las contratas de la venta del
tabaco hecha en la administración anterior; reformas útiles a la Hacienda y a
los mismos contratistas, reducidas a prolongar el término del monopolio que se
les había concedido por enajenación de los tabacos comprados. Por último, hizo
convenios con los retenedores de órdenes sobre las aduanas marítimas, para que
aquellas órdenes fuesen amortizadas por décimas quintas partes, que es lo que
hacen todos los que, no teniendo con qué pagar, piden espera de acreedores.
Todas estas reformas, préstamos, variaciones; eran siempre anunciadas
por los periódicos del gobierno, que eran los únicos que quedaban, como los
portentosos remedios que la sabiduría, tino prudencia y probidad del benéfico
gobierno establecido por el plan de Jalapa aplicaba a las profundas llagas con
que había dejado plagada a la tesorería, y en general a la nación, la
desastrosa administración de Guerrero. Esta era la cantinela diaria, y continuó
siéndolo por todo este año.
Se publicaban en México únicamente dos periódicos, que eran El Sol y El
Registro Oficial, creado desde principios de este año por el secretario de
Relaciones don Lucas Alamán. Este diario se escribía con el mismo espíritu de
partido que los que hasta aquella fecha se publicaban en el país; pero siendo
papel oficial y pagado por la tesorería nacional, parece que era un abuso que
se hacía en beneficio de un partido. No advertía el director de los negocios
que al expresarse tan apasionadamente como lo hacía en un documento que podía
llamarse obra del gobierno, desnaturalizaba la primitiva institución de éste,
que es la de ser igual para todos los ciudadanos y jamás hostil a una parte de
ellos; no advertía que los pueblos se fastidian al fin cuando ven repetir unas
mismas inculpaciones con las mismas palabras y frases, sin que se presenten
pruebas; por último, que los principales signos característicos de la justicia
de una causa son la moderación, la caridad, la tolerancia y la generosidad.
En la ciudad de México sólo existían los dos periódicos referidos, y uno
u otro que servían de auxiliares para la plebe. ¿Quiérese formar una idea de
cómo pensaban los directores de estos periódicos? Véase un artículo de El Sol
de 24 de mayo de 1831, hablando acerca de la revolución de Francia en julio del
año anterior, de esa gloriosa revolución por cuyo buen éxito hicieron votos
todos los hombres libres de la tierra, y contra la que sólo se declararon los
opresores o sus adictos.
Parece que un furor simultáneo se ha apoderado de todos los pueblos de
la Europa. Por todas partes se derrama sangre, en todas se experimentan los
horrores de la guerra civil, y estas querellas intestinas amenazan una
conflagración general. Es ciertamente una desgracia el que los hombres por
ambición, por avaricia, por celos o por maldad se despojen, se incendien y se
degüellen unos a otros, agotando las familias de herederos, llenando los
Estados de viudas y huérfanos y privando de tantos brazos a las artes y a la
agricultura. La Francia, anhelando por una monarquía constitucional, invade la
autoridad de su rey, procesa a sus ministros y derrama la confusión y el
espanto en la hermosa París. El desenlace de esta escena se cree que ha de ser
muy sangriento.
En Polonia se va generalizando la insurrección por todo el reino y se
hacen preparativos en Varsovia para ponerla en estado de defensa. Los papeles
de Rusia aseguran que en los primeros días de la revolución se han cometido en
aquella ciudad los mayores horrores que pueden degradar a los hombres y que no
son comparables con los que se han experimentado en París y Bruselas.
En el mismo lenguaje, poco más o menos, se expresaba El Registro
Oficial, y éstos eran los únicos papeles permitidos en México. Fueron cesando
todos los que podían hacer cualquier género de oposición y, a la manera de la
corte de Madrid, sólo era permitido publicar los elogios de los que dirigían
los negocios públicos.
El autor de este Ensayo Histórico, que redactó El Correo de la
Federación desde mayo de 1829 hasta fines de marzo de 1830, abandonó aquella
empresa, amenazado de las venganzas ministeriales si continuaba.
Concluiré este capítulo con un artículo de aquel periódico, que daba una
idea del estado político de la República en las circunstancias en que lo
publicó, que fue en 6 de febrero de 1830.
Cuando escribimos el artículo editorial de ayer, no teníamos noticia de
la coalición de los seis Estados que han resuelto formar en la villa de León
una junta general para proveer a los medios de sostener el sistema federal.
Sólo teníamos conocimiento del decreto del Congreso de San Luis que ya habíamos
insertado, que anunciaba, más bien que disponía, la reunión de aquel Estado con
el de Valladolid y Guanajuato. Nuestros pronósticos se van verificando, y
cuando en uno de los números anteriores se hizo una reseña de la disposición
política en que se hallaban varios Estados, no faltaron quienes se apresurasen
a desmentirnos, atribuyendo nuestras observaciones a espíritu de partido ...
Es muy triste la actual situación de la República, agitada de tan
diversos modos. En Yucatán una junta de oficiales se apodera de la
representación nacional, se erige en cuerpo soberano, delibera acerca de los
más sagrados y esenciales intereses del pueblo, y usurpando a los ciudadanos
sus derechos y a la federación sus facultades, conculcando las leyes y los
pactos, declara solemnemente que aquella junta de oficiales es el árbitro de
los destinos del Estado. En los Estados de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Querétaro
y Tamaulipas, levantan varios ciudadanos el grito pidiendo la renovación de sus
congresos, y, lo que es peor, animados del furor que inspira el espíritu de
partido, amenazan, insultan, injurian y abominan a la mitad de sus
conciudadanos, que a su vez hizo otro tanto en el año pasado.
En Occidente y Norte, seis Estados se coligan y amenazan una separación;
en el de México, más que en ninguno, es sumamente temible la organización de
una fuerza armada en el Sur.
Los Estados de Oriente, formados de poblaciones heterogéneas, con
hombres que están acostumbrados a vivir en sociedades que constan de todos los
elementos capaces de garantizar los derechos del hombre bajo un gobierno,
buscan esas seguridades y no encontrándolas hacen esfuerzos para formárselas.
La capital del distrito, entre tanto, lleva el inmenso peso de los
gastos federales, y los poderes generales se encuentran en los embarazos que
trae consigo este estado de cosas y la miseria del erario.
¿Quién no ha de convenir en que se necesitan algunas medidas
extraordinarias para remediar tantos males y reorganizar la sociedad? ¿Cómo se
puede concebir que con los medios ordinarios marche la nación y el gobierno
tranquilamente? En nuestro modo de ver, los que así piensan desconocen
enteramente la historia de las revoluciones, la fuerza de las pasiones y los
resortes que mueven las masas de hombres reunidos.
CAPÍTULO SÉPTIMO
Diversas partidas de guerrillas. El coronel don Francisco Victoria. Es
hecho prisionero. Es ejecutado en Puebla. Don Juan Nepomuceno Rosains es
ejecutado igualmente. Persecuciones contra el partido caído. Expulsión de siete
diputados del Estado de Chihuahua. Ordenes para prender al diputado Almonte.
Evita su desgracia ocultándose. Prisión del diputado Gondra y de otros
individuos. Conspiración inventada. Sentencia contra los diputados Alpuche y
Cerecero. El señor Salgado y don Mariano Cerecero sentenciados a pena capital.
El segundo es indultado por el presidente. Esfuerzos de la señora de Salgado
para libertar a su esposo. Fuga de éste de la prisión. Atentados de don Pedro
Otero. Asesina a nueve individuos. Premio que da el gobierno por esta acción.
Otras ejecuciones en México. Reflexiones. Apoyos facticios que busca la
administración. Falsos rumores de expedición española. Circula esta noticia el
ministro Alamán a los Estados. Falsedad de estos rumores. Creación de un Banco
de avío. Decreto dado a este efecto. Reflexiones sobre esto. El general Armijo
en Acapulco. Acciones entre Codallos, Garda y Otero. Derrota del primero en La
Loma. Alvarez desampara a Texca. La ocupa Armijo. Nuevas ejecuciones. La
guarnición de México pide la eliminación de varios miembros de ambas cámaras.
La península de Yucatán. Convención en el pueblo de Becal. Resoluciones que
toma. Movimientos de los indios apaches en los Estados de Occidente. Llegada
del general Pedraza a Veracruz. Orden para impedir su desembarco. Arbitrariedad
de esta medida. Contestaciones entre este general y don Anastasio Bustamante.
La guerra civil se extendía rápidamente en los Estados de Michoacán,
Puebla, Oaxaca y México. Varias partidas indisciplinadas corrían por las
cercanías de Zacatlán y Atlixco bajo las órdenes de individuos que no podían
inspirar ninguna confianza a los propietarios. Codallos aumentaba sus fuerzas
en el primero de estos Estados con gentes acostumbradas a la guerra de
partidas, que pertenecieron a las guerrillas de los antiguos insurgentes. Otros
cuerpos numerosos se extendían en los ardientes climas de Tamazula, Ajuchitlán
y Teloloapam, bajo las órdenes de Juan Cruz; pero el cuerpo más numeroso y
temible era el del coronel Alvarez, contra el que debían obrar en combinación
los generales Bravo y Armijo. El coronel don Francisco Victoria, que había
acompañado al general Guerrero hasta su hacienda, se declaró igualmente contra
el gobierno de Bustamante y recorría con el capitán don Francisco Rendón varios
puntos hacia la parte del Sudeste de México, entre los pueblos de Tlapa y
Tecomatlán, con una pequeña partida de dragones.
Victoria fue atacado en 24 de marzo por el capitán don Tomás Moreno con
fuerza triple y, aunque el primero se defendió con valor, fue hecho prisionero
con toda su tropa. Conducido a México y luego a la ciudad de Puebla, este
desgraciado oficial sufrió con valor y serenidad la pena de ser pasado por las
armas, dando hasta el último momento las muestras menos equívocas de la
persuasión íntima de la justicia de su causa.
Referiré este suceso en los términos que se publicó en aquel mismo
tiempo:
El coronel Victoria, preso por la segunda y última vez por Albino Pérez
en la hacienda de Flon y conducido a Puebla; como había sido condenado a muerte
por el consejo de guerra, luego que llegó, mandó el comandante general ejecutar
la sentencia dentro de veinticuatro horas. Victoria escuchó esta orden con
calma, e hizo llamar a un sastre para que le hiciese un vestido de luto, que se
concluyó al día siguiente. Pidió a Albino Pérez que le permitiese afeitarse;
pero le fue negada la demanda como contraria a la Ordenanza. Luego que se
vistió con su traje de duelo, avisó estar dispuesto, y Albino lo hizo sacar a
la plaza de la ejecución, en donde formó sus tropas. Antes de sentarse en el
banco fatal, pidió permiso para hablar a los espectadores, y dirigiéndose al
pueblo, dijo en alta voz:
Compañeros y amigos: yo voy a morir, pero habrá muchos que vengarán mi
muerte.
Se sentó y al acercarse Albino con intento de darle un abrazo, Victoria
le opuso la mano al pecho diciendo:
Usted no es digno de abrazarme a mí; haga usted su deber.
Entonces se sentó otra vez con serenidad, puso las manos sobre las
rodillas y fue fusilado, sin hacer otro movimiento que el de caer muerto. Esto
aconteció el 11 de septiembre, cuando se estaba celebrando la victoria de
Tampico, ganada un año antes bajo la administración de Guerrero.
Don Juan Nepomuceno Rosains, que había servido la causa de la
independencia y que tenía un influjo poderoso en el Estado de Puebla, fue
acusado de conspirador, reducido a prisión y sentenciado a pena capital, que se
ejecutó igualmente.
Depuestas de sus destinos todas las personas que se suponía pertenecer
al partido de Guerrero, comenzaron a continuación las persecuciones.
El hermano del gobernador de Puebla se vió obligado a andar fugitivo.
Don Bernardo González Angulo, mexicano respetable por sus luces, sus servicios
patrióticos y destinos que ha desempeñado fue reducido a una estrecha prisión.
El ex gobernador de Durango don José Baca Ortiz y su sucesor don Francisco
Elorriaga. tuvieron la misma suerte. En Chihuahua siete diputados fueron
expulsados de su Estado; muy pocos eran los pueblos principales de la República
en los que el partido dominante no ejerciese su furor.
Hemos referido los lazos que en México tendían los mismos gobernantes y
el número de prisiones que se hacían frecuentemente.
En 16 de abril libró órdenes el ministro de la Guerra para arrestar al
diputado don Juan Nepomuceno Almonte, por suponérsele órgano de comunicación
entre los partidarios de Guerrero. Almonte tuvo la felicidad de escapar de esta
desgracia, habiéndose podido ocultar de la saña de sus perseguidores.
No tuvo la misma fortuna el diputado don Isidro Rafael Gondra, a quien
no se le podía perdonar su constancia en sostener los derechos de sus
conciudadanos y una firmeza que no se doblegaba a las amenazas de unos ni a las
insinuaciones y ofertas del ministro Alamán. Se inventó la existencia de una
grande conspiración, que tenía por objeto asesinar al vicepresidente don
Anastasio Bustamante y entregar la ciudad de México al saqueo. Se supuso que la
dirigía un extranjero llamado Mr. Bertrand y se libraron órdenes para arrestar
al diputado Gondra, que estaba viviendo tranquilo en una quinta a una legua de
México; al coronel Pinzón, a quien poco antes habían puesto en libertad; al
extranjero referido, al capitán Torres, a don Asensio Mesía y a otros más.
Los papeles públicos, dirigidos todos por el ministerio, hicieron tal
escándalo sobre esta figurada conspiración, que por todas partes se creyó al
gobierno amenazado de un riesgo inminente, del que acababa de libertarse por un
favor especial de la Providencia. La casa del diputado fue cateada, sus papeles
ocupados y una cantidad que no pasaba de cuatrocientos pesos, con que fomentaba
su pequeña huerta, se dijo que era para hacer la revolución.
Este escandaloso suceso acaeció en 21 de junio y el resultado ha sido
que no existió ninguna conspiración.
Entre tanto se continuaban los procesos de los diputados Alpuche y
Cerecero y del gobernador de Michoacán, Salgado. Los diputados fueron
sentenciados a salir de la República por cierto número de años y don Mariano
Cerecero sentenciado a la pena capital. Aun no se había verificado ninguna
ejecución semejante, pues la de Victoria que he referido fue posterior. El
vicepresidente Bustamante, que todavía no había adoptado la política
sanguinaria que sus ministros procuraban inspirarle, resistió a este acto de crueldad
que iba a ejercer en un joven, cuyo delito había sido el de invitar a un espía
del gobierno para una revolución sin plan, sin combinación ni probabilidad de
suceso; y, aunque sin autoridad legal para ello, mandó suspender la ejecución
de aquella pena, habiendo hecho sacar a la víctima de la capilla el día mismo
que debía ser sacrificada.
El señor Bustamante pareció ceder entonces a un sentimiento generoso y a
los ruegos y representaciones de muchas gentes respetables que pidieron la
gracia del desgraciado joven. Es verdad que este espectáculo por asuntos
políticos en aquellas circunstancias, en la capital federal, hubiera conmovido
mucho los ánimos y enajenado una gran parte de ciudadanos adheridos al nuevo
orden de cosas.
El proceso, que se continuaba con actividad contra el señor Salgado en
Morelia, había llamado mucho la atención pública. Se vió presentarse en la
ciudad federal a la señora doña Dolores Rentería, esposa de aquel magistrado,
la que vestida de luto y bañada en lágrimas, corría de un punto a otro
reclamando el cumplimiento de las leyes constitucionales, holladas en el juicio
militar que se intentaba a su marido. Las enérgicas representaciones de esta
ilustre mexicana, apoyadas sobre los principios elementales del sistema
constitucional, si bien fueron escuchadas por la Corte Suprema de Justicia, no
pudieron evitar el curso de la causa, que se procuraba acelerar por el
comandante militar de aquel Estado don Pedro Otero, encargado de hacer fusilar
a Salgado, para dar ese espectáculo de terror en Michoacán, en donde había
muchos descontentos con el cambio ocurrido en la República.
¡Inútiles esfuerzos que no podían ahogar la opinión pública! Salgado fue
sentenciado a la pena capital por un consejo ordinario de guerra, y sólo debió
la vida a la actividad de amigos generosos que le proporcionaron arbitrio para
fugarse del convento de San Agustín en que estaba encerrado. Grande fue la
sorpresa del oficial encargado de llevarlo a la capilla y desde ella al
suplicio, cuando habiendo preguntado por él no pudo encontrarlo.
Esta víctima escapó entonces a la venganza de una facción enfurecida.
Salgado corrió a unirse a las fuerzas que se levantaban para sostener el plan
de Codallos, de que he hecho mención. A la fuga de Salgado siguió en la ciudad
de Morelia un hecho que ocupa lugar muy distinguido en las páginas de esta
época sangrienta. Quedaron todavía en las cárceles de Morelia, acusados de
adictos a la causa del señor Salgado, los ciudadanos don José María Méndez,
oficial del batallón de Zamora; don Gregorio Mier, coronel de Puruándiro, y los
capitanes don José Godínez, don Cristóbal Cortés y don José María Cisneros. Se
continuaba su proceso, cuyo término era muy natural que tuviese el mismo éxito
que los de Salgado, Victoria y Cerecero, esto es, el de ser condenados a la
pena capital. Sus familias y amigos solicitaban todos los medios para
escaparlos de una muerte cierta y pronta, por la fuga, que era el único
arbitrio que ofrecían las tristes circunstancias, en donde el comandante
militar Otero, el asesor don Víctor Márquez y ocho o diez oficiales eran
suficientes para condenar a toda la ciudad de Morelia al último suplicio.
Tentaron a este efecto la disposición en que se hallaba un alférez del
batallón de Morelia llamado don Trinidad Ríos, que les hacía con frecuencia la
guardia, y le ofrecieron a este fin cuanto podia excitar su codicia y su
pequeña ambición, para determinarlo a fugarse con los prisioneros. Ríos convino
y ajustó el mercado a ochocientos pesos, que debían anticiparle, como se
verificó, y dispuso las cosas para que se realizase el proyecto en la noche del
7 de diciembre de este año. Mas el pérfido obraba de acuerdo con el comandante
Otero, que buscaba un camino para libertarse en un solo golpe de todos aquellos
desgraciados, asesinándolos bajo cualquier pretexto. Una multitud de guardias,
patrullas y rondas se prepararon para recoger a los presos, que sin conocer el
lazo que se les había tendido suspiraban por el momento de la fuga. Comienzan a
efectuarla bajo la dirección del mismo que había preparado las patrullas que
debían reaprehenderlos, y salidos de sus prisiones, bendiciendo el genio
tutelar que les proporcionaba el modo de libertarse de una muerte segura,
cayeron en manos de los soldados apostados por el mismo a quien creían deber la
vida y la libertad. Cuatro ciudadanos llamados don Ruperto Castañeda, don
Ignacio Ortiz, don Manuel Foncerrada y don Antonio Mier, que fueron encontrados
por las patrullas, aunque no hubiese título ninguno para ser detenidos, fueron
arrestados y conducidos al convento de San Agustín, juntamente con los otros, a
pretexto de que venían a auxiliarlos en la fuga. El comandante don Pedro Otero,
que había tramado este lazo, que fue él mismo uno de los alguaciles para las
prisiones, dispuso que sin más formalidad fuesen puestos en capilla estos diez
ciudadanos y dió órdenes para que fuesen pasados por las armas en el mismo día.
Así se verificó, con la sola excepción de don Manuel Foncerrada por haberse
fingido loco en aquella circunstancia. El gobierno de Bustamante premió esta
mala acción de Otero con el empleo de general de brigada. El oficial tuvo por
premio el dinero que había recibido de los que sacrificó.
En 18 de agosto fueron sentenciados en México a sufrir la pena de muerte
el teniente don Manuel Bello, el subteniente don José Echavarría y el sargento
Damián Nájera, corno complicados en la imaginada conspiración de que he
hablado, y en consecuencia de la cual fueron arrestados más de veinte
ciudadanos, que fueron puestos en libertad.
Si se examina imparcialmente qué especie de conspiración podían formar
dos oficiales sin nombre, sin recursos, sin talentos, y un sargento, se
reconocerá en el momento que era necesario tener mucha sed de sangre para dar
importancia a semejantes cosas. Ninguno podrá persuadirse que el gobierno fuese
tan débil que pudiese caer por los esfuerzos de personas tan insignificantes, y
cuando mucho, se deberá conceder que aquellos infelices no serían afectos a los
que gobernaban entonces; que dejarían escapar algunos propósitos imprudentes y
que quizá harían algunas tentativas para hacerse prosélitos. Esto habíamos
visto en tiempo de Iturbide, de Victoria y de Guerrero, pero nunca vimos subir
un solo mexicano al cadalso. El sangriento ejemplo que ha dado la administración
de Bustamante, Facio y Alamán, formará un articulo de acusación contra estos
hombres, que al ocupar el poder, arrojando al que lo obtenía, ofrecieron venir
a dar libertad y prosperidad a la República.
Este gobierno, que se mantenía en medio de muertes y de sangre,
necesitaba buscar algunos apoyos facticios a su poder y el ministro Alamán,
fecundo en este género de pequeñas intrigas, propias para deslumbrar algunos
días pero que después descubren el artificio, el tiempo y los desengaños, creyó
oportuno distraer la atención de los mexicanos con la invención de un próximo
desembarco de españoles para invadir el territorio de la República. Los mismos
que habían negado con tanta obstinación como mala fe la verdadera expedición
que se efectuó sobre Tampico en tiempo del general Guerrero, se empeñaron en
esta vez en persuadir que era indudable que el gabinete de Madrid preparaba una
fuerza considerable para vengar el ultraje recibido en Tampico.
En la sesión de 16 de marzo se presentó el ministro Alamán a la Cámara
de diputados a anunciar como cierta la noticia de que se estaba equipando una
grande expedición, que sería mandada por uno de los más acreditados generales
de la nación española.
S. E. inculpó mucho al gobierno anterior, dice uno de los papeles de
aquel tiempo, por haber publicado tan a menudo noticias de este género, lo cual
había inducido al actual a dilitar esta comunicación; pero añadió que la fuerza
de las circunstancias y la autenticidad de los documentos que iba a leer le
habían impelido a informar a la Cámara de estos hechos, para que se pensase en
tomar medidas inmediatamente, autorizando al ministro de Guerra y Marina para
reorganizar el ejército y hacer otros gastos.
En 17 de abril expidió una circular a los gobernadores de los Estados,
en la que, anunciándoles el próximo peligro de la supuesta invasión, les
encargaba invitasen a los pueblos a abrir suscripciones de donativos para
atender al apresto del vestuario, monturas, armamento y demás gastos que se
necesitaban erogar, para poner en pie un ejército respetable que repeliese la
invasión española.
Si la ciudad de Cádiz, les decía el astuto ministro en aquella circular,
a la primera invitación del gobierno español ha ofrecido equipar y mantener
enteramente a sus expensas dos mil hombres, hasta situarlos en el punto de la
República que se les mande ¿podrá darse que el patriotismo mexicano se
manifieste indiferente cuando se trata de la independencia, del honor nacional,
de todo lo que es caro a un hombre y a una nación?
El lector, que sabe que no ha habido tal expedición ni tales
preparativos, sacará las consecuencias y no dejará de notar que, aun cuando se
fraguaba una cosa semejante, se acusaba a la administración anterior, que no
había fingido, sino repelido efectivamente a los enemigos.
La otra medida de que este gabinete echó mano para deslumbrar al pueblo
mexicano, fue la de la creación de un Banco de avío, que tuviese por objeto
establecer en el país telares y manufacturas de algodón. El texto del decreto
expedido por las cámaras es un documento interesante para dejar de ocupar un
lugar en esta obra. Es como sigue:
1° Se establecerá un Banco de avío para fomento de la industria
nacional, con el capital de un millón de pesos.
2° Para la formación de este capital se prorroga por el tiempo
necesario, y no más, el permiso para la entrada en los puertos de la República
de los géneros de algodón prohibidos por la ley de 22 de mayo del año anterior.
3° La quinta parte de la totalidad de los derechos devengados y que en
lo sucesivo causaren en su introducción los efectos mencionados en el artículo
anterior, se aplicará al fondo del Banco.
4° Para proporcionar de pronto las sumas que fueren necesarias, se
autoriza al gobierno para negociar sobre la parte de derechos asignados a la
formación del capital del Banco un préstamo de 200,000 pesos, con el menor
premio posible, que no pase de tres por ciento al mes, y por plazo que no
exceda de tres meses.
5° Para la dirección del Banco y fomento de sus fondos, se establecerá
una junta que presidirá el secretario de Estado y del despacho de Relaciones,
compuesta del vicepresidente y dos vocales, con un secretario y dos
escribientes, si fuesen necesarios. Los individuos de esta junta no gozarán por
ahora de sueldo alguno, pudiendo el gobierno reelegir al que salga, si le
pareciere conveniente, y para secretarios y escribientes se emplearán cesantes
útiles, que servirán estos destinos por el sueldo que les corresponde, por el
empleo de que son cesantes. El gobierno formará el reglamento a que debe
sujetarse esta junta para el desempeño de sus funciones; y en adelante, cuando
haya productos del fondo, se establecerá por el Congreso el sueldo que han de
disfrutar los individuos de la junta y demás empleados del Banco.
6° Los fondos del Banco se depositarán por ahora en la Casa de Moneda de
esta capital (México), a disposición del secretario del despacho de Relaciones,
quien de conformidad con los acuerdos de la junta, librará las sumas que fueran
necesarias. Cuando por el aumento de los fondos se requiera una oficina para su
manejo, se establecerá con los empleados que parezcan necesarios, previa la
aprobación de su número y sueldos por el Congreso.
7° La junta dispondrá la compra y distribución de las máquinas
conducentes para el fomento de los distintos ramos de industria, y franqueará
los capitales que necesitaren las diversas compañías que se formaren, o
particulares que se dedicaren a la industria en los Estados, distrito y
territorios, con las formalidades y seguridades que los afiancen. Las máquinas
se entregarán por sus costos, y los capitales con un cinco por ciento de rédito
anual, fijando un término regular para su reintegro, y que continuando en giro
sirva de fomento continuo y permanente a la industria.
8° Los productos de los réditos de las importaciones que expresa el
artículo anterior, se destinarán a los sueldos de los individuos de la junta y
demás empleados en el Banco, y a los gastos de éste, y el remanente se aplicará
al aumento del capital.
9° La junta presentará y publicará anualmente sus cuentas,
acompañándolas con una memoria en que se demuestre el estado de la industria
nacional y sus sucesivos progresos.
10° Aunque los ramos que de preferencia serán atendidos, sean los
tejidos de algodón y lana, cría y elaboración de seda, la junta podrá
igualmente aplicar fondos al fomento de otros ramos de industria y productos
agrícolas de interés para la nación.
11° El gobierno podrá asignar de los fondos del Banco hasta seis mil
pesos anuales para premios a los propuestos y con informe de la junta, los
cuales se concederán a diversos ramos de industria.
12° Por ningún motivo ni pretexto se distraerán los fondos del banco
para otros objetos, ni se podrán hacer por la junta donativos, funciones, ni
otra erogación alguna ajena de su objeto.
Aquí tiene el lector un modelo original de los talentos políticos y
económicos del ministro Alamán. Se comienza formando un establecimiento de
incierta utilidad, por no decir de pérdida segura, por una bancarrota, para
buscar una aventurada ganancia, empleando una parte de la renta pública, que
tiene que salir del producto neto del capital nacional. Cuando la Hacienda
Pública tiene un deficiente de ocho millones de pesos anuales y una deuda de
treinta y dos millones en el exterior, cuando la agricultura y cría de ganados
se hallan en un estado de atraso que reclama las primeras atenciones del que
intente con recta intención ocuparse de las útiles mejoras de la República,
cuando los caminos están intransitables y la conducción de efectos es tan
difícil de uno a otro punto, parece una extravagancia que el gobierno se ocupe
en establecer manufacturas y talleres, cuyas máquinas no podrán transportarse
ni manejarse con utilidad y acierto. Pero el ministro proyectista se ha
propuesto entretener a los mexicanos con sus pomposas ofertas, divertidos con
empresas que halagan el orgullo nacional, crearse una nueva escala de empleados
en un país en que tantos hay y, por este medio, extender su influencia y su
poder.
No hay más que leer con atención el decreto, para observar que el
ministro nombra los directores del Banco, que puede reelegirlos, que con ellos
ha de hacer los acuerdos, que están a su disposición los fondos, que él
formaría el reglamento de empleados y sueldos; por último, es un resorte más
que se creó para aumentar el poder en una República donde el grande interés de
los representantes del pueblo, cuando cumplan con su deber, ha de ser
disminuirlo.
He referido que el general Armijo fue destinado a atacar al coronel
Alvarez, dejando por entonces al coronel Codallos, con quien había tenido ya
algunos encuentros, entre los cuales el más importante fue el de Cutzamala. En
esta acción Codallos fue completamente derrotado, y se vió obligado a
refugiarse únicamente con dos oficiales y dos asistentes entre las barrancas de
la Sierra Madre, y tomando por el rumbo del sur de Jalisco, se dirigió a las
cercanías de Tamazula, en donde se puso de acuerdo con el coronel don Gordiano
Guzmán para levantar nuevas fuerzas. Habiéndolas organizado regresó sobre
Morelia, con cerca de 200 hombres, en cuya cercanía tuvo una acción con las
tropas que mandaba el comandante don Pedro Otero, en la que Codallos volvió a
ser derrotado y se vió de nuevo en la obligación de buscar asilo en los bosques
y seguridad en la fuga. En esta vez tomó el camino de la Sierra dé Tiripitío,
en donde pudo con alguna dificultad reunir 200 hombres entre los paisanos que
habían hecho la guerra de la independencia. Con esta fuerza pasó a ocupar el
pueblo de Tacámbaro, a unirse con las fuerzas que tenía don Antonio Angón, que
eran poco más o menos igual número.
Fue destinado a combatir estas fuerzas el coronel don Antonio García,
sobrino de un antiguo insurgente llamado Albino García, terror del Bajío por
sus atrocidades. Codallos no se creyó bastante fuerte para resistir a García y
no queriendo aventurar una acción, se retiró más a la parte del Sur, y aumentó
sus fuerzas con más de 200 hombres que le presentó un jefe muy acreditado por
su valor en aquellas comarcas, llamado don José María Martínez. Con estas
fuerzas se atrincheraron en la montaña llamada Mesa de Cerrato, en donde se
resolvieron esperar a García y presentar el combate, si lo admitía. Cuando
García supo la disposición del enemigo hizo alto en el pueblo de Uruapan, a
ocho leguas de la Mesa de Cerrato, y en este punto se parapetó y fortificó,
esperando ser atacado por los que salía a perseguir.
Por cerca de dos meses permanecieron estos dos jefes en inacción, y de
consiguiente debían escasear muy pronto de víveres en unos puntos inhabitados y
en circunstancias imprevistas; Codallos entonces se vió obligado a abandonar su
posición y tomar el rumbo de Apatzingán, con el objeto de proveerse de lo
necesario. García continuó su marcha en observación de Codallos. Éste tomó por
las alturas de Pátzcuaro y García por los llanos de Tierra Caliente, hasta que
llegaron el primero a Apatzingán y el segundo a un pequeño pueblo llamado
Acahuato, distante dos leguas solamente de aquél. Las fuerzas de ambos eran
poco más o menos iguales, pero se respetaban mucho, como se advertirá por estas
marchas y falta de acción. Codallos pudo en estas circunstancias atacar al
enemigo y debía haberlo hecho, pues su situación lo obligaba a aventurar
cuantas veces tuviese una probabilidad de conseguir ventajas. Las tropas del
gobierno tenían los auxilios que no podían esperar las de Codallos, reducidas a
vivir de lo que adquirían diariamente, y sujetas además a las deserciones que
debían temerse en tan tristes momentos. Mas Codallos no tomó este camino:
determinó contramarchar por el rumbo mismo por donde había venido, y García,
continuando siempre en observación de él, recibió refuerzos como debía
esperarse. Codallos sin embargo le presentó la acción en la Alberca a fines de
octubre, y en ésta consiguió una ventaja notable, habiendo obligado al enemigo
a retirarse hasta la ciudad misma de Morelia, a donde Codallos se aproximó con
sus fuerzas, que eran entonces de cerca de mil hombres.
A fines de este año, Codallos se vió reducido a casi sola su persona,
por haberlo abandonado las tropas que tenía, desde que el general Montes de
Oca, desamparando el partido de Guerrero, dió órdenes a los surianos para
retirarse a sus casas. Parece que esta variación de Montes de Oca fue debida a
las persuasiones y seducciones de todo género que empleó el Lic. J. M. Izazaga,
agente del gobierno de México en el estado de Michoacán. Sin embargo, a
beneficio de su actividad extraordinaria, pudo reunir de nuevo mil hombres, con
los que se presentó en las puertas de Valladolid (alias) Morelia, y consiguió
una victoria sobre el enemigo, de que no se supo aprovechar, pudiendo haber
entrado en dicha ciudad después de su triunfo. En vez de hacerlo así, se retiró
del campo de Santa María, teatro de la acción, contra el voto de sus oficiales,
a la hacienda de la Loma, tres leguas al sur de Tacámbaro, en donde fue atacado
por don Pedro Otero, tres dias después de la acción de Santa María, el día 29
de diciembre de 1830. Entonces quedó reducido a muy pocas fuerzas, que se
dispersaron, y él tuvo que retirarse solo a las montañas.
Aquí dejaremos a Codallos, cuya suerte fue después tan desgraciada.
El general Armijo, a quien hemos visto pasar al rumbo de Acapulco con
una división de tres mil hombres, no encontró sino muy débiles obstáculos hasta
aquel puerto, que recobró fácilmente en el mes de julio, colocando en él una
fuerte guarnición. Desde allí se dirigió a Texca, en donde estaba el coronel
Alvarez con la mayor parte de sus fuerzas, que fue abandonado igualmente por
este último. Los periódicos de México anunciaban en aquellos días como ya
terminada la guerra civil, y aseguraban el exterminio de Alvarez, Codallos,
Juan Cruz y Santa María, como asunto de un mes.
En 31 de julio fue pasado por las armas el teniente don N. Vasconcelos
en el pueblo de San Marcos, por habérsele cogido algunos pliegos y despachos
del general Guerrero.
En 18 de agosto, los oficiales de la guarnición de México, incluso el
comandante militar don Felipe Codallos, hicieron una nueva petición a las
cámaras, para que con arreglo al artículo 4° del plan de Jalapa fuesen
excluídos de la Cámara de diputados los señores Herrera, Bocanegra, Basadre,
don Fernando del Valle, Bermúdez, Palomino, don Pedro Anaya, Ulloa, don Matías
Quintana, don Andrés Quintana, Moreno, Salvatierra, García Tato, Escudero,
Plata, Baso, Garmendia, Ordaz y Güido; y de la cámara de senadores los señores
Rejón, Acosta y Viezca.
Esta noble exposición que sirve de documento para conocer el estado de
la República en aquella época, concluye en estos términos:
La guarnición de México invita al Congreso general y a las demás
guarniciones del Estado, a unir sus votos y representar al gobierno la
necesidad de poner en ejecución el dicho artículo 4°, como el único medio de
salvar la nación en las presentes circunstancias.
Había cerca de ocho meses que el nuevo gobierno estaba en plena posesión
de la autoridad y del mando, y la guarnición de México hablaba en este
lenguaje.
La península de Yucatán continuaba separada de la República Mexicana, y
los que gobernaban, queriendo dar apariencias de legalidad a su gobierno.
resolvieron formar un simulacro de representación del Estado, para que
resolviese lo que debería hacerse y el camino que había de tomarse. Esta era
una profesión solemne del mismo sistema federal que aparentaban los militares
ser detestado por los ciudadanos de la provincia; y nada hay más ridículo como
proclamar el sistema central, que está reducido a ser gobernados por un
Congreso general, aboliendo los otros de los Estados y desconociendo sus
derechos, en una península que quizás es entre todas las del círculo federal la
que tenga más razones para esa independencia proclamada en este orden de cosas,
si se examinan sus diferentes relaciones, circunstancias y costumbres.
Los que proclamaron este sistema de centralismo ¿creían de buena fe que
convendría a Yucatán sujetarse a la antigua audiencia de México, esperar de
México leyes locales de que no puede ocuparse un Congreso general, distraído de
tantas atenciones y, más que todo, compuesto de diputados que no tienen
conocimiento de las necesidades individuales, digámoslo así, ni de consiguiente
interés en la expedición de las leyes que las provean?
La convención se reunió en el pueblo de Becal, a medio camino entre
Mérida y Campeche, y uno de los lugares más centrales de la provincia. Esta
junta, compuesta de diputados elegidos bajo la influencia militar que entonces
dominaba el país, se verificó entre fines de marzo y principios de abril de
1830.
Don José Segundo Carvajal hizo el aparato de renunciar el protectorado y
la junta le rogó que continuase salvando al país de la anarquía y haciéndolo
marchar a su prosperidad bajo los auspicios de la paz que disfrutaba la
provincia. Un cura llamado Lezama hizo proposición para que se abriese el
comercio con La Habana, lo que no podría llevarse a efecto sin reconocerse en
cierta manera sujetos de nuevo al gobierno español, supuesto que no se
permitiría sino bajo el pabellón español. Don J. R. Trava hizo una moción que
manifestaba cierto espíritu de libertad y de vida en aquella junta de
cadáveres. Era reducida a que los militares que sólo ocupaban un lugar en la
asamblea sin misión en los partidos, y sólo por disposición del gobierno
militar, se retirasen para que los representantes de los partidos pudiesen
obrar con independencia y manifestar la voluntad de sus comitentes. Ambas
mociones fueron desechadas. Se nombró una comisión compuesta de un
representante por cada partido, y un militar por cada cuerpo, para que
propusiese el plan de gobierno que debía regir en aquella península, ínterin se
variase en toda la nación su forma federal en central.
El resultado de todo fue una que se llamó acta instituyente, presentada
por dicha comisión en 4 de abril a la asamblea general, y aprobada por ésta,
que contenía treinta y cinco artículos, reducida en substancia a aprobar el
pronunciamiento de Yucatán por el sistema de república central, representativa,
popular, y en su consecuencia establecían que reconocerían al gobierno de la
Unión tan luego como éste se decidiese por el mismo orden de cosas; que
desconocían al Congreso general que entonces existía, y sólo le daban la
facultad de convocante; que no obedecerían las órdenes del supremo gobierno de
México sin que primero fuesen ratificadas por el de aquella provincia; que se
reformasen las leyes de imprenta, y no se admitiese la renuncia al señor
Carvajal.
He hablado anteriormente acerca de los movimientos que hicieron siempre
los indios mayos y yaquis en los Estados de Occidente, y de las medidas
represivas que se tomaron. En este año de 1830, el ayuntamiento de la villa de
Arizpe hizo una exposición al gobierno de México, en la que anunciaba las
desgracias de mucha consideración que amenazaban a todas las poblaciones
civilizadas de aquellas comarcas por las disposiciones hostiles que se
advertían en los indios apaches, no pudiendo oponerles resistencia por falta
absoluta de recursos, armas y tropas.
Citaban como un suceso reciente, además de los robos continuos y
asesinatos que cometían aquellos bárbaros, un proyecto descubierto en la
pequeña villa de Moctezuma, en que los ópatas, indios los más aguerridos,
formidables y numerosos, trataron de acabar con todos los habitantes de ella,
para aprovecharse de sus bienes y de sus mujeres.
Esta parte del Estado, decían, está llena de naciones bárbaras, y otras
que bajo una amistad fingida no pierden cuantas ocasiones se les presentan de
proclamar revoluciones.
Concluían reclamando la protección del gobierno general, sin cuyos
prontos auxilios se resignarían a esperar una muerte próxima, y la devastación
de aquellos hermosos países, que ofrecen tan grandes ventajas a la industria y
al trabajo. Es muy triste considerar que mientras se emplean diez millones de
pesos en mantener tropas en las grandes poblaciones para oprimir a los
ciudadanos, a quienes se les dice que son libres y felices, las tribus bárbaras
insulten, amenacen y destruyan el fruto del trabajo de muchos años de los
habitantes industriosos en los puntos que están en contacto con ellas.
Es una cuestión que aun no está decidida, hasta qué línea se debe
considerar a los indios que no están todavía reducidos a poblaciones regulares
y sujetos a las leyes nacionales, como independientes o dueños de los terrenos
que ocupan. La política que seguía en este particular el gobierno español no es
adaptable a las instituciones que ha adoptado la República Mexicana. La
cuestión debe reducirse a la resolución de este programa.
Todos los habitantes, sin excepción, de las tierras limítrofes entre el
Océano Pacífico, las posesiones rusas confinantes con las Californias, los
Estados Unidos del Norte, golfo de México, República del Centro, están sujetos
a las leyes mexicanas, y no se conoce ninguna nación independiente en el seno
mismo de dicha República; en consecuencia, los indios bárbaros serán obligados
a reducirse a poblaciones regulares, a vivir del fruto de su industria y
depender de los magistrados que designen las leyes.
Si la nación mexicana no adopta este programa, es necesario que convenga
en que el territorio que llama suyo no lo es en la realidad; o que hay cierto
número de ciudadanos rebeldes (que pasan de 200,000) al imperio y acción de las
leyes.
En la República no se conocen ni pueden conocerse términos medios entre
dependencia e independencia, entre ciudadanos y extranjeros, entre territorio
mexicano y territorio extranjero. El gobierno colonial tenía otra fuente de
derechos; derechos no reconocidos por la filosofía, ni que pueden entrar en los
códigos de las naciones que hacen profesión solemne de la soberanía nacional y
de los derechos de los asociados. ¿Cuáles son los que los mexicanos tienen
sobre los vastos territorios que ocupan los indios bárbaros y las fieras, en
los inmensos despoblados del Norte de la República? El reconocimiento de los
gobiernos limítrofes; el que han hecho de su independencia todas las naciones
civilizadas en los mismos términos en que los españoles poseían aquellas comarcas;
el pacto social que han celebrado todos los habitantes, llamados constantemente
a recomponer la nación sobre las bases de un sistema popular y libre; el
derecho incuestionable que tiene todo pueblo para asegurar su independencia y
los goces tranquilos de sus ciudadanos bajo la protección de la fuerza
nacional; el que da la necesidad de demarcar los límites precisos de la
extensión de su territorio; por último, la incorporación de todos los
descendientes de los indígenas a la masa que compone la sociedad, bajo las
mismas leyes y derechos civiles y políticos.
En consecuencia, la nación mexicana debe por todos los medios posibles
establecer sus derechos sobre aquellos terrenos, obligar a los bárbaros a
reunirse en sociedades regulares o a salir del territorio de la República, como
lo están haciendo los americanos del Norte, con lo que se aumentan las
dificultades por parte de los mexicanos, a cuyos terrenos emigran los indios de
la Georgia y de las orillas del Missouri y del Ohío.
Por el mes de octuhre de este año regresó a la República Mexicana el
general don Manuel G. Pedraza, a quien hemos visto salir de ella
voluntariamente en 1829, después de los sucesos de la Acordada. Este mexicano
creyó que la revolución de Jalapa, cuyos jefes habían proclamado como base de
sus operaciones el restablecimiento de la Constitución y de las leyes, le
proporcionaría una acogida digna de un hombre, cuyo despojo violento de la
presidencia había sido el principal pretexto para la insurrección; y si no
tenía la esperanza de entrar al ejercicio de un poder a que había sido llamado
legalmente por la elección constitucional que recayó en él, como hemos visto,
al menos se lisonjeaba de que el partido que acababa de hacer la reacción, y al
que debió en mucha parte su elección, le daría la acogida favorable con que se
recibe a un ciudadano desgraciado, cuando por el triunfo de sus amigos y
partidarios puede regresar al seno de su patria y de su familia.
El juicio de Pedraza era fundado, considerando el curso natural de los
acontecimientos, sin hacer cuenta de las pasiones y de las injusticias de la
ambición. Había una razón más para presumir que Pedraza no encontraría
obstáculo en su admisión a la República, y era la amistad íntima que había
tenido desde tiempos muy atrás con el jefe de la conjuración don Anastasio
Bustamante, colocado a la cabeza del gobierno. En esta confianza salió de
Europa para entrar en su patria, de donde había estado ausente cerca de dos
años. Pero a su llegada a Veracruz encontró una orden del gobierno, firmada por
el ministro Facio, para que no se le permitiese desembarcar, intimándole que
continuase a otro punto fuera del territorio de la República.
La sorpresa de este general debió ser grande al verse condenado a una
pena para la que ciertamente no había ni un pretexto plausible, ni autoridad,
ni conveniencia pública. Era, en efecto, escandaloso el ver a los protectores
de la Constitución y de las leyes, como ellos se denominaban, arrojar de su
patria al mismo ciudadano cuyos derechos a la presidencia fueron el principal
argumento de su justicia, para levantarse contra el presidente nombrado por la
Cámara, y que entró al mando cuando Pedraza había salido de la nación por
pasaporte que pidió voluntariamente. Pedraza, después de la revolución de la
Acordada, hizo cuanto puede hacer un buen ciudadano: renunció sus derechos a la
presidencia y salió de la República para quitar todo pretexto de movimiento bajo
su nombre. Ambos sacrificios fueron voluntarios, fueron patrióticos, y este
viaje fuera de su país es un bello episodio de la vida pública de este
mexicano. Las diferentes posiciones falsas en que se ha encontrado y un poco de
precipitación en sus juicios, le han hecho cometer faltas que no siempre pueden
justificar las intenciones, pero que la posteridad perdona cuando se conoce que
no tuvieron un principio de malignidad. Es muy curiosa la correspondencia
epistolar que con motivo de esta ocurrencia se suscitó entre los generales
Pedraza y Bustamante. Si los límites que me he prescrito en la publicación de
este Ensayo lo permitieran, daría voluntariamente lugar a estos datos
históricos, porque pintan perfectamente los caracteres de estos dos individuos.
Pedraza pasó a Nueva Orleáns, a donde llegó en 22 de octubre.
CAPÍTULO OCTAVO
Falsas noticias de El Registro Oficial. El coronel Alvarez sitia al
general Armijo. Valor de ambos combatientes. Don Félix Merino, segundo jeje.
Muerte de cinco hombres de una avanzada. Derrota de las tropas del gobierno.
Muerte de Armijo. Retiranse las tropas de Alvarez. Ocupación de Acapulco.
Muerte del coronel Mauliaa. Silencio acerca del general Guerrero en estas
circunstancias. Motivo de él. Modo como El Registro Oficial dió cuenta de esta
acción. Movimientos en San Luis Potosi. Conspiración. del coronel Márquez. Es
hecho prisionero. Se le ejecuta juntamente con Gárate. Sentencia de muerte
contra Cataño y Veramendi. Muerte del primero. Idem de Colin. Esfuerzos por la
causa de la libertad hechos por Rocafuerte, Rejón, Heredia y Quintana.
Acusación que hace éste contra el ministro Facio. El general Barragán en
Jalisco. Su conducta moderada. Exposición que dirigió al Congreso general.
Carácter y conducta política de los ministros. Paralelo entre Bustamante y
Guerrero en su conducta administrativa. Impreso de la época sobre el estado de
la cosa pública.
Dejamos al general Armijo en el pueblo de Texca, de donde había
desalojado al coronel Alvarez, a quien se suponía reducido a las mayores
extremidades. Era no obstante muy notable que dos generales de división, como
eran Bravo y Armijo, estuviesen empleados en hacer la guerra a lo que llamaban
un puñado de facciosos, que no podían hacer frente a los soldados enviados por
el gobierno, manteniéndose en los bosques, barrancas y lugares escabrosos. Sin
embargo, se advirtió que el general Bravo se había replegado hasta
Chilpancingo, aunque para esto se alegó que necesitaba reparar su salud, y se
advertía igualmente que Armijo estaba reducido a Texca, sin desamparar aquella
posición poco interesante, o al menos no tanto que debiese permanecer en ella
por mucho tiempo en inacción el principal jefe de la división de operaciones.
En los ataques de Venta Vieja y el Veladero, dados en abril y mayo, se había
dicho en El Registro Oficial, papel del gobierno, que los facciosos del Sur
habían recibido golpes mortales, y que el coronel Alvarez, su principal jefe y
segundo del general Guerrero, se había refugiado a las tierras enfermizas de
las costas, en donde sólo tenían por abrigo el clima, no pudiendo resistir a
las tropas de la República, como si las tropas de Alvarez no fuesen lo mismo.
En principios de septiembre el coronel Alvarez emprendió el sitio de
Texca, en donde estaba el general Armijo con 1,500 hombres sin poder presentar
ataque al enemigo que se había pintado tan despreciable. De una pequeña
descubierta que mandó fuera de su campo, compuesta de seis dragones del 6°
regimiento, fueron muertos cinco, y esta corta escaramuza infundió el terror en
sus tropas.
Como Alvarez veía que Armijo no le presentaba ataque, a pesar de la
superioridad del número y de las armas por parte de aquel general, temiendo que
recibiese más auxilios de la capital, como probablemente sucedería, se resolvió
a atacarlo en sus trincheras, lo que comenzó a ejecutar desde el 26 de
septiembre con el valor y ardiente resolución con que aquellos soldados del Sur
entran siempre en los combates.
Todas las tropas mexicanas han dado pruebas de mucha serenidad en los
combates y de cierta indiferencia a la presencia de los peligros y de la
muerte. Diez años de una guerra sangrienta de acciones diarias testifican esta
verdad. Pero los habitantes de las costas, especialmente de Acapulco, llevan
consigo una superabundancia de vida en la ferviente sangre que circula en sus
venas, que parece que se complacen en despreciarla. La civilización podía
dirigir su valor y moderar sus pasiones y entonces estos soldados serían
capaces de emprenderlo todo.
Armijo tenía por segundo jefe al coronel don Félix Merino, oficial de
distinción y valor, y otros oficiales que habían dado repetidas ocasiones
iguales pruebas de poseer ambas cualidades. Nada, sin embargo, fue parte para
poder resistir a un enemigo que no se detenía delante de la muerte. La acción
general no se comprometió con furor por ambas partes hasta la noche del 30, en
que Armijo desamparó el campo, fugándose únicamente con cuatro dragones,
mientras Merino continuó defendiéndose. Por último, este oficial tuvo necesidad
de rendirse con doscientos hombres que le quedaban, habiendo obtenido de los
vencedores la facultad de retirarse, dejando las armas para proveer a los
suyos. Don Gabriel Armijo, a quien aborrecían mortalmente los habitantes del
Sur por la guerra de exterminio que les hizo por muchos años, cuando sostenía
al gobierno español, fue perseguido por una partida de los vencedores,
alcanzado a dos milla5 de distancia de Texca y muerto a machetazos en el mismo
sitio. Esta acción fue muy gloriosa para los insurgentes, y las consecuencias
hubieran sido sumamente funestas para el partido de Bustamante si Alvarez,
aprovechándose del entusiasmo que causa en unos la victoria y la consternación
en los vencidos, hubiese continuado su marcha hasta la capital; pero las tropas
del Sur no se resuelven con facilidad a emprender esas marchas largas,
especialmente cuando son para lo que ellos llaman la tierra fría, que comienza
luego que suben el hermoso clima de las cordilleras. Por otra parte, como son
milicias de las costas y no están acostumbradas al continuo ejercicio y
subordinación militar del mismo modo que las tropas mercenarias, vuelven luego
que pueden a sus casas para cuidar de sus cosechas y familias. Los gobiernos de
la República deben de todos modos procurar aumentar entre aquellas gentes los
elementos de riqueza y de civilización, para hacer de ellos ciudadanos útiles,
en vez de que ahora son temibles por las cualidades que les acompañan y su poca
cultura.
Después de esta acción, el coronel Merino se retiró a Chilpancingo,
cerca de cuatro leguas del campo enemigo, en donde se hallaba el general don
Nicolás Bravo; Acapulco volvió a caer en poder de los insurgentes; el coronel
Mauliaa, que se hallaba en este puerto, murió; su regimiento número 1 fue casi
destruído y quedó Alvarez en posesión tranquila de un territorio de más de cien
leguas cuadradas, sin que ninguno se atreviese a molestarlo. Pero sus
milicianos le pidieron permiso para retirarse a sus casas para cuidar de sus
cosechas y ver a sus familias, y Alvarez quedó reducido a la ciudad de
Acapulco, con una pequeña guarnición.
Parece extraño que en una guerra civil que parecía tener por objeto
sostener al general Guerrero no se haga mención de este caudillo, mientras que
sus partidarios se batían desde las orillas del río Santiago hasta las
cercanías de Chiapas y que corrían arroyos de sangre por él.
Guerrero no se hallaba en disposición de hacer marchas rápidas y penosas
como las hacía antes de la terrible herida que le atravesó el pecho en 1822.
Una hemorragia casi continua y esquirlas oseosas que de tiempo en tiempo le
salían por la boca, no le permitían llevar una vida agitada y estar en continuo
movimiento. De consiguiente, era necesario que estuviese colocado en un lugar
de seguridad y reposo para no verse expuesto a los accesos que le atacaban de
inflamaciones peligrosas.
Posteriormente se estableció en el fuerte de Acapulco, donde permaneció
hasta que la más negra traición lo condujo al suplicio. Pero esto pertenece al
año de 1831, y no entra en el plan de mi presente obra hablar de los sucesos
posteriores al de 1830.
El Registro Oficial participó esta derrota recibida por las armas del
gobierno, diciendo:
La sección del mando del señor Armijo ha tenido un revés en Texca.
Habiéndose batido constantemente desde el 26 del pasado con los facciosos
capitaneados por Alvarez hasta el día 30 del mismo mes, exhaustos sus recursos
de todas clases a consecuencia de un ataque tan prolongado y sin que hubiesen
podido llegarle los que había pedido a diversos puntos ni el convoy que de esta
capital se le dirigía y que se demoró en su marcha por el paso de los ríos, la
sección fue batida; y el señor Armijo, no pudiendo sobrevivir a este pesar, se
precipitó a la muerte con el valor que honra tanto a los jefes del ejército
mexicano. El resto de la sección, al mando del señor Merino, estaba en marcha
para Chilpancingo. Debe ser ciertamente muy sensible, continúa El Registro, a
todos los amantes del orden la pérdida de tan distinguido jefe, que fue en toda
su vida un modelo que seguirán todos los que quieran distinguirse en esta
carrera. Este revés parcial, después de tantas y tan repetidas ventajas
obtenidas en diversas partes sobre los facciosos, no debe desalentar a los
amigos del orden pues el supremo gobierno ha tomado inmediatamente las medidas
necesarias para evitar los males que podrían ser una consecuencia de esta
desgracia, en virtud de las cuales está ya reuniéndose una fuerte división,
habiendo llegado también a aquella ciudad (Chilpancingo) el coronel Castro con
las tropas, municiones y auxilios necesarios.
Mientras esto pasaba por el Sur, en la parte del Oeste se repetían
escenas de sangre y de dolor. Además de los ataques entre Codallos y otros
jefes de que he hablado rápidamente, varias partidas recorrían parte de los
Estados de Michoacán y Jalisco. En el de San Luis Potosí se preparaba un
movimiento más general y simultáneo, dirigido por el inspector que fue de la
milicia cívica don José Márquez. Este suceso se refirió de diversos modos,
según los intereses diferentes de los que hablaban; yo diré lo que he podido
averiguar.
A principios de noviembre el coronel Márquez, que nunca había podido
soportar la usurpación de Bustamante, y que creía firmemente que su
administración conduciría la República al despotismo militar si no se ponía un
remedio eficaz, aunque separado de la inspección de la milicia cívica por
haberle aplicado sus contrarios el artículo 4° del plan de Jalapa, no desistía
del propósito que se formó desde los principios de este año, que entonces se
vió obligado a renunciar por la defección del gobernador, que era don Vicente
Romero. Márquez era un hombre de corto talento, pero tenía mucha honradez y un
valor que lo hacía respetable en todos tiempos a sus enemigos, y era estimado
por sus jefes. Su adhesión a Iturbide y conformidad de ideas le hicieron amigo
de don Anastasio Bustamante, quien siempre hizo de él mucha cuenta. En esta vez
Márquez reprobaba en su amigo el modo con que se había apoderado del mando, y
todavía más el haberse asociado con gentes que no habían dado a la patria
ninguna garantía de su amor a la independencia ni a la libertad, convirtiéndose
en instrumento de una tiranía nunca vista en el país bajo el gobierno nacional.
Márquez ocultaba todos sus pasos al comandante militar don Zenón Fernández,
aunque amigo suyo íntimo, porque éste se había declarado decididamente por la
revolución de Jalapa luego que ésta fue sancionada por el decreto del Congreso
general, consecuente en esto a la conducta que siguió constantemente, como
hemos observado en otra parte. Fernández sospechaba que Márquez tenía juntas
secretas para preparar la reacción contra el gobierno existente, pero no podía
asegurarse de una manera positiva de algún hecho que fuese suficiente para
probar la existencia del proyecto y poder sacrificar la víctima sin
responsabilidad. Algunos refieren que hizo varias tentativas provocando a
Márquez para que le descubriese sus planes, asegurándole al mismo tiempo que
podía contar con su cooperación, no debiendo dudar de esto al recordar la
amistad sincera que había tenido con Guerrero y que conservaba siempre, y
además, que habiendo pertenecido al partido yorkino, en cuyas logias fue
recibido, no podía olvidar sus como promisos; pero que Márquez se negó
obstinadamente a descubrirle sus proyectos, hasta que por último, seis días
antes de la catástrofe en que Márquez perdió la vida, habiéndole Fernández
prometido con juramento salir a unírsele en el momento en que se pronunciase
por Guerrero, Márquez le manifestó el plan, aunque le ocultó los cómplices. Que
en consecuencia, convenidos en que el día 17 de noviembre Márquez se
pronunciaría a la cabeza de los conjurados y que Fernández, haciendo el aparato
de reunir la tropa para atacarlo, se declararía por él y proclamarían ambos el
mismo plan del coronel Codallos de que se ha hablado, se retiraron tranquilamente.
Que Márquez hizo en virtud del convenio el pronunciamiento y que Fernández,
preparado de antemano, y con órdenes de México para acabar de todos modos con
los conspiradores, en consecuencia de haberlo comunicado todo al ministerio, se
echó sobre Márquez, lo hizo prisionero y mandó pasar por las armas a éste y a
don Joaquin Gárate dentro de tres horas.
Si hubiese de formar juicio acerca de este hecho por la moralidad del
gabinete de Bustamante, yo no vacilaría en dar crédito al suceso de la manera
que se ha referido, después de tantos testimonios de perfidia y mala fe como se
han repetido desde su ingreso en la administración. Pero como para cometer
estos atentados se necesita contar también con la depravación del instrumento,
no puedo aventurar mi juicio acerca de si don Zenón Fernández es capaz de
prestarse a tales actos de perversidad como los que han visto los lectores
repetirse por desgracia en este período de astucias, intrigas y felonías. Don
Zenón Fernández refiere el hecho en el parte oficial que dió al gobierno, como
un suceso inesperado, y
que hallándose en su huerta a las cinco de la mañana llegó un criado a
avisarle que el coronel retirado don José Márquez se había apoderado del
cuartel de la plaza; que montó luego a caballo, y dirigiéndose luego al rumbo
de San Miguelito, se apoderó del cuartel de artillería, situado en el pueblo de
San Sebastián, en donde encontró al comandante del regimiento número 9 con
todos sus oficiales, que lo buscaban con ansia, habiéndose puesto a la cabeza
de ellos, etc.
Continúa refiriendo algunos pormenores, y concluye diciendo que después
de rendidos sin ninguna resistencia, fueron pasados por las armas los dos
cabecillas Márquez y Gárate a las tres horas. El parte que el gobernador de San
Luis dió de este acontecimiento anunciaba que ya sabían las autoridades algo de
lo que iba a suceder.
En 4 de octubre el consejo de guerra ordinario condenó a la pena capital
a don Loreto Cataño y a don Manuel Reyes Veramendi en la ciudad de México.
Cataño era uno de los antiguos insurgentes, que se había declarado en esta vez,
como siempre lo hizo, por el partido popular, y recorriendo los pueblos con
partidas de gente armada causaba perjuicios a unos y a otros. Pero se había
entregado voluntariamente con la condición de que no se le mortificase. Reyes
Veramendi es un hombre que se ha metido varias veces en revoluciones, y siempre
con torpeza y cobardía. El gabinete de Bustamante no creyó necesario derramar
la sangre de éstos, aunque se libertó de Loreto Cataño de una manera diferente;
Cataño murió repentinamente en la cárcel. Don Antonio Colín, primo de Cataño,
fue pasado por las armas a pretexto de que intentaba la fuga, así como se había
hecho con el capitán Larios.
El lector ha visto cómo el gobierno de Bustamante se negó a dar entrada
en su patria al general don Manuel G. Pedraza. Este hecho fue recibido en la
República como un nuevo atentado cometido contra la libertad.
A la vista de las muertes, de los destierros, de tantas medidas de
terror, ya no veían los mexicanos en aquel gobierno una garantía para la
ejecución de las leyes, sino seguir como máxima fundamental que la seguridad de
los gobernantes fuese considerada como el único objeto del orden social, y a la
que se sacrificaba la libertad y la tranquilidad de los ciudadanos. No
faltaban, sin embargo, hombres ilustres que levantaban su voz contra estos
excesos y aquel despotismo, a riesgo de correr una suerte desgraciada. Entre
estos deben numerarse don Vicente Rocafuerte, ministro que fue de la República
cerca de S. M. B., hombre de mucha instrucción y siempre patrono de la
libertad; don Manuel Crescencio Rejón, senador de quien he hecho especial
mención anteriormente; don José María Heredia, joven habanero, cuyos talentos
poéticos han merecido elogios de los maestros del arte en el mundo civilizado,
cuya musa no se ha prosternado delante de la tiranía, ni manchádose con la
lisonja. Heredia, que ha cultivado sus talentos con el estudio de la historia,
de la jurisprudencia y de la filosofía, se ha alistado también entre los
defensores de la libertad en México. Por último, don Andrés Quintana Roo, de
cuya acusación contra el ministro de la Guerra Facio va a ocuparse ahora el
lector.
Advertirá las intrigas preparadas para hacer transcurrir el tiempo en
que la legislatura de 1830 concluyese sus sesiones, para poder obtener la
absolución del ministro Facio en la siguiente, en la que contaba el gabinete
tener mucho mayor número de partidarios. Las elecciones se habían hecho en la
República bajo la influencia de las tropas que dominaban por todas partes, y
hasta fines de este año continuaba aumentándose la autoridad militar, sin que
se opusiese ningún obstáculo a las empresas de los ministros. La acusación de
Quintana estaba concebida en los términos siguientes:
Por el ministerio de la Guerra se expidió una orden, cuya copia es
adjunta, para que el general don Manuel Gómez Pedraza, en caso de presentarse
en algún puerto de la República, fuese obligado a reembarcarse por no convenir
a la tranquilidad de ella el regreso de dicho general en las circunstancias
actuales. Esta orden ha surtido ya todo su efecto, pues en virtud de ella,
habiendo arribado a Veracruz el señor Pedraza en el paquete francés número 5,
procedente de Burdeos, ha sido forzado a salir inmediatamente para Nueva
Orleáns en la goleta Osear, que dió la vela de aquel puerto el día 13 del
corriente.
Si alguna infracción de nuestra ley fundamental puede cometerse sin el
más leve pretexto de razón que pueda hacerla disimulable, es ciertamente la que
ha expelido del territorio de la República a un ciudadano mexicano, en el pleno
uso y ejercicio de sus derechos políticos y civiles, de los cuales no debe ser
despojado sino por sentencia judicial pronunciada con arreglo a las leyes por
tribunal competente. El artículo 112 de la Constitución, restricción 2a,
establece terminantemente: No podrá el presidente privar a ninguno de su
libertad, ni imponerle pena alguna. Lo es, y de las más graves y acerbas, la de
expatriación dada contra el general Pedraza; la autoridad de que ha dimanado es
notoriamente y a todas luces incompetente; el modo con que se ha pronunciado no
puede ser más despótico y arbitrario. Sin juicio, sin previa justificación de
los motivos que haya podido dar el general Pedraza para tan dura providencia,
el ministro de la Guerra, en un tono sultánico capaz de excitar una sublevación
en la misma Constantinopla, se contenta con decir: Se le prevendrá (al general
Pedraza) que se retire a donde más le convenga.
Si para legalizar tan escandalosos atentados bastara alegar el
subterfugio de la tranquilidad pública, puede muy bien asegurarse, sin temor de
ser desmentidos por los hechos, que no habría un solo ciudadano que debiese
contar con un instante de tranquilidad en su casa. En el momento que al
gobierno se le ocurriese calificar que uno o mil comprometían la tranquilidad
pública, ya habría derecho para expelerlos, y entonces ¿ a qué vendrían a
reducirse las garantías constitucionales, que no pueden subsistir sin las
saludables restricciones impuestas al Poder ejecutivo? Se dirá tal vez que el
ejemplo del general Pedraza sólo debe alarmar a los que obtengan mayoría de
sufragios para la presidencia de la República, pero esto en vez de disminuir
agrava la infracción, como que se comete contra un ciudadano a quien las leyes
dan más medios de defensa, por lo mismo que está más expuesto a los ataques de
la arbitrariedad. Además, el artículo citado de la Constitución no pone ninguna
excepción para el caso de que se trata. Dice absolutamente: No podrá el
presidente privar a ninguno de su libertad, ni imponerle pena alguna. No
modifica esta disposición general, añadiendo, como era preciso: Pero si el tal
presidente llegase a serlo por medios desconocidos en la Constitución, entonces
podrá echar al que pueda perturbarle en la posesión del mando. No conteniendo
ni pudiendo 'contener el artículo semejante modificación, es preciso estar a la
letra de su disposición general y convenir en que la negativa absoluta ninguno,
comprende al general Pedraza.
Pero hay todavía que reflexionar que el pretexto de tranquilidad
pública, en que quiere motivarse la orden, es extensivo a innumerables casos
que puede inventar la arbitrariedad del gobierno, pues no sólo puede perturbar
la tranquilidad pública el que ha obtenido mayoría de sufragios para la
presidencia, sino otros muchos a quienes el gobierno no puede por esto
desterrar, sino los tribunales que los juzguen. Y si no, ¿quién contestaría a
este argumento del Poder ejecutivo, cuando se le reconviniese de haber
procedido del mismo modo con otro ciudadano? Yo desterré a Gómez Pedraza,
porque creí que su presencia comprometía la tranquilidad pública: nadie se
metió a preguntarme los motivos de mi creencia; las cámaras aprobaron
tácitamente mi conducta en el hecho de no exigirme la responsabilidad. Conque
estoy autorizado para valerme de los mismos medios siempre que a mi juicio lo
pida así la tranquilidad pública. Pues la conservación de esta tranquilidad es
incompatible con la presencia del ciudadano Fulano, afuera el ciudadano Fulano.
y tras él, cuantos según mi leal saber y entender puedan buscarnos una
pelotera.
Tales serían las indefectibles consecuencias de la impunidad del
ministro que firmó la escandalosa orden de proscripción contra el general
Pedraza. A todos nos amenaza tan pernicioso ejemplo. Si antes de alarmar con él
a toda la nación se hubiese dignado el gobierno consultar al cuerpo legislativo
para saber lo que debía hacer en tan crítica coyuntura, pudiéramos
tranquilizarnos, porque a lo menos tendríamos una prueba de que deseaba acertar
y se iba con tiento en materias tan delicadas como lo son todas las que tienden
a infringir la Constitución. Pero cuando estamos palpando que sin ningún
miramiento a la dignidad y súpremacía del Congreso, a quien únicamente tocaba
acordar en el caso una medida conveniente, se arroja el góbierno a echarse
sobre sí la responsabilidad de actos de tanta trascendencia, es preciso que,
usando de las atribuciones que nos ha confiado la nación para que velemos sobre
la conservación de sus libertades, opongamos un dique al torrente de
arbitrariedades que amaga sumergir a la República en un piélago insondable de
calamidades y desgracias.
La materia de proscripciones es ya la más esclarecida en el día. Nadie
duda que las constituciones no tienen otro objeto que poner freno a los ataques
del poder, que hacen precaria la suerte de los pueblos bajo los gobiernos
absolutos. Entre nosotros se ha visto con tal escrupulosidad este punto, que a
pesar de las poderosas razones que hay para considerar autorizado al gobierno a
fin de expeler a un extranjero no naturalizado, aun no ha recaído resolución
sobre esta materia. ¿Quién dudará, pues, que no reside en el Poder ejecutivo la
facultad de desterrar a un ciudadano, como lo es el general Pedraza?
Cuando se concedieron facultades extraordinarias a la administración
anterior, se tuvo buen cuidado de expresar que no se le autorizaba para expeler
a un ciudadano del territorio de la República. Este decreto, que ha servido de
texto a declamaciones y censuras interminables, respetó más las garantías
sociales que el actual gobierno, tan inclinado a atropellarlas sin estar
investido de tales facultades, que nunca se otorgaron tan amplias como las que
está ejerciendo, al mismo tiempo que presenta como el más grave capítulo de
acusación contra sus antecesores el abuso de dichas facultades. Esto parece un
enigma, pero ya Tácito lo descifró con su acostumbrada maestría: Ut imperium
evertant libertatem prore lerunt; si imperaverunt libertatem ipsam
aggrediuntur.
Acuso por tanto en debida forma al señor ministro de la Guerra, de quien
aparece suscrita la orden mencionada, y pido se pase esta exposición a la
sección del jurado para la instrucción del expediente.
México octubre 20 de 1830.
Andrés Quintana Roo.
Adición a la parte expositiva.
No habiendo podido presentarse el día de su fecha la antecedente
acusación, por haberse destinado la sesión secreta a un asunto particular,
promovido por un señor diputado, fue fácil que se trascendiese la noticia de
que estaba preparado este paso para el siguiente día. El gobierno, ansioso de
evitar sus resultas, tomó el mayor empeño en frustrarlas, y con este objeto se
dirigió en persona el Exmo. Sr. Vicepresidente al convento de San Fernando,
donde está alojado el señor diputado don Juan Cayetano Portugal, para
suplicarle que inmediatamente pasase a mi casa con el fin de hacerme desistir
del intento, asegurando que dentro de breves días sería removido del ministerio
de la Guerra el coronel don José Antonio Facio. El señor Portugal, cuya
sensatez y prudencia me son tan conocidas como su ardiente amor a la patria y
deseos de ver terminadas las desgracias que nos aquejan, en las cuales ha
tenido tanta parte la intervención que se ha querido dar en nuestros negocios
al hombre menos apto para dirigirlos, me hizo presente que, consiguiéndose sin
estrépito el fin de la acusación, sería conveniente omitirla para no dar
pretexto a nuevas alteraciones, que podrían ser trascendentales, a la Cámara de
diputados, contra la cual se había trabajado en excitar la animosidad de una
parte de la guarnición. Cedí sin la menor repugnancia a las juiciosas
reflexiones del señor Portugal y contento con obtener por vías pacíficas y
conciliatorias el objeto de la acusación no me consideré obligado a
formalizarla, pues si como hombre, como ciudadano, como representante del
pueblo, debía contribuir con todos mis esfuerzos a impedir la efusión de sangre
causada en gran parte por las atroces medidas del señor Facio, no me creí en la
obligación de aspirar a este bien precisamente por medios ruidosos y
compulsivos si las circunstancias me los ofrecían suaves, benignos y decorosos
al gobierno, y tal vez de un efecto más pronto y seguro que los primeros.
Tranquilo con esta persuasión, aguardaba en silencio el cumplimiento de
la promesa del Exmo. Sr. Vicepresidente, cuando un artículo publicado en El Sol
de 3 del pasado vino a inquietar la confianza que hasta entonces había tenido
en la buena fe del gobierno. Viendo pagada mi deferencia con provocaciones
irritantes hechas en un periódico notoriamente ministerial, cuyos autores, en
contacto inmediato y continuo con los agentes del poder, no podían ignorar lo
que a éstos importaba callar en el caso, traté de vindicarme, no por medio de
la prensa, pues este conducto me estaba enteramente cerrado, sino refiriendo la
ocurrencia en papeles manuscritos que pensaba fijar en las esquinas y parajes
más concurridos para instrucción y desengaño del público. Llegó inmediatamente
esta noticia a oídos del gobierno, y por segunda vez el Exmo. Sr.
Vicepresidente, valiéndose de la interposición del presbíterio don Pedro
Fernández, me hizo desistir del intento, añadiendo a la promesa de la remoción
del señor Facio las seguridades más positivas de la disposición en que se
hallaba el gobierno de iniciar dentro de poco tiempo una ley de amnistía, en
cuyo favor se pidió mi voto, que ofrecí con la mayor complacencia siempre que
aquella medida fuese propuesta a las cámaras con intenciones francas y sinceras
de conciliar los ánimos desavenidos y no ocultase miras siniestras y hostiles,
como la que anteriormente se había dirigido por el ministerio de Justicia, tan
dañada en su espíritu y sentido como absurda y desatinada en su letra, lenguaje
y estilo.
Debió el Exmo. Sr. Vicepresidente ricibir esta contestación por el mismo
conducto que me había trasmitido su recado: todos los medios que puede exigir
la más cauta prudencia para no ser sorprendido con vanas y falaces promesas, me
parecieron asegurar el cumplimiento de la palabra del señor Vicepresidente. El
primer magistrado de la República, que por dos veces y por la mediación de dos
distintos sujetos se compromete espontáneamente a un hecho reclamado por la
justicia y el clamor público, ofrece cuanta garantía puede apetecer el ánimo
más receloso para descansar en aquella buena fe, de cuya seguridad no cabe en
la suspicacia humana desconfiar. ¿Qué motivos podrían inducir el señor
Vicepresidente a retroceder del paso que había dado? ¿La dignidad de su empleo?
Ya ésta se había comprometido en la indecorosa negociación a que se había
humillado, y el mejor medio de salvar siquiera las exterioridades era cumplir
lo ofrecido y no hablar más del asunto. ¿Debería yo temer que le retrajese el
temor de cometer una injusticia separando del ministerio al señor Facio?
Ninguna ley le obligaba a sostenerle en él, y el interés de la nación, la
primera ley impuesta a todo gobernante, exigía alejar cuanto antes de todo
influjo en los negocios al funcionario más incapaz de dirigirlos con acierto.
Por otra parte consideraba yo, que persistiendo el gobierno en la obstinación
de mantener en el puesto al señor Facio, se exponía a que la actual o la
siguiente legislatura le lanzase vergonzosamente de la silla, exigiéndole la
responsabilidad de sus escandalosos procedimientos. De todo concluía que el
interés, la dignidad, el honor del señor Vicepresidente debían asegurarme de la
realidad de sus promesas. Fiado en estas reflexiones esperaba con impaciencia
el deseado momento de ver libre a la República de la mayor de sus calamidades,
cuando últimamente he recibido el más triste desengaño sobre las disposiciones
de que creía animado al gobierno, pues sin consideración a sus reiterados
comprometimientos, y añadiendo el escarnio a la violación de su palabra, me ha
hecho saber por el mismo señor Portugal que podía yo proceder a la acusación,
de la cual nada teme el señor Facio, a quien el señor Vicepresidente estaba
resuelto a conservar en el ministerio.
Otro más tímido o menos penetrado de la gravedad de sus obligaciones, se
habría llenado de espanto con este nuevo recado, y acobardado con los
innumerables ejemplares de procesos seguidos por denuncias calumniosas
preparadas en los conciliábulos del ministerio, se retraería de los peligros de
atraerse sus venganzas, atacando la persona del primer instrumento del
despotismo, del más duro e ignominioso despotismo que oprime y afrenta a la
nación. Pero yo, que nada temo cuando defiendo la justicia; yo que por diez
años empleé los débiles recursos de mi voz en combatir la tiranía española,
afianzada en cimientos al parecer indestructibles; yo que reducido a la clase
de último ciudadano vi cara a cara al gigante ¿huiré despavorido al aspecto de
un fantasma que ya no espanta ni a los niños? No lo espere el ministerio; mi
resolución está ya tomada: morir, si fuere necesario, en defensa de la libertad
y del honor de la patria.
Jamás ha sido más necesaria que en el día esta consagración de los
buenos mexicanos en obsequio de la República. La más descarada tiranía,
usurpando el sacrosanto nombre de las leyes, ensangrienta diariamente los
patíbulos; el espionaje acecha hasta nuestros suspiros. En San Luis, después de
los horrorosos asesinatos en las personas de los virtuosos Márquez y Gárate,
depués de la prisión de más de cien ciudadanos distinguidos y beneméritos, se
ha prohibido bajo pena de la vida hablar a favor de ellos. En Puebla se dió
orden para que no se consultase con letrados en las causas del Lic. Rosains y
otros. Antonio Colín, siendo conducido de Chalco para cumplir su condena de
seis años de presidio, fue fusilado en el llano de San Martinito. Escoltado por
veinte dragones y atado de pies y manos en una mula, es imposible que hubiese
intentado fuga en un llano, como ha querido persuadir el gobierno, y, sobre
todo, hay testigos oculares que deponen de la falsedad de tales conatos de
fuga. La imprenta, callada en medio de tales horrores, grita con su mismo
silencio que se ha empleado la fuerza física para comprimir y sofocar su voz.
Pero ¿a qué alegar argumentQs negativos? Yo mismo he recorrido las imprentas y,
dando mi firma y mayores seguridades que las exigidas por la ley, no he podido
encontrar dónde publicar mis escritos. ¿Y qué es de la libertad cuando se ha
echado por tierra su más firme y sagrado antemural? Así es que el gobierno
camina sin contradicción por la senda de la tiranía; el cuadro de su conducta
no puede ahora desenvolverse por entero; sólo he bosquejado los rasgos que
conducen a mi propósito; reducido a manifestar la necesidad en que nos hallamos
de salvar a la nación, oponiendo el dique de las leyes al torrente de las
arbitrariedades que nos inundan.
Con este objeto presento la acusación que me habían hecho suspender las
intrigas del gobierno; y refiriendo los motivos que nuevamente han ocurrido
para llevar adelante este paso, añado esta razón más a las que por sí mismo
ofrece el asunto, para que la Cámara se digne mirarle con la consideración e
interés que merece su importancia.
Diciembre, 2 de 1830.
Andrés Quintana Roo.
El resultado de esta acusación fue funesto al diputado que la intentó,
por las persecuciones que le suscitó el ministerio en 1831.
Había sido nombrado comandante militar del Estado de Jalisco el general
don Miguel Barragán, que se negó constantemente a ser empleado en comisiones
que tuviesen por objeto hostilizar directamente al general Guerrero. Aquel
jefe, quizás el único entre los que recibieron de este caudillo el beneficio de
la amnistía y el derecho de regresar a su patria, aunque no era del partido de
Guerrero, no creyó deber emplear su espada contra él, dando con esto un
testimonio laudable de sus nobles sentimientos. Aceptó pues, la comisión de
mandar las tropas en Guadalajara y contribuyó mucho a tranquilizar aquel Estado
más con medidas de suavidad y conciliatorias que por la fuerza de las armas. En
estas circunstancias creyó conveniente interponer su mediación entre los dos
partidos que despedazaban la República, provocando a un convenio amistoso entre
los jefes beligerantes. La exposición que con este motivo dirigió al Congreso
general, si bien manifestaba que Barragán desconoce el imperio de las pasiones
desencadenadas en tiempo de facciones, aun cuando él mismo había sido
arrastrado alguna vez por ellas, descubre nn alma sensible a la vista de las
desgracias que afligen a su patria y un deseo sincero del bien.
Este documento pinta el estado de la República en aquellas
circunstancias y merece ocupar un lugar en este Ensayo. Por supuesto que el
gobierno de Bustamante la consideró como un delirio, y manifestó altamente su
desaprobación, tanto por notas oficiales pasadas a las cámaras como por
circular a los jefes del ejército, y últimamente relevando al señor Barragán de
su destino y haciéndole pedir permiso para salir de la República por algunos
años. El gabinete ya se ocupaba de los detestables medios para hacer caer al
general don Vicente Guerrero en un lazo que lo pusiese entre sus manos, y tenía
las más grandes probabilidades de que esto sucedería, como aconteció. Pero no
pertenece al año que comprende este volumen. El documento de que hablo es el
siguiente.
Señor: Sin otro móvil que el amor de la patria ni más apoyo que el
ascendiente de la razón, un simple ciudadano eleva su voz al seno de la
representación nacional, con la confianza de ser oído en la crisis amenazante
que se prepara a la República. Cuando los males públicos han llegado al
incremento que presentan en la actualidad, formando en el seno de la nación dos
partidos beligerantes que se disputan el vencimiento a fuerza de sangre y
devastación, todos los ciudadanos que desean la libertad nacional, el imperio
exclusivo de las leyes y la prosperidad del común, se hallan en el deber de
inmolar su tranquilidad para conseguir por los medios pacíficos que señala el
derecho público aquellos bienes sociales que el progreso de la guerra civil y
de la anarquía alejan de la sociedad, substituyendo en su defecto todos los
horrores del resentimiento encarnizado de los partidos.
México parecía caminar a su natural engrandecimiento, no obstante los
tropiezos inseparables de un pueblo recién emancipado, que se afana en
consolidar y dar organización a sus nuevas instituciones, y todos mirábamos
como un favor especial de la naturaleza la conservación de nuestra paz interna,
entre tanto que las demás repúblicas nuestras hermanas consumían su sangre y
sus recursos nacionales en el fuego de la guerra intestina; mas esta plaga
funesta del cuerpo social ya gangrena las entrañas de nuestra República, pone
los símbolos de su mutua destrucción en manos de los conciudadanos y hace que
la vida del mexicano se familiarice con la muerte de su patria. Tal es el
carácter de ferocidad a que vemos precipitarse el pueblo más humano y
envidiable de la tierra.
Los genios avezados al negro resentimiento de partido y predispuestos a
indiscretas recriminaciones, graduarán la conducta mía como depresora de la
autoridad del gobierno y ofensiva a la fuerza pública; mas los que miran las
cosas con los ojos de una razón luminosa y en el punto exacto de vista que
sugiere el interés nacional, deducirán por consecuencia necesaria, que mis
intenciones tienden directamente a consolidar el gobierno y a los mexicanos en
general, considerados en todas las clases del orden público.
Cuando la guerra civil va progresando de momento en momento en la misma
razón de los esfuerzos que se hacen para reprimirla, sin que hayan bastado los
terribles ejemplares de muchos ciudadanos que por espacio de diez meses han
perecido en virtud de la fuerza empleada en su exterminio, debemos concluir
racionalmente que los medios comunes para contener el mal sólo conspiran a
ponerle de condición más alarmante, porque es incuestionable que todo el
aumento que reciben los descontentos resulta en perjuicio de la pública
autoridad.
Es consiguiente, además, que el gobierno, en el estado de irritación a
que han llegado las cosas, y siguiendo el sistema que hasta aquí, se halla en
la dura necesidad de redoblar su energía, a fin de amedrentar a los muchos
descontentos que puede producir la lucha en que nos hallamos. Se deduce de esta
conducta que el gobierno, mal de su grado y contra la inclinación natural de
los que le forman, va a adquirir el carácter de opresor, los perseguidos por su
inobediencia se reputarán como oprimidos, y, lo que es más alarmante, como
mártires de la libertad. En esta emergencia de las cosas públicas, se formará
una opinión contra el gobierno, atribuyéndole transgresiones de los límites
señalados al poder, y los del partido contrario, apareciendo como defensores de
una causa popular, se hallarán en estado de proseguir una guerra, cuyo
desenlace llena de asombro a todo el que desee de buena fe el restablecimiento
del orden y el dominio estable de las leyes.
Iguales juicios a los ya indicados, pero afectando tomar los intereses
de la revolución, formarán los espíritus exaltados, que buscan su provecho en
la demolición de la sociedad: mirarán con desdén esta apertura conciliatoria,
la calificarán de extemporánea; no dirán que pretendo hacer la iniciativa a una
restauración social que debe sancionarse por la razón de todos los mexicanos,
sino que trato de paralizar los efectos de una revolución ya generalizada, cuyo
triunfo creen ellos indudable. Pero se engañan en sus juicios, y ofenden
gratuitamente la sinceridad de mis intenciones. El gobierno, contra quien
pugnan los del partido opuesto, cuenta con todos los recursos del poder
público, se halla apoyado por los gobiernos particulares de la federación y en
la capacidad de llevar adelante una guerra tenaz, imponente e indefinida. La
revolución, aunque triunfase, dejaría subsistentes todos los elementos de una
reacción progresiva, que renovaría la efusión de sangre mexicana y la
continuación del desorden. Esto es precisamente lo que aspiro a evitar,
oponiendo la saludable resistencia de todos los amigos de la paz, que es la
masa inmensa de toda la República.
Por otro lado ¿qué más gloria para los mexicanos que la de haber
sacrificado sus resentimientos particulares a una concordia nacional en que se
identifiquen cuanto sea posible todas las pretensiones discordantes?
En medio de esta litis armada que ensangrienta la nación e implica la
inseguridad de todas las cosas públicas y privadas, el libertinaje se propaga y
se desmoralizan las costumbres a pretexto de hostilizarse los partidos
contendientes. De aquí es que la profanación, el pillaje, la violación se
llegan a mirar como una represalia justa: el ciudadano pacífico prorrumpe en
acentos de indignación contra sus agresores y, lleno de amargura y de despecho
por las injurias que experimenta, no sabe a quién atribuir la causa de su
desgracia y sólo suspira en su tribulación por el renacimiento de la concordia.
La agricultura padece y la educación de las familias, porque los
labradores y los ganaderos, que debieran dedicarse al fomento de las labores
campestres, son distraídos de sus objetos, causando perjuicios trascendentales
a todas las poblaciones.
El comercio se arruina, porque con el temor de nuevos saqueos a que da
lugar la relajación del orden judicial y el desarrollo de la licencia, los
comerciantes se circunscriben a los giros más necesarios y la riqueza pública
padece.
La autoridad se envilece y pierde aquel prestigio que le es tan esencial
y necesario, sea porque las pasiones prevalecen en los juicios de los
magistrados o sea porque las mismas pasiones caracterizan de tiránicos los
procedimientos que en circunstancias pacíficas se graduarían en el orden de la
justicia. Y esto sucede porque la persecución política llevada al extremo
produce el efecto de fortificar aquello mismo que pretende destruir, aunque no
traspase los límites que prescribe el terror saludable de la ley.
La Hacienda Pública pierde su equilibrio con los gastos extraordinarios
de Guerra y Comunicaciones interiores, y se hace sumamente dificultosa su
administración en un pueblo en que, como el nuestro, es insuficiente aun en
tiempo de paz, y en donde su organización es tan viciosa y embarazosa, que
parece calculada para proteger las dilapidaciones.
El ejército se desorganiza con la deserción e indisciplina, a influjo de
una especie de guerra en que el soldado llega a vacilar entre el contraste
inevitable del temor, la obediencia y sus afecciones personales.
La libertad de imprenta se convierte en licencia con que se calumnian
las mejores intenciones, se apura la razón para desfigurar la verdad, se sacan
a la asta pública todas las debilidades humanas, se ofende el pudor de la
sociedad y termina en provocar la persecución de la autoridad, con detrimento
del baluarte más seguro de las libertades públicas.
Consideraciones tan aflictivas son las que me dirigen a buscar el
remedio en el seno de la única autoridad facultada para contener nuestros males
en su origen y progresos, sin verse en la desesperante necesidad de
comprimirlos en sus efectos.
El augusto Congreso nacional, el supremo gobierno, las honorables
legislaturas de los Estados, los respetables magistrados encargados de la
administración de justicia, el venerable clero, los generales del ejército, el
hacendado, el comerciante, el simple ciudadano, todos verán iniciados en este
paso sus intereses recíprocos e individuales, como que a la estabilidad de
todos es radicalmente indispensable la paz de la sociedad y la concordia de
todos sus individuos, a fin de concurrir unísonos a hacer respetable la gran
México y a burlar las miras insidiosas de los que se complacen en nuestra
ruina.
Pero para la consecución de un objeto de tan alto interés, séame
permitido someter mis débiles ideas a la sabiduría del Congreso mexicano,
suplicándole las acoja como dimanadas de una recta intención y las fortifique
con aquella abundancia de luces y de patriotismo que notoriamente distingue a
tan augusta asamblea.
Como este negocio en sus principios está muy distante de tener un
carácter legislativo, sino solamente un deseo de conseguir la paz por aquellos
medios que son dables al ciudadano, he concebido que nada será más conducente
para discutir estos mismos medios que una junta compuesta de dieciocho
ciudadanos generalmente conocidos por su ilustración, servicios a la patria y
confianza a que se han hecho acreedores, los que se nombrarán de entre los
gobernadores de los Estados, de entre los gobernadores de las mitras y de entre
los generales del ejército, y además tres suplentes; a saber: Los gobernadores
de Jalisco, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Veracruz y San Luis Potosí, y por
suplentes los de Querétaro, Tabasco y Sonora.
Los gobernadores mitrados de México, Jalisco, Michoacán, Puebla, Oaxaca
y Yucatán y por suplentes los señores doctores don Juan Cayetano Portugal, don
Luis Mendizábal y don José María Santiago.
Los generales del ejército don Anastasio Bustamante, don Vicente
Guerrero, don Nicolás Bravo, don Ignacio Rayón, don Antonio López de Santa Anna
y don José Segundo Carvajal, y por suplentes don Manuel de Mier y Terán, don
Luis Cortázar y don José Figueroa.
Esta junta conciliatoria deberá ser convocada por el soberano Congreso y
su reunión se podrá verificar cómodamente y bajo las garantías más terminantes
en las ciudades de Aguascalientes, Lagos o León, sin que haya asomo de sombra
que inspire el menor temor a la libertad de sus discusiones y de sus acuerdos.
Y desde luego que estos trabajos hayan sido terminados, la junta quedará
disuelta y aquéllos se someterán a la deliberación del Congreso nacional.
Y para inspirar mayor confianza en este acto de tanta solemnidad, y
allanar en cuanto se pueda sus felices resultados, sería de incalculable
conveniencia que el soberano Congreso arbitrase los medios más asequibles para
conseguir una suspensión de armas, entre tanto el mismo augusto Congreso
deliberase definitivamente. Una medida de esta naturaleza, que se puede mirar
como eminentemente benéfica, inclinará los ánimos al mayor deseo de la unión.
Esta augusta asamblea habrá concluído por mi exposición, que estoy
distante de incidir en el sistema de pronunciamientos; que esta respetuosa
petición sólo tiene por principio y por objeto la paz de la República y la
fusión de todos los intereses nacionales y de partido; que está muy lejos de
tener por apoyo la fuerza armada; que sólo habla al convencimiento público; que
no tiene más carácter legislativo ni ejecutivo que el que se dignen darle el
Congreso y el gobierno supremo; y últimamente, que este bosquejo de la cosa
pública, trazado rápidamente, indica la grandeza del mal, el exceso del
desorden y la subversión que amenaza de todos los principios, si el Congreso
nacional no aplica oportunamente su poderoso influjo en bien de los pueblos que
representa. Yo sé bien y me es muy constante, que si cada uno de los mexicanos
mete la mano en su pecho, sentirá como yo que los latidos de su corazón le
anuncian la amargura que inspira la guerra entre hermanos y la necesidad
imperiosa de sofocarla.
San Pedro, noviembre 17 de 1830.
Miguel Barragán.
No se contentó el general Barragán con remitir esta exposición al
Congreso general, sino que al mismo tiempo envió un comisionado al general don
Vicente Guerrero para que por su parte se allanasen las dificultades y se
abriese un camino a la conciliación. Esta medida no tuvo ningún resultado.
Para que el lector pueda formar juicio acerca de las personas que
componían el gabinete del vicepresidente don Anastasio Bustamante, voy a
presentar los caracteres de los cuatro ministros sobre quienes he hablado
rápidamente en uno de los anteriores capítulos. Muy difícil es acertar a
percibir los rasgos característicos de la fisonomía moral de un individuo,
especialmente cuando su principal estudio es el de disfrazarse y nunca aparecer
a la vista de los otros tal como es en realidad. Esta es la empresa de que me
voy a ocupar, con la desconfianza que debe su dificultad inspirar y sólo
obligado por la naturaleza de esta obra, cuya utilidad conocerán los mexicanos
luego que el furor de los partidos se haya calmado o que éstos hayan tomado
otra dirección.
Don Lucas Alamán, nacido en la ciudad de Guanajuato, hizo sus primeros
estudios en el Colegio de Minería de México y pasó a Europa poco tiempo después
de haber estallado la revolución de la independencia. Fue diputado en las
Cortes de España en 1820 y 1821, en donde no dió ninguna muestra de sus
conocimientos ni de grande interés por la causa de la libertad. Firmó con los
diputados mexicanos el proyecto de formar en América, dependiente entonces de
España, gobiernos independientes. El señor Iturbide le nombró para una comisión
en Europa, creyéndolo todavía en ella; pero se había embarcado para regresar a
México, a donde llegó a fines de 1822, cuando aquel caudillo estaba en vísperas
de caer. Alamán tomó el partido contrario a Iturbide, pero siempre con timidez
y sin comprometerse. Después de la caída de este caudillo ocupó el ministerio
de Relaciones, de donde salió, como vimos en otra parte, para retirarse a la
vida privada, ocupándose únicamente de negociaciones de minas, en la
administración de los bienes de su suegro, que eran cuantiosos, y de los del
duque de Monteleone, de quien era agente. La revolución de Jalapa lo sacó de la
tranquilidad en que vivía y lo elevó al ministerio. Alamán no tiene valor civil
ni militar, no tiene tampoco aquella ambición que va siempre acompañada de
grandes virtudes y muchas veces también de vicios. Su conducta privada ha sido
buena; su trato familiar, aunque afectado, no es desagradable; sus maneras, sin
naturalidad ni nobleza, son, sin embargo, bastantes a cubrir los defectos de
una talla demasiado pequeña y un modo de andar irregular. Sus discursos en la
tribuna, así como sus escritos, jamás han tenido aquella perspicuidad ni
solidez que son el fruto de la convicción de la justicia o de la conciencia; su
estilo es embarazado y sus frases ambiguas, quizás por el temor de caer en
alguna inconsecuencia, en alguna contradicción. De aquí proviene también que se
escucha al hablar. Su política ha sido cruel, falsa y pérfida. Nada le ha
parecido malo para conseguir sus fines, y la serie de actos sangrientos de que
hemos visto manchado este período, aunque hacen de mancomún responsable a
Bustaniante y demás ministros, han emanado principalmente de Alamán y de Facio.
La base de la política que adoptó fue una alianza entre el clero y el ejército;
el hablar siempre a la nación, haciéndole pinturas halagüeñas en los únicos
periódicos que permitía publicar; presentar los actos tiránicos de la
administración como obra de la ley, al gobierno como inexorable ejecutor de
ella, y reproducir en los mismos periódicos artículos que hacía imprimir por
medio de sus agentes en los países extranjeros, llenos de elogios de las
providencias gubernativas y de esperanzas lisonjeras para el porvenir.
Ved aquí sobre qué fundamentos hace consistir la duración de su poder;
es decir, sobre el terror y el engaño. Alamán ha desconocido enteramente la
marcha progresiva de la civilización, al usar en una República democrática de
resortes creados para otros tiempos y circunstancias.
Don José Antonio Facio es un oficial cuyo acto más notable en el país
fué el de haber destruído unos paisanos armados en la provincia de Tabasco, que
gritaban vivas a la Federación en 1823. Él es el mismo que en la asonada de
Tulancingo se ocultó y evitó la suerte de sus compañeros; el que en la ciudad
de Nueva York solicitó entonces entrar en relaciones con Mr. Bresson; y,
últimamente, quien, habiendo regresado a México y conseguido que el general
Bustamante lo llevase de ayudante en el Ejército de reserva, fue el agente
principal del plan de Jalapa y tal vez su autor.
Lo hemos visto fomentando el espionaje, autorizando los atentados de los
oficiales cometidos en las plazas y calles de la capital, dando orden a los
jefes militares para fusilar a los prisioneros, y por último, urdiendo intrigas
secretas para destruir toda confianza entre los ciudadanos. Facio es uno de los
abortos de las disensiones intestinas, que sin genio, sin talento, sin
instrucción, aparece repentinamente en la escena para desaparecer luego, no
dejando tras sí otra memoria que la de los males que causaron, ni otro recuerdo
que el de las lágrimas que hacen derramar a las familias desamparadas, ni otra
lección que el desengaño para no dejarse sorprender fácilmente en lo sucesivo.
Don Rafael Mangino, natural de Puebla, es hombre de talento, aunque sin
ninguna instrucción. Comenzó a aparecer en la escena política desde el primer
Congreso, en el que siempre manifestó ideas de monarquía constitucional, aunque
no con una familia mexicana. Fue presidente del Congreso cuando la inauguración
de Iturbide, y su carácter tímido y contemporizador le evitó no solamente
participar de la persecución que sufrieron sus compañeros, sino aún el de ser
privado del destino que ocupaba en la tesorería general. Jamás he conocido un
hombre que afecte más dulzura y suavidad en su trato ni mayor hipocresía
social, por decirlo así. Jamás expone con franqueza sus opiniones cuando hay el
menor riesgo en ello. Un solo rasgo basta para caracterizarlo en esta parte. El
lector recordará que en la exposición hecha al Congreso, que se ha insertado
ya, decía el señor Mangino:
La puntualidad con que los funcionarios de los Estados perciben sus
dotaciones y las milicias cívicas sus haberes, cuando los empleados y el
ejército de la federación experimentan todo género de privaciones, es un objeto
de murmuración de que la malignidad pretende deducir argumentos contra nuestra
forma de gobierno.
Esto era justamente aumentar el descontento y prestar apoyo a los
militares, que ya en Yucatán habían destruído el gobierno del Estado y que se
preparaban a hacerlo en toda la República, alegando esto mismo. Por lo demás,
Mangino tiene la opinión de hombre puro en el manejo de los caudales públicos.
Don José Ignacio Espinosa, ministro de Justicia y Negocios
Eclesiásticos, puede ser retratado como otro Ignacio amigo de Sorano, de quien
dice Tácito: Egnatius auctoritatem stoicae secte preferebat habitu ore ad
exprimendam imaginem honesti exercitus; caeterum animo perfidiosus, subdolus
avaritiam ... ocultans. Tiene éste, como aquel romano, todas las apariencias de
un jesuíta estoico de nuestros tiempos, y en su semblante y manera de andar,
vestir y modo de presentarse, un estudio de manifestar honradez, probidad y
espíritu evangélico; pero el alma es pérfida y su avaricia grande.
Espinosa es devoto y en el país es conocido bajo el nombre de P. Lainez,
el célebre jesuíta que se considera como uno de los primeros corifeos del
probabilismo y de los corruptores de la verdadera moral evangélica.
Esta es la idea que yo he formado de los cuatro ministros que componían
el gabinete del vicepresidente don Anastasio Bustamante en el año que acaba
este volumen, según el conocimiento que tengo de las personas y por informes
que he tomado de la opinión que se forma de ellas.
Daré fin a este capítulo con una rápida descripción o, mejor diré, un
paralelo entre Guerrero y Bustamante, y a continuación pondré las juiciosas
observaciones que se hicieron en un papel publicado en uno de los intervalos en
que la tiranía no podía evitar que el espíritu de libertad transpirase por
entre las tinieblas de que estaba rodeado.
He hablado lo suficiente para dar a conocer al benemérito don Vicente
Guerrero, no habiendo ni ocultado sus faltas ni exagerado sus servicios y
virtudes. Muy poco he dicho de Bustamante, aunque los hechos que he referido
son suficientes para que el lector pueda formar idea de su carácter; sin
embargo, para darlos a conocer más individualmente añadiré que Guerrero no
tenía ni el vigor necesario para reprimir las sediciones, ni las virtudes
sublimes para impedir que naciesen, ni el talento suficiente para dirigir
grandes asuntos, ni la constancia de amistad y confianza en sus amigos para
dejarse conducir. De manera que no inspiraba el temor saludable que nace de la
rigurosa ejecución de las leyes, no hacía callar por la presencia de un gran
carácter el descontento ni dejaba a sus directores el tiempo ni los recursos
para establecer un sistema. Bustamante, sin talentos para dirigir, tiene toda
la energía necesaria para sofocar los esfuerzos de sus enemigos dentro y fuera
de las leyes, tiene la cordura de abandonarse con confianza a los que le han
ofrecido salvar su partido, su persona y sus atentados. Guerrero no obraba ni
en la órbita constitucional ni fuera de ella; Bustamante y sus ministros no han
respetado ninguna ley, ningún derecho; Guerrero se detenía delante de
cualquiera consideración: un impreso lo alarmaba, un anónimo le detenía, la
proposición de un senador o diputado paralizaba cualquier medida; Bustamante
atropella con todo, destruye la imprenta, fusila al impresor y quema el
impreso; y el senador, el diputado, el Senado y la Cámara de diputados
enmudecen a sus órdenes o dan decretos como él quiere. La administración de
Guerrero se atrajo el menosprecio a fuerza de no obrar ni el bien ni el mal; la
de Bustamante ha inspirado el terror, que en el diccionario de la tiranía
equivale al consentimiento general. Por último, el uno era nulo el otro tirano.
Pero si el primero excita la compasión, el segundo ha creado un odio que al fin
será superior al terror y hará su caída inevitable.
El impreso de que he hablado y se inserta a continuación dará al lector
idea del nuevo género de guerra que comenzaba a hacerse a la administración de
Bustamante en fines de este año.
Varias veces se ha tocado en las cámaras la cuestión de la ilegitimidad
del actual gobierno, y aun se ha demostrado hasta la evidencia la necesidad que
hay de resolverla para terminar la guerra civil que hoy aflige a la República;
pero en todas ellas se ha procurado echarla a un lado con respuestas evasivas,
que han dado a conocer la posición falsa que ocupa el encargado del Poder
ejecutivo. A las razones incontestables que se han alegado para disputarle los
títulos de su autoridad, sólo se ha podido oponer la memoria de los sucesos de
la Acordada, la pretensión del general Guerrero a la silla presidencial y la
relación de los desastres del Sur. Tales son los medios con que se ha procurado
huir el cuerpo a la dificultad, y talla lógica de los que han querido sostener
un usurpador que ha derramado tanta sangre en los campos y cadalsos por
conservarse en el puesto que tan malamente desempeña. ¿Qué validez pueden en
efecto dar a la elección del llamado vicepresidente las desgracias del 4 de
diciembre del año de 28? ¿Qué conexión puede tener la ambición del general
Guerrero con la legitimidad del gobierno que nos ha dado el poder de las
bayonetas?
Si en el Sur ha habido los estragos que a cada rato se nos inculcan,
ellos no sólo no legitiman la administración actual sino que la hacen
responsable a la faz de la nación de no haberlos evitado, restableciendo
completamente el imperio de la Constitución y de las leyes. Más de dos oficios
ha recibido don Anastasio Bustamante del general don Vicente Guerrero, en que
le ha manifestado su disposición a rendir las armas con tal que cesase la
usurpación que sucedió a la suya y se estableciese un gobierno legítimo que
pusiese en paz a los dos. Todos han sido desairados, y para evitar que la
nación se pronunciase por los votos de aquel general, se ha tenido particular
cuidado en ocultarlos, haciéndose correr la voz de que aquella guerra no tenía
más objeto que la reconquista de la silla presidencial. ¿Y podrá decirse en
vista de esto que el general Bustamante se pronunció de buena fe por la
Constitución y las leyes y no por el deseo de mandar?
Algunos días antes de que se instalasen las actuales cámaras se empezó a
decir con vaguedad, y después se aseguró, que el Congreso en sus primeras
sesiones se ocuparía de los movimientos del Sur, haciendo que el gobierno oyese
a los llamados facciosos sobre el verdadero objeto de sus inquietudes y que si
ellos pedían que se legitimase al ejecutivo, se accedería a su pretensión como
fundada en justicia y en principios de conveniencia pública; pero que si
manifestaban un empeño porque el general Guerrero volviese a ocupar la silla
presidencial, entonces se continuaría la guerra hasta acabar con tan temerarias
pretensiones. Los amigos de la ley y de la felicidad de la República, conformes
en todo con estas ideas y sentimientos, deseaban con ansia la instalación del
Congreso, para que de una vez se pudiesen adoptar las medidas indicadas. Nada
en efecto puede convenir más para poner término a las calamidades públicas que
saber los verdaderos designios de los que hasta aquí ha presentado la mala fe
del Registro como enemigos de la Constitución y de las leyes, porque si pelean
contra el actual gobierno por considerarlo ilegítimo ¿ qué razón hay para no
aquietarlos cuando es bastante clara la usurpación del general Bustamante? Y si
han levantado las armas para reponer al general Guerrero, la nación entonces,
saliendo de la incertidumbre en que se encuentra con respecto al verdadero
objeto de esa guerra desastrosa, se pronunciará abiertamente contra los que la
sostengan y los hará desaparecer en breve tiempo.
La revolución con facilidad se hubiera podido sofocar en su origen y la
República no hubiera perdido tantos brazos ni sufrido otras mil calamidades, si
el gobierno de hecho que tenemos hubiera tenido un poco de desprendimiento y un
tanto de amor a la causa pública. Pero empeñado en conservar su presa, ha hecho
derramar por una y otra parte la sangre de los mexicanos, prescindiendo de las
consideraciones debidas al pueblo que gobierna, y, para alucinarlo, ha
procurado hacerle creer que la guerra del Sur no tenía otro fin que la
reposición del general Guerrero en la silla presidencial y la destrucción de
las propiedades. Los ministros, que se hallan muy contentos con los sueldos que
disfrutan y los inciensos que se les ofrecen; las criaturas que se han hecho
despojando a los empleados de la administración anterior y dando ascensos con
perjuicio de muchos hombres que han tenido la desgracia de no pertenecer a su
partido o la fortuna de no haber sacrificado a sus hermanos; en fin, los
aspirantes que esperan la recompensa de sus bajezas y prostituciones, todos
éstos se han interesado a la vez en sostener la administración actual,
repitiendo continuamente en sus tertulias y periódicos las especies de que se
ha valido El Registro Oficial para ocultar el verdadero objeto de los
movimientos del Sur y conservar por estos medios un orden de cosas que les es
tan favorable. ¿Qué datos nos pueden presentar para comprobar lo que dicen en
orden a los designios de los que Uaman facciosos?
Todo lo que se diga sobre esto no puede salir de la esfera de unas puras
conjeturas y el único modo que hay para salir de tantas dudas es el que arriba
hemos indicado. Ningún inconveniente hay en que se adopte, y aún más bien debe
resultar la ventaja de uniformar la opinión de la nación, ya para acabar con
los facciosos, si aspiran a reponer al general Guerrero, ya para establecer un
gobierno legítimo, si la diferencia nace de la ilegitimidad del que actualmente
tenemos. Bien sabemos que este segundo extremo debe repugnar al general
Bustamante y sus parciales, y que por lo mismo continuarán haciendo sus
esfuerzos por evitar que se entre en contestaciones con los disidentes del Sur
sobre el particular a que nos contraemos, pero ¿se ha de dejar correr una revolución
que causa tantos males a la RepúbJica? ¿Se ha de permitir al usurpador
sacrificar tantas víctimas con sólo el objeto de sostener su usurpación? No nos
atrevemos a creer que los representantes de la nación, elegidos para cuidar de
su felicidad, quieran ahora faltar a sus deberes tolerando los excesos de una
administración ilegal cuando pueden y deben contenerla, haciéndole entender los
vicios y defectos de su origen.
Sería a la verdad una cosa escandalosa que la representación nacional,
encargada de conservar el sagrado depósito de la Constitución, prescindiese de
sus sacrosantas obJigaciones, metiéndose a proteger a un gobierno intruso
contra aquellos ciudadanos que reclaman la observancia de las leyes. Esto no
podía ser sin hacerse ella misma la facciosa e indigna de la confianza y
obediencia de los pueblos. Pero supóngase que no es el cumplimiento de la ley
lo que se reclama sino la presidencia que antes usurpó el general don Vicente
Guerrero y quién, por ignorante que sea, dejará de conocer la conducta que en
tal caso debe observar el poder legislativo? La guerra que actualmente existe
no debe considerarse como guerra de la nación contra una fracción suya, ni
menos de un gobierno contra sus súbditos rebeldes: es una guerra de un partido
que ha usurpado el poder público contra otro, que, si se quiere, aspira a
recobrar su usurpación; es, en fin, la guerra de dos partidos que a punta de
bayoneta se disputan el mando de la República. Al frente del uno se halla un
hombre que se llama vicepresidente, porque así lo han querido llamar los mismos
que lo elevaron, y al del segundo, otro a quien los suyos han dado el nombre de
presidente, pero que tiene tantos títulos a la presidencia como los tiene su
rival a la vicepresidencia que posee. El uno, con más fortuna que el otro,
cuenta con el tesoro público, con las legislaturas y gobernadores que ha creado
y con un ejército organizado, disciplinado y equipado. El otro, que ha corrido
con desgracia, sólo ha podido reunir masas informes de hombres sin táctica,
disciplina, ni subordinación; carece de recursos para sostenerlos; no tiene en
su apoyo ningún gobernador, ni legislatura; y para colmo de sus desdichas, ha
perdido por medio de la más horrible traición, hasta su propia libertad. El
uno, por haber triunfado, recibe aplausos de todas partes y los homenajes
debidos a un vicepresidente de la República, y el otro, por no haber sabido
vencer, es tratado como bandido y malhechor. Esto es lo que en realidad pasa
entre nosotros. Pues bien ¿qué es lo que conviene hacer? Supuesto que está
conocida la naturaleza del mal, el remedio está indicado: afuera Bustamante y
Guerrero y venga el legítimo presidente. Roma no debe ser gobernada ni por
Mario ni por Sila.
Tiempo es ya, en fin, de entrar en la senda constitucional de que todos
nos hemos apartado alternativamente, colocando unos primero en la silla
presidencial al que no estaba llamado por la ley y poniendo otros después en la
vicepresidencia, con el ejercicio del Poder ejecutivo, al que actualmente la
posee sin ningún título legal. Harto doloroso es la experiencia que tenemos de
los males que trae consigo el olvido de las leyes; y por lo mucho que hemos
padecido, podemos fácilmente calcular lo que tendremos que sufrir, si no nos
apresuramos a entrar por el camino de la Constitución de que estamos
extraviados.
Dejar en pacífica posesión del mando al general Bustamante, cuando es
bastante claro y evidente que no tiene ningún título legítimo, es sancionar los
ultrajes hechos a la Constitución y dejarnos sin garantías. ¿En qué podremos
apoyarnos para reclamar las ofensas que se nos hagan si se destruye el
fundamento en que descansan nuestros derechos? ¿Qué seguridad podrán tener
nuestras personas y bienes si en un punto tan esencial se deja roto el código
fundamental, el pacto social de los mexicanos?
Estas observaciones adquieren todavía más fuerza y robustez con la
consideración del atractivo que se presentaría a los ambiciosos para usurpar el
poder público si se tolerase la continuación del gobierno de hecho que tenemos.
Entonces un usurpador se sucedería a otro, y en cada administración tendríamos
que sufrir los males que nos aquejan. Cada uno trataría de sostenerse a toda
costa: levantaría mil patíbulos y haría perecer en los campos a cuantos se
opusiesen a su usurpación y reclamasen el cumplimiento de las leyes; adoptaría,
en fin, medios de todas clases, legales o ilegales, justos e injustos, para
deshacerse de todos aquellos que le inspirasen recelos. ¿Quién ignora lo que la
República ha tenido que padecer en esta época por el empeño que ha habido en
sostener la actual administración? Ella ha perdido muchos hijos en los
cadalsos, y ha visto correr por su suelo la sangre de sus valientes defensores.
¿Qué bienes, pues, podremos prometernos si se le deja continuar y no nos
apresuramos a cerrar esa fuente de tantas calamidades?
CAPÍTULO NOVENO
Conclusión
He terminado el período que me propuse recorrer al dar principio a esta
pequeña obra; el lector advertirá que, aunque he pasado con rapidez los
sucesos, no he omitido ninguna de las circunstancias que los pueden presentar
con claridad y bajo el punto de vista verdadero. Las pasiones en movimiento,
agitando los partidos y los hombres, en una nación nueva en donde han
desaparecido a fuerza de sacudimientos continuados, juntamente con las cadenas
que la oprimían, los vínculos de subordinación, mucha parte de los hábitos de
orden y, hasta cierto punto, la conveniencia social de que se mantenga, no
pueden dejar de ofrecer por algún tiempo el espectáculo de un caos de escenas
sucesivas de libertad y esclavitud y de problemas políticos que harán formar
teorías absurdas a los escritores de Europa que se propongan resolver nuestras
grandes cuestiones por las ideas abstractas y principios generales, sin conocer
nuestras costumbres, preocupaciones y circunstancias. Yo voy a aventurar
algunas reflexiones acerca de las causas principales que influirán por muchos
años sobre la suerte de nuestra América, en las nuevas repúblicas, y a donde
deberán dirigirse las miras de los que se propongan de buena fe cortar en su
raíz el principio de sus disensiones. Por supuesto que el objeto primordial de
mis observaciones es la República Mexicana que conozco, a la que debo mi
existencia y el fruto de todas mis tareas.
¿En qué consiste que un país en que el sol es tan brillante y caliente
para derramar la fecundidad, el aspecto de las montañas tan variado y risueño;
en donde los campos están regados de abundantes arroyos, o por torrentes que
caen del cielo, y en donde la naturaleza ofrece en su mayor parte un suelo
cubierto de una pomposa vegetación; en donde los habitantes reciben al nacer
una imaginación viva y pronta, susceptibilidad de impresiones apasionadas,
disposición de espíritu para comprender con facilidad y un ingenio penetrante,
se vea poblado en su mayor parte de gentes pobres, ignorantes, privadas de las
ventajas sociales y de los goces que proporciona la civilización? ¿Por qué en
el momento mismo de entrar en la gran familia de los pueblos cultos, presentan
el espectáculo de guerras civiles interminables, de actos de crueldad y de
escenas sangrientas, en lugar de entrar pacíficamente en la carrera de la
libertad que han emprendido recorrer y a que han dado principio con tanto
heroísmo? Ninguno puede dudar que las causas principales de esta situación sean
el curso que seguía esta sociedad, opuesto a las circunstancias referidas, y
que por trescientos años cegó los principios de vida y actividad; contrariado
después de la revolución de independencia por una política diametralmente
opuesta, que ha llamado a toda la generación, por decirlo así, a renunciar a
sus antiguos hábitos, costumbres y preocupaciones, para adoptar otras análogas
al nuevo sistema social que se intenta darle.
Veamos cómo ha sido creado, educado y disciplinado este pueblo bajo la
dominación colonial, y en el examen de esta cuestión veremos el origen de sus
calamidades.
Cuatro son las instituciones que más esencialmente influyen en la suerte
de la sociedad y que determinan casi exclusivamente el carácter de los
habitantes de un pueblo. La religión, la educación, la legislación y las ideas
de honor que se le inspiran.
La religión es de todas las fuerzas morales a que el hombre está
sometido, la que puede hacer más bienes o los mayores males. Todas las
opiniones que se refieren a intereses superiores a los de este mundo; todas las
creencias que tienen por objeto la eternidad; todas las sectas que predican una
religión, ejercen sobre los sentimientos morales y sobre el carácter humano una
prodigiosa influencia. Ninguna, sin embargo, penetra más profundamente en el
corazón del hombre, como observa muy bien un juicioso escritor, que la religión
católica; porque ninguna está más fuertemente organizada; ninguna ha
subordinado tan completamente la filosofía moral; ninguna ha esclavizado las
conciencias; ninguna como ella ha establecido el tribunal de la confesión, que
reduce a todos los creyentes a la más absoluta dependencia de su clero; ninguna
tiene como ella sacerdotes más aislados del espíritu de familia ni más
íntimamente unidos por el interés y el espíritu de cuerpo.
La unidad de la fe, que sólo puede ser el resultado de una entera
sujeción de ia razón a la creencia y que, por consIguiente, no se halla en
ninguna otra religIón en el alto grado que en la católica, l1ga estrechamente
todos los mIembros de esta Iglesia a recibir los mismos dogmas, a someterse a
las mismas decisiones y a formarse sobre un mismo modelo de enseñanza. Pero su
influencia poderosa se ha ejercido de diversas maneras, según que los intereses
de sus primeros jefes han sido más conformes a los de los pueblos, o a los de
los reyes.
Durante los siglos que precedieron al reinado de Carlos V y Felipe II,
desde principios del siglo X, la inmensa fuerza moral del poder pontifical,
entonces, se empleó en elevar al pueblo y oponer las ideas de libertad y de
civilización a las tentativas de los emperadores de Alemania y a los esfuerzos
de los Gibelinos, que bajo su protección comenzaron a establecer principados
despóticos en Italia. Hasta entonces, dice Mr. Sismondi, los Papas habían
contraído una especie de alianza con los puebios contra los soberanos, sólo
habían hecho conquistas sobre los reyes; debían su elevación y todos los medios
de resistencia al poder del espíritu, opuesto a la fuerza brutal, y por
política, aun mas que por reconocimIento, se habían creído obligados a
desenvolver este poder del espíritu. Habían hecho nacer, dirigían y llamaban a
su ayuda la opinión pública, protegían las letras y la filosofía y aun
permitían con liberalidad a los filósofos y a los poetas desviarse algunas
veces de la estrecha línea ortodoxa. Por último, se proclamaron los protectores
de la libertad y protegieron las repúblicas. Mas luego que una mitad de la
Iglesia, levantando el estandarte de la Reforma, sacudió el yugo; luego que se
convirtieron contra Roma esas mismas luces de la filosofía que ella había
protegido, ese espíritu de libertad que había estimulado, esa opinión pública
que se le escapaba y que vino a ser ya en Europa una potencia; entonces un
sentimiento de terror profundo determinó a los Papas a mudar toda su política.
En vez de permanecer a la cabeza de la oposición contra los monarcas, sintieron
la necesidad de hacer con ellos causa común para contener adversarios mucho más
temibles que ellos. Contrajeron las más estrechas alianzas con los príncipes
temporales, especialmente con Felipe II, el más despótico entre todos, y sólo
se ocuparon en subordinar las conciencias y esclavizar el espíritu humano. En
efecto, ellos impusieron un yugo sobre él, que en ningún tiempo lo había
llevado tan terrible.
Esta fue la época del descubrimiento y conquista de la América por los
españoles. Al establecer entre nosotros su poder y dominación, trajeron consigo
el espíritu de superstición, de intolerancia y de ciega obediencia, que don
Fernando y doña Isabel procuraban establecer en la Península, preparando los
aciagos días de Carlos I y de sus descendientes. Hernando Cortés, caudillo
esforzado, pero cruel y supersticioso, hace a presencia de los indios
conquistados, que le temían, reverenciaban y odiaban, el aparato de dejarse
azotar por un sacerdote públicamente, para de esta manera inspirar en los
ánimos de aquellas gentes las primeras semillas del poder espiritual.
Sobre esta base elevaron los españoles el edificio de la nueva sociedad
creada en la América española. El poder de las armas y la influencia sacerdotal
componían el gobierno, dirigían la moral, los sentimientos, el carácter del
pueblo. No había nada fuera de este círculo estrecho y la sociedad marchaba de
esta manera en silencio de generación en generación, sin que ningún otro pueblo
oyese siquiera el ruido de sus pisadas. Pero esta degradante situación era
necesario que imprimiese un sello profundo de humildad y esclavitud entre todos
los habitantes. Las pocas ideas que se tenían en todos géneros, estaban
extraviadas; las colonias no veían sino por los ojos de sus directores, y sólo
entendían, o mejor diré, aprendían lo que ellos les enseñaban. Los sacerdotes
se apoderaron de la enseñanza pública, y la filosofía moral, que es el
patrimonio más inherente a la felicidad humana y que pertenece al domino de la
conciencia, pasó entera a manos de la religión como sucedió en España. La
teología se apoderó de esta ciencia, que enseña al hombre sus derechos y las
razones en que se fundan, y se pervirtieron los principios vitales de la
sociedad por el abuso que se hizo de ella.
Yo no me propongo de ningún modo negar que hay una estrecha conexión
entre la religión y la moral y todo hombre de bien debe reconocer que el más
noble homenaje que el mortal puede rendir a su Creador es el de elevarse a él
por sus virtudes. Pero la filosofía moral es una ciencia enteramente distinta
de la teología, ella tiene sus bases en la razón y en la conciencia, lleva
consigo las pruebas que producen nuestra convicción, y después de haber
desenvuelto el espíritu por la investigación de sus principios, satisface al
corazón por el descubrimiento de lo que es verdaderamente bello, justo y
conveniente.
El clero se apoderó de la moral como de una ciencia exclusiva de su
dominio; substituyó la autoridad de los decretos, de los concilios y de los
Padres a las luces de la razón y de la conciencia; el estudio de los casuistas
al de la filosofía moral, y reemplazó al más noble ejercicio del espíritu una
serie de preceptos que reducía su enseñanza a una rutina servil.
Pero la moral se desnaturalizó de este modo entre las manos de los
casuistas; se hizo como una cosa extraña al corazón y al entendimiento; ya no
se consideraron los vicios por las malas consecuencias que producen, por las
penalidades que traen consigo, por el desprecio en que ponen a los hombres
viciosos en la sociedad, sino únicamente bajo el resorte de las leyes divinas;
se desechó la base que la naturaleza había dado y puesto en el corazón de todos
los mortales, para sustituirle otra artificial y arbitraria. La diferencia
entre pecados veniales y pecados mortales borró la que hay originariamente en
la conciencia entre las ofensas más graves y perdonables; se vió colocar en
cierto orden mezcladas entre los crímenes que causan el mayor horror, las
faltas que nuestra debilidad puede apenas evitar. Los casuistas presentaron a
la execración de los hombres en el primer rango, entre los más culpables, a los
herejes, los cismáticos y los blasfemos. Ved aquí el origen del odio de los
suramericanos a los extranjeros, odio que será por algún tiempo un obstáculo a
su prosperidad. Pero este horror que se inspiraba contra hombres industriosos,
benéficos y morales, era el mayor mal que se podía hacer a las costumbres; así
porque, viendo practicar buenas acciones en los herejes, se acostumbraban a
dudar de la excelencia de la virtud, como porque era menos contagioso en su
concepto el trato con los hombres criminales y viciosos, como fuesen católicos,
oyesen misa y rezasen el rosario, que con gentes que tenían modales delicados y
una conducta irreprensible, pero que no eran súbditos del Papa.
La doctrina de la penitencia causó una nueva subversión en la moral,
continúa Mr. Sismondi, ya confundida por la distinción arbitraria de los
pecados. Sin duda es una doctrina consolatoria el perdón del cielo y el retorno
a la senda de la virtud, y esta opinión es tan conforme a las necesidades y
flaquezas humanas, que ha hecho una parte esencial en todas las religiones.
Pero los casuistas habían desvirtuado esta doctrina, imponiendo formularios
precisos para la penitencia, confesión y absolución.
Un solo acto de fe y de fervor fue considerado como suficiente para
borrar una larga lista de crímenes. En lugar de proponerse ya la virtud como
una obligación constante y perpetua, no fue entonces otra cosa que un arreglo
de cuentas en el artículo de la muerte; no había ningún pecador tan obstinado
que no tuviese el proyecto de dedicar algunos días, antes de morir, al cuidado
de su alma; pero entre tanto, soltaba la rienda a todas sus pasiones, y los que
predicaban contra estas doctrinas eran considerados como Jansenistas.
Otro de los principios corruptores de la moral fueron las indulgencias y
el tráfico escandaloso que se hacía de ellas. Los reyes de España consiguieron
las bulas de dispensas que se vendían por fuerza a los americanos, y que no
recibían la absolución si no compraban aquel documento de oprobio, de ignominia
y de superstición. El poder atribuído al arrepentimiento, a las ceremonias
religiosas, a las indulgencias, a las bulas, todo se reunió para persuadir al
pueblo que la condenación o la salvación eterna dependían de la absolución del
sacerdote, y éste fue quizás el golpe más funesto dado a la moral. La
casualidad, y no la virtud, debía decidir de la suerte eterna del alma del
moribundo. El hombre más virtuoso, cuya vida hubiese sido siempre pura, podía
ser atacado repentinamente por la muerte en el momento en que el dolor, la
cólera, la sorpresa, le hubiesen hecho proferir una de esas palabras profanas,
que el hábito ha hecho tan comunes y que, según las decisiones de los
concilios, no se pueden pronunciar sin incurrir en pecado mortal. Entonces su
condenación eterna era inevitable, porque no se había hallado presente un
sacerdote para recibir su penitencia y hacerle abrir las puertas del cielo.
Por el contrario, el hombre más perverso, cargado de crímenes, podía
experimentar un momento de remordimientos y de deseos transitorios de hacerse
virtuoso: con una buena confesión y comunión, este hombre tenía seguro el
cielo.
De esta manera la moral que se enseñaba al pueblo era una fuente de
malas doctrinas, porque las luces de la razón y las inspiraciones constantes de
la conciencia, que enseñan a distinguir siempre al hombre de bien del
corrompido, fueron contradichas por las decisiones teológicas, que condenaban
al primero y beatificaban al segundo sólo por la casualidad imprevista de
recibir la absolución.
Se hizo más: en los catecismos de enseñanza religiosa se colocó al lado
de la gran tabla de las virtudes y de los vicios, cuyo conocimiento es
universal y como natural al hombre, otra de los mandamientos de la Iglesia, sin
estar apoyados por una sanción tan temible como los de la Divinidad; sin hacer
depender la salud eterna de su observancia, llegaron a tener el cumplimiento y
el poder que jamás alcanzaron las leyes eternas de la moral.
El homicida, todavía cubierto de la sangre que acababa de derramar, no
comía el viernes carne por cuanto había en el mundo; la prostituta ponía cerca
de su cama la imagen de la Virgen, delante de la cual rezaba su rosario; el
sacerdote que salía de la mesa del juego, o que cometía delitos sin escrúpulo,
no se atrevía a beber un vaso de agua antes de decir misa.
Parecía que mientras más regularidad ponia el hombre en observar los
preceptos de la Iglesia, se creía más dispensado en la observancia de la ley
natural, a la que deberían sacrificarse las inclinaciones depravadas.
La moral propiamente dicha jamás dejó entre tanto de ser el objeto de
las predicaciones de la Iglesia; pero el interés sacerdotal ha corrompido en
España y sus colonias todo cuanto ha tocado. La benevolencia mutua es el
fundamento de las virtudes sociales: el casuista, reduciéndolo a precepto, ha
declarado que es pecado hablar mal del prójimo. Con esto ha impedido a cada uno
expresar el justo juicio que debe discernir la virtud del vicio e impuesto
silencio a los acentos de la verdad. Pero acostumbrando de esta manera a que
las palabras no expresasen el pensamiento, no ha hecho otra cosa que aumentar
la secreta desconfianza de cada hombre con respecto de los otros.
La caridad es la virtud por excelencia en el Evangelio; pero el casuista
ha enseñado a dar al pobre por el bien del alma y no para socorrer a su
semejante; ha puesto en uso las limosnas sin discernimiento, que estimulan el
vicio y la holgazanería; por último, ha enseñado a invertir en favor del monje
mendicante los fondos que deben destinarse a la caridad pública.
La sobriedad y la continencia son virtudes domésticas que conservan las
facultades de los individuos y aseguran la paz de las familias; el casuista ha
puesto en su lugar la observancia de los viernes, los ayunos, la disciplina,
los votos de castidad y de virginidad. Sin embargo, al lado de estas virtudes y
votos monacales, la intemperancia y el libertinaje podían radicarse en el
corazón.
La modestia es una de las más amables cualidades del hombre superior; no
excluye un justo orgullo que le sirve de apoyo contra sus propias debilidades,
y de consuelo en la adversidad. El casuista ha substituído la humildad, que
hace alianza con el menosprecio más insultante por los otros.
Tal ha sido la confusión inexplicable en que los jesuítas pusieron la
moral con las obras casuísticas con que inundaron la España y sus colonias. Se
apoderaron exclusivamente de las escuelas, que pasaron después a manos de los
frailes. No era permitido hacer investigaciones filosóficas que estableciesen
las reglas de la moral sobre otras bases que las suyas, ni entrar en
discusiones de sus principios, ni apelar a la razón humana.
Pascal, Malebranche, Locke habían hablado como filósofos cristianos, y
sus luminosas doctrinas no podían penetrar entre los habitantes de México. El
depósito entero de las ideas estaba en las manos de los confesores y directores
de las conciencias; el mexicano escrupuloso abdicaba la facultad más esencial
del hombre, que es la de estudiar y conocer sus deberes. Cuantas veces se
encontraba embarazado en los difíciles asuntos de la vida, ante cualquiera duda
que le ocurría en las situaciones intrincadas, recurría a su guía espiritual.
De esta manera las pruebas de la adversidad, que son las que elevan al hombre,
servían para hacerle más sujeto. Ved aquí la razón por que mientras los
intereses del clero estuvieron en México de acuerdo con la dependencia, el pueblo
no osó levantar su voz contra los derechos establecidos, predicados y
constantemente inculcados como un dogma de la ciega obediencia al rey y al
romano pontífice.
Consideremos ahora el género de educación que se daba a los mexicanos, y
el lector deducirá las consecuencias de lo que puede esperarse para lo
sucesivo.
En algunos capítulos he hablado ligeramente de la clase de instrucción
que se daba y aun se da en muchos colegios de la República Mexicana. Pero en
este voy a hablar de la clase de educación general, para descender luego a los
establecimientos públicos. La educación es uno de los resortes más poderosos
para el gobierno de los pueblos. Pero aquellos a quienes ha depravado una mala
educación, pueden ser reconducidos a los nobles sentimientos de la virtud y del
deber. La religión extiende su influencia saludable o funesta sobre todo el
curso de la vida; su poder se apoya sobre la imaginación de la juventud, sobre
la ternura entusiasta de un sexo más débil, sobre los terrores de la vejez;
acompaña al hombre hasta sus más secretos pensamientos y está presente hasta en
los actos que puede ocultar a todo poder humano. Sin embargo, la influencia
recíproca de la educación sobre la religión y de ésta sobre aquélla es tan
grande, que apenas se pueden separar estas dos causas eficientes de los
caracteres nacionales.
Los mexicanos han recibido el mismo género de educación física, moral y
religiosa que los españoles, sus conquistadores. Pero como he observado otra
vez, tres quintos de la población fueron enteramente abandonados a un género de
vida puramente animal. Esta numerosa clase de aquella gran sociedad, sin
necesidades, sin deseos, sin ambición y sin pasiones, no era más que el
patrimonio de los curas y de las autoridades militares, que ponían en acción
las fuerzas físicas de aquellas gentes para sacar ventajas, sin siquiera
aplicar en su conservación, en su enseñanza, la cuidadosa solicitud que ponen
los dueños de esclavos en los países en donde es permitida la esclavitud. La
educación de los indios era de consiguiente nula, y es muy poco lo que se puede
decir acerca de una cosa negativa. Las disposiciones mentales de éstos no han
comenzado aún a desarrollarse, después de la nueva fusión social y de su
incorporación nominal a la gran familia mexicana. Su estado de pobreza, su
dispersión en pequeñas poblaciones, el poco estímulo que tienen para que sus
hijos adquieran nociones sobre las que ellos no pueden concebir esperanzas, ni
conocer la importancia, y (debo decirlo aunque sea vergonzoso para nosotros) el
abandono con que se ha visto su educación por los directores de las nuevas
repúblicas, son los motivos por que aún se han notado tan pocos adelantos en su
mejora social. Cargo muy grande para los mexicanos el de no dedicar una
especial atención a los adelantos morales de los indios, cuya educación está en
el día confiada a sus nuevos gobiernos.
En México hay un colegio llamado de San Gregorio, destinado a enseñar a
cierto número de indígenas, y en Puebla había otro semejante. Pero son de esos
establecimientos que sólo sirven de utilidad a los administradores de ellos y a
los maestros. En lo general nada se enseña ni se aprende bajo la rutina de un
rector, que cuida únicamente de la misa, del rosario y de la vestimenta talar
de sus colegiales. Lo que es necesario, y considero como el fundamento de la
sociedad en los Estados Unidos Mexicanos, es que se multipliquen las escuelas
de primera enseñanza y se inviertan en ellas todos los fondos que se
desperdician en otras cosas.
Ahora paso a hacer algunas reflexiones sobre los colegios.
Es muy grande la contradicción en los Estados Unidos Mexicanos entre el
método de educación adoptado en sus establecimientos literarios y el género de
instrucción que los jóvenes necesitan adquirir para entrar a desempeñar con
utilidad los nuevos destinos a que deberán ser llamados bajo su actual forma de
gobierno. Las mismas constituciones hechas por los obispos, hace más de dos
siglos, sobre reales órdenes y concilios, formadas para hacer eclesiásticos que
aprenden para enseñar los elementos de la ciega obediencia, renunciando a todo
uso de la razón y sujetándose a la autoridad de los Santos Padres, de las bulas
y de los concilios, existen en los seminarios de la República. Sólo es
permitido a los estudiantes adquirir cierto género de conocimientos que los
maestros no juzgan peligrosos a la subversión de sus doctrinas rutineras. Toda
filosofía está subordinada a la teología, que es la ciencia más general, y con
respecto de los otros sistemas, no se aprende más de ellos que los argumentos
con que los han refutado los teólogos. Toda filosofía moral está sometida a las
decisiones de los casuistas, sin que sea permitido buscar en el corazón
principios sobre los que la autoridad de aquellos ha pronunciado. La ciencia
política, que no se conocía, ha permanecido subordinada a aquellas decisiones
que destruyen todo sentimiento de independencia individual, haciendo igualmente
una ciencia de fórmulas. En muy pocos colegios se enseña la historia, pero ¿qué
sentimiento sublime puede excitarse en el corazón de jóvenes que sólo reciben
narraciones áridas, sin poder penetrar en los profundos resortes que mueven las
pasiones y en la investigación de las grandes causas que produjeron los
sucesos? ¿Pueden conocer bien la historia enseñada en formularios o, cuando
mucho, por las compilaciones indigestas de Rollin o Segur, si no investigan en
los preciosos originales que nos han dejado los antiguos? Examinad sobre la
historia griega o romana, dice Mr. La Harpe, a un joven que no conozca más que
el Rollin y a otro a quien se hayan explicado las décadas de Livio y los
hombres de Plutarco, y veréis la diferencia entre las ideas y los conocimientos
de ambos.
La elocuencia. que en los gobiernos republicanos es el ramo de
instrucción más necesario, se halla abandonada enteramente, y muy pocos son los
maestros que pueden analizar a sus discípulos las oraciones de Cicerón o las
brillantes páginas de Tácito. ¿Qué impresión puede hacer la poesía cuando la
religión de los antiguos se representa continuamente como un caos de tinieblas
y cuando los sentimientos de un corazón apasionado son explicados por un hombre
que ha hecho voto de castidad? ¿Qué interés puede nacer del estudio de las
leyes, de las costumbres, de los usos y hábitos de la antigüedad, cuando no son
comparadas a las nociones abstractas de una legislación verdaderamente libre,
de una moral pura y de hábitos que nacen de la perfección del orden social?
Así es que el estudio de la antigüedad en los pocos establecimientos en
que se enseña, no es otra cosa sino una ciencia de hechos y de autoridades, en
donde la razón y el sentimiento no tienen parte y en que sólo se busca hacer
ostentación de la memoria.
Los ejercicios de piedad ocupan una parte considerable de las horas de
los estudiantes. Pero están reducidas a que hagan por el sonido de su voz
constar su presencia en la capilla. Las dilatadas tautologías de rezos no
pueden fijar su atención a lo que se dice. El mismo formulario, repetido cien
veces, nada habla a su espíritu ni a su corazón, y mientras que un ejercicio
corto de devoción pudiera servir para despertar sentimientos religiosos en su
conciencia, los rosarios, que se repiten muchas veces, los acostumbran a
separar absolutamente su pensamiento de las palabras que pronuncian. Esto es
más bien un ejercicio de distracción inútil, o lo que es peor, un acto de
hipocresía. ¡Qué instituciones para jóvenes destinados al foro y a la tribuna
nacional!
Del centro de estos colegios, sin embargo, se han visto salir hombres
que, habiéndose formado por sí mismos, se elevaron sobre sus conciudadanos y
han combatido sus errores, ridiculizando sus preocupaciones y arrostrando toda
suerte de peligros, enseñaron a sus conciudadanos la senda de la verdad. Este
corto número de seres privilegiados, sostenidos por la fuerza de su carácter y
excitados por un sentimiento interior de que tienen una misión grande que
desempeñar, trabajan sin cesar en conseguir el triunfo de la libertad y de las
luces. La empresa es ardua, su ocupación difícil y llena de embarazos que opone
a cada paso el interés, el egoísmo y el poder. Encuentran una juventud educada
bajo la antigua disciplina, un pueblo en lo general contagiado por hábitos de
obediencia pasiva, por una parte, y por excitamientos de subversión por la
otra.
¿Qué puede reemplazar la primera educación? Los que actualmente se
presentan en la escena, lanzados en los trabajos de la vida activa, no pueden
poseer aquella flexibilidad moral necesaria para recibir la cultura que no
adquirieron anteriormente, y es precisamente cuando hay una doble necesidad de
que se eduquen. Porque no pudiendo permanecer sus deseos en inacción, resulta
que cuando no los encaminan hacia el bien, es decir, al progreso social,
abandonados a sí mismos, se dirigirán al mal necesariamente: esto es, al
egoísmo.
Nuestra generación ha sido transportada instantáneamente en una especie
de esfera moral distinta de aquella en que vivieron nuestros padres. Quizá
ningún ejemplo presenta la historia de un cambio tan rápido, si se exceptúan
aquellos en que los conquistadores obligaron con la fuerza a obedecer su
imperio y a adoptar sus instituciones. Pero no debemos equivocarnos: la
transformación no es completa y aún falta mucho por hacer. Por poco que se
reflexione, se advertirá que el cambio ocurrido sólo es en el orden más general
de sentimientos y de intereses, y que no será sino después de mucho tiempo,
muchos trabajos, y sucesivamente, cuando se verificará el de las ideas, actos y
pensamientos. Asi hemos visto marchar las generaciones que se nos han
presentado como convertidas súbitamente, sin poder por mucho tiempo realizar
con plenitud el estado de la sociedad que componen los principios que
adoptaron.
El imperio de la fuerza física, principio, razón y objeto de la
administración colonial, todavía será por algún tiempo el que domine; aunque
sucesivamente irá tomando modificaciones más análogas a los progresos de la
educación moral de las diferentes clases en que el interés mismo de aquel
despótico gobierno dividió la sociedad. La educación de esas clases numerosas y
su fusión completa en la masa general, es la grande obra que deberá conducir a
la perfección por que suspiran los verdaderos amantes de la libertad.
Es verdad que uno de los triunfos de la revolución ha sido destruir las
clasificaciones más aparentes, y quitando las trabas que antes tenían, ha
proclamado los derechos de igualdad para que cada uno pueda ocupar el lugar a
que se hiciese acreedor. Pero ¿qué se ha hecho para dar realidad a ese derecho?
¿ Qué se ha hecho que no sea puramente negativo? Se han quitado los obstáculos,
mas quedan muchos por vencer. Sin duda es así y la educación, sin cuya ayuda
las más felices disposiciones son enteramente estériles, dista mucho de ser
accesible sin distinción a todos. La educación es todavía un privilegio que
depende de la fortuna de las familias, y la fortuna es un privilegio que está
muy lejos de ser proporcionado al mérito de las personas que la poseen. Hay
más: para el corto número de ciudadanos que pueden aspirar a los beneficios de
la educación, no se ha hecho aún ninguna cosa para que sea distribuida en razón
de sus aptitudes y de su vocación.
En resumen: a pesar del triunfo político de las ideas filosóficas entre
los mexicanos, proclamado pomposamente en sus Constituciones y repetido hasta
el fastidio en sus periódicos, la educación permanece todavía inaccesible al
mayor número, y en cuanto a la débil minoría que la recibe, por desgracia no
está nivelada a las instituciones adoptadas, y, por el contrario, opone una
lucha abierta al impulso dado a la sociedad con las solemnes declaraciones de
libertad e igualdad.
No me cansaré de repetirlo: el objeto esencial de la educación debe ser
poner los sentimientos, los cálculos, las transacciones de cada uno en
consonancia con las exigencias spciales.
La educación popular ha comenzado a tomar una nueva dirección en la
República Mexicana. La libertad de imprenta, los juicios por jurados en las
materias de imprenta, la concurrencia a las discusiones de las cámaras y
asambleas legislativas, las juntas electorales y otros actos igualmente
originados de los cambios hechos después de la independencia, han influido
considerablemente en disminuir las antiguas inclinaciones a los toros, a las
procesiones, a las fiestas, que eran en otro tiempo los únicos espectáculos que
se presentaban a la infancia, a la juventud y a la vejez para distraer el
espíritu de los habitantes de todo género de atenciones serias.
En las repúblicas antiguas cada ciudadano, llamado a discutir sobre la
plaza pública los intereses de la comunidad y a tomar parte en las empresas que
estos intereses hacían necesarios, se hallaba elevado para concebir la relación
de sus actos personales con el interés general. Esta posición ha cambiado:
nuestras repúblicas no cstán como Atenas, Roma, Florencia y otras, reducidas al
recinto de la ciudad, y el pueblo no podría estar hoy reunido en una plaza
pública, en donde los intereses comunes puedan ser discutidos por todos o en
presencia de todos.
Pero las juntas electorales, la forma representativa, la imprenta y las
sociedades patrióticas, o reuniones ordenadas de ciudadanos para examinar las
resoluciones de sus gobiernos, y manifestar pacíficamente sus opiniones, han
llenado más que suficientemente la falta de aquellas instituciones. En
Inglaterra y los Estados Unidos los meetings o juntas de los ciudadanos en
casas públicas, destinadas a estos objetos, son regularmente los órganos de la
opinión pública, cuyas manifestaciones repetidas, al fin vienen a triunfar de
las resistencias que opone alguna vez el interés o el egoísmo de los que
gobiernan.
La legislación criminal no ha sido reformada como debió esperarse
después de los grandes cambios ocurridos en la nación mexicana. Acostumbrado el
pueblo a ver en sus jueces y tribunales instrumentos de la tiranía, se hallan
casi extinguidos los efectos que deben producir sobre su moralidad los ejemplos
saludables de la justicia. La serie de actos de crueldad, cometidos después del
principio de la revolución bajo las formas judiciales, ha producido un efecto
enteramente contrario.
Presentado el mexicano delante de una autoridad que no era responsable
de sus acciones, que no estaba sometida a ninguna ley y entre las que no era
raro contar algunos que no conocían ni aún las del honor, se creía rodeado a
todas horas de delatores, espías o agentes provocadores. No pudiendo encontrar
una garantía suficiente en el testimonio de su conciencia, se veían obligados
los habitantes a tomar hábitos de disimulo, de adulación y de bajeza. Ya no se
consideraba el castigo como consecuencia de los delitos, y los suplicios
vinieron a ser a sus ojos como las enfermedades, una calamidad inherente a la
naturaleza, de manera que el temor de sufrirlos no los detenía en la carrera
del crimen. Sin hacerme cargo de la continuación de estos abusos bajo el imperio
de las facciones, ni de esas leyes atroces y destructoras de toda garantía
social y de toda moralidad, que ponen en manos de los vencedores el juicio de
los vencidos; reduciéndome a los procedimientos en los juicios de delitos
comunes, la legislación penal necesita prontas y eficaces reformas.
Desde el año de 1826 presenté en el Senado, y fue aprobado, un proyecto
de ley estableciendo el juicio por jurados; pero ha encontrado la resistencia
en los obstáculos que oponen aquellos legistas que encuentran en los vicios de
las leyes sus elementos de existencia, su reputación y sus clientelas.
La jurisprudencia criminal es la parte de la legislación que afecta más
inmediatamente la libertad del ciudadano, es ella también la que puede alterar
su carácter. En los países en donde la instrucción de los procesos es siempre
pública, cada proceso criminal es una grande escuela de moral para los
asistentes. El hombre del pueblo que muchas veces tiene necesidad de apoyos
contra las tentaciones violentas que le rodean y lo estimulan a cometer
delitos, aprende en los debates delante de los jurados y de los jueces, que el
crimen que se ha cometido en la obscuridad de la noche, lejos de todo testigo,
con las precauciones que puede sugerir la prudencia, viene, sin embargo, por
una serie de circunstancias imprevistas, a ser descubierto; que la conciencia
perturbada del culpable es su primer acusador, y que ningún goce han
proporcionado estos crímenes que parecían llenar los deseos de sus tristes
ejecutores. Los concurrentes conocen que la autoridad que vela sobre la
conservación del orden social, es benévola y activa; que es ilustrada y que
nunca castiga sino después de haber reconocido el crimen. Se unen, se asocian
de corazón al juicio, y convencidos de esta manera de la justicia e integridad
de los jueces, abandonan sin pesadumbre al culpable al rigor de las leyes.
Pero, ¿qué sucede entre nosotros, en donde no se conoce esa publicidad;
en donde un juez de primera instancia forma el proceso, examina los testigos;
en donde no hay esa defensa oral en el primer juicio y en que todo se hace en
el secreto dél gabinete? Se acostumbra al pueblo a no ver en la justicia
criminal sino un poder perseguidor y odioso; se ligan todos para sustraer a los
culpables de la acción de las leyes y tienen asociaciones secretas cuyo objeto
es librar como ellos se explican, a los pobres de las garras de la justicia. Un
robo cometido públicamente y un asesinato hecho en la plaza pública, no
encuentran generalmente en el pueblo aquel instinto que conduce en los países
libres a echar mano del delincuente, y muchos ejemplos hay de que se les procura
un asilo, además del que ofrecen las iglesias. Los testigos interrogados sobre
un crimen cometido en su presencia, creen que no deben reagravar la desgracia
del procesado diciendo la verdad; la compasión hacia él es tan viva, la
desconfianza de la justicia del juez es tan universal, que los tribunales
muchas veces temen chocar contra este sentimiento general, y desafiar, por
decirlo así, la compasión pública por una sentencia de muerte.
El nombre de los jueces está entre ellos marcado como con nota de
infamia. Esta liga contra la justicia criminal está formada en muchos lugares
de la República y tiene su origen en las pasadas injusticias, en la confusión
con que han sido juzgados los criminales y los desgraciados que han pertenecido
a un partido vencido, en la manera secreta de formar los procesos y en la
escandalosa detención de las sentencias de los reos de los más atroces
crímenes. Son muy frecuentes los ejemplos de salteadores y asesinos que,
detenidos por tres o cuatro años en las cárceles, evitan con la fuga el tardío
castigo que se les reservaba, y no es raro ver reaprehendidos una o dos veces a
los mismos facinerosos que han cometido nuevos atentados después de su evasión.
El gran número de presos en las cárceles de la ciudad de México, que
pocas veces bajan de mil, es una prueba melancólica, aunque evidente, de esta
aserción. Felizmente muchos Estados de la federación no están contagiados de
esta epidemia en el mismo grado, y en algunos la pureza de costumbres, el poco
contacto con los vicios de la capital, la actividad de su comercio con los
extranjeros y otras circunstancias los han preservado de los defectos
inherentes a la educación colonial y a las funestas influencias de sus leyes.
Los Estados de que hablo, como Yucatán, Tamaulipas, Coahuila, Sonora,
Sinaloa y algunos otros, están en la feliz disposición de formar sus códigos
conforme vayan sus habitantes contrayendo los hábitos de moralidad que traerá
la educación y las nuevas instituciones. La ciudad de México, en donde se había
desplegado toda la chicana judicial, en donde los enredos del foro opusieron
tantos años una barrera a la sencilla acción de las leyes, y en donde el oro,
el favor, la intriga y el poder se emplearon alternativamente, o a la vez, en
obscurecer la justicia y elevar el imperio de la fuerza sobre la ruina de las
leyes; en México, digo, las reformas saludables no vendrán sino con más
lentitud y después de choques violentos entre la nueva generación y la pasada,
entre el hombre viejo y el hombre nuevo.
La influencia moral de la legislación civil no es tan poderosa como la
de la criminal, pero es más universal y ningún individuo puede evitarla. La
totalidad de las propiedades son distribuídas entre los ciudadanos con arreglo
a las leyes civiles. La ley del Congreso general en 1823, que derogó los
mayorazgos, y las leyes de colonización que facilitan la distribución de
tierras, son de suma utilidad e influencia para la marcha progresiva de la
prosperidad nacional. Pero las trabas puestas por disposiciones posteriores con
objeto de impedir la venta de bienes raíces a extranjeros, serán el origen de
muchas cuestiones y una fuente inagotable de pleitos, si no se derogan. La
legislación civil se halla en la República Mexicana envuelta entre infinidad de
disposiciones contradictorias y con la innumerable multitud de leyes,
rescriptos, cánones, decretos, pragmáticas, reales órdenes, partidas y otras
reglas, que bajo diferentes denominaciones emanaron desde la Instituta de
Justiniano hasta las cédulas de Carlos IV.
Es lastimoso el cuadro que presentan los litigantes al verlos consumirse
en los gastos de procesos interminables, pasar los meses y los años en el solo
ejercicio de agitar sus causas, correr desde la casa del abogado a la del
procurador, de la de éste a la del juez y, además, envilecerse y degradarse a
fuerza de repetidos actos de sumisión por una parte, de desprecio por la otra.
Por estas razones la totalidad de los derechos parece incierta entre los
ciudadanos; procesos interminables quedan en herencia en las familias de
generación en generación.
He citado anteriormente uno que lleva más de cien años de comenzado. A
medida que corre el tiempo entre el nacimiento de un proceso y su decisión, las
pruebas se hacen más difíciles de obtener, las presunciones se hacen menos
perceptibles, se balancean más, y cada uno, sosteniendo su interés, se cree
menos expuesto al reproche de mala fe. Por otra parte, la prolongación de los
procesos los multiplica con perjuicio enorme de la unidad nacional. En una
ciudad en donde nacen al año diez procesos, si se terminan a los seis meses
cinco, como acontece en Ginebra, no hay más que cinco pendientes a la vez. Si
duran diez años, como es muy común que acontezcan en México, habrá ciento
pendientes: al mismo tiempo, si duran treinta años, habrá trescientos. ¡Cuántos
son los que por desgracia cuentan este largo período! Ved aquí la razón por que
sea tan general el ver a casi todas las familias acomodadas con algún pleito
pendiente, y que no se considere ya como una mala nota el estar ocupado en
litigios y vivir continuamente hablando de procesos.
Uno de los grandes males que vinieron a la nación con haber los nuevos
legisladores tornado sus lecciones en la escuela de los reformistas españoles,
fue el de haberse persuadido que los Congresos eran lo que los reyes bajo el
gobierno absoluto. Se proclamó el principio abstracto de soberanía nacional, y
en lugar de sacar la consecuencia legítima de que, al delegar el pueblo sus
poderes a los representantes, sólo daba aquellas facultades que eran
absolutamente necesarias para organizar la nueva sociedad de una manera
expeditiva a sus necesidades y derechos, se arrogaron la plenitud de la misma
soberanía, y los Congresos fueron considerados como los árbitros de la suerte
de la República.
Este grande error provino de la idea equivocada de que la nación
transmitía todas sus facultades y poderes a los Congresos y del hábito que
había de obedecer a un rey que mandaba ilimitadamente. De aquí han dimanado
esas leyes de excepción, derogatorias de la igualdad entre todas las clases de
ciudadanos; esas leyes retroactivas, como las que hemos visto acerca de ventas
hechas a los extranjeros, y la de mayorazgos, cuyos efectos se hicieron recular
a dos años; de aquí proviene también esa funesta facilidad con que se conceden
facultades extraordinarias, especialmente a los gobernadores de varios Estados,
por sus asambleas legislativas; esas declaraciones fuera de la ley, que
destruyen en sus fundamentos toda garantía; esos destierros, y otra multitud de
actos arbitrarios, que deben hacer cautos a los mexicanos sobre un porvenir
lleno de esperanzas, aunque sembrado de peligros.
Otro error igualmente pernicioso ha emanado del mismo falso principio.
El Congreso general, al que por antonomasia llaman soberano Congreso, se ha
arrogado, o diré más exactamente, ha usurpado la facultad de reformar las leyes
de los Estados y la de conocer en la organización de sus asambleas
legislativas. Se ha visto con frecuencia que uno o más diputados o senadores,
que no eran adictos a los miembros que componían la legíslatura de un Estado,
hiciesen proposición para que se declarasen nulas las elecciones, en parte o en
su totalidad, en virtud de las protestas hechas en las juntas electorales, y se
ha visto a ambas cámaras dar decretos, que interrumpiendo la marcha
constitucional de los Estados, anulasen sus elecciones en todo o en parte. ¿Por
qué se ha tolerado esto? ¡Porque las asambleas de los Estados han sido
consideradas como los virreyes, y el Congreso general como el monarca! ¡Siempre
los hábitos del sistema colonial!
No hubiera hecho mención del punto de honor entre los grandes móviles de
la composición social, al referir los resortes que obran en la República
Mexicana, si no hubiese sido ésta una de las preocupaciones españolas que más
se emplearon en perjuicio de la libertad e independencia de la patria. No hablo
aquí de aquella especie de honor que Mr. Paley define un sistema compuesto de
reglas por las gentes de rango, calculado para facilitar su comercio social y
no para otro objeto. Hablo de ese honor convertido por el gobierno español en
uno de los apoyos de su poder e inspirado tan fuertemente en las primeras
clases de la sociedad, y en especialidad entre los militares. Hablo de él
también porque, habiendo mudado de dirección después de la independencia, el
estudio de los políticos mexicanos debe tender a confundirlo con la opinión
pública y substituir esta base elemental del sistema democrático a una regla
aislada y abstracta, cuyos principios son tan variables como indefinidos.
La legislación tradicional del honor, conforme se entendió por algún
tiempo en Europa, tuvo su origen en los tiempos caballerescos: ella vino a
substituir los nobles sentimientos de libertad que animaban a los griegos y
romanos, cuando el espíritu de independencia individual fue desapareciendo,
para hacer lugar al de cortesanía, que supieron poner en su lugar los monarcas,
especialmente los reyes españoles. Convirtieron en su provecho esta
preocupación, que suplía a aquel afecto inherente al hombre para sostener sus
derechos, y a las otras virtudes que elevan el alma y la conducen a las grandes
acciones. Pero la ley del honor hacía alianza muy fácilmente con la corrupción
de costumbres, y vino a ser, bajo ciertos respetos, la base del despotismo
militar. Sin embargo, como prescribía ciertas reglas al príncipe, ciertos
respetos entre las clases sociales, una consideración distinguida al bello sexo
y la cortesanía y urbanidad recíproca, era en cierta manera, como observa
Montesquieu, un freno al poder arbitrario. Mas ¡qué freno tan débil!
En la América conquistada, el honor militar y el de las otras clases de
la sociedad trajo consigo muy poco de las brillantes cualidades de su patria
nativa. Entre los primeros se hacía consistir en defender los derechos de los
reyes de España, y el mayor timbre de un oficial era decir: El rey mi amo, soy
servidor del rey, que equivalía a confesarse un instrumento ciego de una deidad
desconocida y el terror de la sociedad, el verdugo de sus conciudadanos. Pero
estas impresiones eran profundas, eran heredadas, y estaban además sostenidas
por las doctrinas religiosas. Punto de honor era en un militar sacrificar a su
padre, a su hermano y familia, si el mejor servicio del rey así lo exigía;
punto de honor era obedecer ciegamente las órdenes de los vicegenerales del
rey, por más atroces y crueles que fuesen.
Vuestro honor está comprometido, decían los jefes españoles a los
oficiales americanos; el mejor servicio de S. M. exige de vosotros que a fuego
y sangre sostengáis sus derechos. El honor de los mexicanos debe ser
inmaculado.
Con estas y otras frases se entusiasmaba a nuestros bravos militares
para exterminar toda una generación. En el día se abusa del nombre de
disciplina militar para los mismos actos de crueldad. Mas no es esta la ocasión
de hablar sobre esta materia.
He dado fin a la historia que comprende el período de 1810 hasta 1830.
Creo haber hecho un gran servicio a los mexicanos, presentándoles los sucesos
bajo el punto de vista que deben ser vistos. Ningún principio que pueda
corromper sus costumbres, ninguna doctrina que pueda comprometer su libertad,
ninguna máxima que disculpe la tiranía, ningún axioma que no tenga por objeto
la ventaja de la mayoría, ningún hecho que ofenda la decencia, nada, en fin, ha
ocupado lugar en esta obra contra el fin que me propuse constantemente, y fue
el de promover el bien de los mexicanos, enseñándoles a conocerse y a conocer a
los que han dirigido sus negocios, a compararlos entre sí, a seguirlos en todos
sus pasos y juzgarlos, no por proclamas de circunstancias, ni por ofertas
pomposas, ni por apariencias de virtud desmentidas por hechos, ni por falsa
modestia, ni por una popularidad estudiada, ni por un charlatanismo perjudicial
y peligroso, sino por una serie de actos positivos de patriotismo y de
constantes esfuerzos por la mejora social, ilustración del pueblo y propagación
de goces en las masas. Todo lo que no tenga por objeto estos puntos, es engañar
al pueblo y quererlo contentar con palabras.
De poco ha servido la independencia a una gran parte de la nación,
porque los que se sucedieron en los mandos y empleos han creído que éste era el
bien a que se aspiraba. Pero se equivocan. El pueblo quiere bienes positivos y
el alimento del espíritu. Su instinto lo conducirá siempre a la consecución de
este objeto y romperá los obstáculos que opongan a sus progresos el egoísmo y
el interés.
APÉNDICE
Documentos
A continuación van tres documentos de que hemos hecho mención en esta
obra, y son:
1° La proclama publicada por los generales Santa Anna y Bustamante en 29
de octubre de 1829, reducida a tranquilizar al gobierno y al pueblo acerca de
sus intenciones, de mantener el orden y la obediencia al presidente de la
República.
2° El plan de Jalapa de 4 de diciembre siguiente, proclamado por
Bustamante, y que sirvió de pretexto para despojar del mando al general don
Vicente Guerrero.
3° El pronunciamiento del general Quintanar en México.
DOCUMENTO N° 1
Los generales que suscriben, a sus conciudadanos.
Como ciudadanos particulares y como jefes militares, nos creemos en el
caso de dirigir la palabra a nuestros compatriotas, a fin de desvanecer algunas
imputaciones que se nos han hecho, bien sea por efecto de la perversidad o por
una equivocación de ideas. Nuestra buena reputación ha sido ajada de un modo
poco decoroso y 'deseosos de conservarla a todo trance, procuraremos deshacer
ciertas sospechas infundadas que se han divulgado con motivo de hallarnos
reunidos; ellas han llegado a nuestra noticia con bastante sentimiento y
esperamos tener la satisfacción de que nuestros conciudadanos, impuestos de lo
que vamos a manifestar, nos harán justicia.
Hase dicho que pretendemos variar la forma de gobierno. Es enteramente
falsa esta suposición, pues estamos persuadidos que en nosotros no residen
facultades para llevar a cabo semejante variación, ni se puede exhibir por
nuestros detractores un dato positivo que acredite semejante impostura.
Apelamos, por otra parte, a las pruebas inequívocas que hemos dado de nuestra
adhesión al sistema federal desde antes que se sancionara el código
fundamental, la que jamás hemos desmentido. Esta calumnia es tanto más atroz e
injusta cuanto que el ejército se compone de ciudadanos libres, que se
pronunciaron de un modo decisivo por el régimen federal.
Destruída de este modo la imputación o sospecha, sólo nos resta
manifestar al público sensato que creemos, de conformidad con la opinión de
muchos, muy necesarias algunas reformas generales, a fin de que la nación
marche más expedita hacia su engrandecimiento. Para ello la Constitución ha
fijado un período, en el que es lícito acordar por los representantes legítimos
de la nación todas las que se consideren oportunas. Ese término está próximo,
el año actual está para expirar, y en el siguiente podrán aquéllas realizarse
de un modo legal.
Por tanto, mexicanos, desechad toda idea con respecto a nosotros
referente a planes revolucionarios, de que no nos hemos ciertamente ocupado.
Nos son demasiado caros los intereses de la patria, nos es demasiado apreciable
su felicidad, que estriba en la paz y la unión, para que tratemos de medidas
que, de llevarse a efecto, envolverían en sí nuestra ruina con la de la
federación. No faltarán quizá enemigos ocultos de ésta, que para conseguir sus
intentos se empeñen en sembrar la desunión entre los principales jefes; mas en
nosotros hallarán vanos sus esfuerzos. Tiempo es de que todos coadyuvemos a
consolidar y hacer marchar las instituciones establecidas, para que de este
modo se ostente la nación digna del alto rango que le corresponde. Preciso es
que no desdiga del carácter distinguido que le han merecido los anteriores
hechos brillantes, en la dilatada lucha por su independencia. Afirmar ésta de
una manera estable, y observar religiosamente la Constitución, debe ser la
preferente atención de los mexicanos y el norte de todas sus operaciones. Tal
es nuestro deseo. A esto sólo se reducen nuestros afanes. Que la nación sea
para siempre libre y prospere es nuestro más ferviente voto, y en defensa de
tan sagrados objetos se nos hallará en todos tiempos prontos a sacrificarnos
con el mayor entusiasmo.
Jalapa, octubre 29 de 1829.
Anastasio Bustamante.
Antonio López de Santa Anna.
DOCUMENTO N° 2
Ejército de Reserva, protector de la Constitución y las leyes.
El Ejército de Reserva, cuyos jefes, oficiales y tropa no han tenido en
la serie de los tiempos otra divisa que el honor de su profesión y la gloria de
sus armas, creería manchado el uno, perdida la otra y, sobre todo, se estimaría
desconceptuado en la apreciable opinión de sus conciudadanos, si ocultase bajo
el sello del silencio los sentimientos que le animan, cuando la República,
cercana a un trastorno general, amenaza envolver en su ruina a los hombres y
las cosas, la libertad y la independencia, la moral pública y sus leyes
patrias, la buena fe y la paz doméstica, sin cuyos beneficios no puede existir
ni prosperar nación alguna de las que pueblan la tierra.
Si los cuerpos a quienes tocó la honrosa suerte de formar la reserva
destinada a repeler la invasión de los enemigos de la independencia nacional,
fueran capaces por un momento de obrar exclusivamente por el impulso de sus
intereses particulares, días ha que todo se hubiera desquiciado y que, saltando
las barreras del respeto y la subordinación, hubieran apelado a la fuerza
apoyada en la justicia, para reclamar la consideración que se debe a sus buenos
servicios y a sus enormes padecimientos. Las tropas que tuvieron la gloria de
combatir con el enemigo o de aproximarse más que nosotros a las mortíferas
playas del Océano, han luchado también con todo género de privaciones, hasta el
grado de perecer algunos individuos de hambre mientras que a la nación se agobiaba
con exorbitantes contribuciones. para los gastos de la guerra, dilapidándose el
producto de aquéllas por el lujo altanero de algunos favoritos en objetos muy
diversos; sin embargo, el soldado, en medio de tan tristes circunstancias y de
tan grande abandono, no ha osado ni aún quejarse y ha sufrido con la constancia
noble de que sólo son capaces los militares republicanos.
Pero cuando la sociedad está próxima a disolverse, expuesta a que la
despedace la anarquía para venir en último resultado a ser presa de un déspota
cualesquiera, los militares, que no pueden permanecer insensibles a la suerte
de sus semejantes y de su patria y que ven el origen de los males que han
producido el descontento general en la inobservancia de las leyes, en los
abusos de la administración y en la desconfianza pública que justamente han
merecido algunos agentes del poder, se creen constituídos en la sagrada
obligación de contribuir por su parte a que se pongan en práctica los medios de
salvación, y proteger y dar impulso a la opinión general, que ha manifestado de
un modo muy preciso el origen de los males y la naturaleza del remedio.
En tan lamentable situación, trabajando constantemente el pensamiento,
ocupado el ánimo de todas las clases del Estado y pudiendo torcerse por la
desespeIación o por las pasiones, es indispensable que se produzca la guerra
civil, si no se da a los conatos de los buenos un impulso fuerte y dirección
acertada, a fin de que no se aborten movimientos parciales que consuman el
cuerpo político, y desviándose de su principal objeto, degeneren en
persecuciones y venganzas.
Una prueba de esta verdad presenta el pronunciamiento militar hecho
recientemente en la plaza de Campeche, donde prevaliéndose de las miserias del
soldado para prevenirlo, y atribuyéndose indebidamente las escaseces a la
naturaleza del gobierno o sistema federal, no sólo se ha proclamado la muerte
de la federación sino que se ha sancionado la reunión de los mandos político y
militar, con la circunstancia agravante de cometer privativamente el ejercicio
de esta magistratura la dirección y manejo de los caudales de la Hacienda. He
aquí establecido el despotismo o el sistema de opresión que constantemente
adoptaban en estos países sus perversos conquistadores.
Para prevenir semejantes desastres, jefes respetables rodeados de la
gratitud nacional, ocurrieron oportunamente a los medios suaves de la
insinuación. Escritores sabios e imparciales han declamado contra los abusos;
pero sus votos por desgracia se han desatendido, y el clamor general no ha
podido vencer la barrera impenetrable que forman regularmente los aduladores al
derredor de los gobernantes. El Ejército de Reserva debe a su honor y al
respeto que le merecen sus conciudadanos la manifestación de estos hechos, para
que se persuadan de la calma y circunspección con que ha procedido en todas sus
operaciones; y que en su obsequio y con el santo fin de reintegrar a sus
compatriotas en el goce de los derechos que les han garantizado las leyes
fundamentales, se ha decidido por la adopción del plan que comprenden los
artículos siguientes:
1° El Ejército de Reserva ratifica el juramento solemne que ha prestado
de sostener el pacto federal, respetando la soberanía de los Estados y
conservando su unión indisoluble.
2° El Ejército protesta no dejar las armas de la mano hasta ver
restablecido el orden constitucional con la exacta observancia de las leyes
fundamentales.
3° Para este fin, su primer voto que pronuncia en ejercicio del derecho
de petición, es que el supremo Poder ejecutivo dimita las facultades
extraordinarias de que está investido, pidiendo inmediatamente la convocatoria
para la más pronta reunión de las augustas cámaras, a fin de que éstas se
ocupen de los grandes males de la nación y de su eficaz remedio, como lo
consultó el consejo de gobierno; oyendo a la vez las peticiones que los
mexicanos tengan a bien dirigirles sobre las reformas que deben establecerse
para que la República, libre de abusos en la administración de todos sus ramos,
pueda marchar a su felicidad y engrandecimiento.
4° El segundo voto del Ejército es que se remuevan aqUellos funcionarios
contra quienes se ha explicado la opinión general.
5° El Ejército, al manifestar sus fervientes votos por el pronto remedio
de los males que afligen a la República, lejos de pretender erigirse en
legislador, protesta la más ciega obediencia a los supremos poderes y reconoce
a todas las autoridades legítimamente constituídas en el orden civil,
eclesiástico y militar en lo que no se oponga a la Constitución federal.
6° El Ejército promete que procurará conservar a toda costa la pública
tranquilidad, protegiendo las garantías sociales y persiguiendo a todos los
malhechores para mayor seguridad de los caminos y pueblos por donde transite.
Para llevar a cabo este plan hemos acordado:
I. Que se remitan ejemplares de él con atento oficio al supremo gobierno
general, a las honorables legislaturas, a los Exmos. Sres. gobernadores de los
Estados, a los comandantes generales y demás jefes militares y a los prelados
eclesiásticos.
II. Que se invite por medio de una comisión a los ilustres vencedores de
Juchi y Tampico, ciudadanos generales Bustamante y Santa Anna, para que
poniéndose a la cabeza del ejército pronunciado y de todos los mexicanos que se
adhieran a este plan, sin distinción de épocas y partidos, los dirijan en sus
operaciones a la mayor y más pronta consecución de los objetos indicados.
III. En el caso no esperado de que los expresados generales se negasen a
un deseo tan laudable, tomará el mando el más graduado de los jefes
pronunciados.
Se invitará igualmente a nuestros hermanos los militares de la
guarnición de Campeche, para que, abjurando su pronunciamiento, se unan al
presente y contribuyan al restablecimiento del imperio de las leyes vigentes,
de cuya infracción proceden los males generales de la República y las grandes
miserias que aquejan a todo el ejército.
Jalapa, 4 de diciembre de 1829.
Melchor Múzquiz.
José Antonio Facio.
Pablo María Mauliaa.
Ignacio de Inclán.
Juan José Andrade.
Pedro Pantoja.
Albino Pérez.
Jerónimo Cardona.
Francisco G. Conde.
Gabriel Alarcón.
Juan María de Azcárate, secretario.
DOCUMENTO N° 3
Acta del pronunciamiento de México
En la capital de México, a 23 de diciembre de mil ochocientos veinte y
nueve, reunidos los jefes y oficiales que suscriben, y teniendo presente:
Que sus juramentos como ciudadanos y como soldados de la patria los
llaman a salvarla;
Que el Ejército de la Reserva ha protestado solemnemente sostener el
sistema de gobierno representativo popular federal, adoptado por la nación en
sus leyes fundamentales, y restablecer en consecuencia el orden constitucional,
alterado por la escandalosa transgresión de las mismas leyes;
Que este mismo es el voto de los Estados y el del pueblo de esta
capital, y que si permaneciesen en silencio, la guerra civil podría ser el
resultado de una opinión no pronunciada;
Que no existe reunido el Congreso nacional, por haber acordado cerrar
sus sesiones extraordinarias el 16 del corriente, cuyo decreto debió ser
cumplido por el ejecutivo y no devuelto con observaciones, por prohibirlo el
art. 73 de la Constitución federal, y en virtud del cual se puso de hecho en
receso la cámara de senadores;
Que tampoco existía el Congreso cuando la de diputados nombró para
ejercer el poder ejecutivo al señor don José María Bocanegra, cuyo nombramiento
es por lo mismo nulo y por haber recaído en un representante;
Que aun cuando fuese legal, el señor Bocanegra no podía ejercer el
ejecutivo por no haber prestado el juramento ante las cámaras reunidas con
arreglo al artículo 101 de la Constitución;
Que esta solemnidad de la ley fue dispensada por el ejecutivo en virtud
de las facultades extraordinarias que había recibido de las mismas cámaras, y
de que había protestado no hacer uso, sobreponiéndose así al Poder legislativo
y a la Constitución misma;
Que a pesar de aquella protesta, hecha sólo para deslumbrar a los
pueblos, se continúan ejerciendo las facultades omnímodas para hacer criaturas
y prodigar empleos;
Que el general que ejercía el Poder ejecutivo salió de esta ciudad para
ponerse a la cabeza de una división contra el Ejército de Reserva, provocando
la guerra civil por un interés personal, y que por la nulidad del nombramiento
y ejercicio del señor Bocanegra, la nación se halla sin el gobierno
constitucional y legítimo que debe regirla;
Que esta acefalía amenaza de un momento a otro rompimientos estrepitosos
y trastornos que comprometerían la seguridad y el orden público;
Todo bien meditado y animados de los más puros deseos del bien, acuerdan
unánimamente:
Primero. Adoptar el plan que para el restablecimiento del orden
constitucional y del libre ejercicio de la soberanía de los Estados proclamó el
Ejército de Reserva en la villa de Jalapa el 4 del corriente, renovando en
consecuencia el juramento de sostener la Constitución federal y leyes
existentes.
Segundo. Elevar sus votos al Consejo de gobierno para que, escuchando la
voz de los pueblos y en ejercicio de las funciones que le atribuye la
Constitución, llame a encargarse del supremo Poder ejecutivo al presidente de
la Corte Suprema de Justicia, nombrando los dos individuos que deben
asociársele conforme al art. 97.
Tercero. Respetar y proteger a todas las autoridades legítimamente
constituídas en el libre ejercicio de sus atribuciones.
Cuarto. Que permanecerá reunida la guarnición de esta capital hasta la
llegada del Ejército de Reserva, sin mezclarse en ningún acto administrativo,
pero conservando a toda costa el orden y la pública tranquilidad y oponiéndose
a la entrada de cualquier otra fuerza que se dirija a impedir el presente
pronunciamiento.
Quinto. Que esta acta se circule a las honorables legislaturas y
gobernadores de los Estados.
General Luis Quintanar.
General Ignacio Rayón.
General Ramón Rayón.
General Pedro Terreros.
General Miguel Cervantes.
General Pedro Zarzosa.
Por el cuerpo de artillería:
José Manuel Diez.
Por el tercer batallón:
Aniceto Arteaga.
Por el séptimo:
J. Quintana.
Por el batallón de inválidos:
Cristóbal Gil Castro.
Por el activo de Toluca:
José María Castro.
Director de ingenieros, coronel Ignacio Mora.
Coronel Cirilo Gómez Anaya.
Coronel Antonio Castro.
Idem Juan Domínguez.
Idem Joaquín Correa.
Idem Guadalupe Palafox.
Idem Manuel Barrera.
Idem Carlos Beneski, Idem Manuel Alfaro.
Idem Manuel María Villada.
Idem Ignacio Gutiérrez.
Teniente coronel Mariano Tagle.
Idem Alvaro Muñoz.
Idem Felipe Palafox.
Idem Nicolás Condell.
Idem Ignacio Leal.
Por la clase de capitanes:
J. M. Garda Conde.
Luis Antepera.
Por la de tenientes:
José María Pinezo.
José Manuel Alfaro.
Manuel Noriega.
Por la de Alféreces:
Manuel Güemez.
José Nicolás Tellez.
Por la de cadetes:
Ignacio Madrid.
FIN
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