Libro No. 326. Franquismo Y Antifranquismo. Vilar, Sergio.
© Libro No. 326. Franquismo Y Antifranquismo. Vilar,
Sergio. Colección Emancipación Obrera. Junio 30 de 2012.
Título
original: © Sergio Vilar. Franquismo Y
Antifranquismo.
Versión
Original: © Franquismo
Y Antifranquismo. Vilar,
Sergio
Circulación conocimiento
libre, Diseño y edición digital de Versión original de textos:
Libros
Tauro.http://www.LibrosTauro.com.ar
Licencia
Creative Commons:
Autoría-atribución: Respetar la autoría del texto
y el nombre de los autores
No comercial: No se puede utilizar este
trabajo con fines comerciales
No derivados: No se puede alterar,
modificar o reconstruir este texto.
Portada e Ilustración
de E. O. de Imágenes:
izquierdarevolucionariadearafo.blogspot.com
franquismo3.gif.pepeolivercabrera.blogspot.com
© Edición, reedición y Colección Biblioteca Emancipación: Guillermo Molina
Miranda
Sergio Vilar
Franquismo Y Antifranquismo
SÍNTESIS HISTÓRICA
Franquismo y antifranquismo es una síntesis de dos libros míos anteriores: La naturaleza del franquismo (Ediciones
Península, Barcelona, 1977) e Historia
del antifranquismo 1939-1975 (Plaza & Janes Editores, Barcelona, 1984).
Con esta síntesis damos mayor difusión al análisis y a
la crítica de los problemas socio-políticos que se encuentran en los cimientos
de la sociedad y de las generaciones españolas de hoy. A la vez, esta síntesis
resulta instructiva para que lo principal de cada una de estas partes (las
fuerzas franquistas y las antifranquistas) acabe de comprenderse por la otra,
en sus confrontaciones directas e indirectas constantes. Cualquier parte de la
historia de cualquier período y sociedad acaba de explicarse, en sus causas y
efectos y en su verdadera dimensión, al considerarla en el conjunto de los
demás fenómenos de análoga y contrapuesta magnitud socio-política.
Sergio Vilar Franquismo
Y Antifranquismo
INDICE
I. INTRODUCCIÓN GENERAL Y PRIMERAS NOTAS METODOLÓGICAS
2. Motivaciones Y
Causas Plurales
2.1. Causas externas e internas y planes de futuro
2.2. La necesidad
bioquímica, cultural y social de libertades
3. Historia Global
Con Análisis Interdeterminados
II. CONSIDERACIONES SOBRE LA PERIODIZACIÓN
2. Los Desfases
Históricos Y Las Interpenetraciones Entre Períodos Y Etapas
LA REPRESIÓN Y LAS
PRIMERAS TENTATIVAS DE REORGANIZACIÓN DE LOS PARTIDOS Y SINDICATOS DEMOCRÁTICOS
1. Formación
Inicial Del Estado De La Dictadura Militar
2. Los Principales
Rasgos Comunes Entre Los Estados Fascistas Y El Estado De Dictadura Militar
2.1. La
destrucción de los partidos políticos
3. La Panoplia Legalista Contra Los Demócratas
4. Los Efectos De
Las Leyes Represivas
4.1. Las
condiciones de vida en las cárceles
4.3. El éxodo de
los republicanos
5. Organización Y
Acciones De Las Guerrillas
6. Los Monárquicos
Liberales: Civiles Y Militares
6.1. Segunda fase
de las actividades a favor de la restauración de la monarquía democrática
7.2.1. Otras fuerzas socialistas: El POUM
8.1. Consejo de
guerra y fusilamiento del presidente Companys
LA ARBITRARIEDAD
COMO SISTEMA POLÍTICO Y LAS ALIANZAS ENTRE DEMÓCRATAS
1. La
Arbitrariedad Como Sistema Político
2. Las Formas
Religioso-Litúrgicas
3. La
Subordinación De Los Subsistemas Políticos Reaccionarios Al Elemento
Ideológico-Jefe
5. Las Tendencias
Antifranquistas
5.1. Las
plataformas unitarias
6. Los Manifiestos
De Don Juan Y Los Generales
7. La Destrucción
Del Movimiento Libertario
8. La Continuación
De Las Guerrillas
8.1. Datos
globales y críticas acerca de las guerrillas
9. Los Primeros
Rebrotes Del Movimiento Obrero
10. El Gobierno
Republicano, La ONU Y La Nota Tripartita
10.1. Yalta, San
Francisco y Potsdam
10.2. La ONU y la
Nota Tripartita
11. El Pacto Entre
El PSOE Y Los Monárquicos
11.1. La
entrevista de don Juan con Franco
11.2. El Pacto de
San Juan de Luz
12. Tendencias
Hacia La Confrontación Este-Oeste Y Sus Efectos En España
EL CAUDILLAJE Y
LAS BASES MATERIALES PARA UNA SOCIEDAD NUEVA
1. La
«LEGITIMIDAD» Teocrática. El Caudillaje
3. Autocríticas De
Los Libertarios, De Los Monárquicos Liberales Y De Los Socialistas
4. Retoques En La
Política Del PSOE
5. El PCE-PSUC Y
Sus Nuevos Ajustes De Cuentas
7. Actividades De
Los Intelectuales Y De Los Universitarios
8. Las Nuevas
Leyes Franquistas Para La Represión
9. Tiernistas,
Ridruejistas Y Exiliados
11. El FLP O El
Marxismo Cristiano
12. El PCE-PSUC,
La Reconciliación Y La Huelga
13. Cristianos Y
Nacionalistas Periféricos
LAS NUEVAS
TENDENCIAS DEL FRANQUISMO. LOS SACERDOTES, OBREROS Y UNIVERSITARIOS DEMÓCRATAS
1. Las
«Transformaciones» Franquistas Por Las Nuevas Exigencias Internacionales.
1.1. Las
«transformaciones» en el Estado
1.2. La
«modernización» del partido único
2. La Formación
Económica Del Primer Período De La Dictadura Y Las Clases Dominantes
3. Una Peculiar
«Modernización» Económica Capitalista
4. Los Monárquicos
Liberales Y Sus Simpatizantes
6. Los Vasquistas
Y Los Católicos
7. El Movimiento
Obrero, Los Intelectuales Y Los Partidos
8.2. La
solidaridad internacional
8.3. Oirás
reacciones y nuevos exiliados
9. Irrealismo Y
Realidad En El PCE
10. El Abad De
Montserrat, Los Sacerdotes Barceloneses Y Los Democristianos
10.1. La marcha
pacífica y silenciosa de 130 sacerdotes barceloneses
10.2. La falta de
unidad de los democristianos
11. profesores,
estudiantes y escritores
11.3. Los
estudiantes y la represión contra cinco catedráticos
11.4. La
«Capuchinada» y más profesores expulsados
LA HEGEMONÍA DE LA
LIBERTAD, LOS EVOLUCIONISTAS Y LA REACTIVACIÓN DE LA ULTRADERECHA
1. La Eficacia
Política De Las Huelgas
1.1. El carácter
decisivo de la oposición de los asalariados
1.2.
Anticlandestinidad y solidaridad
1.3.
Insuficiencias y divisiones
2. La Fundación
Del PSI, La Renovación Del PSOE Y La Permanencia Del PCE
2.1. Los
universitarios en torno a Tierno y con el PSOE al fondo
2.2. Los jóvenes
del PSOE en el interior
2.3. Los
comunistas y las «huelgas generales»
2.3.1. El Pacto para la Libertad: vía pacífica y armada
2.3.2. La invasión de Checoslovaquia como causa de nuevas
divisiones en el PCE-PSUC
3. El
Antifranquismo En Las Nacionalidades Periféricas
3.2. El consejo de
guerra de Burgos y la Asamblea de Montserrat
4. La Represión
Global, La Amnistía Y Los Abogados
4.2. Trabajadores
de izquierdas
4.3. La represión
y la protesta de la cultura
4.4. Los
monárquicos antifranquistas
5. La Ley De
Prensa De Fraga, Los Evolucionistas Y Los Ultrafranquistas
5.1. La
continuidad del seudorreformismo de la dictadura
5.2. La pieza
clave del neorreformismo a partir de 1966
5.3. Las
contradicciones entre neorreformistas
6. La Reactivación
De Los Grupos Fascistas, Integristas Y Ultramilitaristas
6.1. La constante
militar-franquista
1. Los
Planteamientos Y Las Acciones De Los Grupos Democráticos
1.4. Médicos,
abogados y demás profesionales
2. En Las
Nacionalidades Periféricas
2.4. De una cierta
gloría a la ignominia
3. La Represión Y
La Solidaridad
3.1. La prensa
para la democracia
4. Las
Resquebrajaduras Del Estado Franquista
4.1. Algunas
jerarquías de la Iglesia católica
4.2. Jueces para
la democracia
4.3. Los militares
antifranquistas
4.4. Los políticos
reformistas
5. Las Formaciones
Unitarias Y Sus Debilidades. La Cuestión Sucesoria
5.2. La Plataforma
de Convergencia Democrática
LA REFORMA
GRADUALMENTE RUPTURISTA
I. INTRODUCCIÓN
GENERAL Y PRIMERAS NOTAS METODOLÓGICAS
Los procedimientos violentos son formas clásicas y a
la vez actuales de lucha por el poder político. La organización de bandas
armadas —rasgo común a todos los fascismos—, la formación de partidos políticos
de estructura paramilitar, los pronunciamientos, los golpes de Estado y las
guerras civiles, a fin de imponer por la fuerza unos u otros tipos de dictadura
del capital financiero, ponen de relieve el peso y la reproducción del pasado en lo que tiene de más bárbaro.
Es lo viejo que
se reactiva y lo nuevo que no acaba
de nacer. Porque esas etapas históricas constituyen, al mismo tiempo, la máxima
expresión destructiva, directa e indirectamente, de las incapacidades hegemónicas y de las irresponsabilidades
ideológico-prácticas de las clases sociales —o de sus representantes políticos—
en la ordenación del consenso popular.
Son coyunturas, a veces prolongadas —y en todo caso
demasiado largas— durante las cuales se manifiesta y se desarrolla la tendencia
a la dominación dictatorial, a la
opresión y a la represión de un bloque clasista contra otro.
La mayoría de dictaduras se fundaron en la hipertrofia
sublevada del núcleo central de todo Estado (feudal, moderno y de la más plena
contemporaneidad): las fuerzas armadas. Hoy, más de la mitad de los Estados
miembros de la ONU son dictaduras militares, con una u otra variante, con uno u
otro matiz. Los sistemas dictatoriales también suelen producirse mediante
fenómenos políticos híbridos, esto
es: por la articulación de una parte del ejército a grupos en los que la
ideología fascista es decisiva.
Ahora bien, dictadura militar y Estado de excepción de
tipo fascista son (en Europa occidental) regímenes
diferentes, ya que una y otra formación política corresponden a un proceso histórico distinto. Conviene
subrayar desde el principio esta diferencia, ya que la confusión a ese respecto
produjo y puede volver a producir catástrofes prácticas.
No obstante, en un análisis científico en el que se
ponen de relieve las diferenciaciones correspondientes a unas y otras dinámicas
en las luchas de clases, también es necesario subrayar inmediatamente las
características comunes que vinculan a tales Estados específicos: los dos
generan una serie de efectos extremadamente
semejantes. Es más, en lo que se refiere a los más graves son los mismos
efectos: la monstruosa destrucción de vidas humanas, la opresión —física e
intelectual— de millones de seres humanos.
Antiguas y nuevas formas de dictadura o de sistemas
ultra-autoritarios proliferan todavía por el mundo aplastando a los demócratas,
a pueblos enteros. Incluso ciertas fracciones de la burguesía que, cuando el
proceso fascista o militar comenzaba, eran favorables a esos métodos
dictatoriales, porque creían (o lo creían sus representantes políticos, y aquí
podríamos poner múltiples ejemplos: desde el Gil-Robles en la España de
1935-1936 hasta el Eduardo Frei de 1970-1973 en Chile) que tras la victoria las
fuerzas armadas depositarían el poder en sus manos, son sectores que, a corto o
a largo plazo, quedan apartados de las instituciones estatales, o cuando menos
de sus puestos clave, o están obligados a repartir el poder con —y bajo la dominación de— los jefes del
ejército o del partido fascista.
Aunque nos limitemos a las últimas décadas, el
panorama histórico de las dictaduras muestra numerosos —en todo caso
demasiados— ejemplos, cada uno de ellos muy interesante para el análisis
político. Hasta 1974 hemos tenido unos casos muy próximos, el de Portugal y el
de Grecia, oscilando entre las formas fascistas, la dictadura y la junta
militar. Uno de los casos más recientes —o más dolorosos— de mezcla de
sublevación militar con una rápida preparación fascista, es el del Chile de
Pinochet. Pero son muchas otras las dictaduras (desde Indonesia a Brasil, desde
Paraguay a Uruguay, etc., con la reproducción
dictatorial endémica que ha habido en países como Argentina) que
ensombrecieron o ensombrecen la convivencia democrática y lanzan nubarrones
amenazadores en el plano internacional.
Tanto en el área latinoamericana como sobre todo en la
europea, un estudio sistemático de las dictaduras conviene —se trata de una
utilidad científica— que tome en consideración la investigación en torno a los
casos dictatoriales contemporáneos que se han convertido en ejemplos clásicos (hasta tal punto que,
ideológica y prácticamente, influyen sobre los regímenes ultra-autoritarios que
se establecen después).
En lo que se refiere al fascismo dominante, y a partir de la
etapa de su consolidación en el Estado en proceso de imbricación a las fuerzas
armadas, los ejemplos históricos clásicos
son Italia (1922) y Alemania (1933).
Otro caso clásico
(1936-1939), extraordinariamente
específico, entre otras razones por su larga duración (hasta 1975) y en
algún modo todavía actual es el de
España. Aquí, desde la ciencia política observamos que las fuerzas armadas dominan las etapas constitutivas y de
crecimiento del sistema español, que durante la primera época muestra a la vez
profundos rasgos clerical-fascistas, en cuya combinación el integrismo
medievalizante prevalece.
La larga duración de la dictadura de Franco, sus
particularísimas características; los desarrollos y decrecimientos de sus
formas ultra-autoritarias; las influencias que durante el primer período
recibió del fascismo italiano y del nazismo; la relativa ocultación ulterior de
tales aspectos; sus marchas hacia adelante (desde 1966) «liberalizantes»; los
frenazos (constantes) de los encarcelamientos y de las ejecuciones; las
tentativas —aun en los últimos tiempos— de un sector de antiguos franquistas de
hacer marcha atrás hacia la situación política de los años 1940; todo ello es
un conjunto de fenómenos que hacen de España un tejido de hechos económicos,
políticos e ideológicos muy problemáticos, a veces también porque se encuentran
desfasados entre sí.
Después de hacer las investigaciones empíricas, para
analizar la historia es preciso distinguir en todo momento cuáles son los
hechos principales y qué otros son los hechos secundarios, con el fin de
diferenciarlos también de los acaecimientos que, aunque parecieran brillantes o
momentáneamente sensacionales, apenas tienen importancia en cuanto concierne al
devenir histórico-social. Los hechos principales son aquellos que impulsan y dirigen
un movimiento social, así como los
que dominan una situación y, en suma, los que alcanzan efectos de larga duración: tanto si estos efectos frenan una
dinámica como si la aceleran, o si la hacen retroceder o si la mantienen en una
inercia relativa. El análisis historiográfico se desarrolla investigando
precisamente estos hechos principales en relación con otros acontecimientos.
Hechos principales en la Historia del franquismo y del
antifranquismo son, a título de ejemplos:
a) la huelga-boicot contra los
transportes públicos en Barcelona que tuvo lugar entre el 22 de febrero y el 15
de marzo de 1951, y b) las
manifestaciones estudiantiles que tuvieron como marco la Universidad de Madrid
entre primeros y mediados de febrero de 1956, etc. Aunque sucedieron: a) en una sola ciudad, y b) en una sola institución, uno y otro
constituyeron una enérgica serie de sucesos que conmovieron a la sociedad
española y demostraron a los demócratas indecisos que era posible llevar a buen
término acciones contra la dictadura.
Los hechos inmediatamente secundarios son los
derivados de acontecimientos análogos a los anteriores, o los que de un modo u
otro complementan estos movimientos sociales en otros tiempos y espacios, o los
que, aun siendo muy importantes en un sector (fábrica, facultad, partido,
etc.), no llegan, sin embargo, a alcanzar repercusiones mucho más allá de su
centro ni ponen en marcha otras corrientes en la formación social.
La tercera categoría de eventos y contingencias,
aunque, como decía, parezcan sensacionales, como apenas afectan por sí solos a
la textura de interacciones, ni a las estructuras y funciones de cada
conglomerado social, suelen resultar irrelevantes y por ello, o bien se
prescinde de su relación en el análisis historiográfico, a fin de evitar que la
multiplicidad de «árboles» impida observar el «bosque», o bien esos sucesos de
tercer orden se agrupan, sí se reproducen
y por ende si llegan a constituir una constante, alcanzando de tal modo, al
cabo de un tiempo, la categoría de hechos principales.
Ejemplos: aunque resultaba extremadamente doloroso, la
detención y el fusilamiento de una persona, como era un suceso habitual durante
el primer período de la dictadura franquista, no puede considerarse un hecho
principal desde el enfoque de la historia social (salvo en el caso de hombres
cuya personalidad, por sí misma, ya tenía una gran dimensión histórica, como el
fusilamiento del presidente de la Generalidad de Cataluña, Lluís Companys, el
15 de octubre de 1940). Pero la detención y fusilamiento de una persona
resulta, sin duda, un hecho principalísimo al englobarlo en el hecho compuesto
por los millares de demócratas que fueron fusilados por orden del general
Franco y de sus colaboradores.
Del mismo modo, tampoco hemos de escribir la historia
dedicando una atención individualizada a cada una de las personas que pasaron
por la cárcel (aunque también en este aspecto tengo que hacer excepciones, por
las mismas razones que explico referentes a Companys: ejemplos: el dirigente
socialista Julián Besteiro, que muere en la cárcel de Carmena [Sevilla] el 27
de septiembre de 1940; y el poeta comunista Miguel Hernández, que muere en la
cárcel de Alicante el 28 de marzo de 1942).
Con todo, en cada etapa consta la continuidad de los
presos políticos en cuanto a grupo que configura un hecho principal, permanente
en la historia española de 1939 a 1975.
2. Motivaciones Y Causas
Plurales
Para explicar y comprender la historia es necesario
profundizar en la pluralidad de motivaciones transindividuales y de causas
sociales que determinaron unas y otras acciones de estos o de aquellos hombres,
o grupos políticos, sindicales y culturales.
Las personas actúan en su contorno motivadas por
necesidades biológicas primarias; por actitudes-puente entre lo biológico y lo
social; por construcciones psicológicas; por costumbres remotas o relativamente
próximas; por resultantes que dimanan de circunstancias complejas; y por
formaciones ideológicas y comportamientos políticos. Aunque estas últimas son
las causas más recientes en la configuración de todo ser humano, suelen ser las
que, al menos en los grupos de vanguardia o minoritarios, resultan sobredeterminantes
en las conductas sociales.
El amplísimo problema de la causalidad preocupó ya a
numerosos historiadores, desde Heródoto y Tucídides hasta Braudel, Carr y
Vilar, así como es una cuestión que interesa a numerosos científicos de otras
ramas del saber, desde sociólogos y economistas hasta psicólogos y
psicoanalistas. Pero no es cuestión de ofrecer aquí ni siquiera un resumen de
las diversas posiciones de esos y otros autores.
Las causas son múltiples y entrelazadas hasta extremos
que serían, en principio, inverosímiles, si no hubiera, en la historia de unas
naciones y de otras, series de hechos que las prueban.
Hay causas instintivas, socioeconómicas, políticas,
pero también hay causaciones vastísimamente religiosas, emergentes de
costumbres, conscientes y subconscientes. Hay causas individuales, de grupos,
clasistas, de masas, nacional-estatales, internacionales... Existen redes de
causas disimuladas superficialmente por otra causalidad. Entre esas causas
pluriformes destacan las causalidades estructurales, esto es: las conexiones
pluricausales, fuertemente imbricadas a lo largo de los años, las cuales, al actuar
una de ellas, suelen ponerse todas en movimiento complejamente. Hay causaciones
que se interfieren, que llegan a chocar entre sí, originando otra
multicausalidad difusa en la que asimismo interviene el azar. La pluralidad
causal, observada a través de un período largo, pasa por discontinuidades y por
regresiones, que ponen entre gravísimos interrogantes el proceso histórico
lineal de tipo progresista, creando «paréntesis» y estancaciones que, no
obstante, al cabo de un cierto tiempo (a veces al cabo de décadas) vuelven a
enlazar con otras continuidades.
2.1. Causas externas e internas y planes de futuro
Los grupos políticos, sindicales y culturales, así
como las fuerzas sociales en general (es decir: sin connotación ideológica
precisa) actúan contra la dictadura por un amplio engranaje de causas así como
por diversos planes de reestructuración socio-política.
La imposición del sistema dictatorial desde 1939 lleva
consigo una serie de obstáculos rígidos que afectan negativamente incluso los
modos de vida básicos de los ciudadanos en sus aspectos económicos, culturales
y jurídico-políticos.
Tales causas generales externas, o sea: las formas
represivas, opresivas o de censura social y cultural constituyen, para la
mirada atenta de toda persona inteligente y sensible, una serie de graves
menosprecios a la dignidad humana proclamada, hace ya siglos, por las
Declaraciones de los Derechos del Hombre (la del estado de Virginia, Estados
Unidos, en 1776; la de la Asamblea Nacional Francesa, en 1789), por las
Constituciones de los países más civilizados y por las instituciones
internacionales como la ONU. La supresión y el atropello totalitarios de esos
derechos motivaron a diversos españoles su participación en actividades para
conquistarlos.
Entre estos españoles aún lucharon más los grupos
formados por socialistas, libertarios, comunistas y cristianos progresistas, ya
que las ideologías donde éstos militan son más exigentes que las sencillamente
democráticas en su búsqueda y (re)estructuración de las libertades públicas.
Ahora bien, aunque todos partían de la causa general
externa, las causalidades internas de cada partido —así como sus proyectos para
el futuro— son diferentes en su formación y en sus acciones: no siempre —y
durante largas fases muy raramente— los socialistas, ácratas, etc., actuaron de
forma coordinada. Es más: en algunas coyunturas unas u otras tendencias
internas de un partido o de un sindicato se oponían o criticaban violentamente
que otro núcleo partidario o sindical se pusiera en movimiento (por ejemplo:
los cenetistas exiliados respecto a los cenetistas que en España negociaban con
los monárquicos). Las querellas o los frenos también se lanzaban desde una
organización y contra otra (como ilustración concreta: el PCE-PSUC hizo
numerosas declaraciones sectarias contra el PSOE, contra la CNT y sobre todo
contra el POUM).
La falta de unidad estable de las fuerzas
antifranquistas es, a su vez, una de las causas o debilidades internas que
explican la larga duración de la dictadura franquista. Esta debilidad era tan
notoria que, cuando se crearon organismos unitarios (por ejemplo: la ANFD, en
el mes de octubre de 1944) fueron muy poco —a la larga, nada— eficaces para
conquistar objetivos democráticos prácticos.
En la historia de la oposición a Franco, incluso
cuando llegan a suceder hechos antidictatoriales simultáneamente, ello no
quiere decir en todos los casos que estén coordinados o que fueran
combinaciones calculadas de causas y efectos sectoriales. Por tanto, cuando la
«relación» de unos hechos sólo fue un fenómeno de coincidencia global en el
tiempo (ejemplos: las huelgas de finales de los años 1940 y la continuidad de
las acciones guerrilleras en Valencia, Andalucía, etc.), es innecesario (y
podría tener consecuencias confusionistas para el lector) analizarlos de forma
indeterminada: porque no hubo determinación recíproca directa. Ahora bien, lo
significativo de esta coincidencia —cuando se produce— es que el pueblo
español, a pesar de la represión, demostraba por diversas vías su
reivindicación de las libertades.
Sin embargo, a medida que los antifranquistas avanzan
por el segundo período (1956-1975) ya se buscan —y se consiguen— varias
coordinaciones de las actividades de unas y de otras fuerzas, así como las
conjunciones de las causas y efectos se alcanzan a escala interregional.
2.2. La necesidad bioquímica, cultural y social de
libertades
En la España de 1939 a 1975 diversas personas, en unas
y en otras corrientes vanguardistas, sintieron, engranado con las indicadas
causas políticas, algo más profundo: la necesidad de libertad, que es una
necesidad no sólo política y cultural, sino también biológica y psíquica. Con
Erich Fromm lo pensamos así: «No solamente existen ciertas necesidades
fisiológicas que piden satisfacción de manera imperiosa, sino que también hay
ciertas cualidades psicológicas inherentes al hombre que deben necesariamente
ser satisfechas y que originan determinadas reacciones si se ven frustradas.
¿Cuáles son tales cualidades? La más importante parece ser la tendencia a
crecer, a ensanchar y a realizar las potencialidades que el hombre ha
desarrollado en el curso de la historia, tal, por ejemplo, el pensamiento
creador o crítico, la facultad de tener experiencias emocionales y sensibles
diferenciadas.» (...) «También parece que esta tendencia general al crecimiento
—equivalente psicológico de una tendencia biológica— origina impulsos
específicos, como el deseo de libertad y el odio a la opresión, dado que la
libertad constituye la condición fundamental de todo crecimiento.»
3. Historia Global Con
Análisis Interdeterminados
Como vengo sugiriendo ésta es una historia de conjunto
de las más destacadas fuerzas franquistas y antifranquistas en la cual aplico
el método científico que los principales historiadores consideran como el más
afinado para el análisis de los procesos históricos, el método que observa los
hechos en su globalidad y no aislados, ya que las partes de los movimientos sociales sólo ponen de relieve su verdadera dimensión y su auténtico, sentido al observarlos en relación —sobre todo cuando están indeterminados— con el conjunto de las demás acciones políticas, sindicales,
culturales, nacionales e internacionales. Éste es el método que vienen
preconizando los principales representantes de unas y de otras corrientes de
pensamiento histórico, sociológico, político y psicológico, desde Comte a Marx,
desde Durkheim a Lukács, desde Freud a Piaget.
Estas y todas las teorizaciones acaban de subrayar su
significado al aplicarlas a los hechos concretos; ejemplos:
a) Referirse de manera aislada a que el 11 de noviembre de 1942
don Juan de Borbón hizo unas declaraciones al «Journal de Genève» reclamando la restauración de la monarquía, tiene menos sentido que si,
a la vez, observo ese acontecimiento inserto en el conjunto histórico de esa
fase y explico que don Juan tenía relaciones con Alian Dulles, jefe del
espionaje norteamericano en Europa durante la II Guerra Mundial; que tres días antes que se publicaran esas declaraciones,
el día 8 de noviembre, la marina de guerra norteamericana desembarcó sus
fuerzas en las costas de Argel y de Marruecos (a la región de Safi llegaron el
día 7 por la noche), obligaron a retroceder a los ejércitos fascistas y
constituyeron una amenaza directa para la estabilidad de la dictadura
franquista.
b) La reunión en Munich, los
días 7 y 8 de junio de 1962, de ciento dieciocho españoles demócratas —38
exiliados y 80 procedentes de España—, entre ellos algunos de los dirigentes
más destacados en unas tendencias y otras, como Rodolfo Llopis, Gil Robles y Salvador
de Madariaga, sin duda fue un hecho principal, así como sus consecuencias.
Ahora bien, la importancia de esta serie de acaecimientos, que provocaron una
reacción enfurecida por parte del equipo dictatorial del general Franco,
alcanza una dimensión mayor al considerar que, a la vez y desde el mes de
febrero del mismo año, se extienden los movimientos huelguísticos, casi de
manera permanente, en los principales lugares fabriles y mineros de España:
desde las huelgas en la «Basconia» de Bilbao, hasta las tensiones en la cuenca
asturiana; desde las protestas en la construcción naval vasca, hasta las
industrias químicas y eléctricas de Barcelona y León.
Los hechos resultan más o menos relevantes al observar
que, en un grado u otro, están indeterminados con otras series de devenires
políticos. De tal modo, la historia global o, lo que es lo mismo, de grandes
conjuntos, profundiza en las causas y en los efectos, en las dificultades de
los movimientos y en las posibilidades de proseguir sus avances: esta forma de
escribir la historia ofrece, en definitiva, más claridad, si bien se introduce
en mayores complejidades, en la amplitud de cada etapa, que los enfoques
monográficos reducidos a la pulsación de una sola fuerza, o de una sola región,
o de unos pocos años de lucha.
En el movimiento de la historia, los hechos raramente
están aislados. Los hechos referentes a Cataluña a menudo acaban de ofrecer su
sentido al tener en cuenta, a la vez, los hechos que se producen en Madrid; las
actividades andaluzas pueden entenderse plenamente al analizarlas con las
vascas y las gallegas... En la historia también hay largas continuidades de
fondo: los hechos que empezaron en 1942 (por ejemplo: la exigencia de don Juan
de Borbón de restaurar una monarquía democrática) terminan concretando su
significado en 1976 (cuando don Juan Carlos constituye un soporte decisivo para
el restablecimiento de la democracia).
De acuerdo con todo lo dicho hasta aquí, el orden
expositivo de mis textos avanza, en cada etapa, del siguiente modo:
a) Precisión temporal y
exposición de cada hecho o serie de acontecimientos principales, aludiendo a
sus antecedentes determinantes y con apuntes de sus proyecciones destacadas en
fases sucesivas.
b) Aportación y síntesis de los
documentos referentes a cada hecho: declaraciones, manifiestos, llamamientos,
cartas y noticias del momento.
c) Crítica interna —cuando se
hizo— de cada acción.
d) Crítica de un movimiento u
otro a partir de las posiciones de diferentes partidos (cuando manifestaron su
desacuerdo).
e) Con frecuencia me identifico
con las críticas de c) y d). Doy preferencia a estas críticas
documentadas porque así mi propia crítica se vuelve completamente objetiva.
f) Análisis y críticas mías
cuando no existen las anteriores. Sobre todo mis críticas y análisis son
imprescindibles al considerar la globalidad de los fenómenos: esto es lógico
por cuanto, a posteriori, podemos analizar y criticar los bloques o grandes conjuntos de acaecimientos
históricos, muy numerosos por ejemplo en la etapa de 1943-1948, en los que cada
partido, grupo, dirigente, etc., participó sectorialmente
(a veces de manera asaz obsesiva y obcecada), cuando habrían tenido que
esforzarse por observar el panorama
general. Si así lo hubiesen hecho, por ejemplo Carrillo y Líster cuando
decidían (el 11 de febrero de 1948) ir a pedir a Tito que les suministrase
armas para ampliar las guerrillas en España, hubieran anulado su viaje, ya que
se habrían dado perfecta cuenta de que, desde la publicación de la Nota
Tripartita el 4 de abril de 1946 por parte de Estados Unidos, Gran Bretaña y
Francia, esa petición era absurda (dada
sobre todo la relación del gobierno yugoslavo con el británico): por eso los
dirigentes de Belgrado no la atendieron y por razones parecidas también Stalin
se opuso explícitamente a la continuación de la lucha armada en España.
II. CONSIDERACIONES
SOBRE LA PERIODIZACIÓN
Salvo pocas y honrosas excepciones, los historiadores
(en general, no sólo los españoles) apenas se plantean el problema de la
periodización histórica; o bien, desde posiciones eminentemente subjetivas
fijan períodos que no concuerdan de ningún modo con los ritmos de las
tendencias al cambio y de las relativas mutaciones sociales, así como tampoco
concuerdan con los movimientos de inercia que caracterizan unas y otras
dinámicas socioeconómicas y politicoculturales, nacionales e internacionales.
Tales periodizaciones suelen hacerlas (muchos
historiadores entre los españoles) guiándose por las fechas brillantes de la
cronología del país de que se trate, sin preguntarse si las transformaciones
superestructurales significan algo más que el simple desplazamiento de unas
personas por otras, o bien si están motivadas y corresponden a verdaderos
cambios materiales en un sector o en otro de la sociedad. Tal tipo de
«periodización» —esto es, de falta de periodización concordante con el proceso
histórico-social— lleva a los aludidos historiadores a sucesivos
amontonamientos (sic) de datos, a comentarios poco más que novelescos y a la
insuficiente explicación de por qué se producen unos y otros acontecimientos y
hacia dónde se dirigen.
La historiografía contemporánea de más profundo rigor
científico rechaza todo fácil ordenamiento superficial y simplemente
cronológico de los materiales. Así pues, la periodización que hago de la Historia del antifranquismo no obedece a
ningún capricho por tales o cuales fechas, sino que los períodos y sus etapas,
fases y coyunturas, quedan jalonados ateniéndome estrictamente a los cambios de
ritmo de la propia dinámica histórico-social.
La periodización es necesaria precisamente para
observar con exactitud cuándo, por qué,
en qué grado y hada qué dirección se
mueve la realidad, así como la periodización nos permite observar dónde surgen las inercias y los obstáculos principales.
En toda sociedad, lo real se encuentra inmerso en un
tipo u otro de movimiento. Las transformaciones se producen incluso en los
sistemas cerrados y con prolongada propensión al inmovilismo, como las
dictaduras.
Las luchas antifranquistas de los años 1939 a 1948,
dominadas por las acciones armadas y la presión diplomática internacional, se
distinguen de las acciones antifranquistas de los años 1959-1975, fundamentadas
de modo prevaleciente en la pacífica presión huelguística y en las
correspondientes manifestaciones de centenares o de miles de personas.
Con cadencias análogas, las represiones que los
servicios dictatoriales lanzan sobre los demócratas no son, por lo general, las
mismas en estos dos períodos (aunque en los últimos años rebrota, de vez en
cuando —hasta el 27 de septiembre de 1975—, la ferocidad de unos pocos
fusilamientos).
La periodización histórica es doblemente necesaria
cuando hay que analizar la oposición a un régimen político que se reproduce
durante casi cuarenta años. Una época tan extensa condiciona la necesidad de
establecer dos grandes períodos, con diversas etapas y cadencias internas.
La historia puede periodizarse ateniéndose a la
dinámica de diversos fenómenos: económicos, culturales, sindicales... Dada la
problemática que en este libro me he propuesto analizar, la periodización que
hago es la que concierne a los hechos
políticos principales: los que aplastan a las fuerzas democráticas y los
que ponen de relieve su combatividad antidictatorial.
Ahora bien, como la Historia del antifranquismo está inserta en la globalidad del
proceso histórico, a la vez me refiero a los fenómenos más destacados del
devenir sindical y cultural, ya que, además, por su propia movilidad y por los
efectos de la censura y de la represión que padecen, con frecuencia se
politizan rápidamente.
También analizo algunos de los principales elementos
transformadores de la organización socioeconómica, cuando determinan de algún
modo (especialmente en los años de gradual transición entre períodos: 1956-1957
y 1958-1959) la dialéctica política. Sin embargo, como el devenir y las
inercias políticas constituyen series de hechos con autonomía relativa (a veces absoluta) respecto al resto de la
formación socioeconómica, no es necesario referirse con detalle ni a cada caso
de tales factores infraestructurales. La dictadura, en su principal núcleo
político-represivo, fue idéntica a sí misma (a pesar de las variantes
esporádicas que introducía) tanto en la España autárquica de 1939-1959, como en
la España paradesarrollista de 1959-1975; de modo análogo, aunque el
antifranquismo cambió sus formas de acción, fue, en lo esencial, bastante
parecido en todas las etapas.
2. Los Desfases Históricos
Y Las Interpenetraciones Entre Períodos Y Etapas
Los desfases históricos son numerosos en cualquier
sociedad. La historia no avanza de manera homogénea en todos sus sectores
sociales, económicos o políticos (aunque lo ideal —en este idealismo caen no
pocos historiadores— sería que el devenir de las partes formase un todo
armónico). Por ejemplo: los cambios económicos no siempre —e incluso muy de
tarde en tarde— se articulan de modo simultáneo con las transformaciones
políticas. Y al revés: puede haber ciertas mutaciones institucionales sin que
se operen innovaciones en las infraestructuras.
Como tendencia a muy largo plazo, unos cambios
posibilitan los otros: un gran desarrollo económico y una expansión de la
cultura y del bienestar social, difícilmente soportan un régimen sin libertades
públicas. Ahora bien, al menos en teoría, cabe la posibilidad de que un gran
desarrollo económico se combine con un sistema dictatorial.
Todo eso ya se demuestra cuando observamos que algunas
leyes franquistas promulgadas durante la guerra civil prolongaron su vigencia
hasta el segundo período de la dictadura, cuando ya se estaba produciendo un
considerable desarrollo económico. Por ejemplo: la Ley de Prensa del 22 de
abril de 1938, típica ley de guerra y de la inmediata posguerra, extendió su
durísima normativa y sus efectos opresivos hasta que, el 18 de marzo de 1966,
las Cortes franquistas aprobaron la nueva Ley de Prensa e Imprenta —redactada
por el equipo de Fraga Iribame, entonces ministro de Información y Turismo—,
que liberalizó algunos aspectos (pero todavía no los principales) del
articulado de la ley anterior. Y como no acabó de dar la libertad a la prensa,
fueron diversos los periódicos que siguieron viéndose afectados negativamente a
través de multas, secuestros y suspensiones graves, que en el caso del diario
«Madrid» llegaron a su aniquilación.
El análisis de la Ley de Prensa de 1938 empieza
asimismo a explicar lo que defino como interpenetraciones
entre períodos y entre etapas. Es decir, contra lo que piensan y
desgraciadamente escriben tantos historiadores superficiales, un hecho que se
produce en un determinado momento no queda inmóvil, como ellos suelen
presentarlo, en esta fase, sino que muchos de los hechos principales duran o,
lo que es lo mismo, prolongan, directa o indirectamente, sus efectos operativos
o muy complejos, meses y hasta años más allá de la coyuntura en la que
inicialmente brotaron.
Incluso hechos que adquieren su categoría de
principales en un determinado momento histórico, en realidad hay que
observarlos a partir de una perspectiva más lejana: prácticamente dimanan de
una serie de acciones que fueron acumulándose desde muchos años antes. Otro
ejemplo: el movimiento estudiantil democrático alcanzó una de sus fases
culminantes en 1966: en la «Capuchinada», o reunión de unos trescientos
estudiantes, acompañados de profesores e intelectuales, en el convento de los
capuchinos de Sarrià (Barcelona) los días 9, 10 y 11 de marzo de 1966. Ahora
bien, este hecho principal es el resultante de la acumulación de otros hechos
principales: las actividades parademocráticas de profesores como Enrique Tierno
Galván y de los ayudantes y estudiantes que colaboraban con él en la
Universidad de Salamanca a partir de los años 1954-1955; el proyecto de
Congreso Universitario de Escritores Jóvenes; las manifestaciones de la
Universidad de Madrid de febrero de 1956; y la asamblea de más de seiscientos
estudiantes en el Paraninfo de la Universidad de Barcelona del 21 de febrero de
1957.
En suma, todos los
hechos de una etapa no empiezan, en su complejidad radical, ni acaban, en su
proyección múltiple, al mismo tiempo.
LA REPRESIÓN Y LAS PRIMERAS
TENTATIVAS DE REORGANIZACIÓN DE LOS PARTIDOS Y SINDICATOS DEMOCRÁTICOS
1. Formación Inicial Del
Estado De La Dictadura Militar
El franquismo en el poder es hijo violento de la
guerra civil (1936-1939).
El estallido del Estado liberal de la II República en plena guerra iba a reorganizarse rápidamente en el lado
franquista en formas estatales supercentralizadas y superrígidas.
Después de la formación de la Junta de Defensa
Nacional (24 de julio de 1936) constituida por los generales rebeldes, Franco
trepa rápidamente por las escaleras del poder, primero en el Ejército, o sea,
por el lado decisivo. El 21 de septiembre de 1936, los generales deciden
nombrar a un jefe único para el conjunto de
las fuerzas armadas. Kindelán vota el primero y lo hace por Franco. A
continuación todos reconocen el valor de la formación militar del antiguo
legionario; sólo Cabanellas se opone al nombramiento. Mola, por otra parte,
piensa que no se trata más que de dar a Franco la coordinación del mando
militar. Pero después de esta fecha ya es demasiado tarde para frenar la subida
de Franco a su «trono».
Unos días después, el 28, los generales vuelven a
reunirse para acordar el texto del nombramiento de Franco como «generalísimo».
Kindelán lee el proyecto de decreto: «La jerarquía del generalísimo llevará
anexa la función de Jefe del Estado, mientras dure la guerra»... Sorpresa y
protestas de los generales. Pero al final se ponen —relativamente— de acuerdo
debido a las necesidades de la guerra. Cabanellas, sin embargo, introduce un
matiz: se llamará a Franco «jefe del gobierno del Estado español». Pero a última
hora, Nicolás, el hermano de Franco, envía una orden a la imprenta diciendo que
había que imprimir sólo «Jefe del Estado».
El 1 de octubre Franco nombra de hecho su primer
consejo de ministros, aun cuando lo llama «Junta técnica del Estado». Los generales continúan ocupando los
principales puestos —forman la categoría
social mayoritaria en el Estado
franquista hasta 1975—, pero el «Caudillo» ya empieza a hacer combinaciones
más o menos equilibradas entre las más o menos diferentes tendencias políticas. En el fondo, Franco comienza a reducir los
poderes de todos los subsistemas antidemócratas a fin de tenerlos bajo su mando personal.
La CEDA ha dejado de existir como organización. Gil
Robles se marcha al exilio. Serrano Súñer, antiguo dirigente de las juventudes
gilroblistas, es el consejero político de Franco. Por lo tanto, no se plantea
ningún problema por ese lado. Como tampoco por parte de los monárquicos, que
creen que Franco restaurará «su» monarquía.
Pero había que resolver diversos problemas con la
Falange y con la Comunión Tradicionalista, que se habían transformado en los
partidos más influyentes porque, tanto en su ideología como en su práctica,
eran los más aguerridos. Franco quiere «unificarlos» con el fin de
neutralizarlos en favor de su provecho personal.
Con los carlistas, el problema encuentra su solución
de una forma bastante fácil. Su secretario general, Fal Conde, tiene el
proyecto de crear una academia militar exclusivamente para los
tradicionalistas, según declara el 8 de diciembre de 1936. Los generales se
oponen. Franco maniobra: necesita a los carlistas porque, por su fanatismo, son
tropas excelentes, pero da la cabeza política de Fal Conde a los generales. El
jefe carlista conspira contra el «generalísimo», pero pierde la batalla (es
separado de la dirección de la Comunión Tradicionalista).
Los falangistas plantean problemas más complejos, pero
más fáciles que los problemas que Hitler y Mussolini tuvieron que resolver en
el seno de sus partidos. La oposición falangista de «izquierda» contra Franco
es poco significante en comparación con las luchas antagonistas en el Partido
Fascista y en el Partido Nazi.
Por otra parte, Franco tiene la «facilidad» de que el
fundador de la Falange, detenido por los republicanos, es fusilado en la cárcel
de Alicante el 20 de noviembre de 1936. Los falangistas, pues, están
disputándose el puesto de jefe de su movimiento. Manuel Hedilla es el jefe
provisional más influyente porque manipula hábilmente la demagogia
«anticapitalista». De modo que Hedilla es el principal obstáculo que el
«Caudillo» ha de vencer; el general no duda en enfrentarse con él a pesar de
que el dirigente falangista se encuentra, en cierta medida, apoyado por los
italianos y por los alemanes.
El Consejo Nacional de la Falange Española se reúne el
18 de abril de 1937 para elegir su nuevo jefe. De los veintidós consejeros,
ocho votan en blanco, cuatro votos van a otros tantos dirigentes falangistas, y
diez se los dan a Hedilla, transformándose así en el máximo jerarca.
Pero las amenazas se cernían ya sobre Hedilla y contra
la Falange «auténtica». En efecto, Franco ya había decidido lo que se sabría un
día después. El 19 de abril se publica el texto del Decreto de Unificación entre carlistas y falangistas. Era un «acto
unilateral» de Franco, pasando por encima de las opiniones de los falangistas.
Hedilla, que parecía convencido de su papel como «Führer» español, rechaza
prestarse al juego que le ofrece el dictador: ocupar un puesto honorífico como
«presidente de la Junta Política» del partido. Durante tres días los mensajeros
de Franco tratan de hacerle reflexionar con «halagos y amenazas». Hedilla no
cede, e intenta organizarse con sus falangistas a fin de hacer presiones sobre
Franco. Pero el día 25 Hedilla es detenido, y Franco lo hace condenar, por un
consejo de guerra, a dos penas de muerte. Ahora bien, el embajador alemán y
Serrano Súñer obtienen la conmutación de esas penas por la reclusión a
perpetuidad. En suma, la querella de Franco con Hedilla, a pesar de que en un
principio produjo fuertes tensiones con los sectores falangistas más
intransigentes (otros fueron a parar a la cárcel), es un incidente menor en
comparación con las luchas internas de los nazis y de los fascistas italianos.
Al imponerse como jefe del partido único, Franco sabe
cuan útil le será la combinación de la nueva con la vieja ideología: «La
Falange aporta con su programa masas jóvenes, una propaganda de estilo nuevo,
una forma política y heroica del tiempo presente; los Requetés aportan el
depósito sagrado de la Tradición española, tenazmente conservado, con su
espiritualidad católica.»
Es el comentario que Franco hace a su decreto de
unificación. Después de haberse asegurado el control de las fuerzas armadas y
del Estado, el general no puede tolerar que escape de su dominio un aparato
ideológico cada vez más poderoso. La demagogia política de tipo fascista
mezclada a los contenidos de la ideología religiosa feudal, constituyen un
instrumento clave como complemento de los combates estrictamente militares.
Franco dispone así de un «partido» para tratar de
encuadrar «políticamente» a las masas. Además, empieza a organizar su Estado a
la imagen, en parte, de las formas estatales de Italia y de Alemania. En sus
entrevistas con algunos periodistas norteamericanos, Franco asegura que su
dictadura «se revestirá de las formas corporativas», que seguirá «la estructura
de los regímenes totalitarios», pero hace observar que «para todo eso en
nuestro país se encuentran la mayoría de las fórmulas». Algunos meses después insiste
en que «la mayoría de las fórmulas modernas descubiertas en los países
totalitarios, pueden ser encontradas ya incorporadas en nuestro pasado
nacional». En efecto, Franco está pensando en lo que va a constituir su
realización estatal: una mezcla de Estado
totalitario con la reactivación de los elementos de la monarquía absoluta, en
la cual los contenidos militaristas son dominantes.[1]
Cuando Franco se refiere a los rasgos españoles que
quiere incorporar al fascismo, no se equivoca sobre las características
fundamentales del proceso histórico ni sobre lo específico de la coyuntura.
Tras el Decreto de unificación, Franco ordena que todos los oficiales del
ejército pasen a ser automáticamente miembros de FET y de las JONS.
Franco tampoco olvida consolidar la alianza con la
otra columna fundamental del poder de las clases económicamente dominantes: la
Iglesia. El clero apoya la sublevación, y el apoyo se acentúa con la
publicación de la Carta colectiva de los obispos españoles (1 de julio de
1937). En la propaganda franquista, la guerra entre bloques de clase se
convierte en una cruzada. Para el
integrísimo, Franco resulta el «enviado de Dios»; así, el general utiliza la
Iglesia como aparato ideológico, independientemente —hasta cierto punto— de la
FET y de las JONS; pero también se produce la articulación de la hagiografía
con los mitos falangistas. La Iglesia santifica los dirigentes políticos y en
general los muertos del bando franquista llamándoles «mártires de la cruzada»,
«Caídos por Dios y por España».
La formación del Estado español, a partir de la
sublevación militar, es de graves
consecuencias que se reproducen hasta 1975.
2. Los Principales Rasgos
Comunes Entre Los Estados Fascistas Y El Estado De Dictadura Militar
Desde la introducción a este libro, pongo de relieve
cómo, a pesar de los procesos históricos distintos y aun cuando las formas del
fascismo (italiano y alemán) son diferentes a las del franquismo, todos estos
sistemas políticos producen en la sociedad algunos efectos graves que son los
mismos. Pero todavía hay que tener en cuenta ciertos matices particulares
internos a los rasgos comunes.
2.1. La destrucción de los partidos políticos
Desde su llegada al poder, tanto las formas fascistas
como las predominantemente militaristas, no toleran la menor expresión política
partidaria, ni siquiera a los antiguos partidos democráticos del bloque
conservador (caso de la CEDA, por ejemplo, en España), fuera de las estructuras
del partido único. En Italia es el Partido Fascista, en Alemania el Partido
Nazi y en España (durante la primera época) es FET y de las JONS (si bien
dominada desde la cima por el general Franco, como máximo representante de las
fuerzas armadas).
En España, la represión ha tenido caracteres más
destructivos que en Italia y en Alemania: al menos por dos razones: a) a causa de la guerra civil y los
efectos extremadamente militarizados durante una década (1939-1949, al menos),
y b) debido a la mucho más larga
duración de la represión (prácticamente cuarenta
años, en total).
¿Cuál es el aparato estatal encargado de la represión?
En el caso de los fascismos (italiano, alemán), es la policía política estrechamente vinculada al partido. Además, la
policía política domina el conjunto de las instituciones del Estado.
En la dictadura militar, las funciones represivas se
encuentran repartidas entre los falangistas e integristas más intransigentes
(como tales, durante la primera etapa), la policía política (donde se
encuentran casi exclusivamente los «militantes» de tales tendencias), la
Guardia Civil y los propios tribunales militares (consejos de guerra, etc.).
Durante la guerra civil, los militares preferían
delegar la represión (en la retaguardia) a los falangistas. Después, los
consejos de guerra actuaron durante mucho tiempo contra los militantes de las
fuerzas democráticas. Incluso en la última etapa del franquismo (1970-1975) se
han organizado consejos de guerra contra diversos militantes de izquierdas.
Ahora bien, el Ejército, al reflejar las
contradicciones internas entre oficiales de diferente orientación política (o
al menos de distinta sensibilidad cívica),
mostró una tendencia a delegar en la policía política las tareas represivas
contra las actividades democráticas de tipo pacífico (o no armado), mientras
que guardaba para la jurisdicción militar las actividades juzgadas
«terroristas».
A pesar de la muy dura y larga represión en España
contra las fuerzas democráticas, éstas son cuantitativa y cualitativamente
mucho más decisivas que lo fue la oposición alemana contra el nazismo.
3. La Panoplia Legalista
Contra Los Demócratas
Aun cuando, ciertamente, antes de que se promulgaran
las leyes represivas, las autoridades franquistas metieron en la cárcel y
también fusilaron a muchos demócratas que se encontraban en las regiones y
ciudades que sus ejércitos conquistaban, a partir del mes de febrero de 1939
tales procedimientos empezaron a ordenarse basándose en la Ley sobre las
responsabilidades políticas (vigente desde el día 9). Mediante este texto:
«Quedan fuera de la ley todos los partidos y
agrupaciones políticas y sociales que desde la convocatoria de las elecciones
celebradas el 16 de febrero de 1936 han integrado el Frente Popular, así como
los partidos y agrupaciones aliados y adheridos a éste por el solo hecho de
serlo; las agrupaciones separatistas y todas aquellas que se hayan opuesto al
triunfo del Movimiento Nacional...»
La amplitud y la imprecisión de esta coletilla
permitía encarcelar a cualquiera que un franquista influyente denunciase como
«rojo», concepto que hoy suena a enorme vaguedad pero que, en aquella etapa
histórica, podía significar una gravísima acusación y acarrear temibles
consecuencias.
La Ley de responsabilidades políticas se acentuó con
otras elaboraciones seudojurídicas, como la Ley de 1 de marzo de 1940 de
represión «contra la masonería y el comunismo», la cual también se
caracterizaba por diversas indeterminaciones que autorizaban la aplicación de
arbitrariedades que a cada miembro de la policía política y a los jueces
franquistas se les ocurrieran, ya que, según los redactores de sus artículos,
esta ley se promulgaba asimismo para reprimir los «delitos» de «desarmonía
social»; de propaganda contra la dictadura y de aspecto «disgregador» (en
principio se interpretaba como propuestas en favor de la autonomía de Cataluña
o del País Vasco); de tentativa de organizar partidos o grupos políticos; y se
especificaba, además, el carácter delictivo de los anarquistas, trotskistas,
socialistas, comunistas, masones y análogos.
Un año después, el 29 de marzo de 1941, la panoplia
legalista contra los demócratas se agravaba con un nuevo instrumento agresivo:
la Ley de Seguridad del Estado, de acuerdo con la cual podían imponerse penas
severísimas (de cárcel y hasta la de muerte) por «traición»; por tomar las
armas «bajo banderas separatistas»; por diversos tipos de sabotaje; por
revelación de secretos militares y políticos; por difundir rumores; por
asociación y propaganda ilegal, «fuera o dentro de España»; por organizar
huelgas...
A pesar de que las anteriores leyes franquistas ya
permitían que fuesen los tribunales militares los que juzgasen los «delitos»
políticos (e incluso los de diferencia religiosa no-católica, los de
discrepancia cultural en particular de carácter liberal y progresista, sin
necesidad de llegar a ser «comunista»), el 2 de marzo de 1943 (curiosamente las
dos anteriores leyes represivas también se promulgaron los meses de marzo de
1941 y 1940) se publicaba otra ley mediante la cual los «delitos» políticos se asimilaban
al delito de rebelión militar y, por tanto, se sometían a la deliberación y al
dictado de los consejos de guerra que, con frecuencia, eran sumarísimos.
Por lo general, esas leyes permitían aplicar penas que
oscilaban entre los seis meses y un día de cárcel y la condena a muerte. A los
detenidos que tenían una significación política destacada, aun cuando no
llegaran a tener responsabilidades como dirigentes de unos u otros partidos
políticos, como término medio se les condenaba a penas próximas a los veinte
años de privación de libertad.
En etapas sucesivas siguieron promulgándose otras
leyes represivas contra quienes trataban de restablecer la democracia; entre
esas leyes destacó el Decreto de 18 de abril de 1947 «sobre Bandidaje y
Terrorismo», que sustituía la Ley de Seguridad del Estado del 29 de marzo de
1941.
4. Los Efectos De Las Leyes
Represivas
Existe una larga e inconclusa polémica —que no podrá
concluirse— acerca del número de muertes que hubo durante la guerra civil, en
la cual —como no es el tema de este libro— no voy a entrar ni en lo más mínimo;
a continuación se ha producido otra controversia acerca del número de
demócratas encarcelados y fusilados en la trasguerra, datos a los que voy a
referirme en sus aspectos esenciales, sin pretender llegar a ninguna conclusión
detallada, por cuanto creo que, al pasar de unos cuantos centenares —pasaron,
en mucho, de decenas de miles, como veremos inmediatamente—, las cifras ya
resultan tan horrorosas que no importa mucho que fueran 300.000 o medio millón.
Cualquiera de estos números, y aun si la cantidad de represaliados hubiese sido
inferior y la mitad de la mitad, ya bastaría —sobraría— para catalogar a la
dictadura franquista dentro de los totalitarismos militaristas-policíacos más
monstruosos del siglo xx.
El conde Ciano, de viaje por España durante el mes de
julio de 1939, en un informe que dirige a Mussolini después de haberse
entrevistado con el general Franco, escribía: «Numerosos y muy graves son
todavía los problemas que se presentan al nuevo régimen y, en primer lugar, el
de liquidar lo que se llama la cuestión de los rojos. Ya hay 200.000 detenidos
en las diversas cárceles de España. Los procesos se desarrollan cada día con
una rapidez casi sumaria. Sin embargo, los condenados pueden redimirse y abreviar
su pena trabajando en las obras de reconstrucción.»
Diversos pantanos, carreteras, vías férreas y, en
general, obras públicas, se construyeron en aquellos años gracias a los presos
políticos: también trabajaron en el Valle de los Caídos.
Pero volviendo a la cuestión del número de presos
políticos, resulta asimismo instructivo que, «según datos oficiosos» fidedignos
porque los maneja un historiador franquista, tan simpatizante todavía con el
franquismo como Ricardo de la Cierva, en el mes de enero de 1940 aún había
270.719 «reclusos de guerra».
Los presos republicanos llenaban varios campos de
concentración desparramados en toda la geografía española: Albatera, Benalúa de
Guadix, Miranda de Ebro, los Almendros, Cortijo de Cáceres, Oyarzún, Burgo de
Osma, San Marcos de León, Irache, Nanclares de Oca, etc. Poco después de acabar
la guerra en Cataluña la prensa oficial publicaba noticias como la siguiente,
según Rafael Abella en su crónica de la posguerra «Por el Imperio hacia Dios»:
«Barcelona. — Se está procediendo a la clasificación de los 120.000 presos
recluidos en los campos de concentración con motivo de la ocupación de
Cataluña.» Y añade: «En abril, después de la derrota, se informaba de que el
sector centro reunía 40.000 prisioneros; Valencia, 35.000; Alicante, 38.000; el
sector sur, 40.000.» La suma de estas cifras oficiales concuerda, casi
exactamente, con las cifras oficiosas antes citadas de Ricardo de la Cierva.
Ahora bien, en esta cuantificación se observan numerosos y grandes «huecos»:
nada se dice acerca de los presos en Galicia, en Asturias, en el País Vasco, en
Extremadura, etc., a la vez que esa catalogación de «sector sur» resulta
sumamente imprecisa: ¿qué sur? ¿Andalucía occidental? ¿Andalucía oriental?
¿Murcia? 40.000 prisioneros para todo este inmenso sur parece una cifra muy pequeña.
En todo caso, dadas las inexistencias estadísticas referentes a tales regiones,
puede deducirse que la cantidad de republicanos en los campos de concentración
y en las cárceles franquistas se elevaban, al menos durante esta etapa, a un
total que posiblemente rondaba el medio millón. En cualquier caso, la situación
fluctuante de grandes núcleos de la población española respecto a las
autoridades dictatoriales, ya que además de los presos-presos, había miles de
personas en «libertad condicional» y «bajo control gubernativo», convertía a
España en una inmensa cárcel. Los presos se encontraban en situaciones
inhumanas también en numerosas cárceles, sobre todo en Madrid: Conde de Toreno,
Yeserías, Porlier, Ventas, Claudio Coello, Santa Engracia, Comendadoras, etc. Y
la Modelo de Barcelona, y el penal de Burgos, el del Dueso, el de Ocaña, el de
Puerto de Santa María..., y las cárceles de Sevilla, de Larrínaga, de Aranjuez,
de Ondarreta, de Bilbao, de Alcázar de San Juan, de Albacete, de Zaragoza, de
Logroño... Un amplísimo sistema carcelario, en suma, un «gulag» franquista que
radicaba en numerosos puntos geográficos y que directa o indirectamente
afectaba de manera muy negativa a millones de españoles: quien no tenía un
familiar en la cárcel, tenía un amigo, o un conocido, o un antiguo vecino o
compañero de trabajo, al tiempo que, quien permanecía en libertad, tampoco
estaba seguro de que él o ella no fuese también encarcelado, dados los enfoques
de irregularidad y de arbitrariedad con los que las propias leyes franquistas
permitían actuar a la policía política y a los falangistas, principalmente.
4.1. Las condiciones de vida en las cárceles
El hacinamiento, la alimentación pésima e
insuficiente, la falta de higiene y la proximidad de la muerte eran las notas
dominantes de la vida de los presos políticos. Miguel Nuñez, dirigente en
aquella etapa de las juventudes comunistas, nos da el testimonio siguiente: «La
cárcel de aquella época fue terrible. No sólo era muy duro desde el punto de
vista de la alimentación, de la higiene, del amontonamiento, etc., sino que lo
peor eran las "sacas" diarias, los fusilamientos constantes. Había una
tensión enorme. Entre los detenidos, un gran número de personas mantenía la
dignidad, el espíritu de lucha, sabían que no había que ceder ante tanta
violencia; pero otros se doblegaban, se derrumbaban, se hundían... Estaban
también los que traicionaban, los chivatos; se producía esa cosa del hombre
acorralado que cuando no tiene una conciencia clara de por qué lucha, se vuelve
como una bestia y es capaz de hacer lo más terrible. Y por regla general, los
que más se han vuelto así, han sido los que de manera más lamentable actuaron
en cualquier situación... Era célebre allí el caso de uno que había sido
sacristán antes de la guerra, que estuvo actuando con gente que daba
"paseos" matando curas, y que después empieza a denunciar a sus
propios compañeros, a participar con otros grupos falangistas..., y empieza a
asesinar republicanos antes de ser detenidos. A pesar de todo, diríamos, es
condenado a muerte, pues se vio que había cometido crímenes a diestro y
siniestro, en un lado y en otro: era un verdadero monstruo, sólo interesado en
sí mismo. Recuerdo que cuando le sacaron a fusilar, en Ocaña, el director de la
cárcel (que se llamaba don Miguel) iba con él; y el ex sacristán le decía:
"Don Miguel, don Miguel, me sacan a fusilar, ¡y toda mi vida he sido de
derechas!» Y el director, que conocía la historia de este personaje, y que era
un funcionario de prisiones muy típico, le contestó: «¡A joderse! ¡Haber sido
de izquierdas!"»
Otro preso político de aquellos años, Víctor Alba,
militante destacado del POUM, también describe la situación carcelaria: «Al
principio —en el Reformatorio de Adultos de Alicante, donde estaba yo en 1939—,
éramos doce por celda individual. Sólo había espacio, en el suelo, para que se
tendieran ocho. Cuatro pasaban cuatro horas de la noche acurrucados a los pies
de los otros, y eran sustituidos, al cabo de cuatro horas, por otros cuatro.
Todos se turnaban. Las luces permanecían encendidas toda la noche. La comida se
componía únicamente de lentejas —las lentejas de Negrín que habían quedado en
los "stocks" del gobierno republicano—: "café" de lentejas
tostadas por la mañana, lentejas con agua a mediodía, agua con lentejas por la
noche, y un chusco para todo el día.»
Los testimonios de los presos políticos de aquel
tiempo coinciden en decir que, además de la represión física, durante su
estancia en la cárcel eran sometidos por los franquistas a constantes
opresiones ideológicas.
Como había empezado a sugerir, tampoco es posible
escribir con exactitud acerca del número de fusilados por la dictadura. En todo
caso fue una matanza de decenas de miles de personas, matanza tanto más
monstruosa por cuanto se hizo fría y sistemáticamente.
Ahora bien, aunque no hay datos exactos globales, sí
que tenemos estadísticas sectoriales que son suficientemente indicativas de la
tragedia colectiva de los españoles de la trasguerra civil: las cifras son
fidedignas porque proceden de diversas fuentes y ofrecen algunas coincidencias.
Según el conde Ciano, «sería inútil negar que todo esto todavía hace pesar
sobre España una sombría atmósfera de tragedia. Las ejecuciones son todavía muy
numerosas: sólo en Madrid de 200 a 250 por día; en Barcelona 150; 80 en
Sevilla, que no cayó nunca en manos de los rojos». Estos datos seguramente los
obtuvo Ciano del propio Franco y hay que subrayar su magnitud constante: esas
cifras diarias de fusilamientos eleva, sólo en estas tres ciudades, el número
de penas de muerte ejecutadas a 14.400 al mes. Al tener en cuenta que también
en varias otras ciudades y penales había ejecuciones diarias y que esta
política orientada a la represión máxima duró varios años, el total de muertos
en esta etapa es tan impresionante que pudiera parecer propaganda del bando
democrático, pero por fortuna otras fuentes objetivas dieron datos en
consonancia con los del jerarca fascista italiano. Así, Foltz, corresponsal de
la «Associated Press», escribió basándose, según él, en cifras oficiales del
Ministerio de Justicia, que desde el mes de abril de 1939 hasta el 30 de junio
de 1944, las personas ejecutadas o muertas en prisión fueron 192.684. Otro
periodista, A. V. Philips, escribió en 1940,
después de pasar ciento treinta y dos días en las cárceles, que «las sentencias
de muerte se pronunciaban en Madrid al ritmo de unas 1.000 al mes».
El historiador inglés Hugh Thomas estima que en la
posguerra, por represalias y por desnutrición, hubo 200.000 muertos.
El historiador norteamericano Gabriel Jackson también
calcula la misma cifra y la refiere estrictamente a «prisioneros
"rojos" muertos por ejecución o enfermedades de 1939 a 1943».
A las cifras más o menos oficiales habría que añadir,
por lo menos es preciso tomarlas en consideración de forma global, las muertes
violentas al margen de toda legalidad, incluso la franquista: los ajustes de
cuentas, las venganzas, el pistolerismo oficioso o particular que decidía
liquidar «sus propios rojos».
En la investigación que he podido llevar a cabo acerca
de esta cuestión podemos observar otros datos igualmente elocuentes acerca de
las penas de muerte. Desde 1939 hasta 1943, sólo en la Cárcel de Ocaña
fusilaron a dos mil republicanos. Los condenados a muerte pasaban, además, por
períodos, en diversos casos largos, de una tortura suplementaria: la de no
saber a ciencia cierta cuándo la pena sería ejecutada: así uno de los
fundadores del PSUC, el abogado Solé Barbera, que fue condenado a primeros de
septiembre de 1941: «Entonces estaba de capitán general de Cataluña el general
Kindelán: en aquel momento era muy normal que el capitán general no confirmase
la sentencia y la pasara a Burgos, donde todavía estaba el gobierno. Y Burgos
decidía si confirmaba o no confirmaba. En mi caso, el capitán general la
confirmó, pero la resolución la dejó en manos del gobierno. Así pues, permanecí
en situación de condenado a muerte hasta el
mes de marzo de 1942.»
Esta situación de espera ante el abismo de la muerte
obligaba a quienes esperaban la ejecución de esta pena a vivir en una constante
tensión, que se agudizaba sobre todo de madrugada, cuando los carceleros
llegaban con una lista de quienes iban a ser fusilados a continuación. Al
escuchar sus respectivos nombres, unos arrostraban los últimos momentos con
suma valentía dando gritos de viva la República o de viva la democracia,
mientras otros se derrumbaban moral y físicamente y tenían que sacarlos a rastras.
Los curas integristas que ejercían como capellanes en
las cárceles también solían aprovechar esta circunstancia de dramatismo máximo
para tratar de «salvar almas» y para presentar el horrible hecho de ser
fusilado como «la gloria de ir a una cita con Dios». En este sentido, el padre
Martín Torrent, que en 1942 era capellán mayor de prisiones, escribió un libro
tristemente célebre: ¿Qué me dice usted
de los presos?, en el que puede leerse: «Cuando se piensa en aquellas
escenas vividas en las últimas horas de los condenados a muerte mirando sólo a
la tierra, no hay lágrimas bastantes para llorarlas; y apenas si estas
piltrafas de corazón que a los Capellanes de Prisiones nos quedan después de
presenciadas, pueden resistir la memoria de aquellos instantes. Mas cuando se
piensa en estos mismos condenados mirando sólo al Cielo, parece como que todo
nuestro deshecho corazón se rehace para llevar a nuestros labios la santa y
dulcísima sonrisa de la íntima alegría que nos produce el recuerdo de tantas y
tantísimas almas salvadas precisamente por la divina predilección tenida con
ellas al otorgarles la gracia, verdaderamente extraordinaria, de este medio de
muerte tan ignominioso a los ojos de los hombres.»
4.3. El éxodo de los republicanos
El número de personas que, al término de la guerra
civil, se exiliaron es una cifra que también ha sido imposible precisar. Según
la tendencia política de cada uno de los autores que han tratado del problema,
la cuantificación oscila en más o menos. Por lo general suele decirse que
fueron 500.000 personas las que emprendieron el camino del exilio. Esta cifra
concuerda casi exactamente con los cálculos que, tanto desde el punto de vista
republicano como desde la óptica franquista, hicieron unos y otros autores:
para Salvador de Madariaga fueron 440.000; para Rubio García Mina el éxodo,
desde Cataluña, fue de 470.000. Tamames calculó que, desde las tierras
catalanas, pasaron a Francia unas 400.000. En cálculos basados en el Censo de
Refugiados Políticos elaborado por la Delegación de México en Francia tomando
en consideración los datos del Ministerio del Interior francés, se llega a
sumar 527.832 exiliados españoles hasta el mes de junio de 1939.
Ahora bien, de esas cifras globales de las primeras
semanas hay que deducir el número de exiliados que regresaron a España en los
meses siguientes porque les aseguraron que sus vidas no corrían peligro en la
España franquista. Descontados, pues, los retornos, la cantidad más o menos
definitiva de los exiliados queda establecida por casi todos los autores en
tomo a las 300.000 personas. Así, Tuñón de Lara dice: «Para septiembre de 1939
(había) una cantidad superior a los 250.000 refugiados en Francia, a los cuales
hay que añadir los que pasaron a otros países.» Con el conjunto de exiliados,
España perdía a sus principales cuadros dirigentes democráticos, no sólo en
cuanto concernía a las organizaciones partidarias y sindicales, sino asimismo
en lo que se refería a los diversos ámbitos de la cultura. Juan Maestre hizo
una estadística sumamente elocuente acerca de los intelectuales que se vieron
forzados a emigrar: «2 premios Nobel; 891 funcionarios públicos (dedicados a la
industria, a la técnica, la enseñanza, seguros, Bancos, etc.); 501 maestros de
Primaria; 462 profesores de Universidad, Liceos, Institutos, Normales y
Escuelas Especiales; 434 abogados, magistrados, jueces, notarios, etc.; 375
médicos, farmacéuticos y veterinarios; 361 técnicos y peritos en sus diferentes
especialidades...; 284 militares y profesionales de todas las armas (dedicados
en América a la industria, la técnica, la enseñanza, seguros, etc.); 214
ingenieros en sus diversos grupos; 146 ejecutivos bancarios de finanzas,
economistas, administradores, etc.; 109 escritores y periodistas; 28 arquitectos. Dentro del conjunto de la emigración se
calcula en cinco mil el número de intelectuales que salieron, entendiendo por
tales todos aquellos que tuvieran una cierta notoriedad en profesiones
liberales, artísticas, literarias, científicas o docentes.»
El exilio forzado de tantos representantes de la
cultura evidentemente empobreció a toda la sociedad española al tiempo que la
privaba de más posibilidades de redinamización en favor del restablecimiento de
la democracia.
En los campos de concentración franceses también
fueron muchos los exiliados que encontraron la muerte, aplastados no sólo por
la desmoralización sino por la falta de higiene y los escasos alimentos, ya que
las autoridades francesas no se caracterizaron por sus atenciones respecto a
quienes habían perdido una guerra en defensa de la democracia que, también en
Francia, estaba ya muy amenazada por los ejércitos hitlerianos. Hubo otras
muertes, que establecieron símbolos máximos de esa tragedia de los exiliados:
la muerte de Antonio Machado el 9 de febrero de 1939, en Collioure; y la muerte
de Azaña el 3 de noviembre de 1940 en Montauban.
Pero, a pesar de estar exiliados, la dictadura
franquista demostró su saña sin límites todavía en 1943, al condenar a los
dirigentes republicanos a numerosas penas de cárcel: «A comienzos de octubre,
el Tribunal, para la represión de la masonería y el comunismo impone in absentia penas severísimas (hasta de
treinta años) a diversos dirigentes del todavía disperso y desarticulado exilio
político; son condenados por masones Martínez Barrio, Jiménez Asúa, Casares,
Barcia, Albornoz, Ángel Galarza y Julio Álvarez del Vayo, y por otras causas
Juan Negrín y Victoria Kent. Cualquier rebrote de la oposición interior
derivada del bando vencido se hacía imposible por el mantenimiento de una
implacable actitud represiva», dice el especialista en estos problemas Ricardo
de la Cierva, represor él mismo de la
cultura democrática, incluso muchos años después de los dramáticos años 1940.
En aquellos años, las condenas in absentia se lanzaron también contra otros dirigentes de la II República como Luis Araquistain, Largo Caballero, García Oliver, Aguirre,
Casares Quiroga, etc., mientras que los que no pudieron exiliarse permanecían
en las cárceles franquistas. Algunos, a pesar de encontrarse en Francia, fueron
secuestrados por equipos policíacos compuestos por miembros de la Gestapo y de
la policía franquista, trasladados a España y fusilados: los casos más
destacados, víctimas de esos secuestros contra todo derecho internacional,
fueron: Companys, ya mencionado y cuyos hechos acabo de describir más adelante;
Julián Zugazagoitia, ex ministro y director de «El Socialista», y el también
socialista y escritor Francisco Cruz Salido. Esta práctica siniestra de los
secuestros de personalidades republicanas que se encontraban en territorio
francés también caracterizó al gobierno de Vichy —gobierno títere de los
hitlerianos—, que detuvo al ex ministro Juan Peiró, militante libertario, para
entregarlo a los franquistas: Peiró fue trasladado a la Cárcel Modelo de
Valencia, donde, según explicó años después otro preso compañero suyo, recibió
propuestas de los falangistas para que se integrara en el
«nacionalsindicalismo». El dirigente de la CNT rechazó esa operación de
compraventa política y fue fusilado en la capital valenciana el 24 de julio de
1942. Otros políticos republicanos secuestrados por los nazis tuvieron más
suerte, como Carlos Montilla, Miguel Salvador, Rivas Cherif y Teodomiro
Menéndez, pues «sólo» fueron condenados a largos años de prisión.
Pero la represión sistemática no impidió, contra lo
que pretenden historiadores franquistas como Ricardo de la Cierva, que poco a
poco diversos núcleos democráticos, especialmente socialistas, libertarios,
comunistas y cristianos progresistas, empezaran a organizarse clandestinamente
y a proyectar diversas acciones.
5. Organización Y Acciones
De Las Guerrillas
Tras la guerra civil los primeros movimientos
antifranquistas fueron impelidos por grupos guerrilleros.
Durante la mayor parte del tiempo, las acciones contra
la dictadura fueron llevadas a cabo por minorías: en todas las tendencias
políticas y en todas las localizaciones geográficas. Eso que los marxistas
vulgares llaman «las masas» sólo hicieron acto de presencia muy de tarde en
tarde e incluso en esos momentos históricos las personas que públicamente
mostraban su actitud antifranquista eran numéricamente insuficientes para
alcanzar los objetivos que se proponían.
Todo ello ya se puso de relieve en el movimiento
guerrillero. Las guerrillas van formándose a medida que el ejército franquista
conquista ciudades y regiones al ejército republicano. En este avance algunos
grupos de militares demócratas quedan aislados en zonas rurales y montañosas.
Entre la opción de rendir voluntariamente sus armas y la posibilidad de seguir
subsistiendo como guerrilleros, unos pocos se inclinan por la continuación de
su vida en libertad. Los que se inclinan por este camino son los soldados y
oficiales que están más politizados, con ideas de izquierdas, o que por lo
menos son trabajadores con un fuerte instinto o conciencia de clase.
La formación de las guerrillas, en esta etapa
(1939-1943), también se compone, en una segunda fase, por hombres que tienen
que huir de las autoridades franquistas y de los delatores que las
complementan: huyen para evitar la tortura de los interrogatorios policíacos,
la cárcel y el fusilamiento: huyen de los campos de concentración y tienen que
huir de los pueblos en los que los caciques locales les amenazan con una nueva
detención o les condenan al hambre porque no les dan trabajo. Asimismo huyen
porque, después de haber actuado como enlace de las guerrillas, ellos y sus
compañeros consideran que probablemente los servicios de información policiales
ya los han detectado y que, por tanto, antes de perder un hombre, es preferible
que pase a engrosar un foco guerrillero u otro.
6. Los Monárquicos
Liberales: Civiles Y Militares
Al final de la guerra civil, las contradicciones entre
falangistas y monárquicos relativamente liberales
no tardaron mucho en ponerse de manifiesto: unas veces a causa de su distinta
participación en el poder, otras debido a las tensiones entre instituciones
diferentes: el partido de FET y de las JONS, por un lado, y las Fuerzas
Armadas, por el otro; tales tensiones se acentuaban en algunas ocasiones debido
a su diversa vinculación con unos y con otros países enfrentados en la guerra
mundial; los choques entre falangistas y monárquicos llegaron a ser explícitos
cuando estos últimos propusieron la restauración de la monarquía constitucional
como alternativa al régimen autocrático del general Franco.
Aunque desde perspectivas ideológicas muy alejadas de
las de los republicanos, exiliados y no, y desde posiciones socioeconómicas muy
conservadoras, los monárquicos formaron parte, desde la primera etapa, de la
oposición al franquismo establecido. Gradualmente, estos monárquicos fueron
acercándose a las organizaciones democráticas tradicionales e incluso llegaron
a firmar pactos con anarquistas y socialistas. Los planes de restauración se
agitan principalmente a partir de las declaraciones que hace don Juan al
«Journal de Genève» el 11 de noviembre de
1942. Esta toma de posición pública probablemente la hizo don Juan al calor de
la expedición de la marina de guerra norteamericana, que había zarpado al
anochecer del 8 de octubre de 1942, para combatir a los ejércitos nazis en el
norte de África y en Europa occidental: hasta el 7 de noviembre no se supo con
exactitud dónde iba a iniciarse el desembarco de los 100.000 soldados
norteamericanos. Y el 8 comenzaron sus batallas en las costas argelinas y
marroquíes, como ya ha quedado apuntado. La llegada de las fuerzas armadas de
Estados Unidos constituyó una decisiva esperanza para todos los europeos que
querían reconstruir sus respectivos sistemas democráticos. Así lo consideró
también don Juan de Borbón, quien en sus declaraciones decía, sustancialmente:
«Estoy seguro de que la Monarquía será restaurada. Lo
será cuando lo exija el interés de España; no antes, pero tampoco una hora
después del momento oportuno. Cuando el pueblo español estime llegado el
momento, no vacilaré un instante en ponerme a su servicio.» (...) «Mi suprema
ambición es la de ser el Rey de una España en la cual todos los españoles
definitivamente reconciliados podrán vivir en común.» Don Juan terminaba
pidiendo «el mayor respeto de todos los beligerantes» en la guerra mundial a la
par que advertía que «si la integridad territorial de España no fuera, por
desgracia, respetada, estoy seguro de que el pueblo español sería lo que ha
sido siempre: duro y bravo contra el invasor».
Dadas las posiciones políticas del conde de Barcelona
y sus relaciones con la familia real británica y con Alian Dulles, jefe del
espionaje norteamericano, la última parte de su declaración sólo podía
interpretarse como una dura advertencia a los ejércitos hitlerianos. Por lo
demás, si las opiniones de don Juan no dejan lugar a dudas de que preconiza el
retomo de los exiliados e implícitamente el restablecimiento, bajo la
monarquía, de un sistema democrático en el que cada partido pueda concurrir
libremente a unas y a otras elecciones, estas declaraciones son todavía
insuficientemente enérgicas y aleatorias respecto al momento en que deba
hacerse la transición: seguramente en don Juan, aunque exiliado en Lausana,
repercutían las vacilaciones existentes entre sus partidarios en España, porque
verdaderamente «el interés de España» ya exigía el cambio de régimen.
6.1. Segunda fase de las actividades a favor de la
restauración de la monarquía democrática
A medida que la guerra mundial se decanta
contundentemente contra los ejércitos hitlerianos, los monárquicos españoles se
muestran más activos en su muy endeble liberalismo. Los norteamericanos también
trabajaron en ese sentido, según explica Joaquín Satrústegui, uno de los más
decididos activistas en favor de la restauración: «Como es sabido, los del
"bando nacional" teníamos unas ideas contrarias a la democracia.
Durante la guerra mundial yo estaba con el Eje, pues de una manera instintiva sentía
que Alemania estaba manejando unas armas que me habían protegido y que las
armas que me habían atacado eran las del otro bando. Claro, luego, con el
tiempo, sobre todo desde el momento en que intervienen los americanos y
desembarcan en Casablanca, se filtra una serie de propaganda aliada, bien
hecha, en la que se hace una profunda crítica del sistema del Eje, nos empieza
a abrir los ojos. Desde ese momento —aquí se creyó que otra vez se iba a dar la
vuelta a la tortilla— fui dándome cuenta de que la postura que yo había
adoptado, inmovilista, no era buena para España. Entonces (1942) surge mi vida
en la oposición. La primera multa que me metieron fue porque tuvimos noticias
de que los falangistas habían atacado a unos estudiantes monárquicos.
Organizamos un grupo y nos presentamos en la Universidad con las insignias
monárquicas. Al cabo de un rato, los falangistas vinieron con estacas a
sacudirnos. Como nosotros éramos gente muy fogueada, las estacas duraron en
manos de ellos treinta segundos. ¡Con sus propias estacas organizamos una
bárbara! Algunas personas quedaron con los huesos rotos. Con ese motivo fuimos
detenidos y nos pusieron unas multas.»
Don Juan se muestra especialmente activo durante el
año 1943 con proclamas personales y a través de las actividades de sus más
entusiastas colaboradores. El 8 de marzo de 1943, el conde de Barcelona, que
sigue en Lausana, envía una carta a Franco en la que se expresa con más
claridad respecto a la conveniencia de restaurar la monarquía en breve plazo
dados «los riesgos gravísimos a que expone a España el actual régimen
provisional y aleatorio. Derivan éstos de tres causas patentes y fundamentales,
distintas en naturaleza, aunque relacionadas entre sí: la vinculación exclusiva
del poder en una sola persona sin estatuto de base jurídica institucional; la
división profunda en que se encuentra la opinión política y sentimental de los
españoles, y, finalmente, la situación que crea la conflagración mundial».
Por tanto, hay que «abandonar el actual régimen
transitorio y unipersonal», pero existe «fundamental discrepancia en cuanto al
tiempo y a la forma de acometer el imprescindible cambio». Para don Juan
«apremia adelantar lo más posible la fecha de la restauración». Por ello, si
Franco no accede a ello, incurrirá en «grave responsabilidad». Don Juan, que se
describía a sí mismo como «Rey de todos los españoles», también terminaba su
carta advirtiendo al dictador que daba cuenta de su contenido «a todos aquellos
cuyo ánimo embargan mis mismas inquietudes».
En aquellos días de marzo de 1943, uno de los más
arriesgados activistas monárquicos, Juan Antonio Ansaldo, oficial de aviación,
trata de llevar adelante un plan conspirativo contra Franco: en conversaciones
con los marqueses de Eliseda, de Quintanar y de Villaurrutia, intentaba sumar
voluntades para que Kindelán, apoderándose del mando de la capitanía general de
Cataluña, se combinara con un desembarco norteamericano en el golfo de Rosas,
al mismo tiempo que podría proclamarse un gobierno provisional de la Monarquía.
El proyecto, que carecía de madurez, fue abortado por la policía. El plan
conspirativo no se consideró importante porque sólo quisieron imponer a Ansaldo
seis meses de arresto. Pero este conspirador monárquico quiso darse importancia
y el 10 de marzo se apoderó de un avión militar y huyó a Portugal. A raíz de
este acontecimiento sí fue detenido, el 14 de marzo, el marqués de Quintanar, a
quien se acusó de ser el cómplice de Ansaldo: fue deportado a Ibiza. Tres meses
después, suavizaron las condiciones de su deportación, permitiéndole acabar de
pasarla en Alicante.
El dictador demostraba que no estaba dispuesto a
tolerar la menor amenaza contra su poder personal y así se lo hizo saber a don
Juan cuando, más de dos meses después de haber recibido la carta (8 de marzo de
1943) del pretendiente al trono, se digna contestarle el 27 de mayo en un tono
parecido al que un director de la Academia General Militar podría emplear con
un aspirante a oficial: «...creo conveniente fijar nuestras respectivas
posiciones para reforzar la autoridad y responsabilidad de mis palabras» (...)
«Otras personas pueden hablaros con la sumisión que un celo dinástico o su
conveniencia cortesana les dicte; yo, cuando os escribo, no puedo prescindir de
hacerlo como Jefe del Estado de la Nación Española que se dirige al
Pretendiente al trono de la misma nación.» Esta carta es reveladora del
carácter de Franco: todo su escrito consiste en argumentar que él está en
posesión de la verdad y que los demás, incluido don Juan, están equivocados,
«desviados» o manipulados «por la masonería».
La negativa a las peticiones de don Juan no podía ser
más clara.
Sin embargo, los monárquicos, estimulados directa o
indirectamente por las victorias de los ejércitos aliados y por sus servicios
diplomáticos, sólo estaban al principio de una serie de operaciones para tratar
de que Franco abandonara el poder y dejara paso a las instituciones
monárquicas. La siguiente presión le llega a Franco de un bloque de veintisiete
monárquicos que habían sido designados por el dictador procuradores en Cortes.
Entre los firmantes del escrito colectivo se encuentran Juan Ventosa, Pablo
Gamica, José Yanguas Messía, Alfonso García Valdecasas, Juan Manuel Fanjul, el
duque de Alba y el de Arión, el conde de Ybarra, los generales Galarza y Ponte,
el almirante Moreu y otras destacadas personalidades. Estos monárquicos y a la
vez franquistas explican que su acción la motivan los «acontecimientos bélicos
últimamente ocurridos en África del Norte» y por tanto calculan que «al
terminar la guerra convendrá que exista en España un régimen que reúna las
condiciones más adecuadas para realizar en el interior la unidad moral de los
españoles y para inspirar en el exterior confianza». Franco vuelve a tener
sobre su despacho el proyecto de restauración de la monarquía.
La idea de carta colectiva fue del conde de los Andes,
pero los procuradores tampoco lograron convencer a Franco. Era previsible, así
como podía preverse que el «generalísimo» iba a ordenar unas diversas
represalias contra quienes se habían atrevido a criticar su «régimen personal»,
aunque fuera de manera muy moderada, como limitada era su idea de la democracia
coronada. El 26 de junio, la Junta Política cesaba a los procuradores que
tenían a la vez la condición de consejeros nacionales del Movimiento. Días
después (el 3 de julio), Arrese, ministro-secretario general, se dirigía a cada
uno de ellos acusándoles de «grave indisciplina» y de atentar «contra la unidad
política española». Fanjul fue destituido de su puesto de vicesecretario
general del Movimiento; a García Valdecasas le expulsaron de la dirección del
Instituto de Estudios Políticos; al conde de los Andes le desterraron en la
isla de La Palma...
Que aquella coyuntura empezaba a constituir una clave
decisiva para liquidar la dictadura de Franco se continuó poniendo de relieve
en las semanas que siguieron. La efervescencia política llegó a los cuarteles.
Y esto sí que provocó una considerable inquietud en el general gallego: tan fue
así que el 17 de julio de 1943 envió una orden «personal y reservada» a los
tres ministros encargados de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, para que a su
vez la transmitieran a los capitanes generales, y con el fin de que acentuaran
su vigilancia contra «un vasto plan de acción, urdido por la masonería
internacional, para, aprovechando las circunstancias apasionadas de la guerra,
provocar en España situaciones de debilidad que la pongan, de momento, al
servicio de intereses extranjeros y, posteriormente, en el mismo estado de
aniquilación que se encontraba en julio de 1936. En el orden político, la
acción masónica se concentra activamente hacia la producción de un viraje a un
régimen democrático como salto para pasar luego a la República de izquierdas».
Además de echarles las culpas a los masones, según su
obsesiva monomanía, Franco también aludía a algunos destacados exiliados, la
mayoría de los cuales no eran de izquierdas, contra lo que el dictador
pretendía: «Prieto, Negrín, Sánchez Román, Madariaga y demás dirigentes de las
izquierdas españolas... intentan la instauración de una Monarquía democrática»
y buscan en don Juan «un candidato manejable».
En esta situación global de consecutivas derrotas de
los ejércitos hitlerianos, y de tensiones, sospechas y nerviosismos
franquistas, se produjo una nueva intervención de don Juan de Borbón: el 2 de
agosto, desde Lausana, en un telegrama muy largo, el heredero de la Corona
volvía a pedirle al dictador que se apartara del poder y que dejase vía libre a
la monarquía:
«...No hay tiempo que perder si V.E., rectificando la
opinión expresada en sus escritos, en las conversaciones con el Infante don
Alfonso y en manifestaciones públicas, se resuelve a contribuir a la evitación
de gravísimos males para nuestra querida patria facilitando la incondicional
restauración de la monarquía...»
En este telegrama, el conde de Barcelona consideraba
como inadmisibles las condiciones que Franco le había pedido (que don Juan se
convirtiera en militante de Falange) para que el dictador considerase
seriamente una transmisión de poderes a favor de la monarquía. Don Juan también
aludía a los acontecimientos de la guerra mundial en territorio italiano (los
aliados desembarcaron en Sicilia el 9 de julio y el día 25 Mussolini fue
detenido) y, en fin, amenazaba a Franco con «una ruptura definitiva» a la par
que informaría «a la opinión pública».
Pero aun cuando don Juan le repetía al final de su
telegrama que esperaba una respuesta «urgente», el dictador no le contestó
hasta seis días después: el 8 de agosto, desde San Sebastián, le envió otro
telegrama en el que se dedicaba a atacar a los demás, y a vanagloriarse de sí
mismo. Sin embargo, las palabras y las formas de Franco revelaban que el
telegrama de don Juan le había impresionado, porque pedía al conde de Barcelona
que guardara «máxima discreción» y que siguiera manteniendo las relaciones con él.
Ése fue, hasta la fecha, el mejor momento para acabar de acorralar a Franco y obligarle a la restauración de la monarquía
constitucional. Esto es lo que certeramente interpretó el general Orgaz en
combinación con el general Aranda y otros jefes: informaron a los colaboradores
de don Juan exiliados en Portugal que contaban con unos cien mil hombres para
llevar a buen término una sublevación a favor de la institución monárquica. Lo
único que Aranda, Orgaz y sus colaboradores solicitaban para poner en marcha su
plan, era que les garantizasen el reconocimiento diplomático por Gran Bretaña y
Estados Unidos.
Lamentablemente, los colaboradores de don Juan
decidieron no apoyar ese proyecto de pronunciamiento. Sainz Rodríguez,
comentando la propuesta de Aranda y de Orgaz, consideró que «la Monarquía no
podía llegar por caminos de violencia y enfrentamiento. Estaban muy recientes
las heridas de la guerra y hubiera sido insensato causar nuevos traumas a
España. Precisamente, la idea de todos los que en uno u otro lado —en España,
en Lausana, en Lisboa— queríamos la Monarquía y trabajábamos por ella, era que
la Institución significara la paz y la concordia. La sublevación propuesta por
Orgaz equivaldría, en mayor o menor proporción, a una lucha. Otra vez, los
grupos y las banderías en el propósito de realizar por la fuerza las cosas».
Sainz Rodríguez consultó el plan con Gil Robles, quien
fue menos tajante: «Me aconsejó que no respondiera de un modo concreto y firme,
sino que señalara aplazamientos y circunstancias, así como la necesidad de
examinar con calma la situación. A su juicio, convenía dar largas al tema.
Debería también hacer saber al general que, ante decisión de tal naturaleza y
tal importancia, era el Rey quien tendría que resolver.»
En parte, los argumentos de Sainz Rodríguez eran
comprensibles, pero la historia ha revelado después lo negativa que fue esa
táctica para la mayoría de españoles: la dictadura todavía duró más de treinta
años, mientras que con una sublevación promonárquica como la que proponían
Aranda y Orgaz, el sistema dictatorial franquista habría sido liquidado ese
mismo año 1943 o, todo lo más, de haberse hecho fuerte Franco con otra parte de
las fuerzas armadas, el franquismo habría sido derrotado en 1945, como colofón
de la Segunda Guerra Mundial.
Predominó, pues, la política monárquica de ruegos y de
súplicas, de componendas y complicidades de hecho que protagonizaba Kindelán,
que, con otros generales de parecido comportamiento, constantemente daban la
impresión de jugar a dos cartas: la de monárquicos que presionaban a Franco, y
la de compañeros del dictador que frenaban las proclamas, cada vez más
exigentes, de don Juan.
La equivocación de esta táctica de los generales
consistía también en ignorar la verdadera
naturaleza del poder, sobre todo de una dictadura producto de una durísima
guerra civil. Franco y otros colaboradores suyos, acostumbrados a los
argumentos típicos de la fuerza bruta, poco o ningún caso podían hacer a
simples reclamaciones escritas, aunque fueren importantes las firmas que las
rubricaban.
Las acciones de los guerrilleros republicanos fueron
primordiales y principales en las primeras luchas contra la dictadura
franquista. (Los propósitos y combinaciones monárquicas que acabo de historiar
tuvieron su importancia, y habrían podido tenerla más, incluso decisiva, si sus
generales se hubiesen decidido a tomar las armas contra Franco y si hubieran
hecho suyas posiciones auténticamente liberales y democráticas.) Al mismo
tiempo, diversas organizaciones partidarias y sindicales de la izquierda, desde
los campos de concentración, desde las cárceles y en las ciudades, arrostrando
unos peligros que jamás afrontaron los partidarios de don Juan, proseguían sus
tareas para recuperar las libertades. Socialistas, comunistas y libertarios,
organizados o a título individual, actuaron desde 1939 para reconquistar la
democracia. Estas actividades, sin embargo, raramente conseguían alcanzar los
resultados deseados: por lo general, los activistas eran conscientes de que
iban a sacrificarse; yendo a parar a las prisiones, después de ser maltratados
y también torturados, y los que eran dirigentes muriendo ante un pelotón de
fusilamiento. Pero era una forma de sumar efectos
para el futuro.
Uno de los errores principales que cometieron las
fuerzas de izquierda en la etapa final de la guerra civil, fue no preparar las
mejores condiciones posibles para que el movimiento clandestino antifranquista
evitase buena parte de la represión. Casi nada se hizo en ese sentido, ni
siquiera lo más elemental. Apenas tenían medios materiales y los principales
dirigentes se habían marchado al exilio. Los que se quedaron en España tenían
ideología revolucionaria, pero poco más: a veces ni siquiera podían contar con
el apoyo de antiguos militantes y amigos, que, por miedo o por instinto de
supervivencia, habían decidido desvincularse totalmente de las organizaciones a
las que habían pertenecido.
A pesar de ello, desde los primeros momentos, cuando
la guerra ya podía darse por perdida, se hicieron planes reorganizativos y
nuevos enfoques para la acción. El 25 de febrero de 1939, ya desde París, el
Movimiento Libertario Español decidió coordinarse mediante un Consejo General
cuyo secretario fue Mariano R. Vázquez. La circular con la que informaban de su
continuación decía, en lo esencial:
«Después de la tragedia que representa la pérdida de
la guerra por nosotros conocida, la CNT, la FAI y la FIJL han coincidido en la
necesidad de unificar el trabajo a desarrollar en el exilio por las
organizaciones de referencia, a fin de orientar adecuadamente la gestión futura
y lograr un mayor aprovechamiento de energías.»
Su propósito principal era regresar a España, pero
antes «urge, en el camino de nuestra tarea, una labor apremiante, inmediata:
salvar a nuestra militancia y situarla en lugares donde pueda rehacer su vida
truncada» (...) «el problema más fundamental que tenemos planteado en estos
momentos es ése».
En efecto, en España son muchos los libertarios
perseguidos cuando no se encuentran ya en la cárcel o en los campos de
concentración; en el de Albatera, a unos 30 kilómetros de Alicante, están
algunos destacados anarquistas como Manuel Amil, miembro del Comité Nacional de
Defensa de la CNT; Antonio Ejarque, comisario general de la 25 División; David
Antona, ex miembro del Comité Nacional de la CNT y en 1939 gobernador civil de
Ciudad Real; Lorenzo Íñigo, ex miembro de la Junta de Defensa de Madrid (consejero
de las industrias de guerra) y secretario general del Comité Peninsular de la
FIJL; Eduardo de Guzmán, director de «Castilla Libre»; Manuel Villar, director
de «Fragua Social»; Saturnino Carod, comisario de la 118 Brigada de la 25
División, etc.
El grupo libertario que más se distinguió por sus
acciones en los años 1939-1943 fue el que dirigía Esteban Pallareis, secretario
general del primer Comité Nacional de la CNT. Antes Pallareis (a quien en la
clandestinidad se le conocía como José Riera) había pertenecido a la dirección
de las Juventudes Libertarias y después pasó a coordinar la Federación de
Colectividades Agrícolas Levantinas. Al final de la guerra civil se dedicó al
comercio de frutas y verduras en el mercado de Valencia y también aparentaba
tener actividades como transportista con una camioneta, pero en realidad se
dedicaba a ocultar a libertarios huidos y a llevarlos cerca de la frontera con
Francia para que pudieran ponerse a salvo. Los miembros de este Comité Nacional
y principales colaboradores de Pallareis eran Génesis López, Leoncio Sánchez,
José Cervera y Francisco Mares. Pallarais había establecido también contacto
con quienes dirigían el Movimiento Libertario en el exilio. En un informe que
les envió el 10 de noviembre de 1939, Pallarais describía la situación y las
necesidades:
«... Queremos informaros de que tenemos el firme
propósito de proseguir nuestra acción contra viento y marea. Faltan hombres
ahora en España. Esto está tan falso y podrido que un impulso popular sería
capaz de terminarlo.» (...) «Pero no enviéis nunca hombres que pretendan
arreglar esto con hazañas, con violencias inútiles, o con hechos que
desprestigian nuestras ideas, porque para eso os diremos que ya somos
bastantes. Lo que hace falta es desprestigiar y socavar el régimen, al mismo
tiempo que planificamos para una ordenación futura, sin lo cual mañana seremos
simples satélites de otras organizaciones.» (...) «Ya llevamos visitadas las
regiones del Norte, Centro, Aragón, todo Levante y Cataluña. En breve daremos
señales de vida en todas ellas, pero de forma ordenada, prudente, según
aconsejen y permitan las circunstancias.» Pero en aquellos tiempos, y a pesar
de las precauciones de Pallareis, era archidifícil conservar la libertad
durante muchos meses, sobre todo si se dirigían unas actividades antifranquistas.
En enero de 1940 hubo numerosas detenciones de
anarquistas, principalmente en Barcelona, según informaba «La Vanguardia» del
día 5. Posiblemente en los interrogatorios a que estos militantes fueron
sometidos salió el nombre de Pallarais (o Riera) y su condición de secretario
general del Comité Nacional. Lo cierto es que el Comité Pallarais fue detenido
en febrero y fueron sometidos a un interrogatorio durísimo: «Se filtraban
informaciones escalofriantes. Riera (Pallarais) resistía unos suplicios nuevos hasta
entonces. Se hablaba de la silla con argollas eléctricas en las muñecas y en
los tobillos; de que le ponían cabeza abajo colgado de los pies; de los botones
de fuego, de las tundas inmisericordes, de las horas incontables sin dormir,
sin comer, sin beber.» (...) «Hasta que Riera sucumbió, quebrado, deshecho,
como un bramante remojado. Después vino lo esperado: se descorrió la manta y
quedaron al aire todos los colaboradores que, como cerezas, fueron cayendo al
saco de la Jefatura, sin posibilidades de negar lo que ya era evidente...
Sumarísimo de urgencia por un delito de alta traición y espionaje contra la
seguridad del Estado.» Ya en la prisión provincial de Valencia, Pallarais, que
tenía una formación cultural media, se dedicó a dar clase a otros presos.
Pallarais, condenado a muerte, fue fusilado el 8 de julio de 1943, en el Campo
de la Bota (Barcelona).
Los compañeros de Pallarais no fueron juzgados hasta
el 7 de noviembre de 1944 y fueron condenados a penas relativamente menores
(entre uno y veinte años de cárcel).
Hasta el final de esta etapa, a Pallarais le
sustituyeron otros tres secretarios generales: Manuel López (1940-1942),
Celedonio Pérez (1942-1943) y Manuel Amil (1943-1944). Alrededor de un año
duraba su actividad clandestina: después otro militante debía hacerse cargo de
la peligrosa dirección. Además de caer los Comités Nacionales, también otros
militantes eran detenidos. Al volver la vista atrás podemos recordar:
— la detención de 23 jóvenes libertarios barceloneses
el 28 de marzo de 1939, condenados a penas oscilantes entre 20 años y 30 años
de cárcel;
— la detención de doce anarquistas el 17 de marzo de
1943, también en Barcelona, que fueron sometidos a consejo de guerra el 24, de
lo cual informaba «La Vanguardia» el día 25 diciendo que se habían dictado ocho
penas de muerte, contra: Joaquín Pallares, Francisco Álvarez, Fernando Ruiz,
Francisco Atares, José Serra Lafort, Benito Santi Martí, Juan Aquila y Pedro
Tresols Moix. A éstos se añadió después Bernabé Argüelles: todos ellos fueron
agarrotados el día 29 de marzo.
En 1939-1943 son varios los libertarios que destacan
por sus actividades antifranquistas:
— el malagueño Cipriano Damiano, que al terminar la
guerra civil fue obligado, como tantos otros españoles, a volver a hacer el
servicio militar: entonces, desde la comandancia de ingenieros de Cádiz
coordinó a los enlaces de las guerrillas de aquella región, al tiempo que en la
propia imprenta militar imprimía «Solidaridad», portavoz andaluz de la CNT (en
los años 1950 volvemos a encontrar a Cipriano Damiano como secretario general
de la CNT);
— Francisco Ponzán, asturiano de nacimiento pero
considerado oscense porque buena parte de su vida transcurrió en Huesca, donde
fue maestro de escuela, no sólo era un hombre de acción guiado por los ideales
anarquistas sino también un activista a favor de la democracia que, durante la
Segunda Guerra Mundial, cumplió con importantes misiones de ayuda a favor de
los ingleses. Durante la guerra civil, Ponzán fue consejero de Instrucción
Pública del Consejo de Defensa de Aragón; a la vez formó un comando de acción
llamado «Libertador» que actuaba en la zona franquista. Al acabar la guerra,
pasó un tiempo exiliado, pero ya en abril de 1939, de acuerdo con quien cumplía
funciones de delegado del Consejo General del Movimiento Libertario, Juan
Manuel Molina, empezó a hacer los preparativos necesarios para volver a luchar
en España, cosa que hizo a partir del mes de junio de 1939. Ponzán desarrolló
sus actividades en tierras aragonesas, chocó con la guardia civil oscense en
mayo de 1940, y tras el tiroteo en el que resultó herido, se refugió en
principio en casa de amigos y luego volvió a pasar a Francia. A partir de
entonces alternó sus acciones en territorio francés con sus actividades en las
latitudes ibéricas. Aquí, y también a través de algunos de sus hombres, como
Juan Català, hacía labor de agitación. Antonio Téllez ha reproducido en
facsímil algunos documentos de esta propaganda libertaria. En Francia, Ponzán
organizó un grupo, coordinado con el grupo angloamericano Pat O'Leary, dedicado
a ayudar a los resistentes y para facilitarles la huida al extranjero a través
de Andorra. Pero al final Ponzán fue detenido por la Gestapo en 1943 y fusilado
cerca de Toulouse. A título póstumo, el gobierno de Washington le concedió la
Medalla de la Libertad y el gobierno de Gran Bretaña, la Hoja de Plata de Su
Majestad.
En fin, mientras diversos exiliados españoles en
Francia, como Ponzán, se dedicaban a salvar las vidas de los resistentes
franceses y de los aviadores ingleses y norteamericanos que caían en territorio
ocupado por los hitlerianos, lamentablemente algunos dirigentes de la
democracia de la II República asimismo
desterrados en el país vecino caían en manos de la Gestapo que, a su vez, los
entregaba a la policía franquista, como ya hemos historiado.
Por sus características organizativas y por sus
métodos de acción socio-política en esta primera etapa de la lucha contra la
dictadura, los militantes del PSOE y de la UGT pudieron destacarse menos que
los libertarios. También tenían a sus principales cuadros dirigentes en el
exilio y en la cárcel: Julián Besteiro, que había sido detenido por los
franquistas al entrar sus tropas en Madrid, fue sometido a consejo de guerra el
8 de julio de 1939, condenado a cadena perpetua, pena rebajada luego a la de 30
años de cárcel y que murió en la prisión de Carmena el 27 de septiembre de
1940; los ya citados Julián Zugazagoitia y Francisco Cruz Salido, que la
Gestapo entregó a la policía franquista, y que fueron fusilados el 11 de
noviembre de 1940, en Madrid.
En el interior de España, también repercutían
negativamente las querellas entre dirigentes socialistas (prietistas,
negrinistas, largocaballeristas): constituían un freno suplementario que se
sumaba a los grandes obstáculos objetivos para seguir actuando contra el
franquismo que se había establecido. A pesar de todo ello, las organizaciones y
las actividades socialistas hicieron acto de presencia ya en aquellos años
1939-1943. Entonces, el actual presidente del PSOE, Ramón Rubial, alternaba su
paso por la cárcel con la actividad clandestina: «Me hicieron un consejo de
guerra y pasé todas las vicisitudes de la cárcel. Primero en la prisión
habilitada de El Carmelo, en Larrínaga; de Larrínaga al Puerto de Santa María;
del Puerto de Santa María a Sevilla; de Sevilla a Aranjuez; de Aranjuez a
Madrid; de Madrid a Bilbao. De Bilbao me tuve que escapar por un expediente que
me acusaba de organización clandestina; (...) el destacamento en el que
estábamos sometidos a trabajos penitenciarios nos daba algo de libertad.
Limitada, sin duda alguna, porque había que arriesgarse, después de pasar
lista, a salir para contactar con unos y con otros al objeto de crear la
organización.» En aquella etapa, el problema más grave de la clandestinidad era
el «paso por comisaría», que es como llamaban metafóricamente a la tortura, «y
a sus consecuencias como es el delatar o no delatar a otros compañeros».
Con los antiguos militantes del PSOE que fueron
saliendo de la cárcel, aunque estaban en libertad vigilada, gradualmente fue
reconstruyéndose la organización a la par que se establecían enlaces con la
dirección del partido y de la UGT en el exilio. Todo ello fue, en particular,
factible a partir de la derrota de los ejércitos hitlerianos en Francia y la
celebración en Toulouse, los días 24-25 de septiembre de 1944, del Primer
Congreso (XIV de la serie de toda su
historia) del PSOE en el exilio, y del I Congreso de la UGT (XVII) el 10 de noviembre del mismo año y en la misma ciudad.
Mientras tanto, en las guerrillas actuaban diversos
militantes socialistas o eran dirigentes de algunas de sus partidas, como José
Mata, el ugetista asturiano que tuvo una importante actuación entre 1937 y
1948.
7.2.1. Otras fuerzas
socialistas: El POUM
El Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM) era
una organización radicada en Cataluña, que durante la guerra civil fue
gravísimamente perseguida por los estalinistas españoles y asimismo por la
policía política soviética, persecuciones que llegaron al extremo del asesinato
de Andreu Nin, secretario político del POUM, «por agentes de la NKVD soviética,
en Alcalá de Henares (junio de 1937)», según Víctor Alba, que fue militante
destacado de este partido.
A partir de 1939, los poumistas llevaron a cabo una
considerable actividad antifranquista y algunos fueron derivando hacia
posiciones socialistas clásicas.
Como ocurrió con otras organizaciones partidarias, la
del POUM empezó renaciéndose en la cárcel, exactamente en la Modelo de
Barcelona. Daniel Rebull, más conocido como David Rey, que había formado parte
del Comité Ejecutivo, coordinó a otros militantes como Fernández Jurado y Vila,
asimismo presos, y a través de las familias de todos ellos pudo entrarse en
relación con otros poumistas que habían quedado en libertad o que retornaban
del exilio, principalmente a través de otro dirigente de este partido, Josep
Rovira, que actuaba clandestinamente desde Francia.
David Rey redactó, en 1940, en la misma cárcel, uno de
los primeros periódicos clandestinos que se hicieron en aquella etapa: escrito
en catalán, se titulaba «L'Espurna» (la chispa), evidentemente inspirada en la
«Iskra» que imprimía Lenin durante su exilio suizo.
Rovira, junto con otros poumistas (Jordi Arquer,
Teresa Mitrani, Margarita Miró, Miquel Bosch), formaban parte de una red de
evasión dirigida por un inglés que se hacía llamar «René», y también
contribuyeron a la relativa reintegración de otros militantes del POUM en
Barcelona. Entre quienes periódicamente regresaron a Cataluña se encontraban
Josep Pallach, Miquel Utgés y Rafael Sardà. Entre todos dan vida al «Front de
la Llibertat», cuya revista hacen Víctor Alba, Jesús Estarán y el citado Utgés:
unos 2.500 ejemplares destinados a la lucha global antifranquista: «Su
regularidad es poca en 1941; el año siguiente sale una vez cada dos meses, pero
en 1943 se logra sacarlo, impreso, cada mes y a veces cada quince días.» A
partir de este frente unitario, se fueron creando las bases, en particular por
Rovira, para ir hacia la creación de un partido que integrara a todos los
socialistas de izquierda y demócratas.
Los dirigentes del PCE tampoco tuvieron la menor
previsión para afrontar, desde la clandestinidad, la lucha contra la dictadura:
«Ni imprentas clandestinas, ni papel, ni radio, ni dinero, ni casas, ni
organización ilegal. Nada habíamos preparado», escribió la propia Dolores
Ibárruri. En 1939, algunos comunistas continuaron la acción en las peores
condiciones, mientras sus máximos dirigentes huían al extranjero.
Entre quienes primordialmente se ocuparon de poner en
pie la nueva organización clandestina se encontraban, en Madrid, José Cazorla
(miembro del Comité Central del PCE y del Comité Ejecutivo de las JSU) y el que
años después habría de ser célebre dramaturgo, Antonio Bueno Vallejo (ambos
fueron detenidos, condenados a muerte, pero a Buero la pena le fue conmutada).
El mayor número de detenciones de comunistas se
produjo durante los meses de julio y agosto de 1939. Estas detenciones se
produjeron debido a que la policía intensificó la vigilancia con motivo de que
el 27 de julio había muerto en atentado un oficial principal en la represión
política: el comandante Gabaldón, que era inspector de la policía militar de la
I Región y responsable del Archivo de los documentos que permitían acusar de
masones o de comunistas a diversas personas. La otra causa de que muchos jóvenes
comunistas cayeran en esas fechas fue que un antiguo miembro de las JSU,
Roberto Conesa, había empezado a trabajar para la policía franquista. En un
consejo de guerra sumarísimo que tuvo lugar en Madrid el 4 de agosto se
dictaron sesenta y cinco penas de muerte contra sesenta y siete militantes. Al
día siguiente, en el cementerio del Este, fusilaban a sesenta y tres, entre los
cuales había trece chicas cuyas edades oscilaban entre los dieciocho y los
veintiún años y que ya son conocidas en la historia del antifranquismo como
«las trece rosas».
En Cataluña, los dirigentes del PSUC, Comorera y
Valdés, pensaron a finales de la guerra en crear algunos grupos de acción
armada, pero al final nada se concretó. En 1939, Alejandro Matos fue el primero
en ocuparse de la reorganización clandestina del PSUC, pero detenido al poco
tiempo, murió durante un interrogatorio al que le sometieron en la Jefatura
Superior de Policía de Barcelona.
Estos golpes mortales quizás afectaron menos a la
nueva puesta en acción del PCE y del PSUC que lo que, pocos meses después de
terminada la guerra civil, fue un acontecimiento que sembró el estupor y la
indignación entre no pocos comunistas y, sobre todo, entre los demócratas: el
Pacto Germano-Soviético acordado entre Hitler y Stalin y firmado en Moscú el 23
de agosto de 1939 por Von Ribbentrop y Molotov en presencia del dictador de
todas las Rusias.
Este Pacto ignominioso fue justificado inmediatamente
por los partidos comunistas, dando pruebas de su más tosco y lamentable
oportunismo «dialéctico». Sin la menor conciencia moral ni histórica, uno de
los órganos comunistas del exilio, «La Voz de los Españoles» (París, n.° 14, 26
de agosto de 1939), decía: «Hoy estamos más cerca de la paz que hace una
semana. La URSS la ha defendido.» (Hitler ya había invadido Austria el 13 de
marzo de 1938 y se había apoderado de Checoslovaquia el 15 de marzo de 1939; en
fin, unos cinco días después de haberse publicado ese texto de los comunistas
españoles, exactamente el 1.° de septiembre a las 4,45 de la madrugada, el
ejército nazi atacaba Polonia, y dieciséis días después, el 17 de septiembre de
1939, las tropas de Stalin también invadían Polonia por la parte oriental,
poniendo así al descubierto una cláusula secreta del Pacto Germano-Soviético.
De este Pacto entre monstruos, algunos personajes del
PCE sacaron ciertas comodidades: el propio Santiago Carrillo, cuando estaba en
Bélgica para marcharse a México por orden del Kremlin, provisto de un pasaporte
chileno «atraviesa la Alemania en guerra, hasta el Báltico, donde embarca para
Leningrado. Llega a Moscú el 26 de diciembre de 1939», como ha escrito su
principal colaborador de entonces, Claudín.
Unos diez años después, el propio Carrillo no adopta
la menor actitud autocrítica respecto a sus vinculaciones al Pacto entre Moscú
y Berlín, mientras sigue criticando el «imperialismo» (en «Nuestra Bandera»,
número de junio-julio de 1948). Transcurren más de treinta años y Fernando
Claudín sigue mostrándose satisfecho de esa brutal inconsciencia:
«Inmediatamente pensamos que si Stalin lo hacía es porque así convenía a los
intereses superiores de la defensa de la Unión Soviética. Y no estaba mal que
las "democracias" pagaran su traición a causa de la República
española.» Pero el argumento que apunta Claudín hace ya décadas que ha sido
desmentido por los hechos históricos: Stalin no tuvo en cuenta los verdaderos
intereses de la defensa de la URSS. Stalin creyó seriamente en la permanente
vigencia del Pacto Germano-Soviético: la prueba fue que no impulsó el rearme
del Ejército Rojo ni lo preparó ideológicamente ante la eventualidad de que las
tropas hitlerianas invadieran la URSS: de ahí las gravísimas derrotas que
sufrieron los militares comunistas ante el empuje de la «Wehrmacht».
Pero no todos los comunistas españoles siguieron, con
la vieja obediencia de los Carrillo y Claudín, la nueva política internacional
para los PCs que dimanaba del Pacto Germano-Soviético. Entre los militantes que
protestaron por ese pacto y abandonaron o fueron expulsados de las
organizaciones comunistas, se encontraban algunos destacados catalanes
exiliados en México como Estivill, Fábregas, Ferrandis, Serra Pámies, etc. En
noviembre de 1940 todos ellos explicaron públicamente las razones de su marcha del
PCE-PSUC.
Frente a la doble represión, política y cultural
específica, que la dictadura lanzó sobre los catalanes, algunos núcleos
partidarios no tardaron en reorganizarse y en perfilar algunos planes de acción
antifranquista.
Además de los libertarios, socialistas, poumistas y
comunistas catalanes de cuyas acciones ya he tratado en apartados anteriores,
en la historia del antifranquismo en Cataluña destaca el «Front Nacional»,
grupo catalanista radical creado en París entre 1939 y 1940, con militantes
procedentes de antiguos partidos como «Estat Català», «Nosaltres Sols» y «Partit Nacionalista». En las negociaciones iniciales
para acordar el lanzamiento del «Front Nacional de Catalunya» (FNC)
participaron Joan Cornudella Barbera, que había sido secretario general de
«Estat Català» a partir del mes de noviembre de 1936; Manuel Cruells, antiguo
militante de las juventudes de «Estat Català»; Jaume Martínez Vendrell, de
«Nosaltres Sols»; Enric Pagés, que había sido militante de la «Federació
Nacional d'Estudiants de Catalunya» (FNEC); y Antoni Andreu Abelló, que también
procedía de «Estat Català».
Según Joan Cornudella, «nosotros seguimos la lucha
inmediatamente después de la declaración de la II Guerra Mundial. En 1940 nosotros estábamos convencidos de la victoria de
los aliados. Para nosotros estaba claro que si los aliados ganaban, el régimen
de Franco caería. "Front Nacional de Catalunya" vino con la idea de
plantear la reivindicación nacional, y con la idea de levantar al país contra
el franquismo. Pero en la idea nacional cabe todo el mundo; nunca pensamos que
el "Front" reuniese indistintamente las derechas y las izquierdas,
sino que ya en una de nuestras primeras declaraciones dijimos que tanto los
partidos de izquierda como los conservadores tenían que ser nacionalistas. Lo
cual no quería decir que se formara una sola unidad política, es decir, un solo
partido político».
Dos días antes de que los alemanes llegaran a París,
Joan Cornudella emprendió viaje de retorno a las tierras catalanas. El mes de
agosto de 1940, en compañía de Manuel Cruells, Antoni Andreu y otros militantes
pasan los Pirineos clandestinamente. A mediados de agosto ya se encuentran en
Barcelona. Ahora bien, el frente principal de sus acciones, dirigidas contra la
dictadura franquista, sigue combinándose durante toda la guerra mundial con su
participación en las actividades de los servicios secretos aliados, en
particular en el «Deuxième Bureau» y en el
«Intelligente Service», así como en las redes de evasión para salvar a los
perseguidos por la Gestapo (principalmente aviadores aliados que eran
derribados sobre el territorio francés y comandos lanzados en paracaídas para
llevar a cabo operaciones de sabotaje contra el ejército hitleriano).
Los militantes del FNC también actuaban coordinados
con los servicios secretos aliados en territorio español: su misión principal
consistía en conseguir información militar, que asimismo se traducía en seguir
el movimiento de buques alemanes e italianos en el puerto de Barcelona y en
averiguar qué era lo que transportaban. Estas actividades se cortaron
bruscamente en 1943, por dos causas: porque el Gobierno de Londres, al ver que
su embajador en Madrid, Sir Hoare, conseguía sus propósitos de que los franquistas
no entraran en la guerra mundial como aliados de Hitler, dejó de interesarse
por las actividades clandestinas antifranquistas; y porque la policía
franquista consiguió localizar y detener a los dirigentes del FNC. La primera
serie de hechos y los acontecimientos siguientes estuvieron relacionados.
En efecto, un catalán, Jaume Ribas, bajo la apariencia
de ser un especialista en plásticos, podía viajar entre España e Inglaterra
cumpliendo misiones tanto a favor del «Intelligence Service» como de los
catalanistas; pero en noviembre de 1943 la policía franquista tuvo noticia de
la doble función de Jaume Ribas y trató de detenerle, sin conseguirlo, en el
aeropuerto madrileño. Al parecer, el gobierno franquista protestó a la embajada
británica porque, tras esa huida rocambolesca, los servicios secretos ingleses
cortaron sus relaciones con los catalanistas; el propio presidente del «Consell
Nacional» de Cataluña exiliado en Londres, Carles Pi Sunyer, recuerda este
hecho en sus Memorias:
«Los servicios de espionaje británicos, quizá con la
intención de cortar amarras que pudiesen comprometerles, rompieron sus
contactos con los elementos catalanistas activos. Antes, éstos podían contar,
hasta cierto punto, con la colaboración oficiosa y más o menos efectiva de
algunos funcionarios del consulado británico colocados probablemente allí con
esta intención. Pero en ese momento, los mismos amigos de antes no querían
saber nada de todo ello.»
Poco después de que se produjera ese incidente con
quien a todas luces era un agente secreto, en diciembre de 1943 la policía
franquista efectuó una redada de los principales militantes del FNC: cincuenta
fueron los detenidos, entre ellos los principales dirigentes, Cornudella y
Cruells: «La suerte nuestra fue que los aliados ya estaban en Italia, y que el
signo de la guerra mundial estaba ya decidido. Eso nos favoreció, porque,
evidentemente, si nos llegan a coger un año antes, nos hubieran fusilado.»
Pero, como ocurría en los demás partidos, el puesto de
combate que dejaban los detenidos pronto volvía a ser ocupado por otros
militantes.
8.1. Consejo de guerra y fusilamiento del presidente
Companys
Detenido por la Gestapo en territorio francés (en la
Bretaña, en septiembre de 1940) y entregado a la policía franquista, el
presidente de la Generalidad, Lluís Companys, fue trasladado a Madrid; en la
Dirección General de Seguridad de la Puerta del Sol fue interrogado y
maltratado, de palabra y de obra. Después fue conducido al castillo de
Montjuich, en Barcelona, para ser sometido a consejo de guerra sumarísimo el
día 14 de octubre.
La detención de Companys fue el hecho más destacado de
la resistencia catalanista contra el franquismo en su primera etapa
(1939-1943). La noticia de la llegada del presidente de la Generalidad a la
fortaleza militar de Montjuich produjo una gran conmoción en toda Cataluña. La
información circuló gracias a algunos familiares y amigos de Companys, entre
ellos dos militantes del POUM de quienes ya he escrito: Miguel Utgés y David
Rey.
Hubo algunos proyectos de facilitar a Companys la fuga
del castillo, pero ninguno pudo llevarse a buen término. El plan más concreto
en ese sentido fue el que preparó un militar republicano, Jaume Fortuny,
también encarcelado en Montjuich. Los franquistas descubrieron el proyecto y
Fortuny fue condenado a muerte (que luego le fue conmutada por una pena
suplementaria de 20 años de prisión).
En suma: Companys fue sometido a consejo de guerra. El
14 de octubre de 1940, pues, a las 10 de la mañana, en el Castillo de
Montjuich, se reunió el tribunal, que estaba compuesto por Manuel González
González, general de división y presidente; Manuel Gonzalo Calvo Conejo,
general de división; José Irigoyen Torres, general de brigada; Federico García
Ribero, general de brigada, y Rafael Latorre Rodas, general de brigada, en
cuanto vocales. Como fiscal actuó el auditor de brigada Enrique de Querol y
Duran, como auditor ponente, el auditor de brigada, D. A. Coronel Velázquez. El
defensor fue Ramón de Colubí, capitán de Artillería.
Aunque fueron los franquistas quienes se habían
rebelado contra el gobierno legítimo y legalmente constituido de la II República y de la Generalidad de Cataluña, aquellos años se acusaba,
confundiendo completamente los hechos, a los dirigentes republicanos de ser
culpables de rebelión militar. El acta oficial de este consejo de guerra así
volvía a pretenderlo en gravísima paradoja puesto que aceptaba el informe
fiscal «quien consideró (transcribo literalmente) los hechos que consideraba
probados y relatados en su escrito provisional como delito de adhesión a la
rebelión militar previsto y penado en el art. 238, número 2, en relación con el
art. 237, ambos del Código de Justicia Militar, concurriendo el hecho y las
circunstancias agravantes a que se refiere el art. 173 del Código de Justicia
Militar...».
A pesar de que el defensor dijo «no está conforme con
los agravantes que aprecia el Ministerio Fiscal, sino que se halla comprendido
en el atenuante 4 del art. 9 del Código Penal común, por todo lo cual solicitó
se impusiera al procesado la pena de 20 años y un día de reclusión, siendo de
abono la prisión preventiva sufrida».
A pesar de que el presidente Companys dijo que «no
tenía que aludir a los miserables informes de la policía, ya que el auto de
procesamiento del Señor Fiscal no los ha recogido» y «solamente le queda por
decir que la Historia nos juzgará a todos, en nuestras intenciones, y si la
sentencia le condena a morir, lo hará sereno y muy tranquilo por sus ideales y
sin sombra alguna de rencor».
A pesar de todo ello, el presidente de la Generalidad
de Cataluña fue condenado a muerte.
El consejo de guerra sumarísimo no sólo partía de una total tergiversación de los hechos acerca de
quién había incurrido en rebelión militar, sino que todo él acababa de
revelarse como una sangrienta farsa al no
esperar ni siquiera veinticuatro horas para ejecutar la sentencia. Así, al
día siguiente, 15 de octubre de 1940, a las seis y media de la mañana, en el
mismo castillo de Montjuich, Lluís Companys, presidente de la Generalidad,
pronunciaba sus últimas palabras, «Visca Catalunya!», y moría por una descarga
de fusilería.
Ni los periódicos ni la radio franquistas difundieron
la noticia. Pero la información circuló hasta convertirse en un hecho condenado
en casi todo el mundo. El profesor Luis Jiménez de Asúa, exiliado en Buenos
Aires, escribía en el diario «Crítica» del día 20 de octubre:
«Los que le han asesinado no se dan cuenta de que
acaban de hacer un héroe de las libertades catalanas: un mártir sobre quien
pronto se alzará la leyenda. Y los héroes y los mártires son terriblemente
peligrosos para los verdugos.»
Años después, Nehru, que pasó por Barcelona durante la
guerra civil y había establecido relaciones con Companys, declaraba en cuanto
Presidente de la India: «Lo que hicieron con el Presidente de la Generalidad,
Lluís Companys, es uno de los crímenes más monstruosos que registra la historia
de la Humanidad.»
LA ARBITRARIEDAD COMO
SISTEMA POLÍTICO Y LAS ALIANZAS ENTRE DEMÓCRATAS
Es instructivo que continuemos explicando la peculiar
institucionalización del franquismo.
1. La Arbitrariedad Como Sistema Político
La «voluntad del jefe» —el Führerprinzip— es la base «jurídica» del fascismo. La clásica
división de poderes en el sistema democrático —el legislativo, el ejecutivo y
el judicial, independientes entre sí— deja de existir. Poulantzas escribe con
claridad que «lo que caracteriza el Estado de excepción es no sólo que viola
sus reglas, sino que ni siquiera pone sus propias "reglas" de
funcionamiento», y el sociólogo griego observa que el Estado fascista es un
caso en ese sentido.
Franco también se mostró «original» en su modificación
del sistema jurídico. Desde el primer momento de la estabilización de su
régimen, él sí pone de relieve las «reglas». De una vez para «siempre», el
general «sistematiza» su «derecho» más absoluto,
esto es, su arbitrariedad jurídica más completa. Cuatro meses después del
final de la guerra civil, Franco ordena la publicación de un decreto en el que
decide, con el siguiente estilo retorcido:
«Corresponde al Jefe del Estado la suprema potestad de
dictar normas jurídicas de carácter general, conforme al artículo 17 de la Ley
de 30 de enero de 1938, y radicando en él de modo permanente las funciones del
gobierno, sus disposiciones y resoluciones, adopten la forma de Leyes o
decretos, podrán dictarse, aunque no vayan precedidas de la deliberación del
Consejo de Ministros, cuando por razones de urgencia así aconsejen, si bien en
tales casos el Jefe del Estado dará después conocimiento a aquél de tales
disposiciones o resoluciones.»
En la formación de la «nueva legalidad» no se podía
decir más en tan pocas líneas. Así actuó el general, de manera
personalísimamente autónoma, decidiendo sobre las cuestiones clave y a veces
sobre los matices más inverosímiles.
2. Las Formas Religioso-Litúrgicas
En Alemania, el nazismo estuvo apoyado por la religión
institucionalizada. Ahora bien, los nazis hicieron campañas —Bormann a la
cabeza de ellas— contra el cristianismo inconcebibles en la España del
franquismo.
El anticlericalismo de ciertos fascistas italianos
—entre ellos Mussolini— se parece más a algunos fenómenos anticlericales
(absolutamente minoritarios, o casi de expresión personal) entre los
falangistas. Por otra parte, esos fenómenos no son relativamente públicos más
que antes de la guerra civil. Desde los orígenes, en su inmensa mayoría los
componentes del falangismo tienen un contenido religioso que se acentúa
después; y esto es lo que le caracteriza: es un fascismo con un fuerte elemento
integrista, superior al italiano y al alemán.
Entre los fenómenos de «deificación» de Hitler y de
«deificación» de Franco existen algunos aspectos análogos. No obstante, hay que
observar las diferenciaciones de forma y de contenido. Mientras que Hitler se
convierte en una especie de «dios pagano» (el lema de las S.A. es: «Hitler
ayer, Hitler hoy y el mismo para la eternidad»), Franco es, según la propaganda
oficial basada además en declaraciones de las más elevadas jerarquías de la
Iglesia, una especie de «mesías» que viene a España a «resolver» los problemas,
y a quien los obispos hacen entrar bajo palio en los templos.
Los aspectos religiosos estuvieron siempre muy ligados
a la persona de Franco. Desde la guerra, el general da ejemplos de conducta
supersticiosa, andando de un lado para otro con reliquias pretendidamente
milagrosas. Después, se deja rodear de aureolas divinizantes en la creación de
las cuales tienen clara responsabilidad diversos obispos.
En varios momentos, la dictadura militar se reviste, al menos en la persona de
Franco, de las formas de un nuevo tipo de
teocracia.
Tanto a través de la Iglesia como del Ejército, esto
es: mediante instituciones fuertemente
centralizadas y jerarquizadas en las
que la palabra del superior se convierte en dogma, Franco organiza sus
principales prácticas teocráticas, en especial las de tipo inquisitorial.
Con la Iglesia y las fuerzas armadas, Franco forma las
columnas orgánicas del Estado
español, los pilares tradicionales desde la Edad Media (la Falange no fue más
que un partido o instrumento coyuntura), utilizado
sobre todo mientras la Alemania y la Italia fascistas fueron poderosas).
3. La Subordinación De Los Subsistemas Políticos Reaccionarios Al
Elemento Ideológico-Jefe
Es necesario subrayar la importancia central del
elemento ideológico-jefe en la coordinación de los subsistemas que se
encuentran en los orígenes de la dictadura, y que luego funcionan como soportes
de las prácticas y de la ideología «superior» del franquismo. Tal importancia
se acentúa, como también he puesto de relieve, a partir de la unificación
forzada de esos subsistemas.
Ahora bien, la «solución» unificadora que Franco
aplica a la diversidad de partidos reaccionarios no es política sino militar;
es decir, en ese primer momento no se produce un proceso de asimilación ideológica por parte del
general sobre los partidos o grupos, sino una imposición por la fuerza. A corto
y a largo plazo sobre todo, esa manera de proceder permitirá precisamente la
reproducción político-ideológica autónoma de cada uno de esos partidos o cuando
menos de sus núcleos más fieles a sus ideas (caso de los hedillistas, por
ejemplo).
A pesar de ello, el elemento ideológico-jefe avanza
constantemente e incluso con rapidez, desarrollando, por encima de tales
subsistemas políticos, la ideología y las prácticas del franquismo. Este
crecimiento ideológico se hace desde el partido unificado, pero también desde
las fuerzas armadas, desde la Iglesia, desde los mass-media y en suma desde las
instituciones del Estado.
Por otra parte, las corrientes falangistas,
integristas y monárquicas más o menos contestatarias, existen no sólo por la
expresión de su relativa oposición a Franco, sino principalmente existen por su (a pesar de todo) inserción en un
movimiento global político-militar que está dominado por Franco. Esto es: por
muchas discrepancias que los falangistas, monárquicos, etc., tengan con el
general, nadie le discute la clave fundamental de sus vínculos políticos, o
sea: el aplastamiento del otro bloque de clases y de los partidos políticos
democráticos como los trozos comunes constitutivos del sistema del franquismo en su totalidad.
Frente a la amalgama dispar de falangistas
«anticapitalistas» con monárquicos monopolistas y carlistas ultraclericales de
base agraria, el estabilizador y el articulador es el elemento ideológico
personificado en Franco. Cada uno de tales factores heterogéneos se opone, relativamente, a los otros, sobre todo
si se les deja ir completamente a cada cual por su lado; pero todos, por encima
de los matices ideológicos particulares, se proclaman franquistas o actúan de hecho así en última instancia.
En España, la mayoría de falangistas, integristas y
monárquicos son a la vez franquistas, pero hay también muchos franquistas que
no son ni falangistas ni carlistas. Aún más: mientras que durante las primeras
etapas de la dictadura, presentarse como falangista era una condición política
importante respecto al régimen, ello es cada vez menos seguro a medida que los
tiempos avanzan. Es decir, cada día es más decisivo (más convincente y más
conveniente) para los políticos de las clases dominantes el confesar simplemente
que ellos son franquistas «tout court».
Ello demuestra el gran efecto que produce el culto al jefe.
En tanto que en Italia y en Alemania el jefe guardaba
y desarrollaba el conjunto de elementos ideológicos uniformándolos con
ilusiones que gratificaban a todos sus seguidores —aunque en la práctica, unos
(los representantes del capital financiero) estaban más gratificados que otros
(la pequeña burguesía)—, en España el jefe produce una nueva ideología,
autónoma de los subsistemas políticos que lo sostienen.
En el franquismo los contenidos
nacionalistas-tradicionalistas son más acentuados hacia el pasado que en el
nazismo. Ahora bien, en España apenas se manifiestan (o sólo verbalmente) los
elementos racistas (probablemente porque en la sociedad española medieval ya
hubo grandes batallas racistas, hasta la liquidación, la expulsión o la
conversión de moros y judíos).
Pero el rasgo más diferente del falangismo y en
general del franquismo respecto al fascismo y al nazismo es, como he sugerido,
la intervención solemne, directa y pomposa de la religión católica en los
quehaceres político-ideológicos de la dictadura.
Ahora bien, como en lo que se refiere a los otros
subsistemas, sobre el religioso también es preciso hacer una observación
sociológica importante: todos los franquistas son católicos, pero muchos
católicos no son franquistas. En resumen, que la religión y la Iglesia, aunque
constitutivas del franquismo, continuaron, como las otras corrientes, su
reproducción autónoma hasta entrar en contradicción con el régimen dictatorial.
En este sentido (la evolución de una gran parte de la
Iglesia, como de otros sectores falangistas, carlistas, etc.) hay que tener en
cuenta que tales transformaciones no se producen sólo por una dinámica interna,
sino a causa, fundamentalmente, de los efectos que el conjunto de fuerzas y
acciones democráticas produce en esas corrientes de pensamiento.
Es conocida la acentuada autonomía relativa del Estado
fascista con relación a la forma social y cómo se constituyen las fracciones de
«clases reinantes». En el Estado de dictadura militar se manifiestan rasgos que
se parecen, sobre todo en lo que se refiere a la peculiar dominación de un
aparato estatal sobre los otros (la policía política en el caso del fascismo en
el poder, el ejército en el franquismo). En España a las «fracciones reinantes»
debemos llamarles clanes y camarillas porque resultan fenómenos específicos,
mucho más graves.
Ya he señalado los efectos de la personificación en el
sistema franquista. Franco no hace nada contra los intereses económicos,
políticos e ideológicos fundamentales de las clases dominantes, pero éstas y
sus representantes si desean intervenir en la política, no tienen otra vía que
la de las relaciones personalizadas con el dictador. La «fidelidad» a Franco,
fidelidad que debe ser proclamada, es el elemento «político» determinante.
Cuando se trata de clanes y de camarillas de tal
origen, el fenómeno de la autonomía relativa del Estado respecto a la sociedad
acentúa su crecimiento hasta llegar a ser una autonomización, a veces,
absoluta.
De tal modo, el Estado, aunque perteneciente a una
sociedad en la que el modo de producción capitalista es dominante, se aparta de
las formas estatales de las naciones dirigidas por un sistema democrático
burgués. En estas sociedades liberales, el personal político, aunque está
situado en la autonomía relativa del Estado, debe, sin embargo, tomar en
consideración los intereses —o algunos de ellos, los más apremiantes— de las
diferentes fracciones de las clases dominantes, y también de los intereses de las
clases dominadas; todo esto hace que su autonomía siga siendo verdaderamente
relativa (limitada, por otra parte, por la crítica constante de la prensa).
El fenómeno de la autonomía en los Estados fascistas y
de dictadura militar es mucho mayor. Las camarillas y en general la burocracia
política, constituida por la vía de las relaciones personificadas, no ligando
su «responsabilidad» más que al «Caudillo» (o a sus vice-führers, o sub-duces,
etc.), no están obligadas a rendir
ninguna cuenta de su gestión, evidentemente que no a los electores (como
hacen los representantes políticos en las democracias burguesas), pero ni
siquiera a las clases dominantes (salvo a los sectores claves del gran
capital).
Tales camarillas se encuentran en una situación
(«legal», además) de ruptura permanente con la representatividad social. La
gran autonomía del Estado se mantiene con
la prohibición de toda crítica pública, con un sistema de opresión y con la
aplicación de drásticas medidas represivas contra cualquier intento de
manifestar la oposición al régimen.
5. Las Tendencias Antifranquistas
Durante la etapa de 1943 a 1948, los antifranquistas
más activos repartían sus esfuerzos en las guerrillas y en las negociaciones
con vistas a llegar a un pacto operativo para liquidar la dictadura. A fin de
concretar tal acuerdo intervenían no sólo las fuerzas de izquierda,
esencialmente republicanas, sino también los monárquicos liberales: unos y
otros contaban con los apoyos explícitos de los países aliados democráticos que
ganaban la II Guerra Mundial.
5.1. Las plataformas
unitarias
La característica primaria y general de los proyectos
de unidad consistía en que cada grupo concebía el plan unitario considerándose
a sí mismo como centro e incluso como eje vertebrador principal. Esta
pretensión, que llegaba a confundir su parte con el todo, fue causa de diversos
escollos y lentitudes para que la verdadera unión fuese real.
Por Cataluña: Los catalanes fueron los
primeros en unirse, pero como tantas otras veces cometieron el error de
considerar a Cataluña como una entidad política independiente del resto de
España.
El CNC («Consell Nacional de Catalunya») fue
originariamente idea de Lluís Companys: en abril de 1940 quiso sustituir el
«Consell de la Generalitat» por un organismo más amplio formado por los
intelectuales catalanes más relevantes: éstas fueron las instrucciones que
Companys dio a Carles Pi i Sunyer (anteriormente alcalde de Barcelona y
entonces «conseller» de Cultura de la Generalidad) antes de que éste marchara
de Francia para instalarse en Londres, donde el CNC quedó constituido el 29 de
julio de 1940. Pi i Sunyer fue el presidente, y los vocales: Batista i Roca,
Bosch Gimpera, el doctor Trueta, Ramón Pedrera y Fermí Vergés.
Con la complacencia del gobierno de Londres, en los
primeros años el CNC desarrollaba una política antifranquista y a la vez un
catalanismo de marcado tinte independentista, lo cual le enfrentaba con las
reivindicaciones de los demás demócratas españoles. El CNC tenía la base de la
tolerancia de las autoridades británicas, pocos medios provenientes de los
catalanes residentes en Iberoamérica, y un solo partido que realmente
cumpliera, en tierras catalanas, con sus consignas: el «Front Nacional», que
también aspiraba a la independencia.
Pero ya en 1942, otros políticos representativos del
exilio catalán expresaron sus desacuerdos con el CNC. El 20 de enero de ese
año, una carta firmada por Josep Irla, presidente del Parlamento de Cataluña y
en ese momento presidente en funciones de la Generalidad, a cuya posición se
sumaban otros destacados políticos como Nicolau d'Olwer, Rovira i Virgili y
Tarradellas, expresaban a Pi i Sunyer sus discrepancias acerca de la
legitimidad del CNC, ya que seguía existiendo la presidencia del gobierno autónomo
catalán.
Mientras tanto, en la misma Barcelona fueron creándose
otras formas de unión antifranquista: la «Alianza dels Partits Republicans
Catalans», de efímera duración, y el
«Consell Nacional de la Democràcia Catalana», más conocido como «Comité Pous i
Pagés», cuyas actividades también fueron escasas.
La unidad
comunista: Tras el
silencio que les impuso la URSS con motivo de haber firmado el Pacto
Germano-Soviético (23 de agosto de 1939), el PCE volvió a manifestar su
antifranquismo poco después de que Hitler rompió ese pacto y atacó a la URSS
(22 de junio de 1941). En efecto, en agosto-septiembre el PCE lanzó su primer
llamamiento «a la Unión Nacional de todos los españoles contra Franco, los
invasores ítalo-germanos y los traidores». La UNE («Unión Nacional Española»)
que querían formar los dirigentes comunistas tenía que abarcar a casi todo el
mundo, incluso a los disidentes del franquismo, pero a la vez el PCE era
duramente crítico contra algunos socialistas y cenetistas. Los llamamientos del
PCE (hizo otro en septiembre de 1942) a la unión antifranquista fueron
considerados demasiado oportunistas y confusos: por ello los partidos
democráticos no tomaron en serio esa propuesta. A pesar de que los comunistas
dedicaron numerosos medios y esfuerzos a propagar la UNE, no lo consiguieron.
Tan etérea fue la existencia de esta plataforma que acabó desapareciendo al
tiempo que los dirigentes comunistas pedían participar en otros organismos
unitarios.
Los exiliados en
México: La JEL («Junta Española de Liberación»). Entre finales de octubre y
primeros de noviembre de 1943 algunas personalidades republicanas, entre ellas
Martínez Barrio, propusieron la formación de un organismo unitario. El PSOE
apoyó la idea y el 11 de noviembre tuvo lugar la primera reunión
paraconstitutiva en la que estaban presentes, entre otros, Indalecio Prieto; el
citado Martínez Barrio, en representación de UR; Carlos Esplá, por IR;
Telesforo de Monzón, por el PNV, etc. El 20 de noviembre la JEL hacía su
aparición pública con una declaración en la que, si bien afirmaban su condición
republicana, dejaban la puerta abierta a futuras posibilidades de restauración
monárquica, ya que aceptaban la hipótesis de la variación de los Principios de
la Constitución de 1931. La JEL fue la primera base unitaria de los
antifranquistas, puesto que en ella se encontraban también representantes
vasquistas y catalanistas, pero faltaban los comunistas y los libertarios. La única acción importante de la JEL
fue enviar una delegación a la Conferencia de San Francisco (abril-junio de
1945) que se ocupaba de crear los cimientos de la futura ONU, y allí los
demócratas españoles consiguieron que los miembros de esa Asamblea aprobaran,
por aclamación, una resolución en la que se condenó el régimen de Franco. El
principal problema de la JEL fue que carecía de bases en el interior de España,
por eso acabó desapareciendo al tiempo que surgía otra forma de unión:
La «Alianza
Nacional de Fuerzas Democráticas» (ANFD) fue el más decisivo organismo unitario de
aquellos años, no sólo porque en su seno estuvieron realmente presentes todos
los partidos y sindicatos que contaban en la práctica, sino también porque
desde la ANFD se hicieron actividades muy concretas con el fin de recuperar las
libertades públicas en España. También fue la plataforma unitaria que estuvo
más implantada en el territorio español.
La ANFD se constituyó en Madrid en octubre de 1944,
tras una serie de conversaciones entre dirigentes de la CNT (Sigfrido Català y
Manuel Amil), dirigentes del PSOE (Juan Gómez Egido) y de los grupos
republicanos, en especial con Régulo Martínez, que presidió la ANFD. El
Manifiesto que los aliancistas dirigieron a los españoles criticaba: a la
Falange «y sus crímenes»; al PCE por estar empeñado «en mantener una supuesta
Unión Nacional». Las «bases del acuerdo» eran las siguientes: formación de un
gobierno democrático y republicano que convocara elecciones generales. Los
firmantes de este Manifiesto eran: el PSOE, la UGT, la CNT y el Partido
Republicano. La ANFD estableció buenas relaciones con el catalanista Comité
Pous i Pagés y con los galleguistas. Los aliancistas también establecieron
enseguida conversaciones con los monárquicos partidarios de don Juan de Borbón
(gilroblistas y generales monárquicos como Aranda, Beigbeder, Kindelán, Orgaz y
sus representantes) a fin de llegar a algún acuerdo antifranquista. Por parte
de los libertarios, estas conversaciones las sostuvieron principalmente Juan
José Luque, Vicente Santamaría y Enrique Marco Nadal, entre otros; por parte de
los monárquicos, hablaban dichos generales u otros jefes que sólo ellos
delegaban, como el comandante José Pardo de Andrade, y también los más directos
representantes de Gil Robles, como Francisco Herrera Oria, hermano de don
Ángel, años después cardenal. Así, como entre los republicanos-demócratas había
divergencias, también entre los monárquicos liberales existían desacuerdos.
Todo ello motivaba la prolongación de las conversaciones sin que se acabara de
concretar un pacto que contribuyera al fin de la dictadura.
6. Los Manifiestos De Don Juan Y Los Generales
Desde que el 11 de noviembre de 1942 don Juan hizo las
declaraciones al «Journal de Genève», el pretendiente a la
Corona de España adoptó una posición antifranquista y parademocrática. Esta
posición volvió a afirmarla el 28 de enero de 1944 en la entrevista que
concedió a «La Prensa», de Buenos Aires, en la que sostenía: «Soy contrario a
cualquier forma de poder absoluto. La Monarquía será un Estado de derecho en el
que gobernantes y gobernados deberán estar sometidos a las leyes.» (...) «Yo no
puedo identificarme, como fui invitado a hacerlo, con los postulados
totalitarios de la Falange.» Pero la repercusión mayor la alcanzó el conde de
Barcelona con sus Manifiestos; en el primero (Lausana, 19 de marzo de 1945)
decía: «...El régimen implantado por el general Franco, inspirado desde el
principio en los sistemas totalitarios de las potencias del Eje, tan contrario
al carácter y a la tradición de nuestro pueblo, es fundamentalmente
incompatible con las circunstancias que la guerra presente está creando en el mundo.»
Y a continuación don Juan requería a Franco que «abandone el poder y dé libre
paso a la restauración del régimen tradicional de España».
¿Cuáles fueron las respuestas y las actitudes
prácticas que recibió don Juan? Por desgracia, no se produjo la respuesta de
las clases acomodadas e incluso algunos monárquicos adoptaron un rechazo contra
la declaración de don Juan. Los juanistas comentaron, lógicamente: «hay muy
pocos monárquicos hostiles al régimen actual» (Alfonso de Orleans); «los
aristócratas se parecen a la mantequilla en que ésta es blanda y que cuando se
pasa el tiempo se pone rancia y tiene mal gusto» (general Kindelán). Los propios
generales monárquicos tampoco conseguían el apoyo de sectores considerables de
las fuerzas armadas, a pesar de contar con el apoyo de potencias extranjeras.
Así lo reconocía Alfonso de Orleans en una carta dirigida a Kindelán: «Me
pregunta Norman Armour [entonces embajador de Estados Unidos en España] por qué
no van los generales a ver a Franco y le explican que debe marcharse en bien de
España. Le digo que hicieron una petición, pero que Franco no hace caso. Me
pregunta qué pasaría si insistieran con argumentos fuertes. Le digo que irían a
un castillo. Entonces, me contesta: es que el Ejército está con Franco en su
mayoría y los generales no tienen prestigio entre sus jefes y oficiales.» Otro
general, Luis Orgaz, que estaba entre la minoría de los que demostraban ser,
relativamente, activos antifranquistas, también dirigía críticas a sus
compañeros de escalafón y a sí mismo: «Cuando a mí algunas gentes me hablan de
un gobierno de generales yo miro en derredor y no los encuentro. Porque yo no
he llegado aún, en mi inmodestia, a suponerme capaz de otra cartera que la del
Ejército.» Pero en ese mismo párrafo, Orgaz reflexiona acerca de la situación
de los militares y respecto a las futuras necesidades de la Monarquía y acaba
concluyendo que «no sirvo tampoco para la del Ejército».
Los generales monárquicos estaban sometidos a
vigilancia, pero las medidas que sufrían eran extraordinariamente suaves en
comparación con la represión que caía sobre los dirigentes de izquierda,
incluso los propios libertarios y socialistas que negociaban con ellos. Aranda
fue desterrado dos meses a Palma de Mallorca el 7 de enero de 1947; antes (de
febrero a octubre de 1946), pasó unos meses confinado en Garachico (Canarias).
Por otra parte, Franco maniobraba con habilidad
gallega para apoderarse de la idea de la monarquía, y con este fin el 28 de
marzo de 1947 envió a las Cortes el proyecto de Ley de Sucesión, al que el
conde de Barcelona se opuso rotundamente; con este fin publicó el Manifiesto de
Estoril (7 de abril de 1947): «Sin tener en cuenta la necesidad apremiante que
España siente de contar con instituciones estables... sin comprender que la
hostilidad de que la Patria se ve rodeada en el mundo nace en máxima parte de la
presencia del general Franco en la Jefatura del Estado, lo que se pretende es,
pura y simplemente, convertir en vitalicia esa dictadura personal, convalidar
unos títulos según parece hasta ahora precarios, y disfrazar con el manto
glorioso de la Monarquía un régimen de puro arbitrio gubernativo, la necesidad
del cual hace ya mucho tiempo que no existe.» En lugar de esa Ley de Sucesión,
don Juan volvía a proponer, con la instauración de la auténtica Monarquía, la
formación de un Estado de derecho democrático. Pero esa Ley se aprobó mediante
el referéndum del 6 de julio de 1947.
7. La Destrucción Del Movimiento Libertario
De 1943 a 1948 las detenciones de anarcosindicalistas
son casi constantes. Recordemos que entre 1939 y 1943 ya habían caído cinco
Comités Nacionales de la CNT con sus correspondientes secretarios generales:
Pallareis, López, Amil, Azañedo y
Galledo. En 1944, Amil, de nuevo en libertad, vuelve a ser la cabeza del Comité
Nacional, pero de nuevo le detienen el mes de diciembre, y la redada se
extiende por Madrid y diversas ciudades andaluzas. En marzo de 1945, el nuevo
secretario general de la CNT es Leiva, que pronto marcha al exilio. El nuevo
Comité Nacional se forma en julio de 1945, encabezado por Broto, que detienen
en octubre. Tras las detenciones, las penas de cárcel a las que les condenan
oscilan entre los 20 y los 30 años. La dirección cenetista se recompone con el
comité formado por Íñigo, que detienen el 9 de abril de 1946. De la nueva
reconstrucción de la CNT se encargó Enrique Marco Nadal, enviado por el Comité
del Exilio. Marco duró más como secretario general: desde primeros de junio de
1946 hasta el 18 de mayo de 1947. Pero Marco fue el que más dura represión
sufrió: desde la última fecha hasta el 3 de julio estuvo incomunicado en los
calabozos de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona: en las mismas
condiciones fue trasladado a la Dirección General de Seguridad el 4 de julio,
donde un consejo de guerra le condenó a muerte el 15 de octubre: el 18 de
octubre le trasladaron a la cárcel de Alcalá de Henares: «De mí sólo quedaba la
sombra de lo que había sido. Sobre mi esquelética anatomía sólo llevaba la piel
de un blanco cadavérico.» La pena de muerte le fue confirmada el 5 de febrero
de 1949, y en espera de ser ejecutado transcurrieron casi dos meses, hasta que
el 1 de abril la pena le fue conmutada. Pero permaneció encarcelado hasta 1964.
Al detener a Marco, más de un centenar de militantes también cayeron víctimas
de la represión. También cae el 30 de agosto de 1947 Antonio Ejarque, que había
sustituido a Marco. Félix Carrasquer es quien establece la continuidad de la
acción cenetista, hasta que Manuel Villar sale de la cárcel en septiembre de
1947. Villar vuelve a ser detenido a mediados de noviembre; condena: a muerte,
pena conmutada por la de 25 años de cárcel (sale en libertad en 1960). Los que
continúan en 1948 al frente de la CNT son Antonio Castaños, Ángel Bosch y
Antonio Bruguera. Los militantes de las Juventudes Libertarias también
sufrieron numerosas caídas, así como muertes violentas, dado que practicaban la
lucha armada. En esta etapa histórica, uno de los hechos más destacados fue el
tiroteo que tuvo lugar en el Parque de Montjuich (Barcelona) el 26 de junio de
1948 durante el cual perdió la vida el libertario Raúl Carballeira.
8. La Continuación De Las Guerrillas
En 1943 y durante tres o cuatro años más los grupos
guerrilleros formados, en general, por demócratas demostraron todavía una
cierta capacidad de hostigamiento contra las fuerzas armadas franquistas.
Además de los libertarios, otros —principalmente comunistas y socialistas—
seguían manteniendo su lucha con la esperanza de que los Aliados ampliaran la
guerra mundial contra la dictadura franquista.
En Andalucía se distinguió el grupo guerrillero
dirigido por Ramón Via, comunista que desde
Oran había llegado a Málaga a primeros de abril de 1945. Después de una serie
de choques con el Ejército, Via es detenido el 15 de noviembre de 1945. Con
otros dirigentes verosímilmente comunistas, y contando con nuevas incorporaciones
a las guerrillas, en 1948 todavía eran capaces de mantener algunos combates en
los que también la guardia civil sufría algunas bajas.
En Granada, asimismo, fue muy conocido un grupo
guerrillero formado por libertarios, al frente de los cuales estaban los
hermanos Quero, que fueron muriendo en sucesivos tiroteos.
En Galicia, Manuel Ponte, antiguo militante del PSOE,
fue uno de los guerrilleros más conocidos, entre otras razones porque en cuanto
«Jefe de la IV Agrupación de Guerrilleros
de Galicia» el 5 de octubre de 1946 dirigió una carta al embajador de Gran
Bretaña, Ivo Mallet, reprochándole su visita a Galicia en los mismos días en
que ahorcaban a «cinco antifascistas gallegos, de los que, con riesgo de su
vida, impidieron que muchas toneladas de wolframio fueran para la industria
nazi... Y esos cinco mártires fueron ahorcados por el cómplice de Hitler,
mientras usted, míster Mallet, estrechaba las manos ensangrentadas de los
verdugos falangistas». Ponte murió en un tiroteo con la guardia civil el 21 de
abril de 1947.
En Asturias, continuaba luchando la agrupación de José
Mata, sindicalista de la UGT, hasta que la dirección socialista en el exilio,
Prieto personalmente, decidió facilitar la marcha al exilio de este grupo. Con
este fin se fletó un barco, que evacuó a treinta guerrilleros el día 23 de
octubre de 1948.
En Santander, la partida guerrillera más importante es
la que dirigen en esos años Juan Fernández Ayala y Francisco Bedoya Gutiérrez,
vinculados al PCE.
En Aragón y Valencia también actúan los guerrilleros
dirigidos por Pelegrín Pérez, Francisco
Serrano, Ángel Fuertes y Francisco Corredor. Los comunistas son quienes cuentan
con más fuerzas, principalmente encuadradas en la «Agrupación Guerrillera de
Levante y Aragón».
La tentativa guerrillera más espectacular fue también
promovida y realizada por los dirigentes del PCE: el proyecto de «invasión» de
España a través del Valle de Aran, que fue muy criticado por algunos de los
propios jefes guerrilleros, y que pronto acabó concretándose en el fracaso.
Emilio Álvarez Canosa ha comentado retrospectivamente: «Nos faltaba lo
esencial: una buena preparación militar y política a la vez.» Porque la
formación que les dieron en la Escuela de Mandos Guerrilleros era un
«adoctrinamiento» que resultaba «un auténtico embrutecimiento» con el que sólo
podían formarse «fanáticos de fuelle limitado».
Antes de que la «invasión» empezara, se enviaron
varios grupos de guerrilleros a fin de que exploraran el terreno y pulsaran el
ambiente político-social de la población. Los informes que recogieron y que
transmitieron a los dirigentes del plan ponían en duda cualquier visión
optimista: los españoles no se encontraban de ningún modo dispuestos a
participar en una insurrección militar contra la dictadura. En suma, aquellas
investigaciones comprobaron sobre el terreno lo que ya el propio sentido común
podía deducir: que después de tres años de guerra civil, los republicanos de
izquierdas no consideraban lógico reemprender la lucha armada: si contando con
una buena parte del Ejército habían perdido una guerra regular, evidentemente
que unos cuantos grupos guerrilleros, marcados principalmente con la etiqueta
comunista, no iban a poder cambiar ese curso de la historia.
A pesar de todo, la «invasión» comenzó los primeros
días de octubre de 1944. Tras unos pocos choques con el Ejército franquista,
los jefes guerrilleros decidieron retirarse, a pesar de que los jefes del PCE
pretendían que siguieran atacando, no obstante las pocas fuerzas e inadecuado
armamento que tenían los «invasores» en comparación con el Ejército. No
obstante el evidente fracaso, Carrillo lo consideró un éxito y siguió planeando
la «insurrección nacional, el alzamiento en armas de los patriotas... La victoria
está ya al alcance de nuestras manos». Todo esto lo gritaba Carrillo en
noviembre de 1944, en un mitin que tuvo lugar en Toulouse.
8.1. Datos globales y
críticas acerca de las guerrillas
Entre 1939 y 1943 las guerrillas tuvieron la
justificación de la autodefensa de los republicanos perseguidos; entre 1943 y
1945 los focos guerrilleros se justificaban en cuanto avanzadillas de los diversos frentes de la guerra mundial contra el
fascismo, pero esas avanzadillas no estuvieron negociadas ni articuladas con
las potencias democráticas con el fin de exigirles que esa guerra se prolongara
y ampliara contra la dictadura franquista: en este sentido las críticas van
dirigidas al Gobierno republicano en el exilio, caracterizado por su
ineficacia; y cuando se llega a la fase de 1945 a 1948 las guerrillas no sólo
son inútiles sino que constituyen: 1.° un sacrificio monstruoso de militantes
de izquierda, y 2.° provocan dificultades para que progresen las negociaciones
en el seno de la ANFD y el contacto con los monárquicos partidarios de don Juan
de Borbón, todos los cuales a su vez contaban con los apoyos de las naciones
occidentales, partidarias del restablecimiento de la democracia en España, pero
no por la vía armada (entre otras razones porque la consideraban demasiado
costosa y porque en las guerrillas los comunistas tenían una posición
predominante).
Cuantificar los datos referentes a grupos guerrilleros
compuestos por diversas fuerzas políticas, y en muchos casos sin control de los
organismos centrales de los partidos y de los sindicatos, es una tarea asaz
difícil por no decir casi imposible. Ya se han hecho diversas tentativas
estadísticas que resultan sesgadas por las vinculaciones políticas de sus
autores y que, por ende, resultan contradictorias. Los datos que, por ejemplo,
ha manejado Líster se refieren más a los grupos guerrilleros controlados por el
PCE que a una consideración global de todas las partidas guerrilleras. Pons
Prades propende a resaltar los hechos armados protagonizados por los
anarquistas, si bien es mucho más amplio y objetivo que dicho general del
Ejército soviético. Pons Prades también sigue, en gran parte, los datos
estadísticos que sobre los hechos guerrilleros elaboró la Dirección General de
la Guardia Civil, que resultan los más sistematizados. Según estas fuentes,
entre 1943 y 1952, en la lucha guerrillera hubo un total de 25.004 personas
implicadas. Esta cifra se desglosa como sigue: enlaces detenidos: 19.444;
guerrilleros detenidos: 2.374; guerrilleros heridos (y apresados): 467;
guerrilleros que al parecer se presentaron voluntariamente a la guardia civil:
546; muertos (entiendo que fue en combate, porque los ejecutados después hay
que contabilizarlos aparte): 2.173; los fusilados o agarrotados pudieron
elevarse a una cifra parecida a la de los detenidos. Por otra parte, hay que
tener en cuenta que otros pocos miles de guerrilleros (principalmente los que
hicieron la intentona del Valle de Aran) y de enlaces de las guerrillas con el
llano y la ciudad, no fueron detenidos: marcharon y se quedaron en el exilio, o
bien pudieron integrarse en la vida civil en la sociedad española sometida a la
dictadura.
9. Los Primeros Rebrotes Del Movimiento Obrero
Antes de que se decretase (en Moscú, en París, en
México) la liquidación de los grupos guerrilleros, diversos núcleos de
trabajadores españoles ya habían demostrado que la lucha armada no era la vía conveniente —después de 1945— para tratar de acabar con la dictadura. En
efecto, mientras el PCE aún animaba las acciones guerrilleras (hasta
septiembre-octubre de 1948, por lo menos), desde finales de 1945 y principios
de 1946 en Barcelona empieza a materializarse una corriente huelguística que
tiene uno de sus puntos culminantes en Manresa. En el País Vasco esa profunda
corriente sale poderosamente a la superficie en 1947. Pero incluso años antes,
aun cuando fuese con menos fuerza, otras huelgas se habían puesto en marcha en
lugares muy diferentes de España.
En 1940 hubo un plante de obreros de la barcelonesa
fábrica de cervezas Moritz; en 1941, los trabajadores de la Maestranza de
Ingenieros de Cádiz, convocados por la CNT, se pusieron en huelga; en 1942, es
la industria textil de Mataró (Barcelona) donde se lleva a cabo una agitación
huelguística; en diciembre de 1945 en Barcelona hay un movimiento huelguístico
que afecta a cuarenta y siete empresas del ramo textil, a diecisiete del metal
y a siete industrias químicas. Hubo otras huelgas de las que, al tener poca
importancia, no podemos ocuparnos en esta síntesis histórica.
En Cataluña, la huelga principal se desarrolló en
Manresa a partir del 25 de enero de 1946. Según Francesc Perramón Pla, que,
como periodista —y también como simpatizante de los huelguistas—, estuvo
vinculado a esta serie de acontecimientos, la protesta empezó en la fábrica
Bertrán y Serra S.A., sin la intervención de ningún sindicato ni partido: el
movimiento fue espontáneo cuando al ir a cobrar la semana, los trabajadores se
encontraron con que la empresa les descontaba la jornada del día 24 por haber
sido fiesta en conmemoración de la entrada de las tropas franquistas en
Manresa, al final de la guerra civil. Los empleados se negaron a cobrar
mientras esa jornada no se les pagara. Pero los representantes de los patronos
también se mantuvieron en sus posiciones. El lunes siguiente la huelga se
extendió a otras fábricas de Manresa. La huelga duró unos siete días y para
resolverla tuvo que intervenir incluso el gobernador civil de Barcelona. Con la
anterior, otras reclamaciones de los asalariados fueron atendidas.
Posiblemente, siguiendo el ejemplo de los trabajadores
manresanos, en los meses de febrero y marzo se hicieron otras huelgas en La
España Industrial, en la Maquinista Terrestre y Marítima, en Altos Hornos de
Cataluña y en otras empresas menos importantes.
En el País Vasco las huelgas tuvieron mayores
dimensiones, ya en 1945 y 1946, en Altos Hornos de Vizcaya, en Euzkalduna de
Bilbao, en La Naval, etc. En 1947 aumentó el número de los huelguistas y de las
empresas afectadas: la fábrica de Pistolas Star, de Éibar, los Altos Hornos de
Vergara, etc. Estas movilizaciones se consiguen, en parte, por la agitación que
vienen efectuando los sindicatos UGT, CNT y STV, que inicialmente toman en
consideración los bajos salarios que cobran los trabajadores. Con motivo de la
preparación de la fiesta del 1.° de mayo todas las fuerzas democráticas,
agrupadas en el Consejo de Resistencia, lanzaron un llamamiento para que los
asalariados de Vizcaya hicieran un día de huelga. Las octavillas y las
consignas de boca a oído circularon intensamente, sobre todo el 30 de abril. Al
final del Manifiesto firmado por ugetistas, cenetistas y vasco-cristianos se
leía: «¡Valorad la libertad como supremo don humano, seguidla!», «¡Recordad la
ruina de nuestros hogares!» Un 75 % de la población empleada en las industrias
vizcaínas dejó las fábricas inactivas. Mientras tanto, el gobernador civil de
Vizcaya, Jenaro Riestra, ordenó que se procediera a efectuar expulsiones y
anulaciones de los contratos de trabajo, cuya renovación habría de pasar a
través del control policíaco. Estas medidas resultaban agravadas para quienes
ya tenían algún antecedente de «no adictos al régimen».
Los empresarios no reaccionaron unitariamente ante
tales medidas. Ciertamente, algunos de ellos cumplieron a rajatabla con las
órdenes gubernativas. Pero otros, dado su componente nacionalista (el PNV
siempre ha sido allí el partido de los pequeños y medianos empresarios), no
sólo no siguieron esas órdenes sino que también apoyaron la huelga, de acuerdo
con las recomendaciones que había enviado el Gobierno vasco en el exilio.
El movimiento huelguístico se extendió a Guipúzcoa, y
el día 7 alcanzó su mayor tensión en todo el País Vasco. Al considerar que sus
objetivos se habían alcanzado, los huelguistas decidieron reincorporarse a sus
tareas el día 9.
Mientras tanto, los dirigentes del PCE todavía se
obcecaban en mantener la lucha guerrillera, con lo cual demostraban no ser
conscientes del cambio de coyuntura internacional y nacional, con grandes
efectos en la propia España. En el III
Pleno del PCE
(celebrado en Montreuil —junto a París— en marzo de 1947), la propia Pasionaria
sigue exhibiendo un triunfalismo exagerado basándose en, según ella, la
progresión de la lucha guerrillera, y en que el régimen estaba en sus
«postrimerías». La programación guerrillera la mantuvieron todo el año 1947
(entonces Carrillo nombró, como responsable de la formación de los
guerrilleros, a su íntimo amigo Fernando Claudín), e incluso en 1948 quisieron
darle mayor envergadura. Con este fin decidieron pedir las correspondientes
ayudas a los dirigentes comunistas de los países del Este para tratar de llevar
a cabo «invasiones» aún más exageradas que las que quiso hacer Monzón en el
Valle de Aran. El 11 de febrero de 1984 Carrillo y Líster hicieron un viaje a
Belgrado para recabar apoyo económico y militar: se entrevistaron con Tito y
sus principales colaboradores de entonces: Rankovitch, Djilas y Kardelj,
quienes les escucharon irónicamente y se negaron a dar apoyo al plan
guerrillero del PCE. Los yugoslavos se sorprendieron de que los españoles no
fueran conscientes del cambio de coyuntura internacional, cambio acentuado
sobre todo por la publicación de la Nota Tripartita en 1946.
Por su parte, Stalin no se negó a dar soporte a las
guerrillas sino que también —teniendo en cuenta las zonas de influencia
internacional establecidas al final de la II Guerra Mundial— dio orden de que pusieran fin a sus acciones. En septiembre
de 1948, a petición de Stalin, Dolores Ibárruri, Carrillo y Francisco Antón
fueron a entrevistarse con el amo de todas las Rusias. A pesar de que un
funcionario del PCUS, Kolomiets, había sugerido antes a los dirigentes del PCE
cuáles eran las nuevas orientaciones que Stalin quería darles,
Ibárruri-Carrillo le leyeron un informe entusiasta sobre la lucha armada. Pero
Stalin no mostró el menor interés por seguir cultivando en España ese mito
revolucionario: por el contrario, Stalin pareció estar mejor informado que los
dirigentes del PCE de la verdadera situación en España y les propuso
desarrollar sus actividades en los centros franquistas de masas, sobre todo en
los sindicatos, según ha recordado la propia Pasionaria. En pocas palabras,
Stalin les propuso hacer «entrismo». Aunque sorprendidos y a regañadientes, los
dirigentes del PCE regresaron a París para informar a sus compañeros del
«consejo» de Stalin. Después de una serie de reuniones, el cambio de táctica
empezó a llevarse a la práctica en noviembre-diciembre de 1948, simulando que
era un análisis-decisión de los propios dirigentes comunistas españoles.
10. El Gobierno Republicano, La ONU Y La Nota Tripartita
A escala mundial, los demócratas habían ganado la
guerra contra los nazis y sus aliados; a escala española, los demócratas no
sabían coordinar sus energías para derrocar la dictadura franquista.
Diplomáticamente, los republicanos tenían todas las garantías de que si
conseguían desplazar al general Franco del poder, la nueva España sería
recibida con satisfacción en las instituciones internacionales. Pero los
dirigentes republicanos continuaban presos de sus propias incapacidades
—también de sus querellas personales—, de sus lentitudes y poca conciencia
realista de que cualquier política viable es el resultado de concesiones y
compromisos recíprocos entre partes o partidos más o menos aliados y más o
menos adversarios.
Hasta el 10 de enero de 1945 no se consiguió celebrar
una primera reunión de las Cortes de la República (en el Club Francés, de
México). Pero las tensiones entre socialistas (prietistas y negrinistas)
impidieron que esa reunión fuese operativa. Una nueva reunión no tuvo lugar
hasta el 17 de agosto (en el Salón de Cabildos del Gobierno mexicano). En esta
sesión, los diputados nombraron a Martínez Barrio presidente interino de la
República. A la hora de formar gobierno se pusieron de relieve nuevas tensiones
hasta que Giral, propuesto como presidente del Gobierno, el 27 de agosto
decidió presentar un «anticipo» de su equipo: De los Ríos (ministro del Estado,
PSOE); Tritón Gómez (ministro de la Emigración, UGT); De Albornoz (ministro de
Justicia, IR); Barcia (ministro de Finanzas, IR); general Hernández Sarabia
(ministro de la Guerra, IR); Santaló (ministro de Instrucción Pública, ERG);
Torres Campaña (ministro de Gobernación, UR), e Irujo (ministro de Comercio,
PNV).
Al día siguiente, los comunistas y sus compañeros
negrinistas hicieron saber a través de la prensa que tal gobierno moderado no
tenía su apoyo. No obstante, Giral siguió con su proyecto ministerial, al que
sumó dos ministros sin cartera, Ossorio y Nicolau d'Olwer, y dos libertarios:
Leiva, que se encargó del ministerio de Agricultura, y Martínez Prieto, del
ministerio de Obras Públicas. Este gabinete no sólo no satisfizo a los
comunistas, sino tampoco a Prieto, lo que demuestra la debilidad con la que el
Gobierno republicano tenía que abordar su problema en el plano nacional e
internacional. No obstante, diversos gobiernos siguieron manteniendo sus
relaciones diplomáticas con los representantes de la II República: Bolivia, Cuba, Guatemala, Panamá, Venezuela, etc.
10.1. Yalta, San Francisco y
Potsdam
Mientras los dirigentes republicanos estaban lejos de
mostrarse suficientemente activos, el mundo seguía con grandes y aceleradas
actividades que daban nuevos enfoques a la política mundial. En estos
replanteamientos, los representantes de la España democrática habrían podido
encontrar un modo de engranarse conforme a sus intereses, ya que los
norteamericanos, los británicos y los soviéticos estaban decididos a terminar
con todos los regímenes establecidos al calor del fascismo. En la Conferencia
de Yalta, el 11 de febrero de 1945 los Tres Grandes firmaron una declaración
con la cual hacían suya «la sagrada obligación de trabajar unidos para que
todos los países liberados y los que actuaron en la órbita del nazismo elijan
libremente a sus gobiernos mediante elecciones democráticas». Lógicamente, esta
declaración produjo euforia entre los exiliados, pero de este entusiasmo
tampoco surgió ninguna propuesta concreta para desarrollar el antifranquismo en
España.
El 18 de junio de 1945, en la Conferencia de San
Francisco también se aprobó por aclamación la no admisión de la España
franquista en la futura ONU.
La condena internacional al régimen del general Franco
se ratifica otra vez explícitamente en la Conferencia de Potsdam (del 17 de
julio al 2 de agosto de 1945); en la última fecha se hizo pública la siguiente
Declaración: «Los tres Gobiernos (de EE.UU., de Gran Bretaña y de la URSS) se
sienten obligados a especificar que, por su parte, no apoyarán solicitud alguna
que el Gobierno español pueda presentar para ser miembro de las Naciones
Unidas», debido a que se había establecido con el apoyo fascista y su naturaleza
seguía siendo antidemocrática.
10.2. La ONU y la Nota
Tripartita
Las presiones internacionales contra la dictadura
franquista continuaron en el seno de la ONU. Gracias a una propuesta que hizo
la delegación de Panamá, la Asamblea General de la ONU declaró (el 9 de febrero
de 1946) estar «convencida de que el gobierno del general Franco, impuesto por
la fuerza con la ayuda de las potencias del Eje, no representa al pueblo
español y hace imposible la participación de este último en los asuntos
internacionales».
El Gobierno francés decide llevar adelante las
presiones contra el régimen franquista y el 27 de febrero insiste ante los
gobernantes de Londres y de Washington que la dictadura española significa «una
amenaza para la paz en Europa» y, por tanto, propone llevar el asunto al
Consejo de Seguridad. Abundando en estas razones, los dirigentes de París
anuncian que a partir del 1.° de marzo cerrarán la frontera de Francia con
España, amenaza que efectivamente llevan a cabo.
Mientras tanto las querellas entre los exiliados
siguen su curso, agravándose entre los socialistas que ven ahondarse la ruptura
entre Prieto y Negrín, mientras Francisco Largo Caballero, agotado física y
psíquicamente desde los tiempos en que los nazis le encerraron en el campo de
Oranienburg, acaba de morir el 22 de marzo de 1946 en París.
El 4 de abril de 1946 se hizo pública la Nota
Tripartita firmada por los gobiernos de París, Washington y Londres, en la cual
se fijaba con claridad la función que cada uno de los protagonistas del drama
español y de sus espectadores positivamente interesados debía cumplir. Los
gobernantes norteamericanos, británicos y franceses decían, en síntesis, en esa
Nota (cuyo texto completo puede consultarse en mi Historia del antifranquismo 1939-1975, p. 186), a los demócratas
españoles: esforzaos y os ayudaremos; sumad vuestras fuerzas porque a
ellas añadiremos las nuestras; al mismo tiempo, a pesar del lenguaje
diplomático, la Nota era una dura condena del régimen franquista (pedía
explícitamente la retirada de Franco y de la Falange)... y sugería los métodos y los límites de los cambios que en Washington, Londres y París
aceptaban.
Los métodos, decían,
han de ser pacíficos, lo que
significaba que debía liquidarse el movimiento guerrillero. Para conseguir el
cambio de régimen, los firmantes de la Nota demostraban que aislaban a Franco,
aunque ciertamente negaban cualquier posibilidad de intervenir (por la vía
armada) de manera directa en territorio español. A la vez se sugiere que los
demócratas españoles creen la coordinación de fuerzas liberales más amplia
posible, es decir: que los republicanos engranen sus efectivos con los monárquicos
dispuestos a restaurar las libertades públicas. Los límites de las transformaciones que los representantes de Estados
Unidos, Gran Bretaña y Francia deseaban se
circunscribían, lógicamente, a los correspondientes a un sistema democrático
con un modo de producción de economía de mercado. No podía ser de otro
modo.
11. El Pacto Entre El PSOE Y Los Monárquicos
Indalecio Prieto puso en práctica inmediatamente su
política de posibilismo institucional, convencido
de que era no sólo la única sino también la última carta que podía jugar, ya
que el paso del tiempo sin tomar medidas concretas contra la dictadura
resultaba favorable a ésta, mientras las fuerzas democráticas se veían
afectadas negativamente por el exilio, por la represión o por las rigurosas
condiciones de la clandestinidad en España.
A través de Ernest Bevin, laborista y ministro de
Asuntos Exteriores de Gran Bretaña, se consiguió organizar una entrevista entre
Prieto y Gil Robles, antiguo líder de la CEDA y entonces partidario de don
Juan. El dirigente socialista y el democristiano tuvieron, en Londres, cuatro
largas conversaciones los días 15 y 18 de octubre de 1947.
Aunque se establecieron varios puntos en los que sus
criterios coincidían, no pudieron superarse todas las divergencias, lógicas
entre quienes habían estado tan enfrentados en años anteriores. No obstante,
uno y otro eran conscientes de que necesitaban seguir negociando: los
monárquicos liberales no podían llevar a cabo sus planes sin contar con las
organizaciones obreras, y los socialistas, también los cenetistas, se habían
convencido de que era preciso establecer acuerdos con la derecha antifranquista.
Pero lo que iba a frustrar estos planes es que ni Gil Robles ni Prieto eran lo
suficientemente conscientes del cambio de coyuntura internacional al que se
propendía y de sus efectos en la coyuntura en la propia España, donde, además,
los monárquicos-franquistas tramaban sus propias operaciones.
11.1. La entrevista de don
Juan con Franco
Julio Danvila y el duque de Sotomayor eran los
monárquicos reaccionarios que actuaban en concordancia con Franco para atraer a
don Juan a las posiciones favorables a la dictadura. Don Juan, sin embargo, no
aceptó la entrevista con Franco más que en condiciones de igualdad: así se
celebró el 25 de agosto de 1948, a partir de las doce del medio día, en alta
mar, a cinco millas de Igueldo. La entrevista fue secreta, tanto para los
ministros de Franco, como para los más inmediatos colaboradores de don Juan,
incluido Gil Robles. Del hecho sólo empezaron a circular noticias dos días
después. ¿De qué hablaron don Juan y Franco? Hicieron un intercambio de
opiniones acerca de la situación española y de la internacional y, con mayor
concreción, trataron de sus respectivos contenciosos y del porvenir de la
monarquía en España, así como de la educación del entonces príncipe Juan
Carlos, que pocos meses después (el 8 de noviembre) se trasladó a España con el
fin de empezar el bachillerato. Antes don Juan ya tuvo que salir al paso de la
instrumentalización que los franquistas pretendían hacer de la entrevista que
había sostenido con Franco. El 8 de octubre la secretaría de don Juan difundió
una nota en la que aseguraba que «es absolutamente falso... que haya hecho la
menor abdicación de cuantos derechos le corresponden como heredero de S.M. don
Alfonso XIII».
11.2. El Pacto de San Juan
de Luz
Mientras tanto, los acuerdos entre los monárquicos
constitucionalistas y los socialistas habían avanzado paralelamente a tales
relaciones entre los monárquicos franquistas, el propio Franco y el conde de
Barcelona. Precisamente entre el 25 y el 28 de agosto, gilroblistas y
prietistas acabaron de perfilar los conceptos del Pacto, que se proponía,
principalmente, «dictar una amplia amnistía de delitos políticos», «eliminar de
la dirección política del país todo núcleo o influencia totalitarios» y
organizar un gobierno que «deberá ser eficaz garantía de imparcialidad» a fin
de «consultar a la nación» para que «mediante voto secreto» se pronuncie
respecto a cuál ha de ser el «régimen político definitivo».
Cuando ya estaban dispuestos a firmar este pacto les
llegó la noticia de la entrevista de don Juan con Franco, lo que motivó que
decidieran suspender la rúbrica, hasta que unos y otros pudieran aclarar el
sentido de aquel encuentro. Cuarenta y ocho horas después, la derecha y la
izquierda democráticas optaron por ratificar su pacto porque el conde de
Barcelona dio seguridades de que no cambiaba las posiciones políticas que con
claridad había adoptado en sus Manifiestos de Lausana (19 de marzo de 1945) y
de Estoril (7 de abril de 1947).
Al difundirse el Pacto, los monárquicos gilroblistas
lo acompañaron con una nota en la que ponían de relieve que del gobierno de
Washington dependía la liquidación pacífica de la dictadura: «Puede asegurarse
que de los Estados Unidos depende hoy que el general Franco se marche, o que
siga por tiempo indefinido.»
12. Tendencias Hacia La Confrontación Este-Oeste Y Sus Efectos En
España
La alianza mundial antifascista duró poco más allá de
la II Guerra Mundial: entre
Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética pronto aparecieron pequeñas y
grandes diferencias, así como proyecciones contrapuestas en las distintas zonas
de influencia en unos continentes y en otros. El Gobierno de Moscú pronto
demostró que no respetaba los acuerdos de Yalta y de Potsdam, sobre todo a
partir del golpe de Praga que, entre el 17 y el 25 de febrero de 1948, impuso a
los comunistas en el poder. No menos inquietante resultó el bloqueo de Berlín
iniciado el 1.° de abril. Todo ello determina en los países occidentales
sucesivas reorganizaciones de sus fuerzas armadas. Tras una serie de acuerdos
sectoriales entre países europeos, el 4 de abril de 1949, en Washington, se
firma el Pacto de la OTAN, que fue el complemento del Plan Marshall y de la
OECE.
¿Y España? Nuestro país quedaba marginado a causa de la dictadura. Pero no completamente aislado.
La creciente confrontación Este-Oeste necesitaba contar de algún modo con el
Gobierno de Madrid. En principio, Estados Unidos quiso incluir a España en el
Plan Marshall, lo que provocó una oleada de protestas en Europa. El 11 de
octubre de 1948, el propio general Marshall, en cuanto secretario de Estado,
declaró que Estados Unidos era favorable a «enmendar la resolución de la ONU»
que impedía la entrada del gobierno dictatorial en ese organismo. Marshall
sostenía esta opinión significativamente después de que Mr. Gurney, presidente
de la Comisión de las Fuerzas Armadas del Senado norteamericano, acompañado de
algunos oficiales, se había entrevistado con el general Juan Vigón en Madrid
para expresarle el interés naval-militar de Washington por los puertos de
Cádiz, Cartagena, Barcelona y de las Baleares, según informó la prensa.
Lógicamente, el Gobierno franquista pidió contrapartidas.
Estas necesidades de nuevas alianzas internacionales
tuvieron repercusiones negativas para los intereses de los demócratas
españoles.
Mientras tanto, en España seguían proliferando las
detenciones por causas políticas, que iban a sumarse a las decenas de miles de
personas que ya estaban encarceladas. A principios de 1947, el Gobierno vasco
en el exilio difundió una estadística que demostraba que eran todavía 102.292
los presos políticos. Principalmente se encontraban en las prisiones de Madrid
y alrededores (17.353 presos); de Cataluña (10.367); del País Vasco (6.843) y
de Andalucía (6.835).
EL CAUDILLAJE Y LAS BASES MATERIALES PARA UNA SOCIEDAD NUEVA
1. La «LEGITIMIDAD» Teocrática. El Caudillaje
Como en páginas anteriores ya empiezo a sugerir,
Franco organizó una especie de «legitimidad» teocrática en torno a su persona.
El «generalísimo de los ejércitos de tierra, mar y aire», jefe del Estado, jefe
del Gobierno, y jefe del partido único, sólo es «responsable ante Dios y ante
la historia», según rezan los estatutos de la Falange. Durante cuarenta años,
en España, Franco fue una especie de sumo pontífice con poderes absolutos,
tanto en lo que concierne a los quehaceres terrenales como a los ultraterrenales
(los obispos, que contribuyeron decisivamente a la consolidación de tal
absolutismo, acabaron también sufriendo —algunos de ellos, en especial— ese
despotismo humano y «divino» en manos de un militar).
El totalitarismo militar-religioso concentrado en la
persona de Franco es la reproducción ampliada del totalitarismo religioso
militar de los reyes españoles de la Edad Media.
Una de las claves para el análisis de la sociedad
española contemporánea es la imbricación de lo religioso y de lo militar en el
seno de la gran propiedad de la tierra y de su organización en la forma de
Estado. Tales cuestiones constituyen constantes históricas principales desde la
Reconquista hasta la Segunda República —al menos— y la guerra civil.
La articulación de lo religioso y de lo militar es tan
estrecha que puede hablarse de unión total, incluso de confusión (¿dónde
empieza un aspecto, dónde el otro?), y ello hasta en el más elevado rango
jerárquico. En efecto, contra los moros, contra las tropas napoleónicas o
contra los republicanos (los «rojos») no sólo luchan los militares en el
estricto sentido de la palabra, sino también los monjes-soldados, los curas-guerrilleros;
mucho más aún, los propios santos y las vírgenes, al decir de los integristas,
combaten (al menos simbólicamente) a los «infieles» o a los modernos ateos.
Recordemos que desde la Reconquista es Santiago,
conocido como «Santiago Matamoros», el alma principal de las batallas,
tradición que fue revigorizada por el general Franco.
Durante la guerra llamada de la Independencia también
es la Virgen del Pilar la que representa el fuerte vínculo entre lo religioso y
lo militar. Durante la guerra civil de 1936-1939, los oficiales franquistas
hacen que esta virgen suba el escalafón (para los guerrilleros de principios
del siglo xix no era más que «capitana de las tropas aragonesas») y le dan el
grado de teniente general.
La «legitimidad teocrática» del general Franco empieza
a consolidarse en plena guerra civil al catalogarla como «cruzada», si bien
algunos, como Ricardo de la Cierva, caen en contradicciones de bulto en el
espacio de unas pocas páginas. Dice en la página 101 de su Historia del franquismo: «Fueron los obispos, y no él, quienes
utilizaron por vez primera, en agosto y en octubre de 1936, la idea y el
término de "Cruzada" como interpretación ideológica de la guerra
civil.» Y en la página 104: «Desde la emisora tetuaní de la Guardia Civil,
Franco envió mensajes en los que utilizó inmediatamente la palabra
"Cruzada"; pero exclusivamente en sentido patriótico, sin la menor
connotación religiosa o eclesiástica.» Curiosas contradicciones las de Ricardo
de la Cierva, curiosos cambios también de contenido semántico los que él
intenta introducir en una palabra, como «cruzada», marcada durante siglos por
un sentido estrictamente religioso-militar. Todo ello es muy curioso cuando el
propio historiador oficial del franquismo subraya la religiosidad (en principio
oportunista, luego fanática) del general, y cuando en la página siguiente (105)
vuelve a decir, sin entrar en el menor análisis de tales contradicciones:
«Después de la Carta colectiva (de los obispos), Franco se refirió siempre a la
Cruzada en el sentido de guerra religiosa, y se negará a discutir, incluso a
comprender las posteriores variaciones de la Iglesia en el terreno de esta
interpretación. Creerá que estas variaciones no son solamente una injusticia,
sino una traición a los muertos de la Cruzada.» Posiblemente exagere Ricardo de
la Cierva en este comentario de coletilla, ya que otros notorios franquistas
como Rodrigo Femández-Carvajal no tenían ningún reparo, incluso en vida de
Franco, en interpretar (quizás en cierto grado involuntariamente) el fondo de
la cuestión: «La "sacralización" de nuestra guerra civil y su
presentación como una nueva Cruzada, no sirvió para otra cosa sino para inducir
a sospecha, ya que al poner nosotros el énfasis en sus justificaciones
sobrenaturales, muchas gentes pasaron a sospechar que no las había tenido
naturales.» (Observe el lector la repetición significativa de
«sospecha-sospechar», evidentemente algo había ahí contra natura...)
En cualquier caso, numerosos documentos prueban el
injerto religioso en el corazón del conflicto bélico, y la organización a
partir de esos sangrientos momentos históricos de la «legitimidad teocrática»
de la jefatura de Franco. Con tal fin las mismas jerarquías de la Iglesia,
comprendido Pío XII, ponen las correspondientes
bases «teóricas» en numerosos documentos, telegramas, declaraciones y
comentarios. El papa, «pocos días después de haber sido elevado al Sumo
Pontificado», como comentaba Josep M. Llorens, un sacerdote catalán exiliado en
Francia, dirigió un telegrama y un mensaje (1 y 10 de abril de 1939) a Franco.
El primero decía, principalmente: «Elevando nuestro corazón al Señor,
agradecemos sinceramente a V.E. deseada victoria católica España. Hacemos votos
por que ese queridísimo país, alcanzada la paz, reemprenda con nuevo vigor la
vieja y cristiana tradición...»
Y en el segundo: «Con inmenso gozo Nos dirigimos a
vosotros, hijos queridísimos de la católica España, para expresaros nuestra
paterna congratulación por el don de la paz y de la victoria con la que Dios se
ha dignado coronar el heroísmo de vuestra fe y caridad, probado en tantos y tan
generosos sufrimientos.»
Llevado a ese rumbo celestial, Franco naturalmente le
responde con otro telegrama en el que reafirma esa relación, poco menos que de
«íntima amistad», con los poderes divinos: «Intensa emoción me ha producido
paternal telegrama Vuestra Santidad con motivo victoria total de nuestras
armas, que en heroica Cruzada han luchado contra enemigos de la Religión, la
Patria y la Civilización cristiana.»
Con la ayuda del alto y del bajo clero, el propio
Franco fue asimismo argumentando su poder teocrático. A medida que pasan los
años insiste numerosas veces en ello: «Dios ha confiado la vida de nuestra
patria en nuestras manos para dirigirla» (1937). Casi exactamente eso mismo es
lo que le decía Isidro Goma, a la sazón cardenal primado de España, el 3 de
abril de 1939: «Dios ha hallado en V.E. digno instrumento de los planes
providenciales sobre la patria.»
De tal manera, pues, el nombramiento de los propios
obispos pasa a depender de la voluntad de Franco. Este derecho, oficialmente
reconocido por el Vaticano, lo ejerce, además, con toda espectacularidad, ya
que los obispos nombrados deben hacer, en
presencia de Franco, el juramento siguiente: «Ante Dios y los santos
evangelios, juro y prometo como corresponde a un obispo, fidelidad al Estado
español. Juro y prometo respetar y hacer que mi clero respete al jefe del
Estado y al gobierno establecido según las leyes españolas. Juro y prometo
además no tomar parte en ningún acuerdo ni asistir a ninguna reunión que pueda
perjudicar al Estado español o el orden público, y que haré observar al clero
un comportamiento parecido. Estando atento al bien y al interés del Estado
español, me preocuparé de impedir todo mal que pueda amenazarle.»
En ese documento es importante observar que, además
del compromiso personal que el obispo adquiere, se responsabiliza de la
vigilancia y de la alienación del clero que de él depende. También hay que
subrayar el carácter combativo en favor del Estado
dictatorial, es decir, en contra de los pueblos de las tierras ibéricas, sobre
los cuales no se hace la menor mención.
Al dictador la monomanía autosacralizante se le
desarrolla rápidamente, ya que personas que le tratan sólo durante unos
momentos, y que eran de espíritu próximo a Franco (es decir, en principio nada
o poco inclinadas a dirigir críticas al general), descubren en él sus aires
teocráticos. Pétain, por ejemplo, dijo de él: «Este Franco no debería creer que
es el primo de la Virgen María.»
Su «legitimación» teocrática la amplía en combinación
con la teorización del caudillaje, que es uno de los aspectos oficiales más
apreciados por el dictador. Desde los primeros años de su «reinado», algunos
intelectuales españoles admiradores del nazismo, por ejemplo Javier Conde,
discípulo de Schmitt, dedicaron muchos esfuerzos a dar una cierta consistencia
teórica al caudillaje. En efecto, Conde pretende desde 1936 que la rebelión
militar pronto dirigida por Franco «se trata propiamente de una misión, misión
cristiana ante Dios». Al desarrollar ese punto de vista, Conde sostiene a
continuación que «ejercer el caudillaje es mandar de manera carismática»; así
que el orden jurídico de la dictadura no es «nada más que la idea cristiana de
justicia superpuesta a un programa de postulados históricamente singulares».
Podríamos transcribir numerosas citas que hacen el
elogio religioso del Caudillo, así como las argumentaciones teocráticas del
propio general. Pero, para concluir este capítulo, bastará con que ofrezcamos a
los lectores otras dos perlas. Una del propio Franco; la otra de su eminencia
gris, Carrero Blanco, que sin duda alguna sabía mejor que nadie lo que le
gustaba escuchar al dictador.
Franco: «Hemos podido culminar un período de paz y de
prosperidad sin precedentes en nuestra historia... porque la fe en una doctrina
que tenía su luz en el sentido cristiano de nuestra tradición ha iluminado
nuestra empresa.»
Carrero Blanco: «Ningún gobernante, en ninguna época
de nuestra historia, ha hecho más por la Iglesia Católica que Vuestra
Excelencia... Porque Dios conocía bien vuestra rectitud de intención al
lanzaros a la guerra en defensa de la Fe y de la independencia de España, no
sólo os concedió la victoria de 1939, sino que os inspiró la prudencia política
necesaria para libramos de las peripecias de la Segunda Guerra Mundial.»
Mientras la España oficial sigue organizando un Estado
dictatorial con diversas supervivencias medievalizantes, las fuerzas
democráticas continúan actuando en favor de las libertades para el futuro.
Los focos guerrilleros van desapareciendo, el Pacto de
San Juan de Luz no consigue materializar ni una mínima parte de sus planes,
pero unos y otros militantes demócratas, al promover nuevos enfoques a sus
actividades —y no obstante los dramáticos ajustes de cuentas que también se
provocan entre ellos, especialmente en el PCE-PSUC— consiguen, ya en marzo de
1951, una extraordinaria movilización popular en Barcelona. Los intelectuales y
los universitarios también desarrollan acciones específicas contra el sistema
dictatorial.
3. Autocríticas De Los Libertarios, De Los Monárquicos Liberales Y De
Los Socialistas
Salvo algunos hechos aislados, en los últimos años de
la década de los cuarenta y a principios de los cincuenta, el retroceso de las
fuerzas democráticas es general al tiempo que pasan por las experiencias
amargas de sucesivas autocríticas, si bien les quedan las suficientes
esperanzas para continuar diversas acciones.
Entre los libertarios, los miembros de las Juventudes
y de la FAI (Facerías, Massana, Sabaté y Vila) todavía se dedican a hacer
sabotajes, atracar bancos y atentar contra personajes significativos de la
dictadura, golpes que poco o nada pueden favorecer la marcha contra la
dictadura. Los hermanos Sabaté —principalmente Quico—, los más activos, así
como los otros, van desapareciendo, muertos en tiroteos (menos Massana, que se
queda en el exilio).
Las detenciones que sufren los dirigentes de la CNT
llevan al desplome de este sindicato. A los encarcelamientos citados en páginas
anteriores, hay que sumar otros, como el de Juan Gómez Casas, a quien el 1 de
julio de 1949 condenan a treinta años de cárcel. Uno de los continuadores es
Cipriano Damiano, a quien detienen en 1953 y condenan después a quince años de
reclusión.
Juan Manuel Molina, uno de los dirigentes libertarios
de aquellos años, es el crítico más acerado y lúcido de su organización y
acciones: en 1948 la CNT ya estaba «reducida a una caricatura..., con menos del 10 % de sus efectivos»... ¿Los responsables? Además de
los agentes de la represión, «poco o mucho todos somos responsables». Las
mayores críticas Molina las dirige a los exiliados y al pueblo español, en
general, que es «absentista, nihilista», y a la juventud que «se apasiona
estúpidamente por los partidos de fútbol». También critica las relaciones con
los monárquicos liberales, que asimismo fueron duramente criticadas por
Cipriano Mera.
Los juanistas también sufrieron sus desilusiones.
Según el monárquico Joaquín Satrústegui, entre 1948 y 1957 «pasaron unos años
muy tristes desde el punto de vista político», ya que no sólo sus actividades
siguieron prohibidas, sino que también padecieron algún tipo de represión
(pagar multas, sufrir breves encarcelamientos, etc.). La duquesa de Valencia,
Luisa de Narváez, era la principal —y la
única— aristócrata que realizaba actividades antifranquistas y que por ello fue
detenida varias veces. El general Aranda, en junio de 1949, volvió a intentar
movilizar al Ejército en favor de la monarquía, lo que supuso el sacrificio de
su carrera: el 17 de agosto fue obligado a pasar a la reserva. En Barcelona,
José Luis Milá, Antonio Muntañola y Antonio de Senillosa eran los juanistas que
se mostraban más activos.
En el PSOE se dejaban oír críticas bastante duras a
las relaciones que los socialistas venían manteniendo con los monárquicos. En
el IV Congreso en el exilio
(Toulouse, 22-25 de junio de 1950), Barona y Torregrosa fueron quienes más se
opusieron a la continuidad de tal política; el último argumentó: «Yo no quiero
mortificar a los representantes de esta nueva política, pero la realidad es que
han pasado tres años, dos a partir del pacto, sin que se haya pasado a la
acción para derrocar el régimen.» No obstante, como Prieto seguía recomendando
el mantener los acuerdos con los monárquicos liberales, el Congreso ratificó la
política iniciada con el Pacto de San Juan de Luz.
La evolución de la coyuntura internacional iba a jugar
otra mala pasada a los demócratas españoles, y en particular a los socialistas.
Al terminar dicho Congreso, el 25 de junio de 1950, Corea del Norte intervino
agresivamente en Corea del Sur, lo que dio nuevos y sólidos argumentos a
quienes deseaban concretar una amplia alianza anticomunista. La guerra de Corea
resultó muy favorable para los planes franquistas de reinserción de la
dictadura en las relaciones internacionales, al menos del mundo occidental. En
efecto, el 4 de noviembre de 1950, la ONU adoptó una nueva resolución, que
revocaba sus posiciones del 12 de diciembre de 1946 y volvía a autorizar el
retomo de los embajadores acreditados en Madrid. Esta decisión de la Asamblea
General de las Naciones Unidas fue un durísimo golpe, especialmente contra
Prieto, quien dimitió de la presidencia del PSOE el 6 de noviembre reconociendo
el fracaso de su política: «Mi fracaso es completo. Soy responsable de haber
inducido a nuestro partido a fiarse de los poderosos gobiernos democráticos que
no merecían esta confianza, como acaban de demostrar. Por mi culpa, mi partido
ha sido víctima de una ilusión que me ha deslumhrado.»
Incluso los monárquicos liberales se habían dejado
deslumhrar por las posibilidades de los apoyos internacionales, que eran
ciertos hasta 1946-1947, pero ya no mucho más allá de esos años, como ya he
demostrado con diversos datos. A partir de 1950, la tendencia internacional
siguió siendo aún más desfavorable para cuantos españoles querían restablecer
la democracia. En efecto, antes de que acabe el año 1950, Washington y Madrid
intercambian nuevos embajadores (Lequerica y Griffis). El 19 de marzo, el portavoz
del Departamento de Estado declara que se inicia una «nueva fase» en las
relaciones hispano-norteamericanas en las cuales la clave es la cuestión militar («The New York Herald Tribune» del
20 de marzo). En este sentido todavía fue más importante el viaje que el Jefe
del Estado Mayor de la Marina estadounidense, almirante Sherman, hizo a Madrid
el 16 de julio. En fin, el Pacto económico-militar entre Estados Unidos y
España se firmó el 26 de septiembre de 1953.
En el plano internacional, el Vaticano contribuyó a
dar una cierta «legitimidad» a Franco al firmar el Concordato el día 27 de
agosto de 1953: prácticamente el documento venía a confirmar los que ya eran
derechos y privilegios eclesiásticos en España en el campo económico, de la
enseñanza y de la cultura en general (sobre todo para censurarla). Como
culminación de estas relaciones, el 22 de diciembre de 1953 Pío XII concedió a Franco la admisión a la Orden Suprema de Cristo.
4. Retoques En La Política Del PSOE
Entre el verano y el otoño de 1951, las relaciones
entre los monárquicos y los socialistas se deterioraron tanto que prácticamente
hubo que considerar que se habían roto. En el V Congreso en el exilio (Toulouse, del 15 al 18 de agosto de 1952) quedó
oficializado el distanciamiento con los juanistas y, en cambio, se propuso la
coalición con las demás fuerzas antifranquistas, especialmente las obreras,
pero con la exclusión de «las de carácter totalitario».
En el VI
Congreso
(Toulouse, del 12 al 15 de agosto de 1955) los socialistas hablaron con mucha
amargura respecto a los pactos de Estados Unidos con Franco, con lo cual los
norteamericanos faltaban «a muy solemnes compromisos» como igualmente el
Gobierno de Washington «faltó a los derechos humanos imponiendo a la UNESCO el
ingreso de España, donde no rige uno solo de esos derechos»; Washington faltó,
en suma, «a cuantos sagrados
deberes le incumbe como guía de las naciones liberales que integran el bloque occidental,
pues nada más contrario al lema de éstas que proteger, auxiliar y sostener a
una dictadura tan oprobiosa como la de Franco».
5. El PCE-PSUC Y Sus Nuevos Ajustes De Cuentas
Aislados de las masas, contrapuestos a los militantes
de las demás fuerzas democráticas, los comunistas españoles también se ven
atravesados por las querellas del movimiento comunista internacional,
querellas, en este momento, principalmente, entre estalinistas y titistas, que
Dolores Ibárruri y Carrillo aprovechan para acabar de efectuar sus personales
ajustes de cuentas en las propias filas del PCE-PSUC.
En efecto, desde que el 28 de junio de 1948 Tito deja
de pertenecer a la Kominform y de hecho se enfrenta con la política de Stalin,
los comunistas ortodoxos de todo el mundo incorporan a su vocabulario un nuevo
insulto, «titista», que para ellos equivale a «imperialista», «agente del
capitalismo», «fascista», etc. A tenor con la voluntad del Kremlin, el PCE
reafirma su fidelidad al secretario general del PCUS a la vez que condena la
posición nacionalista de los yugoslavos. Carrillo y sus colaboradores aprovechan
esta campaña para «descubrir» los «titistas» del PCE: así injurian a antiguos y
a nuevos disidentes. Por ello en los periódicos del PCE vuelven a sacar el caso
Monzón, «purgado» ya en 1944-1945, y el de su colaborador León Trilla. Además
de la campaña que se hacía contra ellos atribuyéndoles una colaboración con los
servicios del espionaje norteamericano en Europa, se les considera también
«bandidos titistas». Otros dirigentes comunistas, expulsados por trotskistas,
como José del Barrio, asimismo son clasificados como «traidores». En este caso
el PCE acertó, ya que Del Barrio organizó un grupúsculo político, MAS
(Movimiento de Acción Socialista), que contó con la ayuda del Gobierno de
Belgrado.
La «depuración» más sonada en esta etapa es la que
afecta a Comorera, secretario general del PSUC. En años anteriores, Comorera se
había caracterizado como uno de los más duros estalinistas catalanes. Sus
ataques a los militantes de la CNT y del POUM eran de los más virulentos. En el
PCE, Comorera también resultaba incómodo para Dolores Ibárruri y Carrillo.
Estos quisieron que Comorera se subordinara a su dirección a la vez que
empezaron a «españolizar» el PSUC. En esta tarea anticomorerista participaron
varios dirigentes del PSUC como Ardiaca, Colomer (yerno de Comorera), Soliva y
Serradell. En el verano de 1949 los ataques ya son explícitos: el PCE denuncia
el «nacionalismo pequeñoburgués» de Comorera.
El 10 de noviembre de 1949, el Comité Central del PCE publica una nota mediante
la cual expulsan a Comorera calificándole de «traidor al Partido, a la clase
obrera y al pueblo». Tal no era más que el principio de una gravísima campaña
difamatoria contra Comorera en la que incluso participó Nuri, la hija de Comorera,
la cual escribió una carta abierta de repudio de su padre, análoga a la que
Carrillo había escrito años antes a su padre. Perseguido por los carrillistas y
por la policía franquista, Comorera fue detenido el 9 de junio de 1954. Pasado
a la jurisdicción militar, hasta agosto de 1957 no tuvo lugar el consejo de
guerra: el día 23 de ese mes se publicó la sentencia: Comorera fue condenado a
treinta años de cárcel. Murió el 7 de mayo de 1958 en el penal de Burgos.
Entre 1948 y 1959 en las tierras catalanas hubo varias
huelgas, pero durante la primera quincena de marzo de 1951 se produjo un
movimiento contestatario nunca visto hasta entonces, y que jamás volvió a
alcanzar las dimensiones de aquellos días.
Todo empezó cuando el consejo de ministros autorizó a
los Transportes de Barcelona a que aumentaran el precio del billete de tranvía
en veinte céntimos, con lo cual pasaba a valer 0,70 pesetas, mientras en Madrid
el precio era de 0,40 pesetas. La conciencia de esta diferencia, puso en marcha
la protesta en Barcelona. Pronto empezaron a circular octavillas clandestinas
en las que se decía: «Barcelonés: si eres un buen ciudadano, a partir del
primero de marzo y hasta que no igualen las tarifas de la Compañía de Tranvías
con las de la capital de España..., trasládate a pie a tus ocupaciones
habituales.» Esto ocurría los primeros días de febrero de 1951. El día 23 las
inscripciones en las paredes ya se habían politizado: «Franco, no; tranvías,
tampoco.» Los estudiantes se sumaron a esta corriente de protestas.
A partir del día 25 el propio gobernador civil, Baeza
Alegría, muestra su nerviosismo al publicar una nota amenazadora contra los
supuestos «agitadores».
El 1.° de marzo el boicot a los tranvías es
prácticamente total: «Desde primera hora de la mañana, los trabajadores de las
barriadas extremas se trasladan al trabajo a pie en grupos..., todos los
ciudadanos barceloneses se abstienen de subir a los tranvías» (descripción
hecha sobre la marcha por militantes del «Moviment Socialista de Catalunya»).
Por la tarde-noche, centenares de miles de personas
retoman a sus casas, no sin hacer chistes que demostraban que el miedo a la
dictadura estaba perdiéndose: en aquellas jornadas se desarrolló otra fase del lenguaje clandestino: para describir unos hechos u
otros se utilizaban los títulos de las películas de entonces: así, el miedo se
definió como «Lo que el viento se llevó»; el gobernador (al que se le conocía
un lío de faldas con una «vedette» de revista musical) era «El gran pecador»;
el Ayuntamiento, «Mercado de Ladrones»; la Compañía de Tranvías, «Que el cielo
la juzgue»; los policías, «Pistoleros a sueldo»; los pasajeros, «El hombre
invisible»; el pueblo, «Canta claro», etc.
El boicot a los tranvías duró varios días. El 4 de
marzo el director general de Seguridad, Francisco Rodríguez, se traslada a
Barcelona para observar directamente la evolución de los acontecimientos. El
día 5 cesa el alcalde, barón de Terrades, a quien sustituye Antonio M. Simarro.
La huelga continúa y por ello en la noche del día 6, el ministro de Obras
Públicas decide suspender «las vigentes tarifas de los tranvías de Barcelona».
Pero la población barcelonesa está en una dinámica que, en esa fecha, ya ha sobrepasado
la cuestión puramente económica del problema: su protesta ya se concentra en el
nivel político y exige la dimisión del gobernador. Mediante octavillas firmadas
por la CNT, por el PSUC y por la UGT se llama a otra huelga para el día 12, que
tuvo una gran amplitud.
En fin, la dictadura tuvo que liquidar la serie de
sucesos haciendo nuevas concesiones a los barceloneses. El día 16 fue
destituido el gobernador; pero el 17 este puesto era ocupado, sin embargo, por
un general, Felipe Acedo Colunga; otro general, Hierro Martínez, pasaba a
ocuparse de la jefatura de policía.
Mientras tanto, el capitán general de Cataluña, Juan
Bautista Sánchez González, claro partidario de don Juan, no sólo no había
prestado ninguna colaboración a las fuerzas de policía para contrarrestar ese
movimiento popular, sino que al parecer había participado en nuevos proyectos
monárquicos para eliminar a Franco del poder. El general Sánchez González murió
repentinamente el 30 de enero de 1957 durante unas maniobras militares en la
comarca de Puigcerdá. Esta muerte se consideró extraña, por lo menos insuficientemente
aclarada, y el propio Sainz Rodríguez, uno de los más directos colaboradores de
don Juan, ha publicado el supuesto de que el general Ríos Capapé tuvo «una
discusión muy viva» con Sánchez González, discusión que le provocó el infarto
(ya se sabía que el entonces capitán general de la IV Región padecía del corazón).
7. Actividades De Los Intelectuales Y De Los Universitarios
En el campo de la creación cultural hubo pronto obras
y actitudes claramente distanciadas y sustancialmente opuestas a la dictadura.
Por su contenido y por su lenguaje, La
familia de Pascual Duarte, la novela publicada por Camilo José Cela en
1942, ya reflejaba brillantemente una sensibilidad y un talante intelectual
vinculado a los mejores clásicos castellanos y que nada tenía que ver con el
franquismo. Cela continuó por esta misma vía, principalmente con La colmena (1951), que la censura le
prohibió y tuvo que publicar en Buenos Aires. Simbólicamente también estaban en
los antípodas del sistema franquista la obra teatral de Buero Vallejo Historia de una escalera (1948); las
gavillas de poemas de Blas de Otero: Ángel
fieramente humano (1950), Redoble de
conciencia (1951) y Pido la paz y
la palabra (1955); los Cantos iberos (1955) de Celaya; Muerte de un ciclista, de Bardem, etc.
Cela, desde que empezó a publicar, en abril de 1956,
su revista mensual «Papeles de Son Armadans», se dedicó también a una tarea
sistemática de recuperación de los intelectuales exiliados y de difusión de su
obra en el interior de España: las páginas de esa revista testimonian la
constante presencia de Francisco Ayala, Américo Castro, Max Aub, Rafael
Alberti, Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado, a la vez que «Papeles» era una de
las plataformas principales (con «ínsula») de los escritores demócratas que seguían
trabajando en España, desde los antiguos liberales y orteguianos Gregorio
Marañón y Julián Marías, hasta los jóvenes marxistizantes como Castellet y
Barral; desde los católicos progresistas como Aranguren hasta los poetas más
representativos de Cataluña, como Riba. También intervinieron los pintores,
desde Picasso hasta Miró y Tapies. Cela mismo, en cuanto permanente
editorialista de «Papeles», tomó clara posición liberal, a favor de todas las
libertades, una posición esencialmente antifranquista, como pude observar
directamente durante los años que trabajé con él como subdirector de la revista
(1961-1964).
Enrique Tierno Calvan fue uno de los primeros
catedráticos de universidad que, ya desde 1954, empezaron a sugerir
públicamente sus ideas, por lo menos heterodoxas, respecto al régimen político
y cultural imperante en nuestro país. En 1955, al empezar a publicar el
«Boletín Informativo del Seminario de Derecho Político» de la Universidad de
Salamanca, Tierno contaba con Raúl Morodo (que después fue secretario general
del PSP), Elias Díaz, Pablo Lucas Verdú, Fernando Moran (en los últimos años
ministro de Asuntos Exteriores del PSOE) y Pedro de Vega. Este «Boletín» fue uno de los medios de introducción del
pensamiento democrático y europeísta en España.
En la Universidad de Madrid, estudiantes entonces
comunistas como Enrique Múgica, Ramón Tamames y Fernando Sánchez Dragó también
actuaban, en colaboración con intelectuales y políticos como Dionisio Ridruejo,
disidente del franquismo y cada vez más opuesto a la dictadura, a fin de
movilizar las Facultades en sentido democrático. En 1955 se quiso desarrollar
estas actividades en un «Congreso Universitario de Escritores Jóvenes», en cuya
preparación también participaron José Luis Abellán, Gabriel Tortella, Javier
Muguerza e Ignacio Sotelo. Pero las jerarquías del SEU (sindicato falangista en
el que los universitarios debían estar obligatoriamente afiliados) prohibieron
este congreso.
En enero-febrero de 1956 se quiso convocar un Congreso
de Estudiantes contestatario de la situación oficial, para la cual se lanzó un
Manifiesto. Por su parte, los seuistas intentaron frenar esta labor de difusión
antifranquista. Los choques entre unos estudiantes y otros se multiplicaron a
partir del día 4 de febrero con motivo, a la vez, de las elecciones que se
celebraban en la Facultad de Derecho. El día 7, los falangistas trataban de
imponer a sus candidatos. Los estudiantes demócratas protestaron y hubo
enfrentamientos físicos, que se agravaron al día siguiente. El día 9, los
enfrentamientos entre estudiantes demócratas y franquistas desbordaron la
Universidad de Madrid. De pronto sonó un disparo y el estudiante falangista
Miguel Álvarez resultó herido en la cabeza. Como los únicos que iban armados
eran los falangistas, se podía deducir que el tiro procedía involuntariamente
de algún otro falangista. No obstante, los falangistas amenazaron con que, si
su compañero moría, pasarían por las armas a un centenar de intelectuales
demócratas. No pudo esclarecerse quién había disparado, pero el herido no
murió.
Durante esta misma jornada, la policía detuvo a
quienes consideró los «instigadores» de tales hechos: Múgica, Ridruejo, Sánchez
Mazas, Tamames, Elorriaga, Pradera y Ruiz Gallardón.
Las detenciones se ampliaron días después al
diplomático Vicente Girbau (acusado de ser el autor de una octavilla en la que
se pedía la liberación de dichos detenidos) y a Manuel Ortuño, Jesús Ibáñez y
Luis Caro, que habían colaborado con el primero en su difusión.
Con estas irrupciones de la generación joven en las
actividades antifranquistas, empezaban a
fijarse los cimientos de una sociedad nueva, democrática. En Madrid, las
oleadas juveniles antidictatoriales siguieron produciéndose de manera inmediata
con la fundación de la ASU (Agrupación Socialista Universitaria) y del FLP
(Frente de Liberación Popular).
En Barcelona, dos jóvenes intelectuales, Castellet y
Albert Manent, habían estado en relación con los organizadores del proyectado
Congreso Universitario de Escritores Jóvenes, y por ello la policía les sometió
a interrogatorios. Pero en la capital de Cataluña, la masiva movilización de
los estudiantes contra la dictadura no tuvo lugar hasta un año después. En una
situación tensa provocada porque unos quince estudiantes habían sido
expedientados, los días 19 y 20 de febrero de 1957 se fraguó el proyecto de celebrar
una gran asamblea de estudiantes, que se llevó a cabo el día 21. Los
estudiantes de la Facultad de Derecho fueron los más activos. Poco antes del
mediodía recorrieron las aulas para convocar a todos al Paraninfo, donde pronto
se encontraron unos setecientos estudiantes. También se presentó un teniente de
la policía armada al mando de ocho agentes, que empezaron a controlar la
situación. Pero los estudiantes no se amilanaron y dieron comienzo a la Primera
Asamblea Libre de Estudiantes de la Universidad de Barcelona. Sus principales
reivindicaciones eran: que la policía no entrara en las Facultades, que no
hubiera expedientes académicos, que se suprimiera el SEU y que se permitiera la
organización de un sindicato libre de estudiantes. Después la policía procedió
a detener a los estudiantes que más se habían distinguido, entre ellos Nuria
Sales, Foncillas, Rosal, Doménec Madolell, Bohigas, Pelusa, Jutglar e Yturbe.
Por su parte, las autoridades académicas decidieron imponer nuevas sanciones a
los estudiantes.
Pero no tardó en manifestarse la solidaridad
democrática de unos setenta intelectuales residentes en Madrid, más otros
treinta escritores catalanes: en una carta colectiva dirigida al ministro de
Educación pedían la anulación de las sanciones. Entre quienes firmaron esa
carta estaban Vicente Aleixandre, Cela, Ridruejo, Marañón, Espriu, Oliver y
Caries Riba.
La dinámica parademocrática en la que se encontraban
los principales intelectuales también se demostró al acercarse la fecha del XX aniversario de la muerte de Antonio Machado, poco después de marchar al
exilio, en Collioure, el 22 de febrero de 1959. En Madrid y en París se
engranaron los planes para rendir homenaje a la memoria del poeta.
Como unos no podían salir de España y a otros les
resultaba peligroso retornar a nuestras tierras, el homenaje tuvo dos
ramificaciones, estrechamente vinculadas por la misma voluntad de restaurar las
libertades públicas en esta península. En el mismo lugar de la desaparición de
Machado se reunieron diversos intelectuales exiliados, principalmente los de
algún modo vinculados al PCE, como Tuñón de Lara. Del interior llegaron algunos
poetas como Barral. En nombre de todos habló Pablo de Azcárate.
Por significar una oposición al régimen más directa,
la reunión que el mismo día se hizo en Segovia fue más importante. Unas
ochocientas personas acompañaron a los intelectuales que habían firmado el
llamamiento para que se acudiera ante la casa segoviana en la que Machado había
vivido. Entre los que firmaron la convocatoria estaban Tierno Calvan, Blas de
Otero, Aleixandre, Cela, Buero Vallejo, Caro Baroja, Espriu y Jorge Guillen.
La prensa no publicó ni el menor texto de simpatía en
recuerdo de Machado. Sólo «Papeles de Son Armadans», la revista de Cela, en su
número XXXV, del mes de febrero de 1959,
reprodujo el cartel que, con tal motivo, había dibujado Picasso el 30 de enero
de 1959 (el dibujo es una muestra picassiana de la sencillez: una corona de
laurel y una espiga de trigo con el nombre del poeta). Cela, además, escribió
un editorial en el que sugería todo lo que se podía decir en aquellos tiempos
de censura: que Machado, más que a causa de una gastroenteritis, murió de
amargura: ante el desastre republicano en la guerra civil, seguramente el poeta
se desmoronó moralmente. Y Cela terminaba su texto acerca del poeta que «no
pudo quedarse en la tierra que le vio nacer» diciendo que «su alma y su poesía,
su voz y el eco de su voz, su ejemplo, aún viven entre nosotros».
8. Las Nuevas Leyes Franquistas Para La Represión
En esta etapa de transición
entre el período negro y autárquico (1939-1956/59) y el período
desarrollista —en lo económico— y relativamente evolucionista —en lo político—
(1959-1975) la dictadura promulga leyes neo-represivas, acordes con los nuevos
tiempos, pero que en lo fundamental mantienen el peso del pasado, la
amenazadora dureza de los primeros años.
La nueva legislación dictatorial para prevenir las
acciones democráticas no invalidaba, en lo fundamental, la legislación
represiva promulgada en 1939: en especial la Ley de Responsabilidades Políticas
del 9 de febrero de ese año. Las aparentes novedades se reducían en casi todos
los aspectos a dar una nueva forma estilística a antiguas disposiciones; por
ejemplo, el Decreto-Ley del 24 de enero de 1958 que pretendía establecer una
jurisdicción especial para «actividades extremistas» no era más que una reproducción
encubierta de la Ley del 1.° de marzo de 1940 destinada a reprimir las
actividades de «la masonería y el comunismo».
Las que más pretendieron innovar —y algo, realmente,
innovaron— fueron la Ley de Convenios Colectivos del 24 de abril de 1958 y la
Ley de Orden Público del 30 de julio de 1959.
Por la primera de dichas leyes se quería distinguir la
conflictividad sindical, las lógicas tensiones en demanda de mejoras salariales
y laborales en general, de la conflictividad estrictamente política dedicada a
combatir el sistema dictatorial.
Por la segunda de las leyes se deseaba diferenciar la
anterior conflictividad, incluso la más acentuadamente política, de la lucha
armada o de las acciones que de un modo
u otro podían alcanzar un elevado grado de violencia social.
Ahora bien, unas normativas y otras estaban redactadas
con las suficientes indeterminaciones e imprecisiones, con conceptos amplísimos
y de significación polisémica, que permitían a los policías y jueces
franquistas aplicar unas leyes u otras según las conveniencias que les
señalasen las más altas jerarquías dictatoriales.
La sin duda liberalizante Ley de Convenios Colectivos
a menudo estaba interferida por la Ley de Orden Público que seguía condenando
«los paros colectivos» o sea la huelga; «las manifestaciones y las reuniones
públicas ilegales»; los actos mediante los cuales «se propague, recomiende o
provoque la subversión o se haga apología de la violencia o de cualquier otro
medio para llegar a ella», así como perseguía las actividades «que alterasen la
paz pública o la convivencia social».
Con tales «figuras delictivas» se podía incurrir,
según la caprichosa catalogación de cualquier policía-juez, en el delito de
«rebelión militar». En el fondo, y en lo que concernía a los activistas de
izquierda más decididos, pocas cosas cambiaban. No todos corrían el riesgo de
ser fusilados, como en 1939, pero sí podían verse —como en efecto algunos
continuaron viéndose— sometidos a consejos de guerra, ya que, además de poder
instrumentalizar arbitrariamente todas esas normas ambiguas, el 22 de marzo de
1957 habían dictado otro Decreto-Ley que les permitía considerar todo «delito
colectivo» como delito «contra la seguridad del Estado».
9. Tiernistas, Ridruejistas Y Exiliados
El grupo formado en torno a Tierno en la Universidad
de Salamanca seguía sus actividades teóricas al tiempo que iban, en lo posible,
traduciéndolas en la práctica. En aquellos años los franquistas consideraban
cualquier actividad como un atentado al sistema. El primer ataque le vino a
Tierno de un clérigo, el padre Guillermo Fraile, quien en la «Gaceta Regional»
del 26 de abril de 1956 escribió un artículo en el que expresaba ciertas
sospechas respecto a la escasa o nula adhesión al régimen del catedrático. La
policía seguramente sometió a vigilancia a los tiernistas, porque pronto pasó a
los interrogatorios. Empezó por Torrubiano Ripoll, sacerdote exclaustrado, que
había estado en relación con los tiernistas, el cual, «para librarse de los
interrogatorios largos —era hombre de edad—, (cuenta Tierno) y de las
acusaciones que sobre él pudiesen recaer, habló quizás en exceso sin ninguna
mala intención». Seguidamente, el propio Tierno fue llamado a declarar. En la
Dirección General de Seguridad le
acusaron de ser socialista, pero la acusación no podían fundamentarla en ningún
documento, por lo que, por esta causa, no podían sufrir más problemas. Sin
embargo, los tiernistas tenían otras actividades que iban a acarrearles otros
problemas. Raúl Morodo, sobre todo, fue muy activo al organizar la solidaridad
con los estudiantes represaliados en la Universidad de Barcelona en 1957, lo
que provocó que le expulsaran a él de la de Salamanca, donde ya era profesor
ayudante. Poco después fue detenido, a causa también de estar relacionado con
los principales implicados en la firma de los Acuerdos de París, Antón
Menchaca, Herrera Oria, López Aparicio (republicano que a la vez representaba
al grupo de Tierno), quienes habían firmado un Pacto con Cordón Ordás, entonces
presidente del Gobierno republicano; con Llopis, secretario general del PSOE; y
Ramón Iliarte, de la CNT, acerca de la futura implantación de la democracia en
España. Era una manera de reverdecer los acuerdos que se habían dibujado en los
años 1945-1946 en el seno de la ANFD y posteriormente en el Pacto de San Juan
de Luz.
Por aquellos años, sobre todo como consecuencia de los
acontecimientos universitarios de 1956, Ridruejo también organizaba el PSAD
(Partido Social de Acción Democrática), apoyado por jóvenes como Ignacio
Sotelo, Miguel Sánchez Mazas y otros. Otro hito en la evolución de quien había
sido una de las máximas jerarquías de la Falange fue la entrevista que concedió
al semanario «Bohemia», de La Habana: Ridruejo declaró que «la llegada a mi
posición actual no se ha producido en un paso, sino "por sus pasos",
esto es: en un proceso. Al cabo de muchos años, muchos de los que fuimos
vencedores nos sentimos vencidos... No tengo exactamente una filiación. Estoy
tratando de hacérmela». A raíz de estas declaraciones, el 13 de abril Ridruejo
fue encarcelado durante una breve etapa.
Antonio Amat fue uno de los más activos organizadores
de las fuerzas socialistas en España. Antiguo oficial
del Ejército republicano y después guerrillero en Francia contra los nazis,
Amat se encontraba en libertad vigilada en Vitoria (tenía que presentarse cada
domingo a la policía), pero hacía, a pesar de ello, frecuentes viajes a San
Sebastián, donde sus principales contactos eran con los médicos Luis Martín
Santos y Vicente Urcola; a Barcelona, donde se relacionaba con Joan Reventós,
dirigente del MSC; y a Madrid, donde impulsó la creación de la ASU con Vicente
Girbau, Jesús Ibáñez, Miguel Boyer (en los últimos años ministro de Economía del PSOE), Miguel Rubio, Ortuño
Bustelo y otros estudiantes de entonces y jóvenes profesionales.
Las actividades de Amat y de sus más directos
colaboradores fueron interrumpidas por las detenciones que a partir del 1.° de
noviembre de 1958 afectaron sobre todo a los socialistas barceloneses y a los
madrileños: entre éstos detuvieron a Federico de Carvajal y entre aquéllos a Revenios. Amat fue el que
tuvo que soportar un castigo más severo: fue condenado a cinco años de cárcel,
de los cuales cumplió tres, quedando a finales de 1961 otra vez en libertad
provisional.
11. El FLP O El Marxismo Cristiano
El Frente de Liberación Popular (FLP) también se creó
al calor de los movimientos estudiantiles de 1956 y 1957. Sus fundadores eran
cristianos que habían tenido actividades en la JOC (Juventud Obrera Cristiana)
y en el SUT (Servicio Universitario del Trabajo). Inicialmente, entre todos
ellos se destacó Julio Cerón, joven diplomático. La reunión preconstitutiva de
este partido tuvo lugar en Madrid el 30 de septiembre de 1957; a ella
asistieron, entre los madrileños, el citado Cerón, Víctor Martínez Conde, Jesús
Ibáñez y Manuel Lizcano; de Barcelona fueron Alfonso C. Comín y José Ignacio
Urenda, entre otros; el grupo santanderino estaba formado principalmente por el
entonces sacerdote Javier Aguirre (hoy duque de Alba) e Ignacio Fernández de
Castro, abogado, que pronto se transformaría en uno de los principales teóricos
de esta tendencia; en representación de los vascos acudió José Ramón Recalde y
también estaba Luciano Rincón.
En años sucesivos, en el FLP militaron otras personas
como Manuel Vázquez Montalbán (antes de pasar al PSUC); los actuales (1986)
ministros del PSOE: Julián Campo, José M.a Maravall, Carlos Romero y
Narcís Serra; los ex ministros de UCD: José Luis Leal y Pedro Pérez Llorca;
Pascual Maragall (alcalde de Barcelona); Juan Tomás de Salas, presidente del
semanario «Cambio 16»; Rafael Jiménez de Parga, catedrático de Derecho Administrativo;
Josep Ventura, editor; Víctor Pérez Díaz, sociólogo.
El FLP se autocaracterizó como de extrema izquierda,
obrerista (con el inconveniente de que entre ellos apenas había obreros, casi
todos eran jóvenes intelectuales), marxista, crítico del PCE (y a la vez con
una cierta admiración a los comunistas, a cuyo partido algunos de los «felipes»
pasaron a militar). Los militantes del FLP sufrieron varias oleadas represivas,
la más espectacular la de junio de 1959, cuando detienen a Cerón y le someten a
la jurisdicción militar. El consejo de guerra empezó el 9 de noviembre de 1959.
En medios católicos hubo una importante movilización en favor de los «felipes».
El padre Sopeña y los jesuitas Diez Alegría y Llanos no sólo intercedieron por
estos militantes sino que dijeron «estar plenamente de acuerdo con las ideas y la
acción del procesado Julio Cerón». (Llanos, que había sido en los primeros años
de la dictadura un clérigo de la confianza del propio Franco, en 1977 reveló su
militancia en el PCE.) Después de una serie de incidencias cuyo detalle consta
en mi Historia del antifranquismo
1939-1975, Cerón fue condenado a 8 años de cárcel.
12. El PCE-PSUC, La Reconciliación Y La Huelga
Desde el mes de junio de 1956 los dirigentes
comunistas empezaron a elaborar su política de «reconciliación» entre
vencedores y vencidos en la guerra civil, idea que ya había sido argumentada
varias veces por Diego Martínez Barrios y por don Juan de Borbón en sus
declaraciones y manifiestos de los años cuarenta. La idea de «reconciliación
nacional» se aprobó en la reunión que el Comité Central del PCE celebró a
finales de agosto de 1956 y se relanzó en el III Pleno de este organismo el 7 de septiembre de 1957; también se propusieron
organizar una «Jornada de Reconciliación Nacional», que deseaban que fuese una
especie de plebiscito contra la dictadura y una etapa decisiva para avanzar
hacia la HGP (huelga general política).
Mientras tanto hubo varias detenciones de comunistas,
entre ellas la de Miguel Núñez, el 30 de marzo de 1958, a quien sometieron a
tortura en los sótanos de la Jefatura de Policía de Barcelona. A Núñez, miembro
del Comité Central del PSUC y responsable del trabajo clandestino en Barcelona,
le buscaba la policía desde hacía años. Pasado a la jurisdicción militar, a
Núñez le condenaron a un total de 25 años de cárcel.
La dirección del PCE había, en fin, programado la
Jornada de Reconciliación Nacional para el día 5 de mayo de 1958. Pero como
ocurría en diversas ocasiones anteriores y posteriores, cuando los máximos
dirigentes del PCE-PSUC querían organizar una movilización no lo conseguían.
Las huelgas y manifestaciones solían producirse precisamente cuando no había
órdenes de Carrillo en ese sentido. Y en este caso, la Jornada fue un sonado
fracaso, como reconocieron muchos comunistas. Sin embargo, Carrillo y sus colaboradores
en el exilio se empeñaron en sostener que había sido un éxito y que la
dictadura había quedado «aislada» (declaración del Buró Político de fecha 20 de
mayo de 1958). Con ese triunfalismo apoyado en la nada, los carrillistas se
aprestaron a nuevas «movilizaciones populares», mientras otros dirigentes
comunistas, como Sánchez Montero y Luis Lucio Lobato, estaban en la cárcel
pendientes de cumplir largas condenas.
En marzo de 1959 Carrillo y sus amigos decidieron que
el 18 de junio debía hacerse una huelga general, cosa que mantuvieron a pesar
de que Dolores Ibárruri, entonces todavía (oficialmente) secretaria general del
PCE, expresó sus dudas acerca de la racionalidad del plan. Claudín y otros
dirigentes comunistas viajaron a España para «ver» cómo se «desarrollaba» dicho
proyecto de huelga. Salvo algunos paros parciales y aislados, la huelga fue «un
desastre sin paliativos». Y añade Claudín: «Los observadores, comunistas
franceses, que habíamos enviado a Madrid y diferentes capitales de provincia,
regresan diciendo que por mucho que se han afanado no han visto el más mínimo
signo de movilización ni de huelga: la normalidad ha sido absoluta.» Todos se
lo dijeron así a Carrillo, pero éste se negó en redondo a admitir los hechos.
Esto se explicaba porque el fracaso de la huelga era el fracaso de su
organizador, Carrillo: admitirlo honradamente habría supuesto presentar su
dimisión o, por lo menos, renunciar a su gran ambición: desplazar a Dolores
Ibárruri de la secretaría general del partido y ocupar él este puesto. Así que,
frente a los testigos directos de los no-hechos huelguísticos, Carrillo, que no
se había movido de París, se obstinó en decir que la huelga general había sido
un éxito. Lo más sorprendente, lo más grave, es que Carrillo fue apoyado en sus
«criterios» por la «abrumadora mayoría», incluso por quienes venían de diversas
ciudades españolas. Por tanto, cuenta Claudín, «cada vez más embalado en esta
vía Carrillo redactó una "Declaración del Partido Comunista de España
sobre la huelga nacional" donde llega a extremos delirantes, nunca
igualados en documentos del PCE, ni antes ni después, en el arte de presentar
como hechos fehacientes lo que sólo existía en el deseo de los autores».
Por esta vía de enormes desafíos a la razón, Carrillo
fue conquistando voluntades y de hecho se convirtió en el secretario general
del PCE. Con el decisivo apoyo de quienes entonces eran amigos suyos, Claudín,
Líster y Semprún, Carrillo impuso a Dolores Ibárruri la sustitución en dicho
cargo: quedó oficializado en el VI
Congreso, en
Praga, los días 25 al 31 de diciembre de 1959.
13. Cristianos Y Nacionalistas Periféricos
Manuel Giménez Fernández, que en 1934-1935 había sido
ministro de Agricultura, fue el primero que reanudó sus actividades
democristianas bajo la dictadura de Franco. A pesar de su antigua militancia en
la CEDA, Giménez Fernández siempre fue un hombre independiente y pronto tuvo
una aureola izquierdista: le pusieron el apodo de «El bolchevique blanco». Ya
en los años cuarenta algunos estudiantes y jóvenes intelectuales pidieron que constituyera un nuevo partido en favor de la
recuperación de las libertades públicas. Entre ellos estaban Manuel Aguilar
Navarro, Jesús Barros de Lis y Fernando Gallo. El grupo se llamó Izquierda
Demócrata Cristiana, y a él se sumaron conocidos abogados de Barcelona, como
Federico Roda Ventura y José M.a Vilaseca; de Palma de Mallorca,
Félix Pons; de Madrid, Jaime Cortezo. Años después (en 1962), al comienzo de su
andadura política, Felipe González —el presidente del Gobierno socialista—
también sostuvo relaciones con Giménez Fernández.
Por su parte, Gil Robles, en Madrid, también atraía a
nuevos militantes como Femando Álvarez de Miranda, Juan Luis Simón Tobalina,
etc., quienes fundaron el grupo Democracia Social Cristiana.
En Cataluña, Jordi Pujol empieza a agrupar amigos en
un movimiento que se llamó CC, en el sentido de «católico y catalán». Próximos
a esta tendencia, otros demócratas y nacionalistas, como Josep Benet, Jordi
Carbonell y Albert Manent, organizan otras actividades antifranquistas, así
como de afirmación catalanista, como el lanzamiento de la revista «Serra d'Or»,
en colaboración con el monje Maur M. Boix y el Monasterio de Montserrat.
En Galicia, Ramón Piñeiro y Francisco F. del Riego,
procedentes del Partido Galleguista, fundaron la Editorial Galaxia, desde donde
desarrollaron tareas culturales y parademocráticas en colaboración con el
doctor García Sabell y otros médicos y abogados.
LAS NUEVAS TENDENCIAS DEL FRANQUISMO. LOS SACERDOTES, OBREROS Y
UNIVERSITARIOS DEMÓCRATAS
1. Las «Transformaciones» Franquistas Por Las Nuevas Exigencias
Internacionales.
El dato principal que hay que poner siempre de relieve
sobre el Estado franquista es que, una vez acabada la destrucción del Estado
democrático burgués de la II
República, la
organización estatal se convierte en una dictadura militar en las manos
absolutas de Franco. Con ese hecho consolidado, el general se dedica a
colocarle adornos suplementarios según las etapas que su régimen atraviesa.
Durante los años de su alianza con las potencias del
Eje, Franco proclama que España se encamina hacia la organización de formas
estatales totalitarias comparables a las de Alemania e Italia, aun cuando
quiera destacar las características específicas españolas (el
nacionalcatolicismo, el integrismo sobre todo). Pero a medida que el transcurso
de la guerra mundial anuncia la catástrofe a la que se dirigen los regímenes
hitlerianos, el Caudillo frena esa orientación, aparentemente.
También tiene que proyectar nuevas fachadas debido a
las presiones que los monárquicos empiezan a dirigirle en el sentido de que
debe restaurar la monarquía.
Por esas dos causas, el general empieza a pensar en
nuevas terminologías institucionales, que resulten más convenientes para las
fuerzas del capitalismo internacional que ganan la guerra, es decir, los países
que tienen la vida política organizada en un sistema liberal.[2]
Para hacer esas «transformaciones», uno de los
subsistemas que están en el origen del franquismo y que hasta ese momento ha
sido preponderante (en la propaganda y en la represión en la retaguardia), el
falangismo, empieza a resultarle a Franco, si no molesto, sí inoperante.
Una vez vez la caída del fascismo europeo confirmada,
los militantes de FET y de las JONS crean dificultades a Franco, ya que su
presencia espectacular (habrá que estudiar un día el sentido del espectáculo
grandilocuente de los fascistas) constituye una denuncia viva de una parte
decisiva de los orígenes del poder franquista. Por el contrario, los
monárquicos, sobre todo los más sinceramente ligados a don Juan de Borbón,
podían facilitar a Franco su aproximación y su articulación con el imperialismo
americano. Sin embargo, tampoco en esta ocasión Franco iba a jugar unívocamente
su carta política; mientras trataba de pactar con los monárquicos más próximos
a él, reprimía a los que pretendían sostener un plan claro de restauración de
la monarquía en la persona del exiliado de Estoril.
Lo que le importaba a Franco era realizar esas
«transformaciones», guardando lo mejor posible las apariencias, pero sin perder
un ápice del poder obtenido militarmente. Tales «transformaciones» se imponían
en el conjunto del Estado y en FET y de las JONS.
A corto y a medio plazo esas «transformaciones» se
«hacen» solamente a nivel conceptual, esto es, en el fondo no cambia nada; pero
además, esas «transformaciones» verbales se hacen lentamente. Es el tiempo lento del pasado reaccionario, la lentitud
de la restauración absolutista de Femando VII, la lentitud de la «década ominosa», la lentitud de la Reconquista, en suma,
la que incorpora Franco a su manera de proceder.
1.1. Las «transformaciones»
en el Estado
El conjunto de instituciones forman una serie de paravents[3] de una dictadura
militar[4] que desde 1936 se
caracteriza por la dominación del aparato represivo sobre las otras formas
estatales (y sobre la sociedad).
Franco se dedica a ello precisamente: al ritmo de los
tiempos, el general va creando apariencias
institucionales que poco o nada cambian del núcleo central de poder.
Después de la derrota definitiva del fascismo italiano y del alemán, el
dictador todavía deja pasar dos años para concretar el nuevo paravent institucional que más puede
convenir a la imagen internacional del franquismo de ese momento. Por la «Ley
de sucesión» al puesto de jefe del Estado (26 de julio de 1947), el Estado
fundado en plena guerra civil se «transforma» oficialmente en una monarquía.[5]
Pero Franco no concreta nada más y encima continúa
ocupando el puesto de «monarca».
Tendrán que pasar todavía más de veinte años para que el general decida esclarecer un poco más la
cuestión de su sucesión. A pesar de que Franco siguió recibiendo presiones
(sobre todo de los monárquicos, pero también de otros franquistas que se
inquietaban —el fenómeno es casi masivo desde 1966— por su avanzada edad) con
el fin de que designara su sucesor, hasta el 22 de julio de 1969, el dictador
no nombra al entonces príncipe Juan Carlos de Borbón como sucesor suyo «a
título de rey».
Ahora bien, el Caudillo deja muy claras dos
condiciones, dos matices «legales» de primera importancia: que no se trata de
la «restauración» de la monarquía sino de la instauración. Además, Franco se
reserva todavía el derecho, mientras viva, de anular su primera designación, y
por consiguiente continúa esgrimiendo la posibilidad de escoger otro príncipe
como heredero suyo. Jamás se ha visto tal persistencia en la arbitrariedad
jurídica, hasta el momento de su muerte amenazando incluso a su propio sucesor.
1.2. La «modernización» del
partido único
Ya he subrayado la distinción, que a mi juicio hay que
hacer puesto que es muy importante, entre lo que yo he considerado el aparato
ideológico o «partido metapolítico» tradicional, orgánico, constante, de las
fuerzas reaccionarias en España, esto es la Iglesia, y lo que he definido como
el partido o instrumento coyuntural, en este caso FET y de las JONS, que se
superpone, con una u otra forma, a tales estructuras.
La Iglesia y la inmensa mayoría del clero constituyen
uno de los pilares fundamentales del franquismo hasta los años sesenta (y aun,
en gran parte, sobre todo en las jerarquías, hasta 1975). El
nacionalcatolicismo revigorizado en la dictadura del general Franco ha
contribuido como germen muy poderoso a la aplicación sistemática del despotismo
«moderno» en nuestra sociedad, esto es: a la represión ideológica y cultural
encarnizada contra todas las corrientes de pensamiento progresista. Son los
propios católicos de izquierda quienes denuncian esa Iglesia inquisitorial del
tiempo del franquismo; dice, por ejemplo, Miret Magdalena: «El "Fuero de
los españoles" de 1945 consagró el principio de la intolerancia religiosa
hasta 1966, en que fue rectificado para acoplarlo al Concilio Vaticano II,
aceptando un cierta libertad religiosa. Esta libertad religiosa fue
insuficiente porque ponía por delante la consideración del Estado católico,
dejando en segundo término, y dependiendo de aquél, la libertad religiosa. Se
hizo este arreglo en forma contraria a los textos del Concilio que ponían
primero la libertad, y con arreglo a ella debía estructurarse la
confesionalidad del Estado, si es que la hubiera. Este ajuste no ha sido hecho,
sin embargo, en la "Ley de Principios del Movimiento Nacional" de
1958, que todavía está en vigor. En su segundo principio vuelve a producirse la antigua confusión de los dos campos, el
político y el religioso, exigiendo
que el primero se acople a los cánones de la Iglesia.» (Es SV quien subraya.)
En la vida cotidiana, esa articulación de la Iglesia
con el Estado dictatorial producía gravísimos efectos, desde la cárcel a la
escuela. Son numerosos los testimonios; sobre la cárcel, el dirigente comunista
Miguel Núñez dice: «...El cura también participaba... era un hombre de una
violencia..., claro, no quiero decir con eso que fuera un representante de lo
que es el clero o los católicos, pero no es por casualidad que estaba en aquel
lugar. Yo recuerdo hechos verdaderamente apocalípticos de ese cura. Por
ejemplo, mientras decía la misa, después de alzar la hostia, se volvió y dijo:
"¿Qué pensáis? ¿Darme un tiro en la nuca? Los tiros en la nuca son para
vosotros"... El iba a todos los fusilamientos y se decía que era quien
daba los tiros de gracia.»
Sobre el clero en la sociedad y en la enseñanza de
aquel tiempo, el testimonio de Carlos Barral también es elocuente: «Los curas
de la victoria no tenían apenas matices. Eran curas en el poder, seres
"providenciales" que venían investidos de una autoridad sin límites a
restablecer el "quebrado orden de las cosas". Yo era demasiado niño
para haber aprovechado el "libertinaje" de los años de guerra; no
había sido insumiso, ni siquiera vagabundo, y había aprovechado el tiempo en la
escuela. Mi familia no podía albergar inquietud alguna por mi carácter o mi
conducta. Sin embargo, en la mesa familiar se hablaba de la estricta educación
jesuítica como de algo necesario, algo que me corregiría de no sé qué defectos.
Yo creo que la burguesía, para la cual las fuerzas fascistas habían ganado la
guerra, tenía la obsesión de enmendar el país, de restaurar quién sabe qué
orden arcaico y quizá pensaban que había de entregar incluso a sus hijos
inocentes a la tarea de los reformadores.»
La Iglesia, en suma, como «partido» tradicional de las
clases económicamente dominantes, ha tardado mucho tiempo en transformarse.
El desmantelamiento de la Falange como partido
fascista, como partido adaptado a la coyuntura (sobre todo en la de 1936-1945),
también se hace lentamente.
Franco se libera en primer lugar de los falangistas de
«izquierda» y de los que hacían declaraciones y ostentaban comportamientos más
escandalosamente nazis. En segundo lugar, el general empieza a quitar las bases
materiales del poder falangista (su enfeudación en varios ministerios). Al
mismo tiempo se reducen la fraseología y la simbología típicamente fascistas,
para dejar sólo una de sus componentes, o sea el elemento integrista. José L.
de Arrese, secretario general de la Falange en 1941-1945, escribía que los
objetivos falangistas son «espiritualizar la vida, primeramente; hacer España
más española, segundo, y tercero imponer la justicia social»; pero acusando
indirectamente a los falangistas anticlericales, añadía: «España no será nada
si no es católica» y afirmaba «Creemos en Dios, en España y en Franco».
(Obsérvese que esta fórmula es una «trinidad».)
Poco a poco, FET y de las JONS deviene el
«Movimiento». Tal «transformación» se hace bajo el control de Franco y a través
de personas que, más que falangistas, ya son fieles del Caudillo. Ahora bien,
la Falange en cuanto tal, no deja de funcionar oficialmente más que en 1958.
Hasta entonces los falangistas servían a Franco como contrapeso respecto a las
ambiciones de los monárquicos. Tal fue una de las tácticas de Franco:
equilibrar los subsistemas políticos del franquismo a fin de neutralizarlos y,
de esa manera, estar siempre él solo en la cúspide del poder.
A partir de 1956-1957 empieza a entrar en la escena
política (la escena de las «alturas») una nueva fuerza política: el Opus Dei,
que tiene la ventaja, con relación a los falangistas y a otros católicos
conservadores (Martín Artajo, por ejemplo), de presentar a hombres más jóvenes,
menos directamente ligados a las prácticas de la guerra civil, y más eficaces
en la gestión económica. En todo caso, se trata de un subsistema ideológico
que, oficialmente, no se encuentra en el partido único fundado en 1937. Por lo
tanto es útil, por razones exteriores pero también interiores, para que los
franquistas puedan reorganizar el viejo partido fascista.
Oficialmente, pues, la Falange desaparece con la
creación, por la Ley del 17 de mayo de 1958, del Movimiento Nacional. Sin
embargo, como los opusdeístas empiezan a penetrar sistemáticamente en los
principales puestos de los aparatos estatales, conviene (según la táctica de
Franco) seguir dando alguna influencia a los falangistas. De tal manera, los
textos de esa Ley vuelven a tomar algunos de los aspectos principales de la
ideología y de la retórica falangista.
Si Falange desempeñó un escaso papel como partido
político,[6] el Movimiento iba a
desempeñarlo todavía menos. Poco a poco se entraba en los años en los que el
sistema de dominación ultrapersonal en manos de Franco funcionaba peor. Con el
creciente desarrollo económico, las tensiones sociales (huelgas, manifestaciones
estudiantiles, y también desacuerdos internos del franquismo) se multiplicaban.
Diversos representantes de las clases dominantes empezaban a discutir, cuando
menos en privado, la continuidad del partido único. En las propias alturas,
caracterizadas por la rutina cuando no por la simple anquilosis, empieza a
plantearse una controversia gongorina acerca de lo que debe ser el partido
único: si una «comunión»[7] o bien una organización.[8] En el fondo, consciente o
inconscientemente, están tratando de inventar de nuevo los partidos políticos,
esos organismos tan vilipendiados por Franco y sus más acérrimos seguidores.[9]
En esa etapa, los franquistas siguen rechazando, por
supuesto, el retorno legalizado de los auténticos partidos representativos de
las diferentes tendencias políticas y clases sociales. La palabra «partidos»
sigue siendo un tabú. De ahí que sigan elaborando artificios conceptuales como
«concurrencia de criterios», «contraste de pareceres», «oposición leal», que en
los primeros años de la última etapa (1970-1975) se «transforman» en «clubs»
políticos, en sociedades anónimas de carácter aparentemente cultural y hasta en
simples (aunque a veces un tanto multitudinarias) «cenas políticas». Pero tal
conceptualización, que servía precisamente para ocultar la realidad, poco a
poco se aproxima al mundo real; así se llega a dar otro paso, y se les llama
«asociaciones políticas» (y aquí una nueva parada o quizá parodia, dado el tipo
de discusiones que vuelven a plantearse y que pueden resumirse en la siguiente
cuestión: «¿asociaciones dentro o fuera del Movimiento?»).
Con muy poco éxito, en 1975 intentan poner en marcha
las asociaciones. Muchos franquistas y la propia burguesía piensan —y varios de
ellos lo dicen públicamente ya en ese momento— que nada podrá detener las
actividades de los verdaderos partidos políticos.
2. La Formación Económica Del Primer Período De La Dictadura Y Las
Clases Dominantes
Los rasgos fundamentales de la formación económica de
la España del franquismo presenta todavía constantes históricas iniciadas hace
siglos.
De manera general es destacable de qué forma, sobre
estructuras agrarias sin cambiar en la polarización global (latifundios -
minifundios -campesinos sin tierra), el bloque dominante ha proseguido la
explotación del pueblo español.
La espera del oro de América ha sido sustituida por la
espera de los giros de divisas por parte de los obreros emigrados, y por la
espera de las divisas en manos de los turistas. Si antes el oro venía de
América del Sur, en la época contemporánea los franquistas han estado esperando
el «oro» de América del Norte. La llegada de capitales extranjeros ha seguido
combinándose, sin embargo, con la evasión de capitales españoles, como hace
siglos el oro y la plata arrancados en tierras americanas eran malbaratados en
los mercados europeos.
La deuda pública, la inflación galopante, la
especulación en todos los dominios, son, como en otros tiempos, los efectos de
una estructura y de comportamientos
económico-corporativos dominados por el capital bancario asociado al
capitalismo financiero internacional.
Estas actitudes pasan, no obstante, por algunas
variaciones, sobre todo en la segunda
fase de la formación económica de la España sometida a la dictadura.
El primer período (1939-1959), el más largo,
constituye una repetición singular de los viejos problemas, pero partiendo de niveles más bajos que los de
1936. Es decir, los efectos de la guerra en lo económico significan una
caída —y también, simplemente, una destrucción— brutal de las infraestructuras.
La consecuencia es una regresión muy
grave que se prolonga de manera acentuada durante más de diez años, pero debe
pasar aún por otra década (hacia 1959) para que los resultados de la guerra
sean superados, así como algunos años más para que se pueda empezar a hablar de «desarrollo».
La autarquía y
la stagflación caracterizan
globalmente esta fase, determinada por problemas internos y también por los
efectos de la II Guerra Mundial, o sea, por
el desastre de la Alemania y de la Italia fascistas, y en consecuencia por el
aislamiento internacional del franquismo.
Aunque desde el principio el régimen tenía planes de
industrialización de España, los proyectos apenas se concretan, y durante los
primeros veinte años de dictadura dominan las estructuras agrarias combinadas
con el capital bancario.
La
agricultura: la propiedad
sigue estando en el esquema anterior a la II República. Los grandes terratenientes (51.283, o sea el 0,86 % del total)
tienen en sus manos la parte principal de la tierra (22.881.100 ha, o sea el
53,31 % del total) con propiedades de 446 ha como término medio. Los pequeños
propietarios (5.486.620, es decir, el 91,59 % del total) no poseen más que
8.108.522 ha, esto es, el 18,96 % de la superficie total, con propiedades que
oscilan entre 0,57 ha (3.128.953) y 2,67 correspondientes a 2.357.667
agricultores. Entre esos dos polos, existe un sector de propietarios de tipo
medio (entre 10 y 100 ha), 451.734, o sea el 7,55 % del total, que poseen
11.774.340 ha, es decir, el 27,35 % de la superficie total, con propiedades de
26,06 ha como término medio.
La tara fundamental de la estructura, los latifundios,
está agravada por la subexplotación (capitalización
insuficiente, muy bajo nivel técnico, falta de coordinación entre la
agricultura y la cría de ganado, etc.), al mismo tiempo que la superexplotación
de los campesinos, sometidos en general a salarios de miseria, al paro, al
trabajo como temporeros y a la emigración forzada. Además, muchas de las
grandes propiedades (en Andalucía, Extremadura y Castilla) se encuentran en
parte sin cultivar (dedicadas a la caza y a la cría de toros de lidia).
La industria: como en Italia y en Alemania antes de la guerra, en
España se organiza (desde 1939) la autarquía para reforzar las industrias
productoras de material bélico; luego la autarquía se convierte en una
constante como resultado de la segunda conflagración mundial. Esta coyuntura
internacional empieza a cambiar hacia 1950, y sobre todo a partir de 1953, al
firmar los acuerdos de ayuda económica con los Estados Unidos, ayuda que está
subordinada a los acuerdos militares. A pesar de la gradual ampliación de los
vínculos con el imperialismo, los efectos autárticos son destacables más allá
de esta fase. Por ese hecho todo parece indicar que el capitalismo extranjero
sigue su plan de fijar y acentuar la
subordinación de la economía española respecto a las potencias del Norte.
La estructura industrial continúa compuesta
principalmente de pequeñas empresas, que oscilan entre el dominio de las formas
más o menos artesanales y el núcleo familiar relativamente ampliado.
Ahora bien, en la formación económica, la intervención
estatal muestra sus efectos cada vez de manera más marcada: las articulaciones
de los capitales públicos con los capitales privados (españoles y extranjeros)
desarrollan las bases de los grandes monopolios.
La banca: la situación de autarquía de
esta fase sigue permitiendo al capital bancario dominar el débil y lento
«desarrollo» industrial. Al mismo ritmo se acentúa la tendencia a la
concentración bancaria, en provecho de los tradicionales 5 grandes bancos. En
1940 había 250 bancas, y al principio de los años sesenta sólo quedan 103. La
Ley de «Ordenación Bancaria» del 31 de diciembre de 1946 facilita este proceso,
y a la vez restablece el funcionamiento del organismo corporativo de los
banqueros, el Consejo Superior Bancario, verdadero Estado en el Estado.
De tal modo, las redes de interpenetración económica
entre la banca, la industria y el Estado se amplían al mismo tiempo que siguen
confundiéndose los límites de los negocios privados y los límites de los
asuntos públicos, unos tomando a menudo el lugar de los otros (la imbricación
monopolista concierne sobre todo a la siderurgia, la electricidad, el cemento,
los abonos, el petróleo y el azúcar).
Durante los años posteriores a 1965, cuando, en fin,
el desarrollo industrial despega a gran escala, podemos observar la
reproducción ampliada de las viejas taras: la dominación creciente del capital
bancario sobre el capital industrial, y la tendencia en aumento a la
subordinación de la economía española a los capitales extranjeros.
Ahora bien, incluso en esta segunda fase, el peso
agrario no es menospreciable ni los factores de su reducción gradual. El éxodo
rural no se produce a causa de la mecanización de la agricultura. Es la miseria
a secas la que obliga a los campesinos al éxodo, para orientarse a las ciudades
industriales (en parte las de Cataluña, Euzkadi y el cinturón de Madrid), pero
también tienen que marcharse a las ciudades de Alemania, Francia, Suiza,
Bélgica, etc.
La población activa que en 1940 se distribuía así:
Primario 51,9 %, Secundario 24 %, Terciario 24,1 %, no empieza a oscilar en favor de la industria más que a partir de 1967,
con las cifras siguientes: 33 %, 34,8 % y 31,09 %. Sólo a partir de 1973 la
diferencia se marca considerablemente en favor de la industria: 25 %
agricultura, 38 % industria, 37 % servicios. Ahora bien, aún estamos lejos de
la distribución de porcentajes de la población activa en los países altamente
industrializados. Por otra parte, hay que tomar en consideración que la
industrialización se concentra en tres regiones (Cataluña, Euzkadi y Madrid) y
que el resto de España continúa siendo principalmente agrícola. Además del problema plurinacional, la Península
Ibérica muestra graves desequilibrios internos en el desarrollo económico.
La tendencia creciente a la concentración monopolista
se acompaña todavía por numerosas pequeñas empresas (63 % de los
establecimientos industriales tienen entre 1 y 5 empleados, 31 % entre 6 y 50,
mientras que 0,4 % empleando a más de 500). Por otro lado, algunas «bases»
industriales no pueden considerarse rigurosamente como tales: el turismo,
conocido popularmente como «la principal industria española», ha requerido
enormes inversiones para acoger a millones de viajeros; pero, a largo plazo, el
rendimiento de tales inversiones es problemático.
En pocas palabras, España es el reino de la más
asombrosa especulación financiera: puede observarse si hacemos una comparación
entre los beneficios sacados por los 5 grandes bancos españoles, los 5 primeros
bancos de Europa y los 5 primeros del mundo: mientras que los españoles tienen
un total de beneficios del 58 %, los europeos no obtienen más que el 18 % y los
de categoría mundial un 30 %.
3. Una Peculiar «Modernización» Económica Capitalista
A partir de dichas estructuras económicas del pasado,
las transformaciones económicas que se producen en España desde 1959
constituyen una modernización específica en la zona de Europa occidental en el
sentido de que, contra lo que ha ocurrido en Francia, Inglaterra, etc., el
desarrollo económico se impele sin cambiar las instituciones-clave de la
dictadura. Este hecho global no preocupa a las instituciones internacionales
que aconsejan los cambios infraestructurales en la sociedad española, pero
naturalmente sí que inquieta a los demócratas españoles, sobre todo a los que
sufren la represión.
Las medidas que iba a poner en práctica el Plan de
Estabilización se explicaron, en primer lugar, en el Memorándum que el Gobierno
del general Franco dirigió, el 30 de junio de 1959, al Fondo Monetario
Internacional y a la OECE. Oficialmente, el Plan se aprobó unas semanas
después, los días 20 y 21 de julio, al publicar el Decreto-ley 10/1959 llamado
«de Nueva Ordenación Económica».
Estas medidas se acompañaron, en años sucesivos, con
otras normas prácticas que avanzaban por el mismo camino de inicios de
adecuación del arcaico sistema capitalista-dictatorial español a la
reestructuración capitalista continental que había dado comienzo dos años antes
de firmarse, el 23 de marzo de 1957, el Tratado de Roma que constituía la
Comunidad Económica Europea. Tales nuevas normas-prácticas consistieron en
fijar la paridad de la peseta respecto al dólar; liberalizar las inversiones
extranjeras en nuestro país; creación de un raquítico subsidio de paro...
Pero el nivel de vida económica de los españoles sigue
siendo muy bajo en comparación con el de los europeos. Además, los trabajadores
coterráneos se ven forzados en estos años a participar en grandes emigraciones:
de las zonas rurales a las regiones industriales y también de toda España hacia
Alemania, Bélgica, Suiza, Holanda... Centenares de miles de españoles
—principalmente andaluces, gallegos, murcianos, castellanos, etc.— se ven
obligados a buscar trabajo fuera e incluso lejos del lugar donde nacieron o
donde habitualmente residían.
Con todo, el problema principal sigue siendo que el
pueblo español está sometido a una dictadura. Los franquistas comienzan una transformación económica, pero el sistema
político, a pesar de la introducción de nuevas leyes y ciertos matices
relativamente «suavizadores» (en comparación con la dureza de los años
cuarenta), sigue siendo fundamentalmente
el mismo: policiaco-militar, con elementos integristas medievalizantes,
cerrado e intolerante respecto a las expresiones más avanzadas de la cultura
mundial.
Los cambios que se producen en el seno del consejo de
ministros son poco más que sustituciones: de unas personas por otras, unas
técnicas administrativas por otras y unos lenguajes por otros. Desde que el
profesor de derecho administrativo Laureano López Rodó, miembro del Opus Dei,
pasa a ocupar, en 1956, un puesto clave junto al almirante Carrero Blanco,
principal colaborador de Franco, otros destacados opusdeístas entran en
sucesivos equipos gubernamentales (en 1957: Alberto Ullastres, ministro de Comercio;
Mariano Navarro Rubio, ministro de Hacienda; en 1962: Manuel Lora Tamayo,
ministro de Educación; Gregorio López Bravo, ministro de Industria; y además se
mantienen como ministros los anteriores). Los opusdeístas van desplazando a los
viejos ministros falangistas o ligados a concepciones administrativas propias
de la autarquía. En suma, los opusdeístas, también conocidos,
significativamente, como tecnócratas, forman un personal político más
presentable en los ámbitos internacionales, más equiparable a los altos
funcionarios europeos y norteamericanos, que los falangistas. No obstante, los
puestos clave del consejo de ministros, los puestos de poder armado, siguen en
manos de viejos amigos de Franco: por ejemplo, el general Camilo Alonso Vega,
ministro de la Gobernación.
4. Los Monárquicos Liberales Y Sus Simpatizantes
Las transformaciones socioeconómicas y del personal
político que los franquistas efectúan en esta etapa no sólo son completamente
insuficientes para los demócratas de izquierda, sino que asimismo la burguesía
monárquica considera que son «cambios» que nada tienen que ver con el
restablecimiento de la democracia. La prueba de ello es que los partidarios de
don Juan de Borbón, que se habían pasado casi una década en silencio, a partir
de 1957-1959 vuelven a desarrollar actividades antifranquistas. Uno de los grupos
monárquicos, en Madrid, es el llamado Unión Española, que encabeza Joaquín
Satrústegui. El acto más destacado que hicieron fue una cena en el Hotel Menfis
el 29 de enero de 1959, al final de la cual se pronunciaron discursos más o
menos explícitamente antifranquistas. Entre los simpatizantes de la monarquía
democrática fue Enrique Tierno el que habló en el sentido de que la consideraba
«deseable para España, ya que es la institución que mejor puede lograr la
legitimidad nacional». A todos los que intervinieron se les pusieron multas
gubernativas que oscilaron entre las 50.000 y las 25.000 pesetas.
El 29 de marzo de 1960, don Juan volvió a tener una
entrevista con Franco, esta vez en el Palacio de las Cabezas (Cáceres), pero el
conde de Barcelona hizo saber que mantenía las posiciones políticas que había
expresado en sus Manifiestos de 1945 y 1947.
Aproximadamente un año después (mayo de 1961) en
Barcelona, don Juan Carlos tuvo el primer contacto con un sector de la
oposición democrática. La reunión fue idea de Antonio de Senillosa, tuvo lugar
en el Palacio Moya, y a ella acudieron Ángel Latorre, Castellet, Joan Oliver,
Barral, Goytisolo, Jiménez de Parga y Urruela, entre otros. Aquéllos eran
tiempos difíciles para todos, pero ya desde las presentaciones empezó a
romperse el hielo y las entrevistas se desarrollaron en tonos cordiales, con
franqueza e incluso con libertad. Don Juan Carlos elogió la libre convivencia
entre todos y la especificidad cultural de las tierras catalanas, al tiempo que
se interesaba por los problemas peculiares de los escritores. José Agustín
Goytisolo observó positivamente que don Juan Carlos preguntaba más que
afirmaba. En suma, aquellos intelectuales consideraron que la del entonces
príncipe era una personalidad autónoma en la que cabía depositar esperanzas.
Las acciones de los demócratas pudieron ampliarse a
partir de junio de 1959 al aprovechar críticamente una frase soez que uno de
los principales franquistas en Barcelona, Luis de Galinsoga, director de «La
Vanguardia», había lanzado contra los catalanes. El hecho ocurrió un domingo,
14 de junio, después de una misa en la que el sacerdote predicó en catalán.
Galinsoga protestó al cura y acabó diciendo que «todos los catalanes son una
mierda». Desde la clandestinidad, personas como Jaume Casajoana, Jordi Pujol y
Xavier Polo decidieron desarrollar una campaña de protesta, pidiendo que no se
comprara ese periódico. La campaña tuvo éxito y el conde de Godó, propietario
del diario, destituyó a Galinsoga el día 29 de diciembre.
El éxito les estimuló para hacer otras acciones
antifranquistas. Su principal continuación fue con motivo de la visita que el
propio dictador hizo a Barcelona a finales de abril de 1960. Pujol y sus
amigos, contando con el impresor Francesc Pizón, hicieron una octavilla en la
que, bajo el título-pregunta «¿Quién es el general Franco, el hombre que ahora
quiere venir a Barcelona, y qué representa su régimen?», respondía: «El general
Franco representa la negación de la libertad en todos los órdenes.» Y se explicaban
todas las libertades pisoteadas por su dictadura, para terminar con este
párrafo: «La falta de libertad absoluta es atenuada únicamente por la
corrupción en que vivimos. El general Franco, el hombre que vendrá a Barcelona,
ha escogido la corrupción, porque sabe que una sociedad corrompida es más fácil
de dominar, que un hombre comprometido por la corrupción es un esclavo. Porque
el régimen ha fomentado la inmoralidad de la vida pública y económica. El
régimen busca enfangar, comprometer a cada uno. El hombre que pronto vendrá a
Barcelona, además de ser un opresor, es un corruptor.» La octavilla del que, ya
en la democracia, es Presidente de la Generalidad, llevaba la fecha del 15 de
abril de 1960.
Las actividades antifranquistas se concentraron
también, durante la estancia de Franco en Barcelona, el 19 de mayo en el
Palacio de la Música, al que acudieron numerosos jerarcas del régimen a
escuchar un concierto del «Orfeó Català». En un determinado momento, desde el público se entonó uno de los cantos
catalanes con significación antifranquista, lo que motivó las primeras
detenciones, por parte de los numerosos agentes de la policía secreta allí
presentes, entre ellos Miquel Coll i Alentorn (en 1985 presidente del
Parlamento de Cataluña), Jaume Casajoana, Ignasi Espar y Llibert Cuatrecases.
El día 21 a las dos de la madrugada, la policía política fue a detener a Pujol,
a quien sometieron a tortura. La paliza se prolongó desde las tres hasta las
siete y media de la mañana del día 22: principalmente le aporrearon las plantas
de los pies y la región glútea. «Yo hice un gran esfuerzo para ver de quedarme
yo solo toda la responsabilidad —explicó Pujol a este historiador—; no pude o
no supe hacerlo totalmente; el caso es que detuvieron a uno de los impresores,
y afortunadamente ahí se cortó todo.» El día 22 a las nueve de la mañana
detuvieron al impresor Francesc Pizón. En el consejo de guerra al que fueron
sometidos a partir del 13 de junio, a Pujol le condenaron a siete años de
cárcel, y a tres a Pizón.
En esta etapa, otro núcleo de la burguesía catalanista
empezó a organizar una serie de actividades que, desde el campo de la cultura,
habían de incidir asimismo en el proceso global de recuperación de las
libertades. En este sentido, el más activo fue Joan B. Cendrós, quien, el 27 de
abril de 1960, convocó a otros empresarios (Lluís Garulla, Félix Millet y Pau
Riera) y les convenció para que crearan el premio de novela «Sant Jordi». Era
el primer paso o la primera piedra en los fundamentos de una institución que,
en años sucesivos, constituyó uno de los principales motores del renacimiento
de la cultura y de la lengua catalana: el «Omnium Cultural», oficialmente
creado el 11 de julio de 1961 por las anteriores personalidades, a las que se
sumó Joan Vallvé.
También unos cuantos intelectuales de izquierda que
habían estado en relación con la fundación del FLP (en Barcelona con la
Asociación Democrática Popular) en junio de 1961 catalanizan su grupo y pasan a
llamarlo «Front Obrer de Catalunya». El Comité Ejecutivo del FOC lo forman en
ese momento José M.a Picó, Isidro Molas y Manuel Castells; publican
un boletín: «Revolució».
6. Los Vasquistas Y Los Católicos
Los católicos demócratas de Euzkadi tienen desde hace
décadas un partido consolidado: el PNV. Pero en esta etapa los peneuvistas se
muestran muy poco activos. Las acciones que más destacan son las de los curas,
las de los obreros y las de los jóvenes de una nueva organización: ETA (Euzkadi
ta Askatasuna: el País Vasco y la libertad).
El 30 de mayo de 1960, 339 sacerdotes vascos firmaron
una Carta Colectiva dirigida a los obispos de Vitoria, San Sebastián, Bilbao y
Pamplona. Movidos por el «abismo», decían, que se había abierto entre ellos y
la población, dadas las connivencias de la Iglesia con la Dictadura, el texto
empezaba reafirmando una serie de principios, como el de la «dignidad
inviolable de la persona» y el de la libertad, «uno de los derechos más
sacrosantos». Después estos clérigos pasaban a analizar, en contraposición, la
realidad de la España de entonces:
«En las comisarías de policía de nuestro país se
emplea el tormento como método de exploración y búsqueda del transgresor de una
ley muchas veces intrascendente y no pocas injusta. Una malévola sospecha basta
para que el policía o el guardia civil de turno pueda flagelar
irresponsablemente, torturar y herir a cualquier ciudadano...»
Por todo lo cual, los 339 sacerdotes rogaban a sus
obispos que intervinieran para «devolver a nuestro pueblo la paz perdida». Era
una forma de pedir la superación de la dictadura. Pero la inmensa mayoría de
las jerarquías de la Iglesia en 1960 todavía eran franquistas.
Por su parte, ETA, incidiendo de modo peculiar en el
antifranquismo, a partir de 1959 se propuso «la liberación total de Euzkadi».
Tres años después, en 1962, los etarras también se proponían luchar por el
socialismo, lo que fue cuestión de contradicciones con la parte de los
militantes que sólo eran unos separatistas conservadores. Por su condición de
activistas contra la dictadura, en esta etapa histórica los etarras gozaban de
muchas simpatías entre los demás demócratas españoles, a pesar de que pronto demostraron
guiarse principalmente por las operaciones terroristas, cuyas consecuencias
asimismo tuvieron que sufrir a través de numerosos tiroteos, detenciones y
consejos de guerra.
7. El Movimiento Obrero, Los Intelectuales Y Los Partidos
Desde la primavera de 1961 el movimiento
reivindicativo de los asalariados fue en ascenso, desde las grandes empresas
estatales, como la RENFE y la Empresa Nacional Bazán (en Cádiz), hasta las
minas de carbón de Berga (Barcelona) y de Asturias; desde las industrias
eléctricas y metalúrgicas hasta las químicas. Las huelgas se propagaron hasta
algunos núcleos de campesinos de Andalucía Central y de Extremadura.
A las reivindicaciones, la dictadura decide contestar
con la represión. Con este fin, el 4 de mayo declara el estado de excepción en
las provincias de Asturias, Vizcaya y Guipúzcoa, donde la situación era más
conflictiva. De estas medidas da noticia la prensa española, pero no informa de
los motivos reales de las huelgas, de las que los demócratas se enteran por las
radios y periódicos extranjeros.
Algunos de los principales intelectuales españoles son
los primeros en expresar su preocupación por los acontecimientos. El día 6 de
mayo de 1962, Ramón Menéndez Pidal, Camilo José Cela, Vicente Aleixandre,
Bergamín, Ridruejo, entre otros, dirigen una carta abierta a todos los
intelectuales refiriéndose al movimiento huelguístico a la par que denuncian la
confusa información que sobre él se publica. Al mismo tiempo, proponían a los
demás escritores que, con los anteriores, reclamaran «la lealtad informativa
para con los españoles» y «la normalización del sistema de negociación de las
reivindicaciones económicas por los medios generalmente practicados en el mundo
occidental, con renuncia a los métodos represivos». A esta carta se sumaron las
firmas de 41 intelectuales residentes en Madrid y ciento treinta catalanes.
Los partidos y sindicatos democráticos hicieron
declaraciones análogas. El PSOE y la UGT proponían «liquidar de modo incruento
la tiranía franquista y restablecer un gobierno provisional, sin signo
institucional». Por su parte, Tierno Galvan hizo unas declaraciones al
periodista francés Charles Vanhecke en las que decía: «La guerrilla no es
posible, pues chocaría con una guardia civil demasiado organizada. El castrismo
tampoco. España no es Cuba... Se necesita un régimen neutro. Una monarquía
constitucional que tranquilice al burgués.» («Liberation», 27 de junio de
1962.)
Como los problemas principales expuestos en 1962 por
los trabajadores no sólo no se habían resuelto favorablemente sino que algunos
de ellos se habían agravado —en especial por las detenciones y por los
despidos—, en 1963 se reprodujo el movimiento, sobre todo a partir de
junio-julio, y duró hasta octubre-noviembre.
En 1963, además de los numerosos detenidos, también
proliferan los malos tratos, las vejaciones e incluso las torturas: no sólo a
los obreros sino igualmente a algunas de sus mujeres. Con estos métodos de la
inmediata posguerra, la policía política quería acabar con la protesta: los
franquistas se equivocaban porque de tal modo la protesta se multiplicó a
escala internacional.
En efecto, «Le Monde» del 3 de octubre publicaba una
noticia fechada el día 2 en Madrid en la que informaba que un centenar de
intelectuales habían dirigido una carta al ministro de Información, Fraga
Iribarne, en la que preguntaban por las torturas. Estos hechos les llenaban de
«viva inquietud» porque «de ser comprobados cubrirían de ignominia a sus
autores, ignominia que también nos cubriría a nosotros en la medida que no
interviniéramos para impedir que tales vergonzosos actos se produzcan». Esta
carta la firmaban Aleixandre, Latorre, Espriu, Tierno y Buero Vallejo, entre
otros.
Fraga respondió con otra carta en la que negaba casi
todos los hechos, se mofaba de las mujeres a las que la policía había cortado
el pelo y lo consideraba una «ingenuidad».
Mientras tanto, la prensa inició una campaña contra
los 102 firmantes de la carta, en especial contra Bergamín, por sus antiguas
vinculaciones con los comunistas. Pero los intelectuales volvieron a firmar
otra carta de protesta, por los mismos hechos y porque algunos de ellos habían
sido detenidos. Este segundo documento de 1963, fechado el 31 de octubre, decía
principalmente:
«...Es evidente que el hecho de cortar el pelo a dos
mujeres difícilmente puede conciliarse con el calificativo de
"ingenuidad" que Vuestra Excelencia añade a guisa de comentario. Un
acto de tal naturaleza nos parece a todas luces infamante y motivo suficiente
para que en cualquier país civilizado y libre se exijan responsabilidades
criminales a sus autores. Por otra parte, parece muy poco probable que este
acto de violencia física y moral no fuera precedido o acompañado de otros malos
tratos y coacciones... El reconocimiento del hecho anterior legitima la
sospecha de que se haya empleado asimismo violencia física con detenidos de
sexo masculino. Pensar lo contrario constituiría una falta de lógica.»
Esta segunda carta la firmaron 188 intelectuales;
entre los nuevos firmantes se encontraban Abellán, Caro Baroja, Fuster y el
pintor Tapies.
La espontaneidad de la creación de las primerísimas
comisiones obreras es innegable: eran, efectivamente, ni más ni menos, que
comisiones que, en unas fábricas u otras, los propios trabajadores organizaban
para expresar sus reivindicaciones. Ahora bien, por parte del PCE, después de
su frustrada tentativa de organizar la OSO (Oposición Sindical Obrera), hubo
una concentración de esfuerzos en la sistematización de esas comisiones.
Marcelino Camacho, con Julián Ariza y otros trabajadores socialistas, fueron los
primeros y principales promotores de este nuevo movimiento sindical que en
Barcelona contó con militantes comunistas como Cipriano García y Ángel Rozas.
Unos y otros tomaron, en parte, como punto de partida, los sindicatos
verticales, haciendo «entrismo» en ellos, según Stalin había aconsejado a
Dolores Ibárruri y a Carrillo en 1948.
El 31 de marzo de 1966, CC.OO. difunde su primer
documento sistemático, «Ante el futuro del sindicalismo», en el que
esencialmente dicen: «...Solamente la acción de masas puede imponer el éxito de
las reivindicaciones; que no se concibe ningún movimiento de masas que sea
clandestino... Actuando entre lo lícito y lo legal, ya hoy preparamos las
grandes asambleas y congresos obreros libres que darán vida a ese sindicalismo
obrero que nadie nos va a regalar.»
Las claves del éxito de CC.OO. fueron, principalmente,
a) el rechazo de la torre de marfil
purista en sentido democrático, que aquejaba infructuosamente a otras
organizaciones y personas, y la falta de reparos en relacionarse con los
falangistas en los sindicatos oficiales, pero sin subordinarse a ellos; y b) la superación de la clandestina,
patología política que también afectaba a numerosos demócratas de aquellos
años, incluso a militantes de partidos de izquierda, que no se atrevían a
superar la contradicción de encontrarse aislados en sus células o grupitos de
amigos y a la vez querían impulsar un movimiento revolucionario. Los militantes
de CC.OO. sí que superaron esta contradicción, aun cuando, ciertamente, todo
ello les costó numerosas detenciones y no pocos encarcelamientos.
Mientras se desarrolló el movimiento huelguístico de
los años 1961 a 1963, las tendencias centristas y de izquierda moderada también
realizaron algunas acciones
antifranquistas, a las que incorporaron a algunos representantes de la derecha
democrática. La principal de esas acciones fue la reunión en Munich de 118
significados españoles (38 del exilio y 80 de diversas ciudades españolas) en
el seno del IV Congreso del Movimiento
Europeo. Los españoles empezaron a llegar a Munich el 4 de junio de 1962 y allí
permanecieron hasta los días 8 y 9.
Entre quienes procedían del interior de España se
encontraban algunos de los principales representantes de los grupos
democristianos: Gil Robles, Álvarez de Miranda, Cavero, Barros, Tobalina, Pons,
etc.; los más conocidos monárquicos liberales, como Satrústegui, Senillosa y
Miralles; los socialdemócratas del PSAD (Partido Social de Acción Democrática)
con Ridruejo, Prados Arrarte, Suárez Carreño, Martí Zaro, Ventura, Baeza, Ruiz
García, etc.
Madariaga y Llopis encabezaban el grupo de exiliados,
entre los cuales habían acudido Femando Valera, Macrino Suárez, Flores y
Alonso, por ARDE (Acción Republicana Democrática Española); Martínez Parera y
Mariano Rojo por el PSOE; Landáburu e
Irujo, por el PNV, y Fernández de Castro, por el FLP.
También fueron a Muncih otros demócratas o
europeístas, de militancia partidista imprecisa o inexistente, como, entre los
del interior, Vidal Beneyto (antiguo miembro del Opus Dei que había colaborado,
con «Gironella», en la preparación de la reunión), Aldecoa, Prat Ballester,
Piniés, Sanabre, Manent, Tasis, Riera, etc.; y del exilio los ya citados
Adroher, Gorkin y Farreras.
Aunque oficialmente no se invitó al PCE (ello habría
supuesto que la casi totalidad de representantes del centro-derecha no hubiese
aceptado participar en la reunión), de vez en cuando pasaban por el Hotel
Regina, donde tenía lugar la asamblea, dos delegados de la dirección comunista:
Tomás García, el economista de Carrillo, y Francesc Vicens, del PSUC, a recoger
la información que les facilitaba Farreras.
Antes de que empezaran las reuniones, se produjeron
algunas tensiones y recelos, sobre todo por parte de Gil Robles, que quería
mantener distancias con los exiliados, en especial respecto al secretario
general del PSOE. Más de veinte años después de terminada la guerra civil,
entre los antifranquistas de distinto signo aún no se habían acabado de superar
los antiguos enfrentamientos. Se planteaba asimismo un problema de relaciones
de poder, entre los del interior y los del exilio. Por tanto, tuvieron que crearse
dos comisiones de trabajo: una, la A, estuvo presidida por Gil Robles; otra, la
B, la presidió Madariaga. También fueron estos dos personajes supervivientes de
la II República quienes
pronunciaron los discursos más sonados.
En cuanto a la Resolución que se había preparado, el
Congreso la aprobó por unanimidad: la sintetizo en lo más sustancial:
«El Congreso del Movimiento Europeo reunido en Munich
los días 7 y 8 de junio de 1962 estima que la integración, ya en forma de
adhesión, ya de asociación de todo país a Europa, exige de cada uno de ellos
instituciones democráticas, lo que significa en el caso de España, de acuerdo
con la Convención Europea de los Derechos del Hombre y la Carta Social Europea,
lo siguiente:
1.
La instauración de instituciones auténticamente representativas y
democráticas que garanticen que el Gobierno se basa en el consentimiento de los
gobernados.
2.
La efectiva garantía de todos los derechos de la persona humana, en
especial los de libertad personal y de expresión, con supresión de la censura
gubernativa.
3.
El reconocimiento de la personalidad de las distintas comunidades
naturales.
4.
El ejercicio de las libertades sindicales sobre bases democráticas y de la
defensa por los trabajadores de sus derechos fundamentales, entre otros medios
por el de la huelga.
5.
La posibilidad de organización de corrientes de opinión y de partidos
políticos con el reconocimiento de los derechos de la oposición.»
La contestación dictatorial no se hizo esperar. El
propio general Franco, el mismo día 8 de junio, dictó un decreto-ley que
principalmente decía:
«Artículo 1.° — Se suspende, en todo el territorio
nacional y por el plazo de dos años, el artículo 14 del Fuero de los Españoles.
«Artículo 2.° — Se encomienda al ministro de la
Gobernación la adopción de las medidas que, en cada caso, se juzguen necesarias
en aplicación del artículo anterior»...
(El artículo 14 del «Fuero de los Españoles» decía:
«Los españoles tienen derecho a fijar libremente su residencia dentro del
territorio nacional.»)
Las medidas consistieron, en principio, en dar a
escoger a los participantes en la reunión de Munich: el destierro en Canarias o
la permanencia en el exilio.
Gil Robles intentó retornar a Madrid el día 9 de
junio, pero en el aeropuerto de Barajas un comisario de policía se lo impidió,
y el ex jefe de la CEDA optó por el exilio. Ridruejo, con algunos de sus
correligionarios, ya se había quedado en París.
Los más destacados monárquicos y democristianos de las
entonces nuevas generaciones (Álvarez de Miranda, Barros, Cavero, Miralles,
Satrústegui) no tuvieron más remedio que optar por el destierro en
Fuerteventura, donde permanecieron desde el 11 de junio de 1962 hasta primeros
de marzo de 1963.
Según explicaron Álvarez de Miranda y Satrústegui a
este historiador, las condiciones de existencia en aquella isla atravesaron
situaciones pésimas: «No se nos preguntó dónde queríamos residir, sino que la
policía nos instaló manu militari no
sólo en un hotel sino exactamente en las habitaciones que teníamos que ocupar.»
Sin embargo, estos demócratas se rebelaron porque, dada su situación, no tenían
por qué estar pagando un hotel. Entonces les trasladaron «a un hospital que
todavía no había sido inaugurado porque no había ningún mobiliario. Sólo había
dos camas y la mesa de autopsias que nos dieron ¡ja, ja, ja! para que nos
sirviéramos de ella. Es un poco macabro, pero, en fin, nos acostumbramos.»
En los medios de la alta burguesía madrileña, a la que
pertenecían estos demócratas, la reacción fue más bien negativa contra ellos.
Según Satrústegui, incluso sus amigos se creyeron la propaganda que la
dictadura lanzó contra los participantes en el Congreso de Munich.
Sin embargo, la reacción franquista contra los
congresistas muniqueses estuvo a tono con las nuevas tácticas represivas ya
indicadas: se hizo una represión selectiva, esto es: sólo golpeó con el
destierro o con el exilio a quienes la policía política consideró como los
personajes principales. De tal modo, la mayoría de los 80 participantes en la
asamblea que procedían del interior, «sólo» tuvieron que sufrir registros e
interrogatorios policíacos. Unos cuantos incluso consiguieron pasar
inadvertidos.
Pero, en todo caso, la campaña de prensa orquestada
por el entonces ministro de Información, Gabriel Arias Salgado, fue
violentísima y ultradelirante, demostrativa de cómo los franquistas estaban
cerrados absolutamente a toda evolución política, por cuanto atacaron incluso a
personas que, al menos respecto a la organización económica, estaban muy
próximas a ellos, es decir: también eran conservadoras. Lo menos que se dijo es
que se había celebrado «el contubernio de la traición» (ABC del 9 de junio de 1962).
Gil Robles fue uno de los más denigrados.
La violencia y el ultradelirio propagandístico se
prolongaron bajo la dirección del nuevo ministro de Información, Fraga Iribame,
que había accedido a este departamento en el cambio de Gobierno que Franco hizo
el 10 de julio. En un folleto escrito por el falangista Pérez Madrigal se llegó
a descalificar el Congreso con la siguiente exageración: «Lo de Munich ha sido
el resultado de un meditado plan del Anticristo.» Resurgía la mentalidad
derechista más arcaica, la que se articulaba con los procesos inquisitoriales
de la Edad Media.
8.2. La solidaridad
internacional
A la vista de las represalias que la dictadura tomaba
contra los principales participantes en la reunión de Munich, el Comité
Ejecutivo del Movimiento Europeo designó una delegación para que fuera a Madrid
a pedir a Franco la anulación de las sanciones. La delegación estuvo compuesta
por Pierre Wigny, ex ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica y dirigente del
Partido Católico; Étienne Hirsh, ex presidente (francés) del Euratom; John
Hynd, ex ministro laborista de Gran Bretaña, y Van Schendel, secretario general
del Movimiento (a quien Franco no quiso recibir por considerarlo el más activo
organizador del «contubernio»).
Los otros tres se entrevistaron con el «generalísimo»
el día 5 de julio, a las 12,30 del mediodía. Pero no consiguieron que Franco
rectificara ninguna de las decisiones tomadas: los desterrados continuaron en
Fuerteventura hasta 1963, y los exiliados hasta 1964. Pero Europa siguió
rechazando la presencia de la dictadura en las instituciones económicas y
políticas internacionales.
8.3. Oirás reacciones y
nuevos exiliados
Casi todos los grupos contrarios a la dictadura
apoyaron sin ambages los acuerdos que se habían tomado en Munich. Pero algunos,
como los «felipes» y los comunistas, expresaron sus reservas y sus críticas.
El 10 de junio, el historiador Sánchez Albornoz, en
cuanto presidente del Gobierno republicano en el exilio, hacía una declaración
muy positiva. Tarradellas, sin embargo, opinaba más bien negativamente. Entre
los monárquicos partidarios de don Juan hubo tensiones. Los juanistas que a la
vez eran franquistas se opusieron —siguiendo ya una tendencia inaugurada en los
años 1940— a la participación de Gil Robles en el Congreso de Munich. Y aunque
éste fue a la reunión no en cuanto miembro del Consejo Privado del heredero de
la Corona, sino como dirigente de un grupo democristiano, los
monárquicos-franquistas como Pemán y García Valdecasas influyeron en el ánimo
del conde de Barcelona para que marcase sus distancias con los congresistas
monárquicos. Por su parte, Gil Robles también quiso facilitar las cosas a don
Juan y le escribió una carta en la que presentaba su dimisión como miembro de
su Consejo Privado.
El grupo más numeroso de nuevos exiliados fue el de
Ridruejo, quienes contaron con el apoyo económico del Congreso por la Libertad
de la Cultura (institución financiada por la Fundación Ford). Después de
Munich, Ridruejo concedió una entrevista a Serge Lafaurie, del semanario
parisino «L'Express» (17 de junio de 1962), en la que definía a la derecha
española como «una derecha del Paleolítico». En París, los ridruejistas
publicaron una excelente revista política, «Mañana», en la que también
colaboraron, con artículos o declaraciones, personalidades de otras tendencias
políticas como Madariaga, Tierno, Marichal, e incluso Claudín y Semprún, cuando
fueron expulsados del PCE, encontraron en sus columnas lugar donde expresarse.
9. Irrealismo Y Realidad En El PCE
En aquellos años, Carrillo continuaba dando ejemplos
de su pensamiento mágico puesto que propugnaba una «vía pacífica» como
transición de la dictadura a la democracia que a la vez contenía «la
posibilidad de la lucha armada». En la reunión del Comité Ejecutivo (finales de
marzo de 1964) en la que Carrillo proponía esta táctica ambivalente, Líster
también recordó que desde 1961 habían hecho preparativos «con vistas a la
salida armada de la situación». Esto «sostuve y sostengo», «opiné y opino», por
lo cual Líster —fundamentándose asimismo en el artículo de Carrillo publicado
en abril de 1961 en «Nuestras ideas»—, en abril de 1964 insistía en «que en el
Comité Ejecutivo se deben tomar medidas orgánicas correspondientes en relación
con la salida violenta».
En 1961 Claudín estaba de acuerdo con esos proyectos
de lucha armada, plan avanzado porque incluso enviaron a militantes comunistas
a recopilar información acerca de las bases norteamericanas. Pero en 1964,
Claudín, que después de treinta años de militante en el PCE empezaba «a pensar
por cuenta propia», según él mismo confiesa, ya no era partidario de
insurrecciones ni de revoluciones catastrofistas que habían de conquistar el
poder de la noche a la mañana. Más: en la intervención que Claudín hizo el 27
de marzo de 1964 criticó (y se autocrítico) que muchos militantes se habían
sacrificado inútilmente en la lucha contra la dictadura y a causa de que la
dirección del PCE no había hecho análisis rigurosos de la realidad
sociopolítica de España.
Estas discusiones en el castillo cerca de Praga se
acabaron con la condena de Claudín y de Semprún, acusados de querer organizar
«un partido que dé confianza a la oligarquía, a la burguesía liberal y a
ciertos tipos de intelectuales». La expulsión oficial de los dos dirigentes que
habían dejado de creer en los dogmas de Carrillo y sus más simplistas
colaboradores se concretó en febrero de 1965, según Líster. Antes, sin embargo,
Carrillo «preparó» a los militantes lanzando una «campaña de descrédito» contra
ellos: «Santiago Álvarez, por ejemplo, insinuó ante una asamblea de militantes
que Fraga podría financiarnos», ha contestado Claudín. Carrillo «dejó hacer a
sus subordinados» y él mismo lanzó «una violenta requisitoria» contra Claudín y
Semprún en un discurso que pronunció en París el 19 de abril en una asamblea de
comunistas. Después les acusaron de formar una «plataforma fraccional».
Después de las purgas contra Monzón, Trilla y
Comorera, la expulsión de Claudín y Semprún fue el fenómeno principal de
disidencia en el PCE. Pero, como en casos anteriores, lo monstruosamente
significativo es que estos dirigentes no sólo no fueron respaldados por ningún
otro, sino que nadie más se atrevió a introducir tan siquiera algunas palabras
de racionalidad y de objetividad en el conflicto.
10. El Abad De Montserrat, Los Sacerdotes Barceloneses Y Los
Democristianos
Durante las huelgas de 1962-1963 algunos sacerdotes
asturianos y vascos expresaron su solidaridad con los trabajadores. La prensa
extranjera de esos años —como por ejemplo «Le Monde» del 22 de mayo de 1962—
informa de estos hechos ocultados en los periódicos españoles. Algunos clérigos
—todavía poquísimos— empezaban a marcar distancias respecto al Estado
franquista. ¿Eran estas decisiones personales que tomaban algunos sacerdotes,
decisiones autónomas de sus superiores? En el caso de los vascos, sin duda eran
autónomas (recuérdese la carta colectiva que habían firmado el 30 de mayo de
1960). Los demás reflejaban en su comportamiento —innovador con relación a su
conducta durante las décadas anteriores— un texto editorial publicado por
«Ecclesia» el 12 de mayo de 1962. Bajo el título de «Conflictos laborales», ese
órgano-clave de la Iglesia católica española tomaba posición respecto a las
huelgas: eran lícitas. Aunque el texto estaba escrito con los circunloquios y
ambigüedades propios de una publicación que, a través de los obispos, había
estado estrechamente ligada al sistema franquista, no cabía duda de que tomaba
una posición rupturista con las formas dictatoriales en lo que se refería a
cuestiones laborales.
Pero faltaba dar muchos otros pasos: sobre todo por
parte de las jerarquías y los propios sacerdotes católicos que, por acción o
mediante continuos silencios cómplices, seguían formando parte del cogollo del
régimen. La gran crítica sociopolítica contra la dictadura no se hizo por
ningún sacerdote hasta que el Abad de Montserrat dio sus declaraciones a «Le
Monde» el día 13 de noviembre de 1963 (y publicadas al día siguiente). A la
figura de Dom Aureli M. Escarré (quien, como las demás jerarquías católicas, había
sido franquista) le corresponde el honor histórico de haber sido la primera
jerarquía religiosa que dijo, con toda claridad y no poca dureza, lo que desde
1939 venían denunciando los socialistas, libertarios, comunistas y miles de
demócratas de otras ideologías, sobre todo los que podían expresarse con
libertad desde los diversos países de su exilio.
Antes de esa fecha, el Abad de Montserrat se
distinguió por algunas intervenciones que había hecho en favor de algunos
presos políticos del penal de Burgos, quienes, al no ser creyentes, se negaban
a asistir a los oficios religiosos, por lo cual sufrían castigos suplementarios
(ya que era una obligación oficialmente establecida ir a misa los domingos: no
en vano la guerra civil había sido definida como «Cruzada» y lógicamente la
Iglesia se consideraba vencedora). El Abad de Montserrat consideraba que no se debía
violentar la conciencia de nadie. Pero el «bombazo» político lo lanzó el padre
Escarré en la fecha mencionada y a lo largo de un diálogo con el periodista
José Antonio Nováis, corresponsal de «Le Monde» en Madrid.
Las opiniones del Abad fueron ordenadas y matizadas
por Nováis junto con Josep Benet y Albert Manent. (Nováis había sido falangista
en los años cuarenta de la rama contestataria de Hedilla, pero en los años
sesenta ya era un demócrata, íntimo amigo y colaborador de personalidades de la
oposición como Enrique Tierno.) En una reciente homilía el Abad ya había dicho
que «donde no hay libertad auténtica, no hay justicia; y esto es lo que pasa en
España»; de este modo iba superando brillantemente la grave contradicción entre
las verdades preconizadas en los Evangelios y la dictadura franquista. En
síntesis, el 13 de noviembre dijo:
«España continúa dividida en dos bandos. No hemos
pasado veinticinco años de paz, sino veinticinco años de victoria. Los
vencedores, incluida la Iglesia, no han hecho nada para acabar con esta
división entre vencedores y vencidos: esto significa uno de los fracasos más
lamentables de un régimen que se llama cristiano y cuyo Estado no cumple con
los principios básicos del cristianismo (...) ... la primera subversión que
existe en España es la del Gobierno.»
Nováis le preguntaba a continuación: «¿Por qué
razones, según Vuestra Paternidad, el Estado español no es cristiano?» Y el
Abad continuaba argumentando: «El pueblo debe escoger su Gobierno y poderlo
cambiar si lo desea: he ahí la libertad. Tiene necesidad de una libertad de
prensa, de sinceridad en la información. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con la
"carta de los intelectuales"? ¿Por qué ha habido esos ataques en la
prensa? ¿Y esas diligencias judiciales? El Gobierno no tiene derecho a abusar de
su poder: debe ser un administrador en nombre de Dios y un servidor del pueblo
(...) Yo me he interesado y me intereso todavía actualmente por los detenidos
políticos, cuya existencia constituye uno de los aspectos más penosos del
régimen. Su presencia en las prisiones está en relación directa con esa paz que
el Estado no ha logrado establecer.»
Los teletipos difundieron el contenido de esta
entrevista en todo el mundo. La tensión subió inmediatamente en la embajada
franquista en París y seguidamente en los Ministerios más directamente
relacionados con el tema. El departamento de Información se aprestó a lanzar
una campaña contra el Abad, mientras el de Asuntos Exteriores expresaba su
Protesta al Vaticano. El lector puede acabar de hacerse una idea más precisa
del enorme efecto que causaron las declaraciones del padre Escarré en el
Gobierno franquista al recordar los numerosos y estrechos lazos teocráticos que
desde hacía más de veinte años unían a la Iglesia con la dictadura. El general
Franco había colmado de privilegios (económicos, culturales, simbólicos, etc.)
a los clérigos, pero a la vez el dictador tuvo la habilidad de crearles
rigurosos vínculos de subordinación a su
persona, a la persona del «caudillo». El «generalísimo» ejercía el «derecho
de presentación» privilegio de los monarcas medievales que él restableció
mediante el modus vivendi de 7 de
junio de 1941, con el cual intervenía directamente en el nombramiento de los
obispos de todas las diócesis españolas. Además, los obispos, el día de su
designación, tenían que pronunciar ante el jefe del Estado el juramento que ya
se ha citado en página 87.
En un Estado policíaco, incluso a los obispos les
encargaban funciones policíacas, como se explícita en este juramento. Pues
bien, en un país en el que las jerarquías católicas se encontraban
interpenetradas con los generales y los jerarcas falangistas, lógicamente las
opiniones del Abad de Montserrat habían de parecer un grave atentado contra su
estabilidad. En efecto, la campaña contra él fue violenta. Empezó con unas
declaraciones de fray Justo Pérez de Urbel, Abad del Valle de los Caídos, quien
acusaba al padre Escarré de ser «una personalidad intrigante y enredadora». Lo
más indicativo de las opiniones de fray Pérez de Urbel, indicativo de «por
dónde van los tiros», era que definía a Escarré como «abad dimisionario» cuando
éste no había hecho pública ninguna dimisión.
Pero Franco, su Ministerio de Asuntos Exteriores y
algunos personajes del Vaticano sí que empezaban a trabajar para que Dom Aureli
M. Escarré fuese desplazado de Montserrat. En este sentido, los franquistas
tenían un aliado en el cardenal Ildebrando Antoniutti, que había sido Nuncio en
Madrid y que, a pesar de su cristianismo, también se había convertido al
franquismo. En 1963, Antoniutti era Prefecto de la Congregación de Religiosos.
En principio la vaticana secretaría de Estado se negó a dar curso a las peticiones
que le enviaba el Gobierno franquista a través de su embajador, Garrigues:
alejamiento de Escarré de las tierras catalanas. Pero las presiones continuaron
a través de Antoniutti y de otros conductos. Tan era así que el abad coadjutor,
Dom Brassó, en nombre de la comunidad montserratina, visitó, a primeros de
febrero de 1964, a Pablo VI
para
expresarle el sentimiento de los monjes contra tal campaña y presiones. Éstas
se hicieron tan sistemáticas que poco más de un año después la Santa Sede acabó
cediendo ante los deseos del dictador y sus colaboradores. Así, a primeros de
marzo de 1965 se supo que el Abad Escarré estaba condenado a emprender el
camino del exilio.
El hecho acabó de tomar carácter oficial cuando el 11
de marzo de 1965 la Secretaría del Monasterio de Montserrat envió a la prensa
el siguiente comunicado:
«El Padre Abad Escarré ha recibido una indicación de
la Secretaría del Vaticano, ante las presiones y la amenaza de una acción del
Gobierno español, para que vaya a Roma a trabajar para el Concilio en las
cuestiones de la libertad religiosa y del esquema 13. El Padre Abad propuso ir
primero a Viboldone (Milán) para trabajar en las constituciones de las monjas,
atendiendo un antiguo requerimiento de estas religiosas.»
El Ministerio de Información no autorizó la
publicación de esta nota. Pero el día 12 de marzo de 1965, el Abad Escarré
marchó en avión a Milán. Allí declaraba a un periodista de «L'Unità», Piero Campisi: «Non sono un uomo político nel senso che non intendo di
partiti. Ma per la libertá, per la giustizia, per la religione, ho fatto della
política» [No soy un hombre político en
el sentido que no entiendo de partidos. Pero la por libertad, por la justicia,
por la religión, hago política] (entrevista publicada en la edición de
dicho periódico del 13 de marzo).
El Abad exiliado no regresó a Barcelona más que cuando
se sintió herido de muerte. En efecto, el día 14 de octubre de 1968 volvió a
Barcelona: como estaba muy gravemente enfermo, el nuevo Abad, Dom Cassiá M.
Just, había ido a Milán a buscarlo. El padre Escarré murió una semana después,
el día 21. La capilla ardiente se instaló en el monasterio de Sant Pere de les
Puel.les, regido por monjas benedictinas (en la calle Anglí, de Barcelona). Por
este lugar pasaron, para rendirle homenaje, miles de cristianos progresistas y
los representantes de los partidos políticos clandestinos. El entierro se
celebró el día 22 a las 19,30 horas. Junto al féretro había coronas de los
presos políticos, del presidente de la Generalidad en el exilio, de UDC y de
FN. Frente al monasterio esperaban unas 10.000 personas, que se extendían por
las calles próximas. Al iniciarse la ceremonia hubo algunas violencias: la
policía política y los empleados de las pompas fúnebres tenían orden de cargar
el ataúd en un coche para llevárselo rápidamente, a fin de evitar toda
manifestación; los demócratas quisieron sacar a hombros el féretro: así lo
hicieron, políticos cristianos y no cristianos, y lo mantuvieron durante unos
centenares de metros a pesar de que la policía siguió golpeándoles para que
dejaran el ataúd. Mientras tanto se escucharon varios gritos: «Visca
Catalunya!» y «Per la democracia!».
10.1. La marcha pacífica y
silenciosa de 130 sacerdotes barceloneses
Las semillas antidictatoriales sembradas por
religiosos como el Abad Escarré crecieron y se multiplicaron cada vez más como
plantas y árboles de la libertad. En Cataluña, un año y medio después de que el
Abad de Montserrat hizo sus sensacionales declaraciones a «Le Monde»
(14-11-1963), 130 sacerdotes emprendieron una «marcha pacífica y silenciosa»
para protestar contra los malos tratos, las vejaciones y las torturas que la
policía política infligía a los detenidos: era el 1 de mayo de 1966.
Estos hombres de la Iglesia católica —había curas
párrocos, capuchinos, jesuitas, escolapios— se movilizaron también al calor de
las acciones que los estudiantes estaban llevando a buen término, a pesar de
que algunos de ellos sufrían gravemente los efectos de la represión. En efecto,
el 9 de marzo de 1966 los universitarios habían fundado su propio Sindicato
Democrático en la célebre asamblea tenida en el convento de los Capuchinos de
Sarrià (Barcelona) (véase el capítulo siguiente, punto 11.4), que fue cercado
por la policía durante tres días, al final de los cuales detuvieron a numerosos
participantes, entre ellos diversos intelectuales. La «Capuchinada», que, como
el lector recuerda, tenía diversos antecedentes causales en otros hechos
principales de la Universidad de Barcelona y de la de Madrid, tuvo una larga
serie de resultantes en los meses sucesivos: uno de los que resultaron más
estimulantes para poner en marcha la protesta de los clérigos fue el conjunto
de sucesos que tuvieron lugar el 27 de abril de 1966, a partir del mediodía: a
esta hora unos centenares de estudiantes estaban reunidos en el patio de
Letras: de pronto irrumpieron algunas decenas de agentes de la policía armada:
querían que los estudiantes se disolvieran y, sin más palabras, empezaron a
aporrearles. Entre los agredidos por los guardias estaban los profesores
Álvarez Bolado (jesuita), Comas, Alsina y Teixidó. También hubo cinco muchachas
que recibieron considerables golpes: todos ellos tuvieron que ser atendidos en
el dispensario de la calle de Sepúlveda y en la propia facultad de Biología.
Por todo ello —y porque los católicos venían siendo
víctimas de varios atentados en sus instituciones: incendio del «Casal de
Montserrat», destrozos en el «Fórum Vergés» y en el Centro de Influencia
Católica Femenina, agresión al padre Evely, etc.—, algunos curas que ya estaban
en vanguardia del antifranquismo, como mosén Dalmau y asimismo el capuchino
Jordi Llimona, decidieron que era preciso reflexionar colectiva y profundamente
acerca de todos esos acontecimientos y actuar en consecuencia. Por ende, convocaron
una reunión en el claustro de la catedral de Barcelona, a las 12,30 de dicho 11
de mayo. En principio llegaron 97 clérigos y poco a poco fueron 130. Se
explicaron los hechos anteriores y también se particularizó en los malos tratos
a los que la policía política había sometido a Joaquín Boix Lluch. No tardó en
acordarse que debían entregar una carta de protesta contra todas esas
violencias en la Jefatura de Policía, exactamente al jefe de la «Brigada
Social», Antonio Creix, que era el responsable directo de los malos tratos y
torturas. Pero este servicio secreto se informó rápidamente de las intenciones
de los clérigos reunidos en el claustro catedralicio: allí mismo, el agente
Olmedo y Vicente Juan Creix (hermano del anterior) les pidieron que abandonaran
su plan. Pero los sacerdotes salieron de la catedral y, como se habían
propuesto, en orden y silencio, se encaminaron a la Jefatura de Policía.
Durante el trayecto (un kilómetro, aproximadamente),
los agentes de la policía política fueron lanzándoles toda clase de insultos:
«traga-hostias», «maricones», etc. Al llegar a la Jefatura, mossén Bassó fue a
entregar la carta. Pero en ese mismo momento, un inspector ordenó:
«¡Preparados, carguen!», y los policías armados, y también los que iban de
paisano, empezaron a aporrear y a pegar patadas a los clérigos. El padre Dalmau
recibió unos golpes en las partes sexuales. Los padres Llimona, Pedrals y Vidal
también fueron duramente golpeados. Forzosamente, los curas tuvieron que
dispersarse, pero los agentes de policía los persiguieron incluso hasta la
calle Caspe (a más de un kilómetro de distancia de la Jefatura), donde se
encuentra un convento de los Jesuítas, en la puerta de cuya iglesia un
religioso todavía fue atacado brutalmente.
En la España del franquismo y del nacionalcatolicismo
integrista, aquéllas fueron unas escenas insólitas para la mayoría de
ciudadanos que las vieron. Pero los peatones más informados de cómo iban
produciéndose las transformaciones democráticas actuaron solidariamente con los
curas, ayudándoles a escapar y lanzando algún que otro grito a la policía:
«¡Asesinos!» «¡Torturadores!»
Si la represión que la policía desencadenó contra
estos clérigos ya fue grave, más lo fue la reacción de la prensa, la radio y la
televisión, que hicieron una campaña calumniosa contra ellos, mientras el
Comité Ejecutivo del Episcopado se desolidarizaba de su gesto o «visita
colectiva» —según también la definieron— en solidaridad con los demócratas
represaliados. Tan deformadora era esa campaña que estos mismos curas
decidieron escribir un Informe en el que explicaron ampliamente sus intenciones
y finalidades así como los procedimientos que utilizaron. El Informe, que
fecharon el 15 de mayo, fue difundido ampliamente por vía clandestina, y en él
no sólo asumieron explícitamente la legitimidad de su acción sino que, en sus
consideraciones finales, hacían constar criterios más amplios, que afectaban a
la situación socioeconómica y politicorreligiosa global de España:
«Es sospechoso que la capacidad de escándalo se
manifieste esta vez con tanta profusión y que no haya, en cambio, reacciones
parecidas de escándalo nacional ante las sesenta pesetas de salario mínimo,
ante la deformación sistemática de la información, ante los abusos legales que
impiden los derechos de libre asociación, de reunión, de expresión, etc. Si
alguien tiene el reparo de que poniéndose al lado de los oprimidos se origine
anticlericalismo, que piense si no ha originado más al ponerse al lado de los poderosos.
Nosotros, con nuestro gesto, hemos querido adoptar una actitud evangélica en
favor de los pobres y de los que sufren.»
Los 130 sacerdotes sólo recibieron expresiones de
solidaridad por parte de los intelectuales y de los estudiantes. El 16 de mayo,
abogados como Serrahima, Benet, Agustí de Semir y Josep M.a
Vilaseca; escritores como Triadú, Candel y Folch i Camarassa; médicos como
Vila-Abadal; economistas como Bricall; arquitectos como Martorell y Ribas i
Fiera, etc., enviaron una carta a Fraga, ministro de Información, en la que
protestaban por el tratamiento que los medios de comunicación social habían
dado a los sacerdotes.
En suma, los sacerdotes que fueron considerados como
los organizadores de la «visita colectiva» fueron procesados por el TOP:
Dalmau, Llimona, Pedrals y Antoni Totosaus. El juicio tuvo lugar el 22 de
febrero de 1969 en el Palacio de Justicia («Las Salesas») de Madrid. La
sentencia fue: un año de prisión menor y 10.000 pesetas de multa.
10.2. La falta de unidad de
los democristianos
Los movimientos sociales, de los asalariados y de los
universitarios, fundamentalmente, determinaron asimismo la creciente claridad
en la toma de posiciones antifranquistas de los diferentes grupos
demócrata-cristianos. El problema, primordialmente para ellos pero en
definitiva para toda la oposición a la dictadura, consistía en que entre los
demo-cristianos existían notables diferencias generacionales, así como sus
proyectos políticos y socioeconómicos eran distintos.
Ni entre los dirigentes ni entre los militantes
existían las suficientes coincidencias de fondo. Algunas de sus palabras eran
semejantes, pero los contenidos semánticos optaban por significados incluso
contrapuestos. Giménez Fernández, el que estaba más a la izquierda de todos
ellos, no coincidía con su viejo amigo Gil Robles, que continuaba incrustado en
posiciones derechistas. El también conocido como el «Lenin blanco» de Sevilla
tampoco confiaba suficientemente en Ruiz-Giménez, a quien consideraba todavía
en parte preso de su reciente pasado como embajador y ministro fiel a Franco:
en las conversaciones que Giménez Fernández tuvo con este historiador en
noviembre de 1966, el catedrático sevillano criticaba abiertamente al que había
sido ministro de Educación.
No obstante, Ruiz-Giménez venía dando pasos
considerables en su evolución política. Uno de esos pasos fue la creación de la
revista «Cuadernos para el Diálogo», mensual en su primera etapa, y cuyo primer
número se publicó en octubre de 1963. En años sucesivos esta publicación fue
una auténtica plataforma unitaria, en la que prácticamente todos podían
expresar sus opiniones, desde los católicos conservadores hasta los socialistas
y los comunistas.
Pero, como empezaba a sugerir, los democristianos
habían dialogado poco entre ellos mismos y cuando empezaron a hablar en serio
descubrieron rápidamente que sus puntos de acuerdo eran escasos y débiles.
Aunque en principio había diversas voluntades de llegar a consolidar la unión,
ésta demostró que era difícil ya en la primera asamblea programada para tal
fin.
En efecto, los días 16 y 17 de enero de 1965 se
celebró una reunión en Los Molinos (Madrid) con objeto de coordinar todas las
corrientes democristianas. Fueron invitados prácticamente todos, incluso los
representantes de las nacionalidades periféricas y los de diversas provincias
españolas, aunque en su mayoría eran militantes de IDC y de la Unión de
Juventudes Demócrata-Cristianas. Los gilroblistas fueron los que menos
entusiasmo demostraron ante el proyecto unitario. Los delegados del PNV y de la
UDC se mantuvieron en sus concepciones autónomas. En principio se llegó a
redactar un texto de conclusiones que debía ser un programa inicial de una
«Unión Demócrata-Cristiana». Este documento estuvo dominado por los militantes
más jóvenes, lo que se explica por algunas de sus frases: el partido tendría
que ser «aconfesional», «de base popular y revolucionaria», y entre otras cosas
proponía «la nacionalización de la Banca y la superación del sistema
capitalista de empresa». Lógicamente, estos puntos programáticos eran
insostenibles por los gilroblistas e incluso por algunos jóvenes que en
principio acompañaban a Giménez Fernández.
Los democristianos
venían de la desunión y volvieron a
ella a través de una crisis que fue acentuándose durante un año hasta que
estalló en la primavera de 1966. Entre abril y mayo de este año se produjeron
tres divisiones o «recíproco-expulsiones»: Gil Robles y Álvarez de Miranda se
separaron el 17 de abril; Giménez Fernández y Barros de Lis rompieron su
relación política el 20 del mismo mes. El 20 de mayo, Barros, que se
consideraba el jefe del grupo democristiano en Madrid, expulsó a los jóvenes
redactores de «Cuadernos para el Diálogo»: ahora bien, éstos dijeron que habían
sido ellos quienes prescindieron de Barros.
Durante el verano y el otoño de 1966, este historiador
mantuvo conversaciones sistemáticas con todos ellos. A la vista de sus
opiniones, ciertamente era imposible que formaran un partido unido. Los jóvenes
de «Cuadernos» (Altares, Peces-Barba, etc.), aunque formalmente seguían
considerándose democristianos, de hecho sostenían tesis socialistas. Mientras
tanto, Álvarez de Miranda y Barros, así como Gil Robles, mantenían unas
posiciones democristianas de centro-derecha, si bien estaban alejados de los
católicos franquistas, a los que consideraban que, en el futuro, había que
redimir de sus vinculaciones con la dictadura: «A esos sectores tenemos que
tratarlos con mucho cuidado, como se hizo en Italia. Unos sectores que han sido
o son fascistas no pueden pasar de la noche a la mañana a ser demócratas (...)
Tendremos que trabajar mucho para mover a los católicos que todavía continúan
apegados a una serie de conceptos, vamos a llamarles tradicionales por
calificarlos de una forma benévola.» Al preguntarle el autor de este libro
acerca de los que, como Martín Artajo, siendo franquistas pretendían definirse
como democristianos, Álvarez de Miranda comentó: «En España, la DC de muchas
personas tiene bastante de cristiana, yo no lo niego, pero no es demócrata. Y
lo más grave para ellos es que algunos, en el fondo, tampoco son cristianos.»
En 1966, Ruiz-Giménez consideraba que la operación de
transformar el régimen «desde dentro», en cuya tarea había venido empeñándose
desde 1956, no había resultado fructífera.
Después de ser ministro de Educación, Ruiz-Giménez
continuó siendo consejero nacional y procurador en Cortes, hasta 1965. En 1966,
este dirigente democristiano quería promover la evolución de la dictadura desde
fuera de sus estructuras pero no acababa de integrarse plenamente en la
oposición.
Aunque en posiciones socioeconómicas más conservadoras
y también más anticomunistas que las de Ruiz-Giménez, Gil Robles estaba en una
actitud más antifranquista que la del antiguo ministro de Educación: eso
también era posible porque, aunque el ex jefe de la CEDA había sido en la II República uno de los dirigentes políticos que más habían ayudado a Franco a
encumbrarse en los puestos de poder, Gil Robles no había formado parte de
ningún equipo gubernamental del dictador: al contrario, como el lector recuerda,
Gil Robles fue, desde los años cuarenta, uno de los colaboradores más activos
de don Juan para restaurar la monarquía constitucional mediante los acuerdos
que establecía con Prieto, en nombre del PSOE. En 1966, Gil Robles, político en
principio de derecha, seguía contrapuesto a la eterna paradoja de su vida:
observar que en España aún había gente mucho más derechista que él, en lo
político y en lo económico. El partido único de tipo franquista le parecía «una
aberración monstruosa y antihumana». Por tanto, me decía, en el futuro «el
ideal sería la existencia de dos partidos», uno de izquierda y otro de derecha,
pero, añadía a continuación, tampoco eso lo consideraba viable, dados el
radicalismo y la intransigencia de unos y de otros: «Y dada la existencia de
unas estructuras económicas todavía semifeudales, eso daría lugar a la
formación de dos partidos clasistas que acabarían por chocar violentamente.»
Por tanto, «es necesario que haya una política de centro. Esa política de
centro tiene que llegar a una coalición con todos los elementos que aspiren a
una conciliación nacional, con todos aquellos elementos que trabajen en el
campo obrero, solamente con la condición de que no pretendan hacer triunfar los
principios de la lucha de clases ni del materialismo histórico. Con todos los
que huyan de esos dos extremos, estoy dispuesto yo a entenderme». En el fondo,
Gil Robles preconizaba un centro-derecha.
Por su parte, Giménez Fernández y su grupo propugnaban
«una economía al servicio de la persona que, respetando la libertad y
promoviendo la participación activa del cuerpo social, tienda a conseguir el
máximo de satisfacción global de las necesidades del mismo, para alcanzar el
desarrollo de todas las potencialidades del hombre. Por tanto, afirmamos la
preeminencia del trabajo, como expresión inmediata de la persona, sobre el
factor capital». Eran unos propósitos socioeconómicos distintos de los gilroblistas,
como era diferente el antifranquismo de Giménez Fernández de las posiciones
reformistas de Ruiz-Giménez.
En suma, la unión de los democristianos resultó
imposible, no sólo entre los viejos líderes, sino también entre los jóvenes:
Peces-Barba, Torres Boursault y Altares, aunque sentían grandes simpatías por
Giménez Fernández y profesionalmente estaban ligados a Ruiz-Giménez (en el caso
de Altares), políticamente fueron evolucionando hacia las posiciones del PSOE;
a posiciones de izquierda socialista también se decantaron otros jóvenes
democristianos como Julio Rodríguez Aramberri y José Luis García Delgado; mientras
tanto, José Gallo, Óscar Alzaga (actual dirigente del PDP), Eduardo Cierco,
Jaime Cortezo, etc., siguieron con Giménez Fernández.
11. profesores, estudiantes y escritores
Durante la primera mitad de los años sesenta, las
reivindicaciones y protestas estudiantiles fueron creciendo al tiempo que se
articulaban, en algunas ocasiones, con las huelgas obreras. El 5 de febrero de
1962 se producen, en Madrid, una serie de detenciones de estudiantes que son
militantes de las Juventudes Socialistas, entre ellos Miguel Boyer (luego
ministro de Economía del Gobierno del PSOE) y Luis Gómez Llorente, otro
dirigente del mismo partido, que en años recientes ha sido vicepresidente del Congreso
de los diputados (permanecieron cinco meses en prisión preventiva, en espera de
juicio que no tuvo mayores consecuencias). Por las mismas fechas, se creaba en
Barcelona una nueva organización universitaria clandestina, el «Movimiento
Febrero 1962», compuesto por socialistas del MSC y «felipes» de la NEU, entre
los cuales se encontraban universitarios como Vázquez Montalbán, Isidor Boix y
Sempere, que luego pasaron a militar en el PSUC, o como Bohigas, que se mantuvo
como simpatizante; y Sampons, que estuvo oscilando entre los socialistas y los
comunistas.
En Madrid y en Barcelona también tenían una relativa
funcionalidad otros organismos estudiantiles unitarios como la FUDE, la UDE, la
FNEC, el CCU y la «inter», en los que intervenían otros estudiantes de la época
como Termes, Molas, Balcells y Lluch (luego ministro de Sanidad en el gobierno
de Felipe González).
Los estudiantes demócratas en general establecían
relaciones con los escritores que significaban la oposición a la dictadura como
José Agustín Goytisolo, Barral, Castellet, Gil de Biedma y Vallverdú, con
quienes, en enero de 1961, organizaron un homenaje a Miguel Hernández. También
organizaban representaciones teatrales y sesiones de cine-club con obras y
películas de honda significación antifranquista (aunque fuese una significación
indirecta) puesto que eran de autores de izquierda, o que simbolizaban la II República, o el catalanismo, como, a título de ejemplos, Brecht, Lorca,
Gorki, Machado, Bardem, Espriu, Pedrolo, etc. En estos años se publicaron
algunas revistas como «Forja», de la Facultad de Derecho de Barcelona, o como
el boletín clandestino «La Veu dels Estudiants», que asimismo difundían ideas
democráticas. Por acciones en solidaridad con los presos políticos —entre ellos
el estudiante Helios Babiano, condenado a siete años de cárcel en 1959 por
haber hecho propaganda clandestina del PCE-PSUC (preparación de la huelga
nacional)— en marzo de 1961 fueron represaliados los estudiantes Jaume
Sobrequés y Lluís Solé.
Todos estos hechos, la germinación y el desarrollo de
los cuales acabaremos de observar después en cada una de las universidades en
las que principalmente se destacó el movimiento estudiantil, continuaban un largo proceso de incubación
ideológica, desde sus primeras floraciones en 1956 (Madrid) y en 1957 (Barcelona) —florescencias ya con muchos frutos—,
hasta que se produjeron las
fructificaciones decisivas, dada también la participación en las acciones de
diversos profesores, en 1965 (Madrid) y en
(1966) Barcelona.
En 1961-1966 los profesores y estudiantes que
componían un grupo en torno a Enrique Tierno continuaron con sus actividades,
cuyos aspectos principales tenían repercusión considerable asimismo en Madrid,
donde también contaban con diversos amigos y colaboradores. Precisamente por su
influencia creciente, los tiernistas ya chocaban con escollos a veces
insuperables, sobre todo el propio «Viejo Profesor» o más coloquialmente
definido como «Uve Pe» (sobrenombre que cariñosamente le dio Morodo, quien era
definido por el luego alcalde de Madrid como el «joven motor» del grupo:
«...Comenzaba entonces a ser lo que durante años ha sido, energía y motor
juveniles de nuestro grupo...» En Madrid, algunos de los mejores amigos de
Tierno eran los profesores Truyol y Ollero y el diplomático Fernando Moran, que
ha sido ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno socialista.
Después de las detenciones que Tierno y Morodo
sufrieron en 1957, el correspondiente proceso político fue sobreseído en 1960,
pero en 1961 ambos recibieron presiones para que se marcharan o se «exiliaran»
voluntariamente: el primero se marchó a la Universidad de Princeton (Estados
Unidos), donde permaneció un año; y el segundo estuvo en las universidades de
Harvard y Puerto Rico, a donde también fue Tierno: «En Salamanca las clases se
hacían muy numerosas, se convertían en un centro de expansión política, se
profundizaba en las relaciones con los elementos de base, y tuve otra presión
gubernamental que me obligó a marchar a la Universidad de Puerto Rico, donde
estuve medio curso (1962-1963)» —contaba Tierno al autor de este libro—. Morodo
regresó a España en 1964, e intentó ganar la oposición a la cátedra de Derecho
Político de la Universidad de Valencia, pero dada su significación política, el
tribunal, compuesto en su mayoría por falangistas como Jesús Fueyo y
democristianos conservadores como Sánchez Agesta, no se la concedió. El año
1965 Morodo fue a la Universidad de Santiago de Chile a dar un curso sobre
sociología política. De manera directa e indirecta, pues, incluso durante sus
estancias en el extranjero, las dos personas más significadas del grupo de
Salamanca trabajan por el restablecimiento de la democracia en España, al mismo
tiempo que siguen elaborando su teoría política que, desde el funcionalismo y
el neopositivismo, gradualmente pasa a concretarse y a clarificarse en un
marxismo revisionista o humanista, y en una militancia socialista, con
importantes contenidos antiburocráticos y hasta libertarios.
El carácter abierto, tolerante y, en el fondo,
moderado de la propuesta socialista del grupo de Salamanca atrajo muchas
simpatías en Madrid. Ahora bien, el proyecto inicial de Tierno y de sus
colaboradores no era la fundación de un nuevo partido, sino el ingreso como
militantes en el PSOE, con cuya organización sostenían algunas relaciones desde
1957. La entrada de Morodo y Tierno en el PSOE se formalizó en 1964 (según
Morodo), si bien las primeras conversaciones en ese sentido las sostuvieron en
febrero de 1963, según unos documentos manejados por Llopis y por la Agrupación
Socialista de Madrid. Pero dados unos caracteres tan marcados y peculiares como
el de Llopis y el de Tierno las relaciones no fueron fáciles, porque, por otra
parte, en los viejos militantes del PSOE predominaba una concepción clandestina
de la actividad política, subordinada a la dirección en el exilio, mientras que
los tiernistas empezaban a considerar que era preferible abrirse a núcleos sociales cada vez más amplios a la vez que
sostenían que las acciones habían de realizarse según el ritmo de la propia
sociedad española, y sólo secundariamente atendiendo los criterios de los
exiliados. Era un Problema que se planteaba asimismo en el PCE y en otros
grupos.
La tensión entre los dirigentes del PSOE y Tierno se
acentuó cuando éste lanzó el manifiesto del FUSE (Frente Unido Socialista
Español). En este documento de ocho puntos, los tiernistas reclamaban la
democracia para España al tiempo que afirmaban su idea del socialismo, «fiel a
su tradición democrática» y solidario con «todos los movimientos de liberación
nacional que se desarrollan en los países del Tercer Mundo».
Los interrogantes de los dirigentes del PSOE respecto
a Tierno se acentuaron cuando éste dio unas declaraciones a «Le Figaro», de
París (publicadas el 2 de marzo de 1964), que la redacción de este diario
tituló como «Declaraciones del líder del socialismo en España». Las reacciones
fueron negativas sobre todo por parte de las Juventudes Socialistas, aunque
también los Comités Locales del PSOE y de la UGT en Madrid advirtieron que
Tierno no era dirigente de su partido a la par que discrepaban de algunas de las
opiniones del profesor. A su vez, Tierno se molestó y se situó al borde de la
ruptura. Según los documentos del PSOE, en octubre de 1964 tuvieron una nueva
entrevista con Tierno para superar la cuestión. Pero las discordias no llegaron
a resolverse. Lo más lamentable de estas fuertes tensiones internas y choques
entre socialistas era que, en esa fase, Tierno, junto con otros profesores y
centenares de estudiantes, contribuía a llevar adelante un gran movimiento de
protesta contra la dictadura al final de cuyas acciones el «Viejo Profesor»
sufrió una grave depresión.
11.3. Los estudiantes y la
represión contra cinco catedráticos
Como hemos empezado a observar, a principios de los
años sesenta, en la Universidad de Madrid siguieron haciéndose, aunque de modo
muy espaciado, algunas manifestaciones. En esta fase se hacía, sobre todo, una
maduración en las diversas ideologías democráticas y de izquierdas, como ya he
sugerido, es decir: una preparación de las conciencias para impeler de manera
consecuente las acciones correspondientes. La cátedra de Aranguren, así como
las de Aguilar Navarro, García Calvo y otros pocos profesores, eran los
«laboratorios» en los que más intensamente se trabajaba en dicho sentido. A
primeros de 1965 es cuando, en Madrid, se expanden una serie de oleadas
estudiantiles que chocan contra la dictadura representada en unas instituciones
u otras, especialmente en el SEU, que ya ha sido combatido en años anteriores.
El 29 de enero, varios centenares de estudiantes se manifiestan frente al
Ministerio de Educación para pedir la disolución de ese sindicato franquista.
En Madrid, las manifestaciones estudiantiles
prosiguieron varias semanas. El 22 de febrero se hizo una asamblea libre con la
presencia de estudiantes de otras facultades, principalmente de Derecho. Ante
tal panorama, el rector ordenó a la policía que entrara en la Universidad,
algunos estudiantes replicaron apedreando a los agentes y éstos hicieron
algunas detenciones. El día 23, los estudiantes continuaron su asamblea en el
vestíbulo de la Facultad de Filosofía y Letras, y decidieron pedir solidaridad a
los catedráticos: Aranguren y García Calvo hablaron dando todo su apoyo a sus
reivindicaciones, al tiempo que proponían el desarrollo de la asamblea al día
siguiente.
A pesar de que la Facultad de Filosofía y Letras
estaba rodeada por la policía, el día 24 unos 3.000 estudiantes acudieron a la
asamblea, que estuvo presidida por Aranguren, García Calvo, Montero Díaz y
García Vercher. Aguilar Navarro envió una carta de solidaridad con los allí
presentes a la par que protestaba contra la actuación de la policía. En esta
sesión se creó una comisión encargada de aplicar los acuerdos, entre ellos el
«enviar información por escrito a todos los delegados de las Facultades separadas
del SEU». Al final de esta reunión los estudiantes propusieron a los profesores
realizar una marcha en silencio hasta el Rectorado. Hacia allí se dirigieron en
tanto que la policía vigilaba sus movimientos. En la Plaza de Cisneros, un
destacamento de la policía armada formó una barrera para impedir que la
manifestación continuase. Sonaron los avisos de la policía para entrar en
acción. Los universitarios decidieron permanecer unidos, inmóviles y en
silencio, mientras los tanques-manguera empezaban a rociarles con agua helada.
Al cabo de unos minutos, los agentes detuvieron a los cuatro profesores y
empezaron a aporrear a los estudiantes: la mayoría consiguieron escapar, pero
hubo algunos heridos y otros fueron detenidos por los «especialistas» de la «Brigada
Social».
Aranguren y Montero Díaz protestaron por la represión
a que habían sido sometidos los estudiantes. En libertad a las pocas horas,
estos profesores recibieron diversas manifestaciones de solidaridad de otros
catedráticos, entre ellos Tierno, quien en una carta fechada ese mismo día 24
decía a Aranguren: «Después de nuestra conversación telefónica (...) creo que
tengo el ineludible deber cívico y moral de adherirme a vuestra magnífica
actitud y manifestar mi pleno acuerdo con las conclusiones votadas en la reunión
de catedráticos y alumnos que se celebró esta mañana y que fue ocasión de
vuestro intento fallido de ver al Excelentísimo Señor Rector.»
El día 25 se reanudó la asamblea en la Facultad de
Letras, contando con la presencia de Aguilar Navarro, García Calvo y Tierno. Se
leyó un parte facultativo acerca del estudiante Luis Tomás Poveda, agredido por
la policía el día anterior: «Hundimiento de la caja torácica, desprendimiento
de retina en ambos ojos con pérdida sensible de la vista en un ojo y probable
en el otro, rotura de cejas, traumatismo general.» También se informó que
Aranguren, Montero Díaz y García Calvo habían sido suspendidos de sus funciones.
La protesta contra estos hechos consistió en acordar la suspensión de las
clases, de todo lo cual se informó a las demás universidades españolas. Al
término de esta reunión los estudiantes expresaron su temor a que la policía
les atacase al salir de la asamblea. Una minoría de ellos quería provocar un
enfrentamiento para así tener mayores motivos de protesta después. Pero, según
cuenta Tierno, «el sentido común se impuso. La inmensa mayoría me gritó que
saliese», y el «Uve Pe» fue a negociar con el oficial que mandaba las fuerzas
de policía armada. El teniente pidió que salieran «con orden» si querían evitar
la contundente actuación policial. Y así se hizo. En aquel momento, el
corresponsal de la revista «Mañana» contó que había 40 jeeps llenos de
policías, más una sección de caballería, tres microbuses de la Brigada Social y
tres autotanques.
Aquel día cundió la solidaridad entre los
universitarios, principalmente en la Facultad de Ciencias Políticas, cuya Junta
de Profesores acordó por unanimidad hacer suyas las reivindicaciones de los
estudiantes a la par que condenaban la represión.
El día 26 los estudiantes, reunidos en la Facultad de
Medicina, se declaran en huelga ilimitada «hasta que se levanten las medidas
disciplinarias adoptadas contra los profesores y los estudiantes que han
intervenido en los acontecimientos de los últimos días».
Pero el Gobierno franquista siguió endureciendo la
represión, en particular contra los catedráticos: «A los tres días recibí un
oficio en el que me convocaban para un tribunal que tenía que juzgar estos
hechos y, a la vez, me llegaba de la Universidad otro oficio con la orden de
que no diese más clases en Salamanca.» Tierno había sido expedientado,
suspendido de empleo y sueldo, como Aranguren, García Calvo, Aguilar Navarro y
Montero Díaz. Tierno no cumplió la orden de su Rector y volvió el 1.° de marzo
a Salamanca a despedirse de los estudiantes: más de mil fueron los que
acudieron al aula magna de la Facultad de Derecho a escuchar por última vez al
«Viejo Profesor». También el decano se opuso a que Tierno se despidiera, pero
lo que más hirió a este dirigente socialista es que faltó la solidaridad de los
demás profesores de Salamanca: se encontró solo, salvo dos profesores de
Letras, Luis Gil y Carlos de Cabo. Al día siguiente, Tierno acudió al
interrogatorio ante el juez especial nombrado al efecto, el señor Calzada: «Él
estaba detrás de una mesa jugando al comisario político, y yo en el otro lado
de la mesa, jugando al tonto medio distraído que no tiene culpa de nada.»
Tierno estuvo jugando dialécticamente con este magistrado y al final le
facilitó su tarea represiva, ya que el que había de ser alcalde de Madrid
quería superar toda ambigüedad. Cuando acabó el interrogatorio, Tierno se
marchó dando un paseo mientras pensaba que «me había quitado de encima la carga
de la culpa de ser profesor con la dictadura. Aunque había mil justificaciones
para la razón, al parecer no había ninguna para la conciencia». En 1965, o sea,
más de un cuarto de siglo después de
la imposición armada del sistema franquista, todavía eran muy pocos los
profesores universitarios que decidían resolver de manera tan explícita esa grave contradicción entre la esencia de
la cultura y la violencia institucionalizada.
Mientras tanto, los estudiantes continuaron con sus
manifestaciones, que, el día 2 de marzo, desbordaron la Universidad y se
extendieron por lugares céntricos como el Paseo de Recoletos, la calle de
Alcalá y la plaza de la Cibeles. Las acciones de solidaridad estudiantil se
propagaron a casi todas las universidades españolas, sobre todo en la de
Barcelona, donde el día 6 de marzo hubo un acto en el que, ante un millar de
estudiantes, intervino Bernard Schreiner, presidente de la Unión Nacional de
Estudiantes de Francia (UNEF), para expresar el apoyo de su organización. En
este acto estuvieron presentes los profesores Valverde, Jiménez de Parga y
Latorre.
Desde el punto de vista de la acción antifranquista,
la suma de hechos de febrero de 1965 en la Universidad de Madrid constituyó un
éxito mayor del que en principio se esperaba, dada su amplia repercusión no
sólo en las demás universidades, sino en casi toda la sociedad española. Sin
duda alguna, el decidido comportamiento antidictatorial de esos pocos
catedráticos y de los estudiantes significó un gran estímulo parademocrático
entre los españoles que, aun siendo íntimamente demócratas, en su inmensa mayoría
seguían dominados por la apatía política,
en muchos casos determinada por el miedo heredado de las décadas 1940-1950,
miedo que, a medida que se avanzó hacia el final de esta etapa (1966), fue
revelándose cada vez más como un temor con no pocos contenidos irracionales, es
decir: no totalmente justificados por los modos de réplica dictatorial de estos
años cuyas represalias eran soportables, aunque siempre lamentables, y quizá la
represión aún habría sido menor si hubiese sido mayor la participación popular
en las acciones antirrégimen, o sea: el sistema franquista se habría visto
obligado a abrirse más, a «liberalizarse», ante la imposibilidad de contener la
creciente oposición (cosa que ocurrió a partir de los años 1970-1971), puesto
que era inconcebible que en esa etapa el general Franco y sus colaboradores
volviesen a montar los campos de concentración de los años 1939-1940.
En 1965, diversos estudiantes fueron sancionados, pero
los que sufrieron una represión más grave fueron los catedráticos. Los
expedientes que se les habían abierto dieron base para que el consejo de
ministros del 13 de agosto de 1965 tomara el acuerdo de imponer la «separación
definitiva» de la Universidad a los catedráticos Aranguren, Tierno y García
Calvo; el mismo día, a los catedráticos Aguilar Navarro y Montero Díaz se les
impuso «la sanción de separación temporal por dos años». El acuerdo del equipo
franquista se transmitió por la Orden del Ministerio de Educación Nacional
(entonces el ministro era Manuel Lora Tamayo) del 19 de agosto (publicada en el
Boletín Oficial del Estado del 21 de agosto). El día 25 Tierno publicó un
artículo en «Le Monde» denunciando los hechos a la vez que analizaba la
situación global de la sociedad española.
En el extranjero se hicieron varios documentos de
solidaridad con los profesores expulsados: el más importante fue el de los
franceses, que estaba firmado por numerosos catedráticos y los principales
intelectuales: Raymond Aron, Georges Balandier, Roland Barthes, Marcel
Bataillon, Fierre Bourdieu, Robert Escarpit, Jean Hyppolite, Alfred Kastler,
Paul Ricoeur, Fierre Vidal-Naquet, etc. Setenta, en total, fueron los
universitarios franceses que el 10 de septiembre expresaron su protesta al
general Franco y al ministro de Asuntos Exteriores.
Semanas después, exactamente el 29 de septiembre, sólo
fueron cuarenta y dos los catedráticos españoles que firmaron una carta
colectiva, dirigida al ministro de Educación, solicitando que «se levanten
dichas sanciones». Entre los principales firmantes de la carta se encontraban
Garrigues, García de Enterría, Truyol, Vian, Ollero, Ruiz-Giménez, Maravall,
García de Valdeavellano, Diez del Corral y Prados Arrarte.
Aranguren y Tierno interpusieron recurso ante el
Tribunal Supremo, pero el 8 de julio de 1967, la Sala Quinta de lo
Contencioso-Administrativo sentenció que ambos quedaban definitivamente desposeídos de sus cátedras.
Como signo más elocuente de protesta, en solidaridad
con Tierno, sólo pidió la excedencia otro catedrático, Federico Gaeta, profesor
de matemáticas (geometría proyectiva) en la Universidad de Zaragoza; y
Valverde, amigo de Aranguren, también se marchó de la Universidad de Barcelona,
pasando algunos años en centros universitarios norteamericanos y europeos.
En solidaridad con los catedráticos expulsados, y a la
vez para tratar de los problemas generales de la oposición a la dictadura, se
hizo una reunión en Toledo, exactamente en el cigarral del arquitecto Fernando
Chueca, los días 26, 27 y 28 de noviembre de 1965, a la que asistieron
representantes políticos y culturales de casi todas las tendencias: además de
Aranguren y Tierno, estaban presentes Ridruejo, García-Sabell, Reventós, el
padre Batllori, Lapesa, Ernest Lluch, Benet, Castellet, Diez del Corral, Sergio
Vilar, etc.
García Calvo se marchó a la Universidad de París,
Tierno volvió a la Universidad de Princeton, Aranguren fue a la de California,
Montero Díaz a la de Santiago de Chile, mientras Aguilar Navarro permanecía en
Madrid.
Acerca de todos estos acontecimientos, y yendo al
fondo de los problemas, Raúl Morodo escribió varios artículos, que Victoria
Kent publicó en «Ibérica», la revista que desde Nueva York se ocupaba de la
situación política española. Morodo analizaba las huelgas universitarias
considerándolas como un revulsivo político de la sociedad, ya que la de la
Universidad es una función primordialmente crítica, desveladora y agitadora de
las conciencias, para seguir impeliendo el cambio social.
11.4. La «Capuchinada» y más
profesores expulsados
Las nuevas mentalidades también estaban demostrando su
voluntad democrática en la Universidad de Barcelona, según ya ha quedado
historiado en cuanto a años anteriores se refiere. En febrero de 1962, el CCU
inició una de sus campañas más ambiciosas por cuanto los estudiantes más
conscientes se proponían «conseguir que el antifranquismo latente, pasivo, de
la mayoría de los estudiantes pase a formas abiertas, activas», así como
deseaban asociarlos a las reivindicaciones de «las libertades nacionales y culturales
del pueblo catalán». Entre finales de febrero y principios de marzo, varios
estudiantes fueron detenidos mientras realizaban pintadas en aplicación de los
acuerdos que habían tomado en su organismo unitario.
Durante el mes de mayo la agitación entre los
universitarios barceloneses fue considerable, motivada en especial por la
solidaridad con los huelguistas de Asturias. El día 9 hubo un coloquio sobre el
realismo literario en el que intervinieron Celaya, López Pacheco, Ferres y Joan Oliver, entre otros. Los días 11 y 14, la
policía, autorizada por el equipo rectoral, entró en la Universidad y detuvo a
numerosos estudiantes: Vidal Villa, Ana Salles, Salvador Clotas, Vázquez
Montalbán, Jaume Sobrequés, Martí Capdevila, etc. Durante el año 1963 hubo un
reflujo del movimiento, que volvió a ascender algo durante los primeros meses
de 1964: en enero se celebró una reunión de la que entonces se llamaba
Confederación Universitaria Democrática Española, una de las tentativas de
coordinación de los diversos sindicatos democráticos de estudiantes: en los
meses siguientes se redoblaron las tensiones en tomo al SEU. Las
manifestaciones contra tal organización sindical franquista empezaron el 4 de
febrero de 1965, con motivo de la prohibición de Viridiana, película de Buñuel
que querían proyectar en el cine-club. El 12 de febrero, en la Facultad de
Derecho se reunieron un millar de estudiantes, representativos de todos los
centros, con el fin de avanzar en la constitución de su propio sindicato. Pero
este proyecto no acabó de madurarse hasta el mes de marzo de 1966.
Mientras tanto hubo algunos —pocos— actos de
solidaridad con los estudiantes y profesores que en Madrid sufrían la
represión. Ya se ha indicado uno; otro fue una carta colectiva de diversos
profesores, dirigida al rector; la acción más importante en Cataluña fue la
convocatoria de huelga en todo el distrito universitario, a partir del 2 de
marzo de 1965. El 3, sin embargo, la junta de gobierno de la Universidad de
Barcelona publicó una nota en la que se amenazaba con sanciones si no se
restablecía la «normalidad académica». El equipo rectoral de esta universidad
jugaba también con el señuelo de dar cauce a las aspiraciones estudiantiles
negociándolas con «las autoridades superiores». Era una manera de obligarles a
guardar un compás de espera. A mediados de marzo se demostró que las
«autoridades» no aceptaban de ningún modo los proyectos estudiantiles. Los días
17 y 18 hubo manifestaciones de protesta. El 22 y el 23 tuvo lugar la Primera
Reunión Nacional Coordinadora de los estudiantes de las principales universidades.
El 26 fueron numerosos los estudiantes que participaron en la manifestación de
protesta por el forzado exilio del Abad Escarré. El 27 hubo choques entre los
estudiantes y la policía: la huelga estudiantil se recrudecía porque los de
Económicas y Derecho habían sido sometidos a la sanción de pérdida de
matrícula, lo que provocó la solidaridad de los demás.
Los franquistas prosiguieron maniobrando de una manera
que, en hechos sucesivos, había de ser una de sus características: ya que los
estudiantes pedían que se suprimiera el SEU, iban, en efecto, a decretar su
disolución y a crear otra organización, pero el «cambio» sólo fue una
transformación de la sigla: en lugar del SEU, a partir del 5 de abril de 1965,
la dictadura propuso las APE (Asociaciones Profesionales de Estudiantes). De
hecho, sin embargo, la organización del SEU se reproducía.
Aunque sólo eran cambios nominales, en realidad el
sistema franquista se batía en retirada. Esto fue lo que, justamente,
interpretaron los estudiantes que llevaban la dirección de su movimiento
democrático. En Barcelona, el rechazo de las APE se concretó oficialmente el 19
de abril tras una junta de delegados estudiantiles que firmaron una declaración
en este sentido. El rechazo fue global en toda España cuando se reunió la
Coordinadora el día 4 de mayo.
El 9 de julio de 1965 se designó un nuevo rector,
Francisco García Valdecasas, que pronto demostró ser uno de los más duros y
fieles representantes del régimen. Como en el caso de la Universidad de Madrid,
su intransigencia iba asimismo a motivar una mayor dinámica de los estudiantes,
que, cada vez en número creciente, no estaban dispuestos a dar marcha atrás en
sus reclamaciones democráticas. Presiones represivas y preparaciones para un
enfrentamiento que había de ser decisivo se desarrollaron durante los primeros
meses del curso 1965-1966. En febrero de 1966, los estudiantes barceloneses ya
se consideraron con fuerzas suficientes para lanzar su auténtico sindicato y
empezaron a anunciar la próxima asamblea constituyente.
Debido a que todo seguía transcurriendo en un país
sometido a la dictadura, los organizadores de la asamblea observaron algunas
reglas de la clandestinidad para convocar a los centenares de estudiantes que
habían de participar en ella. Pero dado este elevado número de personas a
movilizar, y debido también a que deseaban que el acto alcanzara la mayor
repercusión posible en el seno de la sociedad, ese número de personas no sólo
no se redujo sino que se aumentó con la presencia de numerosos intelectuales y
profesores, especialmente los que habían sido expedientados. La masiva reunión
se convocó para el día 9 de marzo de 1966, a las 4 de la tarde, en el Convento
de Capuchinos de Sarria —un barrio de Barcelona—, y allí acudieron García
Calvo, Rubio, Tapies, Barral, Capmany, Albert Ràfols Casamada, Espriu, Bohigas, Goytisolo y Molas, entre las personalidades
más destacadas. Algunos catedráticos, que también fueron invitados a estar
presentes, como Sureda, Trias Fargas, Estapé, Diez de Velasco y Jiménez de
Parga, consideraron oportuno no asistir y se limitaron a enviar un mensaje a
sus «alumnos y amigos» con la promesa de que iban a meditar sus propuestas. Sí
acudieron diversos profesores no numerarios, entre ellos Obiols (actual primer
secretario del PSC-PSOE), Vidal Villa, Jutglar, Marco, Daufí, Izard, Solé Tura
(en los últimos años diputado del PSUC) y Manuel Sacristán, ex falangista y
entonces dirigente comunista, a quien el rector García Valdecasas no había
querido renovar su contrato de profesor no numerario. La junta de los delegados
de los estudiantes de aquel año estaba compuesta por Fernández Buey (Letras),
Rodríguez (Medicina), Maymó (Ciencias), Boix (Ingenieros), Manzano
(Arquitectura), Torrent (Derecho) y Ortega (Económicas). Había dos delegados
estudiantiles extranjeros: Frederick Berger, en representación de la Asociación
Nacional de Estudiantes de Estados Unidos, y el holandés Wilfred Rutz. La cifra
exacta de los asistentes no se ha podido precisar, pero eran más de 400.
A las 17,30 del día 9 se presentó la policía y habló
con el padre provincial de los Capuchinos para que se suspendiera el acto y los
estudiantes e intelectuales abandonaran el convento. Pero los universitarios
solicitan, a su vez, permanecer allí, a lo que acceden los capuchinos. La
policía corta las comunicaciones telefónicas con el exterior, pero la prensa de
todo el mundo ya ha sido alertada. Los sesenta frailes que forman la comunidad
organizan la estancia de los sitiados: es difícil dar de cenar a cerca de 500
personas y resulta imposible encontrar una cama para todos. Los capuchinos
ofrecen sus celdas a los intelectuales que ya tienen una cierta edad o que se
encuentran delicados de salud. Al día siguiente la policía, que sigue rodeando
el convento, pone obstáculos para la entrada de víveres en el recinto sagrado.
Mientras tanto, la noticia ha cundido en toda
Barcelona. El gobernador civil insiste en que los estudiantes deben abandonar
el convento. El arzobispo de Barcelona asegura al provincial de los capuchinos
que él no da su consentimiento para que la policía entre en el recinto. Allí
los estudiantes habían ocupado las primeras horas en la lectura y comentarios
de su documento acerca del «Sindicato Democrático de Estudiantes de la
Universidad de Barcelona» (SDEUB), un extenso texto que, aunque se ocupaba especialmente
de la cuestión autoorganizativa estudiantil, hacía algunas consideraciones
acerca de las determinaciones históricas y de aquel momento respecto a las
formas y contenidos de la enseñanza. En su «Declaración de principios», los
universitarios insistían sobre todo en la garantía de la libertad en una
universidad que «ha de contribuir al desarrollo de una cultura rica y
diversificada», que ha de estar «abierta a todas las corrientes de pensamiento»
y, rechazando convertirse en torre de marfil, «ha de participar de una forma u
otra en la defensa de la libertad y la dignidad de los hombres».
García Calvo hizo el comentario más lúcido acerca de
los planes sindicales estudiantiles: «Si os dejáis arrastrar a un tipo de
movimiento meramente sindicalista que sólo trate de arreglar como buenos
administradores los problemas dentro de casa, corréis el gran peligro (...) de
encontraros al cabo de los años teniendo una democracia sindical perfectamente
organizada, como la que hay en otros países (...), y que contribuye simplemente
al sostenimiento del mismo; (...) ...un organismo vuestro tiene que tener esencialmente
una función crítica. Es decir, tiene que
ser lo que la Universidad sería si la Universidad existiera.»
Desde que se supo que estaban rodeados por la policía,
en Barcelona se pusieron en marcha varios núcleos de solidaridad: en casa de
Benet, donde acudieron Salvador Casanovas, Sergio Vilar y otros para coordinar
una serie de gestiones; Jiménez de Parga, González Casanova y otros trataron de
negociar con la policía; en el Colegio de Arquitectos, durante una conferencia
que pronunciaba Cirici, el público se solidarizó con Moragas, arquitecto
recluido asimismo en los Capuchinos. Llegaron las adhesiones al acto de Tierno
y otros profesores de Madrid. La organización diocesana «Caritas» propuso
encontrar algún modo de introducir alimentos en el convento. Allí, los
estudiantes aprovechaban el tiempo: organizaron conferencias, coloquios y
seminarios acerca de diversas materias, contando con los profesores e
intelectuales que allí se encontraban.
Algunos enviados especiales de diarios y semanarios
europeos se habían desplazado a Barcelona ya el día 10 de marzo. La situación
se volvía cada vez más angustiosa porque la policía había impedido tajantemente
la entrada de víveres, incluso a «Caritas». Sin embargo, no faltan algunos
signos de combatividad: desde el tejado del convento algunos estudiantes e
intelectuales, entre ellos Barral, increpan a la policía llamándola «gristapo»
(recuérdese que, durante la dictadura, la policía armada vestía de gris, y que
a los agentes de la Brigada Social se les consideraba los equivalentes de la
Gestapo nazi). Otro importante signo de apoyo a los sitiados fue la visita que
fray Matías Sola, obispo de Colofón, en compañía de los padres Dalmau y Raurell
hizo al convento de Capuchinos el día 11 a las 11,30 de la mañana. Pero poco
antes del mediodía, el jefe de policía armada, sin exhibir mandamiento judicial
alguno ni autorización de la jerarquía episcopal, violentó la puerta del
convento, entraron en el salón principal y procedieron a detener a los
dirigentes estudiantiles y a los intelectuales, mientras la mayoría de
universitarios trataba de escapar.
Ahora bien, la represión que sufrían los
universitarios más conscientes y decididos estimuló una nueva y masiva acción
de solidaridad parademocrática: en esas mismas jornadas empezó a germinar la
idea entre los profesores no numerarios de enviar un escrito al ministro de
Educación, a fin de protestar contra los procedimientos expeditivos del rector
y para apoyar las reivindicaciones estudiantiles. Al final consideraron
preferible sintetizar sus criterios en un telegrama que decía:
«Desacertada gestión señor rector García Valdecasas ha
originado gravísima situación en Universidad de Barcelona. Dicha gestión ha
culminado miércoles 27 de abril autorizando entrada recinto universitario
fuerza pública que ha golpeado brutalmente estudiantes sin distinción hábito ni
sexo y profesor filosofía rvdo. doctor Álvarez Bolado, sacerdote jesuita,
compañero nuestro y solicitando cierre Universidad. Todo ello nos mueve a pedir
inmediato cese actual titular rectorado, reapertura Universidad, reconocimiento
Sindicato Democrático Estudiantes y sobreseimiento toda clase expedientes.
Solicitamos al mismo tiempo audiencia a V.E. Respetuosamente.»
El telegrama estaba firmado por Reventós, Lluch, Roca
y Junyent (actual dirigente del partido de Pujol), Capella, Izard, Garrabou,
Fontana, Ros Hombravella, Termes, Narcís Serra (actual ministro de Defensa),
Fullat, Jutglar, Obiols y Marco, entre otros (en total fueron 68 los
firmantes). En el mes de junio se les abrió expediente y en septiembre todos
ellos fueron condenados a la separación de su plaza en la Universidad durante
dos años.
En meses sucesivos se prolongaron las tensiones de los
estudiantes con las autoridades académicas, y algunos de ellos fueron detenidos
en noviembre de 1966. Con todo, la autoorganización de los universitarios
siguió afirmándose, como acabaremos de historiar en el período 1967-1975.
Aunque entre 1948 y 1952 se habían liquidado todos los
focos guerrilleros, a principios de los años sesenta todavía tienen lugar
algunas acciones armadas antifranquistas, en particular anarquistas (al margen
de los etarras). El más célebre de estos libertarios, «Quico» Sabaté, tras una
serie de tiroteos con la guardia civil, murió a manos de un miembro del somatén
de Sant Celoni (Barcelona) el 5 de enero de 1960. Otro conocido anarquista,
Ramón Vila, todavía siguió haciendo actos de sabotaje hasta que el 7 de agosto
de 1963 muere en un choque armado con la guardia civil en Castellnou de Bages,
no lejos del castillo de Balsareny.
En esta fase volvió a endurecerse la normativa
franquista contra los que luchaban contra la dictadura: el 21 de septiembre de
1960 se publicaba un Decreto-ley sobre Bandidaje y Terrorismo que venía a ser
una refundición del Decreto-ley sobre Bandidaje y Terrorismo del 18 de abril de
1947 con la Ley sobre Rebelión Militar del 2 de marzo de 1943. Estas nuevas
disposiciones ponían gravemente de manifiesto las contradicciones que vivía la
sociedad española respecto a su sistema institucional. Por una parte, se empezaba
a promover el desarrollo económico; pero, por otro lado, había violentas
tentativas de regresión política. Este Decreto consideraba reos del delito de
rebelión militar a cuantos «difundan noticias falsas o tendenciosas con el fin
de causar trastornos de orden público interior, conflictos internacionales o
desprestigio del Estado, sus instituciones, Gobierno, Ejército o autoridades.
»Los que por cualquier medio se unan, conspiren o
tomen parte en reuniones, conferencias o manifestaciones...
»Podrán tener también tal carácter los plantes,
sabotajes y demás actos análogos cuando persigan un fin político...»
Por tanto, a capricho de la policía y de los jueces
franquistas, a pesar de que se había promulgado la Ley de Orden Público del 30
de julio de 1959, un año después prácticamente todas las actividades
parademocráticas, incluso las más pacíficas (véase: comentarios de prensa,
declaraciones a periódicos, conferencias, libros, etc.), podían ser condenadas
por tribunales militares.
A principios de los años sesenta, mientras se iniciaba
el desarrollo económico y la creciente articulación de las infraestructuras
españolas al sistema capitalista internacional, las cárceles franquistas
estaban llenas de demócratas de todas las tendencias políticas. A los que ya
llevaban años de cárcel se sumaban nuevos presos políticos. El 16 de mayo de
1962 se inició una oleada represiva contra militantes del FLP: en Barcelona
detuvieron a Isidre Molas (entonces estudiante de Derecho y hoy diputado del PSOE
y vicepresidente del Parlamento de Cataluña), Urenda (abogado), y los empleados
José M.a Picó, José Verdura, Rudolf Guerra, etcétera. En Madrid las
detenciones fueron los días 20 y 30 de mayo y afectaron a Carlos Zayas,
abogado; Francisco Montalvo, abogado; María Elena Salas, empleada; Juan Tomás
de Salas, actual presidente de «Cambio 16», consiguió refugiarse en la embajada
de Colombia y marchar después al exilio. En el País Vasco detuvieron, el 21 de
agosto, al abogado José Ramón Recalde; en Oviedo, al también abogado Nicolás
Sartorius, hijo del conde de San Luis (Sartorius pasó después a ser dirigente
de CC.OO.).
Otros miembros de las Juventudes Libertarias fueron
detenidos el 18 de septiembre de 1962, entre ellos Jorge Conill, que fue
sometido a consejo de guerra sumarísimo. El fiscal pidió que le condenaran a
pena de muerte, pero los anarquistas italianos organizaron una campaña
internacional para salvarle la vida. En esta campaña intervino el cardenal
Montini, entonces arzobispo de Milán y después Papa Pablo VI. A Conill la pena de muerte le fue conmutada por la de treinta años de
cárcel. En el mes de octubre de 1962 también fueron condenados a treinta años
de cárcel los libertarios Julio Moreno Viedma, Eliseo Antonio Bayo y José
Ronco. El 31 de julio de 1963 la policía detuvo a los libertarios Joaquín
Delgado y Francisco Granados. La suerte de estos dos jóvenes fue tanto más
horrible por cuanto la policía no pudo demostrar los hechos en que pretendía
basar su acusación (haber colocado una bomba en la Dirección General de
Seguridad y otra bomba en la Central de los Sindicatos franquistas) y, sin
embargo, ambos fueron condenados a muerte: bajo la presión del garrote vil
murieron en la madrugada del 17 al 18 de agosto.
Los militantes del PCE-PSUC igualmente sufrieron
varias detenciones: el 14 de junio de 1962, en Bilbao, detuvieron a Ramón
Ormazabal; con él cayeron otros militantes y simpatizantes como Enrique Múgica
(abogado, que después pasó a ser militante y dirigente del PSOE), Agustín
Ibarrola (pintor) y Antonio G. Pericas (crítico de arte). Las condenas
oscilaron entre los veinte años y los seis años de cárcel.
El 8 de noviembre de 1962 detuvieron a Julián Grimau
en Madrid, fue sometido a torturas y fusilado en la madrugada del 19 al 20 de
abril de 1963, a pesar de que el PCE organizó una campaña internacional
—incluso Kruschef telegrafió a Franco— para salvarle la vida.
En la noche del 16 al 17 de diciembre de 1962, la
policía cayó sobre varios miembros del PSUC: Pere Ardiaca, miembro del Comité
Ejecutivo; Antoni Gutiérrez Díaz, médico (en la democracia ha llegado a ser
secretario general de ese partido); José Ramírez, obrero; Juan Tena, campesino,
y Galileo Luengo, oficial de la marina mercante. Aunque su «delito» sólo podía
considerarse como «asociación ilegal», se les acusó de «rebelión militar» y
fueron condenados a penas que oscilaron entre veintitrés años de cárcel y seis
años.
En fin, en esta etapa otros dirigentes comunistas
fueron detenidos en 1964: Justo López de la Fuente, José Sandoval y Juan Daniel
Lacalle (hijo del entonces ministro del Ejército del Aire). Los dos primeros,
dirigentes del PCE, fueron condenados a veinticinco años de cárcel; y en la
misma fecha, 3 de enero de 1965, Lacalle tuvo que empezar a purgar ocho años de
prisión.
En aquellos años, en el extranjero se hicieron
numerosos actos de solidaridad con los demócratas españoles, especialmente con
los presos y demás represaliados
políticos. Los días 27, 28 y 29 de enero de 1961, en Montevideo, tuvo lugar la II Conferencia Proamnistía. En marzo del mismo año, en París, los días 25 y 26
deliberó la «Conferencia de Europa Occidental para los presos y exiliados
políticos españoles».
El 13 de abril de 1962 se reúne la «Conferencia de
Roma por la libertad del pueblo español». El 4 y 5 de mayo de 1963, en París,
se hace una «Conferencia Extraordinaria de Europa Occidental» acerca de los
mismos problemas.
Estas asambleas siguieron prodigándose en años
sucesivos hasta 1975.
LA HEGEMONÍA DE LA LIBERTAD, LOS EVOLUCIONISTAS Y LA REACTIVACIÓN DE LA
ULTRADERECHA
La etapa de 1966 a 1970 muestra un desarrollo de las
acciones antifranquistas que hemos observado en 1959-1966: en los centros
fabriles, en la Universidad, entre los intelectuales, en un sector del clero y
en diversos núcleos de la burguesía progresista.
Ese desarrollo hace avanzar las reivindicaciones
democráticas y a la vez pone de relieve importantes innovaciones significativas
en cuanto se refiere a diferentes movilidades sociales que se interdeterminan.
Las formas
nuevas de las actividades antifranquistas se caracterizan por una hábil
utilización de la legalidad del régimen pero poniéndola al servicio de la lícita voluntad de las alternativas
democráticas. A la vez van efectuándose (desde finales de la etapa anterior)
múltiples salidas de la clandestinidad; más:
en los militantes y en los núcleos partidarios cuya conciencia es más aguda de
la etapa que están viviendo se afirma un talante
anticlandestino. Los demócratas más lúcidos agudizaban su conciencia de que
una dictadura no puede arrinconarse y superarse actuando sólo desde la clandestinidad, sino a la par, y sobre todo, creando
movimientos de masas o, por lo menos, movilizaciones de vanguardias cada día
más amplias. Lógicamente estas actitudes anticlandestinas sabían que ello
quería decir, al mismo tiempo, arrostrar los riesgos de la detención y del
encarcelamiento (o del exilio): lo cual hacía —todavía hace— más admirable su
lucha por la libertad de todos los españoles.
En suma, las fuerzas democráticas aumentan su
capacidad de movilización contra la dictadura. Tan es así que esa suma de
energías liberadoras determina gradualmente la formación de la tendencia de
personalidades hasta entonces franquistas pero que, a partir de esta etapa, van
adoptando posiciones liberales, tímidamente parademocráticas. Pero este
reformismo no se volverá más audaz y claramente democrático hasta que llegan
los últimos años del general Franco.
A un ritmo análogo, la creciente presión de las
fuerzas democráticas provoca la reactivación de los grupos más reaccionarios
del franquismo.
En fin, el ritornello
de la represión sigue golpeando brutalmente a antiguos y a nuevos
militantes de las ideas democráticas.
1. La Eficacia Política De Las Huelgas
Gracias a las acciones sindicales democráticas que
tratan de aprovechar al máximo las nuevas fases del desarrollo industrial, los
trabajadores empiezan a disfrutar, en 1966-1970, de un nuevo nivel de vida.
Pero sus reivindicaciones económicas, al chocar con los obstáculos
dictatoriales, llevan a los asalariados a una más rigurosa y amplia conciencia
de la situación en la que viven y, por ende, se vinculan, en sus núcleos más
avanzados, a opciones políticas y sindicales de izquierdas.
Así como durante el primer período (1939-1956/59) las
huelgas importantes fueron muy espaciadas en el tiempo y en el espacio
(Manresa: 1946; Vizcaya: 1947; Barcelona: 1951; Asturias, País Vasco y
Cataluña: 1958), en el segundo período (1959-1975), sobre todo desde la
primavera de 1962, los movimientos huelguísticos, alternados por ramos y por
regiones, son casi permanentes, fundamentalmente en las zonas industriales,
pero también se expanden a algunas regiones agrícolas. Por tanto, en lenguaje
histórico decimos que se ha formado una constante,
lo que viene a significar, en síntesis, la totalidad de las huelgas en una
etapa o en un período, de entre las cuales basta con hablar sólo de las muy principales: por el número de
participantes, por su duración, por los efectos sociopolíticos que alcanzan y
por el tipo de represión con la que la dictadura replica.
En esta etapa (1966-1970) las huelgas de mayor
repercusión fueron, a título de ejemplos: la de Laminados de Bandas, de
Echéverri (Bilbao), que duró 163 días, desde primeros de diciembre de 1966
hasta mediados de mayo de 1967: los ochocientos trabajadores de esta empresa
obtuvieron la solidaridad de los de muchas otras empresas; las huelgas de
Marconi, Perkins y Standard Electric y otras empresas de Madrid, el 27 de enero
de 1967, huelgas que fueron seguidas por una gran manifestación: en Madrid se
repitió un movimiento muy parecido el 27 de octubre del mismo año; en Barcelona
se encuentran en tensión casi permanente las grandes empresas como Seat,
Hispano Olivetti y Maquinista; durante el mes de abril de 1969, principalmente,
la mayoría de los cien mil bancarios hicieron varias protestas para apoyar sus
reivindicaciones; la huelga de los obreros de la construcción de Granada
(durante la segunda quincena de julio de 1970), etc., etc.
1.1. El carácter decisivo de
la oposición de los asalariados
Aunque partían, como acabamos de observar, de
reivindicaciones salariales, las acciones de los asalariados alcanzaban una
gran eficacia política. La propia dictadura se mostraba plenamente consciente
de esa eficacia, porque contra los movimientos huelguísticos desencadenaba unas
formas de represión mucho más
contundentes que contra las manifestaciones estudiantiles.
Aunque los obreros y los empleados no llegasen a
politizar sus paros y protestas, los jerarcas franquistas sabían que estas
acciones repercutían muy negativamente
contra la estabilidad del sistema dictatorial. Hasta cierto punto, el
régimen podía tolerar el antifranquismo de los intelectuales e incluso la
oposición de los estudiantes: tener la Universidad parada o con escasa
asistencia a clases durante semanas o incluso meses, no constituía una
preocupación gubernamental del mismo tipo que la que provocaba la huelga en los
grandes centros fabriles. El paro estudiantil, por muchos miles que llegaran a
ser, no podía paralizar la sociedad española, paralización que sí podían conseguir los trabajadores desde sus
respectivos puestos productivos.
Los empresarios podían sentir un cierto disgusto
respecto a que sus hijos tuvieran dificultades para proseguir sus estudios
universitarios, pero a estos mismos empresarios les inquietaba mucho más tener
que enfrentarse con una huelga de sus empleados. Por tanto, diversos patronos
también fueron agudizando su conciencia crítica respecto a las causas de todos esos problemas: la falta de representatividad y
por ende la ineficacia de los sindicatos controlados por los franquistas. De
ahí se pasaba a expresar la necesidad de cambiar estos sindicatos o, lo que
venía a ser lo mismo: los empresarios
fueron poco a poco reconociendo prácticamente como interlocutores válidos a las
organizaciones sindicales clandestinas: UGT, CC.OO., USO y en algunos
sitios la CNT. Este reconocimiento de
facto (más: hubo
patronos que ayudaron económicamente a los sindicalistas que la dictadura
perseguía) significaba abrir una enorme
brecha en el amurallamiento sociopolítico de la dictadura.
La eficacia parapolítica de los sindicalistas
demócratas era tanto mayor porque buscaban —y encontraban— varias formas de
apoyo a sus reivindicaciones: no sólo por parte de los escritores y
estudiantes, sino que también consiguieron aquiescencias en otros núcleos de
gran influencia social: el 22 de julio de 1968, una delegación de los
metalúrgicos madrileños pidió a la Conferencia Episcopal que se pronunciara
contra las represiones que sufrían los trabajadores, represalias que pretendían
impedir el desarrollo de las organizaciones sindicales socialistas y
comunistas. El día 25, la Conferencia Episcopal firmó un documento en el que
proclamaba el principio de la libertad sindical.
1.2. Anticlandestinidad y
solidaridad
Los dirigentes de CC.OO. se encontraban entre los más
decididos partidarios de desarrollar un movimiento sindical abierto, lícito aun
cuando no legal, y que, necesariamente, para ampliar sus vanguardias y
estimular creativamente a la mayoría de trabajadores, debía salir a la luz del
sol, negándose a las oscuras limitaciones de la clandestinidad. En un documento
que redactaron en junio de 1966 («¿Qué son las Comisiones?») planteaban con
claridad: «Rechazamos la clandestinidad que las estructuras sindicales oficiales
nos quieren imponer (...). Nos negamos a ser considerados como una
"asociación ilícita" y seguiremos trabajando a la luz del día con
nuestros nombres y señas por delante.»
Esta posición la argumentaron en otras ocasiones; en
diciembre de 1967, en el Comunicado de la II Reunión General proponían «la correcta utilización de las posibilidades
legales bajo el lema de la firmeza en los principios y la flexibilidad en las
formas». En junio de 1968 (III
Reunión
General) insistían: «Ante el endurecimiento de la represión hay que evitar a
toda costa volver a la clandestinidad.»
Ahora bien, a pesar de los constantes esfuerzos que
realizaban unos pocos activistas sindicales, desde hacía años, a pesar de
algunas grandes huelgas localizadas en Bilbao, en Barcelona y en Madrid, a fin
de cuentas tenían que reconocer, en 1968, que seguían siendo una minoría activa en la masa inerte de todos los
empleados españoles: «No debemos olvidar que, hasta ahora, nos hemos movido
una vanguardia numerosa, pero que aún tiene que movilizar tras de sí a millones
de trabajadores.» Por tanto, mientras no se alcanzase esa movilización
resultaba «muy difícil llegar a la huelga general en una fecha fijada de
antemano en una convocatoria», lo cual, en un texto de militantes comunistas
como eran —y siguen siendo— los máximos dirigentes de CC.OO., significaba una
crítica a Carrillo, aunque no se le nombraba.
Estos grupos vanguardistas compuestos por comunistas,
socialistas y cristianos progresistas, no sólo no lograban incorporar al
antifranquismo a los centenares de miles de trabajadores que seguían su rutina
semiconformista o dominados por el miedo irracional a ser detenidos, sino que tampoco conseguían que expresaran una
solidaridad suficiente con sus compañeros despedidos. Éste era el signo más grave de la insuficiente,
esporádica, dinámica popular contra la dictadura desde los centros fabriles.
Muchos trabajadores no se definían ni en lo más elemental: ayudar al compañero
detenido por llevar a cabo una acción sindical. Así venía a reconocerlo un
documento de la Comisión Interindustrial de Madrid difundido en noviembre de
1969: «En las protestas no siempre logramos mantener la unidad, la relación
continua entre unos y otros por medio de asambleas, y, a veces, al final,
tenemos excesivas bajas. Éste es un aspecto en el que debemos insistir, pues
consideramos que es uno de los puntos flacos de nuestra lucha. Es cierto,
pensar otra cosa sería ingenuo, que en toda batalla hay bajas; pero debemos
luchar con toda nuestra fuerza para que no las haya.»
1.3. Insuficiencias y
divisiones
De modo que, no obstante los procesos sociopolíticos
que venían haciéndose desde comienzos del primer período (sobre todo desde la
fase de las acciones que culminaron con la promulgación de la Ley sobre
Convenios Colectivos el 24 de abril de 1958), a pesar de los movimientos
huelguísticos iniciados en la primavera de 1962 y prolongados después con la
formación de una constante hasta
1966-1970, a fin de cuentas los activistas no habían conseguido formar más que
una vanguardia ampliada, cuyos
hombres eran los únicos que, de una manera permanente, seguían trabajando en
favor de la democracia.
Este hecho, comprobado a lo largo de los años, las
insuficiencias de la participación popular para acabar con el sistema
dictatorial, llevaba a veces a los militantes vanguardistas a dos reacciones:
al escepticismo abandonista, por un
lado, y, por el otro, a la exasperación
de extrema izquierda que propendía a crear comandos de tipo blanquista y
anarquista que practicaban algunas formas de violencia y de «heroicidad» que todavía les alejaban más de las corrientes mayoritarias.
Tal conjunto de insuficiencias perjudicaba el progreso
global de la alternativa democrática, como también lo obstaculizaba la serie de
divisiones que existía en los sindicatos clandestinos, que eran una especie de
reproducción de las divisiones entre los partidos políticos.
Mientras tanto, algunos de los principales dirigentes
de UGT, CNT y CC.OO. seguían en la cárcel. Era una erosión recíproca: los
obreros trataban de destruir los sindicatos oficiales; la burocracia
verticalista y los agentes de la represión intentaban domarlos a palos y con
penas a largos años de prisión. A pesar de todo, la pacífica resistencia iba a
vencer diez años después.
2. La Fundación Del PSI, La Renovación Del PSOE Y La Permanencia Del
PCE
Entre tanto, los grupos y partidos políticos trataban
también de superar sus disensiones, que a veces eran profundas divisiones, que
demostraban una lamentable inadecuación de la especulación teórica (más bien
ideológica) a la resolución de los problemas prácticos con los que se
encontraban y también chocaban.
2.1. Los universitarios en
torno a Tierno y con el PSOE al fondo
En ese engranaje de fenómenos y de circunstancias
tenía bastante lógica que algunos grupos acabaran optando por organizarse
autónomamente. Esta era una consecuencia casi inevitable en un conjunto de
profesores e intelectuales que, desde hacía más de diez años (1954-1966),
venían colaborando estrechamente con las mismas aunque diversificadas
preocupaciones culturales y en pos de objetivos sociopolíticos idénticos: estoy
aludiendo al, por recordar el concepto originario, «grupo de Salamanca», que ya
en estos años se había ampliado con algunos representantes de Barcelona, de
Valencia, de Tenerife, etc., y sobre todo de Madrid, todos en torno a la figura
principal de Enrique Tierno.
En etapas anteriores ya hemos observado cómo se había
constituido y desarrollado este grupo y también que su primera inclinación fue
la de integrarse todos y cada uno de ellos como militantes del PSOE. Este deseo
fracasó por falta de entendimiento entre las mentalidades del exilio y las del
interior, acentuada por el carácter peculiar, tanto de Llopis como de Tierno,
que eran los principales interlocutores. Pero los miembros del PSOE en el
Madrid de 1964-1965 contribuyeron a exacerbar las suspicacias del secretario
general de ese partido contra el «Uve Pe».
Esa falta de conexión organizativa no impidió a los
tiernistas proseguir con sus trabajos parademocráticos tratando de superar, en
cuanto fuese viable, las actitudes de «clandestinitis» aguda e inoperante
(aunque fuese altamente gratificante en las peroratas que otros militantes de
izquierdas sostenían en círculos herméticamente cerrados). La superación del
clandestinismo implicaba al mismo tiempo, para los tiernistas, mantener las
puertas abiertas a todo diálogo, en especial con los socialistas del PSOE y en
general con el exilio. Precisamente Morodo, durante la fase en que las
relaciones con el PSOE no fructificaban, escribió uno de los más lúcidos y
flexibles planteamientos acerca de las relaciones entre los demócratas del
exilio y los del interior de España. En 1965-1966, otros componentes de los
tiernistas, como Elias Díaz y Sergio Vilar, organizaban en Madrid y en
Barcelona encuentros con dirigentes del PSOE (principalmente con Rubial y
Múgica) y con dirigentes del MSC (en particular con Reventós y Estivill), a fin
de llegar a la unión de todos los socialistas. Estas relaciones paraunitarias
se prolongaron en años sucesivos.
Los tiernistas no podían ser un grupo cerrado porque
ello estaba en contra de su propia
naturaleza intelectual, que Morodo ha descrito certeramente como
antiburocrática e incluso un tanto paralibertaria, antes de formalizarse en
partido, durante el PSI y cuando se transformó en PSP: «más que un partido, era
un antipartido, es decir, una plataforma abierta, progresista e imaginativa,
para la modernización y secularización» (...) «este peculiar fenómeno político
que se dio en el franquismo» consistía en «ser un grupo abierto, en donde
coexistan, implícita o explícitamente, tendencias ideológicas desde
progresistas hasta socialistas radicales de izquierda, y, por último, ser un
grupo netamente del interior, actuando en la difícil frontera de la
legalidad-ilegalidad» (...) «la flexibilidad y ambigüedad del grupo, la
semilegalidad en que se desenvolvía, el acusado ingrediente libertario, la
prioridad de la imaginación antiburocrática, no permitían, desde luego, una
disciplina cristalizada de partido».
Morodo también ha descrito en diversas ocasiones que
lo que verdaderamente constituía era un «movimiento» desde el que o con el cual
se actuaba sin mediar demasiadas liturgias. Siendo, pues, demócratas de
izquierda que estaban movilizados, lo lógico era atender a la necesidad que,
sobre todo, presentaba Madrid y su periferia industrial: la activa presencia de
unos socialistas organizados (del modo relativo que ya ha quedado sugerido
tanto por su propio talante como por los escasos medios con que se podía contar).
En aquellos años 1966-1968, el PSOE y la UGT sólo
disponían de una organización operativa en el País Vasco y en Asturias. Éste es
un hecho histórico verificado por cuantos en aquellos tiempos viajábamos por
toda España. Este hecho lo han reconocido asimismo textualmente militantes
socialistas de entonces y después dirigentes como Felipe González, Francisco
Bustelo, Ciríaco de Vicente y Virgilio Zapatero. En Sevilla estaban los
socialistas encabezados por los viejos militantes Urbano Orad y Alfonso Fernández,
con quienes se relacionaban González, Guerra, Yáñez y otros jóvenes, pero a
todas luces su influencia no trascendía más allá de algunos núcleos
universitarios de aquella ciudad. En Barcelona, dada la influencia del MSC, los
militantes del PSOE aún eran menos. En Madrid hubo un resurgir importante de
los socialistas a través de la ASU (1956-1958), pero esta organización fue
liquidándose por la represión que sus militantes sufrieron, como ya ha quedado
historiado, y quizá sobre todo porque la dirección del PSOE en el exilio no
supo alentarla.
Por tanto, los tiernistas decidieron constituirse en
PSI. El acto tuvo lugar «el 21 de enero de ese año (1968), tras una larga
reunión clandestina celebrada en un chalet de la sierra de Guadarrama, cerca de
Madrid»; Elias Díaz también recuerda que «asistieron, además de Enrique Tierno
Galván, Raúl Morodo, Luis García Sanmiguel, Miguel Martínez Cuadrado, Carlos
Moya, Pedro de Vega y Elias Díaz (todos, por entonces, profesores no numerarios
de Universidad), Alonso, Molinero y alguno más en representación de los obreros
del grupo que militaban en CC.OO., varios delegados de los estudiantes
universitarios tiernistas, profesionales como el doctor Donato Fuejo o el
escritor Sergio Vilar, y abogados como Piniés, Carlos Zayas y Mariano Robles;
en total no más de veinticinco personas» (según el recuerdo histórico de Elias
Díaz).
Por la mañana de aquel día se leyeron varios informes
acerca de la situación política por la que atravesábamos, sobre las fuerzas con
las que contábamos y respecto a las orientaciones que convenía dar al PSI. Por
la tarde se intercambiaron opiniones en torno al manifiesto político que había
que lanzar, el cual empezó preconizando la unidad:
«El Partido Socialista considera que la unidad
socialista es fundamental para evitar el fraccionamiento de la clase
trabajadora. Luchará, en este sentido, para que esta unidad a nivel político y
sindical sea un hecho en el futuro democrático español.»
El PSI también consideraba que «las Comisiones Obreras
son hoy el principal instrumento de lucha que tiene la clase trabajadora para
mejorar su nivel de vida, para reivindicar sus derechos y conseguir las
libertades democráticas sindicales. El Partido Socialista apoya la constitución
de un poderoso sindicato democrático, unitario y no partidista».
En este momento, los tiernistas continuaban con la
mano tendida hacia el PSOE (y hacia el MSC) para hacer la unidad de todos los
socialistas, como se ponía de relieve en el punto 1.° de esta declaración.
Ahora bien, otro punto (el 4.°) inevitablemente tenía que irritar a los del
PSOE porque el PSI se inclinaba demasiado unilateralmente en favor de las
CC.OO. dejando en el más completo olvido a la UGT. Ésta era una visión
madrileña del conjunto histórico español, porque si bien los comunistas de
comisiones, en combinación precisamente con algunos obreros del PSI, formaban
la fuerza sindical en Madrid, en las zonas industriales y mineras del norte era
la UGT la que conservaba una fuerte influencia.
Previendo de manera global que su afirmación en cuanto
partido autónomo no iba a favorecer la unión con el PSOE y sí un nuevo
fraccionamiento de los socialistas, algunos de los presentes en la reunión del
21 de enero de 1968 expresaron sus reservas e incluso su oposición a que se
lanzara la sigla del PSI. Elias Díaz fue quien más claramente se opuso; años
después, al analizar los orígenes de la fragmentación actual del socialismo
español (en 1976) argumentaba que hasta 1968 las condiciones objetivas «hacían
comprensible e incluso necesario un funcionamiento autónomo de los socialistas
del interior, y en concreto del grupo Tierno. Lo que en mi opinión estaba menos
justificado era la conversión expresa del tal grupo en "Partido"».
Para Elias Díaz, ello «fue un gran error táctico y estratégico de Tierno
Galván» y explicaba que «si se fundó entonces el PSI fue fundamentalmente por
decidida voluntad suya, instada y apoyada insistentemente por el sector obrero
del grupo, con la aceptación más bien pasiva y obediente del resto de los
presentes en la mencionada reunión, exceptuando dos de ellos —abogados de
profesión— que también defendieron con fuerza el proyecto. Creo sinceramente
que la mayor parte de los miembros del grupo, presentes o ausentes aquel día,
incluso de entre los más íntimos e incondicionales del "viejo
profesor", no estaban ni mucho menos convencidos de la oportunidad ni
necesidad de dar semejante paso».
El citado manifiesto fue ampliamente difundido por la
prensa en todo el mundo, empezando por «Le Monde», cuyo corresponsal en Madrid,
Novais, era íntimo amigo de Tierno y de Morodo. Esta aparición espectacular en
los periódicos de influencia internacional contribuyó a irritar a Rodolfo
Llopis y a sus colaboradores, que, desde «El Socialista» y en otras
publicaciones, decían querer poner «las cosas claras» y a «cada cual en su
puesto» (titulares del editorial del número de abril de 1968 del órgano del PSOE)
utilizando conceptos injustos y hasta injuriosos.
El enfrentamiento y la nueva división se habían
producido, en contra del deseo de la mayoría, pero en ese momento no podía
rectificarse. Cada partido siguió su camino. El PSI, desde el mes de junio de
1968 publicó un boletín legal, «El Socialista en el interior», que llevaba el
subtítulo de «órgano interno del Partido Socialista en el interior» seguido del
año y del mes correspondiente. En el exterior el PSI consiguió algunos apoyos
importantes, principalmente del Partido Social-Demócrata Alemán y a través de
su Fundación: la Ebert Stiftung; y también de algunos exiliados españoles en
México (el más activo de ellos, Manuel Ortuño).
2.2. Los jóvenes del PSOE en
el interior
La nueva política que el PSOE precisaba desde los
primeros años sesenta y que era la que los tiernistas proponían realizar en sus
contactos con la dirección del PSOE en 1964-1965, fue factible cuando los
jóvenes socialistas sevillanos y vascos consiguieron arrinconar gradualmente a
quien venía impidiendo que la renovación se consumara: Llopis.
Los jóvenes vascos contaron con el apoyo de un viejo
dirigente socialista, Ramón Rubial, colaborador de Indalecio Prieto durante la II República; Rubial, a pesar de haber pasado unos diecinueve años de cárcel,
tenía un conocimiento vivo de la realidad española y además no sólo no
propendía a acaparar el poder, sino que se mostraba muy bien dispuesto a dar
paso a los jóvenes para que desempeñaran cada vez mayores responsabilidades.
Los jóvenes que en aquellos años sesenta pasaron a ocupar algunos puestos directivos
en Euzkadi eran Redondo (actual secretario general de la UGT) y Múgica (de la
Comisión Ejecutiva del PSOE).
Múgica, que había ingresado en el PCE en 1954, que
desde entonces se había destacado como dirigente estudiantil y que por sus
actividades había pasado varias veces (en 1956 y 1959) por la cárcel (la
última, como también hemos visto, en 1962), al salir del penal de Burgos en
abril de 1964 se convirtió en militante del PSOE. Su transformación ideológica
ya se hizo mientras estuvo en prisión. Luego oficializó sus relaciones con
Rubial (el máximo representante de la organización socialista en el interior) y
con otros dirigentes como Amat y Nicolás Redondo (padre). De su antigua
condición de comunista, Múgica mantenía una gran capacidad para llevar a cabo
actividades, para afrontar riesgos y asimismo una considerable influencia de la
teoría marxista. Múgica hacía proselitismo no sólo en San Sebastián y otros
lugares de su tierra, sino que también se desplazaba de vez en cuando a Madrid
y (menos) a Barcelona. En Madrid, estos socialistas vascos tenían relaciones
con Miguel Boyer y con los que formaban el grupo Tierno; sin embargo, estaban
completamente desconectados de los socialistas de Sevilla (incluso desconocían
su existencia).
El grupo sevillano estaba formándose al calor
ideológico de otros dos viejos militantes del PSOE: Alfonso Fernández Torres y
Urbano Orad de la Torre, ambos duramente represaliados al acabar la guerra
civil (Fernández había sido presidente de la Diputación de Jaén, y en 1966 este
historiador fue a encontrarle a un garaje, donde este socialista trabajaba como
gerente; Orad, ingeniero industrial y teniente artillero, en 1936 fue quien
cañoneó a los sublevados del Cuartel de la Montaña, Madrid; desde que en 1944
había salido de la cárcel, se ganaba la vida dando clases de matemáticas: en
1966 ya había instalado su propia academia en el número 6 de la sevillana calle
de Guzmán el Bueno: Felipe González estudió matemáticas con Orad y éste fue uno
de los orígenes de su vinculación a las ideas socialistas).
En sus primeros años de militante demócrata, el actual
Presidente del Gobierno socialista actuó, sin embargo, desde algunos
movimientos católicos como la JOC y asimismo en relación con la Izquierda
Demócrata Cristiana de Giménez Fernández, como ya he apuntado. En Madrid,
Felipe González también tenía algún
contacto con Gregorio Peces-Barba, que entonces era democristiano. En la
capital andaluza, en los ámbitos de la JOC y de la HOAC se movían igualmente
otros jóvenes que derivarían a (o que ya estaban en) otros grupos de izquierda:
José Aumente, marxista y vinculado al FLP; Alejandro Rojas Marcos, quien años
después iba a ser el secretario general del PSA; Luis Uruñuela, también del
PSA, y en la democracia alcalde de Sevilla; Eduardo Saborido, uno de los máximos
impulsores de las CC.OO. en Andalucía.
A mediados de los años sesenta, Felipe González trabó
amistad con otros jóvenes simpatizantes de los programas socialistas: Alfonso
Guerra, Alfonso Fernández Malo (hijo del que ya he dicho que había sido
presidente de la Diputación de Jaén durante la II República), Luis Yáñez y Guillermo Galeote. Transcurrían los años
1963-1964, todos ellos estaban en la Universidad y Guerra y Fernández Malo,
principalmente, reorganizaban las Juventudes Socialistas. En 1966, terminados
sus estudios de Derecho y librado del servicio militar, Felipe González se
integra plenamente en el PSOE y en colaboración con otros jóvenes socialistas,
Ana María Ruiz Tagle y Rafael Escuredo (ex Presidente de la Junta de
Andalucía), montan un despacho para defender a los trabajadores en sus
conflictos con las empresas. Ésta sería, a la vez, una vía para reorganizar la
UGT en Andalucía. Ahora bien, como abogado Felipe González también defendía a
los militantes de CC.OO.
Hasta el verano de 1969, las actividades de este grupo
de socialistas sevillanos se limitaron al área andaluza. A primeros del mes de
julio supieron que la Comisión Permanente del PSOE había de reunirse en Bayona
el día 14 de dicho mes. Les informó de ello un miembro de la dirección
socialista, el abogado Antonio Ramos. La decisión fue rápida: un delegado de la
agrupación sevillana había de estar presente en esa reunión: eligieron a Felipe
González, quien emprendió viaje (con un Renault-8 de Alfonso Guerra) el día 12
y llegó a tal ciudad francesa el 13 a las once de la noche. La reunión era en
el Hotel Larreta, y aunque no disponía de ninguna credencial, Ramos ya había
informado de su llegada. Allí Felipe González chocó con un primer problema,
típico de los que solían plantear todas las direcciones de los partidos en el
exilio: Llopis le dijo que había destituido a Alfonso Fernández Torres de su
puesto de máximo responsable de la Federación Socialista Andaluza, y que por
tanto no tenía mandato formal del nuevo responsable en Sevilla, César Calderón,
que, como el entonces secretario general del PSOE, era masón. Lo que en el
fondo ocurría era que Llopis detestaba a todo aquel militante en el interior,
como el antiguo presidente de la Diputación de Jaén, que era capaz de tomar
iniciativas de acuerdo con los problemas sociopolíticos que surgían en su
ciudad. Llopis sólo quería que se limitaran a cumplir sus instrucciones. La
primera impresión que Felipe González tuvo de los exiliados fue, pues, algo
deprimente. Ahora bien, ello no le arredró y contestó la versión que Llopis
daba de la situación de los socialistas en Andalucía: Calderón y sus amigos no
hacían nada, mientras ellos —dijo González— habían extendido los núcleos
organizativos del PSOE en Málaga, Córdoba y Jaén. La discusión tuvo algunos
pasajes tensos, pero el joven abogado laboralista no dio su brazo a torcer ante
los argumentos del viejo cacique socialista.
Por fortuna en la reunión estaban presentes otros
socialistas del interior, dos de ellos también jóvenes, Redondo y Múgica, en
compañía de Rubial. El líder de la UGT y Múgica se interesaron especialmente
por aquel sevillano que acababan de conocer, y, al terminar la reunión,
quisieron intimar con él a la par que trataban de deshacer el mal efecto que la
discusión con el dirigente exiliado probablemente había producido a González.
En este encuentro del mes de julio de 1969 entre los
jóvenes socialistas vascos y Felipe González empezó a fraguarse el eje San
Sebastián-Bilbao-Sevilla que pronto iba a renovar la dirección del PSOE,
renovación que, insistimos, venía siendo necesaria desde que en España se
iniciara el primer Plan de Desarrollo, por lo menos.
Desde ese momento los vascos y los sevillanos
coordinaron sus trabajos y proyectos, ya un tanto al margen de los puntos de
vista del Llopis anclado en Toulouse. Era asimismo necesario organizar y poner
en marcha a los militantes del PSOE que residían en Madrid.
Desde hacía años, la agrupación madrileña estaba
prácticamente desarticulada y, en todo caso, inoperante. La represión policíaca
y las desavenencias entre los pocos «psoeístas» que allí eran conocidos
anulaban su representatividad en las relaciones con los otros grupos. Múgica
mantenía algunas relaciones —no exentas de conflictos— con Boyer, después
ministro de Economía del Gobierno socialista. En Toulouse y en Madrid, casi
todos sentían algún recelo —como mínimo antipatía— por otro destacado
militante, Antonio del Villar Masó, conocido ya entonces como masón y hoy «Gran
Oriente de la Masonería Española». Se sabía igualmente de la existencia de Luis
Gómez Llorente, con el que tampoco se contaba porque su militancia era una
contradictoria composición entre un verbalismo de extrema-izquierda que llegaba
a proponer la lucha armada, lo que mantenía en conversaciones privadas, y un
ultraclandestinismo que en la práctica antifranquista se traducía en la más
simple inactividad. Tampoco Federico de Carvajal se mostraba activo. Por su
parte, en aquellos años sesenta, Pablo Castellanos, que se había enemistado con
Enrique Tierno, no acababa de encajar en el PSOE hasta que en 1970-71 comenzó
sus relaciones con los sevillanos.
En suma, que la fuerza innovadora decisiva fue la
vasco-sevillana, como siguió demostrándose en los debates del XI Congreso del PSOE en el exilio (Toulouse, del 13 al 16 de agosto de 1970).
En esta serie de reuniones Felipe González planteó con toda claridad la
exigencia de que la dirección del partido pasara a manos de los socialistas del
interior.
Llopis había intuido que se iba a suscitar esa
cuestión, que desde hacía años él rehuía no sólo porque —ésta era la posición
oficial— sostenía que, como sucediera en lustros anteriores, las Comisiones
Ejecutivas en el interior corrían el peligro de ser encarceladas, sino porque
trasladar la dirección al interior de España significaba el fin de su mandato
máximo en el PSOE. Así que Llopis, que desde la reunión de Bayona calibraba la
capacidad dialéctica de Felipe González, prohibió a éste que interviniera en el
Congreso. Fue Carmen García Bloise, entonces militante en la Agrupación
Socialista de París, la que insistió para que hablara el entonces conocido con
el alias de compañero Isidoro.
La segunda gran discusión de Felipe con Llopis se
prolongó hasta que Andrés Saborit (delegado de los socialistas exiliados en
México y presidente de este Congreso), al observar el extraordinario interés
con el que los congresistas seguían la controversia, decidió que había que
someter a votación los diferentes criterios que sostenían: la mayoría absoluta
de los presentes (el 75 %) votaron a favor de las tesis de Felipe González. La
derrota de Llopis se consideró como tal ya que esos votos eran de los propios
socialistas exiliados, puesto que en los congresos los socialistas residentes
en el interior tenían voz pero no voto. La renovación del PSOE estaba en
marcha, pero en 1970 Felipe González y sus jóvenes compañeros no quisieron
forzar —con tal apoyo mayoritario les habría sido fácil— el desplazamiento de
Llopis de la secretaría general. Por el momento, a los socialistas del interior
les bastaba con disponer de las principales estructuras de poder real: Rubial
pasó a ser presidente en funciones; González se encargó de la organización;
Guerra, de la secretaría de prensa y propaganda; Múgica, de la coordinación
política; Redondo, de las relaciones sindicales. La era del caciquismo de
Llopis tocaba a su fin, aunque éste no se oficializó hasta 1972.
2.3. Los comunistas y las
«huelgas generales»
La dirección del PCE seguía preconizando la
realización de la HGP (huelga general política) más la HNP (huelga nacional
pacífica) como modos de acabar con la dictadura, pero, a pesar de lo que
Carrillo pretendía en numerosos documentos y declaraciones, la movilidad social
no avanzaba en ese sentido.
Para hacer una huelga general política (HGP) (paro
global, por razones antifranquistas, de la inmensa mayoría de los asalariados)
articulándola además a una huelga nacional pacífica (HNP) (o sea: los
empresarios, al menos los pequeños y medianos, debían sumarse a la huelga
anterior cerrando sus fábricas, comercios, etc.), según la fantasía de los
dirigentes del PCE en esa época, había que contar con multitudes, con masas,
como ellos decían, o sea: con millones de persona (al menos muchos centenares de miles) dispuestas a bajar
a la calle y mantener una presión popular contra la dictadura, incluso en el
caso de que el dictador y sus colaboradores ordenasen a la policía armada, a la
guardia civil y al Ejército que disolviese el movimiento.
¿Dónde estaban esas masas? Entre los dirigentes
comunistas no sólo era Carrillo quien solía confundir sus deseos
revolucionarios con las realidades: otros, incluso algunos formalmente (o
académicamente) más , cultos que él, como Manuel Sacristán, también pretendían
«ver» más movimientos sociales que los que realmente existían. Contra lo que
opinaba Sacristán en 1966 (véase Protagonistas
de la España democrática, p. 264), hasta ese año los movimentos colectivos
contra la dictadura fueron pocos, muy distanciados en el tiempo (Manresa 1964,
Vizcaya 1947, Barcelona 1951, Madrid 1956, Barcelona 1957) y, por lo general,
producto de vanguardias ampliadas
momentáneamente, tanto en el caso de los asalariados como en el de los
estudiantes. «Momentáneamente»: es decir, gracias a unos pocos activistas se
movilizaba a unas decenas de centenares de personas (salvo en el tema de los
transportes públicos barceloneses —1951—, hecho excepcional en todo el primer
período), que, pocos días después, se
desmovilizaban de nuevo por completo, dejando a los militantes politizados
en la más rigurosa soledad.
A partir de la primavera de 1962, como vengo
historiando, los movimientos huelguísticos se amplían pero no constituyen
movilizaciones de masas permanentes ni, muchísimo menos, políticamente activas contra la dictadura. Es en 1966-1967 cuando
empiezan a cristalizarse las vanguardias ampliadas, precisamente por la hábil táctica anticlandestina que desarrollan,
entre otros, los dirigentes de CC.OO.
Este aprovechamiento —arriesgado, sin duda— de la
legalidad es el que, acertadamente, también propugnaba la dirección del PCE a
partir de dichos años. En 1970, en otro artículo titulado «Salir a la
superficie» («Nuestra Bandera» n.° 65, tercer trimestre de 1970, p. 13),
Carrillo decía: «Cierto que la salida hacia la superficie representaba un
riesgo deliberado. Significaba salir desde las catacumbas, es decir, del
trabajo de pequeños círculos ultraclandestinos, de la distribución reducidísima
de la propaganda entre una ínfima minoría
de iniciados; de la acción de militantes heroicos ocultos, a una actividad
de masas, cada vez más abierta. Significaba ir descubriendo nuestras baterías;
promoviendo militantes que se tenían que ir dando a conocer en el movimiento de
masas, ir levantando la cabeza con el riesgo, naturalmente, de ser golpeado.»
Como ese texto indica, en 1970, y a pesar de esa
acertada política anticlandestina, las
masas seguían sin aparecer. Ya he citado explícitos documentos de CC.OO. en
ese sentido: incluso les fallaban algunos aspectos de solidaridad colectiva
mínima: muchos obreros no querían defender a los compañeros asalariados que,
por haber encabezado una lucha reivindicativa, habían sido despedidos y
detenidos.
Ciertamente, en el pueblo español continuaban
circulando miedos exagerados, irracionales —en esas irracionalidades caían
incluso intelectuales— ante la posibilidad de tener que sufrir algún tipo de
represión que, en estos años, ya no era la represión de los primeros lustros de
la posguerra.
En enero de 1969, en un informe que Gregorio López Raimundo presentó, en nombre del Comité
Ejecutivo del PSUC, en una reunión de los comunistas catalanes, también
confesaba: «La actividad de las Comisiones Obreras no está suficientemente
centrada en la defensa de las reivindicaciones más sentidas por los
trabajadores de cada empresa, de cada ramo de industria, localidad, comarca,
etc., cosa que explica en gran parte su debilidad
orgánica y su escasa fusión con la
masa de trabajadores.» (Este informe se publicó como folleto, en catalán:
«Deturar la repressió, acabar amb l'immobilisme, imposar un canvi democràtic», p. 34.) (Es SV quien subraya.)
Si en las CC.OO., que oficialmente eran el movimiento
de «masas», faltaban precisamente las «masas», mucho más faltaban en y en
relación con las organizaciones declaradamente comunistas: porque, no se
olvide, otra parte del éxito de CC.OO. se fundamentó en presentarlas como una
serie de núcleos sindicales no explícitamente comunistas; al contrario:
procuraban destacar la presencia de sindicalistas de origen falangista,
cristiano, socialista, etc., con el fin de facilitar la integración en ellas
del máximo número posible de trabajadores. López Raimundo, en la misma ocasión, reconocía al final de su informe lo
que podía deducirse de forma evidente: que el PSUC tampoco era un gran partido
de masas.
En un texto editorial del número 62 de «Nuestra
Bandera» (tercer trimestre de 1969) todavía se reconocía de manera más clara la
falta de participación de las masas en las acciones antifranquistas: «Lo
avanzado es mucho, pero aún no ha sido suficiente para romper definitivamente a
favor del pueblo la correlación de fuerzas. Todavía, grandes masas, pese a que
se saben víctimas del régimen, a que comparten nuestros propósitos, no
participan en la acción. De ahí que los comunistas nos exijamos un mayor esfuerzo
de acción en el seno del pueblo. Y en ese esfuerzo, la agitación política, la
capacidad para explicar, convencer y movilizar debe verse multiplicada en este
período.»
El intercalado «que comparten nuestros propósitos» era
más bien la expresión de un deseo que la descripción de un hecho, como sugiere
la argumentación que la continúa.
2.3.1. El
Pacto para la Libertad: vía pacífica y armada
Sin abandonar el plan de la HNP más HGP, desde el
primer trimestre de 1969 el PCE empieza a lanzar otra consigna que, en
principio, había de estimular más la participación de los demócratas en las
corrientes antifranquistas: concretar un pacto por la libertad. La idea era
viable y al comienzo se argumentó así: «Hoy en España se habla mucho de un
acuerdo, de un pacto entre las más
amplias fuerzas politicosociales para terminar con la dictadura y establecer un
régimen de libertades. La necesidad, aún más, la urgencia de ese pacto es
innegable. Si se realizara, del lado de las fuerzas pactantes se inclinarían,
en rápido proceso, todos los que ahora se interrogan sobre el futuro, todos los
que vacilan, todos los que dudan.» (En el n.° 61 de «Nuestra Bandera», marzo-abril
de 1969, p. 8)
Ese plan lo explicitan con claridad el conjunto de los
dirigentes comunistas en la resolución del CE del PCE que fechan en «mayo de
1969»: «La posición de nuestro Partido es clara. Estamos por un pacto para la libertad, un pacto que dé
paso a una situación provisional con libertades políticas, incluidas las
libertades nacionales de los pueblos de España, que promulgue la amnistía para
los presos y los exiliados políticos y que dé la palabra al pueblo para decidir
de sus designios. Un pacto para establecer el juego democrático. Ese pacto hace
falta ahora cuando de lo que se trata
es de reunir el máximo de fuerzas posible para derribar al régimen. Estamos
dispuestos a concluirlo con todos los que quieran acabar con esto, sean quienes
fueren. Hoy esto es posible y necesario.»
Y a continuación, el CE del PCE expresaba su amenaza
de forma contundente: «Pero si el pacto no se concluye ahora, mañana, si el
movimiento de masas da al traste con el régimen de Franco, será ya tarde para
establecerlo. El pueblo arrinconaría a todos aquellos que no hicieron lo
necesario para facilitar el restablecimiento de la libertad.»
El «Pacto para la Libertad» fue argumentado por el PCE
y por el PSUC en sucesivas declaraciones y en los mismos términos durante los
meses siguientes. A finales de 1970 (o sea: dos años después de que empezaron a proponer ese pacto), todavía no han
conseguido que ningún otro partido se
sume a su proyecto; a pesar de ello, siguen machaconamente con su
propuesta.
¿Por qué los
dirigentes del PCE y del PSUC no consiguieron, ni en
1970 ni después, que nadie firmara con ellos el Pacto para la Libertad?
No fue sólo por el anticomunismo tradicional, no fue
sólo por las antiguas querellas del PCE con las fuerzas democráticas.
Inconscientemente, los dirigentes del PCE reverdecieron los viejos recelos que
su política suscitaba con nuevas formas tácticas
que eran reproducción de antiguos
planes que ya habían sido rechazados por unos y por otros. En efecto, la
táctica de combinar la huelga nacional con el Pacto para la Libertad de los
años 1968-1970 era una reedición, con
otras palabras, de la táctica de la «Unión Nacional Española» en los años
1941-1943. Como en los «Llamamientos» del PCE de septiembre de 1941, de
septiembre de 1942 y de septiembre de 1943, los textos en torno al «Pacto para
la Libertad» en 1968-1970 se dirigían preferentemente a los monárquicos, a los
católicos, a la derecha y a los «evolucionistas» en general, mientras dejaban
en un segundo plano a los socialistas, a los libertarios, a las demás fuerzas
de izquierda y republicanas en general. Con ello el PCE provocaba la
prolongación de las reservas y de los rechazos de éstos a la política del PCE y
no conquistaba suficientemente las simpatías del grupo compuesto por los
primeros.
Los monárquicos, católicos y la derecha en general no
querían firmar ningún pacto con el PCE (incluso era absurdo pedírselo) porque,
a pesar de la posición que tomaba con motivo de la invasión de Checoslovaquia
por las tropas soviéticas, la organización comunista seguía dominada por los
mitos y las fraseologías estalinistas y brejnevianas. El PCE quería negociar
con los monárquicos y se proclamaba acérrimo republicano; el PCE proponía
avanzar hacia la democracia pero internamente era antidemócrata y expresaba su
impaciente ansia de llegar a la «dictadura del proletariado».
Eran diversas líneas políticas que chocaban entre sí:
la dirección del PCE ponía obstáculos a sus propios intentos de marchar hacia
la libertad. La mayor contradicción es que a la propuesta del pacto a las
fuerzas derechistas el PCE articulaba su plan de huelga general política más
huelga nacional. ¿Cómo iban los
empresarios a sumarse a un proyecto que podía derivar a un «levantamiento
popular» de carácter insurreccional, tal como Carrillo y sus colaboradores proponían de forma más o menos explícita?
Ese plan era descabellado, estaba dominado por una
serie de subjetivismos voluntaristas, por un conjunto de irracionalismos que ya
he definido como pensamiento mágico que
confundía sus deseos con las posibilidades reales.
2.3.2. La
invasión de Checoslovaquia como causa de nuevas divisiones en el PCE-PSUC
Las tropas soviéticas invadieron Checoslovaquia el 21
de agosto de 1968. Líster estaba en Praga desde el día 19 y permaneció allí
hasta el 6 de septiembre: el general comunista concluyó que la intervención
había sido un error. Sin embargo, Líster no está de acuerdo en cómo Carrillo
expresa la posición del PCE respecto a esos acontecimientos. En la reunión del
Comité Central de los días 18-19 de septiembre Líster vuelve a expresar su
disconformidad con lo que argumenta Carrillo porque, si bien es cierto que la
intervención era un error, a juicio del general no había que negar que en
Checoslovaquia actuaba «una fuerza contrarrevolucionaria»; pero Líster no votó
contra el Informe del entonces secretario general del PCE, como votaron otros
cinco miembros del Comité Central, entre ellos uno de los máximos dirigentes,
Eduardo García, que ocupaba el puesto clave de secretario de organización,
puesto del que dimitió en junio de 1969 para pasar a organizar un PCE más
prosoviético, en principio en colaboración con otro miembro de la dirección,
Agustín Gómez, y con los militantes fieles a ellos que pudieron arrastrar.
Mientras tanto, Líster maniobraba en el interior del
PCE, por lo que a finales de mayo los carrillistas ya empezaron a acusarle de
que estaba haciendo «trabajo fraccional». Los militantes fieles a Líster
replicaron acusando a los carrillistas de hacer «culto a la personalidad» de
Carrillo que «no tolera a su lado hombres que se atrevan a discutir sus
opiniones y sus métodos. Carrillo sólo acepta fieles «colaboradores», personas
sin carácter y sin voluntad, «dirigentes que, como Ignacio Gallego, Azcárate, y
otros más, se inclinen respetuosamente ante la santa e inalterable decisión del
jefe supremo». Era el mes de mayo de 1970: la ruptura entre el general y el
secretario general del PCE era un hecho. Líster estaba en minoría y tuvo que
marcharse del PCE: con él se solidarizaron otros cuatro miembros del Comité
Central: José Bárzana, Luis Balaguer, Jesús Sáiz y Celestino Uriarte. El nuevo
partido estrictamente prosoviético nunca pasó de ser un grupito en el que
también surgieron querellas y divisiones.
3. El Antifranquismo En Las Nacionalidades Periféricas
En los años 1966-1970 las acciones contra la dictadura
que se desarrollan en Cataluña son muy distintas de las que tienen lugar en el
País Vasco. En las tierras catalanas asistimos a una pacífica extensión de la
influencia en la sociedad de los partidos y sindicatos democráticos, mientras
en las latitudes vascas ETA acentúa su táctica violenta. En ambas
nacionalidades, sin embargo, si bien mucho más en Cataluña, se concretan
importantes movimientos unitarios guiados por la solidaridad con cuantos sufren
la represión. También siguen produciéndose divisiones en el seno de los
partidos: del PSUC se separa el grupo «Unidad», que se transforma en el PCE(i);
otros comunistas forman el grupúsculo «Bandera Roja»; en el «Front Nacional de
Catalunya» también se concreta una escisión que forma el PSAN (Partit
Socialista d'Alliberament Nacional).
En Cataluña —o, más exactamente, en Barcelona—, el
Comité Ametlla (que había sucedido al Comité Pous i Pagès: 1945-1948) se prolongó —oficialmente— hasta las jornadas de la muerte y
del entierro (el 9 de octubre de 1968) de este periodista y político, a quien
acompañaron en el primer trecho de su último viaje los representantes de los
partidos políticos democráticos: su entierro fue un acto político
antifranquista.
En la práctica, sin embargo, el Comité Ametlla ya
había sido sustituido por lo menos desde 1966, que es cuando se organizó la
«Taula Rodona» (Mesa Redonda) al calor de los acontecimientos de la
«Capuchinada». En esta «Taula» se reunían, de manera aparentemente informal,
como mínimo cada quince días, no sólo los representantes de los partidos, sino
también los de aquellas acciones sociales que, en un momento u otro,
necesitaban plantear tal o cual cuestión que probablemente había de interesar a
los demás. Estas reuniones tenían lugar, sobre todo, en el piso de Pere
Portabella (PSUC) de la calle Balmes y también en casa de Reventós, de
Casanovas (abogado vinculado a Pujol) y de Benet.
Desde la «Taula» se organizó una de las más amplias
campañas contra la tortura y los malos tratos que la policía solía infligir a
los detenidos. Desde finales de 1968 se hizo circular un documento que, en ese
sentido, firmaron 1.500 personalidades de la vida política y cultural. Entre
los primeros firmantes se encontraba un largo centenar de profesores
universitarios, 191 escritores, 113 religiosos, 73 ingenieros y técnicos, 64
abogados, 10 economistas, 14 editores, 49 arquitectos, 77 médicos y 150 artistas
plásticos (entre ellos Joan Miró). Los provinciales de las órdenes religiosas
también se sumaron a esta carta colectiva, que fue dirigida al ministro de la
Gobernación el día 11 de enero de 1969.
A finales de 1969 las reuniones de la «Taula» se
formalizaron con más rigor al crearse la CCFPC (Comisión Coordinadora de
Fuerzas Políticas de Cataluña), formada por el MSC, el FNC, la UDC, la ERC y el
PSUC. Este organismo se creó en una casa de Reventós en Vendrell (Tarragona) y
luego tuvo sus reuniones periódicas en el chalet barcelonés asimismo de
Reventós en la calle Anglí, aunque también se utilizaron los domicilios de los
representantes de otros partidos.
Esta Comisión Coordinadora oficializó su constitución
a primeros de diciembre de 1969 difundiendo una declaración dirigida «Al poble
de Catalunya». En su preámbulo decía que dada la situación de España era
urgente crear una «unidad operativa con el fin de restituir al pueblo el
derecho soberano, que le fue usurpado y que es el suyo». Para alcanzar tal
objetivo, la CCFPC declaraba quedar «abierta a todos los grupos políticos
catalanes que luchan por la libertad, para proponer al país una alternativa
democrática» que habría de iniciarse con «un período de transición sin signo
institucional definido».
La CCFPC desempeñó un papel determinante en la
creciente movilización social contra la dictadura.
3.2. El consejo de guerra de Burgos y la Asamblea de Montserrat
La espiral de las acciones etarras y de las
represiones franquistas fue creciendo durante los años sesenta hasta llegar a
la máxima tensión del consejo de guerra que tuvo lugar en Burgos desde el día 3
de diciembre de 1970 hasta el 28, en que se conocieron las sentencias.
El proceso empezó mientras las manifestaciones
proliferaban por todas partes e incluso la Conferencia Episcopal Española
formulaba su petición de clemencia. En Guipúzcoa, sobre todo, los paros obreros
fueron numerosos: al día siguiente, el Gobierno promulgó otro estado de
excepción especial para esta provincia.
El edificio del Gobierno Militar donde tenían lugar
las sesiones del consejo de guerra estaba rodeado de fuertes medidas de
seguridad. Unos doscientos vascos acudieron para presenciar el proceso, así
como numerosos corresponsales de prensa y abogados, entre ellos Pierre Édouard
Weiss y Gisèle Halimi.
El consejo de guerra iba a ser más político de lo que
los franquistas imaginaban. En efecto, los etarras decidieron desempeñar un
papel muy activo a lo largo de las sesiones rechazando la condición de acusados
y asumiendo la actitud de acusadores. Gorostidi, en cuanto obrero, habló de los
problemas de los asalariados; Echave y Calzada, que eran sacerdotes, se
refirieron al compromiso evangélico con el que sentían el deber de cumplir;
Larena y Uriarte se expresaron, en cuanto estudiantes, de la situación de la
cultura; todos partieron del problema vasco desde su peculiar punto de vista,
aunque algunos de ellos, como Dorronsoro, relativizaron mucho la cuestión del
independentismo, puesto que, entre otras cosas, dijo: «No existe ninguna
diferencia entre un campesino vasco y un campesino andaluz. Yo mismo soy
campesino y sé que ambos están oprimidos» («Le Monde» del 10 de diciembre).
Los miembros del tribunal se dieron perfecta cuenta
desde el primer día que no iban a conseguir ninguno de los fines que
perseguían, es decir, amilanar a aquellos jóvenes y liquidar aquella virulenta
ramificación del antifranquismo. De la inutilidad de sus esfuerzos acabaron, si
falta hacía, de convencerse cuando le tocó hablar al último de los etarras:
Mario Onaindía, quien dijo: «Me considero prisionero de guerra y me acojo a los
Convenios de Ginebra», pero añadió, mientras el Presidente del Tribunal le ordenaba
reiteradamente que se callase: «Lo que ocurre es que no quiero hacer uso del
derecho de no contestar más que el nombre y apellido, porque quiero aprovechar
esta ocasión para dar a conocer la lucha del pueblo vasco y la opresión que
sufre.» A continuación, dirigiéndose a los miembros del tribunal, gritó: «Gora
Euskadi Askatuta», que fue coreado por los demás procesados. Sintiéndose, al
parecer, amenazados, dos de los vocales del consejo, el capitán auditor Antonio
Troncose de Castro (ponente) y el capitán de artillería Julián Fernández García
(suplente), desenvainaron sus sables «en actitud defensiva», según consta en el
acta del consejo de guerra, que añade: «Hay que hacer constar también que el
procesado Mario Onaindía se encontraba sin esposas y que la fuerza pública
—alguno de sus números— se vio obligada a desenfundar su arma corta para
reducir a los procesados y poder desalojarlos de la sala cumpliendo las órdenes
terminantes que rápidamente dio el Sr. Presidente.» Era el 9 de diciembre.
Del 10 al 27 de diciembre el tribunal continuó sus
sesiones a puerta cerrada. Entretanto, el movimiento de solidaridad, tanto en
España como en el extranjero, se amplió en proporciones que jamás hasta
entonces había tenido.
En estas fechas, el acto que alcanzó mayor repercusión
fue la Asamblea que unos trescientos intelectuales catalanes constituyeron en
el monasterio de Montserrat a partir del 12 de diciembre. Poco después de
llegar allí, la policía y la guardia civil cercaron el lugar. Ante la amenaza
de que los agentes de la represión irrumpiesen en el monasterio y les
detuvieran, los asambleístas organizaron prontamente sus trabajos y al día
siguiente, el 13, se pusieron de acuerdo en la Declaración que iban a difundir.
La Asamblea había sido motivada por el consejo de guerra, pero su documento
trataba del problema general de España; principalmente tomaban posición contra
«la tortura y los malos tratos físicos y morales, que han sido denunciados
reiteradamente»; recordaban que «los derechos de los pueblos y naciones que hoy
forman el Estado español son ignorados y reprimidos»; denunciaban también a la
RTVE porque «tergiversan y escamotean sistemáticamente la información»; y en
fin pedían que «se dejaran sin efecto las condenas que iban a dictarse en
Burgos» y que se promulgara una amnistía general.
Entre los congregados en Montserrat estaban Joan Miró,
Nuria Espert, Ana M." Matute, Tapies, Guillermina Motta, Benet, Bohigas,
Pi de la Serra, Castellet, Esther Tusquets, Oriol Martorell, Jorge Herralde,
Cuixart, Beatriz de Moura, Rosa Regàs, Eugenio Trías, Montserrat
Roig, Guinovart, Brossa, Joan Manuel Serrat, Josep M.a Forn...
Mientras estaban reunidos en Montserrat, el 14, el
Gobierno suspendió el artículo 17 del Fuero de los Españoles, en toda España y
durante medio año, lo que significaba un cierto estado de excepción que iba a
permitir a la policía prolongar las detenciones más allá de las 72 horas
oficialmente establecidas, antes de entregarlos a la autoridad judicial.
Las sentencias
se comunicaron el día 28: el primer impacto fue terrible porque agravaban las
penas pedidas por el fiscal, de modo que parecía inevitable que iban a fusilar
a tres de ellos, al menos; las condenas fueron las siguientes: Gorostidi: 2
penas de muerte y 30 años de prisión; Izko: 2 penas de muerte y 27 años y un
día; Uriarte: 2 penas de muerte y 30 años; Onaindía: 1 pena de muerte y 51
años; Larena: 1 pena de muerte y 30 años; Dorronsoro: 1 pena de muerte; Arana:
70 años de cárcel; Abrisqueta: 62 años; Juana Dorronsoro: 50 años; Echave: 50
años; Guesalaga: 50 años; Irasuegui: 30 años; Aizpurúa: 15 años; Calzada: 12
años y un día; Juan Antonio Carrera: 12 años y un día.
Las manifestaciones de protesta arreciaron en todo el
mundo. El Vaticano y varios Gobiernos europeos y americanos pidieron clemencia
al de Madrid, cosa que también hicieron los Colegios de Abogados españoles, y
un obispo muy conservador, Marcelo González. Dos días después, el 30, tras un
consejo de ministros, Franco conmutó las penas de muerte pero mantuvo las
condenas de prisión. Ya era una victoria, no sólo de los vascos, sino para
todos los demócratas.
4. La Represión Global, La Amnistía Y Los Abogados
Las acciones que, de forma pacífica, venían
desarrollándose en el resto de España también sufrían la réplica de la
represión. Sin embargo, cada vez eran más los que perdían el miedo a la
violencia franquista, que en esta etapa tuvo otros aspectos espectaculares: los
del estado de excepción decretado el 24 de enero de 1969. Sin que cese la
presión parademocrática de los obreros, de los estudiantes y profesores, etc.,
quienes asimismo se distinguen en 1969-1970 en sus acciones colectivas contra
la dictadura son los abogados.
A mediados de febrero de 1970, «Ibérica» (revista
editada en Nueva York por exiliados españoles) informaba, citando fuentes
oficiales, que desde 1960 los tribunales franquistas habían juzgado a 18.928
personas y que, por sus actividades antifranquistas o por ser militantes de
partidos y sindicatos ilegales, 10.209 habían sido castigadas con diversas
penas. Sólo sobre el País Vasco, la estadística que publicó en Bruselas la
Confederación Mundial del Trabajo referida únicamente al año 1969 ya resultaba
(y resulta) impresionante: el total de personas detenidas fue de 1.953; de
ellas, ochocientas noventa fueron maltratadas, quinientas diez torturadas en
varios grados, noventa y tres juzgadas por el TOP y cincuenta y tres en
consejos de guerra.
En la manifestación convocada por CC.OO. el 27 de
enero de 1967, los estudiantes tuvieron una participación destacada. Algunos de
ellos se enfrentaron con la policía y otros fueron visitados por los agentes en
sus propias casas; éste fue el caso de Rafael Guijarro, quien, mientras
registraban su domicilio, murió en circunstancias más que oscuras: según los
agentes de la brigada política, fue Guijarro quien se arrojó por la ventana;
según fuentes democráticas, este estudiante fue arrojado por la propia policía.
En Madrid, la Universidad permaneció cerrada hasta finales de enero. El 26 de
abril, en una asamblea que se celebró en la Facultad de Ciencias Políticas,
quedó constituido el SDEUM (Sindicato Democrático de Estudiantes de la
Universidad de Madrid): asistieron unos 3.000 universitarios en representación
de casi todas las facultades. El 1.° de mayo, en San Sebastián, donde hubo una
manifestación de alrededor de 10.000 personas, al producirse choques con los
guardias éstos dispararon «al aire», pero hirieron al estudiante Miguel
Salazar. El 16 de mayo, de nuevo en la Universidad de Madrid, unos 1.500
estudiantes se enfrentan con la policía, mientras en la Facultad de Ciencias
destrozan un retrato del «Caudillo». El 7 de noviembre es la madrileña Facultad
de Filosofía y Letras la que acoge una reunión estudiantil convocada para pedir
a las autoridades la readmisión de los catedráticos expulsados (Aranguren,
García Calvo, Tierno) así como una amnistía general y la liberación inmediata
de los estudiantes que habían sido detenidos el día 4 por ser los que estaban
preparando el Congreso Nacional de Estudiantes. Unos 150 profesores apoyaron
esta petición.
El año 1968 empezó con la continuidad de las
manifestaciones anteriores (entre el 10 y el 17 de enero). Diez días después,
la dictadura creaba un cuerpo de policía especializado para actuar en el
interior de los centros universitarios. El 7 de febrero, dos premios Nobel de
Medicina, los profesores Lwoff y Monod, en carta publicada en «Le Monde»,
rechazan el doctorado «honoris causa» por la Universidad de Madrid, ofrecido
por las autoridades franquistas: dicen que no pueden aceptar ese título porque
«los profesores son destituidos o dimiten; los estudiantes son detenidos y
encarcelados; la Universidad se halla bajo el control de la policía. Dicho con
otras palabras: la Universidad no existe».
El 28 de marzo la Universidad madrileña cierra debido
a los choques entre estudiantes y policía; en situación parecida se encuentran
los centros universitarios de Valencia, Sevilla, Salamanca, Santiago... En
octubre-noviembre se reproducen las manifestaciones, en algunas de las cuales
se lanzan «cócteles Molotov».
El 21 de enero de 1969 otro estudiante, Enrique Ruano,
muere en oscuras circunstancias: «Mundo Obrero» dice que la policía le mató a
golpes. El día 24 el Gobierno proclama el estado de excepción en todo el país y
empiezan a detener a numerosas personas. En la Universidad de Madrid, el 30 de
enero, la policía detiene a dieciocho profesores, y a continuación los deporta
a zonas rurales alejadas de Madrid; entre estos profesores se encuentran Elias
Díaz, Raúl Morodo, Gregorio Peces-Barba (luego Presidente del Congreso de los
Diputados), Javier Muguerza, Rafael Jiménez de Parga, Óscar Alzaga (actualmente
dirigente del PDP), Paulino Garagorri...
4.2. Trabajadores de
izquierdas
Durante 1966 las CC.OO. gozaron de cierta tolerancia
gubernamental que incluso se reflejaba en las informaciones bastante objetivas
que, sobre este nuevo sindicato, publicaban algunos periódicos. Pero a mediados
de marzo de 1967 el Tribunal Supremo declaró que las comisiones eran ilegales.
Con motivo del 1.° de mayo hubo las casi habituales detenciones de viejos
luchadores, como la del ugetista y líder del PSOE Ramón Rubial. Por estas
mismas fechas moría en la cárcel el dirigente comunista Justo López de la
Fuente, del que ya he hablado. El 7 de septiembre, Alfonso Carlos Comín fue
juzgado por el TOP. El fiscal, que le acusaba de «propaganda ilegal» (por un
artículo publicado en el semanario parisién «Témoignane Chrétien» que llevaba
el título de «Después del referéndum, la represión»), pidió que fuera condenado
a tres años de cárcel (la pena fue a dieciséis meses de cárcel). El 28 de marzo
de 1968, nueve mineros asturianos militantes de UGT son condenados por el TOP a
penas que oscilan entre los seis meses y los cuatro años de cárcel. El 2 de
abril, Camacho y Ariza salen de la prisión de Carabanchel para estar presentes
en uno de los procesos a que están sometidos. Camacho grita a los magistrados:
«Yo acuso al Tribunal de Orden Público de ser un instrumento de la dictadura
fascista dirigido a la represión de las legítimas aspiraciones del pueblo.
¡Viva la libertad!» Este mismo tribunal el día 29 de abril condena a seis años
de prisión a David Urbano Bermúdez, acusado de pertenecer a la Federación
Ibérica de Juventudes Libertarias. El 18 de septiembre detienen a un grupo de
jóvenes libertarios de Valencia: Floreal Rodríguez de la Paz, José Luis Alonso,
Ángel Muñoz, Miguel Lacueva, Salvador Soriano, Pedro Gallego y Manuel Cáceres.
A mediados de abril de 1969 también se anunció un proceso contra militantes del
PSUC: el principal acusado, Ángel Abad, fue condenado a ocho años de prisión.
El año 1970 repartió nuevas condenas a socialistas y
comunistas. Para acabar con tanta barbarie dictatorial, CC.OO. convocó, para el
3 de noviembre, una jornada por la amnistía.
4.3. La represión y la
protesta de la cultura
En esta etapa en la que oficialmente la censura se
había suprimido, hubo diversos libros prohibidos, secuestrados y condenados a
la destrucción. El 9 de julio de 1966 la policía retiró un libro de poemas: Un humano poder, de José Miguel Ullán. A
mediados de septiembre el TOP procesó a Alberto Míguez por haber publicado, en
París, un libro sobre El pensamiento
político de Castelao. El 3 de enero de 1967, Isaac Montero, que ya había
visto prohibida su novela Alrededor de un
día de abril, es condenado por el TOP a seis meses de prisión por haber
explicado, en un prólogo a la edición de esa obra, que había sido prohibida. A
mediados de enero también se prohibe la representación de Mariana Pineda, de García
Lorca. El 24 de octubre, el TOP condena a la duquesa de Medina Sidonia a un año
de cárcel (con motivo de las bombas atómicas que se habían deslizado en el mar
frente a Palomares, Luisa Isabel Álvarez de Toledo había organizado una
manifestación de protesta de los vecinos de este lugar). La duquesa de Medina
Sidonia también vio prohibidas algunas de sus novelas, que luego fueron
editadas en París. A últimos de noviembre de 1968, el libro El poder está en la calle (análisis del
movimiento prerrevolucionario de 1968 en París), de Sergio Vilar, es
secuestrado por la policía y condenado por el TOP a la destrucción de la
edición e incluso de los moldes de imprenta, más al pago de cincuenta mil
pesetas de multa. En enero de 1970, el TOP condena una novela de Luis Méndez
Ferrín sobre las guerrillas en Galicia (destrucción de la edición y veinticinco
mil pesetas de multa).
Éstos son sólo unos ejemplos indicativos de la
diversidad de libros sobre los que, ya avanzada la segunda mitad del siglo xx,
se abatía una represión más bien propia de los tiempos de la vieja Inquisición.
Otros libros importantes conseguían, sin embargo, editarse: aquí me refiero,
como en anteriores etapas, a aquellas obras que, a mi juicio, más contribuyeron a la formación de un
pensamiento social progresista en conjunción con las teorías y las
sensibilidades que estaban y que están en vanguardia en el resto de Europa. En
1969, Jesús Aguirre prepara el libro colectivo Cristianos y marxistas: los problemas de un diálogo (con textos
de Rahner, Lombardo Radice, Althusser, Aranguren, etc.). Tierno publica su Razón mecánica y razón dialéctica. José M.a González
Ruiz publica Marxismo y cristianismo frente
al hombre nuevo. Miguel Martínez Cuadrado edita su estudio histórico
político sobre Elecciones y partidos políticos 1868-1931. También
destacan en estos años los libros siguientes: El papel de la filosofía en el conjunto del saber, de Gustavo
Bueno; Psicoanálisis y marxismo, de
Carlos Castilla del Pino; Revisión de
Unamuno. Análisis crítico de su
pensamiento político, de Elias Díaz. En el campo literario, en esta etapa,
sobresalen las Señas de identidad, de
Juan Goytisolo; Volverás a Región, de
Juan Benet; los Poemas póstumos, de Gil de Biedma.
La cultura
expresada en lengua catalana da un gran salto: en 1963 se habían publicado
doscientos libros en catalán, y en 1968-1969 se superan los quinientos. Éstos
siguen siendo también los años de La pell
de brau (1960) de Espriu y Vacances
pagades (1961) de Pere Quart, ambos
de actualidad permanente. Uno de los actos públicos decisivos para la
recuperación de la conciencia nacional catalana y en general para la extensión
de la conciencia democrática fue el homenaje que se hizo el 3 de marzo de 1967
a Jordi Rubio y Balaguer, presidente del «Institut d'Estudis Catalans» y
antiguo profesor de la Universidad de Barcelona, castigado por los franquistas
al terminar la guerra civil. Entre quienes enviaron adhesiones al homenaje se
encontraban Picasso, Casáls, Bosch Gimpera y Menéndez Pidal. El acto
transcurrió normalmente en la Facultad de Derecho, pero al salir la policía
detuvo a los principales participantes: Joan Coraminas, Coll i Alentom, Joan
Oliver, Barral, Triadú, García Hortelano, Gutiérrez Díaz, Bohigas, Gubem, entre
otros. Inmediatamente se puso en marcha la solidaridad con los detenidos,
especialmente por unos cuantos abogados demócratas, pero no consiguieron
hacerles salir en libertad de la Jefatura de Policía. El día 6 los agentes
represivos pusieron a esos intelectuales en manos de un juez. Por la noche de
ese día se redoblaron las gestiones para que no fueran ingresados en la cárcel.
El Decano del Colegio de Abogados, Frederic Roda i Ventura, democristiano del
grupo de Vilaseca Marcet y de Giménez Fernández, se entrevistó con el juez. De
la reunión, Roda salió preocupado, con aire de vencido. Casanovas, José Agustín
Goytisolo y Reventós hablaron con él en el mismo Palacio de Justicia: «No me
hacen caso, no me hacen caso», les dijo. Veinte minutos después Roda moría de
un infarto de miocardio, lo que motivó, entre los familiares y amigos de los
detenidos que estaban en el Palacio de Justicia, que se profirieran airados
insultos contra las autoridades. Era ya la madrugada del 7 de marzo. Los
funcionarios judiciales se asustaron y el juez se apresuró a dejar a unos
cuantos en libertad; los otros llegaron a la Cárcel Modelo, pero salieron pocos
días después. El entierro de Roda constituyó una pacífica y silenciosa
manifestación de las fuerzas democráticas.
Los libros
contribuían, sin duda alguna, a la afirmación de las conciencias democráticas.
Pero eran, sobre todo, los actos públicos de los intelectuales demócratas los
que más inducían a los españoles, en general, a adoptar asimismo
comportamientos antifranquistas.
En Madrid, en 1970, hubo otras manifestaciones de
intelectuales que estimularon a la gente en ese sentido. El día 3 de noviembre
habían sido detenidos los realizadores de películas Bardem y José Luis Egea. El
5, en signo de protesta, unos treinta cineastas ocuparon un local del Sindicato
Provincial del Espectáculo, donde permanecieron hasta que, pocas horas después,
Bardem y Egea fueron puestos en libertad. En esa misma fecha la policía detuvo
al crítico de arte Moreno Galván por haber participado en una asamblea
estudiantil para pedir amnistía general. El día 6, unos setenta artistas
plásticos se encerraron en la Sala Goya, donde se encuentra el cuadro Los fusilamientos del 2 de mayo, en el Museo
del Prado, como expresión de su solidaridad con Moreno Galván.
La «Nova Cançó»,
que también era la «Canción Nueva», contribuía igualmente a la propagación de
las mentalidades y de las prácticas democráticas en los recitales que solían
dar Marina Rosell, Paco Ibáñez, Raimon, Pi de la Serra, etc., cuyas canciones
eran la musicalización de poemas de Blas de Otero, de Espriu, de Celaya, de
Goytisolo y de otros escritores. Algunos de esos recitales se convertían en
auténticos mítines políticos contra la dictadura.
4.4. Los monárquicos
antifranquistas
Los partidarios de don Juan de Borbón intervenían en
el movimiento general contra la dictadura y hacían sus actos específicos,
principalmente con motivo de la onomástica del heredero de la Corona. En estas
fechas iban a visitarle a Estoril y asimismo en Barcelona y en Madrid se
organizaban reuniones (por lo general banquetes en conocidos restaurantes u
hoteles) en las que se escuchaban cartas-mensajes enviadas por el pretendiente,
en las que éste insistía en su voluntad de organizar un sistema democrático.
El propio don Juan Carlos hizo circular la información
de que él no iba a continuar subordinado a la institucionalización franquista.
Así lo hacía constar Richard Eder, corresponsal de «The New York Times», en una
crónica que se publicó el 4 de febrero de 1970: «Don Juan Carlos ha dado a
conocer que no acepta el papel que, aparentemente, se ha escogido para él como
un dócil sucesor», empezaba diciendo Richard Eder, quien sustancialmente añadía
que el entonces príncipe «no tenía la intención de presidir una dictadura» y
ponía en boca del hoy Rey: Sólo bajo una forma democrática puedo tener una
posibilidad de llegar a ser Rey de España.»
La otra rama monárquica, la de los carlistas, venía
demostrando su vieja oposición al Gobierno de Franco, aunque en estos años el
antifranquismo de los tradicionalistas empezaba a tener un signo político
distinto del que había sido su característica hasta la guerra civil. En la
concentración que hicieron en Montejurra el 2 de mayo de 1967, los carlistas
hicieron diversas críticas al equipo en el poder. En un sentido parecido se
expresó al año siguiente, en la misma ocasión y lugar, el todavía procurador en
Cortes Auxilio Goñi. El 20 de diciembre de 1968, la dictadura expulsó de España
al príncipe Carlos Hugo de Borbón Parma: éste y sus hermanas harían evolucionar
a una parte considerable de las fuerzas carlistas de sus tradicionales
concepciones teocráticas a las democráticas, y de su ideología conservadora
hacia posiciones progresistas e incluso socializantes: en este sentido, en los
años setenta algunos dirigentes comunistas hicieron el papel de mentores en la
aproximación al marxismo de tales personalidades del carlismo.
Desde hacía años unos pocos abogados —que, a la vez,
eran dirigentes políticos de la oposición a la dictadura— participaban en las
tareas antifranquistas, fuese como militantes de los partidos, sea como
simpatizantes y también como defensores de quienes eran procesados por
actividades clandestinas. El número de profesionales del Derecho que pasaban a
sostener públicamente posiciones contrarias al régimen fue ampliándose durante
los años 1968-1969 y alcanzaron a ser una mayoría en el año 1970.
Poco a poco, los Tierno, Morodo, Múgica, Benet,
Carvajal, Bandrés, Casanovas, Gil Robles, Peces-Barba, Solé Barbera, etc.,
fueron seguidos por más abogados y después por la mayoría de sus diversos
Colegios.
El 16 de enero de 1969, el Colegio de Abogados de
Madrid aprobó dos propuestas: pedir la abolición del Tribunal de Orden Público:
por 449 votos a favor y 186 en contra; y pedir un régimen especial para los
presos políticos, dándoles mejor trato: aprobada por unanimidad.
El 21 de enero, la junta general del Colegio de
Abogados de Barcelona se adhirió, por aclamación, a las propuestas del de
Madrid.
Las anteriores fueron, en realidad, etapas
preparatorias para el IV Congreso Nacional de la
Abogacía, que se inauguró en León el 15 de junio de 1970. Esta iba a ser la
confrontación definitiva en el campo del Derecho y los franquistas la
perdieron, a pesar de los esfuerzos de todos los abogados-funcionarios y del
propio ministro de Justicia, Antonio Oriol Urquijo, que presidió el acto de
apertura.
El Congreso se convirtió, ya en las primeras horas, en
algo parecido a un Parlamento: por un lado estaban los representantes del poder
político, por lo general personas ya mayores, que trataban de promover su
posición monolítica; por otra parte, los representantes de la oposición, entre
los que prevalecían los jóvenes así como la diversidad ideológica, si bien les
unía el proyecto democrático; entre éstos se encontraban Miralles, Villar
Arregui y Solé Barbera, por poner tres ejemplos de tendencias políticas
distintas; entre aquéllos: Martín Villa, Roberto Reyes y Salas Pompo.
En la jornada de clausura del Congreso, el día 20 de
junio, se pusieron a votación dos resoluciones: una, que pedía al Gobierno
franquista la amnistía general en favor de los presos políticos, se aprobó por
195 votos contra 187; la otra pedía la supresión de los tribunales especiales
dedicados a la represión política y fue aprobada por aclamación.
Las posiciones oficiales fueron derrotadas, lo que
provocó tensiones e incluso palabras salidas de tono.
La victoria de los abogados demócratas en este
Congreso alcanzó una dimensión política mucho mayor que la interna de estos
profesionales del Derecho: fue una victoria que repercutió en toda la sociedad.
En esta Asamblea se demostró una vez más que un Estado basado en el Führerprinzip no podía generar un Estado
de Derecho.
5. La Ley De Prensa De Fraga, Los Evolucionistas Y Los Ultrafranquistas
La dictadura franquista hizo varios intentos —todos
fundamentalmente insinceros— de transformar su propia naturaleza. La falta de
sinceridad se demostraba por cuanto tales tentativas no se iniciaban como
expresión de la voluntad del general Franco y de sus colaboradores, sino que
los proyectos les venían impuestos en alto grado por presiones externas. Pero,
a fin de cuentas, las pretendidas reformas llegaban a ser muy poco más que retoques de fachada, y aun ni eso,
porque se limitaban a ser sustituciones de
unos textos jurídico-políticos por
otros. Todo ello era así sobre todo en el problema central de España y de
este libro: la confrontación entre los
franquistas y las fuerzas
democráticas.
Aunque las fuerzas democráticas denunciaban las farsas autotransformadoras, en la
etapa que ahora estoy analizando, 1966-1970, desde el interior del franquismo
vuelven a lanzarse proyectos evolucionistas y reformistas. La proliferación de
planes «liberalizantes» para el próximo futuro viene determinada asimismo por
la creciente preocupación de las clases económicamente dominantes respecto a
cuál será el sistema político tras la muerte de Franco, que, dada su edad,
todos prevén próxima.
5.1. La continuidad del
seudorreformismo de la dictadura
En 1968 el autor de este libro escribía: «En la marcha
hacia la democracia, España está viviendo un período confusionario en su vida
política: confuso por la movilidad seudodemocratizante en la que han entrado
algunos núcleos hasta hace poco vinculados al poder. En ambientes todavía
dictatoriales se ha empezado a hablar de la necesidad de una "oposición
desde dentro", una "oposición leal" para que organice la
"concurrencia de criterios" y el "contraste de pareceres",
según el típico lenguaje oblicuo, gongorino, perifrástico, artificioso que han
creado los documentos oficiales de estos años.»
En la misma introducción a Protagonistas de la España democrática, decía: «De manera lenta,
indecisa y superficial, la situación política ha ido
"liberalizándose". Tal "liberalización" puede considerarse
así sólo como una comparación de la situación presente con la situación de los
años cuarenta y cincuenta, que era mucho más dura. Pero, por ahora, la
"liberalización" no puede escribirse si no es entre comillas, puesto
que en el fondo poquísimas cosas han cambiado.» (...) «El principio de la
desbandada de los sectores reaccionarios es cada día más observable. Desde hace
un par de años, en esos ambientes la preocupación por el futuro es notoria.
Naturalmente, esa inquietud es de muy distinto valor al de la inquietud que la
Oposición tiene con relación al futuro de España. ¿Cómo planean los franquistas
llenar el gran vacío que les dejará la muerte de Franco? Desde que el régimen
se ha visto forzado a realizar algunas "aperturas", en sus relativas
tendencias se han dejado traslucir los ligeramente diferentes proyectos que
tienen para el futuro. Entre ellos pueden observarse algunos matices: los que
son partidarios de continuar en un régimen vuelto hacia el pasado y los que,
más hábiles, desean "abrirse" a un sistema neoautoritario creando
unos seudopartidos políticos controlados por antiguos fascistas.»
Ahora bien, atrapados en su propio lenguaje e
impelidos por sus contradicciones internas, acentuadas por la creciente presión
de las fuerzas democráticas, los evolucionistas del régimen tuvieron que
acentuar, a medida que nos adentrábamos en los años setenta, sus concesiones
verbaldemocratizantes así como, para autentificarlas en algún grado,
consideraron oportuno (algunos de
ellos, no todos) prestarse a desempeñar el papel de víctimas de la dictadura
(con el pago de alguna multa por declaraciones o publicación de artículos
considerados no adictos al régimen, con el secuestro de algún periódico, etc.).
Enrique Tierno Galván, en un artículo que publicó en «Ibérica» (Nueva York, 15
de abril de 1968), supo analizar con precisión este fenómeno: «Basta leer los
diarios "Ya" y "Madrid", seguir la línea de secuestros de
ciertas revistas y los castigados por el Tribunal de Orden Público, para
entrever que el establishment, sin
consentimiento explícito del Jefe del Estado, está buscando, y es una conducta
hábil, títulos morales que le permitan protagonizar la deseada futura situación
de congruencia entre burguesía y régimen político.» (...) «La tendencia a dar
legitimidad de oposición a poderes tradicionalmente conservadores para que
puedan mostrar ciertos títulos que les justifiquen como protagonistas del
cambio cuando el cambio, mucho o poco, ocurra.»
Había oportunismo y arribismo entre diversas personas
que, después de haber disfrutado de importantes estructuras de poder delegado
por el dictador, en estos años se preparaban para continuar ocupando puestos
análogos en el futuro. La ambigüedad de su función había de lanzar también,
simultáneamente, efectos negativos y positivos sobre la oposición democrática
que partía, en su inmensa mayoría, de los presupuestos políticos de la II República.
5.2. La pieza clave del
neorreformismo a partir de 1966
Durante más de veinte años (1939-1966), la prensa, la
radio y la televisión españolas fueron monolíticamente franquistas (salvo
algunas variantes católicas y monárquicas): porque la casi totalidad de las
empresas editoras de periódicos y de las radiodifusoras eran asimismo
franquistas (por ideología y por interés) y porque debían regirse por una ley de guerra. En efecto, la Ley de
Prensa dictada el 22 de abril de 1938 perduró hasta 1966, lo cual pone de
relieve las rígidas reservas que el equipo dictatorial impuso a toda
circulación de la información. Mediante esta «ley», el régimen obligaba a pasar
por censura previa cualquier texto que se quisiera difundir y se arrogaba el
derecho de intervenir en «la designación del personal directivo» (ningún
miembro de este personal podía ser un antifranquista declarado). El hecho de
que existía censura, no libraba, sin embargo, a los periodistas de castigos
ulteriores si las autoridades que estaban por encima del censor juzgaban que
tal o cual artículo o información no era «correcto» o difundía una ideología
«sospechosa». En cualquier caso la dictadura también se aseguraba de antemano,
al regular la actividad del periodista con un estatuto, que los profesionales
de la información acataran, al menos formalmente, la doctrina oficial, puesto
que en el artículo 1º de esos Estatutos se exigía: «En el ejercicio de su
misión el periodista ha de observar las normas de la moral cristiana y guardar
fidelidad a los principios fundamentales del Movimiento Nacional y Leyes
Fundamentales del Estado.»
A partir de 1960-1961, los franquistas que estaban más
informados de la evolución del mundo y de las transformaciones que iban
produciéndose en la propia sociedad española, creyeron conveniente eliminar de
la fachada del régimen los signos totalitarios que aún perduraban y
convencieron al general Franco de que había que elaborar una nueva Ley de
Prensa.
El equipo de Fraga —al ocupar el Ministerio de
Información y Turismo a partir del 10 de julio de 1962— trabajó en ese proyecto
en los años siguientes. El 18 de marzo de 1966, el pleno de las Cortes aprobó
la nueva Ley de Prensa e Imprenta.
La ley fue acogida con la esperanza de llevar a cabo
una nueva movilidad sociocultural, a pesar de que en su articulado seguían
existiendo algunos de los principales obstáculos a una auténtica libertad de
expresión: el artículo 2.° limitaba las críticas puesto que exigía el
«acatamiento a la Ley de Principios Fundamentales del Movimiento y demás leyes
fundamentales»; «el debido respeto a las instituciones y a las personas en la
crítica de la acción política y administrativa»; y se hacía especial hincapié
en las cuestiones referentes a «la defensa nacional, la seguridad del Estado y
el mantenimiento del orden público». En suma, que todo cuanto primordialmente
había de ser criticado, la ley prohibía tocarlo.
No obstante, había variantes importantes: formalmente
se superaba la obligatoriedad de la censura previa y se inauguraba la «consulta
voluntaria». Cabe decir que algunos se mostraban dispuestos a asumir la
responsabilidad de prescindir del control gubernamental anterior a la
publicación de los textos, a pesar de que la ley también introducía una insidiosa autocensura mediante las
amenazas de multas, suspensiones y secuestros de las publicaciones. En la Ley
de Fraga se mantenían diversas categorías de «delitos» y de «infracciones»: los
más graves eran «los que atentan contra el artículo 2° de esta Ley».
La desconfianza de la dictadura hacia la prensa seguía
siendo tan grande que antes de terminar ese mes de marzo, el día 31, se publicó
otro decreto por el que reafirmó el privilegio que venía ejerciendo desde 1939:
la inserción obligatoria de textos dimanantes de los diversos departamentos del
Gobierno.
Sin embargo, la Ley de Prensa, como todo el
evolucionismo de esta etapa, era un arma de dos filos: encauzaba y recuperaba las
tensiones sociales en pos de la libertad, pero a la vez — en aras de dar
alguna impresión de autenticidad— hacía
indudables concesiones. El dirigente comunista Jesús Izcaray no dejaba de
reconocerlo: «Al mismo tiempo, en algunos diarios comienzan a deslizarse
opiniones que no emanan de los grupos del régimen. También alguna nota de las
Comisiones Obreras o comunicados y comentarios de profesores o publicistas que
adoptan hacia los estudiantes una actitud comprensiva. Esto se advierte
también, a veces de forma más acentuada, en algunas revistas de tendencia
liberal o democrática en diverso grado» (en «Mundo Obrero» del 15 de junio de
1966).
En efecto, diversas empresas arrostraron las multas,
los secuestros y las suspensiones. Significativamente, los periódicos que más
pronto sufrieron unas sanciones u otras fueron los vinculados a opciones
monárquicas, como «Madrid» y «ABC» (éste fue multado por publicar, el 21 de
julio de 1966, un artículo de Luis María Ansón, titulado precisamente «La
monarquía de todos»; del «Madrid» me ocuparé después); las revistas cristianas
progresistas, como «Serra d'Or» (publicada por el Monasterio de Montserrat) y «Cuadernos
para el Diálogo» (el mensual fundado por Ruiz-Giménez), que en sus páginas
daban cabida a los artículos de escritores y políticos de otras tendencias,
incluida la marxista; las revistas declaradamente favorables a opciones de
izquierda, como «Triunfo» y «Promos», etc. En años sucesivos, fueron muchas
otras las publicaciones que padecieron un tipo de sanción u otro.
5.3. Las contradicciones
entre neorreformistas
Los límites estrechos del reformismo que se
preconizaba desde las esferas de la dictadura pudieron observarse asimismo con
claridad al leer la Ley Orgánica del Estado (publicada el 22 de noviembre de
1966). Las relativas novedades que ofrecía eran la creación del puesto de
presidente del gobierno separado del cargo de jefe del Estado (ambos asumidos
por Franco durante treinta años), y la posibilidad de organizar «asociaciones
de acción política», sucedáneo sustitutivo de los partidos políticos o más bien
como biombo para seguir ocultando el monopartido franquista.
Tales reformas jurídicas eran ilusorias porque nadie
se prestaba a engaño: Franco iba a continuar ejerciendo todos sus poderes.
Con la aprobación de dicha Ley, Franco pretendía
empezar a organizar el sistema institucional que le sucediera a su muerte. En
este sentido, el dictador, para acabar de jugar su carta contra don Juan de
Borbón, indujo al príncipe Juan Carlos a que diese (el 12 de diciembre de 1968)
unas declaraciones a la prensa en las que sugería su aceptación de la Corona,
sin atenerse exclusivamente a la sucesión dinástica. Esta fue una preparación
para la decisión que Franco iba a tomar aproximadamente medio año después. Una
semana antes del 22 de julio de 1969, Franco comunicó al príncipe Juan Carlos
que iba a designarle sucesor suyo a título de rey. El príncipe escribió a su
padre una carta difícil en que le informaba del hecho. Don Juan y sus
principales consejeros, entre ellos el conde Motrico, estaban en contra de tal
designación porque creían que hipotecaba el porvenir de la monarquía. Esta
posición de los monárquicos fieles al padre quedó patente dicho día 22 cuando
en las Cortes el «generalísimo» hizo la propuesta oficial: 491 procuradores
votaron a favor de la designación, 19 en contra y otros 19 se abstuvieron.
Entre quienes votaron en contra estaban antiguos monárquicos como Luca de Tena,
director y propietario del diario «ABC», y el teniente general García Valiño,
que en ocasiones anteriores ya había jugado a un relativo antifranquismo
vinculado a don Juan de Borbón.
Motrico, en esta ocasión, declaró que «al no
respetarse el principio de la legitimidad ni, por consiguiente, el automatismo
sucesorio, se inflige a la Institución un irreparable daño vaciándola de su
eficacia sustancial y reduciendo su presencia a un mero nominalismo formal que
poco o nada tiene que ver con la monarquía».
Pero la reacción negativa a la designación de Juan
Carlos como sucesor a título de rey, no vino sólo de los monárquicos vinculados
a su padre ni de los partidos de izquierda (y de los demás partidos
democráticos), sino que también los falangistas se oponían a ella, ya que
consideraban que era una operación unilateralmente controlada por el almirante
Carrero Blanco y los ministros del Opus Dei.
Ahora bien, en contra de la visión superficial dada
por diversos autores, el Opus Dei no actuaba como una fuerza monolítica, al
contrario, una parte de los seguidores del P. Escrivá de Balaguer, como el
grupo encabezado por Calvo Serer, continuaron apoyando la sucesión monárquica
en la persona del conde de Barcelona.
Desde que en mayo-junio de 1966 Calvo Serer empezó a
controlar el diario «Madrid» jugó una carta decisiva en favor de la monarquía
democrática. El 13 de octubre de ese mismo año, Calvo Serer fue nombrado
presidente del consejo de administración del periódico y pronto García
Trevijano y Antonio Fontán se convirtieron en sus más íntimos consejeros (el
último en calidad de director del «Madrid» a partir de abril de 1967). En
diciembre de 1966, «Madrid» fue el único diario que no apoyó el «sí» en el
referéndum. El 30 de enero de 1967 (recuérdese: tres días después de la gran
manifestación de CC.OO. en Madrid), «Madrid» publicó un editorial cuyo título
ya lo sintetizaba todo: «La protesta no es siempre moralmente condenable»
(Fraga Iribame, como ministro de Información, ordenó el secuestro de esta
edición). El 30 de mayo de 1968, Calvo Serer publicó otro artículo que produjo
gran sensación por la directa alusión que significaba: «Retirarse a tiempo: no
al general De Gaulle.» Franco lo entendió tan bien que al día siguiente el
Consejo de Ministros suspendía la publicación del diario durante dos meses.
Esta suspensión se prolongó, a partir del 26 de julio, a dos meses más.
La orientación que daba Calvo Serer al periódico
suscitaba fuertes reservas y antagonismos incluso en el propio consejo de
administración, ya que en este organismo se encontraban otros antiguos
franquistas cuya concepción del reformismo era mucho más moderada, menos
propensa a aperturas liberalizantes. Uno de los principales accionistas del
«Madrid», Luis Valls Taberner, presidente del Banco Popular, asimismo vinculado
al Opus Dei, estuvo entre quienes más se opusieron a la tendencia
antifranquista que tomaba el diario de la mano de Calvo Serer. Éste, sin
embargo, un día antes de la designación oficial de don Juan Carlos como sucesor
de Franco, volvió a pronunciarse a favor de don Juan de Borbón: el texto
editorial «Ante las Cortes del 22 de julio» fue el único en la prensa española
que no siguió la corriente oficial. Calvo Serer estaba arriesgándose a que la
dictadura cerrara el «Madrid» definitivamente, pero en y desde este diario
continuó la confrontación con el régimen durante unos dos años o más, hasta el
26 de noviembre de 1971, como acabaré de historiar en la última etapa,
1970-1975.
Con todo, las tensiones entre seudorreformistas y
neorreformistas resultaban irrelevantes cuando se producían series de hechos
antifranquistas que el núcleo duro de la dictadura consideraba peligrosos para
continuar con su estabilidad: en esos casos el general Franco y sus
colaboradores volvían a hacer funcionar el aparato policiaco-militar a ritmos
parecidos a los de los años de la posguerra.
Lo que finalmente cabe subrayar aquí es que los
evolucionistas y reformistas del régimen, a pesar de sus moderados proyectos
liberalizantes, también chocaban con las estructuras dictatoriales que ellos
pretendían retocar. Así en 1966-1970 se veían envueltos en graves paradojas que
ya habían sorprendido a Gil Robles a partir de 1936: que, aunque todos eran de
derechas y poco amigos de las libertades, descubrían que en torno a ellos aún había personas más derechistas y más enemigas de los valores democráticos.
6. La Reactivación De Los Grupos Fascistas, Integristas Y
Ultramilitaristas
La creciente presión de las fuerzas democráticas y el
desarrollo de las tendencias reformistas de los antiguos franquistas que se
volvían liberales, motivaron la reactivación de los grupos ultramilitaristas,
autoconsiderados como guardianes de la más rigurosa «pureza» del franquismo.
En los últimos años de la dictadura, estos grupos
carecían del apoyo (al menos conocido, directo)
de las clases económicamente dominantes. Su base «social», financiera y
armada se encontraba en ciertos núcleos del Estado, especialmente en el aparato
represivo y en el sector medievalizante de la Iglesia.
La proliferación de siglas de la ultraderecha era
enorme, desde las que se conocían legalmente, pasando por las que tenían
carácter «oficioso», hasta las que, aparentemente, eran «clandestinas» incluso
respecto a la legalidad franquista.
En esta etapa actúan grupos fascistas, integristas e
incluso declaradamente hitlerianos, como los «Comandos Adolfo Hitler», los
«Comandos de Lucha Antimarxista», la «Alianza Anticomunista Española» (que
también se ha firmado alguna vez como «Alianza Apostólica Anticomunista»), los
«Grupos de Acción Sindicalista», los «Comandos Negros de la Falange», la
«Defensa Universitaria» y los «Guerrilleros de Cristo Rey», posiblemente los
más conocidos. Se trata de bandas de la porra, o bandas armadas, que nos retrotraen a los orígenes del fascismo (recordemos
que los partidos fascistas se crearon a partir de grupúsculos armados y en
combinación con la policía). Existen otros grupitos de ultraderecha, como el
CEDADE (Círculo Español de Amigos de Europa), la Fuerza Joven, la Joven Europa,
etc.
Las acciones de estos grupúsculos de ultraderecha
consistían principalmente en los ataques a personas de la oposición y contra
las librerías progresistas. Aquí nos encontramos con un rasgo común de todas
las variantes fascistas, desde la hitleriana a la de Pinochet: su odio
destructivo contra los libros de autores no sólo revolucionarios, sino
simplemente progresistas y liberales, es elocuente de su tendencia
inquisitorial, propia de la Edad Media.
El grupo más organizado parece ser el que tiene a Blas
Pinar como jefe, el semanario «Fuerza Nueva» como órgano de expresión y la
sigla PENS (Partido Español Nacional Sindicalista) como proyecto partidario. En
cualquier caso, Blas Pinar aparece como el principal «ideólogo» de los grupos
fascistas e integristas españoles de hoy, que siguen contando con la protección
y con la ayuda de algunos sectores del aparato represivo.
Ya que se trata de un «ideólogo», leamos algunas
muestras de su pensamiento:
«Sí; tiempo de arcángeles para una batalla espiritual
y cósmica, en la que no caben neutralismos, posturas equidistantes y moderadas,
egoístas e inútiles torres aisladas de marfil. Estamos en vísperas de la
batalla.»
Obsérvese la combinación, propia ya de la ideología
religiosa inquisitorial y del falangismo de los años treinta, la insistente
combinación de palabras militaristas y símbolos religiosos. Evidentemente, para
los fascistas el futuro no es más que un retomo al ayer.
En otras ocasiones, Blas Pinar ha denunciado la
universidad como «un foco de frivolidad, subversión y droga» y ha recordado
asimismo que «la neutralidad del Ejército no supone su estricta apoliticidad,
ya que hizo su gran opción política el 18 de julio del 36». Blas Pinar es un
«ideólogo» considerablemente influyente entre los militares y policías de
ultraderecha.
Más o menos en conexión con esos grupos, se encuentran
otros núcleos de la ultraderecha como los que se integran en la Confederación
Nacional de Excombatientes, presidida por el viejo demagogo falangista José
Antonio Girón. Las organizaciones que se encuentran confederadas son las
siguientes: Alféreces Provisionales, Sargentos Provisionales, Caballeros
Legionarios, Marineros Voluntarios y Excautivos, Voluntarios de la División
Azul y algunas Banderas de Falange. El órgano de expresión de estos grupos es
el diario «El Alcázar».
Para hombres como Girón tampoco pasa el tiempo: «Somos
depositarios de muchas cosas irreversibles; de muchas memorias sagradas; de
muchos afanes individuales y colectivos que no pueden desvanecerse en nuestras
mentes ni en nuestros corazones.»
No obstante, parece ser que se acuerda de los antiguos
estribillos falangistas, los cuales, como otros grupos fascistas, pretenden
hacer una fantasmagórica «revolución», pendiente década tras década: «Queremos
hacer de España como última etapa de su proceso revolucionario —dice Girón— un
país más libre, más fuerte, más unido, más laborioso y más pacífico; sin
divisiones entre las tierras, entre los hombres o entre las clases.»
En cualquier caso, otras declaraciones de Girón no
permiten llamarse a engaño: «Me opongo rotundamente al cambio si supone la
cancelación del régimen, el deseo de echar abajo nuestro sistema de leyes con
ignorancia de nuestros Principios Fundamentales o un pacto o acercamiento al
comunismo vencido o a los separatismos.»
La antigua FE y de las JONS está dividida en numerosos
grupúsculos. Obsérvese asimismo, en primer lugar, que la T de los
tradicionalistas ha desaparecido de la antigua (1937) conjunción de siglas,
dado que los carlistas pasan, sobre todo desde 1968, a la oposición
democrática.
Por otra parte, el partido fascista español
desapareció oficialmente bajo la nueva fachada del partido único: el Movimiento
Nacional (1958). Sigue habiendo, pues, falangistas del Movimiento: sobre todo
los que conservan puestos de importancia en la burocracia estatal (sindicatos,
Ministerio del Trabajo, etc.).
Sin embargo, por otras vías, diversos falangistas
intentan reorganizar su antiguo partido. Tres son los sectores en los que se
agrupan las tendencias que se disputan la herencia de José Antonio Primo de
Rivera; la disputa teórica tendría poca importancia si cada uno de esos
sectores no deseara heredar, al mismo tiempo, el antiguo nombre de Falange.
Tales sectores son, por un lado, el Frente Nacional Español de Raimundo
Fernández Cuesta; por el otro, los Círculos Doctrinales José Antonio, en los
que parece ser destacan Diego Márquez y David Jato; y finalmente los seguidores
de Manuel Hedilla.
El Frente Nacional Español de Raimundo Fernández
Cuesta es la tendencia más a la derecha de la «nueva» Falange Española (FE). Su
programa consta de veintisiete puntos y pretende «vitalizar y estimular el
desarrollo de las Leyes Fundamentales en la línea del pensamiento de José
Antonio». Lo que más hay que tener en cuenta de este sector falangista de ultraderechas es que contacta con Blas
Pinar y su «Fuerza Nueva».
Los Círculos Doctrinales José Antonio solían
catalogarse, en comparación con la anterior, como una FE de «centro». En este
sector se agrupaban otros organismos falangistas como los «Antiguos Miembros
del SED», la FEI (Falange Española Independiente), la AJO (Asociación Juvenil
Octubre), los CORA (Círculos Doctrinales Ruiz de Alda), el FES (Frente de
Estudiantes Sindicalistas).
En este contexto de fuerzas de derecha, la FE de
«izquierda» parecía ser el sector de los hedillistas. Recordemos que no hay
movimiento fascista sin una tendencia de (seudo)izquierda vociferante, es
decir, el fenómeno no tiene nada de nuevo. Los herederos de Manuel Hedilla,
aquel idealista de ultraderecha que se creyó que Hitler iba a apoyarle como
«Führer» español contra Franco, también formaron otra FE y de las JONS, bajo
cuyas siglas se sumaban el FENAL (Frente Nacional de Alianza Libre —fundado por
el propio Hedilla en 1967—, la antigua CONS (Central Obrera Nacional
Sindicalista) y el FSU (Frente Sindicalista Unificado), en el que directamente
milita Miguel Hedilla, hijo del anterior. Pero, poco antes de morir, Hedilla
padre consideró que la Falange era un cadáver y que era imposible hacerlo
resucitar.
6.1. La constante
militar-franquista
Hasta la etapa final de la dictadura, los generales y
los almirantes son la categoría social que forma un bloque mayoritario en el
conjunto de los ministros que compusieron los gobiernos de Franco. Los
militares de alta graduación no sólo ocuparon los puestos de los ministerios
correspondientes a las principales ramas de las fuerzas armadas (ejército de
tierra, marina y aviación); también se responsabilizaron, de manera casi
permanente, del ministerio de Gobernación (recordemos que este ministerio —en algunas
épocas llamado «del Interior»— se caracteriza por la policía); a veces los
generales también se encargaron del puesto de ministro de Asuntos Exteriores,
del de Obras Públicas y del secretariado del partido único. El ministerio de la
Subsecretaría de la Presidencia estuvo igualmente de manera constante en manos
del almirante Carrero, hasta que pasó a ser presidente del Gobierno.
Además, numerosos generales, almirantes, coroneles,
etc., ocuparon algunos de los principales puestos de dirección y de los
consejos de administración de las empresas pertenecientes al Estado.
La policía ha estado, en bloque, subordinada al
Ejército (entre otras razones porque sus mandos superiores han sido siempre
coroneles y generales). La guardia civil es el «puente» principal entre el
Ejército y las diversas ramas de la policía.
Ahora bien, según las coyunturas y según las
contradicciones internas en las fuerzas armadas y en los estamentos políticos,
la policía se autonomiza relativamente, o bien es el Ejército el que no quiere
mezclarse en las tareas represivas. Estas oscilaciones dependen también de la
personalidad del general (más o menos ultra o con tendencia aperturista) que
ocupa tal o tal otro nivel de responsabilidad político-militar en tal o tal
otra etapa. La separación entre policía y fuerzas armadas se pone de manifiesto
sobre todo durante la última etapa. Los militares dejan la represión de los
hechos políticos, sindicales y en general sociales (conferencias, actos
culturales, etc.) de carácter democrático y progresista en manos de la policía
y de los tribunales especiales. Salvo casos excepcionales, los consejos de
guerra —numerosos durante el primer período (1939-1959) y para casi todos los
antifranquistas activos— no son
montados, en los últimos tiempos, más que contra los militantes políticos (ETA,
FRAP, etc.) que practican la lucha armada o el terrorismo.
En el seno de las fuerzas armadas existen, sin duda,
sobre todo en la última etapa, matices diferenciales de tipo ideológico y de
formación cultural no sólo entre los oficiales jóvenes y los jefes procedentes
de la guerra civil, sino también en el interior de esta última categoría. A
mediados de los años sesenta, unos pocos ya sabíamos las diferencias existentes
entre, por ejemplo, los generales Gutiérrez Mellado y Vega Rodríguez,
liberales, y los generales De Santiago, García Rebull, Iniesta, Milans y Pérez
Viñeta, de ultraderecha. Ello prueba que incluso en la institución clave de una
dictadura pueden penetrar y penetran las ideas democráticas, como acabaremos de
observar en la última parte al referirme a los oficiales que fundaron la
clandestina UMD (Unión Militar Democrática).
Donde hubo unos pocos cientos de demócratas activos
contra la dictadura (1948-1958), que pasaron a ser miles (1958-1968), en
1968-1975 llegarán a ser, gradualmente, decenas de miles, sobre todo en los
últimos años.
Los partidos aumentaron poco a poco el número de sus
militantes. Mayor fue la corriente popular con la que se engranaron los
sindicatos socialistas y comunistas, mientras los libertarios seguían con su
organización en gran parte desmantelada y con pocos efectivos. Ahora bien,
principalmente era en las acciones de solidaridad con los represaliados
políticos y en las peticiones de amnistía general en las que iba formándose,
relativamente, un movimiento de masas conscientes de la necesidad de recuperar
las libertades públicas.
En ese movimiento continuaron destacando los
universitarios e intelectuales en general, los abogados especialmente; en el
verano de 1971 fueron los médicos internos
y residentes de los hospitales quienes, a través de diversas huelgas, se
sumaron a la protesta popular.
Los obreros y demás trabajadores hicieron huelgas de
gran repercusión sociopolítíca, particularmente en la SEAT de Barcelona (en
mayo-junio y octubre-noviembre de 1971) y en los astilleros de El Ferrol (marzo
de 1972). Las represiones de las que unos y otros fueron víctimas motivaron
huelgas solidarias en otras empresas.
En las nacionalidades periféricas los quehaceres
antifranquistas avanzaban asimismo, aunque de distinta manera. En Cataluña, los
grupos democráticos promueven un gran y pacífico desarrollo del movimiento
democrático, cuya máxima expresión se concentra en la Asamblea de Cataluña (su
constitución se hace pública el 7 de noviembre de 1971). En el País Vasco, por
el contrario, aunque el PNV extiende su influencia, es ETA la que concentra la
mayor parte de la tensión nacionalista puesto que, como ya he sugerido, son
muchos los militantes peneuvistas que sienten simpatía por las virulentas
expresiones separatistas de los etarras. Esta organización terrorista atrae una
simpatía aún mayor cuando el 20 de diciembre de 1973 asesina al almirante
Carrero Blanco, presidente del Gobierno; pero ETA empieza a perder buena parte
de su capital político a partir del 13 de septiembre de 1974, cuando hace
estallar una bomba en la cafetería Rolando de la madrileña calle del Correo.
Algunos periódicos, mensuales, semanarios y diarios,
efectúan una sistemática labor informativa de opinión contra el sistema
dictatorial. A pesar de la censura directa e indirecta, y superando los
secuestros y las suspensiones, «Serra d'Or», «Cuadernos para el Diálogo»,
«Cambio 16», «Mundo», «Triunfo», «Destino» y «Posible» hacen una plausible
difusión de las ideologías liberales, progresistas e incluso declaradamente de
izquierdas. En estas mismas posiciones, el diario «Madrid» resulta el gran
sacrificado.
La
multiplicidad de presiones en favor de la democracia resquebraja el Estado
dictatorial. En estos años
setenta, las grietas también se las hacen algunos representantes altamente
significativos de sus instituciones. En la magistratura, un grupo de jueces se organizan clandestinamente, en
inequívoca posición a favor de la democracia, desde 1971. La UMD (Unión Militar Democrática) también
concreta su organización a partir del 29 de agosto de 1974. Y ya no son sólo
los curas quienes actúan contra la dictadura: también los obispos crean graves conflictos al régimen, como demostró el de
Bilbao, Antonio Añoveros, en marzo de 1974.
Las presiones sociales y las resquebrajaduras internas
de su sistema fomentan, entre no pocos franquistas, un abandono moderado de sus antiguas vinculaciones políticas y la
consiguiente afluencia paulatina hacia las corrientes reformistas que, a su
modo, habrán de contribuir a la pacífica transición a la democracia coronada.
Las formas de la transición estarán condicionadas,
precisamente, por las negociaciones de esos reformistas con las fuerzas
democráticas que se fundamentan en una larguísima trayectoria antifranquista,
pero que no han consolidado su unidad operativa más que de manera asaz tardía e incluso posterior a la
muerte del dictador. En efecto, la Junta Democrática (PCE, PSP y Calvo Serer) se crea el 30 de
julio de 1974; la Plataforma de Convergencia Democrática (PSOE, UGT, ID), el 11
de junio de 1975; el Comité Coordinador de ambos organismos unitarios se
constituye el 12 de diciembre de 1975; la Coordinación Democrática el 26 de
marzo de 1976, pero hasta los meses de agosto y septiembre de 1976 no acaban de
coordinarse los organismos unitarios de España, radicados en Madrid, con los de
las nacionalidades periféricas, Cataluña en particular, que lógicamente asumen
su propio protagonismo.
El problema
principal en cuanto se refiere a los retrasos en las formaciones unitarias
y a la debilidad de las fuerzas democráticas que arrancan sus acciones en 1939,
es el desequilibrio existente entre
minorías militantes y masas simpatizantes. Durante el transcurso más largo
del antifranquismo (1939-1973) los activistas contra la dictadura fueron
minorías, como máximo vanguardias
ampliadas esporádicamente, en coyunturas muy determinadas y muy alejadas entre sí (alejadas en el tiempo
y alejadas geográficamente), y, como historiaré con datos precisos, sólo puede
hablarse, en rigor y todavía relativamente, de masas en acción permanente contra el régimen en los años
1973-1975. Cuando hablo de masas o de multitudes me refiero, obviamente, a
centenares de miles de personas. (Que en sus casas particulares había millones
de españoles teóricamente favorables a la restauración de la democracia, parece
indudable, pero la historiografía no
puede basarse más que en la historia de lo que realmente sucedió en público y
con la suficiente dimensión práctica y
social.) En 1975 se concretó seguramente uno de los mayores compromisos
públicos en tomo a una de las reivindicaciones clave de los demócratas: 150.000
españoles pidieron explícitamente la amnistía política. Ahora bien, en estos
últimos años de la dictadura, cuando algunos sectores de las muchedumbres se
habían puesto en marcha, el número
reducido de militantes con que contaban los partidos (número muy limitado
como ellos mismos reconocieron
documentalmente) no pudieron ser suficientemente capaces para organizar
esas masas, a fin de orientarlas hacia una gran acción contra la dictadura. Ni
la HNP (huelga nacional pacífica) ni la HGP (huelga general política), tácticas
predominantes en la movilización que impelía el PCE-PSUC hasta el último
momento, no llegaron a plasmarse ni siquiera a medias. En anteriores etapas, ya
he puesto de relieve algunos errores
incrustados en esas tácticas, y en las páginas siguientes acabaré de
subrayar sus equivocaciones. En suma, la
falta de dirección suficiente de esas fuerzas relativamente masivas y
asimismo que estas fuerzas tampoco
demostraron una gran energía, determinaron que los dirigentes de los
partidos pasaran pronto, de sostener reivindicaciones rupturistas exigentes, a
avenirse a las negociaciones con los reformistas y a establecer acuerdos que,
en fin, combinaban la ruptura con la reforma; estos pactos alargaron la primera fase de la transición por lo menos unos dos
años (hasta las elecciones del 15 de junio de 1977) y permitieron a los reformistas reinstalarse fácilmente en el poder que
hacía poco que habían perdido o que, en algunos casos, habían seguido
conservando.
1. Los Planteamientos Y Las Acciones De Los Grupos Democráticos
Miles y millares de personas dejaban de tener miedo a
oponerse públicamente a la dictadura: la suma de militantes socialistas,
comunistas, cristianos progresistas y conservadores; la suma de activistas
estudiantiles y profesionales, sin militancia precisa; más la suma de
simpatizantes integrados en esas vanguardias que se ampliaban, desembocaban en
movimientos sociales cada vez con más empuje. Pero las organizaciones
partidarias sólo disponían de unos pocos militantes
esparcidos por toda la geografía española, principalmente en las grandes
zonas industriales y administrativas: Madrid, Barcelona, Bilbao, San Sebastián,
Sevilla y Asturias. Incluso ciudades como Valencia y Zaragoza, de segundo orden
por el número de sus habitantes, tenían una vida política parademocrática
bastante limitada.
En el XIII
Congreso del
PSOE en el exilio, celebrado en Suresnes (París) los días 11, 12 y 13 de
octubre de 1974, las Secciones del interior declararon un total de 2.548
afiliados en toda España. Este dato global lo desglosaban principalmente de la
siguiente manera: Cataluña, 109 afiliados; Madrid, 135 afiliados; Sevilla, 151
afiliados; Álava, 126; Vizcaya, 492; Guipúzcoa, 510, y Asturias, 525 afiliados.
Muy diferentes eran los efectivos del PSOE en otras ciudades: Cádiz, 20
afiliados; Córdoba, 50; Salamanca, 26; Valencia, 20; en toda Galicia, 10, etc.
Las secciones del exilio aún contaban con menos
miembros: 1.049 en total, según los datos compulsados en ese Congreso.
Seguramente en torno a ellos había diversos e incluso,
en los mejores de los casos, muchos simpatizantes que un año o dos después se
convirtieron en militantes. Esto puede explicar que Felipe González declarase
después que en el año 1976 eran 10.000 militantes.
Un caso análogo era el del PSP: en su II Congreso (1975), Raúl Morodo escribió que contaban con unos 10.000
militantes.
Dada la expansión del PSOE y del PSP en toda España,
en las regiones y nacionalidades periféricas los partidos autónomos eran
núcleos muy minoritarios. Por ejemplo: si el PSOE contaba en toda Andalucía,
según la fuente oficial antes citada, 258 militantes, los
socialistas-andalucistas de Rojas Marcos probablemente no eran ni la mitad de
esa cifra.
Al revés sucedía, con toda seguridad, en Cataluña,
donde el MSC era, a pesar de sus escisiones, más fuerte en militancia que la
Federación Catalana del PSOE. Si estos socialistas eran, recordémoslo, un total
de 109, los del MSC (que no conservan datos precisos) probablemente triplicaban
esa cantidad, con la ventaja de que algunos de ellos eran auténticos líderes,
reconocidos en la sociedad catalana.
Ahora bien, los socialistas, aunque estaban
fragmentados como los comunistas en una pluralidad de grupos, partidos y
grupúsculos, tenían la ventaja de que sus disensiones y querellas internas no
eran tan graves como en torno y a través de los diversos PCEs (carrillistas,
prosoviéticos, maoístas, intemacionalistas, trotskistas, etc.).
La dinámica renovadora del PSOE, iniciada en 1969 por
el grupo de jóvenes sevillanos y vascos y afirmada por ellos mismos en 1970,
progresó ya irresistiblemente en 1971, y sobre todo en 1972.
El 5 de agosto de 1971, al celebrarse en Toulouse el XI Congreso de la UGT, este sindicato efectúa su primera gran renovación. Los
delegados no reeligen como secretario general a Pascual Tomás, que venía
ocupando este puesto desde el primer congreso en el exilio (1944); tampoco sale
elegido su adjunto, Manuel Muiño. La operación la llevó a cabo especialmente un
ugetista asturiano, Agustín González, que consiguió que los congresistas
procedentes del interior de España también votaran. La secretaría general quedó
oficialmente vacante, aunque pudo ya ocuparla Nicolás Redondo: lo importante
fue que la dirección efectiva pasó a radicar en España.
Los dirigentes del PSOE en el interior dedicaron el
año 1971 a ampliar sus organizaciones y a clarificar aquellas secciones en las
que existían problemas internos, como en Madrid. A esta tarea se dedicaron
González, Múgica y Redondo, que fueron detenidos el 30 de enero de 1971 e
ingresados en los calabozos de la Dirección General de Seguridad. Los dos
últimos tenían ya una larga experiencia en detenciones y encarcelamientos, pero
para el actual Presidente del Gobierno aquélla fue la primera vez que cayó en manos
policíacas. Pablo Castellano y Ruiz-Giménez, en cuanto abogados, hicieron las
gestiones necesarias para liberarlos dos días después, quedando pendientes de
juicio en el TOP (la petición fiscal para Múgica fue de 12 años de cárcel, por
ser multirreincidente, mientras a González y a Redondo les pedían 8 años a cada
uno).
La Comisión Ejecutiva, reunida plenariamente el 22 de
abril de 1972 en Bayona, decidió convocar el XII Congreso del PSOE para los días 13, 14 y 15 de agosto del mismo año, en
Toulouse. Para empezar a caldear el ambiente precongresual, y sin duda para
acentuar el nerviosismo de Llopis ante la creciente influencia del grupo de
dirigentes del interior, Alfonso Guerra publicó un artículo, sin firma, en el
número de mayo de «El Socialista», que era una crítica directa contra la vieja
dirección socialista, aunque no la nombraba. En este texto, Guerra planteaba la diferencia entre quienes «pensaban» en el
socialismo y los que actuaban
prácticamente en la sociedad española para hacer avanzar sus opciones. Por
ende, el artículo proponía a los socialistas luchar «contra ciertas estructuras
de su propia organización que amenazan con la esterilización de sus acciones».
Llopis se dio, en efecto, por aludido, consideró que el asunto era grave y
pidió una rectificación, que no obtuvo. Llopis se opuso a la celebración del congreso
contando con otros socialistas exiliados y, como él, masones. Pero el Congreso
se celebró en las fechas previstas sin que el antiguo secretario general
hiciera acto de presencia. Juan Iglesias, de la Comisión Ejecutiva, explicó a
los congresistas todas esas disensiones y seguidamente tuvieron lugar las demás
intervenciones, sobre todo las de Felipe, Múgica y Castellano, que expusieron
las diversas problemáticas de España en aquella coyuntura.
La dirección del PSOE pasó a depender, aún de manera
más acentuada, de los socialistas en el interior. La Comisión Ejecutiva que se
eligió estuvo compuesta, principalmente, por González, Guerra, Múgica, Galeote,
Castellano y Jou i Fonollà, en España, mientras como
representantes del exilio formaron parte de la dirección Iglesias, García
Bloise, López del Real, Jimeno y
Gutiérrez. No se nombró secretario general, aunque de su labor coordinadora del
colectivo de dirigentes se responsabilizó Redondo.
La división del PSOE estaba consumada, pero Llopis no
se resignaba a que le arrebataran «su» partido. Así, al cabo de un tiempo
decidió convocar otro congreso del PSOE, que tuvo lugar en Toulouse los días 8,
9 y 10 de diciembre de 1972 y al que asistieron sus más fieles amigos. Pero el
POSE llopista, prisionero de su propia historia y de las nostalgias, apenas
tuvo porvenir. Se encargaron de ratificar su fracaso, tanto la Internacional
Socialista, que reconoció al PSOE renovado, como las elecciones legislativas
que se celebraron en España el 15 de junio de 1977 en las que ni el propio
Llopis consiguió que le eligieran como diputado. Pero Llopis, antes de que la
muerte le sobreviniese (el 22 de julio de 1983), se había reconciliado con los
jóvenes dirigentes del PSOE, precisamente porque éstos, e incluso el propio
Felipe González, expresaron su voluntad de superar las discordancias con aquel
hombre de la II República que se extinguía
en el domicilio del número 33 de la rué General Leclerc, de la capital del Tarn,
Albi.
Antes, el equipo sevillano terminó de efectuar su
ascensión a la máxima dirección del PSOE. Después de diversas reuniones en
Madrid, San Sebastián y Sevilla para ponerse de acuerdo en la táctica a seguir
y en el contenido de los documentos que iban a leer, convocan el XIII Congreso. En Suresnes, como ya ha quedado dicho, empiezan los trabajos el
día 11 de octubre de 1974. La mesa del congreso la preside Martínez Cobos y
como vicepresidente figura Guerra. Felipe González se encarga de presentar el
informe acerca de la situación en España, así como sobre la situación interna
del PSOE y su modo de establecer relaciones con los demás partidos. Plantea
también el «cómo» ha de acabarse con la dictadura y preconiza la «ruptura
democrática».
A continuación han de concretar los dirigentes para
contribuir a llevar a buen término la transición a un sistema de libertades.
Nadie piensa que en los días 12 y 13 de octubre vayan a producirse grandes
sorpresas, pero hay que nombrar un secretario general. El cargo se lo ofrecen a
Redondo, y éste dice que prefiere ser el secretario de la UGT. En ausencia de
Felipe González, otro sevillano, Luis Yáñez, propone al entonces conocido con
el alias de «Isidoro». A esa candidatura se oponen Castellano y Múgica. Redondo,
sin embargo, intercede en favor del abogado sevillano, a quien también dan su
apoyo los demás miembros de la Comisión Ejecutiva: los demás sevillanos, por
supuesto, y García Bloise, Iglesias, López del Real y Gutiérrez.
Felipe González era entonces, como los demás jóvenes,
bastante izquierdista, aunque se mostraba reacio a establecer pactos con el
PCE.
Los socialistas del PSP habían conseguido extender su
influencia política en Madrid y mucho más allá de la capital de España: en
Galicia, en Canarias, en Valencia y también en Cataluña, importantes núcleos de
militantes de izquierdas se sumaron a las posiciones que venían sosteniendo
Tierno y Morodo. Todos ellos siguieron asimismo la tónica organizativa que ya
hemos visto: flexible, antiburocrática e incluso algo libertaria. También se
adoptó una táctica anticlandestina, difícil de practicar y que muchos demócratas
—más bien timoratos— no entendían. «Desde el primer momento —recuerda Morodo—
se rechazó radicalmente la idea de clandestinidad: no por razones de principio,
sino por la propia exigencia del componente social-profesional del grupo y por
razones de eficacia.» Había que acabar con la dictadura y este fin no podía
alcanzarse desde las minoritarias reuniones en las catacumbas ni desde el
exilio: «Era, muchas veces, difícil convencer a los dirigentes del exilio,
demócratas y socialistas, que la lucha por la consecución de la democracia
estaba en el interior y no ya fuera. Y que las nuevas generaciones de posguerra
eran las predestinadas a llevar a cabo el cambio político. Los sistemas
autoritarios, salvo en casos de fuerza, sólo se quiebran desde dentro,
gradualmente, y nadie en España pensaba seriamente en guerras o invasiones.»
Una nueva generación de militantes destacados pasó a
actuar desde el que en los años 1950-1960 había sido «grupo de Tierno»: Tony
Ribas, los hermanos Rey Pichel, Sánchez Ayuso, González Encinar, Veyrat,
Lobato, los cuales, con los que ya llevaban lustros en el antifranquismo,
Martínez Cuadrado, Enjuto, Vicente y Loly Cervera, Ortuño, Fuejo, Nombela,
etc., desarrollaron numerosas actividades, en España y en el extranjero.
En el PSI proliferaba la crítica (y la autocrítica)
asimismo respecto a los partidos políticos de izquierda: esto quedó claro en un
documento que se difundió a mediados de 1970 y en el que en lo más sustancial
sostenía que en esas organizaciones había «confusión en los fines y perplejidad
en los medios. La crisis revela una singular contradicción: cuanta más
divulgación y clientela parecen tener los ideólogos de izquierda, más débiles y
desposeídas de eficacia parecen sus organizaciones. Ésta es una situación que
se puede atribuir con especial exactitud al socialismo.» (...) «El
proletariado, que está alcanzando niveles de vida que le aproximan a la antigua
clase media, ha perdido vocación por la violencia.» (...) «Las ideas de orden, negociación, no-violencia, tienen
hoy más vigor en el proletariado europeo que en las minorías intelectuales
europeas. Este hecho contribuye también a separar el socialismo de los
intelectuales —sumamente radicalizados en el orden teórico— del socialismo de
los obreros, más realistas, pues corren siempre mayores riesgos.»
Esta crítica certera tenía singular importancia ya que
en el PSI, recordémoslo, los intelectuales formaban un grupo importante. En
este sentido el documento revelaba de forma alusiva una serie de tensiones que
se producían en el interior de este partido, entre un núcleo minoritario de
izquierdistas que acabaron marchándose del PSI, y una corriente mayoritaria de
socialistas moderados o de centro cuya cabeza era Morodo.
Ese problema, el verbalismo
de extrema izquierda, el cultivo de la frase ultrarrevolucionaria, existía
en todas las organizaciones socialistas y, sobre todo, en las comunistas.
Algunos militantes, los más jóvenes en especial, no parecían capaces de
distinguir las ideas proyectadas hacia el futuro, de las prácticas políticas
exigidas en el presente de cada etapa y coyuntura. Para los tiernistas, en los
años setenta, la tarea primordial consistía en consolidar un partido: «En el
orden práctico nuestro quehacer inmediato consiste en sacar al socialismo
ibérico de su letargo y renovar el entusiasmo por la idea socialista.»
Un partido que ellos concebían, sin perder su
personalidad, unidos con los demás socialistas. Ahora bien, en estos años, como
ha quedado historiado más atrás, las demás organizaciones, incluido el PSOE,
estaban atravesadas por divisiones y fraccionamientos. Por ello el PSI siguió
su propio camino. No obstante, desde que el grupo de jóvenes sevillanos y
vascos dinamizaban el PSOE en el propio territorio español, el PSI ya no podía
seguir definiéndose como «del interior». Era necesario, además, acabar de definirse
con un concepto que no fuese geográfico o espacial y sí vinculado a la
sociedad. Así nació el PSP (Partido Socialista Popular), cuyo Congreso
constituyente se celebró el 3 de noviembre de 1974. En esta fecha difundieron
una Declaración Política que, significativamente, empezaba por proponer
actividades unitarias: «1.° El PSP reconoce que, en la actual situación
política española, la colaboración entre los distintos partidos políticos y
movimientos socialistas es inexcusable para: a) el restablecimiento y perfeccionamiento de la democracia; b) el fortalecimiento de la lucha común
contra la dictadura.» (...) «2.° El PSP se compromete a hacer cuanto esté a su
alcance para lograr una plataforma común como primer paso para la unificación,
en la que colaboren todas las tendencias socialistas, sin más limitaciones que
las que imponga la aceptación de los principios democráticos.»
Debido a la proliferación de siglas que surgían por
todas partes a medida que se intuía el fin de la dictadura, los deseos
unitarios eran particularmente plausibles. En su II Congreso (1975), el PSP insistió en que era imprescindible «conseguir la
unidad de la oposición y asimismo la de los grupos socialistas» porque «el
socialismo unificado tiene que constituir una viable opción política de
Gobierno». Es decir, los socialistas queremos gobernar España, queremos
transformar la sociedad española, queremos construir un Estado justo y
democrático. Y reiteramos que queremos conseguirlo con una vía pacífica y
democrática: con el consensus popular que se traduce en elecciones libres. Y,
para ello, la unidad es un presupuesto inexcusable».
Pero la unificación tardaría en concretarse: en lo que
se refiere al PSP, este partido no se integró en el PSOE hasta el 30 de abril
del año 1978.
El PCE-PSUC fue, durante los últimos lustros de la
dictadura, el partido más fuerte, consolidado y operativo: era el que tenía más
activistas profesionalizados («permanentes», se llaman en las organizaciones
comunistas), o sea: que cobraban un sueldo para dedicarse sistemática, única y
exclusivamente a las tareas antifranquistas y pararrevolucionarias. En tales
años el PCE-PSUC seguramente contaba con más afiliados que ningún otro partido.
Pero los militantes comunistas no eran tantos como
algunos de sus dirigentes pretendían. Entre el número que oficialmente decían y
el real había una gran distancia. En el PSUC, López Raimundo decía que, en los
años setenta, había unos veinte mil militantes, pero nunca antes de que muriese
Franco se repartió esa cantidad de carnés. Con mucho optimismo, al principio de
esta etapa posiblemente los militantes llegaban a ser ocho mil o diez mil, si
bien podían contabilizarse otros tantos simpatizantes que, en 1975-1976,
pasaron gradualmente a ingresar en el PSUC; ciertamente sin gran convicción por
cuanto dos años después ya empezó la gran desbandada que ha dejado a la
organización comunista con unos pocos miles, y divididos, de miembros.
Algo parecido ocurría en el PCE. A mediados de la
década de los años sesenta, Carrillo decía que tenía entre treinta y cinco mil
y cuarenta mil militantes, pero Claudín sostiene que «la verdad podía estar,
más o menos, en la mitad, y la gran mayoría correspondía a las organizaciones
en el exilio».
Casi una década después, Carrillo, en el informe que
presentó al VIII Congreso (París, agosto 1972), reconocía que «sólo una minoría
reducidísima» de trabajadores estaban organizados en grupos políticos: «La
inmensa mayoría vive todavía condicionada por la presión y la amenaza de
patronos y autoridades policiales.»
Con todo, cabe insistir en que el PCE-PSUC disponía,
entonces, de un conjunto orgánico muy superior al de los demás partidos.
Parecía, además, un partido estabilizado, que ya había pasado sus «purgas» y
que, incluso su última escisión (la prosoviética), le afectaba muy poco: al
contrario, el hecho de que se había liberado de los prosoviéticos más notorios
y elocuentes, ayudaba a los carrillistas a presentarse como unos comunistas
innovadores, «el alma del eurocomunismo», cuando la verdad era que entre ellos continuaban, disimulados, algunos de los
prosoviéticos más rígidos, como se ha visto al correr de los años.
Carrillo y sus colaboradores fueron asimismo quienes
elaboraron la teoría más estructurada para la liquidación de la dictadura y a
fin de restablecer la democracia. Vista en bloque, en la predisposición
emotiva-voluntarista que caracterizaba a los antifranquistas activos, o sea: tomada sin analizarla, esa teoría
resultaba plausible. Y en todo caso en parte era digna de aplauso ya que no
existía ningún otro planteamiento sistematizado que la sustituyera. Los demás
grupos y partidos hacían poco más que reivindicar la democracia, exponer las
condiciones mínimas para acabar con la dictadura, pero sus especulaciones
teórico-concretas para prever y determinar el cómo del salto de un sistema al otro estaban menos estructuradas
que las del PCE y lo confiaban todo a la
pacífica negociación con las fuerzas franquistas que estaban volviéndose
reformistas. Tal vez siempre, esto es: desde las negociaciones en el seno de la
ANFD durante los años 1944-1947, eso fue lo preferible, la negociación, y
probablemente lo único viable.
Tomada en bloque, decía, la teoría del PCE para
alcanzar el cambio era plausible. Pero
esa teoría, sometida a análisis riguroso y pormenorizado, a la vez que puesta
en relación con la dinámica social de los años 1970-1975, se revelaba como un
conjunto de líneas políticas dispares, contradictorias y prácticamente
contraproducentes para los objetivos que el PCE, y con él todos los demócratas,
deseaban conquistar.
Lo que caracteriza a los comunistas es su
extraordinario voluntarismo (en parte plausible) y a la vez su lamentable
incapacidad de someter a crítica los esquemas de acción con los que aspiran
hacer avanzar sus propósitos, esquemas que apenas matizan hasta que la dinámica
real pone completamente de relieve que no se ajusta a las previsiones ni, mucho
menos, a los deseos de ellos. Ciertamente, en
su voluntarismo hay pulsación de la realidad, pero el afán de cambiarla les
lleva a menudo a confundir sus ansias, sus subjetivismos, con las posibilidades
que los procesos históricos brindan para que sus ideas puedan, en algún grado,
convertirse en fuerza material y en nuevas estructuras.
En los años 1970-1975 no introducen nuevos enfoques a
su política: a pesar de que Carrillo confiesa o reconoce en diversas ocasiones
que no consigue movilizar a las masas, su objetivo principal es organizar la
HNP más la HGP y, como complemento previo para fomentar el movimiento popular,
propone firmar el «Pacto para la Libertad».
Las enormes contradicciones de las líneas políticas
carrillistas, así como sus efectos contraproducentes en la práctica, resultan
todavía mayores al cotejar sus propios textos. Si los hubiesen comparado, los
dirigentes comunistas se habrían dado cuenta de que pocas cosas encajaban y que sólo un milagro podía engarzar
creativamente unas propuestas con las otras y la dinámica social, que era la
que era, y no la que al parecer se soñaba o la que se quería que fuese.
La movilización popular seguía siendo insuficiente.
Los movimientos de masas conscientes, enérgicamente decididas a terminar con la
dictadura, no llegaban a producirse con la suficiente eficacia, ni siquiera en
los últimos años, a pesar de que dirigentes comunistas como el filósofo Manuel
Sacristán decían «verlas» por todas partes y desde hacía lustros.
En la Declaración del CE del PCE de febrero de 1971 se
reconocía «que aún no hemos podido culminar el pacto para la libertad y ello ha
restado potencia a la movilización de masas» y por tanto la «agitación
política, de organización entre las masas, tiene que ampliarse y elevar el tono
de acuerdo con esta necesidad» («Nuestra Bandera» n.° 66, primer trimestre de
1971, págs. 7 y 8). Un año y medio después, durante la celebración del VIII Congreso (verano 1972), Carrillo y sus colaboradores reconocen que todavía
no hay bastante gente en acción.
Entonces, si no hay muchedumbre en marcha contra la
dictadura, ¿cómo puede organizarse, tal como pretendían los dirigentes del
PCE-PSUC, la HNP más la HGP, que por conjuntar a obreros, estudiantes,
empresarios, etc., etc., habían de reunir a millones de personas en toda España
y en unas pocas jornadas?
Eso lo «resolvía» Carrillo fácilmente con su
pensamiento mágico, en pleno VIII Congreso: las masas iban a entrar en acción
pronto. «Lo real es calcular que el
pueblo que ha estado amordazado treinta y tantos años, y que está rodeado de un
mundo en que esas mordazas ya no se llevan, tome la palabra e intervenga en un
momento u otro de manera espectacular cuando los de los esquemas menos lo esperen»,
decía el entonces secretario general.
¿En qué habían de consistir la Huelga Nacional y la
Huelga Política? En mucho más que en
un movimiento de masas, como repetidamente explicaba Carrillo: «Se trata no
sólo de parar el país, sino de apoderarse de la calle, de constituir órganos de
lucha y de poder.» (...) «La Huelga
Nacional es una forma moderna del levantamiento popular y nacional.»
Carrillo soñaba no sólo con reeditar la Revolución de
Octubre, sino con hacer algo de mayores dimensiones puesto que, en la HNP,
contaba (de antemano) con la presencia de «sectores empresariales», de la
Iglesia y de parte del Ejército. Esto, subrayémoslo, no lo exponía como una
posibilidad, como una hipótesis, sino como un dogma, y como lo veía así
anatematizaba a quienes no creyesen en él.
En la extensión parainsurreccional de la HNP insistía
Carrillo en varias ocasiones: «Nosotros
no renunciamos a la violencia revolucionaria.»
Sólo en la cabeza de Carrillo y de sus incondicionales
podía caber la creencia (que ellos vivían como dogmas) de que sectores de los
empresarios, de los comerciantes, de la Iglesia, etc., iban a participar en una
huelga guiada por la violencia revolucionaria.
De modo que no contaba aún con masas suficientes y
aseguraba que iba a producirse una HNP. Los propios militantes comunistas no
disponían de armas, y sin embargo, Carrillo preconizaba y aseguraba que la HNP
sería un «levantamiento popular». Esta enorme contradicción también la
«resolvía» el pensamiento mágico carrillista: la «solución», «confraternizar»
con el Ejército. Ésta era una propuesta que se repetía constantemente, al mismo
ritmo que se reconocía que el trabajo político en el seno de las fuerzas armadas
no alcanzaba sus objetivos. Así, en el informe que el secretario general del
PGE leyó en la «II Conferencia Nacional del
Partido Comunista de España» (celebrada en septiembre de 1975) reconocía que
«fallamos a la hora de realizar un trabajo de propaganda y organización entre
los miembros de estas fuerzas, que en buena parte están descontentos del papel
que se les obliga a realizar. Y ese fallo nos impide ahondar el descontento y fomentar en las mismas fuerzas de
seguridad un espíritu de insubordinación contra las órdenes que reciben del
poder. Esta es una debilidad de nuestro trabajo revolucionario».
A pesar de ello, a pesar de no contar seriamente con
una parte del ejército, sostenían que iban a realizar una huelga revolucionaria
con la cual acabarían con la dictadura. El ilusionismo irresponsable del
secretario general del PCE llega al máximo cuando, aproximadamente un mes
después de esa II Conferencia, hace unas
declaraciones a la periodista italiana Oriana Fallaci. En contradicción absoluta con lo que dijo en tal reunión de
septiembre, el 10 de octubre de 1975, en el semanario «L'Europeo», Carrillo sostiene
con una seguridad espeluznante que la HNP «paralizará de improviso al país
entero, de la fábrica a la Universidad, del comercio a las comunicaciones. Una
huelga gigantesca, total, que bloquee a todo el mecanismo del Estado y contra
la cual el régimen no podrá hacer nada. Todo deberá suceder en ese momento,
todo. Y lo que estamos haciendo es crear las condiciones para ese momento. El
Gobierno lo sabe, pero de nada le sirve. Porque en ese momento el pueblo saldrá
a la calle y exigirá la constitución de otro gobierno, de un gobierno
provisional, y el ejército lo apoyará, al menos los jóvenes oficiales del
ejército y... No puedo decirle nada más».
El énfasis sugerente del final de esta declaración
deja «entrever» aún más que estaba ante una revolución inminente. Fantasías,
todo fantasías de Carrillo. En septiembre confesaba que el trabajo político en
las filas del Ejército era precario y poco consistente, y en octubre pretende
que cuenta con el Ejército...
Podían haber pretendido hacer una HNP en el caso de
que hubiesen contado con fuerzas para ello; por otra parte era una táctica acertadísima fomentar el «Pacto
para la Libertad», pero resultaba absurdo proponer el engarce de ambas
tácticas. Una gran parte de la oposición democrática, incluido el PSOE, y una
gran parte del pueblo español no deseaban de ningún modo verse involucrados en
una huelga atravesada por las violencias revolucionarias y orientada al
estallido de un levantamiento popular.
Esas propuestas contraproducentes las sostuvo la
dirección del PCE hasta el final, aunque, como observaremos, transformando —y
moderando— algunos conceptos.
En los años 1970-1975 hubo tentativas, sin duda, y momentáneas
situaciones sectoriales, de huelga revolucionaria. Pero los comunistas no
consiguieron hacer ni siquiera un semiensayo general de la HNP más la HGP. Los
movimientos huelguísticos volvían a estar muy distanciados entre sí, tanto en el tiempo como en los lugares en
que se ponían en marcha.
La primera gran huelga de esta etapa se produjo en la
SEAT de Barcelona durante el mes de
junio de 1971. A causa de una modificación de horarios, gradualmente los
talleres 1, 4 y 7 pararon. La dirección de la empresa replicó despidiendo, en
principio, a veinticinco trabajadores y después a 2.300. Entonces,
prácticamente la totalidad de la plantilla de SEAT (unos catorce mil obreros)
se pusieron en huelga. Las acciones, que habían empezado el 28 de mayo,
terminaron el 18 de junio: en buena parte los obreros alcanzaron sus objetivos.
En la SEAT, el movimiento huelguístico se replanteó durante el otoño, porque la
empresa se negaba a readmitir a unos veinte obreros despedidos, pese a que la
Magistratura de Trabajo había sentenciado su readmisión. El 18 de octubre, los
despedidos acudieron a su trabajo, pero la dirección empresarial se opuso a que
entraran en los talleres. Inmediatamente, unos siete mil obreros pararon,
iniciaron una asamblea y decidieron ocupar la fábrica. Por la tarde la policía
rodeó la fábrica y empezó a desalojarla lanzando bombas lacrimógenas e incluso
pegando tiros «al aire», pero que hirieron a cinco trabajadores. Una hora
después, los obreros estaban en la calle, mientras el resto de la plantilla se
sumaba a la huelga. El día 19, los huelguistas hicieron una manifestación por
la Vía Layetana (donde se encontraban los sindicatos oficiales). Los
estudiantes de varias Facultades universitarias, especialmente de Derecho y
Económicas, expresaron su solidaridad a los huelguistas, lo mismo que los
trabajadores de otras grandes empresas, como la Maquinista Terrestre y
Marítima, Pegaso, Siemens e Hispano Olivetti. Las protestas se prolongaron en
días sucesivos.
Mientras tanto, en Madrid,
el 13 de septiembre de 1971, había comenzado una «semana de acción» en el
ramo de la construcción, convocada tanto por CC.OO. como por UGT. Unos 20.000
obreros pedían aumento de salario y otras mejoras, pero sólo una minoría
repartía octavillas en ese sentido. Dos de los activistas sufrieron las
consecuencias: Antonio Duran fue aporreado por la policía y Pedro Patino Toledo
murió a consecuencia de los tiros que le pegó una pareja de la guardia civil.
Las acciones no fueron más allá en el ámbito obrero. Sin embargo, un abogado,
el monárquico liberal Jaime Miralles, fue procesado por protestar, en nombre de
la viuda, por la muerte de Patino.
En la cuenca
minera asturiana tenían lugar, como cada año, diversas huelgas en torno a
cuestiones salariales, pero apenas se producía ninguna novedad sociológica
respecto a hechos historiados en años anteriores.
En esta etapa otra gran huelga es la que conmocionó
toda la ciudad de El Ferrol, desde el
12 de febrero de 1972 hasta el 20 de marzo. Es la huelga que sufrió la más grave de las represiones. Todo empezó
porque los trabajadores de los astilleros no consiguieron ponerse de acuerdo en
el convenio con la dirección empresarial. Los primeros días hubo paros y
asambleas sectoriales. El 3 de marzo hicieron una primera manifestación. El 6,
el Sindicato Nacional del Metal (franquista) rechazó todas las reivindicaciones
obreras y, de acuerdo con la empresa, les impuso unas condiciones salariales
menores a las que reclamaban. El día 9, seis sindicalistas democráticos se
vieron suspendidos de empleo y sueldo. Al tener noticia de ello, sus compañeros
pararon y se manifestaron en los mismos talleres. Esto sucedía por la mañana.
Por la tarde de ese mismo 9, la policía ordenó a los obreros que desalojaran
los astilleros. Como no salían, la policía cargó y les obligó a abandonar la
empresa. Entre los cinco mil empleados de la Bazán hubo numerosos
contusionados. Al día siguiente, los trabajadores encontraron los talleres
cerrados y, por tanto, decidieron formar grupos para ir por los diversos
barrios de El Ferrol a informar a la gente de lo que ocurría. Uno de estos
grupos chocó con fuerzas de la guardia civil y de la policía; éstos dispararon
sus armas, aquéllos replicaron con piedras. Pero el enfrentamiento no duró más
que unos instantes: cuatro obreros habían caído con heridas gravísimas, uno fue
considerado en el hospital como grave y trece clasificados como menos graves.
Dos de los primeros, Amador Rey Rodríguez y Daniel Niebla García, murieron poco
después. Los demás, Alfonso Quíntela Tenreiro, Julio Aneiros Fernández y Víctor
Castro Couce, continuaban gravísimos. Los heridos por bala y hospitalizados
fueron, según unos datos publicados por «Mundo Obrero» del 15 de abril de 1972,
un total de veinticuatro, mientras varios otros necesitaron cuidados médicos
por los porrazos que habían recibido. Es asimismo posible que algunos de los
heridos optaran por no recibir curas en el hospital a fin de evitar cualquier
tipo de control policiaco. Ese mismo día 10 de marzo, la policía, temiendo
otras acciones obreras de tipo insurreccional, siguió exhibiendo su violencia
por toda la ciudad a la vez que rodeaba de especial protección los edificios
oficiales (Telefónica, dependencias municipales, radio, etc.). La tensión extrema duró unos diez días, debido
también a que la empresa despidió a veinte de los trabajadores considerados
como más destacados sindicalistas y a que otros cincuenta y cuatro fueron
multados con cantidades que oscilaban entre las 50.000 ptas. y las 250.000
ptas. Como los trabajadores se negaban a reincorporarse, la Marina de guerra
tomó el mando de todas las fuerzas armadas de El Ferrol y, conforme a un
decreto publicado por el gobierno, amenazó a los cinco mil trabajadores con
movilizarles militarmente si no volvían al trabajo el día 20. «The
International Herald Tribune» del 21 de marzo de 1972 publicaba una crónica acerca
de estos sucesos en la que decía: «Unos
2.500 obreros, aproximadamente la mitad de la fuerza laboral de los astilleros,
se presentaron a trabajar por la mañana; los demás lo harán probablemente en el
término de veinticuatro horas.» De otro modo, corrían el riesgo de verse
juzgados por un consejo de guerra. En los años 1970-1975 se hicieron otras
huelgas, ciertamente, pero ninguna otra alcanzó la dimensión sociopolítica que
tuvo la de El Ferrol (1972) o la de la SEAT de Barcelona (1971). Entre las
demás acciones obreras pueden señalarse la de los metalúrgicos madrileños (14
de abril de 1971); la de las minas de Sallent (provincia de Barcelona) en enero
de 1972; la de los metalúrgicos de Bilbao (24 de enero de 1972); la de la
empresa Michelín, en Vitoria (13 de febrero de 1972); la de los astilleros de
Vigo (en mayo de 1972); la de la construcción en San Adrián del Besos
(Barcelona) (abril 1973); la de Motor Ibérica en Pamplona (junio 1973); la de
Fasa Renault, en Valladolid (diciembre 1973); la de las empresas del Baix
Llobregat (Barcelona) en diciembre de 1974; en fin, la SEAT otra vez en enero
de 1975.
La dispersión
geográfica de todas esas huelgas y sus diferentes
ritmos temporales hacían prácticamente
inconcebible que pudiera lograrse la huelga general que figuraba en los
obsesivos sueños carrillistas. Como acabamos de poner de relieve, otra serie de
obstáculos muy difíciles de superar (o superables sólo a costa de la vida) eran
los que ponían contundentemente los agentes de la represión que, asimismo
contra las ilusiones que se hacían los dirigentes comunistas, mostraban una
conducta absolutamente diferente a la de la pretendida «confraternización».
En cuanto se refiere al mundo estudiantil, mantenía sus posiciones antifranquistas:
esto es: en comparación con las acciones que ya hemos visto en la etapa
anterior, no aumentaba su
combatividad contra la dictadura. Es más: no habían vuelto a producirse
manifestaciones tan multitudinarias y agudas como las del año 1965, en Madrid,
y las del año 1966, en Barcelona. Los hechos relativamente destacables son que
de vez en cuando los alumnos de alguna Facultad pierden la matrícula «por
faltas de disciplina»; y que sostienen algún encuentro violento con la policía
(en Madrid, en enero de 1972; en Barcelona, en febrero del mismo año, etc.).
1.4. Médicos, abogados y
demás profesionales
Por el lado universitario y profesional, la principal novedad en estos últimos
años de la dictadura fue el movimiento huelguístico de los médicos, en general,
y de los internos y residentes en los hospitales, especialmente.
El movimiento empezó en mayo de 1971, en el Hospital
Psiquiátrico de Oviedo, donde habían despedido unos médicos, contestando así a
las reivindicaciones que exponían. Las reivindicaciones y las huelgas se
hicieron también en Barcelona (en la Seguridad Social y en el Hospital Clínico)
y en Bilbao (Residencia Senatorial Sotomayor). A partir de primeros de junio,
la movilización galénica se mantuvo en dichos lugares y se propagó a muchos
otros: en Madrid, en Lérida, en Cádiz, en San Sebastián, en Pontevedra, en
Sevilla, etc. Las huelgas terminaron provisionalmente el 17 de junio porque se
había conseguido el objetivo más urgente: que los médicos asturianos despedidos
fuesen readmitidos en sus puestos.
Las protestas de un millar de médicos se reanudaron a
principios de septiembre de 1971, asimismo en solidaridad con otros compañeros
despedidos: esta vez en el hospital Francisco Franco de Madrid. Esta huelga
terminó el 12 de septiembre con la readmisión de los que la dirección había
querido echar.
Pero después de esos episodios de 1971, los médicos no
vuelven a promover ninguna acción violenta ni, mucho menos, a realizar
manifestaciones más estrictamente políticas, antifranquistas. Salvo algunas
personas a título individual (y en cuanto militantes o simpatizantes de
partidos políticos), los médicos pasaron largas décadas de «anestesia» respecto
a la situación de la sociedad y al proceder de las instituciones, y a esa
«anestesia» volvieron pronto.
Los abogados, como grupo e individualmente, fueron
(con los escritores) los más activos antifranquistas entre los representantes
de las llamadas «profesiones liberales». En 1972 cabe señalar dos hechos. El
primero tuvo lugar, el 18 de enero, en el TOP: el abogado Carlos García Valdés
estaba defendiendo a dos estudiantes acusados de ser militantes del PCE, pero
el Presidente de ese Tribunal le interrumpía constantemente. Tanto le incordió
que García Valdés protestó enérgicamente, pero el magistrado le dijo que se
callara y presentó denuncia contra él. García Valdés contó con la solidaridad
de noventa y dos abogados del Colegio de Madrid. Sobre el segundo hecho ya he
sugerido algo: a petición de la viuda de Pedro Patino (el obrero de la
construcción que murió en Madrid a causa de los tiros que le pegó un guardia
civil) el abogado Jaime Miralles redactó un informe explicando las verdaderas
circunstancias de esa muerte, informe que difundió ampliamente, incluso lo
envió a algunos ministros. La réplica fue que la autoridad militar le procesó
acusándole de insultar a la guardia civil. Miralles fue detenido el 18 de abril
(él, que, como monárquico, había hecho la guerra civil en el bando franquista,
del que se separó ya en los años cuarenta); poco después de ese día de abril,
doscientos abogados madrileños envían una carta al Capitán General de la I
Región pidiendo que se libere a su compañero, lo que consiguen.
En el amplio campo de los hombres representativos de
la cultura se destacan unos pocos hechos: el 16 de marzo de 1971, el TOP
condenó al escritor Luciano Rincón a cinco años de cárcel, acusado de publicar
diversos textos (firmados con el seudónimo de Luis Ramírez) antifranquistas en
la revista «Cuadernos de Ruedo Ibérico», editada en París. El 10 de julio de
1971, en Barcelona, un tribunal militar condena al sociólogo Amando de Miguel a
seis meses de cárcel, acusado de injuriar al ejército por haber criticado en un
artículo al vicario general López Ortiz.
2. En Las Nacionalidades Periféricas
Cataluña y el País Vasco no dejaban de ser las
comunidades específicas donde el movimiento contra la dictadura se destacaba.
El antifranquismo en Galicia, en el País Valenciano, en Andalucía, etc., se
encontraba, en cuanto a participación de las personas en él, cuantitativamente
en un nivel muy inferior, así como en cuanto concernía a organización de grupos
políticos y a las tendencias unitarias.
La división entre las fuerzas políticas, incluso las
pertenecientes a una misma corriente ideológica, era todavía considerable al
principio de los años setenta. No obstante, esta fragmentación estaba altamente
compensada por la voluntad y la práctica de la unión entre todos los
demócratas.
El MSC seguía su inclinación izquierdista por varios
conductos y formas. A partir de marzo de 1971, estos socialistas crearon una
plataforma unitaria con el PSAN dedicada a trabajar políticamente en la
Universidad y con ese fin publicaron la revista «Front Ensenyant». En 1972, el
MSC, que ya estaba considerado como un grupo simpatizante de los comunistas,
adoptaba asimismo la hoz y el martillo como símbolo propio. En julio de 1974,
el MSC, con otros grupúsculos (una rama escindida del PSAN, la «Força Socialista
Federal», «Autogestió y Socialisme» y «Reconstrucció Socialista») crean la
«Convergencia Socialista de Catalunya». Era un paso más hacia la organización
de un verdadero partido, que no se concretaría hasta que se integraron en el
PSOE.
Los militantes procedentes del MSC que se habían
quedado con Josep Pallach, a finales de 1974 crearon otro partido: el RSDC
(«Reagrupament Socialista i Democrátic de Catalunya»), en el que pasaron a
militar otras personas como Josep Verde Aldea y Rudolf Guerra, que igualmente
finalizaron en el PSOE. En la Federación Catalana de este partido los
dirigentes eran en esos años Josep M.a Triginer, que ya había
militado en las JJ.SS., y Joaquín Jou Fonollá, que procedía de las Juventudes
Libertarias.
Entre los partidos centristas ERG y UDC tampoco
aumentaban considerablemente sus militantes, probablemente debido a que, en la
misma tendencia, surgían otros grupos, como CDC («Convergencia Democrática de
Catalunya») que, además de los pujolistas, sumaba algunos democristianos de UCD
y los amigos de Roca Junyent, quien antes tenía muy poco de catalanista y mucho
de izquierdista (había militado en la rama barcelonesa del FLP). CDC quedó
constituida el 15 de noviembre de 1974. Más tarde aún se formó EDC («Esquerra
Democrática de Catalunya»), el núcleo dirigido por Ramón Trias Fargas —a quien
le acompañaban otros empresarios como Jaume Carner y Joan B. Cendrós—, y que
acabó integrándose en CDC.
La antigua «Lliga» trató de resucitar de la mano de
personas como Salvador Millet i Bel y Octavi Saltor.
En cuanto a los grupúsculos de izquierda comunista, el
MC (nacido de los etarras en principio escindidos como ETA-Berri) intentaba una
implantación en Barcelona, contando con unos pocos militantes, entre ellos
Amparo Pineda y Montserrat Olivan. Como veremos después, era en Euzkadi donde
este grupo contaba, relativamente, con más fuerza.
El PCE(i), que era el grupo «Unidad» escindido, en
1967, del PSUC, continuaba con su doctrinarismo intransigente, y en 1974 cambió
su sigla y pasó a llamarse PTE (Partido del Trabajo de España).
El grupúsculo «Bandera Roja», formado asimismo por
quienes se habían escindido del PSUC, pronto atravesó tensiones internas que
llevaron a Solé Tura y a Borja a pedir el reingreso en el PCE-PSUC (en
diciembre de 1974).
Respecto al PSUC ya hemos tratado directa e
indirectamente al escribir sobre el PCE páginas más atrás. Sin duda los
comunistas catalanes constituían, como en el resto de España el PCE, el partido
más fuerte, con más militantes organizados y con más medios para la acción:
«Treball» y «Nous Horitzons», sus órganos políticos, fueron dos de las
poquísimas publicaciones en catalán que mantuvieron su periodicidad a lo largo
de los años de clandestinidad. En 1973 celebró su III Congreso y su política y su táctica era una copia catalanizada del
carrillismo, aunque con las obsesiones de HNP menos acentuadas y menos
agresivas. Probablemente por ello, los comunistas, en Cataluña, consiguieron lo
que el PCE no pudo realizar en el resto de España: un auténtico «Pacto para la
Libertad», no sólo por su esfuerzo sino, sobre todo, porque las fuerzas
políticas catalanas venían cultivando la unidad desde hacía años y porque los
correspondientes partidos o grupos trabajaban en y eran apoyados por un movimiento popular constante, el más
numeroso (en cuanto movilización parademocrática unitaria) en toda España: empiezo a referirme a la
«Asamblea de Cataluña».
La CCFPC (Comisión Coordinadora de Fuerzas Políticas
de Cataluña) quería proyectarse mucho más allá del núcleo todavía bastante
cerrado de los dirigentes políticos y en 1971 decidió buscar las formas de
establecer múltiples y extensas relaciones con la sociedad. Así, la primera
tentativa en este sentido fue una reunión que celebraron el 25 de mayo de dicho
año a la que invitaron a sindicatos, intelectuales, campesinos, profesionales y
representantes civicopolíticos de numerosas poblaciones. Con ello iba a descentralizarse
también la política concentrada en Barcelona. Pero esta primera reunión no
llegó a fructificar en un organismo operativo. Las esperanzas, sin embargo,
estaban sembradas y llevaron a buen término su proyecto unos cuatro meses
después: exactamente el 7 de noviembre de 1971, en la iglesia de San Agustín,
en Barcelona, se celebró la I sesión de la Asamblea de Cataluña. Reventós fue
quien leyó el informe político. Se inició un largo debate, al término del cual
aprobaron una Declaración que en lo esencial decía:
«...La actual crisis del régimen de la cual el proceso
de Burgos fue una manifestación sobresaliente, la progresiva toma de conciencia
y la movilización de las clases populares, y la necesidad de oponemos
firmemente a la maniobra continuista de instaurar a Juan Carlos como sucesor, a
título de rey, del dictador, exigen la adopción unitaria de una alternativa
democrática basada en los puntos mínimos aceptables por las fuerzas y sectores
representados en la Asamblea, algunos de los cuales tienen objetivos divergentes
a largo término, pero que coinciden en el objetivo inmediato del derrocamiento
del franquismo.»
Los puntos de coincidencia eran conseguir la amnistía
para presos y exiliados políticos, las libertades democráticas y las
autonómicas.
Por tanto, hacían «un llamamiento a todo el pueblo
catalán —y consideramos catalanes a todos los que viven y trabajan en Cataluña—
para que se incorpore a la perspectiva global del cambio democrático».
Esta Declaración la firmaron no sólo los partidos
políticos que vengo citando, sino también CC.OO., UGT, los estudiantes, los
profesores, la «Asamblea Permanente de Intelectuales Catalanes y
Profesionales», la «Comisión de Campesinos», las «Comunidades Cristianas», las
«Mujeres Democráticas», las representaciones de unas y de otras tendencias en
Tarragona, Sabadell, Badalona, Gerona, Lérida y muchas otras poblaciones de
Cataluña.
Lo más importante de esta Asamblea fue su actividad
permanente, esto es: no se limitó a ese acto, sino que sus acciones políticas y
culturales (en defensa de la lengua catalana) se prodigaron por los principales
enclaves de las tierras catalanas. El 12 de noviembre de 1972, la Asamblea
consiguió reunir a unas tres mil personas en Ripoll (Gerona), que es uno de los
símbolos de la identidad de Cataluña. El 28 de octubre de 1973, las ciento
trece personas que formaban la Comisión Permanente de la Asamblea de Cataluña
celebraron una de sus reuniones en la iglesia de Santa María Medianera, de
Barcelona. Pero esta vez la policía, que, por lo visto, sometía a constante
vigilancia a algunos de ellos, los detuvo a todos. A pesar de ello, los
componentes de la Asamblea siguieron extendiendo su influencia y su
organización en Cataluña. El 8 de septiembre de 1974, otros sesenta y siete
asambleístas fueron detenidos en Sabadell. De este modo, las tres
reivindicaciones-clave: Libertad, Amnistía y Estatuto de Autonomía, se expresaban
—a veces se gritaban— en centenares de lugares.
Al calor de la Asamblea de Cataluña se impulsaron
nuevos organismos de relación con las masas, como el Congreso de Cultura Catalana,
el proyecto de cuya celebración empezó a madurar en octubre de 1975. Más
tarde también se inició una «Marcha de la Libertad».
Tras esa serie de grandes esfuerzos para liberarse de
su clandestinidad, relacionándose con millares de personas, y crear así,
prácticamente, zonas liberadas de la
dictadura, los principales partidos políticos consideraron conveniente reforzar
su propia estructura operativa unitaria, con el fin de negociar con organismos análogos en el resto de España. Por tanto,
el 30 de diciembre de 1975, sin perder los contactos con las masas a través de
la Asamblea de Cataluña, CSC, DCD, PSUC, EDC, UDC, etc., formaron el «Consejo
de Fuerzas Políticas de Cataluña».
Al principio de los años setenta, tras el consejo de
guerra de Burgos que ya hemos historiado en el capítulo correspondiente, en el
País Vasco apenas hay novedades significativas en la lucha antifranquista. ETA
es la que predomina sobre el PNV, por las razones señaladas. Siguen los
tiroteos, las detenciones y los procesos políticos. A finales de diciembre de
1971, el semanario vasquista «Herria», que los exiliados editan en Bayona,
ofrece la siguiente estadística global: en las prisiones franquistas hay ciento
diez vascos: de ellos, treinta están condenados a penas de más de treinta años
de privación de libertad; diez, a penas que oscilan entre los veinte y treinta
años; veintitrés, a penas de diez a veinte años; dos, a penas de uno a cinco
años; y el resto se encontraban pendientes de juicio. Entre ellos había cinco
mujeres y once sacerdotes. (Una de las mujeres, María Teresa Arévalo Larrea
—acusada de haber participado en un atraco en los talleres navales de Sestao—,
había sido condenada el 27 de julio de 1971, asimismo en Burgos, a veinticinco
años de cárcel.) A principios de enero de 1972, la policía hace una redada en
la que caen treinta y tres etarras, entre ellos el monje benedictino Eustaquio
Mendizábal, a quien acusan de ser uno de los responsables del «frente militar».
Entretanto, ETA continuaba dividida en dos ramas en el
interior de las cuales surgían tensiones en tomo a su táctica.
Por un lado, los que tendían a convertirse en
comunistas se subdividían en simpatizantes de Carrillo y Dolores Ibárruri, por
una parte, y por la otra conectaban con los trotskistas. Algunos de los
primeros pasaron a militar en el PCE, otros fundaron, a finales de 1971, el
«Movimiento Comunista Vasco», que luego se extendió al resto de España, bajo la
dirección del secretario general Eugenio del Río, readaptando su sigla en cada
comunidad diferenciada: MCC, por ejemplo, en Cataluña. Los segundos componentes
de ETA VI acabaron asociándose, en el
verano de 1973, con la Liga Comunista Revolucionaria, un grupúsculo
trotskizante.
Los separatistas «puros», los que lo confían todo en
la lucha armada, o ETA V, en 1972 consiguieron
incrementar sus muy reducidas huestes con una nueva transfusión de militantes
procedentes de la organización juvenil del PNV. Uno de los fundadores de ETA,
José Luis Álvarez Emparantza, que se alejó de este grupo, en unas declaraciones
hechas en 1983 señalaba precisamente que existían profundas confluencias entre
la ETA y el PNV: «En el PNV inicial, lo siento mucho por el equipo de Arzallus,
una de las actividades típicas eran las famosas comidas que hacían en Vizcaya,
después de las cuales lanzaban discursos explosivos contra España y,
posteriormente, quemaban públicamente la bandera española. En aquel entonces
era un partido más parecido a ETA de lo que nos pintan ahora. Pretender
presentar a ETA como una excrecencia absurda o una desviación, es tergiversar
la historia.» En ETA militar siguió existiendo un «frente obrero» pero
completamente subordinado al «frente militar», que estaba bajo la dirección, significativamente,
de antiguos católicos ultradogmáticos bañados en la ideología racista típica de
estos etarras.
2.4. De una cierta gloría a
la ignominia
La inmensa mayoría de demócratas eran contrarios a la
lucha armada y aún rechazaban (y rechazan) más los actos terroristas, pero ello
no fue óbice para que sintieran una íntima alegría, por lo menos, al saber que
el máximo y permanente colaborador de Franco, el almirante Carrero, había
muerto en un atentado realizado por ETA.
Los etarras prepararon minuciosamente el que había de
ser el magnicidio de la época franquista. Desde el mes de diciembre de 1972 un
comando se trasladó a Madrid para desarrollar su plan. En primer lugar se
dedicaron a recopilar información detallada en tomo a Carrero. No fue difícil
porque el domicilio del almirante venía registrado en el listín telefónico:
Hermanos Bécquer, 6. A partir de aquí empezaron a controlar sus salidas y
entradas más o menos regulares, así como la protección policial que llevaba. Una
de las regularidades era que Carrero iba a misa a la iglesia de San Francisco
de Borja, en la calle Serrano.
Al principio, los etarras no pensaban ejecutar a
Carrero, sino que proyectaban secuestrarle con el fin de pedir, a cambio de su
liberación, la libertad de los presos políticos vascos. Pero dificultades
internas de la ETA y la duda de que el secuestro pudiera llevarse a cabo con
éxito, les llevaron a cambiar su plan. Esas dudas se acentuaron desde que el
almirante fue nombrado por Franco, el 4 de junio de 1973, presidente del
Gobierno, con lo cual las medidas de seguridad en tomo a él, las medidas visibles
y las camufladas, se volvieron más rigurosas.
De modo que, después de un debate interno, los etarras
decidieron organizar el atentado, al que le dieron el nombre en clave de
«Operación Ogro», que luego sirvió como título al libro que ETA publicó en
París ofreciendo su versión de los hechos.
El comando, compuesto por cuatro etarras, alquiló unos
sótanos en el número 104 de la calle Claudio Coello, por donde pasaba Carrero
para ir a misa. Uno de los militantes de ETA que se hizo pasar por escultor fue
quien se encargó de alquilar el local. Era el mes de noviembre de 1973. A
partir del 7 de diciembre pasaron a la fase definitiva de la operación:
empezaron a construir un túnel hasta el medio de la calle, a fin de colocar
unos ochenta kilos de goma-2. Entre el 15 y el 18 hicieron los últimos preparativos.
Disponían de un coche cuyo aparcamiento irregular debía obligar al automóvil en
el que iba Carrero, a pasar por el sitio exacto donde la explosión le haría
saltar por los aires. El día 20, a partir de las ocho y media de la mañana, los
etarras se pusieron en sus puestos de vigilancia y de mando electrónico para
provocar la explosión. A las nueve y veinticinco vieron que el Dodge del
presidente del Gobierno se acercaba al punto indicado. Unos segundos más y la
enorme explosión catapultó el coche a considerable altura, falleciendo sus
ocupantes en el acto. Los etarras, disfrazados de electricistas, gritaron para
crear la confusión: «El gas, ha sido una explosión de gas», mientras emprendían
la huida.
Esta ejecución venía a culminar, simbólicamente, los
deseos de numerosos demócratas, de los libertarios sobre todo, de acabar con la
vida del dictador. Esos deseos jamás habían pasado, ni en algunos grupos
anarquistas, de fases preparatorias muy rudimentarias. Al fin, si no se pudo
liquidar a Franco, sí que se acabó con la vida de su lugarteniente. La violencia de extrema derecha que
predominaba en España desde 1939, provocaba la violencia de la extrema
izquierda.
Pero, ¿qué efectos tuvo ese asesinato en la dinámica
parademocrática? Algunos han argumentado que la desaparición de Carrero
facilitaba e incluso —decían— aceleraba la transición hacia un sistema de
libertades. El autor de esta historia cree que, más allá de la sugerida
satisfacción simbólica, la supresión del almirante cambió muy poco las cosas.
El franquismo ya estaba en crisis por
otras causas: no sólo por la presión popular contra la dictadura, sino
también por las divergencias e incluso las querellas entre franquistas,
neofranquistas, evolucionistas y reformistas, según vengo analizando desde el
año 1966. La ejecución de Carrero supuso, sin duda, un enorme golpetazo moral
contra Franco y todos sus colaboradores. Con Carrero desaparecía la cabeza de
un sistema policíaco y, en general, de un servicio de información. Este podría
interpretarse como un aspecto positivo para los activistas de la oposición, si
a continuación el Franco decrépito ayudado por su mujer no hubiese nombrado
precisamente a uno de los más duros especialistas de la represión política
desde la posguerra, Arias Navarro (fue fiscal en varios procesos políticos y
después director general de Seguridad), que en el momento del atentado era
ministro de la Gobernación. Éste fue el nuevo presidente del Gobierno
(paradójicamente, puesto que él era el máximo responsable de la seguridad de
Carrero). Si duro era el almirante, duro también fue el jurídico-policía Arias,
como siguió demostrando en 1975-1976. Si el primero se mostraba contrario al
restablecimiento de la democracia, el segundo no creó más que una falsa
«apertura».
Y para ETA, ¿qué significó el éxito de su «Operación
Ogro»? En principio, los etarras siguieron su ritmo habitual, aunque
probablemente embriagados por la resonancia mundial de su acto. Ello parecía
dar la razón a sus métodos violentos. Algunos comunistas también se sintieron
estimulados en sus antiguas posiciones revolucionarias y soñaron con nuevas
gestas leninistas y castristas. Esos sueños se tradujeron, sin embargo, como en
otras ocasiones, en terribles pesadillas.
Desde hacía años, algunos etarras mantenían relaciones
con destacados militantes del PCE en Madrid: Alfonso Sastre, su mujer Eva
Forest, Antonio Duran (de CC.OO.), etc. Antes y después del atentado a Carrero,
Duran y Eva Forest ya prestaron algunas ayudas a estos vascos. Meses después,
ETA y concretamente dos de sus miembros: José Miguel Señarán Ordeñana
(«Argala») y José Ignacio Múgica Arregui («Ezquerra») quisieron hacer otra
operación espectacular contra el régimen: volar una parte del edificio de la
Dirección General de Seguridad, en la Puerta del Sol. Eva Forest, considerada
como el enlace principal de ETA en Madrid, se encargó de recopilar la
información necesaria para tal fin. Pero la mujer de Alfonso Sastre consideró,
después de investigar en ese sentido, que era muy difícil realizar ese plan.
Propuso, en cambio, que los etarras colocaran unas bombas en la cafetería
Rolando, de la calle del Correo, enfrente de la central de policía, porque a
este bar iban, según ella, muchos agentes. ETA aceptó esta propuesta de
atentado, y varios etarras contribuyeron a llevarlo a cabo, entre ellos Juan
Manuel Galarraga Mendizábal, María Lourdes Cristóbal Elorga y Justo Bernardo
Sansano, a quienes continuaron prestando ayuda Eva Forest y Antonio Duran. La
bomba estalló a las 12.30 del 13 de septiembre de 1974 y provocó la muerte
instantánea de once personas, ninguna de ellas policía, y unos ochenta heridos
en grado diverso (uno de los cuales murió después). ETA no sólo había cometido una matanza execrable, sino también un
irreparable y monstruoso error
político del que jamás volvería a levantar cabeza: ese día se produjo la
primera y masiva condena popular de los etarras.
La policía ató cabos y empezó las detenciones: en
primer lugar interrogó a Eva Forest y Alfonso Sastre, quienes implicaron a
otros intelectuales que asimismo habían sido o eran militantes y simpatizantes
del PCE, como Lidia Falcón, Elíseo Bayo, Vicente Sáenz de la Peña, María Paz
Ballesteros, etc.
En la cárcel, Sastre, según Bayo, presumió: «Éste ha
sido nuestro asalto al cuartel Moncada»,
comparándose, nada menos, con Fidel Castro. Por su lado, también en la cárcel,
Eva Forest, pese a la matanza, abundaba en el mismo delirio puesto que
calificaba el atentado (que sólo asesinó a personas que nada tenían que ver con
el aparato represivo) como «la más grande e importante acción revolucionaria
desde la guerra civil». Lidia Falcón, en el libro que publicó sobre estos
sucesos, Viernes y 13 en la calle del Correo, retrata a la
mujer de Alfonso Sastre como una irresponsable y como una delatora. Elíseo Bayo
también ha dirigido a Sastre y a los etarras críticas durísimas, aunque
«deberían ser ellos, los inductores, los cómplices, los ejecutores y los
encubridores de tan espantoso crimen los que, aunque tardíamente, se
autocriticaran para que de una vez el cadáver encuentre sepultura». (Ni Sastre
ni su mujer han replicado a esas críticas.)
Después de numerosas discusiones internas, y a la
vista del enérgico rechazo popular del atentado, ETA decidió
desresponsabilizarse del hecho y pasó (treinta y siete días después) a
atribuírselo a la ultraderecha. Entonces, Sastre y su mujer, en una reacción
típica de los militantes dogmáticos que practican la máxima de que el fin
justifica los medios, pasaron a sostener lo contrario de lo que habían dicho.
Siguieron haciendo coro a las directrices de ETA y catalogaron la matanza como
«obra de fascistas».
En cuanto a la dirección del PCE, ordenó a sus
militantes que no prestaran ninguna ayuda a Eva y Alfonso Sastre, quienes
continuaron —y continúan— con sus actitudes supersimpatizantes de ETA.
Tanto en este atentado como en el de Carrero, la
policía trató de implicar más ampliamente al PCE, pero, más allá de la
evidencia de que Sastre y su mujer hasta entonces habían sido militantes
comunistas, no consiguieron probar nada. Simón Sánchez Montero, uno de los
principales responsables de la organización carrillista de Madrid, fue
detenido, pero «a los seis días de mi detención tuvieron que excluirme del
sumario por la muerte de Carrero». Había, no obstante, según lo ya historiado,
relaciones entre el PCE y los etarras. También ha quedado archiprobado el doble
lenguaje político que Carrillo utilizaba en esta etapa: «vía pacífica» («Pacto
para la Libertad») pero utilizando la «violencia revolucionaria» (HNP y
«levantamiento popular»). Todos estos hechos explicaban la insistencia
policíaca en buscar vinculaciones concretas del PCE con ambos atentados.
En Galicia, Valencia y Andalucía, las tendencias
nacionalistas se expresaban de modo muy diferente tanto respecto al País Vasco
como en cuanto concierne a Cataluña. No había lucha armada ni tampoco se
organizaban grandes movilizaciones populares, salvo en los casos huelguísticos
(sobre todo en El Ferrol).
En las tierras gallegas el nacionalismo se elaboraba
pausadamente en las reuniones de la Editorial Galaxia, dirigida por militantes
del antiguo partido galleguista, y en los lugares donde el grupo más reciente
de la «Unión do Pobo Galego» tenía influencia. Tanto éstos, como los partidos
con otra ideología, como el PCE, el PSOE y el PSP, vivían a través de los
militantes que allí tenían, un sentimiento nacional ajeno a toda violencia y en
el polo opuesto a toda imposición dogmática.
Algo parecido sucedía en Valencia, aunque los
valencianistas-catalanistas chocaban con más dificultades, dado que una parte
considerable de su población y de sus políticos no sólo estaban castellanizados
sino que aceptaban voluntariamente su dependencia de Madrid. Por otra parte, a
pesar del gran y lúcido esfuerzo intelectual de Joan Fuster al escribir Nosaltres, els valencians, sus teorías
no consiguieron convencer más que a grupos minoritarios. Más allá de los
sectores representados por Vicent Ventura, Eliseu Climent y pocos más, las
posiciones nacionalistas en el «País Valencià» adquirían poca consistencia, a
pesar de ser las más dinámicas en el antifranquismo existente en aquellas
latitudes.
De Andalucía nadie puede negar que es una comunidad
diferenciada por su cultura transecular y por su expresión popular. El
andalucismo imprime su huella en cualquiera que resida allí. Pero, quizás aún
más que en Galicia y en Valencia, el relativo nacionalismo andaluz es antes una
vivencia que una teoría política. Durante las largas décadas del franquismo no
hubo en Andalucía un partido estrictamente andalucista, si bien nadie podía
negarle la condición de andaluz hasta la médula al democristiano Giménez Fernández
y a Felipe González y a sus respectivos compañeros. Por eso el andalucismo que
Rojas Marcos, Aumente, Uruñuela y otros trataron de organizar en el PSA tuvo
escaso éxito, tanto en las últimas fases antidictatoriales como en la primera
etapa de la construcción de la democracia. (Rojas Marcos, que había sido
concejal del ayuntamiento franquista de Sevilla, fue detenido a primeros de
abril de 1971 por una conferencia que pronunció en una residencia universitaria
en la que criticó los malos tratos que la policía política infligía a los
demócratas. Procesado por el TOP, fue condenado a 2 años de cárcel por
«propaganda ilegal».)
3. La Represión Y La Solidaridad
La represión, en sus diversas formas, se extendía,
todavía en 1970-1975, a muchas más personas que las citadas hasta aquí: en esta
etapa los presos políticos seguían
siendo numerosos: según un informe avalado por la Comisión Permanente de la
Asamblea de Cataluña, a finales de 1970 «el número de presos políticos
sentenciados ya ocupaba el cuarto de la totalidad de la población reclusa
española». A los presos más significados y a los que menos se amoldaban a la
disciplina carcelaria les caían penas suplementarias, consistentes en
encerrarles en celdas especiales de
castigo, completamente aisladas y a menudo insalubres. Los carceleros
utilizaban también a los presos por delitos comunes para hacer la vida
imposible a los políticos que no se doblegaban. En algunas cárceles —como en la
inmediata posguerra— los presos estaban hacinados.
Según un informe de militantes del PCE enviado a
«Mundo Obrero» a finales de 1969, en la cárcel de Almería, cuya capacidad «es
de cien presos», había «alrededor de doscientos cincuenta, de ellos siete
políticos: Narciso Julián (miembro del CC del PCE), Trinidad García, Francisco
Cordero, Remigio Roces, Antonio González Vera y José Fernández Pérez (éste
lleva preso veinte años)». Otras represalias complementarias contra los
políticos eran negarles la libertad
condicional a la que tenían derecho después de pasar un cierto tiempo de la
condena. En 1972 se encontraban padeciendo esa arbitrariedad decenas de presos
políticos y sindicales como Pere Ardiaca, Luis Andrés Edo, Julián Ariza, Luis
Pérez Lara, Marcelino Camacho, Eduardo Saborido, Víctor Lecumberri, José
Sandoval, etc.
Contra ese cúmulo de injusticias, los propios presos
políticos hacían varias acciones. Una de las más eficaces, pero también una de
las más duras para los propios presos, eran las huelgas de hambre. Se hicieron varias: en enero de 1973, en la
cárcel de Soria; en enero de 1974, en la cárcel de Pontevedra; en octubre de
1974, en las prisiones de Soria y Lérida; en el otoño de 1974, en la vizcaína
cárcel de Basauri ya habían hecho tres huelgas de hambre; entre finales de 1974
y los primeros días de 1975 se hizo una huelga general en los centros
penitenciarios. Otras huelgas sectorializadas se hicieron en las cárceles de
Alcalá de Henares, en Carabanchel, en Martutene (San Sebastián), en el penal de
Torrero (Zaragoza), etc.
En la cárcel
habilitada para los curas, en Zamora, también hicieron una huelga de hambre, desde el 6
hasta el 19 de noviembre de 1973. Se inició con un motín y un incendio,
provocado por los mismos sacerdotes, según ellos explicaron en un manifiesto
que se difundió en la prensa extranjera.
Los curas encarcelados en Zamora ya venían denunciando
su situación en diversos escritos asimismo dirigidos a la Conferencia
Episcopal. En una carta enviada a finales de julio de 1973, decían a los
obispos: «Nuestro deseo expuesto por enésima vez y a las más diversas
personalidades es la supresión de esta cárcel concordataria. Llevamos más de cinco años sin ver nada positivo al respecto. Al
contrario, a la vista de la inutilidad de nuestras peticiones, algunos han
tenido que tomar el único camino existente para tal fin: la secularización.»
(...) «Es ésta la única cárcel que tiene
la Iglesia, a una con el Estado, en todo el Occidente, cárcel en que se pone de
manifiesto el servilismo de la Iglesia hacia el Estado.»
A finales de 1973 habían pasado por Zamora un centenar
de sacerdotes. En julio de 1975, había allí seis curas encarcelados y cinco en
enero de 1976. Algunos de los últimos en conseguir la libertad fueron Nikola
Tellería, García Salve (que se hizo dirigente prosoviético del PCE),
Gabicagogeaskoa y Naverán. Finalmente, salían, en mayo de 1976, los sacerdotes
Juan Echave y Julián Raizada. Otros sacerdotes estuvieron encarcelados en
prisiones «normales» para los demás presos políticos, como el escolapio catalanista
Lluís M. Xirinacs, que pasó dos años en Carabanchel.
La represión, los nuevos encarcelamientos y también
los fusilamientos, se extendieron en otros casos. Entre los más destacados (y
trágicos) fueron: la sentencia de muerte y
la ejecución el 2 de marzo de 1974
del anarquista Puig Antich, lo que motivó numerosas protestas, durante todo ese
mes, en el extranjero y en España (principalmente en los centros
universitarios); y las sentencias de muerte y las ejecuciones, el 27 de
septiembre de 1975, de Baena Alonso, Paredes Manod, Otaegui, García Sanz y
Sánchez Bravo, pese a las numerosas peticiones de clemencia que, de todas
partes, volvieron a llegar al Gobierno franquista. Franco moría matando, como
había vivido.
En esta fase final de la dictadura, la represión se
dirigía sobre todo contra las organizaciones que, con ETA, practicaban la
violencia y el terrorismo, como el FRAP.
Frente a la lucha armada, el régimen franquista volvió
a tomar sus precauciones paralegales al promulgar el Decreto 10/1975 (publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» el 27 de agosto de 1975) que le permitía
someter al país a una especie de estado de excepción continuado durante dos
años. Este Decreto fue una tentativa de regresión hacia los primeros años
cuarenta, puesto que ampliaba las posibilidades de detención y de procesamiento
de cuantas personas sostenían ideas políticas contrarias al sistema dictatorial.
El artículo 14 de tal Decreto posibilitaba a la policía efectuar registros
domiciliarios sin mandato judicial, y el artículo 13 ampliaba el plazo de la
detención gubernativa de los políticos hasta cinco días y, si pedían
autorización, hasta diez días (oficialmente, hasta entonces, la policía sólo
podía retenerlos tres días, norma que no siempre era respetada, incluso en
estos últimos años del franquismo).
Mientras tanto, a los exiliados del año 1939, de 1959,
de 1969, etc., continuaban sumándose otras personas que, ante la perspectiva de
ser encarceladas, preferían desterrarse. Los exiliados en unos países y en otros constituían los principales focos de la
solidaridad con los antifranquistas en España. En el «Palais des Sports», en
París, el 14 de abril de 1973, se organizó uno de los últimos actos «En hommage
aux prisonniers politiques espagnols».
En el interior de España, ya ha quedado sugerido, las
actividades solidarias constituían poco a poco el principal movimiento de masas, aunque este «movimiento» sólo
consistía en estampar la propia firma en algún documento. En este sentido, la
campaña más importante empezó el mes de abril de 1974, organizada por «Justicia
y Paz», y personalmente por Ruiz-Giménez y sus colaboradores. La carta
colectiva iba dirigida al Presidente de la Conferencia Episcopal a fin de que
consiguiera del general Franco «una amnistía general para los exiliados y
presos sancionados por hechos de intencionalidad política o de objeción de
conciencia», a la vez que pedían «un efectivo reconocimiento jurídico de los
derechos humanos de reunión, asociación y expresión, así como de las minorías
étnicas existentes en nuestro país». La campaña de recogida de firmas duró
varios meses, lo cual ya es indicativo de las grandes dificultades que los
promotores del documento tuvieron que superar. La firma de cada persona iba
avalada por el propio número del documento nacional de identidad. En septiembre
habían recogido 150.000 firmas («La Vanguardia» del 12 de septiembre de 1974) y
los organizadores dieron por finalizada la campaña. El mayor número de
firmantes residían en el País Vasco, seguidos por los de Cataluña, los de
Madrid y las demás regiones. Las firmas figuraban en paquetes de quinientos
pliegos que formaban un bloque impresionante. El cardenal Tarancón fue el
encargado de transmitir al dictador esta multitudinaria suma de peticiones, pero
el «generalísimo» hizo oídos sordos.
La amnistía
sólo se consiguió después de la muerte de Franco (20 noviembre 1975), y aun, durante los primeros
meses, con cuentagotas.
3.1. La prensa para la
democracia
Desde el año 1966, algunos periódicos desempeñaron un
papel decisivo en la difusión de ideologías democráticas. La sensibilización en
favor de las libertades públicas la hicieron, sobre todo, y en primer lugar,
revistas como «Serra d'Or», «Cuadernos para el Diálogo» y «Triunfo». Después, a
estas publicaciones se sumaron otras, como el diario «Madrid» y los semanarios
«Cambio 16», «Mundo», «Destino» y «Posible». Su empeño por defender los valores
de la democracia les costó numerosas multas y suspensiones.
Paradójicamente, todas las publicaciones (menos dos)
que defendieron y adoptaron las posiciones democráticas bajo la dictadura, al
llegar la democracia tuvieron graves problemas financieros que las obligaron a
desaparecer: de todas ellas sólo «Serra d'Or» y «Cambio 16» siguen editándose.
De esos periódicos, el que sufrió la represión más
grave fue el diario «Madrid», que estuvo asimismo atravesado por duras
querellas internas entre los accionistas franquistas menos evolucionistas y los
accionistas que, aun cuando habían estado vinculados al régimen, en estos años
habían pasado a cultivar posiciones decididamente reformistas a favor de la más
plena democracia. Calvo Serer, presidente de la empresa editora, miembro del
Opus Dei y partidario de don Juan de Borbón, se enfrentaba a la rama más conservadora
y tecnocrática de los que también eran opusdeístas o se encontraban muy cerca
de sus planteamientos. Dada la actitud de Calvo Serer y sus colaboradores, que
no se mostraban dispuestos a seguir las instrucciones de la dictadura, el
«Madrid» avanzó rápidamente hacia su prohibición definitiva. El penúltimo paso
de la escalada fue el artículo que Calvo Serer publicó en «Le Monde» del 11 de
noviembre de 1971: su título ya lo sintetizaba todo: «Moi aussi, j'accuse», y
en él atacaba especialmente a dos personalidades del Opus Dei: a su máximo
valedor, el almirante Carrero, y al numerario de este instituto religioso,
López Rodó, artífice desde el año 1956-1957 de la penetración de los
opusdeístas en los principales puestos de poder del Gobierno franquista. Sobre
Carrero decía Calvo Serer: «No han sido los ministros de Información quienes se
han empecinado contra la independencia de la prensa, sino antes que nadie el
vicepresidente del Gobierno, almirante Carrero Blanco.» (...) «El miedo a la
libertad y a la verdad que caracteriza a Carrero Blanco, impotente para
silenciar al periódico "Ya" porque lo protegen los obispos, le lleva
a destruir el "Madrid".» Calvo Serer acusaba a López Rodó de
«complicidad» con Valls Taberner, presidente del Banco Popular, y parte
contraria al avanzado reformismo que preconizaba el primero. Quince días
después, el Gobierno daba la orden de cierre definitivo del diario «Madrid»: el
26 de noviembre de 1971, y en primera página, publicaba un texto editorial
titulado «Adiós». Calvo Serer se quedó en el exilio entre otras razones porque
el TOP le procesó (el fiscal pedía 7 años de cárcel): la acusación se basaba en
el artículo publicado en «Le Monde».
«Cambio 16», cuyo primer número se publicó el 22 de
noviembre de 1971, fue el semanario que con más eficacia prosiguió las tareas
informativas y de formación de opinión en favor de la recuperación de la
democracia, lo que significó, para quienes componían la empresa y la redacción,
no pocos sobresaltos, presiones y también represiones. Con «Cambio 16» empezó a
escribirse un nuevo tipo de periodismo, más acorde con el estilo europeo y
norteamericano. En su título, «Cambio 16» ya sintetizaba su posición, pero,
además, semana tras semana sus páginas trabajaban sistemáticamente para
alcanzar ese objetivo no sólo en el Estado sino también en la sociedad
española.
El 13 de enero de 1975, el entonces presidente de
«Cambio 16», Luis González Seara, abogaba por los «cambios necesarios»: «Nos
encontramos ante una grave crisis económica, social y política coincidente con
un tiempo en que finaliza una etapa histórica. Y la organización de nuestra
vida colectiva no es la más apropiada para hacer frente a tal situación.
Tienen, pues, que producirse cambios; pero estos cambios, si han de ser útiles
y eficaces, deben ser los cambios necesarios, no los cambios posibles.»
«Cambio 16» fue el primer semanario que publicó
informaciones críticas de las condiciones de existencia en que se encontraban
los presos políticos.
Todos esos textos periodísticos contribuían a ampliar y a fortalecer las nuevas mentalidades democráticas, y por ende
ayudaban a resquebrajar paulatinamente las instituciones franquistas y a formar
una nueva «clase» de personal político progresista o, por lo menos, liberal.
4. Las Resquebrajaduras Del Estado Franquista
El aumento del número de militantes y, sobre todo, de simpatizantes de los partidos y
de los sindicatos democráticos estaba en la base de la creciente movilización
popular en favor de la amnistía política, de todas las libertades públicas y de
la reorganización del Estado mediante formas autonómicas en sus nacionalidades
periféricas.
Ese conjunto de presiones y reivindicaciones venía
motivando, desde 1966, la creación de corrientes evolucionistas y reformistas
que, partiendo del seno o de los próximos contornos de la dictadura, deseaban
organizar una democracia limitada o con muchas de sus libertades sometidas a
vigilancia. Pero, a medida que pasaban los años quedaba puesta de manifiesto la
inviabilidad de los sucedáneos seudoliberales como eran, según ellos decían con
su lenguaje barroco y perifrástico, el «contraste de pareceres», la «concurrencia
de criterios» y el contar con una «oposición leal». Muy lenta, insincera e
indecisamente se aproximaban a la «invención» de formas de organización
sociopolítica que ya habían sido inventadas hacía muchas décadas: los partidos
políticos, conceptos éstos que en 1974-1975 aún se consideraban nefandos por
parte de los franquistas, que pasaron a hablar, con su mísero gongorismo, de
«asociaciones políticas».
Los últimos intentos de crear una democracia ficticia
se vinieron rápidamente abajo porque, en conjunción con las presiones
democráticas populares, del claustro del franquismo no sólo salían cada vez más
políticos reformistas, sino que también sus instituciones clave se cuarteaban
entre funcionarios decididos partidarios de la democracia e incluso de los
programas de izquierda, y funcionarios que permanecían en las antiguas
actitudes aunque no con la combatividad de antaño.
La institución del sistema franquista que más pronto
se resquebrajó (desde los años sesenta) fue la Iglesia católica, aunque la
ruptura interna, asumida plenamente por unos cuantos obispos, no se oficializó hasta el mes de marzo de 1974
con ocasión de la polémica homilía del obispo de Bilbao, Antonio Añoveros.
La segunda institución que mostró tener en su interior
a demócratas con todas las consecuencias fue la judicatura: desde los últimos
años sesenta y los primeros de los setenta, unos pocos magistrados se
organizaron clandestinamente en cuanto «Justicia Democrática».
Finalmente, los días 29, 30 y 31 de agosto de 1974
acabó de organizarse la Unión Militar Democrática con otros pocos oficiales
que, no obstante haberse formado en el aparato estatal más rígido de la
dictadura, ya habían demostrado, a título individual, asimismo desde mediados
los sesenta, que muy poco tenían que ver con los dogmas e intransigentes
comportamientos franquistas.
(En todo caso, téngase en cuenta que tanto en la
jerarquía eclesiástica, como entre los jueces y los oficiales de las fuerzas
armadas, los demócratas eran una minoría
absoluta.)
Las resquebrajaduras del Estado franquista, y
especialmente la desbandada de los antiguos franquistas que pasaban a ser
reformistas, también acaban de explicarse por la primera enfermedad grave que
sufre Franco a partir del 9 de julio de 1974 (no recuperó sus funciones como
jefe del Estado hasta el 1.° de septiembre de ese año).
4.1. Algunas jerarquías de
la Iglesia católica
Aparte del Abad de Montserrat, las demás jerarquías de
la Iglesia tardaron mucho en enfrentarse públicamente con el régimen. Si bien
algunos obispos habían hecho aproximaciones hacia el talante democrático y
reconocían el derecho de los trabajadores a hacer huelga, hasta más de diez
años después de las declaraciones del padre Escarré a «Le Monde» no se llegó al
choque decisivo entre la Conferencia Episcopal y el Gobierno, al estallar el
caso Añoveros.
Esta lentitud era —es— injustificable, incluso desde el punto de vista eclesiástico
conservador, por cuanto el papa Pablo VI, en las palabras que sobre España pronunció el 22 de junio de 1969, y otras
jerarquías vaticanas, venían alentando a la democratización de España y se
sentían hermanados con los curas que, desde las comisarías de policía, desde la
cárcel de Zamora y desde otras prisiones demostraban en profundidad la
naturaleza despótica del sistema alumbrado en la guerra civil.
El nuevo Abad de Montserrat, Dom Cassià M. Just, a la altura de su antecesor, también denunciaba con brillante
dureza la vinculación de la Iglesia con la dictadura. Además de albergar en el
monasterio a grandes manifestaciones antifranquistas (recuérdese la Asamblea de
Intelectuales catalanes con motivo del consejo de guerra de Burgos), el P. Just
hacía varias declaraciones a la prensa extranjera. El 23 de diciembre de 1970
dijo a «Le Monde»: «No es posible seguir guardando silencio y permanecer fieles
al Evangelio... La Iglesia no puede
seguir asociada a un régimen que ha fusilado a hombres por sus ideas y que ha ejecutado a católicos por el único
crimen de estar contra Franco.»
Sin embargo, la separación gradual que unas pocas
jerarquías de la Iglesia venían marcando respecto al régimen, afectaba
extremadamente a los colaboradores de Franco, quienes solían replicar acusando
de herejes a los sacerdotes que asumían los valores de la libertad o
reprochándoles, como el almirante Carrero dijo en diciembre de 1972, que hasta
entonces la Iglesia había conseguido muchos beneficios y privilegios a cambio
de su apoyo a la dictadura.
El conflicto con monseñor Añoveros fue el colofón de
las tensiones. El 24 de febrero de 1974, en la mayoría de las iglesias
vizcaínas, se leyó una homilía escrita por el obispo de Bilbao en la que
defendía la especificidad lingüística y cultural del País Vasco «dentro del
conjunto de pueblos que constituyen el Estado español actual», y describía la
situación de opresión por la que atravesaba Euzkadi y las dificultades para
alcanzar su autonomía. Los obispos Cirarda y Jubany advirtieron a Tarancón,
cardenal Primado, de que esa homilía podía provocar problemas. El arzobispo de
Madrid telefoneó a Añoveros para hacerle recapacitar, pero el obispo de Bilbao
le contestó que su texto «es agua bendita».
La polémica fue, no obstante, grande. Desde el 28 de
febrero Añoveros y su vicario José Ángel Ubieta estuvieron detenidos, aunque en
sus domicilios: se les acusó de atentar «contra la unidad de la patria». La
orden de arresto la había dado el entonces vicepresidente del Gobierno y
ministro de Gobernación, José García Hernández, y de acuerdo con el presidente
Arias pretendían desterrar inmediatamente a ambas jerarquías de la Iglesia. Con
tal fin enviaron al aeropuerto de Sondica un avión para llevarles a Lisboa o a
Roma. Añoveros y Ubieta se negaron a acatar la orden puesto que, dijeron, sólo
obedecían al Papa. El jefe de policía de Bilbao, José Sainz, les apresó y trató
de forzar su exilio. El obispo contesta que si emplean alguna violencia contra
él, de acuerdo con el Canon 2.334, podrá excomulgar a quienes así procedan.
Así, la dictadura, que fundamenta toda su seudo «legitimidad» en la ideología católica archiconservadora, corre el riesgo
de ser excomulgada. El Gobierno trató de conseguir la expulsión negociando con
el cardenal Tarancón, pero éste se negó a cualquier tipo de destierro del
obispo de Bilbao. El de Barcelona, Jubany, también apoya a Añoveros y en esos
días circulan insistentes rumores, en Barcelona y en Madrid, que anuncian: si
el Gobierno lleva a cabo sus propósitos será excomulgado. El presidente Arias y
los ministros más duros están dispuestos a llegar hasta las últimas
consecuencias: a la ruptura de las relaciones diplomáticas con la Santa Sede, a
lo que incluso el propio Franco, más astuto, se opuso. Otro gallego, Pío
Cabanillas, entonces ministro de Información, personaje asimismo característico
de las habilidades galaicas y que entonces empezaba a jugar a la «apertura» del
régimen, con el ministro de Hacienda, Antonio Barrera de Irimo, tampoco están
de acuerdo con las decisiones de Arias y de sus policías. Estos últimos,
contando con Tarancón y el Nuncio Luigi Dadaglio, consiguieron que Añoveros se
trasladara a Madrid el 7 de marzo, en compañía de su vicario Ubieta, e hicieron
una semiconcesión al declarar que con la homilía no querían atacar la unidad de
España. El obispo de Bilbao se marchó a continuación «de vacaciones» y todos
echaron tierra encima al asunto, para no envenenar más el manifiesto descalabro
de las antiguas tendencias teocratizantes de la Iglesia respecto a la figura
del «caudillo» y su régimen.
4.2. Jueces para la
democracia
Uno de los estamentos más cerrados y, por lo general,
de ideología conservadora, de la sociedad española, la judicatura, se vio
atravesado por las intervenciones que una serie de jueces demócratas hicieron
en su interior y de cara a la sociedad. Desde 1971, en una serie de folletos
impresos clandestinamente, denunciaron el estado de la justicia en España. En
el texto de cincuenta y cuatro páginas que hicieron público ese año los jueces
demócratas señalaban el endurecimiento de la reforma del Código Penal, de la
Ley de Orden Público y del Código de Justicia Militar en cuanto se refería a
las actividades políticas de los demócratas. Con todo ello se provocaba el
«creciente hundimiento de los restos del Poder Judicial bajo la presión de la
hipertrofia antijurídica de las facultades gubernativas» que llegaban, en fases
de estado de excepción, «a la descarada ilegalidad de indicar, al final de
atestados policiales en asuntos de carácter político, que los jueces de
Instrucción, en caso de que decidieran la puesta en libertad del detenido, le
debían poner de nuevo a disposición policial, violando así el principio de la
soberanía del juez instructor, cuya resolución se coartaba y despreciaba».
Estos hechos solían ocurrir en lugares muy diversos de toda España.
En sus conclusiones y propuestas de 1971, los jueces
demócratas confesaban que «hemos de ocultar nuestros pensamientos para no ser
perseguidos o condenados al ostracismo». En su texto clandestino se expresaban,
sin embargo, con claridad puesto que recomendaban a sus compañeros que dejaran
de ser cómplices de arbitrariedades «para rehabilitarse ante su propia
conciencia; para conseguir el respeto de gobernantes y de gobernados; y para
contribuir al progreso de la sociedad a que se pertenece».
Estos jueces —Cesáreo Rodríguez-Aguilera (luego
Presidente de la Audiencia Territorial en Barcelona), Carlos Jiménez Villarejo
(fiscal), Perfecto Andrés García (magistrado-juez de Bilbao), etc.— sostenían
relaciones periódicas con personas representativas de diversos partidos en la
clandestinidad e incluso prestaban ayudas considerables a cuantos trabajaban en
favor de la democracia. Rodríguez-Aguilera, quien en relación con Cela y Laín,
desde principios de los años sesenta tenía buenos contactos incluso con
exiliados liberales y socialdemócratas, en los años 1966-1969 se ocupó de
guardar a este historiador el archivo y las cintas magnetofónicas en las que
empecé a registrar los materiales que están en la base de este libro.
Su documento de 1972 es mucho más extenso (81 páginas)
y tan o más pesimista que el anterior porque decía que «la tarea del juez
defensor de las libertades es casi —o sin casi— imposible».
Por ello, los miembros de «Justicia Democrática»
sostenían que «una justicia sana sólo será posible en el seno de una sociedad
libre y democrática», ideas que ampliaron en su documento del año 1973:
«Queremos hacer una justicia libre en una política justa. Por eso el problema
político es previo. Sin orden político justo, no hay un orden jurídico justo.»
En esta ocasión, los jueces que condenaban la legalidad franquista y que se
veían reducidos a la clandestinidad como si fuesen un grupo de anarquistas, volvían
a demostrar un talante combativo: «Nosotros, aun sabiendo que muchas
instituciones han de ser modificadas radicalmente y otras mejoradas, queremos
seguir respetando, como ciudadanos, y aplicando, como jueces, lo que queda de
verdadera legalidad en nuestro país —gran parte del Derecho Privado, del
Derecho Penal y del Administrativo—, pero repudiamos la ficticia legalidad
constitucional y desafiamos ese sedicente Derecho Penal que castiga cualquier
asociación, cualquier reunión, cualquier expresión del pensamiento no
coincidentes con los fines e intereses bastardos de la casta gobernante.»
El núcleo iniciador de Justicia Democrática fue
aumentando con muchas dificultades el
número de sus militantes. Las dificultades surgían incluso en los jueces que
simpatizaban con las ideas democráticas pero que no querían comprometerse
entrando a formar parte de un grupo clandestino. Hasta 1975 (antes de la muerte
de Franco) llegaron a militar en JD aproximadamente un diez por ciento de la
carrera judicial (unos 70 en toda España, entre magistrados y secretarios).
Además de los citados, formaban parte de Justicia Democrática Fernando Ledesma
(fue fiscal en Barcelona, y ministro de Justicia del Gobierno socialista), Luis
Valentín, Francisco Huet, Manuel Peris, José Luis Infante, Plácido Fernández
Viagas, entre los principales activistas. Las reuniones se hacían en Madrid y
en Barcelona: aquí, el 80 % de las conversaciones clandestinas se sostuvieron
en el despacho de Rodríguez-Aguilera.
4.3. Los militares
antifranquistas
A mediados de los años sesenta se sabía que entre
generales como García Rebull y generales como Díez-Alegría existía una
considerable diferencia cultural y política. Mientras aquél —como la inmensa
mayoría del generalato— conservaba agudo el espíritu de la guerra civil y era
ciegamente franquista, éste era ya un espíritu liberal, que había superado la
confrontación fratricida, y que demostraba ser más que un militar: Díez-Alegría
era —y es— un intelectual particularmente interesado por la historia y la sociología
que, de modo indirecto, se atrevía a hacer críticas a la intervención
antidemocrática de las fuerzas armadas en su propia sociedad. En efecto, en su
discurso de recepción como académico de número de la Real Academia de Ciencias
Morales y Políticas, pronunciado el 5 de marzo de 1968, sostuvo que el
intervencionismo militar era un peligro y, en un plano teórico global, añadió
que «el caso más imperfecto y degradado es el de jefes locales que, contando
con sus propias mesnadas, se levantan contra el poder central y llegan a
vencerle apoderándose de sus resortes». En una conferencia que pronunció en la
cátedra General Palafox de la Universidad de Zaragoza, el 18 de enero de 1969,
con motivo de inaugurarse el curso de sociología militar, no sólo mostró su
espíritu liberal sino que se refirió con respeto a «un famoso sociólogo, Marx»,
al tiempo que trataba, con rigor científico, de la cuestión de las clases
sociales. En 1970, Díez-Alegría, en cuanto Jefe del Alto Estado Mayor Central,
estuvo en París para negociar la compra de diversos armamentos, entre ellos los
tanques AMX-30, y en esa ocasión no tuvo inconveniente en charlar amablemente
con este historiador (entonces exiliado) y expresarle su deseo de que debíamos
avanzar hacia una democracia.
En los años 1966-1968, en Barcelona, éramos varias las
personas que también manteníamos relaciones políticas con el entonces capitán
de Estado Mayor (y hoy diputado del PSOE) Julio Busquets. En su casa de la
calle Laforja pudimos conocer a otros oficiales demócratas e incluso a un
coronel: Sintes Obrador, director de la Academia de Artillería de Segovia. En
principio, las relaciones con estos militares las sosteníamos con bastante
desconfianza por cuanto sabíamos que los servicios de información militar dependen,
habitualmente, del Estado Mayor. Pero poco a poco fuimos convenciéndonos de que
no se dedicaban a espiar a los grupos de la oposición sino que eran unos
demócratas que querían contribuir a la buena marcha del movimiento
antifranquista. De Busquets supimos que tenía relaciones con el jesuíta P.
Llanos (que después se hizo militante del PCE), que había contactado con
Fernández de Castro, uno de los fundadores del FLP, y que Ruiz-Giménez había
sido su abogado cuando fue procesado por la publicación de su tesis doctoral
«El militar de carrera en España» (1967).
A pesar de las evidentes dificultades y de las lógicas
precauciones, Busquets, con otros pocos oficiales, fueron coordinándose con
objeto de contribuir a formar militares para la democracia.
El movimiento militar que, el 25 de abril de 1974,
acabó con la dictadura en Portugal, y la grave enfermedad que aquejó a Franco
durante el verano de ese mismo año, fueron las señales definitivas para que
también en España se intentara con todo rigor la participación de un grupo de
militares en la lucha por la democracia. En el mes de julio, Busquets en
Barcelona y el comandante de Estado Mayor, Luis Otero, en Madrid, aceleraron
los preparativos en ese sentido y en un viaje que hicieron a Lisboa a mediados de
agosto se entrevistaron con los militares demócratas portugueses. La fundación
de la UMD se concretó los días 31 de agosto y 1.° de septiembre en Barcelona,
exactamente en el piso que Guillermo Reinlein, teniente coronel de artillería,
tenía en el número 29 de la calle del General Mola. Allí fueron llegando diez
oficiales residentes en Barcelona y dos de Madrid: Otero, Martín Consuegra,
López Amor, Perinat, José Sagrado, Júlvez, Cardona, Juan Diego, Antonio
Miralles, Julián Delgado (que al final no pudo asistir pero que en todo caso
quedó comprometido), y los citados Busquets y Reinlein.
Estos militares concretaron su ideario contra «los
generales enemigos de la democracia» que impedían «la libertad del pueblo». En
su primer punto programático decían: «El completo divorcio existente entre la
España real y el sistema totalitario que la gobierna, preocupado únicamente de
su permanencia, hacen desempeñar a las Fuerzas Armadas el papel de guardias de
los intereses del actual régimen y no del pueblo español. La UMD (Unión Militar
Democrática), consciente de esta situación, aspira a que las Fuerzas Armadas se
pongan exclusivamente al servicio del pueblo recobrando su prestigio y
dignidad.»
Los oficiales se organizaban clandestinamente pero de
manera independiente de cualquier partido y a la vez rechazaban todo
protagonismo para el futuro.
La UMD llegó a tener 155 militantes, la mayoría de
ellos oficiales, si bien contaba con algunos sargentos. Pero su actividad duró
algo menos de un año. El servicio de información de la Presidencia del Gobierno
(que había sido creado por el almirante Carrero) y los servicios secretos de
las Fuerzas Armadas fueron detectando quiénes eran algunos de los principales
organizadores de la UMD.
Antes de que se descubriera ese grupo clandestino, el
comandante Busquets y el capitán Júlvez fueron arrestados por «falta grave»
(«La Vanguardia» del 8 de marzo 1975) y sancionados con seis meses de cárcel el
primero (que los pasó en el penal El Hacho, de Ceuta) y dos meses y un día el
segundo. La causa de estos arrestos fueron unas expresiones de solidaridad de
Busquets y de Júlvez respecto al capitán de ingenieros Jesús Molina, arrestado
asimismo por no haber facilitado información acerca de la ideología política de
algunos de sus soldados.
En los meses de junio y julio, algunos generales
ultraderechistas ya disponían de parte de la información comprometedora para
los oficiales demócratas.
Sin embargo, en primer lugar esos generales quisieron
liquidar al teniente general Díez-Alegría, ya que su personalidad liberal
alcanzaba creciente influencia en la sociedad española (muchos veían en él un
posible jefe para un movimiento militar análogo al portugués). La irritación de
los jefes franquistas contra Díez-Alegría se acentuó cuando, durante una
estancia en Rumania por razones privadas (la esposa del teniente general iba a
la clínica geriátrica de la doctora Aslan), el jefe del Alto Estado Mayor español
recibió una invitación del presidente rumano, Ceaucescu, para cenar con su
familia. Eran los primeros días de junio de 1974 y Díez-Alegría tuvo la
precaución de pedir autorización al Gobierno franquista para aceptar esa
invitación, cosa que no le negaron; esto es: la reunión no tuvo nada de
clandestina.
El cese de Díez-Alegría de su puesto de jefe del Alto
Estado Mayor se produjo una semana después, mientras viajaba por Tunicia.
La represión contra algunos de los principales
promotores de la UMD se desencadenó, como empezaba a sugerir, un año después:
en la noche-madrugada del 28 al 29 de julio comenzó la redada, principalmente
en Madrid, con la detención de Otero, Valero, Ibarra, García Márquez, Reinlein
y Ruiz Cillero (comandante el primero, y los demás capitanes); a continuación
cayeron los capitanes Manuel Fernández Lago y Jesús Martín Consuegra; en
Pontevedra, el capitán José Fortes Bouzán; el capitán del Ejército del Aire, José
Domínguez, consiguió exiliarse en París.
La noticia, transmitida por todas las agencias
internacionales, produjo un gran impacto. Diarios como «Le Monde» dedicaron
varios comentarios a partir del 31 de julio. Días después fueron interrogados
otros oficiales como López Amor, Juan Diego, Delgado, Gurriarán, García
Valdina, pero sólo fueron procesados los detenidos en primer lugar.
El consejo de guerra empezó el 8 de marzo de 1976 y
fueron condenados a las siguientes penas de cárcel: Otero, a ocho años; Ibarra,
a siete años y seis meses; Valero, a cinco; Fernández Lago, a cinco; Consuegra,
a cuatro años y seis meses; Herreros, a cuatro; Fortes, a tres; Reinlein
(Fernando), a cuatro; Domínguez, a cuatro; García Márquez, a tres; Ruiz
Cillero, a dos años y seis meses (los nueve primeros fueron, además, expulsados
del Ejército).
Mientras tanto, la UMD continuó actuando gracias a los
oficiales que no habían sido descubiertos por los servicios secretos. Entre los
que se ocuparon de llevar adelante el ideario del grupo estuvieron Guillermo
Reinlein (que llegó a entrevistarse con un enviado de don Juan Carlos, el duque
de Arión, quien quiso saber con qué fuerzas contaban los militares
antifranquistas; Reinlein también se entrevistó con don Juan de Borbón), el
capitán Juan Diego y otros que seguían elaborando diversos documentos que difundían
clandestinamente.
Gracias a una amnistía, los oficiales encarcelados
recuperaron la libertad en agosto de 1976. Durante este año y la mitad de 1977,
la UMD continuó en activo aunque con tendencia a la baja y decidieron
disolverse en una reunión que celebraron el 26 de junio de 1977, once días
después de las primeras elecciones legislativas.
Aunque en parte frustrada, la UMD cumplió con una
importante función: los generales ultrafranquistas no sabían a ciencia cierta
con cuántos militantes contaban los que, a todas luces, habían sido algunos de
los principales dirigentes del grupo; otros dirigentes, como acabo de poner de
relieve, continuaban sus tareas parademocráticas. Los generales contrarios a la
transición a la democracia no podían saber si eran sólo cientos (ya he dado el
dato de que no llegaron a sobrepasar algo más de un centenar y medio) o eran
miles los oficiales comprometidos activamente con la UMD. Es decir, esos
generales no podían estar seguros de contar al ciento por ciento con los
hombres bajo su mando y probablemente también sospechaban, en la fase de
finales de 1975 a mediados de 1977, que, de intentar alguna operación militar,
podían correr el riesgo de que algún oficial de la UMD les pegase un tiro.
4.4. Los políticos
reformistas
Para los reformistas que aún estaban integrados en
unas instituciones u otras del régimen, la grave enfermedad de Franco durante
los meses de julio y agosto de 1974 también fue la señal definitiva de que les
convenía apearse de aquel tren renqueante que se dirigía a su estación término.
Mientras tanto, desde la oposición democrática se
criticaba el seudoaperturismo de Arias como otra tentativa de prolongar el
sistema franquista más allá de la vida del general.
Por otra parte, para los más inmovilistas del régimen,
a los que seguía escuchando Franco, los intentos aperturistas de ministros como
Cabanillas eran considerados poco menos que como atentados a las «esencias del
franquismo». Por todo ello, el dictador pidió a Arias que destituyera al
ministro de Información. Este cese (que se conoció el 29 de octubre de 1974)
arrastra una serie de dimisiones, a partir de la de Barrera (Hacienda), a quien
sigue Fernández Ordóñez, entonces presidente del INI (con Ordóñez se
solidarizaron asimismo dos socialistas que trabajaban con él: Boyer, jefe de
estudios del INI, y Solchaga, subdirector de ese servicio y hoy ministro de
Hacienda.
Por su parte, con Cabanillas, además de Barrera, se
solidarizaron algunos democristianos que, como Marcelino Oreja (subsecretario
de Industria), Sánchez Terán (subsecretario de Obras Públicas) y Ortega
Díaz-Ambrona (alto funcionario en el Ministerio de la Presidencia) continuaron
en el gobierno Arias.
De este grupo, que empezó
a configurarse en 1973, formaban parte otros que habían de ser conocidos
ministros en los primeros gobiernos de UCD como Leopoldo Calvo Sotelo, José
Luis Álvarez, Alfonso Osorio, José Manuel Otero, etc. Eran los democristianos
insertos o procedentes del franquismo.
A los democristianos «tácitos» se sumaron los
democristianos explícitos, como Álvarez de Miranda, Cavero, Cortezo y Alzaga,
que, en 1973-1974, ya hacía muchos años que formaban parte de la oposición
democrática. Esto lo hicieron contra lo que ellos habían previsto, que era
completamente al revés: en los años sesenta los cristianos que eran demócratas
aspiraban a encauzar a los católicos franquistas. El problema fue, como se vio
entre 1976 y 1977, que los democristianos de casi siempre fueron arrollados y
arrinconados por los democristianos improvisados, recién salidos del
franquismo. En efecto, Álvarez de Miranda, Cavero, Alzaga, etc., cometieron un
error al separarse del grupo que, después de haber estado presidido por Giménez
Fernández, pasó a presidirlo Ruiz-Giménez. Luego, los tácitos y otros políticos
moderados formaron el Partido Popular, que acabó de configurarse con
Cabanillas, Areilza, Pérez Llorca (que había estado en el FLP), Senillosa,
Attard, Terceiro, Herrero de Miñón y otros menos conocidos. Este grupo iba a
ser una de las piezas principales en la formación de UCD, aunque algunos de
ellos (Areilza, Senillosa) se separaron precisamente cuando Adolfo Suárez quiso
protagonizar la coalición que empezaba a formarse con las organizaciones de
otros reformistas, entre las cuales destacaban las de los dirigentes liberales
como Camuñas y Garrigues Walker, y las de los socialdemócratas Fernández
Ordóñez y González Seara.
Camuñas contaba como principales colaboradores en su
Partido Demócrata Popular a Chueca, Antonio Jiménez Blanco y Víctor Carrascal.
Garrigues Walker había formado un grupo con
denominación muy pomposa: «Federación de Partidos Demócratas y Liberales» y con
él estaban Antonio Fontán, Joaquín Muñoz Peirats, Soledad Becerril y Eduardo
Merigó.
Ordóñez (que había tenido amistad con Dionisio
Ridruejo), con la colaboración principal de hombres como el profesor Luis
González Seara, organizó la tendencia socialdemócrata que también había de
integrarse en la UCD. Con ellos trabajaron desde el primer momento Alejandro
Muñoz Alonso, Luis Gámir, Carlos Bustelo, José Cavero e incluso, durante una
etapa, contaron con la presencia de Miguel Boyer, en uno de sus abandonos del
PSOE.
Los socialdemócratas eran quienes más se aproximaban
al talante de los principales partidos de la oposición, socialistas y
comunistas, pues compartían —y comparten— con ellos algunos aspectos del
pensamiento político y de sus planes de transformación de la sociedad.
5. Las Formaciones Unitarias Y Sus Debilidades. La Cuestión Sucesoria
Cada tendencia política estaba fragmentada
internamente, incluso en la fase final del antifranquismo: 1974-1975. Aunque el
PCE-PSUC era el partido principal (por sus efectivos, por sus medios, por su
organización), en realidad los comunistas estaban divididos en varios otros
grupúsculos (prochinos, prosoviéticos, trotskistas, etc.) y en los propios
carrillistas había tensiones (viejos-jóvenes) que no tardarían en aflorar. Si
bien el PSOE predominaba, en el PSP tenía un serio contrincante, mientras en Valencia,
Barcelona, Zaragoza, etc., existían otras agrupaciones socialistas
independientes con las que había que ponerse de acuerdo, lo cual no siempre
resultaba fácil. El fraccionamiento de los demócrata-cristianos y de los
socialdemócratas era el más criticable porque, mientras los partidos de
izquierdas podían aducir en su favor que la represión les dificultaba su
autoorganización, los grupos centristas (los Ruiz-Giménez, los catalanes de la
UDC y los pujolistas, los Ridruejo, el PNV, etc.) gozaban de una tolerancia por
parte del régimen que, ya desde mediada la década de los sesenta, hacía muy
posible la estructuración de un gran partido. No lo hicieron, y por ello los
democristianos fueron devorados por los reformistas y neoderechistas que salían
del entorno dictatorial. No obstante encontrarse en gran parte determinados,
incluso forzados, por las circunstancias, los grupos componentes de la
oposición democrática, en su totalidad, habrían podido prepararse más
sistemáticamente por lo menos desde finales de los años sesenta. Dejaron, todos ellos, demasiados problemas
internos pendientes de resolver hasta el último momento: hasta la
introducción a la moribundia del general Franco.
En 1974-1975, no sólo tenían que crear o reorganizar
rápidamente los propios partidos, contando con pocos militantes, buena parte de
los cuales eran neófitos, sino que, además, había que crear las plataformas
unitarias (o recrear: como el lector recuerda, desde los años cuarenta fueron
muchos los proyectos semirrealizados en este sentido), la unión de todas las
fuerzas democráticas.
Para los comunistas, la grave enfermedad de Franco
durante los meses de julio-agosto de 1974 también fue la causa final de su
aceleración unitaria y así crearon, principalmente con el PSP, la Junta
Democrática (JD), cuya constitución anunciaron en París el 30 de julio. Ahora
bien, sin duda —el lector lo recuerda perfectamente— el PCE y el PSP venían
insistiendo desde hacia años en la necesidad de concretar la unión de todas las
fuerzas democráticas.
Sin embargo, la JD no consiguió ser, como Carrillo
pretendió, la realización del «Pacto para la Libertad». Este pacto, propuesto
desde el primer trimestre de 1969, era una reedición con matices de la «Unión
Nacional» de 1941, pretendía reunir a todos (incluso a la derecha y a «sectores
de la oligarquía»), como resultado del «movimiento de masas» a cuya
movilización también había de contribuir con el fin de desembocar en la «huelga
general política» y en la «huelga nacional» (respecto a la cual a veces se añadía
la calificación de «pacífica» y otras no, seguramente porque primaba la
creencia de que forzosamente tendrían que emplear la «violencia
revolucionaria»). La JD era una plataforma unitaria que no llegó a alcanzar esa
dimensión, era un minipacto, aunque conservaba todas las ínfulas
«revolucionarias» del secretario general del PCE, a pesar de que el aliado
principal que tenía, el PSP, había proclamado y proclamaba su moderación y su
deseo de que la transición entre dictadura y democracia se llevara a cabo en
paz y ordenadamente.
En el VIII
Congreso
(1972) Carrillo insistió de diversas maneras que la «vía pacífica» no podía
realizarse sin violencia: en especial, necesitaba el «levantamiento popular»,
equivalente a las HGP más HNP, según se hizo constar asimismo en la Resolución
Política de esa asamblea máxima y última antes de la muerte de Franco.
La dirección del PCE sostuvo los mismos enfoques hasta
el final, con estilo intransigente al principio, y después, a medida que pasaban los meses y que no conseguía realizar ninguno de sus
planteamientos, suavizó su lenguaje. En el discurso que Carrillo pronunció
en noviembre de 1974 con motivo de la conmemoración de la Revolución de
Octubre, tras recordar la fórmula contradictoria y contraproducente del «Pacto
para la Libertad» (izquierdas más derechas, pacífico y violento) asociado a las
amenazas, por enésima vez, de la HGP más la HN, dijo: «No queremos la limosna
de unas libertades mínimas otorgadas realmente y paternalistamente desde
arriba.» Ahora bien, en la primavera de 1975, Carrillo y los demás dirigentes
comunistas empiezan a sustituir las convocatorias a la HGP más HN por el
concepto mucho más modoso de «Acción
Democrática Nacional» («Nuestra Bandera», n.° 79, p. 11, marzo-junio de 1975),
concepto que realzan en la II
Conferencia
Nacional del PCE (septiembre 1975), aunque a los del PCE se les escapen sus
verdaderas intenciones violentas: «La Junta Democrática está decidida a
propulsar la lucha popular y nacional, a preparar las condiciones para la
acción democrática nacional», y pocas líneas después Carrillo añadía: «Hay que
estar siempre muy alerta a la posibilidad de que cualquier acontecimiento
inesperado, espontáneo, provoque la chispa que puede desencadenar el incendio de la acción democrática
nacional.»
Pero seguía siendo completamente inimaginable (salvo
para el secretario general del PCE) que los demás miembros de la JD (Tierno,
Morodo, Calvo Serer, García Trevijano y Vidal Beneyto) participaran en ese
«incendio», ni siquiera controlado.
El PCE siguió insistiendo en la «Acción Democrática
Nacional», pero este sucedáneo tranquilizado de la «Revolución política»
tampoco consiguió realizarse antes de la muerte de Franco (ni después). Por
tanto, los dirigentes comunistas que al lanzar el Manifiesto de la JD habían
dicho que «la evolución democrática del Estado por vía de reformas legales es, objetiva y subjetivamente, imposible», lo
que subrayaron en el n.° 79 de «Nuestra Bandera» (marzo-junio de 1975), medio
año después sostenían lo contrario: «La ruptura democrática puede realizarse
con un simple decreto que anule las
instituciones y leyes que actualmente impiden el ejercicio de los derechos
ciudadanos» («Nuestra Bandera», n.° 83, enero-febrero de 1966, p. 9).
Los demás partidos que estuvieron entrando y saliendo
de la JD también tenían pocos militantes. La fracción del tradicionalismo que
Carlos-Hugo había conseguido atraer a sus posiciones para fundar su Partido
Carlista-socialista no mostraba tampoco grandes movilizaciones de sus fieles y,
además, el 30 de marzo de 1975 abandonó la JD para entrar después en la
Plataforma de Convergencia. Esta salida fue en cierto modo compensada por el
ingreso en la JD del PCE(i), a los que Carrillo exigió que cambiaran su sigla
por otra y se transformó en PTE, pero éstos no componían más que otro grupito
desde el que las masas sólo se contemplaban a lo lejos, en el horizonte donde
todavía existían muchas indecisiones y muchas renuencias.
5.2. La Plataforma de
Convergencia Democrática
En la etapa final, los socialistas fueron más lentos
en sus proyectos unitarios, pero sus actitudes eran más realistas, entre otras
razones por ser, desde los tiempos del muy realista Prieto, también moderadas.
Su realismo y su moderación se ajustaban más a la potencialidad parademocrática
de la mayoría del pueblo español, que seguramente ya se autoconsideraba, a
través de sus millones de personas, como elector en el futuro, pero no como
activista en el presente de los años setenta.
Los socialistas tampoco querían unirse con los del
PCE, no sólo porque en muchos de ellos perduraba —en otros era nuevo— su
razonado anticomunismo, sino porque el PCE exponía su deseo de provocar un
movimiento revolucionario (en el que el PSOE no quería verse involucrado) y
porque Carrillo se definía virulentamente antimonárquico, contrario sobre todo
a don Juan Carlos, mientras los socialistas se mostraban más posibilistas.
La Plataforma no acabó de tomar cuerpo más que unos
siete meses después, exactamente a partir del 11 de junio de 1975, y en torno
al ternacional a primeros de septiembre de 1974 (en «Le Monde», el día 7 de
este mes) y en ese momento se llamó «Congreso Democrático». Sin embargo, la
reunión más conocida de los socialistas con los democristianos y los
socialdemócratas tuvo lugar el día 2 de noviembre de 1974, en la calle Segre,
14, de Madrid (en el despacho de Antonio García López, quien en los años cincuenta
había estado en relación con el PSOE y después se integró en el grupo de
Ridruejo; García López se dedicaba a la lucrativa tarea de representar
sociedades financieras americanas). Esta reunión resultó memorable, no sólo
porque, efectivamente, trabajaron en favor de la unidad, sino sobre todo porque
fueron detenidos por la policía. Allí se encontraban dieciséis políticos
antifranquistas: Felipe González, Redondo, Benegas, en representación del PSOE;
Ruiz-Giménez, Álvarez de Miranda, Cortezo y uno de los hijos de Gil Robles,
José María, en cuanto democristianos; Díez-Alegría (hijo), y los citados
Ridruejo y García López, como
socialdemócratas; Pallach y Cassassas, delegados de la socialdemocracia
catalana; Ajuriaguerra, del PNV; Cañellas, de la UDC; y Barrera y Cuito, de
ERC.
Todo ellos fueron trasladados a la Dirección General
de Seguridad, menos Ruiz-Giménez y Álvarez de Miranda, que se marcharon antes
de que llegase la policía. Al tener noticia de lo ocurrido, Ruiz-Giménez fue a
la central de policía a pedir que le detuvieran porque era tan responsable como
los otros de la reunión clandestina, pero la policía política se negó a
encerrar en un calabozo al ex ministro de Franco. Álvarez de Miranda también
acudió a la Dirección General de Seguridad, y a este democristiano sí que
aceptaron detenerle. Los trataron respetuosamente y les invitaron a cenar una
comida bastante decente. Al día siguiente los pusieron en manos del TOP, pero
quedaron todos en libertad pocas horas después.
La Plataforma no acabó de tomar cuerpo más que unos
siete meses después, exactamente a partir del 11 de junio de 1975, y en tomo al
PSOE y la JD se integraron el PNV, la USDE ridruejista, los grupos catalanistas
de Barrera y Pallach, el MC (representado por Álvarez Dorronsoro) y otro
grupúsculo revolucionario, la ORT (representado por Manuel Guedán y José
Sanromá). Poco después ingresó el Partido Carlista y la ORT se marchó.
Carrillo acogió con reproches la formación de esta
plataforma unitaria; su programa, dijo, «no difiere en mucho del de la Junta
Democrática». El secretario general del PCE tenía la obsesión de que todos
comulgaran con sus ilusiones, y añadió: «Sin embargo, hay algo que está en los
documentos de la Junta Democrática y no en el de la Plataforma: es la voluntad
de organizar una acción nacional democrática, equivalente a lo que los
comunistas hemos llamado la Huelga Nacional, para dar en tierra con la dictadura.»
A pesar de las faltas de inclinación armónica de unos
y de otros, era necesario que, al menos en 1975, la oposición democrática
consiguiera presentar alguna forma de unidad. Así, el 13 de julio, Junta y
Plataforma iniciaron sus relaciones.
Hasta dos meses después, el 13 de septiembre, no
difundieron su primer comunicado conjunto. «Mundo Obrero» de la cuarta semana
de septiembre publicó ese documento en el que ambas organizaciones «se
comprometen ante la opinión pública a realizar un esfuerzo unitario que haga
posible la formación urgente de una amplia coalición organizada
democráticamente, sin exclusiones, capaz de garantizar el ejercicio, sin
restricciones, de las libertades políticas».
Mientras tanto comienzan a circular rumores de que el
dictador ha vuelto a caer enfermo. Al principio se dijo que Franco estaba
resfriado, pero se tenían noticias del instrumental médico que llevan al
Palacio de El Pardo, instrumentos que indicaban que su enfermedad era mucho más
que un simple resfriado. El equipo de médicos controlado por el marqués de
Villaverde intenta prolongar la vida del general. Ante su agravamiento, el 30
de octubre se decide el traspaso de las funciones del jefe del Estado a don Juan
Carlos. Ese mismo día, Junta y Plataforma democráticas crean un comité de
enlace.
Pero se prolongan las semanas de agonía del
«caudillo», hasta su muerte, a las 4 de la madrugada del 20 de noviembre, sin
que las fuerzas democráticas concreten ninguna operación para acabar con la
dictadura.
Hasta el 12 de diciembre no constituyen el Comité
Coordinador de la Junta y la Plataforma. Pero ni siquiera tras la muerte del
dictador se pone en marcha una unión eficaz. Pasan tres meses haciendo
comunicados conjuntos, criticando al gobierno de Arias, hasta que el 17 de
marzo de 1976 se establece el acuerdo unitario entre ambos organismos, pacto
que se consolida el 26 de marzo al fundar la Coordinación Democrática.
Como se estaba previendo, ninguna de las
grandilocuencias revolucionarias «programadas» por los dirigentes del PCE tiene
lugar: ni HGP, ni HN, ni siquiera «Acción democrática nacional» y, por tanto,
tampoco se alcanza la tan exigida (verbalmente) «ruptura democrática». Entonces
acaba de demostrarse cuan equivocada había sido la táctica preconizada por
Carrillo.
La mayoría de partidos democráticos venían
proclamándose republicanos, aunque todos ellos sostenían relaciones cordiales
con los monárquicos liberales partidarios de don Juan de Borbón. Es más: la
figura del transterrado en Estoril era, por lo general, respetada o, cuando
menos, no agredida en las declaraciones y comentarios de los políticos de la
oposición.
Salvo los monárquicos, pues, en principio nadie se
mostraba, en la década de los sesenta, partidario de una democracia coronada.
Ahora bien, ya entonces y sobre todo a medida que avanzan los años setenta, los
demócratas, incluso los representantes de la izquierda moderada, como Raúl
Morodo, relativizan la hipotética divergencia entre República-Monarquía. En los
años setenta el PSP fue «el primer grupo de izquierda que aceptó claramente la
Monarquía».
El PSOE renovado, el de los sevillanos y vascos,
también se liberaba del fetichismo de las
formas, que entre los llopistas era rígidamente republicano y
antimonárquico, a pesar de la aleccionadora posición que adoptó Prieto durante
los últimos lustros de su vida. Felipe González y sus más inmediatos
colaboradores tuvieron la precaución de no crear ningún problema
antimonárquico, así como tampoco quisieron sujetarse a la fórmula exigida por
el PCE de que había de formarse un «Gobierno provisional» con el fin de que
presidiese la transición y el proceso constituyente para decidir si se optaba
por la República o por la Monarquía.
Los dirigentes comunistas eran, también en esta
cuestión, los incordios de la oposición: a pesar de ser los únicos que, en la
JD, se habían aliado con un monárquico juanista (Calvo Serer), constantemente
hacían consideraciones antimonárquicas, especialmente furibundas contra Juan
Carlos. En el «Manifiesto-Programa del PCE», publicado en septiembre de 1975,
decían: «La sucesión juancarlista, que puede venir impuesta cualquier día desde
el actual poder, no resolverá los problemas del país, aumentará la confusión y
la inestabilidad política y no impedirá el triunfo de la libertad.» El propio
Carrillo, en las declaraciones a la periodista italiana Oriana Fallaci (y
publicadas en «L'Europeo» del 10 de octubre de 1975), decía: «¿Qué quiere que
le diga de Juan Carlos? Es una marioneta que Franco manipula como quiere, un
pobre hombre incapaz de toda dignidad y sentido político. ¿Qué posibilidades
tiene Juan Carlos? Todo lo más ser rey por algunos meses.»
Al morir Franco y proclamarse Juan Carlos rey,
Carrillo, junto con los principales representantes de la Junta en el
extranjero, Calvo y Vidal, siguen manifestando su desconfianza respecto al
nuevo jefe del Estado, mientras los dirigentes de la Plataforma no expresan
ninguna oposición respecto a este hecho.
¿A qué se debía esa persistente negación del papel que
podía desempeñar Juan Carlos? Entre las numerosas y contradictorias cartas que
Carrillo jugaba simultáneamente se encontraba la baza de intentar enfrentar a
don Juan de Borbón con su hijo. Ciertamente, algunos juanistas y el propio
Presidente en Estoril pensaban, a tenor de la posición que mantenía desde la
publicación de sus célebres Manifiestos en los años cuarenta, que era el padre
quien debía reinar. Esta voluntad se reafirmaba con unas palabras u otras, cada
año, sobre todo con motivo de la reunión-banquete que se celebraba en Lisboa el
día de su santo. El 24 de junio de 1974 hacía poco que don Juan había concedido
unas declaraciones al semanario parisién «L'Express» en las que recordaba la
vigencia de sus derechos a la corona. Con todo, don Juan seguía manteniendo
buenas relaciones con su hijo, no sólo contactos filiales-paternales, sino que
la comunicación política entre ambos se consideraba positiva. Don Juan mantuvo
la oposición a Franco hasta el final en diversas otras declaraciones,
principalmente en la que hizo el 14 de junio de 1975.
En esta ocasión no reconoció la sucesión dinástica en Juan Carlos al tiempo que
recordaba que él jamás se había sometido al poder personal del dictador. El
general le replicó indirectamente: dio orden de que prohibieran a don Juan
entrar en España.
Por todo ello, Carrillo, tratando de arrimar el ascua
a su sardina, en septiembre de 1975 decía que «don Juan trata de salvar la
monarquía como opción posible en el futuro democrático», pero, «si el conde de
Barcelona quiere rendir servicio al país, tiene que ir más lejos. Debería
afirmar su voluntad de facilitar el que un Gobierno provisional, como el que
propone la Junta Democrática, consulte democráticamente al pueblo sobre la
forma política del Estado y su propósito de inclinarse ante la voluntad popular,
tanto si ésta se decide por la Monarquía como si se decide por la República».
Don Juan de Borbón no hizo caso a ninguna de esta
propuestas; cuando su hijo fue proclamado Rey, guardó respetuoso silencio y don
Juan Carlos demostró pronto su firme voluntad democratizadora.
Cuatro días después de su entronización (el 22 de
noviembre de 1975, a las 12,37 horas), el día 26 concedía un primer indulto que
permitió que 235 presos políticos recuperasen la libertad.
Era una primera tanda, que se convirtió en una
amnistía general, a la vez que iban restableciéndose las demás libertades
públicas.
LA REFORMA GRADUALMENTE RUPTURISTA
Aunque momentáneamente pareció que, con el nuevo
Gobierno Arias, confirmado por el Rey como Presidente, iba a
reinstitucionalizarse un cierto franquismo sin Franco (que eran las previsiones
que había hecho el dictador), esta primera y pesimista impresión no tardó en
venirse abajo, porque las fuerzas democráticas siguieron manifestando su
descontento y, last but not least, porque don Juan Carlos
rápidamente empezó a demostrar, con palabras y con hechos, que su voluntad era
avanzar hacia un régimen de plena libertad.
Ahora bien, al tiempo que estaba claro que el
«evolucionismo» del equipo de Arias iba a durar muy poco, también quedó puesto
de relieve que la tesis de la «ruptura
democrática» no tenía viabilidad en los
términos exigentes y rápidos con los que, particularmente el PCE, los había
enfocado. Ciertamente, el PSOE utilizó asimismo ese concepto («ruptura
democrática»), pero, como hemos estado observando, sin intransigencias ni
planteamientos utópicos «a realizar velozmente», es decir: en el plazo de pocos
días.
La «ruptura democrática» y, sobre todo, los conceptos
HGP, HN, «revolución política», «levantamiento popular», y sus sucedáneos
suavizados como «Acción Democrática Nacional» eran, sin que Carrillo y los
demás dirigentes del PCE se enteraran, reminiscencias suyas de la Revolución de
Octubre en la Rusia de 1917. Esto es: eran supervivencias
ideológicas anacrónicas, y por tanto inoperantes
en la dinámica histórica de la España de 1960-1970. Así como en una
sociedad subdesarrollada y agraria, de principios de siglo, era factible llevar
a cabo una revolución rápida porque el poder político zarista estaba compuesto
por aparatos relativamente simples, que
fácilmente podían destruirse o manejarse, en una sociedad como la española de
mediados los setenta, con un considerable desarrollo industrial y un sistema
institucional complejo, el mismo
enfoque «revolucionario» no podía alcanzar los mismos objetivos.
Más de cincuenta años después del proceso
revolucionario leninista-trotskista, los comunistas españoles seguían imitando
aquellos hechos de un lejano país semiasiático. El PCE y casi todos los
partidos de izquierdas no tomaban en consideración que el pueblo español no
estaba compuesto de multitudes campesinas y proletarias míseras, sino que, por
el contrario, centenares de miles de trabajadores, también de obreros, habían
pasado poco a poco a disfrutar de algunas ventajas con la expansión
capitalista. Del miedo paralizante de las
décadas 1940-1950, miedo que a la inmensa mayoría del pueblo español le impedía
expresar su antifranquismo, se había pasado en los años sesenta y setenta a la integración en las comodidades
típicas de las sociedades europeas del norte: los trabajadores españoles de
1974-1975 no estaban de ningún modo dispuestos a arriesgar esas relativas
comodidades siguiendo las fraseologías carrillistas en tomo a la «necesaria
violencia revolucionaria». Es decir, el lenguaje aparentemente movilizador
del PCE, en realidad inmovilizaba a la
gente porque no deseaba participar en ningún «levantamiento popular», ya
que también consideraba inverosímil, contra lo que asimismo proponían los
comunistas, «confraternizar con el Ejército». El pueblo español, que deseaba el cambio, no encontraba ni los cauces
organizativos ni los enfoques teórico-concretos acordes con su noción del
cambio, que quería que fuese pacífico.
Todo ello resultaba cada día más evidente. La
movilización popular era insuficiente para acabar de golpe con la dictadura,
pero la causa de esa insuficiencia se encontraba, en parte, en que las
consignas antifranquistas que lanzaban los partidos democráticos no contenían
significados-objetivos conformes con la potencialidad antidictatorial de
considerables —los mayoritarios— sectores de la población. Estos sectores eran
antifranquistas, poco o nada inclinados
al activismo, moderadamente demócratas y de izquierdas aún más moderados. En suma, que los enfoques del PCE,
y las tácticas seudorrevolucionarias aún más descabelladas de los FRAP, la ETA,
los GARI, etc., repercutían de manera contraproducente para el restablecimiento
de la democracia, que no podía ser otra o que podía ser poco más que el sistema
democrático en el que predominan las estructuras y las relaciones
socioeconómicas y políticas de tipo burgués-liberal.
Esto venían comprendiéndolo el PSOE, el PSP, por
supuesto los democristianos y los socialdemócratas, y por fortuna también acabó
entendiéndolo el PCE (aunque con retraso), que, en contradicción-contraposición
con lo que venía diciendo-haciendo, había de pasar a ser el campeón de la
moderación, aunque igualmente en esta oscilación acabó siendo demasiado
exagerado.
Durante los primeros meses de 1976, la mayoría de
partidos democráticos pusieron entre paréntesis sus principios ideológicos y
sus programas políticos para asumir actitudes eminentemente pragmáticas. De
hecho, todos ellos gozaban de una cierta libertad, aunque sus organizaciones no
estaban legalizadas.
Por su parte, los diversos grupos reformistas iban
demostrando cada día más que las ideas que ellos tenían acerca de la
institucionalización del nuevo sistema político no diferían en nada, en lo
fundamental, de las tesis de la oposición que venía actuando desde 1939.
El Rey, mientras tanto, empezó a neutralizar a los
generales ultrarrevolucionarios y a difundir en las fuerzas armadas una nueva
mentalidad, favorable a la democracia. Ya el 6 de enero de 1976, con motivo de
la Pascua Militar, don Juan Carlos pronunció un discurso en el que dijo: «Somos
herederos de viejas tradiciones, pero nuestro empeño se fija en el futuro.»
Empezaba una
sistemática y delicada labor de ingeniería que entretejía
los elementos reformistas con los objetivos rupturistas, aunque con el
predominio de los primeros sobre los segundos.
El día 12 de enero de 1976, Juan Carlos I, en la
recepción que ofreció al Cuerpo Diplomático, dijo: «España no se concibe
encerrada en sí misma.»
El 7 de febrero, Felipe González dio su primer mitin:
«La tarea de la izquierda en los próximos meses es imponer el desmontaje del
poder que controla la derecha.» El 17 de marzo, Joaquín Garrigues Walker
declara: «El proceso democrático no se puede hacer sin pactar.» La idea del
pacto circula también en la oposición, en la izquierda e incluso en el PCE. En
la conferencia de prensa que da Carrillo el 2 de abril en París, parece
abandonar la táctica del conflicto puesto que al concepto de ruptura democrática
añade el doble matiz de «concertada, negociada». Pero incluso en esta ocasión,
y a pesar de que hace cuatro meses que Franco se ha muerto tranquilamente en la
cama, el secretario general del PCE también da varias notas discordantes, entre
ellas una contra Juan Carlos: «Creo que España necesita una república
democrática... No tengo gran esperanza de que el Rey pueda abrir el camino de
la democracia en España. Diré incluso que no tengo casi ninguna esperanza.» A
pesar de ello, incluso los monárquicos liberales apoyaban la legalización del
PCE, como igualmente dijo, de forma implícita, un antiguo anticomunista,
Satrústegui: «Propugnamos decididamente la legalización de todos los partidos
políticos, sin excepciones» (declaraciones publicadas en «La Vanguardia» del 7
de abril).
Los sindicatos democráticos también venían irrumpiendo
libremente en la sociedad española. El 29 de febrero de 1976, unos 700
militantes de la CNT hicieron una asamblea en el barrio obrero de Sants
(Barcelona), reuniones que continuarían en otras ciudades españolas. La UGT
inauguró su I Congreso posfranquista (fue el XXX de la serie) en Madrid, el 15 de abril: acudió un millar de delegados.
Desde el mes de marzo, los dirigentes de CC.OO. trataban de constituir la
Coordinadora de Organizaciones Sindicales.
El 27 de abril, una de las voces más autorizadas del
Ejército y con más fuerza real, el capitán general de la I Región Militar
(Madrid), el teniente general José Vega Rodríguez, declaró que el no ser
velador de ninguna ortodoxia «equivale a una clara manifestación de neutralidad
multidireccional del Ejército». El 30 de abril, el teniente general Manuel
Gutiérrez Mellado, hombre clave en la reforma de las fuerzas armadas, en cuanto
Vicepresidente del Gobierno, hace unas declaraciones para recomendar: «No olvidemos
nunca que el Ejército no está para mandar, sino para servir, y que este
servicio, a las órdenes del Gobierno de la nación, es exclusivo para España y
para nuestro Rey.»
Don Juan Carlos aprovecha el 1.° de mayo para insistir
en su voluntad democratizadora y dice: «Debemos llevar al mundo del trabajo y
de la empresa los mismos principios de libertad y de representatividad que han
de informar nuestra vida política y ciudadana.» Un mes después, ante el
Congreso de Estados Unidos, el 2 de junio, el Rey afirmó: «La Monarquía hará
que, bajo los principios de la democracia, se mantengan en España la paz social
y la estabilidad política», y a continuación subrayó que «se asegurará asimismo
el acceso ordenado al poder de las distintas alternativas del Gobierno, según
los deseos del pueblo libremente expresados».
El 10 de junio de 1976, al aprobarse la ley de
asociación política, de hecho quedan legalizados quince partidos políticos,
entre ellos el PSOE, el PSP y el grupo de Ruiz-Giménez, Izquierda Democrática.
Estos partidos, junto con el PCE, desde el 26 de marzo venían combinando sus
propuestas desde la superplataforma «Coordinación Democrática», la cual, a su
vez, establecía compromisos con otros organismos unitarios, en las
nacionalidades periféricas, como la Asamblea de Cataluña. En todo caso, la
prensa había popularizado el vocablo de «Platajunta», que a veces siguió
utilizándose a la hora de referirse a la «Coordinación Democrática».
A finales de junio circularon rumores acerca de las
grandes divergencias que existían entre el Rey y el presidente Arias respecto a
la orientación de la sociedad española. El 2 de julio la prensa confirmó la
dimisión de Carlos Arias. El 4, Adolfo Suárez ha sido designado nuevo
presidente del Gobierno. Tierno comenta, seguramente asesorado por Morodo, que
ya era amigo de Suárez (vivían en pisos contiguos): «Confío que la negociación
Gobiemo-Oposición sea más fácil.» El día 7, en un discurso transmitido por RTVE,
Suárez confirma: «La meta última es muy concreta: que los Gobiernos del futuro
sean el resultado de la libre voluntad de la mayoría de los españoles... Vamos
a acelerar la reforma política con el realismo que nuestro tiempo exige.»
Realmente, la reforma pasó a asumir cada día más
contenidos de ruptura sectorial con el antiguo régimen. El día 16 de julio de
1976, el consejo de ministros asegura: habrá elecciones generales antes del 30
de junio de 1977, y el Gobierno elevará al Rey una petición de amnistía:
«se aplicará a los delitos políticos y de opinión,
infracciones administrativas, rebelión y sedición militar». El 9 de agosto, a
la vista de la correspondiente ley, Coordinación Democrática declara: «El
decreto sobre la amnistía, a pesar de sus limitaciones, constituye un hecho
importante hacia la distensión política nacional.» El 10 de agosto, Adolfo
Suárez y Felipe González se entrevistan y cenan completamente a solas: en
principio el encuentro fue secreto, pero al día siguiente la prensa publicó la
noticia. Suárez explicó al secretario general del PSOE cómo, con el visto bueno
del Rey, iba a democratizar las instituciones.
El 18 de octubre, los catedráticos Aranguren, Tierno y
García Calvo, que habían sido expulsados de la Universidad «para siempre»,
recuperan sus respectivas cátedras.
Pero todavía hay frenos en la marcha a la democracia
así como existen impaciencias más que lógicas, justificadísimas. Las
negociaciones entre Coordinación Democrática y el Gobierno Suárez se prolongan
durante meses y no se consiguen siempre los objetivos que los demócratas
desean.
El 28 de noviembre de 1976, el Gobierno publica la
autorización para que el PSOE celebre su primer Congreso tras la muerte de
Franco; en realidad hace el número XXVII,
pues el
verdaderamente primero tuvo lugar en Barcelona los días 23-25 de agosto de
1888. El 3 de diciembre, al presentar la reunión congresual, Felipe González
dice: «Después de cuarenta años, los socialistas podemos reunimos en nuestro
país.» El día 6, dirigentes catalanes como Reventós y Pujol se entrevistan con
Suárez. El día 10, Carrillo da una conferencia de prensa en Madrid (aunque su
estancia en España es todavía clandestina). Ese mismo día la prensa informa de
quiénes son los componentes de la Comisión Negociadora de la oposición
democrática, la que también se llamó la «Comisión de los Nueve»; Felipe
González (a veces sustituido por Múgica) y Tierno (a veces sustituido por
Morodo), en representación de los socialistas; Fernández Ordóñez, como
socialdemócrata; Sánchez Montero, por el PCE-PSUC; Satrústegui, en nombre de
los liberales; Pujol y Cañellas, delegados por la oposición catalana; Paz
Andrade, por los galleguistas; y Jáuregui, por los vascos (en otras ocasiones
Arzallus).
El 14 de diciembre Suárez declara: «Sólo el pueblo
tiene autoridad para dirigir el cambio.» Y añade: «El Rey quiere gobernar
asistido por la sociedad.» En esa misma fecha, Tierno comenta a los
periodistas: «Tanto el Gobierno como la Oposición se necesitan mutuamente.»
Pero Suárez quería cubrir algunas apariencias y, sobre
todo, no provocar ningún choque irreparable con los ultrafranquistas que aún
conservaban numerosos y decisivos puestos de poder. El 18 de noviembre había
inducido a los propios procuradores de las Cortes franquistas que se hicieran
el hara-kiri dando un sí a la reforma política: de los 531 procuradores,
acudieron 497: los votos afirmativos fueron 425; los negativos, 59, y las
abstenciones 13. Después, Suárez quiso convocar un referéndum en el mismo sentido
que se celebró el 14 de diciembre de 1976. De un censo electoral de 22.644.290,
los votantes fueron 17.599.562 (77,72 %), de los cuales 16.573.180 (73,19 %)
dieron su Sí a la reforma política; el No sólo cosechó 450.102 votos (1,09 %),
y se abstuvieron 5.044.728 (22,28 %).
A Carrillo le detuvieron el 22 de diciembre, pero fue
puesto en libertad el día 30 del mismo mes.
Juan Carlos I dijo en su mensaje navideño: «Nuestra
vida política está en pleno proceso de adaptación, necesaria, a los cambios
sociales operados en España.» El año 1976 se despidió con otra buena noticia
publicada en los diarios del 31: la supresión del Tribunal de Orden Público.
En doce meses se había avanzado considerablemente por
el camino de la libertad, pero aún faltaba recorrer los trechos más decisivos y
consolidar todo el proceso combinatorio entre reforma y ruptura democráticas.
También seguían blandiéndose diversas amenazas policíacas y ultramilitaristas
contra los demócratas. Por eso el Rey seguía advirtiendo el 6 de enero de 1977,
con motivo de la Pascua Militar: «Queremos que los ejércitos puedan cumplir su
misión constitucional», mientras ese mismo día en la Capitanía General de
Sevilla, Gutiérrez Mellado subrayaba la «obligada neutralidad de los
ejércitos».
El 29 de enero, Suárez reconoce: «Nos encontramos
frente a dificultades y problemas, pero no nos asustan ni nos harán torcer
nuestro rumbo.»
Durante los meses de febrero y marzo, una Comisión
Mixta del Gobierno y de la Oposición trabaja en la redacción de la Ley
Electoral. El 1.° de marzo comienza una cumbre comunista en Madrid, con la
llegada de Berlinguer y Marcháis para reunirse con Carrillo. La prensa del 10
de abril informa que, «desde anoche», ha sido legalizado el PCE. La reacción de
algunos sectores del Ejército es violenta: el Ministerio publica una nota de
repulsa de la legalización. Ahora bien, otros sectores reaccionan con disciplina:
el teniente general Vega Rodríguez declara: «Considerándolo sólo como un deber
de servicio a la patria, el Consejo Superior del Ejército acepta el hecho
consumado de la legalización del PCE.» Por su parte, la dirección del PCE
declara su acatamiento «a la bandera nacional y a la monarquía democrática» (el
día 16). Este mismo día de abril los periódicos publican la información
referente al consejo de ministros del día anterior: se ha decidido convocar las
elecciones legislativas para el miércoles 15 de junio de 1977.
El 10 de mayo empiezan a hacerse públicas en toda
España las listas de los candidatos a las elecciones. El 13, Dolores Ibárruri
retorna del exilio. El día 14 en una ceremonia don Juan de Borbón cede sus
derechos dinásticos a su hijo; el Rey asegura a continuación: «Respetaré la
voluntad popular... La libertad, la justicia y el orden deben inspirar mi
reinado.»
El Gobierno avanza en la preparación de las elecciones
y el día 20 de mayo dice proponerse «proteger la participación ciudadana a
través de las elecciones y garantizar la seguridad». El propio vicepresidente
del Gobierno, el teniente general Gutiérrez Mellado, en la víspera de las
elecciones, declara: «El Gobierno quiere transmitirles un mensaje de aliento,
serenidad y confianza en vísperas de las elecciones.» (...) «No se van a
consentir actos de fuerza ni situaciones de hecho anticipando decisiones que sólo
corresponden a las futuras Cortes.»
La jornada de las elecciones transcurrió en paz y con
euforia popular. Unos más y otros menos, la mayoría participaba en el gesto
final de acabar con el sistema dictatorial. Fueron a votar 18.307.891 personas
(el 77,75 % del censo electoral). Al PCE lo apoyaron 1.718.026 votantes (7,30
%); el PSOE obtuvo 5.538.781 votos (el 22,76 %); el PSP, 816.510 (3,47 %); UCD,
6.337.288 (26,92 %) y AP obtuvo menos votos que los comunistas: 1.524.758 (6,48
%).
Al inaugurarse, el 22 de julio de 1977, las primeras
Cortes de la democracia, el Rey pronunció un discurso en el que dijo, en lo más
sustancial: «Este solemne acto tiene una significación histórica muy concreta:
el reconocimiento de la soberanía del pueblo español.» (...) «Queremos una
España armónica en lo político, justa en lo social, dinámica en lo cultural y
progresiva en todos los aspectos.» (...) «La democracia ha comenzado. Ahora
hemos de tratar de consolidarla.»
La monarquía había conquistado las simpatías de la
inmensa mayoría de políticos, incluidos los del PCE (respecto a ese discurso,
Carrillo declaró a la prensa que lo consideraba «positivo y bueno» y Dolores
Ibárruri comentó: «He aplaudido mucho.»).
Gracias, fundamentalmente, a la larga lucha que habían
desarrollado libertarios, socialistas, comunistas, monárquicos, liberales,
catalanistas, socialdemócratas, vasquistas, democristianos, galleguistas y
reformadores de las últimas hornadas, contando con numerosos simpatizantes, se
conseguía liquidar la institucionalización que el franquismo impuso a partir de
la guerra civil. Pero dentro de las instituciones que el 15 de junio de 1977
comenzaban a ser democráticas permanecían muchos franquistas puros, impuros y
duros, especialmente en la policía y en el Ejército.
El país entero seguía sobrecargado de los cuarenta
años pasados bajo la dictadura. Y la tarea de los demócratas no iba a ser fácil
ni exenta de peligros involucionistas.
NOTA BIBLIOGRÁFICA
Todas las referencias bibliográficas de los textos y
documentos citados en este volumen constan en las ediciones originales y
completas de La naturaleza del franquismo
y de la Historia del antifranquismo
1939-1975.
[1] Los
contenidos militaristas son predominantes, de modo directo y de manera delegada
(a través de la actuación de la policía), hasta el final del sistema
franquista. Es, en suma, como seguiremos observando, una dictadura militar con
ideología integrista. Por todo ello resulta sorprendente que otros autores
utilicen conceptos que resultan edulcorantes, es decir, conceptos que suavizan,
quitan punta hiriente a la realidad de la dictadura de Franco. A mi juicio,
esta realidad ha sido demasiado dura para catalogarla solamente como un
«régimen autoritario», según lo describe Juan J. Linz: «Los regímenes
autoritarios son sistemas de organización política con un cierto pluralismo
político, limitado y no responsable; sin una elaborada y pragmática ideología,
pero con «mentalidades» características; carentes de una movilización política
intensiva o extensiva de las masas populares, excepto en contados momentos; y
en los que un caudillo, o a veces una junta, ejerce el poder con límites
formalmente poco definidos, pero en realidad bastante predecibles.» (Cf.
Juan J. Linz: An Authoritarian Regime: Spain, en E.
Allardt y Y. Littunen, Cleavages,
Ideologies and Party Systems, Helsinki: Transactions of the Westmarck
Society, 1964, p. 297.)
Sin embargo, son diversos los seguidores
del concepto de Linz; por ejemplo Amando de Miguel, quien citando ese texto
(«Este seminal artículo», lo llama él en su Sociología
del franquismo, p. 19), comenta: «El régimen franquista es la encamación
viva del concepto de régimen autoritario, según la definición, ya clásica, de
Linz, basada precisamente en su profundo y sutil conocimiento de las
particularidades del sistema político que nos ha gobernado a los españoles de
la última generación.»
No sé dónde Linz y Miguel ven «un cierto
pluralismo político» en el franquismo. Si por pluralismo político entendemos el
fenómeno natural, esto es, la confrontación de tendencias políticas diferentes,
fundamentalmente las que se catalogan de manera sencilla como corrientes de
izquierda, derecha y centro, tal pluralismo es absolutamente inexistente bajo
la dictadura, a menos que ese «cierto pluralismo político» consistiera en que
cuando un demócrata actuaba (fuera cristiano, socialista, comunista, anarquista
o simple liberal) corría el riesgo de ser detenido, maltratado, encarcelado
durante años o durante una larga etapa; y también fusilado.
Ese «cierto pluralismo político» me
parece asimismo bastante incierto si lo limitamos a las fuerzas de derechas. Ya
he puesto de relieve que estas fuerzas mostraban matices diferentes
(falangistas, integristas, monárquicos) pero que tenían rasgos comunes
predominantes: el principal, el carácter religioso-militar despótico. Por otra
parte, también ha quedado demostrado que, si bien tales subsistemas continuaron
teniendo una cierta vida, se encontraban absolutamente subordinados al
franquismo como ideología y como sistema político dimanante de la única
personalidad de Franco. Cualquier persona de la derecha española que quiso
tener una actividad política de relieve nacional, no fue otra cosa,
primordialmente, que franquista. Y cuando no fueron «suficientemente»
franquistas, o cuando a Franco no le interesó seguir teniéndolos a su lado por
razones coyunturales, el general les dio el cese, sin pedir el menor permiso o
tener la menor consideración respecto a los hipotéticos elementos prácticos de ese soi-disant pluralismo.
Otros autores,
al hablar del régimen franquista, utilizan conceptos todavía más suaves que los
de Linz y Amando de Miguel. Por ejemplo, el franquista historiador del
franquismo Ricardo de la Cierva define la naturaleza del franquismo como «un
autoritarismo paternalista». Extrañísima actitud paternalista la de un dictador
cuya principal ocupación respecto a los demócratas españoles fue prohibirles
despóticamente cualquier actividad pública durante cuarenta años, y las veces
que descubrió sus actividades clandestinas, con tal «paternalismo» se dedicó a
torturarles, a tenerlos largos años en prisión y a enviarlos a la muerte.
[2] Franco y el franquismo no sólo fueron furibundos
anticomunistas, sino que también rechazaron con violencia y desprecio el
liberalismo.
[3] En mí forzada convivencia lingüística entre el
francés, el castellano y el catalán (a veces también el inglés), encuentro a
menudo que en cada lengua existen palabras por cuyo valor semántico y formal
(estético) no pueden ser intercambiadas por las que les corresponden en las
otras lenguas. No sé si me explico con la suficiente claridad, pero, por
ejemplo, en el caso presente, para mí tiene mucha mayor sonoridad y
significación decir paravents que no
«biombos», que es la traducción castellana correspondiente.
[4] Insisto
en que son numerosos los hechos que fundamentan la conceptualización del
régimen de Franco como dictadura militar.
En este sentido también son numerosas las declaraciones del propio general
y de sus más importantes colaboradores. En tales criterios se subraya
constantemente el ejército como pieza clave, determinante del sistema, hasta
catalogarlo como un «Estado suplente», un concepto que me parece
extraordinariamente descriptivo: es de Dionisio Ridruejo, en la primera etapa
uno de los prohombres del franquismo y principal colaborador de Serrano Súñer.
Si bien Ridruejo generalizaba respecto a los militares de diversos períodos,
sus definiciones me parecen sobre todo dirigidas a catalogar el sistema
franquista: «Si los militares más distinguidos del siglo xix siguen con mayor o
menor fidelidad las ideas dominantes en la clase ilustrada, en el siglo xx
quien haya tratado con militares sabe que la mentalidad de éstos, simplificada
en el esquema de unos hábitos ordenancistas, refleja con toda exactitud la
mentalidad de la que hemos llamado clase (media) tradicional. Las creencias
fundamentales, los valores morales, la idea de unas esencias de la patria, la
imagen del Estado, son las mismas para ambos. Y con las mismas la desconfianza
en la política, la despolitización efectiva, la aspiración a un orden simple y
externo. Durante la Dictadura de Primo de Rivera la coincidencia mental entre
el Ejército y la clase media tradicional llegó a su punto de mayor identidad.
Estaba todo preparado para que aquella clase pudiera aceptar como dogma la
desafortunada metáfora de conveniencias que representaba el Ejército no como
brazo armado, sino como espina dorsal de la Patria: esto es, como Estado
suplente.» Recordemos que Franco repitió en numerosas ocasiones que «el
Ejército es la columna vertebral de la nación» (frase que en principio dijo
Calvo Sotelo). El historiador inglés Raymond Carr da («Historia 16» núm. 2,
junio de 1976) una versión diferente de esta frase: «El ejército se convirtió,
como el mismo general Franco dijo, en la espina dorsal del Estado.» En este
ensayo, Carr también recuerda que «el ejército ha dominado la historia moderna
de España más que la de ningún otro Estado europeo occidental».
Cualquier
historiador, sociólogo o científico de la política que investigue aunque sólo
sea un poco, analice los hechos principales y sepa teorizarlos descubre que los
procesos históricos de llegada al poder del fascismo y del franquismo son
diferentes. También son distintos los ritmos de consolidación en el Estado de
uno y otro sistema. Aunque en cada uno de ellos existan considerables e incluso
fuertes elementos del otro (en el franquismo existen elementos fascistas, en el
fascismo elementos militaristas), lo que es plenamente demostrable a la luz de
las ciencias sociales es que se trata de periodos de luchas de clases de ritmo
muy diferente. La denominación de un sistema, tenemos que hacerla de acuerdo
con los hechos principales de cada fenómeno concreto. Esto es el abecé del
marxismo. Por ello sorprende que incluso algunos autores españoles que se
insertan en la corriente del pensamiento rnarxista, insistan todavía en 1976 en
definir como «fascismo» al franquismo (cf. Lucha política por el poder, de
Carmen y Concepción de Elejabeitia e Ignacio Fernández de Castro, Elias
Querejeta ediciones, Madrid, 1976). Los fascistas españoles, la mezcla de
falangistas e integristas, desde el principio del proceso histórico hasta el
final, siempre se han encontrado subordinados a las fuerzas armadas, situación
muy diferente a la de Alemania e Italia, en donde los partidos fascistas,
fuertes y de masas, pudieron poner bajo sus órdenes al ejército respectivo.
Julio Valdeón, del consejo asesor de «Historia 16», decía: «En su composición
entraron elementos típicamente fascistas, pero sólo estuvieron presentes de una
manera superficial» (núm. 4, agosto de 1976).
[5] El artículo 1 de esa Ley dice: «España,
como unidad política, es un Estado católico, social y representativo que, de
acuerdo con su tradición, se declara constituido en Reino.»
[6] En el sentido estricto de «partido
político», esto es, organización de una clase social, o de una fracción o de
varias guiadas por un programa y una ideología con los cuales trabajan en la
sociedad, y consigue, a través de elecciones libres y con sufragio universal,
llevar a algunos de sus representantes a las instituciones públicas (Asamblea,
Senado, Consejo de Ministros, etc.). La Falange fue en la primera etapa, como
hemos visto, un conjunto de grupos de choque, de bandas armadas; y en la
segunda, un conducto para obtener puestos burocráticos en los aparatos
estatales y organismos dependientes.
[7] «Nuestro ideario es, pues, un ideario
que suscita una comunión, la comunión de los españoles en los ideales que
dieron vida a nuestra Cruzada. Comunión, es decir, forma de sociabilidad
activa, en donde los que se adhieren al ideario afirman rotundamente su
voluntad de realización, de defensa, de perpetuidad de esos ideales.» (Torcuato
Fernández Miranda: «Discurso en el Pleno del Consejo Nacional del Movimiento»,
27 de abril de 1970. Ediciones del Movimiento, Madrid, 1970, p. 11.)
[8] Pero una organización sin gente
organizada es algo muy problemático, sobre todo cuando la poca gente que había
de manera militante empieza a marcharse convirtiendo el Movimiento en un molino
de viento. Esto es lo que intuía otro jerarca del franquismo: «Sin emoción
popular el Movimiento no es nada, sino un rótulo, una reliquia sombría o algo
tan poco fértil como una etiqueta o un artilugio oficialista, es decir, una
intransigencia solitaria» (sic). Discurso de José Utrera Molina en la
conmemoración de la fusión de FE y de las JONS. Ediciones del Movimiento,
Madrid, 1973, p. 22.
[9] Si muchas opiniones de los franquistas
no estuviesen impresas, resultarían increíbles, dada la especie de surrealismo
medieval de sus puntos de vista. Otra muestra: «Las asociaciones derivan
inevitablemente en partidos políticos. Y los partidos políticos, para mí, son
el opio del pueblo, y los políticos, sus vampiros» (sic). Declaraciones del
general Tomás García Rebull a López Castillo («Nuevo Diario», 28 de abril de
1974).
