Libro N° 8038. Para La Socialización Del Mercado. Ebon, Diane.
© Libro N° 8038.
Para La Socialización Del Mercado. Ebon, Diane.
Emancipación. Diciembre 5 de 2020.
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Para La Socialización Del Mercado. Diane Ebon
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Diane Ebon
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PARA LA
SOCIALIZACIÓN DEL MERCADO
Diane Ebon
Para La Socialización Del
Mercado1
Diane Ebon
El objetivo de este trabajo es explorar una
alternativa tanto a la economía dual de Alec Nove y a la
economía sin precios de Ernest Mandel. Muchas de mis propuestas
corresponden a mi actual manera de ver las cosas más que a convicciones
inconmovibles. Mis ideas sufrieron modificaciones sustanciales desde la primera
versión y, sin duda, conocerán nuevas evoluciones 2.
Producción y reproducción de la fuerza de trabajo
El debate sobre la organización socialista de la
economía comienza, casi siempre, por las formas de propiedad de las empresas,
propiedad que importa, sobre todo, por sus implicaciones en las condiciones de
producción y reproducción de la fuerza de trabajo. En una economía capitalista,
la fuerza de trabajo está separada de sus medios de subsistencia y su proceso
de producción y de reproducción es una variable dependiente, modelada por el
proceso de acumulación. El antagonismo fundamental entre comprador y vendedor
opone a familias y empresas como vendedores y compradores de fuerza de trabajo.
Esta situación debe cambiar para que el proceso de producción y reproducción de
la fuerza de trabajo se convierta en la variable independiente a la que el
proceso de acumulación debería subordinarse.
Para llegar a eso, las familias deberían disponer
de un ingreso para no estar obligadas a vender su fuerza de trabajo, incluso a
las empresas públicas. En cualquier situación se les debe asegurar un nivel de
vida decente. Entonces estarían en condiciones de elegir verdaderamente cómo
vender su fuerza de trabajo, sin estar obligadas por la necesidad […]
En una economía industrial, la libre elección de
las familias se apoyaría en dos dispositivos: por un lado, la provisión
gratuita de los servicios básicos, salud, higiene, educación, agua y, por otro
lado, la garantía de todo ciudadano de poder disponer libremente de un ingreso
monetario para cubrir sus gastos elementales de alimentación, vestimenta,
vivienda y equipamiento que correspondan a condiciones de vida sencillas
(¿Lentejas en lugar de carne? ¿Jeans comunes en lugar de jeans de marca?
¿Esteras en lugar de alfombras?)
El argumento en favor de la gratuidad de servicios
como salud y educación remite a sus características especiales
(interdependencias y externalidades) y, no al hecho de que se trataría de
necesidades “fundamentales“. Se podría abogar por la gratuidad de otros
servicios, como el transporte urbano. Pero como casi todos los socialistas
están de acuerdo con estas propuestas, no las estudiaré en detalle. Sin
embargo, agregaré a esta lista el libre acceso a las redes de información:
material de impresión, teléfono, fotocopias y facsímil, computadoras, etc. Como
veremos más adelante, una de las condiciones de la socialización del mercado es
un acceso libre e igual a la información. En efecto, la circulación de la
información es una condición necesaria para el desarrollo de relaciones de
cooperación, confianza y reciprocidad. Esto no significa que cada familia esté
equipada con su computadora personal, modem, teléfono o antena
parabólica; sino que todo hogar pueda acceder a este tipo de equipamiento, en
las mismas condiciones que a los hospitales o escuelas.
Estos servicios gratuitos deberían estar
organizados para satisfacer de la mejor manera posible las necesidades de las
familias y no simplemente las necesidades de los que los producen. Habría que
establecer asociaciones de usuarios, como formas de representación de las
familias. Estas formas de representación existen en estado embrionario en
algunos países de Europa Occidental (por ejemplo, los consejos de salud social
en Gran Bretaña) pero carecen de todo poder real.
Por las razones expuestas en la discusión de las
propuestas de Mandel, los otros elementos del ingreso básico no
serían provistos gratuitamente, sino a cambio de una cierta suma de dinero.
Existen cada vez más textos que tratan el papel de las garantías de ingresos en
la construcción del socialismo 3 y no volveré sobre este tema.
Una pregunta evidente es la siguiente: si todo el mundo goza de un ingreso
mínimo que lo libera de la necesidad de vender su fuerza de trabajo, ¿cómo
asegurar que los bienes que se comprarían con ese ingreso garantizado serán
efectivamente producidos? Una primera respuesta es que la mayoría de la gente
deseará consumir más que lo permitido por ese mínimo (carne y virio en lugar de
lentejas y agua) y estarán muy contentos de vender su fuerza de trabajo para
acceder a ingresos más elevados. Otra respuesta es que la gente utilizará su
dinero para comprar sus propios medios de producción y crear empresas en su
domicilio o asociarse en cooperativas con otras familias. Una respuesta más avanzada
es que la gente tendrá la suficiente conciencia del interés público para
comprender que se debe contribuir a la producción si se quiere que al ingreso
garantizado corresponda un poder adquisitivo real; pero a este argumento se le
puede oponer la objeción del “pasajero clandestino“, según la cual todo
el mundo no tiene esa conciencia social.
Está claro que depende mucho del contexto en que se
inscriba esta garantía de ingresos; que se trate de un rasgo esencial de la
economía socialista no implica, en mi opinión, que se pueda remplazar el
capitalismo del Estado-providencia, incluyendo su código de trabajo, por un
capitalismo de ingresos garantizados 4. El ingreso garantizado debe
considerarse como un elemento, entre otros, de un dispositivo social más
amplio, cuya aplicación supone la abolición del capital.
Haré una sugestión sobre el problema del “pasajero
clandestino“, que presenta también la ventaja de contribuir a la
socialización del trabajo no remunerado que aporta a la producción y
reproducción de la fuerza de trabajo. Como contrapartida al derecho a un
ingreso garantizado, los adultos aptos para el trabajo tendrían la obligación
de efectuar un trabajo no retribuido de asistencia personal. Serán exceptuados
los que ya se ocupan de un niño, una persona de edad, un enfermo o un lisiado.
Todos los demás tendrán que asegurar ese servicio comunitario no remunerado,
por ejemplo, ocupándose de un niño lisiado para aliviar a la persona que lo
hace habitualmente. La socialización del hogar y de todos los otros trabajos
domésticos no remunerados representó siempre un objetivo de las feministas
socialistas. Pero sin duda han tenido la tendencia a insistir demasiado sobre
la necesidad de sacar esas actividades del hogar hacia guarderías, hogares de
ancianos, hospitales psiquiátricos, cantinas y lavanderías colectivas.
Evidentemente, todos estos equipamientos juegan un papel, pero remiten a una
apreciación muy negativa de las ventajas de una vida privada autónoma, de una
habitación propia, de las relaciones de vecindad. En lugar de querer reducir el
terreno de la vida de hogar, propondría apuntar al reconocimiento social del
trabajo que consiste en ocuparse de los otros dentro del mismo hogar. El
dispositivo propuesto tendería también a transformar la división sexual del
trabajo en este tipo de actividades: los hombres deberían adquirir las
competencias necesarias para ocuparse de los otros, competencias que, demasiado
a menudo, son exclusivas de las mujeres. El hecho de que todos los ciudadanos,
incluidos los niños, gozarían de un ingreso individual garantizado contribuiría
mucho a atenuar la dependencia de las mujeres y niños respecto de los hombres
Algunas familias podrán elegir crear una empresa
individual o asociarse con otras familias para fundar una cooperativa y vender
sus productos, pero estas actividades probablemente se desarrollarán en pequeña
escala. En la mayoría de los casos, los miembros de un hogar, en uno u otro
momento de su ciclo vital, elegirán trabajar como asalariados en las empresas
públicas. Al suprimir esta obligación, desaparecerá al mismo tiempo el
fundamento esencial del antagonismo entre compradores y vendedores de fuerza de
trabajo; pero esto no impide que cuando se modifiquen las condiciones
económicas continuarán planteándose cuestiones decisivas sobre los salarios, la
organización del trabajo y la asignación de la mano de obra. Hacer de la fuerza
de trabajo la variable independiente significa que ya no
debería ser considerada sólo como un recurso del mismo tipo que las máquinas y
materias primas, aunque las dos figuren bajo la forma de sumas de dinero en los
libros de contabilidad de las empresas.
Las empresas públicas autogestionadas
Todo esto implica que las empresas públicas estén
autogestionadas (worker-managed), que sea reconocido el
“derecho al empleo” de sus asalariados y que los salarios básicos se
fijen en un mercado de trabajo “socializado“. La autogestión significa
que los costos totales de mano de obra de una empresa ya no serían considerados
como un costo a minimizar. Esto puede despertar objeciones sobre la “ineficacia”
de ese sistema y su incapacidad de innovar. Sin embargo, las empresas
autogestionadas no tendrían ninguna razón para no buscar una mejor organización
que les permitiera reducirlos costos unitarios en mano de obra, si pudieran
consagrar una parte de esas ganancias de productividad a un suplemento de
tiempo libre o ingresos. Además, una empresa autogestionada debería inventar
otros medios de reducir los costos en trabajo, que no sean recurrir a una
intensificación del trabajo, nociva para la salud y la seguridad de los
trabajadores, o al desempleo. Estos procedimientos pueden crear la ilusión de
aumentar la eficacia medida por la rentabilidad; pero se trata de una medida
parcial, porque la mejora en la satisfacción de las necesidades de las familias
como compradores, está acompañada por una baja en la satisfacción de sus
necesidades como vendedores de fuerza de trabajo.
Los trabajadores de las empresas públicas
autogestionadas no tendrían el mismo grado de control que los de las
cooperativas, porque no podrían disponer libremente de los activos de su
empresa. En las economías “centralmente” planificadas, esas
restricciones fueron impuestas por la formidable burocracia central de los
ministerios por ramas de producción. El lector informado no necesita ser
convencido de su supresión. Mi propuesta es que estos ministerios sean
reemplazados por una oficina de control de empresas públicas cuyo papel no
sería el de establecer los objetivos de producción y asignar los medios para su
funcionamiento, sino el de hacer respetar un cierto número de orientaciones
establecidas democráticamente para la utilización de los fondos públicos; por
ejemplo, velar para que los asalariados de una empresa pública no puedan
apropiarse de sus activos, por sí mismos o por sus asociados. La oficina de
control de empresas públicas ejercería los derechos de propiedad sobre las
empresas como representante de la comunidad, mientras que los asalariados de
las empresas tendrían reglamentados sus derechos. No existiría mercado de
capitales, con licitaciones públicas de compras y quiebras: la reestructuración
de las empresas competiría a la oficina de control. Como contrapartida a la
limitación de sus derechos a disponer del excedente, los asalariados de las
empresas públicas recibirían una parte importante de su remuneración en forma
de salario fijo y también podrían percibir primas de productividad establecidas
en función de los resultados de cada individuo, equipo o empresa. Las empresas
comprarían sus materiales y equipos y venderían sus productos en mercados “socializados“,
con excepción de las que produzcan servicios gratuitos. Deberían operar en el
marco de estrictas reglamentaciones relativas al medio ambiente, salud,
seguridad y protección del consumidor, que haría respetar un cuerpo de
inspectores dotado de suficientes recursos. Estas empresas deberían funcionar
normalmente en base a la autofinanciación, con excepción de las que produzcan
bienes gratuitos, que serían financiadas con los impuestos.
Se alentaría la creación de nuevas empresas.
Equipos de trabajadores podrían dirigirse a la oficina de control para obtener
la autorización de crear una empresa recibir los fondos públicos
correspondientes, que devengarían interés. En algunas ramas, podría encararse
un sistema en el que equipos de trabajadores licitaran para la gestión de
equipamientos públicos por un cierto período. Habría espacio para toda una gama
de formas de control público e iniciativas descentralizadas 5.
Evidentemente, podrían producirse situaciones en
las que una empresa no sería capaz de enfrentar sus gastos y debería ser
reestructurada. En este caso, intervendría la oficina de control de empresas
públicas. Nadie sería despedido: por el contrario, la oficina de control
ayudaría a elaborar planes de reconversión hacia empleos similares en otras
empresas, iniciativas de formación o nuevos empleos. En esta situación los
trabajadores gozarían de derechos bien definidos y podrían acudir a la justicia
para hacerlos respetar. La oficina de control de empresas públicas proveería
los fondos necesarios para la reconversión, pero también tendría el derecho de
suspenderlos en el caso en que los trabajadores buscaran simplemente vivir de
subsidios.
Soy consciente de no haber dicho nada sobre los
procedimientos internos necesarios para la aplicación de una auténtica
autogestión. En la medida en que entre los trabajadores existen grandes
diferencias de calificaciones y contenido del trabajo, no sería posible que
todos jugaran el mismo papel. Es importante tratar de reducir las desventajas
de los menos calificados, que ejecutan tal trabajo de poca responsabilidad. Es
esencial un sistema de información abierto, accesible a todos los trabajadores,
pero saber utilizar la información es igualmente importante y la transparencia
no es una condición suficiente. Por esto, los distintos grupos de trabajadores
deben poder elegir libremente a sus representantes (por ejemplo, por medio de
los sindicatos) si tienen necesidad de ayuda para formular mejor sus
reivindicaciones y ejercer plenamente sus derechos en el momento de las
reestructuraciones. Tampoco la transparencia será suficiente cuando un entorno
inestable ya que el poder de decisión esté concentrado en un pequeño número de
personas. Las posibilidades de formas igualitarias de autogestión obrera
tienen, además, implicancias en las relaciones inter-empresarias: en efecto, no
es posible tener un sistema de información abierto dentro de una empresa y
guardar el secreto frente a las otras. En consecuencia, un sistema de
información plenamente abierto entre las empresas es un elemento clave de los
mercados socializados y lo mismo sucede con las relaciones institucionalizadas
entre compradores y vendedores, que contribuyen a estabilizar el entorno de las
empresas. En estas condiciones, los mercados socializados podrían ser mucho más
compatibles con la democracia industrial que los mercados organizados
únicamente por las empresas.
Los mercados socializados
Comenzaré por presentar algunas características
generales de los mercados socializados. Luego examinaré con más detalle cómo
podrían funcionar esos mercados para la fuerza de trabajo, los bienes de
producción y los bienes de consumo. Un mercado socializado es un mercado en el
que intervienen entidades públicas y que está financiado más por los impuestos
pagados por las empresas y las familias, que por las transacciones. Los “apretones
de mano invisibles“, entendimientos y acuerdos que las economías de mercado
consideraron necesario efectuar, al menos hasta cierto punto, toman en el
mercado socializado la forma de redes públicas de información y no de “círculos de
iniciados“, “clubes privados” cuya función es excluir a los outsiders.
Estas redes dispondrían de secretariados financiados por el impuesto más que
por la venta de sus servicios.
Lo interesante de la intervención de sujetos
públicos (llamémosles comisiones de precios y salarios) es que permiten
suprimir los obstáculos que se oponen a la circulación de la información en los
mercados privados. La escuela austriaca subrayó siempre el hecho de
que los mercados producen información, pero no insistió lo suficiente
sobre la manera en que fragmentan esa información. Las empresas que buscan
maximizar sus ganancias y están unidas entre ellas por relaciones de
intercambio, tienen interés en disimular la información sobre su productividad,
costos de producción e innovaciones. Una de las ventajas del mercado es la de
favorecer la descentralización de la iniciativa, pero uno de sus inconvenientes
es también el de obstaculizar la globalización de la información. Un mercado
socializado permite la descentralización de la iniciativa y éste es uno de los
rasgos esenciales de una sociedad liberadora, pero además crea nuevos canales y
estímulos para que las iniciativas individuales sirvan al bien común.
Las comisiones de precios y salarios tendrán tres
funciones que cumplir. En primer lugar, deberán proveer los medios necesarios
para el intercambio de información sobre las condiciones del mercado. La
naturaleza de esos medios dependerá del grado de desarrollo económico. En una
economía agraria pobre, la primera etapa será la construcción de los mercados.
En una economía industrializada que disponga de computadoras, puede encararse
un mercado electrónico. Los mercados electrónicos se desarrollan, en orden disperso,
en las economías capitalistas industrializadas; pero un mercado electrónico
público tendría la enorme ventaja de la estandarización, mientras que hoy su
desarrollo choca con la incompatibilidad de los distintos tipos de
equipamiento. Pueden realizarse importantes economías en la recolección y
tratamiento de la información y un mercado electrónico integrado podría
disponer de costos inferiores. Las empresas y familias serían de esta manera
estimuladas a utilizar este mercado público, porque les resultaría más barato
que buscar, por sus propios medios, reunir una información dispersa.
¿Qué tipo de información deberían recolectar las
comisiones de precios y salarios? Habría que ir más allá de una simple
información sobre los precios unitarios. Una de las ventajas de un mercado
socializado consiste en hacer transparentes los mecanismos de formación de
precios. En las economías de mercado industrializadas, la mayoría de las firmas
forman sus precios agregando un margen a su costo unitario, pero no se conoce
la división entre costos y margen. Las comisiones de precios tendrían necesidad
de información sobre los costos unitarios para que el público pudiera juzgar la
relación entre costos y precios. ¿El disponer de esta información ocasionaría
gastos suplementarios a las empresas? No, porque las empresas elaboran ya esta
información para sus propias necesidades internas de gestión […] La segunda
tarea sería controlar la divulgación de esta información sobre la base de
planes contables estandarizados, como pre-condición para el acceso a los
mercados públicos.
La tercera función sería la de guiar la formación
de precios y salarios. Por supuesto es imposible que las comisiones de precios
y salarios supervisen por sí mismas cada contrato y controlen “centralmente”
todos los precios. Siempre existe la posibilidad de transacciones clandestinas,
“grises” o “negras” que escapan al control central. Sin embargo,
las comisiones pueden producir normas de precios y salarios y procurar la
información necesaria para una “regulación” descentralizada de los
precios y los salarios. Los impuestos y la codificación dé los contratos pueden
también contribuir al respeto de las normas y el castigo de las
infracciones. Los precios y salarios propuestos en cualquier transacción podrán
así compararse con las normas. Si el comprador y el vendedor desean apartarse
de la norma (para asegurar, por ejemplo, una entrega más rápida o un cambio de
calidad), podrían hacerlo. Pero también podrían rechazar estas desviaciones
respecto de las normas, pidiendo una investigación a la comisión respectiva. Si
muchos compradores y vendedores están de acuerdo en apartarse de la norma, esto
puede indicar que hay que revisarla. Sin embargo, a corto plazo, las economías
industriales descentralizadas se caracterizan más bien por la rigidez de sus
precios y el ajuste por cantidades juega el papel principal: modulación de la
demanda, fluctuación de los stocks, cambios en la composición de la producción.
A más largo plazo, el ajuste por los precios adquiere importancia por la
influencia que éstos ejercen en las decisiones de inversión. A causa de esta
rigidez de los precios, a veces la comisión deberá anticipar más que seguir el
curso de las transacciones y cambiar las normas de los precios antes que los
precios de las transacciones corrientes se hayan modificado considerablemente.
Para esto, deberá movilizar la información proveniente de las redes sobre la
evolución de los stocks y de las tasas de utilización de las capacidades. Las
normas deben fijarse mediante negociaciones, sobre la base de la información
proveniente de compradores y vendedores, en lugar de imponerlas “centralmente“,
sin tomar en cuenta sus necesidades 6. Una economía más
desarrollada puede combinar mercado electrónico y sistema de pagos electrónico.
Un sistema electrónico público para las transacciones de los mercados podría
registrar los términos de todos los contratos y esta información serviría para
identificar las desviaciones de la norma; aquí también los bajos costos
estimularían a compradores y vendedores a utilizarlo. Estos sistemas automatizados
de pago se están desarrollando en los países capitalistas industrializados,
pero, como en el caso de los mercados electrónicos, tropiezan con la ausencia
de normas homogéneas y con costos iniciales muy altos.
La intervención pública en los mercados debe
completarse con la organización de redes de compradores y vendedores
interesados en el intercambio directo de informaciones como la especificación
de los productos, procedimientos de fabricación y proyectos de inversión. Estas
redes 7 serían diferentes de las burocracias con sus pesadas
jerarquías que funcionan a reglamento, pero también de los mercados, cuyas
relaciones son discontinuas y funcionan por dinero. Dichas redes se
distinguirían de las redes informales de subcontratos entre empresas, porque
contarían con secretariados financiados por fondos públicos y encargados de
facilitar la circulación de la información; su acceso sería libre para todo
actor social que reuniera cierto número de condiciones mínimas. El principal
centro de interés de estas redes no estaría en los precios y costos, sino en el
volumen y las especificaciones de los bienes y. en los procedimientos de
fabricación. Cada uno tendría la posibilidad de instalar su propia red, pero
estas iniciativas espontáneas estarían encuadradas por las redes públicas,
cuyos coordinadores tendrían el poder de imponer la divulgación de la
información. Las redes compradores- vendedores permitirían objetivar algunas de
las interdependencias que existen entre agentes y, en esas condiciones, las
unidades individuales podrían tomar sus decisiones de manera más conforme al
interés general, integrando los efectos que podrían tener sobre los otros y
sobre sí mismos.
Los coordinadores de las redes y las comisiones de
precios y salarios tendrían, entonces, la función de facilitar la circulación
de la información, asegurar su divulgación, pero también jugar un papel
interactivo en las especificaciones de los productos y los procedimientos de
fabricación. Habría que encarar varias redes dirigidas, por ejemplo, hacia la
energía, los transportes, las capacitaciones, los bienes de consumo. Las
variables en las que se especializarían estas redes compradores-vendedores serían
las de stocks, capacidades de producción y normas técnicas. Una vez más, esto
no implica para las empresas elaborar una información que sería una fuente de
costos suplementarios sino difundir una información de la que tienen, de todas
maneras, necesidad para su propio uso […]
Las redes compradores-vendedores formarían la base
de un proceso de planificación descentralizada, en el cual se tomarían en
cuenta antes de la aplicación de estos planes, los efectos combinados de los
planes de inversión de cada unidad de producción. Los secretariados de estas
redes podrían actuar coordinadamente con una agencia nacional de planificación
para definir una estrategia económica nacional que produzca un consenso
general. La necesidad de descentralizar las decisiones sobre la utilización de
las capacidades y la innovación no implica que toda forma de planificación
central de la economía sea superflua. Por el contrario, debe existir una
estrategia global, que indique los sectores a desarrollar o reestructurar, que
decida lo que se consagra a la inversión y al consumo y, por último, que
permita localizar los cuellos de botella que hay que superar y los que deben
considerarse como una limitación obligatoria. Pero esta estrategia no se
aplicará a través de una asignación centralizada de los recursos materiales ni
por la definición de objetivos de producción para cada empresa. Sin duda, las
experiencias de planificación estratégica en Francia o en Japón son las que más
se acercan a mi idea, pero no disponen de toda una serie de procedimientos que
existirían en una economía socialista y, además, se basan en redes de
información que son redes “a la antigua”, cámaras de comercio más que redes de
acceso libre. En el caso de la mano de obra, los bienes de producción y de
consumo, las comisiones y las redes funcionarían de manera diferente, por eso
serán tratadas por separado.
El mercado de trabajo
La comisión de salarios tendría por función reunir la información sobre la
oferta y la demanda de empleo. Por cierto esto no sería una novedad, pero estos
servicios han carecido a tal, punto de recursos en las economías capitalistas
que sólo pueden ofrecer una información muy limitada, por lo que dejan un
amplio espacio a las agencias privadas, con o sin fines lucrativos. En
especial, no se suministra ninguna información comparativa sobre el estado
general del mercado de trabajo que permita a las empresas y a los trabajadores
evaluar los términos de un contrato de trabajo. Tampoco existe información
disponible sobre la forma en que se fijan los salarios relativos (a partir de
escalas de referencia o sobre la base de los salarios reales).
Para funcionar con eficacia, las comisiones de
salarios no pueden limitarse a tener al día la información sobre la oferta de
empleos: deberían, además, hacer el seguimiento de las condiciones de trabajo y
de remuneración, así como la descripción de los puestos y los desarrollos de
las carreras. Es el tipo de información que, de todas maneras, reuniría una
oficina de personal: lo que falta es la difusión de esta información y su
tratamiento por la comisión. Serían suficientes computadoras personales para
presentar una rápida síntesis de estos datos que sea utilizable por los que
buscan u ofrecen empleo. Con la condición de disponer de suficientes recursos,
la comisión de salarios no agregaría una burocracia suplementaria porque
reemplazaría a todos los que, en las economías capitalistas, producen este tipo
de información, pero de manera dispersa y oculta.
La comisión de salarios podría contribuir a hacer
respetar ciertas exigencias mínimas en los contratos de trabajo, rechazando la
entrada al mercado socializado de las ofertas de empleos que no respondieran a
esos criterios. De la misma manera, podría ayudar a imponer cierto número de
normas salariales, como el principio de igual salario por igual trabajo o
también una escala salarial que no privilegie sistemáticamente la fuerza
muscular en relación a la habilidad manual. Por supuesto, estas disposiciones
deberían integrarse a la legislación, pero, paralelamente, la comisión podría
favorecer el papel motor de los sectores más avanzados.
Además de la gestión de la información, la comisión
de salarios tendría que elaborar “normas” de referencia para las escalas
salariales y para los aumentos generales. Esto sería una decisiva contribución
al establecimiento de un reparto justo de los ingresos sociales y al control de
la inflación. Es absolutamente esencial que sean tomados en consideración todos
los salarios, desde el del presidente (elegido democráticamente) hasta los de
los trabajadores menos calificados. (Aquí supongo que no existe ingreso por la
propiedad, salvo los intereses que remuneran el ahorro personal). Como se
garantizaría a cada uno un ingreso mínimo, es probable que el salario relativo
de los que realizan un trabajo poco calificado, desagradable o penoso, se
encontraría en un nivel más alto que en la actualidad, porque, de lo contrario,
nadie querría realizar esos trabajos.
El establecimiento de normas de salarios relativos
se sometería a procedimientos de evaluación de puestos democráticamente
controlados, que serían objeto de una revisión anual que tome en cuenta la
evolución de las estructuras económicas y sociales tal como se reflejan en las
estadísticas de ofertas y demandas de empleo. El establecimiento de una norma
general para la progresión de los salarios resultaría de decisiones
macro-económicas referentes a los niveles admitidos de inversión y consumo y al
crecimiento de la productividad. La aplicación de esta norma estaría asegurada
de varias maneras: impuestos, conformidad con los contratos, publicidad de las
infracciones y, sobre todo, creación de una atmósfera de confianza basada en la
transparencia de una sociedad en la cual los precios se forman a partir de
normas fijadas por las comisiones de precios. La finalidad sería hacer que el
mecanismo de fijación de salarios fuera lo más transparente posible.
Sin duda, en ese sistema, la preocupación principal
de los sindicatos dejaría de ser la negociación salarial. Pero seguramente
cumplirían un papel igualmente importante, el de otorgar a sus miembros los
medios de defender sus derechos, para negociar la organización de la producción
y la afectación del excedente disponible después de pagar los impuestos y para
movilizar su experiencia en los procedimientos para el establecimiento de
diversas normas. Los sindicatos son una forma de expresión de la división del
trabajo, y en la medida en que ésta se transformara, su papel también
evolucionaría. Pero mientras perduren diferencias sustanciales en el contenido
de los empleos, algunos que implican responsabilidades de organización (“trabajo
intelectual“) mientras otros se limitan a tareas de ejecución (“trabajo
manual“), los sindicatos son esenciales para la defensa de estos últimos.
Este papel implicaría tanto el derecho de huelga, como una verdadera
independencia organizativa.
No habría más desempleo involuntario porque la
oficina de control de las empresas públicas actuaría como una sociedad holding para
las personas cuyos empleos hayan sido suprimidos; les abonaría su salario
básico y les ofrecería una estructura de organización y formación hasta que
hayan encontrado un empleo. Las redes entre solicitantes y ofertantes de empleo
(incluyendo las familias y las instituciones de formación y enseñanza) podrían
jugar un papel importante para reducir los costos de esas operaciones; servirían
como referencia para la planificación de la mano de obra, al reunir información
cuantitativa sobre la estructura y las previsiones de empleos. Podrían
organizarse muchas redes por tipo de empleo y calificación. Solicitantes y
ofertantes de empleo tienen un común interés en el desarrollo de la
capacitación y estas redes constituirían un marco de referencia para acciones
de formación de la fuerza de trabajo, que evitaría la creación de empleos sin
perspectivas o una capacitación muy limitada o demasiado específica. No
suprimiría el conflicto existente entre la aspiración personal de ocupar un
empleo satisfactorio y la necesidad de la empresa de asegurar su
autofinanciación, pero ofrecería un espacio para que los diferentes agentes
pudieran confrontar sus puntos de vista sobre los proyectos de formación,
enseñanza y organización del trabajo. Además de la recolección y distribución
de la información, una de las tareas de los secretariados de redes consistiría
en organizar intercambios de experiencias por medio de cursos, intercambios de
personal entre centros de formación y enseñanza y consejos recíprocos […]
El mercado de bienes de producción
La compra y la venta de bienes de producción pone
en relación a las empresas. No hay razón para que las empresas públicas no
puedan tomar iniciativas descentralizadas para la compra y venta de bienes de
producción, en un marco establecido por la oficina de control de empresas
públicas, con la finalidad de regular mejor las fluctuaciones de su producción
y evitar el derroche de sus activos. No hay mucho que agregar en cuanto a las
actividades de la comisión de precios que estaría encargada, aquí también, de asegurar
la circulación de la información sobre las condiciones del mercado. Su función
de divulgación de la información reviste una especial importancia en la medida
en que los cárteles y los arreglos de precios son muy frecuentes en algunas
industrias de bienes de producción. ¿Podemos confiar en que las empresas
respeten las normas contables establecidas y revelen sus costos unitarios? ¿No
van a establecer una doble contabilidad, una para la comisión de precios y otra
para sí mismas? Una cuestión extremadamente importante es la calidad de la
información: son bien conocidos los problemas creados por el hecho de que en
los sistemas de asignación centralizada de los recursos, las empresas no
comunican a los planificadores centrales la información pertinente sobre sus
necesidades en materia de recursos productivos. En estos sistemas, existe una
tendencia inherente a la “desinformación” porque los órganos de
planificación determinan a la vez los objetivos de las empresas y la atribución
de los recursos correspondientes. Naturalmente, la tendencia de las empresas
consistió en inflar las estimaciones de sus recursos para lograr más fácilmente
los objetivos de producción. ¿Existen mecanismos análogos que podrían conducir
a una sobre o sub estimación de los costos unitarios comunicados a la comisión
de precios? Para responder esta pregunta, es necesario examinar la naturaleza
del proceso de formación de precios.
Es algo sabido que ellas economías capitalistas
industrializadas, la mayoría de las empresas fijan sus precios agregando a los
costos unitarios un margen cuyo monto está modulado por las reacciones de la
competencia y los consumidores. La comisión de precios establecería normas de
precios análogas, con la diferencia de que el referente sería el costo unitario
medio y el margen se ajustaría en función de las necesidades de inversión de la
economía. Cuanto más alta fuera la tasa general de inversión fijada por el
plan, más elevado debería ser el margen. Sin embargo, podría variar de una rama
a otra, a fin de generar un excedente más alto en las ramas para las que está
programado un crecimiento más rápido y un excedente menos importante en las que
están llamadas a crecer más despacio. Este es el procedimiento de formación de
precios adoptado por Kalecki 8 cuya diferencia con el
método por tanteos preconizado por Lange es que las normas de
precios no tienen por objetivo ajustar la oferta y la demanda instantáneas,
sino impulsar un despliegue coherente con el plan, gracias a las diferencias de
rentabilidad entre sectores. Este procedimiento es compatible con la fijación
de precios específicos para el caso de bienes no estandarizados, producidos en
pocos ejemplares, caso que se encuentra con frecuencia en algunas industrias de
bienes de capital. Las normas de precios podrían revisarse anualmente, sin que
sea obligatorio actualizarlas todas al mismo tiempo y permanecerían estables
entre dos revisiones. Este examen anual permitiría saber si la evolución de los
costos y la de la demanda (revelada por la de los stocks) justifican una
modificación de los precios. La proporción en la cual los cambios de costos
repercutirían en las normas de precios dependería de saber si el nivel de
producción de un sector debe ser aumentado, mantenido o reducido. Este proceso
de formación de precios sería transparente porque el público conocería los
criterios de fijación de normas de precios y podría comparar los precios con
las normas vigentes. Esto alentaría la búsqueda de la eficacia, porque las
normas dependerían de costos y márgenes medios: una firma cuyos costos se
situaran por debajo del término medio podría realizar un excedente más
importante y dispondría de fondos suplementarios que podría destinar a su
crecimiento o a primas suplementarias para sus trabajadores. Así se limitaría
la posibilidad para las grandes empresas de garantizar su propia ganancia
mediante la reducción de la de sus subcontratistas. También se frenaría la tendencia
de las empresas a mantener su margen de ganancia aún cuando no utilicen
plenamente sus capacidades y a mostrarse poco dispuestas a bajar los precios o
aumentar la tasa de utilización de sus capacidades; comportamientos que
caracterizan a las empresas en las economías capitalistas, con el riesgo
constante de desembocar en una demanda agregada insuficiente 9.
Este procedimiento deformación de normas de precios
(combinado con un conjunto de medidas destinadas a alentar su difusión)
contribuiría a la aplicación de orientaciones macro-económicas y reduciría los
riesgos de que la economía se deslice hacia la inflación. La doble necesidad de
integrar esta dimensión macro-económica y acompañar las reestructuraciones
explica que el proceso de formación de precios no debe dejarse a la sola
iniciativa de las empresas. Las decisiones relativas al nivel y la composición
de la producción, y la combinación productiva, corresponderían a las empresas
(a partir de la información suministrada por las redes), pero el procedimiento
de formación de precios estaría socializado. La factibilidad de este
procedimiento depende, evidentemente, de la calidad de la información
transmitida a la comisión de precios. Se pueden imaginar situaciones en las que
un pequeño grupo de empresas domine una rama y podría querer actuar en
connivencia para transmitir informaciones de costos infladas a la comisión.
Esto les permitiría realizar excedentes superiores a los programados por la
comisión.
Existe todo un abanico de medidas que permiten
precaverse contra los riesgos de la desinformación: un cuerpo de inspección
bien dotado de recursos y encargado de verificarlas cuentas de las empresas,
una reglamentación que garantice el libre acceso a los sistemas informáticos,
un conjunto de medidas tendientes a hacer muy complicado y costoso el
mantenimiento de una doble contabilidad (bajo la forma de libros de
contabilidad, bandas magnéticas o disquetes); es decir, medidas que faciliten
los nuevos ingresos a la rama y disminuyan las posibilidades de colusión (por
ejemplo, mediante licitaciones para contratos por tiempo determinado).
Ciertamente, la comisión de precios necesitaría disponer de medios
considerables, pero éstos podrían provenir de la reafectación de los recursos
que las economías capitalistas consagran a la intervención de las instituciones
financieras en el mercado de capitales. Las capacidades de un analista de
proyectos que trabaje para un banco comercial, son exactamente las que necesitaría
la comisión de precios.
Las redes de compradores y vendedores de bienes de
producción tendrían dos funciones especialmente importantes consistentes,
primero, en amortiguar las fluctuaciones en la utilización de las capacidades
debidas a los imprevistos de la inversión, que pueden ser muy pronunciados en
ciertas ramas de los bienes de producción; y segundo, asegurar la difusión de
la innovación tecnológica. En las economías capitalistas existe una amplia
colaboración entre compradores y vendedores para la concepción y las especificaciones
de los bienes de producción y el descubrimiento de futuras necesidades de
inversión. Las nuevas técnicas de automatización llevan a ampliar el campo de
las redes interempresarias, que tienden a englobar no sólo los contratos a
largo plazo programación.
Algunos investigadores utilizan el término de “sistemo-factura”
para designar esas unidades de producción compuestas de varias empresas
autónomas, que coordinan estrechamente sus actividades de desarrollo de los
productos y sus programas de producción, gracias a las técnicas de tratamiento
computarizado de la información Sin embargo, esta posibilidad no se ha
extendido porque las empresas privadas pueden mantener reservada su información
cuando esto les procura una ventaja frente a la competencia. En el esquema de
economía socialista presentado aquí, ese derecho no existiría Las empresas
públicas deberían compartir la información sobre las innovaciones técnicas y
los programas de producción, condición para el acceso a los fondos públicos.
Las cooperativas y las empresas individuales tendrían la misma obligación, lo
que sería para ellas la condición para el acceso a los mercados y redes
públicas. Afín de mantener estímulos materiales para la innovación tecnológica,
se podría abonar un canon por el depósito de patentes en un banco tecnológico
al que tendrían acceso todos los miembros de las redes y que podría contribuir
a la financiación de la investigación en las empresas. Se desalentaría, en la
medida de lo posible, la competencia basada en la retención de información. (A
este respecto, la economía socialista tal como la concibo, se aproximaría mucho
más que cualquier otra forma de economía al modelo neoclásico de competencia,
que parte de la hipótesis de que todas las técnicas son accesibles para todos).
El mercado de bienes de consumo
Muchos de los procedimientos expuestos
anteriormente, podrían ser aplicados a los bienes de consumo. Me detendré en lo
que les es específico: los compradores son familias que no disponen del mismo
volumen de recursos o de conocimientos especializados que tienen las empresas.
Sin embargo, si las familias adoptan una política miope de consumos puntuales,
consideran cada compra como un acto separado e ignoran las relaciones entre
condiciones de producción y uso de los bienes, corren el gran riesgo de actuar
contra sus propios intereses 11. El papel de un mercado socializado
sería poner los conocimientos a disposición de las familias para hacerles tomar
conciencia de las interdependencias entre sus actividades como productores y
consumidores. La información proporcionada por la comisión de precios
permitiría a las familias comprender cómo se descompone el precio al por menor
de un artículo: el desglose por actividades intervinientes en la fabricación,
el reparto de los márgenes y costos en los distintos estadios de la producción
y, por último, los impuestos y subvenciones incorporados al precio. Entonces
sería posible mostrar a las familias las razones del alza de un precio,
mediante la indicación de los costos que han aumentado o de los márgenes que
han sido elevados para favorecer el crecimiento de la producción. La reacción
de las familias a las alzas de precios es un elemento primordial en el
funcionamiento de las economías capitalistas o del socialismo real. En ninguna
de esas economías las familias reciben la información necesaria para evaluar
los precios, decidir si los aumentos están justificados o distinguir entre los
cambios de precios relativos, necesarios para la regulación de la economía y
los aumentos de precios a nivel general. En efecto, la rigidez de los precios
en baja deriva de que los ajustes de precios relativos sólo han podido hacerse
como elemento de un aumento general de los precios. Ningún sistema de precios
puede producir un sistema racional de afectación de recursos si los precios no
cubren los costos corrientes y las futuras necesidades de inversión. Pero, en
la medida en que la formación de los precios es opaca, no es sorprendente
comprobar que las familias no confían en las autoridades (ya sean empresas
capitalistas o planificadores socialistas) cuando anuncian que es necesario un
aumento de precios. No hace falta, sin embargo, una información detallada de
todos los bienes y servicios; sería suficiente con que estuviera disponible
para todos los artículos básicos, que representan una significativa proporción
en los gastos de una familia.
Las redes de sub-contratatación ya existen en las
economías capitalistas entre los grandes distribuidores y sus proveedores, de
manera análoga a las existentes en el ámbito de los bienes de producción.
Distribuidores como Marks and Spencer, The Body Shop o Benetton son muy buenos
ejemplos de “sistemo-facturas“. Pero las familias no están integradas a
esas redes y permanecen en una posición de debilidad relativa. Para remediarlo,
propongo que se forme una unión de consumidores que pueda intervenir como coordinador
de las redes, relacionando las familias y las empresas que producen y
comercializan, al por mayor o al pormenor, servicios o bienes de consumo. Esta
unión suministraría la información sobre la calidad de bienes y servicios, como
ya lo están haciendo las asociaciones de consumidores en algunos países
capitalistas industrializados. Pero su función sería más amplia porque debería
suministrar también la información sobre las condiciones de producción de
bienes y servicios y sus implicancias para el medio ambiente. Las familias que
quisieran evitar la compra de bienes producidos bajo ciertas condiciones y
favorecer otros con distintas condiciones de producción, dispondrían de la
necesaria información. Los bienes producidos en mejores condiciones (desde el
punto de vista de la ecología, la igualdad de oportunidades o las condiciones
de trabajo) serían los preferidos. La unión de consumidores enseñaría a las
familias a tomar en cuenta las implicaciones indirectas de sus compras y no
sólo buscar el medio para satisfacer al menor precio sus necesidades
inmediatas. Ayudaría a las familias a comprender que la compra que representa
la “mejor elección” en un momento dado, puede traer inconvenientes a
largo plazo. De esta manera, la unión de consumidores tomaría a su cargo un
buen número de las preocupaciones de los “ecosocialistas“.
Las actividades de la unión de consumidores
excederían ese papel de formación, porque también ofrecería servicios para
hacer más fáciles las compras y ayudar a las familias a extender las
iniciativas respecto a la concepción y especificaciones de los productos. La
unión tendría una sección en cada localidad, que diariamente se informaría
sobre la disponibilidad de bienes y servicios y podría difundirla a las
familias a través de los sistemas de televisión locales. El uso de inventarios
automatizados permite una recolección fácil y rápida de los datos sobre el
nivel de los stocks. Si una familia quiere saber dónde puede comprar pantalones
de pana azul oscuro para un niño de nueve años, la unión de consumidores podría
suministrarle este dato y evitarles largas búsquedas infructuosas. La unión de
consumidores permitiría también a las familias tomar la iniciativa de encargar
ciertos productos, en lugar de limitarse a reaccionar ante las iniciativas de
los productores. Su personal comprendería especialistas en la defensa de los
consumidores, pero también analistas e ingenieros capaces de identificar las
necesidades no satisfechas y trabajar junto con los productores para asegurar
que las tomen en cuenta correctamente. Por cierto, los productores buscan
sistemáticamente descubrir los potenciales de venta, pero el trámite no sería
exactamente el mismo, porque los productores tienen una tendencia intrínseca a
modelar la expresión de las necesidades para obtener la máxima ganancia, para
las familias es difícil determinar la mejor manera de responder a sus
necesidades si ignoran todas las posibilidades técnicas; la especificación de
las necesidades es, a menudo, difícil de hacer en abstracto, pero es mucho más
fácil cuando se está confrontado a opciones bien definidas. Por cierto existe
un conflicto potencial entre las economías de escala y la personalización de
los productos tendiente a responder a necesidades precisas. Pero este conflicto
se atenúa con el desarrollo de la especialización flexible, con la utilización de
equipos que puedan pasar de la producción de un lote de productos a otro lote,
sin la pérdida de tiempo debida a su adecuación.
Todas las empresas que deseen producir o vender
bienes y servicios destinados a las familias, deberían registrarse en la unión
de consumidores y comunicar la información sobre sus productos, sus
procedimientos de fabricación y el nivel de sus stocks, información que, de
todas maneras, necesitan para sí mismas. Gran parte de los recursos que las
economías capitalistas dedican a los estudios de mercado y a la publicidad,
podrían dirigirse hacia la unión de consumidores, los que se beneficiarían
con economías de escala y costos inferiores. Es esencial que la unión de
consumidores sea financiada mediante el impuesto, para permitirle actuar con
toda independencia y evitar que ella misma deba utilizar las técnicas de venta
más agresivas.
En esta economía, la competencia seguiría actuando,
pero sería una competencia mucho más controlada que en cualquier economía
capitalista. Naturalmente, existirían leyes para proteger la salud, la
seguridad y el medio ambiente y otras para definir los derechos de los
asalariados o de los consumidores. Pero la competencia también estaría limitada
por la posibilidad de cada familia de acceder a los medios de producción y por
la falta de apropiación privada de los conocimientos. Sin embargo, estos
límites no deberían desalentar la innovación debido a que el banco tecnológico
abonaría cánones en relación con las patentes de invención depositadas. De
todas maneras, las ganancias suplementarias no son el único motor de la
innovación: más tiempo libre, menos trabajo penoso, reconocimiento social, el
puro placer de crear un nuevo saber y haber resuelto un problema, todo esto
constituye un poderoso estimulante para la innovación. Además, la oficina de
control de las empresas públicas tomaría en cuenta las capacidades de
innovación de cada equipo de trabajadores en el momento de la reestructuración
o la creación de nuevas empresas.
Coordinación y control consciente
Trataré de presentar ahora, de manera sintética, el
modo de coordinación que concibo para una economía socialista. En primer lugar,
el objetivo no sería aquí realizar un equilibrio ex-ante entre
la oferta y la demanda con anterioridad a la producción. Es una tarea
imposible. El problema de la coordinación por el mercado privado no estriba en
su incapacidad de producir este ajuste, sino en su incapacidad de hacerlo de
manera óptima. Existe toda una serie de razones que permiten comprender por qué
las empresas que se autofinancian no van a reducir necesariamente los precios
de los bienes con oferta excedentaria y aumentar los de los bienes con demanda
excedentaria. Kalecki hace derivar la rigidez de los precios
de los acuerdos entre oligopolios; más recientemente, economistas keynesianos e
institucionalistas han comenzado a explorar otros esquemas explicativos,
haciendo intervenir los costos de información y transacción. En la incapacidad
de los mecanismos de mercado para realizar los ajustes micro-económicos se
encuentra la raíz de problemas macro-económicos como el desempleo y la
inflación, que constituyen una preocupación esencial de los socialistas. Estos
dos problemas no pueden abordarse por separado: el objetivo es establecer un
proceso de coordinación que permita evitar el desempleo y la inflación,
asegurando, al mismo tiempo, la progresión de la productividad y la
satisfacción de las necesidades de la gente.
La planificación económica global cumple un papel
vital para determinar los parámetros que definen el campo de acción de cada
empresa y permiten ver con anticipación las principales interdependencias. Pero
esta planificación tomaría la forma de una estrategia de conducción, de una
visión de futuro y no de un procedimiento detallado de asignación de los
recursos materiales. Los planificadores de la oficina central de planificación
económica se apoyarían en las redes de información para formular escenarios alternativos,
entre los cuales la elección se efectuaría según un procedimiento político
democrático. La política impositiva y monetaria jugaría un papel importante en
la ejecución del plan, pero también en las relaciones de reciprocidad,
cooperación y persuasión, como sucede en el caso japonés.
Las empresas no estarían sometidas al corset
administrativo de los ministerios, sino que dependerían de la oficina de
control de las empresas públicas, con excepción de las cooperativas y las
empresas individuales. Los asalariados de las empresas del sector público
tendrían un derecho de uso pero no un derecho de propiedad sobre esas empresas,
que, por otra parte deberían asegurar su autofinanciación. La redistribución de
la mano de obra entre las empresas estaría asegurada por la oficina de control.
Las empresas serían libres de elegir a sus proveedores y sus clientes, pero
estas transacciones, así como las ventas finales a las familias, deberían pasar
a través de comisiones de precios y salarios y coordinadores de redes, incluida
la unión de consumidores. Las empresas establecerían un contacto permanente con
sus proveedores y clientes a través de canales públicos, financiados por los
impuestos y estos canales de información estarían ampliamente abiertos. La
formación de precios y salarios sería transparente. Así serían eliminados los
obstáculos para la circulación de la información, es decir los mercados
privados.
Este sistema de coordinación no implica la
manipulación simultánea de una gran cantidad de información, a diferencia de
una planificación central integral (lo que, por otra parte, se estima
imposible, aún con las computadoras más recientes). Por el contrario, se basa
en la recolección y el tratamiento, a intervalos regulares, de subconjuntos
separados, de una información ya elaborada por las empresas para su propio uso,
referente a los costos unitarios, niveles de stock, especificaciones de los
productos y procedimientos de fabricación. Aquí el obstáculo no es técnico, ya
que la tecnología corriente de las computadoras personales puede perfectamente
administrar este tipo de información en muy poco tiempo. Las economías pobres
pueden utilizar técnicas electromecánicas (o incluso “ábacos“) y
mostrarse más selectivas en cuanto al alcance de la socialización de los
mercados. Más que agregarse a la miríada de operaciones fragmentadas de las
empresas privadas, el sistema público de información lo sustituiría, y permitiría
realizar considerables economías. El obstáculo no es técnico: es social y
político. Los que ocupan posiciones de poder se opondrán a la difusión de la
información. No existe una receta infalible para imponer esta difusión, pero en
una economía en la que la capacidad de iniciativa estuviera ampliamente
extendida y en la que no existiera el mercado del capital, deberían reconocerse
más fácilmente los beneficios que se pueden obtener al compartir la
información.
El libre acceso á la información es la llave de un
control consciente de la economía. Entre los marxistas (comenzando por Marx)
se ha desarrollado una tendencia que consiste en sugerir que bastaría con hacer
converger toda la información necesaria en un centro único, capaz de tomar sus
decisiones apartar de un conocimiento perfecto de todas las interconexiones y
ramificaciones. Este es un proyecto irrealizable y, además, no deseable. Es
mejor concebir el control consciente como el libre acceso de cada uno a la
información disponible referente a un producto y a su precio, de tal manera que
cada persona que debe tomar una decisión, pueda acceder a la misma información
que todos los demás.
Esto tiene consecuencias sobre la cuestión de saber
cómo pasar de la sociedad en que tíos encontramos hoy a la sociedad socialista,
tal como la concibo. En las economías capitalistas, el punto importante parece
ser atacar la intromisión del capital en la información y comenzar a
desarrollar redes que prefiguren las que serán necesarias en una economía
socialista Una serie de cuestiones referentes a la regulación del mercado, las
prácticas restrictivas y los cárteles, los problemas del medio ambiente, la protección
de los consumidores, la democracia industrial, las políticas industriales
nacionales, incluida la transparencia gubernamental, podrían articularse en una
campaña coherente por el libre acceso a la información. Luego deberían
establecerse prioridades en favor de los que estén más lejos de los medios de
acceso a la información y control, la gente que tiene menos educación y
capacitación y que son también, en general, los más pobres. Esto además,
tendría la ventaja de situarse en el terreno de la moral y de asociar a toda
una serie de no-socialistas, al igual que a los socialistas, colocándose en el
corazón mismo de la capacidad del capital para explotar el trabajo […]
NOTAS
1. Este texto es la segunda parte, ligeramente
abreviada de un largo artículo titulado “Market Socialism or Socialization
of the Market?” publicado en New Left Review, n°172, noviembre-diciembre
de 1988, p.3-45 y ya reproducido en francés en Critique Communiste. Se ha
suprimido la primera parte, con una discusión de las tesis de Alec Nove y
Ernest Mandel.
2. La actual versión debe mucho a los comentarios
de Michael Barratt Brown.
3. Ver, por ejemplo, los artículos de Van der VEEN
y Van PARJS, Olin WRIGHT, NOVE y ELSTER en Theory and Society, vol. XV,
n°5,1986; ver también PURDY, The Theory of Wages, Londres, 1988.
4. Ver el debate en Theory and Society, loc.cit.
5. Para una discusión profundizada de la innovación
en las formas de organización del sector público, ver R.MURRAY,
“Ownership, Control and the Market”, New Left Review, nº 164, julio-agosto
de 1987.
6. La idea de una formación de precios interactiva
se encuentra en el modelo de economía socialista de Lange, pero el
procedimiento de formación de precios es diferente al aquí propuesto. Ver
O.LANGE, “On the Economic Theory of Socialism”, en A. NOVE y D.NUTI dir.,
Socialist Economice, Harmondsworth, Penguin Modern Economic Readings,
1972.
7. Para otro enfoque del potencial de las redes de
información en la organización de una economía socialista, ver Michael
BARRATT BROWN, Information Networks, Mimeo, 1988.
8. M.KALECKI, Selected Essays on Economic Planning,
Oxford, 1986.
9. Esta tendencia dio lugar a varias formulaciones
teóricas, entre las que se pueden citar el “apretón de manos invisible” de
Okun y el “grado de monopolio” de Kalecki. Ver OKUN, Prices and
Quantities: a Macroeconomic Analysis, Washington, 1981 y M.KALECKI,
op.cit.
10. R.KAPLJNSKY “Electronic-based Automation
Technologies and the Onset of Systemofacture”, World Development, vol.
XIII, n°3,1985.
11. Ver numerosos ejemplos que ilustran este
aspecto en F.HIRSCH, Social Limits to Growth, Londres, 1977.
