© Libro N° 11974.
Dos Notas Sobre Reforma Del Mercado De Trabajo Y
Del Gasto Público. Recio,
Albert. Emancipación. Diciembre 9 de 2023
Título original: ©
Dos Notas Sobre Reforma Del Mercado De Trabajo Y Del Gasto Público. Albert
Recio
Versión Original: © Dos Notas Sobre Reforma Del Mercado De
Trabajo Y Del Gasto Público. Albert Recio
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Emancipación:
Guillermo Molina Miranda
DOS NOTAS SOBRE REFORMA DEL
MERCADO DE TRABAJO Y DEL GASTO PÚBLICO
Albert Recio
Dos Notas
Sobre Reforma Del Mercado De Trabajo Y Del Gasto Público
Albert
Recio
1. La
«anglonización» del mercado laboral
Desde
hace unos años escribir sobre políticas de empleo (cuando no de política
económica en general) constituye un ejercicio tendente a la repetición. No sólo
por la persistencia de una situación de desempleo masivo e inseguridad laboral
sino, especialmente, porque estos problemas han sido abordados desde un único
punto de vista por los responsables de la política económica: el de que el
problema del desempleo es fundamentalmente una cuestión de mercado laboral y,
más explícitamente, el de las instituciones que promueven la rigidez del mismo.
Un análisis que ha conducido a propugnar una sucesión de medidas a cual más
liberal, sólo frenadas o aplazadas cuando la movilización social y la búsqueda
de equilibrios políticos ha obligado al gobierno a hacer concesiones
(especialmente la retirada del proyecto de contrato juvenil tras la huelga
general de 1988 y la ampliación de la cobertura del desempleo al año
siguiente).
I
El que la
orientación general se haya mantenido constante no significa necesariamente una
línea coherente basada en un análisis cuidadoso de los efectos provocados por
las medidas que se han ido adoptando. Más bien es el resultado de una posición
preestablecida, blindada frente a lo que están sugiriendo los datos existentes.
Por poner un ejemplo sencillo: hasta 1986 muchos analistas sustentaban que el
volumen de paro español era más una ilusión estadística que un hecho real,
debido a que no se tenía en cuenta la existencia de millones de empleos
sumergidos. Para probar esta línea argumental el gobierno financió tina
investigación muy amplia que dio lugar a un informe de una «Comisión de
expertos sobre el paro»[i] cuyas
conclusiones fueron totalmente favorables a la evaluación del paro suministrada
por la Encuesta de Población Activa. A pesar de este resultado concluyente
(recordado recientemente por L. Toharia en las páginas de El País),
vuelven a ser legión los comentaristas que dudan de la existencia
de tres millones y medio de personas sin empleo, más interesados en presentar a
nuestros conciudadanos como unos chalados interesados en mentir sobre su
situación laboral que como un amplio colectivo angustiado por una situación de
extrema inseguridad.
De hecho,
el modelo teórico sobre el que basan su percepción los responsables de la
política económica es el que favorece esta lectura, a la vez fija y
cambiante, de las razones del desempleo. Desde principios de la década de los
setenta, en que la contrarrevolución conservadora estableció la existencia de
una «tasa natural de desempleo» (o su versión suave de «tasa no
aceleradora de la inflación», no sólo el nivel estadístico de esta tasa
no ha dejado de crecer (lo que antes exigía un paro del 6% ahora puede exigirlo
uno del 10%), sino que además se ha tratado de explicar con argumentos
diversos, ninguno de los cuales cuadra muy bien con los hechos observados. En
unos casos se adujo la existencia de un exceso de protección a los parados que
fomentaba su pereza y la no aceptación de empleos alternativos. A pesar
de que en la mayoría de países se han producido fuertes recortes al subsidio de
desempleo (especialmente en aquellos donde prosperó la política reaganiana) la
«tasa natural» ha crecido. En nuestro país esta explicación se propugnó a
principios de los ochenta, mando sólo un tercio de los parados cobraban
subsidio, y fue de nuevo esgrimida el año pasado cuando el gobierno aplicó el
«decretazo». No parece tampoco que en este último caso se pueda hablar de
éxito. En otras ocasiones se ha aducido la falta de preparación adecuada de los
parados, pero una vez más el argumento resulta contradictorio con evidencias de
diversos tipos: el importante aumento del nivel cultural de la población
juvenil que ha padecido un fuerte desempleo, la inexistencia de empleos
vacantes por motivos de cualificación profesional y la casi nula preocupación
de la mayoría de gobiernos por poner en marcha políticas de formación que, en
caso de haber sido éste el tenia crucial, hubieran permitido resolverlo. La
moda actual es hablar de «histéresis», es decir, de que el paro de larga
duración genera comportamientos que convierten a los parados en inempleables.
Tampoco esta justificación se mantiene en pie, por cuanto que puede observarse
que estos mismos desempleados de larga duración pasaron a obtener empleos
cuando éstos les fueron ofrecidos en el período 1986-1991.
Por
desgracia todas esas evidencias no han servido hasta el momento para que la
política económica se fije en otros agentes de la vida económica. Tampoco se
entiende cómo puede ser la presión salarial española la causante de este alto
nivel de desempleo, siendo así que según datos de la propia
Comunidad
Europea los costes laborales unitarios (el cociente de dividir costes
salariales por el valor de lo producido) se han reducido en España en un 17 por
100 durante la última década, el doble de la media comunitaria.
II
El que
las explicaciones que se dan no sean satisfactorias no significa que sean
inocuas. La insistencia en que las razones del paro están en el mercado laboral
tiene un doble efecto: permite a la vez justificar la aplicación de medidas de
desregulación del mercado laboral y presentar a los trabajadores y parados como
los responsables de la situación que padecen.
A estas
alturas parece claro que el gobierno está dispuesto a ir mucho más allá en
materia de liberalización de lo que la mayoría llegamos a imaginar. Las
medidas propuestas en la última ronda negociadora, especialmente el contrato de
aprendizaje -con salarios de hambre (reaparecerá la vieja figura del trabajador
con la bolsa de la fiambrera), ausencia de seguridad social y de medidas
concretas de formación y de control sindical-, la propuesta de permitir el
empleo a tiempo parcial sin seguridad social -hasta dieciséis horas semanales-
y las prerrogativas concedidas en materia de horarios, movilidad y facilidades
de despido han ido posiblemente más lejos de donde la misma patronal podía
esperar y hacen aparecer como «moderadas» algunas de las propuestas incluidas
en el plan de convergencia del año pasado.
El
gobierno aducirá que muchas de estas medidas se aplican en otros países, aunque
olvidará indicar que éstas existen en contextos diversos que no es posible
pasar por alto. Existe la evidencia de que las relaciones laborales de los
distintos países constituyen un conjunto de instituciones que globalmente
tienden a determinar unos determinados niveles de protección. En algunos,
especialmente los del Norte de Europa, el control sindical es bastante fuerte y
sustituye a la regulación pública. En otros, especialmente en el Sur,
predominan los mecanismos de tipo garantista (normas, leyes, tribunales
especiales). Cambiar piezas sueltas de estos sistemas sin equilibrarlos con
otras medidas supone destruir los mecanismos de defensa de los trabajadores,
tal como muestra el ejemplo británico, donde el debilitamiento del poder
sindical, que constituía un factor básico, ha conllevado la demolición del
sistema global de protección y ha conducido a la clase obrera británica a
convertirse en la mayor víctima de las políticas liberales de la Comunidad
Europea. Esto mismo puede esperarse en nuestro país, en una situación de baja
implantación sindical, de preeminencia de la empresa pequeña y de un altísimo
nivel de
precarización
laboral. No es de extrañar que alguna de las corrientes «modernas» en
materia de derecho laboral este proponiendo su lisa y llana eliminación y la
vuelta al decimonónico predominio del derecho civil. Resultaría cómico si no
fuera porque estamos a las puertas de una nueva tragedia social.[ii]
No se nos
escapa que las nuevas medidas tendrán efectos ya experimentados en
otras latitudes, especialmente en los países anglosajones. De una parte, la
desregulación de las condiciones que rigen el empleo de los segmentos más
débiles del mercado (el paquete aprendizaje, trabajo a tiempo parcial, empresas
de subcontratación temporal), lejos de homogenizar el conjunto del mercado, lo
único que conlleva es un empeoramiento de las condiciones laborales y un
aumento de la competencia entre los propios trabajadores del segmento
secundario, el de los empleos considerados no cualificados, temporales,
femeninos (por ejemplo, es esperable la sustitución de empleadas regulares a
tiempo parcial por otras «a quince horas» sin seguridad social, o de jóvenes
del sector comercial por aprendices igualmente capacitados para llenar
estanterías). La generalización del empleo parcial y las facilidades para el
despido convertirán gran parte de los derechos laborales en simple papel
escrito. Y por ende el modelo de aprendizaje y precarización no hace sino
reforzar el nulo carácter formativo, no integrado en un plan a largo plazo, que
ya tuvieron los viejos contratos de formación y aprendizaje.
Y es
precisamente debido al convencimiento de los enormes costes sociales que el
experimento va a significar por lo que resulta especialmente útil el discurso
de acusar a la clase obrera de ser la causante del mal. Un discurso sofisticado
en el que cada cual tiene su parte de culpa: los parados son unos vagos que
sólo quieren chupar del presupuesto o unos defraudadores que combinan dos
fuentes de ingresos; los trabajadores fijos unos egoístas que, al encarecer el
coste del despido o exigir mayores salarios, impiden la creación de empleo; el
funcionariado, en su conjunto, una casta de mandarines que chupa del
presupuesto público y atenta contra la economía productiva; los sindicatos unos
enemigos naturales de la clase obrera por imponer rigideces destructoras del
empleo …
Un medio
cultural que sirve al objetivo de desagregar a la clase trabajadora, de
ayudarla a leer su situación en clave individual, de impedir la formación de
una visión de conjunto que pueda traducirse en demanda colectiva. Un discurso
fraccionador que sirve para enfrentar a la población activa de las capas medias
privilegiadas, e incluso a una gran parte de población jubilada que tiene una
cierta importancia política por su peso electoral, con las principales víctimas
de la nueva política. Y de paso se favorece la adopción de medidas represivas
frente a algunos de los efectos presumibles del mantenimiento del paro y la
marginalización laboral: el crecimiento de la violencia social y la extensión
de la mendicidad en sus diversas formas.
III
No creo
que valga la pena insistir excesivamente en estas cuestiones que resultan
obvias para aquellas personas que se paren un instante a reflexionar. Sabemos
ya tanto de lo que significa precarización del empleo, de paro sostenido, de
insolidaridad, que las nuevas medidas no son significativamente novedosas,
aunque la dosis en las que ahora se nos aplican supone lo que podríamos llamar
un salto «cualitativo». Quizás porque el capitalismo español lleva tantos años
de adicción a la droga del autoritarismo laboral, el paternalismo y la
precariedad que ahora no puede subsistir sin un aumento sensible de la ración.
Tampoco parece que vayamos a ser capaces, con una movilización apresurada y
convocada a destiempo, de parar un proyecto anunciado largo tiempo. Lo que no
quita la necesidad de dar una contestación lo más amplia posible que obligue al
menos a recortar las propuestas más extremistas y reabra el debate social. Pero
al mismo tiempo me parece necesario que empecemos a prepararnos para un trabajo
a largo plazo en un contexto de extrema dificultad y sufrimiento para la clase
trabajadora.
Me parece
necesario tomar en consideración cuatro espacios de intervención, a los que
podemos denominar: de la resistencia, la propuesta, la solidaridad y la
conciencia. Del primero poco hay que añadir porque al menos en este campo la
clase obrera sabe bastante. También en el segundo tenemos algo hecho, aunque
posiblemente sea insuficiente. Demasiadas veces las políticas sindicales, o las
propuestas alternativas, han ido cada una por su lado sin que al ciudadano de a
pie, cautivo del discurso unilateral de los media, le
haya sido ofrecido un esquema de referencia alternativo. Romperlo exige un
esfuerzo cultural más o menos coordinado, más o menos articulado, en el que
participen a la vez organizaciones cívicas, profesionales sensibles y
organizaciones de todo tipo que permitan permear con la critica los fracasos
inevitables y previsibles de las actuales políticas: como son el aumento del
paro a causa de la caída de salarios y la reducción del gasto público, el
fracaso del nuevo modelo de aprendizaje o el deterioro de las condiciones
laborales en el segmento secundario del mercado laboral.
La
solidaridad activa, cotidiana, con los nuevos damnificados del recorte de
ayudas sociales y la desregulación del mercado laboral. Solidaridad que
posiblemente implique empezar a organizar redes de apoyo, algo que ya apareció
en algunas áreas en los momentos más agudos de la crisis anterior y que
posiblemente ahora deberá generalizarse a más lugares.
Generación
también de un discurso cultural que neutralice los efectos más insolidarios del
discurso actual y posibilite que las diferentes experiencias personales se
resitúen como partes de una vivencia común. En este sentido me permito apuntar
un peligro: la crisis industrial que afecta a lo que ha sido el centro de la
clase obrera y que constituye uno de los efectos más visibles de las políticas
neoliberales puede dar lugar a una propuesta sindical y política en clave
fundamentalmente obrerista. Un discurso en parte necesario y en parte
insuficiente. Porque olvida que una gran parte de los jóvenes empleados que
padecen la contratación temporal y sobre los que recaerán los nuevos contratos
de aprendizaje están ubicados en actividades de servicios, que hay ya amplios
sectores de asalariados de medio nivel que conocen la experiencia de la
precariedad temporal o de que las duras políticas de ajuste afectan también a
estratos importantes de funcionarios públicos. Es quizás un buen momento para
desarrollar la conciencia de que más allá de diferencias de renta y de estatus
toda esta gran masa de población asalariada tiene en común su situación de
dependencia respecto al capital y su marginación respecto a la adopción de las
principales decisiones estratégicas que condicionan su existencia.
Un
esfuerzo de remodelación que debe alcanzar a las organizaciones sociales, y
posiblemente con especial profundidad a los sindicatos, que se enfrentan al
agotamiento de un ciclo de expansión del empleo y del modelo de acción puesto
en marcha tras el 14-D. El peligro social al que hoy se enfrentan es de una
magnitud que no puede ser ignorada y que exige posiblemente volver a plantearse
aspectos de funcionamiento y de política adaptados al entorno turbulento en el
que ya estamos metidos.
2.
Beneficencia para pobres
Es
innegable que estamos asistiendo a un ataque generalizado contra gran parte de
las partidas del gasto público que han configurado el llamado «estado del
bienestar», aun en países, como el nuestro, donde éste nunca ha alcanzado cotas
muy altas. Más preocupante aún que los efectos inmediatos del recorte resulta
el aparato legitimador con que se tratan de justificar. Argumentos que,
curiosamente, apelan a una dialéctica de pobres y ricos y tratan de presentarse
como modelo de justicia social.
Aunque
existen variantes de la formulación para cada caso concreto –la sanidad, las
tasas universitarias, las pensiones, etc.- el argumento fundamental es siempre
el mismo: el estado no debe sufragar gastos de la población que posee recursos
suficientes, sino limitarse a cubrir las necesidades mininas de aquellos que
«verdaderamente» necesitan protección. En algunos casos se refuerza el
argumento (tal es el caso de las tasas universitarias) con la demostración de
que efectivamente son los ricos los que acaban siendo los grandes beneficiarios
del modelo actual, debido a que los hijos de los ricos representan una mayor
proporción de la población universitaria subvencionada.
Una
evidencia que quizás es aplicable a otros casos, tal y como ha tratado
de mostrar Julian Le Grand (The Stralegy of Equalily. Redistribution and the
Social Services, Clarendon Press, 1982) para el caso
británico, según el cual son los ricos quienes se benefician más de la sanidad
pública, de las ayudas a la vivienda e incluso de las subvenciones al
transporte público (puesto que al vivir en el extrarradio absorben gran parte
del gasto en transporte de cercanías).
Sin negar
que en muchos casos el gasto público puede generar perversidades y
contradicciones, aceptar sin más este discurso me parece que atenta
directamente con bastantes elementos estratégicos de cualquier proyecto de
izquierdas en sus diversas vertientes.
Aun en su
versión más reformista, la propuesta socialdemócrata tradicional de
construcción de un amplio sistema de servicios sociales favorecía el desarrollo
de valores colectivos. La creación de servicios sociales a los que tiene acceso
el conjunto de la ciudadanía potencia no sólo el sentido de colectividad, sino
también la existencia de un amplio campo de actividades sociales en los que
predomina la provisión pública e igualitaria de bienes por encima de los
mecanismos de mercado. La aceptación de un sistema fiscal progresivo que genere
una tímida tendencia redistributiva es viable en este contexto no sólo por
razones de justicia social, sino también por el hecho de que los impuestos se
plantean como un medio de financiación de estos bienes colectivos que aumentan
el bienestar de la mayoría.
Es
bastante posible que además, como ha sugerido A. Hirsbman (Voz, salida,
lealtad, FCE, 1979), la provisión generalizada de recursos
favorece su mejora porque los beneficiarios más exigentes, los que tienen mejor
información y mayor seguridad de ser escuchados, generan una mayor presión a
favor de la mejora del sistema.
Todas
estas posibilidades se pierden con un sistema social que en teoría es más
redistribuidor (universidad gratuita sólo para quien no puede pagar, pensiones
mínimas para quien lo necesita, subsidio de paro de subsistencia, etc.) y,
pero que en la práctica resulta inviable. El problema central
es que los impuestos se plantean como mera caridad hacia un sector de
marginados sociales. Ya no hay intereses comunes sino simple pago para salvar
la mala conciencia o garantizar la paz social. En este contexto se quiebran
gran parte de las posibles presiones que favorecen la mejora del servicio
público y la cultura igualitaria de una ciudadanía que comparte intereses
comunes. Una situación inmejorable para el desarrollo de actitudes
fascistas entre los asalariados que mantengan el empleo estable, para quienes
el pago de impuestos puede verse como un simple sistema de mantenimiento de
vagos (sean de lujo como los políticos o de tercera clase como los parados). Al
mismo tiempo que la creación de un doble circuito de s ervi cio-público y
privado-, como de hecho ya sucede en el sistema escolar, es el mejor camino
para que se degrade un sistema público al que sólo asisten aquellos que tienen
el estigma de la pobreza. Porque además un sistema que sólo garantiza servicios
públicos a quien demuestra fehacientemente estar en la inopia se convierte
siempre en una fábrica de clasificación de las personas y de deshonra para los
que pasan de ser ciudadanos con derechos a pobres merecedores de caridad.
Debemos
considerar un peligro adicional. La destrucción de los sistemas públicos de
provisiones no sólo genera tensiones en el campo del consumo final sitio que
tiene a la vez graves consecuencias en el plano laboral. Gran parte del éxito
de los diversos intentos de creación de sistemas de relaciones laborales
centrados en la empresa, con sindicatos (mejor dicho pseudosindicatos) de
empresa, paternalismo, etc.
-un
modelo no exclusivo del caso japonés, como lo atestiguan las experiencias de
las grandes compañías
norteamericanas
a principios de siglo o en nuestro ámbito local las colonias fabriles del siglo
XIX- descansan en esta potestad empresarial de ofrecer a determinados grupos de
empleados unas ventajas que difícilmente pueden adquirir por sí mismos y para las
que no existe provisión pública generalizada.
Está
claro que el modelo tradicional socialdemócrata tiene fallos evidentes que es
necesario superar si queremos evitar este camino hacia la privatización
del sector público, la destrucción de un sistema colectivo de servicios y
la marginación de una parte de la población. Pero no se podrán recomponer los
destrozos si no existen líneas claras de intervención.
Posiblemente,
parte del descrédito de estas políticas proviene no sólo de la propaganda de
los sectores interesados en su privatización sino también de los modelos de
gestión burocrática y a menudo ineficiente que en muchos casos ha caracterizado
la intervención pública. Por esto me parece urgente que, junto al mantenimiento
de una línea de defensa de lo público, se desarrolle un esfuerzo sistemático de
transformación de su gestion que debería ir prioritariamente orientado al
reconocimiento de la complejidad de las demandas de la población por un lado y
a reducir el peso de los costes burocráticos generados a menudo por una
hipertrofia de la alta burocracia. Sin lugar a dudas, existen vías adicionales
de obtención de recursos a través de la liquidación de los tradicionales
mecanismos de control oligopólico de los suministros públicos, tradicional en
campos como la obra pública o la provisión de material sanitario. También en un
esfuerzo consciente de la reducción de trámites innecesarios y un aumento de la
autogestión social de determinados servicios. Existen por fortuna ejemplos
positivos que van desde experiencias de autogestión de centros cívicos o
mantenimiento de centros escolares, hasta la reforma de la asistencia sanitaria
por la introducción de nuevos servicios. Se trata precisamente de movilizar en
esta dirección la fuerza de los movimientos sociales y de los empleados
públicos que intervienen en estos campos.
Reducir
el despilfarro, implementar la gestión, eliminar los abusos más patentes son
medidas de poco alcance pero absolutamente básicas para hacer frente al
temporal de privatización que nos amenaza. A largo plazo es evidente que una
sociedad de iguales sólo puede nacer si conseguimos efectivamente tanto un
sector público eficazmente equilibrador (por ejemplo, que promueva medidas
positivas de reducción del fracaso escolar) y un sistema laboral que tienda a
eliminar gran parte de la jerarquización actual; pero este esfuerzo estratégico
será imposible si a corto plazo no conseguimos frenar con medidas de choque no
exclusivamente discursivas el intento sistemático de cargarse las bases
materiales que favorecen que las personas se vean a sí mismas como fundamentalmente
integrantes de un mismo proyecto común.
A. R., diciembre
de 1993.
[i] Gran
parte de su trabajo está publicado en S.Bentolila/A.Toharia (ed.), «Estudios de
Economía del Trabajo en España III: El problema del paro», Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, 1991.
[ii]Una
muestra del carácter integrado de muchas de las medidas lo ejemplifica la
retirada por parte del Gobierno, de la propuesta de hacer incompatible la
percepción del paro con la indemnización del despido. Posiblemente han contado
en este casa las críticas de algunos dirigentes empresariales que han advertido
que tal medida haría muy difícil implementar prejubilaciones en un vais donde
las pensiones de jubilación son misérrimas. Posiblemente en países donde son
mayores la gente acepta con más facilidad el despido barato.
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